CRÓNICA EXTRANJERA¿EXISTE UN ARQUETIPO UNIVERSAL DEL DERECHOADMINISTRATIVO? EL EJEMPLO DE JAPÓN
RICARDO RIVERO ORTEGA
Universidad de Salamanca

Cómo citar/Citation
Rivero Ortega, R. (2022).
¿Existe un arquetipo universal del derechoadministrativo? El ejemplo de Japón.
Revista de Administración Pública, 219, 273-294.
doi: https://doi.org/10.18042/cepc/rap.219.11

Independientemente de lo individual, no existe lo universal. Lo verdaderamente universal es la oculta fuerza que funciona detrás de la actualización de lo
individual. Kitaro Nishida (1995), Indagación del bien, GEDISA1.

Resumen

El desarrollo comparado del derecho administrativo en el mundo demuestra laexistencia de un arquetipo universal que responde a una necesidad humana comúnmás allá de las culturas: el control del poder. Japón es un buen ejemplo porque hasumado a su orden constitucional las técnicas más apropiadas del derecho administrativo (control judicial, procedimiento, burocracia profesionalizada, descentralización,
responsabilidad patrimonial). Así, ha logrado realizar un Estado de derecho que explica los excelentes niveles de calidad de vida y progreso económico del país.

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Kitaro Nishida fue el precursor de la Escuela de Kioto, la principal corriente filosófica niponaque fusionó la tradición de pensamiento de Japón con la influencia occidental (alemana
principalmente). Este proceso intelectual en los comienzos del siglo XX es paralelo a la incorporación progresiva de instituciones de derecho público. Una vez más se demuestra la íntima
relación entre el marco general de las ideas y su concreción en la teoría jurídica.

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Palabras clave

Derecho administrativo global; Japón; Derecho comparado; Estado de Derecho.
Abstract

The development of comparative administrative law in the world proofs theexistence of a universal archetype. Japan is a good example because has added toits constitutional order the most appropriate administrative law technics (judicial
review, administrative procedure, civil service, decentralization state liability). So has
been possible to achieve the rule of law, excellent levels of quality of life and economic
progress for the country.
Keywords

Global Administrative law; Japan; Comparative law; rule of law.

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SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. ¿EXISTE UN ARQUETIPO UNIVERSAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO? II. EL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS EN
JAPÓN. III. EL CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN, GARANTÍA DE LOS
DERECHOS Y LAS LIBERTADES CONSTITUCIONALES. IV. LA CODIFICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. V. EL EJEMPLO JAPONÉS DE ESTADO DE
DERECHO Y LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE RACIONALIZACIÓN DEL EJERCICIO DEL PODER. VI. CODA SOBRE EL FUTURO.

I.

INTRODUCCIÓN. ¿EXISTE UN ARQUETIPO UNIVERSAL DE
DERECHO ADMINISTRATIVO?

El derecho administrativo ha evolucionado a lo largo de más de doscientos
años. A principios del siglo XIX comienzan a publicarse en Europa los textos pioneros en la sistematización de esta disciplina jurídica, desplegada a lo largo delsiglo XX por los principales países del mundo, hasta el presente XXI. El isomorfismo institucional (desarrollos similares en las instituciones) resulta de la exportación de soluciones jurídicas paradigmáticas, asociadas a círculos virtuosos por sus
positivas repercusiones para el progreso de las sociedades. Un enfoque comparado
permite destacar el papel histórico de nuestra ciencia y sus contribuciones al desarrollo contemporáneo. Los actuales estudios sobre el derecho administrativo global, centrados en los ordenamientos internacionales, pueden ser reforzados desdeel análisis de los ejemplos de caso a nivel nacional (este artículo expone el casojaponés)2.
2

El presente estudio contribuye al debate sobre el derecho administrativo global, que aun
con cierta controversia consideramos una de las evoluciones más sugerentes de nuestra disciplina, desde su proposición por autores norteamericanos y europeos. Sobre el estado de lacuestión, véase S. Cassese (2015), «Global administrative Law: The State of the Art», International Journal of Constitucional Law, 13, 2010. La idea «Derecho administrativo global»
no solo define un conjunto de normas e instituciones internacionales, sino cierta comprensión común de las mismas. Sobre el método comparatista en nuestra disciplina, véase Javier
Barnés Vázquez (2017), «Un marco para el método del análisis comparado en el Derecho

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Para ello resultan útiles tanto la perspectiva diacrónica (temporal) como lacomparada (territorial). Ambas evidencian su razón de ser: el repaso del origen
del derecho administrativo y su proceso de expansión por el mundo nos enseña
mucho sobre las aportaciones de esta rama del derecho público a la racionalización del gobierno y la protección de las personas. Una cuestión que cabe plantearse es si acaso es posible cierto grado de intensidad en el intervencionismo,compatible con el respeto de la iniciativa privada, sin las condiciones de contorno
que el régimen administrativo marca al poder público. La tesis que aquí se sostiene reivindica un arquetipo universal del derecho administrativo como palancadel desarrollo económico y el bienestar3.
Esta propuesta se contrapone a la defendida por Carol Harlow, quien se
muestra crítica con la posibilidad de reconocer principios universales del derechoadministrativo. Su análisis no considera imprescindible codificar algunos valores
tendencialmente compartidos: principio de legalidad y debido proceso; liberalismo económico, buena gobernanza (transparencia, participación y rendición decuentas) y por supuesto los derechos humanos. Dadas las diferencias culturales
entre países, concluye que es difícil señalar una lista cerrada y absoluta de valores
y principios generales, e incluso que puede no ser tan deseable establecerla. Las
razones por las que se opone a esta universalización de valores y principios son,
por un lado, el marcado carácter occidental de los mismos (que podrían ser inadecuados en las tradiciones orientales), y por otro la tendencia a la juridificación delos procesos políticos. Por ello, Harlow se decanta por la opción de la diversidad yel pluralismo en la evolución del derecho administrativo a nivel nacional y global4.
Ciertamente, este es el punto principal de debate: ¿es adecuado proponer
un arquetipo universal del derecho administrativo? Si las culturas orientales dan

3

4administrativo», en Derecho administrativo e integración europea: estudios en homenaje a José
Luis Martínez López-Muñiz. Y el excelente volumen coordinado por Susan Rose-Ackermany Peter L. Lindseth (2017), Comparative Administrative Law. La literatura en nuestro paíssobre este tópico ha crecido con numerosas contribuciones de L. Meilán Gil (2011), Una
aproximación al Derecho administrativo global, Global Law Press; J. Ponce Solé (2010), Derecho administrativo global. Organización, procedimiento y control judicial, Marcial Pons; H
Iglesias Sevillano (2020), Derecho administrativo global. Una teoría normativa, Aranzadi; O.
Mir Puigpelat (2004), Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho administrativo, Civitas. Muy recientemente, L. Arroyo Jiménez (2022), «Las caras del
Derecho administrativo transnacional», Revista de Administración Pública, 199, págs. 109122. Del mismo autor, junto a Isaac Martín Delgado y Pablo Meix Cereceda (2020), Derecho
público global: fundamentos, actores y procesos, Iustel.
El evidente interés de los organismos económicos internacionales (Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica) por
cuestiones de derecho administrativo reforzaría esta idea. Sobre el papel de los organismos
internacionales en el desarrollo del derecho administrativo, véase Juan Cruz Alli Aranguren(2004), Derecho administrativo y globalización, Civitas.
Véase C. Harlow (2006), «Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values», The European Journal of Internacional Law, 17.

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más valor al interés colectivo que a la identidad privada, por ejemplo, puede quesu énfasis en las garantías individuales tienda a ser menor. Así, cabría pensar eninterpretaciones diversas de los derechos humanos, opción que abre la puerta a latolerancia respecto de conductas reprobables desde nuestro punto de vista contemporáneo y cultural (el matrimonio forzoso o el trabajo infantil, por ejemplo). En un plano más jurídico administrativo, podríamos encontrar tradiciones
culturales poco proclives a la motivación de los actos o a la participación de losciudadanos en la toma de decisiones, garantías procedimentales que de hecho seestán universalizando5.
El aparente dilema sobre el que se pronuncia Harlow es relevante porquesitúa nuestra disciplina en un punto crucial para su futuro devenir, a nivel internacional: ¿se debe propiciar un proceso de armonización de los derechos administrativos nacionales a partir de una codificación de principios generales comúnmente admitidos? O ¿ha de favorecerse en cambio el desarrollo espontáneo de losderechos administrativos locales, permitiendo recíprocas influencias de enriquecimiento cruzado? Ambos procesos se pueden desarrollar simultáneamente, sin seropuestos ni incompatibles, pero no es trivial la cuestión de si conviene proponero no principios generales (universales)6.
La reticencia de Harlow al establecimiento de listas de principios comunes
se explica por el consiguiente protagonismo que correspondería según ella, deoptar por esta vía, a los académicos, los jueces y burócratas. Tampoco ve clara lamanera de ejecutar y hacer efectivos estos principios, cuyo alcance habría de precisar frente a no pocas objeciones. El trasfondo de este cuestionamiento se centra
en el punto clave de si el derecho administrativo global no es más que un castillo
en el aire (academic pipe dream), una observación que no comparto7.
Desde mi punto de vista, todo el desarrollo histórico y territorial del derecho administrativo se explica desde el reconocimiento de valores y principios
compartidos, universales humanos de búsqueda de justicia e igualdad, previsibilidad de las intervenciones del poder público y rechazo a la arbitrariedad. La
567

Véase M. Jihong «El Derecho administrativo en China», Biblioteca del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. Este trabajo, al que después volveremos, relata la aprobación de leyes de procedimiento administrativo, control judicial de la Administración yresponsabilidad del Estado en el gigante asiático, un país cuya tradición cultural y régimen
político dista mucho del propio de las democracias occidentales.
La pertinencia y utilidad de los principios generales del Derecho administrativo está fuera
de toda cuestión, toda vez que desempeñan un papel hermenéutico e integrador (complementario) en un derecho positivo complejo. Véanse J. A. Santamaría Pastor (dir.) (2010),
Los principios jurídicos del Derecho administrativo, La Ley. Varios autores han caracterizado
el Derecho administrativo global como un Derecho basado en principios, así Meilán Gil yRodríguez Arana, véase J. Rodríguez Arana (2010), «El Derecho administrativo global: un
Derecho principial», Revista Andaluza de Administración Pública.
C. Harlow (2006), «Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values», The
European Journal of Internacional Law, 17.

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descripción brillante de García de Enterría del derecho administrativo como «elprecio de una disidencia» destila el sentido original de un arbitrio moderno pararealizar las aspiraciones humanas de libertad e igualdad de trato, ideales expresados en el momento de la Revolución francesa (y en otros instantes anteriores
y posteriores)8.
¿Podemos expandir este propósito en el contexto de la actual globalización?
¿Son los valores de la democracia y el Estado de derecho universales? Creemos
que deben aspirar a serlo, porque su asimilación en un número mayor de paísesdel mundo ha traído grandes beneficios para la humanidad, y las tendencias
regresivas que observamos en el presente aconsejan resaltar sus instituciones degarantía9.
El debate sobre el grado de madurez del Derecho administrativo global,
entonces, tiene pleno sentido. Me sumo a la valoración positiva de la oportunidad
que representa esta tendencia para la consolidación de una comunidad científica
común, de valores compartidos:
A pesar de las múltiples (y en algunos casos, sustanciales inconsistencias…,
el impulso del Derecho administrativo global es mucho mayor de lo que puedan
suponer las objeciones de sus críticos. Es más, considero que las ventajas que pueda
aportar el desarrollo del Derecho Administrativo Global) en aras a mejorar la democratización de la racionalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el control
de las nuevas formas de autoridad pública que operan allende los Estados compensan con mucho los inconvenientes derivados de los difusos contornos de la disciplina…10.

Tantos son los países que siguen este patrón de desarrollo hoy que podríamos ser optimistas, aun con los retrocesos que también se observan. La difusión
mundial de las leyes de transparencia, del procedimiento administrativo, de lainterdicción de la arbitrariedad, demuestran la asombrosa potencia expansiva delos genes de nuestra ciencia, a partir de un primer arquetipo en el modelo original.
El derecho administrativo nacido a principios del siglo XIX entre Francia y Alemania ya se caracterizaba como herramienta de realización del principio de legalidady, por tanto, de sujeción a derecho de los gobernantes11.

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11

Véase E. García de Enterría (1972), Revolución francesa y Administración contemporánea,Taurus.
Véase F. Fukuyama (2022), El liberalismo y sus desencantados: Cómo defender y salvaguardar
nuestras Democracias liberales. Gabriel Tortella (2000) describió la expansión de la democracia como La revolución del siglo XX, Taurus. y hoy Levitsky (2021) ha alertado de losriesgos del populismo sobre estos valores, en su libro Cómo mueren las Democracias.
M. Darcanulleta Gardella (2016), «El Derecho administrativo global. ¿Un nuevo concepto
clave del Derecho administrativo?», Revista de Administración Pública, 199.
Véase Sabino Cassese (2014), Derecho administrativo. Historia y futuro, INAP.

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Aunque hay obras anteriores a la suya, Otto Mayer es quizás el autor más
relevante en el siglo XIX, mucho más al escribir su tratado en alemán y en francés12. Su aproximación es paradigmática en tanto en cuanto propició desde Alsacia la intercomunicación entre las dos versiones originales y más tempranas delderecho administrativo (la alemana y la francesa) con numerosas influencias posteriores sobre todo el desarrollo continental europeo El recuerdo de Mayer tiene
sentido porque permite analizar si su prototipo ideal se expande después en otros
países, tanto europeos como americanos, ampliando la influencia de una cultura
institucional racionalizadora que caracterizó a las élites administrativas europeas
entre el siglo XIX y el XX13.
Los primeros años del ochocientos marcan las fechas de las obras pionerasde la ciencia jurídico-administrativa en España, así como el desarrollo de instituciones modernizadoras del Estado14. Gracias al derecho administrativo se sientanlas bases ordenadoras de una intervención administrativa creciente, en paralelo
al incremento de la complejidad de la economía y la sociedad. La justicia administrativa se despliega al tiempo que crecen la contratación estatal, las redes deinfraestructuras y las expropiaciones forzosas15.
Las soluciones institucionales para dar respuesta a estas necesidades son
reproducidas por la influencia española y francesa en la América hispana, cuya
impronta jurídico-administrativa común es hasta hoy evidente. Los regímenesdel acto, el procedimiento, la responsabilidad o el control judicial se asemejan
bastante, observándose confluencias sobresalientes en las sucesivas reformas16. La
comunidad científica del derecho administrativo iberoamericano se encuentra
además bien relacionada, con redes que interactúan para compartir ideas y propiciar debates17.
12

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17

Véase. O. Mayer (1895), Deutesches Verwaltunsrecth, Sobre la aportación de Mayer a laciencia jurídico administrativa, la obra de E. V. Heyen (1981), Otto Mayer. Studien zu dengeistigen Grundlagen seiner Verwaltungsrechtswissenschaft, Berlin.
Véase J. Armstrong (1973), The European Administrative Elite, Princeton.
Véase Tomás-Ramón Fernández Rodríguez (2021), La década moderada y la emergencia dela Administración contemporánea, Iustel. A. Antes Nieto (1998), Los primeros pasos del Estado constitucional, J. A. Santamaría Pastor (1973), Sobre la génesis del Derecho administrativo
español en el siglo XIX, Sevilla: Instituto García Oviedo. L. Medina Alcoz (2022), Historiadel derecho administrativo español, Marcial Pons.
Véase J. R. Fernández Torres (1998), La formación histórica de la Justicia administrativa,
Civitas.
Véase R. Rivero Ortega (dir.) (2022), El acto administrativo en el Derecho comparado. Asícomo el resto de los volúmenes editados por el Instituto internacional de Derecho administrativo dirigido por Libardo Rodríguez.
Al Foro Internacional de Derecho administrativo coordinado por Jaime Rodríguez-Arana se deben sumar las múltiples asociaciones a nivel regional o subregional,
Véase J. Rodríguez-Arana (2016), «El Derecho administrativo global: el espacio jurídico iberoamericano», en El derecho global y el arbitraje internacional de inversiones.

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RICARDO RIVERO ORTEGAEl desarrollo del derecho administrativo en el otro lado del Atlántico no selimita a la influencia española y europea en Iberoamérica. También en los Estados
Unidos se reciben las ideas del arquetipo, si bien algo más tarde, a principios delsiglo XX. Ernst Freund, el primer gran tratadista de esta ciencia en Norteamérica,
escribió gruesos volúmenes sobre el poder de policía y revolucionó la enseñanza
del derecho público con su creación de la Escuela de leyes de Chicago, cambiando
el paradigma de Harvard al sustituir el puro estudio formal de casos por las perspectivas interdisciplinares18.
Si ni siquiera las reservas de Dicey contra el Droit administratif, que consideraba abominable, fueron capaces de contener su expansión en el mundo anglófono, alguna ventaja comparativa habría de mostrar este conjunto de soluciones
legales frente a la defensa a ultranza del common law, superado por el desarrollode estatutos (normas codificadas) y jurisdicciones especializadas en el control dela Administración19.
Los sistemas de derecho administrativo de Asia ofrecen paralelismos destacables, estudiados en sus versiones recientes por los profesores Tom Ginsburg yAlbert H. Y. Chen20. La judicialización de las controversias administrativas en la
mayoría de los países asiáticos es una clara demostración de esta tendencia, que seobserva incluso entre modelos constitucionales distantes y con niveles de desarrollo muy diversos21. Aun con estas diferencias, los factores comunes de desarrollodel derecho administrativo y la judicialización son apuntados por Tom Ginsburg,
que señala circunstancias económicas (liberalizaciones y privatizaciones), políticas(mayor democratización y competencia electoral) e internacionales (los acuerdosdel Gatt, después OMC)22.
Efectivamente, el art. X del Tratado del GATT de 1994 exigía la publicidad de las leyes, regulaciones, decisiones judiciales y administrativas, así como
su aplicación uniforme, imparcial y razonable, preferiblemente por autoridades
independientes. También incorporan los acuerdos de la OMC un requerimientode transparencia, condicionante incluso de la interpretación de la Constitución de
China. El gigante asiático no puede transformarse tan sencillamente para ofrecer
garantías propias de un Estado democrático de derecho, pero los primeros pasos
de conformación de un derecho administrativo chino son destacables, impulsados
por una incipiente doctrina que conoce las fuentes foráneas y propone reproducir
esquemas internacionales23.
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21
22
23

Véase E. Freund (1904), The police power, public policy and constitutional rights, Callaghan.
Véase A. V. Dicey (1885), Introduction to the Study of the Law of the Constitution.
Véase T. Ginsburg, A. H. Chen (2009), Administrative Law and Governance In Asia.
Véase M. Jihong «El Derecho administrativo en China», Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM.
Tom Ginsburg (2009, pág. 9).
Véase Pedro Joao Pereira Lopes «Chinese Administrative Law and the Establishment ofGovernment under the Rule of Law».

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A la vista de tan notorios progresos internacionales, creo que un esfuerzo deconsenso científico basado en la experiencia de éxito y fracaso de modelos institucionales debiera incorporarse a nuestra agenda de investigación. El conocimiento
de los derechos administrativos comparados, los principales debates doctrinales
y las aplicaciones jurisprudenciales en los casos más relevantes debe ser parte denuestra tarea. Al fin las instituciones del Estado (ordenadas por el derecho administrativo) pueden ser concebidas como uno de los presupuestos decisivos para el
progreso humano24.
Exponer aquellos ejemplos demostrativos de tal capacidad con indicadores
cuantitativos (esperanza de vida, renta, garantía de servicios, protección de derechos) es parte de esta tarea. Japón ofrece excelentes datos, así que merece nuestra
atención. Este artículo mostrará cómo el desarrollo japonés ha ido paralelo a laincorporación de instituciones de derecho público (constitucional y administrativo) paradigmáticas. Y cómo en los momentos de crisis económica o institucional
se vuelve la vista a estas soluciones, como ocurrió en los años noventa con la aprobación de su Ley de procedimiento administrativo25.
II.

EL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS ENJAPÓN

La historia de Japón se divide en períodos bien definidos por sus especialistas. Un primer momento de gran interés para nuestro análisis es el denominado«Era Meiji», cuando el emperador decide abrir a las influencias occidentales
los cambios internos del país, incluyendo también aspectos jurídicos y administrativos. Una segunda incorporación de modelos foráneos tendrá lugar tras
la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos requieren un cambio constitucional y sus consiguientes aplicaciones también sobre el campo delderecho administrativo26.
Más allá de estos determinantes históricos, el interés de Occidente por lacultura de Japón se corresponde con la adopción de patrones culturales europeos y norteamericanos en el país del sol naciente. Ya desde antiguo se apunta
a la existencia de códigos y normas administrativas. Y las evoluciones contemporáneas del derecho japonés lo aproximan sobremanera a las de otros países
24
25

26

Véase F. Fukuyama (2004), La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en elsiglo XXI.
Muchos países asocian su modernización institucional a las reformas administrativas. España llevó a cabo cambios importantes en los años cincuenta del siglo XX. También en el
período democrático reciente se emplean leyes de esta naturaleza para impulsar progresos
modernizadores, véase R. Rivero Ortega (2020), Derecho administrativo, Valencia: Tirant
lo Blanch.
Véase A. Gordon (2002), A Modern History of Japan.

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desarrollados27. Incluso sus peculiares relaciones entre sector público y privado
resultan familiares cuando se conocen las redes clientelares que funcionan enotros países28.
La Constitución Meiji (1889-1890) introduce, pues, un primer esbozo dela división de poderes, dándole protagonismo a la Dieta (Parlamento). Este es
el momento original del sistema de derecho administrativo en Japón, aunque seplanteaban importantes limitaciones al control judicial de la Administración (enlínea con la situación de la Europa continental entonces). La Constitución actual(1945) sí garantiza plenamente el principio de legalidad y el control judicial por
los tribunales ordinarios29.
A finales del siglo pasado se producen avances muy relevantes en el derecho administrativo japonés, destacando la aprobación de las leyes de procedimiento administrativo y de acceso a información pública30 . La aprobaciónde la Ley de procedimiento administrativo tras la primera derrota del Partido
Liberal Democrático, después de 38 años en el gobierno, respondió a un discurso crítico contra el «triángulo de hierro» (burócratas, negocios y partido
político).
Una burocracia profesionalizada, asentada tras la aprobación de la Constitución mediante la National Public Officer Act (de 1947) es otra de las instituciones clave del sistema jurídico-administrativo común. Los niveles más
altos de la Administración japonesa no presentan el carácter político partidista
que sí es propio de otros modelos comparados31, aunque tras las reformas delos noventa, en 2014 el gobierno de Abe incrementó el protagonismo de la
Oficina de gabinete en las promociones a los más altos cargos, reduciendo asíla influencia del corporativismo funcionarial32. El efecto desalentador sobre laburocracia profesional de esta centralización de las decisiones en la oficina delprimer ministro ha sido criticado33, pero su motivación vinculada a la reducción de la corrupción percibida por la opinión pública ha evitado la vuelta alsistema anterior34.
La Ley japonesa de responsabilidad estatal de 1947 nos ofrece otro excelente ejemplo de aproximación de legislaciones. Esta norma prevé en su primer
artículo la compensación por los perjuicios derivados de las actuaciones ilegales
27
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30
31
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34

Véase Tom Ginsburg, The Multiple Worlds of Japanese Law,
Véase T. J. Pempel (1987), Policy-making yin Contemporary Japan.
Ichiro Véase Ogawa, «The legal Framework of Public Administration in Japan».
Tom Ginsburg, «The politics of Transparency in Japanese Administrative Law».
B. C. Koh (1986), Japan Administrative Elite.
Véase K. Shinichi (2018), The political history of modern Japan.
Véase H. Shimada, «The Japanese Civil Service Paradox of a Reform Driven by but Ignoring Emotion».
Véase K. Tanigaki (2001), Reforming the Japenese civil service: evaluation of the Hashimoto
Reform, 1996-1997, Japan and the World Economy.

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de las autoridades y funcionarios públicos. También prevé en el segundo apartado
de este artículo primero la acción de regreso cuando concurra dolo o negligencia
grave de los agentes del Estado.
Su artículo segundo regula la responsabilidad estatal por daños producidos
por mala gestión o construcción de las carreteras, las obras en los ríos u otras obras
públicas. Igualmente se contempla la acción de regreso si el daño fuera consecuencia de la intervención de alguna persona particular. El artículo cuatro de esta
norma prevé la aplicación de las normas del Código Civil de modo subsidiario,
en ausencia de leyes especiales, que prevalecen (artículo quinto). Por último, el
artículo sexto apunta que, si la persona perjudicada fuera extranjera, estas reglas se
aplicarán sólo si existiera una garantía de reciprocidad.
El régimen de la responsabilidad estatal en Japón ha cobrado gran importancia a resultas del caso finalmente resuelto por su Tribunal Supremo en 2022, sobrela catástrofe nuclear de Fukushima. La Corte afirmó la exclusión de responsabilidad estatal, señalando como única responsable a la empresa titular de la central,
por el accidente y las insuficientes prevenciones.
Otra línea de institucionalidad administrativa universal es la descentralización. La estructura de gobierno territorial de Japón se divide en 47 regiones
administrativas (sistema Todofuken), 43 prefecturas (ken), dos prefecturas locales (Osaka y Kioto), un territorio (Hokkaido) y la metrópolis de Tokio. Todas
estas figuras tienen el mismo estatuto (prefecturas). Los gobernadores y las autoridades de cada prefectura tienen sus propios márgenes de decisión y ejecución.
El capítulo VIII de la Constitución japonesa está dedicado al autogobierno y laautonomía local, cuya tradición data de 1889, cuando se aprueba la «Ley para laorganización de las ciudades, villas y pueblos»35.
Los contratos públicos eran utilizados en Japón hasta la firma de los tratados
de la Organización Mundial de Comercio con fines proteccionistas. La aperturade los mercados a la competencia se produce en el contexto de esos acuerdos,
como ocurrió con tantos países del mundo, aunque el proceso de eliminación debarreras y sesgos solapados continúa36.
Una última referencia a las agencias, cuyo modelo también se ha generalizado en Japón por influencia de Estados Unidos. Al igual que en otros países delmundo, las instancias administrativas de toma de decisiones han adoptado este
estatuto, que parece garantía de cierta independencia y niveles óptimos de especialización37.

35
36
37

E. W. Clement (1892), «Local Self Government in Japan», Political Science Quaterly.
Véase https://bit.ly/3FChtKv.
Véase K. Yamamoto (2013), «Re-designing agencies or de-agentification? The case of
semi-autonomous public bodies in Japan», en Entrepeneurhip in the public sector.

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III.

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EL CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN, GARANTÍA DE
LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES CONSTITUCIONALES

El control judicial de la Administración es la clave de bóveda del Estado dederecho (Richard Thoma). Si las instituciones que velan por el cumplimiento de laley no respetan el principio de legalidad, la coherencia del sistema se ve amenazada38. Las aportaciones de García de Enterría en nuestra doctrina son siempre
memorables, así como las de Fernández Rodríguez39.
Los antecedentes constitucionales japoneses se inician en el siglo XIX, coninfluencias alemanas y francesas, aunque ya desde épocas remotas se observan
cartas fundamentales basadas en la soberanía imperial. Más adelante, los movimientos a favor de los derechos del pueblo surgen alrededor de 1870, con cientos
de sociedades inspiradas por los escritos de Locke, Mill, Rosseau y Bentham por
todo el país. Este clamor propició el avance hacia la monarquía constitucional en
189040 .
De este mismo año 1890 es la Ley de apelaciones (recursos) administrativos,
que sería después superada en parte por la judicialización de la resolución de losconflictos. En un primer momento, la soberanía del emperador, su inviolabilidad
y carácter cuasi divino se comparecían mal con la sujeción a cualquier tipo decontrol, totalmente excluida respecto de su persona, pero también difícilmente
extensible a quienes actuaran en su nombre. El progreso modernizador equilibraría la estructura de poderes al prever la creación de la Dieta (Congreso), ubicada
hasta nuestros días en las proximidades del Palacio Imperial.
La Constitución de 1946, impuesta por las fuerzas de ocupación tras la
Segunda Guerra Mundial, sumó a la democratización del país la revisión judicial
de las decisiones legales y ejecutivas. Además del efecto democrático del Estado dederecho, el control de la Administración se presenta como una garantía para las
inversiones extranjeras y las empresas de otros países.
En la cúspide del sistema, el Tribunal Supremo resuelve los recursos demayor alcance. A partir de la ley japonesa de litigación administrativa, en sus
sucesivas versiones se despliega un conjunto de acciones posibles frente a las decisiones de la Administración41. El catálogo de acciones incluye la acción pública,
el contencioso interadministrativo y, por supuesto, la legitimación de quienes seven afectados negativamente por un acto en sus derechos (que han de acreditar

38
39
40
41

Véase Martin Shapiro (1985), Who Guards the Guardians? Judicial control of Administration?
Véase E. García de Enterría y T. R. Fernández Rodríguez (2020), Curso de Derecho administrativo, Civitas.
Hiroshi Oda, Japanese Law, cit. pág. 34.
Véase Ogawa, Ichiro (1968), Judicial Review of administrative actions in Japan, 1968.

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la existencia de un perjuicio sobre su interés). Las pretensiones pueden ser tantoanulatorias como de corrección de la inactividad administrativa42.
La cuestión crucial de la discrecionalidad administrativa también es abordada en el derecho japonés. Para diferenciar lo discrecional de lo reglado se prefiere el criterio del efecto (favorable o desfavorable) del acto administrativo. Los
abusos y excesos de la discrecionalidad pueden ser controlados por los tribunales43.
Un repaso al articulado de la ley comienza con el enunciado de sus disposiciones generales (capítulo I) y continúa con la relación de acciones para la revisiónde disposiciones administrativas (capítulo II), las acciones en relaciones de Derecho público (capítulo III), las acciones públicas y los contenciosos entre agencias(capítulo IV) y las disposiciones complementarias (capítulo V).
Las acciones administrativas se rigen por esta ley, salvo previsión especial(art. 1), considerándose tales acciones las de revisión de disposiciones administrativas, las de derecho público, las públicas y las que se plantean entre agencias(art.2). Se consideran acciones de revisión judicial aquellas que se interponen
frente el ejercicio de autoridad pública por parte de una autoridad administrativa.
También se prevé en este art. 3 la acción de nulidad para declarar la inexistencia
o invalidez de una acción administrativa, así como el «mandamus action», parapromover el dictado de un acto o disposición cuando la autoridad administrativa
cumpliera, y también la «action for an injunctive order» para impedir la adopción
de una decisión por parte de una autoridad administrativa.
Las llamadas «public related actions» (acciones en relaciones de derecho
público) se definen en el art. 4 como aquellas que se plantean sobre actos administrativos en las que se ha creado una relación de derecho público entre sujetos.
Las acciones públicas («citizen actions») son definidas en el art. 5, sin requerir
más legitimación que el estatuto de votante o contribuyente de quien ejerce esas
acciones. El art. 6 regula las acciones entre agencias para los casos de contenciosos
interadministrativos.
Muy relevante por evidenciar la original inspiración anglosajona desde laprimera versión de 1948 es el tenor del art. 7, que somete todas las acciones alrégimen de las acciones civiles. Esta impronta civilista después es matizada por
el propio contenido de la ley, pero entiendo que va más allá del predicado carácter supletorio de la legislación procesal civil en nuestras normas del contencioso
administrativo.
El art. 8 enuncia los supuestos excepcionales de suspensión del acto administrativo. Los tribunales no pueden en principio ni suelen suspender la ejecuciónde los actos administrativas, salvo en aquellos casos en los cuales se ocasione un
perjuicio irreparable al demandante. Otros supuestos de suspensión se han ido
añadiendo al texto de la ley, desde primeras versiones más restrictivas.
42
43

Véase Takenori Murakami (1993), «La justicia administrativa en Japón», en J. Barnés, Lajusticia administrativa en el Derecho comparado, Civitas.
Tanekori Murakami (1993).

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La legitimación para interponer acciones de revocación de disposiciones ydeterminaciones es regulada por el art. 9. La existencia de interés legal. La interpretación de la concurrencia de este interés se plantea a los tribunales de modo
amplio, incluyendo la afectación a la finalidad de las leyes incumplidas por losactos o determinaciones.
Además de la exigencia de legitimación, el art. 10 de la ley establece que eldemandante no tiene permitido argumentar su solicitud de revocación en motivos de ilegalidad irrelevantes para sus intereses. Este régimen profundiza en una
concepción subjetiva del control judicial, limitando la posibilidad de recurrir.
También contempla el mismo precepto el caso de impugnación de actos que
invocan la ilegalidad de las disposiciones que los regulan, en cuyo caso no puede
fallarse los recursos contra actos sin dilucidar previamente las cuestiones de legalidad de las disposiciones.
El art. 11 regula las autoridades administrativas ante las que deben interponerse los recursos. Y el art. 12 los tribunales competentes para conocer de cadaacción. En casos de recursos paralelos frente a actos y disposiciones, la ley japonesa
permite trasladar un caso de un tribunal a otro (salvo en la circunstancia de lostribunales superiores) para agilizar y hacer más coherente la solución (art. 13). Los
plazos de interposición de los distintos tipos de acciones se regulan en el art. 14,
contemplando excepciones para los casos en los que concurran motivos razonables para hacerlo.
También se permite corregir errores en la elección de la autoridad administrativa ante la que se recurre (art. 15). El art. 16 permite la acumulación de asuntos en determinadas condiciones. El art. 17 regula las figuras de codemandantes ycodemandados («coparties»).
El art. 21 prevé la posibilidad de incorporar a una pretensión anulatoria dela acción otra de carácter compensatoria. El art. 22 permite que una parte potencialmente afectada por la acción se sume al proceso. También lo puede hacer una
autoridad administrativa distinta a la demandada, según el art. 23. La apreciaciónde las pruebas por parte del tribunal, con posible participación de las partes, seprevé en el art. 24.
La protección del interés público que pudiera reclamar la conservación dedisposiciones administrativas es regulada en el art. 25. También se regula en este
artículo y los siguientes la ejecución. La anulación de decisiones discrecionales seregula en el art. 30, que prevé esta posibilidad solo para los casos en los cuales se
produzca un abuso de poder o un exceso en los límites del poder discrecional dela agenda.
Un repaso a la regulación japonesa del control judicial de la Administración evidencia similitudes significativas con nuestro propio régimen. Porsupuesto también se detectan especialidades y diferencias, pero es patente el
objetivo universal de garantizar la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos sujetando las controversias entre poder público y ciudadanosa una autoridad judicial independiente, con condiciones adecuadas de tutela
judicial efectiva.

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IV.

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LA CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La aprobación de la Ley de procedimiento administrativo japonesa en 1993
sitúa las garantías del Estado de derecho en este país en una situación también
homologable a la de otras democracias avanzadas. Esta normativa aproxima sobremanera el derecho administrativo de Japón al universal de referencia44.
Ya antes de 1993, encontramos ejemplos de normas administrativas de procedimiento en el desarrollo legal japonés, pero es a partir de este momento, comoen otros países, cuando se aprueba un texto completo. Ningún aparato públicode cierta complejidad puede en realidad funcionar sin reglas racionalizadoras, uncierto nivel de control. La tendencia internacional de codificación del procedimiento administrativo se observa también en Europa y América45.
El primer capítulo de la vigente ley, tras sus reformas en 2005, enuncia sus
disposiciones generales, comenzando por la finalidad: «[…] proveer las reglas
comunes referidas a las disposiciones y órdenes administrativas, resoluciones y
notificaciones, para lograr una garantía de corrección y transparencia, así comoproteger los derechos e intereses de los ciudadanos» (traducción aproximada delcontenido del apartado primero del art. 1). El segundo apartado del primer artículo resuelve la clásica cuestión de las normas especiales y su preferencia respecto
de la norma general.
Un segundo artículo se ocupa de las definiciones de «Leyes y regulaciones»(incluyendo las ordenanzas de las prefecturas y las autoridades locales); «disposiciones» (actos y que comporten el ejercicio de autoridad pública de las agencias
administrativas); «aplicaciones» (licencias, permisos, concesiones); «disposiciones
adversas» (resoluciones limitadoras de derechos o que imponen deberes a personas
específicas); «órganos administrativos» y «guías administrativas» (recomendaciones o advertencias sobre el preferible proceder).
El art. 3 excluye en parte la aplicación de la ley a las resoluciones del Parlamento (Dieta), los jueces; las de la Audit Commission, las disposiciones aplicables a los fiscales; las de la autoridad fiscal, las disposiciones sobre objetivos
educativos, las que se adoptan en las cárceles; las resoluciones sobre extranjería ymigración; informes de expertos; concesión de premios, actuación de la policía
in situ….En fin, son muchas las excepciones de la aplicación del código de procedimiento administrativo, una huida de la ley común y sus principios que seha observado en muchos desarrollos comparados al codificar el procedimiento
administrativo.

44
45

Véase B. Takada (1993), «El procedimiento administrativo en Japón», en J. Barnés Vázquez, El procedimiento administrativo en el derecho comparado.
Véase Ricardo Rivero Ortega (2020), «La codificación del procedimiento administrativo en Iberoamérica. Un hito más (Paraguay)», Revista de Administración Pública.

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Un segundo capítulo de la ley se ocupa de las disposiciones sobre aplicaciones, comenzando por el llamamiento a las agencias administrativas para fijar
estándares de revisión lo más concretos posible y hacerlos públicos y asequibles
a los interesados. El art. 6 se ocupa del tiempo en el procedimiento administrativo, una cuestión de gran importancia que no se regula más que por remisión alas facultades de las agendas para marcar los plazos. Un añadido artículo ordena
que los asuntos se tramiten sin retraso, apunte que sería extrapolable como buena
práctica a nuestra propia normativa de procedimiento.
La motivación de los actos administrativos se encuentra formulada como
exigencia (no mera recomendación). El art. 9 regula la provisión de información, que incluye los derechos a ser informado sobre los requisitos de tramitación de los procedimientos y de acceso a la documentación relevante sobre su
desarrollo.
El art. 10 se ocupa de las audiencias públicas en aquellos casos de interesados
múltiples y distintos del solicitante, o cuando las circunstancias lo aconsejen. Las
opiniones de las personas afectadas podrán ser escuchadas por este medio u otro
apropiado.
El art. 11 regula las disposiciones que conciernen a más de una agencia administrativa. Para estos casos, se advierte que la intervención sucesiva osimultánea no debe ser pretexto para demoras o retrasos indebidos (especialmente en la concesión de permisos o licencias). Al contrario, el precepto establece que las agencias deben coordinarse para escuchar al mismo tiempo a lossolicitantes e intercambiar información sobre las solicitudes, con el fin de acelerar su resolución.
Todo el capítulo tercero se ocupa de las resoluciones desfavorables, para cuyo
dictado se contemplan toda una serie de garantías para la reducción de la discrecionalidad y el trámite de audiencia, como a continuación veremos.
El establecimiento de estándares o criterios de resolución de los asuntos(para las resoluciones desfavorables) se prevé en el art. 12 de la Ley, que llama
a las agencias administrativas a su dictado y publicación. Se entiende que tales
estándares acotan y hacen previsible el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, objetivando los pronunciamientos. Por ello el art. 12 reitera que losestándares deben ser lo más concretos posibles en función del tipo de resoluciones a adoptar.
El art. 13 enuncia los prerrequisitos de las actuaciones administrativas desfavorable. Nuestro trámite de audiencia es contemplado en este precepto, que
ejemplifica con los actos de rescisión de permisos, la retirada de habilitaciones oestatus previamente conferidos, aquellas que comporten cese en personas jurídicas. Este derecho ha sido bien caracterizado por el derecho administrativo
japonés46.

46

N. L. Nathanson y Y. Fujita (1970), «The right to Fair Hearing in Japanese administrativelaw», Washington Law Review, 2.

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Este mismo precepto contempla las excepciones al trámite de audiencia ola oportunidad de escuchar una explicación: en los supuestos de urgencia para elinterés general de la adopción de una resolución administrativa desfavorable; enlos casos de pérdida de las condiciones de pérdida inequívoca de una habilitación
por resolución judicial u otros documentos objetivos; en los casos de incumplimiento claro de las exigencias técnicas o normativas de fabricación o comercialización de productos; en los casos de pagos de cantidades bien determinadas;o en aquellos de aplicación de normas cuya claridad hace innecesaria cualquierinterpretación.
Resulta curiosa esta relación de excepciones al trámite de audiencia, bastante
amplia, en comparación con un régimen como el nuestro, en el que un principio
general pareciera indicar que este trámite es imprescindible, cuando la realidad delos hechos demuestra que se aplica sólo en un número muy reducido de procedimientos (los de naturaleza sancionadora).
La motivación de las resoluciones administrativas desfavorables se prevé enel art. 14, con la posibilidad de exceptuarla si hay razones que lo aconsejan. La
motivación se debe realizar por escrito en los casos que proceda. En estos casos,
puede diferirse la exposición de los motivos a la superación de las circunstancias
que dificultan o impiden su exposición. Este régimen de la motivación de losactos parece muy realista y demuestra una preocupación clara por la exposición
sincera de las razones de los actos, que en determinados casos pudiera poner enriesgo el interés general.
La representación en los procedimientos administrativos que pueden conducir a resoluciones desfavorables se regula en el art. 16. Las personas afectadas
pueden nombrar representantes, designándolos y comunicándolo por escrito, aligual que su eventual pérdida de tal condición.
La inspección de los archivos está prevista en el art. 18. Así se califica el clásico derecho a ver todos los documentos contenidos en el expediente. Los arts. 19
a 26 establecen reglas sobre la realización de las audiencias. El art. 27 proscribe losrecursos administrativos en los casos resueltos tras proceder con todas las garantías
de las audiencias.
Muchos de los contenidos de esta codificación del procedimiento administrativo coinciden con los que en 1888 diseñó Gumersindo de Azcárate ensu Ley de Bases de procedimiento administrativo. También se encuentran en la
mayor parte de las codificaciones del derecho comparado: el trámite de audiencia, la motivación de los actos…Todos estos aspectos están en el programa deprocedimiento administrativo para las instituciones europeas47. El Derechodel procedimiento administrativo se ha convertido en un universal, desde este
punto de vista, más allá de las culturas y otros condicionantes sociológicos.

47

Mercedes Fuertes López (2012), Un procedimiento administrativo para Europa.

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V.

RICARDO RIVERO ORTEGAEL EJEMPLO JAPONÉS DE ESTADO DE DERECHO Y LASPRINCIPALES TÉCNICAS DE RACIONALIZACIÓN DEL EJERCICIO
DEL PODEREl Estado de derecho (rule of law, en su versión anglosajona) es un principio
común compartido por la mayoría de las democracias avanzadas48. Su destacada consideración en el proceso de integración europea demuestra un reconocimiento comoelemento clave del progreso económico y social. También a nivel mundial puedeseñalarse como principio vertebrador del derecho administrativo global, pues es laidea que subyace a la mayoría de sus elementos integradores.
La explicación clásica del derecho japonés sostiene la vigencia del principio
de rule of law, precedido en sus versiones anteriores por el concepto alemán de
Rechtstaat49. El poder de los tribunales para proteger la Constitución frente a lasleyes desviadas se complementa con la facultad de anular los actos administrativos, al igual que ocurre en el resto de los países que comparten el mejor canon delderecho administrativo.
Esta expresión del arquetipo resulta paradójica, pues la versión original delderecho administrativo se diseña para sustraer a los tribunales la revisión de losactos de administración. Doscientos años después, el progreso de la disciplina
se asocia precisamente al control judicial y las técnicas de reducción de la discrecionalidad para evitar abusos y arbitrariedades.
Así, las principales normas administrativas japonesas presentadas en este trabajo demuestran una evolución muy positiva en el sentido de incorporar técnicas
de control de la discrecionalidad. Ex ante, mediante el procedimiento administrativo, instrumento objetivador de las decisiones. Ex post, gracias a un régimen delcontrol judicial de las decisiones administrativas a la altura de los sistemas mejor
diseñados en el derecho comparado. Tom Ginsburg destaca en este sentido laimportancia de la motivación en la Ley de procedimiento administrativo, desdela costumbre de la Administración japonesa de operar en el marco de instrucciones (guidances) no imperativas, con márgenes considerables de discrecionalidad
hasta las reformas prácticamente incontrolables.
La motivación de los actos favorece además la revisión judicial y el control de la Administración50. El cambio cultural que comportó la combinación detransparencia y exigencia de razonar las decisiones supuso en su día un avance
48

49
50

Véase M. Liston (2013), «Governments in Miniature: The Rule of Law in the Administrative State». Este trabajo, desde la perspectiva canadiense, expone la conclusión que compartimos sobre el poder seminal del concepto Estado de derecho, precursor de la mayoría delas instituciones administrativas de garantía.
Véase Hasebe Yosu et al., The Recthstaat Concept in Japan. The Contraction in Administrative
Law and the Expansion in Constitucional Law
Véase K. Uga, Development of the Concepts of Transparency and Accountability in Japanese
Administrative Law.

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sobresaliente de la buena Administración japonesa. Al fin el derecho a la buena
administración se integra claramente por estos elementos.
Japón consolida su democracia tras la Segunda Guerra mundial. La fundamentación constitucional de protección de los derechos acompaña un gradode progreso económico y social sin precedentes. El pueblo japonés ha alcanzado
cotas de bienestar y calidad de vida extraordinarias, uno de los desarrollos humanos más avanzados del mundo. Y esto lo ha logrado con valores y virtudes propios
de su tradición, reforzados también por la importación de soluciones institucionales para el equilibrio y el comedimiento del ejercicio del poder51.
Otros países asiáticos pretenden imitar el modelo japonés, y en el caso deCorea del Sur se perciben importantes progresos. Muchas de las consideraciones
formuladas en este trabajo sobre Japón serían extensibles a sus vecinos coreanos,
tailandeses e incluso vietnamitas, con el contrapunto extremo de Corea del Norte,
una tiranía total al otro lado de la frontera.
Quienes nos dedicamos al estudio y la investigación en derecho administrativo hemos de plantearnos ya perspectivas globales, sentirnos integrantes de una
red universal de juristas con valores comunes, convencidos de la utilidad social
de las herramientas cuyo buen funcionamiento propiciamos: el control judicial delas decisiones administrativas, la racionalización mediante el procedimiento, laprotección de los derechos y libertades, el régimen de la responsabilidad de lospoderes públicos.
El estudio comparativo del derecho administrativo no es, pues, un mero
entretenimiento intelectual. Esta metodología deviene imprescindible en nuestro tiempo para calibrar el acierto y error de las diversas alternativas de diseño
para las principales instituciones. Así como los japoneses adoptaron un orden
constitucional democrático con excelentes resultados, el despliegue de una ley deprocedimiento administrativo también favorece un ejercicio más racional de laspotestades en la gestión del interés general.
Los análisis comparados de derecho administrativo serán cada vez más
importantes porque las justificaciones sobre lo que resulte más adecuado paracada garantía (procedimiento, control judicial, responsabilidad, agencias independientes, función pública) pueden verse reforzadas o debilitadas gracias a laexperiencia de países con similares niveles de desarrollo.
Una última consideración procede sobre el factor cultural y el «multiculturalismo», por supuesto relevante en la creación e interpretación del derecho. Los
elementos culturales son claves para entender el diseño de las instituciones, perolo que este trabajo precisamente postula es su carácter secundario respecto dela implantación del arquetipo universal de derecho administrativo. Las culturas
importan, claro está, pero hay una serie de caracteres compartidos por los seres
humanos que favorecen algunas instituciones jurídicas.

51

Véase F. Rodao (2022), La soledad del país vulnerable.

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La mayor o menor predisposición social al litigio, por ejemplo, es un factor
cultural, como lo es también el grado de sometimiento indiscutido a las decisiones
de la autoridad. Algunas sociedades son más disciplinadas —es el caso de la japonesa— y esquivan el conflicto por su tradición. Ahora bien, esa autocontención
produce diferencias cuantitativas que pueden variar a lo largo del tiempo.
El arquetipo universal del derecho administrativo, desde mi punto de vista,
no es producto solo de la necesidad de establecer marcos regulatorios propicios alestablecimiento de empresas y el desarrollo de negocios internacionales —el derecho administrativo global se explica en gran medida como consecuencias de esta
palanca movida por las organizaciones económicas multilaterales—. El derechoadministrativo se consolida como paradigma en todo el mundo porque respondea una necesidad humana compartida, común y no afectada por diferencias decultura: el control del poder.
¿Podría Japón haber prosperado como lo ha hecho en calidad de vida sin
un desarrollo institucional provechoso de su Constitución de 1946? ¿Es posible
mejorar las condiciones de progreso social sin derechos y libertades protegidos
por mecanismos como los propios del derecho administrativo? El contrapunto deChina nos ofrece algunas reveladoras enseñanzas sobre todo lo que se puede conseguir incluso sin libertades, pero la diferencia entre aquellos países en los cuales
se pueden recurrir las decisiones del gobierno y los que no dejan ningún margenpara la protección de los derechos e intereses perjudicados por las decisiones deadministración es evidente52.
VI. CODA SOBRE EL FUTURO

Esta incursión científica en el comparatismo jurídico no obedece a una
curiosidad intelectual o el atractivo por lo lejano y exótico. Su razón de ser es
trasladar enseñanzas sobre mejores prácticas que podrían redundar en el perfeccionamiento de nuestras instituciones. Los debates sobre la extensión del control
judicial de la Administración, la motivación de los actos administrativos o la discrecionalidad pueden ser replanteados en la siguiente clave reveladora: ¿cómo lo
resuelven los países más desarrollados del mundo?53
Así, a lo largo de la historia encontramos momentos brillantes en los que
se impulsan reformas que garantizan la limitación de los abusos de los gobiernos
52

53

La gestión de la pandemia ha servido también como campo de demostración de las capacidades sanitarias y administrativas de cada país, así como para poner de manifiesto las aplicaciones diversas de las medidas de emergencia con restricción de derechos fundamentales
y libertades. Véase. Kitajima, Shusaku/Steele (2020), Stacey, «COVID-19 Responses in Japan from an Administrative Perspective: Why Won “T Pachinko Parlours Close Down”»,
Asian Legal Conversations-COVID-19, Asian Law Centre, Melbourne Law School.
Véase S. Rose Ackerman (2011), Comparative Administrative law.

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y protegen a las personas, y otros períodos en los que la corrupción campa a sus
anchas y socava la credibilidad del sistema democrático. El papel del derechoadministrativo en la orientación positiva del régimen político y el Estado de derecho es clave, justo en un momento en el que las democracias constitucionales
pueden estar en riesgo54.
El retraso o la obstrucción a la hora de incorporar ciertas reformas favorecedoras del control del poder y la limitación de los abusos constituye una desventaja en la realización del Estado de derecho y sus consiguientes beneficios parala calidad de vida de las personas. Todo menoscabo de la independencia de lasinstituciones de control, las regresiones de la transparencia o la relativización delos preceptos constitucionales son malas noticias para el presente y el futuro
de nuestras sociedades, así que debemos seguir cumpliendo con nuestra función develar por la coherencia55.

54
55

Véase T. Ginsburg y Huq Aziz (2019), How to save a Constitutional Democracy.
Véase T. R. Fernández Rodríguez (2020), «El Estado de Derecho, a prueba», en COVID-19
y derecho público: durante el estado de alarma y más allá, Valencia: Tirant lo Blanch.

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