Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) vs. Venezuela
Sentencia de 5 de agosto de 2008
(Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Apitz Barbera y otros
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces∗:
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Sergio García Ramírez, Juez;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza, y
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, yEmilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con
los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “elReglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA1.
El 29 de noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de∗El 28 de enero de 2008 el Juez Diego García Sayán, de nacionalidad peruana, informó al Tribunal
de su inhibitoria para conocer del presente caso “por considerar que ello resulta conveniente para laCorte”. Indicó que es “integrante de la Comisión Andina de Juristas” y que ocupa “un cargo directivo en
dicha institución”. Consideró que “[s]i bien las funciones específicas de dicho cargo no están relacionadas
directamente a las comunicaciones o apreciaciones institucionales sobre asuntos sustantivos, […]resulta[ba] adecuado excusar[se] de seguir participando en el conocimiento de este caso de tal forma queno se vea afectada, de modo alguno, la percepción de absoluta independencia del Tribunal”. La Presidenta
de la Corte consideró que no se desprendía que el Juez García Sayán hubiese participado de alguna
manera, cualquiera que ésta fuese, en el presente caso o que hubiese manifestado pública o privadamente
puntos de vista acerca del litigio en curso, sus causas, manifestaciones y posibles soluciones, o bien en
torno a quienes actúan en éste en calidad de partes. Sin embargo, la Presidenta, en consulta con losdemás Jueces y de conformidad con el artículo 19.2 del Estatuto del Tribunal, estimó razonable acceder alplanteamiento del Juez García-Sayán, en relación con su decisión de que “no se vea afectada, de modo
alguno, la percepción de absoluta independencia del Tribunal” y, consecuentemente, aceptó la inhibitoria
presentada. La inhibitoria del Juez García-Sayán y la decisión de la Presidenta fueron notificadas a laspartes el 29 de enero de 2008.

2
conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra laRepública Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) que dio
inicio al presente caso. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión el 6 deabril de 2004. El 8 de marzo de 2005 la Comisión aprobó el Informe No. 24/05,
mediante el cual declaró el caso admisible. Más tarde, el 20 de julio de 2006 la
Comisión aprobó el Informe de fondo No. 64/06, en los términos del artículo 50 de laConvención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este
informe fue notificado al Estado el 14 de agosto de 2006. Tras considerar que
Venezuela no había adoptado sus recomendaciones la Comisión decidió someter elpresente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados alos señores Paulo Sérgio Pinheiro, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario
Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados Ariel E. Dulitzky, Elizabeth AbiMershed, Débora Benchoam y Manuela Cuvi Rodríguez, especialistas de la Secretaría
Ejecutiva.
2.
La demanda se relaciona con la destitución de los ex-jueces de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo (en adelante “la Corte Primera”) Ana María
Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera el 30 de octubre
de 2003, por haber incurrido en un error judicial inexcusable al conceder un amparo
cautelar que suspendió los efectos de un acto administrativo que había negado elregistro de una compraventa. La Comisión alegó que la destitución por dicho error“resulta contraria al principio de independencia judicial pues atenta contra la garantía
de fallar libremente en derecho” y que se los destituyó “por haber incurrido en unsupuesto error judicial inexcusable cuando lo que existía era una diferencia razonabley razonada de interpretaciones jurídicas posibles sobre una figura procesal
determinada, en grave violación de su derecho a un debido proceso por la falta demotivación de la decisión que los destituyó y sin que tuvieran a su disposición unrecurso sencillo, rápido y efectivo que se pronunciara sobre la destitución de que
fueron objeto”. De otra parte, la Comisión indicó que la Corte Primera había
adoptado decisiones “que generaron reacciones adversas por parte de altos
funcionarios del Poder Ejecutivo” y que un “conjunto de indicios” permitiría inferir
que el órgano que ordenó la destitución carecía de independencia e imparcialidad yque dicha destitución obedecía a una “desviación de poder” que se explicaría en la“relación de causalidad [que existiría] entre las declaraciones del Presidente de la
República y altos funcionarios del Estado por los fallos contrarios a intereses delgobierno y la investigación disciplinaria que fue impulsada y que devino en ladestitución de las víctimas”.
3.
En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es
responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en
relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar
los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma,en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, solicitó que se ordenaran
determinadas medidas de reparación.
4.
El 19 de febrero de 2007 el señor Héctor Faúndez Ledesma, representante delas presuntas victimas (en adelante “el representante”), presentó su escrito desolicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes yargumentos”) en los términos del artículo 23 del Reglamento. Además de lo indicado
por la Comisión, el representante sostuvo, inter alia, que el órgano que ordenó ladestitución se “limit[ó] a ejecutar una orden impartida, expresa o tácitamente, por elPresidente de la República” y que “los jueces de la Corte Primera […] fueron
destituidos por razones estrictamente políticas, a fin de dar paso a otros jueces

3cercanos al oficialismo y al ideario político del actual Gobierno”. Indicó también que alas presuntas víctimas “se les sometió a un procedimiento inédito, desprovisto de
todas las garantías indispensables para su defensa” y agregó que “ese no es elprocedimiento seguido respecto de otros jueces que han mostrado una clara
inclinación a favor del partido político en el gobierno”. El representante concluyó que,además de los artículos invocados por la Comisión, el Estado sería responsable por la
violación de los derechos consagrados en los artículos 23 (Derechos Políticos), 24(Igualdad ante la Ley) y ”de los derechos que derivan de la forma democrática
representativa de gobierno (artículo 29 [c] de la Convención) y de la Carta
Democrática Interamericana en relación con lo dispuesto por el artículo 29 [d] de laConvención”, todos ellos en relación con las obligaciones generales consagradas en
los artículos 1.1 y 2 de la misma.
5.
El 23 de abril de 2007 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar,
contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos(en adelante “contestación de la demanda”). La excepción preliminar interpuesta
está relacionada con la supuesta falta de agotamiento de recursos internos. De otra
parte, el Estado señaló que “el funcionamiento de la Corte Primera […] fue muy
cuestionado”, razón por la cual “no se[ría] cierto como pretenden hacer ver losdemandantes que se trate de una persecución política, sino que [la destitución desus magistrados] fue producto del mal funcionamiento y de la negligencia de losmiembros de la Corte Primera en [el] ejercicio de sus atribuciones”. El Estado
designó a la señora Mayerling Rojas Villasmil como Agente1 y al señor Enrique
Sánchez como Agente alterno2.
6.
De conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, el 20 y el 26 de junio de2007 la Comisión y el representante, respectivamente, presentaron sus alegatos
sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

1

El 10 de enero de 2007 el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores deVenezuela designó “como Agente para representar al Estado venezolano” a la señora Mayerling Rojas
Villasmil. El 20 de abril de 2007 el señor Germán Saltrón Negretti, quien ocupa el cargo de Agente delEstado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, adscrito al Ministeriodel Poder Popular para las Relaciones Exteriores, informó que él sustituiría a la señora Rojas Villasmil
como Agente del Estado e informó de la designación del señor Larry Devoe Márquez como Agente alterno.
El 23 de abril de 2007 la señora Rojas Villasmil, actuando como “Agente del Estado”, presentó un escritode contestación de la demanda. El 25 de abril de 2007 el señor Saltrón Negretti, actuando también como
“Agente del Estado”, presentó un escrito diferente de contestación de la demanda y el 27 de abril de 2007
“ratific[ó que] la representación del Estado […] ser[ía] asumida por [él mismo], por lo que se deja[ba] sin
efecto la designación de la [señora] Rojas Villasmil”. El 27 de abril de 2007 el señor Jorge Valero,
Viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales de Venezuela, ratificó la designación de laseñora Rojas Villasmil como Agente del Estado”. El 4 de mayo de 2007 el señor Saltrón Negretti “ratific[óque] la representación del Estado […] ser[ía] asumida por [él mismo], quedando sin efecto la designaciónde [la señora] Rojas Villasmil”. En razón de ello, se solicitó al Ministerio del Poder Popular para las
Relaciones Exteriores de Venezuela que aclarara quién era el Agente designado por el Estado. En
respuesta a esta comunicación, el 10 de mayo de 2007 el señor Nicolás Maduro Moros, Ministro del Poder
Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, “ratific[ó] la designación de la [señora] Rojas
Villasmil como Agente designad[a] por el Estado venezolano para el [presente] caso”. Tomando en cuenta
esta última comunicación la Corte decidió que se tendría a la señora Rojas Villasmil como Agente delEstado para los efectos del presente caso y, en consecuencia, se informó a las partes que tendría por nopresentados los escritos remitidos por el señor Saltrón Negretti.
2
Cfr. escrito del Estado de 9 de enero de 2008, recibido el 14 de enero de 2008 (expediente defondo, Tomo III, folio 698).

4
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
7.
La demanda de la Comisión fue notificada al Estado el 27 de diciembre de20063 y al representante el 26 de diciembre del mismo año. Durante el proceso anteeste Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por laspartes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidencia de la Corte4 (en adelante “laPresidencia”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario
público (affidávit), algunos de los testimonios y peritajes ofrecidos oportunamente
por la Comisión, el representante y el Estado. Las partes tuvieron oportunidad depresentar observaciones a estas declaraciones. Finalmente, la Presidencia convocó alas partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de dos de laspresuntas víctimas, propuestas por la Comisión y por el representante, dos testigos
propuestos por el Estado, la declaración a título informativo de un declarante
propuesto por el Estado y la declaración de un perito ofrecido por el representante,así como los alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y los eventuales
fondo, reparaciones y costas. Esta audiencia pública fue celebrada los días 31 deenero y 1 de febrero de 2008 durante el LXXVIII Período Ordinario de Sesiones de laCorte, llevado a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica5.
8.
El 22 de enero de 2008 el Tribunal recibió un escrito en calidad de amicus
curiae presentado por la Comisión Internacional de Juristas y la Fundación para el
Debido Proceso Legal.
9.
El 3 de marzo de 2008 el Estado remitió su escrito de alegatos finales, el 4 demarzo de 2008 lo hizo el representante y el 10 de marzo de 2008, la Comisión.
10.
El 25 de junio de 2008 el Tribunal solicitó al Estado y a los representantes
que presentaran determinada prueba para mejor resolver6, la cual fue remitida el 1
de julio de 2008 por el representante y el 4 de julio de 2008 por el Estado.

3

El 22 de diciembre de 2006 se informó al Estado que podría designar un juez ad hoc para queparticipara en la consideración del presente caso. El 19 de enero de 2007 el Estado solicitó la concesión deuna prórroga para realizar tal designación. Dicha prórroga fue otorgada, con carácter improrrogable, hasta
el 5 de febrero de 2007. El 5 de febrero de 2007 la Comisión Interamericana manifestó que es“improceden[te] incorporar jueces ad hoc en casos que no involucren litigios entre Estados”. El 27 demarzo de 2007, cuarenta y cuatro días después de vencido el plazo concedido, el Estado designó al señor
Juan Vicente Ardilla Peñuela como juez ad hoc. El 30 de marzo de 2007 la Comisión Interamericana
solicitó que se considere que el Estado “ha[bía] renunciado al ejercicio de su derecho a designar un juez
ad hoc”. El Tribunal decidió rechazar la designación propuesta por el Estado, toda vez que fue presentada
fuera del plazo con el que contaba para tales efectos.

4

Resolución de la Presidencia de la Corte Interamericana de 29 de noviembre de 2007.

5

A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Paulo Sérgio Pinheiro,
Comisionado; Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Adjunta; Débora Benchoam y Manuela Cuvi Rodríguez,asesoras; b) por las presuntas víctimas: Héctor Faúndez Ledesma, y c) por el Estado: Mayerling Rojas
Villasmil, Agente; Enrique Sánchez, Agente alterno; Gonzalo González Vizcaya, Jesús Cabrera y Herly
Peña Escalona.
6
Se solicitó una copia del “recurso de nulidad” que, según el representante, habría sidointerpuesto el 4 de diciembre de 2003 por parte de Luisa Estella Morales, así como de la decisión de 1 denoviembre de 2005, emitida por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediantela cual, según el representante, se habría resuelto el mencionado recurso.

5

III
PRUEBA11.
Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así comoen la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación7, la Corte
procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos
por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones
rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública. Para ello, el Tribunal
se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal
correspondiente8.
1.

Prueba documental, testimonial y pericial

12.
Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit)por los siguientes testigos y peritos9:a)
Ana María Ruggeri Cova, presunta víctima y testigo propuesta por la
Comisión y el representante. Declaró, inter alia, sobre los hechos que dieron
lugar a su destitución como magistrada de la Corte Primera, así como sobre elsupuesto daño sufrido como consecuencia de dicha destitución.
b)Jacqueline Ardizzone Montilla, testigo propuesta por el representante.
Declaró, inter alia, sobre la manera como la destitución de su esposo Juan
Carlos Apitz afectó su salud y sus relaciones sociales y familiares.
c)
María Costanza Cipriani Rondón, testigo propuesta por el
representante. Declaró, inter alia, sobre la manera como la destitución de su
esposo Perkins Rocha Contreras afectó su salud y sus relaciones sociales yfamiliares.
d)
Sofía Yamile Guzmán. Secretaria de la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia. Testigo propuesta por el Estado. Declaró, interalia, sobre la duración de los procedimientos judiciales ante la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y las etapas que comprenden
tales procesos.
e)José Leonardo Requena Cabello. Secretario de la Sala Constitucionaldel Tribunal Supremo de Justicia. Testigo propuesto por el Estado. Declaró,
7
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs.
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párrs. 183
y 184.
8
Cfr. Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil, Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de
28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 55; Caso La Cantuta Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 59, y Caso Kimel Vs. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 29.
9
En relación con la declaración del señor Waleed Malik, ofrecida por el Estado y requerida en la
Resolución de la Presidencia (supra nota 4), el 28 de enero de 2008 el Estado presentó una comunicación
emitida por el Banco Mundial en la que se afirmó que “considerando que el conocimiento del señor Malik
sobre el sistema judicial Venezolano fue adquirido en el curso de sus obligaciones oficiales, y la
información que posee es consecuencialmente parte de los archivos del Banco [Mundial],
desafortunadamente no podría testificar sobre el sistema judicial Venezolano ante la Corte”. Asimismo, el
25 de enero de 2008 el representante desistió de la declaración testimonial del señor Alfredo Romero,
requerida en la mencionada Resolución, “a fin de evitarle problemas laborales”, ya que el señor Romero“continúa siendo funcionario del Poder Judicial”.

6inter alia, sobre la duración de los procedimientos judiciales ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y las etapas que comprenden
tales procesos.
f)Alexis José Crespo Daza. Juez de la Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobre su
relación con el caso de las presuntas víctimas y su ingreso al Poder Judicial
como Magistrado de dicha Corte Segunda.
g)
Param Cumaraswamy. Entre 1994 y 2003 se desempeñó como Relator
Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre
la Independencia de Jueces y Abogados. Perito propuesto por la Comisión.
Declaró, inter alia, sobre las garantías que deben tener los jueces en un
Estado de Derecho para asegurar la independencia del Poder Judicial y laseparación de poderes, su relación con la existencia de jueces provisionales ysu relación con las normas sobre nombramiento y destitución de jueces.
h)
Jesús María Casal Hernández. Abogado y Doctor en Derecho. Perito
propuesto por la Comisión. Informó, inter alia, sobre el derecho interno
venezolano en relación con el funcionamiento del Poder Judicial, la alegada
falta de garantías para asegurar la independencia del Poder Judicial y laseparación de poderes, su relación con la existencia de jueces provisionales ysu relación con las normas sobre nombramiento y destitución de jueces en
Venezuela.
i)
Román Duque Corredor. Ex-magistrado de la Sala Político
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Perito propuesto por la
Comisión. Informó, inter alia, sobre el derecho interno venezolano en relación
con el funcionamiento del Poder Judicial, el error de derecho como causal desanción disciplinaria, la alegada falta de garantías para asegurar la
independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, su relación con
la existencia de jueces provisionales y su relación con las normas sobre
nombramiento y destitución de jueces en Venezuela.
j)Edgar José López Albujas. Periodista dedicado a la cobertura de lafuente judicial. Declarante informativo propuesto por el representante. Se
refirió, inter alia, a los hechos que rodearon la destitución de los jueces de laCorte Primera.
k)
Alberto Arteaga Sánchez. Profesor de Derecho Penal. Declarante
informativo propuesto por el representante. Se refirió, inter alia, a ladetención del chofer Alfredo Romero, el allanamiento de la sede de la Corte
Primera y las supuestas acusaciones formuladas por funcionarios públicos, a
través de la radio y la televisión, en contra de los jueces de la Corte Primera.
13.
La Corte observa que el representante expresó que “los notarios venezolanos,
que dependen del Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, se negaron arecibir y certificar las declaraciones de María [Costanza] Cipriani Rondón, […] Edgar
López, Jesús María Casal, y Alberto Arteaga Sánchez, las cuáles sólo pudieron sercertificadas ante el Cónsul de Costa Rica en Caracas”. El Estado no controvirtió loanterior.
14.
Al respecto, la Corte lamenta la actitud de aquellos notarios que se negaron arecibir las declaraciones señaladas, particularmente porque ellos ejercen una función
pública que están obligados a realizar sin discriminación, teniendo en cuenta que,además, su actuación incide en el procedimiento ante este Tribunal. Asimismo, serecuerda que, conforme al artículo 24.1 del Reglamento, los Estados Partes en un

7caso tienen el deber de “facilitar [la] ejecución de órdenes de comparecencia depersonas residentes en su territorio o que se encuentren en el mismo”. Las personas
mencionadas por el representante en el párrafo anterior fueron convocadas por la
Presidencia de la Corte para que rindan sus declaraciones ante fedatario público,razón por la cual el Estado debe garantizar, como proyección del principio de buena
fe que debe regir la ejecución de las obligaciones convencionales10, que no exista
ningún obstáculo para la práctica de la prueba.
15.
En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las
declaraciones de las siguientes personas11:a)Juan Carlos Apitz Barbera. Presunta víctima y testigo propuesto por la
Comisión y el representante. Declaró, inter alia, sobre los hechos que dieron
lugar a su destitución como magistrado de la Corte Primera, el procedimientoque se utilizó para ello, los recursos internos utilizados y la forma como estos
hechos supuestamente afectaron su salud física y emocional y sus relaciones
sociales y de familia.
b)Perkins Rocha Contreras. Presunta víctima y testigo propuesto por la
Comisión y el representante. Declaró, inter alia, sobre los hechos que dieron
lugar a su destitución como magistrado de la Corte Primera, el procedimientoque se utilizó para ello, los recursos internos utilizados y la forma como estos
hechos supuestamente afectaron su salud física y emocional y sus relaciones
sociales y de familia.
c)Servio Tulio León Briceño. Inspector General de Tribunales al momentode los hechos del presente caso. Testigo propuesto por el Estado. Declaró,inter alia, sobre la naturaleza jurídica de la Inspectoría General de Tribunales
y la forma en que se instruyó el procedimiento disciplinario adelantado en
contra de las presuntas víctimas.
d)Damián Adolfo Nieto Carrillo. Miembro de la Comisión de
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Declarante
informativo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobre el régimen
disciplinario judicial en Venezuela y sobre las medidas adoptadas paragarantizar la independencia del Poder Judicial.
2.

Valoración de la prueba

16.
En este caso, como en otros12, el Tribunal admite el valor probatorio deaquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron
10
La Corte Permanente de Arbitraje estableció que “[c]ada Estado debe cumplir con sus
obligaciones convencionales bona fide, y de no hacerlo podrá ser sancionado con las penas comunes
previstas por el Derecho internacional” (traducción de esta Corte). Cfr. Reports of International ArbitralAwards, The North Atlantic Coast Fisheries (Great Britain, United States), 7 September 1910, Volume XI,
pp. 167-226, p. 186.
11
El testigo Beltrán Haddad, convocado en la Resolución de la Presidencia (supra nota 4), no
compareció a la audiencia pública del presente caso. Al respecto, el 28 de enero de 2008 el Estado solicitó
a la Corte que “entienda la no responsabilidad […] del Estado, ante la negativa del mencionado ciudadanoen dar su declaración […] por razones hasta ahora desconocidas, pues ésta actitud sobrevenida
imposibilita aportar una explicación razonable [a la] Corte”. Asimismo, el 25 de enero de 2008 el
representante desistió del dictamen pericial del señor René Molina, quien había sido convocado a declarar
en audiencia pública, ya que éste fue intervenido quirúrgicamente.
12
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No. 4, párr. 140; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 41; Caso Kimel, supra

8
controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. En relación con
los documentos remitidos como prueba para mejor resolver (supra párr. 10), laCorte los incorpora al acervo probatorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
45.2 del Reglamento.
17.
El Tribunal observa que varios documentos citados por las partes en sus
respectivos escritos no fueron aportados a la Corte13. Respecto de algunos se envió
el enlace electrónico directo a una página de Internet. Otros, correspondientes ainstituciones públicas del Estado, sólo fueron citados, pero pudieron ser ubicados a
través del Internet. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, es deber de laspartes adjuntar a sus respectivos escritos principales toda la documentación que
pretendan hacer valer como prueba, de tal forma que sea conocida por el Tribunal y
por las demás partes de manera inmediata14. Sin perjuicio de esto, en el presentecaso, la Corte observa que los documentos aportados de esta manera eranoportunos y las partes tuvieron la posibilidad de controvertirlos, pero no lo hicieron.
Por ello, dichos documentos se aceptan e incorporan al expediente, ya que no seafectó la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal de las partes.
18.
En cuanto a los documentos de prensa presentados, la Corte constata que
algunos de ellos se encuentran sin fecha15. Sin embargo, ninguna parte los objetó
por este hecho ni cuestionó su autenticidad, motivo por el cual podrán ser apreciados
cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios delEstado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso16.
nota 8, párr. 32; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia del 6 demayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 22, y Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 6 de mayo de 2008, párrs. 29 y 30.
13

Citados por la Comisión Interamericana: sentencia No. 465 de la Sala Político Administrativa delTSJ de 22 de marzo de 2001; sentencia No. 01285 de la Sala Político Administrativa del TSJ de 20 deagosto de 2003; sentencia No. 01662 de la Sala Político Administrativa del TSJ de 28 de octubre de 2003;
sentencia No. 00331 de la Sala Político Administrativa del TSJ de 14 de abril de 2004; sentencia No.
01771 de la Sala Político Administrativa del TSJ de 14 de octubre de 2004; sentencia No. 1057 de la Sala
Constitucional del TSJ de 1 de junio de 2005; sentencia No. 3321 de la Sala Constitucional del TSJ de 3 denoviembre de 2005; sentencia No. 1048 de la Sala Constitucional del TSJ de 18 de mayo de 2006;
sentencia No. 1764 de la Sala Constitucional del TSJ de 15 de agosto de 2007; declaración del Presidente
de la República Hugo Chávez Frías de 26 de octubre de 2003 en “Gobierno en Línea, Aló Presidente” No.
169. Citados por el representante: artículo periodístico titulado “TSJ otorgó la titularidad a 164 jueces‘bolivarianos’”, publicado el 21 de diciembre de 2005 en el Diario “El Universal”; discurso de orden delmagistrado José M. Delgado Ocando, Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, en la Apertura de las
Actividades Judiciales del Año 2001, pronunciado el 11 de enero de 2001.
14
Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de
2007. Serie C No. 165, párr. 26.
15
Cfr. artículos periodísticos titulados: “Los polémicos fallos”, publicado en el Diario “El Universal”(expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1261); “Gobierno desconoce la decisión judicial dereemplazar a los médicos cubanos”, publicado en el Diario “El Nacional” (expediente de prueba, Tomo IV,
Anexo C, folio 1242); “Rangel Avalos desacatará decisión de tribunales”, publicado en el Diario “El
Universal” (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folios 1257); “Rangel Avalos reitera desacato adecisión de Corte”, publicado en el Diario “El Universal” (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folios
1258); “Magistrados esperan frutos del pacto entre el MVR, AD y el MAS”, publicado en el Diario “El
Universal” (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1275), “Inspectores no hallaron irregularidadesen la Corte Primera”, publicado en el Diario “El Nacional” (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio
1244), y “Los cuestionamientos de José Vicente y Freddy Bernal”, publicado en el Diario “El Universal”(expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1251).
16

Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158,
párr. 86; Caso Nogueira de Carvalho y otros, supra nota 8, párr. 65; Caso La Cantuta, supra nota 8, párr.
65, y Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 demayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 59.

919.
Asimismo, el Tribunal admite los documentos aportados por el Estado y losrepresentantes en el transcurso de la audiencia pública, puesto que los estima útiles
para la presente causa y además no fueron objetados, ni su autenticidad o veracidad
puestas en duda.
20.
Respecto de los testimonios y peritajes, la Corte los estima pertinentes en
cuanto se ajusten al objeto definido por la Presidencia en la Resolución que ordenó
recibirlos (supra párr. 7), tomando en cuenta las observaciones de las partes17, lascuales serán analizadas en el capítulo que corresponda. Este Tribunal estima que lasdeclaraciones testimoniales rendidas por las presuntas víctimas no pueden servaloradas aisladamente, dado que tienen un interés directo en este caso, razón por
la cual serán apreciadas dentro del conjunto de las pruebas del proceso18.
IV
EXCEPCIÓN PRELIMINAR(FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS)21.
El Estado sostuvo que “las presuntas víctimas no ha[bían] agotado losmecanismos legales pertinentes de la jurisdicción interna y por ende incurr[ían] en[…] falta de interés procesal”. Respecto de los señores Apitz y Rocha, el Estado
expresó que no habían agotado todos los recursos de la jurisdicción interna por nohaber interpuesto “recurso de revisión” contra una decisión del 3 de junio de 2003
emitida por la Sala Político Administrativa (en adelante “la SPA”) del Tribunal
Supremo de Justicia (en adelante “el TSJ”). Asimismo, el Estado señaló que losseñores Apitz y Rocha no interpusieron “solicitud de avocamiento” contra la decisiónde 18 de abril de 2007 de la SPA. El Estado indicó que ambos recursos resultaban
idóneos para resolver la situación y que las presuntas víctimas “los conocían
perfectamente, pero no los interpusieron ni agotaron por razones puramente
personales”. Respecto de la señora Ruggeri, el Estado alegó que “a diferencia de sus
antiguos colegas, no interpuso ante los órganos de administración de justicia
venezolanos recurso alguno con la finalidad de enervar los efectos delpronunciamiento emanado de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración delSistema Judicial” (en adelante “la CFRSJ”).
22.
La Comisión alegó que el Estado se refirió por primera vez al tema delagotamiento de los recursos internos el 26 de octubre de 2004 en sus observaciones
sobre el fondo del asunto, es decir, de modo extemporáneo. La Comisión reiteró lo
expresado en su informe de admisibilidad en cuanto a que el Estado “renunció a la
excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, ya que no la presentó enla primera oportunidad procesal que tuvo, es decir, en su respuesta a la petición que
dio inicio al trámite”. Agregó que “dado que el Estado no ha aportado nuevos
elementos que justifiquen una nueva decisión de la Corte” solicita se “rechace la
excepción preliminar […], en tanto [… que] con ella se pretende que este [T]ribunal
vuelva a revisar una cuestión ya resuelta definitivamente” por la Comisión.
23.
El representante sostuvo, inter alia, que “el Estado demandado no alegó, ensu debida oportunidad, ante la Comisión, una supuesta falta de agotamiento de losrecursos internos, y no se opuso a la admisibilidad de la petición ante esa instancia”,
17
El 30 de enero de 2008 el Estado formuló observaciones en relación con la prueba presentada porlas demás partes (expediente de fondo, Tomo III, folios 1227 a 1236).
18
Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No.
33, párr. 43; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 dejulio de 2007. Serie C No. 166, párr. 40, y Caso Kimel, supra nota 8, párr. 35.

10razón por la cual debe entenderse que renunció tácitamente a la excepción de falta
de agotamiento de los recursos internos.
24.
En el presente caso, la Corte constata que el Estado no interpuso la excepción
preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos sino hasta después delinforme de admisibilidad, a través de un escrito allegado durante la etapa de fondo19.
En consecuencia, la Corte concluye que el Estado renunció en forma tácita apresentar esta defensa en el momento procesal oportuno.
V
COMPETENCIA25.
La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 dela Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Venezuela es Estado
Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció lacompetencia contenciosa del Tribunal el 24 de junio de 1981.
VIARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES)20 Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL)21 EN RELACIÓN
22
CON LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2 (DEBER DE
23
ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
26.
Conforme a las pruebas aportadas, la Corte encuentra probado que el órgano
disciplinario judicial que destituyó a los ex-magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri tuvo
su origen en un proceso de transición constitucional que se inició en 1999 con elestablecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente (en adelante la “Asamblea
Constituyente”), que tras declarar la existencia de una “crisis institucional” y la
19

Cfr. escrito del Estado de 28 de julio de 2005, recibido por la Comisión el 1 de agosto de 2005
(expediente de prueba, Tomo II, folios 661 a 665).
20

El artículo 8.1 de la Convención establece:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por laley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.

21

El artículo 25.1 de la Convención estipula:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

22

El artículo 1.1 de la Convención establece:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,nacimiento o cualquier otra condición social.

23

El artículo 2 de la Convención dispone:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometena adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerefectivos tales derechos y libertades.

11
necesidad de una “reorganización de todos los órganos del poder público”24, aprobóel 15 de diciembre de 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(en adelante “la Constitución”). En lo relativo al Poder Judicial la Constitución
estableció la creación de tribunales disciplinarios, cuyo marco normativo se
encontraría en el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana25 (enadelante “el Código de Ética”). Además, en sus disposiciones transitorias laConstitución ordenaba que en el plazo de un año desde la instalación de la Asamblea
Nacional debía dictarse la legislación referida al Sistema Judicial, y que “[h]astatanto se sancione [la ley orgánica sobre la defensa pública], la [CFRSJ] estará acargo del desarrollo y operatividad efectiva del Sistema Autónomo de la Defensa
Pública”26.
27.
Dos semanas después de la adopción de la nueva Constitución la Asamblea
Constituyente emitió un decreto de “Régimen de Transición del Poder Público”27, porel cual se creó la CFRSJ. A este organismo se atribuyó provisionalmente, entre otras
atribuciones, “la competencia disciplinaria judicial que corresponde a los Tribunales
disciplinarios, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución […] hasta que laAsamblea Nacional apruebe la legislación que determine los procesos y tribunales
disciplinarios”28.
28.
Al mismo tiempo que la CFRSJ se creó la Inspectoría General de Tribunales(en adelante “la IGT”), como “órgano auxiliar de la CFRSJ […], en la inspección yvigilancia de los tribunales de la República, y la instrucción de los expedientes
disciplinarios de los jueces y demás funcionarios judiciales”. La IGT realiza lainvestigación correspondiente y, en caso de estimar que existen faltas disciplinarias,
presenta su acusación a la CFRSJ29.
29.
La competencia de la CFRSJ como el órgano disciplinario judicial, y por tantode la IGT como su órgano auxiliar, fue confirmada el 2 de agosto del año 2000 por el
TSJ30 y en el año 2004 por la Ley Orgánica del TSJ, aunque siempre condicionada ala creación de los tribunales disciplinarios31. Hasta la emisión de esta sentencia no se
han creado los tribunales disciplinarios ni se ha adoptado el Código de Ética, por lo
que estos órganos provisorios siguen ejerciendo dichas atribuciones.
24

Cfr. decreto mediante el cual se declara la reorganización de todos los órganos del Poder Público
emitido por la Asamblea Constituyente el 12 de agosto de 1999, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.764
de 13 de agosto de 1999 (expediente de prueba, Tomo I, Anexo A.2, folio 71).
25
Cfr. artículo 267 de la Constitución. Además, la Constitución estableció el reemplazo de la Corte
Suprema de Justicia por el TSJ (artículos 253 y 262), y el ingreso a la carrera judicial por concursos deoposición públicos (artículo 255).
26

Cfr. disposición cuarta transitoria del numeral quinto de la Constitución.

27

Cfr. decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público emitido por la
Asamblea Constituyente el 29 de diciembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.920 de 28 demarzo de 2000 (expediente de prueba, Tomo I, Anexo A.6, folios 108 a 119).
28
Cfr. artículo 24 del Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 27.
29
Cfr. artículos 29 a 33 del Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder
Público, supra nota 27; artículos 16 a 18 del Reglamento de la CFRSJ de 28 de marzo de 2000, publicado
en la Gaceta Oficial No. 36.925 de 4 de abril de 2000 (expediente de prueba, Tomo XII, folios 4067 a4069).
30
Cfr. normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial emitida el 2 deagosto de 2000 por el TSJ, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.014 de 15 de agosto de 2000 (expedientede prueba, Tomo VI, Anexo D, folios 1385 a 1403).
31
Cfr. Ley Orgánica del TSJ de 18 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.942 de
20 de mayo de 2004 (expediente de fondo, Tomo IV, folios 1141 a 1146).

1230.
La Corte Primera fue creada por el artículo 184 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia de 30 de julio de 197632. La Corte Primera tiene competencia,
inter alia, para conocer del control de todos los actos administrativos del poderpúblico, con excepción de aquellos que emanan del Presidente de la República y desus Ministros33, y sus sentencias son recurribles únicamente ante el TSJ34.
31.
El 12 de septiembre de 2000 la Sala Plena del TSJ designó a Ana María
Ruggeri Cova, Evelyn Margarita Marrero Ortiz, Luisa Estela Morales, Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras “para ocupar con carácter provisorio los cargos
de Magistrados de la Corte Primera”35, y dicho nombramiento se hizo “mientras seprovee sobre la titularidad de dichos cargos de acuerdo con los concursos
correspondientes”36.
32.
El 11 de junio de 2002 la Corte Primera emitió una sentencia resolviendo una
solicitud de amparo cautelar y un recurso contencioso administrativo de nulidad
interpuestos contra un acto administrativo emitido por el Registrador Subalterno delPrimer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda. Este
funcionario se negaba a protocolizar una propiedad. La Corte Primera, por
unanimidad, declaró procedente el amparo y admitió a trámite el recurso denulidad37. El 8 de octubre de 2002 la mencionada Registraduría Subalterna solicitó elavocamiento de la SPA para que conociera, entre otros, del expediente relacionado
con el amparo cautelar declarado procedente por la Corte Primera38. Al respecto,
esta Corte constata que el avocamiento es una institución jurídica de carácter
excepcional39, que permite sustraer del conocimiento y decisión de un asunto alórgano judicial que sería el naturalmente competente para resolverlo. Esto ocurre
cuando el juicio de que se trate “rebase el interés privado involucrado y afecte demanera directa al interés público” o que “exista la necesidad de evitar flagrantes
injusticias”40.
33.
Conociendo de este avocamiento, el 3 de junio de 2003 la SPA declaró lanulidad del fallo emitido por la Corte Primera y estableció que al no haber declarado

32
Cfr. Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 26 de julio de 1976, publicada en la Gaceta
Oficial No. 1.893 Extraordinaria de 30 de julio de 1976 (expediente de prueba, Tomo I, Anexo A.9, folios
152 a 186).
33
Cfr. artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, supra nota 32, y declaración
rendida ante fedatario público (affidávit) por la señora Ana María Ruggeri Cova el 4 de abril de 2008
(expediente de fondo, Tomo III, folio 725).
34

nota 32.

Cfr. artículo 185 numeral 8 inciso 2 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, supra

35
Cfr. acta de la sesión de la Sala Plena del TSJ de 12 de septiembre de 2000, publicada en la
Gaceta Oficial No. 37.081 de 20 de noviembre de 2000 (expediente de prueba, Tomo V, folios 1339 y1340).
36

Cfr. acta de juramentación de los Magistrados de la Corte Primera emitida por la Secretaria delTSJ el 15 de septiembre de 2000 (expediente de prueba, Tomo V, folio 1338).
37
Cfr. sentencia No. 1430 de la Corte Primera de 11 de junio de 2002. (expediente de prueba,
Tomo VIII, Anexo Ñ, folios 2579 a 2593).
38
Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003 (expediente de anexos a la demanda,
Tomo III, Anexo B.3.a, folios 1007 a 1034).
39

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folio 1027.

40

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folio 1027.

13ésta la improcedencia de la pretensión cautelar incurrió en un “grave error jurídico
de carácter inexcusable”41.
34.
Conforme a la doctrina del TSJ, el error judicial inexcusable ha sido entendido
como “aquél que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual leconfiere el carácter de falta grave que amerita la máxima sanción disciplinaria, esto
es, la destitución”. Se ha señalado además que “se trata de un concepto jurídico
indeterminado o indefinido, por lo cual se requiere en cada asunto particularponderar la actitud de un juez normal y de acuerdo a ello y a las características
propias de la cultura jurídica del país, establecer el carácter inexcusable de la
actuación del funcionario judicial”. En ese contexto, ha sido jurisprudencia reiterada
considerar que “incurre el juez en error inexcusable o injustificable cuando, por
ejemplo, establece una condena a muerte o a pena perpetua de presidio o cuando
dicta una medida de embargo sobre una plaza pública, por citar algunos casos deextrema gravedad en [el] ordenamiento jurídico [venezolano]”42.
35.
Al referirse al caso, la SPA consideró “una irregularidad sumamente grave quela Corte Primera […], en la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud cautelar deamparo, haya declarado la misma procedente[, …] ya que los efectos naturales de[esa decisión] habrían de ser que se inscriba (protocolice) el documento objeto de lasolicitud registral, lo cual tiene claros efectos constitutivos que, potencialmente,
pueden crear una serie de situaciones contrarias a la debida seguridad jurídica quedebe expresar y brindar el sistema registral inmobiliario”43. Esta sentencia ordenó
que se remitiera copia de la misma a la IGT44.
36.
El 17 de julio de 2003, una vez recibida la copia del fallo de la SPA, la IGT“ac[ordó] iniciar de oficio la investigación preliminar correspondiente”45. El 5 deseptiembre de 2003 la IGT comisionó a una inspectora para impulsar la averiguación
y ordenó notificar de este hecho a los afectados46, lo que se llevó a cabo entre losdías 10 y 12 de septiembre de 200347.
37.
El 7 de octubre de 2003 la IGT formuló acusación ante la CFRSJ contra loscinco miembros de la Corte Primera. Sostuvo que “los Magistrados […] dictaron una
sentencia […] en la que incurrieron en grave error judicial inexcusable, según loestablecido [por] la [SPA]” y que esto “implica[ba la existencia] del ilícito
disciplinario previsto en el ordinal 4° del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial”.
Solicitó que “les [fuera] aplicada la sanción de destitución”48.
41

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folio 1031.

42

Cfr. sentencia No. 465 de la SPA de 22 de marzo de 2001, supra nota 13.

43

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folios 1029 y 1030.

44

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folio 1034.

45

Cfr. resolución de la IGT de 17 de julio de 2003 (expediente de prueba, Tomo II, Apéndice C.3,
folio 506).
46
Cfr. resolución de la IGT de 5 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, Tomo II, Apéndice
C.3, folio 507).
47
Cfr. acta de notificación a la magistrada Ana María Ruggeri Cova de 10 de septiembre de 2003,
acta de notificación a la magistrada Evelyn Marrero Ortiz de 11 de septiembre de 2003, acta denotificación al magistrado Perkins Rocha Contreras de 11 de septiembre de 2003, acta de notificación a lamagistrada Luisa Estela Morales Lamuño de 11 de septiembre de 2003, acta de notificación al magistrado
Juan Carlos Apitz Barbera de 12 de septiembre de 2003, emitidas por la IGT (expediente de prueba, Tomo
II, Apéndice C.3, folios 508 a 517).
48

Cfr. acusación de la IGT ante la CFRSJ de 7 de octubre de 2003 (expediente de prueba, Tomo III,
Anexo B.3.b, folios 1036 a 1047).

14
38.
El 30 de octubre de 2003 la CFRSJ decidió destituir a cuatro de los cinco
miembros de la Corte Primera. En relación con la magistrada Evelyn Marrero declaró“de imposible ejecución la sanción”49, dado que contaba con requisitos para su
jubilación. Posteriormente, al conocer de un recurso de reconsideración interpuesto
por la magistrada Luisa Estella Morales, la CFRSJ revocó su sanción de destitución yordenó que se tramitara su jubilación50.
39.
Los magistrados Apitz y Rocha interpusieron, en contra de la sanción dedestitución, un recurso jerárquico51 ante la Sala Plena del TSJ alegando la
incompetencia de la CFRSJ para destituirlos, recurso que fue desechado52. También
interpusieron un recurso contencioso administrativo de nulidad junto con amparo
cautelar ante la SPA, alegando, inter alia, la violación del derecho a ser juzgado por
su juez natural, del derecho a defensa y al debido proceso, de la presunción deinocencia, de la independencia de la función jurisdiccional, y arguyendo la existencia
de una desviación de poder53. El amparo fue desechado y, a la fecha, el recurso denulidad no ha sido resuelto en el fondo.
40.
Tras la destitución y jubilación de los integrantes de la Corte Primera, un
artículo periodístico señaló que “[l]a Corte Primera […] quedó acéfala”54. Según unaffidávit aportado a este expediente, “[d]espués de la destitución de los jueces de laCorte Primera, ésta se mantuvo inoperante durante ocho meses, hasta que por
resolución del [TSJ] se crearon dos cortes para esa instancia y se designaron a sus
respectivos jueces titulares y suplentes”55. En un artículo de prensa de abril de 2004
-6 meses después de la destitución- se expresa que “[e]n vista de que la Corte
Primera […] permanece cerrada, la Sala Constitucional del [TSJ] estableció una vía
procesal alterna para detener los daños causados por la denegación de justicia”56. En

49
Cfr. resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003. Exp. 1052-2003 (expediente de prueba,
Tomo III, Anexo B.3.c, folios 1051 a 1089).
50
Cfr. resolución de la CFRSJ de 11 de diciembre de 2003. Exp. 1052-2003 (expediente de prueba,
Tomo III, Anexo B.3.f, folios 1160 a 1169).
51
Cfr. recurso jerárquico interpuesto por los señores Apitz y Rocha el 13 de noviembre de 2003
ante el Pleno del TSJ (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.3.d, folios 1093 a 1112).
52

Cfr. sentencia No. 23 de la Sala Plena del TSJ de 8 de septiembre de 2004 (expediente deprueba, Tomo II, Apéndice C.13, folios 717 a 724).
53
Cfr. recurso de nulidad conjuntamente con medida de amparo cautelar interpuesto por losseñores Apitz y Rocha ante la SPA el 27 de noviembre de 2003 (expediente prueba, Tomo III, Anexo
B.3.e, folios 1115 a 1158).
54
Cfr. artículo periodístico titulado “Corte Primera está acéfala”, publicado el 4 de noviembre de2003 en el Diario “El Universal” (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1315). En dicho artículo
se reproducen las declaraciones públicas de la señora Ruggeri, quien expresó: “la Corte Primera se quedó
sin magistrados, ¿a quién se la entregamos?”.
55
Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Edgar José López Albujas el
17 de enero de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folio 878). Por su parte, la señora Ruggeri declaró
que “después de la destitución de nuestros cargos se produjo otro hecho insólito y doloroso que fue elhaber mantenido el tribunal cerrado, sin actividad judicial, por el lapso de casi cuatro meses, ya que no sedesignaron magistrados para sustituirnos, originándose un altísimo grado de indefensión. Si bien había
algunos empleados que permanecían en sus puestos de trabajo, no había jueces que resolvieran losasuntos judiciales”. Cfr. declaración de la señora Ruggeri, supra nota 33.
56
Cfr. artículo periodístico titulado “TSJ establece vía procesal alterna ante el cierre de la Corte
Primera”, publicado el 6 de abril de 2004 en el Diario “El Nacional” (expediente de prueba, Tomo IV,
Anexo C, folio 1229).

15octubre de 2005 se realizaron los nombramientos de los Magistrados de las Cortes
Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo57.
41.
La Corte pasa ahora a analizar los alegatos de las partes sobre la supuesta
violación de las garantías judiciales y la protección judicial.
1.

Libre remoción de jueces provisorios

42.
La primera cuestión a determinar es si los Estados deben ofrecer a los jueces
provisorios un procedimiento de remoción igual o similar al ofrecido a los jueces
titulares. La Comisión consideró que “más allá de que los jueces en un país sean
titulares o provisorios, deben ser y aparecer como independientes”, razón por la cual“[s]u destitución debe realizarse en estricto apego a los procedimientos establecidos
en la ley, respetando su derecho a un debido proceso”. Por su parte, el
representante denunció que “[e]l carácter provisorio (o temporal) de los jueces
implica que carecen de estabilidad en sus cargos y que para separarlos de losmismos no es imprescindible la apertura de un procedimiento previo que garantice elderecho a la defensa, como tampoco lo es comprobar que hayan incurrido en una
falta disciplinaria”. El Estado señaló que “habiendo sido los ex–jueces provisorios dela Corte Primera funcionarios temporales y por lo tanto desprovistos de la titularidad
en el cargo, su destitución se produjo mediante un procedimiento disciplinario dondese [o]torgaron todas las garantías y protección judiciales que se le confieren a losjueces titulares”.
43.
La Corte observa que los Estados están obligados a asegurar que los jueces
provisorios sean independientes y, por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad
y permanencia en el cargo, puesto que la provisionalidad no equivale a libre
remoción. En efecto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó
que la destitución de jueces por el Poder Ejecutivo antes de la expiración delmandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé razón concreta alguna ysin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución,
es incompatible con la independencia judicial58. En similar sentido, la Corte considera
que la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantíaspara el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables.
Además, no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una
condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o lacelebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que
nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente59. Los
57

Cfr. comunicado de prensa titulado “Presidente del TSJ juramentó a jueces de las Cortes Primeray Segunda de lo Contencioso Administrativo”, emitido por el TSJ el 18 de octubre de 2005 (expediente deprueba, Tomo II, Anexo B.1.K, folios 725 y 726).
58
Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14: El
Derecho a un Juicio Imparcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, CCPR/C/GC/32, 23
de agosto de 2007, párr. 20.
59
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura
vinculan la permanencia del juez en su cargo con la garantía derivada de inamovilidad al reconocer lavigencia de esta última hasta que expire el período para el que los jueces hayan sido nombrados oelegidos, siempre que existan normas al respecto. Cfr. Principio 12 de los Principios Básicos de lasNaciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de lasNaciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones
40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985; ver también Principio I.3 de la
Recomendación No. R (94) 12 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre la Independencia,
Eficiencia y Función de los Jueces adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13 deoctubre de 1994 en la 58ª sesión de Viceministros. En un sentido paralelo se expresó el señor Param16
nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la
regla. De esta manera, la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces
o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generanimportantes obstáculos para la independencia judicial. Esta situación devulnerabilidad del Poder Judicial se acentúa si tampoco existen procesos dedestitución respetuosos de las obligaciones internacionales de los Estados.
44.
Esta Corte ha destacado con anterioridad que los diferentes sistemas políticos
han ideado procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces comopara su destitución. Sobre este último punto, el Tribunal ha afirmado que laautoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse
imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejerciciodel derecho de defensa60. Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces
fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos dedecidir controversias concretas sin temor a represalias61.
45.
De otro lado, puesto que el nombramiento de jueces provisionales debe estar
sujeto a aquellas condiciones de servicio que aseguren el ejercicio independiente desu cargo62, el régimen de ascenso, traslado, asignación de causas, suspensión ycesación de funciones del que gozan los jueces titulares debe mantenerse intacto enel caso de los jueces que carecen de dicha titularidad.
46.
En el presente caso, la Corte constata que el Estado ofreció a las víctimas unproceso ante la CFRSJ previo a su destitución. Queda entonces por determinar si
dicho procedimiento se ajustó a las obligaciones contraídas por el Estado frente a la
Convención Americana. Al respecto, este Tribunal ha señalado que[t]odos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional
tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantíasdel debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. El artículo 8.1
de la Convención, que alude al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal
competente” para la “determinación de sus derechos”, es igualmente aplicable al supuesto
en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones que afecten la
determinación de tales derechos63.

2.

Competencia

47.
El representante alegó que la Sala Plena del TSJ –y no la CFRSJ- era, “demanera exclusiva”, la que “podía destituir de sus cargos a quienes previamente había
designado como magistrados de la Corte Primera”, en atención al principio delparalelismo de las formas. En apoyo de este argumento, aludió a un informe emitido
por una Comisión designada por la Sala Plena del TSJ. De otra parte, argumentó quelas atribuciones disciplinarias de la CFRSJ “no tenía[n] fundamento alguno en la
Cumaraswamy en su declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el 15 de enero de 2008
(expediente de fondo, Tomo III, folios 822 a 836).
60

73 y 74.
61

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 74, párrs.
Principios 2, 3 y 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 59.

62

Principio 11 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 59, y Directriz II de las
Directrices de Latimer House para el Commonwealth sobre Supremacía Parlamentaria e Independencia
Judicial adoptadas en una reunión de representantes de la Asociación Parlamentaria del Commonwealth,de la Asociación de Magistrados y Jueces del Commonwealth y de la Asociación de Educación Jurídica delCommonwealth, celebrada el 19 de junio de 1998.
63

Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 149.

17
Constitución” y que “en materia disciplinaria judicial, por causa de la mora legislativa,
existe un régimen transitorio y excepcional que atenta contra el derecho al […] juez
natural” ya que “el régimen disciplinario judicial en Venezuela, es […] extraordinario
y los jueces son […] juzgados disciplinariamente por comisiones creadas para su
enjuiciamiento”.
48.
El Estado indicó que conforme a la normativa interna la CFRSJ “es competentepara dictar los actos disciplinarios correspondientes en ejercicio de sus atribuciones”.
Controvirtió el argumento del representante relativo al informe de la Comisión de la
Sala Plena afirmando que el mismo no es vinculante, que emanaba “sólo [de]algunos Magistrados integrantes de la Sala Plena” y que posteriormente todos los
integrantes de la misma Sala Plena, “a solicitud de los ex-jueces provisorios de laCorte Primera[,] reafirmaron […] la competencia de la [IGT] y de la [CFRSJ]”(resaltado omitido).
49.
La Comisión indicó que el ámbito de actuación de la CFRSJ “estaba delimitado
de manera previa a los hechos”. Además, señaló que el TSJ se pronunció en Sala
Plena reconociendo la competencia de la CFRSJ para investigar disciplinariamente ysancionar a los peticionarios.
50.
El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “untribunal competente […] establecido con anterioridad a la ley”. Esto implica que laspersonas “tienen derecho a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con
arreglo a procedimientos legalmente establecidos”, razón por la cual el Estado nodebe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas
para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales
ordinarios64. Con esto se busca evitar que las personas sean juzgadas por tribunales
especiales, creados para el caso, o ad hoc.
51.
La prueba que sustenta los alegatos del representante se relaciona con un
informe adoptado el 26 de julio de 2000 por una comisión designada por el TSJ para“determinar el status jurídico y disciplinario de la Corte Primera”. El informe señaló
que[e]l régimen disciplinario de los jueces corresponde a los órganos de la jurisdicción
disciplinaria que deberá ser creada mediante ley pero hasta tanto se dicte ese instrumento
normativo, la potestad disciplinaria sobre los Magistrados de la Corte Primera […] deberá
ser ejercida por el [TSJ], en Sala Plena65.

52.
Sin embargo, la Comisión y el Estado aciertan al indicar que el 8 deseptiembre de 2004, a través de una decisión sobre un recurso jerárquico interpuesto
por las víctimas (infra párr. 157), la Sala Plena del TSJ ratificó que “la competencia
para la realización de las investigaciones en un caso en el que se denuncia[disciplinariamente] a un Magistrado de la Corte Primera” debe ser la misma que
corresponde a todos los jueces, es decir, “deben estos casos ser sometidos a laconsideración de la [CFRSJ]”. La Sala Plena declinó entonces su competencia en lamateria66. Como se observa, el órgano que el representante alega como competente

64

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 demayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 129, y Principio 5 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas,
supra nota 59.
65
Cfr. Informe remitido al Presidente del TSJ por los magistrados Jesús Eduardo Cabrera, José Peña
Solís, Levis Ignacio Zerpa y Antonio García García el 10 de agosto de 2000 (expediente de prueba, Tomo
VII, Anexo K, folios 1844 y 1845).
66

Cfr. sentencia No. 23 de la Sala Plena del TSJ de 8 de septiembre de 2004, supra nota 52, folios
722 y 723.

18
determinó que quien debía evaluar la posible responsabilidad de las víctimas en elejercicio de sus funciones judiciales era la CFRSJ.
53.
De otra parte, la competencia disciplinaria de la CFRSJ se origina en una
norma que emana de la Asamblea Constituyente, y por tanto de rango superior al
legal67, establecida en 1999, es decir con anterioridad a la causa iniciada contra losmagistrados de la Corte Primera68; no se trata de un tribunal ad hoc, toda vez que sele otorgó competencia de forma general para conocer de todos los procesos
disciplinarios contra los jueces de Venezuela bajo un procedimiento común; y no
existe una norma a nivel interno que expresamente haya asignado la competencia
para conocer del caso en cuestión a un órgano distinto a la CFRSJ. Por todo ello, laCorte no encuentra que se configure una violación del derecho a ser juzgado por un
tribunal competente establecido con anterioridad por la ley, consagrado en el artículo
8.1 de la Convención.
3.

Imparcialidad de la CFRSJ

54.
Los alegatos de la Comisión y el representante tratan conjuntamente lasupuesta falta de independencia e imparcialidad de la CFRSJ a la hora de destituir alos magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri.
55.
Al respecto, la Corte resalta que si bien es cierto que la independencia y la
imparcialidad están relacionadas69, también es cierto que tienen un contenido
jurídico propio. Así, esta Corte ha dicho que uno de los objetivos principales quetiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de losjueces70. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su
faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así comotambién en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona
del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema
judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al
Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones derevisión o apelación.
56.
En cambio, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda
particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, detodo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que
permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar
respecto de la ausencia de imparcialidad71. La Corte Europea de Derechos Humanos
ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que
67
Según lo ha afirmado el TSJ, se entiende que los decretos emanados de la Asamblea
Constituyente tienen carácter “supraconstitucional”, aunque transitorio. Cfr. sentencia No. 1048 de la Sala
Constitucional del TSJ de 18 de mayo de 2006, supra nota 13.
68
Cfr. Artículo 24 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 27.
69

Por ejemplo, el Comité contra la Tortura señaló: “Preocupa al Comité la situación de dependencia
de hecho del poder judicial al poder ejecutivo, que representa un obstáculo importante a la apertura
inmediata de una investigación imparcial cuando haya motivos razonables para creer que se ha cometido
un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción”. Cfr. Naciones Unidas, Comité contra laTortura, Conclusiones y Recomendaciones: Burundi, CAT/C/BDI/CO/1, párr. 12.
70
71

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 60, párr. 73.

Cfr. Pullar v. the United Kingdom, judgment of 10 June 1996, Reports of Judgments andDecisions 1996-III, § 30, y Fey v. Austria, judgment of 24 February 1993, Series A no. 255-A p. 8, § 28.

19
exista prueba en contrario72. Por su parte, la denominada prueba objetiva consisteen determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitaneliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona73.
Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia,
aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta74, sino única yexclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho.
57.
Ahora bien, dado que los alegatos de la Comisión y los representantes serefieren principalmente a que la CFRSJ estuvo influenciada por otros poderes delEstado y por el propio Poder Judicial, la Corte tratará estos argumentos en elapartado de independencia judicial, y dejará en este apartado de imparcialidad elúnico alegato de las partes sobre el tema, a saber, la imposibilidad de recusar a losmiembros de la CFRSJ.
58.
La Comisión alegó que el “sistema disciplinario […] carece de salvaguardas
para que las partes puedan objetar la […]parcialidad” de la CFRSJ toda vez que“prohíbe las recusaciones contra sus miembros”. En este sentido, indicó que “aúncuando estos tuvieren por ejemplo amistad íntima o enemistad manifiesta con
cualquiera de las partes, o hubieran manifestado previamente su opinión sobre elasunto, existe una imposibilidad legal de recusarlos”. El representante agregó que“las [presuntas] víctimas no tenían la impresión de que el tribunal que conocía de su
caso era imparcial, y por eso recusaron a [sus] miembros”, sin embargo, “[l]asrecusaciones ni siquiera fueron examinadas”, por no estar permitidas por ley, y losmiembros de la CFRSJ “tampoco accedieron a la solicitud para que se inhibieran”. El
Estado no se refirió a estos alegatos.
59.
Conforme a la prueba aportada, el Tribunal constata que el Régimen deTransición del Poder Público establece que los integrantes de la CFRSJ y el Inspector
General de Tribunales “no estarán sujetos a recusación, pero deberán inhibirse en los
casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos”75.
72

Cfr. Daktaras v. Lithuania, no. 42095/98 (Sect. 3) (bil.), ECHR 2000-X – (10.10.00), § 30.

73

Cfr. Piersack v. Belgium, judgment of 1 October 1982, Series A no. 53, y De Cubber v. Belgium,
judgment of 26 October 1984, Series A no. 86.
74

Principio 2 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 59.

75

Cfr. artículo 31 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 27. El artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1 de julio de 1981,
publicada en la Gaceta Oficial No. 2.818 Extraordinaria de 1 de julio de 1981 (expediente de prueba, Tomo
I, Anexo A.8, folio 138) establece:
Los funcionarios administrativos deberán inhibirse del conocimiento del asunto cuya
competencia les esté legalmente atribuida, en los siguientes casos:
1.
Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. tuvieren interés en el procedimiento.
2.
Cuando tuvieren amistad intima o enemistad manifiesta con cualquiera de laspersonas interesadas que intervengan en el procedimiento.
3.
Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya
resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su opinión
en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del asunto, o, tratándosede un recurso administrativo, que hubieren resuelto o intervenido en la decisión del actoque se impugna. Quedan a salvo los casos de revocación de oficio y de la decisión delrecurso de reconsideración.
4.
Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de losdirectamente interesados en el asunto.

20
60.
El magistrado Rocha presentó una solicitud de recusación en contra de losmiembros de la CFRSJ el mismo día en que se emitió la resolución que declaró su
destitución76, pero antes de que ésta fuera notificada77. Al día siguiente, elmagistrado Apitz solicitó la inhibición de los mismos78. Esta solicitud también fue
presentada antes de la notificación de la resolución de destitución. No consta en el
expediente que la magistrada Ruggeri haya presentado alguna solicitud de recusacióno inhibición.
61.
En la sentencia que ordenó la respectiva destitución no se respondió
expresamente a la solicitud de recusación presentada por el magistrado Rocha, pero
se reafirmó que los miembros de la CFRSJ “no estarán sujetos a recusación, pero
deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica deProcedimientos Administrativos”79. No consta que haya existido respuesta a lasolicitud de inhibición presentada por el señor Apitz.
62.
Corresponde a la Corte determinar si el hecho de que los jueces de la CFRSJ
que destituyeron a las víctimas no hayan sido recusables vulneró el derecho de éstas
a ser juzgadas por un tribunal imparcial.
63.
Al respecto, el Tribunal considera que la institución de la recusación tiene undoble fin: por un lado actúa como una garantía para las partes en el proceso, y por elotro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la Jurisdicción. En efecto,
la recusación otorga el derecho a las partes de instar a la separación de un juez
cuando, más allá de la conducta personal del juez cuestionado, existen hechos
demostrables o elementos convincentes que produzcan temores fundados osospechas legítimas de parcialidad sobre su persona, impidiéndose de este modo que
su decisión sea vista como motivada por razones ajenas al Derecho y que, por ende,el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. La recusación no debe
ser vista necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario
recusado, sino más bien como una herramienta que brinda confianza a quienes
acuden al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar
ser imparciales.
64.
En tal sentido, la recusación es un instrumento procesal destinado a protegerel derecho a ser juzgado por un órgano imparcial y no un elemento constitutivo odefinitorio de dicho derecho. En otras palabras, un juez que no pueda ser recusado
no necesariamente es -o actuará de forma- parcial, del mismo modo que un juez que
puede ser recusado no necesariamente es -o actuará de forma- imparcial.
65.
En lo referente a la inhibición, la Corte estima que aún cuando está permitida
por el derecho interno, no es suficiente para garantizar la imparcialidad del tribunal,
puesto que no se ha demostrado que el justiciable tenga algún recurso para
cuestionar al juez que debiendo inhibirse no lo hiciere.

76
Cfr. escrito presentado por el señor Rocha ante la CFRSJ el 30 de octubre de 2003 (expediente deprueba, Tomo VIII, Anexo Ñ, folios 2683 a 2689).
77

La resolución que declaró la destitución de los magistrados de la Corte Primera fue emitida el 30
de octubre de 2003 (supra nota 49), pero se notificó a los magistrados el día 4 de noviembre de 2003.
Cfr. oficios 1088 y 1087 de la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana deCaracas de 3 de noviembre de 2003 con las resultas de la notificación a los señores Rocha y Apitz(expediente de prueba, Tomo VIII, Anexo Ñ, folios 2703 y 2712).
78
Cfr. escrito presentado por el señor Apitz ante la CFRSJ el 31 de octubre de 2003 (expediente deanexos a la contestación de la demanda, Tomo VIII, Anexo Ñ, folios 2693 a 2698).
79

Cfr. resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota 49, folio 1081.

21
66.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluye que no hay prueba que
indique que el Estado haya desconocido el derecho de las víctimas a ser juzgadas por
un tribunal imparcial, pero sí está demostrado que su legislación (supra párr. 59) yjurisprudencia (supra párr. 61) les impidieron solicitar que la imparcialidad de suórgano juzgador sea revisada. Dicho de otro modo, no está demostrado elincumplimiento del deber de respeto del derecho, sino la falta de garantía del mismo.
67.
Por todo ello, el Tribunal declara que el Estado no garantizó el derecho de lasvíctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación delartículo 8.1 de la Convención en consonancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
4.

Derecho a ser oído

68.
La Comisión indicó que la SPA decidió que los magistrados de la Corte Primera
incurrieron en error judicial inexcusable, “sin que éstos pudieran presentar
previamente [ante dicha Sala] los argumentos que justificaban la razonabilidad de ladecisión tomada”.
69.
El representante concordó con la Comisión y añadió que la SPA “no lespermitió acompañar la jurisprudencia reciente, de [dicha Sala], en la que sesustentaba [la] decisión [de la Corte Primera cuyo avocamiento era decidido]”.
Alegó, además, que los jueces de la Corte Primera “no eran partes” en dicho procesode avocamiento.
70.
El Estado señaló que "al conocer alguna de las Salas competentes del [TSJ],
en avocamiento, un fallo dictado por alguna instancia inferior, no se plantea un juicio
subjetivo que prejuzga sobre aspectos disciplinarios de los jueces” sino “uno objetivo
que interrumpe el normal desenvolvimiento de la causa examinada por esas
instancias".
71.
En el proceso ante la SPA que resolvió la solicitud de avocamiento (suprapárrs. 32 y 33) intervinieron la Registradora Subalterna del Primer Circuito delMunicipio Baruta del Estado Miranda, en calidad de solicitante del avocamiento, y el
apoderado judicial de la persona que había interpuesto el recurso de amparo resuelto
por la Corte Primera80. Los magistrados de la Corte Primera no intervinieron en este
proceso.
72.
De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención, el derecho a ser oído exige
que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de
determinar sus derechos y obligaciones.
73.
Al respecto, la Corte destaca que en el proceso de avocamiento no se
determina derecho u obligación alguna de los jueces que dictaron la resolución sujeta
a revisión81. De otra parte, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, ladeclaración de un error judicial inexcusable puede ocurrir no sólo en un proceso deavocamiento, sino también en toda instancia recursiva o de apelación ante cualquierórgano con competencia de revisión82. En este sentido, la división de tareas propiadel ejercicio de la función judicial implica que las instancias revisoras sólo deban
80

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folio 1007.

81

Cfr. artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, supra nota 32, y artículo 18
de la Ley Orgánica del TSJ, supra nota 31.
82
Cfr. artículo 40 numeral 4 de la Ley de Carrera Judicial de Venezuela de 25 de agosto de 1978,
publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.262 de 11 de septiembre de 1998, (expediente deprueba, Tomo I, Anexo A.7, folios 121 a 132).

22
atender a la pretensión recursiva de la parte disconforme con la resolución originaria.
En consecuencia, la determinación de la corrección o incorrección jurídica del fallo
recurrido no afectó derecho alguno de los jueces originarios y no los trasformó per seen partes de la controversia suscitada ante la SPA. Por ello, la Corte declara que el
Estado no violó el derecho de las víctimas a ser oídas en dicho proceso.
*
*

*

74.
Con respecto a los recursos interpuestos, el representante alegó que “lasvíctimas en este caso nunca fueron escuchadas en audiencia, ni privada ni pública”.
En este sentido señaló que "[t]al posibilidad no se encuentra prevista ni en el trámite
del recurso de amparo autónomo [...] ni en el del recurso jerárquico" y que "[l]aúnica posibilidad de haber sido oídos en audiencia [sería] a través del recurso denulidad [aunque] sometido a la autorización discrecional de la Sala". El Estado y la
Comisión no expusieron argumentos sobre este punto.
75.
Al respecto, la Corte considera que del artículo 8.1 de la Convención no se
desprende que el derecho a ser oído debe necesariamente ejercerse de manera oral
en todo procedimiento. Lo anterior no obstaría para que la Corte considere que laoralidad es una de las “debidas garantías” que el Estado debe ofrecer a losjusticiables en cierto tipo de procesos. Sin embargo, el representante no hapresentado argumentos que justifiquen por qué es necesaria la oralidad, como
garantía del debido proceso, en el procedimiento disciplinario ante la CFRSJ o en lasdistintas instancias recursivas.
76.
Por estas consideraciones, la Corte declara que el Estado no violó el derecho
de las víctimas a ser oídas en el trámite de los recursos mencionados.
5.

Deber de motivación77.
La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de lajustificación razonada que permite llegar a una conclusión”83. El deber de motivar las
resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia84,
que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el
Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco deuna sociedad democrática.
78.
El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos
que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas,
pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias85. En este sentido, la argumentaciónde un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos
de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la
motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en
83
Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
84
Así lo ha establecido la Corte Europea en el Caso Suominen: “[l]a Corte reitera entonces que, deacuerdo con su jurisprudencia constante y en reflejo de un principio relativo a la correcta administraciónde justicia, las sentencias de las cortes y los tribunales deben exponer de manera adecuada las razones enlas que se basan” (traducción de esta Corte). Cfr. Suominen v. Finland, no. 37801/97, § 34, 1 July 2003.
85
Cfr. Caso Yatama, supra nota 63, párrs. 152 y 153, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez,
supra nota 83, párr. 107. Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces deben indicar con
suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr. Hadjianstassiou v. Greece,
judgment of 16 December 1992, Series A no. 252, p. 8, § 23.

23
que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar laresolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores86.
Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el
artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.
79.
La Comisión alegó que la CFRSJ “no revisó la calificación del error [judicial
inexcusable], limitándose a 'homologar' [la] decisión” adoptada por la SPA. La
Comisión consideró que “[l]a insuficiente motivación en relación con la tipificación dela falta ilustra que […] no se adelantó una calificación de la conducta como ilícito
disciplinario” ni “se adelant[ó] juicio sobre su idoneidad para el ejercicio del cargo”.
Destacó también que “la indebida fundamentación no permite contar con elementos
suficientes para la graduación de la sanción”. La Comisión indicó que en el presentecaso ocurrió “una diferencia razonable y razonada de interpretaciones jurídicas
posibles sobre una figura procesal determinada”, razón por la cual “la destitución por
error judicial inexcusable […] resulta contraria al principio de independencia judicial
pues atenta contra la garantía de fallar libremente en derecho”. En este sentido, "losmagistrados no fueron juzgados por su conducta disciplinaria sino por lainterpretación jurídica que adoptaron en el fallo".
80.
El representante sostuvo que "la CFRSJ no permitió a las víctimas […]promover pruebas y no motivó la decisión que los destituyó". Asimismo, indicó que
respecto de la calificación del error judicial inexcusable “no había defensa posible",teniendo en cuenta que "[n]o la hubo ante la [SPA…], en cuyo procedimiento lasvíctimas en este caso no eran partes ni fueron notificadas […], y no la podía haberen la [CFRSJ], pues ésta era 'materia ya decidida por la [SPA]'". El representantealegó que “la decisión de la [CFRSJ] no indica en qué consistiría ese 'error judicial
inexcusable', ni tampoco explica [por qué] ese hecho ameritaría la sanción
administrativa más severa, como es la destitución”.
81.
El Estado sostuvo que las víctimas fueron notificadas de la apertura deinvestigación en su contra por parte de la IGT y que éstos no ejercieron su derecho
de defensa ante esta instancia. Además, señaló que “todos los miembros de la Corte
Primera […] presentaron escrito de defensa” ante la CFRSJ. El Estado agregó que es
un “error […] confundir la misma motivación con ninguna motivación, ya que cuando
un órgano jurisdiccional dicta una decisión adoptando los mismos criterios de otra
decisión emanada de otro órgano jurisdiccional […] ha reiterado ese criterio y no[ha] dejado de motivar”.
82.
Tal como fue señalado, la SPA determinó en sentencia la existencia de unerror judicial inexcusable y remitió su fallo a la IGT. Durante la audiencia pública
ante la Corte el entonces Inspector General de Tribunales manifestó que lainvestigación que llevó a cabo consistió “simplemente [en] recab[ar] la sentencia dela Corte Primera”; que la IGT “no tiene facultades ni competencia para hacer análisis
jurídicos de las decisiones […] de la [SPA]”, con lo cual el valor probatorio de lasdecisiones en las que la SPA determina un error judicial inexcusable “es total” enaras a formular la acusación respectiva; y que la acusación que formuló en contra de86

Cfr. Suominen v. Finland, supra nota 84. Por su parte el Comité de Derechos Humanos consideró
que cuando un tribunal de apelación se abstuvo de fundamentar por escrito la sentencia, ello reducía las
posibilidades de éxito del acusado si solicitaba autorización para apelar ante un tribunal superior
impidiéndole así hacer uso de un remedio adicional. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos,
Hamilton v. Jamaica, Communication No. 333/1988, CCPR/C/50/D/333/1988, 23 de marzo de 1994.

24
los magistrados de la Corte Primera se explicaba por sí sola, al acompañarse lasentencia que daba origen a la apertura del procedimiento87.
83.
Por su parte, la CFRSJ en su resolución de 30 de octubre de 2003 transcribió
los alegatos de las víctimas, pero al momento de valorar y determinar la
responsabilidad disciplinaria, la CFRSJ se limitó a reseñar las consideraciones que la
SPA había realizado al calificar el mencionado error judicial inexcusable88. Así, en
respuesta al alegato de las víctimas referente a que no se habría dictado una medida
cautelar constitutiva que hubiese desnaturalizado la esencia restablecedora delamparo cautelar, la CFRSJ señaló que ésta “fue materia resuelta en la decisión de la[SPA…] que para [la CFRSJ] constituye el requisito de procedibilidad para decidir eneste ámbito disciplinario” y que “esa conducta concurrente en la decisión judicial
tiene trascendencia disciplinaria cuando se configura como error que no es
concebible en los [miembros de la Corte Primera] por lo absurdo del fallo en sus
efectos”89.
84.
Al respecto, la Corte resalta que el derecho internacional ha formulado pautas
sobre las razones válidas para proceder a la suspensión o remoción de un juez, lascuales pueden ser, entre otras, mala conducta o incompetencia90. Ahora bien, losjueces no pueden ser destituidos únicamente debido a que su decisión fue revocada
mediante una apelación o revisión de un órgano judicial superior91. Ello preserva la
independencia interna de los jueces, quienes no deben verse compelidos a evitar
disentir con el órgano revisor de sus decisiones, el cual, en definitiva, sólo ejerce una
función judicial diferenciada y limitada a atender los puntos recursivos de las partes
disconformes con el fallo originario.
85.
En cuanto al derecho interno, la Corte observa que el TSJ ha exigido
diferenciar el control que debe existir sobre los jueces en la jurisdicción ordinaria yen la jurisdicción disciplinaria92, valorar la gravedad de la falta93 y determinar una
87

Cfr. declaración rendida por el señor Servio Tulio León Briceño en la audiencia pública celebradaante la Corte Interamericana el 31 de enero de 2008. El testigo, además, indicó lo siguiente: “Yo creo que
el acto conclusivo y la acusación que se hace ante la [CFRSJ] se explica por sí solo, se hace, se acompaña
la sentencia que es lo que da origen a la apertura del procedimiento. Y yo creo que las motivaciones orazones estaban de sobra con la sentencia, sin embargo sí se analizó, aunque no se dice en la sentencia,
las consecuencias que pudieran generar el acto que dio motivo, pues a la apertura del procedimiento que
fue la sentencia no, pero no se omitió ninguna fundamentación que yo recuerde.”88

La CFRSJ señaló que “[la] sentencia de la [SPA] estableció expresamente que la Corte Primera[…incurrió] en un grave error jurídico de carácter inexcusable” y que “[e]n su decisión el [TSJ] estima que[la pretensión del accionante] no constituye el reestablecimiento de una situación jurídica infringida, sino
la creación de una nueva situación, lo que resulta ajeno y contrario a la naturaleza del amparo
constitucional [… siendo] más grave el potencial daño que puede ocasionar el fallo cautelar dictado
respecto de los derechos de posibles adquirentes de esos terrenos”. La CFRSJ indicó que “el amparo
constitucional no es un mecanismo jurisdiccional viable para procurar el asiento registral de determinado
documento […] y por esta sustancial razón, aunada a las otras aquí expuestas, la actuación de los jueces
de la Corte Primera […|, en los términos expresados en su fallo cautelar, es un grave error inexcusable
que viene reconocido por la [SPA]”. Cfr. resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota 49,
folios 1084 a 1086.
89

Cfr. resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota 49, folio 1087.

90

Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, supra nota 58,
párr. 20. Ver también Principio 18 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 59.
91
Ver al respecto el Principio A, párr. 4 (n) 2 de los Principios y Directrices Relativos al Derecho a
un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África adoptados como parte del Informe de Actividades de laComisión Africana en la Segunda Cumbre y Reunión de Jefes de Estado de la Unión Africana, celebrada en
Maputo, Mozambique, del 4 al 12 de julio de 2003.
92
Por ejemplo, en un caso de destitución de una jueza que llegó al conocimiento de la SPA, éstaseñaló: “El criterio jurídico de la [jueza sancionada] era razonable y estuvo fundado en una decisión

25
sanción proporcionada94. Asimismo, el Estado presentó un informe en el que si bien
se exponen 5 casos donde la declaración del error judicial inexcusable por parte delórgano de revisión condujo a la destitución de los jueces inferiores por parte de la
CFRSJ95, ésta indicó que le corresponde revisar si “se está ante un error judicial detal magnitud que acarree la destitución”96.
86.
En suma, para el derecho interno y para el derecho internacional por un lado
se encuentran los recursos de apelación, casación, revisión, avocación o similares,
cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez inferior; y por otro, el
control disciplinario, que tiene como objeto valorar la conducta, idoneidad ydesempeño del juez como funcionario público. Por esta razón, aun cuando existiera
una declaración de error judicial inexcusable por parte de un órgano de revisión,debe analizarse la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción97.

dictada en el ejercicio legítimo de sus funciones, es decir, […] no configurándose en ningún momento la
falta grave que le imputó la [CFRSJ], con la finalidad de aplicarle la máxima sanción, es decir, ladestitución de su cargo. En consecuencia, la [CFRSJ] invadió competencias correspondientes al ámbito
jurisdiccional y en tal sentido, le violó la garantía constitucional a la autonomía e independencia de que
era titular la jueza sancionada, al momento de dictar la citada medida”. Cfr. sentencia No. 01771 de la
SPA de 14 de octubre de 2004, supra nota 13.
93

En otro caso, la SPA consideró que “si bien como señaló la [IGT], el juez investigado incurrió enun error judicial declarado por la Sala Constitucional de[l TSJ], dicho error no es de tal gravedad que
acarree su destitución”. Cfr. sentencia No. 00331 de la SPA de 14 de abril de 2004, supra nota 13.
94

Así, en otro caso la SPA consideró que “si bien se debe sancionar la falta disciplinaria de un
funcionario judicial, la sanción impuesta debe ser siempre cónsona con el ilícito cometido, de modo deequilibrar la exigencia que se debe hacer al juez con los derechos que también le asisten. En tal sentido ycon base en los poderes inquisitivos del juez contencioso-administrativo, se estima que la sanción
impuesta por el Tribunal Disciplinario del extinto Consejo de la Judicatura no sólo resultó
desproporcionada, sino además, inmotivada, pues basó su contenido fundamentalmente en latranscripción que se hiciera de la sentencia emanada del juzgado superior que conociera en alzada de laconversión en divorcio decretada, por lo cual se declara su nulidad. [… L]a conducta desplegada por la
funcionaria judicial, le hizo incurrir en un descuido en la tramitación de los procesos sometidos a su
conocimiento, pero en modo alguno, se identifica con el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando
al error judicial inexcusable, antes por el contrario, la infracción por ella cometida, de ser el caso, podría
configurar una causal que diera lugar a otro tipo de sanciones, como podría ser la amonestación, o de serpreciso, porque se considere de mayor entidad que aquella, la sanción de suspensión. Es por ello que sinsustituirse el juez contencioso-administrativo en las competencias propias de la Administración, y con el
fin de alcanzar un equilibrio entre la falta cometida y la sanción a imponerse, esta Sala ordena a la
[CFRSJ] la modificación de la sanción impuesta, en el sentido de que se verifique si procede, en su lugar,otro tipo de medida sancionatoria que se ajuste a las circunstancias planteadas a lo largo de este caso”.
Cfr. sentencia No. 01662 de la SPA de 28 de octubre de 2003, supra nota 13. En otro caso, y en similarsentido, la SPA precisó que “esta Sala coincide en afirmar el error de derecho cometido por la jueza, pero
disiente de la calificación jurídica y de la sanción impuesta a la Jueza recurrente por parte de la [CFRSJ],
pues considera que aún cuando la jueza recurrente incurrió con su actuación en un hecho generador de
responsabilidad administrativa disciplinaria, la sanción impuesta debe guardar equilibrio con el ilícito
cometido, de modo de mantener la exigencia que se debe hacer al juez con los derechos que también leasisten. En tal sentido, se estima que la sanción impuesta por la [CFRSJ], resultó desproporcionada, puesbasó su contenido en una causal de destitución no cónsona con la actuación jurisdiccional de la jueza
imputada, por lo cual se declara su nulidad”. Cfr. sentencia No. 01285 de la SPA de 20 de agosto de 2003,
supra nota 13.

95

Cfr. oficio No. 3561-07 de la IGT de 22 de octubre de 2007 (expediente de prueba, Tomo XIV,
folios 4246 y 4247).
964564).

Cfr. resolución de la CFRSJ de 12 de febrero de 2007 (expediente de prueba, Tomo XIV, folio

97
En similar sentido esta Corte ordenó que una pena fuera aplicada en forma proporcional a lanaturaleza y gravedad del delito que se perseguía, tomando en cuenta las circunstancias atenuantes yagravantes que pudieran concurrir en el caso. Cfr. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133.

26
Este tipo de revisión exige una motivación autónoma para determinar la existencia
de una falta disciplinaria.
87.
En este punto, la Corte constata que la acusación de la IGT y la resolución dedestitución de la CFRSJ tomaron como única prueba y como único componente demotivación los argumentos desarrollados por la SPA en su fallo. Es decir, tan solo
reiteraron la calificación efectuada por esta última.
88.
La Corte considera que en este proceso disciplinario era necesario el análisis
del error judicial inexcusable como ilícito disciplinario, lo cual exigía, en primer lugar,
una motivación relacionada con la idoneidad de las presuntas víctimas para elejercicio del cargo.
89.
En segundo lugar, tanto la acusación de la IGT como la decisión de la CFRSJ
tenían que dar razones sobre la gravedad de la falta supuestamente cometida por losmiembros de la Corte Primera y sobre la proporcionalidad de la sanción propuesta98 y
finalmente adoptada99.
90.
En tercer lugar, teniendo en cuenta que el deber de motivar no exige una
respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según lanaturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía
ha sido satisfecha100, la Corte estima que la CFRSJ debía responder autónomamente,
y no por remisión a la decisión de la SPA, al menos los principales alegatos de los98

En efecto, el error o desconocimiento grave e inexcusable del juez estaba contemplado al
momento de los hechos en la legislación venezolana doblemente, como causal de destitución y comocausal de suspensión. Así, el artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial (supra nota 82) expresa:
Los jueces serán destituidos de sus cargos, previo el debido proceso, por las causas siguientes:
4. Cuando hubieren incurrido en grave error judicial inexcusable reconocido en sentencia por laCorte de Apelaciones o el juzgado superior o la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia,
según el caso, y se haya solicitado la destitución
Por su parte, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (expediente de prueba, Tomo
I, Anexo A.10, folio 195) establece:
Son causales de suspensión:
13. Proceder con grave e inexcusable desconocimiento de la ley a juicio de la sala de laCorte Suprema de Justicia en conocimiento de la causa.
En este sentido, es dable exigir al tribunal disciplinario que justifique la imposición de una u otra sanción
en cada caso concreto.
99
En este punto resulta relevante lo afirmado por el señor Jesús María Casal Hernández en elsentido de que la CFRSJ “prescindió del examen relativo a la gravedad del error judicial inexcusable, que
es indispensable para poder infligir la sanción máxima de destitución. El principio de proporcionalidad y elrespeto al derecho a la defensa o al debido proceso legal, así como a la autonomía del juez, obligaban aefectuar dicho análisis”. Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Jesús María
Casal Hernández el 17 de enero de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folio 849).
100

La Corte Europea ha señalado: “La Corte reitera que el artículo 6, párrafo 1 (art. 6-1) obliga a lostribunales a fundamentar sus decisiones; sin embargo, dicho artículo no puede ser entendido comorequiriendo que el juez provea una respuesta detallada a cada argumento presentado por las partes […].
El alcance de este deber de fundamentación varía según la naturaleza de la decisión. A su vez, es
necesario valorar, inter alia, la diversidad de planteos que un litigante somete a consideración de lostribunales y las diferencias que existen entre los diversos Estados parte con relación a su legislación,
reglas de costumbre, opinión legal y a la presentación y redacción de sentencias. Por todo ello cabe
afirmar que la pregunta relativa a si un tribunal ha incumplido con su obligación de fundamentación
derivada del artículo 6 de la Convención sólo puede ser determinada a la luz de las circunstancias de cadacaso concreto” (traducción de esta Corte). Cfr. Hiro Balani v. Spain, judgment of 9 December 1994, Series
A no. 303-B, p. 8, § 27. Ver también, Ruiz Torija v. Spain, judgment of 9 December 1994, Series A no.
303-A, p. 8 § 29; Suominen v. Finland, supra nota 84, y Hirvisaari v. Finland, no. 49684/99, § 30, 27
September 2001.

27
magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri, a saber: 1) la alegada falta de efectos
constitutivos de la medida cautelar revisada por la SPA en el marco del proceso deavocamiento101, y 2) que la decisión de la Corte Primera supuestamente desarrollaba
una interpretación jurídica plausible sobre los alcances del amparo cautelar102.
Respecto a este último alegato, la Corte considera que la motivación debía operar
como una garantía que permitiera distinguir entre una “diferencia razonable deinterpretaciones jurídicas” y un "error judicial inexcusable" que compromete laidoneidad del juez para ejercer su función, de tal forma que no se sancione a losjueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas aunquedivergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión.
91.
Al no haber ocurrido lo anterior, la situación real fue que el proceso
disciplinario terminó siendo de mero trámite. Por consiguiente, la Corte considera
que el Estado incumplió con su deber de motivar la sanción de destitución, violando
con ello las “debidas garantías” ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores
Apitz, Rocha y Ruggeri.
*
*

*

92.
Por otro lado, el Estado argumentó que los miembros de la Corte Primera no
fueron destituidos a causa de una “persecución política, sino que [la destitución desus miembros] fue producto del mal funcionamiento y de la negligencia […] en [el]ejercicio de sus atribuciones”. El Estado afirmó que “[n]umerosos usuarios
concretaron estos cuestionamientos a través de diversas denuncias”. Efectivamente,la Corte constata que existían denuncias en contra de los tres magistrados de laCorte Primera víctimas de este caso103; sin embargo, la Corte estima que el hecho
que la CFRSJ no se haya pronunciado sobre estas denuncias en su resolución, ni
tampoco haya evaluado la idoneidad de los magistrados más allá de la comisión delerror inexcusable, las vuelve irrelevantes a la hora de calificar la motivación de esteórgano para destituir a los magistrados.
101
Cfr. alegatos de los señores Apitz y Rocha ante la CFRSJ (resolución de la CFRSJ de 30 deoctubre de 2003, supra nota 49, folios 1066 y 1067), y alegatos de la señora Ruggeri ante la CFRSJ,(resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota 49, folios 1071 a 1073).
102
Según los señores Apitz y Rocha, “las actuaciones realizadas por [la] Corte [Primera …] sefundamentaron en razones procesales debidamente justificadas por cuanto las mismas se configuran elúnico medio posible a los fines de lograr el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente
infringida [, de tal forma que se] ejerci[eron] las facultades jurisdiccionales que le[s] correspond[e, s]ibien las razones jurídicas que llevaron a tomar [la] decisión se oponen a otras razones jurídicas que
fueran observadas por la honorable [SPA]”. Cfr. escrito de los señores Apitz y Rocha dirigido a la CFRSJ el
14 de octubre de 2003, (expediente de prueba, Tomo II, Apéndice C.3, folio 540). Por su parte, la señora
Ruggeri alegó ante la CFRSJ: “existiendo la posibilidad de que los justiciables difieran de la sentencia
dictada por la Corte, gozan de los recursos jurisdiccionales ordinarios, cuando consideren que, en primera
instancia, su derecho no encuentra plena satisfacción o ha sido cercenado. Ello constituye el fundamentodel principio de la doble instancia consagrado en el texto constitucional. Aceptar que la diferencia decriterio e interpretación declarada por el juez de alzada constituye un error de carácter inexcusable,
significaría declarar que en los fallos revocados o anulados en segunda instancia, está presente elsupuesto de error inexcusable del juez y la consecuente responsabilidad por parte del juzgador”. Cfr.
alegatos la señora Ruggeri ante la CFRSJ (resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota
49, folio 2653).
103

Cfr. relación de denuncias de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri emitidas por la IGT (expedientede prueba, Tomo II, Apéndice C.3, folios 379 a 426). Se presentaron 15 boletas de denuncias en contra
de la señora Ruggeri, 13 en contra del señor Rocha y 14 en contra del señor Apitz. De estas denuncias,
todas aparecen en estado de “cierre”, excepto dos de ellas, comunes a los tres jueces, que llegan alestado de “acusación”, una de las cuáles es la investigación por error judicial inexcusable. Respecto de la
segunda acusación no se tienen antecedentes en el expediente ante esta Corte.

28
*
*

*

93.
Finalmente, el representante alegó que las víctimas “promovieron prueba de
informe, a fin de determinar si, como lo sostenía la [IGT], el mandamiento de
amparo dictado por la Corte Primera […] tenía carácter constitutivo”. Según el
representante, la CFRSJ “jamás se pronunció sobre la admisión de esa prueba” y“jamás realizó lo conducente para su evacuación”. El Estado señaló que “la misma
finalidad probatoria la podría[n] haber alcanzado, solicitando copia certificada de la
tradición legal de la propiedad”.
94
Conforme lo expuesto, la Corte nota que las partes no controvierten que (1)la CFRSJ no se pronunció sobre la solicitud probatoria realizada por los señores Apitzy Rocha, y (2) la prueba en cuestión estaba al alcance de las víctimas, la pudieron
obtener directamente en la oficina estatal pertinente y la pudieron allegar a la
CFRSJ. La cuestión a resolver, entonces, es si la CFRSJ debía responder a la solicitud
probatoria de las víctimas. La Corte considera que esta prueba fue la única
promovida por las víctimas y tenía el propósito de esclarecer un aspecto
determinante del caso, esto es que la medida de amparo otorgada por la Corte
Primera no tendría efectos constitutivos y que, por ello, no existiría error judicial
inexcusable. En razón de lo anterior, a criterio de esta Corte, la CFRSJ debió, almenos, dar una respuesta mínima aceptado o negando la producción de dicha
prueba o incluso ordenando que las víctimas fueran quienes la allegaran. Dado que
guardó total silencio, el Tribunal estima que el Estado violó las “debidas garantías”
ordenadas en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz y Rocha.
6.

Independencia

95.
La controversia sobre independencia judicial en el presente caso tiene dos
componentes relacionados entre sí. En primer lugar, la inserción del caso en un
alegado contexto de falta de independencia del Poder Judicial venezolano. En
segundo lugar, la supuesta falta de independencia de la CFRSJ.
6.1.

Independencia del Poder Judicial en general96.
El representante alegó que “la destitución de los jueces de la Corte Primera[…] se inserta en un contexto político más amplio” en el que el Gobierno habría
realizado una “depuración o una ‘limpieza ideológica’ de los tribunales venezolanos, afin de deshacerse de todos aquellos jueces que […] no compartieran el proyecto
político diseñado por el Presidente de la República” y que con esto se “interfiri[ó] conla independencia […] del Poder Judicial en general”.
97.
La Corte evaluará a continuación si de la prueba obrante en el expediente es
posible incluir el caso de la destitución de las víctimas dentro de un patrón de casos
que evidenciarían que el Poder Judicial venezolano carece de independencia. Al
respecto, esta Corte ha establecido que no es posible ignorar la gravedad especial
que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber
ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de violaciones a los derechos
humanos, y que ello “obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que

29tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear
la convicción de la verdad de los hechos alegados”104.
98.
Un primer acontecimiento reseñado por el representante es el discurso de un
Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ en la apertura de las actividades
judiciales del año 2001. Según el representante, en este discurso se “comenzó ainsistir en que la interpretación constitucional debe estar al servicio del proyecto
político imperante”.
99.

El discurso en cuestión señala, inter alia, que:[e]l Máximo Tribunal puede sentirse orgulloso y satisfecho de haber dado solución jurídica
a los problemas generados […] conforme al proyecto axiológico de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y al Estado de derecho y de justicia que lo consagra.
[…] En este proceso, el derecho no sólo no ha sido un obstáculo al cambio social, sino que,por el contrario, ha resultado un instrumento al servicio de la juridización, sin solución decontinuidad, del cambio mismo […] se ha rendido tributo al derecho y a la justicia y se ha
rescatado la fe en la idoneidad normativa para producir el cambio político. Pese a ladiatriba de quienes se oponen a dicho cambio, el Máximo Tribunal ha hecho lo que seesperaba de él, aunque no todos lo esperaran de la misma manera. A partir de ahora ladoctrina constitucional habrá que desarrollarla en sentido progresivo. […] Quizá éste sea elinicio de un nuevo clima jurídicopolítico para vivir la Venezuela deseable105.

100. La Corte no observa que en este discurso se haya insistido en que lainterpretación constitucional debe estar al servicio del proyecto político imperante,
como lo afirma el representante. El discurso alude a la solución jurídica decontroversias políticas y no concluye necesariamente en la toma de partido por
posición política alguna, puesto que se refiere a un proyecto axiológico
constitucional106.
101. El segundo referente de contexto alegado por el representante es que sehabría procedido a “la destitución o ‘jubilación’ de aquellos magistrados del [TSJ] queen algún momento se apartaron de la línea oficial”. Al respecto, el representantealude a la jubilación de tres magistrados de la Sala Electoral que suscribieron una
sentencia sobre la realización del referendo revocatorio presidencial107. La única
prueba aportada al respecto es la declaración informativa de un periodista108, lo cuales insuficiente para probar tal hecho. Asimismo, el representante presentó la opiniónde dos peritos, relacionada con la anulación del nombramiento de un Magistrado del104
Cfr., Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5,
párr. 135, y Caso Escué Zapata, supra nota 14, párr. 45.
105

Cfr. discurso de orden del magistrado Delgado Ocando, supra nota 13.

106

El representante también aludió a un discurso de inauguración del año Judicial del magistrado
Francisco Carrasquero de 28 de enero de 2008 en el que afirmaría que “el paradigma de determinada
ideología vigente colorea nuestra actuación”, pero este discurso no fue aportado al expediente. A
diferencia del discurso del magistrado Delgado Ocando (supra nota 13), que la Corte ha valorado, pues
fue posible encontrarlo completo en la página electrónica del TSJ, el discurso del magistrado Carrasquero
no está disponible en la misma. Al no contar con el discurso completo, la Corte carece de elementos paravalorarlo.
107
El representante aludió a la destitución "de los magistrados Alberto Martín Urdaneta (presidente
de la Sala Electoral del TSJ), Rafael Hernández, y Orlando Gravina, ambos de la misma Sala Electoral (quesuscribieron la sentencia del 15 de marzo de 2004, que suspendió los efectos de una resolución delConsejo Nacional Electoral que, en su momento, impidió la realización del referendo revocatorio
presidencial), y que fueron jubilados".
108

El declarante manifestó: “Arrieche (quien había negado el enjuiciamiento de los referidos oficiales
militares) y los magistrados de la sala Electoral Alberto Martini Urdaneta, Rafael Hernández y Orlando
Gravina (quienes fallaron a favor de un referéndum revocatorio presidencial) fueron removidos de sus
cargos por la Asamblea Nacional, bien sea por destitución o por jubilación". Cfr. declaración del señor
López Albujas, supra nota 55, folio 879.

30
TSJ debido, supuestamente, a su participación como ponente en una sentencia que
evaluaba como un “vacío de poder”109 los hechos ocurridos en abril de 2002. La
Corte resalta que estos peritajes son opiniones de expertos que por sí solas no
pueden constituir plena prueba del acaecimiento de un hecho. Dichos peritajes deben
ser confrontados con otros elementos de prueba que deben ser aportados al
expediente y estar sujetos a contradictorio. El representante también sostuvo que sehabría aumentado el número de magistrados del TSJ “a fin de lograr [su] control
absoluto”. Al respecto, la Corte constata que el 19 de mayo de 2004 se dictó la Ley
Orgánica del TSJ que aumentó de 20 a 32 el número de magistrados que lo
integran110 y que el 13 de diciembre de 2004 la Asamblea Nacional procedió alnombramiento de dichos magistrados111. Uno de los peritos propuestos por la
Comisión sostuvo que se produjo “la ampliación, con móviles indubitablemente
políticos, del número de Magistrados del Máximo Tribunal”112 y un declarante
informativo afirmó que el incremento de 20 a 32 magistrados tuvo "el propósito derecuperar el control absoluto del máximo tribunal"113, pero no existen otros
elementos de prueba aportados al expediente que respalden las opiniones de estas
personas, la cuales, por sí solas, no pueden considerarse como suficientes paradeclarar que el máximo tribunal de un país está controlado por el Ejecutivo.
102. Una tercera circunstancia alegada son las supuestas arengas a favor delPresidente de la República proferidas por algunos jueces durante la inauguración delaño judicial 2006. Como prueba, la Corte solamente encuentra que un declarante atítulo informativo hizo alusión a “jueces, togados, [que] en presencia del Jefe deEstado, vocearon consignas políticas”114. Esta declaración no explicita cuándo ni
cuáles fueron estas supuestas “consignas políticas”, ni explica cómo éstas afectarían
la independencia del Poder Judicial.
103. El representante alegó, como un cuarto elemento de contexto, la existenciade ciertas declaraciones de funcionarios públicos que indicarían una injerencia delPoder Ejecutivo en el Judicial. En el año 2005 el entonces Presidente del TSJ calificó
de “bolivarianos” a jueces recién juramentados. La Corte observa que dicha
afirmación fue precisada por dicho Magistrado en los siguientes términos:
Hoy estamos graduando de jueces republicanos y bolivarianos a 164 abogados […].
Hemos dicho y lo repetimos que no queremos jueces que actúen de manera proselitista.
La Constitución prohíbe que tanto los magistrados del TSJ como los jueces de la República
tengamos militancia política. No queremos jueces afectos a la oposición ni al Gobierno.
Queremos jueces constitucionalistas, que sean garantes de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Ese fue el sentido que quise darle a mis palabras115.

109
Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Román Duque Corredor el
10 de enero de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folio 871) y declaración del señor Casal Hernández,
supra nota 99, folio 844.
110

Cfr. artículo 2 de la Ley Orgánica del TSJ, supra nota 31.

111

Cfr. sesión especial de la Asamblea Nacional de 13 de diciembre de 2004, publicada en la Gaceta
Oficial No. 38.086 de 14 de diciembre de 2004 (expediente de anexos a la demanda, Tomo II, Apéndice
C.13, folios 727 y 728).
112

Cfr. declaración del señor Casal Hernández, supra nota 99, folio 841.

113

Cfr. declaración del señor López Albujas, supra nota 55, folio 879.

114

Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Alberto Arteaga Sánchez el
17 de enero de 2008, (expediente de fondo, Tomo III, folio 886) .
115

13.

Cfr. artículo periodístico titulado “TSJ otorgó la titularidad a 164 jueces ‘bolivarianos’”, supra nota

31
104. La segunda declaración sería la un diputado de la Asamblea Nacional, quiensupuestamente habría dicho que:Si bien los diputados tenemos la potestad de esta escogencia, el Presidente de la
República fue consultado y su opinión fue tenida muy en cuenta […] Vamos a estar
claros, nosotros no nos vamos a meter autogoles. En la lista había gente de la oposición
que cumple con todos los requisitos. La oposición hubiera podido usarlos para llegar a un
acuerdo en las últimas sesiones, pero no lo quisieron. Así que nosotros no lo vamos ahacer por ellos. En el grupo de postulados no hay nadie que vaya actuar contra nosotros.

105. La última declaración es una entrevista a la señora Luisa Estella Morales, exmagistrada de la Corte Primera, de 8 de febrero de 2007, en la que expresó:
Para nadie es un secreto que en el momento en que se produce nuestra salida (la de ella
y la de la ex-magistrada de la Corte Primera Evelyn Marrero) la Corte estaba rodeada deunas circunstancias histórico-políticas que llevaron al país, no diría a una convulsión,
pero sí a una reformulación de una serie de asuntos en el Poder Judicial…Era necesaria
nuestra salida116.

106. Respecto de estas declaraciones, la Corte observa que la primera de ellas espresentada de forma descontextualizada por el representante, pero que si se laevalúa en su conjunto parece ser, antes bien, una negación de la injerencia que sepretende demostrar. Respecto de la segunda, la prueba aportada a esta Corte para
acreditar que el diputado dijo lo que se indica constituye la declaración de la señora
Ruggeri117 y la declaración del señor Edgar José López Albujas118. No se aportó copiadel documento original del cual Ruggeri y López obtuvieron este dato.
Consecuentemente, el Tribunal no puede verificar que esa declaración en efecto sehaya producido en esos términos. Finalmente, la Corte encuentra que el sentido de la
declaración de la magistrada Morales es ambiguo, y que no prueba de forma
concluyente la influencia de otros poderes del Estado en el Poder Judicial.
107. Por último, el representante presentó un peritaje que alude a un patrón dedestituciones o remociones de jueces como consecuencia de motivaciones
políticas119, sin embargo, no se cuenta con prueba en el expediente que se pueda
cotejar con dicha opinión, la cual, en sí misma, es insuficiente para declarar probado
el supuesto patrón.
108. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte sólo puede constatar que, en
efecto, se aumentó el número de magistrados del TSJ y que hubo ciertas
declaraciones de funcionarios públicos o de miembros del Poder Judicial. Sin
embargo, lo anterior no permite a la Corte tener conclusión alguna respecto a laexistencia de una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial en su conjunto.
Tampoco queda probado en el expediente del presente caso que el Poder Judicial
haya sido “depurado” ideológicamente. Por estos motivos, con las pruebas obrantes,
la Corte no encuentra demostrado que el Poder Judicial en su totalidad carezca deindependencia.
6.2.

Independencia de la CFRSJ

109. La Comisión alegó que en el presente caso existió una “desviación de poder”,
que se configuró cuando “procedimientos formalmente válidos -la investigación
116
Cfr. artículo periodístico titulado “Morales dirigirá con amplias facultades el Poder Judicial”,
publicado en el Diario “El Universal” el 8 de febrero de 2007 (expediente de prueba, Tomo V, folio 1349).
117

Cfr. declaración de la señora Ruggeri, supra nota 33, folio 744.

118

Cfr. declaración del señor López Albujas, supra nota 55, folio 879.

119

Cfr. declaración del señor Duque Corredor, supra nota 109, folio 867.

32
disciplinaria en contra de las víctimas- fueron utilizados como mecanismos para
cumplir con finalidades no declaradas.” En este sentido, la Comisión indicó que “seutilizó el procedimiento disciplinario para destituir a jueces que conformaban la
mayoría de la Corte Primera […] que habían tomado decisiones contrarias algobierno”. Alegó entonces que un “conjunto de indicios permite inferir que existió
una relación de causalidad entre las declaraciones del Presidente de la República yaltos funcionarios del Estado por los fallos contrarios a intereses del gobierno y lainvestigación disciplinaria que fue impulsada y que devino en la destitución de lasvíctimas”.
110. El representante sostuvo que “[c]omo el Gobierno no podía controlar elcontenido de las decisiones de la Corte Primera, decidió buscar la forma dedestituirlos. La remoción de las víctimas […] fue utilizada como una herramienta
política para interferir ilegítimamente en el ejercicio independiente de la función delos jueces de la Corte Primera”, pues la CFRSJ se limitó a “ejecutar una orden
impartida, expresa o tácitamente, por el Presidente de la República”.
111. El Estado señaló que la prueba aportada por los demandantes es insuficiente“a los efectos de comprobar de manera plena el acaecimiento de un abuso de poderejercido sobre [el P]oder [J]udicial, para que destituyera a las presuntas víctimas”.
112. Son once las sentencias de la Corte Primera que, según la Comisión y el
representante, constituirían la verdadera razón por la que fueron destituidos sus
integrantes. Diez de estas sentencias fueron emitidas entre agosto de 2002 y agosto
de 2003. En ellas la Corte Primera, admitió un amparo en contra de una base aérea
militar que impedía el despegue de un helicóptero en el marco de amplias marchas yconcentraciones en la ciudad de Caracas120; suspendió el sometimiento de generales
del Ejército a consejos de investigación121; declaró inconstitucional el desalojo de una
vivienda de un General ordenado por un Comandante General del Ejército122; admitió
a tramitación un amparo por el que se buscaba la desmilitarización de un Estado enel que se desplegaban efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional123; obligó a quese autorizara la entrada del Alcalde de Caracas a las dependencias de la Policía
Metropolitana, cuyo control había sido tomado por efectivos militares124; ordenó
suspender las requisiciones de productos de propiedad de empresas privadas
llevadas a cabo por la Guardia Nacional y otros organismos administrativos125;
dispuso que se transfirieran los recursos del situado constitucional que se adeudaban
al Estado Carabobo126; y declaró sin efecto los actos administrativos que establecían
120
Cfr. sentencia No. 2326 de la Corte Primera de 20 de agosto de 2002 (expediente de prueba,
Tomo III, Anexo B.1.a, folios 771 a 799).
121
Cfr. sentencia No. 3034 de la Corte Primera de 31 de octubre de 2002 (expediente de prueba,
Tomo III, Anexo B.1.b, folios 801 a 813), y sentencia No. 3043 de la Corte Primera de 6 de noviembre de2002 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.c, folios 815 a 829).
122

Cfr. sentencia No. 3116 de la Corte Primera de 11 de noviembre de 2002 (expediente de prueba,
Tomo III, Anexo B.1.d, folios 831 a 852).
123

Cfr. sentencia No. 3278 de la Corte Primera de 25 de noviembre de 2002 (expediente de prueba,
Tomo III, Anexo B.1.e, folios 854 a 861).
124
Cfr. sentencia No. 01 de la Corte Primera 7 de enero de 2003 (expediente de prueba, Tomo III,
Anexo B.1.f, folios 863 a 877).
125
Cfr. sentencia No. 75 de la Corte Primera de 22 de enero de 2003 (expediente de prueba, Tomo
III, Anexo B.1.g, folios 880 a 905), y sentencia No. 155 de la Corte Primera de 24 de enero de 2003
(expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.h, folios 908 a 923).
126

Cfr. sentencia No. 552 de la Corte Primera de 26 de febrero de 2003 (expediente de prueba,
Tomo III, Anexo B.1.i, folios 926 a 938).

33
el fin de la inamovilidad de los trabajadores pertenecientes a un sindicato enformación de trabajadores del petróleo127.
113. La prueba que la Comisión y el representante presentan para calificar estas
sentencias como “contrarias al Gobierno” consiste en varios artículos periodísticosque hacen referencia a los “polémicos fallos”128 de la Corte Primera, que habrían sido
“criticados por el Gobierno”129. El Estado controvirtió esto señalando que no seestableció “cuál(es) es(son) el órgano(s) y/o ente(s) autorizado(s) que
interpretó(aron) las sentencias como contrarias a los intereses del gobierno” y que
no existe un “instrumento de medición de opinión pública […] que establezca demanera incontrovertible el aludido impacto”.
114. La Corte observa que los citados artículos periodísticos indican que se
criticaron, entre otros, los fallos que ordenaban “suspender consejos de investigación
contra militares disidentes” y la “desmilitarización del Estado Miranda”, pero no
indican con precisión qué funcionarios públicos emitieron críticas contra dichos fallos
ni tampoco se indica las declaraciones concretas en contra de éstos. Asimismo, uno
de los peritajes afirmó que la Corte Primera había sido objeto de “cuestionamiento
público, de índole política, […] por parte del Presidente de la República”130, pero nose refiere de forma específica a qué fallos habrían sido criticados y de qué forma. De
otro lado, durante la audiencia pública los señores Apitz y Rocha se refirieron a ladecisión que ordenó el sobrevuelo de helicópteros y la forma cómo los entes deseguridad desacataron dicha decisión. Se refirieron también a la sentencia sobre losConsejos de Investigación iniciados contra disidentes militares y a las reacciones delPoder Ejecutivo llamando al desacato de las mismas. Indicaron que con motivo de ladesmilitarización del Estado Miranda, altas autoridades públicas llamaron al desacatode la decisión y profirieron acusaciones verbales contra ellos. Sin embargo, más alláde sus declaraciones no aportaron otros elementos de prueba y, por ende, la Corteconsidera que no se ha logrado demostrar los hechos alegados. Lo único que el
Tribunal puede concluir del texto mismo de las sentencias de la Corte Primera es que
establecieron limitaciones a la actuación de las fuerzas armadas, o bien cuestionaron
la validez de actos llevados a cabo por la Administración131.
115. Distinta es la situación de la sentencia de 21 de agosto de 2003 emitida por laCorte Primera, con los salvamentos de voto de las magistradas Marrero y Morales, enel caso conocido como “Plan Barrio Adentro”. Esta decisión se relaciona con un plande salud del Gobierno que permitía la participación de médicos extranjeros sin
exigirles la reválida de su título. La Corte Primera ordenó “que se sustituy[eran] a los[m]édicos [e]xtranjeros, por aquellos [m]édicos [v]enezolanos o [e]xtranjeros que
127
Cfr. sentencia No. 1852 de la Corte Primera 12 de junio de 2003 (expediente de prueba, Tomo
III, Anexo B.1.j, folios 940 a 955).
128
Cfr. artículo periodístico titulado “Los polémicos fallos”, publicado en el Diario “El Universal”,
supra nota 15.
129
Cfr. artículo periodístico titulado “Una juez y unos fallos – Retaliaciones”, publicado en el Diario“El Universal” el 2 de octubre de 2003, (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1268); artículo
periodístico titulado “Protección del TSJ exigen magistrados de Corte Primera”, publicado en el Diario “El
Universal” el 10 de octubre de 2003 (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1277), y artículo
periodístico titulado “¡La Corte Administrativa!”, publicado en el Diario “El Universal” el 27 de septiembrede 2003 (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1290).
130
131

Cfr. declaración del señor Casal Hernández, supra nota 99, folio 850.

El representante indicó, en relación con la decisión de la Corte Primera referida a ladesmilitarización del Estado de Miranda, que "el Presidente de la República anunció, por radio y televisión,que había ordenado a los militares no acatar ninguna decisión que fuera contraria a sus instrucciones
precisas." Sin embargo, el representante no presentó prueba alguna que corroborara este dicho.

34
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Ejercicio de la Medicina”132. A
raíz de este fallo se produjeron en la prensa declaraciones de altas autoridades deGobierno, entre ellas, del Presidente de la República, quien afirmó:
Ustedes creen que el pueblo venezolano les va a hacer caso, a una decisión inconstitucional.
Pues no les va a hacer caso. Qué tribunal puede decidir la muerte de los pobres, […] eltribunal de la injusticia, […] y todavía, repito, en el poder judicial hay mucha tela que
cortar, desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo, hasta los tribunales de parroquia,de municipio, ahí no se ha hecho mucho en cuanto a la transformación del Estado, porqueestamos esperando la aprobación de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia […] Y todavía
los Adecos mandan en esa Corte Primera. […] Porque esta Corte lo que ha decidido es una
cosa aberrante, no, claro es la oposición, los Adecos sobretodo y los copeianos y laoligarquía esta jinetera, metida ahí, manipulando a los jueces para tratar de frenar, pero novan a frenar esto, ¡olvídense! […] Supónganse ustedes que haya una tragedia como la de
Vargas […] habría que aplicar todo eso de la loca corte esta. No, de que todo médico que
venga a ayudar a la tragedia debe tener reválida […] Mira yo no les digo lo que me provoca
a la Corte esta, a los tres, porque hay dos votos salvados, a los tres magistrados que nodeben ser magistrados, no les digo lo que me provoca porque estamos ante a un país. […]Pero se los está diciendo el pueblo: váyanse con su decisión no se pa’ donde. […] La
cumplirán ustedes en su casa pues si quieren. […] Ayer llegaron 140 médicos más, esos vanpara allá para Sucre […]133.

116. En su declaración, la señora Ruggeri señaló que "cuando el Presidente hizo
esta afirmación, era evidente que ella constituía no solamente un llamado a no
acatar [las] sentencias [de la Corte Primera] sino que también un llamado para que[los] destituyeran, como en efecto ocurrió".
117. Por su parte, la Ministra de Salud señaló que “deconoc[ía] esta decisión
arbitraria, excedida y no ajustada a ninguna norma jurídica”134. El Alcalde delMunicipio Libertador afirmó que “ni en sueños se va a suspender el plan”135 y llamó“a la población a ponerse en pie de movilización para defender el programa Barrio
Adentro”136. Finalmente, el Alcalde de Sucre indicó que “aunque me metan preso novoy a acatar la sentencia del tribunal”137.
118. Respecto a estas declaraciones, el Estado indicó que “los medios decomunicación donde se reseñó o transmitió la noticia, no […] otorgaron a [estos]funcionarios de gobierno oportunidad alguna para comentar sus declaraciones, a losefectos de establecer su alcance”. También sostuvo que la prueba documental sobre
estas declaraciones “en alrededor de un noventa por ciento (90%), se circunscribe a
noticias reflejadas en una parte poco representativa de los medios impresos132

Cfr. sentencia No. 2727 de la Corte Primera de 21 de agosto de 2003 (expediente de prueba,
Anexo B.1.k, folio 976).
133

Cfr. grabación de la declaración del Presidente de la República Hugo Chávez Frías de 24 deagosto de 2003, en Gobierno en Línea, Aló Presidente No. 161 (expediente de fondo, Tomo I, folio 259).
134
Cfr. artículo periodístico titulado “Gobierno desconoce la decisión judicial de reemplazar a losmédicos cubanos”, publicado en el Diario “El Nacional”, supra nota 15.
135
Cfr. artículo periodístico titulado “Ni en sueños se suspende el plan Barrio Adentro”, publicado en
Diario “El Universal” el 28 de agosto de 2003 (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1255).
136
Cfr. artículo periodístico titulado “Los cuestionamientos de José Vicente y Freddy Bernal”,
publicado en el Diario “El Universal”, supra nota 15.
137
Cfr. artículos periodísticos titulados “Rangel Avalos desacatará decisión de tribunales” y “Rangel
Avalos reitera desacato a decisión de Corte”, publicados en el Diario “El Universal”, supra nota 15. En laaudiencia pública ante la Corte el señor Apitz manifestó: “El diputado Nicolás Maduro, hoy canciller de la
República, se permitió a través de los medios de comunicación [expresar] que nuestras fotos han debido
ponerse en sitios públicos para que si nos ubicaran en la calle nos dieran nuestro merecido”. Sin embargo,no fue adjuntado al expediente ante la Corte prueba que corroborara estos dichos. Cfr. declaración
rendida por el señor Juan Carlos Apitz Babera en la audiencia celebrada ante la Corte Interamericana el 31
de enero de 2008.

35
venezolanos, presentados en una secuencia temporal alejada de todo patrón lógico
de coherencia jurídica”. La Corte entiende que las circunstancias alegadas por el
Estado no controvierten la existencia de estas declaraciones ni denuncian que lasmismas hayan sido distorsionadas o sean falsas. Estas declaraciones claramente
demuestran que los magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri fueron descalificados en su
ejercicio profesional, se afirmó que no deberían formar parte del Poder Judicial y sellamó al no acatamiento de la decisión que adoptaron como mayoría de la Corte
Primera.
***119. Aunado a lo anterior, la Comisión y el representante alegaron, como un hechode contexto que explicaría las razones de la desviación de poder, que dentro de laCorte Primera habrían existido dos tendencias políticas diferenciadas, aquellaintegrada por las tres víctimas del caso, contraria a los intereses gubernamentales, yaquella conformada por las magistradas Morales y Marrero, que habrían salvado sus
votos “sistemáticamente” en las decisiones “contrarias a intereses del gobierno” yque “fueron nombradas posteriormente en el [TSJ]”. Por su parte, el Estado negó
que estas magistradas hayan sido “‘premiad[as]’ con su ‘ascenso’ a[l TSJ]”.
120. La Corte observa que la única prueba presentada al respecto son dos artículos
periodísticos del año 2003 que consideran a estas dos magistradas como adeptas aloficialismo138. Ahora bien, de las sentencias de la Corte Primera que fueron
aportadas al expediente (supra párr. 112) se constata que aquéllas fueron adoptadas
en su mayoría por unanimidad139. En cuatro de ellas la magistrada Morales expresó
su voto disidente140, en una de las cuales lo hizo también el magistrado Apitz141. Sóloen el caso “Barrio Adentro” las magistradas Marrero y Morales presentaron ambas su
voto salvado. Por ello, la Corte considera que no existe prueba de que estas dos
juezas hayan fallado sistemáticamente a favor del Gobierno. Lo que sí ha quedado
demostrado es que las magistradas Marrero y Morales no fueron destituidas sino
jubiladas por el supuesto error judicial cometido por todos los miembros de la Corte
Primera, y posteriormente fueron designadas en el TSJ. La Corte analizará en elsiguiente capítulo los efectos que tiene tal hecho en relación con el derecho a laigualdad.
121. Además, el representante alegó que “la magistrado Luisa Estella Morales,
simultáneamente con el ejercicio de su cargo de presidenta del TSJ y de la Sala
Constitucional del mismo tribunal, recientemente ha sido asesora del Presidente dela República, actuando como secretaria ejecutiva de un Consejo Presidencial para laelaboración del proyecto de reforma constitucional”, lo que demostraría los “lazos
138
Cfr. artículo periodístico titulado “Magistrados esperan frutos del pacto entre el MVR, AD y elMAS”, publicado en el Diario “El Universal”, supra nota 15, y artículo periodístico titulado “Comisión deReestructuración Judicial destituyó a 4 magistrados”, publicado en el Diario “El Universal” el 31 de octubre
de 2003 (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1246).
139
Cfr. sentencias de la Corte Primera No. 3034 de 31 de octubre de 2002, supra nota 121; No.
3043 de 6 de noviembre de 2002, supra nota 121; No. 3278 de 25 de noviembre de 2002, supra nota
123; No. 01 de 7 de enero de 2003, supra nota 124; No. 552 de 26 de febrero de 2003, supra nota 126, yNo. 1852 de 12 de junio de 2003, supra nota 127.
140
Cfr. votos salvados de la magistrada Morales en las sentencias de la Corte Primera No. 2326 de
20 de agosto de 2002, supra nota 120; No. 3116 de 11 de noviembre de 2002, supra nota 122; No. 75 de
22 de enero de 2003, supra nota 127, y No. 155 de 24 de enero de 2003, supra nota 125.
141

Cfr. votos salvados de los magistrados Apitz y Morales en la sentencia No. 3116 de la Corte
Primera de 11 de noviembre de 2002, supra nota 122.

36
políticos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”. Al respecto, la Corte observa
que de la prueba aportada únicamente se confirma que la magistrada Morales
asumió dicha función el 17 de enero de 2007142. Sin embargo, no existe ninguna otra
evidencia que haya sido aportada al expediente que permita concluir por ese solo
hecho que existan los alegados lazos políticos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
***122. De otro lado, la Comisión y el representante mencionan que las circunstancias
que rodearon a la investigación penal llevada a cabo por la salida de un expedientede la Corte Primera y que dio lugar a su allanamiento serían también prueba de ladesviación de poder.
123. Al respecto, ha quedado probado que el 18 de septiembre de 2003 el señor
Alfredo Romero, chofer del magistrado Rocha, fue detenido por supuesto delito deocultamiento de documento público, al hacer entrega de un expediente de la Corte
Primera en el domicilio de un relator externo de ese tribunal143, con la autorizacióndel magistrado Rocha144.
124. El 23 de septiembre de 2003, en el marco de la investigación penal iniciada
por este delito, la Corte Primera fue allanada durante varias horas por efectivos de la
Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) dotados dearmas largas145, con presencia del Ministerio Público.
125. El 6 de octubre de 2003 los magistrados Apitz y Rocha fueron citados por el
Ministerio Público146 y el 7 de octubre de 2003 la IGT dio inicio “de oficio” a una
investigación disciplinaria por los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2003147. El
8 de octubre de 2003 la CFRSJ, “a solicitud de la [IGT]”, impuso una “medida
cautelar de suspensión” de 60 días a los señores Apitz y Rocha “con el propósito derealizar la investigación necesaria […] sobre los graves hechos ocurridos el […] 18 deseptiembre [de dicho año]”148.
142
Cfr. artículo periodístico titulado “Si el Presidente se excede al cambiar la Constitución, el Tribunal
Supremo de Justicia aplicará correctivos”, publicado en el Diario “El Nacional” el 9 de febrero de 2007
(expediente de prueba, Tomo V, folio 1348) y artículo periodístico titulado “Velaré para que la reforma no
viole la Constitución”, publicado en el Diario “El Universal” el 9 de febrero de 2007 (expediente de prueba,
Tomo V, folio 1347).
143

Cfr. artículo periodístico titulado “Aparece documento clave en caso de Corte Primera”, publicado
en el Diario “El Universal” el 4 de octubre de 2003 (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo C, folio 1270).
144

Cfr. sentencia No. 375 de la Sala de Casación Penal del TSJ de 23 de octubre de 2003
(expediente de prueba, Tomo II, Apéndice C.1, folios 266 a 278), y declaración rendida por el señor
Perkins Rocha Contreras en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 31 de enero de
2008.
145

Cfr. declaración del señor Apitz, supra nota 137; declaración del señor López Albujas, supra nota
55, folio 877 y artículo periodístico titulado “Cierre de Corte Primera bloqueó sentencia a favor de
Globovisión”, publicado en el Diario “El Universal” el 9 de noviembre de 2007 (expediente de prueba,
Tomo IV, anexo C, folio 1317).
146

Cfr. citación de 6 de octubre de 2003 al señor Apitz y citación de 6 de octubre de 2003 al señor
Rocha, emitidas por el Ministerio Público (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.3.b, folios 1048 y1049).
147
Cfr. relación de denuncias contra el señor Rocha, supra nota 103, folios 396, 397 y 403, y
relación de denuncias contra la señora Ruggeri, supra nota 103, folios 379, 380 y 382.
148
Cfr. resolución No. 117 de la CFRSJ de 8 de octubre de 2003, por la cual se aplica medida
cautelar de suspensión a los señores Apitz y Rocha (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.4.a, folios
1172 y 1173).

37
126. Mientras el señor Alfredo Romero se encontraba detenido (supra párr. 123),su abogado declaró ante la prensa que “Romero no puede ser otra cosa que un presopolítico, porque resulta más que obvio que ya cumplió doce días detenido sin causa
justificada y que se está ejerciendo una presión política sobre aquellos magistradosde la Corte Primera que se atrevieron a emitir decisiones poco agradables para el
Gobierno”149.
127. El 23 de octubre de 2003 la Sala de Casación Penal del TSJ declaró sin
fundamento la privación de libertad del chofer del señor Rocha, toda vez que lasalida del expediente no revestía los caracteres de delito y constituía una “práctica
común” de los tribunales venezolanos, respecto de la cuál no existía “prohibición
expresa”. La Sala “invalid[ó] cualquier investigación que se llev[e] a cabo por los
mismos hechos”150.
128. El 26 de octubre de 2003 el Presidente de la República, tras la decisión de la
Sala de Casación Penal indicada en el párrafo anterior, se refirió a la Corte Primera
como
la Cortecita […] Una Sala, un tribunal pues, donde la mayoría de los magistrados estaban
vendidos a los intereses de la oposición golpista, y una noche resulta que se consiguió y secapturó, un cuerpo policial capturó al chofer de uno de esos magistrados llevaba un
expediente, es decir, sustrajeron del archivo de allí, un expediente de corrupción, el chofer
del Magistrado llevaba el expediente para entregárselo a los defensores del acusado, que
es un dirigente de uno de estos partiditos de oposición que en el fondo no son sino Acción
Democrática y COPEI151.

129. En su declaración, la señora Ruggeri indicó que "con ese tipo dedescalificaciones se estaba preparando el camino para [la] destitución [de losmiembros de la Corte Primera] o para amedrentar[los] y plegar[los] al proyecto
político gubernamental".
130. El Estado consideró que las declaraciones de “altos funcionarios de Gobierno[…] no constituyen ope legis, abuso de poder”. Agregó que si éstas “son llevadas asu debido contexto, resulta evidente que fueron realizadas en aras de un interéspúblico que se produjo como consecuencia de una inconfundible necesidad en una
sociedad democrática”.
131. La Corte ha reiterado numerosas veces la importancia que posee la libertad
de expresión en una sociedad democrática, especialmente aquella referida a asuntos
de interés público152. Con todo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto ypuede estar sujeta a restricciones153, en particular cuando interfiere con otros
derechos garantizados por la Convención154. Por lo anterior, no sólo es legítimo sinoque en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre
149
Cfr. artículo periodístico titulado “Chofer de la Corte Primera es ‘carnada de una trampa política’”,publicado en el Diario “El Universal” el 30 de septiembre de 2003 (expediente de prueba, Tomo IV, Anexo
C, folio 1266).
150

Cfr. sentencia No. 375 de la Sala de Casación Penal del TSJ de 23 de octubre de 2003, supra nota
144, folios 274 a 276.

151

Cfr. declaración del Presidente de la República Hugo Chávez Frías de 26 de octubre de 2003 en
Gobierno en Línea, Aló Presidente No. 169, supra nota 13.

152
Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 112 y 113; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párrs. 82 y 83, yCaso Kimel, supra nota 8, párr. 87.
153

Cfr. Caso Kimel, supra nota 8, párr. 54.

154

Cfr. Caso Kimel, supra nota 8, párr. 56.

38
cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas
limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente
exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones155, y deberían hacerlo
con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto
grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban
una versión manipulada de los hechos156. Además, deben tener en cuenta que entanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos
fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a
desconocer dichos derechos. Del mismo modo, los funcionarios públicos, en especial
las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en
orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia opresión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones porparte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad deljuzgador157.
132. La Corte, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal consideró comouna “práctica común” la salida de un expediente de la Corte Primera que en ningún
caso revestía los caracteres de delito, estima que el proceso penal, la investigación
disciplinaria y la medida cautelar de suspensión en contra de los magistrados de laCorte Primera, resultaron excesivas. Aún más, las circunstancias del allanamiento dela Corte Primera durante seis a once horas, por aproximadamente cuarenta y seisefectivos de la DISIP provistos de armas largas, aparecen como desproporcionadas
en relación al hecho investigado. Lo anterior, sumado a las declaraciones de lamáxima autoridad del Gobierno vertidas tres días después de la decisión de la Sala
de Casación Penal del TSJ, permite advertir la existencia de una conducta
amedrentadora sobre los jueces de la Corte Primera158.
***

133. Por otro lado, el representante afirmó que “la [CFRSJ] tenía una idea
preconcebida en cuanto a la depuración del Poder Judicial”. El representante basó
sus dichos en la declaración del señor Beltrán Haddad, ponente de la decisión que
destituyó a las víctimas, en la que señaló:Por encima del juez que mira el pasado, debemos seguir la lucha por un verdadero sistemade justicia. Si bien logramos niveles aceptables de depuración en los últimos tres años, lasmetas no resultaron iguales y coherentes cuando se trata de los concursos de oposición ydel desarrollo de una verdadera escuela de la magistratura […] Hoy necesitamos un juez
comprometido con los valores éticos y sociales de la nueva realidad y no exclusivamente
con los preceptos jurídicos. Esto nos obliga a un nuevo proyecto político de la justicia. Ahíestá el camino.

155

Cfr. Caso Kimel, supra nota 8, párr. 79.

156

Cfr. Caso Kimel, supra nota 8, párr. 79..

157

En este punto resulta relevante la declaración del señor Param Curawasmany (supra nota 59,
folio 830) quien afirmó que “[s]i bien la crítica pública constructiva de fallos o decisiones de los jueces en
un lenguaje moderado sería permisible incluso cuando proviene de las fuerzas políticas, cuando dicha
crítica se expresa en un lenguaje virulento, inmoderado, amenazante e intimidador y en mala fe, seconsiderará como una amenaza o una interferencia a la independencia judicial”.
158

El número de horas que duró el allanamiento y el número de funcionarios de la DISIP queintervinieron en el mismo fueron indicados por el señor Apitz en su declaración ante la Corte (supra nota
139). Igualmente, la señora Ruggeri afirmó que el allanamiento duró “más de 6 horas” (supra nota 33,
folio 735). Estos hechos no fueron controvertidos por el Estado, razón por la cual la Corte los tiene por
establecidos.

39134. Sin embargo, en este mismo artículo, en una sección no citada por el
representante, el señor Haddad también dice que:Los jueces de la Corte Primera […] fueron destituidos por un grave error judicial
inexcusable, previamente declarado por la [SPA] del [TSJ], que se revela en lo disparatado
y opuesto a derecho de una decisión que no mide sus efectos. No actuamos
caprichosamente ni por retaliaciones políticas. No tenemos partidos políticos y nuestra
decisión sólo se limita en su parte dispositiva a la sanción de destitución. Así pues, no es
cierto que la sentencia haya clausurado un Tribunal de la República o negado a muchos elacceso a la justicia159.

135. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que el artículo de prensa
presentado por el representante no es suficiente para concluir que el ponente de laresolución de destitución de la CFRSJ actuó con miras a una “depuración ideológica”
en el sentido señalado por el representante.
***

136. De todo lo expuesto en los párrafos anteriores, la Corte considera que ha
quedado demostrado que: 1) se removió a los magistrados de una alta corte
venezolana, como lo es la Corte Primera, encargada de controlar los actos de laAdministración y, tras la remoción, dicha corte quedó sin magistrados durante varios
meses, lo cual claramente debilita la mencionada función de control; 2) la destitución
se produjo luego de que la mayoría de la Corte Primera adoptó una sentencia que
fue severamente criticada por las más altas esferas del Gobierno, arguyéndose quelas víctimas no debían ser magistrados y manifestándose públicamente que lasentencia sería desacatada; 3) la destitución también se produjo después de que sellevara a cabo un proceso penal, una investigación disciplinaria y se suspendiera
provisionalmente a dos de las víctimas, todo ello por un hecho que posteriormente
fue calificado por el más alto tribunal del país como una “práctica común” que no es
considerada ilícita en Venezuela; 4) por ese mismo hecho, también se procedió a unallanamiento desproporcionado a las instalaciones de la Corte Primera, y 5)
finalmente, la destitución se produjo luego de que la máxima autoridad del Gobierno
calificó a las víctimas de “vendidos a los intereses de la oposición golpista”160.
137. A criterio de esta Corte los hechos señalados demuestran una clara presión encontra de la Corte Primera. Ahora bien, lo que se debe determinar en este
procedimiento internacional es si el órgano que destituyó a las víctimas –la CFRSJofreció las suficientes garantías para ser considerado un tribunal independiente que
resolvió el proceso disciplinario en contra de las víctimas totalmente ajeno a las
circunstancias de presión que se produjeron en contra de sus justiciables.
138. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, algunas formas de garantizar la
independencia de los jueces son un adecuado proceso de nombramiento y una
duración establecida en el cargo161. Asimismo, la Corte ya señaló que tanto los jueces
titulares como los jueces provisorios no puedan estar sujetos a remoción discrecional(supra párrs. 43 y 44).

159
Cfr. artículo periodístico del señor Beltrán Haddad titulado “Clan de la justicia entredicha”,
publicado en el Diario “El Nacional” el 3 de diciembre de 2003, (expediente de fondo, Tomo IV, folio
1071).
160
Cfr. Declaración del Presidente de la República Hugo Chávez Frías de 26 de octubre de 2003,
supra nota 13.
161

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 60, párr. 75.

40
139. La Comisión indicó que una vez que la Asamblea Constituyente dejó defuncionar, “las remociones y nuevos nombramientos [de la CFRSJ] han sido
realizadas por el [TSJ] sin seguir un procedimiento previamente establecido paradichos efectos”. Según la Comisión, los miembros de la CFRSJ “son de libre
nombramiento y remoción, por lo que carecen de una estabilidad en el cargo que
garantice su independencia”. El representante coincidió con la Comisión y señaló que
los miembros de la CFRSJ “son provisorios” y “pueden ser removidos en cualquier
momento”. El Estado alegó que los miembros de la CFRSJ gozan de “absoluta
independencia e imparcialidad” puesto que son “nombrados por el [P]oder [J]udicial
al cual pertenecen”.
140. La Corte constata que el Decreto del Régimen de Transición del Poder Públicode 27 de diciembre de 1999 indicó que “la [CFRSJ] ser[ía] integrada por losciudadanos que designe la Asamblea […] Constituyente hasta el funcionamientoefectivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de los Tribunales disciplinarios ydel Sistema Autónomo de Defensa Pública”162. El 18 de enero de 2000 la Asamblea
Constituyente designó a los siete integrantes de la CFRSJ163.
141. El 2 de agosto de 2000 el TSJ se atribuyó la competencia para reorganizar la
CFRSJ164 y el 9 de agosto de 2000 la Sala Plena del TSJ, en vista de que uno de losmiembros de la CFRSJ había sido nombrado en otro cargo, ratificó a tres de los sietemiembros designados por la Asamblea Constituyente en calidad de miembros
principales y los tres restantes pasaron a ocupar los cargos de suplentes165. Desde el
año 2005 la Sala Constitucional del TSJ166, a través de diferentes sentencias, ha
modificado en distintas oportunidades la composición de la CFRSJ, designando en
ocasiones a los miembros suplentes en reemplazo de los titulares167 o nombrando
nuevos miembros168. En la audiencia pública ante la Corte el señor Damián Nieto
Carrillo, Presidente de la CFRSJ, señaló que “la permanencia [en el] cargo [n]o estádeterminada a ciencia cierta”, que los comisionados son “miembros prácticamente

162
Cfr. artículo 28 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 27.
163
Cfr. decreto de la Asamblea Constituyente de 18 de enero de 2000, publicado en Gaceta Oficial
No. 36.878 el 26 de enero de 2000, citado en las resoluciones de la CFRSJ de 10 y 22 de marzo de 2000,
publicadas en la Gaceta Oficial No. 36.925 de 4 de abril de 2000 (expediente de prueba, Tomo XII, folios
4064 y 4065). El 28 de marzo de 2000 la CFRSJ aprobó su Reglamento y estableció que dicha Comisión
estaría integrada por siete miembros principales y tres suplentes. Cfr. artículo 3 del Reglamento de la
CFRSJ, supra nota 29.
164
Cfr. artículo 30 de la normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial,supra nota 30.
165
Cfr. acta de sesión de la Sala Plena del TSJ de 9 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta
Oficial No. 37.019 de 22 de agosto de 2000, citada en la resolución No. 117 de la CFRSJ de 8 de octubre
de 2003, supra nota 148, folio 1172.
166

El 1 de junio de 2005, mediante una sentencia que conocía de un recurso de inconstitucionalidad
por omisión legislativa, la Sala Constitucional del TSJ ordenó “la sustitución” de los miembros principales ysuplentes de la CFRSJ. Cfr. sentencia No. 1057 de la Sala Constitucional del TSJ de 1 de junio de 2005,
supra nota 13.
167

13.
168

13.

Cfr. sentencia No. 3321 de la Sala Constitucional del TSJ de 3 de noviembre de 2005, supra nota
Cfr. sentencia No. 1764 de la Sala Constitucional del TSJ de 15 de agosto de 2007, supra nota

41
provisorios porque [están] a la espera del Código [de Ética]” y que “en cualquier
momento [pueden] ser removidos”169.
142. De la prueba aportada se concluye que el TSJ tiene absoluta discreción parareorganizar la CFRSJ, sin que exista ningún procedimiento o mecanismo previamenteestablecido y respetuoso de las debidas garantías para nombrar o remover a losmiembros de la CFRSJ.
143. Por otro lado, la Comisión expresó que “como respeto del principio delmargen de apreciación de los Estados el carácter transitorio de un régimen
disciplinario puede ser admisible siempre y cuando se acredite un juicio estricto quejustifique esta política judicial”. Para la Comisión, el régimen disciplinario transitorio
venezolano “asumió una vocación permanente sin que se hayan acreditado factores
objetivos o razonables que [lo] justifiquen”, más aún cuando la inamovilidad judicial“no es respetad[a] cuando el esquema que l[a] reglamenta es provisional ytransitorio”. Con esto “se dificultan […] los contrapesos jurisdiccionales necesarios
para
que
sean
juecesplenamente
independientes
quienes
procesendisciplinariamente a los funcionarios judiciales”. La Comisión consideró que loanterior ha influido en el caso concreto, toda vez que “la reglamentación existente no
ofreció las garantías que una jurisdicción disciplinaria debe ofrecer” y permitió que
diversas autoridades “contaran con la posibilidad de ejercer un poder excesivo, que
en el presente caso se tradujo en una desviación de poder al momento de destituir alas víctimas”.
144. El representante agregó que este régimen de transición “tiende aperpetuarse” y “se sustenta en una omisión constitucional y en normas de un
régimen de emergencia y excepcional, contrarias a la garantía de independencia delPoder Judicial y a la garantía del debido proceso”.
145. El Estado indicó que los diversos poderes públicos han “realizado pertinaces
esfuerzos para eliminar […] el régimen de transición dentro de[l] [P]oder [J]udicial”.
Al respecto, aludió al proyecto de Código de Ética presentado ante la Asamblea
Nacional, la “Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder
Judicial” y una declaración judicial de “omisión legislativa” en la que se exhortó al
Poder Legislativo “a que apruebe ese instrumento normativo”. Además, el Estado
señaló que en el régimen de transición se presenta “coexistencia y aplicación
concordada de normas pre-constitucionales, supra-constitucionales y postconstitucionales”, sin lo cual “hubiese sido […] inviable, garantizarle a la población
venezolana, el goce de todos sus derechos”. Asimismo, indicó que “[l]a designaciónde los ex–jueces provisorios de la Corte Primera, se sustentó en el mismo régimen
de transición”.
146. La Corte constata que el régimen de transición ha operado desde 1999 hasta
la fecha, cuando la Constitución preveía que éste no debía prolongarse más de un
año desde el establecimiento de la Asamblea Nacional170. El Estado aludió a una
sentencia emitida en 2006 por la Sala Constitucional del TSJ que declaró laexistencia de una “inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea
Nacional […] con motivo del procedimiento legislativo iniciado para sancionar el

169
Cfr. declaración rendida por el señor Damián Adolfo Nieto Carrillo en la audiencia pública
celebrada ante la Corte Interamericana el 31 de enero de 2008.
170

Cfr. disposición transitoria cuarta, número 5, de la Constitución.

42
denominado Proyecto de Código de Ética […], elaborado por dicha instancia
legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente promulgado”171.
147. De lo expuesto, el Tribunal constata que el propio Poder Judicial venezolano
ha condenado la omisión legislativa en la adopción del Código de Ética. Dicha
omisión ha influido en el presente caso, puesto que las víctimas fueron juzgadas por
un órgano excepcional que no tiene una estabilidad definida y cuyos miembros
pueden ser nombrados o removidos sin procedimientos previamente establecidos y ala sola discreción del TSJ. En definitiva, si bien en este caso no ha quedado
demostrado que la CFRSJ haya actuado en desviación de poder, directamentepresionada por el Ejecutivo para destituir a las víctimas, el Tribunal concluye que,debido a la libre remoción de los miembros de la CFRSJ, no existieron las debidas
garantías para asegurar que las presiones que se realizaban sobre la Corte Primera
no influenciaran las decisiones del órgano disciplinario.
148. Por todo lo anterior, el Tribunal declara que el Estado violó el derecho de losseñores Apitz, Rocha y Ruggeri a ser juzgados por un tribunal con suficientes
garantías de independencia, lo que constituye una vulneración del artículo 8.1 de laConvención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
7.

Eficacia de los recursos interpuestos

149. La Corte constata que los recursos presentados en este caso fueron
interpuestos contra dos actos: i) la medida cautelar de suspensión impuesta por la
CFRSJ en el marco de la investigación disciplinaria por el manejo de un expediente(supra párr. 125) y ii) la sanción de destitución emitida por dicho órgano disciplinario
debido a la comisión de un “error judicial inexcusable” (supra párr. 38).
7.1.

Recurso de amparo contra la decisión que ordenó la suspensión de losmagistrados Apitz y Rocha

150. Como se indicó anteriormente, el 8 de octubre de 2003 la CFRSJ suspendió
por 60 días a los magistrados Apitz y Rocha en el marco de la investigación
instaurada por la salida de un expediente judicial de la Corte Primera. En contra deesa decisión dichos magistrados ejercieron, el 9 de octubre de 2003, una acción
autónoma de amparo constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ172.
151. El 21 de junio de 2004 la Sala Constitucional declaró “terminado elprocedimiento, por abandono del trámite” y condenó “a la parte actora a una multade cinco mil bolívares”173. La sentencia consideró que “el transcurso de más de seismeses de absoluta inactividad en las actas del expediente, tiempo establecido como

171
Cfr. sentencia No. 1048 de la Sala Constitucional del TSJ 18 de mayo de 2006, supra nota 13. El
TSJ “Exhort[ó] a la [CFRSJ] prestar toda su asesoría y cooperación a la Asamblea Nacional con el fin dedesarrollar en armonía el trabajo legislativo que permita la sanción y puesta en vigencia del futuro código
disciplinario judicial, dentro del espíritu que prevé el artículo 136 constitucional de colaboración entre losórganos del Poder Público”.
172
Cfr. acción autónoma de amparo constitucional ejercida por los señores Apitz y Rocha el 9 deoctubre de 2003 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.4.b, folio 1177).
173

Cfr. sentencia No. 1186 de la Sala Constitucional del TSJ 21 de junio de 2004 (expediente deprueba, Tomo XVII, folio 4965).

43
plazo de caducidad para intentar la acción de amparo, encuadra[ba] en la calificaciónde abandono de trámite establecida por [la] Sala en reiteradas decisiones”174.
152. El representante alegó que la acción de amparo tenía que “haberse resuelto
sin más trámite, dentro de los tres días siguientes al de su presentación”.
153. La Comisión señaló que “las víctimas no hicieron alegatos sobre la decisión […
que] declaró terminado el procedimiento por abandono de trámite” y que “ante la
insuficiencia de cargo y de prueba [la Comisión] se abstuvo de pronunciarse de fondo
sobre la eficacia e idoneidad de este recurso”.
154. El Estado no se refirió a este recurso. Sin embargo, presentó una declaración
referente a “la duración de los procedimientos judiciales ante la Sala Constitucionaldel [TSJ]”. En dicha declaración se indicó “que son las acciones de amparo
constitucional[…] las causas que ocupan el mayor tiempo y atención de la Sala” yque “a finales de los años 2006 y 2007 [ésta] realizó sesiones extraordinarias,
denominadas maratónicas, con el fin de descongestionar la carga judicial […] yponerse prácticamente al día”175. Asimismo, la declaración señaló que “no existenparámetros estrictos para lo que debería durar un procedimiento de amparo”, dados“los múltiples factores que en él intervienen, como lo puede ser la materia, lascausas anteriores, las partes principales, los terceros interesados, pruebas, informes,
orden público, etc.”176 Finalmente, en la declaración se sostuvo que "la carga
procesal que correspondía a los accionantes, no fue cumplida, lo que se traduce en
falta de interés procesal", pero que "[e]ste tipo de fallo, no imp[edía] en manera
alguna que los accionantes hubiesen interpuesto nuevamente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se prejuzgó sobre el fondo de la controversia". La Corte
resalta que el Estado no realizó construcción argumentativa en torno a quéelementos de esta declaración permitirían analizar el presunto incumplimiento de lacarga procesal que supuestamente correspondería a las víctimas y el tiempo
transcurrido en la resolución del recurso de amparo, de tal forma que esta Cortepudiera valorar esta declaración en sana crítica con el restante acervo probatorio177.
155. El recurso de amparo está regulado en la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales del año 1988. Los artículos de esta Ley,
relevantes para el presente caso, son los siguientes:
Artículo 14.- La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental y en todo loque de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de eminente orden
público.
[…]Artículo 22.- El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo tendrá potestad para
restablecer la situación jurídica infringida, prescindiendo de consideraciones de mera forma
y sin ningún tipo de averiguación sumaria que la preceda.
En este caso, el mandamiento de amparo deberá ser motivado y estar fundamentado en
un medio de prueba que constituya presunción grave de la violación o de la amenaza deviolación.
Artículo 23.- Si el Juez no optare por restablecer inmediatamente la situación jurídica
infringida, conforme al artículo anterior, ordenará a la autoridad, entidad, organización
174

Cfr. sentencia No. 1186 de la Sala Constitucional del TSJ de 21 de junio de 2004, supra nota 173,
folio 4964.

175
Cfr. declaración del señor José Leonardo Requena Cabello rendida ante fedatario público(affidávit) el 10 de enero de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folios 798 y 803).
176

Cfr. declaración del señor Requena Cabello, supra nota 175, folio 800.

177

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 83, párr. 230.

44
social o a los particulares imputados de violar o amenazar el derecho o la garantía
constitucionales, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de larespectiva notificación, informe sobre la pretendida violación o amenaza que hubiere
motivado la solicitud de amparo.
La falta de informe correspondiente se entenderá como aceptación de los hechos
incriminados.
[…]Artículo 25.- Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas lasformas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier
estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un
derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por
el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs.
2.000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,oo).
Artículo 26.- El Juez que conozca del amparo, fijará dentro de las noventa y seis (96)horas siguientes a la presentación del Informe por el presunto agraviante o de la extinción
del término correspondiente, la oportunidad para que las partes o sus representantes
legales expresen, en forma oral y pública, los argumentos respectivos.
Efectuado dicho acto, el Juez dispondrá de un término improrrogable de veinticuatro (24)horas para decidir la solicitud de amparo constitucional.

156. La Corte observa que si bien las víctimas tuvieron acceso al amparo, que es elrecurso idóneo de la jurisdicción interna en Venezuela a efectos del presente caso, yque lo interpusieron en tiempo y forma, tal recurso no operó con la rapidez que serequiere para atender reclamos relativos a presuntas violaciones de derechos
humanos. Ciertamente no se puede sostener que la decisión del recurso interpuesto
en el presente caso luego de 256 días sea una decisión rápida, conforme lo ordena elartículo 25.1 de la Convención. Por ello, el Tribunal considera que el Estado violó elderecho consagrado en dicho artículo convencional, en relación con el artículo 1.1 dela misma, en perjuicio de los señores Apitz y Rocha.
7.2.

Recurso jerárquico interpuesto contra la decisión que ordena ladestitución

157. El 13 de noviembre de 2003 los señores Apitz y Rocha interpusieron recurso
jerárquico ante la Sala Plena del TSJ solicitando que ésta “[d]eclar[ase] que los
Magistrados de la Corte Primera” sólo se “enc[ontraban] sometidos a la potestad
disciplinaria ejercida por el Pleno del [TSJ]”178. El 8 de septiembre de 2004 el
Tribunal declaró “no ha lugar la solicitud formulada”179.
158. El representante alegó que el recurso jerárquico “debió decidirse dentro de[…] 90 días”, sin embargo, demoró diez meses. La Comisión “se abstuvo depronunciarse, por […] razones de insuficiencia de cargo y prueba”. El Estado nopresentó alegatos sobre este tema.
159. El TSJ demoró 9 meses y 26 días para resolver el recurso jerárquico, cuando
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 91 señala que “elrecurso jerárquico, deberá ser decidido en los noventa (90) días siguientes a su
presentación”180.
178
Cfr. recurso jerárquico interpuesto por los señores Apitz y Rocha el 13 de noviembre de 2003,
supra nota 51, folio 1112.
179

Cfr. sentencia No. 23 de la Sala Plena del TSJ de 8 de septiembre de 2004, supra nota 52.

180

Cfr. artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, supra nota 75, folio 146.

45
160. La Corte resalta que ha sido el legislador venezolano quien determinó que elplazo establecido en la ley es el que corresponde respetar para un asunto como elque se analiza y, por tanto, es de esperarse que las autoridades internas cumplan
con dicho plazo. En el presente caso, Venezuela no ha ofrecido ninguna explicación
que indique las razones por las que el TSJ demoró más de nueve meses en resolver
el asunto.
161. En virtud de lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho aser oído dentro de un plazo razonable, consagrado en el artículo 8.1 de laConvención, en consonancia con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de losseñores Apitz y Rocha.
7.3.

Recurso de nulidad y medida de amparo cautelar contra la sanción dedestitución

162. El 27 de noviembre de 2003 los señores Apitz y Rocha interpusieron ante la
SPA un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida deamparo cautelar, contra la sanción de destitución emitida en su contra por la
CFRSJ181 (supra párr. 38). El 29 de septiembre de 2004 los recurrentes solicitaron “laadmisión del [recurso y la medida cautelar peticionados]” y “manifesta[ron … su]
interés en que se prosiga [dicha] causa hasta su definitiva conclusión”182. El 20 deseptiembre de 2005 y el 10 de octubre de 2006 reiteraron su solicitud deadmisibilidad del recurso183.
163. El 18 de abril de 2007 la SPA se pronunció sobre la improcedencia de laacción de amparo constitucional y declaró “admit[ido], a los solos efectos de su
trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala en lo
atinente a la caducidad de la acción, el recurso contencioso administrativo de nulidad
interpuesto”184. Hasta el momento de la emisión de la presente Sentencia, la SPA
aún no se ha pronunciado respecto al fondo del asunto.
164. La Comisión alegó que para desestimar este recurso de amparo los tribunales
tomaron “más de tres años” y “a más de cuatro años de interpuesto[,] todavía no hasido fallado en el fondo”. La Comisión agregó que esto deja a las víctimas “en un
estado de indefensión y denegación de justicia que permanece hasta la fecha”.
Asimismo, alegó que “el hecho de que hayan transcurrido más de tres años sin
solución sustantiva es un aspecto que desconoce la razonabilidad en el plazo para[la] protección judicial”, más aún si “se [lo] compara con el hecho de que lasvíctimas fueron juzgadas y sancionadas en menos de un mes”.
165. El representante coincidió con lo señalado por la Comisión y agregó que “dadala escasa complejidad del asunto que en este caso se le sometía a los tribunales,
resulta evidente que [el recurso] no ha sido resuelto dentro de un plazo razonable.
Además, señaló que “el tribunal tenía 3 días para admitir el recurso de nulidad; pero,

181
Cfr. recurso de nulidad conjuntamente con medida de amparo cautelar interpuesto por losseñores Apitz y Rocha, supra nota 53.
182
Cfr. escrito de los señores Apitz y Rocha presentado ante la SPA el 29 de septiembre de 2004,(expediente de prueba, Tomo VI, Anexo B, folio 1373).
183
Cfr. escritos de los señores Apitz y Rocha presentados ante la SPA el 20 de septiembre de 2005 y
el 10 de octubre de 2006 (expediente de prueba, Tomo VI, Anexo B, folios 1374 y 1375).
184

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA Accidental de 18 de abril de 2007 (expediente de prueba, Tomo
XVII, folio 4983).

46
como éste iba acompañado de una solicitud de amparo constitucional cautelar, […]tenía que decidir 'a la brevedad' sobre la medida cautelar solicitad[a]”.
166. El Estado alegó que “ni el recurso de nulidad, ni el amparo interpuesto como
medida cautelar tiene[n] un plazo perentorio previsto, de allí que la calificación de su
efectividad deba realizarse tomando en cuenta tod[a]s las incidencias que implicaronla cadena sucesiva de inhibiciones”.
167. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
establece que[…]
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares
o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez
Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con elrecurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra lasconductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma
breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera
procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido
como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.
[…] Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con
el recurso contencioso administrativo que se fundamente en la violación de un derecho
constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aún después detranscurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario elagotamiento previo de la vía administrativa185.

168. Interpretando esta previsión normativa, la SPA ha considerado “de obligada
revisión el trámite que se le [estaba] dando a la acción de amparo ejercida en forma
conjunta con el recurso de nulidad de actos administrativos”186 y acordó “unatramitación similar a la seguida en los casos de otras medidas cautelares, por lo que
una vez admitida la causa principal por la Sala […] deberá resolverse de forma
inmediata sobre la medida cautelar requerida”187. La diferencia entre el amparo yotras medidas cautelares, radica en que aquél “alude exclusivamente a la violaciónde derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su
trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia dela medida solicitada”188.
169. La Corte constata que en el derecho interno venezolano el carácter cautelardel amparo ejercido de manera conjunta con el recurso de nulidad demanda una
protección temporal, pero inmediata, dada la naturaleza de la lesión. Ello permite larestitución de la situación jurídica infringida al estado en que se encontraba antes deque ocurriera la supuesta violación, mientras se emite decisión definitiva en el juicio
principal.
170. En razón de lo anterior, la Corte debe hacer un análisis que diferencie laduración del amparo de la duración del recurso de nulidad que, aunque ejercidos
conjuntamente, tienen fines distintos. Así, la Corte considera que el amparo debe ser“sencillo y rápido”, en los términos del artículo 25.1 de la Convención189, mientras
185

Cfr. artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

186

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA Accidental de 18 de abril de 2007, supra nota 184, folio 3841.

187

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA Accidental de 18 de abril de 2007, supra nota 184, folios 3842 y

3843.
188
189

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA Accidental de 18 de abril de 2007, supra nota 184, folio 3841.

En este mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos señaló que “el derecho a un recurso
efectivo puede, en ciertas circunstancias, requerir que los Estados Parte establezcan e implementen
medidas provisionales o cautelares para evitar la continuación de las violaciones y para asegurar la47
que la nulidad debe resolverse en un “plazo razonable”, conforme al artículo 8.1 dela misma.
7.3.1.

recurso de amparo cautelar

171. La Corte observa que pese a lo dispuesto por la propia ley y jurisprudencia deVenezuela sobre la necesidad de inmediatez y celeridad de la medida interpuesta, la
SPA tardó más de tres años en pronunciarse sobre la procedencia del amparo
cautelar solicitado. A criterio de este Tribunal el tiempo transcurrido no es justificablede forma alguna en orden a garantizar la rapidez del amparo. Por consiguiente,estima que el Estado violó el artículo 25.1 de la Convención, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Apitz y Rocha.
7.3.2.

recurso de nulidad

172. Como se estableció anteriormente, el recurso de nulidad sigue pendiente ylleva en trámite más de cuatro años. En orden a determinar si éste es un plazo
razonable, la Corte, conforme a su jurisprudencia, considera que es preciso tomar encuenta a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) laconducta de las autoridades judiciales190. En este sentido, correspondía a Venezuela
justificar -con los criterios señalados- la razón por la cual ha requerido del tiempo
indicado para tratar el caso191.
7.3.2.1.

complejidad

173. El Estado no indicó en qué consistiría la complejidad del presente caso y se
limitó a señalar que “la calificación de [la] efectividad [del recurso] deb[ía] realizarse
tomando en cuenta todas las incidencias que implicaron la cadena sucesiva deinhibiciones que llevaron a que se conformara una Sala Accidental”. La Corte
constata que dicho alegato corresponde a la actividad de las autoridades judiciales,
por lo que será analizado con posterioridad (infra párr. 175).
7.3.2.2.

actividad procesal de los interesados

174. Respecto a la actividad procesal de los señores Apitz y Rocha, la Corteobserva que solicitaron en tres ocasiones un pronunciamiento del Tribunal sobre elrecurso interpuesto (supra párr. 162). Además, no se infiere del expediente que loslitigantes hayan desarrollado una actividad que provoque una demora indebida en la
tramitación del proceso. En consecuencia, la Corte entiende que no hubo en el caso
una actuación dilatoria por parte de las víctimas. Por el contrario, hubo un
comportamiento diligente en aras de lograr un pronunciamiento de la SPA.
reparación de todo daño causado por dichas violaciones lo más temprano posible”. Cfr. Naciones Unidas,
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, La naturaleza de las Obligaciones Legales
Generales Impuestas por el Pacto a los Estados parte, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004,
párr. 19.
190

Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enerode 1997. Serie C No. 30, párr. 77; Caso Kimel, supra nota 8, párr. 97, y Caso Salvador Chiriboga, supranota 12, párr. 78.

191

Cfr. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio
de 2004. Serie C No. 109, párr. 191.

48

7.3.2.3.

actividad de las autoridades judiciales

175. Respecto a las inhibiciones alegadas por el Estado, la Corte observa que, en
efecto, varios magistrados de la SPA se inhibieron de conocer el recurso presentado
por las dos víctimas. Así, el magistrado Hadel Mostafá Paolini, designado ponente a
los fines de decidir sobre la admisibilidad del recurso y la acción de amparo192, habíasido también el ponente de la decisión que estableció la existencia del “error judicial
inexcusable”193. Por su parte, los magistrados Levis Ignacio Zerpa y Yolanda Jaimes
Guerrero formaron parte de esta Sala cuando declaró la existencia de dicho error194.
Finalmente, la magistrada Evelyn Marrero Ortíz formaba parte de la Corte Primera al
momento de adoptarse la decisión por cuya causa las víctimas fueron destituidas195.
176. Sin embargo, no fue sino hasta el 29 de septiembre de 2005, 22 meses
después de interpuesto el recurso, que los magistrados Yolanda Jaimes Guerrero yHadel Mostafá Paolini manifestaron su voluntad de inhibirse; y el 18 de octubre de2005 y el 2 de marzo de 2006, 23 y 28 meses después, lo hicieron los magistrados
Evelyn Marrero Ortiz y Levis Ignacio Zerpa, respectivamente. Todas las inhibiciones
se declararon con lugar el 20 de diciembre de 2006196.
177. Al respecto, el Tribunal considera que aún cuando pueda alegarse que
tramitar y resolver la inhibición de cuatro magistrados de una corte de cinco
integrantes dificulta el trámite regular del proceso, la demora de más de 20 mesesen la presentación de las respectivas inhibiciones y la demora de más de un año enresolverlas, resultan excesivas.
178. En cuanto al accionar de la SPA, esta Corte constata que demoró 3 años, 4meses y 22 días para declarar admisible el recurso. Este plazo resulta excesivo
considerando que se trata de un acto procesal de relativa simplicidad cuya única
valoración consiste en constatar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad197.
179. Asimismo cabe destacar que el señor Rocha en la audiencia pública señaló
que “la [SPA] aún no ha librado los carteles de emplazamiento para los interesados,
carteles que una vez que los libren nosotros tenemos que tomarlos y publicarlos enprensa, para llamar a cualquier interesado y que continúe el procedimiento”198.
Asimismo, el señor Apitz manifestó que se “est[aban] librando carteles denotificación para la [CFRSJ], la Fiscalía y la Procuraduría General de la República”199.
Estos dichos no fueron desvirtuados por el Estado.
180. De otro lado, el Estado presentó una declaración informativa respecto a “laduración de los procedimientos judiciales ante la [SPA]”. Esta declaración muestra
cifras estadísticas que reflejan el resultado de la actividad de la Sala. Además, ladeclarante indicó que pese a la “intensa actividad jurisdiccional” dicha Sala posee “la192

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA Accidental de 18 de abril de 2007, supra nota 184, folio 3832.

193

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folio 1007.

194

Cfr. sentencia No. 809 de la SPA de 29 de mayo de 2003, supra nota 38, folio 1034.

195

Cfr. sentencia No. 1430 de la Corte Primera de 11 de junio de 2002, supra nota 37, folio 3176.

196

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA Accidental de 18 de abril de 2007, supra nota 184, folio 3833.

197

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA Accidental de 18 de abril de 2007, supra nota 184, folios 3845 y

3846.
198

Cfr. declaración del señor Rocha, supra nota 144.

199

Cfr. declaración del señor Apitz, supra nota 137.

49
más alta producción de sentencias” no obstante “todavía quedan muchos casos devieja data”200. El Estado presentó esta prueba pero omitió realizar una construcción
argumentativa en torno a ella limitando la capacidad de valoración en sana crítica
por parte de esta Corte, tal como fue señalado en el párrafo 154 supra. Además, laCorte considera que el alto número de causas pendientes ante un tribunal no justifica
por sí solo que se afecte el derecho del individuo a obtener en un plazo razonable
una decisión.
181. Por todo lo anterior, la Corte considera que el Estado no ha logrado justificar
que el tiempo que la SPA ha demorado en resolver el recurso de nulidad interpuesto
se ajusta al principio del plazo razonable. En consecuencia, la Corte considera que el
Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en consonancia con el artículo 1.1 de lamisma, en perjuicio de los señores Apitz y Rocha.
7.4.

Alegada violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de lamagistrada Ruggeri

182. El representante señaló que la “confabulación de los poderes públicos […] alservicio de los deseos públicamente anunciados por el Presidente de la República […]por sí sola, configura una violación […] del artículo 25 de la Convención, en la
medida en que hace ilusoria la efectividad de cualquier recurso judicial ante lostribunales venezolanos”. Asimismo añadió que “Ana María Ruggeri presentó ante la[IGT] un escrito de descargos, [… que] fue desestimado por la [CFRSJ]”. La Comisión
no alegó violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de la señora
Ruggeri. Por su parte, el Estado afirmó que “a diferencia de sus antiguos colegas, [laseñora Ruggeri] no interpuso ante los órganos de administración de justicia
venezolanos recurso alguno con la finalidad de enervar los efectos delpronunciamiento emanado de la [CFRSJ]”.
183. La Corte observa que el alegato del representante no es pertinente porque el“escrito de descargo” de la señora Ruggeri no es un recurso, sino una actuación
procesal de presentación de alegatos y pruebas. Además, de la prueba obrante en el
expediente no aparece que la señora Ruggeri haya interpuesto recurso judicial
alguno contra la decisión que la destituyó.
184. En cuanto al alegato del representante referente a la “confabulación depoderes públicos”, tal y como se indica en el párrafo 108 supra, no ha quedado
demostrado que todo el Poder Judicial venezolano responda a otro órgano estatal.
185. En consecuencia, la Corte considera que no se ha violado la protección judicial
en perjuicio de la señora Ruggeri.

200

Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por la señora Sofía Yamile Guzmán el 10
de enero de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folios 762-792).

50

VII
ARTÍCULO 23 (DERECHOS POLÍTICOS)201 Y ARTÍCULO 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY)202, EN
RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2(DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓNAMERICANA
186. El representante alegó que “la destitución de los jueces de la Corte Primera
obedeció a un propósito político”, lo cual “les impidió el ejercicio de [la] función
pública [d]e administrar justicia, que es lo mismo que impedirles el acceso a esa
función”. Además, indicó que “las dos juezas que sistemáticamente se opusieron alas sentencias de la Corte Primera recaídas en aquellos casos que tenían una fuerte
connotación política […] no fueron sancionadas por [el mencionado] ‘error judicial
inexcusable’” “sino que fueron ascendidas” como magistradas del TSJ. Por elcontrario, las víctimas “no han reingresado al Poder Judicial […] porque [… a]l habersido destituidas […] están impedidas de acceder a funciones judiciales”, siendo éstauna inhabilidad de “carácter permanente”. En cambio, para las juezas Marrero yMorales “esa inhabilidad no existe, pues no fueron sancionadas disciplinariamente”.
En definitiva, “[e]ste trato discriminatorio refleja que, o no hubo tal ‘error judicial
inexcusable’ y que todo no fue más que un pretexto para seguir adelante con ladepuración ideológica del [P]oder Judicial, o que quienes incurrieron en dicho error
no gozaron de la igual protección de las leyes y no tuvieron acceso, en condiciones
de igualdad, a las funciones públicas”.
187. La Comisión no alegó la violación del artículo 23 de la Convención toda vez
que estimó que “las víctimas […] tuvieron un acceso a las funciones públicas en
condiciones de igualdad” y que “la discusión en torno al artículo 23 queda subsumida
en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención”. Respecto de laviolación del artículo 24, declaró a la petición inadmisible en este punto, ya que,según su criterio, “los peticionarios no han desvirtuado que la situación jubilatoria delos tres magistrados destituidos y de las dos magistradas que fueron jubiladas era
diferente”, razón por la cual “[d]ada la situación fáctica disímil, un trato diferenciado
en cuanto a la situación de jubilación no constituye discriminación”.
188. El Estado alegó que no existe discriminación ya que “no podían lospeticionarios ser beneficiados con la jubilación, por cuanto los mismos no cumplían
con los diez (10) años de servicio requeridos en el Poder Judicial y veinte (20) en laAdministración Pública”. Respecto a la designación de las magistradas Morales yMarrero en el TSJ, el Estado señaló que las víctimas “no se postularon [al] proceso de
201

El Artículo 23 de la Convención estipula:
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio derepresentantes libremente elegidos;b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal eigual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, yc) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

202

El Artículo 24 de la Convención establece que:Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, aigual protección de la ley.

51
selección, convocado públicamente […] al que sí se sometieron [dichas] ex–juezas”.
Agregó que no existe “prueba fehaciente” de “una serie de prohibiciones de orden
legal que impedirían la postulación de las presuntas víctimas”. En este sentido, indicó
que la prohibición sólo podría provenir de “un acto denegatorio expreso de laAsamblea Nacional, que invocando esos dispositivos normativos […] impida lapostulación de los ex–jueces provisorios en la correspondiente selección”.
189. La Corte ha establecido que la presunta víctima, sus familiares o sus
representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en la
demanda de la Comisión, sobre la base de los hechos presentados por ésta203.
Además, la Corte considera que si bien la denuncia fue declarada inadmisible por la
Comisión Interamericana respecto de la alegada violación del artículo 24204, es
posible para este Tribunal analizar la eventual violación de este derecho, puesto quelas decisiones de inadmisibilidad que realiza la Comisión basadas en el artículo 47
letras b) y c) de la Convención son calificaciones jurídicas prima facie, que nolimitan la competencia de la Corte para pronunciarse sobre un punto de derecho que
ha sido analizado por la Comisión sólo de forma preliminar. El Tribunal pasa entonces
a dividir el análisis de los alegatos de las partes de la siguiente manera: 1)
discriminación en la aplicación de la sanción de destitución; 2) discriminación en el
acceso al Poder Judicial, y 3) discriminación en la aplicación de la ley procesal.
1.

discriminación en la aplicación de la sanción de destitución

190. La principal defensa del Estado respecto de la existencia de una posible
discriminación es que “no puede haber trato discriminatorio entre desiguales, sino
entre iguales” y que en este caso las tres víctimas no se encontraban en una
situación de igualdad respecto de las otras dos magistradas de la Corte Primera,
tanto respecto de la jubilación como del acceso a nuevos cargos en el Poder Judicial.
191. Los cinco magistrados que integraban la Corte Primera fueron sometidos aprocedimiento disciplinario por haber adoptado de forma unánime una sentencia por
la cual se declaró la existencia de un error judicial inexcusable.
192. Los magistrados Apitz, Rocha y Ruggeri fueron efectivamente destituidos porel órgano disciplinario en aplicación del artículo 40 No. 4 de la Ley de Carrera
Judicial205. La norma establece que “los jueces serán destituidos de sus cargos […][c]uando hubieren incurrido en grave error judicial inexcusable”206. Es decir,
contempla que para un mismo supuesto de hecho –la comisión de un error judicial
inexcusable- debe seguirse una cierta consecuencia jurídica –la destitución.

203
Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 179; Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs.
Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de2004, Serie C No. 112, párr. 125; Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 122, y Caso Yatama supra nota 63, párr.
183.
204

Cfr. Informe de Admisibilidad N° 24/05 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos el 8 de marzo de 2005, párr. 46 (expediente de anexos a la demanda, Tomo I, Apéndice B, folio
66).
205

Cfr. resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota 49, folios 1087 a 1089.

206

Cfr. artículo 40 No. 4 de la Ley de Carrera Judicial, supra nota 82.

52
193. Esta consecuencia punitiva no fue aplicada a las magistradas Marrero yMorales207. En efecto la CFRSJ, a pesar de haber constatado el mismo hecho, lamisma tipificación y la misma relación de autoría respecto de todos los procesados,no ordenó la destitución de la jueza Evelyn Marrero. Para ello tuvo en cuenta que
existía una resolución anterior que declaraba que esta jueza cumplía con losrequisitos para jubilarse, por lo que
en atención a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del [TSJ], de fecha 08 defebrero de 2002, esta instancia disciplinaria en resguardo de un derecho social, como lo es
el derecho a la jubilación, que no se puede vulnerar, declara que la existencia de lamencionada resolución del [TSJ] hace de imposible ejecución la sanción en lo que respectaa la ciudadana EVELYN MARGARITA MARRERO ORTIZ y, en consecuencia, se declara queno tiene materia sobre la cual decidir208.

194. Por su parte, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien había sido
inicialmente destituida junto con los otros tres magistrados, interpuso un recurso dereconsideración a consecuencia del cual la CFRSJ decidió “dej[ar] sin efecto la
sanción disciplinaria de destitución del cargo” emitida en su contra. Arribó a esa
determinación en consideración de que la magistrada cumplía, con anterioridad al
inicio del procedimiento disciplinario, con los requisitos para someterse a jubilación
especial209.
195. La Corte observa que existió una diferencia de trato entre los tres magistrados
víctimas que fueron destituidos y las magistradas Marrero y Morales, cuya sanción,en el primer caso nunca se impuso y, en el segundo, fue revocada. Para ello la CFRSJ
invocó como fundamento una “doctrina vinculante” de la Sala Constitucional delTSJ210, cuya consecuencia era la no imposición de la sanción correspondiente al ilícito
disciplinario cuando los jueces cumplieran con los requisitos para acceder a jubilación
con anterioridad a la comisión de la falta.
196. La Corte constata que las víctimas de este caso no cumplían con las
exigencias de edad y años de servicio requeridos para acceder a la jubilación211. En
este sentido, podría pensarse que las víctimas, respecto de las magistradas Morales yMarrero -que sí cumplían con dichos requisitos objetivos-, no se encontraban en una
situación de igualdad que justificara que se las tratara de forma similar.

207
Sin embargo, se agregó copia certificada de la resolución de la CFRSJ al expediente de los cinco
jueces. Cfr. resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota 49, folio 1089.
208
Cfr. resolución de la CFRSJ de 30 de octubre de 2003, supra nota 49, folios 1087 y 1088
(resaltado omitido).
209

Cfr. resolución de la CFRSJ de 11 de diciembre de 2003, supra nota 50.

210

La sentencia en cuestión declaraba con lugar una acción de amparo en contra de una resolución
de la CFRSJ por incurrir en el “desconocimiento […] del derecho a jubilación adquirido […] con sobradaanterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador”. Cfr. sentencia de la Sala
Constitucional del TSJ de 8 de febrero de 2002 (expediente de prueba, Tomo VIII, Anexo Ñ, folio 2745).
211
Una resolución de la Sala Plena del TSJ había establecido que se podía conceder la jubilación
especial a “quienes tengan 20 años o más de servicio en la Administración Pública con, por lo menos, 10
años en el Poder Judicial. La edad mínima requerida será de 50 años para las mujeres y 55 para loshombres”, Cfr. resolución emitida por la Sala Plena del TSJ, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.388 de
20 de febrero de 2002, citada en la resolución de la CFRSJ de 11 de diciembre de 2003, supra nota 50,
folio 1168. A la fecha de los hechos, los señores Apitz y Rocha contaban ambos con 3 años y 1 mes deservicio en el Poder Judicial, la señora Ruggeri con 3 años y 8 meses de servicio en el Poder Judicial, y lostres magistrados respectivamente con 6, 10 y 30 años de servicio en la Administración Pública. Cfr.
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Análisis de Cálculo de Jubilación de la señora Ruggeri de 1 demarzo de 2004, del señor Rocha de 19 de julio de 2004 y del señor Apitz de 19 de julio de 2004
(expediente de prueba, Tomo II, Apéndice C.3, folios 626 a 629).

53
197. Sin embargo, la conducta de los cinco magistrados se ajustó al supuesto dehecho de la norma contenida en el artículo 40 No. 4 citado, pues habían concurrido
de forma unánime a la adopción de la sentencia que fue declarada como constitutiva
de un error judicial inexcusable. La cuestión que se plantea entonces es si elcumplimiento de los requisitos de jubilación introducía una diferencia razonable entre
dos grupos de personas de acuerdo a los fines de la norma disciplinaria aplicada, esto
es, salvaguardar la idoneidad de los jueces. La Corte considera que la jubilación es
un derecho ajeno a la condición de idoneidad para el ejercicio de funciones públicas,
como también a la constatación, calificación e imputación de los hechos que causaron
el proceso de destitución. La Corte constata que los cinco jueces tenían un grado
idéntico de responsabilidad disciplinaria, y el hecho de que algunos de ellos
cumplieran con los requisitos para jubilarse no desvirtuó en sentido alguno dicha
constatación.
198.
Prueba de que la condición de jubilación es una premisa extraña al juicio
disciplinario, es que en otros casos fue posible aplicar la sanción correspondiente a
un ilícito disciplinario y, simultáneamente, conceder aquel derecho social a quien
cumplía con los requisitos para ello. Si bien es cierto que la decisión de la CFRSJ
aplicó una jurisprudencia que permitía el reemplazo de destituciones por jubilaciones
para no privar a los jueces del derecho social a la jubilación, al expediente fue
aportada una decisión de la Sala Constitucional del TSJ que, en forma previa a lamencionada decisión de la CFRSJ, había declarado inconstitucional la sección delartículo 41 de la Ley de Carrera Judicial que prohibía el goce de la jubilación a losjueces que hubiesen sido destituidos212. Ello permite concluir que no era necesarioefectuar el reemplazo de destitución por jubilaciones y que podía efectuarse tanto lo
uno como lo otro en forma simultánea.
199. Posteriormente, la SPA ha señalado que la condición de jubilación “no exime aesta Sala de ordenar a la [IGT] proveer lo conducente a fin de establecer mediante elprocedimiento administrativo respectivo, las responsabilidades disciplinarias a quehubiere lugar […] no excluidas de ningún modo por obrar un derecho adquirido a su
favor, como es la jubilación”213. En otro caso, la misma Sala indicó que“independientemente de que la jueza sancionada hubiese obtenido el beneficio dejubilación, ello no obsta para que se tomen las decisiones pertinentes, en caso deque resulte ser cierto que aquella mostró una conducta inapropiada en el desempeño
de su carrera judicial, de lo cuál deberá quedar constancia en su expediente
personal”214.
200. La Corte entiende que los cinco magistrados debían considerarse como
idénticamente situados frente al proceso disciplinario. Sin embargo, el Tribunal notiene competencia para decidir si procedía la mencionada sanción y a quiénes tendría
que aplicarse. En efecto, la Corte no tiene facultad para decidir que las magistradas
Marrero y Morales debieron haber sido sancionadas tal y como lo fueron las víctimas.
Así, no es posible afirmar que el derecho consagrado en el artículo 24 de laConvención otorga a las víctimas la facultad de exigir una sanción idéntica a la propia

212
Cfr. sentencia No. 238 de la Sala Constitucional del TSJ de 20 de febrero de 2003 (expediente defondo, Tomo IV, folio 1120).
2131048).
2141058).

Cfr. sentencia No. 4579 de la SPA de 29 de junio de 2005 (expediente de fondo, Tomo IV, folio
Cfr. sentencia No. 617 de la SPA de 24 de abril de 2007 (expediente de fondo, Tomo IV, folio

54
en contra de dichas magistradas215. En conclusión, en este caso no procede decretar
una violación al derecho consagrado en el artículo 24 de la Convención.
2.

discriminación en el acceso a nuevos cargos en el Poder
Judicial

201. El representante alegó que no sólo existió discriminación al momento dedestituir a las víctimas, sino que se discriminó en el acceso a nuevos cargos en elPoder Judicial puesto que las magistradas Marrero y Morales pudieron reingresar a la
judicatura siendo nombradas en el TSJ, mientras que las víctimas tienen un
impedimento de acceder a cargos judiciales que “deriva directamente de la ley”.
202. La Corte observa que, como consecuencia de su destitución, las tres víctimas
se vieron imposibilitadas de volver a ocupar cargos en el Poder Judicial. En efecto, lalegislación venezolana establece sobre el punto las siguientes normas:i)el artículo 7 de la Ley Orgánica del TSJ, según el cual:para ser Magistrado o Magistrada del [TSJ], el aspirante deberá cumplir con lossiguientes requisitos:[…]
4. No haber sido sometido a procedimiento administrativo o sancionatorio ni a juicio ni
haber sido condenado mediante el correspondiente acto o sentencia definitivamente
firme216.

ii)

el artículo 11 de la Ley de Carrera Judicial, según el cual:No podrán ser designados Jueces: […] los que tengan antecedentes penales o hayansido sujetos de condenas por Tribunales o por organismos disciplinarios profesionales
que comprometan su intachable conducta; los que tengan algún comportamiento que
comprometa la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público217.

203. El Estado alegó que no existe “prueba fehaciente” de una prohibición legal que
impida el reingreso de las víctimas al Poder Judicial. Sin embargo, no presentó
desarrollos jurisprudenciales u otro tipo de prueba suficiente para desvirtuar la
claridad de la Ley Orgánica del TSJ y la Ley de Carrera Judicial en este punto. Por elcontrario, en sus alegatos finales escritos el propio Estado afirmó que en virtud de la
Ley de Carrera Judicial vigente al momento de los hechos y “dada la naturaleza de lasanción de destitución, aplicable a todos aquellos jueces que hayan cometido faltas
graves en el desempeño de sus funciones, se establece como una de sus
consecuencias el no permitir el reingreso del funcionario destituido al Poder Judicial,al quedar comprobad[a …] su inidoneidad para el cargo que ocupaba”. Por esto, laCorte considera probado que las víctimas se vieron imposibilitadas de acceder anuevos cargos en el Poder Judicial como resultado de su destitución.
215
En similar sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que“conceder la exención a un solo grupo de objetores de conciencia y aplicarla a todos los demás no sepuede considerar razonable [toda vez que] cuando [se] reconoce el derecho a la objeción de conciencia alservicio militar, no [se] puede establecer diferencias entre unos objetores de conciencia y otros sobre labase de la naturaleza de sus creencias particulares. Sin embargo, en el presente caso, el Comité considera
que el autor no ha demostrado que sus convicciones como pacifista son incompatibles con el sistema deservicio sustitutivo de los Países Bajos, ni que el trato privilegiado concedido a los Testigos de Jehováafectó negativamente a sus derechos como objetor de conciencia al servicio militar”. Naciones Unidas,
Comité de Derechos Humanos, Brinkhof v. The Netherlands, Communication No. 402/1990,
CCPR/C/48/D/402/1990, 27 de julio de 1993, párr. 9.3.
216

Cfr. Ley Orgánica del TSJ, supra nota 31.

217

Cfr. Ley de Carrera Judicial, supra nota 82.

55
204. Por otro lado, las magistradas Morales y Marrero, al haber sido jubiladas y no
destituidas, no contaban con dicho impedimento. Efectivamente, el artículo 41 de la
Ley de Carrera Judicial establece que “[l]os jueces jubilados p[ueden] sernuevamente designados”218 como magistrados. El Estado reconoció igualmente que“el único caso excepcional de ingreso nuevamente al Poder Judicial o cualquier otro
cargo en los poderes públicos del Estado, [es] que el juez presuntamente involucrado
en una causal de destitución, le haya operado […] el beneficio de jubilación, lo cual[…] imposibilita cualquier sanción disciplinaria, dado que el derecho de jubilación
opera de oficio”. Es decir, las magistradas Marrero y Morales podían reincorporarse al
Poder Judicial, y en efecto lo lograron, pues el 13 de diciembre de 2004 Luisa Estela
Morales y Evelyn Marrero, quienes adoptaron la misma sentencia que fue calificada
como error judicial inexcusable y por la cuál fueron destituidos los magistrados Apitz,
Rocha y Ruggeri, fueron designadas como magistradas del TSJ219.
205. Con lo anterior ha quedado demostrado que las víctimas tenían un
impedimento legal para acceder al Poder Judicial y que por ello no se presentaron alproceso de selección para acceder a otros cargos220, lo que no fue el caso de lasotras magistradas. Sin embargo, debe evaluarse si esta circunstancia efectivamente
constituye una violación del artículo 23.1.c de la Convención.
206. Dicho artículo no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino ahacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que el respeto ygarantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para elnombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos”221 yque “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este
derecho222. En este caso, los criterios que impidieron el acceso al Poder Judicial delos tres magistrados cumplían con estos estándares, puesto que el prohibir elreingreso a la función pública a quienes han sido destituidos es un requisito objetivo
y razonable que tiene como fin el garantizar el correcto desempeño del Poder
Judicial. Tampoco puede considerarse como discriminatorio, por sí mismo, el permitir
el reingreso de quienes han accedido a jubilación. Dado que la Corte ya indicó que notiene competencia para decidir si procedía la mencionada sanción y a quiénes tendría
que aplicarse (supra párr. 200), tampoco puede analizar las consecuencias que dicha
situación hubiere generado.
207. Por lo tanto, en el presente caso, en cuanto al acceso a nuevos cargos al
Poder Judicial, la Corte no encuentra discriminación alguna ni en el acto normativo
que lo regula, ni en el acto que lo ejecutó. En consecuencia, los hechos sub judice nose consideran violatorios del artículo 23.1.c de la Convención.

218

Cfr. Ley de Carrera Judicial, supra nota 82.

219

Cfr. sesión especial de la Asamblea Nacional de 13 de diciembre de 2004, supra nota 113.

220

Cfr. declaración del señor Apitz, supra nota 137; declaración del señor Rocha, supra nota 144, ydeclaración de la señora Ruggeri, supra nota 33, folio 745.
221
Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 25, Artículo 25: La
Participación en los Asuntos Públicos y el Derecho de Voto, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 7, 12 de julio de 1996,
párr. 23.
222

Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 25, supra nota
221, párr. 23.

56

3.

discriminación en la aplicación de la ley procesal

208. El representante alegó que también hubo discriminación en la aplicación de la“ley procesal” puesto que “un recurso de nulidad ejercido por Luisa Estella Morales”
una semana después de aquel ejercido por los ex–magistrados Apitz y Rocha fue“resuelto en menos de un año” mientras que “el otro, después de transcurridos másde cuatro años y tres meses, aún no se decide”. El Estado no respondió a este
argumento.
209. Al respecto, la Corte considera que los alegatos del representante no deben
analizarse bajo la óptica del artículo 24 convencional, sino bajo la obligación general
de no discriminación contenida en el artículo 1.1 de la Convención. La diferencia
entre los dos artículos radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere
al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos
contenidos en la Convención Americana, mientras que el artículo 24 protege elderecho a “igual protección de la ley”. En otras palabras, si un Estado discrimina en
el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho
sustantivo en cuestión. Si por el contrario la discriminación se refiere a una
protección desigual de la ley interna, violaría el artículo 24223. Dado que los alegatos
en el presente caso se refieren a una supuesta discriminación en la garantía judicial
de ser oído dentro de un plazo razonable, el asunto debe analizarse bajo los artículos
1.1 y 8.1 de la Convención.
210. La magistrada Morales interpuso el 11 de noviembre de 2003 un recurso dereconsideración ante la CFRSJ impugnando la resolución que declaraba su destitución
y pidiendo la revocatoria de la sanción, en atención a que cumplía con los requisitos
para jubilarse con anterioridad al inicio del procedimiento disciplinario224.
211. El 3 de diciembre de 2003, debido a que la CFRSJ no se había pronunciado
sobre dicho recurso en el plazo de 5 días legalmente establecido para ello, lamagistrada Morales interpuso un recurso de nulidad conjuntamente con acción deamparo constitucional y subsidiariamente medida cautelar innominada225, por los
mismos fundamentos que aquellos presentados en el recurso de reconsideración
indicado en el párrafo anterior.
212. El 11 de diciembre de 2003 la CFRSJ falló el recurso de reconsideración,
revocando la destitución para dar trámite a la jubilación (supra párr. 194).

223
En este sentido, la Corte ha señalado que “[e]l artículo 1.1 de la Convención, que es una normade carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligaciónde los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allíreconocidos "sin discriminación alguna". Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo
tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechosgarantizados en la Convención es per se incompatible con la misma”. En cambio, el artículo 24 de laConvención “prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición dediscriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías estipulados
por la Convención, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible
concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a
no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de laley”. Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 53 y 54.
224
Cfr. recurso de reconsideración interpuesto por Luisa Estella Morales ante la CFRSJ el 11 denoviembre de 2003 (expediente de prueba para mejor resolver, Tomo XVIII, folios 5057 a 5074).
225

Cfr. recurso de nulidad y amparo cautelar interpuesto por Luisa Estella Morales ante la SPA el 3
de diciembre de 2003 (expediente de prueba para mejor resolver, Tomo XVIII, folios 4986 a 5027).

57
213. La magistrada presentó copia de esta resolución a la SPA el 18 de febrero de2004226. Dicha Sala se pronunció el 1 de noviembre de 2005 sobre el recursointerpuesto, y estableció que, en vistas de la nueva resolución de la CFRSJ que dejó
sin efecto el acto recurrido, “quedó plenamente satisfecha la pretensión de larecurrente […] por [lo] cual considera la Sala inoficioso realizar pronunciamiento
alguno sobre un acto administrativo que ha perdido totalmente sus efectos por
voluntad de la propia Administración, no teniendo en consecuencia materia sobre lacual decidir”227.
214. Los magistrados Apitz y Rocha no interpusieron recurso de reconsideración
ante la CFRSJ por la destitución, pero el 27 de noviembre de 2003 recurrieron denulidad e interpusieron amparo cautelar ante la SPA, alegando, inter alia, la violacióndel derecho a ser juzgado por su juez natural, del derecho a defensa y al debido
proceso, de la presunción de inocencia, de la independencia de la función
jurisdiccional, y arguyendo la existencia de una desviación de poder. Como quedó
establecido (supra párr. 163), dicha Sala admitió a tramitación el recurso de nulidad
y desechó el amparo cautelar, mediante sentencia de 18 de abril de 2007228. A lafecha, no se ha fallado el fondo de este recurso de nulidad.
215. La Corte constata que las alegaciones presentadas en ambos recursos denulidad son diversas, puesto que la magistrada Morales, entre otros alegatos, solicitó
se revoque su sanción por cumplir los requisitos para jubilarse, lo cual es ajeno alrecurso interpuesto por las víctimas. Además, la resolución del recurso dereconsideración por la CFRSJ modificó la cuestión sobre la cuál debe pronunciarse la
SPA, toda vez que se dejó sin efecto el acto recurrido por la magistrada Morales. La
sentencia de dicha Sala se limitó a constatar ese hecho y declarar la carencia deobjeto. En definitiva, se trata de dos procesos diferenciados. Por ello, la Corte estima
que no se violó la cláusula general de no discriminación contenida en el artículo 1.1
de la Convención Americana, en relación con el derecho sustantivo a ser oído dentro
de un plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de dicho tratado.

226

Cfr. acta de secretaría de la SPA de 18 de febrero de 2004 en donde consta que Luisa Estella
Morales consignó copia de la resolución de 11 de diciembre emitida por la CFRSJ (expediente de prueba
para mejor resolver, Tomo XVIII, folio 5112).

227
Cfr. sentencia No. 6080 de 1 de noviembre de 2005 emitida por la SPA (expediente de prueba
para mejor resolver, Tomo XVIII, folios 5125 a 5129).
228

Cfr. sentencia No. 535 de la SPA de 18 de abril de 2007, supra nota 184, folios 4954 a 4983.

58

VIII
ARTÍCULO 29 C) Y D) DE LA CONVENCIÓN229 EN RELACIÓN CON ELARTÍCULO 3 DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA230
216. El representante sostuvo que la Carta Democrática Interamericana “no es una
simple declaración política, desprovista de valor jurídico, sino que es el reflejo del
Derecho preexistente”. Agregó que en dicho instrumento “los Estados han asumido
obligaciones internacionales que no pueden ser irrelevantes para el ejercicio de losderechos humanos”. Según el representante, la lectura conjunta de estos artículos
permite deducir un “derecho a la democracia” que en este caso se relaciona con “elejercicio del poder de conformidad con el Estado de Derecho, la separación depoderes y la independencia del [P]oder [J|udicial”. En este sentido, alegó que “laviolación de los derechos de los peticionarios es […] una consecuencia deldebilitamiento de la democracia y de la falta de independencia de los poderes
públicos en Venezuela”, toda vez que responde a “la injerencia del Poder Ejecutivo,
directamente a través del Presidente de la República, en las funciones
constitucionales del Poder Judicial”. La Comisión no alegó violación de estos
artículos, pero sí anunció su “utilización […] como pauta interpretativa”. El Estado nopresentó alegatos sobre este punto.
217. La jurisprudencia de la Corte ha utilizado el artículo 29 de la Convención entres ámbitos diferentes. En primer lugar, la Corte ha invocado las “Normas deInterpretación” del artículo 29 para precisar el contenido de ciertas disposiciones dela Convención231. El literal a) ha sido utilizado para delimitar el alcance de las229

El artículo 29 de la Convención establece:
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejerciciode los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida
que la prevista en ella;b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocidode acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno de dichos Estados;c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que sederivan de la forma democrática representativa de gobierno, yd) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechosy Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

230

El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dispone:
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a losderechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con
sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas ybasadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo;
el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación eindependencia de los poderes públicos.

231

La Corte ha considerado pertinente “tom[ar] en cuenta, a la luz de las reglas de interpretación
establecidas en el artículo 29 de la Convención, la significación de la prohibición del trabajo forzoso u
obligatorio” para lo que “el Tribunal consider[ó] útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales
distintos a la Convención Americana”. Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párrs. 154 y
157. Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-8/87 la Corte estimó necesario “recordar lo prescrito por el
artículo 29 de la Convención” con el objeto de definir “si los procedimientos regulados por los artículos
25.1 y 7.6 están comprendidos dentro de las ‘garantías judiciales indispensables’ a que se refiere el
artículo 27.2”. Cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención

59
restricciones a las garantías establecidas en la Convención232. De la misma forma,
utilizando el literal b) de dicho artículo, la Corte ha interpretado las garantías de laConvención a la luz de estándares establecidos en otros instrumentos
internacionales233 y en normas de derecho interno234. Asimismo, se ha utilizado elliteral c) para interpretar los derechos convencionales a la luz de los derechos quederivan de la forma democrática representativa de gobierno235.
218. En segundo lugar, el artículo 29 ha sido utilizado para fijar criterios deinterpretación, tales como el principio de “interpretación evolutiva” de los tratados dederechos humanos, que es “consecuente con las reglas generales de interpretación
consagradas” en dicho artículo236. Asimismo, se ha desarrollado el principio de
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No.
8, párrs. 15 a 17.
232
Al respecto, se ha determinado que las responsabilidades ulteriores que podían restringir elderecho a la libertad de expresión debían ser no solamente “necesarias”, como lo establecía el artículo 13,
sino específicamente “necesarias en una sociedad democrática”. Cfr. La Colegiación Obligatoria dePeriodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85
del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 41 a 44. También se ha hecho uso del artículo 29 paraseñalar que “no se debe interpretar una reserva a fin de limitar el goce y el ejercicio de los derechos ylibertades reconocidos en la Convención a un mayor alcance que aquel dispuesto en la reserva misma”.
Cfr. Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 66 y Caso Boyce y otros.
Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de2007. Serie C No. 169, párr. 15. Además, se ha interpretado el alcance de las reservas o condiciones que
pueden establecer los Estados al aceptar la competencia contenciosa de la Corte. Al respecto, el Tribunal
ha establecido que “no tendría sentido suponer que un Estado que decidió libremente su aceptación a lacompetencia contenciosa de la Corte, haya pretendido en ese mismo momento evitar que ésta ejerza sus
funciones según lo previsto en la Convención”. Cfr. Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago.
Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 81 y Caso
Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de2001. Serie C No. 82, párr. 81.
233
En este sentido cabe destacar la inclusión del derecho a la propiedad comunal de lascomunidades indígenas o tribales dentro del derecho a la propiedad privada del artículo 21. Cfr. Caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31
de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 147, 148 y 153; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párrs. 124, 126
y 127; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 117 y 118, y Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No.
172, párrs. 92 y 93. Asimismo, resalta la interpretación de esta Corte según la cuál el artículo 22 de laConvención comprende “el derecho a no ser desplazado forzadamente”. Cfr. Caso de la "Masacre deMapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C
No. 134, párr. 188. Otro ejemplo en este sentido lo constituye el haber interpretado el derecho de los
niños a no ser reclutados en fuerzas o grupos armados como comprendido dentro del artículo 19 de laConvención. Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia, párr. 153.
234
A la luz del derecho interno esta Corte ha permitido la inclusión del “derecho de propiedad sobre
los efectos patrimoniales del derecho a la pensión” en el artículo 21 convencional (Cfr. Caso "Cinco
Pensionistas" Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No.
98, párrs. 101 a 103) y la exigencia de una protección específica de los derechos políticos para losmiembros de comunidades indígenas y étnicas (Cfr. Caso Yatama, supra nota 63, párrs. 203 a 205).
235
Mediante la aplicación del artículo 29.c) la Corte ha interpretado el alcance del principio delegalidad consagrado en el artículo 9 convencional para los procesos administrativo-sancionadores (Cfr.
Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de2001. Serie C No. 72, párrs. 105 y 106) y ha declarado a los familiares de las víctimas de desapariciones
forzadas como víctimas, a su vez, de una violación del artículo 8.1 de la Convención (Cfr. Caso Blake Vs.
Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párrs. 96 y 97).
236
Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 233, párr. 148; Caso "Cinco
Pensionistas", supra nota 234, párr. 103; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 233, párr.
125; Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 233, párr. 106; Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa, supra nota 233, párr. 117, y Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 231, párr. 155.

60
“aplicación de la norma más favorable a la tutela de los derechos humanos” como
derivado del artículo 29.b)237 y la prohibición de privar a los derechos de su
contenido esencial como derivado del artículo 29.a)238.
219. En tercer lugar, la Corte ha utilizado el artículo 29 para determinar el alcancede su competencia consultiva. En este sentido se ha señalado que, de acuerdo alartículo 29.d), “al interpretar la Convención en uso de su competencia consultiva,
puede ser necesario para la Corte interpretar la Declaración [Americana de Derechosy Deberes del Hombre]”239. Además, la Corte ha afirmado que “excluir, a priori, desu competencia consultiva tratados internacionales que obliguen, a Estados
americanos, en materias concernientes a la protección de los derechos humanos,
constituiría una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las
reglas consagradas por el artículo 29.b)”240.
220. Ahora bien, para responder al alegato del representante es necesario
determinar, en primer lugar, si el artículo 29.c) consagra una garantía individual
cuyo incumplimiento pueda generar, por sí sola, la declaración de una violación en el
marco de la jurisdicción contenciosa de la Corte.
221. Al respecto, en el marco de la jurisdicción contenciosa de esta Corte, el
incumplimiento de los principios de interpretación que se derivan del artículo 29.c)sólo podrían generar la violación del derecho que haya sido indebidamenteinterpretado a la luz de dichos principios.
222. Por ello, corresponde analizar el derecho que se alega violado por el
representante en relación con dichos principios de interpretación. El representantealude a un “derecho a la democracia” relacionado con el ejercicio del poder según el
Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, la Corte se ha referido al concepto de democracia en términos
interpretativos. En efecto, el Tribunal ha señalado que “las justas exigencias de la
democracia deben […] orientar la interpretación de la Convención y, en particular, deaquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el
funcionamiento de las instituciones democráticas”241. Asimismo, cuando la Corte enel caso del Tribunal Constitucional mencionó queel Preámbulo de la Convención reafirma el propósito de los Estados Americanos de“consolidar en [el] Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, unrégimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos ydeberes esenciales del hombre”. Este requerimiento se ajusta a la norma de interpretación237

Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 232, párr. 52; Caso Ricardo Canese, supranota 152, párrs. 180 y 181, y Caso de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 233, párr. 106.
238
Cfr. Caso Benjamin y otros, supra nota 232, párrs. 63 y 81; Caso Constantine y otros, supra nota
232, párrs. 63 y 81; Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 132, y Caso Yatama, supra nota 63, párr. 204.
239
Cfr. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el
Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89
del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 36.
240
Cfr. "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1,
párr. 42. Ver también Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997. Serie A
No. 15, párr. 31.
241

Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, supra nota 232, párr. 44.

61
consagrada en el artículo 29.c de la Convención. Los hechos del presente caso contrastan
con aquellas exigencias convencionales242

no estaba declarando que se violaba el artículo 29.c), sino estableciendo el alcancede la obligación del artículo 1.1 respecto a la obligación de respetar y garantizar losderechos.
223. Por lo tanto, la Corte encuentra que los problemas interpretativos que puedan
relacionarse con el presente caso serían aquellos relativos a derechos ya analizados,
tales como los derechos que se derivan de los artículos 8 y 25 de la Convención. En
consecuencia, esta Corte no considera procedente la alegada violación del artículo
29.c) y 29.d) de la Convención Americana en relación con el artículo 3 de la Carta
Democrática Interamericana.
IX
REPARACIONES(APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)
224. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligacióninternacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente243. En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana244.
225. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones
a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de loscriterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza yalcances de la obligación de reparar245, la Corte procederá a analizar las pretensiones
presentadas por la Comisión y por el representante, y la postura del Estado, con el
objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños.
1.

Parte lesionada

226. La Corte pasará ahora a determinar qué personas deben considerarse “partelesionada” en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana y,consecuentemente, acreedoras de las reparaciones que fije el Tribunal.
227. La Corte considera como “parte lesionada” a la señora Ana María Ruggeri
Cova y a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras, en su
carácter de víctimas de las violaciones que fueron declaradas en su perjuicio, por lo

242

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 60, párr. 111.

243

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Reparaciones y Costas (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25; Caso Zambrano Vélez yotros, supra nota 18, párr. 131, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 12, párr. 156.
244

El artículo 63.1 de la Convención dispone que:Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, laCorte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago deuna justa indemnización a la parte lesionada.

245
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de
1989. Serie C No. 7, párrs. 25 a 27; Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 43, y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua
Morales y otros), supra nota 7, párrs. 76 a 79.

62
que serán acreedores de las reparaciones que, en su caso, fije el Tribunal por
concepto de daño material e inmaterial.
228. En cuanto a Jacqueline Ardizzone Montilla, esposa del señor Apitz, y María
Costanza Cipriani Rondón, esposa del señor Rocha, la Corte observa que la Comisión
no las declaró como víctimas de violación alguna a la Convención en su Informe defondo (supra párr. 1); que en su demanda la Comisión identificó a los señores Apitz,
Rocha y Ruggeri como los únicos beneficiarios de las reparaciones y no identificó asus familiares como víctimas; que el representante tampoco alegó violación encontra de los familiares, pero en su escrito de solicitudes y argumentos solicitó una
indemnización por daño inmaterial para las esposas de los señores Apitz y Rocha,
argumentando que “el daño moral se refleja igualmente en las consecuencias
psicológicas que la violación de los derechos humanos puede tener tanto para la
propia víctima como para sus familiares”.
229. Al respecto, el Tribunal reitera que se considera parte lesionada a aquellaspersonas que han sido declaradas víctimas de violaciones de algún derecho
consagrado en la Convención. La jurisprudencia de esta Corte ha indicado que laspresuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de laComisión según el artículo 50 de la Convención. Además, de conformidad con el
artículo 33.1 del Reglamento de la Corte, corresponde a la Comisión y no a este
Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas
víctimas en un caso ante este Tribunal246.
2.

Indemnizaciones

2.1.

daño material

230. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material ylos supuestos en que corresponde indemnizarlo247.
231. La Comisión solicitó “reparar a las víctimas por los beneficios salariales yeconómicos dejados de percibir desde que fueron destituidos hasta su efectiva
reincorporación” y que se “fije en equidad el monto de la indemnización”.
232. El representante solicitó por concepto de daño emergente la suma fijada en
equidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) para
“cubrir los gastos médicos en que, como resultado de la destitución, han debido
incurrir Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri, a fin de lograr su
rehabilitación [p]sicológica después de las agresiones públicas de que fueran
víctimas por parte del Presidente de la República”. En cuanto al lucro cesante, el
representante alegó que las víctimas, al momento de su destitución, ganaban Bs.
3.500.000, 00 (tres millones quinientos mil bolívares) mensuales, “teniendo derecho a
246
Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 231, párr. 98, y Caso Goiburú y otros Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr.
29.
247

Este Tribunal ha establecido que el daño material supone “la pérdida o detrimento de los ingresosde las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario
que tengan un nexo causal con los hechos del caso”. Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 124; Caso García
Asto y Ramírez Rojas. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 denoviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 259, y Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 78.

63
dieciséis sueldos anuales”. El representante indicó que “considerando los incrementos
de sueldo que, desde marzo de 2004, han recibido los jueces que ocupan el mismo
cargo, hasta el 28 de febrero de 2007”, cada una de las víctimas […] ha dejado depercibir […] ciento noventa y cuatro mil setecientos sesenta y un dólares de los Estados
Unidos [de América], con treinta y tres centavos (US$ 194.761,33)” o su equivalenteen moneda nacional.
233. El Estado alegó que “no quedó acreditado” que “la situación específica de ladestitución produj[era] daños emocionales, tanto a ellos como a sus familiares(esposas e hijos), menos aún, que requiriesen tratamientos futuros psiquiátricos”,
por cuanto “basta revisar los informes médicos para observar […] la respectiva falta
de validación y proyección sucesiva en el tiempo”. Asimismo, el Estado afirmó que“lo solicitado en virtud del quantum indemnizatorio, no está lo suficientemente
acreditado a través de un medio de prueba conclusivo, que jurídicamente valore laveracidad de lo reclamado”, puesto que “para el caso de los ex-jueces provisorios,
los salarios que devengan los actuales titulares que ejercen el cargo de juez ante laCorte Primera […] por expresa disposición legal no puede[n] ser establecido[s] endólares americanos, y además, excede[n] con creces la bondad de su monto en la
moneda venezolana”.
234. Con respecto a los gastos incurridos en relación con el tratamiento médico delas víctimas, el representante únicamente aportó un informe psicológico relacionado
con algunas visitas del señor Apitz a una psicóloga. No se aportó ningún otro
documento sobre el tratamiento seguido, su costo o duración. A su vez, no sepresentó ninguna prueba sobre la atención médica o psicológica supuestamente
prestada a los señores Rocha y Ruggeri.
235. En relación con los salarios caídos y beneficios dejados de percibir, el
representante aportó la declaración rendida ante fedatario público por la señora
Ruggeri, quien informó sobre su sueldo al momento de su destitución y cual sería elmonto a percibir teniendo en cuenta los incrementos salariales que debería haberrecibido248. Sin embargo, no se acompañó a dicha declaración ningún documento
probatorio que respaldara sus afirmaciones, por ejemplo su historial salarial,
declaración de impuestos o algún otro elemento que pudiera ser valorado por este
Tribunal249. El representante tampoco aportó prueba documental que acreditara loscriterios que deben ser tenidos en cuenta para calcular el monto de los salarios
dejados de percibir por parte de las víctimas.
236. Pese a ello, no puede escapar a este Tribunal que las víctimas padecieron
cierto tipo de perjuicios económicos a consecuencia de las violaciones decretadas en
esta Sentencia. Por lo tanto, la Corte en equidad determina como indemnización por
el daño material la cantidad de US$ 48.000,00 (cuarenta y ocho mil dólares de losEstados Unidos) o su equivalente en moneda venezolana para cada víctima. El
Estado deberá efectuar el pago de este monto directamente a los beneficiarios
dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.

248
249

Cfr. declaración de la señora Ruggeri, supra nota 33, folio 746.

Cfr. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de
2007. Serie C No. 164, párr. 147.

64

2.2.

daño inmaterial

237. Corresponde ahora determinar las reparaciones por daño inmaterial, según loha entendido la Corte en su jurisprudencia250.
238. La Comisión consideró “pertinente que se reparen las consecuencias que
produjo la destitución de las víctimas” y destacó “la importancia que tiene para[ellas] el establecimiento de la verdad de lo sucedido en relación con su destitución”.
Agregó que debe tenerse en cuenta que “como consecuencia de la decisión de la[CFRSJ] las víctimas están impedidas de ejercer la función judicial en el futuro”.
239. El representante alegó que las víctimas tuvieron que “soportar durante meses
una campaña sistemática de actos de intimidación, como la detención de Alfredo
Romero y el allanamiento de la sede de la Corte Primera, y agresiones verbales detodo tipo”, que muchos de esos ataques “provenían directamente del Presidente dela República, los cuales fueron transmitidos por radio y televisión, llamándolos‘oligarcas’, ‘corruptos’, ‘bandidos’, ‘golpistas’, etc.” Según el representante, la vidasocial y familiar de las víctimas “se vio severamente afectada, como producto delestigma de haber sido destituidos por ser supuestamente incompetentes ycorruptos”. Las tres víctimas habrían sufrido porque “sus carreras profesionales
habían sido injustamente cortadas” y, “[a] pesar de su vocación por la judicatura,habían sido vergonzosamente destituidos, y ya no podrían presentar sus
candidaturas para integrar el [TSJ]”. Además, el representante consideró que el daño
sufrido por las víctimas “afectó severamente su reputación profesional y académica”
y “dañ[ó] su autoestima y sus relaciones familiares” porque “tuvo dimensiones
públicas”. El representante estimó por daño inmaterial para cada una de las víctimas
la cantidad de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) osu equivalente en moneda nacional.
240. El Estado consideró que no ha quedado acreditado que “durante meses laspresuntas víctimas hayan vivido con ese estigma de agresiones verbales” ni que
hayan sido “objeto de discriminación laboral o social al momento de dirigirse a sus
actividades académicas o personales”, por cuanto no demostraron “que hayan sido
sancionados por las Instituciones Universitarias o Docentes donde presten sus
servicios, como consecuencia de la legal destitución de sus cargos como jueces
provisorios de la Corte Primera”.
241. En sus respectivas declaraciones ante la Corte, la señora Ruggeri251 y losseñores Apitz252 y Rocha253 manifestaron que a causa de la destitución su reputación,

250“[E]l daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a lavíctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así comolas alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.
Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objetode compensación, […], mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios
apreciables en dinero, que el Tribunal determin[a …] en términos de equidad, así como mediante larealización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto el reconocimientode la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de los derechos humanos”. Cfr. Caso
Neira Alegría Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29,
párr. 57; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 18, párr. 141, y Caso Cantoral Huamaní y García
Santa Cruz, supra nota 12, párr. 175.
251

Cfr. declaración de la señora Ruggeri, supra nota 33.

252

Cfr. declaración del señor Apitz supra nota 137.

253

Cfr. declaración del señor Rocha, supra nota 144.

65
actividad profesional y académica, relaciones sociales y familiares se vieron
afectadas. Además, indicaron que habrían padecido persecución y habrían sido
severamente criticados en foros públicos, particularmente en la prensa. Lo anterior
fue reafirmado por las señoras María Costanza Cipriani Rondón254, esposa del señor
Rocha, y Jacqueline Ardizzone Montilla255, esposa del señor Apitz. Asimismo, el
representante acompañó un informe psicológico que indica que el señor Apitz “seencuentra sufriendo de una tensión psicológica intensa”256.
242. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido reiteradamente que una
sentencia declaratoria de una violación de derechos constituye per se una forma dereparación257. No obstante, considerando las circunstancias del caso sub judice, losperjuicios morales padecidos por las víctimas como consecuencia de las violaciones
cometidas en su contra, las ofensas a las que fueron sometidas, la falta de respuesta
judicial a sus reclamos y las restantes consecuencias de orden no pecuniario que
padecieron, la Corte estima pertinente determinar el pago de una compensación,
fijada equitativamente, por concepto de daños inmateriales258. Por ello, la Corte fija
en equidad la cantidad de US$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, para cada una de lasvíctimas por concepto de indemnización por daño inmaterial. El Estado deberá
efectuar el pago de este monto directamente a los beneficiarios dentro del plazo de
un año a partir de la notificación de la presente Sentencia.
3.

Medidas de satisfacción y garantías de no repetición

243. En este apartado el Tribunal determinará las medidas de satisfacción que
buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria, y dispondrá
medidas de alcance o repercusión pública259.
3.1.

Reintegro de las víctimas a sus cargos

244. La Comisión solicitó que se ordene “restablecer a las víctimas en el ejerciciode sus derechos como magistrados y magistrada de la Corte Primera […] o en un
cargo de similar jerarquía en caso de ser imposible restituirlos en el tribunal en elque se venían desempeñando”. Agregó que “[d]e ser restablecidos a un cargo decarácter provisional, a la mayor brevedad posible y a través de procedimientos
adecuados y efectivos deberá realizarse el respectivo concurso de oposición”. Por su
254

Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por la señora María Costanza Cipriani
Rondón el 9 de enero de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folios 757 y 759).
255
Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por la señora Jacqueline Ardizzone
Montilla el 10 de enero de 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folios 751 a 755).
256
Cfr. informe psicológico elaborado por la señora Mariela Hernández (expediente de prueba, Tomo
V, folio, 1356).
257
Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999.
Serie C No. 44, párr. 72; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 18, párr. 142, y Caso Cantoral
Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 12, párr. 180.
258

Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84; Caso Escué Zapata, supra nota 14,
párr. 149, y Caso La Cantuta, supra nota 8, párr. 219.
259
Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 denoviembre de 2003. Serie C No. 101, supra nota 13, párr. 268; Caso 19 Comerciantes, supra nota 191,
párr. 253, y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 18, párr. 147.

66
parte, el representante solicitó que “a fin de asegurar la independencia del Poder
Judicial” se ordene “dejar sin efecto la destitución y reintegrar en sus cargos” a lasvíctimas.
245. El Estado alegó que dejar sin efecto el acto de destitución y reintegrar losjueces a sus cargos “no genera reparación alguna” toda vez que si “se estableciera la
responsabilidad del Estado, se reintegraría a los ex–jueces a la misma situación enque estaban, partiendo del hecho probado de los vicios en su designación”, lo cual“lejos de lucir reparatorio, se presenta a todas luces ‘condenatorio’”.
246. Esta Corte determinó que la destitución de las víctimas fue el resultado de unproceso lesivo de garantías judiciales y de la protección judicial. En consecuencia,
teniendo en cuenta que la garantía de permanencia o estabilidad en el cargo de todo
juez, titular o provisional, debe operar para permitir el reintegro a la condición demagistrado de quien fue arbitrariamente privado de ella, el Tribunal considera que
como medida de reparación el Estado deberá reintegrar a las víctimas al Poder
Judicial, si éstas así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios
sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran
sido destituidos. Si por motivos fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, elEstado no pudiese reincorporarlas al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partirde la notificación de la presente Sentencia, deberá pagar una indemnización, queesta Corte fija en equidad en US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidosde América) o su equivalente en moneda nacional, para cada una de las víctimas, enel plazo máximo de dieciocho meses a partir de la notificación de la presente
Sentencia.
3.2.

Publicación de la Sentencia y disculpas públicas

247. La Comisión y el representante solicitaron que el Estado ofrezca a las víctimas“una disculpa pública, a través de los mismos medios radioeléctricos que el Estado
utilizó para ofenderlos” y además que esa disculpa pública “sea publicada por dos
domingos seguidos en los periódicos El Nacional y El Universal de Caracas,[agregando] la parte dispositiva de la sentencia que dicte [la] Corte”.
248. El Estado estimó que las pretensiones de las víctimas no eran pertinentes
toda vez que “en solo 2 oportunidades el señor [P]residente hizo referencias a este
caso sin que esto constituyera el tema central de sus alocuciones, sino como un
comentario propio de un Presidente en ejercicio de sus funciones, en un país
democrático, pues le asiste la necesidad de pronunciarse en referencia a cualquiersituación que sea del conocimiento público, esto por citar una figura emblemática deconnotado carácter nacional e internacional”.
249. Como lo ha dispuesto esta Corte en otros casos260, como medida desatisfacción, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia
circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 26 a 40, 42 a 45, 84 a 91 y 136 a
147 de la presente Sentencia y los puntos resolutivos de la misma, sin las notas alpie de página correspondientes. Para lo anterior, el Estado cuenta con el plazo deseis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia.
250. En lo que respecta a las demás pretensiones, la Corte considera que laemisión de la presente Sentencia y la orden de publicación de parte de la misma en
260

Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de2001. Serie C No. 88, párr. 179; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 18, párr. 215; y Caso Cantoral
Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 12, párr. 192.

67
el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación, son suficientes medidas dereparación en este caso.
3.3.

adecuación del derecho interno a los parámetros de la Convención

251. La Comisión solicitó que se ordene la adopción de “medidas inmediatas paralograr un impulso eficaz de la aprobación del Código de Ética del Juez y la Jueza
Venezolanos, en orden a que finalice el funcionamiento excepcional de la jurisdicción
disciplinaria respecto a los jueces”, de tal forma que se asegure que “dicha
jurisdicción sea conforme con la Convención Americana y permita garantizar la
independencia e imparcialidad del [P]oder [J]udicial”. El representante concordó conla Comisión y agregó una solicitud para que se ordenen “las medidas que seannecesarias para […] asegurar que en el proceso de selección de los jueces nointervengan criterios políticos u otras consideraciones indebidas”.
252. El Estado afirmó que “no procede reparación alguna en razón de ajustarse laconducta del Estado al ordenamiento jurídico local y al Derecho Internacional
aplicable al caso, toda vez que la demanda interpuesta por la Comisión carece decausa y objeto, por no haberles causado el Estado venezolano ningún daño a los
Demandantes”.
253. Como se estableció anteriormente, en el año 2006 la Sala Constitucional del
TSJ declaró la “inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea Nacional[…] con motivo del procedimiento legislativo iniciado para sancionar el denominado
Proyecto de Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza Venezolana,elaborado por dicha instancia legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente
promulgado”261. Teniendo en cuenta que el propio Poder Judicial venezolano haconsiderado que es imprescindible que se emita el Código de Ética, considerando que
el régimen transitorio se ha extendido por más de 9 años, y en vista de lasviolaciones declaradas al artículo 2 de la Convención, esta Corte dispone que el
Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de lapresente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética.
Esta normativa deberá garantizar tanto la imparcialidad del órgano disciplinario,
permitiendo, inter alia, que sus miembros puedan ser recusados, como su
independencia, regulando un adecuado proceso de nombramiento de sus integrantes
y asegurando su estabilidad en el cargo.
4.

Costas y gastos

254. La Comisión solicitó “el pago de las costas y gastos debidamente probados[..] como consecuencia de los procedimientos tramitados tanto a nivel nacional comointeramericano”.
255. El representante indicó que “el costo de la presentación de recursos ante las
instancias jurisdiccionales nacionales, investigación en tribunales, prensa, ytelevisión, más la obtención de fotocopias y la preparación de archivos” asciende a
US$ 3.500,00 (tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), sumaque, según el representante, el Estado debe reintegrar al señor Apitz. De otro lado,
por concepto de “dos boletos aéreos” solicitó el reintegro de US$ 2.460,00 (dos mil
cuatrocientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América) para el señor Apitz.
Por concepto de “tres noches de hotel en Washington, con dos habitaciones” para los
261

Cfr. sentencia No. 1048 de la Sala Constitucional del TSJ de 18 de mayo de 2006, supra nota 13.

68
señores Héctor Faúndez Ledesma y Juan Carlos Apitz, “más comidas, más viáticos”
solicitó el reintegro al señor Apitz de US$ 2.836,00 (dos mil ochocientos treinta yseis dólares de los Estados Unidos de América). Por concepto de “pasajes de lasvíctimas en este caso y de su representante, en el trayecto Caracas - San José Caracas” solicitó el reintegro de US$ 4.800,00 (cuatro mil ochocientos dólares de losEstados Unidos de América). Asimismo, por concepto de “hotel y gastos de estadía”
en San José de Costa Rica se solicitó US$ 2.800,00 (dos mil ochocientos dólares delos Estados Unidos de América). Finalmente, por concepto de “honorarios” elrepresentante solicitó US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos deAmérica).
256. El Estado consideró que “resulta desproporcionada la relación porcentual
entre el establecimiento del monto indemnizatorio a las presuntas víctimas yfamiliares y el reclamado por [el representante]”.
257. La Corte ha señalado que las costas y gastos están comprendidos dentro delconcepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana,
toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia,
tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben sercompensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada
mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al
Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados
ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso delproceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias delcaso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de losderechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio deequidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su
quantum sea razonable262.
258. En el presente caso, al momento de remitir su escrito de solicitudes yargumentos (supra párr. 4), el representante no presentó los respectivos
comprobantes de las costas y gastos en los que supuestamente habrían incurrido losseñores Apitz, Rocha y Ruggeri, ni presentó argumentos claros en este sentido. Al
respecto, el Tribunal considera que las pretensiones de las víctimas o sus
representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan,
deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede263,
esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales
pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas ygastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte.
259. Ante la falencia probatoria señalada en el párrafo anterior, la Corte solicitó alrepresentante mediante dos cartas de la Secretaría264 que remitiera los documentos
probatorios que demostraran las costas y gastos incurridos. Sin embargo, no serecibió respuesta. Sobre el particular, la Corte desea indicar que es una facultad y no
una obligación del Tribunal solicitar a las partes el suministro de pruebas para mejor

262

Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 152, párr. 212; Caso Gómez Palomino, supra nota 247,
párr. 150; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 247, párr. 286, y Caso Blanco Romero, supranota 247, párr. 114.
263

Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de
2004. Serie C No. 108, párr. 22, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 41.

264

Notas de la Secretaría de la Corte de 23 de febrero y 7 de marzo de 2007 (expediente de fondo,
Tomo I, folios 264 y 289).

69
resolver. Como se advirtió en el párrafo anterior, la obligación de presentar la prueba
pertinente de manera oportuna en este caso recae en el representante.
260. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y al no contar con
prueba documental suficiente que acredite los gastos en que incurrieron las víctimas
y el representante por las gestiones efectuadas tanto en el procedimiento interno
como en el sistema interamericano, la Corte determina en equidad que el Estado
debe entregar la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidosde América) a cada una de las víctimas, por concepto de costas y gastos. Dicha
cantidad deberá entregarse directamente a los beneficiarios dentro del plazo de un
año a partir de la notificación de la presente Sentencia. Este monto incluye losgastos futuros en que puedan incurrir las víctimas a nivel interno o durante lasupervisión del cumplimiento de esta Sentencia. Las víctimas entregarán, a su vez,la cantidad que estimen adecuada a quien fue su representante en el fuero interno yen el proceso ante el sistema interamericano.
5.

Modalidad de cumplimiento261. El pago de las indemnizaciones y el reembolso de costas y gastos establecidos
a favor de la señora Ruggeri y de los señores Apitz y Rocha será hecho directamente
a ellos. En caso de fallecimiento con anterioridad a la entrega de la indemnización
respectiva, ésta se entregará a sus derechohabientes, conforme al derecho interno
aplicable265.
262. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de losEstados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda venezolana,
utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté
vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior alpago.
263. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de los pagos no fuese posible quelos reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a favor delos beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución financieravenezolana, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más
favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años laindemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado con
los intereses devengados.
264. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnizaciones ycomo reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a los beneficiarios enforma íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadasde eventuales cargas fiscales.
265. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre lacantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Venezuela.
266. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a
sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana,de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por
concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
presente fallo. Dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de esta

265

Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota, párr. 259; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota
18, párr. 137, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 12, párr. 162.

70
Sentencia el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a la misma.
X
PUNTOS RESOLUTIVOS
267.

Por tanto,

LA CORTE
DECIDE,por unanimidad:
1.
Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado, en los términosdel párrafo 24 de la presente Sentencia.
DECLARA,por unanimidad, que:2.
El Estado no violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera yPerkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por
un tribunal competente, conforme a los párrafos 47 a 53 de esta Sentencia
3.
El Estado no garantizó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera yPerkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por
un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del artículo 8.1 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones
generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, conforme a los párrafos
54 a 67 de esta Sentencia.
4.
El Estado no violó el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos al no oír a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras
y a la señora Ana María Ruggeri Cova en el proceso de avocamiento ante la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y al no oír en audiencia
pública a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras en losrecursos interpuestos, conforme a los párrafos 68 a 76 de este fallo.
5.
El Estado incumplió con el deber de motivación derivado de las debidas
garantías del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en71relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova, conformea los párrafos 77 a 94 de esta Sentencia.
6.
No ha quedado establecido que el Poder Judicial en su conjunto carezca deindependencia, conforme a lo expuesto en los párrafos 96 a 108 de esta Sentencia.
7.
El Estado violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins
Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados por un
tribunal independiente, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales consagradas en losartículos 1.1 y 2 de la misma, por las razones expuestas en los párrafos 109 a 148
de esta Sentencia.
8.
El Estado violó el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable,
consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Juan Carlos
Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras, conforme a los párrafos 157 a 161 y 172 a
181 de esta Sentencia.
9.
El Estado violó el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, consagrado
en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras, conforme a los párrafos 150 a 156 y 171 de esta
Sentencia.
10.
El Estado no violó el derecho de la señora Ana María Ruggeri Cova a laprotección judicial, consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por lo expuesto en los párrafos 182 a 185 de esta Sentencia.
11.
El Estado no violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera yPerkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a la igualdad ante laley, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, conforme a los párrafos 190 a 200 de esta Sentencia.
12.
El Estado no violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera yPerkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas, consagrado en el
artículo 23.1.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme alos párrafos 201 a 207 de esta Sentencia.
13.
El Estado no violó la cláusula general de no discriminación contenida en el
artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el
derecho sustantivo a ser oído dentro de un plazo razonable consagrado en el artículo
8.1 de dicho tratado, conforme a los párrafos 208 a 215 de esta Sentencia.

72

14.
No es procedente la alegada violación del artículo 29.c) y 29.d) de laConvención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 3 de la
Carta Democrática Interamericana, conforme a los párrafos 216 a 223 de esta
Sentencia.
15.

Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

Y DISPONE:
por unanimidad que:16.
El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en lapresente Sentencia por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas ygastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia,
en los términos de los párrafos 236, 242 y 260 de la misma.
17.
El Estado debe reintegrar al Poder Judicial a los señores Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri Cova, si éstos así
lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango
equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran sido destituidos.
Si por motivos fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, el Estado no pudiesereincorporarlas al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partir de la notificaciónde la presente Sentencia, deberá pagar a cada una de las víctimas la cantidad
establecida en el párrafo 246 de esta Sentencia.
18.
El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 249 de esta
Sentencia, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la misma.
19.
El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificaciónde la presente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación del Código de
Ética del Juez y la Jueza Venezolanos, de conformidad con lo expuesto en el párrafo
253 de esta Sentencia.
20.
Supervisará la ejecución íntegra de esta Sentencia y dará por concluido elpresente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto enla misma. Dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de esta
Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas
adoptadas para darle cumplimiento.

Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José,
Costa Rica, el día 5 de agosto de 2008.

73

Cecilia Medina Quiroga
Presidenta

Sergio García Ramírez

Manuel E. Ventura Robles

Leonardo A. Franco

Margarette May Macaulay

Rhadys Abreu Blondet

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,

Cecilia Medina Quiroga
Presidenta

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario