RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DE 4 DE AGOSTO DE 2016
CASO COSME ROSA GENOVEVA Y OTROS (FAVELA NOVA BRASÍLIA) VS. BRASIL
CONVOCATORIA A AUDIENCIAVISTO:1.
El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”); el escrito
de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos”) de
los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”); el escrito de
excepciones preliminares y contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes yargumentos (en adelante “escrito de contestación”) de la República Federativa de Brasil (enadelante “Brasil” o “el Estado”), así como los escritos de observaciones a las excepciones
preliminares presentados por la Comisión y los representantes.
2.
Las listas definitivas de declarantes presentadas por los representantes, el Estado y la
Comisión y las correspondientes observaciones a dichas listas. Las solicitudes de cambio de
una perito y de inclusión de cuatro nuevos peritos, realizadas respectivamente por losrepresentantes y el Estado los días 23 de junio y 6 de julio de 2016 y las correspondientes
observaciones a dichas solicitudes.
3.
La Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (enadelante “el Presidente”) de 3 de diciembre de 2015 sobre el Fondo de Asistencia Legal deVíctimas.
CONSIDERANDO QUE:
1.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas,
testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 48 a 50,
y 57 del Reglamento del Tribunal.
2.
La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos
probatorios realizados en sus escritos de sometimiento del caso, solicitudes y argumentos, ycontestación, así como en las respectivas listas definitivas de declarantes.
3.
Los representantes ofrecieron las declaraciones de 20 presuntas víctimas, una
declaración testimonial y 13 dictámenes periciales. El Estado ofreció un dictamen pericial, yposteriormente solicitó la inclusión de cuatro nuevos peritajes. La Comisión ofreció dos
dictámenes periciales.

24.
El Estado impugnó la cantidad de declaraciones de presuntas víctimas que fueron
ofrecidas por los representantes, así como el objeto de las mismas. También, el Estado
impugnó el objeto de la declaración testimonial ofrecida por los representantes. Finalmente,presentó objeciones relacionadas con ocho de los 13 dictámenes periciales ofrecidos por losrepresentantes de las presuntas víctimas. Los representantes y la Comisión no realizaron
observaciones a las listas definitivas de declarantes de las partes.
5.
En cuanto a la prueba pericial ofrecida por las partes que no ha sido objetada,esta Presidencia considera conveniente recabarla. Por consiguiente el Presidente admite la
declaración de los peritos: João Batista Damasceno, Caetano Lagrasta, Cecilia Coimbra, José
Pablo Baraybar y Michel Misse, propuestos por los representantes; y Claude Jacques
Chambriard, propuesto por el Estado. El objeto de estos dictámenes periciales y la modalidad
en que serán recibidos se determinarán en la parte resolutiva de esta decisión (infra puntos
resolutivos 1 y 5).
6.
A continuación el Presidente examinará en forma particular: a) la admisibilidad de laprueba pericial ofrecida por la Comisión; b) las observaciones realizadas por el Estado a las
declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas por los representantes; c) las observaciones
realizadas por el Estado a la declaración testimonial ofrecida por los representantes; d) las
observaciones efectuadas por el Estado a algunos peritos ofrecidos por los representantes; e)la solicitud de los representantes de cambio de una perito; f) la solicitud del Estado deinclusión de cuatro nuevos peritos; g) la modalidad de las declaraciones y dictámenes
periciales por recibir; h) los alegatos y observaciones finales escritas y i) la aplicación delFondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la Corte.
A. Admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana
7.
La Comisión ofreció dos dictámenes periciales, a saber: i) Christof Heyns, sobre losestándares internacionales relativos al deber de investigar el uso letal de la fuerza por parte deagentes policiales en el contexto de operativos o redadas. Específicamente, el perito se referiráa los estándares relevantes para analizar las múltiples formas de estigmatización que pueden
operar en estas investigaciones, en particular, la calificación como "delincuentes" de lasvíctimas fallecidas, y la manera en que impacta en el desarrollo y perspectivas de efectividad
de las investigaciones. Asimismo, el perito hará referencia a la invocación de la figura deprescripción frente a supuestos de ejecuciones extrajudiciales en contextos como los del caso,y ii) Patricia Viseur-Sellers, sobre los estándares internacionales relativos al deber deinvestigar supuestos de violencia sexual y tortura contra las mujeres por parte de agentes
estatales. La perita hará especial referencia a los estándares relevantes a tomar en cuenta
cuando las víctimas son niñas. Asimismo, la perita se referirá a la aplicación de la figura deprescripción a actos de violencia sexual calificados como tortura. Dichos dictámenes periciales
fueron confirmados por la Comisión en su lista definitiva de declarantes.
8.
La Comisión consideró que los peritajes ofrecidos se refieren a temas de orden público
interamericano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 f) del Reglamento de laCorte, argumentando que el caso ofrece una oportunidad para que este Tribunal profundice su
jurisprudencia en relación con la obligación de investigar adecuadamente muertes violentas
derivadas del uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales, la problemática de laestigmatización de las víctimas y la realización de las investigaciones con el objetivo dedeterminar la responsabilidad por las personas fallecidas a manos de agentes estatales por
supuesta "resistencia al arresto". Además, adujo que la Corte podría pronunciarse sobre el
deber de investigar actos de tortura y violencia sexual por parte de agentes policiales contra
mujeres y niñas y sobre la aplicación de la figura de prescripción a actos de violencia sexual
calificados como tortura. El Estado y los representantes no presentaron observaciones sobre
los peritajes ofrecidos por la Comisión.

3

9.
Esta Presidencia considera que el objeto de los peritajes ofrecidos por la Comisión
resultan relevantes para el orden público interamericano debido a que implican un análisis deestándares internacionales relativos al deber de investigar en casos de uso letal de la fuerza
por parte de agentes policiales en el contexto de operativos o redadas, así como en casos depresunta violencia sexual y tortura contra las mujeres por parte de agentes estatales. En ese
sentido, el objeto de los peritajes trascienden la controversia del presente caso y se refieren aconceptos relevantes para otros Estados Parte de la Convención. En consecuencia, el
Presidente estima pertinente admitir los dos dictámenes periciales. El objeto de estos
dictámenes periciales y la modalidad en que serán recibidos serán determinados en la parteresolutiva de la presente Resolución (infra puntos resolutivos 1 y 5).
B. Observaciones realizadas por el Estado a las declaraciones de las presuntas
víctimas ofrecidas por los representantes
10.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron las
declaraciones de 20 presuntas víctimas, las cuales fueron reiteradas en su lista definitiva dedeclarantes.
11.
Al momento de realizar observaciones al listado definitivo de declarantes de losrepresentantes, el Estado solicitó a la Corte ponderar el debido equilibrio entre el derecho departicipación de las presuntas víctimas y la preservación de la adecuada conducción delproceso y, en atención a ello, limitar la participación de las presuntas víctimas a dos
declarantes en audiencia y tres por affidavit, para un total de cinco declaraciones. Asimismo, el
Estado impugnó la parte del objeto de la declaración de las presuntas víctimas relacionada con“otros aspectos relacionados del caso”, en virtud de que la indeterminación de su contenido
sería contraria al debido proceso legal.
12.
En cuanto a la primera observación expuesta por el Estado, esta Presidencia considera
que no encuentra asidero en el Reglamento de la Corte. Sobre este particular este Tribunal hadestacado la utilidad de las declaraciones de las presuntas víctimas y otras personas con uninterés directo en el caso en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobrelas violaciones alegadas y sus consecuencias 1. Por ello, el Presidente considera que, en estecaso, las razones de economía procesal señaladas por el Estado no son una razón suficientepara limitar el número de declaraciones. En virtud de lo anterior, esta Presidencia resuelve
rechazar la objeción planteada por el Estado respecto de las declaraciones propuestas por losrepresentantes.
13.
Por otra parte, respecto de la observación realizada sobre el enunciado “otros aspectos
relacionados del caso”, la Presidencia coincide con el Estado en cuanto a que el objeto de la
declaración podría generar incertidumbre sobre el alcance de la misma. En virtud de ello, sus
observaciones serán tomadas en consideración al momento de definir el objeto y la modalidad
de las declaraciones (infra puntos resolutivos 1 y 5).
14.
En consecuencia, esta Presidencia resuelve admitir todas las declaraciones de laspresuntas víctimas ofrecidas por los representantes.
C.

1

Observaciones realizadas por el Estado a la declaración testimonial ofrecida
por los representantes

Cfr. Caso de la “Masacre de Pueblo Bello” Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 29 de julio de 2005, párrafo considerativo 7; y Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Resolución delPresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de diciembre de 2015, párrafo considerativo 16.

415.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron una declaración
testimonial, la cual fue reiterada en su lista definitiva de declarantes. La declaración a serrendida por el señor Ignacio Cano, profesor de la Universidad Estadual de Río de Janeiro,
tendría por objeto referirse al contexto de la época de las incursiones de la policía en las
comunidades y la continuidad de los casos en la actualidad. Asimismo, el testigo declararía
sobre los hechos de los dos operativos policiales del presente caso, en virtud de que era un
investigador especializado en la materia en la época en que ocurrieron.
16.
Al momento de realizar observaciones al listado definitivo de declarantes de losrepresentantes, el Estado impugnó la parte del objeto relacionado con “el contexto de laépoca” porque no guardaría relación con la función procesal del testimonio.
17.
Al respecto, esta Presidencia estima que el contexto de la época es relatado por la
Comisión Interamericana en los hechos sometidos a la jurisdicción de la Corte, los cuales seránanalizados por el Tribunal tomando en consideración su competencia temporal. Asimismo, la
Presidencia considera que las referencias al contexto de la época son necesarias para un pleno
desarrollo de la declaración, tomando en cuenta que el señor Ignacio Cano era un investigador
especializado en la materia en la época en que ocurrieron los hechos del presente caso.
18.
En consecuencia, esta Presidencia resuelve admitir la declaración testimonial ofrecida
por los representantes. El objeto y su modalidad será determinado en la parte resolutiva de lapresente Resolución (infra punto resolutivo 1).
D. Observaciones efectuadas por el Estado a algunos dictámenes periciales
ofrecidos por los representantes
19.
En su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes ofrecieron 13 dictámenes
periciales, los cuales fueron reiterados en su lista definitiva de declarantes. Por su parte, el
Estado presentó observaciones relacionadas con ocho de los 13 dictámenes periciales
ofrecidos. A continuación, la Presidencia procederá a resolver de forma individual las
observaciones presentadas por el Estado respecto de siete declaraciones periciales. Las
observaciones a la declaración de la señora Betty Bernardo Fuks no serán examinadas debido
a que los representantes solicitaron la sustitución de dicha perita, asunto que será analizado
por esta Presidencia más adelante.
D.1 Observaciones del Estado al dictamen pericial de Marlon Weichert
20.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron la declaración
pericial del señor Marlon Weichert, sobre las responsabilidades y límites de la actuación delMinisterio Público en la investigación y persecución penal en casos de graves violaciones aderechos humanos, especialmente en casos de violencia policial. También, declararía sobre la
relación del sistema de seguridad pública de Brasil y la recurrente violencia policial.
21.
Al respecto, el Estado impugnó el ofrecimiento de su declaración pues consideró que elobjeto de la misma no se relaciona con los hechos concretos y específicos del presente caso.
Alternativamente, el Estado solicitó la exclusión de parte del objeto de dicho peritaje, en
particular las expresiones “la persecución penal en casos de graves violaciones de derechos
humanos” y “la relación de la estructura de seguridad pública en Brasil y la recurrenteviolencia policial”.
22.
Esta Presidencia constató que en relación con la presunta violación de los artículos 8 y
25 de la Convención Americana, los representantes de las presuntas víctimas argumentaron
que en el presente caso se observa no solo una falta de debida diligencia por parte de lasautoridades investigativas, sino también una obstrucción activa de las mismas en el sentido de5paralizar los expedientes relativos a hechos de violencia policial en Río de Janeiro, de manera
que los supuestos perpetradores de las violaciones permanecerían en impunidad. Asimismo, en
cuanto al sistema de seguridad pública de Brasil y la recurrente violencia policial, la Comisión
argumentó en su Informe de Fondo que en Brasil, y particularmente en Río de Janeiro, desdela dictadura militar de 1964-1985 hasta la actualidad, el modelo utilizado para entrenar a lapolicía presenta características militares, a la vez que las incursiones policiales analizadas en el
presente caso fueron tratadas como operaciones de “guerra” o “similares a la guerra”, y que el
Estado habría tolerado una práctica sistemática de uso excesivo de la fuerza letal por parte dela policía.
23.
De lo anterior esta Presidencia verifica que el objeto del peritaje del señor Weichert
hace referencia a la investigación y persecución penal en casos de graves violaciones aderechos humanos. Asimismo, se desprende de los alegatos de la Comisión y de losrepresentantes que los hechos denunciados de violencia policial corresponderían a graves
violaciones de derechos humanos, de modo que para esa Presidencia el peritaje ofrecido por
los representantes guarda plena relación con los hechos del caso sometidos por la Comisión ycon el objeto del litigio ante la Corte Interamericana. En lo que respecta al objeto del peritajeque el Estado propone suprimir sobre “la relación de la estructura de seguridad pública en
Brasil y la recurrente violencia policial”, la Presidencia constata que tiene relación con lainvestigación y persecución penal de graves violaciones de derechos humanos y los alegatos
tanto de la Comisión como de los representantes indicados supra, de modo que no considera laobjeción del Estado suficiente para suprimir esa parte del objeto ofrecido.
24.
Por lo tanto, esta Presidencia resuelve admitir el dictamen pericial ofrecido por losrepresentantes. El objeto y su modalidad será determinado en la parte resolutiva de lapresente Resolución (infra punto resolutivo 5).
D.2 Observaciones del Estado al dictamen pericial de Daniel Sarmento25.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron la declaración
pericial del señor Daniel Sarmento, sobre la acción de improbidad administrativa, su régimen yaplicación a miembros del Ministerio Público, a la luz de la Constitución brasilera de 1988.
26.
Al respecto, el Estado impugnó el ofrecimiento de su declaración pues consideró que la
Ley 8.429/92 no ha generado ninguna duda o debate sobre el presente caso o el instituto deprobidad administrativa de miembros del Ministerio Público.
27.
Esta Presidencia constata que en los hechos expuestos por los representantes en su
escrito de solicitudes y argumentos, se agrega un apartado sobre la acción de improbidad
presentada el 20 de abril de 2005 en contra de la Fiscal (Promotora de Justiça) del Ministerio
Público Estadual responsable de las investigaciones de los hechos del presente caso, conmotivo de la paralización de las investigaciones entre el 30 de abril de 1995 y el 31 de enerode 2001. Asimismo, los representantes aportaron como prueba información sobre la Ley
Federal No. 8.429 de 2 de junio de 1992 sobre las acciones de improbidad ejercidas contra
agentes estatales.
28.
La Presidencia considera que el objeto de la declaración pericial guarda relación con
hechos concretos expuestos por los representantes de las presuntas víctimas en su escrito desolicitudes y argumentos, los cuales tienen relación con los obstáculos en la investigación
penal de los hechos que dan origen al presente caso, conforme presentados por la Comisión.
Así, no es posible excluir estos hechos y la prueba asociada a ellos prima facie del examen dela Corte, sin perjuicio de que su admisibilidad sea decidida por la Corte en su Sentencia.

629.
Por lo tanto, esta Presidencia resuelve admitir el dictamen pericial ofrecido por losrepresentantes. El objeto y su modalidad será determinado en la parte resolutiva de lapresente Resolución (infra punto resolutivo 1).
D.3 Observaciones del Estado al dictamen pericial de Debora Diniz
30.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron el peritaje deDebora Diniz, sobre la violencia cometida contra las mujeres en el contexto de operativos
policiales. Con especial énfasis, la perita se referiría a la ocurrencia de violencia sexual y laimportancia del testimonio de la víctima para el establecimiento de lo ocurrido. Asimismo, laperita analizaría la posibilidad de invisibilización de la violencia sexual en investigaciones que
privilegian otros medios de prueba en detrimento de la declaración de la víctima. También,
declararía respecto de los mecanismos de atención a la salud de las víctimas de violencia
sexual.
31.
Al respecto, el Estado impugnó el ofrecimiento de su declaración pues consideró que elobjeto de la misma se encuentra fuera de la competencia temporal de la Corte.
32.
Esta Presidencia constata que en el sometimiento del caso, la Comisión indicó que,como parte del orden público interamericano, el caso presentaba supuestos relacionados con el
deber de investigar actos de tortura y violencia sexual por parte de agentes policiales contra
mujeres y particularmente niñas.
33.
Asimismo, anteriormente esta Presidencia consideró respecto de uno de los peritajes
ofrecidos por la Comisión que el análisis de estándares internacionales relativos al deber deinvestigación en casos de uso letal de la fuerza por parte de agentes policiales, en el contexto
de operativos o redadas, así como en casos de violencia sexual y tortura contra las mujeres
por parte de agentes estatales, resultan relevantes para el orden público interamericano, pues
trascienden la controversia del presente caso y se refieren a conceptos relevantes para otros
Estados Parte en la Convención (supra párr. 9).
34.
De esta forma, dada la relación entre el objeto del peritaje ofrecido por losrepresentantes con el orden público interamericano señalado, esta Presidencia resuelve admitir
el dictamen pericial ofrecido por los representantes. El objeto y su modalidad será determinado
en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).
D.4 Observaciones del Estado al dictamen pericial de Elisabeth Leeds
35.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron la declaración
pericial de Elisabeth Leeds, sobre el contexto de violencia de las favelas de Río de Janeiro en ladécada de los 90, con énfasis en las relaciones conflictivas entre sus habitantes y los policías.
36.
El Estado impugnó el objeto de la declaración porque consideró que el tema generalpropuesto escaparía las especificidades de los hechos y circunstancias debatidas en el presente
caso.
37.
En consideración de lo anterior, la Presidencia verificó que, de acuerdo con lo señalado
por la Comisión en el sometimiento del caso a la jurisdicción de la Corte, el caso se relaciona
con la presunta ejecución extrajudicial de 26 personas en el marco de dos redadas policiales
efectuadas el 18 de octubre de 1994 y el 8 de mayo de 1995 en la Favela Nova Brasil, ubicada
en Río de Janeiro. Asimismo, la Comisión indicó que los hechos del caso ocurrieron en uncontexto y patrón de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo
por la policía, sobre las cuales se alega una falta de mecanismos de rendición de cuentas y una

7situación de impunidad. Los hechos del caso y el alegado contexto del caso fueron compartidos
por los representantes de las presuntas víctimas en su escrito de solicitudes y argumentos.
38.
Al respecto, la Presidencia constata que existe una relación entre el objeto del peritaje
ofrecido por los representantes con el contexto y hechos del caso sometido a la jurisdicción dela Corte, por lo tanto resuelve admitir el dictamen pericial ofrecido por los representantes. El
objeto y su modalidad será determinado en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra
punto resolutivo 1).
D.5 Observaciones del Estado al dictamen pericial de Jan Michael-Simon39.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron la declaración
pericial de Jan Michael-Simon, sobre el alcance de las responsabilidades de los agentes
involucrados en las presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con la obstrucciónde las investigaciones en el caso concreto a partir del derecho penal comparado y dogmática
penal.
40.
El Estado consideró que el análisis del caso a la luz del derecho penal comparado sería
totalmente impertinente pues el Estado solamente puede responder por presuntas violaciones
a la Convención Americana.
41.
En relación con los argumentos planteados por el Estado sobre el objeto de la
declaración pericial ofrecida, la Presidencia recuerda que el hecho de que ordene recibir laprueba pericial ofrecida por los representantes no implica una decisión o prejuzgamiento
respecto al fondo del caso2. En este sentido, le corresponderá a la Corte realizar, según las
reglas de la sana crítica, la valoración de los argumentos y de las pruebas que presenten laspartes, para luego concluir y determinar las consecuencias jurídicas que se deriven 3. Además,
una vez que la prueba sea recabada, el Estado se encontrará en oportunidad de presentar las
observaciones que estime pertinentes respecto de su contenido 4. Asimismo, la Presidencia
constata que si bien es cierto que las obligaciones del Estado son aquellas contempladas en laConvención Americana e instrumentos complementarios, ello no impide a la Corte realizar un
análisis de derecho comparado, tal como ha sido elaborado en múltiples casos resueltos por el
Tribunal, dentro de los cuales inclusive se encuentran casos decididos respecto de Brasil.
42.
De esta forma, esta Presidencia rechaza la objeción presentada por el Estado y enconsecuencia resuelve admitir el dictamen pericial ofrecido por los representantes. El objeto ysu modalidad será determinado en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto
resolutivo 1).
D.6 Observaciones del Estado al dictamen pericial de João Trajano
43.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron la declaración
pericial de João Trajano, sobre el control interno de los policías, la presunta ineficiencia de laoficina de asuntos internos (corregedoria) de la policía civil antes de ser unificada y laactuación de fiscalización después de la unificación de estas oficinas. Declararía también sobre
las consecuencias de la supuesta falta de autonomía e independencia del Instituto Médico
2

Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 16 de octubre de 2013, Considerando 27, y Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Resolución delPresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de mayo de 2016, Considerando 23.
3
Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 22 de diciembre de 2009, Considerando 14, y Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Resolución delPresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de mayo de 2016, Considerando 23.
4
Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Resolución de la Presidenta de la Corte de 22 de diciembre de 2009,
Considerando 14, y Caso Gonzáles Lluy y otros Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte de 12 de enero de2015, Considerando 38.

8Legal, del Instituto de Criminalística Carlos Éboli y demás peritos que actúan en lainvestigación de crímenes, así como la necesidad de protocolos y flujos de información
comunes a instituciones de seguridad y justicia, como el acceso a los datos y políticas públicas
que respeten la transparencia en la divulgación de datos.
44.
El Estado consideró que el tema general propuesto no tiene pertinencia directa con laslas especificidades de los hechos y circunstancias debatidas en el proceso.
45.
Al respecto, la Presidencia constata que en el sometimiento del caso, la Comisión indicó
que algunos de los hechos del caso han sido tolerados e incluso auspiciados por instituciones
estatales. La Comisión también estableció que el contexto del caso incluye la falta demecanismos de rendición de cuentas y la situación de impunidad en que permanecen laspresuntas violaciones.
46.
De esta forma, dada la relación existente entre el objeto del peritaje y el contexto delcaso sometido por la Comisión a la jurisdicción de la Corte, esta Presidencia rechaza laobjeción presentada por el Estado y, en consecuencia, resuelve admitir el dictamen pericial
ofrecido por los representantes. El objeto y su modalidad será determinado en la parteresolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).
D.7 Observaciones del Estado al dictamen pericial de João Tancredo
47.
En su escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron la declaración
pericial de João Tancredo sobre el contexto normativo de pagos del Poder Ejecutivo por daños
morales y materiales en casos de violencia policial y su aplicación en el Estado de Río deJaneiro, analizando también las posibilidades de reparación de los daños materiales de losfamiliares de las víctimas del presente caso.
48.
El Estado impugnó el ofrecimiento del perito pues se trataría de un profesional
directamente interesado en el resultado del proceso, en virtud de que el perito es un abogado
que conduce decenas de procedimientos judiciales que buscan la responsabilidad moral ymaterial del Estado de Río de Janeiro por hechos semejantes a los que se alegan en el
presente caso.
49.
Al respecto, esta Presidencia considera que las observaciones del Estado no tienen
cabida dentro de las causales de recusación de peritos previstas en el artículo 48 delReglamento de la Corte. Asimismo, las observaciones presentadas por el Estado refuerzan laexperticia profesional del perito para su participación en el presente caso.
50.
De esta forma, esta Presidencia resuelve admitir el dictamen pericial ofrecido por losrepresentantes. El objeto y su modalidad será determinado en la parte resolutiva de lapresente Resolución (infra punto resolutivo 1).
E. Solicitud de los representantes de cambio de una perito
51.
El 23 de junio de 2016 los representantes informaron que la perito Betty Bernardo
Fuks, propuesta por ellos para declarar sobre traumas de las presuntas víctimas de violencia
sexual, entre otros, no podrá realizar el peritaje “en virtud de compromisos profesionales
adquiridos recientemente”. Por lo tanto, solicitaron el remplazo de su declaración por la delseñor Carlos Martin Beristain, manteniendo el mismo objeto del peritaje.
52.
Al respecto, el Estado señaló que no se oponía a la sustitución de la perito Fuks por elseñor Martin Beristain. La Comisión señaló no tener observaciones.

953.
La Presidencia considera que el pedido de los representantes debe ser analizado deacuerdo a lo estipulado en el artículo 495 del Reglamento del Tribunal. Lo relevante paraconsiderar una solicitud “fundada” es que se expliquen los motivos o razones por los cuales lapersona ofrecida no podrá rendir la declaración6.
54.
En ese sentido, el Presidente considera que la justificación invocada por losrepresentantes para la no participación de la perita Fuks no cumple con el requisito de
excepcionalidad para la sustitución de declarantes dispuesto en el artículo 49 del Reglamento.
Al respecto, es pertinente recordar que la parte que ofrece una prueba debe asegurar que su
presentación cumpla con los requisitos reglamentarios. Así, teniendo en consideración laexcepcionalidad prevista en el Reglamento para la sustitución de declarantes, el Presidente
decide no admitir la sustitución propuesta por los representantes. Asimismo, por las razones
expuestas esta Presidencia considera que los representantes desistieron de la presentación dela declaración pericial de la señora Fuks.
F. Solicitud del Estado de inclusión de cuatro nuevos peritos
55.
El 6 de julio de 2016 el Estado presentó una solicitud de inclusión de cuatro nuevas
declaraciones periciales, a cargo respectivamente de Ivana Farina Navarrete Pena, Fernando
Veloso, José Mariano Benincá Beltrame y Joana Monteiro7. El Estado reconoció que dicha
solicitud es extemporánea pero la justificó con base en la aceptación, por parte de la Corte, delpedido de postergación de la audiencia pública del presente caso para el mes de octubre de2016. Según el Estado, antes de dicha postergación, “no se vislumbraba la posibilidad decomparecer en tiempo hábil, sea en audiencia o para rendir declaración ante agente dotado defe pública” de los peritos presentados en esa oportunidad. En caso de que su solicitud fuera
aceptada por la Corte, el Estado requirió adicionalmente alterar el objeto del peritaje del señor
Claude Jacques Chambriard.
56.
Al respecto, los representantes consideraron que el pedido de postergación de laaudiencia era “estrictamente excepcional, referente al actual cuadro de inestabilidad política en
Brasil […] agravado por los efectos de la realización de los Juegos Olímpicos en la ciudad deRío de Janeiro”. En ese sentido, solicitaron a la Corte que no acepte la solicitud del Estado
pues no fue presentada en el momento procesal oportuno.

5

Dicha norma estipula lo siguiente: “[e]xcepcionalmente, frente a solicitud fundada y oído el parecer de lacontraparte, la Corte podrá aceptar la sustitución de un declarante siempre que se individualice al sustituto y se
respete el objeto de la declaración, testimonio o peritaje originalmente ofrecido”.
6
Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Resolución del Presidente de la Corte de 10 de septiembre de 2010,
Considerandos 8 y 10, y Caso I.V. Vs. Bolivia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 29 de marzo de 2016, Considerando 16.
7
La señora Ivana Farina Navarrete Pena, Procuradora de Justicia de Goiás y Presidente del Consejo Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), declararía por affidavit sobre las medidas que Brasil ha adoptado en el ámbito nacionalpara eliminar los llamados autos de resistencia, tales como: Resolución No. 8 del Consejo de Defensa de los Derechosde la Persona Humana (CDDPH), de 21/12/2012; Resolución No. 129, del Consejo Nacional del Ministerio Publico, queestablece reglas mínimas de actuación del Ministerio Público en el control externo de la investigación sobre muertes
decurrentes de intervención policial; Proyecto de Ley No. 4.771, que tiene como objetivo cambiar el Código de Proceso
Penal para fortalecer la necesidad de elaboración de peritaje técnico y apertura de investigación policial de manera qacabar con los "autos de resistencia"; y la Nota Técnica del Consejo Nacional de los Procuradores-Generales de los
Ministerios Públicos de los Estados y de la Unión (CNPG), de 2016, en apoyo al Proyecto de Ley 4.771. El señor
Fernando Veloso, Jefe de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro desde enero de 2014, declararía en audiencia
sobre el instituto y la abolición del uso de "autos de resistencia". El señor Jose Mariano Beninca Beltrame, Secretario
de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro, declararía en audiencia sobre su conocimiento sobre la realización deprocesos de investigación y sanción de policías. Finalmente, la señora Joana Monteiro, directora-presidente delInstituto de Seguridad Pública, declararía por affidavit sobre “violencia policial”.

10
57.
Esta Presidencia recuerda que la parte que ofrece una prueba debe asegurar que su
presentación cumpla con los requisitos reglamentarios y que la falta de remisión de la prueba
en el tiempo oportuno y en la forma debida lleva a que la misma sea declarada inadmisible8.
58.
Como el propio Estado admite en su solicitud (supra párr. 55), el pedido de inclusión decuatro nuevos peritos al presente caso es extemporáneo, pues el momento procesal oportuno
para la presentación de prueba por parte del Estado es su escrito de contestación. Esta etapa
procesal está prevista en el artículo 41 del Reglamento del Tribunal. Una vez ofrecidos losdeclarantes en su escrito de contestación, el Estado (así como las demás partes) tiene una
oportunidad posterior, prevista en el artículo 46 del Reglamento, para presentar su lista
definitiva de declarantes. Esta lista no representa una nueva oportunidad procesal para ofrecer
prueba9. La referida solicitud del Estado fue presentada varios meses después de la lista
definitiva, y el hecho de que el Tribunal haya cambiado la fecha de la audiencia pública norepresenta una razón suficiente para aceptar la inclusión de prueba ofrecida
extemporáneamente. En consecuencia, el ofrecimiento de dichos dictámenes es
manifiestamente extemporáneo y, por ende, inadmisible. En relación con el cambio del objetode la declaración del señor Claude Jacques Chambriard, una vez que la solicitud del Estado nofue aceptada, el objeto de este peritaje será definido en el punto resolutivo 5 de la presente
Resolución.
G. Modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales por recibir59.
Es necesario asegurar la más amplia presentación de hechos y argumentos por laspartes en todo lo que sea pertinente para la solución de las cuestiones controvertidas,
garantizando a éstas tanto el derecho a la defensa de sus respectivas posiciones como laposibilidad de atender adecuadamente los casos sujetos a consideración de la Corte.
Asimismo, es necesario que se garantice un plazo razonable en la duración del proceso, comolo requiere el efectivo acceso a la justicia. En razón de lo anterior, es preciso recibir por
declaración rendida ante fedatario público el mayor número posible de testimonios ydictámenes periciales, y escuchar en audiencia pública a las personas cuya declaración directa
resulte verdaderamente indispensable, tomando en consideración las circunstancias del caso yel objeto de las declaraciones y dictámenes ofrecidos.
G.1 Declaraciones y dictámenes periciales a ser rendidos por affidavit
60.
Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 50.1 del Reglamento, lo indicado por la
Comisión, los representantes y el Estado en sus respectivas listas definitivas de declarantes, elobjeto de las declaraciones ofrecidas, así como el principio de economía procesal, el Presidenteestima conveniente recibir, por medio de declaración rendida ante fedatario público, lasdeclaraciones descritas en el punto resolutivo 1 de esta decisión.
61.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 50. 5 del Reglamento de la Corte, se otorga
una oportunidad para que los representantes y el Estado, si así lo desean, remitan las
preguntas que estimen pertinentes a los declarantes indicados en el referido punto resolutivo.
Al rendir su declaración ante fedatario público, los declarantes deberán responder a dichas
preguntas, salvo que el Presidente disponga lo contrario. Las declaraciones serán transmitidas
a la Comisión, al Estado y los representantes. A su vez, el Estado y los representantes podrán
presentar las observaciones que estimen pertinentes en sus alegatos finales escritos. Los
8

Cfr. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 27 de julio de 2011, párrafo considerativo 9, y Caso Pollo Rivera Vs. Perú. Resolución delPresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de marzo de 2016, considerando 16.
9
Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 26 de febrero de 2009, considerando 14; y Caso Pollo Rivera Vs. Perú. Resolución del Presidente de laCorte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de marzo de 2016, considerando 17.

11plazos correspondientes serán precisados infra, en el punto resolutivo 1 de la presente
Resolución. El valor probatorio de dichas declaraciones será determinado en su oportunidad
por el Tribunal, el cual tomará en cuenta, en su caso, los puntos de vista expresados por laspartes en ejercicio de su derecho de defensa.
G.2 Declaraciones y dictámenes periciales a ser recibidos en audiencia
62.
Los autos en el presente caso se encuentran listos para la apertura del procedimiento
oral en cuanto a las excepciones preliminares, eventuales fondo y reparaciones y costas, por lo
que el Presidente en ejercicio estima pertinente convocar a una audiencia pública para recibirlas declaraciones señaladas en el punto resolutivo 5 de esta decisión. Adicionalmente, losperitos deberán aportar la versión escrita de sus peritajes en el plazo establecido en el punto
resolutivo 2 de esta Resolución, junto con las declaraciones rendidas ante fedatario público.
H. Alegatos y observaciones finales orales y escritos
63.
Los representantes y el Estado podrán presentar ante el Tribunal sus respectivos
alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares, eventuales fondo y reparaciones ycostas en este caso al término de las declaraciones. Según se establece en el artículo 51.8 delReglamento, concluidos los alegatos la Comisión Interamericana presentará sus observaciones
finales orales.
64.
De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento, las presuntas víctimas o sus
representantes, el Estado y la Comisión podrán presentar sus alegatos finales escritos yobservaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares,
eventuales fondo y reparaciones y costas, en el plazo fijado en el punto resolutivo 12 de esta
Resolución.
I. Aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas ante la Corte
65.
En Resolución adoptada por la Presidencia el 3 de diciembre de 2015, se resolvió
declarar procedente la solicitud realizada por las presuntas víctimas, a través de sus
representantes, para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte
Interamericana, de modo que se otorgaría la asistencia económica necesaria para presentaciónde un máximo de cinco declaraciones, ya sea en audiencia o por affidavit.
66.

Corresponde seguidamente precisar el destino y objeto específicos de dicha asistencia.

67.
Al respecto, el Presidente dispone que la asistencia económica estará asignada para
cubrir los gastos de viaje y estadía necesarios para que las presuntas víctimas L.R.J y Mac
Laine Faria Neves, así como el perito Michel Misse, comparezcan ante el Tribunal a rendir sus
respectivas declaraciones en la audiencia pública que se celebrará en el presente caso.
Adicionalmente, esta Presidencia determina que los gastos razonables de formalización y envío
de los affidavits de dos declaraciones de presuntas víctimas ofrecidas por los representantes(infra punto resolutivo 1), según lo determinen éstos, podrán ser cubiertas con recursos delFondo de Asistencia Legal de Víctimas. Los representantes deberán comunicar a la Corte losnombres de los declarantes cuyos affidavits serán cubiertos por el Fondo de Asistencia yremitir la cotización del costo de la formalización de las declaraciones juradas en el país deresidencia del declarante y de su envío, en el plazo establecido en la parte resolutiva de lapresente Resolución (infra punto resolutivo 9).
68.
La Corte realizará las gestiones pertinentes y necesarias para cubrir los costos detraslado, alojamiento y manutención de las personas comparecientes con recursos
provenientes del Fondo de Asistencia.

12

69.
Según lo requerido por el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamientodel Fondo de Asistencia, se dispone que la Secretaría abra un expediente de gastos a los fines
de llevar la contabilidad y en el cual se documentará cada una de las erogaciones que serealicen en relación con el referido Fondo.
70.
Finalmente, el Presidente recuerda que, según el artículo 5 del Reglamento del Fondo,
se informará oportunamente al Estado las erogaciones realizadas en aplicación del Fondo deAsistencia Legal de Víctimas, para que presente sus observaciones, si así lo desea, dentro delplazo que se establezca al efecto.
POR TANTO:
EL PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS,De conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los artículos 4,
15.1, 26.1, 31.2, 35.1, 40.2, 41.1, 45, 46, 50 a 56 y 60 del Reglamento del Tribunal,
RESUELVE:
1.
Requerir, por las razones expuestas en la presente Resolución, de conformidad con el
principio de economía procesal y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 50.1 delReglamento de la Corte, que las siguientes personas presten sus declaraciones ante fedatario
público (affidavit):A)

Presuntas víctimas (propuestas por los representantes)

1) Tereza de Cássia Rosa Genoveva; Maria das Graças da Silva; Thiago da Silva;
Helena Vianna; Joyce Neri da Silva Dantas; João Alves de Moura; Robson Genuino
dos Santos Junior; Otacilio Costa; Bruna Fonseca Costa; Geni Pereira Dutra; Diogoda Silva Genoveva; Cesar Braga Castor; Michele Mariano dos Santos; William
Mariano dos Santos; Mônica Santos de Souza Rodrigues; Evelyn Santos de Souza
Rodrigues; Pricila da Silva Rodrigues, y Samuel da Silva Rodrigues.
Las presuntas víctimas señaladas declararán sobre: i) la actuación de lasautoridades estatales en la investigación de los hechos; ii) los presuntos obstáculos
enfrentados para la obtención de justicia; iii) el alegado estigma generado por lasupuesta participación de las presuntas víctimas en actividades ilegales; y iv) las
alegadas consecuencias materiales e inmateriales generadas por las presuntas
violaciones relacionadas con la falta de obtención de justicia.
B)

Testigo (propuesto por los representantes)

1) Ignacio Cano, quien declarará sobre el alegado contexto de la época respecto de losoperativos policiales en las comunidades de Río de Janeiro y su supuesta
persistencia en la actualidad. Asimismo, el testigo declarará sobre los hechos
relacionados con los dos operativos policiales del presente caso.
C)

Perito (propuesto por la Comisión)

1) Christof Heyns, Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, quien declarará sobre los estándaresinternacionales relativos al deber de investigar casos de uso letal de la fuerza por

13parte de agentes policiales en el contexto de operativos o redadas. Específicamente,el perito se referirá a los estándares relevantes para analizar las múltiples formas
de estigmatización que pueden ocurrir en estas investigaciones, en particular, laestigmatización como "delincuentes" de las víctimas fallecidas y la manera en que
tales estigmas impactan en el desarrollo y perspectivas de efectividad de lasinvestigaciones. Asimismo, el perito podrá hacer referencia a la figura deprescripción frente a supuestos de ejecuciones extrajudiciales en contextos comolos del caso.
D)

Peritos (propuestos por los representantes)

1) João Batista Damasceno, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, quiendeclarará sobre el control de legalidad realizado por las autoridades judiciales sobrelas actuaciones del Ministerio Público en las solicitudes de archivo deinvestigaciones, relacionadas con presuntos crímenes cometidos por agentes delEstado.
2) Caetano Lagrasta, Juez retirado del Tribunal de Justicia de São Paulo, quiendeclarará sobre las investigaciones y procedimientos judiciales del presente caso anivel interno, con énfasis en las garantías del debido proceso legal y la debida
diligencia en las investigaciones.
3) Daniel Sarmento, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Estadual deRío de Janeiro, quien declarará sobre la acción de improbidad administrativa, su
régimen y su aplicación a funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo con loestablecido por la Constitución Política de Brasil de 1988.
4) Debora Diniz, profesora de la Universidad de Brasilia, quien declarará sobre laespecificidad de la violencia contra las mujeres cometida durante operativos
policiales; la alegada ocurrencia de violencia sexual en ese escenario y laimportancia de la declaración de la supuesta víctima para el establecimiento de la
verdad de lo ocurrido. Asimismo, la perita analizará la posibilidad de invisibilizaciónde la violencia sexual en las investigaciones que privilegian otros medios de prueba
en detrimento de la declaración de la supuesta víctima. Finalmente, declarará sobre
los mecanismos de atención a las presuntas víctimas de violencia sexual.
5) Cecilia Coimbra, fundadora y Vice-Presidenta del Grupo Tortura Nunca Más de Ríode Janeiro, quien declarará sobre los alegados daños psicológicos sufridos por loshabitantes de las comunidades marginales (favelas) de Río de Janeiro afectados porla violencia policial, con especial enfoque en los daños morales generados por laausencia de determinación de responsabilidades de los funcionarios estatales.
También declarará sobre la atención psicológica proporcionada a las presuntas
víctimas de violencia institucional.
6) Elisabeth Leeds, Co-fundadora y Presidente honraría del Foro Brasileño deSeguridad Pública, quien declarará sobre el alegado contexto de violencia de las
favelas de Río de Janeiro en la década de los 90, con énfasis en las relaciones
conflictivas entre el tráfico de drogas y las policías.
7) Jan Michael-Simon, investigador en Jefe de la División para América Latina delInstituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional, quien declarará sobre elalcance de las responsabilidades de los agentes estatales involucrados en lapresunta obstrucción de las investigaciones en el caso concreto, a partir del derecho
penal comparado y la doctrina penal.

148) João Trajano, profesor de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, quien declararásobre el control interno de la policía, la presunta ineficiencia de la oficina de asuntos
internos (corregedoria) de la policía civil antes de ser unificada, y la actuación defiscalización después de la unificación de las oficinas. Declarará también sobre lasconsecuencias de la presunta falta de autonomía e independencia del Instituto
Médico Legal, del Instituto de Criminalística Carlos Éboli y demás peritos que actúan
en la investigación de crímenes, así como sobre la necesidad de protocolos y flujos
de información relativos a instituciones de seguridad y justicia, con políticas deacceso a datos que respeten la transparencia en la divulgación de los datos.
9) João Tancredo, abogado especialista en responsabilidad civil, quien declarará sobre
el contexto normativo y su aplicación en el Estado de Río de Janeiro en relación con
las indemnizaciones por parte del Poder Ejecutivo en virtud de daños morales ymateriales en casos de violencia policial, así como sobre las posibilidades dereparación de daños materiales de los familiares de las presuntas víctimas delpresente caso.
10) José Pablo Baraybar, Director Ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología
Forense, quien declarará sobre los estándares internacionales en las evaluaciones
médico-legales y la debida diligencia en las investigaciones de presuntas
ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos. Asimismo,
realizará un análisis de la ubicación de las heridas ocasionadas por armas de fuego
en las presuntas víctimas que podrían establecer un patrón sobre su ubicación yservir de indicador para diferencias una ejecución extrajudicial de una legítima
defensa durante un enfrentamiento. Además, declarará sobre la aplicación de dichos
estándares y análisis al presente caso.
11) Marlon Weichert, Procurador Regional de la República Federativa de Brasil, quiendeclarará sobre la actuación del Ministerio Público en la investigación de graves
violaciones a derechos humanos, especialmente en casos de violencia policial.
También, declarará sobre la relación del sistema de seguridad pública de Brasil y larecurrente violencia policial.
2.
Requerir al Estado y a los representantes que, de considerarlo pertinente, en lo que lescorresponda y de conformidad con el párrafo considerativo 56 de la presente Resolución, en elplazo improrrogable que vence el 10 de agosto de 2016, presenten las preguntas que estimen
pertinente formular a través de la Corte Interamericana a las presuntas víctimas, testigos yperitos referidos en el punto resolutivo 1. Las declaraciones y peritajes requeridos en el punto
resolutivo 1 deberán ser presentados a más tardar el 30 de septiembre de 2016.
3.
Requerir a los representantes y a la Comisión que coordinen y realicen las diligencias
necesarias para que, una vez recibidas las preguntas, si las hubiere, los declarantes
propuestos incluyan las respuestas respectivas en sus declaraciones rendidas ante fedatario
público, de conformidad con el párrafo considerativo 1 de la presente Resolución.
4.
Disponer que, una vez recibidas las declaraciones y peritajes requeridos en el punto
resolutivo 1, la Secretaría de la Corte los transmita a los representantes, a la Comisión y al
Estado para que, si lo estiman necesario y en los que les corresponda, presenten sus
observaciones a dichas declaraciones y peritajes, a más tardar con sus alegatos uobservaciones finales escritos.
5.
Convocar a los representantes y al Estado, así como a la Comisión Interamericana, a
una audiencia pública que se celebrará los días 10 y 11 de octubre de 2016, a partir de las

15
15:00 horas del día 10 de outubro, durante el 115 Período Ordinario de Sesiones, porrealizarse en la ciudad de Quito, Ecuador, para recibir sus alegatos finales orales yobservaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares, eventuales
fondo, reparaciones y costas, así como las declaraciones de las siguientes personas:
A)

Presuntas víctimas (propuestas por los representantes)
1) L.R.J, quien declarará sobre: i) los alegados hechos del presente caso; ii) lospresuntos traumas generados por los hechos en que se vio involucrada que
resultaron en temor; iii) los alegados daños emocionales por haber colaborado conla justicia sin que los perpetradores fueran encontrados responsables, y iv) lasconsecuencias materiales e inmateriales de las presuntas violaciones relacionadas
con la falta de acceso a la justicia en su vida personal y familiar.
2) Mac Laine Faria Neves, quien declarará sobre: i) la relación familiar como hermana
de Macmiller Faria Neves, presunta víctima del operativo policial de 1994; ii) su
percepción sobre la actuación de las autoridades estatales en la investigación de loshechos; iii) los presuntos obstáculos enfrentados para la obtención de justicia; iv) elalegado estigma generado por la supuesta participación de las presuntas víctimas
en actividades ilegales; y v) las alegadas consecuencias materiales e inmateriales
generadas por las presuntas violaciones relacionadas con la falta de obtención dejusticia.

B)

Perita (propuesta por la Comisión)1) Patricia Viseur-Sellers, Consultora en Derecho Penal Internacional y Derecho
Internacional Humanitario, quien declarará sobre los estándares internacionales
relativos al deber de investigar casos de violencia sexual y tortura contra las
mujeres por parte de agentes estatales. La perita hará especial referencia a losestándares relevantes a tomar en cuenta cuando las víctimas son niñas. Asimismo,la perita se referirá a la aplicación de la figura de prescripción a actos de violencia
sexual calificados como tortura.

C)

Perito (propuesto por los representantes)
1) Michel Misse, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Federal deRío de Janeiro, quien declarará sobre: i) los “autos de resistencia” en el sistema
judicial; ii) las alegadas omisiones en la debida diligencia por parte del Ministerio
Público; iii) los presuntos patrones en la actuación judicial; iv) la supuesta
obligación del Ministerio Público de monitorear la actividad policial ante eventuales
abusos o excesos, y v) los mecanismos de control externo.

D)

Perito (propuesto por el Estado)
1) Claude Jacques Chambriard, profesor del Departamento de Ortopedia y
Traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río deJaneiro, quien declarará sobre i) las políticas públicas de seguridad en el Estado deRío de Janeiro, así como la forma en que ocurren las investigaciones de homicidios
cuando se encuentran involucrados agentes policiales, y ii) sobre los “autos deresistencia” en la actualidad.

6.
Requerir al Estado de Brasil que facilite la salida y entrada de su territorio de losdeclarantes, si residen o se encuentran en él, quienes han sido citados en la presente
Resolución a rendir declaración en la audiencia pública en este caso, de conformidad con lo

16
dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento de la Corte.
7.
Solicitar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que notifiquen
la presente Resolución a las personas por ellos propuestas, que han sido convocadas a rendir
declaración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 y 50.4 del Reglamento.
8.
Informar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que deben
cubrir los gastos que ocasione la aportación o rendición de la prueba propuesta por ellos, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento.
9.
Requerir a los representantes que comuniquen a la Corte el nombre de los declarantes
cuyos affidavit serán cubiertos por el Fondo de Asistencia, y que remita una cotización delcosto de la formalización de las declaraciones juradas en el país de residencia de losdeclarantes y de sus respectivos envíos, a más tardar el 10 de agosto de 2016, deconformidad con lo establecido en el Considerando 67 de la presente Resolución.
10.
Requerir a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que informen alas personas convocadas para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 delReglamento, el Tribunal pondrá en conocimiento del Estado los casos en que las personas
requeridas para comparecer o declarar no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo
legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración
solemne, para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.
11.
Informar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que, al término
de las declaraciones rendidas en la audiencia pública, podrán presentar ante el Tribunal sus
alegatos finales orales y observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones
preliminares, eventuales fondo y reparaciones y costas en este caso.
12.
Informar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que cuentan
con un plazo hasta el 11 de noviembre de 2016 para presentar sus alegatos finales escritos yobservaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares,
eventuales fondo y reparaciones y costas. Este plazo es improrrogable.
13.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución a losrepresentantes, a la República Federativa de Brasil y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente en ejercicio
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente en ejercicio

17

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario