Conferencia Internacional del Trabajo, 105.a reunión, 2016

Aplicación de las normas
internacionales del trabajo,
2016 (I)

Informe III (Parte 1A)

Informede la Comisión de Expertos
en Aplicación de Conveniosy Recomendaciones

ILC.105/III(1A)
Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, 2016

Informe de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Conveniosy Recomendaciones(artículos 19, 22 y 35 de la Constitución)
Tercer punto del orden del día:
Informaciones y memorias sobre la aplicaciónde convenios y recomendaciones

Informe III (Parte 1A)

Informe Generaly observaciones referidas a ciertos países

Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra

ISBN: 978-92-2-329709-1 (impreso)
ISBN: 978-92-2-329710-7 (web pdf)
ISSN: 0251-3226
Primera edición 2016

La publicación de informaciones sobre las medidas tomadas respecto de los convenios y las recomendaciones internacionalesdel trabajo no implica opinión alguna de la Oficina Internacional del Trabajo acerca del estatuto jurídico del Estado que
comunica tales informaciones (incluida la comunicación de una ratificación o de una declaración), ni acerca de su autoridad
sobre las zonas o territorios a los que se refieran las informaciones comunicadas; en algunos casos ello puede plantear
problemas sobre los cuales la OIT no tiene competencia para expresar una opinión.
Las publicaciones y los productos digitales de la OIT pueden obtenerse en las principales librerías y redes de distribución
digital, o solicitándolos a ilo@turpin-distribution.com. Para más información, visite nuestro sitio web: www.ilo.org/publns oescríbanos a ilopubs@ilo.org.

Compaginado por TTS: Confrep-Informe III(1A)-2016-[NORME-151215-2]-Sp.docx
Impreso por la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano
independiente, constituido por juristas cuya misión es examinar la aplicación de los convenios yrecomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización. El informe anual de laComisión de Expertos cubre numerosos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de la
OIT. La estructura del informe, tal como se modificó en el 2003, se divide en las siguientes partes:a) La Nota al lector aporta indicaciones sobre la Comisión de Expertos y la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (su mandato, funcionamiento
y el marco institucional en el que se inscriben sus labores respectivas (volumen 1A, págs. 1-4).
b) Parte I: el Informe General describe el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos yhasta qué punto los Estados Miembros han cumplido con sus obligaciones constitucionales
respecto a las normas internacionales del trabajo, y hace hincapié en cuestiones de interés generalque se derivan de la labor de la Comisión (volumen 1A, págs. 5-36).
c) Parte II: las Observaciones referidas de ciertos países sobre la aplicación de los convenios
ratificados (véase sección I), y sobre la obligación de someter los instrumentos a las autoridades
competentes (véase sección II) (volumen 1A, págs. 37-608).
d) Parte III: el Estudio General, en el que la Comisión de Expertos examina el estado de lalegislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios yrecomendaciones. Este examen concierne al conjunto de los Estados Miembros, tanto si han
ratificado los convenios en cuestión como si no lo han hecho. El Estudio General se publica en
un volumen separado (Informe III (Parte 1B)) y este año se examina el Convenio sobre lostrabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), la Recomendación sobre los trabajadores
migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), el Convenio sobre los trabajadores migrantes(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) y la Recomendación sobre los trabajadores
migrantes, 1975 (núm. 151) (volumen 1B).
Por último, un Documento de información sobre las ratificaciones y las actividades
relacionadas con las normas preparado por la Oficina completa la información que contiene el
informe de la Comisión de Expertos. Este documento proporciona una perspectiva actualizada de losacontecimientos relacionados con las normas internacionales del trabajo, de la aplicación de losprocedimientos de control y de la cooperación técnica en relación con las normas internacionales deltrabajo. Este documento contiene, en forma de cuadro, información sobre la ratificación de losconvenios y protocolos y sobre los «perfiles de países» (volumen 2).
El informe de la Comisión de Expertos se puede encontrar asimismo en la siguiente dirección deInternet: http://www.ilo.org/global/standards/lang--sp/index.htm.

ÍNDICE

PáginaNOTA AL LECTOR .............................................................................................................................................................

1

Panorama general de los mecanismos de control de la OIT ......................................................................................

1

Cometido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores .........................................................................

1

Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones .....................................................................................................

2

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ..................................................................

2

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo ..................................................

3

La Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia ................................................

4

PARTE I.

INFORME GENERAL ....................................................................................................................................

5

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................

7

Composición de la Comisión .....................................................................................................................................

7

Métodos de trabajo ...................................................................................................................................................

7

Relaciones con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia ..................................................................

8

Mandato ....................................................................................................................................................................

9

RESPETO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS NORMAS ........................................................

11

A.

Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución) ................................................

11

B.

Examen de las memorias sobre los convenios ratificados por la Comisión de Expertos .....................................

13

C. Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución .........................................................................................

26

D. Sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia(artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución) .....................................................................................................

27

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y FUNCIONES RELATIVAS
A OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES .................................................................................................

31

Colaboración con organizaciones internacionales en materia de normas ..................................................................

31

Tratados de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos ........................................................................

31

Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo ................................................................................................

31

ANEXO AL INFORME GENERAL ......................................................................................................................................

33

Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ....................................

33

I.

II.

III.

PARTE II.
I.

OBSERVACIONES REFERIDAS A CIERTOS PAÍSES.................................................................................

37

OBSERVACIONES ACERCA DE LAS MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS RATIFICADOS(ARTÍCULOS 22, 23, PÁRRAFO 2, Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN) .........................................................................

39

Observación general (artículo 23, párrafo 2, de la Constitución) ...............................................................................

39

Observaciones generales (artículos 22 y 35 de la Constitución) ................................................................................

39

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo ................................................................................

43

Trabajo forzoso .........................................................................................................................................................

183

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores.....................................................................

235

Igualdad de oportunidades y de trato ........................................................................................................................

339

Consultas tripartitas ..................................................................................................................................................

387

Administración e inspección del trabajo.....................................................................................................................

397

Política y promoción del empleo................................................................................................................................

453

Orientación y formación profesionales ......................................................................................................................

493

Seguridad del empleo ...............................................................................................................................................

495

Salarios .....................................................................................................................................................................

501

Tiempo de trabajo .....................................................................................................................................................

507

Seguridad y salud en el trabajo .................................................................................................................................

509

Seguridad social .......................................................................................................................................................

551

Protección de la maternidad ......................................................................................................................................

563

Política social ............................................................................................................................................................

567

iii

ÍNDICE

PáginaII.

Trabajadores migrantes ............................................................................................................................................

569

Gente de mar ...........................................................................................................................................................

571

Pescadores ..............................................................................................................................................................

581

Trabajadores portuarios ............................................................................................................................................

583

Pueblos indígenas y tribales .....................................................................................................................................

585

Categorías específicas de trabajadores ....................................................................................................................

595

OBSERVACIONES ACERCA DE LA SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
DE LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN) ........................................................

597

ANEXOS
I.

Cuadro de las memorias registradas sobre convenios ratificados al 5 de diciembre de 2015
(artículos 22 y 35 de la Constitución) .................................................................................................................

611

Cuadro estadístico de las memorias registradas sobre los convenios ratificados al 5 de diciembre de 2015
(artículo 22 de la Constitución) ..........................................................................................................................

626

III. Lista de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores........................................

628

IV. Resumen de las informaciones comunicadas por los gobiernos respecto de la obligación de someterlos instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes .........

640

II.

V.

iv

Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto a la obligación de someter los convenios
y las recomendaciones a las autoridades competentes .....................................................................................

643

VI. Situación de los Estados Miembros en relación con la sumisión a las autoridades competentes
de los instrumentos adoptados por la Conferencia al 5 de diciembre de 2015 ...................................................

656

VII. Lista de los comentarios presentados por la Comisión por país .........................................................................

658

LISTA DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS POR TEMA

Lista de los Convenios y Protocolos por tema
Los Convenios fundamentales están en negritas y los Convenios prioritarios en cursiva
Convenio revisado, total o parcialmente, por un convenio o protocolo posterior.


z



Convenio que ya no puede ser ratificado debido a la entrada en vigor de un convenio que lo revisa.
Convenio o Protocolo que no ha entrado en vigor.
Convenio retirado.

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo
Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11)
C011

1

C084
C087
C098
C135
C141
C151
C154



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


z





4

C105
P029

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.¬98)
Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)
Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)
Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151)
Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.¬105)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores
Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5)
C005

C006
C010
C015
C033
C059
C060
C077
C078
C079
C090
C123
C124
C138
C182

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6)
Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 (núm. 10)
Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 (núm. 15)
Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932 (núm. 33)
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59)
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 (núm. 60)
Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78)
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79)
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90)
Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124)
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.¬138)
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm.¬182)

Igualdad de oportunidades y de trato
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm.¬100)
C100

C111
C156
5

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.¬87)

Trabajo forzoso
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm.¬29)
C029

2

3

Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 84)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm.¬111)
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)

Consultas tripartitas

C144

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)v

LISTA DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS POR TEMA

6z

Administración e inspección del trabajo
Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63)
C063

C081
C085
C129
C150
C160
P081

Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85)
Convenio sobre la inspecci n del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 1 9)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150)
Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)
Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947

Política y promoción del empleo
Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2)
C002

7
z
z

C034
C088
C096
C122
C159
C181

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34)
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96)
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181)

Orientación y formación profesionales
Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140)
C140

8

C142

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142)

Seguridad del empleo
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)
C158

9Salarios

10

C026
C094


vi

Convenio sobre la inspecci n del trabajo, 1947 (núm. 1)

C095
C099
C131
C173

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949
(núm. 94)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99)
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)
Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992
(núm. 173)

LISTA DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS POR TEMA

Tiempo de trabajo
Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)
C001

11



z



z

z



C004
C014
C020
C030
C031
C041
C043
C046
C047
C049
C051
C052
C061
C067
C089
C101
C106
C132
C153
C171
C175
P089

Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4)
Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14)
Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925 (núm. 20)
Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30)
Convenio sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 (núm. 31)
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41)
Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934 (núm. 43)
Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1935 (núm. 46)
Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47)
Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de botellas), 1935 (núm. 49)
Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (obras públicas), 1936 (núm. 51)
Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52)
Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (industria textil), 1937 (núm. 61)
Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (núm. 67)
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89)
Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101)
Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106)
Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132)
Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979
(núm. 153)
Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171)
Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175)
Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948

Seguridad y salud en el trabajo
Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)
C013

12

z



C045
C062
C115
C119
C120
C127
C136
C139
C148
C155
C161
C162
C167
C170
C174
C176
C184
C187
P155

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45)
Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62)
Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)
Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119)
Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)
Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127)
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
(núm. 148)
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)
Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174)
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)
Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184)
Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)
Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

vii

LISTA DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS POR TEMA

13





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z
z
z
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z
z

z
z


Seguridad social
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12)
C012

C017
C018
C019
C024
C025
C035
C036
C037
C038
C039
C040
C042
C044
C048
C102
C118
C121
C128
C130
C157
C168

14


z

15



Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18)
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25)
Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35)
Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36)
Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37)
Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38)
Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (núm. 39)
Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (núm. 40)
Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42)
Convenio sobre el desempleo, 1934 (núm. 44)
Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935 (núm. 48)
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118)
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121)
Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128)
Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130)
Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 157)
Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168)

Protección de la maternidad
Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3)

C003
C103
C183

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103)
Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)

Política social
Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 82)
C082

C117

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117)

Trabajadores migrantes
Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21)
C021

16


viii

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17)

C066
C097
C143

Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 66)
Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)

LISTA DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS POR TEMA

17


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
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
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Gente de mar
Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7)
C007

C008
C009
C016
C022
C023
C053
C054
C055
C056
C057
C058
C068
C069
C070
C071
C072
C073
C074
C075
C076
C091
C092
C093
C108
C109
C133
C134
C145
C146
C147
C163
C164
C165
C166
C178
C179
C180
C185
MLC, 2006
P147

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8)
Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9)
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16)
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23)
Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (núm. 53)
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1936 (núm. 54)
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar,
1936 (núm. 55)
Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (núm. 56)
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57)
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58)
Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68)
Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69)
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (núm. 70)
Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71)
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1946 (núm. 72)
Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73)
Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación, 1946 (núm. 75)
Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76)
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 91)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92)
Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 93)
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108)
Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 (núm. 109)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133)
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)
Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (núm. 145)
Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (núm. 146)
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147)
Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)
Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 165)
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)
Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178)
Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179)
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180)
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)
Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976

ix

LISTA DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS POR TEMA

18





Pescadores
Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112)
C112

C113
C114
C125
C126
C188

z
z

C028
C032
C137
C152

Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126)
Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes, 1929 (núm. 28)
Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932
(núm. 32)
Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137)
Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152)

Pueblos indígenas y tribales
Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50)
C050

20

z

C064
C065
C086
C104
C107
C169

Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64)
Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65)
Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86)
Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm. 104)
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107)
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

Categorías específicas de trabajadores
Convenio sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 83)
C083

21


C110
C149
C172
C177
C189
P110

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110)
Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149)
Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172)
Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)
Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)
Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958

Convenios sobre los artículos finales
Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 (núm. 80)
C080

C116

x

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114)

Trabajadores portuarios
Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco, 1929 (núm. 27)
C027

19

22

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)

Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961 (núm. 116)ÍNDICE DE LOS CONVENIOSÍndice de los comentarios por Convenio
C001
Guinea Ecuatorial ................................................
C002
Colombia .............................................................
C003
Mauritania ...........................................................
C011
Burundi ...............................................................
C012
Colombia .............................................................
Haití.....................................................................
C013
Camboya .............................................................
Comoras ..............................................................
República Centroafricana ....................................
República Democrática Popular Lao ...................
C017
Armenia...............................................................
Comoras ..............................................................
Sierra Leona ........................................................
C019
Comoras ..............................................................
Malasia Peninsular (Malasia) ..............................
Mauricio ..............................................................
República Dominicana ........................................
Sarawak (Malasia) ...............................................
C022
México ................................................................
República Bolivariana de Venezuela ..................
C026
Burundi ...............................................................
Mauricio ..............................................................
Sierra Leona ........................................................
C029
Azerbaiyán ..........................................................
Belarús ................................................................
Brasil ...................................................................
Burundi ...............................................................
Congo ..................................................................
Dominica .............................................................
Eritrea ..................................................................
Guyana ................................................................
India ....................................................................
Iraq ......................................................................
Japón ...................................................................
Kenya ..................................................................
Kuwait .................................................................
Líbano .................................................................
Malawi ................................................................
Marruecos............................................................
Mauritania ...........................................................
México ................................................................
Myanmar .............................................................
Nepal ...................................................................
Qatar ....................................................................
República Árabe Siria .........................................
República Democrática del Congo ......................

507
460
564
52
554
558
520
526
521
533
551
556
562
556
559
560
556
560
574
579
501
504
505
183
186
189
192
192
194
197
201
201
206
206
208
209
211
212
213
215
216
218
221
223
227
193

C030
Guinea Ecuatorial ...............................................
C035
Chile ...................................................................
C062
Burundi ...............................................................
República Centroafricana ...................................
República Democrática del Congo .....................
Rwanda ...............................................................
C063
Djibouti...............................................................
C071
Líbano .................................................................
C081
Angola ................................................................
Bangladesh .........................................................
Brasil ..................................................................
Burundi ...............................................................
Colombia ............................................................
Comoras .............................................................
Congo .................................................................
Costa Rica...........................................................
Croacia ...............................................................
Cuba ...................................................................
Djibouti...............................................................
Dominica ............................................................
Ecuador...............................................................
El Salvador .........................................................
Estado Plurinacional de Bolivia .........................
Ghana .................................................................
Grecia .................................................................
Guinea ................................................................
Guinea-Bissau ....................................................
Haití ....................................................................
Honduras ............................................................
Hungría ...............................................................
India ....................................................................
Italia ....................................................................
Japón...................................................................
Kazajstán ............................................................
Lesotho ...............................................................
Líbano .................................................................
Madagascar .........................................................
Malta...................................................................
Mauritania ..........................................................
Mozambique .......................................................
Níger ...................................................................
Nigeria ................................................................
Países Bajos ........................................................
Pakistán ..............................................................
Qatar ...................................................................
República de Moldova ........................................
República Democrática del Congo .....................
Rwanda ...............................................................
Sierra Leona .......................................................
C085
Anguilla (Reino Unido) ......................................

507
552
520
521
527
539
412
573
397
398
403
404
405
407
407
408
409
410
412
413
413
414
401
415
416
418
419
420
422
425
425
428
429
430
431
432
433
434
435
439
439
440
441
444
445
438
411
448
450
448

xi

ÍNDICE DE LOS CONVENIOS

C087
Argelia ................................................................
Argentina ............................................................
Bangladesh .........................................................
Belarús ................................................................
Burundi ...............................................................
Camboya .............................................................
Congo .................................................................
Ecuador ...............................................................
El Salvador .........................................................
España ................................................................
Fiji ......................................................................
Filipinas ..............................................................
Guatemala ...........................................................
Guinea Ecuatorial ...............................................
Haití ....................................................................
Hungría ...............................................................
Indonesia.............................................................
Jamaica ...............................................................
Jersey (Reino Unido) ..........................................
Kazajstán ............................................................
Kuwait ................................................................
Liberia ................................................................
Malta ...................................................................
Mauritania...........................................................
México ................................................................
Mozambique .......................................................
Nigeria ................................................................
Panamá ...............................................................
Paraguay .............................................................
Perú .....................................................................
Polonia ................................................................
Reino Unido........................................................
República Bolivariana de Venezuela ..................
República Centroafricana ...................................
República Unida de Tanzanía .............................
Rumania ..............................................................
Rwanda ...............................................................
San Vicente y las Granadinas .............................
Santa Lucía .........................................................
Senegal ...............................................................
Serbia ..................................................................
Seychelles ...........................................................
Sri Lanka ............................................................
Sudáfrica .............................................................
Suecia .................................................................
Swazilandia.........................................................
Timor-Leste ........................................................
Togo....................................................................
Trinidad y Tabago ..............................................
Túnez ..................................................................
Turquía ...............................................................
Uganda................................................................
Uruguay ..............................................................
Yemen ................................................................
Zambia ................................................................
Zimbabwe ...........................................................
C088
Alemania.............................................................
Angola ................................................................
Argentina ............................................................
Canadá ................................................................
xii

44
45
47
50
52
54
57
59
63
66
67
71
78
81
83
84
86
90
125
91
93
96
99
102
103
108
109
111
115
116
119
123
167
56
152
127
130
133
134
135
136
139
141
145
147
150
155
155
156
157
158
162
165
174
176
178
453
453
454
458

Colombia .............................................................
España .................................................................
Finlandia .............................................................
Japón ...................................................................
Nigeria ................................................................
Nueva Zelandia ...................................................
República Bolivariana de Venezuela ..................
Serbia ..................................................................
Sierra Leona ........................................................
Tailandia .............................................................
C094
Burundi ...............................................................
Djibouti ...............................................................
Dominica .............................................................
Ghana ..................................................................
Guinea .................................................................
Yemen .................................................................
C095
Grecia ..................................................................
Sierra Leona ........................................................
C096
Argentina ............................................................
Pakistán ...............................................................
Swazilandia .........................................................
C097
Francia ................................................................
Sabah (Malasia) ..................................................
C098
Alemania .............................................................
Burundi ...............................................................
Croacia ................................................................
Ecuador ...............................................................
Eslovenia .............................................................
Filipinas ..............................................................
Gambia ................................................................
Guinea Ecuatorial................................................
Guinea-Bissau .....................................................
Guyana ................................................................
Haití ....................................................................
Indonesia .............................................................
Irlanda .................................................................
Jamaica................................................................
Jersey (Reino Unido) ..........................................
Kuwait .................................................................
Liberia .................................................................
Malasia ................................................................
Malta ...................................................................
Mauricio ..............................................................
Montenegro .........................................................
Mozambique .......................................................
Panamá ................................................................
Papua Nueva Guinea ...........................................
Paraguay..............................................................
Perú .....................................................................
Polonia ................................................................
Portugal ...............................................................
República Bolivariana de Venezuela ..................
República Centroafricana ....................................
República Unida de Tanzanía .............................
Rumania ..............................................................
Rwanda ...............................................................
Saint Kitts y Nevis ..............................................

461
463
467
470
474
476
489
484
485
487
501
502
502
503
504
505
503
505
454
476
486
569
569
43
53
58
61
66
75
77
82
81
82
83
88
89
91
126
95
97
97
100
100
106
108
113
114
116
118
121
122
172
56
154
128
130
131

ÍNDICE DE LOS CONVENIOS

Samoa ..................................................................
San Vicente y las Granadinas ..............................
Santa Elena (Reino Unido) ..................................
Santa Lucía ..........................................................
Santo Tomé y Príncipe ........................................
Serbia ..................................................................
Seychelles............................................................
Sierra Leona ........................................................
Sri Lanka .............................................................
Sudán...................................................................
Suecia ..................................................................
Suiza ....................................................................
Swazilandia .........................................................
Togo ....................................................................
Trinidad y Tabago ...............................................
Turquía ................................................................
Uganda ................................................................
Uruguay...............................................................
Uzbekistán ...........................................................
Yemen .................................................................
Zambia ................................................................
Zimbabwe............................................................
C100
Afganistán ...........................................................
Bangladesh ..........................................................
Burundi ...............................................................
Camboya .............................................................
Ecuador ...............................................................
Emiratos Árabes Unidos .....................................
Fiji .......................................................................
Gibraltar (Reino Unido) ......................................
Guyana ................................................................
Kazajstán .............................................................
Pakistán ...............................................................
Panamá ................................................................
Reino Unido ........................................................
República Árabe Siria .........................................
República Centroafricana ....................................
República Democrática del Congo ......................
San Vicente y las Granadinas ..............................
Santa Lucía ..........................................................
Sudáfrica .............................................................
Trinidad y Tabago ...............................................
Turquía ................................................................
Viet Nam .............................................................
C101
Ecuador ...............................................................
C102
Mauritania ...........................................................
C103
Bahamas ..............................................................
Ghana ..................................................................
Guinea Ecuatorial ................................................
C105
Afganistán ...........................................................
Azerbaiyán ..........................................................
Belarús ................................................................
Belice ..................................................................
Egipto ..................................................................
Eritrea ..................................................................
Etiopía .................................................................
Guatemala ...........................................................

132
133
126
134
134
137
140
140
143
146
148
149
151
156
156
159
164
165
166
175
177
181
339
340
344
346
356
357
358
374
362
363
365
368
373
375
346
353
375
375
376
377
378
382
507
561
563
563
564
183
184
187
189
195
198
199
200

India ....................................................................
Kenya .................................................................
Kuwait ................................................................
Marruecos ...........................................................
República Árabe Siria.........................................
Turkmenistán ......................................................
Uzbekistán ..........................................................
C107
Bangladesh .........................................................
India ....................................................................
C108
Mauricio .............................................................
Panamá ...............................................................
Sri Lanka ............................................................
C111
Afganistán ..........................................................
Bangladesh .........................................................
Barbados .............................................................
Burundi ...............................................................
Comoras .............................................................
Congo .................................................................
Croacia ...............................................................
Chad ...................................................................
Dinamarca ..........................................................
Ecuador...............................................................
Emiratos Árabes Unidos .....................................
Ex República Yugoslava de Macedonia .............
Fiji ......................................................................
Filipinas ..............................................................
Gambia ...............................................................
Kazajstán ............................................................
Nigeria ................................................................
Pakistán ..............................................................
Panamá ...............................................................
Qatar ...................................................................
República Árabe Siria.........................................
República Centroafricana ...................................
República Checa .................................................
República de Corea.............................................
República Democrática del Congo .....................
República Dominicana .......................................
Sudáfrica .............................................................
Trinidad y Tabago ..............................................
Turquía ...............................................................
Viet Nam ............................................................
Yemen ................................................................
C115
Observación general ...........................................
Belice ..................................................................
Guyana ...............................................................
Japón...................................................................
Reino Unido .......................................................
C118
Brasil ..................................................................
Guinea ................................................................
Túnez ..................................................................
C119
Ghana .................................................................
Jordania ..............................................................
Madagascar .........................................................
Malta...................................................................
República Centroafricana ...................................

204
209
211
214
228
228
231
586
592
573
578
579
339
342
344
345
350
350
352
347
355
357
357
358
359
360
362
363
365
366
369
370
376
347
348
351
354
355
377
378
380
382
385
509
518
529
529
538
551
557
562
528
532
533
534
522
xiii

ÍNDICE DE LOS CONVENIOS

Sierra Leona ........................................................
C120
Madagascar .........................................................
República Centroafricana ...................................
Tayikistán ...........................................................
C122
Armenia ..............................................................
Austria ................................................................
Camerún .............................................................
Comoras ..............................................................
Chile ...................................................................
España ................................................................
Italia ....................................................................
Madagascar .........................................................
Polonia ................................................................
Portugal...............................................................
Reino Unido........................................................
República Bolivariana de Venezuela ..................
República Checa .................................................
República Dominicana .......................................
Rumania ..............................................................
Suecia .................................................................
Tailandia .............................................................
C125
Sierra Leona ........................................................
C127
Madagascar .........................................................
C128
Libia....................................................................
C129
Colombia ............................................................
Costa Rica ...........................................................
Estado Plurinacional de Bolivia ..........................
Italia ....................................................................
Kazajstán ............................................................
Malawi ................................................................
Malta ...................................................................
C133
Guinea ................................................................
C135
Barbados .............................................................
C136
Colombia ............................................................
Estado Plurinacional de Bolivia..........................
Guyana ................................................................
Kuwait ................................................................
Zambia ................................................................
C137
Guyana ................................................................
Portugal...............................................................
C138
Aruba (Países Bajos) ..........................................
Bahamas .............................................................
Brasil ..................................................................
Burundi ...............................................................
Congo .................................................................
Dominica ............................................................
Estado Plurinacional de Bolivia ..........................
Grecia .................................................................
Guatemala ...........................................................
Guyana ................................................................
Honduras.............................................................
xiv

541
533
522
542
455
456
457
462
459
464
469
473
479
480
482
489
458
463
483
485
488
581
534
559
406
409
402
429
431
434
435
572
50
524
518
529
532
548
583
584
330
238
242
244
250
254
240
258
258
263
266

Indonesia ............................................................. 269
Jamaica................................................................ 276
Jordania ............................................................... 278
Kazajstán ............................................................. 280
Kenya .................................................................. 281
Kirguistán............................................................ 283
Kuwait ................................................................. 286
Lesotho................................................................ 286
Líbano ................................................................. 288
Madagascar ......................................................... 291
Malasia ................................................................ 294
Malawi ................................................................ 296
Malí ..................................................................... 298
Marruecos ........................................................... 302
Mauritania ........................................................... 305
Mongolia ............................................................. 310
Mozambique ....................................................... 313
Namibia ............................................................... 316
Nepal ................................................................... 317
Nicaragua ............................................................ 320
Níger ................................................................... 322
Nigeria ................................................................ 325
República Árabe Siria ......................................... 331
República Democrática del Congo...................... 251
C139
Guinea ................................................................. 528
Guyana ................................................................ 529
Portugal ............................................................... 538
C142
Guinea ................................................................. 493
C144
Antigua y Barbuda .............................................. 387
Argelia ................................................................ 387
Burkina Faso ....................................................... 387
Burundi ............................................................... 388
Djibouti ............................................................... 389
El Salvador .......................................................... 390
Gabón .................................................................. 391
Guatemala ........................................................... 391
Irlanda ................................................................. 391
Jamaica................................................................ 391
Madagascar ......................................................... 392
Malawi ................................................................ 392
Nigeria ................................................................ 393
Perú ..................................................................... 393
Región Administrativa Especial de Hong Kong
(China) ............................................................ 388
República Bolivariana de Venezuela .................. 396
República Democrática del Congo...................... 389
Santo Tomé y Príncipe ........................................ 393
Serbia .................................................................. 394
Sierra Leona ........................................................ 394
Swazilandia ......................................................... 395
Turquía ................................................................. . 395
C147
Dominica ............................................................. 572
C148
Anguilla (Reino Unido) ...................................... 539
San Marino .......................................................... 540
C150
Guyana ................................................................ 420
México ................................................................ 436

ÍNDICE DE LOS CONVENIOS

San Marino ..........................................................
C151
Botswana .............................................................
Reino Unido ........................................................
Turquía ................................................................
C152
Guinea .................................................................
C154
Argentina .............................................................
Santo Tomé y Príncipe ........................................
C155
Bélgica ................................................................
México ................................................................
República Centroafricana ....................................
Turquía ................................................................
C158
España .................................................................
Portugal ...............................................................
República Bolivariana de Venezuela ..................
Turquía ................................................................
C159
Colombia .............................................................
España .................................................................
Finlandia .............................................................
Japón ...................................................................
México ................................................................
Nigeria.................................................................
Perú .....................................................................
Polonia ................................................................
Santo Tomé y Príncipe ........................................
Zimbabwe............................................................
C160
San Marino ..........................................................
C161
Croacia ................................................................
República Checa .................................................
C162
Brasil ...................................................................
Camerún ..............................................................
Colombia .............................................................
Croacia ................................................................
Estado Plurinacional de Bolivia ..........................
Guatemala ...........................................................
Japón ...................................................................
C169
Argentina .............................................................
Brasil ...................................................................
Colombia .............................................................
Costa Rica ...........................................................
Honduras .............................................................
República Centroafricana ....................................
C176
Sudáfrica .............................................................
Ucrania ................................................................
Zambia ................................................................
C181
España .................................................................
Japón ...................................................................
Panamá ................................................................
C182
Angola .................................................................
Brasil ...................................................................

449
52
125
162
583
46
135
517
535
522
542
495
496
499
498
461
466
468
470
474
475
478
480
484
490
449
526
523
519
521
524
526
519
528
530
585
587
588
590
591
588
541
547
548
466
473
477
235
243

Burundi ...............................................................
Camboya .............................................................
Camerún .............................................................
Congo .................................................................
Gabón .................................................................
Ghana .................................................................
Guatemala ...........................................................
Guinea ................................................................
Haití ....................................................................
Honduras ............................................................
Indonesia ............................................................
Iraq .....................................................................
Irlanda.................................................................
Israel ...................................................................
Jamaica ...............................................................
Jordania ..............................................................
Kazajstán ............................................................
Kenya .................................................................
Kirguistán ...........................................................
Lesotho ...............................................................
Líbano .................................................................
Madagascar .........................................................
Malasia ...............................................................
Malawi ................................................................
Malí ....................................................................
Marruecos ...........................................................
Mauritania ..........................................................
México ................................................................
Mongolia ............................................................
Mozambique .......................................................
Namibia ..............................................................
Nepal ..................................................................
Nicaragua............................................................
Níger ...................................................................
Nigeria ................................................................
Nueva Zelandia...................................................
República Árabe Siria.........................................
República Democrática del Congo .....................
Tailandia .............................................................
Uzbekistán ..........................................................
C185
Observación general ...........................................
C187
Serbia ..................................................................
Observaciones generales
Afganistán ..........................................................
Belice ..................................................................
Burundi ...............................................................
Canadá ................................................................
Croacia ...............................................................
Dominica ............................................................
Gambia ...............................................................
Guinea Ecuatorial ...............................................
Guinea-Bissau ....................................................
Haití ....................................................................
Irlanda.................................................................
Kiribati ...............................................................
Luxemburgo .......................................................
República Democrática del Congo .....................
Santa Lucía .........................................................
Sierra Leona .......................................................
Somalia ...............................................................

245
246
248
251
255
257
259
262
264
267
270
273
275
275
277
279
281
283
284
287
290
292
295
297
300
303
306
308
312
315
316
318
321
323
327
328
331
252
333
336
571
540
39
40
40
40
40
40
40
41
40
41
41
41
41
40
41
41
41
xv

ÍNDICE DE LOS CONVENIOS

Tuvalu .................................................................
Sumisión a las autoridades competentes
Albania ...............................................................
Angola ................................................................
Antigua y Barbuda ..............................................
Azerbaiyán ..........................................................
Bahamas .............................................................
Bahrein ...............................................................
Bangladesh .........................................................
Belice ..................................................................
Brasil ..................................................................
Brunei Darussalam .............................................
Burundi ...............................................................
Comoras ..............................................................
Congo .................................................................
Côte d'Ivoire .......................................................
Croacia................................................................
Chile ...................................................................
Djibouti ...............................................................
Dominica ............................................................
El Salvador .........................................................
Estado Plurinacional de Bolivia ..........................
Ex República Yugoslava de Macedonia .............
Fiji ......................................................................
Gabón .................................................................
Granada...............................................................
Guinea ................................................................
Guinea Ecuatorial ...............................................
Guinea-Bissau.....................................................
Haití ....................................................................
Iraq......................................................................
Irlanda .................................................................
Islas Salomón......................................................
Jamaica ...............................................................
Kazajstán ............................................................

xvi

41
597
597
597
598
598
598
598
598
599
599
599
599
599
600
600
599
600
600
600
599
601
601
601
601
601
601
601
601
602
602
602
602
602

Kirguistán............................................................
Kiribati ................................................................
Kuwait .................................................................
Liberia .................................................................
Libia ....................................................................
Madagascar .........................................................
Malasia ................................................................
Malí .....................................................................
Mauritania ...........................................................
Mozambique .......................................................
Níger ...................................................................
Pakistán ...............................................................
Papua Nueva Guinea ...........................................
República Árabe Siria .........................................
República de Maldivas ........................................
República de Moldova ........................................
República Democrática del Congo......................
Rwanda ...............................................................
Saint Kitts y Nevis ..............................................
Samoa .................................................................
San Vicente y las Granadinas ..............................
Santa Lucía .........................................................
Santo Tomé y Príncipe ........................................
Seychelles ...........................................................
Sierra Leona ........................................................
Somalia ...............................................................
Sudán ..................................................................
Suriname .............................................................
Tayikistán............................................................
Togo ....................................................................
Tuvalu .................................................................
Uganda ................................................................
Vanuatu ...............................................................
Yemen .................................................................

603
603
603
603
603
603
604
604
604
604
604
605
605
606
604
604
600
605
605
605
606
606
606
606
606
606
607
607
607
607
607
607
607
608

ÍNDICE DE LOS PAÍSES

Índice de los comentarios por país
Afganistán
C100 ....................................................................
C105 ....................................................................
C111 ....................................................................
Observación general ............................................
Albania
Sumisión a las autoridades competentes .............
Alemania
C088 ....................................................................
C098 ....................................................................
AngolaC081 ....................................................................
C088 ....................................................................
C182 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Anguilla (Reino Unido)
C085 ....................................................................
C148 ....................................................................
Antigua y Barbuda
C144 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Argelia
C087 ....................................................................
C144 ....................................................................
Argentina
C087 ....................................................................
C088 ....................................................................
C096 ....................................................................
C154 ....................................................................
C169 ....................................................................
Armenia
C017 ....................................................................
C122 ....................................................................
Aruba (Países Bajos)
C138 ....................................................................
Austria
C122 ....................................................................
Azerbaiyán
C029 ....................................................................
C105 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
BahamasC103 ....................................................................
C138 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Bahrein
Sumisión a las autoridades competentes .............
Bangladesh
C081 ....................................................................
C087 ....................................................................
C100 ....................................................................
C107 ....................................................................
C111 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Barbados
C111 ....................................................................
C135 ....................................................................

339
183
339
39
597
453
43
397
453
235
597
448
539
387
597
44
387
45
454
454
46
585
551
455
330
456
183
184
598
563
238
598
598
398
47
340
586
342
598
344
50

Belarús
C029 ...................................................................
C087 ...................................................................
C105 ...................................................................
Bélgica
C155 ...................................................................
BeliceC105 ...................................................................
C115 ...................................................................
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
Botswana
C151 ...................................................................
Brasil
C029 ...................................................................
C081 ...................................................................
C118 ...................................................................
C138 ...................................................................
C162 ...................................................................
C169 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
Brunei Darussalam
Sumisión a las autoridades competentes.............
Burkina Faso
C144 ...................................................................
BurundiC011 ...................................................................
C026 ...................................................................
C029 ...................................................................
C062 ...................................................................
C081 ...................................................................
C087 ...................................................................
C094 ...................................................................
C098 ...................................................................
C100 ...................................................................
C111 ...................................................................
C138 ...................................................................
C144 ...................................................................
C182 ...................................................................
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
Camboya
C013 ...................................................................
C087 ...................................................................
C100 ...................................................................
C182 ...................................................................
Camerún
C122 ...................................................................
C162 ...................................................................
C182 ...................................................................
Canadá
C088 ...................................................................
Observación general ...........................................
Colombia
C002 ...................................................................
C012 ...................................................................
C081 ...................................................................

186
50
187
517
189
518
40
598
52
189
403
551
242
519
587
243
599
599
387
52
501
192
520
404
52
501
53
344
345
244
388
245
40
599
520
54
346
246
457
521
248
458
40
460
554
405

xvii

ÍNDICE DE LOS PAÍSES

C088 ...................................................................
C129 ...................................................................
C136 ...................................................................
C159 ...................................................................
C162 ...................................................................
C169 ...................................................................
ComorasC013 ...................................................................
C017 ...................................................................
C019 ...................................................................
C081 ...................................................................
C111 ...................................................................
C122 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Congo
C029 ...................................................................
C081 ...................................................................
C087 ...................................................................
C111 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Costa Rica
C081 ...................................................................
C129 ...................................................................
C169 ...................................................................
Côte d'Ivoire
Sumisión a las autoridades competentes .............
Croacia
C081 ...................................................................
C098 ...................................................................
C111 ...................................................................
C161 ...................................................................
C162 ...................................................................
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Cuba
C081 ...................................................................
Chad
C111 ...................................................................
Chile
C035 ...................................................................
C122 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Dinamarca
C111 ...................................................................
Djibouti
C063 ...................................................................
C081 ...................................................................
C094 ...................................................................
C144 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Dominica
C029 ...................................................................
C081 ...................................................................
C094 ...................................................................
C138 ...................................................................
C147 ...................................................................
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
EcuadorC081 ...................................................................
xviii

461
406
524
461
524
588
526
556
556
407
350
462
599
192
407
57
350
250
251
599
408
409
590
600
409
58
352
526
526
40
600
410
347
552
459
599
355
412
412
502
389
600
194
413
502
254
572
40
600
413

C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C100 ....................................................................
C101 ....................................................................
C111 ....................................................................
EgiptoC105 ....................................................................
El Salvador
C081 ....................................................................
C087 ....................................................................
C144 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Emiratos Árabes Unidos
C100 ....................................................................
C111 ....................................................................
Eritrea
C029 ....................................................................
C105 ....................................................................
Eslovenia
C098 ....................................................................
EspañaC087 ....................................................................
C088 ....................................................................
C122 ....................................................................
C158 ....................................................................
C159 ....................................................................
C181 ....................................................................
Estado Plurinacional de Bolivia
C081 ....................................................................
C129 ....................................................................
C136 ....................................................................
C138 ....................................................................
C162 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Etiopía
C105 ....................................................................
Ex República Yugoslava de Macedonia
C111 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Fiji
C087 ....................................................................
C100 ....................................................................
C111 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Filipinas
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C111 ....................................................................
Finlandia
C088 ....................................................................
C159 ....................................................................
Francia
C097 ....................................................................
Gabón
C144 ....................................................................
C182 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
GambiaC098 ....................................................................
C111 ....................................................................
Observación general ............................................

59
61
356
507
357
195
414
63
390
600
357
357
197
198
66
66
463
464
495
466
466
401
402
518
240
519
599
199
358
601
67
358
359
601
71
75
360
467
468
569
391
255
601
77
362
40

ÍNDICE DE LOS PAÍSES

Ghana
C081 ....................................................................
C094 ....................................................................
C103 ....................................................................
C119 ....................................................................
C182 ....................................................................
Gibraltar (Reino Unido)
C100 ....................................................................
GranadaSumisión a las autoridades competentes .............
GreciaC081 ....................................................................
C095 ....................................................................
C138 ....................................................................
GuatemalaC087 ....................................................................
C105 ....................................................................
C138 ....................................................................
C144 ....................................................................
C162 ....................................................................
C182 ....................................................................
GuineaC081 ....................................................................
C094 ....................................................................
C118 ....................................................................
C133 ....................................................................
C139 ....................................................................
C142 ....................................................................
C152 ....................................................................
C182 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Guinea Ecuatorial
C001 ....................................................................
C030 ....................................................................
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C103 ....................................................................
Observación general ............................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Guinea-Bissau
C081 ....................................................................
C098 ....................................................................
Observación general ............................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
GuyanaC029 ....................................................................
C098 ....................................................................
C100 ....................................................................
C115 ....................................................................
C136 ....................................................................
C137 ....................................................................
C138 ....................................................................
C139 ....................................................................
C150 ....................................................................
Haití
C012 ....................................................................
C081 ....................................................................
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C182 ....................................................................
Observación general ............................................
Sumisión a las autoridades competentes .............

415
503
563
528
257
374
601
416
503
258
78
200
258
391
528
259
418
504
557
572
528
493
583
262
601
507
507
81
82
564
41
601
419
81
40
601
201
82
362
529
529
583
263
529
420
558
420
83
83
264
41
601

Honduras
C081 ...................................................................
C138 ...................................................................
C169 ...................................................................
C182 ...................................................................
Hungría
C081 ...................................................................
C087 ...................................................................
India
C029 ...................................................................
C081 ...................................................................
C105 ...................................................................
C107 ...................................................................
Indonesia
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Iraq
C029 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
IrlandaC098 ...................................................................
C144 ...................................................................
C182 ...................................................................
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
Islas Salomón
Sumisión a las autoridades competentes.............
Israel
C182 ...................................................................
ItaliaC081 ...................................................................
C122 ...................................................................
C129 ...................................................................
Jamaica
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C138 ...................................................................
C144 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
Japón
C029 ...................................................................
C081 ...................................................................
C088 ...................................................................
C115 ...................................................................
C159 ...................................................................
C162 ...................................................................
C181 ...................................................................
Jersey (Reino Unido)
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
Jordania
C119 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
KazajstánC081 ...................................................................
C087 ...................................................................
C100 ...................................................................

422
266
591
267
425
84
201
425
204
592
86
88
269
270
206
273
602
89
391
275
41
602
602
275
428
469
429
90
91
276
391
277
602
206
429
470
529
470
530
473
125
126
532
278
279
430
91
363
xix

ÍNDICE DE LOS PAÍSES

C111 ...................................................................
C129 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Kenya
C029 ...................................................................
C105 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Kirguistán
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Kiribati
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
KuwaitC029 ...................................................................
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C105 ...................................................................
C136 ...................................................................
C138 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Lesotho
C081 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
LíbanoC029 ...................................................................
C071 ...................................................................
C081 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Liberia
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Libia
C128 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Luxemburgo
Observación general ...........................................
Madagascar
C081 ...................................................................
C119 ...................................................................
C120 ...................................................................
C122 ...................................................................
C127 ...................................................................
C138 ...................................................................
C144 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Malasia
C098 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Malasia Peninsular (Malasia)
C019 ...................................................................

xx

363
431
280
281
602
208
209
281
283
283
284
603
41
603
209
93
95
211
532
286
603
431
286
287
211
573
432
288
290
96
97
603
559
603
41
433
533
533
473
534
291
392
292
603
97
294
295
604
559

Malawi
C029 ....................................................................
C129 ....................................................................
C138 ....................................................................
C144 ....................................................................
C182 ....................................................................
MalíC138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Malta
C081 ....................................................................
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C119 ....................................................................
C129 ....................................................................
Marruecos
C029 ....................................................................
C105 ....................................................................
C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
MauricioC019 ....................................................................
C026 ....................................................................
C098 ....................................................................
C108 ....................................................................
Mauritania
C003 ....................................................................
C029 ....................................................................
C081 ....................................................................
C087 ....................................................................
C102 ....................................................................
C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
MéxicoC022 ....................................................................
C029 ....................................................................
C087 ....................................................................
C150 ....................................................................
C155 ....................................................................
C159 ....................................................................
C182 ....................................................................
Mongolia
C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Montenegro
C098 ....................................................................
Mozambique
C081 ....................................................................
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
MyanmarC029 ....................................................................
Namibia
C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Nepal
C029 ....................................................................

212
434
296
392
297
298
300
604
434
99
100
534
435
213
214
302
303
560
504
100
573
564
215
435
102
561
305
306
604
574
216
103
436
535
474
308
310
312
106
439
108
108
313
315
604
218
316
316
221

ÍNDICE DE LOS PAÍSES

C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Nicaragua
C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Níger
C081 ....................................................................
C138 ....................................................................
C182 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Nigeria
C081 ....................................................................
C087 ....................................................................
C088 ....................................................................
C111 ....................................................................
C138 ....................................................................
C144 ....................................................................
C159 ....................................................................
C182 ....................................................................
Nueva Zelandia
C088 ....................................................................
C182 ....................................................................
Países Bajos
C081 ....................................................................
PakistánC081 ....................................................................
C096 ....................................................................
C100 ....................................................................
C111 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Panamá
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C100 ....................................................................
C108 ....................................................................
C111 ....................................................................
C181 ....................................................................
Papua Nueva Guinea
C098 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Paraguay
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
Perú
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C144 ....................................................................
C159 ....................................................................
Polonia
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C122 ....................................................................
C159 ....................................................................
Portugal
C098 ....................................................................
C122 ....................................................................
C137 ....................................................................
C139 ....................................................................
C158 ....................................................................
Qatar
C029 ....................................................................
C081 ....................................................................

317
318
320
321
439
322
323
604
440
109
474
365
325
393
475
327
476
328
441
444
476
365
366
605
111
113
368
578
369
477
114
605
115
116
116
118
393
478
119
121
479
480
122
480
584
538
496
223
445

C111 ...................................................................
Región Administrativa Especial de Hong Kong
(China)C144 ...................................................................
Reino Unido
C087 ...................................................................
C100 ...................................................................
C115 ...................................................................
C122 ...................................................................
C151 ...................................................................
República Árabe Siria
C029 ...................................................................
C100 ...................................................................
C105 ...................................................................
C111 ...................................................................
C138 ...................................................................
C182 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
República Bolivariana de Venezuela
C022 ...................................................................
C087 ...................................................................
C088 ...................................................................
C098 ...................................................................
C122 ...................................................................
C144 ...................................................................
C158 ...................................................................
República Centroafricana
C013 ...................................................................
C062 ...................................................................
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C100 ...................................................................
C111 ...................................................................
C119 ...................................................................
C120 ...................................................................
C155 ...................................................................
C169 ...................................................................
República Checa
C111 ...................................................................
C122 ...................................................................
C161 ...................................................................
República de Corea
C111 ...................................................................
República de Maldivas
Sumisión a las autoridades competentes.............
República de Moldova
C081 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
República Democrática del Congo
C029 ...................................................................
C062 ...................................................................
C081 ...................................................................
C100 ...................................................................
C111 ...................................................................
C138 ...................................................................
C144 ...................................................................
C182 ...................................................................
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
República Democrática Popular Lao
C013 ...................................................................

370
388
123
373
538
482
125
227
375
228
376
331
331
606
579
167
489
172
489
396
499
521
521
56
56
346
347
522
522
522
588
348
458
523
351
604
438
604
193
527
411
353
354
251
389
252
40
600
533

xxi

ÍNDICE DE LOS PAÍSES

República Dominicana
C019 ...................................................................
C111 ...................................................................
C122 ...................................................................
República Unida de Tanzanía
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
Rumania
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C122 ...................................................................
RwandaC062 ...................................................................
C081 ...................................................................
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Sabah (Malasia)
C097 ...................................................................
Saint Kitts y Nevis
C098 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Samoa
C098 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
San Marino
C148 ...................................................................
C150 ...................................................................
C160 ...................................................................
San Vicente y las Granadinas
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C100 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Santa Elena (Reino Unido)
C098 ...................................................................
Santa Lucía
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C100 ...................................................................
Observación general ...........................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Santo Tomé y Príncipe
C098 ...................................................................
C144 ...................................................................
C154 ...................................................................
C159 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Sarawak (Malasia)
C019 ...................................................................
SenegalC087 ...................................................................
SerbiaC087 ...................................................................
C088 ...................................................................
C098 ...................................................................
C144 ...................................................................
C187 ...................................................................
Seychelles
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
xxii

556
355
463
152
154
127
128
483
539
448
130
130
605
569
131
605
132
605
540
449
449
133
133
375
606
126
134
134
375
41
606
134
393
135
484
606
560
135
136
484
137
394
540
139
140
606

Sierra Leona
C017 ....................................................................
C026 ....................................................................
C081 ....................................................................
C088 ....................................................................
C095 ....................................................................
C098 ....................................................................
C119 ....................................................................
C125 ....................................................................
C144 ....................................................................
Observación general ............................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Somalia
Observación general ............................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Sri Lanka
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C108 ....................................................................
Sudáfrica
C087 ....................................................................
C100 ....................................................................
C111 ....................................................................
C176 ....................................................................
Sudán
C098 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
SueciaC087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C122 ....................................................................
Suiza
C098 ....................................................................
Suriname
Sumisión a las autoridades competentes .............
Swazilandia
C087 ....................................................................
C096 ....................................................................
C098 ....................................................................
C144 ....................................................................
Tailandia
C088 ....................................................................
C122 ....................................................................
C182 ....................................................................
Tayikistán
C120 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Timor-Leste
C087 ....................................................................
Togo
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Trinidad y Tabago
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C100 ....................................................................
C111 ....................................................................
Túnez
C087 ....................................................................
C118 ....................................................................

562
505
450
485
505
140
541
581
394
41
606
41
606
141
143
579
145
376
377
541
146
607
147
148
485
149
607
150
486
151
395
487
488
333
542
607
155
155
156
607
156
156
377
378
157
562

ÍNDICE DE LOS PAÍSES

Turkmenistán
C105 ....................................................................
Turquía
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................
C100 ....................................................................
C111 ....................................................................
C144 ....................................................................
C151 ....................................................................
C155 ....................................................................
C158 ....................................................................
TuvaluObservación general ............................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Ucrania
C176 ....................................................................
UgandaC087 ....................................................................
C098 ....................................................................
Sumisión a las autoridades competentes .............
Uruguay
C087 ....................................................................
C098 ....................................................................

228
158
159
378
380
395
162
542
498
41
607
547
162
164
607
165
165

Uzbekistán
C098 ...................................................................
C105 ...................................................................
C182 ...................................................................
Vanuatu
Sumisión a las autoridades competentes.............
Viet Nam
C100 ...................................................................
C111 ...................................................................
Yemen
C087 ...................................................................
C094 ...................................................................
C098 ...................................................................
C111 ...................................................................
Sumisión a las autoridades competentes.............
ZambiaC087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C136 ...................................................................
C176 ...................................................................
Zimbabwe
C087 ...................................................................
C098 ...................................................................
C159 ...................................................................

166
231
336
607
382
382
174
505
175
385
608
176
177
548
548
178
181
490

xxiii

NOTA AL LECTOR

Nota al lector
Panorama general de los mecanismosde control de la OIT
Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, su mandato comprende la adopción
de normas internacionales del trabajo y la promoción de la ratificación y la aplicación de esas normas en sus Estados
Miembros y el control de esta aplicación como medios fundamentales para el logro de sus objetivos. Con el fin desupervisar los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, la
OIT ha desarrollado mecanismos de control únicos a escala internacional 1.
En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados Miembros, a partir de la adopción de una norma
internacional del trabajo, tienen algunas obligaciones, especialmente la de someter el instrumento recientemente adoptado
a las autoridades nacionales competentes y la de presentar periódicamente memorias sobre las medidas adoptadas para darefecto a las disposiciones de los convenios no ratificados y de las recomendaciones.
Existen diversos mecanismos de control mediante los cuales la Organización examina el cumplimiento de las
obligaciones de los Estados Miembros dimanantes de los convenios ratificados. Este control es posible gracias alprocedimiento regular, fundado en el envío periódico de memorias (artículo 22 de la Constitución de la OIT) 2, y a losprocedimientos especiales, basados en las reclamaciones o en las quejas dirigidas al Consejo de Administración por losmandantes de la OIT (artículos 24 y 26 de la Constitución). Desde 1950, existe un procedimiento especial para el
tratamiento de las quejas en materia de libertad sindical, que descansa principalmente en el Comité de Libertad Sindicaldel Consejo de Administración. Este Comité puede ocuparse de las quejas incluso cuando el Estado Miembro interesado
no haya ratificado los convenios pertinentes relativos a la libertad sindical.

Cometido de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores
En razón de su propia estructura tripartita, la OIT fue la primera organización internacional que asoció directamente
en sus actividades a los interlocutores sociales. La participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en
los mecanismos de control está prevista en el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, en virtud del cual las memorias ylas informaciones presentadas por los gobiernos en aplicación de los artículos 19 y 22 deben comunicarse a lasorganizaciones representativas.
En la práctica, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores pueden transmitir a sus gobiernos
comentarios sobre las memorias relativas a la aplicación por estos últimos de las normas internacionales del trabajo. Porejemplo, pueden señalar la no conformidad del derecho o de la práctica con la aplicación de un convenio ratificado.
Además, toda organización de empleadores o de trabajadores puede dirigir directamente a la Oficina sus comentarios

1
Para obtener información detallada sobre todos los procedimientos de control, véase el Manual sobre los procedimientos enmateria de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Oficina
Internacional del Trabajo, Ginebra, Rev., 2012.
2
Las memorias se solicitan cada tres años para los convenios llamados fundamentales y de gobernanza, y cada cinco años paralos demás convenios. Los gobiernos transmiten las memorias que se presentan según una agrupación de los convenios por materia.

1

NOTA AL LECTOR

sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo. La Oficina los transmitirá al gobierno correspondiente, que
tendrá la posibilidad de responder a los mismos antes de que sean examinados por la Comisión de Expertos 3.

Orígenes de la Comisión de Aplicaciónde Normas de la Conferencia y de laComisión de Expertos en Aplicaciónde Convenios y Recomendaciones
En los primeros años de existencia de la OIT la adopción de las normas internacionales del trabajo y las actividadesde control regular tenían lugar cada año en el marco de las sesiones plenarias de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Sin embargo, el considerable aumento del número de ratificaciones de los convenios entrañó rápidamente un importanteincremento del número de memorias anuales presentadas. Pronto se puso de manifiesto que, en el marco de sus sesiones
plenarias, la Conferencia ya no podría examinar todas esas memorias, adoptar normas nuevas y ocuparse de otros asuntos
importantes. Es por ello que la Conferencia adoptó, en 1926, una resolución 4 instituyendo cada año una Comisión de laConferencia (luego denominada Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia) y solicitó al Consejo deAdministración que estableciera una comisión técnica (que se denominaría en lo sucesivo Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se encargaría de la preparación de un informe para la Conferencia.
Estas dos Comisiones se han convertido en los pilares del sistema de control de la OIT.

Comisión de Expertos en Aplicaciónde Convenios y Recomendaciones
Composición
La Comisión de Expertos está compuesta por 20 expertos. Se trata de destacados juristas a escala nacional einternacional, que son nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Director General. Los nombramientos
se realizan a título personal, efectuándose la elección entre personalidades de todas las regiones del mundo reputadas por
su imparcialidad, competencia e independencia, con el objetivo de permitir que la Comisión se beneficie de una
experiencia directa en diferentes sistemas legales, económicos y sociales. Cada miembro es nombrado por un período detres años renovable. En 2002, la Comisión decidió que los miembros ejercieran sus funciones durante un máximo de
15 años, a saber, que después del primer mandato de tres años su mandato sólo se pudiera renovar cuatro veces. En su
79.ª reunión (noviembre-diciembre de 2008), la Comisión decidió que su Presidente sea elegido por un período de tresaños renovable una sola vez (por otro período de tres años). La Comisión elige a un Ponente al principio de cada reunión.

Trabajo de la Comisión
La Comisión de Expertos se reúne cada año en noviembre-diciembre. De conformidad con el mandato conferido por
el Consejo de Administración 5, se invita a la Comisión a examinar lo siguiente:–
las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas por los Estados
Miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios de los que son parte;–las informaciones y las memorias relativas a los convenios y a las recomendaciones que comunican los Miembros deconformidad con el artículo 19 de la Constitución; y–las informaciones y las memorias sobre las medidas adoptadas por los Miembros con arreglo al artículo 35 de laConstitución 6.
La Comisión de Expertos tiene la tarea de indicar en qué medida la legislación y la práctica de cada Estado están deconformidad con los convenios ratificados y en qué medida los Estados cumplen con sus obligaciones en virtud de laConstitución de la OIT en relación con las normas. Al realizar esa tarea, la Comisión se adhiere a sus principios deindependencia, objetividad e imparcialidad 7. Los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la manera en que losEstados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones normativas adoptan la forma de observaciones o de solicitudes
directas. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes de incumplimiento delas obligaciones. Se publican en el informe anual de la Comisión de Expertos que se presenta luego a la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia en el mes de junio de cada año. Las solicitudes directas no se publican en el
3

Véanse los párrafos 58 a 61 del Informe General.
Véase el anexo VII, Actas de la 8.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1926, vol. I.
5
Mandato de la Comisión de Expertos, Actas de la 103.ª reunión del Consejo de Administración (1947), anexo XII, párrafo 37.
6
El artículo 35 se refiere a la aplicación de los convenios en los territorios no metropolitanos.
7
Véase párrafo 15 del Informe General.
42

NOTA AL LECTOR

informe de la Comisión de Expertos, pero se comunican directamente al gobierno interesado y se pueden encontrar en
Internet 8. Además, la Comisión de Expertos examina en el marco de un Estudio General el estado de la legislación y lapráctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios y recomendaciones seleccionados por el Consejo deAdministración 9. Este Estudio General se basa en las memorias presentadas en virtud de los artículos 19 y 22 de laConstitución y concierne a todos los Estados Miembros, tanto a los que han ratificado los convenios como a los que no lo
han hecho. El Estudio General de este año cubre los instrumentos relativos a los trabajadores migrantes.

El informe de la Comisión de Expertos
Después de haber llevado a cabo sus labores, la Comisión elabora un informe anual. El informe se presenta en dos
volúmenes 10.
El primer volumen (Informe III (Parte 1A)) 11 se divide en dos partes:–
Parte I: el Informe General da cuenta, por una parte, del desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y delas cuestiones específicas relacionadas que ésta ha tratado, y, por otra parte, de la medida en la que los Estados
Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones constitucionales respecto de las normas internacionales del trabajo.
–
Parte II: las Observaciones acerca de ciertos países se refieren al respeto de las obligaciones vinculadas con el
envío de memorias, a la aplicación de los convenios ratificados, agrupados por tema, y a la obligación de someter losinstrumentos a las autoridades competentes.
El segundo volumen contiene el Estudio General (Informe III (Parte 1B)).

La Comisión de Aplicación de Normasde la Conferencia Internacional del Trabajo
Composición
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia es una de las dos comisiones permanentes de laConferencia. Es tripartita y comprende, por consiguiente, a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y delos trabajadores. En cada reunión, la Comisión elige su Mesa, compuesta de un presidente (miembro gubernamental), dedos vicepresidentes (miembro empleador y miembro trabajador) y de un ponente (miembro gubernamental).

Trabajo de la Comisión
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se reúne cada año con ocasión de la reunión de laConferencia que se celebra en junio. En virtud del artículo 7 del Reglamento de la Conferencia, la Comisión tiene por
mandato examinar:–las medidas adoptadas para dar efecto a los convenios ratificados (artículo 22 de la Constitución);–las memorias comunicadas de conformidad con el artículo 19 de la Constitución (Estudios Generales);–las medidas adoptadas con arreglo al artículo 35 de la Constitución (territorios no metropolitanos).
La Comisión debe presentar un informe a la Conferencia.
Tras el examen técnico e independiente realizado por la Comisión de Expertos, el procedimiento de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia brinda a los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores la ocasiónde examinar juntos la manera en la que los Estados dan cumplimiento a sus obligaciones normativas. Los gobiernos tienen
la posibilidad de completar las informaciones que figuran en las memorias examinadas por la Comisión de Expertos,
8
Véase párrafo 36 del Informe General. Las observaciones y las solicitudes directas se encuentran en la base de datos
NORMLEX a la que se puede acceder a través de la dirección siguiente: www.ilo.org/normes.
9
En virtud del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 se haestablecido un sistema de discusiones recurrentes en el marco de la Conferencia a fin de que la Organización pueda comprender mejor
la situación y las necesidades diversas de sus Miembros en relación con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, a saber: empleo;
protección social; diálogo social y tripartismo, y principios y derechos fundamentales en el trabajo. El Consejo de Administración
consideró que los informes recurrentes preparados por la Oficina para que sean debatidos por la Conferencia deberían aprovechar la
información sobre la legislación y la práctica de los Estados Miembros que contienen los estudios generales así como los resultados dela discusión de dichos estudios generales por la Comisión de la Conferencia. En principio, los temas de los estudios generales se hanarmonizado con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT.
10
El informe de la Comisión de Expertos va acompañado de un Documento informativo sobre ratificaciones y actividades
normativas (Informe III (Parte 2)). Este documento aporta una visión de conjunto de la evolución reciente de las normas internacionalesdel trabajo, de la puesta en práctica de los procedimientos especiales y de la cooperación técnica efectuada en el terreno de las normas
internacionales del trabajo. Comprende, además, en forma de cuadros, el conjunto de las informaciones sobre la ratificación de losconvenios y los «perfiles por país» que reúnen las principales informaciones relativas a las normas para cada país..
11
Esta designación refleja el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo que contiene, como punto inscrito deoficio, el punto III relativo a la información y las memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones.

3

NOTA AL LECTOR

indicar las demás medidas adoptadas o propuestas desde la última reunión de esta Comisión, señalar las dificultades queencuentran para cumplir con sus obligaciones, y solicitar asistencia para superar esos obstáculos.
La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examina el Informe de la Comisión de Expertos, al igual
que los documentos enviados por los gobiernos. Los trabajos de la Comisión de la Conferencia comienzan por una
discusión general que se basa, fundamentalmente, en el Informe General de la Comisión de Expertos. Después, laComisión de la Conferencia realiza un debate sobre el Estudio General. También examina los casos de incumplimiento
grave de la obligación de presentación de memorias o de otras obligaciones vinculadas con las normas. Por último, laComisión de la Conferencia examina algunos casos individuales de aplicación de convenios ratificados que han sido
objeto de observaciones de la Comisión de Expertos. Tras la discusión de cada caso individual, la Comisión de laConferencia adopta las conclusiones sobre el caso de que se trata.
En su informe 12 presentado a la Conferencia en sesión plenaria para su adopción, la Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia puede invitar al Estado Miembro cuyo caso individual se haya discutido a recibir una misión deasistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo a fin de ayudarle a dar cumplimiento a sus obligaciones, oproponer otro tipo de misión. La Comisión de la Conferencia puede asimismo invitar a un Gobierno a que transmita
informaciones complementarias o a que tenga en cuenta algunas de sus preocupaciones cuando elabore su próxima
memoria para la Comisión de Expertos. Por otra parte, en el informe la Comisión señala a la atención de la Conferencia
algunos casos, tales como los casos de progreso y los casos de incumplimiento grave de los convenios ratificados.

La Comisión de Expertos y la Comisiónde Aplicación de Normas de la Conferencia
En muchos informes, la Comisión de Expertos ha insistido en la importancia del respeto mutuo, el sentido de la
responsabilidad y el espíritu de cooperación que siempre han caracterizado las relaciones entre la Comisión de Expertos yla Comisión de la Conferencia. A este respecto, es costumbre que el Presidente de la Comisión de Expertos asista como
observador a la discusión general de la Comisión de la Conferencia, así como a la discusión sobre el Estudio General yque, además, tenga la posibilidad de dirigirse a esta Comisión en la apertura de la discusión general y de formularobservaciones al final de la discusión del Estudio General. De igual modo, en el marco de las reuniones de la Comisión deExpertos se invita a los Vicepresidentes empleador y trabajador de la Comisión de la Conferencia a reunirse con losexpertos para abordar cuestiones de interés común en una sesión especialmente prevista a tal efecto.

12
El informe se publica en las Actas de la Conferencia. Desde 2007, también se publica por separado. En lo que respecta alúltimo informe, véase: Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, extractos de las Actas, Conferencia Internacional delTrabajo, 104.ª reunión, Ginebra, 2015.

4

Parte I. Informe General5

INFORME GENERAL

I.

Introducción

1. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, instituida por el Consejo deAdministración de la Oficina Internacional del Trabajo para examinar las informaciones y las memorias comunicadas por
los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con los artículos 19, 22 y 35 de laConstitución, sobre las medidas adoptadas en relación con los convenios y las recomendaciones, celebró su 86.ª reuniónen Ginebra del 18 de noviembre al 5 de diciembre de 2015. La Comisión tiene el honor de presentar su informe al Consejo
de Administración.
2. La composición de la Comisión es la siguiente: Sr. Mario ACKERMAN (Argentina), Sr. Shinichi AGO (Japón),Sra. Lia ATHANASSIOU (Grecia), Sra. Leila AZOURI (Líbano), Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil), Sr. James
J. BRUDNEY (Estados Unidos), Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica), Sra. Graciela Josefina DIXON CATON (Panamá),Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos), Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona), Sr. Pierre LYON-CAEN (Francia),
Sra. Elena E. MACHULSKAYA (Federación de Rusia), Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido), Sr. Vitit
MUNTARBHORN (Tailandia), Sra. Rosemary OWENS (Australia), Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún),
Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar), Sr. Ajit Prakash SHAH (India), Sra. Deborah THOMAS-FELIX (Trinidad y
Tabago) y Sr. Bernd WAAS (Alemania). El anexo I del Informe General contiene una breve biografía de todos los
miembros de la Comisión.
3. La Comisión tomó nota de que el Sr. Lyon Caen, que ha sido miembro de la Comisión desde 2001, finalizará su
mandato de 15 años al final de esta reunión. La Comisión desea expresar su profundo reconocimiento por la manera
destacada en la que el Sr. Lyon Caen ha desempeñado sus funciones durante los años en que ha sido miembro de laComisión.
4. En la presente reunión, la Comisión dio la bienvenida al Sr. Ago, la Sra. Athanassiou y el Sr. Waas, nombrados
por el Consejo de Administración en su 323.ª reunión (marzo de 2015), así como a la Sra. Thomas-Felix, nombrada por elConsejo de Administración en su 325.ª reunión (noviembre de 2015). La Comisión tomó nota con satisfacción de que,por primera vez desde 2001, en esta reunión había podido llevar a cabo sus labores con el máximo número demiembros.
5. El Sr. Koroma continuó su mandato de Presidente, y la Comisión eligió como Ponente a la Sra. Owens. Además,la Comisión decidió que, a partir de su próxima reunión, el Sr. Koroma desempeñe un segundo mandato de Presidente.

Métodos de trabajo
6. Desde su creación, la Comisión de Expertos ha estado examinado sus métodos de trabajo y, en ese proceso,
siempre ha dado la debida consideración a las opiniones expresadas por los mandantes tripartitos. En los últimos años, en
su reflexión sobre las posibles mejoras y el reforzamiento de sus métodos de trabajo, la Comisión de Expertos haencaminado sus esfuerzos hacia la determinación de las formas de ajustar sus métodos de trabajo a fin de realizar su
trabajo de manera más eficaz y efectiva y en particular afrontar mejor los desafíos relacionados con su carga de trabajo ypara ayudar mejor a los mandantes tripartitos a cumplir con sus obligaciones en relación con las normas internacionalesdel trabajo.
7. A efectos de orientar la reflexión de la Comisión sobre la mejora continua de sus métodos de trabajo, en 2001, se
estableció una subcomisión sobre los métodos de trabajo, cuyo mandato incluye el examen de los métodos de trabajo de laComisión y temas afines, con miras a formular recomendaciones apropiadas a la Comisión. Este año la subcomisión sobre
los métodos de trabajo se reunió bajo la dirección del Sr. Bentes Corrêa, que fue elegido Presidente. De acuerdo con el

7

Informe general

Composición de la Comisión

INFORME GENERAL

propósito de garantizar una mejor comprensión de su trabajo y otorgarle una mayor calidad y visibilidad, y habida cuenta
de los comentarios realizados durante la discusión general que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la104ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2015), la subcomisión examinó la cuestión de laaplicación de los criterios de distinción entre observaciones y solicitudes directas, y el procedimiento para el tratamientode las observaciones transmitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La subcomisión también
debatió cuestiones relacionadas con la carga de trabajo de la Comisión y el tiempo limitado en el que tiene que llevar acabo sus labores. Por último, la subcomisión continuó su reflexión en relación con la doble necesidad de garantizar launiformidad de su control de la aplicación de los convenios ratificados y fortalecer la coherencia por tema y facilitar una
visión de conjunto por país, a la luz, en particular, de la adopción por la comunidad internacional de la Agenda 2030 parael Desarrollo Sostenible y el compromiso de los Estados Miembros en relación con sus 17 objetivos.
8. Tras el examen del informe y de las recomendaciones de la subcomisión, la Comisión indicó que, ejerciendo su
facultad de apreciación, al adoptar sus comentarios este año, ha prestado especial atención a aplicar de manera coherente
sus criterios de distinción entre las observaciones y las solicitudes directas, tal como figuran en el párrafo 36 de su
Informe General, y que continuará haciéndolo en el futuro. Además, la Comisión decidió proporcionar una explicación
sobre su práctica cuando trata las observaciones transmitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores 1.
Respecto de la cuestión de la carga de trabajo y el poco tiempo disponible, la Comisión quiso reiterar su preocupación delarga data en relación con la escasa proporción de memorias recibidas hasta el 1.º de septiembre y hacer de nuevo hincapié
en que esto perturba el buen funcionamiento del procedimiento de control regular 2. En lo que respecta a las posibles
formas de dar más visibilidad a los comentarios por país de la Comisión, invitó a la Oficina a utilizar los medios
electrónicos a su disposición, en particular la base de datos NORMLEX, para facilitar el acceso a todos los comentarios
formulados sobre la aplicación de los convenios ratificados en relación con cada país.
9. La subcomisión para la racionalización del examen de determinada información (que fue establecida en 2012 porla Comisión de Expertos para que examine en particular la información relacionada con el envío de memorias) se reunió
de nuevo este año antes del inicio de las labores de la Comisión. La subcomisión preparó proyectos de observaciones ysolicitudes directas «generales» que abordan el incumplimiento de la obligación de envío de memorias sobre la aplicaciónde los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución) 3 y la obligación de transmitir copias de las memorias
sobre los convenios ratificados a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores (párrafo 2 delartículo 23 de la Constitución) 4. También preparó las «repeticiones» de la Comisión (una observación o solicitud directa
individual puede repetirse cuando se debía presentar una memoria sobre la aplicación de un convenio ratificado pero esa
memoria no se ha recibido o la memoria recibida no responde a los comentarios anteriores de la Comisión). La
subcomisión presentó su informe a la Comisión de Expertos, para su adopción en sesión plenaria, haciendo hincapié en lascuestiones más importantes que se plantearon durante su examen.

Relaciones con la Comisión de Aplicaciónde Normas de la Conferencia
10. El espíritu de respeto mutuo, de colaboración y de responsabilidad ha prevalecido siempre en las relaciones dela Comisión de Expertos con la Conferencia Internacional del Trabajo y su Comisión de Aplicación de Normas. En estecontexto, la Comisión saludó nuevamente la participación de su Presidente en la discusión general de la Comisión de
Aplicación de Normas de la 104.ª reunión (junio de 2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo. Tomó nota de ladecisión de la Comisión de la Conferencia de solicitar al Director General la renovación de la invitación al Vicepresidente
de la Comisión de Expertos para la 105.ª reunión (junio de 2016) de la Conferencia. La Comisión de Expertos aceptó esta
invitación.
11. El Presidente de la Comisión de Expertos invitó a la Vicepresidenta empleadora (Sra. Sonia Regenbogen) y al
Vicepresidente trabajador (Sr. Marc Leemans) a participar en una sesión especial de esta reunión de la Comisión. Ambos
aceptaron la invitación.
12. Se realizó un debate interactivo y completo sobre cuestiones de interés mutuo. Los Vicepresidentes
aprovecharon este debate para hacer hincapié en los hechos importantes que se han producido en el marco de la iniciativa
relativa a las normas desde la última reunión de la Comisión de Expertos, sobre todo en relación con la cuestión delderecho de huelga y el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). A
este respecto se refirieron en particular al resultado de la reunión tripartita de febrero de 2015, incluidas la declaración
conjunta del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores y las dos declaraciones del grupo gubernamental.
La Comisión de Expertos indicó que ha tomado debida nota de todos estos importantes hechos, especialmente de lasdeclaraciones realizadas en febrero.

1

Véanse párrafos 58 a 61 del Informe General.
Véase párrafo 21 del Informe General.
3
Véase párrafo 23 del Informe General.
4
Véase párrafo 27 del Informe General.
2

8

INFORME GENERAL

13. Asimismo, los Vicepresidentes destacaron el ambiente constructivo en el que la Comisión de la Conferencia
llevó a cabo sus labores y adoptó conclusiones en 2015, sobre la base de una participación y una apropiación realmente
tripartitas. La sesión especial brindó la oportunidad de debatir determinadas cuestiones relacionadas con los métodos detrabajo de ambas Comisiones, en particular en la medida en que repercuten en sus respectivas labores. El debate se centró
en la manera en la que el informe de la Comisión de Expertos puede proporcionar la mejor base posible para la labor de laComisión de la Conferencia, y se hizo especial referencia a la distinción entre observaciones y solicitudes directas, el
tratamiento de las observaciones transmitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores y la identificación
por la Comisión de Expertos de los casos de progreso y de los casos en los que se pide a los gobiernos que presenten
información detallada a la Conferencia (las llamadas «dobles notas a pie de página»).
14. Además, se realizó un intercambio de puntos de vista sobre las oportunidades que ofrecen los acontecimientos
que se han producido recientemente en el contexto multilateral, en particular con la adopción por la Naciones Unidas delos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto requerirá que la OIT tenga una visión de futuro y haga el mayor uso posible
de la ventaja única que le confieren su estructura tripartita y el sistema normativo. En este contexto, y tomando nota deque en 2016 se celebrará el 90.º aniversario de ambas Comisiones, se hizo especial hincapié en la importancia de un
diálogo directo, continuo y transparente entre la Comisión de la Conferencia y la Comisión de Expertos.

MandatoInforme general

15. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente
establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo y sus miembros son nombrados por el Consejo deAdministración de la OIT. Está compuesta por expertos en el terreno jurídico que se encargan de examinar la
aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros de la OIT. La
Comisión de Expertos realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican losconvenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos
nacionales. Al hacerlo, debe determinar el alcance jurídico, contenido y significado de las disposiciones de losconvenios. Sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes y buscan orientar las acciones de las autoridades
nacionales. El carácter persuasivo de esas opiniones y recomendaciones se deriva de la legitimidad y racionalidad
de la labor de la Comisión que se basa en su imparcialidad, experiencia y competencia técnica. La función técnica yla autoridad moral de la Comisión están ampliamente reconocidas, especialmente porque ha llevado a cabo su
labor de supervisión durante más de 85 años, y debido a su composición, independencia y métodos de trabajo
cimentados en el diálogo continuo con los gobiernos, teniendo en cuenta la información que transmiten lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores. Esto se ha reflejado en la incorporación de las opiniones yrecomendaciones de la Comisión en legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y decisiones de lostribunales.

9INFORME GENERAL

II. Respeto de las obligaciones
relacionadas con las normas
A.

Memorias sobre los convenios ratificados(artículos 22 y 35 de la Constitución)

16. La principal función de la Comisión consiste en examinar las memorias presentadas por los gobiernos sobre losconvenios ratificados por los Estados Miembros (artículo 22 de la Constitución) y sobre aquellos convenios que han sido
declarados aplicables en los territorios no metropolitanos (artículo 35 de la Constitución).
17. Con arreglo a la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 258.ª reunión (noviembre de 1993),
las memorias debidas sobre los convenios ratificados deben enviarse a la Oficina entre el 1.º de junio y el 1.º deseptiembre de cada año.
18. La Comisión recuerda que deben enviarse memorias detalladas cuando se trate de primeras memorias (quedeben enviarse tras la ratificación) o cuando lo pidan expresamente la Comisión de Expertos o la Comisión de laConferencia. Después se solicitan memorias simplificadas a intervalos regulares 5. La Comisión recuerda que en su
306.ª reunión (noviembre de 2009), el Consejo de Administración decidió que el ciclo de presentación de memorias dejara
de ser de dos años y pasara a ser de tres años para los convenios fundamentales y los convenios de gobernanza y mantenerel ciclo de cinco años para los otros convenios.
19. Además, la Comisión puede solicitar que se envíen memorias fuera del ciclo regular de envío de memorias 6.
La Comisión de la Conferencia y el Consejo de Administración también pueden solicitar expresamente que se envíen
memorias fuera del ciclo normal. En cada reunión, la Comisión también tiene que examinar las memorias solicitadas en
los casos en que los gobiernos no habían transmitido una memoria debida para el período anterior o no habían respondido
a los comentarios anteriores de la Comisión.

Cumplimiento de la obligación de envío de memorias
20. Este año se solicitaron a los gobiernos un total de 2 336 memorias (2 139 memorias en virtud del artículo 22 dela Constitución y 197 memorias en virtud del artículo 35 de la Constitución) sobre la aplicación de los convenios
ratificados por los Estados Miembros en comparación con 2 383 el año pasado.
21. La Comisión toma nota con preocupación de que la proporción de memorias recibidas antes del 1.º deseptiembre de 2015 sigue siendo reducida (el 38,7 por ciento en comparación con el 38,9 por ciento en su anteriorreunión). Recuerda que el hecho de que un número significativo de memorias se reciban con posterioridad al 1.º deseptiembre perturba el buen funcionamiento del procedimiento de control regular. Por consiguiente, la Comisión reitera
a los Estados Miembros su solicitud de que realicen esfuerzos particulares para que el próximo año sus memorias se5
En 1993, se estableció una distinción entre memorias detalladas y simplificadas. Tal como se explica en los formularios dememoria, en el caso de las memorias simplificadas, sólo hará falta facilitar información sobre los siguientes puntos: a) toda nueva
medida legislativa u otras medidas relacionadas con la aplicación del Convenio; b) las respuestas a las preguntas que figuran en elformulario de memoria sobre la aplicación práctica del convenio (por ejemplo, datos estadísticos, resultados de evaluaciones oauditorías, decisiones judiciales o administrativas), así como sobre el envío de copias de la memoria a las organizaciones representativasde empleadores y de trabajadores, y sobre las observaciones que se hayan recibido de dichas organizaciones, y c) las respuestas a loscomentarios formulados por los órganos de control.
6
Véase párrafo 40 del Informe General.

11

Informe general

Modalidades para la presentación de memorias

INFORME GENERAL

presenten respetando el plazo establecido y contengan toda la información solicitada a fin de que la Comisión pueda
realizar un examen completo.
22. Al finalizar la presente reunión de la Comisión, habían llegado a la Oficina 1 628 memorias. Esta cifra
representa el 69,7 por ciento de las memorias solicitadas (en comparación con 1 709, lo que representa el 71,7 por ciento,el año pasado) 7. En particular, la Comisión toma nota de que al finalizar su presente reunión, se habían recibido 69 de las
108 primeras memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados (en comparación con 75 de las
107 primeras memorias debidas el año pasado).
23. Cuando examina el incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones en materia de envío dememorias, la Comisión adopta comentarios «generales» (que figuran al principio de la parte II (sección I) de su informe).
Realiza observaciones generales cuando no se ha enviado ninguna de las memorias debidas durante dos o más años ycuando una primera memoria no se envió durante dos o más años. Realiza solicitudes directas generales cuando, durante el
año en curso, un país no ha enviado las memorias debidas o la mayor parte de las memorias debidas; o no ha enviado una
primera memoria debida.
24. Los 14 países siguientes no han enviado las memorias debidas desde hace dos años o más: Afganistán, Belice,
Burundi, República Democrática del Congo, Dominica, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Irlanda,
Santa Lucía, Sierra Leona, Somalia y Tuvalu.
25. Los siete países que figuran a continuación no han transmitido primeras memorias durante dos años o más:Omisión de envío de primeras memorias sobre la aplicación de los convenios
ratificados desde hace dos años o más
Estados

Convenios núms.

Afganistán– Desde 2012: Convenios núms. 138, 144, 159 y 182

Canadá– Desde 2014: MLC, 2006

Croacia– Desde 2014: MLC, 2006

Guinea Ecuatorial– Desde 1998: Convenios núms. 68 y 92

Kiribati– Desde 2014: MLC, 2006

Luxemburgo– Desde 2014: MLC, 2006

Tuvalu– Desde 2014: MLC, 2006

26. La Comisión insta firmemente a los gobiernos interesados a realizar todos los esfuerzos posibles para
comunicar las memorias solicitadas sobre los convenios ratificados y a poner un especial empeño en transmitir las
primeras memorias debidas. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión hace hincapié en la particularimportancia que tienen las primeras memorias que constituyen la base sobre la que la Comisión realiza su evaluación
inicial sobre la aplicación de los convenios de que se trate. La Comisión es consciente de que cuando pasa mucho tiempo
sin que se envíen memorias, a menudo la causa de las dificultades que tienen los gobiernos para cumplir con sus
obligaciones constitucionales son ciertos problemas administrativos o de otro tipo. En esos casos, es importante que losgobiernos soliciten asistencia técnica a la Oficina y que esa asistencia se proporcione rápidamente 8.
27. En una observación general, que también figura al principio de la parte II (sección I) de este informe, laComisión examina el cumplimiento por los Estados Miembros de su obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 dela Constitución de comunicar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores copia de las memorias
sobre los convenios ratificados. La Comisión toma nota de que casi todos los gobiernos han cumplido con su obligación aeste respecto. En su observación general, la Comisión aborda los casos en los que en ninguna de las memorias
transmitidas por un país se indican cuáles son las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las que se hacomunicado copia de dichas memorias, así como los casos en los que en la mayor parte de las memorias recibidas no se
indica esa información. La Comisión recuerda que, en virtud del carácter tripartito de la OIT, el cumplimiento de esta
obligación constitucional tiene por objetivo permitir que las organizaciones representativas de empleadores y detrabajadores participen plenamente en el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo 9. Si un
7
En el anexo I del presente informe se indica, en relación con cada país, si las memorias solicitadas (en virtud de los artículos 22
y 35 de la Constitución) se habían registrado o no al final de la reunión de la Comisión. En el anexo II se indica, a partir de 1932 y en lo
que respecta a las memorias solicitadas en virtud del artículo 22 de la Constitución, el número y el porcentaje de las memorias recibidas
en la fecha establecida, en la fecha de la reunión de la Comisión de Expertos y, por último, en la fecha de la reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo.
8
En ciertos casos excepcionales la falta de envió de memorias es el resultado de dificultades más generales relacionadas con lasituación nacional, que con frecuencia impiden que la Oficina pueda prestar asistencia técnica.
9
Véase párrafo 58 del Informe General.

12

INFORME GENERAL

gobierno no cumple con esta obligación, estas organizaciones no tienen la posibilidad de realizar comentarios y se pierde
un elemento fundamental del tripartismo. La Comisión solicita a todos los Estados Miembros que cumplan con su
obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución. Además, la Comisión pide a los gobiernos que
comuniquen copia de las memorias a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a fin de queéstas dispongan de tiempo suficiente para enviar los comentarios que deseen realizar.

Respuestas a los comentarios de la Comisión

Seguimiento de los casos de incumplimiento
grave por los Estados Miembros de su
obligación de envío de memorias mencionada
en el Informe de la Comisiónde Aplicación de Normas
31. Habida cuenta de que el funcionamiento del sistema de control se basa esencialmente en la información
proporcionada por los gobiernos en sus memorias, tanto la Comisión como la Comisión de la Conferencia consideran que
hay que prestar la misma atención al incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones a este respecto que alincumplimiento de sus obligaciones en relación con la aplicación de los convenios ratificados. Por consiguiente, ambas
Comisiones han decidido reforzar, con la asistencia de la Oficina, el seguimiento dado a esos casos de incumplimiento.
32. La Comisión ha sido informada de que dando seguimiento a los debates de la Comisión de la Conferencia dejunio de 2015, la Oficina ha enviado comunicaciones específicas a los Estados Miembros citados en los párrafos
pertinentes del informe de la Comisión de la Conferencia en relación con casos de incumplimiento 10. La Comisión sefelicita por el hecho de que desde el final de la reunión de la Conferencia, 13 de los Estados Miembros concernidos han
cumplido con una parte de sus obligaciones de envío de memorias 11.
33. La Comisión espera que la Oficina mantenga la asistencia técnica sostenida que ha estado proporcionando a losEstados Miembros. Por último, la Comisión saluda la eficaz colaboración que mantiene con la Comisión de la Conferencia
sobre esta cuestión de interés común, colaboración que resulta fundamental para el buen desarrollo de sus trabajos
respectivos.

B.

Examen de las memorias sobre los convenios
ratificados por la Comisión de Expertos

34. En el examen de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados y sobre aquellos que han sido
declarados de aplicación en los territorios no metropolitanos, la Comisión ha atribuido, como es su práctica habitual, acada uno de sus miembros la responsabilidad inicial de un grupo de convenios. Cada experto presenta sus conclusiones
10

Véase informe de la Comisión de la Conferencia, 2015, párrafos 124, 125 y 127.
Barbados, Francia (Tierras australes y antárticas francesas), Ghana, Granada, Guinea, Liberia, Mauritania, Nigeria,Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas y Tayikistán.
11

13

Informe general

28. Se solicita a los gobiernos que en sus memorias respondan a las observaciones y solicitudes directas de laComisión; la mayoría de los gobiernos comunicó las respuestas solicitadas. En algunos casos, las memorias recibidas nocontienen respuestas a las solicitudes de la Comisión o no se adjunta a ellas la legislación correspondiente ni otros
documentos necesarios para su examen completo. En esos casos, a solicitud de la Comisión, la Oficina escribe a losgobiernos interesados pidiéndoles que transmitan la información o la documentación solicitadas, si no se dispone de esa
documentación.
29. Este año, no se ha recibido información referente a todas o la mayor parte de las observaciones y solicitudes
directas formuladas por la Comisión de Expertos respecto de las cuales se había pedido una respuesta para el período
considerado, de los países siguientes: Afganistán, Angola, Bahamas, Belice, Burundi, República Centroafricana,
Comoras, Congo, Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, Eritrea, Gambia,
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Irlanda, Islas Salomón, Kazajstán, Kiribati, Kirguistán,República Democrática Popular Lao, Líbano, Malta, Montenegro, Nepal, Papua Nueva Guinea, Reino Unido(Anguilla, Guernsey, Jersey y Montserrat), San Marino, Santa Lucía, Sierra Leona, Suriname, Timor-Leste,
Trinidad y Tabago y Yemen.
30. La Comisión toma nota con preocupación de que el número de comentarios sin respuesta sigue siendo muy
elevado. La Comisión subraya que el valor que los mandantes de la OIT acuerdan al diálogo con los órganos de control
sobre la aplicación de los convenios ratificados se ve considerablemente limitado por el hecho de que los gobiernos no
cumplan con sus obligaciones en la materia. La Comisión insta a los países interesados a transmitir toda la información
solicitada y recuerda que, de ser necesario, pueden recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

INFORME GENERAL

preliminares sobre los instrumentos a su cargo. Esas conclusiones se presentan luego a la Comisión en sesión plenaria parasu discusión y aprobación. Las decisiones relativas a los comentarios son adoptadas por consenso.
35. La Comisión considera oportuno informar a los Estados Miembros de que, habida cuenta de la gran carga detrabajo, en su presente reunión no ha podido examinar algunas memorias y las examinará en su próxima reunión.

Observaciones y solicitudes directas
36. La Comisión considera que cabe señalar que en 337 casos ha comprobado, tras el examen de las memorias
correspondientes, que la forma en que se aplican los convenios ratificados no requería comentarios. Sin embargo, en
ciertos casos, la Comisión ha considerado que procedía señalar a la atención de los gobiernos interesados la necesidad de
adoptar medidas adicionales para dar efecto a algunas disposiciones de los convenios o de facilitar informaciones
complementarias sobre determinados puntos. Como en años anteriores, los comentarios de la Comisión han sido
redactados en forma de «observaciones», que se reproducen en el informe de la Comisión, o de «solicitudes directas», que
no se reproducen en el informe, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados y que se pueden
encontrar en Internet 12. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes deincumplimiento de las obligaciones. Sirven para indicar discrepancias importantes entre las obligaciones que se derivan deun convenio y las legislaciones y/o las prácticas en la materia de los Estados Miembros. En ellas se puede abordar la falta
de medidas para dar efecto a un convenio o para dar curso mediante acciones apropiadas a las solicitudes de la Comisión.
También sirven para, si procede, subrayar los progresos. Las solicitudes directas permiten a la Comisión mantener un
diálogo continuo con los gobiernos cuando a menudo las cuestiones planteadas son principalmente de orden técnico.
Además, pueden utilizarse para aclarar determinados puntos, cuando la información disponible no permita una plena
valoración de la medida en que se da cumplimiento a las obligaciones. Las solicitudes directas también se utilizan para
examinar las primeras memorias.
37. Las observaciones formuladas por la Comisión figuran en la parte II del presente informe y al final de cadatema figura una lista de las solicitudes directas. En el anexo VII del presente informe, figura un índice de todas las
observaciones y solicitudes directas, clasificadas por país.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisiónde Aplicación de Normas
38. La Comisión examina el seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. La
información a este respecto es parte integrante del diálogo de la Comisión con los gobiernos interesados. Este año, laComisión ha examinado el seguimiento de las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas durantela última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (104.ª reunión, junio de 2015), en los casos siguientes:
Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado a las conclusiones
de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
Estados

Convenios núms.

Argelia

87

Bangladesh

87

Belarús

87

Estado Plurinacional de Bolivia

138

Camboya

182

Camerún

182

República de Corea111

El Salvador

87

Eritrea29

España122

Guatemala87

Honduras

81

India

81

12
Las observaciones y las solicitudes directas se pueden encontrar en la base de datos NORMLEX, que está en el portal de la OIT(www.ilo.org/normes).

14

INFORME GENERAL

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado a las conclusiones
de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
Estados

Convenios núms.

Italia122

Kazajstán87

Mauricio98

Mauritania

29

México

87

Qatar

29

Swazilandia

87

Turquía

155

República Bolivariana de Venezuela

87

Seguimiento de las reclamaciones en virtuddel artículo 24 de la Constitución y de las quejas
en virtud del artículo 26 de la Constitución
39. Según la práctica establecida, la Comisión también examina las medidas adoptadas por los gobiernos con
arreglo a las recomendaciones de las comisiones tripartitas (establecidas para examinar las reclamaciones presentadas en
virtud del artículo 24 de la Constitución) y de las comisiones de encuesta (establecidas para examinar las quejas en virtuddel artículo 26 de la Constitución). La información correspondiente forma parte integrante del diálogo de la Comisión con
los gobiernos interesados. La Comisión considera que es útil poner más en valor los casos en los que asegura elseguimiento de las recomendaciones realizadas con arreglo a esos procedimientos constitucionales de control, de las que
los cuadros siguientes ofrecen una visión general.

Estados

Convenios núms.

Belarús

87

Myanmar29

Zimbabwe

87 y 98

Informe general

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado por los gobiernos
a las recomendaciones de las comisiones de encuesta(quejas en virtud del artículo 26):

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado por los gobiernos
a las recomendaciones de las comisiones tripartitas(reclamaciones en virtud del artículo 24):
Estados

Convenios núms.

Chile

35 y 37

República Dominicana

19

España158

Japón

159 y 181

México155

República de Moldova

81

Países Bajos

81, 129 y 155

15

INFORME GENERAL

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado por los gobiernos
a las recomendaciones de las comisiones tripartitas(reclamaciones en virtud del artículo 24):
Estados

Convenios núms.

Portugal

137

Qatar

29 y 111

Notas especiales
40. Como es habitual, la Comisión indica, mediante notas especiales (conocidas tradicionalmente como «notas apie de página») que figuran al final de los comentarios, los casos en los que, por la naturaleza de los problemas planteadospara aplicar los convenios correspondientes, le parece oportuno solicitar a los gobiernos que faciliten una memoria antes
de la fecha prevista, y, en ciertos casos, que transmita información completa a la Conferencia en su próxima reunión dejunio de 2016.
41. A los fines de la identificación de los casos respecto de los cuales inserta notas especiales, la Comisión recurrea los criterios básicos que se describen a continuación, teniendo en cuenta las consideraciones generales siguientes. En
primer término, estos criterios son indicativos. En el ejercicio de sus facultades discrecionales en lo que respecta a laaplicación de estos criterios, la Comisión también puede considerar las circunstancias específicas del país y la duración delciclo de presentación de memorias. En segundo término, estos criterios son aplicables a los casos respecto de los cuales sesolicita una memoria anticipada, a la que a menudo se hace referencia como «nota a pie de página simple», al igual que alos casos respecto de los cuales se solicita al gobierno que comunique a la Conferencia información detallada, a la que sealude con frecuencia como «nota a pie de página doble». La diferencia entre estas dos categorías es de grado. En tercer
lugar, un caso grave que justifique una nota especial para que se comunique información completa a la Conferencia (notaa pie de página doble), sólo puede ser objeto de una nota especial para que se presente una memoria anticipada (nota a piede página simple), en la medida en que haya sido objeto de una discusión reciente en la Comisión de la Conferencia. Porúltimo, la Comisión quiere señalar que utiliza las notas a pie de página dobles por deferencia a las decisiones de laComisión de la Conferencia en materia de determinación de los casos que desea discutir.
42. Los criterios que considerará la Comisión, son los siguientes:–
la gravedad del problema; al respecto, la Comisión pone de relieve que una importante consideración es la necesidad
de abordar el problema en el contexto de un convenio concreto y de tener en cuenta los temas que implican losderechos fundamentales, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como cualquier impacto
adverso, especialmente en el ámbito internacional, sobre los trabajadores y las otras categorías de personas
protegidas;–
la persistencia del problema;–la urgencia de la situación; la evaluación de esa urgencia es necesariamente específica para cada caso, según criteriosde derechos humanos estándar, como las situaciones o los problemas que suponen una amenaza para la vida, cuando
es previsible un daño irreversible, y–la calidad y el alcance de la respuesta del gobierno en sus memorias o la ausencia de respuesta a los asuntos
planteados por la Comisión, especialmente los casos de claro y reiterado incumplimiento por parte de un Estado desus obligaciones.
43. Además, la Comisión desea destacar que su decisión de no introducir una doble nota a pie de página en un casoque, anteriormente, ha sido señalado a la atención de la Comisión de la Conferencia, no significa de ninguna manera que
dicho caso sea considerado como un caso de progreso.
44. En su 76.ª reunión (noviembre-diciembre de 2005), la Comisión decidió que la identificación de los casos
respecto de los cuales se solicitaba a los gobiernos la comunicación de informaciones detalladas a la Conferencia, serealizase en dos etapas: en primer lugar, el experto responsable inicialmente de un grupo concreto de convenios puede
recomendar a la Comisión la inserción de notas especiales; en segundo lugar, habida cuenta de todas las recomendaciones
formuladas, la Comisión adoptará, después de la discusión, una decisión final y colegiada, una vez examinada laaplicación de todos los convenios.
45. Este año, la Comisión pidió a los gobiernos que transmitieran información completa a la reunión de laConferencia de 2016 sobre los casos que figuran a continuación:

16

INFORME GENERAL

Lista de los casos en los que la Comisión solicitó a los gobiernos que transmitiesen
a la reunión de la Conferencia de mayo-junio de 2016 datos completos:
Estados

Convenios núms.

Belarús

29

Filipinas

87

Madagascar

182

Nigeria

138

Turkmenistán

105

46. La Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen memorias detalladas fuera del ciclo de presentación dememorias en los casos siguientes:
Lista de los casos en los que la Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen
memorias detalladas fuera del ciclo de presentación de memorias
Estados

Convenios núms.

República Dominicana

111

Mauritania

3 y 81San Marino

87, 98 y 154

47. Además, la Comisión pidió memorias simplificadas fuera del ciclo de presentación de memorias en los casos
siguientes:

Estados

Convenios núms.

Albania

176 y 181

Alemania

88, 159 y MLC, 2006

Antigua y Barbuda

144

Argentina

96 y 154

Australia

88

Azerbaiyán

23, 92, 133, 134 y 147

Bahamas

MLC, 2006

Bangladesh

81

Belarús

105

Bélgica

MLC, 2006

Estado Plurinacional de Bolivia

136 y 162

Brasil22, 133, 146, 163, 164, 166 y 178

Bulgaria

MLC, 2006

Canadá

160

Chile

35 y 37

Chipre160 y MLC, 2006

Colombia

12, 17, 18, 136 y 162

Informe general

Lista de los casos en los que la Comisión pidió memorias simplificadas
fuera del ciclo de presentación de memorias

17

INFORME GENERAL

Lista de los casos en los que la Comisión pidió memorias simplificadas
fuera del ciclo de presentación de memorias

18

Estados

Convenios núms.

República Dominicana

19

Egipto159

El Salvador

81 y 144

Eslovaquia

140

España88, 122, 159, 181 y MLC, 2006

Francia

MLC, 2006

Ghana

119 y 182

Grecia160

Guatemala87, 159 y 169

Haití12, 17, 24, 25 y 42

India

81

Indonesia

87 y 98Iraq

8, 22, 23, 92, 146 y 147

Japón

115, 159 y 181

Jordania

119

Kazajstán87

Líbano142

Madagascar

88 y 159

Marruecos

MLC, 2006

Mauricio

98

México22, 55, 87, 134, 155, 159, 163, 164 y 166

Montenegro

140

Nigeria87

Países Bajos

159 y MLC, 2006

Perú

159

Portugal

137 y 162

Reino Unido

87 y MLC, 2006

Reino Unido – Isla de Man

MLC, 2006

Federación de Rusia

MLC, 2006

Santo Tomé y Príncipe

144 y 159

Sri Lanka

98

Suecia

MLC, 2006

Turquía

98, 155 y 159

Ucrania

176

Uganda162

Uzbekistán98

República Bolivariana de Venezuela

87 y 88

INFORME GENERAL

Lista de los casos en los que la Comisión pidió memorias simplificadas
fuera del ciclo de presentación de memorias
Estados

Convenios núms.

Zambia98, 136 y 176

Zimbabwe

87 y 98

48. Tras su examen de las memorias enviadas por los gobiernos, y con arreglo a su práctica habitual, la Comisión
menciona, en sus comentarios, los casos en los que expresa su satisfacción o su interés por los progresos realizados en laaplicación de los convenios correspondientes.
49. En sus 80.ª y 82.ª reuniones (2009 y 2011), la Comisión proporcionó las siguientes precisiones sobre el enfoquegeneral elaborado durante el transcurso de los años en relación con la identificación de los casos de progreso:
1) La expresión de interés o satisfacción no significa que considere que el país en cuestión cumple de manera generallas disposiciones del convenio. Por consiguiente, en el mismo comentario, la Comisión puede expresar
satisfacción o interés sobre una cuestión determinada mientras lamenta que, desde su punto de vista, otras
cuestiones importantes no se hayan abordado de manera satisfactoria.
2) La Comisión desea hacer hincapié en que sólo se señala que se ha realizado un progreso en lo que respecta a una
cuestión específica que se deriva de la aplicación del convenio y de la naturaleza de las medidas adoptadas por
el Gobierno interesado.
3) La Comisión ejerce sus facultades discrecionales teniendo en cuenta la naturaleza particular del convenio así comolas circunstancias específicas del país.
4) El hecho de señalar que se ha realizado un progreso puede tener relación con diferentes tipos de medidas adoptadas
en la legislación, la práctica o las políticas nacionales.
5) Si la satisfacción está relacionada con la adopción de legislación, la Comisión también puede considerar apropiado
adoptar medidas a fin de garantizar el seguimiento de su aplicación práctica.
6) En la identificación de los casos de progreso, la Comisión tiene en cuenta tanto la información transmitida por losgobiernos en sus memorias como los comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
50. Desde que empezó a identificar los casos de satisfacción en su informe de 1964 13, la Comisión ha utilizado losmismos criterios generales. La Comisión expresa su satisfacción en los casos en los que, tras los comentarios que ha
formulado sobre un asunto específico, los gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la adopción de nueva
legislación o de una enmienda a la legislación existente, o realizando un cambio significativo en la política o en la
práctica nacional, con lo que logran un mejor cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los convenios
correspondientes. Al expresar su satisfacción, la Comisión indica a los gobiernos y a los interlocutores sociales que
considera que se ha resuelto un asunto concreto. La razón para la identificación de los casos de satisfacción es doble:–
dejar constancia de que la Comisión se congratula por las medidas positivas adoptadas por los gobiernos en
respuesta a sus comentarios, y–aportar un ejemplo a otros gobiernos e interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos similares.
51. En la parte II del presente informe, se incluye información detallada sobre los casos de progreso; se trata de
19 casos en los que se han adoptado tales medidas en 18 países. La lista completa es la siguiente:
Lista de los casos en los que la Comisión ha podido expresar su satisfacción
por algunas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:
Estados

Convenios núms.

Barbados

135

Brasil

155

Cuba

81

Ecuador

87

Fiji

87

13
Véase el párrafo 16 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 48.ª reunión (1964) de la Conferencia Internacionaldel Trabajo.

19

Informe general

Casos de progresoINFORME GENERAL

Lista de los casos en los que la Comisión ha podido expresar su satisfacción
por algunas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:
Estados

Convenios núms.

Filipinas

111

Kenya

138

Kuwait138

Madagascar

127

México182

Mozambique

87 y 98

Namibia

182

Países Bajos – Aruba

138

Panamá

107

Perú

87

Samoa

98

Serbia98

Swazilandia

87

52. Desde que la Comisión comenzara a enumerarlos en su Informe, el número total de casos respecto de los cuales
la Comisión ha expresado su satisfacción por los progresos alcanzados como consecuencia de sus comentarios se eleva
a 2 999.
53. En lo que respecta a los casos de progreso, en 1979 se formalizó la distinción entre casos de satisfacción ycasos de interés 14. En general, los casos de interés son los casos en los que las medidas están lo suficientementeelaboradas para justificar la expectativa de alcanzar nuevos progresos en el futuro y respecto de los cuales laComisión quisiera proseguir su diálogo con el gobierno y los interlocutores sociales. La práctica de la Comisión haevolucionado de tal manera que, actualmente, los casos sobre los que expresa su interés también pueden englobar diversas
medidas. La consideración primordial es que las medidas contribuyan a la consecución general de los objetivos de un
determinado convenio. Esto puede incluir:–
proyectos de legislación ante el Parlamento u otros cambios legislativos propuestos que aún no se han presentado ala Comisión o puesto a su disposición;–
consultas realizadas en el seno del gobierno y con los interlocutores sociales;–
nuevas políticas;–
desarrollo y aplicación de actividades en el marco de un proyecto de cooperación técnica, o tras la asistencia técnica
o el asesoramiento de la Oficina;–
las decisiones judiciales, según el nivel del tribunal, la temática y la fuerza de tales decisiones en un determinado
sistema jurídico, se considerarían normalmente como casos de interés, salvo que exista una razón convincente paraseñalar como caso de satisfacción una determinada decisión judicial, o–la Comisión también puede señalar como casos de interés, los progresos realizados por un Estado, una provincia, unterritorio, en el marco de un sistema federal.
54. Los pormenores relativos a los casos en consideración, se encontrarán en la parte II de este informe o en las
solicitudes dirigidas directamente a los gobiernos interesados. Los 158 casos en los que se habían adoptado medidas deeste tipo, corresponden a 85 países. La lista es la siguiente:

14
Véase el párrafo 122 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 65.ª reunión (1979) de la Conferencia
Internacional del Trabajo.

20

INFORME GENERAL

Estados

Convenios núms.

Alemania

88 y 98

Argentina

88 y 169

Armenia

29, 105, 138 y 150

Azerbaiyán

29

Bangladesh

81 y 87

Belarús

29 y 87

Bélgica

62 y 155

Bosnia y Herzegovina

29 y 159

Brasil29, 117, 155, 159, 160 y 169

Brunei Darussalam

182

Burkina Faso

144

Cabo Verde138 y 182

Chile

122

Chipre155

Colombia

2, 81, 88, 159, 160, 161, 162 y 169

Costa Rica

159, 160 y 169

Cuba

81

Dinamarca

100 y 122

República Dominicana

19

Ecuador81 y 98

Egipto150

El Salvador

159

Ex República Yugoslava de Macedonia

88, 100, 158 y 159

Fiji

87 y 100

Filipinas

122, 159 y 189

Francia

MLC, 2006

Gabón

29

Georgia

138

Ghana

105 y 182

Granada87 y 182

Grecia81

Guatemala127

Guinea118, 121, 132, 144 y 149

Haití

29 y 182

Honduras

138 y 169

India

29, 107, 136 y 144

Informe general

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interésde diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:

21

INFORME GENERAL

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interésde diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:

22

Estados

Convenios núms.

Iraq

29, 81, 138 y 182

Irlanda98

Islandia

108 y 144

Jordania

144 y 159

Kenya

138

Kuwait29 y 182

República Democrática Popular Lao

138

Lesotho

138 y 182

Lituania

29 y 159

Madagascar

81, 144 y 182

Malasia

19

Malawi

105

Malí

150

Marruecos

138

Mauricio

19

Mauritania

23

México87, 150, 159 y 182

Mongolia

98

Montenegro

182

Mozambique

81

Namibia

182

Nepal

169

Nicaragua

144

Níger

81

Nigeria111

Países Bajos

159

Países Bajos – Aruba

138

Pakistán144

Panamá

87, 98 y 107

Paraguay

159

Perú

87 y 98

Polonia

87 y 98

Rwanda29

Saint Kitts y Nevis

87 y 98Samoa

87 y 111

Singapur187

INFORME GENERAL

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interésde diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:
Estados

Convenios núms.

Sri Lanka

87 y 98

Sudáfrica

87, 100 y 111

Sudán

98

Suecia87 y 98

Timor-Leste

87

Trinidad y Tabago

144

Turkmenistán

100

Turquía

87, 98 y 151

Ucrania

159

Uganda87

Uruguay87, 98 y 135

Uzbekistán

182

Viet Nam

100, 111 y 155

Zimbabwe98

55. Como parte de la aplicación de los convenios en la práctica, la Comisión toma nota de la información que
contienen las memorias de los gobiernos, por ejemplo en relación con las decisiones judiciales, las estadísticas y lainspección del trabajo. El envío de esta información se solicita en casi todos los formularios de memoria y también en lostérminos específicos de algunos convenios.
56. La Comisión observa que 532 memorias recibidas este año contienen información sobre la aplicación práctica
de los convenios; 58 de estas memorias contienen información sobre la jurisprudencia nacional. La Comisión también
toma nota de que 474 de esas memorias contienen información sobre estadísticas y sobre la inspección del trabajo.
57. La Comisión insiste ante los gobiernos sobre la importancia del envío de esa información, que es indispensablepara completar el examen de la legislación nacional y contribuye a que la Comisión identifique las cuestiones que plantean
verdaderos problemas de aplicación práctica. La Comisión desea asimismo alentar a las organizaciones de empleadores yde trabajadores a que le comuniquen información precisa y actualizada sobre la aplicación de los convenios en la práctica.

Observaciones de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores
58. En cada una de sus reuniones, la Comisión recuerda que la contribución de las organizaciones de empleadores yde trabajadores resulta fundamental para que pueda evaluar la aplicación de los convenios en la legislación y la práctica
nacionales. Los Estados Miembros tienen la obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución decomunicar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores copia de las memorias transmitidas con arreglo a losartículos 19 y 22 de la Constitución. El respeto de esta obligación constitucional tiene por objeto permitir que lasorganizaciones representativas de empleadores y de trabajadores participen plenamente en el control de la aplicación delas normas internacionales del trabajo. En algunos casos, los gobiernos transmiten adjuntas a sus memorias las
observaciones realizadas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y, algunas veces añaden sus
comentarios. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, las observaciones de las organizaciones de empleadores y detrabajadores se envían directamente a la Oficina que, con arreglo a la práctica establecida, los transmite a los gobiernos
interesados para que realicen sus comentarios al respecto, a fin de garantizar que se respeta el debido proceso. Por razones
de transparencia, todas las observaciones recibidas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre laaplicación de los convenios ratificados desde la última reunión de la Comisión figuran en el anexo III de su informe.
Cuando la Comisión de Expertos considera que las observaciones no entran en el ámbito de aplicación del convenio encuestión o no contienen información que represente un valor añadido para el examen de la aplicación de dicho convenio,
no las menciona en sus comentarios. De lo contrario, las observaciones transmitidas por las organizaciones deempleadores y de trabajadores pueden tenerse en cuenta en una observación o en una solicitud directa, según proceda.

23

Informe general

Aplicación práctica

INFORME GENERAL

59. La Comisión recuerda que en un año en el que se debe presentar una memoria, cuando las observaciones delas organizaciones de empleadores y de trabajadores no se transmiten junto con la memoria del gobierno, esas
observaciones deben recibirse en la Oficina a más tardar el 1.º de septiembre a efectos de que el gobierno tenga el tiempo
necesario para responder y, de esta forma, permitir a la Comisión examinar los asuntos en cuestión en su reunión delmismo año. Cuando las observaciones se reciben después del 1.º de septiembre, no se examinarán a fondo si no se dispone
de una respuesta del gobierno, excepto en casos excepcionales. A lo largo de los años, la Comisión ha establecido que los
casos excepcionales son aquellos en los que los alegatos están lo suficientemente fundamentados y existe la necesidad
urgente de abordar la situación, ya sea porque se trata de cuestiones de vida o muerte o relacionadas con los derechos
humanos fundamentales o porque cualquier retraso puede causar un daño irreparable. Además, las observaciones enrelación con propuestas legislativas o proyectos de ley también pueden ser examinadas por la Comisión aunque elGobierno no haya respondido, siempre que esto pueda resultar útil para el país en la fase de redacción.
60. Asimismo, en un año en el que no se deben presentar memorias, cuando las observaciones transmitidas porlas organizaciones de empleadores y de trabajadores se limitan a repetir las observaciones realizadas en años anteriores, ose refieren a cuestiones ya planteadas por la Comisión, se examinarán con arreglo al ciclo normal de envío de memorias el
año en el que la memoria del Gobierno es debida, y no habrá solicitud de memoria fuera de ese ciclo. Sin embargo,
cuando las observaciones satisfacen los criterios de casos excepcionales tal como se definieron en el párrafo anterior, laComisión las examinará el año en que se reciban, incluso aunque el gobierno interesado no haya respondido, y éste deberá
enviar una memoria el año siguiente, que puede ser o no el año en que la memoria es debida.
61. La Comisión hace hincapié en que el procedimiento que se ha explicado antes tiene por objetivo dar efecto a lasdecisiones adoptadas por el Consejo de Administración, por las que se ha extendido el ciclo de presentación de memorias
y se proporcionan garantías en ese contexto a fin de asegurar que se mantiene un control efectivo de la aplicación de losconvenios ratificados. Una de esas garantías consiste en reconocer debidamente la posibilidad que se ofrece a lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores de señalar a la atención de la Comisión las cuestiones que son motivo deespecial preocupación en relación con la aplicación de los convenios ratificados, incluso en los años en los que no sedeben presentar memorias.
62. Desde su última reunión, la Comisión ha recibido 1 019 observaciones (en comparación con las 1 143 del año
anterior), de las que 305 (en comparación con 309 del año anterior) fueron comunicadas por organizaciones deempleadores y 714 (en comparación con 834 el año anterior) por organizaciones de trabajadores. La mayor parte de lasobservaciones recibidas, a saber 818, se refieren a la aplicación de los convenios ratificados 15. Estas observaciones se
reparten del modo siguiente: 433 observaciones sobre la aplicación de los convenios fundamentales, 97 observaciones
sobre la aplicación de los convenios de gobernanza y 288 sobre la aplicación de los demás convenios. Además,
201 observaciones se refieren a las memorias presentadas a efectos de la elaboración del Estudio General sobre losinstrumentos relativos a los trabajadores migrantes 16.
63. La Comisión toma nota de que, de las observaciones recibidas este año relativas a los convenios ratificados,
626 fueron transmitidas directamente a la Oficina. En 192 casos, los gobiernos transmitieron los comentarios realizados
por las organizaciones de empleadores y de trabajadores junto con sus memorias. La Comisión toma nota de que, engeneral, las organizaciones de empleadores y de trabajadores se esforzaron en reunir y presentar información sobre laaplicación práctica de los convenios ratificados en determinados países, tanto en la legislación como en la práctica. La
Comisión recuerda que las observaciones de carácter general en relación con algunos convenios se abordan de manera
más apropiada en el marco del examen por la Comisión de los estudios generales o en otros foros de la OIT.

Casos en los que se hace hincapié en la necesidad
de asistencia técnica
64. La combinación del trabajo de los órganos de control y las orientaciones prácticas dadas a los Estados
Miembros a través de la cooperación y la asistencia técnicas siempre ha sido una de las principales características delsistema de control de la OIT. A este respecto, la Comisión acogió con agrado la información recibida por la Oficina
respecto a que, en 2015, se siguió proporcionado asistencia técnica específica a fin de ayudar a los países a ratificar y
aplicar las normas internacionales del trabajo y a reforzar las capacidades de los ministerios de trabajo de cumplir con sus
obligaciones constitucionales (incluida la preparación de memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados). El
Informe III (Parte 2) contiene información detallada sobre la asistencia técnica 17.
65. La Comisión reitera su esperanza de que en un futuro próximo se elabore un amplio programa deasistencia técnica y que se le asignen los fondos adecuados a fin de ayudar a todos los mandantes a mejorar la
aplicación de las normas internacionales del trabajo en la legislación y en la práctica.

15

Véase anexo III del informe.
La información relativa a los comentarios formulados por las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre laaplicación de los convenios, recibida en el año en curso, está disponible en la base de datos NORMLEX que está en el portal de la OIT(www.ilo.org/normes).
17
Véase Informe III (Parte 2), Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, Ginebra, 2016.
16

24

INFORME GENERAL

66. Además de los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de ciertas obligaciones concretas enmateria de envío de memorias, los casos en los que, según la Comisión, sería especialmente útil proporcionar asistencia
técnica a fin de ayudar a los Estados Miembros a solucionar las lagunas en la legislación y la práctica en lo que respecta ala aplicación de los convenios ratificados aparecen en la lista del cuadro que figura a continuación y en la parte II de este
informe se proporciona información al respecto.

Estados

Convenios núms.

Armenia

150

Bahamas100

Bangladesh

81, 100 y 111

Belarús

87Benin

13 y 160

Estado Plurinacional de Bolivia

138

Burkina Faso

161

Camboya13, 100 y 182

Camerún

162 y 182

Chad

81

Colombia

162

Djibouti

94

República Dominicana

111

Ecuador81, 98, 100, 115, 119, 139, 148, 152 y 162

Egipto63

El Salvador

87

Eritrea29

Eslovenia

98

Fiji

108

Ghana

81, 87 y 94

Guatemala87, 138, 161 y 182

Guinea81, 133 y 134

Honduras

81, 127 y 144

India

81

Indonesia

87 y 98

Jamaica138

Kazajstán

81 y 87

Kenya

138

Lesotho

81

Libia

87

Madagascar

81

Malasia98

Malawi81

Informe general

Lista de los casos en los que sería útil proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros

25

INFORME GENERAL

Lista de los casos en los que sería útil proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros

C.

Estados

Convenios núms.

Mauricio98

Mauritania

29 y 87

México87

Mongolia

138 y 182

Montenegro

98

Mozambique

87, 98, 138 y 182

Níger

81

Nigeria

87 y 138

Panamá

100

Paraguay

87, 98 y 100

Rumania98

San Marino

87, 98 y 154

San Vicente y las Granadinas

100

Santo Tomé y Príncipe

87, 98 y 154

Serbia87

Seychelles

87 y 98

Sierra Leona

17

Sudán

98

Swazilandia

98

República Unida de Tanzanía

87 y 98

Túnez

87

Turquía

98

Ucrania155

Uganda162

Uruguay

98

Uzbekistán

98 y 105

República Bolivariana de Venezuela

87

Yemen

94

Zimbabwe

98

Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución

67. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración decidió que, en principio, el tema de los estudios
generales debería alinearse con el tema de las discusiones anuales recurrentes de la Conferencia con arreglo al
seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. Este año se hapedido a los gobiernos que envíen, en virtud del artículo 19 de la Constitución, memorias para elaborar un Estudio
General sobre los instrumentos siguientes: el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), la
Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), el Convenio sobre los trabajadores migrantes(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) y la Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975

26

INFORME GENERAL(núm. 151) 18. De conformidad con la práctica seguida estos últimos años, este Estudio se ha elaborado sobre la base de un
examen preliminar realizado por un grupo de trabajo compuesto por seis miembros de la Comisión.
68. La Comisión lamenta comprobar que los 30 países que figuran a continuación no han comunicado, durante loscinco últimos años, ninguna de las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la Constitución en relación con losconvenios no ratificados y las recomendaciones. Estos países son: Armenia, Burundi, Comoras, Congo, República
Democrática del Congo, Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Islas
Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Liberia, Libia, Malawi, Nigeria, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Marino, Santa
Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Tuvalu, Vanuatu, Yemen y Zambia.
69. La Comisión insta nuevamente a los gobiernos a que comuniquen las memorias solicitadas, de modo que sus
estudios generales puedan ser lo más completos posible.

Sumisión a las autoridades competentes
de los instrumentos adoptados por la Conferencia(artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)

70. De conformidad con su mandato, la Comisión examinó este año la siguiente información comunicada por losgobiernos de los Estados Miembros en virtud del artículo 19 de la Constitución:a) información complementaria sobre las medidas adoptadas para someter a las autoridades competentes losinstrumentos adoptados por la Conferencia de 1967 (51.ª reunión) a junio de 2014 (103.ª reunión) (Convenios
núms. 128 a 189, Recomendaciones núms. 132 a 203 y Protocolos);b) respuestas a las observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión en su 85.ª reunión(noviembre-diciembre de 2014).
71. En el anexo IV del informe figura un resumen de la última información que se ha recibido acerca de cuáles sonlas autoridades competentes a las que se han sometido el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930, y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la
Conferencia en su 103.ª reunión, y también se indica la fecha de dicha sumisión. Además, en el anexo IV se resume la
información proporcionada por los gobiernos en relación con los instrumentos adoptados anteriormente que fueron
sometidos a las autoridades competentes en 2015.
72. En los anexos V y VI del informe figura información estadística adicional. En el anexo V, elaborado sobre labase de la información comunicada por los gobiernos, se expone la situación de cada uno de los Estados Miembros en
relación con su obligación constitucional de sumisión. En el anexo VI se presenta un panorama general de la situación delos instrumentos adoptados desde la 51.ª reunión (junio de 1967) de la Conferencia.

103.ª reunión
73. En su 103.ª reunión (junio de 2014), la Conferencia adoptó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203). El plazode doce meses previsto para la sumisión de estos instrumentos concluyó el 11 de junio de 2015, habiéndose cumplido elplazo de dieciocho meses el 11 de diciembre de 2015. En total, 45 gobiernos han sometido a las autoridades competentes
el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y 43 gobiernos sometieron la Recomendación
núm. 203. En la presente reunión, la Comisión examinó la información acerca de los trámites realizados en lo que respecta
al Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y la Recomendación núm. 203 por los siguientes
61 Gobiernos: Albania, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Benin, Brasil, Bulgaria, Camerún, República Checa,
Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia,
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iraq, Islandia, Israel, Italia, Jamaica,
Japón, Kazajstán, República Democrática Popular Lao, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Marruecos,
Mauritania, Montenegro, Myanmar, Nicaragua, Níger, Noruega, Panamá, Papua Nueva Guinea, Polonia, Portugal,
Rumania, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, República Bolivariana deVenezuela, Viet Nam y Zimbabwe. La Comisión toma nota con interés que, como consecuencia de las ratificaciones delNíger y Noruega, el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, entrará en vigor el 9 denoviembre de 2016.

104.ª reunión
74. La Comisión toma nota de que los siguientes 12 Gobiernos ya han transmitido información sobre la sumisión alas autoridades competentes de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015
(núm. 204), adoptada por la Conferencia el 12 de junio de 2015: Benin, Filipinas, Guatemala, Israel, Letonia,
Luxemburgo, Marruecos, República de Moldova, Nigeria, Panamá, Ucrania y Viet Nam. La Comisión insta a todos

18

Véase Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, Ginebra, 2016.

27

Informe generalD.

INFORME GENERAL

los otros gobiernos a proseguir sus esfuerzos para someter la Recomendación núm. 204 a los parlamentos y les pideque informen sobre las medidas adoptadas en relación con este instrumento.

Casos de progreso
75. La Comisión toma nota con interés de la información transmitida por los Gobiernos de los siguientes países:Brasil, Nepal, Santo Tomé y Príncipe y Tayikistán. Acoge con agrado los esfuerzos realizados por esos Gobiernos para
reconocer el importante retraso en la sumisión y adoptar medidas para cumplir con su obligación de someter a sus
parlamentos los instrumentos adoptados por la Conferencia durante varios años.

Problemas especiales
76. Para facilitar los trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas, en este informe sólo se mencionan losgobiernos que desde hace al menos siete reuniones no han sometido a las autoridades competentes los instrumentos
adoptados por la Conferencia. Ese período comienza con la 94.ª reunión (febrero de 2006, marítima) y concluye conla 103.ª reunión (2014) de la Conferencia, dado que la Conferencia no adoptó ningún convenio ni ninguna
recomendación en sus 97.ª (2008), 98.ª (2009) y 102.ª (2013) reuniones. Dicho período fue considerado lo
suficientemente prolongado como para justificar que los gobiernos interesados fuesen invitados a señalar los motivos dedicho retraso en una sesión especial de la Comisión de la Conferencia.
77. La Comisión toma nota de que al clausurarse su 86.ª reunión, el 5 de diciembre de 2015, son 32 los Gobiernos
que se encuentran en esta situación: Angola, Azerbaiyán, Bahrein, Comoras, Côte d’Ivoire, República Democrática
del Congo, Djibouti, Dominica, El Salvador, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Islas Salomón, Jamaica,
Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Libia, Malí, Mauritania, Mozambique, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Rwanda,
Santa Lucía, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Suriname, Uganda y Vanuatu.
78. La Comisión es consciente de que desde hace algunos años varios de esos países se han visto afectados por
circunstancias excepcionales, que determinan que carezcan de las instituciones necesarias para el cumplimiento de la
obligación de sumisión. En la 104.ª reunión de la Conferencia (junio de 2015), algunas delegaciones gubernamentales
comunicaron información sobre las razones por las cuales sus países no habían podido dar cumplimiento a su obligación
constitucional de sumisión de los convenios, las recomendaciones y los protocolos a los parlamentos nacionales. Al igual
que la Comisión de Expertos, la Comisión de la Conferencia expresó su profunda preocupación por el incumplimiento deesta obligación. La Comisión de la Conferencia también recordó que el respeto de esta obligación constitucional, que
implica la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a los parlamentos nacionales, reviste la mayor
importancia para la eficacia de las actividades normativas de la Organización.
79. Los países antes mencionados son objeto de las observaciones publicadas en este informe, y los convenios, lasrecomendaciones y los protocolos no sometidos se indican en los anexos pertinentes. La Comisión considera oportuno
señalar estas cuestiones a la atención de los gobiernos interesados para que puedan adoptar con carácter urgente lasmedidas adecuadas para superar el atraso acumulado. La Comisión recuerda que, si así lo solicitan, los gobiernos sepueden beneficiar de la asistencia que la Oficina puede proporcionarles para apoyarlos en los trámites necesarios para
someter rápidamente los instrumentos pendientes al Parlamento.

Comentarios de la Comisión y respuestas de los gobiernos
80. Al igual que en sus informes anteriores, la Comisión presenta, en la sección III de la parte II del presente
informe, observaciones individuales sobre los puntos que deben ser especialmente señalados a la atención de losgobiernos. En general, las observaciones se refieren a los casos en los que no se ha comunicado información durante almenos cinco reuniones de la Conferencia. Además, se cursaron directamente a algunos países solicitudes de información
complementaria sobre otros puntos (la lista de solicitudes directas figura al final de la sección III).
81. La Comisión recuerda la importancia que concede a la comunicación por los gobiernos de la información y losdocumentos solicitados en el cuestionario que figura al final del Memorándum adoptado por el Consejo de Administración
en marzo de 2005. La Comisión debe poder examinar un resumen o una copia de los documentos mediante los cuales losinstrumentos se han sometido a los órganos parlamentarios y también ser informada de las propuestas realizadas sobre elcurso que debe darse a esos instrumentos. La obligación de sumisión sólo se puede considerar efectivamente cumplida
cuando los instrumentos adoptados por la Conferencia han sido sometidos al Parlamento y el Gobierno informó sobre lasmedidas adoptadas al respecto. La Oficina debe ser informada sobre esa decisión así como sobre la sumisión de losinstrumentos al Parlamento. La Comisión espera poder tomar nota en su próximo informe de que se han realizado
progresos a este respecto. Asimismo, la Comisión recuerda nuevamente a los gobiernos que pueden solicitar la asistencia
técnica de la OIT.

Recomendación sobre la transición de la economía informala la economía formal, 2015 (núm. 204) adoptada
por la Conferencia en su 104.ª reunión (junio de 2015)
82. La Comisión toma nota de que la adopción de la Recomendación sobre la transición de la economía informal ala economía formal, 2015 (núm. 204) es el resultado de un amplio consenso tripartito alcanzado en la 104.ª reunión de laConferencia Internacional del Trabajo (junio de 2015). En la misma reunión, la Conferencia también adoptó la Resolución28

relativa a los esfuerzos para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal, en la que se invita a losgobiernos, los empleadores y a los trabajadores a que conjuntamente den efecto a la Recomendación núm. 204.
83. Esta nueva Recomendación es la primera norma internacional del trabajo que se centra en la economía informal
en su totalidad y en la que se señala claramente que la transición a la economía formal es esencial para hacer efectivo eltrabajo decente para todos y alcanzar un desarrollo incluyente. La Recomendación, que tiene pertinencia universal,
reconoce la amplia diversidad de situaciones de informalidad, incluso en contextos nacionales concretos, y las prioridadespara la transición a la economía formal, y proporciona orientaciones prácticas para ocuparse de esas prioridades.
84. En el nuevo instrumento también se reconoce la función fundamental del tripartismo y de la coordinación
eficaz entre órganos gubernamentales y otras partes interesadas a fin de dar efecto a sus disposiciones; y la función
fundamental de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para ampliar el número de miembros y los servicios
para los trabajadores y las unidades económicas en la economía informal.
85. En la Recomendación núm. 204 se reafirma la importancia de los ocho convenios fundamentales de la OIT y
otras normas internacionales del trabajo pertinentes e instrumentos de las Naciones Unidas que figuran en su anexo.
Asimismo, se reconoce la importancia para las personas que trabajan en la economía informal de disfrutar de libertad
sindical y del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo
y ocupación.
86. Además, en esta nueva Recomendación se reconoce que los trabajadores de la economía informal disponen derecursos y estrategias para salir de la pobreza y también se reconoce que son agentes activos para el cambio. En el nuevo
instrumento se proporcionan orientaciones a los Miembros para lograr un triple objetivo, a saber: a) facilitar la transiciónde los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal a la economía formal, respetando los derechos
fundamentales de los trabajadores y garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos, medios de sustento yemprendimiento; b) promover la creación, preservación y sustentabilidad de empresas y de empleos decentes en laeconomía formal, así como la coherencia de las políticas macroeconómicas, de empleo, de protección social y otras
políticas sociales, y c) prevenir la informalización de los empleos de la economía formal.
87. Además, en la Recomendación se invita a los Miembros a formular estrategias coherentes e integradas para
facilitar la transición de la economía informal a la economía formal y se establecen 12 principios rectores que enmarcanesas estrategias. Esos principios incluyen la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de todas las
personas ocupadas en la economía informal; el logro del trabajo decente para todos mediante el respeto de los principios yderechos fundamentales en el trabajo, en la legislación y en la práctica; así como la promoción de la igualdad de género yla no discriminación, y la necesidad de prestar especial atención a las personas más vulnerables en la economía informal.
88. Al formular estrategias coherentes e integradas, los Estados Miembros deberían tomar en cuenta, entre otras, lapreservación y el aumento, durante la transición a la economía formal, del potencial empresarial, la creatividad, el
dinamismo, las competencias laborales y la capacidad de innovación de los trabajadores y las unidades económicas de laeconomía informal; la necesidad de contar con un enfoque equilibrado que combinen incentivos y medidas de
cumplimiento de la legislación, y la necesidad de prevenir y sancionar la conducta de evitar o abandonar deliberadamente
la economía formal con el fin de evadir el pago de impuestos y el cumplimiento de la legislación social y laboral.
89. El nuevo instrumento también señala las distintas áreas de políticas que deben abordarse y combinarse en
función de las circunstancias nacionales. A este respecto, la Recomendación núm. 204 indica que un marco integrado depolíticas debería abordar áreas que incluyen, entre otras cosas, el establecimiento de un marco legislativo y normativo
apropiado; el fomento de un entorno empresarial y de inversión propicio; la promoción del emprendimiento, de las
microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas y de otras formas de modelos empresariales y unidades
económicas, como las cooperativas y otras unidades de la economía social y solidaria; el acceso a la educación, el
aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de las competencias laborales; el acceso a los mercados; el establecimientode pisos de protección social, cuando no existan, y la extensión de la cobertura de la seguridad social; inspecciones deltrabajo eficientes y eficaces, y la seguridad de los ingresos, incluyendo políticas de salario mínimo adecuadamente
formuladas.
90. La Comisión quiere hacer hincapié en la importancia de hacer un seguimiento y una evaluación de losprogresos realizados hacia la formalización de la economía, en consulta con las organizaciones de empleadores y detrabajadores, así como la recopilación, el análisis y la divulgación de datos pertinentes sobre la economía informal.
91. La Comisión también quiere recordar que, para alcanzar el objetivo de la creación de empleos de calidad en laeconomía formal, los Miembros deberían formular y aplicar una política nacional de empleo que estén en consonancia con
el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), y hacer del empleo pleno, decente, productivo y libremente
elegido una meta central de su estrategia o plan nacional de desarrollo y crecimiento.
92. Cabe señalar que la Comisión ha invitado regularmente a los Estados Miembros a transmitir información sobre
sus esfuerzos para garantizar la aplicación de las normas internacionales del trabajo pertinentes para los trabajadores de laeconomía informal. Por ejemplo, los Estados Miembros que han ratificado el Convenio sobre la política del empleo, 1964
(núm. 122) hacen referencia a la economía informal en sus planes o políticas de empleo y adoptan medidas específicas afin de elevar la productividad y los ingresos en la economía informal. En su Estudio General de 2010, Instrumentos
29

Informe general

INFORME GENERALINFORME GENERAL

relativos al empleo, la Comisión recordó que, desde principios de los años setenta, la OIT ha promovido la promoción deun mejor entendimiento de la economía informal y ha prestado una especial atención a esa economía.
93. La Comisión toma nota de que, en su 325.ª reunión, el Consejo de Administración adoptó un Plan de Acción
para la aplicación de la Recomendación núm. 204. La estrategia para que la Oficina pueda dar seguimiento a la
Recomendación núm. 204 tiene, primera y principalmente, la finalidad de apoyar la acción de los mandantes orientada aformular y aplicar estrategias nacionales coherentes e integradas, en función de las circunstancias y prioridades
nacionales, para facilitar la transición a la economía formal. La estrategia se articula en torno a cuatro componentes
interrelacionados, a saber: 1) una campaña de promoción, sensibilización y movilización; 2) el fortalecimiento de lacapacidad de los mandantes tripartitos; 3) el desarrollo y la difusión de conocimientos, y 4) la cooperación y las alianzas
internacionales.
94. La Comisión insta a los gobiernos y a los interlocutores sociales a complementar sus memorias y observaciones
sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo, especialmente las incluidas en el anexo a la Recomendación
que incluyen los convenios fundamentales y de gobernanza y otros instrumentos pertinentes, con información relacionada
con las medidas adoptadas para garantizar una transición fructífera de la economía informal a la economía formal, en
consonancia con la Recomendación núm. 204.

30

INFORME GENERAL

III. Colaboración con organizaciones
internacionales y funciones relativas
a otros instrumentos internacionales
Colaboración con organizaciones internacionales
en materia de normas

Tratados de las Naciones Unidas relativos
a los derechos humanos
96. La Comisión recuerda que las normas internacionales del trabajo y las disposiciones de los tratados conexos delas Naciones Unidas sobre derechos humanos son complementarias y se refuerzan mutuamente. Por consiguiente, hacehincapié en que es necesaria una estrecha cooperación entre la OIT y las Naciones Unidas en relación con la aplicación yel control de los instrumentos pertinentes, especialmente en el contexto de las reformas de las Naciones Unidas a fin deconseguir una mayor coherencia y cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y el enfoque del desarrollobasado en los derechos humanos.
97. La Comisión acoge con agrado el hecho de que la Oficina haya continuado transmitiendo regularmente
información sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo a los órganos de las Naciones Unidas encargados
de la aplicación de los tratados, con arreglo a los acuerdos existentes entre la OIT y las Naciones Unidas. La Comisión
también continúa haciendo un seguimiento del trabajo realizado por esos órganos y tomando en consideración sus
comentarios cuando procede. La Comisión considera que una supervisión internacional coherente es una buena base paralas acciones dirigidas al fortalecimiento del goce y la observancia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales yculturales en el ámbito nacional.

Código Europeo de Seguridad Social
y su Protocolo
98. De conformidad con el procedimiento de control establecido en virtud del artículo 74, párrafo 4, del Código
Europeo de Seguridad Social, y de los acuerdos concluidos entre la OIT y el Consejo de Europa, la Comisión de Expertos
examinó 21 informes sobre la aplicación del Código y, en su caso, de su Protocolo. Las conclusiones de la Comisión sobre
estos informes se comunicarán al Consejo de Europa para ser examinadas y aprobadas por su Comité de Expertos en
19

Las organizaciones correspondientes son: la Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) (en relación con el Convenio sobre laprotección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

31

Informe general

95. En el contexto de la colaboración con otras organizaciones internacionales acerca de cuestiones relacionadas
con la aplicación de los instrumentos internacionales relativos a temas de interés común, la OIT ha concluido acuerdos
especiales con las Naciones Unidas, algunos organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales 19.
En particular, estas organizaciones podrían transmitir información sobre la forma en que se están aplicando ciertos
convenios que podría ser útil a la Comisión de Expertos en el examen de la aplicación de estos convenios.

INFORME GENERAL

materia de Seguridad Social. Las conclusiones así aprobadas, deberían dar lugar a la adopción, por el Comité de Ministrosdel Consejo de Europa, de resoluciones sobre la aplicación del Código y de su Protocolo por los países interesados.
99. Con su doble responsabilidad, tanto respecto de la aplicación del Código como de los dos convenios
internacionales del trabajo que abordan la esfera de la seguridad social, la Comisión vela por realizar un análisis coherentede la aplicación de los instrumentos europeos y de los instrumentos internacionales, y por coordinar las obligaciones delos Estados parte en esos instrumentos. Asimismo, la Comisión pone de relieve las situaciones nacionales en las cuales elrecurso a la asistencia técnica de la Secretaría del Consejo de Europa y de la Oficina puede ser un medio eficaz para
mejorar la aplicación del Código.
* * *100. Por último, la Comisión desea expresar su agradecimiento por la valiosa ayuda aportada por los funcionariosde la Oficina, cuya competencia y dedicación le permiten realizar una labor cada vez más amplia y compleja en un
período de tiempo limitado.
Ginebra, 5 de diciembre de 2015

(Firmado) Abdul G. Koroma
Presidente

Rosemary Owens
Ponente32

INFORME GENERAL

Anexo al Informe General
Composición de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
Sr. Mario ACKERMAN (Argentina)
Doctor en Derecho; Catedrático de Derecho del Trabajo; Director de la maestría y de la Carrera de Posgradode Especialización en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires;
Director de la Revista de Derecho Laboral; ex asesor del Parlamento de la República Argentina; ex Director
Nacional de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República deArgentina.
Profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho, Universidad de Ritsumeikan, Kyoto;
ex Profesor de Derecho Económico Internacional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Kyushu; Vicepresidente de la Sociedad Asiática de Derecho Internacional; miembro de la Asociación de
Derecho Internacional, de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Juez
del Tribunal Administrativo del Banco Asiático de Desarrollo.
Sra. Lia ATHANASSIOU (Grecia)
Profesora de Derecho Marítimo y Mercantil de la Universidad Nacional y Kapodístriaca de Atenas(Facultad de Derecho); Doctora en Derecho por la Universidad de París I-Sorbona; abogada en ejercicio yárbitro con especialización en derecho europeo y mercantil.
Sra. Leila AZOURI (Líbano)
Doctora en Derecho; Catedrática de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad La
Sagesse de Beirut; Directora de Investigación en la Escuela de Doctorado en Derecho de la Universidad delLíbano; ex Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Líbano; miembro de la Mesa
Ejecutiva de la Comisión Nacional de Mujeres Libanesas; Presidenta de la Comisión nacional encargada dela preparación de los informes presentados por el Líbano al Comité de las Naciones Unidas para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); especialista jurídica de la Organización de
Mujeres Árabes.
Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil)
Juez del Tribunal Superior del Trabajo (Tribunal Superior do Trabalho) del Brasil; LLM de la Universidad
de ESSEX, Reino Unido; Miembro del Consejo Nacional de Justicia del Brasil; ex Procurador delMinisterio Público del Trabajo del Brasil; Profesor (Unidad de Trabajo y Centro de Derechos Humanos) del
Instituto de Ensino Superior de Brasilia; profesor de la Escuela Nacional para Jueces del Trabajo.

33

Informe general

Sr. Shinichi AGO (Japón)

INFORME GENERAL

Sr. James J. BRUDNEY (Estados Unidos)
Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, Nueva York, N.Y.;
Copresidente del «Public Review Board» del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria delAutomóvil de los Estados Unidos; ex profesor Visitante en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; fue profesor de Derecho en la facultad de Derecho deMoritz de la Universidad del estado de Ohio; ex Consejero Jefe y Director del Personal de la Subcomisiónde Trabajo del Senado de los Estados Unidos; ejerció en un bufete de abogados; ex auxiliar del Juez en el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica)
Profesor de Derecho Público en la Universidad de Ciudad del Cabo; ex consejero especial del Ministro deJusticia; ex jefe del Servicio Jurídico del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU); ex consejero
especial del Ministro de Trabajo; ex presidente del Grupo de trabajo para la preparación de la ley sobre
relaciones laborales de Sudáfrica.
Sra. Graciela DIXON CATON (Panamá)
Ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; ex Presidenta de la Sala de Casación Penal y dela Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Panamá; ex Presidenta de la Asociación
Internacional de Mujeres Juezas; ex Presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados;
ex Consultora Nacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); actualmente Árbitrode la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid; Árbitro del Centro de Solución de
Conflictos (CESCON) de la Cámara Panameña de la Construcción y del Centro de Conciliación y Arbitraje(CECAP) de la Cámara de Comercio de Panamá; Asesora Jurídica y Consultora Internacional.
Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos)
Doctor en Derecho; Profesor de la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos); Miembro del Consejo
Superior de la docencia, la formación y la investigación científica; consultor de organismos públicos
nacionales e internacionales, entre los que cabe señalar el Banco Mundial, el PNUD, la FAO, y el UNICEF;
coordinador nacional del proyecto «Desarrollo sostenible a través del Pacto Mundial», OIT (2005-2008);
antiguo Jefe de Estudios del Departamento de Asuntos Exteriores del Banco Central (1975-1978).
Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona)Juez de la Corte Internacional de Justicia (1994-2012); ex Presidente del Centro Henri Dunant para el
Diálogo Humanitario en Ginebra; ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional; ex embajador yembajador plenipotenciario ante diversos países y ante las Naciones Unidas.
Sr. Pierre LYON-CAEN (Francia)
Abogado general honorario del Tribunal Supremo (Sala de lo Social); ex miembro del Consejo Asesor de laAgencia de Biomedicina y de la Comisión Nacional Consultativa sobre Derechos Humanos; Presidente dela Comisión arbitral de periodistas; ex Director Adjunto del Gabinete del Ministro de Justicia; ex Procuradorde la República en la Jurisdicción de Derecho Común de Primer Grado de Nanterre (Hauts de Seine);ex Presidente de la Jurisdicción de Derecho Común de Primer Grado de Pontoise (Val d’Oise); ex alumno
de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Sra. Elena E. MACHULSKAYA (Federación de Rusia)
Profesora de Derecho en el Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad
Estatal de Moscú Lomonósov; profesora de Derecho en el Departamento de Procedimientos Civiles y
Derecho Laboral de la Universidad Estatal Rusa del Petróleo y el Gas; secretaria de la Asociación Rusa de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales;
miembro (no remunerado) de la Comisión Presidencial sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido)
Abogada de la Reina (Queen’s Counsel); Jueza adjunta del Tribunal Superior; ex Jueza del Tribunal deTrabajo (2000-2008); trabaja en el estudio de abogados «Matrix Chambers» y está especializada en
legislación en materia de discriminación e igualdad, legislación sobre derechos humanos, legislación de la
Unión Europea, derecho público y derecho del trabajo; asesora especial del Comité de Empresas,
Innovación y Calificaciones de la Cámara de los Comunes para una encuesta sobre las mujeres en el lugar
de trabajo (2013-2014).

34

INFORME GENERAL

Sr. Vitit MUNTARBHORN (Tailandia)
Profesor Emérito de Derecho; antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de losderechos humanos en la República Popular Democrática de Corea; antiguo Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;
Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas; Presidente de la Comisión de investigación de lasNaciones Unidas en Côte d’Ivoire (2011); ex Presidente del Comité de Coordinación de los Procedimientos
especiales de las Naciones Unidas; miembro de la Junta Consultiva del Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para la Seguridad Humana; Comisionado de la Comisión de investigación de las Naciones Unidas
sobre Siria (2012 – hasta el momento presente); Premio UNESCO 2004 de Educación para los Derechos
Humanos.
Sra. Rosemary OWENS (Australia)
Profesora Emérita de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Adelaida; ex Profesora de
Derecho Dame Roma Mitchell (2008-2015) y ex decana (2007-2011); Oficial de la Orden de Australia;
miembro y posteriormente Directora (2014-2015) de la Academia Australiana de derecho; miembro de laJunta editorial y ex editora de la Revista Australiana de Derecho Laboral; miembro de la Asociación
Australiana de Derecho laboral (y ex miembro de la ejecutiva nacional); conferenciante del Consejo
Australiano de Investigación; Presidenta de la Comisión Consultiva Ministerial sobre el equilibrio entre el
Trabajo y la Vida Privada (2010-2013) del Gobierno de Australia Meridional; ex Presidenta y miembro delConsejo de Administración del Centro de Mujeres Trabajadoras (Australia Meridional) (1990-2014).
Profesor (agrégé) de las Facultades de Derecho; Profesor invitado o adjunto en varias universidades y en la
Academia de Derecho Internacional de La Haya; Jefe del Departamento de Teoría del Derecho,
Epistemología Jurídica y Derecho Comparado y Director de Maestría en teorías y pluralismo jurídico de laFacultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yaundé II; en varias ocasiones ha sido
Presidente del Jurado del Concurso de Agregación del Consejo Africano y Malgache para la Enseñanza
Superior (CAMES), Sección Derecho Privado y Ciencias Penales; ex miembro del Consejo Científico de laAgencia Universitaria de la Francofonía, 1993-2001; ex miembro del Consejo Internacional de Palmas
Académicas del CAMES, 2002-2012; miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social, de la Fundación Internacional para la enseñanza del derecho empresarial, de la Asociación
Henri Capitant y de la Sociedad de Derecho Comparado; fundador y director de la revista Juridis
periodique; Presidente de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos en África Central(APDHAC).
Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar)
Miembro de la Corte Internacional de Justicia (1991-2009), Vicepresidente (2003-2006), y Presidente(2005) de la Cámara constituida por la Corte Internacional de Justicia para conocer del caso sobre el
conflicto fronterizo entre Benin y Níger; juez decano de la Corte (febrero de 2006-2009); licenciatura enderecho, Universidad de Madagascar (Antananarivo, 1965); doctorado en Derecho, Universidad de París II.
Agrégé de las facultades de derecho y economía, sección de derecho público y ciencias políticas (París,
1972); doctor honoris causa por las Universidades de Limoges, de Estrasburgo y de Burdeos-Montesquieu;
Catedrático de la Universidad de Madagascar (1981-1991) y profesor en otras instituciones; numerosas
funciones administrativas incluida la de primer rector de la Universidad de Antananarivo (1988-1990);
miembro de varias delegaciones malgaches en diversas conferencias internacionales; jefe de la Delegaciónde Madagascar en la Convención de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia detratados (Viena, 1976-1977); primer vicepresidente africano de la Conferencia Internacional de Facultades
de Derecho y Ciencias Políticas de Lengua Francesa (1987-1991); miembro del Tribunal Internacional de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; miembro del Tribunal Internacional del Deporte;
miembro del Instituto de Derecho Internacional; miembro de numerosos grupos académicos y profesionales
nacionales e internacionales; Curatorium de la Academia de la Haya de Derecho Internacional; miembro delConsejo Pontifical Justicia y Paz; desde 2012, Presidente de la Sociedad Africana de Derecho Internacionaly Vicepresidente del Instituto de Derecho Internacional (2015-2017); Presidente de la Comisión de Encuesta
de la OIT en virtud del artículo 26 sobre Zimbabwe.

35

Informe general

Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún)INFORME GENERAL

Sr. Ajit Prakash SHAH (India)
Ex Presidente del Tribunal Superior de Madrás (Chennai) y del Tribunal Superior de Nueva Delhi; ex Juez
del Tribunal Superior de Bombay (Mumbai); especialista en cuestiones laborales y en materia de igualdad;
dictó algunas sentencias históricas, en particular sobre los contratos y el trabajo infantil (Plan de acción deDelhi contra el trabajo infantil), las cuestiones marítimas y los derechos laborales de las personas que viven
con el VIH y el sida.
Sra. Deborah THOMAS-FELIX (Trinidad y Tabago)
Presidenta del Tribunal del Trabajo de Trinidad y Tabago desde 2011; Jueza del Tribunal de Apelaciones delas Naciones Unidas desde 2014; ex Presidenta de la Comisión de Bolsa y Valores de Trinidad y Tabago;
ex Magistrada Presidenta adjunta del Poder Judicial de Trinidad y Tabago; ex Presidenta del Tribunal de
Familia de San Vicente y las Granadinas.
Sr. Bernd WAAS (Alemania)
Profesor de Derecho del Trabajo y de Derecho Civil en la Universidad de Frankfurt; coordinador y miembrode la Red Europea de Derecho del Trabajo; abogado que brindó asesoramiento legal a varias instituciones,en particular, al Gobierno y al Parlamento de Alemania, al Congreso Popular Nacional de la República
Popular de China, a ministerios de trabajo de varios países y a la Sociedad Internacional de Derecho delTrabajo y de la Seguridad Social.

36

Parte II. Observaciones referidas
a ciertos países

37

OBSERVACIONES GENERALES

I.

Observaciones acerca de las memorias
sobre los convenios ratificados(artículos 22, 23, párrafo 2, y 35
de la Constitución)

La Comisión recuerda que la obligación de comunicar copias de las memorias sobre los convenios ratificados a lasorganizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, tal como establece el artículo 23, párrafo 2, de laConstitución, tiene por objeto permitir que estas organizaciones puedan presentar sus propios comentarios sobre laaplicación de los convenios ratificados. La Comisión hace hincapié en que la información recibida de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores refleja la participación de estas organizaciones en el sistema de presentación dememorias, y que esta información a menudo sirve para conocer y comprender mejor las dificultades a las que tienen que
hacer frente los países. En relación con su observación general del año pasado, la Comisión se congratula por el hecho deque este año casi la totalidad de los países han respetado esta obligación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en
ninguna de las memorias transmitidas por los países siguientes se indica cuáles son las organizaciones de empleadores yde trabajadores a las que se han comunicado copia de las mismas: Estado Plurinacional de Bolivia (2015), Brunei
Darussalam (2015), Filipinas (2015), República Islámica del Irán (2014 y 2015), Malawi (2015), Mongolia (2015),
Namibia (2015), Nigeria (2015), Reino Unido (Islas Vírgenes Británicas) (2015) y Rwanda (2014 y 2015). En el caso delos países siguientes, la Comisión toma nota de que en la mayor parte de las memorias recibidas no se indica cuáles sonlas organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las que se han comunicado copias de las mismas:
Camboya (2015), Côte d’Ivoire (2014 y 2015), Liberia (2015) y Uganda (2015). La Comisión solicita a estos
Gobiernos que cumplan sin dilación con su obligación constitucional.

Observaciones generales(artículos 22 y 35 de la Constitución)
Afganistán
La Comisión toma nota con preocupación de que, por cuarto año consecutivo, no se han recibido las primeras
memorias sobre los Convenios núms. 138, 144, 159 y 182. En la actualidad, se deben diez memorias sobre los convenios
fundamentales, de gobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a loscomentarios de la Comisión). La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la
Oficina. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto todas las memorias, de conformidad con su obligación
constitucional.

39

Observaciones generales

Observación general(artículo 23, párrafo 2, de la Constitución)OBSERVACIONES GENERALES

BeliceLa Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias
debidas sobre los convenios ratificados y se deben 25 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza ytécnicos (algunas de los cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión). La Comisión
espera que el Gobierno presente pronto estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Burundi
La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por quinto año consecutivo, no se han recibido lasmemorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. En la actualidad, se deben 27 memorias sobre losconvenios fundamentales, de gobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a
los comentarios de la Comisión). La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica
de la Oficina. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto todas las memorias debidas, deconformidad con su obligación constitucional.

Canadá
La Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año consecutivo, no se ha recibido la primera memoria sobre
el MLC, 2006. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación
constitucional.

Croacia
La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido ninguna memoria este año, incluida la primera
memoria sobre el MLC, 2006, debida desde 2014, y se deben 27 memorias sobre los convenios fundamentales, degobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de laComisión). La Comisión espera que el Gobierno presente pronto estas memorias, de conformidad con su obligación
constitucional.

República Democrática del Congo
La Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas
sobre la aplicación de los convenios ratificados. En la actualidad, se deben 15 memorias sobre los convenios
fundamentales, de gobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a loscomentarios de la Comisión). La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su
obligación constitucional.

Dominica
La Comisión toma nota con preocupación de que, por tercer año consecutivo, no se han recibido las memorias
debidas sobre los convenios ratificados. En la actualidad, se deben 22 memorias sobre los convenios fundamentales, degobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de laComisión). La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación
constitucional.

GambiaLa Comisión toma nota con preocupación de que, por cuarto año consecutivo, no se han recibido las memorias
debidas sobre los convenios ratificados. En la actualidad, se deben ocho memorias sobre los convenios fundamentales (lascuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión). La Comisión espera que el Gobierno
presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Guinea-Bissau
La Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas
sobre los convenios ratificados. En la actualidad, se deben 17 memorias sobre los convenios fundamentales, degobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de laComisión). La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación
constitucional.

40

OBSERVACIONES GENERALES

Guinea Ecuatorial
La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por noveno año consecutivo, no se han recibido lasmemorias debidas sobre los convenios ratificados. En la actualidad, se deben 14 memorias sobre los convenios
fundamentales y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de laComisión). De estas 14 memorias, dos son primeras memorias sobre la aplicación de los Convenios núm. 68 y 92, debidas
desde 1998. Recordando que se brindó asistencia técnica sobre estas cuestiones en 2012, la Comisión espera firmementeque el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Haití
La Comisión toma nota con preocupación de que, por tercer año consecutivo, no se han recibido las memorias
debidas. En la actualidad, se deben 20 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos (la mayoríade las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión). La Comisión espera que elGobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

IrlandaLa Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias
debidas sobre los convenios ratificados, y en la actualidad, se deben 31 memorias sobre los convenios fundamentales, degobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión).
La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Kiribati
La Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año consecutivo, no se ha recibido la primera memoria sobre
el MLC, 2006. Sólo se han recibido dos de las ocho memorias solicitadas este año; aún se deben seis memorias para este
año sobre los convenios fundamentales y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a loscomentarios de la Comisión). La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su
obligación constitucional.

Luxemburgo
La Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año consecutivo, no se ha recibido la primera memoria sobre
el MLC, 2006. Espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación constitucional.

Santa Lucía

Sierra Leona
La Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias
debidas sobre los convenios ratificados, y en la actualidad, se deben 22 memorias sobre los convenios fundamentales, degobernanza y técnicos (la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión).
La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Somalia
La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por décimo año consecutivo, no se han recibido lasmemorias debidas sobre los convenios ratificados. En la actualidad, se deben 13 memorias sobre los convenios
fundamentales y técnicos. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidadcon su obligación constitucional.

TuvaluLa Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año consecutivo, no se ha recibido la primera memoria sobre
el MLC, 2006. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación
constitucional.

41

Observaciones generales

La Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas
sobre los convenios ratificados. En la actualidad, se deben diez memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos(la mayoría de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión). La Comisión espera
que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

OBSERVACIONES GENERALES

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: Angola,
Bahamas, Barbados, República Centroafricana, Comoras, Congo, Djibouti, Eritrea, Francia (Nueva Caledonia),
Ghana, Guyana, Kazajstán, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Líbano, Libia, Malasia, Malasia(Sarawak), Malawi, Malta, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Países Bajos (Curazao), Papua Nueva Guinea,
Reino Unido (Anguilla, Bermudas, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Montserrat), Rwanda, Samoa, San Marino, San Vicentey las Granadinas, Suriname, Timor-Leste, Trinidad y Tabago, Vanuatu, Yemen.

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LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Libertad sindical, negociación colectiva
y relaciones de trabajo
Alemania
La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno no responde a las observaciones de 2014 de laConfederación Sindical Internacional (CSI) que contenían alegatos de actos de injerencia y discriminación antisindical. La
Comisión pide de nuevo al Gobierno que trasmita sus comentarios al respecto.
Artículo 4 del Convenio. Derecho de negociación colectiva en relación con las condiciones de empleo de losfuncionarios que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda que durante varios años ha estado
pidiendo al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los funcionarios públicos que no trabajan en laadministración del Estado, incluidos los docentes, disfrutan del derecho de negociación colectiva. La Comisión toma nota
de que el Gobierno reitera que los empleados de los servicios públicos (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes), por
ejemplo, los docentes empleados con arreglo a convenios colectivos en los servicios educativos de los Länder, disfrutandel derecho de negociación colectiva, mientras que los funcionarios públicos (Beamte) no tienen derecho de negociar
colectivamente debido a que la función pública está sujeta a reglamentación legal.
Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
Federal el 27 de febrero de 2014 tras un recurso de apelación contra una decisión de 2010 del Tribunal Administrativo de
Düsseldorf. La Comisión toma nota con interés de que el Tribunal Administrativo Federal sostiene que: i) si bien laprohibición general de la negociación colectiva y las acciones colectivas con arreglo al artículo 33, 5), de la ley fundamental
está relacionada con el estatus de funcionario público (Beamtenstatus) como tal y por consiguiente se aplica a todos losfuncionarios públicos (Beamte), independientemente de sus deberes y responsabilidades, el artículo 11, 2), del Convenio
Europeo de Derechos Humanos establece que las restricciones a la libertad de asociación sólo podrán justificarse por las
funciones del funcionario público, a saber, sólo serán permisibles en relación con los funcionarios públicos (Beamte) que
ejercen autoridad soberana (hoheitliche Befugnisse), por ejemplo, los miembros del ejército, la policía u otros cuerpos delEstado encargados del cumplimiento de la ley en general, así como de unidades judiciales, unidades diplomáticas o unidadesde la administración pública a nivel federal, estatal y local que elaboran, aplican o ejecutan actos jurídicos; ii) el caso de losfuncionarios públicos (Beamte) que no ejercen autoridad soberana por ejemplo, los docentes de escuelas públicas, porconsiguiente no se ajusta al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y iii) esta falta de conformidad tiene que ser resuelta
por el legislador federal que debe propiciar un equilibrio entre las posturas jurídicas que se excluyan mutuamente con arreglo
al artículo 33, 5), de la ley fundamental y el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el Tribunal Administrativo Federal señala que sería
incompatible con el estatus jurídico de la función pública (Beamtenverhältnis), que está caracterizada por la soberanía y lalealtad, que la concretización del marco regulador de la Ley sobre la Función Pública (Beamtenrecht) esté sujeto a lanegociación colectiva, a saber, que se negocie y acuerde entre el empleador público y los sindicatos de funcionarios
públicos (Beamte); y que la función pública (Beamtentum) como institución se vería alterada fundamentalmente si lascuestiones de salarios, tiempo de trabajo y límites de edad para la contratación y la jubilación se regularan a través deconvenios colectivos; ii) el Tribunal Administrativo Federal considera, sin embargo, que se pide al legislador federal que,en ámbitos de la función pública que no están caracterizados por el ejercicio de una autoridad auténticamente soberana(hoheitliche Befugnisse), amplíe considerablemente los derechos de participación de los sindicatos de funcionarios
públicos (Beamte) para ir hacia un modelo de negociación, habida cuenta de que los derechos de participación que se
otorgan actualmente en virtud del artículo 118 de la Ley Federal sobre Funcionarios (Bundesbeamtengesetz (BBG)) y el
artículo 53 de la Ley sobre el Estatus de los Funcionarios (Beamtenstatusgesetz) no son suficientes, y iii) que la cuestión
ha sido remitida al Tribunal Constitucional Federal y, por consiguiente, las medidas legislativas no deberían anticipar el
dictamen de este Tribunal en relación con las posibles soluciones.
Recordando que durante muchos años ha hecho hincapié en que, con arreglo al artículo 6 del Convenio, todos losfuncionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado deberían disfrutar de derechos de negociación
colectiva, la Comisión reitera su opinión de que las funciones de los docentes, así como de los trabajadores de correos y delos ferrocarriles, independientemente de su estatus, no les confieren la calificación de empleados que trabajan en laadministración del Estado, y que, por consiguiente, deben disfrutar del derecho de negociación colectiva. Tomando
debida nota de la decisión antes mencionada del Tribunal Administrativo Federal y habida cuenta de que aún hay
muchos funcionarios públicos (Beamte) que no trabajan en la administración del Estado a los que se niegan losderechos de negociación colectiva, la Comisión pide al Gobierno que inicie un amplio diálogo nacional con lasorganizaciones representativas de la función pública con miras a explorar las posibles formas en las que el sistema
actual podría desarrollarse a fin de reconocer efectivamente el derecho de negociación colectiva de los funcionarios
públicos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión también pide al Gobierno que transmita
información sobre todas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Federal sobre esta cuestión.
43

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Argelia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, sobre la persistencia de las violaciones del Convenio en la práctica. Pide al Gobierno que transmita
sus comentarios a este respecto.
Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Organización Internacionalde Empleadores (OIE) y la Confederación General de Empresas Argelinas (CGEA), recibidas el 31 de agosto de 2015.
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General Autónoma de Trabajadores en Argelia(CGATA), recibidas el 31 de mayo de 2015, en las que se denuncian las dificultades recurrentes que tienen los sindicatos
independientes para ser registrados y llevar a cabo sus actividades, y se transmite un análisis del proyecto de nuevo
Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios en respuesta a las observaciones dela CGATA.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2015 sobre la aplicación del Convenio por Argelia. La Comisión observa que, en sus conclusiones, la Comisiónde Aplicación de Normas pidió al Gobierno: i) que transmitiera información detallada sobre el proyecto de nuevo Código
del Trabajo, especialmente comunicando copia del proyecto; ii) que garantice que no existe ningún obstáculo para elregistro de sindicatos en la legislación o en la práctica y actúe con celeridad a fin de tramitar las solicitudes de registro
pendientes, y iii) que vele por la reintegración en sus puestos de trabajo de los funcionarios públicos que han sido
despedidos por motivos relacionados con la discriminación antisindical.
Asuntos legislativos
La Comisión se refiere a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en las que se invitó al Gobierno acomunicar copia del proyecto del nuevo Código del Trabajo y toma nota de que el Gobierno ha enviado una copia de unproyecto de fecha de octubre de 2015. Al respecto, la Comisión observa que en marzo de 2015 la Oficina proporcionó al
Gobierno comentarios técnicos sobre el proyecto y que el Gobierno señala en su informe que el 77 por ciento de loscomentarios realizados por la Oficina han dado lugar a una reformulación del proyecto para ponerlo de conformidad conlas normas internacionales del trabajo. La Comisión formula en una solicitud dirigida directamente al Gobierno, varios
comentarios sobre el proyecto del nuevo Código del Trabajo en relación a la aplicación del Convenio y confía en que elGobierno los tendrá debidamente en cuenta. La Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos para asegurar
que el nuevo Código del Trabajo se adopte a la mayor brevedad, que ese proceso incluya necesariamente consultas conlas organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a fin de tener en cuenta sus opiniones, y que elGobierno adoptará las modificaciones solicitadas por la Comisión.
Además, la Comisión confía en que el Gobierno tome las medidas necesarias para modificar las disposiciones
legislativas que figuran a continuación, objeto de comentarios de la Comisión desde hace muchos años, y que pronto
dé cuenta de esas modificaciones.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones sindicales. La Comisión recuerda que sus
comentarios se refieren al artículo 6 de la ley núm. 90-14, de 2 de junio de 1990, relativa a las maneras de ejercer losderechos sindicales, que limita el derecho de constituir una organización sindical a las personas de nacionalidad argelina
de origen o adquirida después de al menos diez años. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en el marco
de una enmienda a la ley en cuestión, se procederá a la modificación solicitada otorgando el derecho de constituirorganizaciones sindicales a los extranjeros. Sin perjuicio de los esfuerzos destinados a rebajar el período mínimo para laadquisición de la nacionalidad argelina a efecto de ejercer los derechos sindicales, la Comisión confía en que elGobierno revise sin demora el artículo 6 de la ley núm. 90-14 a fin de que se reconozca a todos los trabajadores, sindistinción de nacionalidad, el derecho de constituir una organización sindical.
Registro de sindicatos en la práctica
La Comisión toma nota de que las conclusiones de la Comisión de la Conferencia de junio de 2015 hacen referencia
a la necesidad de que el Gobierno garantice que no existe ningún obstáculo, ni en la legislación ni en la práctica, para elregistro de sindicatos y de actuar con rapidez a fin de tramitar las solicitudes de registro de sindicatos que están
pendientes. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que en 2015 se registraron cincoorganizaciones sindicales de diversos sectores, lo que eleva a 100 el número de organizaciones sindicales y organizaciones
de empleadores registradas. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no transmite información
sobre la situación de las organizaciones cuyo registro está pendiente desde hace varios años, que la CSI menciona en sus
observaciones. Se trata del Sindicato de Docentes de la Enseñanza Superior (SESS), el Sindicato Nacional Autónomo deTrabajadores de Correos (SNAP) y la CGATA. Además, la Comisión toma nota de que el SESS y el SNAP, que
presentaron su primera solicitud de registro en 2012, presentaron una queja ante el Comité de Libertad Sindical que ha
44

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

pedido al Gobierno que con carácter de urgencia proceda a su registro (caso núm. 2944, 374.º informe, párrafo 17).
Tomando nota de las observaciones de la CSI y de la CGATA sobre la persistencia de las dificultades para que lossindicatos independientes que acaban de constituirse obtengan su registro, la Comisión recuerda que un procedimiento
largo de registro supone un grave obstáculo a la constitución de organizaciones y equivale a la denegación del derecho delos trabajadores de constituir organizaciones sin autorización previa en virtud del artículo 2 del Convenio. Porconsiguiente, la Comisión insta al Gobierno a garantizar el registro rápido de los sindicatos que satisfacen losrequisitos que estipula la ley y confía en que en un futuro muy próximo dé cuenta del registro del SESS, el SNAP yla CGATA.
Artículo 5. Derecho de constituir federaciones y confederaciones. La Comisión recuerda que sus comentarios serefieren a los artículos 2 y 4 de la ley núm. 90-14 que leídos conjuntamente tienen como consecuencia autorizar laconstitución de federaciones y confederaciones únicamente en una misma profesión, rama o sector de actividad. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 4 en cuestión será modificado y que se incluirá en él una
definición de federaciones y confederaciones. La Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias
para revisar sin demora el artículo 4 de la ley núm. 90-14 a fin de suprimir todo obstáculo para que las organizaciones
de trabajadores, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, puedan constituir las federaciones y confederaciones
que estimen convenientes.
Por último, la Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia también pidió al
Gobierno que readmitiera a los funcionarios públicos que fueron despedidos por motivos relacionados con la discriminación
antisindical. A este respecto, en su memoria el Gobierno indica que los funcionarios del registro en cuestión fueron
despedidos debido a acciones disciplinarias emprendidas contra ellos con arreglo a los estatutos de la función pública, asaber por motivos que no están relacionados con sus actividades sindicales. Además, el Gobierno precisa que todos esos
funcionarios ya han sido readmitidos en sus puestos de trabajo. La Comisión toma nota de esta información.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argentina
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Central deTrabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), ambas recibidas el 1.º de setiembre de 2015, así como de laConfederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), recibidas el 2 de septiembre de 2015. La
Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículos 2, 3 y 6 del Convenio. Autonomía sindical y principio de no injerencia del Estado. La Comisión
recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a las siguientes disposiciones de la Ley deAsociaciones Sindicales (LAS) núm. 23551 de 1988, y del correspondiente decreto reglamentario núm. 467/88 que noestán en conformidad con el Convenio.
–
Personería gremial: i) el artículo 28 de la LAS, que requiere, para poder disputar la personería gremial a una
asociación, que la demandante posea una cantidad de afiliados «considerablemente superior»; y el artículo 21 deldecreto reglamentario núm. 467/88 que califica el término «considerablemente superior» al establecer que laasociación que pretenda obtener la personería gremial deberá superar a la que la posea como mínimo en un 10 por
ciento de sus afiliados cotizantes; ii) el artículo 29 de la LAS, que dispone que sólo se otorgará la personería gremial
a un sindicato de empresa cuando no exista otro sindicato con personería gremial en la zona de actuación y en laactividad o categoría, y iii) el artículo 30 de la LAS que dispone que para que los sindicatos de oficio, profesión ocategoría puedan obtener la personería gremial deberán acreditar la existencia de intereses diferenciados de la unióno sindicato preexistente, cuya personería no deberá comprender la representación solicitada.
–
Beneficios que derivan de la personería gremial: i) el artículo 38 de la LAS que sólo permite a las asociaciones con
personería gremial, pero no a las simplemente inscritas, la retención en nómina de las cuotas sindicales, y ii) losartículos 48 y 52 de la LAS que prevén que únicamente los representantes de las organizaciones con personería
gremial se benefician de una protección especial (fuero sindical).
En sus anteriores comentarios, habiendo tomado nota de las decisiones pronunciadas por la Corte Suprema deJusticia de la Nación y otras instancias judiciales nacionales y provinciales en las que se declara la inconstitucionalidad dediversos artículos de la legislación antes mencionada, en particular, en lo concerniente a la personería gremial y en materia
de protección sindical, la Comisión pidió firmemente al Gobierno que extrajera todas las consecuencias de las decisiones
judiciales pronunciadas, con el fin de poner la legislación en conformidad con el Convenio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria sobre numerosas iniciativas legislativas para
reformar la LAS, que abarcan disposiciones objeto de comentario. Reiterando su voluntad de utilizar todos los canales
institucionales necesarios para buscar una mejor convivencia entre la legislación nacional y las disposiciones de los45

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

convenios internacionales del trabajo, el Gobierno estima que estas iniciativas legislativas evidencian que ha surgido unamplio y nuevo escenario respecto de la necesidad de adecuar la LAS, reflejan el ambiente amigable institucional
generado por el Gobierno y constituyen un paso positivo en la construcción del consenso necesario para esta reforma. No
obstante, subrayando la necesidad de que el consenso abarque todos los protagonistas del sistema de relaciones laborales,
el Gobierno indica que todavía hay sectores sindicales y empresariales con los que es necesario avanzar en aras de llegar a
una reforma consensuada.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que la CTA Autónoma manifiesta que no se ha convocado a losinterlocutores sociales a una reunión tripartita para elaborar proyectos de modificación para compatibilizar la legislaciónal Convenio y de que la CSI indica que la CTA Autónoma ha sido excluida de éste y otros ámbitos de consulta.
Al tiempo que toma debida nota de todas estas informaciones y, en particular, de la existencia de ciertas
iniciativas legislativas en curso, la Comisión observa con preocupación la dilación en la adecuación de la legislación al
Convenio, a pesar de los numerosos años transcurridos, las reiteradas peticiones de modificación y la asistencia
técnica proporcionada por la Oficina en varias ocasiones. La Comisión insta de nuevo firmemente al Gobierno a quesin demora y tras un examen tripartito de las cuestiones pendientes con el conjunto de los interlocutores sociales, tomelas medidas necesarias para poner la LAS y su decreto reglamentario en plena conformidad con el Convenio.
Artículo 3. Intervención administrativa en procesos electorales sindicales. La Comisión toma nota de que la
CTA Autónoma denuncia la injerencia del Gobierno en los procesos electorales sindicales, haciendo referencia a un
ejemplo reciente y aludiendo a las conclusiones del Comité de Libertad Sindical sobre esta cuestión. Observando con
preocupación que estos alegatos han sido objeto de varios casos ante el Comité de Libertad Sindical (en particular los
casos núms. 2865 y 2979) la Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respeto y confía en que lacuestión de la no injerencia de las autoridades administrativas en los procesos electorales sindicales será parte delexamen tripartito que se llevaría a cabo para modificar la LAS.
Aplicación práctica. La Comisión toma nota de que la CSI y la CTA Autónoma denuncian dilaciones
injustificadas en el procedimiento administrativo para obtener la inscripción o la personería gremial, citando ejemplos deprocedimientos cuyas demoras alcanzan de los cinco a los diez años. Recordando que los alegatos de dilaciones
indebidas han sido objeto de varios casos ante el Comité de Libertad Sindical (por ejemplo, casos núms. 1872, 2302,
2515 y 2870) y refiriéndose a las recomendaciones de este último al respecto, la Comisión pide al Gobierno que tome
todas las medidas necesarias para evitar demoras injustificadas en los procedimientos de inscripción o de personería
gremial y que informe de todo avance respecto de la disminución de las demoras.
La Comisión saluda las informaciones brindadas por el Gobierno y la CTA Autónoma sobre la culminación delproceso de inscripción gremial de esta última. La Comisión recuerda que, en anteriores comentarios, se había referido a lasolicitud de personería gremial presentada por la Central de los Trabajadores Argentinos en agosto de 2004 y que, al igual
que había hecho el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, había instado
al Gobierno a que tomase una decisión en un futuro próximo. Al respecto la Comisión toma nota de que el Gobierno
indica que, habiéndose dividido la Central de Trabajadores Argentinos en dos organizaciones sindicales (la CTA y la CTA
Autónoma), ambas han obtenido la simple inscripción y que ninguna de ellas ha requerido el reconocimiento de lapersonería gremial.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)
(ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Judicial Argentina (FJA), recibidas el 31 de agosto de2015, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, así como dela Confederación General del Trabajo dela República Argentina (CGT RA), recibidas el 2 de septiembre de 2015, todasellas denunciando nuevamente la negación del derecho de negociación colectiva a los trabajadores del Poder Judicial de laNación y de las provincias.
La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a sus comentarios precedentes a este respecto, se limita aremitir una comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que los ministros de dicha Corte declaranhaber tomado conocimiento de una reciente queja ante el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 3078) y haber decidido
no intervenir en la misma.
La Comisión observa nuevamente que este asunto fue ya tratado, en 2012, por el Comité de Libertad Sindical (véase
364.º informe, caso núm. 2881, párrafo 231) en el que recomendó al Estado «que tal como dispone el artículo 5 delConvenio núm. 154 adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias,
para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales
concernidas». La Comisión toma nota con preocupación la ausencia de progresos tangibles para garantizar el derechode negociación colectiva de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación y de varias provincias de la República
Argentina. La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias en este sentido y pide que informe sobre
toda evolución al respecto.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

46

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Bangladesh
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2015 en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia instó al
Gobierno a que: tome medidas para introducir enmiendas a la Ley sobre el Trabajo de 2006, en su tenor modificado de2013 (BLA), a efectos de abordar las cuestiones relativas a la libertad sindical y la negociación colectiva; asegure que laley que se aplica a las zonas francas de exportación (ZFE) que garantice plenamente la libertad sindical, incluida laconstitución de sindicatos y la asociación con otros sindicatos que no están en las ZFE; investigue, con carácter deurgencia, todos los actos de discriminación antisindical, garantice la reintegración de los trabajadores despedidos demanera ilegal e imponga multas o sanciones penales; y garantice que las solicitudes de registro se tramiten con celeridad yque no sean denegadas, salvo en caso de que no cumplan con criterios claros y objetivos establecidos en la legislación.
Asimismo, al tomar nota de que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que aceptara una misión tripartita dealto nivel este año a efectos de garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones, la Comisión toma nota de que elGobierno indica que no considera factible asegurar una coordinación efectiva tanto de la misión de contactos directos
relativa al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y la misión relativa a este Convenio. Al tomar nota
de que, sin embargo, el Gobierno expresó su voluntad de recibir una misión relativa al presente Convenio en 2016, laComisión expresa la firme esperanza de que la misión tripartita de alto nivel pedida por la Comisión de la Conferencia
se lleve a cabo sin más demoras.
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una
comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las
observaciones de la CSI de 2014 y pide al Gobierno que proporcione sus comentarios sobre la última comunicación
presentada. La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores(OIE) y la Federación de Empleadores de Bangladesh (BEF) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota también de las observaciones de carácter general de la OIE recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Libertades cívicas. Desde hace varios años la Comisión ha venido tomando nota de numerosos alegatos de la CSI
sobre la violencia contra los sindicalistas. La Comisión había pedido al Gobierno que proporcionase informaciones
detalladas acerca de todo alegato pendiente de violencia y acoso. La Comisión toma nota de la indicación general delGobierno, según la cual no se han registrado casos de acoso por haber participado en actividades sindicales. El Gobierno
también se refiere a una línea telefónica de ayuda en el sector de la confección textil en la zona de Ashulia, que se espera
que se extienda a todo el país. La Comisión toma nota con interés de esta nueva evolución y pide al Gobierno que
proporcione más amplias informaciones sobre la extensión de la línea telefónica de ayuda y que facilite estadísticas
sobre su utilización, la naturaleza precisa del seguimiento dado a las llamadas y el número de casos resueltos.
La Comisión había solicitado al Gobierno que proporcionara información sobre el estado de las investigaciones
acerca de sindicalistas asesinados en 2012. La Comisión toma nota de la información facilitada sobre las medidas
adoptadas para investigar los alegatos de violencia contra el secretario general de un sindicato y del inicio de una acción
judicial contra la dirección que actualmente está pendiente de decisión, mientras que otros casos fueron resueltos a travésdel diálogo. Por lo que respecta al asesinato de 2012, el Gobierno indica que el Departamento de Investigación Criminal
ha concluido que dos personas eran las principales sospechosas y se ha identificado a una de ellas. En vista de que laspersonas sospechosas permanecen ocultas, el Gobierno ha anunciado una recompensa de 100 000 BDT (1 400 dólares delos Estados Unidos) por la captura de la persona identificada. El caso se ha incluido en la categoría de «asuntos sensibles»,que garantizará un seguimiento regular y de ese modo un juicio expeditivo. Las acusaciones se han presentado y las
actuaciones judiciales prosiguen en ausencia de los acusados. La Comisión confía en que todos los autores e instigadores
responsables de actos de violencia contra sindicalistas sean identificados, enjuiciados y sancionados, de manera que se
impida la reiteración de tales actos, y pide al Gobierno que informe sobre los resultados de los procedimientos
judiciales e investigaciones en curso a que ha hecho referencia.
Aplicación legislativa. La Comisión toma nota de que las reglas laborales de Bangladesh (BLR o reglas) se publicó
en la Gaceta Oficial el 15 de septiembre de 2015, como parte de la aplicación de la BLA. La Comisión saluda la
promulgación de estas reglas que contribuirá a la aplicación de la BLA, de una manera que sea plenamente compatible con
el Convenio y plantea más adelante algunas cuestiones a este respecto.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Derecho de sindicación, de elegir libremente a sus representantes y de organizar sus
actividades. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que facilitara información detallada y estadísticas sobre el
registro de los sindicatos y que diera respuesta a las observaciones de la CSI según la cual los sindicatos registrados aún
representan una pequeña fracción de 4 millones de trabajadores en el sector de la confección textil y existe un número
considerable de solicitudes de registro pendientes de aceptación, mientras que se han denegado decenas, en virtud de laautoridad discrecional del Director de Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que existen

47

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1972)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

7 550 sindicatos y 171 federaciones de sindicatos registradas en el país. Entre el 1.º de enero de 2013 y el 31 de agosto de2015 se registró un total de 333 sindicatos en el sector de la confección textil, cuyo número total asciende ahora a 465.
Existen 16 sindicatos en el sector de los camarones y ocho en el desguace de buques. El Gobierno añade que para facilitar
más el proceso, se ha introducido un sistema de registro en línea en el sitio web del Departamento de Trabajo. Además, elGobierno indica que se denegaron 31 solicitudes de registro en 2013, 145 en 2014 y 121 en 2015 (hasta agosto) debido ala falta de documentación e información correcta que no se encontraban de conformidad con las disposiciones de lalegislación del trabajo. Según el Gobierno, se denegaron 30 solicitudes de registro en el sector de la confección textil,
mientras que la CSI menciona 39. Al tiempo que recuerda que el proceso de registro debería ser una simple formalidad
y no debería restringir el derecho de los trabajadores de constituir organizaciones sin autorización previa, la Comisión
confía en que el sistema de registro en línea facilite de manera expeditiva la resolución de las solicitudes de aplicacióny pide al Gobierno que siga comunicando estadísticas sobre el registro de sindicatos y de los obstáculos legislativos
específicos invocados como causa de denegación.
La Comisión toma nota de que la regla 167, 4), parece incluir un nuevo requisito mínimo exigiéndose la afiliación de
400 trabajadores para establecer un sindicato en el sector de la agricultura. La Comisión expresa su preocupación por laaparente introducción en las reglas de un elemento que no figura en la BLA y que limitaría el derecho de los trabajadoresagrícolas a constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión
recuerda a este respecto que el Estudio General de 2015: Dar una voz a los trabajadores rurales, párrafos 115 a 120 y
292, en el que se hace referencia a la importancia de asegurar que el requisito mínimo de afiliación para las organizaciones
de trabajadores rurales no constituya un obstáculo al derecho de sindicación de esos trabajadores, teniendo en cuenta, en
particular, los desafíos particulares que deben hacer frente para constituir organizaciones sindicales. La Comisión pide al
Gobierno que clarifique las implicaciones de esta regla y, en el caso en que efectivamente limite el derecho desindicación de los trabajadores agrícolas que, proceda a su modificación para adecuarla a la BLA y en cualquier caso
reducir el requisito en aras de asegurar su conformidad con el Convenio.
Por lo que respecta al actual requisito mínimo del 30 por ciento de los afiliados, si bien toma nota de que elGobierno, la OIE y la BEF consideran que el establecimiento de límites mínimos para la constitución de un sindicato debe
considerarse en relación con el contexto nacional y tener presente la importancia de editar una proliferación de sindicatosque puede ser contraproducente para el desarrollo de relaciones laborales sanas y el crecimiento económico, la Comisión
debe recordar su profunda preocupación por el hecho de que los trabajadores aún sean obligados a cumplir con este
requisito excesivo para obtener un registro inicial y continuado, y que los sindicatos cuyo número de afiliados sea inferiora esta cifra serán eliminados del registro (artículos 179, 2) y 190, f)), mientras que no se podrán registrar más de tressindicatos por establecimiento o grupo de establecimientos (artículo 179, 5)). La Comisión subraya nuevamente que ese
umbral demasiado elevado sólo para estar en condiciones de constituir un sindicato y mantener el registro viola el derecho
de todos los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen conveniente y de afiliarse alas mismas, previsto en virtud del artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que revise estas disposiciones
con los interlocutores sociales con miras a su enmienda y que facilite información sobre los progresos realizados a este
respecto.
Por lo que respecta, de manera más general, a la reforma legislativa, la Comisión toma nota de que la OIE y la BEF
hacen referencia a sus intervenciones en la Comisión de la Conferencia y, en particular, a la indicación de que sería deutilidad que la OIT prestara asistencia a Bangladesh en el proceso de revisión de su legislación como para que puedan
obtenerse los resultados generales previstos en el Convenio y establecerse también una distinción entre la actividad laboral
lícita y el desorden público. Al lamentar de que el Gobierno no haya facilitado información alguna sobre las medidas
tomadas para efectuar nuevas enmiendas a la BLA, después de su modificación de 2013, la Comisión pide nuevamente
al Gobierno que indique las medidas adoptadas para revisar y enmendar las siguientes disposiciones para asegurar que
toda restricción al ejercicio de la libertad sindical y actividades relacionadas sean conformes al Convenio: alcance dela ley (artículos 1, 4), 2, 49) y 65), y 175); restricciones al derecho de sindicación en la aviación civil y respecto de lagente de mar (artículo 184, 1), 2) y 4), y 185, 3)); restricciones al derecho de sindicación en grupos de establecimientos(artículo 183, 1)); limitaciones a la afiliación a sindicatos (artículos 2, 65), 175, 185, 2), 193 y 300); injerencia en las
actividades sindicales (artículos 196, 2), a) y b), 190, e) y g), 192, 229, c), 291 y 299); injerencia en las elecciones de unsindicato (artículos 196, 2), d) y 317, d)); injerencia en el derecho de redactar sus estatutos libremente(artículos 179, 1)); excesivas limitaciones al derecho de huelga (artículo 211, 1), 3), 4) y 8), y 227, c)), acompañadas
por severas sanciones (artículos 196, 2), e), 291 y 294-296); excesivos derechos preferenciales para los agentes de lanegociación colectiva (artículos 202, 24), c) y e), y 204); anulación del registro de un sindicato (artículo 202, 22)), ysanciones excesivas (artículo 301).
La Comisión también toma nota de que la regla 169, 4) recientemente promulgada (elegibilidad para ser miembrode la junta directiva de un sindicato) hace referencia de la noción de trabajador permanente y pide al Gobierno queclarifique las repercusiones que este requisito tendría en el derecho de las organizaciones de trabajadores de elegirlibremente sus representantes.
La Comisión también toma nota de que la regla 202 limita de manera muy general las acciones que pueden
desarrollar los sindicatos y las comisiones de participación, siempre que se abstengan en particular de: injerencia en las
funciones administrativas del establecimiento; injerencia en el nombramiento, traslado y promoción de funcionarios,

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empleados o trabajadores del establecimiento; ser beneficiarios de facilidades de la administración relativas al transporte,
amueblamiento o cuestiones financieras; injerencia en la producción de actividades normales del establecimiento. La
Comisión toma nota con preocupación de que la regla 188 prevé que el empleador tendrá la función de constituir comitéselectorales para organizar la elección de los representantes de los trabajadores en las comisiones de participación enausencia de un sindicato y prevé que la representación en las mismas estarán constituidas por dos representantes
empleadores y tres representantes trabajadores, mientras que al mismo tiempo, la CIS hace referencia en su comunicacióna la creciente preocupación por el hecho de que los empleadores alientan la formación de sindicatos de empresa para
impedir que sean organizados por sindicatos dirigidos por trabajadores. La Comisión observa que mientras el artículo 195
de la BLA define las prácticas laborales desleales por parte de los empleadores, al parecer en las reglas (a excepción deuna alusión en la regla 366) no se incluyen ningún desarrollo sobre este punto que limitaría claramente las restricciones
establecidas en la regla 202 o que proporcionaría procedimientos medios correctivos adecuados para las quejas relativas alas prácticas laborales desleales, incluyendo las relativas al procedimiento electoral de las comisiones de participación. Al
observar que éste era un elemento del compromiso del Gobierno asumido en el marco de la aplicación del Pacto sobre
la Sostenibilidad de Bangladesh con la Unión Europea, y los Estados Unidos, la Comisión pide al Gobierno que
indique las medidas adoptadas para garantizar que no se impongan limitaciones a las organizaciones de trabajadores
en el ejercicio de sus actividades internas y que se impidan eficazmente las prácticas laborales desleales.
Artículo 5. Derecho de formar federaciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno querevisara el artículo 200, 1), de la BLA para garantizar que el requisito de un número mínimo de sindicatos para establecer
una federación (cinco en la actualidad) no sea excesivamente elevado y no infrinja el derecho de las organizaciones detrabajadores de constituir federaciones. Asimismo, pidió al Gobierno que modificara esta disposición, de manera de quelos trabajadores tengan derecho a establecer federaciones que dispongan de una cobertura profesional o interprofesional
más amplia y de que se suprima el requisito de que los sindicatos afiliados pertenezcan a más de una división
administrativa. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno indica que esta enmienda introducida en 2013 fue elresultado de un consenso tripartito. La Comisión pide al Gobierno que siga facilitando información acerca de toda otra
evolución a este respecto, con inclusión del número de federaciones constituidas desde la enmienda si se ha presentado
alguna queja en relación con el impacto que esta disposición ha tenido en el derecho de las organizaciones detrabajadores a formar las federaciones que estimen convenientes.
Derecho de sindicación en las ZFE. En su observación anterior la Comisión recordó que una serie de disposiciones
de la Ley sobre las Sociedades para el Bienestar de los Trabajadores y Relaciones de Trabajo, de 2010 (EWWAIRA)(artículos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46 y 80) deberían ser enmendados para poner la ley deconformidad con el Convenio. El Gobierno se refirió a un proyecto de ley de trabajo para las ZFE, aprobado en principio
por el Gabinete en julio de 2014, mientras que la CSI señaló que dicho proyecto fue elaborado sin celebrar consultas con
los representantes de los trabajadores y que no incluye disposición alguna que aborde las preocupaciones planteadas en
virtud del Convenio. En consecuencia, la Comisión instó al Gobierno a que llevara a cabo plenas consultas con lasorganizaciones de trabajadores y de empleadores en el país con miras a adoptar una nueva legislación para las ZFE queesté plenamente en conformidad con las disposiciones del Convenio. El Gobierno señala en su comunicación más reciente
que el proyecto de ley de trabajo para las ZFE se envió al Ministerio de Legislación para que lo examine antes de su
presentación al Parlamento. Al recordar que la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno que garantice quela ley que se aplica a las ZFE asegure plenamente la libertad sindical, incluida la constitución de sindicatos y laasociación con otros sindicatos que no están en las ZFE, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que vuelva asometer esta cuestión a la plena consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el país con mirasa adoptar una nueva legislación para las ZFE que esté en plena conformidad con el Convenio.
Asimismo, la Comisión toma nota de que la CSI se refiere en sus comentarios a la zona franca de exportación deCorea (KEPZ), indicando que es la única ZFE privada establecida de la Ley sobre las ZFE privadas de Bangladesh (1996)
y añade que no resulta claro cuál es la ley que se aplica en esta zona en relación con las remuneraciones y los derechos
laborales. La CSI alega que por una parte, los salarios de las ZFE establecida por el Gobierno no parecen aplicarse a la
KEPZ, mientras que, por otra parte, el empleador prohíbe el establecimiento de sindicatos dando a entender que tampoco
se aplica la Ley sobre el Trabajo de Bangladesh. La Comisión pide al Gobierno que dé respuesta a esas observaciones yque tenga a bien indicar cuál es la legislación laboral aplicable a las ZFE privadas (o a las zonas económicas
especiales) y que aseguran que los derechos previstos en virtud del Convenio se garantizan a los trabajadores en esas
zonas.
En vista de la ausencia de cualquier progreso significativo en la mayoría de las cuestiones que ha venido
planteando durante muchos años, la Comisión no puede dejar de recordar la importancia decisiva de la libertad
sindical como derecho fundamental y derecho habilitante y espera firmemente que en un futuro muy próximo se
realizarán progresos significativos para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio.

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Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Barbados
Convenio sobre los representantes de los trabajadores,
1971 (núm. 135) (ratificación: 1977)
Artículo 1 del Convenio. Protección de los representantes de los trabajadores. La Comisión toma nota con
satisfacción de la adopción de una nueva Ley de Derechos en Materia de Empleo, que incluye la protección del despido
por el motivo de ser o de ser propuesto para ser un dirigente, un representante sindical, un representante de seguridad ysalud o un delegado o afiliado de un sindicato, así como por el motivo de postularse o de actuar como un representante delos trabajadores.

Belarús
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
Seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta(queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2015 en
relación con la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a quedé cumplimiento a las restantes recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2004 de que acepte una asistencia técnica
sustancialmente mayor en el país, a efectos de que se preste asistencia a este respecto y que envíe informaciones sobre elpapel y funciones del consejo tripartito para la mejora de la legislación en la esfera social y laboral (en adelante consejo
tripartito).
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas
el 1.º de septiembre de 2015 sobre la aplicación del Convenio. Además, toma nota de las observaciones presentadas por elCongreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP) recibidas el 31 de agosto de 2015 en la que se aleganviolaciones al presente Convenio y al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98), tanto en la legislación como en la práctica y señala su preocupación por el hecho de que el consejo tripartito noda cumplimiento a sus funciones. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general presentadas
por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) el 1.º de septiembre de 2015.
De manera general, la Comisión toma nota con interés de que, tras un seminario llevado a cabo en julio de 2014, yorganizado por la OIT en Minsk sobre la experiencia de los órganos consultivos tripartitos con los interlocutores sociales,
el consejo tripartito aprobó modificaciones a su reglamento destinadas a mejorar su eficacia, expedido por el Ministerio deTrabajo y Protección Social en virtud de la orden núm. 48, de 8 de mayo de 2015. La Comisión toma nota, en particular,
que la reglamentación amplia el mandato del consejo tripartito a fin de que pueda someter propuestas a los órganos
legislativos en relación con la aplicación en la legislación de los convenios y recomendaciones de la OIT, de conformidad
con las recomendaciones de la OIT para revisar la aplicación en la práctica de la legislación laboral y examinarcomunicaciones de sindicatos y organizaciones de empleadores sobre cuestiones relativas al cumplimiento de losconvenios de la OIT ratificado. La Comisión confía en que el mandato ampliado del consejo tripartito será de asistencia
para abordar los puntos que la Comisión ha venido planteando desde hace varios años. A este respecto, la Comisión
toma nota con interés de las últimas informaciones del Gobierno que indican que el consejo tripartito, durante su reuniónde noviembre de 2015, se puso de acuerdo sobre un mecanismo para negociar y firmar convenios colectivos en empresasque cuenten con más de un sindicato. Este mecanismo se incorporaría en el Acuerdo general para 2016-2018.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones de trabajadores. La Comisión recuerda que en sus
observaciones anteriores instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para enmendar el decreto presencial
núm. 2, sus normas y reglamentos, a fin de eliminar los obstáculos para el registro de los sindicatos (domicilio legal yrequisito de afiliación de al menos el 10 por ciento de los trabajadores). La Comisión toma nota con interés de la
indicación del Gobierno de que, como consecuencia de una propuesta del consejo tripartito, el decreto presidencial
núm. 4, de 2 de junio de 2015, derogó el requisito de al menos el 10 por ciento de los trabajadores afiliados, reduciendo elnúmero mínimo exigido para constituir un sindicato a la empresa a diez trabajadores. Además, la Comisión toma nota delas observaciones del BKDP, según los cuales las modificaciones introducidas son superficiales, habida cuenta de que lapráctica sindical en Belarús no prevé la creación de sindicatos individuales autónomos sino más bien estructurasorganizativas de sindicatos nacionales por sector, de conformidad con sus estatutos. A este respecto, la Comisión recuerda
los numerosos alegatos relativos a obstáculos al registro de tales estructuras organizativas debido a las dificultades paraobtener un domicilio jurídico. Asimismo, recuerda que el BKDP indicó que, frente a tales obstáculos, se desalienta a lossindicatos independientes que tratan de obtener el registro.

50

En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión lamenta profundamente de que en la última memoria delGobierno no se hace mención de medidas adoptadas o previstas para modificar el requisito del domicilio legal, como lorecomendara la Comisión de Encuesta. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que, en el marco del consejo
tripartito examine las medidas necesarias para garantizar que la cuestión del domicilio legal deje de ser un obstáculo
en la práctica al registro de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria todos los
progresos realizados a este respecto.
Asimismo, recordando los alegatos específicos relativos al domicilio jurídico examinados por la misión de contactos
directos que visitó el país en enero de 2014 y su recomendación de que era necesario elaborar un mecanismo paraencontrar, en el futuro, una solución aceptable a ese tipo de conflictos a través de actividades de investigación, facilitación
y mediación, respetando plenamente los principios de libertad sindical, la Comisión saluda la indicación del Gobierno,
según la cual, con la asistencia de la OIT se ha previsto realizar en enero de 2016 un seminario tripartito sobre solución deconflictos y mediación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los frutos y resultados
tangibles de esta actividad.
Artículos 3, 5 y 6. Derecho de las organizaciones de trabajadores, incluso las federaciones y confederaciones, deorganizar sus actividades. La Comisión recuerda que expresó anteriormente su preocupación por los alegatos dedenegación, en varias ocasiones, de autorización al BKDP, al Sindicato Independiente de Belarús (BNP) y al Sindicato delos Trabajadores de la Radio y la Electrónica (REP) a que organicen manifestaciones y reuniones. La Comisión pidió al
Gobierno que, en colaboración con las organizaciones mencionadas, realizara investigaciones sobre los casos en que se
denegó la autorización para organizar manifestaciones y reuniones, y que señala la atención de las autoridades
competentes el derecho de los trabajadores a participar en manifestaciones pacíficas en defensa de sus intereses laborales.
La Comisión toma nota de los alegatos que figuran en la última comunicación del BKDP, en el sentido de que numerosas
autoridades municipales siguieron denegando al sindicato y a sus afiliados la autorización para realizar manifestaciones:
en el mes de febrero contra un nuevo decreto que afecta a los intereses de los trabajadores; para celebrar el 1.º de mayo, yen octubre para conmemorar la jornada mundial por un trabajo decente. La Comisión toma nota de que el Gobierno sólo
responde respecto a este último evento, señalando que las autoridades de Minsk otorgaron permiso al BKDP y la reunión
tuvo lugar en el parque Amistad del Pueblo en la plaza Bangalore. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya dado
respuesta a los demás alegatos de denegación de otorgar autorización para organizar manifestaciones en febrero y el 1.º demayo, ni tampoco ha proporcionado información alguna sobre las medidas adoptadas para investigar los casos dedenegación, con las organizaciones afectadas. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que, en colaboración conlas organizaciones antes mencionadas, investigue esos casos y señale a la atención de las autoridades competentes elderecho de los trabajadores a participar en manifestaciones y reuniones pacíficas para defender sus intereses
laborales. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas a este respecto. Además, recuerda
en este sentido que ha venido solicitando al Gobierno durante varios años que enmendara la Ley sobre Actividades de
Masas, e insta al Gobierno a revisar sus disposiciones en el ámbito del consejo tripartito, y con la asistencia de la OIT,
con miras a su enmienda y que informe sobre los progresos realizados.
Por último, la Comisión insta nuevamente al Gobierno que, en consultas con los interlocutores sociales, adopte
medidas para enmendar el decreto núm. 24, que requiere autorización previa para la ayuda gratuita del extranjero yrestringe su utilización, de manera de garantizar que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan,
efectivamente, organizar sus actividades y programas y beneficiarse de la asistencia de organizaciones internacionales
de trabajadores y de empleadores, en conformidad con los artículos 5 y 6 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno
que comunique información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades. La Comisión recuerda
que había pedido al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para modificar los artículos 388, 390, 392 y 399 delCódigo del Trabajo en relación con el ejercicio del derecho de huelga. La Comisión lamenta tomar nota de que elGobierno no ha proporcionado ninguna información respecto de las medidas concretas adoptadas para modificar las
disposiciones antes mencionadas, las cuales afectan al derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus
actividades con plena libertad. Por lo tanto, alienta al Gobierno a tomar medidas para revisar estas disposiciones, enconsulta con los interlocutores sociales, y a proporcionar información sobre todas las medidas adoptadas o previstas a
tal efecto.
La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de algunos progresos antes mencionados, se ve obligada a concluir,
al igual que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia después de transcurridos más de diez años desde quela Comisión de Encuesta elaborara sus recomendaciones, el Gobierno no ha dado curso a la mayoría de ellas, y enconsecuencia, la situación general en relación con los derechos sindicales es aún extremadamente insatisfactoria. No
obstante, alienta a la Comisión la intensificación del compromiso del Gobierno con la OIT con objeto de examinar ysuperar los obstáculos que enfrenta a este respecto, incluyen el semanario tripartito sobre solución de conflictos y
mediación previsto para junio de 2016, y expresa la firme la esperanza de que estará en condiciones de observar que se
han realizado progresos significativos respecto de las recomendaciones restantes.

51

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Botswana
Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1997)
Aplicación del Convenio en la práctica. Lamentando la ausencia de todo comentario del Gobierno a este
respecto, la Comisión se ve obligada a reiterar su solicitud al Gobierno de dar respuesta a las observaciones de laConfederación Sindical Internacional (CSI) sobre los casos de discriminación antisindical, de negación delreconocimiento sindical y restricciones a la negociación colectiva en la práctica.
Artículo 1 del Convenio. Aplicación del Convenio al personal penitenciario. En sus comentarios anteriores, laComisión recordó que el Convenio se aplica al servicio penitenciario de Botswana. La Comisión toma nota de la indicacióndel Gobierno, según la cual: i) tomó nota de la preocupación expresada por la Comisión, y ii) mientras que los funcionariosde prisiones, que se rigen por la Ley sobre los Servicios Penitenciarios, siguen siendo parte de las fuerzas disciplinadas, el
personal de apoyo del Departamento de Prisiones y Rehabilitación está comprendido en las leyes laborales, con lo cual gozadel derecho de sindicación. Recordando que la excepción contenida en el artículo 1, 3), del Convenio sólo se aplica a lasfuerzas armadas y a la policía, la Comisión reitera su esperanza que el Gobierno adopte, en un futuro próximo, medidas
para enmendar la legislación pertinente, a efectos de garantizar que los funcionarios de prisiones gocen de los derechos
consagrados en el Convenio e insta al Gobierno a que comunique información sobre toda evolución a este respecto.
Artículo 5. Protección contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión invitó al
Gobierno a que garantizara que la revisión de la Ley sobre la Función Pública incluya la incorporación de una disposición
que prevea una protección adecuada de las organizaciones de los empleados públicos contra los actos de injerencia porparte de las autoridades públicas en su establecimiento, funcionamiento o administración. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno, según la cual sigue revisándose la Ley sobre la Función Pública y de que los comentarios de laComisión serán examinados. La Comisión insta al Gobierno a que comunique información sobre toda evolución, con el
fin de garantizar que la legislación proteja de manera adecuada a las organizaciones de empleados públicos contra losactos de injerencia por parte de las autoridades públicas.

BurundiConvenio sobre el derecho de asociación (agricultura),
1921 (núm. 11) (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a la necesidad de modificar el decreto
ley núm. 1/90, de 25 de agosto de 1967, sobre las asociaciones rurales, que prevé que, en caso de dotación pública, el Ministro de
Agricultura podrá constituir asociaciones rurales (artículo 1), cuya adhesión es obligatoria (artículo 3) y respecto de las cuales fija
los estatutos (artículo 4). Prevé asimismo entre las obligaciones de los agricultores que son miembros de esas asociaciones, laprestación de servicios en beneficio de la empresa común, el pago de una cotización única o periódica, el suministro de productosde cosechas y del ganado y la observación de las reglas de disciplina cultural u otra (artículo 7), bajo pena de embargo de losbienes del afiliado (artículo 10).
La Comisión había tomado nota de que el Gobierno había indicado que el decreto en cuestión aún no ha sido derogado,
pero que su derogación se efectuará próximamente. La Comisión expresa la firme esperanza de que finalmente el Gobierno
tomará medidas efectivas para la modificación o derogación del decreto-ley núm. 1/90, de 25 de agosto de 1967, y pide al
Gobierno que le informe al respecto en su próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas
el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa también su
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una
comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014 y por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) en una
comunicación recibida el 26 de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios sobre lascuestiones planteadas, incluidos los alegatos relativos a amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y un atentado contra
el presidente del Sindicato Libre de Médicos de Burundi (SYMEBU) y otros actos de intimidación contra sindicalistas.
Artículo 2 del Convenio. Derechos de los funcionarios, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que
estimen convenientes y de afiliarse a estas organizaciones. La Comisión lamenta una vez más observar la falta dedisposiciones reglamentarias relativas al ejercicio del derecho de sindicación de los magistrados y observa que este hecho es la52

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

causa de las dificultades de registro del Sindicato de los Magistrados de Burundi (SYMABU). La Comisión espera que elGobierno tomará sin demora las medidas necesarias para adoptar las disposiciones reglamentarias en cuestión, de manera degarantizar y determinar claramente el derecho de sindicación de los magistrados.
Derecho de sindicación de los menores. La Comisión se refiere desde hace algunos años a la cuestión de la conformidaddel artículo 271 del Código del Trabajo con el Convenio, en la medida en que dicho artículo dispone que los menores de 18 añosde edad no pueden afiliarse a sindicatos profesionales sin una autorización expresa, parental o tutelar. La Comisión pide al
Gobierno que se reconozca el derecho de afiliación sindical de los menores de 18 años que ejerzan una actividad laboral, sinque se requiera la autorización parental o tutelar.
Artículo 3. Derecho de los trabajadores y empleadores de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegirlibremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades, y de formular sus programas de acción, sininjerencia de las autoridades públicas. Elección de los dirigentes sindicales. La Comisión recuerda que sus comentarios
anteriores se referían al artículo 275 del Código del Trabajo que establece las siguientes condiciones para acceder a un cargo dedirigente o de administrador sindical:–
Antecedentes penales. El artículo 275, 3), del Código del Trabajo dispone que los dirigentes sindicales no deberán habersido condenados a una pena definitiva de cumplimiento efectivo y privativa de la libertad que fuese superior a seis meses.
La Comisión recuerda que una condena por un acto que, por su naturaleza, no ponga en tela de juicio la integridad delinteresado y que no presente verdaderos riesgos para el ejercicio de las funciones sindicales, no debe constituir un motivo
de descalificación para ser elegido dirigente sindical.
–
Pertenencia a la profesión. El artículo 275, 4), del Código del Trabajo dispone que los dirigentes sindicales deberán haberejercido la profesión o el oficio durante al menos un año. La Comisión había solicitado al Gobierno que flexibilizara su
legislación, aceptando la candidatura de las personas que hubiesen trabajado anteriormente en la profesión o eliminando lascondiciones de pertenencia a la profesión para un porcentaje razonable de los dirigentes.
La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 275, 3) y 4), delCódigo del Trabajo teniendo plenamente en cuenta los principios mencionados.
Derecho de las organizaciones de apoyar libremente sus actividades y de formular sus programas de acción. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había planteado la cuestión de la sucesión de procedimientos obligatorios previos a la
declaración de huelga (artículos 191 a 210 del Código del Trabajo), que parecen conferir al Ministro de Trabajo la facultad de
impedir cualquier huelga. Recordando que el derecho de huelga es uno de los medios esenciales del que disponen lossindicatos para promover y defender los intereses de sus miembros, la Comisión urge al Gobierno a que adopte y comuniqueel texto de aplicación del Código del Trabajo sobre las modalidades de ejercicio del derecho de huelga teniendo en cuenta losprincipios mencionados.
Además, la Comisión había señalado que, en virtud del artículo 213 del Código del Trabajo, la huelga es legal cuando es
declarada con aviso previo, de conformidad con la mayoría simple de la plantilla del establecimiento o de la empresa. La
Comisión recordó que, en lo que atañe a un voto de huelga, la modalidad del escrutinio, el quórum y la mayoría exigida, nodeberían ser tales que el ejercicio del derecho de huelga resultase, en la práctica, muy difícil e incluso imposible. La Comisión
pide al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas adoptadas para modificar el artículo 213, teniendo en
cuenta los principios que acaban de señalarse.
En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó un decreto-ley que prohíbe el ejercicio delderecho de huelga y de manifestación en todo el territorio nacional durante el período electoral. Según el Gobierno, en los hechos,ese decreto-ley no ha sido aplicado. La Comisión pide al Gobierno que indique si ese decreto-ley ha sido derogado con
posterioridad a las elecciones.
La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que lasorganizaciones sindicales puedan ejercer su derecho a organizar libremente sus actividades sin injerencia de las autoridades
públicas.
La Comisión observa que el Gobierno ha constituido un comité tripartito al que se le ha encargado proponer rápidamente
nuevas disposiciones para el Código del Trabajo que tengan en cuenta, entre otras, las reivindicaciones de los interlocutoressociales, los informes de la inspección del trabajo y los comentarios de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que informe
sobre todo progreso en los trabajos de revisión del Código del Trabajo y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica
de la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidos el 1.º deseptiembre de 2015. La Comisión toma nota de que la CSI subraya que el artículo 227 de Código del Trabajo permite la
injerencia de las autoridades en la negociación colectiva y que en virtud del artículo 224 del Código se permiten losconvenios colectivos con trabajadores no sindicalizados. La CSI añade que el arbitraje obligatorio puede ser impuesto porla inspección del trabajo en el marco de la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que le envíe sus
comentarios al respecto.
La Comisión también lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidos el 1.º de septiembrede 2014, y de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidos el 26 de septiembre de 2014, sobre la aplicacióndel Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

53

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1997)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Carácter no disuasorio de las sanciones previstas en el Código del Trabajo, en caso deviolación de los artículos 1 (protección de los trabajadores contra los actos de discriminación antisindical) y 2 (protección de lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores contra los actos de injerencia de unas respecto de las otras) del Convenio.
La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, se modificarían las disposiciones en consideración con la
colaboración de los interlocutores sociales. La Comisión lamenta que no se haya incorporado a la legislación ninguna
modificación y, recordando la necesidad de prever sanciones suficientemente disuasorias, espera que el Gobierno pueda
incorporar en la legislación, en un futuro próximo, las modificaciones necesarias para reforzar las sanciones. La Comisión
pide al Gobierno que le proporcione informaciones sobre todo progreso realizado al respecto.
Artículo 4. Derecho de negociación colectiva en la práctica. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que
sólo existía un convenio colectivo en Burundi. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, corresponde a losinterlocutores sociales tomar la iniciativa de proponer convenios colectivos y que, en definitiva, se conforman con concluir
acuerdos de empresa, que son muy numerosos en las empresas paraestatales. La Comisión recuerda que, si bien el Convenio noconlleva ninguna disposición que prevea que el Gobierno tiene el deber de garantizar la aplicación de la negociación colectiva por
medios obligatorios respecto de los interlocutores sociales, ello no significa que los gobiernos deban abstenerse de toda medida
dirigida a establecer mecanismos de negociación colectiva. La Comisión había tomado nota del establecimiento de unprograma de fortalecimiento de las capacidades de los actores del diálogo social y pide nuevamente al Gobierno que tenga abien comunicar indicaciones sobre las medidas precisas adoptadas para promover la negociación colectiva, así comotransmitir datos de orden práctico sobre el estado de la negociación colectiva, especialmente sobre el número de convenios
colectivos concluidos hasta la fecha y los sectores de actividad concernidos. La Comisión espera que el Gobierno pueda
informar, en su próxima memoria, de progresos sustanciales.
Artículo 6. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios no adscritos que no trabajan en la administración delEstado. La Comisión había solicitado al Gobierno que le precisara si están aún en vigor las disposiciones que implican
restricciones al campo de la negociación colectiva de todos los funcionarios públicos de Burundi, especialmente en lo que atañe ala fijación de los salarios, por ejemplo: 1) el artículo 45 del decreto-ley núm. 1/23, de 26 de julio de 1988, que prevé que elconsejo de administración de los establecimientos públicos fije, previa aprobación del Ministro de Tutela, el nivel deremuneración de los empleos permanentes y temporales, y determine las condiciones de contratación y de despido; y 2) elartículo 24 del decreto-ley núm. 1/24, que prevé que el consejo de administración de los establecimientos públicos fije el estatutodel personal de la administración personalizada, a reserva de la aprobación del ministro competente. La Comisión había tomado
nota de que, el Gobierno indicaba que esos artículos seguían estando en vigor, pero que en realidad los funcionarios del Estado
participaban en la determinación de sus condiciones de trabajo. Según el Gobierno, se les reconoce el derecho de negociación
colectiva y es, por otra parte, por ello que existen los convenios en los sectores de la educación y de la salud; en el ámbito de losestablecimientos públicos o de las administraciones personalizadas, los trabajadores participan en la fijación de lasremuneraciones, puesto que éstos están representados en los consejos de administración, y los consejos de empresa o lossindicatos presentan al empleador las reivindicaciones de orden salarial, interviniendo sólo el Ministro de Tutela parasalvaguardar el interés general; en algunos ministerios, las organizaciones sindicales han obtenido primas para completar lossalarios. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas para alinear la legislación a la práctica y, sobre todo,
modificar los artículos 45 del decreto-ley núm. 1/23 y 24 del decreto-ley núm. 1/24, de modo que las organizaciones defuncionarios y de empleados públicos que no trabajan en la administración del Estado puedan negociar sus salarios y otras
condiciones de trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Camboya
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión toma nota además de las observaciones formuladas por la
Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2015, en las que se hace referencia, en
particular, a los actos de violencia contra sindicalistas durante acciones de huelga o durante manifestaciones por el 1.º demayo, acosos y demandas judiciales contra dirigentes sindicales y un bloqueo constante del registro de nuevos sindicatos
independientes. En sus observaciones, la CSI formula asimismo comentarios sobre el proyecto de ley de sindicatos. La
Comisión toma nota además de las observaciones formuladas por la Internacional de la Educación (IE), y su organización
afiliada, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Educación para el Desarrollo (NEAD), recibidas el 28 deseptiembre de 2015, en relación con los actos intimidatorios de la policía durante la celebración del Congreso Nacional dela NEAD, en septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre lasobservaciones presentadas por la CSI, la IE y la NEAD.
La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Asociación Independiente del Personal Docente deCamboya (CITA), recibidas el 4 de agosto de 2015, en las que plantea su preocupación por la Ley sobre Asociaciones yOrganizaciones no Gubernamentales, adoptada recientemente. La Comisión expresa su particular preocupación por elhecho de que varias de las disposiciones de esta ley parezcan infringir los derechos fundamentales de los profesores envirtud del Convenio. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que suministre información detallada sobre lasmedidas adoptadas o previstas para garantizar que se respete plenamente, en virtud del Convenio, el ejercicio de losderechos de profesores y funcionarios que no están cubiertos por la legislación general en materia de sindicatos.
La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones anteriores de la CSI, la IE
y la NEAD en relación con los arrestos y detenciones de los trabajadores implicados en manifestaciones y los bloqueos alregistro de nuevos sindicatos independientes, los actos de intimidación contra profesores que se afilian a sindicatos. La
54

Comisión observa que el Gobierno objeta la mayor parte de los alegatos y las cuestiones planteadas. Atendiendo a las
discrepancias de información comunicada por las organizaciones de trabajadores y por el Gobierno, la Comisión se ve
impelida a recordar que el ejercicio de la libertad sindical solamente es posible en un clima libre de intimidaciones o deriesgos de ningún tipo contra los dirigentes y los afiliados de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y que
corresponde al Gobierno velar por que se respete este principio.
Asesinatos de sindicalistas. En su observación anterior, la Comisión instó firmemente al Gobierno a asegurarse deque se llevaban a cabo sin dilación investigaciones exhaustivas e independientes sobre los asesinatos de los dirigentes
sindicales Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy. En relación con el asesinato de Ros Sovannareth, el Gobierno
reitera que este caso ha concluido con el arresto y la condena de Thach Saveth, también conocido como Chan Sopheak,que fue sentenciado a quince años de reclusión, el 15 de febrero de 2005, por asesinato premeditado y que actualmente
cumple la ejecución de su condena en prisión. En este sentido, la Comisión toma nota de las conclusiones yrecomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2318, en las que reiteraba que Thach Saveth fue
condenado por el asesinato premeditado de Ros Sovannareth en un juicio que se caracterizó por numerosas irregularidades
y la ausencia de las debidas garantías en un procedimiento judicial, y pidió al Gobierno que investigara y señalara si
efectivamente se había dado a Thach Saveth la oportunidad de recurrir el fallo de la Corte y, en tal caso, si había ejercido
su derecho de apelación (véase, 376.º informe del Comité de Libertad Sindical, párrafo 218). La Comisión toma nota deque el Gobierno señala que, en agosto de 2015, se creó un comité interministerial con el fin de garantizar investigaciones
rigurosas y expeditivas de esos crímenes. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que asegure que se realizan con
rapidez investigaciones exhaustivas y diligentes de los asesinatos de los dirigentes sindicales mencionados y hacercomparecer ante la justicia no sólo a los culpables de estos crímenes abyectos sino también a sus instigadores con
objeto de poner fin a la situación imperante de impunidad, y espera que pueda pronto informar sobre los progresos eneste sentido. El Comité pide al Gobierno que se asegure que la Comisión interministerial especial mantenga
informadas de manera regular a las organizaciones de empleadores y de trabajadores nacionales sobre los avances deestas investigaciones con miras a que se promueva el diálogo social y se ponga fin al clima de impunidad que rodea losactos de violencia en contra de sindicalistas.
Derechos sindicales y libertades civiles. En su observación anterior, la Comisión instó al Gobierno a que
investigara los hechos ocurridos el 2 y el 3 de enero de 2014, en los que, en el contexto de la fijación del salario mínimo,
se declararon huelgas y manifestaciones que dieron lugar a graves actos de violencia y agresiones, muerte, y arrestos de
23 trabajadores, así como a supuestas irregularidades en los correspondientes procedimientos judiciales. En su informe, el
Gobierno reitera que las acciones de huelga se tornaron violentas y que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir
para proteger la propiedad privada y pública y para restaurar la paz. El Gobierno señala que, a raíz de estos incidentes, se
han creado tres comités: el comité de evaluación de daños, el comité para la determinación de los hechos que dieron lugara los actos de violencia en la carretera de Veng Sreng y el comité de estudio sobre los salarios mínimos de los trabajadores
en el sector de la confección y del calzado. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas lasconclusiones y recomendaciones a las que hayan llegado estos comités en relación con los incidentes de enero de 2014,así como sobre las medidas de seguimiento adoptadas al respecto.
En relación con sus comentarios anteriores, al tiempo que toma debida nota de los detalles facilitados sobre las
obligaciones y la misión del comité de resolución de conflictos en manifestaciones y huelgas, la Comisión pide al
Gobierno que informe sobre la labor de este comité.
Independencia del Poder Judicial. En su observación anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara todas
las medidas de capacitación u otras que se hubieran tomado en relación con las nuevas leyes adoptadas sobre el estatuto dejueces y fiscales y sobre la organización y el funcionamiento de los tribunales. El Gobierno informa que, en diciembre de2014, se organizaron un taller nacional de formación al que asistieron más de 500 personas de todas las partes interesadas,
así como cursos periódicos de formación auspiciados por el Comité Técnico sobre la Reforma Legal y Judicial y por la
Dirección General de la Administración Judicial, destinados a los funcionarios de los tribunales provinciales ymunicipales. El Gobierno explica además que de los conflictos laborales se ocupa un tribunal del trabajo especializado, enel Tribunal de Primera Instancia, y las Cámaras del Trabajo de los Tribunales Superiores (Tribunal de Apelaciones y
Tribunal Supremo). El Gobierno concluye subrayando la necesidad de elaborar unas directrices sobre el funcionamientodel Tribunal del Trabajo y de la Cámara del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que señale todos los progresos
realizados en la redacción de las directrices sobre el funcionamiento del Tribunal del Trabajo y de la Cámara delTrabajo y a que facilite información sobre los progresos realizados en su creación y funcionamiento. La Comisión
reitera una vez más la necesidad urgente de garantizar la eficacia del sistema judicial como salvaguardia contra la
impunidad, y como mecanismo eficaz para proteger los derechos de los trabajadores durante conflictos laborales.
Proyecto de ley sobre los sindicatos. En su observación anterior, al tiempo que tomaba nota de que, se esperaba
que el proyecto de ley sobre los sindicatos sería adoptado a principios de 2015, la Comisión instó al Gobierno a acelerar la
adopción de las enmiendas legislativas en las que se tienen en cuenta sus observaciones de que se garanticen a todos los
trabajadores sus derechos en virtud del Convenio, ya sea a través de la Ley sobre los Sindicatos o de otras medidas
legislativas pertinentes. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su compromiso de respetar unprocedimiento exhaustivo e inclusivo y la Comisión saluda el compromiso del Gobierno con la OIT durante todo elprocedimiento de redacción. La Comisión observa que la CSI transmitió sus comentarios sobre la versión de 2014 del55

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

proyecto de ley, planteando sus preocupaciones sobre una serie de disposiciones. Al tiempo que observa que el Gobierno
ha vuelto a modificar el proyecto de ley antes de someterlo a la aprobación del Consejo de Ministros, la Comisión
confía en que el Gobierno adopte, en un futuro próximo, el proyecto de ley sobre los sindicatos y que éste estará enplena conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique todo progreso al
respecto y que comunique una copia de la Ley sobre los Sindicatos en cuanto sea adoptada.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Centroafricana
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el
1.º de septiembre de 2014.
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI) sobre el despido del secretario general de la asociación de maestros, en 2008. Según el Gobierno, esta medida no se
vinculó con las actividades sindicales del secretario general, habiéndose restablecido posteriormente sus derechos.
Artículos 2, 3, 5 y 6 del Convenio. Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que sus comentarios desde2009 han venido refiriéndose a la necesidad de enmendar algunas disposiciones legislativas, para armonizarlas con el
Convenio:–el artículo 17 del Código del Trabajo, que limita el derecho de los extranjeros a afiliarse a sindicatos, imponiendocondiciones de residencia (dos años) y de reciprocidad;–
el artículo 24 del Código del Trabajo, que limita el derecho de los extranjeros a ser elegidos para cargos sindicales,
imponiendo una condición de reciprocidad;–
el artículo 25 del Código del Trabajo, que determina que sean no elegibles para cargos sindicales las personascondenadas a penas de prisión, las personas con antecedentes penales o a las personas privadas de su derecho deelegibilidad, en aplicación de la ley, aun cuando la naturaleza del delito de que se trate no sea perjudicial para la
integridad requerida para el cargo sindical;–
el artículo 26 del Código del Trabajo, en virtud del cual los padres o tutores pueden oponerse a la afiliación sindical
de los menores de 16 años de edad, a pesar de que la edad mínima de admisión al empleo es de 14 años, en virtuddel artículo 259 del Código del Trabajo;–
el artículo 49, 3), del Código del Trabajo, en virtud del cual no puede constituirse ninguna organización central sin laexistencia previa de «federaciones profesionales» y de «sindicatos regionales» (artículo 49, 1), y 2)).
La Comisión toma nota de la memoria presentada en junio de 2014, en la que el Gobierno indica que las enmiendas
solicitadas a los artículos 17, 25, 26 y 49, 3), del Código del Trabajo son objeto de un decreto de aplicación que seencuentra en proceso de adopción. Las sucesivas crisis políticas que afectan al país han impedido, hasta la fecha, la
adopción de este decreto. La Comisión espera que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias a este respecto y seencuentre en condiciones de anunciar la adopción del decreto de aplicación en consideración, y también la enmiendadel artículo 24 del Código del Trabajo y de la orden núm. 81/028, que son objeto de comentarios específicos en una
solicitud directa.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)
Artículos 2, 4 y 6 del Convenio. Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que sus comentarios se refieren
desde hace algunos años a los puntos siguientes:–
Artículo 30, 2), del Código del Trabajo (protección insuficiente frente a todos los actos de injerencia previstos en el
artículo 2 del Convenio y ausencia de sanciones). La Comisión pide al Gobierno que transmita información
sobre todos los progresos realizados respecto a la adopción previamente anunciada de textos reglamentarios para
ampliar la protección prevista contra los actos de injerencia e imponer sanciones.
–
Artículo 40 del Código del Trabajo (los convenios colectivos deben ser debatidos por las organizaciones deempleadores y de trabajadores representativas de la ocupación de que se trate). La Comisión pide al Gobierno
que indique la disposición legislativa que garantiza a las federaciones y confederaciones el derecho a realizar
negociaciones colectivas.
–
Artículos 197 y 198 del Código del Trabajo (posibilidad de que las agrupaciones profesionales de trabajadores
realicen negociaciones colectivas con el empleador en pie de igualdad con los sindicatos). Recordando que elartículo 4 del Convenio promueve la negociación colectiva entre organizaciones de empleadores y las

56

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

organizaciones de trabajadores, la Comisión había solicitado al Gobierno que transmitiera información sobre lasmedidas adoptadas para garantizar que las agrupaciones profesionales de trabajadores sólo puedan negociar
convenios colectivos con los empleadores cuando no existan sindicatos en las unidades de negociación de que se
trate. Al tomar nota de la indicación del Gobierno según la cual están en curso las medidas destinadas amodificar los artículos 197 y 198 en cuestión, la Comisión confía en que el Gobierno pueda informar, en un
futuro cercano, acerca de los progresos realizados en este sentido.
–
Artículo 211 del Código del Trabajo (derecho de negociación colectiva en la administración pública limitado a los«servicios, empresas y establecimientos públicos cuyo personal no está sometido a un estatuto jurídico
determinado»). Recordando que el Convenio se aplica a todos los funcionarios públicos no adscritos a laadministración del Estado, la Comisión pide al Gobierno que aclare el alcance del ámbito de aplicación delartículo 211, precisando, en particular, en qué medida se reconoce el derecho de negociación colectiva a todos losagentes públicos, con la posible excepción de los funcionarios que ejercen funciones en la administración delEstado, las fuerzas armadas y la policía.
Además, la Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera su respuesta a las observaciones presentadas por la
Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales en el sector público se fijan los salarios sin entablar
negociaciones colectivas al respecto. En este sentido, el Gobierno indica que en el contexto de la fijación de los salarios
mínimos en el sector público se tienen en cuenta la opinión del Consejo Nacional Permanente del Trabajo (CNPT), unórgano de constitución tripartita. Por otra parte, el Gobierno señala que al ser el mayor empleador del país y formar partedel CNPT, entablar una negociación colectiva sobre el salario de los funcionarios supondría una duplicación de tareas. Al
tomar nota de las precisiones aportadas por el Gobierno, la Comisión desea recordar, que en virtud del Convenio, losfuncionarios distintos de aquéllos adscritos a la administración del Estado deberían beneficiarse de mecanismos que lespermitan negociar los términos y condiciones de empleo, incluida la cuestión del salario, distinta del salario mínimo. En
consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas para promover esos
mecanismos de negociación en el sector público.
Por último, la Comisión pidió al Gobierno que considerase la posibilidad de modificar los artículos 367 a 370 delCódigo del Trabajo que establecen un procedimiento en virtud del cual todos los conflictos colectivos deben someterse a
una conciliación o, en caso de no lograrse un acuerdo, al arbitraje. Ante la falta de información del Gobierno a este
respecto, la Comisión reitera su solicitud recordando que el recurso al arbitraje obligatorio en los casos en que laspartes no logren un acuerdo a través de la negociación colectiva sólo es aceptable en relación con funcionarios
públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido estrictodel término y crisis nacionales agudas. La Comisión también pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre elrecurso obligatorio a largos procedimientos de conciliación o de arbitraje en caso de conflicto, cuestión planteada por
la CSI en sus observaciones de 2013.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI)de 2014 en relación con una huelga de docentes que habría conducido a: i) el arresto arbitrario de docentes sindicalistas
por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), y ii) el secuestro, en junio de 2013, del Sr. DominiqueNtsienkoulou, miembro de la Concertación para la Revalorización de la Profesión Docente (CRPE), por agentes de la
Dirección Provincial de Vigilancia del Territorio (DDST) y su desaparición desde entonces. La Comisión toma nota deque según el Gobierno: i) la Dirección general de la policía (y no la DGST) ha convocado a los dirigentes de la CRPE para
explicarles los motivos por los que las acciones que llevó a cabo en el marco de la huelga rebasaron ciertos límites, y ii) el
Sr. Ntsienkoulou abandonó su domicilio por voluntad propia y nunca ha sido secuestrado ni arrestado ni perseguido por lapolicía nacional. Habida cuenta de las discrepancias entre la información transmitida por la CSI y la información
proporcionada por el Gobierno, la Comisión quiere recordar que los poderes públicos no deben intervenir en las
actividades sindicales legítimas arrestando y deteniendo de manera arbitraria a trabajadores y que el arresto y la detenciónde sindicalistas, sin que se les impute delito alguno, o sin orden judicial, constituyen una grave violación de los derechos
sindicales consagrados en el Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno garantice el pleno respeto de estos
principios y le pide de forma urgente que investigue más a fondo acerca de la situación personal del Sr. Ntsienkoulou,
en particular su seguridad y paradero, y que informe al respecto.
La Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE), que se recibieron el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

57

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Croacia
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)
La Comisión toma debida nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2014.
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2014 y pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones
del Convenio. La Comisión también toma nota de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones de 2013 de laAsociación de Sindicatos Croatas (MATICA).
Artículo 1 del Convenio. Protección de los trabajadores contra actos de discriminación antisindical. En sus
comentarios anteriores, la Comisión, al referirse a los alegatos de excesivos retrasos de los tribunales en el tratamiento de los
casos de discriminación antisindical, pidió al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados respecto delas medidas dirigidas a mejorar la eficiencia de la protección legal. La Comisión toma nota de la información comunicada por el
Gobierno a la Comisión de la Conferencia, según la cual: i) ha estado teniendo lugar, en los años recientes, un proceso integral dereforma judicial, en el marco del cual se enmendaron muchas leyes, se reestructuraron los tribunales y se modificó su distribución
territorial, habiéndose producido avances en la información tecnológica, lo cual se tradujo en un considerable descenso delnúmero de casos no resueltos, y ii) se adoptó y entró en vigor, el 20 de febrero de 2014, la Ley sobre la Inspección del Trabajo, yse estableció, desde el 1.º de enero de 2014, la unidad de inspección como unidad separada dentro del Ministerio de Trabajo yPensiones. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información detallada sobre las medidas previstas oadoptadas con miras a acelerar los procedimientos judiciales en los casos de discriminación antisindical, y que transmita
información práctica, incluidas las estadísticas relativas al impacto de esas medidas en la duración de los procedimientos.
Artículos 4 y 6. Promoción de la negociación colectiva en la administración pública. En sus comentarios anteriores, laComisión, al referirse a los alegatos anteriores formulados por el Sindicato de Empleados del Estado y de las Administraciones
Locales de Croacia (SDLSN), según los cuales la Ley sobre Salarios de los Gobiernos Autónomos Regionales y Locales, de 19 defebrero de 2010, limita el derecho de los empleados de los gobiernos autónomos regionales y locales financieramente débiles a lanegociación colectiva sobre los elementos fundamentales de la composición de los salarios, tomó nota de la indicación delGobierno, según la cual los salarios de los funcionarios de los gobiernos autónomos regionales y locales, se ajustan a los salarios
de los funcionarios de ámbito estatal, y solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación práctica de tal ajuste.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, según la cual: i) loselementos fundamentales de la composición de los salarios para el cálculo del pago a los empleados de todos los gobiernos
autónomos regionales y locales, incluidos los financieramente débiles, se determinan mediante negociación colectiva (artículo 9
de la ley); ii) los elementos fundamentales de la composición de los salarios en unidades en las que las subvenciones superan el
10 por ciento de los ingresos de la unidad, no deberán ser superiores a los elementos fundamentales de la composición de lossalarios de los funcionarios (artículo 16), y iii) esta restricción garantiza que las unidades que no cuentan con ingresos suficientes
para sus gastos y dependen de una subvención del presupuesto del Estado para los salarios de sus empleados, no puedan aumentar
los salarios de manera desproporcionada respecto de sus ingresos. La Comisión recuerda que las modalidades especiales denegociación colectiva en la administración pública, en particular respecto de las cláusulas relativas a los salarios y de otras
cláusulas con implicaciones presupuestarias, son compatibles con el Convenio. Tomando nota de que el SDLSN critica elsistema actual, la Comisión invita al Gobierno a que dé inicio a un diálogo con las organizaciones más representativas detrabajadores en los gobiernos autónomos regionales y locales de la administración pública, con miras a explorar posibles
mejoras al sistema de negociación colectiva sobre los elementos fundamentales de la composición de los salarios.
Además, la Comisión tomó nota de los alegatos según los cuales la Ley sobre la Ejecución del Presupuesto del Gobierno de
1993, permite que el Gobierno modifique la sustancia de los convenios colectivos en el sector público por razones financieras.
Recordando que, en general, una disposición legal que permite que una parte modifique de manera unilateral el contenido de losconvenios colectivos suscritos, está en contradicción con los principios de negociación colectiva, la Comisión solicitó al
Gobierno que comunicara copia de las disposiciones legislativas pertinentes e información sobre su aplicación en la práctica. La
Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, según la cual esta ley ya noestá en vigor, que se trata de un procedimiento habitual para adoptar anualmente una ley sobre la ejecución del presupuesto delEstado, y que se adoptó recientemente la Ley sobre la Ejecución del Presupuesto del Estado de la República de Croacia, de 2014,
pero aún no se tradujo a uno de los idiomas de trabajo de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que le transmita copia de esta
ley de 2014 y destaca la importancia de garantizar que cualquier ley futura sobre la ejecución del presupuesto del Estado no
permita que el Gobierno modifique la sustancia de los convenios colectivos en vigor en la administración pública por razones
financieras.
En relación con los alegatos anteriores de la MATICA, denunciando el contenido de la Ley sobre los Criterios deParticipación en los Órganos Tripartitos y de Representatividad para la Negociación Colectiva, de 13 de julio de 2012 (ley derepresentatividad, de 2012), la Comisión expresó el deseo de recibir todo comentario que las organizaciones representativas deempleadores y de trabajadores puedan querer formular respecto de este asunto, con el fin de permitirle evaluar los criterios derepresentatividad establecidos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) la impugnada ley derepresentatividad, de 2012, ya no está en vigor; ii) se adoptó una nueva Ley de Representatividad de las Asociaciones deSindicatos y de Empleadores (ley de representatividad de 2014), que entró en vigor el 7 de agosto de 2014 como parte de unpaquete que incluyó la adopción de una nueva Ley del Trabajo, y iii) la ley de representatividad de 2014 se elaboró en estrechacooperación con todos los interlocutores sociales representativos y tras numerosas consultas con los mismos, incluida la
MATICA. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala a la atención algunos avances en la nueva legislación que apunta aabordar los asuntos anteriormente planteados por la MATICA (por ejemplo, el convenio colectivo en consideración puede
especificar un período más largo de aplicación ampliada del convenio colectivo tras su expiración; los sindicatos profesionales
deben dar cumplimiento a los mismos criterios de representatividad generales que todos los demás sindicatos). Con miras a
examinar la conformidad de la ley de representatividad de 2014 con el Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que

58LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

transmita copias de la misma y de la nueva Ley del Trabajo, y más información sobre las disposiciones pertinentes y su
aplicación en la práctica, y expresa el deseo de que las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores
formulen opiniones o comentarios respecto de la nueva legislación, con el fin de permitirle evaluar los criterios derepresentatividad recientemente establecidos y determinar si los criterios establecidos son compartidos por los interlocutoressociales más representativos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
Tomando nota de la adopción de la nueva Ley del Trabajo en 2014, la Comisión invita al Gobierno aproporcionar informaciones sobre las disposiciones que den efecto a los artículos del Convenio y su aplicación en la
práctica.

Ecuador
La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de laInternacional de Servicios Públicos-Ecuador (ISP-E) y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) recibidas el 23 deagosto de 2015, así como de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, ambas comunicaciones sindicales refiriéndose a cuestiones examinadas en la presente observación yen la solicitud directa correspondiente. La Comisión toma nota adicionalmente de que las observaciones de las citadasorganizaciones sindicales ecuatorianas denuncian el papel activo del Gobierno en la creación de la Confederación
Nacional de Trabajadores del Sector Público, de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Red de Maestros. La
Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. La Comisión también toma nota de las observaciones
de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones de 2014 de la ISP-E, delComité permanente intersindical y de la UNE relativas a las acciones penales iniciadas en contra de la Sra. Mery Zamora(ex presidenta de la UNE), del Sr. Carlos Figueroa (ex secretario ejecutivo de la Federación Médica Ecuatoriana) y delSr. Fernando Villavicencio (ex dirigente sindical del sector petrolero). El Gobierno manifiesta que: i) mediante sentencia
de 27 de mayo de 2014, la Corte Nacional de Justicia absolvió de responsabilidad a la Sra. Mery Zamora, quien había sido
declarada anteriormente culpable del delito de destrucción, deterioro, inutilización, interrupción o paralización deservicios públicos; ii) el Sr. Carlos Figueroa fue declarado culpable el 13 de marzo de 2014 del delito de injuria
calumniosa en contra del Presidente de la República y salió del Centro de rehabilitación social de Quito el 17 de enero de2015, y iii) el Sr. Fernando Villavicencio fue condenado por el mismo delito el 16 de abril de 2013 y el 23 de marzo de2015, después de la presentación de varios recursos, el juez nacional declaró prescrita la pena impuesta en contra delmismo. La Comisión toma nota de que en sus observaciones de 2015, la UNE, la ISP-E y el FUT así como la CSI
denuncian: i) la violación por el Estado de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión interamericana de derechos
humanos a favor del Sr. Carlos Figueroa, y ii) la persistencia de la persecución de la cual sería objeto la Sra. Mery
Zamora. Las organizaciones sindicales manifiestan que la sentencia de absolución de la Sra. Mery Zamora fue recurrida
por la Fiscalía General del Estado por medio de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional apesar de que dicho recurso tenga la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas y no los intereses delEstado. La Comisión expresa su preocupación acerca de los casos expuestos y recuerda que el ejercicio pacífico de lasactividades sindicales, incluido el derecho de expresar opiniones, no debe dar lugar a inculpaciones, condenas o acciones
legales extraordinarias por parte del Gobierno contra dirigentes sindicales y sindicalistas. La Comisión pide al Gobierno
que tome plenamente en cuenta estos principios en el futuro y que siga informando de la situación de la Sra. Mery
Zamora.
La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones de la ISP-E, del comité
permanente intersindical y de la UNE de 2014, relativas a la negación del registro de la nueva directiva de la UNE. El
Gobierno manifiesta que el Ministerio de Educación negó el registro de dicha directiva por no haberse adjuntado la
documentación requerida por el artículo 21, a), del reglamento para el funcionamiento del sistema unificado deinformación de las organizaciones sociales y ciudadanas (decreto ejecutivo núm. 16 de 20 de junio de 2013) y por nohaberse respetado varias disposiciones de los estatutos de la UNE.
Al tiempo que señala que las cuestiones de orden general planteadas por el decreto ejecutivo núm. 16 se examinan
en la solicitud directa que complementa la presente observación, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3 delConvenio, las elecciones de las directivas sindicales constituyen un asunto interno de las organizaciones en el que lasautoridades administrativas no deberían injerir. En este sentido, el eventual cuestionamiento de la regularidad de laselecciones sindicales debería primero dar lugar a la aplicación de los mecanismos previstos en los propios estatutos de laorganización y, en caso de no poder ser resuelto internamente, debería ser sometido a la justicia. Con base en lo anterior,la Comisión pide al Gobierno que registre la nueva directiva de la UNE y que informe de toda evolución a este
respecto.

59

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión toma nota asimismo del informe de la Misión técnica de la OIT que, a invitación del Gobierno, visitó elpaís del 26 al 30 de enero de 2015 en seguimiento de la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicaciónde Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2014 respecto de la aplicación por el Ecuador delConvenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). La Comisión aprecia que elGobierno ha aceptado ampliar el mandato de dicha Misión a las cuestiones legislativas planteadas por la Comisión en
relación con el Convenio núm. 87.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de crear sin autorización previa las organizaciones que
estimen convenientes. Imposibilidad de constituir más de una organización sindical en las dependencias del Estado.
En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tome medidas para revisar el artículo 326.9 de laConstitución que prevé que para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral
estará representado por una sola organización. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) tanto el
artículo 326.7 de la Constitución que reconoce de manera amplia el derecho a la libertad sindical como las disposiciones
del Código del Trabajo, las cuales son aplicables a los obreros del sector público, reconocen el derecho de los trabajadoresdel sector público, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, yii) 1 532 organizaciones sindicales de trabajadores públicos son registradas en el país. Tomando debida nota de las
indicaciones del Gobierno, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar el artículo
326.9 de la Constitución de manera de ponerlo de conformidad con el artículo 2 del Convenio y con las mencionadas
disposiciones del ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Excesivo número de trabajadores exigido (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas paraorganizar comités de empresa. En su memoria de 2014, el Gobierno había indicado que, en la revisión en curso de lalegislación laboral, se tendrían en cuenta los comentarios de la Comisión relativos al número mínimo de trabajadores
exigido para la creación de organizaciones sindicales. La Comisión observa sin embargo que la Ley Orgánica para laJusticia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (en adelante la Ley para la Justicia Laboral) adoptada en abril
de 2015 no ha modificado el número mínimo de 30 trabajadores exigido por la legislación. La Comisión toma también
nota de que el Gobierno afirma en su última memoria que: i) el Convenio no establece un número mínimo específico deafiliados, remitiendo su fijación a las instancias nacionales, y ii) el número mínimo de 30 afiliados no constituye unobstáculo a la creación de organizaciones sindicales. La Comisión recuerda a este respecto que: i) en virtud del artículo 2
del Convenio, los trabajadores deben poder crear libremente las organizaciones que estimen convenientes; ii) según seindica en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 89, si bien la legislación de los países
que han ratificado el Convenio puede regular el ejercicio de este derecho por medio de la fijación de un número mínimo
de afiliados, dicho número debe mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar la libre constitución deorganizaciones garantizada por el Convenio, y iii) la Comisión considera de manera general que la exigencia de un
número mínimo de 30 afiliados para constituir sindicatos de empresa en países cuyas economías se caracterizan por laprevalencia de pequeñas empresas obstaculiza la libre constitución de organizaciones sindicales, constatando que el paístiene una proporción muy alta de pequeñas empresas y que, además, la estructura sindical nacional se basa en el sindicato
de empresa, la Comisión, desde la reforma legislativa de 1985 que incrementó el número mínimo de afiliados de 15 a 30,
ha venido solicitando al Gobierno que se reduzca el número mínimo exigido por la legislación. La Comisión pide, por lotanto, nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar los artículos 443, 452 y 459 del Código
del Trabajo, que establecen varios requisitos y criterios para la constitución de asociaciones, y que informe de toda
evolución a este respecto.
Artículo 3. Requisito de ser ecuatoriano para ser directivo sindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había pedido al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 459, inciso 4 del Código del Trabajo que exige lanacionalidad ecuatoriana para formar parte de la directiva del comité de empresa. A este respecto, la Comisión toma nota
con satisfacción de que el artículo 49 de la Ley para la Justicia Laboral eliminó del Código del Trabajo la condición denacionalidad antes señalada.
Elección de trabajadores no afiliados a la directiva del comité de empresa. La Comisión toma nota de que la CSI,
la UNE, la ISP-E y el FUT denuncian que el nuevo artículo 459, inciso 3, del Código del Trabajo adoptado por la Ley parala Justicia Laboral, prevé que la directiva del comité de empresa «se integrará por cualquier persona trabajadora, afiliada ono, que se presente en las listas para ser elegida como tal», y en consecuencia viola la autonomía de las organizaciones
sindicales y permite injerencias tanto del Estado como del empleador en los procesos electorales. La Comisión observa
que, en virtud del Código del Trabajo, el comité de empresa es una de las formas que pueden asumir las organizaciones
sindicales en el seno de la empresa, la directiva del comité de empresa siendo elegida por todas las personas trabajadoras
de la empresa que se encuentren sindicalizadas. Recordando que, en virtud del artículo 3 del Convenio, las organizaciones
de trabajadores deben tener el derecho de elegir libremente a sus representantes, la Comisión considera que: i) la
imposición por la legislación de que trabajadores no afiliados puedan presentarse a las elecciones de la directiva delcomité de empresa es contraria a la autonomía sindical reconocida por la mencionada disposición del Convenio, y ii) las
candidaturas de trabajadores no afiliados serían aceptables sólo en caso de que sean los propios estatutos del comité deempresa los que contemplen esta posibilidad. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas
necesarias para revisar el artículo 459, inciso 3, del Código del Trabajo de manera que cumpla con el principio de laautonomía sindical y que informe de todo avance a este respecto.

60

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Penas de prisión en caso de paralización o entorpecimiento de los servicios públicos. En sus comentarios anteriores,
la Comisión había pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se revisen el decreto núm. 105, de 7 dejunio de 1967, así como el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal de manera que no se impongan sanciones
penales a los trabajadores que llevan a cabo una huelga pacífica. A este respecto, la Comisión toma nota de que: i) el
Gobierno indica que el decreto núm. 105 no forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano desde el año 1971; ii) lamemoria del Gobierno no se refiere al artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, y iii) durante la Misión técnica dela OIT llevada a cabo en enero de 2015, los funcionarios del Ministerio del Trabajo indicaron que el artículo 346 delCódigo Orgánico Integral Penal no había sido previsto para prohibir el derecho de huelga y se discutió la posibilidad deque dicha disposición indicara expresamente que las conductas tipificadas no incluyen el ejercicio pacífico del derecho dehuelga. Recordando que no debe imponerse ninguna sanción penal por la participación en una huelga de manera
pacífica y que las sanciones penales sólo deberían ser posibles si se cometen actos de violencia contra personas ocontra bienes u otras infracciones graves contempladas en la legislación penal, la Comisión insta nuevamente al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para que el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal sea revisado
en el sentido indicado y que informe de toda evolución a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestione en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)

Aplicación del Convenio en el sector privado
Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota coninterés de que el artículo 33 de la Ley para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (en adelante la
Ley para la Justicia Laboral) adoptada en abril de 2015, que modifica el artículo 187 del Código del Trabajo, prevé que eldespido intempestivo (despido injustificado) de los miembros de la directiva de una organización sindical seráconsiderado ineficaz. La Comisión pide al Gobierno que informe de la aplicación práctica de dicha disposición.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para que lalegislación incluya una disposición específica que garantice la protección contra actos de discriminación antisindical en el
momento del acceso al empleo. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no se refiere a esta cuestión, laComisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas solicitadas y que informe de todo avance al respecto.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado lanecesidad de modificar el artículo 221 del Código del Trabajo relativo a la presentación del proyecto de convenio
colectivo, de manera que, cuando no exista una organización que reúna a más del 50 por ciento de los trabajadores, lasorganizaciones sindicales minoritarias puedan, por sí solas o en forma conjunta, negociar en nombre de sus miembros. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la mencionada disposición del Código del Trabajo garantiza larepresentatividad de la organización de trabajadores con la cual se celebra el convenio colectivo. Recordando que laexigencia de un porcentaje de representatividad demasiado elevado para ser autorizado a participar en la negociación
colectiva puede dificultar la promoción y el desarrollo de una negociación colectiva libre y voluntaria de conformidadcon el Convenio, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el
artículo 221 del Código del Trabajo en el sentido indicado. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que informe
del número de convenios colectivos firmados en los últimos años así como del número de trabajadores y sectores deactividad abarcados por los mismos.
Aplicación del Convenio en el sector público
Artículos 1 y 2. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. En sus comentarios
anteriores, observando la ausencia de disposiciones específicas en materia de discriminación antisindical y de injerencia
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), la Ley Orgánica deEducación Superior (LOES) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Comisión había pedido al Gobierno
que tome las medidas necesarias para garantizar que la legislación aplicable al sector público, cuando menos para lostrabajadores no incluidos en la excepción del artículo 6 del Convenio, contenga disposiciones que prohíban y sancionen
61

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de laInternacional de Servicios Públicos-Ecuador (ISP-E) y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) recibidas el 23 deagosto de 2015 así como de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2015 que contienen por una parte denuncias de violaciones del Convenio en la práctica y, por otra,
cuestiones legislativas que la Comisión aborda en la presente observación. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus
comentarios en relación con las denuncias de violaciones en la práctica contenidas en las mencionadas observaciones
sindicales. La Comisión pide también de nuevo al Gobierno que envíe sus comentarios en relación con la denuncia dedespidos antisindicales en una empresa del sector bananero contenida en las observaciones de la CSI de 2014.
La Comisión toma también nota del informe de la misión técnica de la OIT que, a invitación del Gobierno, visitó elpaís del 26 al 30 de enero de 2015 en seguimiento de la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicaciónde Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2014 respecto de la aplicación por el Ecuador delConvenio.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

de manera disuasiva todos los actos constitutivos de discriminación antisindical y de injerencia contemplados por losartículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión observa que, en su informe, la misión técnica de la OIT que visitó el país en
enero de 2015 había tomado nota del compromiso del Ministro de Trabajo de incorporar en la LOSEP una disposición
similar a aquella contenida en la Ley para la Justicia Laboral que incluyó en el Código del Trabajo la ineficacia deldespido injustificado de los representantes sindicales. La Comisión constata sin embargo que la memoria del Gobierno, lacual se refiere a la prohibición genérica de la discriminación en la Constitución y la LOSEP, no contiene indicaciones en
este sentido. A este respecto, la Comisión subraya que la figura de la «compra de renuncia obligatoria», examinada por el
Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 2926, que permite a la administración pública, a cambio del pagode una indemnización, cesar de manera unilateral a los servidores públicos sin necesidad de indicar los motivos de laterminación de la relación de trabajo, hace aún más necesaria la adopción de disposiciones que protejan de manera eficaz alos servidores públicos en contra de posibles actos de discriminación antisindical. La Comisión insta por lo tanto al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que la legislación aplicable al sector público contenga
disposiciones que prohíban y sancionen de manera disuasiva todos los actos constitutivos de discriminación
antisindical y de injerencia contemplados por los artículos 1 y 2 del Convenio.
Artículos 4 y 6. Ámbito subjetivo de la negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores,
la Comisión había observado que la LOEP, la LOSEP, la LOES y la LOEI no reconocen el derecho de negociación
colectiva a los servidores públicos y que tan sólo los obreros del sector público, regidos por el Código del Trabajo, pueden
negociar colectivamente. Recordando que el Convenio se aplica a los funcionarios públicos que no trabajan en laadministración del Estado (por ejemplo los empleados de empresas públicas, los empleados municipales y los de entidades
descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector del transporte aéreo), la Comisión había pedido al
Gobierno que tome las medidas necesarias para extender el derecho de negociación colectiva a todas las categorías deempleados públicos abarcadas por el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta quelos servidores públicos tienen el derecho de asociarse y que gozan de condiciones económicas superiores a las del sector
privado así como de un amplio catálogo de derechos que permiten dar respuesta a sus necesidades. Subrayando que, en
virtud del Convenio, los trabajadores abarcados por el mismo deben tener el derecho de negociar colectivamente
independientemente de los demás derechos o beneficios de los que gocen, la Comisión insta al Gobierno a que, enconsulta con las organizaciones sindicales concernidas, tome las medidas necesarias para revisar la LOSEP y leyes
conexas de manera que se reconozca el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan
en la administración del Estado.
Adicionalmente, la Comisión toma nota de que la UNE, la ISP-E, el FUT y la CSI alegan que un proyecto deenmiendas constitucionales, en trámite desde junio de 2014 ante la Asamblea Nacional y que prevé que los obreros delsector público actualmente abarcados por el Código del Trabajo pasen a ser sometidos a las leyes administrativas que
rigen las condiciones de trabajo de los servidores públicos, tiene la finalidad de eliminar por completo el derecho denegociación colectiva en el sector público. La Comisión observa que el mencionado proyecto de enmiendas
constitucionales dio lugar a amplias discusiones ante la misión técnica de la OIT en enero de 2015 y que fue objeto deconclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en noviembre de 2015, en el marco del caso núm. 2970.
La Comisión toma nota de que el Comité le remitió los aspectos legislativos del caso.
A este respecto, la Comisión toma nota de que: i) con miras a unificar el régimen jurídico de los trabajadores delsector público, las mencionadas enmiendas constitucionales prevén la eliminación del tercer inciso del artículo 229 de laConstitución y la modificación del inciso 16 del artículo 326 de tal manera que los obreros del sector público actualmente
abarcados por el Código del Trabajo pasen a ser sometidos a la LOSEP y a las demás leyes administrativas que rigen lascondiciones de trabajo en el sector público, y ii) la disposición transitoria única del proyecto de enmiendas prevé que losobreros del sector público contratados con anterioridad a la entrada en vigor de las enmiendas no perderán los derechosgarantizados por el Código del Trabajo.
La Comisión observa por lo tanto que la adopción de las enmiendas constitucionales tendría el efecto de ampliar elámbito de aplicación de la LOSEP y otras leyes administrativas a la totalidad de los trabajadores del sector público, con laúnica excepción de los obreros del sector público contratados con anterioridad a la entrada en vigor de las enmiendas. En
la medida en que, como ya se ha señalado, las mencionadas leyes administrativas no reconocen el derecho de negociación
colectiva de los servidores públicos, la Comisión constata con preocupación que la adopción de las enmiendas
constitucionales supondría, en el estado actual de la legislación, una extensión del incumplimiento del artículo 4 delConvenio que reconoce el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público que no prestan sus
servicios en la administración del Estado. En este sentido, la Comisión considera, al igual que el Comité de Libertad
Sindical, que la discusión del proyecto de enmiendas constitucionales hace más urgente aún la necesidad de reformar la
LOSEP y demás leyes administrativas de manera de ponerlas en conformidad con el Convenio. Al tiempo que toma nota
de que el Gobierno indicó al Comité de Libertad Sindical que adoptaría normas que regulen de manera más específica losderechos sindicales de los servidores públicos una vez adoptadas las enmiendas constitucionales, la Comisión observa queno ha recibido informaciones sobre iniciativas concretas para reformar la legislación en el sentido indicado. La Comisión
insta por lo tanto al Gobierno a que inicie de inmediato un proceso de consultas con las organizaciones de trabajadoresdel sector público con miras a tomar las medidas necesarias para asegurar que el proyecto de enmiendas
constitucionales contribuya a la aplicación del artículo 4 del Convenio y que la legislación aplicable al sector público

62

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

cumpla con el mismo. Recordando que el Gobierno puede valerse de la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión
pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.
Ámbito material de la negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
observado que la LOSEP y la LOEP no permitían que los trabajadores del sector público con el derecho de firmar
convenios colectivos (los obreros del sector público regidos por el Código del Trabajo) pudieran negociar el nivel de sus
remuneraciones. Recordando la aplicabilidad del Convenio a los funcionarios públicos que no trabajan en laadministración del Estado, la Comisión había pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para restaurar elderecho de los trabajadores del sector público abarcados por el Convenio de negociar colectivamente sus remuneraciones.
A este respecto, la Comisión toma nuevamente nota de que el Gobierno manifiesta que los trabajadores del sector público
gozan de condiciones económicas superiores a las del sector privado así como de un amplio catálogo de derechos que
permiten dar respuesta a sus necesidades. La Comisión observa también que el nuevo artículo 118 del Código del Trabajo
revisado por la Ley para la Justicia Laboral adoptada en abril de 2015 prevé que el Ministerio de Trabajo fijará las
remuneraciones y determinará las escalas de incremento aplicables a los servidores públicos y a los obreros del sector
público. Recordando nuevamente, en respuesta a comentarios anteriores del Gobierno, que existen mecanismos que
permiten compaginar la protección del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en el
sector público y el respeto de las disponibilidades presupuestarias, por una parte, y el reconocimiento del derecho denegociación colectiva, por otra, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se restaure
el derecho de negociación colectiva sobre el conjunto de las materias que afectan a las condiciones de empleo y detrabajo de los servidores y trabajadores del sector público abarcados por el Convenio, así como que informe sobre toda
evolución al respecto.
Control del carácter abusivo de los convenios colectivos en el sector público por el Ministerio de Trabajo. La
Comisión recuerda que el Comité de Libertad Sindical le remitió el examen de los aspectos legislativos del caso
núm. 2684 (372.º informe, párrafos 282 y 285) relativo a la violación del derecho de negociación colectiva que sedesprende de la atribución al Ministerio de Trabajo por los acuerdos ministeriales núms. 00080 y 00155 del control delcarácter abusivo de los convenios colectivos en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido
al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la determinación del eventual carácter abusivo de las cláusulas delos convenios colectivos del sector público sea de competencia del Poder Judicial. La Comisión toma nuevamente nota deque el Gobierno indica que la autoridad administrativa no es juez y parte en los procesos de revisión de los contratos
colectivos en el sector público ya que brinda un apoyo equitativo tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora.
La Comisión subraya nuevamente que, a la luz del principio de negociación colectiva libre y voluntaria consagrado por el
artículo 4 del Convenio, la determinación del carácter abusivo de la cláusulas de convenios colectivos en el sector público
sólo debería tener lugar en caso de violación de la legislación o ante casos sumamente graves de desvirtuamiento de las
finalidades de la negociación colectiva, dicha determinación debiendo corresponder a la autoridad judicial. La Comisión
insta por lo tanto nuevamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias a este respecto, incluyendo la anulaciónde las disposiciones de derecho interno que atribuyen al Ministerio de Trabajo la determinación del carácter abusivo
de los convenios colectivos en el sector público. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance a este
respecto.

El Salvador
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2006)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2015 sobre la aplicación del Convenio por El Salvador. La Comisión toma nota de que la Comisión de laConferencia pidió al Gobierno que: i) tome sin demora todas las medidas necesarias para identificar a los responsables delasesinato del Sr. Victoriano Abel Vega y sancionar a los culpables de este crimen; ii) asegure la plena autonomía de lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores en los órganos de toma de decisiones paritarios o tripartitos, lo que
requiere la convocatoria y constitución inmediata del Consejo Superior del Trabajo, en el que las reformas legales
necesarias para garantizar esta autonomía deben ser objeto de consulta. A efectos de llegar a este resultado, el Gobierno

63

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2015 que contienen denuncias de violaciones del Convenio en empresas e instituciones públicas específicas
así como de las observaciones de la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), recibidas el 9 de septiembre de 2015. La
Comisión toma nota adicionalmente de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores(OIE) y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recibidas el 1.º de septiembre 2015. La Comisión pide
al Gobierno que envíe sus comentarios respecto de todas las observaciones mencionadas.
La Comisión toma también nota de las observaciones de carácter general de la OIE, recibidas el 1.º de septiembre de2015.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

debería abstenerse de requerir el consenso de las federaciones y confederaciones sindicales para la designación de sus
representantes al Consejo Superior del Trabajo; iii) revise tras consultas tripartitas en el seno del Consejo Superior delTrabajo el decreto presidencial núm. 86 que creó la Comisión Presidencial para Asuntos Laborales, y iv) acepte laasistencia técnica de la OIT con miras a poner la legislación y la práctica en conformidad con las disposiciones delConvenio.
Respecto del asesinato del dirigente sindical Sr. Victoriano Abel Vega en enero de 2010, el cual es objeto del caso
núm. 2923 ante el Comité de Libertad Sindical, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en julio de 2015, el
Ministerio de Trabajo se reunió con el Fiscal General de la República y que este último se comprometió en acelerar elproceso de investigación en curso. La Comisión recuerda que la ausencia de fallos contra los culpables de crímenes contra
dirigentes sindicales y sindicalistas comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad,
lo cual perjudica gravemente el ejercicio de las actividades sindicales. Observando que transcurrieron más de cinco años
desde el asesinato del Sr. Victoriano Abel Vega, la Comisión insta de nuevo firmemente al Gobierno a que tome todas
las medidas necesarias para que se determinen las responsabilidades penales y se sancionen a la brevedad a losculpables de este crimen.
En cuanto al respeto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para nombrar a sus
representantes en los órganos de toma de decisiones paritarios o tripartitos, la Comisión toma nota de que el Gobierno
indica que: i) con excepción del Consejo Superior del Trabajo (CST), todos los órganos paritarios y tripartitos del país,con inclusión del Consejo Superior de Salarios, están funcionando adecuadamente; ii) desde la entrada en vigor de lareforma de los mecanismos de elección de los órganos directivos de varias instituciones paritarias o tripartitas, dichas
instituciones, especialmente el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
y el Fondo Social para la Vivienda funcionan con normalidad; iii) tanto los representantes de las organizaciones deempleadores como de trabajadores gozan de plena autonomía en sus actuaciones en el seno de los órganos paritarios ytripartitos, y iv) las reformas antes mencionadas permiten una participación equitativa de todas las organizaciones
sindicales y de empleadores, representando estas últimas tanto a la pequeña, la mediana como a la gran empresa. La
Comisión toma también nota de que, en sus observaciones, la OIE y la ANEP manifiestan que: i) el Presidente de la
República sigue nombrando a su criterio a los representantes del sector privado en las instituciones paritarias y tripartitas;y ii) la situación se ha agravado desde la discusión de esta cuestión ante la Comisión de Aplicación de Normas tal como lo
demuestra el nombramiento de una persona no representativa del sector privado en la junta directiva de la Banca deDesarrollo de El Salvador. La Comisión observa que los 19 decretos adoptados el 22 de agosto de 2012 (decretos
núms. 81 a 99) prevén que los representantes del sector empleador que integrarán los consejos directivos de lasinstituciones antes mencionadas serán elegidos y nombrados por el Presidente de la República, de un listado abierto decandidatos de las organizaciones patronales que tengan personería jurídica debidamente aprobada, estas últimas debiendoseleccionar a sus candidatos de acuerdo a su ordenamiento interno.
Al tiempo que recuerda que esta cuestión dio lugar, en junio de 2013, a recomendaciones del Comité de Libertad
Sindical en el marco del caso núm. 2980, la Comisión subraya que la plena autonomía de las organizaciones deempleadores y de trabajadores en la determinación de sus representantes, contemplada en el artículo 3 del Convenio, se
aplica también a la designación de sus representantes en los órganos paritarios o tripartitos. En este sentido, losmecanismos que otorgan discrecionalidad al Poder Ejecutivo para elegir a dichos representantes son contrarios al
Convenio. La Comisión lamenta la ausencia de avance tanto en la ley como en la práctica respecto de esta cuestión einsta nuevamente al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, tome todas las medidas necesarias
para modificar los 19 decretos adoptados el 22 de agosto de 2012 de manera que cumplan con las garantías delConvenio. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo progreso al respecto.
En cuanto a la falta de designación de los representantes de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo (enadelante el Consejo), la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las observaciones de la OIE y de la ANEP,
ambas relativas al Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). La
Comisión toma también nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de junio de 2015 enel marco del caso núm. 3054. La Comisión constata que: i) el reglamento del Consejo indica que los Miembros del sector
trabajador serán designados por las federaciones y confederaciones sindicales inscritas en el Ministerio de Trabajo yPrevisión Social, sin prever mecanismos específicos que regulen dicha designación; ii) en 2013, dos agrupaciones defederaciones y confederaciones comunicaron dos listas distintas de representantes; iii) desde entonces, el Gobierno indica
que ha estado buscando que todas las federaciones y confederaciones lleguen a un consenso sobre la designación de losrepresentantes de los trabajadores, y iv) la existencia de divergencias entre varios bloques de organizaciones sindicales noha permitido que se llegue a tal acuerdo. La Comisión toma finalmente nota de que el 17 de noviembre de 2015, el
Gobierno expresó su intención de impulsar un proceso de mediación para facilitar la reactivación del Consejo y solicitó laasistencia de la Oficina para la identificación de un mediador. A este respecto, la Comisión desea recordar que: i) en virtuddel artículo 3 del Convenio, la designación de los representantes de los trabajadores y empleadores en los órganos
paritarios y tripartitos debe respetar la autonomía de las organizaciones representativas de los mismos; ii) cuando ladesignación de los representantes se base en la mayor representatividad de las organizaciones, la determinación de lamisma debería fundamentarse en criterios objetivos, precisos y establecidos de antemano, con el fin de evitar toda
decisión parcial o abusiva, y iii) todo conflicto sobre la designación de los representantes de los trabajadores o los64

empleadores debería ser resuelto por un órgano independiente que goce de la confianza de la partes. Observando el papel
central del Consejo Superior del Trabajo para el desarrollo del diálogo social en el país, la Comisión subraya la necesidad
de que se conforme urgentemente el Consejo, el cual se encuentra sin funcionar desde el año 2013. La Comisión confía
en que el proceso de mediación anunciado por el Gobierno permita que los representantes de los trabajadores en elConsejo sean designados a la brevedad y de conformidad con las garantías del Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que informe de todo avance al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores sin ninguna distinción y sin autorización previa de constituirlas organizaciones que estimen convenientes o de afiliarse a las mismas. Exclusión de algunas categorías detrabajadores públicos de las garantías del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al
Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar las disposiciones de la Constitución de la República y de la Ley delServicio Civil (LSC) que excluyen a ciertas categorías de servidores públicos del derecho de sindicación (los miembros dela carrera judicial, los servidores públicos que ejerzan poder decisorio o desempeñen cargos directivos, los empleados
cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial, los secretarios particulares de los funcionarios de alto rango,
los representantes diplomáticos, los adjuntos del Ministerio Público, los agentes auxiliares, los procuradores auxiliares, losprocuradores de trabajo y los delegados). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el proyecto de reforma
de la LSC propuesto por el Tribunal de Servicio Civil en 2011 continúa ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social dela Asamblea Legislativa; ii) la reforma del artículo 73 de la LSC supone la reforma de los artículos 219 y 236 de laConstitución, lo cual constituye un proceso largo y complejo, y iii) las restricciones existentes en la normativa vigente no
impiden que exista en la actualidad 101 organizaciones sindicales en el sector público. Al tiempo que toma nota de las
indicaciones del Gobierno, la Comisión recuerda que, en virtud de los artículos 2 y 9 del Convenio, todos los trabajadores,
con la sola excepción de los miembros de las fuerzas armadas y la policía, deben gozar de las garantías del Convenio. La
Comisión recuerda también que son compatibles con el Convenio las legislaciones que prevén que los funcionarios de alto
nivel deban formar organizaciones separadas de los demás servidores públicos, siempre que la legislación limite esta
categoría a las personas que ejercen altas responsabilidades de dirección o de definición de políticas. La Comisión pide
por lo tanto nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para la revisión de los artículos 219 y 236 de laConstitución y del artículo 73 de la LSC en el sentido indicado y que informe de todo avance a este respecto.
Afiliación a más de un sindicato. Desde hace varios años, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para revisar el artículo 204 del Código del Trabajo (CT) que prohíbe la afiliación a más de un sindicato, demanera que los trabajadores que tengan más de un empleo en diferentes ocupaciones o sectores puedan afiliarse a lasorganizaciones sindicales correspondientes y que, por otra parte, los trabajadores tengan la posibilidad, si así lo desean, deafiliarse al mismo tiempo a sindicatos de rama de actividad y de empresa. Tomando nota de que el Gobierno manifiesta
que ha creado en julio de 2015 un equipo interinstitucional para analizar la viabilidad de las modificaciones
legislativas solicitadas, la Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.
Número mínimo de afiliados para crear una organización. Desde hace varios años, la Comisión pide al Gobierno
que tome las medidas necesarias para revisar el artículo 211 del CT y el artículo 76 de la LSC que establecen la necesidad
de un mínimo de 35 miembros para constituir un sindicato de trabajadores y el artículo 212 del CT que establece lanecesidad de siete patronos como mínimo para poder constituir un sindicato de patronos. La Comisión toma nota de que elGobierno indica que un proyecto de reforma del artículo 211 del CT que rebajaría a 20 trabajadores el número mínimo deafiliados, se encuentra en discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa desde el año
2007. Tomando también nota de la creación del equipo interinstitucional antes mencionado, la Comisión pide al
Gobierno que informe de todo avance en la revisión de las disposiciones antes mencionadas.
Requisitos para obtener la personalidad jurídica. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al
Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 219 del CT que prevé que, en el proceso de registro del sindicato, el
empleador certifique la condición de asalariados de los miembros fundadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno
manifiesta que, con miras a comprobar que los miembros fundadores del sindicato no ostenten la calidad de representantes
patronales, no es suficiente la lista con la que el empleador comprueba la calidad de asalariados de los trabajadores y quese requieren también las boletas de pago o constancias de trabajo que indican el cargo ocupado por los mismos.
Observando que las indicaciones del Gobierno parecen apuntar que, en la práctica, se sigue pidiendo al empleador que
certifique la condición de asalariados de los miembros fundadores, la Comisión recuerda nuevamente que la comunicación
al empleador del nombre de los afiliados puede dar lugar a actos de discriminación contra los trabajadores que están
conformando un sindicato. Con base en lo anterior, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas
necesarias para modificar el artículo 219 del CT de manera que se garantice la no comunicación al empleador de lalista de los afiliados al sindicato en formación.
Plazo de espera para la constitución de un nuevo sindicato después de la denegación de su registro. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que se revise el artículo 248 del CT eliminando el plazo deseis meses exigido para volver a intentar constituir un sindicato en caso de denegación del registro. La Comisión toma
nota de que el Gobierno: i) vuelve a indicar que en la práctica, el Ministerio de Trabajo acepta una nueva solicitud al día
siguiente de la denegación del registro, y ii) informa de la existencia de una propuesta de reforma del artículo 248 del CT
ante la Asamblea Legislativa en el sentido solicitado por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que informe detodo avance en la revisión de la mencionada disposición.

65

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de elegir libremente a sus
representantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tome medidas para revisar el
artículo 47, párrafo 4, de la Constitución de la República, el artículo 225 del CT y el artículo 90 de la LSC que establecenel requisito de ser «salvadoreño por nacimiento» para poder ser miembro de la junta directiva de un sindicato. La
Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) en la práctica, la mayoría de los extranjeros empleados en el
país ostentan cargos directivos, lo cual les impide, en virtud de la legislación salvadoreña, ocupar funciones derepresentación sindical, y ii) el equipo interinstitucional antes mencionado examinará la posibilidad de reformar las
disposiciones señaladas. Recordando que debería permitirse a los trabajadores extranjeros el acceso a las funciones dedirigente sindical por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida, laComisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se modifiquen las disposiciones
antes mencionadas en el sentido indicado.
En relación con la invitación de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia a que el Gobierno
acepte la asistencia técnica de la Oficina con miras a poner la legislación y la práctica en conformidad con las
disposiciones del Convenio, la Comisión saluda la solicitud de asistencia formulada por el Gobierno en septiembre de2015 y espera que la misma se concrete a la brevedad.
La Comisión saluda finalmente el proyecto de la OIT financiado por la Dirección General de Comercio de laComisión Europea para apoyar a los países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) a que den
aplicación de manera efectiva a las normas internacionales del trabajo, siendo El Salvador uno de los cuatro países
abarcados por el proyecto. La Comisión confía en que las actividades del proyecto fortalecerán las capacidades delGobierno de adoptar las medidas solicitadas en la presente observación.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eslovenia
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)
Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, laComisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional contiene
disposiciones específicas que prohíben los actos de injerencia por parte de los empleadores y sus organizaciones en elestablecimiento, funcionamiento y administración de las organizaciones de trabajadores, y para que se prevean sanciones
eficaces y lo suficientemente disuasorias contra esos actos. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno
indica que la Ley de Relaciones de Empleo prevé la protección judicial y sanciones adecuadas, y sus artículos 217 y 218
estipulan que se impondrán multas por discriminar sobre la base de la afiliación sindical a solicitantes de empleo oempleados, así como multas a los empleadores que no proporcionen las facilidades prescritas a los sindicatos o no losconsulten sobre ciertas cuestiones, o que no proporcionen la protección prevista a los representantes sindicales. La
Comisión recuerda que, además de prever la obligación de ofrecer protección contra los actos de discriminación
antisindical, el Convenio estipula que deben adoptarse disposiciones legislativas claras y precisas para proteger de forma
adecuada a las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia, que pueden adoptar la forma de presiones
financieras o de otro tipo a fin de poner a estas organizaciones bajo el control de los empleadores o de las organizaciones
de empleadores. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que lalegislación prevé la prohibición de todos los actos de injerencia, así como sanciones eficaces y lo suficientemente
disuasorias. La Comisión espera poder observar progresos en un futuro próximo, y recuerda al Gobierno que puede
recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

EspañaConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 deagosto de 2014 y el 1.º de septiembre de 2015, de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), recibidas el
17 de agosto de 2015 e incorporadas también en la memoria del Gobierno, y de la Unión General de Trabajadores (UGT),
recibidas el 4 de septiembre de 2015, así como de las respuestas del Gobierno a las mismas. La Comisión toma nota
igualmente de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y laConfederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, así como deotras observaciones de carácter general de la OIE recibidas en la misma fecha.
Observaciones de la CSI y la CCOO sobre el ejercicio de las libertades públicas. La Comisión toma nota de que enlas observaciones de la CSI y la CCOO se alega que la Ley Orgánica núm. 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana(LPSC) y el nuevo artículo 557 ter del Código Penal restringen la libertad de reunión, expresión y manifestación, esenciales

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LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

para el ejercicio de la libertad sindical. La Comisión toma igualmente nota de la respuesta del Gobierno, indicando que: i) la
LPSC no limita o viola el derecho de libertad sindical o de huelga ya que únicamente tipifica infracciones para quienes
perturben o pretendan perturbar la convivencia ciudadana alterando el orden público, causando daños a personas o bienes,
obstaculizando vías o espacios públicos o impidiendo el libre ejercicio de sus funciones a las autoridades u órganos; ii) la
LPSC es más garantista que la legislación precedente al establecer que toda actuación administrativa se regirá por losprincipios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y
responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional, y iii) la LPSC establece que sus disposiciones
relativas al mantenimiento de la seguridad ciudadana y al régimen sancionador deberán interpretarse y aplicarse del modo
más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos dereunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga. Tomando
debida nota de esta respuesta del Gobierno, la Comisión pide al Gobierno que transmita información relativa a laaplicación en la práctica de la LPSC en relación con el ejercicio de la libertad sindical, así como sus comentarios a losalegatos relativos al nuevo artículo 557 ter del Código Penal.
Observaciones de la OIE, la CEOE, la UGT y la CCOO sobre el ejercicio del derecho de huelga. La Comisión
toma nota de que en sus observaciones la OIE y la CEOE alegan disfunciones en el ejercicio del derecho de huelga en elpaís, que deberían salvarse garantizando el libre ejercicio individual tanto del derecho de huelga como del derecho al
trabajo, y consideran conveniente: i) que la información sobre la huelga se prohibiera desde las 24 horas precedentes al
inicio de la misma con el fin de evitar situaciones de coacción; ii) que la declaración judicial de legalidad o ilegalidad dela huelga se efectuara con anterioridad a su inicio, iii) que los servicios mínimos se negociaran con anterioridad al inicio
de los conflictos y que las reglas establecidas sean de carácter permanente; iv) que se delimitaran todas las
responsabilidades que pudieran derivarse en caso de participación en huelgas ilegales, y v) que se intensifique el recurso aldiálogo y a mecanismos de solución extrajudicial. Asimismo, la Comisión toma nota de que la UGT y la CCOO alegan
que las administraciones públicas dictan resoluciones que imponen servicios mínimos abusivos por su excesivo alcance o
por falta de motivación y que, al impugnarse por las organizaciones sindicales, han sido declaradas nulas por los órganos
judiciales (se mencionan numerosas sentencias). La Comisión toma igualmente nota de que el Gobierno informa sobre
varias decisiones judiciales recaídas en casos de conflicto en la determinación de servicios mínimos. Tomando nota de losdistintos puntos de vista de las centrales de trabajadores y de la OIE y la CEOE, incluido en lo que respecta a losservicios mínimos, y observando la existencia de un número importante de decisiones judiciales declarando la nulidad
de resoluciones administrativas que fijan servicios mínimos por las razones expuestas, la Comisión pide al Gobierno
que aborde a través del diálogo tripartito el funcionamiento de los mecanismos de determinación de los servicios
mínimos y demás cuestiones e inquietudes planteadas por las organizaciones mencionadas.
La Comisión toma nota de las cuestiones planteadas en las observaciones de la CSI, la UGT y la CCOO relativas alejercicio del derecho de huelga, criticando disposiciones penales y alegando la apertura de un número importante deprocedimientos penales y sancionadores a sindicalistas, así como de la respuesta del Gobierno, y observa que son objeto
de un caso ante el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 3093).

Fiji
La Comisión toma nota de las observaciones proporcionadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en
una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter
general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio. La
Comisión recuerda que la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por un grupo dedelegados trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2013, en la que se alega el incumplimiento de lasdisposiciones del Convenio por parte de Fiji, fue declarada admisible y sigue pendiente de resolución ante el Consejo deAdministración. La Comisión toma nota del acuerdo tripartito suscrito el 25 de marzo de 2015 por el Gobierno, elCongreso de Sindicatos de Fiji (FTUC) y la Federación de Comercio y Empleadores de Fiji (FCEF) reconociendo larevisión de la legislación laboral, incluida la Ley de Relaciones Laborales (ERP), en el marco del Consejo Consultivo deRelaciones Laborales (ERAB) a fin de velar por el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT. La Comisión
toma nota de que el Consejo de Administración lamentó que no se le hubiera presentado un informe de ejecución conjunto
de conformidad con lo establecido en el acuerdo tripartito suscrito por el Gobierno de la República de Fiji, el FTUC y la
FCEF el 25 de marzo de 2015, como lo solicitara el Consejo de Administración en su 324.ª reunión (junio de 2015), einstó al Gobierno de Fiji a que aceptara una misión tripartita para examinar los obstáculos que se oponen a la presentaciónde un informe de ejecución conjunto y considere todas las cuestiones pendientes en la queja presentada en virtud delartículo 26. La Comisión entiende que la misión tripartita se llevará a cabo en un futuro próximo y confía en que
estará en condiciones de prestar asistencia al Gobierno y a los interlocutores sociales para encontrar soluciones a lascuestiones pendientes referidas a la aplicación del Convenio.

67

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2002)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Derechos sindicales y libertades públicas. La Comisión tomó nota anteriormente con interés de que el nuevo
comisario de policía reactivó la investigación sobre la agresión al Sr. Felix Anthony, dirigente sindical, que fue objeto desus observaciones anteriores, la Comisión expresó su confianza en que el Sr. Anthony cooperase con la investigación ypidió al Gobierno que comunicara información sobre toda evolución a este respecto. La Comisión tomó debida nota de la
indicación del Gobierno de que el expediente pertinente de la investigación ha sido compilado por la policía de Fiji yremitido a la Fiscalía General del Estado el 25 de febrero de 2015, para consultas sobre el curso de acción a seguir, y deque el Sr. Anthony no ha hecho una declaración formal indicando su voluntad de seguir adelante la causa y presentar losinformes médicos pendientes.
La Comisión recuerda además que sus comentarios anteriores también se refirieron a los casos del Sr. Daniel Urai(presidente del FTUC) y del Sr. Goundar, quienes fueron acusados penalmente. La Comisión expresó su confianza de quese retirasen de inmediato todas las acusaciones relacionadas con el ejercicio de actividades sindicales y pidió al Gobierno
que indicara si seguían pendientes de resolución las imputaciones contra el Sr. Goundar. La Comisión entiende y toma
nota con satisfacción de que las acusaciones de sedición formuladas contra el Sr. Urai y otra persona hace ya cuatro años,
han sido dejadas sin efecto por el Tribunal de Magistrados de Suva debido a que el Fiscal General del Estado desistió de laacción penal y que el abandono de los cargos entraña la devolución del pasaporte y el levantamiento de la prohibición deviajar. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que existe una segunda causa pendiente en lostribunales contra el Sr. Urai, imputado por el delito de reunión ilegal, con motivo del incumplimiento de disposiciones
del Reglamento de Emergencia Pública (PER), la Comisión expresa la firme esperanza de que se abandonen sin
demora las acusaciones pendientes relacionadas con el ejercicio de su actividad sindical, y pide al Gobierno una vez
más que indique si sigue pendiente de resolución alguna imputación contra el Sr. Goundar.
Cuestiones legislativas. Ley de Relaciones Laborales (enmienda) de 2015. La Comisión toma nota de que según
se indica en la memoria del Gobierno y en el informe de ejecución presentado por el Gobierno de Fiji el 15 de octubre de
2015: i) el ERAB celebró tres reuniones en mayo de 2015, en las que aprobó la propuesta de revocación del decreto
relativo a las industrias nacionales esenciales (empleo) de 2011 (ENID), y sus miembros debatieron sobre el proyecto deley de relaciones laborales (enmienda) elaborado por el Gobierno; ii) una vez que el ERAB tomó nota de los puntos dedesacuerdo, el Gobierno propuso que el proyecto de ley se trasladara al ministro, y iii) el proyecto de ley se presentó anteel Parlamento el 22 de mayo 2015; el Parlamento trasladó este proyecto la Comisión Parlamentaria Permanente ante lacual se presentan las observaciones de todos los interesados; y el proyecto fue aprobado por el Parlamento y promulgado
el 14 de julio de 2015 como Ley de Relaciones Laborales (enmienda) núm. 10, de 2015.
La Comisión toma nota con satisfacción de que las siguientes cuestiones planteadas anteriormente se resolvieron
mediante la adopción de la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), de 2015: posibilidad de que todos los trabajadores
que desempeñen más de una actividad laboral se afilien a más de un sindicato en la misma industria, oficio o profesión enla medida de que no se trate del mismo empleador (artículo 119, 2), en su forma enmendada); el registrador tiene
facultades para inspeccionar las cuentas del sindicato durante las horas normales de actividad, sólo cuando así lo requiera
el 10 por ciento de los afiliados con derecho a voto (artículo 128, 2)); y la eliminación de la pena de prisión por organizar
una huelga ilegal aunque pacífica (artículos 250 y 256, a)). Sin embargo, al tiempo que recuerda que no debería
imponerse ninguna sanción penal por la participación en una huelga de manera pacífica, la Comisión pide que se
modifiquen los artículos 250 y 256, a) para eliminar la pena de multa por dicha forma de participación.
La Comisión también toma nota de que el artículo 191BW de la ERP, en su forma enmendada en 2015, prevé laderogación del ENID con excepción del texto que se mantiene en la nueva parte 19 de la ERP. Al tomar nota con interésde la derogación del ENID, la Comisión observa con profunda preocupación que las enmiendas de la ERP mantienen
algunos elementos del ENID, que ya han sido motivo de preocupación para la Comisión y que se tratan a continuación.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen conveniente yde afiliarse a las mismas. La Comisión toma nota de que la nueva parte 19 de la ERP prevé las modalidadespara establecer la representación de los trabajadores en todos los servicios e industrias considerados esenciales. Las
partes 1 a 12, 14 a 16, 18, 21 y 22 de la ERP se aplicarán únicamente a los servicios e industrias esenciales en la medida
en que no resulten incompatibles con la parte 19. La Comisión toma nota con preocupación de que, con arreglo al
artículo 185 de la ERP en su forma enmendada, la lista de industrias consideradas como servicios esenciales ahora incluye
los servicios enumerados en la lista 7 de la ERP (servicios de rescate aéreo y marítimo; servicios de emergencia en caso dedesastres nacionales; servicios de extinción de incendios; servicios de salud; servicios hospitalarios; servicios de faros;
servicios meteorológicos; bombeo, ventilación y aireación en las minas; servicios sanitarios; abastecimiento y distribución
de combustible, petróleo, energía y electricidad, esenciales para el mantenimiento de los servicios que figuran en la lista 7;
telecomunicaciones; servicios de transporte necesarios para el funcionamiento de los servicios que figuran en la lista 7; yservicios de abastecimiento de agua), las industrias nacionales consideradas esenciales con arreglo al ENID (industria
financiera, industria de telecomunicaciones, industria de la aviación civil, y los servicios públicos) y las correspondientes
empresas designadas en virtud del ENID, así como el Gobierno, las autoridades legales, las autoridades locales y lasempresas comerciales gubernamentales (según indica el FTUC, en este último rubro se incluyen como servicios esenciales
la industria azucarera y la industria pesquera). La lista ampliada, según lo indicado por el Gobierno, se refiere a lugares detrabajo donde los trabajadores pueden elegir modos de representación distintos de los sindicatos.

68

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

La nueva definición aplicable a la parte 19 del término «sindicato» (artículo 185) se refiere a un sindicato detrabajadores registrado con arreglo a la ERP, que deberá incluir una unidad de negociación constituida o registrada con
arreglo a las disposiciones del ENID o de la parte 19. El artículo 189, 1), dispone que una unidad de negociación
constituida con arreglo al ENID o por una decisión adoptada mediante votación secreta por el 25 por ciento de lostrabajadores empleados por el mismo empleador en un servicio esencial (artículo 189, 4)), se considerará un sindicato a
los efectos de la parte 19 y tendrá derecho a entablar negociaciones colectivas en representación de los trabajadores que
son partes de la unidad de negociación y a someter los conflictos laborales ante un tribunal de arbitraje en representaciónde esos trabajadores. De conformidad con el artículo 189, 3), la unidad de negociación tendrá derecho a registrarse comosindicato con arreglo a la ERP y una vez registrada será titular de todos los derechos y estará sujeta a todas las
obligaciones aplicables a un sindicato constituido en virtud de la ERP. El artículo 190 dispone que todos los trabajadores
en un servicio esencial tendrán derecho a constituir y afiliarse a un sindicato o a una unidad de negociación, tendrán
derecho a entablar negociaciones colectivas, y a que los conflictos laborales en que intervenga sean resueltos por el
Tribunal de Arbitraje con arreglo a lo dispuesto en la parte 19. Con arreglo al artículo 189, 2), si la mayoría detrabajadores en una unidad de negociación constituida con arreglo al ENID decide, por votación secreta, afiliarse a unsindicato establecido en virtud de la ERP, esa unidad de negociación quedará disuelta y los trabajadores, a los efectos de laparte 19, serán representados por el sindicato al que hayan adherido.
La Comisión observa que en las disposiciones antes mencionadas existe un uso doble del término «sindicato»: por
una parte, se utiliza en el sentido tradicional para designar a las organizaciones de trabajadores registradas con arreglo a laparte 14 de la ERP; y por la otra, el término se emplea para las unidades de negociación, cuyos dirigentes se limitan aaquellos que trabajan en la unidad de negociación y cuyo procedimiento para el registro en virtud de la parte 14, que
incluye estatutos, reglas, elecciones de directivos, asambleas generales, etc., no son claros. El establecimiento de una
unidad de negociación parece limitarse a requerir, en virtud de la ERP, que se lleve a cabo una votación, con el
pronunciamiento favorable del 25 por ciento de los trabajadores. La Comisión recuerda que, según el informe de la misiónde contactos directos de la OIT, de 2014:

La Comisión observa que, en el caso de una larga lista de servicios e industrias esenciales, la ERP en su forma
modificada da preferencia, exactamente igual que el ENID, al establecimiento de representaciones de trabajadores en
estructuras distintas de los sindicatos, permitiendo la constitución de «unidades de negociación» con sólo el 25 por ciento
de los trabajadores. Esta forma de representación continuará siendo la única en el lugar de trabajo hasta que lostrabajadores voten por mayoría (el 50 por ciento más uno) que se constituirá un sindicato. En esas circunstancias, laComisión se ve obligada a concluir que las enmiendas que introducen en la ERP el criterio del ENID respecto de larepresentación del trabajador permite que se siga socavando el derecho de los trabajadores a constituir los sindicatos que
estimen conveniente y es probable que se perpetúen las repercusiones negativas que tiene el ENID en el movimiento
sindical, observadas por la misión de contactos directos. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno de revisar losartículos 185 y 189, 1) y 3), en consulta con las organizaciones nacionales representativas de los trabajadores y de losempleadores para proceder a su enmienda, de manera de garantizar que no se socave efectivamente a lasorganizaciones de trabajadores.
A este respecto, la Comisión recuerda que el requisito de afiliación mínima para constituir una organización detrabajadores o de empleadores debería mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar el establecimiento deorganizaciones, y no impedir en la práctica que se constituya más de un sindicato en una empresa. En su Estudio Generalde 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 89 y 90, la Comisión recuerda que el requisito mínimo de
40 trabajadores para el solo efecto de constituir un sindicato es excesiva y critica el requisito mínimo del 30 por ciento delos afiliados. Con la finalidad de permitir el pluralismo sindical y de asegurar que el requisito de afiliación mínima nolimite indebidamente los derechos de los trabajadores para constituir las organizaciones que estimen conveniente yafiliarse a ellas, la Comisión debe concluir que una disposición que imponga un requisito mínimo del 50 por ciento delos trabajadores en los denominados servicios esenciales constituye una violación del artículo 2 del Convenio e insta al
Gobierno a adoptar medidas para modificar sin demora el artículo 189, 2).
En relación con la definición de «sindicato» en la parte 19, la Comisión subraya que aunque determinados derechos
se consideran tradicionalmente como derechos sindicales, los representantes de los trabajadores también deberían disfrutar
de ellos (por ejemplo, la protección contra la discriminación antisindical) o ejercerlos cuando no existen sindicatos. La
Comisión estima que el derecho a participar en órganos nacionales tripartitos y el derecho a nombrar delegados en los

69

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Muchos testigos comunicaron a la misión que estaban muy preocupados por las repercusiones del ENID en el movimiento
sindical del país por la capacidad de éste para ejercer derechos sindicales. En efecto, al margen de las disposiciones concretas
cuya modificación ya han solicitado los órganos de control, la información proporcionada a la misión por todas las partes
interesadas, incluidas las empresas abarcadas por el decreto y sus respectivas unidades de negociación, indica que no es posible
que los sindicatos sigan funcionando como tales en virtud del decreto. […] La disolución de los sindicatos y la revocación de losconvenios colectivos no se vieron compensadas por el establecimiento de sindicatos en las empresas, sino que se crearon
unidades de negociación con los representantes de los trabajadores para las que se tuvieron que establecer además nuevas
estructuras jurídicas a efectos de la recaudación de las cuotas sindicales. Aunque se ha dicho que se les permitía consultar con
sindicatos externos, los representantes de los trabajadores no podían ir acompañados en las negociaciones que mantenían con losrepresentantes de la dirección, que al parecer contrataban a abogados mucho mejor preparados para este tipo de diálogo; esto dabalugar a un importante desequilibrio de poder en el proceso de negociación, por no mencionar el miedo a represalias, que llevaba alos representantes de los trabajadores en la negociación a temer por la pérdida de sus empleos.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOórganos internacionales debería ser una prerrogativa de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el sentido
previsto en el Convenio. A este respecto la Comisión observa que el Gobierno designó, en octubre de 2015, 18 miembros
adicionales del ERAB y que al menos dos de los seis nuevos miembros trabajadores son representantes de unidades denegociación; además el FTUC, al denunciar que el ERAB ampliado incluía numerosos participantes sin una condición
jurídica precisa, anunció que no sería parte en sus reuniones. La Comisión observa que probablemente se presenten
situaciones similares respecto de las propuestas de candidatos al grupo de trabajadores que pasarán a integrar el Tribunal
de Arbitraje. La Comisión insta al Gobierno a velar por que la composición de los sectores de trabajadores yempleadores miembros de esos órganos sea determinada por las organizaciones nacionales representativas de losempleadores y de los trabajadores.
Además, la Comisión toma nota que la FTUC denuncia que no se han adoptado medidas correctivas para dejar sin
efecto la cancelación de los registros sindicales y que se ha suspendido la resolución de conflictos como consecuencia dela introducción del ENID; observa también que esos puntos se encontraban entre las cuestiones de desacuerdo en relación
con el proyecto de ley de relaciones laborales (enmienda), respecto de los cuales el ERAB decidió su registro para su
discusión en una fase ulterior. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica en el informe de ejecución que
el ERAB acordó que los recursos individuales presentados por los trabajadores ante el Tribunal de Empleo, suspendidos
con arreglo a las disposiciones del ENID, se remitirían a los tribunales para su resolución. Observando que aún persisten
las repercusiones negativas del ENID en el movimiento sindical, y recordando sus comentarios anteriores relativos a
los artículos 6 y 26 del ENID ahora derogado (cancelación de todos los registros sindicales en vigor en las «industrias
nacionales esenciales»; y la falta de recursos judiciales en casos de conflictos de derecho), la Comisión insta al
Gobierno a: i) volver a registrar a los sindicatos cuyos registros fueron cancelados con arreglo al artículo 6 del ENID,y ii) aplicar la recomendación del ERAB a fin de reanudar la solución de los conflictos suspendidos con arreglo al
artículo 26 del ENID.
La Comisión también observa que los siguientes puntos anteriormente planteados se encuentran aún pendientes tras
la adopción de la Ley de Relaciones Laborales (enmienda) de 2015: denegación del derecho de sindicación al personal
penitenciario (artículo 3, 2)); facultades excesivamente amplias del funcionario encargado del registro para decidir si un
sindicato reúne o no las condiciones de registro previstas en la ERP (artículo 125, 1), a), en su forma enmendada;
obligación de los dirigentes sindicales de haber trabajado durante un período no menor de tres meses en la industria, elcomercio o la profesión correspondiente (artículo 127, a), en su forma enmendada); prohibición de ejercer como dirigentes
sindicales a las personas que no sean nacionales de Fiji (artículo 127, d)); injerencia en los estatutos y reglamentos delsindicato (artículo 184); facultades excesivas del funcionario encargado del registro que goza de la competencia para
examinar en cualquier momento los libros de contabilidad de una organización (artículo 128, 3)); disposiciones que
pueden obstaculizar las acciones sindicales (artículos 175, 3), b) y 180); y arbitraje obligatorio (artículos 169 y 170;
artículo 181, c), en su forma enmendada; y nuevo artículo 191BS (anteriormente 191, 1), c)). En relación con sus
comentarios anteriores, la Comisión pide al Gobierno que revise las disposiciones mencionadas de la ERP en consulta
con las organizaciones nacionales representativas de trabajadores y de empleadores con miras a su enmienda, demanera de poner la legislación en plena conformidad con el Convenio.
Artículo 3. Derechos de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y formular sus programas.
La Comisión toma nota con preocupación de las siguientes discrepancias entre las disposiciones de la ERP, en su forma
enmendada en 2015 y del Convenio también planteadas por la CSI en relación con: las disposiciones que pueden obstaculizar
la acción sindical (artículo 191BN); pena de prisión en caso de declarar una huelga (ilegal o incluso legal) pacífica en losservicios considerados esenciales (artículos 191BQ, 1), 256, a), 179 y 191BM); las facultades discrecionales excesivamente
amplias del ministro con respecto al nombramiento y remoción de los miembros del Tribunal de Arbitraje ynombramiento de mediadores, que ponen en tela de juicio la imparcialidad de los órganos de solución de conflictos(artículos 191D, 191E, 191G y 191Y); el arbitraje obligatorio en los servicios considerados esenciales (artículos 191Q,
191R, 191S, 191T y 191AA), etc. La Comisión toma nota de que, a la luz de la lista ampliada de los servicios esenciales
indicado por el artículo 2 anteriormente mencionado, dichas restricciones abordaban amplios sectores de la economía. La
Comisión observa también que dichas restricciones no imponen una prohibición completa de las acciones colectivas.
Aunque toma nota con interés de que el ERAB acordó recomendar al ministro la reducción del período de aviso para lahuelga de veintiocho a catorce días, la Comisión observa con preocupación que el efecto acumulativo del sistema dearbitraje obligatorio aplicable a los «servicios esenciales» y las severas sanciones que entrañan penas de prisión tienen elefecto de impedir o reprimir efectivamente toda acción sindical en esos servicios. La Comisión pide al Gobierno querevise las disposiciones antes mencionadas de la ERP en consulta con las organizaciones nacionales representativas detrabajadores y de empleadores con miras a su enmienda, de manera de poner la legislación en plena conformidad con
el Convenio.
Servicio público. En lo que se refiere a los decretos relativos al sector público que eliminan el acceso de lostrabajadores de la administración pública a recursos judiciales o administrativos y restringen sus derechos en virtud delConvenio, la Comisión toma nota con interés de que el artículo 191BW de la ERP, en su forma enmendada en 2015,
dispone la derogación tanto del decreto núm. 21, de 2011, sobre relaciones laborales (enmienda), como del decretonúm. 36, de 2011, sobre el servicio público (enmienda), y la Comisión entiende que, de ese modo, los trabajadores de laadministración pública pueden estar cubiertos por las disposiciones de la ERP. La Comisión observa, sin embargo, que la70

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

administración pública en su conjunto, incluidas las empresas públicas, se consideran actualmente como un servicio
esencial y están comprendidos en la parte 19 de la ERP, con las correspondientes restricciones a los derechos de lostrabajadores a constituir las organizaciones que estimen conveniente y se remite a los comentarios antes mencionados enla presente.
Decreto electoral. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 154 del decreto electoral núm. 11, de2014, en su forma enmendada, dispone que la Oficina Electoral será responsable de la organización de todas las elecciones
en todos los sindicatos registrados, y expresó la firme esperanza de que toda supervisión de las elecciones de lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores se efectúe por un órgano independiente. La Comisión toma nota de que
el Gobierno indica que la Oficina Electoral, en colaboración con el encargado del registro de sindicatos se ocupan de laorganización de elecciones sindicales, y observó que la Oficina Electoral ha llevado a cabo campañas de sensibilización
acerca del proceso electoral y elaboró directrices para las elecciones de conformidad con los requerimientos
internacionales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia de las directrices antes mencionadas.
Constitución de la República de Fiji de 2013. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había
tomado nota con profunda preocupación de que los derechos relativos a la libertad sindical consagrados en la nueva
Constitución (artículos 19 y 20) son objeto de amplias excepciones y limitaciones a los fines de regular los sindicatos, losprocesos de negociación colectiva y los «servicios e industrias esenciales, en aras de los intereses superiores de laeconomía de Fiji y de sus ciudadanos», que podrían ser invocados para socavar los principios en que se fundan. La
Comisión observa que el Gobierno no ha dado respuesta a estas cuestiones. A la luz de las observaciones anteriores de la
CSI en el sentido de que esas limitaciones podrían interpretarse como una autorización para imponer restricciones
muy amplias al ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical, la Comisión pide al Gobierno una vez más que
informe sobre todas las sentencias pronunciadas por los tribunales que interpretan estas disposiciones y confía quesean aplicadas en plena conformidad con las disposiciones del Convenio.
Decreto relativo a los partidos políticos. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores, tomó nota deque en virtud del artículo 14 del decreto relativo a los partidos políticos, de 2013, se prohíbe a las personas que
desempeñan un cargo en cualquier organización de trabajadores o de empleadores afiliarse a un partido político,desempeñar un cargo en el mismo, y participar en actividades políticas, incluida la simple expresión de apoyo, y solicitó
que se facilitara información a este respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las mismas reglas se
aplican a otros interlocutores tripartitos y afiliados a organizaciones de empleadores, la administración pública y el Poder
Judicial; el objetivo es asegurar un proceso de participación política justo e impedir el uso de influencias indebidas paraobtener ventajas en el ámbito político. Además, la Comisión toma nota de que los artículos 113, 2), y 115, 1), del decreto
electoral, prohíben a todo funcionario público llevar a cabo campañas políticas a toda persona, entidad u organización que
reciba financiación o asistencia de un gobierno extranjero, u organización intergubernamental o no gubernamental para
comprometerse, participar o llevar a cabo alguna campaña (incluyendo la organización de debates, foros públicos,
reuniones, entrevistas, discusiones de grupo o la publicación de cualquier material) que esté relacionada con la elección.
La Comisión recuerda que las disposiciones que imponen una prohibición general a las actividades políticas de lossindicatos y de las organizaciones de empleadores para la promoción de sus objetivos específicos son contrarias alConvenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para revisar las disposiciones antes mencionadas, enconsulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores representativas en el ámbito nacional con miras a su
enmienda, de manera de garantizar el respeto de ese principio.

Filipinas
La Comisión toma nota de las observaciones recibidas de las siguientes organizaciones de trabajadores: i) el
Congreso de Sindicatos de Filipinas (TUCP) (25 de junio de 2013), que se refiere a las cuestiones planteadas ante el
Comité de Libertad Sindical (caso núm. 3037); ii) la Confederación Sindical Internacional (CSI) (1.º de septiembre de2015); iii) la Internacional de la Educación (IE) y la Alianza Nacional de Docentes y Empleados de Oficina(SMP-NATOW) (28 de septiembre de 2015), y iv) el Centro de Trabajadores Unidos y Progresistas (SENTRO) (1.º deoctubre de 2015). La Comisión también toma nota de los comentarios recibidos del Gobierno en respuesta a las
observaciones recibidas de la CSI, de la IE, de la SMP-NATOW y del SENTRO. La Comisión toma nota de lasobservaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembrede 2015.
Libertades civiles y derechos sindicales
Mecanismos de control. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información comunicada por
el Gobierno sobre el establecimiento de varias entidades de control. La Comisión toma nota de que el Gobierno
comunique información adicional sobre estos mecanismos: i) el Mecanismo Nacional de Control (NMM), cuyo mandato
es supervisar los progresos de la Nación en la resolución de las violaciones de los derechos humanos, priorizando, a corto
plazo, los casos de ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas y la tortura, y brindar servicios jurídicos y de71

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1953)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

otro tipo; ii) la participación del Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) en el NMM consiste en derivar los casos
ante el mismo, difundir información, desarrollar las capacidades, asignar el presupuesto y recomendar los planes derehabilitación para las víctimas y sus familiares, incluidos los dirigentes y afiliados sindicales; iii) el Grupo de trabajo
especial del Departamento de Justicia (DOJ) aseguró varias condenas, incluso en el caso de los asesinatos de un secretario
general de Bayan Muna, de un portavoz del Sindicato de Funcionarios Jóvenes y de dos profesionales de los medios decomunicación; iv) la Comisión interinstitucional sobre ejecuciones extralegales, desapariciones forzosas, torturas y otras
graves violaciones del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas (IAC), se creó en noviembre de 2012
mediante la orden administrativa núm. 35 (AO 35), que tiene el mandato de investigar los casos de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por
fuerzas estatales y no estatales, para dar prioridad a los casos no resueltos, y para crear equipos de investigación
especiales; v) las directrices operativas de la IAC definen las ejecuciones extrajudiciales, para incluir los casos en los quela víctima sea un miembro o un afiliado de una organización laboral, o que se haya cometido aparentemente un error o selo identifique como tal y la víctima haya sido asesinada debido a su verdadera o percibida afiliación, y vi) con el fin degarantizar que las investigaciones, los procesamientos y la resolución de los casos que implican a dirigentes laborales y aafiliados sindicales, sean expeditivas, se ofreció a los interlocutores sociales una participación activa en lasinvestigaciones, al tiempo que los miembros del Consejo Nacional Tripartito para la Armonía Laboral – Órgano de control(NTIPC-MB) obtuvieron el estatuto de observadores en la IAC. La Comisión saluda esta evolución y pide al Gobierno
que comunique más información sobre el funcionamiento del NMM, del Grupo de trabajo especial del DOJ y de laIAC, en la práctica, incluida la participación de los interlocutores sociales en las investigaciones de la IAC, así como
sobre el número y los tipos de casos abordados por estos mecanismos.
Alegatos de violaciones de los derechos sindicales. La Comisión tomó nota con anterioridad de la respuesta delGobierno a las observaciones de la CSI de 2011, en relación con algunas violaciones de derechos sindicales en 2010,
incluido el supuesto asesinato de tres dirigentes sindicales, arrestos y falsos cargos penales presentados contra dirigentes
sindicales y agresiones físicas a los trabajadores en huelga. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa acerca dela evolución en estos casos: i) en relación con el asesinato del Sr. Eduard Panganiban, elegido secretario del Sindicato
Fuerza Unida de los Trabajadores de Takata, la principal actualización aportada es que la madre de la víctima decidió noseguir con la tramitación de la causa; ii) el caso relativo al asesinato del Sr. Benjamin Bayles, organizador de laFederación Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, sigue en juicio y está supervisado por la IAC; iii) en
cuanto al asesinato del Sr. Carlo «Caloy» Rodriguez, presidente del Sindicato Calamba Water District, la principal
actualización proporcionada es que no pudo obtenerse la ayuda de la esposa de la víctima, y iv) de los siete casos restantes
de supuestas violaciones de derechos sindicales, en dos casos las partes llegaron a una solución, una declaró que no estaba
vinculada con los derechos sindicales y las demás se encuentran en el proceso de solución amistosa o pendiente deresolución. La Comisión también pidió anteriormente al Gobierno que comunicara sus comentarios sobre los graves
alegatos formulados por la CSI en 2012: i) el asesinato de cuatro dirigentes sindicales (Sr. Celito Baccay, miembro delconsejo de la organización de trabajadores de Maeno-Giken; Sr. Noriel Salazar, presidente del Sindicato COCOCHEM;
Sr. Santos V. Manrique, presidente de la cooperativa de mineros a pequeña escala Boringot y presidente de la Federaciónde la Agrupación de Mineros; y el Sr. Elpidio Malinao, vicepresidente de la organización de personal no académico de la
Universidad de Filipinas (UP) – sesión Los Baños; ii) el secuestro y la detención arbitraria del Sr. Elizar Nabas, miembrode la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, y iii) el continuo acoso al Sr. Remigio Saladero, Jr.,
jefe del consejo jurídico de la Central Sindical Kilusang Mayo Uno (KMU). La Comisión toma nota de que el Gobierno
comunica las siguientes actualizaciones: i) los casos de los Sres. Celito Baccay, Noriel Salazar y Elpidio Malinao siguen
aún su curso; ii) la causa del Sr. Santos V. Manrique fue desestimada, dado que no se relacionaba con sus actividades
sindicales, y la causa del Sr. Elizar Nabas fue desestimada, debido a pruebas insuficientes, y iii) los cargos contra el
Sr. Remigio Saladero Jr. y otros 71 activistas fueron desestimados, debido a pruebas insuficientes y a falta de causa
probable. Recordando la importancia de evitar toda situación de impunidad, la Comisión espera firmemente que se
finalicen, en un futuro próximo, las investigaciones de todos estos graves alegatos, con miras a establecer los hechos,determinar las responsabilidades y castigar a los autores, y pide al Gobierno que comunique información detallada
sobre toda evolución a este respecto.
La Comisión toma nota con profunda preocupación de las observaciones de la CSI de 2015, en las que se alegannumerosas violaciones de los derechos sindicales, en particular: i) el asesinato del Sr. Florencio «Bong» Romano,
dirigente sindical de la KMU; ii) el acoso del Sr. Ed Cubelo, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Corporación
Toyota Motor de Filipinas, así como el interrogatorio y el acoso a dirigentes laborales de la KMU en el sur de Midano;iii) los disparos a los empleados de la empresa bananera Sumifru por parte del propietario de la empresa durante unpiquete; iv) la desaparición forzosa del Sr. Benajmin Villeno, dirigente sindical del sur de Tagalog, así como la detención
arbitraria de los Sres. Randy Vegas y Raul Camposano, organizadores del centro sindical del sector público Confederaciónpara la Unidad, el Reconocimiento y los Avances de los Empleados Gubernamentales (COURAGE), y v) un enorme
aumento de falsos cargos penales contra sindicalistas, como los Sres. Artemio Robilla y Danilo Delegencia, dirigentes delSindicato de Trabajadores Stanfilco, DOLE Margusan-NAFLU-KMU. La Comisión toma nota de la respuesta delGobierno, según la cual: i) la causa del Sr. Florencio Romano se remitió al órgano de control tripartito regional (RTMB),
al Grupo de trabajo Usig de la policía nacional de Filipinas, así como a la IAC; ii) los alegatos específicos de acoso de losafiliados al KMU se señalaron a la atención del RTMB de la oficina de derechos humanos de AFP y de la IAC, y en72

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Cuestiones legislativas
Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según lacual existen tres proyectos de ley que apuntan a enmendar el Código del Trabajo, y de que el NTIPC constituyó un equipo
tripartito de revisión del Código del Trabajo, actuando como un asociado externo en el proceso de elaboración. La
Comisión recuerda la necesidad de armonizar la legislación nacional con los siguientes artículos del Convenio.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que
estimen convenientes y de afiliarse a esas organizaciones, sin autorización previa. Extranjeros. La Comisión tomó
nota anteriormente de la necesidad de enmendar los artículos 269 y 272, b), del Código del Trabajo, con el fin de otorgarel derecho de sindicación a todos los trabajadores que residen legalmente dentro del territorio de Filipinas (y no a aquellos
que tienen permisos válidos, si se garantizan los mismos derechos a los trabajadores filipinos en el país de los trabajadores
extranjeros, o si el país en consideración ratificó el Convenio y el Convenio sobre el derecho de sindicación y denegociación colectiva, 1949 (núm. 98)). La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el proyecto

73

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

cuanto a otros alegatos de acoso por la policía y las fuerzas armadas, el RTMB se movilizó para reunir la información
pertinente, habiéndose señalado los casos a la atención de la IAC; iii) en relación con los disparos a empleados de
Sumifru, el dirigente de la empresa, Sr. Jesus Jamero, fue objeto de una denuncia ante las autoridades locales, pero el
conflicto fue posteriormente resuelto mediante un acuerdo entre las partes; iv) los alegatos de desaparición forzosa delSr. Benajmin Villeno y la detención arbitraria de los Sres. Randy Vegas y Raul Camposano, se remitieron al RTMB, yv) los cargos penales contra los Sres. Artemio Robilla y Danilo Delegencia están siendo investigados nuevamente. El
Gobierno también indica que se realizaron campañas de sensibilización sobre la observancia de la libertad de reunión, el
desarrollo de capacidades para el personal encargado de la coordinación de control, y adoptó medidas para fortalecer las
estructuras de control vigentes. El Gobierno toma nota asimismo de que, para otorgar salvaguardias frente a falsos cargos
penales contra afiliados sindicales, y para evitar la detención de trabajadores en base a sus actividades sindicales, el DOLEy el Departamento de Justicia emitieron una circular sobre el memorándum aclaratorio conjunto, núm. 1-15, para aclarar
las disposiciones del DOLE-DILG-PNP-DND-AFP Joint Guidelines on the Conduct of the AFP/PNP Relative to the
Exercise of Workers’ Right to Freedom of Association, Collective Bargaining, Concerted Actions and Other Trade Union
Activities (directrices de la AFP). La circular aclara que, antes de presentar una información en los tribunales, en los casos
derivados de los conflictos laborales o relacionados con los mismos, los fiscales deben obtener el visto bueno del DOLE yde la oficina del presidente, y este requisito de visto bueno se aplica a los casos que se derivan del ejercicio de la libertad
sindical, de la negociación colectiva y de otras actividades sindicales de los trabajadores.
La Comisión toma nota asimismo con profunda preocupación de que las observaciones del SENTRO sobre graves
violaciones de los derechos sindicales, en particular: i) los asesinatos de los Sres. Antonio Petalcorin, presidente de la redde la organización de transportes con base en Davao; Rolando Pango, un dirigente trabajador agrícola, y Victorio Embang,presidente de la Asociación Hacienda de Trabajadores Maria Cecilia; ii) el intento de asesinato del Sr. Anterio Embang,
dirigente de la Asociación Hacienda de Trabajadores Maria Cecilia; iii) la violenta supresión de huelgas y de otras
acciones colectivas por la policía y las fuerzas armadas; iv) el acoso de sindicalistas y el impedimento de afiliación asindicatos en las zonas francas de exportación (ZFE), así como el incumplimiento de memorándum de acuerdo entre el
DOLE y la autoridad de la zona económica de Filipinas (PEZA), y v) la falsificación de una quiebra para denegar a lostrabajadores sus derechos sindicales. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, en la que se indica que el casodel Sr. Antonio Petalcorin fue remitido al RTMB, a la policía nacional de Filipinas (PNP) y a la IAC, pero se declaró queno se trataba de un incidente de ejecución extrajudicial, en razón de actividades sindicales o de otros apoyos con arreglo ala AO 35, al tiempo que el caso del Sr. Rolando Pango se consideró como un caso de ejecución extrajudicial y se creará unequipo especial para investigar, presentar y enjuiciar el caso. El Gobierno indica asimismo que el DOLE realiza
actividades de promoción y de desarrollo de capacidades para garantizar la aplicación de las directrices de la AFP, cuyo
objetivo es impedir que la policía y las fuerzas armadas supriman indebidamente huelgas, manifestaciones y otras
acciones colectivas. La Comisión espera que todos los casos supuestos de violaciones de los derechos sindicales
transmitidos por la CSI y el SENTRO, den lugar a las debidas investigaciones y que las mismas se lleven a cabo con elmayor vigor. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto.
Ley sobre Seguridad Humana. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su confianza en que elGobierno adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que no se hiciera un mal uso de la Ley sobre Seguridad
Humana, en el sentido de suprimir las actividades sindicales legítimas. En este sentido, la Comisión toma nota de que, ensus observaciones, el SENTRO expresó su preocupación acerca de las posibles implicaciones negativas de la Ley sobre
Seguridad Humana en el ejercicio de los derechos sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que esta
ley no puede utilizarse contra el ejercicio de los derechos sindicales, especialmente las actividades sindicales legítimas, yde que las directrices de la AFP de 2012 disponen que las fuerzas armadas y la policía sólo pueden intervenir enactividades sindicales, si así lo solicita expresamente el DOLE, si se ha producido un acto criminal, o si se cometió, secomete o va a cometerse un acto criminal, o en caso de una efectiva violencia derivada de un conflicto laboral. El
Gobierno indica asimismo que dio inicio, en cooperación con la OIT de Manila, a un programa de cooperación técnica(TCP) sobre la formación y el desarrollo de las capacidades de todos los grupos de interés correspondientes sobre lasnormas internacionales del trabajo, incluida la libertad sindical y la negociación colectiva. La Comisión toma nota de esta
información.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

de ley sobre la Cámara de Representantes núm. 894, que se dirige a ampliar el derecho de autoorganización a los
extranjeros que trabajan en Filipinas, no se aprobó en el Congreso, habiéndose vuelto a presentar como proyecto de ley
sobre la Cámara de Representantes núm. 2543, y se encuentra en la actualidad pendiente de tramitación en el Congreso.
La Comisión también observa que, en junio de 2015, el proyecto de ley sobre la Cámara de Representantes núm. 2543 fue
sustituido por el proyecto de ley sobre la Cámara de Representantes núm. 5886, pero este proyecto si bien reconoce a
todos los extranjeros cierto grado de participación en las actividades sindicales, reconoce únicamente el derecho deconstituir y afiliarse a organizaciones y el derecho de sostener a los extranjeros que tienen un permiso de trabajo válido.
Recordando que el derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen
convenientes y de afiliarse a esas organizaciones, implica que cualquiera que resida en el territorio de un Estado,
tenga o no residencia o un permiso de trabajo, goce de los derechos sindicales otorgados por el Convenio, la Comisión
espera firmemente que toda legislación pertinente refleje fielmente el Convenio a este respecto y se adopte en un futuro
próximo. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto.
Otras categorías de trabajadores excluidas de los derechos del Convenio. La Comisión toma nota de lasobservaciones del SENTRO: i) sobre la falta de derechos sindicales de algunos funcionarios públicos (bomberos, guardias
de prisiones, personas fuera de las fuerzas armadas y de la policía que, por la naturaleza de sus funciones, estén
autorizadas a portar armas de fuego y los empleados del sector público en puestos en los que se decide en materia depolíticas o con acceso a información confidencial), y ii) que el artículo 245 del Código del Trabajo excluye a losempleados gerenciales de la constitución o la afiliación a cualquier organización laboral. La Comisión también toma nota
de las observaciones del SENTRO, de la IE y de la SMP-NATOW, en las que se alega la extendida denegación por losempleadores de la existencia de una relación de trabajo, la clasificación errónea de los empleados, y la utilización detrabajadores en subcontratación y temporales que no son considerados como trabajadores subordinados, lo cual les
dificulta la afiliación a sindicatos, en particular en el sector público, en las cooperativas eléctricas, en los bancos y en losservicios de radiodifusión. El Gobierno responde que: i) se creó un grupo de trabajo para abordar el asunto relativo a laproliferación de trabajadores subcontratados y temporales en el sector público, y ii) el DOLE desarrolló y aplicó medidas
administrativas y propuestas de legislaciones que apuntan a abordar estas cuestiones, incluida un resolución que insta a larama ejecutiva a que se ponga fin a la contratación de personal temporal y subcontratado. A este respecto, la Comisión
observa varias iniciativas para enmendar las disposiciones del Código del Trabajo y el proyecto de Código de Reforma dela Administración Pública (proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 2400 y proyecto de ley del Senado
núm. 1174) que están pendientes de tramitación en el Congreso. La Comisión recuerda que: i) debería garantizarse a todos
los trabajadores, sin ninguna distinción ni discriminación de ningún tipo, el derecho de sindicación, con la única posible
excepción de las fuerzas armadas y la policía, y ii) no es necesariamente incompatible con el Convenio la denegación al
personal gerencial y ejecutivo del derecho de afiliación a sindicatos que representan a otros trabajadores del sector,
siempre que tengan el derecho de constituir sus propias organizaciones para la defensa de sus intereses. En consecuencia,
la Comisión espera firmemente que las enmiendas legislativas propuestas y cualquier otra medida legislativa pertinente
garanticen, de conformidad con los mencionados principios, que todos los trabajadores (incluidos aquellos que ocupan
puestos gerenciales o con acceso a información confidencial, bomberos, guardias de prisiones y otros trabajadores delsector público, los trabajadores temporales y subcontratados, así como los trabajadores que no tienen un contrato detrabajo) gocen plenamente del derecho de constituir y afiliarse a organizaciones para la defensa de sus intereses
profesionales. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.
Requisitos relativos al registro. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que adoptara las medidas necesarias
para enmendar el artículo 234, c), del Código del Trabajo, para bajar el requisito excesivo de afiliación mínima paraconstituir un sindicato independiente (el 20 por ciento de todos los empleados en la unidad de negociación, cuando elsindicato desea operar) y expresó la esperanza de que se adopte el proyecto de ley sobre la Cámara de Representantes
núm. 5927, que apunta a suprimir el requisito del 20 por ciento de afiliación mínima. La Comisión toma nota de lasmemorias del Gobierno, según las cuales el proyecto de ley sobre la Cámara de Representantes núm. 5927 no se aprobó en
el Congreso, que la supresión del requisito del 20 por ciento fue reconsiderado y disminuido al 10 por ciento, con el fin de
impedir la proliferación de sindicatos de corto plazo y conflictos intrasindicales, y que la nueva enmienda es apoyada por
el NTIPC. El Gobierno también indica que el proyecto de ley sobre la Cámara de Representantes núm. 2540, que también
apunta a disminuir el requisito de afiliación mínima para constituir sindicatos, está pendiente de tramitación en el
Congreso. La Comisión observa que el requisito del 10 por ciento puede aún obstruir el derecho de los trabajadores deconstituir sindicatos, en particular en grandes unidades de negociación, y recuerda que, si bien un requisito de afiliación
mínima no es en sí mismo incompatible con el Convenio, el número debería fijarse de manera razonable, de modo que nose viera obstaculizada la constitución de organizaciones, y que lo que constituye un número razonable puede variar según
las condiciones particulares en las que se imponga una restricción. En consecuencia, la Comisión espera firmemente quelas mencionadas medidas legislativas disminuyan los requisitos de afiliación mínima a un número razonable, a la luz
del mencionado principio, y en consulta con los interlocutores sociales, y pide al Gobierno que comunique información
sobre todo progreso realizado a este respecto.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración y sus
actividades y de formular sus programas sin injerencia de las autoridades públicas. La Comisión pidió anteriormente al
Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar el artículo 263, g), del Código del Trabajo, y la orden
departamental núm. 40-G-03, con el fin de limitar a los servicios esenciales, en sentido estricto, la intervención del74

Gobierno que conduce a un arbitraje obligatorio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de ley
sobre la Cámara de Representantes núm. 5933, que apunta a instalar las enmiendas necesarias, no fue aprobado en el
Congreso, pero que: i) el proyecto de ley fue nuevamente presentado como proyecto de ley sobre la Cámara deRepresentantes núm. 5471, y ii) la Secretaría de Trabajo y Empleo emitió la orden departamental DOLE núm. 40-H-13,
que armoniza la lista de las industrias indispensables para el interés nacional, en las que es posible la intervención
gubernamental, con el criterio de servicios esenciales del Convenio. Estas industrias incluyen el sector hospitalario, laindustria de la energía eléctrica, el abastecimiento de agua y el control del tráfico aéreo, pudiendo incluirse otras industrias
en la recomendación del NTIPC, órgano de carácter tripartito. La Comisión saluda la iniciativa del Gobierno de limitar laintervención gubernamental que conduce al arbitraje obligatorio a las industrias que pueden definirse como servicios
esenciales en el sentido estricto. La Comisión espera firmemente que se adopte, en un futuro próximo, el proyecto deley, nuevamente presentado y pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto.
En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó la firme esperanza de que se enmendaran los artículos 264 y 272
del Código del Trabajo, teniendo en cuenta el principio según el cual no deberían imponerse sanciones penales contra un
trabajador por haber participado en una huelga pacífica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según lacual el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 5933 no fue aprobado en el Congreso, pero está en la
actualidad pendiente de tramitación en el Congreso como proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 5471, yque tiene como objetivo suprimir las sanciones penales para el ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, la Comisión
entiende que una vez que, un juicio final declare la ilegalidad de una huelga, el proyecto de ley permitirá el procesamiento
penal en virtud del artículo 264, que prohíbe que las organizaciones laborales declaren una huelga sin haber dado
cumplimiento a los requisitos de negociación y de notificación previstos en el Código del Trabajo. En este sentido, el
proyecto de ley no parece dar pleno efecto al principio según el cual no deberían imponerse, en ningún caso, medidas dereclusión o multas, salvo que, durante una huelga, se hubiesen cometido actos de violencia contra personas o propiedades,u otras graves infracciones de la legislación penal, pudiendo estas sanciones ser impuestas, exclusivamente en virtud de lalegislación que tipifica tales actos. La Comisión confía en que se enmienden, en un futuro próximo, los artículos 264 y
272 del Código del Trabajo, dando pleno efecto a los mencionados principios, y pide al Gobierno que comuniqueinformación sobre toda evolución pertinente a este respecto.
La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 270 delCódigo del Trabajo, que supedita la recepción de asistencia extranjera a los sindicatos a una autorización previa de la
Secretaría de Trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, por una parte, el proyecto deley de la Cámara de Representantes enmendado núm. 5927, que está pendiente de tramitación en el Congreso, deroga el
artículo 270 del Código del Trabajo y, por otra parte, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes núm. 2543 (antes
proyecto de ley sobre la Cámara de Representantes núm. 894), apunta a suprimir el requisito de autorización
gubernamental para la asistencia extranjera a los sindicatos. La Comisión observa que, en junio de 2015, el proyecto deley sobre la Cámara de Representantes núm. 2543, fue sustituido por el proyecto de ley sobre la Cámara de Representantes
núm. 5886. La Comisión espera firmemente que se adopten, en un futuro próximo, los proyectos de ley que suprimen lanecesidad de una autorización gubernamental para la asistencia extranjera a los sindicatos y pide al Gobierno que
comunique información sobre toda evolución pertinente en este sentido.
Artículo 5. Derecho de las organizaciones a constituir federaciones y confederaciones. La Comisión solicitó
anteriormente al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para reducir el requisito del número excesivamenteelevado de diez afiliados sindicales para el registro de federaciones o de sindicatos nacionales, que establece elartículo 237, 1), del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual el proyecto
de ley de la Cámara de Representantes núm. 5927, que apunta a abordar la cuestión, no fue aprobado en el Congreso, pero
el NTIPC respaldó una propuesta legislativa de enmienda, que está pendiente de tramitación en el Congreso, y que reduce
el requisito de registro para las federaciones de diez a cinco agentes de negociación debidamente reconocidos o filiales
locales. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el proyecto de ley sobre la Cámara deRepresentantes núm. 2540 también aborda esta cuestión. La Comisión espera firmemente que se adopten, en un futuro
próximo, disposiciones legislativas para reducir el requisito excesivamente elevado de diez organizaciones sindicales
para el registro de federaciones o de sindicatos nacionales, y pide al Gobierno que comunique información sobre toda
evolución pertinente a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 105.ª reunión de la Conferencia y que responda
de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de las observaciones recibidas de las siguientes organizaciones de trabajadores: i) el
Congreso de Sindicatos de Filipinas (TUCP), de 25 de junio de 2013, en relación con los asuntos planteados ante el
Comité de Libertad de Sindical, (caso núm. 3037); ii) la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 1.º de septiembrede 2015; iii) la Internacional de la Educación (IE) y la Alianza Nacional de Docentes y de Trabajadores de Oficina(SMP-NATOW), de 28 de septiembre de 2015, y iv) el Centro para la Unidad y el Progreso de los Trabajadores

75

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO(SENTRO), de 1.º de octubre de 2015. La Comisión toma nota asimismo de los comentarios recibidos del Gobierno en
respuesta a las observaciones de la CSI, la IE y la SMP-NATOW y el SENTRO. La Comisión pide al Gobierno que
formule sus comentarios sobre las observaciones pendientes del SENTRO, en particular, respecto a los requisitos delas elecciones para la acreditación sindical.
La Comisión tomó nota anteriormente de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones de la CSI de 2011
sobre los despidos antisindicales y los actos de injerencia antisindical por parte del empleador, y pidió al Gobierno que
proporcione información sobre toda evolución a este respecto. La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno
sobre los progresos realizados en estos casos, en particular del archivo de dos de los siete casos, en los que las partes
llegaron a un acuerdo, facilitados por el Consejo Nacional de Conciliación y Mediación (NCMB), y de la observación deque se están estudiando los cinco casos pendientes. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando informaciónde cualquier evolución a este respecto, así como en relación con las observaciones pendientes de la CSI de 2012.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. La
Comisión tomó nota anteriormente de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones presentadas por la CSI, en
2010, y de los años anteriores sobre las supuestas prácticas antisindicales, los actos de discriminación antisindical, en
particular, los despidos, y las injerencias por parte de los empleadores, así como lo que respecta a casos de sustitución desindicatos por sindicatos de empresa no independientes, casos de despidos y de listas negras de activistas y otras tácticas
antisindicales en las zonas francas de exportación (ZFE) y otras zonas económicas especiales. La Comisión pidió al
Gobierno que siga proporcionando información relativa a la evolución de la investigación de los citados alegatos. La
Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) el órgano de control del Consejo Nacional Tripartito para la
Armonía Laboral (NTIPC-MB) dictó la resolución núm. 8, de 2012, con objeto de facilitar la recopilación de información
sobre 17 casos de supuestas infracciones de los derechos sindicales dentro de zonas económicas que fueron presentadas
por la Central Sindical Kilusang Mayo Uno (KMU) en sus observaciones de 30 de septiembre de 2009, y ii) muchos delos casos ya han sido resueltos o se están examinando en la actualidad. En este sentido, la Comisión toma nota de loscomentarios del Gobierno sobre las observaciones de la CSI y del SENTRO, de 2015, en las que estas organizaciones
denuncian otras violaciones de los derechos sindicales y prácticas antisindicales (en particular, despidos antisindicales einjerencias del empleador, listas negras de activistas y reemplazo de huelguistas), comentarios en los que señalan que:i) los casos específicos de actos antisindicales e injerencias denunciados por la CSI y el SENTRO han sido validados yresueltos o son objeto de seguimiento por el órgano de control del NTIPC-MB y por los órganos de control tripartitos
regionales (RTMB), y ii) se ha reducido considerablemente el número de casos de prácticas laborales desleales
presentados ante el NCMB y sus oficinas regionales. La Comisión toma nota de esta información y confía en que elGobierno seguirá adoptando medidas para garantizar que todos los alegatos pendientes de actos de discriminación
antisindical e injerencias, incluso en relación con las ZFE, son abordados y, si lo considera oportuno, para que se
adopten medidas pertinentes de solución y se impongan sanciones lo suficientemente disuasorias a fin de garantizar laprotección efectiva del derecho de sindicación. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información
sobre toda evolución que se produzca a este respecto.
En relación con el reforzamiento en la práctica de la protección contra los actos de discriminación antisindical einjerencia, la Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de que el Gobierno señala que se han adoptado medidas
específicas a este respecto. La Comisión saluda la información adicional suministrada por el Gobierno en su informe sobre
el programa de incentivación del cumplimiento, al que denomina como sistema de cumplimiento de la legislación laboral(LLCS) del nuevo Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE), en particular, las siguientes precisiones: i) el LLCS
combina las estrategias de reglamentación y de desarrollo e implica un proceso conjunto de evaluación y acreditación
tripartitas para determinar el cumplimiento de todas las leyes del trabajo por parte de las instituciones, en particular, lalibertad sindical y la negociación colectiva; ii) con objeto de que el seguimiento sea más efectivo, a los funcionarios
encargados del cumplimiento se les proporciona una lista electrónica de comprobación del cumplimiento de la legislación
laboral basada en indicadores de trabajo decente que permite consultar y tramitar instantáneamente todos los datos
necesarios para generar informes, estadísticas y citaciones; iii) en caso de deficiencias en el cumplimiento de la normativa
laboral, las oficinas regionales del DOLE y los funcionarios encargados del cumplimiento podrán proporcionar asistencia
técnica y formación a los empleadores y trabajadores sobre la legislación laboral, y iv) con objeto de mejorar la eficienciadel LLCS, la Secretaría del Departamento de Trabajo y Empleo dictó una orden administrativa en la que se especificancinco modalidades de evaluación del cumplimiento. Al tiempo que toma nota de estas novedades, la Comisión pide al
Gobierno que proporcione más información sobre el funcionamiento del LLCS en la práctica, en particular, sobre laparticipación de los interlocutores sociales en el establecimiento de evaluaciones sobre el cumplimiento de las
empresas de los principios de libertad sindical y de negociación colectiva, y que siga proporcionando información
sobre cualesquiera medidas legislativas u otras adoptadas o previstas con objeto de fortalecer, en la legislación y en la
práctica, la protección disponible contra actos de discriminación antisindical e injerencia, haciendo especial hincapié
en la ZFE y en las zonas económicas especiales.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de que, en virtud del punto 14, a), delcontrato de trabajo tipo de la Administración de Empleo en el Extranjero de Filipinas (POEA), proporcionado por el
Gobierno en 2012, la participación en actividades sindicales constituye un motivo para la terminación del contrato detrabajo. La Comisión pidió al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para suprimir este motivo de la lista de76

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

causas de rescisión de la sección 14, a), del contrato de trabajo tipo de la POEA y a que transmita una estimación delnúmero de trabajadores que se rigen por este modelo de contrato. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ladisposición en el contrato de trabajo tipo que establece la participación en actividades sindicales como causa para larescisión del contrato de trabajo fue suprimida en diciembre de 2008 con arreglo a la circular del memorándum núm. 8, de2008.
Artículo 4. Negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota deque el Gobierno señalaba que, en virtud del artículo 13 de la orden ejecutiva núm. 180, sólo los términos y condiciones
que no hayan sido fijados por ley pueden ser negociados entre las organizaciones de empleadores del sector público y las
autoridades gubernamentales. La Comisión tomó nota de que las áreas que pueden ser objeto de negociación colectiva no
incluyen aspectos importantes de las condiciones de trabajo tales como los salarios, las prestaciones y las asignaciones, ylas horas de trabajo, y pidió al Gobierno que ampliara la lista de temas objeto de negociación colectiva con el fin degarantizar que los empleados del sector público que no están al servicio de la administración del Estado disfrutan
plenamente del derecho a negociar sus condiciones de empleo. En este aspecto, la Comisión toma nota de lasobservaciones de la IE y de la SMP-NATOW, así como del SENTRO, en relación con: i) las limitaciones sobre los temas
objeto de negociación colectiva en el sector público; ii) el descenso del número de trabajadores cubiertos por los acuerdosde negociación colectiva, en particular en el sector público, y iii) la no ratificación del Convenio sobre las relaciones detrabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151). La Comisión observa que, en sus comentarios, el Gobierno ofrece
datos estadísticos sobre la condición de miembro sindical y sobre los trabajadores cubiertos por acuerdos de negociación
colectiva, y afirma que la extensión de la cobertura de los temas objeto de negociación ha fluctuado en los últimos años,
en su mayor parte debido al hecho de que, si bien todos los años se conciertan nuevos convenios colectivos, otros tantos
expiran. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno informa sobre la adopción por el NTIPC de la resolución
núm. 6, de 2014, en la que se recomienda: i) la emisión de una orden ejecutiva que institucionalice el diálogo social en el
sector público; ii) la enmienda de la orden ejecutiva núm. 180, que limita, como consecuencia de la prohibición de su
derecho de huelga, la forma en la que los trabajadores del Gobierno pueden negociar colectivamente, y iii) la ratificacióndel Convenio núm. 151. Esta resolución insta también a todos los órganos implicados a revocar las resoluciones en las que
figuran disposiciones que vulneran los derechos de los trabajadores del sector público a sindicarse y negociar
colectivamente, y a que examine y modifique la aplicación de la orden ejecutiva núm. 80 que limita la negociación
colectiva en el sector público al excluir las negociaciones basadas en incentivos pecuniarios. El Gobierno señala además laadopción de dos resoluciones que exhortan al DOLE a que ratifique el Convenio núm. 151. La Comisión toma nota deesta información y pide al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias o de otro tipo con objeto de ampliar
las cuestiones que son objeto de la negociación colectiva, y a que garantice que los empleados del sector público que noestán al servicio de la administración del Estado disfrutan plenamente del derecho a negociar sus condiciones deempleo, incluidos los salarios, las prestaciones y asignaciones, y el tiempo de trabajo, de conformidad con el artículo 4
del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que siga señalando toda evolución que se produzca a este respecto y a quetransmita copias de cualquier texto legislativo pertinente que haya sido adoptado.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

GambiaConvenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)
Ámbito de aplicación del Convenio. Funcionarios públicos, funcionarios de prisiones y trabajadores domésticos. En
sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que garantizase que los derechos que prevé el Convenio se
otorgan a los funcionarios de prisiones, los trabajadores del servicio doméstico y los funcionarios públicos no adscritos a laadministración del Estado. La Comisión lamentó que la nueva Ley de Trabajo no se aplique a las categorías antes mencionadas detrabajadores (artículo 3, 2)). Recordó que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en laadministración del Estado pueden excluirse de las garantías que otorga el Convenio. La Comisión toma nota de que según el
Gobierno el derecho a la negociación colectiva en virtud a la parte XIII de la Ley de Trabajo es un derecho de la comunidad
garantizado a todos los trabajadores. La Comisión observa que aunque los funcionarios de prisiones, los trabajadores domésticos
y los funcionarios están excluidos de la aplicación de la Ley de Trabajo, el artículo 3, 3) faculta al Secretario de Estado para
ampliar la aplicación de la ley, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial, a todas las categorías de trabajadores queestén excluidas. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique si los trabajadores excluidos en virtud delartículo 3, 2), de la Ley de Trabajo tienen derecho a la negociación colectiva en virtud de la parte XIII de dicha ley como
resultado de una orden publicada en el Boletín Oficial por el Secretario de Estado, y, de ser así, que transmita una copia dedicha orden. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique cómo se concede a estas categorías de trabajadores una
protección adecuada contra actos de discriminación antisindical e injerencia, de conformidad con los artículos 1 y 2 delConvenio.
Artículo 4. Medidas para alentar y promover el pleno desarrollo y utilización del mecanismo de la negociación
voluntaria entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de que según el artículo 130 de la ley, a fin de ser reconocido como único agente de negociación, un
sindicato debe representar un cierto porcentaje de empleados con contrato de servicio (el 30 por ciento en el caso de un sindicatoúnico y al menos un 45 por ciento si el establecimiento en cuestión emplea al menos a 100 personas; en este caso, el organismo

77

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

de negociación puede integrar dos o más sindicatos). La Comisión recordó que cuando, en un sistema de designación de agente
exclusivo de negociación, no existe ningún sindicato que represente al porcentaje exigido para ser declarado agente negociador
exclusivo, los derechos de negociación colectiva no deben negarse a los otros sindicatos de la unidad, al menos en nombre de sus
miembros. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el artículo 131 de la ley dispone que un empleador puede, si así lo desea,organizar una votación secreta para establecer un único agente de negociación. La Comisión recordó que la organización de una
votación para determinar la representatividad debe ser llevada a cabo por las autoridades o una parte independiente previa
presentación de una solicitud por parte de un sindicato. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias
para poner la legislación de conformidad con el Convenio con arreglo a los principios antes mencionados. La Comisión tomó
nota de que el Gobierno indicó que el Departamento de Trabajo está realizando consultas con el Gobierno Central para que lasenmiendas se presenten al Parlamento para su aprobación. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución alrespecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

GuatemalaConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de la recepción, el 1.º de septiembre de 2015, de las observaciones de: i) la Confederación
Sindical Internacional (CSI); ii) el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los sindicatos globales deGuatemala, y iii) el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG). La Comisión observa que
dichas observaciones se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación, así como adenuncias de violaciones en la práctica respecto de las cuales la Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios.
La Comisión toma también nota de las observaciones conjuntas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF) recibidas el 1.º de septiembre de 2015 que se refieren a cuestiones
examinadas por la Comisión en la presente observación. La Comisión toma finalmente nota de las observaciones decarácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio. La
Comisión toma nota de que en su 325.ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración decidió aplazar hasta
su 326.ª reunión (marzo de 2016) la decisión de constituir una comisión de encuesta para examinar la queja presentada envirtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por varios delegados trabajadores a la 101.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (junio de 2012) acerca del incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio. La Comisión
observa especialmente que el Consejo de Administración: i) instó nuevamente al Gobierno a que tome de manera
inmediata todas las medidas necesarias para dar plena aplicación a la Hoja de ruta adoptada el 17 de octubre de 2013 por
el Gobierno de Guatemala en consulta con los interlocutores sociales y a los indicadores clave relacionados con la Hoja deruta adoptados por la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo el 15 de mayo de 2015, y ii) invitó alos mandantes tripartitos de Guatemala a que lleguen a un acuerdo con la Oficina antes de finales de 2015 sobre lanaturaleza de un mandato ampliado de la representación de la OIT en el país.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia(en adelante la Comisión de la Conferencia) en junio de 2015 sobre la aplicación del Convenio por Guatemala. La
Comisión toma especialmente nota de que la Comisión de la Conferencia emitió conclusiones específicas y detalladas
acerca de: i) la investigación y la condena de los culpables de los homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas; ii) laprotección de los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados, y iii) la necesidad de que el Gobierno, en consulta con
los interlocutores sociales, someta con carácter urgente al Congreso de la República un proyecto de ley basado en loscomentarios de la Comisión que ponga la legislación en conformidad con el Convenio.
La Comisión toma finalmente nota del informe del Representante Especial del Director General en Guatemala
preparado a solicitud de la Comisión de la Conferencia.
Derechos sindicales y libertades civiles
La Comisión lamenta tomar nota de que desde hace varios años ha venido examinando, al igual que el Comité deLibertad Sindical, alegatos de graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, incluyendo numerosos
homicidios, y de la situación de impunidad al respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) de
70 homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas registrados por las autoridades, 13 han dado lugar a sentencias(nueve sentencias condenatorias y cuatro sentencias absolutorias) mientras que 40 otros casos se encuentran actualmente
en conocimiento del órgano judicial; ii) en el marco del convenio de colaboración entre la Unidad Especializada deDelitos contra Sindicalistas del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(CICIG), 12 expedientes de investigación de homicidios identificados por el movimiento sindical en Guatemala fueron
remitidos a la CICIG el 15 de junio de 2015 a efectos de que la misma emita recomendaciones sobre la conducción de lasmencionadas investigaciones; iii) después de haber consultado a los interlocutores sociales, el Ministerio Público adoptó
en febrero de 2015 la instrucción general núm. 1-2015 para la investigación y persecución penal efectiva de los delitos
78

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Problemas de carácter legislativo
Artículos 2 y 3 del Convenio. La Comisión recuerda que desde hace muchos años pide al Gobierno que tome
medidas para modificar las siguientes disposiciones legislativas:–
el artículo 215, c), del Código del Trabajo que prevé la necesidad de contar con la mitad más uno de los trabajadoresde la actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria;–
los artículos 220 y 223 del Código del Trabajo que prevén la necesidad de ser guatemalteco de origen y de ser
trabajador de la empresa o actividad económica correspondiente para ser elegido dirigente sindical;–
el artículo 241 del Código del Trabajo que prevé que la huelga es declarada no por la mayoría de los votantes sino
por la mayoría de los trabajadores; el artículo 4, incisos d), e) y g), del decreto núm. 71-86 modificado por el decreto
legislativo núm. 35-96 de 27 de marzo de 1996 que prevé la posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio enservicios que no son esenciales y otros obstáculos al derecho de huelga, así como los artículos 390, inciso 2, y 430
del Código Penal y el decreto núm. 71-86 que prevén sanciones laborales, civiles y penales en caso de huelga de losfuncionarios públicos o de trabajadores de determinadas empresas.
Adicionalmente, la Comisión pide desde hace muchos años que el Gobierno tome medidas para que varias
categorías de trabajadores del sector público (contratados en virtud del renglón 029 y otros renglones del presupuesto)
gocen de las garantías previstas en el Convenio.

79

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

cometidos contra sindicalistas y agremiados de organizaciones de trabajadores y otros defensores de derechos laborales ysindicales; iv) el Ministerio de Gobernación otorgó nueve medidas de seguridad personal y 63 medidas de seguridad
perimetral a favor de dirigentes sindicales y sindicalistas, y v) el número de teléfono gratuito 1543 para atender denunciasde violencias o amenazas en contra de defensores de derechos humanos entre los cuales se encuentran los sindicalistas
funciona desde el 14 de mayo de 2015.
La Comisión toma nota de que el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los sindicatos globales
de Guatemala denuncian el asesinato, el 24 de septiembre de 2015, del Sr. Mynor Rolando Ramos Castillo, afiliado delSindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa (SITRAMJ). Las organizaciones sindicales manifiestan que elsindicalista asesinado formaba parte de los trabajadores de la municipalidad que estaban a la espera de que se cumpliera laorden de reintegro dictada por la justicia laboral. La Comisión toma también nota de que las distintas organizaciones
sindicales que sometieron observaciones a la Comisión manifiestan que: i) la gran mayoría de los autores materiales y la
totalidad de los autores intelectuales de los 74 homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas denunciados ante la OIT
se encuentran impunemente en libertad, y ii) no se han realizado todos los estudios de riesgo necesarios y numerosas
amenazas en contra de dirigentes sindicales y sindicalistas no han dado lugar a acción alguna de parte del Ministerio
Público.
La Comisión toma nota asimismo de que el informe del Representante Especial del Director General en Guatemalaseñala adicionalmente que: i) a solicitud del Ministerio Público, el Organismo Judicial está elaborando los acuerdos
administrativos para constituir juzgados especializados que examinen los crímenes contra sindicalistas y las sanciones por
desobediencia de autoridades públicas y empleadores privados que se rehúsen a cumplir sentencias relacionadas con lalibertad sindical, como por ejemplo las reinstalaciones, y ii) ciertos dirigentes sindicales bajo protección tuvieron que
renunciar a ella al no poder financiar personalmente los viáticos de las guardias de seguridad.
La Comisión toma nota con profunda preocupación del homicidio del Sr. Mynor Rolando Ramos Castillo, afiliadodel SITRAMJ. La Comisión observa que dicho sindicato presentó una queja examinada por el Comité de Libertad Sindical
en relación con una serie de despidos antisindicales (caso núm. 2978). Recordando que la ausencia de fallos contra losculpables de crímenes contra dirigentes sindicales y sindicalistas comporta una impunidad de hecho que agrava el clima
de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales, laComisión expresa también su profunda preocupación por el número reducido de condenas por homicidios de dirigentes
sindicales y sindicalistas. Al tiempo que toma debida nota de ciertas medidas tomadas por las autoridades para mejorar
la eficacia de las investigaciones sobre los asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas y para brindar una
protección eficaz a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados (especialmente la adopción de la instrucción
núm. 01-2015 del Ministerio Público y el establecimiento de la línea telefónica de urgencia), la Comisión constata lagrave ausencia de progreso a este respecto e insta firmemente al Gobierno a que continúe realizando todos losesfuerzos para: i) investigar todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, con el objetivo dedeslindar las responsabilidades y sancionar a los culpables, tomando plenamente en consideración en lasinvestigaciones las actividades sindicales de las víctimas, y ii) brindar una protección rápida y eficaz a todos losdirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo. La Comisión pide especialmente al Gobierno que redoble
sus esfuerzos para: i) desarrollar la colaboración iniciada entre el Ministerio Público y la CICIG; ii) crear tribunales
especiales para tratar con mayor rapidez los crímenes y delitos cometidos en contra de los miembros del movimiento
sindical, y iii) aumentar el presupuesto dedicado a los esquemas de protección a favor de miembros del movimiento
sindical de manera que las personas protegidas no deban sufragar personalmente ningún gasto derivado de losmismos. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre todas las medidas adoptadas y los resultados
alcanzados al respecto.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión recuerda que en la Hoja de ruta de 2013, el Gobierno se comprometió a presentar a la Comisión
Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo los proyectos de reformas legislativas necesarios y que el Congresode la República adoptaría la legislación correspondiente.
La Comisión toma nota de que se desprende tanto de la memoria del Gobierno como de las observaciones de losinterlocutores sociales que: i) la Comisión de Trabajo del Congreso llevó a cabo en 2015 dos reuniones de trabajo con losinterlocutores sociales para conocer su postura respecto de las reformas solicitadas por la Comisión; ii) el 3 de septiembrede 2015, el sector trabajador entregó al despacho del Ministro del Trabajo un nuevo proyecto de reformas al Código delTrabajo que incluye las reformas solicitadas por la Comisión en relación con el Convenio; iii) el sector empleador
consideró necesario continuar con el análisis de la viabilidad de las recomendaciones de la Comisión y apoyó la necesidad
de una reforma legislativa integral, y iv) La Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo dirigió el 24 deseptiembre de 2015 una solicitud al Representante del Director General de la OIT en Guatemala para que se nombre a un
experto que pueda brindar asistencia técnica a los mandantes en el proceso de reforma legislativa. Al tiempo que saluda lasolicitud de asistencia técnica dirigida a la OIT, la Comisión recuerda que insta desde hace numerosos años alGobierno a que tome las medidas necesarias para que se adopten las mencionadas reformas legislativas. La Comisión
expresa, por lo tanto, la firme esperanza de que podrá tomar nota de la adopción de las mismas en la próxima memoriadel Gobierno.
Aplicación del Convenio en la práctica
Registro de organizaciones sindicales. Al igual que en años anteriores, la Comisión toma nota de las observaciones
recurrentes de las organizaciones sindicales sobre trabas en el registro de las organizaciones sindicales. La Comisión tomatambién nota de que en el marco del procedimiento de queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio
presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT: i) el Consejo de Administración de la OIT incluyó en
junio (documento GB324/INS/4) y noviembre (documento GB.325/INS/8) de 2015 la inscripción sin trabas de lasorganizaciones sindicales por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social entre los puntos
prioritarios que requieren acciones adicionales y urgentes de parte del Gobierno; ii) el Gobierno comunicó al Consejo deAdministración las siguientes estadísticas relativas a la inscripción de sindicatos desde 2013: 52 solicitudes de inscripción
en 2013 conduciendo a 17 personalidades inscritas, 35 solicitudes en 2014 conduciendo a 19 inscripciones, y
56 solicitudes en 2015 conduciendo a 30 inscripciones. La Comisión toma nota asimismo de las conclusiones yrecomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical en noviembre de 2015 en el marco del caso núm. 3042
relativo a la denegación del registro de 57 organizaciones sindicales. La Comisión observa que el Comité de Libertad
Sindical, además de los problemas legislativos mencionados anteriormente en la observación (requisitos para conformar
sindicatos de industria, exclusión de los trabajadores precarios del estado del derecho de libertad sindical), constató: i) la
excesiva duración y complejidad del proceso de registro; ii) la frecuencia con la cual la administración de trabajo solicita
modificaciones de fondo de los estatutos que afectan la autonomía sindical, y iii) la interpretación excesivamente amplia
de la noción de trabajadores de dirección y de confianza por la administración de trabajo.
La Comisión expresa su profunda preocupación por la obstaculización del registro de las organizaciones sindicales.
La Comisión insta por lo tanto de nuevo al Gobierno a que elimine los varios obstáculos legislativos a la libre
constitución de organizaciones sindicales mencionados anteriormente y a que, en consulta con las centrales sindicalesy organizaciones de empleadores del país y con el apoyo del Representante Especial del Director General en
Guatemala, revise el tratamiento de las solicitudes de inscripción con miras a adoptar un enfoque que permita resolver
en plazos muy breves con los fundadores de las organizaciones sindicales los problemas de fondo o de forma que seplanteen, y facilitar lo antes posible el registro de las organizaciones sindicales. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione informaciones sobre las iniciativas tomadas y los resultados alcanzados a este respecto.
Resolución de conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva. La Comisión saluda el desarrollode las actividades de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de Libertad Sindical y Negociación
Colectiva (en adelante la Comisión de Tratamiento de Conflictos), establecida en el marco de la aplicación de la Hoja deruta con el acompañamiento del Representante Especial del Director General de la OIT en Guatemala. La Comisión toma
nota de que el CACIF indica que 17 casos están en proceso de tratamiento ante la Comisión de Tratamiento de Conflictos,
de los cuales dos se refieren al sector privado. Respecto de la mediación relativa al caso núm. 3040 ante el Comité deLibertad Sindical, el CACIF manifiesta que la Comisión de Resolución de Conflictos ha valorado muy positivamente losavances en cuanto a la solución de la violación del derecho de libertad sindical. La Comisión confía en que la Comisiónde Tratamiento de Conflictos seguirá fortaleciéndose y contribuirá a resolver los numerosos casos de denuncia deviolaciones del Convenio señalados por las organizaciones sindicales.
Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. La Comisión saluda el inicio en
los medios de comunicación oficiales del país el 30 de octubre de 2015 de una campaña de sensibilización sobre lalibertad sindical cuyo contenido, preparado con el apoyo de la OIT, se acordó de manera tripartita. Con miras a que elmensaje de la campaña alcance de manera amplia a la ciudadanía, la Comisión invita al Gobierno a que difunda esta
campaña en los medios de comunicación masivos del país y que informe al respecto.
Sector de las maquilas. Tomando nota de la ausencia de informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre laaplicación del Convenio en el sector de las maquilas, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que: i) intensifique sus

80LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

esfuerzos para garantizar y promover el pleno respeto de los derechos sindicales en este sector; ii) preste especial
atención a las maquilas en el marco de la campaña de sensibilización, y iii) siga informando sobre el ejercicio en la
práctica de los derechos sindicales en este sector.
La Comisión saluda finalmente el proyecto de la OIT financiado por la Dirección General de Comercio de laComisión Europea para apoyar a los países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP+) a que den
aplicación de manera efectiva a las normas internacionales del trabajo, siendo Guatemala uno de los cuatro países
abarcados por el proyecto.
Tomando debida nota de que un nuevo Gobierno entrará en funciones en enero de 2016, la Comisión confía enque el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para remediar las graves violaciones al Convenio constatadas por
los órganos de control de la OIT y aprovechará plenamente la oportunidad que representa la asistencia técnica puesta
a disposición del país por la Oficina, así como los recursos disponibles por medio de la cooperación internacional.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Guinea-Bissau
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Guinea Ecuatorial
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2015.

81

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 4 de agosto de 2011que se refieren a la negociación de los salarios en el marco del Consejo Nacional Tripartito de Consultación Social y a ladebilidad de las disposiciones de la Ley General del Trabajo en materia de protección contra la discriminación antisindical.
Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Unión Nacional de Trabajadores de Guinea (UNTG-CS) de fecha
30 de agosto de 2011 que se refieren a la necesidad de reforzar las capacidades de la Inspección General del Trabajo y de lostribunales para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al
respecto.
Artículos 4 y 6 del Convenio. Campo de aplicación del Convenio. Trabajadores agrícolas y portuarios. La Comisión
había tomado nota de la voluntad del Gobierno de continuar revisando la Ley General del Trabajo que, en su título XI, contiene
disposiciones sobre la negociación colectiva y la adopción de medidas para garantizar a los trabajadores agrícolas y portuarios losderechos previstos en el Convenio. La Comisión observa que el Gobierno informa que este proceso de revisión legal sigue en
curso. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que el proyecto de código preveía la adaptación de laaplicación de sus disposiciones a las características particulares del trabajo realizado por trabajadores agrícolas y portuarios. La
Comisión pide al Gobierno que informe de la evolución legislativa de este proyecto y confía en que éste garantizará a lostrabajadores agrícolas y portuarios los derechos previstos en el Convenio.
La Comisión tomó nota de que el Gobierno había declarado que no hay una legislación que regule específicamente esta
materia, la cual se trata en el ámbito de foros creados a tal efecto como el denominado Consejo Permanente de Concertación
Social. La Comisión recuerda que había solicitado al Gobierno que enviara informaciones sobre las medidas adoptadas con mirasa la adopción de la ley especial que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, de la Ley núm. 8/41 sobre la Libertad Sindical, debía
reglamentar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan en la Administración del Estado. La
Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe a este respecto.
Por último, la Comisión había pedido al Gobierno que facilite informaciones sobre la evolución de la situación en lo que
concierne a la promoción de la negociación colectiva en el sector público y en el sector privado (actividades de formación y de
información, seminarios con los interlocutores sociales, etc.), y que transmitiese estadísticas sobre los convenios colectivos (porsector) firmados y el número de trabajadores cubiertos por éstos. La Comisión tomó nota de que de los comentarios de la CSI sedesprende que la situación de la negociación colectiva no es satisfactoria. La Comisión recuerda al Gobierno una vez más que elartículo 4 del Convenio establece que «deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y lasorganizaciones de trabajadores, y por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto dereglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo». La Comisión pide al Gobierno que adopte lasmedidas concretas con miras a promover una mayor utilización en la práctica de la negociación colectiva en los sectores
público y privado, y que informe sobre la evolución de la situación, el número de nuevos convenios firmados y el número detrabajadores cubiertos por éstos. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones
completas sobre los puntos planteados así como sobre los comentarios de la CSI.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión nuevamente recuerda que desde hace varios años pide al Gobierno que: i) modifique el artículo 5 de la ley
núm. 12/1992 que dispone que las asociaciones de empleados pueden ser profesionales o sectoriales — a fin de que lostrabajadores puedan, si así lo desean, constituir sindicatos de empresa; ii) modifique el artículo 10 de la ley núm. 12/1992, quedispone que para que una asociación profesional obtenga personalidad jurídica debe tener, entre otros requisitos, un número
mínimo de 50 empleados, a fin de reducir dicho número mínimo a un nivel razonable; iii) confirme si en virtud de la revisión dela Ley Fundamental, en 1995 (ley núm. 1 de 1995), el derecho de huelga es reconocido en los servicios de utilidad pública y si elmismo se ejerce en las condiciones previstas por la ley; iv) informe sobre los servicios considerados como esenciales y sobre laforma en que se determinan los servicios mínimos que deben garantizarse previstos en el artículo 37 de la ley núm. 12/1992, yv) informe si los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado gozan del derecho de huelga(artículo 58 de la Ley Fundamental).
La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a fin deponerla en plena conformidad con las disposiciones del Convenio y a que informe en su próxima memoria sobre toda medida
adoptada o que prevé adoptar a este respecto. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tome sin demora
todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo constructivo con la OIT.
Además, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre laaplicación del Convenio y la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical de Trabajadores deGuinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y a la
Organización de los Trabajadores del Campo (OTC). La Comisión recuerda, una vez más, que la facultad discrecional de laautoridad competente para aceptar o negar la solicitud de inscripción en el registro equivale a la imposición de una autorización
previa, lo cual es incompatible con el artículo 2 del Convenio. En estas condiciones, la Comisión urge nuevamente al Gobierno
a que sin demora proceda a inscribir en el registro a aquellas organizaciones sindicales que hayan cumplido los requisitos
legales y que informe al respecto en su próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. La Comisión tomó nota de los comentarios anteriores de laConfederación Sindical Internacional (CSI), sobre la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical
de Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes(ASD) y a la Organización de los Trabajadores del Campo (OTC) y la falta de marco legislativo para el desarrollo de lanegociación colectiva. La Comisión subraya una vez más, que la existencia de sindicatos libremente constituidos es unprerrequisito necesario para la aplicación del Convenio. La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que adopte sin demora
las medidas necesarias tendientes a crear condiciones adecuadas para la constitución de sindicatos que puedan negociar
colectivamente con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo.
Artículo 6. Derecho de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado a negociar colectivamente. La
Comisión tomó nota de que según los comentarios de la CSI, el derecho de los trabajadores de la administración pública deconstituir sindicatos no ha sido reconocido aún por la legislación a pesar de que el artículo 6 de la Ley de Sindicatos y Relaciones
Colectivas de Trabajo, núm. 12/1992, establece que la sindicación de los funcionarios de la administración pública será regulada
por una ley especial. La Comisión tomó nota de que la CSI indicó además que el marco legal de la negociación colectiva sigue
siendo deficiente y ambiguo. La Comisión urge al Gobierno a que le indique si la ley especial ha sido adoptada, si la misma
garantiza el derecho de sindicación y de negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública y que envíe
información detallada sobre la aplicación del Convenio respecto de los funcionarios públicos que no trabajan en laadministración del Estado. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este
respecto y expresa la firme esperanza de que tomará sin demora todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo
constructivo con la OIT.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que envíe estadísticas sobre el número deorganizaciones sindicales, sobre el número de convenios colectivos suscritos con organizaciones sindicales y el número detrabajadores y los sectores cubiertos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

GuyanaConvenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
En su observación anterior, la Comisión sólo se había referido a la cuestión del reconocimiento de sólo aquellos sindicatosque contaban con el apoyo del 40 por ciento de los trabajadores, como establecía la Ley sobre el Reconocimiento de losSindicatos. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno según la cual, a solicitud del congreso de sindicatos, la Ley
sobre el Reconocimiento de los Sindicatos había previsto el reconocimiento de sindicatos que se habían reconocido con
anterioridad a la ley, sin haber tenido que probar que contaban con un apoyo de la mayoría (artículo 32); todos los sindicatos sehabían beneficiado de esa disposición, respecto de la cual el Gobierno manifiesta que ya no es aplicable, puesto que se habían

82

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

expedido todos los certificados aplicables en virtud de ese artículo. Dado que la representatividad de los sindicatos podía cambiar,
la Comisión recuerda una vez más que, cuando ningún sindicato agrupe a más del 40 por ciento de los trabajadores en la unidad
de negociación, los derechos de negociación colectiva deberían atribuirse a todos los sindicatos de la unidad interesada, al menos
en representación de sus propios afiliados (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y la negociación colectiva,
párrafo 241). La Comisión espera que en un futuro próximo se realicen progresos significativos respecto de este asunto ysolicita al Gobierno que la mantenga informada de los resultados del proceso consultivo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Haití
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1979)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas
el 1.º de septiembre de 2015, y de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de los Sectores Público y Privado(CTSP) recibidas el 31 de agosto de 2015, en relación con alegatos de vulneración de la libertad sindical en los sectores
público y privado, incluidos actos de injerencia en las actividades sindicales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus
comentarios al respecto.
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) del 1.º de septiembrede 2015 y la Confederación de Trabajadores del Sector Público y Privado (CTSP) de 31 de agosto de 2015. Según la CSI
los textos legislativos no son objeto de consultas y en la práctica se producen muchos despidos antisindicales como señala
también la CTSP. Además, según la CTSP sólo hay tres convenios colectivos en el país. La Comisión expresa su
preocupación por esta información y pide al Gobierno que envíe sus comentarios sobre estas cuestiones.
83

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una
comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada areiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión recuerda que, desde hace muchos años, viene solicitando al Gobierno que modifique la legislación nacional,
especialmente el Código del Trabajo, para ponerla en conformidad con lo dispuesto en el Convenio. La Comisión recuerda que
sus comentarios se referían, en particular:
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas.
–
La necesidad de modificar los artículos 229 y 233 del Código del Trabajo, a fin de garantizar que los menores que tengan laedad mínima legal de admisión al empleo puedan ejercer sus derechos sindicales sin autorización parental.
–
La necesidad de modificar el artículo 239 del Código del Trabajo, a fin de permitir que los trabajadores extranjeros puedan
ocupar funciones de dirigentes sindicales, al menos después de un período razonable de residencia en el país.
–
La necesidad de garantizar a los trabajadores domésticos los derechos consagrados en el Convenio (el artículo 257 delCódigo del Trabajo dispone que el trabajo doméstico no está regido por ese código, y que la ley adoptada por el Parlamento
en 2009 para modificar ese artículo — la cual no ha sido promulgada, aunque el Gobierno se refería a ella en sus memorias
anteriores — tampoco reconoce los derechos sindicales de los trabajadores domésticos).
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas deacción.
–La necesidad de revisar las disposiciones del Código del Trabajo relativas al recurso al arbitraje obligatorio a fin degarantizar que este último sólo pueda imponerse, para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo o a una huelga, en
determinadas circunstancias, a saber: 1) cuando lo acepten las dos partes en el conflicto, o 2) cuando la huelga puede serobjeto de restricciones, incluso de una prohibición, es decir: a) cuando se trata de conflictos relativos a los funcionarios que
ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado; b) cuando se trata de conflictos en los servicios esenciales en elsentido estricto del término, o c) en situaciones de crisis nacional o local aguda, con una duración limitada y sólo en la
medida necesaria para hacer frente a la situación.
Consciente de las dificultades que atraviesa el país, la Comisión confía en que con la asistencia técnica que está
recibiendo, en particular para la reforma del Código del Trabajo, y la voluntad política reafirmada por el Gobierno, esteúltimo estará en condiciones, en su próxima memoria, de indicar progresos en la revisión de legislación nacional para
ponerla plenamente en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de todo nuevo texto
que se haya adoptado.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una
comunicación recibida el 31 de agosto de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
Al tiempo que toma nota de que el empleo informal representa la mayor parte del empleo en Haití, la Comisión pide al
Gobierno que indique de qué manera se garantiza la aplicación del Convenio a los trabajadores de la economía informal y
precisar, en especial, si se han adoptado medidas específicas para tratar las dificultades particulares encontradas por esos
trabajadores. Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación del Convenio en las
zonas francas.
La Comisión recuerda que desde hace muchos años pide al Gobierno que modifique la legislación nacional, especialmente
el Código del Trabajo, para ponerla en conformidad con las disposiciones del Convenio.
La Comisión recuerda que sus comentarios se referían principalmente a:
Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación tendientes a menoscabar la libertad
sindical de los trabajadores en relación con su empleo. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían enparticular a la necesidad de adoptar una disposición específica que prevea una protección contra la discriminación sindical en lacontratación, así como la adopción de disposiciones que garanticen a los trabajadores, de manera general, una protección
adecuada contra los actos de discriminación antisindical en el empleo (motivada por la afiliación o la actividad sindical),
acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias.
A este respecto, la Comisión señala que el artículo 251 del Código del Trabajo dispone que: «Todo empleador que despidao suspenda, rebaje de categoría o reduzca el salario de un trabajador con objeto de impedir que se afilie a un sindicato, organice
una asociación sindical o ejerza sus derechos sindicales, será sancionado con una multa de 1 000 a 3 000 gourdes (es decir,
aproximadamente 25 a 75 dólares de los Estados Unidos) que se impondrá por el Tribunal del Trabajo, sin perjuicio de la
reparación a que el trabajador tenga derecho». La Comisión toma nota que el Gobierno reitera, en su memoria, que losinterlocutores sociales han comenzado a presentar sus propuestas para la elaboración del nuevo Código del Trabajo y que lascuestiones planteadas por la Comisión en lo referente a la protección contra la discriminación antisindical en la contratación y enel empleo serán objeto de una atención especial en el contexto de la reforma en curso. La Comisión pide al Gobierno que vele
por que, en el marco de la reforma del Código del Trabajo, sean reforzadas las sanciones previstas en caso de discriminación
antisindical durante el empleo, con objeto de garantizar que sean suficientemente disuasorias. Además, la Comisión pide al
Gobierno que vele por la adopción de una disposición específica que prevea protección contra la discriminación antisindicalen la contratación.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda asimismo que sus comentarios anteriores sereferían a la necesidad de modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al Servicio deorganizaciones sociales del Departamento de Trabajo y Bienestar Social, el poder «de intervenir en la elaboración de losconvenios colectivos de trabajo respecto de toda cuestión relativa a la libertad sindical». Al tiempo que toma nota de que elGobierno indica que esta cuestión deberá ser objeto de una atención especial en el marco de la reforma legislativa en curso, laComisión espera que el Gobierno se basará en la asistencia técnica proporcionada por la Oficina a ese respecto para
modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, con objeto de garantizar que el Servicio de organizaciones
sociales no pueda intervenir en la negociación colectiva salvo a solicitud de las partes. La Comisión pide al Gobierno que
envíe una copia de toda enmienda adoptada en ese sentido.
Derecho de negociación colectiva de los funcionarios y empleados públicos. La Comisión pide al Gobierno que
comunique informaciones sobre las disposiciones de la legislación a este respecto.
Derecho de negociación colectiva en la práctica. La Comisión saluda la información según la cual, en oportunidad de laformación tripartita sobre las normas internacionales del trabajo y el sistema de control de la OIT, organizada por la Oficina en
julio de 2012 en Puerto Príncipe, y destinado a actores del sector textil, los participantes afirmaron que, con objeto de seguir
fortaleciendo el diálogo entre los actores de dicho sector textil, era necesario instituir un foro de diálogo bipartito permanente quese reuniría mensualmente para discutir todas las cuestiones vinculadas a la OIT, y todo otro tema vinculado a las relaciones detrabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las actividades de este foro de diálogo y espera queese proceso podrá extenderse a otros sectores, con la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Hungría
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, que se refieren principalmente a alegaciones relacionadas con el Convenio sobre el derecho desindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). También toma nota de las observaciones formuladas por losmiembros trabajadores del Consejo Nacional de la OIT en su reunión de 3 de septiembre de 2014 incluidas en la memoriadel Gobierno, así como los comentarios del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de carácter
general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Libertad de expresión. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de que losartículos 8 y 9 del Código del Trabajo recientemente aprobado prohíben cualquier conducta de los trabajadores incluido elejercicio de su derecho a expresar una opinión — ya sea durante o fuera del horario de trabajo — que puede poner enpeligro la reputación del empleador o los intereses económicos y organizativos legítimos; y prevé explícitamente laposibilidad de restringir los derechos personales de los trabajadores en este sentido. La Comisión había invitado al84

Gobierno a evaluar, en consulta con los interlocutores sociales, la necesidad de modificar estas disposiciones a fin degarantizar el respeto de la libertad de expresión. La Comisión saluda que el Gobierno indica que: i) una evaluación delimpacto del Código del Trabajo sobre los empleadores y empleados se llevó a cabo como parte del proyecto «Para el
Empleo», el cual fue implementado entre el 1.º de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2015 y consistió en diversos
talleres y presentaciones oficiales, y, aunque los resultados del proyecto no están aún disponibles, con el fin de alcanzar
sus objetivos, se incluyó en el programa legislativo para el 2015 la revisión y modificación del Código del Trabajo, yii) tal como fue acordado con los interlocutores sociales en diciembre de 2014, se están realizando consultas desde febrerode 2015 sobre la modificación del Código del Trabajo en el marco del Foro de consulta permanente del sector de mercado
y el Gobierno, que está compuesto por grupos tripartitos de expertos organizados por temas, y examina las cuestiones
planteadas por la Comisión, y que presentará propuestas consensuadas para la modificación de dicho Código. La
Comisión toma nota de que los miembros trabajadores del Consejo Nacional de la OIT cuestionan la eficiencia y laeficacia de estas consultas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los resultadosdel proyecto «Para el Empleo», así como sobre los resultados de las consultas efectuadas en el marco del Foro deconsulta permanente del sector de mercado y el Gobierno. La Comisión expresa la esperanza de que la revisión delCódigo de Trabajo tendrá plenamente en cuenta las observaciones de la Comisión con respecto a la necesidad de tomar
todas las medidas necesarias, incluidas las enmiendas legislativas, para garantizar que los artículos 8 y 9 del Código
del Trabajo no impidan la libertad de expresión y el ejercicio del mandato de los sindicatos y sus dirigentes para
defender los intereses profesionales de sus miembros. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución
al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Registro de los sindicatos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de lasalegaciones de los miembros trabajadores del Consejo Nacional de la OIT, según las cuales varias normas del nuevo
Código Civil (por ejemplo, lo que concierne a la sede sindical y a la verificación de su uso legal) obstruyeron el registro
de los sindicatos en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) en base a la experiencia hasta el
momento (sobre todo dado el número pequeño de procedimientos judiciales pendientes), los requisitos del nuevo Código
Civil no han hecho que el registro de los sindicatos sea mucho más difícil que antes; ii) a menos que los sindicatos realizan
actividades que realicen una licencia, éstos pueden desarrollar sus actividades de forma automática después de haber sido
registrados por el tribunal, y iii) la Ley de Registro de Organización Civil de 2011 permite que el registro de una
asociación sea realizado por un tribunal en el marco de un procedimiento de registro simple (duración de quince días). La
Comisión toma nota de que los miembros trabajadores del Consejo Nacional de la OIT reiteran que las disposiciones
pertinentes hicieron el registro de los sindicatos y la modificación de los estatutos de los sindicatos ya registrados tan
difícil que hacen que su funcionamiento sea básicamente imposible. Tomando nota de la divergencia entre lasdeclaraciones del Gobierno y las organizaciones de trabajadores, y recordando que el registro debe ser una mera
formalidad, la Comisión pide al Gobierno que: i) evalúe sin demora, en consulta con los interlocutores sociales, lanecesidad de simplificar los requisitos de registro, incluidos los relativos a la sede del sindicato, así como la obligación
resultante de poner los estatutos del sindicato en consonancia con el Código Civil el 15 de marzo de 2016 o antes, yii) tome las medidas necesarias para abordar con eficacia las dificultades señaladas con respecto al registro en la
práctica, de modo que el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes no sevea obstaculizado. La Comisión pide asimismo al Gobierno que proporcione información sobre el número deorganizaciones registradas y el número de organizaciones cuyo registro fue demorado o negado (incluyendo las causas
de la denegación o modificación) durante el período del informe.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que: i) la artículo 4, 3) de la Ley de Huelga, modificada en 2010, establece que elgrado y la condición del nivel del servicio mínimo pueden ser establecidos por ley, y que, en ausencia de tal regulación,
deberán ser acordados por las partes durante las negociaciones previas a la huelga; o, a falta de tal acuerdo, que serándeterminados por la decisión definitiva de la Corte, y ii) el Gobierno había indicado que en base a las solicitudes de lossindicatos a los tribunales para la determinación de los servicios mínimos, se hizo necesario modificar y aclarar las
disposiciones de la Ley de Huelga con respecto a los servicios en los que con frecuencia las partes no pueden ponerse deacuerdo (transporte público y servicios postales) a fin de garantizar un nivel de servicio predecible para los usuarios. En
respuesta a la solicitud de información de la Comisión, el Gobierno indica que: i) la Ley núm. XLI, de 2012, del Serviciosde Transporte de Pasajeros (Ley de Servicios de Transporte de Pasajeros) establece que durante el período afectado por la
huelga, el nivel mínimo de servicio para el servicio de transporte público de pasajeros local y suburbano es del 66 por
ciento; y el servicio mínimo para el servicio de transporte de pasajeros nacional y regional es del 50 por ciento, y ii) en
relación a los servicios postales, el artículo 34, 3) de la Ley núm. CLIX, de 2012, sobre los Servicios Postales (Ley deServicios Postales) establece que en caso de huelga, los documentos oficiales deben recogerse al menos cuatro días a lasemana y deben ser entregados en un plazo no superior al 50 por ciento más largo que el período de tiempo
preestablecido; otras categorías de correo deberán recogerse al menos cada dos días hábiles y deberá ser entregado en unplazo no mayor al doble del plazo preestablecido. La Comisión saluda la indicación del Gobierno de que, según lo
acordado con los interlocutores sociales en diciembre de 2014, actualmente se están llevando a cabo consultas sobre lamodificación de la Ley de Huelga en el marco del Foro de consulta permanente del sector de mercado y el Gobierno; yque las observaciones formuladas por la Comisión se están discutiendo en dichas consultas. La Comisión toma nota deque los miembros trabajadores del Consejo Nacional de la OIT cuestiona la eficiencia y la eficacia de estas consultas, y85

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

sostiene que dado que la Ley de Huelga establece la definición, el grado y el volumen de los servicios públicos detransporte de pasajeros y de los servicios postales en tal detalle, y con un nivel mínimo de servicio tan excesivamente alto,
es prácticamente imposible organizar o mantener una huelga legal.
La Comisión recuerda que debido a que el establecimiento de servicios mínimos limita uno de los medios de presión
esenciales de que disponen los trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales, sus organizaciones
deberían poder participar, si lo desean, en la definición de este servicio, de igual modo que los empleadores y las
autoridades públicas. Las partes también podrían prever la constitución de un organismo paritario o independiente que
tuviera como misión pronunciarse rápidamente y sin formalismos sobre las dificultades que plantea la definición y laaplicación de tal servicio mínimo y que estuviera facultado para emitir decisiones ejecutorias. La Comisión recuerda,
además, que el servicio mínimo debe ser real y exclusivamente un servicio mínimo, es decir, un servicio limitado a lasactividades estrictamente necesarias para cubrir las necesidades básicas de la población o satisfacer las exigencias
mínimas del servicio, sin menoscabar la eficacia de los medios de presión; y que, en el pasado, la Comisión haconsiderado que un requisito del 50 por ciento del volumen de transporte puede limitar considerablemente el derecho delos trabajadores del transporte a realizar acciones colectivas. Por consiguiente, la Comisión subraya la necesidad demodificar las leyes pertinentes (incluyendo la Ley de Huelga, la Ley de Servicios de Transporte de Pasajeros y la Ley deServicios Postales), con el fin de garantizar que las organizaciones de trabajadores interesadas puedan participar en las
negociaciones sobre la determinación de un servicio mínimo y que, en caso de que ningún acuerdo sea posible, la cuestión
se someta a un organismo conjunto o independiente. Con miras a las consultas que actualmente se están llevando a cabo
sobre la modificación de la Ley de Huelga, la Comisión confía en que sus comentarios serán tenidos debidamente encuenta durante la revisión legal, y pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este
respecto.

Indonesia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el
1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota además de las observaciones, recibidas el 1.º de septiembre de 2014, dela Confederación Sindical Internacional (CSI), en relación con: i) cuestiones legislativas ya planteadas por la Comisión;ii) cuestiones pendientes planteadas ante el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 3050, y iii) alegatos graves deactos violentos contra trabajadores en huelga pacífica cometidos el 31 de octubre de 2013 por organizaciones paramilitares
ocasionando lesiones graves a 17 trabajadores sin que la policía, presente en el sitio, tomara acción y los actos cometidos
el 2 de julio de 2014 por la policía antidisturbios a solicitud de una empresa de envasado de alimentos a raíz de los cuales
20 trabajadores resultaron gravemente heridos. La Comisión hace referencia a las conclusiones y recomendaciones
formuladas por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 3050 en relación con el punto ii), y solicita al
Gobierno que formule sus comentarios con respecto al punto iii).
Derechos sindicales y libertades civiles. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que comunicara sus
comentarios sobre los alegatos de la CSI de 2011 y 2012 en relación con los actos de violencia y los arrestos cometidos
contra personas en relación con manifestaciones y huelgas, y que adoptase medidas para garantizar que se evita el recurso
a una violencia excesiva para tratar de controlar las manifestaciones, que se practican únicamente arrestos cuando se hancometido actos delictivos, y que se llama a la policía únicamente cuando dichos actos representan una amenaza auténtica e
inminente contra el orden público. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a señalar que nunca ha recibido
informes en relación a un supuesto incidente de tiroteo durante una manifestación y que recabará los datos y las pruebas
oportunas en coordinación con la policía nacional de Indonesia. La Comisión pide al Gobierno: i) que comunique sus
comentarios sobre las comunicaciones pendientes de la CSI de 2011, 2012 y 2014, alegando el uso de violencia contra
los trabajadores huelguistas, actos de intimidación contra dirigentes sindicales, violencia excesiva y arrestos en
relación con las manifestaciones, y la implicación policial en situaciones de huelga y que lleve a cabo investigaciones
respecto a estas graves y recurrentes alegaciones, algunas de ellos habiendo sido subrayados por el Comité de Libertad
Sindical (véase 374.º informe, caso núm. 3050, párrafos 436-478), y ii) que garantice por medio de medidas
convenientes como la educación y la formación de la policía, así como de medidas que contribuyan a la rendición decuentas de ésta, con el fin de que no se incurra en excesos de violencia al tratar de controlar las manifestaciones, que
los arrestos se practican cuando se cometen actos de violencia graves u otros actos delictivos, y que se recurra a lapolicía en una situación de huelga únicamente cuando ésta representa una genuina e inminente amenaza para elorden público.
Además, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para derogar o modificar losartículos 160 y 335 del Código Penal, que tratan respectivamente de la «instigación» y los «actos molestos» contra
empleadores, a fin de garantizar que estas disposiciones no se utilicen de modo abusivo como pretexto para el arresto y ladetención arbitrarios de sindicalistas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que acepta que elCódigo Penal que incluye los artículos 160 y 335 sea modificado pero que el proceso de revisión tendrá que esperar hasta
el nuevo período legislativo (2014-2019). La Comisión confía en que, en el marco de revisión del Código Penal

86

anunciado por el Gobierno, se derogarán en un próximo futuro los artículos 160 y 335. Pide al Gobierno que
comunique información sobre todo avance a este respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación de los funcionarios públicos. La Comisión expresó
anteriormente la esperanza de que el Gobierno adopte una ley que garantice el ejercicio del derecho de sindicación de losfuncionarios, en virtud del artículo 44 de la Ley de Sindicatos, núm. 21, de 2000, que dispone que los funcionarios
gozarán de libertad sindical; y que la aplicación de este derecho será regulado en un texto separado a fin de armonizar
plenamente la legislación con las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que,aunque el artículo 44 de la Ley de Sindicatos otorga a los funcionarios el derecho de sindicación, la aplicación del mismo
deberá ser reglamentada por la legislación específica y que no ha habido hasta el momento ninguna propuesta de losfuncionarios para constituir un sindicato. La Comisión destaca la importancia de dar cumplimiento al derecho desindicación de los funcionarios consagrado en el artículo 44, 1), de la Ley de Sindicatos mediante leyes de aplicación
que garanticen y regulen su ejercicio tal como se establece en el artículo 44, 2), y pide al Gobierno que señale
cualquier avance a este respecto, así como toda información sobre propuestas de funcionarios para constituir
sindicatos.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades. La Comisión señaló
anteriormente algunas deficiencias en relación con el ejercicio del derecho de huelga, en particular, en relación con:i) las condiciones para determinar si las negociaciones han fracasado (artículo 4 del decreto ministerial núm.
KEP.232/MEN/2003); ii) la emisión de órdenes de reanudación del trabajo antes de la determinación de la ilegalidad deuna huelga por un órgano independiente (artículo 6, 2) y 3)), del decreto ministerial núm. KEP.232/MEN/2003); iii) el
amplio plazo de tiempo que se otorga a los procedimientos de mediación/conciliación (Ley de Solución de Conflictos,
núm. 2, de 2004), y iv) la condena penal impuesta por violación de determinadas disposiciones en relación con el derecho
de huelga (artículo 186 de la Ley de Recursos Humanos núm. 13, de 2003). La Comisión toma nota del punto de vista delGobierno en relación con el punto iv) de que no es necesario modificar el artículo 186 por cuanto debe ser la ley la que
imponga las sanciones correspondientes si el derecho a la libertad de opinión, sindicación y reunión garantizado por laConstitución de Indonesia se aplica de tal forma que la huelga causa disturbios del orden público y anarquía. La
Comisión, reiterando que ha destacado constantemente que no debería imponerse ninguna sanción incluyendo
medidas de prisión o de multas contra un trabajador por haber llevado a cabo una huelga pacífica e insta al Gobierno
a adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que se modifique, en un futuro próximo, el artículo 186 de la Ley
de Recursos Humanos. A falta de información relativa a la revisión del decreto ministerial núm. KEP.232/MEN/2003 y
de la Ley de Solución de Conflictos en las Relaciones Laborales que el Gobierno anunció anteriormente, la Comisión
confía que, en este contexto de revisión, se tomarán en cuenta debidamente sus comentarios anteriores para armonizar
la legislación con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas aeste respecto.
Artículo 4. Disolución y suspensión de las organizaciones por parte de la autoridad administrativa. La Comisión
tomó nota anteriormente de que si los dirigentes sindicales infringen lo dispuesto en el artículo 21 (incumplimiento de la
obligación de informar al Gobierno de cualquier cambio en los estatutos o en los reglamentos de un sindicato en un plazode treinta días) o del artículo 31 (incumplimiento de la obligación de informar al Gobierno de cualquier asistencia
financiera recibida que proceda de fondos de países extranjeros) de la Ley de Sindicatos, podrán imponerse sanciones
graves en virtud del artículo 42 de dicha ley, a saber, la revocación y pérdida de sus derechos sindicales o la suspensión delos mismos, y pidió al Gobierno que señalara las medidas adoptadas o previstas para: i) derogar la referencia a losartículos 21 y 31 que figuran en el artículo 42 de la Ley de Sindicatos, y ii) garantizar que las organizaciones afectadas porla disolución o la suspensión por parte de la autoridad administrativa tienen el derecho de recurrir ante un órgano judicial
independiente, y que estas decisiones administrativas no surtirán efecto antes de que los organismos competentes hayan
dictado una sentencia definitiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las normas aplicables tratan deproteger el derecho de sindicación y evitar conflictos internos entre los sindicatos, y que el Gobierno proporciona
orientación a los sindicatos en esta materia. A falta de información relativa a la revisión de la Ley de Sindicatos anunciada
previamente por el Gobierno, la Comisión reitera que la disolución y suspensión de un sindicato constituyen métodos
extremos de injerencia de las autoridades en las actividades de las organizaciones sindicales y, por consiguiente, debería
contar con las garantías necesarias, las cuales sólo pueden existir mediante un procedimiento judicial ordinario, que debe
tener el efecto de suspender la decisión administrativa correspondiente. La Comisión pide al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para: i) garantizar que se modifique el artículo 42 de la Ley de Sindicatos a fin de que se suprimala referencia a los artículos 21 y 31 y que, mientras tanto, proporcione informaciones sobre toda sanción impuesta en
virtud de esta disposición, y ii) asegurar que las organizaciones afectadas por una medida de disolución y suspensión
por parte de una autoridad administrativa tengan el derecho de recurrir a un órgano judicial independiente para quesuspenda los efectos de dicha decisión.
La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

87

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2014, en relación con: i) cuestiones legislativas ya planteadas por la Comisión, y ii) actos de discriminación
antisindical e injerencia contra miembros y dirigentes del sindicato. La Comisión pide al Gobierno que suministre sus
comentarios con respecto al inciso ii). La Comisión toma nota además de los comentarios del Gobierno sobre lasobservaciones de la CSI en 2011.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra actos de discriminación antisindical e injerencia del empleador.
La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que adoptara medidas para modificar la legislación con objeto de garantizar
una protección completa contra actos de discriminación antisindical, suministrando un recurso rápido a mecanismos que
puedan imponer sanciones suficientemente disuasorias contra tales actos. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que
comunique información práctica en ese sentido y una copia del decreto núm. 03 de 1984 del Ministerio de Recursos
Humanos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han denunciado a la policía nacional indonesia como
investigador principal varias quejas por discriminación antisindical, y que la inspección del trabajo participa siempre en el
procedimiento mediante la realización de inspecciones. En ausencia de información relativa a la revisión de la Ley deSindicatos anunciada previamente por el Gobierno, la Comisión pide al Gobierno: i) que adopte medidas, en un futuro
próximo, en plena consulta con los interlocutores sociales interesados para modificar su legislación a fin de garantizar
una protección integral contra todo acto de discriminación antisindical y de injerencia de empleadores,
proporcionando un recurso rápido a mecanismos que puedan imponer sanciones suficientemente disuasorias contra
dichos actos; ii) que especifique, separadamente, el número de quejas sobre discriminación antisindical e injerencias
presentadas ante: a) la policía, b) la inspección del trabajo y c) los tribunales, así como las medidas adoptadas para
investigar estas quejas, las reparaciones y las sanciones impuestas, así como la duración media de los procedimientos
en cada una de las categorías mencionadas, y iii) que proporcione una copia del decreto núm. 03, de 1984, delMinisterio de Recursos Humanos. La Comisión invita al Gobierno a que utilice plenamente la asistencia técnica de la
OIT a este respecto así como la formación destinada a las autoridades competentes para tratar con los casos dediscriminación antisindical e injerencia de los empleadores.
Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. Las observaciones anteriores de la Comisión se refirieron ala necesidad de enmendar el artículo 122 de la Ley de Recursos Humanos a fin de que el empleador no esté presente en las
votaciones para determinar el sindicato que tendrá derecho a representar a los trabajadores de una empresa en una
negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala una vez más que tanto el empleador como el
Gobierno son simplemente testigos durante la elección y no influyen en la votación. Al tiempo que destaca la necesidad
de garantizar una protección adecuada contra los actos de injerencia en la práctica, la Comisión reitera sus
observaciones anteriores y pide al Gobierno que tome medidas para enmendar el artículo 122 de la Ley de Recursos
Humanos a fin de eliminar la presencia del empleador durante los procedimientos de votación, así como parasuspender la presencia del Gobierno excepto si los sindicatos interesados lo solicitaran.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al
Gobierno que tomara medidas para enmendar los artículos 5, 14 y 24 de la Ley núm. 2, de 2004, sobre la Solución de
Conflictos Laborales, que permite que cada una de las partes pueda presentar un recurso ante el Tribunal de Relaciones
Laborales para la resolución definitiva del conflicto si el mismo no se ha resuelto antes mediante un procedimiento deconciliación o mediación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la ley núm. 2, de 2004 prevé la solución
de conflictos en materia de relaciones laborales mediante el arbitraje, la conciliación o la mediación (en caso de que
fracase la conciliación o la mediación, cualquiera de las partes podrá someter el caso al Tribunal de Relaciones Laborales).
La Comisión observa que la capacidad de cada una de las partes, tal como se establece en los artículos 5, 14 y 24 de la ley
núm. 2, de 2004, de remitir el conflicto a un tribunal si no puede lograrse la solución del mismo mediante la conciliación ola mediación, constituye arbitraje obligatorio. La Comisión subraya que el arbitraje obligatorio a iniciativa de una de laspartes en un conflicto no puede considerarse como una promoción del mecanismo de negociación colectiva voluntaria. La
Comisión recuerda asimismo que el arbitraje obligatorio sólo es aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos
a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido estricto del término y crisis
nacionales agudas. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para modificar los artículos 5, 14
y 24 de la ley núm. 2, de 2004, a fin de garantizar el respeto de estos principios.
Reconocimiento de las organizaciones con fines de negociación colectiva. La Comisión formuló comentarios
anteriormente sobre el artículo 119, 1) y 2), de la Ley de Recursos Humanos, según los cuales, a fin de negociar unconvenio colectivo, un sindicato deberá contar con un número de afiliados mayor al 50 por ciento de la totalidad de lostrabajadores de una empresa, o lograr el apoyo de más del 50 por ciento de los votos de los trabajadores de una empresa.
La Comisión toma nota asimismo de que, si el sindicato en cuestión no obtiene el 50 por ciento de apoyo en dicha
votación, podrá nuevamente presentar su solicitud para negociar colectivamente después de haber transcurrido un plazo deseis meses desde la misma. En ausencia de información relevante por parte del Gobierno, la Comisión recuerda que, al
tiempo que es aceptable que el sindicato que representa a la mayoría o a un elevado porcentaje de trabajadores en una
unidad negociadora goce de derechos de negociación preferentes o exclusivos, la Comisión considera que en los casos en
los que ningún sindicato cumpla estas condiciones, el sindicato o los sindicatos minoritarios deberán al menos poder88

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

concluir un convenio colectivo en nombre de sus afiliados. La Comisión pide al Gobierno que garantice el respeto deeste principio y que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 119, 3), de la Ley de Recursos Humanos
según corresponda de forma que se garantice que esta disposición promueve la negociación colectiva en el sentido delartículo 4 del Convenio.
Plazo para la negociación colectiva. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señala que losconvenios colectivos deben concertarse dentro de un plazo de 30 días a partir del inicio de las negociaciones y solicitó al
Gobierno que garantice la aplicación de los principios relativos al ejercicio libre y voluntario de la negociación colectiva.
La Comisión toma nota de que, según los artículos 3 y 4 de la ley núm. 2, de 2004, si la negociación no resulta en un
acuerdo dentro de los 30 días, una o ambas partes podrán iniciar el procedimiento de solución de conflictos. Conscientedel hecho de que el procedimiento de solución de conflictos en virtud de la ley núm. 2, de 2004, podría culminar en un
arbitraje obligatorio (véanse los comentarios formulados más arriba), la Comisión considera que un período denegociación de 30 días podría ser demasiado reducido, en particular, en el caso de las negociaciones de un convenio
colectivo sectorial o de un primer convenio colectivo a nivel de empresa en estructuras corporativas complejas. A falta dealgún tipo de información por parte del Gobierno, la Comisión reitera que las partes deberían poder seguir negociando unconvenio colectivo si así lo desean, incluso después de que haya expirado el plazo de 30 días, y que, en el caso de que
exista ya un convenio colectivo, las partes deberían poder iniciar las negociaciones de un futuro acuerdo antes del términodel convenio vigente. La Comisión pide al Gobierno que garantice el cumplimiento de los principios mencionados
anteriormente en relación con el ejercicio libre y voluntario de la negociación colectiva y que suministre información
sobre las medidas adoptadas o contempladas para la consecución de este objetivo.
Federaciones y confederaciones. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señala que no ha tenido
noticia de que ninguna federación o confederación sindical haya firmado convenios colectivos, y pidió al Gobierno que
garantice que se hace pública esta información y que siga transmitiendo información relativa a convenios colectivos
firmados por federaciones o confederaciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que sigue coordinando
todavía con las partes respectivas y que suministrará información actualizada al respecto en el futuro. La Comisión pide al
Gobierno que suministre información relativa al número y al tipo de convenios colectivos en vigor, concertados por
federaciones o confederaciones de sindicatos y que asegure que se hace pública esta información.
Zonas francas de exportación (ZFE). En sus observaciones anteriores, la Comisión solicitó reiteradamente al
Gobierno que, en relación con los alegatos de intimidación, violencia y ataques contra dirigentes sindicales y despidos deactivistas sindicales en las ZFE, comunique información sobre el número de convenios colectivos en vigor en las ZFE ysobre el porcentaje de trabajadores cubiertos por los mismos, así como sobre el número de quejas por actos dediscriminación antisindical y de injerencia por parte del empleador registradas en las ZFE y sobre las investigaciones ymedidas correctivas pertinentes. Constatando que el Gobierno señala que coordinará con las autoridades del gobierno local
para que le proporcionen dicha información, la Comisión lamenta profundamente tomar nota de que el Gobierno no haproporcionado la información solicitada. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita los datos relativos alnúmero de convenios colectivos en las ZFE y de trabajadores cubiertos por los mismos, así como al número de quejas
sobre discriminación antisindical e injerencia del empleador en las ZFE y sobre las medidas pertinentes deinvestigación y reparación.
La Comisión recuerda que la disponibilidad de información sobre los convenios colectivos en vigor constituye un
medio de promoción de la negociación colectiva.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

IrlandaLa Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Espera que se transmita una
memoria para que la Comisión pueda examinarla en su próxima reunión y que ésta contenga información completa sobre
las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) en una comunicación
recibida el 21 de septiembre de 2015.
Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota con interés de la
información transmitida por el ICTU en relación a que se ha dado un paso importante gracias a la adopción de la Ley deRelaciones Laborales (enmienda), de 2015 (núm. 27), que entró en vigor el 1.º de agosto de 2015. Según el ICTU, la ley
establece la reintroducción de un mecanismo para el registro de los acuerdos de empleo entre un empleador o empleadoresy los sindicatos que rigen la remuneración y las condiciones de empleo en las empresas. Asimismo, el ICTU señala que laley aborda algunas de las cuestiones que planteó en una queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical (casonúm. 2780). La Comisión saluda este avance y confía que la introducción de estas modificaciones contribuirá aldesarrollo de un marco mejorado para la promoción de la negociación colectiva con arreglo al Convenio.

89

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1955)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Trabajadores por cuenta propia. En sus comentarios precedentes, la Comisión había pedido al Gobierno que
realizara comentarios sobre las observaciones del ICTU en relación con las limitaciones al derecho de sindicación ynegociación colectiva introducidas por la Autoridad de Competencia de Irlanda. La Comisión recordó que el ICTU había
señalado que la Autoridad de Competencia decidió que las disposiciones de la Ley sobre la Competencia de 2002 anulan
las disposiciones de la Ley de Relaciones Laborales y había declarado ilegal un convenio colectivo entre Equity/SITP y laasociación comercial Institute of Advertising Practitioners que fija las tasas salariales y las condiciones de empleo de lostrabajadores de la radio, la televisión, el cine y las artes visuales. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno
indicaba que, durante las conversaciones sobre concertación social realizadas en 2008, se comprometió a introducir
legislación para enmendar el artículo 4 de la Ley sobre la Competencia a fin de que ciertas categorías de trabajadores
vulnerables, anteriormente o actualmente cubiertas por convenios colectivos, cuando llevan a cabo negociaciones
colectivas fueran excluidas de la prohibición que figura en el artículo 4 de la Ley sobre la Competencia. Sin embargo, el
Gobierno añadió posteriormente que este compromiso fue reemplazado por el programa de apoyo financiero de la Unión
Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Irlanda en el que se acordó que no se realizarían más
excepciones en el marco de derecho de la competencia a menos que estén totalmente en conformidad con los objetivos delprograma de la UE y el FMI y las necesidades de la economía. La Comisión confiaba en que el Gobierno continuara
revisando esa ley junto con los interlocutores sociales con arreglo a su compromiso anterior y le pidió que transmitiera
información sobre los progresos realizados a este respecto.
La Comisión toma nota de que el ICTU continúa planteando su preocupación en relación a que esta cuestión no se
ha resuelto. En 2015, y habida cuenta de la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (FNV Kunsten
Informatie en Media vs. Staat der Nederlanden, de 4 de diciembre de 2014), el ICTU pidió a la Autoridad de Competencia
que reconsiderara su decisión. Sin embargo, la Autoridad refrendó su decisión a pesar de la preocupación del ICTU en
relación con el aumento de las categorías de trabajadores por cuenta propia que debido a esta decisión se encuentranclasificados como «empresas» y, por lo tanto, no tienen derecho a la negociación colectiva. Entre estas categorías detrabajadores están los actores, los periodistas independientes, los escritores, los fotógrafos, los músicos, los bailarines, losintérpretes, los modelos, y los albañiles y otros oficios calificados de la industria de la construcción. El ICTU está deacuerdo en que la Ley sobre la Competencia debería impedir los acuerdos de fijación de precios entre grupos de empresas.
Sin embargo, el ICTU sostiene que, a fin de proteger la negociación colectiva legítima, debería existir una distinción
viable entre comerciantes que tienen un negocio y trabajadores en el sentido habitual de la palabra que están en posición
de subordinación.
La Comisión recuerda que el artículo 4 del Convenio establece el principio de negociación colectiva voluntaria y laautonomía de las partes en la negociación en lo que respecta a todos los trabajadores y empleadores cubiertos por el
Convenio. En relación con los trabajadores por cuenta propia, la Comisión recuerda que en su Estudio General de 2012
sobre los convenios fundamentales, párrafo 209, la Comisión señala que el derecho a la negociación colectiva tambiéndebe cubrir a las organizaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, la Comisión es
consciente de que los mecanismos para la negociación colectiva que se utilizan en las relaciones de trabajo tradicionales
puede que no estén adaptados a las circunstancias y condiciones específicas de los trabajadores por cuenta propia. Porconsiguiente, invita al Gobierno a celebrar consultas con todas las partes interesadas a fin de limitar las restricciones ala negociación colectiva que ha establecido la decisión de la Autoridad de Competencia en aras de asegurar que lostrabajadores por cuenta propia puedan negociar colectivamente. A este fin, la Comisión sugiere que el Gobierno y losinterlocutores sociales interesados podrían determinar cuáles son las particularidades de los trabajadores por cuenta
propia que repercuten en la negociación colectiva a fin de establecer mecanismos específicos en materia denegociación colectiva que sean pertinentes en lo que respecta a estos trabajadores.

JamaicaConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto. La Comisión toma
nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º deseptiembre de 2015.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir y afiliarse a organizaciones. La Comisión
toma nota de las indicaciones de la CSI que en virtud del artículo 6, 4) de la Ley sobre los Sindicatos (TUA), cuando una
solicitud de inscripción de un sindicato no se realiza de conformidad con la ley, o cuando la inscripción de un sindicato es
rechazado o anulado, los miembros del sindicato en cuestión que permanezcan afiliados al mismo, así como toda persona
que participe en reuniones o actividades del sindicato, a sabiendas que el sindicato no está inscrito conforme a la ley, seráculpable de un delito y deberá pagar una multa de hasta 500 dólares jamaicanos (JMD) luego de una condena sumaria.
Admitiendo que el reconocimiento oficial, a través de su registro, es un aspecto relevante del derecho de sindicación,
dado que es la primera medida que deben adoptar las organizaciones para desempeñar sus funciones eficazmente, pero

90

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

también recordando que el ejercicio de actividades sindicales legítimas no debe depender de la inscripción en elregistro, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a este respecto.
Artículo 3. Interferencia en la administración financiera de un sindicato. La Comisión toma nota de que la CSI
denuncia que, además de la obligación del tesorero de entregar al registrador estados de cuenta anuales, certificados deauditoría, listados de aplicación y cambios en los estatutos y la dirección de los sindicatos, en virtud del artículo 16, 2) dela TUA, el registrador puede en todo momento pedir al tesorero u otro miembro del sindicato cuentas pormenorizadas deingresos, gastos, bienes, pasivos y fondos del sindicato en relación a cualquier período. Al tiempo que recuerda que elcontrol de las autoridades públicas debería limitarse normalmente a la obligación de presentar informes periódicos yque el otorgamiento de amplios poderes a las autoridades para realizar inspecciones y pedir información en cualquier
momento implica un riesgo de interferencia con la administración interna de los sindicatos, la Comisión pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias para limitar los poderes del registrador a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, que se refieren a las cuestiones ya examinadas por la Comisión, y que también denuncian unos
requisitos de procedimiento fijos y poco razonables para la negociación colectiva y las limitaciones a la negociación
colectiva. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.
Artículo 4 del Convenio. Derecho de negociación colectiva. La Comisión se refirió anteriormente a las siguientes
cuestiones:–
la denegación a los trabajadores del derecho a negociar colectivamente en una unidad de negociación, cuando esos
trabajadores no representen más del 40 por ciento de la unidad, o cuando, si se satisface la condición anterior, unsindicato único que está llevando a cabo un procedimiento para obtener el reconocimiento no obtenga el 50 por
ciento de los votos de los trabajadores en una votación propugnada por el ministro (artículo 5, 5), de la ley núm. 14
de 1975, y artículo 3, 1), d), de su reglamento), y–la necesidad de adoptar medidas para enmendar la legislación de modo que sea posible una votación cuando sehayan establecido uno o más sindicatos como agentes negociadores y otro sindicato afirme que cuenta con másafiliados en la unidad de negociación que los demás y por consiguiente invoque su carácter más representativo en la
unidad, a efectos de ser considerado como un agente de negociación.
La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que no se ha producido ninguna nueva evolución
en relación con el descenso del mencionado porcentaje de trabajadores. La Comisión toma nota asimismo de que elGobierno no comunica ninguna nueva información sobre las enmiendas legislativas que autorizan una votación en los
casos de conflictos relativos a la representatividad. Lamentando la falta de progresos, la Comisión espera firmementeque el Gobierno adopte, en un futuro muy próximo, las medidas necesarias para enmendar su legislación, con el fin
de: i) descender el porcentaje mencionado o, si ningún sindicato obtiene el requerido 50 por ciento de los votos delnúmero total de trabajadores para ser considerado un agente de negociación exclusivo, para otorgar los derechos denegociación colectiva a todos los sindicatos, al menos en representación de sus afiliados, y ii) autorizar una votación
en los casos de conflictos sobre la representatividad, a efectos de su plena armonización con el Convenio. La Comisión
pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.

KazajstánSeguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2014 en relación con la aplicación del Convenio. Asimismo, la Comisión lamenta tomar nota de que durante elexamen de este caso los delegados del Gobierno no se presentaron ante la Comisión de la Conferencia, a pesar de estar
acreditados ante ésta. Por lo tanto, la Comisión de la Conferencia decidió poner sus conclusiones en un párrafo especial.
La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que: modifique las disposiciones de la
Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios a fin de que garantice la plena autonomía e independencia de lasorganizaciones de empleadores libres e independientes de Kazajstán; modifique las disposiciones de la Ley sobre losSindicatos de 2014; y modifique la Constitución y la legislación pertinente para: i) permitir que los jueces, los bomberos yel personal de los establecimientos penitenciarios constituyan sindicatos, y ii) se afilien a ellos para eliminar la prohibición
de que los sindicatos nacionales reciban ayuda financiera de una organización internacional.

91

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno a pesar de que, cuando examinó
la aplicación del Convenio en junio de 2015 en ausencia de delegados del Gobierno, la Comisión de la Conferencia hizo
una solicitud específica a este respecto.
La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio realizadas por la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), de 4 de septiembre de 2015. En sus comentarios anteriores, también tomó nota de lasobservaciones de la Confederación de Sindicatos Libres de Kazajstán (KSPK) y de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) a las que el Gobierno aún no ha respondido. La Comisión lamenta profundamente que el Gobierno
no haya proporcionado sus comentarios en respuesta a esas observaciones y espera firmemente que transmita sin
demora comentarios completos al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción, de constituirlas organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. En sus comentarios anteriores, la Comisión
pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar su legislación de manera a garantizar el derecho desindicación de los jueces, los bomberos y el personal penitenciario, que actualmente está limitado por el artículo 23 de laConstitución y el artículo 11, 4), de la Ley sobre Asociaciones Públicas, así como por la ley núm. 380-iv relativa a losórganos de aplicación de la ley. La Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias paraenmendar su legislación a fin de garantizar que los jueces, los bomberos y el personal penitenciario tienen derecho deconstituir las organizaciones que estimen convenientes a fin de promover y defender sus derechos de conformidad con
el Convenio, y le pide que indique los progresos realizados a este respecto.
Derecho de constituir organizaciones sin autorización previa. La Comisión recuerda que en virtud delartículo 10, 1), de la Ley sobre Asociaciones Públicas, aplicable a las asociaciones de empleadores, se prevé unrequisito mínimo de diez personas para constituir una organización de empleadores, y pide de nuevo al Gobierno que
indique las medidas adoptadas o previstas para enmendar su legislación a fin de reducir el número mínimo demiembros para formar organizaciones de empleadores.
Derecho de constituir las organizaciones que se estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión
recuerda que los artículos 11, 3), 12, 3), 13, 3), y 14, 4), de la Ley de Sindicatos requieren, bajo la amenaza de eliminacióndel registro de conformidad con el artículo 10, 3), la afiliación obligatoria de sindicatos sectoriales, territoriales y locales a
una asociación sindical nacional dentro de un plazo de seis meses a partir de su registro. La Comisión recuerda de nuevo
que el libre ejercicio del derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos implica el derecho de los trabajadoresde decidir libremente si desean asociarse o ser miembros de una estructura sindical de nivel superior. La Comisión insta
de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para enmendar las disposiciones legislativas antes
mencionadas en este sentido, y le pide que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.
Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios. En sus comentarios anteriores, la Comisión examinó la Ley sobrela Cámara Nacional de Empresarios y observó que algunas de sus disposiciones interfieren en el derecho de losempleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, así como en su derecho
a elegir a sus dirigentes, llevar a cabo sus actividades y formular sus programas sin injerencia del Gobierno. La Comisión
pidió al Gobierno que adoptara medidas para enmendar esta ley a fin de ponerla de conformidad con el Convenio.
La Comisión toma nota de la información transmitida por la OIE, respecto a que, tras la adopción de la Ley sobre la
Cámara Nacional de Empresarios, se han reducido el número de miembros, la importancia, los ingresos y el personal de suorganización afiliada, la Confederación de Empleadores de la República de Kazajstán (KRRK), debido a la presión ycompetencia de las entidades de asociación de empresas controladas por el Gobierno. La Unión Nacional de Empleadoresy Empresarios (Atameken), que se estableció en 2005 a iniciativa y con el apoyo de la administración presidencial, se haconvertido en la Cámara Nacional de Empresarios de Kazajstán con la adopción de la ley en 2013. Según la OIE, la ley
confiere a la Cámara Nacional de Empresarios competencias generales para representar a los empleadores kazajos en
todos los ámbitos relacionados con las operaciones comerciales y es obligatorio pertenecer a ella.
A este respecto, la Comisión recuerda que expresó su preocupación en relación con el artículo 3, 2), de la ley con
arreglo al cual el principal objetivo de la cámara es consolidar las actividades de los empresarios en el país. A través de lacámara, los empresarios promueven y defienden sus derechos e intereses, incluso colaborando con diversos órganos
estatales y participando en la preparación y redacción de la legislación que afecta a sus intereses. De conformidad con el
artículo 9, 1), de la ley, la cámara representa los intereses y derechos de los empresarios en los diversos órganos estatales yorganizaciones internacionales.
Además, la Comisión recuerda que con arreglo al artículo 5, 1) y 2), de la ley, el Gobierno aprueba cuál será la cuota
máxima de afiliación que deben pagar los miembros de la cámara, y establece el procedimiento en consecuencia. En virtuddel artículo 19, 2), de la ley, el Gobierno participa en las labores del Congreso (consejo supremo de administración) de lacámara y tiene derecho a vetar sus decisiones. Además, con arreglo al artículo 21, 1), de la ley, el presidium (consejo deadministración) de la cámara está integrado, entre otros, por representantes gubernamentales y 16 parlamentarios. La
Comisión recuerda que estas disposiciones restringen la libertad de la cámara, así como la libertad de sus organizaciones
afiliadas, de administrar los fondos y establecer un control general de las actividades y decisiones internas de la cámara yque, de este modo, se ve comprometida su independencia del Gobierno y su capacidad para representar eficazmente losintereses de sus miembros sin injerencia gubernamental. En opinión de la OIE, estas limitaciones y el hecho de que el92

Gobierno pueda injerir en sus actividades, ponen claramente de relieve que la Cámara Nacional de Empresarios no puede
considerarse una organización de empleadores independiente sino que es un cuasi ministerio especializado en cuestiones
empresariales.
A la luz de lo anteriormente expuesto, y habida cuenta de las graves preocupaciones planteadas durante ladiscusión sobre la aplicación de este Convenio realizada en la Comisión de la Conferencia, la Comisión insta al
Gobierno a adoptar, sin demora, medidas para enmendar la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios a fin deeliminar toda posible injerencia del Gobierno en las actividades de la cámara y garantizar la plena autonomía e
independencia de las organizaciones de empleadores libres e independientes de Kazajstán para que puedan representar
de forma eficaz los intereses de sus miembros sin discriminación y sin injerencia por parte del Gobierno. Recuerda al
Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y de formular sus programas. Código delTrabajo. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique qué organizaciones entran dentro de la categoría deorganizaciones que llevan a cabo «acciones colectivas peligrosas» a las que la ley no permite hacer huelga(artículo 303, 1), del Código del Trabajo) proporcionando ejemplos concretos. Asimismo, solicita al Gobierno que
indique todas las otras categorías de trabajadores cuyos derechos pueden limitarse, tal como se prevé en el
artículo 303, 5), del Código del Trabajo.
La Comisión pide de nuevo que se enmiende el artículo 303, 2), del Código del Trabajo a fin de garantizar que
cualquier servicio mínimo es realmente y exclusivamente mínimo y que las organizaciones de trabajadores pueden
participar en su definición, y solicita al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas a este fin.
Artículo 5. Derecho de las organizaciones de establecer federaciones y confederaciones y de afiliarse aorganizaciones internacionales. La Comisión había pedido al Gobierno que adoptase medidas para enmendar el
artículo 106 del Código Civil, y el artículo 5 de la Constitución, de modo a eliminar la prohibición de la asistencia
económica a sindicatos nacionales por parte de una organización internacional. La Comisión recuerda que la legislación
que prohíbe a un sindicato nacional recibir asistencia pecuniaria de una organización internacional de trabajadores a la queesté afiliado menoscaba los principios relativos al derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores, yque todas las organizaciones nacionales de trabajadores y de empleadores deberían gozar del derecho de recibir asistencia
financiera de organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores, respectivamente, aun si no están afiliadas alas mismas. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias paraenmendar el artículo 106 del Código Civil, así como el artículo 5 de la Constitución, a fin de eliminar esta prohibición,y que indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto.
La Comisión recuerda que el artículo 13, 2), de la Ley de Sindicatos requiere que un sindicato sectorial represente nomenos de la mitad de la fuerza total de trabajo del sector o sectores conexos, u organizaciones del sector o sectoresconexos, o que esté constituida por divisiones estructurales y organizaciones miembros en el territorio en más de la mitad
de todas las regiones, ciudades de importancia nacional y la capital. La Comisión recuerda que el requisito de un número
excesivamente elevado de afiliados para establecer una organización de nivel superior (por ejemplo, un sindicato sectorial)no es compatible con el artículo 5 del Convenio. La Comisión toma nota de la declaración realizada por el representante
gubernamental después de que el caso fuera examinado en la Comisión de la Conferencia, indicando que: una nueva ley
prevé que es esencial que los sindicatos estén representados a nivel regional, local y de empresa; si bien en el país existen
muchos sindicatos, no hay unidad sindical, ya que los sindicatos están bastante dispersos; sólo los sindicatos de rama ysectoriales pudieron concluir convenios colectivos, y más de 600 sindicatos a nivel local y regional no están asociados aellos. Recordando las observaciones de la KSPK y la CSI a este respecto, la Comisión pide al Gobierno que colabore
con las organizaciones sindicales pertinentes, incluida la KSPK, a fin de reducir los umbrales establecidos en el
artículo 13, 2), de la Ley de Sindicatos. Pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos alcanzados aeste respecto.
La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental respecto a que Kazajstán es un país joven
y necesita más tiempo para aplicar los principios internacionalmente reconocidos. Asimismo, indicó que, de ser necesario,
se pueden adoptar leyes que estén de conformidad con las normas y mejores prácticas internacionales. También señaló elcompromiso del Gobierno con la mejora de la situación y que éste tomará en cuenta las discusiones llevadas a cabo en la
Comisión de la Conferencia y sus conclusiones. La Comisión confía en que el Gobierno emprenda rápidamente una
revisión de la Constitución y de los textos legislativos antes mencionados a fin de ponerlos en plena conformidad conlas disposiciones del Convenio, y le pide que transmita información completa a este respecto.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

KuwaitConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en sus
comunicaciones de 4 de agosto de 2011 y de 1.º de septiembre de 2014, muchas de las cuales tratan de cuestiones de las

93

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

que se ocupa la Comisión, así como de la respuesta del Gobierno a la primera comunicación. La Comisión toma nota
asimismo de las observaciones transmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación
recibida el 1.º de septiembre de 2014.
Artículo 2 del Convenio. Trabajadores migrantes. En su observación anterior, la Comisión solicitó al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para garantizar la plena conformidad de la legislación con el derecho de lostrabajadores migrantes a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas, y que
suministre una copia de la ordenanza dictada por el Ministro relativa a la admisión de trabajadores extranjeros como
trabajadores afiliados a un sindicato.
En cuanto al derecho a constituir organizaciones, el Gobierno toma nota en su memoria de que se trata del único
derecho sindical no acordado a los trabajadores migrantes debido a que su permiso de residencia en Kuwait es provisional
y expira con la terminación de sus contratos. La Comisión reitera que, en virtud del artículo 2 del Convenio, se garantiza a
todos los trabajadores, sin ninguna distinción previa, el derecho a constituir organizaciones, y que la naturalezaprovisional de la residencia de los trabajadores migrantes no justifica la privación de este derecho.
Por lo que se refiere al derecho a afiliarse a sindicatos, el Gobierno declara en su memoria que la admisión detrabajadores no kuwaitíes como afiliados a un sindicato está prevista en la orden ministerial núm. 1, de 1964, en virtud dela cual se les exige ser titulares de un permiso de trabajo y haber residido en Kuwait durante cinco años. La Comisión
observa que la imposición jurídica de estas restricciones no es compatible con el artículo 2 del Convenio, pues el derecho
de los trabajadores sin distinción alguna a constituir organizaciones y afiliarse a ellas implica que todos los trabajadores
que residan en el territorio de un Estado, tanto si gozan de permiso de trabajo como si no y con independencia de los años
que hayan residido en él, se benefician de los derechos sindicales previstos en el Convenio.
La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento del derecho
de los trabajadores migrantes a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas, derogando
cualquier restricción o requisito relativos al permiso de trabajo y de residencia, y que proporcione información sobre
cualquier evolución al respecto.
Trabajadores domésticos. En su observación anterior, tomando nota de que el artículo 5, 2), de la Ley del Trabajo
en el Sector Privado, núm. 6 de 2010 (Ley del Trabajo) establece que la situación de los trabajadores domésticos se regirá
por una decisión adoptada por el Ministro competente, la Comisión manifestó su confianza de que el Gobierno adoptaría
próximamente una orden para reglamentar las relaciones laborales de los trabajadores domésticos y garantizará losderechos de éstos a constituir organizaciones y afiliarse a ellas. El Gobierno informa que no se ha promulgado ninguna
decisión ni ley relativa a estos asuntos. La Comisión observa en este sentido que la nueva Ley adoptada en junio de 2015
sobre los Derechos de los Trabajadores Domésticos no prevé su derecho a constituir organizaciones. Lamentando la falta
de progresos en esta materia y confiando en observar progresos en un futuro próximo, la Comisión pide al Gobierno a
que adopte las medidas necesarias para garantizar el pleno reconocimiento del derecho de los trabajadores domésticos
a constituir y afiliarse a las organizaciones. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquierevolución a este respecto.
Otras categorías de trabajadores. En su observación anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que señale: i) laforma en la que garantiza a los funcionarios su derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse
a ellas, y ii) si la Ley Marítima y la ley por la que se rige el sector del petróleo incluyen disposiciones sobre derechos
sindicales. El Gobierno señala que la Ley Marítima y la ley por la que se rige el sector del petróleo no contienen ninguna
disposición sobre derechos sindicales y que, en consecuencia, las disposiciones de la Ley del Trabajo aplican y garantizan
plenamente los derechos sindicales en estos sectores. El Gobierno indica que no existe ninguna legislación específica
sobre la constitución o afiliación sindical de los funcionarios del Estado, y que el artículo 98 de la Ley del Trabajo, quereconoce el derecho a organizarse en sindicatos y constituirlos, abarca también a los funcionarios siempre y cuando estas
disposiciones no entren en conflicto con la legislación que regula los asuntos de su competencia. La Comisión pide al
Gobierno que señale si el derecho de los funcionarios a constituir los sindicatos que estimen pertinentes y afiliarse aellos está plenamente garantizado en la práctica así como si existen leyes aplicables a los funcionarios que limitan orestringen al ejercicio de este derecho, y que suministre una copia de la ley pertinente. La Comisión pide además al
Gobierno que suministre información adicional sobre el ejercicio de los derechos sindicales en la práctica y en lossectores en la industria marítima, petrolera y en el sector público, incluyendo el número de sindicatos constituidos y elnúmero de los miembros por cada sindicato.
Artículo 3. Administración económica de las organizaciones. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 104, 2), de la Ley del Trabajo, por la que se prohíbe a lossindicatos que utilicen sus fondos con fines de especulación financiera, inmobiliaria o de cualquier otra índole. El
Gobierno, por su parte, toma nota de que no se ha impuesto ninguna restricción a la administración económica de lossindicatos y que la prohibición de la especulación se establece con el fin de evitar los riesgos derivados de la gestión defondos sindicales e impedir la pérdida de recursos. La Comisión observa además que el artículo 104, 3), de la Ley delTrabajo, condiciona indebidamente la aceptación de regalos y donaciones por los sindicatos a la aprobación de éstos por el
Ministerio. La Comisión reitera que las disposiciones legislativas que condicionan la aceptación de regalos y donaciones a
una autorización previa por las autoridades públicas, o que restringen la libertad de los sindicatos a administrar, utilizar e
invertir sus fondos como lo estimen conveniente — con fines sindicales normales y legítimos —, en particular mediante
94

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2007)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 4 deagosto de 2011 y 31 de agosto de 2014, así como de la respuesta del Gobierno a la primera comunicación.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación e injerencia antisindical. La
Comisión pidió al Gobierno que señale las disposiciones legislativas que garantizan la protección adecuada contra losactos de discriminación e injerencia antisindicales, las sanciones aplicables en caso de violación, así como las medidas
adoptadas o contempladas a tal efecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que laConstitución de Kuwait establece el principio de igualdad y no discriminación basado en motivos de raza, origen, lengua oreligión (artículo 29), y establece que no podrá obligarse a nadie a afiliarse a ninguna asociación o sindicato (artículo 43);

95

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

inversiones económicas o inmobiliarias, es incompatible con el artículo 3 del Convenio y que el control que ejercen las
autoridades públicas sobre las finanzas de los sindicatos no debería ir más allá de la obligación de los sindicatos depresentar informes periódicos. La Comisión lamenta tomar nota de la falta de progresos a este respecto y pidenuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar los artículos 104, 2) y 104, 3), de la Ley delTrabajo, de conformidad con el principio mencionado anteriormente.
Prohibición general de actividades políticas sindicales. En su observación anterior, la Comisión solicitó al
Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 104, 1), de la Ley del Trabajo, que prohíbe a lossindicatos participar en actividades políticas de cualquier tipo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en laque afirma que las actividades políticas sindicales vulneran el objetivo principal de un sindicato de defender los interesesde los trabajadores y mejorar su situación económica social y financiera. La Comisión reitera, una vez más, que lalegislación que prohíbe todas las actividades políticas a los sindicatos no es conforme al Convenio y que los sindicatos
deberían poder expresar sus puntos de vista en materia de políticas económica y social que afectan a los afiliados y a lostrabajadores en general. La Comisión lamenta tomar nota de la falta de progresos a este respecto y pide al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para revisar el artículo 104, 1), de la Ley del Trabajo, a fin de suprimir la prohibición
total de las actividades políticas, en aras de poner dicho artículo en consonancia con el mencionado principio, y a que
indique cualquier evolución a este respecto.
Arbitraje obligatorio. La Comisión tomó nota en su observación anterior de que la intervención del Ministerio enmateria de conflictos laborales en virtud de los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo puede conducir al arbitraje
obligatorio y a la prohibición de huelgas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según lacual el objetivo de los artículos 131 y 132 consiste en evitar cualquier injerencia por parte del Ministerio, a no ser que sea
necesaria, y de que el Ministerio no haya intervenido en virtud de la aplicación de estos artículos. La Comisión toma nota
asimismo de que el Gobierno saluda en su memoria los comentarios anteriores de la Comisión y declara que los examinará
en colaboración con los interlocutores sociales. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre losresultados de este examen tripartito, en particular, en relación con la solicitud de modificar los artículos 131 y 132 dela Ley del Trabajo, y espera que, en un próximo futuro, podrá observar progresos a este respecto.
Cese de los consejos de administración. El artículo 108 de la Ley del Trabajo prevé la posibilidad de cesar a los
integrantes del consejo de administración de una organización mediante una orden judicial en caso de que participen en
una actividad que bien vulnere las exposiciones de la Ley del Trabajo o de las «leyes relativas a la preservación del orden
público y la moral». La Comisión señala que, en lo que se refiere a los fundamentos para destituir a la junta de un consejo
de administración, la referencia a una actividad que viole las leyes relativas a la preservación del orden público y la moral
es demasiado amplia y vaga y podría inducir a una aplicación que menoscabe el ejercicio de los derechos sindicales
consagrados en el Convenio. La Comisión considera que el cese de los consejos de administración de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores por orden judicial debería restringirse a violaciones graves y reiteradas de lasdisposiciones sobre las constituciones de las organizaciones o de la legislación pertinente, y reitera que las leyes no pueden
menoscabar ni aplicarse de forma que menoscaben las garantías previstas en esta materia en el Convenio. La Comisión pide
al Gobierno que enmiende el artículo 108 de la Ley del Trabajo a fin de asegurar el respeto del principio citado.
Artículo 5. Limitación a una sola confederación. En su observación anterior, la Comisión solicitó nuevamente al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 106 de la Ley del Trabajo, que establece que «nopodrá constituirse más que una sola federación para cada una de las organizaciones de trabajadores y de empleadores», afin de garantizar el derecho de los empleadores y de los trabajadores a constituir las organizaciones de su propia elección atodos los niveles, incluyendo la posibilidad de constituir más de una confederación general. La Comisión toma nota de la
respuesta del Gobierno de que la restricción se refiere únicamente al establecimiento de una confederación única, deconformidad con las políticas del Estado de unificar las iniciativas sindicales y de impedir que se dispersen. La Comisión
lamenta tomar nota de la falta de progresos a este respecto, recuerda que el monopolio sindical impuesto por la ley es
incompatible a cualquier nivel con los requisitos del Convenio, y pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias
para modificar el artículo 106 de la Ley del Trabajo con el fin de garantizar el derecho de los trabajadores a constituir
la organización que estimen conveniente a todos los niveles, incluida la posibilidad de constituir más de una
confederación, y que comunique información sobre la evolución de la situación a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

y que la Ley del Trabajo establece que no podrá ponerse fin al contrato de un trabajador sin causa justificada o en razón desus actividades sindicales (artículo 46). La Comisión confirma su observación de que, más allá de estas disposiciones
generales, la legislación nacional no establece ninguna protección adicional concreta contra los actos de discriminación.
La Comisión recuerda que esta protección deberá no sólo prohibir los despidos, sino también cualquier otra medida dediscriminación antisindical, como traslados, descenso de categoría y otros actos perjudiciales, así como actos dediscriminación antisindical al ocupar un puesto de trabajo. La Comisión recuerda además que la legislación deberá
proteger contra todos los actos de injerencia, como los destinados a colocar a las organizaciones de trabajadores bajo elcontrol de las organizaciones de empleadores mediante métodos económicos o de otro tipo. La Comisión subraya en quela legislación deberá establecer expresamente los procedimientos efectivos y las sanciones disuasorias con objeto de
impedir y reparar los actos de discriminación antisindical, así como de proteger las organizaciones de empleadores y detrabajadores contra las injerencias recíprocas. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias paragarantizar que la legislación establezca la prohibición de todos los actos de discriminación e injerencia antisindical
prohibidos por el Convenio, así como los mecanismos de resarcimiento pertinentes que garanticen la protección
adecuada, incluidos los procedimientos efectivos y las sanciones disuasorias de conformidad con los principios
anteriormente mencionados.
Artículo 4. Negociación colectiva y arbitraje obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
tomado nota de que, en virtud de los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo, el ministerio puede intervenir en un
conflicto, sin que se lo haya pedido ninguna de las partes, en aras de promover un acuerdo amistoso, pudiendo también
someter el conflicto a un comité de conciliación o a un panel de arbitraje, según le parezca adecuado. La Comisión
recuerda que el arbitraje obligatorio en el contexto de la negociación colectiva sólo es aceptable en relación con
funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido
estricto del término (servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en
toda o parte de la población) y crisis nacionales agudas. La Comisión había pedido al Gobierno que tomase las medidas
necesarias para modificar la Ley del Trabajo de conformidad con estos principios. La Comisión toma nota de que elGobierno indica en su informe que la intervención, en virtud del artículo 131, es una medida opcional que puede tomar elministerio pero que nunca se ha utilizado. La Comisión subraya que, aun sea de aplicación opcional, la disposición otorga
indebidamente al ministro discrecionalidad para recurrir al arbitraje obligatorio más allá de los casos aceptables antes
mencionados. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar los artículos 131 y 132 dela Ley del Trabajo, así como los demás artículos sobre arbitraje obligatorio concernidos, en aras de asegurar su plena
conformidad con los principios antedichos y de proporcionar información sobre toda evolución a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Liberia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una
comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. Además, la Comisión recuerda las observaciones de 2012 de laConfederación Sindical Internacional (CSI), sobre la aplicación del Convenio. La Comisión ruega de nuevo al Gobierno quetransmita sus comentarios a este respecto. En relación con las observaciones de 2008 y 2010 de la CSI respecto a graves actos
de violencia contra huelguistas y el cierre de una estación de radio de un sindicato, la Comisión toma nota de los comentarios delGobierno sobre la necesidad de la intervención de las fuerzas del orden y la clausura temporal de la estación de radio del sindicato
a fin de restablecer el orden. A este respecto, la Comisión recuerda que el derecho a expresar las opiniones a través de la prensa yotros medios de comunicación constituye uno de los elementos esenciales de los derechos sindicales. Las autoridades sólo
deberían recurrir a las fuerzas del orden en caso de huelga, en circunstancias excepcionales y cuando se produce una situación enla que existe una seria amenaza de desorden público, y que este recurso a la fuerza debería ser proporcional a la situación. La
Comisión ruega al Gobierno que en el futuro garantice el pleno respeto de estos principios.
La Comisión toma nota de que el proyecto de ley sobre el trabajo decente, que se ha estado debatiendo durante años, hasido adoptado por el Poder Legislativo y entrará en vigor una vez que haya sido promulgado por la Presidencia de la República.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y aafiliarse a las mismas. Derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente sus representantes. La Comisión
recuerda que desde hace muchos años formula comentarios sobre la necesidad de modificar o derogar las disposiciones siguientes
de la Ley sobre el Trabajo que no están en conformidad con las disposiciones del Convenio:–
el artículo 4506, que prohíbe a los trabajadores de las empresas del Estado y de la administración pública constituir una
organización sindical;–
el artículo 4601-A, que prohíbe a los trabajadores de la agricultura afiliarse a organizaciones de trabajadores de la industria,y–el artículo 4102, párrafos 10 y 11, que impone el control de las elecciones sindicales por el Consejo de control de lasprácticas de trabajo.

96

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión espera que el proyecto de ley sobre el trabajo decente entre próximamente en vigor y que tenga en cuenta
todas las cuestiones planteadas por la Comisión, como había indicado el Gobierno en su última memoria. La Comisión ruega
al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto. En su comentario anterior, la Comisión
había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la legislación que garantiza los derechos sindicales de los funcionarios(ordenanza sobre la función pública) estaba siendo revisada con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión confía en que elproceso legislativo en curso permita dar plena aplicación al Convenio en lo que respecta a los funcionarios y ruega al
Gobierno que transmita información sobre todo hecho nuevo que se produzca a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de que el proyecto de ley sobre el trabajo decente, que desde hace varios años era objeto de debate,
ha sido adoptado por el Poder Legislativo y entrará en vigor una vez que haya sido promulgado por la Presidenta de la República.
Artículos 1, 2 y 4 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia. Promoción
de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que, desde hace muchos años, formula comentarios sobre la necesidad de
adoptar disposiciones legislativas que garanticen:–
una protección suficiente frente a la discriminación antisindical en el momento de la contratación y durante la relación deempleo, acompañada de sanciones suficientemente efectivas y disuasorias;–
una protección adecuada de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores y susorganizaciones, que incluya sanciones suficientemente efectivas y disuasorias, y–el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de las empresas del Estado y de los funcionarios públicos que no
trabajan en la administración del Estado.
La Comisión espera que la ley sobre el trabajo decente entre en vigor próximamente y que, tal como había indicado elGobierno en su última memoria que se haría, tenga en cuenta todas las cuestiones planteadas por la Comisión. La Comisión
pide al Gobierno que informe sobre todos cambios que se produzcan a este respecto.
Artículo 6. Funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la legislación que garantiza el derecho de los funcionarios y de losempleados de las empresas estatales a negociar colectivamente (ordenanza sobre la función pública) estaba en curso de revisión
con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión espera que el proceso legislativo en curso permita dar plena aplicación al
Convenio en lo que respecta a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado y pide al Gobierno que
informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Malasia
La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2015 de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) y del Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC), relativas a cuestiones examinadas por la Comisión,así como también alegatos de discriminación antisindical e injerencia en varios sectores, incluyendo despidos y el noreconocimiento de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.
La Comisión también toma nota de que, en respuesta a las observaciones de 2014 formuladas por la Federación
Sindical Mundial (FSM) y el Sindicato Nacional de Empleados Bancarios (NUBE), el Gobierno señala que las cuestiones
planteadas en esas observaciones son objeto de dos casos que se encuentran pendientes ante el Tribunal del Trabajo deMalasia. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados de las actuaciones judiciales.
La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que Malasia realiza actualmente un examen general desus leyes laborales principales — la Ley de Empleo, de 1955, la Ley de Sindicatos, de 1959 y la Ley de Relaciones
Laborales (IRA), de 1967. La Comisión confía firmemente en que el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes
comentarios para garantizar la plena conformidad de esas leyes con el Convenio y, recordando que está a su
disposición la asistencia técnica de la OIT, pide al Gobierno que informe sobre toda evolución que se produzca a este
respecto.
Artículos 1 y 4 del Convenio. Reconocimiento de los sindicatos a los fines de la negociación colectiva. Duraciónde los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato. En sus comentarios anteriores, la Comisión estimó que la
duración media de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato a los fines de la negociación colectiva
indicada por el Gobierno (nueve meses) era excesivamente larga y pidió al Gobierno que adoptara medidas para modificar
la legislación, a efectos de reducir esta duración. La Comisión toma nota de que, en respuesta a su solicitud, el Gobierno
señala que la duración media del procedimiento de reconocimiento es: i) algo más de tres meses en los procedimientos que
se resuelven mediante el reconocimiento voluntario, y ii) de cuatro meses y medio para las demandas resueltas por el
departamento de relaciones industriales, cuando éstas no son objeto de un recurso judicial. El Gobierno indica que un
97

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

cierto número de casos fueran resueltos en menos de los nueve meses de promedio, dependiendo de si las partes
cooperaron y si requirieron revisión judicial. Considerando que la duración de los procedimientos sigue siendoexcesivamente larga, la Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, adopte las medidas
necesarias para modificar la legislación, a efectos de reducir aún más la duración de los procedimientos para elreconocimiento de sindicatos.
Criterio y procedimiento de reconocimiento. La Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de que, en virtuddel artículo 9 de la IRA, en caso de que un empleador rechazara una reclamación de reconocimiento a los fines de lanegociación colectiva, el sindicato deberá: i) informar al director general de relaciones laborales (DGIR) para que este último
adopte las medidas que correspondan, incluido un control de competencia, y ii) cuando el DGIR no resolviera la cuestión, el
Ministro decidirá acerca del reconocimiento, una decisión que puede ser objeto de revisión judicial en un tribunal superior.
La Comisión había pedido al Gobierno que informara acerca de los requisitos para dar cumplimiento al control de lacompetencia y los criterios aplicables a las decisiones del DGIR y/o del Ministro. La Comisión toma nota de que el Gobierno
indica que se otorga un reconocimiento obligatorio que está sujeto a la determinación de la competencia del sindicato
interesado para representar a una determinada categoría de trabajadores y del número de afiliados. El Gobierno señala que elcontrol de la competencia se establece en virtud del artículo 9, 4), A), b), que hace referencia a una votación secreta para
determinar el porcentaje de trabajadores o categoría de trabajadores afiliados al sindicato, en relación a los que se solicita elreconocimiento. La Comisión toma nota de que el MTUC critica la metodología para determinar la mayoría para elreconocimiento de un sindicato mediante votación secreta, y señala que el departamento de relaciones industriales utiliza elnúmero total de trabajadores en la fecha solicitada por el sindicato en lugar del número total de participantes en la votación y,en determinados casos más del 50 por ciento de la fuerza de trabajo consistía en trabajadores migrantes que habían vuelto asus países, aunque se contaban a los efectos de la votación secreta en detrimento del sindicato. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione mayor información sobre los criterios y procedimientos para evaluar la competencia de unsindicato para ser reconocido a los fines de la negociación colectiva, incluyendo el porcentaje requerido para obtenerel reconocimiento en una votación secreta y los trabajadores considerados para calcular el porcentaje (los presentes enla votación o el número total de trabajadores y, en este último caso, la metodología y fecha utilizada para su
determinación).
Denegación de aplicar órdenes de reconocimiento y órdenes de reintegro. En sus comentarios anteriores
refiriéndose a los comentarios de la CSI relativos a la falta de aplicación de sanciones contra los empleadores que sehabían opuesto a las instrucciones de las autoridades de reconocimiento sindical o se habían negado a dar cumplimiento alas órdenes del Tribunal del Trabajo para reintegrar a los trabajadores despedidos ilegalmente, la Comisión pidió al
Gobierno que comunicara: i) información detallada sobre el funcionamiento de la división legal del departamento derelaciones de trabajo, y ii) información y estadísticas sobre toda sanción contra los empleadores que se oponen a las
instrucciones de las autoridades o que se hubiesen negado a cumplir las órdenes de reintegrar a los trabajadores. La
Comisión toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno: i) sobre la composición y el funcionamientode la división legal del departamento de relaciones industriales, y ii) que en los últimos dos años no había constancia decasos: a) en relación con empleadores que se hubieran opuesto a las instrucciones de las autoridades que otorgan elreconocimiento a los sindicatos, excepto en los casos en que el empleador obtuvo una suspensión del tribunal debido a larevisión judicial, o b) en relación con los empleadores que se hubiesen negado al cumplimiento de las órdenes delTribunal del Trabajo de reintegrar a los trabajadores despedidos ilegalmente. La Comisión también toma nota de losalegatos de la CSI y del MTUC sobre las persistentes dificultades para garantizar el reconocimiento de los sindicatos, lasprácticas de discriminación antisindical, la acumulación de causas pendientes en los Tribunales del Trabajo de Penang yKuala Lumpur. Al tomar nota de la información suministrada por el Gobierno, así como de los alegatos de la CSI y el
MTUC, la Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad yrápida ejecución de las medidas correctivas para proteger a los trabajadores contra los actos de discriminación
antisindical y asegurar el cumplimiento de las decisiones relativas al reconocimiento de los sindicatos.
Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, considerando que el requisito de que los trabajadores
extranjeros obtengan la autorización del Ministerio de Recursos Humanos para ser elegidos como representantes
sindicales, entorpece el derecho de las organizaciones sindicales de elegir libremente a sus representantes a los fines de lanegociación colectiva, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para modificar la legislación. La Comisión
toma nota de que el Gobierno se limita a declarar en su memoria que ha tomado nota de la solicitud. Esperando
firmemente en que pronto estará en condiciones de observar progresos sobre la cuestión, la Comisión reitera su
solicitud anterior.
Ámbito de la negociación colectiva. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno a que tomara medidas paraenmendar la legislación para armonizar plenamente el artículo 13, 3), de la IRA, que contiene restricciones a lanegociación colectiva respecto del traslado, el despido y el reintegro (algunos de los asuntos de los conocidos como
«prerrogativas internas de la administración»), con el artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno:i) indica una vez más en su memoria que tiene el propósito de mantener la mencionada disposición en aras de la armoníade las relaciones industriales y agilizar el proceso de negociación colectiva; ii) señala que si ambas partes están de acuerdo
pueden negociar las disposiciones en virtud del artículo 13, 3), durante el procedimiento de negociación colectiva, yiii) señala que la cuestión se abordará en la revisión general de la legislación laboral que se está llevando a cabo

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LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

actualmente. La Comisión observa que el artículo 13, 3), de la IRA dispone que las cuestiones excluidas antes
mencionadas no podrán incluirse en las propuestas de negociación colectiva de un sindicato. La Comisión recuerda
nuevamente que las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para limitar el alcance de los asuntos
negociables, son a menudo incompatibles con el Convenio; y que las discusiones tripartitas para la preparación, concarácter voluntario, de líneas directrices en materia de negociación colectiva, constituyen un método particularmente
adecuado para resolver esas dificultades. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para enmendar
el artículo 13, párrafo 3, de la IRA, a efectos de eliminar esas restricciones en los asuntos relativos a la negociación
colectiva y que dé inicio a discusiones tripartitas para la preparación, con carácter voluntario, de directrices en materiade negociación colectiva.
Arbitraje obligatorio. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 26, 2), de la IRA,
permite el arbitraje obligatorio por parte del Ministro de Trabajo, por propia iniciativa, en caso de fracaso de negociación
colectiva. La Comisión había solicitado al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que la legislación sólo
autorizara el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a los funcionarios adscritos
a la administración del Estado o en los casos de crisis nacional aguda. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera
que, si bien la disposición acuerda facultades discrecionales al Ministro para remitir un conflicto sindical al Tribunal delTrabajo para su arbitraje, en la práctica, el Ministro nunca había ejercido la facultad de manera arbitraria y sólo adopta
esta decisión en caso de que la conciliación hubiese fracasado en la resolución del conflicto de manera amistosa y si el
conflicto se hubiese sometido al DGIR. El Gobierno indica también que la cuestión será abordada en la revisión general dela legislación laboral que se está llevando a cabo. La Comisión recuerda que la imposición de un procedimiento de
arbitraje obligatorio si las partes no llegan a un acuerdo en un proyecto del convenio colectivo, plantea problemas en
relación con la aplicación del Convenio. Reiterando sus comentarios anteriores, la Comisión insta al Gobierno adoptar
medidas para garantizar que la legislación sólo autorice el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido
estricto del término, para los funcionarios adscritos a la administración del Estado o en los casos de crisis nacional
aguda.
Restricciones a la negociación colectiva en el sector público. Durante muchos años la Comisión ha venido
solicitando al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no trabajan en laadministración del Estado, el derecho de negociar colectivamente los salarios, la remuneración y otras condiciones deempleo. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno, al invocar las peculiaridades de la administración pública,
reitera nuevamente que el derecho a la negociación colectiva no puede extenderse a los empleadores del sector público. El
Gobierno destaca nuevamente que el personal de la administración pública puede expresar sus opiniones en las cuestiones
relativas a sus condiciones de trabajo, a través del Consejo Paritario Nacional y del Consejo Paritario Departamental. No
obstante, la Comisión, si bien reconoce la singularidad de la administración pública, que permite modalidades especiales,considera que la simple consulta con los sindicatos de funcionarios que no trabajan en la administración del Estado, no da
cumplimiento a los requisitos del artículo 4 del Convenio. En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno
a que adopte las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no trabajan en la administración delEstado el derecho de negociar colectivamente los salarios, la remuneración y otras condiciones de empleo, deconformidad con el artículo 4 del Convenio.

Malta
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y formular sus
programas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 74, 1) y 3) de la Ley de Empleo
y Relaciones Laborales (EIRA), de 2002, cuando el conflicto se ha sometido a la conciliación para llegar a un acuerdo amistoso yen esa instancia no se hubiera resuelto, una de las partes en conflicto puede notificarlo al ministro que, a su vez, puede remitir el
conflicto al Tribunal para que dictamine al respecto.
La Comisión ha señalado que el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo sólo es
aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto, en los casos de conflicto en la función pública respecto
de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto deltérmino, es decir, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la seguridad de la persona de toda o parte de la
población. A este respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el
artículo 74, 1) y 3) de la EIRA a fin de garantizar la observancia de estos principios. La Comisión pide al Gobierno que
informe sobre toda evolución que se produzca a este respecto y que indique en su próxima memoria todas las medidas quehaya adoptado para poner su legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

99

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1965)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que indicase los procedimientos aplicables
al examen de los alegatos de despidos antisindicales de funcionarios, trabajadores portuarios y trabajadores del transporte público,dado que esas categorías de trabajadores están excluidas de la jurisdicción del Tribunal del Trabajo, con arreglo al artículo 75, 1),de la Ley del Empleo y Relaciones de Trabajo (EIRA), de 2002. La Comisión tomó nota de que según la memoria del Gobierno
los funcionarios públicos tienen el derecho de apelar ante la Comisión de la Función Pública, que es un órgano independiente(cuyos miembros son nombrados por el Presidente de Malta siguiendo el consejo del Primer Ministro proporcionado tras realizar
consultas con el líder de la oposición y no pueden ser destituidos excepto por causa de incapacidad o mala conducta) creado en
virtud del artículo 109 de la Constitución de Malta. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, según la memoria del Gobierno, la
función principal de la Comisión de la Función Pública es garantizar que las medidas disciplinarias que se adopten contra losfuncionarios son justas, rápidas y eficaces. La Comisión pide al Gobierno que indique, en lo que respecta a los casosde despidos antisindicales, si la Comisión de la Función Pública tiene la facultad de otorgar algún tipo de ayuda
compensatoria — incluida la reincorporación o los sueldos con efecto retroactivo — que implique sanciones losuficientemente disuasorias contra los actos de discriminación antisindical. Asimismo, la Comisión pide de nuevo al Gobierno
que indique los procedimientos aplicables al examen de los alegatos de despidos antisindicales de los trabajadores portuarios ylos trabajadores de los transportes públicos.
Artículos 2 y 3. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que
indicase las medidas adoptadas o previstas para introducir en la legislación una prohibición explícita de los actos de injerencia, asícomo para prever sanciones lo suficientemente disuasorias contra dichos actos, ya que la EIRA no protege expresamente a lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores de los actos de injerencia de unas respecto de las otras en su funcionamiento oadministración. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas adoptadas oprevistas para introducir en la legislación la prohibición explícita de los actos de injerencia, así como sanciones losuficientemente disuasorias contra dichos actos.
Artículo 4. Negociación colectiva. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que indicase las medidas
adoptadas o previstas con miras a enmendar el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y Otras Fiestas Públicas, a fin degarantizar que esta disposición: i) no anule automáticamente ninguna de las disposiciones de los convenios colectivos vigentes en
los que se reconozca a los trabajadores el derecho de recuperar las fiestas oficiales que caigan en sábado o domingo, y ii) no
impida en el futuro la celebración de negociaciones voluntarias sobre el reconocimiento del derecho de los trabajadores derecuperar las fiestas nacionales oficiales que caigan en sábado o domingo, en virtud de lo dispuesto en un convenio colectivo(véase 342.º informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2447, párrafo 752). La Comisión pide nuevamente al Gobierno
que indique las medidas adoptadas o contempladas para enmendar el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y Otras
Fiestas Públicas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Mauricio
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de laFederación de Empleadores de Mauricio (MEF), recibidas el 31 de agosto de 2015. Asimismo, toma nota de la respuestadel Gobierno a las observaciones realizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2014.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma debida nota del debate que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2015 y de sus
conclusiones.
Artículo 1 del Convenio. Alegatos de actos de discriminación antisindical. La Comisión había pedido al
Gobierno que realizara las investigaciones necesarias en relación con los alegatos de discriminación antisindical
formulados por la CSI en 2014. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) en lo que
respecta a la suspensión de un dirigente sindical, se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para las partes en la Comisiónde Conciliación y Mediación (CCM), y ii) en lo que respecta a los supuestos cambios perjudiciales para los contratos detrabajo de 37 trabajadoras, luego de haberse afiliado a un sindicato, la información proporcionada al Gobierno es
insuficiente para realizar una investigación.
Artículo 4. Negociación colectiva. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que el Gobierno
indicaba que no disponía de estadísticas que le permitieran realizar comentarios sobre la supuesta reducción de losconvenios colectivos en 2009, y añadía que entre junio de 2010 y mayo de 2014 se registraron 43 convenios colectivos. El
Gobierno también indicó que no existe impedimento legislativo para la negociación colectiva en las zonas francas deexportación (ZFE), el sector textil o para los trabajadores migrantes. La Comisión pidió al Gobierno que transmitiera
información sobre todas las medidas concretas adoptadas o previstas para alentar y promover el pleno desarrollo yutilización de mecanismos de negociación voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores yorganizaciones de trabajadores, con miras a regular las condiciones de empleo en las ZFE, el sector textil y para los100

trabajadores migrantes a través de convenios colectivos. Asimismo, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas afin de recopilar información estadística sobre los convenios colectivos y la utilización de los servicios de conciliación enel país.
La Comisión toma nota de que según la información que el Gobierno proporcionó a la Comisión de la Conferencia:i) si bien no existe ningún impedimento legal para la negociación colectiva de los trabajadores de las ZFE, el Gobierno
hará todo lo posible por alentar y promover el pleno desarrollo y la utilización en las ZFE de los mecanismos denegociación voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, y llevará acabo campañas de concienciación para sensibilizar a los trabajadores sobre sus derechos, y ii) desde que se enmendó laLey de Relaciones Laborales (ERA), en 2013, a solicitud de las partes, el Ministro proporciona servicios de conciliación
en conflictos laborales antes de que se lleven a cabo huelgas legales. La Comisión toma debida nota de que, en sus
conclusiones en relación con el debate que se llevó a cabo en junio de 2015, la Comisión de la Conferencia instó al
Gobierno a «adoptar medidas concretas para promover la negociación colectiva en las ZFE y proporcionar información ala Comisión de Expertos sobre la situación de la negociación colectiva en las ZFE». La Comisión lamenta tomar nota deque en su memoria el Gobierno no transmite información a este respecto. La Comisión insta firmemente al Gobierno atransmitir información detallada sobre la situación actual de la negociación colectiva en las ZFE, así como sobre lasmedidas concretas adoptadas o previstas para alentar y promover el pleno desarrollo y utilización de mecanismos denegociación voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, conmiras a regular a través de convenios colectivos las condiciones de empleo en las ZFE, el sector textil y para lostrabajadores migrantes (por ejemplo, actividades de formación e información, seminarios con los interlocutoressociales, etc.). Además, a fin de poder examinar el funcionamiento de la negociación colectiva en la práctica, laComisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas para recopilar información estadística sobre los convenios
colectivos en el país (por ejemplo, número de acuerdos concluidos en los sectores público y privado, así como en lasZFE, de ramas y de trabajadores cubiertos, etc.) y sobre la utilización de los servicios de conciliación.
Injerencia en la negociación colectiva. La Comisión había tomado nota de las observaciones de 2014 de la OIE yla MEF en las que se alega que, en 2010, el Gobierno intervino en un procedimiento de negociación colectiva en el sector
azucarero mediante la remisión al Consejo Nacional de Remuneración (NRB) de 21 cuestiones que no pudieron resolverse
durante el procedimiento de negociación. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había indicado que se había resuelto
el conflicto y se había archivado la denuncia interpuesta por la MEF a este respecto. Asimismo, la Comisión también toma
nota de que el Gobierno indicó a la Comisión de la Conferencia que: i) el Ministerio de Trabajo revocó la remisión al
NRB con arreglo a un acuerdo alcanzado entre las partes en agosto de 2012 de las 21 cuestiones pendientes de resolución;ii) la remisión se había realizado en un contexto muy específico con miras a evitar una huelga en la industria azucarera
que tendría efectos económicos negativos, y iii) no es la política del Gobierno solicitar al NRB que intervenga en casos en
los que se ha concluido un convenio colectivo. La Comisión también toma nota de las declaraciones de los miembros
trabajadores en la Comisión de la Conferencia respecto a que: i) el Gobierno ha justificado su injerencia en el proceso denegociación a fin de establecer salarios en el sector de la caña de azúcar señalando que existen amenazas de huelga
inminente que tiene que ser evitada si se quieren respetar los compromisos con el mercado europeo, y ii) por consiguiente,
se han realizado negociaciones bajo los auspicios del Gobierno, y las disposiciones sobre las que no se ha alcanzado
ningún acuerdo han sido transmitidas a un órgano de arbitraje obligatorio.
Además, la Comisión toma nota de las declaraciones realizadas por los miembros empleadores en la Comisión de laConferencia y de las observaciones presentadas por la OIE y la MEF, según las cuales: i) se plantearon de nuevo losmismos problemas en noviembre y diciembre de 2014; ii) tras la expiración del convenio colectivo de la industria
azucarera, al 31 de diciembre de 2013, y tras meses de negociaciones, el sindicato ha decidido ir a la huelga, y iii) el
Gobierno ha intervenido, pidiendo la firma de un convenio colectivo y remitiendo las tres cuestiones que quedaron por
resolver en la negociación colectiva al NRB y al arbitraje obligatorio, tal como hizo en 2010. A este respecto, la Comisión
toma nota de que en su memoria el Gobierno señala lo que indicó a la Comisión de la Conferencia, a saber que: i) tras las
negociaciones, no se concluyó ningún convenio colectivo, y ambas partes han remitido el conflicto a la CCM en donde no
se puede alcanzar ningún acuerdo; ii) la huelga tuvo efectos económicos negativos; iii) el Ministro de Trabajo, actuando
con arreglo al artículo 79A de la ERA «servicio de asesoría por el Ministro», reunió a ambas partes en una mesa denegociación y se acordó un convenio colectivo provisional con el consentimiento de ambas partes; iv) a falta de acuerdo
entre las partes, el conflicto se remitió a un árbitro nombrado por el Gobierno, que dictó un laudo sobre aumentos
salariales el 31 de julio de 2015, y v) el alegato de que el arbitraje fue impuesto no está justificado ya que las partes
acordaron voluntariamente nombrar al árbitro.
La Comisión toma debida nota de que, en sus conclusiones en relación con el debate de junio de 2015, la Comisiónde la Conferencia instó al Gobierno a: i) «abstenerse de infringir el artículo 4 del Convenio y evitar en el futuro tales
infracciones»; ii) «cesar la injerencia indebida en la negociación colectiva del sector privado a través de la revisión
selectiva de la orden relativa a las remuneraciones en función del resultado de la negociación colectiva», y iii) «entablar
un diálogo social con los interlocutores sociales respecto de la negociación colectiva y la orden relativa a las
remuneraciones».
La Comisión toma nota de que existe desacuerdo en relación con lo acontecido en 2014, ya que en su memoria elGobierno señala que el recurso al arbitraje realizado en 2014 lo acordaron voluntariamente las partes, mientras que los

101

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

miembros empleadores denunciaron ante la Comisión de la Conferencia, al igual que la OIE y la MEF en sus
observaciones, que en 2014 el Gobierno remitió un conflicto al arbitraje obligatorio durante una huelga en el sector
azucarero. Sin embargo, la Comisión observa que, en lo que respecta a 2012, ambos interlocutores sociales señalaron antela Comisión de la Conferencia que el Gobierno intervino en la negociación colectiva y remitió el conflicto al arbitraje
obligatorio en el contexto de una huelga inminente en el sector azucarero, y que no desmintió este alegato. La Comisión
recuerda que la imposición del procedimiento de arbitraje obligatorio si las partes no alcanzan un acuerdo sobre unproyecto de convenio colectivo a través de la negociación colectiva es incompatible con la naturaleza voluntaria de lanegociación colectiva y plantea problemas en relación con la aplicación del Convenio núm. 98. Asimismo, la Comisión
recuerda que el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto laboral colectivo en el sector privado es aceptableen lo que respecta a los conflictos en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos cuyainterrupción podría poner en peligro, en toda o en parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de las personas) oen situaciones de crisis aguda nacional o local. Tomando nota de que se deben tener en cuenta las circunstancias
particulares de un país, la Comisión considera que, cuando se recurrió al arbitraje obligatorio en el sector azucarero no
existía un peligro claro e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o una parte de la población, y que, porconsiguiente, el sector no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término.
Considerando que el recurso a autoridades públicas como el NRB debería ser voluntario, la Comisión espera
firmemente que, en el futuro, el Gobierno no recurra al arbitraje obligatorio para acabar con conflictos laborales
colectivos en el sector azucarero, y que en cualquier caso dé prioridad a la negociación colectiva voluntaria comomedio para determinar las condiciones de empleo en ese sector. Por último, observando que el Gobierno indica que ha
tomado debida nota de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia y que, en el contexto de la revisión de lalegislación del trabajo que se está llevando a cabo en consulta con las organizaciones de empleadores y detrabajadores, examinará, en la medida de lo posible, cuál es la mejor manera de alentar y promover el pleno desarrollode la negociación colectiva, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los cambios que se
produzcan a este respecto.
La Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT en
relación con las cuestiones planteadas en esta observación.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Mauritania
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, en las que se denuncian los arrestos sistemáticos de sindicalistas en las manifestaciones. La Comisión
pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de laConfederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) recibidas el 28 de agosto de 2015, así como de la
respuesta del Gobierno. La Comisión toma nota también de las observaciones de carácter general de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículo 3 del Convenio. Elecciones profesionales. La Comisión tomó nota anteriormente del proceso iniciado
en 2014 con miras a adoptar un marco legal para la determinación de los criterios de representatividad sindical en lossectores privado y público y para la organización de las elecciones correspondientes. Según el Gobierno, el decretonúm. 156 2014/PM de 21 de octubre de 2014 relativo a la determinación de la representatividad de las organizaciones
sindicales establece los criterios desde el ámbito de la empresa hasta el ámbito interprofesional y nacional. Este decretoorganiza asimismo la representatividad sindical de los funcionarios y de los agentes contractuales del Estado. La Comisión
toma nota además de que los proyectos de resolución se someten actualmente al dictamen del Consejo Nacional delTrabajo, el Empleo y la Seguridad Social (CNTESS) antes de su adopción. Se trata de proyectos de resolución en los que
se fijan las modalidades de escrutinio y consolidación de los resultados tras las elecciones; el reglamento y lasmodalidades prácticas de organización de las elecciones de los delegados de personal en las empresas y losestablecimientos, y las modalidades prácticas de organización y funcionamiento del Consejo Nacional del Diálogo Social.
Por último, el proyecto de resolución que fija el reglamento de las modalidades prácticas de organización de las elecciones
por parte de las comisiones administrativas paritarias de la administración pública se remite al Consejo Superior deAdministración Pública y Reforma Administrativa para que éste emita un dictamen antes de su adopción. La Comisión
pide al Gobierno que siga suministrando informaciones sobre los progresos realizados con miras a la organización deelecciones de representantes de los trabajadores para determinar la representatividad sindical en los sectores público yprivado. La Comisión espera que el Gobierno seguirá beneficiándose de la asistencia técnica de la Oficina a estos
efectos tal como lo ha manifestado. Por último, teniendo en cuenta las observaciones de la CSI sobre la exclusión de la
CGTM ante las consultas mantenidas en el seno del CNTESS, la Comisión confía en que el Gobierno incluirá a todas
las organizaciones interesadas en las consultas sobre el proceso de reforma legislativa que ha iniciado con miras a laselecciones.

102

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Artículos 2 y 3. Modificaciones legislativas. La Comisión recuerda que viene pidiendo desde hace varios años alGobierno que modifique algunas disposiciones del Código del Trabajo a fin de ponerlas de conformidad con el Convenio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en julio de 2015, se constituyó una comisión encargada deproceder a una revisión del Código del Trabajo cuya labor debería culminarse antes de finales de año. En el marco deestos trabajos, esta Comisión ha consultado ya a los interlocutores sociales así como a otras instituciones. La Comisión
expresa nuevamente la firme esperanza de que, en un futuro próximo, el Gobierno dará cuenta de los progresos
tangibles logrados en la revisión del Código del Trabajo para ponerlo plenamente de conformidad con el Convenio. La
Comisión confía en que el Gobierno tendrá debidamente en cuenta, a este respecto, el conjunto de los puntos querecuerda a continuación:–
Derecho de los trabajadores, sin autorización previa, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y deafiliarse a las mismas. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 269 delCódigo del Trabajo con el fin de suprimir cualquier obstáculo al ejercicio del derecho sindical por parte de losmenores que tengan la edad mínima legal de admisión al empleo (14 años en virtud del artículo 153 del Código
del Trabajo), tanto a los trabajadores como a los aprendices, sin que sea necesaria la autorización de los padres odel tutor.
–
Derecho de los magistrados a constituir organizaciones. La Comisión recuerda que desde hace muchos años viene
pidiendo al Gobierno que adopte medidas para garantizar a los magistrados el derecho de constituir lasorganizaciones profesionales que estimen convenientes así como de afiliarse a las mismas, de conformidad con el
artículo 2 del Convenio. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala que los magistrados disponen a partir
de ahora de su propia organización profesional en la cual ejercen plenamente sus derechos sindicales, laComisión pide al Gobierno que señale la base legal que ha permitido este progreso.
–
Derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente a sus representantes y de organizar su gestión ysus actividades libremente, sin injerencia de las autoridades públicas. La Comisión pide al Gobierno que tome
medidas para modificar el artículo 278 del Código del Trabajo a fin de garantizar que cualquier cambio que se
produzca en la administración o en la dirección de un sindicato pueda tener efecto una vez que las autoridades
competentes se hayan hecho cargo del procedimiento y sin que la aprobación de éstas sea necesaria.
–
Arbitraje obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que modifique el artículo 350 del Código del Trabajo a finde que la posibilidad del Ministerio de Trabajo de recurrir al arbitraje obligatorio en caso de conflicto colectivo
no se limite a los casos que implican un servicio esencial en el sentido estricto del término, es decir, aquellos cuyainterrupción pondría en peligro, en toda o en parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de laspersonas, así como en situaciones de crisis nacional aguda.
–
Duración de la mediación. Recordando que la duración máxima (ciento veinte días) prevista en el artículo 346
del Código del Trabajo para la fase de mediación antes de la declaración de una huelga resulta excesiva, laComisión pide al Gobierno que modifique esta disposición a fin de reducir el plazo de duración máximo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

MéxicoConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1950)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2015.
Libertades públicas y derechos sindicales. En relación a la cuestión del asesinato de dos líderes campesinos
referida en su precedente comentario, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales lasvíctimas no eran trabajadores dependientes sino productores cafetaleros, que no estaban afiliados a ningún sindicato, que
sus reivindicaciones estaban relacionadas con los estragos del huracán y el problema de la inseguridad de la población yque los hechos no guardaban relación con el Convenio.
La Comisión toma nota con preocupación de los alegatos de la CSI e IndustriALL relativos a actos de violencia
contra sindicalistas, citando casos de ataques y detenciones en el sector minero, de la telefonía y la electricidad y del103

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de las observaciones de IndustriALL Global Union (IndustriALL), recibidas el 29 de agosto
de 2014 y el 1.º de septiembre de 2015, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Hierro, el Acero,
Productos Derivados, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNTIHAPDSC), recibidas el 31 de agosto de 2015,de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, y de la Unión Nacional deTrabajadores (UNT), recibidas el 10 de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones decarácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

calzado, así como en relación a protestas de trabajadores agrícolas. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus
comentarios al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Registro de las organizaciones sindicales. La Comisión observa que la Comisión de
Aplicación de Normas pidió al Gobierno que se cumpla sin demora con la obligación legal de publicar los registros yestatutos sindicales por las juntas locales de conciliación y arbitraje de los 31 estados del país — no sólo en el Distrito
Federal y San Luis Potosí — en el período de tres años establecido en la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, laComisión toma nota de las observaciones de la SNTIHAPDSC alegando retraso y falta de progresos en el cumplimento delas disposiciones sobre transparencia y publicidad de la información sindical establecidas en el artículo 365 bis de la Ley
Federal del Trabajo (LFT).
Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica: i) que el artículo quinto transitorio del decreto dereforma de la LFT de 2012 otorga un plazo de hasta tres años para transformar a las juntas de conciliación en juntas deconciliación y arbitraje local, para lo que los poderes legislativos correspondientes tienen que aprobar presupuestos que
garanticen su funcionamiento de acuerdo con la LFT; ii) que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje publican en sus respectivos portales virtuales los registros sindicales; iii) que las juntas localesde San Luis Potosí y del Distrito Federal cuentan con un espacio de consulta del registro de asociaciones en su portal deInternet, con más de 650 y 900 registros publicados respectivamente; iv) que las demás juntas locales están en proceso depublicar dicha información y se encuentran todavía dentro del plazo establecido, y v) que el Gobierno tiene previsto
impulsar la aplicación efectiva del artículo 365 bis de la LFT en el marco de la Conferencia Nacional de Juntas deConciliación y Arbitraje. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, como medida adicional adoptada paragarantizar la transparencia sindical, el artículo 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,de 4 de mayo de 2015, establece la obligación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral depublicar y mantener actualizada la información que posean respecto a organizaciones sindicales. La Comisión, tomando
debida nota de las medidas indicadas por el Gobierno, espera firmemente que se cumpla sin demora la obligación legal
de publicar los registros y estatutos sindicales por parte de todas las juntas de conciliación y arbitraje. La Comisión
pide al Gobierno que proporcione información al respecto.
Representatividad sindical y contratos de protección. La Comisión observa que la Comisión de Aplicación deNormas pidió al Gobierno que identifique, en consulta con los interlocutores sociales, las reformas legislativas adicionales
a la reforma laboral de 2012 que sean necesarias para dar cumplimiento al Convenio, destacando que lo anterior incluye
reformas que impidan el registro de sindicatos que no demuestren el apoyo de la mayoría de los trabajadores que
pretenden representar a través de un proceso de elección democrático (es decir, los llamados sindicatos de protección). La
Comisión toma nota de que las comunicaciones recibidas de la CSI, IndustriALL y SNTIHAPDSC coinciden enconsiderar que el fenómeno de los sindicatos y contratos de protección constituye uno de los obstáculos más graves al
ejercicio de la libertad sindical en el país. Estas organizaciones manifiestan: i) que sindicatos no democráticos yempleadores suscriben contratos colectivos de protección sin la participación o incluso el conocimiento de lostrabajadores, con el objetivo de reducir los salarios e impedir la constitución de sindicatos independientes; ii) que una vez
que se registra un contrato de protección resulta extremadamente difícil constituir un sindicato independiente en laempresa y celebrar un convenio colectivo legítimo (IndustriALL destaca que el único mecanismo para impugnar el control
por parte del sindicato de protección — el procedimiento de elección o recuento para determinar la titularidad delconvenio — carece de suficiente regulación, otorga amplios poderes a las autoridades laborales y puede sufrir importantes
retrasos); iii) que el fenómeno de los sindicatos y contratos de protección persiste y afecta a miles de lugares de trabajo(las organizaciones detallan ejemplos recientes ilustrando las dificultades para crear sindicatos independientes); iv) que lareforma laboral de 2012 no incluyó las medidas propuestas a fin de limitar la práctica de los sindicatos y contratos deprotección, en particular la propuesta de un artículo 388 bis que habría exigido el aval de los convenios colectivos porparte de los trabajadores (IndustriALL propone además la simplificación de los procedimientos de elecciones sindicales orecuentos, así como que se prescriba a sindicatos y empleadores la distribución de ejemplares de los convenios colectivos
a todos los trabajadores concernidos), y v) que el Gobierno no ha puesto en práctica todavía las recomendaciones delComité de Libertad Sindical y de la Comisión de Aplicación de Normas al respecto. La Comisión toma nota de que, en
cuanto al diálogo con los interlocutores sociales para buscar una solución al fenómeno de los sindicatos de protección, el
Gobierno informa que tiene prevista una reunión con la CSI, así como con las organizaciones nacionales de empleadores ytrabajadores para tratar esta cuestión. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que la Conferencia
Nacional de Secretarios del Trabajo emitió un pronunciamiento conjunto en contra de cualquier simulación que restrinja lalibertad de cualquier trabajador de decidir quién lo representa o su voluntad de suscribir un contrato colectivo. La
Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales y en cumplimiento de las conclusiones de laComisión de Aplicación de Normas, tome sin demora todas las medidas, legislativas y prácticas, que sean necesarias
para encontrar soluciones eficaces a los problemas planteados y que proporcione información al respecto.
Artículos 2 y 3. Posibilidad de pluralismo sindical en las dependencias del Estado y posibilidad de reelección delos dirigentes sindicales. La Comisión recuerda que desde hace años viene formulando comentarios relativos a lassiguientes disposiciones: i) la prohibición de que coexistan dos o más sindicatos en el seno de una misma dependencia delEstado (artículos 68, 71, 72 y 73 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE)); ii) la prohibiciónde los afiliados de dejar de formar parte del sindicato al que se hayan afiliado (artículo 69 de la LFTSE); iii) la prohibición104

de que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones sindicales obreras o campesinas (artículo 79 de la
LFTSE); iv) la alusión a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) como única central
sindical reconocida por el Estado (artículo 84 de la LFTSE); v) la declaración legislativa de monopolio sindical a favor dela Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB) (artículo 23 de la ley reglamentaria de la fracción XIII bis delapartado B, del artículo 123 de la Constitución), y vi) la prohibición de reelección dentro de los sindicatos (artículo 75 dela LFTSE).
La Comisión toma debida nota de que el Gobierno: i) indica que en virtud de la jurisprudencia de la Corte Supremade Justicia, así como de los usos y costumbres, las mencionadas restricciones legislativas a la libertad sindical de losfuncionarios públicos no se aplican; ii) añade que la cláusula de exclusión (por la cual se perdía el puesto de trabajo al
dejar de formar parte del sindicato en el que se estaba afiliado) está prohibida por el artículo 76 de la LFTSE, yiii) proporciona ejemplos que ilustran la inoperatividad de las disposiciones en cuestión (el Gobierno informa de que hay
más de un sindicato en 13 dependencias públicas, que diversos sindicatos de funcionarios se han adherido aorganizaciones de trabajadores, que existen cuatro federaciones registradas además de la FSTSE, que varios sindicatos debanca no están afiliados a la FENASIB, por ser independientes o estar afiliados a la UNT, y que diversos dirigentes
sindicales han sido reelegidos). La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica que el Poder Legislativo está
haciendo esfuerzos para actualizar la LFTSE y que existen iniciativas legislativas para modificar algunos de los artículos
concernidos (68, 69, 71, 72 y 73). La Comisión recuerda la importancia de modificar o derogar, en relación con todas
estas cuestiones, todas las disposiciones contrarias al Convenio, aun cuando hayan sido declaradas inaplicables o sean
inoperativas, en aras de promover la seguridad jurídica. La Comisión toma nota de las iniciativas legislativas indicadas ypide al Gobierno que tome las medidas adicionales necesarias para modificar todas las disposiciones restrictivas
mencionadas a efectos de ponerlas en conformidad con la jurisprudencia nacional y el Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información de toda evolución a este respecto.
Artículo 3. Derecho de elegir libremente a los representantes sindicales. Prohibición de que los extranjeros
formen parte de la directiva de los sindicatos (artículo 372, fracción II, de la LFT). La Comisión toma nota de que elGobierno indica que la fracción II del artículo 372 de la LFT, cuyo tenor no permite a los extranjeros formar parte de la
directiva de los sindicatos, quedó tácitamente derogada con la modificación del artículo 2 de la misma ley, que prohíbe
toda discriminación por origen étnico o nacional. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno precisa que lasautoridades registrales no exigen como requisito la acreditación de la nacionalidad mexicana de los dirigentes y que esta
prohibición no se aplica en la práctica. Tomando nota con interés de las indicaciones del Gobierno que los extranjeros
pueden formar parte de la directiva de los sindicatos y al mismo tiempo recordando la necesidad de asegurar laconformidad de las disposiciones legislativos con el Convenio, aun cuando éstas hayan sido dejadas sin efecto o no se
apliquen en la práctica, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la fracción II
del artículo 372 de la LFT, en aras de hacer explícita la derogación tácita de la restricción en cuestión, y que
proporcione información al respecto, incluyendo si el Gobierno tiene conocimiento de extranjeros que sean miembrosde directivas de sindicatos.
Aplicación práctica. Juntas de conciliación y arbitraje. La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI,
IndustriALL y SNTIHAPDSC manifestando que el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje obstaculiza elejercicio de la libertad sindical y, en particular: i) denunciando que las mismas están controladas por las instancias
gubernamentales federales y estatales y carecen de independencia necesaria para el desarrollo de sus funciones;ii) alegando que hay consenso nacional sobre su corrupción e inoperancia (haciendo referencia en particular a lasconclusiones críticas de un estudio de abril de 2015 sobre la Justicia Cotidiana del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), realizado a petición del Presidente de la República); iii) estimando que los procedimientos deelección de representantes de los trabajadores en dichas juntas son opacos y que los miembros de las juntas pueden estar
sujetos a conflictos de intereses, en particular cuando los trabajadores están representados por sindicatos de protección, yiv) proponiendo la modificación del funcionamiento de las juntas, o sus atribuciones o su sustitución, por ejemplo por
tribunales dependientes del Poder Judicial. La Comisión observa que el Comité de Libertad Sindical examinó alegatos defalta de imparcialidad en el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje, habiendo invitado al Gobierno a
iniciar un diálogo constructivo al respecto con los interlocutores sociales y habiendo observado recientemente que lareforma de la LFT tuvo un impacto positivo en el funcionamiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (véase
caso núm. 2694, 370.º informe, párrafo 567). La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto, al
tiempo que le alienta a seguir examinando mediante un diálogo constructivo con los interlocutores sociales los
problemas que plantean las organizaciones sindicales en relación con las juntas de conciliación y arbitraje en lo
concerniente al ejercicio de los derechos sindicales consagrados en el Convenio.
La Comisión confía que el Gobierno dé pleno cumplimento sin demora a las conclusiones de la Comisión de
Aplicación de Normas y recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

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Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOMontenegro
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2006)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical internacional (CSI) recibidas el 4 deagosto de 2011, así como de los comentarios correspondientes del Gobierno.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de que la nueva Ley del Trabajo contempla: i) la protección, aplicable tanto a las personasque están buscando un empleo como a aquellas empleadas, contra los actos de discriminación directa e indirecta, basados
en la afiliación a una organización sindical (artículos 5 a 10), y ii) la protección de los representantes sindicales contra losactos de discriminación antisindical hasta seis meses después de la finalización de sus actividades sindicales(artículo 160). La Comisión había constatado, sin embargo, que el artículo 172, que impone sanciones importantes en casode varias infracciones cometidas por los empleadores (incluyendo la obstaculización del libre ejercicio de los derechos
sindicales de los empleados o el no ofrecimiento a los sindicatos de condiciones para el ejercicio de la libertad sindical),no prevé multas para los actos de discriminación prohibidos por los artículos 5 a 10 y 160. La Comisión había pedido, porlo tanto, al Gobierno que tomara las medidas necesarias para enmendar la legislación de manera que contemple sanciones
suficientemente disuasivas en caso de actos de discriminación antisindical relacionados con actividades sindicales
legítimas. En ausencia de informaciones adicionales comunicadas por el Gobierno, la Comisión reitera que la Ley delTrabajo no prevé multas en caso de actos de discriminación antisindical en contra de trabajadores por motivo de su
afiliación sindical (artículos 5 a 10) ni tampoco en caso de actos de discriminación antisindical en contra de representantes
sindicales (artículo 160). Recordando que la normativa relativa a la protección contra los actos de discriminación
antisindical es insuficiente si no es acompañada por sanciones suficientemente disuasivas así como por mecanismos
eficaces y rápidos que garanticen su aplicación en la práctica, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para enmendar la legislación de manera a asegurar la imposición de sanciones suficientemente
disuasivas — incluyendo multas disuasivas — en caso de actos de discriminación antisindical en contra detrabajadores afiliados y representantes sindicales, basados en su afiliación sindical o en actividades sindicales
legítimas.
Artículo 2. Protección contra la injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de laausencia de disposiciones expresas prohibiendo los actos de injerencia de empleadores o de organizaciones deempleadores en la constitución, funcionamiento o administración de las organizaciones sindicales y viceversa. La
Comisión toma nota nuevamente de la mención por el Gobierno de los artículos 154 y 159 de la Ley del Trabajo así comode los artículos 53 y 54 del Convenio colectivo general de 2014 en virtud de los cuales los empleadores deben garantizar:
el respeto del derecho de participación en actividades sindicales a nivel local, nacional e internacional; la inviolabilidad delos fondos, propiedades, locales, correspondencia y conversaciones telefónicas de las organizaciones sindicales; y elacceso de los medios de comunicación a los locales sindicales. Al tiempo que toma nota de que la nueva Ley del Trabajo yel Convenio colectivo general abarcan ciertos actos de injerencia de parte del empleador, la Comisión observa que dichas
disposiciones no abarcan específicamente los actos de injerencia que tienden a fomentar la constitución de organizaciones
de trabajadores dominadas por un empleador o por organizaciones de empleadores, o a colocar estas organizaciones bajo
el control de empleadores o de organizaciones de empleadores por vía de medios económicos u otros. La Comisión pide
al Gobierno que tome las medidas necesarias para adoptar disposiciones legislativas específicas que prohíban, deconformidad con el artículo 2, 2), del Convenio, los mencionados actos de injerencia de parte del empleador o deorganizaciones de empleadores y que prevean expresamente vías de recurso eficaces y rápidas, acompañadas desanciones efectivas y suficientemente disuasivas.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al
Gobierno que: i) tome las medidas necesarias para modificar los artículos 149 y 150 de la nueva Ley del Trabajo de tal
manera que el Gobierno pueda seguir participando en la negociación de los aspectos del Convenio colectivo generalrelacionados con el salario mínimo pero sin que dicha participación se extienda a las condiciones de empleo y de trabajo,y ii) proporcione informaciones relativas a todo nuevo elemento relativo a la promoción de la negociación colectiva en lossectores público y privado. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre elseminario de promoción del diálogo social llevado a cabo en marzo de 2014. En cuanto a la referencia del Gobierno a laenmienda de los artículos 149 y 150 de la Ley del Trabajo llevada a cabo en 2011, la Comisión observa primero que
dichas enmiendas no abordaron las cuestiones planteadas en su comentario anterior. La Comisión observa adicionalmenteque el Convenio colectivo general de 2014 fue suscrito por el Gobierno, la asociación nacional de empleadores
representativa y las organizaciones sindicales nacionales representativas y que trata, además de los salarios, de losbeneficios sociales y otros aspectos remunerativos así como de condiciones de empleo tales como las vacaciones anuales yla terminación del empleo.
La Comisión recuerda una vez más que el artículo 4 del Convenio prevé la negociación colectiva entre losempleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores en una estructura bipartita y que, si bien lapresencia del Gobierno sería justificable si el acuerdo colectivo general se limitara al establecimiento del salario mínimo,
la negociación de las otras condiciones de empleo debería tener lugar en un contexto bipartito y que las partes deberían106disfrutar de plena autonomía en este sentido. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias paraenmendar los artículos 149 y 150 de la Ley del Trabajo a fin de garantizar que el Gobierno pueda participarúnicamente en la negociación de un convenio colectivo general que se limite a cuestiones relacionadas con el salario
mínimo, y que los asuntos relacionados con otras condiciones de empleo estén sujetos a la negociación colectiva
bipartita entre los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores.
Derechos de los sindicatos en función de su representatividad. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
pedido al Gobierno que proporcione información sobre la capacidad de los sindicatos que no cumplen con los criterios derepresentatividad de negociar en nombre de sus miembros, cuando no existiera ningún sindicato que cumpla con dichos
requisitos a nivel de la empresa. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los sindicatos sin
representatividad gozan de todos los derechos en virtud de la Ley del Trabajo pero que no gozan de los derechos
reconocidos por el artículo 5 de la Ley sobre la Representatividad Sindical, en particular, del derecho a la negociación
colectiva. La Comisión observa que el artículo 13 de la mencionada ley, tal como ha sido enmendada, establece que si
existen dos o más sindicatos que cumplan con los criterios de representatividad establecidos por la ley, todos estos
sindicatos deberían tener los derechos mencionados en el artículo 5. La Comisión observa asimismo que los sindicatos norepresentativos no gozan de este derecho, pero pueden fusionarse con el propósito de cumplir con los requisitos derepresentatividad (artículo 14 de la Ley sobre la Representatividad Sindical).
Determinación de la representatividad sindical. En cuanto al procedimiento para determinar la representatividad anivel de empresa, la Comisión había tomado nota con anterioridad de que los artículos 15, 17 y 18 de la ley se refieren adiversos poderes del «director», por ejemplo el poder de establecer una comisión para determinar la representatividad deun sindicato y para decidir sobre la representatividad a propuesta de la comisión. La Comisión había pedido al Gobierno
que enviara información en relación con la autoridad del «director» mencionado, así como sobre el mandato y elprocedimiento de la comisión mencionada. La Comisión observa que el Gobierno se limita a citar en su memoria losartículos 15 a 18 enmendados y envía estadísticas así como una lista de sindicatos representativos a nivel nacional y derama. También se refiere al número de apelaciones (tres) presentadas para determinar la representatividad en virtud delartículo 18. La Comisión pide al Gobierno una vez más que aclare el alcance del término «director» previsto en losartículos mencionados. Observando que el artículo 17 de la Ley sobre la Representatividad de los Sindicatos
enmendada se refiere a reglas de procedimiento de la comisión, la Comisión solicita al Gobierno que envíe una copia,
así como información adicional sobre el mandato y el procedimiento del órgano mencionado.
Condición para la representatividad de los sindicatos. La Comisión toma nota de que la condición de lossindicatos para poder negociar colectivamente en el ámbito de la rama de actividad es tener afiliados a un mínimo del
15 por ciento del número total de trabajadores empleados en el sector económico correspondiente. La Comisión considera
que el porcentaje requerido podría obstaculizar el ejercicio de la negociación colectiva y solicita al Gobierno que
considere reducir dicho límite, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más
representativas.
Representatividad de las federaciones de empleadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota deque el artículo 161 de la Ley del Trabajo establece que la federación de empleadores se considerará representativa si sus
miembros emplean a un mínimo del 25 por ciento de los empleados en la economía de Montenegro y participa en el
producto interior bruto de Montenegro con un mínimo de 25 por ciento y que, si ninguna asociación cumple con estos
requisitos, los empleadores pueden concluir un acuerdo para participar directamente en la negociación de un convenio
colectivo. La Comisión había pedido al Gobierno que tome medidas para reducir sustancialmente o bien derogar estos
requisitos mínimos. Tomando nota de que el Gobierno se limita a reiterar la disposición anteriormente señalada, laComisión pide nuevamente al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para reducir sustancialmente o derogar
los requisitos mínimos establecidos para que una asociación de empleadores sea considerada representativa, con el fin
de permitir que los empleadores y sus asociaciones puedan concluir convenios colectivos.
Adicionalmente, la Comisión toma nota del reglamento sobre la forma y el procedimiento para el registro de losempleadores y la determinación de su representación (núm. 34/05) suministrada por el Gobierno, y en particular que,según su artículo 12, la afiliación de las asociaciones de empleadores a confederaciones patronales internacionales oregionales es un requisito previo para que puedan ser consideradas como representativas a nivel nacional. La Comisión
considera que, para que una asociación de empleadores pueda negociar un convenio colectivo, debería ser suficiente
establecer que es suficientemente representativa en el nivel adecuado, independientemente de su afiliación internacional oregional o de su falta de afiliación. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar el reglamentonúm. 34/05 en este sentido.
La Comisión recuerda al Gobierno que puede valerse, si así lo desea, de la asistencia técnica de la Oficina en
relación con las cuestiones jurídicas planteadas en esta observación.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

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Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Mozambique
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Asociaciones Económicas de Mozambique(CTA), adjunta a la memoria del Gobierno, indicando que el contenido del Convenio se tiene plenamente en cuenta en lasleyes y reglamentos en vigor. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones formuladas en 2010 por la
Confederación Sindical Internacional (CSI) respecto de la aplicación del Convenio. La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto. En relación con las observaciones de la CSI de 2008,
relativas a los graves actos de violencia contra los trabajadores en huelga en el sector de las plantaciones de caña deazúcar, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones con respecto a las investigaciones llevadas acabo sobre estas cuestiones y, en caso de confirmarse las violaciones alegadas, que adopte las medidas adecuadas para
subsanarlas.
Adopción de la Ley sobre la Sindicalización en la Función Pública. En relación con sus comentarios anteriores
relativos al no reconocimiento de los funcionarios públicos del derecho de sindicación, la Comisión toma nota con
satisfacción de la adopción de la Ley sobre la Sindicalización en la Función Pública, de 27 de agosto de 2014, quereconoce la libertad sindical de los funcionarios públicos y determina el marco jurídico para su ejercicio. La Comisión
plantea a este respecto una serie de cuestiones al Gobierno en una solicitud directa.
Artículo 2 del Convenio. Registro de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En sus comentarios
anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 150 de la Ley delTrabajo que otorga un plazo de cuarentaicinco días al órgano central de la administración del trabajo para proceder alregistro de una organización sindical de trabajadores o de una organización de empleadores. Al tiempo que toma nota dela indicación del Gobierno, en una memoria anterior, según la cual ese plazo se estableció debido al hecho de que el país
no cuenta con un sistema de comunicación moderno e informatizado, la Comisión recuerda que la duración excesiva delprocedimiento de registro representa un grave obstáculo a la constitución de organizaciones y que ese plazo debería
reducirse a una duración razonable, por ejemplo, no superior a los 30 días. En consecuencia, la Comisión pide al
Gobierno que inicie consultas con los interlocutores sociales con objeto de revisar el artículo 150 de la Ley del Trabajo
en el sentido indicado y que comunique informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.
Artículo 3. Responsabilidad penal de los trabajadores en huelga. En sus comentarios anteriores, la Comisión
pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 268, párrafo 3, de la Ley del Trabajo, que
prevé que toda violación de los artículos 199 (libertad de trabajo de no huelguistas), 202, párrafo 1, y 209, párrafo 1 (sobre
los servicios mínimos), constituye una infracción disciplinaria, siendo responsables civil y penalmente los trabajadores enhuelga. Al observar que la memoria del Gobierno no da respuesta a los comentarios de la Comisión sobre ese punto, laComisión recuerda que las sanciones penales sólo pueden preverse cuando, con motivo de la huelga, se cometen actos deviolencia contra las personas o los bienes u otras infracciones graves de derecho común, y en aplicación de los textos que
sancionan los hechos antes mencionados. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para enmendar el artículo 268, párrafo 3, de la Ley del Trabajo en el sentido indicado y que comuniqueinformaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) de 2010, referidas una vez más a actos de discriminación antisindical en las zonas francas deexportación y a la violación constante de los convenios colectivos. Al tiempo que recuerda que ya se le habían
comunicado observaciones similares y observando que el Gobierno sigue sin haber suministrado información sobre
esta cuestión, la Comisión insta firmemente al Gobierno a transmitir sus comentarios al respecto y a velar por laaplicación de las disposiciones del Convenio en ese sector.
Adopción de la Ley sobre la Sindicalización en la Función Pública. La Comisión toma nota con satisfacción de la
adopción, el 27 de agosto de 2014, de la Ley sobre la Sindicalización en la Función Pública, que reconoce la libertad
sindical y el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos. Con el fin de garantizar que los funcionarios
y agentes públicos no adscritos a la administración del Estado (por ejemplo, los trabajadores de las empresas públicas, losempleados municipales y los empleados de las instituciones descentralizadas, así como los docentes del sector público)que están cubiertos por el presente Convenio, gocen de las garantías de este instrumento, la Comisión dirige al Gobierno
una serie de cuestiones y comentarios relativos a ciertas disposiciones de la ley en una solicitud directa.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia. En sus
comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara informaciones sobre el número de quejas recibidas

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LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

en relación con actos de discriminación antisindical y de injerencia, así como sobre la cuantía de las multas que se hayan
impuesto, con objeto de poder determinar si las sanciones previstas (de cinco a diez salarios mínimos, que pueden
duplicarse en el caso de infracciones reiteradas) son suficientemente disuasorias en la práctica. La Comisión lamenta
tomar nota de que el Gobierno aún no haya proporcionado informaciones a este respecto. En consecuencia, la Comisión
pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones detalladas acerca del número de quejas recibidas en
relación con actos de discriminación antisindical y de injerencia, así como sobre la cuantía de las multas que se hayan
impuesto, con inclusión de las zonas francas, las cuales, según la CSI, son las zonas más frecuentemente sujetas a ladiscriminación antisindical y a la injerencia.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI) recibidas en 2012, referidas al allanamiento por un grupo compuesto por miembros del ejército, la policía y losservicios de seguridad de una reunión sindical; las golpizas a sindicalistas que asistían a la reunión; arrestos y detenciones.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el incidente ocurrió a nivel del estado y que se le puso término
inmediatamente y se procedió a su corrección. Subraya que la libertad sindical está consagrada en la Constitución y que
toda acción u omisión de naturaleza criminal en este contexto por parte de cualquier ciudadano es una cuestión que lapolicía debe investigar y perseguir. La Comisión recuerda nuevamente que los derechos de las organizaciones detrabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas decualquier índole contra los dirigentes y afiliados a estas organizaciones. La Comisión también quiere recordar que elarresto y detención de dirigentes sindicales y sindicalistas por el ejercicio de sus actividades sindicales legítimas, aunquesólo sea por un corto período, constituye una violación de los principios de la libertad sindical consagrados en el
Convenio. La Comisión, confiando que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el respetode esos principios, le pide que proporcione mayor información sobre las investigaciones llevadas a cabo y sobre
cualquier procedimiento judicial y las sanciones impuestas.
La Comisión toma nota también de las observaciones proporcionadas por la CSI en una comunicación recibida el
1.º de septiembre de 2015, contentiva de alegatos relativos a la denegación del derecho a la afiliación sindical, despidos
masivos por tratar de afiliarse a sindicatos, persecución masiva de dirigentes sindicales, detenciones de afiliados y otras
violaciones. La Comisión pide al Gobierno que facilite sus comentarios a este respecto.
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Asociación de los Altos Funcionariosde Nigeria (ASCSN) de 2014 en las que la ASCSN niega la veracidad de los alegatos contenidos en una comunicación
enviada en 2012 por la Internacional de la Educación (IE) y el Sindicato del Personal Docente de Nigeria (NUT). La
Comisión recuerda que la IE y el NUT indicaron que los empleadores de los docentes en instituciones educativas deenseñanza privada no permiten que estos trabajadores se afilien al NUT, y que se ha obligado a los docentes deinstituciones educativas federales a afiliarse a la ASCSN, denegándoles, de este modo, el derecho de pertenecer a unsindicato profesional de su elección. El Gobierno indica en su memoria que el conflicto intersindical entre la ASCSN y el
NUT, referido a la interpretación del ámbito jurisdiccional de los sindicatos, como se establece en el tercer anexo de la
Ley sobre los Sindicatos, se remitió al Tribunal de Relaciones Laborales de Nigeria. El Gobierno hace hincapié en que enningún momento se ha obligado a un trabajador a afiliarse a un sindicato. La Comisión pide al Gobierno que informe
sobre el resultado del procedimiento ante el Tribunal de Relaciones Laborales de Nigeria.
La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Libertades civiles. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que fueronarrestados ocho sospechosos en conexión con el asesinato del Sr. Alhaji Saula Saka, presidente de la zona de Lagos delSindicato Nacional de Trabajadores del Transporte por Carretera. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara
información sobre los resultados de las investigaciones llevadas a cabo y de todos los procedimientos judiciales. La
Comisión toma nota de que el Gobierno tiene la intención de facilitar información sobre los resultados de losprocedimientos judiciales una vez que haya obtenido una copia de las autoridades judiciales. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información detallada sobre los resultados del procedimiento judicial, y, en caso de condena
sobre la ejecución de la sentencia, que garantice que toda la sentencia impuesta a los autores sea aplicada.
Derecho de sindicación en las zonas francas de exportación (ZFE). En sus comentarios anteriores, la Comisión
tomó nota de que el Gobierno señalaba que el Ministerio Federal de Trabajo y Productividad seguía manteniendodiscusiones con la autoridad de las ZFE sobre los asuntos relativos a la sindicación y al ingreso de la inspección en las
ZFE. Asimismo, la Comisión tomó nota de los comentarios de la CSI, según los cuales el artículo 13, 1), del decreto sobre
la autoridad de las zonas francas de exportación, de 1992, que prevé que «ninguna persona podrá ingresar, permanecer oresidir en una zona sin haber obtenido permiso de la autoridad», dificulta que los trabajadores constituyan sindicatos o se

109

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

afilien a los mismos, puesto que es casi imposible que los representantes de los trabajadores obtengan acceso a las ZFE.
En este sentido, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que: i) la autoridad de las zonas francas de exportación
no se opone a las actividades sindicales; ii) la tercera parte de las directrices del Ministerio Federal de Trabajo y
Productividad sobre la administración del trabajo y la contratación y externalización del personal en el sector del gas y delpetróleo se aplican a las ZFE, y iii) la sindicación ya ha empezado, por ejemplo en el Sindicato General de Trabajadoresde las Empresas Públicas, la administración pública y los servicios técnicos y recreativos han comenzado a afiliar a sus
miembros en las ZFE. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno indica que las directrices ministeriales, cuyo
objetivo es prevenir todo acto de discriminación antisindical contra cualquier trabajador en las ZFE, permanecerán envigor hasta que se modifique la Ley sobre Zonas Francas de Exportación. La Comisión toma nota de que el artículo 3.13
de las directrices ministeriales antes mencionadas, que se adjuntan a la memoria del Gobierno, señala que «los derechos delibertad sindical y negociación colectiva no se denegarán a los trabajadores de las zonas francas y de las zonas depromoción de las exportaciones». La Comisión también toma nota, sin embargo, que el artículo 3.2 de las directrices
ministeriales prevé que «todo el personal contratado con arreglo al contrato de trabajo/mano de obra pertenecerá ya sea al
Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo y del Gas Natural (NUPENG) o a la Asociación del Personal Directivo dela Industria del Petróleo y del Gas Natural (PENGASSAN), según corresponda». En este sentido, la Comisión recuerda
que el artículo 2 del Convenio, prevé que los trabajadores y los empleadores tienen el derecho de constituir lasorganizaciones «que estimen convenientes» y de afiliarse a estas organizaciones. La Comisión pide al Gobierno que
adopte las medidas necesarias, incluyendo la modificación de las directrices ministeriales pertinentes y de lalegislación relativa a las ZFE, para garantizar que los trabajadores de las ZFE disfrutan del derecho de constituir lasorganizaciones que estimen convenientes, y de afiliarse a las mismas, tal como está consagrado en el Convenio.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la cuestión del acceso razonable a las ZFE
de los representantes de las organizaciones de trabajadores.
La Comisión saluda la indicación del Gobierno con respecto a su intención de solicitar la asistencia técnica dela OIT.
Cuestiones legislativas pendientes
La Comisión recuerda que desde hace varios años ha venido formulando comentarios sobre varias cuestiones; ylamentando no haber recibido información alguna a este respecto, se ve obligada a reiterarlos:
Artículo 2 del Convenio. Monopolio sindical impuesto por la legislación. En sus comentarios anteriores, laComisión había manifestado su preocupación en lo que respecta al monopolio sindical impuesto por la legislación, y había
pedido al Gobierno que enmendara el artículo 3, 2), de la Ley sobre los Sindicatos, que limita la posibilidad de que cuando
ya existe un sindicato se puedan registrar otros sindicatos. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 2 delConvenio, los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes, así como el de afiliarse a ellas, y que es importante que los trabajadores puedan establecer nuevos sindicatos
por motivos de independencia, eficacia y elección ideológica. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que modifique el artículo 3, 2), de la Ley sobre los Sindicatos teniendo en cuenta los principios antes
mencionados.
Derecho de sindicación en varios departamentos y servicios gubernamentales. En sus comentarios anteriores, laComisión pidió al Gobierno que enmendara el artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos, que denegaba el derecho desindicación a los empleados del Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos, del Departamento de Inmigración, delservicio penitenciario, de la Imprenta Oficial y la Casa de Moneda de Nigeria, del Banco Central de Nigeria y de laCompañía de Telecomunicaciones de Nigeria. La Comisión tomó nota de que el proyecto de ley sobre relaciones
colectivas de trabajo, se encontraba pendiente en la Cámara Baja del Parlamento, abordaría este asunto. La Comisión toma
nota de que el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo sigue pendiente de tramitación ante la Asamblea
Nacional. La Comisión confía en que el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo que enmienda el
artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos se adopte en un futuro próximo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno quetransmita una copia de la Ley sobre Relaciones Colectivas de Trabajo una vez que se haya adoptado.
Requisito de afiliación mínima. La Comisión había expresado anteriormente su preocupación en relación con el
artículo 3, 1), de la Ley sobre los Sindicatos, que requiere un número de 50 trabajadores para constituir un sindicato.
Considerando que, si bien este requisito de afiliación mínima sería permisible para los sindicatos de la industria, podría
tener el efecto de obstaculizar la constitución de sindicatos de empresa, especialmente en las empresas pequeñas.
Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que el artículo 3, 1), a), se aplica al registro de sindicatos
nacionales, y que a nivel de empresa no existe límite alguno en lo que respecta al número de personas para constituir unsindicato. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el país utiliza un sistema basado en el sector de laindustria, y que los trabajadores de las pequeñas empresas forman ramas del sindicato nacional. La Comisión pide una vez
más al Gobierno que adopte medidas para modificar el artículo 3, 1), de la Ley sobre los Sindicatos a fin de prever
expresamente que el requisito de afiliación mínima de 50 trabajadores no se aplica al establecimiento de sindicatos anivel de empresa.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones a organizar su administración y sus actividades y a formular sus
programas sin injerencia de las autoridades públicas. Administración de las organizaciones. En sus comentarios

110anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que enmendara los artículos 39 y 40 de la Ley sobre los Sindicatos para
limitar las amplias facultades del encargado del registro de supervisar en todo momento las cuentas de los sindicatos ypara garantizar que tales facultades se limitaran a la obligación de presentar informes económicos periódicos, o deinvestigar una queja. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que el proyecto de ley sobre relaciones colectivas
de trabajo que aborda esta cuestión todavía no se ha aprobado. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza deque en el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo se tomen plenamente en cuenta sus comentarios yespera que la ley se adopte sin demora.
Actividades y programas. La Comisión recuerda que había formulado anteriormente comentarios sobre ciertas
restricciones al ejercicio del derecho de huelga (artículo 30 de la Ley sobre los Sindicatos que, en su forma enmendada por
el artículo 6, d), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda), impone el arbitraje obligatorio, requiere que para convocar una
huelga se obtenga el voto favorable de la mayoría de todos los afiliados sindicales registrados, define los «servicios
esenciales» de una forma demasiado amplia, contiene restricciones en relación con los objetivos de las acciones de huelga
e impone sanciones penales que incluyen penas de prisión por llevar a cabo huelgas ilegales; y el artículo 42 de la Ley
sobre los Sindicatos, en su forma enmendada por el artículo 9 de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda), que declara
ilegales las reuniones o las huelgas que impidan que un avión realice sus vuelos u obstruyan las carreteras, instituciones u
otras instalaciones públicas). La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que: i) el derecho de huelga de lostrabajadores no se entorpece; ii) el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo se ha ocupado de la cuestión delos servicios esenciales; iii) en la práctica, las federaciones de sindicatos van a la huelga o protestan contra las políticas
socioeconómicas del Gobierno sin ser sancionadas por ello, y iv) el artículo 42, en su forma enmendada, sólo tiene por
objetivo garantizar el mantenimiento del orden público. La Comisión expresó su firme esperanza de que, en el proceso derevisión legislativa, se adoptarán todas las medidas necesarias para modificar las disposiciones antes mencionadas de la
Ley sobre los Sindicatos, teniendo en cuenta los comentarios anteriores de la Comisión sobre estas cuestiones. La
Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto.
Artículo 4. Disolución por las autoridades administrativas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al
Gobierno que enmendara el artículo 7, 9), de la Ley sobre los Sindicatos, suprimiendo las amplias facultades del ministropara cancelar el registro de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, puesto que las posibilidades dedisolución administrativa con arreglo a esta disposición implican un grave riesgo de injerencia de las autoridades públicas
en la existencia de las organizaciones. La Comisión tomó nota de que el Gobierno reiteró su posición anterior en el sentidode que la cuestión ha sido abordada en el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo que actualmente seencuentra ante la Asamblea Nacional. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que la Ley sobre
Relaciones Colectivas de Trabajo se promulgue sin más demora y aborde de manera adecuada esta cuestión.
Artículos 5 y 6. Derecho de las organizaciones de constituir federaciones y confederaciones y de afiliarse aorganizaciones internacionales. La Comisión había tomado nota de que el artículo 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre losSindicatos (enmienda) de 2005 exige que, para el registro de las federaciones, éstas estén integradas por 12 o mássindicatos. La Comisión tomó nota de que, según el artículo 1, 2), de esta ley, la solicitud de afiliación internacional de unsindicato deberá someterse a la aprobación del ministro. La Comisión considera que una legislación que subordina
la afiliación internacional de un sindicato a la autorización del Gobierno es incompatible con el principio de afiliación
libre y voluntaria de los sindicatos a organizaciones internacionales. En lo que respecta al requisito que establece elartículo 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) de 2005 de que, para el registro de las federaciones,
éstas estén integradas por 12 o más sindicatos, la Comisión recuerda que el requisito de un número mínimo excesivamenteelevado de sindicatos para constituir una organización de nivel superior no está de conformidad con el artículo 5 delConvenio. La Comisión pide una vez más al Gobierno de tomar las medidas necesarias para enmendar losartículos 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) de 2005 y el artículo 1 de la Ley sobre losSindicatos (afiliación internacional) de 1996 para fijar un número mínimo razonable de sindicatos afiliados con miras
a no obstaculizar el establecimiento de federaciones, y garantizar que la afiliación internacional de los sindicatos norequiera el permiso del Gobierno.
Recordando que, según la declaración del representante gubernamental ante la Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia de 2011, cinco proyectos de ley en materia de trabajo habían sido elaborados con laasistencia técnica de la OIT, y tomando nota de que el Gobierno había indicado que los proyectos de ley de trabajo se
encontraban ante la Asamblea Nacional y aún no habían sido adoptados, la Comisión insta al Gobierno a tomar
medidas adecuadas para garantizar que en un futuro muy próximo se adopten las enmiendas necesarias a las leyes
antes mencionadas a fin de ponerlas en plena conformidad con el Convenio.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Panamá
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de la respuesta detallada del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) de 2012. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la CSI recibidas el 1.º de
111

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

septiembre de 2015 y pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto. Por otra parte, la Comisión toma nota delas observaciones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y del Consejo Nacional deTrabajadores Organizados (CONATO), recibidas el 31 de agosto de 2015, así como la respuesta detallada del Gobierno alas mismas y a las observaciones anteriores de estas organizaciones recibidas el 14 de marzo de 2014. La Comisión
también toma nota de los comentarios de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) de septiembre de 2013 y delos comentarios del Gobierno al respecto. La Comisión toma finalmente nota de las observaciones de la OIE de carácter
general recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había expresado su confianza en que el Gobierno trataría
el tema de la negativa de la autoridad administrativa a otorgar personerías jurídicas a varios sindicatos, tema que habíasido puesto de relieve por la CSI, la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos, la
CONUSI y el CONATO. Al respecto, la Comisión toma nota con interés de que, según indica el Gobierno, a partir del
1.º de julio de 2014 se ha normalizado el otorgamiento de las personerías jurídicas de los sindicatos. Según informa el
Gobierno en su memoria, en el último año se ha otorgado un total de 12 personerías jurídicas, mientras que durante loscinco años anteriores, sólo se habían otorgado nueve personerías jurídicas.
Seguimiento a la asistencia técnica de la OIT. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota coninterés que, con los buenos oficios de una misión de asistencia técnica de la OIT, el 1.º de febrero de 2012, losrepresentantes del Gobierno, del CONATO, de la CONUSI y del Consejo Nacional de la Empresa firmaron un acuerdo
tripartito en virtud del cual se pusieron en funcionamiento dos comisiones: la comisión de adecuación (destinada a buscar
fórmulas consensuadas de avenimiento que permitan armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio
y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)), y la comisión de tratamiento
rápido de quejas sobre libertad sindical y negociación colectiva (comisión de quejas). La Comisión toma nota de que el
11 de junio de 2013, en la Reunión tripartita de la delegación de Panamá (que tuvo lugar en el marco de la 102.ª reuniónde la Conferencia Internacional del Trabajo) los actores sociales se comprometieron a reanudar las reuniones de lascomisiones del acuerdo tripartito de febrero de 2012 que se encontraban suspendidas desde noviembre de 2012. La
Comisión recuerda que la comisión de adecuación se había comprometido a tratar las siguientes cuestiones legislativas
pendientes:
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores sin ninguna distinción de constituirorganizaciones y de afiliarse a las mismas.
–
La regla según la cual no podrá haber más de una asociación en una institución pública, y que las asociaciones
podrán tener capítulos provinciales o comarcales, pero no más de un capítulo por provincia, establecida en losartículos 179 y 182 del texto único de la ley núm. 9, modificado por la ley núm. 43 de 31 de julio de 2009;–
la exigencia de un número demasiado elevado de miembros para constituir una organización profesional deempleadores (10) y aún más elevado para constituir una organización de trabajadores a nivel de empresa (40) en
virtud del artículo 41 de la ley núm. 44 de 1995 (modificatoria del artículo 344 del Código del Trabajo), así como deun número elevado de miembros para constituir una organización de servidores públicos (40) en virtud delartículo 182 del texto único de la ley núm. 9, y–la denegación a los servidores públicos (los que no son de carrera y los de libre nombramiento regulado por laConstitución, los de selección y en funciones) del derecho de formar sindicatos.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de elegir libremente a los representantes.
–
La exigencia de ser de nacionalidad panameña para poder ser miembro de la junta directiva de un sindicato (elGobierno indica que si bien el Código del Trabajo ha eliminado esta limitación, la misma aún permanece en laConstitución).
Derecho de las organizaciones de organizar libremente sus actividades y de formular sus programas de acción.
–
La injerencia legislativa en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores (artículos 452, 2),493, 4) y 494 del Código del Trabajo) (cierre de la empresa en caso de huelga e interdicción de acceso a lostrabajadores no huelguistas); la obligación para los no afiliados de pagar una cuota de solidaridad en concepto debeneficios derivados de la negociación colectiva (artículo 405 del Código del Trabajo); y la intervención automática
de la policía en caso de huelga (artículo 493, párrafo 1, del Código del Trabajo), y–la prohibición de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga, así como la prohibición de huelgas
contra las políticas económicas y sociales del Gobierno y de huelgas no vinculadas a un convenio colectivo en una
empresa; la facultad de la Dirección Regional o General del Trabajo de someter el conflicto colectivo al arbitraje
obligatorio en las empresas de transporte privado (artículos 452 y 486 del Código del Trabajo); así como la
obligación de prestar servicios mínimos con un 50 por ciento del personal en el sector del transporte, así como lasanción con destitución directa de los servidores públicos por incumplir los servicios mínimos (artículos 155 y 192
del texto único de 29 de agosto de 2008, modificado por la ley núm. 43 de 31 de julio de 2009).
Al respecto, el Gobierno indica que tal y como se acordó en el acta de la Reunión tripartita de la delegación dePanamá de junio de 2013, la comisión de adecuación se comprometió a atender en primer lugar lo relativo a la adecuación112

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

de la legislación laboral pertinente al sector público. La Comisión toma nota de que: i) luego de dos años en los que
tuvieron lugar reuniones esporádicas, se realizaron nueve reuniones de trabajo de la comisión de adecuación en octubre ynoviembre de 2015, en las que se alcanzaron varios acuerdos respecto de los temas relativos a los derechos colectivos delos trabajadores del sector público (el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva, el derecho de huelga ysolución de conflictos); ii) el Gobierno indica que el objetivo de dichas reuniones es llegar a un consenso sobre losdistintos temas para posteriormente redactar un proyecto de ley sobre los derechos colectivos de los servidores públicos, yiii) de lograrse el consenso de todas las partes sobre el proyecto de ley que se elabore, se presentará el mismo al Órgano
Ejecutivo, en el interés de que sea remitido al Órgano Legislativo para su adopción.
La Comisión saluda los avances en los trabajos que viene realizando la comisión de adecuación y los acuerdos
alcanzados en sus reuniones de trabajo, en particular los acuerdos relativos al reconocimiento a los servidores públicos delderecho constitucional de asociación sindical. La Comisión observa, sin embargo, que algunos de los acuerdos alcanzados
no van necesariamente en el sentido señalado en sus comentarios anteriores, particularmente en lo que respecta a lanecesidad de que se permita el pluralismo sindical en las instituciones públicas y a la necesidad de reducir el número
mínimo de miembros necesarios para que los servidores públicos puedan constituir sus organizaciones. En estas
condiciones, la Comisión espera que el proyecto de ley que se elabore en un futuro próximo reconozca la posibilidad deque los servidores públicos puedan constituir más de una organización por institución si así lo desean y reduzca laexigencia en cuanto al número mínimo de miembros necesario para constituir una organización de servidores públicosa un nivel razonable.
La Comisión recuerda que quedan pendientes otras cuestiones relativas al sector privado y toma nota de que elGobierno indica que aún no han sido tratadas en la comisión de adecuación. La Comisión confía en que la comisión deadecuación seguirá haciendo el mayor de los esfuerzos para que, teniendo en cuenta los comentarios formulados por
esta Comisión, se ponga la legislación y la práctica en plena conformidad con el Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que informe sobre los acuerdos alcanzados en las reuniones de la comisión de adecuación y sobre el proyecto
de ley sobre los derechos colectivos de los servidores públicos que se elabore, así como de otras medidas adoptadas para
asegurar la plena adecuación de la legislación con el Convenio.

La Comisión toma nota de la respuesta detallada del Gobierno a las observaciones formuladas por la Confederación
Sindical Internacional (CSI) en 2012. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación
Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO)
recibidas el 14 de marzo de 2014 y el 31 de agosto de 2015, así como las respuestas detalladas del Gobierno a las mismas.
La Comisión toma nota, en particular, de que el Gobierno destaca que del 2013 a junio de 2015 se celebraron un total de
182 convenciones colectivas, las cuales han beneficiado a 107 363 trabajadores.
Seguimiento a la asistencia técnica de la OIT. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota coninterés que, con los buenos oficios de una misión de asistencia técnica de la OIT, el 1.º de febrero de 2012, losrepresentantes del Gobierno, del CONATO, de la CONUSI y del Consejo Nacional de la Empresa firmaron un acuerdo en
virtud del cual se pusieron en funcionamiento dos comisiones: la comisión de adecuación (destinada a buscar fórmulas
consensuadas de avenimiento que permitan armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio y delConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)), y la comisión detratamiento rápido de quejas sobre libertad sindical y negociación colectiva (comisión de quejas). La Comisión toma nota
de que en su memoria el Gobierno indica que el 11 de junio de 2013, en el marco de la 102.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, se firmó el acta de la Reunión tripartita de la delegación de Panamá, mediante la cual los actoressociales se comprometieron a reanudar las reuniones de las comisiones del acuerdo tripartito de Panamá que se
encontraban suspendidas desde noviembre de 2012. La Comisión toma nota de los diferentes acuerdos alcanzados por la
comisión de quejas y toma nota con interés que mediante el acuerdo núm. 4 firmado el 23 de marzo de 2015, la Comisiónde quejas recomendó el reintegro de todos los dirigentes sindicales del sector público que habían sido despedidos,
incluyendo los del sector educación, tomando en consideración que sus despidos se dieron infringiendo en algunos casos
el fuero sindical y en general la libertad sindical. La Comisión toma nota de que, si bien muchos de los funcionarios
incluidos en el acuerdo núm. 4 de la comisión de quejas fueron restituidos a sus antiguos puestos, aún quedan muchos
otros que no han sido restituidos. La Comisión pide al Gobierno que informe respecto de la restitución del resto dedirigentes sindicales mencionados en el acuerdo núm. 4 de la comisión de quejas.
Artículos 4 y 6 del Convenio. Derecho de negociación colectiva. Cuestiones legislativas pendientes. La
Comisión recuerda que sus anteriores comentarios se referían a:–la necesidad de modificar el artículo 514 del Código del Trabajo de manera que el pago de los salarios
correspondientes a los días de huelga imputable al patrono no sea impuesto automáticamente por la legislación sinoque sea materia de negociación colectiva entre las partes;–la necesidad de modificar el artículo 427 del Código del Trabajo en el que se obliga a que el número de delegados delas partes en la negociación sea de entre dos y cinco;

113

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO–

la necesidad de regular mecanismos de solución de conflictos jurídicos y la posibilidad de que los empleadorespresenten pliegos de peticiones e inicien un procedimiento de conciliación, y–la necesidad de garantizar el derecho de negociación colectiva de los servidores públicos o funcionarios que no están
al servicio de la administración del Estado.
Al respecto, el Gobierno indica que tal y como se acordó en el acta de la Reunión tripartita de la delegación dePanamá de junio de 2013, la comisión de adecuación se comprometió a atender en primer lugar lo relativo a la adecuaciónde la legislación laboral pertinente al sector público. La Comisión toma nota de que: i) en octubre y noviembre de 2015 serealizaron nueve reuniones de trabajo de la comisión de adecuación en las que se alcanzaron varios acuerdos respecto delos temas relativos a los derechos colectivos de los trabajadores del sector público (el derecho de asociación, el derecho denegociación colectiva, el derecho de huelga y solución de conflictos); ii) el Gobierno indica que el objetivo de dichas
reuniones es llegar a un consenso sobre los distintos temas para posteriormente redactar un proyecto de ley sobre losderechos colectivos de los servidores públicos, y iii) de lograrse el consenso de todas las partes sobre el proyecto de leyque se elabore, se presentará el mismo al Órgano Ejecutivo, en el interés de que sea remitido al Órgano Legislativo para su
adopción. La Comisión confía en que la comisión de adecuación seguirá haciendo el mayor de los esfuerzos paraelaborar fórmulas de avenimiento que permitan armonizar la legislación nacional con el Convenio. La Comisión
espera que la comisión de adecuación trate cuanto antes todas las cuestiones legislativas pendientes, incluidas lasreferentes al Código del Trabajo, de modo de poner el mismo en plena conformidad con el Convenio. La Comisión pide
al Gobierno que informe sobre el proyecto de ley sobre los derechos colectivos de los servidores públicos que seelabore, así como de otras medidas adoptadas para asegurar la plena adecuación de la legislación con el Convenio.
Otras cuestiones. Restricciones a la negociación colectiva en el sector marítimo. La Comisión toma nota de que
el Gobierno aclara en su memoria que el artículo 75 del decreto ley núm. 8, de 26 de febrero de 1998, que había dado
lugar en la práctica al rechazo por los empleadores de los pliegos de peticiones, fue declarado inconstitucional por el pleno
de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 2 de octubre de 2006. Según informa el Gobierno, como resultado deesta declaración de inconstitucionalidad, en caso de que algún sindicato o trabajadores del sector marítimo pongan enconocimiento de la autoridad de trabajo, la existencia de un conflicto colectivo o que sea presentado algún pliego depeticiones por violaciones a normas del Código del Trabajo o para la suscripción de una convención colectiva de trabajo osu registro si ésta es negociada vía directa, se aplicarán de forma plena todas las disposiciones del libro tercero del Código
del Trabajo sobre el derecho a organizase y a negociar colectivamente de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno
que informe sobre el número de convenios colectivos celebrados en el sector marítimo.

Papua Nueva Guinea
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la evolución con respecto a la adopción de la Ley de Relaciones Laborales comunicada por el
Gobierno y, en particular, de que, según la memoria del Gobierno, el sexto proyecto de ley de relaciones laborales ha pasado por
diversas deliberaciones, revisiones y enmiendas que han dado lugar a una versión finalizada en noviembre de 2011. La Comisión
toma nota de que el proyecto de Ley de Relaciones Laborales de 2011 ya ha obtenido el respaldo del Consejo Consultivo
Tripartito del Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales y presentado al Consejo Consultivo de la Agencia Central, y que seencuentra a la espera actualmente del visto bueno ministerial para presentarlo al Consejo Nacional Ejecutivo y, en última
instancia al Parlamento. La Comisión toma nota del compromiso del Gobierno de proporcionar una copia de la Ley de Relaciones
Laborales de 2011 a la Comisión en cuanto haya sido adoptada. La Comisión pide al Gobierno que garantice la conformidad delproyecto de Ley de Relaciones Laborales de 2011 con las disposiciones del Convenio y en particular en lo que respecta alartículo 4 del Convenio (mencionado más adelante) y en lo que respecta a las preocupaciones que se expresan más adelante.
La Comisión toma nota de los comentarios relativos a la falta de aplicación de la ley en la práctica en lo que se refiere a losactos de discriminación contra trabajadores que pretenden afiliarse o constituir un sindicato, formulados por la Confederación
Sindical Internacional (CSI) en una comunicación de 31 de agosto de 2011. La Comisión pide al Gobierno que responda a loscomentarios formulados por la CSI.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, las enmiendas
solicitadas por la Comisión relativas a la facultad del Ministro de evaluar los convenios colectivos en base al interés público y elarbitraje obligatorio cuando falla la conciliación no han sido introducidas en el proyecto de Ley de Relaciones Laborales; lasobservaciones de la Comisión fueron enviadas al autor del proyecto de ley, pero no se ha recibido todavía ninguna respuesta. Porconsiguiente, la Comisión se ve en la obligación de reproducir la mayoría de sus observaciones anteriores respecto a los puntos
mencionados más arriba.
Facultad del Ministro de evaluar los convenios colectivos en base al interés público. La Comisión recuerda que tan sólo
puede rechazarse la aprobación de un convenio colectivo si éste presenta vicios de forma o infringe las normas mínimas
establecidas por la legislación general del trabajo (Estudio General de 1994, Libertad sindical y negociación colectiva,
párrafo 251), pero no por motivos generales de interés público. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para poner de conformidad el artículo 50 del proyecto de Ley de Relaciones Laborales de 2011 con elmencionado principio y que comunique, información al respecto.
Arbitraje obligatorio en casos en que haya fracasado la conciliación entre las partes. La Comisión recuerda que elarbitraje obligatorio sólo es aceptable si se efectúa a solicitud de las dos partes implicadas en un conflicto u en caso de conflictos

114

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

en la administración pública que impliquen a funcionarios que ejercen una autoridad en nombre del Estado o en los servicios
esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción pongan en peligro la vida, la seguridad
personal o la salud de toda o parte de la población. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para poner los artículos 78 y 79 del proyecto de Ley de Relaciones Laborales de 2011 en conformidad con elmencionado principio, y que comunique información al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Paraguay
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores pidió al Gobierno que envíe sus comentarios en relación alas observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2010 que se referían al arresto de sindicalistas. La
Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la CSI recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión pide al
Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Cuestiones legislativas pendientes. La Comisión recuerda que desde hace numerosos
años formula comentarios relativos a la falta de conformidad de las siguientes disposiciones legislativas con el Convenio:–la exigencia de un número mínimo demasiado elevado de trabajadores (300) para constituir un sindicato de industria(artículo 292 del Código del Trabajo);–
la imposibilidad de que el trabajador, incluso si tiene más de un contrato de trabajo a tiempo parcial, se asocie a másde un sindicato, ya sea de su empresa o industria, profesión u oficio, o institución (artículo 293, inciso c), del Código
del Trabajo);–la exigencia de requisitos excesivos para poder integrar la junta directiva de un sindicato: ser trabajador dependientede la empresa, industria, profesión o institución, en actividad o con permiso (artículo 298, inciso a), del Código delTrabajo), ser mayor de edad y ser socio activo del sindicato (artículo 293, inciso d), del Código del Trabajo);–
la obligación de las organizaciones sindicales de responder a todas las consultas o pedidos de informes que les seandirigidos por las autoridades del trabajo (artículos 290, inciso f), y 304, inciso c), del Código del Trabajo);–
el requisito para declarar la huelga, de que ésta tenga por objeto solamente la defensa directa y exclusiva de losintereses profesionales de los trabajadores (artículos 358 y 376, inciso a), del Código del Trabajo), y–la obligación de asegurar un suministro mínimo, en caso de huelga en los servicios públicos imprescindibles para lacomunidad sin que se establezca el requisito de consultar a las organizaciones de trabajadores y de empleadoresinteresadas (artículo 362 del Código del Trabajo).
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había tomado nota de la elaboración de un anteproyecto deley por el cual se modificaban algunos artículos del Código del Trabajo y de la ley modificatoria núm. 496/94. La
Comisión toma nota asimismo del Memorándum de Entendimiento sobre normas internacionales del trabajo suscrito el
1.º de octubre de 2014 entre el Gobierno y los interlocutores sociales, en el que se acordó, entre otras cuestiones,
encomendar al Consejo Consultivo Tripartito del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social el estudio de posibles
adecuaciones normativas de conformidad con las disposiciones de los convenios internacionales del trabajo ratificados por
la República del Paraguay. Observando que en su memoria el Gobierno no incluye informaciones adicionales sobre el
proceso de adecuación del Código del Trabajo al Convenio, la Comisión confía en que se tomarán las medidas
necesarias para que en un futuro próximo se modifiquen las disposiciones concernidas. La Comisión invita al
Gobierno a que solicite la asistencia técnica de la Oficina en relación con el proceso de modificación de la legislación.
La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance al respecto.
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había tomado nota de que, según había señalado elGobierno en su memoria de 2006 en cuanto al sometimiento de los conflictos colectivos al arbitraje obligatorio, losartículos 284 a 320 del Código Procesal Laboral fueron tácitamente derogados por el artículo 97 de la Constitución de la
República del Paraguay al establecer que «el Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo yla concertación social. El arbitraje será optativo». La Comisión pide una vez más al Gobierno que, siguiendo lo dispuesto
en la Constitución del Paraguay y a efectos de evitar toda posible ambigüedad en la interpretación, tome las medidas
necesarias para enmendar o derogar expresamente las disposiciones en cuestión.
La Comisión espera firmemente poder constatar progresos tangibles a nivel legislativo en un futuro próximo con
respecto a las cuestiones mencionadas y pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

115

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)
Artículos 1 a 3 del Convenio. Cuestiones legislativas pendientes. La Comisión recuerda que desde hacenumerosos años sus comentarios se refieren a:–la inexistencia de disposiciones legales sobre la protección de los trabajadores que no sean dirigentes sindicales
contra todos los actos de discriminación antisindical (el artículo 88 de la Constitución sólo protege contra ladiscriminación fundada en las preferencias sindicales);–la falta de sanciones adecuadas por incumplimiento de las disposiciones relativas a la estabilidad sindical y a lainjerencia entre organizaciones de trabajadores y de empleadores (la Comisión había señalado que las sanciones
previstas en el Código del Trabajo por el incumplimiento de las disposiciones legales sobre este punto en losartículos 385, 393 y 395 no son suficientemente disuasorias, salvo en el caso de reincidencia del empleador en elcual la multa se duplica); en este sentido, la Comisión recuerda, en lo que respecta a la protección contra los actos dediscriminación antisindical, que el Comité de Libertad Sindical también pidió al Gobierno que se asegure, enconsulta con los interlocutores sociales, de la eficacia de procedimientos nacionales para prevenir o sancionar losactos de discriminación (véase 355.º informe, caso núm. 2648, párrafo 963), y–la demora en la aplicación de la justicia en relación con los actos de discriminación antisindical y de injerencia.
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había tomado nota de la elaboración de un anteproyecto deley por el cual se modificaban algunos artículos del Código del Trabajo y de la ley modificatoria núm. 496/94 y de que elGobierno había mantenido reuniones con el presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores enrelación con el anteproyecto de ley para modificar ciertos artículos del Código del Trabajo. La Comisión toma nota
asimismo del Memorándum de Entendimiento sobre normas internacionales del trabajo suscrito el 1.º de octubre de 2014
entre el Gobierno y los interlocutores sociales, en el que se acordó, entre otras cuestiones, encomendar al Consejo
Consultivo Tripartito del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social el estudio de posibles adecuaciones
normativas de conformidad con las disposiciones de los convenios internacionales del trabajo ratificados por la Repúblicadel Paraguay. Observando que en su memoria el Gobierno no proporciona informaciones adicionales, la Comisión
confía firmemente en que en un futuro próximo se tomarán las medidas necesarias para asegurar la plena
conformidad de la legislación y la práctica nacionales con las exigencias del Convenio en el sentido indicado. La
Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión pide al Gobierno que
informe sobre todo avance al respecto.
Artículo 6. Funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado. La Comisión recuerda que ensus comentarios anteriores consideró que los artículos 49 y 124 de la Ley de la Función Pública prevén una protección
adecuada contra el despido de dirigentes sindicales en el sentido del artículo 1 del Convenio pero no cubren la protección
contra el despido y otros actos perjudiciales contra los funcionarios y empleados públicos en razón de su afiliación oactividades sindicales legítimas. La Comisión toma nota de que nuevamente el Gobierno no proporciona informaciones
sobre esta cuestión. La Comisión pide otra vez al Gobierno que tome las medidas necesarias a fin de garantizar en lalegislación una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical contra los funcionarios yempleados públicos, incluso cuando no son dirigentes sindicales, estableciendo también sanciones suficientemente
disuasorias.

Perú
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión toma también nota de las observaciones de la Confederación
Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y el 1.º de septiembre de 2015 que contienen, por una
parte, denuncias de violaciones del Convenio en empresas e instituciones públicas específicas y, por otra, cuestiones
legislativas que la Comisión aborda en la presente observación así como en la solicitud directa correspondiente. La
Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios en relación con las alegaciones de violación en empresas einstituciones públicas específicas mencionados en las observaciones de la CSI.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de todos los trabajadores, sin distinción alguna, de constituir organizaciones yde afiliarse a las mismas. Desde hace varios años, la Comisión recuerda la necesidad de que la legislación pertinente (leynúm. 28518 y su reglamento, Ley General de Educación) garantice que los trabajadores bajo modalidades formativas
gocen de los derechos consagrados en el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que:i) en efecto, el derecho de sindicarse de los trabajadores bajo modalidades formativas no está expresamente recogido en
ninguna disposición específica de la legislación nacional; ii) sin embargo dicho derecho sí está reconocido por el
ordenamiento jurídico peruano en su conjunto en la medida en que la Constitución peruana reconoce de manera amplia losderechos de sindicación, negociación colectiva y huelga y otorga a los convenios internacionales sobre derechos humanos

116

ratificados, del cual forma parte el presente Convenio, valor constitucional, y iii) en la práctica, la Autoridad
Administrativa de Trabajo no ha denegado nunca el derecho de los trabajadores bajo modalidades de ejercer su libertad
sindical. Al tiempo que toma debida nota de estos elementos, la Comisión recuerda que la ley núm. 28518 y su reglamento
prevén que las modalidades formativas laborales no están sujetas a la normatividad laboral, excluyendo, por consiguiente,
las mismas del ámbito de aplicación de la legislación relativa a la libertad sindical y que, a raíz de una queja presentada
por tres centrales sindicales peruanas, el Comité de Libertad Sindical pidió, en el marco del caso núm. 2757, que sereconociera el derecho a la libertad sindical de los trabajadores bajo modalidades formativas. La Comisión pide, porconsiguiente, al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar la legislación pertinente de manera que sereconozca de manera expresa la libertad sindical de los trabajadores bajo modalidades formativas. La Comisión pide al
Gobierno que informe de todo avance a este respecto.
En comentarios anteriores relativos a las restricciones al ámbito de la libertad sindical contenidas en el artículo 153
de la Constitución peruana, la Comisión, había pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que
los jueces y fiscales gocen del derecho de constituir asociaciones u organizaciones para la defensa de sus intereses. La
Comisión pide al Gobierno que informe a la brevedad sobre toda medida adoptada a este respecto.
La Comisión toma nota de que la CSI manifiesta que el artículo 42 de la Constitución peruana no reconoce elderecho de sindicación a los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargo de confianza o dedirección. La Comisión observa que el artículo 40 de la Ley núm. 30057 del Servicio Civil de 2013, contiene restricciones
idénticas. A este respecto, la Comisión recuerda, por una parte, que en virtud de los artículos 2 y 9 del Convenio, todos los
trabajadores, con la sola excepción de los miembros de las fuerzas armadas y la policía, deben gozar de las garantías delConvenio y que, por otra, son compatibles con el Convenio las legislaciones que prevén que los funcionarios de alto nivel
deban formar organizaciones separadas de los demás servidores públicos, siempre que la legislación limite esta categoría alas personas que ejercen altas responsabilidades de dirección o de definición de políticas. Con base en lo anterior, laComisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar las disposiciones pertinentes de su
ordenamiento jurídico de manera de asegurar el ejercicio del derecho de organización del personal de dirección y deconfianza de la administración pública. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción.
Votación para declarar la huelga. En relación con el artículo 73, b), de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, quedispone que se requiere en todo caso que la declaración de la huelga represente la voluntad mayoritaria de los trabajadorescomprendidos en su ámbito, la Comisión había pedido que se asegure que sólo se tomen en consideración los votos
emitidos y que el quórum o la mayoría necesaria se fije a un nivel razonable. Tomando nota de la indicación del Gobierno
de que el decreto supremo núm. 024-2007-TR modificó el artículo 62 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivasde Trabajo, la Comisión observa con satisfacción que en virtud del artículo revisado, la declaración de la huelga seráadoptada «en la forma que expresamente determinen los estatutos siempre que dicha decisión sea adoptada, al menos, porla mayoría de sus afiliados votantes asistentes a la asamblea». Observando que el reglamento general de la Ley delServicio Civil adoptado en 2014 prevé, al igual que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que la declaración dela huelga debe representar la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendidos en su ámbito, la Comisión pide al
Gobierno que indique si el artículo 62 revisado del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se aplica
a la administración pública.
Calificación de la ilegalidad de la huelga. En sus comentarios anteriores, la Comisión había subrayado lanecesidad de garantizar que la calificación de ilegalidad de la huelga no corresponda al Gobierno sino a un órgano
independiente de las partes y que cuente con su confianza (punto señalado varias veces también por el Comité de Libertad
Sindical). En relación con el sector privado, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud del decreto
supremo núm. 017-2012-TR, el organismo encargado de pronunciarse sobre la ilegalidad o legalidad de la huelga es laAutoridad Administrativa de Trabajo. La Comisión lamenta la ausencia de progreso sobre este punto e insta al
Gobierno a que tome las medidas necesarias para que la calificación de ilegalidad de la huelga en el sector privado nocorresponda a la administración del trabajo sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con su
confianza. En relación con la administración pública, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud delos artículos 86, 87 y 88 del reglamento general de 2014 de la Ley del Servicio Civil, la determinación de la legalidad oilegalidad de la huelga corresponde a la Comisión de Apoyo al Servicio Civil compuesta por profesionales independientes
que son elegidos mediante resolución del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Con miras apoder examinar en detalle la naturaleza de dicho órgano, la Comisión pide al Gobierno que le envíe informaciones
adicionales sobre las reglas que rigen el funcionamiento de la Comisión de Apoyo al Servicio Civil, su composición
actual así como las decisiones dictadas por la misma con respecto del ejercicio del derecho de huelga. En relación con
el sector de la educación, la Comisión pide al Gobierno que indique si los artículos 86, 87 y 88 del reglamento generalde 2014 de la Ley del Servicio Civil antes mencionados se aplican a las huelgas en dicho sector. De no ser el caso, laComisión pide al Gobierno que revise el artículo 20 del decreto supremo núm. 017-2007-ED de manera que no sea el
Ministerio de Educación el que determine la legalidad o ilegalidad de las huelgas en el sector de la educación sino unórgano independiente de las partes y que cuente con su confianza.
Definición de los servicios mínimos en los servicios públicos esenciales. En sus comentarios anteriores, laComisión pidió al Gobierno que informe sobre la composición del órgano independiente llamado a pronunciarse en caso

117

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

de divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben seguir trabajando en caso de huelga en losservicios públicos esenciales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que a la fecha, este procedimiento no hasido activado debido a que no se ha sometido a la autoridad del trabajo ninguna divergencia sobre el número y ocupaciónde los trabajadores para el mantenimiento de los servicios esenciales. Observando que el Comité de Libertad Sindical
examinó recientemente un caso relativo a esta cuestión (véase caso núm. 3096, 376.º informe del Comité de Libertad
Sindical, noviembre de 2015), la Comisión pide al Gobierno que tome, en consulta con los interlocutores sociales, lasmedidas necesarias para definir de antemano la composición del órgano independiente llamado a pronunciarse en
caso de divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben seguir trabajando en caso de huelga en
los servicios públicos esenciales. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance a este respecto. La
Comisión toma también nota de las indicaciones del Gobierno relativas a la resolución de las divergencias sobre el número
y ocupación de los trabajadores que deben seguir trabajando en caso de huelga en los servicios públicos esenciales,
cuando los mismos estén asegurados por trabajadores de la administración pública. El Gobierno señala que, en virtud de la
Ley del Servicio Civil, dicha tarea corresponde a la Comisión de Apoyo al Servicio Civil. Observando que se mencionó
anteriormente este órgano a propósito de la determinación de la legalidad de la huelga en la administración pública, laComisión reitera al Gobierno su solicitud de que envíe informaciones adicionales que le permitan examinar en detalle
la naturaleza de la Comisión de Apoyo al Servicio Civil.
Derecho de las organizaciones sindicales de celebrar reuniones y de poder acceder a los lugares de trabajo. La
Comisión observa que los numerales 4 y 5 de las disposiciones complementarias finales del decreto supremonúm. 017-2007-ED definen como faltas graves de los directores y subdirectores de los centros educativos el hecho de:i) facilitar el local escolar para reuniones de carácter sindical, y ii) permitir el proselitismo político y/o sindical en las
instituciones educativas. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio protege el derecho de lasorganizaciones sindicales de celebrar reuniones y de poder acceder a los lugares de trabajo para comunicarse con lostrabajadores. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que revise las disposiciones finales del decreto supremo antes
mencionado de manera que los directores de los centros educativos puedan acordar con las organizaciones sindicales
concernidas modalidades de acceso a los lugares de trabajo que no perjudiquen el funcionamiento eficiente de dichos
centros. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance a este respecto.
Artículo 5. Creación de federaciones y confederaciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
recordado la necesidad de garantizar que las federaciones y las confederaciones de servidores públicos puedan afiliarse, si
así lo desearan, a confederaciones que estén integradas por organizaciones de trabajadores que no sean trabajadores delEstado. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud del artículo 57 del reglamento general de la Ley
del Servicio Civil que deroga el decreto supremo núm. 003-2004-TR cuestionado por la Comisión: i) se requieren por losmenos dos organizaciones sindicales del mismo ámbito para constituir una federación y por lo menos dos federaciones
para conformar una confederación; ii) las federaciones y confederaciones se rigen por la Ley del Servicio Civil y elpresente reglamento. La Comisión toma nota con interés de que las nuevas disposiciones mencionadas ya no prohíben laafiliación de federaciones o confederaciones de servidores públicos a confederaciones más amplias. La Comisión pide al
Gobierno que indique qué normas rigen el funcionamiento de las confederaciones que agrupen tanto a federaciones detrabajadores del sector privado como a federaciones de trabajadores de la administración pública.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2014 y 1.º de septiembre de 2015 así como del Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial-LimaPerú (SUTRAPOJ) recibidas el 11 de septiembre de 2015 que contienen denuncias de actos de discriminación antisindical
y de obstaculización del derecho de negociación colectiva en empresas privadas e instituciones públicas específicas, asícomo cuestiones legislativas e institucionales que la Comisión aborda en sus comentarios. Al tiempo que toma nota de la
respuesta de carácter general del Gobierno a las observaciones sometidas por varias organizaciones sindicales en 2011y 2012, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios detallados en relación con las denuncias deviolaciones en la práctica contenidas en las observaciones sometidas por las organizaciones sindicales en 2014 y 2015.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra todo acto de discriminación antisindical. Trabajadores con contratos
a plazo fijo del sector privado. La Comisión toma nota de que la CSI manifiesta que los trabajadores con contratos aplazo fijo son especialmente vulnerables ante la no renovación discriminatoria de sus contratos y que el uso permanente dedicha modalidad contractual permite que el empleador impida a sus trabajadores a que se afilien. Observando que esta
cuestión ha sido objeto de varios casos ante el Comité de Libertad Sindical, la Comisión pide al Gobierno que someta lacuestión de la protección contra la discriminación antisindical de los trabajadores con contratos a plazo fijo al diálogo
con las organizaciones de trabajadores y empleadores concernidas y que informe sobre el resultado del mismo.
Trabajadores con contratos a plazo fijo del sector público. La Comisión toma nota de que la CSI manifiesta que
los trabajadores públicos empleados mediante contratos administrativos de servicio (CAS) son especialmente vulnerables
a la discriminación antisindical por el plazo determinado de sus contratos. La CSI denuncia que los trabajadores de dicha
categoría que se afilian a un sindicato o son cesados o no son renovados. La Comisión, en la medida en que los CAS

118

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

pueden ser utilizados para emplear a trabajadores públicos que no trabajan en la administración del Estado, se remite
a sus comentarios anteriores relativos al Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978
(núm. 151). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que someta la cuestión de la protección contra ladiscriminación antisindical de los trabajadores empleados por medio de los CAS al diálogo con las organizaciones
sindicales del sector público y que informe del resultado del mismo.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Trabajadores del sector público. La Comisión toma nota deque la CSI y el SUTRAPOJ manifiestan que desde hace veinte años las leyes presupuestarias anuales impiden lanegociación de las condiciones económicas de los trabajadores del Estado y que la Ley del Servicio Civil núm. 30057 de2013, ratifica de manera permanente dicha prohibición. La Comisión recuerda que, en su observación relativa al Convenio
núm. 151 adoptada en 2014, constató con preocupación que las leyes del presupuesto del sector público para los años
fiscales 2013 y 2014 así como los artículos 42, 43 y 44 b), de la Ley del Servicio Civil de 2013 excluían por completo lanegociación colectiva en la determinación de los temas salariales o de incidencia económica en el conjunto del sector
público. La Comisión constata también que, en su reunión de marzo de 2015 el Comité de Libertad Sindical lamentó
observar que el Gobierno había desatendido sus recomendaciones en casos anteriores y que la legislación aplicable seguía
excluyendo la negociación de los temas salariales o de incidencia económica en el conjunto del sector público (casonúm. 3026, 374.º informe, párrafo 666).
La Comisión ha tomado finalmente conocimiento de que, en una sentencia de 3 de septiembre de 2015 (expedientes
núms. 0003-2013-PUTC, 0004-2013-PI/FC y 0023-2013-PUTC), el Tribunal Constitucional del Perú, basándose en este
Convenio y el Convenio núm. 151 así como en los comentarios correspondientes de los órganos de control de la OIT:i) declaró inconstitucional la prohibición de la negociación colectiva para incrementos salariales contenida en las leyes depresupuesto del sector público para 2012, 2013, 2014 y 2015, y ii) exhortó al Congreso de la República a que aprobara la
regulación de la negociación colectiva en el sector público a partir de la primera legislatura ordinaria del período
2016-2017. Al tiempo que saluda la sentencia del Tribunal Constitucional, la Comisión observa con renovada
preocupación que la legislación vigente sigue prohibiendo cualquier negociación colectiva de carácter económico en el
conjunto del sector público. Sin perjuicio de las obligaciones específicas del Gobierno en virtud del Convenio núm. 151,
respecto del derecho de los empleados públicos que trabajan en la administración del Estado de participar en la
determinación de sus remuneraciones, la Comisión insta al Gobierno a que, en consulta con las organizaciones
sindicales concernidas, tome las medidas necesarias para revisar la Ley del Servicio Civil de 2013 así como toda la
normativa pertinente de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado
puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales de conformidad con el Convenio.
Promoción de la negociación colectiva. Trabajadores bajo modalidades formativas. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había observado que ni la ley núm. 28518 y su reglamento ni la Ley General de Educación
reconocían el derecho de negociación colectiva de los trabajadores bajo modalidades formativas. A este respecto, laComisión toma nota de que el Gobierno indica que si bien el derecho de negociación colectiva de los trabajadores bajo
modalidades formativas no está expresamente recogido en ninguna disposición específica de la legislación nacional, dicho
derecho sí está reconocido por el ordenamiento jurídico peruano en su conjunto en la medida en que la Constitución
peruana reconoce de manera amplia los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga y otorga a los convenios
internacionales sobre derechos humanos ratificados, del cual forma parte el presente Convenio, valor constitucional. Al
tiempo que toma debida nota de estas indicaciones, la Comisión observa que la ley núm. 28518 y su reglamento prevén
que las modalidades formativas laborales no están sujetas a la normatividad laboral, excluyendo por consiguiente lasmismas del ámbito de aplicación de la legislación relativa a la negociación colectiva. La Comisión pide, por lo tanto,
nuevamente al Gobierno que revise la legislación pertinente de manera que se reconozca de manera expresa el derechode negociación colectiva de los trabajadores bajo modalidades formativas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Polonia
La Comisión toma nota de las observaciones de la Comisión Nacional del Sindicato Independiente y Autónomo(NSZZ) «Solidarnosc», recibidas el 26 de agosto de 2015, que se refieren principalmente a las cuestiones legislativas
planteadas por la Comisión. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI), relativas a la alegada prohibición de desplegar la bandera del sindicato, y a la alegada prohibición o restricción a larealización de piquetes, a la violenta intervención de la policía en ellos, así como a los comentarios del Gobierno al
respecto. La Comisión desea recordar de una manera general que el despliegue de banderas sindicales constituye una
actividad sindical legítima, y que la prohibición de realizar piquetes y demostraciones y la intervención policial en losmismos sólo se encuentra justificada cuando dejasen de ser pacíficas o constituyesen, de cualquier otro modo, una
amenaza al orden público. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de carácter general de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.

119

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión toma nota de que la misión de la OIT visitó Polonia del 14 al 16 de mayo de 2014 en respuesta a una
solicitud de asistencia técnica formulada por el Gobierno. La Comisión también toma nota con interés del establecimiento
de un consejo de diálogo social, un nuevo foro institucional tripartito que sustituye a la Comisión tripartita de asuntos
económicos y sociales.
Artículo 2 del Convenio. Derechos de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones
que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que envirtud del artículo 2, 1), de 1991, de la Ley sobre los Sindicatos, no garantiza el derecho de constituir organizaciones y deafiliarse a las mismas a las personas que entran en una relación de trabajo basada en contratos de derecho civil, dado queno corresponde a la definición de «empleado» que figura en el artículo 2 del Código del Trabajo. La Comisión saludó lasiniciativas sobre posibles mejoras a la legislación y esperó que toda reforma a la legislación que se llevara a cabo pondría
a la legislación nacional en conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota con interés, basándose en la
información proporcionada por el Gobierno en su memoria de que: i) como consecuencia de la asistencia técnica
proporcionada por la misión de la OIT acerca de la posibilidad y repercusiones de extender el derecho a constituir yestablecer sindicatos teniendo en cuenta el carácter específico del trabajo que se realiza en el marco de un contrato dederecho civil, en 2014, el Ministerio de Trabajo y Política Social preparó un nuevo proyecto de ley que modifica la Ley
sobre los Sindicatos, que extiende el derecho a establecer sindicatos y afiliarse a los mismos a las personas que realizan
trabajos externalizados, a las personas que trabajan por cuenta propia y a las que trabajan en el marco de contratos dederecho civil; ii) en junio de 2015, tras una demanda presentada por la Alianza de Sindicatos de Polonia (OPZZ), una
sentencia dictada por el Tribunal Constitucional determinó que el artículo 2, 1), de la Ley sobre los Sindicatos es contrario
a la Constitución de la República de Polonia, y la referencia a la definición «empleados» que figura en el artículo 2 delCódigo del Trabajo no garantiza a todas las personas abarcadas por las garantías constitucionales la posibilidad de afiliarse
a un sindicato; y que el legislador debería extender el derecho de sindicación a todas las personas que desempeñan
trabajos remunerados sobre la base de una relación jurídica; iii) el Ministerio de Trabajo y Política Social analiza
actualmente las consecuencias de la sentencia en lo que respecta al alcance y coherencia del nuevo proyecto de ley, yiv) debido a su alcance mucho más amplio respecto de las personas, el proyecto de ley introduce un cambio sistémico que
exige consultas con los interlocutores sociales, que se llevarán a cabo en el recientemente establecido Consejo para el
Diálogo Social. La Comisión confía en que el proyecto de ley será adoptado en un futuro próximo y garantizará elderecho de todos los trabajadores, sin ninguna distinción, incluidos los trabajadores sin un contrato de trabajo, deconstituir la organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas, con la única excepción de los miembrosde las fuerzas armadas y de la policía. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso
realizado a este respecto.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes. La Comisión tomó nota
anteriormente de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 78, 6), de la Ley sobre la Administración Pública, de 21 denoviembre de 2008, los miembros de la administración pública que ocupan puestos de grado superior, no pueden ejercer
funciones sindicales. La Comisión expresó la esperanza de que la revisión anunciada de la Ley sobre la Administración
Pública, especialmente el artículo 78, 6), se lleve a cabo en un futuro cercano, de manera de ponerla en conformidad con
el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que esto coincide con su intención de armonizar el
artículo 78, 6), con el artículo 3 del Convenio durante la próxima enmienda de la Ley sobre la Administración Pública. La
Comisión reitera que si bien la legislación puede restringir el derecho de los funcionarios públicos en categorías superiores
a afiliarse a sindicatos de trabajadores con categorías inferiores, dichos funcionarios deben gozar del derecho de constituir
sus propias organizaciones para defender sus intereses, y de elegir libremente a sus representantes; debe garantizarse
asimismo a todos los trabajadores de la administración pública el derecho de desempeñar funciones sindicales en sus
respectivas organizaciones. La Comisión espera firmemente que durante la próxima enmienda de la Ley sobre laAdministración Pública anunciada por el Gobierno se tengan plenamente en cuenta los comentarios de la Comisión en
relación con la necesidad de modificar el artículo 78, 6), para asegurar el respeto de los principios antes mencionados.
Derecho de las organizaciones de organizar libremente sus actividades y de formular su programa de acción. La
Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 78, 3), de la Ley sobre la Administración Pública prohíbe a losfuncionarios públicos que participen en huelgas o acciones de protesta que interfieran en el normal funcionamiento de laadministración de la oficina. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) las limitaciones alderecho de huelga figuran en el artículo 19, de la Ley de 1991, sobre Conflictos Laborales Colectivos, en particular en su
artículo 19, 3); ii) la expresión «personal del servicio civil» utilizada por la Ley sobre la Administración Pública se refierea una forma específica de servicio público, a diferencia de algunos países, en las que el personal del servicio civil
comprende prácticamente a la totalidad del sector público, incluyendo los maestros, los trabajadores de salud y de losgobiernos locales, su alcance en Polonia es más bien limitado, y abarca a unas 121 400 personas empleadas en las oficinasde la administración gubernamental; iii) habida cuenta de que el personal del servicio civil está constituido por
funcionarios empleados en unidades organizativas de gran importancia para el desempeño de las actividades del Estado, laprohibición de la acción colectiva del personal del servicio civil prevista en el artículo 78, 3), de la Ley sobre laAdministración Pública, así como la denegación del derecho de huelga en virtud del artículo 19, 3), de la Ley sobre
Conflictos Laborales Colectivos con respecto a los miembros del personal del servicio civil y empleados en tribunales yfiscalías, parece estar justificada por motivos de interés público y entran en la categoría de exclusiones permisibles envirtud del Convenio, y iv) en referencia a la queja presentada por la NSZZ «Solidarnosc», ante el Tribunal Constitucional
120

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

sobre esta cuestión, el Gobierno se encuentra a la espera de una decisión de dicho Tribunal antes de adoptar medidalegislativa alguna.
La Comisión desea recordar de manera general que las restricciones al derecho de huelga en el sector público
deberían limitarse a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. La Comisión
confía en que el Gobierno considere establecer un procedimiento para determinar exactamente qué funcionarios
enumerados en el artículo 19, 3), de la Ley sobre Conflictos Laborales Colectivos así como el artículo 2 de la Ley sobre
la Administración Pública ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y respecto de los cuales, enconsecuencia, el derecho de huelga puede ser limitado en virtud del artículo 78, 3), de la Ley sobre la Administración
Pública y el artículo 19, 3), de la Ley sobre Conflictos Laborales Colectivos. A este respecto, la Comisión sugiere elestablecimiento de un órgano tripartito encargado de identificar a los funcionarios públicos pertinentes y que todo
desacuerdo pueda ser resuelto por un órgano independiente. La Comisión también pide al Gobierno que proporcioneuna copia de la sentencia del Tribunal Constitucional una vez que ésta sea dictada.
Por último, la Comisión toma nota con interés de la información estadística detallada suministrada por el Gobierno,
según la cual, en 2014, existían 12 900 organizaciones sindicales en actividad, con un total de 1,6 millones de miembros(5 por ciento de la población adulta), y la mayoría de los sindicatos de empresas realizan sus actividades en entidades delsector público (el 66 por ciento).

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2015 y el 1.º de septiembre de 2014, que se refieren a alegatos de despidos antisindicales y de otros actos dediscriminación antisindical, así como de los comentarios del Gobierno a ese respecto. La Comisión también toma nota delas observaciones de la Comisión Nacional del Sindicato Independiente y Autónomo (NSZZ) «Solidarnosc», recibidas el
26 de agosto de 2015, referidas principalmente a las cuestiones legislativas planteadas en virtud del Convenio sobre lalibertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Por último, la Comisión toma nota de loscomentarios del Gobierno sobre las observaciones de la CSI de 2012 en relación con alegatos de despidos antisindicales
en diversos sectores de actividad.
La Comisión toma nota con interés del establecimiento del Consejo para el Diálogo Social, un nuevo foro
institucional tripartito que sustituye a la Comisión tripartita de asuntos socioeconómicos.
Artículo 1 del Convenio. Protección efectiva contra actos de discriminación antisindical. La Comisión tomó nota
anteriormente, en el contexto de alegatos sobre la ineficacia de los procedimientos y sanciones establecidas en lalegislación, de las diversas disposiciones legislativas enumeradas por el Gobierno que conceden protección contra ladiscriminación antisindical (artículo 59, 1), de la Constitución; artículos 18, 38 y 45, 1), del Código del Trabajo, y las
sanciones previstas en el artículo 218, 1), del Código Penal y en el artículo 35, 1), de la Ley sobre los Sindicatos, de1991), así como de la información estadística pertinente. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara estadísticas
sobre el número de nuevos casos relativos a prácticas antisindicales llevados ante los tribunales. Además, habida cuenta dealegatos anteriores indicando que las víctimas de despidos antisindicales podían solicitar la reintegración, aunque losprocedimientos judiciales podían llevar dos años, la Comisión tomó nota de que el Gobierno hacía referencia a la posible
modificación del Código de Procedimiento Civil, de manera que, en los casos de discriminación antisindical, las personas
afectadas puedan permanecer en sus empleos durante el procedimiento; y había pedido al Gobierno que proporcionara
información a este respecto.
La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia a los artículos 11 (prohibición de discriminación en el
empleo por motivos, entre otros, de afiliación a un sindicato) y 47 del Código del Trabajo (derecho del trabajador
reintegrado a su puesto a una remuneración no mayor de dos meses o, si se tratara de trabajadores que gozan de protección
especial, durante todo el período de desempleo) y el artículo 32 de la Ley sobre los Sindicatos (protección especial
destinada a una determinada proporción de dirigentes sindicales, en forma de prohibición de la terminación de la relaciónde trabajo o modificar unilateralmente las condiciones de empleo sin el consentimiento de la junta del sindicato). La
Comisión también toma nota de la información estadística facilitada por el Gobierno sobre el número de casos presentados
ante los tribunales por discriminación en el empleo (ante los tribunales de distrito 139 en 2012, 98 en 2013 y 79 en 2014;
ante los tribunales regionales 14 en 2012, 14 en 2013 y 12 en 2014), su duración en días (ante los tribunales de distrito
225 días en 2012, 285 en 2013 y 249 en 2014; ante los tribunales regionales 365 días en 2012, 274 en 2013 y 511 en 2014)y sobre sus resultados; el número de sanciones impuestas por los tribunales; el número de quejas por discriminación
antisindical presentadas ante la Inspección Nacional del Trabajo (17 hasta julio de 2012; 37 en 2013; 37 en 2014, y 5 hasta
junio de 2015) y sobre sus resultados, incluyendo ejemplos de casos en que se llevaron a cabo inspecciones y sus
resultados. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en la actualidad, el Ministerio de Justicia no
ha previsto realizar modificaciones al Código de Procedimiento Civil.
Teniendo en cuenta los numerosos alegatos de actos de discriminación antisindical, la Comisión observa con
preocupación el número extremadamente bajo de sanciones impuestas por casos de discriminación antisindical o deinjerencia en virtud del artículo 35, 1), de la Ley sobre los Sindicatos (ninguno en 2010; dos en 2011; seis en 2012;
ninguno en 2013, y ninguno en 2014), y también toma nota de que disminuyeron en un 50 por ciento el número de121

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

sanciones impuestas por infracción a los derechos de los trabajadores en general en virtud del artículo 218, 1), del Código
Penal (434 en 2010; 358 en 2011; 203 en 2012; 179 en 2013, y 172 en 2014). La Comisión pide al Gobierno quesuministre explicaciones en relación con esas cifras y que adopte todas las medidas que sean necesarias paragarantizar una protección efectiva, en la práctica, contra los actos de discriminación antisindical.
En el mismo contexto, la Comisión observa con preocupación de que en dos de los ejemplos facilitados por el
Gobierno, en los cuales se realizaron inspecciones y se dictó una sentencia judicial, las multas impuestas por laterminación del contrato de trabajo de empleados bajo una protección especial, sin el consentimiento del sindicato(artículo 32 de la Ley sobre los Sindicatos) ascendió por empleado despedido a 1 700 zloty (aproximadamente 425 dólaresde los Estados Unidos), y 1 500 zloty (aproximadamente 375 dólares de los Estados Unidos), respectivamente. La
Comisión estima que ese nivel de multas impuestas a los empleadores, que corresponde a la mitad del salario mensual
nacional medio es demasiado baja para ser suficientemente disuasoria. En vista de los alegatos recurrentes acerca denumerosos actos de despidos antisindicales, la Comisión invita al Gobierno a elevar la cuantía de las multas impuestasa los empleadores en esos casos, para garantizar que las sanciones impuestas y hechas a cumplir son lo
suficientemente disuasorias para prevenir futuros actos de discriminación antisindical.

Portugal
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 30 deagosto de 2013, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas; de las observaciones de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2013, así como de la respuesta del Gobierno a las
mismas, y de las observaciones la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación General de los
Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), adjuntas a la memoria del Gobierno, en la que responde alas mismas.
Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que tanto la OIE
como la CSI alegan que la Resolución del Consejo de Ministros núm. 90/2012 de 31 de octubre de 2012 socavó la práctica
de la extensión erga omnes de los contratos colectivos, al establecer que sólo pueden ser extendidos si los empleadores
signatarios representan como mínimo un 50 por ciento de los trabajadores del sector de actividad, salvo si las partes
signatarias excluyen del pedido de extensión a las micro, pequeñas y medianas empresas (la gran mayoría de las empresas
portuguesas), teniendo un impacto muy negativo en el sistema de negociación colectiva, con drástica disminución en elnúmero de contratos colectivos y de lugares de trabajo cubiertos por los mismos. Igualmente la Comisión toma nota deque la UGT pide la revocación de los criterios de extensión establecidos y denuncia la debilitación de la negociación
colectiva y la falta de su promoción por parte del Gobierno. Por otra parte, la Comisión toma nota de las respuestas delGobierno, indicando que esta medida introdujo criterios claros y objetivos a seguir en la ponderación de las circunstancias
que podían justificar la extensión de un contrato colectivo, teniendo en cuenta la representatividad y su efecto en el
empleo y en la competitividad de la economía. El Gobierno informa que la disminución en el número de contratos
colectivos y su cobertura fue en su momento debida a la coyuntura económica y financiera, así como a cambios en elrégimen laboral. Indica el Gobierno que la negociación colectiva volvió a aumentar y proporciona informaciones
estadísticas de nuevas convenciones colectivas publicadas (93 en 2012, 97 en 2013, 161 en 2014 y 64 hasta mayo de2015). Finalmente, el Gobierno destaca que, reconociendo la importancia de dinamizar la contratación colectiva, por
resolución del Consejo de Ministros núm. 43/2014 se redefinió un nuevo criterio alternativo para la extensión de lasconvenciones, atendiendo a la representatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en varios sectores deactividad, que permitió contribuir al aumento de las extensiones publicadas (13 en 2012, 9 en 2013, 13 en 2014 y 23 hasta
el mes de agosto de 2015). Observando que el modelo actual de extensión de convenciones colectivas es cuestionado
tanto por organizaciones de trabajadores como de empleadores, la Comisión invita al Gobierno a que someta al diálogo
tripartito la regulación actual en materia de extensión de convenciones colectivas a efectos de encontrar, en la mayor
medida posible, soluciones compartidas.
Alteración de convenciones colectivas y régimen de expiración de la vigencia. La Comisión toma nota de lasobservaciones de la CGTP-IN, criticando diversas disposiciones legales que suspenden, reducen o anulan disposiciones enconvenciones colectivas y conllevan reducciones salariales y de otras prestaciones y beneficios. Asimismo, la CGTP-IN
alega que el régimen de expiración de la vigencia («caducidade») de los convenios colectivos introducido por el
artículo 501 del Código del Trabajo es contrario al Convenio. La Comisión observa que estas cuestiones ya han sido
examinadas por el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 3072). La Comisión observa que el Comité invitó al Gobierno
a que, a la luz de los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva, evalúe con las organizaciones deempleadores y de trabajadores más representativas el impacto de las disposiciones legales adoptadas en materia de salarios
y otras prestaciones y beneficios en el ejercicio de los derechos sindicales y en particular el derecho de negociación
colectiva, con miras a asegurar que las medidas excepcionales adoptadas en atención a la crisis no se perpetúen. La
Comisión comparte las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.

122

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Arbitraje obligatorio. En sus anteriores comentarios la Comisión se había referido a los artículos 508 y 509 delCódigo del Trabajo, que permiten al ministro responsable del área laboral determinar por decisión fundamentada elrecurso al arbitraje obligatorio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud del artículo 508,
párrafo 1, inciso c), del Código del Trabajo, el recurso al arbitraje obligatorio es sólo posible: i) por requerimiento de unade las partes, tratándose de una primera convención colectiva, cuando «haya habido negociaciones prolongadas e
infructíferas, conciliación o mediación frustrada y no haya sido posible dirimir el conflicto mediante el arbitraje
voluntario, por mala fe negocial de la otra parte»; ii) en caso de revisión de una convención colectiva por recomendaciónde la Comisión Permanente de Concertación Social (CPCS, órgano tripartito en el que están representadas lasorganizaciones de trabajadores y de empleadores), o iii) por iniciativa del ministro responsable del área laboral «cuando
estén en juego servicios esenciales destinados a proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas». En este último
supuesto, el ministro debe oír previamente a las partes y atender: i) al número de trabajadores y empleadores afectados;ii) a los efectos sociales y económicos del conflicto, y iii) a la posición de las partes. Finalmente el Comité toma nota deque el Gobierno subraya que el arbitraje obligatorio es una medida extrema y que de 2006 a mayo de 2015 sólo se hanregistrado tres laudos resultantes del arbitraje obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo nuevo casode aplicación de los artículos 508, párrafo 1, inciso c) y 509 del Código del Trabajo, así como que indique si la decisióndel ministro es recurrible judicialmente.
Representatividad de las organizaciones. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de lasconclusiones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2334 que se refieren a que la legislación: i) menciona por
sus nombres a las organizaciones sindicales que deben formar parte del Consejo Económico y Social (CES) y de la CPCS,
lo que implica que algunas organizaciones que se consideran representativas no son incluidas en dichos órganos, y ii) no
incluye criterios objetivos para determinar la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La
Comisión había pedido al Gobierno que tomase las medidas necesarias para determinar y establecer criterios objetivos,
precisos y predeterminados para evaluar la representatividad e independencia de las organizaciones de trabajadores y deempleadores que forman parte del CES y de la CPCS. La Comisión toma nota de que el Gobierno vuelve a reiterar en su
memoria la misma información brindada anteriormente, a saber, que el presidente del CES tomó la iniciativa de promover
una reflexión de ámbito general sobre su composición y con la colaboración de sus miembros. El Gobierno añade que
hasta el momento no tiene conocimiento de avances en el tratamiento de esta cuestión y que la composición del CES es
una materia de competencia legislativa. La Comisión espera firmemente que en un futuro muy próximo se tomarán lamedidas necesarias para determinar y establecer criterios objetivos, precisos y predeterminados para evaluar larepresentatividad e independencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores que forman parte del CES yde la CPCS, y modificar el artículo 9 de la ley núm. 108/91 del Consejo Económico y Social en el sentido indicado.

Reino Unido
La Comisión tomó nota de los comentarios formulados por el Gobierno sobre las observaciones de la Federación deServicio Público (Unison) y Unite the Union. La Comisión toma nota además de las observaciones del Congreso deSindicatos (TUC) recibidas el 1.º de septiembre y 25 de noviembre de 2015, donde plantea sus inquietudes en torno a
una serie de propuestas legislativas presentadas por el Gobierno en julio de 2015 y pide al Gobierno que proporcione
sus comentarios a este respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y deformular sus programas de acción. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que pidió al Gobierno que
examinara, junto con los interlocutores sociales, las cuestiones planteadas por varias organizaciones de trabajadores en el
país relacionadas al ejercicio y reglamentación de la acción colectiva. La Comisión observa que, si bien se emprendió unexamen independiente sobre el ámbito específico de la supuesta utilización de tácticas extremas en la solución deconflictos laborales y sobre la eficacia del actual marco jurídico para impedir acciones inoportunas o intimidatorias en
dichos conflictos laborales, no se encomendó a este examen la consideración de los diversos asuntos que habían sido
planteados por las organizaciones de trabajadores del país en los últimos años. El informe Carr, fruto del mencionado
examen de carácter limitado, fue publicado en octubre de 2014 y sirvió como base para determinadas reformas propuestas
establecidas en el proyecto de ley de sindicatos presentado al Parlamento el 15 de julio de 2015.
La Comisión observa que el TUC plantea una serie de preocupaciones en relación con las nuevas propuestas delGobierno que podrían vulnerar según su criterio, el derecho de las organizaciones de trabajadores a celebrar sus
actividades sin injerencias. El TUC se refiere, en particular, a los siguientes aspectos: la propuesta de nuevos requisitos devotación para llevar a cabo una acción colectiva y otras cargas procesales, las restricciones para la formación de piquetes yel aumento de los poderes de control por parte de las autoridades; los requisitos procesales para recurrir a los medios, lautilización de trabajadores de agencias de colocación para sustituir a los huelguistas, las restricciones a las libertades
políticas de las organizaciones sindicales y un mayor control general sobre los sindicatos mediante un reforzamiento de lascompetencias de la autoridad de certificación.

123

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1949)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión toma nota de que, en relación con la introducción de estas propuestas, el Gobierno llevó a cabo una
consulta amplia sobre la polémica introducción de requisitos adicionales para la formación de piquetes. La Comisión
saluda la decisión del Gobierno de no seguir adelante con algunas de dichas propuestas, en particular, las relativas alpreaviso de dos semanas relativo a los medios de comunicación social y a la obligación de elaborar un informe anual sobrelas acciones colectivas. Así pues, el Gobierno, en su respuesta de noviembre de 2015 a la consulta sobre cómo hacer frentea las intimidaciones a trabajadores no huelguistas propone modificar el proyecto de ley para clarificar la limitación alámbito de aplicación de la disposición que regula la formación de piquetes (artículo 9) y centrarse en el repertorio derecomendaciones prácticas sobre esta materia a fin de establecer inequívocamente los derechos y responsabilidades de laspartes y de colaborar con la policía, el Servicio de Asesoramiento, Arbitraje y Conciliación (ACAS) y otras partes
interesadas a fin de garantizar que las mencionadas orientaciones reflejan plenamente las medidas prácticas para que laorganización de piquetes siga transcurriendo por cauces pacíficos.
En lo que se refiere a los requisitos sobre la votación de huelga planteados por el TUC, la Comisión observa que se
proponen dos grupos de requisitos adicionales para la convocatoria de una huelga. El artículo 2 del proyecto de ley
introduce un nuevo requisito de participación del 50 por ciento de los trabajadores en las votaciones relativas a la huelga.
En este sentido, la Comisión recuerda que en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 147,
si bien siempre ha afirmado que el quórum se debe fijar a un nivel razonable, ha considerado sistemáticamente que unquórum del 50 por ciento de todos los trabajadores concernidos entra sin duda dentro de ese nivel razonable. El segundo
requisito al que se refiere el TUC incide en la obligación más estricta de que la declaración de huelga en los servicios
públicos importantes tenga que contar con la aprobación del 40 por ciento de todos los trabajadores (artículo 3 delproyecto de ley) lo que implica un requisito de apoyo del 80 por ciento cuando solamente se atañe el quórum departicipación del 50 por ciento. La Comisión toma nota de que se han establecido las siguientes categorías de servicios
públicos importantes: los servicios de salud, la educación de los menores de 17 años, los servicios contra incendios, losservicios de transporte, la retirada de instalaciones nucleares y la gestión de residuos radioactivos y de combustible, y laseguridad en las fronteras. Al tiempo que la Comisión considera que imponer un requisito y alcanzar una mayoría del
40 por ciento de todos los trabajadores para declarar una huelga constituiría un obstáculo al ejercicio del derecho de lasorganizaciones de trabajadores a organizar sus actividades sin injerencias, observa además que varios de los servicios
enumerados en el artículo 3 entran dentro de la interpretación de la Comisión de lo que constituyen servicios esenciales en
el sentido estricto del término o de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, en cuyo
caso se autorizan las restricciones al ejercicio de acción colectiva. La Comisión manifiesta, no obstante, su preocupación
por el hecho de que esta restricción afecte al conjunto del sector de la enseñanza primaria y secundaria, así como a todos
los servicios de transporte, y considera que tal restricción podría entorpecer gravemente el derecho de estos trabajadores yde sus organizaciones a organizar sus actividades en cumplimiento y defensa de sus intereses laborales sin injerencias. La
Comisión recuerda a este respecto que se puede recurrir a la negociación de servicios mínimos para estos sectores, según
proceda. La Comisión pide al Gobierno que examine este asunto con los interlocutores sociales interesados con miras amodificar el proyecto de ley a fin de garantizar que el requisito de la necesidad de contar con la aprobación de un
40 por ciento de todos los trabajadores no se aplica a los servicios de educación y transporte.
La Comisión toma nota además de las preocupación del TUC de que estos cambios se producen dentro de un marco
de mayor complejidad y exigencia en los requisitos procedimentales que se aplican a las votaciones, incluido el hecho deque la votación tenga que ser por correo postal únicamente y que no se autorice la votación secreta en el lugar de trabajo
ni por métodos electrónicos. La Comisión observa además que Unison ha planteado problemas similares y que, en una
ocasión, se refirió al caso de un empleador que cuestionó la confidencialidad del voto por correo. La Comisión invita al
Gobierno a examinar el método de votación con los interlocutores sociales interesados con miras a una posible
modernización del mismo, tomando en cuenta los derechos e intereses de todas las partes interesadas.
La Comisión observa además las preocupaciones planteadas por el TUC en relación con la propuesta de revocar ladisposición del reglamento relativo al código de conducta aplicable a las empresas y las agencias de empleo, de 2003, que
prohibía que se dispusiera de trabajadores de agencias de colocación para remplazar a los huelguistas. La Comisión pide
al Gobierno que examine esta propuesta con los interlocutores sociales interesados, teniendo en cuenta su
consideración general de que el recurso a la sustitución de huelguistas debería limitarse a las acciones colectivas que
afecten a los servicios esenciales.
Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre los demás asuntos planteados
por el TUC y, en particular, en relación con: i) la propuesta de eliminar el descuento de cuotas sindicales para todas
las organizaciones del sector público; ii) la propuesta de incorporar una cláusula de participación voluntaria (en vez dela cláusula de autoexclusión), con una validez temporal limitada, para las cotizaciones de los afiliados sindicales a
fondos políticos acompañada de obligaciones de presentar informes detallados; iii) las disposiciones subsiguientes
relativas a los piquetes, y iv) la propuesta de aumentar los poderes de la autoridad de certificación.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

124

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1980)
Refiriéndose a su observación en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos (TUC),
recibidas el 1.º de septiembre y el 25 de noviembre de 2015, en relación con las propuestas legislativas presentadas por
el Gobierno al Parlamento, el 15 de julio de 2015, y pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.
Artículos 6 y 7 del Convenio. Facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos para
permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones e impulso de los mecanismos de negociación de las condiciones
de empleo y otros métodos de participación de los representantes de los empleados públicos. La Comisión toma nota deque el TUC plantea preocupaciones en relación con las modificaciones a la disposición relativa al tiempo para cumplir con
sus funciones sindicales y deducir las cuotas sindicales en nómina para la administración pública, en los artículos 12 y 14
del proyecto de ley sobre los sindicatos. El TUC declara asimismo que los acuerdos para deducir las cuotas sindicales ennómina se encuentran en los convenios colectivos y, en consecuencia, el Gobierno propone invalidar los convenios
colectivos vigentes e impedir la negociación futura, previendo claramente en el artículo 14, la prohibición de la deducciónde las cuotas sindicales.
A este respecto, la Comisión recuerda que en el Estudio General de 2013, La negociación colectiva en laadministración pública: un camino a seguir, párrafos 145 y 146, la Comisión subraya, en el capítulo sobre los derechos
sindicales y facilidades en la administración pública, la importancia de brindar medios adecuados para la recaudación delas cotizaciones sindicales y tiempo libre sin pérdida de salario. La Comisión recordó que, cuanto más grande es laempresa o la institución pública, mayores serán las necesidades de garantizar que se concedan las facilidades que
correspondan. Además, la Comisión consideró que el otorgamiento a los representantes de las organizaciones deempleados públicos de facilidades como el tiempo libre sin pérdida de salario, puede contribuir al respeto de las normas
aplicables a las instituciones públicas y al diálogo con el empleador, así como a la creación de un entorno apropiado y albuen funcionamiento de la administración o el servicio de que se trata.
En lo que respecta al retiro unilateral de esas facilidades, la Comisión en su Estudio general de 2013, párrafos 155
y 156, recuerda que por regla general, la Comisión preconiza que los métodos de aplicación del Convenio núm. 151 sesustenten en el tripartismo, el diálogo social y las consultas plenas y francas entre los interlocutores sociales. Ello reviste
especial importancia en lo que respecta a la legislación en materia de relaciones laborales, incluidas las disposiciones
relativas a las facilidades que habrán de otorgarse a los representantes de los trabajadores, a fin de lograr que las partes
interesadas se adhieran a los principios subyacentes y que las medidas adoptadas sean duraderas y no dependan, en la
función pública, de cambios sucesivos de gobierno o de administración. El retiro unilateral de facilidades otorgadas a lasorganizaciones de empleados públicos puede perjudicar gravemente el funcionamiento normal de esas organizaciones.
Cuanto más importantes sean las organizaciones, tanto por el número de trabajadores que representan como por su
presencia sectorial y geográfica, más factible será que el retiro de facilidades tenga consecuencias negativas. En este
sentido, el Comité de Libertad Sindical estimó que la supresión de la posibilidad de percibir las cotizaciones sindicales ennómina, que pudiera causar dificultades financieras para las organizaciones sindicales, no es propicia para que se instauren
relaciones profesionales armoniosas y debería evitarse.
A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que garantice que se brinde a las autoridades públicas deque se trata y a las organizaciones de empleados públicos la oportunidad de revisar conjuntamente los artículos 12 y 14
del proyecto de ley sobre los sindicatos, con miras a garantizar que las facilidades otorgadas a las organizaciones deempleados públicos estén en plena consonancia con el artículo 6 del Convenio y que no se infrinjan los convenios
colectivos ya concluidos.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión también toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión seve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a ciertas disposiciones de la
Ley de Relaciones de Empleo (ERL) y sus códigos de prácticas en relación con el ejercicio del derecho de huelga (derecho a una
acción secundaria o en solidaridad y protestas por motivos económicos y sociales — véase el artículo 20, 3) de la ERL y el
Código de prácticas 2; piquetes – Código de prácticas 2; arbitraje obligatorio – artículos 22 y 24 y Código de prácticas 3;
servicios esenciales – Código de prácticas 2).
La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que: 1) las autoridades insulares confirman que larevisión de las disposiciones de la ERL y sus códigos de prácticas sigue incluida en el programa de trabajo del Ministro deSeguridad Social; 2) las autoridades insulares lamentan que la revisión aún esté pendiente y esperaban que se hubieran realizado
progresos; 3) la crisis económica mundial sigue teniendo repercusiones en Jersey; 4) se lamenta el retraso, no obstante la revisión

125

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

JerseyConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

se llevará a cabo tan pronto como los recursos lo permitan. Las autoridades insulares agradecen los comentarios anteriores de laComisión y confirman que se los tendrá debidamente en cuenta en la revisión, y 5) Jersey sigue manteniendo una trayectoria muybuena en materia de relaciones laborales; desde que la Ley de Empleo (Jersey), de 2003, entró en vigor el 1.º de julio de 2005, nose han presentado quejas ante el Tribunal de Empleo por despidos injustificados o por una selección para el despido por motivos
relacionados con la afiliación sindical.
En estas circunstancias, la Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre toda
evolución relativa a la revisión de la ERL y sus códigos de prácticas, así como sobre los comentarios anteriormente
formulados por el sindicato «Unite the UNION» acerca de las condiciones para el ejercicio del derecho de huelga y laaplicación por los tribunales de los artículos 3 y 20, 2) de la ERL y el Código de prácticas 3.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de que según los artículos 77B y 77C de la Ley sobre el Empleo (enmienda núm. 4) (Jersey), 2009,el Tribunal no tiene la facultad de indemnizar a un empleado por pérdidas económicas como atrasos en la remuneración para elperíodo comprendido entre el despido y la orden de reintegro o de reempleo. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara lasmedidas necesarias para garantizar, en el caso de despidos antisindicales: 1) el pago de los atrasos en las remuneraciones para elperíodo comprendido entre el despido y la orden de reintegro o de reempleo, y 2) una indemnización por el perjuicio sufrido. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que tras las consultas públicas de 2008, el Foro del Empleo, que es un órgano
consultivo independiente que incluye a representantes de los trabajadores y de los empleadores y a miembros independientes,
recomendó al Ministro de Seguridad Social que el Tribunal del Empleo no debería estar facultado para indemnizar a lostrabajadores que han sufrido pérdidas económicas, tales como atrasos en el pago de los salarios para el período comprendido entre
el despido y la orden de reempleo y que esta situación debería mantenerse hasta el momento en que se puedan revisar los poderes
de dictar laudos del Tribunal, y la forma en la que se calcula el monto de las indemnizaciones en otras jurisdicciones. Además, el
Ministro tomó nota de la preocupación del Foro del Empleo de que, dado que los trabajadores que han sido despedidos de manera
improcedente y no buscan que se les emplee de nuevo no pueden recibir indemnizaciones equivalentes, la oportunidad de recibir
indemnizaciones adicionales puede conducir a que esos trabajadores busquen que se les emplee de nuevo, lo cual redundará en
una reducción del número de acuerdos logrados antes de que el caso sea visto por el tribunal. La Comisión invita al Gobierno aque prosiga el diálogo con los interlocutores sociales a fin de garantizar que en casos de despidos antisindicales los
trabajadores reintegrados por las autoridades judiciales reciban una indemnización completa por pérdida de salario.
Artículos 2 y 4. Protección contra los actos de injerencia y promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios
anteriores, la Comisión había tomado nota de que no existían disposiciones específicas de protección contra los actos deinjerencia en la Ley sobre el Empleo (Jersey) (EL) o la Ley sobre Relaciones de Empleo (ERL), pero que era intención delMinistro introducir, a través de la ERL, una función positiva para prohibir que los empleadores «compren» los derechos de losempleados respecto de las actividades sindicales, induciendo a los empleados a no afiliarse a una organización de trabajadores o aabandonar la afiliación en dicha organización. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indica que las autoridades
continúan preparando la disposición pertinente. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todocambio que se produzca a este respecto.
Además, la Comisión había pedido que el Código de prácticas 1 sobre reconocimiento de los sindicatos se enmendara a fin
de garantizar el derecho de negociación colectiva a la organización más representativa de la unidad de negociación y asegurarque, cuando ningún sindicato represente a la mayoría de los empleados en la unidad de negociación se otorguen los derechos denegociación colectiva a todos los sindicatos de la unidad, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión había
tomado nota de que según el Gobierno el Código 1 se examinará con el Convenio en el marco de la propuesta de un examen másamplio de la ERL y los códigos de prácticas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo cambio
que se produzca a este respecto.
La Comisión toma nota de que las autoridades indican que lamentan que estén pendientes de aprobación las disposiciones
para prohibir que los empleadores puedan recurrir a las presiones para lograr sus objetivos. Asimismo, señalan que están
pendientes de revisión la ERL y los códigos de prácticas, y que la recesión económica global sigue teniendo un impacto en
Jersey. Añaden que la revisión se llevará a cabo tan pronto como haya recursos para ello. La Comisión entiende que esta revisión
mejorará la protección contra la injerencia antisindical y la protección de los derechos de negociación colectiva.
La Comisión expresa de nuevo la esperanza de que en su próxima memoria el Gobierno pueda indicar que se hanrealizado progresos en lo que respecta a la revisión de las disposiciones de la ERL y de los proyectos de códigos de prácticas
complementarios a fin de garantizar que los sindicatos disfrutan de la plena garantía de los derechos que prevé el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Santa Elena
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98)
Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica
que no hay convenios colectivos en vigor e informa sobre el establecimiento de un comité tripartito de derechos laboralespara asesorar al Gobernador en Consejo en cuestiones laborales, tales como la tasa de remuneración por hora. La
Comisión, expresando su preocupación por esta situación, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
estimular y promover el pleno desarrollo y uso de la negociación colectiva, de conformidad con el artículo 4 delConvenio, y que proporcione información a este respecto.

126

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Rumania
La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el
1.º de septiembre de 2015, que se refieren principalmente a los asuntos planteados por la Comisión en virtud del Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Además, la Comisión toma nota de lasobservaciones de la CSI y de los comentarios del Gobierno al respecto. La Comisión también toma nota de lasobservaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembrede 2015.
En su observación anterior, la Comisión tomó nota con satisfacción de que, mediante la adopción de la ley núm. 62
relativa al diálogo social, de 2011 (Ley sobre el Diálogo Social), se habían resuelto varios de los asuntos planteados
anteriormente. La Comisión tomó nota, no obstante, de que algunas cuestiones permanecían pendientes, en particular, ladenegación del derecho de sindicación a determinadas categorías de funcionarios públicos (artículo 4), y el excesivo
control de las finanzas de los sindicatos (artículo 26, 2)). La Comisión tomó nota asimismo de una serie de discrepancias
adicionales entre las disposiciones de la Ley sobre el Diálogo Social y las del Convenio en lo que se refiere al ámbito deaplicación de la libertad sindical virtud del artículo 3, 1) (trabajadores por cuenta propia, aprendices, trabajadores
despedidos o jubilados no cubiertos); las condiciones de elegibilidad de los dirigentes sindicales (artículo 8), y las
restricciones a las actividades sindicales (prohibición de las actividades con carácter político en el artículo 2, 2)).
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores a constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen
convenientes. Los trabajadores sin contrato de trabajo. En lo que se refiere al ámbito de aplicación, la Comisión toma
nota de la información transmitida por el Gobierno en su memoria de que los trabajadores por cuenta propia gozan de lalibertad sindical en virtud de la orden núm. 26/2000 sobre asociaciones y fundaciones, y que los aprendices tienen el
derecho de afiliación sindical en virtud de la Ley núm. 279 sobre Aprendizaje, de 2005, leída conjuntamente con el
Código del Trabajo. Al tiempo que toma nota de que, en lo que se refiere a los trabajadores jubilados, el Gobierno remite
simplemente a la orden núm. 26/2000, la Comisión recuerda que la legislación no debería impedir que los antiguos
trabajadores y jubilados se afilien a organizaciones sindicales y, si lo estiman conveniente, en particular, cuando han
participado en alguna actividad representada por el sindicato. Al tiempo que toma nota de que, cuando no existe uncontrato de trabajo, los trabajadores jubilados y despedidos, o los desempleados, no están abarcados por el ámbito deaplicación del Código del Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que clarifique si estas categorías de trabajadores
pueden, a reserva únicamente de lo dispuesto en los estatutos y reglamentos del mismo, afiliarse a un sindicato omantener su condición de afiliados después de haber dejado de trabajar.
Funcionarios públicos. Con respecto a la denegación del derecho de constituir sindicatos a determinadas
categorías de funcionarios públicos, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno de que: i) elartículo 4 de la Ley sobre el Diálogo Social excluye de su aplicación a las personas elegidas o nombradas en puestos dedignidad como presidente, parlamentario, alcalde, primer ministro, ministro, presidente del Tribunal Supremo, etc., yii) los jueces están excluidos en virtud del artículo 4 pero tienen el derecho de afiliarse a las asociaciones profesionales,
según lo establecido en la Carta Social Europea sobre el Estatuto de los Jueces.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración. En relación con el
excesivo control de las finanzas de los sindicatos, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual lossindicatos como entidades legales están sujetos, sin discriminación, a la legislación fiscal nacional, la cual fue adoptada
después de ser consultada con los interlocutores sociales. La Comisión considera que se requiere que lasfacultades conferidas a los organismos administrativos del Estado, en virtud del artículo 26, 2) (control de la actividad
económica y financiera y pago de las deudas al presupuesto del Estado), se limiten a la obligación de presentar informes
periódicos, en casos de quejas o graves motivos para sospechar infracciones. La Comisión pide al Gobierno que adopte
medidas para suprimir o enmendar el artículo 26, 2), de la Ley sobre el Diálogo Social, para armonizarlo con el
Convenio.
Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas. En
relación con la prohibición de las actividades políticas, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cualla prohibición es una medida constitucional que apunta a garantizar la independencia de los sindicatos y el Convenio sólo
protege las actividades sindicales que se relacionan con los intereses de los afiliados sindicales. La Comisión recuerda
que, si bien los sindicatos no deberían participar en actividades políticas de manera abusiva, promoviendo esencialmenteintereses políticos, las disposiciones que imponen una prohibición general a las actividades políticas por parte de lossindicatos para la promoción de sus objetivos específicos, están en contradicción con los principios de libertad sindical yson poco realistas en la práctica, dado que los sindicatos pueden desear, por ejemplo, expresar públicamente sus opiniones
sobre la política económica y social del Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para suprimir oenmendar el artículo 2, 2), de la Ley sobre el Diálogo Social, con el fin de garantizar el respeto del principio anterior.
Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir a sus representantes con total libertad. Ante la ausencia
de una información comunicada por el Gobierno sobre el asunto anteriormente planteado de las condiciones de127

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

elegibilidad para cargos de dirigencia sindical, la Comisión recuerda que la condena debido a los delitos que no ponen encuestión la integridad de la persona y no son perjudiciales para el ejercicio de las funciones sindicales, no debería
constituir motivos de descalificación. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas paraenmendar el artículo 8 de la Ley sobre el Diálogo Social, para garantizar el respeto de este principio.
La Comisión en general toma nota de que el Gobierno indica que: i) tras un acuerdo, en 2014, del Consejo tripartito
nacional para el diálogo social, se establecieron dos grupos de trabajo bipartitos sobre las enmiendas a la Ley sobre el
Diálogo Social y sobre los sectores y procedimientos de la negociación colectiva, pero no pudieron alcanzar un consenso
en un proyecto común de enmienda de la legislación pertinente, y ii) se presentaron a la OIT una serie de propuestas deenmienda de la Ley sobre el Diálogo Social para sus comentarios en 2015, y el Consejo tripartito nacional discutirá elmemorándum. La Comisión confía en que el Gobierno tenga debidamente en cuenta sus comentarios en el contexto deesta revisión legislativa y en que la nueva legislación estará de plena conformidad con el Convenio. Pide al Gobierno
que indique todo progreso realizado a este respecto. Recordando también que el Gobierno se benefició recientementede la asistencia técnica de la OIT, que apunta a garantizar la conformidad con el Convenio de un proyecto deordenanza de emergencia que enmienda de manera sustancial la Ley sobre el Diálogo Social, la Comisión pide al
Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, que alegan actos de discriminación antisindical y de injerencia por parte del empleador. La Comisión
pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la
CSI, de 2014, y de los comentarios del Gobierno a este respecto.
Artículo 4 del Convenio. Criterio de representación. La Comisión tomó nota anteriormente de los criterios derepresentatividad a nivel de empresa establecidos en el artículo 51 de la Ley sobre Diálogo Social (afiliación de al menos
el 50 por ciento más uno de los trabajadores de la empresa), y pidió al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que
si ningún sindicato alcanza la mayoría para ser reconocido como agente de negociación, los derechos de negociación
colectiva deberían otorgarse a todos los sindicatos de esa unidad, al menos en nombre de sus propios miembros. La
Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno, según la cual: i) en virtud del artículo 1, b), iii), y u),
de la Ley sobre Diálogo Social, todos los sindicatos gozan del derecho de negociación colectiva de conformidad con el
artículo 153 (esta disposición establece que cualquier sindicato legalmente reconocido podrá concertar acuerdos con un
empleador o una organización de empleadores que sean únicamente aplicables a los miembros del sindicato firmante), yii) la negociación colectiva por medio de sindicatos representativos conduce a que, a causa de la legitimidad de éstos, seestablezcan convenios colectivos aplicables por la legislación vigente a todos los trabajadores de la unidad.
Además, la Comisión observó anteriormente que, según el artículo 135, 1): i) en las empresas en las que no hay unsindicato que cumpla con los criterios de representatividad, si existe un sindicato a nivel de empresa y está afiliado a una
federación que cumpla con los criterios de representatividad en el sector pertinente de actividad, la negociación de unconvenio colectivo se llevará a cabo por los representantes de esa federación junto con los representantes elegidos por los
trabajadores, y ii) en las empresas en las que no hay un sindicato que cumpla con los criterios de representatividad, si
existe un sindicato a nivel de empresa y no está afiliado a una federación que cumpla con los requisitos derepresentatividad del sector pertinente de actividad, la negociación colectiva se llevará a cabo por los representantes
elegidos por los trabajadores. La Comisión pidió al Gobierno que garantizara la modificación de la legislación pertinente
con el fin de garantizar la observancia del principio de que debe alentarse y fomentarse la negociación colectiva entre losempleadores y las organizaciones de trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) en caso deque exista únicamente un sindicato de empresa no representativo, el requisito de su afiliación a una federación
representativa al nivel sectorial correspondiente, surge de la legislación anterior y cuenta con el apoyo de los sindicatos, yii) el reconocimiento del derecho de los representantes de los trabajadores (elegidos entre los miembros del sindicato deempresa o entre los trabajadores no afiliados) a negociar en ausencia de un sindicato representativo de empresa o de unsindicato de empresa no representativo afiliado a una federación sectorial representativa, responde a la necesidad decooperar a nivel de empresa con objeto de evitar los desafíos que se plantean recíprocamente entre sindicatos y los puntos
muertos en una negociación colectiva. La Comisión entiende que el artículo 135 establece la manera de negociar unconvenio colectivo aplicable a todos los trabajadores de la unidad (erga omnes) en ausencia de un sindicato representativo
y de su consiguiente legitimidad. La Comisión observa que esta falta de legitimidad podría explicar la obligación de que
un sindicato no representativo tenga que afiliarse a una federación representativa en el sector pertinente para estar en
condiciones de negociar, a petición del sindicato y dentro de su mandato, junto con los representantes elegidos por los
trabajadores, un convenio colectivo erga omnes (artículo 135, 1), a)). Sin embargo, la Comisión observa que, en los casos
en los que un sindicato no representativo no esté afiliado a una federación representativa sectorial, la negociación de unconvenio colectivo erga omnes podrá efectuarse exclusivamente por los representantes elegidos por los trabajadores, porlo que dejaría sin efecto el derecho de los sindicatos no representativos a negociar en nombre de sus propios afiliados(artículo 153). La Comisión recuerda, en este aspecto, que la negociación colectiva con representantes de trabajadores no128

sindicalizados solamente debería ser posible cuando no haya sindicatos en el nivel correspondiente, y que deberían
adoptarse las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para garantizar que la existencia de representantes elegidos por
los trabajadores no se utiliza para menoscabar la posición de las organizaciones de trabajadores interesados. La Comisión
pide al Gobierno que tome medidas para enmendar la legislación pertinente a fin de garantizar la aplicación de estos
principios.
Negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el
presupuesto del sector público que abarca a todos los funcionarios públicos, incluidos aquéllos que no están al servicio dela administración del Estado, la fijación de salarios se realiza exclusivamente por ley, de forma que no puede ser objeto denegociación colectiva ningún otro tipo de salarios u otros derechos pecuniarios que no estén previstos en las disposiciones(artículos 3, b), y 37, 1), de la Ley sobre Salarios Unitarios núm. 284/2010, del personal remunerado con cargo a los
fondos públicos). La Comisión saludó lo dispuesto en el artículo 138, 3), de la Ley sobre Diálogo Social, en su versión
enmendada, según la cual, en los casos en que los derechos salariales sean establecidos en leyes especiales con la fijaciónde un límite mínimo y un límite máximo, los salarios concretos se determinan mediante la negociación colectiva dentro delos límites legales. Considerando que esta disposición puede ser compatible con el Convenio, dependiendo de su
aplicación práctica, la Comisión pidió al Gobierno que señale las categorías de empleados remunerados con cargo a
fondos públicos respecto de los cuales se establecen derechos salariales en leyes especiales en las que se fijan un límite
mínimo y un límite máximo de modo que los salarios concretos sean determinados por la negociación colectiva dentro desus límites.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala: i) las disposiciones relativas a la negociación de primas,
aumentos y derechos pecuniarios (artículo 138, 3), de la Ley sobre Diálogo Social y artículos 12, 21-23 y 32 de la ley
núm. 284/2010) se aplica mediante la observancia, durante las negociaciones, de los límites máximos y mínimos
establecidos por la ley y las leyes especiales; ii) tales negociaciones tuvieron lugar en el sector de la sanidad y la
educación y se tradujeron en acuerdos relativos a los derechos pecuniarios o en ventajas fiscales; iii) los salarios unitarios
en virtud de la ley núm. 284/2010 se basan en un coeficiente que es examinado periódicamente en consulta/negociación
con los interlocutores sociales y con arreglo al cual guardan una relación directa todos los aumentos salariales, y iv) el
proyecto de enmienda de la ley núm. 284/2010 es objeto de discusión en la actualidad. La Comisión entiende que la
información suministrada por el Gobierno y de los anexos a la ley núm. 284/2010 que: i) en caso de derechos pecuniarios
tales como bonificaciones (por ejemplo, en razón de condiciones de trabajo especiales, difíciles o peligrosas) y subsidios,se está negociando con los sindicatos pertinentes sobre los establecimientos, las categorías del personal y los montos
salariales (que no pueden exceder de los límites legales), y ii) en caso de salarios base, no obstante, el coeficiente salarial
de la categoría de personal correspondiente se establece en los anexos a la ley núm. 284/2010 previa consulta con losinterlocutores sociales. Al tiempo que destaca una vez más la necesidad de garantizar que los salarios, además de losdemás derechos pecuniarios, se incluyen en el ámbito de la negociación colectiva para todas las categorías defuncionarios públicos cubiertos por el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias en
plena consulta con los interlocutores sociales y, de ser necesario, con la asistencia técnica de la Oficina, con objeto deponer la legislación y la práctica nacionales en conformidad con el artículo 4 del Convenio, quedando entendido quepueden establecerse límites máximos y mínimos para las negociaciones salariales con los sindicatos. La Comisión
confía en que el Gobierno tendrá debidamente en cuenta en los comentarios técnicos formulados por la Comisión antela revisión legal en marcha de la ley núm. 284/2010 y pide al Gobierno que comunique información sobre toda
evolución a este respecto.
Desde un punto de vista más general, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) teniendo en cuenta unacuerdo del Consejo Nacional Tripartito para el Diálogo Social, de 2014, se han establecido dos grupos bipartitos detrabajo en relación con las enmiendas a la Ley sobre el Diálogo Social y en relación a los sectores y el procedimiento denegociación colectiva, pero éstos no han podido llegar a un consenso sobre un proyecto común que modifique lalegislación pertinente, y ii) se han presentado a la OIT una serie de propuestas de enmienda a la Ley sobre el Diálogo
Social para que ésta se pronuncie en 2015 y el memorándum de la OIT será objeto de discusión por parte del Consejo
Tripartito Nacional. La Comisión confía en que el Gobierno tendrá debidamente en cuenta sus comentarios en elcontexto de esta revisión legislativa y que la nueva legislación estará en plena conformidad con las disposiciones delConvenio. La Comisión pide al Gobierno que señale todos los progresos realizados a este respecto. Al tiempo querecuerda también que el Gobierno se ha beneficiado recientemente de la asistencia técnica de la OIT en un intento degarantizar la conformidad con lo dispuesto en el Convenio de un proyecto de orden de emergencia que modifica
sustancialmente la Ley sobre el Diálogo Social, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre
cualquier novedad a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

129

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

RwandaConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI),
recibidas el 31 de agosto de 2014, sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión igualmente toma nota también de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de
Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota de la nueva ley núm. 86/2013 de 19 de septiembre de 2013 sobre el Estatuto General de la
Función Pública, cuyo artículo 51 reconoce el derecho de los funcionarios públicos a unirse a un sindicato de su elección.
La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el reconocimiento del derecho de los funcionarios
públicos a constituir sus propios sindicatos, así como sus otros derechos en virtud del Convenio.
La Comisión también toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión seve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión tomó nota de los comentarios formulados por la CSI, de 31 de julio de 2012, sobre la aplicación delConvenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique sus observaciones al respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derechos de los trabajadores, sin ninguna distinción, a constituir las organizaciones que
estimen convenientes. La Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de que, en virtud del artículo 124 del Código delTrabajo, toda organización que solicite su reconocimiento como organización más representativa deberá autorizar a laadministración del trabajo a inspeccionar sus registros de inscripción de afiliados así como sus libros contables. La Comisión
tomó nota de que el Gobierno señala que este requisito será suprimido de la del Código del Trabajo. La Comisión pidenuevamente al Gobierno que transmita una copia del texto legal que deroga el requisito de inspección de los libros contables
del Código del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 31 deagosto de 2014 y el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión toma nota de la reciente aprobación de la nueva Ley sobre las Regulaciones del Servicio Civil (leynúm. 86/2013 de 11 de septiembre de 2013) y pide al Gobierno que aclare su impacto en los derechos que trata el
Convenio en los artículos 1, 2 y 4.
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación e injerencia antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió
al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para establecer sanciones suficientemente disuasivas contra los actos deinjerencia y de discriminación antisindical, en particular en relación con la cuantía de la indemnización legal debida a losafiliados al sindicato. La Comisión tomó nota de que, según las disposiciones del artículo 114 del nuevo Código del Trabajo (leynúm. 13/2009), todo acto contrario a las disposiciones que establecen una protección contra los actos de discriminación einjerencia se considera como abusivo y permite reclamar una indemnización por daños y perjuicios. A este respecto, la Comisión
pidió al Gobierno que proporcionara información más detallada sobre la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios en
caso de actos de discriminación contra los afiliados de un sindicato o los dirigentes sindicales, al margen de la cuestión deldespido de los representantes sindicales establecida en el artículo 33 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que,según se indica en la memoria del Gobierno, tales actos pueden ser sancionados con una pena de prisión no superior a dos meses
y a una multa que varía entre los 50 000 y 300 000 francos ruandeses (RWF) (aproximadamente entre 80 y 480 dólares de losEstados Unidos) (artículo 169 del Código del Trabajo). La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce en su memoria quela ley núm. 13/2009 no especifica la cuantía de los daños y perjuicios aplicables a los actos de discriminación antisindical contra
dirigentes sindicales o afiliados a un sindicato; esta cuestión será tratada al revisar el Código del Trabajo dejando en claro que la
cuantía de los daños previstos en virtud del artículo 33 del Código del Trabajo también puede aplicarse a los actos dediscriminación contra los afiliados a un sindicato o los dirigentes sindicales. La Comisión pide al Gobierno que comuniqueinformación sobre toda evolución a este respecto y subraya la importancia de que la futura versión del Código del Trabajo se
aplique, respecto a la indemnización, a todos los actos antisindicales de discriminación e injerencia. Además, la Comisión pide
al Gobierno que facilite información sobre la aplicación en la práctica de las sanciones establecidas en la ley núm. 13/2009.
Artículo 4. Negociación colectiva y arbitraje. En referencia a sus comentarios anteriores relativos al arbitraje obligatorio
en el contexto de la negociación colectiva, la Comisión tomó nota de que el procedimiento de solución de conflictos colectivos
previsto en los artículos 143 y siguientes del nuevo Código determina, en caso de no llegarse a una conciliación, que se someta lacuestión a un comité de arbitraje cuyas decisiones pueden ser objeto de apelación ante la jurisdicción competente, cuya decisión
es obligatoria. La Comisión recuerda una vez más que, aparte de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombredel Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, el arbitraje impuesto por las autoridades, de manera
general, es contrario al principio de la negociación voluntaria de los convenios colectivos establecidos en el Convenio y, porconsiguiente, a la autonomía de las partes en la negociación (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y negociación
colectiva, párrafo 257). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar la

130

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

legislación de forma que, salvo en los casos mencionados, la sumisión al arbitraje o ante la jurisdicción competente de unconflicto colectivo de trabajo en el marco de la negociación colectiva sólo puede realizarse con el acuerdo de las dos partes.
Por otra parte, en relación con sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el artículo 121 del Código del Trabajo
prevé que, a petición de una organización representativa de trabajadores o de empleadores, la negociación de un convenio
colectivo se realiza en una comisión paritaria convocada por el Ministro de Trabajo o su delegado o representantes de laadministración participando en calidad de asesores. La Comisión toma nota de que, según se indica en la memoria del Gobierno
esta comisión está integrada por un número igual de organizaciones de empleadores y de trabajadores, de manera que lasnegociaciones se realizan en pie de igualdad y, en definitiva, el resultado de las negociaciones refleja el acuerdo de ambas partes;además, esta disposición serviría para promover la negociación de los convenios colectivos. Sin embargo, la Comisión recuerda
una vez más que una disposición de esa índole puede limitar el principio de negociación libre y voluntaria de las partes
establecido por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 121
del Código del Trabajo, de forma que el recurso a una comisión paritaria para negociar un convenio colectivo pueda
realizarse sin la presencia de un representante de la administración del trabajo.
Por lo que respecta a la cuestión de la extensión de los convenios colectivos, la Comisión tomó nota en observaciones
anteriores de que, en virtud del artículo 133 del Código del Trabajo, a petición de una organización sindical o patronal
representativa, parte o no en el convenio, o por su propia iniciativa, el Ministro del Trabajo puede decretar la aplicación
obligatoria de todas o algunas disposiciones de un convenio colectivo a todos los empleadores o trabajadores incluidos en elámbito de aplicación profesional o territorial del convenio. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, laextensión de un convenio colectivo sólo puede realizarse en la práctica con sujeción a consultas tripartitas exhaustivas. La
Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que la extensión de los convenios colectivos
no se pueda realizar de manera unilateral.
Negociación colectiva en la práctica. Por último, en sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que
comunicara informaciones sobre las actividades en materia de negociación colectiva del Consejo Nacional del Trabajo, sobre elnúmero de convenios colectivos concluidos, los sectores y el número de trabajadores cubiertos. La Comisión toma nota de que,según indica el Gobierno, el 1.º de enero de 2012 se suscribió un convenio colectivo entre, por una parte, el Congreso del Trabajo
y la Fraternidad (COTRAV) y la Central de Sindicatos de Trabajadores de Rwanda (CESTRAR) y, por la otra parte, la Empresa
Rwandesa para la Producción y el Comercio del Té (Société Rwandaise pour la Production et la Commercialisation du Thé)
(SORWATHE Ltd) que abarca entre 700 y 1 000 trabajadores en el sector del té. El Gobierno añade que los sindicatos antes
mencionados enviaron sus representantes al Consejo Nacional de Trabajo. La Comisión también toma nota, según el Gobierno,
que el Consejo Nacional de Trabajo es un organismo tripartito encargado, entre otras funciones, de prestar asesoramiento en
materia de leyes y reglamentos relativos al trabajo y la seguridad social, colaborar en la aplicación de leyes y reglamentos,
identificar las deficiencias en el ámbito de la legislación laboral y proponer enmiendas. La Comisión subraya la necesidad deseguir fomentando la negociación colectiva y pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas en este sentido, y que facilite
información sobre las actividades del Consejo Nacional del Trabajo en el ámbito de la negociación colectiva y sobre elnúmero de convenios colectivos concluidos, incluyendo el número de trabajadores cubiertos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Saint Kitts y Nevis
La Comisión saluda la información proporcionada por el Gobierno sobre la elaboración del proyecto de Código delTrabajo mediante consultas tripartitas y con la asistencia de la OIT.
Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En sus
comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno:–
que adoptara las medidas legislativas necesarias para garantizar que se otorga a los trabajadores una protección
adecuada contra los actos de discriminación antisindical durante la contratación y en el curso del empleo (elartículo 11 de la Ley sobre Protección del Empleo sólo se refiere a la protección contra la terminación del empleo
basada en la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales), y–que proporcione información sobre toda evolución relacionada con los esfuerzos del Gobierno por garantizar que lassanciones previstas en la Ley del Empleo sean revisadas a fin de que tengan un efecto suficientemente disuasorio
contra todos los actos de discriminación antisindical.
La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno señala en su memoria que: i) se han tenido en cuenta todas
las medidas legislativas necesarias para garantizar que se otorga a los trabajadores una protección adecuada contra losactos de discriminación antisindical durante la contratación, en el curso del empleo y hasta la expiración del contrato, yque estas medidas constituyen una parte del proyecto de Código del Trabajo; y ii) que se están revisando las sanciones
existentes previstas en la ley con miras a garantizar que se endurecen las sanciones de conformidad con las
recomendaciones de la Comisión.
Artículo 2. Protección adecuada contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió
al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas que se habían tomado con miras a adoptar disposiciones
específicas que previeran expresamente procedimientos de apelación rápidos, junto con sanciones efectivas y disuasorias
contra los actos de injerencia. La Comisión toma nota con interés de que el proyecto del Código del Trabajo incluye una
disposición que prohíbe explícitamente cualquier acto de injerencia (artículo 203). La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno de que se revisarán las sanciones correspondientes de conformidad con las observaciones de la131

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Comisión y recuerda que en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 197, la Comisión
indica que una «protección adecuada» contra los actos de injerencia en virtud del Convenio presupone la existencia deprocedimientos de recursos rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias contra dichos actos.
Artículo 4. Reconocimiento de la organización con fines de negociación colectiva. En sus comentarios anteriores,
la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas tomadas para la adopción dedisposiciones específicas que reconozcan explícitamente en la legislación el derecho a la negociación colectiva y que lo
regulen, de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que se hantenido en cuenta todas las recomendaciones de la Comisión y de que esta cuestión es tratada en el proyecto de Código delTrabajo.
La Comisión observa que: i) los artículos 235 y 236 del proyecto de Código del Trabajo parecen requerir el apoyo demás del 50 por ciento de la unidad negociadora para que sus integrantes sean reconocidos como agentes de negociación, yii) los artículos 233 y 240 del proyecto de Código del Trabajo otorgan poderes discrecionales al Comisionado del Trabajopara que determine la unidad negociadora «adecuada». En este sentido, la Comisión recuerda que: i) una legislación que
imponga unilateralmente el nivel de la negociación colectiva o lo fije imperativamente plantea problemas deincompatibilidad con el Convenio, y ii) el hecho de requerir del 50 por ciento de los miembros de la unidad denegociación para ser reconocido como agente plantea problemas de compatibilidad con el Convenio, ya que se traduce enque un sindicato representativo que no consiga la mayoría absoluta podrá ser privado de la posibilidad de negociar
colectivamente. La Comisión recuerda en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 222
y 234 que, en virtud del sistema de designación de agente exclusivo de negociación, si ningún sindicato representa elporcentaje exigido de trabajadores para ser declarado agente exclusivo de negociación, los derechos de negociación
colectiva deberían otorgarse a todos los sindicatos de la unidad, al menos en nombre de sus propios afiliados.
La Comisión pide al Gobierno que formule las enmiendas oportunas al proyecto de Código del Trabajo paragarantizar la conformidad de sus disposiciones con los principios mencionados anteriormente. La Comisión espera que
el nuevo Código del Trabajo se adoptará pronto y solicita al Gobierno que suministre una copia.

Samoa
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2008)
Artículo 1, 2 y 4 del Convenio. Cuestiones legislativas. En referencia a sus comentarios anteriores, la Comisión
saluda la adopción de la Ley de Trabajo y Relaciones Laborales, de 2013 (LERA) y toma nota con satisfacción de que:–El artículo 21 de la LERA garantiza el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos, los empleadores y las
federaciones de sindicatos u organizaciones de empleadores y les impone la obligación de negociar de buena fe yhacer todos los esfuerzos razonables para llegar a un acuerdo.
–
El artículo 83, 2), q), de la LERA establece que deberá adoptarse reglamentación para favorecer más el ejercicio
efectivo del derecho de negociación colectiva, incluyendo los asuntos relativos a la negociación de buena fe, elreconocimiento de las organizaciones más representativas y la reglamentación de los convenios colectivos, pero sinlimitarse a ellos.
–
El artículo 4 de la LERA establece el Foro Nacional Tripartito que tiene la finalidad de promover la paz laboral ycontribuir a un crecimiento equilibrado de la economía nacional (artículo 7).
–
El artículo 13 de la LERA autoriza al Ministerio competente de las Relaciones de Trabajo y Empleo a que investigue
las quejas y reclamaciones, ayude en las iniciativas de conciliación cuando se planteen conflictos entre empleadoresy trabajadores, y promueva la armonía en las relaciones laborales y el diálogo social entre los empleadores y lostrabajadores.
–
El artículo 22, 4), de la LERA protege a los trabajadores contra los actos de discriminación antisindical en lacontratación, y el artículo 78, 1), de la LERA establece la imposición de una multa que no superará las 50 «unidades
penales» al empleador que celebre un contrato que sea contrario a lo dispuesto en la LERA.
–El artículo 63 de la LERA otorga al director general del Ministerio competente de las relaciones de trabajo y empleo
las facultades para mediar en un conflicto laboral, cuando así se lo solicite cualquiera de las dos partes; y deconformidad con el artículo 64 de la LERA, el director ejecutivo podrá, a petición conjunta de las partes y tras
consultar al Foro Nacional Tripartito, remitir un conflicto laboral a un comité tripartito de conciliación; el artículo 76
autoriza al Ministro competente de las Relaciones de Trabajo y Empleo a solicitar a cualquiera de las partes que
remita un conflicto laboral, que no se haya resuelto previamente mediante un acto de conciliación, a un magistrado
del Tribunal Supremo auxiliado por dos colaboradores conjuntos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

132

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

San Vicente y las Granadinas
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Cuestiones legislativas. La Comisión se refirió con anterioridad a la necesidad deenmendar los siguientes artículos de la Ley de Sindicatos (TUA): el artículo 11, 3), con el fin de eliminar la autoridad
discrecional del registrador respecto de la inscripción de los sindicatos; y el artículo 25, con el fin de limitar los poderes
del registrador para llevar a cabo investigaciones de las cuentas de los sindicatos. La Comisión tomó nota de la indicacióndel Gobierno, según la cual el nuevo proyecto de ley de relaciones del trabajo que derogaría los mencionados artículos dela TUA, aún está pendiente de la aprobación del Gabinete. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que elGobierno indicó, en su memoria, que: i) se produjeron algunos retrocesos en los progresos relativos al proyecto de ley derelaciones del trabajo como consecuencia de las circunstancias fuera de control del Departamento de Trabajo; ii) se hizo
necesaria la revisión del anteproyecto de ley mediante consultas con la nueva dirección de los respectivos interlocutoressociales, y iii) se dio inicio a este proceso y el Gobierno seguía confiando en que se adoptara, en un futuro próximo, el
nuevo proyecto de ley. La Comisión expresó la esperanza de que se adoptara, en un futuro cercano, el nuevo proyecto deley de relaciones del trabajo y se abordaran las cuestiones mencionadas.
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno, según las cuales: i) no se produjeron cambios respecto de lalegislación o la práctica que afecta a la aplicación del Convenio; ii) no ha habido una nueva evolución respecto de lasconsultas en curso en relación con el propuesto proyecto de ley de relaciones del trabajo; y iii) el Gobierno sigue
confiando en que se adopte, en un futuro próximo, el nuevo proyecto de ley.
La Comisión espera firmemente que el Gobierno continúe las consultas con los interlocutores sociales, adopte, en
un futuro próximo, el proyecto de ley de relaciones del trabajo y que la misma aborde las cuestiones mencionadas. La
Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical e injerencia. En sus
comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para incluir en la legislación disposiciones
que previeran la protección contra los actos de discriminación antisindical e injerencia de los empleadores o de lasorganizaciones de empleadores en las organizaciones de trabajadores (y viceversa) y que estimularan la negociación
colectiva en los sectores público y privado (con la única excepción posible de los funcionarios públicos adscritos a laadministración del Estado). La Comisión tomó nota de que está pendiente de aprobación en el Gabinete un nuevo proyecto
de ley de relaciones de trabajo y que este proyecto de ley incluye disposiciones contra la discriminación antisindical y la
injerencia por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. A este respecto, la Comisión recordó que lasdisposiciones no sólo deberían incluir la protección contra la discriminación sindical y la injerencia por las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, sino también por el empleador o cualquier persona que actuara en nombre de ese
empleador. Posteriormente, la Comisión tomó nota de que: i) el Gobierno expresó su gratitud a la OIT por los comentarios
técnicos aportados al proyecto de ley de relaciones de trabajo; ii) se presentaron a las respectivas organizaciones deempleadores y de trabajadores, para su consideración y adopción, copias del Memorándum de la OIT de los comentarios
técnicos; iii) se espera que las disposiciones del proyecto de ley revisado aborde las cuestiones que conciernen a la OIT, yiv) el Gobierno dio inicio a una serie de consultas, con la nueva dirección de los respectivos interlocutores sociales. La
Comisión expresó su esperanza de que el proyecto de ley de relaciones de trabajo revisado aborde las cuestiones
mencionadas y garantice la plena conformidad con el Convenio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: i) no se ha producido ningún cambio respecto de lalegislación o de la práctica que afecta a la aplicación del Convenio; ii) no tuvo lugar una nueva evolución respecto de lasconsultas en curso en relación con el propuesto proyecto de ley de relaciones de trabajo, que tiene la finalidad de sustituira la Ley de Sindicatos vigente, y iii) el Gobierno sigue confiando en que se adopte, en un futuro próximo, el nuevo
proyecto de ley.
La Comisión espera firmemente que el Gobierno prosiga las consultas con los interlocutores sociales y que se
adopte, en un futuro próximo, el proyecto de ley de relaciones de trabajo y aborde las cuestiones mencionadas. La
Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado al respecto.

133

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Santa Lucía
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1980)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por Organización Internacional de Empleadores (OIE)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin distinción alguna, a constituirorganizaciones y afiliarse a ellas. Durante varios años, tomando nota de que los «servicios de protección» — que incluyen losservicios de lucha contra incendios y el personal de los establecimientos penitenciarios — estaban excluidos de la aplicación de la
Ley de Registro, Estatus y Reconocimiento de Sindicatos y Organizaciones de Empleadores, 1999, la Comisión había pedido al
Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho de sindicación al personal de lucha contra incendios y delos establecimientos penitenciarios. La Comisión toma nota de que el artículo 325 de la Ley del Trabajo, 2006, también excluye
los «servicios de protección» (que según el artículo 2 de la ley incluyen los servicios de lucha contra incendios y los servicios
correccionales) del ámbito de aplicación de las disposiciones de la nueva ley que se ocupan del derecho de sindicación. Al tiempo
que toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la cuestión del derecho de sindicación del personal de lucha
contra incendios y de los servicios penitenciarios se planteará al Ministro de Trabajo, y recordando que había señalado que enla práctica los trabajadores de estos servicios disfrutan de ese derecho, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indiquede qué manera se garantizan los derechos sindicales del personal de lucha contra incendios y de los servicios penitenciarios.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1980)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1, 2, 4 y 6 del Convenio. Desde hace varios años, tomando nota de que «los servicios de protección» — que
incluyen los servicios de extinción de incendios y el personal de los servicios penitenciarios — habían sido excluidos de la Ley
sobre el Registro, el Estatuto y el Reconocimiento de las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, de 1999, la Comisión
ha venido pidiendo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para conceder al personal de lucha contra incendios y al
personal de los servicios penitenciarios los derechos y garantías establecidos en el Convenio. La Comisión toma nota de que la
Ley del Trabajo de 2006, que entró en vigor el 1.º de agosto de 2012, deroga la Ley sobre el Registro, el Estatuto y elReconocimiento de las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, de 1999. Toma nota, además, de que el artículo 355 de la
Ley del Trabajo de 2006 excluye también a los «servicios de protección» (que, según el artículo 2 de la ley, incluyen a losservicios de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios) del ámbito de aplicación de las disposiciones que
se ocupan del derecho de negociación colectiva en la nueva legislación. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala ensu memoria que el personal de lucha contra incendios y el personal de servicios penitenciarios se benefician en la práctica delderecho a la negociación colectiva, y que esta cuestión sería planteada ante el Ministerio de Trabajo, la Comisión pidenuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reconocer expresamente en la legislación el derecho a lanegociación colectiva al personal de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Injerencia y discriminación antisindical. La Comisión recuerda que desde hacevarios años pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga
sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia contra lasorganizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión observa que el Gobierno
indica en su memoria que ha tomado buena nota de los comentarios de la Comisión y que está dialogando con lasorganizaciones sindicales representativas del país para proceder a la modificación de la ley sindical núm. 5/92 con el
objetivo de dar respuesta a las cuestiones destacadas por la Comisión.
Artículo 4. Ausencia de marco jurídico para el ejercicio del derecho de negociación colectiva. La Comisión
observa nuevamente que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, de 28 de mayo de 1992,
pero que no es objeto de una reglamentación legal, y que desde hace años está pendiente de adopción un proyecto de ley
sobre régimen jurídico de la negociación colectiva. El Comité toma nota de que el Gobierno informa que, debido asucesivos cambios en los órganos de gobierno y legislativos del país, no se ha podido aprobar un proyecto para proceder aesta modificación de la ley núm. 5/92.

134

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión pide al Gobierno que informe de todo desarrollo en los procesos legislativos indicados en relación a
los artículos 1, 2 y 4 del Convenio y, esperando que concluyan lo antes posible, que envíe una copia de la legislación
adoptada.
Aplicación práctica. La Comisión había tomado nota en su anterior observación de que, según el Gobierno: i) no
existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica, y ii) la Dirección de Trabajo podría actuar
como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La
Comisión expresa su preocupación por la inexistencia de convenciones colectivas y pide una vez más al Gobierno quetome las medidas necesarias para estimular y fomentar el desarrollo y uso de la negociación colectiva. La Comisión
vuelve a pedir al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso denegociación colectiva.
La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación a las
diversas cuestiones planteadas y confía poder observar progresos en un futuro próximo.

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)
(ratificación: 2005)
Artículo 5 del Convenio. Negociación colectiva en la administración pública. La Comisión toma nota de que ensu memoria el Gobierno indica que la negociación colectiva no se aplica a la función pública. La Comisión pide al
Gobierno que indique qué obstáculos impiden la aplicación de la negociación colectiva a los funcionarios públicos yque tome todas las medidas a su alcance para que se posibilite y fomente la negociación colectiva en la función pública
a efectos de dar aplicación al artículo 5 del Convenio.
Marco jurídico para el ejercicio de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que, en el marco de laaplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Gobierno informa
que el proyecto de ley sobre régimen jurídico de la negociación colectiva sigue sin adoptarse. La Comisión pide al
Gobierno que informe sobre el proceso legislativo en curso y espera firmemente que se tomen todas las medidas
apropiadas para el establecimiento de la reglamentación necesaria para el fomento de la negociación colectiva.
Artículo 6. Mediación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Dirección de Trabajo delMinisterio de Empleo y Asuntos Sociales actúa únicamente como mediador de conflictos entre empleadores y trabajadores
en el sector privado.
Artículo 7. Consulta y negociación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión había
recordado al Gobierno en comentarios anteriores que en virtud del Convenio se tiene que fomentar la consulta y lanegociación con las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores más representativas, en el
proceso de determinación de las reglas de procedimiento de la negociación colectiva. La Comisión vuelve a pedir al
Gobierno que tome medidas en este sentido.
Aplicación práctica. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no
existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión expresa su preocupación alrespecto e invita nuevamente al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante
problema.

SenegalEn su observación anterior, la Comisión tomó nota de los graves alegatos de la Confederación Sindical Internacional(CSI), recibidos en 2012, referidos a la represión violenta por la fuerza del orden de una asamblea general del Sindicato
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Correos y Telecomunicaciones (SNTPTS) llevada a cabo ante la sede de la
Dirección General de Correos en Dakar. En su respuesta, el Gobierno se limita a indicar que, al margen de su función
general de supervisión, la policía no interviene en manifestaciones pacíficas. La Comisión desea recordar nuevamente quela libertad de reunión constituye uno de los elementos fundamentales de los derechos reconocidos a las organizaciones deempleadores y de trabajadores y que las autoridades deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar el derecho
de reunión u obstaculizar su ejercicio legal, salvo si dicho ejercicio supone un peligro grave e inminente para elmantenimiento del orden público. La Comisión también toma nota de las observaciones de la CSI recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, que se refieren entre otras cuestiones a las dificultades recurrentes para obtener el registro de lossindicatos. A este respecto, la Comisión recuerda que los trabajadores y los empleadores deberían poder constituir lasorganizaciones que estimen convenientes en un clima de serenidad, y todo retraso provocado por las autoridades en elregistro de esas organizaciones constituiría una denegación de sus derechos y una violación del Convenio. La Comisión
insta al Gobierno a velar por el pleno respeto de dichos principios y de proporcionar sus comentarios en respuesta a las
observaciones más recientes de la CSI.
Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.

135

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Puesta en conformidad de la legislación con el Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios se refieren
desde hace más de una década a la necesidad de modificar una serie de disposiciones legislativas para ponerlas en
conformidad con el Convenio. Durante ese período, el Gobierno siempre ha manifestado su voluntad de proceder a esas
modificaciones. En su última memoria, el Gobierno indica una vez más que se ha iniciado el proceso de modificación dela legislación en relación con todas las cuestiones planteadas por la Comisión y que dicho proceso sigue su curso. La
Comisión lamenta tomar nota del período de tiempo transcurrido sin que se pudiera observar ningún progreso en lapuesta en conformidad de la legislación e insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para ultimar sin
demora el proceso de reforma legislativa con objeto de armonizar la legislación nacional con el Convenio en todas lascuestiones que recuerda a continuación.
–
Artículo 2 del Convenio. Derecho sindical de los menores. La necesidad de enmendar el Código del Trabajo paragarantizar el derecho sindical a los menores que tuviesen la edad mínima legal de admisión en el empleo (15 años,
en virtud del artículo L.145 del Código del Trabajo), tanto como trabajadores, que como aprendices, sin que fuese
necesaria la autorización parental o del tutor.
–
Artículos 2, 5 y 6. Derechos de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes sin
autorización previa. La necesidad de derogar la ley núm. 76-28, de 6 de abril de 1976, y de modificar el
artículo L.8 del Código del Trabajo (modificado en 1997), con el fin de garantizar a los trabajadores y a lasorganizaciones de trabajadores, el derecho de constituir las organizaciones que estimaran convenientes, suprimiendo
la autorización previa del Ministerio del Interior. Al tomar nota de que el Gobierno reitera que el Estado tiene lamisión fundamental de velar por que los fundadores de una organización sean de reconocida solvencia moral y no
estén en conflicto con la ley, la Comisión se ve obligada a recordar que las disposiciones de la ley núm. 76-28, de
6 de abril de 1976, retomadas por el artículo L.8 del Código del Trabajo, al conceder de hecho al Ministerio delInterior facultades discrecionales para la entrega de un certificado que acredite el reconocimiento legal de unsindicato, infringen el artículo 2, del Convenio.
–
Artículo 3. Derechos de las organizaciones de ejercer libremente sus actividades y formular su programa deacción. La necesidad de adoptar el decreto de aplicación del artículo L.276 del Código del Trabajo a fin de que lalista de los empleos determinados por el mencionado decreto, sólo autorice la movilización de trabajadores en casode huelga para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en el sentido estricto del término.
–
La necesidad de modificar el Código del Trabajo a fin de incluir una disposición que establezca que las restricciones
contempladas en el artículo L.276 del Código del Trabajo relativas a la ocupación de los locales o sitios adyacentes
durante la huelga, sólo se aplican en los casos en que las huelgas pierdan su carácter pacífico o en los casos en losque se obstaculice la libertad de trabajo de los no huelguistas o el derecho de la dirección de la empresa de ingresar
en los locales.
–
Artículo 4. Disolución por vía administrativa. La necesidad de adoptar una disposición, mediante vía legislativa oreglamentaria, que establezca expresamente que la disolución de organizaciones sediciosas prevista por la ley núm.
65-40 no puede aplicarse a las organizaciones profesionales en manera alguna. A este respecto, la Comisión tomó
nota de los comentarios del Gobierno, según los cuales una organización profesional que vele por los intereses desus miembros no puede asimilarse a una organización sediciosa y no debería preocuparse por una eventual
disolución por vía administrativa. No obstante, el Gobierno añade que está en curso la puesta en conformidad de laley sobre este punto.

SerbiaConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de laAsociación de Empleadores de Serbia (SAE) recibidas el 1.º de septiembre de 2013, y de la respuesta correspondiente delGobierno. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Unión de Empleadores de Serbia (UES) recibidas el
17 de octubre de 2014. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la OIE recibidas el
1.º de septiembre de 2015.
La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera sus comentarios sobre las observaciones — transmitidas a laComisión por el Gobierno en 2012 — de las siguientes organizaciones de trabajadores y de empleadores: i) la UES; ii) laConfederación de Sindicatos «Nezavisnost»; iii) la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS), y iv) laConfederación de Sindicatos Libres (CFTU). La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno realiza
comentarios sobre algunas de las observaciones de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión
pide al Gobierno que responda a las observaciones pendientes de esas organizaciones.
Libertades civiles. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que: i) el Gobierno indicó a la Comisiónde la Conferencia de 2011 que no tenía conocimiento de los alegatos de agresiones físicas contra dirigentes sindicales ysindicalistas, especialmente en los sectores educativo y sanitario, señalados por la Confederación Sindical Internacional
136

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO(CSI) y la CATUS y que una vez que dispusiera de la información pertinente adoptaría las medidas necesarias para
resolver la cuestión con arreglo al Convenio, y ii) la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que realizara sin
demora investigaciones independientes sobre los alegatos e informara en consecuencia. La Comisión también tomó nota
con preocupación del alegato de la CSI en relación con un intento de agresión durante una huelga organizada por el
Sindicato Independiente de la Policía (ITUP) y pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para realizar una
investigación independiente de todos los alegatos de actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, asícomo para garantizar el respeto de los principios antes mencionados.
La Comisión toma nota de que: i) en relación con los alegatos de agresión a dirigentes sindicales y sindicalistas,
especialmente del sector educativo sanitario, el Gobierno indica en su memoria que necesita más información para poderadoptar las medidas necesarias y que, tan pronto como reciba esta información, las autoridades competentes adoptarán las
medidas necesarias con arreglo a la ley, y ii) en relación con el supuesto intento de agresión durante una huelgaorganizada por el ITUP, el Gobierno indica que ya ha respondido a esta cuestión. A este respecto, la Comisión observa
que el Gobierno había indicado anteriormente que el Ministerio del Interior dio seguimiento a una notificación en relación
con estos alegatos presentada por el ITUP. Recordando que los derechos de las organizaciones de trabajadores y deempleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole
contra los dirigentes o miembros de tales organizaciones, la Comisión pide al Gobierno que transmita más información
sobre las medidas de seguimiento adoptadas por el Ministerio del Interior a fin de investigar el supuesto intento deagresión durante la huelga organizada por el ITUP, así como sobre el resultado de esta investigación.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes yde afiliarse a las mismas sin autorización previa. La Comisión recuerda que desde hace varios años, con el fin deestablecer un requisito de afiliación mínima razonable, ha estado realizando comentarios sobre la necesidad de modificar
el artículo 216 de la Ley del Trabajo, que establece que los empleadores podrán crear asociaciones de empleadores con nomenos del 5 por ciento del número total de empleados en una determinada rama, grupo, subgrupo, línea de negocio, deterritorio o de unidad territorial. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno
según la cual los comentarios de la Comisión se tomaron en consideración durante el proceso de modificación de la Ley
del Trabajo. La Comisión tomó nota igualmente de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia de 2011
consideró que el Gobierno debería acelerar la enmienda, largo tiempo esperada, del artículo 216 de la Ley del Trabajo,
especialmente a fin de derogar el umbral del 5 por ciento, y señaló que seguía existiendo preocupación acerca de la plena
participación de los interlocutores sociales en la revisión legislativa anunciada. La Comisión toma nota de que el Gobierno
reitera el contenido del artículo 216 de la Ley del Trabajo pero no proporciona más información sobre las enmiendas
legislativas solicitadas. Lamentando la falta de progresos, la Comisión confía en que la legislación pertinente se revise
en plena consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores y que en este proceso
se tenga debidamente en cuenta la necesidad de enmendar el artículo 216 de la Ley del Trabajo a fin de establecer unrequisito razonable en lo que respecta al número mínimo de miembros que no obstaculice el establecimiento deorganizaciones de empleadores. La Comisión espera firmemente que el proceso legislativo se complete en un futuro
próximo y pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos que se produzcan a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por las siguientes organizaciones de trabajadores y deempleadores: i) la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS) y el Sindicato de Empleados Judiciales deSerbia (TUJES) (2 de abril de 2013) alegando irregularidades en la negociación colectiva; ii) la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación de Empleadores de Serbia (SAE) (1.º de septiembre de 2013) en
relación con la determinación de la representatividad sindical; iii) la Unión de Empleadores de Serbia (UES) (18 denoviembre de 2014) en relación con la participación de los empleadores en el Fondo del Seguro de Salud, y iv) laConfederación Sindical Internacional (CSI) (1.º de septiembre de 2015) en relación con la negativa del Gobierno a
consultar los cambios laborales con los sindicatos. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno
recibidos en 2013 en respuesta a las observaciones de la CATUS y el TUJES y en respuesta a las observaciones de la OIE
y la SAE.
La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera sus comentarios sobre las observaciones — que el Gobierno
envió a la Comisión — de las siguientes organizaciones de trabajadores y de empleadores: i) la Confederación de
Sindicatos «Nezavisnost» (5 de septiembre de 2012) alegando discriminación antisindical, fallos en la inspección deltrabajo, señalando las iniciativas para el establecimiento de tribunales especializados en relaciones laborales, ydenunciando irregularidades en la negociación colectiva; ii) la UES (5 de septiembre de 2012) en relación con retrasos enlas enmiendas legislativas, y iii) la Confederación de Sindicatos Libres (CFTU) (30 de octubre de 2012) alegando acoso
antisindical, que los miembros de los sindicatos reciben presiones y el incumplimiento general de los convenios colectivos
por parte de los empleadores y que el período de tres años de validez de los convenios colectivos, que se establece en la
Ley del Trabajo, tiene consecuencias negativas sobre la continuidad de los derechos de los trabajadores. La Comisión
toma nota de que, en su memoria, el Gobierno realiza comentarios sobre algunas de las observaciones de las

137

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones
pendientes de esas organizaciones así como a las observaciones recibidas de la CSI el 1.º de septiembre de 2015.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical en la práctica. En sus comentarios
anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre la aplicación del Convenio en la práctica,
incluidos datos estadísticos sobre el número de quejas de discriminación antisindical presentadas ante las autoridades
competentes (inspección del trabajo y órganos judiciales), así como sobre el resultado de las investigaciones yprocedimientos judiciales y la duración media de los mismos. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno
proporciona información detallada sobre las actividades de la inspección del trabajo, en particular sobre sus reuniones con
los interlocutores sociales a fin de reforzar el diálogo social y controlar el cumplimiento de los convenios colectivos ysobre los alegatos de la inspección sobre casos de discriminación antisindical, incluidos casos relativos a la expulsión demiembros, la terminación del cobro de cuotas de afiliación o a irregularidades en relación con el pago de cuotas sindicales.
La Comisión toma nota de la información proporcionada y pide al Gobierno que transmita más información sobre losprocedimientos especialmente relacionados con la discriminación antisindical, incluidos los remitidos a los órganos
judiciales, y su duración media.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Representatividad de las organizaciones de trabajadores y deempleadores. La Comisión había planteado la necesidad de modificar el artículo 233 de la Ley del Trabajo, queestablece un plazo de tres años para que un sindicato, un empleador o una asociación de empleadores puedan solicitar una
nueva decisión sobre la representatividad ya determinada de un sindicato. La Comisión había pedido al Gobierno que
adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 233 de la Ley del Trabajo con objeto de reducir el plazo de tresaños a un período de tiempo más razonable o autorizar explícitamente que los procedimientos para la determinación delestatus de organización más representativa tengan lugar con anterioridad al vencimiento del convenio colectivo aplicable.
La Comisión toma nota con satisfacción de que se han realizado modificaciones en el artículo 233 de la Ley del Trabajo,
que reducen el período durante el que no es posible cambiar la representatividad ya determinada de un sindicato.
La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicó que: i) las condiciones y los mecanismos para elestablecimiento de la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores los determina el Ministeriode Trabajo a propuesta de un comité tripartito específico, el Panel para el Establecimiento de la Representatividad;ii) teniendo en cuenta que este órgano no es funcional debido a su método de toma de decisiones (consenso), el Ministerio
estableció una comisión independiente, que se disolvió debido al gran descontento de los miembros del Panel para el
Establecimiento de la Representatividad, y iii) el Ministerio señaló que la cuestión podía abordarse a través de la adopciónde enmiendas a la Ley del Trabajo o adoptando otra ley. La Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y la SAE,
recibidas el 1.º de septiembre de 2013, en las que estas organizaciones alegan que el Gobierno ha obviado el proceso legal
existente para determinar la representatividad de los sindicatos creando una nueva entidad para valorar larepresentatividad de los sindicatos, en particular de la CFTU, y que el Ministro de Finanzas intervino indebidamente ypresionó al secretario y miembros del Consejo Económico y Social (SEC) pidiéndoles que incluyeran a la CFTU en el
SEC. La Comisión toma nota de que en su respuesta el Gobierno reitera lo que había señalado sobre las novedades enrelación con el Panel para el Establecimiento de la Representatividad y además especifica que el Ministerio de Trabajo
propondrá una revisión de la Ley del Trabajo a fin de garantizar que las solicitudes de representatividad se tramitan deforma más eficaz y oportuna, siguiendo criterios claramente definidos que permitan a cualquier organización demostrar su
aptitud para la representatividad. Según el Gobierno, las cuestiones preocupantes en relación con el sistema actual son
que: i) no es posible reconocer a una organización a no ser que los interlocutores sociales representativos, miembros delPanel para el Establecimiento de la Representatividad, logren un acuerdo al respecto, y ii) los actuales interlocutoressociales sólo dejan de ser reconocidos si votan contra sí mismos. La Comisión observa que se han añadido nuevos párrafos
al artículo 229 de la Ley del Trabajo que establecen que las decisiones se adoptarán por mayoría y permiten al ministro
decidir sobre una solicitud de representatividad sin la aprobación del Panel para el Establecimiento de laRepresentatividad si éste no le presenta una propuesta en los 30 días posteriores a la fecha de la solicitud. Recordando que
los métodos para la determinación de las organizaciones más representativas deben basarse en criterios objetivos,
prestablecidos y precisos, la Comisión pide al Gobierno que indique si las nuevas enmiendas han mejorado el
funcionamiento y la eficacia del Panel para el Establecimiento de la Representatividad cuando aborda las solicitudes
de representatividad y si el Gobierno está elaborando nuevas enmiendas a la Ley del Trabajo a este respecto.
Porcentaje requerido para la negociación colectiva. La Comisión había tomado nota de que el artículo 222 de la
Ley del Trabajo requiere que, para ejercer los derechos de negociación colectiva, las asociaciones de empleadores
representen al 10 por ciento del número total de empleadores y empleen al 15 por ciento del número total de trabajadores.
La Comisión había pedido al Gobierno que suprimiera el requisito del 10 por ciento para que las organizaciones deempleadores puedan realizan negociaciones colectivas, habida cuenta de que este porcentaje es especialmente elevado,
especialmente en el contexto de las negociaciones en grandes empresas, a nivel sectorial o nacional. La Comisión había
tomado nota de que, según el Gobierno, esta cuestión se reexaminaría en el marco de la revisión de la Ley del Trabajo. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales han empezado a
examinar los efectos de la Ley del Trabajo, e incluso su conformidad con el Convenio. La Comisión saluda la iniciativa
de revisar la Ley del Trabajo en consulta con los interlocutores sociales, y confía que se adopten las medidas

138

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

necesarias a fin de rebajar los porcentajes antes mencionados. Además, pide al Gobierno que transmita información
sobre toda evolución que se produzca a este respecto.
Asimismo, la Comisión había tomado nota de que según las observaciones de la CFTU, recibidos el 30 de octubre
de 2012, un acuerdo para lograr la representatividad sólo puede ser firmado por dos o más sindicatos que no sean
representativos a nivel de empresa para estar en condiciones de ser parte en la negociación colectiva, y esto no es posible
en el caso de los sindicatos de trabajadores y de asociaciones de empleadores de niveles superiores. La Comisión toma
nota de que, según el Gobierno, el artículo 249 de la Ley del Trabajo no limita la conclusión de acuerdos entre sindicatos yasociaciones de empleadores a cualquier nivel y establece que si ninguno de los sindicatos o asociaciones de empleadorescumple con los requisitos de representatividad en el sentido de la ley, los sindicatos y las asociaciones de empleadores
pueden concluir un acuerdo de asociación para cumplir con las condiciones de representatividad y de participación en losconvenios colectivos. La Comisión toma nota de esta información.
La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adopte sin demora las medidas necesarias a fin de poner lalegislación de conformidad con los requisitos del Convenio, teniendo en cuenta los comentarios anteriores, y pide al
Gobierno que indique los progresos realizados a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Seychelles
La Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por la Asociación de Empleadores de Seychelles y laFederación de Sindicatos de Trabajadores de Seychelles (SFWU), recibidas el 31 de agosto de 2015, que se refieren acuestiones ya examinadas por la Comisión. La Comisión toma nota también de las observaciones de carácter generaltransmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), en una comunicación recibida el 1.º de septiembrede 2015.
La Comisión recuerda que durante varios años ha estado realizando comentarios sobre diversas disposiciones de la
Ley sobre Relaciones Laborales (IRA) en torno a los asuntos relativos a la inscripción de los sindicatos en el registro y al
ejercicio del derecho de huelga, y pidiendo al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar dichas
disposiciones. La Comisión saluda que el Gobierno indique que: i) en 2012, el Ministerio del Trabajo y Desarrollo de losRecursos Humanos (MLHRD) estableció un comité para revisar la IRA, compuesto por representantes del MLHRD, lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores y otras partes interesadas de ministerios, departamentos y una
organización no gubernamental; ii) el comité sobre la IRA se reunió en cuatro ocasiones entre abril y julio de 2013 durante
las cuales realizó un análisis según el orden numérico del articulado de la IRA, y iii) los interlocutores sociales que forman
parte del comité sobre la IRA consideraron que el artículo 9, b), confiere facultades discrecionales al registrador y es
innecesario debido a que las actividades sindicales que representan graves amenazas para la seguridad o el orden público ola salud pública ya están cubiertas por el artículo 19 de la Ley de Orden Público, 2013. Además, la Comisión toma nota deque en su memoria el Gobierno informa de que: i) en lo que respecta al artículo 9, 1), f), de la IRA, actualmente no serequieren calificaciones específicas para ocupar funciones en las organizaciones sindicales; ii) habida cuenta de que elcomité sobre la IRA sólo ha podido examinar los artículos 1 a 9, los comentarios pendientes de la Comisión en relación
con los artículos 52, 1), a), iv), 52, 4), 52, 1), b) y 56, 1), aún no se han abordado; iii) si bien se preparó una Hoja de ruta
para garantizar progresos regulares en la revisión de la IRA, se ha dado prioridad a la revisión de la Ley de Empleo, y larevisión de la IRA se ha dejado en suspenso debido a la falta de conocimientos especializados y de recursos humanos;iv) debido a este retraso, el MLHRD encargó la revisión de la IRA a una consultoría a fin de garantizar su compatibilidad
con la legislación nacional del trabajo y las normas internacionales del trabajo. El trabajo principal de la consultoría serealizará entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, y se prevé llevar a cabo el taller de validación del proyecto derevisión de la IRA en febrero de 2016; v) el mandato de la consultoría en relación con la IRA fue transmitido a la Oficina
de País de la OIT en Antananarivo, y vi) los comentarios de la Comisión serán examinados tanto por el comité sobre la
IRA como por la consultoría encargada de la revisión de la IRA cuando revisen el instrumento jurídico. La Comisión
observa que el Gobierno expresó la necesidad de asistencia técnica de la OIT y señaló que transmitiría el proyecto derevisión de la IRA para que la OIT realice comentarios al respecto antes de que se lleve a cabo el taller de validación.
La Comisión confía en que la revisión de la IRA seguirá sin demora, en consulta con los interlocutores sociales ycon la asistencia técnica de la OIT, pedida por el MLHRD y que, teniendo en cuenta los comentarios anteriores de laComisión, se modifiquen los siguientes artículos de esta ley:–el artículo 9, 1), b) y f), que confiere al registrador facultades discrecionales para denegar la inscripción en elregistro;–

el artículo 52, 1), a), iv), que establece que una huelga tiene que ser aprobada por dos tercios de los afiliados alsindicato presentes y que voten en la reunión convocada con la finalidad de considerar la cuestión;–el artículo 52, 1), b), que prevé un período de espera de 60 días antes de que pueda darse inicio a una huelga;
139

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO–

el artículo 52, 4), que faculta al/a la ministro/ministra para declarar ilegal una huelga, si considera que su
continuidad puede poner en peligro, entre otras cosas, «el orden público o la economía nacional», y–el artículo 56, 1), que impone sanciones de hasta seis meses de reclusión por organizar o participar en una
huelga declarada ilegal, en base a las disposiciones de la IRA.
La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos alcanzados a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Asociación de Empleadores de Seychelles y de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores de Seychelles (SFWU), recibidas el 31 de agosto de 2015, que se refieren a cuestiones ya
examinadas por la Comisión.
Artículos 2, 3, 4 y 6 del Convenio. Cuestiones legislativas pendientes. La Comisión recuerda que durante varios
años ha estado realizando comentarios y ha solicitado al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar
diversas disposiciones de la Ley sobre Relaciones Laborales (IRA), en lo que respecta a la protección insuficiente contra
los actos de injerencia y las restricciones al derecho de negociación colectiva. La Comisión saluda las indicaciones delGobierno respecto a que: i) el Ministerio de Trabajo y Desarrollo de los Recursos Humanos (MLHRD) estableció, en
2012, un comité para revisar la IRA, integrado por representantes del MLHRD, las organizaciones de empleadores y detrabajadores y otras partes interesadas de ministerios, departamentos y una organización no gubernamental; ii) el comité
sobre la IRA se reunió en cuatro ocasiones entre abril y julio de 2013 durante los cuales realizó un análisis según el orden
numérico del articulado de la IRA, y iii) en relación con el artículo 3 relativo a la aplicación de la IRA, el comité sobre la
IRA tuvo en cuenta los comentarios de la Comisión y propuso que se amplíe el alcance de esta ley a fin de incluir al
personal penitenciario en el ámbito de su aplicación. La Comisión también toma nota de que en su memoria el Gobierno
informa que: i) habida cuenta de que el comité sobre la IRA sólo ha podido examinar los artículos 1 a 9, aún no se hanabordado los comentarios pendientes de la Comisión, en relación con los artículos 36 a 38 y 46 a 53 de la IRA, sobre lanecesidad de adoptar medidas para garantizar la protección contra los actos de injerencia de los empleadores o sus
organizaciones contra las organizaciones de trabajadores y la necesidad de limitar el recurso al arbitraje obligatorio; ii) el
MLHRD encargó la revisión de la IRA a una consultoría a fin de garantizar su compatibilidad con diversos textos
legislativos nacionales en materia laboral y las normas internacionales del trabajo. El trabajo principal de la consultoría serealizará entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, y se prevé llevar a cabo el taller de validación del proyecto derevisión de la IRA en febrero de 2016; iii) el mandato de la consultoría en relación con la IRA fue transmitido a la oficinade país de la OIT en Antananarivo, y iv) los comentarios de la Comisión serán examinados tanto por el comité sobre la
IRA como por la consultoría encargada de la revisión de la IRA cuando revisen el instrumento jurídico. La Comisión
observa que el Gobierno expresó la necesidad de asistencia técnica de la OIT y señaló que transmitiría el proyecto derevisión de la IRA para que la OIT realice comentarios al respecto antes de que se lleve a cabo el taller de validación.
La Comisión confía en que la revisión de la IRA siga sin demora, en consulta con los interlocutores sociales ycon la asistencia técnica de la OIT, y que se tengan en cuenta los comentarios anteriores de la Comisión en los quepidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para:–

adoptar disposiciones legislativas que prevean la protección contra los actos de injerencia de los empleadores o
sus organizaciones contra las organizaciones de trabajadores, en particular, frente a los actos cuyo objetivo es
promover el establecimiento de organizaciones de trabajadores dirigidas o controladas por los empleadores o lasorganizaciones de empleadores, junto con medidas efectivas y suficientemente disuasorias;–

enmendar su legislación a fin de garantizar que el recurso al arbitraje obligatorio en los casos en los que laspartes no alcanzan un acuerdo a través de la negociación colectiva sólo admisible en relación con funcionarios
públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido
estricto del término y crisis nacionales agudas, y–garantizar que el personal penitenciario, excluido del ámbito de aplicación de la IRA, tiene derecho a lanegociación colectiva.
La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.

Sierra Leona
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2013 relativos a restricciones ala negociación colectiva en el sector minero. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

140

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Artículos 1 y 2 del Convenio. Necesidad de adoptar medidas específicas acompañadas de sanciones lo suficientemente
eficaces y disuasorias para proteger a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores contra los actos dediscriminación antisindical y de injerencia. La Comisión había tomado nota de que la revisión de la legislación laboral,
preparada con la asistencia técnica de la OIT, había sido sometida a reuniones tripartitas, que los comentarios tripartitos ya habíansido recibidos y que el documento había sido enviado a la asesoría jurídica. La Comisión había pedido al Gobierno que lamantuviese informada sobre todo progreso realizado en la preparación del proyecto final del documento y que le suministrase una
copia de la legislación modificada tan pronto como la misma fuese adoptada. Tomando nota de que según la información
anterior enviada por el Gobierno, la revisión de la legislación laboral fue sometida a la asesoría jurídica en 1995, la Comisión
pide nuevamente al Gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para tomar las medidas necesarias a fin de adoptar lanueva legislación en un futuro próximo y que informe a este respecto.
Artículo 4. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los convenios colectivos que
están en vigor en el sector de la educación y en otros sectores.
La Comisión pide al Gobierno que proporcione una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio, acompañada
de copias de todo texto relativo a la libertad sindical que se haya adoptado desde 1992 (año del proyecto de ley sobre
relaciones laborales).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Sri Lanka
La Comisión toma nota de las observaciones de la IndustriALL Global Union (IndustriALL), recibidas el 31 deagosto de 2015, sobre las cuestiones planteadas por la Comisión. La Comisión también toma nota de las observaciones dela Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, que se refieren a los asuntos
abordados por la Comisión, así como de los comentarios del Gobierno respecto de los mismos. La Comisión toma nota
asimismo de que, en su memoria, el Gobierno aborda las cuestiones planteadas por el Sindicato de Trabajadores de lasPlantaciones de Lanka Jathika (LJEWU), en sus observaciones de 2012. La Comisión toma nota de los comentarios delGobierno sobre las observaciones de la Federación de Empleadores de Ceylán (EFC) y de la Organización Internacionalde Empleadores (OIE), de 2011. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de la OIE,
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno relativos a las observaciones de la CSI, de 2012, que noresponden a las graves denuncias de intimidación, arresto, detención y suspensión de sindicalistas y de trabajadores, tras
una huelga en una zona franca de exportación (ZFE), así como la violencia policial durante una manifestación detrabajadores en una ZFE incluido el recurso a disparos, que dieron lugar al fallecimiento de un trabajador y a cientos deheridos. Recordando que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un
clima libre de violencia, de presiones y de amenazas de cualquier tipo contra los dirigentes y los afiliados de lasorganizaciones de trabajadores, la Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las mencionadas
alegaciones y que adopte las medidas necesarias para garantizar que se prohíba el uso de una violencia excesiva a lahora de tratar de controlar las manifestaciones, que sólo se realicen arrestos cuando se hayan cometido graves actos deviolencia u otros actos delictivos y que la policía sea llamada en una situación de huelga, sólo cuando exista una
genuina e inminente amenaza al orden público.
En su comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Consejo
Consultivo Nacional del Trabajo (NLAC) decidió, el 1.º de febrero de 2011, establecer una subcomisión tripartita para una
nueva discusión sobre la aplicación de una política laboral nacional y reflejar de qué manera deberían desarrollarse lasleyes y la práctica, en particular, en relación con los asuntos vinculados con la libertad sindical y la negociación colectiva.
La Comisión expresó la esperanza de que este proceso tripartito obtuviera resultados positivos. La Comisión toma nota deque el Gobierno declara que, tanto del lado del empleador como del lado del trabajador, se presentaron propuestas
respecto de la enmienda de la Ley de Conflictos Laborales en relación con la aplicación del Convenio, habiéndose
discutido las propuestas sin haberse alcanzado ningún consenso, y que las discusiones proseguirán a nivel de la
subcomisión y en el NLAC. También toma nota de la indicación de IndustriALL, según la cual no se ha aplicado hasta
ahora la decisión del NLAC, de 7 de marzo de 2011, de establecimiento de una comisión tripartita para las ZFE. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución relativa al establecimiento o el trabajo
de los foros tripartitos mencionados y expresa la firme esperanza de que estos mecanismos tripartitos contribuyan alograr progresos hacia la enmienda de la legislación laboral, teniendo plenamente en cuenta los comentarios
formulados por la Comisión desde hace numerosos años.
Artículo 2 del Convenio. Edad mínima de afiliación a un sindicato. En su observación anterior, tomando nota deque la edad mínima de admisión al empleo es de 14 años y de que la edad mínima de afiliación a un sindicato es de
16 años (artículo 31 de la ordenanza sobre los sindicatos), la Comisión recordó que la edad mínima para la afiliación a unsindicato debería ser la misma que la edad mínima para la admisión al empleo. La Comisión toma nota con interés que elGobierno indica en su memoria que, en principio, el Ministerio de Trabajo decidió enmendar la ordenanza sobre lossindicatos de manera consecuente, y que se dará inicio pronto a los procedimientos en este sentido. La Comisión espera

141

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1995)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

que en un futuro próximo la edad mínima de afiliación sindical esté en consonancia con la edad mínima de admisión
al empleo y pide al Gobierno que informe sobre toda evolución a este respecto.
Artículos 2 y 5. Derecho de las organizaciones de funcionarios públicos de constituir federaciones yconfederaciones y afiliarse a las mismas. La Comisión reiteró con anterioridad su esperanza de que se adoptaran, en un
futuro próximo, las enmiendas al artículo 21 de la ordenanza sobre los sindicatos, con el fin de garantizar que lossindicatos del sector público puedan afiliarse a las confederaciones que estimen convenientes, y que las organizaciones debase de los empleados públicos puedan abarcar a más de un ministerio o departamento de la administración pública, ypidió al Gobierno que indicara los progresos realizados a este respecto en su próxima memoria.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) la prohibición de federarse o fusionarse no se aplica a
todos los sindicatos de funcionarios públicos, sino sólo a sindicatos de funcionarios policiales y de funcionarios delpersonal del Gobierno; ii) un ejemplo de sindicato verticalmente federado es la Alianza de Sindicatos de los Servicios de
Salud (HSTUA); iii) existen federaciones de la administración pública que funcionan abiertamente y que no estánregistradas, y no están reconocidas como federaciones, y iv) este asunto se ha discutido y se discutirá más para explorar laposibilidad de enmienda de la ordenanza sobre los sindicatos, a efectos de permitir que los sindicatos del sector público se
federen entre sí o con sindicatos del sector privado. La Comisión subraya una vez más la necesidad de garantizar que lasorganizaciones de funcionarios del personal del Gobierno puedan afiliarse a las federaciones y confederaciones que
estimen convenientes, incluidas aquellas que también agrupen a organizaciones de trabajadores del sector privado, y quelas organizaciones de base de los empleados públicos puedan abarcar a más de un ministerio o departamento de laadministración pública. La Comisión espera firmemente que las discusiones mencionadas por el Gobierno tengan
resultado positivo y que el Gobierno adopte pronto las medidas necesarias para enmendar el artículo 21 de laordenanza sobre los sindicatos a este respecto.
Artículo 3. Mecanismo para la solución de conflictos en el sector público. En sus comentarios anteriores, laComisión, tomó nota de que la Ley de Solución de Conflictos Laborales — que establece mecanismos de conciliación,
arbitraje y procedimientos ante la magistratura del trabajo y los tribunales laborales —, no se aplica en la administración
pública (artículo 49 de la Ley de Solución de Conflictos Laborales), que se está desarrollando un mecanismo para laprevención y solución de conflictos en el sector público, con la asistencia técnica de la OIT, y que se adoptó undocumento sobre el mecanismo de solución de conflictos. La Comisión expresó la esperanza de que se realicen en un
futuro próximo, progresos en ese sentido, y pidió al Gobierno que comunicara información sobre toda evolución. La
Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno según la cual: i) se iniciaron acciones para aplicar elmecanismo para la solución de conflictos y el diálogo social con la asistencia de la OIT; ii) se decidió aplicar un proyecto
piloto con el sector de la salud, con miras a aplicar el mecanismo en el Ministerio de Salud y desarrollar una estrategia
para su extensión a toda la administración pública; iii) el informe sobre la aplicación de la fase piloto se presentó algabinete de ministros, que aprobó la extensión del mecanismo a todo el sector público, y iv) se prevén nuevas medidas,
que incluyen: el compromiso del Ministerio de la Administración Pública de extender el mecanismo; el establecimiento denuevas estructuras, como la mediación y el arbitraje, la determinación de su jurisdicción y el desarrollo de procedimientos;
la formación de personal directivo y de dirigentes sindicales, y el desarrollo de un mecanismo de control. La Comisión
confía en que se sigan realizando progresos para el establecimiento, en un futuro próximo, de un mecanismo para laprevención y la solución de conflictos en el sector público, dando pleno efecto a los principios que se recordaron en loscomentarios anteriores de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre toda evolución a este
respecto.
Arbitraje obligatorio. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 4, 1), de la
Ley de Solución de Conflictos Laborales, el Ministerio puede, si es de la opinión de que un conflicto laboral sea unconflicto menor, remitirlo, mediante una orden por escrito, para una solución a través del arbitraje, a un árbitro nombrado
por el Ministro o a un tribunal laboral, aun cuando las partes en tal conflicto o sus representantes no den su consentimientopara tal remisión; y de que en virtud del artículo 4, 2), el Ministro puede, mediante una orden por escrito, remitir cualquierconflicto laboral a un tribunal de relaciones laborales para que dictamine al respecto. La Comisión pidió al Gobierno quetome las medidas necesarias para enmendar estas disposiciones a fin de armonizarlas con el Convenio. La Comisión toma
nota de que el Gobierno declara que existen varias etapas en la gestión de los conflictos laborales antes de su remisión alarbitraje obligatorio, que son muy pocos los conflictos laborales que se remiten al arbitraje obligatorio, teniendo en cuenta
el interés nacional y la importancia del funcionamiento continuo de una industria, y el Ministerio trata de remitir los casos
al arbitraje obligatorio con el consentimiento de los sindicatos. La Comisión toma nota de las estadísticas comunicadas por
el Gobierno, según las cuales, en 2013, 49 de 3 371 conflictos fueron remitidos al arbitraje (en 2012, 43 de 3 702). Al
tiempo que toma nota de la baja proporción de conflictos laborales remitidos al arbitraje en la práctica, la Comisión señala
que el artículo 4 de la Ley de Solución de Conflictos Laborales confiere un amplio poder al Ministro para remitir losconflictos laborales al arbitraje obligatorio. En este sentido, la Comisión reitera que el recurso al arbitraje obligatorio
para poner fin a un conflicto laboral colectivo y a una huelga, es admisible cuando la huelga en consideración puede
ser restringido o incluso prohibido, es decir: i) en el caso de los conflictos relativos a los funcionarios públicos que
ejercen una autoridad en nombre del Estado; ii) en conflictos en los servicios esenciales en el sentido estricto deltérmino, o iii) en situaciones de crisis nacional o local aguda. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte

142

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

medidas para enmendar el artículo 4, 1) y 2), de la Ley de Solución de Conflictos Laborales, con el fin de garantizar elrespeto del principio mencionado anteriormente.
Artículo 4. Disolución de organizaciones por la autoridad administrativa. En su observación anterior, laComisión reiteró su pedido al Gobierno de que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se suspendieran lasdecisiones administrativas sobre la disolución de un sindicato, apeladas ante los tribunales. El Gobierno indica que no serealizaron progresos en este sentido durante el período de presentación de memorias. La Comisión pide una vez más al
Gobierno que adopte sin retrasos las medidas necesarias para garantizar que en todos los casos en los que se apele
ante los tribunales la decisión del registrador de retirar o suprimir el registro de un sindicato (de conformidad con losartículos 16 y 17 de la ordenanza sobre sindicatos), la retirada o supresión del registro sindical ordenada por elregistrador (autoridad administrativa) no tenga efecto hasta que no se haya dictado una decisión judicial definitiva.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por Industrial Global Union (IndustriALL) recibidas el
31 de agosto de 2015, en relación con casos de discriminación antisindical, injerencia y hostigamiento de afiliados alsindicato así como con otras cuestiones abordadas por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus
comentarios al respecto. Toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de2014, en relación con los actos de discriminación antisindical, en particular, despidos en una zona franca de exportación,
así como de los comentarios del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota además de los comentarios del Gobierno
sobre las observaciones de la Federación de Empleadores de Ceylán (EFC) y de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE), de 2011 así como de las observaciones de la CSI, de 2012 y 2014. La Comisión toma nota también deque, en su memoria, el Gobierno se refiere a las cuestiones planteadas por el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones
de Lanka Jathika (LJEWU) en sus observaciones de 2012.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que el Consejo Consultivo
Nacional del Trabajo (NLAC) decidió, el 1.º de febrero de 2011, constituir un subcomité tripartito para debatir con mayor
profundidad la aplicación de la política nacional del trabajo y reflexionar sobre la forma en que deberían desarrollarse lalegislación y la práctica, en particular, en lo que respecta a la libertad sindical y la negociación colectiva. La Comisión
expresó su esperanza de que este procedimiento tripartito ofrecería resultados positivos. La Comisión toma nota de que elGobierno afirma en su memoria que tanto empleadores como trabajadores han presentado sendas propuestas sobre laenmienda a la Ley sobre Conflictos Laborales en relación con la aplicación de las disposiciones del Convenio, que estas
propuestas fueron debatidas sin llegar a ningún consenso y que seguirán siendo objeto de deliberación a nivel delsubcomité y del NLAC. La Comisión toma nota asimismo de que IndustriALL señala que no se ha implementado hasta el
momento la decisión del NLAC, de 7 de marzo de 2011, de establecer un comité tripartito para las zonas de librecomercio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados con respecto al
establecimiento y funcionamiento de los fueros tripartitos mencionados, y expresa la esperanza firme de que estos
mecanismos tripartitos contribuirán a obtener avances en lo que se refiere a la modificación de la legislación deltrabajo, teniendo plenamente en cuenta los comentarios formulados por la Comisión desde hace varios años.
Artículo 1 de Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. Procedimientos efectivos y
expeditivos. Tomando nota de que, en la práctica, sólo el Departamento de Trabajo puede plantear casos dediscriminación antisindical ante los tribunales y de que no hay plazos obligatorios que cumplir para presentar las quejas
ante el tribunal, la Comisión pidió anteriormente al Gobierno que garantizara la efectividad y la agilidad de losprocedimientos por prácticas laborales injustas, y que adoptara las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores
que son víctimas de discriminación antisindical puedan presentar una queja directamente ante los tribunales. La Comisión
instó también al Gobierno a que continúe discutiendo, en diálogo tripartito, la posibilidad de garantizar a los sindicatos elderecho de presentar casos de discriminación antisindical directamente ante los tribunales. La Comisión toma nota coninterés de que el Gobierno señala que desea adoptar medidas para que los trabajadores que son víctimas de discriminación
antisindical puedan presentar quejas ante los tribunales y que tiene la intención de modificar la Ley sobre Conflictos
Laborales para garantizar a los sindicatos el derecho de plantear directamente ante los tribunales los casos dediscriminación antisindical. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que, si bien el Departamento deTrabajo ha adoptado una serie de iniciativas para agilizar los procedimientos contra la discriminación antisindical, afronta
varias dificultades prácticas, incluida la falta de información precisa y la reticencia de los trabajadores a prestar testimonioante los tribunales, lo que causa demoras en los procedimientos. Por último, en relación con las observaciones de la EFC yde la OIE de que la Ley sobre Conflictos Laborales es discriminatoria porque solamente contempla las prácticas laborales
injustas por parte de los empleadores y no por parte de los trabajadores o sus organizaciones, la Comisión toma nota de laintención del Gobierno de abordar esta cuestión. La Comisión pide al Gobierno una vez más que adopte las medidas
necesarias, en un futuro próximo, para garantizar que los trabajadores que son víctimas de discriminación antisindical
puedan presentar quejas ante los tribunales. La Comisión expresa asimismo la esperanza de que el Gobierno adoptará
las medidas necesarias para modificar la Ley sobre Conflictos Laborales a fin de conceder a los sindicatos el derecho apresentar casos de discriminación antisindical directamente ante los tribunales. La Comisión pide al Gobierno que

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Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1972)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

transmita información sobre toda evolución con respecto a su intención de abordar las observaciones de la EFC y de la
OIE. La Comisión pide además al Gobierno que suministre información sobre el número de casos de discriminación
antisindical que han sido examinados por los tribunales, la duración de los procedimientos y las sanciones o lasmedidas de resarcimiento impuestas.
Artículo 4. Medidas para promover la negociación colectiva. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que
comunicara información sobre los progresos realizados para promover la negociación colectiva. La Comisión toma nota
de que el Gobierno señala que la unidad de diálogo social y cooperación en el lugar de trabajo (SDWC), establecida en el
marco del Departamento de Trabajo, ha llevado a cabo una serie de programas para crear mayor consciencia entre losciudadanos y en los lugares de trabajo sobre la negociación colectiva. La Comisión toma nota de la información
comunicada por el Gobierno y observa con interés que más de 20 000 personas participaron en 400 talleres,aproximadamente, organizados por la SDWC en el período 2014-2015. La Comisión pide al Gobierno que siga
adoptando medidas para promover la negociación colectiva y que comunique información al respecto.
Zonas francas de exportación (ZFE). En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la CSI se refirió
a las dificultades en lo que respecta al ejercicio de los derechos de sindicación y negociación colectiva por parte de lostrabajadores de las ZFE. La Comisión toma nota de que, según las observaciones más recientes formuladas por la CSI e
IndustriALL, estas dificultades siguen existiendo. En cuanto al alegato formulado anteriormente por la CSI de que no seautoriza a los inspectores del trabajo llevar a cabo visitas sin previo aviso a las fábricas de las ZFE, la Comisión toma nota
de que el Gobierno señala que los inspectores del trabajo tienen la facultad de entrar en las fábricas en las ZFE sin
autorización previa del empleador o del consejo de inversionistas (BOI), y que se han establecido centros sindicales defacilitación en el seno de las ZFE con miras a propiciar reuniones de carácter privado entre los trabajadores y sus
representantes. La Comisión toma nota de que IndustriALL afirma que la forma en la que se han dispuesto estos centros
de facilitación hace difícil que los trabajadores se aproximen a ellos. En lo que se refiere al alegato previo de la CSI de que
el BOI promueve los consejos de trabajadores como sustitutos de los sindicatos en la ZFE, la Comisión toma nota de que
el Gobierno señala que tres consejos de trabajadores se han convertido en sindicatos y registrado como tales en las ZFE, yque hay tres entidades que se ocupan de los asuntos relativos a manipulaciones del empleador de los consejos detrabajadores. No obstante, la Comisión toma nota de que IndustriALL afirma que los consejos de trabajadores siguen
siendo utilizados para socavar a los sindicatos. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que
34 empresas han reconocido sindicatos en las ZFE y en las zonas francas industriales, de las cuales 18 han concedido
facilidades para el pago de cuotas a los sindicatos y seis han firmado convenios colectivos. Además, la Comisión toma
nota de que un total de 2 148 trabajadores y empleadores de las ZFE asistieron a los programas de concienciación sobre lanegociación colectiva organizados por la Oficina de Colombo de la OIT en el período 2014-2015. Habida cuenta de las
discrepancias entre las declaraciones del Gobierno y de las organizaciones de los trabajadores en lo que respecta alejercicio de los derechos de sindicación y de negociación colectiva por parte de los trabajadores de las ZFE, laComisión pide al Gobierno que transmita información sobre las dificultades encontradas en la aplicación del Convenio
en las ZFE y sobre las medidas específicas adoptadas para superarlas. La Comisión reitera su solicitud al Gobiernopara que garantice que los consejos de trabajadores no socaven la posición de los sindicatos, especialmente en relación
con su derecho de negociación colectiva. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione más información
sobre el número de convenios colectivos firmados por los sindicatos en las ZFE y el número de trabajadores cubiertos
por los mismos.
Requisitos de representatividad para la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó
nota de que, en virtud del artículo 32, A), g), de la Ley sobre Conflictos Laborales, ningún empleador deberá negarse anegociar con un sindicato que cuente con un número de afiliados no inferior al 40 por ciento de los trabajadores en cuyo
nombre ese sindicato quiere negociar. La Comisión pidió al Gobierno que garantice que, en caso de que ningún sindicato
cubra a más del 40 por ciento de los trabajadores, se otorgarán los derechos de negociación colectiva a todos los sindicatosde esa unidad, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) hay
múltiples sindicatos en el país y resulta difícil para un único empleador negociar con más de un sindicato; ii) considera
importante que el agente que negocie en nombre de los trabajadores tenga suficiente fuerza representativa para negociar
con el empleador; iii) los principales sindicatos del país no manifiestan objeciones para cumplir el umbral del 40 por
ciento, y iv) esta cuestión debe ser objeto de discusión en el NLAC. La Comisión toma nota asimismo de que la CSI, en
sus observaciones de 2014, afirma que resulta muy difícil en la práctica para un sindicato cumplir el requisito del 40 por
ciento de los trabajadores debido a la diversidad del movimiento sindical. La Comisión reitera la necesidad de garantizarque cuando, en un sistema de designación de agente negociador exclusivo, habilitado para negociar un convenio colectivo
aplicable a todos los trabajadores de la unidad, ningún sindicato represente al porcentaje de trabajadores exigido para ser
declarado agente negociador exclusivo (en este caso el 40 por ciento), las organizaciones sindicales deberían disponer dela posibilidad de agruparse con miras a alcanzar el porcentaje requerido o, por lo menos, verse reconocer el derecho denegociar en nombre de sus propios afiliados. La Comisión espera firmemente que el NLAC y el Gobierno tendrán encuenta estos principios para revisar el artículo 32, A), g), de la Ley sobre Conflictos Laborales con objeto de promoverplenamente el desarrollo y la utilización de la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que señale todos
los progresos realizados a este respecto y a que suministre información sobre el número de convenios colectivos envigor, los sectores a los que se refiere y el porcentaje de trabajadores cubiertos por ellos.

144

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 6. El derecho a la negociación colectiva en la administración pública. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que los procedimientos relativos al derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector
público no prevén una verdadera negociación colectiva, sino que más bien establecen un mecanismo consultivo — tal vez
con algunos elementos de arbitraje — con arreglo al cual se examinan las demandas de los sindicatos de la administración
pública, al tiempo que la decisión final sobre la determinación de los salarios corresponde al Consejo de Ministros. La
Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para reconocer y promover el derecho de losfuncionarios públicos a la negociación colectiva, siempre que no estén al servicio de la administración del Estado. La
Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) la Ley sobre Conflictos Laborales reconoce el derecho de lossindicatos en el sector privado a negociar colectivamente con el empleador o la autoridad competente; ii) en Sri Lanka, se
incluye en el sector privado a las empresas gubernamentales en las que hay empleados un amplio segmento detrabajadores, y iii) el artículo 32, A), de la ley, que trata sobre prácticas laborales injustas y negociación colectiva no se
aplica únicamente a los sindicatos en el sector privado sino también a los de las empresas públicas. A la luz delartículo 49 de la Ley sobre Conflictos Laborales, que excluye a los empleados del Estado y del Gobierno del ámbito deaplicación de la ley, la Comisión pide al Gobierno que especifique las disposiciones que garantizan a los empleados enempresas públicas el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. La Comisión recuerda una vez más que todos los
trabajadores del sector público, que no sean empleados en la administración del Estado, deberían gozar de los derechos denegociación colectiva con respecto a sus salarios y a sus condiciones de empleo. La Comisión pide al Gobierno que, deconformidad con este principio, adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la negociación colectiva
para los trabajadores del sector público, y a que indique todos los progresos que se hayan realizado a este respecto.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Sudáfrica
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º deseptiembre de 2015. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Derechos sindicales y libertades civiles. Alegatos de represión violenta de las acciones de huelga y detenciones delos trabajadores en huelga. La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones de la CSI de2008, 2010, 2011 y 2012, en las que se denuncian en diferentes sectores, muchos casos de represión violenta de lasacciones de huelga, que dieron lugar a lesiones y muertes, así como a la detención de los trabajadores en huelga por partede las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que: i) los incidentes que destaca la CSI,
aunque lamentables, no reflejan la situación general de control de las multitudes por la policía de orden público; ii) lapolicía de orden público interviene sólo en casos de extrema provocación y mala conducta de la multitud durante las
huelgas; iii) en tales casos, sólo se utilizan medidas no letales, como balas de goma (que no consisten en balas), granadasde concusión, gases lacrimógenos y cañones de agua; iv) a partir del 1.º de abril de 2012, todas las armas de fuego
disparadas por la policía son investigadas por la Dirección de Investigación Independiente de la Policía, y v) conductas
violentas durante las acciones de huelga son inaceptables y socavan el sistema de negociación colectiva en el país. Al
tiempo que toma debida nota de las respuestas del Gobierno, la Comisión señala que, en sus observaciones de 2015, la
CSI denuncia la detención de 100 trabajadores de la salud comunitaria en huelga, en junio de 2014, y el asesinato, enenero de 2014, durante un enfrentamiento con la policía que tuvo lugar en el contexto de una huelga, de un representantesindical de la Asociación de Sindicatos Mineros y de Construcción de Sudáfrica (AMCU).
La Comisión expresa su preocupación acerca de la persistencia, por una parte, de incidentes violentos, que dieron
lugar a lesiones y muertes, como consecuencia de la intervención policial durante las acciones de huelga, y, por otra parte,de los alegatos de detenciones de trabajadores que realizaban huelgas pacíficas. La Comisión recuerda que, si bien lasacciones de huelga se realizarán de manera pacífica, las autoridades sólo deberían recurrir al uso de la fuerza en
circunstancias excepcionales y en situaciones de gravedad en las que exista una seria amenaza de alteración del orden
público y que, tal uso de la fuerza debe ser proporcionado a las circunstancias. Además, la Comisión recuerda que ladetención, aunque sólo sea breve, de dirigentes sindicales y de sindicalistas, y de los dirigentes de organizaciones deempleadores, por el ejercicio de actividades legítimas en relación con su derecho de asociación, constituye una violaciónde los derechos consagrados en el Convenio.
La Comisión también ha tomado nota de la publicación, el 25 de junio de 2015, del informe de la Comisión judicial
de encuesta de los hechos en la mina marikana en Rustenburg sobre la muerte violenta de muchos trabajadores durante
una acción de huelga, en agosto de 2012. La Comisión observa que el informe contiene recomendaciones generales
dirigidas, entre otros elementos, al uso de armas de fuego por la policía durante acciones de huelga violentas, la
responsabilidad pública del servicio de policía de Sudáfrica en dichas circunstancias, así como el funcionamiento eficaz dela Dirección de Investigación Independiente de la Policía. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que
comunique información sobre las acciones emprendidas para aplicar las recomendaciones de la mencionada comisión
judicial de encuesta, y confía en que se consulte a este respecto a los interlocutores sociales. La Comisión pide

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Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

asimismo al Gobierno que responda a las observaciones de la CSI de 2015 y que comunique los resultados de lainvestigación relativa a la muerte del representante sindical de la AMCU.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Derechos de los trabajadores vulnerables a ser representados eficazmente por susorganizaciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los alegatos de la CSI sobre las dificultades alas que hacen frente los trabajadores ocasionales para gozar de los derechos del Convenio. La Comisión toma nota coninterés de que la Ley de Relaciones del Trabajo (Enmendada), adoptada en agosto de 2014, contiene disposiciones
destinadas a facilitar la representación por parte de sindicatos de empleados de servicios de empleo temporal o deintermediarios laborales (es decir, los empleados puestos a disposición de un cliente que asigna sus tareas y supervisa laejecución de las mismas). La Comisión toma nota especialmente de que: i) en virtud de Ley de Relaciones del Trabajo(Enmendada), los sindicatos que representan a los empleados de servicios de empleo temporal o de un intermediario
laboral se encuentran en la actualidad en condiciones de ejercer sus derechos organizativos, no sólo en el lugar de trabajodel empleador sino también en el lugar de trabajo del cliente, y ii) los empleados de servicios de empleo temporal o de unintermediario laboral que participen en una acción de huelga legalmente protegida tienen derecho a participar en piquetes
en las instalaciones del cliente. La Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la aplicación y el impacto de estas
disposiciones.
Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones de 2015, la CSI alega que los trabajadores agrícolas no
se encuentran en condiciones de dar cumplimiento a los requisitos necesarios para participar en acciones colectivas
legalmente protegidas. La Comisión toma nota de que el Gobierno comunica las conclusiones del informe de 2011,
Identificación de los obstáculos a la constitución de organizaciones sindicales en el sector agrícola. Hacia una estrategia
de trabajo decente en el sector agrícola. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todas medidas adoptadas oprevistas para aplicar las conclusiones del mencionado informe y para responder a las observaciones de la CSI.

Sudán
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación Sudanesa de Hombres de Negocios y
Empleadores (SBEF), recibidas el 15 de septiembre de 2015, en las que se ofrece información sobre sus reflexiones
relativas al artículo 112 del Código del Trabajo, de 1997, así como sobre el desarrollo y la cobertura de los convenios
colectivos en el Sudán.
Artículo 4 del Convenio. Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que el hecho de recurrir el arbitraje
obligatorio sólo es aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 delConvenio), servicios esenciales en el sentido estricto del término y crisis nacionales agudas. En sus comentarios anteriores
la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 112 del Código del Trabajo,
de 1997, que establece el recurso al arbitraje obligatorio y manifestó su esperanza de que el nuevo Código del Trabajo
tuviera en cuenta los principios mencionados. La Comisión tomó nota además de la declaración del Gobierno de que aún
está examinando el nuevo proyecto del Código del Trabajo, que enviaría a la OIT tan pronto como haya sido aprobado. La
Comisión toma nota con interés de que, en su memoria, el Gobierno señala que se insertará en dicho proyecto de ley ladefinición de servicios esenciales recabada por la Comisión. No obstante, según el Gobierno, se aplazó la aprobación delproyecto de ley como resultado de las nuevas enmiendas constitucionales, que convierten a la administración pública en
una autoridad compartida entre el centro y las provincias. La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para
agilizar el proceso de adopción del nuevo Código del Trabajo, y pide al Gobierno que proporcione información sobre
todos los progresos realizados a este respecto.
La negociación colectiva en la práctica. En sus observaciones anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que
comunicara información estadística sobre el número de convenios colectivos existentes, así como sobre los sectores ytrabajadores cubiertos por ellos. La Comisión toma nota de que la información comunicada por el Gobierno (629 en total)sobre el número de los convenios colectivos concertados entre 2010 y 2013, así como de los convenios colectivos sobre
salarios del sector privado (2014-2017), que cubren a todos los sectores de la economía. La Comisión toma nota además
de la información que contienen las observaciones de la SBEF sobre el desarrollo y la cobertura de los convenios
colectivos en el Sudán, su aplicación y el papel que cumple el comité tripartito, que controla la cobertura de los convenios
colectivos y promueve el diálogo y la conciliación. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información
estadística sobre los convenios colectivos en el Sudán, entre otros, sobre su número, así como sobre los sectores y lostrabajadores concernidos.
Derechos sindicales en las zonas francas de explotación (ZFE). En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió
al Gobierno que garantizara que todos los trabajadores ocupados en las ZFE y en Puerto Sudán, y no únicamente lostrabajadores de carga y descarga, disfrutan de los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión toma nota de que elGobierno señala que el Código del Trabajo de 1997 incluye a todos los trabajadores empleados en las ZFE sin excluir aninguno de su aplicación. La Comisión pide al Gobierno que siga suministrando información sobre la aplicación de losderechos sindicales en las ZFE y que incluya una copia de los informes pertinentes de la inspección del trabajo.

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LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Por último, la Comisión observó en sus observaciones anteriores que la Ley sobre los Sindicatos, de 2010, contiene
una serie de disposiciones que no están en consonancia con los principios de la libertad sindical (por ejemplo, en lo que
respecta a la imposición del monopolio sindical a nivel de federación; la prohibición de afiliarse a más de una
organización sindical; la necesidad de contar con la aprobación de la Federación Nacional para que las federaciones osindicatos puedan afiliarse a una federación local, regional o internacional; la injerencia en materia financiera en lasorganizaciones). La Comisión invitó al Gobierno, en plena consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores,
y con la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea, a que tome medidas para poner la Ley sobre los Sindicatos de 2010
en conformidad con los principios de la libertad sindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que multitudde leyes, incluida la Ley sobre Sindicatos de 2010, están siendo actualmente objeto de examen y de consultas tripartitas.
La Comisión espera que se enmiende la Ley sobre Sindicatos de 2010 en un futuro próximo en conformidad con losprincipios de la libertad sindical, a fin de promover el desarrollo y la utilización plena de la negociación colectiva, deconformidad con el artículo 4 del Convenio e invita al Gobierno a seguir comunicando información de este proceso deenmienda. La Comisión recuerda que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina si lo estima oportuno.

SueciaLa Comisión toma nota de las observaciones conjuntas formuladas por la Confederación Sueca de Sindicatos (LO),la Confederación Sueca de Profesionales (TCO) y la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales (SACO),
recibidas el 6 de octubre de 2015. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de carácter general de laOrganización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión recuerda que, en su observación previa, tomó nota de las observaciones formuladas por la LO y por la
TCO en relación con la aplicación del Convenio en el marco del caso Laval un Partneri vs. Svenska
Byggnadsarbetareforbundet (Laval), presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En estecontexto, la Comisión pidió al Gobierno que examinara con los interlocutores sociales las enmiendas introducidas en 2010a la Ley sobre el Desplazamiento de Trabajadores al Extranjero (Lex Laval) a fin de garantizar que no se restringen losderechos de las organizaciones de trabajadores que representan a los trabajadores extranjeros desplazados.
Habiendo constatado en sus comentarios anteriores que la LO y la TCO presentaron también una queja contra el
Gobierno sueco ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), la Comisión toma nota de la decisión del CEDS de
3 de julio de 2013, en la que se concluye que, en relación con el artículo 6, 4), de la Carta Social Europea, las restricciones
impuestas a las acciones colectivas que se deriven de los artículos 5, a) y b) de la Ley sobre el Desplazamiento deTrabajadores al Extranjero y del artículo 41, c), de la Ley de Codeterminación constituyen una restricción
desproporcionada del libre ejercicio del derecho de los sindicatos a participar en acciones colectivas, en la medida en laque impide a los sindicatos adoptar iniciativas para mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores desplazados
para hacerlas más favorables a las condiciones mínimas establecidas en los acuerdos a nivel central o en la empresa
usuaria.
En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota además de la información suministrada por el Gobierno de quese había encomendado a una comisión parlamentaria la tarea de analizar la situación de los trabajadores desplazados y,
tras las investigaciones pertinentes: i) evaluar si la aplicación de la reglamentación garantiza que se puedan salvaguardar
las condiciones de empleo fundamentales de los trabajadores desplazados a Suecia; ii) valorar y evaluar, en términos deprevisibilidad, la práctica de la función estatutaria de la Dirección Nacional del Entorno Laboral de proporcionar
información así como la obligación de los sindicatos de transmitir información sobre los convenios negociados
colectivamente a la Dirección Nacional del Entorno Laboral, y en caso de necesidad, de proponer los cambios legislativos
pertinentes, y iii) considerar los cambios necesarios para salvaguardar el modelo de mercado laboral sueco en un contexto
internacional. La Comisión pidió al Gobierno que siga transmitiendo información sobre las repercusiones de la legislacióny, en particular, los resultados de los trabajos de la comisión parlamentaria y de cualesquiera propuestas de modificaciones
legislativas, así como de toda evolución relativa al proyecto de ley en relación con trabajadores contratados a través deagencias de empleo privadas.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en noviembre de 2014, teniendo en cuenta que la Lex Lavalno había protegido suficientemente la función de los acuerdos sobre negociación colectiva y que existía un riesgo de que
esto propiciara una situación de competencia desleal y una espiral negativa que diera lugar al deterioro de los salarios y delas condiciones de empleo, se encomendó también a la comisión parlamentaria que estudiara la introducción de enmiendas
y otras posibles medidas con objeto de fortalecer el papel de los convenios colectivos en materia de desplazamiento detrabajadores. Al tiempo que observa que la LO, la TCO y la SACO indicaron brevemente que esperarían hasta contar con
el informe completo de la comisión parlamentaria y todas sus propuestas antes de formular sus comentarios, la Comisión
toma nota del informe de la investigación sobre el desplazamiento de trabajadores extranjeros a Suecia transmitido por el
Gobierno el 20 de octubre de 2015. La Comisión toma nota con interés de que la comisión parlamentaria multipartidaria
de investigación formula una serie de propuestas, para que entren en vigor el 1.º de enero de 2017, encaminadas asalvaguardar el modelo sueco del mercado del trabajo y el papel de los convenios colectivos en situaciones que implican

147

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1949)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

desplazamiento de los trabajadores. Entre los elementos relativos al Convenio, la comisión de investigación propone quela Lex Laval sea reemplazada por nuevas reglamentaciones aplicables en el caso de que una organización de trabajadoressuecos desee llevar a cabo acciones colectivas contra un empleador con objeto de que se regulen las condiciones deempleo de los trabajadores desplazados mediante convenio colectivo. Esta acción colectiva sólo podrá realizarse si lascondiciones indicadas se corresponden con las condiciones mínimas previstas en el acuerdo sectorial aplicable y se ajustan
a los principios básicos de la Directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores (PWD), pero no se aplicarían en casos dedesplazamiento de trabajadores a terceros países.
La Comisión toma nota además con interés de que el Gobierno señala que un ejemplo para fortalecer el marco
reglamentario sería considerar la aplicación de «acuerdos de confirmación» mediante los cuales los sindicatos puedan
adoptar acciones laborales destinadas a hacer que el empleador extranjero firme un acuerdo por el que se confirme que lascondiciones requeridas para el sector en cuestión se aplicarán a los trabajadores desplazados cuando tales empleadores
afirmen aplicar las mismas o mejores condiciones de empleo. La Comisión toma nota asimismo de la declaración delPrimer Ministro sueco que se refiere el Gobierno, según la cual se aplicará el principio de «a igual trabajo igual salario» deconformidad con las leyes y los convenios colectivos vigentes en el país donde el trabajador desplazado preste sus
servicios temporalmente. El Gobierno saludó la intención de la Comisión Europea de presentar un paquete de medidas
para la movilidad laboral, entre las cuales figuran una revisión específica de la PWD a finales de año, y manifestó su
deseo de que esto permitiría revisarla a fondo, lo que propiciaría una modificación significativa de la denominada Lex
Laval y contribuiría a armonizar la legislación europea con los convenios internacionales aplicables.
La Comisión confía que las enmiendas adoptadas recientemente garanticen un cumplimiento más completo delas disposiciones del Convenio en lo que se refiere al desplazamiento de trabajadores y a las organizaciones que losrepresentan, y pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados al respecto y que comunique
una copia de las enmiendas cuando hayan sido aprobadas.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1950)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sueca de Sindicatos (LO), la
Confederación Sueca de Profesionales (TCO) y la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales, recibidas el 6 deoctubre de 2015.
Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que en su observación
anterior había tomado nota de las observaciones transmitidas por la LO y la TCO, así como de los de la Confederación de
Empresas de Suecia (CSE) y del Gobierno en relación con las repercusiones sobre la negociación colectiva de lalegislación introducida en Suecia en 2010 en respuesta a la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo(TJE) en el caso Laval un Patneri vs. Svenska Byggnadsarbetareforbundet (Laval). La Comisión observó que lapreocupación de los sindicatos no se refería al deseo de que los trabajadores extranjeros desplazados gozasen de mejores
condiciones de empleo que las establecidas en los convenios colectivos vigentes, sino en garantizar que las condiciones
establecidas para los trabajadores extranjeros eran equiparables a las que ya existían en el sector y en el área geográfica
correspondientes. La Comisión también tomó nota de las preocupaciones de la LO y la TCO de que, incluso en el caso deque un empleador extranjero tuviera que nombrar a una persona de contacto en Suecia, no se establecía ningún requisitopara que se encomendase al representante del empleador negociar y concertar convenios colectivos; y que existe un
número cada vez mayor de «acuerdos dobles» con empresas extranjeras que fijan condiciones a un nivel sumamente bajo
al tiempo que establecen un segundo convenio con mejores condiciones de trabajo únicamente para su presentación a las
autoridades y al sindicato. Al tiempo que había tomado nota de las preocupaciones expresadas por la LO y la TCO de que
el número de acuerdos ha disminuido drásticamente tras la sentencia del TJE, la Comisión había saludado favorablemente
los planes para presentar un proyecto de ley por el cual un empleador extranjero tenga que informar del hecho de que
desplaza trabajadores a Suecia y nombrar a una persona de contacto en Suecia. La Comisión había esperado que dicho
proyecto facilitaría las negociaciones de los convenios colectivos con los empleadores extranjeros que envían trabajadoresa Suecia.
La Comisión toma nota con interés de la información comunicada por el Gobierno en su memoria en relación con el
Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), según la cual el 1.º de julio de 2013 entró en vigor una
enmienda reglamentaria a la Ley sobre el Desplazamiento de Trabajadores Extranjeros por la que se obliga a unempleador extranjero a informar a la Dirección General del Entorno Laboral cuando se destinan trabajadores a Suecia y anombrar a una persona de contacto. Según este organismo, alrededor de 2 700 empresas y 20 000 trabajadores desplazados
se registraron entre el 1.º de julio y el 31 de diciembre de 2013. La TCO y la SACO añadieron que el segundo informe dela Dirección General del Entorno Laboral muestra que entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2014 se registraron
1 000 nuevas empresas. La LO, la TCO y la SACO afirman que pese a ser favorables a que exista una ley que obligue a
informar de la identidad de los trabajadores desplazados, se preguntan cómo va a garantizar el Gobierno que lostrabajadores registrados son auténticos trabajadores desplazados y si para ello efectuará controles sobre el terreno.
La Comisión toma nota además de las informaciones estadísticas comunicadas por el Gobierno de que, hasta
mediados de noviembre de 2013, se habían registrado 251 convenios colectivos negociados directamente con losempleadores extranjeros. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Suecia (Byggnads) concertó 45 convenios

148LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

colectivos directamente con empleadores extranjeros en 2014 y otros 11 empleadores extranjeros más quedaron
vinculados por convenios colectivos con el Byggnads a través de la afiliación a una organización de empleadores en 2014.
En lo que se refiere a las preocupaciones planteadas en relación con acuerdos dobles, el Gobierno se refiere al
trabajo de investigación encomendado a la Comisión Parlamentaria en relación con el desplazamiento de trabajadores yreitera además la posibilidad de «acuerdos de confirmación» en virtud de los cuales los sindicatos puedan adoptar medidas
encaminadas a hacer firmar al empleador extranjero un acuerdo por el que éste corrobore que se aplican las condiciones
exigidas para el sector correspondiente a los trabajadores desplazados cuando los empleadores afirmen estar aplicando
condiciones similares o mejores.
Al tiempo que observa que la LO, la TCO y la SACO indicaron brevemente que esperarían a recibir el informe
completo de la Comisión Parlamentaria y todas sus propuestas para formular sus comentarios, la Comisión toma nota delinforme de la investigación sobre el desplazamiento de los trabajadores extranjeros a Suecia transmitido por el Gobierno
el 20 de octubre de 2015. La Comisión toma nota con interés de que la comisión interparlamentaria de investigación
formula una serie de propuestas para salvaguardar el modelo de mercado de trabajo sueco y la situación de los convenios
colectivos cuando éstos abarcan a trabajadores desplazados, y aboga por la entrada en vigor de dichas propuestas para el
1.º de enero de 2017. Entre los elementos relativos al Convenio, la comisión de investigación propone que la Lex Lavalsea reemplazada por una nueva reglamentación que obligue al empleador que desplace trabajadores a Suecia a nombrar un
representante, que esté autorizado para negociar y formar convenios colectivos en caso de que reciba tal solicitud. Esta
petición de negociación puede formularse por la organización de trabajadores, tanto si la organización tiene miembros
trabajando para el empleador como si no, y debe incluir detalles de las condiciones mínimas correspondientes en el sector.
Además, cuando haya entrado en vigor un acuerdo, la organización de trabajadores contratante gozará de facultades desupervisión sobre su aplicación, lo que incluye una obligación por parte del empleador de presentar la documentación
pertinente. Se han propuesto indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de incumplimiento.
La Comisión confía que las enmiendas adoptadas finalmente tendrán por efecto incentivar la negociación
colectiva de carácter voluntario para las organizaciones que representan a trabajadores desplazados, y pide al
Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto y que transmita una copia de lasenmiendas introducidas cuando hayan sido aprobadas.

Suiza
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI),
recibidas el 1.º de septiembre de 2015, en relación con los despidos antisindicales en los sectores de la prensa, la edición yla salud, así como de las intimidaciones de las que han sido objeto sindicalistas en las empresas que prestan servicios en el
aeropuerto de Ginebra. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios en respuesta a los alegatos dela CSI.
Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra los despidos antisindicales. La Comisión recuerda que sus
observaciones anteriores se referían a las discrepancias de opinión entre el Gobierno, las organizaciones patronales y lasorganizaciones sindicales acerca del grado de protección de los delegados y los representantes sindicales frente a los despidos
antisindicales. Con el objetivo de examinar un aumento de la cuantía máxima de la sanción, el Consejo Federal había
decidido someter al diálogo social la cuestión de la sanción por despidos abusivos, incluidos los despidos de representantes
sindicales elegidos por el personal, los despidos por motivos de pertenencia o no a una organización sindical o en razón deuna actividad sindical ilícita. El Gobierno se había referido anteriormente a las iniciativas emprendidas en esta materia entre
2009 y 2011. La Comisión, al tiempo que reitera su postura según la cual las indemnizaciones aplicables por despido abusivo— por una cuantía de hasta seis meses del salario — pueden revestir un carácter disuasorio para las pequeñas y medianas
empresas pero no así para las empresas con gran productividad ni para las grandes empresas, invitó al Gobierno a que
mantenga el diálogo tripartito sobre esta cuestión y a que informe al respecto.
La Comisión toma nota de las iniciativas emprendidas por el Gobierno al término de la consulta sobre el
anteproyecto de revisión parcial del Código de las Obligaciones, en enero de 2011. Este proyecto gubernamental proponía
aumentar de seis a doce meses de salario las cuantías máximas de la indemnización en caso de despido abusivo oinjustificado. El despido económico de representantes elegidos por el personal fue igualmente calificado de abusivo.
Según el Gobierno, el anteproyecto ha dado lugar a opiniones diametralmente opuestas y las propuestas de anteproyecto
han obtenido finalmente un escaso respaldo. Es evidente que no resultaba todavía previsible el respaldo político alproyecto y que se interrumpieron los trabajos sobre el mismo. No obstante, el Gobierno prefirió mantener el diálogo sobre
este problema mediante el encargo de un estudio sobre la protección a los representantes de los trabajadores que serviríade fundamento para decidir el seguimiento que se daría al citado anteproyecto. El estudio mencionado, que ha llevado acabo el Centro de Estudios sobre las Relaciones Laborales de la Universidad de Neuchâtel, concluyó en enero de 2015, yha sido objeto de discusión en el seno de la Comisión Federal Tripartita para los asuntos de la OIT, en febrero de 2015. En
esta ocasión, las organizaciones patronales y sindicales han podido manifestar sus opiniones sobre el estudio y, según el
Gobierno, no han adoptado ninguna postura definitiva de aprobación o rechazo en relación con el estudio y las pautas de
149

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1999)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

reflexión que propone. El Gobierno añade que el citado estudio y la discusión muestran que las soluciones propuestas enel proyecto de 2010 podrían representar soluciones de compromiso y, en cualquier caso, la propuesta para hacer posible
una solución convencional más favorable al trabajador podría constituir una posible solución de mínimos. En el primer
semestre de 2016, se ha previsto la organización de un seminario de información y sensibilización sobre los resultados delcitado estudio. La Comisión saluda el diálogo tripartito constructivo entablado por el Gobierno sobre la cuestión de laprotección adecuada contra los despidos antisindicales. La Comisión invita al Gobierno a proseguir este diálogo
abierto y a informar de cualquier evolución que se produzca al respecto.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de los datos estadísticos disponibles
en la Oficina Federal de Estadísticas sobre los convenios colectivos firmados en el país y el número de trabajadores
cubiertos en el período de 2012 a 2014 (a fecha 1.º de julio de 2014, se han declarado obligatorios 41 convenios colectivos
nacionales, que cubren a 67 115 empleadores y 590 459 trabajadores, así como 33 convenios colectivos cantonales
ampliados, que cubren a 5 578 empleadores y 32 868 trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando
informaciones estadísticas actualizadas sobre el número de convenios colectivos por sector y sobre el número detrabajadores cubiertos.

Swazilandia
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2015, sobre las cuestiones objeto de examen por la Comisión. Asimismo, la Comisión toma nota de lasobservaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Empleadores deSwazilandia y Cámara de Comercio (FSE&CC), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, sobre hechos recientes que se han
producido en el país en relación con las cuestiones debatidas por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo (en adelante, la Comisión de la Conferencia) en junio de 2015.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2015. La
Comisión observa que la Comisión de la Conferencia tomó nota de la información transmitida por el Gobierno en relación
con la enmienda de la Ley de Relaciones Laborales (IRA), gracias a la cual se ha procedido al registro del Congreso deSindicatos de Swazilandia (TUCOSWA), la FSE&CC y la Federación de la Comunidad Empresarial de Swazilandia(FSBC). La Comisión de la Conferencia también se refirió al compromiso del Gobierno de garantizar totalmente el
funcionamiento de todas las estructuras tripartitas del país invitando a las federaciones a nombrar a sus miembros en losdiversos órganos estatutarios a fin de ayudar a mantener un diálogo social sólido en el país. Respecto a los hechos
recientes que se habían producido en relación con las cuestiones pendientes, en sus conclusiones, la Comisión de laConferencia instó al Gobierno, entre otras cosas, a: i) liberar incondicionalmente al Sr. Thulani Maseko, abogado del
TUCOSWA que cumplía una pena de prisión; ii) garantizar que todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores
puedan disfrutar plenamente de los derechos en materia de libertad de asociación en relación con el registro, y en
particular que se registre sin demora el Sindicato Unificado de Swazilandia (ATUSWA); iii) enmendar el artículo 32 de la
IRA a fin de eliminar las facultades discrecionales del Comisionado del Trabajo respecto del registro de los sindicatos;iv) enmendar la Ley sobre el Orden Público de 1963 con arreglo a la labor del consultor de la OIT y decretar la derogaciónde la Ley de Supresión del Terrorismo en consulta con los interlocutores sociales, de conformidad con el Convenio;v) adoptar el Código de buenas prácticas para las acciones de protesta y las acciones colectivas, y vi) abordar lascuestiones relacionadas al proyecto de ley de la función pública y el proyecto de ley sobre los servicios correccionales, enconsulta con los interlocutores sociales.
La Comisión toma nota de que en octubre de 2015 el Gobierno transmitió información actualizada en relación conlas cuestiones examinadas por la Comisión de la Conferencia en junio de 2015.
Artículos 2, 3 y 5 del Convenio. Registro de federaciones de trabajadores y de empleadores. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción por el Parlamento de la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), de2014 (ley núm. 11 de 2014 publicada en el Boletín Oficial de 13 de noviembre de 2014), por la que se introducen
disposiciones relativas al registro de federaciones de empleadores y de trabajadores, e instó al Gobierno a registrar yreconocer la personalidad jurídica del TUCOSWA, la FSE&CC y la FSBC. La Comisión toma nota con satisfacción deque el TUCOSWA, la FSE&CC y la FSBC se registraron en mayo de 2015 y el Gobierno indica que ahora están
representadas en todas las estructuras tripartitas que se han establecido, incluidos el Consejo Consultivo del Trabajo, el
Comité Directivo Nacional sobre Diálogo Social de Swazilandia, la Caja de Previsión Nacional de Swazilandia, el Comité
sobre la Formación y la Localización y los Consejos de Salarios. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el
Gobierno, en junio de 2015 se registró otra federación, a saber, la Federación de Sindicatos de Swazilandia (FESWATU).
La Comisión insta al Gobierno a indicar las medidas adoptadas para registrar el ATUSWA, tal como solicitó laComisión de la Conferencia.

150

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Además, la Comisión toma nota con satisfacción de que el abogado del TUCOSWA, Sr. Thulani Maseko, fueliberado incondicionalmente el 30 de junio de 2015 por decisión del Tribunal Supremo.
Cuestiones legislativas. La Comisión toma debida nota de la información transmitida por el Gobierno sobre sus
solicitudes de larga data en relación con enmiendas y modificaciones de los siguientes textos jurídicos:–
El proyecto de ley de la función pública: la Comisión toma nota de que el proyecto fue aprobado por el Gabinete yse publicó en el Boletín Oficial como aviso legal núm. 16 de 2015 y señala que se pueden realizar comentarios
públicos antes de que se presente al Parlamento para su debate y promulgación. El Gobierno añade que sigue en
curso el diálogo sobre diversas cuestiones relacionadas con ese proyecto de ley.
–
La Ley de Orden Público de 1963: la Comisión recuerda que durante muchos años ha estado pidiendo al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para enmendar la Ley de Orden Público a fin de garantizar que no pueda serutilizada para reprimir huelgas legales y pacíficas. La Comisión toma nota de que en el marco de la asistencia
técnica de la Oficina, en septiembre de 2015, se inició una revisión de la Ley de Orden Público y el proyecto de leyrevisada se presentará próximamente al Gobierno y a los interlocutores sociales.
–
El proyecto de ley de servicios correccionales (prisiones): en relación con el reconocimiento del derecho desindicación del personal penitenciario, la Comisión toma nota de que el proyecto de ley de servicios correccionales
ha sido revisado por el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales y se ha presentado al Gabinete para su
aprobación, tras lo cual se publicará en el Boletín Oficial y podrá ser objeto de comentarios públicos durante treinta
días antes de presentarse ante el Parlamento para su examen y promulgación.
–
El Código de buenas prácticas para las acciones de protesta y las acciones colectivas: La Comisión toma nota de que
el código ha sido aprobado por el Gabinete y se ha presentado al Parlamento para que sea examinado durante 14 días
por cada una de las Cámaras. Si no se pide un debate al respecto, se considerará aprobado y, por consiguiente,entrará en vigor.
Al tiempo que saluda las medidas concretas adoptadas durante este año por el Gobierno sobre esas cuestiones
legislativas y administrativas, la Comisión confía en que el Gobierno tratará de finalizar rápidamente estos procesos dereforma a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones del Convenio y proporcionará informaciones
sobre todo avance a este respecto.
En relación con la modificación del artículo 32 del IRA solicitada por la Comisión de la Conferencia, la Comisión
toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales la Ley deRelaciones Laborales (IRA) en su forma enmendada en noviembre de 2014 por el Parlamento no refleja el consenso
tripartito alcanzado en el Consejo Consultivo del Trabajo en relación con el artículo 32 bis que confiere al Comisario delTrabajo facultades discrecionales ilimitadas para decidir sobre el registro de sindicatos. La Comisión también toma nota
de las observaciones de la OIE y la FSE&CC en las que señalan que esta cuestión nunca ha sido objeto de discusiones
tripartitas y en las que dichas organizaciones piden al TUCOSWA que transmita información sobre la manera en que lasfacultades discrecionales del Comisario del Trabajo son contrarias a las buenas prácticas. La Comisión confía en que esta
cuestión se planteará ante las estructuras tripartitas pertinentes para su examen y pide al Gobierno que indique toda
evolución que se produzca a este respecto.
Por último, en relación con las conclusiones de la Comisión de la Conferencia sobre la modificación de la Ley deSupresión del Terrorismo, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre todas las consultas con los interlocutoressociales que se realicen a este respecto y sus resultados.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra actos de discriminación e injerencia antisindical. La Comisión
pidió anteriormente al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para garantizar que los trabajadores y susorganizaciones fuesen eficazmente protegidos contra los actos de injerencia y la discriminación antisindical. En su
respuesta, el Gobierno recuerda que esto es parte de la agenda del Consejo Consultivo de Trabajo, que reconoció lanecesidad de realizar un estudio, especialmente en el sector textil que es el más afectado. El Gobierno también considera
una campaña de sensibilización, a través de programas de radio y de eventos itinerantes, así como en el trabajo sobre elterreno por la inspección del trabajo, a efectos de desalentar las conductas de injerencia y de discriminación antisindical.
El Gobierno añade que se buscará asistencia técnica de la OIT. El Gobierno informa que los miembros trabajadores delConsejo Consultivo de Trabajo señalaron, en relación con la memoria del Gobierno, que las reuniones sindicales siguen
siendo controladas por la policía a pesar de su registro. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre
toda evolución relativa a las medidas previstas para garantizar que los trabajadores y sus organizaciones sean
eficazmente protegidos contra los actos de injerencia y de discriminación antisindical, de conformidad con el
Convenio.
Artículo 4. Promoción de los mecanismos de negociación colectiva. La Comisión pidió con anterioridad al
Gobierno que comunicara información sobre la situación de la negociación colectiva en todos los sectores, incluidas las
zonas francas de exportación (ZFE), tras la entrada en vigor de la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), núm. 6, de151

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1978)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

2010, que modificó el artículo 42 de la Ley de Relaciones Laborales (IRA) exigiendo a los empleadores con más de dos
sindicatos no reconocidos que otorguen derechos de negociación colectiva a esos sindicatos para negociar en nombre desus afiliados. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno reconoce que no se ha recurrido al artículo 42 dela IRA, en su forma enmendada, por lo cual no existen casos registrados de negociación colectiva, de conformidad con laenmienda. Con el fin de mejorar la situación, el Gobierno está dispuesto a buscar la asistencia técnica de la OIT y elConsejo Consultivo de Trabajo sugiere la movilización de la capacidad nacional idónea. El Gobierno especifica asimismo
que, en virtud de la Ley sobre los Salarios, de 1964, existen en la actualidad 18 consejos salariales sectoriales que efectúanla negociación colectiva en las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, incluidos los ajustes salariales, las horasde trabajo, la remuneración de las horas extraordinarias, la licencia de maternidad y las vacaciones anuales. La Comisión
observa al respecto que en virtud del artículo 6 de la Ley de Salarios de 1964, si bien el Ministro consulta con lasorganizaciones representativas para designar un miembro que represente a los empleadores y a un miembro que representea los trabajadores, el Ministro también designa directamente tres miembros independientes, incluido el presidente. Al
tiempo que reconoce que corresponde a la autoridad legislativa la determinación de los mínimos legales en materia decondiciones de trabajo y que la fijación de los salarios mínimos puede ser objeto de decisiones de instancias tripartitas, laComisión recuerda el principio establecido en el artículo 4 del Convenio en virtud del cual todo convenio colectivo sobre
fijación de condiciones de empleo debería ser el fruto de una negociación bipartita sin interferencia del Gobierno. La
Comisión confía que el funcionamiento de los Consejos de Salarios establecidos en virtud de la Ley de Salarios respete
este principio y pide al Gobierno que proporcione información sobre la labor de dichos Consejos sectoriales y, enparticular, que especifique los acuerdos suscritos por los mismos.
Con respecto al sector textil, el Gobierno afirma que promovió el conocimiento de las disposiciones de la ley relativa
a la negociación colectiva, a través de talleres que redundaron en la formación de un consejo de negociación conjunto enlas ZFE, pero ese arreglo no duró, debido a que algunos empleadores se retiraron por varias razones. En relación con lanegociación colectiva en el sector público, el Gobierno indica que los sindicatos del sector público entablan la negociación
colectiva con el Gobierno en el equipo de negociación conjunto (JNT) para fijar los salarios y las prestaciones en el sector
público con carácter anual y no existe ninguna restricción en cuanto a los temas que son objeto de negociación.
Al tiempo que toma debida nota de la información comunicada, la Comisión pide al Gobierno que siga
comunicando información sobre las medidas adoptadas para promover la negociación colectiva en todos los sectores,
incluyendo las medidas adoptadas para dar cumplimiento al artículo 42 de la IRA, así como información sobre elnúmero de convenios colectivos suscritos y el número de trabajadores abarcados.

República Unida de Tanzanía
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI) recibidas el 1.° de septiembre de 2015. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general dela Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º septiembre de 2015.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Derechos de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción aconstituir organizaciones sin autorización previa y de organizar libremente sus actividades y formular sus programas deacción. La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a los siguientes puntos, planteados por la Comisión en sus
comentarios anteriores en relación con la Ley de Relaciones Laborales y Empleo (núm. 6 de 2004) (ELRA) y la Ley de la
Función Pública (Mecanismos de Negociación, de 2003):–
La necesidad de modificar el artículo 2, 1), iii), de la ELRA, de modo que el personal de establecimientos
penitenciarios goce del derecho de afiliarse a las organizaciones que estime convenientes. La Comisión toma nota deque el Gobierno indica que el personal civil del servicio penitenciario goza del derecho de sindicación en virtud de la
ELRA y está afiliado al Sindicato de Empleados del Gobierno y de la Salud (TUGHE). La Comisión observa, sinembargo, que el artículo 2, 1), iii), de la ELRA en su redacción actual excluye expresamente del ámbito deaplicación de la ley a los trabajadores del servicio penitenciario. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 2, 1), iii), de la ley de forma que todos los
trabajadores del servicio penitenciario gocen del derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que
estimen convenientes.
–
La necesidad de determinar las categorías de trabajadores incluidos en el «servicio nacional», a lo que se refiere el
artículo 2, 1), iv), de la ELRA, que están excluidos de la ley. El Gobierno indica que: i) los trabajadores empleados
en el servicio nacional incluyen a los miembros militares y civiles empleados o en comisión de servicios en el
servicio nacional; ii) mientras que los militares de servicio están excluidos de la ELRA, los civiles empleados en el
servicio nacional gozan de los derechos y principios fundamentales, incluida la libertad sindical garantizada con
arreglo a la ELRA, y en su mayoría son miembros del TUGHE. Si bien toma debida nota de la indicación delGobierno, según la cual los empleados civiles o en comisión de servicios en el servicio nacional gozan del derecho
de sindicación, la Comisión observa que el artículo 2, 1), iv), de la ELRA dispone que todos los trabajadores del152

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

–

–

–

–

Zanzíbar
Artículos 2 y 3 del Convenio. Cuestiones legislativas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que laComisión de Revisión Legislativa ha previsto llevar a cabo una revisión de la legislación laboral, y de que las
preocupaciones planteadas anteriormente por la Comisión se tratarán en ese marco. La Comisión toma nota de la solicitudde asistencia técnica de la OIT para llevar a cabo esta revisión. La Comisión espera que con la asistencia técnica
solicitada a la Oficina, el Gobierno estará en condiciones de informar sobre el progreso realizado para poner lalegislación en plena conformidad con el Convenio sobre las cuestiones y disposiciones que es necesario modificar y serecuerdan a continuación:–
Artículo 2, 2), de la Ley de Relaciones del Trabajo (núm. 1 de 2005) (LRA) que excluye las siguientes categorías deempleados de las disposiciones de la ley: i) jueces y todos los oficiales judiciales; ii) miembros de los departamentos
oficiales, y iii) empleados del Congreso de los Diputados.
–Artículo 42 de la LRA que prohíbe a un sindicato, directa o indirectamente, que pague con sus fondos una multa osanción en la que hubiera incurrido un administrador del sindicato en el cumplimiento de sus obligaciones ennombre de la organización. La Comisión recordó que los sindicatos deberían tener el poder de administrar sus
fondos sin restricciones indebidas impuestas por la legislación.
–
Artículo 64, 1) y 2) de la LRA, que establecen las categorías de trabajadores a los que no se autoriza a participar en
una huelga, sin ninguna indicación adicional, y enumeran diversos servicios considerados esenciales, incluidos losservicios de sanidad, en los cuales se prohíben las huelgas. La Comisión recuerda que la prohibición del derecho dehuelga en la administración pública debería limitarse a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad
en nombre del Estado o en los servicios esenciales, en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios

153

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo–

servicio nacional están explícitamente excluidos del ámbito de aplicación de la ley. En consecuencia, la Comisión
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 2, 1), iv), de la ELRA, de forma que
se indique claramente que la excepción se aplica únicamente al personal militar del servicio nacional.
La necesidad de modificar la ELRA, que no estipula ningún plazo específico para la tramitación de solicitudes deregistro de una organización y adoptar una disposición que determine un período de tiempo razonable para dicha
tramitación de solicitudes de registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El Gobierno indica
que esta cuestión se ha tratado en la reglamentación de la ley núm. 7 de 2004 y que se informará detalladamente a laComisión una vez que esa reglamentación se haya finalizado. La Comisión pide al Gobierno que proporcione
información sobre esta cuestión y que facilite una copia de la mencionada reglamentación una vez que se hayafinalizado.
Con respecto a los artículos 4 y 85 de la ELRA, la Comisión recuerda sus comentarios anteriores según los cuales, sibien la solución de los conflictos de derecho surgidos como consecuencia de una divergencia de interpretación de untexto jurídico deben remitirse a los tribunales competentes, la prohibición de acciones de protestas relacionadas con
todos los conflictos que pueden ser resueltos judicialmente pueden restringir indebidamente el derecho de huelga. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de dichas disposiciones.
La necesidad de iniciar consultas relativas a la modificación del artículo 76, 3), a), que prohíbe los piquetes para
apoyar a una huelga o para oponerse a un cierre patronal legítimo. El Gobierno indicó anteriormente que loscomentarios de la Comisión se comunicarían a los interlocutores sociales para consultarles al respecto. La Comisión
pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados al respecto.
La necesidad de modificar el artículo 26, 2), de la Ley de la Función Pública (Mecanismos de Negociación)(núm. 19 de 2003), que exige el cumplimiento de una serie de condiciones para que los funcionarios públicos puedan
tomar parte en una huelga. El Gobierno indicó anteriormente que, en virtud del artículo 80, 1), de la mencionada ley,que se aplica también a los trabajadores en la administración pública de la República Unida de Tanzanía continental,
dispone que la huelga debe ser convocada por un sindicato, y llevarse a cabo una votación de conformidad con losestatutos de esa organización. La Comisión observó anteriormente que el párrafo 2 del artículo 26 de la Ley de la
Función Pública debería ponerse en conformidad con las disposiciones pertinentes de la ELRA. A este respecto, el
Gobierno indica que se han adoptado medidas para modificar la ELRA a fin de dejar aclarado que en el caso de que
alguna ley contravenga a las disposiciones de la ELRA, esta última habrá de prevalecer. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información más detallada sobre las medidas que se han adoptado a estos efectos.
Servicios esenciales. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que el Comité de Servicios Esenciales,de conformidad con el artículo 77 de la ELRA, no ha designado ningún servicio como esencial, y recordó que losservicios esenciales deberían definirse en el sentido estricto del término, es decir, como servicio cuya interrupción
podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. La Comisión
toma nota de que el Gobierno indica nuevamente que el Comité de Servicios Esenciales no ha designado ningún
servicio como esencial. La Comisión reitera la esperanza de que al establecer una lista de servicios esenciales setenga plenamente en cuenta el principio definitorio antes mencionado.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO––

cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
población.
Artículos 63, 2), b), y 69, 2), de la LRA, que estipulan que antes de recurrir a una acción de protesta, el sindicato
deberá dar a la autoridad de mediación al menos 30 días para resolver el conflicto y, ulteriormente, un plazo depreaviso de 14 días, con una nota explicando el propósito, la naturaleza, el lugar y la fecha de la acción de laprotesta. La Comisión pidió al Gobierno que abreviara este período de 44 días (a un máximo de 30 días, por
ejemplo). La Comisión recuerda que el plazo de preaviso tampoco debe constituir en este caso un obstáculo
suplementario para las negociaciones y servir únicamente, en la práctica, para que los trabajadores se limiten aesperar la expiración de dicho plazo para poder ejercer su derecho de huelga.
El artículo 41, 2), j), de la LRA de modo que las instituciones a las que un sindicato desee contribuir no estén sujetasa la aprobación del registrador.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)
La Comisión toma nota de la repuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI), de 2012, según las cuales los empleadores del sector privado, a menudo deniegan el derecho de los trabajadores denegociar colectivamente y los convenios colectivos deben ser sometidos para su aprobación al Tribunal de Relaciones
Laborales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 71, 1), de la Ley de Empleo y Relaciones
Laborales (núm. 6, de 2004) (ELRA), dispone que un convenio colectivo será por escrito, firmado por las partes y
vinculante respecto de las últimas firmas, y que las partes no están obligadas a presentarlo para su aprobación a un
tribunal. El Gobierno destaca que ya no se requiere que las partes que intervienen en los convenios colectivos presenten
los convenios colectivos acordados al Tribunal de Relaciones Laborales de la República Unida de Tanzanía para su
aprobación, como solía ocurrir en virtud de la Ley del Tribunal de Relaciones Laborales núm. 41, de 1961. La ley
núm. 41, de 1961, fue derogada en su totalidad por la ELRA y el Tribunal de Relaciones Laborales dejó de existir.
Tomando debida nota de esta información, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número
de convenios colectivos concluidos en el sector privado y su cobertura.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, de 2014, sobre los alegatos de arrestos y de actos de despido
contra los sindicatos por motivo de participación en huelgas. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus
comentarios a este respecto.
Ámbito de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con anterioridad de la
indicación del Gobierno según la cual la Ley de la Función Pública (mecanismos de negociación) de 2003 excluye a losempleados del servicio penitenciario del servicio nacional; y pidió al Gobierno que indicara los tipos de trabajadores
incluidos en el servicio nacional y que adoptara las medidas necesarias para garantizar al personal penitenciario losderechos consagrados en el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que:–Los civiles empleados en el servicio penitenciario, gozan de los principios y derechos fundamentales, incluida lalibertad sindical, otorgada en virtud de la ELRA y están afiliados al Sindicato de Empleados del Gobierno y de la Salud(TUGHE). Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 2, 1), iii), de la ELRA, excluye explícitamente a losempleados de los servicios penitenciarios del ámbito de aplicación de la ley. En consecuencia, la Comisión pide al
Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 2, 1), iii), de la ELRA, de modo que losempleados del servicio penitenciario gocen de los derechos consagrados en el Convenio.
–
Con respecto a los tipos de trabajadores incluidos en la categoría de «servicio nacional», el Gobierno indica que:i) los empleados en el servicio nacional incluyen a los miembros militares y a los civiles empleados o adscritos a laadministración nacional, y ii) si bien los miembros militares del servicio están excluidos de la ELRA, los civiles
empleados en la administración nacional gozan de principios y derechos fundamentales que incluyen la libertad
sindical, como fue concedida en virtud de la ELRA y la mayoría de éstos son miembros del TUGHE. Sin embargo,
la Comisión observa que, en virtud del artículo 2, 1), iv), de la ELRA, todos los empleados del servicio nacional
están explícitamente excluidos del ámbito de aplicación de la ley. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno
tome las medidas necesarias para modificar el artículo 2, 1), iv), de la ELRA, con el fin de que quede claramente
indicado que sólo los empleados militares del servicio nacional están excluidos del ámbito de aplicación de la ley.
Artículo 4. Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio, en el marco de lanegociación colectiva, sólo es aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado(artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido estricto del término y crisis nacionales agudas. En sus
comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar los artículos 17
y 18 de la Ley de la Función Pública (mecanismos de negociación), con el fin de garantizar su plena conformidad con
estos principios. La Comisión confía en que su próxima memoria contenga información sobre los progresos realizados
a este respecto.

154

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Zanzíbar
Artículo 4 del Convenio. Reconocimiento sindical para fines de negociación colectiva. La Comisión pidió
anteriormente al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 57, 2), de la Ley de Relaciones
Laborales de 2005 (LRA), de modo que, si no existe ningún sindicato que represente a más del 50 por ciento de lostrabajadores, no se le nieguen los derechos de negociación colectiva a los sindicatos minoritarios en la unidad denegociación, al menos en representación de sus respectivos afiliados. La Comisión pidió al Gobierno que garantizara quelas reglas y reglamentos que se están elaborando para la aplicación de la LRA prevean procedimientos y criterios objetivospara la determinación del estatuto sindical representativo. Además, la Comisión pidió al Gobierno que indicara si, en la
práctica, los sindicatos minoritarios gozan de derechos de negociación colectiva en los casos en los que no existe unsindicato que represente al 50 por ciento de los trabajadores interesados. El Gobierno indica que no se ha producido
ninguna nueva evolución en ese sentido y que no dispone de estadísticas sobre los sindicatos minoritarios que han ejercido
la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno solicita la asistencia técnica de la Oficina a este
respecto. La Comisión pide al Gobierno que indique si cuando ningún sindicato abarca a más del 50 por ciento de lostrabajadores en una unidad de negociación, los sindicatos minoritarios pueden negociar colectivamente al menos en
representación de sus afiliados.
Categorías de trabajadores excluidos del derecho de negociar colectivamente. La Comisión pidió anteriormente al
Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 54, 2), b), de la LRA, con el fin de garantizar a losempleados gerenciales el derecho de negociación colectiva con respecto a los salarios y a otras condiciones de empleo, yque indicara las categorías de trabajadores excluidas del derecho de negociación colectiva por decisión ministerial, en
virtud del artículo 54, 2), c), de la LRA. La Comisión toma nota de que el Gobierno solicita la asistencia de la Oficina en
ese sentido. La Comisión espera que, con la asistencia de la Oficina, el Gobierno adopte todas las medidas necesarias
para garantizar el pleno cumplimiento del mencionado principio y que se encuentre en condiciones de informar sobre
los progresos realizados a este respecto.

Timor-Leste
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2009)
La Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión observa con interés la adopción de una nueva Ley de Huelga (ley núm. 5/2012, de 29 de febrero de2012), que se aplica a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos y los agentes de la administración
pública, y que prohíbe toda discriminación contra los trabajadores por adherirse o no adherirse a una huelga.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Togo
La Comisión toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, toma nota de las observaciones conjuntas de la OIE y delConsejo Nacional de Empleadores de Togo (CNP-Togo), recibidas el 31 de agosto de 2015, en las que se denuncia la
incapacidad del Gobierno de impedir que se pongan obstáculos al derecho, garantizado en el artículo 3 del Convenio, delos miembros del CNP-Togo de elegir libremente a sus representantes, lo que tiene por consecuencia que, desde 2013, el
CNP-Togo no pueda organizar sus actividades ni formular su programa de acción. La Comisión observa que esta cuestión
fue objeto de una queja ante el Comité de Libertad Sindical, el cual, en mayo de 2015, formuló recomendaciones a este
respecto. En estas recomendaciones, el Comité: i) invitó a las partes en el conflicto, en la medida en la que la solución
propuesta por la justicia no les convenga, a ponerse de acuerdo sobre la designación de un mediador independiente que las
ayudaría a establecer un procedimiento aceptable para todos a fin de permitir a los miembros del CNP-Togo elegir, libre yrápidamente, a sus representantes; ii) pidió al Gobierno que velara por el levantamiento de la orden de precinto de loslocales del CNP-Togo y que, a la espera de la organización de nuevas elecciones de su consejo de administración,
adoptara todas las medidas necesarias para que el CNP-Togo pudiera desarrollar, sin obstáculos, sus actividades (casonúm. 3105, 375.º informe del Comité de Libertad Sindical, párrafo 531). Además, la Comisión toma nota de las
indicaciones de la OIE y del CNP-Togo según las cuales: i) el procedimiento de mediación recomendado por el Comité deLibertad Sindical no dio buenos resultados en el pasado debido a la falta de voluntad, y ii) la composición de la delegaciónde empleadores del Togo en la reunión de 2015 de la Conferencia Internacional del Trabajo fue objeto de una protesta antela Comisión de Verificación de Poderes. La Comisión señala su preocupación por el hecho de que, desde 2013, el
CNP-Togo no pueda llevar a cabo sus actividades de defensa y promoción de los intereses, situación que constituye una
violación del artículo 3 del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias a fin de155

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

dar efecto sin más demora a las recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical en este caso, demanera que de conformidad con el Convenio, el CNP-Togo pueda llevar a cabo sus actividades.
Artículo 2. Derechos sindicales de los menores. En sus comentarios anteriores, la Comisión indicó que elartículo 12 del Código del Trabajo, que reconoce la libertad sindical de los menores que han alcanzado la edad de 16 años
salvo oposición de los padres o del tutor, no está de conformidad con el artículo 2 del Convenio, y pidió al Gobierno que
adoptara las medidas necesarias para garantizar que los menores que han alcanzado la edad mínima legal de admisión alempleo (15 años en virtud del artículo 150 del Código del Trabajo) puedan ejercer sus derechos sindicales sin que sea
necesaria la autorización de sus padres o de su tutor. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los debates enrelación con la revisión del Código del Trabajo están en curso, lo que permitirá plantearse la modificación del artículo 12.
La Comisión confía en que el Gobierno dé cuenta próximamente de la revisión del artículo 12 del Código del Trabajo
en el sentido indicado y le pide que transmita toda la información disponible a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1983)
Artículo 4 del Convenio. Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían
al artículo 260 del Código del Trabajo, en virtud del cual en caso de desacuerdo persistente entre las partes en lanegociación colectiva sobre ciertos puntos en un conflicto colectivo, el Ministro del Trabajo podrá someter la cuestión aun consejo de arbitraje cuando la conciliación hubiera fracasado. La Comisión recordó que el mencionado artículo es
contrario al principio de la autonomía de las partes y al principio de la negociación libre y voluntaria previsto en el
artículo 4 del Convenio. La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio sólo es aceptable en relación con funcionarios
públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido estricto deltérmino y crisis nacionales agudas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la modificación delartículo 260 se contempla como parte de una revisión general del Código del Trabajo. La Comisión espera que elartículo 260 del Código del Trabajo sea enmendado en el marco de la revisión del Código del Trabajo en curso a fin deponerlo en plena conformidad con el Convenio, y pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evolucióna este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Trinidad y Tabago
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 31 deagosto de 2014 y el 1.º de septiembre de 2015 sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del Convenio. La Comisión
pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión también toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión seve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de organizar libremente sus actividades y de formular sus
programas de acción. En sus comentarios anteriores, la Comisión se ha estado refiriendo, desde hace varios años, a lanecesidad de enmendar o abrogar diversos artículos de la Ley de Relaciones Laborales (LRT), a saber: 1) el artículo 59, 4), a),relativo a la mayoría requerida para declarar una huelga; 2) los artículos 61, d), y 65 relativos a los recursos a los tribunales por
una de las partes o por el Ministerio de Trabajo para poner término a una huelga, y 3) los artículos 67 (conjuntamente con el
segundo anexo) y 69, relativos a los servicios en los que se puede prohibir la huelga.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que: 1) el Comité Asesor de Relaciones Laborales fue
establecido en febrero de 2012 con el mandato de examinar la ley, como previsto por el artículo 81 de la LRT; 2) el Comité hainiciado su examen de la LRT para someter propuestas de desarrollo y reformas al Ministro, incluyendo en particular propuestasde enmiendas de toda disposición de la misma, y 3) tomando nota de que puede prevalerse de la asistencia técnica de la Oficina,
el Gobierno propone hacerlo si a lo largo de las labores del Comité resultara necesario. La Comisión toma nota de estas
informaciones y espera que en un futuro próximo se tomen medidas concretas para enmendar la legislación. La Comisión
pide al Gobierno que informe, en su próxima memoria, sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 1.º deseptiembre de 2015.

156

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLa Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 4 del Convenio. Representatividad para la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión
se refirió a la necesidad de enmendar el artículo 24, párrafo 3, de la Ley de la Función Pública, que confiere una posición
privilegiada a las asociaciones ya registradas, sin aportar criterios objetivos y preestablecidos de determinación de la asociación
más representativa de la función pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la cuestión de la enmienda delartículo 24, párrafo 3, sigue siendo objeto de examen y se requieren diálogos importantes y continuos y que se realizarán
esfuerzos para resolver el asunto. La Comisión recuerda que, cuando existe un sindicato que goza de derechos de negociación
preferenciales o exclusivos, como ocurre en el sistema actual, deberían adoptarse decisiones sobre la organización más
representativa, en virtud de criterios objetivos y preestablecidos, en lugar de limitarse a dar prioridad al que hubiese sido
registrado antes en el tiempo, a efectos de evitar cualquier posibilidad de parcialidad o de abuso. La Comisión expresa la firmeesperanza de que la legislación se modifique en un futuro próximo, incluso el artículo 24, párrafo 3, para ponerla enconformidad con los principios del Convenio y pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.
En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido también a la necesidad de enmendar el artículo 34 de la Ley
de Relaciones de Trabajo (LRT), a efectos de garantizar que, en los casos en los que ningún sindicato represente a la mayoría delos trabajadores, los sindicatos minoritarios puedan negociar conjuntamente un convenio colectivo aplicable en la unidad denegociación, o al menos concluir un convenio colectivo en nombre de sus propios afiliados. La Comisión toma nota de que elComité Asesor de Relaciones Laborales fue establecido en febrero de 2012, de conformidad con el capítulo 88:01, para examinarla ley. El Gobierno indica que el Comité ha iniciado su examen de la LRT para someter propuestas de desarrollo y reformas al
Ministro, incluyendo en particular propuestas de enmiendas de toda disposición de la misma; y tomando nota de que puede
prevalerse de la asistencia técnica de la Oficina, el Gobierno propone hacerlo si a lo largo de las labores del Comité resultara
necesario. La Comisión expresa la esperanza de que se adopten medidas en un futuro próximo para enmendar la legislación, aefectos de permitir que los sindicatos minoritarios de la unidad negocien colectivamente, al menos en nombre de sus propios
afiliados, cuando no exista un sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que
informe sobre todo progreso realizado en estos temas en su próxima memoria.
Comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI). La Comisión pide al Gobierno que envié sus
observaciones en relación con los comentarios de la CSI de 2012.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Túnez
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas en 2013 y
2014, así como de las recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión toma nota de que estas observaciones tratan, enlo esencial, de cuestiones de orden legislativo ya planteadas por la Comisión, pero también de las intimidaciones yamenazas proferidas a través de llamadas anónimas contra la Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT) y sus
dirigentes. Al tiempo que toma nota de los elementos de respuesta que el Gobierno ha aportado en 2014 sobre algunas
cuestiones legislativas planteadas, la Comisión insta al Gobierno que tenga a bien transmitir sus comentarios respecto
de los graves alegatos de amenazas a la UGTT e indicar especialmente las medidas eventualmente adoptadas para laprotección de sus dirigentes, con el fin de que la organización sindical pueda desarrollar sus actividades sin obstáculos.
La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Modificaciones legislativas. La Comisión expresó con anterioridad la esperanza deque, en el marco de las reformas legislativas que debían acompañar la adopción de una nueva Constitución, se tendrían encuenta las cuestiones que vienen siendo objeto de sus comentarios desde hace muchos años. La Comisión toma nota deque, en sus memorias sucesivas de 2014 y de 2015, el Gobierno indica que la nueva Constitución de Túnez, adoptada el
26 de enero de 2014, consagra el derecho sindical, y que estudia en la actualidad la posibilidad de armonizar algunas
disposiciones del Código del Trabajo con el Convenio. A este respecto, al tiempo que toma nota de las explicaciones que
aporta sobre algunas disposiciones que son objeto de comentarios, la Comisión se ve obligada a recordar al Gobierno
la necesidad de modificar las siguientes disposiciones del Código del Trabajo para dar pleno efecto al Convenio.
Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir organizaciones y de afiliarse a estasorganizaciones. La Comisión pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 242 delCódigo del Trabajo, que prevé que los menores de más de 16 años de edad pueden afiliarse a sindicatos, salvo una
oposición de su padre o tutor. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera nuevamente que la salvaguardia
instaurada sólo está motivada por consideraciones jurídicas relativas al ejercicio de la autoridad del padre o del tutor, deconformidad con el artículo 93 bis del Código de Contratos y de Obligaciones. El Gobierno indica asimismo nuevamenteque el artículo 242 del Código del Trabajo no ha sido cuestionado por la organización representativa de trabajadores. La
Comisión se ve obligada a recordar una vez más que toda distinción basada en motivos de edad, en materia de afiliación
sindical está en contradicción con el artículo 2 del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide una vez más al
Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 242 del Código del Trabajo, con el fin degarantizar que los menores que hayan llegado a la edad mínima legal de admisión al empleo (16 años, según el
artículo 53 del Código del Trabajo), puedan ejercer sus derechos sindicales sin autorización parental o del tutor.

157

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Derecho de las organizaciones de elegir libremente sus representantes. La Comisión pidió al Gobierno que tomelas medidas necesarias para modificar el artículo 251 del Código del Trabajo, de modo que garantice a las organizaciones
de trabajadores el derecho de elegir libremente a sus representantes, incluso entre los trabajadores extranjeros, cuando
menos tras un período razonable de residencia en el país. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que no se
trata, en modo alguno, de una limitación del derecho sindical de los extranjeros que pueden afiliarse libremente a
sindicatos y ejercer todos los derechos relativos a los mismos. Sin embargo, el Gobierno confirma que estos últimos nopueden participar en la dirección de los sindicatos en consideración. La Comisión se ve obligada a recordar que, deconformidad con el artículo 3 del Convenio, la legislación nacional debería permitir que los trabajadores extranjeros
accedieran a las funciones de dirigentes sindicales, al menos tras un período razonable de residencia en el país deacogida, y pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 251 del Código delTrabajo, en el sentido indicado.
Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas deacción. La Comisión pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar los artículos 376 bis, apartado 2,
376 ter, 381 ter, 387 y 388 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que lasdisposiciones en consideración se dirigen a permitir que los empleadores estén informados de la huelga y entablar
procedimientos de conciliación que permitan evitar el conflicto, y que las acciones previstas tienen por objeto evitar todo
recurso anárquico a la huelga que corriera el riesgo de poner en peligro el porvenir de la empresa, el clima social o elinterés del país. En lo que atañe a las penas impuestas a los huelguistas en caso de huelga ilegal, el Gobierno indica que es
competencia del juez que conoce el asunto valorar la gravedad de las infracciones cometidas y que este último está
plenamente facultado para imponer una simple multa en lugar de una pena de prisión. La Comisión pide al Gobierno que
tenga a bien revisar estas disposiciones en consulta con los interlocutores sociales interesados, con miras a su eventual
modificación, y dar cuenta de toda medida adoptada a este respecto.
En cuanto al apartado 2 del artículo 376 bis del Código del Trabajo, el Gobierno precisa que, cuando se celebraronconsultas en 1994 y 1996 sobre la reforma del Código del Trabajo, las organizaciones representativas de empleadores y detrabajadores indicaron que querían mantener esta disposición que, según éstas, permitiría que la organización decoordinación estuviese siempre informada previamente de toda huelga o cierre patronal, a efectos de una solución más
eficaz del conflicto. El Gobierno añade que los sindicatos de base insisten con frecuencia en la intervención de una
organización de coordinación para consolidar el ejercicio del derecho de huelga. A este respecto, la Comisión considera deutilidad recordar que la exigencia de obtener la aprobación previa de la huelga por una organización sindical de grado
superior, no constituiría en sí misma un obstáculo para la libertad de los sindicatos interesados de organizar sus
actividades, si esta exigencia emana de la libre elección de los sindicatos de que se trate, por ejemplo, cuando la misma
figura en los estatutos de la organización de coordinación a la que están libremente afiliados los mencionados sindicatos.
Por el contrario, la Comisión es de la opinión de que tal exigencia contenida en la legislación nacional — como en el
presente caso — constituye una violación del artículo 3 del Convenio. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno aque tome las medidas necesarias para modificar el artículo 376 bis, apartado 2, del Código del Trabajo, en el respetodel principio antes recordado.
En cuanto a sus comentarios anteriores relativos al artículo 381 ter del Código del Trabajo, la Comisión toma nota
de la respuesta del Gobierno, que indica que la definición de servicio esencial contenida en este artículo retoma la de losórganos de control de la OIT y el enfoque de consenso que caracteriza la determinación de los servicios mínimos con losinterlocutores sociales, han permitido siempre evitar el recurso al arbitraje previsto. La Comisión pide al Gobierno que
informe, si procede, de la adopción del decreto previsto por este artículo del Código del Trabajo.
Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción
sin la intervención de las autoridades públicas. En relación con la determinación de la representatividad de lasorganizaciones sindicales y de la elaboración, a tal efecto, de criterios objetivos para determinar la representatividad de losinterlocutores sociales, en aplicación del artículo 39 del Código del Trabajo, la Comisión toma nota de las informaciones
relativas a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto, especialmente de la organización de una reunión técnica
tripartita sobre la representatividad sindical, en enero de 2014. Además, la Comisión toma nota de la indicación delGobierno, según la cual un comité tripartito nacional presidido por el Ministro de Asuntos Sociales se reunió en varias
ocasiones con tal motivo y prosigue la asistencia de la Oficina a través de la elaboración de un estudio comparativo. La
Comisión confía en que esta asistencia técnica pueda desembocar rápidamente en la determinación, en el marco deconsultas tripartitas inclusivas, de criterios objetivos de la representatividad sindical, y alienta al Gobierno a que siga
comunicando informaciones detalladas a este respecto.

Turquía
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación de Asociaciones de Empleadores deTurquía (TISK) recibidas el 23 de febrero de 2015, así como de las observaciones de la TISK y de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) de 28 de agosto de 2015. Asimismo, toma nota de las observaciones de carácter

158

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

general de la OIE recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión también toma nota de las observaciones realizadas
por la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2015 y por la Confederación de
Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK) recibidas el 4 de septiembre de 2015. Por último, la Comisión toma nota delas observaciones de la TISK, la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS), la Confederación de Sindicatos Turcos
Auténticos (HAK-IS), la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK), la Confederación de Sindicatos dela Administración Pública (MEMUR-SEN), la Confederación Turca de Asociaciones de Empleados Públicos (Türkiye
Kamu-Sen) y la KESK que el Gobierno transmitió junto con su memoria y que la Comisión examinará tan pronto como
reciba la traducción.
Libertades civiles. La Comisión recuerda que, durante varios años, ha formulado comentarios sobre la situación delas libertades civiles en Turquía. La Comisión toma nota de que según las observaciones de la CSI, cinco dirigentes
sindicales, que representan a una amplia gama de trabajadores, acusados de incitar a la realización de asambleas ymanifestaciones ilegales, fueron absueltos por el Tribunal Penal de Primera Instancia núm. 28, de Estambul el 24 demarzo de 2015.
Asimismo, la Comisión toma nota de que las últimas observaciones de la KESK contienen graves alegatos denumerosos despidos, actos de acoso, acciones de represalia, arrestos y cargas policiales sufridos por la KESK y sus
miembros por haber ejercido actividades sindicales legítimas. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita
información sobre las medidas adoptadas para garantizar un clima desprovisto de violencia, presiones o amenazas decualquier índole de modo que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer plena y libremente los derechosgarantizados por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita comentarios detallados en relación con las
observaciones de la KESK a este respecto.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir organizaciones y deafiliarse a las mismas. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, pidió al Gobierno que la mantuviera
informada sobre las medidas adoptadas para revisar, ya sea mediante una enmienda a la ley o mediante leyes
independientes, la ley núm. 4688, en su forma enmendada por la ley núm. 6289, a fin de garantizar que los funcionarios de
categoría superior, los magistrados y el personal de los servicios penitenciarios, pueden disfrutar de sus derechos básicosen materia de constitución de organizaciones. La Comisión toma nota de las observaciones de la KESK en los que, aunquese acogen con agrado las decisiones del Tribunal Constitucional de abril de 2013 y enero de 2014 por las que se eliminanciertas restricciones al derecho de sindicación de los funcionarios públicos, se denuncian las restricciones que siguen
vigentes, que afectan a cientos de miles de funcionarios públicos. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tomelas medidas necesarias para revisar el artículo 15 de la ley núm. 4688, en su forma enmendada, a fin de garantizar a
todos los funcionarios públicos el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las
mismas.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus
programas de acción. La Comisión recuerda que, al igual que el Comité de Libertad Sindical, ha estado pidiendo al
Gobierno que garantice que el artículo 63 de la ley núm. 6356 se aplica de manera tal que no vulnere el derecho de lasorganizaciones de trabajadores a organizar sus actividades sin injerencia del Gobierno. La Comisión toma nota con interésde la información transmitida por el Gobierno sobre una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 2 de julio de2015, en la que se señaló que el decreto del Consejo de Ministros con arreglo al artículo 63 de la ley núm. 6356,
suspendiendo durante sesenta días una huelga en una empresa de fabricación de objetos de cristal sobre la base de que
resultaría perjudicial para la salud pública y la seguridad nacional, vulneraba los derechos sindicales garantizados por el
artículo 51 de la Constitución turca. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre laaplicación que se hace del artículo 63 después de la adopción de la sentencia del Tribunal Constitucional y sobre todas
las sentencias judiciales pertinentes.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Asociaciones de Empleadores deTurquía (TISK) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y el
28 de agosto de 2015. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por el Sindicato de Empleados delas Municipalidades y Entidades de Derecho Privado del Estado (BEM-BIR-SEN) recibidas el 30 de abril de 2014, y de la
respuesta del Gobierno a las mismas; de las observaciones del Sindicato de Trabajadores de los Municipios de Turquía(TUM YEREL-SEN) recibidas el 30 de octubre de 2014 y de la respuesta del Gobierno al respecto; de las observaciones
de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibida el 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno a lamisma; y de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK) recibidas el 1.º deseptiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión también toma nota de las detalladas
respuestas a la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) en las observaciones recibidas el 8 de abril de2013. Además, toma nota de las observaciones de la CSI recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Por último, la Comisión
toma nota de las observaciones de la TISK, la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS), la Confederación de
Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IS), la DISK, la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos

159

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO(MEMUR-SEN), la Confederación Turca de Asociaciones de Empleados Públicos (Türkiye Kamu-Sen) y la KESK que elGobierno adjuntó a su memoria y que la Comisión examinará una vez que reciba la traducción.
La Comisión toma debida nota de la detallada respuesta del Gobierno a los alegatos de violaciones de losderechos de negociación colectiva y los casos de despidos antisindicales presentados por la CSI en 2014 y pide al
Gobierno que dé respuesta a las observaciones de la CSI más recientes, de 2015, en la que se alegan otras violaciones
del Convenio en la práctica.
Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que aclarase si los trabajadoresdomésticos están cubiertos por la nueva legislación. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el
Gobierno, así como por la TISK y la OIE a este respecto y, en particular, toma nota con interés de que el Gobierno señala
que los trabajadores domésticos gozan de los derechos establecidos en la Ley sobre Sindicatos y Acuerdos de Negociación
Colectiva (ley núm. 6356), de 7 de noviembre de 2012, y de que el 13 de febrero de 2014 se registró a un sindicato detrabajadores domésticos en el marco del sector de trabajos generales.
La Comisión también pidió al Gobierno que aclarase si se garantizan los derechos previstos en el Convenio a losguardias de prisiones. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno indica que las decisiones recientes del Tribunal
Constitucional, por las que se extiende al personal civil de la policía el derecho de sindicación, no incluyen el personal
penitenciario. Sin embargo, el Gobierno añade que ese personal está amparado por los convenios colectivos concluidos enla función pública. La Comisión recuerda a este respecto que en su Estudio General de 2012 sobre los convenios
fundamentales, párrafo 168, se indica que el derecho de sindicación y de negociación colectiva también se aplica al
personal de establecimientos penitenciarios. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que lasorganizaciones de trabajadores que representan al personal de establecimientos penitenciarios puedan participar en lanegociación de los convenios colectivos que abarcan a sus miembros.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la ley núm. 6356 introduce el requisito de la
publicación de los formularios de solicitud y retirada de la afiliación sindical en el sitio web del Estado y pidió al
Gobierno que facilitara información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que el sitio web del Estado no
representara un obstáculo para el ejercicio de los derechos garantizado por el Convenio. La Comisión toma debida nota delos comentarios del Gobierno, y de las de la TISK y de la OIE, según las cuales el sistema de acceso al sitio web delEstado es más simple y fácil que el anterior sistema del registro notarial, no impone una carga en los trabajadores o sus
organizaciones, es gratuito y protege los datos personales. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno confirma
que la información disponible en el sitio web del Estado no es pública y, en consecuencia, no está sujeta a abusos. El
Código Penal criminaliza el registro de datos personales relativos a la afiliación sindical, así como la obtención y difusión
ilegal de esos datos.
Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación sindical. La Comisión recuerda
nuevamente que en junio de 2013 la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que estableciera un sistema decompilación de datos en materia de discriminación antisindical en el sector privado y que transmitiera información sobre
el funcionamiento de los mecanismos nacionales de presentación de quejas y todos los datos estadísticos relacionados conla discriminación antisindical en los sectores públicos y privados. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno,
según la cual no existe el sistema para compilar tales datos. La Comisión también toma nota, sin embargo, de los graves
alegatos de acoso antisindical planteados por la KESK en relación con la utilización por el Gobierno de la Ley de
Educación Básica y su reglamento para el nombramiento de los directores de institutos de enseñanza para discriminar sus
afiliados. La Comisión pide al Gobierno que dé respuesta concretamente a las observaciones más recientes de la KESKa este respecto. A la luz de las continuas preocupaciones planteadas, la Comisión pide una vez más al Gobierno queestablezca un sistema para la compilación de datos sobre la discriminación antisindical (tanto en el sector privado
como en el sector público) y que suministre información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto. La
Comisión recuerda al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.
La Comisión toma nota con interés de la clarificación aportada por el Tribunal Constitucional en una sentencia
dictada el 22 de octubre de 2014 que aumenta la cuantía de la multa que deberá pagarse por el despido injustificado yotorga asimismo al trabajador el derecho de iniciar acciones legales para el reintegro cuando estime que su despido
obedeciera a motivos antisindicales.
Artículo 4. Negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 34 dela ley núm. 6356 dispone que un convenio colectivo de trabajo puede cubrir a uno o más lugares de trabajo de la misma
rama de actividad, lo que parece limitar el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a determinarlibremente la manera y el nivel en que llevan a cabo la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno
indica que la ley también introdujo la posibilidad de concluir un «acuerdo marco» a nivel de rama de actividad junto con
los convenios colectivos de trabajo a nivel de empresa. El Gobierno añade que el uso de estos nuevos medios denegociación y la experiencia que se obtenga indicará el rumbo que puede tomar en el futuro el sistema de negociación
colectiva en Turquía. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que examine las repercusiones del artículo 34 dela ley y que considere, en consulta con los interlocutores sociales, su enmienda, de manera a garantizar que no limite
la posibilidad de las partes a entablar acuerdos nacionales o regionales que abarquen diversos sectores. La Comisión
pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas en este sentido.

160

La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos al artículo 35, 2) de la ley núm. 6356, que dispone que laspartes no podrán extender o reducir la vigencia del convenio colectivo después de su firma. Al respecto la Comisión tomadebida nota de que el Gobierno indica que esta disposición no limita el derecho de las partes en la negociación colectiva aacordar modificaciones a sus disposiciones, sino que más bien limita únicamente la posibilidad de modificar la duracióndel Convenio con miras al reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de sindicatos rivales imponiendodeterminados plazos a la duración del Convenio.
La Comisión recuerda que el artículo 41, 1) de la ley núm. 6356 establece los siguientes requisitos para ser agente denegociación colectiva: un sindicato debe representar como mínimo el 1 por ciento (progresivamente el 3 por ciento) de lostrabajadores de una determinada rama de actividad, más del 50 por ciento de los trabajadores empleados en el lugar detrabajo y el 40 por ciento de los trabajadores de la empresa cubiertos por el convenio colectivo. Al reiterar sus comentariosde larga data en relación a que un doble requisito de representatividad a nivel de rama de actividad por una parte, y derepresentatividad mayoritaria a nivel de lugar de trabajo, por otra parte, puede crear obstáculos para la negociación
colectiva, la Comisión expresó la firme esperanza de que los mencionados umbrales se revisen y se rebajen en consulta
con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno, según la cual la ley
núm. 6356 fue enmendada por la ley núm. 6645, de 4 de abril de 2015, para establecer el derecho a la negociación
colectiva sin el requisito de umbral con respecto a la rama de actividad para las siguientes categorías de sindicatos: i) los
sindicatos que no hayan finalizado el período de transición; ii) los sindicatos que alcanzaron el umbral del 10 por ciento,de acuerdo con las estadísticas publicadas en 2009, y iii) los sindicatos que pertenecen a las categorías anteriormente
mencionadas y que concluyan convenios colectivos en otros lugares de trabajo de la misma rama de actividad en la que
disponen de mayoría, dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta disposición. Según las estadísticas
publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la tasa de sindicalización en el sector privado aumentó del9,21 por ciento en enero de 2013 al 10,65 por ciento en enero de 2015 y al 11,21 por ciento en julio de 2015. Según indica
el Gobierno esto demuestra los efectos ventajosos del sitio web estatal.
Recordando las preocupaciones expresadas por varias organizaciones de trabajadores en relación con la
perdurabilidad del doble umbral, acompañada por unos métodos de compilación de datos relativos a larepresentatividad, la Comisión confía que el Gobierno prosiga revisando esta cuestión con los interlocutores sociales
interesados, incluyendo respecto de las repercusiones de los umbrales en la cobertura de la negociación colectiva. La
Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas en este sentido y estadísticas relativas
a la cobertura de la negociación colectiva en el país.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los artículos 46, 2), 47, 2), 49, 1), 51, 1), 60, 1) y 4),61, 3), y 63, 3), prevén diversas situaciones en las que el certificado de competencia para negociar puede ser retirado porlas autoridades (no pedir a la otra parte el inicio de las negociaciones en los quince días posteriores al recibir el certificado
de competencia; no asistir a la primera reunión de negociación colectiva o no iniciar la negociación colectiva en el plazode treinta días a partir del momento en que se ha hecho la petición; no notificar un conflicto a la autoridad competente en
un plazo de seis días laborables, no recurrir al órgano superior de arbitraje; incumplimiento de los requisitos legales en latoma de decisión sobre la huelga o en el inicio de la misma, y no alcanzar un acuerdo al final del plazo de aplazamiento dela huelga). La Comisión pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para evitar la injerencia en el proceso denegociación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno que esas medidas se han designado para asegurar que
el proceso de negociación se finalice en 120 días y que no se exijan restricciones para la continuación de las negociaciones
entre las partes durante una huelga. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda otra
utilización de esos artículos y que continúe revisando su aplicación con los interlocutores sociales interesados con
miras a su modificación eventual, propiciando la negociación colectiva cuando las partes así lo deseen.
En relación con la mediación, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno que la situación que se favorece
es aquella en que las partes expresan su acuerdo para designar un mediador de una lista oficial, aunque las partes estánobligadas a aceptar las propuestas del mediador. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información si existe
algún otro uso del artículo 50, 1), que permita la determinación unilateral del mediador, cuando las partes no hanlogrado llegar a un acuerdo.
Negociación colectiva en la función pública. La Comisión recuerda que en relación con la ley núm. 4688, en su
forma modificada, pidió al Gobierno que garantizara: i) la participación del empleador directo, junto con las autoridades
económicas, en verdaderas negociaciones con los sindicatos que representan a los funcionarios públicos que no estánadscritos a la administración del Estado, y ii) que se otorgue una función importante a la negociación colectiva entre laspartes. Además, recordó que un obstáculo adicional que hay que superar a fin de autorizar negociaciones colectivas libres
y voluntarias en la función pública es el relativo reconocimiento al derecho de sindicación a un amplio número de
categorías de funcionarios públicos que no están adscritos a la administración del Estado. Observando que el Gobierno no
ha proporcionado ninguna información a este respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione
información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar un papel importante a la negociación colectiva
con los funcionarios públicos que no están adscritos a la administración del Estado.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

161

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos(KESK), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, así como de lasobservaciones realizadas por la KESK con arreglo al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho desindicación, 1948 (núm. 87), recibidas el 4 de septiembre de 2015, en el que se examinan algunos elementos de este
Convenio. Asimismo, toma nota de las observaciones de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía(TISK) sobre la aplicación del Convenio, recibidos el 19 de noviembre de 2014.
Artículo 4 del Convenio. Actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión,
habiendo tomado nota de que la ley núm. 4688 (Ley sobre los Sindicatos de Servidores Públicos) no contempla suficientes
sanciones disuasorias, pidió al Gobierno que transmitiera información sobre casos en los que se han impuesto sanciones
para velar por la observancia de las disposiciones que prohíben la discriminación antisindical. La Comisión toma nota deque el Gobierno indica que estos actos están penalizados por el artículo 118 del Código Penal (ley núm. 5237) que
establece penas de prisión. Asimismo, el Gobierno se refiere a circulares que se han publicado sobre la no obstrucción delas actividades sindicales y transmite copia de éstas.
En lo que respecta a los alegatos de la KESK en relación a que con regularidad se llevan a cabo investigaciones
disciplinarias de sus miembros y líderes, el Gobierno señala que todos los casos se han presentado ante los tribunales con
acusaciones de terrorismo y que ninguno de los sindicalistas ha apelado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
alegando que las investigaciones se han realizado debido a sus actividades sindicales. Sin embargo, la Comisión también
toma nota de que la KESK ha realizado una serie de alegatos detallados en relación con actos de discriminación
antisindical y acoso, y despidos y medidas disciplinarias, que tenían por objetivo sus afiliados en diversos servicios
públicos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información concreta en respuesta a la comunicación de la
KESK.
Artículo 7. Procedimientos para determinar las condiciones de empleo. La Comisión toma nota con interés deque el Gobierno indica que tras la enmienda constitucional adoptada a través de referéndum, el 12 de septiembre de 2010,
el derecho a celebrar convenios colectivos se otorga a los agentes públicos. El Gobierno añade que, como resultado deello, se realizaron enmiendas a la ley núm. 4688 a través de la ley núm. 6289 de 11 de abril de 2012 que garantiza unsistema de negociación colectiva libre a los funcionarios públicos. Si bien la KESK plantea su preocupación sobre lautilización del arbitraje obligatorio, el Gobierno indica que este sistema sólo se utiliza una vez que los procedimientos denegociación colectiva han fracasado. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número deconvenios colectivos concluidos en la función pública desde la introducción de las enmiendas a la ley núm. 4688 y su
cobertura general.
Por último, en relación con el procedimiento de negociación colectiva para los funcionarios públicos que no trabajan
en la administración del Estado, la Comisión se refiere a su observación sobre la aplicación del Convenio sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

UgandaConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2005)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2014 en relación con las cuestiones planteadas por la Comisión así como sobre los alegatos de arrestos
practicados durante las celebraciones del 1.º de mayo de 2013. La Comisión pide al Gobierno que ofrezca sus
comentarios a este respecto. La Comisión toma nota también de las observaciones de carácter general de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI recibidas en 2012 y 2013, en
relación con los alegatos de la injerencia del Gobierno en las elecciones sindicales, la intervención de la policía durante
una huelga y las restricciones a la libertad sindical impuestas por la Ley sobre el Mantenimiento del Orden Público, de2013. En lo que se refiere a los alegatos de injerencia en las elecciones sindicales, la Comisión recuerda que cualquierintervención por parte de las autoridades públicas en las elecciones sindicales corre el riesgo de parecer como arbitraria y,
por consiguiente, constituye una injerencia en el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores, lo cual es
incompatible con lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio. En cuanto a los demás alegatos, la Comisión toma nota deque el Gobierno señala que tiene la intención de regular las reuniones públicas y aplicar el artículo 5 de la Ley sobre el
Mantenimiento del Orden Público, de 2013, que regula el ejercicio de los derechos de reunión y de manifestación,
establece determinados requisitos (en particular, plazos de tiempo para comunicar la celebración de las reuniones yperíodos de tiempo en los que éstas pueden tener lugar), algunos de los cuales han sido criticados por la CSI. La Comisión
toma nota también de que la ley establece que los organizadores de reuniones públicas que no cumplan con los requisitos
de la ley, cometerán un acto de desobediencia de sus obligaciones legales que serán susceptibles de ser castigadas con
pena de reclusión, según el Código Penal. La Comisión recuerda que: i) el derecho a organizar reuniones públicas y162manifestaciones constituye un aspecto importante de los derechos sindicales; ii) las autoridades deberían recurrir a lapolicía únicamente en una situación de huelga o en una manifestación cuando ésta suponga una amenaza para el orden
público; iii) no debería imponerse ninguna sanción penal a los trabajadores por haber llevado a cabo una huelga omanifestación pacífica, y iv) la aplicación de la Ley sobre el Mantenimiento del Orden Público, de 2013, no debería
obstaculizar el ejercicio de los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno
garantizará el respeto a estos principios y, a tal efecto, pide al Gobierno que debata con los interlocutores sociales
interesados sobre la aplicación y la repercusión de la Ley sobre el Mantenimiento del Orden Público, de 2013, y que
informe a este respecto.
Artículos 2 y 3. Asuntos legislativos. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara
medidas para modificar o derogar varias disposiciones de la Ley sobre Sindicatos (LUA), de 2006 y de la Ley de
Conflictos Laborales (arbitraje o resolución de conflictos) (LDASA):–
Artículo 18 de la LUA (procedimiento de registro de un sindicato que deberá realizarse dentro de un plazo denoventa días a partir de la fecha de presentación de la solicitud). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica
que es difícil estimar la duración promedio del procedimiento de registro, y que el plazo de noventa días es el tiempo
máximo que se prevé para concluir el procedimiento en su totalidad y emitir el certificado para el solicitante.
Recordando que los procedimientos de inscripción excesivamente largos pueden representar un obstáculo grave parala creación de organizaciones (véase Estudio General de 1994 sobre la libertad sindical y la negociación colectiva,
párrafo 75), la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo
18 de la LUA a fin de acortar el plazo de tiempo para la inscripción de un sindicato en el registro.
–
Artículo 23, 1), de la LUA (prohibición o suspensión de los dirigentes sindicales por el funcionario encargado delregistro). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) el artículo 4 del Convenio prohíbe únicamente ladisolución o suspensión por vía administrativa de las organizaciones de trabajadores y de empleadores pero no lasuspensión o inhabilitación de los dirigentes de estas organizaciones; ii) la intención del artículo 23, 1), de la LUA
consiste en suspender al dirigente en cuestión con objeto de que tengan lugar las investigaciones y prevalezca lajusticia, y iii) por consiguiente, según el Gobierno, no hay necesidad de introducir enmiendas. La Comisión recuerda
una vez más que cualquier suspensión o inhabilitación de los dirigentes sindicales, que no sea el resultado de una
decisión interna del sindicato, de una votación por sus afiliados, o de un procedimiento judicial ordinario, interfiere
seriamente con el derecho de los sindicatos a elegir libremente a sus representantes, consagrado en el artículo 3 delConvenio. Las disposiciones que autorizan a la suspensión e inhabilitación de los dirigentes sindicales de lasautoridades administrativas son incompatibles con el Convenio. La Comisión recuerda además que sólo la condena
por delitos cuya naturaleza comprometa la actitud o la integridad necesarias para el ejercicio de las funciones
sindicales puede constituir un motivo para la inhabilitación para ocupar esos cargos. La Comisión reitera, enconsecuencia, su solicitud al Gobierno para que adopte medidas para modificar el artículo 23, 1), de manera que segarantice que el funcionario encargado del registro sólo pueda excluir o suspender a un dirigente sindical como
resultado de una actuación judicial y únicamente por razones que se ajusten a los principios antes mencionados.
–Artículo 31, 1), de la LUA (empleo en la ocupación correspondiente como condición de elegibilidad). La Comisión
toma nota de que el Gobierno señala que se ha puesto en contacto con los sindicatos a fin de expresar sus puntos devista sobre esta cuestión. La Comisión saluda las consultas sobre este asunto y pide al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para modificar el artículo 31, 1), en conjunción con estas consultas, a efectos de introducir cierta
flexibilidad, ya sea admitiendo candidatos al cargo de dirigente sindical a personas que hayan sido previamente
empleadas en la ocupación correspondiente, ya sea eximiendo de este requisito a una proporción razonable de losdirigentes de una organización sindical.
–
Artículo 33 de la LUA (reglamentación excesiva de la asamblea general anual de una organización por parte delfuncionario del registro; la infracción de esta disposición será sancionable en virtud del artículo 23, 1)). La Comisión
toma nota de que el Gobierno señala que se están tomando medidas para poner el artículo 33 de la LUA en
conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión saluda el compromiso del Gobierno para afrontar esta
cuestión y pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para derogar el artículo 33 aefectos de garantizar el derecho de las organizaciones sindicales a organizar su administración.
–
Artículo 29, 2), de la LDASA (la responsabilidad por declarar ilegal una huelga corresponde al Gobierno). La
Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la responsabilidad de declarar ilegal una huelga reside en el
funcionario responsable de las cuestiones laborales, que es un funcionario del Gobierno, y que, por tanto, cualquier
medida adoptada por dicho funcionario es una acción gubernamental. La Comisión recuerda una vez más que laresponsabilidad por declarar ilegal una huelga no debería residir en el Gobierno, sino en un órgano independiente
que tenga la confianza de las partes interesadas. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias
para modificar el artículo correspondiente de la ley en cumplimiento de lo dispuesto en este principio.
En relación con el anexo 2 de la LDASA (lista de servicios esenciales), la Comisión toma nota de que el Consejo
Consultivo del Trabajo, que fue designado en octubre de 2015, se ocupará de la armonización de la lista de servicios
esenciales que contiene la LDASA con la lista que figura en la Ley de Servicio Público de 2008 (mecanismo para la
163

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

negociación, la consulta y la resolución de conflictos). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información
sobre toda evolución al respecto.
Por último, la Comisión toma nota del reglamento sobre arbitraje y resolución de conflictos laborales (mediación yconciliación), de 2012, que el Gobierno adjunta a su memoria, y toma nota con interés de que el artículo 18 de dicho
reglamento establece un procedimiento expeditivo en el caso de conflictos que impliquen a servicios esenciales.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI), de 2013, sobre las dificultades de la negociación colectiva en el sector educativo. La Comisión toma nota de que
según la información comunicada en la memoria del Gobierno, las cuestiones planteadas por la CSI se resolvieron a travésde diálogos y discusiones entre el grupo de trabajo interministerial y el Sindicato Nacional de Docentes de Uganda(UNATU).
La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, recibidas el 31 de agosto de 2014. La Comisión pide al
Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto, así como sobre las observaciones de la Organización Nacionalde Sindicatos de Uganda (NOTU), de 2012 (sobre las prácticas de discriminación antisindical y la necesidad de un
documento de reconocimiento expedido por los empleadores para poder participar en la negociación colectiva).
Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, habiendo pedido
al Gobierno que adopte medidas para reconocer el derecho de la negociación colectiva de todos los empleados y
funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado, la Comisión tomó nota con interés de la Ley sobre laAdministración Pública de 2008 (mecanismos de negociación, consultas y solución de conflictos), así como de la
indicación del Gobierno, según la cual: i) la ley fue promulgada para que los funcionarios públicos puedan negociar sus
condiciones de trabajo; ii) tras la firma por el Gobierno de los acuerdos de reconocimiento mutuo con los diez sindicatosde la administración pública registrados, el consejo consultivo de negociación en la administración pública, que negocia
con el Gobierno en nombre de los empleados públicos, pasó a ser operativo, y iii) se estaban elaborando directrices para
ayudar a los ministerios y a los gobiernos locales a formar estructuras para la negociación colectiva en su nivel. La
Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno sólo indica que se elaboraron las mencionadas directrices. La
Comisión pide una vez más al Gobierno que se garantice la efectiva aplicación en la práctica de los derechos denegociación colectiva acordados por la ley en la administración pública cuanto menos a los empleados y funcionarios
públicos no adscritos a la administración del Estado. También pide al Gobierno que transmita una copia de lasdirectrices emitidas a este respecto y que comunique información sobre el número de convenios colectivos concluidos
en la administración pública, y el número de trabajadores comprendidos.
Además, la Comisión recuerda sus comentarios anteriores sobre las siguientes disposiciones de la Ley sobre losSindicatos de 2006 (LUA) y de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y resolución de conflictos) de 2006 (LDASA):–el artículo 7 de la LUA (los fines legales para los cuales pueden establecerse federaciones de sindicatos no incluyen
la negociación colectiva). Habida cuenta de que el Gobierno no transmite información a este respecto, la Comisión
recuerda que el derecho a la negociación colectiva también debe garantizarse a las federaciones y confederaciones desindicatos. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que confirme si se garantiza el derecho de las federaciones desindicatos a negociar colectivamente, en la LUA o en otra legislación; y–los artículos 5, 1) y 3), y 27, de la LDASA (remisión por cualquier parte, o a solicitud de cualquier parte, de losconflictos no resueltos al arbitraje obligatorio). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no encuentra
ninguna justificación en los comentarios de la Comisión de por qué estas disposiciones deberían relacionarse
estrictamente con los empleados públicos adscritos a la administración del Estado y con los trabajadores de losservicios esenciales en el sentido estricto del término. En consecuencia, la Comisión reitera que el arbitraje
obligatorio que no está solicitado por las dos partes interesadas sólo puede imponerse en el caso de conflictos en laadministración pública que impliquen a los funcionarios públicos que ejercen una autoridad en nombre del Estado(artículo 6 del Convenio) o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (a saber, aquellos servicios
cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población) y crisis
nacionales agudas. En este sentido, la Comisión recuerda que, fuera de los casos anteriormente mencionados, elarbitraje impuesto por la legislación o a solicitud de sólo una de las partes implicadas en el conflicto está encontradicción con la obligación de promover el pleno desarrollo y utilización de los mecanismos de la negociación
voluntaria, como consagra el artículo 4 del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para enmendar estas disposiciones, con el fin de garantizar que el arbitraje en lassituaciones que no sean las mencionadas anteriormente, sólo puede tener lugar a solicitud de las dos partes
interesadas en el conflicto.

164

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Uruguay
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara deIndustrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) recibidas el 1.º deseptiembre y el 1.º de diciembre de 2015 sobre aspectos tratados en esta observación.
La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de carácter general de la OIE recibidas el 1.º de septiembrede 2015.
Artículo 3 del Convenio. Ocupación del lugar de trabajo y derecho de la dirección de la empresa a penetrar en lamisma en contextos de conflictos laborales. En su memoria, el Gobierno indica que la ocupación del lugar de trabajo,
siguiendo los dictámenes del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión, es una modalidad del derecho de huelga, en
tanto se desarrolle de manera pacífica. El Gobierno destaca que en caso de colisión con los derechos de los no huelguistas
o con la dirección de la empresa, el Poder Judicial opera mediante la competencia residual de los tribunales civiles, que
han construido una jurisprudencia mayoritaria en el sentido de acoger rápidamente, mediante acciones de amparo, el
derecho a trabajar, excediendo los dictámenes de los órganos de control de la OIT, ya que disponen no solamente lapermisión para entrar al local, sino también la desocupación del local de trabajo. El Gobierno indica que en marzo de2015, a pocos días de haber asumido sus funciones, firmó un acuerdo con los representantes del sector trabajador (Plenario
Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)) y del sector empleador (Cámara
Nacional de Comercio y Servicios y Cámara de Industrias del Uruguay) con el objetivo de entablar un diálogo
constructivo sobre los temas señalados en el informe del Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 2699, en
particular en lo que respecta a la Ley núm. 18566 de Negociación Colectiva. El Gobierno indica que, a propuesta de lasorganizaciones de empleadores, se discutirá también el tema de la ocupación de los lugares de trabajo. La Comisión toma
nota con interés de este acuerdo tripartito y del proceso de diálogo que se ha iniciado con el mismo. La Comisión toma
nota que en sus observaciones, la OIE, la CIU y la CNCS indican que, si bien en seguimiento a este acuerdo tripartito se
han realizado dos reuniones y están a la expectativa de los resultados que se obtengan en este ámbito de negociación, no se
han producido avances y persiste el incumplimiento de las normas fundamentales del trabajo. La Comisión toma nota
asimismo de que el Gobierno indica que ha solicitado a la OIT la participación de un experto para coadyuvar en el trabajoprevisto en el ámbito tripartito en los próximos meses.
La Comisión saluda el acuerdo tripartito celebrado entre el Gobierno y los interlocutores sociales en marzo de2015 y espera firmemente que el mismo constituya el inicio de un proceso de diálogo tripartito fructífero en el que,teniendo en cuenta los comentarios del Comité de Libertad Sindical y de esta Comisión sobre la cuestión relativa a laocupación de los lugares de trabajo, se tomen medidas concretas a fin de poner la legislación y la practica en plena
conformidad con el Convenio. Tomando nota con preocupación de que las organizaciones de empleadores indican que
no se han producido avances desde la firma del acuerdo tripartito, la Comisión pide al Gobierno que transmita
informaciones detalladas sobre la evolución del diálogo social y de sus resultados.

La Comisión toma nota de dos observaciones recibidas en marzo y noviembre de 2013, mediante las cuales elSindicato Nacional de Cuidadoras del Uruguay proporciona información en relación con la situación laboral de las
cuidadoras de acogimiento familiar de menores en situación de abandono. El sindicato indica que pese a que las
cuidadoras tienen una relación laboral con el Estado uruguayo ya que prestan servicios para el Instituto de la Niñez y laAdolescencia (INAU), el cual es un organismo público en el Uruguay, el Estado no reconoce el carácter laboral de larelación, desconociendo con ello una serie de derechos básicos de los trabajadores, argumentando que se trata de una
vinculación de carácter voluntario la que une a la «cuidadora» con el Estado. El sindicato destaca que pese a que las
cuidadoras no tienen contrato escrito de trabajo, cuentan con una serie de beneficios de naturaleza laboral tales como elsueldo o retribución; sueldo anual complementario (aguinaldo); prima por antigüedad; están integradas al sistema de salud
y su retribución es gravada para la seguridad social. Sin embargo, no le son reconocidos otros derechos tales comovacación anual paga, y seguro por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En este sentido, el reclamo principal delsindicato es que se regularice la situación laboral de las cuidadoras. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno
de 27 de febrero de 2015 en la que señala que las cuidadoras de alternativa familiar no son funcionarias públicas por nohaber seguido ninguno de los procedimientos legalmente establecidos para el ingreso a la función pública y que por la
naturaleza de las tareas que desarrollan tampoco encuadran en una relación típicamente laboral. La Comisión consideraque, si bien las cuidadoras de acogimiento familiar no tienen contrato escrito de trabajo con el INAU y que no han seguido
ninguno de los procedimientos legalmente establecidos para el ingreso a la función pública, existe entre las cuidadoras y el
INAU un vínculo más o menos estable caracterizado por la prestación de un servicio de cuidado transitorio a niños yadolescentes a cambio de una contribución económica por parte del organismo estatal. La Comisión recuerda que todos
los trabajadores deben poder formar o afiliarse a sindicatos y negociar colectivamente las condiciones en las que realizan
su trabajo. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que, en consulta con el Sindicato Nacional de Cuidadoras del165

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1954)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Uruguay, tome las medidas necesarias a fin de asegurar que los derechos de las cuidadoras estén debidamentegarantizados en el marco de los convenios sobre derechos sindicales ratificados por el Uruguay.
Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE),
la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) recibidas
el 1.º de septiembre y el 1.º de diciembre de 2015 relacionadas principalmente con la ley núm. 18566 de septiembre de2009 (ley que establece los principios y derechos fundamentales del sistema de negociación colectiva). Las organizaciones
de empleadores recuerdan especialmente que, en el marco del caso núm. 2699, el Comité de Libertad Sindical pidió al
Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, tome medidas
para modificar la ley mencionada a efectos de asegurar la plena conformidad con los principios de la negociación
colectiva y los convenios ratificados por el Uruguay en la materia. Las organizaciones de empleadores recuerdan que noha habido modificaciones legislativas pero indican que en marzo de 2015, a iniciativa del nuevo Gobierno, se firmó unacuerdo tripartito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y representantes del sector trabajador (Plenario
Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)) y del sector empleador (CNCS y CIU)
con el objetivo de entablar un diálogo tripartito que permita superar las diferencias con respecto a la ley núm. 18566. La
OIE, la CIU y la CNCS indican asimismo que, si bien se han realizado dos reuniones tripartitas y que están a laexpectativa de los resultados que se obtengan en este ámbito de negociación, no se han producido avances y persiste elincumplimiento de las normas fundamentales del trabajo.
Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. En relación a las observaciones de las organizaciones deempleadores la Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había tomado nota con interés de la decisión delGobierno de enviar al Parlamento Nacional un proyecto de ley para modificar la ley núm. 18566. La Comisión toma nota
de que el Gobierno informa que: i) el Poder Ejecutivo envió el 4 de marzo de 2013 al Parlamento Nacional un proyecto deley que introducía modificaciones a la Ley núm. 18566 sobre Negociación Colectiva pero finalmente dicho proyecto nofue tratado en el Parlamento; ii) en marzo de 2015, a pocos días de haber asumido sus funciones, el Gobierno firmó unacuerdo con los representantes del sector trabajador (PIT-CNT) y del sector empleador (CNCS y CIU) con el objetivo deentablar un diálogo constructivo que permita superar las diferencias con respecto a la ley núm. 18566; iii) en dicho
acuerdo, el Gobierno se comprometió a redactar un nuevo proyecto de ley que modifique la ley núm. 18566; iv) en
seguimiento a este acuerdo se han realizado reuniones tripartitas en las cuales se ha acordado que los temas fundamentales
a resolver son aquellos que se encuentran señalados en el informe del Comité de Libertad Sindical del caso núm. 2699, yv) a propuesta del Gobierno, se incluyó la participación de un consultor externo, quien ha mantenido diversas reuniones
con los representantes de los actores sociales con el objetivo de recabar sus puntos de vista respecto de las eventuales
alternativas que pudiera presentar como conclusión de sus tareas. La Comisión toma nota con interés de este acuerdo
tripartito y del proceso de diálogo que se ha iniciado con el mismo. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno
se refiere a una solicitud de asistencia técnica a la OIT a fin de coadyuvar en el trabajo previsto en el ámbito tripartito en
los próximos meses. Por último, la Comisión toma nota de la información que suministra el Gobierno en relación con lostemas tratados en las reuniones del Consejo Superior Tripartito y en cuanto al estado actual de la negociación colectiva en
los Consejos de Salarios.
La Comisión saluda el acuerdo tripartito firmado en marzo de 2015 y espera firmemente que el mismo constituya
el comienzo de un proceso de diálogo tripartito fructífero en el que, teniendo en cuenta los comentarios formulados por
el Comité de Libertad Sindical y por esta Comisión, se tomen medidas concretas a fin de poner la legislación y lapráctica en plena conformidad con el Convenio. La Comisión insiste en la importancia de que las partes lleguen lo
antes posible a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes, dado que es esencial que las reglas que rigen las relaciones
laborales sean compartidas por los actores sociales. Tomando nota con preocupación de que las organizaciones deempleadores indican que no se han producido avances desde la firma del acuerdo tripartito, la Comisión pide al
Gobierno que informe de manera detallada sobre la evolución del diálogo tripartito que se ha iniciado con respecto a la
Ley núm. 18566 sobre Negociación Colectiva y sobre el proyecto de ley que se elabore al respecto.

UzbekistánConvenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)
Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. La Comisión recuerda que durante algunos años ha estado
pidiendo al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar los artículos 21, 1), 23, 1), 31, 35, 36, 48, 49 y 59
del Código del Trabajo a fin de garantizar que la legislación deje claro que, sólo en ausencia de sindicatos en la empresa,rama o territorio, la autorización de negociar colectivamente puede conferirse a otros órganos representativos elegidos por
los trabajadores. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica, por una parte, que otros órganos
representativos en las empresas no deben interferir en las actividades de los sindicatos en el ejercicio de sus funciones. Sin
embargo, por otra parte, el Gobierno indica que en virtud del Código del Trabajo tanto los sindicatos como otros órganos
representativos de los trabajadores tienen derecho a realizar negociaciones colectivas, y que si existe más de un órgano
representativo de los trabajadores éstos formaran un órgano representativo unificado para realizar negociaciones, ypreparar conjuntamente y concluir un acuerdo colectivo. La Comisión debe recordar de nuevo que la negociación directa

166

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

entre la empresa y sus empleados, eludiendo a organizaciones suficientemente representativas, cuando éstas existen,podría ser perjudicial para el principio de que debería impulsarse y promoverse la negociación entre empleadores yorganizaciones de trabajadores. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que el proyecto de leyde enmiendas y adiciones al Código del Trabajo se ha enviado a la Asamblea Legislativa (Oliy Majlis). La Comisión
entiende que el proyecto de ley no pretende enmendar las disposiciones antes mencionadas que regulan la negociación
colectiva. La Comisión lamenta la falta de progresos a este respecto, y pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas
necesarias para modificar las disposiciones antes mencionadas a fin de garantizar que quede claro que sólo en caso deque no existan sindicatos en la empresa, la rama o el territorio, puede otorgarse la autorización de negociar
colectivamente a otros órganos representativos. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas oprevistas a este respecto.
Conflictos laborales colectivos. La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera los textos legislativos
pertinentes que establecen el procedimiento para la resolución de conflictos laborales colectivos, mencionados en losartículos 33 y 281 del Código del Trabajo. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que estaba
elaborando un proyecto de ley que regularía los conflictos laborales colectivos. Respecto a los conflictos de interés(relacionados con el establecimiento de un convenio colectivo o con la modificación, a través de la negociación colectiva,
de salarios y otras condiciones de trabajo que se establecen en un convenio colectivo existente), la Comisión había
recordado que el arbitraje obligatorio, incluso a través de un procedimiento judicial, cuando las partes no lleguen a un
acuerdo es, de manera general, contrario a los principios de negociación colectiva. En opinión de la Comisión, el arbitraje
obligatorio sólo es aceptable en ciertas circunstancias concretas, a saber: en relación con funcionarios públicos adscritos ala administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido estricto del término y crisis
nacionales agudas. Sin embargo, el arbitraje aceptado por ambas partes (voluntario) siempre es legítimo. La Comisión
recordó que, en todos los casos, antes de imponer el arbitraje es muy deseable que las partes dispongan en todo momentode la oportunidad de negociar colectivamente durante un período de tiempo suficiente con la ayuda de una mediación
independiente. La Comisión toma nota de que el Gobierno no transmite información sobre la adopción de legislación para
regular la solución de los conflictos laborales colectivos. La Comisión espera sinceramente que la legislación para
regular la solución de los conflictos laborales colectivos y, en particular, los conflictos de intereses se adopte pronto yrefleje los principios antes mencionados. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los
progresos alcanzados a este respecto, incluida una copia del proyecto de ley o del texto de la ley, si se adopta antes delpróximo ciclo de presentación de memorias. La Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede solicitar laasistencia técnica de la Oficina.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

República Bolivariana de Venezuela
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de laFederación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 3 deseptiembre de 2015; de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), recibidas el 2 de septiembre de 2015. La
Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre estas observaciones. La Comisión toma también nota
de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), recibidas el 2 de octubre de 2015 y
de la respuesta correspondiente del Gobierno. La Comisión también toma nota de las observaciones adicionales de
FEDECAMARAS, apoyada por la OIE, recibidas el 30 de octubre de 2015, así como de la respuesta del Gobierno a las
mismas. La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en su memoria sobre las observaciones de la OIE y de
FEDECAMARAS de 2014, relativas entre otras cuestiones a la detención durante 12 horas del presidente de laConfederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), Sr. Eduardo Garmendia y al seguimiento y acoso al
expresidente de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig.
La Comisión toma nota de que una queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT alegando
el incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela, presentada por un grupo de delegados empleadores
en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, fue declarada admisible y se encuentra pendiente ante el Consejo deAdministración.
La Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en relación con el caso núm. 2254 — enel que son querellantes la OIE y FEDECAMARAS, así como sobre los casos núms. 3016, 3059 y 3082 presentados pororganizaciones sindicales.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de que en junio de 2015, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo examinó la aplicación del Convenio por la República Bolivariana de Venezuela y formuló lassiguientes conclusiones. La Comisión instó al Gobierno a que: i) dé cumplimiento sin más demoras a las conclusiones de167

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1982)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó la República Bolivariana de Venezuela en enero de 2014 y al plan de acción
que propuso; ii) cese inmediatamente todo acto de injerencia, agresión y estigmatización contra FEDECAMARAS, susorganizaciones afiliadas y sus dirigentes, perpetrados por el Gobierno; iii) ponga fin a la impunidad de los crímenes
cometidos, en particular, contra trabajadores del sector de la construcción, inclusive adoptando un sistema dereclutamiento claro y eficiente; iv) revise la práctica consistente en entregar a las autoridades públicas las listas deafiliados sindicales; v) ponga término a la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales;vi) establezca sin más demoras el diálogo social, a través del establecimiento de una mesa de diálogo tripartito auspiciada
por la OIT, que esté presidida por un presidente independiente que cuente con la confianza de todos los sectores, y que
respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, yvii) presente una memoria detallada a la Comisión de Expertos para su reunión de noviembre-diciembre de 2015.
La Comisión toma nota de que en los informes y conclusiones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de
Aplicación de Normas, al examinar las informaciones del Gobierno, ambos órganos tuvieron en cuenta el informe de laMisión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país del 27 al 31 de enero de 2014 con miras a examinar todos los asuntos
pendientes en relación con el caso núm. 2254 en instancia ante el Comité de Libertad Sindical (relativo a actos deviolencia o de hostigamiento contra dirigentes empleadores, diferencias graves en el diálogo social, incluido en lo que
respecta a la falta de consulta sobre leyes laborales y sociales, promoción de organizaciones paralelas, etc.) y un plan deacción que propuso la Misión en relación con los problemas planteados, el cual fue ratificado por el Consejo deAdministración en su reunión de marzo de 2014. La Comisión observa con preocupación que el examen del curso dado alas conclusiones de ambos órganos y al mencionado plan de acción no ha dado resultados satisfactorios todavía. La
Comisión toma nota de que en sus informes de marzo y junio de 2015, el Comité de Libertad Sindical expresó su profunda
preocupación ante la falta de progreso en relación con sus recomendaciones y de manera muy particular tomó nota denuevos actos de intimidación y de estigmatización alegados por la OIE y FEDECAMARAS, contra esta última y sus
dirigentes, inclusive en abril de 2015. En sus observaciones la OIE y FEDECAMARAS subrayaron que el Gobierno sigue
incumpliendo las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel, de la Comisión y de la Comisión de Aplicaciónde Normas de la Conferencia, formuladas en 2015 y sigue sin concretar el plan de acción elaborado por la mencionada
Misión y ratificado por el Consejo de Administración.
Libertades públicas y derechos sindicales. Actos de violencia e intimidación contra dirigentes empleadores ydirigentes sindicales y contra organizaciones de empleadores. La Comisión saluda, en relación con el secuestro
temporal de los dirigentes empleadores Sres. Ernesto Armando Villasmil, Luis Enrique Villega Civira y Noel VidalÁlvarez Camargo, así como con las lesiones causadas a la Sra. Albis Muñoz expresidenta de FEDECAMARAS en octubre
de 2010, que esta organización informa que se ha condenado a uno de los imputados a catorce años y ocho meses deprisión por secuestro breve homicidio y robo agrupados en grado de sustracción y asociación para delinquir; se trata de
una sentencia por admisión de los hechos por el imputado. La Comisión espera firmemente que se pronunciará en breve
plazo la sentencia relativa al segundo imputado (privado de libertad según el Gobierno) por los delitos en cuestión yqueda a la espera de la misma.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CTV alegando que cuatro años después del asesinato delpresidente de UNETE del estado Barinas, Sr. Tomás Rangel, en abril de 2015 fue asesinado el Sr. Ramón Jiménez,dirigente sindical y resultaron heridos el Sr. José Salazar (sindicalista de UNETE) y el Sr. William Lizardo (presidente dela Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción (FETRACONSTRUCCIÓN afiliada a la CTV)).
La Comisión toma nota de las observaciones de UNETE sobre violencia antisindical, reiterando desde hace años quede enero a septiembre de 2012 se contabilizaron 65 asesinatos de sindicalistas del sector de la construcción, existiendo unalto grado de impunidad según el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Laboral. La Comisión observa
que UNETE no ha facilitado los nombres de estos sindicalistas ni mayores precisiones sobre sus alegatos.
La Comisión toma nota de los comentarios de la OIE y de FEDECAMARAS según los cuales a las acusaciones delas autoridades y la campaña de descrédito contra FEDECAMARAS y sus dirigentes de llevar a cabo una guerra
económica contra el Gobierno, se añaden ahora medidas represivas y privativas de libertad contra una gran cantidad dedirectivos empresariales y dirigentes de organizaciones de empleadores por parte de los servicios de inteligencia delGobierno por acusaciones (en particular, desde septiembre de 2014) de presuntas conductas delictivas de conspiración,
acaparamiento, boicot o intimidación al público, sin el debido proceso y sin derecho de defensa; se citan casos concretos
de dirigentes empleadores que han sido mencionados en conclusiones recientes del Comité de Libertad Sindical; según se
informó algunas de las personas en cuestión se encuentran en prisión. Asimismo, según la OIE y FEDECAMARAS el
Gobierno y particularmente el Presidente de la República han endurecido aún más sus mensajes contra FEDECAMARAS,
acusándolos a través de la prensa y de la televisión de obrar contra el pueblo venezolano (se reproducen en los anexos
enviados por estas organizaciones textos de gran agresividad). La OIE y FEDECAMARAS también alegan que el asesor
de FEDECAMARAS Lara y presidente de la Comisión de Ingenieros del estado de Lara fue detenido por informar de una
posible crisis, encontrándose actualmente procesado.
La Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y de FEDECAMARAS, de julio de 2015, alegando
declaraciones con ataques verbales de gran agresividad por parte del Presidente de la República así como detenciones,
acusaciones y otros actos de intimidación dirigidos a dirigentes empleadores, como la detención el 24 de julio de 2015 delSr. Fray Roca, líder gremial afiliado a FEDECAMARAS, presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines

168

(FEDELIF). La OIE y FEDECAMARAS señalan también que, el 29 de julio de 2015, en un escenario de próximas
elecciones políticas, se dictó una orden judicial tendiente a la expropiación de terrenos y galpones de empresas de la zona
industrial de la Yaguara, afectando a miles de empleados y perjudicando el abastecimiento de 12 000 toneladas dealimentos, invocándose como pretexto de la expropiación la construcción de viviendas de interés social; estiman que ello
es contrario a las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel de 2014 y de los órganos de control de la OIT.
La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales el presidente de la CONINDUSTRIA,
Sr. Eduardo Garmendia (cuya detención durante 12 horas había sido alegada el pasado año) fue citado en la sede delServicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en relación con sus declaraciones a un diario sobre cómo el brote de laenfermedad chinkungunya afectaría a la productividad; no fue detenido y tal como el mismo reconoció, recibió un trato
cortés. En cuanto a otros alegatos de FEDECAMARAS de 2014, el Gobierno niega cualquier seguimiento o acoso al
entonces presidente de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig y pide que se faciliten mayores precisiones y pruebas. La
Comisión pide a la OIE y a FEDECAMARAS que envíen las informaciones adicionales solicitadas por el Gobierno.
En cuanto a los homicidios de sindicalistas, el Gobierno declara que los autores del homicidio de nueve de ellos han
sido condenados a pena privativa de libertad, tres casos se encuentran en fase de juicio oral y público y un caso seencuentra en fase de investigación judicial. En cuanto al caso de los ocho trabajadores de la CIVETCHI, admitieron loshechos que se les imputaban y cumplen pena de cinco años de prisión por los delitos de extorsión por relación especial yasociación. En cuanto a los alegados casos de violencia relativos a los dirigentes empleadores Sres. Noel Álvarez, Luis
Villegas, Ernesto Villasmil y la Sra. Albis Muñoz, el Gobierno reitera que están privados de libertad dos ciudadanos
inculpados por los delitos de secuestro, robo y homicidio frustrado. En cuanto a los ataques verbales contra
FEDECAMARAS por parte de los altos cargos del Estado en medios de comunicación, el Gobierno reitera sus
declaraciones recurrentes sobre acciones de directivos de FEDECAMARAS en el pasado, y añade que a pesar de ello
ningún representante ha sido detenido y que esta organización tiene una larga tradición de opiniones públicas e insultos
contra representantes del Gobierno.
La Comisión destaca la gravedad de las cuestiones planteadas en relación con actos de violencia, ataques verbales delos más altos órganos del Estado y diferentes formas de intimidación (detenciones temporales, procesamientos penales,
expropiaciones contra dirigentes empleadores, así como los actos de violencia que incluyen homicidios contra dirigentes
sindicales y sindicalistas). En estas condiciones recordando que en sus memorias anteriores el Gobierno se habíareferido al homicidio desde 2008 de 13 sindicalistas y dos trabajadores, a la detención de los presuntos autores, asícomo a las conclusiones de una mesa tripartita de trabajo de alto nivel de 2011 sobre la violencia en el sector de laconstrucción, la Comisión toma nota con profunda preocupación de los casos de dos sindicalistas heridos en Barinas,
cuatro años después del homicidio del dirigente sindical, Sr. Tomás Rangel, y pide al Gobierno que informe delseguimiento dado a dicha mesa tripartita así como de los resultados de los procesos judiciales relativos a losmencionados 13 homicidios. Por otra parte, la Comisión invita nuevamente a las organizaciones sindicales que
comuniquen el nombre de los 65 sindicalistas que, según alegan, han sido víctimas de homicidio y el máximo deprecisiones sobre las circunstancias de sus muertes incluido todo indicio de su carácter antisindical. La Comisión pide
al Gobierno que facilite informaciones detalladas sobre los diferentes casos de detenciones, intimidación y otros actos
de interferencias mencionados por las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores, así como sobre
los respectivos procesos. La Comisión señala a la atención del Gobierno el principio de que el ejercicio de los derechos
reconocidos por el convenio a las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo puede realizarse en un clima
exento de violencia, de intimidación y de amenazas de toda índole, en particular, contra personas y organizaciones que
defienden legítimamente los intereses de los empleadores o de los trabajadores en el marco del Convenio.
Observaciones de organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre el diálogo social. La Comisión toma
nota de los alegatos de la OIE y de FEDECAMARAS sobre la falta de diálogo social efectivo con FEDECAMARAS,
organización de empleadores más representativa del país, que se resumen a continuación. Durante los últimos quince años
la habilitación sistemática de la Asamblea Nacional (a través de una «Ley Habilitante») que autoriza al Presidente a dictar
decretos que afectan a los intereses de los empleadores ha quebrado el proceso de consulta con FEDECAMARAS. En
2014, por ejemplo, se dictaron 50 decretos de este tipo, incluidos temas como el despido y el reenganche y el 15 de marzo
de 2015 se volvió a repetir el recurso a una ley habilitante. La OIE y FEDECAMARAS se refieren por otra parte a dos
reuniones muy puntuales de las autoridades con FEDECAMARAS sin que haya habido ni diálogo efectivo ni consulta;
según la OIE y FEDECAMARAS, el Gobierno, invoca además, que una mesa de diálogo tripartito violaría la Constitución
y sigue pretendiendo que FEDECAMARAS se autoexcluye del diálogo. Según esas organizaciones el Gobierno invoca
también los acontecimientos de 2002 a pesar del reconocimiento público del error y las disculpas por FEDECAMARAS.
Añaden que, salvo reuniones puntuales recientes — cuyo resultado se vio descalificado por medidas posteriores por partede las autoridades — las propuestas específicas que ha dirigido FEDECAMARAS a las autoridades para resolver los
problemas económicos de los diferentes sectores económicos, incluidas propuestas sobre la revisión del régimen
cambiario y del control de precios no han sido respondidas. La OIE y FEDECAMARAS afirman que la prueba de lavoluntad de diálogo de FEDECAMARAS, es que su nuevo presidente se reunió con el primer vicepresidente de laAsamblea Nacional el 6 de agosto de 2015 y con los gobernadores de dos estados de la República el 13 y 15 del mismo
mes. No obstante, días después el Presidente de la Asamblea Legislativa descalificó duramente la reunión mantenida en la
Asamblea Legislativa.

169

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

En su última comunicación de fecha 29 de octubre de 2015, FEDECAMARAS informa que en respuesta a una
petición escrita suya, de fecha 5 de octubre de 2015, en relación con la aplicación del Convenio, los procedimientos en
curso ante la OIT y otros problemas que afectan a los empleadores tuvo reuniones con el Ministerio del Poder Popularpara el Proceso Social y Trabajo el 8 y 14 de octubre de 2015. Según FEDECAMARAS, el Ministerio, por su parte,
manifestó su disposición a resolver los casos de calificación de despidos y a realizar algunos avances en el cumplimientode las recomendaciones emitidas por los órganos de control de la OIT, así como también a evaluar algunas propuestas
reglamentarias que pudiera presentar FEDECAMARAS sobre el desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). No obstante, según la OIE y FEDECAMARAS, horas después de lareunión celebrada el 14 de octubre de 2015, el Gobierno nuevamente incumple sus compromisos en materia de consulta,
anunciando unilateralmente un incremento del salario mínimo, una reforma fiscal y cambios en la normativa de fijación deprecios.
La Comisión observa también que de las observaciones de la CTV y UNETE surge que la falta de diálogo social yde consulta se da también en relación con el sector trabajador.
En cuanto al diálogo social, el Gobierno declara que los mecanismos de protección no deben circunscribirse a lasorganizaciones más representativas de trabajadores y patronos en atención al número de afiliados y a la mayor actividad
sindical sino también incluir a todas las gamas de patronos y de trabajadores, mientras que la OIE quiere imponer uncriterio de representatividad basado en que sólo es representativa la que es afiliada a FEDECAMARAS, lo que constituye
un acto de discriminación. El Gobierno añade que en el país se hacen consultas a todos los niveles a través del diálogo
social amplio, participativo, inclusivo y protagónico; además FEDECAMARAS ha utilizado como estrategia política la noasistencia a consultas y mesas de trabajo, pero ello no ha sido obstáculo para que cientos de organizaciones afiliadas a
FEDECAMARAS sí participen en el diálogo social inclusivo, integrándose también a cientos de pequeños y medianos
empresarios; además, la Asamblea Nacional ha impulsado encuentros con empresarios del país para la reactivación
económica; varios dirigentes de FEDECAMARAS se han sentido complacidos por las reuniones de la Conferencia
Económica por la Paz y las mesas de trabajo y las reuniones en el seno de la Asamblea Nacional con las organizaciones detrabajadores y de empleadores. En cuanto a los 50 decretos-leyes del Presidente en el marco de la Ley Habilitante de 2014,
el Gobierno declara que este mecanismo no limita los mecanismos de consulta y diálogo con los distintos sectores
involucrados.
La Comisión toma nota de las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel (2014):
La Misión destaca que el diálogo inclusivo que preconiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es
plenamente compatible con la existencia de órganos tripartitos de diálogo social y que cualquier experiencia negativa en el pasado
en relación con el tripartismo no puede poner en entredicho la aplicación de los convenios de la OIT sobre libertad sindical,
negociación colectiva y diálogo social ni tampoco el aporte que el tripartismo realiza en el conjunto de los Estados Miembros dela OIT.
(…) Recordando, en concordancia con el Comité de Libertad Sindical, la necesidad e importancia de que se constituyanórganos de diálogo social tripartito en el país y observando que no ha habido progresos tangibles al respecto, la Misión considera
esencial que se emprendan de inmediato acciones para generar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones
empresariales y sindicales con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas. La Misión estima necesario que elGobierno elabore un plan de acción, con el establecimiento de etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo que prevea:(…) la constitución de una mesa de diálogo tripartita, con participación de la OIT, que cuente con un presidente
independiente que goce de la confianza de todos los sectores, que respete debidamente en su composición la representatividad delas organizaciones de trabajadores y de empleadores, que se reúna de manera periódica a los efectos de tratar toda cuestión
vinculada con las relaciones profesionales que las partes decidan y que tenga entre sus objetivos principales realizar consultas
sobre toda nueva legislación que se prevé adoptar en temas laborales, sociales y económicos (inclusive en el marco de la Ley
Habilitante). Los criterios de representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen que basarse enprocedimientos objetivos que respeten plenamente los principios establecidos por la OIT. La Misión estima por lo tanto
importante que el Gobierno pueda recurrir a estos efectos a la asistencia técnica de la Oficina;…

La Comisión recuerda que, en sus anteriores comentarios (2014), había tomado nota de que el Gobierno no había
dado curso a las conclusiones de la Misión y las recomendaciones correspondientes del Consejo de Administración y que
no había voluntad para instalar ningún mecanismo tripartito.
La Comisión constata ciertas reuniones puntuales de las autoridades con FEDECAMARAS en 2015 pero destacaque se está muy lejos todavía de un diálogo social sólido y continuo.
La Comisión ya se había expresado en el sentido de la Misión Tripartita de Alto Nivel (2014) sobre la necesidad eimportancia de que se constituyan órganos estructurados de diálogo social tripartito en el país, lo cual es plenamentecompatible con el diálogo inclusivo que preconiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al tiempo
que toma nota de todas las informaciones proporcionadas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que, en
aplicación de la decisión del Consejo de Administración, de marzo de 2014, tome de inmediato las medidas necesarias
para crear la mesa de diálogo tripartita mencionada en el párrafo 54, 2), del informe de la Misión y se asegure de quesu composición respete debidamente la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. A
este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina. A la espera dela creación de dicho órgano, la Comisión pide al Gobierno que someta a consultas sustanciales con las organizaciones
de trabajadores y de empleadores representativas todos los proyectos de ley o de reglamento relativos a temas de su
incumbencia. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto. La Comisión expresa su170preocupación sobre el uso reiterado de leyes de la Asamblea Legislativa que habilita al Presidente de la República a
dictar decretos-leyes en cuestiones laborales, económicas o sociales que afectan a las organizaciones de trabajadores yde empleadores, que en la práctica no dan lugar a consultas con FEDECAMARAS o con organizaciones detrabajadores críticas con la política del Gobierno.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Disposiciones de la legislación contrarias al ejercicio de los derechos sindicales y ala autonomía de las organizaciones. En cuanto a la obligación impuesta a los sindicatos de comunicar la nómina deafiliados al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (artículo 388 de la LOTTT), el Gobierno destaca que ellotiene como objeto garantizar la protección e inmunidad laboral de los sindicalistas que gozan del fuero sindical
especificados en el artículo 419 de la LOTTT. La Comisión considera que este argumento no es convincente ya que dicha
obligación se aplica a todos los afiliados y no sólo a la categoría que menciona el Gobierno e infringe el principio deprivacidad de la afiliación sindical, que sólo debería poder ser comunicada a las autoridades con el consentimiento de losafiliados. La Comisión destaca, en este sentido, que corresponde a los afiliados en los procedimientos administrativos ojudiciales hacer valer su afiliación sindical cuando son objeto de medidas discriminatorias perjudiciales. La Comisión
subraya que esto es particularmente necesario en el contexto de extrema polarización política que existe en el país y que se
expresa en el diferente apoyo de las organizaciones sindicales a las políticas gubernamentales y de manera muy particular
cuando el empleador es un órgano público. Recordando que, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la
Oficina a este respecto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales
representativos, tome las medidas necesarias para revisar el artículo 388 de la LOTTT en el sentido indicado.
En cuanto a la negativa de registro sindical a la mayoría de nuevas organizaciones denunciada por UNETE y lanecesidad de adecuar los estatutos sindicales a exigencias legales arbitrarias (por ejemplo, imponiendo el principio derepresentación proporcional o imponiendo a las organizaciones sindicales atribuciones y finalidades ajenas a su
naturaleza) (artículos 367 y 368 de la LOTTT), el Gobierno declara que esta situación ya existía en la anterior legislación
que no fue cuestionada por la OIT y que la LOTTT fue resultado de una consulta popular en la que participaron distintas
organizaciones sindicales y de patronos que la refrendaron. El Gobierno facilita estadísticas de registro de organizaciones
sindicales (443 por año, habiendo crecido la tasa de afiliación de 6 por ciento en 1998 a 17 por ciento en la actualidad, demanera que hay más de 2 300 000 trabajadores sindicalizados). La Comisión destaca que los artículos 367 y 368 de la
LOTTT infringen el principio de no injerencia de las autoridades en los asuntos internos de las organizaciones sindicales.
La Comisión toma nota con preocupación de las recientes observaciones de UNETE relativas a obstáculos y retrasos
excesivos para el registro de diez organizaciones sindicales (que siguen sin resolverse) así como de los 13 casos
concretos de negativa de registro a los que se refiere UNETE en su última comunicación y pide al Gobierno que envíe
sus comentarios al respecto así como que tome medidas para que en consulta con las organizaciones de trabajadores yde empleadores más representativas se modifiquen los artículos 367 y 368 de la LOTTT.
La Comisión toma nota de que la CTV confirma la pertinencia de los comentarios de la Comisión sobre la injerenciadel Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales que retrasa o impide tales elecciones, como en el casode la Federación de Trabajadores del Estado de Apure (FETRAAPURE) o el de la propia CTV (que, según se denuncia,
no ha recibido desde diciembre de 2013 respuesta de las autoridades de los cambios en sus estatutos sindicales, como
tampoco la han recibido la mayoría de sus organizaciones afiliadas).
En cuanto a la alegada injerencia del Consejo Nacional Electoral, el Gobierno reitera sus anteriores declaraciones
justificando que en los casos en que no se realizaron elecciones sindicales infringiendo la obligación constitucional al
respecto, cuando vence el período de la junta directiva, ésta no puede discutir convenciones colectivas. El Gobierno añade
que el Consejo Nacional Electoral es un poder del Estado autónomo e independiente que vela por el derecho a elegir y a
ser elegido por la participación democrática y protagónica de los trabajadores (contrariamente a lo que ocurría en elpasado) en los procesos electorales sindicales. En cuanto a las razones de la declaración de nulidad del Congreso de laCentral de Trabajadores de Venezuela (CTV) por parte del Consejo Nacional Electoral en 2001, el Gobierno declara que
hubo irregularidades (según el Gobierno, en las actas de la CTV no se reflejaron el número de votos en representación decada uno de los organismos elegidos, se detectaron diferencias en las actas de totalización y proclamación entregadas y
tras las elecciones desapareció el material electoral). La Comisión observa que el Gobierno no responde a los alegatos dela CTV relativos a injerencias en 2013 en la libre redacción de sus estatutos sindicales.
En relación a la autonomía del CNE, la Comisión observa que en otra parte de su memoria el Gobierno atribuye al
Poder Electoral a través de las comisiones creadas (como por ejemplo el CNE) recibir y validar de cada organización
sindical el acta de totalización, adjudicación y escrutinio; el Gobierno niega que los artículos 387, 395, 403 y 410 de la
LOTTT restrinjan la libre elección de los representantes sindicales.
La Comisión recuerda que el CNE sin ser un órgano judicial resuelve los recursos que se le presentan. Reiterando
que las elecciones sindicales son un asunto interno de las organizaciones en el que las autoridades, inclusive el CNE,
no deberían injerirse, la Comisión se remite a sus anteriores recomendaciones y una vez más pide al Gobierno quetome medidas para que: i) las normas vigentes establezcan que sea la autoridad judicial la que decida los recursos
relativos a elecciones sindicales; ii) se elimine el principio de que la mora electoral inhabilita a las organizaciones
sindicales para la negociación colectiva; iii) se elimine la obligación de comunicar al CNE el cronograma electoral, yiv) se elimine la publicación en la Gaceta Electoral de los resultados de las elecciones sindicales como condición para
ser reconocidas.

171

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Adicionalmente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome medidas para revisar las siguientes
disposiciones de la LOTTT que restringen el derecho de las organizaciones sindicales de organizar libremente laelección de sus representantes: i) el artículo 387 que condiciona la elegibilidad de los dirigentes a haber convocado en
plazo a elecciones sindicales cuando eran dirigentes de otra organización sindical; ii) el artículo 395 que prevé que elincumplimiento por parte de los afiliados y afiliadas a los aportes o cuotas sindicales no impedirá el derecho alsufragio; iii) el artículo 403 que impone un sistema de votación que integra en la elección de la junta directiva la forma
uninominal y la representación proporcional, y iv) el artículo 410 que impone la figura del referéndum revocatorio decargos sindicales. La Comisión pide al Gobierno que le informe de toda evolución al respecto.
Artículo 3. Restricciones al derecho de las organizaciones de ejercer libremente sus actividades. En cuanto a lafacultad del Ministerio del Poder Popular en materia del Trabajo, de determinar las actividades esenciales a mantener encaso de huelga cuando las partes no se ponen de acuerdo, el Gobierno declara que dicha decisión es recurrible ante laautoridad judicial. En cuanto al artículo 494 de la LOTTT sobre la designación de los miembros de la junta de arbitraje en
caso de huelga (a efectos de que garanticen los servicios esenciales) por el inspector del trabajo, el Gobierno señala que
esa designación interviene cuando las partes no logran ponerse de acuerdo.
En cuanto a las cuestiones planteadas por UNETE y la Alianza Sindical Independiente (ASI) relativas a la Ley parala Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno declaraque el objeto de estas leyes y de los delitos que contemplan en la protección del pueblo, garantiza el bienestar colectivo yla consolidación económicas del modelo socialista; así se ha podido hacer frente a la guerra económica y empezar aestabilizar la situación económica del país. El Gobierno declara que tales leyes no limitan los derechos de los trabajadores
y que el derecho de huelga está consagrado en la Constitución y en la LOTTT (que además consagra el fuero sindical); lo
que se prohíbe básicamente es el boicot que busca acabar con el proceso productivo de las entidades de trabajo (lo cual noes el caso de la huelga). La Comisión desea destacar que el articulado de las leyes en cuestión es extraordinariamente
amplio por lo que se justificaría plenamente que dichas leyes señalasen expresamente que no se aplicasen a los casos dehuelga. La Comisión señala — como hizo en su anterior observación — el carácter demasiado extenso de las finalidadesde las organizaciones sindicales (y de patronos) contempladas en los artículos 367 y 368 de la LOTTT, las cuales incluyen
numerosas responsabilidades propias de las autoridades públicas. En este sentido, la Comisión pide una vez más al
Gobierno que tome las medidas necesarias para que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y deempleadores representativas, revise los artículos 367 y 368 de la LOTTT en el sentido indicado y que informe de toda
evolución a este respecto.
La Comisión recuerda adicionalmente sus comentarios anteriores sobre la necesidad de que sea una autoridad
judicial o independiente, y no el Ministro del Poder Popular en materia de trabajo la que determine las áreas o actividades
que durante el ejercicio de huelga no pueden ser paralizadas por afectar la producción de bienes y servicios esenciales
cuya paralización cause daños a la población (artículo 484 de la LOTTT) y que el sistema de designación de los miembrosde la junta de arbitraje en caso de huelga en los servicios esenciales debería garantizar la confianza de las partes en elsistema puesto que, en virtud de la legislación vigente, si las partes no se ponen de acuerdo, los miembros de la junta dearbitraje son elegidos por el inspector del trabajo (artículo 494). La Comisión pide al Gobierno que informe de toda
evolución al respecto.
Teniendo en cuenta todos los elementos mencionados en las observaciones de las organizaciones de trabajadores yempleadores y en los comentarios del Gobierno, la Comisión comparte las conclusiones y recomendaciones de laComisión de Aplicación de Normas de la 104.ª reunión de la Conferencia (junio de 2015) y la consideración de lasituación de la aplicación del Convenio por el Comité de Libertad Sindical en relación con el caso núm. 2254 como un
caso extremadamente grave y urgente. La Comisión insta al Gobierno a que concrete sin más demora el plan de acción
propuesto por la Misión Tripartita de Alto Nivel, ratificado por el Consejo de Administración y dé cumplimiento a cadauna de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de junio de 2015. La Comisión espera firmementeque podrá constatar progresos significativos en un futuro próximo a este respecto y también en relación con lasdiferentes peticiones formuladas en esta observación. La Comisión pide al Gobierno que informe al respecto.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de las observaciones relativas a la aplicación del Convenio de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) (recibidas el 1.º de septiembre de 2014), de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela(UNETE) (recibidas el 1.º de septiembre de 2013, 24 de septiembre de 2014 y 2 de octubre de 2015), de la Confederaciónde Trabajadores de Venezuela (CTV) (recibidas el 1.º de septiembre de 2015) y de la Alianza Sindical Independiente(ASI) (recibidas el 30 de agosto de 2014). La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de sus respuestas a las
observaciones de UNETE y de la CTV de 2013.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación e injerencia antisindical. La
Comisión había tomado nota de la adopción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores(LOTTT) (ley núm. 6076 de fecha 7 de mayo de 2012) y estimó que contenía disposiciones que protegen ampliamente a
los trabajadores contra actos de discriminación y de injerencia antisindical con sanciones suficientemente disuasorias. La

172

Comisión toma nota con preocupación de los alegatos de varias organizaciones sindicales relativos a numerosos
dirigentes sindicales o sindicalistas despedidos o en proceso de despido en diferentes sectores, así como otras medidas
perjudiciales. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que para el despido hace falta seguir procedimientos
judiciales y que la inamovilidad legal puede revertirse en caso de justa causa. Teniendo en cuenta el elevado número dedespidos y otras medidas perjudiciales alegadas que afectarían a sindicalistas, la Comisión pide al Gobierno que envíe
informaciones al respecto, así como que se inicie un diálogo tripartito con las organizaciones de trabajadores y deempleadores más representativas sobre la efectividad en la práctica de la protección legal contra los actos dediscriminación antisindical y que facilite informaciones sobre su resultado.
Artículo 4. Negociación libre y voluntaria. La Comisión observa que el artículo 449 de la LOTTT dispone que«la discusión de un proyecto de negociación colectiva se realizará en presencia de un funcionario o una funcionaria deltrabajo, quien presidirá las reuniones». La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: i) esta
disposición ya figuraba en la legislación anterior, la cual no fue cuestionada; ii) la presencia del inspector se realiza comomediador entre las partes y garante de las normas mínimas laborales, y iii) esa disposición permitiría a las partes realizar
reuniones y acordar las negociaciones sin la presencia de un funcionario. La CSI por su parte critica el artículo 449 de la
LOTTT. La Comisión considera que la presencia de funcionarios en la discusión de proyectos de negociación colectiva dalugar a injerencias en las negociaciones entre las partes y es en consecuencia contraria a los principios de negociación
libre y voluntaria y de autonomía de las partes. La Comisión destaca una vez más la importancia de que se modifiqueesta disposición para ponerla en plena conformidad con los principios mencionados y pide al Gobierno que indique lasmedidas tomadas o previstas a este respecto.
Además, la Comisión toma nota de que el artículo 450 relativo al depósito de la convención colectiva dispone que«el inspector o la inspectora del trabajo verificará su conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, aefecto de impartir la homologación». Asimismo, el artículo 451 relativo a la obtención de homologación dispone que «si
el inspector o la inspectora del trabajo lo estimare procedente, en lugar de la homologación, podrá indicar a las partes las
observaciones y recomendaciones que procedan, las cuales deberán ser subsanadas dentro de los quince días hábiles
siguientes». La Comisión recuerda que de manera general subordinar la entrada en vigor de los convenios colectivos
suscritos por las partes a su homologación por las autoridades es contrario a los principios de la negociación colectiva
establecidos en el Convenio núm. 98. La Comisión considera que las disposiciones de esta índole son compatibles con el
Convenio a condición de que el rechazo de la aprobación se limite a aquellos casos en que el convenio colectivo presentevicios de forma o no se ajuste a las normas mínimas establecidas por la legislación del trabajo. La Comisión observa que
mientras que el Gobierno declara en su memoria que la noción de «orden público» en materia de homologación deconvenios colectivos se limita a los casos señalados por la Comisión, la CSI critica los artículos 450 y 451 de la LOTTT.
La Comisión observa asimismo que la organización sindical UNETE declara que la figura de la homologación de laconvención colectiva es un enorme problema para el movimiento sindical porque el Ministerio de Trabajo administra esa
facultad, contraria al Convenio a su antojo; especialmente en las negociaciones en la administración pública; en particulardetiene indefinidamente y demora las convenciones colectivas ya convenidas por las partes, al no acordar lahomologación; y la utiliza, inclusive, para presionar a los trabajadores a aceptar condiciones inferiores a las ya
convenidas. La Comisión toma nota de que muchos casos de retraso en la homologación de convenios colectivos ya hansido resueltos. La Comisión pide al Gobierno que someta al diálogo tripartito la cuestión de la aplicación en la práctica
de los artículos 450 y 451 de la LOTTT con miras a encontrar soluciones en las cuestiones planteadas y que informe al
respecto.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que el artículo 465 relativo a la mediación y al arbitraje dispone, para lanegociación por rama de actividad, que «si no fuera posible la conciliación, el funcionario o funcionaria del trabajo, asolicitud de las partes o de oficio, someterá el conflicto a arbitraje, a menos que las organizaciones sindicales participantes
manifiesten su propósito de ejercer el derecho de huelga». Asimismo, la Comisión toma nota de que el artículo 493
dispone que «en caso que un conflicto sea sometido a arbitraje, se procederá a la constitución de una junta de arbitraje,
formada por tres miembros: uno será escogido por los patronos de una terna presentada por los trabajadores; otro seráescogido por los trabajadores de una terna presentada por los patronos, y el tercero será escogido por mutuo acuerdo; encaso que no hubiese acuerdo para la designación en el término de cinco días continuos, el inspector del trabajo designará alos representantes», lo cual a juicio del Gobierno garantiza una integración de la junta de arbitraje con plena confianza delas partes. La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales el arbitraje de oficio por la autoridad
laboral existía en la anterior legislación y que dicho arbitraje sólo es posible cuando no fuera posible la conciliación entre
las partes y no se ha solicitado la huelga; el Gobierno añade que en aras de garantizar la negociación libre y voluntaria delas partes, ha adoptado como criterio aplicar el arbitraje de oficio sólo por vía excepcional, en aquellos casos donde la
huelga por su extensión, duración o por otras circunstancias graves que pongan en peligro inmediato la vida o la seguridad
de la población o de una parte de ella, todo ello en perfecta consonancia con los fines constitucionales esenciales delEstado venezolano. La Comisión recuerda que el arbitraje ordenado por las autoridades sólo es aceptable en relación con
funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido
estricto del término y crisis nacionales agudas, y estima que la designación de los integrantes de la junta de arbitraje por elinspector del trabajo no garantiza la confianza de las partes en la junta establecida. La Comisión observa que los criterios
mencionados por el Gobierno, incluido el de la excepcionalidad del arbitraje obligatorio coinciden en gran parte con
los principios antes mencionados pero estima que las declaraciones del Gobierno deberían plasmarse en un texto
173

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

oficial (por ejemplo, un reglamento o una circular). La Comisión pide al Gobierno que en consulta con lasorganizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas tome medidas para la elaboración de un texto
oficial a efectos de suprimir el arbitraje de oficio por las autoridades (salvo en los casos mencionados) y paragarantizar una integración de la junta de arbitraje que cuente con la confianza de las partes.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión recuerda que pidió al Gobierno informaciones estadísticas
acerca de las convenciones colectivas vigentes. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que en 2013 se
firmaron 448 convenciones colectivas (amparando a 1 153 587 trabajadores), 499 en 2014 (amparando a
266 670 trabajadores), y 104 entre enero y julio de 2015 (amparando a 28 771 trabajadores). El Gobierno rechaza un
alegato de la CTV de 2012 según el cual desde hace tres años la gran mayoría de convenciones colectivas en el sector
público se encontraban vencidas en aplicación de la mora electoral (retraso electoral de la junta directiva sindical) ydeclara al respecto que en las últimos tres años se han homologado 120 contratos colectivos en el sector público, así comoque en los casos de mora electoral que impiden a las juntas directivas negociar siguen vigentes las cláusulas de lasconvenciones colectivas anteriores. El Comité observa con preocupación que en sus observaciones sobre la aplicación delConvenio varias organizaciones se han quejado de la intervención del Consejo Nacional Electoral en las elecciones
sindicales (punto tratado en la observación de la Comisión sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y laprotección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)) y que en cierto número de casos esta intervención (o nointervención) ha impedido el ejercicio de la negociación colectiva (según el Gobierno esta situación no afecta al 90 por
ciento de las organizaciones). La Comisión pide al Gobierno que promueva una mesa de diálogo con las organizaciones
sindicales más representativas a efectos de poner término a estas restricciones al derecho de negociación colectiva
derivadas de la decisión de mora electoral por parte de las autoridades.
La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en relación con los
casos núms. 3016 y 3082 examinados respectivamente en las reuniones de dicho Comité de marzo de 2014 y junio de2015, conclusiones que conciernen varios aspectos de la aplicación del Convenio mencionadas en la presente observación.
Por otra parte, la Comisión toma nota con preocupación de los alegatos de la CSI, UNETE, CTV y ASI relativos alincumplimiento de los convenios colectivos vigentes que, según UNETE, son sistemáticos por parte del Gobierno en el
sector público; varias organizaciones ponen de relieve el incumplimiento de numerosas cláusulas del convenio colectivode la principal empresa petrolera del país (un 80 por ciento de las cláusulas según la CSI) y en la industria
químico-farmacéutica; UNETE indica que no se ha podido iniciar la negociación del V Contrato Marco de laAdministración Pública a pesar de que el proyecto fue entregado en 2008. Las organizaciones sindicales destacan además
retrasos excesivos y dilaciones atribuibles a las autoridades en los procesos de negociación colectiva y ASI y la CTV serefieren a casos de negociación con sindicatos minoritarios u oficialistas. La Comisión toma nota de que el Gobierno
declara que muchos casos de retraso en la negociación ya han sido resueltos. La Comisión pide al Gobierno que inicie undiálogo tripartito con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas sobre estas cuestiones yen particular las relativas a retrasos excesivos en la negociación colectiva y al incumplimiento de los convenios
colectivos y la falta de agilidad de los procedimientos administrativos en caso de incumplimiento. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información al respecto.

Yemen
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión también toma nota de que la memoria del gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios
anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de los comentarios de laOrganización Internacional de Empleadores (OIE), de fecha 29 de agosto de 2012, relativos al derecho de huelga que se tratan enel Informe General de la Comisión. La Comisión también toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical
Internacional (CSI) de 31 de julio de 2012, en los que se alega que en el contexto de la insurrección y el conflicto político que
enfrenta el país, solamente existe una organización sindical, y además, la ley no es favorable a las actividades sindicales.
Asimismo, la CSI se refiere a los docentes en huelga que fueron despedidos, los trabajadores de la sanidad en huelga que
resultaron heridos, y los ataques a las oficinas del Sindicato de Periodistas de Yemen. La Comisión pide al Gobierno quetransmita sus observaciones al respecto.
La Ley sobre Sindicatos (2002). La Comisión toma nota de que el Gobierno no hace referencia en su memoria a la Ley
sobre los Sindicatos. En estas circunstancias, la Comisión recuerda sus observaciones anteriores.
Artículo 2 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión indicó que la referencia a la Federación General deSindicatos del Yemen (GFTUY) realizada en los artículos 2 (definición de «Federación General»), 20 y 21, en la que se indicaque «Todos los sindicatos generales establecen una Federación General que lleva por nombre Federación General de Sindicatosdel Yemen» puede dar como resultado el imposibilitar el establecimiento de una segunda federación para representar los interesesde los trabajadores. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había indicado que: 1) nunca ha impuesto prohibición alguna en
relación con las actividades sindicales; 2) la ley no estipula que la afiliación a la GFTUY sea obligatoria y existen muchos otros
sindicatos que no están en la Federación, tales como el Sindicato de Médicos, el Sindicato de Farmacéuticos, los Sindicatos de174

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Profesiones de la Educación, los Sindicatos de Periodistas y el Sindicato de Abogados; 3) no existe ningún monopolio derepresentación debido a que, en el marco del diálogo social, el interlocutor es el sindicato más representativo, y 4) en este
momento, la GFTUY es la asociación más representativa de trabajadores. Tomando nota de que el Gobierno no se refiere a laposibilidad de que los sindicatos generales formen una federación diferente a la GFTUY, la Comisión recuerda que la unificacióndel movimiento sindical impuesta a través de la intervención estatal por medios legislativos va en contra del principio consagrado
en los artículos 2 y 11 del Convenio. En estas circunstancias, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas
necesarias para enmendar la Ley sobre Sindicatos derogando la referencia específica a la GFTUY, a fin de permitir a lostrabajadores y sus organizaciones constituir y afiliarse a la federación que estimen conveniente. La Comisión pide al
Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto.
Además, la Comisión tomó nota de la exclusión del ámbito de la ley de los funcionarios de categorías superiores y de losgabinetes de ministros (artículo 4). La Comisión recordó que los funcionarios de categoría superior han de tener el derecho decrear sus propias organizaciones y que la legislación debería limitar esta categoría a las personas que ejercen altas
responsabilidades de dirección o de definición de políticas (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y negociación
colectiva, párrafo 57) y pidió al Gobierno que indicase si las categorías de trabajadores mencionadas en el artículo 4 de la ley
disfrutan del derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos. La Comisión se ve obligada a reiterar nuevamente su solicitud
antes mencionada.
Artículo 3. En sus anteriores comentarios, la Comisión señaló que el artículo 40, b) dispone que una organización sindical
puede organizar una huelga en coordinación con una organización sindical de nivel superior. La Comisión recordó que una
disposición legislativa que establece que la decisión de un sindicato de primer nivel de llamar a la huelga a nivel regional deba seraprobada por un órgano sindical de más alto nivel no está de conformidad con el derecho de los sindicatos a organizar sus
actividades y a formular sus programas de acción. La Comisión pidió al Gobierno que aclarase si, en virtud del artículo 40, b), se
requiere una autorización de un sindicato de nivel superior para organizar una huelga y, si ese es el caso, que tomase todas lasmedidas necesarias a fin de enmendar la legislación para ponerla de conformidad con el Convenio. La Comisión se ve obligada areiterar nuevamente su solicitud antes mencionada.
El proyecto de Código del Trabajo. La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores tomó nota de que: 1) seestaba debatiendo un proyecto de Código del Trabajo y que algunas de sus disposiciones no estaban en conformidad con el
Convenio; 2) con la participación activa de la OIT, el Gobierno está trabajando a fin de promulgar el nuevo Código del Trabajo, y3) señala que el proyecto de Código ha sido transmitido al Ministerio de Asuntos Jurídicos, posteriormente será sometido por el
Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo al Consejo de Ministros, y después al Parlamento. La Comisión toma nota de que,debido a las circunstancias que imperan en Yemen desde 2011, la Cámara de Representantes no ha realizado reuniones para ladiscusión y aprobación de nueva legislación. La Comisión espera que el proyecto de Código del Trabajo será adoptado en un
futuro próximo y que tendrá en cuenta sus comentarios relativos a la necesidad de adoptar las medidas necesarias paraenmendar o revisar las disposiciones siguientes:–
Artículo 2. La Comisión se refirió a la necesidad de: 1) garantizar que los trabajadores domésticos, la magistratura y elcuerpo diplomático, excluidos del proyecto de Código del Trabajo (artículo 3B, 2) y 4)), puedan disfrutar plenamente de losderechos establecidos en el Convenio; 2) que considere la revisión del artículo 173, 2), del proyecto de Código del Trabajo
a fin de garantizar que los menores de entre 16 y 18 años puedan afiliarse a sindicatos sin autorización de sus padres, ytomó nota con interés de la intención del Gobierno de hacerlo.
–
La necesidad de que los extranjeros titulares de un pasaporte diplomático y los que trabajan en Yemen con visados políticosque están excluidos del ámbito de aplicación del Código, en virtud de su artículo 3B, 6) y amparados por leyes,reglamentos y acuerdos específicos de reciprocidad puedan en la práctica constituir las organizaciones que estimen
conveniente y afiliarse a las mismas.
–
Artículo 3. La necesidad de proporcionar una lista de los servicios esenciales contemplados en el artículo 219, 3), delproyecto de Código, que faculta al Ministro a someter los conflictos al arbitraje obligatorio, que será publicado por elConsejo de Ministros una vez que se haya promulgado el Código del Trabajo.
–
La necesidad de enmendar el artículo 211 del proyecto de Código del Trabajo, que dispone que la notificación de huelga
debe incluir una indicación respecto a su duración para garantizar que un sindicato pueda declarar una huelga durante unplazo indeterminado.
–
Artículos 5 y 6. La necesidad de derogar al artículo 172 del proyecto de Código del Trabajo que parece prohibir elderecho de las organizaciones de trabajadores a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y es incompatible
con el artículo 66 de la Ley sobre los Sindicatos, que garantiza el derecho de afiliación a organizaciones internacionales, yla práctica actual.
La Comisión confía en que la actual reforma legislativa pondrá la legislación nacional en plena conformidad con el
Convenio, de acuerdo con los comentarios antes mencionados, y pide al Gobierno que, en su próxima memoria, informe sobre
toda evolución que se produzca a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta a sus comentarios anteriores. Porconsiguiente, la Comisión se ve obligada a repetir su precedente observación.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección contra las prácticas antisindicales. Tomando nota de que la legislación prevé
una protección adecuada contra la injerencia, la Comisión recuerda que durante varios años ha estado pidiendo al Gobierno que
garantice que la legislación nacional prevea de forma expresa sanciones efectivas y suficientemente disuasorias que aseguren laprotección de las organizaciones de trabajadores frente a los actos de injerencia por parte de los empleadores o de susorganizaciones en las actividades sindicales. La Comisión había tomado nota de que el proceso de elaboración de nuevas
enmiendas legislativas al Código del Trabajo estaba en curso y que el Gobierno se comprometería a incluir disposiciones relativas
a la responsabilidad penal de los empleadores que cometan actos de injerencia en los asuntos sindicales a fin de poner lalegislación de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que tendrá en cuenta su

175

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

observación cuando se realicen las enmiendas a la ley sobre sindicatos y se complete el código penal. La Comisión pidenuevamente al Gobierno que indique los progresos realizados a este respecto y que transmita una copia de los textos
legislativos enmendados a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos cubiertos por el Convenio, tan pronto como sehayan adoptado.
Artículo 4. Denegación del registro de un convenio colectivo sobre la base de la consideración de los «intereses económicosdel país». La Comisión había pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar los artículos 32, 6), y 34, 2), delCódigo del Trabajo, de manera que la negativa a registrar un convenio colectivo sólo sea posible debido a faltas de procedimiento oporque no respeta las normas mínimas establecidas en la legislación del trabajo, pero no sobre la base de la consideración de los«intereses económicos del país». La Comisión había tomado nota de que el Gobierno reiteraba que había adoptado la propuesta de laComisión con respecto a la enmienda del artículo anteriormente mencionado del Código del Trabajo. La Comisión confía en que lasmodificaciones legislativas que pidió en sus observaciones anteriores se reflejen plenamente en la nueva legislación y pidenuevamente al Gobierno que transmita una copia del proyecto del Código del Trabajo tan pronto como esté disponible la versión
final.
Negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación
Sindical Internacional (CSI) en su comunicación de 31 de julio de 2012, según las cuales tanto en el sector público como en el
sector privado no se permite que muchos sindicatos negocien convenios colectivos. La Comisión pide al Gobierno que
comunique sus observaciones al respecto.
En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que facilitara estadísticas sobre el número detrabajadores cubiertos por los convenios colectivos en comparación con el número total de trabajadores del país y había tomado
nota de que el Gobierno señalaba que la información estadística solicitada sobre la negociación colectiva ya estaba disponible ysería enviada en sus próximas memorias. Al tiempo que toma nota de que según el Gobierno en el sector público existen
sindicatos y en el sector privado recientemente se han establecido sindicatos en ciertas instituciones, la Comisión expresa
nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno transmita las estadísticas solicitadas, o al menos la información de la que
disponga, junto con su próxima memoria.
Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique las disposiciones legales que garantizan el derecho denegociación colectiva de los funcionarios públicos que no están al servicio de la administración del Estado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

ZambiaConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI), recibidas en julio de 2012, sobre los alegatos de amenazas e intimidación de los huelguistas en el sector minero. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se autorizan las protestas y las huelgas en la medida en que se adhieran
a las disposiciones de la Ley relativa a las Relaciones Profesionales y Laborales. La Comisión también toma nota de lasobservaciones de la CSI, recibidas el 1.° de septiembre de 2015, que se refieren a los alegatos de despido de trabajadores
en el sector minero por la participación en huelgas. La Comisión pide al Gobierno que comunique más información
sobre los alegatos específicos de la CSI, incluidos los resultados de toda investigación y procedimiento judicial iniciado
en relación con esos asuntos. La Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de laOrganización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.° de septiembre de 2015.
Revisión de la Ley relativa a las Relaciones Profesionales y Laborales (en su forma enmendada por la Ley deRelaciones Profesionales y Laborales (enmienda) de 2008). En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota deque se adoptó la Ley de Relaciones Profesionales y Laborales (enmienda), núm. 8, de 2008 (ILRA), pero no se tuvieron en
cuenta la mayoría de las enmiendas antes propuestas por la Comisión, cuando se revisó la ley. La Comisión toma nota deque el Gobierno indica que en la actualidad revisa todas las leyes laborales y que serán tenidos en cuenta, en esta revisión,
los comentarios de la Comisión relativos a la ILRA. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según
la cual una cuestión anteriormente planteada por la CSI, a saber, que la Administración Fiscal de Zambia (ZRA) utilizó
sistemáticamente tácticas dilatorias para denegar, de manera efectiva, el reconocimiento al Sindicato de Trabajadores deInstituciones Financieras y Trabajadores Asociados de Zambia (ZUFIAW), también se abordará en la revisión en curso delas leyes laborales.
La Comisión recuerda una vez más que deberían adoptarse medidas para armonizar las siguientes disposiciones de la
ILRA con el Convenio:
Artículo 2 del Convenio
El artículo 2, e), que excluye del ámbito de aplicación de la ley y por ende, de las garantías previstas en el Convenio, a lostrabajadores de los servicios penitenciarios, jueces, secretarios judiciales, magistrados y jueces locales y el artículo 2, 2), queotorga al ministro el poder discrecional de excluir a ciertas categorías de trabajadores del ámbito de aplicación de la ley.
El artículo 5, b), que dispone que un empleado sólo puede convertirse en miembro de un sindicato en el sector, comercio,
empresa, establecimiento o industria en el que trabaja, ya que limita la afiliación a un sindicato a los trabajadores de la misma
ocupación o rama de actividad. A este respecto, la Comisión recuerda que estas condiciones pueden aplicarse a organizaciones debase, a condición de que estas organizaciones tengan libertad para constituir organizaciones interprofesionales y afiliarse afederaciones y confederaciones en la forma considerada más apropiada por los trabajadores interesados.

176

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOEl artículo 9, 3), a fin de reducir el período de registro de un sindicato que actualmente es de un máximo de seis meses, lo
cual constituye un grave obstáculo para la constitución de organizaciones y conlleva la denegación del derecho de lostrabajadores a constituir organizaciones sin autorización previa.
Artículo 3
El artículo 7, 3), que permite al Comisionado de Asuntos Laborales prohibir que un dirigente sindical ejerza funciones encualquier sindicato durante un período de un año si, tras la negativa del Comisionado a registrar el sindicato, éste no se disuelve
en seis meses. A este respecto, la Comisión recuerda que un acto cuya naturaleza no pone en cuestión la integridad de la persona
de que se trate y que no es perjudicial para la realización de las funciones sindicales, no debe constituir un motivo dedescalificación para el ejercicio de la función de dirigente sindical.
El artículo 21, 5) y 6), que confiere al Comisionado la facultad de suspender y nombrar un órgano ejecutivo provisional deun sindicato, así como de disolver el órgano y convocar una nueva elección.
Los artículos 18, 1), b) y 43, 1), a), en virtud de los cuales puede impedirse a una persona ejercer funciones de responsable
sindical si anteriormente ejerció el cargo de representante de una organización de empleadores o de trabajadores cuyo registro hasido cancelado, si no puede demostrar al Comisionado que no ha contribuido a las circunstancias que provocaron tal cancelación.
El artículo 78, 4), que limita la duración máxima de una huelga a 14 días, después de lo cual, si el conflicto sigue sin
solución, se remitirá a un tribunal; el artículo 78, 6) a 8), en virtud del cual puede suspenderse una huelga si un tribunal llega a laconclusión de que ésta no se realiza «en interés público»; el artículo 78, 1), en virtud del cual una interpretación del Tribunal de
Relaciones Laborales permite que cada parte pueda llevar un conflicto laboral ante los tribunales; el artículo 107, que prohíbe lahuelga en los servicios esenciales, definidos de forma demasiado amplia, y habilita al Ministro para añadir otros servicios a lalista de servicios esenciales, en consulta con el Consejo Consultivo Tripartito Laboral, y que habilita a los oficiales de policía
para arrestar, sin posibilidad de libertad condicional, a las personas que se considera que han recurrido a la huelga en un servicio
esencial y que impone una multa y hasta seis meses de prisión.

La Comisión espera firmemente que se tengan en cuenta, en la revisión actual de las leyes laborales, loscomentarios que ha venido formulando durante varios años y que se adopten en un futuro próximo las enmiendas,
previas consultas plenas y francas con los interlocutores sociales. La Comisión pide al Gobierno que comuniqueinformación sobre todo progreso realizado a este respecto y espera que las enmiendas a la ley estén de plena
conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión también espera que el asunto relativo al reconocimientodel ZUFIAW por la ZRA sea abordado de manera efectiva en la revisión en curso de las leyes laborales.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional(CSI), recibidas en julio de 2012, que se refieren a alegatos de intimidación antisindical y acoso de trabajadores, así como
represalias contra representantes sindicales y despidos antisindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica
que el acoso antisindical y la intimidación de los trabajadores, así como las represalias contra los representantes sindicales,
están prohibidos. La Comisión también toma nota de las observaciones de la CSI, recibidas el 1.º de septiembre de 2015,
que también se refieren a alegatos de actos de discriminación antisindical, incluyendo el acoso, la intimidación y eldespido por afiliación a un sindicato y participación en huelgas. La Comisión recuerda que los actos de acoso e
intimidación llevados a cabo contra trabajadores o su despido por motivos de afiliación a un sindicato o por realizar
actividades sindicales legítimas violan gravemente los principios de libertad sindical consagrados en el Convenio. La
Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto de esos principios, ypide al Gobierno que proporcione mayor información sobre las cuestiones planteadas por la CSI, incluyendo losresultados de las investigaciones realizadas y los procedimientos judiciales iniciados.
Artículos 1 a 4 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical y promoción de lanegociación colectiva libre y voluntaria. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley sobre
Relaciones Profesionales y Laborales (enmienda), núm. 08, de 2008 (ILRA) había sido adoptada, aunque la mayor partede sus comentarios no se tuvieron en cuenta durante el proceso de revisión de la ley. La Comisión toma nota de que elGobierno indica que está revisando actualmente toda la legislación laboral y que se tendrán en cuenta las enmiendas
propuestas por la Comisión. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores sobre las siguientes disposiciones de la
ILRA:–
El artículo 85, 3), de la ILRA dispone que el tribunal decidirá sobre la cuestión que se le plantee (incluidos losconflictos entre un empleador y un trabajador, así como las cuestiones que afecten a los sindicatos y los derechos denegociación colectiva) dentro de un período de un año a partir del día en el que la queja o la solicitud se le presente.
La Comisión entiende que, en virtud del artículo 85, el tribunal tiene jurisdicción sobre las quejas de discriminación
antisindical e injerencia en los asuntos sindicales y recuerda que en lo que respecta a los alegatos de violación de losderechos sindicales, tanto los órganos administrativos como los jueces competentes deberían estar facultados para
dictar sentencia rápidamente. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para
reducir el período máximo en el que un tribunal debería examinar la cuestión y dictar sentencia correspondiente.
–
El artículo 78, 1), a) y c), y 4), de la ILRA, permite, en ciertos casos a las partes, remitir el conflicto a un tribunal oal arbitraje. La Comisión observa que, en su informe, el Gobierno indica que las disposiciones de la ILRA relativas
al arbitraje atienden a la participación de ambas partes. Al tiempo que toma nota de lo señalado por el Gobierno, laComisión desea señalar que sus comentarios se refieren específicamente al hecho de que las dos partes implicadas en

177

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

el conflicto tengan que solicitar el procedimiento de arbitraje para que sea voluntario. La Comisión recuerda que deacuerdo con el principio de la negociación voluntaria de los convenios colectivos, el arbitraje impuesto por lalegislación o a solicitud de una de las partes sólo es aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos a laadministración del Estado (artículo 6 del Convenio), servicios esenciales en el sentido estricto del término y crisis
nacionales agudas. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que examine la posibilidad de revisar las
disposiciones antes mencionadas a fin de garantizar que fuera de los casos antes mencionados, el arbitraje sólo pueda
realizarse a solicitud de ambas partes en el conflicto.
La Comisión espera firmemente de que los comentarios que ha venido formulando desde hace varios años serán
tomados en cuenta en la actual revisión de la legislación laboral y que las enmiendas necesarias se adopten en un
futuro muy próximo y que sean resultado de consultas plenas y francas con los interlocutores sociales. La Comisión
pide al Gobierno que informe sobre todos los progresos alcanzados a este respecto y espera que las enmiendas a la leyestén de plena conformidad con las disposiciones del Convenio.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Zimbabwe
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2003)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2014 y 1.º de septiembre de 2015, así como de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe(ZCTU), recibidas el 31 de agosto de 2015, así como de la respuesta del Gobierno a las observaciones del ZCTU. La
Comisión también toma nota de las observaciones de carácter general de la Organización Internacional de Empleadores(OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta(queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)
La Comisión recuerda que la comisión de encuesta instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
para examinar la observancia por el Gobierno de este Convenio y del Convenio sobre el derecho de sindicación y denegociación colectiva, 1949 (núm. 98), recomendó que: los textos legislativos pertinentes se pongan en conformidad con
el Convenio y con el Convenio núm. 98; se ponga fin de inmediato a todas las prácticas antisindicales, a saber, ladetención, el encarcelamiento, los actos de violencia, las torturas, la intimidación, el acoso, la injerencia y ladiscriminación antisindicales; las instituciones nacionales continúen el proceso iniciado por la Comisión de Encuesta, detal manera que todas las personas puedan ser entendidas, en particular en lo que concierne a la Comisión de Derechos
Humanos y al Organismo de Reparación y Reconciliación Nacional (ONHR); se garantice que las principales instituciones
y servidores públicos del país reciben formación sobre libertad sindical y negociación colectiva, libertades civiles yderechos humanos; se refuerce el Estado de derecho y el papel que cumplen los tribunales; se fortalezca el diálogo social
en el país, en reconocimiento de la contribución que hace al mantenimiento de la democracia; y continúe la asistencia
técnica que la OIT presta al país.
La Comisión también toma nota del informe de la Misión Técnica de Alto Nivel de la Oficina, que se realizó en
febrero de 2014, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2013
en relación con la aplicación del Convenio por Zimbabwe.
Derechos sindicales y libertades civiles. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que siguiera
proporcionando información sobre las medidas adoptadas para garantizar que la Comisión de Derechos Humanos deZimbabwe y el ONHR contribuían adecuadamente a la defensa de los derechos humanos y sindicales. La Comisión toma
nota de que el Gobierno indica que la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe ya está plenamente establecida y en
funcionamiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 242 de la Constitución. La Comisión pide al Gobierno quetransmita información detallada sobre las actividades de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe en materiade derechos sindicales.
En relación con la solicitud al Gobierno de que tuviera a bien señalar todas las medidas adoptadas para garantizar la
seguridad de la Sra. Hambira, secretaria general de la Unión General de Trabajadores Agrícolas y de las Plantaciones deZimbabwe (GAPWUZ), que supuestamente tuvo que exiliarse después de recibir amenazas por denunciar violaciones
cometidas contra los derechos de los trabajadores agrícolas, en caso de que decidiera regresar al país, la Comisión toma
nota de que el Gobierno ha reiterado sus garantías en relación con la seguridad de la Sra. Hambira de forma satisfactoria
para el ZCTU. Además, la Comisión toma nota de que las últimas observaciones de la CSI y el ZCTU no contienen
nuevos alegatos en relación con la situación de la Sra. Hambira.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de los alegatos presentados por la CSI enrelación con incidentes en los que la policía había obstaculizado la realización de actividades sindicales. Tomando nota dela respuesta del Gobierno en la que hace hincapié en que en 2014 y 2015 el ZCTU pudo llevar a cabo sus actividades, laComisión observa con preocupación que la CSI y el ZCTU alegan nuevamente serias perturbaciones a las actividades178sindicales por el Gobierno, a través de la policía de la República de Zimbabwe. Las organizaciones sindicales se refieren
concretamente a: i) la prohibición de tres marchas regionales del ZCTU el 11 de abril de 2015; ii) la prohibición de una
marcha organizada, el 8 de agosto de 2015, para protestar contra el despido de 20 000 trabajadores como resultado de una
sentencia del Tribunal Supremo; iii) la interrupción por la policía de esa protesta, tras lo cual se arrestó a siete personas,
incluidos el presidente del ZCTU, Sr. George Nkiwane, y su secretario general, Sr. Japhet Mojo, que posteriormente
fueron trasladados fuera del centro de la ciudad; iv) la presencia de vehículos de la policía delante de las oficinas delZCTU entre el 8 y del 13 de agosto, impidiendo que los miembros del sindicato accedieran al edificio, y v) una nueva
prohibición por parte de la policía de una nueva protesta, el 22 de agosto de 2015, contra los despidos masivos
anteriormente mencionados, lo que condujo a la presentación de una petición al Tribunal Superior, el cual ordenó a lapolicía que no obstaculizara la manifestación. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno declara que: i) el
ZCTU ha podido llevar a cabo sus manifestaciones de 11 de abril de 2015, tal como estaba previsto, la policía habiendo
retirado su prohibición inicial relativa a las manifestaciones en dos provincias; ii) las acciones de protesta planteadas paralos días 8 y 22 de agosto de 2015 coincidían con eventos de gran importancia nacional, lo que significa que hubiera sido
imposible para la policía proporcionar el apoyo necesario al ZCTU, y iii) en el futuro, sería más conveniente, sin perjuiciodel derecho de los sindicatos de organizar sus actividades con una libertad razonable, que el ZCTU pudiera acordar con lapolicía posibles fechas para las acciones de protesta.
La Comisión también recuerda que había pedido al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para garantizar que la
Ley sobre Orden Público y Seguridad (POSA) no se utilice para violar los derechos sindicales legítimos, incluido elderecho de las organizaciones de trabajadores a expresar sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno.
La Comisión saludó la preparación de un proyecto de manual sobre libertad sindical y derechos civiles y sobre el papel dela policía y las fuerzas de seguridad del Estado así como de un proyecto de Código de Conducta para los actores estatales
en el mundo del trabajo y había pedido que se le transmitiera información sobre la validación y adopción de los dos
instrumentos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que está previsto que el proyecto de manual se finalice y
adopte en la próxima formación de formadores para policías en materia de normas internacionales del trabajo. Habida
cuenta de los persistentes alegatos de que las actividades sindicales han sido obstaculizadas por la policía y recordando
que el permiso para celebrar reuniones públicas y manifestaciones, el cual es un importante derecho sindical
garantizado por el convenio, no puede ser arbitrariamente denegado, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para la pronta adopción y efectiva implementación del manual y del Código de Conducta
mencionados, a fin de garantizar que la policía y las fuerzas de seguridad siguen unas líneas claras de conducta en materiade derechos humanos y derechos sindicales. La Comisión pide al Gobierno que transmita información a este respecto.
En relación con la recomendación de la comisión de encuesta de que se adoptaran medidas para solucionar todos los
casos pendientes de sindicalistas arrestados en virtud de la POSA, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica quesiguen sin cerrarse dos casos debido a que, a pesar de sus sugerencias, el ZCTU no ha retirado sus recursos
constitucionales. La Comisión confía en que no queden pendientes cargos contra sindicalistas y pide al Gobierno que
proporcione información sobre los resultados de los procedimientos judiciales.
Reforma y armonización de la legislación del trabajo. Siguiendo las recomendaciones de la comisión de encuesta,
la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre los progresos logrados en lo que respecta a poner lalegislación del trabajo y de la administración pública en conformidad con lo dispuesto en la nueva Constitución y en el
Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que: i) en agosto de 2015 se promulgó la
Ley del Trabajo (enmienda) núm. 5; ii) la Ley del Trabajo (enmienda) deroga el artículo 55, e) y f), por el que se limitaba
la administración interna de los sindicatos; iii) el principal objetivo de la ley es abordar cuestiones urgentes en relación
con la sentencia del Tribunal Supremo que legitima la terminación de la relación de trabajo con preaviso; iv) el Gobierno
y los interlocutores sociales continúan, por lo tanto, comprometidos con la finalización del proceso de armonización de lalegislación del trabajo a través del foro tripartito de negociación, y v) en el caso de las enmiendas a la Ley de laAdministración Pública, el fiscal general está elaborando el proyecto de ley. La Comisión también toma nota de que la
CSI y el ZCTU denuncian que: i) la Ley del Trabajo (enmienda) no respeta los 13 principios acordados por losinterlocutores sociales en 2014 a fin de orientar el proceso de armonización de la legislación del trabajo; ii) incumpliendolas recomendaciones de la comisión de encuesta, el Gobierno no ha puesto los artículos 51, 55, 104, 106, 107, 109, 110,112 y 127 de la Ley del Trabajo de conformidad con la Constitución y el Convenio; iii) diversas disposiciones de la Ley
del Trabajo (enmienda) infringen los derechos consagrados en el Convenio, y iv) los otros textos legislativos, incluida la
Ley de la Administración Pública y la Ley sobre Orden Público y Seguridad (POSA), aún no se han puesto deconformidad con la Constitución y el Convenio, a pesar del acuerdo alcanzado en el foro tripartito de negociación paraque se acelere el proceso de armonización legislativa. Al tiempo que toma nota de la respuesta del Gobierno a las
observaciones del ZCTU, la Comisión, recordando las recomendaciones de la comisión de encuesta, pide al Gobierno
que adopte, en consulta con los interlocutores sociales, todas las nuevas medidas necesarias para poner la legislacióndel trabajo y de la administración pública en conformidad con la nueva Constitución y el Convenio. La Comisión
espera poder tomar nota de progresos a este respecto en un futuro próximo.
Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que
estimen convenientes y afiliarse a las mismas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que
adoptara las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de los servicios penitenciarios y correccionales

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Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJOLIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

disfrutan del derecho de sindicación consagrado en el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que:i) los servicios penitenciarios y correccionales son servicios de seguridad con arreglo a la nueva Constitución de
Zimbabwe; ii) el artículo 65 de la Constitución prevé expresamente que los miembros de los servicios de seguridad notienen derecho de sindicación, y iii) por consiguiente, la voluntad del pueblo de Zimbabwe es que el personal de losservicios penitenciarios y correccionales no tenga derecho de sindicación. A este respecto, la Comisión toma nota de que
en virtud del artículo 2 del Convenio, los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas. Las únicas
excepciones a este principio que permite el Convenio se establecen en el artículo 9, 1), con arreglo al cual los Estados
deberán determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente
Convenio. Recordando que los servicios penitenciarios y correccionales no forman parte de las excepciones delartículo 9, 1), del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que losempleados de esos servicios disfrutan del derecho de sindicación. La Comisión también pide al Gobierno que transmita
información a este respecto.
Dificultades para registrar nuevos sindicatos. La Comisión toma nota de que la CSI y el ZCTU alegan que, a pesarde los derechos que otorga la nueva Constitución, el registro de los sindicatos sigue siendo determinado por las
autoridades del registro. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios en respuesta a estos alegatos.
Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar su administración.
Promulgación de la Ley del Trabajo (enmienda) núm. 5, de 2015. La Comisión saluda la derogación por la Ley delTrabajo (enmienda) núm. 5, de 2015, del artículo 55, e) y f), de la Ley del Trabajo que establece limitaciones en relación
con los salarios que pueden pagarse a los empleados de los sindicatos y con las propiedades que pueden comprar estasorganizaciones. Además, la Comisión recuerda que las disposiciones del artículo 55 que, junto con los artículos 28, 2), y54, 2) y 3), confieren al Ministro amplias facultades en materia de regulación de las cuotas sindicales también deberían
modificarse a fin de garantizar que se respeta el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores aorganizar su administración. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar las
disposiciones antes mencionadas y que informe sobre todos los progresos alcanzados a este respecto. Asimismo, laComisión toma nota de que la CSI y el ZCTU denuncian que: i) el nuevo artículo 63, A), de la Ley del Trabajo
introducido a través de la Ley del Trabajo (enmienda) viola el artículo 3 del Convenio al otorgar amplias facultades a las
autoridades de registro y al Ministro de Trabajo para investigar los consejos de empleo (órganos bipartitos) y hacerse
cargo de su dirección si existen sospechas de mala gestión, y ii) el nuevo artículo 120 de la Ley del Trabajo amplia lasfacultades del Ministerio de Trabajo en materia de investigaciones sobre los sindicatos y de nombramiento deadministradores provisionales para que gestionen los asuntos de los sindicatos. Con respecto a la enmienda del artículo 63, A),
del Código del Trabajo, la Comisión toma nota de que el Gobierno declara que las amplias responsabilidades de losconsejos de empleo, que concluyen los convenios colectivos que se aplican a sectores económicos enteros, requieren queestos órganos sean colocados bajo la supervisión del Gobierno central. En lo que respecta a las facultades de investigación
otorgadas al Ministerio de Trabajo por el nuevo artículo 63, A), (aplicable a los consejos de empleo bipartitos) y el
artículo 120, 2) de la Ley del Trabajo (aplicable a las organizaciones de trabajadores y de empleadores) la Comisión
recuerda que: i) en sus comentarios anteriores hizo hincapié en que las facultades discrecionales de las autoridades parallevar a cabo inspecciones y solicitar información en cualquier momento conllevan un riesgo de injerencia en laadministración interna de los sindicatos, y ii) sobre esta base, tanto la Comisión de Encuesta como la Comisión pidieron al
Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 120, 2) de la Ley del Trabajo. La Comisión observa
que el artículo 63, A), otorga facultades similares a las autoridades en relación con los consejos de empleo bipartitas ypide al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar los artículos 63, A) y 120, 2) de la Ley del Trabajo a fin
de garantizar que se respeta plenamente la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
Además, la Comisión observa que tanto el artículo 63, A), de la Ley del Trabajo (aplicable a los consejos de empleo)
como el artículo 120 revisado de la misma ley (aplicable a las organizaciones de trabajadores y de empleadores) prevén
que «a la espera de la decisión del Tribunal del Trabajo sobre la solicitud de nombrar a un administrador, el Ministro
puede nombrar a un administrador provisional que ejercerá todas las facultades que corresponden a un administrador hasta
que su nombramiento sea confirmado por el Tribunal del Trabajo». Recordando que, en virtud del artículo 3 delConvenio, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda injerencia que tienda a limitar el derecho de lasorganizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar su administración, la Comisión señala que sólo debería
realizarse un control externo de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en casos excepcionales, como
resultado de una decisión judicial, y que este control debería ser llevado a cabo por una persona nombrada por las
autoridades judiciales. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias paraenmendar los artículos 63, A) y 120 de la Ley del Trabajo en consecuencia, y que informe sobre todos los progresos
alcanzados a este respecto.
Actividades de formación en relación con el Convenio. Recordando la importancia que la comisión de encuesta
otorga al Estado de derecho y al reforzamiento de la independencia del poder judicial del país, la Comisión toma nota delseminario sobre las normas internacionales del trabajo organizado conjuntamente por la OIT y el Tribunal del Trabajo en
septiembre de 2015.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

180

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)

Seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta(queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)
La Comisión recuerda que la Comisión de Encuesta instituida en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
para examinar la observancia por parte del Gobierno de Zimbabwe del Convenio sobre la libertad sindical y la proteccióndel derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), recomendó que: los textos legislativos pertinentes se pongan en conformidad
con los convenios; se ponga fin de inmediato a todas las prácticas antisindicales, a saber, las detenciones, losencarcelamientos, los actos de violencias, las torturas, la intimidación y el acoso, la injerencia y la discriminación
antisindicales; las instituciones nacionales continúen el proceso iniciado por la Comisión de Encuesta, de tal manera que
todas las personas puedan ser entendidas, en particular en lo que concierne a la Comisión de Derechos Humanos y el
Organismo de Reparación y Reconciliación Nacional (ONHR); se garantice que las principales instituciones y servidores
públicos del país reciban información sobre libertad sindical y negociación colectiva, libertades civiles y derechos
humanos; se refuerce el estado de derecho y el papel que cumplen los tribunales; se fortalezca el diálogo social en el país,en reconocimiento de la contribución que hace al mantenimiento de la democracia; y continúe la asistencia técnica que la
OIT presta al país.
La Comisión también toma nota del informe de la Misión Técnica de Alto Nivel de la Oficina, que se realizó en
febrero de 2014, en seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2013
en relación con la aplicación del Convenio por Zimbabwe.
Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera información estadística sobre el número dequejas relacionadas con discriminación antisindical presentadas ante las autoridades competentes y el número de quejas
examinadas, así como ejemplos de las sentencias judiciales dictadas e información sobre la duración media de losprocedimientos y sobre las sanciones aplicadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) según el artículo
65 de la nueva Constitución que reconoce la libertad sindical, la reparación por actos de discriminación debe buscarse en
los tribunales, y ii) debido a la falta de un sistema de información sobre el mercado de trabajo resulta imposible obtener
estadísticas detalladas sobre los casos de discriminación antisindical. Además, la Comisión toma nota de que: i) loscomentarios del Gobierno sobre las observaciones de 2012 de la CSI y la ZCTU no abordan los alegatos de actos dediscriminación antisindical que figuran en esas comunicaciones; ii) las observaciones de 2014 y 2015 de la CSI y el ZCTU
contienen nuevos alegatos de actos específicos de discriminación antisindical, y en ellas se señala que no existe ninguna
disposición en el estatuto del trabajo que prevea directa y claramente la protección de los representantes sindicales, yiii) en su respuesta a las alegaciones de discriminación antisindical del ZCTU de 2015, el Gobierno pide más informacióna fin de facilitar las investigaciones. Tomando nota con preocupación de la falta de información concreta en relación
con la protección otorgada en la práctica a los trabajadores objeto de discriminación antisindical, la Comisión pide al
Gobierno que realice todos los esfuerzos posibles para presentar información detallada a este respecto que responda a
las alegaciones concretas de discriminación antisindical de la CSI y del ZCTU.
Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Reforma y armonización de la legislación del trabajo. En
seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, la Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera
información sobre los progresos alcanzados en lo que respecta a poner la legislación del trabajo y de la administración
pública en conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala: i) que elartículo 65 de la Constitución adoptado en mayo de 2013 garantiza los derechos de negociación colectiva a todos los
trabajadores; ii) el Gobierno y los interlocutores sociales participan a través del Foro de negociación colectiva (TNF) en laarmonización de la legislación del trabajo con el Convenio y la Constitución; iii) si bien la Ley del Trabajo (enmienda)
núm. 5, se promulgó en agosto de 2015, el proceso de armonización de la legislación sigue en curso, y iv) tomando nota
de las preocupaciones planteadas por el ZCTU, el Gobierno, en el marco más amplio del proceso de reforma de lalegislación laboral, va a entablar el diálogo con los interlocutores sociales con respecto a ciertas disposiciones de la Ley de
Reforma Laboral. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adicionales adoptadas, en consulta con
los interlocutores sociales, para avanzar en la armonización de la legislación laboral y de la administración pública
con el Convenio.
Alcance de la negociación colectiva. La Comisión toma nota con interés del amplio reconocimiento del derecho denegociación colectiva en el artículo 65 de la Constitución. Sin embargo, también toma nota de que, a pesar de las claras
disposiciones que contiene la Constitución a este respecto, la CSI y el ZTCU alegan que los funcionarios públicos aún nodisfrutan del derecho de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que informe de las medidas adoptadas,tanto en la legislación como en la práctica, para garantizar que los funcionarios públicos que no trabajan en laadministración del Estado disfrutan efectivamente del derecho de negociación colectiva. A este respecto, la Comisión
recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina.

181

Libertad sindical, negociación
colectiva y relaciones
de trabajo

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2014 y el 1.º de septiembre de 2015, de las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe(ZTCU), recibidas el 31 de agosto de 2015, así como de los comentarios del Gobierno a las observaciones del ZTCU.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIONES DE TRABAJO

Aprobación previa de los convenios colectivos por las autoridades públicas. La Comisión recuerda que tanto la
Comisión de Encuesta como la Comisión pidieron al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para derogar las
disposiciones de la Ley del Trabajo que someten los convenios colectivos a aprobación ministerial sobre la base de que elacuerdo es o se ha convertido en poco razonable o injusto, teniendo en cuenta los derechos respectivos de las partes. A
este respecto, la Comisión toma nota de que la CSI y el ZCTU alegan que: i) la Ley del Trabajo aún somete los convenios
colectivos a aprobación previa de las autoridades públicas; y ii) el nuevo artículo 79, 2), b), de la ley prevé que lasautoridades públicas pueden negarse a registrar un convenio colectivo si es contrario al «interés público». Tomando nota
con preocupación de la adopción del nuevo artículo 79, 2), b), la Comisión recuerda que las facultades discrecionales delas autoridades de aprobar convenios colectivos son contrarias al principio de negociación colectiva consagrado en el
artículo 4 del Convenio y que los sistemas de aprobación previa sólo son compatibles con el Convenio cuando laaprobación puede ser denegada si el convenio colectivo adolece de un vicio de procedimiento o no se ajusta a las normas
mínimas establecidas en la legislación general del trabajo. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte
las medidas necesarias para derogar el artículo 79, 2), b) y c), de la Ley del Trabajo y que transmita información a este
respecto.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 87 (Angola, Argelia, Argentina, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Comoras, Congo, Croacia,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, Haití, Indonesia, Islas Salomón,
Jamaica, Kuwait, Libia, Mauritania, México, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Países Bajos: Aruba, Papua Nueva
Guinea, Perú, Portugal, Reino Unido, Reino Unido: Anguilla, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino,Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Sri Lanka, Suiza, Suriname, Timor-Leste, Togo, Turquía,
Vanuatu); el Convenio núm. 98 (República Centroafricana, Eslovaquia, Eslovenia, España, Filipinas, Islas Salomón,
Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Nigeria, Paraguay, Perú, Reino Unido:
Bermudas, Reino Unido: Islas Vírgenes Británicas, Rumania, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Suriname,
Timor-Leste, Togo, Túnez, Vanuatu); el Convenio núm. 135 (Austria, Burundi, República Checa, República Democrática
del Congo, Dominica, Mongolia, Reino Unido, Santo Tomé y Príncipe, Uruguay); el Convenio núm. 151 (Albania,
España, Santo Tomé y Príncipe); el Convenio núm. 154 (Albania, Belice, Kirguistán, San Marino, Santa Lucía).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 87 (Swazilandia); el Convenio núm. 154 (Bélgica).

182

TRABAJO FORZOSO

AfganistánConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar
opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Durante varios
años, la Comisión se ha estado refiriendo a las siguientes disposiciones del Código Penal, en virtud de las cuales pueden
imponerse penas de reclusión que implican la obligación de trabajar:–
artículos 184, 3), 197, 1), a), y 240 sobre, entre otras cosas, la publicación y la difusión de noticias, información,
declaraciones falsas o por propio interés, tendenciosas o que inciten a la propaganda en relación con los asuntos internosdel país, lo que disminuye el prestigio y la posición del Estado, con fines de perjudicar el interés y los bienes públicos, y–artículo 221, 1), 4) y 5) sobre la persona que crea, establece, organiza o administra una organización en nombre de unpartido, de la sociedad, o de un sindicato o grupo, con el objetivo de perturbar y anular uno de los valores nacionales
básicos y aceptados en las esferas política, social, económica o cultural del Estado, o hacer propaganda para su extensión oatracción, a través de cualquier medio, o que se afilia a tal organización o que establece relaciones, él mismo a través dealguien, con tal organización o con una de sus afiliadas.
La Comisión señaló, refiriéndose a los párrafos 154 y 163 de su Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso, que
el Convenio no prohíbe castigar mediante sanciones que conlleven un trabajo obligatorio a las personas que recurren a laviolencia, incitan a ésta o intervienen en los preparativos para actos de violencia. En cambio, las sanciones que entrañan trabajo
obligatorio quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio cuando sancionan la prohibición de la expresión
pacífica de opiniones o manifestar oposición al sistema político, social o económico. Una situación similar se plantea cuando se
prohíben determinadas opiniones políticas, sujetas a sanciones que conllevan trabajo obligatorio, como consecuencia de laprohibición de partidos políticos o de asociaciones. Al notar que el Gobierno indicó que esta cuestión sería examinada, laComisión reitera su esperanza de que las disposiciones penales antes mencionadas se revisarán a la luz del Convenio, a fin degarantizar que no puedan imponerse sanciones que entrañen trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener o expresar
opiniones políticas o ideológicas, y confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno indique las medidas adoptadas oprevistas a tal fin.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Azerbaiyán
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1992)
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Situación vulnerable de los trabajadores migrantes en el sector de laconstrucción, la agricultura y el trabajo doméstico. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de lasobservaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el caso del supuesto tráfico
transnacional de personas sometidas a trata para la explotación laboral en Azerbaiyán que afecta a trabajadores de Bosnia
y Herzegovina, Serbia y de la ex República Yugoslava de Macedonia. Según estos alegatos, en 2009, las presuntas
víctimas respondieron a una oferta de empleo como trabajadores de la construcción en Azerbaiyán por una empresa y, una
vez allí, no se les facilitó ningún permiso legal de trabajo sino únicamente las visas turísticas, por lo que tuvieron que
entregar sus pasaportes a su empleador. Los trabajadores fueron obligados supuestamente a vivir en el lugar de las obras
en construcción, bajo la prohibición de abandonarlo, alojados en condiciones muy deficientes y sujetos a amenazas ysanciones, incluidos castigos físicos. El Gobierno señaló que los trabajadores empleados por la empresa no habían
presentado al Ministerio de Trabajo y Protección Social ninguna queja o comunicación por infracciones de la legislación
laboral y que, en relación con una comunicación transmitida por la ONG Centro de Migraciones de Azerbaiyán, en la que
se denunciaban vulneraciones de los derechos de los trabajadores, la Inspección Nacional del Trabajo emprendió lainvestigación pertinente cuyos resultados no corroboran la veracidad de los alegatos contra la empresa.
La Comisión toma nota de la adopción del Código de Migración, de 2 de julio de 2013 (ley núm. 713-IVQ), según elcual los empleadores no están autorizados a recoger y retener los pasaportes de los trabajadores migrantes y de laspersonas apátridas (artículo 63.6). Además, quienes recojan, retengan o priven a los trabajadores migrantes y personas
apátridas de su pasaporte y documentos de identificación incurrirán en responsabilidades de acuerdo con la legislación
nacional (artículo 82.5). La Comisión toma nota además de la información publicada el 23 de mayo de 2014 por el Grupode expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA), en relación con la aplicación por Azerbaiyán delConvenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. La Comisión toma nota de que el
GRETA ha señalado que el Gobierno debería adoptar medidas adicionales con el fin de posibilitar la migración legal con
fines laborales en el país.

183

Trabajo forzoso

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOLa Comisión toma nota con preocupación de que, según los informes realizados por el GRETA, el Comité deDerechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos parael Examen Periódico Universal y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Azerbaiyán se estáconvirtiendo cada vez más en un país de destino para la trata de trabajadores migrantes con fines de explotación laboral,en particular, en el sector de la construcción, y en menor medida en la agricultura y el trabajo doméstico. Los migrantes
que trabajan en estos sectores afrontan dificultades que los hacen vulnerables a las prácticas ilícitas de empleo y lasformas graves de abuso (documentos E/C.12/AZE/CO/3, A/HRC/WG.6/16/AZE/3 y CRI(2011)19). La Comisión toma
nota de que, tal como señala el GRETA en su informe, el Gobierno reconoció que la explotación laboral puede convertirse
en un problema con el aumento de trabajadores migrantes y el auge del sector de la construcción, en particular en el marco
de los primeros Juegos Europeos que se celebraron en Bakú en 2015.
En este sentido, la Comisión reitera la importancia de adoptar medidas efectivas para garantizar que los mecanismosde empleo de los trabajadores migrantes no ponen a éstos en una situación de mayor vulnerabilidad, en particular cuando
se ven sometidos a prácticas abusivas por parte del empleador como la retención de sus pasaportes, la privación delibertad, las demoras en el pago de sus salarios, la remuneración insuficiente o los abusos físicos y sexuales, ya que tales
prácticas podrían provocar que su empleo se transforme en situaciones que pueden asimilarse al trabajo forzoso. Porconsiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores
migrantes están plenamente protegidos contra las prácticas abusivas y las condiciones que podrían ser equivalentes ala exacción de trabajo forzoso, incluida la trata de personas, en particular, en sectores de riesgo como la construcción,la agricultura y el trabajo doméstico. La Comisión asimismo insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas
inmediatas y efectivas para garantizar que las quejas del trabajo forzoso a los trabajadores migrantes sean investigadas
concienzudamente y enjuiciadas con rapidez, y que se impongan sanciones efectivas y disuasorias a los culpables. La
Comisión ruega al Gobierno que suministre información sobre el número de investigaciones realizadas,
procesamientos incoados y condenas impuestas en relación con casos de explotación de trabajadores migrantes que
conllevan trabajo forzoso, así como sobre el número de sanciones aplicadas por estos delitos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 2000)
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan trabajo obligatorio como castigo por la expresión deopiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus
observaciones anteriores, la Comisión llamó la atención del Gobierno sobre varias disposiciones del Código Penal que
establecen la aplicación de sanciones que implican trabajo obligatorio, de conformidad con el artículo 95 del Código sobre
la Ejecución de Sentencias, cuya formulación es suficientemente amplia para prestarse a ser aplicado como método decastigo por expresar opiniones o puntos de vista opuestos al sistema político, social o económico establecido. En
consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que suministre información sobre la aplicación de los siguientes artículosdel Código Penal:–
artículo 147, que establece que la difamación, definida como «la difusión, mediante declaración pública […] o a
través de los medios de comunicación de información falsa que desacredita el honor y la dignidad de una persona»,
se castigará con penas de cumplimiento de trabajos penitenciarios o de prisión, que en ambos casos suponen trabajos
obligatorios;–
artículos 169.1 y 233, considerados conjuntamente con los artículos 7 y 8 de la Ley sobre la Libertad de Reunión,
que establecen que «la organización o participación en una reunión pública prohibida» y «la organización deacciones en grupo que atenten contra el orden público», serán castigadas, respectivamente, con la imposición detrabajos penitenciarios o con penas de prisión, que en ambos casos suponen trabajos obligatorios;–
y el artículo 283.1 del Código Penal, que establece que «la exacerbación de la hostilidad de índole racial oreligiosa», será castigada con pena de reclusión con trabajo obligatorio.
La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ofrece ninguna información sobre la aplicación en la
práctica de los artículos del Código Penal a los que nos referimos más arriba y reitera sobre todo la información
suministrada anteriormente a la Oficina. La Comisión se refirió anteriormente a dos sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, dictadas en 2008 y 2010, según las cuales las penas impuestas en razón de lo dispuesto en el
artículo 147 del Código Penal, que implican trabajo obligatorio, constituyen una infracción del artículo 10 delConvenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión. (Fatullayev vs. Azerbaiyán, solicitud
núm. 40984/07, sentencia de 22 de abril de 2010, y Mahmudov y Agazad vs. Azerbaiyán, solicitud núm. 35877/04,
sentencia de 18 de diciembre de 2008). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, como resultado de estas
decisiones, el Tribunal Supremo ha presentado al Parlamento propuestas con el fin de derogar la responsabilidad penal por
difamación, según las cuales a quien incurra en difamación se le deberá imponer únicamente un castigo en forma demulta. La Comisión toma nota de que, tal como destaca el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos en el marco del Examen Periódico Universal, el hecho de que sigan existiendo disposiciones en materia dedifamación en la legislación penal tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión y ha contribuido a la184

autocensura generalizada en el país (documento A/HRC/WG.6/16/AZE/3). Además, la Comisión toma nota de que, si bien
el Gobierno solicitó la asistencia de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) parala redacción de una ley sobre protección contra la difamación, el Gobierno aprobó enmiendas en 2013 para ampliar elámbito de aplicación del artículo 147 del Código Penal. Estas enmiendas introducen la responsabilidad penal por un delito
de difamación cometido «mediante un dispositivo informativo exhibido públicamente en Internet», a pesar delcompromiso del Gobierno de despenalizar la difamación y de la cooperación en marcha con la Comisión de Venecia(CDL-AD(2013)024). La Comisión toma nota de que el primer caso de condena penal por delito de difamación en línea
fue dictada el 14 de agosto de 2013.
Además, la Comisión toma nota de que, el 22 de mayo de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó
una sentencia relativa a un caso de detención por «organizar desordenes públicos» (artículo 233 del Código Penal),
posteriormente sustituida por una acusación más grave de «disturbios públicos» (artículo 220.1 del Código), donde insistió
en que la finalidad real de las medidas impugnadas de prisión consiste en silenciar o castigar a un político de la oposición
por criticar al Gobierno y tratar de difundir lo que, en su opinión, es información auténtica que el Gobierno está tratando
de ocultar (Ilgar Mammadov vs. Azerbaiyán, solicitud núm. 151172/13, sentencia de 22 de mayo de 2014).
En este sentido, la Comisión toma nota de que, tal como han subrayado un número considerable de instituciones yorganismos de las Naciones Unidas y de Europa, en los últimos años ha surgido una creciente tendencia a recurrir a varias
disposiciones del Código Penal como base para el enjuiciamiento de periodistas, blogueros, defensores de los derechos
humanos y otras personas que expresan opiniones críticas bajo acusaciones cuestionables que parecen estar motivadas
políticamente, lo que da lugar a penas de prisión o de trabajos correccionales, que en ambos casos implican trabajos
obligatorios (documento A/HRC/WG.6/16/AZE/3; resolución provisional CM/ResDH(2014)183, adoptada por el Comitéde Ministros del Consejo de Europa el 25 de septiembre de 2014; CommDH (2013)14; CommDH(2015)5). En este
sentido, la Comisión observa que se ha venido recurriendo con frecuencia a disposiciones del Código Penal para lossiguientes delitos, que imponen en todos los casos castigos de trabajos correctivos, privación de libertad o reclusión,
incluidos trabajos forzosos: insultos (artículo 148); malversación (artículo 179.3.2); negocios ilegales (artículo 192);
evasión fiscal (artículo 213); actos de vandalismo (artículo 221); traición al Estado (artículo 274) y abuso de autoridad(artículo 308).
La Comisión toma nota de que, en septiembre de 2015, tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos (ACNUDH) como el Parlamento Europeo, en su resolución de 10 septiembre de 2015, condenaron
firmemente la represión sin precedentes contra la sociedad civil y las voces independientes en Azerbaiyán, a las que se ha
privado de su libertad simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica, asícomo por defender los derechos de los demás, e instaron a las autoridades del Estado a poner fin a las prácticas deenjuiciamiento penal selectivo y a la imposición de penas de reclusión a periodistas, defensores de los derechos humanos
y otras personas que critican al Gobierno (2015/2480(RSP) y comunicado de prensa de ACNUDH, de 8 de septiembre de2015). En este sentido, la Comisión toma nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, junto con varios Relatores Especiales de las Naciones Unidas y el Presidente-relator del Grupo de Trabajo
sobre la detención arbitraria, así como el Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos y la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), señalaron también que están alarmados por la oleadade actos de represión política contra los activistas en represalia por sus actividades legítimas, y condenaron las sentencias
de prisión justificadas por motivos políticos impuestas a la Sra. y al Sr. Yunus, de ocho y siete años y medio,
respectivamente, así como a la Sra. Khadija Ismayilova, de siete años, bajo la acusación, entre otros motivos, de traición al
Estado, creación ilegal de empresas, evasión fiscal, y abuso de cargo político (comunicados de prensa del ACNUDH, de 8
de septiembre de 2015, 20 de agosto de 2015 y 19 de agosto de 2014, comunicados de prensa de la OSCE, de 1.º deseptiembre de 2015 y diciembre de 2014).
Tomando nota con profunda preocupación de toda esta información, la Comisión llama la atención del Gobierno
una vez más sobre el hecho de que las garantías jurídicas al ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión, la libertad
de reunión pacífica, la libertad de asociación, así como la protección contra las detenciones arbitrarias constituyen una
importante salvaguardia contra la imposición de trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones
políticas o ideológicas o como medio de coerción o de educación políticas (Estudio General de 2012 sobre los convenios
fundamentales, párrafo 302). La Comisión, en consecuencia, insta firmemente al Gobierno a adoptar todas las medidas
necesarias en la legislación y en la práctica, con el fin de garantizar que no se imponen sanciones que impliquen
trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas contrarias al sistema establecido, por ejemplo,
mediante la restricción inequívoca del ámbito de aplicación de estas disposiciones a situaciones vinculadas con lautilización de la violencia o la incitación a la violencia, o mediante la derogación de sanciones que impliquen trabajos
obligatorios. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados a este
respecto, así como información sobre las cuestiones tratadas en las sentencias judiciales dictadas en virtud de lasdisposiciones del Código Penal a las que se ha referido anteriormente, señalando las penas impuestas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

185

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

Belarús
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1956)
Artículos 1, 1), 2, 1), y 2, 2), c), del Convenio. Trabajo obligatorio impuesto por la legislación nacional a
determinadas categorías de trabajadores y de personas. La Comisión lamenta tomar nota de que, desde su último
comentario sobre la aplicación del Convenio por el Gobierno, se introdujeron en la legislación nacional varias nuevas
disposiciones, cuya aplicación podría conducir a situaciones equivalentes al trabajo forzoso, lo cual es incompatible con la
obligación de suprimir el uso de trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas, como exige el Convenio. En particular,
la Comisión señala a la atención del Gobierno las siguientes disposiciones que se introdujeron en su legislación nacional.
1. Trabajo obligatorio impuesto a los trabajadores en la industria maderera. La Comisión toma nota de la
adopción del decreto presidencial núm. 9, de 7 de diciembre de 2012, sobre las medidas adicionales para el desarrollo dela industria de la madera, y más especialmente del artículo 1.2, que dispone que un empleado sólo puede terminar su
contrato con el consentimiento del empleador. Como destacó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(CESCR) de la ONU, en sus observaciones finales de diciembre de 2013, el decreto presidencial núm. 9 suprime demanera efectiva el derecho de los trabajadores de la industria maderera a abandonar libremente sus trabajos bajo lasanción de tener que reembolsar sus prestaciones o seguir trabajando hasta que se haya retirado de sus salarios la cuantía
requerida (documento E/C.12/BLR/CO/4-6). La Comisión recuerda que las disposiciones legales que impiden a un
trabajador que ha sido contratado por tiempo indeterminado terminar la relación de empleo dando un preaviso razonable,
tienen por efecto convertir una relación contractual basada en el acuerdo de las partes en un servicio impuesto por la ley yson incompatibles con el Convenio (Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso, párrafo 96).
2. Trabajo obligatorio impuesto a las personas en situaciones socialmente vulnerables.
–
Personas que han trabajado menos de 183 días el año anterior. La Comisión toma nota de la adopción del decreto
presidencial núm. 3, de 2 de abril de 2015, sobre la prevención de la dependencia de la ayuda social, que dispone
que se requiere que los ciudadanos de Belarús, los ciudadanos extranjeros y los apátridas que residan de manera
permanente en Belarús y no hayan trabajado durante al menos 183 días el último año, y que, por tanto, no hayan
pagado los impuestos sobre el trabajo para el mismo período, paguen una tasa especial para financiar los gastos delGobierno. El impago o el pago parcial de tal impuesto está sujeta a una sanción administrativa bajo la forma de una
multa o de una detención administrativa con un servicio comunitario obligatorio (artículos 1, 4 y 14 del decreto). La
Comisión toma nota de que, en sus observaciones relativas a la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical yla protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), recibidos el 31 de agosto de 2015, el Congreso deSindicatos Democráticos de Belarús (BKDP) expresó su preocupación por la utilización de servicios comunitarios
obligatorios en ese sentido. La Comisión toma nota asimismo de que el Relator Especial de la ONU sobre lasituación de los derechos humanos en Belarús, en su informe de abril de 2015, expresó su preocupación acerca delimpacto de tal régimen en las personas vulnerables de la sociedad y su contravención de las normas internacionalesdel trabajo, lo cual puede conducir a un mayor deterioro de las condiciones de empleo y al trabajo forzoso(documento A/HRC/29/43).
–
Personas internadas en «centros médicos de trabajo». La Comisión toma nota de la adopción de la Ley
núm. 104-3, de 4 de enero de 2010, sobre los Procedimientos y Modalidades de Traslado de Ciudadanos a losCentros Médicos de Trabajo y las condiciones de su permanencia, que dispone que los ciudadanos que padecen dealcoholismo crónico, drogadicciones o abuso de sustancias que se enfrentan a cargos administrativos por habercometido violaciones administrativas bajo la influencia de alcohol, estupefacientes y psicotrópicos, tóxicos u otras
sustancias intoxicantes, pueden ser derivados a centros médicos de trabajo como consecuencia de una petición de un
tribunal de justicia presentada por el jefe de asuntos internos (artículos 4 a 7 de la ley). Esas personas son internadas
en centros médicos de trabajo durante un período comprendido entre 12 y 18 meses y con la obligación de trabajar,
de forma que su oposición a trabajar da lugar a un castigo, como un confinamiento solitario de hasta diez días
(artículos 8, 18, 47 y 52 de la ley). La Comisión toma nota de que el CESCR de la ONU, en sus observaciones
finales de diciembre de 2013, expresó su preocupación acerca de que las personas internadas en los llamados«centros médicos de trabajo», están sujetas a un trabajo obligatorio, e instó al Gobierno a que aboliera el trabajo
obligatorio para estas categorías de personas y a que garantizara el pleno respeto en la práctica de sus derechos a un
trabajo libremente elegido o aceptado y a unas condiciones justas y favorables de trabajo (documento
E/C.12/BLR/CO/4-6).
–
Padres privados de la guardia y custodia de sus hijos. La Comisión toma nota de que el decreto presidencial núm.
18, de 24 de noviembre de 2006, sobre las medidas complementarias para la protección estatal de los hijos de«familias disfuncionales», autoriza la retirada de los hijos cuyos padres llevan una «forma de vida inmoral» o son
adictos crónicos al alcohol o a las drogas, o, de alguna otra manera, no pueden cumplir de manera adecuada las
obligaciones de crianza y mantenimiento de sus hijos. Esos padres que están desempleados o que trabajan pero no
pueden pagar una compensación completa al Estado por el mantenimiento de los hijos en instalaciones estatales decuidado de los hijos, están sujetos a una resolución judicial sobre el empleo, con una obligación de trabajar

186

(artículo 9.27 del Código de Delitos Administrativos, y artículo 18.8 del Código de Procedimiento Ejecutivo deDelitos Administrativos). Tal decisión judicial es un motivo de despido de la persona afectada de su lugar de trabajo
anterior (artículo 44, 5), del Código del Trabajo). Los padres que eviten ese trabajo pueden ser penalmente
responsables, en virtud del artículo 174, 2) y 3), del Código Penal, y podrá imponérseles la obligación de prestar unservicio a la comunidad o un trabajo correccional durante un período de hasta dos años, con pena de reclusión dehasta tres años, así como restricciones o privación de la libertad; todas ellas van acompañadas de un trabajo
obligatorio. La Comisión toma nota de que el CESCR de la ONU, en sus observaciones finales de diciembre de2013, expresó su preocupación de que un gran número de hijos de familias socialmente vulnerables estén privados
de su entorno familiar después de que se haya retirado a los padres sus derechos parentales y de que esos padresestén sujetos a un trabajo obligatorio como medida punitiva, al tiempo que se retiene el 70 por ciento de sus salariospara compensar los gastos de crianza de los hijos efectuados por el Estado (documento E/C.12/BLR/CO/4-6).
La Comisión toma nota asimismo de que, en su resolución núm. 29/17, sobre la situación de los derechos humanosen Belarús, adoptada el 26 de junio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su granpreocupación ante las continuas violaciones de los derechos humanos en Belarús, que son de carácter sistémico ysistemático, así como ante las violaciones de los derechos humanos que equivalen a trabajo forzoso (documento
A/HRC/29/RES/29/L.12). La Comisión también toma nota del informe del Relator Especial de la ONU, de abril de 2015,
al que se hizo antes referencia, que indica que el entorno jurídico y administrativo para el ejercicio de los derechos
humanos había sufrido un mayor deterioro, especialmente respecto de las condiciones justas y favorables para el trabajo yla libertad de elección del lugar de trabajo, y recomendó que el Gobierno enmendara o derogara la legislación que vulnere
las normas internacionales del trabajo, con el fin de abolir el trabajo forzoso y el trabajo involuntario (documento
A/HRC/29/43). Por último, la Comisión toma nota de la resolución del Parlamento Europeo, de 10 de septiembre de 2015,
sobre la situación en Belarús, donde hace un llamamiento al Gobierno de Belarús para que respete las recomendaciones
del CESCR de la ONU sobre la abolición de los elementos de trabajo forzoso en el país (documento
P8_TA-PROV(2015)0319). La Comisión toma nota con profunda preocupación de que estas violaciones de los derechos
humanos y laborales se equiparan a un trabajo forzoso en Belarús. Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal de la ONU, de 13 de julio de 2015, según el cual el Gobierno ha apoyado larecomendación de hacer un seguimiento de las recomendaciones del CESCR de la ONU, en relación con laeliminación de todas las formas de trabajo forzoso (documento A/HRC/303), la Comisión insta firmemente al Gobierno
a que adopte todas las medidas necesarias para derogar o enmendar las disposiciones en su legislación nacional quepudieran dar lugar a situaciones equivalentes al trabajo forzoso. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, ensu próxima memoria, información sobre todo progreso realizado a este respecto, más especialmente en relación con el
decreto presidencial núm. 3, de 2 de abril de 2015, sobre la prevención de la dependencia de la ayuda social; el decreto
presidencial núm. 9, de 7 de diciembre de 2012, sobre las medidas adicionales para el desarrollo de la industria de la
madera; la Ley núm. 104-3, de 4 de enero de 2010, sobre los Procedimientos y Modalidades de Traslado de Ciudadanos
a los Centros Médicos de Trabajo y las condiciones de su permanencia; así como el decreto presidencial núm. 18, de
24 de noviembre de 2006, sobre las medidas complementarias para la protección estatal de los hijos de «familias
disfuncionales».
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 105.ª reunión de la Conferencia y que responda
de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1995)
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que implican un trabajo obligatorio como castigo por la expresión deopiniones políticas o la manifestación de una oposición al orden político, social o económico establecido. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la violación de las disposiciones por las que se rige el procedimiento deorganización o celebración de asambleas, reuniones, marchas callejeras, manifestaciones y piquetes, establecido por la Ley
núm. 114-3, de 30 de diciembre de 2007, sobre las Actividades de Masas, será castigada con sanciones de reclusión o delimitación de la libertad para la «organización de acciones grupales que violen el orden público» (artículo 342 del Código
Penal), o con detención administrativa (artículo 23.34, del Código de Delitos Administrativos). La Comisión tomó nota deque, tanto las sanciones de reclusión como las de limitación de la libertad, como prevé el artículo 342 del Código Penal,
implican un trabajo obligatorio (artículos 50, 1), y 98, 1), del Código de Ejecución Penal). La Comisión expresó laesperanza de que se adopten medidas para enmendar el artículo 342 del Código Penal, a efectos de garantizar que nopuedan imponerse sanciones que impliquen un trabajo obligatorio por la expresión de opiniones políticas.
La Comisión toma nota de la reiterada indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el artículo 15 de la Ley
sobre Actividades de Masas sanciona la violación de las disposiciones por las que se rige el procedimiento deorganización o celebración de asambleas, reuniones, marchas callejeras, manifestaciones y piquetes, pero no laparticipación en esas acciones. La Comisión recuerda que, dado que opiniones y puntos de vista ideológicamente opuestos
al orden establecido se expresan a menudo en varios tipos de reuniones, algunas restricciones y prohibiciones que afectana las reuniones y concentraciones, incluidos varios requisitos procedimentales que limitan la organización y la realización

187

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

de tales eventos, pueden dar lugar a coacciones políticas. En la medida en que estas restricciones y prohibiciones pueden
ser ejecutadas mediante sanciones que impliquen un trabajo obligatorio, son incompatibles con el Convenio. En este
sentido, la Comisión se remite a las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de laConferencia, en junio de 2013, 2014 y 2015, acerca de la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la proteccióndel derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) por el Gobierno, y observa que, en sus conclusiones de junio de 2015, laComisión de Aplicación de Normas de la Conferencia tomó nota de los comentarios formulados por la Comisión deExpertos en relación con los obstáculos al derecho de participar en manifestaciones pacíficas en virtud de la Ley sobre
Actividades de Masas, y expresó su profunda preocupación por el hecho de que, diez años después del informe de laComisión de Encuesta, el Gobierno no haya adoptado medidas para abordar la mayoría de las recomendaciones de laComisión. A este respecto, la Comisión toma nota de que, como destacó el informe de la misión de contactos directos que
visitó el país en enero de 2014, transmitido al Consejo de Administración en marzo de 2014, el Gobierno aún no ha dado
consideración a la recomendación núm. 10, que solicitó el Gobierno para enmendar la Ley sobre Actividades de Masas(documento GB.320/INS/7). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, desde 2010, sólo se ha
impuesto una sentencia judicial en virtud de artículo 342 del Código Penal. Sin embargo, la Comisión destaca con
profunda preocupación que no se ha adoptado ni previsto ninguna medida para enmendar el artículo 342 del Código
Penal para garantizar que no se imponga ninguna sanción que implique un trabajo obligatorio por la expresión deopiniones políticas opuestas al sistema establecido. La Comisión toma nota asimismo de la adopción del artículo 369, 2),
del Código Penal, según el cual una persona sentenciada a detención administrativa por violación de las disposiciones porlas que se rige el procedimiento de organización o la celebración de asambleas, reuniones, marchas callejeras,
manifestaciones y piquetes, como define la Ley sobre Actividades de Masas (en virtud del artículo 18.8 del Código deProcedimiento Ejecutivo de Delitos Administrativos), aquel que cometa la misma violación dentro de un año, puede ser enla actualidad condenado a una pena de reclusión de hasta dos años, que implique un trabajo obligatorio.
La Comisión toma nota asimismo de que algunas otras disposiciones del Código Penal, en virtud de las cuales se
aplican sanciones que implican un trabajo obligatorio, están redactadas en términos suficientemente amplios como paraque se presten a ser aplicadas como medio de castigo por la expresión de opiniones opuestas al orden político, social oeconómico establecido. En este sentido, la Comisión señala a la atención del Gobierno las siguientes disposiciones:–
el artículo 193, 1), del Código Penal, que dispone que las personas que participan en las actividades de grupos noregistrados pueden ser condenadas a penas de reclusión que implican un trabajo obligatorio;–
el artículo 339 del Código Penal, que penaliza el «vandalismo» y el «vandalismo mal intencionado» y que prevé
sanciones de limitación de la libertad, de privación de la libertad o de reclusión, implicando todas un trabajo
obligatorio;–
los artículos 367 y 368 del Código Penal, que disponen que las personas que «difaman al Presidente» o que «insultan
al Presidente», pueden ser sentenciadas a pena privativa de libertad o condenadas a una pena de reclusión,
implicando ambas un trabajo obligatorio.
La Comisión observa que ciertos informes de las Naciones Unidas y de la Unión Europea afirman que los artículos
anteriores del Código Penal son a menudo utilizados por el Gobierno para desalentar las críticas. A este respecto, laComisión toma nota con profunda preocupación de que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) y el
Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, así como el Parlamento Europeo, en
su resolución de 10 de septiembre de 2015, sobre la situación en Belarús, expresaron su profunda preocupación por losnumerosos y bien fundamentados alegatos de actos graves de intimidación, represalias y amenazas contra los defensoresde derechos humanos y los periodistas, así como por los casos de detención arbitraria que implican un trabajo obligatorio
por motivos aparentemente políticos, que incluyen la sospecha de «vandalismo» o de «vandalismo mal intencionado»,
más especialmente en el período que precede inmediatamente a acontecimientos políticos o sociales importantes(documentos CAT/C/BLR/CO/4, A/HRC/26/44, A/HRC/29/43 y P8_TA-PROV(2015)0319). Al tiempo que toma debida
nota de la liberación de seis presos políticos el 22 de agosto de 2015, la Comisión toma nota de que el Gobierno no apoya
ninguna de las recomendaciones formuladas en el marco del examen periódico universal de 13 de julio de 2015 sobre el
examen de los casos de detención de las personas a las que se había privado de su libertad por razones que podrían estar
asociadas con el ejercicio pacífico de los derechos humanos y las libertades (documento A/HRC/30/3).
Tomando nota de que, en su resolución núm. 29/17 sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, adoptada
el 26 de junio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos instó vivamente al Gobierno a que pusiera fin de inmediato alarresto, la detención y el acoso arbitrarios de los defensores de los derechos humanos, de los oponentes políticos y de losperiodistas (documento A/HRC/RES/29/L.12), la Comisión señaló a la atención del Gobierno el hecho de que lasgarantías jurídicas de los derechos de libertad de pensamiento y expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad deasociación, así como la protección contra las detenciones arbitrarias, constituyen una importante salvaguardia contra la
imposición de trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o ideológicas o comomedio de coerción o de educación políticas (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302).
La Comisión insta firmemente al Gobierno a que enmiende o derogue las disposiciones penales a las que se hizo
antes referencia (artículos 193, 1), 339, 342, 367, 368 y 369, 2), del Código Penal), con el fin de garantizar que nopuedan imponerse sanciones que impliquen un trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas

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opuestas al orden establecido, o por la manifestación de una oposición a éste, por ejemplo, limitando claramente elámbito de aplicación de estas disposiciones a situaciones vinculadas con el uso de la violencia o la incitación a laviolencia, o derogando las sanciones que implican un trabajo obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que
comunique, en su próxima memoria, información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

BeliceConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1, c) y d), del Convenio. Sanciones que implican trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina deltrabajo o por haber participado en huelgas. A lo largo de muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 35, 2), dela Ley de Sindicatos, en virtud del cual puede imponerse una pena de reclusión (que implica, en virtud del artículo 66 delreglamento penitenciario, la obligación de trabajar) a toda persona empleada por el Gobierno, por una autoridad municipal o por
un empleador a cargo del suministro de electricidad, agua, servicios ferroviarios, servicios de salud, sanitarios o médicos, oservicios de comunicaciones o cualquier otro servicio que pueda ser considerado servicio público por proclamación delGobernador, en caso de que tal persona rescinda voluntaria y premeditadamente el contrato de trabajo, sabiendo o pudiendosuponer que la probable consecuencia sea ocasionar un daño, un peligro o un grave inconveniente para la comunidad. La
Comisión también ha tomado nota de que en el artículo 2 de la ley núm. 92, sobre la solución de conflictos en los servicios
esenciales, instrumento legal núm. 92, de 1981, se declara que son servicios esenciales el servicio nacional de lucha contra
incendios, el servicio postal, los servicios monetarios y financieros (bancos, tesoro público, autoridad monetaria), los aeropuertos(aviación civil y servicios de seguridad en los aeropuertos) y la autoridad portuaria (pilotos y servicios de seguridad); y por el
instrumento legal núm. 51, de 1988, se declara servicio esencial el régimen de la seguridad social administrado por el Servicio deSeguridad Social.
La Comisión ha recordado al respecto que la imposición de sanciones que impliquen un trabajo obligatorio como castigo
por infringir la disciplina del trabajo o por haber participado en huelgas, es incompatible con el Convenio. Ha tomado nota de que
el artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos, se refiere, no sólo al daño o al peligro, sino también, subsidiariamente, al graveinconveniente para la comunidad y se aplica no sólo a los servicios esenciales, sino también a otros servicios, como la mayoría delos empleos gubernamentales o de la autoridad municipal y la mayoría de los servicios bancarios, postales y de transportes.
El Gobierno indica en su memoria que una de las principales tareas de la recientemente restablecida Junta Consultiva delTrabajo es la revisión de la legislación nacional, y que la Junta ha reagrupado la legislación que se revisa en seis temas, incluidos
los derechos sindicales. El Gobierno también declara que, si bien no se ha aún incluido la legislación sobre los sindicatos, laintención es revisarla, a efectos de ponerla de conformidad con los Convenios internacionales del trabajo, y que se tomará
definitivamente en consideración la preocupación de la Comisión en torno al artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos. Al tomar
debida nota de esta información, la Comisión confía en que se complete en un futuro próximo el proceso de revisión de la Leyde Sindicatos, de modo de garantizar que no pueda imponerse ninguna sanción que implique trabajo obligatorio como castigo
por infringir la disciplina del trabajo o por una participación pacífica en huelgas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

BrasilConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de los comentarios de la Asociación Nacional de los Magistrados del Trabajo(ANAMATRA), recibidos el 16 de noviembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar sus
comentarios al respecto.
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. «Trabajo esclavo». La Comisión se refirió con anterioridad a losresultados obtenidos en la lucha contra el trabajo esclavo, una lacra que azota al Brasil desde hace muchos años, a travésde las acciones llevadas a cabo por instituciones especializadas, como, por ejemplo, la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Esclavo (CONATRAE) o el Grupo Especial de Fiscalización Móvil (GEFM). Señaló asimismo
la función de la justicia del trabajo, que condenó a las personas que se dedicaban a esta explotación a multas y aindemnizaciones sustanciales. La Comisión alentó al Gobierno a que prosiguiera en esta vía, continuando con la adopciónde medidas con el fin de fortalecer el marco legislativo e institucional de lucha contra el trabajo esclavo.
a) Fortalecimiento del marco jurídico. i) Enmienda constitucional. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota con interés de la promulgación, en junio de 2014, de la enmienda constitucional
núm. 81/2014, que da una nueva redacción al artículo 243 de la Constitución, previendo la expropiación de los bienes
rurales o urbanos en los que se hubiese constatado explotación del trabajo esclavo y el destino de estos bienes a la reforma
agraria y a los programas de viviendas sociales. La expropiación se produce sin una indemnización a los propietarios y sin
perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en la ley. La Comisión considera que la adopción de esta enmienda

189

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

constitucional, en discusión en el Parlamento desde hace muchos años, constituye una importante herramienta de lucha
contra el trabajo forzoso, en la medida en que contribuye a afectar a los intereses económicos de aquellos que explotan lamano de obra esclava y a luchar contra la sensación de impunidad. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
comunicar informaciones sobre las decisiones relativas a las expropiaciones que se ordenaron y sobre las medidas
adoptadas para garantizar su ejecución. Sírvase especialmente indicar si los fondos obtenidos de los bienes
expropiados, benefician directamente a los trabajadores que fueron víctimas de trabajo forzoso, contribuyendo así aprevenir una nueva victimización.
ii) Modificación del artículo 149 del Código Penal que incrimina «la reducción de una persona a una condición
análoga a la de esclavo». La Comisión toma nota de que, en el marco de la discusión que desembocó en la adopción dela mencionada enmienda constitucional, ha sido objeto de debate la cuestión relativa a la incriminación del «trabajo
esclavo», prevista en el artículo 149 del Código Penal. En su memoria, el Gobierno precisa que la plena aplicación de lanueva disposición constitucional, depende de la reglamentación por vía legislativa de lo que el legislador entiende por«explotación del trabajo esclavo» a los fines de la expropiación.
Al respecto, la Comisión recuerda que tomó nota con interés de que las modificaciones aportadas en 2003 a laredacción del artículo 149 del Código Penal, se dirigen a adaptar la legislación nacional a las circunstancias nacionales,
gracias a la adopción de disposiciones que describen precisamente los diferentes elementos constitutivos del delito de«reducción de una persona a una condición análoga a la de esclavo». La Comisión toma nota de que están en discusión,tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, algunas proposiciones de ley con la finalidad de modificar el
artículo 149 del Código Penal. En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno no deje de adoptar las medidas
necesarias para asegurarse de que toda nueva redacción del artículo 149 del Código Penal no constituya, en la
práctica, un obstáculo a la acción llevada a cabo por las autoridades competentes para identificar y proteger a lasvíctimas de todas las situaciones relacionadas con el trabajo forzoso y para sancionar rápida y adecuadamente a los
autores de ese delito. Al respecto, la Comisión insta vivamente al Gobierno a consultar a las autoridades que estosúltimos años estuvieran más comprometidas en la lucha contra el «trabajo esclavo», especialmente la Inspección delTrabajo, el Ministerio Público del Trabajo y las jurisdicciones del trabajo, así como el Ministerio Público Federal.
iii) Registro de los empleadores. En cuanto a la lista de las personas físicas o jurídicas declaradas responsables,
por decisión administrativa definitiva, de haber utilizado la mano de obra en condiciones análogas a la esclavitud(conocida con el nombre de «lista sucia»), la Comisión toma nota de que, mediante decisión de 23 de diciembre de 2014,el Tribunal Superior Federal ordenó, con carácter de medida conservadora, la suspensión de la publicación de esta lista por
el Ministerio de Trabajo y Empleo. Esta decisión es el resultado de las acciones judiciales de una asociación de empresas
inmobiliarias que alegan la inconstitucionalidad de la lista, sobre todo en razón de que la existencia y el funcionamiento dela lista deberían ser reglamentados por vía legislativa y no por decreto ministerial. Al respecto, la Comisión toma nota deque, como consecuencia de esta medida conservadora, el Ministerio de Trabajo y Empleo adoptó un nuevo decreto
ministerial (MTE/SEDH 2/2015) que describe, de manera detallada, el proceso de integración y de salida de las entidades
privadas de la lista, así como la manera en que se garantizan los derechos de defensa y el principio de contradicción en elcurso de este proceso. A raíz de este decreto, el Ministerio Público Federal presentó al Tribunal Superior Federal una
solicitud de revisión de su decisión de suspensión.
La Comisión recuerda que, desde 2004, esta lista fue actualizada con regularidad y publicada por el Ministerio deTrabajo y Empleo y que las personas que la integran no pueden gozar de ayudas, subvenciones o créditos públicos. La
Comisión subraya asimismo que esta lista desempeña un papel fundamental, puesto que constituye una herramienta deinformación para el conjunto de la sociedad y también para las empresas que están, así, en mejores condiciones decontrolar y vigilar sus cadenas de abastecimiento. En consecuencia, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a quesiga adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que se publique, de manera regular y transparente, lalista de las personas físicas o jurídicas declaradas responsables de haber utilizado mano de obra en condiciones
análogas a la esclavitud.
b) Fortalecimiento de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que, desde sus primeras visitas deinspección, en mayo de 1995, el Grupo Especial de Fiscalización Móvil (GEFM), liberó a alrededor de
50 000 trabajadores en situación de trabajo esclavo. En 2014, se realizaron 170 visitas de inspección a
284 establecimientos, que permitieron liberar a 1 674 trabajadores. El Gobierno indica que, por primera vez en 2013, elnúmero de trabajadores identificados en situación de trabajo esclavo en el medio urbano, superó al número de losidentificados en el medio rural. En 2014, la construcción civil estaba a la cabeza de la clasificación de los sectores en losque la inspección del trabajo identificó el mayor número de trabajadores en situación de trabajo esclavo, viniendo acontinuación la agricultura y la ganadería. Entre los estados con una mayor incidencia de trabajo esclavo estos últimos
años, se encuentran: Minas Gerais, Espíritu Santo o São Paulo. La Comisión recuerda que, por su composición
interinstitucional (inspectores del trabajo, representantes del Ministerio Público del Trabajo, de la Policía Federal y delMinisterio Público Federal), el GEFM demostró que constituye un eslabón esencial de la lucha contra el trabajo esclavo,
en la medida en que sus visitas de inspección permiten no solamente liberar a los trabajadores en situación de trabajo
forzoso e indemnizarlos, sino también disponer de pruebas que servirán para dar inicio a acciones civiles y penales contra
los autores de estas prácticas. Al respecto, la Comisión toma nota de que, según las informaciones comunicadas por el
Gobierno, el GEFM sólo comprende en la actualidad cuatro equipos responsables de la cuestión relativa al trabajo esclavo,

190

frente a ocho de 2009 y a cinco de 2010. La Comisión confía en que el Gobierno no deje de adoptar todas las medidas
necesarias para dotar al GEFM de medios suficientes, tanto humanos como financieros, para poder llevar a término su
misión en todo el territorio, tanto más cuanto que este último sólo está compuesto en la actualidad de cuatro equipos
que deben participar en el conjunto de los sectores afectados por la lacra del trabajo forzoso.
c) Aplicación de sanciones eficaces. i) Sanciones impuestas por la inspección del trabajo y las jurisdicciones
del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que siguiera apoyando las acciones de lasautoridades del trabajo en la represión del trabajo esclavo (Inspección del Trabajo, Ministerio Público del Trabajo yjurisdicciones del trabajo). El Gobierno recuerda en su memoria el importante papel que desempeña el Ministerio Públicodel Trabajo, que, a través de la acción civil pública, permite la imposición de importantes multas para las violaciones de lalegislación del trabajo y, a través de la acción pública colectiva, la imposición de indemnizaciones para los daños morales
sufridos por los trabajadores, así como para el daño moral colectivo sufrido por la sociedad. Confirma que, en razón de su
elevada cuantía, las indemnizaciones impuestas en el marco de estos procedimientos, se revelaron un instrumento
disuasorio que hace económicamente desventajosa la explotación del trabajo esclavo. Sin embargo, la Comisión observa
que el Gobierno no comunica ninguna información precisa sobre estas acciones judiciales, ni sobre sus resultados. En
consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre las medidas
adoptadas para fortalecer los medios de acción de las autoridades penales y judiciales del trabajo, sobre las multas ylas indemnizaciones impuestas y sobre las medidas adoptadas en lo que atañe a su recaudación efectiva.
ii) Sanciones penales. La Comisión observa que el Gobierno reconoce que la impunidad sigue siendo un grandesafío y que las acciones del Ministerio Público Federal y de la justicia federal, son decisivas en este sentido. Sin
embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna información concreta sobre lasdecisiones dictadas por la justicia federal, única competente en lo que respecta al artículo 149 del Código Penal. No
obstante, la Comisión toma nota de que, según las informaciones disponibles en el sitio del Fiscal General de la República
de que el Plan estratégico de la justicia federal para 2015-2020, adoptado en octubre de 2014, prevé, entre sus prioridades,
el juicio de los asuntos penales relativos a los delitos vinculados con la trata de personas y con la reducción de una persona
a una condición análoga a la de esclavitud. El objetivo es juzgar, hasta finales de 2015, las acciones judiciales transmitidas
a la justicia federal hasta el 31 de diciembre de 2012. A este respecto, la Comisión señala un aumento de losprocedimientos judiciales iniciados con arreglo al artículo 149 del Código Penal, que pasaron de 83, en 2010, a 677, en
2013; en cuanto a las acciones penales, aumentaron de 63, en 2010, a 152, en 2013. La Comisión indica asimismo que, en
2012, se creó un grupo de trabajo sobre la esclavitud moderna, dentro del Ministerio Público Federal, que examina
especialmente la mejora de las líneas directrices de las investigaciones penales, con el objetivo de mejorar la obtención delas pruebas para poder iniciar las acciones judiciales y, si procede, juzgar a los culpables. Al respecto, la Comisión
recuerda que, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, deberán aplicarse estrictamente sanciones penales
realmente eficaces a las personas que hayan impuesto trabajo forzoso. Insiste en la importancia de estas sanciones penales,
que revisten un carácter disuasorio y que son, junto con las sanciones de índole económica, un elemento indispensable dela lucha contra la perpetuación del trabajo forzoso. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas para asegurarse de que sean efectivamente juzgados aquellos
sospechosos de haber impuesto trabajo forzoso y, si son declarados culpables, que se les impongan las sanciones
penales correspondiente al delito cometido.
d) Identificación, protección y reinserción de las víctimas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica quesigue brindando una ayuda de urgencia y una asistencia a mediano plazo a las personas víctimas del trabajo forzoso, para
facilitar su reinserción (prestaciones de desempleo que corresponden a tres salarios mínimos, prioridad de acceso al
programa federal de redistribución de los ingresos, Bolsa Familia). El Gobierno menciona asimismo la cuestión de lacontratación de la mano de obra en el sector rural, subrayando que el sistema público de empleo puede desempeñar un
papel en la prevención del trabajo forzoso, haciendo inoperante la función del intermediario («gato»), y garantizando a lostrabajadores una mayor previsibilidad en lo que respecta a sus derechos. Por último, la Comisión señala que, en agosto de2015, se firmó un acuerdo de cooperación técnica entre varias entidades públicas (Ministerio de Trabajo y Empleo,
Inspección del Trabajo, justicia, ministerio público), en virtud del cual estos últimos se comprometen a establecer una redde protección de los trabajadores liberados para su inserción en el mercado de trabajo formal, a través de la búsqueda deasociados públicos-privados. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobrelas medidas adoptadas para reinsertar a las víctimas del trabajo forzoso y sobre los resultados obtenidos. Sírvase
asimismo comunicar informaciones sobre las acciones emprendidas para sensibilizar a los trabajadores de las regiones
más afectadas por el trabajo forzoso de los riesgos que corren.
Por último, la Comisión recuerda — a la luz de los comentarios anteriores — que, por su complejidad, la lucha
contra el trabajo forzoso, requiere una acción coordinada y concertada de muchas autoridades públicas, así como la
implicación del conjunto de la sociedad civil. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que se sirva comunicar
informaciones sobre las actividades de coordinación de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Esclavo (CONATRAE) y sobre la manera en que ésta evaluó la ejecución de las acciones previstas en el Plan nacionalpara la erradicación del trabajo esclavo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

191

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

BurundiConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas el
26 de noviembre de 2015. Además, la Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Expresa su profunda preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus
comentarios anteriores.
Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. 1. Trabajos de desarrollo comunitario obligatorios. La Comisión tomó nota conanterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto-ley núm. 1/16, de 29 de mayo de 1979, que permite imponertrabajos de desarrollo comunitario obligatorios, so pena de sanciones, fue sustituido por la Ley núm. 1/016, de 20 de abril de2005, sobre la Organización de la Administración Municipal. Según esta ley, y con el objetivo de promover el desarrollo
económico y social de los municipios, sobre bases tanto individuales como colectivas y solidarias, los municipios pueden
cooperar a través de un sistema intercomunitario, y corresponde al Consejo Municipal establecer el programa de desarrollo
comunitario, controlar la ejecución y garantizar la evaluación de éste. La ley prevé asimismo que un texto reglamentario deberá
determinar la organización, los mecanismos y las reglas de procedimiento del sistema intercomunitario. La Comisión señaló que
el principio de los trabajos comunitarios se mantuvo en la ley, sin que el carácter voluntario de la participación en esos trabajos sepreviera expresamente y sin que se hubiesen fijado las modalidades de participación en esos trabajos. Tomó nota asimismo deque, según las informaciones disponibles en el sitio de Internet del Gobierno y de la Asamblea Nacional, los trabajos
comunitarios parecen estar organizados con carácter semanal y englobar los trabajos de reforestación, de limpieza y deconstrucción de infraestructuras económicas y sociales, como escuelas, institutos o centros de salud.
La Comisión toma nota de que la COSYBU formuló observaciones sobre el desarrollo y la participación en los trabajos dedesarrollo comunitario obligatorios, en 2008, 2012, 2013 y 2014. La COSYBU indicó que los trabajos comunitarios son
decididos de manera unilateral, sin que la población sea consultada y las fuerzas policiales sean movilizadas para cerrar las callesy así impedir que la población se desplace durante esos trabajos. La COSYBU solicitó al Gobierno que encontrara una solución loantes posible para garantizar expresamente en la legislación el carácter voluntario de la participación en esos trabajos.
Al tiempo que toma nota de que el Gobierno indicó anteriormente que la ley no prevé sanciones contra las personas que norealizan trabajos comunitarios, la Comisión observa que los trabajos comunitarios son efectuados por la población, sin que haya
un texto que reglamente la naturaleza de los trabajos, las modalidades en las que pueden ser exigidos a la población, y la manera
en que son organizados. En esas circunstancias, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno tome lasmedidas necesarias para adoptar el texto, antes de reglamentar la Ley núm. 1/016, de 20 de abril de 2005, sobre la
Organización de la Administración Municipal, especialmente en lo que respecta a la participación y la organización de lostrabajos comunitarios, y de que en esa ocasión el carácter voluntario de la participación en esos trabajos, se establezca demanera expresa. Con esta expectativa, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre el tipo yla duración de los trabajos comunitarios realizados y el número de personas afectadas.
2. Trabajos agrícolas obligatorios. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para poner de conformidad con el Convenio algunos textos que prevén la participación obligatoria en
determinados trabajos agrícolas. Subrayó la necesidad de consagrar el carácter voluntario de los trabajos agrícolas derivados, por
una parte, de las obligaciones relativas a la conservación y a la utilización de los suelos y, por otra parte, de la obligación de crear
y mantener superficies mínimas para cultivo (ordenanzas núms. 710/275 y 710/276, de 25 de octubre de 1979), así como dederogar formalmente algunos textos relativos a los cultivos obligatorios, el acarreo y las obras públicas (decreto de 14 de julio de1952, ordenanza núm. 1286, de 10 de julio de 1953, y decreto de 10 de mayo de 1957). Al tomar nota de que el Gobierno indicó
anteriormente que estos textos, que datan de la época colonial, fueron derogados, y que queda en adelante consagrado el
carácter voluntario de los trabajos agrícolas, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tenga a bien comunicar una
copia de los textos que derogan la mencionada legislación y que consagran el carácter voluntario de esos trabajos agrícolas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Congo
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. 1. Trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio.
Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad del artículo 1 de la Ley
núm. 16, de 27 de agosto de 1981, sobre el Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio con el Convenio. En virtud de esta
disposición, el servicio nacional es una institución destinada a permitir que todo ciudadano participe en la defensa y en laconstrucción de la nación, lo que conlleva dos aspectos: el servicio militar y el servicio cívico. La Comisión señaló en muchas
ocasiones que los trabajos impuestos a los reclutas en el marco del servicio nacional obligatorio, especialmente aquéllos que serefieren al desarrollo del país, no presentan un carácter puramente militar y están, por tanto, en contradicción con el artículo 2,
párrafo 2, a), del Convenio.
La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada
ley y ello se concretará a través de la revisión del Código del Trabajo que está en curso. La Comisión expresa nuevamente lafirme esperanza de que, durante la revisión del Código del Trabajo, se adopten las medidas necesarias para modificar oderogar la Ley relativa al Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio, con el fin de ponerla de conformidad con el
Convenio. Sírvase comunicar informaciones sobre todo progreso realizado a tal efecto.
2. Brigadas y campamentos de jóvenes. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló la indicación del Gobierno,
según la cual desde 1991 cayó en desuso la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la Orientación de la Juventud.

192

Esta ley establecía que el partido y las organizaciones de masas debían crear progresivamente todas las condiciones para laformación de brigadas de jóvenes y la organización de campamentos juveniles (la naturaleza de los trabajos realizados, el número
de personas afectadas, la duración y las condiciones de su participación, etc.). La Comisión toma nota nuevamente de la
indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada ley y ello se concretará a través de la revisión delCódigo del Trabajo que está en curso. La Comisión expresa la firme esperanza de que, durante la revisión del Código delTrabajo, se adopten las medidas necesarias para derogar formalmente la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre laOrientación de la Juventud.
Artículo 2, párrafo 2, d). Movilización de personas para realizar trabajos de interés público que van más allá de los
casos de fuerza mayor. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad dela ley núm. 24-60, de 11 de mayo de 1960, que permite movilizar a personas para realizar trabajos de interés público fuera de los
casos de fuerza mayor previstos en el artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio; a las personas movilizadas que se nieguen a trabajar
podrá imponérseles una pena de reclusión de un mes a un año.
La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual esta ley cayó en desuso y puede
considerarse como derogada, dado que el Código del Trabajo (artículo 4) y la Constitución (artículo 26), que prohíben el trabajo
forzoso, derogan todas las disposiciones nacionales que estén en contradicción con los mismos. El Gobierno precisa que, paraevitar toda ambigüedad jurídica, se publicará un texto que permita distinguir claramente los trabajos de interés público, que nohan de confundirse con el trabajo forzoso prohibido por el Código del Trabajo y la Constitución. El Gobierno indica asimismo
que ha dejado de existir la práctica que consiste en movilizar a las poblaciones para trabajos colectivos, en base a lasdisposiciones del artículo 35 de los estatutos del Partido Congolés del Trabajo (PCT). Las tareas de desmalezado, saneamiento,
etc., son realizadas por asociaciones, por agentes del Estado y por colectividades locales con carácter voluntario y, porconsiguiente, no obligatorio. Por otra parte, el carácter voluntario de los trabajos de interés colectivo será establecido en larevisión del Código del Trabajo, de modo tal que se armonice claramente la legislación nacional con las disposiciones delConvenio. La Comisión toma nota de estas informaciones y espera que se adopten medidas adecuadas para clarificar lasituación, tanto en el derecho como en la práctica, especialmente mediante la adopción de un texto que permita distinguir los
trabajos de interés público del trabajo forzoso.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Democrática del Congo
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, asícomo de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Congo (CSC) sobre la aplicación del Convenio, recibidas
el 28 de agosto de 2014.
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trabajo forzoso y esclavitud sexual en el marco del conflicto armado. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las informaciones formuladas por la CSC, la Confederación Sindical
Internacional (CSI) y de los informes elaborados por algunos órganos de las Naciones Unidas que confirman la persistencia degraves violaciones de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y diversos grupos armados en el
marco del conflicto armado que hace estragos en la República Democrática del Congo. Esas informaciones se referían a actos detrata de mujeres y de niños con miras a su utilización como esclavos sexuales o a la imposición de trabajo forzoso para la
explotación ilegal de los recursos naturales en numerosas zonas ricas en recursos naturales, principalmente en la provincia
oriental, Kivus y Katanga del norte, a los secuestros de personas para obligarlas a tomar parte en actividades tales como trabajo
doméstico, tala de árboles, extracción de oro y la producción agrícola en beneficio de grupos armados. La Comisión, señalando
que aunque es consciente de la complejidad de la situación y de los esfuerzos realizados por el Gobierno para restablecer la paz yla seguridad, recordó que la inobservancia del Estado de derecho, el clima de impunidad y la dificultad para que las víctimas
accedan a la justicia contribuyen a que continúen cometiéndose esas graves violaciones del Convenio.
La Comisión toma nota de que, en la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas en
relación con la aplicación del Convenio, el representante gubernamental señaló que, con el apoyo de la Misión de Estabilizaciónde las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), el ejército regular ha retomado los territorios que
estaban bajo el control de grupos armados y el Gobierno ha entablado procedimientos judiciales y celebraron juicios que hantenido como consecuencia la imposición de condenas severas a los autores de esos crímenes. Además, reafirmó su voluntad deperseguir a los autores de las violaciones de derechos humanos y poner fin a la impunidad, subrayando que los hechos
mencionados por la Comisión corresponden en su mayoría al pasado. El Gobierno ha desplegado, con el apoyo de la cooperacióninternacional, brigadas de policía especializadas, llamadas brigadas de proximidad, con el fin de restablecer la autoridad delEstado y asegurar de ese modo la protección de la población civil. Al tiempo de hacer referencia a la dificultad de la situación y a
los esfuerzos desplegados por el Gobierno, numerosos oradores subrayaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para luchar
contra la impunidad y asegurar una protección adecuada a las víctimas de esas violaciones. Asimismo, se subrayó la necesidad defortalecer la inspección del trabajo, en particular en las zonas de explotación minera.
La Comisión toma nota de que, en su comunicación de agosto de 2014, si bien reconoce los esfuerzos realizados por el
Gobierno para luchar contra las violaciones masivas de los derechos humanos, la CSC confirma que el trabajo forzoso persiste ycontinúa siendo muy preocupante debido a que sigue aumentando. La CSC se refiere, a título de ejemplo, a los acontecimientos
de julio de 2014 en Ituri (provincia oriental), donde un grupo armado secuestró mujeres y niños para someterlos a la explotación
sexual y al trabajo forzoso en la extracción y acarreo de minerales. Esto, según la CSC, demuestra que las medidas destinadas asancionar a los autores de esos actos no son rigurosas ni eficaces y la impunidad alienta el incremento de esas prácticas.

193

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

Además, la Comisión toma nota de los diversos informes procedentes, en particular, del Secretario General de las Naciones
Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación
en la República Democrática del Congo (documento A/HRC/27/42; documentos S/2014/697, S/2014/698 y S/2014/222). La
Comisión observa que en estos últimos se reconocen los esfuerzos realizados por el Gobierno para perseguir penalmente a los
autores de las violaciones de derechos humanos, incluidos los funcionarios del Estado. No obstante, persiste la preocupación porla situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo y por los informes recurrentes que se refieren a losactos de violencia, incluida la violencia sexual, cometidos por grupos armados y por las fuerzas armadas nacionales, en particular
en las provincias del Este de la República Democrática del Congo. El Consejo de Seguridad recordó a este respecto que no debe
existir impunidad para las personas responsables de violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el Alto Comisionado
subraya que el mecanismo judicial hace frente a numerosos desafíos para investigar y perseguir las violaciones de los derechos
humanos, y también constituyen un problema la falta de medios, de personal y de independencia de los tribunales militares,
cuando existen.
La Comisión toma nota del conjunto de esas informaciones e insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para
poner término a las violencias perpetradas contra civiles con objeto de someterlos al trabajo forzoso y a la explotación sexual.
Considerando que la impunidad contribuye a la propagación de esas violaciones graves, la Comisión confía que el Gobierno
siga luchando con determinación contra la impunidad y proporcione a las jurisdicciones civiles y militares los medios
apropiados para asegurar que los autores de esas violaciones graves del Convenio sean llevados a la justicia y seansancionados. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para proteger a las víctimas y permitir su
reinserción.
Artículo 25. Sanciones penales. La Comisión recuerda que, además de las disposiciones del artículo 174c y 174erelativas a la prostitución forzosa y a la esclavitud sexual, el Código Penal no prevé sanciones penales para sancionar la
imposición de trabajo forzoso. Además, las sanciones previstas por el Código del Trabajo al respecto, no revisten el carácter
disuasorio requerido por el artículo 25 del Convenio (estableciendo el artículo 323 del Código del Trabajo una pena deencarcelamiento principal de hasta un máximo de seis meses y una multa, o sólo una de estas dos penas). La Comisión expresa lafirme esperanza de que el Gobierno tomará las medidas necesarias para adoptar en los plazos más breves disposiciones
legislativas adecuadas de manera que, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, puedan aplicarse efectivamentesanciones penales eficaces y disuasorias a las personas que imponen trabajo forzoso.
Derogación de los textos que permiten imponer un trabajo con fines de desarrollo nacional, como medio de recaudaciónde impuestos, y a las personas en detención preventiva. Desde hace algunos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno
que derogue o modifique los textos legislativos y reglamentarios siguientes, que contravienen el Convenio:–
ley núm. 76-011, de 21 de mayo de 1976, relativa al esfuerzo de desarrollo nacional, y su decreto de aplicación, el decreto
departamental núm. 00748/BCE/AGRI/76, de 11 de junio de 1976, sobre la ejecución de tareas cívicas en el marco delPrograma nacional de producción de alimentos: estos textos, que se dirigen a aumentar la productividad en todos los
sectores de la vida nacional, obligan so pena de sanción penal, a toda persona adulta y sin discapacidad que no se considereque aporta ya su contribución en el marco de su empleo, a realizar trabajos agrícolas y de desarrollo decididos por el
Gobierno;–la ordenanza núm. 71/087, de 14 de septiembre de 1971, sobre la contribución personal mínima, cuyos artículos 18 a 21
permiten que el jefe de la colectividad local o el burgomaestre determine la detención personal con la obligación de trabajar
de los contribuyentes que no hayan cumplido con su contribución personal mínima;–la ordenanza núm. 15/APAJ, de 20 de enero de 1938, relativa al régimen penitenciario en las cárceles de lascircunscripciones indígenas, que permite imponer un trabajo a las personas en detención preventiva (no formando parte deesta ordenanza de la lista de los textos derogados por la ordenanza núm. 344, de 15 de septiembre de 1965, que rige eltrabajo penitenciario).
La Comisión toma nota de que el representante gubernamental indicó a este respecto en el seno de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia que se ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley que deroga antiguos textos
legislativos por lo que se autoriza el recurso al trabajo forzoso con fines de desarrollo nacional y que el texto será comunicado
una vez que sea adoptado. La Comisión toma nota de que la CSC indica en ese sentido que el proyecto de ley mencionado no
constituye una prioridad para el Parlamento. La Comisión confía en que el Gobierno podrá indicar en su próxima memoria quese han derogado formalmente los textos a los que se viene refiriendo desde hace muchos años y de los que el Gobierno indica
que son obsoletos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Dominica
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1, 1), y 2, 1) y 2), a) y d), del Convenio. Obligaciones del servicio nacional. A lo largo de algunos años, laComisión ha venido solicitando al Gobierno que derogara o enmendara la Ley del Servicio Nacional de 1977, en virtud de la cuallas personas de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años están obligadas a cumplir el servicio nacional, que incluye laparticipación en proyectos de desarrollo y de autoasistencia, entre los que cabe mencionar el alojamiento, la construcción deescuelas, la construcción, la agricultura y la construcción de carreteras, siendo el no presentarse al servicio sancionable con
multas o penas de prisión (artículo 35, 2)). La Comisión señaló que, contrariamente a la reiterada declaración del Gobierno de que
el servicio nacional fue creado para hacer frente a las catástrofes nacionales, la ley no contiene ninguna referencia a las
catástrofes naturales, sino que especifica los objetivos del servicio nacional, que consisten en «movilizar las energías del pueblo
de Dominica para alcanzar el máximo nivel de eficacia, estructurar estas energías y orientarlas hacia la promoción delcrecimiento y del desarrollo económico del Estado». La Comisión destacó que las mencionadas disposiciones no están deconformidad con el presente Convenio y con el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prohíbe194específicamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra
con fines de fomento económico».
El Gobierno indica en su memoria que el punto relativo a la enmienda a la legislación fue incluido en la Agenda delTrabajo Decente, y que se adoptarán las medidas necesarias para abordar las solicitudes en relación con el cumplimiento de losconvenios, con la asistencia técnica de la OIT. Habiendo tomado nota de las indicaciones del Gobierno en sus memorias
anteriores, según las cuales la Ley del Servicio Nacional, de 1977, ha sido omitida de las leyes revisadas de Dominica, de1990, y el artículo 35, 2), de la ley no se ha aplicado en la práctica, la Comisión confía en que se adopten, en un futuro
cercano, las medidas adecuadas para derogar formalmente la mencionada ley, con el fin de armonizar la legislación con losConvenios núms. 29 y 105, en que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos
realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

EgiptoConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1958)
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan la obligación de trabajar como castigo por la expresión deopiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Desde
1964, la Comisión ha estado señalando a la atención del Gobierno ciertas disposiciones con arreglo a las cuales pueden
imponerse sanciones penales que conllevan trabajo penitenciario obligatorio (en virtud de los artículos 16 y 20 del Código
Penal), en situaciones cubiertas por el artículo 1, a), del Convenio, y, en particular:–
el artículo 178, 3), del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 536, de 12 de noviembre de 1953, y porla ley núm. 93, de 28 de mayo de 1995, sobre la producción o la posesión con miras a la distribución, venta, etc. decualquier imagen que pueda perjudicar la reputación del país por ser contraria a la verdad, dando una descripción
inexacta y destacando aspectos que no son adecuados;–el artículo 80, d), del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 112, de 19 de mayo de 1957, en la medida
en que se aplique a la difusión intencionada en el extranjero por un egipcio de rumores tendenciosos o de
información relacionada con la situación interna del país con el fin de menoscabar la buena reputación o estima delEstado, o el ejercicio de cualquier actividad que pueda ocasionar un perjuicio al interés nacional;–
el artículo 98, a) bis y d), del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, que
prohíbe lo siguiente: la apología, por cualquier medio que sea, de la oposición a los principios fundamentales delrégimen socialista del Estado; el estímulo de la aversión a esos principios o su desprecio; la constitución oparticipación en cualquier asociación o grupo que persiga cualquiera de los objetivos mencionados o que reciba una
ayuda material para la prosecución de tales objetivos;–
los artículos 98, b) y b) bis, y 174 del Código Penal sobre la apología de ciertas doctrinas;–
el artículo 102 bis del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, sobre ladifusión o posesión de medios para la propagación de noticias, informaciones o rumores falsos o tendenciosos, o depropaganda revolucionaria que pueda perjudicar la seguridad pública, sembrar el pánico entre la gente o causar un
perjuicio al interés público;–el artículo 188 del Código Penal sobre la difusión de noticias falsas, etc., que puedan perjudicar el interés público, y–la Ley núm. 14 de 1923 sobre Reuniones Públicas, y la Ley núm. 10 de 1914 sobre Reuniones, que confieren
facultades generales para prohibir o disolver reuniones, incluso en lugares privados.
Además, la Comisión había tomado nota de que el artículo 11 de la Ley núm. 84/2002 sobre las Organizaciones No
Gubernamentales, prohíbe que las asociaciones realicen actividades que pongan en peligro la unidad nacional o alteren elorden público, o pidan la discriminación entre ciudadanos basada en la raza, el origen, el color, el idioma, la religión o elcredo. Asimismo tomó nota de que los artículos 20 y 21 de la Ley núm. 96/1996 sobre la Reorganización de la Prensa
prohíben los siguientes actos: atacar la religión de terceros; incitar a perjudicar o despreciar a cualquier grupo religioso dela sociedad; y atacar el trabajo de los funcionarios públicos. La Comisión observó que el incumplimiento de lasdisposiciones antes mencionadas puede ser castigado con penas de prisión de hasta un año de duración (artículo 76, 1), B)
de la ley núm. 84/2002 y artículo 22 de la ley núm. 96/1996), que pueden conllevar la obligación de trabajar. La Comisión
insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner la legislación antes mencionada en conformidad con el
Convenio.
La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la Ley núm. 95 de 2003, por la que se derogó
la Ley núm. 105 de 1980 sobre el Establecimiento de Tribunales Competentes en materia de Seguridad del Estado, haeliminado la condena a trabajos forzosos, y, por consiguiente, se han modificado las sanciones a las que la Comisión serefiere, especialmente en lo que respecta a las disposiciones antes mencionadas.

195

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSOEl Gobierno también señala que la Ley núm. 107 de 2013 sobre el Derecho a Realizar Reuniones Públicas yAsambleas Pacíficas ha derogado la Ley núm. 14 de 1923 sobre Reuniones Públicas. Asimismo, el Gobierno señala que la
Ley núm. 10 de 1914 sobre Reuniones sólo prohíbe las reuniones que ponen en peligro el orden público. Además, lassanciones especificadas en esta ley no incluyen penas de prisión a menos que las personas que se reúnen lleven armas,
causen alguna muerte, o inflijan daños intencionados a los órganos o edificios públicos, lo cual implica una alteración delorden público. Por último, el Gobierno indica que actualmente los tribunales tienden a sancionar imponiendo multas en lugar
de penas de prisión, y que no ha sido informado de sentencias judiciales dictadas sobre las cuestiones antes planteadas.
Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el artículo 41 de la Ley núm. 96/1996 sobre la
Reorganización de la Prensa, enmendada por la ley núm. 1 de 2012, especifica que, cuando se encuentra pendiente una
investigación de delitos relacionados con la prensa, el juez no deberá autorizar detenciones. El Gobierno también señala
que, después de la enmienda de 2012, se ha enmendando también el artículo 20 del Código Penal, a fin de establecer que,siempre que la condena sea superior a un año, el juez impondrá penas de prisión con trabajo obligatorio. Habida cuenta deque las sanciones impuestas por las infracciones citadas en el artículo 11 de la ley núm. 84 de 2002 y las mencionadas en
los artículos 20 y 21 de la ley núm. 96/1996 son inferiores a un año, no son pertinentes en lo que respecta al Convenio.
La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con la imposición de penas de«trabajos forzosos». Observa en particular la contradicción entre la indicación del Gobierno según la cual la ley núm. 95
de 2003 ha eliminado las penas de trabajo forzoso, y el artículo 20 del Código Penal que prevé penas de trabajo
obligatorio siempre que el período de prisión sea superior a un año. La Comisión señala de nuevo que el alcance delConvenio no se limita a las penas de «trabajos forzosos» u otras formas de trabajo especialmente arduas, en oposición al
trabajo penitenciario ordinario. El Convenio no permite que se use «ninguna forma» de trabajo forzoso u obligatorio como
sanción, como medio de coerción, educación o disciplina, o como castigo respecto de las personas que se encuentran en elámbito del artículo 1, a) (Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso, párrafo 147).
Además, la Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con la aplicación de lasdisposiciones antes mencionadas del Código Penal, la Ley núm. 10 de 1914 sobre Reuniones, la Ley núm. 107 de 2013
sobre el Derecho a Realizar Reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas, la Ley núm. 84/2002 sobre Organizaciones No
Gubernamentales, y la Ley núm. 1 de 2012 sobre la Reorganización de la Prensa. Sin embargo, la Comisión también
observa que en su resolución (2014/2728 (RSP)) de 15 de julio de 2014, el Parlamento Europeo condena enérgicamente
todos actos de violencia, instigación, incitación al odio, hostigamiento, intimidación y censura contra opositores políticos,
manifestantes pacíficos, periodistas, blogueros, sindicalistas, activistas de la sociedad civil y minorías por parte de lasautoridades estatales, las fuerzas y los servicios de seguridad y de otros grupos en Egipto (RE/P8_B(2014)0013_En.doc).
Asimismo, la Comisión toma nota de que, en sus recomendaciones de 24 de diciembre de 2014, el grupo de trabajo
sobre el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó que elGobierno refuerce la libertad de expresión y los medios de comunicación a fin de que todos los periodistas puedan llevar acabo sus actividades libremente y sin intimidación, y ponga en libertad sin demora a las personas encarceladas por realizar
su trabajo. El grupo de trabajo también recomendó que el Gobierno enmiende la Ley núm. 107 de 2013 sobre el Derecho a
realizar Reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas y revise todas las leyes sobre reuniones, incluida la Ley núm. 10 de1914 sobre Reuniones (documento A/HRC/28/16).
Habida cuenta de lo anterior, la Comisión toma nota con profunda preocupación de que, a pesar de los comentarios
que viene formulando desde hace algunos años, las citadas disposiciones del Código Penal, la Ley núm. 10 de 1914 sobre
Reuniones, la Ley núm. 107 de 2013 sobre el Derecho a Realizar Reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas, la Ley
núm. 84/2002 sobre Organizaciones No Gubernamentales, y la Ley núm. 1 de 2012 sobre la Reorganización de la Prensa,
aún no se han modificado a fin de ponerlas en conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda de nuevo que laslimitaciones a los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, pueden guardar relación con laaplicación del Convenio si esas medidas se aplican mediante sanciones que conllevan trabajo obligatorio. En relación con
su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 302), la Comisión señala que, con arreglo al
artículo 1, a), del Convenio, las actividades que deben protegerse a fin de que no se impongan sanciones que conlleventrabajo forzoso u obligatorio figuran la libre expresión de opiniones políticas o ideológicas (libertad que puede ejercerse
verbalmente y también por medio de la prensa y otros medios de comunicación), así como otros derechos generalmente
reconocidos, como los de asociación y reunión, ejercicio mediante el cual los ciudadanos intentan lograr la divulgación yaceptación de sus opiniones, las cuales también pueden verse afectadas por las medidas de coerción política. Por último, laComisión hace hincapié en que la protección ofrecida por el Convenio no se limita a las actividades en las que se expreseno manifiesten opiniones que difieran de los principios establecidos; incluso si ciertas actividades tienen por objetivo
realizar cambios fundamentales en las instituciones estatales, estas actividades están cubiertas por el Convenio, siempre
que no se recurra a medios violentos para obtener esos fines o se pida que se utilicen dichos medios. Por consiguiente, laComisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se impongan penas deprisión que conlleven trabajo obligatorio a las personas que, sin recurrir a la violencia, expresen opiniones políticas opuntos de vista opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión expresa la firme esperanza deque se adoptarán las medidas necesarias para poner los textos legislativos antes mencionados de conformidad con el
Convenio, y pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

196

TRABAJO FORZOSOConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2000)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normasa(Conferencia Internacional del Trabajo, 104. reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en
junio de 2015 sobre la aplicación del Convenio. También toma nota de las observaciones formuladas por la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas respectivamente el 31 deagosto y el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión lamenta tomar nota de que a pesar de las solicitudes específicas alrespecto de la presente Comisión y de la Comisión de la Conferencia, el Gobierno no ha enviado su memoria.
La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia discutió detalladamente de la práctica sistemática y agran escala de imponer trabajo obligatorio a la población por un período de tiempo indefinido en el marco del programa deservicio nacional que abarca a todos los sectores de la vida civil y, por consiguiente, es más amplio que el servicio militar
obligatorio. Las discusiones también pusieron de relieve que los trabajadores que se niegan a realizar trabajo obligatorio
en el marco del servicio nacional se ven expuestos a detenciones y arrestos arbitrarios así como al encarcelamiento en
condiciones inhumanas. Al tiempo que toma nota que las explicaciones suministradas por el Gobierno acerca del conflicto
fronterizo actual, la ausencia de paz y estabilidad que han afectado a la administración laboral del país y las condiciones
climáticas imprevisibles, la Comisión de la Conferencia urgió al Gobierno a que proceda a enmendar o revocar la
proclamación sobre el servicio nacional núm. 82 de 1995 y la Campaña de Desarrollo Warsai Yakaalo, de 2002, para
poner término al trabajo forzoso vinculado al programa de servicio nacional, garantizando que ya no se utilizarán a losreclutas en contravención de lo establecido en el Convenio, y a que ponga en libertad de inmediato a todos los «evasoresdel servicio militar» que se niegan a prestar el servicio militar obligatorio, que excede el ámbito de la excepción previsto
en el Convenio.
La Comisión toma nota del informe de la comisión de investigación sobre la situación de los derechos humanos en
Eritrea establecida por la resolución núm. 26/24 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La comisiónde investigación describe cómo, bajo el pretexto de defender la integridad del Estado y garantizar su autosuficiencia, sesomete a los eritreos al sistema de servicio nacional y trabajo forzoso en virtud del cual se abusa de ellos, se los explota yse los esclaviza por períodos indefinidos de tiempo. La comisión de investigación observa que el Gobierno ha utilizado demanera ilegal y consistente a los conscriptos y otros miembros de la población, incluyendo miembros de la milicia,
muchos de los cuales han sobrepasado la edad de la jubilación, como trabajadores forzosos, para obras de infraestructura ypara lograr el objetivo del desarrollo económico y de autosuficiencia del Estado, apoyando de manera indirecta la
subsistencia del gobierno totalitario, que está en el poder desde hace 24 años. El uso del trabajo forzoso es tan frecuente en
Eritrea que todos los sectores de la economía dependen de él, y que todos los eritreos serán probablemente sujetos a
trabajo forzoso en algún momento de sus vidas. El Gobierno también se beneficia con regularidad del trabajo gratuito
exigido a los reclutas y a los detenidos para obtener ganancias financieras ilegítimas cuando dichas personas son«prestadas» a las empresas extranjeras las cuales pagan al Gobierno salarios que son considerablemente superiores a losimportes efectivamente pagados por el Gobierno a los trabajadores (documento A/HRC/29/42, de 4 de junio de 2015).
Por último, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, tanto la OIE como la CSI expresan su preocupación
por la situación y reiteran los pedidos dirigidos al Gobierno durante la discusión en la Comisión de la Conferencia. La CSI
subraya que la gravedad y las consecuencias de la utilización del trabajo forzoso en el marco del servicio nacional son
enormes y no sólo conducen a la grave explotación de los trabajadores, sino también a una crisis humanitaria de la que son
particularmente víctimas mujeres y niños.
La Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar la aplicación delConvenio, en la ley y en la práctica, conforme a lo solicitado por la Comisión de la Conferencia y la Comisión en sus
comentarios anteriores redactados como sigue.
Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Servicio nacional obligatorio. Durante algunos años, la Comisión ha venido
refiriéndose al artículo 3, 17), de la proclamación del trabajo de Eritrea (núm. 118/2001), en virtud de la cual la expresión«trabajo forzoso», no incluye el servicio nacional obligatorio. La Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 25, 3), de laConstitución, los ciudadanos deben completar sus funciones en el servicio nacional. También tomó nota de que, si bien se
estipuló originariamente la obligación de realizar un servicio nacional obligatorio en dieciocho meses (de conformidad con la
proclamación sobre el servicio nacional núm. 82 de 1995), la conscripción de todos los ciudadanos de edades comprendidas entrelos 18 y los 40 años por un período indefinido, quedó institucionalizada con la introducción de la «Campaña de Desarrollo Warsai
Yakaalo», adoptada por la Asamblea Nacional en 2002. En relación con esto, la Comisión toma nota de la declaración delGobierno, según la cual la obligación de realizar un servicio nacional obligatorio es parte de las obligaciones cívicas normales delos ciudadanos y, en consecuencia, se sitúa dentro del campo de aplicación de las excepciones previstas en el Convenio, en
particular: el trabajo o el servicio exigido en virtud de leyes relativas al servicio militar obligatorio y el trabajo o el servicio
exigido en casos de emergencia.
Con respecto a la vinculación entre el servicio nacional y el trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar
obligatorio, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual todo trabajo o servicio exigido en virtud delartículo 5 de la proclamación sobre el servicio nacional, de 1995, constituye un trabajo de carácter puramente militar. Sin
embargo, el Gobierno declara que los reclutas también pueden realizar otras tareas, como participar en la construcción decarreteras y puentes. Según el Gobierno, los miembros del servicio nacional fueron ocupados en muchos programas, sobre todo

197

Trabajo forzoso

EritreaTRABAJO FORZOSO

en la reforestación, la conservación del suelo y el agua, la reconstrucción y las actividades dirigidas a mejorar la seguridad
alimentaria. La Comisión toma nota asimismo de que, según el mencionado artículo 5, los objetivos del servicio nacional
incluyen, entre otras cosas, la creación de una nueva generación, caracterizada por el amor al trabajo, la disciplina, la disposición
para el servicio y la participación en la reconstrucción de la nación; y el desarrollo y fortalecimiento de la economía mediante «lainversión en el desarrollo del trabajo de los pueblos como riqueza potencial».
La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, el servicio militar obligatorio está excluidodel campo de aplicación del Convenio, sólo cuando los reclutas son asignados a un trabajo de carácter puramente militar. Esta
situación, que se dirige específicamente a impedir el reclutamiento de conscriptos para obras públicas, tiene su corolario en el
artículo 1, b), del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prohíbe hacer uso del trabajo forzoso u
obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico». En consecuencia,
la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que el trabajo exigido a los reclutas como parte del servicio nacional,
que incluye el trabajo relacionado con el desarrollo nacional, no es puramente militar en su naturaleza. La Comisión también
recuerda que, en circunstancias específicas, como ocurre en los casos de emergencia, los conscriptos pueden ser llamados a
realizar actividades no militares. Sin embargo, a efectos de respetar los límites de la excepción contenida en el artículo 2, párrafo 2, d),del Convenio, la facultad de llamar a filas para trabajar debería limitarse a casos genuinos de emergencia o de fuerza mayor, esto
es, un repentino e imprevisto acontecimiento que requiera contar con contramedidas inmediatas. Además, la duración y laextensión del servicio obligatorio, así como la finalidad para la cual se hace uso del mismo, deberían limitarse a lo que requieran
estrictamente las exigencias de la situación.
Al tiempo que toma nota de la información comunicada por el Gobierno, así como de su descripción de la situación dehecho en el país, a la que se refiere como una situación de «amenaza de guerra y hambre», la Comisión destaca que la práctica
sistemática y a gran escala de imponer un trabajo obligatorio a la población por un período de tiempo indefinido, en el marco delprograma del servicio nacional, va mucho más allá de las excepciones previstas en el Convenio. Las obligaciones ampliadas
impuestas a la población — así como la falta de libertad de los conscriptos para dejar el servicio nacional, como expone el
Gobierno — son incompatibles con los Convenios núms. 29 y 105, que prohíben hacer uso del trabajo forzoso u obligatorio como
método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. Teniendo en cuenta lasconsideraciones mencionadas, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar o derogar
la proclamación sobre el servicio nacional núm. 82 de 1995 y la «Campaña de Desarrollo Wasai Yakaalo» WYDC, de 2002, aefectos de eliminar la base legislativa para la exigencia de un trabajo obligatorio, en el contexto del servicio nacional, y deponer estos textos en conformidad con los Convenios núms. 29 y 105. Pendiente de la adopción de esas medidas, la Comisión
insta al Gobierno a que adopte medidas concretas con miras a limitar la exigencia de trabajos o servicios obligatorios a la
población a los casos genuinos de emergencia o fuerza mayor, y que garantice que la duración y la extensión de esos trabajos
o servicios obligatorios, así como la finalidad para la cual se hizo uso de los mismos, se limiten a lo requerido estrictamente
por las exigencias de la situación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar
determinadas opiniones políticas o por mantener oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La
Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 26 de la Constitución de Eritrea, algunos derechos y libertades
fundamentales garantizados por la Constitución, pueden limitarse en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública odel bienestar económico del país, de cara a la prevención de las alteraciones del orden público, etc. También tomó nota de que, en
virtud de algunas disposiciones de la proclamación sobre la prensa (núm. 90/1996), las violaciones de las restricciones a laimpresión y publicación (esto es, la impresión o reimpresión de un periódico de Eritrea o una publicación que no cuente con unpermiso; la impresión o la difusión de un periódico extranjero o una publicación cuyo ingreso a Eritrea haya sido prohibido; lapublicación de noticias inexactas o de una información que perturbe la paz general — artículo 15, 3), 4) y 10)), se castigan con
penas de prisión, que implican una obligación de trabajar, en virtud del artículo 110 del Código Penal de Transición de 1991.
A este respecto, la Comisión toma nota de la reiterada declaración del Gobierno, según la cual no se impusieron, hasta el
momento, restricciones a los derechos y libertades fundamentales. También toma nota de la información comunicada por el
Gobierno respecto de las disposiciones legislativas que garantizan, por ejemplo, la libertad de reunión y de religión, así como elderecho a un juicio imparcial.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en su informe de mayo de 2014, la Relatora Especial de la ONU sobre lasituación de los derechos humanos en Eritrea, declara que las violaciones de los derechos humanos, como las infracciones a lalibertad de expresión y de opinión, de reunión, de asociación y de creencia religiosa, siguen sin disminuir. La Relatora Especial
destaca, por ejemplo, que más de 50 personas fueron arrestadas y detenidas arbitrariamente después de un intento de golpe deEstado, en enero de 2013, y que esas personas siguen estando incomunicadas. También resalta que, hasta la fecha, el Gobierno no
ha comunicado ninguna información respecto de la situación de los 11 notables políticos y de diez periodistas independientes que
fueron detenidos por oponerse públicamente a la política del Presidente, en 2001 (documento A/HRC/26/45, párrafos 20-22).
En relación con el párrafo 302 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda
que el artículo 1, a), del Convenio, prohíbe hacer uso del trabajo forzoso u obligatorio «como medio de coerción o de educación
políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden
político, social o económico establecido». En consecuencia, la gama de actividades que deben ser protegidas de un castigo que
implique un trabajo forzoso u obligatorio en virtud de esta disposición, comprenden la libertad de expresión de opiniones
políticas o ideológicas, así como otros derechos reconocidos en general, como el derecho de asociación y de reunión, a través delos cuales los ciudadanos apuntan a asegurar la difusión y la aceptación de sus opiniones y pueden también verse afectados por
medidas de coerción política. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión insta al Gobierno a que adopte lasmedidas necesarias para garantizar que no se impongan penas de prisión que impliquen un trabajo obligatorio a las personasque, sin haber recurrido a la violencia, expresen opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social oeconómico establecido. La Comisión también expresa la firme esperanza de que se adopten medidas, en el contexto del actual198

proceso de revisión legislativa, para armonizar las disposiciones anteriores de la proclamación sobre la prensa (núm. 90/1996)
con el Convenio. Sírvase comunicar información acerca de los progresos realizados en este sentido.
Artículo 1, b). Servicio nacional obligatorio con fines de fomento económico. La Comisión se remite a sus comentarios
relativos al servicio nacional obligatorio, dirigidos al Gobierno en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29),
asimismo ratificado por Eritrea, en el que destacó que el sistemático y extendido reclutamiento de la población para realizar
trabajos obligatorios por un período de tiempo indefinido, en el marco del programa del servicio nacional, es incompatible con losConvenios núms. 29 y 105, que prohíben hacer uso de trabajo forzoso u obligatorio como método de movilización y utilizaciónde la mano de obra con fines de fomento económico. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para eliminar, tanto en la ley como en la práctica, toda posibilidad de hacer uso del trabajo obligatorio en elcontexto del servicio nacional, como método de movilización de la mano de obra con fines de fomento económico.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Etiopía
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1999)
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por la expresiónde opiniones políticas o ideológicas. La Comisión había tomado nota de que los siguientes artículos del Código Penal
prevén penas de prisión que conllevan trabajo penitenciario obligatorio en virtud del artículo 111, 1), del Código, en las
circunstancias previstas por el artículo 1, a), del Convenio:–
artículo 486, a): alentar al público a través de rumores falsos;–
artículo 487, a): realizar, proferir, difundir o proclamar consignas sediciosas o amenazantes o mostrar imágenes denaturaleza sediciosa o amenazante en cualquier lugar público o reunión pública (manifestaciones sediciosas), y–artículos 482, 2) y 484, 2): castigo de los cabecillas, organizadores o encargados de sociedades, reuniones yasambleas prohibidas.
Asimismo, la Comisión se refirió a la definición de terrorismo en virtud de la Ley contra el Terrorismonúm. 652/2009 y, concretamente, de su artículo 6, con arreglo al cual cualquier persona que «publique o haga publicar una
declaración que pueda ser entendida por algunos o por todos sus destinatarios como una forma directa o indirecta dealentar o inducir a cometer, preparar o instigar un acto de terrorismo puede ser castigada con penas severas de prisión deentre 10 a 20 años». A este respecto, la Comisión tomó nota de que, en 2010, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre el Examen Periódico Universal de Etiopía expresó preocupación acerca de la Ley contra el Terrorismo que, debido asu amplia definición de terrorismo, ha conducido a limitaciones abusivas de los derechos de la prensa (documento
A/HRC/13/17). Asimismo, la Comisión tomó nota de que algunos periodistas y políticos de la oposición han sidocondenados a penas de prisión que van de los 11 años a la cadena perpetua en virtud de dicha ley y que muchos acusados
van a ser juzgados por cargos similares. Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno a tomar medidas para limitar elámbito de aplicación de la proclama antiterrorista y de las disposiciones antes mencionadas del Código Penal a fin develar por que no puedan imponerse sanciones que conlleven trabajo obligatorio a personas que tienen o expresan
opiniones políticas o ideológicas opuestas al orden político, social o económico establecido.
La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala de nuevo que la expresión pacífica de opiniones ola oposición al sistema político, social o económico establecido no se considera delito en Etiopía. El Gobierno indica quelos artículos 482, 2), 484, 2), 486, a), y 487, a), del Código Penal no penalizan estos actos y que la libertad de expresión,pensamiento y opinión son derechos reconocidos en la Constitución que sólo pueden limitarse a través de leyes que tengan
por objetivo proteger el bienestar de la población, y el honor y la reputación de las personas.
A este respecto, la Comisión observa que, el 18 de septiembre de 2014, cinco expertos en derechos humanos de lasNaciones Unidas, incluidos el Relator Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y deexpresión y el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, al tiempo que reconocieron que es importante combatir el terrorismo, instaron al Gobierno de Etiopia adejar de utilizar abusivamente la legislación antiterrorista para limitar la libertad de expresión y la libertad sindical en el
país. Los expertos de las Naciones Unidas hicieron hincapié en que, dos años después de que ellos plantearan la cuestión
por primera vez, en numerosos informes sobre el mal uso que se hace de la Ley contra el Terrorismo se indica que éstasigue utilizándose para «perseguir a periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposiciónde Etiopia» (comunicado de prensa de las Naciones Unidas, 18 de septiembre de 2014).
La Comisión señala de nuevo que las sanciones que conllevan trabajo penitenciario obligatorio son incompatibles
con el artículo 1, a), del Convenio, cuando sirven para ejecutar la prohibición de expresar pacíficamente opiniones noviolentas o de oponerse al orden político, social o económico establecido. La gama de actividades que deben serprotegidas de un castigo que conlleve trabajo forzoso u obligatorio en virtud de esta disposición, comprenden la libertad
de expresión de opiniones políticas o ideológicas, así como otros derechos generalmente reconocidos, como el derecho deasociación y de reunión, a través de los cuales los ciudadanos apuntan a asegurar la difusión y la aceptación de sus

199

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

opiniones. La Comisión también recuerda que, si bien la legislación contra el terrorismo responde a la legítima necesidad
de proteger la seguridad pública contra el uso de la violencia, cuando está redactada en términos vagos y generales puede,
no obstante, convertirse en un medio de castigo del ejercicio pacífico de los derechos y libertades civiles, como la libertad
de expresión y el derecho de sindicación. El Convenio protege esos derechos y libertades frente a restricciones mediantesanciones que conllevan trabajo obligatorio, incluido el trabajo obligatorio como consecuencia de una condena dictada por
un tribunal y deben establecerse adecuadamente los límites a los que dichos derechos están sujetos por ley.
Habida cuenta de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para limitar elámbito de aplicación de la proclama antiterrorista núm. 652/2009 a fin de velar por que no puedan imponerse
sanciones que conlleven trabajo obligatorio a las personas que tengan o expresen pacíficamente determinadas
opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La
Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto. Además,confía en que el Gobierno transmita información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 482, 2), 484, 2),486, a), y 487, a), del Código Penal, en particular transmitiendo copias de todas las decisiones judiciales dictadas con
arreglo a esas disposiciones que pueden definir o ilustrar su alcance. La Comisión pide al Gobierno que transmita
información sobre la aplicación en la práctica del artículo 613 del Código Penal que permite la imposición de penas deprisión por un período máximo de un año por difamación. También pide al Gobierno que indique las medidas
adoptadas para velar por que, con arreglo a esta disposición, no se impongan penas de prisión que conlleven trabajo
penitenciario obligatorio a quienes expresen sus opiniones políticas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

GuatemalaConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1959)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de las observaciones formuladas por el Movimiento
Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), recibidas el 3 de septiembre de 2015.
Artículo 1, párrafos a), c) y d), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio e impuesto
como castigo por la expresión de una opinión opuesta al orden económico y social establecido, como medida dedisciplina en el trabajo y por haber participado en huelgas. La Comisión recuerda que desde hace muchos años solicita
al Gobierno que modifique los artículos 419, 390, párrafo 2 y 430 del Código Penal, en la medida en la que estas
disposiciones infringen lo dispuesto en el Convenio al imponer penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar(en virtud del artículo 47 del Código Penal) por la expresión de las opiniones políticas, como medida de disciplina en el
trabajo o también como castigo por la participación en huelgas. En virtud del artículo 419 del Código Penal «elfuncionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo, serásancionado con prisión de uno a tres años»; según el artículo 390, párrafo 2 «serán sancionados con prisión de uno a cinco
años quienes ejecuten actos que tengan por objeto la paralización o perturbación de las empresas que contribuyen aldesarrollo económico del país»; y por último, el artículo 430 establece que «los funcionarios, empleados públicos,
empleados o dependientes de empresas de servicios públicos, que abandonaran colectivamente su cargo, trabajo oservicio, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años; si el abandono produjere daño a la causa pública o se
tratare de jefes, promotores u organizadores del abandono colectivo, se impondrá a los responsables el doble de la pena».
La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información alguna en su memoria sobre las medidas
adoptadas para modificar o derogar las disposiciones mencionadas del Código Penal. El Gobierno se refiere a diferentes
disposiciones de la legislación nacional que rigen el trabajo penitenciario e indica que el trabajo de las personascondenadas forma parte de su rehabilitación y no puede considerarse que reviste carácter obligatorio. La Comisión
observa a este respecto que si bien el artículo 65 de la Ley sobre el régimen penitenciario (decreto núm. 33-2006) prevé
que durante la fase de tratamiento, los detenidos podrán realizar un trabajo productivo, previa autorización de lasautoridades penitenciarias, el artículo 17 se refiere al trabajo como «un derecho y un deber» y el artículo 47 del Código
Penal prevé que «el trabajo de los detenidos es obligatorio y debe ser remunerado». En esas condiciones, y al tiempo detomar nota de que según el Gobierno el trabajo de las personas condenadas a una pena de prisión no parece en la
práctica tener carácter obligatorio, la Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para
modificar el artículo 47 del Código Penal en ese sentido.
En esa espera, la Comisión recuerda que los artículos 390, apartado 2, y 430 del Código Penal también son objeto de
comentarios en el marco del control de la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho desindicación, 1948 (núm. 87). La Comisión observa a este respecto que, tras la queja presentada en virtud del artículo 26 dela Constitución de la OIT por el incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio núm. 87, una Hoja de ruta fue
adoptada en 2013 por el Gobierno en consulta con los interlocutores sociales. En ese contexto, el Gobierno secomprometió a presentar a la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo los proyectos de reforma
legislativa necesarios para asegurar la conformidad de la legislación nacional con el Convenio núm. 87. En consecuencia,
la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias con miras a la modificación o laderogación de los artículos 419, 390, párrafo 2, y 430 del Código Penal, todo ello a fin de garantizar que ninguna
200

persona que participe en una huelga o infrinja la disciplina laboral pueda ser sancionada con una pena de reclusión y,por consiguiente, se vea obligada a realizar trabajo penitenciario.
Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha dado respuestas a los alegatos presentados en 2012 yreiterados en 2015 por el MSICG en relación con la criminalización de la protesta social y la acción sindical. El MSICG se
refirió también a otras disposiciones del Código Penal (especialmente el artículo 256 del Código Penal relativo a lausurpación); dichas disposiciones tipifican de manera muy amplia ciertas infracciones, de forma que una conducta
considerada como normal podría, en el marco de una expresión de protesta social, de una huelga o de toda otra
manifestación, estar abarcada por estas disposiciones y constituir un delito penal. La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que comunique informaciones a este respecto.

GuyanaConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1, párrafo 1, artículo 2, párrafo 1, y artículo 25 del Convenio. Trata de personas. La Comisión tomó nota de la
adopción de la Ley para Combatir la Trata de Personas, de 2005, así como del comentario del Gobierno en su memoria respecto aque se ha formado a 300 voluntarios para identificar casos de trata. La Comisión agradecería al Gobierno que proporcione
información sobre los siguientes puntos:–
las actividades del grupo de trabajo para desarrollar y aplicar un plan nacional para la prevención de la trata depersonas, al que se hace referencia en el artículo 30 de la ley antes mencionada, y que proporcione copias de todos los
informes, estudios y encuestas pertinentes, así como una copia del plan nacional;–
los datos estadísticos sobre la trata que recoja y publique el Ministerio del Interior en virtud del artículo 31 de la ley;–los procedimientos legales que se hayan incoado en aplicación del artículo 3, 1), de la ley de 2005 y que comunique
copias de las decisiones pertinentes de los tribunales e indique las sanciones impuestas. Asimismo, le solicita
información sobre las medidas adoptadas para garantizar que esta disposición se aplica estrictamente a los que cometan
este tipo de delitos, tal como establece el artículo 25 del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

India
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el
Sindicato de Trabajadores de la Confección (GLU) recibidas el 9 de septiembre de 2015 y el 22 de septiembre de 2015,
respectivamente, en relación con la práctica «Summangali» en el sector de la confección en Tamil Nadu, que afecta amujeres jóvenes que trabajan en fábricas de hilados. La Comisión también toma nota de las observaciones realizadas porla Federación Nacional Progresista de Trabajadores de la Construcción (NPCWF), recibidas el 21 de septiembre de 2015,
en relación con el hecho de que los gobiernos de los estados no establecen comités de vigilancia con arreglo a la Ley sobre
el Sistema de Trabajo en Servidumbre (Abolición), de 1976. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus
comentarios a este respecto.
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Trabajo en servidumbre. Magnitud del problema. La Comisión se
había referido a los alegatos realizados por la CSI respecto a que es probable que el trabajo en régimen de servidumbre enla agricultura y en industrias como la minería, la fabricación de ladrillos, la producción de seda y algodón y la elaboraciónde cigarrillos bidi, afecte a millones de trabajadores en todo el país. La Comisión pidió al Gobierno que realizase una
encuesta nacional sobre el trabajo en servidumbre, con la participación de los interlocutores sociales y utilizando todos losmétodos estadísticos que considerase adecuados.
La Comisión toma debida nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que esta encuesta nacional no puede
realizarse utilizando los instrumentos estadísticos establecidos para recopilar datos sobre una base macro sino que
requerirá que se recopile información a través de entrevistas con las personas afectadas sobre cuál es la naturaleza de la
explotación y cuáles son sus condiciones de servicio, a fin de poder determinar si realizan trabajo en régimen deservidumbre. El Gobierno reitera que ha concedido subvenciones a los gobiernos de los estados para que realicen
encuestas a nivel de distrito en materia de trabajo en régimen de servidumbre y que ya se han realizado un gran número deencuestas. La Comisión toma nota de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de la India el 15 de octubre de 2012,
una copia de la cual ha sido transmitida por el Gobierno, en la que se señala que todos los gobiernos de los estados
deberían realizar encuestas sobre el trabajo en servidumbre cada tres años, a través de sus comités de vigilancia a nivel dedistrito y de subdivisión, y que los resultados de esas encuestas deberían introducirse en una base de datos disponible entodos los sitios web correspondientes. Asimismo, la Comisión toma nota de que, si bien observó que muchos gobiernos
estatales informaron de que no tienen conocimiento de que en sus estados exista el trabajo en servidumbre, el Tribunal
Supremo consideró que las Directrices sobre la metodología para identificar a los trabajadores en servidumbre publicadas
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) deberían ser utilizadas por todos los gobiernos de los estados.
201

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSOTomando nota de que el Gobierno señala que ya ha pedido a los gobiernos de los estados que adopten las medidas
adecuadas para aplicar las instrucciones del Tribunal Supremo, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a preparar
una encuesta nacional sobre el trabajo en servidumbre, con la participación de los interlocutores sociales, compilando,
entre otras cosas, los datos recopilados en todos las encuestas a nivel de distrito mencionadas anteriormente, realizadas
por todos los gobiernos de los estados. Entretanto, pide al Gobierno que transmita una copia de todas las encuestas anivel de distrito disponibles. La Comisión confía en que el Gobierno transmita sin demora información sobre lamagnitud del problema del trabajo en servidumbre en el país.
Aplicación efectiva del marco legislativo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley
sobre el Sistema de Trabajo en Servidumbre (Abolición), de 1976 (BLSA) establece sanciones por obligar a realizar
trabajo en servidumbre, hacer valer una deuda para imponer un trabajo, y obligar a cumplir cualquier costumbre, tradición,
contrato, acuerdo u otro instrumento que exija la prestación de un servicio que implique un sistema de trabajo enservidumbre. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene información en respuesta a sus comentarios
anteriores, la Comisión le pide de nuevo que transmita información sobre las medidas adoptadas o previstas paragarantizar el funcionamiento adecuado y la eficacia de los comités de vigilancia establecidos por todos los gobiernos delos estados.
Sanciones penales por imposición de trabajo en servidumbre. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó
nota de las penas de prisión de hasta tres años y las multas establecidas en virtud de la BLSA. La Comisión toma nota deque el Gobierno reitera que la NHRC ha estado supervisando cuestiones relacionadas con los enjuiciamientos y lascondenas en virtud de esa ley y ha presentado quejas sobre presuntos casos de trabajo en servidumbre. Asimismo, laComisión toma nota de que según el Gobierno en el estado de Odisha, en 2012, se dictaron condenas en 48 casos y17 casos están pendientes de enjuiciamiento desde 2006 y, en el estado de Uttrakhand sólo un caso está pendiente deenjuiciamiento. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre lassanciones que se han aplicado efectivamente ni sobre el número de enjuiciamientos realizados y condenas impuestas en
relación con casos de trabajo en servidumbre en los 33 estados y territorios de la unión restantes que sólo indican que nodisponen de información a este respecto. La Comisión recuerda que el artículo 25 del Convenio prevé que el hecho deexigir trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales, y será obligación del Estado cerciorarse de que lassanciones impuestas son realmente eficaces y se aplican estrictamente. La Comisión observa que el número deenjuiciamientos y condenas en relación con los presuntos casos de trabajo en servidumbre mencionados por el Gobierno
es muy bajo en comparación con el gran número de trabajadores en servidumbre, a saber 297 413, que fueron
identificados y liberados y los 277 451 que fueron rehabilitados hasta el 31 de marzo de 2013. La Comisión insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar los medios de acción de las autoridades de los estados a fin degarantizar que los casos de trabajo en servidumbre se enjuician de manera eficaz y se imponen sanciones efectivas ysuficientemente disuasorias a los autores de este delito. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre
el número de enjuiciamientos y condenas, así como sobre el número de sanciones penales impuestas con arreglo a la
BLSA, y que transmita copias de las sentencias judiciales pertinentes.
2. Trabajo forzoso de los niños. Marco legislativo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota con interés de que, en mayo de 2012, se adoptó la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales
que refuerza la protección de los niños contra los abusos y la explotación sexuales. La Comisión toma nota de que elGobierno indica que el Parlamento está examinando nuevas enmiendas a la Ley sobre la Prohibición y Reglamentación
del Trabajo Infantil (CLPRA), de 1986, a fin de introducir la prohibición general de emplear a niños de edad inferior a laestablecida para la conclusión de la educación obligatoria y a niños menores de 18 años en minas, trabajos con explosivos
u otras ocupaciones peligrosas determinadas en la Ley de Fábricas, así como para prever sanciones severas. La Comisión
toma nota de que el Gobierno señala que la adopción de las enmiendas a la CLPRA antes mencionadas, permitirá a la
India ratificar tanto el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) como el Convenio sobre las peores formas detrabajo infantil, 1999 (núm. 182). Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han realizado
inspecciones a nivel central y estatal sin que se haya detectado ningún caso de trabajo infantil. Si bien toma nota de losesfuerzos realizados por el Gobierno a fin de reforzar el marco legislativo para la protección de los niños, la Comisión
lamenta tomar nota de que no se ha realizado ningún enjuiciamiento ni se ha impuesto ninguna condena con arreglo a la
CLPRA. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la
aplicación efectiva de la CLPRA. A este respecto, pide al Gobierno que proporcione información sobre el número deinvestigaciones y enjuiciamientos realizados, así como de sanciones impuestas a las personas declaradas culpables deldelito de trabajo forzoso infantil. Sírvase asimismo transmitir información sobre todos los cambios que se produzcan
en lo que respecta a la adopción de las enmiendas a la CLPRA antes mencionadas.
Trabajo obligatorio de niños en la producción de algodón. En sus comentarios anteriores en relación con las
observaciones recibidas en 2010 del Sindicato Dakshini Rajasthan Majdoor (DRMU) en las que figuran alegatos sobre laexistencia de prácticas muy extendidas de trabajo obligatorio en la producción de algodón en la India, que afectan a lostrabajadores migrantes y a los niños en los estados de Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra y Tamil Nadu, la Comisión
tomó nota de que el Gobierno indicaba que el trabajo en la producción de algodón no está prohibido en virtud de la
CLPRA, sino que está cubierto por la parte III del reglamento correspondiente sobre las condiciones de trabajo de los202

niños. Asimismo, la Comisión tomó nota de diversas medidas legislativas, y de rescate y rehabilitación aplicadas por los
diferentes gobiernos estatales.
La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de julio de 2014, el Comité de los Derechos del Niño
(CRC) reitera su profunda preocupación por el hecho de que a pesar de que el Estado parte ha realizado algunos esfuerzos
hay muchos niños que siguen siendo objeto de explotación económica, incluso en condiciones peligrosas, por ejemplo enla minería, el trabajo en servidumbre y en el sector informal y la agricultura (documentos CRC/C/15/Add.228,
CRC/C/IND/CO/3-4 y CRC/C/OPSC/IND/CO/1).
Asimismo, la Comisión toma nota asimismo de que el gobierno de Gujarat indica que, como resultado de lasreuniones bilaterales celebradas con los distritos fronterizos del estado de Rajasthan, se han establecido puestos de control
en puntos por los que sospecha que entran los niños migrantes de Rajasthan. Estas verificaciones las realizan funcionariosdel Departamento de Trabajo y Empleo dos o tres veces durante los tres meses que dura la temporada algodonera y los
niños que viajan con sus familias son enviados de regreso a sus localidades natales. También se llevan a cabo inspecciones
regulares en los campos algodoneros. La Comisión toma nota que el Gobierno de Andhra Pradesh ha llevado a cabo varios
programas de sensibilización, con la asistencia de la OIT/IPEC, a fin de eliminar el trabajo infantil en la producción dealgodón. Como resultado de las inspecciones realizadas, en 2011-2012 se detectaron 47 niños trabajando en la producción
algodonera. La Comisión también toma nota de que el gobierno de Maharashtra ha realizado actividades desensibilización en relación con el trabajo obligatorio de niños y que el grupo de trabajo establecido con arreglo a la
CLPRA, integrado por funcionarios de los departamentos de trabajo y bienestar de las mujeres y los niños, la policía yvarias ONG, ha realizado 3 396 redadas en establecimientos sospechosos que han conducido al arresto de
2 002 empleadores y al rescate de 5 321 niños hasta el 31 de marzo de 2013. La Comisión toma nota de que no se
proporciona información acerca del trabajo obligatorio de niños en la producción de algodón del estado de Tamil Nadu.
En relación con sus comentarios anteriores sobre la aplicación del Proyecto Nacional sobre Trabajo Infantil (NCLP), conarreglo al cual se identifican y rescatan niños que trabajan, y se les inscribe en escuelas especiales antes de su
incorporación al sistema de enseñanza formal, la Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que, en el marcodel NCLP, por ahora existen 7 311 escuelas especiales que han impartido educación a 967 000 niños que se han
incorporado a la enseñanza formal. La Comisión toma debida nota de las medidas adoptadas y alienta al Gobierno acontinuar sus esfuerzos, en particular en el marco del Proyecto Nacional sobre Trabajo Infantil, a que se asegure deque los niños que trabajan en la producción de algodón no sean empleados en trabajos peligrosos en Gujarat, Andhra
Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu y otros estados concernidos. La Comisión pide asimismo al Gobierno quetransmita información sobre el número de enjuiciamientos realizados, condenas dictadas y sanciones impuestas y quetransmita información sobre el número de niños librados del trabajo forzoso en la producción de algodón, yrehabilitados e integrados en la sociedad.
3. Prácticas culturalmente aceptadas que implican explotación sexual. En sus comentarios anteriores, laComisión se refirió a una comunicación de la CSI recibida en 2007, en relación con una práctica culturalmente aceptada
conocida como «devadasi», con arreglo a la cual algunas niñas de castas inferiores son consagradas a las «deidades»
locales u objetos de culto y una vez iniciadas como «devadasi» y a medida en que crecen son objeto de explotación sexual
por parte de los seguidores de las «deidades» en la comunidad local. La Comisión tomó nota de que el sistema de«devadasi» constituye trabajo forzoso en el sentido del Convenio, ya que las niñas son consagradas como «devadasi» sin
su consentimiento y posteriormente obligadas a proporcionar servicios sexuales a la comunidad bajo coacción. La
Comisión también tomó nota de que diversos textos legislativos tipifican como delito esta práctica «devadasi» yestablecen penas de prisión de hasta cinco años y multas para las personas consideradas responsables de estas ceremonias
y rituales de consagración. Algunos de estos textos legislativos son: la Ley Karnataka Devadasis (Ley de Prohibición de laConsagración), de 1982; la Ley de Prohibición de la Maharashtra Devadasi, de 2005, y el reglamento de prohibición de lasdevadasi de 2008; así como la Ley de Andhra Pradesh, sobre las Devadasi (prohibición de la consagración), de 1998. Sin
embargo, la Comisión tomó nota de que, a pesar de la prohibición, el sistema «devadasi» y sus variantes regionales
continúan existiendo en la práctica.
La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ordenanza (enmendada) sobre las castas y tribus
reconocidas (prevención de atrocidades), núm. 1, de 2014, que prevé, entre otras cosas, que cualquiera que, sin pertenecera una casta o tribu reconocida, imponga o fomente consagrar a una mujer perteneciente a una casta o tribu reconocida a
una deidad, ídolo, objeto de culto, templo u otra institución religiosa como «devadasi» o imponga cualquier otra práctica
similar podrá ser castigado con una multa y una pena de prisión de entre seis meses y cinco años de duración(artículo 3, i), 1), k), de la ordenanza). Además, la Comisión toma nota de la información actualizada que proporciona elGobierno sobre los diversos programas de rehabilitación y otras medidas que se aplican en los estados de Karnataka,
Maharashtra y Andhra Pradesh a fin de ayudar a las ex «devadasis» y a sus hijos, que incluyen actividades desensibilización, campos de salud, planes de pensiones, desarrollo de las calificaciones y programas de formación,
préstamos para emprender diversas actividades que generen ingresos, la asignación de terrenos y la construcción de casas.
El Gobierno añade que en el estado de Andhra Pradesh han sido rehabilitadas 8 852 «devadasis» hasta el momento. La
Comisión también toma nota de que el gobierno de Andhra Pradesh ha establecido una comisión integrada por una sola
persona a fin de estudiar la situación de las «devadasi». El informe y las recomendaciones de esta comisión se han
presentado al Gobierno. Además, la Comisión toma nota de que la Comisión Nacional de la Mujer realiza consultas con

203

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

las comisiones de la mujer de Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh y Telangana. La Comisión también hace hincapié
en la necesidad de reforzar y aplicar de forma eficaz la ley a fin de hacer frente al sistema «devadasi», y pide al Gobierno
que haga público ese informe.
Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de julio de 2014, el Comité para la Eliminaciónde la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) expresaron su
preocupación por la persistencia de prácticas tradicionales perjudiciales como, por ejemplo, la práctica «devadasi», y por
el hecho de que el Gobierno no haya adoptado suficientes medidas sostenibles y sistemáticas para modificar o eliminar losestereotipos y las prácticas nocivas (documentos CEDAW/C/IND/CO/4-5 y CRC/C/OPSC/IND/CO/1). Si bien toma nota
de los esfuerzos que el Gobierno realiza desde los años 1980 para prohibir legalmente la práctica «devadasi», la Comisión
toma nota con preocupación de la persistencia de esta práctica tradicional que incluye explotación sexual. Porconsiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para acabar con el sistema «devadasi»
en la práctica, incluso a través de la aplicación de la legislación adoptada por diferentes estados. A este respecto, laComisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número de investigaciones realizadas, enjuiciamientos
llevados a cabo y condenas impuestas en relación con esta práctica perjudicial tradicional que incluye explotación
sexual, así como sobre las sanciones concretas impuestas, y que incluya copias de las sentencias judiciales pertinentes.
También pide al Gobierno que transmita copia del informe realizado por la Comisión integrada por una sola persona
sobre la situación de las mujeres «devadasi», y que especifique de qué manera se han tomado en cuenta las
recomendaciones.
Asimismo, la Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 2000)
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que implican trabajo forzoso como castigo por la expresión de
determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden establecido. Desde hace unos años, laComisión ha venido refiriéndose a las siguientes disposiciones del Código Penal en virtud de las cuales pueden imponerse
penas de reclusión (que entrañan el cumplimiento de trabajos forzosos en régimen penitenciario en virtud del artículo 53
del Código Penal, si el infractor, en virtud del artículo 60 del Código Penal es castigado a una pena rigurosa de prisión por
el órgano jurisdiccional que conozca del caso) en circunstancias contempladas dentro del ámbito de aplicación delConvenio:–artículo 124-A: sedición, es decir, incitar o tratar de incitar al odio o al desprecio o promover el descontento hacia elGobierno mediante palabras pronunciadas de manera oral o escrita, o por medio de signos o de representaciones
visibles, o de otro modo;–
artículo 153-A: promover la hostilidad entre diversos grupos en razón de su religión, raza, lugar de nacimiento,
residencia, lengua, etc., y ejecutar actos que resulten perjudiciales para el mantenimiento del orden mediantepalabras pronunciadas ya sea de manera oral o escrita, o por medio de signos o representaciones visibles, o de otro
modo;–
artículo 153-B: formular imputaciones o afirmaciones que acarreen consecuencias perjudiciales para la integración
nacional, pronunciadas ya sea de manera oral o escrita, o mediante signos o representaciones visibles, o de cualquierotro modo, y–artículos 295-A y 298: actos deliberados y malintencionados con la intención de ofender los sentimientos religiosos
con palabras pronunciadas de manera oral o escrita, o por medio de signos o representaciones visibles, o de cualquierotro modo; o emitiendo expresiones, etc., con la intención deliberada de herir los sentimientos religiosos.
La Comisión toma nota una vez más de la declaración del Gobierno, en su memoria, en la que afirma que algunas delas disposiciones citadas (artículos 124-A, 153-A y 153-B) se refieren únicamente a penas que imponen el mero
encarcelamiento, y solamente dos de ellos (artículos 295-A y 298) establecen explícitamente la imposición de castigos
mediante penas de reclusión simple o rigurosa. No obstante, la Comisión observa que, en ambos casos, el tribunal tiene lasfacultades que le otorga el artículo 60 del Código Penal de imponer una sentencia de reclusión rigurosa y, por lo tanto, uncastigo que entraña el cumplimiento de trabajos obligatorios.
La Comisión toma nota de la aclaración del Gobierno de que los tribunales supremos a nivel de la jurisdicción
estatal y territorial han señalado que se registró un reducido número de casos relativos a los artículos del Código Penal
mencionados anteriormente. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de que se le ha solicitado información al
Gobierno en anteriores observaciones, éste no ha proporcionado ningún dato sobre el número y el contenido de tales casos
ni sobre las sanciones aplicadas, lo que impide a la Comisión evaluar cómo se aplican en la práctica las disposiciones delCódigo Penal citadas anteriormente.
No obstante, la Comisión toma nota de la página web del Gobierno del estado de Maharashtra de que, el 27 deagosto de 2015, se emitió una circular en la que figuran las nuevas directrices políticas con respecto al artículo 124-A delCódigo Penal, en virtud de las cuales puede imputarse el delito de sedición contra «quien, de manera oral o escrita, o por
medio de signos o representaciones visibles, vierta críticas contra políticos o representantes electos que pertenezcan al204

Gobierno». La Comisión toma nota de que, como resultado de las protestas de la sociedad civil y de una decisión del
Tribunal Supremo de Bombay para que el Gobierno retirara la circular o emitiera una nueva, ésta fue revocada finalmente.
La Comisión toma nota de que varios casos se refieren a acusaciones de sedición a nivel estatal y territorial. En este
aspecto, toma nota de que, el 30 de octubre de 2015, la policía del estado de Tamil Nadu arrestó a un cantante folk bajo la
acusación de delito de sedición por la ejecución de dos canciones en las que critica al Gobierno del estado, y estuvo
detenido durante 15 días.
La Comisión toma nota además de que la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias consideraron que las insuficiencias
generalizadas en la aplicación completa del marco jurídico que garantiza las libertades fundamentales en la India, como la
Ley sobre el Derecho a la Información (RTI), tanto a nivel central como estatal, han repercutido negativamente en la labory la seguridad de los defensores de los derechos humanos, especialmente de quienes ponen al descubierto la corrupción enlas explotaciones mineras, los casos relativos al medio ambiente y la pobreza, los derechos de las comunidades
marginadas sobre sus tierras, y las inquietudes sobre las responsabilidades públicas en estos casos. A pesar de que la
promulgación de la RTI en 2005, que tenía la finalidad de garantizar el acceso a la información y la transparencia en los
casos de violaciones a los derechos humanos, fue un gran logro para la India, los Relatores Especiales consideraron
alarmantes los informes sobre lo que se describe generalmente como «los asesinatos por el derecho a la información».
Doce activistas de la RTI fueron asesinados en 2010 y 2011 (documentos A/HRC/19/55/Add.1 y A/HRC/23/47/Add.1).
La Comisión toma nota de que varios organismos de las Naciones Unidas así como Relatores Especiales señalarontambién los numerosos alegatos de detención arbitraria y violaciones de la libertad de expresión, el derecho de reunión yasociación pacífica de los defensores de los derechos humanos y periodistas en virtud de la legislación contra el terrorismo
como la Ley de Seguridad Nacional de 1980; la Ley (para la prevención) de Actividades Delictivas de 1963; la Ley de lasFuerzas Armadas (competencias especiales), de 1958; la Ley sobre Competencias Especiales de las Fuerzas Armadas(Jammu y Kashmir) de 1990 y la Ley Especial sobre la Seguridad Pública de Chhattisgarh de 2005. La Relatora Especial
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que, en su opinión, el uso de definiciones vagas yamplias sobre el terrorismo que figuran en estas leyes de seguridad habían permitido al aparato del Estado tomar
erróneamente como blanco a estos defensores de los derechos humanos (documento A/HRC/19/55/Add.1). En este sentido,
la Comisión toma nota del dictamen núm. 45/2012, adoptado por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias en
relación con la detención injustificada de un estudiante de 15 años en virtud de la Ley de Seguridad Pública bajo el alegato
de su supuesta participación en «actividades antisociales destinadas a perturbar la paz y el orden público» (documento
A/HRC/WGAD/2012/45). La Comisión toma nota de que, a raíz de ello, varios organismos de las Naciones Unidas así como
Relatores Especiales (documentos E/C.12/IND/CO/5, A/HRC/23/47/Add.1, A/HRC/26/38/Add.1, CEDAW/C/IND/CO/4-5 y
A/HRC/ 19/55/Add.1) formularon recomendaciones para que se derogara la Ley de las Fuerzas Armadas (competencias
especiales) y la Ley sobre Competencias Especiales de las Fuerzas Armadas (Jammu y Kashmir). La Relatora Especial
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos recomendó también la derogación de la Ley de la Seguridad
Nacional, la Ley (para la prevención) de Actividades Delictivas y la Ley Especial sobre la Seguridad Pública deChhattisgarh.
Tomando nota con preocupación de toda esta información, la Comisión observa que las disposiciones anteriores
están formuladas en términos suficientemente amplios para prestarse a ser aplicadas como un castigo por la expresión de
determinadas opiniones políticas, y en la medida en que éstas son aplicables mediante la imposición de sanciones que
entrañan trabajo obligatorio, entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión llama la atención delGobierno sobre el hecho de que las garantías jurídicas de derechos y libertades como la libertad de pensamiento yexpresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, y la protección contra las detenciones arbitrarias
constituyen una importante salvaguardia contra la imposición de trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener oexpresar opiniones políticas o ideológicas o como medio de coerción o de educación políticas (Estudio General de 2012
sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). La Comisión, en consecuencia, insta al Gobierno a que enmiende oderogue las disposiciones penales citadas anteriormente (artículos 124-A, 153-A, 153-B, 295-A y 298 del Código
Penal), así como a que garantice que las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de 1980; la Ley (para laprevención) de Actividades Delictivas de 1963; la Ley de las Fuerzas Armadas (competencias especiales), de 1958; laLey sobre Competencias Especiales de las Fuerzas Armadas (Jammu y Kashmir), de 1990, y la Ley Especial sobre la
Seguridad Pública de Chhattisgarh de 2005, se apliquen de forma que no puedan imponerse sanciones que entrañan
trabajo obligatorio por la libre expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político
establecido, por ejemplo, mediante una restricción inequívoca del ámbito de aplicación de estas disposiciones asituaciones relativas al uso de la violencia o incitación a la violencia, o mediante la derogación de las sanciones que
entrañan trabajo obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información, en su próxima memoria,
sobre cualquier progreso realizado a este respecto. En relación con la adopción de estas medidas, la Comisión pide una
vez más al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones anteriores,transmitiendo copias de las decisiones de los tribunales que definan o ilustren su ámbito de aplicación.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

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Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

Iraq
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1962)
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. La Comisión toma nota con interés de la adopción dela Ley núm. 28 de 2012 contra la Trata. La Comisión toma nota en particular de que la ley proporciona una definición
detallada de los elementos constitutivos del delito de trata de personas y criminaliza la trata de personas para su
explotación sexual y el trabajo forzoso, estableciendo penas de prisión hasta de 15 años. En virtud del artículo 2 de esa ley
se establece también un Alto Comité para Prevenir la Trata de Personas a fin de diseñar planes y programas destinados acombatir la trata de personas. Por último, el artículo 11 establece que se deberá proporcionar a las víctimas de la trata
asistencia para la rehabilitación social, sicológica y física, así como también asistencia financiera y refugio provisional,
teniendo en cuenta criterios de género y de edad.
La Comisión observa que en su informe de marzo de 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, en numerosas entrevistas llevadas a cabo con mujeres y niñas yezidi que lograron escapar dela cautividad en que las mantenía el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), entre noviembre de 2014 y enero de2015, proporcionaron información fiable sobre asesinatos, esclavitud generalizada y sistemática, incluida la venta demujeres, violaciones, esclavitud sexual, y tratos inhumanos y degradantes (documento A/HRC/28/18, párrafo 35).
La Comisión también toma nota de que en diciembre de 2015, el Comité de Derechos Humanos expresó su
preocupación por la información según la cual la trata de personas y el trabajo forzoso siguen siendo un problema
considerable en Iraq. El Comité de Derechos Humanos recomendó que el Gobierno debería garantizar que se lleven a cabo
investigaciones exhaustivas de todos los casos de trata de personas y de trabajo forzoso; que los autores sean sometidos ajusticia, y que las víctimas reciban un resarcimiento completo y medios de protección, incluyendo el acceso a refugiosbien equipados. Además, debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que las víctimas, en particular de la trata
para la explotación sexual, no sean sancionadas por las actividades realizadas como consecuencia de haber sido objeto detrata (documento CCPR/C/IRQ/CO/5, párrafos 31 y 32). Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación en elterreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión insta al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias para prevenir, suprimir y combatir la trata de personas. A este respecto, la Comisión pide al
Gobierno que facilite información sobre la aplicación en la práctica de la Ley núm. 28 contra la Trata, de 2012,indicando el número de investigaciones y de enjuiciamientos llevados a cabo, y las sanciones específicas aplicadas. Porúltimo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para proteger a lasvíctimas de la trata.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Japón
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1932)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las observaciones recibidas del Sindicato de laConstrucción de Buques y de la Ingeniería Naval del Japón (AJSEU), en septiembre de 2014, así como de lasobservaciones del Sindicato de Trabajadores Migrantes, recibidas en 2014 y el 23 de septiembre de 2015. La Comisión
toma nota también de la información adicional suministrada por el Gobierno el 7 de octubre de 2015, en la cual se
incluyen observaciones de la Federación de Comercio del Japón (NIPPON KEIDANREN) y de la Confederación
Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO).
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Víctimas de la esclavitud sexual en períodos de guerra o del trabajo
forzoso en la industria. La Comisión reitera que ha venido examinando desde 1995 la cuestión de la esclavitud sexual(el sistema de las denominadas «mujeres de recreo») en períodos de guerra y el trabajo forzoso en la industria durante la
Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que recuerda que carece de las competencias para ordenar la reparación de lasvíctimas, la Comisión expresó la firme esperanza de que el Gobierno prosiguiera sus esfuerzos para buscar lareconciliación con las víctimas, y de que se adoptaran medidas a la mayor brevedad para responder a las reclamaciones delas víctimas supervivientes que ya tienen una edad avanzada.
La Comisión toma nota de que el AJSEU ofrece información sobre las decisiones legales de la República de Corea yde China relativas al trabajo forzoso en la industria en períodos de guerra. El AJSEU se refiere, en particular, a lasentencia de la Corte Suprema de Corea, de 24 de mayo de 2012, en la que revocó las decisiones de jurisdicciones
inferiores por las que se rechazaban las solicitudes de indemnización a las víctimas de trabajos forzosos contra dos
destacadas industrias japonesas. En cumplimiento de esta decisión, los tribunales encargados de revisar el caso (losTribunales Supremos de Seúl y Pusan) ordenaron a las empresas que indemnizaran a las antiguas víctimas de trabajo
forzoso. El AJSEU señala que, lamentablemente, los defensores presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal
Supremo de Justicia, lo que significa que los querellantes que reclaman indemnizaciones no tendrán posibilidad de dar aconocer los resultados de su reclamación a las víctimas ya fallecidas. Tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo deJusticia en un nuevo juicio, se han presentado varias demandas en relación con el trabajo forzoso en la industria enperíodo de guerra. El AJSEU señala además que los directivos de estas empresas declararon que consideraban que elasunto de la indemnización había quedado zanjado con la conclusión del Acuerdo de 1965 sobre solución de problemas206relacionados con bienes materiales y reclamaciones y sobre la cooperación económica entre el Japón y la República deCorea, razón por la cual presentaron el recurso. El sindicato considera que crece la conciencia general de que esta cuestióndebería resolverse en aras del mantenimiento de las buenas relaciones con sus antiguos socios comerciales. El AJSEU creeque debería resolverse la cuestión mientras las víctimas siguen vivas y que el Gobierno del Japón tiene la responsabilidad
de garantizar que sus vecinos asiáticos mantengan buenas relaciones con el pueblo del Japón. Además, el sindicato señala
que se han presentado varias demandas judiciales contra el Gobierno del Japón y/o sus industrias en China después de que
el «Tribunal Intermedio Principal» de Beijing aceptase a trámite una queja en este aspecto. Por último, el AJSEU señala
que la cuestión de la esclavitud sexual en tiempo de guerra sigue siendo objeto de examen por los organismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas.
El Gobierno señala en su memoria que no tiene intención de negar o trivializar la cuestión de las «mujeres derecreo», que representa una grave afrenta para el honor y la dignidad de un amplio número de mujeres. El Gobierno siguecomprometido con la postura oficial en este asunto y ya ha expresado sus más sinceras disculpas y arrepentimiento a cadauna de las antiguas «mujeres de recreo». El pueblo y el Gobierno del Japón colaboraron conjuntamente con el Fondo parala Mujer Asiática (AWF), en 1995, con el fin de que el sentimiento de contrición del pueblo japonés abarcase también a
las antiguas «mujeres de recreo» y de asegurarse de que sus sinceras disculpas y arrepentimiento llegaban a éstas en la
mayor medida posible. El AWF donó fondos por este concepto desde el sector privado a 285 mujeres. El Gobierno serefiere asimismo una vez más a las cartas de disculpas y arrepentimiento firmadas por el Primer Ministro que fueron
enviadas a las mujeres que recibieron dichos fondos. El AWF proporciona también fondos para proyectos de ayuda alservicio médico y social. Tras la conclusión del último proyecto en Indonesia, el AWF fue disuelto en marzo de 2007,
pero el Gobierno ha seguido implementando actividades de seguimiento. Como parte de éstas, el Gobierno reitera que ha
encomendado a las personas que participaron en el AWF que lleven a cabo visitas de atención médica y actividades deasesoramiento en grupo, las cuales tuvieron lugar en 2015. El Gobierno señala también que las antiguas «mujeres derecreo» que recibían o deseaban recibir prestaciones del AWF fueron objeto de «acoso» por parte de algunos grupos en la
República de Corea. Resulta lamentable que no todas las antiguas «mujeres de recreo» se beneficiaran de las actividadesdel AWF debido a estas circunstancias. El Gobierno considera que deberían reconocerse adecuadamente los esfuerzos
realizados por el AWF.
El Gobierno señala también que el Gobierno del Japón, de conformidad con las obligaciones que le competen envirtud del Tratado de Paz de San Francisco, se ha ocupado con franqueza de las cuestiones relativas a las reparaciones,
propiedades y otras reclamaciones que atañen al período de la Segunda Guerra Mundial, incluidas las que se refieren a las«mujeres de recreo». En cuanto a las reclamaciones individuales, han sido resueltas jurídicamente con las partes firmantes
de estos tratados, en particular, el Acuerdo de resolución de problemas relacionados con bienes materiales y reclamaciones
y sobre la cooperación económica entre el Japón y la República de Corea, de 1965. En conclusión, el Gobierno expresa su
preocupación por la difusión de información y cifras sin valor probatorio entre los miembros de la comunidad
internacional. El Gobierno manifiesta la esperanza de que las iniciativas del Japón serán reconocidas correctamente por la
comunidad internacional sobre la base de un reconocimiento adecuado de los hechos. Por último, el Gobierno afirma que
los tribunales no se pronunciaron en relación con los casos de las «mujeres de recreo» ni del «trabajo forzoso de personas
movilizadas a la fuerza», así como tampoco sobre los casos pendientes en los tribunales japoneses entre 2012 y 2015.
Al tiempo que observa la declaración del Gobierno en respuesta a su anterior solicitud de que la AWF emprendiera
actividades de seguimiento con el fin de reunirse con estas mujeres de recreo, la Comisión lamenta profundamente tomar
nota de que no se ha llegado a ningún resultado concreto. La Comisión expresa la firme esperanza de que, habida cuenta
de la gravedad y antigüedad de los hechos, el Gobierno realizará todos sus esfuerzos para lograr la reconciliación conlas víctimas, y se adoptarán medidas sin tardanza, para responder a las reclamaciones realizadas por las víctimas
sobrevivientes del trabajo forzoso en la industria y la esclavitud sexual en tiempo de guerra, que ya tienen una edadavanzada.
2. Programa de formación profesional y de pasantías técnicas. La Comisión recuerda que sus comentarios
anteriores se referían al programa de formación profesional y pasantías técnicas para desarrollar los recursos humanos y
profesionales de los países en desarrollo con miras a la transferencia de tecnologías, competencias y conocimientos
industriales. En el marco de este programa, los extranjeros pueden ir al Japón por un año como «pasantes» y prolongar su
estancia hasta dos años como «pasantes técnicos». El programa está administrado por la Organización Japonesa para la
Cooperación Técnica Internacional (JITCO), y los organismos gubernamentales competentes se encargan de su
supervisión. En junio de 2010 se realizó una revisión de dicho programa a fin de reforzar la protección de los pasantes ypasantes técnicos, especialmente dándoles el estatuto de residentes en régimen de «formación y pasantía técnica» por un
período máximo de tres años, así como la protección prevista por las leyes y reglamentos en materia laboral. Además, losorganismos de los países de origen de los pasantes así como los organismos y empresas del país de acogida no pueden
percibir sumas en concepto de garantía o penalización y se han reforzado las sanciones aplicables a los organismos que eneste contexto violen los derechos humanos.
En sus observaciones, el Sindicato de trabajadores migrantes considera que, a pesar de las modificaciones
introducidas en 2010, los organismos de los países de origen continúan cobrando sumas de dinero so pretexto de gastos deformación previa o de transporte, que han endeudado a estos pasantes y los hacen vulnerables frente al despido o la
expulsión, especialmente debido a que no tienen derecho a cambiar de empleador. La Confederación Japonesa de

207

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

Sindicatos (JTUC-RENGO) señala a este respecto que el 15,9 por ciento de los pasantes que regresaron a sus países
indicaron que habían tenido que depositar una fianza ante la agencia de colocación, y el 78 por ciento de ellos precisaronque la suma depositada no se les había devuelto. El Sindicato de los Trabajadores Migrantes se refiere a las estadísticasdel Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar que dan cuenta de infracciones de la legislación del trabajo cometidas por
empleadores de las prefecturas de Aichi y Gifu (imposición de horas extraordinarias más allá del límite legal, impago desalarios, incumplimiento de las reglas de seguridad y salud en el trabajo, y retención de documentos de identidad).
Asimismo, el sindicato señala que el número de defunciones de pasantes extranjeros es anormalmente elevado si se tiene
en cuenta que se trata de una población joven y que goza de buena salud. Además, cita un estudio realizado por la Oficinade evaluación de la administración (AEB) del Ministerio del Interior y Comunicaciones en el que se recomienda que se
mejore la inspección de los organismos y empresas de acogida y se plantean reservas sobre la eficacia de los controles
realizados por la JITCO a este respecto. Asimismo, en el estudio se señala que muchos organismos de acogida infringen el
derecho laboral y se constata que los pasantes son reclutados por empresas en las que se han reducido los efectivos.
Existen 846 empresas que emplean a pasantes y en 157 de ellas los pasantes constituyen la mitad del personal, y 34 sólo
emplean a pasantes. Por último, el sindicato indica que si bien la Oficina de inspección del trabajo ha detectado muchas
infracciones, pocas de éstas se remiten a la fiscalía.
En su respuesta, el Gobierno indica que la Oficina de inmigración del Ministerio de Justicia supervisa las empresas
que tienen pasantes. Toda infracción detectada se notifica a la empresa y, de ser necesario, puede suspenderse el derecho arecibir a nuevos pasantes durante un período de cinco años. En 2014, se enviaron notificaciones o suspensiones a
241 entidades (frente a 230 en 2013 y 197 en 2012). Tras los controles, se proporcionan orientaciones a las empresas que
infringen la legislación del trabajo, incluso en caso de trabajo forzoso, a fin de que corrijan la situación. Cuando sesospecha que se cometen infracciones graves, la Oficina de inmigración trabaja en colaboración con la Oficina deinspección del trabajo, y los casos más graves se remiten a la fiscalía. En 2013, se realizaron controles y se proporcionaron
orientaciones en 2 318 lugares de trabajo. Se comprobó que en 1 844 casos se producían violaciones de la legislación deltrabajo, y 12 casos de violaciones graves se remitieron a la fiscalía. Asimismo, el Gobierno se refiere a las instrucciones
que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha dado a la JITCO para que se realicen visitas de orientación y se remitan
ciertos casos a las oficinas regionales de los servicios de inspección del trabajo. Entre abril de 2014 y marzo de 2015, la
JITCO realizó 7 210 visitas y proporcionó orientaciones escritas en 856 casos exigiendo un informe sobre las mejoras
realizadas. Además, en marzo de 2015 se presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre la formación profesional de lospasantes y la protección de los pasantes técnicos extranjeros. Este proyecto contempla una serie de medidas tales como lacreación de un organismo de formación profesional de los pasantes que podría realizar inspecciones in situ y gestionar unsistema para reforzar los controles a través de un mecanismo de licencias, registros y autorizaciones de las entidades deacogida. En ese organismo se designaría un punto focal encargado de recibir los informes de los pasantes técnicos.
Refiriéndose al proyecto de ley, la JTUC-RENGO indica que, si bien las medidas propuestas tienen por objetivo protegera los pasantes técnicos y «normalizar» el programa, sería conveniente garantizar que estas medidas se aplicanefectivamente y son eficaces antes de ampliar el programa a otras profesiones como tiene previsto el Gobierno. A este
respecto, el Gobierno indica que el programa sólo se aplicará en las empresas que satisfagan un determinado número decondiciones lo cual constituirá un incentivo para aplicar el programa de manera apropiada.
La Comisión toma nota de que, en el marco del examen de la aplicación del Pacto internacional de derechos civiles ypolíticos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tomó nota con inquietud de que, a pesar de lasmodificaciones legislativas realizadas a fin de aplicar el derecho de trabajo a los pasantes técnicos extranjeros «aún se dan
un gran número de denuncias de abusos sexuales, muertes relacionadas con el trabajo y unas condiciones que podrían
constituir trabajo forzoso en el programa de capacitación para pasantes técnicos» y señaló que el Gobierno «debe
considerar seriamente la posibilidad de sustituir el programa actual por un nuevo sistema que se centre en la creación decapacidad» (documento CCPR/C/JPN/CO/6, de 20 de agosto de 2014).
Tomando nota de toda esta información, la Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando medidas para
reforzar la protección de los pasantes técnicos extranjeros. Le pide que transmita información sobre la adopción delproyecto de ley sobre la formación profesional de los pasantes y la protección de los pasantes técnicos y sobre lasmedidas adoptadas en este contexto para reforzar los controles que se realizan en las empresas que acogen a pasantes ypara garantizar que se protegen los derechos de los pasantes y éstos pueden denunciar los abusos que sufren.
Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que comunique estadísticas sobre el número y la naturaleza de las
infracciones detectadas, el número de casos que han dado lugar a enjuiciamientos y las condenas impuestas,precisando los hechos por los que se han impuesto esas condenas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kenya
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

208

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Trabajo obligatorio en relación con la conservación de los recursos naturales. A
lo largo de algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a los artículos 13-18 de la Ley sobre la Autoridad de los Jefes(capítulo 128), en su forma enmendada por la ley núm. 10, de 1997, según los cuales puede exigirse a las personas de sexo
masculino físicamente aptas, de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, la realización de cualquier trabajo o servicio en
relación con la conservación de los recursos naturales durante un período que puede llegar hasta los 60 días al año. La Comisión
tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual nunca se aplicaron los artículos 13-18 de la Ley sobre laAutoridad de los Jefes a la que se hizo antes referencia, y la Ley sobre la Autoridad de los Jefes sería sustituida por la ley sobre laautoridad administrativa. En su última memoria, el Gobierno afirma que el proyecto de ley sobre la autoridad administrativa queestá destinado a sustituir a la Ley sobre la Autoridad de los Jefes, fue publicado y presentado al Parlamento para su debate ypromulgación. También se compromete a comunicar una copia de la nueva ley, en cuanto se haya aprobado.
La Comisión confía en que se adopte, en un futuro próximo, la ley sobre la autoridad administrativa, que está destinada
a sustituir a la Ley sobre la Autoridad de los Jefes, y en que la legislación sea armonizada con el Convenio y la práctica
indicada. Solicita al Gobierno que transmita una copia de la ley sobre la autoridad administrativa, en cuanto se hayaadoptado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la adopción de la Constitución de Kenya, de 2010, que contiene disposiciones relativas a la
Carta de Derechos (capítulo 4), que incluyen, en particular, disposiciones que prohíben la esclavitud, la servidumbre y el trabajo
forzoso (artículo 30), así como disposiciones que garantizan la libertad de expresión (artículo 33) y la libertad de los medios decomunicación (artículo 34), el derecho de realizar reuniones, manifestaciones y piquetes pacíficos (artículo 37) y el derecho a
constituir un partido político y participar en sus actividades (artículo 38, 1)).
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican trabajo obligatorio como castigo por la expresión deopiniones políticas. El Código Penal y la Ley de Orden Público. Durante muchos año, la Comisión ha venido refiriéndose aalgunas disposiciones del Código Penal, y de la Ley de Orden Público, en virtud de las cuales se pueden imponer penas de prisión(que entrañan la obligación de trabajar en virtud de la regla 86 del reglamento penitenciario) como castigo por participar en
determinadas reuniones o manifestaciones o por publicar, distribuir o importar cierto tipo de publicaciones. La Comisión se ha
venido refiriendo, en particular, al artículo 5 de la Ley de Orden Público (capítulo 56), en virtud de la cual la policía estáfacultada para controlar y dirigir la realización de concentraciones públicas y tiene amplias facultades para suspender o impedir lacelebración de manifestaciones, reuniones y demostraciones públicas (artículo 5, 8) a 10)), infracciones que pueden castigarse
con penas de prisión (artículos 5, 11) y 17)), que entrañan trabajo obligatorio. La Comisión también se ha venido refiriendo alartículo 53 del Código Penal, en virtud del cual se castiga con penas de prisión a quienes impriman, publiquen, distribuyan,
ofrezcan para la venta, etc. alguna publicación prohibida; en virtud del artículo 52 del Código Penal se podrá prohibir toda
publicación, cuando sea necesario en interés del orden público y de la moralidad o de la salud públicas.
La Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe el uso de «ninguna forma de trabajo forzoso u
obligatorio», incluido el trabajo penitenciario obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o
por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Además, al referirse al párrafo 303 de su
Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo, la Comisión señala que elConvenio no prohíbe que se impongan penas que conllevan trabajo obligatorio a las personas que recurren o incitan a la violencia
o participan en los preparativos para realizar actos de violencia. En cambio, quedan comprendidas en el ámbito de aplicación delConvenio las penas que entrañan trabajo obligatorio cuando éstas sancionan la prohibición de expresar opiniones o manifestar
oposición al sistema político, social o económico establecido, tanto si dicha prohibición viene impuesta por la ley o en virtud de
una decisión administrativa discrecional. Esas opiniones pueden expresarse verbalmente o por intermedio de la prensa u otros
medios de comunicación o a través del ejercicio de la libertad de asociación (incluida la creación de partidos políticos osociedades) o la participación en reuniones o manifestaciones.
La Comisión observa que el alcance de las disposiciones del Código Penal y de la Ley de Orden Público antes mencionada
no se limita a la violencia o incitación a la violencia, y puede tener como consecuencia la imposición de sanciones que implican
trabajo obligatorio como sanción por diversas acciones no violentas relacionadas con la expresión de opiniones a través de cierto
tipo de publicaciones y la participación en reuniones públicas.
Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que las disposiciones del Código Penal y la Ley de Orden
Público antes mencionada serán puestas en conformidad con el Convenio (por ejemplo, limitando su alcance a los actos deviolencia o incitación a la violencia o sustituyendo sanciones que implican trabajo obligatorio con otro tipo de sanciones, por
ejemplo, multas) y que el Gobierno pronto estará en condiciones de informar sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

KuwaitConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Indonesia para la Prosperidad (KSBSI)y del Sindicato de Trabajadores Migrantes Indonesios (SBMI), recibidas el 10 de julio de 2015.

209

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Libertad de los trabajadores domésticos para poner fin al empleo. A lo
largo de algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la exclusión de los trabajadoresdomésticos migrantes de la protección del Código del Trabajo, y solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias
para adoptar un marco de protección de las relaciones de empleo, específicamente adaptado a las difíciles circunstancias
que afrontaba esta categoría de trabajadores. En este sentido, la Comisión tomó nota con anterioridad de la adopción dealgunos decretos y decisiones ministeriales, incluidos el decreto-ley núm. 40/1992 y la decisión ministerial núm. 617/1992
que reglamentan las normas y los procedimientos dirigidos a la obtención de licencias para que las agencias de colocación
privadas suministren trabajadores domésticos y trabajadores similares, así como la decisión ministerial núm. 1182/2010,que define los derechos y las obligaciones de cada parte en el contrato de trabajo (agencia, empleador y empleado).
La Comisión toma nota de que, en sus comunicaciones, la KSBSI y el SBMI, se refieren a un caso específico de un
trabajador doméstico migrante que trabajaba en Kuwait desde 2003 hasta 2014, y que había sido objeto de prácticas detrabajo forzoso, incluido el abuso físico, condiciones de trabajo duras, y la confiscación de pasaportes. La KSBSI y el
SBMI alegan que trabajan en Kuwait más de 660 000 trabajadores domésticos extranjeros de Asia y África. En general,
emigran a través de agencias de colocación en sus países que mantienen relaciones con agencias en Kuwait. La mayoría
aceptó contratos de dos años. La KSBSI y el SBMI también indican que en 2009, las embajadas de los países que exportan
mano de obra a Kuwait recibieron más de 10 000 quejas de trabajadores domésticos acerca del impago de salarios, horasde trabajo excesivamente largas sin descanso, y abusos físicos, sexuales y psicológicos. Es probable que muchos máscasos de abusos sigan sin ser notificados. Los trabajadores domésticos tienen pocas posibilidades viables de reparación. La
legislación del trabajo de Kuwait excluye a los trabajadores domésticos, al tiempo que las leyes sobre inmigración lesprohíben abandonar o cambiar de trabajo sin el consentimiento del empleador. Los trabajadores domésticos ponen fin a su
trabajo sin permiso del empleador, incluso los que huyen de los abusos, pueden hacer frente a cargos en relación con la
inmigración con sanciones penales, detención indefinida y deportación. Por último, la KSBSI y el SBMI destacan que elfactor que más contribuye a la vulnerabilidad de los trabajadores domésticos es el sistema de patrocinio de Kuwait(kafala). La Ley de Residencia de los Extranjeros, de 1959, con sus reglamentos de aplicación, sigue siendo la ley
primordial que establece este sistema. Según la ley de 1959, los patrocinadores deciden si un trabajador puede cambiar deempleadores y puede presentar documentación a las autoridades de inmigración para anular el permiso de residencia de un
trabajador en cualquier momento.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se adoptó recientemente la Ley
núm. 68/2015 sobre el Empleo de los Trabajadores Domésticos. La Comisión toma debida nota de que la ley prevé lasrespectivas obligaciones del empleador y del trabajador, en particular respecto del contrato modelo emitido por el
Ministerio del Interior, en árabe e inglés; las horas de trabajo, la remuneración y el tiempo de descanso, así como lasvacaciones. La Comisión toma nota, en particular, de que los artículos 12 y 22 de la ley prohíben expresamente laconfiscación de pasaportes de los trabajadores por parte del empleador. También toma nota de que el contrato entre elempleador y el trabajador doméstico se firma por un período de dos años y puede ser renovable por un período similar,
salvo que una de las dos partes notifique a la otra al menos dos meses antes del término del contrato de dos años. Porúltimo, la Comisión toma nota de que los trabajadores domésticos pueden presentar una queja ante el Departamento deTrabajo Doméstico y obtener reparación, por ejemplo, por impago de salarios o por cualquier otro asunto.
La Comisión toma nota con preocupación de la información de los sindicatos, según los cuales los trabajadoresdomésticos migrantes son vulnerables a las prácticas abusivas y a las condiciones laborales que pueden equivaler a la
imposición de trabajo forzoso. Al tiempo que reconoce que la Ley núm. 68/2015 sobre el Empleo de los Trabajadores
Domésticos constituye una medida positiva hacia la mejora de la protección de los trabajadores domésticos, laComisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que se aplique efectivamente. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 68/2015,
incluida una copia del contrato modelo expedido por el Ministerio del Interior, así como los datos sobre el número detrabajadores domésticos que han presentado quejas ante el Departamento de Trabajo Doméstico y los resultados deesas quejas. Con respecto al derecho de los trabajadores domésticos de dejar libremente su empleo, la Comisión solicita
al Gobierno que indique de qué manera los trabajadores domésticos migrantes son informados de su derecho a dar por
terminado su contrato de empleo de dos años con un preaviso de dos meses y cambiar de empleador o abandonar el
país.
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25. 1. Trata de personas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al
Gobierno que indicara las medidas adoptadas o previstas, tanto en la legislación como en la práctica, para impedir,
suprimir y castigar la trata de personas, incluidas las medidas sobre protección de la víctima, así como toda intención deintroducir disposiciones penales establecidas específicamente para sancionar la trata de personas. La Comisión toma nota
con interés la adopción de la Ley núm. 91, de 2013, sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes, cuyo
objetivo es castigar la trata y delitos conexos y prever sanciones rigurosas por los delitos vinculados con la trata depersonas (15 años y una multa). La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la
práctica de la Ley sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes, indicando el número deinvestigaciones y de acciones judiciales llevadas a cabo, y las sanciones aplicadas. La Comisión solicita también al
Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para proteger a las víctimas de trata.

210

2. Sanciones penales por imposición de trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó quela legislación nacional examinada con anterioridad sólo prevé sanciones pecuniarias por la imposición de trabajo forzoso
que debería ser objeto de sanciones penales realmente eficaces. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere avarias disposiciones penales, incluidos: i) los artículos 49 y 57 de la Ley núm. 31 de 1970, sobre la Enmienda del Código
Penal; ii) el artículo 121 del Código Penal que prohíbe que los funcionarios o los empleados públicos obliguen a un
trabajador a realizar un trabajo para el Estado o para cualquier organismo público, y iii) el artículo 173 del Código Penal,
que prevé la imposición de penas de reclusión a cualquiera persona que amenace a otra físicamente o perjudique su
reputación o su propiedad, con miras a obligar a la víctima a hacer algo o a abstenerse de hacer algo. La Comisión también
toma nota de que, en virtud del artículo 185 del Código Penal, podrá imponerse una pena de cinco años de reclusión y deuna multa a quien esclavice, compre u oferte a una persona. La Comisión pide al Gobierno que comunique información
sobre la aplicación en la práctica de las mencionadas disposiciones del Código Penal, indicando el número deinvestigaciones, de condenas y de sanciones aplicadas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1961)
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan trabajo obligatorio como castigo por expresar opiniones
políticas. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que el decreto legislativo núm. 65 de 1979, que
imponía algunas restricciones a la organización de reuniones y asambleas públicas y cuyo incumplimiento se sanciona con
penas de reclusión (que entrañan un trabajo penitenciario obligatorio, en virtud del artículo 63 del Código Penal), fue
declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2006. La Comisión tomó nota asimismo de que, en 2008, seelaboró un proyecto de ley de reuniones y asambleas públicas. No obstante, observa que el ámbito de aplicación dealgunas disposiciones del proyecto de ley (artículos 10 y 15) no se limita a los actos de violencia (o de incitación a laviolencia), a la resistencia armada o a la revuelta popular, sino que parece permitir la imposición de un castigo que entraña
la obligación de trabajar por la expresión pacífica de opiniones contrarias a la política del Gobierno y al sistema político
establecido. La Comisión pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se modifiquen lasmencionadas disposiciones del proyecto de ley sobre reuniones y concentraciones públicas, de 2008.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el proyecto de ley sobre reuniones y concentraciones públicas
no ha sido adoptado todavía y que se va a examinar con detenimiento las observaciones de la Comisión con respecto a lanecesidad de modificar determinadas disposiciones del proyecto de ley. La Comisión, en consecuencia, pide al Gobierno
que adopte las medidas necesarias, a la mayor brevedad, para poner la legislación nacional sobre reuniones yconcentraciones públicas en conformidad con las disposiciones del Convenio, con el fin de garantizar que no pueda
imponerse ninguna sentencia de prisión que entrañe un trabajo obligatorio a las personas que, sin utilizar o propugnar
la violencia, expresen determinadas opiniones políticas, o puntos de vista opuestos al sistema político, social oeconómico establecido. La Comisión pide al Gobierno que suministre una copia de la ley sobre reuniones yconcentraciones públicas cuando haya sido adoptada.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

LíbanoConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Situación vulnerable de los trabajadores domésticos
migrantes e imposición de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota anteriormente del proyecto de ley para regular lascondiciones de trabajo de los trabajadores domésticos. Solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizarque el proyecto de ley antes mencionado se adopte en un futuro muy próximo.
La Comisión toma nota de que en su comunicación de fecha 21 de agosto de 2013 la Confederación Sindical Internacional(CSI) estima que unos 200 000 trabajadores migrantes están empleados como trabajadores domésticos en el Líbano, la mayoríade los cuales son mujeres pertenecientes a países africanos y asiáticos. La CSI también pone de relieve que los trabajadoresdomésticos están excluidos de la protección de la legislación laboral debido a que su condición jurídica, en virtud del sistema depatrocinio denominado kafala, está vinculada a un empleador determinado, y no pueden acceder a los mecanismos de reparación
legal. Además, la CSI se refiere a diversas situaciones de explotación a las que están sometidos los trabajadores domésticos
migrantes, incluidos el atraso en el pago de los salarios, y los abusos verbales y sexuales. Estos trabajadores también están sujetos
a condiciones de alojamiento deficientes, tales como la falta de dormitorios separados y de alimentación inadecuada. Sin
embargo, la CSI indica que en 2009, el Ministerio de Trabajo, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos y la OIT elaboraron un contrato tipo unificado para los trabajadores domésticos
migrantes. Una versión revisada se redactó con la asistencia técnica de la OIT.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se ha completado el manual de orientación para lostrabajadores migrantes y está a la espera de una traducción a través de la Oficina de la OIT en Beirut. Por lo que respecta a laorden núm. 1/1, de 3 de enero de 2011, que reglamenta las actividades de las agencias de colocación de las trabajadoras
extranjeras, el Gobierno se refiere a la colaboración entre el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Propietarios de Agencias deColocación y la OIT para supervisar la aplicación de un código de conducta para el sindicato, además de la discusión en curso

211

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

respecto del nuevo marco legislativo que reglamenta la labor de esas agencias. Asimismo, el Gobierno indica que, en
colaboración con la OIT, se ha elaborado un contrato tipo unificado por el que se reglamenta la actividad de los trabajadoresdomésticos migrantes.
La Comisión también toma nota de que el Líbano participa en un programa de asistencia técnica de la OIT, el proyecto dela Cuenta de Programas Especiales (SPA). Esta asistencia permitió la elaboración de planes de acción que abordan concretamente
cuestiones planteadas en los comentarios de la Comisión. A este respecto, la Comisión toma nota de que se ha suspendido laadopción del anterior proyecto de ley, de 2009, que regula la actividad laboral de los trabajadores domésticos migrantes debido alos diversos cambios ministeriales registrados durante los cuatro años últimos, y de que, no obstante, se ha elaborado un nuevo
contrato tipo unificado con la asistencia técnica de la OIT que, al parecer ha obtenido la aprobación del Gobierno y de losinterlocutores sociales. Se prevé la adopción de este contrato en el plazo de un año. La Comisión toma nota de que el proyecto decontrato tipo unificado colma alguna de las brechas existentes en la reglamentación de la actividad laboral de los trabajadoresdomésticos. Además, establece salvaguardias mínimas contra el trabajo forzoso mientras esté pendiente la adopción de una ley
especial que reglamente la actividad de esos trabajadores. El proyecto de ley relativo a las condiciones de trabajo de lostrabajadores domésticos migrantes se ha remitido a la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros para su
presentación ante el Consejo de Ministros y, posteriormente, al Parlamento para su discusión.
La Comisión recuerda la importancia de adoptar medidas eficaces para garantizar que el empleo de los trabajadores
migrantes no los haga aún más vulnerables, en particular, cuando se ven sometidos a prácticas abusivas por parte del empleador,
como la retención de pasaporte, falta de pago de los salarios, la privación de libertad y los abusos físicos y sexuales. Estas
prácticas pueden llevar a que el empleo se transforme en situaciones constitutivas de trabajo forzoso.
La Comisión observa que, al parecer, el Gobierno está adoptando un cierto número de medidas tanto en el ámbito
legislativo como en la práctica a fin de prevenir la explotación de los trabajadores domésticos migrantes. Por consiguiente, insta
al Gobierno a que siga adoptando medidas para garantizar que los trabajadores migrantes gocen de plena protección frente a
prácticas abusivas y condiciones equiparables a la imposición de trabajo forzoso. A este respecto, la Comisión expresa la firmeesperanza de que el proyecto de ley sobre los trabajadores domésticos migrantes y el contrato tipo unificado que reglamenta su
actividad laboral será adoptado en un futuro próximo y proporcionarán una protección adecuada para esta categoría detrabajadores. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 25. Sanciones penales por la exacción del trabajo forzoso u obligatorio. La Comisión tomó nota anteriormente dela indicación del Gobierno, según la cual el artículo 569 del Código Penal, que establece sanciones penales contra toda persona que
prive a otra de su libertad personal, se aplica a la exacción del trabajo forzoso u obligatorio. La Comisión solicitó al Gobierno que
proporcionara información sobre cualquier procedimiento jurídico que se haya instituido para hacer cumplir el artículo 569 en su
aplicación al trabajo forzoso u obligatorio y sobre las sanciones impuestas, incluyendo copia de toda decisión judicial pertinente. La
Comisión también tomó nota de que el artículo 8, numeral 3, a), del decreto núm. 3855, de 1.º de septiembre de 1972, dispone que
estará prohibida la imposición de trabajo forzoso u obligatorio a una persona, y solicitó información sobre todas las sanciones penales
que pudieran imponerse en virtud de esta disposición.
A este respecto, la Comisión toma nota de los alegatos que figuran en la comunicación de la CSI, según las cuales lacarencia de mecanismos de queja accesibles, los largos procedimientos judiciales, y las políticas restrictivas en materia de visados
disuade a muchos trabajadores de presentar o proseguir las quejas contra los empleadores. Incluso cuando los trabajadorespresentan quejas, las autoridades judiciales y policiales, por lo general, no tratan como delitos ciertos abusos contra lostrabajadores domésticos. Además, no se puede presentar siquiera un solo ejemplo de casos en que se acuse al empleador pormantener encerrados a los trabajadores en los hogares en que trabajan, confiscar sus pasaportes o denegándoles alimentos. En
todos los casos examinados, se estimó que las sentencias eran muy leves en comparación con el delito. En 2009, un tribunal
condenó a una pena de prisión a un empleador por castigar físicamente de manera reiterada a una trabajadora doméstica denacionalidad filipina. No obstante, la sentencia fue sólo de 15 días de reclusión.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, si bien no existe en la legislación nacional una disposición
específica que sanciona la exacción de trabajo forzoso, los jueces pueden invocar, en esos casos, al artículo 569 del Código Penal.
Sin embargo, no se dispone de información alguna sobre las acciones judiciales iniciadas por violación, tanto del artículo 569 delCódigo Penal como del artículo 8, numeral 3, a), del decreto núm. 3855, de 1.º de septiembre de 1972, por el que se establece que
se puede invocar la prohibición del recurso al trabajo forzoso. La Comisión insta al Gobierno a garantizar la aplicación desanciones eficaces y suficientemente disuasorias a las personas que someten a esos trabajadores a condiciones de trabajo
forzoso. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione copia de las decisiones judiciales pertinentes, con ejemplos de lassanciones impuestas de conformidad con el artículo 569 del Código Penal, de manera que la Comisión esté en condiciones deevaluar si las sanciones penales aplicadas son realmente adecuadas y suficientemente disuasorias.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

MalawiConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Servidumbre por deuda. En sus comentarios anteriores, la Comisión planteó lacuestión del trabajo forzoso en las plantaciones de tabaco, en respuesta a las alegaciones de varias organizaciones de trabajadores.
La Comisión también tomó nota de que el Gobierno denegó esas alegaciones, declarando que los inspectores del trabajo de
Malawi nunca tuvieron noticia de esos casos y no se presentaron quejas de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota asimismo deque, en su informe de 2010 para el examen periódico del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) delas políticas comerciales de Malawi, la Confederación Sindical Internacional (CSI) destacó que, en las plantaciones,
especialmente en las explotaciones de tabaco, los trabajadores que arriendan las tierras de cultivo son explotados a través de unsistema de endeudamiento y son coaccionados a trabajar por parte de los propietarios.

212

La Comisión toma nota de la breve indicación del Gobierno en su última memoria, según la cual el proyecto de ley sobre elarriendo de servicios, se discutió a nivel de Gabinete y se devolvió al Ministerio de Trabajo para un nuevo examen. La Comisión
también toma nota de la declaración que figura en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a laalimentación, de enero de 2014, según la cual, se estima en 300 000 el número de familias arrendatarias de plantaciones de tabacoque viven en una situación de pobreza extremadamente precaria en el país. El Relator Especial destaca que los ingresos de lasfamilias de arrendatarios dependen de la cantidad y de la calidad del tabaco vendido al terrateniente en cada temporada decosecha y que, en algunos casos, se deja a las familias sin ningún ingreso una vez que reembolsan los préstamos que comprenden
sus necesidades alimentarias durante la temporada de cultivo (documento A/HRC/25/57/Add.1, párrafo 47). También en relación
con las explicaciones contenidas en el párrafo 294 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, laComisión recuerda que la manipulación del crédito y las deudas por los empleadores sigue siendo un mecanismo clave para
atrapar a trabajadores vulnerables en situaciones de trabajo forzoso. Por ejemplo, los campesinos pobres pueden ser inducidos aendeudarse, aceptando préstamos relativamente modestos pero acumulativos o anticipos salariales ofrecidos por los empleadoresen momentos de escasez. En consecuencia, la Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias
para acelerar la adopción del proyecto de ley sobre el arriendo de servicios, con miras a fortalecer la protección de lostrabajadores en esa situación contra los mecanismos de endeudamiento que pueden generar servidumbre por deuda. La
Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de la ley en cuanto se haya adoptado.
Trata de personas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual está preparando, para presentarlo
al Parlamento, un anteproyecto de ley sobre trata de seres humanos. El proyecto de ley abordará los asuntos relativos a la trata
interna y transfronteriza. El Gobierno indica asimismo que lleva a cabo actividades para sensibilizar los tribunales, la policía y las
comunidades en la cuestión de la trata. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se persiguen
en la actualidad los casos de trata con arreglo a las disposiciones del Código Penal, en los casos en los que las víctimas son
adultos, y de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia) de 2010, en los casos en los que las víctimas son niños.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones
finales de julio de 2014, expresa su preocupación acerca de los retrasos en la adopción de una legislación específica contra la
trata, la prevalencia de la trata en el país y la falta de datos oficiales disponibles en cuanto a su amplitud. El Comité de Derechos
Humanos de la ONU también expresa que lamenta la falta de programas adecuados para proteger y apoyar a las víctimas(documento CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar, en un futuro muy próximo, la adopción de la legislación integral contra la trata de personas,
incluidas sanciones adecuadas que permitan que se procese y castigue a los responsables de trata. La Comisión también
solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas con miras a proteger y asistir a las víctimas detrata. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información detallada sobre las medidas específicas
adoptadas para impedir y combatir la trata de personas, así como estadísticas sobre el número de casos de trata examinados
por las autoridades y las sanciones impuestas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Marruecos
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1957)
Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Trata de personas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota
de la ausencia de disposiciones legislativas que incriminan expresamente la trata de personas y por ese motivo, alentó al
Gobierno a que tomara las medidas necesarias para adoptar una legislación completa de lucha contra la trata de personas.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual en 2014 se llevaron a cabo un cierto número deactividades en el ámbito de la trata de personas, en particular, una visita de estudio a Francia y a Bélgica para
familiarizarse con los sistemas de identificación, de protección y de asistencia a las víctimas de la trata; un taller deformación para jueces y representantes de departamentos ministeriales concernidos por el fenómeno de la trata, así comode campañas de información y sensibilización.
La Comisión toma nota, sin embargo, de que sigue sin haberse establecido un marco legislativo apropiado paraluchar contra la trata de personas a pesar de las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la trata depersonas, especialmente mujeres y niños, con ocasión de su visita en junio de 2013. La Comisión toma nota que según
indica la Relatora Especial la legislación no contiene una definición específica de la trata, y de que, si bien existen otras
disposiciones sobre la trata, por ejemplo en el Código Penal, se pueden observar importantes lagunas al respecto(documento A/HRC/26/37/Add.3, párrafo 23). Por otra parte, la Comisión observa que se ha elaborado un proyecto de ley
sobre la lucha contra la trata de personas, que se encuentra en curso de adopción.
La Comisión insta firmemente al Gobierno adoptar las medidas necesarias para asegurar la adopción de una ley
contra la trata de personas y de comunicar copia del texto definitivo una vez que éste sea adoptado. La Comisión
también pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre los procedimientos judiciales iniciados en relación con
los casos de trata y, en su caso, sobre las sanciones pronunciadas.
Artículo 2, párrafo 2, d). Movilización de personas. Desde hace muchos años, la Comisión señala la atención delGobierno la necesidad de modificar o derogar algunos textos legislativos que autorizan la movilización de personas y larequisición de bienes, con miras a asegurar la satisfacción de las necesidades del país (dahíres de 10 de agosto de 1915 y
de 25 de marzo de 1918, que se retoman en el dahír de 13 de septiembre de 1938 y que el decreto núm. 2-63-436, de 6 denoviembre de 1963, volvió a poner en vigor).

213

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSOLa Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Constitución de 2011 ha establecido el
principio de solidaridad para soportar las cargas que se derivan de los casos de fuerza mayor. El Gobierno añade que losdahíres de 25 de marzo de 1918 sobre las movilizaciones civiles, y el de 11 de mayo de 1931 sobre las requisiciones que
se efectúan en aras del mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad y la salud pública están orientados en el mismo
espíritu y sólo son aplicables efectivamente en caso de fuerza mayor.
La Comisión recuerda una vez más que los textos precitados van más allá de lo autorizado por el artículo 2,
párrafo 2, d), del Convenio, en virtud del cual los poderes de movilización y, en consecuencia, de imposición de un
trabajo deberán limitarse a las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones
normales de existencia de toda o parte de la población. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para asegurar la derogación o modificación del dahír de 1938, con miras a asegurar laconformidad de la legislación nacional con el Convenio y con la práctica indicada.
Artículo 25. Aplicación de sanciones penales realmente eficaces. Desde hace muchos años, la Comisión señala laatención del Gobierno la limitada capacidad disuasoria de las sanciones previstas en el artículo 12 del Código del Trabajo
contra las personas que recurren a la movilización de los asalariados para la realización de un trabajo forzoso o contra su
voluntad (una multa de 25 000 a 30 000 dirhams y, en caso de reincidencia, una multa que se lleva al doble y una pena dereclusión de seis días a tres meses o sólo de una de esas dos penas).
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual únicamente las autoridades públicas pueden
recurrir a los poderes de movilización para hacer frente a las necesidades urgentes de la población; ningún particularpuede recurrir a esa práctica. Además, el Código del Trabajo prevé sanciones para impedir toda tentativa de movilizar alos trabajadores para realizar un trabajo forzoso. Además, el Gobierno indica que las observaciones de la Comisión setomarán en consideración en oportunidad de la próxima revisión del Código Penal. Añade además que los inspectores deltrabajo no han observado ningún caso de violación de las disposiciones legislativas relacionadas con el trabajo forzoso ni
tampoco se han registrado sentencias judiciales de las instancias competentes.
La Comisión expresa su preocupación por la falta de carácter disuasorio de las sanciones previstas en el artículo 12
del Código del Trabajo, y recuerda que una multa o una pena de prisión de corta duración no pueden constituir una
sanción eficaz, teniendo en cuenta, por una parte, la gravedad de esta infracción y, por otra, el carácter disuasorio quedeben tener las sanciones habida cuenta de la gravedad de la infracción que constituya el trabajo forzoso. En
consecuencia, la Comisión espera que en el marco de la revisión en curso del Código Penal, el Gobierno adopte lasmedidas necesarias para tipificar como delito penal el trabajo forzoso de manera que se pueda aplicar a las personasque recurren al trabajo forzoso sanciones penales realmente eficaces y disuasorias.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1966)
Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que entrañan la obligación de trabajar como castigo
por la expresión de determinadas opiniones políticas. Desde 2004, la Comisión ha venido señalando a la atención delGobierno determinadas disposiciones del Código de la Prensa (artículos 20, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 52 y 53 del dahirnúm. 1-58-378, de 15 de noviembre de 1958, en su tenor modificado por la ley núm. 77-00, de 3 de octubre de 2002) que
sancionan diversos delitos de prensa con una pena de prisión que entraña la obligación de trabajar en un establecimiento
penitenciario en virtud de los artículos 24, 28 y 29 del Código Penal y del artículo 35 de la ley núm. 23-98 relativa a laorganización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
La Comisión toma nota nuevamente de que el Gobierno indica que sigue en curso la revisión del Código de laPrensa en la que se prevén disposiciones que modifican los artículos que no están en conformidad con el Convenio. Según
indica el Gobierno, el nuevo código consagrará las disposiciones de la nueva Constitución, en particular las relativas alestablecimiento de garantías a la libertad de prensa y la práctica periodística. A este respecto, la Comisión se refiere alpárrafo 302 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales y recuerda que las sanciones que entrañan laobligación de trabajar, incluido el trabajo penitenciario, son incompatibles con el artículo 1, a), del Convenio cuando
sancionan la prohibición de expresar opiniones de manera pacífica y no violenta, o la oposición al orden político, social oeconómico establecido. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, a la mayor brevedad, para
poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio. En este sentido, espera que el nuevo Código de laPrensa sea adoptado en un futuro muy próximo y que suprima las sanciones penales, en particular las penas de prisión
por los delitos de prensa. A reserva de la adopción de estas medidas, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que
comunique información sobre el número de casos en los que los tribunales han recurrido a las citadas disposiciones
del Código de la Prensa y sobre las sanciones impuestas.
Artículo 1, d). Imposición de penas de prisión que entrañan la obligación de trabajar como castigo por haberparticipado en huelgas. Desde hace varios años, la Comisión señala a la atención del Gobierno el artículo 288 delCódigo Penal, según el cual, toda persona que, mediante violencia, amenazas o maniobras fraudulentas, provoca omantiene o intenta provocar o mantener un cese concertado del trabajo, con objeto de forzar el aumento o la reducción delos salarios o de ocasionar un perjuicio al libre ejercicio de la industria o del trabajo, podrá ser condenada a una pena deprisión de un mes a dos años. La Comisión había tomado nota de que estaba en vías de adopción un proyecto de ley por el214que se reglamenta el derecho de huelga y que, además, los tribunales nacionales no han utilizado las disposiciones delartículo 288 del Código Penal.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el proyecto de ley orgánica sobre el ejercicio delderecho de huelga es objeto de consulta con los interlocutores económicos y sociales, y la revisión del artículo 288 delCódigo Penal también está prevista en el proceso de reforma actual de dicho Código. La Comisión espera que, en el
marco de ese proceso, los nuevos textos legislativos estarán en conformidad con el Convenio, y que no se pueda
imponer una pena de prisión que entrañe trabajo obligatorio a los trabajadores que participen en una huelga demanera pacífica. La Comisión pide al Gobierno que comunique copia de los nuevos textos legislativos una vez queéstos se hayan adoptado.

Mauritania
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1961)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Esclavitud y secuelas de la esclavitud. En sus comentarios anteriores, laComisión instó al Gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para proseguir la lucha contra la esclavitud y sus
secuelas y para garantizar que las víctimas de la esclavitud estén efectivamente en condiciones de hacer valer sus
derechos. La Comisión se refirió a ese respecto a la creación de la Agencia Tadamoun (Agencia nacional para la lucha
contra las secuelas de la esclavitud) y a la adopción, en marzo de 2014, de la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas
de la esclavitud. La Comisión tomó nota de la discusión que tuvo lugar en junio de 2015 en la Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia Internacional del Trabajo, y de las observaciones formuladas por la Confederación General deTrabajadores de Mauritania (CGTM) recibidas el 28 de agosto de 2015; las observaciones formuladas por la
Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas los días 1.º y 29 de septiembre de 2015; así como de la memoria delGobierno y de su respuesta a las observaciones de la CGTM y la CSI, recibidas, respectivamente, los días 9, 12 y 31 deoctubre de 2015.
a) Aplicación efectiva de la legislación. La Comisión subrayó anteriormente que a pesar de la adopción de la ley
núm. 2007/48, de 9 de agosto de 2007, sobre la incriminación y el castigo de prácticas análogas al esclavismo, las víctimas
seguían encontrando dificultades para hacer valer sus derechos, tanto a nivel de las autoridades administrativas como delas autoridades judiciales; se pronunció una sola decisión judicial basada en esta ley. El Gobierno indica en su memoria
que la ley de 2007 fue derogada por la ley núm. 2015-031, de 10 de septiembre de 2015, que incrimina la esclavitud yreprime las prácticas análogas a la esclavitud. La Comisión destaca que esta nueva ley retoma las líneas principales de laley anterior definiendo más detalladamente los elementos constitutivos de la esclavitud, la cesión de personas, laservidumbre y la servidumbre por deudas y aumenta las penas correspondientes para esos delitos. Además de habilitar alas asociaciones de defensa de los derechos humanos a denunciar las infracciones y prestar asistencia a las víctimas, la ley
prevé ahora la posibilidad de que, si esas asociaciones gozan de personalidad jurídica desde al menos cinco años, puedan
actuar en justicia y constituirse como querellantes (artículo 23). El artículo 20 prevé el establecimiento de jurisdicciones
de carácter colegiado con competencia para juzgar las infracciones relativas a la esclavitud y las prácticas esclavistas. Porúltimo, el artículo 25 prevé que el juez esté obligado a preservar los derechos de las víctimas a obtener una reparación.
Además, la Comisión toma nota de la adopción el mismo día de la ley núm. 2015-032, sobre la asistencia judicial, quecrea un sistema de asistencia judicial que permite cubrir los gastos que, normalmente están a cargo de las partes, cuando se
trate de personas indigentes o de escasos ingresos.
En relación con los asuntos judiciales, el Gobierno precisa que los tribunales han tratado 31 casos de prácticas
análogas a la esclavitud, que tuvieron como consecuencia la aplicación de una condena de dos años de prisión, controles
judiciales, multas, resarcimientos civiles para las víctimas y sentencias absolutorias. Por otra parte, la Agencia Tadamoun
ha actuado como querellante en una serie de casos caracterizados por la explotación de la esclavitud. En sus
observaciones, la CSI se refiere a la renuencia de las autoridades administrativas y policiales a investigar los casos deesclavitud que les son comunicados por las asociaciones. Análogamente, los fiscales suelen archivar las actuaciones
judiciales sin que se tome ninguna resolución y las autoridades judiciales dan una nueva calificación a los hechos paraevitar la aplicación de disposiciones que incriminen la esclavitud.
La Comisión observa que si bien se presentan ante las autoridades judiciales un mayor número de casos, persisten las
dificultades para obtener la condena de los autores e imponerles sanciones penales efectivamente disuasorias. La Comisión
recuerda que, en virtud del artículo 25 del Convenio, los Estados tienen la obligación de cerciorarse de que las sanciones
impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. La Comisión subraya a este respecto que las víctimasde la esclavitud se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad económica y psicológica que requiere una acción
específica del Estado. En consecuencia, la Comisión confía que la adopción de la ley núm. 2015-031 irá acompañada por
medidas concretas que demuestran la voluntad del Gobierno de garantizar su aplicación efectiva y que la policía, el
Ministerio Público y los jueces reciban formación respecto de esta práctica y se beneficien de actividades desensibilización al respecto, dotándolas de los recursos adecuados para realizar investigaciones, reunir pruebas e iniciar
procedimientos judiciales de manera rápida, eficaz e imparcial en todo el territorio. La Comisión pide al Gobierno que
215

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

indique las medidas adoptadas con miras a establecer instancias judiciales colegiadas para conocer en materia deinfracciones relativas de la esclavitud. Por último, la Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones sobre elnúmero de casos de esclavitud denunciados ante las autoridades, el número de casos respecto de los cuales se ha llevado acabo una investigación, el número de casos en los que se iniciaron acciones judiciales y el número y naturaleza de lascondenas pronunciadas. Sírvase también indicar de qué modo, en la práctica, se indemniza a las víctimas de la esclavitud
de los daños sufridos, de conformidad con el artículo 25 de la ley.
b) Marco estratégico e institucional de la lucha contra la esclavitud. La Comisión saludó en comentarios
anteriores la adopción de la Hoja de ruta para la luchar contra las secuelas de la esclavitud que contiene
29 recomendaciones que abarcan los ámbitos jurídico, económico y social, así como de sensibilización, y pidió al
Gobierno que adoptara las medidas adecuadas para ponerlas en práctica. El Gobierno se refiere en su memoria a lacreación de un comité técnico interministerial encargado del seguimiento de la aplicación de la Hoja de ruta, bajo lasupervisión directa del Primer Ministro, así como de una comisión técnica de seguimiento. A este respecto, el Gobierno
facilita informaciones sobre el estado de avance en la aplicación de algunas recomendaciones y, en particular, sobre lascampañas de sensibilización destinadas a personas determinadas, la sociedad civil, dirigentes religiosos, etc. Por último, el
Gobierno se refiere a algunos programas sociales y económicos elaborados por la Agencia Tadamoun para la construcciónde infraestructuras escolares en las localidades alejadas, el abastecimiento de agua potable, la construcción deinfraestructuras sanitarias o la de viviendas sociales. Según indica el Gobierno esos programas, que favorecen a lossegmentos de población más desfavorecidos, son generadores de empleo y permiten a las familias que sus hijos puedan
concurrir a la escuela. A este respecto, la Comisión observa que la CSI lamenta que la Agencia Tadamoun se centre en la
reducción de la pobreza en detrimento de otros aspectos de su mandato y que los sindicatos y las asociaciones que luchan
contra la esclavitud sean mantenidos al margen de las actividades de la agencia.
La Comisión toma nota del conjunto de esas informaciones y alienta al Gobierno a que continúe aplicando las
recomendaciones de la Hoja de ruta y proporcionando informaciones detalladas sobre las actividades realizadas a este
respecto por el comité técnico interministerial. La Comisión también espera que el Gobierno vele por que se
proporcionen a la Agencia Tadamoun los recursos apropiados para tomar las medidas necesarias a corto plazo paraluchar contra el trabajo forzoso, como medidas de sensibilización, así como para luchar contra las causas profundas ylos factores que mantienen a las personas en una situación de dependencia de un grado tal que les hace imposible dar
un consentimiento libre e informado del trabajo que se les impone.
c) Situación de la esclavitud en la práctica y sensibilización del conjunto de la sociedad. La Comisión toma nota
de que en sus observaciones, tanto la CGTM como la CSI subrayan que persisten aún prácticas importantes y duraderas dela esclavitud arraigadas en las tradiciones y la cultura. La CGTM considera que ya es tiempo de realizar transformaciones
sociales igualitarias y justas en todas las capas sociales y de comprometer a los interlocutores sociales y a la sociedad en
general en auténticas campañas de promoción, sensibilización y educación de los ciudadanos para combatir de manera
sistemática toda forma de trabajo forzoso. La CSI considera que la negativa de algunas autoridades a reconocer
plenamente la existencia de la esclavitud y referirse exclusivamente a sus secuelas constituye un obstáculo para laerradicación de la esclavitud en Mauritania. Se refiere también a los obstáculos que el Gobierno opone a la acción de lossindicatos o de las asociaciones que militan contra la esclavitud y hace referencia tanto a la intervención de las autoridadespara impedir que la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) realice una campaña de sensibilización
como a la detención de activistas durante otra campaña de sensibilización.
La Comisión recuerda que frente a la complejidad del fenómeno de la esclavitud y de sus secuelas, el Gobierno
debería actuar en el marco de una estrategia global que abarque todos los dominios de la sensibilización y la prevención,la cooperación con la sociedad civil, la protección y la reinserción de las víctimas, especialmente a través de programas
específicos que permitan a las víctimas liberarse de su situación de dependencia económica y psicológica en la que seencuentran, así como el fortalecimiento de las capacidades de la fiscalía y las autoridades judiciales con objeto de lograr
una aplicación de la ley efectiva y disuasoria. La Comisión insta al Gobierno a que continúe adoptando todas lasmedidas necesarias para movilizar al conjunto de las autoridades competentes y de la sociedad en esta lucha, yproporcionar informaciones a este respecto. Asimismo, la Comisión alienta al Gobierno a llevar a cabo tareas deinvestigación que permitan disponer de información completa acerca de la naturaleza y prevalencia de la esclavitud en
Mauritania con objeto de realizar una mejor planificación de las intervenciones públicas.
Por último, la Comisión espera que el Gobierno podrá beneficiarse de la asistencia técnica de la Oficina, respecto dela cual el Primer Ministro expresó su interés en una comunicación al Director General de la OIT en febrero de 2015 y
reiteró en su calidad de representante gubernamental en la Conferencia.

MéxicoConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1934)
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. 1. Marco institucional de la lucha contra la trata.
La Comisión alentó al Gobierno a proseguir sus esfuerzos en el ámbito de la lucha contra la trata de personas, entre otras
cosas a través de la aplicación del marco legal e institucional previsto en la ley general de 2012 para prevenir, sancionar yerradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. La
216

Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno sobre las actividades realizadas para luchar
contra la trata. En particular, señala que la Comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos enmateria de trata de personas, publica cada año un informe anual en el que se compila la información recibida de losórganos competentes de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo en los seis ámbitos siguientes: avances legislativos;
prevención y sensibilización; cooperación interinstitucional; protección de las víctimas; sanción de los delitos, ycooperación internacional. De estos informes se desprende que, en todo el territorio, se han realizado muchas actividades,en particular: talleres de formación y de reforzamiento de las capacidades llevados a cabo por entidades federales como,por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, la policía federal, el Poder Judicial de la Nación (impartidos a más de
10 000 funcionarios) así como por entidades federadas (en las que han participado 34 000 funcionarios); y campañas desensibilización; se ha difundido material informativo dirigido al gran público y concretamente a ciertos sectores como eldel turismo, o incluso a los trabajadores migrantes a través de los consulados en el extranjero. Asimismo, la Comisión
toma nota de la aprobación, el 30 de abril de 2014, del segundo Programa nacional para prevenir, sancionar, y erradicarlos delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este Programa,que cubre el período 2014-2018, contiene un diagnóstico de la situación en materia de lucha contra la trata, en el que se
subraya: la insuficiencia de las medidas de protección para combatir este delito; la falta de coherencia de los cuidados, laprotección y la asistencia que se proporcionan a las víctimas; la deficiente procuración, investigación y persecución deestos delitos; y la falta de rendición de cuentas y de acceso a la información. Teniendo en cuenta este diagnóstico, el
Programa nacional establece cuatro objetivos estratégicos, cada uno de los cuales tiene sus líneas de intervención (un total
de 79), estrategias e indicadores. La Comisión espera que el Gobierno continúe adoptando las medidas necesarias para
aplicar los cuatro objetivos estratégicos del Programa nacional (prevención; protección de las víctimas; sanción
efectiva del delito, y rendición de cuentas y acceso a la información) y que evalúe de forma regular las medidas
adoptadas en este contexto, como se prevé en los artículos 93 y 94 de la ley de 2012. Tomando nota de que en el
diagnóstico realizado en el marco del Programa nacional se ha señalado la cuestión del reforzamiento de lacoordinación y la colaboración entre las diferentes instituciones de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, laComisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas a este respecto por la Secretaría de Gobernación así
como las medidas adoptadas para continuar reforzando las capacidades de la Comisión intersecretarial.
2. Involucramiento de funcionarios en la trata de personas. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió
a los alegatos de complicidad y participación directa de miembros de la fuerza pública en la trata de personas. A este
respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno sólo transmite estadísticas sobre las sanciones administrativas
impuestas a funcionarios del Instituto Nacional de Migración por faltas disciplinarias tales como el abuso de autoridad, losmalos tratos o la negligencia así como explicaciones sobre el procedimiento disciplinario aplicable a esos funcionarios. La
Comisión recuerda que las víctimas de trata de personas en general se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad.
Por consiguiente, es indispensable que puedan tener confianza en las autoridades con el mandato de protegerlas. La
Comisión señala que en el Programa nacional se indica que el Gobierno considera que la transparencia es uno de losprincipales elementos de la nueva relación entre el Gobierno y la sociedad para garantizar una mayor rendición de cuentas
y combatir la corrupción. La Comisión confía que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para garantizar quese realizan investigaciones administrativas y criminales adecuadas y, si es oportuno, se impongan sanciones a losfuncionarios declarados culpables.
3. Protección de las víctimas. La Comisión observa que la ley de 2012 reconoce de forma detallada los derechos
y la protección integral que debe otorgarse a las víctimas (artículos 59 a 83). Toma nota de que según el informe de 2014
sobre las actividades de la Comisión intersecretarial, se identificaron 1 481 víctimas (437 por las autoridades federales y
1 044 por las autoridades estatales). Asimismo, se llevaron a cabo 1 108 operaciones que permitieron liberar a
789 personas, las cuales pudieron beneficiarse de 20 328 medidas de protección y de asistencia. Además, a nivel federal y
en el marco de la Comisión intersecretarial se elaboró un protocolo para el uso de procedimientos y recursos para el
rescate, asistencia, atención y protección a las víctimas de trata, que establece directrices específicas para todas aquellas
autoridades que deben intervenir, desde la identificación hasta la reinserción social de las víctimas. La Comisión espera
que el Gobierno continuará adoptando medidas para garantizar la seguridad y protección de las víctimas de trata en el
conjunto del territorio nacional, a fin de que puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. La
Comisión le pide que tenga a bien indicar las medidas adoptadas para favorecer la reinserción de las víctimas,
especialmente de las víctimas mexicanas que regresan al territorio nacional.
4. Artículo 25. Sanciones eficaces y estrictamente aplicadas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó
nota de que la ley de 2012 confiere a la Procuraduría General y a la policía atribuciones y facultades especiales en materia
de lucha contra la trata de personas y pidió al Gobierno información sobre los procedimientos judiciales entablados y lascondenas pronunciadas en aplicación de esta ley. El Gobierno indica que el personal de la Fiscalía Especial para losDelitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) que pertenece a la Procuraduría General de la
República se beneficia regularmente y que, entre julio de 2014 y junio de 2015, la Procuraduría General ha llevado a cabo
107 actividades de formación a fin de contribuir más eficazmente a las investigaciones y a la atención a las víctimas.
Asimismo, el Gobierno indica que, entre junio de 2012 y junio de 2015, se dictaron nueve sentencias judiciales en
aplicación de las disposiciones del Código Penal que tipifican la trata como delito, de las cuales siete fueron condenas. En
cinco casos, el juez condenó a los culpables a reparar los perjuicios sufridos por la víctima. Además, a fecha de 30 dejunio de 2015 se habían iniciado 73 procedimientos penales sobre la base de la ley de 2012. La Comisión señala que en los
217

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

informes anuales de la Comisión intersecretarial se señala que uno de los obstáculos más importantes que hay que superares la impunidad que rodea el delito de trata de personas, aunque en los últimos años se ha producido un notable aumentode los enjuiciamientos gracias a las actividades de formación realizadas, especialmente a nivel federal. Habida cuenta dela complejidad del delito de trata de personas, la Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando las medidas
necesarias para reforzar las capacidades de las autoridades policiales, la inspección del trabajo y la Procuraduría
General a fin de garantizar una mejor identificación de las víctimas de trata, tanto con fines de explotación sexual
como con fines de explotación de su trabajo, realizar investigaciones en profundidad y reunir las pruebas que permitan
entablar procedimientos judiciales y, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, imponer sanciones penales
realmente eficaces. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar
una mayor coordinación de los diferentes órganos del Estado en este ámbito, y que transmita información sobre losprocedimientos judiciales en curso, las condenas pronunciadas y la forma en la que las víctimas son indemnizadas por
los perjuicios sufridos.

MyanmarConvenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1955)
Seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta(queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)
Desde hace varios años, la Comisión ha venido examinando el presente caso y acoge con agrado los cambios
positivos que se han producido en Myanmar desde su anterior examen en diciembre de 2012, en particular con respecto ala aplicación del Convenio.
Antecedentes históricos
La Comisión ha estado examinando, a lo largo de algunos años, la manera en que el Gobierno ha dado curso a las
recomendaciones de la Comisión de Encuesta, designada por el Consejo de Administración en marzo de 1997 en virtuddel artículo 26 de la Constitución. En sus recomendaciones, la Comisión de Encuesta instó al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para garantizar:–
que se armonicen con el Convenio los textos legislativos pertinentes, especialmente la Ley de Aldeas y la Ley deCiudades;–que en la práctica actual las autoridades, especialmente las militares, no impongan más trabajo forzoso y obligatorio,y–que se apliquen estrictamente las sanciones que puedan imponerse en virtud del artículo 374 del Código Penal por la
exacción del trabajo forzoso u obligatorio, lo cual requiere una investigación pormenorizada, el enjuiciamiento y la
imposición de un castigo adecuado a los culpables.
Designación de un funcionario de enlace de la OIT
En 2002, se estableció un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Myanmar y la OIT que permitió
nombrar a un funcionario de enlace de la OIT en Myanmar a quién se le encomendó la tarea de respaldar al Gobierno ensu labor de eliminación del trabajo forzoso y en el seguimiento de las políticas en la práctica en materia de trabajo forzoso
en Myanmar.
Protocolo de Entendimiento de 26 de febrero de 2007:
prolongación del mecanismo de quejas
En sus anteriores comentarios, la Comisión se refirió al Protocolo de Entendimiento Complementario (PEC),
suscrito el 26 de febrero de 2007 entre el Gobierno y la OIT, que complementa el Memorándum anterior de 19 de marzo
de 2002, respecto al nombramiento de un funcionario de enlace de la OIT en Myanmar. La Comisión tomó nota, en
particular, de que el PEC establece un mecanismo de quejas que tiene por objeto principal «ofrecer oficialmente a lasvíctimas del trabajo forzoso la posibilidad de comunicar sus quejas a las autoridades competentes a través de los serviciosdel funcionario de enlace, a fin de obtener las reparaciones previstas en la legislación pertinente y, de conformidad con el
Convenio sobre el trabajo forzoso». La Comisión toma nota de que el PEC se prorrogó por quinta vez el 23 de enero de2012, por otros 12 meses a partir del 26 de febrero de 2012 hasta el 25 de febrero de 2013. Desde entonces, y con el fin degarantizar el marco jurídico para reanudar la cooperación de la OIT en Myanmar, la Comisión toma nota de que el PEC seprolongó anualmente y que el Consejo de Administración, en su 325.ª reunión de octubre-noviembre de 2015, ampliar el
PEC por 12 meses más a partir de enero de 2016 (documento GB.325/INS/7).
Protocolo de Entendimiento de 2012 entre el Gobierno de Myanmar y la OIT
La Comisión toma nota de que, en marzo de 2012, se estableció un Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de
Myanmar y la OIT en el que se acordó un plan estructural de acción con miras a implementar una estrategia conjunta
integral para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso en Myanmar antes de 2015.

218

Resolución de 2013 relativa a las medidas sobre la cuestión de Myanmar
adoptadas por la Conferencia
La Comisión toma nota de una resolución sobre las medidas tomadas por la OIT en relación con Myanmar que fue
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 102.ª reunión celebrada en junio de 2013. La resolución fue
pactada en el seguimiento de las conclusiones de la 317.ª reunión del Consejo de Administración en marzo de 2013. La
Comisión toma nota de que la resolución de 2013, al tiempo que observaba que quedaban más tareas pendientes por hacer,
constataba que los progresos realizados por Myanmar en el cumplimiento de las disposiciones del Convenio núm. 29 eranprometedores. Teniendo en cuenta que dejaba de ser necesario mantener las medidas pendientes para la aplicación de lasrecomendaciones de la Comisión de Encuesta, la resolución pospuso la recomendación que figura en el párrafo 1, a), de laresolución adoptada por la Conferencia en virtud del artículo 33 de la Constitución, en junio de 2000, en la cual se había
decidido que la aplicación del Convenio núm. 29 por parte de Myanmar sería objeto de discusión en una sesión especial
de la Comisión de Aplicación de Normas en una futura reunión de la CIT. La resolución de la Conferencia de 2013
suspendió asimismo la recomendación que figuraba en el párrafo 1, b), de la resolución de la Conferencia de junio de2000, en la que se recomendaba a los mandantes de la Organización examinar las relaciones que pudieran tener con
Myanmar y adoptar las medidas adecuadas con el fin de asegurarse de que no se valían de esas relaciones para perpetuar odesarrollar el sistema de trabajo forzoso al que hacía referencia la Comisión de Encuesta. Con arreglo a los términos
formulados en la resolución de la Conferencia de 2013, se solicitó a la Oficina y al Gobierno que siguieran comprometidos
con la aplicación del Protocolo de Entendimiento Complementario de 2007, el Protocolo de Entendimiento de marzo de2012 y con los planes de acción conexos para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso en Myanmar antes de2015, en coordinación con los interlocutores sociales del país. La resolución invitó también al Consejo de Administración
a que examinara la situación en Myanmar en lo referente a las cuestiones relacionadas con las actividades de la OIT, en
particular, la libertad sindical y de asociación, y la repercusión de la inversión extranjera en las condiciones de trabajo
decente del país, y en este sentido, solicitó al Director General que presentara un informe a este respecto en las reuniones
de marzo del Consejo de Administración hasta que se alcance la eliminación del trabajo forzoso. La resolución exhortaba
además a los Estados Miembros, así como a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a las organizaciones
internacionales a que, con la asistencia de la OIT, respaldaran los esfuerzos del Gobierno encaminados a eliminar el
trabajo forzoso en Myanmar y a promover la justicia social en el país, en particular mediante la movilización de losrecursos financieros que resulten necesarios.
Ratificación del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
La Comisión saluda la ratificación por parte del Gobierno de Myanmar del Convenio núm. 182, de 18 de diciembrede 2013. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en colaboración con la OIT, adoptó el Programa de Myanmar sobre
la Eliminación del Trabajo Infantil 2014-2017 (My-PEC) encaminado a elaborar una respuesta global integradora yeficiente de los múltiples interesados con objeto de reducir el trabajo infantil y sus peores formas en Myanmar.
Debates en el Consejo de Administración
El Consejo de Administración continuó sus debates sobre este caso durante su 317.ª reunión de marzo de 2013
(documento GB.317/INS/4/2), durante sus 320.ª, 321.ª y 322.ª reuniones de marzo, junio y noviembre de 2014
(documentos GB.320/INS/6 (Rev.), GB.321/INS/INF/1 y GB.322/INS/INF/2), y durante sus 323.ª y 325.ª reuniones demarzo y noviembre de 2015 (documentos GB.323/INS/4 y GB.325/INS/7). La Comisión toma nota de que, durante el
debate que tuvo lugar en octubre-noviembre de 2015, en relación con los progresos realizados en la aplicación del Plan deacción sobre la eliminación del trabajo forzoso antes de 2015 el Consejo de Administración constató lo siguiente: i) elnúmero de quejas recibidas a través del mecanismo de presentación de quejas sigue siendo elevado. Hasta finales deagosto de 2015, se había recibido una media mensual de 24,5 quejas conformes al mandato frente a 33 quejas en 2014;ii) se ha registrado una disminución constante del uso real del trabajo forzoso, lo que sugiere que el hecho de que elnúmero de quejas recibidas siga siendo elevado evidencia un crecimiento sostenido tanto de la conciencia sobre el derecho
a presentar quejas como de la confianza en el mecanismo utilizado para presentarlas; iii) la firma de los acuerdos de alto al
fuego entre el Gobierno y alrededor de 13 grupos armados, junto con la fructífera negociación para lograr un acuerdo dealto al fuego en todo el país, se han traducido en una reducción significativa del recurso al trabajo forzoso en las zonas deconflicto. No obstante, siguen llegando informaciones de prácticas de trabajo forzoso en lugares donde todavía no se haestablecido un alto al fuego (sobre todo en el estado de Katchin y el estado septentrional de Shan), y en zonas donde
persisten los disturbios civiles (en particular, en el estado de Rakhine); iv) se sigue recibiendo un número considerable dequejas relativas a la pérdida de propiedad de tierras. Si bien es cierto que algunas de estas quejas quedan fuera de lacompetencia del mecanismo de presentación de quejas sobre el trabajo forzoso, aquéllas que han sido admitidas a trámite
por considerarse conformes a su mandato se refieren a la pérdida de tierras como consecuencia de la negativa delpropietario a realizar un trabajo forzoso; v) el número de quejas recibidas que denuncian trabajos forzosos en el sector
privado va en aumento. Estas quejas corresponden a tres categorías principales: el trabajo en régimen de servidumbre (deadultos y niños); la obligación de trabajar un número excesivo de horas extraordinarias (con o sin contrapartidas) a riesgo
de perder el puesto de trabajo, y la trata con fines de trabajo forzoso (en particular en el trabajo doméstico). En el sector
privado sigue habiendo un bajo nivel de sensibilización con respecto al concepto de trabajo forzoso, y para muchas
personas es una noción que se aplica únicamente al sector público; vi) resulta imperativo sensibilizar a todos los sectoresde la sociedad. A pesar de la considerable labor realizada en cooperación con el Gobierno, los interlocutores sociales y la
219

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

sociedad civil, sigue habiendo un bajo nivel de concienciación acerca de los derechos y deberes con respecto a lautilización del trabajo forzoso y muy pocas personas saben de la existencia del mecanismo de presentación de quejas de la
OIT y el Gobierno. Para corregir esta situación, el Gobierno se ha comprometido a difundir regularmente mensajes sobre
el tema por radio y televisión y, aunque se sigue debatiendo al respecto, también sobre la posibilidad de colocar carteles en
puntos estratégicos señalados donde haya una alta incidencia de trabajo forzoso. Se han editado tres DVD sobre distintos
aspectos del trabajo forzoso que empezarán a distribuirse en breve a través de la red de facilitadores voluntarios de la OIT
para su utilización en las actividades locales de sensibilización y formación. Se han iniciado negociaciones con el
Gobierno para adaptar al menos uno de esos DVD a un formato de documental que pueda difundirse por televisión;vii) con respecto a la rendición de cuentas, en el informe presentado a la 323.ª reunión (marzo de 2015) del Consejo deAdministración, se indicó que en los 274 procesos judiciales incoados contra militares a raíz de las quejas presentadas enel marco del Protocolo de Entendimiento Complementario se han impuesto distintos tipos de sanciones, comoamonestaciones formales, multas, descenso de grado en el escalafón, pérdida de antigüedad con respecto a los derechos deascenso y de pensión, expulsión con deshonor e incluso encarcelamiento. Según las informaciones recibidas desdeentonces, han sido encausados y condenados en juicio sumario otros dos altos oficiales y tres suboficiales más. Los altos
oficiales comisionados recibieron amonestaciones y a dos suboficiales se les impuso una reducción en la prestación de sus
servicios y al tercero una multa. No obstante, la OIT no ha recibido todavía ninguna información relativa al enjuiciamiento
penal de ninguna otra persona en virtud de las disposiciones sobre trabajo forzoso de la Ley de Enmienda a la Ley sobre laAdministración de Distritos y Aldeas, de 2012.
El Consejo de Administración observó que se habían realizado avances considerables y que se había registrado una
reducción en la utilización real del trabajo forzoso desde que el Gobierno llegó al poder en 2011, y sobre todo después delinicio de las negociaciones de paz. Además, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, se haarmonizado la legislación nacional de Myanmar con las disposiciones del Convenio núm. 29; se ha formulado una
declaración al más alto nivel para confirmar la voluntad política del Gobierno de lograr la eliminación de todas las formas
de trabajo forzoso; el Gobierno y la OIT han iniciado y continuado una serie de amplias actividades de sensibilización; yse han recibido garantías de que se aplicará una política de asignación de presupuestos completos para la ejecución deobras públicas, y un número considerable de miembros del personal militar han tenido que rendir cuentas por su
persistente utilización del trabajo forzoso. Sin embargo, se siguen recibiendo quejas con arreglo al mecanismo depresentación de quejas del Gobierno y la OIT, en particular con respecto a obras públicas en pueblos y municipios; siguen
habiendo un nivel relativamente bajo de sensibilización y de conocimientos acerca de los conceptos, y no hay pruebas deque exista compromiso con la rendición de cuentas por incumplimiento de la ley, salvo en el caso del ejército.
Memoria del Gobierno
La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno relativa a la aplicación delmecanismo de quejas previsto en el Protocolo de Entendimiento Complementario con arreglo al cual se resuelven lasquejas en materia de trabajo forzoso. El Gobierno señala que, desde marzo de 2007 hasta el 22 de junio de 2015, se han
incoado 697 procedimientos judiciales contra personal militar en respuesta a quejas presentadas en el marco del Protocolo
de Entendimiento Complementario. De todos ellos, 628 casos se refieren al reclutamiento de menores de edad, 13 a casosde trabajo forzoso y dos a otras cuestiones. El Gobierno señala que se han impuesto castigos a 48 oficiales del ejército y
271 altos funcionarios con arreglo al reglamento militar en relación al reclutamiento de menores de edad y casos detrabajo forzoso. Estos castigos van desde las amonestaciones formales, las sanciones pecuniarias, el descenso de categoría
en el escalafón, la pérdida de antigüedad con respecto a los derechos de ascenso y de pensión, hasta la expulsión con
deshonor e incluso al encarcelamiento. La Comisión toma nota además de la información que figura en la memoria delGobierno en relación con la aplicación en la práctica del Plan de acción para la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso en Myanmar de aquí a 2015, elaborado por el Gobierno en cooperación con la OIT. El Gobierno afirma que se han
intensificado las actividades de concienciación de conformidad con el Plan de acción. A este respecto, se han celebrado un
total de 13 talleres de sensibilización sobre la eliminación del trabajo forzoso. Además, se han organizado conjuntamente
por el Ministerio de Trabajo y la OIT 40 talleres de sensibilización en todo el país desde julio de 2012 hasta agosto
de 2015. Asimismo, el Departamento de Administración General dependiente del Ministerio del Interior ha dado
instrucciones a los gobernadores de las regiones y los estados para que se atengan a las disposiciones de la Ley sobre laAdministración de Distritos y Aldeas, que prohíbe la exacción del trabajo forzoso y lo convierte en un delito sancionado
penalmente. Por último, el Gobierno afirma que el Ministerio de Defensa y el Grupo de tareas sobre vigilancia ypresentación de informes sobre los niños y los conflictos armados (CTFMR) firmó, el 27 de junio de 2012, un plan deacción para impedir y poner término al reclutamiento y la utilización de niños menores de 18 años de edad en las fuerzas
armadas (Tatmadaw). En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, entre 2012 a 2015, un total
de 645 menores, que habían sido reclutados por Tatmadaw, fueron entregados a sus padres.
Observaciones finales de la Comisión
En relación con las novedades legislativas, la Comisión había tomado nota anteriormente con satisfacción de la
adopción por el Parlamento de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas de 24 de febrero de 2012 (en su forma
enmendada el 28 de marzo de 2012), que derogaba la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907 (artículo 37), yestablece que la utilización del trabajo forzoso por parte de cualquier persona será un delito final que pueda ser castigado
con penas de prisión y multas (artículo 27A). No obstante, la Comisión toma nota de que no se han adoptado ni
220contemplado medidas para enmendar el artículo 359 de la Constitución (capítulo VIII – Ciudadanía, derechos y deberes
fundamentales de los ciudadanos) que exime de la prohibición del trabajo forzoso a «las obligaciones asignadas por la
República de la Unión, de conformidad con la ley y en aras de los intereses del pueblo». En sus observaciones anteriores,
la Comisión señaló que esta excepción permite formas de trabajo forzoso que exceden el ámbito de las excepciones
específicamente definidas en el artículo 2, 2), del Convenio y puede interpretarse de modo tal que permita la imposición
generalizada del trabajo forzoso a la población. La Comisión toma nota de que, en sus memorias, el Gobierno señala quela Constitución de 2008, que ha sido ratificada y promulgada mediante un referéndum nacional por el pueblo de Myanmar,
será modificada de acuerdo con lo previsto. La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que se tomen por
fin las medidas necesarias con miras a enmendar el artículo 359 del capítulo VIII de la Constitución a fin de ponerlo
de conformidad con el Convenio.
En relación con la aplicación práctica del Convenio, la Comisión acoge con agrado las diversas medidas adoptadas
por el Gobierno, en colaboración con la OIT, encaminadas a la realización del trabajo forzoso de hombres, mujeres yniños en la práctica. Estas medidas incluyen la realización de una amplia gama de actividades de sensibilización en todo elpaís, el apoyo a que se siga recurriendo al mecanismo de quejas en virtud del Protocolo de EntendimientoComplementario con el fin de que las víctimas del trabajo forzoso puedan obtener reparación, así como medidas para que
un considerable número de miembros del personal militar tenga que rendir cuentas por el recurso continuado al trabajo
forzoso. Al tiempo que toma nota de los progresos realizados en aras de la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso, la Comisión observa que prosigue el uso del trabajo forzoso en Myanmar. La Comisión respalda plenamente lasconclusiones sobre Myanmar de la Comisión de la Conferencia y el Consejo de Administración y alienta al Gobierno acontinuar firme en sus esfuerzos hacia la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, tanto en la legislación
como en la práctica, aplicando plenamente las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Solicita al Gobierno queen su próxima memoria proporcione información completa sobre las medidas adoptadas a este efecto, y, en particular,
sobre las medidas urgentes adoptadas para garantizar que, en la práctica, las autoridades, especialmente los militares,
ya no impongan trabajo forzoso. También le pide información acerca de las medidas adoptadas para garantizar laestricta aplicación de la nueva legislación, en particular de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas de2012, a fin de que en virtud de esta legislación y del Código Penal se impongan sanciones estrictas para castigar la
exacción de trabajo forzoso. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobrelas diversas medidas prácticas adoptadas a fin de eliminar todas las formas de trabajo forzoso, tales como: laampliación de las actividades de sensibilización; las mejoras en lo que respecta a abordar el reclutamiento de menores
por los militares, incluida la liberación de niños y la imposición de sanciones disciplinarias y penales al personal
militar; la cooperación en relación con el funcionamiento del mecanismo de quejas del Protocolo de Entendimiento, ylas medidas adoptadas para prever medios presupuestarios adecuados para sustituir el trabajo forzoso o no
remunerado. La Comisión reitera la firme esperanza de que se adopten sin demora todas las medidas necesarias paralograr el pleno cumplimiento del Convenio, a fin de garantizar que se elimine completamente toda utilización detrabajo forzoso u obligatorio en Myanmar.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nepal
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2002)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 31 de agosto de 2011 y
31 de agosto de 2012 así como de la respuesta del Gobierno a dichas observaciones recibida el 5 de diciembre de 2012.
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Trata de personas. La Comisión había solicitado información sobre laaplicación en la práctica de la Ley de Represión de la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas de 2007, así como sobre las medidas
adoptadas para prevenir, eliminar y sancionar la trata de personas.
La Comisión toma nota de que, en su comunicación, la CSI señala que el Gobierno debería adoptar medidas para aplicar las
disposiciones de la Ley de Represión de la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas de 2007. Asimismo, la CSI indica que deberíarevisarse el marco jurídico a fin de garantizar que se pueda procesar eficazmente a los que están involucrados en la trata y el
trabajo forzoso y se les puedan imponer sanciones en consonancia con los delitos cometidos.
La Comisión toma nota de que el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social está revisando los progresos delPlan de acción nacional contra la trata de niños y mujeres, en estrecha colaboración con los interlocutores en materia dedesarrollo y otras partes interesadas fundamentales. Además, el Gobierno indica que está implementando un programa para el
país sobre la trata de personas, en estrecha colaboración con varias ONG, que se centra en los mecanismos de prevención,
procesamiento y protección. Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que la memoria del Gobierno no contiene
información sobre la aplicación de la Ley de Represión de la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas de 2007. La Comisión también
toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de
11 de agosto de 2011, expresó preocupación por la falta de aplicación efectiva de la Ley de Represión de la Trata y el Tráfico
Ilícito de Personas de 2007 (documento CEDAW/C/NPL/CO/4-5, párrafo 21). La Comisión insta al Gobierno a redoblar sus
esfuerzos para combatir la trata de seres humanos, incluso en el marco del Plan de acción nacional contra la trata de niños ymujeres, y le pide que transmita información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto. Solicita al Gobierno queen su próxima memoria incluya información sobre las medidas adoptadas para aplicar la Ley de Represión de la Trata y el
Tráfico Ilícito de Personas de 2007, y sobre el impacto logrado, especialmente en lo que respecta al número de investigaciones
221

Trabajo forzoso

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llevadas a cabo, enjuiciamientos realizados y condenas impuestas. Además, recordando que el artículo 25 del Convenio prevé
que el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales que sean realmente eficaces
y se apliquen estrictamente, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las sanciones concretas
impuestas a las personas condenadas en virtud de la Ley de Represión de la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas de 2007.
2. Vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a las condiciones de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota de lacomunicación de la CSI en la que se explica que los trabajadores migrantes son vulnerables ante la trata y el trabajo forzoso. La
Comisión solicitó información sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores migrantes de las prácticas deexplotación que implican trabajo forzoso.
La Comisión toma nota de que la CSI, en sus comunicaciones más recientes, expresa preocupación por el hecho de que lasagencias de colocación y los intermediarios están implicados en la trata de trabajadores migrantes nepaleses y su posterior
explotación en condiciones de trabajo forzoso. La CSI se refiere a un estudio realizado con trabajadores migrantes que han
regresado al país, en el que se pone de relieve que las agencias de colocación participan de manera rutinaria en la trata detrabajadores migrantes: la mayor parte de los trabajadores migrantes entrevistados para realizar este estudio fueron engañados enlo que respecta a un aspecto sustancial de sus condiciones de empleo, y muchos tuvieron que pagar unos gastos de contratación
muy elevados y se endeudaron, se les confiscaron sus pasaportes, y fueron objeto de amenazas y maltratos físicos e insultos. La
CSI señala que el Gobierno no ha adoptado medidas apropiadas en su propio territorio para reducir o eliminar el trabajo forzoso yhace hincapié en que la aplicación efectiva de la Ley de Empleo Exterior reduciría significativamente la vulnerabilidad de lostrabajadores migrantes frente al trabajo forzoso. Aunque la Ley de Empleo Exterior regula las actividades de las agencias decolocación, esta ley no se aplica de manera efectiva para sancionar a las agencias que la infringen de forma repetida. La CSI
señala que el Gobierno no controla ni sanciona de manera adecuada a las agencias de colocación que no cumplen con sus
responsabilidades en virtud de la Ley de Empleo Exterior y que a pesar del gran número de infracciones con arreglo a la ley sólo
se han impuesto multas a 14 agencias de colocación. La CSI también señala que, aunque en agosto de 2012, el Gobierno prohibió
que las mujeres de menos de 30 años emigren para trabajar en el servicio doméstico en Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y losEmiratos Árabes Unidos, esta prohibición puede tener como efecto indeseado que aumenten los riesgos para esas mujeres que
continuarán buscando trabajo a través de vías informales. Además, la CSI indica que las medidas adoptadas por el Gobierno para
combatir la trata no abordan los problemas más amplios de la trata para la explotación laboral que afectan a los trabajadores
migrantes. La CSI también alega que, en general, la mayor parte de los trabajadores migrantes no tienen acceso a los mecanismosde presentación de quejas y de compensación. Por último, la CSI se refiere al estudio de investigación en el que se indica quevarios jefes de agencias de colocación admitieron pagar sobornos a funcionarios gubernamentales. La CSI señala que el Gobierno
debe establecer un órgano independiente para llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial de los alegatos desoborno y corrupción relacionados con la migración para el empleo, incluso en relación con los funcionarios gubernamentales.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en colaboración con la OIT, el Ministerio de Trabajo yAdministración de Transportes llevó a cabo un proyecto titulado «Protección de los trabajadores migrantes nepaleses frente al
trabajo forzoso y la trata de seres humanos» entre junio de 2009 y septiembre de 2011. El Gobierno indica que los logros más
importantes de este proyecto incluyen: i) la traducción y promoción de los convenios de la OIT en materia de trabajo forzoso;ii) la revisión de las normas sobre trabajo en el exterior; iii) un aumento de las compensaciones para los trabajadores migrantes
que han sido víctimas de trabajo forzoso; iv) el fortalecimiento del sistema de información del Departamento de Empleo en elExterior y los Tribunales de Empleo en el Exterior; v) formaciones para los funcionarios gubernamentales interesados y otras
partes interesadas sobre cuestiones de trabajo forzoso, trata de seres humanos, control de la contratación de los trabajadores
migrantes y la función de los agregados laborales, y vi) alianzas con la asociación de agencias de colocación dedicadas al empleo
exterior para promover unos procedimientos éticos de contratación y la aplicación de su código de conducta. Asimismo, laComisión toma nota de la implementación del proyecto de la OIT titulado «Prevenir la trata de mujeres y niñas para el trabajo
doméstico» entre noviembre de 2011 y junio de 2012. Según la información del Programa Especial de Acción para Combatir elTrabajo Forzoso (SAP-FL) de la OIT, en agosto de 2012, los resultados de este proyecto incluyen: i) la sensibilización sobre la
migración segura y la trata así como formaciones para mujeres y muchachas sobre estos temas; ii) la elaboración y distribución de
13 000 folletos y 9 000 afiches sobre la migración segura, los riesgos de la trata de seres humanos y el trabajo forzoso con finesde trabajo doméstico; iii) la formación de representantes gubernamentales y no gubernamentales sobre la lucha contra la trata;iv) medidas preliminares para desarrollar un programa de generación de capacidades para las personas que corren el riesgo de servíctimas de trata o para las personas ya fueron víctimas de esta práctica, y v) formación para los funcionarios encargados de laaplicación de la Ley sobre la Lucha contra la Trata con fines de trabajo forzoso. Además, la Comisión toma nota de que en su
respuesta a las observaciones de la CSI, el Gobierno se refiere a una serie de medidas adoptadas para proteger a los trabajadores
migrantes. Éstas incluyen actividades de sensibilización; un plan de acción para resaltar las actividades fraudulentas en el empleo
en el extranjero; memorandos de entendimiento firmados con los principales países de destino; así como un intento de establecer
escalas de salarios mínimos de los trabajadores migrantes nepaleses.
La Comisión toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno. Sin embargo, la Comisión también toma nota deque el CEDAW, en sus observaciones finales de 11 de agosto de 2011, expresó preocupación por la situación de las mujeres
trabajadoras nepalesas migrantes, en particular por el hecho de que un gran número de mujeres nepalesas carece dedocumentación, lo cual incrementa su vulnerabilidad ante la explotación sexual, el trabajo forzoso y los abusos. También expresó
preocupación por la escasez de iniciativas para asegurar que estén bien informadas y capacitadas antes de partir así como por laausencia de apoyo institucional, tanto del Estado parte como de los países en los que trabajan, para promover y proteger losderechos de las trabajadoras nepalesas migrantes (documento CEDAW/C/NPL/CO/4-5, párrafo 33).
La Comisión recuerda la importancia de adoptar medidas eficaces para garantizar que el sistema de empleo de lostrabajadores migrantes no ponga a los trabajadores interesados en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando
están sujetos a prácticas abusivas por parte del empleador, como, por ejemplo, la retención de pasaportes, el impago de salarios,la privación de libertad y los malos tratos físicos y abusos sexuales. Estas prácticas pueden llevar a que su empleo conduzca asituaciones que constituyan trabajo forzoso. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a continuar sus esfuerzos paragarantizar que los trabajadores migrantes gocen de completa protección frente a las prácticas abusivas y las condiciones
equiparables a la exacción de trabajo forzoso, incluso a través de la aplicación efectiva de la Ley de Empleo Exterior.
La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre la aplicación de la Ley de Empleo
Exterior en la práctica, especialmente información sobre el número de infracciones observadas, investigaciones realizadas yprocesamientos llevados a cabo así como sobre las sanciones concretas aplicadas. La Comisión expresa su preocupación por
los alegatos de complicidad de funcionarios gubernamentales e insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar que
los responsables de la trata de seres humanos y del trabajo forzoso de los trabajadores migrantes, y los funcionarios
gubernamentales cómplices, son objeto de investigaciones y enjuiciamientos y se les imponen sanciones lo suficientemente

222efectivas y disuasorias. Por último, habida cuenta de las difíciles circunstancias a las que tienen que hacer frente lostrabajadores migrantes, la Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas
adoptadas a este respecto, especialmente sobre las medidas elaboradas para, entre otras cosas, prevenir y responder a los casosde abuso de los trabajadores migrantes así como para garantizarles el acceso a la justicia y a otros mecanismos de queja y deindemnización.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Qatar
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1998)
Queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT,
por incumplimiento del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29),y del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
La Comisión toma nota de que en la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en junio de2012, 12 delegados presentaron una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el Gobierno de
Qatar por violación del Convenio núm. 29 y del Convenio núm. 81.
En su 322.ª reunión (noviembre de 2014), el Consejo de Administración examinó un informe de su Mesa relativo ala queja. Los querellantes alegan que el problema del trabajo forzoso afecta a la población de trabajadores migrantes, que
asciende a casi 1,5 millones. Desde el momento en que los trabajadores migrantes inician el proceso de buscar trabajo en
Qatar, pasan a formar parte de un sistema sumamente explotador, que facilita que los empleadores puedan imponer eltrabajo forzoso. Para ello se sirven, entre otras cosas, de prácticas como la sustitución de contratos, el cobro de comisiones
por contratación (muchos trabajadores contraen importantes préstamos a tasas de interés elevadas para poder pagarlos) yla confiscación de pasaportes. El Gobierno de Qatar no establece un marco jurídico que permita proteger los derechos delos trabajadores migrantes con arreglo al derecho internacional ni hace cumplir las disposiciones jurídicas vigentes enmateria de protección. Es especialmente preocupante la ley relativa al sistema de patrocinio, una de las más restrictivas dela región del Golfo, que propicia la imposición del trabajo forzoso, la que, entre otras cosas, dificulta mucho que un
trabajador migrante pueda dejar de trabajar para un empleador abusivo.
En su 323.ª reunión (marzo de 2015), el Consejo de Administración decidió: solicitar al Gobierno de Qatar que
facilitara al Consejo de Administración, para su examen en su 325.ª reunión (noviembre de 2015), información sobre lasmedidas adoptadas para solucionar las cuestiones que se plantean en la queja. La Comisión toma nota de que, a la luz delos informes presentados por el Gobierno, en su 325.ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración decidió
solicitar al Gobierno que aceptara una visita tripartita de alto nivel, antes de la 326.ª reunión (marzo de 2016), que se
encargaría de evaluar todas las medidas adoptadas para resolver las cuestiones planteadas en la queja, incluidas lasmedidas destinadas a aplicar efectivamente la ley recién adoptada relativa a la regulación de la entrada y salida de
expatriados y de su residencia. Además, solicitó al Gobierno que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para favorecer
un enfoque integrado de la supresión del sistema de patrocinio, la mejora de la inspección del trabajo en los sistemas deseguridad y salud en el trabajo, y dar voz a los trabajadores. Por último, el Consejo de Administración decidió aplazar el
examen sobre la constitución de una comisión de encuesta hasta su 326.ª reunión (marzo de 2016).
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de 4 de septiembre de 2015, así como de la detallada discusión
que tuvo lugar en la 104.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2015, en
relación con la aplicación del Convenio por Qatar. La Comisión también toma nota de las observaciones de laConfederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trabajo forzoso de los trabajadores migrantes. La Comisión tomó nota
anteriormente de que en su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración aprobó el informe del comité
tripartito establecido para examinar la reclamación presentada por la CSI y la Internacional de Trabajadores de laConstrucción y la Madera (ICM) alegando el incumplimiento por Qatar del Convenio núm. 29. Este comité llegó a laconclusión de que en el país hay trabajadores migrantes en situación de trabajo forzoso debido a la existencia de ciertas
prácticas, y en particular debido a la sustitución de contratos, las restricciones a la libertad de dejar la relación de trabajo yde salir del país, el impago de salarios o la amenaza de represalias. El Consejo de Administración adoptó las conclusionesdel comité tripartito y pidió al Gobierno que:–reconsiderase sin demora el funcionamiento del sistema de patrocinio;–
garantizase sin demora el acceso de los trabajadores migrantes a la justicia de forma que pudieran hacer valer demanera efectiva sus derechos, y–velase por que se aplicaran sanciones adecuadas por las infracciones.

223

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSOa) Funcionamiento del sistema de patrocinio (kafala). En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota deque la contratación de trabajadores migrantes y su empleo se rige por la ley núm. 4 de 2009, que regula el sistema depatrocinio. En el marco de este sistema, los trabajadores migrantes que han conseguido un visado deben tener unpatrocinador. Éste debe cumplir las formalidades para obtener los permisos de residencia del trabajador y cuando ese
procedimiento termina el empleador tiene la obligación de entregar su pasaporte al trabajador. La ley prohíbe que lostrabajadores cambien de empleador, y el cambio temporal de patrocinador sólo es posible si está pendiente una acción
judicial entre el empleador y el trabajador. Además, los trabajadores no pueden abandonar el país de forma provisional odefinitiva sin tener un visado de salida expedido por su patrocinador. La ley prevé un procedimiento especial aplicable alos casos en los que el patrocinador se niega a conceder un visado de salida a un trabajador. La Comisión tomó debida
nota de que el Gobierno indicó que se ha preparado un proyecto de ley que deroga el sistema de patrocinio y lo sustituye
por contratos de trabajo, y expresó la esperanza de que adoptara sin demora una nueva legislación que proteja a lostrabajadores migrantes contra toda forma de explotación equivalente al trabajo forzoso.
La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2015, la Comisión de la Conferencia instó
al Gobierno a que eliminara el sistema de patrocinio (kafala) y lo sustituyera con un permiso de trabajo que permita al
trabajador cambiar de empleador. Además, instó al Gobierno a que trabajase por la supresión, en el plazo más breve
posible, del procedimiento de la expedición de visados de salida, y mientras tanto, que considere esos visados de salidacomo un derecho.
La Comisión toma nota de que la CSI declara que, si bien el Gobierno ha prometido eliminar el sistema depatrocinio y sustituirlo por un sistema de contratos laborales de larga duración, no se han registrado progresos en relación
con la aprobación o aplicación de esa nueva legislación. Además, en virtud de la nueva ley los trabajadores seguirán
vinculados al empleador por un período de hasta cinco años. En teoría, ya es posible cambiar de empleador en caso de
explotación presentando una solicitud ante el Gobierno aunque esto sucede de manera muy infrecuente. Además, según
informó el Gobierno al Consejo de Administración, se ha propuesto expedir un permiso de trabajo en virtud de la nueva
ley pero no resulta claro en qué circunstancias puede obtenerse. Asimismo, mientras que otra propuesta sugiere que lostrabajadores puedan obtener un visado de salida y dejar el país en un plazo de 72 horas, el empleador puede oponerse e
impedir la salida de los trabajadores.
La Comisión toma nota de la ley núm. 21, de 27 de octubre de 2015, que regula la entrada y salida de los expatriados
y su residencia, y que entrará en vigor una vez transcurrido un año desde su publicación en el Diario Oficial, es decir el
27 de octubre de 2016. La Comisión toma nota de que en virtud de los artículos 8 y 9 de la ley núm. 21, la autoridad
competente deberá expedir un permiso de residencia a un trabajador expatriado, y el empleador encargado de completar elprocedimiento relativo al permiso de residencia y de devolver el pasaporte o documento de viaje al trabajador expatriado,
excepción hecha de la solicitud escrita del trabajador. Además, el artículo 22 autoriza la transferencia de un trabajador
expatriado a otro empleador en el caso de causas pendientes entre el trabajador y el empleador (artículo 22, 1)), o si
existen pruebas de abuso por parte del empleador (artículo 22, 2)). La Comisión también toma nota de que con arreglo al
artículo 21, 1), se autoriza la transferencia de un trabajador expatriado a otro empleador antes de la finalización delcontrato de trabajo con la aprobación del empleador, la autoridad competente y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. La Comisión toma nota de que ya existen disposiciones similares en la ley núm. 4 de 2009, que rige el sistemade patrocinio. La Comisión observa que las nuevas características principales de la ley núm. 21 de 2015 son las siguientes:i) un trabajador expatriado puede transferirse a otro empleador inmediatamente después de la finalización de un contratode duración limitada o tras un período de cinco años si el contrato es de duración indeterminada (artículo 21, 2)) sin el
consentimiento del empleador; mientras que en virtud de la ley núm. 4 de 2009, el trabajador no puede regresar a trabajar
a Qatar durante dos años en el caso de que el patrocinador se niegue a esa transferencia, y ii) el trabajador expatriado
deberá notificar a la autoridad competente al menos tres días antes de la fecha de partida (artículo 7, 1), de la ley núm. 21
de 2015), mientras que en virtud de la ley núm. 4 de 2009, el permiso de salida debe estar firmado por el patrocinador. No
obstante, la Comisión observa que incluso en virtud de la nueva ley, el empleador puede oponerse a la salida del país deltrabajador expatriado; en ese caso, este último tendrá derecho a presentar un recurso de apelación ante una comisión deapelación (artículo 7, 2) y 3), de la ley núm. 21 de 2015). Asimismo, la Comisión toma nota de que el requisito de que elempleador reembolse los gastos por concepto de tasas de contratación en que haya incurrido el trabajador, en virtud delartículo 20 de la ley núm. 4 de 2009, parece no haberse reproducido en la ley núm. 21 de 2015.
La Comisión lamenta tomar nota de que, según las disposiciones de la ley núm. 21 de 2015, los empleadores
seguirán desempeñando un papel significativo en la regulación de la partida de trabajadores a su cargo, y de que la ley
núm. 21 no parece prever la terminación de la relación laboral por parte del trabajador expatriado antes del vencimientodel contrato inicial (es decir, un plazo de preaviso) sin el consentimiento del empleador, ni tampoco establece los motivos
y condiciones generales para la terminación, salvo en cuanto a los casos muy específicos. La Comisión también toma nota
de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre la frecuencia de los traslados a un nuevo empleador en
virtud de la ley núm. 4 de 2009, o sobre el número de casos de confiscación de pasaportes. La Comisión estima que varias
disposiciones de la nueva ley, que aún establece restricciones a la posibilidad de que los trabajadores migrantes dejen el
país o cambien de empleador, impiden a los trabajadores que pueden ser objeto de prácticas abusivas, puedan librarse deesas situaciones. Esto último también se aplica a la práctica de retener los pasaportes, que impide la libertad demovimiento de los trabajadores.

224

La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la ley núm. 21 de 2015 sea
modificada de manera urgente, de manera que asegure a los trabajadores migrantes el pleno disfrute de sus derechos
laborales y los proteja de prácticas abusivas y condiciones de trabajo que pueden constituir trabajo forzoso, como laconfiscación de pasaportes por los empleadores, elevadas tasas de contratación, atrasos salariales y el problema de lasustitución de contratos. A este respecto, la Comisión expresa la firme esperanza de que, una vez modificada lalegislación, ésta sea efectivamente aplicada y permita:–eliminar las restricciones y los obstáculos que limitan la libertad de movimiento de esos trabajadores migrantes yque les impiden poner fin a su relación de trabajo en caso de abuso;–
que los trabajadores dejen su empleo respetando ciertos intervalos de tiempo o mediante un preaviso razonable(en este sentido, se pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de transferencias de empleo
que tuvieron lugar en la práctica);–
revisar el procedimiento de expedición de visados de salida;–
hacer cumplir efectivamente las disposiciones legales relativas a la confiscación de pasaportes (en este sentido, sepide al Gobierno que facilite información sobre el número de casos de confiscación de pasaportes detectados enla práctica);–
velar por que no se cobren comisiones de contratación a los trabajadores y, en caso contrario, que éstas sean
reembolsadas posteriormente por el empleador;–
asegurar que los contratos suscritos en los países de origen no sean modificados a su llegada a Qatar.
La Comisión solicitó asimismo al Gobierno que suministre información sobre el número de infracciones
detectadas y de sanciones impuestas.
b) Trabajadores domésticos migrantes. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que indicara las medidas
adoptadas en la legislación y en la práctica para proporcionar una protección efectiva a los trabajadores domésticos.
La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2015, la Comisión de la Conferencia instó
al Gobierno a que garantizara que los trabajadores domésticos gocen de los mismos derechos laborales que los demás
trabajadores.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales más de la mitad de todas las trabajadoras
migrantes en Qatar están empleadas en casas particulares. Los trabajadores domésticos migrantes están excluidos de losmarcos jurídicos y esto significa que se les deniega la protección prevista para todos los demás trabajadores en virtud de lalegislación laboral de Qatar y que no pueden presentar demandas ante un tribunal de trabajo o quejas ante el Ministerio deTrabajo en el caso de que se encuentren en una situación en la que sean víctimas de abuso o de explotación. La CSI señala
que el abuso de los trabajadores domésticos puede suponer abusos físicos y sexuales. Además, numerosas investigaciones
realizadas han revelado que los trabajadores migrantes están sometidos a condiciones de trabajo forzoso, y a muchos deellos se les han confiscado los pasaportes o se les deniega el pago de las remuneraciones, los períodos de descanso, lalicencia por vacaciones y por enfermedad y la libertad de movimiento.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, si bien los trabajadores migrantes no están cubiertos por la
Ley de Trabajo, están protegidos por las disposiciones generales de la legislación nacional; el Gobierno también señala
que existe un proyecto de ley relativo a los trabajadores domésticos que se examina actualmente por las autoridades
legislativas competentes de Qatar.
A este respecto, la Comisión recuerda la importancia de adoptar medidas efectivas para garantizar que el sistema deempleo de los trabajadores migrantes no ponga a éstos en una situación de mayor vulnerabilidad, en particular cuando seven sometidos a prácticas abusivas por parte del empleador, como la retención de los pasaportes, el impago de sus
salarios, la privación de libertad y los abusos físicos y sexuales. Estas prácticas pueden convertir el empleo en situaciones
que equivalen a trabajos forzosos. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, enla legislación y en la práctica, para garantizar que los trabajadores migrantes estén plenamente protegidos de lasprácticas abusivas y de las condiciones que podrían conllevar trabajo forzoso. La Comisión pide al Gobierno quesuministre información sobre los resultados de las investigaciones relativas a las supuestas prácticas de trabajos
forzoso que afectan a los trabajadores domésticos, incluyendo el número de casos en que se han confiscado pasaportes,se ha denegado la concesión de salarios y se ha restringido la libertad de movimientos. En este sentido, la Comisión
expresa la firme esperanza de que, en conformidad con las disposiciones del Convenio, el proyecto de ley relativo a lostrabajadores domésticos sea adoptado en un futuro muy próximo.
c) Acceso a la justicia. La Comisión tomó nota anteriormente de que si bien la legislación prevé elestablecimiento de diversos mecanismos de presentación de quejas, los trabajadores parecen tener dificultades para
utilizarlo. La Comisión también tomó nota de que se ha equipado al Departamento de Relaciones Laborales del Ministeriode Trabajo y Asuntos Sociales con tabletas para registrar las quejas, disponibles en diferentes idiomas y se ha
incrementado el número de intérpretes. Además, se ha puesto a disposición de los trabajadores una línea telefónica
gratuita y una dirección electrónica para que puedan presentar quejas, que son tratadas por un equipo especialmente

225

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

formado a este fin. Por último, se ha establecido una oficina para ayudar a los trabajadores a iniciar procedimientos ante
los tribunales y apoyarles durante todo el procedimiento judicial.
La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2015, la Comisión de la Conferencia instó
al Gobierno a facilitar el acceso de los trabajadores migrantes al sistema judicial, con la inclusión de servicios de idiomas
y traducción, la eliminación de tasas y gastos derivados de la presentación de quejas, y la difusión de información sobre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo instó a que esos casos se tramiten de manera expeditiva.
La Comisión toma nota de la referencia de la CSI al informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la
Independencia de Jueces y Abogados que señala los obstáculos al acceso a la justicia por parte de los trabajadores
migrantes, especialmente en el sector de la construcción o en el servicio doméstico. Entre esos obstáculos cabe mencionarla barrera del idioma para obtener información y presentar una queja. Además, los trabajadores migrantes muy
frecuentemente temen a la policía, a las instituciones, y a la represalia de sus empleadores.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Constitución de Qatar establece la disposición legal de lostrabajadores migrantes otorgándoles el derecho de recurrir a los tribunales. La Comisión toma nota asimismo de la
información detallada proporcionada por el Gobierno al Consejo de Administración en marzo y noviembre de 2015 sobrelas diversas medidas adoptadas para prestar asistencia a los trabajadores migrantes a fin de que puedan acceder a losmecanismos de queja disponibles (documentos GB.323/INS/8 (Rev. 1), anexo II, párrafo 10, y GB.325/INS/10 (Rev.),
anexo II, párrafos 10 y 18). La Comisión alienta firmemente al Gobierno a seguir adoptando medidas para mejorar el
funcionamiento del mecanismo de quejas disponible de manera que los trabajadores migrantes puedan tener un acceso
rápido y eficaz que les permita, en la práctica, dirigirse a las autoridades competentes y obtener reparación en caso deviolación de sus derechos o de abusos sin temor a represalias. Pide al Gobierno que proporcione información sobre elnúmero de quejas presentadas y de los resultados obtenidos. La Comisión también pide al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para sensibilizar al público y a las autoridades competentes sobre la problemática de lostrabajadores migrantes objeto de trabajo forzoso y formar a los empleadores en sus responsabilidades y obligaciones demanera que todos los actores interesados puedan estar en condiciones de identificar los casos de explotación laboral ydenunciarlos, así como de proteger a las víctimas. La Comisión pide al Gobierno una vez más que adopte las medidas
necesarias para asegurar que las víctimas reciban asistencia psicológica, médica y jurídica, y que proporcione
información sobre el número de centros de acogida que existen, el número de personas que reciben esta asistencia decentros de acogida o de otras instituciones, así como sobre el número de centros de acogida que existen a estos efectos.
d) Mecanismos de vigilancia de las infracciones a la legislación laboral. La Comisión tomó nota anteriormentede que el Gobierno comunicó estadísticas sobre el número de procedimientos judiciales y condenas en relación con losatrasos en el pago de salarios, la remuneración de las vacaciones y las horas extraordinarias.
La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2015, la Comisión de la Conferencia instó
al Gobierno a que continuara contratando a inspectores del trabajo y aumentando la dotación de los recursos materiales
disponibles para llevar a cabo sus funciones, en particular realizar inspecciones en los lugares de trabajo donde se emplea
a trabajadores migrantes.
La Comisión toma nota de que la CSI señala que, a pesar de que se incrementó el número de inspectores del trabajo
de 200 a 294 y se contrataron más intérpretes, este número sigue siendo insuficiente, y resulta claro que un número
importante de lugares de trabajos aún no han sido objeto de inspección, o no se inspeccionaron adecuadamente. Además,
no existe certeza de que los inspectores tengan la formación y los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus
funciones.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual los inspectores delDepartamento de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que reciben formación para la
detección de infracciones y redacción de actas de infracción, llevan a cabo visitas de inspección sin previo aviso a lasempresas, así como inspecciones periódicas. Están facultados para iniciar acciones judiciales contra las empresas en
infracción. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno al Consejo deAdministración en noviembre de 2015 sobre las medidas adoptadas para fortalecer los servicios de la inspección deltrabajo, especialmente a través de la ampliación de su cobertura geográfica, el aumento del número de inspectores y la
mejora de su estatuto, y la dotación de material informático moderno. El Gobierno también proporciona información sobre
el número total de visitas de inspección llevadas a cabo de enero a agosto de 2015, así como del número de casospresentados por los trabajadores en relación con los billetes para el viaje, indemnización por cese de servicio, pago de lasvacaciones y de los atrasos salariales (documento GB.325/INS/10 (Rev.), anexo II, párrafos 11 a 16). En relación con laprotección de los salarios, el Gobierno hace referencia a la ley núm. 1 de 2015, y a la orden núm. 4 de 2015, queestablecen en él una unidad especial de protección del salario en el Departamento de Inspección del Trabajo, que vigila laaplicación del sistema de protección de los salarios de los trabajadores y que establece la obligación de los empleadores apagar los salarios directamente mediante una transferencia bancaria. La Comisión alienta firmemente al Gobierno a
proseguir sus esfuerzos a fin de reforzar los mecanismos de control de las condiciones de trabajo de los trabajadores
migrantes y a cerciorarse de que se aplican efectivamente sanciones en relación con las violaciones detectadas. A este
respecto, pide al Gobierno que continúe sensibilizando y formando a los inspectores del trabajo y que adquieran
conciencia de las cuestiones que están en juego, de manera que el cuerpo de inspección pueda identificar y poner
término a las prácticas que incrementan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y los expone a las prácticas de226trabajo forzoso. Por último, la Comisión se remite a los comentarios que formula en relación con el Convenio sobre lainspección del trabajo, 1947 (núm. 81).
e) Imposición de sanciones. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que comunicara información sobre losprocedimientos judiciales iniciados y las sanciones aplicadas a los empleadores que imponen trabajo forzoso.
La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que garanticeque se apliquen las sanciones previstas en la ley para la explotación de los trabajadores, incluido el delito de trabajo
forzoso tipificado en el Código Penal, y que las sanciones previstas para las infracciones de la legislación laboral sean las
adecuadas y se apliquen efectivamente.
La Comisión toma nota de que la CSI hace referencia al informe de 2014 de la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, según la cual el Poder Judicial está influenciado por personalidades
y empresas poderosas y ejerce un poder plenamente discrecional para decidir qué casos son examinados. La Relatora
Especial indicó también que otras cuestiones graves que suelen observarse son la falta de imparcialidad, los prejuicios y elcomportamiento impropio de los magistrados, sobre los cuales se alega incluso que discriminan a los migrantes a favor delos qataríes. Según la CSI, una reforma judicial como la recomendada por la Relatora Especial contribuiría a garantizar el
cumplimiento efectivo de las sanciones por imposición de trabajo forzoso.
La Comisión toma nota con preocupación de que, si bien el Gobierno hace referencia a las disposiciones delegislación nacional que garantizan la libertad de trabajo y sancionan la imposición de trabajo forzoso (artículo 322 delCódigo Penal y Ley núm. 15 de 2011 contra la Trata de Personas), no suministra información alguna sobre losprocedimientos judiciales iniciados con arreglo a esas disposiciones. En este sentido, la Comisión toma nota de que lasituación de los trabajadores migrantes en Qatar ha sido examinada por numerosos órganos de las Naciones Unidas, que
han expresado considerable preocupación por el gran número de trabajadores migrantes víctimas de abuso (documentos
A/HRC/27/15, de 27 de junio de 2014, A/HRC/26/35/Add. 1, de 23 de abril de 2014 y CEDAW/C/QAT/CO/1, de 10 demarzo de 2014). Al recordar que el hecho de no sancionar a las personas que imponen trabajo forzoso genera un clima
de impunidad que propicia la perpetuación de esas prácticas, la Comisión expresa la firme esperanza de que elGobierno adopte todas las medidas necesarias para garantizar que, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, se
imponen realmente sanciones eficaces y disuasorias a quienes imponen prácticas de trabajo forzoso. La Comisión pide
al Gobierno que asegure que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y el enjuiciamiento riguroso de las personas
sospechadas de explotación y que se impida a los culpables que contraten trabajadores migrantes en el futuro. La
Comisión pide nuevamente al Gobierno que suministre información sobre los procedimientos judiciales entablados ylas sanciones pronunciadas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Árabe Siria
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)
Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Situaciones de trabajo forzoso a causa del conflicto armado. Trata yesclavitud sexual. La Comisión toma nota de que diversos organismos de las Naciones Unidas han informado de casosde secuestro de mujeres y niños con miras a su explotación sexual. A este respecto, la Comisión toma nota de que elComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de julio de2014, tomó nota de la adopción de la Ley de Prevención de la Trata de Personas (ley núm. 3/2010), que tipifica comodelito la trata de personas. Sin embargo, la Comisión toma nota también de que el CEDAW expresó preocupación
respecto a que la trata de mujeres y niñas haya ido en aumento durante el conflicto, y a que las mujeres y las niñas corran
un alto riesgo de ser víctimas de la trata con fines de explotación sexual (documento CEDAW/C/SYR/CO/2, párrafo 33).
La Comisión toma nota asimismo de los informes presentados por la Comisión Internacional Independiente deInvestigación sobre la República Árabe Siria al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en febrero yagosto de 2015 (documentos A/HRC/28/69 y A/HRC/30/48, según los cuales algunos grupos armados opuestos alGobierno han tomado como rehenes a mujeres y niñas en razón de su género y sus creencias religiosas para utilizarlas enel intercambio de prisioneros. Entre ellas hay mujeres y niñas yazidíes que han sido vendidas y regaladas (o vendidas y
regaladas de nuevo) a combatientes del ISIS y a líderes de tribus en zonas de la República Árabe Siria, donde se lassomete a esclavitud sexual. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación en el terreno, y la presencia degrupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para poner fin de manera inmediata a estas prácticas que constituyen una grave violación del Convenio y a garantizarque las víctimas reciben plena protección frente a estas prácticas abusivas. La Comisión recuerda que es fundamental
que se impongan sanciones penales adecuadas a los responsables a fin de que las prácticas de trata o de esclavitud
sexual no queden sin castigo. La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces a este respecto, ya transmitir información sobre los resultados alcanzados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

227

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSOConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1958)
Artículo 1, a), c) y d), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio impuestas como castigo
por la expresión de opiniones políticas, como medida de disciplina en el trabajo y por haber participado en huelgas. A
lo largo de algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a algunas disposiciones del Código Penal Económico, delCódigo Penal, del Código del Trabajo Agrícola y de la Ley de Prensa, en virtud de las cuales pueden imponerse penas dereclusión que conllevan un trabajo obligatorio como medio de coerción política o como castigo por expresar opiniones
opuestas al orden político establecido, y como castigo por transgredir la disciplina del trabajo y por haber participado en
huelgas. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual está realizando esfuerzospara resolver los problemas identificados en los comentarios de la Comisión, mediante la adopción del nuevo Código
Penal. La Comisión expresó la firme esperanza de que, durante el proceso de adopción del Código Penal, el Gobierno
adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que expresan opiniones o una oposición al orden
político, social o económico establecido, gocen de la protección acordada por el Convenio, y que, en cualquier caso, no
puedan imponérseles sanciones penales que conlleven un trabajo penitenciario obligatorio.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Código Penal de Siria, que se promulgó envirtud del decreto legislativo núm. 148 de 22 de junio de 1949, especifica que las personas culpables de delitos políticos,
sean castigadas con penas de detención, en lugar de trabajos forzosos. En consecuencia, la imposición de un trabajo a losreclusos que son condenados por un delito político, no es viable en virtud de la legislación de Siria. Además, la situación
en el terreno muestra que la pena de reclusión con trabajo no se aplica en la práctica a ninguno de los reclusos de Siria, ni
siquiera a aquellos que están condenados por un delito cuya sanción es «trabajos forzosos». La Comisión también indica
que se prepara en la actualidad un proyecto de decreto legislativo, preparado para enmendar el Código Penal, suprimiendolas siguientes condenas: reclusión con trabajo obligatorio, trabajos forzosos de por vida o de forma temporal.
Sin embargo, la Comisión toma nota del informe presentado por la Comisión de Encuesta Independiente
Internacional sobre la República Árabe Siria al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de febrero de 2015 (informe dela Comisión de Encuesta, 2015, párrafo 156), según el cual los periodistas siguen estando sistemáticamente en el punto demira de las fuerzas gubernamentales por documentar y difundir una información que se considera favorable a la oposición
o desleal con el Gobierno. Están aún detenidos muchos periodistas en centros de detención controlados por el Gobierno,
donde son objeto de desaparición y de tortura. Un número desconocido ha fallecido durante la detención. La Comisión
toma nota asimismo de que, en su resolución núm. 29/16, de 2 de julio de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas condenó enérgicamente además todas las detenciones arbitrarias de personas por las autoridades sirias yexigió la inmediata puesta en libertad de todos los detenidos, incluidos los miembros de organizaciones nogubernamentales reconocidas por el Consejo Económico y Social, como el Centro sirio para los medios de comunicacióny la libertad de expresión (documento A/HRC/RES/29/16, párrafo 5).
En consecuencia, la Comisión se vio obligada a expresar su profunda preocupación ante la situación actual de losderechos humanos en el país y recuerda que las restricciones de los derechos y libertades fundamentales, incluida lalibertad de expresión, pueden tener una relación con la aplicación del Convenio, si tales medidas se aplican con sanciones
que conllevan un trabajo obligatorio.
Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación y la presencia de grupos armados en el país, la Comisión
insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que nadie que exprese opiniones políticas o que
se oponga pacíficamente al orden político, social o económico establecido pueda ser condenado a una pena dereclusión en virtud de la cual se imponga un trabajo obligatorio. La Comisión confía en que el Gobierno adopte lasmedidas necesarias para armonizar su legislación y la práctica con el Convenio.

TurkmenistánConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la memoria recibida del Gobierno. La Comisión toma nota asimismo de la comunicaciónde la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibida el 1.º de septiembre de 2015, así como de la respuesta delGobierno recibida en una comunicación de 23 de octubre de 2015.
Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican un trabajo obligatorio como castigo por expresar
opiniones políticas u opiniones ideológicamente opuestas al orden político, social o económico establecido. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual los artículos 28 y 29 de laConstitución de Turkmenistán garantizan el derecho de mantener y expresar opiniones libremente, así como el derecho decelebrar reuniones y manifestaciones en la manera establecida en la ley. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que toda
violación del procedimiento establecido para la organización de asambleas, reuniones o manifestaciones, constituye undelito tanto administrativo como penal, punible con una multa, arresto administrativo o con trabajo correccional(artículo 178, 2), del Código de Delitos Administrativos, de 1984) o trabajo correccional de hasta un año o reclusión dehasta seis meses (artículo 223 del Código Penal). La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la228

aplicación en la práctica de ambas disposiciones, y que clarifique si la imposición de un arresto administrativo puede
implicar la obligación de realizar un trabajo comunitario u otra forma de trabajo obligatorio.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no da respuesta a las solicitudes formuladas por la
Comisión. En lo que respecta a sus comentarios formulados en relación con la aplicación del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión toma nota, no obstante, de que se adoptó,el 29 de agosto de 2013, un nuevo Código de Delitos Administrativos y de que el artículo 178, 2) al que se hizo antes
referencia, fue sustituido por el artículo 63 del Código, que prevé una multa o un arresto administrativo, en caso decualquier violación del procedimiento establecido para la organización de asambleas, reuniones o manifestaciones. La
Comisión toma nota de que el artículo 233 del Código Penal sigue sin cambios y establece sanciones de trabajo
correccional o de reclusión, implicando ambas un trabajo obligatorio. La Comisión toma nota asimismo de que losinsultos o las difamaciones contra el Presidente, son susceptibles de ser castigados con pena de reclusión por un períodode hasta cinco años y toda difamación contra un juez, un juez lego, un fiscal, el investigador o la persona que realiza lainvestigación, es punible con una multa, con trabajo correccional de hasta dos años o con reclusión de hasta cinco años
(artículos 176 y 192 del Código Penal). La Comisión toma nota de la adopción de la Ley sobre el Desarrollo y los
Servicios de Internet, de 20 de diciembre de 2014, y de las preocupaciones expresadas en este sentido por el representantede Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la seguridad y la cooperación en Europa (OSCE)
como consecuencia de la propaganda de violencia o crueldad imprecisamente definida y la responsabilidad de los usuarios
de Internet en cuanto a la veracidad de toda la información que suben a la red y por la publicación de materiales que
contienen insultos o difamaciones contra el Presidente (artículo 30, 3), de la ley).
La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI, según los cuales el Gobierno deniega la libertad sindical y deexpresión y los defensores de los derechos humanos actúan con gran riesgo personal y anónimamente para evitar el acoso
y las represalias.
La Comisión toma nota asimismo de que la Unión Europea, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho de libertad deexpresión, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión contra la Tortura, así como varios gobiernos, en el marco de larevisión periódica universal sobre Turkmenistán, expresaron su preocupación ante las severas restricciones a la libertad deexpresión en el país y los constantes alegatos de arrestos arbitrarios notificados contra los defensores de derechos humanos yperiodistas sobre la base de acusaciones de orden penal, aparentemente en represalia por su trabajo (Unión Europea,
comunicado de prensa de 17 de junio de 2015 acerca de «Diálogo UE-Turkmenistán sobre Derechos Humanos», documentos
CCPR/C/TKM/CO/1, CAT/C/TKM/CO/1, A/HRC/17/27/Add.1, A/HRC/WG.6/16/TKM/2, A/HRC/WG.6/16/TKM/3 y
A/HRC/24/3). En ese sentido, la Comisión toma nota de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria adoptó
opiniones en las que concluyó, en algunos casos, que la prisión constituye una privación arbitraria de la libertad por haberejercido de manera pacífica el derecho de libertad de expresión (documentos A/HRC/WGAD/2014/40, A/HRC/WGAD/2013/22
y A/HRC/WGAD/2013/5).
La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, tanto en la ley como en la
práctica, para garantizar que no puedan imponerse sanciones que impliquen un trabajo obligatorio por la expresión deopiniones políticas opuestas al orden establecido o por manifestar una oposición a éste. A reserva de la adopción deesas medidas, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica delartículo 63 del Código de Delitos Administrativos; de los artículos 176, 192 y 233 del Código Penal, así como delartículo 30, 3), de la Ley sobre el Desarrollo y los Servicios de Internet de 2014.
Artículo 1, b). Imposición de trabajo forzoso como método de movilización y utilización de la mano de obra con
fines de fomento económico. En sus comentarios anteriores dirigidos al Gobierno, en relación con el Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), la Comisión tomó nota de que, con arreglo al artículo 7 de la Ley sobre el Régimen Legalaplicable a las Emergencias de 1990, a efectos de movilizar la mano de obra para las necesidades de desarrollo económico
y para prevenir las emergencias, y las autoridades estatales y gubernamentales pueden contratar ciudadanos para trabajar
en empresas, instituciones y organizaciones. La Comisión consideró que la noción de «necesidades del desarrollo
económico» no parece satisfacer la definición de «fuerza mayor» a la que se refiere el Convenio núm. 29, por lo que es
incompatible tanto con el artículo 2, 2), d), del Convenio núm. 29, como con el artículo 1, b), del Convenio núm. 105.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, de que la Ley sobre el Estado de Emergencia,
la Ley sobre la Respuesta a las Emergencias y la Ley sobre Preparación y Cumplimiento de la Movilización en
Turkmenistán no mencionan el concepto de «con fines de desarrollo económico», pero los ciudadanos pueden serempleados en empresas, organizaciones e instituciones durante la movilización con objeto de garantizar el funcionamientode la economía del país y la producción de bienes y servicios que son esenciales para satisfacer las necesidades del Estado,
de las fuerzas armadas y de la población, en caso de emergencia. La Comisión también toma nota de la indicación delGobierno, según la cual el artículo 19 del Código del Trabajo dispone que un empleador podrá requerir que un trabajador
realice un trabajo sin relación con su empleo en los casos especificados en la ley.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CSI alega que, en 2014, decenas de miles deadultos de los sectores público y privado fueron obligados a recoger algodón y los agricultores fueron obligados a cumplir
con las cuotas de producción de algodón establecidas por el Estado bajo la amenaza de sanciones. Según la CSI, el
Presidente dicta todos los años órdenes para la producción de algodón destinadas a los gobernadores regionales, que seenfrentan al despido si no dan cumplimiento a las cuotas asignadas. Los gobernadores asignan responsabilidades a los
229

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

funcionarios de distrito y municipales, que, a su vez emiten órdenes a los administradores de escuelas, a otras instituciones
públicas y a empresas. En virtud de la legislación aplicable, el Gobierno determina el uso de la tierra, a través deasociaciones de agricultores, que pueden suspender el derecho de un agricultor por «uso irracional e inadecuado» de latierra. Al informar al Presidente, los gobernadores regionales supervisan las asociaciones de agricultores, que administrana los agricultores, y a los funcionarios del ámbito local, que movilizan a otros ciudadanos para la cosecha de algodón. La
CSI alega asimismo que las empresas estatales mantienen también monopolios sobre la producción de algodón. Según la
CSI, los agricultores informan regularmente que esas empresas del Estado les cobran por servicios nunca prestados o que
los gestores de desmotadoras de algodón registran un volumen menor y una menor calidad de la producción que lo que
entrega el agricultor.
La Comisión tomó nota asimismo de que la CSI alega que los trabajadores del sector público obligados por el
Gobierno, que incluyen docentes, médicos, enfermeras y personal de las oficinas gubernamentales para recoger algodón,
pagan una multa o contratan a un trabajador de reemplazo, bajo amenaza de pérdida de sus trabajos, recortes de sus horasde trabajo o deducciones salariales. Los administradores de bancos del Estado, fábricas y agencias del Gobierno
supuestamente obligan a los empleados a firmar un formulario en el que se indica que tienen conocimiento de que«asumirían la responsabilidad», si se negaran a recoger algodón, y algunos de éstos requirieran pagos de su personal, demodo que pudieran contratar a personas para la cosecha de algodón en su lugar. La Comisión toma nota asimismo de que,según la CSI, para la cosecha de algodón de 2014, el Gobierno obligó también a las empresas del sector privado acontribuir con trabajadores a la cosecha de algodón. Las autoridades locales decidieron limitar el tiempo defuncionamiento para todos los mercados y supermercados, obligando, así, a los propietarios de pequeñas empresas a cerrar
sus tiendas y recoger algodón, al tiempo que tienen que entregar un formulario firmado por el agricultor, como prueba desu trabajo en los campos de algodón. La CSI alega asimismo que algunas medianas y grandes empresas también fueron
obligadas a enviar empleados a recoger algodón, bajo la amenaza de una auditoría extraordinaria, y de inspecciones al
departamento de finanzas, inspecciones impositivas e inspecciones contra incendios. Los propietarios de autobuses
privados fueron presuntamente obligados a contribuir trasladando trabajadores forzosos del transporte a los campos dealgodón, sin ninguna compensación o bajo amenaza de confiscación de sus licencias por la policía.
La Comisión toma nota asimismo de que, según la información de que dispone la Agencia de Noticias del Estado deTurkmenistán, el Presidente de Turkmenistán organizó en 2015 varios talleres con los gobernadores regionales, a efectosde revisar los progresos realizados en la cosecha de algodón. La Comisión toma nota en particular de que el 12 de octubre
de 2015, el Presidente expresó su descontento ante el ritmo lento de la cosecha de algodón y dio «instrucciones»
específicas a varios gobernadores regionales, con el fin de que se respetara el «calendario establecido», recomendando, en
un caso, «movilizar todas las reservas disponibles». La Comisión toma nota asimismo de que, el 27 de octubre de 2015, el
Presidente recibió el «informe sobre la victoria de la fuerza del trabajo de los cultivadores de algodón», del Gabinete deministros a cargo de los sectores agrícolas y de los jefes de las regiones de Ahal, Dashoguz, Lebap y Mary Velayat, sobreel «cumplimiento de las obligaciones contractuales para la producción de algodón».
La Comisión toma nota con profunda preocupación del uso extendido del trabajo forzoso en la producción dealgodón, que afecta a los agricultores, a las empresas y a los trabajadores de los sectores público y privado, incluidos
docentes, médicos y enfermeras, bajo la amenaza de perder sus trabajos, recortes salariales, pérdida de tierras e
investigaciones extraordinarias. La Comisión recuerda que, a los fines de los Convenios núms. 29 y 105, los términos«trabajo forzoso u obligatorio», se definen como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza dealguna sanción y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». En este contexto, «ofrecerse
voluntariamente» se refiere al consentimiento libre e informado de los trabajadores para entrar en una relación de empleo,
así como a su libertad de dejar su empleo en cualquier momento, sin temor a represalias o a la pérdida de algún privilegio.
En consecuencia, mientras que los traslados temporales de empleo podrían ser inherentes a determinadas profesiones yactividades, la Comisión considera que la aplicación, en la práctica, de las disposiciones, órdenes o reglamentos que
permiten el traslado sistemático de trabajadores para la realización de actividades que no están relacionadas con sus
ocupaciones habituales (por ejemplo, el traslado de un profesional de la salud para realizar tareas agrícolas), debería
examinarse detenidamente para garantizar que tal práctica tiene por efecto convertir una relación contractual basada en elacuerdo de las partes en un servicio impuesto por la ley. La Comisión también destaca que, aunque algunas formas detrabajo o servicio obligatorio (como el trabajo que es parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos yservicios menores comunitarios) están expresamente excluidas del campo de aplicación de los convenios sobre trabajo
forzoso, estas excepciones no incluyen el trabajo con una determinada significación cuantitativa y se utilice con fines dedesarrollo económico. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin demora, medidas
efectivas para garantizar la completa eliminación del uso de trabajo obligatorio de los trabajadores de los sectores
público y privado en el cultivo de algodón, y pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas
adoptadas a tal fin, tanto en la ley como en la práctica, y los resultados concretos obtenidos.
La Comisión toma nota de que la Comisión de Derechos Humanos y el Equipo de País de Naciones Unidas, así como elComité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales de 2015, señalaron que, si bien el trabajo infantil es ilegal,
tiene que mejorarse la aplicación de las leyes, teniéndose en cuenta la persistencia de la implicación de los niños en la cosecha dealgodón (documentos CCPR/C/TKM/CO/1, A/HRC/WG.6/16/TKM/2, A/HRC/WG.6/16/TKM/3 y CRC/C/TKM/CO/2-4).

230

A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que se remita a sus comentarios formulados en relación con laaplicación del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 105.ª reunión de la Conferencia y que responda
de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

UzbekistánConvenio sobre la abolición del trabajo forzoso,
1957 (núm. 105) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida el 26 de octubre de 2015. Toma nota asimismo de lasobservaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, de laConfederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 3 de septiembre de 2015, y también de la respuesta del Gobierno
a ambas comunicaciones, recibidas el 13 de noviembre de 2015.
Artículo 1, b), del Convenio. Movilización y utilización de mano de obra con fines de desarrollo económico en la
agricultura (producción de algodón). La Comisión tomó nota con anterioridad de los alegatos formulados por la OIE yla CSI sobre la persistente utilización del trabajo forzoso de adultos promovido por el Estado con fines de desarrollo en la
producción de algodón. La Comisión tomó nota asimismo de que el Gobierno refutó los alegatos, señalando que lostrabajadores a los que se había llamado para participar en trabajos agrícolas tienen contratos individualizados de empleo yson retribuidos por el trabajo realizado además de percibir un salario por sus empleos habituales. La Comisión tomó nota
de que, según el informe de la Misión de Alto Nivel sobre el control del trabajo infantil durante la cosecha de algodón de2013, las personas encargadas de la labor de control, aun cuando el objeto de su tarea no era el trabajo forzoso de adultos,
se encontraron en condiciones de señalar algunos problemas con respecto al reclutamiento de trabajadores para la cosecha
de algodón, el potencial y las consecuencias de la mecanización en el mercado laboral y el cumplimiento de los derechos
fundamentales de los trabajadores, incluida la observancia de la efectiva aplicación del presente Convenio. En este
sentido, la Comisión tomó nota de la elaboración y adopción posteriores de un Programa de Trabajo Decente por País
(PTDP) 2014-2016, entre la Oficina, los interlocutores sociales y el Gobierno, en abril de 2014, en el que se determinan
medidas de cooperación con miras a garantizar que las condiciones de trabajo y de empleo en la agricultura, en particular
en el cultivo de algodón, se ajustan a las normas fundamentales. A tal fin, el componente del PTDP relativo a la aplicacióndel Convenio núm. 105 establece cuatro indicadores del desempeño (un estudio sobre las condiciones de trabajo en la
agricultura, en particular, en la industria algodonera; la revisión y supervisión de la legislación y la práctica nacionales; elnúmero de inspectores del trabajo que verifica una mejora de los conocimientos y aptitudes para reconocer las prácticas detrabajo forzoso; y la celebración de una serie de mesas redondas sobre el trabajo forzoso en las que participen tanto la
comunidad empresarial como los representantes de los gobiernos y administraciones locales, instituciones de enseñanza,sindicatos y medios de comunicación).
La Comisión tomó nota de que, en las observaciones de la OIE, recibidas en septiembre de 2015, se destaca que, desde la
adopción del PTDP, en 2014, el Gobierno y los interlocutores sociales en Uzbekistán, con el apoyo activo de la OIT, hanvenido trabajando con el fin de garantizar la eliminación de posibles riesgos del trabajo forzoso en los campos de algodón. En
lo que se refiere a la celebración de mesas redondas organizadas en Tashkent, en agosto de 2015, en las que participó la OIE,ésta señala que, en relación con el estudio, tuvieron lugar importantes discusiones destinadas a una mejor compresión de lasprácticas de contratación de trabajadores y de los métodos para mantenerlos empleados en la agricultura, y que los resultados
cualitativos evidencian la presencia de algunos riesgos de trabajo forzoso en los campos de algodón, a menudo derivados delsistema de contratación y de la falta de contratos de empleo. La OIE añade que, en los próximos meses, la OIT seguirá
realizando la parte cuantitativa del estudio para calibrar mejor el alcance de los riesgos del trabajo forzoso. La OIE señala quepermanece atenta a los resultados del procedimiento de control de 2015 sobre los posibles riesgos del trabajo forzoso, en
particular, sobre las medidas adoptadas para controlar la cosecha de algodón, fortalecer el mantenimiento de registros en las
instituciones educativas, imponer sanciones y sensibilizar más a la opinión pública sobre esta materia.
La Comisión toma nota además de que, en sus observaciones de septiembre de 2015, la CSI señala que, a pesar deque las medidas emprendidas en el país, en cooperación con la OIT, en el marco del PTDP, han demostrado ser eficaces
en su mayor parte para la erradicación del trabajo infantil en el sector del algodón, le preocupa la presencia constante deprácticas de trabajo forzoso y de otras violaciones de los derechos de los trabajadores adultos durante los períodos decosecha. La CSI añade que las modalidades de control para la cosecha de algodón de 2015 fueron objeto de discusión
durante las mesas redondas celebradas en agosto de 2015 en las que participó y que espera con interés los resultados de lasmismas. La CSI manifiesta además su preocupación por la deficiente aplicación del artículo 95 del Código del Trabajo,
puesto que esta disposición se ha utilizado supuestamente como fundamento para la movilización forzosa de trabajadores
desde su lugar de trabajo hasta los campos de algodón. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que vele por que losempleadores no utilicen el Código del Trabajo para trasladar trabajadores desde sus lugares de trabajo para emplearlos enámbitos ajenos a su profesión, en particular, en los campos de algodón. La CSI insta asimismo al Gobierno a que
intensifique la aplicación del PTDP, en colaboración con los interlocutores sociales y la OIT, así como a que garantice que
el Gobierno no coacciona a ningún ciudadano a recoger algodón bajo amenazas, que los agricultores pueden contratar
231

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOTRABAJO FORZOSO

mano de obra, entre otros métodos, mediante el aumento del precio del algodón sin desmotar y a que se asegure de que se
investigan todos los casos de trabajo forzoso denunciados por los activistas de derechos humanos y que se sanciona
debidamente a los responsables de estos actos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en su memoria, que los componentes del PTDP siguieron
aplicándose en 2015. Con este objetivo se celebraron varias mesas redondas en Tashkent, en mayo, agosto y noviembre de2015, con los interlocutores sociales y la OIT. El Gobierno hace referencia al Memorándum de Entendimiento firmado el
14 de octubre de 2014 entre el Banco Mundial y la OIT, que establece la creación de un mecanismo de supervisión por
terceros (TPM) del trabajo infantil y el trabajo forzoso durante la cosecha de algodón de 2015, que ejecutará la OIT con
objeto de evaluar si los beneficiarios de los proyectos del Banco Mundial han utilizado trabajo infantil y trabajo forzoso enáreas específicas del proyecto. El Gobierno señala que, para este fin, el Gabinete de Ministros adoptó el 17 de julio de2015 un plan de medidas para «garantizar la contratación voluntaria de cosechadores de algodón y la inadmisibilidad deltrabajo realizado por menores y del trabajo forzoso durante la cosecha de algodón de 2015», prestando una atención
especial a la prohibición de reclutar a menores de 18 años en los colegios, academias y centros de formación profesional,
así como tampoco a trabajadores de instituciones del ámbito de la salud y la enseñanza. La Comisión añade que el Primer
Ministro dio instrucciones a estos efectos a los gobernadores de todas las provincias el 3 de octubre de 2015. La Comisión
toma nota de que el Gobierno señala que las actividades de sensibilización contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso
dieron lugar a que se expusieran 52 664 posters y 772 carteles sobre este asunto en lugares bien visibles de todo el país.
Entre estas actividades, figura también la distribución de los materiales correspondientes sobre el modo de denunciar los
casos de trabajos forzosos en la cosecha de algodón a la Inspección del Trabajo del Estado o al Consejo de la Federaciónde Sindicatos del Uzbekistán (CFTUU). Con objeto de sensibilizar a los ciudadanos sobre este mecanismo para elintercambio de información se creó un sitio web a estos efectos. El Gobierno señala que, a partir del 15 de septiembre de2015, entró en funcionamiento un consultorio legal dependiente del consejo de coordinación con objeto de examinar todas
las quejas recibidas sobre cuestiones relativas al trabajo forzoso. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno deque, según los resultados de ese mecanismo de información, se recibieron y examinaron 155 comunicaciones, de lascuales 39 proceden de fuentes en el extranjero y 15 de defensores de derechos humanos, siendo una gran mayoría de ellas
relativas a derechos en el trabajo. A raíz de ello, las personas cuyos salarios habían sido congelados fueron remuneradas
por una cuantía total de 11 608 000 som uzbeko (UZS) y dos personas fueron sancionadas administrativamente al pago desendas multas. El Gobierno señala que no ha podido confirmarse ningún delito de coacción, en particular, en relación con
los alegatos sobre el trabajo forzoso de los funcionarios o sobre la obligación de pagar a otra persona para recoger
algodón. En lo que se refiere al artículo 95 del Código del Trabajo, tras reiterar que las medidas adoptadas para clarificarsu contenido, el Gobierno observa que algunos empleadores pueden tener en la práctica una interpretación incorrecta deesta disposición y los sindicatos han propuesto que se realicen actividades de información y sensibilización al respecto. El
Gobierno añade, en el contexto del PTDP, se han puesto en marcha algunas iniciativas sobre un estudio cuantitativo sobre
la práctica de contratación y condiciones laborales en la agricultura con el fin de determinar los riesgos que entraña el
trabajo forzoso en los campos de algodón.
La Comisión toma nota del informe de 18 de noviembre de 2015 de la supervisión por terceros del recurso al trabajo
infantil y al trabajo forzoso durante la cosecha de algodón de 2015, que fue realizado por la OIT para el Banco Mundial.
El control tuvo lugar entre el 14 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 en 1 100 establecimientos distribuidos por diez
provincias en las que el Banco Mundial financia proyectos y se realizaron 9 620 entrevistas con el fin de evaluar laincidencia del trabajo infantil y el trabajo forzoso en las áreas sujetas a control. Antes y durante la cosecha de algodón de2015, en el marco del PTDP, se llevó a cabo la formación de diez equipos de control, cada uno integrado por un
supervisor de la OIT y cinco supervisores nacionales, así como sesiones informativas para las partes interesadas. La
Comisión acoge con agrado los compromisos políticos adoptados por el Gobierno durante la cosecha de algodón de 2015,
en el marco del PTDP, de realizar una campaña de sensibilización sobre la abolición y la prevención del uso del trabajo
forzoso durante la cosecha de algodón y a no contratar personal sanitario ni a profesores con este fin. La Comisión toma
nota de que, tal como se destaca en el informe del equipo responsable del mecanismo de supervisión por terceros (TPM),
si bien es cierto que la conciencia social sobre el trabajo infantil es ya bastante intensa, la conciencia sobre el trabajo
forzoso se encuentra todavía en su primera fase. El Gobierno y los interlocutores sociales han de intensificar sus
iniciativas a nivel nacional para garantizar la sensibilización de la población en esta materia y para que los mensajes sobre
el trabajo forzoso sean entendidos efectivamente, puesto que la participación en la cosecha de algodón suele considerarse
con frecuencia como una obligación patriótica, una tradición de servicio comunitario o justificada por la disposición delartículo 95 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota además del informe del TPM de que, a raíz de loscompromisos contraídos por el Gobierno, el consejo de coordinación estableció un mecanismo de intercambio de
información (FBM), con la asistencia de la OIT y el Banco Mundial, con el fin de suministrar información, resolver todas
las quejas sobre el recurso al trabajo forzoso que se presenten durante la cosecha de algodón de 2015. La Comisión toma
nota de que se han formulado algunas quejas sobre trabajo forzoso ante el FBM, pero que el uso de este mecanismo aún es
muy escaso. La Comisión toma nota asimismo de que el consejo de coordinación está llevando a cabo una evaluación del
FBM y compartirá los resultados y los datos recogidos tanto con el Banco Mundial como con la OIT. Observa que, según
el informe del TPM, las personas encargadas del control visitaron 254 campos de algodón y entrevistaron a
1 456 recolectores de algodón, 263 agricultores jefes de cuadrilla y siete niños en los campos. La Comisión toma nota deque el recurso a los niños en la cosecha de algodón se ha convertido en algo raro, esporádico y socialmente inaceptable,232

incluso si se requiere una supervisión constante. Los controladores observaron que, en las cosechas organizadas
supervisadas por profesores, participaron miles de estudiantes mayores de 18 años, pero que su participación ha sido alparecer voluntaria. El equipo de supervisión por terceros señala que tuvo lugar un reclutamiento masivo organizado parala cosecha de algodón, pero que este reclutamiento adopta diversas formas en función de cómo las autoridades deciden
utilizar los recursos humanos a su disposición para cumplir con su parte del cupo. La Comisión toma nota de que, según el
informe del TPM, en algunos casos, los trabajadores de los sectores público y privado han señalado que fueron obligadosa recoger algodón contra su voluntad o que tuvieron que pagar a otras personas para que lo hicieran. La Comisión toma
nota de que, pese a que se dijo a los controladores que los trabajadores recogían algodón voluntariamente en su tiempo
libre a cambio de dinero en efectivo y otras recompensas, observaron que el reclutamiento organizado de grupos
numerosos de personas en un período tan reducido de tiempo entraña algunos riesgos para los derechos de los trabajadores
y que se han detectado algunos indicadores de trabajo forzoso como la retención de salarios, condiciones de trabajo y devida abusivas y exceso de horas extraordinarias.
La Comisión toma nota asimismo de que en el informe del TPM se dice que los controladores afrontan algunas
dificultades por cuanto las personas entrevistadas son más proclives a decir que conocen a otras que recogen algodón contra
su voluntad que a admitir que son ellos mismos quienes se encontraron en esas situaciones. Aunque los controladorespudieron recoger documentos como contratos de empleo y cartas de estudiantes en las que confesaban haberse prestado
voluntariamente a la cosecha de algodón, por lo general se les dijo que estos documentos no estaban disponibles y que había
lagunas en los registros de asistencia del personal. La Comisión toma nota de que el informe del TPM señala que éste recibió
información coherente de otras fuentes según la cual el trabajo forzoso está más generalizado de lo que sugiere el
procedimiento de supervisión, y los profesores y el personal de los servicios médicos, así como las empresas privadas, tienen
que recoger algodón contra su voluntad u ofrecer dinero o bienes más a menudo de lo que detectaron los controladores. En
este sentido, la Comisión toma nota de que, al tiempo que reconoce que el Estado parte ha tomado medidas para reducir el
trabajo forzoso de niños menores de 16 años en el sector del algodón, el Comité de Derechos Humanos, en sus conclusiones,
expresó su preocupación por los informes sistemáticos que indican un aumento de la práctica de recurrir al trabajo forzoso deestudiantes y adultos en los sectores del algodón y la seda (documento CCPR/C/UZB/CO/4).
La Comisión acoge con agrado la participación del Gobierno y de los interlocutores sociales, en el contexto del
PTDP de 2014-2016, que ha repercutido favorablemente en la práctica del recurso al trabajo forzoso de niños en lacosecha de algodón en 2015. No obstante, la Comisión toma nota de que el TPM concluye que, a pesar del impacto que
han ejercido los compromisos políticos recientes del Gobierno de no contratar a personal de los servicios médicos yprofesores junto con las campañas de sensibilización, no han sido medidas suficientes para garantizar que no se recurre ala práctica del trabajo forzoso o, en su lugar, al pago en efectivo en estos sectores, especialmente fuera del horario laboral.
Al tiempo que el TPM concluye que es necesario seguir trabajando para mitigar los riesgos derivados del trabajo
forzoso, y a fortalecer las garantías contra esta práctica, en particular evaluando la voluntad real de los cosechadoresde participar en ella, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que siga cooperando con la OIT y losinterlocutores sociales, en el marco del PTDP, para garantizar que la contratación y la participación de lostrabajadores del sector público y privado, en particular los estudiantes mayores de 18 años en la cosecha de algodón, se
llevan a cabo de una manera compatible con lo dispuesto en el Convenio. En lo que se refiere a la mención delGobierno a la evaluación del mecanismo de intercambio de información emprendido por el consejo de coordinación, laComisión solicita al Gobierno que suministre información sobre sus resultados y sobre las medidas adoptadas a raíz deello. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar la eliminación completadel uso del trabajo forzoso de los trabajadores del sector público y privado, así como de los estudiantes en las cosechas
de algodón, y le pide que suministre información sobre las medidas adoptadas a tal fin y los resultados concretos
obtenidos, indicando las sanciones impuestas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 29 (Albania, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Belice, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso,
Burundi, Cabo Verde, Chile, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti,
Dominica, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití,
Honduras, India, República Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait,
República Democrática Popular Lao, Líbano, Liberia, Lituania, Malawi, Marruecos, Mauricio, Myanmar, Namibia,
Nepal, Nicaragua, Nigeria, Países Bajos: Aruba, Qatar, Rwanda, República Árabe Siria, Sudán del Sur, Turkmenistán);el Convenio núm. 105 (Afganistán, Albania, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Belarús, Belice, Bosnia
y Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Chile, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Dominica,
Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Honduras, India,
Iraq, Islas Salomón, Israel, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Malawi, Mauricio,
Mauritania, Namibia, Nepal, Países Bajos: Aruba, Rwanda, Sudán del Sur, Turkmenistán, Uzbekistán).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 29 (Luxemburgo); el Convenio núm. 105 (Jordania).
233

Trabajo forzoso

TRABAJO FORZOSOELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESEliminación del trabajo infantil y protecciónde los niños y los menores
AngolaLa Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de la
adopción de la nueva ley núm. 17/15, Ley General del Trabajo de 15 de junio de 2015, y espera que el Gobierno
proporcione una memoria para su examen en la próxima reunión y que la misma contenga informaciones completas sobre
las cuestiones específicas relativas a la Ley General del Trabajo y sobre otras cuestiones abordadas en sus comentarios
anteriores.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños. La Comisión había
tomado nota anteriormente de la indicación de la Unión Nacional de Trabajadores Angoleños (UNTA) según la cual la trata deniños existe en el país. También tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC) expresó preocupación por elalcance del problema de la explotación sexual y la trata de niños. Además, la Comisión observó que, si bien la legislación del paísconsidera como delito el secuestro, el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas, no prohíbe la trata de personas, incluidos los
niños. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el artículo 183 del proyecto de Código Penal (finalizado en 2006) prohíbe el
reclutamiento o la recepción de personas menores de 18 años para el ejercicio de la prostitución en un país extranjero. La
Comisión observó que aunque el proyecto de Código Penal prohíbe algunas formas de trata de niños, no prohíbe la venta y latrata de niños para su explotación laboral, ni la trata interna.
La Comisión toma nota de que el artículo 12 de la nueva Constitución de Angola (2010) dispone que el Gobierno deberá
respetar y aplicar los principio de la Carta de las Naciones Unidas sobre la base de, entre otros principios, el de condenar la trata
de seres humanos. Sin embargo, la Comisión observa que el artículo 12 no prohíbe ni sanciona penalmente la trata de seres
humanos. La Comisión toma nota que el Gobierno señala en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que la trata no estádefinida en la legislación nacional, y que la prevención y disminución de esa práctica exige, entre otros, una reforma de lalegislación (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 175). La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica en su
respuesta a la lista de cuestiones del CRC, de 24 de agosto de 2010, que el proyecto de Código Penal se ha sometido al
Parlamento para su discusión y aprobación (documento CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, párrafos 60 y 61). La Comisión toma nota de lafalta de información en la memoria del Gobierno respecto de si se ha modificado el proyecto de Código Penal para incluir la trata
interna o la trata de niños para su explotación laboral. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias paragarantizar que se incluyan en la legislación nacional disposiciones que prohíban tanto la trata interna de niños menores de
18 años y su venta y tráfico para los fines de su explotación sexual, y que establezca sanciones a este respecto con carácter deurgencia.
Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas. La Comisión había tomado nota anteriormente de que el artículo 184, 1), del proyecto de Código Penal prohíbe
promover, facilitar, permitir, utilizar u ofrecer a una persona menor de 16 años de edad para, entre otras cosas, fotografías,
películas o grabados de carácter pornográfico. La Comisión recuerda al Gobierno que en virtud del artículo 3, b), del Convenio,
todo Miembro que ratifique el Convenio deberá prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción depornografía o actuaciones pornográficas.
La Comisión toma nota de la falta de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. Sin embargo, observa queel proyecto de Código Penal aún se encuentra en discusión ante el Parlamento. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno
a que adopte las medidas necesarias para garantizar que el próximo Código Penal incluya la prohibición de la utilización,
reclutamiento o la oferta de toda persona menor de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas,
con arreglo a lo dispuesto al artículo 3, b), del Convenio. Solicita al Gobierno que comunique una copia del Código Penalenmendado, una vez que se haya adoptado.
Artículo 4, párrafo 1. Determinación de los tipos de empleo o trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de que el decreto núm. 58/82, que incluye una amplia lista de tipos de trabajo peligroso prohibido
para los menores de 18 años de edad, fue derogado por la Ley General del Trabajo de 2000 (ley núm. 2/00). La Comisión observó
que mientras que el artículo 284, 1), de la ley núm. 2/00 prohíbe el empleo de menores en trabajos peligrosos, con arreglo al
artículo 284, 2), esta prohibición sólo incluye el empleo en teatros, cines, clubes nocturnos, cabarets, discotecas y otros
establecimientos similares, o su empleo como vendedor o en la publicidad de productos farmacéuticos.
La Comisión observa que la prohibición de los trabajos peligrosos para menores en el artículo 284, 2), de la ley núm. 2/00
parece abarcar únicamente los tipos de trabajo que puedan perjudicar la moralidad de los niños, y no trata de los tipos de trabajo
que pueden ser perjudiciales para su salud o seguridad. A este respecto, la Comisión recuerda únicamente al Gobierno que envirtud del artículo 4, párrafo 1, del Convenio, los tipos de trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva acabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, deberán ser determinados por la legislación nacionalo por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. En relación
con los tipos de trabajo que pueden ser perjudiciales para la salud y seguridad de los niños, la Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, en el que identifica casos de niños ocupados enactividades peligrosas y trabajo en condiciones de explotación como, por ejemplo, el trabajo de pesca en alta mar en la provincia
de Namibe, en las minas de diamantes, en zonas fronterizas, en mercados y en terminales de autobús (documento
CRC/C/AGO/2-4, párrafo 432). La Comisión señala a la atención del Gobierno el párrafo 3 de la Recomendación núm. 190, queestablece que al determinar los tipos de trabajo peligroso, debería tomarse en consideración, entre otras cosas: a) los trabajos enque el niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o sexual; b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua,
en alturas peligrosas o en espacios cerrados; c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos o herramientas peligrosos, oque conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas; d) los trabajos realizados en un medio insalubre en elque los niños pueden estar expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de235

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud; y e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles,
como los horarios prolongados o nocturnos o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en los locales del empleador.
Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la determinación delos tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores no sólo incluya una prohibición de los tipos de trabajos que son
perjudiciales para la moralidad de los niños, sino también una prohibición de los tipos de trabajo perjudiciales para su salud yseguridad, de conformidad con el artículo 4, 1), del Convenio. La Comisión espera que, a este respecto, el Gobierno tendrá enconsideración los tipos de trabajo enumerados en el párrafo 3 de la Recomendación núm. 190.
Artículo 5. Mecanismos de control. La inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la
indicación del UNTA, según la cual se ha informado de niños que trabajan en el sector informal. Asimismo, en sus comentarios
en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), había tomado nota de que la mayoría de los niños que
trabajan están ocupados en la economía informal.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su comunicación de 2 de junio de 2009 relativa a los comentarios delUNTA, que la inspección del trabajo realiza esfuerzos para efectuar el control del sector informal y que también participan enesas actividad unidades provinciales de control. El Gobierno indica además que, pese a los esfuerzos que se realizan para laformalización de ese sector, éste no habrá de desaparecer rápidamente. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para reforzar y adaptar la capacidad de la inspección del trabajo y de las unidades provinciales
de control a fin de mejorar las actividades de control de los niños que trabajan en la economía informal. Solicita al Gobierno
que facilite información sobre las medidas adoptadas para combatir las peores formas de trabajo infantil en el sector informaly sobre los resultados obtenidos.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de los
niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión había tomado nota
anteriormente de la información proporcionada por la OIT/IPEC, según la cual cerca del 44 por ciento de los niños en Angola noasisten a la escuela. Asimismo, tomó nota de que Angola estaba aplicando, en colaboración con la UNESCO, un Plan Nacional de
Acción de Educación para Todos (2001-2015), y que se habían adoptado medidas en el contexto de la reforma del sistema
educativo.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en respuesta a la lista de cuestiones del CRC, de 24 de agosto de2010, en el sentido de que el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de acciones para la evaluación a mediano plazo delPlan Nacional de Acción de Educación para Todos (documento CRC/AGO/Q/Add.1, párrafo 35). La Comisión también toma nota
de la indicación del Gobierno en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, según la cual ha comenzado la aplicación de un
estrategia de alfabetización y actualización escolar (2006-2015), en colaboración con la UNESCO, que pretende acelerar el
aprendizaje mediante la utilización del autoaprendizaje y la certificación de las capacidades adquiridas en los diversos contextos
de la educación formal e informal (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 354). El Gobierno también indica que el número dealumnos que asisten a la enseñanza primaria aumentó entre 2004 y 2006, aunque debido a los efectos perdurables del conflicto
armado, el crecimiento fue más elevado en las provincias del interior que en las provincias del litoral, y persiste la disparidad degénero en la matriculación escolar (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 338 y 339). Asimismo, el Gobierno señala en su
informe que es elevada la tasa de fracaso en los estudios y de deserción escolar en el país y que debido a la pobreza familiar, sólo
el 37,2 por ciento de los niños que comienzan el primer grado terminarán el sexto de enseñanza (documento CRC/C/AGO/2-4,
párrafo 344).
A este respecto, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en sus
observaciones finales de 1.º de diciembre de 2008, expresó su preocupación por el acceso limitado a la educación de los gruposde niños que viven en zonas rurales remotas, los niños de familias pobres y las niñas. El Comité también expresó su preocupación
por que el presupuesto asignado a la educación no fuese suficiente para atender el rápido crecimiento del número de niños enedad escolar, y la falta de escuelas y de formación para los maestros, especialmente los que trabajan en zonas remotas y en barrios
marginales (documento E/C.12/AGO/CO/3, párrafos 38 y 39). Al considerar que la educación contribuye a prevenir la ocupaciónde los niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión expresa su preocupación por el hecho de que niños
pertenecientes a grupos vulnerables tengan menos posibilidades de concurrir a la escuela y finalizar el ciclo de enseñanza. La
Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos, en el marco del Plan Nacional de Acción de Educación para Todos,
con objeto de reforzar el funcionamiento del sistema educativo y facilitar el acceso a la enseñanza básica gratuita,
especialmente para los niños que viven en zonas remotas y en regiones afectadas por conflictos, así como a los niños defamilias pobres, zonas rurales y niñas. Además, la Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre el resultado dela evaluación del Plan Nacional de Acción de Educación para Todos, y de las medidas que se han adoptado para reforzar
dicho plan. Por último, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para proporcionar oportunidades deeducación informal y enseñanza profesional para los niños que no están inscritos en el sistema institucional de enseñanza.
Apartado b). Librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social.
Niños víctimas de la trata y la explotación sexual comercial. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la indicacióndel Gobierno en su informe presentado al CRC en agosto de 2004 (documento CRC/C/3/Add.66, párrafo 250) que el secuestro deniños comenzó durante el conflicto armado y con la finalización de dicho conflicto, se introdujo un programa de protección de lainfancia mediante el cual miles de niños fueron instalados en alojamientos y campamentos para personas desplazadas y
refugiados, especialmente las niñas víctimas de explotación sexual o sometidas a la esclavitud. La Comisión también había
tomado nota de la información proporcionada por la OIT/IPEC, según la cual el problema del abuso sexual y económico de niños
y niñas, incluida la trata de niños, aparecía en determinadas partes del país. A este respecto, la Comisión tomó nota de que elGobierno había formulado un Plan Nacional de Acción e Intervención contra la Explotación Sexual y Comercial de los Niños que
incluía los objetivos de proteger y defender los derechos de los niños víctimas de explotación sexual y comercial, y larehabilitación y prevención de la exclusión social de esos niños.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que el Plan Nacional de
Acción e Intervención no se ha aplicado con la eficacia exigida (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 189). El Gobierno indica
en su informe que dicho plan demostró ser inadecuado en el contexto actual, y que existe la necesidad urgente de revisarlo(documento CRC/C/AG/2-4, párrafo 432). El Gobierno señala que el Consejo Nacional de la Infancia (CNI) está evaluando laaplicación del Plan Nacional de Acción e Intervención contra la Explotación Sexual y Comercial de los Niños, con el objetivo defortalecer la estrategia (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 432 y 412).
La Comisión también toma nota de la información que figura en el Informe sobre la trata, según la cual, aunque elGobierno se apoya principalmente en las organizaciones religiosas, la sociedad civil, y las organizaciones internacionales para
proteger y prestar asistencia a las víctimas de la trata, se ha observado un incremento en el número de las víctimas que el236

Gobierno ha remitido a los mencionados servicios. El mencionado informe señala además que, en colaboración con el UNICEF,
el CNI está encargado de la administración de 18 redes de protección de la infancia, que cumplen funciones de centros de crisis
para las víctimas de la trata y otros delitos de edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, y que las víctimas mayores de
16 años son enviadas a los centros de protección administrados por la Organización de Mujeres de Angola. La Comisión solicita
con firmeza al Gobierno que adopte medidas inmediatas para revisar y reforzar el Plan Nacional de Acción e Intervención
contra la Explotación Sexual y Comercial de los Niños a fin de garantizar su aplicación efectiva con la participación de niños,en particular de las iniciativas respecto de los niños víctimas de la explotación sexual comercial. La Comisión también insta al
Gobierno a que redoble sus esfuerzos para identificar a los niños víctimas de la trata y de la explotación sexual comercial yque garantice que las víctimas identificadas sean orientadas para los servicios apropiados para su readaptación e inserción
social. Solicita al Gobierno que proporcione información sobre los resultados obtenidos.
Apartado d). Identificación de los niños en situación de riesgo especial. 1. Ex niños soldados y niños desplazados
como consecuencia de los conflictos. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que el CRC expresó su profunda
preocupación por la atención inadecuada que se concede a la difícil situación de los niños soldados, especialmente las niñas. La
Comisión también tomó nota de que el Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados
expresó preocupación por el gran número y las pésimas condiciones de los niños desplazados internamente. Tomó nota de la
información proporcionada por la OIT/IPEC, según la cual más de 100 000 niños fueron separados de sus familias comoconsecuencia de la guerra. A este respecto, observó que el Gobierno había aplicado un programa para la reintegración de losmenores desmovilizados en ocho provincias y que el Gobierno adoptó una Estrategia de postguerra para la protección de lainfancia, aplicada de 2002 a 2006.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su respuesta a la lista de cuestiones del CRC, de 24 de agosto de2010 que, tras la finalización de la guerra en 2002, el regreso y la rehabilitación de las personas directamente afectadas por el
conflicto (incluyendo a los niños desplazados y ex soldados) era una prioridad para el Gobierno, e indica que existían
aproximadamente 4 millones de personas desplazadas, de las cuales el 40 por ciento era niños (documento
CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, párrafo 38). El Gobierno indica también en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que estáaplicando un programa para el regreso y reasentamiento de las poblaciones desplazadas, refugiados y otras personas directamenteafectadas por el conflicto armado, con atención especial en los niños. El informe del Gobierno al CRC indica también que elgobierno provincial de Cabinda puso en ejecución una serie de programas para prestar servicios especiales a los niños en elcontexto de la rehabilitación de los grupos vulnerables directamente afectados por el conflicto armado. Este proyecto de apoyo ala rehabilitación de los grupos vulnerables incluye un conjunto de medidas para la formación en diversas calificaciones
profesionales (tales como cocina, costura y bordado), competencias genéricas para la vida cotidiana basadas en el micropréstamo,
la protección de la infancia y la atención primaria de salud (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 368 y 369). La Comisión
solicita al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para la readaptación y reinserción de los niños afectados por el conflicto,
incluidos los ex niños soldados. Solicita al Gobierno que facilite información sobre el número de niños cubiertos a través delas medidas adoptadas a este respecto.
2. Niños de la calle. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno, según
la cual el desplazamiento de un gran número de personas durante el conflicto armado dio origen al fenómeno de los niños de lacalle. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno había establecido albergues con el objetivo de recoger a los niños delas calles, además de los planes para construir 600 centros regionales para la recepción de niños necesitados de protección. No
obstante, la Comisión tomó nota de un informe en el que se señala que, como mínimo, 10 000 niños trabajan en Luanda, lacapital, así como de la indicación del Gobierno de que también se encuentran niños de la calle en otras grandes ciudades, como
Benguela, Lobito, Lubango y Malang.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que se ha registrado
una disminución en el número de niños que viven en las calles debido a la mejora relativa de la vida de los ciudadanos, aunquedicho número sigue siendo considerable (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 397). La Comisión también toma nota de la
indicación del Gobierno en este informe de que se realizan esfuerzos para reintegrar a los niños de la calle a sus familias
biológicas, o colocarlos en familias de sustitución. Esto se realiza mediante el Programa de búsqueda y reunificación familiar, que
proporciona apoyo a los niños separados de sus familias en instituciones temporarias y procura obtener la reintegración a sus
familias. Asimismo, el Gobierno indica que, si bien no se han suprimido los factores que contribuyen al fenómeno de los niños dela calle, se ha recogido a 1 545 niños en esa situación, alojándolos en Casa Pía de Luanda (un hogar de niños), en un esfuerzo
para reintegrarlos con sus familias. El Gobierno indica, además, que está en curso la cooperación entre diferentes interlocutorespara aplicar programas destinados a desarrollar y mejorar las instituciones privadas en las que se albergan los niños de la calle(proporcionando, entre otros, una educación integrada y programas de formación profesional) (documento CRC/C/AGO/2-4,
párrafos 398 a 401).
La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica en su respuesta a la lista de cuestiones del CRC de 24 de agosto
de 2010, que algunos niños que trabajan y viven en las calles han recibido ayuda de los servicios de reintegración social:
239 niños de la calle en 2007, 240 en 2008, y 260 en 2009. La mayoría de ellos eran varones (documento
CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, pág. 14). Al recordar que los niños de la calle son particularmente vulnerables a las peores formas
de trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos para proteger a los niños de la calle de esas
peores formas, y ocuparse de su rehabilitación e integración social. La Comisión también solicita al Gobierno que
proporcione información sobre el número de niños de la calle a los que se ha proporcionado oportunidades en materia deeducación y de formación profesional en las instituciones de la infancia.
3. Niños huérfanos a consecuencia del VIH/SIDA y otros niños vulnerables. En relación con sus comentarios anteriores,
la Comisión toma nota de la información que figura en el informe del Gobierno al CRC, de 26 de febrero de 2010, de que elnúmero de niños vulnerables podría alcanzar a 200 000 para 2010 y que esa categoría de niños va en aumento (documento
CRC/C/AGO/2-4, párrafos 263 y 264). Asimismo, el Gobierno indica que, en 2007, se había iniciado la preparación de un Plan
Nacional de Acción para los niños vulnerables a causa del VIH/SIDA, que incluye, entre otras medidas, el fortalecimiento de lacapacidad familiar, comunitaria e institucional para dar respuesta a las necesidades de esos niños, y una extensión de los servicios
y mecanismos de protección social (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 261 y 374). El Gobierno indica también que se ha
incrementado el número de becas de supervivencia otorgadas a los niños vulnerables (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 50).
No obstante, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el Informe Nacional de Progreso a la Sesión Especial sobre
el Sida de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS), de marzo de 2010, que sólo el 16,8 por
ciento de los hogares con niños vulnerables recibe apoyo básico externo. La Comisión recuerda que los niños vulnerables están
expuestos al riesgo cada vez mayor de ser ocupados en las peores formas de trabajo infantil y, en consecuencia, insta al237

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces, en el marco del Plan Nacional de Acción para los niños vulnerables acausa del VIH/SIDA, a fin de garantizar que los niños huérfanos a consecuencia de esa afección y otros niños vulnerables
sean protegidos de esas peores formas de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre lasmedidas concretas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos, especialmente en relación con el porcentaje dehogares con niños vulnerables que reciben servicios y asignaciones de apoyo.
Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que elGobierno señala, en su informe al CRC de 26 de febrero de 2010, que los niños en Angola están ocupados en las peores formas
de trabajo infantil, especialmente en trabajos peligrosos (minas de diamantes y pesca), el trabajo en las calles y la explotación
sexual comercial (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 432). La Comisión también toma nota de la información que figura eneste informe, según la cual, 20 niños víctimas de la trata fueron identificados por los agentes encargados de hacer cumplir la leyen 2007, y que en la provincia de Zaire se registraron casos evidentes de trata de niños. El Gobierno señala que esta práctica es
difícil de controlar debido a la extensión de la frontera y que se traslada a niños angolanos de la ciudad capital del país a la
República Democrática del Congo y que niños congoleños son objeto de trata de Kinshasa hacia Angola (párrafos 172 a 175). Al
tomar nota de la difícil situación que predomina en el país, la Comisión expresa su profunda preocupación por las situaciónde las personas menores de 18 años ocupadas en las peores formas de trabajo infantil y, en consecuencia, insta al Gobierno aque redoble sus esfuerzos para garantizar en la práctica la protección de los niños de estas peores formas de trabajo,
especialmente la trata, la explotación sexual comercial, la utilización en actividades ilícitas y el trabajo peligroso. Además,solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de datos suficientes sobre esas peores
formas de trabajo infantil y que proporcione información junto con su próxima memoria sobre la naturaleza, el alcance y laorientación de las peores formas de trabajo infantil, el número de niños protegidos por las medidas que dan efecto al
Convenio, el número y naturaleza de las infracciones, las investigaciones, los procesamientos, las condenas y las sanciones.
En la medida de lo posible, toda la información comunicada, debería ser desglosada por sexo y edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

BahamasConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según unestudio llevado a cabo en junio de 2005 en el marco del proyecto regional en materia de trabajo infantil de la OIT y el Organismo
Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) titulado «Revisión de la legislación de las Bahamas en materia de trabajo infantil– una guía para la reforma legislativa» (Estudio de la OIT y el CIDA sobre el proyecto regional en materia de trabajo infantil), el
Ministerio de Trabajo y Migración estableció un Comité Nacional sobre Trabajo Infantil cuya función es realizar
recomendaciones en relación con una política sobre el trabajo infantil. Tomando nota de nuevo de que la memoria del Gobierno
no proporciona información alguna sobre este punto, la Comisión expresa la esperanza de que en un futuro próximo se
elabore una política nacional en materia de trabajo infantil. Solicita de nuevo al Gobierno que en su próxima memoriatransmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.
Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. La Comisión había tomado nota de que el artículo 50, 1), de la Ley de Empleo, de2001, establece que no deberá emplearse a niños (todas las personas de menos de 14 años) en ninguna empresa, excepto si así se
prevé expresamente en el primer anexo de esta ley. Asimismo tomó nota de que en el estudio de la OIT y el CIDA sobre elproyecto regional en materia de trabajo infantil se encontró que había niños trabajando en una serie de actividades en las que se
podía suponer que existía trabajo infantil. Además, la Comisión tomó nota de que, según dicho estudio, la Unidad de Inspección
del Trabajo no tiene los recursos humanos suficientes ni el marco administrativo necesario para realizar las inspecciones
requeridas de los lugares de trabajo a fin de comprobar si hay trabajo infantil, y que la mayoría de los niños trabajan en el sector
informal, que generalmente no está controlado por la inspección. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que
consultaría a sus organismos pertinentes sobre este punto y que había iniciado el proceso de contratación de nuevos inspectoresdel trabajo. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión observó que la edad mínima para la admisión al empleo sólo se aplica a lasempresas del sector formal mientras que la mayoría de los niños trabajan en el sector informal. Recordó al Gobierno que elConvenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y cubre todos los tipos de empleo y de trabajo, exista o no una
relación de trabajo contractual y tanto si el trabajo está remunerado como si no lo está. Habida cuenta de que la memoria delGobierno no contiene información sobre este punto, la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que, al contratar nuevos
inspectores del trabajo, se refuerce el componente de inspección del trabajo relativo a los niños que trabajan por cuenta
propia o en la economía informal. A este respecto, pide de nuevo al Gobierno que adapte y refuerce los servicios de inspeccióndel trabajo a fin de garantizar que la protección prevista en el Convenio se garantiza a los niños que trabajan en esos sectores.
La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este
respecto.
Artículos 2, 2), y 5. Elevar la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. La Comisión había tomado nota deque la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo especificada por Bahamas cuando ratificó el Convenio era de 14 años.
Asimismo, la Comisión tomó nota de que el artículo 50, 1), de la Ley de Empleo prevé la prohibición general de emplear a niños
de menos de 14 años de edad en cualquier empresa, aunque existen algunas excepciones.
La Comisión toma nota de que el artículo 7, 2), de la Ley de Protección del Niño dispone que no deberá emplearse a ningún
niño de menos de 16 años, aunque en el apartado 3 se estipula que los niños de menos de 16 años pueden ser empleados en
cualquier ocupación si ello es conforme a otra ley o se prevé en ella. La Comisión solicita al Gobierno que indique si con
arreglo a la Ley de Protección del Niño pretende elevar a 16 años la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo
inicialmente especificada (14 años), y enmendar la Ley de Empleo a fin de eliminar esta discrepancia de la legislación
nacional. De ser así, la Comisión aprovecha la oportunidad para señalar a la atención del Gobierno que el artículo 2,
párrafo 2, del Convenio prevé que todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que
238la que se fijó inicialmente. La Comisión agradecería al Gobierno que examinara la posibilidad de enviar una declaración deeste tipo a la Oficina.
Artículo 2, 3). Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota de que en virtud delartículo 22, 3), de la Ley de Educación, la edad de finalización de la educación obligatoria es de 16 años de edad. Asimismo,
tomó nota de que según los datos de 2005 del Instituto de Estadística de la UNESCO, la tasa de matriculación en la escuela
primaria es del 92 por ciento de las niñas y el 89 por ciento de los niños, y a nivel secundario es del 84 por ciento de las niñas y el
83 por ciento de los niños. Además, la Comisión tomó nota de que, según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todosen el Mundo, de la UNESCO, de 2008, titulado «Educación para Todos en 2015: ¿alcanzaremos la meta?» (Informe deSeguimiento de la Educación para Todos, UNESCO, 2008), se realizaron progresos en lo que respecta al cumplimiento delPrograma de Educación para Todos. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, según el Informe de Seguimiento de la
Educación para Todos, debido a que sus progresos son demasiado lentos, Bahamas corre el riesgo de no alcanzar el objetivo de la
educación para todos en 2015.
La Comisión toma nota de que memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto. Considerando que la
educación obligatoria es una de las formas más eficaces de combatir el trabajo infantil, la Comisión solicita de nuevo al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para incrementar la tasa de matriculación escolar y de finalización de laescolarización tanto en el nivel primario como en el nivel secundario a fin de alcanzar el objetivo de la educación para todos
en 2015 y que proporcione información sobre los resultados logrados.
Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota
de que la legislación nacional no contiene ninguna determinación de los tipos de empleos o trabajos que pueden poner en peligro
la salud, seguridad o moralidad de los menores de 18 años. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno indicaba que abordaría esta
cuestión y que tenía previsto realizar enmiendas a la Ley de Empleo tras llevar a cabo consultas con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que había
acordado con la Oficina Regional de la OIT establecer una lista de trabajos peligrosos como parte de su Programa de Trabajo
Decente por País.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto. Sin embargo, laComisión toma nota de que una delegación de Bahamas asistió al Taller Subregional de la OIT sobre la Erradicación del Trabajo
Infantil Peligroso para países seleccionados del Caribe, que se celebró en octubre de 2011. La Comisión toma nota de que este
taller tenía por objetivo mejorar las competencias para la preparación de una lista de trabajos peligrosos a través de consultas ycolaboración internas. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la
adopción, en un futuro próximo, de disposiciones legales en las que se determinen los tipos de trabajos peligrosos que estáprohibido que realicen menores de 18 años. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información relativa alas consultas sobre este tema celebradas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.
Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que el artículo 7, 3), a), de la Ley de Protección delNiño prevé que los niños menores de 16 años pueden ser empleados por sus padres o tutores para que realicen trabajos ligeros
domésticos, agrícolas o en la horticultura. Solicitó al Gobierno que transmitiera información sobre el número de horas durante lasque los niños de menos de 16 años pueden realizar trabajos ligeros domésticos, agrícolas, o en la horticultura y sobre lascondiciones en que pueden realizarlos. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que transmitiría información a laComisión sobre las medidas adoptadas o previstas en relación con las disposiciones legislativas o reglamentarias que
determinarían las actividades consideradas trabajos ligeros y las condiciones en las que estos empleos o trabajos podrían serrealizados por niños a partir de los 12 años. La Comisión toma nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene
información sobre este punto, e insta al Gobierno a adoptar estas medidas en un futuro próximo a fin de dar efecto al
Convenio en relación con este punto. Solicita de nuevo al Gobierno que transmita toda la información disponible sobre losprogresos realizados a este respecto.
Artículo 9, 1). Sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley de Protección del Niño
no prevé sanciones en caso de infracción del artículo 7 de la ley en materia de trabajo infantil. Solicitó al Gobierno que indicaralas disposiciones legales que establecen sanciones para las violaciones del Convenio.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Recuerda de nuevo que,en virtud del artículo 9, 1), del Convenio, la autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso elestablecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones de este Convenio. La Comisión
insta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar que la legislación prevea sanciones para las violaciones del artículo 7 dela Ley de Protección del Niño en materia de trabajo infantil. Solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita
información sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 9, 3). Registros de empleo. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que algunas disposiciones de la
Ley de Empleo dan efecto a este artículo del Convenio, especialmente el artículo 61, 1), que establece que todo empleador deberá
llevar un registro de los pagos de salarios y cuentas en relación con cada empleado durante un período de tres años. La Comisión
señaló que esta disposición de la Ley de Empleo no cumple con las condiciones establecidas por el artículo 9, 3), del Convenio.
Asimismo, indicó que la Ley de Protección del Niño no incluye ninguna disposición que requiera que los empleadores llevenregistros u otros documentos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud del artículo 71, a), de la Ley de Empleo, los empleadores
tienen que llevar y mantener, durante el período que se prevea tras la realización del trabajo, estos registros de nombres,
direcciones, edades, salarios, horas trabajadas, vacaciones anuales y otras condiciones de trabajo para cada uno de sus empleados,
según se determine. En virtud del artículo 71, b), se requiere que los empleadores proporcionen esta información al Ministro deTrabajo, si éste lo solicita. El Gobierno también indica que está examinando la propuesta, realizada por las organizaciones detrabajadores, de enmendar el artículo 71 de la Ley de Empleo a fin de permitir que un trabajador, o el representante de su
sindicato, pida a su empleador que proporcione la información que contienen estos registros al Ministro de Trabajo. La Comisión
solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados en lo que respecta a la enmienda del artículo 71
de la Ley de Empleo y que comunique copia del nuevo artículo una vez que se haya enmendado.
Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que transmitiera
información sobre la forma en la que el Convenio se aplica en la práctica. Tomando nota de que la memoria del Gobierno nocontiene información sobre este punto, la Comisión le pide de nuevo que proporcione información sobre la forma en que elConvenio se aplica en la práctica, incluyendo, por ejemplo, datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes,
especialmente en relación con los niños que trabajan en la economía informal, así como extractos de los informes de los239

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

servicios de inspección e información sobre el número y naturaleza de las infracciones notificadas y las sanciones impuestas.
En la medida de lo posible, esta información debería estar desglosada por edad y sexo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Estado Plurinacional de Bolivia
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la discusión detallada que tuvo lugar en junio de2015 durante la 104.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en relación con la aplicación por
el Estado Plurinacional de Bolivia del Convenio núm. 138. La Comisión también toma nota de las observaciones
conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), recibidas el 31 de agosto de 2015.
Artículo 2, 1), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo e inspección del trabajo. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 126, 1), del Código del Niño, Niña yAdolescente, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo era de 14 años, y de que el artículo 56 de la Ley Generaldel Trabajo prohibía el trabajo a los niños menores de 14 años, lo que está en consonancia con el requisito de la edadmínima especificado por el Gobierno al ratificar el Convenio. La Comisión tomó nota de la observación presentada por la
CSI en relación con la adopción por el Gobierno del nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente de 17 de julio de 2014,
por el que se modifica el artículo 129 del Código anterior, reduciendo la edad mínima para trabajar de los niños a los
10 años para actividades laborales por cuenta propia y a los 12 años para quienes tengan una relación laboral por cuenta
ajena, en la que se den circunstancias excepcionales. La CSI señaló que esas excepciones a la edad mínima establecida en
14 años son incompatibles con las excepciones previstas en el Convenio para realizar trabajos ligeros, en el artículo 7, 4),que no autoriza el trabajo de los niños menores de 12 años. La Comisión también tomó nota de la declaración de la CSI,
según la cual permitir que los niños trabajen a partir de los 10 años de edad irá en menoscabo del período de escolaridad
obligatoria de éstos, que en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una duración de 12 años, es decir, hasta los 16 años deedad. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que las nuevas excepciones a la edad mínima de 14 años,
establecidas en virtud del artículo 129 del citado Código, se establecen y autorizan únicamente a condición de que estas
actividades no atenten contra el derecho a su educación, salud, dignidad o desarrollo integral.
La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la OIE y de la CEPB según las cuales el nuevo Código delNiño, Niña y Adolescente es consecuencia de una aplicación incorrecta del Convenio núm. 138. En ellas se indica que esta
modificación se ha efectuado sin consultar previamente las organizaciones de empleadores y de trabajadores y que es
incompatible con la edad mínima de admisión al trabajo, de 14 años, especificada por el Gobierno al ratificar el Convenio
núm. 138. Además, la OIE y la CEPB señalan que la magnitud del nivel alcanzado por la economía informal en el país
(70 por ciento), que no está sometida a la vigilancia de la inspección del trabajo, resulta favorable al trabajo infantil.
Añaden que no existe trabajo infantil en el sector del empleo formal. Por último, se indica que es necesario que elGobierno refuerce los servicios de la inspección del trabajo en los sectores formales e informales.
La Comisión toma nota de la declaración formulada por el representante del Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia en la Comisión de la Conferencia, según la cual las excepciones a la edad mínima de admisión al empleo prevista
por el nuevo Código son transitorias, con miras a superar este problema de ahora al año 2020. Afirmó que el Gobierno nocontraviene el Convenio, sino que busca ampliar la protección de los niños que trabajan y es una medida excepcional para
contribuir a la aplicación de políticas públicas destinadas a eliminar el trabajo infantil. En este sentido, menciona la
adopción de medidas de protección de los niños trabajadores, tales como el derecho a un salario igual al salario mínimo
nacional y a la seguridad social, la promoción del derecho a la educación y una semana laboral de 30 horas para el trabajo
por cuenta ajena de los menores entre 12 y 14 años, destinándose dos horas de la jornada laboral al estudio. Por otra parte,
el Gobierno indica en su memoria que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se encarga de la aplicación delConvenio a través de las inspecciones móviles integradas e intersectoriales realizadas de oficio o a raíz de denuncias
formuladas por los servicios de defensa de los niños y adolescentes para señalar los casos de trabajo de niños menores de
14 años.
La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia, al tiempo de tomar debida nota de los resultados
positivos de las políticas económicas y sociales puestas en práctica por el Gobierno, lo instó a que derogue lasdisposiciones de la legislación que establecen la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, y que elabore sin
tardanza una nueva ley, en consulta con los interlocutores sociales, por la que se aumente la edad mínima de admisión alempleo o al trabajo de conformidad con el Convenio. Además instó al Gobierno a que proporcione a la inspección deltrabajo mayores recursos humanos y técnicos necesarios, y en materia de formación de la inspección del trabajo, para así
dar un enfoque más eficaz y concreto a la aplicación del Convenio.

240

La Comisión una vez más deplora enérgicamente tomar nota de las enmiendas recientes al artículo 129 del Código
del Niño, Niña y Adolescente, que permiten a la autoridad competente autorizar la actividad laboral por cuenta propia deniños y adolescentes de 10 a 14 años y, por cuenta ajena, de niños y adolescentes de 12 a 14 años. La Comisión subraya
nuevamente que el objetivo del Convenio consiste en eliminar el trabajo infantil y que alienta el aumento de la edadmínima de admisión al trabajo, pero no autoriza la reducción de la misma una vez que haya sido establecida. La Comisión
recuerda que el Estado Plurinacional de Bolivia había especificado una edad mínima de 14 años para la admisión alempleo al ratificar el Convenio y que la derogación de ésta en virtud del artículo 129 del Código del Niño, Niña yAdolescente no está en conformidad con esta disposición del Convenio. Además, la Comisión toma nota con profunda
preocupación de la distinción entre fijar la edad mínima a los 10 años para los niños que realizan una actividad laboral por
cuenta propia, y fijarla a los 12 años para los que la realizan por cuenta ajena. Tal como señaló en su Estudio General de2012 sobre los convenios fundamentales (párrafos 550 y 551), la Comisión sostiene que los gobiernos deberían tomar
medidas para garantizar como mínimo la misma protección legislativa a los niños que trabajan por cuenta propia, dado
que muchos de ellos trabajan en la economía informal en condiciones peligrosas. Por último, la Comisión observa que ensus comentarios de 2012 sobre el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) indica que el número total dejefes inspectores y de inspectores del trabajo en los servicios de inspección es de 86 (artículo 10). A este respecto, laComisión observa que, según el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 345), el número
limitado de inspectores del trabajo no les permite cubrir la totalidad de la economía informal y la agricultura. Por ese
motivo, la Comisión invita al Gobierno a reforzar la capacidad de la inspección del trabajo con el fin de que pueda vigilar
el trabajo infantil en la economía informal en condiciones peligrosas. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al
Gobierno a que adopte medidas de carácter inmediato para garantizar la enmienda del artículo 129 del Código delNiño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, que fija la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, incluido
el trabajo por cuenta propia, a fin de poner esta edad en conformidad con la edad especificada en el momento de la
ratificación del Convenio y de conformidad con las disposiciones de éste, es decir, a los 14 años, como mínimo. La
Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad de los servicios deinspección del trabajo, especialmente el aumento del número de inspectores y su competencia técnica en materia detrabajo infantil, para asegurar que la protección prevista por el Convenio se garantice también a los niños que
trabajan en el sector informal.
Artículo 7, 1) y 4). Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota anteriormente de que los artículos 132 y 133 delCódigo del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, permiten trabajar a los niños menores de 14 años, con ladebida autorización de la autoridad competente, siempre y cuando las condiciones en que se ejecute limiten su horario
laboral y no sean peligrosas para la vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente o no atenten contra su
libertad de acceso a la educación.
La Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia según las cuales esas modificaciones
permiten a todos los niños menores de 14 años efectuar trabajos ligeros sin fijar una edad mínima de admisión para este
tipo de trabajo. A este respecto, la Comisión recuerda que, en virtud de la cláusula de flexibilidad prevista en el artículo 7,1) y 4), del Convenio, la legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas con edades comprendidas
entre los 12 y los 14 años de edad para realizar trabajos ligeros que no sean susceptibles de perjudicar su salud odesarrollo, y no constituyan un obstáculo para su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación oformación profesional aprobados por la autoridad competente, ni para su capacidad de beneficiarse de la enseñanza que
reciben. No obstante, la Comisión toma nota de que los artículos 132 y 133 del Código del Niño, Niña y Adolescente no
reducen la edad mínima a los 12 años según se prevé en el artículo 7, 4). La Comisión insta firmemente al Gobierno una
vez más a que adopte medidas inmediatas para garantizar que se enmienden los artículos 132 y 133 del Código delNiño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, a fin de reducir la edad mínima de admisión al empleo para trabajos
ligeros a los 12 años, de conformidad con las condiciones previstas en el artículo 7, 1) y 4), del Convenio.
Artículo 9, 3). Registro de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la legislación
nacional no contiene disposiciones que den cumplimiento a la obligación del empleador de llevar registros. Además, laComisión tomó nota de que, en virtud del artículo 138 del Código del Niño, Niña y Adolescente, es necesario contar con
registros de los niños y adolescentes trabajadores con el fin de obtener autorizaciones de trabajo. La Comisión tomó nota
de que estos registros incluyen la autorización para trabajar de los niños con edades comprendidas entre los 10 y los
14 años.
La Comisión toma nota de la ausencia de información al respecto en la memoria del Gobierno. En este sentido,
señala a la atención del Gobierno sus propios comentarios formulados en virtud del artículo 2, 1), según los cuales nodebería concederse la autorización para trabajar a los niños con edades inferiores a los 14 años. Además, recuerda al
Gobierno que, según el artículo 9, 3), del Convenio la legislación nacional prescribirá los registros que el empleador
deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente en los que se indicarán el nombre y apellido y la edad ofecha de nacimiento, debidamente certificados, de todas las personas menores de 18 años empleadas por él o que trabajen
para él. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner esta disposición
del Código del Niño, Niña y Adolescente de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre estas dos cuestiones yque suministre información sobre el trabajo infantil, desglosada por edad y por sexo.

241

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión invita al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT con objeto de poner su legislación ypráctica de conformidad con el Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

BrasilConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota
anteriormente de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para la eliminación del trabajo infantil, entre las que se
incluyen un mecanismo específico de inspección relativo a la erradicación del trabajo infantil, parte del Programa para laeliminación del trabajo infantil (PETI) y las iniciativas de transferencia de ingreso, como por ejemplo el Programa Bolsa
Familia. La Comisión tomó nota de que si bien el trabajo infantil se ha reducido en los últimos años, persisten graves
dificultades.
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de que en 2013 se reformuló el Programa para la eliminacióndel trabajo infantil (PETI), aplicándose en virtud de la ordenanza núm. 63, de 2014, con el objetivo de reforzar la
prevención y la erradicación del trabajo infantil a través de acciones estratégicas intersectoriales en sectores con elevada
incidencia de trabajo infantil. Como consecuencia de estas actividades, se individualizó a 1 032 municipios que podían serelegidos para recibir financiación del ámbito federal para las acciones estratégicas del Programa para la eliminación deltrabajo infantil, 2014.
Además, en el primer semestre de 2013, 110 353 familias con niños y adolescentes en trabajo infantil fueron
registrados en los servicios sociales y de control, parte del Programa de Atención Integral a las Familias (PAIF). Además,
los servicios de atención al niño brindados a los niños librados del trabajo infantil en el marco del Programa de protección
social básica se extendieron de 3 588 a 5 039 municipios y abarcaron a 1 624 260 niños de todos los grupos de edades.
Asimismo, la Comisión toma nota del informe del proyecto OIT/IPEC de septiembre de 2013 titulado «Combatir laspeores formas del trabajo infantil y promover la cooperación horizontal en determinados países de América del Sur» deque en la actualidad, el Programa Bolsa Familia presta asistencia a 13,8 millones de familias y un total de 50 millones depersonas. La memoria del Gobierno indica que en 2013, 310 753 familias con niños y adolescentes en trabajo infantil
recibieron transferencias monetarias por intermedio de este programa.
Asimismo, la Comisión toma nota del informe de la OIT/IPEC, sobre el proyecto titulado «Ayuda nacional para que
Bahia se convierta en un estado sin trabajo infantil», de enero de 2013, de la elaboración y aplicación por el Gobierno delPlan para superar la extrema pobreza – Brasil Sin Miseria, con el objetivo de retirar a 16,2 millones de brasileños de lapobreza extrema por medio de transferencias monetarias y centrándose en el trabajo infantil como una de sus prioridades.
En virtud de este programa, se aumenta el alcance de los programas de transferencias monetarias incluyendo a
1,3 millones de niños y adolescentes en el Programa de ayuda familiar de transferencia monetaria condicionada (Brasil
Carinhoso) y se amplió de tres a cinco por familia el número de niños que tienen derecho a recibir prestaciones
adicionales.
Por último, la Comisión toma nota de la información siguiente del informe sobre el proyecto OIT/IPEC, de 2013, en
relación con los resultados obtenidos en el marco de las actividades de la OIT/IPEC en el Brasil:–
En el marco del proyecto «Ayuda nacional para un estado sin trabajo infantil, Bahia, 2008-2013» se logró lareadaptación a través de la educación de 16 491 niños que fueron retirados del trabajo infantil a los cuales se impidió
su ocupación en esas actividades; y los programas de asignaciones familiares y de salud para las familias abarcaron
un total de 16 465 familias.
–
En el marco del proyecto titulado «Combatir las peores formas de trabajo infantil y promover la cooperación
horizontal en determinados países de América del Sur, 2009-2013», un total de 8 525 niños fueron retirados deltrabajo infantil (3 047) o se impidió su ocupación en esas actividades (5 478).
–
En el marco del proyecto, «un programa para reducir las peores formas de trabajo infantil en las comunidades que
cultivan tabaco en Malawi y el Brasil», 2012-2015, desde enero de 2012 a diciembre de 2013 se impidió que un total
de 2 143 niños fueran ocupados en trabajo infantil por intermedio de los servicios educativos o las oportunidades deenseñanza, y se impidió la ocupación de 3 000 niños a través de servicios no relacionados con la educación.
La Comisión acoge con agrado la información proporcionada por el Gobierno, según la cual los resultados de lasencuestas nacionales de hogares de 1992 a 2012 indican una reducción considerable del trabajo infantil, de 8,4 millones deniños (entre los 5 a 17 años de edad) en 1992 a 3,51 millones de niños en 2012, indicando una disminución de4,9 millones (59 por ciento) durante este período. La Comisión señala, no obstante, que según las encuestas nacionales dehogares, de 2013 y 2014, si bien se ha registrado una nueva disminución a lo largo del año 2013, con 3,1 millones deniños que trabajan con edades comprendidas entre 5 y 17 años, en 2014 se observó un aumento del 4,5 por ciento, lo que
supone un total de 3,3 millones de niños. Al tomar debida nota de las medidas concretas de protección social y de lasiniciativas en materia de educación tomadas por el Gobierno, la Comisión le pide que prosiga sus esfuerzos paragarantizar la eliminación progresiva del trabajo infantil en el país. La Comisión pide al Gobierno que continúe242

suministrando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como seguir facilitando información
estadística sobre los resultados, incluyendo los obtenidos a través de la aplicación del Programa para la eliminacióndel trabajo infantil (PETI) reformado, de 2014. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre el
impacto del «Plan para superar la pobreza extrema – Brasil Sin Miseria», relativo a la eliminación del trabajo infantil.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota
de que el artículo 402 de la Ley refundida del trabajo excluye de su ámbito de aplicación al trabajo realizado por niños yadolescentes en empresas familiares, es decir, en las actividades económicas que se realizan a los fines de la subsistencia ymantenimiento de la familia. La Comisión tomó nota de que existe una gran mayoría de niños de edades inferiores a laedad mínima para trabajar que trabajan ya sea por cuenta propia o en empresas familiares sin recibir remuneración.
La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que la lucha contra el trabajo infantil en el Brasil, porintermedio de inspecciones periódicas y de programas específicos para la erradicación de ese trabajo, comprende a lossectores formal e informal, incluidas las empresas familiares. En este sentido, la Comisión se remite a su observación de2013 relativa al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) que una parte importante de niños entre los 5 y
los 14 años de edad que trabajan, desarrollan sus actividades en domicilios particulares y esta situación limita laintervención de la inspección, en razón del principio de inviolabilidad del domicilio, al que se suma el hecho de que laaplicación de instrumentos para el cumplimiento de la ley se circunscribe a las relaciones de empleo. Además, laComisión toma nota del informe de la OIT de 2013 titulado Perfil del trabajo decente en el Brasil – una perspectiva
regional, de que de los aproximadamente 910 000 niños menores de 14 años que trabajan en establecimientos agrícolas, el
85,6 por ciento de ellos trabajan en la agricultura familiar. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte
las medidas necesarias para adaptar y reforzar la capacidad y alcance de los servicios de la inspección del trabajo, demanera que puedan detectar mejor los casos de trabajo infantil en la economía informal y garantizar la protección
prevista en el Convenio a los niños menores de 16 años que trabajan por cuenta propia o en la agricultura familiar. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre losresultados obtenidos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños con fines deexplotación económica y sexual. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para
combatir la trata de niños para su explotación sexual y laboral.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual en 2013 inició el Segundo
Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas (NAP 2013-2016) cuyo objetivo es prevenir y controlar la trata depersonas y brindar protección y asistencia a las víctimas de la trata. La Comisión también toma nota del informe de la
OIT/IPEC sobre el proyecto «Combatir las peores formas de trabajo infantil y promoción de la cooperación horizontal enpaíses seleccionadas de América del Sur», de septiembre de 2013 (informe OIT/IPEC 2013) que en el marco de este
proyecto, el estado de Mato Grosso aprobó un plan estatal sobre la trata de personas que incluye planes de acción para
combatir la trata de niños, especialmente de las niñas, para su explotación sexual y la trata de niños para el trabajo forzoso
incluido el trabajo doméstico.
La Comisión también toma nota de la información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(ONUDD), según la cual, en mayo de 2013, el Ministerio de Justicia y la ONUDD iniciaron la Campaña Corazón Azul
contra la trata de personas en el Brasil. Información procedente de la ONUDD también señala que esta campaña tiene por
objeto movilizar a la sociedad para denunciar la trata de personas mediante líneas telefónicas de ayuda establecidas enregiones clave. Además, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la oficina
regional de la OIM para América del Sur, en cooperación con la oficina de la OIM en Washington y el Consulado Generalde los Estados Unidos en Recife, organizó una capacitación de lucha contra la trata para la asistencia a las víctimas en la
Academia de Policía del estado de Pernambuco en Recife. El objetivo de esta formación fue fortalecer las capacidades deidentificación y asistencia a víctimas de la trata a través de la prestación de asistencia técnica al Centro Estatal de Lucha
contra la Trata de Personas, así como a otros socios fundamentales en la lucha contra la trata, tales como proveedores deservicios, la policía y los fiscales. Al tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la NAP 2013y en el Plan del estado de Mato Grosso sobre la Trata de Personas, la Comisión pide al Gobierno que indique elnúmero de niños víctimas de la trata que se han beneficiado de esas medidas. La Comisión también pide al Gobierno
que proporcione información sobre el impacto de la formación contra la trata impartida a la Policía del estado de
Pernambuco, prestatarios de servicios y fiscales en relación con el número de casos de niños víctimas de la trata
identificados y el número de niños librados de ésta, una de las peores formas de trabajo infantil, y a los cuales se ha
proporcionado asistencia.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños
particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños trabajadores domésticos. La Comisión tomó
nota anteriormente de que la Lista de peores formas de trabajo infantil (decreto núm. 6481, de 12 de junio de 2008)
incluyó el trabajo doméstico de los niños como una de las peores formas de trabajo infantil prohibida a toda persona

243

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

menor de 18 años. La Comisión también tomó nota de que, en virtud del artículo 6 de la instrucción normativa
núm. 77/2009 de la Secretaría de la Inspección del Trabajo (SIT), la inspección combate el trabajo doméstico infantil
mediante el asesoramiento al público en general y la remisión de las quejas a las autoridades competentes, además con larealización de actividades de concientización. Sin embargo, al tomar nota de que un número considerable de niños están
empleados en el trabajo doméstico, la Comisión instó al Gobierno a continuar sus esfuerzos para garantizar que laspersonas menores de 18 años no estén ocupadas en este tipo de trabajo prohibido, y que facilite información sobre lasrepercusiones de las medidas específicas adoptadas a este respecto.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre las medidas
específicas adoptadas o previstas para impedir la ocupación de niños menores de 18 años en el trabajo doméstico. En este
sentido, la Comisión toma nota de la publicación de la OIT/IPEC titulada «Radicar el trabajo infantil en el trabajo
doméstico y proteger a los jóvenes trabajadores contra las condiciones de trabajo abusivas, 2013», de que según la
Encuesta de Hogares del Brasil, 2011, más de 250 000 niños realizan alguna forma de trabajo doméstico en hogares deterceros, incluidos 67 000 niños del grupo de edad de 10 a 14 años y 190 000 niños de 15 a 17 años de edad. La Comisión
expresa su preocupación por el número considerable de niños ocupados en el trabajo doméstico prohibido para losmenores de 18 años en el Brasil. Por consiguiente, la Comisión urge al Gobierno a adoptar las medidas necesarias paragarantizar que no se ocupe en el trabajo doméstico a las personas menores de 18 años de edad, de conformidad con el
decreto núm. 6481, de 2008. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas
a este respecto y sobre los resultados alcanzados en relación con el número de niños menores de 18 años que realizan
trabajos domésticos y han sido retirados y rehabilitados de este tipo de trabajo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solitud dirigida directamente al Gobierno.

BurundiConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado
nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicaba que el trabajo infantil constituía un serio problema en
Burundi, especialmente en la agricultura y en las actividades informales en el medio urbano. Había tomado nota asimismo de la
indicación del Gobierno, según la cual la crisis sociopolítica que atravesaba el país, había agravado la situación de los niños. En
efecto, algunos de éstos habían sido obligados a realizar trabajos «al margen de las normas» para hacer vivir a sus familias, lasque se encontraban con mucha frecuencia en el sector informal y en la agricultura. La Comisión había tomado nota de que lasdisposiciones del artículo 3 del Código del Trabajo, leídas conjuntamente con las del artículo 14, prohibían el trabajo de los niños
menores de 16 años de edad en las empresas públicas y privadas, incluso en las explotaciones agrícolas, cuando ese trabajo fuese
realizado bajo la dirección de un empleador y por cuenta del mismo.
En su memoria, el Gobierno confirmó que la reglamentación del país no se aplica al sector informal y que, enconsecuencia, escapa a todo control. No obstante, la cuestión de extender la aplicación de la legislación del trabajo a ese sector hade discutirse en un marco tripartito con ocasión de la revisión del Código del Trabajo y de sus medidas de aplicación. La
Comisión recordó al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de la actividad económica y que comprende todos
los tipos de empleo o de trabajo, exista o no una relación de empleo contractual, especialmente para el trabajo realizado por
cuenta propia. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para ampliar elcampo de aplicación del Convenio a los trabajos efectuados al margen de una relación de empleo, especialmente en el sector
informal y en la agricultura. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones al respecto.
Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión había tomado nota de las
indicaciones de la CSI, según las cuales la guerra había debilitado el sistema educativo debido a la destrucción de numerosas
escuelas y a la muerte o al rapto de un gran número de docentes. Según la CSI, la tasa de escolarización de las niñas era más baja
y la tasa de analfabetismo de las niñas, la más elevada. La Comisión había tomado nota de que, según un informe de laOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de 2004, sobre los datos relativos ala educación, el decreto-ley núm. 1/025, de 13 de julio de 1989, sobre la reorganización de la enseñanza en Burundi, no preveía
una enseñanza primaria gratuita y obligatoria. El acceso a la enseñanza primaria se realizaba hacia la edad de 7 u 8 años y duraba
seis años. Los niños finalizaban, por tanto, la enseñanza primaria hacia los 13 ó 14 años y debían pasar a continuación un examen
de ingreso para acceder a la enseñanza secundaria. Además, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno había elaborado,en 1996, un plan de acción global de la educación, cuyo objetivo era la mejora del sistema educativo, sobre todo a través de la
reducción de las desigualdades y de las disparidades en el acceso a la educación, habiéndose alcanzando una tasa bruta deescolarización del 100 por ciento en el año 2010.
La Comisión tomó buena nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria sobre las diferentes
medidas adoptadas en materia de educación. Tomó nota de que, en virtud del artículo 53, apartado 2, de la Constitución de 2005,
el Estado tiene el deber de organizar la enseñanza pública y de favorecer el acceso a la misma. Tomó nota asimismo de que la
educación básica es gratuita y de que el número de niños escolarizados se había triplicado en el año escolar de 2006. En 2007, secrearán escuelas primarias y se establecerán otras, móviles y transitorias. Además, se habían creado células de coordinación parala educación de las niñas y se iba a contratar a más de 1 000 docentes. La Comisión impulsa nuevamente al Gobierno a que
prosiga sus esfuerzos en materia de educación y a que comunique informaciones sobre el impacto de las mencionadas
medidas en el aumento de la frecuentación escolar y en la reducción de las tasas de abandono escolar, con particular atención
a la situación de las niñas. Solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien indicar la edad de finalización de la escolaridad
obligatoria, así como las disposiciones de la legislación nacional que prevén esa edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

244

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, junio de 2010)
Artículos 3 y 7, párrafo 1, del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con
preocupación de la utilización de niños por las fuerzas armadas del Estado ya sea como soldados o como auxiliares en loscampamentos, e incluso como agentes de información, así como por el hecho de que la edad mínima de enrolamiento en lasfuerzas armadas fuera baja. La Comisión tomó nota de que se había revisado el Código Penal a fin de asegurar una mejor
protección de los niños contra los crímenes de guerra y que ese instrumento dispone que el reclutamiento de niños menores de
16 años en conflictos armados constituye un crimen de guerra. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara
medidas urgentes para modificar la legislación nacional y prohibir el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de
18 años para participar en un conflicto armado. Además, la Comisión tomó nota de que, considerando la calma relativa que existe
en gran parte del territorio nacional desde la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha de agosto de 2000 y el
Acuerdo Global de Cese del Fuego, el Gobierno había iniciado la aplicación de un vasto programa de desmovilización yreintegración de los excombatientes mediante tres organizaciones, a saber, la Comisión Nacional de Desmovilización,
Reintegración y Reinserción (CNDRR), la Estructura Nacional de Niños Soldados (SEN), y el proyecto de la OIT/IPEC titulado«Prevención y reintegración de los niños enrolados en conflictos armados: un programa interregional».
La Comisión se remite a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia que en sus conclusiones instó al
Gobierno a asegurarse de que los responsables de reclutamiento forzoso de menores de 18 años por parte de grupos armados y las
fuerzas rebeldes sean llevados ante la justicia y se les impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica.
Al observar que la situación en Burundi sigue siendo inestable y que aún existe el riesgo de que se reclute a niños soldados, laComisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los niños menores de 18 años
contra el reclutamiento forzoso para su utilización en los conflictos armados, asegurando que se realicen investigaciones
exhaustivas y que se enjuicie efectivamente a los infractores completando todas las instancias y que se impongan en la
práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones
sobre los progresos realizados a este respecto.
Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. La Comisión tomó nota de que en su
comunicación la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) indicó que la extrema pobreza de la población lleva a lospadres a autorizar a los niños a dedicarse a la prostitución. La Comisión tomó nota de que si bien la legislación nacional prohíbe
esta peor forma de trabajo infantil, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución sigue siendo unproblema en la práctica.
La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia concluyó que, aunque lalegislación prohíbe la explotación sexual comercial de los niños, éste sigue siendo un grave problema en la práctica. La Comisión
solicita al Gobierno que adopte sin demoras medidas inmediatas y eficaces para asegurar que las personas que utilizan,
reclutan u ofrecen un niño menor de 18 años para la prostitución sean llevadas ante la justicia y que se impongan en la
práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre
el número y naturaleza de las infracciones observadas y de las sanciones penales aplicadas.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupaciónde niños en las peores formas de trabajo infantil, asistencia para librarles de estas formas de trabajo y asegurar su
rehabilitación e inserción social. 1. Niños soldados. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que en el
marco del proyecto interregional de la OIT/IPEC, del programa de las Naciones Unidas de desmovilización, reintegración yreinserción, y del programa relativo a la Estructura Nacional de Niños Soldados, se procedió a la desmovilización y reintegración
social de miles de niños soldados. La Comisión tomó nota de que se han desmovilizado todos los niños salvo aquellos utilizados
por el FNL, dado que éste aún no ha abandonado las armas.
La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno según la cual los niños enrolados en las FNL han sido reintegrados ala vida civil y muchos de ellos han vuelto a la escuela. A este respecto, en el Séptimo Informe sobre la Oficina Integrada de lasNaciones Unidas en Burundi de 30 de noviembre de 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas indica que lareintegración de 626 niños anteriormente asociados con los grupos armados se concluyó con éxito el 31 de julio de 2010
(S/2010/608, párrafo 48). De los 626 niños, más de 104 han regresado a las escuelas de sus comunidades, mientras otros han
tenido la oportunidad de recibir formación profesional o de incorporarse a actividades generadoras de ingresos.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que el representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de Normas de laConferencia indicó que la lucha contra la pobreza en Burundi es el problema fundamental que obstaculiza el éxito de la
reinserción social de los niños soldados desmovilizados. En relación con las conclusiones de la Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia alienta firmemente al Gobierno a que siga tomando medidas efectivas y en un plazo determinado
con miras a asegurar la rehabilitación e inserción social de los niños que hayan participado en conflictos armados.
2. Explotación sexual comercial. La Comisión solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para retirar a losmenores de 18 años de la prostitución y asegurar su readaptación e integración social. La Comisión toma nota de que, en el marcodel Programa de Acción Nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (PAN), elaborado en cooperación
con la OIT/IPEC para el período 2010-2015, uno de los objetivos es reducir la vulnerabilidad de los niños ante las peores formas
de trabajo infantil mediante la aplicación de programas de desarrollo comunitario, por ejemplo, mediante la educación y lareintegración socioeconómica de los niños ocupados en el trabajo infantil o retirados de él. La Comisión solicita al Gobierno que
proporcione informaciones sobre el número de niños víctimas de la explotación sexual comercial a los que se ha retirado
efectivamente de esa situación y que han sido rehabilitados y reintegrados socialmente, especialmente como consecuencia dela aplicación del PAN.

245

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia expresa también su honda preocupación por el hecho de que elnúmero de niños que trabaja en las calles sigue siendo elevado y de que estos niños se ven expuestos a diversas formas deexplotación. Al recordar que los niños de la calle están particularmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, laComisión exhorta encarecidamente al Gobierno a que continúe sus esfuerzos para protegerlos de esas peores formas detrabajo, liberarlos del trabajo en la calle y asegurar su rehabilitación y reinserción social. La Comisión pide al Gobierno que
comunique informaciones sobre las repercusiones del PAN a este respecto, así como sobre el número de niños de la calle
efectivamente librados de esa situación y reintegrados socialmente mediante la acción de los centros de protección y dereinserción de los niños de la calle.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Camboya
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2006)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno de 28 de mayo y 1.º de septiembre de 2015, así como de ladiscusión en profundidad que tuvo lugar en la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Comisión de
Aplicación de Normas, en junio de 2015, en relación con la aplicación del Convenio por Camboya. Asimismo, toma nota
de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículos 3, a), y 7, 1) y 2), a) y b), del Convenio. Venta y trata de niños y sanciones. Medidas efectivas y en unplazo determinado para impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para
librarlos de esas formas de trabajo. La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2015, laComisión de la Conferencia instó al Gobierno a aplicar de manera efectiva la legislación de lucha contra la trata y atransmitir información sobre los progresos realizados a este respecto, incluso sobre el número de investigaciones yenjuiciamientos realizados y de condenas y sanciones penales impuestas. La Comisión toma nota de la detallada
información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para combatir la trata de niños. Según esta
información, en 2014, la Comisión Nacional contra la Trata (NCCT) libró a 67 niños de menos de 15 años y a 36 jóvenes
de entre 15 y 18 años de edad de la trata y les proporcionó servicios de rehabilitación e integración social. Además, la
NCCT adoptó el Plan de acción 2014-2018 a principios de 2015. Este Plan tiene por objetivo contribuir a reforzar lalegislación y las políticas; mejorar la prevención y la respuesta de la justicia penal a la trata de seres humanos, y laprotección de las víctimas, proporcionándoles un apoyo adecuado a su género y edad.
La Comisión toma nota de que la CSI señala que Camboya continúa estando expuesta a la trata con fines deexplotación sexual y laboral. Hay niñas camboyanas y de etnia vietnamita que son objeto de trata desde las zonas ruralespara que trabajen en burdeles, salas de masajes y salones, y niños vietnamitas, muchos de los cuales son víctimas deservidumbre por deudas, que viajan a Camboya y son obligados a prostituirse. Además, la corrupción a todos los niveles
que afecta al Gobierno de Camboya continúa limitando gravemente la aplicación efectiva de la Ley sobre la Erradicaciónde la Trata de Personas y la Explotación Sexual. Tomando nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno paraluchar contra la trata de niños, la Comisión insta firmemente al Gobierno a garantizar que la Ley sobre la
Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual se aplica de manera efectiva. A este respecto, insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar la capacidad de los organismos encargados de la aplicaciónde la ley, en particular, mediante la concesión de más recursos financieros, a fin de combatir la venta y trata demenores de 18 años. La Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que
todas las personas que participan en la trata de niños, incluso los funcionarios gubernamentales cómplices, son objeto
de investigaciones en profundidad y enjuiciamientos enérgicos, y que, en la práctica, se les impongan sanciones losuficientemente efectivas y disuasorias. También pide al Gobierno que transmita información sobre el número deinvestigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas y sanciones penales impuestas a este respecto. Por último,
solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de niños víctimas de trata que han sido
librados de la explotación sexual y laboral así como sobre el número de niños que han sido rehabilitados e integrados
en la sociedad, incluso a través del Plan de acción 2014-2018.
Artículos 3, a), y 7, 2), a) y b). Trabajo obligatorio exigido en centros de rehabilitación de toxicómanos y medidas
efectivas y en un plazo determinado para impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar
asistencia para librarlos de esas formas de trabajo. Tal como hizo en su observación, con arreglo al Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), de 2014, la Comisión había tomado nota del trabajo exigido en los centros derehabilitación de toxicómanos y de que la mayoría de las personas que, en Camboya, se encuentran en esos centros noingresan voluntariamente. Asimismo, tomó nota de las informaciones en relación a que en esos centros de rehabilitaciónde toxicómanos hay personas que realizan trabajo forzoso. A este respecto, tomó nota con preocupación de que, según el
Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales (documento CRC/C/KHM/CO/2-3, párrafo 38) de
2011, los malos tratos a personas en centros de rehabilitación de toxicómanos se extienden a los niños.
246

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los menores de 18 años no pueden ingresar en centros derehabilitación de toxicómanos, sino que son enviados a diferentes organizaciones u orfanatos, en donde no se les impone
trabajo forzoso, para que se rehabiliten. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno
que investigara y proporcionara información verificable sobre la amplitud del trabajo forzoso, los abusos y las prácticas
conexas en los centros de rehabilitación de toxicómanos.
La Comisión toma nota de que la CSI indica que no es digna de crédito la afirmación del Gobierno de que en loscentros de rehabilitación de toxicómanos no hay niños. La CSI indica que hay pruebas de que el 10 por ciento de losdetenidos en los centros de rehabilitación de toxicómanos son menores de 18 años, muchos de los cuales son niños de lacalle que no utilizan drogas sino que están confinados en los centros como consecuencia de operaciones de «limpieza delas calles». Esos niños sufren abusos físicos y psicológicos y se les obliga a trabajar, incluso en el sector de laconstrucción. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para establecer salvaguardias, tanto en
la legislación como en la práctica, para garantizar que los menores de 18 años detenidos en centros de rehabilitaciónde toxicómanos o instituciones similares no son obligados a realizar trabajo forzoso u otras prácticas afines. Pide al
Gobierno que transmita información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto, así como copias de lostextos pertinentes que rigen la cuestión de los niños detenidos en centros de rehabilitación de toxicómanos.
Artículos 3, d), 4, 1), y 5. Trabajo peligroso en explotaciones de caña de azúcar y en el sector de la confección deprendas de vestir y del calzado, y mecanismos de control. La Comisión toma nota de los alegatos realizados por la CSI,
en sus observaciones más recientes, en relación a que los niños trabajadores de Camboya realizan trabajos peligrosos en la
agricultura, especialmente en las explotaciones de caña de azúcar, y en trabajos tales como el manejo y la aspersión depesticidas y herbicidas, y cortando, atando y transportando cargas pesadas de caña de azúcar. Asimismo, la CSI indicó que
los niños (especialmente las niñas), realizan turnos largos, incluso durante la noche, a menudo manejando máquinas
peligrosas en las fábricas de confección de prendas de vestir y calzado. Esos niños, que no tienen la edad de trabajar, confrecuencia tienen documentos de identidad falsos que les permiten trabajar. A este respecto, la Comisión toma nota de quela Comisión de la Conferencia, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2015, instó al Gobierno a redoblar sus esfuerzospara impedir que los niños estén expuestos a las peores formas de trabajo infantil, incluso a través del aumento de lasinspecciones del trabajo tanto en la economía formal como en la economía informal. La Comisión insta al Gobierno aadoptar las medidas necesarias para proteger a los menores de 18 años de los trabajos peligrosos en la agricultura, y
en los sectores de la confección de prendas de vestir y el calzado. A este respecto, pide al Gobierno que refuerce lacapacidad y amplíe el alcance de las instituciones responsables del control del trabajo infantil en esos sectores. Pide al
Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.
Artículo 7, 2), a). Medidas efectivas en un plazo determinado. Impedir la ocupación de niños en las peores
formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión había tomado nota de las diversas
medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar el acceso a todos los niveles de la educación, incluso a través del NSDP
2014-2018, que tiene por objetivo ampliar el acceso a la enseñanza primaria, secundaria y superior, así como a laenseñanza no formal, técnica y profesional. Sin embargo, tomó nota de que según la encuesta sobre la fuerza de trabajo yel trabajo infantil en Camboya, de 2012, un amplio porcentaje de niños no asiste a la escuela porque no puede permitírselo
o no puede acceder a una escuela cercana. Asimismo, tomó nota con preocupación de que, según las estadísticas de 2012
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la tasa neta de asistencia a la escuela se redujo
significativamente entre la escuela primaria y la secundaria.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el sistema nacional de educación está siendo reformado en
profundidad por el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes (MoEYS) con arreglo al Plan Nacional de Desarrollo
Estratégico (NSDP) 2014-2018. También toma nota de que el MoEYS ha estado ejecutando el tercer plan estratégico deeducación (2014-2018), que prevé un incremento significativo del número de escuelas y estudiantes. Asimismo, el
Gobierno indica que según el informe anual 2014-2015 del MoEYS: i) se han aplicado 31 de las 72 políticas educativas;ii) la tasa de inscripción en la escuela primaria ha aumentado, pasando de un 95,3 por ciento en 2013-2014 a un 99,4 por
ciento en 2014-2015, y iii) la tasa de abandono de la escuela primaria se ha reducido, pasando de un 10,5 por ciento en
2013-2014 a un 8,3 por ciento en 2014-2015.
La Comisión toma nota de que según el informe de la UNESCO titulado Informe de seguimiento de la educaciónpara todos en el mundo en 2015, Camboya ha realizado importantes progresos en lo que respecta a lograr la paridad degénero en la educación primaria. Sin embargo, las diferencias aumentan a la entrada y finalización de la educación
secundaria inferior, lo que indica que existen obstáculos importantes para las niñas. Considerando que la educación
contribuye a impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al
Gobierno a continuar sus esfuerzos, en el marco del NSDP 2014-2018, para mejorar el funcionamiento del sistema
nacional de educación incrementando las tasas de inscripción y finalización de la educación y reduciendo las tasas deabandono de la educación secundaria, especialmente en lo que respecta a las niñas. Pide al Gobierno que transmita
información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.
La Comisión alienta al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la OIT a fin de combatir las peores formas
de trabajo infantil.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

247

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

Camerún
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la discusión detallada que tuvo lugar en junio de2015 en la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas sobre laaplicación por el Camerún del Convenio núm. 182. La Comisión también toma nota de las observaciones de laConfederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2015, de la Unión General de Trabajadores
del Camerún recibidas el 25 de septiembre de 2015, de la Confederación de Trabajadores Unidos del Camerún (CTUC)
recibidas el 29 de septiembre de 2015 y de la respuesta del Gobierno.
Artículos 3, a), 5 y 7, párrafo 1, del Convenio. Venta y trata de niños, mecanismos de vigilancia y sanciones. La
Comisión tomó nota anteriormente de las medidas adoptadas por el Gobierno, tales como el control efectuado por labrigada de buenas costumbres establecida con INTERPOL, que se puso a disposición de la población un número
telefónico para denunciar y recibir las denuncias, y la designación de tres oficiales de contacto encargados de efectuar
investigaciones en cualquier momento. No obstante, la Comisión tomó nota de que, según las estimaciones del estudiodesarrollado conjuntamente por el Gobierno y el programa «Entendiendo el trabajo infantil» en 2012 (estudio UCW),
entre 600 000 y 3 millones de niños son víctimas de la trata en el Camerún.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI según las cuales la ley núm. 2005/05 se aplica con escaso
rigor y no se imponen en la práctica sanciones eficaces y disuasorias. La CSI indica que, en 2013, se señaló que elGobierno realizó diez investigaciones sobre la trata de niños y estimó, en consecuencia, que estas investigaciones
difícilmente pueden considerarse una respuesta adecuada ante la magnitud del problema. La Comisión también toma nota
de la declaración del representante gubernamental del Camerún ante la Comisión de la Conferencia según la cual sederogó la ley núm. 2005/015 relativa a la trata de niños y el trabajo infantil y se sustituyó por la adopción de la ley
núm. 2011/024 cuyo campo de aplicación se ha ampliado. El representante gubernamental añadió que el escaso número deinvestigaciones debe estar relacionado con el escaso número de denuncias presentadas. La Comisión recuerda al Gobierno
que, en virtud del artículo 5 del Convenio, los Estados Miembros deben establecer o designar mecanismos apropiados
para vigilar la aplicación de las disposiciones que den cumplimiento a este instrumento, independientemente de las quejas
presentadas por las víctimas. La Comisión se ve obligada a expresar nuevamente su profunda preocupación por elnúmero considerable de niños víctimas de trata en el Camerún. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno aadoptar las medidas necesarias para velar por que los mecanismos de vigilancia sean suficientemente apropiados paradetectar los casos de venta y trata de niños. Además pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que serealicen investigaciones exhaustivas y se lleve a término el enjuiciamiento eficaz de las personas dedicadas a la venta y
trata de niños, especialmente a través del refuerzo de la capacidad de los órganos encargados de hacer aplicar la ley
núm. 2011/024, y garantizar que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Porúltimo, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas a este respecto, asícomo sobre los resultados obtenidos.
Artículo 3, b) y c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas o para la realización de actividades ilícitas. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión
toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el proyecto de ley relativo al Código de Protección del Niño y al
relativo al código de la familia, se han integrado a la ley sobre el Código Civil en revisión (cuya finalización está en curso)
y tiene en cuenta los aspectos vinculados a la utilización y reclutamiento de niños para la producción de pornografía oactuaciones pornográficas o para la realización de actividades ilícitas. Por otra parte, la Comisión toma nota de que laComisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a que adopte y aplique el Código de Protección del Niño,
pendiente desde hace casi una década, con el fin de prohibir la utilización, el reclutamiento y la oferta de niños para larealización de actividades ilícitas. Al tomar nota de que el Gobierno se refiere a la adopción de un Código de Proteccióndel Niño desde 2006, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la ley
relativa al Código de Protección del Niño, integrada en la ley que establece el Código Civil, sea adoptada sin demoras yque incluya disposiciones que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años para la
producción de pornografía o actuaciones pornográficas, así como la realización de actividades ilícitas, en particularpara la producción y el tráfico de estupefacientes. Además, deben preverse las sanciones correspondientes a las
infracciones antes mencionadas.
Artículo 4, párrafo 3, del Convenio. Examen periódico y revisión de la lista de trabajos peligrosos. En sus
comentarios anteriores, la Comisión señaló que el decreto núm. 17 relativo al trabajo infantil, de 27 de mayo de 1969(decreto núm. 17), fue adoptado hace más de treinta años. La Comisión recordó al Gobierno que, en virtud del artículo 4,
párrafo 3, del Convenio, la lista de tipos de trabajo peligrosos determinados por la legislación debe examinarse
periódicamente y, en caso necesario, revisarse en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadoresinteresadas.

248

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales aproximadamente 164 000 niños, entre 14 y
17 años de edad, realizan trabajos peligrosos. La CSI observa que el decreto núm. 17 no prohíbe el trabajo bajo el agua ni
los trabajos a altura peligrosa, como en el caso de los niños que trabajan en la pesca o en la cosecha de bananas. Además,la Comisión toma nota de la indicación de la Confederación de Trabajadores Unidos del Camerún (CTUC) subrayandoque desde hace veinte años el Gobierno hace referencia a la misma declaración, según la cual la revisión del Código delTrabajo sigue en curso, y señala que esta situación obedece únicamente a la falta de voluntad por parte del Gobierno. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proceso de revisión del Código del Trabajo sigue su curso. Porúltimo, la Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a que revise con
carácter urgente, en consulta con los interlocutores sociales, la lista de trabajos peligrosos establecidos en la orden
núm. 17, de 1969, con el fin de impedir que los niños menores de 18 años sean ocupados en actividades peligrosas,
incluidos los trabajos efectuados bajo del agua o en alturas peligrosas. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al
Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar, sin demoras, la adopción de los textos de aplicación delnuevo Código del Trabajo, que incluya una lista revisada de los trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de
18 años, en consulta con los interlocutores sociales.
Artículo 6. Programas de acción y aplicación del Convenio en la práctica. Plan de Acción Nacional para la
Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PANETEC). La Comisión toma nota de que, según el estudio
UCW, de 2012, más de 1 500 000 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, es decir, el 28 por ciento deesta franja de edad, trabajan en el Camerún, a menudo en condiciones peligrosas. Además, 164 000 niños con edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años se ven obligados a realizar algún tipo de trabajo peligroso. La Comisión tomó
nota de la elaboración de un Plan de Acción Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil(PANETEC) 2014-2016.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CTUC según las cuales el Gobierno se limita a señalar que se hancreado planes de acción nacionales y otros comités nacionales de lucha contra el trabajo infantil, sin presentar informe
alguno sobre dichos planes y comités. La Comisión toma nota de la ausencia de información, en la memoria del Gobierno,
sobre la aplicación del PANETEC. No obstante, la Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según lascuales se estableció, mediante el decreto núm. 082/PM, de 27 de agosto de 2014, un comité nacional cuadripartito delucha contra el trabajo infantil, con el fin de aplicar el Plan de Acción Nacional para la Eliminación de las Peores Formasde Trabajo Infantil (PANETEC). A este respecto, el Gobierno indica que tuvo lugar, en abril de 2015, un taller para elfortalecimiento de las capacidades de los miembros del comité directivo del PANETEC, en el cual los miembros
recibieron los conocimientos y las herramientas técnicas necesarios para una aplicación efectiva del PANETEC. El
Gobierno informa asimismo que ha previsto los medios materiales y financieros necesarios, especialmente mediante su
inclusión en el presupuesto del Estado, para comenzar el proceso de sensibilización. Sin embargo, la Comisión observa
que el PANETEC fue validado técnicamente, pero que aún no se adoptó oficialmente. La Comisión insta al Gobierno aque se sirva adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que el PANETEC se adopte oficialmente y seaplique en el plazo más breve, y a comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos y su impacto en laeliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado.
Apartado d). Niños
particularmente expuestos a riesgos. 1. Huérfanos del VIH y el sida. La Comisión tomó nota con anterioridad de laexistencia de un número elevado de niños huérfanos a causa del VIH y el sida. La Comisión tomó nota de la indicacióndel Gobierno según la cual se crearon estructuras de acogida para los niños afectados o infectados por el VIH y el sida.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales los niños huérfanos a causa del VIH y elsida son especialmente vulnerables ante las peores formas de trabajo infantil. La CSI añade que esos niños son a menudo
privados de un apoyo familiar suficiente y se ven obligados a recurrir a una actividad económica para subvenir a sus
necesidades. La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales esta problemática es objeto dedebates y de una profunda reflexión por parte de los miembros del Comité nacional de lucha contra el trabajo infantil. El
Gobierno indica asimismo que existen estructuras de acogida, como el centro de acogida Chantal Biya, pero que son
insuficientes. Al respecto, informa que el PANETEC prevé acciones en el contexto de la continuación de la labor deacondicionamiento de las estructuras de acogida de los huérfanos a causa del VIH y el sida, especialmente la aplicación
por los representantes de los Ministerios de Salud Pública y de Asuntos Sociales. Por último, la Comisión subraya que,según las estimaciones de ONUSIDA para 2014, aproximadamente 310 000 niños son huérfanos en razón del VIH y elsida en el Camerún. Expresando nuevamente su preocupación ante el número considerable de niños huérfanos a causadel VIH y el sida, la Comisión insta al Gobierno a que se sirva redoblar sus esfuerzos para velar por que esos niños noestén ocupados en las peores formas de trabajo infantil. Le solicita que se sirva comunicar informaciones sobre lasmedidas adoptadas y los resultados obtenidos en el marco del PANETEC, así como sobre el número de niños
huérfanos a causa del VIH y el sida que hayan sido recibidos por las estructuras de acogida establecidas para su
beneficio.
2. Niños en el trabajo doméstico. La Comisión tomó nota con anterioridad de que un estudio sobre el trabajo
doméstico infantil reveló un predominio de niñas (el 70 por ciento), una media de edad de 15 años, así como condiciones
de trabajo peligrosas (para el 85 por ciento). Además, el estudio indicó que, si bien existen en el Camerún servicios
sociales, la ausencia de una política global, agravada por la falta de estadísticas, impide medir con exactitud el impacto de249

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

estos servicios en los niños trabajadores domésticos. Las deficiencias observadas incluyen especialmente la ausencia de
una estructura pública o privada especialmente dedicada a la protección de los niños trabajadores domésticos y de una
estrategia de eliminación del trabajo infantil en el trabajo doméstico.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, informando que los niños que realizan trabajos domésticosestán sometidos a condiciones especialmente duras y denuncia la ausencia de políticas exhaustivas y eficaces con miras ala abolición del recurso al trabajo infantil en los servicios domésticos. La Comisión toma nota de las informaciones delGobierno, según las cuales la problemática de los niños que realizan trabajos domésticos se integró en el PANETEC. El
Gobierno indica asimismo que los servicios de inspección del trabajo podrán así acceder, en cualquier momento, ylibremente, a los domicilios, para aconsejar, controlar y reprimir. Considerando que los niños que realizan trabajos
domésticos están especialmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno que
tenga a bien adoptar medidas eficaces en un plazo determinado para proteger a los niños que trabajan como
domésticos en las peores formas de trabajo infantil, para prever ayuda directa y necesaria para librarlos de las mismas
y para garantizar su readaptación y reinserción social, especialmente en el marco de la aplicación del PANETEC.
Solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos y lo invita a seguir utilizando
la asistencia técnica de la OIT, con el fin de armonizar su legislación y su práctica con el Convenio.
La Comisión planteó otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación práctica del Convenio. La Comisión había tomado nota conanterioridad de que, según las estadísticas de la OIT para el año 2000, más de 960 000 niños de edades comprendidas entre los
10 y los 14 años (510 000 niños y 450 000 niñas), tenían una vida económica activa. Por consiguiente, la Comisión solicitó al
Gobierno que adoptara medidas para mejorar esta situación, especialmente mediante la adopción de una política nacional dirigida
a asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil.
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno sigue sin contener información acerca de la adopción deuna política nacional encaminada a asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil. Toma nota de la indicación del Gobierno,
según la cual ningún informe de inspección informa sobre cualquier empleo supuesto o efectivo de niños en las empresas
congolesas en el curso del período que abarca la memoria. Sin embargo, la Comisión toma nota de que las estadísticas del
UNICEF para los años 2005-2009 revelan que el 25 por ciento de los niños congoleses están afectados por el trabajo infantil.
Además, la Comisión toma nota de que, según las informaciones comunicadas en el sitio de Internet del Centro Nacional de
Estadística y Estudios Económicos (CNSEE), entre los meses de febrero y mayo de 2011, se había realizado una encuesta
congolesa de hogares (ECOM2). Al expresar su preocupación ante el importante número de niños que trabajan por debajo dela edad mínima en el país, y ante la ausencia de una política nacional dirigida a asegurar la abolición efectiva del trabajo
infantil, una vez más la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias paravelar por la adopción y la aplicación de tal política en los más breves plazos. Le solicita que tenga a bien comunicar, en su
próxima memoria, informaciones detalladas acerca de las medidas adoptadas al respecto. Además, la Comisión solicita al
Gobierno que se sirva comunicar una copia de la ECOM2.
Artículo 3, párrafo 2. Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había tomado nota de que el artículo 4 del decreto núm. 2224, de 24 de octubre de 1953, que fija las excepciones del empleo delos trabajadores jóvenes, así como la naturaleza de los trabajos y de las categorías de empresas prohibidas a los jóvenes y la edadlímite a la que se aplica la prohibición, prohíbe emplear a los trabajadores jóvenes menores de 18 años en determinados trabajos
peligrosos e incluye una lista de esos tipos de trabajo. La Comisión ha señalado a la atención del Gobierno las disposiciones delpárrafo 10, 2), de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146) que invita al Gobierno a reexaminar y revisar
periódicamente la lista de los tipos de empleo o de trabajo a que apunta el artículo 3 del Convenio, según las necesidades,
especialmente a la luz de los progresos de la ciencia y de la técnica.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual toma nota de la iniciativa de reexaminar y revisar
periódicamente la lista de los tipos de empleo o de trabajo a que apunta el artículo 3 del Convenio. Al observar que el decretonúm. 2224 se había adoptado hacía más de 50 años, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar si tiene previsto
adoptar, en un futuro próximo, medidas para revisar la lista de los tipos de trabajo peligrosos establecida por el decretonúm. 2224. Le solicita que tenga a bien comunicar informaciones precisas al respecto.
Artículo 3, párrafo 3. Admisión en trabajos peligrosos desde la edad de 16 años. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de que el artículo 5 del decreto núm. 2224 prohíbe emplear a trabajadores jóvenes menores de
16 años en determinados trabajos peligrosos. Además, en virtud del artículo 7, los inspectores del trabajo y las leyes sociales
pueden requerir el examen médico de todo trabajador joven, con el fin de determinar si el trabajo en el que está empleado no
excede sus fuerzas. Cuando se comprueba que el trabajador joven no es apto físicamente para el trabajo en el que está empleado,
deberá ser asignado a un trabajo que responda a su aptitud física o despedido sin que las consecuencias de su despido puedan
correr a su cargo. La Comisión ha comprobado que la condición prevista en el artículo 3, párrafo 3, del Convenio, a saber,garantizar la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes de entre 16 y 18 años autorizados a realizar trabajos
peligrosos, se cumple a través de las disposiciones antes mencionadas. No obstante, recordó al Gobierno que el artículo 3,
párrafo 3, requiere asimismo que los adolescentes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años reciban, en la rama deactividad correspondiente, una instrucción específica y adecuada o una formación profesional. Por consiguiente, solicitó al
Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones acerca de las medidas adoptadas o previstas para estar de conformidad con
esta exigencia.

250

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los adolescentes de edades comprendidas entre los
16 y los 18 años, no están nunca autorizados a realizar trabajos peligrosos en las empresas. Empero, la Comisión señala que elartículo 5 del decreto núm. 2224, prohíbe determinados trabajos peligrosos a los niños menores de 16 años, lo cual al contrario
implica que esos trabajos están autorizados a los adolescentes mayores de 16 años. En consecuencia, la Comisión solicita al
Gobierno que tenga a bien precisar si el decreto núm. 2224 sigue estando en vigor. De ser así, le solicita encarecidamente quese sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que los adolescentes de edades comprendidas entre los 16 y los
18 años autorizados a realizar trabajos peligrosos, reciban una instrucción específica y adecuada o una formación profesionalen la rama de actividad correspondiente.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas
análogas. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la indicación delGobierno, en la que se indicaba la existencia de trata de niños entre Benin y Congo, para hacerlos trabajar en Pointe-Noire, en elcomercio y en los trabajos domésticos. Según el Gobierno, esos niños son forzados a trabajar todo el día en condiciones penosas,
y están sometidos a todo tipo de privaciones. La Comisión había tomado nota de que los artículos 345, 354 y 356 del Código
Penal, prevén sanciones para las personas declaradas culpables de rapto o de corrupción de personas, entre las que se encontrabanniños menores de 18 años. Había solicitado al Gobierno que tuviese a bien indicar en qué medida se habían aplicado en la
práctica los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar
informaciones acerca de la aplicación en la práctica de los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, comunicando,
especialmente, estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las encuestas realizadas, losprocedimientos judiciales, las condenas y las sanciones penales aplicadas.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de laspeores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Venta y trata de niños. En sus observaciones
anteriores, la Comisión había tomado nota de la información del Gobierno, en la que reconocía que la trata de niños entre Benin yel Congo, cuyo objetivo era el de hacerlos trabajar en Pointe-Noire en el comercio y en los trabajos domésticos, está encontradicción con los derechos humanos. Había tomado nota asimismo de que el Gobierno había adoptado algunas medidas paradetener la trata de niños, entre las que se encontraba: a) la repatriación de niños por parte del Consulado de Benin, que son, ya sea
reintegrados por la policía nacional, ya sea retirados de algunas familias; b) la exigencia en las fronteras (aeropuertos) de laautorización administrativa de salida del territorio de Benin exigible a los menores (edades inferiores a los 18 años). La Comisión
había solicitado al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas en cuanto ala rehabilitación y a la reinserción social de los niños, tras su retirada del trabajo. Había tomado nota de que la memoria delGobierno no contiene información alguna al respecto. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien
comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas en un plazo determinado para librar a los niños menores de 18 años deesta peor forma de trabajo infantil y garantizar su rehabilitación e inserción social. Además, solicita al Gobierno que se sirva
comunicar informaciones acerca del impacto de estas medidas.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que, según las observaciones finales delComité de los Derechos del Niño sobre el informe inicial del Congo, de octubre de 2006 (documento CRC/C/COG/CO/1,
párrafo 85), deberá realizarse en el país un estudio sobre las causas profundas y las repercusiones de la trata. La Comisión solicita
al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones acerca de los resultados de este estudio y transmitir una copia delmismo en cuanto se haya elaborado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Democrática del Congo
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación práctica del Convenio. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el considerable número de niños
que trabajan en el país (documento CRC/C/15/Add.153, párrafo 66). La Comisión tomó nota asimismo de que, según el informe
inicial del Gobierno presentado al Comité de los Derechos del Niño (documento CRC/C/3/Add.57, párrafo 196), algunos padres,en razón de la coyuntura económica, toleran o envían a sus hijos a que ejerzan ocupaciones que les están prohibidas. El Gobierno
señaló que el Ministerio de Empleo, Trabajo y Previsión Social estaba decidido a que el Comité Nacional de Lucha contra lasPeores Formas de Trabajo Infantil funcione y que, una vez logrado este objetivo, el Comité elaboraría una estrategia nacionalpara la abolición del trabajo infantil y de sus peores formas. En el marco de esta estrategia, se elaborarán programas de acción
nacional, en particular, con objeto de detectar el trabajo infantil y sus peores formas y controlar y sancionar, con la ayuda de lainspección del trabajo, a las empresas que recurren al trabajo infantil.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales el Comité Nacional de Lucha contra las Peores
Formas de Trabajo Infantil, establecido desde 2006, elaboró un plan de acción nacional para la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil de aquí a 2020 (PAN), con el apoyo técnico y financiero de la OIT/IPEC. Éste define las estrategias y las

251

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

acciones prioritarias que deben realizarse a favor de los niños vulnerables a las peores formas de trabajo infantil y a las
comunidades pobres. Según las informaciones comunicadas por la OIT/IPEC, este documento no ha sido aprobado todavía
oficialmente. La Comisión observa que, según los resultados de la Encuesta agrupada de indicadores múltiples, de 2010
(MICS-2010), publicados por el UNICEF, casi uno de cada dos niños de entre 5 y 14 años participa en el trabajo infantil, en
particular en zonas rurales (el 46 por ciento en zonas rurales frente al 34 por ciento en zonas urbanas). Al tiempo que toma nota
de las medidas que el Gobierno prevé adoptar para luchar contra el trabajo infantil, la Comisión tiene que manifestar su
preocupación por el elevado número de niños que trabajan por debajo de la edad mínima en el país. La Comisión alienta
encarecidamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la eliminación del trabajo infantil. En este
sentido, manifiesta su firme esperanza de que el PAN para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil se adoptará
y aplicará a la mayor brevedad, y pide al Gobierno que comunique una copia del mismo. La Comisión solicita también
nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, en particular,
estadísticas, desglosadas por sexo y por franja de edad, sobre el empleo de niños y adolescentes, así como extractos de losinformes de los servicios de inspección.
Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que laley núm. 015/2002, de 16 de octubre de 2002, relativa al Código del Trabajo, se aplica únicamente para la relación de trabajo.
Además, tomó nota de que el Comité de Derechos del Niño se ha mostrado preocupado por el importante número de niños que
trabajan en la economía informal y que escapan a menudo de las medidas de protección previstas por la legislación nacional(documento CRC/C/15/Add.153, párrafo 66). La Comisión recordó al Gobierno que el Convenio se aplica en todos los sectoresde actividad económica y cubre todos los tipos de empleo u ocupaciones, se efectúen o no sobre la base de una relación de trabajo
subordinada, y sean o no remunerados. En este sentido, el Gobierno señaló que había redoblado sus esfuerzos para hacer más
eficaz la tarea de los inspectores.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se tendrán en cuenta las preocupaciones manifestadas por la
Comisión relativas al trabajo infantil en la economía informal durante la aplicación de la estrategia del PAN. A este respecto, alreferirse al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 345, la Comisión señala a la atención delGobierno que la ampliación de los mecanismos de vigilancia adaptados a la economía informal puede ser un medio deconsiderable importancia para lograr la aplicación efectiva del Convenio, sobre todo en los países en que no parece factible
ampliar el campo de aplicación de la legislación para resolver el problema del trabajo infantil en ese sector. Reiterando que elConvenio se aplica a todas las formas de trabajo o de empleo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas, en el
marco del PAN, para adaptar y reforzar los servicios de la inspección del trabajo con objeto de garantizar el control deltrabajo infantil en la economía informal y cerciorarse de que estos niños se benefician de la protección prevista por el
Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre la organización, el funcionamiento y las
actividades de la inspección del trabajo relativas al trabajo infantil, en su próxima memoria.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas
análogas. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión
tomó nota de que la ley núm. 09-001, de 10 de enero de 2009, prevé, en su artículo 187, la aplicación de una pena de reclusión de
10 a 20 años por el alistamiento o la utilización de niños menores de 18 años en las fuerzas y grupos armados y la policía. La
Comisión tomó nota de que, según el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos
Armados en la República Democrática del Congo, de 9 de julio de 2010 (documento S/2010/369, párrafos 17 a 41), se
computaron 1 593 casos de reclutamiento de niños, entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, 1 235 de los cuales fueron en
2009. El Informe del Secretario General de las Naciones Unidas indica asimismo, que el 42 por ciento del número total de los
casos de reclutamiento computados fueron atribuidos a las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). La
Comisión tomó nota asimismo con preocupación de que, según el Informe del Secretario General, el número de asesinatos y deataques a la integridad física de los niños habría aumentado. Además, se comprobó un aumento notable del número de secuestrosde niños en el curso del período considerado por el Informe del Secretario General, principalmente por parte del Ejército de
Resistencia del Señor (LRA), y también de las FARDC. La Comisión señaló también que el Comité de los Derechos delNiño, en sus observaciones finales de 10 de febrero de 2009 (documento CRC/C/COD/CO/2, párrafo 67), manifiesta su
profunda preocupación por el hecho de que el Estado tenga una responsabilidad directa en las violaciones de los derechos delniño por parte de sus fuerzas armadas y de que no hubiese protegido ni impedido esas violaciones.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las fuerzas armadas congolesas no reclutan niños
menores de 18 años en sus filas. La Comisión comprueba, no obstante, que, según las informaciones comunicadas en el Informe
del Secretario General de Naciones Unidas para los Niños en los Conflictos Armados, de fecha 23 de abril de 2011 (documento
A/65/820-S/2011/250, párrafo 27), un gran número de niños siguen siendo reclutados y siguen estando asociados a las unidadesde las FARDC, especialmente en el seno de las antiguas unidades del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP),
integradas en las FARDC. El informe indica asimismo que, de los 1 656 niños enrolados en las fuerzas o en los grupos armados
que huyeron o fueron liberados en 2010, una gran parte de éstos fueron alistados en las FARDC (21 por ciento) (párrafo 37).
Además, a pesar de la disminución del número de casos de niños reclutados en las fuerzas y en los grupos armados registrados en
2010, el informe señala el hecho de que los antiguos elementos del CNDP siguen reclutando o amenazando con reclutar a los
niños menores de 18 años en las escuelas del territorio de Nord-Kivu (párrafo 85). La Comisión comprueba igualmente que no seentabló ninguna acción judicial contra los sospechosos de reclutamiento forzoso de niños, algunos de los cuales siguen figurando
en la estructura de mandos de las FARDC (párrafo 88).
Además, las violencias físicas y la violencia sexual cometidas contra niños por las fuerzas de seguridad (FARDC y policía
nacional congolesa) y los grupos armados, siguieron suscitando graves preocupaciones en 2010. La Comisión toma nota
especialmente de que, en 2010, de los 26 casos de asesinatos de niños censados, 13 se atribuyeron a las FARDC. Además, siete casos

252

de mutilaciones y 67 casos de violencia sexual cometida en niños, habrían sido perpetrados por elementos de las FARDC en elcurso del mismo período (párrafo 87).
La Comisión indica que, a pesar de la adopción del decreto-ley núm. 066, de 9 de junio de 2000, sobre la desmovilización yla reinserción de los grupos vulnerables presentes en el seno de las fuerzas combatientes, y de la ley núm. 09/001, de 10 de enerode 2009, que prohíbe y sanciona el enlistamiento o la utilización de niños menores de 18 años en las fuerzas y grupos armados yla policía (artículos 71 y 187), niños menores de 18 años siguen siendo reclutados y forzados a unirse a las fuerzas armadas
regulares de la República Democrática del Congo y los grupos armados. La Comisión expresa su profunda preocupación ante esta
situación, tanto más cuanto que la persistencia de esta peor forma de trabajo infantil entraña otras violaciones de los derechos delniño, como el asesinato y las violencias sexuales. En consecuencia, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que
tenga a bien adoptar, con toda urgencia, medidas para proceder a la desmovilización inmediata y completa de todos los niños
de las filas de las FARDC y poner término, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años en los grupos
armados. Al referirse a la resolución núm. 1998, de 12 de julio de 2011, del Consejo de Seguridad, en la cual éste recuerda «laresponsabilidad que tienen todos los Estados de poner fin a la impunidad y de perseguir a cualquiera que sea responsable degenocidio, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra y de otros crímenes odiosos cometidos en la persona delos niños», la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que se sirva adoptar medidas inmediatas y eficaces paragarantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y procesamientos eficaces de las personas, incluidos los oficiales de lasfuerzas armadas regulares, que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años con fines de utilización en un conflicto
armado, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias, en aplicación de la ley
núm. 09/001, de 10 de enero de 2009. Le solicita que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones sobre elnúmero de investigaciones realizadas, acciones judiciales entabladas y condenas dictadas respecto de esas personas.
Apartados a) y d). Trabajo forzoso u obligatorio y trabajo peligroso. Trabajo de los niños en las minas. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical del Congo (CSC), según lascuales los niños menores de 18 años están empleados en las canteras de minerales, en las provincias de Katanga y de Kasaï
Oriental. Observó que la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en su informe sobre la situación de los derechos humanos enla República Democrática del Congo, de abril de 2003 (documento E/CN.4/2003/43, párrafo 59), señaló que los grupos militares
reclutan niños para someterlos a trabajo forzoso para la extracción de recursos naturales. Señaló que, si bien la legislación está deconformidad con el Convenio en este punto, el trabajo infantil en las minas es un problema en la práctica, y en consecuencia,
solicitó al Gobierno que comunicase informaciones acerca de las medidas que adoptará la Inspección del Trabajo para prohibir el
trabajo peligroso de los niños en las minas.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se prevén acciones de fortalecimiento de lascapacidades de la Inspección del Trabajo, en el marco de la elaboración y de la puesta en marcha del Plan de acción nacional parala eliminación del trabajo infantil hasta 2020 (PAN). El informe indica asimismo que el Gobierno dio inicio a una consulta, conmiras a compilar estadísticas sobre la aplicación en la práctica de los textos de ley relativos a la prohibición del trabajo peligroso
de los niños menores de 18 años en las minas. Sin embargo, la Comisión toma nota de las estadísticas del UNICEF comunicadasen la memoria del Gobierno, que indican que cerca de 50 000 niños trabajan en las minas de la República Democrática delCongo, 20 000 de éstos en la provincia de Katanga (sureste), 12 000 en Ituri (noreste) y alrededor de 11 800 en Kasaï (centro).
Además, la Comisión señala que, según las informaciones comunicadas en el Informe sobre la trata, de 2001, los grupos armados
y las FARDC reclutan hombres y niños y los someten a trabajo forzoso para la extracción de minerales. Según este mismo
documento, un informe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo(MONUSCO), de enero de 2011, notificaría que el comandante de uno de los batallones de las FARDC recurre al trabajo forzoso
de los niños en las minas de la región de Nord-Kivu. La Comisión expresa su profunda preocupación ante los alegatos que
indican que niños menores de 18 años son utilizados, especialmente por algunos integrantes de las FARDC, para la extracción deminerales en condiciones similares a la esclavitud en condiciones peligrosas. En consecuencia, la Comisión solicita
encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas inmediatas y eficaces para eliminar, con toda urgencia, el
trabajo forzoso o el trabajo peligroso de los niños menores de 18 años en las minas. Al respecto, solicita al Gobierno que sesirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y diligencias judiciales
eficaces contra los infractores y que se impongan en la práctica sanciones efectivas y suficientemente disuasorias. Le solicita
que tenga a bien comunicar estadísticas sobre la aplicación de la legislación en la práctica y le solicita asimismo que se sirva
comunicar informaciones sobre las acciones de fortalecimiento de las capacidades de la Inspección del Trabajo previstas en el
marco del PAN.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de estas peores formas y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños
soldados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el Informe del Secretario General de Naciones
Unidas, de 9 de julio de 2010, el número de niños liberados en 2009 se había más que triplicado en comparación con el año 2008,
en particular en la provincia de Nord-Kivu (documento S/2010/369, párrafos 30 y 51 a 58). Entre octubre de 2008 y finales de2009, 3 180 niños (3 004 niños y 176 niñas) dejaron las filas de las fuerzas y los grupos armados o huyeron y fueron admitidos enprogramas de reinserción. Sin embargo, la Comisión tomó nota con preocupación de que en muchas ocasiones las FARDC seniegan al acceso a los campos de las organizaciones de protección del niño que procuran verificar la presencia de niños en sus
unidades, y de que los comandantes se niegan a liberar a los niños. Observó asimismo que existen muchos obstáculos a una
reinserción eficaz, como la inseguridad permanente y la presencia continuada de antiguos reclutadores en la misma región.
Además, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales, de 10 de febrero de2009 (documento CRC/C/COD/CO/2, párrafo 72), manifiesta su preocupación por el hecho de que algunos miles de niños
enrolados o utilizados en las hostilidades, no gozaron de las medidas de rehabilitación y de reinserción, y de que algunos de esos
niños se enrolaron nuevamente por falta de otras perspectivas y de ayuda a la desmovilización. Por otra parte, la Comisión
comprobó que, según el Informe del Secretario General de Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, las niñas asociadas a lasfuerzas y grupos armados (aproximadamente el 15 por ciento del total de niños), raramente tienen acceso a los programas dereinserción. En efecto, sólo el 7 por ciento de ellas gozó de una asistencia de los programas nacionales de desarme,
desmovilización y reinserción.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno acerca de los resultados obtenidos en cuanto ala desmovilización de los niños soldados por la nueva estructura de la Unidad de Ejecución del Programa Nacional de Desarme,
Desmovilización y Reinserción (UE-PNDDR). Al respecto, señala que más de 30 000 niños salieron de las fuerzas y grupos
armados desde el lanzamiento del programa en 2004, 3 000 de los cuales aproximadamente, en 2009 y 2010. Además,
6 704 niños retirados de las fuerzas y grupos armados (1 940 niñas y 4 764 niños) recibieron apoyo en 2010. La Comisión indica,sin embargo, que, según las informaciones comunicadas en el Informe del Secretario General de Naciones Unidas para los Niños

253

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESen los Conflictos Armados, de fecha 23 de abril de 2011, sólo 1 656 niños enrolados en las fuerzas y los grupos armados huyeron
o fueron liberados en 2010 (documento A/65/820-S/2011/250, párrafo 37). De ese número, la gran mayoría se escapó y sólo una
pequeña minoría fue liberada por los organismos de protección de la infancia (párrafo 38). La Comisión lamenta asimismo tomar
nota de que, según este informe, el Gobierno no se mostró dispuesto a entablar el diálogo con la ONU, con miras a la adopción deun plan de acción dirigido a poner término al reclutamiento y al empleo de niños en las FARDC (párrafo 27). Además, laComisión comprueba que, a pesar de más de 50 tentativas de verificación realizadas por la MONUSCO, encaminadas adesmovilizar a los niños menores de 18 años reclutados en las FARDC, sólo cinco niños fueron desmovilizados, debido al hechode que los verificadores de la MONUSCO no tuvieron acceso a las tropas de las FARDC. La Comisión toma nota asimismo deque un gran número de niños liberados en 2010 afirmaron haber sido ya reclutados en diversas ocasiones (párrafo 27) y de quealrededor de 80 niños que fueron reunidos con sus familias, regresaron a los centros de tránsito por temor a ser reclutados
nuevamente sólo durante el mes de noviembre de 2010 en la región de Nord-Kivu (párrafo 85). En consecuencia, la Comisión
solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos y adoptar medidas efectivas y en un plazo
determinado para librar a los niños de las fuerzas y los grupos armados y garantizar su rehabilitación y su inserción social,acordando una atención particular a la desmovilización de las niñas. Al respecto, expresa la firme esperanza de que elGobierno adopte próximamente un plan de acción en un plazo determinado, en colaboración con la MONUSCO, con el fin deponer término al reclutamiento de los niños menores de 18 años en las filas de las fuerzas armadas regulares y de apuntar asu desmovilización y reinserción. Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando
informaciones sobre el número de niños soldados liberados de las fuerzas y los grupos armados y reinsertados con la ayuda deuna asistencia adecuada en materia de rehabilitación y de reinserción social. Solicita al Gobierno que se sirva transmitir
informaciones al respecto en su próxima memoria.
Niños que trabajan en las minas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que están en curso de ejecución varios
proyectos cuyo objetivo es la prevención del trabajo infantil en las minas y la reinserción de esos niños mediante la educación.
Estos proyectos están dirigidos a un total de 12 000 niños, 4 000 de los cuales serían destinatarios de medidas de prevención y
8 000 de medidas de retirada del trabajo con miras a la reinserción a través de la formación profesional.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se realizaron esfuerzos para librar a los niños que
trabajan en las minas de esta peor forma de trabajo infantil. Al respecto, el Gobierno indica en su memoria que fueron más de
13 000 los niños retirados de tres emplazamientos de minas y de canteras en Katanga, Kasaï Oriental e Ituri, en el marco delproyecto de las ONG, Save the Children y Solidarity Center. Esos niños fueron después ubicados en estructuras de educación
formal e informal, así como en programas de aprendizaje. Sin embargo, el informe también indica que, habida cuenta de lapersistencia del problema, aún habrá que realizar bastantes esfuerzos. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien
redoblar sus esfuerzos para impedir que los niños menores de 18 años trabajen en las minas, y prever la ayuda directa
necesaria y adecuada para librarlos de esas peores formas de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. A este
respecto, le solicita que se sirva comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas, en el marco del PAN, asícomo sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Dominica
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 2, 2), del Convenio. Elevar la edad inicialmente especificada para la admisión al empleo o al trabajo. Al
tomar nota de que el Gobierno especificó inicialmente una edad mínima de 15 años, sujeta a ratificación, la Comisión observa quela Ley sobre la Educación de 1997 prevé una edad mínima de admisión al trabajo de 16 años. A este respecto, la Comisión
aprovecha la oportunidad de señalar a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 2, 2), del Convenio en la que seestablece que todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que se fijó
inicialmente. Esto permite que la edad especificada por la legislación nacional sea armonizada con la prevista en el planointernacional. La Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien considerar el envío a la Oficina de una declaración de esa
naturaleza.
Artículo 3, 1). Edad mínima de admisión al trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de que, deconformidad con el artículo 7, 1), de la Ley sobre el Empleo de las Mujeres, los Jóvenes y los Niños, ningún joven (menor de
18 años) podrá tener un empleo o trabajo nocturno en cualquier empresa pública o privada, con la excepción de la empresa en que
sólo trabajan los miembros de la misma familia. No obstante, la Comisión observa que no existe otra disposición que prohíba elempleo de los jóvenes en un trabajo que pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores. A este
respecto, la Comisión ruega al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se prohíba a todas las
personas menores de 18 años de edad la realización de trabajos peligrosos.
Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara en
su memoria presentada en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), que en 2009 se
consultará a los interlocutores sociales para la determinación de la lista de tipos de trabajo peligrosos. Al recordar que, deconformidad con el artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de empleo o de trabajo peligrosos serán determinados por lalegislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadoresinteresadas, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado en relación con ladeterminación de la lista de tipos de trabajo peligrosos que han de prohibirse a las personas menores de 18 años.
Artículo 7, 3). Determinación de los tipos de trabajos ligeros. La Comisión toma nota de que mientras el artículo 46, 3)
permite el empleo durante las vacaciones escolares de los niños a partir de los 14 años de edad (por ejemplo, en trabajos ligeros),observa que no parece existir una determinación de los tipos de trabajos ligeros autorizados para esos niños. A este respecto, laComisión recuerda que, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente determinará las actividades254que se consideren trabajos ligeros y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo otrabajo. En consecuencia, la Comisión ruega al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada o prevista para
determinar las horas y las condiciones en las que el trabajo ligero podrá ser realizado por niños a partir de los 14 años deedad durante las vacaciones escolares, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio.
Artículo 9, 3). Mantenimiento de registros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 8, 1), de laordenanza sobre el empleo de mujeres, jóvenes y niños dispone el mantenimiento de registros o listas de jóvenes menores de
16 años de edad. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 9, 3), del Convenio requiere el mantenimiento de tales
registros para incluir a todas las personas menores de 18 años de edad. Al tomar nota de la ausencia de información sobre este
punto en la memoria del Gobierno, la Comisión ruega nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que losempleadores lleven y tengan a disposición el registro de todas las personas menores de 18 años de edad. La Comisión pide al
Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada a este respecto.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria presentada envirtud del Convenio núm. 182 en 2009 que se adoptaran medidas para ampliar el mandato actual de la inspección nacional deltrabajo a fin de abarcar los asuntos relativos al trabajo infantil, en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión ruega al
Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo datos
estadísticos sobre el empleo de niños y adolescentes, extractos de los informes de los servicios de inspección e información
sobre el número y naturaleza de las infracciones observadas que afectan a niños y adolescentes.
La Comisión alienta al Gobierno a que tome en consideración sus comentarios relativos a las discrepancias entre lalegislación nacional y el Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que considere recurrir a la asistencia técnica de la OIT
para poner esta legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Gabón
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3, a), del Convenio. Venta y trata de niños y decisiones judiciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión
tomó nota de que, según las informaciones contenidas en un informe del UNICEF, de 2006, titulado «La trata de personas,
especialmente mujeres y niños, en África Central y Occidental», algunos niños, sobre todo niñas, son víctimas de trata interna ytransfronteriza, para trabajar como empleadas domésticas o en los mercados del país. Los niños originarios de Benin,
Burkina Faso, Camerún, Guinea, Níger, Nigeria y Togo, son víctimas de trata hacia Gabón. La Comisión tomó nota de que elGobierno armonizó su legislación nacional sobre la venta y la trata de niños con el Convenio. Sin embargo, observó que, según el
informe de la Oficina Regional para África Central y Occidental del UNICEF, presentado al Consejo Económico y Social de lasNaciones Unidas, en el curso del segundo período ordinario de sesiones, de septiembre de 2010 (documento E/ICEF/2010/P/L.17,
párrafo 21), aunque existen políticas y leyes para proteger a los niños contra la trata y algunas estructuras tienen un mandato
operativo en esta esfera, la legislación no se aplica sistemáticamente y la coordinación es insuficiente, razones por las cuales latrata representa una grave amenaza en el país. Además, tomó nota de que estaban en curso 11 procedimientos judiciales, habiendosido la mayor parte remitida al Fiscal General.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual aún no se dictaron las decisiones relativas a los
11 procedimientos judiciales. La Comisión toma nota asimismo de las informaciones del Gobierno, según las cuales se realizó
una operación policial del 6 al 15 de diciembre de 2010, con la colaboración de INTERPOL, en el curso de la cual se detuvo amás de 38 presuntos traficantes. Además, las fuerzas policiales detuvieron a dos hombres de nacionalidad extranjera,
presuntamente, sobre todo, por trata de niños. En enero de 2012, una mujer de nacionalidad extranjera fue detenida por malos
tratos y trabajo forzoso de seis niños. El Gobierno indica que se entablaron acciones judiciales en relación con todos esosarrestos.
La Comisión toma nota de que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, estuvo en Gabón enmayo de 2012. La Comisión está en conocimiento de las conclusiones preliminares de la misión de la Relatora Especial, en lasque señala que es alarmante que, a día de hoy, el Tribunal Penal no haya juzgado ningún asunto vinculado con la trata, lo que
contribuye a la impunidad de la que gozan los traficantes que se dedican a operaciones ilícitas y clandestinas. En consecuencia, laRelatora Especial recomienda mejorar las actuaciones de la justicia para garantizar el juicio rápido de los casos de trata,
convocando regularmente al Tribunal Penal. La Comisión expresa su preocupación ante el hecho de que las acciones judiciales
contra los demás presuntos autores de trata de niños en Gabón, no parecen ser tratadas por los tribunales nacionales a su debido
tiempo. La Comisión vuelve a instar con firmeza al Gobierno que se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que
se lleven a término investigaciones exhaustivas y el procesamiento riguroso de las personas que se dedican a la venta y a latrata de niños menores de 18 años, de conformidad con la legislación nacional en vigor y garantizar que los tribunales
resuelvan rápidamente los casos de trata. Al respecto, solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar, junto a su
próxima memoria, informaciones concretas sobre la aplicación de las disposiciones relativas a esta peor forma de trabajo
infantil, comunicando especialmente estadísticas sobre el número de condenas y de sanciones penales dictadas, así como una
copia de las decisiones judiciales relativas a los procedimientos judiciales transmitidas al Fiscal General.
Artículo 5. Mecanismos de control. 1. Consejo de prevención y de lucha contra la trata de niños. En sus comentarios
anteriores, la Comisión solicitó nuevamente al Gobierno que comunicara informaciones sobre el funcionamiento del consejo y delos comités de vigilancia encargados de la prevención y de la lucha contra la trata de niños.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales el Consejo de prevención y de lucha contra la
trata de niños, es una autoridad administrativa situada bajo la tutela del Ministerio de Derechos Humanos. En la práctica, el
control del fenómeno de la trata está garantizado por un comité de seguimiento y por los comités de vigilancia. El comité deseguimiento es el centro de coordinación nacional en materia de lucha contra la trata de niños y es competente en la asistencia alconsejo en sus misiones y en la ejecución de sus decisiones. En el ámbito nacional, el comité se encarga especialmente de255

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

coordinar la elaboración y la ejecución de la estrategia nacional de la lucha contra la trata de niños. En el ámbito internacional, el
comité debe, entre otras cosas, velar por el establecimiento de mecanismos bilaterales de cooperación y de ayuda mutua judicial
para la protección de los niños víctimas de la trata transfronteriza. En cuando a los comités de vigilancia, que fueron instituidos
en 2004, en el marco del proyecto OIT/IPEC/LUTRENA, se encargan de la vigilancia y de la lucha contra la trata de niños con
fines de explotación en el interior del país. El comité de seguimiento es el organismo a cargo de planificar y coordinar las
actividades de los comités de vigilancia en las siete provincias en las que operan en la actualidad estos comités. Los comités devigilancia están constituidos por dos órganos: 1) la célula de intervención, órgano de detección y de represión de la trata de niños;y 2) la célula de escucha, órgano de ayuda y de asistencia a los niños víctimas de trata. El Gobierno indica que, en el marco de laoperación «Bana», que tuvo lugar en diciembre de 2010, la acción de los comités de vigilancia identificó y retiró de la trata a una
veintena de niños.
La Comisión toma buena nota de las estructuras vigentes para combatir la trata de niños. Sin embargo, toma nota de que, ensus conclusiones preliminares para su misión en Gabón, la Relatora Especial sobre la trata de personas señala que sigue siendo
débil la coordinación de las actividades contra la trata, sobre todo entre las instituciones públicas y entre la administración central
y las colectividades locales. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos para
fortalecer la capacidad de los comités de vigilancia y su coordinación con el Consejo de prevención y de lucha contra la trata
de niños y el comité de seguimiento, con el fin de garantizar la aplicación de la legislación nacional contra la trata de niños
con fines de explotación sexual o económica. Solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca de losprogresos realizados al respecto. Solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobre elnúmero de niños víctimas de trata identificados y protegidos por los comités de vigilancia.
2. Inspección del trabajo. La Comisión tomó nota de que, en virtud del decreto núm. 007141/PR/MTE/MEFBP, de
22 de septiembre de 2005, el inspector del trabajo puede levantar directamente acta en caso de infracción relacionada con la trata
de niños. Tomó nota de que, en sus conclusiones de junio de 2007, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
solicitó al Gobierno que fortaleciese la autoridad de los servicios de inspección del trabajo para hacer aplicar la ley y queaumentase los recursos humanos y financieros de la inspección. La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia solicitó
asimismo al Gobierno que garantizase que los inspectores del trabajo efectuasen visitas regulares. Al respecto, la Comisión tomó
nota de que, en virtud del artículo 178 del Código del Trabajo, en su forma modificada por la ordenanza núm. 018/PR/2010, de
25 de febrero de 2010, el inspector del trabajo tiene la facultad de denunciar todo hecho constitutivo de explotación de niños con
fines de trabajo. Tomando nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión lesolicita nuevamente que tenga a bien comunicar estadísticas sobre el número de infracciones comprobadas por la Inspección
del Trabajo, en relación con alegatos de niños menores de 18 años que estén ocupados en un trabajo que pueda considerarse
dentro del marco de las peores formas de trabajo infantil, especialmente en el sector informal. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas para reforzar las
capacidades de la inspección del trabajo, con el fin de garantizar la regularidad de las visitas.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Impedir la ocupación deniños en las peores formas de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. Centro de acogida y seguimiento médicosocial para los niños víctimas de trata. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el país dispone de cuatro centros deacogida, tres de los cuales se encuentran en Libreville y uno en Port-Gentil. Los niños librados de la situación de explotación sebenefician de una primera visita médica unos días después de su instalación en un centro. Los niños enfermos quedan a cargo depersonal médico y, llegado el caso, son hospitalizados. Además, con miras a su rehabilitación e inserción social, los niños estánorientados por educadores especializados y por psicólogos, beneficiándose especialmente de programas de actividadessocioeducativas y de un acompañamiento administrativo y jurídico, con la participación del comité de seguimiento y de loscomités de vigilancia. La Comisión también tomó nota de que los niños librados de la trata quedan inscritos, durante su estancia
en los centros, y en función de su edad, de manera gratuita, en las escuelas públicas, donde gozan de las mismas ventajas que losdemás niños. Aquéllos que hayan superado la edad escolar quedan inscritos en los centros de alfabetización.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno relativas al documento «Manual nacional de losprocedimientos de cuidado de los niños víctimas de trata», con el contenido de un conjunto de procedimientos y de deberes que
se imponen a todos los actores llamados a desempeñar un papel en el procedimiento de regreso de los niños víctimas de trata asus países de origen o de su reinserción social. El Gobierno indica que, en 2011, el comité de seguimiento formó a trabajadores
sociales, con miras a brindarles un buen conocimiento de las reglas sobre la identificación y la retirada de los niños víctimas detrata, así como de su cuidado administrativo y psicosocial, que contiene este manual. Además, el Gobierno indica que lasautoridades administrativas identificaron a una decena de víctimas que se beneficiaron de los cuidados en los centros de acogida yque una decena de niños (un niño y nueve niñas) pudieron ser repatriados con la colaboración de los países de origen. Sin
embargo, la Comisión toma nota de que, según la Relatora Especial sobre la trata de personas, aunque el Gobierno ofrece a lasvíctimas de trata un acceso a los centros de acogida, existe un desfase entre aquéllos que tienen necesidad de asistencia y losverdaderos beneficiarios del centro público de acogida que sólo recibe niños menores de 12 años. En consecuencia, la Comisión
alienta firmemente al Gobierno a que siga adoptando medidas inmediatas y eficaces para librar a los niños víctimas de venta yde trata, y le solicita nuevamente que se sirva comunicar informaciones sobre el número de niños menores de 18 años que
hayan sido efectivamente retirados de esta peor forma de trabajo infantil e instalados en centros de acogida.
Artículo 8. Cooperación internacional. La Comisión señaló que, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2007, el representante gubernamental indicó que éste estudiaba la
posibilidad de adoptar medidas para aumentar los efectivos policiales en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así comoutilizar patrullas en las fronteras comunes y abrir centros de tránsito alrededor de estas fronteras. Tomó nota de que el Gobierno
firmó el Acuerdo multilateral de cooperación regional y de lucha contra la trata de niños en África Occidental y Central, en julio
de 2006 (Acuerdo de cooperación regional de 2006), y que está en curso de negociación con Benin un acuerdo bilateral enmateria de trata de niños. La Comisión solicitó al Gobierno que siguiese comunicando informaciones sobre las medidas
adoptadas para dar efecto al Acuerdo de cooperación regional de 2006 y expresó la esperanza de que se suscribiera próximamente
con Benin el acuerdo bilateral en materia de trata de niños.
La Comisión toma nota de la ausencia de información al respecto en la memoria del Gobierno. Sin embargo, observa que,si bien la Relatora Especial sobre la trata de personas recibe con beneplácito, en sus conclusiones preliminares, la intención delGobierno de suscribir acuerdos bilaterales sobre la trata de personas con algunos países vecinos, la firma de Memorandos deEntendimiento no se ha traducido aún en los hechos. Ahora bien, la Relatora Especial observa que, con una frontera marítima de
más de 800 kilómetros y una frontera permeable con tres países, Gabón tiene necesidad de una buena cooperación con sus
vecinos para luchar contra el fenómeno de la trata. Por consiguiente, la Comisión insta con firmeza al Gobierno a que redoble

256sus esfuerzos para garantizar que se suscriban, en un futuro muy próximo, los acuerdos bilaterales sobre la trata de personascon Benin y otros países vecinos, especialmente con el fin de reforzar los efectivos policiales en las fronteras. Solicita al
Gobierno que se sirva comunicar, en su próxima memoria, informaciones acerca de los progresos realizados al respecto.
Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que se señaló la falta dedatos estadísticos recientes sobre la trata de niños en el país, en el marco de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia, en 2007. Al respecto, el representante del Gobierno indicó que su Gobierno realizaría
un análisis de la situación nacional de la trata de niños en Gabón y una cartografía de los itinerarios de la trata y de las zonas enlas que el trabajo forzoso de los niños es una realidad, que se materializaría en cuanto lo permitieran los medios necesarios.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual éste presentará el estudio sobre la situación de la trata
de niños en cuanto se realice. Toma nota asimismo de las informaciones del Gobierno, según las cuales el 22 de mayo de 2012 se
adoptó el decreto núm. 0191/PR/MFAS, sobre el establecimiento de una Matriz de indicadores de protección del niño (MIPE),
con el fin de crear un instrumento indicativo de las medidas destinadas a ayudar al Gobierno a seguir las tendencias de losproblemas vinculados con los derechos de los niños. Esta herramienta, apoyo del Observatorio Nacional de Derechos del Niño
(ONDE), creada por el decreto núm. 0252/PR/MFAS, de 19 de junio de 2012, sobre la organización del régimen de aplicación dela ayuda social y de protección de la familia, tiene como objetivo permitir que Gabón disponga de manera permanente de una
base de datos estadísticos precisos sobre la protección del niño.
No obstante, la Comisión señala la observación de la Relatora Especial sobre la trata de personas, en sus conclusiones
preliminares, según la cual notó en Gabón una ausencia de un corpus de datos nacionales fiables para determinar la tasa deprevalencia, las formas, las tendencias y las manifestaciones de la trata de personas.
Observando que el Gobierno se viene refiriendo, desde hace algunos años, al estudio sobre la situación de la trata deniños en Gabón, la Comisión insta con firmeza al Gobierno que se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que
dicho estudio se realice en los más breves plazos, y solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria,
informaciones sobre los progresos realizados al respecto. Además, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar
informaciones sobre las actividades del ONDE y sobre las estadísticas recogidas por este órgano, gracias a la MIPE, relativasa los niños menores de 18 años ocupados en las peores formas de trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Ghana
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículos 3, d), y 6 del Convenio. Trabajo peligroso en el sector agrícola, incluidas las explotaciones de cacao.
Programa Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en la Industria del Cacao (NPECLC).
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno sobre lasactividades en curso en el marco del NPECLC, incluido el desarrollo de un plan de acción (2010-2011). Asimismo, acoge
con beneplácito la elaboración del manual para los agentes de cambio en las comunidades de Ghana, que se preparó en
2014 con la asistencia de la OIT/IPEC, a fin de, entre otras cosas, erradicar el trabajo peligroso infantil en las
explotaciones de cacao de Ghana. Sin embargo, también toma nota de la información estadística que figura en el manual,según la cual la mayor parte de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años que trabajan en el país lo hacenen el sector agrícola, y el 23,3 por ciento de los niños cubiertos (1 846 126) realizan al menos una actividad peligrosa, y el
10 por ciento realizan actividades peligrosas en la industria del cacao. La Comisión toma nota con preocupación delnúmero significativo de menores de 18 años que realizan trabajos en condiciones peligrosas en el sector agrícola, incluida
la industria del cacao. La Comisión insta firmemente al Gobierno a continuar intensificando sus esfuerzos, incluso en
el marco del NPECLC, para erradicar esta peor forma de trabajo infantil. Además, tomando nota de que el plan deacción (2010-2011) ha expirado, la Comisión pide al Gobierno que transmita información actualizada sobre todo
nuevo plan de acción que esté previsto elaborar o que se haya elaborado, y que presente copia de todo texto que se hayafinalizado.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Cláusulas a) y b). Impedir la ocupación deniños en las peores formas de trabajo infantil y prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños
de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Trata. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que la OIT/IPEC da su apoyo a un programa nacional que se centra, entre otras
cosas, en las peores formas de trabajo infantil en la pesca tradicional. La Comisión toma nota del Estudio analítico sobre el
trabajo infantil en la pesca en el Lago Volta de Ghana, que se llevó a cabo en 2013 con la asistencia de la OIT/IPEC. En
ese estudio se puso de relieve que hay niños trabajadores que realizan actividades pesqueras peligrosas y que trabajan enmalas condiciones (por ejemplo, no reciben salarios y no tienen contratos de empleo). De los niños que trabajan realizando
actividades pesqueras, el 11 por ciento tienen entre 5 y 9 años de edad y el 20 por ciento entre 10 y 14 años. Además,
según los datos del estudio, el 47 por ciento de los niños que trabajan en la pesca en el Lago Volta han sido víctimas detrata, el 3 por ciento de servidumbre, el 45 por ciento de trabajo forzoso y el 3 por ciento de esclavitud sexual. Por último,
la Comisión toma nota del Plan marco de acción e intervención estratégica que se propone en el estudio. La Comisión
toma nota con grave preocupación de que muchos niños son objeto de trata o vendidos para que realicen actividadespesqueras, o realizan actividades pesqueras peligrosas en la región del Lago Volta. Por consiguiente, insta al Gobierno aredoblar sus esfuerzos, incluso en el marco del Plan marco de acción e intervención estratégica, para velar por que
257

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

esos niños sean librados de las peores formas de trabajo infantil y se les proporcionen servicios de apoyo adecuadospara su rehabilitación e inserción social. Pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de medidas aeste respecto, incluida información sobre el número de niños víctimas de trata que han sido liberados y rehabilitados
como resultado de las medidas adoptadas.
2. Sistema Trokosi. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que, a pesar de los esfuerzos delGobierno para librar a los niños del trokosi (un ritual en el que las adolescentes realizan un período de servicio en un
templo local para expiar los pecados de otro miembro de la familia), esta práctica sigue siendo muy habitual en el país.
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene nueva información sobre sus medidas
programáticas para evitar que las niñas sean víctimas del sistema trokosi y para librarlas de esa práctica. Toma nota deque, en virtud del NPA (cuestión 2.1.4), el Gobierno quiere implementar programas para facilitar un cambio de actitudes
en lo que respecta a las prácticas tradicionales que afectan a los derechos de los niños. Sin embargo, toma nota de que
según la respuesta del Gobierno al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (documento
CEDAW/C/GHA/Q/6-7/Add.1, párrafo 33), a pesar de sus esfuerzos, en 2014, la práctica trokosi sigue siendo muy
frecuente en el país. La Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para impedir que las niñas sean destinadas
al ritual de servicio trokosi y acabar con esta práctica tradicional con carácter de urgencia, teniendo en cuenta lasituación especial de las niñas. Pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas a este respecto y los resultados
logrados. También pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de menores de 18 años que, en la
práctica, son librados del sistema trokosi y rehabilitados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

GreciaConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1986)
Artículo 3, 3), del Convenio. Autorización para realizar trabajos peligrosos a partir de la edad de 16 años. La
Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 7, 5), del decreto presidencial núm. 62, de 1998, dispone que, con laautorización de la inspección del trabajo competente y a solicitud del empleador, pueden otorgarse excepciones a laprohibición de empleo en un trabajo que sea susceptible de perjudicar la salud, la seguridad o el desarrollo de los jóvenes,
cuando ese trabajo sea necesario para su formación profesional. También tomó nota de que, en virtud del artículo 2, c), deldecreto presidencial núm. 62, de 1998, el término «adolescente» significa toda persona de al menos 15 años de edad, pero
menor de 18 años de edad, que haya finalizado la enseñanza obligatoria. La Comisión tomó nota asimismo de la
indicación del Gobierno, según la cual el empleo de adolescentes en trabajos peligrosos, como prevé el artículo 7, 5), deldecreto presidencial núm. 62/1998, sólo puede autorizarse en determinadas condiciones, como la realización de esas tareas
bajo la supervisión de un técnico en seguridad y/o un médico de salud ocupacional o unos servicios de protección yprevención capaces de garantizar la protección de la salud y la seguridad de estos adolescentes. En consecuencia, laComisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para armonizar su legislación nacional con el
artículo 3, 3), del Convenio, disponiendo que ninguna persona menor de 16 años de edad pueda ser autorizada a realizar
trabajos peligrosos en ninguna circunstancia.
La Comisión lamenta la indicación del Gobierno de que no se han producido cambios en los ámbitos legislativo oadministrativo en este sentido. La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, de conformidad con el artículo 3, 3),
del Convenio, la legislación nacional o la autoridad competente podrá autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edadde 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes y queéstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.
En este sentido, la Comisión debe destacar que deberían adoptarse las medidas necesarias para garantizar que losadolescentes menores de 16 años de edad ocupados en un aprendizaje, no realicen trabajos peligrosos, y deberían
adoptarse medidas para aumentar a 16 años la edad mínima de admisión a trabajos peligrosos, aun cuando se hayan
previsto debidamente las condiciones de protección (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales,párrafos 380 y 385). En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para garantizar que se aumente al menos a 16 años la edad mínima para las excepciones a la prohibición del empleo
de adolescentes en trabajos peligrosos, como establece el artículo 7, 5), del decreto presidencial núm. 62/1998, a efectosde dar cumplimiento al artículo 3, 3), del Convenio. Pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso
realizado a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

GuatemalaConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)
recibidas el 22 octubre de 2014.

258

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de las estadísticas sobre trabajo infantil en Guatemala y expresó su preocupación por elnúmero de niños menores de 14 años de edad que trabajan y la situación de los mismos. Además, tomó nota de que elGobierno elaboró, en colaboración con la OIT/IPEC, una Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo
infantil y de sus peores formas. La Comisión observó que los servicios de la Inspección de Trabajo sólo detectaron dos
niños menores de 14 años realizando actividades laborales. En consecuencia, pidió al Gobierno que reforzara los servicios
de la Inspección del Trabajo.
La Comisión nota las observaciones de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), según
las cuales, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), de 2013, revela que el 9,2 por ciento de los niños entre los
7 y 14 años de edad realiza algún tipo de actividad económica, de los cuales el 67 por ciento trabaja en la agricultura.
Además, UNSITRAGUA indica que el trabajo infantil en la agricultura queda encubierto, dado que el 11 por ciento de los
niños trabajan ayudando a sus padres, en consecuencia no son remunerados y, en general, comienzan a trabajar desde los
8 años de edad. La organización sindical señala también que parecería existir cierta tolerancia de la Inspección General delTrabajo en relación con el trabajo infantil en la agricultura. Señala que a partir de la información extraída del plan
operativo de los servicios de inspección en relación con el trabajo infantil en la agricultura, se realizaron visitas deinspección en 1999 empresas, y en 582 empresas se determina que «no aplica» sin especificar a qué se refiere este rubro.
Además, de un total de 96 empresas que no cumplen con sus obligaciones, sólo se previno a 76 empresas, sin especificar
qué medidas se aplicaron a las 20 empresas restantes que no cumplieron sus obligaciones. UNSITRAGUA añade que
según las informaciones de que disponen, existiría un total de 224 inspectores del trabajo, un número insignificante si setoma en cuenta el número de empresas que existe en el país. Por último, se refiere al acceso limitado a la administraciónde justicia, especialmente a la justicia laboral, y señala que en 2013 de 16 156 acciones de inspección, únicamente 2 215
se presentaron ante los tribunales de trabajo, es decir el 14 por ciento de los casos y, del total de ellos, sólo en el 39 por
ciento se llega a una sentencia condenatoria.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han nombrado 14 inspectores de trabajo para ser
destinados a la Unidad Especial de Inspectores, en respuesta al elevado número de niños que trabajan. La Comisión toma
nota de los extractos de los informes de los planes operativos del servicio de la inspección general de 2013, comunicados
por el Gobierno. La Comisión observa que los servicios de inspección detectaron la presencia de 24 niños menores de
14 años ocupados en actividades laborales en los sectores de la construcción, la recolección de desechos, la agricultura yen establecimientos nocturnos. La Comisión también toma nota de que la Inspección del Trabajo elaboró un plan anual deinspección por sectores, y según el calendario para el año 2005, para realizar la inspección de todas las empresas en lasque podría existir trabajo infantil, conjuntamente con la Unidad de Protección al Trabajador (UPAT). Al tiempo que tomadebida nota de los informes de la Inspección del Trabajo, la Comisión observa que las informaciones suministradas
carecen de precisión en cuanto a las rúbricas mencionadas, la naturaleza de las infracciones observadas y las sanciones
impuestas. La Comisión observa por último que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus
observaciones de 2014 (documento CE/C.12/GTM/CO/3, párrafo 20), expresa preocupación por la persistencia del trabajo
infantil en Guatemala, especialmente en la agricultura y en el trabajo doméstico. Al tiempo de tomar nota de las medidas
adoptadas por el Gobierno, la Comisión toma nota con preocupación de que un número importante de niños de edades
inferiores a la edad mínima de admisión al empleo trabajan en Guatemala. La Comisión insta firmemente una vez más al
Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar la erradicación progresiva del trabajo infantil. Solicita al
Gobierno que siga adoptando medidas prácticas para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la Inspección delTrabajo en sus acciones para prevenir y luchar contra el trabajo infantil, teniendo en cuenta el importante papel que
desempeña en el seguimiento de la aplicación de las leyes sobre la edad mínima de admisión al empleo. La Comisión
también pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre los resultados obtenidos en el contexto de laaplicación de la Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil y de sus peores formas. Porúltimo, la Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre el modo en que el Convenio se
aplica en la práctica, basado en particular en estadísticas sobre el empleo de niños menores de 14 años de edad,
extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y la naturaleza de las
infracciones observadas y las sanciones impuestas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud que dirige directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual y sanciones. La
Comisión tomó nota anteriormente de la adopción del decreto núm. 9/2009 por el que se establece la Ley contra laViolencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. La Comisión también tomó nota de la persistencia del problema de latrata de niños menores de 18 años de edad para su explotación sexual con fines comerciales y los alegatos de complicidad
de funcionarios encargados de la aplicación de la ley con las personas que se dedican a la trata de personas. La Comisión
tomó nota de que entre 2009 y 2012 se denunciaron ante las autoridades judiciales 106 casos relativos a niños víctimas dela trata (de 294 casos), se dictaron 38 sentencias y se pronunciaron diez condenas.

259

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al Protocolo de la inspección general del trabajo para la
detección y referencia de casos de trata de personas, que constituye una herramienta para la identificación, referencia ydenuncia de casos. La Comisión también toma nota de que en julio de 2015 se suscribió una carta de entendimiento con el
UNICEF a fin de reforzar las competencias y capacidades de los órganos jurisdiccionales relativos a la infancia, laadolescencia, la familia y al ámbito penal. La Comisión toma nota de las estadísticas de las autoridades judiciales relativasa los casos registrados de trata de personas, a saber, un total de 125 casos en 2013 (de los cuales 24 niñas y adolescentes y
11 niños adolescentes), 199 casos en 2014 y 51 casos en 2015 (de enero a junio). Asimismo, el Gobierno indica que se
pronunciaron 44 condenas en 2014 y 26 en 2015 (de enero a junio). La Comisión toma nota asimismo de que en lamemoria relativa al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el Gobierno hace referencia a las estadísticas delProcurador General de la Nación, según las cuales se rescataron 380 menores, cuatro de ellos víctimas de la trata y una
víctima de explotación sexual. No obstante, la Comisión observa que las informaciones comunicadas por el Gobierno no
precisan de manera sistemática el número de juzgamientos y de condenas relativas a la venta y trata de niños menores de
14 años con fines de explotación sexual comercial ni información sobre los funcionarios cómplices de esos actos, asícomo tampoco se indican en ellas los tipos de sanciones impuestas. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el
Informe sobre la trata, de 2014, del Procurador de Derechos Humanos, en ese año, el Ministerio Público identificó a
548 víctimas de la trata, entre ellas 139 niños, niñas y adolescentes (112 niñas y adolescentes), indicando que en 195 casos
no se ha registrado la edad. Por otra parte, el informe señala que entre 2010 y 2014, se abrieron 306 expedientes dedenuncias relativas a la trata, registrándose en 2014 un total de 98 expedientes. El 79 por ciento de esos expedientes serefieren a niños y adolescentes y el 52 por ciento a la explotación sexual de niños y adolescentes. Por último, la Comisión
observa que, según el Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización deniños en la pornografía, de 2013, Guatemala sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de niños objeto de trata con
fines de explotación sexual y trabajo forzoso (documento A/HRC/22/54/Add.1, párrafo 15). Al tiempo de tomar nota delas estadísticas relativas a la aplicación del decreto núm. 9/2009, la Comisión pide al Gobierno que continúe sus
esfuerzos para velar por que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y el enjuiciamiento efectivo de los autores dela trata de niños menores de 18 años con fines de explotación sexual comercial y contra los funcionarios cómplices deesos actos. Además, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones precisas sobre el número deinvestigaciones realizadas, las procesamientos, las condenas y las sanciones impuestas contra las personas que se
dedican a la venta y trata de niños menores de 18 años con fines de explotación sexual comercial.
Artículos 3 y 5. Peores formas de trabajo infantil y mecanismos de vigilancia. Apartado d). Trabajos
peligrosos. Producción y manipulación de materiales y productos explosivos y la inspección del trabajo. La Comisión
tomó nota anteriormente de las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el trabajo infantil en la industria
pirotécnica. Además, tomó nota de que la legislación nacional prohíbe el trabajo realizado por personas menores de
18 años en la fabricación, elaboración y manipulación de sustancias o productos explosivos y en la producción deexplosivos o fuegos artificiales. Por último, la Comisión tomó nota de que la Inspección del Trabajo sufrió obstrucciones
en el cumplimiento de sus funciones y se detectaron un total de 16 infracciones que fueron denunciadas ante los
Tribunales del Trabajo. La Comisión solicitó al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para realizar inspecciones deltrabajo en todas las fábricas de material pirotécnico.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales se expidió la circular núm. 09-2014,
dirigida a los subinspectores generales del trabajo, directores y delegados departamentales, con objeto de informarles
sobre el procedimiento de verificación en el marco de los operativos de trabajo infantil, la formulación de prevenciones yel contacto con la policía nacional civil para que brinden el apoyo necesario, de conformidad con el acuerdo ministerialnúm. 106-2011 (Reglas de procedimiento en caso de obstrucción a la labor de inspección de los inspectores del trabajo).
La Comisión también toma nota de que se ha emitido la circular núm. 16-2015, que contiene las instrucciones para el Plande inspecciones de oficio dirigido a personas individuales y jurídicas donde se tenga conocimiento que trabajan niños,
niñas y adolescentes dentro de las peores formas de trabajo infantil o en condiciones inadecuadas. El Gobierno indica aeste respecto que en 2012 se detectaron 11 niños en labores de fabricación, colocación y manejo de sustancias y objetos
explosivos pirotécnicos, y dos niños en 2013. Respecto de 2014, el Gobierno indica que se formularon seis advertencias.
La Comisión observa que se mencionan 492 empresas en la rúbrica «no aplicable» sin indicar precisamente el significado
de esta rúbrica. Al tiempo de tomar nota de la disminución del número de niños ocupados en la fabricación,
elaboración y manipulación de sustancias o productos explosivos o de material pirotécnico en sus casas, la Comisión
solicita al Gobierno que continúe adoptando las medidas necesarias para velar por que las personas menores de
18 años no sean ocupadas en ese sector. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobrelas medidas concretas adoptadas y los resultados obtenidos a este respecto. Por último, la Comisión solicita al Gobierno
que comunique información sobre el número de inspecciones realizadas en ese sector, la naturaleza de las infracciones
observadas y las sanciones impuestas como resultado de dichas inspecciones, indicando cuál es el significado de las
rúbricas utilizadas en los planes operativos.
Artículo 6. Programas de acción. Plan nacional de acción para luchar contra la explotación sexual de los niños
con fines comerciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Plan nacional de acción contra la
explotación sexual infantil estaba en curso de revisión, aunque la Secretaría de Bienestar Social, al no contar con unpresupuesto suficiente no pudo dar cumplimiento al mencionado plan. La Comisión solicitó al Gobierno que
proporcionara información sobre los programas de acción elaborados como parte de la aplicación del plan nacional.
260

La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual no se han realizado las actividades previstas enel plan de acción. La Comisión toma nota de las informaciones contenidas en el informe sobre la trata del Procurador delos Derechos Humanos, de 2013, según las cuales las estrategias del plan se integraron a la política pública de protección
integral y al Plan de acción nacional a favor de la niñez y la adolescencia, 2004-2015, cuyo objetivo principal es evaluar
los resultados del Plan de acción nacional contra la explotación sexual comercial de los niños, pero que hasta la fecha aún
no se han realizado (pág. 13). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas
inmediatas y eficaces en un plazo determinado para combatir la explotación sexual con fines comerciales de los niños
menores de 18 años. Solicita que comunique informaciones a este respecto.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación delos niños en las peores formas de trabajo infantil, librarlos de estas peores formas de trabajo y garantizar su
rehabilitación e inserción social. Explotación sexual comercial y trata para estos fines. En relación con loscomentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales la Comisión
Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT) elaboró una política pública contra la trata de personas y protección
integral de las víctimas, 2014-2024, adoptada por el acuerdo gubernamental núm. 306-2014. Los objetivos estratégicos
principales de esta política consisten en elaborar un plan de aplicación de mecanismos efectivos de prevención, gestión
institucional y coordinación para hacerse cargo de la asistencia a las víctimas. La Comisión también toma nota delProtocolo interinstitucional para la protección y atención integral de víctimas de trata de personas, elaborado por la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Bienestar Social, y aprobado por la Secretaría contra la Violencia
Sexual, la Explotación y la Trata de Personas (SVET). Además, el Gobierno indica que el departamento deQuetzaltenango ha establecido un programa de «Acogimiento a la niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual con
enfoque de género», que incluye la protección de adolescentes víctimas de la trata. Por otra parte, la Comisión toma nota
de que el Gobierno informa que en su memoria relativa a la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
(núm. 29), la SVET ha puesto a disposición albergues provisionales en el marco de la Hoja de ruta para hacer deGuatemala un país libre de trabajo infantil con la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil(CONAPETI). Por último, la Comisión toma nota, de las informaciones contenidas en el informe sobre la trata delProcurador de Derechos Humanos, de 2014, del sistema de alerta Alba-Keneth, que permite la prevención de la trata y laprotección del niño mediante una coordinación de acciones interinstitucionales para la localización y ayuda inmediata delas víctimas. La Comisión observa que entre 2011 y 2014 la unidad operativa del sistema de alerta Alba-Keneth, de laProcuraduría General de la Nación registró la activación de 17 443 alertas, de las cuales 5 780 se registraron en 2014
(pág. 30). Al tiempo de que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión pide al Gobierno que
prosiga sus esfuerzos para adoptar medidas efectivas en un plazo determinado para prevenir la ocupación de los niños
en las peores formas de trabajo infantil y retirarlos de esas peores formas de trabajo y, en particular, impedir que nosean víctimas de la explotación sexual con fines comerciales o de la trata con estos fines. La Comisión también pide al
Gobierno que prevea la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de esas peores formas de trabajo
infantil. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas oprevistas en el marco de la aplicación de la política pública contra la trata de personas y garantizar la plena protecciónde las víctimas (2014-2024), del Protocolo interinstitucional y de la Hoja de ruta.
Artículo 8. Cooperación internacional. Trata de niños con fines de explotación sexual comercial. En sus
comentarios anteriores, la Comisión, aun reconociendo que existen memorandos de entendimiento pertinentes con países
limítrofes de Guatemala, observó que niños extranjeros e indocumentados, en especial las víctimas de la trata, son
deportados y deben dejar el país en un plazo de 72 horas. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó la adopción
de un nuevo Protocolo interinstitucional para la repatriación de las víctimas de la trata y que la SVET había previsto
actividades en ese sentido. Al tiempo que tomó nota de que aún no se había hecho efectiva la aplicación de este Protocolo,la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas para aplicarlo.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones a ese respecto. Observa que,según el Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en lapornografía (documento A/HRC/22/54/Add.1, párrafo 107), el Gobierno examina actualmente un programa de proteccióny asistencia integral para la repatriación y la reintegración de los niños interceptados por las autoridades de los Estados
Unidos y México. Asimismo, la Relatora Especial señala que el Gobierno está colaborando también con El Salvador y
Honduras para aprobar el programa «Ángeles guardianes», cuyo objetivo es mejorar el intercambio de información y laprotección de las víctimas de la trata en las zonas fronterizas. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que indique las medidas adoptadas para velar por la readaptación y la inserción social de los niños víctimasde la trata, que fueron librados de la trata para su explotación sexual con fines comerciales en sus países de origen,especialmente en virtud de los programas antes mencionados, así como en el marco de la aplicación del Protocolo
interinstitucional para la repatriación de las víctimas de la trata y de las actividades de la SVET. Asimismo, laComisión solicita al Gobierno que indique el número de niños víctimas de la trata que han sido repatriados.
La Comisión invita al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT, especialmente a través de la puesta en
práctica de las actividades de la CONAPETI y de la SVET, a fin de poner su legislación y la práctica de conformidadcon el Convenio. A este respecto, la Comisión saluda el proyecto de la OIT financiado por la Dirección General deComercio de la Comisión Europea para apoyar a los países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias

261

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESPlus de la Unión Europea, con objeto de aplicar eficazmente las normas internacionales del trabajo, especialmente en
cuatro países, entre ellos Guatemala.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

GuineaConvenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)
Artículos 3, a), y 4, párrafos 1 y 3, del Convenio. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a laesclavitud y determinación y revisión de la lista de los tipos de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, laComisión indicó que se estaba elaborando un proyecto de ley que prohíbe el trabajo infantil y la trata de niños. El
Gobierno señaló que el nuevo proyecto de ley incluye disposiciones que ponen la legislación nacional de conformidad con
el Convenio, y en relación con el trabajo peligroso que a este efecto se ha revisado en la lista de trabajos peligrosos en
función de los sectores de actividad.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la parte penal del proyecto de ley que prohíbe el trabajo
infantil y la trata de niños se ha encomendado al Ministerio de Justicia a fin de que sea incorporado al nuevo Código Penal
adoptado recientemente por la Asamblea Nacional. Además, el Gobierno indica que la parte relativa a las peores formas
de trabajo infantil fue examinada por la Comisión consultiva de trabajo y leyes sociales en su reunión de abril de 2015.
Por último, indica que la lista de los tipos de trabajo peligrosos se comunicará una vez que el proyecto de ley sea
adoptado. La Comisión insta al Gobierno a velar por que la ley que prohíbe el trabajo infantil y la trata de niños sea
adoptada a la mayor brevedad. La Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de esta ley una vez que sea
adoptada, incluida la lista de los trabajos peligrosos debidamente revisada.
Artículo 5. Mecanismo de vigilancia. Inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó
nota de que el artículo 428 del Código del Niño, de 2008, establece que los autores de las infracciones relativas a laprohibición de contratar a niños menores de 18 años en un trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que selleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad del niño (artículo 411), pueden ser castigados conlas sanciones previstas en el Código del Trabajo a este efecto. La Comisión también tomó nota de la indicación delGobierno de que no se menciona ningún caso del trabajo infantil en los informes de la Inspección del Trabajo, de manera
que no puede verificarse la existencia de una decisión judicial que imponga una sanción con arreglo al Código delTrabajo.
La Comisión toma debida nota del artículo 137.7 del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L/2014/072/CNT, de
10 de enero de 2014) en virtud del cual la infracción de las disposiciones del capítulo relativo al trabajo infantil estásancionada por las leyes penales en vigor. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que se adoptan
medidas urgentes para fortalecer la capacidad de la inspección del trabajo con objeto de mantener una vigilancia adecuada
que permita detectar los casos de niños ocupados en trabajos peligrosos y en las peores formas de trabajo en general.
Además, el Gobierno señala que se ha invitado a la Inspección General del Trabajo a fin de que presente informes, que
serán comunicados próximamente. Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que, según los comentarios
relativos al Convenio núm. 81 publicados en 2015, el Gobierno no ha proporcionado ningún informe de la Inspección delTrabajo desde que transmitió el informe que cubría el período de octubre de 1994 a octubre de 1995. Según esos mismos
comentarios, la Comisión expresó su preocupación por la insuficiencia persistente de los recursos a disposición de laInspección del Trabajo. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según las observaciones finales de 2013 (documento
CRC/C/GIN/CO/2, párrafo 79), el Comité de los Derechos del Niño reiteró su preocupación por el gran número de niños
que participan en actividades laborales, incluso en el sector no estructurado de la economía, en trabajos agrícolas, en el
sector pesquero y en trabajos en el contexto familiar. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno aadoptar medidas inmediatas para reforzar la capacidad de la Inspección del Trabajo con carácter urgente, de manera agarantizar una vigilancia adecuada y la detección de los niños menores de 18 años contratados en las peores formas detrabajo y, más especialmente, en trabajos peligrosos y en el sector informal. Además, la Comisión pide al Gobierno que
proporcione extractos de los informes de la Inspección del Trabajo relativos a las peores formas de trabajo infantil,
especialmente en el caso de los niños contratados para realizar trabajos peligrosos en el sector informal.
Artículo 7, párrafo 1. Sanciones penales. La Comisión tomó nota de que el Código del Niño de 2008 prevé
diversas sanciones para las peores formas de trabajo infantil previstas en el artículo 3, a) a c), del Convenio. El Gobierno
indicó que si bien hubo casos de trata de personas y éstos estaban pendientes de decisión, aún no se ha dictado ningunacondena.
La Comisión toma nota con preocupación de la información del Gobierno, según la cual entre 2011 y 2015 no se
dictó ninguna condena, especialmente en los casos de trata de niños para la explotación sexual. La Comisión toma nota delas estadísticas anuales de 2014 de la Oficina de Protección de Género, la Infancia y las Costumbres, proporcionadas conla memoria del Gobierno, en las que se observa, por ejemplo, que 23 niños son víctimas de la trata (15 niños y ocho
niñas). A este respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2013 (documento
CRC/C/GIN/CO/2, párrafo 83), el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el hecho de que es262inhabitual el enjuiciamiento de los casos de trata de niños, a pesar del hecho de que la mayoría de las víctimas de la trata
en Guinea son niños. Por otra parte, refiriéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, laComisión subraya que en las sanciones establecidas sólo serán eficaces si se aplican en la práctica, lo que exige medidas a
través de las cuales puedan ser señaladas a la atención de las autoridades judiciales, y cabe alentar a dichas autoridades aque apliquen tales sanciones (párrafo 639). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y procesamientos rigurosos contra los
autores de las peores formas de trabajo infantil, en particular la trata de niños a los fines de la explotación sexual o desu trabajo. Solicita que comunique informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones, lasinvestigaciones realizadas, los procesamientos iniciados, las condenas dictadas y las penas impuestas.
Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las estadísticas
detalladas presentadas en el informe de la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil (ENTE) en Guinea, de 2010,
relativas al trabajo infantil, la educación de los niños y la trata. Según los resultados de la ENTE, de un total de
3 561 160 niños de 5 a 17 años, el 43 por ciento realiza actividades laborales y el 40,1 por ciento (es decir el 93,2 por
ciento de los niños económicamente activos) están ocupados en trabajos que deben abolirse, es decir, trabajos que pueden
perjudicar la escolaridad, la salud o el desarrollo de los niños.
La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno no figura información complementaria sobre laaplicación del Convenio en la práctica. Además, la Comisión toma nota de que, en las observaciones finales de 2013
(documento CRC/C/GIN/CO/2, párrafo 79), el Comité de los Derechos del Niño señala que le preocupa particularmente
que haya niños trabajando en los sectores minero, agrícola y pesquero durante largas horas y en condiciones peligrosas.
Añade que niñas de tan sólo 5 años realizan tareas domésticas y soportan pesadas cargas, y a menudo no se les paga por su
trabajo y son objeto de maltrato emocional y físico y de abusos sexuales. La Comisión observa también que, según el
informe Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO (El doble
desafío del trabajo infantil y la marginación escolar en los países de la CEDEAO) elaborado por el programa Comprenderel trabajo infantil (informe UCW 2014), el 90 por ciento de los niños empleados en el sector agrícola trabaja en
explotaciones agrícolas familiares (párrafo 36). Se indica también que más de un tercio de los trabajadores del sector de lasilvicultura y la explotación forestal son niños (párrafo 40). La Comisión expresa de nuevo su preocupación por el grannúmero de niños menores de 18 años ocupados en las peores formas de trabajo infantil, especialmente en trabajos
peligrosos. La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para proteger a esos niños de esas
peores formas de trabajo infantil. Además, pide al Gobierno que comunique estadísticas y otras informaciones sobre lanaturaleza, el alcance y la evolución de las peores formas de trabajo infantil, el número de niños abarcados por las
medidas que dan efecto al Convenio, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las investigaciones, losprocesamientos, las condenas y las sanciones penales impuestas. En la medida de lo posible, todas esas informaciones
deberían estar desglosadas por edad y por sexo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

GuyanaConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional para la eliminación del trabajo infantil y plan nacional de acción. La Comisión
recuerda que el Gobierno ha venido reiterando su compromiso de adoptar una política nacional diseñada para garantizar la efectiva
abolición del trabajo infantil en el país durante casi 15 años. La Comisión también toma nota de que, aunque el Gobierno ha venido
emprendiendo algunas medidas en materia de políticas, dirigidas a abordar el trabajo infantil, a través de programas de educación, en
particular con arreglo al proyecto de la OIT/IPEC, «Combatir el trabajo infantil mediante la educación» (proyecto TACKLE) y en
virtud de los objetivos de desarrollo del milenio, sigue indicando que está desarrollándose un plan nacional de acción para los niños(NPAC). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para finalizar el NPAC y a que transmita
una copia del mismo en un futuro muy próximo. Además, tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Comité
Directivo Nacional sobre el Trabajo Infantil — que había iniciado y redactado un plan nacional de acción para eliminar y
prevenir el trabajo infantil —, ya no está funcionando, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada
acerca de las medidas adoptadas o previstas para finalizar este proceso.
Artículo 3, 3). Autorización de trabajar en empleos peligrosos a partir de la edad de 16 años. En comentarios
anteriores, la Comisión señaló que el artículo 6, b), de la Ley núm. 9, de 1999 sobre el Empleo de Jóvenes y Niños, confiere un
poder discrecional al ministro para autorizar, a través de reglamentos, la contratación de jóvenes entre las edades de 16 y 18 años
en trabajos peligrosos. La Comisión también observó que, si bien los artículos 41 y 46 de la Ley sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo (OSHA), de 1997, se dirige a impedir que los jóvenes realicen una actividad laboral que pudiese afectar su salud física osu desarrollo emocional, el Gobierno identificó dificultades en el control y el fortalecimiento de esas disposiciones. En
consecuencia, el Gobierno indicó que la ley núm. 9, de 1999, será enmendada para garantizar que las protecciones conferidas en
virtud de la ley, se extiendan a todos los jóvenes menores de 18 años de edad.
La Comisión toma nota con preocupación de que la última información del Gobierno no comunica ninguna nueva
información sobre el proceso de enmienda de la ley núm. 9, de 1999, a pesar de su reiterado compromiso, a lo largo de los años,
de llevarlo a cabo. En cambio, declara que no se ha dictado ninguna reglamentación ministerial y que las disposiciones de la
OSHA garantizan que los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años que están empleados en trabajos peligrosos,
reciban una formación profesional adecuada y específica. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos

263

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESdel Niño (CRC), en sus observaciones finales sobre los segundo a cuarto informes periódicos combinados de Guyana, en junio de2013 (documento CRC/C/GUY/CO/2-4, párrafo 59, c)-d)), señaló las medidas inadecuadas para vigilar y hacer cumplir las
disposiciones de la OSHA y que, no obstante los informes de un número significativo de niños implicados en trabajos peligros,sólo se habían notificado tres de esos casos al mecanismo de presentación de informes del Gobierno.
A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el párrafo 381 del Estudio General de 2012 sobre losconvenios fundamentales, que destaca el cumplimiento del artículo 3, 3), del Convenio, que requiere que todo trabajo peligroso
realizado por personas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años puede autorizarse sólo a condición de que queden
plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes interesados y de que éstos hayan recibido, en la
práctica, una instrucción o formación profesional adecuada y específica. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que
adopte medidas para enmendar, en un futuro próximo, la ley núm. 9, de 1999, con el fin de garantizar la conformidad con el
artículo 3, 3), del Convenio, confiriendo una protección adecuada a los jóvenes de 16 y más años de edad, y a que comunique
una copia de las enmiendas en cuanto se hayan finalizado. Además, tomando nota de la indicación del Gobierno, según lacual están en curso esfuerzos con los interlocutores tripartitos para incluir áreas adicionales de trabajo en la lista de trabajos
peligrosos, la Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de esta lista enmendada en cuanto se dispusiera de lamisma.
Artículo 9, 3). Llevar los registros. En su memoria anterior, la Comisión tomó nota de que el artículo 3, 3), leído
conjuntamente con el artículo 3, 2), de la ley núm. 9, de 1999, requiere que los registros se lleven en los lugares en los que están
empleados los jóvenes menores de 16 años de edad, en lugar de los 18 años, como requiere el artículo 9, 3), del Convenio.
Tomando nota de la ausencia de información sobre este punto, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información
actualizada sobre el proceso de enmienda del artículo 3, de la ley núm. 9, de 1999, para armonizarla con el Convenio y quetransmita una copia de las enmiendas en cuanto se hayan finalizado.
Inspección del trabajo y aplicación práctica del Convenio. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores que
señalaban los resultados de la encuesta agrupada de indicadores múltiples, de 2001, en la que se identificaba un elevado
porcentaje de niños que trabajaban en el país. La Comisión también tomó nota de la indicación de la Confederación Sindical
Internacional (CSI), según la cual los inspectores del trabajo no dan cumplimiento efectivo a la legislación aplicable y el trabajo
infantil es especialmente prevalente en la economía informal.
La Comisión toma nota de que la última memoria del Gobierno simplemente indica que sus inspectores del trabajo realizan
de manera rutinaria inspecciones en los lugares de trabajo y que no ha habido pruebas de trabajo infantil. No obstante, laComisión también toma nota de la información contenida en el informe del Gobierno de 2011 a la Oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre un programa trienal que se dirige, entre otras cosas, a fortalecer lacapacidad de las autoridades nacionales y locales en la formulación, la aplicación y la ejecución del marco legal del trabajo
infantil y que incluirá un enfoque en el trabajo infantil en la economía informal. En consecuencia, la Comisión solicita al
Gobierno que siga redoblando sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil, incluso en la economía informal, y que
comunique información acerca del impacto en este sentido. Además, tomando nota de la indicación del Gobierno en su
memoria, en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), según la cual se está
estableciendo una encuesta de referencia sobre el trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su
próxima memoria, la información relativa a los resultados de la encuesta.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Haití
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2007)
La Comisión toma nota de que se ha adoptado la Ley núm. CL/2014-0010, de 2 de junio de 2014, sobre la Lucha
contra la Trata de Personas.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud oprácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota deque, según el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,en los últimos años se ha constatado una nueva tendencia por lo que se refiere a la cuestión de los niños empleados como
trabajadores domésticos (denominados en lengua criolla restavèks), que consiste en que determinadas personas contratan aniños en zonas rurales para hacerlos trabajar como sirvientes en hogares de zonas urbanas, y en los mercados. Según laRelatora Especial, son muchas las personas que describen este fenómeno como trata ya que los padres confían a sus hijosa personas desconocidas mientras que antes los confiaban a parientes. La Comisión tomó nota de las observaciones de laConfederación Sindical Internacional (CSI) en relación a que la trata y el tráfico de niños persisten, en particular hacia la
República Dominicana. La CSI ha recogido testimonios de graves abusos sexuales y violencia, incluso con resultado dehomicidio, perpetrados contra mujeres jóvenes y niñas víctimas de trata, en particular por militares dominicanos. La CSI
expresó su preocupación por el hecho de que no parezca existir ley alguna que ponga a los responsables de estos delitos enmanos de la justicia y señaló que el Parlamento tenía que adoptar un proyecto de ley.
La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley núm. CL/2014-0010, de 2 de junio de 2014, sobre la
Lucha contra la Trata de Personas. Esta ley establece que la trata de niños, que significa la facilitación, alistamiento,
traslado, transporte, alojamiento o recepción de niños con fines de explotación, constituye una circunstancia agravante porla que se imponen penas de cadena perpetua (artículos 11 y 21). Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus
observaciones finales de 2014 (documento CCPR/C/HTI/CO/1, párrafo 14), el Comité de Derechos Humanos sigue
expresando su preocupación por la persistente explotación de los niños restavèks y la ausencia de estadísticas y deresultados de las investigaciones sobre los responsables de la trata de seres humanos. Asimismo, la Comisión toma nota de264

que, según el informe de 2015 del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití (documento
A/HRC/28/82, párrafo 65, en relación con el documento A/HRC/25/71, párrafo 56), el fenómeno de los restavèks es
consecuencia de la debilidad del Estado de derecho y a esos niños se les impone sistemáticamente trabajo forzoso, no seles paga y están expuestos a violencia física y/o verbal. En 2012, el UNICEF estimó que había 225 000 restavèks. Porconsiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para velar por la aplicación efectiva dela ley núm. CL/2014-0010, y, en particular, para garantizar que se llevan a cabo investigaciones en profundidad y
enjuiciamientos eficaces de las personas que cometen el delito de trata de menores de 18 años. La Comisión también
pide al Gobierno que transmita información estadística sobre la aplicación de la legislación en la práctica, incluida
información sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas, las investigaciones y los enjuiciamientos
realizados y las condenas y sanciones penales impuestas.
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, se ve obligada a repetir
sus comentarios anteriores.
Apartados a) y d). Trabajo forzoso u obligatorio y trabajo peligroso. Trabajo doméstico de los niños. En sus
observaciones anteriores, la Comisión destacó la situación de cientos de miles de niños restavèks que son a menudo objeto de
explotación en condiciones semejantes al trabajo forzoso. Tomó nota de que, en la práctica, muchos de estos niños que nosobrepasan la edad de cuatro o cinco años son víctimas de explotación y se ven obligados a trabajar largas jornadas sin
remuneración, sometidos a discriminación y a maltratos de todo tipo, mal alojados, mal alimentados y a menudo víctimas deviolencia física, psicológica y sexual. Además, muy pocos de ellos son escolarizados. La Comisión toma nota igualmente de laderogación del capítulo IX del título V del Código del Trabajo, relativo a niños en servicio, por parte de la Ley de 2003, relativa ala Prohibición y Erradicación de toda Forma de Abuso, Violencia, Malos Tratos o Vejaciones contra los Niños (ley de 2003).
Tomó nota de que la prohibición a la que se refiere el artículo 2, 1) de la ley de 2003 tiene por objeto la explotación de niños,
incluida la servidumbre, el trabajo forzoso u obligatorio, los servicios forzosos así como los trabajos que por su naturaleza o lascondiciones en las que se ejercen sean susceptibles de perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños, pero no establece
ninguna sanción en caso de infracción de estas disposiciones. La Comisión tomó nota de que, entre las disposiciones derogadas,
figura el artículo 341 del Código del Trabajo, que permite confiar un niño a partir de la edad de 12 años a una familia pararealizar trabajos domésticos. La Comisión observó, no obstante, que el artículo 3 de la ley de 2003 establece que «podrá confiarse
un niño a una familia de acogida en el marco de una relación de ayuda y solidaridad».
La Comisión tomó nota de que la Relatora Especial se manifiesta, en su informe, sumamente preocupada por la imprecisiónde la noción de ayuda y solidaridad que figura en la ley de 2003 y estima que las disposiciones de ésta permiten la perpetuaciónde la práctica del restavèk. Según el informe de la Relatora Especial, el número de niños que trabajan como restavèks oscila entre
150 000 y 500 000 (párrafo 17), lo que representa alrededor de uno de cada diez niños haitianos (párrafo 23). Tras entrevistarse
con los niños restavèks, la Relatora Especial confirma que todos ellos consideraban que sus familias de acogida les asignaban una
pesada carga de trabajo, a menudo incompatible con su desarrollo y su salud física y mental (párrafo 25). Además, la Relatora
Especial constató que estos niños suelen ser objeto de maltrato y víctimas de violencia física, psicológica y sexual (párrafo 35).
Los representantes del Gobierno y de la sociedad civil han recordado que los casos de agresiones físicas y quemaduras se daban
con frecuencia (párrafo 37). La Comisión tomó nota de que, en vista de estos hechos, la Relatora Especial calificó el sistema
restavèk como una forma contemporánea de esclavitud.
La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales el terremoto de 12 de enero de 2010 condujo a un brusco
deterioro de las condiciones de vida de la población haitiana y a una creciente precarización de sus condiciones de trabajo. Según
las CSI un número creciente de niños trabajan como restavèks y es muy probable que sus condiciones se han deteriorado más.
Los numerosos testimonios recogidos por la CSI ponen de manifiesto que las condiciones de trabajo son sumamente penosas, yque la explotación se alía a menudo con condiciones de trabajo degradantes, jornadas muy largas, ausencia de vacaciones y
explotación sexual y situaciones de extrema violencia.
La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que el servicio doméstico de los niños restavèks se asimila al trabajo
forzoso. Expresa nuevamente su profunda preocupación por la explotación del trabajo doméstico del que son objeto los niños
menores de 18 años, ejercido en condiciones análogas a la esclavitud, o perjudiciales para su salud o seguridad. La Comisión
recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 3 a) y d) del Convenio, el trabajo o empleo de niños menores de
18 años en condiciones análogas a la esclavitud o peligrosas constituye una de las peores formas de trabajo infantil y debe ser, en
razón del artículo 1, eliminada con carácter de urgencia. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas
inmediatas y eficaces para garantizar, en la legislación y en la práctica, que los niños menores de 18 años no puedan trabajar
como empleados domésticos en condiciones análogas a la esclavitud o en condiciones peligrosas teniendo en cuenta lasituación particular de las niñas. A este respecto la Comisión insta con firmeza al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para enmendar las disposiciones de la legislación nacional, en particular el artículo 3 de la ley de 2003, que permiten laperpetuación de la práctica del restavèk. Además, la Comisión ruega al Gobierno que adopte las medidas necesarias para quese realicen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos efectivos de las personas que hayan sometido a menores de 18 años
a trabajos domésticos forzosos o a trabajos domésticos peligrosos, y que se les impongan sanciones suficientemente eficaces ydisuasivas en la práctica.
Artículo 5. Mecanismos de control. Brigada de Protección de Menores. La Comisión toma nota de los alegatos de la
CSI según los cuales en Haití existe una brigada de protección de menores que patrulla las zonas de frontera. Sin embargo, la CSI
también señala que no se ha erradicado la corrupción de los funcionarios a ambos lados de la frontera y que las vías de trata depersonas evitan las cuatro aduanas oficiales y se desplazan por lugares alejados, donde se producen probablemente las situaciones
más graves de atentado contra la vida y la integridad de los migrantes.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales la brigada de protección de menores es una
unidad especializada de la policía con la función de detener a los traficantes para ponerlos a disposición de la justicia. Sin
embargo, el Gobierno señala que durante los procedimientos judiciales, son las cuestiones de procedimiento las que ofrecen amenudo una puerta de salida a las personas inculpadas. La Comisión debe expresar su preocupación ante la debilidad de losmecanismos de control para impedir el fenómeno de la trata de niños con fines de explotación. La Comisión ruega al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad de la brigada de protección de menores para controlar ycombatir la trata de menores de 18 años e inculpar a los culpables. Ruega al Gobierno que comunique informaciones sobrelas medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

265

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Prestar la asistencia directa
necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y reinserción
social. Venta y trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el Informe Mundial de la Oficina delas Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la trata de personas, de febrero de 2009, no existe ningún sistema para
atender o prestar asistencia a las personas víctimas de la trata ni un centro de acogida alguno para alojar a las víctimas. La
Comisión tomó nota también de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones
finales (documento CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 de febrero de 2009, párrafo 26), observa con preocupación la falta de refugios para
mujeres y niñas víctimas de trata.
La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales existe un sistema público de atención y asistencia a laspersonas víctimas de trata. Los testimonios recogidos por la CSI relatan que las víctimas se dirigen a los funcionarios de policía,
quienes los remiten al Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR), para que los distribuya en los centros de acogida.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se había previsto un programa piloto de protección social, pero queel terremoto del 12 de enero de 2010 ha desbaratado la aplicación del mismo. La Comisión insta con firmeza al Gobierno aadoptar medidas eficaces para prever ayuda directa necesaria y adecuada para liberar a los niños víctimas de la venta y de latrata, y asegurar su readaptación y reintegración social. A este respecto, ruega al Gobierno que proporcione informaciones
sobre el número de menores de 18 años víctimas de trata que han podido ser colocados en centros de acogida con la ayuda delos miembros de la policía y del IBESR.
Apartado d). Identificar los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños
restavèks. En sus observaciones precedentes, la Comisión tomó nota de la existencia de programas de reinserción de niños
restavèks que ha puesto en marcha el IBESR en acuerdo con distintos organismos internacionales y no gubernamentales. Tomónota de que estos programas privilegian la reinserción en el marco familiar a fin de favorecer el desarrollo psicosocial de los
niños que participan en ellos. Sin embargo, tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales,
se declara profundamente inquieto por la situación de los niños restavèks que trabajan en el servicio doméstico, y en particular,
recomienda al Gobierno que se asegure con carácter de urgencia de que los restavèks disponen de servicios para su recuperación
física y psicológica así como para su reintegración social (documento CRC/C/15/Add.202, 18 de marzo de 2003, párrafos 56 y 57).
La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI por los que ha conocido las iniciativas de reinserción de niños restavèks,
especialmente con el apoyo del UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones. La CSI, al tiempo que secongratula de estas iniciativas, pide al Gobierno que se sigan incluyendo en estos programas medidas destinadas a mejorar lascondiciones de vida de las familias de origen de estos niños.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el IBESR se ocupa de los casos de maltrato de niños
menores en el servicio doméstico, y se encarga de colocarlos en familias para su readaptación física y psicológica. Sin embargo,
el Gobierno reconoce que estos casos siguen siendo poco numerosos. La Comisión insta con firmeza al Gobierno a que
intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños restavèks disponen de servicios para su readaptación física ypsicológica, así como para su reintegración social, en el marco de los programas de reinserción de niños restavèks o por
medio del IBESR. Ruega al Gobierno que comunique información sobre los resultados concretos obtenidos en lo que serefiere al número de niños que se benefician de estas medidas. La Comisión alienta al Gobierno a ratificar el Convenio sobrelas trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) que contiene disposiciones claves en materia de protección delos niños.
Artículo 8. Cooperación internacional. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que elMinisterio de Asuntos Sociales y de Trabajo, en acuerdo con el Ministerio del Exterior, ha estudiado el problema de las personas
explotadas en la República Dominicana en las plantaciones de caña de azúcar, así como de los niños sometidos a mendicidad, ytiene el propósito de iniciar discusiones bilaterales para dar solución a estos problemas. La Comisión observó igualmente que elComité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus conclusiones finales (documento CEDAW/C/HTI/CO/7,
10 de febrero de 2009, párrafo 27), alentó al Gobierno «a investigar las causas profundas de la trata y a reforzar su cooperación
bilateral y multilateral con los países vecinos, en especial con la República Dominicana, para prevenir la trata y poner a losresponsables de estos delitos a disposición de la justicia».
La Comisión observa una vez más que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Ruega
nuevamente al Gobierno que comunique información sobre los progresos de las conversaciones directas con la República
Dominicana encaminadas a la adopción de un acuerdo bilateral, y que tenga a bien hacerlo en su próxima memoria.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

HondurasConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1980)
La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibidas el
28 de agosto y el 24 de septiembre de 2015, apoyadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de las medidas adoptadas para luchar contra el trabajo infantil, especialmente en elcontexto de la aplicación del Plan de acción para la erradicación del trabajo infantil (2008-2015) y de sus resultados.
Además, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual 122 inspectores del trabajo distribuidos entre
17 oficinas regionales están encargados del trabajo infantil, pero no se señaló ninguna infracción en este terreno, a pesardel porcentaje elevado de niños que trabajan por debajo de la edad mínima. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara
medidas prácticas para fortalecer la acción de la inspección del trabajo en la prevención y la represión del trabajo infantil.
La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas del COHEP y de la OIE, según las cuales se discute con lossectores una nueva ley sobre la inspección del trabajo, con el fin de paliar el número insuficiente de inspectores del trabajo
y la falta de especialización en trabajo infantil dentro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno indica
que los servicios de inspección y de información comprobaron 170 inspecciones y 60 infracciones en el servicio de las266mujeres y los menores trabajadores, a nivel central y regional, en 2014, así como 48 inspecciones en la oficina central,entre enero y junio de 2015. Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que, entre las infracciones
comprobadas, la inspección del trabajo no informó de las infracciones relativas al Código de la Niñez y Adolescencia y al
reglamento sobre el trabajo infantil. Por otra parte, en cuanto a las medidas adoptadas en el marco del Plan de acción parala erradicación del trabajo infantil, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las actividades delPlan de acción se incorporaron en la política pública, bajo el título de Hoja de ruta para hacer de Honduras un país librede trabajo infantil. Además, la Comisión señala que el Gobierno dio inicio a la elaboración de un nuevo Plan de acción
nacional para la erradicación del trabajo infantil, 2016-2020. Observa asimismo que, de conformidad con la revisión delCódigo de la Niñez y Adolescencia, mediante el decreto núm. 35-2013, de 6 de septiembre de 2013, el nuevo artículo 128
amplió el campo de acción de los inspectores del trabajo, en razón del lugar, cubriendo en adelante todo lugar de trabajo,
incluidos los lugares de residencia. Sin embargo, comprueba que, según la encuesta de hogares realizada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), en 2014, 379 598 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años trabajan, es decir,
el 15,3 por ciento, lo que revela un aumento en relación con 2013, donde el número de niños que trabajaban era de
328 000. Tomando nota de las informaciones sobre la extensión del campo de acción de los inspectores del trabajo que
prevé el Código de la Niñez y Adolescencia revisado, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias
para adaptar y fortalecer las capacidades de los servicios de la inspección del trabajo, el modo de garantizar que laprotección prevista por el Convenio sea asimismo asegurada a los niños que trabajan en el sector informal. Además,tomando nota de que está en curso de elaboración una nueva ley sobre la inspección del trabajo, le pide al Gobierno
que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno
que siga comunicando informaciones sobre la manera en que se aplica en la práctica el Convenio, apoyándose
especialmente en las estadísticas del empleo de los niños menores de 14 años, extractos de los informes de lainspección del trabajo e informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones comprobadas y de lassanciones impuestas. Por último, le solicita que comunique informaciones sobre la aplicación del Plan de acción parala erradicación del trabajo infantil 2016-2020, una vez adoptado.
Artículo 2, párrafos 1 y 4. Ámbito de aplicación y edad mínima de admisión. La Comisión tomó nota anteriormentede que, en virtud del artículo 32, 2), del Código del Trabajo, las autoridades encargadas de vigilar el trabajo de las personas
menores de 14 años pueden autorizar el ejercicio de una actividad económica por estas personas, si consideran que ello es
indispensable para su subsistencia o la de sus padres o hermanos y hermanas, en la medida en que ello no les impida
proseguir su escolaridad obligatoria. Tomó nota, además, de que, según el artículo 2, 1), del Código, las explotaciones
agrícolas y ganaderas que sólo ocupan de manera continua a más de diez trabajadores, están excluidas del campo deaplicación de este Código. Tomó nota de que, según los artículos 4 a 6, del reglamento de 2001 relativo al trabajo infantil, se
aplica únicamente a las relaciones de trabajo contractuales. Al respecto, el Gobierno indicó que se elaboró un proyecto derevisión del Código del Trabajo que contiene disposiciones encaminadas a poner de conformidad la legislación nacional con
los convenios internacionales ratificados por Honduras. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias
para armonizar su legislación nacional con el Convenio.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la armonización del Código del Trabajo está en
curso desde 2004. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2, párrafo 1, del Convenio, ninguna persona de edad
inferior a la edad mínima especificada deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna, con la única reserva
de las excepciones previstas en los artículos 4 a 8 de este mismo instrumento. Recuerda asimismo que el Convenio se
aplica a todas las ramas de la actividad económica y abarca a todos los tipos de empleo o de trabajo, se ejerzan o no en el
marco de una relación de empleo o de un contrato de trabajo, y sea o no remunerado el trabajo o el empleo. Observando
que el Gobierno viene mencionando, desde hace más de diez años, la revisión del Código del Trabajo, la Comisión pide
una vez más encarecidamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner de conformidad el Código delTrabajo y el reglamento de 2001 sobre el trabajo infantil con el Código de la Niñez y Adolescencia, de 1996, de modode garantizar que ningún niño menor de 14 años esté autorizado a trabajar, incluidos los niños que trabajan en las
explotaciones agrícolas y ganaderas que no emplean de manera continua a más de diez trabajadores, así como los que
trabajan por cuenta propia. Pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos
realizados al respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibidas el
28 de agosto de 2015, y apoyadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
Artículos 3, a) y b), y 7, párrafo 1, del Convenio. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual comercial,utilización de niños para la prostitución o la producción de material pornográfico o actuaciones pornográficas ysanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Ministerio Público tenía ante sí los presuntos
delitos de explotación económica de menores, de pornografía con escenificación de niños y de trata de seres humanos. La
Comisión tomó nota asimismo de que la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución de niños y lapornografía que implica a niños, hizo un llamamiento al Gobierno para que intensificara los esfuerzos realizados para la

267

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

protección de los niños contra la explotación sexual. Por último, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley contra la
Trata de Personas de 2012 y pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar su aplicación
inmediata y efectiva en la práctica.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en su memoria, según las cuales se creó una Comisióninterinstitucional contra la explotación sexual comercial y la trata de personas (CICEST), con un presupuesto de
2 millones de lempiras, con el objetivo de coordinar las actividades de prevención y de protección a nivel nacional einternacional. En este sentido, el Gobierno informa que esta Comisión puso a disposición una línea telefónica que permite
recibir las denuncias y realizó campañas de comunicación. Fortaleció asimismo las capacidades de los agentes judiciales ymiembros de la sociedad civil, con la creación de comités locales en diferentes regiones del país. Además, el Gobierno
indica el establecimiento de la Dirección nacional de la niñez, adolescencia y familia (DINAF), mediante el decreto
ejecutivo núm. PCM 27-2014, encargada sobre todo de la protección de las personas menores de 18 años. La Comisión
toma nota de las estadísticas relativas al número de investigaciones y de procesamientos llevados a cabo entre 2010 y
2015, es decir, 25 casos investigados y 19 casos perseguidos sobre la trata y 45 casos investigados y 27 procesamientos
sobre la explotación sexual con fines comerciales. Al tiempo que toma buena nota de estos datos, la Comisión toma nota
con preocupación del bajo número de condenas, es decir, cinco casos de trata y 31 casos de explotación sexual, de un total
de 407 niños víctimas contabilizados, sin perjuicio del número de casos no notificados. Además, la Comisión toma nota deque la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución de niños y la pornografía que implica a niños, comprobóque, en su informe de seguimiento de 2014 (documento A/HRC/28/56/Add.1), a pesar de la ausencia de estadísticas
precisas y fiables, sigue extendiéndose en Honduras la venta y la explotación sexual de niños (párrafo 8). Por otra parte,hace un llamamiento a la Oficina del Fiscal General para que adopte un enfoque más proactivo en términos deinvestigaciones y de condenas, así como para fortalecer el sistema judicial del país (párrafo 24). A este respecto, laComisión toma nota asimismo de que, según las observaciones finales de 2015 sobre la aplicación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y lautilización de niños en la pornografía que pone en escena a niños (documento CRC/C/OPSC/HND/CO/1, párrafo 26), el
Comité de los Derechos del Niño se manifiesta sumamente preocupado por la impunidad relativa a los delitos
comprendidos en el protocolo, es decir, la venta y la trata de personas menores de 18 años, con miras a una explotación
sexual con fines comerciales o de su utilización con fines de prostitución, de producción de material pornográfico o deespectáculos pornográficos. La Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar que la venta y latrata de personas menores de 18 años con miras a una explotación sexual con fines comerciales o su utilización con
fines de prostitución, de producción de material pornográfico o de espectáculos pornográficos, den lugar a encuestas
exhaustivas y a procesamientos eficaces, y para que se apliquen en la práctica sanciones suficientemente eficaces ydisuasorias. Pide al Gobierno que siga comunicando informaciones detalladas sobre el número de investigaciones
realizadas, de procesamientos ejercidos y de condenas dictadas.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa necesaria
para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y reinserción social.
Explotación sexual con fines comerciales y trata a tal fin. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales está en curso de elaboración un Plan de acción contra la
explotación sexual con fines comerciales y la trata de personas 2015-2020. El Gobierno indica que, en el marco delproceso de atención a las víctimas, el Ministerio Público y la policía dirigen al niño víctima hacia el Equipo de respuesta
inmediata (ERI), que realiza la identificación de la víctima y las acciones orientadas a asegurar su protección integral. Lasvíctimas son luego entregadas a centros de protección, que les ofrecen una atención psicológica y física, así como lasmedidas necesarias para su reinserción social. El Gobierno indica que no existen programas y proyectos especializados
para la atención de las víctimas de trata y de explotación sexual con fines comerciales, pero que garantiza la coordinación
necesaria con las ONG y la sociedad civil. Además, menciona que, en el marco del apoyo institucional de lucha contra la
trata de personas en Honduras, 197 víctimas de trata fueron atendidas conjuntamente por las ONG y la CICESCT. La
Comisión señala que, según sus observaciones finales de 2015 (documento CRC/C/OPSC/HND/CO/1, párrafo 34), el
Comité de los Derechos del Niño manifiesta su preocupación de que el Gobierno no disponga de un programa adecuado
para la rehabilitación física y psicológica y la reinserción social de los niños víctimas de explotación sexual, que sólo son
atendidos por las organizaciones de la sociedad civil. Recordando que la mencionada ley de 2012 contra la trata
contiene disposiciones exhaustivas sobre la protección, la asistencia y la rehabilitación social de las víctimas de trata yde explotación sexual con fines comerciales, la Comisión pide al Gobierno que adopte disposiciones inmediatas yeficaces para aplicar, en la práctica, medidas dirigidas a brindar una asistencia completa a los niños y a losadolescentes que han sido víctimas de una explotación sexual con fines comerciales y de la trata organizada a tal fin.
Le pide que comunique informaciones detalladas sobre el número de niños que habrán sido librados de la trata y deuna explotación sexual con fines comerciales y que se habrán beneficiado de medidas de rehabilitación social, y sobre
los resultados obtenidos, especialmente en el marco del Plan de acción nacional 2015-2020.
Apartado d). Niños particularmente expuestos a riesgos. 1. Niños de la calle. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de la creación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), encargada
de la protección de los niños. Toma nota asimismo de la declaración del Gobierno durante el examen de su informe ante el
Comité de los Derechos del Niño, según la cual las estadísticas de 2014 revelan que hay alrededor de 5 000 niños de lacalle en Honduras y que se realizó un campaña «cero mendicidad», encaminada a sacar a los niños de la mendicidad y268

ayudar a las familias a subvenir a sus necesidades. Toma nota asimismo del nuevo artículo 179-E, del Código de la Niñez
y la Adolescencia (revisión según el decreto núm. 35-2013, de 6 de septiembre de 2013), en virtud del cual cualquiera que
utilice a un niño con fines de mendicidad será castigado con reclusión de tres a seis años, con circunstancias agravantes si
se trata de un menor de 12 años o en el marco de un tráfico. Sin embargo, toma nota de que la memoria del Gobierno nocontiene ninguna información sobre el número de niños que fueron librados de la calle y que se beneficiaron de medidas
de rehabilitación y de reinserción social. En el mismo sentido, la Comisión señala que, según las observaciones finales de2015 (documento CRC/C/HND/CO/4-5, párrafo 81), el Comité de los Derechos del Niño deplora la falta de información
sobre la situación de los niños de la calle. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para
proteger a los niños de la calle contra las peores formas de trabajo infantil y que comunique informaciones sobre elnúmero de niños librados de la calle y que se han beneficiado de medidas de rehabilitación y de reinserción social.
2. Niños indígenas. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación delGobierno, según la cual se realizó un estudio sobre los niños indígenas, conjuntamente con el UNICEF, en 2013. Sin
embargo, el Gobierno no comunica ninguna información en su memoria sobre los resultados obtenidos, ni sobre lasmedidas adoptadas para proteger a los niños indígenas contra las peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota
de que, según las observaciones finales de 2015 (documento CRC/CHND/CO/4-5, párrafo 77), el Comité de los Derechosdel Niño sigue manifestando su preocupación por la práctica persistente de trabajo infantil, incluidas sus peores formas,
entre los niños indígenas y de ascendencia africana. Recordando que los niños de los pueblos indígenas son a menudo
víctimas de una explotación que reviste formas muy diversas y que esos niños están particularmente expuestos al riesgo
de ser ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión reitera su pedido de intensificar los esfuerzos deprotección de estos niños contra las peores formas de trabajo infantil. A este respecto, le pide que adopte las medidas
necesarias y que comunique informaciones sobre los resultados en este terreno, especialmente en el marco del estudiorealizado con el UNICEF.
Apartado e). Situación particular de las niñas. Trabajo doméstico de los niños. La Comisión tomó nota conanterioridad de que un gran número de niños, especialmente niñas, son ocupados en trabajos domésticos y, porconsiguiente, solicitó al Gobierno que adoptara medidas efectivas a tal efecto. La Comisión lamenta tomar nota de que lamemoria del Gobierno no contiene ninguna nueva información sobre este tema. Recuerda que los niños ocupados en
trabajos domésticos, especialmente las niñas pequeñas, son a menudo las víctimas de una explotación que reviste formas
muy diversas y que es difícil controlar las condiciones de su empleo. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que
adopte medidas inmediatas y eficaces para proteger a los niños ocupados en trabajos domésticos contra las peores
formas de trabajo infantil, teniendo en cuenta la situación particular de las niñas. Le pide nuevamente que comuniqueinformaciones sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en este terreno, precisando el número de niños
que trabajan como domésticos que fueron retirados de situaciones relacionadas con las peores formas de trabajo
infantil y que se beneficiaron de medidas de rehabilitación y de reinserción social.
Artículo 8. Cooperación internacional y regional. Explotación sexual con fines comerciales y trata organizada atal fin. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el
Ministerio Público forma parte de la coalición regional contra la trata y el tráfico de personas y de la comisión regionalpara ofrecer y acelerar el intercambio de informaciones sobre los casos cometidos en los diferentes países. Además, elGobierno indica que la Unidad contra la explotación sexual con fines comerciales y la trata de personas, repatrió a cinco
víctimas de trata, tres de ellas a Nicaragua y una a México, desde 2012. La Comisión toma nota de la serie de estrategias
que hacen más eficaz la coordinación regional en la lucha contra la trata, de la que forma parte Honduras, es decir,
especialmente las líneas directrices nacionales y regionales para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional einternacional de lucha contra la trata de personas, la estrategia regional de atención integral, el acompañamiento a lasvíctimas de la trata de personas y la estrategia regional de comunicación para impedir la trata de personas. La Comisión
pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre los resultados obtenidos en el marco de la aplicaciónde estos diferentes acuerdos, y más particularmente sobre el número de niños repatriados a sus países de origen.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Indonesia
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota conanterioridad de la información contenida en la encuesta sobre el trabajo infantil en Indonesia (2009), según la cual son
aproximadamente 1,76 millones los niños ocupados en un trabajo infantil prohibido en Indonesia. La mayoría de ellos
trabajan en la agricultura, incluida la silvicultura, la caza y la pesca (el 57 por ciento de todos los niños que trabajan entre
los 5 y los 17 años). La encuesta indica asimismo que, al tiempo que la mayoría de los niños que trabajan aún siguen
asistiendo a la escuela, el 20,7 por ciento de las personas menores de 18 años trabajan durante más de 40 horas a lasemana. La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual éste ha emprendido actividades para prevenir
que los niños menores de 15 años estén ocupados en un trabajo infantil, como el programa de bienestar social infantil y ladisposición de una ayuda para matrícula a los niños que fueron retirados, a través del Programa de reducción del trabajo
infantil. El Gobierno también ha estado aplicando un programa de transferencia de dinero condicional para mejorar el

269

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

acceso a la educación de los niños de familias pobres, con la reducción del trabajo infantil como indicador clave delprograma.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se adoptó, en 2014, una «Hoja de ruta hacia una
Indonesia libre de trabajo infantil en 2022» (la Hoja de ruta). La Hoja de ruta, que se perfila en el programa de acción, se
divide en tres fases (2014-2016, 2017-2019 y 2020-2022), con cuatro programas prioritarios, incluido el marco regulatorio
y la aplicación de la ley, la educación y la formación, la protección social y las políticas de mercado laboral. El Gobierno
indica que la primera fase comenzó con actividades tales como la incorporación de los asuntos relativos al trabajo infantil,
como indicador de desempeño clave del Ministerio de Trabajo, y la creación de una zona libre de trabajo infantil en lazona industrial de Makassar. Al tiempo que toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión
observa que sigue existiendo un número significativo de niños ocupados en el trabajo infantil en el país, y pide, enconsecuencia, al Gobierno, que prosiga sus esfuerzos para garantizar que, en la práctica, los niños menores de 15 añosde edad no estén ocupados en actividades económicas. Pide al Gobierno que siga comunicando información sobre lasmedidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos. La Comisión exhorta al Gobierno a que refuerce
los servicios de inspección del trabajo a nivel nacional y local para contribuir a la supervisión de la situación deltrabajo infantil. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que se aplica elConvenio en la práctica, incluida la información de la inspección del trabajo sobre el número y la naturaleza de lascontravenciones registradas, las violaciones detectadas y las sanciones aplicadas.
Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. 1. Economía informal. La Comisión tomó nota anteriormente de la
indicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según la cual el trabajo infantil está extendido en Indonesia,
teniendo lugar, en su mayor parte, en las actividades informales y no reguladas, como la venta ambulante y los sectoresagrícola y doméstico. La Comisión también tomó nota de que la ley núm. 13, de 2003 (Ley sobre la Mano de Obra),
excluyó de su aplicación a los niños que están ocupados en un empleo por cuenta propia o que trabajan sin una relación
salarial clara. Tomó nota asimismo de la información del informe de la encuesta sobre el trabajo infantil en Indonesia,
de 2009, según la cual, de todos los niños que trabajan entre los 5 y los 12 años de edad, el 12,7 por ciento trabaja por
cuenta propia y el 82,5 por ciento son trabajadores familiares sin remuneración. Sin embargo, la Comisión tomó nota deque el artículo 75 de la Ley sobre la Mano de Obra estipula que el Gobierno tiene la obligación de realizar esfuerzos parasuperar los problemas relativos a los niños que trabajan fuera del marco de una relación de trabajo y que esos esfuerzos
deberían ser especificados mediante una reglamentación gubernamental. En ese sentido, la Comisión tomó nota de que seelaboró un proyecto de reglamentación, dirigida a proteger a los niños que trabajan por cuenta propia, en virtud delartículo 75 de la Ley sobre la Mano de Obra, que está en discusión en el Ministerio de Trabajo.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo estableció una unidad
para la supervisión de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (BPTA), fuera del marco de una relación detrabajo. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que el proyecto de reglamentación que protege a los niños en laeconomía informal, está aún en discusión en los ministerios y sectores. La Comisión debe expresar una vez más su
preocupación de que la gran mayoría de niños que trabajan por debajo de la edad mínima no gocen de la protección de la
Ley sobre la Mano de Obra. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias paragarantizar la finalización y la adopción, en un futuro muy próximo, del proyecto de reglamentación que protege a los
niños en la economía informal. Pide al Gobierno que transmita una copia de esta ley, en cuanto se haya adoptado. La
Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre las actividades de la unidad a cargo de lasupervisión de los niños que trabajan fuera del marco de una relación de trabajo.
2. Trabajo doméstico. Con respecto a la protección de los niños ocupados en el trabajo doméstico, la Comisión
pide al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados en relación con el Convenio sobre las peores formas detrabajo infantil, 1999 (núm. 182).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado d). Trabajo peligroso. Trabajo infantil
doméstico. La Comisión tomó nota anteriormente de los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI)
respecto a que en Indonesia los niños trabajadores domésticos sufren a menudo alguna forma de abuso sexual, físico o
psicológico. La Comisión también tomó nota de la información que figura en el informe de 2010 «Reconocer el trabajo
doméstico como trabajo» en el que se indica que el 81 por ciento de los trabajadores domésticos trabajan 11 horas o más aldía, y que al estar ocultos a la vista del público son especialmente vulnerables a la explotación y al abuso. La Comisión
tomó nota de que el Gobierno señalaba que se había elaborado un proyecto de ley sobre protección de los trabajadoresdomésticos, incluido en el Registro del programa de legislación nacional para 2010-2014. El Gobierno hizo referencia alos esfuerzos importantes para evitar que los niños sean ocupados en el trabajo doméstico, incluidas las medidas adoptadas
por el Ministerio de Asuntos Sociales para reducir la vulnerabilidad de los niños, y el Programa para el bienestar social delos niños, cuyo objetivo es protegerlos de todas las formas de explotación y abuso.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el Ministerio de Mano de Obraha expedido el reglamento núm. 2, de 2015, relativo a la protección de los trabajadores domésticos. La Comisión toma270

nota de que el artículo 4, b) del reglamento dispone que el trabajador doméstico no deberá ser menor de 18 años de edad.
La Comisión observa, no obstante, según un documento de proyecto OIT/IPEC, las organizaciones de trabajadoresdomésticos expresaron su escepticismo sobre este reglamento. Consideran que sus disposiciones se sitúan en un nivel
inferior a las normas sobre trabajo decente para un trabajador doméstico y requieren la promulgación de un proyecto deley integral. Según el documento OIT/IPEC, el Gobierno prefiere adoptar un enfoque gradual, utilizando el reglamentopara impulsar a los gobiernos locales a elaborar reglamentos locales para proteger a los trabajadores domésticos y eliminarel trabajo doméstico infantil. Además, la Comisión toma nota de que, según el informe del Programa de Acción Global de
la OIT/IPEC, en marzo de 2015, 35 participantes de varios ministerios, la policía, sindicatos y organizaciones de lasociedad civil, elaboraron un plan sectorial destinado a eliminar el trabajo infantil en el trabajo doméstico en Indonesia. El
plan se encuentra a la espera de la aprobación por el Gobierno. La Comisión también toma nota del estudio de la
OIT/IPEC, de 2013, titulado Niños trabajadores domésticos en Indonesia: estudio de casos en Yakarta y zonas periféricas(Child domestic workers in Indonesia: Case studies of Jakarta and Greater areas), según el cual en Indonesia existen
aproximadamente 437 000 niños trabajadores domésticos. El estudio también pone de manifiesto que entre el 15 y 23 por
ciento de los trabajadores domésticos son menores de 18 años, en su mayoría en la parte superior de esta categoría deedad. Entre los trabajadores domésticos predominan las niñas en proporciones excesivamente elevadas (aproximadamente
el 85 por ciento). En relación con las condiciones de trabajo, el promedio de horas de trabajo oscila entre nueve y dieciséishoras diarias, durante los siete días de la semana; la mayoría de los niños en el trabajo doméstico residen en las casas enlas que trabajan; y la mayoría de los empleadores están concentrados en el territorio especial de Yakarta (Daerah Khusus
Ibukota, DKI). Al tiempo de que toma nota de la adopción del reglamento ministerial, la Comisión insta al Gobierno atomar las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de ley de protección de los trabajadores domésticos sea
adoptado, para asegurar la protección integral de los niños menores de 18 años de los trabajos domésticos peligrosos.
La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas concretas para abordar la situación de los niños en el trabajo
doméstico, y que proporcione información sobre los resultados obtenidos, especialmente en cuanto a la prevención yretiro de los niños del trabajo doméstico.
Artículo 5. Mecanismos de control. Funcionarios de policía y de inmigración. La Comisión tomó nota
anteriormente de que el Gobierno se refirió a los esfuerzos realizados tras reforzar la función de la policía para luchar
contra la trata de niños, en particular, con el establecimiento de un servicio para las mujeres y los niños en el seno de lapolicía nacional de la República de Indonesia. La Comisión observó que muchos policías y fiscales seguían sin conocer
bien la Ley de Lucha Contra la Trata, y eran reacios a utilizarla o no sabían cómo utilizarla de forma efectiva para castigara los traficantes, y que la corrupción seguía dificultando los esfuerzos de lucha contra la trata. La Comisión tomó nota dela información del programa OIT/IPEC que 18 provincias establecieron un grupo de trabajo para optimizar la manera deabordar los casos de trata.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual, entre 2008 y 2011, tres
autores del delito de trata de niños fueron condenados a penas de prisión de cuatro a ocho años. La Comisión observa queen sus observaciones finales de 2014 (documento CRC/C/IDN/CO/3-4, párrafo 75), el Comité de los Derechos del Niño
expresó su extrema preocupación por la alta prevalencia de la trata en el Estado parte y observó que el Equipo de tareas
contra la trata establecido por el Gobierno no es lo suficientemente eficaz y muchos distritos siguen desatendidos. Al
tomar nota del número limitado de condenas por trata de niños y de la ausencia de información sobre las medidas
adoptadas, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para combatir la trata de niños
garantizando que los autores del delito de trata de personas sean objeto de investigación y enjuiciamiento, y que se
impongan en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información actualizada sobre las medidas adoptadas a este respecto y los resultados obtenidos, enparticular, el número de personas investigadas, condenadas y que recibieron sentencias por casos de trata cuyas
víctimas son menores de 18 años.
Artículo 7, 2). Medidas eficaces y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños
en las peores formas de trabajo infantil y asistencia para la retirada de los niños de ese tipo de trabajo. 1. Trata. En
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en colaboración con la OIT/IPEC se pusieron en marcha diversas
iniciativas para proporcionar servicios de rehabilitación y reintegración a los niños víctimas de trata. Sin embargo, laComisión también tomó nota de la información en la que se indicaba que los esfuerzos para proteger a las víctimas de trata
eran desiguales e inadecuados habida cuenta del alcance del problema de trata que afectaba al país. El Gobierno indicó
que el Programa para el bienestar social de los niños tiene el objetivo de proteger a los niños de la trata. Además, indicó
que proporcionaba servicios para los niños víctimas de trata a través de hogares de protección social, situados en Yakarta
y en otras 27 zonas de Indonesia.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, todo niño identificado como víctima de la trata
será integrado en un programa de rehabilitación que se lleva a cabo en uno de los 13 hogares de atención
infantil/rehabilitación del Ministerio de Asuntos Sociales situados en diversas regiones del país. Además, el Gobierno
señala que se proporciona educación y formación a esos niños durante seis meses antes de que regresen a sus familias uhogares de sustitución. La rehabilitación de los niños también puede efectuarse en el seno de familias y con la asistencia
de un trabajador social. La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno no se proporciona información sobre
el número de niños a los que se ha rehabilitado. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando las medidas

271

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

necesarias para impedir la trata de niños menores de 18 años de edad, y conseguir que sean librados de esa situación ysu readaptación posterior. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados obtenidos,
especialmente sobre el número de niños a los que se ha alcanzado a través de las medidas adoptadas por el Gobierno.
2. Explotación sexual comercial de los niños. La Comisión tomó nota de la información procedente de UNICEF
respecto a que aproximadamente el 30 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución en Indonesia tienen
menos de 18 años de edad, y que entre 40 000 y 70 000 niños indonesios son víctimas de explotación sexual. Además
tomó nota de que el turismo sexual infantil está muy extendido en las zonas urbanas y destinos turísticos. En relación con
el reglamento núm. PM.30/HK.201/MKP/2010 sobre las Directrices para la prevención de la explotación sexual de los
niños en el turismo, el Gobierno indicó que continúa la difusión de material de prevención sobre la explotación sexualinfantil en el sector del turismo, en cooperación con las partes interesadas tanto del ámbito público como privado.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha realizado esfuerzos para retirar a niños trabajadores a
través del Programa Esperanza de la Familia (PPA-PKH), incluido el sector del turismo. La Comisión toma nota de que,según un informe elaborado en el marco del programa Comprender el trabajo infantil, titulado El doble desafío del trabajo
infantil y la marginación educativa en la región de Asia oriental y sudoriental (informe UCW de 2015), en algunas zonas
ha cambiado la naturaleza de la explotación sexual comercial y los niños, anteriormente alojados en prostíbulos han
pasado a vivir con sus familias y trabajan en hoteles y otros sitios a través de arreglos facilitados por los medios sociales.
Además, los niños indonesios son objeto de trata interna para explotación sexual comercial en las explotaciones minerasen las Provincias de Maluku, Papua y Jambi en las zonas urbanas del Distrito de Batam, Isla Riau, y Papua occidental, asícomo para el turismo sexual en Bali (panel 4, pág. 21). La Comisión señala además que en sus observaciones finales de2014 (documento CRC/C/IDN/CO/3-4, párrafo 75), el Comité de los Derechos del Niño indica su extrema preocupación
por el gran número de trabajadores sexuales menores de edad. Al tomar nota de que aún existe un número significativode niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales, incluidos los niños víctimas del turismo sexual infantil,
la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para proteger a los menores de 18 años de esta peor
forma de trabajo infantil. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número deniños que han sido retirados de la explotación sexual con fines comerciales y rehabilitados a través de las medidas
adoptadas.
3. Niños implicados en la venta, producción y tráfico de drogas. En sus comentarios anteriores, la Comisión
tomó nota de que aproximadamente 15 000 niños estaban implicados en la venta, producción y tráfico de drogas en
Yakarta. Asimismo, tomó nota de que se informaba que un 20 por ciento de las personas que consumían drogas estaban
implicadas en la venta, producción y tráfico de drogas, lo que sugería que entre 100 000 y 240 000 jóvenes podían estar
involucrados en dicho tráfico. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el Ministerio de Asuntos Sociales, encooperación con diversos organismos gubernamentales, proporcionaba servicios y rehabilitación a los niños encontrados
en infracción a la ley y que, en cooperación con la OIT/IPEC, muchos niños fueron retirados de los trabajos relacionados
con las drogas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indicó que no se habían realizado progresos
significativos en cuanto al enjuiciamiento de personas que empleaban niños en algunas de las peores formas de trabajo
infantil, incluido el tráfico de drogas y que estos casos no se habían llevado hasta los tribunales. La Comisión tomó nota
de que el Ministerio de Mano de Obra y Migraciones estaba coordinando con la policía nacional y la Agencia nacional denarcóticos la información sobre la participación de niños en la venta de drogas. El Gobierno también hizo referencia alartículo 89 de la Ley sobre la Protección de los Niños de 2002 que prevé sanciones para las personas que impliquen aniños en la producción, venta o tráfico de drogas. Por consiguiente, la Comisión pidió al Gobierno que garantizara laaplicación efectiva de esas disposiciones en la práctica.
La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno según la cual ha proporcionado asistencia jurídica a los niños
involucrados en la producción, venta y tráfico de drogas, a través de las agencias de protección de la infancia. La
Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no proporciona ninguna otra información relativa al artículo 89 de la
Ley sobre la Protección de los Niños de 2002, en la práctica. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte
las medidas necesarias para garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas y procesamientos rigurosos delas personas que implican a niños en la producción, venta o tráfico de drogas ilícitas y que se les impongan, en la
práctica, sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información
sobre las medidas adoptadas, y especialmente sobre el número de investigaciones realizadas, enjuiciamientos llevados acabo y sanciones impuestas.
Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y ponerse en contacto con ellos.
Niños en plataformas pesqueras. La Comisión tomó nota anteriormente de que se estimó que más de 7 000 niños
trabajaban en la pesca de altura en el norte de Sumatra. Además tomó nota de diversas iniciativas que se estaban poniendoen práctica para evitar que los niños participen en esta forma peligrosa de trabajo y para retirarlos de ella. Sin embargo, laComisión tomó nota de que las plataformas de pesca de altura son un sector en el que las investigaciones y elenjuiciamiento de las personas que emplean a niños en las peores formas de trabajo infantil deben ser más eficaces. La
Comisión tomó nota de que el Gobierno ha emprendido varias iniciativas para impedir que los niños sean captados para
trabajar en plataformas pesqueras, incluso a través de la sensibilización de la comunidad, en cooperación con gobiernos
regionales y con la colaboración de organizaciones no gubernamentales. El Gobierno también señaló que en distritos endonde hay plataformas pesqueras se han establecido comités de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo272

infantil. Asimismo, la Comisión tomó nota de que no se disponía de información sobre enjuiciamientos de las personasque emplean a niños en plataformas pesqueras ni tampoco en relación con sanciones y que los esfuerzos del Gobierno
estaban centrados en la labor de educación para la prevención.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han adoptado medidas para garantizar el efectivo
cumplimiento de la legislación laboral por intermedio de los inspectores del trabajo, en los casos en que se observen
violaciones. Sin embargo, la memoria del Gobierno no proporciona ninguna información sobre la naturaleza de lasmedidas adoptadas para proteger a los niños que realizan trabajos peligrosos en la industria pesquera, ni sobre lassanciones aplicadas. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, los países ratificantes
deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de lasdisposiciones por las que se da efecto al Convenio, incluso a través de la aplicación de sanciones apropiadas. Porconsiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que en la práctica se
aplican sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias a las personas que imponen a los niños a trabajos
peligrosos en plataformas pesqueras. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que, en su próxima memoria,
proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Iraq
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículos 3, apartado a) y 7, párrafo 1, del Convenio. Todas las formas de esclavitud y prácticas análogas.
Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados y sanciones. La Comisión tomó nota
anteriormente de que las sanciones por los delitos relativos al reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos
en conflictos armados, tal como se establecen en la orden núm. 89 de 2004, de la Autoridad Provisional de la Coalición(CPA) eran muy bajas. La Comisión también tomó nota de que según el Informe del Secretario General de las Naciones
Unidas, de 26 de abril de 2012, sobre los Niños y los Conflictos Armados en Iraq, grupos armados tales como Al-Qaeda yel Estado Islámico en el Iraq (EII) continúan con el reclutamiento, el adiestramiento y la utilización de niños y niñas para
participar en las hostilidades; además, se dio muerte a numerosos niños y se informó sobre varios casos de secuestro demenores.
La Comisión toma nota de que la orden de la CPA núm. 89, de 2004, se ha derogado por el Código del Trabajo
de 2015. A este respecto, toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se ha comprometido a promulgar una leyque permita enjuiciar a toda persona que reclute niños menores de 18 años de edad para utilizarlos en conflictos armados.
La Comisión también toma nota de que el Gobierno señala que el país atraviesa dificultades debido a la entrada del EII en
algunas de sus gobernaciones. El Gobierno indica que el EII utiliza niños como escudos humanos para trabajos deespionaje y en explosiones.
Además, la Comisión toma nota de la información del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados,de 5 de junio de 2015 (documento A/69/926-S/2015/409) (Informe del Secretario General) de que las Naciones Unidas
verificó el reclutamiento de al menos 67 niños varones por el EII y de que una cantidad desconocida de niños fue
reclutado por las Fuerzas de Movilización Popular Progubernamentales en las zonas de conflicto. Se han reclutado a niños
de sólo 10 años de edad, que fueron utilizados por los grupos de autodefensa que apoyan a las Fuerzas de Seguridad y se
informó que también niñas están vinculadas a los grupos de autodefensa yazidíes. Según este informe, las Naciones
Unidas registraron la muerte de 679 niños y lesiones en otros 505, de los cuales al menos 87 fueron muertos y
211 resultaron heridos por artefactos explosivos improvisados y ataques suicidas. Además, la Comisión toma nota delInforme del Secretario General de que la falta de un procedimiento claro de reclutamiento, que incluya la verificación dela edad y la adopción de medidas disciplinarias por parte de las autoridades iraquíes, sigue siendo motivo de grave
preocupación. La Comisión deplora profundamente la situación actual de los niños afectados por los conflictos armados
en Iraq, especialmente porque entraña otras violaciones a los derechos de los niños, tales como secuestros, asesinatos yviolencia sexual. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso u
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados se considera una de las peores formas de trabajo infantil y que,en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces paraconseguir la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Al tomar nota de la difícil
situación que predomina en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas con carácter deurgencia para garantizar la desmovilización completa e inmediata de todos los niños y de poner término, en la práctica,
al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años de edad en los grupos y las fuerzas armadas. Además, urge al
Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas yenjuiciamientos rigurosos de todas las personas, incluidos los miembros de las fuerzas armadas regulares, que recluten
niños menores de 18 años de edad para su utilización en conflictos armados, y de que se impongan, en la práctica,
sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Por último, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para garantizar la adopción de una legislación que prohíba el reclutamiento de niños menores de 18 añosde edad para su utilización en conflictos armados y expresa la firme esperanza de que esta nueva ley establecerá

273

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre
todo progreso realizado a este respecto.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños enlas peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que ha finalizado un proyecto con la UNESCO titulado«Enseñar a un niño» cuyo objetivo es proporcionar asistencia institucional y técnica destinada a mejorar la calidad ycapacidad de la educación informal. Además, este proyecto tiene el objetivo de suministrar información alternativa a más
de 180 000 niños que se encuentran fuera del sistema escolar, incluyendo niñas y varones de zonas rurales y su integración
en la educación formal a través de un procedimiento acelerado de enseñanza. En este sentido, la UNESCO, con la ayuda
de los inspectores del trabajo, ha registrado a una serie de niños, incluidos los niños de la calle, para participar en este
proyecto de educación acelerada. Además, el Ministro de Educación ha puesto en marcha varias medidas desensibilización destinadas a los niños de las escuelas primarias en las regiones más desfavorecidas y con las tasas más
altas de abandono escolar en la gobernación de Bagdad.
Sin embargo, la Comisión toma nota de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, de 2011, de que el
38 por ciento de los niños de 12 a 17 años de edad no están escolarizados, y que las niñas están en una situación mucho
peor que la de los varones. Este informe indica también que según el estudio realizado con el apoyo del UNICEF en 2013,
sobre los niños no escolarizados, la tasa de abandono escolar de las niñas en la escuela primaria se cifró en el 19,4 por
ciento. Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales demarzo de 2015, expresó su preocupación por el hecho de que solamente la mitad de los niños en edad de asistir a laescuela secundaria asistan realmente, a consecuencia de que las escuelas son atacadas y los niños secuestrados camino a laescuela, y de que un número muy elevado de niños desplazados internamente y refugiados no tienen acceso a la enseñanza
(documento CRC/C/IRQ/CO/2-4, párrafo 72). La Comisión expresa su profunda preocupación por el gran número deniños privados de educación debido al clima de inseguridad predominante en el país. Considerando que la educación
contribuye a impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión urge al Gobierno
a que adopte las medidas necesarias para mejorar el acceso a la enseñanza básica gratuita de todos los niños,
especialmente de las niñas, los niños en las zonas rurales y en regiones afectadas por la guerra. La Comisión alienta
nuevamente al Gobierno a que refuerce las medidas para acrecentar las tasas de matriculación, asistencia, yterminación de la enseñanza primaria y secundaria y a reducir las tasas de abandono escolar para impedir laocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indiqueel número de niños que hayan abandonado la escolaridad que se benefician y continúan beneficiándose del proyecto«Enseñar a un niño».
Apartado b). Prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas detrabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Niños en conflictos armados. La Comisión toma
nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna en relación con sus comentarios anteriores relativos
a las medidas adoptadas para liberar a los niños de los grupos armados y garantizar su rehabilitación e inserción social.
La Comisión toma nota del Informe del Secretario General de que al menos 391 niños, e incluidas 16 niñas,
retenidos en centros de detención fueron acusados o condenados por actos relacionados con el terrorismo debido a su
presunta vinculación con grupos armados. La Comisión expresa su preocupación por la práctica de la detención ycondena de niños por su presunta vinculación con grupos o fuerzas armadas. En este sentido, la Comisión debe subrayar
que los niños menores de 18 años de edad vinculados a grupos armados deben ser considerados como víctimas y no como
infractores (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 502). En consecuencia, laComisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los niños liberados de los grupos
o fuerzas armadas sean tratados como víctimas y no como infractores. Además, insta al Gobierno a adoptar medidas
eficaces y en un plazo determinado para retirar a los niños de las fuerzas y grupos armados y garantizar su
rehabilitación e inserción social. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas
adoptadas en este sentido y sobre el número de niños retirados de las fuerzas armadas y reintegrados a la sociedad.
2. Esclavitud sexual. La Comisión toma nota de que el CRC, en sus observaciones finales de marzo de 2015,
repudió la esclavización sexual continua de los niños desde que surgió el EII. El CRC observó con máxima preocupación
los «mercados abiertos» por el EII en que venden a las niñas secuestradas después de colgarles una etiqueta con el precio,
y la esclavización sexual de los niños detenidos en cárceles improvisadas del EII (párrafo 44). La Comisión también toma
nota de que el CRC en sus observaciones finales al Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (documento
CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1) (párrafo 18) también expresó su profunda preocupación por el elevado número de niños que
permanecen en control del EII y la existencia de «mercados» en los que se vende a los miembros del EII a niños
secuestrados para su utilización como esclavos sexuales. La Comisión también toma nota del Informe del Secretario
General de que al menos 1 297 niños resultaron secuestrados incluyendo niñas de tan sólo 12 años quienes fueron
vendidas en las zonas controladas por el EII para utilizarlas en la esclavitud sexual. La Comisión urge al Gobierno aadoptar medidas efectivas y en un plazo determinado para liberar a los niños menores de 18 años de edad víctimas dela explotación sexual y garantizar su rehabilitación e integración social. La Comisión pide al Gobierno que

274

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto, así como sobre el número de niños
liberados de la explotación sexual y rehabilitados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

IrlandaLa Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la
producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley de Atención de la Infancia
protege a los niños de uso de drogas pero no de la utilización, reclutamiento u oferta de un niño para el tráfico de estupefacientes.
La Comisión toma nota de que la Ley de Atención de la Infancia (enmienda), de 2007, no contiene disposiciones que prohíban lautilización, el reclutamiento u oferta de un niño para la producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión pide nuevamente
al Gobierno que indique si existen disposiciones legales que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños parala realización de actividades ilícitas, incluyendo la producción y el tráfico de estupefacientes. De no ser así, solicita al
Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

IsraelConvenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2005)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o lasprácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus
comentarios anteriores la Comisión instó firmemente al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para asegurar laeliminación en la práctica de la utilización de niños en conflictos armados. Además pidió al Gobierno que adoptara lasmedidas necesarias para garantizar que se realicen investigaciones y procesamientos exhaustivos y que se impongan
sanciones suficientemente efectivas y disuasorias a las personas que utilizan a niños menores de 18 años de edad enconflictos armados.
La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. La Comisión
toma nota del Informe del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados, de junio de 2005 (Informe delSecretario General, 2015) de que los niños palestinos e israelíes siguen siendo afectados por la situación predominante deocupación militar, conflicto y cierre de la frontera. La violencia subsiguiente tuvo como consecuencia un incremento
considerable en el número de niños muertos y heridos, registrándose, como mínimo 561 niños muertos y 4 271 niños
heridos. La Comisión también toma nota de que el Comité sobre los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones
finales de julio de 2013, en relación con el seguimiento del Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en losconflictos armados, expresó su profunda preocupación por el continuo uso de niños palestinos por las fuerzas militares
israelíes como escudos humanos y que casi todos aquellos que utilizan niños como escudos humanos hayan resultado
impunes. Además, el CRC tomó nota con profunda preocupación por el hecho de que soldados israelíes hayan utilizado aniños palestinos para hacerlos entrar en edificios potencialmente peligrosos y para colocarlos al frente de los vehículos
militares a fin de detener el lanzamiento de piedras contra esos vehículos (documento CRC/C/ISR/CO/2-4, párrafo 71). La
Comisión expresa su preocupación por la situación actual de los niños afectados por los conflictos armados. Recuerda
que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años de edadpara utilizarlos en conflictos armados se considera una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud delartículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir laprohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Por consiguiente, laComisión exhorta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner término, en la práctica, a lautilización de niños menores de 18 años de edad en conflictos armados. Además, insta firmemente al Gobierno a que
adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y se lleven a cabo
procesamientos rigurosos de todas las personas, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas regulares que utilizan
niños menores de 18 años de edad en conflictos armados y que se impongan en la práctica sanciones efectivas ysuficientemente disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, proporcione información
sobre el número de investigaciones realizadas, procesamientos iniciados y condenas impuestas contra esas personas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

275

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 1999)

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESJamaicaConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)
Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota anteriormente deque, en consulta con los interlocutores sociales, se había elaborado un proyecto de lista con los tipos de trabajos o empleos
peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad. La Comisión tomó nota de que este proyecto de lista contenía
45 tipos de trabajos prohibidos. Tomó nota asimismo de que la lista de trabajos peligrosos se incluiría en los reglamentos
de la nueva ley sobre seguridad y salud en el trabajo (ley SST), cuando fuera adoptada.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en espera de la adopción de la nueva ley SST, se han
introducido mejoras en la lista actual para hacerla más exhaustiva. El Gobierno señala que facilitará dicha lista en cuantoesté disponible. Al tiempo que lamenta tomar nota de que el Gobierno ha estado elaborando esta lista desde 2006, laComisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que la lista de los trabajos peligrosos
prohibidos a los menores de 18 años de edad se adopte en un futuro próximo y a que la incluya en los reglamentos dela ley SST. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de la lista final cuando haya sido adoptada.
Artículo 7, 3). Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota anteriormente de que elartículo 34, 1) y 2), de la Ley de Atención y Protección del Niño autoriza el empleo de niños entre 13 y 15 años en las
ocupaciones que figuran en una lista de trabajos permitidos. En esta lista figuran trabajos ligeros que el Ministerioconsidera apropiados, y se especifica el número de horas durante las que estos niños pueden trabajar y las condiciones enlas que pueden hacerlo. En este sentido, el Gobierno señaló que un grupo de trabajo constituido por inspectores en materia
de seguridad, representantes de trabajadores y de empleadores ha examinado una lista provisional de trabajos ligeros y queésta se incluirá en los reglamentos de la nueva ley SST. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que
presentará la lista en cuanto esté disponible, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para garantizar que se adopten en un futuro próximo la ley SST y su reglamento correspondiente con lalista de trabajos ligeros que se permiten a los niños.
Artículo 9, 1). Sanciones y la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que lasinspecciones del trabajo se limitan al sector formal de la economía y que los inspectores aún no han detectado casos detrabajo infantil en el curso de las mismas. En este sentido, la Comisión tomó nota de la información aportada por la
OIT/IPEC respecto a que el sector informal es uno de los principales sectores en los que tiene lugar el trabajo infantil. No
obstante, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que el proyecto de ley SST sustituiría a la Ley de Fábricas yofrecería un marco más adecuado para que los inspectores del trabajo controlen los casos de trabajo infantil en sectores en
los cuales se les habían restringido sus competencias hasta el momento, incluido el sector informal. El Gobierno también
señaló que el proyecto de ley SST autoriza a los inspectores del trabajo a imponer las sanciones adecuadas cuando secomete una infracción. La Comisión tomó nota, no obstante, de que las facultades en materia de inspección de losfuncionarios del trabajo se limitan a los edificios comerciales y las fábricas, lo cual restringe mucho su capacidad decontrolar los sectores informales de la economía.
La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno, según la cual, en el marco de la
adopción de la nueva ley SST, se han realizado talleres de capacitación para los inspectores del trabajo con miras a laactualización de sus nuevas funciones y responsabilidades en virtud de la nueva ley. El Gobierno señala que es más que
probable que se aumente el número de inspectores atendiendo al aumento esperado de inspección en los lugares detrabajo. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que garantice la adopción de las disposiciones del proyecto de ley
SST que favorecerá a que los inspectores del trabajo impongan las sanciones adecuadas. La Comisión pide también al
Gobierno que redoble sus esfuerzos para garantizar que se imponen las sanciones adecuadas a quienes infrinjan las
disposiciones que dan cumplimiento al Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga intensificando sus
esfuerzos para reforzar la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo, incluso a través de la asignaciónde recursos adicionales, para preparar la ampliación de las competencias de la inspección del trabajo y el seguimientodel trabajo infantil en la economía informal, en virtud del proyecto de ley SST.
Artículo 9, 3). Registro de los empleados. La Comisión tomó nota anteriormente de que los textos legislativos
disponibles no contienen disposiciones que requieran al empleador que lleve registro u otro documento de las personas
empleadas o que trabajan para él o ella. No obstante, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que elmarco jurídico sobre la cuestión estaba siendo examinado por el Ministerio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se está revisando la Ley sobre el Cuidado y la Protección delos Niños (CCPA), de 2003, de forma que incluya disposiciones que obliguen a los empleadores a llevar registros de los
niños empleados en representaciones artísticas. La ley exige también que cualquier persona que emplee a un niño
notifique a la Unidad de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y proporcione los detalles
pertinentes para que le conceda la exención del permiso. La Comisión reitera que, en virtud del artículo 9, 3), delConvenio, las disposiciones legislativas deberán prescribir los registros que el empleador debe llevar y tener a disposición
de la autoridad competente y que los registros deberán precisar el nombre y apellido y la edad o fecha de nacimiento,
debidamente certificados siempre que sea posible, de todas las personas menores de 18 años que trabajen o estén
empleadas por él o ella, en todos los sectores y actividades y no sólo en representaciones artísticas. La Comisión, enconsecuencia, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias en un futuro próximo para garantizar que se276

enmienda la CCPA con objeto de incluir en ella disposiciones que prescriban los registros que deben llevar losempleadores que contratan a niños menores de 18 años, de conformidad con el artículo 9, 3), del Convenio.
Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que
el Gobierno señala que, a finales de 2015 y principios de 2016 se pondrá en marcha la realización de una encuesta
nacional sobre trabajo infantil. El Gobierno señala que, en diversas partes del país consideradas como «puntos calientes»,
se han realizado varias evaluaciones rápidas y sin aplicar criterios científicos (encuestas de sondeo), que han revelado
inicialmente que la mayoría de los niños que trabajan están empleados en trabajo doméstico (93 por ciento), seguido deactividades agrícolas y en los mercados callejeros. La Comisión toma nota asimismo de que la encuesta de indicadores
múltiples por conglomerados, realizada en 2011, el 16,7 por ciento de los niños y el 13,8 por ciento de las niñas, conedades comprendidas entre los 5 y los 11 años, están ocupados en trabajo infantil, así como el 11,6 por ciento de los niños
y el 9,7 por ciento de las niñas con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. La Comisión pide al Gobierno que
continúe sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil y que siga proporcionando información sobre las medidas
adoptadas a este respecto. La Comisión pide también al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para realizar una encuesta
sobre el trabajo infantil a fin de garantizar que se dispone de suficiente información actualizada sobre la situación delos niños trabajadores en Jamaica, a saber, datos sobre el número de niños y jóvenes que participan en actividades
económicas, así como estadísticas relativas a la naturaleza, el alcance y las tendencias del trabajo infantil.
La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tendrá en cuenta las observaciones de la Comisión
mientras concluye su proyecto de ley. La Comisión invita al Gobierno a que considere recurrir a la asistencia técnica
de la OIT para poner su legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta deniños para la prostitución. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley de Delitos Sexuales prohíbe el
reclutamiento de toda persona para que se dedique a la prostitución (artículo 18, 1), b)), y también vivir de las ganancias
de la prostitución (artículo 23, 1), a)). No obstante, la Comisión observó que la Ley de Delitos Sexuales no parece prohibirla utilización de menores de 18 años con fines de prostitución, esto es, por un cliente. La Comisión tomó nota, asimismo,de que el Gobierno señala que dos proyectos de ley han sido objeto de debate en el Parlamento en relación con los delitos
sexuales.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que está prohibido mantener relaciones sexuales con una
persona menor de 16 años y que mantener cualquier tipo de relación sexual con un niño es castigada con la pena máxima
de reclusión a perpetuidad. El Gobierno señala también que, en 2014, se creó un registro de delincuentes sexuales
dependiente del Departamento de Instituciones Penitenciarias. La Comisión recuerda al Gobierno que, según el artículo 2,
del Convenio, el término «niño» designa a toda persona menor de 18 años, y que el artículo 3, b), prohíbe específicamente
la utilización de un niño para fines de prostitución, esto es, por un cliente. La Comisión pide, en consecuencia, alGobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que su legislación contiene una prohibición de utilizar aniños menores de 18 años de edad con fines de prostitución, de conformidad con lo previsto en el Convenio.
Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particularla producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota anteriormente de que la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para realizar actividades ilícitas, en particular, la producción y el tráfico deestupefacientes, no parecen estar expresamente prohibidos por la legislación nacional pertinente. Tomó nota, asimismo, deque, en la práctica, en Jamaica se utilizan niños para el transporte y la venta de estupefacientes. No obstante, la Comisión
tomó nota de que la lista provisional de trabajos peligrosos prohibidos a los niños se prohíbe hacer participar a los niños
en actividades ilícitas y en la industria de los estupefacientes, e incluye disposiciones más específicas que prohíben a los
niños el cultivo de marihuana y la vigilancia de los campos donde se cultiva. La Comisión tomó nota asimismo de la
información de la Confederación Sindical Internacional de que en el país se utilizan niños para el transporte y la venta deestupefacientes.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que se incluirán disposiciones que prohíben la utilizaciónde niños en actividades ilícitas en la revisión de la Ley sobre el Cuidado y la Protección de los Niños así como en elproyecto de ley sobre seguridad y riesgos en el trabajo (ley SST). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción, en un futuro próximo, de las disposiciones que prohíben laparticipación de niños en actividades ilícitas y en la industria de los estupefacientes (tanto en la Ley sobre el Cuidado yla Protección de los Niños como en la ley SST). La Comisión pide asimismo al Gobierno que adopte medidas paragarantizar que este delito puede ser castigado con sanciones suficientemente eficaces y disuasorias.
Artículo 4, párrafo 1. Determinación de los trabajos peligrosos. En lo que se refiere a la adopción de una listade tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad, la Comisión pide al Gobierno que se
remita a sus observaciones detalladas en relación con el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138). La
Comisión llama también la atención del Gobierno sobre el artículo 4,1, del presente Convenio, con arreglo al cual lostipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d), deberán ser determinados por la legislación nacional o por la

277

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

autoridad competente, tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular, el párrafo 3
de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190).
Artículos 5 y 7, 1). Mecanismos de control, sanciones y aplicación del Convenio en la práctica. Trata de niños yprostitución infantil. La Comisión tomó nota anteriormente de que la trata de niños (en particular con fines deprostitución forzosa), y la explotación sexual comercial de niños (especialmente en áreas turísticas) constituyen unproblema en Jamaica. La Comisión tomó nota de que el Grupo especial de trabajo contra la trata de personas(NATFATIP) se encarga de la aplicación del plan de acción. La Comisión observó finalmente que el número de casos detrata de niños denunciados parece ser considerablemente más elevado que el número total de casos de trata que son
investigados.
La Comisión toma nota del Plan nacional de acción para combatir la trata de personas 2012-2015 que el Gobierno
adjunta a su memoria. La Comisión toma nota también de la declaración del Gobierno de que la Ley sobre la Trata dePersonas, de 2009, fue modificada en 2013, y prescribe circunstancias agravantes y sanciones más estrictas cuando lavíctima de la trata es un niño, en virtud del artículo 4A, 2), 1). El Gobierno denuncia además que se han puesto en marcha
35 investigaciones, cinco personas han sido arrestadas y dos han sido procesadas. La Comisión señala también que
fiscales, investigadores, jueces, inspectores del trabajo, trabajadores sociales y funcionarios públicos recibieron formación
sobre trata de personas. A su vez, se impartieron cursos de sensibilización a 76 oficiales adjuntos a la División deInvestigación del Crimen Organizado (OCID), así como a varios operadores de telefonía de la Oficina del Registro deNiños. Además, el cuerpo de policía de Jamaica elaboró procedimientos normativos ordinarios para la trata de seres
humanos y los servicios de inmigración, ciudadanía y pasaporte (PICA) han recibido formación en la toma de conciencia
sobre la distinción en cuanto al trato para las víctimas de trata. La Comisión toma nota de las medidas de sensibilización
adoptadas por el Gobierno para evitar la trata de personas. En este sentido, el Gobierno declara que el NATFATIP hafirmado un acuerdo con el servicio de información de Jamaica, la subdivisión de comunicaciones y medios de difusión delGobierno, con el fin de ofrecer un abanico de contenidos educativos para los medios de comunicación pública. Al tiempo
que toma debida nota de estas medidas, la Comisión observa que, según las observaciones finales de 2015 del Comité delos Derechos del Niño (documento CRC/C/JAM/CO/3-4, párrafo 62), el Estado parte es un país de origen, tránsito ydestino de adultos y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y observa con
preocupación las denuncias de participación forzada de niños en el comercio sexual, incluido el turismo sexual en el
Estado parte. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces paragarantizar en la práctica la protección de los niños frente a la trata y la explotación sexual con fines comerciales. La
Comisión pide al Gobierno que garantice que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas y procesamientos rigurososde quienes perpetran estos delitos y que se les imponen, en la práctica, sanciones lo suficientemente eficaces ydisuasorias. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a ese fin, incluso a
través del Plan de acción para combatir la trata de personas por parte del NATFATIP, y sobre los resultados
alcanzados, especialmente en lo que respecta al número de personas investigadas, condenadas y sentenciadas por casosde trata cuyas víctimas sean menores de 18 años.
Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Proporcionar la asistencia necesaria
y apropiada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción
social. Niños víctimas de trata y de prostitución. En relación con sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota
de que el Plan de acción para combatir la trata de personas prevé el establecimiento de mecanismos para la protección y la
atención a las víctimas, haciendo hincapié en el rescate, la retirada y la reinserción de los niños. La Comisión toma nota dela información que contiene la memoria del Gobierno de que, de conformidad con las directrices en materia de asistencia
al alojamiento aprobadas por el Consejo de Ministros, se ha puesto en marcha ya un albergue para mujeres y niños
víctimas de trata donde se les proporciona servicios en materia de salud, trabajo social, atención psicosocial y formación.
El Gobierno señala que, de las ocho víctimas detectadas, una era un niño, que ha sido puesto a disposición de la Agencia
para el Desarrollo de los Niños (CDA), y afirma que el albergue aloja actualmente a una de estas víctimas. Tomando nota
del reducido número de niños víctimas de trata a los que se ha prestado asistencia, la Comisión pide al Gobierno que
redoble sus esfuerzos para medidas efectivas y dentro de un plazo determinado para garantizar que se ofrecen servicios
apropiados, incluidos servicios jurídicos, psicológicos y médicos, a los niños víctimas de trata y de explotación sexual,
incluido el turismo sexual, a fin de facilitar su rehabilitación y reintegración social. La Comisión pide al Gobierno que
continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluida información sobre elnúmero de niños a los que han llegado estas iniciativas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Jordania
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)
Artículo 9, párrafo 1. Sanciones y la inspección del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, laComisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual se impartieron a los inspectores deltrabajo varias sesiones de formación para mejorar su eficacia al abordar las cuestiones de trabajo infantil. La Comisión
también toma nota de que el Gobierno informa que se proporcionaron a los inspectores del trabajo diez tabletas278electrónicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones y registrar información de las visitas de inspección. Se indica
también en la memoria del Gobierno que se han incrementado las visitas de inspección y se realizaron visitas
especializadas de inspección en sectores que emplean niños. A este respecto, la Comisión toma nota de que de las
3 718 inspecciones realizadas, se adoptaron medidas legales de conformidad con el artículo 77 del Código del Trabajo en
relación con 1 000 infracciones relacionadas con el trabajo infantil, además de las 1 650 advertencias de cierre deestablecimientos, y 1 068 medidas de asesoramiento y orientación.
La Comisión también toma nota de que según el Informe de la OIT/IPEC de evaluación rápida del trabajo infantil enel sector informal en tres gobernaciones de Jordania, de 2014 (Informe de evaluación rápida), en una campaña
recientemente llevada a cabo por el Ministerio del Trabajo se descubrieron cerca de 300 niños que trabajan, entre otros
lugares, en restaurantes, y puestos de venta de café en la calle, y el Ministerio proporcionó orientación a 18 instituciones,
formuló advertencias a otras 56 y en algunos casos se impusieron multas. La Comisión también toma nota de que en elInforme de evaluación rápida, en relación con una encuesta sobre el trabajo infantil llevada a cabo en tres gobernaciones,
y centrada principalmente en hogares de Siria y Jordania, se observa que parece incrementarse la incidencia del trabajo
infantil, no sólo entre los refugiados sirios, sino también entre los ciudadanos de Jordania. Además, el Comité de losDerechos del Niño en sus observaciones finales de julio de 2014, expresó preocupación por el hecho de que miles deniños, principalmente varones, continúen trabajando en el comercio al por mayor y en el sector agrícola y de niñas que
trabajen como empleadas domésticas (documento CRC/C/JOR/CO/4-5; párrafo 57). No obstante, la Comisión toma notadel Informe de evaluación rápida de que el número de 150 inspectores de los que se dispone actualmente es muy pequeño
para realizar una cobertura efectiva en todos los sectores, habida cuenta de las dimensiones del país. A este respecto, laComisión recuerda los comentarios formulados en 2014 en relación con el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
(núm. 81), según los cuales el Gobierno adoptó en 2012 una Estrategia de la inspección del trabajo destinada a reforzar ydesarrollar el sistema de inspección del trabajo, así como ampliar la cobertura de los servicios de inspección para quepudieran llegar al mayor número posible de lugares de trabajo. Por consiguiente, la Comisión alienta firmemente al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias, incluidas en el marco de su Estrategia de la inspección del trabajo, para
reforzar la capacidad de la inspección del trabajo y ampliar los servicios de la inspección a todos los sectores, de forma
que se asegure que todos los niños estén amparados por la protección establecida por el Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como sobre el número ynaturaleza de las infracciones relativas al empleo de niños y jóvenes observadas por la inspección del trabajo, el
número de personas procesadas y las sanciones impuestas.
La Comisión también plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 7, 2), del Convenio. Apartado a). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d).
Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños refugiados. La
Comisión toma nota de que según el informe del ACNUR sobre Jordania, de 2014, a finales de diciembre de 2014 el
número total de refugiados registrados era de 673 051 (623 112 de Siria), de los cuales el 50 por ciento son niños menoresde 18 años. La Comisión toma nota del Informe de la OIT/IPEC de evaluación rápida del trabajo infantil en el sector
informal en tres gobernaciones de Jordania, de 2014, de que uno de cada diez niños refugiados sirios están ocupados en
trabajo infantil. En ese informe también se indica que el acceso a la educación es un aspecto que indica la vulnerabilidad
considerable entre los sirios debido a que, según estimaciones, el 60 por ciento de los niños en edad escolar no asisten a laescuela. Además, la Comisión toma nota de que según el informe del UNICEF titulado «Salvar a los niños», cerca de la
mitad de todos los niños sirios refugiados en Jordania colaboran al sostén de la familia o constituyen el único sostén de lamisma, y la mayoría de ellos participan en conflictos armados, son objeto de explotación sexual y de actividades ilícitas,
incluida la mendicidad organizada y la trata de niños. Por último, la Comisión toma nota de que, según el informe de la
OIT titulado «Respuesta de la OIT a la crisis de refugiados sirios en Jordania y Líbano», de marzo de 2014, numerosos
niños refugiados trabajan en condiciones peligrosas en la agricultura y en el sector informal urbano, en la venta ambulanteo la mendicidad, y se estima que 30 000 niños trabajadores en Jordania son vulnerables al abuso y a la explotación. La
Comisión expresa su profunda preocupación por la situación y por el elevado número de niños sirios refugiados en
Jordania expuestos a las peores formas de trabajo infantil, incluidos los trabajos peligrosos. En consecuencia, laComisión insta al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para proteger a los niños sirios
refugiados de las peores formas de trabajo infantil y que proporcione la asistencia directa necesaria y adecuada paraliberarlos de esa situación y proceder a su rehabilitación e integración social. La Comisión solicita al Gobierno quesuministre información sobre las medidas adoptadas a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

279

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESKazajstánConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Inspección del trabajo y la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota de la indicación delGobierno, según la cual, en el curso de las inspecciones llevadas a cabo como parte de una campaña a escala nacional contra el
trabajo infantil, se reveló que se utilizó trabajo infantil en el lavado de coches (en condiciones de frio y humedad); en losmercados de las ciudades (transporte de mercancías en carretillas y descarga de mercancías); en comercios minoristas privados;en la agricultura; y como asistentes en gasolineras, incluso por la noche. La Comisión tomó nota asimismo de que el Comité deDerechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), en sus observaciones finales de 7 de junio de 2010, expresó su
preocupación por la persistencia del trabajo infantil en el país (documento E/C.12/KAZ/CO/1, párrafo 27).
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, junto con el control del Estado, también existe uncontrol público de la legislación laboral en las empresas o en las organizaciones por parte del inspector de seguridad y salud
públicas, nombrado por el comité sindical de la empresa/organizaciones. En este sentido, la Comisión toma nota del informe deproyecto OIT/IPEC, de junio de 2013, sobre la lucha contra el trabajo infantil en Asia Central (PROACT CAR Fase III), según elcual se realizó, en Astana City y en la región de Akmola, en 2012, y en Shymkent City, en abril de 2013, un proyecto deformación sobre trabajo infantil y sus conceptos de vigilancia, así como la incorporación del trabajo infantil en el sector de laenseñanza. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, en relación con el Convenio
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), según la cual, dentro de este proyecto, se celebraron siete sesiones
de formación a las que asistieron 133 personas, incluidos empleadores, empresarios, afiliados sindicales y docentes. La Comisión
también toma nota del informe del proyecto de la OIT/IPEC, de junio de 2013, según el cual se aplicó en Kazajstán, del 16 demayo al 15 de agosto de 2013, un programa que emprendió una campaña de sensibilización pública en 14 regiones, durante lascuales se identificaron 76 niños implicados en trabajo infantil peligroso, incluso en los mercados (35), como camareros (31), enestaciones de servicio como lavadores de coches (ocho) y en gasolineras (dos), al tiempo que 14 empleadores fueron
administrativamente responsables de la violación del Código del Trabajo. La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que
intensifique sus esfuerzos, en colaboración con la OIT/IPEC, para controlar y combatir de manera efectiva el trabajo infantil
en el país. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información acerca del número de inspecciones sobre
trabajo infantil llevadas a cabo por los inspectores del trabajo del Estado, así como por los inspectores de seguridad y salud
públicas, y sobre el número de violaciones detectadas y de sanciones impuestas a este respecto.
Plantaciones de tabaco y de algodón. La Comisión tomó nota con anterioridad de la declaración del Gobierno, según lacual se prohíbe emplear a menores en las plantaciones de tabaco y de algodón, y la lista de trabajos en los que está prohibido elempleo de trabajadores menores de 18 años (de junio de 2007) incluye, tanto a los trabajadores de los sectores del algodón comodel tabaco. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales
de 19 de junio de 2007, expresó su preocupación por el importante número de niños ocupados en trabajos de las industrias deltabaco y del algodón (documento CRC/C/KAZ/CO/3, párrafo 63). También tomó nota de que el CDESC, en sus observaciones
finales de 7 de junio de 2010, expresó su preocupación por el trabajo infantil en Kazajstán realizado por hijos de trabajadores
migrantes en los establecimientos agrícolas de tabaco y algodón, y de que esos niños no asisten a la escuela durante los períodos
de cultivo (documento E/C.12/KAZ/CO/1, párrafo 27). Además, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos delNiño, en sus observaciones finales de 19 de agosto de 2011, lamentó el aumento del número de niños empleados en los campos
de algodón y de tabaco (documento CCPR/C/KAZ/CO/1, párrafo 16).
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en relación con el Convenio núm. 182, según la cual un centro social
de prevención de las peores formas de trabajo infantil estuvo funcionando en la provincia de Almaty desde 2008, puso en práctica
un proyecto titulado «Prevención de la utilización del trabajo infantil», conjuntamente con la ONG Karlygash y TOO Philip
Morris de Kazajstán. En el marco de este proyecto, se aplicaron, para los niños que viven en las poblaciones rurales, incluidos loshijos de los trabajadores migrantes, los siguientes componentes:–
educación complementaria, adquisición de competencias informáticas, desarrollo de habilidades artesanales, deportes y artes;–
formación ocupacional a 14 niños, en 2011, y a 28 niños, en 2012;–
suministro de asistencia material y de accesorios escolares a 150 niños, y–organización de un tiempo de esparcimiento de calidad, a efectos de impedir que se utilice a niños en la cosecha del tabaco.
Por ejemplo, cada año, la empresa Philip Morris de Kazajstán organiza vacaciones de verano para los hijos de trabajadores
migrantes. De 2011 a 2012, un total de 594 niños participaron en los programas de vacaciones de verano.
La Comisión toma nota del informe del proyecto de la OIT/IPEC, de junio de 2013, según el cual se está aplicando unprograma de acción sobre «Establecimiento e implementación del sistema de vigilancia del trabajo infantil (CLMS) en el distrito de
Maktaaral, en la región meridional de Kazajstán». Este programa de acción se dirige a establecer el CLMS en la agricultura, el
desarrollo de la capacidad de las autoridades nacionales y locales en el CLMS, suministrando servicios directos a los niños
implicados o en riesgo de entrar en el trabajo infantil en la agricultura, y sensibilizando a los miembros de la comunidad, al público
general y a los medios de comunicación. Sin embargo, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en relación con el
Convenio núm. 182, según la cual, con arreglo a los datos disponibles en la Fiscalía del distrito de Maktaaral, se encontró que 39
alumnos de séptimo a undécimo grados estaban implicados en la cosecha de algodón durante las horas escolares, al tiempo que se
encontró que ocho niños de colegios secundarios trabajaban durante la cosecha del tabaco en el distrito de Karatal. La Comisión tomadebida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para eliminar el trabajo infantil en la agricultura, en particular en lasplantaciones de tabaco y de algodón. La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar laeliminación del trabajo infantil en las plantaciones de tabaco y algodón, incluso a través del fortalecimiento de la inspección deltrabajo. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, ysobre los resultados obtenidos. También solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de niños y de
jóvenes por debajo de la edad mínima implicados en el trabajo infantil en las plantaciones de algodón y de tabaco.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.
280

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESConvenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota con anterioridad de que los estudios sobre el trabajo
infantil en Kazajstán revelaron que en su mayoría los niños se encuentran ocupados en la agricultura y en el sector informal. En laagricultura el trabajo infantil se identificó en su mayor parte en la cosecha de algodón y de tabaco, aunque este trabajo agrícola
está prohibido a los menores de 18 años. En este aspecto, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que lasinvestigaciones en la provincia de Almaty revelaron que los niños de Kirguistán (con edades entre 6 y 15 años) trabajan en loscampos de tabaco aproximadamente 75 horas por semana y que se han detectado niños de Uzbekistán trabajando los campos dealgodón en el distrito de Makhtaaral en el sur de Kazajstán. La Comisión también tomó nota de que la Comisión de Derechos
Humanos, en sus observaciones finales de 19 de agosto de 2011, lamentó el aumento del número de niños empleados en loscampos de algodón y tabaco (documento CCPR/C/KAZ/CO/1, párrafo 16).
La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno en relación con los diversos órganos devigilancia del trabajo infantil, además de la Inspección Estatal de Trabajo y el Ministerio Fiscal, tales como la Comisión deControl y Seguridad Social; el Comité de Protección de los Derechos del Niño (CPRC); el Consejo Nacional de Coordinaciónpara Combatir el Trabajo Infantil (NCCCL); la Confederación de Empleadores (COE), y la Federación de Sindicatos (FTU) de la
República de Kazajstán. La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que, tras las propuestas del NCCCL, el
Gobierno adoptó la orden núm. 468 de 2010, por lo que se garantiza el acceso a la educación de los niños migrantes.
La Comisión también toma nota de la detallada información sobre los distintos seminarios y conferencias organizados en
los diferentes distritos para hacer conocer a los participantes de qué modo se realiza el seguimiento del trabajo infantil. En
consecuencia, la Comisión toma nota de que en junio de 2012 se celebró en Makhtaaral una conferencia mesa redonda con laasistencia del CPRC, especialmente con la participación de los directores de las principales plantas y estaciones receptoras dealgodón y ONG en los programas para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en la región durante la cosecha dealgodón y la observancia de la Ley sobre la Enseñanza Obligatoria para los Niños. Además, el Ministerio de Trabajo, con laasistencia del akimat de la provincia de Almaty y la Unión de Productores y Exportadores de Productos Básicos de Kazajstánorganizó una mesa redonda en la ciudad de Almaty que tuvo como consecuencia la adopción de una resolución sobre«condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas de la provincia de Almaty».
Asimismo, la Comisión toma nota del informe sobre el proyecto OIT/IPEC de junio de 2013, de que en el distrito
Makhtaaral en la región de Kazajstán del Sur, se está aplicando un programa de acción sobre el «Establecimiento a título
experimental de un Sistema de Vigilancia del Trabajo Infantil (CLMS)». Este programa de acción tiene el objetivo de establecerel CLMS en la agricultura, fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y locales en los CLMS, proporcionando serviciosde asistencia directa a los niños ocupados o expuestos al riesgo de ser objeto de trabajo infantil en la agricultura, incrementar lasensibilización de los miembros de la comunidad del público y de los medios de comunicación. No obstante, la Comisión
lamenta la insuficiencia de datos sobre los niños que trabajan en la agricultura, especialmente en las plantaciones de algodón y detabaco. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se faciliten
datos suficientes sobre la situación en Kazajstán de los niños que trabajan. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno quesiga adoptando medidas para impartir formación a los diversos organismos de vigilancia del trabajo infantil con objeto de que
puedan efectuar el seguimiento de la aplicación efectiva de las disposiciones nacionales que dan efecto al Convenio. Porúltimo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el número de inspecciones efectuadas por losinspectores del trabajo y el Ministerio Público, las violaciones detectadas y las penas aplicadas relacionadas con el trabajo
realizado por los niños menores de 18 años, incluyendo en la cosecha de algodón y de tabaco.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Kenya
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1979)
Tras las solicitudes formuladas al Gobierno de Kenya por esta Comisión y la Comisión de Aplicación de Normas dela Conferencia, en su 102.ª reunión (junio de 2013), de aceptar una misión al país, la Comisión toma nota con interés deque tuvo lugar, en Nairobi, del 26 al 28 de agosto de 2014, una misión de contactos directos de la OIT.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota conanterioridad de la información comunicada por el representante gubernamental de Kenya a la Comisión de la Conferencia,
en junio de 2013, sobre los esfuerzos realizados para mejorar la situación del trabajo infantil, a través de reformas
legislativas y constitucionales, de asistencia técnica y de proyectos y programas pertinentes, incluido el proyecto
OIT/IPEC, «Lucha contra el trabajo infantil mediante la educación» (TACKLE) y el apoyo al proyecto de plan nacionalde acción (SNAP), aplicado con el apoyo de la OIT/IPEC. Sin embargo, tomó nota de que la Comisión de la Conferencia,
en sus conclusiones de junio de 2013, al tiempo que tomaba nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para
combatir el trabajo infantil, expresaba su profunda preocupación ante el elevado número de niños que no asistían a laescuela y que estaban implicados en el trabajo infantil, incluido el trabajo peligroso, en Kenya. Además, la Comisión tomó
nota de que, según las conclusiones de la encuesta de mercado de trabajo de la OIT/IPEC, realizada en los distritos deBusia y Kitui, en 2012, son más de 28 692 los niños implicados en el trabajo infantil en el distrito de Busia, la mayoría delos cuales participa en trabajos agrícolas, trabajo doméstico, venta ambulante o tráfico de drogas. Del informe de laencuesta en el distrito de Kitui, se deduce que trabaja el 69,3 por ciento de los niños mayores de 5 años de edad, lamayoría con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. De éstos, el 27,7 por ciento realiza trabajos agrícolas, el281

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

17 por ciento, trabajos domésticos, el 11,7 por ciento, recogida de áridos y el 8,5 por ciento se dedica a la trituración depiedras y a la fabricación de ladrillos.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se establecieron varios programas de apoyosocial, incluidos los programas de transferencia monetaria dirigidos a aportar una seguridad del ingreso a los grupos
vulnerables de la sociedad cuando los niños pueden ser obligados a abandonar la escuela. También toma nota de que,según el informe del proyecto SNAP, de enero de 2014, se impidió y retiró del trabajo infantil a un total de 8 489 niños(4 687 niñas y 3 802 niños). La Comisión toma nota asimismo de que la OIT/IPEC, a través del Programa de acción
global (GAP 11), apoyó varias iniciativas que incluyen la realización de un análisis de situación para los niños
trabajadores domésticos de Kenya. En consecuencia, se adoptó una Hoja de ruta sobre el fortalecimiento del marco
institucional y legislativo para la protección de los niños que realizan trabajos domésticos. Al tiempo que toma nota de las
diversas medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión toma nota del informe del proyecto SNAP, de 2014, según elcual el trabajo infantil sigue constituyendo un desafío para el desarrollo de Kenya, que se vincula con asuntos tales comosu acceso a la educación, a la formación profesional y a servicios conexos, a la protección social y a la lucha contra lapobreza. Por consiguiente, la Comisión insta vivamente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para mejorar lasituación de los niños menores de 16 años de edad y a que garantice la progresiva eliminación del trabajo infantil,
incluido el trabajo doméstico realizado por niños en el país. Solicita al Gobierno que siga comunicando información
sobre las medidas adoptadas en este sentido, así como sobre los resultados obtenidos. Además, la Comisión solicita al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se disponga de información estadística actualizada sobre elempleo de niños y jóvenes en el país.
Artículo 3, 2). Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de la
declaración del Gobierno, según la cual la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores de 18 años deedad, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Trabajo, sería incorporada al reglamento sobre la Ley del Empleo, de
2013, y que se adoptaría pronto. Solicitó al Gobierno que garantizara la adopción, en un futuro próximo, del reglamento.
La Comisión toma nota con satisfacción de que el cuarto apartado del reglamento sobre el empleo (general),
adoptado en 2014, contiene una lista de 18 sectores que incluyen 45 tipos de trabajos prohibidos a los menores de 18 añosde edad (artículo 12, 3), leído conjuntamente con el artículo 24, e)). Estos sectores incluyen: el trabajo doméstico; lostransportes; los conflictos internos; la minería y la trituración de piedras; la recogida de áridos; el cultivo del mira; elpastoreo de animales; la fabricación de ladrillos; la agricultura (trabajo con maquinaria, sustancias químicas, traslado ytransporte de cargas pesadas); el trabajo de empresas industriales, almacenamiento; trabajos de construcción de edificios(cavar la tierra, trasladar piedras, mover arena con palas, cemento, trabajos con metales, soldadura, trabajos en altura, enespacios cerrados y con riesgo de derrumbamiento de estructuras); pesca en aguas profundas de lagos y mares; fabricaciónde cerillas y fuegos de artificio; tenerías; sector urbano informal y el trabajo en la calle (mendicidad); recolección manualde desperdicios; turismo; y trabajos en los servicios. La Comisión toma nota asimismo de que, según el artículo 16 delreglamento sobre el empleo (general), toda persona que contravenga cualquiera de las disposiciones relacionadas con elempleo de niños, incluida la prohibición de empleo de niños en los tipos de trabajo peligrosos que figuran en la lista delapartado cuarto, serán pasibles de una multa no superior a 100 000 chelines (aproximadamente, 982 dólares de los Estados
Unidos) o de una pena de prisión por un lapso no superior a seis meses, o de ambas. La Comisión pide al Gobierno que
comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 16 del reglamento sobre el empleo (general), de2014, incluidas las estadísticas sobre el número y la naturaleza de las violaciones registradas y de las sanciones
impuestas por las violaciones en virtud de los artículos 12, 3), y 24, e).
Artículo 7, 3). Determinación de los trabajos ligeros. Tomando nota de la declaración del Gobierno, según lacual se desarrolló la reglamentación que prescribe los trabajos ligeros en los que un niño mayor de 13 años de edad puede
ser empleado y las condiciones de ese empleo, en virtud del artículo 56, 3), de la Ley del Empleo, la Comisión expresó lafirme esperanza de que este reglamento se adopte pronto.
La Comisión toma nota con interés de que, según el artículo 12, 4), del reglamento sobre el empleo (general), un
menor de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, puede ser empleado en cualquier trabajo ligero contenido en elapartado quinto, que incluye: el trabajo realizado en la escuela como parte del plan de estudios; el trabajo agrícola uhortícola no superior a dos horas; la entrega de periódicos o materiales impresos; el trabajo en tiendas que incluyen el
apilamiento de estantes; peluquerías en las casas, trabajos de oficina ligeros; lavado de coches a mano en entornos
residenciales privados; y trabajos en cafeterías o restaurantes, siempre que la naturaleza del trabajo se limite a servir en lasmesas. Además, el artículo 26 del reglamento sobre el empleo (general), prohíbe que los menores de edades comprendidas
entre los 13 y los 16 años estén empleados en trabajos que sean susceptibles de ser nocivos para la salud y el desarrollo delniño o que interfieran en la educación del niño.
Artículo 8. Representaciones artísticas. La Comisión tomó nota con anterioridad del artículo 17 de la Ley sobre
los Niños, que dispones que éstos deben poder participar en actividades culturales y artísticas y disfrutar de éstas. También
tomó nota de la información del Gobierno, según la cual se formuló un reglamento sobre el otorgamiento de permisos para
representaciones artísticas, que se entregaron para su adopción en virtud del reglamento sobre la Ley del Empleo, de 2013.
La Comisión toma nota del informe del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Servicios (informe sobre el
MoLSS) a la visita de la misión de contactos directos de la OIT, de agosto de 2014, según el cual las reglas y losreglamentos relativos a la participación de los menores de 18 años de edad en actividades publicitarias, artísticas y282

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESConvenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículos 3, d), 4, 1), y 7, 2), a) y b), del Convenio. Trabajo peligroso y medidas efectivas y en un plazo
determinado con el fin de impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y liberarlos de las peores
formas de trabajo infantil. Trabajo doméstico infantil. La Comisión toma nota de que el artículo 12, 3), leído
conjuntamente con el artículo 24, e), del reglamento sobre el empleo (general), de 2014, prohíbe el empleo de niños
menores de 18 años de edad en varios tipos de trabajos peligrosos que figuran en la lista del apartado cuarto delreglamento, incluido el trabajo doméstico. La Comisión también toma nota de que la OIT/IPEC, a través del Programa deAcción Global (GAP 11), apoyó varias actividades, incluida la realización de un análisis de situación para los niños
trabajadores domésticos de Kenya. Según el informe del GAP, de 2014, el análisis de situación reveló que los niños
mayores de 16 años de edad, algunos de los cuales comenzaron a trabajar a los 12-13 años, están implicados en el trabajo
doméstico en Kenya. Muchos están mal remunerados y el trabajo durante largas horas con un promedio de 15 horas al día,
son objeto de abusos físicos y sexuales. Toma nota asimismo de que, según el informe titulado Hoja de ruta para protegera los niños trabajadores domésticos en Kenya: Fortaleciendo la respuesta institucional y legislativa (Road Map toProtecting Child Domestic Workers in Kenya: Strengthening the Institutional and Legislative Response), de abril de 2014,
se estima entre 350 000 el número de niños trabajadores domésticos de Kenya, la mayoría de los cuales son niñas deedades comprendidas entre los 16 y los 18 años. La Comisión toma nota con preocupación el gran número de niños
menores de 18 años de edad que están implicados en el trabajo doméstico y son objeto de condiciones laborales
peligrosas. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se
aplique efectivamente su nueva reglamentación sobre trabajos peligrosos, con el fin de impedir que los trabajadoresdomésticos menores de 18 años de edad estén ocupados en trabajos peligrosos. También solicita al Gobierno que
adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para suministrar la asistencia directa necesaria y adecuada, con el
fin de librar a los niños ocupados en trabajos domésticos de condiciones laborales peligrosas y garantizar su
rehabilitación e inserción social. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre lasmedidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos, en cuanto al número de niños trabajadoresdomésticos librados y rehabilitados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

KirguistánConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota conanterioridad de que, según estimaciones de la Encuesta Nacional sobre el trabajo infantil (CLS), 2007, son económicamente
activos 672 000 de 1 467 000 niños de edades comprendidas entre los cinco y los 17 años en Kirguistán (el 45,8 por ciento). La
prevalencia del empleo entre los niños aumenta con la edad: del 32,7 por ciento de niños de edades comprendidas entre los 5 y los
11 años; al 55 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años; y el 62,3 por ciento de los niños deedades comprendidas entre los 15 y los 17 años.
La Comisión toma nota de que, en el marco del proyecto OIT/IPEC, titulado «Combatir el trabajo infantil en Asia Central:
El compromiso traducido en acción» (PROACT CAR Fase III), que se dirige a contribuir a la prevención y eliminación de laspeores formas de trabajo infantil en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, se realizó una amplia gama de acciones para combatir el
trabajo infantil, incluidas sus peores formas, en Kirguistán. Estas incluyen la adopción del Código de los Niños, de 31 de mayo de
2012, cuyo artículo 14 prohíbe la utilización de trabajo infantil; la elaboración, en 2012, de la legislación y las políticas sobre
trabajo infantil y empleo juvenil, en Kirguistán, cuyo objetivo es identificar el vínculo entre la eliminación del trabajo infantil y lapromoción del empleo juvenil; la finalización de las directrices sobre la vigilancia del trabajo infantil en Kirguistán; así como un
número de programas de acción encaminados a establecer zonas libres de trabajo infantil y a establecer sistemas de vigilancia deltrabajo infantil en varias regiones del país. La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos hacia laprogresiva eliminación del trabajo infantil, en el marco del proyecto PROACT CAR Fase III, de la OIT/IPEC, y a que
comunique información sobre los resultados obtenidos, en particular respecto de la reducción del número de niños que
trabajan por debajo de la edad mínima (16 años) y en trabajos peligrosos.
Artículo 2, párrafo 1. Campo de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la
información del Gobierno, según la cual el Fiscal General de la República de Kirguistán y la Inspección del Trabajo del Estado

283

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menoresculturales, se presentarán a la Oficina del Fiscal General para su inclusión en el Boletín Oficial. Según este informe, esta
reglamentación incluye disposiciones vinculadas con los contratos de empleo, la remuneración, las horas de trabajo, elárea de protección y los delitos y procedimientos legales. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopte, en
un futuro próximo, el reglamento relativo a la participación de niños en actuaciones artísticas. Pide al Gobierno quetransmita una copia en cuanto se haya adoptado.
Tomando nota del informe del MoLSS, según el cual tiene la intención de solicitar la asistencia técnica de la OIT
en sus esfuerzos por combatir el trabajo infantil, la Comisión alienta al Gobierno a que considere la solicitud deasistencia técnica de la OIT.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

son responsables de la aplicación y de la ejecución de la legislación del trabajo. Tomó nota de las disposiciones relativas a la edadmínima aplicadas al trabajo realizado en el hogar o en una empresa, el trabajo doméstico, el trabajo contratado, la agriculturacomercial y la agricultura familiar y de subsistencia. Sin embargo, tomó nota de la declaración que figura en un informe de 2006de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (en la actualidad, Confederación Sindical Internacional),
según la cual muchos niños trabajan en empresas familiares, servicios domésticos, agricultura (tabaco, algodón, arroz), ganadería,
venta de gasolina, lavado de coches, limpieza de zapatos, venta de productos al borde de la carretera y ventas al por menor detabaco y alcohol. La Comisión también tomó nota de la información del Gobierno, según la cual el trabajo infantil está extendido
en establecimientos agrícolas, empresas privadas, actividades empresariales individuales y empleo por cuenta propia.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual el Código del Trabajo, en virtud de su artículo 18, se
aplica a las partes implicadas en relaciones laborales contractuales, esto es, el trabajador y el empleador. Sin embargo, toma nota
de que, según la CLS, una aplastante mayoría de los niños que trabajan (el 96 por ciento), lo hacen en la agricultura o en la
producción doméstica, y en términos de estatuto laboral, la abrumadora mayoría (el 95 por ciento) son trabajadores familiares noremunerados. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar que los niños que trabajan por
cuenta propia, los niños que están en la economía informal y los niños que trabajan en granjas familiares, gocen de laprotección establecida en el Convenio. En este sentido, solicita una vez más al Gobierno que indique toda medida adoptada oprevista para fortalecer la inspección del trabajo, en particular en los mencionados sectores. Por último, la Comisión solicita
una vez más al Gobierno que transmita información sobre la manera en que la Inspección del Trabajo del Estado y el Fiscal
General aplican las disposiciones legislativas específicas que dan efecto al Convenio.
Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según el artículo 18 del Código delTrabajo, los alumnos que llegaron a la edad de 14 años pueden concluir un contrato de trabajo con el consentimiento por escritode sus padres, tutor o curador para realizar un trabajo ligero fuera de las horas escolares, siempre que no dañe su salud y nointerfiera en su educación. La Comisión tomó nota de que, según los artículos 91 y 95 del Código del Trabajo, las horas detrabajo para los trabajadores de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, no superarán las 24 horas a la semana, y las horasde trabajo diarias no superarán cinco horas. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara de qué manera se
garantiza la asistencia a la escuela de los niños que trabajan cinco horas al día. También solicitó al Gobierno que indicara lasactividades en las que puede permitirse un trabajo ligero a los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años.
La Comisión toma nota de la información que figura en la CLS de 2007, según la cual, a pesar del elevado ratio de empleo
en los niños, la asistencia escolar es también muy elevada, con el 98,9 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los
7 y los 14 años y el 89,2 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, que asisten a la escuela. Sin
embargo, también se observó que los niños que trabajan tienen unas tasas de asistencia escolar ligeramente más bajas que los
niños que no trabajan. Entre los niños que no trabajan con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, la tasa de asistencia
escolar se estima en el 97,4 por ciento, en comparación con el 94,5 por ciento de los niños que trabajan con edades comprendidas
entre los 7 y los 17 años, una diferencia que se traduce principalmente en una asistencia escolar más baja en el caso de los niños
con más edad que trabajaban. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar que los niños
menores de 14 años de edad no estén ocupados en un trabajo o empleo. Con respecto a los niños mayores de 14 años de edad
ocupados en trabajos ligeros, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que no sevea perjudicada su asistencia a la escuela. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que indique las actividadesen las que pueden permitirse los trabajos ligeros a los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años. Si estas
actividades aún no fueron determinadas por la ley, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para
adoptar una lista de los tipos de actividades de trabajos ligeros que pueden permitirse a los niños mayores de 14 años de edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2004)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas
similares a la esclavitud. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 124, 1), del Código
Penal prohíbe la trata de personas, y el artículo 124, 2), especifica que la trata de personas menores de 18 años de edad constituye
un delito agravado. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno al Comité de Derechos del Niño (CRC),
según la cual las víctimas de la trata de personas en Kirguistán no son sólo mujeres y niños utilizados para la explotación sexual
en Turquía, China y los Emiratos Árabes Unidos sino también ciudadanos kirguisos vendidos en Kazajstán para trabajar enplantaciones de tabaco (mayo de 2006, documento CRC/C/OPSC/KGZ/1, pág. 10). La Comisión toma nota asimismo de que elComité de Derechos del Niño, en sus observaciones finales, expresó que lamentaba la falta de datos estadísticos y la falta deinvestigación sobre la prevalencia de la trata nacional y a través de las fronteras y la venta de niños (2 de febrero de 2007,
documento CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, párrafo 9).
La Comisión toma nota de la información de la OIT/IPEC, según la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores estádesarrollando un Plan nacional de acción contra la trata de seres humanos para 2012-2015. La Comisión también toma nota de la
información del informe del Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, de
28 de mayo de 2010, según el cual sigue constituyendo un problema en el país la trata de mujeres y niños para su explotación
sexual y el trabajo forzoso (documento A/HRC/14/22/Add.2, párrafo 33).
La Comisión debe expresar nuevamente su preocupación por la falta de datos sobre la prevalencia de la trata de niños en
Kirguistán, así como de informes sobre la prevalencia de este fenómeno en el país. En consecuencia, la Comisión solicita al
Gobierno que prosiga sus esfuerzos para adoptar el Plan nacional de acción contra la trata de seres humanos, y que
comunique información sobre las medidas adoptadas en este marco para combatir la trata de personas menores de 18 años deedad, en cuanto se hayan adoptado. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias paragarantizar que se hagan disponibles datos suficientes sobre la venta y la trata de personas menores de 18 años de edad. En ese
sentido, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre el número de infracciones

284

notificadas, investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas por violaciones del artículo 124 delCódigo Penal. En la medida de lo posible, toda la información comunicada debería estar desglosada por sexo y edad.
Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que el artículo 157, 1), del Código Penal considera delito que una persona implique a un menor en laprostitución, mientras que, según los artículos 260 y 261 del Código Penal la inducción a la prostitución es un delito. La
Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual está aumentando el número de niños de la calle y deniños en grupos de riesgo a los que se obliga a dedicarse a la prostitución. Además, la Comisión tomó nota de que el CRC, en sus
observaciones finales, expresó su preocupación de que en algunos casos de prostitución infantil, no se hayan iniciado
investigaciones y procesamientos, y de que los niños víctimas puedan ser considerados responsables, juzgados y colocados endetención (documento CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, párrafos 17 y 21). La Comisión expresó su preocupación de que continúe laprostitución infantil, en parte debido a la falta de supervisión legal, y de que los niños que son víctimas de riesgo de explotación
sexual comercial sean considerados delincuentes.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la prostitución es una de las formas de trabajo infantil
a que apunta el Programa de Acción de los interlocutores sociales para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Sin
embargo, la Comisión también toma nota de la información contenida en el informe del Relator Especial de la ONU sobre laviolencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, de 28 de mayo de 2010, según la cual las niñas adolescentes del país son
especialmente vulnerables a la explotación sexual comercial en las zonas urbanas, procediendo la mayoría de las niñas implicadasde las zonas rurales (documento A/HRC/14/22/Add.2, párrafo 35). Tomando nota de la ausencia de información sobre laaplicación en la práctica de las disposiciones del Código Penal relacionadas con la prostitución infantil, la Comisión solicita
una vez más al Gobierno que comunique esta información, en particular las estadísticas sobre el número y la naturaleza delas infracciones notificadas, investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones aplicadas. También solicita al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para garantizar que los niños utilizados, reclutados u ofrecidos para su explotación sexualcomercial, sean tratados como víctimas y no como delincuentes. Por último, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que
indique si la legislación nacional contiene disposiciones que penalicen específicamente al cliente que utiliza niños menores de
18 años de edad con fines de prostitución.
Apartado d). Trabajos peligrosos. Niños que trabajan en la agricultura. La Comisión tomó nota anteriormente de que
el artículo 294 del Código del Trabajo, prohíbe el empleo de personas menores de 18 años de edad en trabajos en condiciones
perjudiciales y peligrosas (incluida la manufactura de tabaco), y de que se aprobó una lista detallada de las ocupaciones
prohibidas a las personas menores de 18 años. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que está extendido el recurso al trabajo
peligroso infantil en el sector de la agricultura, en particular en los campos de tabaco, arroz y algodón, y de que en las zonas
rurales no se aplica estrictamente la reglamentación que prohíbe la ocupación de niños en esos trabajos. En ese sentido, laComisión toma nota de la declaración contenida en un informe de 2006 de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (en la actualidad, la Confederación Sindical Internacional), titulado «Normas fundamentales del trabajo
reconocidas internacionalmente en Kirguistán», según el cual algunas escuelas exigen que los niños participen en la cosecha deltabaco y que los ingresos derivados de la misma vayan directamente a las escuelas, y no a los niños o sus familias. Este informe
también indicó que, en algunos casos, las clases se suspenden y los niños son enviados a los campos para recoger algodón. La
Comisión toma nota asimismo de la información de la OIT/IPEC, según la cual muchos de los niños que trabajan en los campos
de tabaco, arroz y algodón en las regiones de Osh y Jalalabat, hacen frente a riesgos relacionados con el trabajo, que incluyen
lesiones derivadas del uso de equipos pesados, falta de agua potable en los campos, exposición a plaguicidas tóxicos, a picaduras
de insectos y mordeduras de roedores, y a peligros relacionados con la producción de tabaco (irritación de la piel e intoxicación).
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el trabajo en los campos es una de las formas detrabajo infantil a que apunta el Programa de Acción de los interlocutores sociales para la eliminación de las peores formas detrabajo infantil. La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el 19,7 por ciento de los niños que
trabajan en el país están ocupados en el sector agrícola. Además, la Comisión toma nota de la continua aplicación de un proyecto
dirigido a erradicar el trabajo infantil en la industria del tabaco, desarrollado por una organización no gubernamental y llevado acabo por trabajadores sindicalizados del sector agroindustrial. El Gobierno declara que el objetivo del proyecto es idear e
introducir un mecanismo para la eliminación del trabajo infantil en dos distritos piloto de la región meridional del país. A travésde este proyecto, en 2011, se otorgó a 1 123 familias un microcrédito y se establecieron 131 grupos de asistencia mutua. El
Gobierno declara que este proyecto permitió librar a 3 142 niños de los dos distritos del trabajo en la industria del tabaco.
Además, la Comisión toma nota de la información de la OIT/IPEC, de julio de 2012, según la cual, a través del proyecto titulado«Combatir el trabajo infantil en Asia Central – Un compromiso en acción (PROACT CAR Fase III)», se adoptaron medidas paraabordar el trabajo peligroso infantil en la agricultura. Por ejemplo, a través de un programa de acción para apoyar elestablecimiento de una zona libre de trabajo infantil en la región de Chuy, aplicada por los Sindicatos de Trabajadores deEducación y Ciencia de Kirguistán (TUESWWK), durante el período comprendido entre junio de 2011 y agosto de 2012,
140 niños (75 niños y 65 niñas) fueron librados o impedidos de estar ocupados en un trabajo peligroso infantil en la agricultura yen el sector urbano informal. Además, 15 niños (seis niños y nueve niñas) fueron librados del trabajo peligroso infantil en la
agricultura en los primeros seis meses de 2012, a través de un paquete de servicios escolar que incluye la educación no formal, la
reintegración en la educación formal, suministros de útiles escolares, canastas de alimentos mensuales, actividades
extracurriculares, sensibilización, actividades recreativas y asesoramiento familiar. Tomando debida nota de las medidas
adoptadas por el Gobierno, la Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar que las personas
menores de 18 años de edad sean protegidas del trabajo agrícola peligroso, en particular en los sectores del algodón, deltabaco y del cultivo del arroz, y a que comunique información sobre los resultados obtenidos a través de las mencionadas
iniciativas. También solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la
reglamentación que prohíbe la participación de niños en trabajos agrícolas peligrosos, y que comunique, en su próxima
memoria, información acerca de las medidas adoptadas a esta materia.
Artículo 7, 2). Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños delas peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trata de niños. La Comisión tomó nota
anteriormente de que existe una disparidad entre el número de víctimas de trata identificadas y el número de víctimas que reciben
asistencia, y se solicitó al Gobierno que intensificara sus esfuerzos en ese sentido.
La Comisión toma nota de la información de la Organización Internacional para las Migraciones, según la cual estáaplicando un proyecto titulado «Lucha contra la trata de personas en Asia Central: prevención, protección y desarrollo decapacidades» en el país, de 2009 a 2012, que incluye la sensibilización y la asistencia a las víctimas. La Comisión también toma
nota de la aplicación en Kirguistán del Programa Conjunto para Combatir la Trata de Seres Humanos en Asia Central, de la OIT,

285

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESel Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conarreglo a la iniciativa global de la ONU de lucha contra la trata de seres humanos, que incluye el apoyo al desarrollo demecanismos nacionales de remisión establecidos entre los organismos encargados del cumplimiento de la ley y las organizaciones
de la sociedad civil. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas, incluso a
través de estos proyectos, para prestar la asistencia necesaria y directa adecuada para librar a los niños víctimas de trata ypara su rehabilitación e inserción social. También solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados
obtenidos, incluido el número de víctimas de trata menores de 18 años de edad que se hayan beneficiado de la repatriación yde la asistencia para la rehabilitación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

KuwaitConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)
Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que, según el artículo 20, a), del Código del Trabajo, de 2010, los jóvenes de edades comprendidas
entre los 15 y los 18 años no serán empleados en industrias o trabajos que se clasifiquen, mediante una resolución delMinistro de Trabajo, como peligrosos o nocivos para su salud. Solicitó al Gobierno que comunicara información sobre losprogresos realizados por el Ministro de Trabajo en la elaboración de tal resolución, previa consulta con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores interesadas.
La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 5 de la orden ministerial núm. 196/a/2010, contiene una
lista de aproximadamente 25 tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. Esta lista
incluye la exposición a sustancias químicas peligrosas, como pesticidas, cemento y amianto; trabajos en las canteras;
desagües y alcantarillado; fabricación y manipulación de explosivos y fuegos de artificio; trabajos con máquinas
peligrosas; perforaciones; extracción y refinación de petróleo y gasolina; trabajos en los que se carguen, empujen oarrastren objetos pesados; trabajos a grandes alturas; trabajos con plomo, arsénico y benceno; trabajos cerca de hornos;
sacrificio de animales; y trabajos con productos catalogados como causantes de enfermedades. La Comisión solicita al
Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 5 de la orden ministerialnúm. 196, de 2010, incluidas las estadísticas sobre el número y la naturaleza de las violaciones registradas y de lassanciones impuestas en virtud del artículo 20, a), del Código del Trabajo de 2010.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

LesothoConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)
Artículo 1 del Convenio. Política nacional elaborada para garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil.
La Comisión tomó nota anteriormente de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual el proyecto de Plande Acción para Eliminar el Trabajo Infantil (APEC) estaba en proceso de adopción.
La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha adoptado el APEC 2013-2017. La Comisión toma nota deque el objetivo general del APEC es reducir la incidencia del trabajo infantil a menos del 1 por ciento para 2016, yestablecer al mismo tiempo una sólida base institucional y de políticas para eliminar a largo plazo todas las demás formas
de trabajo infantil. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas concretas
adoptadas en el marco del APEC para la eliminación del trabajo infantil, así como sobre los resultados obtenidos.
Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. Empleo por cuenta propia y trabajo en laeconomía informal. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que las disposiciones del Código delTrabajo excluyen a los trabajadores por cuenta propia de su ámbito de aplicación.
La Comisión toma nota del documento del APEC de que el proyecto de enmienda del Código del Trabajo,
actualmente en su fase final de adopción, aborda una serie de preocupaciones relativas al trabajo infantil, incluido elfortalecimiento de la protección de los niños que trabajan en la economía informal y la extensión de los servicios de lainspección del trabajo a este sector de la economía. La Comisión también toma nota de que el Ministerio de Trabajo y
Empleo estableció una Unidad de Trabajo Infantil, cuyo cometido es prestar asistencia en la protección de los niños que
trabajan en la economía informal. Además, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno,
según las cuales, en febrero de 2015, los ministros competentes, junto con algunas ONG emprendieron la misión de retirardel trabajo a los niños que trabajan en el sector informal de la economía en el centro empresarial del distrito de Leribe. La
mayoría de esos niños fueron matriculados en escuelas o se reunieron con sus familias. Sin embargo, la Comisión toma
nota del informe de la recopilación de noviembre de 2014, preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal, de que según señaló el equipo de las Naciones
Unidas en el país, seguía empleándose a niños en el servicio doméstico, en la venta ambulante y en la agricultura(documento A/HRC/WG.6/21/LSO/2, párrafo 43). Además, el Comité de Protección de los Derechos de todos los

286

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), en su lista de cuestiones de septiembre de 2014, expresó
preocupación por el elevado número de niños que trabajaban en el pastoreo, la venta ambulante y el trabajo doméstico(documento CMW/C/LSO/QPR/1, párrafo 29). En consecuencia, la Comisión alienta enérgicamente al Gobierno a que
intensifique sus esfuerzos para asegurar que la protección garantizada por el Convenio se proporcione a los niños que
realizan actividades laborales sin un contrato de trabajo, incluidos los niños que trabajan por cuenta propia y en laeconomía informal. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las actividades
llevadas a cabo por la Unidad de Trabajo Infantil para prestar asistencia en la protección de los niños que trabajan enla economía informal y sobre los resultados obtenidos. Asimismo, pide al Gobierno que informe sobre todo progreso
realizado respecto de la adopción del proyecto de enmienda del Código del Trabajo, que incluye disposiciones que
protegen a los niños que trabajan en la economía informal y extiende los servicios de la inspección del trabajo a laeconomía informal.
Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormentede que, en virtud de la Ley sobre la Educación, de 2010, la edad de finalización de la enseñanza primaria en Lesotho es alos 13 años, dos años antes de que un niño pueda empezar a trabajar legalmente (15 años). Además, tomó nota de que elGobierno preveía que la educación fuese obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, es decir 15 años deedad.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministeriode Desarrollo Social, está trabajando para que la educación sea gratuita y obligatoria en el nivel secundario. La Comisión
recuerda de nuevo al Gobierno que si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente,
puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica
de los niños (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 371). Recordando una vez más
que la educación es uno de los métodos más eficaces para combatir el trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la educación obligatoria hasta la edad mínima de admisión
al empleo, es decir a los 15 años de edad. Además, pide al Gobierno que facilite información sobre todas las medidas
adoptadas en este sentido, incluidas las medidas tomadas en el marco del APEC.
Artículo 6. Edad mínima de admisión al aprendizaje. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según el
Gobierno, no existe una edad mínima para la admisión al aprendizaje. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló
que había establecido un comité para abordar la cuestión del aprendizaje, formado por representantes del Departamento deTrabajo, el Ministerio de Género y Juventud y el Ministerio de Educación y Formación, e interlocutores sociales y otras
partes interesadas pertinentes.
La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. A este respecto,
la Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 6 del Convenio, la edad mínima de admisión al
trabajo en empresas en el contexto de la formación profesional o de un programa de aprendizaje no puede ser inferior a los
14 años. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en el marcodel comité establecido para abordar esta cuestión, para garantizar que ningún niño de menos de 14 años de edad
pueda realizar un aprendizaje en una empresa. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione
información sobre las medidas adoptadas a este respecto.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la Encuesta sobreel Trabajo Infantil prevista, que incluye un módulo relativo al trabajo infantil, se llevará a cabo y que la información
relativa a ese tipo de trabajo estará disponible en 2017. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno
adopte las medidas necesarias para llevar a cabo la Encuesta sobre el Trabajo Infantil tal como estaba previsto. La
Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de la encuesta en relación con la situaciónde los niños que trabajan en Lesotho, incluyendo, por ejemplo, información sobre el número de niños y jóvenes deedades inferiores a la edad mínima ocupados en actividades económicas, y estadísticas acerca de la naturaleza, alcancey tendencias del trabajo que éstos realizan.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta deniños para la realización de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de estupefacientes. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los niños de la calle son utilizados por adultos para la realización deactividades ilegales tales como el penetrar en un domicilio por efracción y los pequeños hurtos. La Comisión pidió al
Gobierno que adoptara las medidas necesarias para prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de
18 años para la realización de actividades ilícitas.
La Comisión toma nota con interés de que en virtud del artículo 45, b), de la Ley sobre Protección y Bienestar de los
Niños, de 2011, la persona que cause o permita que un niño (definido, según el artículo 3 de la misma ley como una
persona menor de 18 años de edad) se encuentre en cualquier calle, local o lugar a efectos de dedicarse a la venta
ambulante ilegal, juegos de dinero o de azar ilegales u otras actividades ilegales, podrá ser sancionada con una multa por
una cuantía no superior a 10 000 maloti (aproximadamente 722 dólares de los Estados Unidos) o a una pena de reclusión
por un período no mayor de diez meses o a ambas penas a la vez. La Comisión pide al Gobierno que proporcione

287

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

información sobre la aplicación del artículo 45, b), de la Ley sobre Protección y Bienestar de los Niños, incluyendo elnúmero de infracciones observadas en relación con la utilización de menores de 18 años de edad para realizar
actividades ilegales y las sanciones impuestas.
Apartado d). Trabajos peligrosos. Trabajo doméstico infantil. La Comisión tomó nota anteriormente de que lasniñas que realizan trabajos domésticos tienen que hacer frente a abusos verbales, físicos y, en algunos casos sexuales desus empleadores, y en general esas niñas no asisten a la escuela. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno
señaló que examinará la posibilidad de promulgar un reglamento sobre el trabajo doméstico a fin de prohibir que los niños
menores de 18 años realicen trabajos peligrosos.
La Comisión tomó nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno. Sin embargo, toma nota de larecopilación de información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos destinada al Examen Periódico Universal de que el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que seguía
empleándose a niños en el servicio doméstico (documento A/HRC/WG.6/21/LSO/2, párrafo 42). Además, el Comité deProtección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW), en su lista de cuestiones, deseptiembre de 2014, expresó preocupación por el elevado número de niños ocupados en el trabajo doméstico (documento
CMW/C/LSO/QPR/1, párrafo 29). Por consiguiente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a adoptar medidas
inmediatas y eficaces para garantizar la protección de los niños trabajadores domésticos de los trabajos peligrosos. A
este respecto, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la elaboración y adopción de unreglamento que prohíba que todos los niños menores de 18 años de edad realicen trabajos domésticos peligrosos. La
Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de este reglamento una vez que haya sido adoptado.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los
niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños ocupados en el pastoreo de animales.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los niños ocupados en el pastoreo de animales trabajan amenudo en condiciones deficientes durante largas jornadas y durante la noche, sin alimentación ni vestimenta adecuadas,están expuestos a condiciones climáticas extremas en zonas aisladas, y no asisten a la escuela. La Comisión también tomó
nota de que entre el 10 y el 14 por ciento de los niños en edad escolar ocupados en el pastoreo, cerca del 18 por ciento deellos no están empleados por su propia familia.
La Comisión toma nota de que el Gobierno ha adoptado directrices para el sector agrícola, con especial atención enlos niños pastores. Con arreglo a las directrices, los niños menores de 13 años no deberían encargarse del pastoreo derebaños, salvo bajo la supervisión de familiares, empleadores o de un adulto, y se prohíbe que los niños menores de
15 años estén ocupados en el pastoreo en zonas alejadas. Las directrices también requieren que se suministre a los niños
pastores una vestimenta adecuada a las extremas condiciones climáticas, alimentación y asistencia médica adecuada, asícomo también alojamiento seguro y apropiado. Además, sus horas de trabajo no deberán superar las 21 horas durante la
semana escolar, no deberán trabajar más de 30 horas durante las vacaciones escolares, y se prohíbe el trabajo nocturno. La
Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas eficaces y en un plazo determinado para garantizar que los
niños ocupados en trabajos peligrosos en el pastoreo de animales sean librados de ésta, una de las peores formas detrabajo infantil y se asegure su rehabilitación e inserción social. A este respecto, pide al Gobierno que comuniqueinformación sobre la aplicación de las directrices para el sector agrícola y los resultados obtenidos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

LíbanoConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señaló que el proyecto de enmienda del Código del Trabajo hasuperado con éxito muchas etapas y a la mayor brevedad se remitirá a la autoridad competente para que proceda a su aprobación.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el proyecto de enmienda del Código del Trabajo se hasometido al Consejo de Ministros para su examen y aprobación pero que este proceso sufrió retrasos debido al cambio deGobierno. El Gobierno declara que tan pronto como se establezca un nuevo gobierno, el proyecto de enmienda se someterá
nuevamente al Consejo de Ministros para su reexamen. La Comisión toma nota de que, según el informe de misión del taller
interministerial tripartito realizado en febrero de 2013, si las circunstancias nacionales lo permiten, está previsto adoptar elproyecto de enmienda al Código del Trabajo. Al considerar que el Gobierno se ha venido refiriendo al proyecto de enmiendas
del Código del Trabajo durante varios años, la Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno adoptará
las medidas necesarias para garantizar que las enmiendas sean adoptadas en un futuro muy próximo. Además, la Comisión
pide al Gobierno que, durante el examen de la legislación pertinente, tome en consideración los siguientes comentarios
relativos a las discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Ámbito de aplicación. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Código delTrabajo sólo se aplica al trabajo que se realiza en el marco de una relación de trabajo (en virtud de los artículos 1, 3 y 8 delCódigo). La Comisión recordó al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y cubre todos
los tipos de empleos o de trabajos, tanto si se realizan como si no se realizan en el marco de una relación de trabajo, sean
remunerados o no. La Comisión recordó al Gobierno que el capítulo 2, artículo 15 del proyecto de enmienda del Código delTrabajo, preparado por un comité tripartito, establece las reglas que rigen «el empleo o el trabajo de los jóvenes». La Comisión288

tomó nota de la declaración del Gobierno de que los principios que rigen dicha enmienda incluye a todos los jóvenes y, porconsiguiente, no sólo a los vinculados por una relación de empleo. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para garantizar la adopción en un futuro próximo de un proyecto de enmienda del Código del Trabajo que
prevea el caso de los niños que trabajan por cuenta propia o de los niños que trabajan en la economía informal, y quetransmita una copia del texto enmendado una vez que éste se haya adoptado.
Artículo 2, párrafo 2. Elevación de la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que, al ratificar el Convenio, el Líbano declaró que 14 años era la edad mínima de admisión
al empleo o al trabajo, y que la ley núm. 536, de 24 de julio de 1996, que enmienda los artículos 21, 22 y 23 del Código delTrabajo, prohíbe emplear a jóvenes que aún tengan 14 años cumplidos. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno
señalaba que tenía el propósito de enmendar el Código del Trabajo, para prohibir el empleo de los jóvenes que aún no tengan
15 años cumplidos. La Comisión tomó nota de que el artículo 19 del proyecto de enmienda del Código del Trabajo prohíbe elempleo o el trabajo de jóvenes de menos de 15 años de edad. Tomando nota de que el Gobierno especificó una edad mínima de
14 años cuando ratificó el Convenio, la Comisión señala a la atención del Gobierno que el artículo 2, párrafo 2, del Convenio
establece la posibilidad de que si un Estado decide elevar la edad mínima inicialmente especificada para la admisión al empleo oal trabajo lo notifique posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo mediante otra declaración. Esto
permite que la edad fijada en la legislación nacional se ponga de conformidad con la edad establecida a nivel internacional. La
Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados en lo que
respecta a la adopción del proyecto de enmienda del Código del Trabajo en relación con el aumento de la edad mínima para elempleo o trabajo.
Artículo 2, párrafo 3. Educación obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno indicó que laley núm. 686/1998 sobre la educación primaria gratuita y obligatoria aún no se había aplicado, debido a las condiciones
económicas del país y a la insuficiencia de las instalaciones educativas. La Comisión también tomó nota de la información que
contiene el informe de 2008 del Ministerio de Educación y enseñanza superior presentado a la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la 48.ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación
titulado «Desarrollo de la educación en el Líbano», según la cual el Gobierno tiene el propósito de elevar la edad de finalizaciónde la educación obligatoria, pasando de los 12 años en la actualidad a 15 años.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual el Consejo Superior de la Infanciadel Ministerio de Asuntos Sociales, en colaboración con la Universidad Jesuita y «Sidroom», ha elaborado un proyecto de ley queeleva la edad mínima de la educación obligatoria a los 15 años y que este proyecto de ley ha sido enviado al Consejo de Ministrospara su examen. La Comisión pone una vez más de relieve la necesidad de vincular la edad de admisión al empleo con la edad de
finalización de la escolaridad obligatoria. Si las dos edades no coinciden, pueden surgir diversos problemas. Si la edad mínima deadmisión al trabajo o al empleo es inferior a la edad en que termina la escolaridad obligatoria, es posible que los niños se vean
animados a abandonar los estudios, ya que los menores obligados a asistir a la escuela también pueden trabajar legalmente (véase
Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párrafo 370). Al tomar nota de que el Gobierno tiene la intención deelevar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria hasta los 15 años, la Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que
en virtud del artículo 2, párrafo 3, del Convenio, la edad mínima de admisión al empleo (que actualmente es de 14 años) no
deberá ser inferior a la edad en que cesa la escolaridad obligatoria. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno aintensificar sus esfuerzos para elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a los 15 años (con la adopción delproyecto de enmienda del Código del Trabajo), y prever el establecimiento de la educación obligatoria hasta el cumplimientode esta edad mínima. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre toda evolución que se registre sobre este
punto.
Artículo 6. Formación profesional y aprendizaje. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que elartículo 16 del proyecto de enmienda del Código del Trabajo define el «contrato de formación» y prevé que la edad mínima para
recibir formación profesional en virtud de un contrato es de 14 años, siempre que se respeten las condiciones de salvaguardia dela salud, seguridad o moralidad de los jóvenes en cuestión. La Comisión expresa la firme esperanza de que el artículo 16 delproyecto de enmienda del Código del Trabajo, que establece una edad mínima de 14 años para iniciar un aprendizaje, deconformidad con el artículo 6 del Convenio, sea adoptado en un futuro muy próximo.
Artículo 7. Trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 19 del proyecto deenmienda del Código del Trabajo dispone que el empleo o trabajo de los jóvenes en trabajos ligeros puede autorizarse a partir delos 14 años de edad (excepto en diferentes tipos de trabajos industriales en los que el empleo o el trabajo de los jóvenes de menosde 15 años no está autorizado) a condición de que este empleo o trabajo, por su naturaleza o las condiciones en las que se realice,
no ponga en peligro su desarrollo, salud, seguridad o moralidad. Además, el artículo 19 establece que este trabajo no deberá ir en
detrimento de su capacidad de beneficiarse de la instrucción recibida, ni debe repercutir en su participación en la formación
profesional aprobada por la autoridad competente. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno señaló que las actividades
consideras trabajos ligeros deberán ser determinadas en virtud de una orden promulgada por el Ministerio de Trabajo. Además, laComisión tomó nota de que el Ministerio de Trabajo estableció un comité, con arreglo al memorándum núm. 58/1, de 20 de junio
de 2009, que en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberá elaborar, entre otras normas, el texto deesta orden.
La Comisión toma nota de la información según la cual se está preparando un estudio sobre las lagunas jurídicas,
incluyendo un análisis comparativo de la legislación nacional y los convenios internacionales relativos al trabajo infantil, que
propiciará la revisión de la legislación existente y la elaboración de un proyecto de ley sobre los trabajos ligeros. La Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la elaboración y adopción de una orden
que determine las actividades consideradas trabajos ligeros, de conformidad con el artículo 7 del Convenio, tras la adopcióndel proyecto de enmienda del Código del Trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre losprogresos alcanzados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

289

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESConvenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha presentado el proyecto de enmienda del Código del Trabajo al
Consejo de Ministros para que lo examine y apruebe, pero que este proceso se ha retrasado debido al cambio de Gobierno. El
Gobierno declara que tan pronto como se forme el nuevo Gobierno, el proyecto de enmienda se presentará de nuevo al Consejo
de Ministros para su reexamen. Además, la Comisión toma nota de que la asistencia técnica de la OIT ha dado como resultado eldesarrollo de planes de acción para abordar de forma concreta los comentarios de la Comisión, incluida la adopción de una listade tipos de trabajos peligrosos. La Comisión toma nota de que en el informe de misión del taller tripartito interministerial llevadoa cabo en febrero de 2013 se señala que está previsto que este año se adopte el proyecto de enmienda del Código del Trabajo,
siempre que lo permitan las circunstancias nacionales. Habida cuenta de que el Gobierno se ha referido a este proyecto deenmienda del Código del Trabajo durante varios años y, dado que el artículo 1 del Convenio establece que los Estados
Miembros deben adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que la enmienda se
adopta con carácter de urgencia. Además, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a tomar en cuenta, durante la revisión dela legislación pertinente, los comentarios de la Comisión sobre las discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio.
Artículos 3 y 7, párrafo 1, del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Todas las formas
de esclavitud o análogas a la esclavitud. Trata. La Comisión tomó nota de que había estado señalando a la atención delGobierno la falta de legislación para prohibir la venta y la trata de niños.
La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 164, de 24 de agosto de 2011, que prohíbe la trata depersonas. En virtud de los artículos 586, 1) y 586, 5) de la ley, la trata de niños de menos de 18 años de edad con fines deexplotación — que incluye la explotación sexual y la explotación con fines de trabajo forzoso u obligatorio — puede ser
castigada con una pena de reclusión de entre diez y doce años y con una multa que puede oscilar entre las 200 y 400 veces lacuantía del salario mínimo oficial. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de lasdisposiciones de la ley núm. 164 que prohíben la venta y la trata de niños, y que también comunique, en particular,
estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones registradas, las investigaciones y los enjuiciamientos
realizados, y las condenas y sanciones impuestas.
Apartados b) y c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas y para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas. La Comisión había tomado
nota de que el artículo 33, b), del proyecto de enmienda del Código del Trabajo, especifica que toda persona que aliente, facilite,
incentive o participe en la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas, puede ser castigada en virtud del Código Penal, y que también se le pueden imponer sanciones en virtud delCódigo del Trabajo. Además, la Comisión tomó nota de que según el Gobierno el artículo 33, c), del proyecto de enmienda delCódigo del Trabajo dispone que toda persona que fomente, facilite, incentive o participe en la utilización, el reclutamiento o laoferta de niños o jóvenes para la realización de actividades ilícitas, especialmente para la producción y el tráfico deestupefacientes, comete un delito tipificado en el Código Penal.
La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno, en 2010, se detectaron 29 niños
dedicados a la prostitución (tres niños y 26 niñas; cinco de edades comprendidas entre los 12 y 14 años; nueve de 15 y 16 años, y
15 de más de 16 años de edad). En 2011, se detectaron 15 niños dedicados a la prostitución (todos ellos niñas; tres de entre 12 y
14 años, seis de 15 y 16 años, y seis de más de 16 años de edad). En los primeros seis meses de 2012, se detectaron ocho niños
dedicados a la prostitución (un niño y siete niñas; tres de 15 y 16 años, y cinco de más de 16 años de edad).
La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 3, del anexo 1 del decreto núm. 8987, de 2012, sobre la prohibición
del empleo de menores de 18 años en trabajos que pueden ser nocivos para su salud, seguridad o moralidad, prohíbe la ocupaciónde niños menores de 18 años para realizar trabajos en los que se utilice o explote su cuerpo con fines sexuales o pornográficos oactos similares, y cualquier trabajo o actividad ilícitos que infrinjan las leyes penales, como, por ejemplo, el transporte, la venta,
la comercialización, el tráfico o la utilización de todos los tipos de drogas. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas
inmediatas y eficaces para garantizar la aplicación práctica de las disposiciones del decreto núm. 8987, de 2012, que prohíben
la ocupación de niños con fines sexuales o pornográficos o en actividades ilícitas, y que transmita información a este respecto,en particular, estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones señaladas, las investigaciones y enjuiciamientos
realizados, y las condenas y sanciones impuestas.
En lo que respecta al proyecto de enmienda del Código del Trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para garantizar la adopción de las disposiciones que prohíben la utilización, el reclutamiento o la oferta
de menores de 18 años de edad para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, y la utilización, el
reclutamiento o la oferta de personas de menos de 18 años de edad para la realización de actividades ilícitas, así como de lasdisposiciones que estipulan las sanciones que se tienen que imponer.
Apartado a). Trabajos peligrosos. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el decretonúm. 8987 sobre la prohibición del empleo de menores de 18 años de edad en trabajos que pueden ser nocivos para su salud,seguridad o moralidad se adoptó en 2012. La Comisión observa que, con arreglo a este decreto, los menores de 18 años de edadno deberán ser empleados para realizar los trabajos que figuran en la amplia lista de tipos de trabajos y actividades prohibidosque, por su naturaleza, son perjudiciales para la salud, seguridad o moralidad de los niños, limitan sus posibilidades educativas yconstituyen una de las peores formas de trabajo infantil que se incluye en el anexo 1 del decreto. En esta lista figuran actividadesque conllevan riesgos físicos (por ejemplo, actividades que requieren el manejo de explosivos o armas, el trabajo en canteras ogrutas y la exposición de los niños a sustancias cancerígenas); actividades que entrañan riesgos psicológicos (por ejemplo, el
trabajo forzoso, el trabajo doméstico, o el trabajo en las calles); actividades que implican riesgos morales (por ejemplo, los juegos
y las apuestas), y actividades que limitan sus posibilidades educativas. La Comisión solicita al Gobierno que transmita
información sobre la aplicación en la práctica del decreto núm. 8987, e incluya estadísticas sobre el número y la naturaleza delas infracciones señaladas, las investigaciones y los procesamientos realizados, y las condenas y las sanciones impuestas en
virtud de las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

290

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Madagascar
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA),
recibidas el 17 de septiembre de 2013.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil (ENTE), más de uno decada cuatro niños malgaches, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años (28 por ciento), es económicamente
activo, es decir un total de 1 870 000 niños. La mayor parte de los niños económicamente activos trabajan, en general
como asistentes familiares, con familias que se dedican a la agricultura y la pesca. En lo que respecta a los niños de entre
5 y 14 años, un 22 por ciento trabajan y un 70 por ciento asisten a la escuela. Además, la Comisión había tomado nota delos alegatos de la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Madagascar (CGSTM), según los cuales
muchos niños de zonas rurales son enviados por sus padres a las grandes ciudades para que trabajen en el sector domésticoen condiciones que muchas veces son peligrosas. Además, esos niños no siempre han finalizado la escolaridad obligatoria.
La Comisión había tomado nota de que el Plan Nacional de Acción contra el trabajo infantil en Madagascar (PNA) estaba
ampliando sus efectivos y beneficiarios así como su cobertura (2010-2015). El Gobierno indicó que se había adoptado elplan de trabajo del Comité Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (CNLTE) para los años 2012-2013. Por último, el
Gobierno informó de algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto AMAV contra el trabajo doméstico de los niños y elplan de acción contra el trabajo infantil en las plantaciones de vainilla de la región de Sava, llevado a cabo en el marco delproyecto TACKLE de la OIT/IPEC.
La Comisión toma nota de las observaciones de la SEKRIMA, según las cuales el fenómeno del trabajo infantil
persiste en Madagascar. Asimismo, SEKRIMA menciona la alta tasa de abandono escolar que se produce durante loscinco primeros años de escolarización.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual el PNA se ha ejecutado enparte a través de acciones realizadas en el marco del proyecto AMAV, especialmente en la región Amoron’i Mania, comopor ejemplo la colocación de cuatro carteles «tarjeta roja al trabajo infantil», la distribución de folletos sobre la lucha
contra el trabajo doméstico y la sensibilización para la revisión del dina (convenio local) a fin de integrar en él la cuestióndel trabajo doméstico infantil. Además, 125 niños de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años han sido librados deltrabajo doméstico y se les ha proporcionado formación para que se presenten a los exámenes a fin de obtener un diploma.
Por otra parte, el Gobierno indica que cada año celebra el día mundial contra el trabajo infantil como medio desensibilización pública, y que a este fin continúa poniendo carteles en los barrios populares y realizando debates con lospadres, las autoridades locales y los responsables sociales. Asimismo, menciona que existen actualmente 12 comitésregionales de lucha contra el trabajo infantil (CRLTE). La Comisión también toma nota de que se han fortalecido las
capacidades de diversos actores en materia de lucha contra el trabajo infantil, a saber, en particular, de 50 actores que
producen vainilla en la región de Sava y 12 en la región de Antalaha, 91 miembros de organizaciones sindicales,
43 periodistas y tres técnicos del Instituto Nacional de Estadística. Por último, la Comisión toma nota de que, según el
Gobierno, el Comité nacional de lucha contra el trabajo infantil (CNLTE) refundió, en 2014, el decreto núm. 2007-263, de
27 de febrero de 2007, relativo al trabajo infantil y el decreto núm. 2005-523, de 9 de agosto de 2005, por el que se creó el
CNLTE y se establecieron sus funciones y su composición. Tras la realización de un estudio sobre los trabajos peligrosos,
en 2013 se validaron 19 tipos de trabajos peligrosos que se integraron en el proyecto de decreto en curso de adopción. Al
tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observa que la Encuesta nacional sobre elempleo y el sector informal de 2012 (ENEMPSI 2012) pone de manifiesto que un 27,8 por ciento de los niños, a saber
2 030 000 niños, trabajan. Además, la Encuesta pone de relieve que el 28,9 por ciento de los niños de edades
comprendidas entre los 5 y los 9 años (83 000 niños) y el 50 por ciento de los que tienen entre 10 y 14 años
(465 000 niños) no están escolarizados. Al saludar los esfuerzos desplegados por el Gobierno para mejorar la situación, laComisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para velar por la eliminación progresiva del trabajo infantil y lepide que comunique información sobre los resultados obtenidos gracias a la aplicación del PNA, así como sobre lasactividades del CNTLE y los CRLTE. Por último, le pide que, una vez que se haya adoptado, transmita una copia de laversión revisada del decreto núm. 2007-263.
Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de que, según la UNESCO, la edad en la que cesa la obligación escolar sería inferior a laedad mínima de admisión al empleo o al trabajo. En efecto, la Comisión señaló que la edad oficial de acceso a laenseñanza primaria es de 6 años y la duración de la escolaridad obligatoria es de cinco años; la edad en que cesa la
obligación escolar sería, por lo tanto, de 11 años. La Comisión tomó nota del alegato de la CGSTM, según el cual el
Gobierno aún no había hecho nada para resolver el problema que plantea la diferencia entre la edad de finalización de laescolaridad obligatoria (11 años) y la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo (15 años). La Comisión tomó nota
de que, según el Gobierno, el Ministerio de Educación estaba realizando esfuerzos a fin de adoptar medidas para eliminar

291

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

la diferencia entre la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y la edad de finalización de la escolaridad
obligatoria.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en 2014, el Ministerio de Educación Nacional organizó «laConvención nacional de la educación», que es un diálogo nacional en profundidad sobre una educación inclusiva,
accesible y de calidad para todos. Sin embargo, lamenta que la cuestión de los años de escolarización, objeto de debate
desde hace muchos años, aún no se ha solucionado. La Comisión recuerda al Gobierno que la escolaridad obligatoria
constituye uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, y subraya la importancia de vincular la edadde admisión al empleo o al trabajo y a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, tal como se prevé en el párrafo
4 de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146). La Comisión señala de nuevo que, con arreglo al Estudio
General de 2012 sobre los convenios fundamentales, si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan
trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deje abierta la posibilidad de que se recurra a la
explotación económica de los niños (párrafo 371). Tomando nota de que el Gobierno debate esta cuestión desde hacediez años, la Comisión lo insta a adoptar, con carácter de urgencia, medidas para elevar la edad de finalización de laescolaridad obligatoria a fin de hacerla coincidir con la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en
Madagascar. Pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.
Artículo 6. Formación profesional y aprendizaje. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Empleo, Enseñanza Técnica y Formación Profesional ha elaborado unproyecto de ley relativo a la Política nacional del empleo y de la formación profesional (PNEFP) en colaboración con la
OIT y en consulta con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que todavía se trata de un proyecto a la espera de servalidado antes de que se presente al Parlamento para su adopción. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para acelerar la adopción del proyecto de ley sobre el aprendizaje y la formación profesionales. También
pide al Gobierno que transmita una copia de la ley una vez que se haya adoptado.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA),
recibidas el 17 de septiembre de 2013.
Artículos 3, b), y 7, párrafo 1, del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Prostitución infantil.
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 13 del decreto núm. 2007-563, de 3 de julio de2007, sobre el trabajo infantil, prohíbe categóricamente el reclutamiento, la utilización, la oferta y el empleo de niños de
uno u otro sexo con fines de prostitución. Asimismo, tomó nota de que el artículo 261 del Código del Trabajo y losartículos 354 a 357 del Código Penal, a los que se refiere el decreto núm. 2007-563, prohíben especialmente el
reclutamiento o la oferta de niños con fines de prostitución y prevén sanciones eficaces y disuasorias para quienes
cometan esos delitos. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño señaló quela prostitución infantil y el turismo sexual están aumentando en el país y que el número de investigaciones iniciadas y deacciones judiciales incoadas en relación con los responsables de los casos de prostitución infantil es muy reducido.
La Comisión toma nota de las observaciones de la SEKRIMA, según las cuales está aumentando sobre todo en las
ciudades, el número de chicas jóvenes (a partir de los 12 años de edad) que practican la prostitución. La SEKRIMA añade
que el 50 por ciento de las prostitutas de la capital, Antananarivo, son menores y el 47 por ciento se prostituyen debido asu situación precaria. Muchas de estas jóvenes son víctimas de agresiones físicas y sexuales y de violaciones colectivas (el40 por ciento) y el 80 por ciento de ellas prefieren no dirigirse a las autoridades por miedo a represalias. Por último, la
SEKRIMA señala que a pesar de que existe una ley que penaliza el turismo sexual, la prostitución infantil dista mucho deser eliminada.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que han reforzado las capacidades de 120 operadores turísticos deNosy-be y 35 de Tuléar sobre cuestiones relacionadas con la explotación sexual comercial. Sin embargo, la Comisión
también toma nota de la falta de información sobre el número de investigaciones realizadas, procesamientos incoados ycondenas impuestas en relación con los responsables de los casos de explotación sexual con fines comerciales. La
Comisión toma nota de que, según las observaciones finales de 2015 con arreglo al Protocolo facultativo relativo a laventa de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (documento CRC/C/OPSC/MDG/CO/1),
el Comité de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación por la progresión del turismo sexual que afecta alos niños y por el hecho de que las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir este fenómeno son insuficientes(párrafo 27). Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por los miles de niños víctimas deexplotación sexual comercial y de trata con fines de trabajo doméstico y de explotación sexual, así como por el reducido
número de enjuiciamientos realizados y condenas impuestas, lo cual favorece la impunidad (párrafo 31). Además, laComisión señala que, según el informe de 2013 de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y lautilización de niños en la pornografía (documento A/HRC/25/48/Add.2, párrafo 10), la prostitución infantil tiene una
amplitud alarmante en Madagascar y afecta a todo el país, en particular a las zonas urbanas, las zonas mineras y loslugares turísticos. Por consiguiente, la Comisión expresa su profunda preocupación por el número considerable dejóvenes malgaches de menos de 18 años que se dedican a la prostitución, especialmente en su forma de turismo sexual, asícomo por el hecho de que no se procese ni se impongan condenas a los responsables de esos delitos. Por consiguiente, la292

Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realizan investigaciones en
profundidad y enjuiciamientos efectivos de las personas sospechosas de reclutamiento, utilización, oferta y empleo deniños con fines de prostitución y se imponen sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias a las personas quesean declaradas culpables. Pide al Gobierno que transmita información estadística sobre el número y la naturaleza delas infracciones señaladas, las investigaciones realizadas, los enjuiciamientos llevados a cabo, y las condenas y las
sanciones impuestas a este respecto.
Apartado d). Trabajos peligrosos. Niños que trabajan en minas y canteras. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de las observaciones de la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores deMadagascar (CGSTM), según las cuales hay niños que trabajan en las minas (Ilakaka) y en las canteras de piedra en
condiciones precarias y a veces peligrosas. La CGSTM también indicó que las peores formas de trabajo infantil en el
sector informal se dan en zonas rurales que no llega a cubrir la administración del trabajo. La Comisión toma nota de que,según el informe de 2013 de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud (documento
A/HRC/24/43/Add.2, párrafos 44-60), el trabajo efectuado por niños en el sector de las minas y canteras constituye una
forma contemporánea de esclavitud ya que se recurre a la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso y la explotación
económica de los interesados, en particular en los casos en que niños no acompañados trabajan en minas y canteras
artesanales. Señala que los niños trabajan de cinco a diez horas al día transportando bloques de piedra o agua y que ciertos
niños cavan pozos de un metro de circunferencia y de 15 a 50 metros de profundidad, mientras que otros bajan a los pozospara sacar la tierra. Los niños empiezan a trabajar con sus padres a partir de los 5 años de edad y los niños noacompañados a partir de los 12 años. Asimismo, en las canteras de piedra, que se encuentran en la periferia de lasprincipales aglomeraciones de población, hay niños de entre 3 y 7 años no escolarizados que a menudo trabajan junto con
sus familiares, rompiendo piedras y transportando sobre la cabeza cestos cargados de piedras o de ladrillos, como media
durante cuarenta y siete horas a la semana. Además, las condiciones de trabajo son insalubres y la higiene es lamentable.
Todos estos niños también están expuestos a la violencia física y sexual, así como a graves peligros para su salud, debidos,
entre otras cosas, a la contaminación de las aguas, los pozos inestables y el derrumbe de galerías. Al tiempo que toma nota
con preocupación de la situación de los niños que trabajan en el sector de las minas y canteras, la Comisión insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que ningún menor de 18 años realice trabajos que puedan
ser perjudiciales para su salud, su seguridad o su moralidad. Le pide que transmita información sobre los progresos
realizados a este respecto y los resultados obtenidos.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Niños particularmente
expuestos a riesgos. Niños de la calle. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la información
transmitida por el Gobierno según la cual el Ministerio de Trabajo y Leyes Sociales (MTLS) continuaba su programa deescolarización y de formación de niños de la calle en el marco del Programa de inversión pública para las acciones
sociales (PIP). La Comisión tomó nota del alegato de la CGSTM, según el cual en los últimos años ha aumentado elnúmero de niños de la calle y las medidas adoptadas por el Gobierno a este respecto siguen siendo mínimas. En respuesta,
el Gobierno indicó que los programas financiados en el marco del PIP tienen por objetivo retirar de las peores formas detrabajo infantil a 40 niños al año, es decir 120 niños por tres años.
La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno, según la cual la ejecución del PIP hapermitido retirar a 40 niños al año de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que,según el informe de 2013 sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía(documento A/HRC/25/48/Add.2, párrafo 36), a pesar de la falta de cifras precisas sobre el número real de niños de lacalle que hay en Madagascar, la Relatora Especial pudo constatar la amplitud del fenómeno. La Relatora también indicó
que en la capital, Antananarivo, alrededor de 4 500 niños viven en la calle. Además, la Comisión toma nota de que segúnel estudio que el UNICEF realizó en 2012 en Antananarivo con 950 niños de la calle titulado Análisis de la situación de lamadre y de los niños en Madagascar (2014), la mayor parte de los niños de la calle son varones (el 63 por ciento) que
viven de la mendicidad y rebuscando entre la basura. Según el estudio, las niñas de la calle frecuentemente llegan a servíctimas de explotación sexual para poder cubrir sus necesidades o por presión de terceros. Otras se dedican al servicio
doméstico y engrosan las filas de los niños trabajadores víctimas de explotación (pág. 110). Tomando nota con
preocupación del aumento del número de niños de la calle, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas efectivas
y en un plazo determinado para garantizar la ejecución focalizada de los programas en el marco del PIP, y que redoble
sus esfuerzos para proteger a los niños de la calle de las peores formas de trabajo infantil y lograr su rehabilitación eintegración social. Solicita de nuevo al Gobierno que transmita información sobre los resultados alcanzados a este
respecto.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de los resultados detallados de la
Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil 2007, según la cual más de uno de cada cuatro niños malgaches de entre 15 y
17 años (28 por ciento) son económicamente activos, a saber 1 870 000 niños.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual, con el apoyo del PNUD y la
OIT, se llevó a cabo una encuesta nacional sobre el empleo y el sector informal (ENEMPSI 2012), que incluye estadísticas
sobre el trabajo infantil. Esta encuesta pone de relieve que el 27,5 por ciento de los niños, a saber 2 030 000 niños,
trabajan, y que el 30 por ciento de éstos viven en zonas rurales y el 18 por ciento en zonas urbanas. La mayor parte de los
niños trabajan en la agricultura y en la pesca (88 por ciento). Los niños que trabajan en zonas urbanas ejercen actividades

293

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESde trabajo doméstico (10 por ciento) y comercio (11 por ciento). El 91 por ciento de los niños trabajadores son asistentes
familiares no remunerados. La ENEMPSI también pone de manifiesto que el 81 por ciento de los niños de edades
comprendidas entre los 5 y los 17 años que trabajan, a saber 1 653 000 niños, realizan actividades peligrosas. La mayor
parte de los niños (89 por ciento) trabajan en los sectores agrícola, ganadero y pesquero y más de seis de cada diez niños
que trabajan declararon haber tenido problemas de salud causados por su trabajo durante los últimos doce meses.
Asimismo, la Comisión toma nota de que en 2012 se realizó un estudio de base sobre el trabajo doméstico infantil, que
cubrió tres regiones. Este estudio pone de manifiesto que el trabajo doméstico infantil a menudo se inscribe en el contexto
de familias pobres de zonas rurales que envían a sus hijos a zonas urbanas en respuesta a su situación precaria. Los niños
trabajadores domésticos pueden verse obligados a trabajar hasta quince horas al día, en general no reciben salario alguno
debido a que éste se paga directamente a sus padres, algunos llegan a dormir en el suelo y muchos son víctimas deviolencia moral, física o sexual. Además, la Comisión toma nota de que según el informe de 2013 de la Relatora Especial
sobre las formas contemporáneas de la esclavitud (documento A/HRC/24/43/Add.2, párrafo 81), hay niñas de 10 años que
trabajan en condiciones de cuasi esclavitud. La Comisión expresa su profunda preocupación por la situación y el número
de los menores de 18 años obligados a realizar trabajos peligrosos. Insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos paraeliminar estas peores formas de trabajo infantil y le pide que continúe informando sobre todos los progresos realizados
a este respecto y sobre los resultados obtenidos. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo
información sobre las peores formas de trabajo infantil, en particular, los estudios y las encuestas estadísticas a este
respecto, información sobre la naturaleza, extensión y evolución de estas formas de trabajo infantil, e información
sobre el número de niños cubiertos por las medidas que dan efecto al Convenio y el número y la naturaleza de las
infracciones detectadas, las investigaciones realizadas, los enjuiciamientos llevados a cabo, y las condenas y sanciones
penales impuestas. En la medida de lo posible, toda esta información debería estar desglosada por edad y sexo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 105.ª reunión de la Conferencia y que responda
de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Malasia
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)
Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que el Departamento del Trabajo tenía previsto celebrar consultas conlas autoridades pertinentes, como, por ejemplo, el Departamento de Seguridad y Salud, a fin de determinar los tipos detrabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, de conformidad con el artículo 2, 6), de la Ley sobre Niños yJóvenes (Empleo) de 1966 (Ley de Enmienda), de 2010 (ley CYP).
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre este punto. Porconsiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los tipos de trabajos
peligrosos prohibidos a los menores de 18 años se determinan en un futuro próximo, en consulta con lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Solicita al Gobierno que transmita información sobre losprogresos realizados a este respecto.
Artículo 7, 1). Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que elartículo 2, 2), a), de la ley CYP permite que los niños realicen trabajos ligeros que son adecuados a sus capacidades encualquier empresa de la que se encargue su familia, pero observó que no se ha especificado una edad mínima para laadmisión a los trabajos ligeros. La Comisión recordó que el artículo 7, 1), del Convenio prevé la posibilidad de admitir alos jóvenes en trabajos ligeros sólo a partir de los 13 años.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la ley CYP de 1966 está siendo revisada a fin de establecer
una edad mínima de 13 años para realizar trabajos ligeros. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten las
medidas necesarias, en un futuro próximo, para enmendar la ley CYP a fin de establecer una edad mínima de 13 años
para la realización de trabajos ligeros. Pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos alcanzados aeste respecto.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que la Confederación Sindical
Internacional (CSI) indicó que en Malasia el trabajo infantil se encuentra principalmente en la agricultura de zonas rurales,
donde a menudo los niños trabajan junto con sus padres sin recibir salario alguno. En las zonas urbanas, los niños trabajan
en restaurantes, tiendas y pequeñas unidades manufactureras que generalmente son propiedad de los miembros de su
familia. La CSI también indicó que el Gobierno no recopila datos estadísticos sobre trabajo infantil. La Comisión pidió al
Gobierno que transmitiera datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes, incluso en relación con el número deniños que trabajan y no han alcanzado la edad mínima de 15 años.
La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno se indica simplemente que, en 2014, seis empleadores
empleaban a niños y jóvenes. Tomando nota de la falta de información estadística sobre el trabajo infantil en el país, laComisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se proporcionan suficientes datos

294

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

estadísticos actualizados sobre la situación de los niños trabajadores, incluidos datos sobre el número de niños yjóvenes que no han alcanzado la edad mínima de 15 años y realizan actividades económicas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños
para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que tomase
medidas para garantizar que se adoptaron medidas para prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 añosde edad para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que una disposición de la Ley de la Infancia prohíbe la utilización,
reclutamiento y realización de actuaciones pornográficas. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno
en su memoria de que el artículo 31, 1), b), de la Ley de la Infancia de 2001 establece que toda persona que tiene a su cargo el
cuidado de un niño y que abusa sexualmente del niño o causa o permite que sea abusado, comete un delito y debe ser condenado
a una multa de una cuantía máxima de 20 000 ringgit malayos o una pena de prisión no superior a diez años, o a ambas cosas. En
este sentido, la Comisión toma nota de que el artículo 17, 2), c), i), de la Ley de la Infancia establece que un niño ha sido abusado
sexualmente si ha participado en cualquier actividad de naturaleza sexual a los efectos de producir material pornográfico, obsceno
o indecente, fotografía, grabación, película, cinta de vídeo o actuación. La Comisión solicita al Gobierno que indique si las
prohibiciones contenidas en los artículos 31, 1), b), y 17, 2), c), i), de la Ley de la Infancia también se aplican a personas que
no estén al cuidado de un niño.
Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para actividades ilícitas, en particular para la producción y eltráfico de drogas. La Comisión había señalado previamente que el artículo 32 de la Ley de la Infancia de 2001 castiga a
cualquiera que cause, induzca o permita que cualquier persona menor de 18 años de edad se encuentre en cualquier calle, local olugar a efectos de «dedicarse a la venta ambulante ilegal, vender loterías ilegales o proponer juegos de azar, u otras actividades
ilegales que afecten a la salud o el bienestar del niño». La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno según lacual las «otras actividades ilegales que afecten a la salud o el bienestar del niño» incluyen la utilización, el reclutamiento y laoferta de niños para actividades ilícitas, incluida la producción y el tráfico de drogas. La Comisión solicita información sobre laaplicación práctica del artículo 32 de la Ley de la Infancia.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual, hasta la fecha, nadie ha sido acusado en virtud delartículo 32 de la Ley de la Infancia. El Gobierno también se refiere a la Ley de Drogas Peligrosas de 1952 (ley núm. 234),
artículo 39B, 1), que dispone que toda persona que, en su propio nombre o en nombre de otra persona, trafique, se ofrezca para eltráfico o se prepare para al tráfico de drogas peligrosas cometerá un delito y será castigado a la pena de muerte. El Gobierno
indica que, tanto los delitos tipificados en la Ley de la Infancia como en la Ley de Drogas Peligrosas pueden ser juzgados
conjuntamente. El Gobierno indica que mientras que ha habido niños condenados en virtud del artículo 39B de la Ley de Drogas
Peligrosas, no se ha aplicado la pena de muerte a estos niños. La Comisión observa que, ha habido niños condenados por tráfico
de drogas (bajo la Ley de Drogas Peligrosas), pero parece no haber habido adultos que hayan sido acusados de la utilización,
reclutamiento u oferta de niños para este delito en virtud del artículo 32 de la Ley de la Infancia. En este sentido, la Comisión
recuerda que los niños utilizados por los adultos para la producción y el tráfico de drogas deben ser tratados como víctimas, yno como delincuentes, y pide al Gobierno que tome medidas para garantizar que se preste a esos niños los servicios necesariospara su rehabilitación y reinserción social. La Comisión también pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para garantizarque la prohibición de la participación de niños en el tráfico de drogas se aplica estrictamente, y que cualquier adulto que
utiliza, procura, u ofrece a un niño para este delito es castigado con penas suficientemente eficaces y disuasorias.
Artículo 4, 1). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión había expresado previamente laesperanza de que la determinación de los tipos de trabajos peligrosos que deben ser prohibidos a las personas menores de 18 añosde edad sería examinada y aprobada, de conformidad con el artículo 4, 1), del Convenio.
La Comisión observa que, de conformidad con la Ley de Enmienda CYP, la Ley de APP se ha modificado para incluir elartículo 2, 6), que establece que para efectos del artículo 2, «trabajo peligroso» significa cualquier trabajo que se ha clasificado
como de riesgo basado en la evaluación del riesgo realizada por una autoridad competente en materia de seguridad y salud según
lo determinado por el Ministro. La Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias, de conformidad con el
artículo 2, 6), de la Ley CYP (modificada), para determinar los tipos de trabajo que constituyen trabajos peligrosos prohibidos
a personas menores de 18 años, tras celebrar consultas con el organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.
Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños delas peores formas de trabajo infantil, y para su rehabilitación e integración social. Niños víctimas de la trata. La Comisión
había tomado nota de que Malasia se considera principalmente un país de destino para las víctimas de la trata, y que si bien la
mayoría de las víctimas de la trata son mujeres mayores de 18 años de edad, también se informó de un número de niñas de entre
14 y 17 años víctimas de la trata.
La Comisión toma nota de la información en la memoria del Gobierno de que el Consejo Malayo de Lucha contra la Trata
de Personas y el Tráfico de Migrantes ha desarrollado un plan de acción para combatir la trata de niños. El Gobierno indica
además que, desde el 22 de junio de 2011, había habido 161 víctimas de la trata rescatadas bajo una orden de protección, y
106 niños fueron colocados en la Casa de Acogida de Gobierno. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información
sobre las medidas adoptadas en el marco del plan de acción para combatir la trata de niños para garantizar la supresión, la
rehabilitación y la integración social de los niños víctimas de la trata. También pide al Gobierno que continúe proporcionando
información sobre el número de niños víctimas de la trata rescatadas y que se coloca en la Casa de Acogida del Gobierno, asícomo información sobre los servicios prestados a estos niños para su rehabilitación y reinserción social, y en su caso, su larepatriación y la reunificación familiar.
Artículo 8. Cooperación y asistencia internacional. Cooperación regional. La Comisión había tomado nota de la
propuesta de un Memorando de Entendimiento (ME) entre Malasia y Tailandia, para supervisar el flujo de tráfico y la direcciónde las niñas en Malasia. La Comisión también tomó nota de la declaración en el informe del Gobierno de 19 de noviembre de295

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES2008 al Consejo de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal que debido a la permeabilidad de las fronteras deMalasia, la llegada de los migrantes, víctimas de la trata y de los refugiados está aumentando pese a las promesas de los Estados
de origen de haber tomado medidas progresivas (documento A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev. 1, párrafo 94).
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que aún no ha finalizado el borrador del Memorando de
Entendimiento con Tailandia. Sin embargo, el Gobierno indica que en la actualidad, los entes de aplicación intercambian
información para fortalecer la seguridad entre los dos países. La Comisión también toma nota de la información en la memoriadel Gobierno presentada en el marco del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de que uno de los principales
objetivos del Plan Nacional de Acción en Materia de Trata de Personas (2010-2015) es el desarrollo local e internacional deacuerdos de colaboración para luchar contra la trata de personas. La Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos,
especialmente a través del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (2010-2015), para cooperar con los países
vecinos, en particular Indonesia y Tailandia, con miras a eliminar la trata de niños para la explotación sexual, laboral ycomercial, así como la participación de los niños migrantes en las peores formas de trabajo infantil.
Parte V del formulario de memoria. Aplicación del Convenio en la práctica. A raíz de sus comentarios anteriores, laComisión toma nota de la información en la memoria del Gobierno presentada en virtud del Convenio núm. 29 que a partir demayo de 2011, 25 personas habían sido acusadas de tráfico de niños (en virtud del artículo 14 de la Ley de Lucha contra la Trata
de Personas de 2007). La Comisión observa también que el Gobierno declara que entre el 28 febrero de 2008 y el 19 junio 2011,
217 casos de explotación sexual fueron registrados por la Policía Real de Malasia. La Comisión observa que el Gobierno no
indica cuántos de estos casos se trataba de la explotación sexual comercial, o cuantas de las víctimas eran menores de 18 años. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de casos de explotación sexual comercial depersonas menores de 18 años de edad detectados por la Policía Real de Malasia. La Comisión también pide al Gobierno que
continúe proporcionando información sobre el número de casos de trata de niños detectados e investigados en Malasia, asícomo estadísticas sobre el número de enjuiciamientos, condenas y sanciones aplicadas a los autores. En la medida de lo
posible, toda la información proporcionada debe ser desagregada por sexo y por edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

MalawiConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación práctica del Convenio. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que se finalizó la Política Nacional de Trabajo Infantil y que puso en marcha el Plan nacional de acción(NAP) sobre el trabajo infantil en Malawi (2010-2016), donde están bien articuladas las responsabilidades de todos los grupos deinterés en la lucha contra el trabajo infantil. La Comisión también tomó nota de que, considerando que la última encuesta generalsobre el trabajo infantil en Malawi se realizó en 2002 y que no se efectuó ninguna encuesta de seguimiento, también se prevé
llevar a cabo una encuesta nacional sobre el trabajo infantil y actualizar regularmente las estadísticas nacionales sobre el trabajo
infantil, con el fin de determinar sus tendencias y prevalencia.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual aún no es posible comunicar información sobre losresultados obtenidos a través de la aplicación del NAP, pero se comunicará información en su próxima memoria. Además, estarándisponibles para la Comisión los resultados de la encuesta nacional sobre el trabajo infantil, una vez realizada la encuesta. Sin
embargo, la Comisión toma nota de que se realizaron, en 2011, tres encuestas de referencia en Mulanje, Mzimba y Kasungu,
sobre los niños de 5 a 17 años de edad. Según estas encuestas, el 26,7 por ciento de los 1 403 niños entrevistados en Mulanje(375 niños) están implicados en el trabajo infantil, la mayoría trabajando fuera de sus hogares (24,6 por ciento), mientras que el
1,2 por ciento realiza labores del hogar. Un total del 52,2 por ciento de los niños está implicado en actividades económicas
mientras asisten a la escuela, al tiempo que el 37,8 por ciento sólo asiste a la escuela. El estudio también revela que un número
elevado de niños trabaja en condiciones peligrosas o con equipos peligrosos, como azadas, cuchillos o sierras. En Mzimba, el
40 por ciento (355 niños), de los 888 niños entrevistados, está implicado en el trabajo infantil. La mayoría de los niños trabaja ensus hogares como trabajadores familiares no remunerados (el 91 por ciento) seguido de los empleados (3,9 por ciento) y de lostrabajadores por cuenta propia (3 por ciento). Al igual que en Mulanje, se detectó que los niños trabajan con equipos peligrosos,
en su mayor parte azadas, y en condiciones peligrosas, incluso en temperaturas extremas. En Kasungu, 401 niños, que representan
el 40 por ciento de la muestra total, están implicados en actividades peligrosas condicionales. Además, los hallazgos revelaron
que las principales ocupaciones de los niños que trabajan, corresponden al trabajo doméstico (71,6 por ciento), y al trabajo en
establecimientos agrícolas y en plantaciones (20,4 por ciento), seguidas del trabajo en fábricas (3,9 por ciento), y del trabajo enlas calles o en puestos de mercados (1,3 por ciento). Expresando su preocupación ante el número de niños implicados en
trabajo infantil en Malawi, incluso en condiciones peligrosas, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que redoble sus
esfuerzos para garantizar la progresiva abolición del trabajo infantil y el fortalecimiento de la legislación pertinente en el país.
La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del NAP sobre el
trabajo infantil, y sobre los resultados obtenidos en términos de abolición progresiva del trabajo infantil. Por último, laComisión solicita al Gobierno que transmita, junto a su próxima memoria, una copia de los resultados de la encuesta nacional
sobre el trabajo infantil.
Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité delos derechos del niño, en sus observaciones finales, de 27 de marzo de 2009, expresó su preocupación de que muchos niños deedades comprendidas entre los 15 y los 17 años estuviesen ocupados en trabajos considerados peligrosos, especialmente en el
sector de las plantaciones de té y tabaco (que sigue siendo una importante fuente de trabajo infantil) (documento
CRC/C/MWI/CO/2, párrafo 66). Sin embargo, la Comisión tomó nota de que la Ley sobre el Empleo es aplicable sólo cuando
existe un contrato de trabajo o una relación laboral y no comprende el empleo independiente. En consecuencia, la Comisión
señaló a la atención del Gobierno las posibilidades de otorgar a los niños empleados independientes o a aquellos que trabajan enla economía informal la protección del Convenio. En ese sentido, la Comisión tomó nota de que se había finalizado técnicamentey esperaba la aprobación del Gabinete (antes de la sumisión al Parlamento) el proyecto de ley sobre aparcería, proyecto que
296establece una edad mínima para el trabajo en el sector del tabaco y prevé inspecciones frecuentes en las plantaciones de tabaco. El
Gobierno indicó que probablemente se discutiría y adoptaría el proyecto de ley en la próxima sesión parlamentaria, momento en
el cual se presentaría a la Comisión una copia de la Ley sobre Aparcería.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual está haciendo todo lo que puede para garantizar quese promulgue el proyecto de ley sobre aparcería y se comunicarán luego a la Oficina copias de la ley. La Comisión debe expresarnuevamente su preocupación de que no se haya aún adoptado el proyecto de ley sobre aparcería. En consecuencia, insta al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción del proyecto de ley en la próxima sesión
parlamentaria. Expresa una vez más la firme esperanza de que, al adoptar el proyecto de ley sobre aparcería, se fortalezca elcomponente de inspección del trabajo relativo a los niños que trabajan en el sector agrícola comercial por cuenta propia, ysolicita al Gobierno que comunique, junto a su próxima memoria, información sobre los progresos realizados en este sentido.
Si no se adopta en un futuro próximo el proyecto de ley sobre aparcería, la Comisión solicita al Gobierno que adopte toda
medida alternativa necesaria para garantizar que los niños empleados independientes o los niños que trabajan en la economía
informal gocen de la protección del Convenio.
Artículo 3, párrafo 1. Edad mínima para la admisión en trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de una discrepancia entre el artículo 23 de la Constitución, que prevé la protección frente al trabajo peligroso
de los niños menores de 16 años de edad, y el artículo 22, 1), de la Ley sobre el Empleo, que, de conformidad con el Convenio,
establece una edad mínima de 18 años para un trabajo que pueda resultar peligroso para su salud, su seguridad, su educación, su
moralidad o su desarrollo, o que resulte perjudicial para su asistencia a la escuela. Este asunto fue discutido en una reunión
tripartita en 2005, en la que todos los interlocutores sociales acordaron que existe la necesidad de armonizar las disposiciones delas leyes nacionales. Posteriormente, este asunto fue presentado a la Comisión de Derecho de Malawi para su consideración, y la
Comisión recomendó que la edad estipulada en virtud del artículo 23 de la Constitución, se aumentase a 18 años de edad. La
Comisión también tomó nota de que, según el NAP sobre el trabajo infantil, siguen siendo un problema las incoherencias entre
las diversas disposiciones legislativas relativas a los niños, incluida la Constitución.
Observando que la discrepancia entre el artículo 22, 1), de la Ley sobre el Empleo y el artículo 23 de la Constitución havenido discutiéndose desde 2005, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias,
en el marco del NAP sobre el trabajo infantil o de otra manera, para garantizar que se adopte, en un futuro muy próximo, laenmienda recomendada al artículo 23 de la Constitución, de conformidad con el artículo 3, 1), del Convenio.
Artículo 9, párrafo 3. Registros llevados por los empleadores. La Comisión tomó nota con anterioridad de que elartículo 23 de la Ley sobre el Empleo estipula que todo empleador tiene que llevar un registro de las personas menores de 18 añosde edad que emplea o que trabajan para él. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de la indicación del Congreso deSindicatos de Malawi (MCTU), según la cual algunos estados no tienen registros, especialmente en materia de agriculturacomercial. La Comisión tomó nota de la información del Gobierno, según la cual se finalizaría antes de fin de año el proyecto deregistro modelo y que este proyecto se presentaría al Consejo Consultivo Laboral Tripartito para su adopción. El Gobierno
también indicó que el registro modelo de empleo estaría de conformidad con el artículo 9, 3), del Convenio y se presentaría a laComisión en cuanto se haya concluido. En este sentido, la Comisión recordó al Gobierno que, en virtud del artículo 9, párrafo 3,
del Convenio, los registros que llevan los empleadores contendrán los nombres y las edades o fechas de nacimiento, debidamente
certificados, siempre que sea posible, de las personas que emplean o que trabajan para ellos, y que tengan menos de 18 añosde edad.
La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su compromiso de finalizar el registro modelo de empleo y decomunicar una copia del mismo en cuanto se haya concluido. Observando que el Gobierno ha venido refiriéndose al registro
modelo de empleo desde 2006, la Comisión insta vivamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar,
sin retrasos, su elaboración y adopción. Solicita nuevamente al Gobierno que transmita una copia del registro modelo en
cuanto se haya adoptado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 3 y 7 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Todas las formas deesclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota
de que el artículo 179, 1), de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia) dispone que una persona que participa en una
transacción que implique la trata de niños puede ser condenada a cadena perpetua. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que
según el artículo 2, d), de la misma ley, un «niño» significa una persona de menos de 16 años de edad. La Comisión recuerda que,en virtud del artículo 3, a), del Convenio, se requiere de los Estados Miembros que prohíban la venta y la trata de todos los niños
menores de 18 años de edad.
La Comisión observa que el Gobierno indica que ha tomado nota de esta observación y que esta cuestión será examinada
en la Comisión Jurídica de Malawi. El Gobierno indica también que facilitará información sobre la aplicación en la práctica de la
Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia) en memorias futuras, debido a que esta ley ha entrado en vigor recientemente.
La Comisión también toma nota de que, según las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, de 18 de junio de2012, al examinar los informes presentados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (documento
CCPR/C/MWI/CO/1, párrafo 15), Malawi ha redactado un proyecto de ley contra la trata que debería ser examinado en breve por
el Parlamento. Por consiguiente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizarque la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia), sea enmendada para extender la prohibición de venta y trata a todos
los niños menores de 18 años de edad, con carácter de urgencia, que asegure que el proyecto de ley contra la trata prohíbe laventa y la trata de niños menores de 18 años, y que sea adoptado tan rápidamente como sea posible. Además, la Comisión
solicita nuevamente al Gobierno que comunique información acerca de la aplicación en la práctica de esta Ley, así como delproyecto de ley contra la trata, una vez que éste sea adoptado, incluyendo, en particular, estadísticas sobre el número y lanaturaleza de las violaciones denunciadas, las investigaciones y enjuiciamientos realizados, y las condenas y sanciones
penales impuestas.

297

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESApartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía oactuaciones pornográficas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en su informe
al Comité de los Derechos del Niño (CRC), de 17 de julio de 2008, de que, si bien no existen datos disponibles sobre el número
de niños implicados en la explotación sexual, incluidas la prostitución y la pornografía, se trata de problemas reconocidos en el
país (documento CRC/C/MWI/2, párrafo 323). A este respecto, tomó nota de que el artículo 87, 1), d), de la Ley sobre el Niño
(cuidado, protección y justicia), dispone que el funcionario de bienestar social que tenga motivos razonables para creer que unniño está siendo utilizado para la prostitución o para prácticas inmorales, puede librarlo de esta situación y ubicarlo
temporalmente en un lugar seguro. La Comisión recordó al Gobierno que el artículo 3, b), del Convenio, requiere de los Estados
Miembros que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de los niños menores de 18 años para la prostitución, la
producción de pornografía o actuaciones pornográficas.
La Comisión toma nota nuevamente de que el Gobierno se esfuerza en incluir la prohibición de la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas en la revisión en
curso de la legislación laboral. El Gobierno indica también que, el Consejo de Censura hace todo lo que está a su alcance para
censurar la pornografía. Sin embargo, la Comisión debe expresar nuevamente su profunda preocupación por la continua falta dereglamentación destinada a prohibir la explotación sexual comercial de los niños, y señala de nuevo a la atención del Gobierno la
obligación que le incumbe en virtud del artículo 1 de adoptar medidas inmediatas para prohibir las peores formas de trabajo
infantil con carácter de urgencia. En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias, con carácter de urgencia, para garantizar la adopción de la prohibición en la legislación nacional de lautilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas menores de 18 años de edad para la prostitución, la producción depornografía o actuaciones pornográficas, e incluya sanciones suficientemente eficaces y disuasorias en esta legislación.
Ruega al Gobierno a que, en su próxima memoria, comunique información acerca de los progresos realizados al respecto.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de los
niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librar a los niños de estos tipos de trabajo y asegurar su
rehabilitación e inserción social. Niños ocupados en trabajos peligrosos en la agricultura comercial, especialmente en fincas
tabacaleras. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus
observaciones finales de 27 de marzo de 2009, expresó su preocupación por que muchos niños de entre 15 y 17 años realicen
trabajos considerados peligrosos, especialmente en las plantaciones de té y tabaco, que siguen siendo una fuente importante detrabajo infantil (documento CRC/C/MWI/CO/2, párrafo 66). La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó que serealizaron inspecciones de trabajo en el sector del tabaco, de que se retiraron niños que posteriormente fueron rehabilitados e
incorporados al sistema educativo. Asimismo tomó nota de que, como se indica en el Plan nacional de acción (NAP) sobre el
trabajo infantil se indica que el sector agrícola, incluidas las plantaciones de tabaco y las granjas familiares, constituye una de sus
prioridades sectoriales, dado que representa el 53 por ciento del trabajo infantil en el país.
La Comisión toma nota de que, según encuestas llevadas a cabo en 2011 en Mzimba, Mulanje y Kasungu, el trabajo infantil
sigue predominando en el sector agrícola. En Mzimba, el 36,6 por ciento de los niños entrevistados trabajan en la agricultura; yen Mulanje y Kasungu, el 23 y el 20,4 por ciento de los niños entrevistados, respectivamente, trabajaron en una plantación, granjao en jardinería. Las tres encuestas evidenciaron que estos niños a menudo trabajan en condiciones peligrosas, sin usar
indumentaria de protección y con equipo peligroso, por ejemplo cuchillas, arados, sierras, hoces, pangas, cortadoras ypulverizadores. Al expresar su preocupación por el número de niños que realizan trabajos peligrosos en la agricultura, laComisión insta nuevamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para proteger a los niños de los trabajos peligrosos
en este sector, en particular, en las plantaciones de tabaco, a través de medidas adoptadas en el marco del NAP en relación
con el trabajo infantil. A este respecto, solicita una vez más al Gobierno que comunique información concreta sobre elnúmero de niños a los que, de esta forma, se ha impedido que realicen este tipo de trabajo peligroso o han sido retirados delmismo para proceder a su rehabilitación e inserción social.
Apartado e). Situación particular de las niñas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según la Encuesta detrabajo infantil de 2002 realizada en Malawi, todos los niños víctimas de explotación sexual comercial eran niñas. La mitad deesas niñas había perdido a sus padres, al tiempo que el 65 por ciento de éstas no asistía a la escuela después de su segundo año.
La Comisión también tomó nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus
observaciones finales de 5 de febrero de 2010, expresó su preocupación por la magnitud de la medida en que mujeres y niñas
están implicadas en la explotación sexual comercial, incluida la prostitución, y por los datos estadísticos limitados en relación con
estos asuntos (documento CEDAW/C/MWI/CO/6, párrafo 24). Por consiguiente, solicitó al Gobierno que comunicara
información acerca de las medidas adoptadas para proteger a las niñas menores de 18 años de la explotación sexual comercial.
La Comisión insta de nuevo al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para impedir que las niñas menores de
18 años de edad pasen a ser víctimas de explotación sexual comercial, y a que aparte y rehabilite a las víctimas de esta peor
forma de trabajo infantil, en el marco del NAP sobre trabajo infantil o de otra manera. Solicita una vez más al Gobierno que
comunique información sobre las medidas concretas adoptadas en ese sentido, así como información acerca del impacto deesas medidas. En la medida de lo posible, toda la información comunicada debería estar desglosada por sexo y edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

MalíConvenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que aproximadamente 2,4 millones de niños de 5 a 14 años, a saber el 65,4 por
ciento de los niños de 5 a 14 años son económicamente activos. A estos efectos, la Comisión tomó nota de la adopción yvalidación de un programa de acción para la elaboración y conceptualización del Plan de Acción Nacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil en Malí 2011-2020 (PANETEM), cuya primera fase (2011-2015) está centrada en laeliminación de las peores formas de trabajo infantil (el 60 por ciento de los niños como objetivo) y la segunda fase298

(2016-2020) está centrada en la abolición de todas las formas de trabajo infantil no autorizadas (el 40 por ciento de los
niños como objetivo). Además, la Comisión tomó nota de las observaciones de la CSI según las cuales el 40 por ciento delos niños de 5 a 14 años realizan trabajos peligrosos.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales, en el marco del objetivo 4 del
PANETEM, que preconiza la reinserción de los niños que se han retirado del trabajo infantil, 130 niños (entre ellos
65 niñas) no escolarizados y que abandonaron la escuela se han beneficiado de una ayuda para la formación profesional en
el Círculo de Niono y 95 niños de 15 a 17 años en el Círculo de Sikasso. Además, 228 niños (114 niños y 114 niñas)
fueron liberados de las peores formas de trabajo infantil por intermedio de los servicios de formación profesional, y en
15 municipios se realizaron campañas de información y sensibilización destinadas a 228 familias de niños. Al tiempo detomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su profunda preocupación por el número
considerable de niños de edad inferior a la edad mínima que trabajan y, a menudo, en condiciones muy peligrosas. La
Comisión pide nuevamente al Gobierno que intensifique sus esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil, en
particular a través del PANETEM, y le pide que comunique informaciones sobre los resultados obtenidos en cuanto ala eliminación del trabajo infantil.
Artículo 2, párrafo 1. 1. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de laobservación de la CSI, según la cual la legislación no protege adecuadamente a los niños contra el trabajo infantil, debido
a que no prevé una protección específica para los niños que trabajan en la economía informal especialmente en la
agricultura o en el servicio doméstico. Además, la CSI indicó que en Malí hay 54 inspectores del trabajo, ninguno de loscuales ha recibido formación especializada en materia de trabajo infantil. Además, los inspectores del trabajo también
están encargados de la solución de diferencias, incluido mediante la conciliación, de manera que le resulta difícil hacer
respetar eficazmente la legislación relativa al trabajo infantil.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los inspectores del trabajo están encargados develar por la aplicación de la legislación del trabajo en el sector formal e informal. La Comisión también toma nota de que
además de la conciliación en la solución de conflictos laborales, los inspectores del trabajo también tienen la función dehacer respetar las disposiciones del Código del Trabajo relativa al trabajo infantil. Además, el Gobierno señala que comoconsecuencia de la normalización y el retorno progresivo de la administración en las regiones del norte del país, losinspectores del trabajo cumplen actividades en esas zonas. Por último, estima que va de suyo que debe reforzarse lacapacidad de los inspectores del trabajo en materia de técnica de intervención en el sector informal y las cuestiones
relativas al trabajo infantil. En relación con el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 345),
la Comisión señala que el número limitado de inspectores del trabajo no les permite cubrir el conjunto de la economía
informal. Por ese motivo, invita a los Estados Miembros a que refuercen la capacidad de la inspección del trabajo. La
Comisión insta de nuevo al Gobierno a reforzar las medidas para adaptar y fortalecer los servicios de la inspección deltrabajo de manera de garantizar que los niños que no están vinculados por una relación de trabajo, como los que
trabajan por cuenta propia en el sector de la economía informal, reciban la protección prevista en el Convenio.
2. Edad mínima de admisión al empleo o trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que,en virtud del artículo 20, b), del Código de Protección del Niño, todo niño tiene derecho al empleo a partir de los 15 años,
de conformidad con la edad mínima especificada en el momento de la ratificación del Convenio. No obstante, la Comisión
había tomado nota de que el Código del Trabajo establece que la edad mínima de admisión en el empleo de los niños en laempresa, incluso como aprendices es de 14 años y que el decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, sobre laaplicación del Código del Trabajo, prevé una lista de las cargas que los niños de edades comprendidas entre los 14 y los
17 años, no pueden cargar, arrastrar o empujar, según el tipo de herramienta de transporte, el peso de la carga y el sexo delniño. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Alto Consejo de Ministros adoptó en
2013 un proyecto de ley de enmienda de la ley núm. 92-020, de 23 de septiembre de 1992, relativa al Código del Trabajode Malí con objeto de poner en conformidad algunas de sus disposiciones con los convenios de la OIT. El Gobierno indicó
entonces que ese proyecto fija la edad de admisión al empleo a los 15 años y que los textos de aplicación del Código seránrevisados en ese sentido.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual en el momento de comunicarse la presentememoria, el Gobierno y los interlocutores sociales aún no habían cerrado las consultas sobre el proyecto de revisión delCódigo del Trabajo, que se habían reanudado a solicitud de los empleadores. Al expresar de nuevo la firme esperanza deque las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo y del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, searmonizarán con el Convenio de manera que se prohíba el trabajo de los niños menores de 15 años, la Comisión insta
al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para completar esa revisión lo más rápidamente posible. La Comisión
pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 2, párrafo 3. Edad en que cesa la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota con anterioridad deque la edad en que cesa la obligación escolar en Malí es a los 15 años. La Comisión tomó nota de las medidas adoptadas
por el Gobierno en el ámbito de la educación, aunque observó que las tasas de escolarización en el primer ciclo seguían
siendo poco elevadas y que la baja tasa de escolarización en el segundo ciclo, en comparación con el primero, demuestra
que un número considerable de niños abandonan la escuela después del ciclo primario. La Comisión tomó nota de laobservación de la CSI según la cual sólo el 35,9 por ciento de los niños y el 25,2 por ciento de las niñas acceden a laenseñanza secundaria.

299

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el conflicto armado ha desestabilizado
considerablemente el sistema educativo en las regiones norte del país aunque el retorno de la administración y lareanudación de la cooperación con los interlocutores en el ámbito de la educación ha permitido la reapertura de numerosas
escuelas en las regiones de Mopti, Tombouctou y Gao. El Gobierno indica que el Ministerio del Trabajo ha iniciado
numerosas acciones en el marco del proyecto de la OIT/IPEC de lucha contra el trabajo infantil a través de la educación,
especialmente para la retirada de esos niños del trabajo y su reinserción en la escuela, la construcción de salas de clases enlas regiones de Kayes, Ségou y Mopti. Además, indica que los Ministros de Educación y de Trabajo procedieron al
lanzamiento de un proyecto trienal 2014-2017 «Alto al trabajo infantil — la escuela es el mejor lugar para trabajar». Eseproyecto tiene por objeto eliminar el trabajo infantil y permitir que todos los niños menores de 15 años tengan derecho a
una educación formal de calidad y a tiempo completo. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno
según la cual se ha adoptado un programa provisional 2015-2016, que pronto se pondrá en ejecución y que el Gobierno haprevisto adoptar un programa decenal de desarrollo de la educación (PRODEC II) desde la fecha hasta que finalice elprograma provisional 2015-2016, una vez finalizada la evaluación en curso del PRODEC I. Por último, el Gobierno señala
que la puesta en práctica del programa provisional 2012-2015 permitió que se estableciera una tasa bruta de escolarización
en la enseñanza primaria del 69,70 por ciento y del 50 por ciento en la enseñanza secundaria para 2012-2013. La tasa dedeserción escolar en la enseñanza primaria entre 2011 y 2013 asciende al 8,3 por ciento. Según los resultados de ese
programa, la Comisión observa una acusada disparidad de esas tasas en las diversas regiones. Considerando que laescolaridad obligatoria es uno de los medios más eficaces de la lucha contra el trabajo infantil, la Comisión insta al
Gobierno a intensificar sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo en particular, aumentando
la tasa de escolarización, tanto a nivel primario como secundario y reducir las tasas de abandono escolar en todas lasregiones del país. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la evaluación del
PRODEC I, así como los progresos realizados y los resultados obtenidos en la puesta en práctica del programa
provisional 2015-2016 y del PRODEC II.
Artículo 3, párrafo 3. Admisión en los trabajos peligrosos desde la edad de 16 años. La Comisión tomó nota
anteriormente de que algunas disposiciones del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, permiten emplear aniños a partir de la edad de 16 años en trabajos peligrosos. Tomó nota de que el Gobierno indicó que el artículo D.189-33
del decreto núm. 96-178/P-RM estipula la obligación de velar por que los adolescentes de 16 a 18 años de edad ocupados
en trabajos peligrosos, hayan recibido, en la rama de actividad correspondiente, una instrucción específica y adecuada oformación profesional, de conformidad con el artículo 3, párrafo 3, del Convenio. Sin embargo, la Comisión tomó nota deque el artículo D.189-33, que se refiere a la declaración relativa a la contratación de un niño que el empleador debe hacer ala oficina de la mano de obra, no hace ninguna mención de la instrucción o de la formación profesional que debe seguir elniño mayor de 16 años para encontrarse en condiciones de realizar trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota de que elGobierno indicó que los proyectos de texto de aplicación del Código del Trabajo se revisan como consecuencia de la
adopción del Código del Trabajo revisado por la Asamblea Nacional. Esa revisión debe incorporar las condiciones
previstas en el artículo 3, párrafo 3, del Convenio.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual sigue en curso el proceso de revisión del Código
del Trabajo. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que, en el marco de la revisión de los textos de aplicación delCódigo del Trabajo, adopte medidas para garantizar que se respeten las condiciones del artículo 3, párrafo 3, delConvenio, y de proporcionar informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 7. Trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las informaciones delGobierno según las cuales se comprometía a modificar el artículo núm. 189-35 del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 dejunio de 1996, de manera de fijar la edad mínima para los trabajos domésticos o ligeros de carácter temporal a 13 años en
lugar de 12 años. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno indicó que esto se realizará en el marco de la
relectura global de los textos de aplicación del Código del Trabajo.
El Gobierno indica que el proceso de revisión del Código del Trabajo sigue su curso. La Comisión insta firmemente
al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para armonizar la legislación nacional con el Convenio y reglamentar elempleo de los niños en trabajos ligeros a partir de los 13 años. A tal efecto, expresa nuevamente la esperanza de que seelabore el decreto sobre los trabajos ligeros y se adopte en un futuro muy cercano.
Además, la Comisión toma nota del proceso de revisión del Código del Trabajo en curso e insta nuevamente con
firmeza al Gobierno a que redoble sus esfuerzos y que adopte las medidas necesarias para que la revisión general delCódigo del Trabajo y de sus textos de aplicación no deje de tener en cuenta los comentarios detallados de la Comisión
sobre las divergencias que existen entre la legislación nacional y el Convenio, y que se introduzcan enmiendas a este
respecto.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 3, apartado a), del Convenio. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. 1. Trabajo forzoso
u obligatorio. Mendicidad. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de la existencia de niños talibés,
originarios de los países fronterizos, entre ellos Malí, que los maestros coránicos (marabouts) llevan a la ciudad. Estos
niños se encuentran en condiciones de servidumbre, obligados a mendigar cotidianamente. La Comisión tomó nota de que

300

el Código Penal dispone que la persona que haya incitado a la mendicidad a un menor será castigada con una pena de tres
meses a un año de prisión. La Comisión también tomó nota de que la ley núm. 2012-023 establece, por la explotación
organizada de la mendicidad de otros, una pena de prisión de dos a cinco años y una multa de 500 000 a 2 millones defrancos malienses (CFA). Sin embargo, la Comisión tomó nota de que la práctica de la mendicidad de niños en lasescuelas coránicas constituye una violación de la ley. Además, tomó nota de las informaciones del Gobierno relativas alfortalecimiento de la capacidad de los agentes del orden, pero observó que el Gobierno no comunica ninguna información
sobre las acciones judiciales y las condenas de las personas, entre las que se encuentran los marabouts, que entregan niños
para la mendicidad forzosa.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual no tiene conocimiento de casos de acciones
judiciales iniciadas o de decisiones de justicia pronunciadas en virtud de la ley núm. 2012-023. Además, el Gobierno
indica que para aplicar las disposiciones legales relativas a la mendicidad se necesita una dosis del coraje político debido aque esta práctica está muy frecuentemente vinculada a la religión. La Comisión señaló nuevamente que, si bien lalegislación está en conformidad con el Convenio sobre este punto, la utilización de los niños talibés con fines puramente
económicos sigue siendo una preocupación en la práctica. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 7, párrafo 1,
del Convenio, el Gobierno deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimientoefectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación desanciones penales. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
con el fin de asegurar que se realicen investigaciones exhaustivas y que se lleve a término el procesamiento eficaz delos marabouts que utilizan a niños menores de 18 años con fines puramente económicos, y se les impongan sanciones
suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre losresultados obtenidos a este respecto, indicando el número de condenas y de sanciones penales impuestas, en particular,
en relación con la aplicación de las disposiciones de la ley núm. 2012-023.
2. Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. La Comisión tomó nota de laobservación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según la cual la intensificación del conflicto armado en
Malí se tradujo en un aumento del alistamiento de niños como soldados por las diferentes partes rivales activas en el nortedel país. La Comisión expresó su profunda preocupación por el hecho de que los niños sean alistados por la fuerza en
grupos armados y que esta práctica conduzca a graves violaciones de los derechos de los niños, violencias sexuales ydaños a su salud y seguridad.
La Comisión toma debida nota de que el Gobierno ha suscrito un acuerdo de paz con los grupos armados el 15 demayo y el 20 de junio de 2015, respectivamente, lográndose un cese del fuego en el terreno y que en el anexo 2 delmencionado acuerdo se prevé un proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR). Por otra parte, el Gobierno
indica que las partes refrendaron el reglamento del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Paz y que un comité deseguimiento de la aplicación del acuerdo y de la Comisión nacional de DDR adoptará un programa nacional de DDR
inclusivo, coherente y aceptado por todos. No obstante, la Comisión toma nota de que, según el informe delSecretario General sobre los niños y los conflictos armados (documento A/69/926-S/2015/409, párrafo 124) de 5 de junio
de 2015, en 2014 se verificaron casos de reclutamiento y utilización de niños por los grupos armados. Según ese informe,
cuatro niños fueron detenidos por razones de seguridad por las fuerzas armadas nacionales y posteriormente se los puso en
libertad de conformidad con el Protocolo relativo a la liberación e integración de los niños vinculados a las fuerzas ygrupos armados de 1.º de julio de 2013. Además, la Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario Generalsobre la situación de Malí al Consejo de Seguridad, de 11 de junio de 2015 (documento S/2015/426, párrafo 32), se
registraron 16 nuevos casos de reclutamiento de niños por los grupos armados y que, de entre esos niños, 15 fueron
detenidos por las fuerzas de defensa y de seguridad de Malí, algunos de los cuales durante cuatro meses. Diez de esos
niños fueron liberados. Refiriéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión subraya
que esos niños deberían ser tratados como víctimas y no como infractores. Además, señala la importancia de velar por que
los niños que son víctimas de esta explotación, que es una de las peores formas de trabajo infantil, reciban asistencia
apropiada para su rehabilitación e inserción social (párrafo 502). La Comisión pide al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para poner término, en la práctica, al reclutamiento forzoso u obligatorio de los niños menores de 18 añosde edad por parte de los grupos armados. Además, insta al Gobierno a poner en práctica el proceso de desarme,
desmovilización y reinserción de todos los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados para garantizar su
readaptación e inserción social. Por último, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar
por que se persiga y sancione a las personas que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años de edad para
utilizarlos en conflictos armados.
Artículos 3, d), y 7, párrafo 2. Trabajos peligrosos y medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Niños
que trabajan en el lavado de oro tradicional. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de laobservación de la CSI, según la cual la explotación de los yacimientos de oro emplea entre 20 000 a 40 000 niños, algunosde los cuales no tienen siquiera cinco años de edad. Los niños extraen el mineral de las galerías subterráneas y proceden ala amalgama del oro con el mercurio. En el marco de estas operaciones, los niños están expuestos a condiciones insalubres
y peligrosas que tienen una grave incidencia en su salud y seguridad. Muchos de ellos están afectados por dolores decabeza, dolores en el cuello, en los brazos o en la espalda; otros niños resultan heridos por desprendimientos o por las

301

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

herramientas, y están expuestos al riesgo de lesiones corporales graves cuando trabajan en estructuras inestables que
pueden derrumbarse en cualquier momento.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales, en el contexto de la lucha contra el
trabajo infantil en el sector del lavado de oro tradicional, la aplicación de un programa de acción para la prevención, el
retiro y la reinserción socioprofesional de los niños expuestos al riesgo o víctimas que trabajan en las pequeñas
explotaciones mineras tradicionales en la región de Sikasso (proyecto OIT/IPEC/AECID), permitió impedir la ocupaciónde 2 655 niños (1 505 niños y 1 150 niñas), retirar a 1 946 niños (1 093 niños y 853 niñas) y de proceder a la reinserciónde 709 niños (412 niños y 297 niñas). Al tiempo de tomar debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno en elcontexto de esos proyectos, la Comisión expresa su profunda preocupación por el número considerable de niños, algunosde los cuales ni siquiera llegan a los 5 años de edad, que trabajan en condiciones peligrosas en Malí en el sector del lavadode oro tradicional. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos y adopte medidas
eficaces en un plazo determinado, en el marco del Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil
en Malí PANETEM o de otro modo, con el fin de librar a los niños de las peores formas de trabajo en el lavado de oro
tradicional y obtener su readaptación e integración social. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar
informaciones sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Marruecos
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)
Artículo 2, párrafo 1. Edad mínima de admisión al empleo y aplicación del Convenio en la práctica. 1. Niños
que trabajan en actividades artesanales informales y otros sectores. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó
nota de las informaciones comunicadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales el trabajo
infantil es corriente en las actividades artesanales informales. Tomó nota asimismo de que, según el informe titulado
Comprender el trabajo infantil en Marruecos (págs. 19, 20, 22 y 23), aproximadamente 372 000 niños de edades
comprendidas entre los 7 y los 14 años, es decir, el 7 por ciento del grupo de referencia trabajan, mientras que, en el casode las edades de 12 a 14 años, la proporción de niños económicamente activos es del 18 por ciento. Según este estudio, los
niños que trabajan se sitúan en el 87 por ciento en el medio rural, en trabajos agrícolas. En el medio urbano, los niños
fueron empleados en los sectores textil y del comercio y en la reparación. Sin embargo, la Comisión observó que, en
virtud del artículo 4 del Código del Trabajo, los empleadores en los sectores de carácter puramente tradicional, es decir,
que ejercen un oficio manual con la asistencia de sus cónyuges, sus ascendientes y descendientes y de otros cinco
asistentes, en el domicilio o en otro lugar de trabajo, a los fines de la fabricación de productos tradicionales destinados alcomercio, quedan excluidos de la aplicación del Código. Así, la Comisión comprobó que los niños empleados en las
actividades artesanales informales o formales, pero que implican a más de cinco empleados, no gozan de la protección delCódigo del Trabajo y, en consecuencia, de la aplicación de la edad mínima de 15 años. La Comisión tomó nota de la
indicación del Gobierno, según la cual se elaboró, en colaboración con el Departamento de Artesanía, un proyecto de leyque fija las condiciones de trabajo y de empleo en las actividades de carácter puramente tradicional, que se encuentra en
curso de adopción. Este proyecto de ley dedica un artículo a la prohibición del trabajo infantil de los menores de 15 añosde edad, de conformidad con los artículos 143 y 153 del Código del Trabajo.
La Comisión toma nota con interés de la información del Gobierno, según la cual el proyecto de ley relativo a lascondiciones de trabajo y de empleo en los sectores de carácter puramente tradicional, fue objeto de un examen por elConsejo de Gobierno, el 25 de diciembre de 2014. Además, toma nota de la información según la cual se realizó, en
2013-2014, en colaboración con la OIT/IPEC, una encuesta sobre las actividades de los niños en las pequeñas
explotaciones agrícolas. La Comisión toma nota de que, según las informaciones contenidas en el informe de encuesta delEstudio sobre las actividades de los niños en las pequeñas explotaciones agrícolas de Marruecos (2014), de 492 niños
encuestados, la edad media de los niños que trabajan en las pequeñas explotaciones agrícolas, es de 14,3 años,
representando los que tienen más de 15 años aproximadamente el 57 por ciento y los menores de 12 años, el 10 por cientodel total (pág. 90). Además, toma nota de que la edad media en el momento del abandono escolar, es de 13 años (pág. 90).
Recordando que el Convenio se aplica a todos los sectores, incluido el informal, la Comisión insta al Gobierno que
tenga a bien garantizar que se adopte próximamente este proyecto de ley y que comunique una copia del mismo en
cuanto se haya adoptado. Pide al Gobierno que se sirva proseguir sus esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil ycomunicar informaciones sobre la puesta en práctica de cualquier proyecto pertinente, así como sobre los resultados
obtenidos en términos de abolición progresiva del trabajo infantil, especialmente en los sectores artesanal y agrícola.
2. Niños en el trabajo doméstico. En lo que atañe a la cuestión del trabajo doméstico de los niños, la Comisión
pide al Gobierno que tenga a bien remitirse a sus comentarios detallados formulados en relación con el Convenio
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).
Artículo 9, párrafo 1. Sanciones. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 151 del Código delTrabajo dispone que el empleo de un niño menor de 15 años de edad, en violación del artículo 143 del Código, podrá sersancionado con una multa de 25 000 a 30 000 dirhams (de 3 000 a 3 600 dólares de los Estados Unidos) y, en caso dereincidencia, de una pena de reclusión de seis días a tres meses y/o de una multa de 50 000 a 60 000 dirhams (de 6 000 a
302

7 200 dólares de los Estados Unidos). Sin embargo, tomó nota de que los artículos 150 y 183 del Código del Trabajo,
prevén una pena de multa de 300 a 500 dirhams (de 36 a 60 dólares de los Estados Unidos) para una violación delartículo 147 del Código (prohibición de emplear a niños menores de 18 años en trabajos peligrosos) o para una violacióndel artículo 179 (prohibición de emplear a niños menores de 18 años en las canteras y en las minas, o para trabajos
susceptibles de entorpecer su crecimiento). Además, la Comisión tomó nota de que, antes de recurrir a las sanciones, elinspector del trabajo debe dar consejos e informaciones a los empleadores sobre los peligros a los están expuestos los
niños trabajadores. En virtud de los artículos 542 y 543 del Código del Trabajo, el inspector del trabajo que compruebe
una violación de las disposiciones legislativas o reglamentarias relativas a la higiene y a la seguridad, que pongan en
peligro inminente la salud o la seguridad de los asalariados, deberá obligar al empleador a que cumpla de manera
inmediata todas las medidas que se impongan. Si el empleador se niega o pasa por alto conformarse a las prescripciones
contenidas en el requerimiento, el inspector del trabajo remitirá inmediatamente el caso al Presidente del Tribunal dePrimera Instancia, que puede acordar un plazo al empleador para que adopte todas las medidas necesarias encaminadas a
impedir el peligro inminente y puede ordenar el cierre del establecimiento, fijando, llegado el caso, la duración necesaria
para ese cierre. La Comisión señaló que aquellos que hayan empleado niños en violación de las disposiciones que dan
cumplimiento al Convenio, no son, por regla general, perseguidos desde el momento en que se haya puesto fin al empleo
delictivo.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales, en 2014, los inspectores del trabajo
efectuaron 610 visitas en las que se formularon 2 573 observaciones, 60 requerimientos, y 42 contravenciones y delitos. El
Gobierno indica que estas observaciones concernieron a 112 niños menores de 15 años que fueron retirados del trabajo demanera definitiva y a 604 niños de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, que fueron retirados de trabajos
peligrosos. Los inspectores del trabajo que han recibido una formación específica sobre el trabajo infantil, designadoscomo puntos focales, han podido retirar a 110 niños menores de 15 años de edad y a 338 niños de trabajos peligrosos. Sin
embargo, la Comisión toma nota de la ausencia de informaciones sobre las eventuales sanciones impuestas a los autores.
La Comisión lamenta tomar nota asimismo de la ausencia de informaciones en la memoria del Gobierno sobre las
eventuales modificaciones legislativas acerca de las sanciones relativas a las violaciones de la prohibición de emplear aniños menores de 18 años en trabajos peligrosos. En efecto, la Comisión recuerda que las sanciones previstas en losartículos 150 y 183 del Código del Trabajo, relativas al empleo de los niños menores de 18 años de edad en trabajos
peligrosos, no son aún suficientemente adecuadas y disuasorias para garantizar la aplicación de las disposiciones delConvenio sobre los trabajos peligrosos, de conformidad con el artículo 9, párrafo 1, del Convenio, sobre todo si se lascompara con las sanciones previstas en el artículo 151 del Código del Trabajo, que son mucho más severas. En
consecuencia, la Comisión insta nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias paragarantizar que aquel que contraviene las disposiciones que prohíben el empleo de los niños menores de 18 años en
trabajos peligrosos, sea objeto de acciones judiciales y de sanciones disuasorias y suficientemente eficaces. Pidenuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre el tipo de infracciones del Convenio detectadas
por la inspección del trabajo, el número de personas perseguidas por cada tipo de infracción y las sanciones impuestas,sobre todo en lo que atañe a las disposiciones que dan efecto al Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartados a) y d). Trabajo forzoso u obligatorio y
trabajo peligroso. Trabajo doméstico infantil. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las
indicaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales el trabajo doméstico infantil encondiciones de servidumbre es una práctica corriente en el país, y los padres venden a sus hijos, que a veces sólo tienen
6 años de edad, para que trabajen como sirvientes. La CSI indicó asimismo que son aproximadamente 50 000 los niños, en
su mayoría niñas, que trabajan como sirvientes en la ciudad de Casablanca. La Comisión tomó nota de que el artículo 10
del Código del Trabajo prohíbe el trabajo forzoso y que, en virtud del artículo 467-2, del Código Penal, está prohibido el
trabajo forzoso de los niños menores de 15 años. También tomó nota de que se adoptó, en junio de 2011, un proyecto deley sobre el trabajo doméstico, pero que la instauración de un nuevo gobierno retrasó el proceso de validación, dando
lugar a la retirada del proyecto de ley del Parlamento y a una nueva sumisión al Consejo del Gobierno en 2012 para un
examen exhaustivo. Este proyecto de ley fija la edad mínima de admisión a este tipo de empleo en los 15 años, establece
las condiciones de trabajo y prevé las medidas de control, así como las sanciones aplicables, que van hasta penas dereclusión contra los empleadores que ocupan a niños menores de 15 años. La Comisión tomó nota asimismo de que seelaborará y adoptará, conjuntamente con la futura ley sobre condiciones de empleo y de trabajo de los asalariados
domésticos, una lista específica que fija los trabajos peligrosos prohibidos en el sector del trabajo doméstico. Por otra
parte, la Comisión tomó nota de que se realizó, en la región de la Gran Casablanca, una primera encuesta cualitativa ycuantitativa sobre las niñas menores de 18 años que realizan trabajos domésticos, según la cual cerca de 23 000 niñas
menores de 18 años de edad trabajan en la región de Gran Casablanca como empleadas domésticas, el 59,2 por ciento delas cuales tiene menos de 15 años. La encuesta reveló que un número importante de estas niñas fueron sometidas a abusos.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales el proyecto de ley sobre el trabajo
doméstico fue adoptado por la Cámara de Consejeros el 27 de enero de 2015 y se encuentra en la actualidad en la Cámara
303

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESde Representantes para su adopción final. El Gobierno indica que la edad mínima mantenida en la versión final delproyecto de ley es de 16 años. El Gobierno indica asimismo que se preparó la lista específica que establece los trabajos
peligrosos prohibidos en el sector del trabajo doméstico y que será colocada en los circuitos de aprobación tras la
promulgación del mencionado proyecto de ley. Indica que esta lista será objeto de una consulta con los interlocutoressociales. La Comisión toma nota asimismo de la información del Gobierno, según la cual la encuesta nacional anual sobre
el trabajo realizada por el Alto Comisariado en el Plan, en 2013, viene a demostrar que son 86 000 los niños afectados por
el trabajo infantil, 6 000 de los cuales realizan trabajos domésticos. Sin embargo, la Comisión precisa que, según esta
misma encuesta, el número de niños afectados por el trabajo infantil corresponde a la franja de edad situada entre los 7 y
los 15 años y no comprende la totalidad de los niños que trabajan. Además, el Gobierno indica que se realizó, con la OIT,en 2013-2014, un estudio sobre la identificación del trabajo inaceptable en el trabajo doméstico de limpieza, cuyos
resultados se prevén para el segundo semestre de 2015 y se enviarán con la próxima memoria. Al tiempo que toma debida
nota de los recientes avances en el proceso de adopción de la ley sobre el trabajo doméstico, la Comisión, no obstante,
toma nota con preocupación de que, en sus observaciones finales de 14 de octubre de 2014 (documento
CRC/C/MAR/CO/3-4, párrafo 64), el Comité de los Derechos del Niño comprobó que las autoridades no adoptaron
medidas suficientes para retirar a las niñas, algunas de apenas 8 años de edad, de las casas en las que están empleadascomo domésticas en condiciones muy precarias. La Comisión insta al Gobierno que tenga a bien tomar las medidas
necesarias para garantizar que se adopten con carácter de urgencia este proyecto de ley y esta lista de trabajos
peligrosos. La Comisión pide asimismo al Gobierno que se sirva adoptar medidas inmediatas y eficaces para luchar
contra el trabajo doméstico infantil. Por último, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar los
resultados del estudio sobre el trabajo doméstico de limpieza. En la medida de lo posible, todas estas informaciones
deberían ser desglosadas por sexo y por edad.
Artículo 3, a). Trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno nocontaba con una legislación nacional sobre la trata de niños.
La Comisión toma nota de las observaciones finales de 14 de octubre de 2014, según las cuales el Comité de losDerechos del Niño señaló con preocupación que Marruecos sigue siendo un país de origen, de destino y de tránsito paralos niños, sobre todo de aquéllos originarios del África Subsahariana y del sur de Asia, que están sometidos a un trabajo
forzoso, especialmente como empleados domésticos, así como a la trata con fines de explotación sexual y a la mendicidad
forzosa, siendo niños dos tercios de las víctimas de trata (documento CRC/C/MAR/CO/3-4, párrafo 68). Además, laComisión toma nota de las informaciones contenidas en el estudio sobre La trata de mujeres y de niños en Marruecos(2015), realizado conjuntamente por ONU Mujeres, Marruecos y la Confederación Suiza, en el que se precisa la existencia
de trabajo forzoso de niños varones en las artesanías y en la agricultura, así como la trata con fines de explotación sexualen la prostitución o la pornografía (pág. 97). Por último, la Comisión toma nota de que, según el informe de la Relatora
Especial sobre la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, de 1.º de abril de 2014 (documento
A/HRC/26/37/Add.3, párrafo 25), estará probablemente en vigor, en 2015, un proyecto de enmienda al Código Penalrelativo a la trata. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias paragarantizar la adopción de una ley que abarque la prohibición de la trata de niños y comunicar una copia de la ley en
cuanto se haya adoptado. La Comisión pide asimismo al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre todas
las medidas desarrolladas para luchar contra la trata de niños, el número de niños víctimas de trata y el número deacciones judiciales a los autores de trata.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación deniños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de esas peores formas, y asegurar su rehabilitación e inserción
social. Prostitución infantil y turismo sexual. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su preocupación
por la persistencia de la prostitución infantil y del turismo sexual que implica a jóvenes marroquíes e inmigrantes,
especialmente niños varones, a pesar de la modificación del Código Penal de 2003 que introdujo el delito de turismo
sexual. Tomó nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales la lacra de la explotación sexual infantil sigue
siendo invisible y desconocida en Marruecos, razón por la cual el Gobierno no escatima esfuerzos. La Comisión también
tomó nota de que se establecieron, desde 2007, cinco unidades de protección de la infancia (UPE), en Marrakech,
Casablanca, Tánger, Meknes y Essaouira, para garantizar una mejor atención médica, psicológica y jurídica de los niños
víctimas de violencia o de malos tratos, entre los que se encuentran los niños víctimas de explotación sexual o económica,
y de que se han podido beneficiar de estas prestaciones cientos de niños.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual el Plan Nacional de Acción para la Infancia
2006-2015 (PANE) prevé medidas de protección específicas para la explotación sexual infantil. El Gobierno indica que,en la evaluación de mitad de período del PANE, en 2011, se registraron logros notables, como la creación de nuevas
estructuras públicas en materia de protección de los niños víctimas de violencia sexual, las unidades de atención en lostribunales y en los hospitales, las unidades de escucha en el ámbito de la Dirección General de Seguridad Nacional, lasunidades de protección de los niños, las unidades de orientación y de escucha en los establecimientos escolares, el teléfono
verde ONDE y los espacios de acogida a los niños en las comisarías. El Gobierno también indica que ha elaborado una
política pública integrada de protección de la infancia en 2013, dirigida sobre todo a la protección de los niños contra la
explotación sexual. El Gobierno indica que, en 2010, las tres unidades de protección de la infancia (UPE) de Casablanca,
Marrakech y Tánger, fueron obstaculizadas en su funcionamiento por la falta de estatuto jurídico y que el MSFFDS

304

procedió al establecimiento de ocho UPE, en Sidi Kacem, Oujda, Tetuán, Agadir, Beni Mellal y Salé, velando al mismo
tiempo por el reinicio de la UPE de Tánger y por el apoyo de la UPE de Casablanca. La Comisión toma nota asimismo delEstudio sobre la violencia sexual contra niños en Marruecos, desarrollado conjuntamente por el Consejo Nacional de
Derechos Humanos, UNICEF y una ONG (Estudio de violencia sexual de 2014), según el cual la explotación sexual con
fines comerciales en Marruecos sigue estando presente, pero muy poco documentada. La Comisión toma nota de que elGobierno indica que este estudio servirá para orientar mejor las acciones futuras. Sin embargo, la Comisión toma nota deque, según el mencionado estudio sobre la violencia sexual, las UPE, no se beneficiaron del apoyo necesario para sereficaces (pág. 70). Por último, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 14 de octubre de 2014
(documento CRC/C/MAR/CO/3-4), el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación acerca de la expansióndel turismo sexual (párrafo 40), así como del hecho de que no se previó ningún presupuesto para la ejecución del PANE, ylamentó que la evaluación del plan en 2011 no haya dado lugar al seguimiento requerido (párrafo 12), no pudiendo así
responder a la problemática de la explotación sexual. Al tiempo que toma buena nota de los esfuerzos del Gobierno, laComisión le insta a adoptar medidas inmediatas y eficaces para luchar contra la explotación sexual comercial infantil.
La Comisión pide asimismo al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre la aplicación del plan nacionalde acción y de la política pública integrada de protección de la infancia sobre la explotación sexual, así como
informaciones sobre el número de niños a los que se evitó la prostitución o que fueron retirados de la prostitución
mediante las UPE.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las comunicaciones de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM),
de 29 de agosto de 2013, y de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), de 28 de agosto de 2015,así como de la memoria del Gobierno.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de las indicaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales el
Ministerio de Trabajo autoriza, sin excepción, el trabajo de los niños de 13 años de edad, tanto en el sector agrícola comoen el sector no agrícola. La Comisión también tomó nota de que, según el estudio realizado por el Gobierno en
colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aproximadamente 90 000 niños menores de
14 años trabajaban en el país.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CLTM, según las cuales, niños pequeños, incluyendo hijos deesclavos y antiguos esclavos, trabajan en condiciones peligrosas en los sectores de la agricultura, la pesca artesanal y en
trabajos de construcción y de recolección de desperdicios. Además, la CLTM indica que esos niños trabajan sin descanso
durante toda la jornada, sufriendo como consecuencia de ello múltiples problemas de salud. La Comisión toma debida
nota de la indicación del Gobierno, según la cual el 14 de mayo de 2014 se adoptó un Plan de acción nacional para laeliminación del trabajo infantil 2015-2020 (PANETE-RIM). La Comisión toma nota de que PANETE-RIM se inscribe enel marco de la aplicación de la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, cuya Recomendación
núm. 17 preconiza tomar en cuenta la lucha contra el trabajo infantil al concertarse acuerdos entre el Estado y lasempresas multinacionales. El Gobierno indica que ese Plan de acción se articula en torno a cinco ejes estratégicos, es
decir, el refuerzo de los marcos jurídicos e institucionales, el refuerzo de las capacidades técnicas y operacionales de losactores, la sensibilización y la mejora de los conocimientos sobre el trabajo infantil, la ejecución de acciones directas delucha contra el trabajo infantil en los ámbitos y sectores de utilización y de explotación, así como la colaboración, lacoordinación y las alianzas de cooperación. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CGTM, según lascuales los interlocutores sociales fueron asociados a la elaboración y concepción del PANETE-RIM. La Comisión también
toma nota de que el Gobierno indica que el establecimiento de 30 sistemas comunales de protección de los niños en
10 wilaya ha permitido hacerse cargo de 10 782 niños víctimas de ese trabajo. No obstante, la Comisión observa que,según el informe MICS4 – Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, de 2011, finalizada por la Oficina
Nacional de Estadísticas en 2014 y mencionada en el PANETE-RIM, el 22 por ciento de los niños de 5 a 14 años
participan en el trabajo infantil. Al tiempo de tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión debe
expresar su preocupación por la situación de los niños que trabajan, de edades inferiores a la edad mínima,
frecuentemente en condiciones peligrosas. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para garantizar la abolición efectiva en el trabajo infantil y comunicar informaciones relativas a lasactividades y los resultados obtenidos en el marco de la aplicación del Plan de acción nacional para la eliminación deltrabajo infantil 2015-2020 (PANETE-RIM).
Artículo 2, párrafo 3. Escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno informó
que uno de los métodos para garantizar la abolición del trabajo infantil, fue la adopción de la Ley núm. 2001-054, de 19 dejulio de 2001, sobre la Obligación de la Enseñanza Fundamental para los niños de ambos sexos de 6 a 14 años cumplidos
por una duración de al menos seis años de escolaridad. Sin embargo, la Comisión también había tomado nota de la escasa
tasa de escolarización en la enseñanza primaria y la tasa muy baja de escolarización en la enseñanza secundaria.

305

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual el Centro de Protección e Integración Social
Infantil (CPISE) ha permitido la reinserción escolar de más de 1 000 niños no escolarizados. La Comisión también toma
nota de que en el Ministerio de Educación se ha establecido una unidad encargada de la cuestión de los niños noescolarizados, según se indica en el informe anual del UNICEF 2013 (pág. 17). Sin embargo, la Comisión toma nota de lasobservaciones de la CLTM según las cuales el Estado no hace esfuerzo alguno para crear condiciones propicias que
garanticen la escolaridad de los niños y un nivel de vida aceptable, e indican que la mayor parte de las adwabas (aldeas deantiguos esclavos) carecen de escuela y de servicios básicos. La Comisión también toma nota de que, según el informe del
UNICEF, la falta de escolarización sigue siendo un desafío importante en Mauritania. Asimismo, la Comisión toma nota
de que, según el Análisis de la situación del trabajo infantil en Mauritania (informe sobre el trabajo infantil 2015)
elaborado juntamente por el Gobierno y la OIT/IPEC, el abandono escolar constituye una de las causas principales de lapresencia de numerosos niños en el mercado de trabajo de Nouakchott (pág. 20). Al tiempo de tomar debida nota de lasmedidas previstas por el PANETE-RIM, por ejemplo, las medidas de apoyo al programa ZEP (zonas de educación
prioritaria) para disminuir el abandono escolar y mejorar la tasa de asistencia (objetivo 4.2), la Comisión toma nota con
preocupación de la persistencia de escasas tasas de asistencia escolar, a tenor de las estadísticas de la Organización de lasNaciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO de 2013, según las cuales la tasa neta deescolarización en la enseñanza primaria es del 73,1 por ciento, del 21,6 por ciento la enseñanza secundaria y del 64,1 por
ciento la tasa de terminación de la escuela primaria. Recordando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más
eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las
medidas necesarias, incluidas en el marco de la aplicación del PANETE-RIM, para suministrar una enseñanza
obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, mediante el aumento de las tasas de escolarización de laenseñanza primaria y secundaria y la disminución de la tasa de abandono escolar. La Comisión pide al Gobierno que
comunique informaciones sobre toda novedad a este respecto.
Artículo 7, párrafo 3. Determinación de los trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó
nota de que, en virtud del artículo 154 del Código del Trabajo que reglamenta el empleo de los niños de 12 a 14 años en
trabajos ligeros, ningún niño de 12 años cumplidos y de menos de 14 años puede ser empleado sin autorización expresadel Ministro encargado del trabajo, y únicamente bajo determinadas condiciones que limitan las horas de este empleo. La
Comisión recordó al Gobierno que el artículo 7, párrafo 3, dispone que, además del número de horas y de las condiciones
de trabajo, la autoridad competente debe determinar las actividades en las que puede autorizarse el empleo o el trabajo
ligero de los niños de 12 a 14 años. La Comisión también había tomado nota de la indicación del Gobierno, según la cualse transmitirá a la Oficina, en cuanto se adopten, una copia de las disposiciones que determinen las actividades en las que
puede autorizarse el empleo o el trabajo ligero de los niños.
La Comisión toma nota de la ausencia de información a este respecto en la memoria del Gobierno. Al observar que
un número importante de niños de edades inferiores a la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo trabajan en
Mauritania, la Comisión insta nuevamente con firmeza al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, especialmente
en el marco de aplicación del objetivo 1.2 del PANETE-RIM, para armonizar la legislación nacional con el Convenio yreglamentar el empleo de niños de 12 a 14 años en trabajos ligeros.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud o prácticas análogas. 1.
Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley núm. 025/2003,de 17 de julio de 2003, sobre la Represión de la Trata de Personas. La Comisión señaló que Mauritania sería un país deorigen en lo que respecta a la trata de niños con fines de explotación de su trabajo.
La Comisión toma nota de la ausencia de información a ese respecto en la memoria del Gobierno. La Comisión
observa que el Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil 2015-2020 (PANETE-RIM) ha permitido
identificar la presencia de niños víctimas de la trata en Mauritania, incluidos los niños víctimas de las secuelas de laesclavitud, los niños talibés y los niños extranjeros (párrafos 2.4). La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien
redoblar sus esfuerzos para garantizar, en la práctica, la protección de los niños menores de 18 años contra la venta yla trata de niños con fines de explotación sexual o de su trabajo. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno
que tenga a bien comunicar informaciones sobre la aplicación de la Ley núm. 025/2003, de 17 de julio de 2003, sobre
la Represión de la Trata de Personas en la práctica, comunicando especialmente estadísticas sobre el número y lanaturaleza de las infracciones observadas, las investigaciones realizadas, los procesamientos llevados a cabo, y lascondenas y las sanciones penales aplicadas.
2. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que elartículo 42, apartado 1, de la ordenanza núm. 2005-015, sobre la protección penal del niño, dispone que el hecho de incitaro de emplear directamente a un niño en la mendicidad, está castigado con una pena de uno a seis meses de prisión y una
multa de 100 000 ouguiyas. La Comisión tomó nota de los alegatos de la CGTM, según los cuales los maestros de las
escuelas religiosas obligan a los niños a ir a las calles a mendigar, exponiéndolos a la delincuencia y a riesgos peligrososde daños a su integridad. Por último, la Comisión tomó nota de la información de la Relatora especial sobre las formas

306

contemporáneas de la esclavitud señalando que existe una unidad de policía especializada, formada para trabajar con
niños, y que los servicios del Ministro del Interior vigilan las madrazas para asegurarse de que los niños no sean alentados
a mendigar en beneficio de sus maestros religiosos.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales un estudio realizado en Nouakchott en2013 demuestra que la práctica de la mendicidad afecta al 3,57 por ciento de los niños de 3 a 5 años, el 5,95 por ciento delos niños de 6 a 7 años, el 14,29 por ciento de los niños de 9 a 10 años, el 27,38 por ciento de los niños de 12 a 14 años yel 9,25 por ciento de los niños de 15 años. Además, el estudio demuestra que el 90 por ciento de los niños mendigos son
varones y que el 61 por ciento de los niños declaran que mendigan por instrucciones de su marabout. Según el
PANETE-RIM, los niños talibés están expuestos a situaciones peligrosas, y pasan en la calle la mayor parte de su tiempo,
sin, en algunos casos, poder regresar si no aportan algo a su maestro bajo pena de ser castigados físicamente (párrafo 2.4).
La Comisión también observa que la situación particular de los niños talibés se tomará en cuenta en el marco de lasacciones y las medidas de prevención previstas en el objetivo 4.2 del PANETE-RIM. Sin embargo, la Comisión toma nota
de la ausencia de información en relación con las investigaciones y procesamientos iniciados contra los marabouts. La
Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, debe adoptar todas lasmedidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva y el respeto de las disposiciones que dan efecto al Convenio,
incluso mediante el establecimiento y la aplicación de sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. En consecuencia,
la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se lleven atérmino investigaciones exhaustivas y el procesamiento eficaz de los marabouts que utilizan niños menores de 18 años
con fines puramente económicos, y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. A este respecto,
la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número de niños talibés que han sido
identificados por el servicio de policía especializada y por los servicios del Ministro del Interior. Por último, pide al
Gobierno que comunique una copia del estudio sobre los niños talibés realizado en 2013.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Ayuda para liberar a
los niños de las peores formas de trabajo infantil. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. La Comisión tomó
nota de la falta de información sobre las medidas adoptadas en Mauritania para identificar y proteger a los niños que viveno trabajan en la calle.
La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales, a través del sistema nacional deprotección del niño establecido por el Ministerio de Asuntos Sociales, la Infancia y la Familia, 5 084 niños trabajadores ymendigos no escolarizados han sido incorporados al sistema escolar en el ámbito de las wilayas (regiones) de Nouakchott,
Dakhlet Nouadhibou y de Assaba. No obstante, la Comisión toma nota de la presencia persistente de niños que ejercen lamendicidad según se indica en el Análisis de la situación del trabajo infantil en Mauritania (Informe sobre el trabajo
infantil 2015, párrafo 13, pág. 39) elaborado conjuntamente por el Gobierno y la OIT/IPEC. La Comisión pide al
Gobierno que continúe indicando el número de niños víctimas de la mendicidad retirados de la calle a los que se ha
asegurado su rehabilitación e inserción social, especialmente en el centro de protección y de integración de los niños
en situación difícil o por los servicios del Ministro del Interior. Además, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien
indicar todas las medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado para localizar a los niños talibés que son
obligados a mendigar y librarlos de tales situaciones, al tiempo que se asegura su rehabilitación y su inserción social.
Apartado e). Situación particular de las niñas. Trabajo doméstico. En sus comentarios anteriores, la Comisión
tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual las niñas pequeñas que trabajan como empleadas de hogar tienen,
la mayoría de las veces, una instrucción escolar limitada o ni siquiera están instruidas. La Comisión tomó nota de losalegatos de la CGTM, según los cuales los trabajos domésticos en los hogares son trabajos cotidianos, pesados e intensos
para los niños que, desde muy pequeños, están sometidos a vejaciones. Además, la Confederación Sindical Internacional(CSI) indicaba que muchas niñas pequeñas son forzadas a un régimen de servidumbre doméstica no remunerada y son
particularmente vulnerables a la explotación.
La Comisión toma nota de que el Gobierno no comunica ninguna información a este respecto en su memoria. La
Comisión toma nota, no obstante, de la información contenida en el PANETE-RIM, según la cual los niños empleados
domésticos representan el 17,28 por ciento de los niños que figuran en la encuesta y trabajan más de 16 horas diarias.
Además, el plan señala que en su mayoría, se trata de niñas no escolarizadas que trabajan de manera clandestina y, enparticular están sujetas a maltratos, violaciones, falta de pago de las remuneraciones, etc. (párrafo 2.4). La Comisión
observa también que, según el Estudio relativo al análisis legislativo e institucional sobre el trabajo infantil en
Mauritania (Estudio legislativo 2015) elaborado conjuntamente por el Gobierno y la OIT, el trabajo doméstico está
reservado tradicionalmente a las hijas de antiguas esclavas que se ven obligadas a reproducir la situación de sus madressujetas a la servidumbre. El estudio añade que las niñas que realizan trabajos domésticos están sistemáticamente ensituación de pobreza y, en su mayor parte, están expuestas a malos tratos, la explotación y la violencia (pág. 8). La
Comisión se ve obligada a expresar su preocupación ante la situación de las niñas que realizan trabajos domésticos. En
efecto, la Comisión recuerda al Gobierno que las niñas pequeñas empleadas en trabajos domésticos, son a menudo
víctimas de la explotación y que la naturaleza clandestina de ese trabajo hace difícil el control de sus condiciones deempleo. La Comisión recuerda también al Gobierno que, en virtud del artículo 1 del Convenio, todo Estado Miembro
deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición de las peores formas de trabajo infantil con
carácter de urgencia. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas eficaces en un

307

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

plazo determinado para garantizar que los niños víctimas de la explotación en el trabajo doméstico sean retirados deesta peor forma de trabajo y se asegure su rehabilitación e inserción social, especialmente en el marco de la aplicacióndel PANETE-RIM. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones a este respecto.
Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión observa que,según el Informe sobre el trabajo infantil en 2015, los niños trabajan, en particular, en los sectores de la mecánica, lapesca, la agricultura, en pequeños comercios, en el trabajo doméstico, o empujando carretillas. Además, los niños trabajan
en condiciones peligrosas susceptibles de perjudicar su salud, en su mayoría en la calle y durante largas jornadas. En
efecto, la Comisión toma nota que los niños que empujan carretillas están particularmente expuestos a los accidentes de lacirculación, los niños porteadores transportan mercancías pesadas perjudiciales para su salud, la vida de los niños está
expuesta a altos riesgos que suponen los motores en suspensión en los talleres mecánicos, los niños en las zonas rurales
están expuestos al sol, las niñas que trabajan en hoteles y restaurantes son a veces víctimas de violaciones y los niños
trabajan sin descanso durante todo el día. (págs. 21 y 22). Además, según indica el PANETE-RIM, los niños pastores demenos de 10 años de edad que se ocupan del ganado menor inician su jornada muy temprano, se acuestan tarde y trabajan
más de 16 horas por día, expuestos a los peligros inherentes a su actividad. La Comisión expresa su preocupación por lasituación de los niños que son ocupados en las peores formas de trabajo, incluidos los trabajos peligrosos. La Comisión
insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar en la práctica la protección delos niños de las peores formas de trabajo, especialmente a través del PANETE-RIM. Además, la Comisión pide al
Gobierno tenga a bien comunicar informaciones estadísticas sobre la naturaleza, alcance y tendencias de las peores
formas de trabajo infantil, especialmente en el sector de la economía informal. En la medida de lo posible, todas esas
informaciones deberían estar desglosadas por sexo y edad.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

MéxicoConvenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota con interés de la ratificación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), queentrará en vigor para México el 10 de junio de 2016.
Artículos 3, a), y 7, párrafo 1, del Convenio. Venta y trata, y sanciones. En sus comentarios anteriores, laComisión había tomado nota de las estadísticas transmitidas por la Fiscalía especial para los delitos de violencia contra las
mujeres y trata de personas (FEVIMTRA) en relación con el número de investigaciones realizadas, y condenas ysanciones impuestas. Además, la Comisión había tomado nota de que, en 2012 se adoptó la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
delitos que tipifica como delito penal la trata de personas menores de 18 años. Sin embargo, también expresó su
preocupación por el número poco elevado de condenas impuestas por trata de menores de 18 años para su explotación
sexual comercial y por los alegatos de complicidad de funcionarios públicos en la trata y pidió al Gobierno que redoblara
sus esfuerzos en este sentido.
La Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual la
FEVIMTRA inició 105 investigaciones entre julio de 2014 y mayo de 2015, de las cuales 13 conciernen a menores de
18 años. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno según la cual se han pronunciado dos
condenas a nueve años de prisión en casos de trata de menores de 18 años en los estados de Chiapas y Puebla. Tomando
nota del reducido número de condenas, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar laeliminación en la práctica de la trata de personas, velando por que se lleven a cabo investigaciones en profundidad y se
impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias en la práctica a las personas que cometan estos actos,
incluidos los funcionarios públicos que sean cómplices. Pide al Gobierno que continúe transmitiendo información
detallada sobre la aplicación de la Ley contra la Trata de 2012 en los estados de la Federación, a saber, entre otras
cosas, información sobre las infracciones señaladas, las investigaciones realizadas, los procedimientos incoados y lascondenas y las sanciones penales impuestas en los casos en los que las víctimas son niños y adolescentes.
Artículo 3, b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños con fines de prostitución, de producción de material
pornográfico o de actuaciones pornográficas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota delestablecimiento de una base de datos federal sobre el número y la naturaleza de las infracciones relativas a la prostitución,la explotación sexual y el turismo sexual que implican a personas menores de 18 años, y del número de investigaciones ycondenas relativas a la prostitución y pornografía infantil. Asimismo, había tomado nota de que, en sus observaciones
finales, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la amplitud del turismo pedófilo, en particular enlas regiones turísticas.
La Comisión toma nota de que según las estadísticas transmitidas por el Gobierno, entre julio de 2014 y mayo de2015, la FEVIMTRA inició 33 investigaciones preliminares en casos de pornografía que afectan a menores de 18 años.
Sin embargo, la Comisión observa que en sus observaciones finales de 2015 (documento CRC/C/MEX/CO/4-5,
párrafo 69), el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el elevado número de casos de explotación308

sexual de niños, incluido el turismo sexual que implica a niños, así como por la impunidad general de la que disfrutan los
autores de estos delitos. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para luchar
contra la prostitución y la pornografía infantil, velando, entre otras cosas, por que se realicen investigaciones en
profundidad y se impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias a los autores de estos actos. Le pide que
continúe transmitiendo información sobre el número de infracciones señaladas, investigaciones realizadas,
procedimientos entablados, y condenas y sanciones penales impuestas por infracciones en materia de prostitución ypornografía infantil.
Artículos 3, d), y 4, párrafo 1. Trabajos peligrosos y determinación de la lista de trabajos peligrosos. En sus
comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la edad general de admisión a los trabajos peligrosos oinsalubres se fijó en 16 años. También tomó nota de la adopción de un decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo de menores, que incluye una lista detallada de trabajos
peligrosos, pero señaló que ciertas disposiciones no estaban de conformidad con el Convenio. La Comisión había pedido
al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para prohibir los trabajos peligrosos a los menores de 18 años.
La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de un decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores, de 12 de junio de 2015. En virtud delartículo 176 de este decreto, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años en labores que por la
naturaleza del trabajo o por las condiciones en las que se ejercen pueden poner en peligro la salud, la seguridad o lamoralidad de los niños. El artículo 175 describe la lista detallada de 20 tipos de trabajos peligrosos e insalubres
prohibidos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según los resultados del Módulo de trabajo infantil, publicados enla encuesta nacional de ocupación y empleo de 2013, el 31,5 por ciento de los niños y adolescentes trabajadores de edades
comprendidas entre los 5 y los 17 años están expuestos a riesgos en sus trabajos. La Comisión insta al Gobierno aredoblar sus esfuerzos para garantizar que, en la práctica, ningún menor de 18 años pueda realizar un trabajo que
pueda ser perjudicial para su salud, su seguridad o su moralidad, con arreglo a los artículos 175 y 176 del decreto. La
Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número de infracciones detectadas y de las sanciones
aplicadas a este respecto.
Artículo 6. Programas de acción. Trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que
el Gobierno estaba elaborando una serie de protocolos relativos, entre otras cosas, a la armonización de los procedimientos
en materia de investigaciones y procesamientos de los casos de trata, así como en relación con la atención a las víctimas,
el establecimiento de mecanismos para alertar a la población vulnerable a la trata de personas, así como a diversas
actividades informativas y de sensibilización.
La Comisión se congratula por el establecimiento, en 2014, del Programa nacional para prevenir, sancionar yerradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este
programa se articula alrededor de 16 estrategias y 79 ejes de intervención específicos que permiten alcanzar los cuatro
objetivos, entre los que figuran la prevención del delito de trata, la asistencia integral a las víctimas, y el procesamiento
eficaz de los autores de estos delitos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas
adoptadas en el marco del Programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata depersonas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en particular en lo que respecta a laerradicación de la venta y trata de niños.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación deniños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de esas peores formas, y asegurar su rehabilitación e inserción
social. Trata y explotación sexual con fines comerciales. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de la información transmitida por el Gobierno según la cual en varios estados y municipios se han llevado a cabo
diversas actividades de sensibilización contra la trata de personas, especialmente a través de sistemas para el desarrollo
integral de la familia (DIF), a fin de informar a la población de los riesgos de la trata y promover una cultura de denuncia.
Asimismo, toma nota de que, en 2014, las comisiones intersecretariales del Instituto Nacional de Migración (INM)
organizaron 386 actividades de sensibilización, especialmente en forma de foros, ferias informativas, desfiles y talleres.
Además, la Secretaría de Salud ha actualizado el protocolo en relación con la atención de niños y adolescentes víctimas deexplotación sexual. El Gobierno también menciona que las cuestiones de prevención y atención a los niños y adolescentes
víctimas de explotación sexual y de trata se han abordado en el marco del Programa para la protección y el desarrollo
integral de la infancia. Asimismo, se han realizado actividades de prevención en forma de debates interactivos o talleres
sobre diferentes temas y se ha ofrecido atención psicológica, médica y jurídica. A este respecto, la Comisión toma nota delas estadísticas transmitidas por el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, de 2012 a 2015, sobre elnúmero de niños que se han podido beneficiar de las actividades preventivas y de niños en situación de riesgo o víctimasde explotación sexual que han recibido atención. El Gobierno indica que, en 2014, 155 344 niños se beneficiaron deactividades de prevención, y 1 158 niños en situación de riesgo y 49 niños víctimas de explotación sexual recibieron
atención. La Comisión alienta al Gobierno a continuar adoptando medidas para librar a los niños de la trata y de la
explotación sexual con fines comerciales y para garantizar su readaptación e integración social. Le pide que continúetransmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto así como sobre el número de niños que hansido librados de esas peores formas de trabajo infantil y readaptados e integrados socialmente.

309

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

Artículo 8. Cooperación internacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en
el marco de los Memorándums de Entendimiento firmados con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
se impartieran cursos de capacitación especializada para la repatriación segura de niños no acompañados y adolescentes
víctimas de trata. Además, el Gobierno indicó que se estaba realizando un estudio binacional sobre la trata entre
El Salvador y México, pero que éste aún no estaba disponible.
La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno, según la cual, en el marco del Grupo de alto
nivel de seguridad (GANSEC) el Salvador-México, el Salvador solicitó que la comisión intersecretarial de lucha contra la
trata de personas de México establezca una coordinación directa con el Consejo nacional contra la trata de personas delGobierno de El Salvador. Además, el Gobierno indica que los dos Gobiernos se coordinan y comunican en el marco deuna evaluación conjunta necesaria para relanzar el Memorándum de Entendimiento para la protección de personas,
especialmente de mujeres y menores de edad, víctimas de trata y de tráfico ilícito. La Comisión también toma nota de que
el INM, a través de la coalición regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ha colaborado en la
adopción de un manual sobre la trata de personas de las Secretarías y Ministerios de Asuntos Extranjeros de América
Central y de México. Además, el Gobierno menciona que el INM, a través de las delegaciones federales, asiste a losmenores víctimas de trata en lo que respecta a abrir procedimientos administrativos migratorios. Esos menores están acargo de agentes de protección infantil que los ayudan a regresar a sus países de origen y a regularizar su situación en el
país. La Comisión toma nota de esta información, y de la falta de información sobre las medidas adoptadas en el marco delos Memorándums de Entendimiento firmados con los otros países de la región. La Comisión pide de nuevo al Gobierno
que transmita información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en el marco de los Memorándums
de Entendimiento firmados con los Gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. También solicita denuevo al Gobierno que comunique un ejemplar del estudio binacional sobre la trata entre El Salvador y México.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mongolia
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción del Programa de acción nacional para la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, 2011-2016 (NAP-WFCL). La Comisión tomó nota asimismo de que el Gobierno señala que seha iniciado el procedimiento de introducción de enmiendas sobre el trabajo infantil tanto en el Código del Trabajo comoen el Código Penal.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en su memoria, que se ha establecido la Comisión Nacional sobrelas peores formas de trabajo infantil para aplicar el NAP-WFCL, compuesta de especialistas de diversos ministerios y defuncionarios locales, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno señala, no obstante, que laComisión Nacional no funcionó hasta 2011 debido a la escasez de fondos de donantes y a los limitados recursos asignados
por el Gobierno. La Comisión menciona que la Comisión Nacional fue reactivada en 2015 con el apoyo de OIT/IPEC enel marco del Programa de acción mundial (GAP). La Autoridad Nacional para los Niños (NAC) cumple la función desecretaría de la Comisión Nacional y se ocupa también del seguimiento de la aplicación del NAP-WFCL. La Comisión
toma nota de los resultados del NAP-WFCL que señala el Gobierno, en particular, de los 694 casos de trabajo infantil
detectados, los 141 casos de niños en situación vulnerable al trabajo infantil, los 16 tipos de cobertura mediática, loscuatro tipos de formación, los cinco tipos de eventos organizados para el público en general; y, por último, de lacolaboración con 25 organismos gubernamentales, cuatro organizaciones no gubernamentales, cuatro entidades
empresariales y cinco organizaciones internacionales. El Gobierno menciona que ha completado el 32,5 por ciento de losocho objetivos fijados en el NAP-WFCL que fueron evaluados como insatisfactorios. La NAC envió una propuesta al
Ministerio de Trabajo con objeto de que se revisara y mejorara el NAP-WFCL, lo que se tradujo en la adopción delreglamento A289/119. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el proyecto de revisión de la Ley delTrabajo fue evaluado por el Consejo de Ministros, el 2 de junio de 2015, y sometido a la aprobación del Parlamento, quelo examinará en su sesión de otoño (octubre de 2015 a enero de 2016). La Comisión tomó nota finalmente de que elGobierno se refiere al informe del programa «entender el trabajo de los niños» titulado: El doble reto del trabajo infantil yla marginación en la enseñanza en la región de Asia Oriental y Sudoriental (informe UCW, de 2015) en el que se muestra
que el empleo de los niños aumentó del 7 por ciento en 2002-2003 al 16 por ciento en 2011. Además, según el informe, el
trabajo infantil es predominante en el sector agrícola, donde el 86 por ciento de los niños trabajan. Por último, el 23 por
ciento de los niños con edades comprendidas entre los cinco y los 14 años se encuentran en zonas rurales frente a un 3 por
ciento en zonas urbanas. La Comisión pide al Gobierno que siga haciendo lo necesario para aplicar el NAP-WFCL con
objeto de garantizar la abolición progresiva del trabajo infantil, y a que siga transmitiendo información sobre lasmedidas adoptadas y los resultados obtenidos a este respecto. La Comisión pide también al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para acelerar su procedimiento de enmienda legislativa y que suministre una copia de esta
legislación en cuanto haya sido aprobada.
Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. Economía informal. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó
nota de que la Ley del Trabajo excluía de su ámbito de aplicación el trabajo realizado fuera del contrato de trabajo y del310

empleo por cuenta propia. El Gobierno señaló que tenía la intención de revisar la Ley del Trabajo para ampliar su ámbito
de aplicación.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el nuevo proyecto de ley del trabajo establece una definición
de relación de empleo que abarca a todos los trabajadores, no sólo a los del sector del trabajo formal como en la ley
vigente. No obstante, el Gobierno señala que el artículo 4.1.1 del proyecto de ley del trabajo establece que «las relaciones
de empleo suponen relaciones que surgen de mutuo acuerdo entre un trabajador y un empleador bajo cuya gestión el
trabajador realiza un determinado tipo de trabajo a cambio de remuneración». La Comisión toma nota de que la definición
establecida en el nuevo proyecto de ley del trabajo no abarca el trabajo realizado fuera del marco de una relación entre
empleador y trabajador o en la economía informal. La Comisión pide, por consiguiente, al Gobierno que modifique su
proyecto de ley del trabajo para garantizar que las protecciones previstas se extienden a los niños que trabajan fueradel marco de una relación de empleo.
Artículo 2, 3). La edad en que cesa la obligación escolar. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota
de las disposiciones contradictorias en varias leyes nacionales que regulan la edad mínima de admisión al empleo y laedad en que cesa la obligación escolar.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que su legislación prevé nueve años de enseñanza obligatoria apartir de la edad de 6 años. El Gobierno señala que, habida cuenta de que hay la posibilidad de que un niño empiece a
trabajar a la edad de 15 años en vez de concluir sus estudios, el nuevo proyecto de ley del trabajo propone una edadmínima obligatoria de admisión al empleo que enlaza con la edad de enseñanza obligatoria. El Gobierno menciona elartículo 92.1 del proyecto de ley del trabajo, en virtud del cual el empleo se prohíbe a: «1) los niños menores de 15 años; y2) aquellos que hayan alcanzado esa edad pero que no hayan terminado la enseñanza obligatoria». La Comisión pide enconsecuencia al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se incluye en el proyecto de ley deltrabajo una disposición que vincule la edad mínima de admisión al empleo con la edad en la que cesa la obligación
escolar, y a que acelere su adopción en un futuro muy próximo.
Artículo 7, 1) y 3). Trabajos ligeros y determinación de las actividades que se consideran como tales. La
Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señala que la legislación relativa a trabajos ligeros se incluye en elproyecto de ley del trabajo bajo el artículo 90.10, que establece que la reglamentación determinará los trabajos fáciles, lashoras y las condiciones en las que podrá emplearse a menores de edad.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que no existe todavía ninguna reglamentación sobre
trabajos ligeros. El Gobierno señala que, según la NAC, por trabajo ligero se entiende el trabajo que no figure en la lista
de trabajos prohibidos a menores. Menciona además que el Ministerio de Trabajo ha creado un grupo para trabajar sobre
este reglamento. La Comisión reitera que, según el artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente prescribirá elnúmero de horas y las condiciones en las que podrán realizarse trabajos ligeros por personas con edades comprendidas
entre los 13 y 15 años. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizarque se adopta, en un próximo futuro, una disposición que regule el trabajo ligero.
Artículo 8. Representaciones artísticas. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud del artículo 8.1
de la Ley sobre la Protección de los Derechos del Niño, funcionarios gubernamentales responsables en materia de salud,elaborarán y aprobarán una lista de obras y representaciones que pueden incidir desfavorablemente en la salud del niño.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no existe ninguna ley ni política que limite la edad y las horasde trabajo de los niños que participan en representaciones artísticas. El Gobierno menciona que la NAC ha presentado
recomendaciones en virtud del NAP-WFCL a fin de que se creen reglamentos para los niños que trabajan en el circo. La
Comisión recuerda que, el artículo 8 del Convenio prevé excepciones a la prohibición de ser admitido al empleo o detrabajar con finalidades tales como participar en representaciones artísticas, mediante la concesión únicamente depermisos expedidos por la autoridad competente en casos particulares. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno
que adopte las medidas necesarias, en un próximo futuro para concluir la legislación que establece un sistema deconcesión de permisos individuales para los niños menores de 15 años que participan en actividades tales como
representaciones artísticas, y que limite el número de horas, y prescriba las condiciones en las que se autoriza un
determinado empleo o trabajo.
Artículo 9, 1) y 3). Sanciones y mantenimiento de registros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó
nota de que las leyes relativas a las sanciones por infracción de las disposiciones relativas a los derechos de los niños
fueron ineficaces. La Comisión tomó nota asimismo de que la legislación nacional no contiene disposiciones sobre la
obligación de un empleador de llevar y tener a disposición de la autoridad competente los registros de personas menoresde 18 años empleadas por él o que trabajen para él o ella. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que se hapresentado al Parlamento un proyecto de la versión revisada del Código Penal, que incluye una disposición que considera
delito penal a quienes empleen a niños en las peores formas de trabajo infantil. La Comisión tomó nota asimismo de que elartículo 90.9 del proyecto de reglamento correspondiente a la Ley del Trabajo establece que un empleador deberá llevar
un registro de las «personas menores de edad empleadas por él».
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que los empleadores no están obligados todavía a registrara los trabajadores menores de 18 años. La Comisión toma nota asimismo de que el proyecto de ley penal está siendorevisado por el Parlamento en la actualidad. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas

311

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

necesarias para garantizar que el proyecto del Código Penal establezca sanciones suficientemente efectivas ydisuasorias. La Comisión pide también al Gobierno que garantice que el artículo 90.9 del proyecto de reglamento de laley del trabajo exigirá a los empleadores que mantengan un registro con los nombres, la edad (o la fecha denacimiento) de todas las personas menores de 18 años que trabajan para ellos.
La Comisión manifiesta la firme esperanza de que el Gobierno tendrá en cuenta las observaciones de la Comisión
durante la finalización de sus proyectos de ley. La Comisión invita al Gobierno a que considere recurrir a la asistencia
técnica de la OIT para poner su legislación en conformidad con el Convenio. En este sentido, la Comisión acoge con
satisfacción el proyecto de la OIT financiado por la dirección general de comercio de la Comisión de la Unión Europea
para respaldar a los países beneficiarios del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) con objeto de aplicar
efectivamente las normas internacionales del trabajo en cuatro países y, especialmente, en Mongolia.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado d). Trabajos peligrosos. Jinetes decaballos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud de la Ley sobre el Festival Nacional
Naadam, la edad mínima para los niños que participan en carreras de caballos es de 7 años. Además, la Comisión tomó
nota de la indicación del Gobierno de que la Ley sobre el Festival Nacional Naadam se ha modificado para incluir nuevas
disposiciones para proteger a los niños, así como su referencia a la norma nacional de Mongolia (MNS 6264:2011), queestablece requisitos estrictos sobre la vestimenta de protección de los niños jinetes. Sin embargo, la Comisión tomó nota
de las conclusiones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza quien se refirió a informes
relativos a la persistencia de lesiones y de víctimas fatales como consecuencia de la práctica de utilizar niños jinetes.
Además, la Comisión también tomó nota del duodécimo informe sobre los derechos humanos y libertades en Mongolia dela Comisión Nacional de Derechos Humanos (2013), de que a pesar de los progresos para regular la utilización devestimenta de protección en la norma MNS 6264:2011, su aplicación aún no se ha hecho efectiva; no se han adoptado
medidas para proteger los derechos de los niños jinetes y que las sanciones previstas en la reglamentación son
inadecuadas.
La Comisión tomó nota de que el Gobierno hace referencia en su memoria al quinto informe periódico nacional anteel Comité de los Derechos del Niño, según el cual todos los años, durante las vacaciones de verano cerca de 10 000 niños
son utilizados como jinetes. El Gobierno indica que el 0,04 por ciento de esos niños han resultado, según se informa, graveo seriamente lesionados, prestándoseles asistencia médica. El Gobierno indica también que un niño aprende a montar acaballo a los 8 años de edad, en promedio. En relación con la encuesta nacional de indicador social, de 2014, el Gobierno
señala que el 5 por ciento de todos los niños de 4 a 15 años trabajan como jinetes durante un mínimo de un año (10 por
ciento de niños y 1 por ciento de niñas). La mayoría de los niños jinetes proceden de familias de bajos ingresos. Además,la mitad de los niños jinetes entrevistados informaron que en su última carrera cabalgaban sin silla de montar (60 por
ciento). Asimismo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, durante el Festival Naadam en 2015, se
impartieron instrucciones a los titulares de agencias para la protección especial de los Aimags para asegurar la observanciadel equipo de seguridad estándar de los niños jinetes que participan en una carrera de caballo. El Gobierno indica que, tras
consultas públicas, las autoridades acordaron aumentar la edad límite de manera progresiva. El Ministerio de Desarrollode la Población y Protección Social propuso al Parlamento aumentar le edad legal de 6 a 9 años en virtud de la Ley sobre
el Festival Nacional Naadam. Además, el Gobierno informa que el 59 por ciento de los niños jinetes estaban cubiertos por
seguros contra accidentes. En 2013, la Autoridad Nacional para la Infancia (NAC) autorizó la recomendación para mejorar
los servicios de seguridad de los niños jinetes en carreras de caballos, de 23 de junio de 2013.
La Comisión toma nota de que la NAC llevó a cabo diversas actividades en el marco de la aplicación del Programanacional para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la organización de una reunión conasociaciones de abogados para prohibir las carreras de caballos en invierno, el seguimiento y evaluación de lascompetencias en el terreno y proporcionar instrucciones a los organizadores de competencias hípicas. En 2015, la NAC
también elaboró y presentó ante el Parlamento y la Institución Nacional de Derechos Humanos, el reglamento deseguridad para los niños jinetes durante las carreras de caballos. Además, lleva a cabo estudios sobre la situación actual delos niños jinetes y formuló recomendaciones para un proyecto de ley. El Gobierno indica que hasta la fecha no se hanrealizado inspecciones intempestivas. Además indica que el acceso a una base de datos sobre la jurisprudencia en
Mongolia es bastante limitado, y se refiere a la causa judicial de un niño de 12 años gravemente herido contra el
propietario del caballo.
La Comisión también toma nota de que la OIT/IPEC y el UNICEF están finalizando una investigación sobre esta
cuestión con objeto de reseñar los posibles peligros y riesgos a la salud física y desarrollo general del niño. Además, laComisión toma nota de que, según el Informe de la OIT/IPEC sobre el Programa Global de Acción (GAP), el Ministeriodel Trabajo decidió, de ser procedente, revisar la lista de empleos y ocupaciones que se han de prohibir para los menoresde 18 años, adoptada en 2008. Al tomar debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observa que,en virtud del informe del programa Comprender el trabajo infantil titulado El doble desafío del trabajo infantil y lamarginación educativa en la región de Asia Oriental y Sudoriental (informe UCW de 2015), el Ministerio de Salud
informó que más de 300 niños lesionados durante las carreras de caballos fueron tratados en el Centro nacional de312traumatismos en 2012. La Comisión subraya que el artículo 3, d), del Convenio prohíbe específicamente el trabajo
peligroso a los menores de 18 años de edad y que el Gobierno se ha comprometido a adoptar medidas inmediatas yeficaces para conseguir la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, conarreglo a lo dispuesto en el artículo 1. La Comisión recuerda también que el párrafo 4 de la Recomendación núm. 190
prevé la posibilidad de autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, bajo las estrictas condiciones de que
quedan garantizadas la salud y la seguridad en estos niños, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional
adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. Al recordar que las carreras de caballos son
intrínsecamente peligrosas para la salud y seguridad de los niños, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias, en la ley y en la práctica, para garantizar que no se emplee a niños menores de 18 años de edad como
jinetes de caballos. No obstante, cuando dicho trabajo sea realizado por jóvenes de edades comprendidas entre los 16 ylos 18 años, , la Comisión pide al Gobierno que garantice que las medidas de protección a las que se hace referencia
anteriormente son estrictamente aplicadas y que los inspectores del trabajo llevan a cabo inspecciones sin aviso previo
para garantizar que los niños entre 16 y 18 años de edad que sigan trabajando como jinetes de caballos, nodesempeñan esa actividad en circunstancias que puedan ser perjudiciales para su salud y seguridad. La Comisión
invita al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT a fin de poner su legislación y la práctica de conformidadcon el Convenio. A este respecto, la Comisión saluda el proyecto de la OIT financiado por la Dirección General deComercio de la Comisión Europea para apoyar a los países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias
Plus de la Unión Europea, con objeto de aplicar eficazmente las normas internacionales del trabajo, especialmente en
cuatro países, entre ellos Mongolia.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mozambique
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)
Artículo 2, 1), del Convenio. Ámbito de aplicación. 1. Niños que trabajan por su cuenta y en la economía
informal. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que, en virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley delTrabajo núm. 23/2007 (Ley del Trabajo), esta ley sólo se aplica en el contexto de una relación laboral. Tomó nota de la
indicación del Gobierno, según la cual, en Mozambique no existe un reglamento específico que rija para los niños que
trabajan fuera de una relación de empleo, como aquellos que trabajan en la economía informal. En ese sentido, laComisión tomó nota de la declaración del Gobierno en su informe a la Comisión de los Derechos del Niño, según la cualel sector informal de la economía es una de las formas más comunes de trabajo en la que están implicados los niños en
Mozambique (CRC/C/MOZ/2, párrafo 356).
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual la inspección del trabajo es competente en
todas las relaciones de empleo legales establecidas entre empleadores y empleados. La Comisión recuerda una vez más al
Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de la actividad económica y comprende todas las formas deempleo y trabajo, se trate o no de una relación de empleo contractual. En este sentido, en relación con el Estudio Generalde 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 343, la Comisión destaca que el trabajo infantil en la economía
informal puede abordarse a través de mecanismos de control, incluso a través de la inspección del trabajo. En
consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los niños,
incluidos los niños que trabajan por cuenta propia y los niños que trabajan en la economía informal, gocen de laprotección establecida en la Ley del Trabajo. A este respecto, solicita al Gobierno que revise las disposiciones
pertinentes de la Ley del Trabajo, a efectos de abordar las lagunas, así como la adopción de medidas para fortalecer lacapacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo, con el fin de permitirle un control del trabajo infantil en laeconomía informal. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto.
2. Trabajo doméstico. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 4, 2), del reglamento sobre el
trabajo doméstico (decreto núm. 40/2008), prohíbe el trabajo doméstico realizado por niños menores de 15 años, al tiempo
que permite que se contrate a niños de 12 años para trabajos domésticos sin la autorización de su representante legal. La
Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que no se autorizara a ningún niño menorde 15 años de edad a realizar trabajos domésticos, excepto en las condiciones específicas establecidas en el artículo 7 delConvenio para trabajos ligeros.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no aporta ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Observando que el reglamento sobre el trabajo doméstico autoriza que los niños de 12 años de edad sean empleados pararealizar trabajos domésticos, la Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 2, 1), delConvenio, ninguna persona por debajo de la edad mínima (de 15 años) puede ser contratada para alguna actividad
económica, incluido el trabajo doméstico, con la excepción de los trabajos ligeros, en el caso de los niños de al menos
13 años de edad, que sólo puede realizarse bajo las condiciones establecidas en el artículo 7 del Convenio. En
consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se permita
que ninguna persona menor de 15 años de edad esté contratada para realizar trabajos domésticos, excepto en lascondiciones específicas establecidas en el artículo 7 del Convenio para trabajos ligeros.

313

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

3. Trabajo rural. La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno, según la cual la edadmínima de admisión al empleo se estableció en la Ley del Trabajo (en 15 años de edad), aplicada a los niños que trabajan
en el ámbito rural. También tomó nota de la declaración del CRC, en sus observaciones finales, según la cual el trabajo
infantil sigue siendo una práctica común en las plantaciones comerciales de algodón, tabaco y té, y en las granjas
familiares, donde es habitual, por ejemplo, que los niños pastoreen rebaños (documento CRC/C/MOZ/CO/2, párrafo 79).
La Comisión tomó nota asimismo de que, según el informe de la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados(MICS), en las zonas rurales, se contrató para el trabajo infantil al 25 por ciento de los niños, en comparación con el
15 por ciento de las zonas urbanas. Además, la Comisión tomó nota de que está en discusión la propuesta de un
instrumento sobre el trabajo rural.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual se anticipa que se aprobará en 2019 elreglamento sobre el trabajo rural. Expresando su preocupación ante la situación de los niños implicados en el trabajo
infantil, especialmente en la agricultura, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias
para garantizar que la edad mínima de 15 años se aplique en la práctica a este sector. También pide al Gobierno que
comunique información sobre el número de niños menores de 15 años que trabajan en el sector rural. Asimismo, pide al
Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en la adopción del reglamento sobre el trabajo rural.
Artículo 2, 3). Edad de escolarización obligatoria. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la edad de
finalización de la escolarización obligatoria (13 años) era dos años por debajo de la edad mínima de admisión al empleo oal trabajo (15 años). En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que considerara elevar la edad de finalización de laenseñanza obligatoria, con el fin de que coincidiera con la edad mínima de 15 años para admisión al empleo o al trabajo.
La Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este punto. Porconsiguiente, la Comisión destaca una vez más la conveniencia de vincular la edad de finalización de la escolarización
obligatoria con la edad mínima de admisión al trabajo, como prevé el párrafo 4 de la Recomendación sobre la edadmínima, 1973 (núm. 146). En los casos en que no coincidan estas dos edades, pueden plantearse varios problemas. Si laescolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío quelamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (véase Estudio
General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 371). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a
que adopte las medidas necesarias para elevar la edad de finalización de la educación obligatoria a los 15 años, con el
fin de que coincida con la relativa a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. Pide al Gobierno que
comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto.
Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de empleo o de trabajo peligrosos. La Comisión tomó nota conanterioridad de la declaración del Gobierno, según la cual no se adoptaron medidas para determinar los tipos de trabajo
peligrosos prohibidos para las personas menores de 18 años. También tomó nota de la información del UNICEF en la que
se indica que las actividades laborales peligrosas que implican a niños se vinculan, en su mayor parte, con el trabajoagrícola en las industrias del algodón o del tabaco.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual aún no se ha confeccionado la lista de lostrabajos peligrosos. Sin embargo, el Gobierno indica que en 2014, los inspectores del trabajo siguieron una formación dela OIT sobre la manera de desarrollar una lista de trabajos peligrosos. La Comisión expresa la firme esperanza de que elGobierno adopte las medidas necesarias para desarrollar y adoptar una lista nacional de los tipos de trabajo peligrosos
prohibidos a las personas menores de 18 años de edad, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio. Pide al
Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada al respecto.
Artículo 6. Formación profesional y aprendizaje. La Comisión tomó nota anteriormente de que el capítulo IV dela Ley del Trabajo regula la formación profesional y el aprendizaje. Tomó nota de que, en virtud del artículo 248, 3), de la
Ley del Trabajo, las empresas o los establecimientos pueden no admitir a los menores de 18 años de edad para losaprendizajes. Al tiempo que toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno, la Comisión recuerda
una vez más al Gobierno que el artículo 6 del Convenio autoriza el trabajo realizado por jóvenes en el contexto de unprograma de aprendizaje tan sólo a partir de los 14 años de edad. En este sentido, la Comisión pide una vez más al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se autorice a ningún menor de 14 años de edad laadmisión en un programa de aprendizaje, de conformidad con el artículo 6 del Convenio.
Artículo 7, 1). Edad mínima de admisión a trabajos ligeros. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en
virtud del artículo 21, 1), de la Ley del Trabajo, un contrato de empleo celebrado directamente con un menor de edad
comprendido entre los 12 y los 15 años, únicamente será válido con una autorización por escrito del representante legal
del menor. A este respecto, la Comisión recordó que, en virtud del artículo 7, 1), del Convenio, la legislación nacional tan
sólo podrá permitir el empleo o el trabajo a las personas de 13 a 15 años de edad en trabajos ligeros, con la condición deque éstos no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo, o perjudiquen su asistencia a la escuela, su participación
en programas de orientación o de formación profesional, aprobados por la autoridad competente o su capacidad para
beneficiarse de la instrucción recibida. Tomando nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria delGobierno, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para armonizar la legislación deltrabajo con el artículo 7, 1), del Convenio, autorizando sólo a los niños a partir de los 13 años de edad en trabajos ligeros.

314

Artículo 7, 3). Determinación del trabajo ligero. La Comisión tomó nota con anterioridad de que en virtud delartículo 26, 2) de la Ley del Trabajo, el Consejo de Ministros emitirá una autorización legal en la que se establecerá lanaturaleza y las condiciones del trabajo que pueden realizar, en circunstancias excepcionales, los menores de edades
comprendidas entre los 12 y los 15 años. También tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual los niños deentre 12 y 15 años de edad pueden no ser empleados en trabajos que sean susceptibles de perjudicar su salud. La Comisión
tomó nota asimismo de la declaración que figura en la memoria del Gobierno, según la cual no se ha determinado el
trabajo ligero al que hace referencia la Ley del Trabajo.
La Comisión toma nota de la ausencia, en la memoria del Gobierno, de este punto. La Comisión recuerda una vez
más al Gobierno que, en virtud del artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente determinará las actividades queconstituyen un trabajo ligero y prescribirá el número de horas y las condiciones en que puede llevarse a cabo dicho empleo
o trabajo. En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para regulareste trabajo, mediante la determinación de los tipos de trabajos ligeros permitidos a los niños de edades comprendidas
entre los 13 y los 15 años, incluyendo el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo
o trabajo.
Artículo 9, 3). Mantenimiento de los registros por parte de los empleadores. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que la Ley del Trabajo no establece qué registros deben llevar los empleadores. Recordó al
Gobierno que, en virtud del artículo 9, 3), del Convenio, la legislación nacional o la autoridad competente prescribirá losregistros u otros documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente, de todas las
personas menores de 18 años empleadas por él. Tomando nota una vez más de la ausencia de información en lamemoria del Gobierno sobre este punto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias paragarantizar que la legislación nacional o la autoridad competente prescriba los registros u otros documentos que elempleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente, con los nombres y apellidos y la edad o fecha
de nacimiento debidamente certificados, siempre que sea posible, de todas las personas menores de 18 años empleadas
por ellos, de conformidad con el artículo 9, 3), del Convenio.
La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que tome en consideración los comentarios de la Comisión sobrelas discrepancias entre la legislación nacional y lo establecido en el Convenio. En este sentido, la Comisión recuerda al
Gobierno que puede acogerse a la asistencia técnica de la OIT para armonizar su legislación con el Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta deniños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota conanterioridad de que la legislación no prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de una persona menor de 18 años
para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Se tomó nota de que el artículo 63, 1), b) y c),de la Ley de Protección del Niño, requiere que el Gobierno adopte medidas legislativas o administrativas para proteger alos niños frente a todas las formas de explotación sexual, incluida la prostitución y la explotación de niños para la
producción de pornografía o actuaciones pornográficas.
La Comisión lamenta tomar nota una vez más de que el Gobierno indica que recientemente no se ha adoptado
ninguna legislación. La Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, b), del Convenio, lautilización, el reclutamiento o la oferta de un niño menor de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía oactuaciones pornográficas constituye una de las peores formas de trabajo infantil y que, con arreglo al artículo 1, delConvenio, se deberán adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para garantizar la adopción de la legislación que prohíbe la utilización, el reclutamiento y la oferta
de niños menores de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, deconformidad con el artículo 3, b), del Convenio, con carácter de urgencia. La Comisión pide al Gobierno que
comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos realizados en este sentido.
Apartado d). Trabajos peligrosos. Niños en el trabajo doméstico. La Comisión tomó nota anteriormente de que,en virtud del artículo 3 de la ley núm. 23/2007, de 27 de agosto de 2013 (Ley del Trabajo), el 26 de noviembre de 2008, se
adoptó el reglamento sobre el trabajo doméstico núm. 40, cuyo artículo 4, 2), prohíbe a los empleadores ocupar a una
persona menor de 15 años en el trabajo doméstico. No obstante, la Comisión observó que esa reglamentación no aborda lacuestión del trabajo doméstico peligroso realizado por niños. A este respecto, la Comisión tomó nota de que los niños, yen particular las niñas ocupadas en el trabajo doméstico, son a menudo víctimas de la explotación, trabajan en condiciones
peligrosas hasta 15 horas diarias y son objeto de abuso físico. El Gobierno señaló que resultaba difícil supervisar sus
condiciones de empleo debido a la naturaleza clandestina de ese trabajo.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre este punto. Al tomar
nota con preocupación de la situación de los niños que trabajan en el servicio doméstico, la Comisión insta al
Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para proteger a esos niños de los trabajos peligrosos. La Comisión
pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas al respecto.
315

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

Artículo 4, 1). Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. En relación con este punto, la Comisión pide al
Gobierno que se remita a los detallados comentarios que formula en relación con el Convenio sobre la edad mínima,
1973 (núm. 138).
Artículo 7, 2). Medidas definitivas tomadas en un plazo determinado. Apartado d). Entrar en contacto con los
niños particularmente expuestos a riesgos. Huérfanos y otros niños vulnerables. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para reforzar la protección de los niños vulnerables tales
como: i) el Programa básico de asistencia social y la estrategia nacional de seguridad social básica (ENSSB), que tiene elobjetivo de proporcionar asistencia financiera a los hogares cuyos miembros no son aptos para trabajar, o con niños
huérfanos; ii) el Plan de acción para la reducción de la pobreza absoluta (PARPA II); iii) un Plan multisectorial para
huérfanos y niños vulnerables (PACOV), y iv) el establecimiento de un grupo técnico multisectorial para niños
vulnerables y huérfanos y comités de protección a la infancia para prestar asistencia a los huérfanos y otros niños
vulnerables. Sin embargo, al tomar nota con preocupación del gran número de niños huérfanos como consecuencia del
VIH/SIDA, instó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para garantizar que esos niños estén protegidos de estas
peores formas de trabajo infantil.
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno según la cual un total de 452 868 y 361 309 familias se
beneficiaron, respectivamente, de los programas de seguridad social básica y de subsidios sociales básicos. La Comisión
también toma nota de que el Gobierno informa que se está revisando el ENSSB para incrementar su cobertura e impacto
en sus acciones en materia de seguridad social básica. Además, la Comisión toma nota del Informe mundial de avances dela lucha contra el sida (GARP) (Informe GARP), de que desde 2011 se sigue registrando un alto nivel de apoyo político
para los huérfanos y otros niños vulnerables y un aumento en el número de intervenciones directas. Según el Informe
GARP, en el ámbito comunitario, 220 000 huérfanos y otros niños vulnerables recibieron apoyo mientras que
280 000 huérfanos y otros niños vulnerables recibieron asistencia en acuerdos de asociación con organizaciones nogubernamentales y la sociedad civil. Además, este informe indica que la asistencia escolar entre las niñas huérfanas de
10 a 14 años se incrementó considerablemente, desde el 53,1 por ciento al 71,4 por ciento en 2011. La Comisión toma
nota, sin embargo, que según estimaciones de ONUSIDA de 2014, hay 610 000 niños menores de 17 años huérfanos
debido al sida. Al recordar que los niños vulnerables y huérfanos están expuestos a un riesgo cada vez mayor de serocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos paragarantizar que esos niños sean protegidos de esas peores formas de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que
continúe comunicando información sobre las medidas efectivas y en un plazo determinado que se hayan adoptado aeste respecto, y sobre los resultados obtenidos.
La Comisión alienta al Gobierno a tomar en consideración los comentarios de la Comisión sobre las
discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede
solicitar la asistencia técnica de la OIT para poner su legislación en conformidad con el Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Namibia
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)
Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión tomó nota conanterioridad de que se elaboró una lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años, y que
se espera la aprobación del Ministro de Trabajo y Bienestar Social. También tomó nota del reglamento en virtud delartículo 3, 5), c), de la Ley del Trabajo, de 2007, que permite que se desarrolle el empleo de las personas de al menos
16 años de edad en trabajos peligrosos, previa adopción de la lista de trabajos peligrosos.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la lista de trabajos peligrosos se encuentra en su
fase final de adopción. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, la lista de lostipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. Pide al Gobierno que transmita una
copia de la misma, en cuanto se haya adoptado. Pide también al Gobierno que indique todo progreso realizado en la
adopción del reglamento en virtud del artículo 3, 5), c), de la Ley del Trabajo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta deniños para la prostitución o la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión observó con
anterioridad que las prohibiciones relacionadas con la prostitución contenidas en la legislación nacional (especialmente enla Ley sobre Inmoralidad de 1988 y la Ley sobre Prácticas Inmorales, de 1980) no abarcan la utilización, el reclutamientoo la oferta de las personas menores de 18 años de edad con fines de prostitución o de pornografía. Tomó nota de la
indicación del Gobierno, según la cual el anteproyecto de ley sobre cuidados y protección de los niños se encuentra enproceso de adopción.

316

La Comisión toma nota con satisfacción de que el Parlamento adoptó la Ley sobre Cuidados y Protección de los
Niños, de 2015 (ley CCP), que contiene disposiciones que prohíben la utilización, el reclutamiento o la oferta de un niño
con fines de explotación sexual comercial. Toma nota de que, de conformidad con el artículo 234, 1), c), una persona
puede no utilizar, reclutar, ofrecer o emplear a un niño (definido en el artículo 1 como la persona que no ha alcanzado laedad de 18 años) con fines de explotación sexual comercial. Con arreglo al artículo 234, 7), de la ley CCP, toda persona
que contravenga las disposiciones anteriores será pasible de una multa no superior a 50 000 dólares namibios(aproximadamente, 3 567 dólares de los Estados Unidos) o de una pena de reclusión por un período no superior a diezaños, o de ambas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica delartículo 234, 1), c), de la ley CCP respecto de la utilización, el reclutamiento o la oferta de una persona menor de
18 años para la prostitución.
Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para actividades ilícitas. En sus comentarios anteriores,
la Comisión tomó nota de que la legislación nacional no parece prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de unniño para actividades ilícitas. Tomó nota de que el estudio de evaluación rápida de la OIT de 2007 titulado «Niños
utilizados por adultos para cometer delitos (CUBAC) en Namibia» indicó que aproximadamente un tercio de los niños
implicados en delitos habían sido utilizados por adultos para cometer esos delitos.
La Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud del artículo 234, 1), e), de la ley CCP, una persona que
utiliza, recluta, ofrece o emplea un niño con fines de producción o tráfico de drogas, será castigado con las sanciones
establecidas en el artículo 234, 7), como se indicó con anterioridad. Además, toma nota de que la utilización, el
reclutamiento, la oferta o el empleo de un niño para la mendicidad también constituye un delito en virtud delartículo 234, 1), f). La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica delartículo 234, 1), c) y f), de la ley CCP respecto de la utilización, el reclutamiento o la oferta de una persona menor de
18 años para la producción o el tráfico de drogas y con fines de mendicidad.
Artículo 4, 1). Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. Con respecto a la adopción de la lista de lostipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad, la Comisión pide al Gobierno que se
remita a sus comentarios detallados en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nepal
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Ámbito de aplicación. Niños que trabajan en la economía informal. La Comisión
tomó nota anteriormente de que la Ley sobre el Trabajo Infantil de 2000, que prohíbe el empleo de niños de menos de 14 años
como trabajadores (artículo 3, 1)), no define los términos «empleo» y «trabajador». Asimismo, tomó nota de que el Gobierno
indicó que la ley no cubre adecuadamente al sector informal. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno señaló que
aunque las inspecciones del trabajo ponen de relieve que la incidencia del trabajo infantil en el sector formal es insignificante, es
probable que este fenómeno sea frecuente en el sector informal.
La Comisión toma nota una vez más de la declaración del Gobierno en relación a que debido a lo limitado de las
infraestructuras y a la escasez de recursos financieros es muy difícil aplicar las disposiciones del Convenio en el sector informal.
Asimismo, La Comisión toma nota de que el informe de la encuesta sobre el trabajo forzoso en Nepal (de 2008) realizado por la
Oficina Central de Estadística, junto con la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que el 82 por
ciento de los niños que trabajan que aún no han alcanzado la edad mínima para ello realizan trabajos agrícolas y la mayoría deellos no tienen una relación de trabajo formal o no reciben remuneración (pág. 139). Además, la Comisión toma nota de que el
informe que presentó la Confederación Sindical Internacional (CSI), con ocasión del examen de las políticas comerciales de
Nepal por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio del 1.º al 3 de febrero de 2012 titulado «Normas
fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas en Nepal» señala que los acuerdos de empleo formales sólo
representan el 10 por ciento de todas las relaciones de empleo, por lo que la Ley sobre el Trabajo Infantil no se aplica al 90 por
ciento de las relaciones de trabajo. Este informe también indica que los niños trabajadores realizan principalmente actividades
económicas informales en minas y canteras, la servidumbre doméstica, la agricultura y como porteadores. Recordando que elConvenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y cubre todos los tipos de empleos o de trabajos, la Comisión
insta al Gobierno a adoptar medidas para reforzar la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo a fin desupervisar mejor a los niños que trabajan en la economía informal. Pide al Gobierno que transmita información sobre lasmedidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.
Artículo 3, párrafos 1 y 2. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de los tipos de trabajos
peligrosos. La Comisión había tomado nota de que los artículos 2, a), y 3, 2), de la Ley sobre el Trabajo Infantil prohíben el
empleo de personas de menos de 16 años de edad en cualquier trabajo peligroso o empresa que figure en la lista del anexo, y que
el artículo 43, 2), del reglamento del trabajo, de 1993, también prohíbe el empleo de personas de menos de 16 años en trabajos en
los que se utilicen máquinas peligrosas y en operaciones que sean peligrosas para su salud. Asimismo, la Comisión tomó nota deque el Gobierno señaló que la Ley sobre el Trabajo Infantil (prohibición y reglamentación), de 2000, incluye diferentes empleos,ocupaciones y entornos laborales que son peligrosos y en los que, por consiguiente, está prohibido que trabajen los menores de
16 años. A este respecto, la Comisión recordó que el artículo 3, párrafo 1, del Convenio, prevé que la edad mínima de admisión acualquier tipo de empleo o trabajo, que por su naturaleza o las circunstancias en los que se lleve a cabo pueda poner en peligro lasalud, seguridad o moral de los jóvenes, no debe ser de menos de 18 años.

317

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión toma nota de que el Gobierno señaló que el artículo 22, 5) de la Constitución provisional de 2007 prohíbe elempleo de menores en fábricas, minas o en cualquier otro tipo de estos trabajos peligrosos. Sin embargo, la Comisión indica que eltérmino «menor» no se define en esta legislación. Además, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene
información sobre las medidas adoptadas para determinar los tipos de trabajos peligrosos que se prohíben a los menores de 18 años.
Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre la definición del término «menor» en el
artículo 22, 5) de la Constitución provisional de 2007. Además, recordando que en virtud del artículo 3, párrafo 2, del Convenio,
los tipos de empleos o trabajos peligrosos serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, la Comisión solicita al Gobierno que adopte sin
demora las medidas necesarias para determinar los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años.
Artículo 3, párrafo 3. Admisión a los tipos de trabajos peligrosos a partir de los 16 años. En sus anteriores comentarios,la Comisión recordó al Gobierno que el artículo 3, párrafo 3, del Convenio, sólo autoriza que los jóvenes de entre 16 y 18 añosde edad tengan empleos o trabajos peligrosos en condiciones específicas, siempre que queden plenamente garantizadas su salud,seguridad y moralidad, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama deactividad correspondiente.
La Comisión toma nota de que el artículo 32A, 1) de la Ley del Trabajo (en su forma enmendada en 2000), señala que losmenores (a los que se define como personas de entre 16 y 18 años de edad con arreglo al artículo 2, i)) no deberán realizar
trabajos sin que se les proporcionen las instrucciones adecuadas acerca de los ámbitos de trabajo o la formación profesional deque se trate. El artículo 32A, 2) prevé que las disposiciones deben estar en conformidad con las directrices precitadas en el
artículo 32A, 1). La Comisión solicita al Gobierno que indique si se han adoptado disposiciones en relación con la formación
profesional o instrucción necesaria para las personas de entre 16 y 18 años de edad como una condición previa para elempleo. Además, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para garantizarque sólo se permite que las personas de entre 16 y 18 años realicen trabajos peligrosos si su salud, seguridad y moralidad
están plenamente protegidas.
Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que elGobierno ha señalado que el Departamento de Trabajo realiza esfuerzos para aplicar las disposiciones del Convenio. El Gobierno
indica que el Ministerio de Desarrollo Local ha puesto en marcha un programa de gobernanza local adaptado a los niños, uno decuyos componentes principales es la eliminación del trabajo infantil. Asimismo, la Comisión toma nota de que en 2011 se inició
en el país un proyecto de la OIT/IPEC a fin de apoyar la aplicación en Nepal de un plan director nacional para la eliminación deltrabajo infantil 2011-2020. La Comisión también toma nota de que el Gobierno señaló que gracias a los programas deconcienciación llevados a cabo por el Gobierno a través de Radio Nepal se ha conseguido reducir el trabajo infantil, tal como se
indica en la encuesta sobre el trabajo forzoso en Nepal. A este respecto, la Comisión toma nota de que en el informe de laencuesta sobre el trabajo forzoso en Nepal se indica que el porcentaje de niños de entre 5 y 14 años que son económicamente
activos se redujo de un 40, 9 por ciento en 1998-1999 a un 33,9 por ciento en 2008.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que el informe de la encuesta sobre el trabajo forzoso en Nepal señala que sigue
habiendo aproximadamente 2 111 000 niños de entre 5 y 14 años que son económicamente activos. Asimismo, este informe
indica que el 13,4 por ciento de los niños de entre 5 y 9 años, y el 52,7 por ciento de los niños de entre 10 y 14 años son
económicamente activos. Además, la Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, en sus observaciones finales de 11 de agosto de 2011, expresó su preocupación por la alta tasa de trabajo infantil en elpaís, que afecta especialmente a las niñas de entre 8 y 14 años (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, párrafo 29). Por consiguiente, laComisión expresa su profunda preocupación por el gran número de niños que no han alcanzado la edad mínima para elempleo que trabajan en Nepal, e insta al Gobierno a continuar sus esfuerzos, incluso en el marco del plan director nacionalpara la eliminación del trabajo infantil y en colaboración con la OIT/IPEC en virtud de programas adaptados a los niños ysensibles a la cuestión de la igualdad de sexos, para lograr una reducción efectiva o la eliminación el trabajo infantil. Solicita
al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este fin, y sobre los resultados
alcanzados. Asimismo, pide al Gobierno que trasmita una copia del plan director nacional para la eliminación del trabajo
infantil junto con su próxima memoria.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños
para la prostitución, la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota con anterioridad
de que el artículo 2, a) y el párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Menores de 1962 prohíben la utilización o la participación deniños menores de 16 años en una «profesión inmoral». El párrafo 2 del artículo 16 de esa ley prohíbe tomar, permitir a alguien
que tome, distribuir o exhibir una fotografía con el objeto de emplear a un niño menor de 16 años en una profesión inmoral. La
Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que se introducirían las enmiendas apropiadas a la legislación existente,incluida la Ley de Menores, una vez que estuviera en funciones la Asamblea constitucional electa y que empezara a sesionar elParlamento. La Comisión solicitó al Gobierno que facilitara una definición del término «profesión inmoral» utilizado en la Ley deMenores.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, en su informe al Comité de los Derechos del Niño en relación con
el Protocolo facultativo de abril de 2008 sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,de que el artículo 16 de la Ley de Menores prohíbe la utilización o la participación de niños en actos pornográficos (documento
CRC/C/OPSC/NPL/1, párrafo 182). No obstante, la Comisión observa que, de conformidad con el artículo 2, a) de la Ley deMenores, esta prohibición se aplica únicamente a los niños menores de 16 años. Por tanto, la Comisión solicita al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para velar por que en un futuro próximo se modifique la Ley de Menores a fin de prohibir lautilización, el reclutamiento o la oferta de todos los niños menores de 18 años para la producción de pornografía, y que en su
próxima memoria facilite información sobre las novedades a este respecto.

318

Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas. Producción ytráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, de conformidad con el artículo 2, a) y el párrafo 4
del artículo 16 de la Ley de Menores, está prohibido hacer participar a un niño menor de 16 años en la venta, la distribución o eltráfico de alcohol, estupefacientes u otras drogas. No obstante, la Comisión también tomó nota de la declaración del Gobierno deque la Ley de Menores se modificaría de manera compatible con el Convenio una vez empezara a sesionar el nuevo Parlamento alcompleto. Señalando una vez más la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión insta
al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de
18 años para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, de conformidadcon el artículo 3, c), del Convenio.
Utilización de niños para la mendicidad. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 3 de la Ley deProhibición de la Mendicidad de 1962 convierte en delito pedir a un niño menor de 16 años que mendigue en las calles, los cruces
o cualquier otro lugar o animarlo a que lo haga. La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno de que la Ley deProhibición de la Mendicidad de 1962 se modificaría de manera compatible con el Convenio una vez que comenzara a sesionar elnuevo Parlamento al completo.
La Comisión toma nota de la información que figura en el informe del Gobierno al Comité de los Derechos del Niño en
relación con el Protocolo facultativo de abril de 2008 de que existen ejemplos de trata transfronteriza de niños con fines, entre
otros, de mendicidad (documento CRC/C/OPSC/NPL/1, párrafo 71). A este respecto, la Comisión recuerda que la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, incluida la mendicidad, constituyen una de las peores
formas de trabajo infantil y por tanto debería estar prohibida para todos los niños menores de 18 años. La Comisión solicita al
Gobierno que en un futuro próximo adopte las medidas necesarias para velar por que se modifique la Ley de Prohibición de laMendicidad a fin de prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de todas las personas menores de 18 años.
Artículo 3, apartado d), y párrafo 1 del artículo 4. Trabajo peligroso y determinación de los tipos de trabajo peligroso.
La Comisión tomó nota con anterioridad de que los artículos 2, a), y 3 de la Ley de Prohibición y Regulación del Trabajo Infantil
prohíben el empleo de niños menores de 16 años en trabajos peligrosos o en empresas enumeradas en la lista. A este respecto, laComisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que es necesario elevar a 18 años la edad de un «niño» mencionada en lacitada legislación con el fin de hacerla compatible con las disposiciones del Convenio. También tomó nota de la indicación delGobierno de que una vez que entrara en funcionamiento la Asamblea constitucional electa, se harían las enmiendas apropiadas ala legislación nacional.
La Comisión toma nota de la referencia que hace el Gobierno a la Constitución provisional de 2007, cuyo artículo 22,
párrafo 5, prohíbe emplear a un menor en fábricas, minas o en cualquier otro trabajo peligroso de tal naturaleza, pero observa queen esta legislación no se define el término «menor». Además, la Comisión señala que en la memoria del Gobierno no se
proporciona información sobre medidas adoptadas para determinar los tipos de trabajo peligroso prohibidos a los niños menoresde 18 años. Por tanto, la Comisión solicita al Gobierno que en un futuro próximo adopte las medidas necesarias para velar por
que ninguna persona menor de 18 años de edad pueda ser autorizada a realizar trabajos peligrosos, de conformidad con el
artículo 3, d) del Convenio. La Comisión también solicita al Gobierno que, previa consulta con las organizaciones deempleadores y de trabajadores interesadas, tome las medidas necesarias para incluir en la legislación nacional disposiciones
que determinen los tipos de trabajo peligroso que se han de prohibir a personas menores de 18 años de edad de conformidadcon el párrafo 2 del artículo 3 del Convenio. También solicita al Gobierno que facilite información sobre los progresos
realizados a este respecto.
Artículos 5 y 7. Mecanismos de vigilancia y sanciones. Trata. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, deconformidad con las disposiciones de la Ley de Represión de la Trata y el Tráfico Ilícito de Personas, de 2007, toda persona
culpable de la trata de niños dentro o fuera del país podrá ser sancionada con multas y penas de prisión. La Comisión solicita al
Gobierno que facilite información sobre la aplicación en la práctica de la Ley de Represión de la Trata y el Tráfico Ilícito de
Personas, incluida la aplicación de sanciones penales.
La Comisión toma nota de la declaración que figura en la memoria del Gobierno de que, al ser Nepal uno de los países máspobres del Asia Meridional y compartir una frontera abierta con la India, han surgido algunos tipos de trata de personas. La
Comisión también toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones
finales de 11 de agosto de 2011, manifestó su preocupación ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Represión de la Tratay el Tráfico Ilícito de Personas, de 2007 (documento CEDAW/C/NPL/CO/4-5, párrafo 21). Además, la Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno, en su informe al Comité de Derechos del Niño para el Protocolo facultativo de abril de 2008 sobre laventa de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de que a pesar de la amplia variedad de datos
existentes en torno al número de niños (y mujeres) víctimas de venta y trata, a nivel nacional y transfronterizo, la magnitud delproblema es preocupante (documento CRC/C/OPSC/NPL/1, párrafo 68). Por tanto, la Comisión insta al Gobierno a que adopte
medidas inmediatas para intensificar sus esfuerzos encaminados a combatir la trata de niños menores de 18 años de edad.
Solicita al Gobierno que facilite información sobre el número de casos detectados e investigados de trata de niños, así como
estadísticas acerca del número de enjuiciamientos, condenas y sanciones aplicadas a los autores. En la medida de lo posible,
toda la información facilitada debería desglosarse por sexo y edad.
Inspección del trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la declaración del Gobierno de que el trabajo infantil
en el sector organizado no es frecuente. También tomó nota de la indicación del Gobierno de que, según los datos reunidos por el
Comité Central de Bienestar Infantil (CCWC), dependiente del Ministerio de la Mujer, los Niños y el Bienestar Social, en
59 distritos se registraron un total de 22 981 casos de trabajo infantil en sus peores formas. La Comisión solicitó al Gobierno que
facilitara información sobre las inspecciones realizadas, incluso en el sector informal, y sobre el número y la naturaleza de lasviolaciones detectadas en relación con niños menores de 18 años de edad.
La Comisión también tomó nota de la información que figura en la memoria del Gobierno de que entre 2009 y 2011 losinspectores de las fábricas realizaron 1 200 inspecciones. El Gobierno indica que en estas inspecciones no se detectó ningún casode trabajo infantil en el sector informal. La Comisión tomó nota además de que el Gobierno señala que las prácticas de las peores
formas de trabajo infantil en el trabajo doméstico, en las minas, en la fabricación de alfombras y en la recolección de basurasiguen siendo motivo de profunda preocupación. Por tanto, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos,
incluso fortaleciendo la capacidad de la Inspección del Trabajo y ampliando su alcance, para combatir las peores formas detrabajo infantil en el sector informal. También solicita al Gobierno que en su próxima memoria facilite los datos compilados
por el CCWC concernientes al número de casos registrados en relación con las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

319

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Nicaragua
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1981)
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores.
Espera que en la próxima memoria se faciliten informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en sus
comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de las medidas adoptadas y los resultados alcanzados a través de la aplicación del Plan estratégico nacionalpara la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador (PEPETI 2007-2016). Asimismo, laComisión tomó nota de la adopción, en diciembre de 2010, de la Hoja de ruta para conseguir que Nicaragua sea un país libre detrabajo infantil y sus peores formas con miras a alcanzar el objetivo de erradicar todas las formas de trabajo infantil antes
de 2020.
La Comisión toma nota de los resultados logrados por el Plan cosecha cafetalera, del apoyo proporcionado a los niños de lacalle en virtud del «Programa Amor», de las medidas adoptadas para dar efecto a la legislación nacional en materia de protecciónde los niños que realizan trabajos domésticos y de la asistencia integral proporcionada a los niños que trabajan en minas y en
condiciones peligrosas en los departamentos de Chinandega, El Rama y El Bluff en lo que respecta a la educación, la asistencia
sanitaria y las actividades recreativas. De igual forma, la Comisión toma nota de que se firmaron 4 111 acuerdos con empleadoresde todos los departamentos del país que cubren los diferentes sectores de la economía (tales como la minería, la pesca y laagricultura) estableciendo el compromiso de no utilizar trabajo infantil. Además, 306 padres se beneficiaron de las campañas
educativas sobre la prevención del trabajo infantil y los derechos laborales de los jóvenes trabajadores, y se produjeron y
distribuyeron 25 000 folletos a fin de sensibilizar sobre el trabajo infantil, especialmente en lo que respecta a la lista
recientemente adoptada de trabajos peligrosos, la función de la inspección del trabajo y el trabajo infantil doméstico.
Sin embargo, la Comisión observa que según las estadísticas de UNICEF de los años 2000-2010, el 15 por ciento de los
niños menores de 14 años de edad todavía son víctimas del trabajo infantil. Además, la Comisión toma nota de que, en base al
informe de junio de 2012 del proyecto de la OIT/IPEC titulado «Erradicación del Trabajo Infantil en América Latina (Fase IV)»,a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de la región, el Gobierno aún no ha adoptado medidas programáticas ni haasignado recursos para la aplicación de la Hoja de ruta. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene
información estadística sobre la naturaleza, extensión y tendencias del trabajo infantil, y observa que, según el informe delproyecto OIT/IPEC, actualmente el Gobierno está procesando las encuestas de hogares realizadas en diciembre de 2010 para larealización de un estudio nacional sobre el trabajo infantil.
La Comisión insta al Gobierno a que continúe sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil y le pide que continúetransmitiendo información sobre los resultados obtenidos en virtud del PEPETI 2007-2016. Asimismo, solicita al Gobierno
que garantice la asignación de recursos suficientes y la adopción de medidas programáticas para implementar la Hoja de ruta
a fin de eliminar todas las formas de trabajo infantil en el horizonte de 2020, garantizando la coordinación con las actividades
en virtud del PEPETI 2007-2016. Asimismo, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información estadística
sobre la naturaleza, la extensión y las tendencias del empleo de niños de menos de 14 años de edad, una vez que la encuesta
sobre trabajo infantil se haya completado. En la medida de lo posible, la información proporcionada debería desglosarse por
sexo y edad.
Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión había tomado nota de los comentarios de laConfederación de Unificación Sindical (CUS) en los que se informaba de que hay niños trabajando en las canteras de cal de San
Rafael del Sur, en la cosecha de café en el norte del país y como vendedores ambulantes en las calles de Managua. Asimismo,
tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno en lo que respecta al incremento de las visitas de inspección parasupervisar la legislación en materia de trabajo infantil, el aumento de las actividades de sensibilización sobre el trabajo infantil, la
adopción de legislación a fin de facultar a los inspectores del trabajo para efectuar visitas en los domicilios en los que trabajan
niños y adolescentes como empleados domésticos, y los resultados del programa «Cosecha Cafetalera sin Trabajo Infantil».
La Comisión toma nota de que como parte del programa «Cosecha Cafetalera sin Trabajo Infantil», se han firmado una
serie de acuerdos tripartitos de colaboración entre los Ministerios de Trabajo, Educación y Salud, los productores de café yactores clave en el sector agrícola. En 2010-2011, un total de 1 371 niños se beneficiaron del programa en los departamentos deJinotega, Matagalpa y Carazo. Asimismo, la Comisión toma nota de las medidas adoptadas para dar efecto al acuerdo ministerial
JCHG-08-06-10, de 19 de agosto de 2010, que prohíbe los trabajos peligrosos a los jóvenes de menos de 18 años de edad ycontiene el listado detallado de los tipos de trabajos peligrosos.
En lo que respecta a la inspección del trabajo en general y a la aplicación del PEPETI 2007-2016, en particular, laComisión toma nota de que según la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en el período 2007-2011, serealizaron 2 709 inspecciones a través de las que se logró que 2 775 niños fueran retirados del trabajo infantil y se protegieran losderechos de 6 629 jóvenes trabajadores. La Comisión toma nota de que el número de inspecciones aumentó pasando de 624 en2010 a 1 301 en 2011. Por consiguiente, sólo en 2011 1 628 niños fueron retirados del trabajo infantil (en comparación con 64 en2010) y se protegieron los derechos de 2 425 trabajadores jóvenes (en comparación con 485 en 2010).
Asimismo, el Gobierno indica que los servicios especiales de inspección se han centrado en la protección de los niños que
trabajan en las canteras de cal de San Rafael del Sur. Aparte de las actividades de la inspección del trabajo, se han realizado otras
actividades centradas en sensibilizar a los empleadores y a los padres en relación con los peligros que esos lugares de trabajo
representan para los menores y en las leyes que prohíben y penalizan el empleo de niños. Si bien toma nota de la información que
contiene la memoria del Gobierno sobre la ayuda educativa proporcionada a los niños de la calle a través del «Programa Amor»,así como de la información sobre el número de inspecciones del trabajo llevadas a cabo en lo que respecta al trabajo infantil engeneral, la Comisión señala que la memoria del Gobierno no contiene información sobre las visitas de inspección realizadas para
proteger a los niños que se dedican al comercio itinerante en las calles de Managua.
Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la capacidad de los servicios deinspección del trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para librar los niños que trabajan320

en las canteras de cal y en la cosecha de café de los trabajos peligrosos, y que transmita información sobre las medidas
adoptadas y los resultados alcanzados a este respecto. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene
información sobre este punto, le pide de nuevo que transmita información sobre las medidas adoptadas para garantizar que
los niños que se dedican al comercio itinerante gozan de la protección prevista en el Convenio.
Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión había tomado nota de lasmedidas adoptadas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo, en particular el acceso a la educación primaria ysecundaria y de la adopción de la Estrategia Nacional de Educación (2010-2015). Sin embargo, la Comisión también tomó nota
de la tasa relativamente baja de asistencia a la escuela y la alta tasa de abandono escolar. Habida cuenta de que la Ley General de
Educación, de 2006, estipula que la escolaridad es obligatoria sólo hasta la edad de 12 años, la Comisión recomendó
encarecidamente al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar la escolaridad obligatoria hasta la edad mínima
de admisión al empleo o al trabajo de 14 años.
La Comisión toma nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para reducir las tasas de abandono escolar, tales
como proporcionar comida en la escuela y regalar material escolar, que han dado como resultado una reducción de la tasa deabandono escolar que ha pasado de un 14 por ciento en 2007 a un 9,4 por ciento en 2011. También se han llevado a cabo otras
actividades, entre las cuales se incluye el reforzamiento de la educación bilingüe a fin de garantizar la enseñanza en varias
lenguas indígenas. Asimismo, la Comisión toma nota de las medidas adoptadas para aplicar la Estrategia Nacional de Educación
2011-2015. La Comisión toma nota de que según las estadísticas disponibles a través del Instituto de Estadística de laOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el porcentaje de niños que finalizan
la educación primaria ha aumentado constantemente y pasó de un 68 por ciento en 2002 a un 81 por ciento en 2010.
Sin embargo, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre las medidas adoptadas
para garantizar la escolaridad obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de 14 años. La Comisión toma
nota de que, aunque el artículo 121 de la Constitución de Nicaragua estipula que la educación primaria es gratuita y obligatoria, el
artículo 19 de la Ley General de Educación especifica que la educación sólo es obligatoria hasta el sexto grado de primaria(a saber, hasta la edad de 12 años aproximadamente). La Comisión toma nota de que según los cuadros estadísticos del Informe
de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2012, «Los jóvenes y las competencias: trabajar con la educación»,
Nicaragua es el único país de América Central en el que la educación obligatoria sólo cubre a los niños de entre 5 y 12 años deedad, en lugar de hasta los 14 ó 15 años de edad. A este respecto, la Comisión se ve obligada a recordar que si la escolaridad
obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente puede producirse un vacío que lamentablemente dejaabierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (Estudio General de 2012 sobre los convenios
fundamentales, párrafo 371).
Habida cuenta de que la educación obligatoria es uno de los métodos más eficaces para combatir el trabajo infantil, laComisión alienta de nuevo encarecidamente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la escolaridad
obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de 14 años. Asimismo, pide al Gobierno que continúe
realizando esfuerzos para incrementar las tasas de asistencia a la escuela y reducir las tasas de abandono escolar a fin deevitar que los niños de menos de 14 años de edad trabajen. Solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos
realizados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado d). 1. Trabajos peligrosos en la
agricultura. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción del acuerdo ministerialnúm. JCHG-08-06-10, de 19 de agosto de 2010, por el que se prohíben los trabajos peligrosos para los niños yadolescentes menores de 18 años de edad y que contiene una lista detallada de tipos de trabajos peligrosos. La Comisión
tomó nota de la información comunicada por el Gobierno en relación con las medidas adoptadas para dar efecto al acuerdo
ministerial núm. JCHG-08-06-10, referidas a los servicios especiales de inspección centrados, en particular, en laprotección de los niños que trabajan en las minas de producción de cal. La Comisión también tomó nota de que según lasestadísticas disponibles en el Estudio Nacional sobre el Trabajo Infantil de 2005 (ENTIA 2005), el 70,5 por ciento de los
niños entre los 7 y los 14 años de edad trabajan en la agricultura.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual se han realizado inspecciones
en 1 272 centros de trabajo de todos los sectores de la economía, en los cuales se identificó que 236 niños y niñas se
encontraban laborando en condiciones peligrosas. El Gobierno también indica que, a través de la labor inspectiva, setutelaron los derechos y condiciones laborales de 1 758 adolescentes trabajadores. La Comisión toma nota además de las
informaciones del Gobierno según las cuales se firmaron 3 975 actas de compromiso con los empleadores para la nocontratación de mano de obra infantil y se emitieron 1 691 constancias a adolescentes a fin de que puedan ser
incorporados a la actividad laboral cumpliendo con lo establecido en la legislación laboral en materia de adolescente
trabajador. El Gobierno también se refiere a la ejecución de planes especiales de inspección en trabajo infantil en losdepartamentos de Jinoteca y Matagalpa que se caracterizan por su alta productividad cafetalera. Se realizaron igualmente
talleres de capacitación sobre el marco jurídico del trabajo peligroso capacitando a un total de 10 982 jóvenes yadolescentes trabajadores. La Comisión observa, sin embargo, que la memoria del Gobierno no contiene informaciones
sobre el número de infracciones detectadas y de sanciones impuestas. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno
a que intensifique sus esfuerzos para asegurarse de que los menores de 18 años de edad empleados en el sector
agrícola no sean ocupados en trabajos peligrosos. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que continúe
comunicando información sobre la implementación en la práctica del acuerdo ministerial núm. JCHG-08-06-10, de

321

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

19 de agosto de 2010, en particular sobre el número de inspecciones realizadas, de infracciones detectadas y desanciones impuestas.
2. Trabajo infantil doméstico. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información facilitada
por el Gobierno en relación con la aplicación de la Ley núm. 666, de 4 de septiembre de 2008, sobre el Trabajo
Doméstico, que protege a los adolescentes que trabajan como empleados de hogar, estableciendo las condiciones decontratación y de trabajo, y las sanciones aplicables en caso de maltrato, violencia o humillación de esos trabajadores. La
Comisión tomó nota de que, desde la adopción de la mencionada ley, se habían llevado a cabo 8 483 inspecciones en loshogares para verificar las condiciones de trabajo de los niños y adolescentes empleados como trabajadores domésticos,
garantizándose la protección de 601 niños y adolescentes. En seguimiento del registro de niños y adolescentes ocupados
en el trabajo doméstico, el Gobierno señaló que en los departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Masaya yManagua, se organizaron cinco seminarios destinados a proporcionar información sobre los derechos en el trabajo y becas
escolares, a los que asistieron 149 adolescentes.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se llevaron a cabo 1 999 visitas de inspección en los hogares
durante las cuales se identificaron a 17 adolescentes que trabajaban como domésticos. La Comisión pide al Gobierno que
prosiga sus esfuerzos para garantizar la protección establecida en la ley núm. 666, de 4 de septiembre de 2008, para los
niños y adolescentes empleados en el servicio doméstico y que siga proporcionando información sobre el número deinspecciones realizadas. Al tomar nuevamente nota de que en la memoria del Gobierno no figura información sobre
este punto, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de las infracciones denunciadas
y las sanciones impuestas.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa para librara los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trabajo infantil en la
agricultura. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en el
marco del programa «Cosecha del café sin trabajo infantil» se firmaron varios acuerdos tripartitos de cooperación entre los
Ministerios de Trabajo, Educación y Salud, productores de café y actores clave del sector de la agricultura. En 2010-2011,
en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Carazo se beneficiaron de ese programa un total de 1 371 niños. La
Comisión también tomó nota de que en el marco del programa «Del trabajo a la escuela» se retiró a un cierto número deniños que trabajaban en minas y picando piedras en los municipios de Chinandega, El Rama y El Bluff. El mencionado
programa proporciona a esos niños servicios educativos, de atención de salud y de recreación, así como también hasuministrado herramientas (por ejemplo, máquinas de coser, mesas de trabajo, planchas) a los jóvenes, con objeto depromover el empleo por cuenta propia y la cooperación colectiva. Al tomar nota de que la memoria del Gobierno nocontiene información sobre este punto, la Comisión alienta nuevamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos y lesolicita que siga comunicando información sobre los resultados obtenidos en el marco de los diversos programas
destinados a librar a los niños y adolescentes de los trabajos peligrosos que realizan en todos los sectores agrícolas y
las medidas adoptadas para garantizar su rehabilitación e inserción social.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Níger
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1978)
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Ámbito de aplicación y aplicación del Convenio en la práctica. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que el trabajo infantil existe principalmente enel sector informal, y que el nuevo Código del Trabajo no se extiende en su aplicación al trabajo efectuado por cuenta
propia ni al trabajo en la economía informal. En junio de 2014, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para ampliar el ámbito de aplicación del Código del Trabajo a ese
sector. Además, la Comisión instó al Gobierno a reforzar la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo enese sector, y a garantizar que se lleven a cabo inspecciones periódicas a fin de imponer sanciones a las personas que hayancometido infracciones a las disposiciones del Convenio. Por otra parte, la Comisión de Expertos tomó nota de la
indicación del Gobierno según el cual los inspectores del trabajo tropiezan con dificultades para detectar el trabajo infantil
en este sector debido a la complejidad del fenómeno y la escasez de sus medios de acción. A este respecto, el ministeriocompetente del trabajo ha dotado a todos los departamentos de inspección con un vehículo y ha aumentado sus
presupuestos. El Gobierno afirmó además que está dispuesto a crear las condiciones para efectuar una auditoría
institucional de la inspección del trabajo y proponer acciones que refuercen las capacidades de los inspectores del trabajo
en el sector de la economía informal. Por último, la Comisión tomó nota de que el Instituto Nacional de Estadística (INS),con el apoyo de asociados técnicos y financieros, ha efectuado una encuesta nacional sobre el empleo y el sector informal(ENESI). Tomó nota de que en el Níger trabaja el 50,4 por ciento de los niños de 15 a 17 años (aproximadamente
1 922 637 niños), de los cuales 1 187 840 están ocupados en trabajos peligrosos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el Ministro de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, en
febrero de 2015, organizó una reunión de personal superior en el ámbito del trabajo con objeto de aumentar la visibilidad
de las acciones desarrolladas por la administración del trabajo en el país e identificar los obstáculos que los inspectores deltrabajo encuentran en el cumplimiento de sus funciones. La Comisión también toma nota de las medidas adoptadas para322

reforzar las capacidades de la inspección del trabajo, por ejemplo, la contratación en curso de nuevos inspectores, elaumento de la dotación asignada a los inspectores del trabajo o la creación de nuevas inspecciones del trabajo. Asimismo,la Comisión observa que, según la encuesta ENESI 2012, el 40 por ciento de los empleos se encuentran en el sector
informal, de los cuales el 80 por ciento consisten en empleos en el sector no agrícola. Además, toma nota de la indicacióndel Gobierno según la cual la encuesta ENESI permitirá realizar una mejor planificación tanto estratégica como
operacional para combatir el trabajo infantil. Por último, la Comisión observa que, según el Análisis de la situación de los
niños y las mujeres en el Níger según un enfoque basado en la equidad y los derechos humanos, elaborado conjuntamente
por el Gobierno y el UNICEF en 2013, en general, cerca de la mitad (48 por ciento) de los niños de 5 a 14 años ejercen
una actividad laboral. Además, uno de cada dos niños de 5 a 11 años (50 por ciento) y el 77 por ciento de los niños de 12 a
14 años realizan trabajos en el ámbito agrícola y otras actividades en el trabajo doméstico (pág. 70). La Comisión expresa
una vez más su profunda preocupación por el número de niños que no ha alcanzado la edad mínima de admisión alempleo o al trabajo, que es de 14 años de edad, que están obligados a trabajar y frecuentemente en condiciones peligrosas.
La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para eliminar el trabajo de los niños menores de
14 años, especialmente en el sector informal. La Comisión le solicita que siga reforzando la capacidad de la inspeccióndel trabajo y su formación, para mejorar sus intervenciones directas en la economía informal y le pide que proporcione
informaciones sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos a este respecto.
Artículo 2, párrafo 3. Escolaridad obligatoria. La Comisión observó con anterioridad que la Comisión de laConferencia tomó nota de que persiste entre un gran número de niños en el Níger la baja tasa de escolarización y una
elevada tasa de abandono escolar. Al tiempo que recalcó la importancia de una enseñanza universal y obligatoria gratuita
para evitar y combatir el trabajo infantil, la Comisión instó al Gobierno a reforzar el sistema educativo, y que tome, en
particular, las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación básica gratuita a todos los niños de edades
inferiores a la edad mínima, con el objetivo de impedir el trabajo de los niños menores de 14 años y de reducir la tasa deabandono escolar. La Comisión tomó nota de las informaciones del Gobierno según las cuales ha adoptado el Programa
Sectorial de Educación y Formación (PSEF) 2014-2024.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el compromiso del Estado en el ámbito de la educación se ha
traducido en la formulación de objetivos en una comunicación de política educativa para el decenio 2013-2020. El
Gobierno indica que el PSEF ha previsto medidas de aliento a la escolarización de las niñas y niños que no han tenido
acceso a la educación. La Comisión deplora que, según las últimas estimaciones de la UNESCO de 2013, la tasa neta deescolarización en la enseñanza primaria sólo ha alcanzado el 63,5 por ciento y el 18,5 por ciento en la enseñanza
secundaria. Al recordar que la escolaridad obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo
infantil, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la enseñanza
obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, aumentando las tasas de escolarización de la enseñanza
primaria y secundaria y disminuyendo las tasas de abandono escolar. La Comisión pide al Gobierno que facilite
informaciones sobre toda evolución registrada a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud oprácticas análogas. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. La Comisión tomó nota anteriormente de que, segúnla Confederación Sindical Internacional (CSI), en África Occidental, y en particular en el Níger, hay niños que son
obligados a mendigar. Por motivos económicos y religiosos, muchas familias confían a sus niños a un guía espiritual(marabout) a partir de los cinco o seis años de edad, con el que estos niños viven hasta la edad de 15 a 16 años (niños
talibés). Durante este período, el marabout ejerce un control total sobre los niños, les enseña religión y, a cambio, lesobliga a efectuar diversas tareas, entre ellas la de mendigar. La Comisión tomó nota de la creación de un Observatorio
Nacional de Lucha contra la Mendicidad. Asimismo, tomó nota de la adopción de una circular dirigida a las diferentes
instancias judiciales, en la que se estipula que los artículos 179, 181 y 182 del Código Penal — que castigan la mendicidad
y a cualquier persona, entre ellas los padres de los menores de 18 años de edad, que se dedique habitualmente a ello — seapliquen estrictamente, procesando rigurosamente a todas las personas que se dediquen a la mendicidad y que utilicen
niños con fines puramente económicos. A este respecto, la Comisión tomó nota de que se registraron algunos casos dearrestos de marabouts acusados de utilizar a niños con dichos fines, aunque en general, fueron puestos en libertad por falta
de pruebas que demostraran su culpabilidad.
La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales la Agencia Nacionalde Lucha contra la Trata de Personas (ANLTP) ha puesto en ejecución una serie de estrategias de lucha contra lamendicidad, especialmente la difusión de producciones audiovisuales en todas las lenguas nacionales y la formación a losmedios de comunicación comunitarios acerca de la compresión de esa problemática. La ANLTP también ha organizado
misiones de sensibilización, encuentros para el intercambio de opiniones con las autoridades locales, tradicionales y losmarabouts en las localidades de Agadez, Konni y Tahoua. En 2014, se organizaron seminarios de formación destinados a
30 magistrados de las fiscalías de diversas jurisdicciones del país, al igual que a 30 oficiales de la policía judicial.
Además, 60 jefes tradicionales de Dosso, Tahoua y Tillabéry recibieron formación en materia de sensibilización acerca de323

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

la mendicidad y se impartirá formación a 60 predicadores marabouts a fin de sensibilizar a la población a través de lasradios comunitarias. El Gobierno señala haber llevado a cabo un operativo para que los mendigos instalados en la vía
pública regresen a sus pueblos, previa identificación y facilitación de su reinserción social y profesional. Además, indica
que el artículo 97 de la ordenanza núm. 2010-086 prevé la creación de un fondo especial de indemnización de lasvíctimas, administrado por la ANLTP. No obstante, el Gobierno señala que existen enormes obstáculos de ordensociocultural que pueden comprometer la aplicación efectiva de las disposiciones relativas a la penalización de lamendicidad. Al tiempo de tomar debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión toma nota con
preocupación de que las estadísticas facilitadas por el Gobierno no incluyen información alguna acerca de la condena demarabouts que hayan utilizado niños con fines puramente económicos. La Comisión insta firmemente al Gobierno una
vez más a que se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que se lleven a término investigaciones
exhaustivas, el enjuiciamiento y la imposición de sanciones suficientemente eficaces y disuasorias a los marabouts que
utilizan a niños menores de 18 años con fines puramente económicos. A este respecto, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que adopte las medidas necesarias a fin de reforzar la capacidad de los órganos encargados de la aplicaciónde la ley. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe la adopción de medidas eficaces en un plazo
determinado para impedir que los niños menores de 18 años sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, por ejemplode la mendicidad, así como para identificar a los niños talibés obligados a mendigar, librarlos de tales situaciones ygarantizar su rehabilitación e inserción social. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre losprogresos realizados a este respecto.
Apartado d) y artículo 4, párrafo 1. Trabajos peligrosos y determinación de los trabajos peligrosos. Niños que
trabajan en minas y canteras. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en lugares de trabajo de laeconomía informal, especialmente en minas y canteras, existen casos de niños que realizan trabajos peligrosos, y que los
niños acompañan a sus padres a esos sitios de trabajo y participan en la cadena de producción, ya sea en las minas de yeso
o en las canteras de sal, a veces para realizar tareas menores destinadas a facilitar las labores de sus padres en el sitio, yotras veces para realizar labores físicamente peligrosas, todos los días de la semana, durante más de ocho horas diarias,
con riesgos de accidentes y de enfermedades. La Comisión tomó nota de que el Ministro del Interior prohibió oficialmente
mediante una circular, el empleo de niños en minas y canteras de las zonas concernidas, a saber, Tillabéry, Tahoua yAgadez, y que el Ministro de Minas recibió instrucciones para que se tuviera en cuenta esta prohibición cuando se
elaboren los convenios mineros. No obstante, la Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, no se han pronunciado
condenas en la materia. Además, la Comisión tomó nota de que durante un taller organizado en Ayorou, los días 2 y 3 dejulio de 2009, se había emprendido la revisión y modificación de la lista de trabajos peligrosos, en colaboración con los
ministerios técnicos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la nueva parte reglamentaria del Código delTrabajo está en discusión en el Gobierno y tomará en cuenta la cuestión de los trabajos peligrosos. Lamentando tomar
nota de que la lista de trabajos peligrosos revisada está en discusión desde 2009, la Comisión insta firmemente al
Gobierno a adoptar medidas inmediatas para garantizar la aplicación efectiva de la legislación nacional relativa a laprotección de los niños contra el trabajo subterráneo en las minas y a que transmita información sobre los progresos
realizados a este respecto. Asimismo, insta de nuevo al Gobierno a que proporcione una copia de la lista de trabajos
peligrosos modificada, una vez que ésta sea adoptada.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que estánparticularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. 1. Niños de la calle. En sus comentarios
anteriores la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación por el número deniños que mendigan en la calle.
La Comisión toma nota de que el Gobierno adoptó una Política Nacional de Desarrollo Integrado del Niño (DIJE) y
un Documento Marco de Protección del Niño (DCPE) en 2013, que permite a los agentes de protección social hacerse
cargo más eficazmente de la primera infancia. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que losServicios Educativos Judiciales y Preventivos (SEJUP) se han creado a fin de hacerse cargo de los niños de la calle,quienes, previa orden dictada por el juez de menores, son recibidos por familias de acogida. Sin embargo, la Comisión
observa que, según el Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, de 2015
(documento A/HRC/30/35/Add.1, párrafo 85), el número de los recursos humanos, especialmente de los especializados,de esos 34 SEJUP son, al parecer, insuficientes y estarían más adaptados para ocuparse de los menores en conflicto con laley. Además, la Relatora observa que el Gobierno ha reconocido que la cantidad de niños de la calle en las regiones
urbanas es alarmante, especialmente en Niamey, y se refiere a una estimación acerca de la existencia de más de
11 000 niños de la calle (párrafo 62). Al observar que los niños de la calle son especialmente vulnerables a las peores
formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente de nuevo al Gobierno a adoptar medidas efectivas en un plazo
determinado para protegerlos de esas formas de trabajo y prever su rehabilitación y reinserción de manera específica.
La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones concretas sobre los resultados obtenidos.
2. Niños en el trabajo doméstico. La Comisión toma nota de las informaciones de la Relatora Especial sobre lasformas contemporáneas de la esclavitud (documento A/HRC/30/35/Add.1, párrafos 67 a 70), según las cuales existe un
alto número de niños en el trabajo doméstico en el Níger (58,2 por ciento) de los cuales el 65,5 por ciento corresponde aniños entre 5 y 11 años de edad y principalmente niñas que se desplazan del campo a la ciudad para escapar a la pobreza.

324

Señala que, muy a menudo, los niños que realizan trabajos domésticos están sometidos a la violencia física, verbal ysexual, así como a la discriminación, reciben salarios muy bajos y, en algunos casos, ninguna remuneración, cumplen
largas jornadas de trabajo, pueden encontrarse psicológica y socialmente aislados y no tienen derecho al descanso
hebdomadario o a las vacaciones. La Comisión, al estimar que los niños en servicio doméstico están particularmente
expuestos a las peores formas de trabajo infantil, pide al Gobierno que adopte medidas efectivas en un plazo
determinado para proteger a los niños que realizan trabajos domésticos de las peores formas de trabajo infantil, preverla asistencia directa y necesaria para retirarlos de ese trabajo y garantizar su readaptación e integración social. La
Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los resultados obtenidos a este respecto.
Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que según losresultados de la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil, de 2009 (ENTE), el 83,4 por ciento de los niños
económicamente activos de cinco a 17 años, es decir 1 604 236 niños, realizan trabajos que deben eliminarse. Entre ellos,
1 187 840 niños realizan trabajos peligrosos, de manera que el 74 por ciento de los niños de cinco a 17 años que realizan
trabajos que deben eliminarse, trabajan en condiciones peligrosas. Al expresar su profunda preocupación ante lasituación de los niños menores de 18 años ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta
firmemente al Gobierno una vez más a intensificar sus esfuerzos para asegurar en la práctica la protección de los
niños de esas formas de trabajo, especialmente los trabajos peligrosos. La Comisión pide nuevamente al Gobierno quesiga comunicando informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)
Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Campo de aplicación. 1. Empleo por cuenta propia y trabajo en laeconomía informal. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 91 de la Ley del Trabajo, un
trabajador es una persona que celebró un contrato con un empleador verbalmente o por escrito. En consecuencia, laComisión recordó al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los tipos de trabajo o de empleo, independientemente dela existencia de una relación contractual y le pidió al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas oprevistas a este respecto.
La Comisión toma nota de que, de conformidad con el artículo 2 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo, de2008 (proyecto de ley sobre las normas de trabajo), la ley se aplica a todos los trabajadores. En virtud del artículo 60 delproyecto de ley, se entiende por «empleado» a toda persona empleada por otra en virtud de un contrato de trabajocelebrado verbalmente o por escrito, independientemente de que se trate de un empleo permanente, a tiempo parcial, uocasional, e incluye el trabajo que realiza un empleado doméstico, que no es miembro de la familia del empleador. Esto
significa que los niños que trabajan fuera de una relación de trabajo formal, como los niños que trabajan por cuenta propia
o en la economía informal, están excluidos de las disposiciones que dan efecto al Convenio. A este respecto, la Comisión
toma nota del documento relativo a la Política Nacional sobre el Trabajo Infantil, de 2013, que el trabajo infantil está más
extendido en el sector informal, que incluye los oficios y el trabajo artesanal y las actividades que se realizan en general enla calle, así como en el sector semi informal que incluye el trabajo en plantaciones agrícolas de carácter comercial, el
trabajo doméstico y los servicios de hostelería, la industria del transporte y la fabricación de prendas de vestir. A este
respecto, y refiriéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el
trabajo (párrafo 343), la Comisión señala que la cuestión del trabajo infantil en la economía informal puede resolverse
mediante mecanismos de vigilancia, incluida la inspección del trabajo. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para asegurar que todos los niños, incluidos los que trabajan por cuenta propia ylos niños que trabajan en la economía informal, se beneficien de la protección establecida en la Ley del Trabajo. En
este sentido, pide al Gobierno que revise las disposiciones pertinentes del proyecto de ley sobre las normas de trabajo
con objeto de abordar esas deficiencias y adoptar medidas para reforzar la capacidad y extender el alcance de lainspección del trabajo a la economía informal con miras a garantizar en ese sector la protección mencionada.
2. Edad mínima de admisión al trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente con preocupación de que lalegislación nacional prevé una amplia variedad de edades mínimas, algunas de éstas demasiado bajas.
La Comisión toma nota de que, de conformidad con el artículo 8, párrafo 1 del proyecto de ley sobre las normas detrabajo, ningún niño (se entiende por niño la persona menor de 15 años de edad (artículo 60)), será empleado o trabajará
en cualquier puesto, salvo cuando sea empleado por un miembro de su familia para realizar un trabajo ligero de carácter
agrícola, hortícola o doméstico. La Comisión observa que el artículo 8, 1) del proyecto de ley, está en conformidad con el
artículo 2, 1), del Convenio (al establecer una edad mínima de 15 años de edad, tal como se especificó en la fecha de la
ratificación). La Comisión expresa la firme esperanza de que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo queestablece una edad mínima de 15 años de edad para el empleo o trabajo sea adoptado en un futuro próximo. La
Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.
Artículo 3, párrafo 2. Determinación del trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de que, ni la
Ley del Trabajo de 1990, ni la Ley sobre los Derechos del Niño de 2003, prevén una lista general de los tipos de trabajos
peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad.
325

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión toma nota de un informe titulado Listas de trabajos peligrosos en Nigeria, 2013, elaborado por el
Ministerio de Trabajo y Productividad, de que se llevó a cabo un estudio para identificar y determinar las condiciones detrabajo más peligrosas a las que están expuestos los menores de 18 años en diversas ocupaciones en Nigeria. El estudioidentifica algunos tipos de trabajos peligrosos, incluidos la agricultura (cultivo de cacao y arroz), canteras, mineríaartesanal, la urdimbre y el teñido tradicional, el procesamiento de las pieles de animales, la recolección y recuperación dedesperdicios, el trabajo en las calles, la mendicidad, así como el trabajo en la construcción y el transporte. Además, laComisión toma nota de que según el informe de la OIT/IPEC, de 2014 la lista definitiva de trabajos peligrosos ha sido
validada por el Comité Nacional Permanente y se está a la espera de su aprobación oficial. La Comisión expresa la firmeesperanza de que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar que se finalice y adopte en un futuro
próximo la lista de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad. Pide al Gobierno que
proporcione información sobre los progresos realizados en ese sentido y que transmita una copia, en cuanto se hayaadoptado.
Artículo 6. Aprendizaje. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según el artículo 49, 1), de la Ley delTrabajo, una persona de edad comprendida entre los 12 y los 16 años puede realizar un aprendizaje por un período
máximo de cinco años, mientras que los artículos 52, a) y e), de la misma ley establecen que el Ministro está facultado aelaborar reglamentos para determinar los términos y las condiciones del aprendizaje.
La Comisión observa que, si bien los artículos 46 y 47 del proyecto de 2008 establecen los términos y condiciones
para celebrar un contrato de aprendizaje, no especifican la edad mínima del aprendizaje. La Comisión, recordando que elartículo 6 del Convenio autoriza a personas de por lo menos 14 años de edad a que efectúen trabajos en las empresas,
dentro del marco de un programa de aprendizaje, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que
garantice que a los niños menores de 14 años no se les autoriza a realizar un programa de aprendizaje. A este respecto,
la Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten las enmiendas necesarias al proyecto de ley sobre las normas
de trabajo con objeto de ponerlo en conformidad con el artículo 6 del Convenio. Pide al Gobierno que facilite
información sobre todo progreso realizado a este respecto.
Artículo 7, 1). Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros. La Comisión observó con anterioridad que la Ley
del Trabajo no prevé una edad mínima de admisión a trabajos ligeros.
La Comisión toma nota de que el artículo 8 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo, si bien autoriza elempleo de niños menores de 15 años de edad en trabajos ligeros en la agricultura, la horticultura o en el servicio
doméstico, no indica la edad mínima en que ese trabajo estará permitido. En este sentido, la Comisión toma nota de que,según el informe de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, de 2011 (UNICEF/Oficina Nacional de
Estadísticas, Nigeria), el 47 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, están ocupados en el
trabajo infantil. Por consiguiente, la Comisión recuerda al Gobierno que, según el artículo 7, 1), del Convenio, lalegislación nacional puede autorizar el empleo o el trabajo de los niños de edades comprendidas entre los 13 y los 15 años
en trabajos ligeros que: a) no sean susceptibles de dañar su salud o desarrollo, y b) no sean tales que perjudiquen su
asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad
competente, o su capacidad de beneficiarse de la instrucción recibida. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para establecer la edad mínima de admisión a trabajos ligeros de conformidad con
el artículo 7, 1), del Convenio.
Artículo 7, 3). Determinación de los trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que enla Ley del Trabajo no se definen claramente las condiciones en las que pueden realizarse actividades laborales ligeras.
Además, observó que el número máximo de ocho horas laborales al día prescritas en virtud del artículo 59, 8) de la Ley
del Trabajo, perjudica ciertamente la asistencia de los jóvenes menores de 15 años a la escuela o su participación en losprogramas de orientación o formación profesional, como dispone el artículo 7, 1), b), del Convenio.
La Comisión toma nota de que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo no contiene ninguna disposición que
reglamente el empleo de los niños y trabajos ligeros. En consecuencia, la Comisión señala una vez más a la atención delGobierno el párrafo 13, b), de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146), que establece que, al dar efecto
al artículo 7, 3), del Convenio, se debería prestar especial atención a la limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo
por día y por semana, y la prohibición de horas extraordinarias, de modo que quede suficiente tiempo para la enseñanza yla formación, para el descanso durante el día y para actividades de recreo. Por consiguiente, la Comisión pide al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para regular el empleo de las personas de edades comprendidas entre los
13 y los 15 años de edad en trabajos ligeros, determinando el número de horas durante las cuales pueden realizarse
trabajos ligeros en los sectores de la agricultura, de la horticultura y del servicio doméstico, y las condiciones de losmismos, así como los tipos de actividades que constituyen trabajos ligeros. Pide al Gobierno que comuniqueinformación acerca de las medidas adoptadas en esta materia.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota del informe de la OIT/IPEC de 2014, de que, en el
marco del proyecto ECOWAS-II, se han puesto en marcha en Nigeria 37 actividades, que incluyen actividades relativas ala creación de capacidad destinadas a la red de protección infantil y los comités directivos estatales sobre el trabajo
infantil; campañas de sensibilización contra el trabajo infantil en la economía informal, especialmente en los mercados delos estados de Ogun, Abeokuta, Abuja e Ibadan; y campañas de sensibilización en las escuelas. En el informe de la
OIT/IPEC se indica también que en una encuesta sobre trabajo infantil en la minería artesanal y en pequeña escala, llevada
326

a cabo en 2011, en siete estados pone de manifiesto una participación mayor de los niños en esos sectores. Además, laComisión toma nota de que según el informe titulado «El doble reto del trabajo infantil y la marginación educativa en laregión del ECOWAS» elaborado en el marco del proyecto Understanding Children’s Work (Comprender el trabajo
infantil) proyecto conjunto del Banco Mundial, la OIT y el UNICEF, Nigeria cuenta con el mayor número de niños deedades comprendidas entre los 5 y 14 años de edad ocupados en trabajo infantil, con 10,5 millones de niños en esta
categoría de trabajo. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno. No obstante, toma nota con
profunda preocupación del gran número de niños de una edad inferior a la edad mínima para la admisión al empleo que
trabajan actualmente en Nigeria. La Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar laeliminación progresiva del trabajo infantil. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre lamanera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo datos estadísticos actualizados sobre el empleo de niños
y adolescentes, en particular en relación con los niños que trabajan en la economía informal, así como extractos de losinformes de los servicios de inspección e información sobre el número y naturaleza de las infracciones observadas y delas sanciones aplicadas. En la medida de lo posible, esta información debería desglosarse por edad y sexo.
La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno tomará en consideración los comentarios de la Comisión alultimar el proyecto de ley sobre las normas de trabajo. Además, expresa la firme esperanza de que el proyecto de leyrevisado se adopte en un futuro cercano. La Comisión invita al Gobierno a que considere solicitar la asistencia técnica
de la OIT para poner esta legislación en conformidad con el Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 105.ª reunión de la Conferencia y que responda
de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)
Artículos 3, a), y 7, 2), b), del Convenio. Esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud y medidas efectivas y en
un plazo determinado. Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados y asistencia
directa necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su
rehabilitación e inserción social. La Comisión toma nota del informe del Secretario General de las Naciones Unidas alConsejo de Seguridad, de 5 de junio de 2015 (documento A/69/926-S/2015/409) en el que se indica que se recibió unmayor número de denuncias de reclutamiento y utilización de niños y niñas por Boko Haram para que prestaran funciones
de apoyo y combatieran. Se informa que se utilizan niños como escudos humanos y para realizar atentados suicidas, enparticular niñas con sólo 13 años de edad. Se recibió información acerca de niños que se sumaron al Equipo de Tareas
Conjunto y otros grupos parapoliciales, voluntariamente o por la fuerza, y que se utilizaban como guardias en los puestosde control, así como para obtener informaciones y participar en patrullas armadas. Se informó del secuestro de por lomenos 500 mujeres jóvenes y niñas sacadas de su hogar o de la escuela y sometidas al trabajo forzoso, al abuso físico,
psicológico y matrimonios forzosos con combatientes de Boko Haram. En ese informe se indica también que se dio
muerte y se mutiló a niñas en incursiones lanzadas por Boko Haram contra aldeas, en ataques selectivos realizados en
lugares públicos y en escuelas. Las autoridades educativas del noreste registraron el asesinato de 314 escolares entre enerode 2012 y diciembre de 2014. Durante ese período, en un ataque nocturno 59 alumnos varones de ciclo secundario que se
encontraban en sus dormitorios fueron asesinados o quemados vivos, mientras que un terrorista suicida disfrazado con ununiforme escolar dio muerte, como mínimo a 47 escolares y dejó heridos a otros 117 en Potiskum. La Comisión deplora
profundamente la situación actual de los niños afectados por el conflicto armado en Nigeria, especialmente debido a quetiene como consecuencia otras violaciones de los derechos de los niños, tales como secuestros, asesinatos y violencia
sexual. La Comisión insta con firmeza al Gobierno adoptar con carácter de urgencia medidas para garantizar ladesmovilización inmediata y completa de todos los niños y poner término, en la práctica, al reclutamiento forzoso deniños menores de 18 años en los grupos armados. La Comisión también insta al Gobierno a que adopte medidas
inmediatas y efectivas para asegurarse de que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas y procesamientos eficacesde las personas que reclutan por la fuerza a menores de 14 años para su utilización en un conflicto armado, y que se
impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que adopte
medidas efectivas y dentro de un plazo determinado con objeto de asegurar la rehabilitación e inserción social de esos
niños y que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y los resultados obtenidos.
Artículo 7, 2), a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza
básica gratuita. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de un informe del UNICEF titulado
Iniciativa mundial: niños y niñas fuera de la escuela, estudio de país, de que en Nigeria se ponen en práctica varias
políticas y actividades de protección social con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que
incluyen: i) Programa de Alimentación Escolar (SFP); ii) fondos para becas y ayudas a las familias indígenas que tienen
niños en edad escolar; iii) Programa de atención primaria de la salud para niños pobres y en situación vulnerable que
tendrá repercusiones positivas en la matriculación escolar y en las tasas de asistencia a la escuela, y iv) un programa detransferencias monetarias condicionadas en el marco del Programa Nacional de Erradicación de la Pobreza que hapermitido la permanencia en las escuelas de 100 000 niños que de otra manera habrían abandonado la escolaridad. A este
respecto, la Comisión toma nota de que, según el informe revisado sobre la Educación para Todos en Nigeria, 2000-2014

327

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESdel Ministerio Federal de Educación (informe revisado EPT), aumentó la matriculación total en la enseñanza primaria, quede 21 857 011 inscritos en 2009 pasó a 24 071 559 en 2013; la matriculación total en la enseñanza secundaria básica pasóde 3 107 287 niños en 2009 a 4 219 679 en 2013; entre 2009 y 2013, el número de escuelas primarias y de enseñanza
secundaria básica aumentó de 58 595 a 61 305, y de 10 410 a 11 874 respectivamente. Sin embargo, la Comisión toma
nota de que, según el informe mundial de seguimiento de la UNESCO sobre la Enseñanza para todos, de 2013, en Nigeria
se encuentran fuera del sistema escolar aproximadamente 10 500 000 niños. La Comisión toma nota con preocupación delelevado número de niños que no asisten a la escuela. Al tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, laComisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo yfacilitar el acceso de todos los niños a la enseñanza básica gratuita. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para aumentar las tasas de matriculación escolar en los niveles primario y secundario ypara que disminuyan las tasas de deserción escolar. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobrelas medidas concretas adoptadas a este respecto y que facilite información estadística actualizada sobre los resultados
obtenidos, especialmente en relación con la reducción del número de niños que están fuera del sistema escolar en losniveles primario y secundario.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nueva Zelandia
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. También toma nota de los comentarios formulados por
Business New Zealand, así como de los comentarios del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU), y de la
respuesta del Gobierno a los mismos.
Artículo 3, d), del Convenio. Trabajo peligroso. Edad mínima de admisión al trabajo peligroso. La Comisión
tomó nota anteriormente de que, en virtud del artículo 54, d), del reglamento de salud y seguridad en el trabajo, de 1995
(reglamento HSE), se prohíbe el trabajo peligroso a los niños menores de 15 años, aunque esa prohibición no se extiende atodos los menores de 18 años de edad, como se especifica en el artículo 3, d), del Convenio. La Comisión también tomó
nota de que el NZCTU hizo referencia al número de accidentes y lesiones relacionados con el trabajo, algunos de loscuales resultaron mortales, sufridos por jóvenes menores de 18 años de edad. La Comisión también tomó nota de que elGobierno señaló que, aunque compartía las preocupaciones planteadas por el NZCTU con respecto a los accidentes deniños y jóvenes en el lugar de trabajo, algunos de los cuales resultan mortales, existe una legislación destinada a proteger alos jóvenes. El Gobierno indicó que esa protección legislativa garantiza, en general, que los jóvenes no se expongan a
trabajos peligrosos y que los empleadores tienen la obligación de asegurar que el entorno laboral sea seguro y saludable,
así como de formar y supervisar a los trabajadores.
No obstante, la Comisión tomó nota de que según un informe titulado «Escolares en un empleo remunerado — una
reseña de los resultados de las investigaciones», de septiembre de 2010 (en adelante informe DoL de 2010), una tercera
parte de los estudiantes secundarios encuestados indicaron que sus empleadores no les proporcionaron ninguna
información sobre los riesgos en el lugar de trabajo. Además, se señala en dicho informe que los niños entre 15 y 16 añosde edad son más propensos a sufrir accidentes que los niños entre 13 y 14 años de edad, y que el 20 por ciento de los niños
de 16 años de edad que realizan actividades laborales ha tenido accidentes de trabajo. A este respecto, la Comisión tomó
nota de que, según el mencionado informe, la protección legislativa en vigor, que hace depender del empleador laprotección de los niños menores de 18 años contra los riesgos en el lugar de trabajo, en la práctica no protege a los niños
de los trabajos peligrosos de manera plena y efectiva. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechosdel Niño, en sus observaciones finales de 11 de abril de 2011, expresó su preocupación por el hecho de que los niños entre
15 y 18 años de edad sean autorizados a realizar trabajos peligrosos (documento CRC/C/NZL/CO/3-4, párrafo 49). La
Comisión también expresó su preocupación por que los niños de 15 a 18 años de edad sean ocupados en trabajos
claramente peligrosos.
La Comisión toma nota de la declaración de Business New Zealand de que la conclusión de la Comisión, según lacual los jóvenes en Nueva Zelandia están ocupados en trabajos claramente peligrosos se basan únicamente en estadísticas
no fiables de accidentes y lesiones en el trabajo. Business New Zealand señala que los accidentes y lesiones que ocurren
en algunos sectores probablemente no sean consecuencia del trabajo sino al hecho de que la mayoría de los jóvenes
trabajan en esos sectores.
La Comisión toma nota de que el NZCTU hace referencia a las conclusiones de la Encuesta nacional sobre la salud yel bienestar de los jóvenes realizada por primera vez en 2000, y que se realiza cada cinco o seis años (la más reciente es la
Encuesta de Jóvenes 2012) y está financiada por el Consejo de Nueva Zelandia para la Investigación y la Salud con objetode proporcionar información actualizada a los encargados de formular políticas, educadores, prestadores de servicios desalud y comunidades que trabajan con el objetivo de mejorar las oportunidades para el desarrollo saludable de todos losjóvenes de Nueva Zelandia. El NZCTU señala que es alarmante que sólo el 50,7 por ciento de los escolares queparticiparon en la Encuesta de Jóvenes 2012 indicaron que el empleador prestaba información en relación con la seguridad
en el trabajo, mientras que el 10 por ciento de los escolares señalaron haber sufrido lesiones en el trabajo. La encuesta
328

indica además que en 2012 se notificaron 450 lesiones relacionadas con el trabajo que afectaban a niños y jóvenes
menores de 18 años, incluyendo 240 lesiones a jóvenes de 16 y 17 años; 155 lesiones a jóvenes de 14 a 15 años; y55 lesiones a niños menores de 13 años. Además, según datos relativos a las víctimas en el lugar de trabajo de 2013 a
2015, de trabajo seguro en Nueva Zelandia, un nuevo órgano regulador en materia de seguridad y salud en el trabajo,
establecido en diciembre de 2013 con el objetivo de lograr una disminución del 25 por ciento en la incidencia de los casosde muerte y de accidentes en el lugar de trabajo para 2020, indican que de 119 víctimas mortales, 14 eran niños menoresde 18 años, y la mayoría de los casos ocurrieron en el sector de la agricultura.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que si bien de conformidad con la legislación vigente, las
restricciones legales específicas a determinados tipos de trabajo sólo se aplican a niños menores de 15 años, los niños
entre los 16 y 18 años de edad están protegidos por los requisitos generales de la legislación de seguridad y salud en el
trabajo, que prevé la protección de todos los trabajadores, independientemente de su edad. La Comisión toma nota de lamemoria del Gobierno, según la cual está en vías de promulgarse una nueva Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo yque se está ultimando la elaboración del nuevo reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, toma nota
de que no se han propuesto modificaciones a la legislación existente en relación con la seguridad y salud de los niños yadolescentes.
La Comisión toma nota con profunda preocupación del hecho de que los menores de 18 años de edad sigan estando
ocupados en tipos de trabajos que son claramente peligrosos para su salud y seguridad, como lo demuestran las lesiones ymuertes producidas entre los niños y jóvenes ocupados en esos trabajos. La Comisión lamenta tomar nota de que elGobierno no haya tomado ninguna medida concreta, en la legislación y en la práctica, para prohibir el empleo de niños yadolescentes menores de 18 años en trabajos peligrosos como lo requiere el Convenio. Además, la Comisión toma nota deque el Gobierno no ha tomado medida alguna, en la legislación o en la práctica, para prever medidas específicas enmateria de salud y seguridad en el lugar de trabajo destinadas a los jóvenes entre los 16 y 18 años de edad, como se
recomienda en el párrafo 4 de la Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 90). Por consiguiente, laComisión señala a la atención del Gobierno el artículo 3, d), leído en concordancia con el artículo 2, del Convenio, en losque se señala que el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe lasalud, la seguridad o la moralidad de los niños menores de 18 años de edad, constituye una de las peores formas de trabajo
infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, se requiere a los Estados Miembros que adopten medidas inmediatas
y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.
La Comisión también recuerda que el párrafo 4 de la Recomendación núm. 190 prevé la posibilidad de autorizar el empleo
o el trabajo a partir de la edad de 16 años, bajo las estrictas condiciones de que queden garantizadas la salud y la seguridad
de estos niños, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama deactividad correspondiente. En este sentido, la Comisión debe subrayar que deben adoptarse medidas para aumentar a los
16 años, la edad mínima de admisión a trabajos peligrosos, aun cuando se hayan previsto debidamente las condiciones deprotección (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 380)). Por consiguiente, la Comisión
insta nuevamente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces con el fin de cumplir lo prescrito en losartículos 1 y 2 del Convenio, leídos en concordancia con el artículo 3, d), para prohibir que los menores de 18 años deedad sean ocupados en trabajos peligrosos. No obstante, cuando dicho trabajo sea realizado por jóvenes de edades
comprendidas entre los 16 y 18 años, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que ese
trabajo se lleve a cabo conforme a las estrictas condiciones previstas en el párrafo 4 de la Recomendación núm. 190, es
decir, siempre que queden plenamente garantizadas la salud y la seguridad de estos niños, y que hayan recibido
instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. La Comisión pide
al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 4, 1) y 3). Revisión periódica de los tipos de actividades peligrosas prohibidas a los menores de 18 añosde edad. La Comisión tomó nota anteriormente de la indicación del Gobierno en el sentido de que los menores de
18 años de edad no pueden trabajar en las zonas de acceso limitado de los establecimientos autorizados a la venta debebidas alcohólicas, como bares, restaurantes o discotecas. No obstante, también tomó nota de que el Gobierno señaló
que, de conformidad con los artículos 54 a 58 del reglamento HSE de 1995, sólo prohíbe a los menores de 15 años de edadel trabajo en ciertos sectores considerados de alto riesgo, por ejemplo, la construcción, las operaciones de tala de árboles,
la fabricación y el embalaje de productos, el trabajo en el que se manufactura o prepara la mercancía para la venta, el
trabajo con todo tipo de máquinas, el transporte manual de cargas o de otras tareas que puedan ser perjudiciales para lasalud, el trabajo nocturno y conducir tractores o vehículos pesados. La Comisión también tomó nota de la información que
figura en la memoria del Gobierno, según la cual, hubo una considerable proporción de accidentes en la agricultura que
afectan a los niños, y casi una quinta parte de todos los accidentes en la agricultura afectan a niños de 15 años e incluso
menores de esa edad. El Gobierno indicó que la mayoría de los accidentes mortales de que son víctimas los niños ocurren
en explotaciones agrícolas, y más especialmente en el caso de niños de 10 a 14 años que conducen vehículos para
desplazar cargas, y este problema se trata de resolver mediante una campaña de seguridad. La Comisión también observóde que el informe DoL de 2010 señala que los mayores riesgos para los trabajadores se presentan en los sectores de laconstrucción, la agricultura y la hostelería, así como algunos otros tipos de trabajo peligrosos para los jóvenes: por su
tamaño (incluidas estaciones de servicios y supermercados) y trabajar en restaurantes, restaurantes de comidas para llevar
y otros comercios de venta de comidas. El mayor número de los accidentes en los lugares de trabajo ocurren en ese tipo deactividades, que representan asimismo el 60 por ciento de las lesiones que sufren los escolares que trabajan habitualmente
329

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESa tiempo parcial. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que tomara todas las medidas necesarias para examinary revisar periódicamente la lista de trabajos peligrosos, en consulta con las organizaciones de empleadores y detrabajadores interesadas. La Comisión toma nota de que el NZCTU hace referencia a un informe del Comité de Examen
de la Mortalidad de Niños y Adolescentes, de 2014, centrado principalmente en las muertes provocadas a los niños yadolescentes por cuadriciclos y vehículos agrícolas a motor y sugirió que un enfoque multifacético, con inclusión demedidas legislativas, podría contribuir a reducir las muertes causadas por cuadriciclos. El NZCTU señala que el trabajo
peligroso en las explotaciones agrícolas, con inclusión de conducir y utilizar cuadriciclos y maquinaria agrícola debe
restringirse en interés de la seguridad y bienestar de los niños.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Actividades Empresariales, Innovación yEmpleo ha propuesto que el nuevo reglamento de seguridad y salud retomará el reglamento de seguridad y salud de 1995,
con una disposición complementaria que prohíba el trabajo que entrañe en la utilización de sustancias peligrosas para losmenores de 15 años. La Comisión recuerda al Gobierno que, de conformidad con el artículo 4, 1) y 3), del Convenio, lostipos de trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, laseguridad o la moralidad de los menores de 18 años, deberán ser determinados por la legislación nacional, y la lista deesos trabajos deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse, en consulta con las organizaciones deempleadores y de trabajadores interesadas. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias, durante la finalización del nuevo reglamento de seguridad y salud, para revisar la lista de trabajos
peligrosos que deben prohibirse a los menores de 18 años, como se establece en el artículo 4, 3), del Convenio,
incluyendo las medidas para reglamentar los tipos de trabajos peligrosos identificados por la Comisión de Examen dela Mortalidad de Niños y Adolescentes y en el informe DoL de 2010, tales como determinados tipos de trabajo en lossectores de la agricultura, la construcción y la hostelería.
Artículo 5. Mecanismos de vigilancia y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota
anteriormente de la declaración del Gobierno, según la cual el Departamento de Trabajo continuaba investigando lasprácticas en los lugares de trabajo en relación con las personas de entre 16 y 18 años de edad ocupadas en trabajos
peligrosos.
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que las conclusiones de la Encuesta sobre la Juventud, de2012, indica que de los 10 000 estudiantes secundarios que trabajan a tiempo parcial que han sido objeto de la encuesta,
uno de cada diez estudiantes ha sufrido accidentes en el lugar de trabajo. Sin embargo, el Gobierno indica que varios
factores técnicos de gravedad han afectado la validez y utilidad de algunos de los resultados de esta encuesta y, enconsecuencia, no es posible establecer la relación de causalidad entre los accidentes sufridos por los estudiantes y el lugar
de trabajo. La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno en relación con el número dedenuncias por lesiones derivadas del trabajo por personas menores de 18 años de edad. Según estas informaciones, en
2012 se presentaron 5 190 denuncias por lesiones relacionadas con el trabajo, incluyendo 70 presentadas por menores de
14 años; 150 por menores de 15 años; 580 por menores de 16 años; 1 500 por personas menores de 17 años; y 2 900 por
menores de 18 años. Al tomar nota del considerable número de denuncias por lesiones relacionadas con el trabajo
formuladas por menores de 18 años, la Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria proporcione
información relativa a las investigaciones llevadas a cabo en relación con esos accidentes, las infracciones señaladas ylas sanciones aplicadas. La Comisión también expresa la firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas
necesarias para realizar, en un futuro próximo, otra encuesta sobre la salud y bienestar de los estudiantes que trabajan
a tiempo parcial, para tener un mejor conocimiento de sus condiciones de trabajo y de los resultados en materia deseguridad y salud. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados de la encuesta que,en la medida de lo posible, deberían desglosarse por edad y sexo.

Países Bajos
Aruba
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que la propuesta de autorizar al director del Departamento de Trabajo adeterminar los tipos de trabajo peligrosos se encontraba en el Departamento de Legislación para su evaluación y revisión
técnicas. La Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que, previa aprobación delDepartamento de Legislación, el director del Departamento de Trabajo determinara lo antes posible los tipos de trabajo
peligrosos.
La Comisión toma nota con satisfacción de que el Gobierno adoptó el decreto ministerial núm. 78 de 2013, quecontiene una lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores de 18 años. Esta lista comprende: el trabajo
relacionado con levantar o acarrear grandes pesos; trabajar de manera continua en la misma posición; trabajar teniendocontacto directo con sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas, así como con explosivos y sustancias irritantes ycorrosivas; el trabajo con animales salvajes, venenosos o peligrosos; el sacrificio de animales; el trabajo en
establecimientos en los que suministra alcohol; el trabajo con o cerca de máquinas o equipos que supongan riesgo de330

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

incendio, explosiones, electrocución, asfixia, o en actividades de cosecha o tala; el trabajo submarino; el trabajo con
instrumentos que emiten radiaciones electromagnéticas no ionizantes nocivas; el trabajo con gases comprimidos; el trabajo
que expone a los niños al ruido y a las vibraciones; el trabajo en entornos que pueden colapsarse; el trabajo cerca detendidos eléctricos, y el trabajo en hospitales. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre laaplicación del decreto ministerial núm. 78, incluida información sobre el número y la naturaleza de las infracciones
relacionadas con jóvenes que realizan trabajos peligrosos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota con preocupación del número y lasituación de los niños menores de 15 años que realizan actividades económicas e instó al Gobierno a redoblar sus
esfuerzos para mejorar la situación.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Sin embargo, toma
nota de que el conflicto en curso en la República Árabe Siria está teniendo un impacto alarmante sobre los niños. También
toma nota de que según el informe del UNICEF, de marzo de 2014, titulado En estado de sitio – Tres años de conflictos
devastadores para la infancia siria, desde marzo de 2013, el número de niños afectados por el conflicto armado de Siria
se ha doblado con creces, pasando de 2,3 millones a 5,5 millones, el número de niños desplazados dentro de Siria hasuperado los 3 millones, y son más de 1,2 millones los niños refugiados que viven en países vecinos. Asimismo, laComisión toma nota de que según el informe de la OIT de 2013 sobre la crisis de los refugiados en Jordania titulado «ILO
Response to the Syrian Refugee Crisis in Jordan», en la primera evaluación conjunta de las Naciones Unidas y el
Gobierno sobre las necesidades de los refugiados sirios que llegan a Jordania, se considera preocupante que muchos niños
sirios realicen trabajo infantil. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el informe del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Refugiados de 2013 (ACNUR, 2013), una investigación del mismo ACNUR sobre los niños
sirios refugiados en Jordania y Líbano encontró que hay niños, incluso de 7 años, que trabajan muchas horas por un salario
muy bajo, a menudo en condiciones peligrosas y siendo explotados. Casi el 50 por ciento de los hogares de refugiados que
fueron objeto de estudio vivían totalmente o en parte de los ingresos generados por un niño. La Comisión expresa su
profunda preocupación por la situación de los niños en Siria afectados por el conflicto armado. Al tiempo que reconoce
la complejidad de la situación en el terreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, laComisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para mejorar la situación de los niños en Siria ypara protegerlos y evitar que sean víctimas del trabajo infantil. Pide al Gobierno que transmita información sobre lasmedidas adoptadas a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud oprácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. La
Comisión toma nota de que según el Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados al Consejo deSeguridad de las Naciones Unidas, de enero de 2014 (Informe del Secretario General, de enero de 2014) la RepúblicaÁrabe Siria ha adoptado una serie de reformas legislativas tales como la ley núm. 11/2013 que tipifica como delito todaslas formas de reclutamiento y el uso de menores de 18 años por las fuerzas armadas y grupos armados, en particular para
tomar parte en combates directos, transportar armas, equipos o municiones, poner explosivos, estar en los puestos decontrol o llevar a cabo tareas de vigilancia o de reconocimiento, ser escudos humanos o ayudar y/o servir a losresponsables de cualquier forma.
La Comisión también toma nota de la información que figura en el Informe del Secretario General sobre los niños ylos conflictos armados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de mayo de 2014 (documento
A/68/878-S/2014/339) (Informe del Secretario General, de mayo de 2014) respecto a que en Siria numerosos grupos
armados, incluidos varios grupos afiliados al ejército sirio libre (ESL), las unidades de protección del pueblo kurdo(YPG), Ahrar al-Sham, el Estado Islámico del Iraq y Al-Sham (ISIS) y otros grupos armados, supuestamente reclutan yutilizan a niños para tareas de logística, manejar municiones, estar en los puestos de control y como combatientes. La
mayoría de los niños afiliados al ESL, muchos de los cuales tienen a lo sumo 14 años, indicaron que habían recibido
adiestramiento en el uso de armas y entre 4 000 y 8 000 libras sirias de remuneración mensual. La Comisión también toma
nota de que en el Informe del Secretario General, de enero de 2014, se informa de que las fuerzas gubernamentales
utilizan a niños y niñas de entre 10 y 12 años como escudos humanos. En este informe también se indica que se estima que
desde el inicio del conflicto en 2011 han muerto más de 10 000 niños.
La Comisión también toma nota de que según el informe presentado por la Comisión Internacional Independiente deInvestigación sobre la República Árabe Siria al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de febrero de2015 (informe de la comisión de encuesta, de 2015), ISIS ha instrumentalizado y abusado de niños de una forma que no se
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Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

República Árabe Siria

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

había visto antes en el conflicto sirio. Ha establecido «campamentos de niños» en las áreas bajo su control, en los que seenseña a los niños cómo utilizar armas y se les forma para ser terroristas suicidas. En este informe, también se señala que
ISIS secuestra a niños y niñas, les encierra y les inflige castigos muy duros. Muchos de estos niños han sido ejecutados
por ser miembros de otros grupos armados y algunos, incluso de 10 años, han sido utilizados como verdugos. Además, seinforma de que las Unidades de Protección Popular han secuestrado a niños y han aceptado a niños y niñas en sus filaspara que desempeñen funciones que implican una participación directa en las hostilidades. La Comisión deplora
profundamente la situación actual de los niños afectados por el conflicto armado de Siria, especialmente porque conlleva
otras violaciones de los derechos de los niños, tales como secuestros, asesinatos y violencia sexual. Recuerda que, en
virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores de 18 años para utilizarlos enconflictos armados se considera como una de las peores formas de trabajo infantil, y que en virtud del artículo 1 delConvenio, todo Miembro que ratifique el Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir laeliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Por consiguiente, la Comisión insta
firmemente al Gobierno a adoptar, con carácter de urgencia, medidas para garantizar la plena e inmediata
desmovilización de todos los niños y para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de menores de 18 años porparte de fuerzas y grupos armados. En relación con la resolución núm. 2068, de 19 de septiembre de 2012, del Consejo
de Seguridad que recuerda «la responsabilidad de los Estados de poner fin a la impunidad y procesar a losresponsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes atroces perpetrados
contra los niños», la Comisión insta al Gobierno a tomar medidas inmediatas y efectivas para garantizarinvestigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes de todas las personas que recluten a la fuerza a menores de
18 años de edad para utilizarlos en el conflicto armado y que en la práctica se imponen sanciones lo suficientementeefectivas y disuasorias con arreglo a la ley núm. 11 de 2013. Pide al Gobierno que, en su próxima memoria, transmita
información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas impuestas a esas personas.
Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Impedir la ocupación de niños en laspeores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita. La Comisión toma nota de que según el
informe de la comisión de encuesta, de 2015, debido a que aproximadamente 5 000 escuelas han sido destruidas en la
República Árabe Siria se ha producido una brusca disminución de la educación de los niños, lo cual es objeto de grave
preocupación entre la población. En este informe también se indica que más de la mitad de los niños sirios en edad
escolar, hasta 2,4 millones de niños, no asisten a la escuela debido a la ocupación, destrucción e inseguridad de las
escuelas. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer(CEDAW), en sus observaciones finales de julio de 2014, expresó su preocupación por el aumento de las tasas, ya de por
sí elevadas, de deserción escolar de las niñas, y por los obstáculos a que hacen frente los alumnos, en particular las jóvenes
que viven en zonas sitiadas o en zonas que el Gobierno no controla, para obtener acceso a programas destinados a facilitar
la continuación de sus estudios (documento CEDAW/C/SYR/CO/2, párrafo 39). Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a expresar su profunda preocupación por el gran número de niños privados de educación debido al clima deinseguridad que prevalece en el país. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación en el terreno y la presencia
de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión insta al Gobierno a tomar medidas efectivas y en
un plazo determinado para mejorar el funcionamiento del sistema educativo del país y a facilitar el acceso a la
educación básica gratuita a todos los niños sirios, especialmente en las áreas afectadas por el conflicto armado, y lepide que preste especial atención a la situación de las niñas. Pide al Gobierno que transmita información sobre lasmedidas concretas adoptadas a este respecto.
Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, librarlos de esos
trabajos y garantizar su rehabilitación e integración social. 1. Niños soldados. La Comisión toma nota de la
información que figura en el informe del Secretario General, de enero de 2014, respecto a que actualmente las Naciones
Unidas apoyan al Ministerio de Asuntos Sociales para desarrollar una estrategia para poner fin a la inclusión de los niños
en las fuerzas y grupos armados. Además, según dicho informe, en septiembre de 2013, el Gobierno estableció un comité
interministerial sobre los niños y el conflicto armado. Asimismo, la Comisión toma nota de que según dicho informe elcomando general de las unidades de protección popular emitió una orden de mando que condena y prohíbe el
reclutamiento de niños. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según el informe del Representante Especialdel Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, de 13 de marzo de2015, el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado sirio se ha vuelto algo común y la gran mayoría de los
niños reclutados son formados, armados y utilizados en combate. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno aadoptar medidas eficaces y en un plazo determinado para sacar a los niños de las fuerzas y grupos armados ygarantizar su rehabilitación e integración social. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre lasmedidas adoptadas a este respecto y sobre el número de niños soldados liberados de las fuerzas y grupos armados y
reintegrados.
2. Esclavitud sexual. La Comisión toma nota de que según el informe de la comisión de encuesta, de 2015,
durante agosto de 2014, ISIS secuestró a cientos de mujeres y niñas yazidíes, muchas de las cuales fueron vendidas como«botín de guerra» o entregadas como «concubinas» a los guerreros de ISIS. En este informe también se indica que docenasde niñas y mujeres han sido transportadas a varios lugares de Siria, incluidos Al Raqqah, Al Hasakah y Dayr az Zawr,
donde las retienen como esclavas sexuales. La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas eficaces y en un plazo
determinado para liberar a los menores de 18 años de la explotación sexual y a garantizar su rehabilitación e332

integración social. Pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto,
y sobre el número de niños librados de la explotación sexual y rehabilitados.
Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos. Niños desplazados en elinterior del país y refugiados. La Comisión toma nota de que según el Informe del Secretario General, de enero de 2014,a principios de 2013 había 3 millones de niños desplazados y necesitados de asistencia en la República Árabe Siria y másde 1,1 millones de niños refugiados viviendo en países vecinos. En este informe también se indica que el reclutamiento deniños por los grupos armados de las poblaciones refugiadas en los países vecinos es una cuestión especialmente
preocupante. También toma nota de que según el informe de la comisión de encuesta, de 2015, esos niños separados desus comunidades y a menudo de sus padres y familias corren el riesgo de ser instrumentalizados en el conflicto armado.
Tomando nota con preocupación de que los niños desplazados en el interior del país y refugiados corren más riesgo deser víctimas de las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a tomar medidas efectivas y en unplazo determinado para proteger a esos niños de las peores formas de trabajo infantil. Pide al Gobierno que transmita
información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Tailandia
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños
para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión solicitó anteriormente una copiadel artículo 287 del Código Penal. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el artículo 287 del Código Penal prohíbe, entre
otras cosas, producir o realizar cualquier documento, dibujo, impresión, cuadro, fotografía, película o grabación que sea«obsceno». Sin embargo, la Comisión tomó nota de la información que contiene un documento titulado «UNICEF insta al
Gobierno a adoptar medidas rápidas sobre la pornografía infantil, de 11 de octubre de 2010, disponible en el sitio web de
UNICEF», respecto a que en el país se distribuyen y venden vídeos de temática sexual en los que aparecen niños. En este
documento, UNICEF instó a las autoridades tailandesas a aplicar «todo el peso de la ley» sobre los que producen, distribuyen ovenden vídeos o cualquier otro material relacionado con la explotación sexual de niños, e instó al Gobierno a investigar dónde ycómo se producen estos vídeos. Sin embargo, aunque tomó nota de que la producción de pornografía infantil parece estar
prohibida por la ley, la Comisión señaló con preocupación de que esta peor forma de trabajo infantil continúa siendo un problema
en la práctica. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en la
práctica, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se realicen procesamientos rigurosos de las personas que utilizan,
reclutan u ofrecen a menores de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Asimismo, laComisión pide al Gobierno que transmita información sobre si la participación de niños en actuaciones pornográficas no
grabadas (tales como actuaciones en vivo) está prohibida por la ley.
Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular, la
producción y el tráfico de estupefacientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que aunque laproducción, importación, exportación, posesión o consumo de narcóticos está prohibida en virtud de la Ley sobre Narcóticos de1979, la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años con este fin no parece estar prohibida. Asimismo, observó
que con arreglo a la evaluación rápida realizada por la OIT/IPEC en 2002, niños de sólo 10 años de edad participan en el tráfico
de drogas, y la mayoría de los niños que participan en esta actividad tienen entre 12 y 16 años y suelen comprar o vender drogas.
La Comisión tomó nota de que el Gobierno ha señalado sobre este punto que estaba compilando información de losorganismos pertinentes a este respecto. La Comisión recordó al Gobierno que en virtud del artículo 3, c), del Convenio, laparticipación de menores de 18 años en la realización de actividades ilícitas constituye una de las peores formas de trabajo
infantil, y que en virtud del artículo 1 del Convenio los Estados Miembros que ratifiquen este Convenio deberán adoptar medidas«inmediatas» para prohibir estas peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Al observar que Tailandia ratificó elConvenio en 2001, y que la utilización de niños para la producción y tráfico de drogas parece ser un problema en la práctica,
la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para prohibir explícitamente en la legislación con carácter deurgencia la utilización de niños en actividades ilícitas.
Artículo 5. Mecanismos de vigilancia. Trata. La Comisión tomó nota de que la policía real Thai estaba organizando
una unidad específica responsable de la lucha contra la trata de niños y de mujeres (División de supresión de delitos contra niños,
jóvenes y mujeres) y solicitó información sobre las medidas adoptadas por esta división en relación con la lucha contra la trata deniños.
La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que la División de supresión dedelitos contra niños, jóvenes y mujeres ha formado equipos para la investigación de determinadas personas y lugares que sesospecha que tienen vínculos con la trata de seres humanos y la utilización de trabajo infantil. Ha destinado a funcionarios depolicía (a nivel de subcomandante y comandante) para controlar y acelerar la investigación de los casos de trata de seres
humanos, mientras coordina esta labor con la de otros organismos pertinentes. El Gobierno indicó que la División de supresión dedelitos contra niños, jóvenes y mujeres ha formado equipos de campaña para llevar a cabo actividades de sensibilización encomunidades, pueblos y fábricas y ha iniciado una campaña contra la trata de seres humanos, junto con otros organismos
gubernamentales y organizaciones del sector privado. Además, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoriadel Gobierno respecto a que está llevando a cabo una campaña de sensibilización para los funcionarios a fin de mejorar su
comprensión del fenómeno y garantizar la eficacia de sus esfuerzos de lucha contra la trata. Además, la Comisión tomó nota de la
información que contiene el informe de progreso técnico de la OIT/IPEC sobre la segunda fase del proyecto de la OIT/IPEC delucha contra la trata de niños y mujeres en la subregión del Mekong (proyecto TICSA II), de 30 de enero de 2008, respecto a quese han elaborado directrices operativas sobre la identificación de víctimas de trata en casos de trabajo, como una colaboración

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Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

entre el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana y el Ministerio de Trabajo para dar una respuesta coordinada a los
casos de trata con fines de explotación laboral. El informe de progreso técnico de la OIT/IPEC para el proyecto de apoyo a lasmedidas nacionales para combatir el trabajo infantil y sus peores formas en Tailandia, de 10 de septiembre de 2010
(OIT/IPEC TPR 2010) indica que en 2009 se proporcionó formación a los inspectores del trabajo y otras partes interesadas
fundamentales sobre estas directrices operativas. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la información que contiene el informe
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) titulado «Informe mundial sobre la trata de personas»
de 2009 (Informe de la ONUDD) respecto a que la amplia mayoría de las víctimas extranjeras de trata identificadas entre octubre
de 2006 y diciembre de 2007 eran menores (el 76 por ciento de las víctimas de trata) y que Tailandia sigue siendo un país deorigen de las víctimas de trata. Por consiguiente, la Comisión insta encarecidamente al Gobierno a intensificar sus esfuerzospara reforzar la capacidad de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en materia de control de la trata de niños,
incluidos los de la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres, y los funcionarios encargados del control
de las fronteras, a fin de garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas. La Comisión
solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto.
Artículo 6. Programas de acción para erradicar las peores formas de trabajo infantil. El proyecto OIT/IPEC TICSA yel Plan nacional sobre la prevención y resolución de la trata trasfronteriza de niños y mujeres para que trabajen en el servicio
doméstico (PNA sobre la trata de niños y mujeres 2003-2007). La Comisión tomó nota anteriormente del inicio del proyecto
TICSA en 2000 y de que en el marco del proyecto TICSA II, el Comité nacional de lucha contra la trata de niños y mujeres puso
en práctica un Plan nacional de acción (PNA) sobre la trata de niños y mujeres 2003-2007. Solicitó información sobre el impacto
concreto de las medidas adoptadas a través de estas iniciativas.
La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno en relación a que la aplicación delproyecto TICSA II dio como resultado intervenciones en Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn y Bangkok. El Gobierno
indica que el Centro de coordinación de Chiang Mai para la protección de niños y derechos de las mujeres (Centro decoordinación de Chiang Mai) (en virtud del MSDHS), creó una base de datos sobre personas que corren el riesgo de ser víctimasde trata, así como sobre los lugares de destino de las personas vulnerables, y que esta información ha sido utilizada por lasagencias asociadas a la implementación de iniciativas. El Gobierno indicó que 306 vigilantes comunitarios voluntarios recibieron
formación en 124 pueblos de la provincia de Phayao y que se hicieron esfuerzos para incluir la sensibilización sobre la trata en un
programa de escuela secundaria. A este respecto, la Comisión tomó nota de la información de la OIT/IPEC respecto a que en elcontexto del proyecto TICSA II, los programas de acción implementados incluyen: un proyecto de desarrollo integrado de lastribus de las montañas para la prevención de la trata de niños y mujeres (fase II); un programa para la prevención de la trata, deniños y mujeres en la provincia de Chiang Rai; el reforzamiento de las capacidades en la escuela de Ban Mae Chan para iniciar un
programa de prevención sobre la trata y un proyecto sobre la trata de niños y mujeres con fines de trabajo forzoso y explotación
sexual en Chiang Mai. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que
combatir la trata de personas es una prioridad para el Gobierno, y las políticas específicas anunciadas a este respecto incluyen lacreación de capacidades, el intercambio de información entre países y las campañas de sensibilización. Al observar que el PNA
sobre trata de niños y mujeres 2003-2007 finalizó en 2007 y que el proyecto TICSA II concluyó en 2008, la Comisión insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realizan amplios esfuerzos nacionales para combatir laventa y trata de personas de menos de 18 años. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre todos los planes
nacionales de acción en curso o previstos para hacer frente a este fenómeno, y sobre la implementación de esos programas.
Explotación sexual comercial de niños. La Comisión había tomado nota de que la Oficina de la Comisión Nacional de
Asuntos de la Mujer estimó que el número de prostitutas menores de 18 años de edad se situaba entre 22 500 y 40 000 (es decir,
entre el 15 y el 20 por ciento del número total de prostitutas del país), y que estas estimaciones no incluían a las niñas extranjeras.
Además, la Comisión tomó nota de que el Plan nacional de acción sobre erradicación de las peores formas de trabajo infantil(2004-2009) incluía iniciativas para abordar la prostitución infantil, y solicitó información sobre las medidas concretas adoptadas
a este respecto.
La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que está recopilando información de los organismos pertinentes acerca
de este punto. Asimismo, toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno sobre la adopción en 2008 de unPlan nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2009-2014). La Comisión observó que aunque la
explotación comercial sexual de personas de menos de 18 años está prohibida por la ley, sigue siendo una cuestión preocupanteen la práctica. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar amplias medidas, incluso en el marco del Plan
nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2009-2014), para combatir esta peor forma de trabajo
infantil. Solicita al Gobierno que transmita información sobre los resultados concretos alcanzados en la lucha contra la
explotación comercial sexual de niños.
Artículo 7, párrafo 1, y parte V del formulario de memoria. Sanciones y aplicación del Convenio en la práctica. Trata.
La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que la División de supresión dedelitos contra niños, jóvenes y mujeres se ocupa de la recopilación y gestión de los datos básicos. Asimismo, la Comisión tomó
nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que las entrevistas realizadas por la policía para
determinar si hay niños extranjeros víctimas de trata han puesto de manifiesto que se sospecha que 112 niños son víctimas de esta
peor forma de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la trata de niños sigue siendo un fenómeno mucho másamplio, y señala la información que contiene el informe de la ONUDD respecto a que entre octubre de 2006 y diciembre de 2007,
se detectaron 416 niños víctimas de trata. Además, la Comisión tomó nota de la falta de información sobre una serie de personas
investigadas y procesadas como resultado de la identificación de niños víctimas de trata. La Comisión insta al Gobierno aadoptar las medidas necesarias para garantizar que se realizan investigaciones detalladas y se llevan a cabo procedimientos
firmes de las personas que trafican con niños con fines de explotación laboral o sexual. Solicita al Gobierno que transmita
información sobre el número de infracciones, investigaciones, procedimientos, condenas y sanciones penales a este respecto
de los que se ha informado, así como cualquier información adicional de la División de supresión de delitos contra niños,
jóvenes y mujeres acerca de la prevalencia de la trata de niños. En la medida de lo posible, toda la información comunicada
debería ser desglosada por sexo y edad.
Explotación sexual comercial. La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno
procedente de la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres respecto a que en 2006 se informó de laexistencia de dos niños víctimas de explotación sexual comercial y de dos infractores. Asimismo, el Gobierno indicó que en 2007
no se informó sobre la existencia de víctimas o infractores, y que en 2008, se registraron 23 niños víctimas y 16 infractores. La
Comisión observó la falta de información sobre las sanciones aplicadas a esos infractores, y también que las cifras facilitadas
parecen representar sólo una fracción del número de niños víctimas de la prostitución (con estimaciones anteriores del Gobierno

334

que indicaban la existencia de decenas de miles de personas de menos de 18 años víctimas de esta peor forma de trabajo infantil).
A este respecto, la Comisión tomó nota de la información que contiene el Informe de progreso técnico de la OIT/IPEC de 2010
respecto a que, en el marco del proyecto de la OIT «Apoyo a las medidas nacionales para combatir el trabajo infantil y sus peores
formas en Tailandia» se ha realizado un estudio (en la Universidad de Khon Kaen) sobre la explotación comercial sexual de niños
en tres provincias del noreste de Tailandia: Nong Khai, Udon Thani y Khon Kaen (que son zonas de donde provienen muchas
niñas y mujeres que se dedican a la prostitución en Tailandia). La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoriatransmita información acerca del estudio realizado sobre la explotación comercial sexual de niños en Nong Khai, Udon Thaniy Khon Kaen. Asimismo, insta encarecidamente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar que las personas que
se dedican a la utilización, reclutamiento u oferta de personas de menos de 18 años con fines de explotación comercial sexual
son procesadas y se les imponen en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. A este respecto, la Comisión
solicita al Gobierno que transmita información sobre el número de infracciones de las que se informa, investigaciones
llevadas a cabo, procedimientos realizados, condenas impuestas y sanciones penales aplicadas en lo que respecta a la
explotación comercial sexual de personas de menos de 18 años.
Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado b). Prestar asistencia directa necesaria yadecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social.
Niños víctimas de trata. Servicios para los niños víctimas de trata. La Comisión había tomado nota de diversas medidas
adoptadas por el MSDHS para ayudar a los niños víctimas de trata, y señaló que 3 062 víctimas extranjeras de trata habían
recibido protección en refugios de Tailandia y habían sido repatriadas a sus países de origen.
La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que las políticas específicas
para combatir la trata anunciadas incluyen medidas para proteger a las víctimas, tales como proporcionar asistencia a las personasque corren el riesgo de ser víctimas de trata, el establecimiento de un fondo para ayudar a las víctimas de trata y campañas paraeliminar las actitudes discriminatorias contra las víctimas de trata a fin de facilitar su reintegración en las comunidades.
Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló que se ha establecido el Centro de desarrollo ocupacional y deprotección Baan Kred Trakarn, y que se creó un centro de aprendizaje como parte de su asistencia holística a las víctimas de trata.
Los servicios que se proporcionan a las mujeres y niños víctimas de trata a través de estos centros incluyen la cobertura de lasnecesidades básicas, educación, formación profesional y asistencia para la recuperación psicológica. El Gobierno también indicó
que los cuatro centros de desarrollo y protección de Ranong, Pratumthani, Songhkla y Chaing Rai proporcionan servicios deasistencia, protección y rehabilitación a las víctimas. Además, el Gobierno indicó que la División de supresión de delitos contra
niños, jóvenes y mujeres coordina sus actividades con organismos que participan en la rehabilitación y repatriación de víctimasde trata. Por último, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que la política
nacional y el Plan para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2009-2014) incluyen medidas para reintegrar a los
niños en la sociedad preparando a sus familias y comunidades para su regreso, para repatriar a los niños de una forma que
corresponda a sus necesidades y seguridad, y para hacer un seguimiento de su reintegración, tras la rehabilitación. La Comisión
toma debida nota de las medidas aplicadas por el Gobierno, y le pide que continúe sus esfuerzos para proporcionar asistencia
directa a los niños víctimas de trata, con miras a garantizar que las víctimas de trata de menos de 18 años reciben servicios
apropiados para su rehabilitación y reintegración social con la participación de niños.
Medidas dirigidas a asegurar una indemnización a las víctimas de trata. La Comisión tomó nota de que el Gobierno
había adoptado medidas encaminadas a garantizar que se hacía justicia con las víctimas de trata, incluidos los niños, y éstas
recibían indemnizaciones. Tomó nota de que la Ley sobre Prevención y Supresión de la Trata de Seres Humanos prevé laposibilidad de que las víctimas de trata reciban una indemnización de los infractores y la aportación de unos fondos que asciendan
a 500 millones de baht para su rehabilitación, formación profesional y desarrollo. Asimismo, el Gobierno indicó que la Ley sobre
los Acusados, BE 2544 (2001), establece que los niños que son engañados para hacerlos víctima de trata, prostitución o trabajo
forzoso, recibirán una indemnización.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está recopilando información de organismos pertinentes a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que indique, en su próxima memoria, el número deniños que habían sido víctimas de trata y que han recibido indemnizaciones, ya sea de los infractores o a través de fondos
establecidos por el Gobierno con arreglo a la Ley de los Acusados, BE 2544 (2001) o la Ley sobre Prevención y Supresión dela Trata de Seres Humanos.
Artículo 8. Cooperación y asistencia internacionales. Cooperación regional y acuerdos bilaterales. La Comisión
había tomado nota de diversas medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la trata a escala regional, incluidas las reuniones
de la Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra la Trata (COMMIT). La Comisión solicita información sobre lasmedidas adoptadas a este respecto y sobre las medidas concretas adoptadas en virtud de los Memorandos de Entendimiento sobre
cooperación bilateral para la eliminación de la trata de niños entre Estados.
La Comisión tomó nota de que en su memoria el Gobierno señala que, en virtud del Memorando de Entendimiento de laIniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra la Trata, firmado en 2004 y siguiendo la revisión del primer Plansubregional de acción (2005-2007), los países miembros han apoyado el Plan subregional de acción para 2008-2010. Este plansubregional de acción se centra en varias áreas particulares, incluida la formación y la creación de capacidades, las asociaciones
multisectoriales y bilaterales, el reforzamiento de los marcos legales, la aplicación de la ley, la identificación de víctimas, laprotección y reintegración, y la cooperación con el sector turístico. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información que
contiene la memoria del Gobierno respecto a que éste firmó, el 24 de marzo de 2008, un acuerdo con el Gobierno de Viet Nam
sobre cooperación bilateral para eliminar la trata de personas y que con arreglo a este acuerdo, los dos gobiernos desarrollaron unPlan de acción para 2008-2009. Además, la Comisión tomó nota de que, en virtud del Memorando de Entendimiento para
combatir la trata de seres humanos con los Gobiernos de Camboya (firmado en 2003) y Laos (firmado en 2005), se han elaborado
proyectos de cooperación y se han implementado algunas medidas, incluido la organización de un taller sobre trata destinado alos funcionarios que ejercen sus funciones en la frontera entre Laos y Tailandia. Asimismo, el Gobierno indicó que está enproceso de concluir Memorandos de Entendimiento bilaterales similares con los Gobiernos de Myanmar, China y Japón. El
Gobierno también indicó que en el marco del proyecto TICSA II, se proporcionó asistencia técnica y apoyo para combatir la trata,
todo ello en relación con los Memorandos de Entendimiento entre Tailandia y sus países vecinos. Al tomar nota de que la trata
transfronteriza sigue siendo una cuestión preocupante en la práctica, la Comisión insta al Gobierno a continuar sus esfuerzosde cooperación internacional en relación con la lucha contra la trata de personas de menos de 18 años. Solicita al Gobierno
que continúe transmitiendo información sobre las medidas concretas implementadas a este respecto, y sobre los resultados
alcanzados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
335

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORESLa Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

UzbekistánConvenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999 (núm. 182) (ratificación: 2008)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el
1.º de septiembre de 2015, así como de la memoria del Gobierno, recibida el 26 de octubre de 2015.
Artículo 3, a) y d), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Trabajo forzoso u obligatorio en la
producción de algodón y trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de las diversas disposiciones legales
que en Uzbekistán prohíben tanto el trabajo forzoso (entre otros, el artículo 37 de la Constitución, el artículo 7 del Código
del Trabajo y el artículo 138 del Código Penal) como la participación de los niños en el regadío y la recogida de lacosecha de algodón (en virtud de la lista de ocupaciones en condiciones de trabajo desfavorables en las que está prohibido
emplear a menores de 18 años de edad). Tomó nota con interés de la adopción de un Programa de Trabajo Decente por
País (PTDP) 2014-2016, que contiene elementos sobre la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138),
así como de sus conclusiones: i) mejoras comprobadas en el conocimiento de las cuestiones en materia de trabajo infantil;ii) cambios legislativos e institucionales en lo que respecta al trabajo infantil, incluida la revisión de una lista de trabajos
peligrosos realizados por niños; iii) resultados del control sobre el trabajo infantil en el país, y iv) casos de buenas
prácticas en materia de trabajo infantil. Asimismo, la Comisión tomó nota de que una de las prioridades del PTDP es
garantizar que las condiciones de trabajo y empleo en la agricultura, incluso en el sector de las plantaciones de algodón, seajustan a lo dispuesto en los convenios fundamentales.
La Comisión también tomó nota de que entre el 18 de septiembre y el 25 de octubre de 2014 se llevó a cabo una
actividad de vigilancia, efectuada por unidades de seguimiento integradas por representantes del Gobierno, los sindicatos,la Cámara de Comercio y el Consejo Agrario. Las unidades de vigilancia efectuaron visitas rotativas en un radio de acciónde 40 000 kilómetros, que abarcó 172 distritos y municipios rurales y 711 establecimientos con riesgos potenciales(316 colegios de formación profesional y academias y 395 granjas). La Comisión recuerda los resultados de esa vigilancia,
que transmitió detalladamente en su comentario anterior, y señala que se detectaron 49 casos de presencia de niños (engeneral mayores) en las plantaciones de algodón. La Comisión también tomó nota de que 11 escuelas de formación
profesional de cinco distritos y dos jefes de explotación y seis brigadieres fueron declarados responsables administrativosde las violaciones en materia de trabajo infantil y fueron multados. La Comisión observó que si bien algunos niños siguen
trabajando en la cosecha de algodón, se han realizado progresos hacia la plena aplicación del Convenio y pidió al
Gobierno que continuara redoblando sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación nacional que
prohíbe el trabajo obligatorio y el trabajo peligroso de los menores de 18 años.
La Comisión toma nota de que en sus comentarios más recientes la OIE valora positivamente la rápida evolución delpaís hacia la completa erradicación del trabajo infantil. La OIE también espera que continúe la cooperación entre la OIT yel Gobierno de Uzbekistán en materia de erradicación del trabajo infantil y que en los próximos años se garantice laasistencia técnica de la OIT para la supervisión, la formación y el seguimiento.
La Comisión toma nota de que, del 14 de septiembre al 31 de octubre de 2015, la OIT realizó una supervisión por
terceros de la utilización de trabajo infantil y trabajo forzoso durante la cosecha de algodón de 2015, que fue acordada por
los interlocutores uzbekos, el Banco Mundial y la OIT en una mesa redonda realizada en Tashkent en marzo y agosto de2015. La Comisión toma nota de que según el informe de la supervisión por terceros, de noviembre de 2015, lasautoridades han adoptado una serie de medidas para reducir el trabajo infantil y hacerlo socialmente inaceptable. Además,antes y durante la cosecha se llevaron a cabo formaciones y sesiones informativas dirigidas a las partes interesadas, comocontinuación del trabajo iniciado por la OIT y sus interlocutores en Uzbekistán, que se ha incorporado al PTDP. En elinforme de la supervisión por terceros también se indica que la población está muy sensibilizada respecto a que lautilización de menores de 18 años en la cosecha de algodón es inaceptable y que los casos de utilización de niños en lacosecha de algodón son raros y esporádicos.
Según el informe de la supervisión por terceros, diez equipos de supervisión, cada uno de ellos formado por un
supervisor de la OIT y cinco supervisores nacionales, visitaron 1 100 lugares de trabajo situados en diez provincias yrealizaron más de 9 620 entrevistas. Los supervisores entrevistaron a siete niños que encontraron en los campos dealgodón, seis de los cuales tenían 16 ó 17 años, e informaron de que habían visto cinco niños recogiendo algodón. Los
supervisores no informaron sobre clases vacías o ausencias significativas de los niños de las escuelas. La Comisión
también toma nota de que, según el informe de la supervisión por terceros, el Consejo nacional de coordinación en materia
de lucha contra el trabajo infantil ha establecido un mecanismo de retroalimentación que ofrece los números de teléfono
que figuran en los pósteres y la publicidad para aumentar la sensibilización. El mecanismo de retroalimentación recibe
quejas y denuncias y en algunos casos ofrece reparaciones. La Comisión acoge con agrado los compromisos políticos delGobierno en relación con la prevención y la eliminación del uso de trabajo infantil durante la cosecha de algodón y toma
nota con interés de que estos compromisos han tenido un impacto significativo. La Comisión considera que esas medidas
deben mantenerse y revisarse a fin de lograr un impacto máximo, especialmente en lo que respecta a los jóvenes de 16 y
336

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS MENORES

17 años. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para garantizar la
aplicación efectiva de la legislación nacional que prohíbe el trabajo obligatorio y el trabajo peligroso de los menores de
18 años. A este respecto, pide al Gobierno que continúe aplicando el PTDP en colaboración con la OIT, y con laparticipación del Consejo de coordinación, y que continúe implementando las medidas establecidas para supervisar lacosecha de algodón, mejorar los registros de las instituciones educativas, sancionar a las personas que contratan aniños para que trabajen en la cosecha de algodón, y aumentar la sensibilización de la opinión pública a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 138 (Angola, Armenia, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Congo,
Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala,Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Indonesia, Iraq, Islas Salomón, Israel, Jordania, Kazajstán,
Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania,
República de Moldova, Mozambique, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Países Bajos: Aruba, República Árabe Siria, Sudándel Sur); el Convenio núm. 182 (Angola, Armenia, Bahamas, Barbados, Belarús, Belice, Brasil, Brunei Darussalam,Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Congo, Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica,
Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana,
Haití, Honduras, Hungría, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Irlanda, Islas Salomón, Israel, Jamaica,
Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Líbano, Liberia,
Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, México, República de Moldova, Mongolia, Montenegro,
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Países Bajos: Aruba, República Árabe Siria, Sudándel Sur, Tailandia, Timor-Leste, Uzbekistán).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 90 (Guinea); el Convenio núm. 138 (Alemania, Belarús, Italia, Montenegro,
Países Bajos); el Convenio núm. 182 (Alemania, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos).

337

Eliminación del trabajo infantil
y protección de los niños
y los menores

Solicitudes directas

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Igualdad de oportunidades y de trato
AfganistánConvenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual un grupo consultivo tripartito se reunió para discutir lareforma de la legislación laboral, con miras a hacer que las condiciones de trabajo sean mejores para todos, incluidas las mujeres,y que se finalizó un proyecto de reglamento que se envió al Ministerio de Justicia. Sin embargo, la Comisión toma nota de que lamemoria no comunica ninguna información sobre si el grupo consultivo tripartito abordó específicamente el asunto de la igualdadde remuneración de hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que comunique información sobre las actividades y las recomendaciones del grupo consultivo tripartito respecto delprincipio de igualdad de remuneración de hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y sobre la reducción de la brechade remuneración.
Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno
señala que el Programa de Trabajo Decente por País del Afganistán cubre el principio de igualdad de remuneración por un trabajode igual valor. Sin embargo, el Gobierno no facilita información específica alguna sobre las medidas adoptadas o previstas para
incluir en la Ley del Trabajo disposiciones que reflejen el concepto de igualdad de remuneración por un «trabajo de igual valor».
La Comisión recuerda la importancia de prever el derecho de hombres y mujeres a la igualdad de remuneración por un «trabajode igual valor» a fin de que pueda realizarse una comparación amplia entre trabajos realizados por hombres y mujeres que tal vez
sean diferentes pero no obstante de igual valor, y que las disposiciones legislativas que no dan expresión al concepto de «trabajode igual valor» obstaculizan el progreso para erradicar la discriminación en la remuneración por motivos de género. La Comisión
también recuerda que la definición de remuneración no sólo debe comprender el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, sinotambién cualquier otro tipo de emolumento en dinero o en especie, como se establece en el artículo 1, a), del Convenio. Porconsiguiente, la Comisión pide al Gobierno que se sirva adoptar disposiciones legales específicas que prevean expresamente laigualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y facilitar información sobre los progresos
realizados a este respecto.
Función pública. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual en el anexo I de la Ley sobre
Funcionarios Públicos, se ha establecido una escala salarial que toma en consideración la situación social, así como el desarrollo
económico nacional y la situación financiera del Estado. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que elmétodo utilizado para establecer escalas salariales debe estar libre de prejuicios sexistas y que es importante garantizar que noexiste discriminación directa o indirecta en la selección de factores para la comparación, la ponderación de tales factores y lacomparación. Para una mejor evaluación del método utilizado para establecer escalas salariales en el servicio público, laComisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el método y los factores utilizados para determinarlas escalas salariales aplicables a los empleados del servicio público y que tenga a bien enviar la última versión de la Ley
sobre Funcionarios Públicos y de sus anexos.
Sensibilización en relación con el principio del Convenio. La Comisión expresa su agrado por los esfuerzos que realiza elGobierno para seguir incrementando la sensibilización acerca del principio del Convenio a través de diversas medidas, entre lasque cabe mencionar programas de formación para funcionarios gubernamentales, trabajadores, empleadores, jueces y la sociedad
civil, difusión de material sobre igualdad de remuneración para hombres y mujeres y organización de talleres para las unidades degénero de los ministerios sobre derechos de las trabajadoras en el marco de la Ley del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno
que siga proporcionando información sobre las actividades de sensibilización llevadas a cabo para promover el principio delConvenio, incluyendo información sobre las repercusiones de esas actividades para reducir la diferencia de remuneraciones
por motivo de género. Además, solicita información sobre el contenido de la formación ofrecida a los funcionarios
gubernamentales, trabajadores, empleadores, jueces y la sociedad civil.
Estadísticas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione estadísticas sobre las remuneraciones de hombres ymujeres por sector y ocupación, y toda estadística o análisis sobre la brecha de remuneración por motivo de género.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Legislación. En sus comentarios anteriores, recordando que la prohibición de ladiscriminación contenida en el artículo 9 del Código del Trabajo es muy general, la Comisión instó al Gobierno a que aproveche
la oportunidad del actual proceso de reforma de la legislación laboral para enmendar la ley a fin de prohibir la discriminación
directa e indirecta abarcando todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, a saber raza, color, sexo,
religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social, así como cualquier otro motivo que pueda ser determinado en
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de conformidad con el artículo 1, 1), b), del Convenio. La
Comisión recuerda que el pilar relativo al desarrollo económico y social del Plan de Acción Nacional para las Mujeres delAfganistán (NAPWA) 2007-2017, contiene la estrategia para mejorar la situación económica de las mujeres y la estrategia para
mejorar la calidad de la educación de las mujeres; en este contexto el NAPWA también tiene el objetivo de tensar la Ley delTrabajo para que esté en conformidad con las normas internacionales. La Comisión pide al Gobierno que garantice que en el
proceso de reforma laboral se defina y prohíba expresamente la discriminación directa e indirecta y se cubran todos losmotivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, así como los otros motivos determinados en consulta con las

339

Igualdad de oportunidades yde trato

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

organizaciones de trabajadores y de empleadores de conformidad con el artículo 1, 1), b), del Convenio, y que cubra todos los
aspectos del empleo y la ocupación. Sírvase enviar información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto así
como información específica sobre la función de los interlocutores sociales en el proceso de reforma laboral.
Función pública. La Comisión recuerda el artículo 10, 2) de la Ley sobre la Función Pública, adoptada en 2008, que
prohíbe la discriminación en la contratación por motivos de sexo, etnicidad, religión, incapacidad y deformidad física. La
Comisión recuerda que cuando se adopten disposiciones legales para dar cumplimiento al principio del Convenio, éstas deberían
incluir, por lo menos, todos los motivos de discriminación especificados en el artículo 1, 1), a), del Convenio (véase Estudio
General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 853). La Comisión también recuerda que en virtud del artículo 1, 3),
del Convenio «empleo» y «ocupación» también incluyen acceso a la formación profesional y las condiciones de empleo. La
Comisión pide al Gobierno que informe sobre todas las medidas adoptadas o previstas con miras a brindar protección contra
la discriminación a los funcionarios públicos por todos los motivos enumerados en el Convenio y sobre todos los aspectos delempleo y la ocupación. Recordando el artículo 5 de la Ley del Trabajo que prevé el alcance de la aplicación y observando quela memoria del Gobierno no contiene información a este respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que aclare si lasdisposiciones de la Ley del Trabajo son aplicables a los funcionarios públicos cubiertos por la Ley de la Función Pública, y deser el caso, que especifique la interrelación entre el artículo 9 del Código del Trabajo y el artículo 10, 2) de la Ley sobre la
Función Pública.
Artículo 5, 1). Medidas especiales de protección. La Comisión recuerda la información suministrada por el Gobierno,
según la cual, aún se está elaborando la lista de trabajos físicamente arduos o nocivos que se prohíben a las mujeres en virtud delartículo 120 del Código del Trabajo. La Comisión recuerda que las medidas de protección aplicables al empleo de las mujeres queestén basadas en estereotipos con respecto a sus capacidades profesionales y su papel en la sociedad, violan el principio de laigualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Además, las disposiciones relativas ala protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían tener como objetivo proteger la salud y laseguridad en el trabajo, tanto de los hombres como de las mujeres, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferencias de género
con respecto a riesgos específicos para su salud (véase Estudio General, 2012, párrafo 840). La Comisión insta nuevamente al
Gobierno a que garantice que, en el proceso de reforma de la legislación del trabajo, cualesquiera restricciones al trabajo que
pueda ser realizado por mujeres están estrictamente limitadas a la protección de la maternidad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Bangladesh
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1998)
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Federación de Empleadores de Bangladesh (BEF), que
se incluyen en la memoria del Gobierno.
Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. La Comisión recuerda que el artículo 2, xlv), de la Ley
del Trabajo excluye determinados aspectos de la remuneración, incluidos los emolumentos percibidos en especie tales
como el alojamiento, de la definición de «salarios». La Comisión también recuerda que el artículo 345 de la Ley delTrabajo establece que para determinar los salarios o fijar las tasas mínimas de salarios deberá respetarse el principio de
igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras por un trabajo de «igual naturaleza o igual valor». La Comisión toma
nota de que tanto el Gobierno como la BEF indican que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual
valor se aplica a través del establecimiento de leyes pertinentes y de la Junta de Salarios Mínimos, y que no existe
discriminación por motivo de sexo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que ni el Gobierno ni la BEF han abordado su
solicitud en relación con la necesidad de ampliar la definición de remuneración a fin de que el Gobierno cumpla
plenamente el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. El Convenio establece una amplia
definición de remuneración, que incluye no sólo «el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo» sino también «cualquierotro emolumento en dinero o en especie» (artículo 1, a)). La expresión «cualquier otro emolumento» requiere que todaslas prestaciones que un trabajador pueda recibir por su trabajo, incluido el alojamiento, se tengan en cuenta en lacomparación de la remuneración. Estos componentes adicionales a menudo son de valor considerable y tienen que
incluirse en el cálculo, ya que de otra forma una parte importante de lo que puede tener un valor monetario percibido por
el desempeño del trabajo no se reflejará (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales,párrafos 686-687, 690-691). La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas para ampliar el ámbito deaplicación del artículo 345 de la Ley del Trabajo a fin de incluir todos los aspectos de la remuneración, y que
proporcione información específica a este respecto. Entretanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que
examine hasta qué punto el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual
valor se aplica en la práctica en relación con los aspectos de la remuneración que están excluidos de la definición de«salarios» en virtud del artículo 2, xlv), de la Ley del Trabajo, y que transmita información sobre las medidas
adoptadas a este respecto.
Artículos 1 y 2. Evaluación de la brecha de remuneración por motivo de género. La Comisión recuerda losresultados del estudio de 2008 de la OIT «Brecha salarial por motivo de género en Bangladesh» y las conclusiones de laencuesta nacional sobre salarios llevada a cabo por la Oficina de Estadística de Bangladesh en 2007, que ponen de relieve
una brecha de remuneración por motivo de género amplia y persistente. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera
que no existe brecha de remuneración por motivo de género en el sector formal, aunque no proporciona ninguna340

estadística ni otra información sobre los ingresos de hombres y mujeres en los sectores público y privado. Además, laComisión toma nota de que el Gobierno reconoce que existe brecha de remuneración en el sector informal y en laspequeñas empresas de ese sector, y que junto con los medios de comunicación ha asumido una función de promoción a finde reducir esa brecha. La Comisión también toma nota de la observación de la BEF en la que se reconoce que existendiferencias salariales entre hombres y mujeres en las economías pequeñas e «irregulares» que no están sujetas a lainspección del trabajo y que la aplicación de la legislación del trabajo a los pequeños empleadores irregulares puede
conducir a que las mujeres pierdan sus trabajos. Asimismo, la Comisión toma nota del informe del Programa de Trabajo
Decente por País sobre Bangladesh, de 2012, en el que se indica que a partir de 2010 la tasa de participación de las
mujeres en la fuerza de trabajo ha sido del 35,98 por ciento en comparación con el 82,51 por ciento de los hombres, y que
sólo el 7,7 por ciento de esas mujeres trabajan en la economía formal frente al 14,6 por ciento de los hombres (Programade Trabajo Decente por País sobre Bangladesh, 2012-2015, noviembre de 2012, página 4). Habida cuenta de que el
92,3 por ciento de las trabajadoras trabajan en la economía informal, la Comisión quiere hacer hincapié en que el principio
consagrado en el Convenio debe aplicarse a todos los trabajadores, incluidos los de la economía informal. Asimismo,también recuerda que a fin de elaborar y aplicar medidas adecuadas en países que tienen grandes economías informales senecesita más información en relación con las diferencias salariales en la economía informal así como sobre los factores
subyacentes que perpetúan estas diferencias, así como más medidas proactivas para sensibilizar en relación con lapromoción del principio del Convenio (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 665). La
Comisión pide al Gobierno que adopte medidas iniciales para abordar la brecha salarial por motivo de género en laeconomía informal, recopilando, analizando y sistematizando información sobre la naturaleza y extensión de la brechasalarial por motivo de género en la economía informal, por ejemplo, datos estadísticos desglosados al menos por sexo,
rama de actividad, profesión o grupo profesional. La Comisión también pide al Gobierno que transmita más
información acerca de las medidas adoptadas para identificar y hacer frente a los factores subyacentes que perpetúanla brecha salarial por motivo de género en el sector informal, incluida información sobre los estudios realizados a este
respecto y sobre otras medidas para reducir la brecha salarial por motivo de género en ese sector. Asimismo, laComisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información concreta acerca de las medidas adoptadas con
miras a la aplicación efectiva del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo deigual valor en el sector formal, incluida información detallada sobre los contenidos de todas las actividades deformación y de sensibilización, así como sobre todas las decisiones judiciales y administrativas pertinentes.
Artículo 2, 2), b). Salarios mínimos. La Comisión recuerda su solicitud anterior al Gobierno en relación con elhecho de que en los sectores donde predomina el empleo de las mujeres se paguen salarios más bajos, así como en
relación con el uso de una terminología sin connotaciones de género en la definición de los empleos de las órdenes
salariales. La Comisión toma nota que el Gobierno indica que es consciente de la situación de los salarios mínimos en lossectores laborales en los que predomina el empleo de las mujeres, y que, en consecuencia, en la industria de la confección
textil los salarios mínimos se han revisado con más frecuencia que en otras industrias, y en 2013 se aumentaron pasandode 3 000 a 5 300 taka de Bangladesh. A este respecto, la Comisión reitera su comentario anterior en relación a que, cuando
las tasas de salario mínimo se establecen por profesión, debe garantizarse no sólo que las mismas tasas salariales se
aplican a hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, sino que las tasas salariales de las profesiones en las que
predomina el empleo de las mujeres no se establecen a un nivel inferior que las tasas salariales de las profesiones en lasque predomina el empleo de los hombres cuando el trabajo realizado tiene el mismo valor. Asimismo, la Comisión señala
que el margen de comparación entre los trabajos realizados por hombres y mujeres debe ser tan amplio como lo permita el
nivel en el cual se definen las estructuras, sistemas y políticas salariales (Estudio General de 2012 sobre los convenios
fundamentales, párrafo 698). Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que la Junta de Salarios
Mínimos debe utilizar una terminología sin connotaciones de género para evitar el sesgo de género al determinar lossalarios en los sectores en los que predominan las mujeres. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo
información sobre los cambios que se produzcan en relación con la cobertura y las tasas de los salarios mínimos. En
concreto, pide al Gobierno que transmita más información en relación con las medidas adoptadas o previstas para
comparar objetivamente las tasas salariales que se aplican a las profesiones en las que predomina el empleo de loshombres con las que se aplican a las profesiones en las que predomina el empleo de las mujeres, garantizando que al
determinar las tasas de salarios mínimos en los sectores o profesiones en las que predominan las mujeres no se
infravalora el trabajo realizado. En relación, con la utilización de una terminología sin sesgo de género al definir los
trabajos y las profesiones en las órdenes salariales, la Comisión invita al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica dela OIT a fin de que pueda examinarse de manera amplia la terminología específica para cada sexo que se utiliza en lasórdenes sobre salarios mínimos.
Aplicación de mecanismos de determinación de los salarios. La Comisión recuerda que pidió al Gobierno que
enviara información sobre las medidas adoptadas para la aplicación efectiva del artículo 345 de la Ley del Trabajo, que
prevé que para determinar los salarios o fijar las tasas mínimas de salarios deberá respetarse el principio de igualdadsalarial entre trabajadores y trabajadoras por un trabajo de «igual naturaleza o igual valor». La Comisión toma nota de que
el Gobierno indica que el Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) tiene el mandato de aplicar
las disposiciones relacionadas con el pago de salarios de la Ley del Trabajo, y que el Departamento de Trabajo (DOL)
proporciona formación sobre el pago de salarios a representantes de los empleadores, los trabajadores, y del Gobierno a
través de sus Institutos de Relaciones Laborales (IRI) y los Centros de Bienestar Laboral, por ejemplo a través de un curso

341

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

que se realiza periódicamente titulado «Salarios: pago de salarios». También toma nota de que el Gobierno indica que se
han organizado seminarios y talleres de sensibilización dirigidos a abogados, jueces y funcionarios de alto nivel, y que ha
invitado a la OIT a entablar un diálogo para una futura asistencia técnica de la OIT en relación con la determinación de lossalarios y cuestiones conexas. La Comisión pide al Gobierno que transmita más información sobre el mandato delDIFE en materia de aplicación de las disposiciones relacionadas con el pago de salarios, incluida la información
detallada sobre los inspectores, por ejemplo acerca del alcance de sus mandatos individuales, así como sobre todos los
programas de formación que puedan realizar que les permitan aplicar de manera efectiva el principio de igualdad deremuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en las fábricas y establecimientos. Asimismo, laComisión pide al Gobierno que transmita copia del material de formación del curso «Salarios: pago de salarios» que se
imparte en los IRI y los Centros de Bienestar Laboral, haciendo hincapié en las secciones del curso dedicadas a lapromoción de los principios del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que transmita copia del material deformación utilizado en los seminarios de sensibilización dirigidos a funcionarios judiciales y gubernamentales. La
Comisión acoge con agrado el hecho de que el Gobierno quiera recurrir a la asistencia técnica de la OIT en esteámbito, y espera que dicha asistencia será brindada próximamente y que la misma tendrá en cuenta el principio de
igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Artículo 4. Cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota deque el Gobierno indica que en Bangladesh la determinación de los salarios se realiza al menos a través de tres sistemas: lacomisión salarial para los funcionarios y empleados gubernamentales, la comisión de salarios y productividad para lasempresas del sector público, y la Junta de Salarios Mínimos para los trabajadores empleados en el sector privado.
Asimismo, toma nota de que el Gobierno indica que los tres sistemas son tripartitos. En relación con el proceso de fijaciónde los salarios de los empleados públicos, el Gobierno indica que los trabajadores son consultados a través decuestionarios estructurados y otros procedimientos de recopilación de datos, tras lo cual se recopilan datos de trabajadores
seleccionados, sindicalistas y miembros del personal directivo. La Comisión también toma nota de que, según el
Gobierno, el Departamento de Trabajo proporciona formación a los interlocutores sociales en relación con las
disposiciones pertinentes de la Ley del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información más detallada
en relación con el proceso de fijación de salarios en las tres entidades antes mencionadas, por ejemplo, la información
solicitada a las asociaciones de trabajadores y de empleadores en todo el proceso de fijación de salarios, y que describa
la manera en que esa información se utiliza en la fijación final de los salarios. Asimismo, la Comisión solicita
información detallada sobre la manera en que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor
se promueve en el marco de los trabajos realizados por las entidades tripartitas mencionadas y de la formación
proporcionada por el Departamento de Trabajo a los interlocutores sociales.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Empleadores de Bangladesh (BEF), que se
incluyen en la memoria del Gobierno.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Prohibición de la discriminación. La Comisión recuerda que ha estado planteando su
preocupación en relación con la falta de disposiciones legislativas que prohíban la discriminación en el empleo y laocupación basada en todos los motivos previstos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, respecto de todos los aspectos delempleo y la ocupación tal como se definen en el artículo 1, 3), del Convenio, y que cubran a todos los trabajadores. La
Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad entre hombres ymujeres en todos los ámbitos de la vida, pero también vuelve a indicar que la Constitución prevé suficiente protección junto
con disposiciones legislativas que, si bien no prohíben explícitamente la discriminación, prevén la «protección de mujeres yniños». A este respecto, la Comisión toma nota de que la BEF hace hincapié en el artículo 345 de la Ley del Trabajo de 2006,
que establece que «para determinar los salarios o para fijar las tasas mínimas de salarios deberá respetarse el principio de
igualdad salarial entre trabajadoras y trabajadores por un trabajo de ‘igual naturaleza o igual valor’ sin ninguna
discriminación a este respecto fundada en el sexo». La BEF también se refiere a la regla 14 del reglamento sobre el salario
mínimo que también prevé la protección del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. En lo que
respecta a la indicación del Gobierno de que la Constitución establece suficiente protección contra la discriminación en el
empleo y la ocupación, la Comisión reitera que, a pesar de que las disposiciones constitucionales que tratan de garantizar laigualdad de oportunidades y de trato son importantes, no se ha demostrado de manera general que sean suficientes paraabordar los casos específicos de discriminación en el empleo y la ocupación (véase el Estudio General de 2012 sobre losconvenios fundamentales, párrafo 851). La Comisión también recuerda su comentario anterior en el que señaló en particularque la disposición principal de la Constitución en materia de no discriminación está destinada a garantizar que el Estado no
discrimina. Sin embargo, la Constitución no aborda la situación del sector privado ni prohíbe todos los motivos dediscriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. En lo que respecta a la indicación de la BEF, la Comisión
hace hincapié en que si bien las disposiciones citadas de la Ley del Trabajo brindan la protección prevista en el Convenio
sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), no proporcionan suficiente protección contra la discriminación en el
empleo y la ocupación basada en todos los motivos que figuran en el artículo 1, 1), a), del Convenio, especialmente debido aque sólo el motivo «sexo» está protegido en virtud de esos artículos. Por último, la Comisión toma nota de que ni en la Ley
del Trabajo de Bangladesh (enmienda), de 2013 (ley núm. 30 de 2013) ni en el reglamento del trabajo de Bangladesh de342

15 de septiembre de 2015 (S.R.O. núm. 291-ley/2015) se han tenido en cuenta los comentarios anteriores de la Comisión. La
Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas concretas para enmendar próximamente la Ley del Trabajo
de 2006, a fin de incluir la prohibición de la discriminación directa e indirecta, basada, al menos, en todos los motivos que
contempla el artículo 1, 1), a), del Convenio, en lo que respecta a todos los aspectos del empleo, y que cubran a todas las
categorías de trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, y que informe sobre los progresos realizados a este
respecto. Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita más información sobre las medidas adoptadas paragarantizar que los principios del Convenio se reflejan en el futuro reglamento del trabajo de Bangladesh. Por último, laComisión pide una vez más al Gobierno que indique la manera en que la protección de los trabajadores y de las
trabajadoras frente a la discriminación en el empleo y la ocupación se garantiza en la práctica, en particular en lo que
respecta a las categorías de trabajadores excluidas del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo.
Igualdad de género. La Comisión recuerda su solicitud anterior al Gobierno de que indicara las medidas adoptadas
para promover la igualdad de género en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que
gracias a las medidas positivas las mujeres están empezando a trabajar en sectores en los que tradicionalmente han
predominado los hombres, y que el Ministerio de Asuntos de la Mujer y del Niño ha estado llevando a cabo proyectos
especiales para la formación, la educación, el bienestar, la seguridad y la protección de las mujeres y los niños. Además, sibien toma nota de que el Ministerio de Trabajo y Empleo ha establecido seis centros de formación técnica para que las
mujeres puedan estudiar formación profesional. La Comisión observa sin embargo que la memoria no contiene
información concreta sobre el trabajo de esos centros ni sobre las medidas adoptadas en el marco de la política nacional dedesarrollo de 2011 y la política nacional de educación de 2010. La Comisión toma nota de que según el informe delGobierno al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 29 de mayo de 2015, la tasa deinscripción de niñas en la educación técnica y profesional aún es sólo de alrededor del 27 por ciento, y la proporción de las
mujeres que trabajan en el sector público sigue estando en el 10,98 por ciento (documento CEDAW/C/BGD/8, de 27 demayo de 2015, párrafos 80 y 166). La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información detallada sobrelas actividades de la División de Desarrollo Rural y Cooperación, ni en lo que respecta al apoyo a los microcréditos paraque las mujeres puedan crear negocios agrícolas a pequeña escala. Sin embargo, toma nota de que los artículos 169, 2) y
189, 3) del reglamento del trabajo de Bangladesh, de 15 de septiembre de 2015, prevén una cuota del 10 por ciento paralas mujeres en los comités ejecutivos de los sindicatos si éstas constituyen el 20 por ciento o más de los trabajadores de loslugares de trabajo y que la representación de las mujeres en los comités de participación sea proporcional al número demujeres en cada lugar de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre lasmedidas adoptadas para promover la igualdad de género en el empleo y la ocupación y sobre los resultados alcanzados.
En particular, la Comisión pide al Gobierno que envíe información en relación con: i) las actividades específicas
llevadas a cabo por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y del Niño; ii) el contenido de la formación proporcionada por
los centros de formación técnica para la mujer, indicando de qué manera se garantiza que el acceso de las mujeres a la
educación y la formación profesional no se ve limitado en la práctica por estereotipos relacionados con las funciones
de la mujer y sus capacidades; iii) las medidas aplicadas con arreglo a la política nacional de desarrollo de 2011 y lapolítica nacional de educación de 2010, así como sobre las actividades de la División de Desarrollo Rural y
Cooperación, y iv) las medidas inmediatas adoptadas o previstas para garantizar que las mujeres pueden acceder a lostrabajos del sector público, incluidos los puestos directivos, en las mismas condiciones que los hombres.
Acoso sexual. La Comisión recuerda el artículo 332 de la Ley del Trabajo que prohíbe conductas indecentes orepugnantes para la modestia y el honor de las trabajadoras, y las directrices sobre el acoso sexual que figuran en una
sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Supremo. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en elcontexto del proyecto de asistencia técnica de la OIT «Promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia
contra la mujer en el lugar de trabajo», llevado a cabo entre 2010 y 2012 estaba previsto emprender actividades deaumento de la sensibilización para reducir el acoso sexual y no sexual de las mujeres en el lugar de trabajo, destinadas a
funcionarios gubernamentales, gerentes, dirigentes sindicales y trabajadores. La Comisión también toma nota de que elGobierno indica que, en cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, ha promulgado leyes
apropiadas y ha adoptado políticas y mecanismos en materia de acoso sexual. Sin embargo, el Gobierno no proporciona
información concreta a este respecto ni tampoco señala que en el contexto de la revisión del proyecto de reglamento deltrabajo de Bangladesh se haya tenido en cuenta esta cuestión. La Comisión pide al Gobierno que transmita información
específica sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar la aplicación de las directrices sobre acoso sexual
incluidas en la sentencia del Tribunal Supremo en los sectores público y privado. La Comisión también pide al
Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados en lo que respecta a promulgar legislación
específica en materia de acoso sexual y enmendar el artículo 332 de la Ley del Trabajo. La Comisión pide asimismo al
Gobierno que adopte medidas a fin de aumentar la sensibilización de trabajadores, empleadores y sus organizaciones
en relación con los derechos, obligaciones y procedimientos en lo que respecta al acoso sexual en el empleo y laocupación, y que transmita información específica sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 5. Medidas especiales de protección. La Comisión recuerda que las restricciones previstas en losartículos 39, 40 y 42 de la Ley del Trabajo, que se refieren específicamente a los trabajadores adolescentes se aplicantambién a las mujeres ya que el artículo 87 de la Ley del Trabajo establece que las «disposiciones de los artículos 39, 40
y 42 deberán aplicarse a una trabajadora del mismo modo en que se aplican a un trabajador adolescente. En respuesta a laobservación de la Comisión de que estas disposiciones tienen sesgo de género en cuanto a las capacidades y aspiraciones
343

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOde las mujeres, el Gobierno indica que, por el contrario, los artículos 39, 40, 42 y 87 de la Ley del Trabajo fueron
adoptados para proteger al sector débil de la sociedad. Además, el Gobierno reitera su argumentación previa de que el
90 por ciento de las mujeres son musulmanas y que usan saris, lo cual les impide trabajar con seguridad con máquinas
peligrosas o que se mueven. A este respecto, la Comisión toma nota de que la BEF, al igual que el Gobierno, no considera
que el artículo 87 de la Ley del Trabajo sea discriminatorio ya que no se debería obligar a las mujeres a usar la misma ropa
liviana que los hombres, ya que las mismas se opondrían a ello. Al tiempo que toma nota de las explicaciones delGobierno y de la BEF, la Comisión reitera su preocupación en cuanto a que dichas limitaciones se basan en estereotipos
que ponen en la misma situación a las mujeres y a los adolescentes que requieren una mayor protección, y que ello puede
tener un impacto negativo en las oportunidades de trabajo de las mujeres. La Comisión recuerda que las disposiciones
relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían tener como objetivo
proteger la salud y la seguridad en el trabajo, tanto de los hombres como de las mujeres, teniendo en cuenta al mismo
tiempo las diferencias de género con respecto a riesgos específicos para su salud (véase Estudio General de 2012,
párrafo 840). La Comisión observa que una vez más el Gobierno no brinda información en relación con la revisión
legislativa de estas disposiciones. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias pararevisar y modificar los artículos 39, 40, 42 y 87 de la Ley del Trabajo, con miras a garantizar que las mujeres pueden
acceder al empleo en igualdad de condiciones con los hombres, a diferencia de la situación actual en la que sólo se lesgarantiza igualdad de condiciones con los trabajadores adolescentes y que todas las limitaciones y restricciones que seaplican a las mujeres se limitan a la protección de la maternidad y el amamantamiento.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Barbados
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1974)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Protección legislativa contra la discriminación. La Comisión viene observando desde hace muchos años que lalegislación vigente no proporciona una plena protección legislativa contra la discriminación en los términos previstos en el
Convenio. La Comisión tomó nota, en este contexto, de que el Gobierno sigue mencionando, desde 2004, la inminente adopciónde la Ley de Derechos en el Empleo, y que el Sindicato de Trabajadores de Barbados (BWU) expresó su decepción por el tiempo
que está llevando promulgar legislación sobre el acoso sexual y los derechos en el empleo. La Comisión toma nota de que ha sido
adoptada una nueva Ley de Derechos en el Empleo, 2012-9 ha sido adoptada. La parte VI de esta ley trata sobre el despido
improcedente por causas relativas a la condición de miembro de un sindicato o a la realización de actividades sindicales de estaíndole, al estado serológico en relación con el VIH y el sida, la discapacidad, el embarazo, o razones relativas a la raza, el color,el género, la edad, el estado civil, la religión, la opinión o afiliación política, la ascendencia nacional, el origen social o indígena
del empleado, o la responsabilidad de éste en lo que respecta al cuidado y bienestar de un niño o un miembro dependiente de lafamilia con discapacidad (artículo 27, 1) y 3) y artículo 30, 1), c), i)-iii), v), vii), x) y xi), A)-B)). A la vez que acoge con agrado
la inclusión de todos los motivos de discriminación prohibidos en el artículo 1, 1, a), del Convenio, y los motivos adicionales en
los términos previstos en el artículo 1, 1), b), la Comisión toma nota de que no se ha aprovechado la oportunidad para garantizar
plena protección legislativa contra la discriminación directa e indirecta, no sólo con respecto al despido, sino también en lo que serefiere a todos los aspectos relacionados con el empleo y la ocupación que van más allá del despido, para todos los trabajadores, yque la nueva Ley de Derechos en el Empleo no contiene ninguna disposición destinada a la protección contra el acoso sexual.
No obstante, tomando nota de la declaración del Gobierno de que el Consejo Parlamentario está redactando actualmente una
legislación contra la discriminación, la Comisión solicita al Gobierno que sin demora adopte medidas para cubrir los vacíos
en la legislación, y para garantizar que la legislación contra la discriminación define y prohíbe expresamente el acoso sexual(tanto el que se asemeja a un chantaje (quid pro quo) como en el caso de un ambiente de trabajo hostil), así como ladiscriminación directa e indirecta en todos los aspectos relativos al empleo y la ocupación, para todos los trabajadores, conrespecto a todos los motivos establecidos en el Convenio. Mientras tanto, la Comisión solicita al Gobierno que transmita
información sobre las medidas prácticas adoptadas para garantizar la protección de los trabajadores, en la práctica, contra ladiscriminación con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación y todos los motivos establecidos en el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

BurundiConvenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1993)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) de
26 de septiembre de 2014 que reitera sus observaciones precedentes, según las cuales, tal como lo solicita la Comisión, se debe
modificar el artículo 73 del Código del Trabajo para reflejar plenamente el principio del Convenio.

344

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión
recuerda que, en virtud del artículo 57 de la Constitución, «las personas que tengan las mismas competencias tendrán derecho, sin
discriminación alguna, a recibir el mismo salario por un trabajo igual» y que el artículo 73 del Código del Trabajo prevé que«en condiciones iguales de trabajo, calificaciones profesionales y rendimiento, el salario debe ser igual para todos los
trabajadores, independientemente de su origen, sexo o edad». Desde hace varios años, la Comisión señala que estas disposiciones
no aplican el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor que prevé el artículo 1, b), del Convenio. A este
respecto, la Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a laigualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y de la promoción de la igualdad. Este concepto
es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, un problema que afecta a
casi todos los países ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad deremuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de naturaleza absolutamentediferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales,párrafos 672 a 675). Asimismo, la Comisión recuerda que en su memoria de 2007 el Gobierno indicó que no existía ningún
obstáculo para incorporar el principio del Convenio en la legislación nacional. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 57 de la Constitución y el artículo 73 del Código del Trabajo a fin deponerlos en conformidad con el Convenio y dar plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres ymujeres por un trabajo de igual valor, tal como se prevé en el artículo 1, b), del Convenio. Se ruega al Gobierno que transmita
información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones comunicadas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU)
sobre la aplicación del Convenio, el 26 de septiembre de 2014. La COSYBU reitera sus observaciones sobre la existencia deprácticas de contratación discriminatorias en la administración pública, basadas en la pertenencia al partido político en el poder, yprecisa que estas prácticas tienen lugar sobre todo en los sectores de la educación y de la salud. Tomando nota de que elGobierno no ha respondido a los comentarios formulados por la COSYBU en 2008, 2012 y 2013, la Comisión le ruega
nuevamente que transmita los comentarios que desee realizar sobre los alegatos de la COSYBU relativos a la existencia dediscriminación basada en la opinión política en la contratación en la administración pública, especialmente en los sectores dela educación y de la salud, y que indique todas las medidas adoptadas para que la contratación en la administración pública
no sea discriminatoria.
Discriminación basada en motivos de raza, color o ascendencia nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión
había solicitado al Gobierno que comunicara información acerca de las medidas adoptadas para hacer frente a la discriminación
en el empleo entre los diferentes grupos étnicos. En su respuesta, el Gobierno se refiere nuevamente a la Constitución de 2005 y
al Acuerdo de Arusha. Como tomara nota con anterioridad la Comisión, el artículo 122 de la Constitución prohíbe ladiscriminación basada, entre otras cosas, en motivos de origen, raza, etnia, sexo, color e idioma. La Comisión también toma nota
de que, en virtud del artículo 129, 1), de la Constitución, el 60 por ciento y el 40 por ciento de los escaños del Parlamento están
reservados para los hutus y los tutsis, respectivamente. También existen similares disposiciones para los puestos en laadministración pública. En su memoria, el Gobierno también afirma que ya no existe discriminación étnica alguna en el empleo yla ocupación. Puesto que la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad es un proceso continuo y no puede
alcanzarse únicamente a través de la legislación, la Comisión encuentra dificultades en aceptar las declaraciones en el sentido deque la discriminación es inexistente en un determinado país. Destaca la necesidad que tiene el Gobierno de emprender acciones
continuas con miras a la promoción y a la garantía de no discriminación y de igualdad en el empleo y la ocupación. Porconsiguiente, la Comisión reitera su solicitud de información sobre toda medida específica adoptada para promover ygarantizar la igualdad de oportunidades y de trato, sin distinción de origen étnico, respecto del empleo en los sectores privado
y público, incluidas las actividades de sensibilización y las medidas dirigidas a promover el respeto y la tolerancia entre losdiferentes grupos. También reitera su solicitud de información en torno a las actividades de la recientemente establecida
Comisión de Contratación para la Administración Pública, con miras a promover la igualdad de acceso al empleo de laadministración pública de los diferentes grupos étnicos.
Pueblos indígenas. La Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar laigualdad de acceso de los Batwa a la educación, a la formación profesional y al empleo, y también para que puedan realizar
sus actividades tradicionales. A fin de lograr estos objetivos el Gobierno podría revisar y fortalecer las leyes y las políticas
nacionales pertinentes y garantizar su plena aplicación. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte medidas para
combatir los estereotipos y los prejuicios contra este grupo. Se solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria,
información detallada en relación con estos asuntos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

345

Igualdad de oportunidades yde trato

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Camboya
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1999)
Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota
de que la definición de «salario» que figura en el artículo 103 de la Ley del Trabajo, de 1997, excluye la asistencia
sanitaria, la asignación familiar, los gastos de desplazamiento y las prestaciones que se conceden exclusivamente para
ayudar al trabajador a realizar su trabajo, y, por consiguiente, es más estricta que la definición de remuneración
establecida en el Convenio. La Comisión también tomó nota de que, según el Gobierno, la notificación núm. 230/2012 delMinisterio de Trabajo y Formación Profesional establece más prestaciones para los trabajadores en la industria del vestido
y el calzado, incluidos subsidios para el transporte y el alojamiento. Asimismo, el Gobierno indicó que no tenía previsto
modificar la Ley del Trabajo. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información en
respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que una definición amplia del término «remuneración», enparticular la referencia a «cualquier otro emolumento», establecida en el artículo 1, a), del Convenio, tiene por objeto
incluir todos los elementos que un trabajador puede percibir por su trabajo, incluidos los pagos adicionales realizados enespecie (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 686, 690 y 691). La Comisión pide
al Gobierno que indique la manera en la que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor
consagrado en el Convenio se aplica en la práctica. La Comisión alienta al Gobierno a adoptar medidas paraenmendar la Ley del Trabajo a fin de ponerla de conformidad con el artículo 1, a), del Convenio y que envíe información
sobre todo progreso alcanzado al respecto.
Artículo 1, b). Trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el artículo 106 de la Ley del Trabajo prevé laigualdad de remuneración por un «trabajo en las mismas condiciones, con las mismas competencias profesionales y con elmismo rendimiento […], con independencia del origen, sexo o edad», que es una definición más restrictiva que elprincipio establecido en el Convenio. También recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor», establecido en el
Convenio, engloba no sólo la igualdad de remuneración para los trabajadores en igualdad de condiciones de trabajo,
igualdad de competencias profesionales y resultados, sino también para trabajos que sean de naturaleza totalmente distinta
aunque, no obstante, de igual valor (véase Estudio General de 2012, párrafo 677). La Comisión observa que, una vez más,la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Recordando la importancia de dar plena expresión
legislativa al concepto de «trabajo de igual valor», a fin de abordar efectivamente la discriminación salarial, directa oindirecta, que se deriva de infravalorar un trabajo realizado de forma predominante o exclusiva por mujeres, laComisión insta nuevamente al Gobierno a adoptar medidas para dar plena expresión legislativa al principio de
igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión espera que se realicen
progresos próximamente, y pide al Gobierno que transmita información específica sobre las medidas concretas
adoptadas a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Centroafricana
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la grave preocupación manifestada por varios órganos de las Naciones Unidas y el Consejo de
Paz y Seguridad de la Unión Africana en lo que respecta a la situación de los derechos humanos en el país y sus efectos
particulares sobre las mujeres que según la Comisión podrían tener un grave impacto en la aplicación del principio del Convenio.
A este respecto, la Comisión reenvía a su observación relativa a la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo yocupación), 1958 (núm. 111).
Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Legislación. La Comisión recuerda que los artículos 10 y 222 de la ley núm. 09.004, relativos al Código del Trabajo, limitan el
derecho a un salario igual a «condiciones iguales de trabajo, de calificación profesional y de rendimiento». En sus observaciones
anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que modificara estas disposiciones para que reflejaran plenamente el
principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y, por lo tanto, englobaran no sólo
el trabajo efectuado en condiciones iguales de trabajo, de calificación profesional y de rendimiento, sino también los trabajos
realizados en condiciones laborales, de calificación profesional y de rendimiento diferentes, pero que fuesen, en su conjunto, deigual valor. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los artículos 10 y 222 serán modificados por un decreto deaplicación del Código del Trabajo que está en curso de adopción. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para que se modifiquen los artículos 10 y 222 del Código del Trabajo, con el fin de prever expresamente laigualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que comunique informaciones sobre elestado de progreso del procedimiento de adopción del mencionado decreto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

346

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lasituación de los derechos humanos en la República Centroafricana, según el cual, desde diciembre de 2012 se han perpetrado enel país graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones sumarias — en particular de los adversarios políticos —,torturas, desapariciones forzosas, actos de violencia sexual contra mujeres y niños, arrestos y detenciones arbitrarias por parte degrupos armados (documento A/HRC/24/59, 12 de septiembre de 2013). La Comisión toma nota de que las recomendaciones
formuladas por el Gobierno provisional en este informe comprenden la adopción de medidas urgentes para restaurar la seguridad,
la gobernanza democrática, el orden constitucional, el funcionamiento del sistema judicial, con el fin de llevar ante la justicia a
los autores de estos delitos, así como la adopción de reformas jurídicas para luchar contra la violencia sexual y cualquier otra
violencia fundada sobre el género, y mejorar la protección de las víctimas. La Comisión toma nota asimismo de la resolución
2121 (2013) adoptada por el Consejo de Seguridad, el 10 de octubre de 2013, en la cual este último afirma estar gravemente
preocupado por las numerosas y graves violaciones cometidas contra los derechos humanos en el territorio centroafricano, ycondena enérgicamente esta violencia generalizada (documento S/RES/2121(2013)). La Comisión toma nota también de que elConsejo de Seguridad afirma estar especialmente preocupado por las denuncias de casos de violencia contra representantes degrupos étnicos y religiosos, y por el aumento de la tensión entre las comunidades. En este sentido, la Comisión toma nota de que,en la decisión adoptada el 13 de noviembre de 2013, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana manifestó estar también
muy preocupado por las tensiones y los conflictos entre comunidades y confesiones religiosas. La Comisión recuerda que elobjetivo del Convenio, en particular en lo que respecta a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la profesión sin
distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, no puede lograrse en un contexto
general de graves violaciones de los derechos humanos y de desigualdades sociales. Teniendo en cuenta las graves
preocupaciones manifestadas en lo que respecta a la situación de los derechos humanos y de sus consecuencias concretas
sobre las mujeres y las comunidades étnicas y religiosas, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno a que adopte lasmedidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades y de trato sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional u origen social, centrándose especialmente en la posición social inferior de las mujeres y en lasleyes discriminatorias, sobre todo en materia civil, que se refleja en la violencia sexual cometida contra ellas y que, a juicio dela Comisión, repercuten gravemente en la aplicación de los principios del Convenio. En este contexto, la Comisión insta
encarecidamente al Gobierno a que cree las condiciones necesarias para restaurar el estado de derecho y dar cumplimiento alas disposiciones del Convenio.
Artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Prohibición de la discriminación en el empleo y la profesión. Legislación. La
Comisión toma nota de la adopción, el 18 de julio de 2013, de la ley núm. 13001 por la que se aprueba la Carta Constitucional de
Transición, cuyo artículo 5 establece que «todos los seres humanos son iguales ante la ley sin distinción de raza, origen étnico,origen geográfico, sexo, religión, pertenencia política o posición social», y que «la ley garantiza igualdad de derechos para elhombre y la mujer en todos los ámbitos». La Comisión toma nota asimismo de que el Código Penal (ley núm. 10001 de
6 de enero de 2010) castiga «a quienquiera que haya cometido una discriminación contra personas físicas o morales en razón desu origen, sexo, situación familiar, condiciones de salud, discapacidad, costumbres, opiniones políticas, actividades sindicales,
pertenencia a una nación, una etnia, una raza o una religión determinada». La Comisión reitera, no obstante, que el Código delTrabajo (ley núm. 09.004 de 29 de enero de 2009), no establece expresamente todos los motivos de discriminación prohibidos envirtud del artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio, y no abarca todas las situaciones en el empleo. La Comisión pide al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para completar el Código del Trabajo con el fin de definir claramente y de prohibir
expresamente cualquier discriminación basada al menos en todos los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), delConvenio en todos los aspectos del empleo y de la profesión, incluida la contratación.
Artículos 2 y 3. Política de igualdad de oportunidades y de trato. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, laComisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en cooperación con las organizaciones de trabajadores y deempleadores, para llevar a cabo lo siguiente:i)
una auténtica política nacional de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación
con objeto de eliminar cualquier discriminación basada en motivos de religión, origen étnico o cualquier otro de losmotivos especificados en el Convenio;ii)
la política nacional de 2005 de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres para propiciar y garantizar
condiciones de igualdad en el acceso de hombres y mujeres a la formación y el empleo, en particular, luchando contra
los estereotipos y los prejuicios sobre el papel que desempeñan las mujeres en la familia y en la sociedad, y para permitira éstas conocer y defender mejor sus derechos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Chad
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)
Artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Motivos de discriminación. La Comisión toma nota de que, según el
Gobierno, el proyecto de nuevo Código del Trabajo ha sido refrendado por el Comité de Alto Nivel para el Trabajo y la
Seguridad Social y será enviado próximamente al Consejo de Ministros. Asimismo, el Gobierno indica que se han tenido
en cuenta los comentarios de la Comisión y que el proyecto se ha modificado en consecuencia. La Comisión espera que elGobierno pronto pueda dar cuenta de la adopción del nuevo Código del Trabajo y le pide que garantice que el mismo
contendrá disposiciones que prohíban expresamente la discriminación directa o indirecta en todas las etapas del347

Igualdad de oportunidades yde trato

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

empleo y de la ocupación basada, como mínimo, en todos los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), delConvenio, especialmente la ascendencia nacional y el origen social. La Comisión también pide al Gobierno que
comunique copia del Código una vez que haya sido adoptado, así como de todo texto de aplicación en materia de nodiscriminación e igualdad en el empleo y la ocupación.
Discriminación por motivo de sexo e igualdad de trato entre hombres y mujeres. En relación con su observación
anterior, la Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que el artículo 9 de la ordenanza núm. 006/PR/84 de 1984
que otorga al marido el derecho a oponerse a las actividades de su esposa es totalmente obsoleto. La Comisión también
toma nota de que el Gobierno indica que adoptará medidas para derogar esta disposición que no corresponde con larealidad actual. En lo que respecta a la discriminación de las mujeres en la práctica, el Gobierno precisa que la segregación
ocupacional entre hombres y mujeres se debe, entre otras cosas, a la importante tasa de analfabetismo y a factoresculturales. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para derogar formalmente el
artículo 9 de la ordenanza de 1984 y combatir los estereotipos y prejuicios sobre las capacidades y aspiraciones
profesionales de hombres y mujeres. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que lleve a cabo actividades desensibilización de los padres y de toda la población en relación con la escolarización y el mantenimiento en la escuelade niños y niñas, y que promueva el acceso de las niñas y las mujeres a una gama más amplia de formaciones yocupaciones, en particular a las que tradicionalmente realizan los hombres.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Checa
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, junio de 2010)
En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2010 y de las conclusiones resultantes de la Comisión de la Conferencia, enlas que se abordaron las siguientes cuestiones: 1) la legislación en materia de lucha contra la discriminación; 2) las cuestiones
pendientes en lo que respecta al seguimiento de las reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT(noviembre de 1991 y junio de 1994) en relación con la ley núm. 451 de 1991 (Ley sobre la Selección Política), y 3) la situaciónde los romaníes en el empleo y la ocupación. La Comisión tomó nota también de que se llevó a cabo una misión de la OIT entre
el 26 y el 29 de abril de 2011 la cual recomendó, entre otras cosas, que los mandantes tripartitos consideraran aprovechar el
examen previsto del Código del Trabajo para incluir la lista de motivos prohibidos de discriminación que figuran actualmente enla Ley sobre el Empleo, a fin de garantizar claridad y certidumbre jurídicas en materia de protección contra la discriminación en
todas las áreas del empleo y la ocupación. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Confederación
Checo-Morava de Sindicatos (CM KOS) que se adjuntan a la memoria del Gobierno.
Legislación antidiscriminación. La Comisión recuerda que el Código del Trabajo de 2006 (ley núm. 262/2006) prohíbe
todas las formas de discriminación en las relaciones laborales, pero no especifica ningún motivo prohibido de discriminación, talcomo se hacía en el anterior Código del Trabajo, que prohibía la discriminación basada en el sexo, la orientación sexual, el origen
racial o étnico, la nacionalidad, la ciudadanía, el origen social, el origen familiar, la lengua, el estado de salud, la edad, la religióno la confesión, la propiedad, el estado civil o el estatus familiar, las responsabilidades familiares, las ideas políticas u otras
convicciones, y la filiación o las actividades en partidos o movimientos políticos, y organizaciones sindicales o de empleadores.
No obstante, la nueva Ley contra la Discriminación (núm. 198/2009) prohíbe la discriminación directa e indirecta basada en laraza, el origen étnico, la nacionalidad, el sexo, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, la religión y las creencias yopiniones. Además, la Ley sobre el Empleo (núm. 435/2004) prohíbe toda forma de discriminación directa o indirecta depersonas que ejercen su derecho al empleo en base a los mismos motivos que el anterior Código del Trabajo, antes de su
enmienda por la ley núm. 367/2011. En este sentido la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno esta enmienda
sustituyó la lista de motivos prohibidos de discriminación por una referencia explícita a la Ley contra la Discriminación. La
Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que el artículo 16 del Código del Trabajo fue modificado por la ley
núm. 365/2011 Coll., que complementa las disposiciones sobre igualdad de trato y prohibición de discriminación y hace una
referencia explícita a la Ley contra la Discriminación. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su posición de que la
Ley contra la Discriminación debe leerse junto con la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales y los acuerdos
internacionales que son directamente aplicables al país según la Constitución. La Comisión toma nota asimismo de que elGobierno señala que los motivos de responsabilidades familiares, estatus civil, embarazo y paternidad pueden ser cubiertos por la
discriminación por motivo de sexo que figura en la Ley contra la Discriminación, y que los representantes de los trabajadores
están protegidos frente a la discriminación por el artículo 276 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que, como
resultado de este nuevo marco legislativo, los trabajadores están explícitamente protegidos contra la discriminación solamente
sobre la base de motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, religión, creencia uopiniones, según establece la Ley contra la Discriminación, a la que remiten tanto el Código del Trabajo de 2006 como la Ley
sobre el Empleo, omitiendo así otros motivos, como las convicciones políticas y la afiliación a partidos políticos, sindicatos yorganizaciones de empleadores, o la realización de actividades en ellos, motivos que con anterioridad cubría expresamente elanterior Código del Trabajo y la Ley del Empleo. La Comisión toma nota de que la CM KOS señala que mantiene lasobservaciones que viene formulando desde hace tiempo sobre la limitación de la protección a los trabajadores contra ladiscriminación. La CM KOS señala que esta protección se restringió más a causa de la enmienda introducida por la Ley delEmpleo en 2011, mediante la que se suprimió de sus disposiciones la lista de motivos prohibidos de discriminación y, porconsiguiente, la organización considera que la legislación y la práctica actuales no cumplen lo establecido en el Convenio.

348

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Inspección Estatal del Trabajo publicó folletos sobre la cuestiónde la discriminación. No obstante, toma nota de que estos folletos tan sólo mencionan los motivos de raza, origen étnico,
nacionalidad, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, religión, creencias u opiniones. La Comisión toma nota de que elGobierno señala que, en lo que atañe a la recomendación de la OIT, se están celebrando debates entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el Comisionado del Gobierno para los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, para determinar losmétodos apropiados para garantizar la aplicación y la claridad y certidumbre jurídicas respecto al derecho a la no discriminación,
incluyendo también los procedimientos jurídicos al alcance de los trabajadores.
Tomando nota de las recientes novedades legislativas, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias
para garantizar la protección de los trabajadores contra la discriminación en la formación, la contratación, las condiciones
del empleo, sobre la base de todos los motivos que cubría anteriormente la legislación del trabajo. La Comisión pide también
al Gobierno que supervise estrechamente la aplicación de la Ley contra la Discriminación y de la Carta de Derechos y
Libertades Fundamentales en lo que respecta específicamente al ámbito del empleo y la ocupación, así como la aplicación delCódigo del Trabajo y la Ley del Empleo en la práctica, en particular en lo que se refiere a la posibilidad de los trabajadores dereivindicar su derecho a la no discriminación y obtener resarcimiento por ello, garantizando que se ofrece una protección
adecuada contra la discriminación basada, al menos, en todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio.
La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las medidas destinadas a
promover una mayor concienciación sobre todas las disposiciones jurídicas en materia de discriminación entre lostrabajadores, los empleadores y sus organizaciones, así como entre los inspectores del trabajo, los jueces y otros funcionarios
públicos que se ocupan de la no discriminación y la igualdad, señalen claramente los motivos de la discriminación que seprohíben en virtud de la legislación, incluyendo los que son objeto de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, y que
comunique información detallada sobre la continuación del procedimiento. La Comisión pide asimismo al Gobierno quetransmita información sobre el número y la naturaleza de las decisiones administrativas o judiciales que apliquen einterpreten las disposiciones sobre discriminación en el ámbito del empleo y la ocupación, incluyendo las indemnizaciones ylas sanciones establecidas.
Discriminación basada en la opinión política. Ley sobre la Selección Política. En sus comentarios anteriores, laComisión tomó nota de que la Comisión de la Conferencia había instado firmemente al Gobierno a modificar o derogar sin
demora la Ley sobre la Selección Política por cuanto infringe el principio de no discriminación basado en motivos de opinión
política. La Comisión tomó nota también de la información detallada que se comunicó a la misión de la OIT para que clarifique elámbito de aplicación de la Ley sobre la Selección Política, en virtud de la cual, ésta se aplica a un reducido número de categoríasde personas que ocupan posiciones de dirección en la administración pública y en las empresas del Estado, y que se está
trabajando actualmente en la adopción de una nueva ley de la función pública. La Comisión entiende que, según la memoria delGobierno, en el proyecto de ley sobre funcionarios públicos que continúa en fase de elaboración, seguirá figurando una referencia
a las actuales disposiciones de la Ley sobre la Selección Política, que establece «requisitos previos» para desempeñar un puesto
de dirección en la administración pública, un puesto de alto nivel o un puesto de dirección o de jefe de una unidad regional delGobierno. El Gobierno señala que la Ley sobre la Selección Política no se aplicará a «cualesquiera otros empleados», según
establece el proyecto de ley sobre funcionarios públicos, y excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores que realicen
actividades auxiliares o manuales para las autoridades públicas o los supervisores de estos trabajadores. En relación con la
adopción de la ley sobre funcionarios, se modificará la lista de personas a las que se aplica la Ley sobre la Selección Política,
utilizando la misma terminología. Recordando que la opinión política puede tenerse en cuenta tan sólo como un requisito
inherente al desempeño de determinados puestos que requieren responsabilidades especiales directamente relacionadas con laformulación de políticas gubernamentales, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas
adoptadas para especificar y definir claramente las funciones respecto de las cuales se requeriría selección política en la leyque se adoptará sobre la administración pública, y que comunique una copia de dicha ley cuando haya sido adoptada, asícomo una copia de la Ley sobre la Selección Política cuando haya sido enmendada. Tomando nota de la información que
comunica el Gobierno en su memoria a este respecto, la Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre
la aplicación de la Ley sobre la Selección Política, indicando específicamente los puestos para los que se solicitó la expedición
de un certificado de selección política, y las responsabilidades que dichos puestos implican que estén relacionados con lapolítica de gobierno. Sírvase enviar información estadística sobre el número de certificados expedidos y de recursos
presentados contra un certificado favorable.
La situación de los romaníes en el empleo y la ocupación. La Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de que laComisión de la Conferencia seguía preocupada porque las medidas adoptadas para la integración social de los romaníes no habían
conducido a mejoras verificables, e instó al Gobierno a que adoptara medidas para elaborar métodos más adecuados para
controlar la situación de los romaníes, incluso a través de la compilación y el análisis de los datos apropiados. La Comisión
expresa su agrado por la información estadística detallada comunicada por el Gobierno sobre el número estimado de miembros dela comunidad romaní, desglosados por región y por sexo. La Comisión toma nota asimismo de los resultados del censo nacionalde 2011 en virtud del cual tan sólo 5 199 personas se declararon como romaníes, mientras que en 2010 el número de personas en
esta comunidad se estimaba en 183 000. La Comisión toma nota de que según las estadísticas comunicadas, el número estimado
de romaníes registrados por la Oficina del Trabajo es bastante reducido en comparación con la cifra total de personas
pertenecientes a la etnia romaní (38 456, de los cuales 18 146 son mujeres). La Comisión toma nota de la información detallada
comunicada por el Gobierno en relación con los numerosos proyectos y programas de la política activa del empleo y de lareforma de los servicios públicos de empleo. La Comisión toma nota con interés de la aprobación, en septiembre de 2011, de una
Estrategia integral para combatir la exclusión social para el período 2011-2015, en apoyo de la integración social de personas de«localidades excluidas socialmente» en las que viven principalmente miembros de la etnia romaní. De acuerdo con esta
estrategia, hay aproximadamente 80 000 personas afectadas por la exclusión social en el país, de las cuales 70 000 pertenecen a laetnia romaní. Este plan de acción, que fue elaborado por la Agencia Especial para la Inclusión Social, prevé 77 medidas enmateria de educación, empleo, vivienda, servicios sociales, política familiar, salud, seguridad y desarrollo regional, y seráaplicado por el Comisionado del Gobierno para los Derechos Humanos. Con respecto a la educación, la Comisión toma nota deque las medidas previstas, inclusive las medidas económicas, van destinadas a reformar el actual sistema educativo para poner fin
a la segregación y transformar el sistema escolar previsto para alumnos con una discapacidad mental moderada. Se han previsto
también medidas para poner fin a los criterios de discriminación para la admisión de niños en guarderías públicas, que reducen ladisponibilidad de estas instalaciones para los niños procedentes de familias socialmente desfavorecidas, y medidas en apoyo de
una educación integradora. La Comisión toma nota también de que el 65 por ciento de las personas de localidades excluidas
socialmente reciben prestaciones sociales y que el 75 por ciento de ellas están inactivas o desempleadas, y el 11 por ciento tienen
empleos ocasionales. Las medidas de empleo abarcan desde la elaboración de instrumentos específicos para encontrar empleo, la349

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

aplicación de un plan gradual de empleo desde la administración pública al mercado de trabajo, la creación de redes locales deempleo hasta la aplicación de métodos de flexibilizar el empleo e incentivar a los empleadores. Al tiempo que expresa su agrado
por las numerosas medidas previstas en la Estrategia integral para combatir la exclusión social (2011-2015) para poner freno
de un modo coordinado a la exclusión social y a la segregación escolar de las que son víctimas de un modo desproporcionado
los miembros de la etnia romaní, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre su aplicación con respecto
a la igualdad de oportunidades en la educación, la formación, el empleo y la ocupación, en particular para las niñas ymuchachas romaníes, y de los resultados obtenidos en ellas. En este sentido pide al Gobierno que continúe evaluando el
impacto de las medidas adoptadas para garantizar que todos los progresos realizados en lo que se refiere a la mejora de lasituación del empleo de los romaníes no se estanquen debido a la recesión económica o a la falta de fondos adecuados,
inclusive en el marco de las actividades del Comisionado Gubernamental para los Derechos Humanos y de la Agencia
Especial para la Inclusión Social. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas adecuadas para acabar con losestereotipos y prejuicios sobre las capacidades y las preferencias de la comunidad romaní y a que promueva el respeto y latolerancia entre todos los sectores de la población. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información sobre
la aplicación y los resultados del programa «Empleador respetuoso con las etnias».

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

ComorasConvenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2004)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 2 del Convenio. Política nacional. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La
Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce en su memoria que es necesario adoptar importantes medidas para mejorar lasituación de la mujer en materia de empleo, educación, alfabetización y formación profesional y que el acceso al crédito bancario
tradicional es muy difícil para las mujeres. La Comisión también toma nota de las observaciones finales del Comité de lasNaciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en las que expresa su
preocupación por la persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados respecto de las funciones y
responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad (documento CEDAW/C/COM/CO/1-4, de 8 de noviembrede 2012, párrafos 21 y 22). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones sobre la Política
Nacional de Equidad y de Igualdad de Género (PNEEG) adoptada en 2008 y su plan de acción. La Comisión pide al Gobierno
que adopte las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que impiden la participación de las mujeres en el empleo y enlas diferentes profesiones y favorecer su acceso al crédito y a los recursos, especialmente medidas destinadas a luchar contra
los estereotipos y prejuicios respecto de las mujeres, y que proporcione informaciones sobre toda medida adoptada en ese
sentido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas para llevar a lapráctica la PNEEG y la política y estrategia subregionales en materia de género de la Comisión del Océano Índico adoptada
por los gobiernos de los países de la región en abril de 2009, o toda otra política adoptada más recientemente en la materia, ylos resultados obtenidos en materia de empleo y ocupación.
Igualdad de oportunidades y de trato sin distinción basada en la raza, el color, la religión, la opinión política, la ascendencia
nacional o el origen social. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2 del Convenio, los Estados que ratifican el
Convenio se obligan a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y alas prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. La Comisión recuerda
también que la aplicación de una política nacional en materia de igualdad presupone la adopción de una serie de medidas
específicas que a menudo son una combinación de medidas legislativas y administrativas, convenios colectivos, políticas
públicas, medidas positivas, mecanismos de resolución de conflictos y de control, órganos especializados, programas prácticos y
actividades de sensibilización (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 848 y 849). Ante laausencia de información sobre ese punto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas oprevistas para formular y aplicar una política nacional a fin de garantizar la igualdad en el empleo y la ocupación a todos,
independientemente de la raza, el color, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Congo
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación. Legislación. Desde hace muchos años, la Comisión
señala las lagunas del Código del Trabajo y del Estatuto General de la Función Pública en materia de protección de lostrabajadores contra la discriminación, ya que estos textos sólo cubren una parte de los motivos de discriminación que figuran enel párrafo 1, a), del artículo 1 del Convenio y sólo ciertos aspectos del empleo, tales como el salario y el despido. La Comisión
toma nota de que el Gobierno indica que el anteproyecto de nueva ley que modifica y complementa ciertas disposiciones delCódigo del Trabajo, que se está elaborando actualmente, prohíbe la discriminación basada en la raza, el color, el sexo, la religión,350

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social en todos los estadios del empleo y la ocupación. Además, toma nota
de que el anteproyecto se ha enviado a los interlocutores sociales a fin de recoger sus comentarios antes de la reunión de laComisión Nacional Consultiva del Trabajo. Recordando que, cuando las disposiciones legales se adoptan para dar efecto alprincipio del Convenio, éstas deben cubrir como mínimo todos los motivos de discriminación que figuran en el párrafo 1, a),del artículo 1 del Convenio e incluir tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión al empleo y en las
diversas ocupaciones como las condiciones de trabajo (párrafo 3 del artículo 1), la Comisión pide al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para que se adopte el anteproyecto de nueva ley que modifica y completa el Código del Trabajo y para
modificar el Estatuto General de la Función Pública a fin de garantizar una protección completa contra la discriminación alos trabajadores de los sectores público y privado. Asimismo, le pide que transmita información sobre los avances en el
proceso legislativo en este sentido y comunique copia de los textos una vez que hayan sido adoptados. La Comisión también
pide al Gobierno que contemple la posibilidad de solicitar comentarios técnicos de la OIT sobre los proyectos de ley antes deque éstos sean adoptados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República de Corea
La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 4 de septiembre de 2015 de la Organización Internacionalde Empleadores (OIE) y de las observaciones de la Federación Coreana de Empleadores (KEF), así como de lasobservaciones de la KEF adjuntas a la memoria del Gobierno.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, mayo-junio de 2015)
La Comisión toma nota de las conclusiones y de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia en junio de 2015, incluida la información escrita proporcionada por el Gobierno. La Comisión
también toma nota de que las observaciones de la OIE y la KEF reiteran las declaraciones formuladas en la Comisión de laConferencia. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno adoptó varias medidas para revisar, actualizar y promulgar una
nueva legislación para abordar las desigualdades en el mercado de trabajo, así como para reducir las dificultades
relacionadas con la discriminación, la Comisión de la Conferencia consideró la persistente preocupación planteada desde
hace mucho tiempo en relación con la aplicación del Convenio a los trabajadores migrantes, la discriminación por motivosde género, y la discriminación relativa a la libertad de expresión, y señaló la necesidad de abordarla. La Comisión de laConferencia, en particular, instó al Gobierno a revisar, en consulta con las organizaciones de trabajadores y deempleadores, el impacto de la nueva reglamentación relativa a la flexibilidad respecto del lugar de trabajo y, de sernecesario, efectuar los ajustes a los programas para garantizar la protección adecuada a la fuerza de trabajo extranjera.
Además instó al Gobierno a garantizar que se hicieran cumplir debidamente los derechos de los trabajadores migrantes enrelación con los cambios de lugar de trabajo y las horas de trabajo, incluidas las inspecciones periódicas de los lugares detrabajo y la publicación de informes anuales. En relación con la protección contra la discriminación basada en motivos degénero y situación de empleo, especialmente respecto de los trabajadores no regulares, incluidas las mujeres que trabajan atiempo parcial y con contratos a corto plazo, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a revisar, en consulta con lasorganizaciones de trabajadores y de empleadores, el impacto de las reformas y a seguir proporcionando datos estadísticos
pertinentes para que la Comisión pueda evaluar si la protección es adecuada en la práctica. En relación con la posible
discriminación de los docentes por motivos de su opinión política, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que
facilite información más detallada sobre la cuestión para que la Comisión de Expertos pueda realizar una evaluación
sólida del cumplimiento de la legislación y la práctica con el Convenio. Además, la Comisión de la Conferencia invitó a la
OIT a que ofreciera asistencia técnica al Gobierno de la República de Corea, y a éste a que la aceptara para dar curso a sus
recomendaciones. En relación con el seguimiento de las cuestiones relativas a la flexibilidad para que los trabajadores
migrantes puedan cambiar de empleador y su protección contra la discriminación por los motivos previstos en el
artículo 1, 1), a), del Convenio, la discriminación contra los trabajadores no regulares, y a la igualdad de oportunidades yde trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, la Comisión se remite a su solicitud directa.
Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en motivos de opinión política. En su observación anterior, laComisión expresó su preocupación respecto de la prohibición de que los profesores de enseñanza preescolar, primaria ysecundaria participen en actividades políticas. La Comisión recuerda que la protección contra la discriminación basada enla opinión política implica protección en las actividades encaminadas a expresar o demostrar oposición a opiniones yprincipios políticos preestablecidos y también abarca la discriminación basada en la afiliación política. Además, para queentren en el ámbito de la aplicación de la excepción prevista en el artículo 1, 2), del Convenio, los criterios utilizados
deben corresponder de manera concreta y objetiva a las exigencias inherentes a un determinado empleo (Estudio Generalde 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 805 y 831). El Gobierno reitera que la Constitución obliga a la
imparcialidad política de todos los funcionarios públicos y de la educación (artículos 7, 2) y 31, 4)), y que la legislación
nacional pertinente prohíbe a las funcionarios públicos participar en actividades políticas a favor de determinado partido
político o determinado político. La Comisión toma nota del incontrovertible hecho de que los docentes son objeto de
351

Igualdad de oportunidades yde trato

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1998)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

medidas disciplinarias por su participación en actividades políticas. A este respecto, el Gobierno informa que de
97 docentes, 16 fueron objeto de medidas disciplinarias, que incluyeron apercibimientos para 13 docentes y reducciones
salariales en el caso de tres docentes.
La Comisión toma nota de la decisión del Tribunal Constitucional (2011Hun-Ba, 2011Hun-Ga18, 2012 Hun-Ba18(combinadas), de 28 de agosto de 2014) facilitada por el Gobierno. En sus fundamentos, el Tribunal, examinó la diferencia
entre docentes de la enseñanza primaria y secundaria, a quienes se les prohíbe participar en actividades políticas, y losprofesores universitarios, autorizados a participar en esas actividades. La razón, según el Tribunal de esta distinción es que
los estudiantes universitarios tienen la capacidad de formar sus propias opiniones sin dejarse influir por sus profesores,
mientras que los alumnos de escuelas primarias y secundarias son más impresionables y pueden ser influidos por las
inclinaciones políticas expresadas por el personal docente. En la medida en que se trata de la prohibición de actividades
políticas en el aula y en la escuela, la distinción podría satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 1, 2), delConvenio en el sentido de que constituye un requisito inherente al empleo. Sin embargo, en la medida en que se trate deactividades políticas realizadas fuera de la escuela y sin relación con la enseñanza, la prohibición de tales actividades
políticas no constituye un requisito inherente al empleo. En consecuencia, las medidas disciplinarias adoptadas contra losdocentes que participan en esas actividades constituyen discriminación basada en las opiniones políticas, contrariamente alo dispuesto en el Convenio. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que losprofesores de educación infantil, enseñanza primaria y secundaria disfruten de protección contra la discriminación
basada en las opiniones políticas respecto de las actividades que realicen fueran del aula y de la escuela, y no
relacionadas con la enseñanza, como está previsto en el Convenio, y no deben ser objeto de medidas disciplinarias portales motivos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Croacia
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Igualdad de género en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda el artículo 11 dela Ley sobre la Igualdad de Género relativo a la adopción de planes de acción para promover y garantizar la igualdad de género.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se enviaron a todas las partes interesadas directrices sobre la aplicación delartículo 11, y que hasta mediados de 2010, todos los ministerios, oficinas centrales del Estado y muchas entidades jurídicas
predominantemente de propiedad estatal realizaron sus propias propuestas de planes de acción.
En lo que respecta a la iniciativa empresarial de las mujeres, la Comisión toma nota de que reforzar esta iniciativa es una delas actividades y medidas fundamentales de la recientemente adoptada Política Nacional para la Igualdad de Género 2011-2015.
Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Economía, Trabajo y Empresas ha estado
llevando a cabo un proyecto titulado «Espíritu empresarial de las mujeres», y que en 2010 se aprobaron un total de
1 001 subsidios por un monto total de 10 540 000 kunas de Croacia (HRK) (aproximadamente 1 734 928 dólares de los Estados
Unidos). Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las medidas definidas en la Política Nacional para la
Igualdad de Género tienen por objetivo promover el empleo de las mujeres en el sector de las tecnologías de la información y lacomunicación, y según el Gobierno contribuirán a la eliminación de la segregación ocupacional en este ámbito. La Comisión
también toma nota de que el Gobierno señala que el Plan Nacional de Promoción del Empleo 2011-2012 tiene como prioridades
fundamentales aumentar el nivel de empleabilidad y la tasa de participación en el mercado de trabajo de las mujeres que tienen
una educación escasa o inadecuada, y las mujeres que pertenecen a grupos minoritarios nacionales. En lo que respecta a la
educación, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la tasa de mujeres jóvenes que se matriculan en los programasde escuelas industriales y de artesanía aumentó en comparación con 2007 y alcanzó un 36,3 por ciento. En 2009, el número deestudiantes de sexo femenino que se matricularon en universidades públicas y que finalizaron su educación universitaria también
aumentó hasta un 56,3 por ciento, y un 58,6 por ciento, respectivamente. El plan de aplicación de las actividades del Programa derecuperación económica del Gobierno también tiene por objetivo incrementar el interés de los estudiantes por las matemáticas ylas ciencias naturales, que tradicionalmente se han considerado «materias de estudio para los hombres». En lo que respecta alsector público, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que un total de 22 980 mujeres y 29 862 hombres estaban
empleados por el Gobierno en 2009, y la participación de las mujeres aumentó hasta el 43,49 por ciento en 2009; la tasa demujeres que ocupaban puestos de gestión en la administración del Estado alcanzó el 3,2 por ciento en 2009. La Comisión pide al
Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para promover el acceso de las mujeres a una gama más
amplia de empleos, incluidos puestos de responsabilidad y puestos de gestión, tanto en el sector privado como en el sector
público, y proporcionarles un espectro más amplio de posibilidades en materia de oportunidades educativas y de formación
profesional, así como sobre el impacto de todo ello. Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita información máscompleta sobre el número y la proporción de funcionarias civiles y empleadas de la administración pública que ocupan
puestos de responsabilidad.
Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de los romanís. La Comisión toma nota de las medidas
adoptadas en 2009 y 2010, con arreglo al Programa Nacional para la Población Romaní y el Plan de Acción de Diez Años para la
Inclusión de la Población Romaní, 2005-2015, en relación con el empleo y la formación de las personas que pertenecen a laminoría nacional romaní. La Comisión recuerda que el Gobierno indicó que el principal obstáculo para que los miembros de laminoría romaní accedan al empleo es su bajo nivel educativo. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala
que en los años 2009-2010, 824 niños romanís cursaban educación preescolar, y que a principios del año escolar 2010-2011,
4 435 niños romanís cursaban educación primaria, lo cual pone de relieve un aumento del número de estudiantes en relación con
años anteriores. Asimismo, se ha elaborado una base de datos sobre la integración de los miembros de la minoría nacional romaní352

en el sistema educativo. Además, el Ministerio de Ciencia, Educación y Deportes ha alentado la participación de los niños
romanís en la educación preescolar, incluso compartiendo el pago de los gastos con los padres. El Gobierno también indica que la
adopción, en julio de 2010, de planes nacionales de estudio para la educación preescolar y educación general y secundaria
obligatoria, en combinación con la evaluación externa de los resultados educativos de los romanís, hará posible valorar
adecuadamente los problemas y mejorar la educación de los romanís. En lo que respecta a las mujeres romanís, la Comisión toma
nota de que el Gobierno indica que se realizó un estudio de investigación titulado «Las vidas de las mujeres romanís en Croacia
haciendo especial hincapié en el enfoque educativo» a fin de sensibilizar a la comunidad romaní y a la sociedad en general acerca
de los problemas a los que tienen que hacer frente las mujeres romanís en materia de acceso a la educación.
En lo que respecta al servicio de empleo, el Gobierno indica que en 2010 estaban registrados en él 4 553 miembros de lacomunidad romaní, pero que debido a la tendencia de los romanís a no decir que lo son y a que el servicio de empleo no compila
datos sobre las tasas de desempleo desglosadas por etnia, existen problemas para establecer una base de datos sobre los romanís
desempleados. Además, el Gobierno indica que los romanís han recibido asistencia para elaborar sus perfiles profesionales yplanes individuales para la búsqueda de trabajo, y que se dan subsidios para el empleo de romanís durante veinticuatro meses. La
Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de acceso a la
educación, incluida la educación preescolar, y la no discriminación de los niños romanís. Asimismo, la Comisión pide al
Gobierno que redoble sus esfuerzos para promover las oportunidades de empleo y garantizar la igualdad de trato de losromanís en el empleo y la ocupación, adoptando incluso medidas específicas sobre el empleo de las mujeres romanís. Sírvase
asimismo proporcionar información concreta sobre el impacto de la asistencia en materia de búsqueda de trabajo
proporcionada a los romanís por el servicio de empleo.
Artículo 3, d). Acceso de las minorías al empleo bajo el control de una autoridad nacional. La Comisión toma nota dela adopción del Plan de Acción para la Aplicación de la Ley Constitucional sobre los Derechos de las Minorías Nacionales para elperíodo 2011-2013, que incluye la adopción de un plan a largo plazo para el empleo en la administración pública con el objetivo
de lograr que las minorías nacionales representen un 5,5 por ciento del número total de funcionarios públicos. El Gobierno ha
adoptado el Plan de Empleo en la Función Pública para las personas que pertenecen a minorías nacionales para el período de2011-2014. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las personas pertenecientes a minorías nacionales
tienen prioridad en el empleo en la administración del Estado. En lo que respecta a los gobiernos autónomos regionales y locales,sólo los municipios y las ciudades en los que la tasa de minorías nacionales supera el 15 por ciento de la población total y loscondados en los que la tasa de minorías nacionales supera el 5 por ciento están obligados por la ley a adoptar planes decontratación en la administración pública. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en 2011 se llevó a cabo
un estudio sobre la participación de las minorías nacionales en el sector público, según el cual las minorías nacionales estánsuficientemente representadas en cinco condados cubiertos por el estudio, a saber Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem,
Bjelovar-Bilogora, Sisak-Moslavina e Istria. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los puntos
siguientes:i)
los esfuerzos realizados por el Gobierno para promover y garantizar el acceso de miembros de las minorías nacionales
al empleo público en el marco del Plan de Empleo en la Función Pública;ii)
los progresos realizados en lo que respecta a los objetivos de contratación de personas pertenecientes a las minorías, yiii) la actual composición desglosada por etnia y género de la administración pública.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Democrática del Congo
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
(ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. Desde hace varios años la
Comisión viene solicitando al Gobierno que armonice las disposiciones del Código del Trabajo con las del Convenio. La Comisión
toma nota de que, al igual que en sus memorias anteriores, el Gobierno se limita a señalar que toma buena nota de las observaciones
de la Comisión, que las incorporará en la legislación en la próxima revisión del Código del Trabajo y que el principio se aplica en la
práctica. La Comisión recuerda que el artículo 86 del Código del Trabajo, que establece que «en igualdad de condiciones de trabajo,
calificaciones profesionales y rendimiento, todos los trabajadores recibirán un salario igual, con independencia del origen, del sexo ode la edad», es más restrictivo que el principio establecido en el Convenio. Este artículo no solamente no refleja el concepto de«trabajo de igual valor», sino que tampoco se aplica a todos los elementos de la remuneración según se define ésta en el artículo 1, a),del Convenio, porque parece excluir todos los elementos adicionales al «salario», tanto si forman parte de la remuneración según
establece el artículo 7, h), del Código del Trabajo (comisiones, subsidios por encarecimiento de la vida, bonificaciones, etc.) como sino (atención sanitaria, alojamiento, subsidios de alojamiento, asignaciones de transporte, asignaciones familiares legales, gastos deviaje y «ventajas concedidas exclusivamente con el fin de facilitar al trabajador el cumplimiento de sus funciones»). Porconsiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para modificar el Código del Trabajo y procurarque el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor se incluya expresamente y seaplique a todos los elementos de la remuneración según se definen en el artículo 1, a), del Convenio. La Comisión solicita al
Gobierno que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas en este sentido, precisando el calendario establecido parala próxima revisión del Código del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

353

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
En relación con los derechos humanos de los cuales la Comisión subrayó la gravedad de la situación en sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de que, en su memoria de 13 de enero de 2012 (documento A/HRC/19/48), la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tomó nota con grave preocupación del número escalofriante decasos de violencia sexual y sexista cometidos en este país, y solicitó que se redoblaran los esfuerzos conducentes a garantizar un
progreso constante en la lucha contra esta violencia. La Alta Comisionada hizo hincapié nuevamente en que los obstáculos a lalucha contra la violencia sexual no se limitan únicamente a la debilidad de las instituciones del Estado, sino que se derivan de lasrealidades culturales y socioeconómicas. Además de la necesidad de reforzar la capacidad del Estado para reaccionar ante los
casos de violencia sexual, es preciso remediar las causas profundas de esta violencia, en particular, la posición de precariedad y
desventaja socioeconómica que ocupan las mujeres en la sociedad congoleña. Según el informe de 12 de julio de 2013 de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (documento A/HRC/24/33), la situación de los derechos delhombre se ha deteriorado considerablemente desde su último informe de enero de 2012, especialmente en el este del país, donde
se ha registrado un aumento notable del número de infracciones graves de los derechos del hombre y del derecho internacional
humanitario constitutivos de crímenes de guerra, cometidos por las fuerzas nacionales de seguridad y de defensa así como por
grupos armados nacionales. La Comisión observa que la Alta Comisionada ha afirmado asimismo que los actos de violencia
sexual siguen perpetrándose «a niveles aterradores» en todo el país y subraya la escalada alarmante de violaciones sexuales
cometidas por grupos armados y por miembros del ejército congolés. La Comisión no puede menos que reiterar que el objetivodel Convenio, en particular en lo que respecta a la igualdad de oportunidades y al trato entre hombres y mujeres en el empleo y laprofesión no puede lograrse en un contexto general de vulneraciones graves de los derechos humanos y de desigualdades sociales.
Teniendo en cuenta que no ha cesado de manifestarse la profunda preocupación que suscita la situación de los derechos delhombre y sus graves repercusiones sobre las mujeres, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para combatir el lugar de inferioridad que ocupan las mujeres en la sociedad, que se refleja en los actos deviolencia sexual cometidos contra ellas y en las leyes discriminatorias promulgadas, cuya aplicación la Comisión considera
que atenta gravemente contra los principios consagrados en el Convenio, y a que cree las condiciones necesarias para dar
cumplimiento a las disposiciones del Convenio.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Prohibición de la discriminación en el empleo y la profesión. Legislación. La Comisión
reitera que ni el Código del Trabajo ni la Ley núm. 81/003, de 17 de julio de 1981, relativa al Estatuto Profesional del Personal dela Administración Pública, contienen disposiciones que prohíben y definen la discriminación directa e indirecta en el empleo y laprofesión. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a indicar, durante la revisión del Código del Trabajo y lamodificación de la ley núm. 81/003, que se incluirán disposiciones con este fin en la legislación nacional. La Comisión solicita
nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias próximamente para que toda discriminación directa e indirecta,
fundada como mínimo en los motivos enumerados en el Convenio y relativa a cualquier aspecto del empleo y la profesión, sea
definida y prohibida expresamente por la legislación del trabajo aplicable a los rectores público y privado, y a que comunique
copia de los textos adoptados.
Discriminación por motivos de sexo. Legislación. La Comisión recuerda que, en sus comentarios precedentes, había
subrayado que los artículos 448 a 497 de la Ley núm. 87/010, de 1.º de agosto de 1987, relativa al Código de Familia, y el
artículo 8, 8), de la ley núm. 81/003, de 17 de julio de 1981, relativa al estatuto de los magistrados, según los cuales, una mujer
casada deberá ser autorizada por su marido para trabajar, discriminaban a la mujer en el empleo y la ocupación. El Gobierno
señala que acaba de remitir el proyecto del Código de la Familia revisado al Parlamento para su adopción y que sigue sin
promulgarse el nuevo estatuto del personal de la administración pública. Al tiempo que toma nota de estas informaciones, laComisión observa que estos textos están en vías de revisión desde hace varios años y confía en que se adopten y promulguen
en un próximo futuro, el Código de la Familia revisado y el nuevo estatuto del personal de la administración pública, y en qué
sus disposiciones serán conformes al Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una copia de los textos
mencionados en cuanto hayan sido adoptados y promulgados.
Discriminación por motivo de la raza y del origen étnico. Pueblos indígenas. Desde hace varios años, la Comisión,
basándose sobre todo en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), destaca lamarginalización y la discriminación de la que son objeto los pueblos indígenas «pigmeos» en lo que respecta al ejercicio de sus
derechos económicos, sociales y culturales, en particular, en materia de acceso a la educación, la salud y el mercado de trabajo, einsta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas en el empleo
y la profesión. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a indicar que los pueblos indígenas gozan de todos losderechos garantizados por la Constitución y que hay un proyecto de ley destinado a garantizar su protección que está siendoexaminado por el Parlamento. La Comisión reitera que una auténtica política de igualdad debe llevar aparejadas también medidas
destinadas a corregir las desigualdades de hecho de las que son víctimas algunos miembros de esta población y tener en cuenta
sus necesidades particulares. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas concretas para permitir que los pueblos
indígenas accedan, en condiciones de igualdad al resto de miembros de la población, a todos los niveles de enseñanza y deformación profesional, al empleo y a los recursos que les permitan ejercer sus actividades tradicionales y de subsistencia, en
particular a la tierra. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno que preste una atención especial a las mujeres
indígenas que deben afrontar una discriminación adicional por motivos de género en el mercado del trabajo y en sus
comunidades. La Comisión pide igualmente al Gobierno que adopte medidas para luchar contra los prejuicios y losestereotipos de los que son víctimas los pueblos indígenas y a sensibilizar a los demás integrantes de la población sobre su
cultura y su modo de vida para favorecer la igualdad de trato y la tolerancia recíproca. La Comisión solicita al Gobierno quesuministre información sobre los avances registrados en los trabajos legislativos y sobre el contenido de proyecto de ley paragarantizar la protección de los pueblos indígenas así como datos, desglosados por género, sobre su situación socioeconómica.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

354

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Dinamarca
Estadísticas sobre igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión acoge con agrado las estadísticas
desglosadas transmitidas por el Gobierno, que ponen de relieve que en 2013 la tasa de empleo de las personas de origen
danés era del 73,8 por ciento (75,2 por ciento para los hombres y 72,4 por ciento para las mujeres), en comparación con
una tasa de empleo del 47,7 por ciento para los inmigrantes procedentes de países no occidentales (52,9 por ciento para loshombres y 42,9 por ciento para las mujeres) y una tasa de empleo del 52,2 por ciento para los descendientes deinmigrantes de países no occidentales (52,3 por ciento para los hombres y 52,1 por ciento para las mujeres). Asimismo, lasestadísticas muestran que la tasa de desempleo de los inmigrantes de países no occidentales (13,2 por ciento para loshombres y 14 por ciento para las mujeres) es mucho más elevada que la de los nacionales de Dinamarca (5,6 por cientopara los hombres y 5,5 por ciento para las mujeres). La Comisión toma nota de que el Gobierno ha adoptado diversas
medidas a fin de aumentar la participación de los inmigrantes en la fuerza de trabajo, combatir la discriminación ypromover la diversidad. En particular, la Comisión toma nota de la adopción en noviembre de 2012 de la «política
reforzada de integración», que incluye iniciativas para mejorar el empleo de los inmigrantes, así como de la adopción de laley núm. 1115 de 23 de septiembre de 2013, que refunde la ley núm. 1035 sobre la integración, la cual prevé un programade introducción de tres años de duración dirigido a los inmigrantes (que incluye orientación y calificación profesionales,
programas de aprendizaje y subsidios salariales). Asimismo, la Comisión toma nota de que el Programa nacional dereforma del Gobierno para 2015 incluye nuevas iniciativas en materia de integración a fin de velar por que los refugiados
y los inmigrantes consigan un empleo lo antes posible. La Comisión también toma nota de que en junio de 2014 el
Gobierno (Ministerios de Empleo y Educación), la Asociación de Gobiernos locales de Dinamarca, la Confederación de
Empleadores de Dinamarca (DA) y la Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO) firmaron un acuerdo cuatripartito
sobre la integración que se centra en el fortalecimiento de las competencias lingüísticas y los conocimientos sobre laformación profesional de los inmigrantes. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información
acerca de las iniciativas emprendidas, incluso en materia de integración, para mejorar la situación del empleo de los ylas inmigrantes procedentes de países no occidentales y de sus descendientes y sobre los resultados alcanzados, sindistinción de raza, color, religión o ascendencia nacional. Sírvase transmitir información acerca de la participación delos y las inmigrantes en el programa de introducción, que incluye orientación y formación profesionales así comosubsidios salariales, y sobre su integración en el mercado de trabajo. Además, pide al Gobierno que continúe
proporcionando información estadística sobre las tasas de empleo y de desempleo, desglosadas por sexo y, en la medidade lo posible, por origen. Sírvase asimismo proporcionar información sobre la aplicación del acuerdo cuatripartito ysobre su impacto en la mejora del acceso al empleo y la formación profesional de las personas de origen inmigrante.

República Dominicana
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)
Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. Discriminación por motivos de color, raza y ascendencia nacional. La
Comisión se refiere desde hace años a la discriminación contra los haitianos y los dominicanos de piel oscura y recuerda
que en 2014 la Comisión de la Conferencia se refirió a la sentencia núm. TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, de
23 de septiembre de 2013, que denegó de manera retroactiva la nacionalidad dominicana a los extranjeros e hijos deextranjeros. La Comisión recuerda que esta medida afecta particularmente a los haitianos y a los dominicanos de origen
haitiano. La Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó el Plan nacional de regularización de extranjeros (decretonúm. 327-13, de 20 de noviembre de 2013) y la ley núm. 169-14, de 23 de mayo de 2014, que tienen el objeto de darsolución a la situación de los dominicanos de origen haitiano. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno
señala que los haitianos son considerados trabajadores migrantes, y como tales, se les aplica el Código del Trabajo,
incluidas las disposiciones que los protegen contra toda distinción por motivo de raza, sexo, religión o cualquier otra
condición. El Gobierno informa asimismo que 288 466 personas de 23 nacionalidades se acogieron al Plan nacional deregularización de extranjeros. De esas personas, 20 365 fueron registradas sin ningún tipo de documento, 95 164 fueron
registradas con pasaporte, 69 997 fueron registradas con cédula y 102 940 con acta de nacimiento. El Gobierno señala, porotra parte, que no existe un mecanismo especial de quejas por discriminación para las personas de origen haitiano odominicanos de ascendencia haitiana, sino que se les aplican los mismos mecanismos previstos en el Código del Trabajopara todos los trabajadores. La Comisión observa, sin embargo, que de la información proporcionada no surge cuántos
haitianos o indocumentados de origen haitiano fueron registrados en el marco de dicho Plan nacional de regularización deextranjeros. La Comisión observa asimismo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó en
septiembre de 2015 otras cifras, según las cuales sólo 100 000 de las personas inscritas en el plan han recibido
documentación y todavía faltan entregar 130 000 documentos. Sin embargo, según la OIM, el 98 por ciento de laspersonas inscritas son haitianas. La Comisión pide al Gobierno que envíe mayor información sobre el Plan nacional deregularización de extranjeros que permita contar con más datos sobre el número de trabajadores migrantes cuyasituación ha sido regularizada. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para garantizar que la situación355

Igualdad de oportunidades yde trato

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

migratoria o la falta de documentación de los trabajadores de origen haitiano no agravan la situación devulnerabilidad a la discriminación en la que se encuentran dichos trabajadores. La Comisión pide asimismo al
Gobierno que envíe información concreta sobre toda denuncia por discriminación, incluyendo por discriminación
salarial en el empleo, presentada por los trabajadores de origen haitiano o dominicanos de piel oscura, el tratamiento
dado a las mismas, las sanciones impuestas y las reparaciones acordadas.
Acoso sexual y exigencia de pruebas de embarazo para acceder o permanecer en el empleo. La Comisión serefiere desde hace años a la persistencia de los casos de discriminación por motivo de sexo, en particular a la exigencia depruebas de embarazo y al acoso sexual. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas
con miras a incluir en la legislación, incluso en el marco de la actual revisión del Código del Trabajo, disposiciones que
prohíban y sancionen de manera adecuada el acoso sexual (tanto el que se asemeja a un chantaje sexual (quid pro quo)como el ambiente de trabajo hostil) y la exigencia de pruebas de embarazo. La Comisión toma nota de que el Gobierno serefiere a la ley núm. 16-92, de 29 de mayo de 1992, que prohíbe al empleador «ejercer acciones contra el trabajador que
puedan considerarse de acoso sexual, o apoyar o no intervenir en caso de que lo realicen sus representantes». El Gobierno
se refiere asimismo a la Guía de Derechos Laborales para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación de 2013 lacual dispone que en caso de acoso sexual el trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo en virtud delartículo 47 del Código del Trabajo. La Comisión recuerda asimismo que las legislaciones que sólo ofrecen a las víctimasde acoso sexual la posibilidad de dar por terminada la relación de empleo como forma de reparación no brindan una
protección suficiente ya que, en los hechos, sancionan a las víctimas y podrían disuadirlas de buscar reparación (véase
Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 791 y 792). La Comisión observa, por otra parte,que el Gobierno no se refiere a las pruebas de embarazo para acceder o permanecer en el empleo. La Comisión deplora laexigencia por parte de los empleadores de pruebas de embarazo para acceder o permanecer en el empleo lo cual constituye
una forma grave de discriminación por motivo de sexo. La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas
adecuadas para brindar una protección adecuada a las víctimas de acoso sexual que no se limite a la posibilidad de dar
por terminado el contrato de trabajo y con miras a la adopción de disposiciones legales que definan y prohíban
expresamente el acoso sexual (tanto el acoso sexual de contrapartida (quid pro quo) como el ambiente de trabajo
hostil). La Comisión también insta al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para que se prohíba
expresamente en la legislación la exigencia de pruebas de embarazo para acceder o permanecer en el empleo. La
Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre todo avance realizado al respecto así como sobre lasdenuncias por acoso sexual y la exigencia de pruebas de embarazo presentadas, el tratamiento dado a las mismas, lassanciones impuestas y las reparaciones establecidas.
La Comisión toma nota de la solicitud de asistencia técnica dirigida por el Gobierno a la Oficina sobre las diversas
cuestiones pendientes en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión expresa la esperanza de que dicha
asistencia técnica podrá ser brindada en un futuro próximo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2016.]

EcuadorConvenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
(ratificación: 1957)
Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La
Comisión lamenta tomar nota de que desde hace más de veinte años se refiere a la necesidad de modificar el artículo 79
del Código del Trabajo que establece que a trabajo igual corresponde igual remuneración, lo cual es más restrictivo que elprincipio establecido en el artículo 1, b), del Convenio que se refiere al trabajo de «igual valor». La Comisión observa que
el Gobierno no envía información sobre el avance en la adopción del nuevo Código del Trabajo. La Comisión recuerda
que la noción de trabajo de igual valor constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres y de la promoción de la igualdad. Asimismo, se trata de un concepto fundamental para acabar con lasegregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo que permite un amplio ámbito de comparación, que
incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también
engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor. Con miras a
superar la segregación ocupacional, la aplicación del principio consagrado en el Convenio no se limita a la comparación
entre hombres y mujeres en un mismo establecimiento o empresa, sino que permite una comparación mucho más amplia
entre los empleos desempeñados por hombres y mujeres en distintos lugares o empresas o entre distintos empleadores(véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 669, 673 y siguientes). La Comisión insta al
Gobierno a que en el marco de la reforma del Código del Trabajo modifique el actual artículo 79, dando plena
expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La
Comisión alienta al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la Oficina al respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

356

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota con interés de que el reglamento de la Ley de Cooperativas, envirtud del cual la mujer casada necesita la autorización del marido para ser socia de una cooperativa de vivienda agrícola yde huertas familiares, fue derogado por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Populary Solidario de 11 de mayo de 2011. Por otra parte, la Comisión observa que el Gobierno no envía información sobre elavance en la adopción del nuevo Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias
para garantizar que el nuevo Código del Trabajo contenga una disposición que prohíba la discriminación, tanto
directa como indirecta, basada en al menos todos los motivos previstos en el artículo 1, 1), a), del Convenio con respecto alacceso al empleo, la formación y la promoción profesional y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores domésticos y los trabajadores de las zonas francas de exportación.
Acoso sexual. La Comisión recuerda sus observaciones anteriores en las que tomó nota de que el acoso sexual estásólo previsto en el Código Penal e invitó al Gobierno a que adoptara medidas legislativas adecuadas para definir y prohibirel acoso sexual en el empleo y la ocupación. El Gobierno se refiere al artículo 331 de la Constitución que prohíbe «elacoso o acto de violencia» contra las mujeres en el trabajo e indica que las observaciones de la Comisión se tendrán encuenta para posibles reformas del Código del Trabajo. La Comisión recuerda que la definición de acoso sexual debería
comprender tanto el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) como el acoso sexual resultante de un
ambiente hostil en el trabajo, y definir los responsables del acoso tales como los empleadores, supervisores y compañeros
de trabajo, y donde sea posible clientes u otras personas que se encuentren vinculadas con la ejecución de las tareas
laborales (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 789 a 794). La Comisión pide una
vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se incluya una disposición en el Código del Trabajo
que defina y prohíba claramente el acoso sexual. La Comisión también pide al Gobierno que considere incluir una
disposición que prevea la obligación del empleador de adoptar medidas de prevención del acoso sexual en la empresa.
La Comisión pide por otra parte al Gobierno que informe sobre toda otra medida adoptada con miras a prevenir elacoso sexual. Sírvase proporcionar información sobre el número de quejas por acoso sexual en el trabajo presentadas
ante las autoridades administrativas o judiciales, las sanciones impuestas y las reparaciones acordadas así como copias
de las sentencias más relevantes.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Emiratos Árabes Unidos
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
(ratificación: 1997)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que el artículo 32 de laley federal núm. 8, de 1980, que regula las relaciones de trabajo prevé la igualdad de remuneración entre hombres ymujeres por el mismo trabajo, un criterio que es más restrictivo que el concepto de «igual valor» previsto en el Convenio.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de legislación aún es objeto de examen, aunque laenmienda propuesta (artículo 33) dispone que las mujeres tendrán derecho a recibir una remuneración igual a la de loshombres si desempeñan un trabajo de igual valor. Estará prohibida toda discriminación que pueda debilitar la igualdad deoportunidades o poner en peligro la igualdad de la mujer para obtener un empleo, así como a la continuidad en el mismo;o para gozar de sus derechos. A los efectos de este artículo, «el despido de una trabajadora debido a un cambio en su
situación familiar; el embarazo; el parto; o la maternidad estará prohibida». Recordando que ha venido planteando esta
cuestión durante varios años, la Comisión confía en que el proyecto de ley pronto será adoptado y reflejará plenamente
el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, de conformidad con
el Convenio, y pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)
Artículos 2 y 3 del Convenio. Política nacional de igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión recuerda elelevado número de extranjeros en la población total, y la necesidad de adoptar una política nacional de igualdad parapromover la igualdad de oportunidades y abordar la discriminación en el empleo y la ocupación por los motivos previstos
en el Convenio que abarque a todos los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros. La Comisión recuerda que lasdisposiciones constitucionales relativas a la igualdad abarcan a los «ciudadanos sin distinción de raza, nacionalidad,
creencia religiosa o situación social» (artículo 25) pero no se aplican a los actos de discriminación de los empleadores delsector privado. La Comisión había saludado con anterioridad las enmiendas propuestas a la ley federal núm. 8, de 1980,
que regula las relaciones de trabajo a fin de prohibir de manera más explícita la discriminación en el empleo y laocupación, aunque observó que el alcance de la protección se limitaba a los trabajadores con igual experiencia ycalificaciones y únicamente respecto a su acceso al empleo y su permanencia en el mismo o al goce de sus derechos; otro
proyecto de enmiendas se refería, en particular, a la discriminación contra la mujer. Teniendo presente el número
357

Igualdad de oportunidades yde trato

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1962)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

importante de trabajadores extranjeros en la población del país, la Comisión estima que, como parte de una política
nacional de igualdad, es necesario adoptar medidas más amplias que definan y prohíban expresamente la discriminación,
al menos por todos los motivos previstos en el Convenio (raza, color, sexo, religión opinión política, ascendencia nacionalu origen social) y en todos los aspectos del empleo y la ocupación con objeto de garantizar la plena aplicación delConvenio a todos los trabajadores. Tomando nota de que aún se está examinando la legislación propuesta y al nohaberse proporcionado mayor información, la Comisión insta al Gobierno a que haga todo lo posible para asegurar
que la ley enmendada que regula las relaciones de trabajo incluya una disposición concreta que defina y prohíba
expresamente la discriminación directa e indirecta por todos los motivos previstos en el artículo 1, 1), a), del Convenio
que abarque a todos los trabajadores y todos los aspectos del empleo y la ocupación. Sírvase seguir proporcionando
información sobre el proceso de revisión de la ley federal núm. 8 de 1980.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ex República Yugoslava de Macedonia
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1991)
Evolución legislativa. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley sobre Igualdad deOportunidades para Hombres y Mujeres, 2012. De conformidad con su artículo 2, esta ley tiene la finalidad de establecer
igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en diversos ámbitos, entre otros, económico, social
y educativo, tanto en el sector público como en el privado. Los artículos 7 y 8 prevén la adopción de medidas especiales
con carácter provisional para superar la desigualdad estructural de género existente, en particular mediante medidas
positivas y promocionales en este sentido. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre lasmedidas concretas adoptadas para la aplicación general de esta ley y sus repercusiones sobre el alcance de la igualdadde género tanto en el sector público como en el privado. La Comisión también pide al Gobierno que suministre
información sobre las medidas especiales adoptadas en virtud de los artículos 7 y 8 con objeto de alcanzar la igualdaden el empleo y la ocupación, así como cualesquiera otras medidas especiales de protección en favor de determinadas
categorías de personas.
Acoso sexual. La Comisión toma nota con interés de que el artículo 3, 3), de la nueva ley prohíbe expresamente elacoso sexual en los sectores público y privado, y que el acoso sexual está definido en el artículo 4, 7), como todo tipo decomportamiento de naturaleza sexual no deseado, que cree un ambiente de trabajo intimidante u hostil. La Comisión pide
al Gobierno que confirme que la ley mencionada cubre tanto el acoso sexual que se asemeja a un chantaje (quid proquo) como el derivado de un ambiente de trabajo hostil. Asimismo pide al Gobierno que envíe información sobre lasmedidas prácticas tomadas para prevenir y eliminar el acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión pidetambién al Gobierno que envíe información sobre casos de acoso sexual que fueron tratados por las autoridades
administrativas o judiciales pertinentes, indicando las sanciones impuestas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Fiji
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951
(núm. 100) (ratificación: 2002)
Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que el artículo 78 de la
Promulgación de Relaciones de Empleo (ERP), de 2007, no da plena expresión legislativa al principio del Convenio
puesto que limita la comparación de las remuneraciones percibidas por hombres y mujeres a aquellos con las «mismas
calificaciones o calificaciones esencialmente similares» empleados en las «mismas circunstancias o en circunstancias
esencialmente similares». La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha trasladado el proyecto de ley paraenmendar la ERP ante la Comisión Parlamentaria Permanente sobre Derecho, Justicia y Derechos Humanos. No obstante,la Comisión lamenta tomar nota de que las enmiendas propuestas al artículo 78 siguen restringiendo la misma
remuneración por un trabajo igual a «las personas que tengan las mismas calificaciones o calificaciones esencialmente
similares y que trabajen en las mismas circunstancias o en circunstancias especialmente similares». La Comisión reitera
que la legislación sobre la igualdad de remuneración no debería prever únicamente la misma remuneración por un trabajo«igual», «el mismo» o «similar», sino que también debería abordar situaciones en las que hombres y mujeres realizan
trabajos distintos que requieren calificaciones diferentes e implican circunstancias distintas, pero que sin embargo,
constituyen un trabajo del mismo valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 673).
La Comisión insta firmemente al Gobierno a que tenga en cuenta estos comentarios y realice los cambios necesarios
en el artículo 78 de la ERP para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y a que transmita información sobre los progresos realizados a este
respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

358

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2002)
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, junio de 2011).
En su observación anterior y a falta de una memoria, la Comisión recordó que una discusión había tenido lugar en el senode la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2011. En las conclusiones finales, la Comisión de laConferencia instó al Gobierno a que garantizara que los principios consagrados en la Carta del Pueblo para el Cambio, la Paz y el
Progreso, adoptada en 2008, se tradujeran en medidas concretas, y a que: i) modifique o derogue las leyes y reglamentos
discriminatorios desde el punto de vista racial, entre otros, el reglamento de la educación (establecimiento y registro de escuelas),de 1996; ii) ponga fin efectivamente a las prácticas discriminatorias, y iii) garantice la igualdad en el empleo, la formación y la
educación para todas las personas y grupos étnicos. La Comisión de la Conferencia también se ocupó de los derechos de losfuncionarios públicos a un trato no discriminatorio y a la igualdad en el empleo, así como de la escasa participación de las
trabajadoras, y pidió que se adoptaran medidas al respecto. La Comisión de la Conferencia tomó nota también de las
preocupaciones relativas a la dificultad para ejercer el derecho a la libertad sindical en el país, e instó al Gobierno a establecer lascondiciones necesarias para un auténtico diálogo tripartito con miras a abordar las cuestiones relativas a la aplicación delConvenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a este último punto y le pide que transmita
información específica y detallada al respecto.
Artículo 1, 1), del Convenio. Protección contra la discriminación. Función pública. Legislación. La Comisión
recuerda que, en relación con la adopción del decreto sobre relaciones del empleo (enmienda), de 2011 (decreto núm. 21,
de 2011), de 13 de mayo de 2011, los empleados del Gobierno, incluidos los maestros, están excluidos del ámbito de aplicaciónde la promulgación de relaciones de empleo, de 2007 (ERP) y, por consiguiente, de sus disposiciones sobre no discriminación. En
lo que atañe a los empleados excluidos y en general a las personas empleadas en la administración pública, la Comisión recibe
con beneplácito la adopción del decreto sobre la administración pública (enmienda), de 2011 (decreto núm. 36 de 2011), de 29 dejulio de 2011, que inserta, en la Ley de la Administración Pública de 1999, las nuevas partes 2A y 2B, sobre los principios yderechos fundamentales en el trabajo, y sobre oportunidades de igualdad en el empleo, respectivamente. La Comisión toma nota
de que el artículo 10B, 2), prohíbe, en todos los aspectos del empleo, la discriminación basada en razones de origen étnico, color,
género, religión, ascendencia nacional y origen social, pero omite la opinión política. La Comisión toma nota de que elartículo 10, c), sobre motivos prohibidos de discriminación, ya sea directa o indirecta, se refiere a todos los motivos dediscriminación especificados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, salvo la opinión política. La Comisión recuerda que, cuando
se adoptan disposiciones legales para dar efecto al principio del Convenio, éstas deberían incluir al menos todos los motivos dediscriminación especificados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que adopte medidas
necesarias para incluir la opinión política entre los motivos prohibidos de discriminación que figuran en la Ley de laAdministración Pública de 1999. La Comisión pide asimismo al Gobierno que señale cómo se protege, en la práctica, a losfuncionarios públicos y a los solicitantes de empleo en la administración pública frente a la discriminación basada en motivos
de opinión política.
La Comisión recuerda que la Comisión de la Conferencia tomó nota de que en virtud del artículo 3 del decreto núm. 21 de2011, se prohíbe toda acción, procedimiento, reclamación o queja «que constituya o pretenda constituir un desafío contra el
Gobierno…, contra cualquier ministro o comisión de la administración pública… presentada en virtud o al amparo de ésta [Leyde Relaciones de Empleo]», y que había instado al Gobierno a que garantizara que los funcionarios públicos tienen acceso a losórganos judiciales competentes para reivindicar sus derechos y encontrar las medidas de reparación adecuadas. Al tiempo quetoma nota de que el Gobierno señala que el Tribunal Supremo tiene competencia para resolver todo recurso judicial
presentado ante una decisión de la Comisión de la Administración Pública relativa a la extinción del empleo de funcionarios
públicos, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el procedimiento, los medios deresarcimiento que tienen los trabajadores excluidos del ámbito de la ERP, y que aleguen discriminación en el empleo uocupación que constituya un desafío para las autoridades públicas o implique a éstas. La Comisión pide al Gobierno quesuministre información sobre el número de quejas presentadas, los argumentos alegados, los recursos concedidos y las
sanciones impuestas.
Artículo 1. Igualdad en el acceso a la educación y la formación profesional. En sus comentarios anteriores, la Comisión
tomó nota de que el sistema educativo iba a ser sometido a una amplia reforma y pidió al Gobierno que señalara si estaba todavía
en vigor el reglamento sobre la educación (establecimiento y registro de escuela), de 1966, según el cual, en el proceso deadmisión, puede darse preferencia a los alumnos de una determinada raza o credo. Según la memoria del Gobierno, se está
elaborando un proyecto de decreto educativo que derogará la actual Ley de Educación y toda la legislación derivada de ella,
incluido el reglamento de 1966. La Comisión recuerda, en este sentido, que el acceso a la educación y a una gran variedad decursos de formación profesional reviste gran importancia para lograr la igualdad en el mercado de trabajo (véase Estudio Generalde 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 750). La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas
necesarias para garantizar la igualdad de acceso de niños y niñas, hombres y mujeres, de todos los grupos étnicos a la
educación y a la formación profesional, y pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para
aplicar la reforma del sistema educativo, incluyendo la adopción del nuevo decreto sobre la educación, así como los resultados
obtenidos. La Comisión pide al Gobierno que clarifique si, en virtud del artículo 26, 3), del proyecto de decreto sobre la
educación, aún pueden alegarse motivos de raza, edad, discapacidad o religión, posiblemente en combinación con otros
motivos, como una de las razones para denegar la admisión a la educación escolar, y a que especifique, en el caso de que
existan, motivos sobre los cuales puede denegarse la admisión a la escuela. La Comisión reitera su solicitud anterior de que elGobierno comunique información estadística sobre el número de escuelas que aplican la raza o el credo como requisito deadmisión, así como del número de alumnos matriculados en esas escuelas.
Artículo 2. Política nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato con independencia de la raza, elcolor y la ascendencia nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Consejo Nacional para laConstrucción de un Fiji Mejor (NCBBF) adoptó, el 15 de diciembre de 2008, la Carta del Pueblo para el Cambio la Paz y el
Progreso, que tiene por objeto construir una sociedad basada en la igualdad de oportunidades y en la paz para todos losciudadanos de Fiji. La Comisión tomó nota además de que dicha Carta contiene también medidas específicas relativas a lospueblos indígenas y sus instituciones y que el NCBBF formuló una serie de recomendaciones, como la necesidad de promulgar

359

Igualdad de oportunidades yde trato

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde a las cuestiones planteadas en la observación
anterior de la Comisión. En consecuencia debe reiterar sus comentarios anteriores.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

una legislación que prohíba la discriminación basada en motivos de raza, religión y orientación sexual, así como una legislación
que proteja los derechos de los grupos étnicos minoritarios (indios, isleños del Pacífico, chinos, europeos y nacionales de Fiji sintierras), especialmente con miras a una mejora en el acceso a las tierras. En lo que respecta a la implementación, la Comisión
toma nota de que, según el informe del Gobierno, se ha procedido a suprimir toda clasificación o categorización improcedente por
motivos raciales de los archivos del Gobierno, se está reformando el sistema educativo y va a utilizarse la denominación «fijiano»
para todos los ciudadanos de Fiji, mientras que el gentilicio «i-Taukei» se utilizará para designar a los fijianos autóctonos que
representan en torno al 60 por ciento de la población de Fiji. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando
información sobre las medidas concretas adoptadas para aplicar la Carta del Pueblo para el Cambio, la Paz y el Progreso con
miras a prohibir y eliminar la discriminación, en particular, la discriminación racial, y a promover la igualdad deoportunidades para todos, incluidos los grupos minoritarios, en relación con el acceso a la educación, la formación
profesional, el empleo y diversas ocupaciones. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda medidao programa emprendido por el Ministerio de Asuntos i-Taukei para promover la igualdad en el empleo y la ocupación,
incluyendo campañas de sensibilización para promover la tolerancia entre todos los integrantes de la población.
Medidas de acción positiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha decidido sustituir el antiguo plande medidas de acción positiva para los pueblos indígenas por un nuevo «plan de acción transversal para todas las etnias basado enla verificación de los recursos», como parte de la reforma emprendida para elaborar y aplicar políticas integradoras basadas en la
no discriminación y no diferencia entre razas en aras de lograr el objetivo de una ciudadanía común. Toma nota asimismo de quelos programas de becas que solían basarse en motivos de raza han sido suspendidos. La Comisión pide al Gobierno que
comunique información detallada sobre el nuevo plan de acción previsto y su aplicación en los ámbitos de la educación, laformación profesional, el empleo y la ocupación, indicando cómo pretende solucionar las desigualdades de hecho, corregir losefectos de las prácticas discriminatorias anteriores y promover la igualdad de oportunidades para todos. Sírvase especificar si
el nuevo plan establece mecanismos de seguimiento y asesoramiento.
Igualdad de género. La Comisión toma nota de las estadísticas relativas a los porcentajes de participación de las mujeres
en una serie de órganos, como son la Junta Consultiva de Relaciones Laborales (29 por ciento), la Junta Consultiva sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo (13 por ciento) y los Consejos Salariales (20 por ciento). El Gobierno afirma que pretende
alcanzar una tasa de participación del 30 por ciento de las mujeres en los órganos que se ocupan del empleo y de las relaciones
laborales. La Comisión toma nota asimismo de que las estadísticas sobre la fuerza de trabajo suministradas por el Gobierno no
están desglosadas por sexo y, por consiguiente, no ofrecen información suficiente sobre la participación de las mujeres y loshombres en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación dela Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al tiempo que expresa su agrado por el Plan de Acción para la Mujer (2010-2019),
expresa una vez más su preocupación por la persistencia de prácticas y tradiciones, así como de arraigadas actitudes yestereotipos patriarcales en relación con los papeles, las responsabilidades y las identidades de las mujeres y los hombres en todas
las esferas de la vida. Estas prácticas y costumbres perpetúan la discriminación contra las mujeres y las jóvenes, y pueden
constituir obstáculos para su educación. La Comisión toma nota de las preocupaciones del CEDAW sobre la insuficiencia de losrecursos humanos y financieros asignados a los mecanismos del país para el avance de la mujer, así como sobre el elevado
número de mujeres que trabajan en la economía informal, donde carecen de seguridad social y otras prestaciones, así como ladesigualdad de hecho de la situación de las mujeres en zonas rurales en términos de acceso a la tierra y créditos (documento
CEDAW/C/FJI/CO/4, 30 de julio de 2010, párrafos 6, 16, 17, 20, 21, 28 y 30). La Comisión pide al Gobierno que proporcione
información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para promover eficazmente la igualdad de género en el empleo yla ocupación, en el marco del nuevo plan de acción para la mujer, o en cualquier otro, incluyendo las medidas adoptadas para
combatir los estereotipos de género y mejorar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por
hombres, mediante la educación y la formación, así como medidas adoptadas para mejorar el acceso de las mujeres a lapropiedad de la tierra y a la obtención de créditos para ello. La Comisión pide al Gobierno que señale las medidas adoptadas
para mejorar la participación de las mujeres en el empleo y en los órganos de relaciones laborales, así como los resultados
obtenidos.
Artículo 3, d). Promover la igualdad en el empleo bajo el control directo de una autoridad nacional. La Comisión toma
nota de que, en la mayoría de sus últimas conclusiones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial(CERD) señaló a la atención del Gobierno la insuficiente representación de las minorías en la administración pública y sobre lanecesidad de evaluar las razones de este fenómeno y tratarlo con eficacia (documento CERD/C/FJI/CO/18-20, 31 de agosto de2012, párrafo 12). Al tiempo que toma nota de la declaración general del Gobierno de que todos los ministerios están
aplicando la política de igualdad de oportunidades en el empleo, la Comisión pide al Gobierno que suministre información
sobre las medidas concretas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres detodos los grupos étnicos con respecto al empleo en la administración pública. Sírvase también proporcionar estadísticas
actualizadas sobre la representación de hombres y mujeres, de todos los grupos étnicos en sus distintas categorías, niveles ygrados en la administración pública.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano las medidas
necesarias.

Filipinas
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)
Artículo 1 del Convenio. Desarrollo legislativo. La Comisión recuerda que, desde hace tiempo, viene formulando
comentarios exhortando al Gobierno a adoptar las medidas legales necesarias para garantizar la protección de las mujeres
contra la discriminación en todos los aspectos del empleo, incluida la contratación. La Comisión toma nota del proyecto
de ley del Senado núm. 429, que amplía los actos prohibidos de discriminación contra las mujeres en razón del sexo y que,a estos efectos, enmienda los artículos 135 y 137 del Código del Trabajo, cuya aprobación aún está pendiente por el
Senado. El proyecto de ley introduce el nuevo artículo 135, c), que declara ilegal «dar preferencia a un trabajador antes
que a una trabajadora en el procedimiento de contratación, ya sea mediante notificaciones, anuncios, ofertas de empleo o360formación de aprendizaje, o en el proceso de selección, contratación o empleo de los trabajadores, cuando, para ocupar un
determinado puesto de trabajo sea igualmente válida una mujer que un hombre». Además, en virtud del nuevo
artículo 135, d), se considerará discriminación ilegal «favorecer a un trabajador antes que a una trabajadora con respecto a
un despido o aplicar el principio de ‘el primero en llegar el primero en salir’ u otras políticas de recortes por parte delempleador». Se modificará también el artículo 137 del Código del Trabajo a fin de prohibir a los empleadores que, en
razón del género, nieguen a las mujeres las prestaciones de empleo o cualquier otra prestación que les correspondan porley. La Comisión expresa la firme esperanza de que pronto podrá tomar nota de los progresos realizados en la
adopción del proyecto de ley del Senado núm. 429, a fin de garantizar protección legal efectiva contra ladiscriminación basada en motivos de sexo en la contratación y la seguridad del empleo, de conformidad con el
Convenio, y pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier novedad que se produzca a este respecto.
Discriminación por motivo de sexo. La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de la ley de la
república núm. 10151, que autoriza el empleo de los trabajadores nocturnos, de 26 de julio de 2010, cuyo artículo 1 deroga
el artículo 130 del Código del Trabajo (prohibición del trabajo nocturno de las mujeres) para reemplazarlo con el
artículo 158, que garantiza que las mujeres trabajadoras dispongan de alguna alternativa al trabajo nocturno antes y
después de dar a luz, al menos durante dieciséis semanas; y para períodos adicionales, previo certificado médico en el que
se aduzcan razones de necesidad por la salud de la madre o del niño.
Artículos 2 y 3. Acceso de las mujeres al empleo y la formación profesional. La Comisión toma nota de que
según las Estadísticas de género en materia de trabajo y empleo, 2014 (Agencia Filipina de Estadísticas del Trabajo), lapersistencia de la segregación profesional por motivos de género, que se concentra en profesiones e industrias mal
remuneradas. Además, las mujeres tienden a estar excesivamente representadas en actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico y en actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso
propio (89,3 por ciento son mujeres); en la educación (73,8 por ciento son mujeres); otras actividades de prestación deservicios (71,7 por ciento son mujeres), y en actividades relativas a la salud y el trabajo social de las personas (64,5 por
ciento son mujeres); mientras que los hombres tienden a concentrarse en el sector agrícola y en actividades industriales
como la construcción (97,8 por ciento de hombres); en los transportes y el almacenamiento (96,4 por ciento de hombres);la pesca (90,9 por ciento de hombres); y en la minería y la explotación de piedra (90,8 por ciento de hombres). En las
explotaciones agrícolas o en las empresas familiares, las mujeres comprenden el 56,6 por ciento de los trabajadoresfamiliares no remunerados, mientras que los hombres representan un 75,9 por ciento de los trabajadores remunerados.
La Comisión recuerda la importancia de impartir orientación profesional y adoptar medidas activas para promover elacceso a la educación y la formación, con independencia de consideraciones basadas en estereotipos o prejuicios, para
ampliar la diversidad de las ocupaciones entre las que pueden elegir los hombres y las mujeres y para corregir lasegregación profesional. La Comisión toma nota de que las estadísticas de género en materia de trabajo y empleo
demuestran además que, en 2013, el 53,5 por ciento de las personas graduadas procedentes de la enseñanza y la formación
técnica profesional escolar y no escolar (EFTP) eran mujeres. La Comisión toma nota, no obstante, del estudio deevaluación sobre el impacto de la EFTP, de 2011, según el cual las mujeres se concentran en la formación profesional para
trabajos tradicionalmente ocupados por mujeres. En los programas EFTP que evalúan y proporcionan acreditación aquienes se inscriben en ellos, las mujeres representan únicamente el 0,05 por ciento de quienes han obtenido algún tipo detítulo en la industria marítima, el 2,8 por ciento en la construcción y el 3,8 por ciento en el sector de la industria
automotriz; por otra parte, en el ámbito de la salud, la protección social y otros servicios de desarrollo comunitario (conprofesiones que van desde la estética, la prestación de cuidados, los servicios al cliente, la terapia de masaje y otras áreas
que han ocupado tradicionalmente a las mujeres), el 89 por ciento de las personas acreditadas son mujeres. La Comisión
toma nota de que las estrategias que se han puesto en práctica con arreglo al Programa de desarrollo de la iniciativa
empresarial de la mujer e igualdad de género (WEDGE), 2013-2016, dan prioridad a corregir las desigualdades de género
en el trabajo mediante la financiación de becas para las mujeres para cursar estudios universitarios técnicos yprofesionales a los que las mujeres no asisten tradicionalmente. El Gobierno informa asimismo de las medidas adoptadas
por la Comisión Filipina de Mujeres (PCW) para promover el empoderamiento económico de las mujeres, en particular, el
Proyecto de medidas económicas sobre perspectiva de género para la transformación de la mujer a través del programa deperfeccionamiento tecnológico basado en la formación comunitaria (proyecto GREAT Women), que ha dado lugar amódulos sobre la concienciación de género y la capacidad empresarial, que ahora forman parte de las materias delprograma EFTP. Al tiempo que reitera que, desde hace varios años, ha venido planteando sus inquietudes en relación
con la excesiva representación de las mujeres en trabajos mal calificados y de bajos ingresos, la Comisión pide al
Gobierno que redoble sus esfuerzos para corregir la segregación por motivos de género en la capacitación laboral y laformación profesional y a que promueva el acceso de las mujeres a una gama más amplia de trabajos, en particular,
trabajos mejor remunerados y con oportunidades de desarrollo profesional. En este sentido, la Comisión pide al
Gobierno que suministre información específica sobre el impacto de las medidas adoptadas, en particular por la PCW,
con objeto de promover el acceso de las mujeres y su participación en la formación para industrias que han estado
dominadas tradicionalmente por hombres, en particular información sobre el número de becas otorgadas a mujeres,las tasas de utilización de estas becas y las áreas en las que se ofrece formación para las mujeres con arreglo alplan WEDGE 2013-2016 y al proyecto GREAT Women. La Comisión pide al Gobierno que incluya datos sobre elnúmero de hombres y mujeres inscritos en los programas EFTP que han sido evaluados y han obtenido acreditación361

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

en ellos, desglosados por sector de formación, así como datos sobre las tasas de empleo de hombres y mujeres endiversos sectores y profesiones de la economía.
Artículo 3, d). Aplicación en el sector público. La Comisión toma nota de la información muy general sobre laaplicación práctica sobre el Plan de ascenso por méritos previsto en la ley de la república núm. 7041 (que exige la
publicación de los puestos vacantes en el sector público); de la circular del memorando núm. 3, serie 2001 (que crea juntas
de selección del personal para la designación de cargos públicos); así como de la resolución núm. 98-463 (que prohíbe ladiscriminación por motivos de género, religión o afiliación política, pertenencia a una minoría o extracción cultural u
origen social, con respecto al empleo y la ocupación). El Gobierno añade que la exención prevista en la ley de la república
núm. 7041 no indica necesariamente que no se aplique el principio de igualdad de oportunidades en el empleo. El
Gobierno declara además que la circular del memorando núm. 3 establece la igualdad de oportunidades en la selección decandidatos para un puesto y prohíbe la discriminación en el proceso de selección de empleados por motivos de género,
estado civil, discapacidad, religión, etnia o afiliación política. Recordando el decisivo papel que desempeña el Estado
para garantizar la aplicación del principio consagrado en el Convenio, la Comisión pide una vez más al Gobierno que
indique el modo en que se aplica en la práctica el principio del Convenio, en primer lugar a los puestos de alto nivel
exentos del requisito de publicación previsto en la ley de la república núm. 7041. La Comisión reitera su pedido al
Gobierno de que transmita más información concreta sobre la aplicación práctica de la circular del memorando
núm. 3 y de la resolución núm. 98-463, y sobre su impacto en lo que se refiere a garantizar la igualdad de acceso al
empleo en el sector público, con independencia de la raza, el color, el sexo, la religión, la ascendencia nacional, la
opinión política y el origen social. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita una copia de losprocedimientos y criterios establecidos en los planes de ascenso por méritos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

GambiaConvenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Discriminación en el empleo y la ocupación. Legislación. La Comisión
recuerda sus comentarios anteriores en los que destacó que las disposiciones de la Constitución sobre discriminación no incluyen
ninguna referencia a la prohibición de la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación, y sólo se refieren al
tratamiento discriminatorio ejercido por funcionarios públicos (artículo 33, 3)). Asimismo, la Comisión tomó nota de que la Ley
del Trabajo de 2007 no define ni prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación en base a cualquiera de los motivos
enumerados en el Convenio, excepto en caso de despido y de adopción de medidas disciplinarias (artículo 83, 2)). La Comisión
toma nota de que el Gobierno no proporciona respuesta alguna a su solicitud en relación con la necesidad de enmendar lalegislación. La Comisión recuerda de nuevo que, si bien las disposiciones constitucionales generales sobre igualdad son
importantes, no son en general suficientes para abordar los casos específicos de discriminación en el empleo y la ocupación, y serequiere una legislación integral contra la discriminación para garantizar la efectiva aplicación del Convenio, en base, comomínimo, a todos los motivos de discriminación que figuran en el artículo 1, 1), a), y en todos los ámbitos del empleo y laocupación. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas a fin de incluir la protección legislativa contra ladiscriminación directa e indirecta en todas las fases del empleo y la ocupación en base, como mínimo, a todos los motivos que
figuran en el Convenio, a saber, raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social. Asimismo,la Comisión pide al Gobierno que incluya en la legislación disposiciones que prevean sanciones disuasorias y reparaciones
apropiadas en los casos de discriminación. Sírvase transmitir información específica sobre los progresos realizados a este
respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

GuyanaConvenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Legislación. Desde 1998, la Comisión ha venido refiriéndose a la necesidad de enmendar
el artículo 2, 3), de la Ley de Igualdad de Derechos, núm. 19, de 1990, que dispone la «igualdad de remuneración por el mismo
trabajo o un trabajo de la misma naturaleza», para ponerlo en conformidad con las disposiciones del Convenio y ponerlo en
consonancia con la Ley de Prevención de la Discriminación, núm. 26, de 1997, previendo ambas el principio de igualdad deremuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha informado avances a este
respecto. La Comisión considera que la coexistencia de los dos diferentes conceptos en la legislación actual puede potencialmente
conducir a confusiones en la aplicación del principio del Convenio. La Comisión recuerda que, cuando la cuestión salarial es
objeto de legislación, el principio consagrado en el Convenio debe tener plena expresión legislativa (véase Estudio General de2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 676). La Comisión pide al Gobierno que comunique información concreta362

sobre la aplicación del Convenio y, en particular, sobre las medidas adoptadas para enmendar el artículo 2, 3), de la Ley de
Igualdad de Derechos, núm. 19, de 1990, con miras a ponerlo en conformidad con el principio del Convenio y ponerlo en
consonancia con la Ley de Prevención de la Discriminación, núm. 26, de 1997, con el fin de eliminar las ambigüedades
jurídicas.
Considerando la ambigüedad en la legislación y preocupada por los malentendidos en relación con el ámbito de aplicación
y el significado del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la Comisión ha venido solicitando al
Gobierno que organizara actividades de formación y campañas de sensibilización acerca de este principio para los inspectores deltrabajo y los jueces, así como para los representantes de los trabajadores y de los empleadores. La Comisión toma nota de que una
vez más el Gobierno no ha comunicado ninguna información sobre alguna medida adoptada a este respecto, y destaca que esesencial una comprensión clara y exacta del concepto de igual valor, si ha de promoverse y reforzarse efectivamente el principiode igualdad de remuneración. En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión destacó que elconcepto de «trabajo de igual valor», constituye el núcleo del derecho fundamental de igualdad de remuneración entre hombres ymujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Debido a actitudes históricas y a los estereotipos relativos a
las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental o exclusivamente por
mujeres y otros por hombres. Con frecuencia, los trabajos considerados como «femeninos» están infravalorados en comparación
con los trabajos de igual valor desempeñados por los hombres, cuando se determinan las tasas salariales. El concepto de «trabajode igual valor» es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, ya que
permite un amplio ámbito de comparación, que incluye, pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual»,el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente, pero que sin embargo sonde igual valor (véase Estudio General de 2012, párrafo 673). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte lasmedidas necesarias para abordar malentendidos en relación con el principio del Convenio, incluso a través de actividades
dirigidas a una mayor sensibilización entre los inspectores del trabajo, los jueces y los representantes de los trabajadores y delos empleadores, sobre el ámbito de aplicación y el significado del principio de igualdad de remuneración por un trabajo deigual valor. También pide al Gobierno que comunique información sobre toda decisión judicial o administrativa vinculada
con las disposiciones sobre igualdad de remuneración de la Ley de Igualdad de Derechos, núm. 19, de 1990, y la Ley dePrevención de la Discriminación, núm. 26, de 1997.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

KazajstánConvenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1, b), del Convenio. Marco legislativo. Trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el Código delTrabajo de 2007 contiene disposiciones que son más limitadas que el principio del Convenio. La Comisión también recuerda que
el artículo 7, 1), prohíbe la discriminación por motivos de sexo en el ejercicio de los derechos laborales y el artículo 22, 15),
dispone que el empleado deberá tener derecho «al mismo salario por el mismo trabajo sin discriminación alguna». La Comisión
toma nota de que el Gobierno responde que no existe discriminación por motivo alguno, incluido sexo, cuando se determina elmonto del salario de los trabajadores, y considera que la legislación cumple con el Convenio. La Comisión recuerda que la meraprohibición de la discriminación salarial por razones de sexo no suele ser suficiente para dar efecto al Convenio, habida cuenta deque no refleja el concepto de «trabajo de igual valor» (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 676).
La Comisión también toma nota de que tener derecho «al mismo salario por el mismo trabajo sin discriminación alguna» no es
suficiente, ya que no refleja el concepto de trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual
valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo deigual valor, y la promoción de la igualdad. Debido a actitudes históricas y a los estereotipos relativos a las aspiraciones,
preferencias y capacidades de las mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental o exclusivamente por mujeres y otros por
hombres, y, con frecuencia, los trabajos considerados como «femeninos» están infravalorados en comparación con los trabajos deigual valor desempeñados por hombres (Estudio General de 2012, párrafo 673). La Comisión insta al Gobierno a adoptar
medidas concretas para enmendar el Código del Trabajo a fin de dar pleno efecto legislativo al principio de igualdad deremuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, permitiendo comparar no sólo los trabajos iguales sino
los trabajos de naturaleza completamente diferente. Sírvase transmitir información a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)
La Comisión toma nota de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
en mayo-junio de 2014. Asimismo, toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.
Artículo 1 del Convenio. Prohibición de la discriminación. La Comisión recuerda que el artículo 7, 2), del Código delTrabajo de 2007 cubre todos los motivos prohibidos de discriminación que se enumeran en el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio,

363

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

con excepción del color. El artículo 7, 2), también incluye una serie de motivos adicionales, tal como está previsto en el
artículo 1, párrafo 1, b), del Convenio (tales como la edad, la discapacidad física, la pertenencia a una tribu, y el ser miembro de una
asociación pública). La Comisión toma nota de que durante las discusiones sobre la aplicación del Convenio que tuvieron lugar en la
Comisión de la Conferencia, el Gobierno indicó que generalmente se considera que la raza es indisociable del color de la piel, peroque se celebrarían nuevas consultas con los representantes de las autoridades estatales centrales y con los interlocutores sociales con
miras a resolver la cuestión del color como motivo de discriminación. La Comisión recuerda que cuando se adoptan disposiciones
legales para dar efecto a los principios del Convenio se deben incluir al menos todos los motivos de discriminación enumerados en el
artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. La Comisión alienta al Gobierno a realizar las consultas previstas a fin de adoptar
legislación que prohíba la discriminación basada en el color en el empleo y la ocupación, y le pide que transmita información
sobre todos los progresos realizados a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada
sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección efectiva contra la discriminación basada en los motivos que seenumeran en el Convenio, incluido el color.
Artículo 2. Exclusión de las mujeres de ciertas ocupaciones. La Comisión recuerda que la lista de empleos en los cuales
está prohibido ocupar a mujeres y los pesos máximos que pueden levantar y desplazar manualmente las mujeres, de conformidadcon el artículo 186, 1) y 2), del Código del Trabajo, debe ser elaborada por las autoridades estatales en materia laboral de acuerdo
con las autoridades en materia de salud. La Comisión toma nota de la resolución núm. 1220, de 28 de octubre de 2011,transmitida por el Gobierno, que contiene una lista actualizada de trabajos prohibidos a las mujeres y establece los límites de pesoque pueden levantar y desplazar manualmente las mujeres. El Gobierno indicó a la Comisión de la Conferencia que la lista habíasido actualizada cuatro veces en veinte años y que la última actualización databa de 2011. Además, el Gobierno indicó que lasprohibiciones no limitan el empleo pero sirven para proteger la maternidad y la salud de las mujeres, en particular teniendo en
cuenta que el nivel de automatización en las manufacturas de Kazajstán está por debajo del nivel europeo. La Comisión toma nota
de que la lista contiene 299 ocupaciones prohibidas, algunas de las cuales incluyen el manejo de máquinas para levantar pesos yde excavadoras. Si bien la Comisión entiende que estas medidas están motivadas por el deseo de proteger la salud y seguridad delas mujeres, recuerda que las medidas de protección aplicables al empleo de las mujeres que están basadas en estereotipos sobre
sus capacidades físicas y profesionales así como en estereotipos relativos a su papel en la sociedad infringen el principio de
igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda también que lasmedidas especiales de protección de las mujeres deberían limitarse a la protección de la maternidad en el sentido estricto.
Además, las disposiciones relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían
tener como objetivo proteger la salud y la seguridad en el trabajo, tanto de los hombres como de las mujeres, teniendo en cuenta
al mismo tiempo las diferencias de género con respecto a riesgos específicos para su salud (véase Estudio General de 2012 sobre
los convenios fundamentales, párrafo 840). La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para revisar la
actual lista de ocupaciones prohibidas a las mujeres con miras a garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad enmateria de protección de la salud y seguridad entre hombres y mujeres, y le pide que transmita información sobre losprogresos realizados a este respecto. Sírvase asimismo incluir información sobre las medidas adoptadas para realizar
consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y sobre los resultados de esas consultas.
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que, según
las estadísticas sobre el empleo de las mujeres para el primer trimestre de 2014 transmitidas por el Gobierno a la Comisión de laConferencia, las mujeres representan el 48,6 por ciento de la población empleada, y el 56,2 por ciento de los desempleados. Las
estadísticas indican que la participación de las mujeres es del 54,6 por ciento en la función pública, el 31 por ciento en laindustria, el 26 por ciento en la construcción, el 47 por ciento en la agricultura, silvicultura y pesca, el 60 por ciento en las
finanzas y seguros, el 50 por ciento en los sectores profesional, científico y técnico, y el 74 por ciento en la educación. Además, elGobierno indicó que la «Hoja de ruta para el empleo 2020» incluye mecanismos para luchar contra la crisis y se centra en las
mujeres. La Comisión había tomado nota de la Ley de 2009 sobre las Garantías del Estado en relación con la Igualdad de
Derechos y la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, y de la Estrategia para la Igualdad de Género 2006-2016, quetiene entre sus objetivos alcanzar la igualdad de representación de hombres y mujeres en los órganos ejecutivos y legislativos y en
los puestos con poder de decisión, y desarrollar el emprendedurismo de las mujeres y aumentar su competitividad en el mercado
de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas específicas adoptadas, especialmente en el marco de la Leyde 2009 sobre las Garantías del Estado en relación con la Igualdad de Derechos y la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres, la Estrategia para la Igualdad de Género 2006-2016 y la «Hoja de ruta para el empleo 2020», a fin depromover y velar por la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres en el empleo y la ocupación en una amplia gamade trabajos, incluidos los trabajos de alto nivel y aquellos con perspectivas de carrera. Sírvase transmitir información,
incluidas estadísticas desglosadas por sexo, sobre el impacto de esas medidas en la participación de las mujeres en el mercado
de trabajo (sectores público y privado). Sírvase asimismo transmitir información sobre la distribución de hombres y mujeres
en los diferentes cursos de formación profesional y en la educación.
Trabajadores con responsabilidades familiares. La Comisión recuerda que el artículo 187 del Código del Trabajo
requiere el consentimiento escrito de la mujer con niños menores de siete años y otras personas encargadas de la crianza de niños
menores de siete años, huérfanos de madre, en casos de trabajo nocturno, para hacer horas extraordinarias, o para realizar viajes
de negocios o trabajo en sistema de rotación. En virtud de los artículos 188 y 189, los padres tienen derecho a pausas paraalimentar a sus hijos y al trabajo a tiempo parcial sólo cuando se trate de niños sin madre. La Comisión toma nota de que elGobierno indicó a la Comisión de la Conferencia que la ley núm. 566-IV, de 17 de febrero de 2012, sobre modificaciones ycomplementos del Código del Trabajo, a fin de conciliar el empleo con las responsabilidades familiares, introdujo enmiendas enel artículo 189 del Código del Trabajo, dando también al padre, cuando exista mutuo acuerdo de los padres al respecto, laposibilidad de trabajar a tiempo parcial. En relación con la modificación de los artículos 187 y 188 del Código del Trabajo, el
Gobierno indicó que esta modificación se tenía que seguir examinando en colaboración con los interlocutores sociales. La
Comisión toma nota de que el 17 de enero de 2013, Kazajstán ratificó el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981 (núm. 156). La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias, en consulta con lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores, para modificar los artículos 187 y 188 del Código del Trabajo, a fin degarantizar los derechos en pie de igualdad a hombres y mujeres, y pide al Gobierno que transmita información sobre todos loscambios que se produzcan a este respecto.
Igualdad de oportunidades y de trato para las minorías étnicas y religiosas. La Comisión toma nota de que en la
Comisión de la Conferencia el Gobierno indicó que no se dispone de estadísticas sobre la participación en el mercado de trabajo
de hombres y mujeres de minorías étnicas y religiosas. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité delas Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), recomendó que el Gobierno adopte medidas
eficaces para facilitar y mejorar la representación de los grupos étnicos no kazajos en la función pública, en particular limitando

364

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOel requisito del dominio del idioma kazajo a aquellos puestos en que dicho dominio resulte esencial (documento
CERD/C/KAZ/CO/6-7, 17 de marzo de 2014, párrafo 9). La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas concretas
adoptadas para promover la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación de las minorías étnicas y religiosas ymejorar la representación de los grupos étnicos no kazajos en la función pública. Sírvase transmitir información sobre losrequisitos profesionales de la función pública, en particular los requisitos en materia de idioma. La Comisión también pide al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para compilar y analizar datos sobre la distribución de hombres y mujeres que
pertenecen a minorías étnicas o religiosas en el sector público y privado, desglosadas por rama de actividad y ocupación.
Aplicación. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las actividades realizadas por
los inspectores del trabajo, así como sobre las 200 investigaciones especiales realizadas in situ en 2013 en relación con ladiscriminación. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información acerca de las medidas adoptadas parasupervisar el cumplimiento del Convenio, y sobre todas las violaciones detectadas por los inspectores del trabajo y todas lasdecisiones administrativas o de los tribunales en relación con el principio del Convenio, incluidas las reparaciones ofrecidas ylas sanciones impuestas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Nigeria
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 2002)
Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en motivos de sexo, respecto del empleo en las fuerzas policiales. La
Comisión consideró anteriormente que los artículos 118 a 128 del Reglamento del Cuerpo de Policía de Nigeria que prevén
requisitos y condiciones de servicio especiales aplicables a las mujeres son discriminatorios e incompatibles con lo dispuesto enel Convenio, por lo que instó al Gobierno a que armonizara la legislación con las disposiciones contenidas en éste. La Comisión
observó que los criterios y disposiciones relativos al embarazo y al matrimonio previstos en los artículos 118, 124 y 127
constituyen discriminación directa y que los artículos 121, 122 y 123 sobrepasan las exigencias aceptadas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1, párrafo 2, del Convenio. La Comisión también observó que la exigencia de una misma altura para
hombres y mujeres probablemente constituye una discriminación indirecta de la mujer. La Comisión recuerda que las mujeres
deben tener derecho a ejercer libremente cualquier empleo o profesión, y señala que las exclusiones o preferencias respecto de unempleo determinado en el contexto del artículo 1, párrafo 2, del Convenio deben determinarse de forma objetiva sin recurrir aestereotipos o prejuicios negativos sobre las funciones de los hombres y de las mujeres (véase Estudio General de 2012 sobre losconvenios fundamentales, párrafo 788). Recordando que cada Estado Miembro en el que esté en vigor este Convenio, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 3, apartado c), está obligado a revocar toda disposición legal que sea contraria a la igualdad deoportunidades y de trato, la Comisión una vez más insta al Gobierno a que ponga la legislación nacional en conformidad con
el Convenio, e indique las medidas adoptadas a estos efectos en su próxima memoria. La Comisión confía en que el Gobierno,
en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, adoptará las medidas necesarias para garantizar laigualdad de oportunidades y de trato a las funcionarias del cuerpo de policía.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

PakistánConvenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores en Pakistán (PWC),
recibidas el 10 de noviembre de 2013.
Evolución legislativa. La Comisión toma nota de la 18.ª enmienda constitucional, que delegó la facultad de
promulgar leyes relacionadas con el trabajo, del Parlamento Federal a los gobiernos provinciales. Toma nota asimismo deque siguen en vigor las leyes federales vigentes hasta que se promulguen leyes provinciales y de que se estableció, en elámbito federal, un comité consultivo tripartito, para facilitar la aplicación del Convenio por los gobiernos provinciales. La
Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto, en particular sobre lasmedidas adoptadas por el comité consultivo tripartito respecto de la adopción por las provincias de la legislación, decara a la aplicación del Convenio.
Artículo 2, 2), a), del Convenio. Legislación. Definición de remuneración. La Comisión toma nota de la Ley
sobre el Pago de los Salarios del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013), artículo 2, xiv), que incluye, en la definiciónde salarios, todas las asignaciones básicas y reglamentarias y no reglamentarias, pero que excluye toda cotización pagada
por el empleador a cualquier fondo de pensiones o fondo de previsión, cualquier asignación de desplazamiento o el valordel monto para viajes, cualquier suma pagada para sufragar gastos especiales, las primas anuales o cualquier suma dedinero pagadera por despido. La Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio, establece una amplia definición deremuneración, que incluye, no sólo el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, sino también «cualquier otro
emolumento en dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del365

Igualdad de oportunidades yde trato

La Comisión lamenta profundamente tomar nota de que el Gobierno no aborda, en su memoria, la observación
anterior de la Comisión. En consecuencia, debe reiterar su observación anterior.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

empleo de este último». La Comisión de Expertos consideró que la definición también refleja los pagos o prestaciones, yasean percibidos con regularidad o sólo con carácter ocasional. Comprende, entre otras asignaciones por costo de vida, lasasignaciones de dependencia, las asignaciones por desplazamiento, las asignaciones de vivienda y residencia, lasasignaciones por vacaciones, así como las asignaciones pagadas con arreglo a regímenes de seguridad social financiados
por la empresa o la industria de que se trate (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales,párrafos 686, 687 y 690). A fin de aplicar plenamente el principio de igual de remuneración entre hombres ymujeres por un trabajo de igual valor, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizarque el gobierno de Khyber Pakhtunkhwa tome en cuenta todos los elementos incluidos en la definición de salario delartículo 2, xiv), de la Ley sobre el Pago de los Salarios, así como todo emolumento adicional.
Igual remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el artículo 26 de la Ley sobre el
Pago de los Salarios del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013), dispone que «no habrá discriminación alguna basada
en motivos de género, religión, secta, color, casta, creencia, origen étnico, en los salarios y otras prestaciones por un
trabajo de igual valor». La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la Ley sobre
el Pago de los Salarios del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013) y su impacto en la eliminación de la brechasalarial de género. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas
para garantizar que cualquier nueva ley del trabajo promulgada por las demás provincias, dé plena expresión alprincipio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, permitiendocomparaciones de trabajos que sean de naturaleza completamente diferente, pero que sean, no obstante, de igual valor,
y que este principio se aplique, en los sectores público y privado, así como a todos los aspectos de la remuneración,
como se define ampliamente en el artículo 1, a), del Convenio.
Artículo 2, 2), b). Salarios mínimos. La Comisión recuerda que, en su observación anterior, solicitó al Gobierno
que garantizara que la fijación de los salarios mínimos estuviese libre de sesgo de género. A este respecto, la Comisión
toma nota de que el artículo 10 de la notificación de los salarios mínimos (2012), dictada por el consejo de salarios
mínimos del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, estipula que «una trabajadora adulta ganará los mismos salarios mínimos
que los que percibe un trabajador de sexo masculino por un trabajo de igual valor». La Comisión toma nota de que elartículo 18 de la Ley sobre Salarios Mínimos del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013), que enumera los motivos
prohibidos de discriminación a los fines de la ley, no incluye el sexo. La Comisión recuerda que existe una tendencia defijar tasas salariales más bajas para los sectores en los que predomina el empleo de las mujeres, y, debido a tal segregación
laboral, se requiere una especial atención en la fijación de los salarios mínimos sectoriales, para garantizar que las tasas
fijadas estén libres de sesgo de género. La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se articulan estas dos
disposiciones para garantizar que la fijación de salarios mínimos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa esté libre desesgo de género. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas
para garantizar que la fijación de los salarios mínimos por otras provincias, esté libre de sesgo de género.
Artículos 2 y 3. Evaluación objetiva del empleo. La Comisión toma nota de que, según la PWC, la mayoría de losempleadores no utiliza regímenes de evaluación objetiva del empleo. La Comisión tomó nota de que en su memoria, el
Gobierno se refiere al trabajo de los departamentos provinciales de desarrollo de la mujer, que incluye campañas desensibilización y talleres para la preparación de políticas con perspectiva de género. Toma nota de que los departamentos
provinciales de desarrollo de la mujer también establecieron grupos de trabajo para supervisar las organizaciones, aefectos de garantizar el pago de una remuneración igual. La Comisión alienta al Gobierno a que adopte medidas paragarantizar que la evaluación objetiva del empleo en base al trabajo realizado, se integre en las nuevas legislaciones
laborales provinciales, y a que comunique información sobre toda evolución a este respecto, incluidas las medidas
adoptadas por los departamentos provinciales de desarrollo de la mujer, en el desarrollo y la aplicación de mecanismosde evaluación objetiva del empleo, para su utilización en los sectores público y privado.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores del Pakistán (PWC), recibidas el
10 de noviembre de 2013, sobre la discriminación que sufren las mujeres, que trabajan principalmente en el sector
informal, así como sobre la falta de aplicación de la legislación laboral.
Artículo 1 del Convenio. Legislación. Prohibición de la discriminación. La Comisión toma nota de la
18.ª enmienda constitucional, por la que se transfirió la facultad de promulgar legislación en materia laboral delParlamento Federal a los gobiernos provinciales. Asimismo, la Comisión toma nota de que las actuales leyes federales
seguirán estando en vigor hasta que se promulguen leyes provinciales y de que a nivel federal se ha establecido un comité
tripartito de consultas para facilitar la aplicación del Convenio por parte de los gobiernos provinciales. Además, toma nota
de que la redacción del proyecto de ley sobre las condiciones de empleo y de servicio ha finalizado a nivel federal y que elmismo ha sido enviado a los gobiernos provinciales para su examen. La Comisión también toma nota de la serie de textos
legislativos adoptados por el gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa que prohíben la discriminación basada en
diferentes motivos. A este respecto, toma nota con interés de que esta provincia ha incluido el motivo de casta en la lista
de motivos prohibidos de discriminación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la opinión política y la ascendencia

366

nacional no se incluyen como motivos prohibidos de discriminación, y de que no queda claro si la legislación se aplica a
todos los aspectos del empleo, a saber la formación profesional, el acceso al empleo y a determinadas ocupaciones, y lascondiciones de empleo, tal como se prevé en el artículo 1, 3), del Convenio. La Comisión hace hincapié en que disponerde definiciones claras y detalladas de lo que constituye discriminación en el empleo y la ocupación es determinante para
poder identificar y abordar las muy distintas formas en las que puede manifestarse (véase Estudio General de 2012 sobre
los convenios fundamentales, párrafo 743). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias paragarantizar, incluso a través del comité tripartito de consultas establecido a nivel federal, que todas las nuevas leyes
laborales adoptadas por las provincias incluyen disposiciones en las que se define expresamente y se prohíbe ladiscriminación directa e indirecta de todos los trabajadores en todos los aspectos del empleo y la ocupación, sobre labase de los motivos establecidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, incluidas la opinión política y la ascendencia
nacional. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los cambios que se produzcan a este
respecto.
Acoso sexual. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en el marco de la aplicación de la Ley sobreel Acoso en el Lugar del Trabajo, de 2010, se han nombrado mediadores a nivel federal y provincial y que losdepartamentos de desarrollo de la mujer se encargan de los programas de sensibilización. Asimismo, toma nota de que elgobierno de Punjab ha promulgado la Ley de Punjab sobre la Protección de las Mujeres contra el Acoso en el Lugar delTrabajo, de 2012. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de la Ley sobre laProtección de las Mujeres contra el Acoso en el Lugar del Trabajo, de 2010, y la Ley de Punjab sobre la Protección delas Mujeres contra el Acoso en el Lugar del Trabajo, de 2012, y sobre todos los textos legislativos pertinentes adoptados
por otras provincias a fin de proteger por igual a hombres y mujeres del acoso sexual. Por último, la Comisión pide al
Gobierno que transmita información sobre el número y la naturaleza de las quejas presentadas, las reparaciones
acordadas y las sanciones impuestas, así como sobre el contenido de las campañas de sensibilización en materia deacoso sexual realizadas por los departamentos provinciales de desarrollo de la mujer.
Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que según la
Encuesta sobre la mano de obra 2012-2013, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo del Pakistán sigue
siendo baja, (el 21,5 por ciento de la fuerza de trabajo y sólo el 28,3 por ciento de ellas trabajan en el sector formal).
Además, toma nota de que en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer hizo hincapié en la escasa presencia de mujeres en el sector formal, lo que las deja desprotegidas y hace que notengan acceso a la seguridad social ni a sus prestaciones (documento CEDAW/C/PAK/CO/4, de 1.º de marzo de 2013,
párrafo 29). A este respecto, la Comisión toma nota de que el gobierno provincial de Punjab ha adoptado la Ley de Punjab
para una Representación Equitativa de las Mujeres, de 2014, que prevé medidas tales como cuotas para conseguir una
representación equitativa y proporcional de las mujeres en las organizaciones de trabajadores y las entidades públicas. El
Conjunto de Medidas para el Empoderamiento de la Mujer de Punjab, de 2012, establece medidas tales como un
10 por ciento de cuota de empleo en la administración pública, la educación científica y la tecnología, y el establecimiento
de guarderías y servicios de transporte para las trabajadoras. Además, la Comisión Nacional de Enseñanza Técnica yProfesional proporciona formación tanto a hombres como a mujeres. Asimismo, la Comisión toma nota de que elGobierno indica que el proyecto de ley sobre los trabajadores domésticos (empleo y derechos) está siendo examinado por
el Parlamento, y que la Ley de Relaciones Laborales de Sindh, de 2012, incluye los sectores de la agricultura y la pesca enla economía formal de esta provincia. La Comisión pide al Gobierno que transmita más información, incluidas
estadísticas, sobre el impacto de esas medidas en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y en su
traslado de la economía informal a la economía formal. Además, solicita al Gobierno que continúe adoptando medidas
específicas para promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. También pide al Gobierno quetransmita información sobre todos los avances que se realicen en lo que respecta a la adopción del proyecto de ley
sobre los trabajadores domésticos (empleo y derechos), de 2013.
Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de minorías. La Comisión recuerda su solicitud
anterior de información sobre los progresos realizados en la aplicación de cuotas para el empleo de minorías en virtud delmemorándum de la oficina núm. 4/15/94-R-2, de 26 de mayo de 2009. Además, la Comisión toma nota de que elGobierno indica que la provincia de Punjab ha establecido una cuota del 5 por ciento para el empleo en el sector públicode personas pertenecientes a minorías. El Gobierno también indica que en otras provincias se están aplicando
disposiciones similares. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el impacto concreto de las
cuotas establecidas a escala federal y provincial en el empleo de las minorías no musulmanas. Asimismo, pide
información estadística, desglosada por sexo, sector y grupo minoritario, sobre el número de personas pertenecientes aminorías que tienen empleo. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información sobre las medidas
adoptadas por el comité federal tripartito para facilitar este proceso. Por último, la Comisión pide al Gobierno quetransmita información en la que se detalle qué personas se considera que pertenecen a las castas reconocidas, ytambién si son personas no musulmanas.
Discriminación basada en el origen social. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en relación con lapersistente segregación y discriminación de facto que sufren los Dalits, así como sobre la necesidad de adoptar medidas
eficaces para eliminar esta discriminación en el empleo y la ocupación. A este respecto, la Comisión tomó nota de que lasdisposiciones legales adoptadas por el gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa, en 2013, prohíben la discriminación367

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

basada en la casta. La Comisión pide al Gobierno que transmita información, incluyendo estadísticas desglosadas por
casta y sexo en relación con el impacto de la prohibición de la discriminación basada en la casta sobre el empleo de losDalits en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre otras
medidas adoptadas tanto por el gobierno federal como por las provincias para prohibir la discriminación de los Dalits ypromover su inclusión en el mercado de trabajo, incluso a través del comité federal tripartito.
Discriminación basada en la religión. La Comisión recuerda sus comentarios en los que expresó preocupación en
relación con el artículo 298C del Código Penal («leyes sobre la blasfemia») que se refiere a los miembros de la minoría
Ahmadi, así como en relación con la práctica de que los musulmanes que solicitan el pasaporte pakistaní deben firmar una
declaración según la cual el fundador del movimiento Ahmadi es un impostor, lo cual tiene por objetivo impedir que losmiembros de este movimiento obtengan pasaportes que les identifiquen como musulmanes. La Comisión toma nota de queen su memoria el Gobierno señala que la legislación pakistaní no discrimina por motivos de creencias religiosas. La
Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para modificar las disposiciones legales y medidas
administrativas discriminatorias, y a promover activamente el respeto y la tolerancia de las minorías religiosas,
incluidos los Ahmadi, y le pide que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La
Comisión solicita de nuevo al Gobierno que transmita información sobre el acceso al empleo de las minorías
religiosas, incluidas las que se definen en el artículo 260, 3), b), de la Constitución.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Panamá
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1958)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de 2 de septiembre de 2014.
Brecha de remuneración y segregación ocupacional. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno
que tomara medidas concretas en el ámbito de la educación, la formación y la capacitación profesional con miras a
ampliar las oportunidades laborales de las mujeres y disminuir la marcada segregación ocupacional y la brecha deremuneración. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno relativa a la formación enactividades y ocupaciones no tradicionales, tales como la electricidad, la manipulación de grúas, la tecnología y la
carpintería. La Comisión observa, sin embargo, que no se indica el número de personas que han recibido formación
desglosado por sexo. La Comisión toma nota asimismo de que en sus observaciones, el CONEP y la OIE señalan que lastasas de salarios se fijan sin tener en cuenta el sexo de los trabajadores, sino la actividad económica, la ocupación y eltamaño de las empresas. La Comisión toma nota, sin embargo, de que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticay Censo (INEC) muestran la persistencia de una marcada segregación ocupacional por motivo de sexo en la población
activa (en 2013: construcción, 21,8 por ciento de hombres y 1,9 por ciento de mujeres; educación, 3,6 por ciento dehombres y 10,6 por ciento de mujeres; servicios sociales y relacionados con la salud, 1,6 por ciento de hombres y 7,6 por
ciento de mujeres; actividades de los hogares, 1,3 por ciento de hombres y 10,7 por ciento de mujeres). Esto se ve
reflejado también en una brecha de remuneración significativa. Por ejemplo, en el nivel de dirección, en 2013, el promedio
salarial mensual fue de 973,6 balboas para los hombres y 952 para las mujeres; en el sector de los profesionales,
científicos y otros intelectuales el promedio de salario mensual para hombres y mujeres fue de 1 019 y 884 balboas
respectivamente; para los operadores de instalaciones y maquinarias el salario fue de 583 y 489 balboas respectivamente;para los técnicos y profesionales de nivel medio, el salario fue de 736 balboas para los hombres y 666 balboas para las
mujeres. Las estadísticas también muestran una mayor representación de los hombres en las franjas más elevadas de lossalarios (más de 3 000 balboas mensuales a nivel de dirección para el 16,7 por ciento de hombres y el 13,3 por ciento demujeres; a nivel de profesionales, científicos y técnicos más de 3 000 balboas para el 13,2 por ciento de hombres y el
3,2 por ciento de mujeres; a nivel de técnicos y profesionales de nivel medio más de 3 000 balboas para el 5,1 por ciento
de hombres y el 1 por ciento de mujeres). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas de capacitación yformación profesional de las mujeres, en todos los sectores de ocupación, incluyendo en aquellos tradicionalmente
ocupados por los hombres con miras a ampliar sus oportunidades laborales y su capacidad de progresión y promoción
en sus respectivas profesiones. La Comisión pide al Gobierno que envíe información al respecto así como sobre toda
otra medida adoptada para reducir la brecha de remuneración existente y su impacto en la práctica.
Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión se refiere desde hace más de veinte años a lanecesidad de modificar el artículo 10 del Código del Trabajo que dispone que «a trabajo igual al servicio del mismo
empleador, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales corresponde igualsalario» para ponerlo en plena conformidad con el principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajode igual valor. La Comisión recuerda asimismo que el artículo 67 de la Constitución Política prevé también que «a trabajo
igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo
realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas». El artículo 4 de laConstitución de Panamá establece que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. La Comisión
toma nota del establecimiento de la comisión de adecuación en el marco del Acuerdo Tripartito de Panamá celebrado en368

febrero de 2012 entre el CONEP y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), la Confederación de
Unidad Sindical Independiente (CONUSI), con la participación de la OIT. El Gobierno indica que dicha comisión prevé laarmonización de la legislación con los convenios ratificados. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno indica
que no ha habido cambios en relación con la adecuación del artículo 67 de la Constitución y el artículo 10 del Código delTrabajo ya que los mismos no son incompatibles con el principio del Convenio pues tienen por objetivo la igualdad. A
este respecto, la Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho
fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de laigualdad. Debido a actitudes históricas y a los estereotipos relativos a las aspiraciones, preferencias y capacidades de las
mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental o exclusivamente por mujeres (como las profesiones relacionadas conel cuidado) y otros, por hombres (como la construcción). Con frecuencia, los trabajos considerados como «femeninos»
están infravalorados en comparación con los trabajos de igual valor desempeñados por los hombres, cuando se determinanlas tasas salariales. El concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para acabar con la segregación laboral por
motivos de sexo en el mercado de trabajo, un problema que afecta a casi todos los países, ya que permite un amplioámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o«similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son deigual valor. La Comisión recuerda que la insistencia en factores como «condiciones iguales de trabajo, de calificaciones yde rendimiento» puede servir como pretexto para pagar salarios inferiores a las trabajadoras. Si bien factores como las
calificaciones, la responsabilidad, el esfuerzo y las condiciones de trabajo son claramente pertinentes para determinar elvalor de un trabajo, cuando se comparan dos trabajos no es necesario que el valor sea idéntico respecto de cada uno de losfactores ya que la determinación del valor ha de contemplar el valor global del trabajo cuando se tienen en cuenta todos
los factores (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 y siguientes). La Comisión
pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para la adecuación de su legislación con el principio del Convenio yen particular para la modificación del artículo 10 del Código del Trabajo con miras a que el mismo refleje de manera
plena el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión
pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución al respecto y le recuerda que la asistencia técnica de la
Oficina se encuentra a su disposición.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) yel Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en su comunicación de 31 de agosto de 2014 y que se refieren almodo en que las empresas aplican el Convenio en particular en lo que respecta a las medidas de sensibilización ycapacitación llevadas a cabo por las empresas en relación a la igualdad de género y el VIH.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación por motivo de sexo. En su observación anterior, la Comisión pidió
al Gobierno que informara sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que las mujeres con contratos
temporales no se encuentren en situaciones en las que son más vulnerables a la discriminación debido al embarazo y lamaternidad. La Comisión toma nota de que el Gobierno no envía información sobre las medidas particulares que se hayan
adoptado o se prevea adoptar con miras a asegurar la protección de dicha categoría de trabajadoras. Al tiempo quereconoce que los contratos temporales de las trabajadoras embarazadas o madres de familia se encuentran sometidos a las
mismas condiciones en cuanto a la duración de los contratos temporales de los otros trabajadores, la Comisión estima quese trata de un grupo de trabajadoras particularmente más vulnerables a la discriminación. En este sentido, la Comisión
recuerda que las distinciones en el empleo y la ocupación por causa de embarazo o maternidad son discriminatorias puesto
que por naturaleza afectan únicamente a las mujeres y que la protección del Convenio cubre a todos los trabajadores sin
ninguna distinción, incluyendo a los trabajadores con contratos temporales. La Comisión pide al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para garantizar la adecuada protección de las trabajadoras con contratos temporales en caso dediscriminación por motivo de embarazo o maternidad. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre lasmedidas adoptadas al respecto.
Artículos 2 y 3. Acceso a la educación y a la formación profesional de mujeres provenientes de grupos vulnerables
a la discriminación. En su observación anterior la Comisión se refirió a la elevada tasa de deserción escolar de lasadolescentes embarazadas y a la significativa tasa de analfabetismo entre las mujeres rurales e indígenas y pidió al
Gobierno que tomara las medidas necesarias con miras a garantizar que dichos grupos de mujeres más vulnerables a las
discriminación tuvieran acceso a la educación y a la formación profesional. En cuanto a las mujeres indígenas, laComisión toma nota de la información del Gobierno sobre las ayudas materiales y los subsidios otorgados que han
permitido bajar los índices de deserción escolar. El Gobierno reconoce que las mujeres indígenas son las que tienen más
dificultades para iniciar sus estudios, aunque sostiene que las mujeres culminan la escolaridad con mayor éxito que loshombres ya que la tasa de repitencia de dicho grupo es menor. La Comisión toma nota por otra parte, de los convenios
interinstitucionales firmados por el INAMU con otras instituciones nacionales y con organismos de cooperacióninternacional con miras a desarrollar la autonomía económica y la capacitación de las mujeres indígenas y rurales. La
Comisión observa, por otra parte, que si bien el Gobierno adjunta información estadística que demuestra la mayor
participación de los pueblos indígenas en la educación, dicha información no está desglosada por sexo. En lo que respecta
369

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

al acceso a la educación de las adolescentes embarazadas, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el
Gobierno, incluyendo estadísticas, que demuestran un descenso en los casos de deserción en los últimos años como
resultado de la prohibición legal de imponer sanciones u obstáculos al derecho de educación. La Comisión destaca una vez
más la importancia de impartir orientación profesional y adoptar medidas activas para promover el acceso a la educación yla formación con independencia de consideraciones basadas en estereotipos o prejuicios, para hombres y mujeres (véase
Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 750). La Comisión pide al Gobierno que continúe
tomando medidas con miras a continuar reduciendo la tasa de deserción escolar de las adolescentes embarazadas ypara asegurar el acceso a la educación y la formación profesional de las mujeres rurales e indígenas con miras a
disminuir la tasa de analfabetismo y promover su acceso a mejores oportunidades de trabajo. La Comisión pide al
Gobierno que envíe información, incluyendo estadísticas, desglosadas por sexo sobre el impacto de las medidas
adoptadas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Qatar
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1976)
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito(reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
En su 324.ª reunión (junio de 2015) el Consejo de Administración adoptó las recomendaciones del comité tripartito
establecido en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT para examinar la reclamación presentada por la
Confederación Sindical Internacional y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte en la que se alegaba el
incumplimiento por parte de Qatar del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) en
cuanto a las quejas de discriminación directa e indirecta contra las mujeres empleadas por Qatar Airways, una empresa deaviación de bandera. En dicho examen, el comité tripartito confió a la Comisión de Expertos el seguimiento de lascuestiones planteadas en la reclamación.
La Comisión observa que, si bien el Consejo de Administración había pedido al Gobierno que enviara información
sobre las medidas adoptadas al respecto en su próxima memoria, la misma no contiene respuesta alguna a las solicitudes
del Consejo de Administración. Considerando que el tiempo transcurrido entre la adopción de las recomendaciones porparte del Consejo de Administración (junio de 2015) y la fecha límite para el envío de memorias en virtud del artículo 22
de la Constitución de la OIT (1.º de septiembre) puede haber sido muy escaso para que el Gobierno pudiera transmitir
información sobre progresos sustanciales en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión desea recordar que lascuestiones de las cuales efectúa el seguimiento a solicitud del Consejo de Administración se refieren a: i) ladiscriminación por motivo de embarazo (párrafo 32 del informe del comité tripartito); ii) el ofrecimiento de un empleo
alternativo adecuado a las empleadas embarazadas que están incapacitadas para volar de manera temporal (párrafo 35);iii) la prohibición en el código de prácticas de Qatar Airways de que las empleadas mujeres sean acompañadas, al llegar oal partir de la empresa, por un hombre que no sea el padre, el hermano o el marido (párrafo 36); iv) la necesidad de contar
con autorización de Qatar Airways para contraer matrimonio (párrafo 40); v) las reglas relativas a los períodos dedescanso (párrafo 42); vi) la necesidad de garantizar que la aplicación de las reglas y políticas no contribuyen a la creaciónde un ambiente de trabajo intimidatorio (párrafo 46), y vii) la eficacia de los mecanismos de cumplimiento y de reparación
en caso de discriminación (párrafo 48).
La Comisión insta al Gobierno a tener en cuenta las medidas solicitadas por el Consejo de Administración sobre
las cuestiones planteadas, a fin de garantizar que las trabajadoras de Qatar Airways gozan de la protección establecida
en el Convenio. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que envíe información detallada sobre las medidas
adoptadas o previstas al respecto en su próxima memoria sobre la aplicación del Convenio.
Artículo 1 del Convenio. Evolución legislativa. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de Qatar de 2003
(artículo 35) y de la Ley del Trabajo núm. 14 de 2004 (artículos 93 y 98), la Comisión ha observado que ambas no
prohíben de manera eficaz la discriminación sobre todos los motivos previstos en el Convenio, en particular los de opinión
política, ascendencia nacional y origen social, y sólo protegen contra la discriminación respecto de ciertos aspectos delempleo. La Comisión ha observado también que varias categorías de trabajadores, incluyendo los trabajadores domésticos,
están excluidas de la Ley del Trabajo de 2004.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Ley del Trabajo de 2004, en conjunto con la Ley núm. 8 de2009 sobre la Administración de los Recursos Humanos de los Empleados del Estado no discriminan contra las mujeres
en el trabajo y que las leyes no establecen diferencias entre hombres y mujeres, con excepción de las diferencias en favorde las mujeres tales como la protección de la maternidad. A pesar de ello, según las estadísticas proporcionadas por el
Gobierno en su memoria, para el primer trimestre de 2015, el porcentaje de población masculina qatarí adulta activa
alcanzó el 64,7 por ciento mientras que las mujeres alcanzaron el 35,3 por ciento. La Comisión toma nota también de la
indicación del Gobierno de que no se han recibido quejas de los trabajadores en relación con el acceso a la formación
vocacional, la orientación o el igual acceso a las ocupaciones. A este respecto, la Comisión desearía subrayar que ninguna

370

sociedad está libre de discriminación y por lo tanto se requiere de medidas permanentes para eliminarla. El hecho de queno se hayan presentado quejas o reclamaciones o que su número sea muy reducido podría indicar la falta de un marco
legal apropiado, un desconocimiento de los derechos, la falta de confianza en los procedimientos, la falta de acceso
efectivo a éstos, o el temor a represalias. El temor a las represalias o a la victimización es una preocupación especial en elcaso de los trabajadores migrantes. El hecho de que no haya quejas también puede indicar que el sistema de registro deviolaciones es deficiente (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 870).
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Plan nacional de desarrollo (2011-2015), que tiene elobjetivo de aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, incluye un proyecto para mejorar lalegislación del trabajo en este sentido. La Comisión también toma nota de que el Gobierno señala que se ha sometido a las
autoridades competentes un proyecto de ley sobre los trabajadores domésticos con miras a ponerla en conformidad con el
Convenio sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticos, 2011 (núm. 189). El Gobierno señala asimismo que lostrabajadores domésticos están generalmente regidos por acuerdos bilaterales firmados por el Gobierno y los países deenvío, a los cuales se anexan en general modelos de contrato.
La Comisión observa, sin embargo, que no se envía información específica sobre las medidas prácticas adoptadas
para dar tratamiento a la discriminación por los motivos previstos en el Convenio, en particular la opinión política, laascendencia nacional y el origen social en relación con todos los aspectos del empleo y la ocupación. A este respecto, laComisión recuerda que cuando se adoptan disposiciones legales para aplicar el principio del Convenio, las disposiciones
deben explícitamente definir y prohibir la discriminación directa e indirecta, por lo menos por todos los motivos
enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio respecto de todos los aspectos del empleo y la ocupación a fin deasegurar la plena aplicación del Convenio (véase Estudio General de 2012, párrafo 854). Ante la ausencia persistente deun marco legislativo claro que brinde protección adecuada contra la discriminación en el empleo y la ocupación, laComisión una vez más insta firmemente al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar que todos los
trabajadores sin distinción están protegidos en la ley y en la práctica contra la discriminación respecto de todos losmotivos cubiertos por el Convenio, incluyendo la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. A este
respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe información específica sobre el modo en que se garantiza en la
práctica la protección contra la discriminación por los motivos cubiertos en el Convenio en relación con la formación yla orientación profesionales, el acceso al empleo y ocupaciones particulares, incluyendo la contratación, así como lostérminos y condiciones de empleo. En particular, la Comisión solicita información, entre otros, sobre el progreso
realizado o previsto en cuanto:–a la modificación de los artículos 93 y 98 de la Ley del Trabajo núm. 14 de 2004 para incluir la opinión política,la ascendencia nacional y el origen social;–a la adopción de legislación para mejorar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo como parte dela aplicación del Plan nacional de desarrollo (2011-2015);–
a la adopción de la legislación sobre los trabajadores domésticos en conformidad con el Convenio núm. 189.
La Comisión también pide al Gobierno que envíe copias de algunos de los acuerdos bilaterales mencionados,
incluyendo los modelos de contratos anexos.
Acoso sexual. La Comisión se ha estado refiriendo desde 2006 a la insuficiencia del marco legislativo en lo que
respecta a la prohibición del acoso sexual y la adecuada protección contra el mismo en el lugar de trabajo, en particular delas trabajadoras domésticas que son particularmente vulnerables a este tipo de discriminación por motivo de sexo. La
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los artículos 279 a 289 del Código Penal castiga los«crímenes de honor» y que el artículo 291 establece sanciones contra cualquier persona que «ofenda el pudor de una
mujer». La Comisión recuerda que la decisión núm. 7 de 22 de agosto de 2005 del Ministerio de la Función Pública y
Habitación no se refiere de manera expresa al acoso sexual y de que el Gobierno señaló que la ley de procedimiento penal
establece que los oficiales encargados del cumplimiento de la ley tienen la obligación de aceptar las quejas sobre losdelitos cometidos, incluido el acoso sexual y remitirlas inmediatamente al fiscal. La Comisión toma nota de la indicacióndel Gobierno de que se han presentado dos quejas por acoso sexual ante la Comisión de Derechos Humanos (NHRC) yque si bien un caso fue suspendido por falta de evidencia, otro está siendo examinado en la actualidad. La Comisión
recuerda que tratar el acoso sexual sólo a través de procedimientos penales no es suficiente, debido a la sensibilidad de lacuestión, la dificultad de la prueba (en particular si no hay testigos), lo cual ocurre con frecuencia, y el hecho de que la ley
penal se focaliza generalmente en la violación y en los actos inmorales y no en el amplio espectro de conductas queconstituye el acoso sexual en el empleo y la ocupación (Estudio General de 2012, párrafo 792). La Comisión pide una vez
más al Gobierno que tome las medidas necesarias para la adopción de disposiciones legales que expresamente definan
y prohíban tanto el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) como el ambiente de trabajo hostil dehombres y mujeres en los sectores público y privado, incluyendo a los trabajadores domésticos, y que prevea
mecanismos eficaces de reparación y sanción. La Comisión pide asimismo al Gobierno que envíe información sobre
todo progreso alcanzado a este respecto, sobre las medidas de sensibilización sobre el acoso sexual y sobre losmecanismos de recurso disponibles, incluso para los trabajadores domésticos así como sobre el número de quejas
presentadas ante la NHRC o toda otra autoridad competente, las sanciones impuestas y las reparaciones establecidas.

371

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Artículos 1 y 2. No discriminación de los trabajadores migrantes. Aplicación práctica. Al tiempo que ha
tomado nota de que la amplia mayoría de los trabajadores económicamente activos de Qatar no son qataríes (según lasestadísticas compiladas por el Ministerio de Desarrollo, Planeamiento y Estadísticas, el 93,8 por ciento de la población
activa no era qatarí en 2012), la Comisión se ha referido desde 2009 a las limitaciones existentes en la posibilidad para lostrabajadores migrantes de cambiar de empleador en el marco del sistema de patrocinio (kafala). La Comisión recuerda enparticular la exigencia de obtener el permiso del patrocinante, como resultado de lo cual los trabajadores migrantes son
más vulnerables al abuso y a la discriminación, incluyendo, pero no limitándose a los motivos enumerados en el
Convenio, tales como la raza, el color, la religión, la ascendencia nacional y el sexo. En particular, la Comisión ha tomado
nota de que la presentación de una queja o el inicio de acciones judiciales para determinar el abuso por parte delempleador son requisitos para que se otorgue el permiso para cambiar de empleador, pero que los trabajadores migrantes
se abstienen de presentar quejas debido al temor a las represalias. La Comisión también ha tomado nota de la adopción dela ley núm. 4 de 2014 que modifica el artículo 37 de la Ley del Trabajo núm. 14 establece el pago de una suma de dineroen caso de «cambio de ocupación» lo cual también contribuye a disuadir a los trabajadores migrantes para presentar
quejas. Como tal, la Comisión ha considerado permitir que los trabajadores puedan cambiar de empleador cuando son
víctimas de discriminación por los motivos enumerados en el Convenio podría permitir evitar situaciones en las que lostrabajadores migrantes son más vulnerables a los abusos. A este respecto, la Comisión toma nota de la ley núm. 21, de
27 de octubre de 2015, que regula la entrada y salida de los extranjeros y su residencia, la cual entrará en vigor en octubre
de 2016, y derogará la ley núm. 4 de 2009. La Comisión desea reenviar al Gobierno a sus comentarios formulados en el
marco del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) en relación con las principales características de esta nueva
ley. En dicho comentario la Comisión observa que la ley núm. 21, de 27 de octubre de 2015, no parece permitir latransferencia de un trabajador extranjero a otro empleador inmediatamente después del fin del contrato de duración
limitada o después de un período de cinco años, sin el consentimiento del empleador, si el contrato no especifica la
duración (artículo 21.2); de manera similar, en virtud de la nueva ley, el empleador puede objetar la partida del país de un
trabajador extranjero en cuyo caso este último tendrá el derecho de apelar (artículos 7.2 y 7.3). En consecuencia, laComisión lamenta tomar nota que en virtud de la ley núm. 21 de 2015, los empleadores continuarán teniendo un rol
significativo en la reglamentación de la partida o transferencia de los trabajadores migrantes. Observando que la nueva
ley no elimina el sistema de patrocinio, tal como se anunciara en la memoria del Gobierno, la Comisión le pide una vez
más que elimine las restricciones y obstáculos que limitan la libertad de movimiento de los trabajadores migrantes yque les impiden dar por terminada su relación de empleo y que les brinde adecuada flexibilidad, en particular a lostrabajadores domésticos para cambiar de empleador cuando son objeto de discriminación por los motivos previstos en
el Convenio. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la ley núm. 21, de
27 de octubre de 2015, es modificada antes de que entre en vigor en octubre de 2016. Además, la Comisión pide al
Gobierno que:–envíe copias de los nuevos contratos de trabajo utilizados por reclutadores y empleadores al contratar a lostrabajadores migrantes, así como información sobre las medidas adoptadas o previstas por el Gobierno paragarantizar que estos contratos están en conformidad con el Convenio;–
envíe información sobre el número y la naturaleza de las quejas relativas a los casos de discriminación en el
empleo presentadas por los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos, al Departamento de
Relaciones del Trabajo, al Departamento de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos (NHRC)
y que incluya toda reparación acordada y sanción impuesta. Sírvase enviar una copia de toda decisión pertinente
de dichas instituciones;–
envíe información sobre las medidas adoptadas o previstas para proteger contra la discriminación en el empleo yla ocupación a los trabajadores migrantes cuyos contratos no han llegado a la fecha de expiración.
Artículo 2. Igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Tomando nota de que en 2012, lasmujeres constituían únicamente el 12,78 por ciento de la población económicamente activa, la Comisión solicitó al
Gobierno en su comentario anterior, que proporcionara información sobre las medidas adoptadas o previstas con el fin depromover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación y para combatir las
opiniones estereotipadas sobre los trabajos convenientes para hombres y mujeres. Además tomó nota de que, en sus
conclusiones, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
manifestó su preocupación por «la persistencia de estereotipos profundamente arraigados en lo concerniente a las
funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y la sociedad, que sobredimensiona la función de lamujer como cuidadora» (documento CEDAW/C/QAT/CO/1, de 10 de marzo de 2014, párrafo 21).
La Comisión toma nota de la lista de programas elaborados por el Departamento de Desarrollo Familiar durante
2014-2015, específicamente un programa de formación centrado en la gestión organizativa, y un estudio relativo al
incremento de guarderías y jardines de infantes. Además, toma nota de la información estadística facilitada por el
Gobierno en relación con la participación de mujeres y hombres, que indica que la participación de las mujeres en el
trabajo no agrícola disminuyó del 15 por ciento en 2006 al 12,8 por ciento en 2013. La Comisión toma nota de que elGobierno señala que la tasa general de participación de la mujer en el trabajo permanece en casi el 13 por ciento de la
población activa. Asimismo, toma nota de que en la población no económicamente activa, el 65 por ciento de las mujeresestán ocupadas en tareas domésticas, mientras que el 73 por ciento de los hombres se dedican al estudio.
372

La Comisión recuerda que los estereotipos sobre las aspiraciones y capacidades de las mujeres, así como sobre sus
actitudes para realizar ciertos trabajos o su interés o capacidad para llevar a cabo trabajos a tiempo completo, siguen
provocando la segregación de hombres y mujeres en la educación y la formación y, por consiguiente, también en el
mercado de trabajo (véase Estudio General de 2012, párrafo 783). Además recuerda que la principal obligación de losEstados ratificantes es formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato
en materia de empleo y ocupación, y que esta política debe ser efectiva. La Comisión pide al Gobierno que facilite
información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas, con el fin de promover la igualdad de oportunidades yde trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Concretamente, pide al Gobierno que proporcione
información sobre las medidas adoptadas o previstas para combatir las opiniones estereotipadas sobre los trabajos
convenientes para hombres y mujeres, así como también sobre las medidas destinadas a prestar asistencia a las
mujeres en su transición a la actividad económica tales como, por ejemplo, la formación profesional para obteneracceso a una amplia gama de ocupaciones y empleos remunerados, especialmente aquellos que tengan oportunidadesde ascenso y promoción. A este respecto, la Comisión acoge con agrado el plan para incrementar el número deguarderías y jardines de infantes, y solicita mayor información sobre la aplicación del plan. La Comisión pide también
al Gobierno que comunique estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo y origen social, sobre la participación dehombres y mujeres en los diversos sectores de la actividad económica y en cada nivel de las diversas ocupaciones, tantoen el sector público como en el privado, así como estadísticas sobre la participación tanto de las mujeres qataríes como
no qataríes en la educación y la formación profesional.
Aplicación. La Comisión recuerda que anteriormente solicitó al Gobierno que enviara información sobre lasactividades efectuadas por el Departamento de Inspección del Trabajo, así como información detallada sobre las quejas
presentadas ante el Departamento de Derechos Humanos, el Departamento de Relaciones Laborales y la NHRC, así como
cualquier otro órgano administrativo o autoridad judicial. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el
Departamento de Inspección del Trabajo no ha observado infracciones relativas a la discriminación en el empleo y laocupación, y que tampoco se han presentado quejas en esa materia ante el Departamento de Derechos Humanos, el
Departamento de Relaciones Laborales o la NHRC. A este respecto, la Comisión destaca nuevamente el papel que
desempeña la inspección del trabajo para vigilar el cumplimiento de los criterios de igualdad y diversidad en el lugar detrabajo y reitera la importancia de formar a inspectores del trabajo con el fin de mejorar sus capacidades para prevenir,
detectar y subsanar los casos de discriminación. La Comisión se refiere a este respecto a sus comentarios relativos a laaplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). La Comisión pide una vez más al Gobierno que
facilite información sobre las actividades efectuadas por el Departamento de Inspección del Trabajo, entre otras, sobre
el número y la naturaleza de las infracciones detectadas en relación con la discriminación en el empleo y la ocupacióny sobre los resultados de dichas actividades. La Comisión pide también al Gobierno que facilite información sobre lasmedidas adoptadas o previstas para formar a inspectores del trabajo con el fin de mejorar sus capacidades para
prevenir, detectar y subsanar los casos de discriminación. La Comisión también pide al Gobierno que siga facilitando
información sobre el número y naturaleza de las quejas relativas a casos de discriminación en el empleo y ocupación
presentadas ante el Departamento de Derechos Humanos, el Departamento de Relaciones Laborales y la NHRC, asícomo cualquier otro órgano administrativo o autoridad judicial, las medidas de reparación proporcionadas y las
sanciones impuestas. Sírvase también comunicar copias de las decisiones pertinentes de estas decisiones y autoridades.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Reino Unido
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Parte IV del formulario de memoria. Aplicación. La Comisión toma nota de la adopción de la ordenanza sobre lastarifas de los tribunales de trabajo y las cámaras de apelación del trabajo de julio de 2013 que introduce una tarifa para iniciar
actuaciones en los tribunales de trabajo. La Comisión toma nota de que según las estadísticas compiladas por el Ministerio deJusticia, desde la introducción de tales tarifas, el número de las quejas por discriminación ha disminuido considerablemente, en
particular, aquellas relacionadas con cuestiones de igualdad de remuneración. La Comisión toma nota de que si se compara elperíodo de octubre a diciembre de 2013 (primer trimestre en que las tarifas fueron establecidas) con el período de octubre a
diciembre de 2012, los tribunales recibieron 83 por ciento menos reclamos por igualdad de remuneración. La Comisión toma nota
de que la tendencia decreciente ha continuado. La Comisión entiende que la introducción de las tarifas ha sido objeto de unrecurso ante las autoridades judiciales. La Comisión considera que establecer tarifas elevadas para poder presentar quejas sobre
discriminación puede constituir un obstáculo en el goce de los derechos establecidos en el Convenio, en particular teniendo en
cuenta que ello afecta principalmente a los más vulnerables a la discriminación. La Comisión pide al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores pueden, en la práctica, hacer valer eficazmente sus derechos
ante los tribunales. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno, teniendo en cuenta las estadísticas existentes sobre la
abrupta reducción de las quejas sobre discriminación presentadas ante los tribunales de trabajo, que revea las tarifas
establecidas por la ordenanza sobre las tarifas de los tribunales de trabajo y las cámaras de apelación de trabajo de 2013 y que
continúe enviando información estadística sobre la evolución en el número de quejas presentadas. Sírvase enviar información
sobre la decisión adoptada en el recurso judicial contra las mencionadas tarifas.

373

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Gibraltar
Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Evaluar y abordar la brecha de remuneración por motivo de género. La Comisión
toma nota de que según el informe de la encuesta sobre el empleo publicado en 2013 por el Departamento de Estadística,la brecha salarial por motivo de género se redujo ligeramente, pero sigue siendo significativa. Tomando como base losingresos medios mensuales de los empleados a tiempo completo, la brecha salarial por motivo de género se redujo,
pasando de un 27 por ciento en 2009 a un 26 por ciento en 2013. Sobre la base de los ingresos medios semanales de losempleados a tiempo completo, la brecha también se redujo pasando de un 33 por ciento en 2009 a un 32 por ciento en
2013. La Comisión toma nota según el informe de la encuesta sobre el empleo, de la persistente segregación profesionalvertical y horizontal por motivo de género en Gibraltar, en donde, por ejemplo, en 2013, las mujeres ocupaban sólo el
26 por ciento de los puestos directivos y de funcionarios superiores a tiempo completo, al tiempo que representaban el
69 por ciento de la fuerza de trabajo administrativa y de secretaría. La Comisión también toma nota de que según lamemoria del Gobierno, el Ministerio de la Empresa, Formación y Empleo ha establecido un Departamento deInvestigación que tiene la función de realizar estadísticas detalladas sobre la composición de la fuerza de trabajo,
desglosadas por edad, género y calificaciones, y por sector económico. La Comisión pide al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para dar tratamiento a la persistente brecha de remuneración por motivo de género, incluyendo
medidas para promover el acceso de las mujeres a una gama más amplia de trabajos que tengan perspectivas decarrera y un salario más elevado, y que transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita estadísticas detalladas, desglosadas por sexo, sobre los ingresosde hombres y mujeres y sobre la brecha salarial basada en el género en todos los sectores de la economía, así como
todos los estudios que realice el Departamento de Investigación en los que se determinen las causas subyacentes a esa
brecha.
Legislación. La Comisión toma nota de que el artículo 31 de la Ley de Igualdad de Oportunidades, de 2006,
permite que hombres y mujeres presenten quejas sobre igualdad de remuneración a sus empleadores utilizando elementos
de comparación utilizados por el mismo empleador o por cualquier empleador asociado en Gibraltar. La Comisión
recuerda que la aplicación del principio consagrado en el Convenio no se limita a la comparación entre hombres y mujeres
en un mismo establecimiento o en una empresa asociada, sino que permite una comparación mucho más amplia entre losempleos desempeñados por hombres y mujeres en distintos lugares o empresas, o entre distintos empleadores. Habida
cuenta de que sigue prevaleciendo la segregación laboral por razones de sexo, es fundamental garantizar que el alcance dela comparación sea amplio para que pueda aplicarse el principio de igualdad de remuneración (véase el Estudio General de2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 697-699). La Comisión pide al Gobierno que considere examinar laposibilidad de revisar el artículo 31 de la Ley de Igualdad de Oportunidades, de 2006, para garantizar que el derecho ala igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor no se limita al mismo empleador oa un empleador asociado. Mientras tanto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información concreta
sobre la aplicación en la práctica del artículo 31 de dicha ley, incluyendo todas las decisiones administrativas ojudiciales en materia de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Artículos 2 y 3. Aplicación del principio en el sector público. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica
que el sector público tiene escalas salariales y descripciones de los puestos de trabajo específicas que se aplican
independientemente del género y que, por consiguiente, respetan el principio de igualdad de remuneración entre hombres
y mujeres por un trabajo de igual valor. A este respecto, la Comisión señala al Gobierno que la adopción y aplicación deescalas salariales sin distinción de sexo en la administración pública no resulta suficiente para excluir todos los tipos dediscriminación basada en el género en lo que respecta a la remuneración. De hecho, esta discriminación puede estar
enraizada en criterios utilizados para la clasificación de los trabajos y el establecimiento de escalas salariales, incluida lainfravaloración de un trabajo realizado principalmente por mujeres, o deberse a las desigualdades resultantes de laconcesión de determinadas prestaciones accesorias (bonos, indemnizaciones, subsidios, etc.) a las que hombres y mujeres
no tienen acceso en igualdad de condiciones legales o prácticas. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión pide al
Gobierno que indique la forma en que garantiza la aplicación del principio de igualdad de remuneración (salarios
básicos y emolumentos adicionales) entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que indique si ya se harealizado o está previsto realizar alguna evaluación objetiva de los trabajos en la administración pública.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

374

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

San Vicente y las Granadinas
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)
Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno señala queno ha habido avances en la modificación del artículo 3, párrafo 1, de la Ley de 1994 sobre Igualdad de Remuneración queestablece que a igual trabajo igual salario, lo cual no está en conformidad con el principio de igualdad de remuneración
entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para
modificar sin demora el artículo 3, párrafo 1, de la Ley sobre Igualdad de Remuneración para que la legislación
establezca la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, como exige elConvenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre los avances en la materia.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Santa Lucía
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1983)
Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. La Comisión recuerda que la Ley sobre Igualdad deOportunidades y de Trato en el Empleo y la Ocupación, de 2000, no contiene una definición del término «remuneración». La
Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 6, de 2011, de enmienda del Código del Trabajo, que modifica el artículo 95
del Código del Trabajo, de 2006, a fin de incluir la definición de «remuneración total» por la que se entienden «todos los salarios
básicos pagados al trabajador o que éste tiene derecho a recibir por parte de su empleador o empleadora por trabajos realizados oservicios prestados al empleador durante el período de su empleo». La Comisión toma nota de que el artículo 2 del Código delTrabajo, continúa excluyendo de la definición de salarios el pago de horas extraordinarias, comisiones, gastos de servicios,
alojamiento, vacaciones pagadas y otras asignaciones. La Comisión recuerda que el Convenio establece una definición muy ampliadel término «remuneración» en el artículo 1, a), que comprende no sólo «el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo» sinotambién «cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, enconcepto del empleo de éste último» (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 686). La
Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 95 del Código del Trabajo, paragarantizar que al menos a los efectos de la aplicación del principio del Convenio, el concepto de remuneración comprenda nosolamente el sueldo básico sino también cualquier prestación o asignación adicional derivadas del empleo del trabajador.
Salarios y prestaciones diferentes para hombres y mujeres. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de lo
previamente anunciado por el Gobierno a este respecto, la ley núm. 6, de 2011, de enmienda al Código del Trabajo, no deroga lasleyes y reglamentos vigentes que establecen tasas salariales diferentes para hombres y mujeres ni revoca la Ley sobre Contratos
de Trabajo, que prevé diferentes edades para hombres y mujeres respecto al derecho de indemnización por despido. La Comisión
insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas sin demora para garantizar que todas las leyes y reglamentos que
establecen salarios diferentes para hombres y mujeres, así como también la Ley sobre Contratos de Trabajo que prevé edades
diferentes para hombres y mujeres respecto del derecho a indemnización por cese, sean derogadas. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Árabe Siria
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1957)
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual está comprometido a respetar la Constitución yel derecho internacional. La Comisión recuerda que este Convenio es uno de los convenios de derechos humanos
fundamentales.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Evolución legislativa. La Comisión recuerda que el artículo 75, b), de la Ley delTrabajo, de 2010, define «trabajo de igual valor» como «trabajo que requiere iguales calificaciones científicas ycompetencias profesionales, acreditadas por un certificado de experiencia laboral», lo que puede limitar indebidamente laaplicación del principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, como prevé elartículo 75, a), dado que no parece permitir una comparación de los trabajos que requieren diferentes calificaciones ycompetencias, y que son, no obstante, de igual valor. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la
finalidad del artículo 75, b), es aclarar el significado del artículo 75, a), en la ley y en la práctica y no niega la posibilidad
de comparar trabajos que requieren diferentes calificaciones y competencias, y que son, no obstante, de igual valor. La
Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica del artículo 75 de la nueva Ley delTrabajo, incluida toda decisión administrativa o judicial que confirme la posibilidad de comparar trabajos realizados

375

Igualdad de oportunidades yde trato

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

por hombres y mujeres de naturaleza totalmente diferente, y que requieren diferentes calificaciones y competencias,para determinan si son de igual valor, en virtud del artículo 75, a).
Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna
información sobre medidas concretas adoptadas para determinar la naturaleza, la extensión y las causas de lasdesigualdades en la remuneración que existen en la práctica. En este sentido, el Gobierno reitera que no se registró en el
sector privado ninguna queja sobre discriminación en la remuneración y que, en el sector público, no existen casos dediscriminación en la remuneración entre hombres y mujeres; y que no se han dictado sentencias judiciales en este sentido.
La Comisión recuerda que, cuando no se presentan quejas o denuncias, o son muy pocas, esto puede indicar una falta deun marco jurídico adecuado, una falta de sensibilización respecto de los derechos, una falta de confianza, una ausencia deacceso práctico a los procedimientos, o temor de represalias. La ausencia de quejas o denuncias de discriminación en la
remuneración podría también indicar que el sistema de registro de las violaciones se ha desarrollado de manera
insuficiente (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 870). La Comisión insta una vez
más al Gobierno a que adopte medidas para evaluar y determinar la naturaleza, la extensión y las causas de lasdesigualdades en la remuneración que existen en la práctica entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en
los sectores público y privado, y a que identifique medidas específicas para abordar tales desigualdades. La Comisión
pide asimismo al Gobierno que sensibilice a las autoridades competentes y a los trabajadores, los empleadores y susorganizaciones acerca de la legislación pertinente, y que aumente la capacidad de las autoridades competentes,
incluidos jueces, inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos, de identificar y abordar los casos deremuneración desigual, y de examinar si las disposiciones sustantivas y procedimentales aplicables permiten, en la
práctica, que se presenten con éxito las reclamaciones.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)
Artículos 1 a 3 del Convenio. No discriminación e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres
en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de la ausencia, en la memoria del Gobierno, nueva información
sobre las medidas adoptadas para promover la participación de la mujer en el empleo y la ocupación y la formación
profesional, y abordar la segregación ocupacional, así como los persistentes estereotipos sobre la función de la mujer en lasociedad, entorpeciendo su participación en el mercado laboral. La Comisión toma nota del más reciente informe de laComisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, según el cual el impacto delconflicto armado en la vida de mujeres y niñas, incluido un aumento del número de hogares encabezados por mujeres, lascuales son con frecuencia los cuidadores y proveedores principales de sus familias (documento A/HRD/30/48, de 13 deagosto de 2015). La Comisión toma nota asimismo de que en sus conclusiones el Comité para la Eliminación de laDiscriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación ante la persistencia y la exacerbación de actitudes yestereotipos profundamente arraigados respecto de las funciones y responsabilidades de las mujeres, en la familia y en lasociedad, y ante la precaria situación de las mujeres rurales, cuyo derecho a la productividad, a la subsistencia y al acceso
a la tierra, es violado sistemáticamente en el conflicto. Al mismo tiempo el CEDAW tomó nota de las acciones
emprendidas por el Gobierno para garantizar los trabajos y los sueldos de las mujeres empleadas en instituciones
gubernamentales y para ejecutar proyectos de generación de ingresos y programas de formación profesional destinados alas mujeres cabezas de familia que han sido afectadas por el conflicto (documento CEDAW/C/SYR/CO/2, de 18 de julio
de 2014, párrafos 21, 41 y 43). Mientras que reconoce la complejidad de la situación en el terreno debido al conflicto
armado y a la presencia de grupos armados en el país, la Comisión toma nota del impacto del conflicto en la vida demujeres y niñas, especialmente de las mujeres en el sector rural, y de las mujeres que son cabeza de familia e insta al
Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para abordar la discriminación, incluido el acoso y la violencia degénero contra las mujeres, que afectan sus derechos previstos en el Convenio. La Comisión insta al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para abordar la precaria situación de las mujeres que son cabeza de familia y de las
mujeres en el sector rural, incluyendo medidas encaminadas a promover su acceso a oportunidades económicas en
igualdad de condiciones así como su acceso a la tierra y a los recursos, para llevar a cabo sus actividades.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sudáfrica
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 2000)
Artículo 1 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota coninterés de que tras la adopción de la Ley de Enmienda de la Ley sobre Igualdad en el Empleo, de 2013, que modifica la
Ley sobre Igualdad en el Empleo, de 1998, se añadió un nuevo párrafo al artículo 6 de esta última ley (EEA, en su tenor
enmendado) que establece que una diferencia en los términos y condiciones de empleo entre trabajadores que realizan elmismo o sustancialmente el mismo trabajo o un trabajo de igual valor es una discriminación injusta. La Comisión también
toma nota con interés de la adopción del reglamento de equidad en el empleo, del 1.º de agosto de 2014, y del Código de376

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

buenas prácticas sobre igualdad de remuneración/remuneración por un trabajo de igual valor, de 1.º de junio de 2015, que
también hacen referencia al trabajo de igual valor. La Comisión también toma nota de que el Código de buenas prácticas
tiene una definición de la remuneración que incluye «todo pago en dinero o en especie, o ambos a la vez o debido a una
persona a cambio del trabajo que realiza para otra persona» incluido el Estado. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione información sobre la aplicación práctica de la EEA, en su tenor enmendado, y sobre el reglamento deigualdad en el empleo, de 2014, así como del Código de buenas prácticas sobre igualdad deremuneración/remuneración por un trabajo de igual valor. Sírvase facilitar información específica sobre el impacto
concreto de esas medidas legislativas en la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres ymujeres por un trabajo de igual valor y los obstáculos y dificultades encontrados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno

Legislación. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley sobre Igualdad en el Empleo(enmendada) de 2013, que modifica la Ley sobre la Igualdad en el Empleo de 1998, así como el reglamento sobre laigualdad en el empleo de 2014, y del Código de Buenas Prácticas sobre la Igualdad de Remuneración/Salario por un
Trabajo de Igual valor, de 1.º de junio de 2015. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual losobjetivos principales de las enmiendas introducidas en la Ley sobre la Igualdad en el Empleo de 1998 consistían en queésta fuera más específica sobre el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y en fortalecer losmecanismos de cumplimiento y aplicación de la ley, en particular, mediante el aumento de las multas. La Comisión toma
nota de que el artículo 6, 1), de la Ley sobre Igualdad en el Empleo de 1998, en su versión enmendada de 2013, incluye enla lista de motivos injustos de discriminación una disposición sobre la discriminación basada en razones arbitrarias; que seha aclarado la carga de la prueba en relación con la discriminación injusta tanto por motivos incluidos en la lista como
arbitrarios; y que la Comisión de conciliación y arbitraje puede ejercer a partir de ahora de árbitro en casos dediscriminación, en particular, en casos de acoso sexual. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre
la aplicación en la práctica de la Ley sobre Igualdad en el Empleo de 1998, en su versión enmendada de 2013, delreglamento sobre igualdad en el empleo de 2014, y del Código de Buenas Prácticas sobre Igualdad deRemuneración/Salario por Trabajo de Igual Valor con respecto a los aspectos cubiertos por el Convenio. La Comisión
pide asimismo al Gobierno que proporcione información sobre cualesquiera otros motivos arbitrarios que hayan sido
considerados por decisiones administrativas o judiciales, así como sobre todos los casos de discriminación tratados porla Comisión de derechos humanos, la Comisión sobre igualdad en el empleo, la Magistratura del Trabajo y la
Comisión de conciliación y arbitraje con respecto al principio de igualdad y no discriminación en el empleo y laocupación.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Trinidad y Tabago
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Evaluar y abordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La
Comisión toma nota de que, con arreglo a las estadísticas proporcionadas por el Gobierno sobre los ingresos mensuales
medios según el sexo y el grupo profesional, en 2012 la brecha de remuneración entre hombres y mujeres era de entre un
10 por ciento (para los técnicos y los profesionales de nivel medio) y un 41,8 por ciento (para los trabajadores de losservicios y los vendedores). Las estadísticas sobre los ingresos mensuales medios según el sexo y el sector también ponende relieve la brecha salarial a favor de los hombres que oscilaba (excepto en la construcción) entre un 1,7 por ciento en eltransporte, el almacenamiento y la industria de la comunicación y un 50 por ciento en la industria azucarera en 2010. La
Comisión acoge con agrado el aumento del salario mínimo nacional que se produjo en enero de 2011, y recuerda que
generalmente las mujeres predominan en los empleos de bajos salarios y de que un sistema de salarios mínimos nacional
uniforme contribuye a aumentar los ingresos de los peor remunerados, éste influirá en la relación salarial entre hombres ymujeres y en la disminución de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres (véase Estudio General de 2012 sobre
los convenios fundamentales, párrafos 682-685). Tomando nota de que en su memoria el Gobierno se compromete aabordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres y la segregación ocupacional por motivo de género, laComisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas concretas que se han tomado y sobre losprogresos realizados a este respecto. Sírvase continuar transmitiendo información estadística detallada sobre la
remuneración de hombres y mujeres según los grupos profesionales y sectores, así como información sobre el salario
mínimo.
Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que la Ley de
Igualdad de Oportunidades, de 2000, no contiene disposiciones específicas sobre la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. El Gobierno indica que, al dar efecto a la ley, los tribunales tratarán ladesigualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor como discriminación basada en el377

Igualdad de oportunidades yde trato

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1997)

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

sexo. Asimismo, indica que la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades reconoce que el concepto de «trabajo de igual
valor» es un elemento esencial del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un
trabajo de igual valor y la promoción de la igualdad. Al tiempo que toma nota de las indicaciones del Gobierno, laComisión quiere recordar que prohibir únicamente la discriminación salarial basada en el sexo normalmente no resulta
suficiente para aplicar de manera efectiva el principio del Convenio, ya que no se tiene en cuenta el concepto de «trabajode igual valor». La Comisión insta de nuevo al Gobierno a tomar medidas para dar plena expresión legislativa alprincipio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y le pide que transmita
información sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.
Convenios colectivos. Desde 2000, la Comisión ha pedido al Gobierno que transmita información sobre losprogresos realizados para suprimir las cláusulas discriminatorias en materia de género de los convenios colectivos. La
Comisión toma nota de que una vez más la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Sin embargo,
la Comisión lamenta tomar nota de que en el nuevo convenio colectivo para 2011-2013 sobre salarios y condiciones deservicio de los empleados de la Corporación de Puerto España cuyas tasas salariales son horarias, diarias o semanales
sigue utilizándose una terminología específica para cada sexo para las categorías de trabajadores que no son neutras enmateria de género (por ejemplo, engrasador (greaseman), conductor de carretilla (batteryman), vigilante (watchman),encargado de mantenimiento (handyman), limpiadora (charwoman), recolectora de desechos (female scavenger), obrera(labourer female), obrero (labourer male), etc.). La Comisión quiere recordar que, al definir las diversas profesiones yempleos a efectos de la determinación de los salarios mínimos, se debería utilizar una terminología sin connotaciones degénero para evitar los estereotipos relativos al desempeño por hombres o por mujeres de determinados trabajos (véase
Estudio General de 2012, párrafo 683). La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se garantiza que, al
determinar las tasas salariales en los convenios colectivos, los interlocutores sociales tienen efectivamente en cuenta yaplican el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que el
trabajo de las mujeres no se infravalora en comparación con el de los hombres que aunque sea diferente y requiera
otras capacidades globalmente tiene el mismo valor. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita
información sobre los progresos realizados en cuanto a eliminar las cláusulas discriminatorias en materia de género
de los convenios colectivos, y que adopte medidas, en colaboración con las organizaciones de empleadores y detrabajadores, para promover el uso de una terminología sin connotaciones de género al mencionar los diversos
trabajos y profesiones en los convenios colectivos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1970)
Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación basada en el sexo. Durante casi veinte años la Comisión haexpresado su preocupación acerca del carácter discriminatorio de diversas disposiciones que prevén que se pueda poner
fin al contrato de una funcionaria casada si sus obligaciones familiares afectan al desempeño eficaz de sus funciones. A
este respecto, la Comisión acoge con agrado el hecho de que el Gobierno indique que la regla 57 del Reglamento de laComisión de la Administración Pública fue revocada en 1998 y la regla 58 del Reglamento de la Comisión del Servicio
Estatutario de las Autoridades fue revocada en 2006. Asimismo, el Gobierno indica que la regla 52 del Reglamento de laComisión de la Policía, que establece que designación de las mujeres policías casadas puede darse por terminada
aduciendo que sus obligaciones familiares están afectando al desempeño eficaz de sus funciones, se presentará a laComisión del Servicio de Policía para su examen. La Comisión también recuerda el impacto potencialmente
discriminatorio del artículo 14, 2), del Reglamento de la Administración Pública, que requiere que una funcionaria que
contraiga matrimonio lo notifique a la Comisión de la Función Pública. La Comisión pide al Gobierno que adopte lasmedidas necesarias para revocar la regla 52 del Reglamento de la Comisión de la Policía a fin de eliminar esta
disposición discriminatoria de larga data, y que transmita información sobre todos los progresos realizados a este
respecto. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas paraenmendar el artículo 14, 2), del Reglamento de la Administración Pública a fin de eliminar todo impacto
potencialmente discriminatorio, por ejemplo al exigir la notificación del cambio de nombre de los hombres y las
mujeres.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Turquía
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de las observaciones de la Confederación de
Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, respaldadas por la Organización
Internacional de Empleadores (OIE). La Comisión también toma nota de las observaciones de la Confederación de
Sindicatos de Empleados Públicos (KESK), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno recibida
el 12 de noviembre de 2014. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos

378

Turcos (TÜRK-IS), de la Confederación de Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IS) y de la Confederación de Sindicatosde Empleados Públicos (KESK), así como de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), quese adjuntan a la memoria del Gobierno.
Segregación en el empleo y brecha salarial de género. La Comisión toma nota de que según indica la TÜRK-IS,
puede exceptuarse a los empleadores de aplicar disposiciones legales en determinados sectores en los que trabaja una granproporción de mujeres, tales como la industria textil, el sector de la alimentación y el turismo, en los cuales se remunera alos trabajadores «de acuerdo con el trabajo realizado». Asimismo TÜRK-IS indica que debido a la escasa educación
adquirida, las mujeres ocupan empleos poco calificados y con bajas remuneraciones. La Comisión también toma nota deque la KESK señala que las formas de empleo caracterizadas por la flexibilidad e inseguridad amplían la brecha salarial degénero y perpetúan en la familia la división de tareas por motivo de género. La Comisión también toma nota de que según
datos del perfil por país preparado en 2013 para la utilización de la Comunidad Europea, titulado «La situación actual dela igualdad de género en Turquía», la tasa de empleo de la mujer entre 2002 y 2012 se incrementó del 22,7 al 28,7 por
ciento. Sin embargo, la segregación horizontal es más pronunciada que en los países europeos tanto por sectores como por
ocupaciones, aunque la tasa de finalización de la educación terciaria de la mujer en Turquía se incrementó del 6,6 por
ciento en 2002 al 10,6 por ciento en 2012. Según el estudio, las cifras muestran una distribución tradicional de los campos
de estudio según el género, con la mayoría de las mujeres en el sector de la salud y bienestar (61 por ciento). La Comisión
también toma nota de que según las estadísticas suministradas por el Gobierno, la brecha salarial es del 19,4 por ciento
entre los profesionales; 7,4 por ciento entre los técnicos y profesionales auxiliares; 7,4 por ciento entre los empleados deoficina y vendedores; 16,6 por ciento entre los artesanos; y 24,1 por ciento entre los operadores de instalaciones,
maquinistas y montadores. La Comisión pide al Gobierno que asegure que en todos los sectores, incluidos aquellos en
los que las mujeres están más representadas, apliquen la legislación salarial en vigor. Además, la Comisión pide al
Gobierno que continúe adoptando medidas proactivas para reducir la segregación en el empleo por motivo de género,
incluyendo la promoción de los estudios y la formación profesional de la mujer en sectores principalmente ocupados
por los hombres con objeto de incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral. Sírvase facilitar
estadísticas sobre la actividad laboral de hombres y mujeres por sector y ocupación, desglosadas por sexo.
Artículos 1 y 4 del Convenio. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
Formación y sensibilización con la cooperación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En sus
comentarios anteriores, la Comisión instó al Gobierno a que llevara a cabo actividades específicas destinadas a mejorar lacomprensión y sensibilización acerca del principio del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere ala creación de una Plataforma para la igualdad en el trabajo, establecida en 2013, con el objetivo de reducir la desigualdad
por motivo de género, con la participación del sector empresarial. En abril de 2013, 78 empresas pasaron a ser miembrosde la plataforma y suscribieron una declaración de igualdad en el trabajo, uno de cuyos objetivos es la «igualdad deremuneración por un trabajo igual». El Gobierno también se refiere al galardón por la igualdad de género en la vida
laboral cuyo objetivo es recompensar a las empresas que apliquen la igualdad de las remuneraciones. El Gobierno también
informa que entre 2009 y 2013, se llevaron a cabo 26 sesiones de formación. La Comisión recuerda en este sentido quecon arreglo al artículo 5, 4), de la Ley del Trabajo «no se autoriza la diferencia de remuneraciones por trabajos similares o
por un trabajo igual valor», un concepto que se encuentra en conformidad con el Convenio que establece la «igualdad deremuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor». La Comisión
recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor», previsto en el artículo 5, 4), de la Ley del Trabajo, constituye elnúcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y lapromoción de la igualdad y que va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», «el mismo» o«similar», y también engloba trabajos que son de naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual
valor. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y deempleadores, lleve a cabo actividades específicas destinadas a mejorar la comprensión y sensibilización acerca delprincipio del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que garantice que éstas no se limiten a la igualdad deremuneración por un trabajo igual sino que hagan referencia al «trabajo de igual valor», y que proporcione
información al respecto.
Artículo 3. Evaluación objetiva del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la
información proporcionada por la TISK sobre la formación y la utilización de métodos de evaluación del empleo por sus
afiliados. El Gobierno también indicó que el proyecto de Código de las Obligaciones de Turquía incluye disposiciones
relativas al Convenio y que estaba siendo examinado por la Asamblea General. La Comisión toma nota de que la memoriadel Gobierno no contiene nueva información a este respecto, además, la TISK indica que la labor iniciada prosiguió
durante 2014. Recordando la importancia de elaborar y aplicar métodos de evaluación objetiva del empleo paraeliminar las diferencias persistentes en la remuneración por motivos de género, la Comisión pide al Gobierno que
adopte medidas específicas para promover esos métodos como se prevé en el artículo 3 del Convenio, en los sectores
público y privado. La Comisión también pide al Gobierno que facilite información sobre todo progreso relativo alproyecto de Código de las Obligaciones de Turquía, para asegurar que la igualdad de remuneración para hombres ymujeres por un trabajo de igual valor sea un objetivo explícito de toda evaluación objetiva del empleo.
Inspección del trabajo y cumplimiento efectivo. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno contiene
nueva información a este respecto. La Comisión insiste una vez más en el papel fundamental de los inspectores del trabajo

379

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOen la aplicación del principio del Convenio, así como del artículo 5, 4), de la Ley del Trabajo y subraya a este respecto laimportancia de impartir una formación adecuada a los inspectores del trabajo. La Comisión pide al Gobierno una vez más
que adopte las medidas necesarias para compilar y publicar información sobre la naturaleza específica y el resultado
de las quejas e infracciones relativas a la discriminación y la igualdad de remuneración examinadas por losinspectores del trabajo. Asimismo, pide al Gobierno que vele por que los inspectores del trabajo estén sensibilizados
acerca del principio del Convenio y que proporcione información sobre toda medida adoptada o actividades llevadas acabo para abordar la igualdad de género y especialmente la igualdad de remuneración por la Institución de Derechos
Humanos de Turquía y la Institución del Defensor del Pueblo recientemente establecidas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de 2014, así como de las observaciones de la Confederación de
Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, apoyada por la Organización
Internacional de Empleadores (OIE). La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la
Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (KESK), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta delGobierno recibida el 12 de noviembre de 2014. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Confederaciónde Sindicatos Turcos (TÜRK-IS), la Confederación de Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IS) y de la KESK, así comolas de la TISK, que se adjuntaron a la memoria del Gobierno.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación basada en motivos de opinión política. La Comisión ha venido
solicitando desde hace varios años al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de la Ley
Antiterrorista y del Código Penal en los casos contra periodistas, escritores y editores por expresar sus opiniones políticas.
A este respecto, la Comisión toma nota de que la TÜRK-IS reitera que cientos de periodistas han sido detenidos ocondenados por expresar sus puntos de vista. Además, también deben hacer frente a acciones judiciales debido a sus
opiniones políticas. La Comisión lamenta profundamente tomar nota de que una vez más el Gobierno no haproporcionado información alguna sobre esta cuestión. La Comisión pide al Gobierno que adopte sin demora todas lasmedidas necesarias para garantizar que no se imponen restricciones a ningún periodista, escritor o editor en elejercicio de su empleo u ocupación por haber expresado opiniones políticas. La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que facilite información sobre la aplicación en la práctica de la Ley Antiterrorista y del Código Penal en los
casos contra periodistas, escritores y editores, así como de todas las acciones judiciales en su contra, indicando las
acusaciones presentadas y los resultados de las mismas.
Discriminación en la contratación y selección de personal. Desde hace varios años la Comisión se ha venido
refiriendo al hecho de que el artículo 5, 1), del Código del Trabajo, prohíbe cualquier discriminación en las relaciones deempleo basada en la lengua, raza, sexo, opinión política, creencias filosóficas, religión y secta, o por motivos análogos,
aunque esta disposición no prohíbe la discriminación en el proceso de contratación. A este respecto, la Comisión también
tomó nota de que el artículo 122 del Código Penal impone sanciones penales a los responsables de discriminación, aunquesegún las observaciones de la TISK, las víctimas no pueden reclamar una indemnización. La Comisión toma nota de que
el Gobierno se limita a indicar que tras la adopción de un decreto en febrero de 2014, se incluyó la discapacidad como uno
de los motivos de discriminación previsto en el artículo 5, 1), del Código del Trabajo. La Comisión pide nuevamente al
Gobierno que adopte las medidas necesarias de manera de garantizar que las víctimas de la discriminación en lacontratación y selección tengan acceso a procedimientos y medidas de reparación adecuados y que proporcione
información a ese respecto. Además pide al Gobierno que comunique información sobre el número, naturaleza yresultado de los procedimientos penales en virtud del artículo 122 del Código Penal.
Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión se ha venido refiriendo ala necesidad de promover la igualdad de género y aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral, incluyendo
en los empleos y ocupaciones principalmente desempeñados por hombres. La Comisión toma nota de la información
proporcionada por el Gobierno sobre la adopción de disposiciones legales que establecen diversos incentivos para elempleo de las mujeres y la inclusión de las trabajadoras rurales en la seguridad social. El Gobierno también se refiere adiversos proyectos y programas, incluyendo programas de formación profesional destinados a la inclusión de las mujeres
en el mercado laboral, y a la Estrategia nacional de empleo cuyo objetivo, entre otros, es aumentar hasta el 41 por ciento latasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo para 2023. Además, el Gobierno se refiere a la adopción de la Ley
núm. 6356 de 2012 sobre Sindicatos y Negociación Colectiva, según la cual, los sindicatos deberán tomar en
consideración la igualdad de género en sus actividades. La Comisión toma nota de que la TISK indica que, en virtud delapoyo brindado por los empleadores en los sectores que emplean mujeres, la tasa de empleo de la mujer aumentó del26,2 por ciento en 2008 al 30,8 por ciento en 2013. Sin embargo, según la TISK, esta tasa es aún muy baja debido a: i) lafalta de niveles adecuados de educación o de formación profesional de las mujeres que reciben formación principalmenteen las ocupaciones socialmente aceptadas como específicas para las mujeres; ii) las mujeres están limitadas al cuidado delos niños y a los quehaceres domésticos debido a estereotipos en materia de género, y iii) la carencia de servicios deguardería infantil adecuados. La Comisión también toma nota de que la HAK-IS, la TÜRK-IS y la KESK también serefieren al impacto de los estereotipos de género en la participación de la mujer en el mercado laboral, la falta de un380

equilibrio adecuado entre la vida laboral y profesional y la carencia de guarderías de niños. TÜRK-IS y HAK-IS también
señalan que la baja tasa de sindicalización de las mujeres obstaculiza el cumplimiento efectivo de sus derechos. TÜRK-IS
indica además que las nuevas modalidades de empleo flexible, el trabajo a domicilio, el trabajo a tiempo parcial y el
trabajo temporal no contribuyen a aumentar la participación en el mercado de trabajo de la mujer debido a que perpetúan
los estereotipos de género y privan a las mujeres de la seguridad social. La Comisión toma nota de que según lasestadísticas facilitadas por el Gobierno, persiste en el país una considerable segregación por motivo de género,caracterizada por una mayor representación de la mujer en sectores como la educación y los cuidados. La Comisión toma
nota de que el impacto de alguno de los programas de formación es bajo, y que de un total de 9 856 mujeres que
recibieron formación, únicamente 914 obtuvieron un empleo. La Comisión recuerda que impartir orientación profesional yadoptar medidas activas para promover el acceso a la educación y la formación, con independencia de consideraciones
basadas en estereotipos o prejuicios, es esencial para ampliar la diversidad de las ocupaciones entre las que pueden elegir
los hombres y las mujeres. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas, incluyendo en el marco de laEstrategia nacional para el empleo, para promover el acceso de las mujeres a una educación y formación profesional
adecuados, y a una amplia gama de empleos y ocupaciones, y que comunique información sobre las mejoras concretas
logradas a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que adopte medidas para establecer servicios deguardería infantil que faciliten la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y que lleve a cabo actividadesde sensibilización para combatir los estereotipos de género. Sírvase proporcionar información a este respecto. En
relación con la ley núm. 6356, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre su aplicación y, enparticular, copias de los convenios colectivos que hacen referencia a las cuestiones antes mencionadas.
Código vestimentario. La Comisión se ha venido refiriendo desde hace varios años al hecho de que la prohibición
general de llevar la cabeza cubierta puede tener un efecto discriminatorio en las mujeres en relación con su acceso a la
educación universitaria. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al artículo 5 del reglamento sobre el código
vestimentario del personal de las instituciones y establecimientos públicos. La Comisión pide al Gobierno que suministre
mayor información sobre la aplicación de este nuevo reglamento y que indique si éste se aplica también a lasestudiantes en la universidad.
Administración pública. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que adoptase medidas
proactivas para alentar la participación de las mujeres en la administración pública; tratar todo alegato de discriminación
por motivos de género en los nombramientos para cargos en la administración pública; garantizar que tanto hombres ymujeres puedan participar en la práctica en los exámenes para ocupar cargos en la administración pública en pie de
igualdad; y proporcionar estadísticas desglosadas por sexo sobre los participantes en esos exámenes. La Comisión toma
nota de que el Gobierno indica que el número de mujeres que trabajan en la administración pública es de 991 817,
mientras que el de los hombres es de 1 670 562. El Gobierno señala asimismo que el número de mujeres en puestos dedirección ha aumentado de 480 en 2008 a 595 en 2014. No obstante, la Comisión toma nota de que la KESK se refiere adiferentes situaciones de discriminación de los funcionarios públicos (archivos personales con información inapropiada ensu legajo personal, utilización discriminatoria de ascensos y nombramientos, así como del sistema de gratificaciones) y a
la falta de sanciones adecuadas en caso de discriminación. La Comisión toma nota, en este sentido, de que el Gobierno no
ha suministrado información concreta relativa a estas cuestiones. Al tiempo que toma nota de la baja participación de las
mujeres en la administración pública, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas proactivas paraalentar la participación de las mujeres en la administración pública; que asegure que tanto hombres y mujeres puedan
participar en la práctica en los exámenes para ocupar cargos en la administración pública en pie de igualdad y tratar
todo alegato de discriminación por motivo de género. La Comisión pide al Gobierno que facilite información concreta
sobre toda evolución a este respecto.
Al tomar nota de los alegatos de KESK en relación con la discriminación contra funcionarios públicos kurdos omusulmanes alevitas basada en su origen étnico o religión a través, entre otros medios, de la recopilación deinformación personal inapropiada en sus legajos personales, la Comisión pide al Gobierno que proporcione sus
comentarios a este respecto. Además, pide al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas en
relación con sus comentarios anteriores relativos a las investigaciones de seguridad sobre los candidatos a puestos enla administración pública.
Control de la aplicación. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no proporciona información a este
respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre las quejas examinadas por lainspección del trabajo en relación con la aplicación del artículo 5 del Código del Trabajo, así como sobre los casos
planteados ante las autoridades judiciales, el resultado de esos casos, las medidas de reparación adoptadas y las
sanciones impuestas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

381

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Viet Nam
Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)
Artículos 1 y 2 del Convenio. Evolución legislativa. Definición de remuneración y trabajo de igual valor. La
Comisión toma nota con interés de que el nuevo Código del Trabajo (ley núm. 10/2012/QH13, de 18 de junio de 2012)
incluye el principio de igualdad de pago de los salarios sin discriminación basada en motivos de género para losempleados que realizan un trabajo de igual valor (artículo 90, 3)) y prevé una definición de salarios que incluye la«remuneración» basada en el trabajo o en el puesto de trabajo, las «asignaciones salariales» y «otros pagos adicionales»(artículo 90, 1)) pero no incluye los pagos en especie. La Comisión subraya que el artículo 1, apartado a), del Convenio
define el término «remuneración» de manera muy amplia comprendiendo no sólo «el salario o sueldo ordinario, básico omínimo» sino también «cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa oindirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último». La Comisión pide al Gobierno que indique si los
pagos en especie están cubiertos por el artículo 90, 3), del nuevo Código del Trabajo y que comunique información
sobre su aplicación. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas o previstas parasensibilizar respecto de estas disposiciones a los trabajadores, empleadores, sus respectivas organizaciones y losfuncionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como toda decisión administrativa o judicial a este
respecto.
Evaluación y tratamiento de la brecha salarial de género. La Comisión toma nota del informe relativo a laencuesta sobre la fuerza de trabajo (segundo trimestre de 2014) publicado por la Oficina General de Estadística deViet Nam, según el cual la brecha salarial por motivo de género en los ingresos medios mensuales de los trabajadores
asalariados es del 9,3 por ciento. La Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno respecto
de las medidas adoptadas para aplicar la Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género (2011-2020), a través delfortalecimiento del desarrollo de las capacidades; de la elaboración, aplicación y control de la legislación relativa a laigualdad de género, las actividades de sensibilización y el desarrollo de una base de datos de género, y de servicios deasesoramiento y apoyo. Al tiempo que toma nota de esta importante evolución respecto de la promoción y aplicación dela igualdad de género, la Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera estas medidas ejercen un impacto enla reducción de la persistente brecha salarial de género y que comunique información específica sobre toda medida
adoptada para abordar las causas subyacentes. La Comisión pide una vez más al Gobierno que compile y aporte más
datos estadísticos específicos, desglosados por sexo, sobre la distribución de hombres y mujeres en diferentes sectoresde la actividad económica, categorías ocupacionales y puestos de trabajo, y sus correspondientes ingresos en lossectores público y privado.
Aplicación. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno, el Ministerio ha realizado muchos
cursos de formación sobre las leyes laborales, incluso sobre la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor,para los inspectores del trabajo y otros funcionarios. La Comisión toma nota asimismo de que no se ha producido ningún
caso administrativo y judicial sobre igualdad de remuneración para hombres y mujeres. Respecto del último punto, laComisión recuerda que no se han presentado quejas o reclamaciones, o su número es muy reducido, lo que permite indicar
la falta de un marco legal apropiado, un desconocimiento de los derechos, una falta de confianza en los procedimientos,
una falta de acceso efectivo a éstos o un temor a represalias (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales,párrafo 870). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la formación impartida a jueces,
inspectores y otros funcionarios del trabajo, así como sobre las medidas de sensibilización adoptadas para losinterlocutores sociales. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre toda violación delprincipio del Convenio detectada por los servicios de inspección del trabajo o señalada a la atención de los mismos, lassanciones impuestas y las reparaciones acordadas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1997)
Evolución legislativa. La Comisión toma nota con interés de que el artículo 8, 1), del Código del Trabajo
recientemente enmendado (ley núm. 10/2012/QH13, de 18 de junio de 2012) amplía el número de motivos prohibidos dediscriminación. De manera específica, en relación con los motivos comprendidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, el
nuevo Código del Trabajo añade «color» a los motivos anteriormente prohibidos de género, raza, clase social, creencia oreligión.
En relación con los motivos previstos en el artículo 1, 1), b), del Convenio, la Comisión acoge con agrado que elnuevo Código del Trabajo añada «estado civil», «situación del VIH», «discapacidades», y «la constitución, la afiliación aun sindicato o la participación en actividades sindicales». La Comisión pide al Gobierno que comunique información
sobre la aplicación y el cumplimiento de los motivos ampliados de discriminación que se reflejan en el artículo 8, 1),
del Código del Trabajo enmendado, incluida toda medida adoptada o prevista para sensibilizar a trabajadores,
empleadores y sus respectivas organizaciones, así como a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley,382

sobre estas disposiciones, junto con toda queja administrativa o judicial presentada a las autoridades pertinentes a este
respecto desagregada por tipo de discriminación alegada.
Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en el color y en la ascendencia nacional. La Comisión recuerda
su pedido anterior al Gobierno de que adoptara medidas prácticas para garantizar la aplicación del Convenio respecto de laigualdad de oportunidades y de trato, con independencia de la opinión política, la ascendencia nacional y el color. Al
respecto, la Comisión toma nota de que el artículo 8, 1), del Código del Trabajo, de 2012, incluye ahora el color como un
motivo prohibido de discriminación, pero continúa omitiendo opinión política y ascendencia nacional. En este sentido, sibien la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto núm. 95/2013/ND-CP, de 22 de agosto
de 2013, prevé sanciones en caso de violaciones administrativas basadas en motivos de discriminación, como define elartículo 8, 1), del Código del Trabajo, destaca que este decreto no se aplica a los motivos de opinión política y ascendencia
nacional. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del decretonúm. 95/2013/ND-CP, de 2013, respecto de los actos de discriminación basados en motivos de color, así como
cualquier otra medida adoptada para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, sin tener en cuenta el color.
La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre toda medida práctica adoptada paragarantizar la plena aplicación del Convenio en relación con la igualdad de oportunidades y de trato,
independientemente de la opinión política y de la ascendencia nacional.
Discriminación basada en la religión. La Comisión recuerda en su solicitud anterior al Gobierno de comunicar
información detallada sobre las medidas legislativas que prohíben la discriminación en el empleo y la ocupación basada en
motivos religiosos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 24 de la Constitución yel artículo 8, 1), del Código del Trabajo, de 2012, incluyen la religión como motivo prohibido de discriminación. El
Gobierno añade que el decreto núm. 95/2013/ND-CP, de 22 de agosto de 2013, impone multas por actos dediscriminación por motivo de religión, y que el decreto núm. 92/2012/ND-CP, de 8 de noviembre de 2012, aporta detalles
sobre la aplicación de la ordenanza núm. 21/2004/PL-UBTVQH11, de 29 de junio de 2004, que prohíbe la discriminación
basada en motivos de religión. No obstante, la Comisión toma nota de que el artículo 6, 1), a), del decretonúm. 92/2012/ND-CP, establece que para poder obtener el registro, las actividades de una organización religiosa no deben
violar los artículos 8, 2), y 15, de la ordenanza núm. 21/2004/PL-UBTVQH11. El artículo 8, 2), de la ordenanza prohíbe elabuso del derecho de creencia y libertad religiosa en contravención a las leyes y las políticas del Estado, al tiempo que elartículo 15 dispone que se interrumpirán las actividades religiosas si afectan de manera adversa la unidad del pueblo o las
tradiciones culturales nacionales. En este sentido, la Comisión recuerda que el Primer Ministro adoptó, el 4 de febrero de2005, la directiva núm. 01/2005/CT-TTg, sobre el protestantismo que prohíbe los intentos de forzar a las personas a seguiro a abandonar una religión. La Comisión toma nota de que, juntas, las tres leyes prevén escenarios en los que un
trabajador, con una creencia religiosa no reconocida por el Gobierno pueda ser víctima de discriminación en el empleo yla ocupación por el empleador. En este sentido, la Comisión recuerda que el Convenio protege la expresión y la
manifestación de la religión y que es necesario adoptar medidas para eliminar toda forma de intolerancia (Estudio Generalde 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 798). La Comisión pide al Gobierno que comunique información
sobre la aplicación en la práctica de la ordenanza núm. 21/2004/PL-UBTVQH11, la directiva núm. 01/2005/CT-TTg yel decreto núm. 92/2012/ND-CP, incluida la información de las medidas adoptadas o previstas para garantizar que lostrabajadores o los empleadores con creencias religiosas no reconocidas no estén sujetos a discriminación en el empleo
o la ocupación.
Discriminación basada en el origen social. La Comisión toma nota de que el Código del Trabajo incluye el motivode «clase social» que puede tener un significado más estrecho que el motivo de «origen social», en virtud delartículo 1, 1), a), del Convenio. En este sentido, la Comisión recuerda que la discriminación y la desigualdad deoportunidades por motivos de «origen social», se refiere a aquellas situaciones en las que la pertenencia de una persona a
una clase, categoría socioprofesional o casta condiciona su futuro profesional, ya sea porque tiene vetado el acceso aciertos empleos o actividades, o porque sólo se le ofrecen determinados empleos (Estudio General de 2012, párrafo 802).
La Comisión pide al Gobierno que aclare de qué manera interpreta los términos «clase social» y si considera que estos
términos son coherentes con los términos «origen social», como establece el Convenio.
Artículo 3. Acoso sexual. La Comisión toma nota con interés de que el artículo 8, 2), del Código del Trabajo,
de 2012, prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo. El artículo 37 del Código del Trabajo establece el derecho de unempleado a dar por terminado de manera unilateral un contrato por motivos de acoso sexual, y los artículos 182 y 183,
prohíben específicamente el acoso sexual contra los trabajadores domésticos. Sin embargo, la Comisión también toma
nota de que el Código del Trabajo enmendado no prevé una definición de acoso sexual. Sin embargo, en este sentido, laComisión toma nota de que la Comisión tripartita de relaciones laborales desarrolló, en mayo de 2015, un código deconducta sobre acoso sexual en el lugar de trabajo, con el apoyo de la OIT, que define, tanto el quid pro quo como elacoso sexual en un entorno hostil, así como los términos «lugar de trabajo». La Comisión también toma nota de que elcódigo de conducta se aplica a todas las empresas de los sectores público y privado, con independencia de su dimensión, yse dirige a ayudar a los empleadores y a los trabajadores a desarrollar sus propias políticas o reglamentaciones sobre elacoso sexual. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto núm. 04/2005/ND-CP, de
11 de enero de 2005, establece la orientación sobre la aplicación de las disposiciones relativas al acoso sexual en el
Código del Trabajo anterior, definiendo los derechos y las obligaciones del querellante y la persona objeto de la queja, la383

Igualdad de oportunidades yde trato

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATOIGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

jurisdicción, los procedimientos y la aplicación de las decisiones en materia de apelación. No obstante, toma nota de que
el Gobierno no ha sometido un decreto equivalente que dé una interpretación equivalente del Código del Trabajo revisado.
La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación y el cumplimiento de los artículos 8, 2),
37, 182 y 183 del Código del Trabajo de 2012, incluida toda medida adoptada o prevista para sensibilizar a
trabajadores, empleadores y sus respectivas organizaciones sobre estas disposiciones, así como a los funcionarios
públicos encargados de hacer cumplir la ley, junto con toda queja administrativa o judicial presentada a las
autoridades pertinentes a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información específica
sobre las medidas adoptadas o previstas para facilitar la aplicación del código de conducta sobre acoso sexual en ellugar de trabajo por parte de trabajadores y empleadores de los sectores público y privado, así como información sobre
todo progreso realizado a este respecto.
Restricciones al empleo de la mujer. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas para garantizarque las medidas de protección que restringen el empleo de la mujer, se limiten a la protección de la maternidad. La
Comisión toma nota de las disposiciones mencionadas por el Gobierno sobre la protección de la maternidad, y también
toma nota del artículo 160 del Código del Trabajo de 2012, que prohíbe el empleo de las trabajadoras en un trabajo que
sea nocivo para las funciones parentales, como se especifica en la lista de trabajos publicada por el Ministerio de Trabajo,
Inválidos y Asuntos Sociales (MLISA), por ejemplo, el trabajo que requiere una inmersión regular en el agua, y un trabajo
regular subterráneo en las minas. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el MLISA, emitió la circularnúm. 26/2013/TT-BLDTBXH, de 18 de octubre de 2013, que enumera 77 categorías de trabajo que se prohíben a las
mujeres. A este respecto, la Comisión reitera que las medidas de protección para las mujeres no deberían ir más allá de laprotección de la maternidad, y que las medidas destinadas a proteger a las mujeres en general debido a su sexo o género sebasan a menudo en percepciones estereotipadas acerca de su idoneidad, capacidad y papel adecuado en la sociedad ycontravienen el Convenio, constituyendo, así, obstáculos a la contratación y al empleo de las mujeres. La Comisión desea
destacar una vez más que las disposiciones relativas a la protección de las personas que realizan trabajos perjudiciales opeligrosos deberían tener por objeto proteger la salud y la seguridad, tanto de mujeres como de hombres en el trabajo. La
Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del artículo 160 del Código del Trabajo
de 2012, incluida una lista de las ocupaciones prohibidas en virtud del artículo 160, 2) y 3), además de las ocupaciones
designadas en la circular núm. 26/2013/TT-BLDTBXH, de 2013. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte
medidas para garantizar que las futuras revisiones de la circular anterior limiten sus restricciones a las mujeres
embarazadas o en período de lactancia.
Artículos 3 y 5. Prohibición de prácticas de contratación discriminatoria por motivo de sexo, y medidas
especiales. La Comisión recuerda su solicitud al Gobierno sobre las medidas adoptadas para poner freno a prácticas
discriminatorias que afecten a las mujeres en la contratación, como dar preferencia a los solicitantes de empleo masculinos
y desalentar a las solicitantes femeninas mediante el establecimiento de requisitos que prohíben el matrimonio y elembarazo durante un determinado período tras la contratación. En ese sentido, la Comisión toma nota de que losartículos 8, 1), 153 y 154 del Código del Trabajo de 2012, que prohíben la discriminación basada en motivos de género,requieren que el Gobierno y los empleadores generen oportunidades de empleo para las empleadas y promuevan laigualdad de género en la contratación. También toma nota del decreto núm. 85/2015/ND-CP, de 1.º de octubre de 2015,que contiene disposiciones detalladas para la aplicación de esos artículos, así como disposiciones específicas para mejorar
las condiciones laborales y los servicios de atención de la salud disponibles para las empleadas. La Comisión recibe con
especial beneplácito las medidas concretas perfiladas en el artículo 5, 1), b), del decreto, que prevé que el Estado
garantizará la igualdad de derechos entre las empleadas y los empleados en términos de contratación, a través derelaciones y políticas laborales sobre trato preferencial, así como programas de reducción de impuestos. El
artículo 5, 2), a), que prevé que el Estado alentará a los empleadores a «priorizar a las mujeres en la contratación y en laasignación, si el trabajo es idóneo, tanto para hombres como para mujeres, y la persona solicitante está cualificada». La
Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 25, 2), del decretonúm. 95/2013/ND-CP, de 22 de agosto de 2013, establece una multa de entre 5 millones y 10 millones de dongvietnamitas (VND) por actos de discriminación, entre otras cosas, por motivos de género y estado civil, y el artículo 18 delmismo decreto especifica sanciones por violación de las disposiciones relativas a las trabajadoras. La Comisión pide al
Gobierno que comunique información sobre la aplicación y el cumplimiento de los artículos 8, 1), 153 y 154 del Código
del Trabajo de 2012, complementados por el decreto núm. 85/2015/ND-CP, de 2015, que incluye toda medida adoptada
o prevista para sensibilizar a trabajadores, empleadores y sus respectivas organizaciones, así como a los funcionarios
públicos encargados de hacer cumplir la ley, sobre estas disposiciones. La Comisión también pide al Gobierno que
comunique información estadística detallada sobre la aplicación de los artículos 18 y 25, 2), del decretonúm. 95/2013/ND-CP, de 2013, junto con toda queja administrativa o judicial presentada a las autoridades pertinentes
a este respecto.
Artículo 4. Medidas que afectan a las personas de las que se sospecha de manera legítima que realizan actividades
perjudiciales para la seguridad del Estado o que participan en las mismas. La Comisión recuerda sus comentarios
anteriores en los que tomó nota de que las personas a las que se impuso una prohibición en virtud del artículo 36 delCódigo Penal, tienen el derecho de apelar la decisión dentro de los quince días de la fecha de condena, y de que lostribunales emitieron varios veredictos prohibiendo que las personas ocuparan determinados puestos, o realizaran
determinadas ocupaciones o determinados trabajos. La Comisión recuerda la indicación anterior del Gobierno de que, en
384

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

la práctica, pueden imponerse prohibiciones cuando un tribunal juzgue que la continuación del trabajo realizado por lapersona condenada puede ocasionar un daño a la sociedad, y éste podría ser el caso de aproximadamente 100 actos
tipificados como delitos por el Código Penal, como los actos que ponen en peligro la vida, la salud y la dignidad de una
persona, los actos que restringen la libertad de los ciudadanos, los delitos relacionados con las drogas, los actos que
infringen el orden y la seguridad públicos o los actos que interfieren con la justicia. La Comisión toma nota de la breve
respuesta del Gobierno en la que remite a la Comisión a unas estadísticas desglosadas sobre el número de casos judiciales
que tratan diferentes tipos de conflictos laborales. Sin embargo, la Comisión toma nota de que esta información noresponde a su solicitud anterior. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud anterior al Gobierno de que
comunique la información relacionada con los veredictos que prohíben que las personas ocupen determinados puestos,o realicen determinadas ocupaciones o determinados trabajos; los delitos en relación con los cuales se impusieron esas
prohibiciones, y el número y la naturaleza de las apelaciones presentadas y sus resultados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Yemen
Artículo 3, a), del Convenio. Legislación. La Comisión recuerda que el artículo 5 del Código del Trabajo prevé elderecho y el deber de trabajar sin discriminación basada en el sexo, la edad, la raza, el color, el credo o el idioma.
Asimismo, recuerda que durante muchos años ha estado haciendo hincapié en la importancia de establecer y aplicar una
política nacional de igualdad que cubra todos los motivos enumerados en el Convenio. La Comisión toma nota de que elGobierno está revisando el Código del Trabajo. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que aproveche laoportunidad que ofrece la actual revisión del Código del Trabajo para prohibir explícitamente la discriminación
directa e indirecta basada al menos en todos los motivos que figuran en el Convenio, incluidos la opinión política, el
origen social y la ascendencia nacional, con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación y a todos los
trabajadores.
Artículo 2. Política nacional en materia de igualdad. La Comisión recuerda que, con miras a lograr eliminar ladiscriminación en el empleo y la ocupación, los Estados tienen que elaborar y aplicar una política nacional de igualdad
multidimensional. La implementación de una política nacional de igualdad presupone la adopción de una serie de medidas
específicas y concretas incluyendo, en la mayoría de los casos, la necesidad de un marco legislativo claro y amplio y la
garantía de que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es eficaz en la práctica. Se requieren medidas proactivas
para tratar las causas subyacentes de la discriminación y las desigualdades de hecho resultantes de una discriminación
profundamente arraigada (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 732). La
Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para elaborar y aplicar una política nacional en materia de igualdad afin de hacer frente a la discriminación y promover la igualdad en los sectores público y privado, al menos en lo que
respecta a la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. Pide al
Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones:el Convenio núm. 100 (Angola, Bahamas, Barbados, Belice, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Chad,
República Checa, Chipre, Comoras, Congo, Croacia, República Democrática del Congo, Dinamarca, Djibouti,
Dominica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Gambia, Guyana,
Haití, Kazajstán, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Reino Unido, Reino Unido: Gibraltar, Samoa, San Marino,
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Sierra Leona, Singapur, República Árabe Siria, Sudáfrica,
Swazilandia, Trinidad y Tabago, Turkmenistán, Turquía, Uganda, Viet Nam, Yemen); el Convenio núm. 111 (Afganistán,Angola, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Chad, República Checa,
Chipre, Comoras, Congo, República de Corea, Croacia, República Democrática del Congo, Dinamarca, Djibouti,
Dominica, República Dominicana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, ex República Yugoslava de Macedonia,
Fiji, Filipinas, Gambia, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Kirguistán, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Qatar,
Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, República Árabe Siria, Sudáfrica,
Swazilandia, Trinidad y Tabago, Turkmenistán, Turquía, Uganda, Viet Nam, Yemen); el Convenio núm. 156(San Marino).

385

Igualdad de oportunidades yde trato

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)

CONSULTAS TRIPARTITAS

Consultas tripartitas
Antigua y Barbuda
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2002)

Argelia
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1993)
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas eficaces. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno
no contiene respuestas a sus comentarios anteriores en los que invitó al Gobierno a transmitir información precisa sobre
las consultas tripartitas celebradas sobre cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo establecidas enel artículo 5, 1), del Convenio. En su memoria, el Gobierno reitera que se comunican a todas las organizaciones deempleadores y de trabajadores los documentos pertinentes para que estén informadas sobre todas las cuestiones
relacionadas con las actividades de la OIT, y que con regularidad se celebran reuniones entre el Gobierno y losinterlocutores sociales. Asimismo, el Gobierno recuerda el pacto sobre el crecimiento económico y social, adoptado el
3 de febrero de 2014. La Comisión pide al Gobierno que transmita información precisa sobre el contenido y resultado
de las consultas tripartitas celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales deltrabajo cubiertas por el Convenio.

Burkina Faso
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Trabajadores de Burkina(CNTB), recibidas el 25 de agosto de 2015, de la memoria del Gobierno y de su respuesta a las observaciones de la
CNTB, recibidas el 4 de noviembre de 2015.
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota con interés de la adopción deldecreto núm. 2015-971/PRESTRANS/PM/MFPTSSS/MEF, de 10 de agosto de 2015 relativo a la creación, composición,
atribuciones, organización y funcionamiento de la Comisión Consultiva relativa a las Normas Internacionales del Trabajo(CCNIT) con el objetivo de aplicar las disposiciones del Convenio núm. 144. En respuesta a las observaciones de la
CNTB, el Gobierno especifica que el decreto relativo al nombramiento de los miembros de la CCNIT está siendo objeto

387

Consultas tripartitas

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno
no contiene información sobre las consultas tripartitas celebradas acerca de las cuestiones relacionadas con el Convenio.
La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades del Consejo
Nacional de Trabajo respecto de las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el
Convenio. La Comisión también pide nuevamente al Gobierno que incluya información detallada y actualizada sobre
las consultas tripartitas celebradas respecto de cada una de las cuestiones relacionadas con las normas internacionalesdel trabajo comprendidas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.
Artículo 5, párrafo 1, b). Sumisión al Parlamento. El Gobierno indica en su memoria que todos los instrumentos
adoptados por la Conferencia fueron sometidos a las autoridades pertinentes. La Comisión se remite a las observaciones
que formula en relación con la obligación de sumisión y pide nuevamente al Gobierno que informe sobre las consultas
celebradas respecto de las propuestas presentadas ante el Parlamento de Antigua y Barbuda en relación con lasumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia, y que también indique la fecha en que dichos
instrumentos fueron sometidos al Parlamento.
Artículo 5, párrafo 1, c). Examen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones. El Gobierno reitera,
al igual que en 2014, que ha tomado nota de los comentarios formulados por la Comisión en relación con el examen de losconvenios no ratificados. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores e insta al Gobierno a que comuniqueinformación actualizada sobre el reexamen de los convenios no ratificados con los interlocutores sociales, enparticular: i) el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), considerado convenio degobernanza; ii) el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) (que revisa el Convenio sobre el
descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) y el Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952
(núm. 101), de los cuales Antigua y Barbuda es un Estado parte); iii) el Convenio sobre los documentos de identidad dela gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) (que revisa el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente demar, 1958 (núm. 108), que también ha sido ratificado por Antigua y Barbuda).
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

CONSULTAS TRIPARTITAS

de redacción. La Comisión saluda los progresos realizados por el Gobierno en cuanto a la puesta en práctica delConvenio y espera que la próxima memoria incluya informaciones detalladas sobre el contenido y el resultado de lasconsultas tripartitas realizadas sobre cada una de las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo
requeridas por el Convenio.

BurundiConvenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. Asistencia técnica para ayudar a los Estados parte a cumplir
con las obligaciones de presentar memorias y aplicar las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota de loscomentarios de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) comunicados al Gobierno en septiembre de 2013. La
COSYBU indica que la cultura de la consulta aún no está arraigada en el Gobierno ni en las estructuras descentralizadas delEstado. Asimismo, la COSYBU indica que se ha creado el Comité Nacional para el Diálogo Social y que ha abierto su oficina en
Bujumbura. La Comisión lamenta tomar nota de que no ha podido examinar ninguna memoria del Gobierno desde 2007. La
Comisión se remite de nuevo a la observación formulada en 2007 e invita al Gobierno a presentar informaciones detalladas
sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas llevadas a cabo desde noviembre de 2007 sobre los asuntos relativos
a las normas internacionales del trabajo, y en particular sobre las memorias que se deben presentar a la OIT, así como sobre
el reexamen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones (artículo 5, párrafo 1, c) y d)). La Comisión señala a la
atención del Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT a fin de superar las lagunas existentes en materia
de aplicación del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

China
Región Administrativa Especial de Hong Kong
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (notificación: 1997)
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación de Organizaciones Sindicales deHong Kong (HKCTU), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 3 dediciembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En su memoria, el Gobierno indica que realizó consultas
con el Comité para la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo (CIILS), adscrito al Consejo Consultivo
Laboral (LAB), sobre todas las memorias presentadas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT y en relación
con todas las respuestas a los comentarios de la Comisión. Además, la Comisión toma nota de que, previa solicitud, se han
enviado a la HKCTU copias de todas las memorias en virtud del Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado),
1949 (núm. 97), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), y el Convenio
núm. 144. La Comisión toma nota del informe del LAB para el período 2013-2014. La Comisión pide al Gobierno que
continúe transmitiendo información actualizada sobre las consultas celebradas sobre las cuestiones relacionadas conlas normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio.
Funcionamiento del procedimiento de consultas. La HKCTU expresa nuevamente su preocupación ante lasconsultas inefectivas, indicando que se le sigue excluyendo del procedimiento de consulta. El Gobierno reitera que en la
Región Administrativa Especial de Hong Kong se están realizando consultas efectivas con los representantes de losempleadores y los trabajadores que forman parte del LAB y sus comités en condiciones de igualdad. Además, algunos
miembros de diferentes sindicatos, incluida la HKCTU, proporcionan asesoramiento sobre cuestiones laborales endeterminados comités del LAB. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre
los esfuerzos realizados junto con los interlocutores sociales para promover y reforzar el tripartismo y el diálogo social
con miras a facilitar el funcionamiento de los procedimientos que aseguran la realización de consultas tripartitas
efectivas (artículo 2, párrafo 1, del Convenio), incluyendo las medidas tomadas en un futuro próximo para garantizarlea la HKCTU una participación significativa en el proceso consultivo.

388

CONSULTAS TRIPARTITAS

República Democrática del Congo
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2013. En
respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno señala que las elecciones sindicales, organizadas entre octubre de 2008 y julio
de 2009, permitieron identificar las 12 organizaciones profesionales de trabajadores más representativas cuyo mandato continúa
hasta la convocatoria de las próximas elecciones, previstas en diciembre de 2013. Estas organizaciones profesionales deempleadores tienen su condición de más representativas debido al número de empresas afiliadas. Además, el Gobierno señala queel Ministro de Empleo, de Trabajo y de Previsión Social convoca la sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) mediante una
orden ministerial que transmite a los interlocutores sociales miembros del CNT, solicitándoles que comuniquen los nombres delos representantes titulares y suplentes de sus respectivas organizaciones (artículo 3 del Convenio). La Comisión toma nota deque la memoria del Gobierno no contiene ninguna otra información sobre el funcionamiento de los procedimientos consultivos
requeridos por el Convenio. La Comisión remite al Gobierno a su previa observación en relación con la falta grave decumplimiento de la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia en virtud del artículo 19,
párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que suministre informaciones sobre las consultas
realizadas con los interlocutores sociales en relación con las propuestas presentadas al Parlamento con ocasión de lasumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio). La Comisión solicita
también al Gobierno que haga llegar informaciones detalladas sobre el contenido de las consultas y de las recomendaciones
formuladas por los interlocutores sociales sobre cada una de las cuestiones previstas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Djibouti
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2005)
Artículos 1 y 3, párrafo 1, del Convenio. Participación de las organizaciones representativas. La Comisión toma nota
de la memoria del Gobierno recibida en mayo de 2013 en respuesta a los comentarios que ha venido formulando desde 2008 hasta
2012. El Gobierno señala en su memoria que el artículo 215 del Código del Trabajo es el marco legal de la representatividad
sindical y que este artículo dispone que «el carácter representativo de las organizaciones sindicales se determinará por el resultado
de las elecciones profesionales» y que «la clasificación de las organizaciones sindicales surgida de los resultados de las elecciones
profesionales constará en una ordenanza del Ministerio del Trabajo». El Gobierno precisa que, con el fin de llenar el vacío
institucional actual, se está elaborando un proyecto de ordenanza; que dentro de este marco se determinarán los criterios derepresentatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores; y que dicho proyecto de ordenanza se someterá
próximamente al Consejo Nacional del Trabajo, del Empleo y de la Seguridad Social. Asimismo, el Gobierno señala que la Unión
General de Trabajadores de Djibouti (UGDT) organizó una elección sindical el 8 de agosto de 2009 en presencia de observadoresde varias organizaciones sindicales internacionales, mientras que la Unión del Trabajo de Djibouti (UDT) no ha organizado
todavía ninguna elección de este tipo para legitimar a su dirigente, por lo que exhorta a la UDT a convocarla en el plazo más
breve posible, ya que de lo contrario se arriesga a quedar excluida de todas las instancias tripartitas nacionales e internacionales.
Por lo que respecta a los empleadores, el Gobierno señala que la Federación de Empleadores de Djibouti (FED) y laConfederación Nacional de Empleadores de Djibouti (CNED), representa a los empleadores en todas las estructuras tripartitas yque sus dirigentes cumplen día a día con sus mandatos. Remitiéndose nuevamente a las cuestiones de libertad sindical
examinadas por el Comité de Libertad Sindical así como a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión manifiesta su confianza en que el Gobierno
podrá garantizar al conjunto de las organizaciones sindicales presentes en el país el derecho a organizar elecciones libres ytransparentes, en un marco de respeto pleno a la capacidad de éstas de actuar con toda independencia. La Comisión confía
asimismo en que el Gobierno adoptará la citada ordenanza después de consultar con las organizaciones de empleadores y detrabajadores y que fijará criterios objetivos y transparentes con el fin de designar a los representantes de los trabajadores enlas instancias tripartitas nacionales e internacionales, incluida la Conferencia Internacional del Trabajo.
Financiación de la formación. De conformidad con sus comentarios anteriores, la Comisión invita nuevamente al
Gobierno a describir en su próxima memoria los acuerdos apropiados para financiar la formación que puedan necesitar losparticipantes en estos procedimientos de consulta (artículo 4, párrafo 2).
Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. Frecuencia de las consultas tripartitas. En respuesta a sus
observaciones anteriores, el Gobierno señala que el Consejo Nacional del Trabajo, del Empleo y de la Formación Profesional(CTEFP) fue remplazado por el Consejo Nacional del Trabajo, del Empleo y de la Seguridad Social (CONTESS), creado el 30 dediciembre de 2012. El Gobierno señala asimismo que las consultas sobre las normas internacionales previstas en el artículo 5,
párrafo 1, del Convenio, deberán celebrarse ulteriormente debido a la agenda del CONTESS, a intervalos de tiempo apropiados
fijados de común acuerdo y al menos una vez al año (artículo 5, párrafo 2). La Comisión invita al Gobierno a suministrar, en su
próxima memoria, informaciones detalladas sobre las consultas que se hayan celebrado en relación con cada uno de los temas
enumerados en el párrafo 1 del artículo 5 del Convenio, señalando el contenido de las recomendaciones formuladas por losinterlocutores sociales como resultado de dichas consultas. La Comisión invita al Gobierno a respetar la frecuencia de lasconsultas tripartitas requeridas por el artículo 5, párrafo 2, del Convenio, que establece que se celebren a intervalos
apropiados fijados de común acuerdo y al menos una vez al año.

389

Consultas tripartitas

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

CONSULTAS TRIPARTITAS

Artículo 5, párrafo 1, b). Consultas tripartitas previas a la sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión se refiere asus observaciones sobre la obligación constitucional de sumisión, en las cuales manifiesta su profunda preocupación por elhecho de que Djibouti no haya sometido 65 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1980 y 2012. La Comisión pide
al Gobierno que suministre informaciones sobre las consultas eficaces realizadas con los interlocutores sociales en relación
con las propuestas presentadas a la Asamblea Nacional en ocasión de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

El Salvador
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP),
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículo 2 del Convenio. Procedimientos adecuados. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a las
observaciones formuladas por la ANEP y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en septiembre de 2014
sobre las labores del Consejo Superior del Trabajo, el Gobierno indica en su memoria que la creación de la Comisión
Presidencial para Asuntos Laborales figura entre las acciones tendientes a procurar un acercamiento entre el Poder
Ejecutivo y la clase trabajadora, creando un espacio de debate, sin que dicha instancia sustituya los espacios tripartitos
establecidos. El Gobierno agrega que el procedimiento de consulta tripartita se modificó y que los documentos sonenviados a todas las confederaciones y federaciones activas a la fecha de la consulta, manteniéndose el espacio de consulta
con el sector empleador y el Poder Ejecutivo. El Gobierno se refiere también a las consultas celebradas por dicho
procedimiento en 2014 y 2015, en relación con las actividades de la OIT, los puntos del orden del día de la Conferencia
Internacional del Trabajo y las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados. En sus nuevas observaciones, la
ANEP sostiene que, producto de la falta de funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo, la interacción entre el
Gobierno y los interlocutores sociales ha perdido eficacia, de manera que el intercambio de la información se ha visto
seriamente dificultado o, por lo menos, ha sido inoportuno. Con respecto a los procedimientos de consulta que describe
el Gobierno, la Comisión observa que el Consejo Superior del Trabajo no funciona desde hace más de dos años ylamenta que el órgano central para el diálogo social en el país no se haya reunido durante dicho período. La Comisión
confía en que los obstáculos que existen al respecto se resolverán rápidamente de modo que las consultas tripartitas
puedan ser efectivamente realizadas sobre los temas relativos a las normas internacionales del trabajo.
Artículo 3, párrafo 1. Elección de los representantes de los interlocutores sociales en el Consejo Superior delTrabajo. El Gobierno indica que, en el marco de los esfuerzos realizados para designar a los representantes trabajadores
ante el Consejo Superior del Trabajo, desde junio de 2014 se sostuvieron más de 16 reuniones. El Gobierno añade que las
diversas federaciones y confederaciones sindicales expresaron que analizarían la propuesta para un avenimiento y que
comunicarían su resolución al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Al mes de julio de 2015, no se había recibido
comunicación alguna sobre el particular. El Gobierno explica que se está analizando la posibilidad de establecer unmecanismo de elección de las organizaciones sindicales, para que los criterios de participación permitan un proceso deelección organizado, apegado a la legislación y al Convenio núm. 144. La ANEP opina que el Gobierno no se ha
esforzado por reactivar el Consejo Superior del Trabajo y añade que las memorias sobre los convenios ratificados no son
remitidas antes de su transmisión a la Oficina. La Comisión se remite a las conclusiones y recomendaciones del Comité deLibertad Sindical en el caso núm. 3054 (véase 324.º informe, junio de 2015), así como a las conclusiones de la Comisiónde Aplicación de Normas (104.ª reunión, junio de 2015), en relación con la aplicación del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) por parte de El Salvador. Al respecto, la Comisión
también se remite a la observación relativa al Convenio núm. 87 y recuerda que al pronunciarse en junio de 2015 sobre elcaso núm. 3054, el Comité de Libertad Sindical destacó la necesidad de que se conforme urgentemente el Consejo
Superior del Trabajo, basándose en la representatividad de las organizaciones, de manera que se reanude su
funcionamiento (véase 324.º informe, junio de 2015, párrafo 329). La Comisión reitera su pedido al Gobierno y a losrepresentantes de los empleadores y de los trabajadores para que promuevan y refuercen el tripartismo y el diálogo
social de manera de facilitar el funcionamiento de los procedimientos que aseguran consultas tripartitas efectivas. La
Comisión espera poder observar progresos en el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo y de otros
procedimientos que permitan que se efectúen las consultas tripartitas que requiere el Convenio.
Artículo 5, párrafo 1, b). Consultas tripartitas sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa de los instrumentos
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión toma nota del compromiso asumido por el
Gobierno de dar curso al proceso de sumisión de los instrumentos pendientes de sumisión adoptados por la Conferencia yde la creación de una comisión de alto nivel integrada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de
Relaciones Exteriores. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las consultas tripartitas realizadas sobre las
propuestas que hayan de presentarse a la Asamblea Legislativa en relación con la sumisión de los 54 instrumentos
adoptados por la Conferencia entre 1976 y 2012.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

390

CONSULTAS TRIPARTITAS

GabónConvenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1988)
La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso Sindical de Gabón (CSG), que se recibieron en julio de2015, sobre la organización de las elecciones profesionales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios
sobre esta cuestión.
Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. En su memoria, el Gobierno indica que los Convenios
núms. 142, 155, 176, 177, 179, 181, 184 y 185 se han sometido debidamente a las autoridades competentes con miras a su
ratificación. Además, el Gobierno indica que la única reunión tripartita celebrada durante el período cubierto por la
memoria tenía relación con el diálogo sobre la revisión del Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno quetransmita información actualizada sobre las consultas tripartitas celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas
con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio, como, por ejemplo, las cuestiones que puedan
plantear las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados y el reexamen con los interlocutores sociales delos convenios que no se han ratificado, y que indique la naturaleza de todos los informes o recomendaciones
formulados.

GuatemalaArtículos 2 a 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que en respuesta alpedido formulado en sus comentarios anteriores de que se profundice la consulta tripartita que requiere el Convenio, el
Gobierno indica en su memoria que, en octubre de 2014, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social convocó por laprensa y a través de su sitio web a las organizaciones sindicales legalmente constituidas y a las entidades industriales,agrícolas, comerciales y financieras más representativas para que designaran candidatos para integrar la Comisión
Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo para el período 2014-2016. Según el Gobierno, en 2013, la comisión
tripartita celebró 34 reuniones y en 2014, un total de 21 reuniones. Entre enero y agosto de 2015, la comisión tripartita
mantuvo ocho reuniones. Entre otras actividades relacionadas con la Organización Internacional del Trabajo, la comisión
tripartita tuvo la oportunidad, en 2013, de examinar las propuestas de enmiendas al Código del Trabajo y a las demás leyes
pertinentes que solicitaron los órganos de control de la OIT. En 2014, la comisión tripartita examinó la propuesta deratificar el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), así como los aspectos
laborales de los acuerdos comerciales con los Estados Unidos. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando
informaciones sobre las consultas tripartitas llevadas a cabo en el marco de la Comisión Tripartita de Asuntos
Internacionales de Trabajo y de las otras iniciativas tomadas para realizar las consultas sobre normas internacionalesdel trabajo que requiere el Convenio.

IrlandaConvenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1979)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno había declarado en su memoria de 2012 que seguía
cumpliendo con lo dispuesto en el Convenio, tal como había expuesto en memorias anteriores. La Comisión tomó nota en este
sentido de que la anterior memoria había sido recibida en octubre de 2005. La Comisión pide Gobierno que comuniqueinformación actualizada sobre las consultas tripartitas efectivas celebradas sobre las respuestas a los cuestionarios relativos a
los puntos del orden del día de la Conferencia, las propuestas sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados
por la Conferencia, el reexamen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones, y los temas que se suscitan en lasmemorias sobre la aplicación de los convenios.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

JamaicaConvenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1996)
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas eficaces. La Comisión toma nota de que, según la memoria delGobierno, además del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), el Comité
Consultivo del Trabajo (LAC) está examinando el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155).

391

Consultas tripartitas

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1989)

CONSULTAS TRIPARTITAS

Asimismo, toma nota de que el LAC se reunió una vez al año entre 2012 y 2014, y desde el inicio de 2015 se ha reunido
en tres ocasiones. El Gobierno reitera que las cuestiones relacionadas con el artículo 5 del Convenio en general no seabordan por separado en las reuniones del LAC y señala que, de vez en cuando, diferentes miembros del LAC abordan
cuestiones concretas en materia de normas internacionales del trabajo, aunque esto no se hace en el marco del Comité. La
Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada acerca del contenido y resultado de las consultas
tripartitas celebradas por el Comité Consultivo del Trabajo sobre cada una de las cuestiones enumeradas en el
artículo 5, 1), del Convenio, en particular: las respuestas a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el ordendel día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios sobre los proyectos de texto que deba discutir laConferencia; las propuestas que hayan de presentarse al Parlamento en relación con la sumisión de los instrumentos
adoptados por la Conferencia, y, las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse sobre laaplicación de los convenios ratificados en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT.

Madagascar
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)
Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la información
transmitida por el Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores, así como de las observaciones de la Confederaciónde Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios Malagasy (FISEMARE), que se recibieron en septiembre de 2014.
El Gobierno indica que, de conformidad con el decreto núm. 2011-490 de 6 de septiembre de 2011 sobre lasorganizaciones sindicales y la representatividad, los representantes de los empleadores y de los trabajadores en el Consejo
Nacional del Trabajo (CNT) se determinarán a través de una orden ministerial. La Comisión toma nota de que, a la espera
de dicha orden, el ministerio encargado del trabajo ha organizado reuniones para facilitar la aplicación práctica de losartículos 2, 3 y 5 del Convenio. La Comisión toma nota con interés de que se ha llegado a un acuerdo con lasorganizaciones de trabajadores y de empleadores para que todas las memorias que se tienen que presentar a la Oficina en
virtud de los artículos 19 y 22 de la Constitución de la OIT se comuniquen a los interlocutores sociales, quienes tendrán
que organizarse para incluir sus observaciones en dichas memorias, y, de ser necesario, podrán transmitirlas directamentea la Oficina. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre la manera en la que losrepresentantes de los empleadores y de los trabajadores han sido elegidos a efectos de los procedimientos previstos en
el Convenio (artículo 3). La Comisión también pide al Gobierno que informe sobre el contenido y resultado de lasconsultas tripartitas celebradas sobre cada una de las cuestiones previstas en el párrafo 1 del artículo 5.

MalawiConvenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1986)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e invita al
Gobierno a presentar una memoria que contenga información detallada sobre las consultas tripartitas realizadas sobre cadauna de las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, 1), del Convenio.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya información sobre la naturaleza de los informes o recomendaciones
realizados como resultado de dichas consultas.
Artículo 5, 1), c) y e), del Convenio. Perspectivas de ratificación de los convenios y propuestas de denuncia de convenios
ratificados. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que realizará consultas con losinterlocutores sociales en relación con la denuncia de los Convenios núms. 50, 64, 65, 86, 104 y 107. La Comisión recuerda que
el Consejo de Administración de la OIT recomendó la denuncia de los Convenios núms. 50, 64, 65, 86, 104 y 107 en relación con
los trabajadores indígenas y la ratificación del instrumento más actualizado, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
(núm. 169). En la solicitud directa que se formuló en 2010 sobre el Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935
(núm. 45), la Comisión tomó nota de que el Consejo Consultivo Laboral Tripartito había aprobado la denuncia del Convenio
núm. 45 y que el Gobierno estaba realizando consultas con los interlocutores sociales sobre la posible ratificación del Convenio
sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176). La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya
información sobre los progresos alcanzados en lo que respecta al reexamen de convenios no ratificados — tales como los
Convenios núms. 169 y 176 — a fin de promover, cuando proceda, su aplicación o ratificación y a denunciar los convenios
obsoletos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

392

CONSULTAS TRIPARTITAS

Nigeria
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Consultas con las organizaciones representativas. La Comisión recuerda que es importante que las organizaciones deempleadores y de trabajadores puedan disfrutar del derecho a la libertad sindical, sin el cual no puede existir un sistema eficaz deconsultas tripartitas. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de la reforma legislativa ysu impacto sobre la mejora de las consultas con las organizaciones representativas que disfrutan de libertad sindical, tal comose requiere en virtud de este Convenio.
Consultas tripartitas requeridas por el Gobierno. En su memoria, el Gobierno indica que sus respuestas a loscuestionarios relativos a los puntos del orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios sobre
proyectos de textos generalmente se transmiten a los interlocutores sociales para que hagan sus contribuciones al respecto.
Asimismo, el Gobierno señala que los interlocutores sociales participan en la elaboración de memorias. La Comisión recuerda
que las consultas tripartitas cubiertas por el Convenio tienen por objetivo principal promover la aplicación de las normas
internacionales del trabajo y conciernen, en particular, a las cuestiones que figuran en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Porconsiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información completa y detallada sobre el contenido y losresultados de las consultas tripartitas que tratan de:a)las respuestas del Gobierno a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia ysus comentarios sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia, yb)
las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la Oficina Internacional del Trabajo en
virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización.
Consultas tripartitas previas sobre las propuestas presentadas a la Asamblea Nacional. La Comisión espera que elGobierno y los interlocutores sociales examinen las medidas que se deben tomar para celebrar consultas efectivas sobre las
propuestas que se hagan a la Asamblea Nacional al someter los instrumentos adoptados por la Conferencia.
Funcionamiento de los procedimientos consultivos. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique si, deconformidad con el artículo 6, se ha consultado a las organizaciones representativas para la preparación de un informe anualsobre el funcionamiento de los procedimientos de consultas previstos en el Convenio y, de ser así, que indique el resultado deestas consultas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2004)
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno alas observaciones formuladas en 2014 por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Central Unitaria deTrabajadores del Perú (CUT) en relación con las consultas tripartitas que requiere el Convenio. El Gobierno describe lasactividades del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) en relación con la discusión de una
política nacional de empleo (2011), el incremento de la remuneración mínima (2012), el análisis de la coyunturainternacional y su repercusión sobre la economía peruana (2013) y la política nacional de seguridad social (2014). En
cuanto a la consulta sobre la posibilidad de ratificar el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
2011 (núm. 189), el Gobierno indica que el sector empleador propuso analizar, en el marco del CNTPE, la posibilidad deadherir a dicho Convenio. Las cuatro centrales sindicales propusieron su ratificación. Sin embargo, luego de consultas
bipartitas, el sector empleador concluyó que no se debía ratificar el Convenio núm. 189 mientras que el sector trabajador
sigue propugnando su ratificación. El Gobierno considera que concluyeron las consultas tripartitas al respecto. El
Gobierno también indica en su memoria que en abril de 2015 se reiniciaron las reuniones del CNTPE y la resolución
legislativa núm. 30312, de 5 de marzo de 2015, aprobó la ratificación del Convenio sobre la protección de la maternidad,
2000 (núm. 183). La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las consultas celebradas sobre cadauna de las materias relacionadas con las normas internacionales del trabajo que requiere el Convenio.

Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1992)
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a las observaciones anteriores de laComisión, el Gobierno declara en su memoria que todas las medidas que tengan por objetivo mejorar el mercado detrabajo se tratan con los interlocutores sociales en el ámbito del Consejo Nacional de Concertación Social. El Gobierno
agrega que todas las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo se dan aconocer a los interlocutores sociales. La Comisión recuerda que para dar efecto al Convenio se deben realizar consultas

393

Consultas tripartitas

PerúCONSULTAS TRIPARTITAS

efectivas con los interlocutores sociales sobre cada uno de los temas relativos a las normas internacionales del trabajo
enumerados en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio (cuestionarios relativos al orden del día de la Conferencia
Internacional del Trabajo, sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia, reexamen
de los convenios no ratificados y de las recomendaciones, cuestiones que plantean las memorias sobre la aplicación de losconvenios ratificados, propuestas de denuncia). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información
detallada sobre las consultas tripartitas efectivas celebradas sobre los temas relativos a las normas internacionales deltrabajo cubiertos por el Convenio.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

SerbiaConvenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2005)
Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno
que se recibió en noviembre de 2014 y de las observaciones formuladas por la Unión de Empleadores de Serbia y laFederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS), transmitidas por el Gobierno. La Comisión también toma nota
de las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos «Nezavisnost», recibidas en agosto de 2014, y de la
respuesta del Gobierno que se recibió en diciembre de 2014. En sus observaciones, Nezavisnost expresa su preocupación
sobre las consecuencias de la falta de diálogo social y del incumplimiento de los convenios de la OIT por parte de Serbia,
añadiendo que se han promulgado una serie de leyes que incumplen el procedimiento establecido en la legislación y en el
Convenio núm. 144. Asimismo, Nezavisnost señala que no ha sido informado sobre si el Gobierno ha preparado su
memoria sobre la aplicación del Convenio ni acerca de si ha pedido a los interlocutores sociales comentarios sobre dicha
memoria. La Unión de Empleadores de Serbia señala que, a pesar de que se ha establecido un marco regulador y de que se
proclama el apoyo al diálogo social, las consultas tripartitas efectivas entre el Gobierno y los interlocutores sociales no son
regulares ni constantes en la práctica, sino que se convocan cuando así lo deciden los ministerios concernidos. La Uniónde Empleadores de Serbia añade que no todas las leyes que autorizan la ratificación de los convenios de la OIT han sido
objeto de consultas, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos
celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94), que fue ratificado en diciembre de 2014. La CATUS indica que
Serbia tiene que examinar los convenios de la OIT que no se han ratificado e iniciar el procedimiento para ratificar
aquellos que pueden mejorar los derechos y la posición de los trabajadores, mejorar las normas en materia de seguridad ysalud en el trabajo y poner a un nivel más alto la protección medioambiental. La CATUS también opina que deberían
realizarse consultas con los sindicatos representativos en relación con los convenios que deben ratificarse. En su respuesta
a las observaciones realizadas por Nezavisnost, el Gobierno indica que las memorias de 2014 sobre la aplicación de losconvenios de la OIT fueron transmitidas con posterioridad a los interlocutores sociales, concretamente el 6 de octubre de2014, debido a la promulgación de la Ley de Enmienda del Código del Trabajo, que se adoptó el 29 de junio de 2014.
Además, el Gobierno señala que los interlocutores sociales, incluidas la Unión de Empleadores de Serbia, Nezavisnost y la
CATUS, siempre han participado en los grupos de trabajo que se encargan de elaborar la legislación laboral. En su
memoria, el Gobierno añade que todos los textos legislativos que rigen el trabajo y el bienestar se comunican
regularmente al Consejo Económico y Social. La Comisión pide al Gobierno que transmita información concreta sobre
las consultas tripartitas celebradas sobre las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo
cubiertas por el Convenio (artículo 5, 1)). Sírvase indicar la naturaleza de los informes o recomendaciones realizados
como resultado de las consultas. La Comisión también pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobrelas actividades del Consejo Económico y Social en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio.

Sierra Leona
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1985)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, transmitida en junio de 2004, en laque indica su compromiso para promover la consulta tripartita en todo el país, así como el apoyo a la delegación tripartita en laConferencia Internacional del Trabajo. La Comisión espera que el Gobierno y los interlocutores sociales examinen de quémanera se aplica el Convenio y que la próxima memoria del Gobierno contenga indicaciones sobre toda medida adoptada
para que se realicen consultas tripartitas efectivas en el sentido del Convenio (artículos 2 y 5 del Convenio).
La Comisión recuerda que la Oficina tiene la capacidad técnica para contribuir al fortalecimiento del diálogo social y para
apoyar las actividades de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con las consultas
requeridas por el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

394

CONSULTAS TRIPARTITAS

Swazilandia
Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas efectivas tripartitas. El Gobierno señala en su memoria que el Comité
Nacional de Diálogo Social ha venido reuniéndose mensualmente desde febrero de 2010; no obstante, el 28 de marzo de2014, las organizaciones de trabajadores notificaron al Gobierno su decisión de retirarse de todas las estructuras tripartitas.
La Comisión toma nota de la última memoria del Gobierno recibida el 1.º de octubre de 2015, según la cual se ha creado
por notificación legal núm. 120, con efectos a partir del 1.º de agosto de 2015, el Comité Nacional de Diálogo Social. De
la memoria, toma nota asimismo que los interlocutores sociales señalaron en la reunión de la Junta Consultiva del Trabajo,de 22 de octubre de 2015, que es necesario velar por la aplicación de las disposiciones del Convenio, en particular, en loque se refiere a la inclusión de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las estructuras
tripartitas a medida que se registran más federaciones sindicales en el futuro. Según las organizaciones de trabajadores, nose está respetando el principio de «la organización más representativa». El Gobierno señala que se concluyó que la Junta
Consultiva del Trabajo idearía una fórmula en este aspecto y asesoraría al respecto al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre el contenido y los resultados de lasconsultas tripartitas mantenidas sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el
Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas paraseleccionar las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores en los órganos tripartitos
en los que se debate sobre normas internacionales del trabajo (artículo 3).
Artículo 5, 1), c) y e). Perspectivas de ratificación de los convenios no ratificados y propuestas de denuncia deconvenios ratificados. En respuesta a los comentarios anteriores relativos a la posible denuncia del Convenio sobre el
reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50), del Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadoresindígenas), 1939 (núm. 64), del Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65), y delConvenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm. 104), así como en relación conlas perspectivas de ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), el Gobierno señala queno se ha llegado a ninguna conclusión en las deliberaciones sobre estos Convenios puesto que no funcionaban las
estructuras tripartitas. El Gobierno añade que el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) y el
Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) se incluirán en el orden deldía de la Junta Consultiva del Trabajo para iniciar las medidas que sean necesarias con miras a presentar estos dos
instrumentos a las autoridades competentes para su ratificación. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando
información sobre cualquier novedad que ocurra en el contexto tripartito, en relación con la ratificación de losconvenios actualizados y la denuncia de los convenios que han quedado obsoletos.

Turquía
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las observaciones formuladas por la Confederación de
Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS) y la Confederaciónde Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK), transmitidas por el Gobierno.
Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno indica en su memoria que el Consejo
Económico y Social, la Asamblea de Trabajo y el Consejo Consultivo Tripartito son los mecanismos de diálogo social
más importantes establecidos en el marco del Convenio. La Comisión toma nota de que el Consejo Consultivo Tripartito
ha debatido proyectos de ley durante sus reuniones. En 2013 y 2014, se discutió el reglamento para el establecimiento derelaciones de trabajo temporales a través de agencias de empleo privadas. Sin embargo, los interlocutores sociales noalcanzaron ningún acuerdo. En sus observaciones, la TISK se refiere a la única reunión celebrada por el Consejo
Consultivo Tripartito en 2012, aunque generalmente debería haber varias al año, y señala que sería importante que elConsejo, que debe reunirse para realizar consultas efectivas, se convocara con más frecuencia cuando se aprueban textos
legislativos que afectan profundamente a la vida laboral. La TISK también indica que el Gobierno ha adoptado las
primeras medidas en relación con el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y tiene previsto
introducir disposiciones legislativas, en cooperación con los interlocutores sociales del Consejo Consultivo Tripartito, conel objetivo de que las agencias de empleo privadas puedan establecer relaciones de trabajo temporales. La TÜRK-IS y la
KESK consideran que el Consejo Consultivo Tripartito no ha realizado ningún trabajo eficaz sobre cuestiones
fundamentales durante el período examinado, y añade que los proyectos de ley se prepararon sin tener en cuenta lasopiniones de las organizaciones de trabajadores. La KESK también indica que el Gobierno no hace ningún esfuerzo pararealizar consultas con los interlocutores sociales sobre las cuestiones relacionadas con la aplicación de los convenios dela OIT (artículo 5, 1), d)). La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre las consultas
tripartitas celebradas en el marco del Consejo Consultivo Tripartito sobre las cuestiones relacionadas con las normas
internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio (artículo 5, 1)). La Comisión se refiere a sus comentarios sobre el

395

Consultas tripartitas

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)

CONSULTAS TRIPARTITAS

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96), e invita al Gobierno a transmitir
información sobre las consultas efectuadas en relación con el reexamen de los convenios no ratificados, como, por
ejemplo, el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (artículo 5, 1), c)).

República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionalesdel trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de que una queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT alegando
el incumplimiento del Convenio por parte de la República Bolivariana de Venezuela, presentada por un grupo dedelegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, fue declarada admisible y se encuentra
pendiente ante el Consejo de Administración.
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) recibidas el 2 de septiembre de 2015 y de las observaciones adicionales recibidas el 29 de octubre de2015. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno recibida el 22 de noviembre de 2015.
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015 y la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), recibidas el 2 deoctubre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.
Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió
al Gobierno que facilite información concreta sobre las consultas celebradas sobre cada uno de los temas relativos a lasnormas internacionales del trabajo que se encuentran dentro del alcance del Convenio. La Comisión toma nota de que elGobierno indica en su memoria que concibe el diálogo social desde una perspectiva amplia e inclusiva y que losmecanismos de participación no deben circunscribirse sólo a las organizaciones más representativas. El Gobierno
menciona las consultas realizadas en el marco de la Conferencia Económica por la Paz (abril de 2014) y de la Expo
Anzoátegui Potencia Productiva 2015 que contaron con la participación de numerosos empresarios. El Gobierno aseguraque cada año transmite las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados y no ratificados; los formularios,
informes, encuestas o instrumentos procedentes de la Oficina y de la Conferencia Internacional del Trabajo, para consulta
con las organizaciones de trabajadores y empleadores del país. La Comisión observa que FEDECAMARAS y la OIE
opinan que la organización de empleadores más representativa del país continúa siendo ignorada por el Gobierno.
FEDECAMARAS y la OIE aclaran que las reuniones mencionadas por el Gobierno no configuran un mecanismo deconsulta ni de diálogo ejecutivo. No existen realmente en el país instancias estructurales de diálogo que favorezcan unsano intercambio de ideas ni logren consensos. Según FEDECAMARAS y la OIE, el Gobierno continúa sin atender lasolicitud de la Misión Tripartita de Alto Nivel realizada en la República Bolivariana de Venezuela (27 a 31 de enero de2014) de que se elabore un plan de acción que prevea la constitución de una mesa de diálogo tripartita. FEDECAMARAS
aclara que no pide un diálogo exclusivo, sólo exige ser incluida dentro de la amplia consulta que el Gobierno alega
desarrollar dentro de los parámetros constitucionales del país. La Comisión toma nota de que la CTV indica que elGobierno se ha negado a establecer cualquier tipo de consulta tripartita sobre las materias relevantes a la vida laboral delpaís. La CTV observa que la legislación laboral; y en particular, la fijación del salario mínimo se elaboró de manera
unilateral. Del mismo modo, la UNETE pone el acento en la falta de diálogo y de consulta en el país. La Comisión
lamenta que no hubo progreso en el diálogo social e insta al Gobierno a que tome medidas al respecto. La Comisión
solicita al Gobierno que proporcione información actualizada sobre las consultas efectivas celebradas sobre cada uno
de los temas relativos a las normas internacionales del trabajo que se encuentran dentro del alcance del Convenio ysobre los procedimientos previstos para celebrar dichas consultas. La Comisión reitera su pedido al Gobierno que
indique la manera en que se tienen en cuenta las opiniones expresadas por las organizaciones representativas sobre el
funcionamiento de los procedimientos de consulta requeridos por el Convenio.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 144 (Argentina, Bahamas, República de Corea, Dominica, Grecia, Guinea, Guyana, Honduras, Hungría, India,
Indonesia, Iraq, Islandia, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kuwait, República Democrática Popular
Lao, Lesotho, Liberia, Lituania, Malasia, Malí, Marruecos, Mauricio, México, República de Moldova, Mongolia,
Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nueva Zelandia, Países Bajos: Aruba, Países Bajos:
Sint Maarten, Pakistán, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Senegal, República Árabe Siria, Sudáfrica,
Trinidad y Tabago, Uganda).

396

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Administración e inspección del trabajo
AngolaLegislación. La Comisión toma nota de la adopción del Ley núm. 7/15, de 15 de junio de 2015, que promulga la
Ley General del Trabajo y deroga en su totalidad la Ley General del Trabajo de 2000.
Reforma del sistema de inspección del trabajo. Al tomar nota de que la memoria del Gobierno no da respuesta a
sus comentarios anteriores sobre esta cuestión, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione
información sobre las medidas adoptadas en el marco de la reforma del sistema de la inspección del trabajo. La
Comisión pide al Gobierno que precise en particular las medidas destinadas a dar curso a las recomendaciones
formuladas en el contexto de la asistencia técnica de la OIT con respecto a la aplicación de las reformas legislativas,
incluyendo: 1) la adopción del proyecto de Estatuto Orgánico de la Inspección General del Trabajo; 2) la necesidad degarantizar el cumplimiento de las disposiciones legales (artículos 3, 1), 16 y 17 del Convenio); 3) las condiciones deservicio de los inspectores del trabajo (remuneración y perspectivas de carrera, de conformidad con el artículo 6); y
4) la obligación de notificar a la inspección del trabajo los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional(artículo 14).
Artículo 3 del Convenio. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. Mediación. La
Comisión toma nota de que el artículo 275 de la nueva Ley General del Trabajo confía a los inspectores de trabajo la
función de mediación en los conflictos que se plantean entre empleadores y trabajadores. La Comisión recuerda que las
funciones principales de los inspectores del trabajo se establecen en el artículo 3, 1), del Convenio y no incluyen la
mediación. La Comisión se refiere a los párrafos 72 a 74 del Estudio General de 2006, Inspección de trabajo, y subraya
que el tiempo y la energía requerida por esa función redundarían con frecuencia en detrimento del ejercicio de las
funciones principales de los inspectores del trabajo. La Comisión alienta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para velar por que en la legislación y en la práctica se descargue a los inspectores de las funciones asignadas en elámbito de la mediación con el fin de que puedan dedicarse plenamente al desempeño sus funciones principales comose establece en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio.
Inspección de trabajadores extranjeros. Ante la ausencia de respuesta del Gobierno sobre esta cuestión, laComisión pide nuevamente al Gobierno que especifique el papel de los inspectores del trabajo en relación con lostrabajadores extranjeros que no están autorizados legalmente a permanecer en el país, y los medios por los que segarantiza que esos trabajadores pueden hacer efectivos los derechos adquiridos durante su relación de trabajo.
Artículos 4 y 11. Vigilancia y control del sistema de la inspección del trabajo por una autoridad central, recursos
humanos y financieros, medios de acción y medios de transporte puestos a disposición de los servicios de inspección. En
sus comentarios previos, la Comisión tomó nota de que el inspector general del trabajo es la autoridad central deinspección. Indicó que entendía que los gastos relativos a las actividades de inspección estaban a cargo en alguna medida,de la Secretaría General del Ministerio de la Administración Pública, Empleo y Seguridad Social, así como de losgobiernos provinciales. En ausencia de una respuesta a su solicitud anterior sobre esta cuestión, la Comisión pidenuevamente al Gobierno que especifique de qué manera la autoridad central de inspección garantiza que las oficinasde la inspección, especialmente las oficinas locales, disponen de los recursos humanos, el equipo y los muebles deoficina necesarios, y de los medios de transporte que requieren para el desempeño de sus funciones de inspección deconformidad con las necesidades de cada provincia. Además pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para
reembolsar a los inspectores del trabajo de las diversas inspecciones provinciales todos los gastos de viaje y cualquiergasto accesorio que pudiera ser necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 18. Sanciones adecuadas. La Comisión toma nota de que el artículo 308 de la Ley General del Trabajo
dispone que las infracciones a la legislación laboral serán castigadas con multas impuestas con arreglo a la ley deaplicación de esta disposición. La ley de aplicación debe determinar la cuantía mínima y máxima de las multas, especificar
el órgano responsable de su imposición y los criterios para fijar su nivel y las condiciones de prescripción. La Comisión
pide al Gobierno que facilite el texto de aplicación relativo a esta disposición.
Artículo 21. Informe anual de inspección. La Comisión toma nota con interés de los informes anuales deinspección presentados por el Gobierno para 2011, 2012, 2013 y 2014, y del informe para el primer trimestre de 2015. La
Comisión toma nota de que esos informes contienen información, en particular, sobre el número de inspectores por
categoría; el número de visitas de inspección y el número de lugares de trabajo inspeccionados por sector; el número deinfracciones por tema; el número de actas de infracción; el número de accidentes de trabajo, según su gravedad y por
sector, y el número de informaciones y asesorías técnicas dispensadas. La Comisión pide al Gobierno que vele por que
los informes anuales de inspección también contengan información sobre los casos de enfermedad profesional, deconformidad con el artículo 21, g), del Convenio.

397

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1976)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Bangladesh
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1972)
La Comisión recuerda la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la 103.ª reunión (mayo-junio
de 2014) de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo.
La Comisión toma nota de que, a solicitud de la Comisión de Aplicación de Normas, entre el 18 y el 20 de octubre
de 2015 se llevó a cabo una misión de contactos directos a Bangladesh, y que esta misión ha preparado un informe sobre
el seguimiento de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia de 2014 en relación con la aplicación del Convenio.
Cambios legislativos. La Comisión toma nota de que los reglamentos laborales de Bangladesh en aplicación de la
Ley del Trabajo revisada fueron publicados en la Gaceta Oficial el 15 de septiembre de 2015 (BLR 2015). La Comisión
formula observaciones sobre las partes pertinentes de este reglamento en lo que respecta a los artículos del Convenio quese señalan a continuación.
Artículos 2, 3, párrafo 1, a) y b), 5, a), 13, 17 y 18 del Convenio. Actividades de inspección para mejorar las
normas en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) en el sector de la confección de prendas de vestir. La
Comisión había tomado nota de los diversos programas y actividades llevados a cabo por el Gobierno y los interlocutoressociales con el apoyo de la OIT, así como de los que se llevan a cabo en colaboración con otros actores, para mejorar las
normas de SST en las fábricas del sector de la confección de prendas de vestir.
Toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que, en septiembre de 2015, un total de 3 407 fábricas deprendas de vestir fueron objeto de inspecciones en materia de seguridad contra incendios, seguridad de las instalaciones
eléctricas y resistencia de las estructuras (1 333 de las cuales fueron llevadas a cabo a raíz de la iniciativa nacional,
1 274 por el grupo de fabricantes y proveedores de ropa ACCORD, y 800 por el grupo de fabricantes y proveedores deropa ALLIANCE). El grupo de trabajo en materia de revisión establecido por el Departamento de Inspección de Fábricas
y Establecimientos (DIFE) en seguimiento de las recomendaciones realizadas como consecuencia de esas iniciativas
ordenó la clausura de 34 fábricas y la clausura parcial de 49 fábricas (tras las inspecciones realizadas en 110 fábricas). La
Comisión toma nota de que según la información que figura en el informe de la misión de contactos directos, existen
dudas en lo que respecta a si las autoridades públicas que se encargan de la seguridad en materia de incendios,
instalaciones eléctricas y estructuras disponen de los recursos humanos y las capacidades necesarias para tomar el relevo
de las iniciativas privadas — ACCORD y ALLIANCE — una vez que el mandato de éstas expire, a saber en 2018. A este
respecto, la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno se están llevando a cabo iniciativas para aumentar
el número de inspectores de los órganos públicos responsables de la seguridad de los edificios (las autoridades dedesarrollo de la capital (RAJUK)) y de la seguridad contra incendios (Departamento de Lucha contra Incendios y Defensa
Civil (DFSCD)).
Actividades de inspección en sectores diferentes al de la confección de prendas de vestir, incluida la construcción.
La Comisión toma nota de que, a raíz de su solicitud anterior, en su memoria el Gobierno ha indicado que en 2015 el
sector de la construcción ha sido uno de los sectores prioritarios para la inspección debido al elevado número deaccidentes del trabajo que se han producido en el mismo. A este respecto, la Comisión también toma nota de la
información que figura en la memoria del Gobierno transmitida tras la misión de contactos directos que se realizó en
octubre de 2015 que sugiere que las actividades de inspección continúan estando centradas en el sector de la confección deprendas de vestir. Asimismo, el informe de la misión de contactos directos indica que el sector informal, que representa el
87 por ciento de la fuerza de trabajo del país (según un informe del DIFE de 2015), no está cubierto por las inspecciones
del trabajo.
La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada relativa a las actividades de inspección deltrabajo desglosada por sector, sobre una base anual (incluidas estadísticas sobre: los lugares de trabajo de distintos
sectores y el número de trabajadores empleados en ellos, el número de inspecciones del trabajo realizadas, lasviolaciones detectadas y las sanciones impuestas, los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional
incluyendo los decesos causados por dichos accidentes y enfermedades, etc.).
Cooperación entre la inspección del trabajo y otras instituciones públicas o privadas que realizan actividades
similares. En lo que respecta a su solicitud anterior en relación con la coordinación entre los servicios de inspección deltrabajo y las iniciativas públicas y privadas, la Comisión acoge con agrado que en su memoria el Gobierno se refiere a:i) el desarrollo de normas mínimas comunes (elaboradas por la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh(BUET) con la asistencia de la OIT) a fin de examinar las cuestiones relacionadas con la seguridad contra incendios, laseguridad de las instalaciones eléctricas y la integridad estructural de las fábricas de confección de prendas de vestir detodas las iniciativas públicas y privadas; ii) la coordinación de las inspecciones en materia de seguridad contra incendios yla integridad de las estructuras por el alto comité nacional tripartito sobre seguridad contra incendios e integridad
estructural; iii) las reuniones regulares de coordinación entre el DIFE, el DFSCD y las RAJUK, y iv) la utilización de una
lista de control unificada por los órganos públicos pertinentes, incluidos el DIFE y el DFSCD. La Comisión pide al
Gobierno que continúe transmitiendo información a este respecto.

398

Artículo 3, párrafo 2. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión había
tomado nota de que el nuevo párrafo 124, a), de la Ley del Trabajo de Bangladesh (BLA), en su forma enmendada, otorga
al inspector jefe y a todos los otros funcionarios autorizados por el inspector jefe la posibilidad de actuar como mediadoresy conciliadores en reclamaciones relativas a los pagos y prestaciones pendientes. La Comisión toma nota de que laregla 113 del BLR de 2015 establece otras disposiciones a este respecto.
La Comisión recuerda de nuevo que el artículo 3, párrafo 2, del Convenio prevé que ninguna otra función que se
encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales.
Además, señala a la atención del Gobierno las orientaciones que figuran en el párrafo 8 de la Recomendación sobre lainspección del trabajo, 1947 (núm. 81), que establece que las funciones de los inspectores del trabajo no deberían incluirlas de conciliador o árbitro en conflictos del trabajo. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno, en
particular habida cuenta de los limitados recursos humanos disponibles en los servicios de inspección del trabajo, que
adopte las medidas necesarias para garantizar que, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, todas las otras funciones
encomendadas a los inspectores del trabajo no interfieran en el cumplimiento de sus funciones principales. A este
respecto, debería tenerse en cuenta la posibilidad de encomendar la mediación y la conciliación de conflictos laborales
a otro órgano público.
Artículos 6 y 7. Situación jurídica y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. Formación de losinspectores del trabajo. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que entre enero de 2014 y agosto
de 2015 todos los inspectores del trabajo recibieron formación en materia de legislación del trabajo, técnicas de inspeccióny SST.
La Comisión también toma nota de que, según la información que contiene el informe de la misión de contactos
directos, retener a los inspectores del trabajo resulta problemático. Esto parece obedecer a que los inspectores del trabajo
no realizan una carrera en la función pública. A este respecto, toma nota de que según el informe de la misión, algunos delos inspectores del trabajo que habían sido contratados recientemente abandonaron el DIFE, después de haber sido
formados, para trabajar en otros servicios gubernamentales. La Comisión, toma nota además, de que el DIFE indicó quetiene previsto contratar directamente a inspectores del trabajo para puestos externos al servicio civil (y no a través de lacomisión del servicio civil). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que losinspectores del trabajo formen parte de la función pública a fin de darles la misma protección que a los otros
funcionarios públicos y ofrecerles las mismas perspectivas de carrera. A este respecto, solicita al Gobierno que revise
los perfiles profesionales y los grados de los inspectores del trabajo y garantice que se equiparan a los de losfuncionarios públicos que ejercen funciones similares, tales como los inspectores fiscales o la policía. La Comisión
pide al Gobierno que continúe comunicando información sobre la formación impartida a los inspectores del trabajo araíz de la adopción del BLR de 2015. La Comisión pide al Gobierno acordar una especial atención en el diseño de laformación para los inspectores del trabajo en materia de libertad de asociación, a los comentarios que formula bajo elConvenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), de manera que segarantice que toda la formación se lleve a cabo en plena conformidad con dicho Convenio.
Artículos 10 y 11. Reforzamiento de los recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo. La
Comisión había tomado nota de que se habían adoptado medidas para reforzar y restructurar la inspección del trabajo,
incluso a través del triple aumento propuesto de los recursos humanos y presupuestarios del departamento y lacontratación de 88 inspectores del trabajo adicionales.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el número de puestos aprobados de inspectores del trabajo haaumentado hasta 575, y que desde 2013 se han contratado 230 inspectores, lo que hace que el número total de inspectoresdel trabajo sea de 283 (187 especializados en condiciones generales del trabajo, 28 especializados en salud, y
35 especializados en seguridad). Asimismo, toma nota de que el Gobierno indica que los puestos vacantes se están
cubriendo. A este respecto, toma nota de la información que figura en el informe de la misión de contactos directos
respecto a que se ha pedido a la comisión de la administración pública que contrate a 154 nuevos inspectores del trabajo.
La Comisión también recuerda que el Gobierno se había comprometido a que el número de inspectores del trabajo fuera
de 800.
La Comisión acoge con agrado la indicación del Gobierno respecto a que se han incrementado los medios detransporte (por ejemplo, se ha dotado a la inspección de 160 motos, 15 microbuses y un jeep) y el número de ordenadores
y equipos de oficina de los inspectores del trabajo. La Comisión acoge con agrado los progresos realizados en lo que
respecta a la contratación de más inspectores del trabajo, y expresa la firme esperanza de que el Gobierno cubra, sinmás demora, los 575 puestos de inspector del trabajo que ya se han aprobado y contrate a un número adecuado deinspectores del trabajo calificados teniendo en cuenta el número de lugares de trabajo sujetos a inspección. A este
respecto, pide al Gobierno que fije un plazo concreto para cubrir los 575 puestos que han sido aprobados y para lacontratación de los 800 inspectores del trabajo que se había comprometido a contratar. Asimismo, pide al Gobierno
que transmita información sobre los esfuerzos realizados para incrementar el número de inspectores del trabajo
especializados en SST.
Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita una descripción detallada de los recursos materiales
disponibles en las oficinas de inspección del trabajo: i) a nivel central, y ii) en los 23 distritos (espacio de las oficinas,

399

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

teléfonos, ordenadores, conexiones a Internet, fotocopiadoras, dispositivos de medición, etc.), incluidos los medios detransporte disponibles.
Artículos 12, párrafo 1, 15, c), y 16. Deber de confidencialidad en relación con las quejas. La Comisión también
toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno respecto a que sólo 668 de las
25 525 inspecciones del trabajo llevadas a cabo en 2014 se realizaron sin previo aviso. La Comisión observa que ellimitado número de visitas de inspección sin notificación previa puede socavar la eficacia de tales visitas para identificar
problemas de seguridad y la salud que pueden permanecer ocultos o desconocidos. La Comisión se refiere al párrafo 263
de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, en el que destacó la importancia de las visitas sin notificación
previa, especialmente en los casos en que el empleador pueda intentar disimular una infracción modificando lascondiciones habituales de trabajo, alejando a un testigo o haciendo imposible el control. En este contexto, la Comisión
había tomado nota anteriormente de que los BLA, en su versión enmendada, no prevén ninguna obligación legal deabstenerse de revelar la identidad del autor de la queja o de indicar que la visita de inspección se ha efectuado por haberse
recibido dicha queja. La Comisión recuerda también sus observaciones anteriores sobre la necesidad de llevar a cabo un
número suficiente de inspecciones del trabajo aleatorias y sin previo aviso a fin de permitir que los inspectores del trabajo
cumplan eficazmente con su obligación de dar un trato confidencial a la fuente de cualquier queja. La Comisión opina queen la situación actual, en la que sólo el 2,5 por ciento de todas las inspecciones son sin previo aviso, puede establecerse
fácilmente la relación entre una inspección y la existencia de una queja, con lo cual la confidencialidad se ve socavada. La
Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para incluir en la legislación la obligación deconfidencialidad de las quejas y su origen. La Comisión también pide al Gobierno que garantice que se realicen un
número suficiente de inspecciones del trabajo sin previo aviso y que transmita información sobre todas las medidas
prácticas adoptadas a este respecto.
Artículos 17 y 18. Procedimientos judiciales, aplicación efectiva y sanciones suficientemente disuasorias. La
Comisión había tomado nota de que, tras las enmiendas a la BLA en 2013, la multa máxima que puede imponerse por una
infracción general a la misma aumentó de 5 000 taka (BDT) a 25 000 BDT (aproximadamente entre 65 y 325 dólares delos Estados Unidos) y que la pena máxima de prisión por obstrucción de las labores de un inspector ha aumentado a seismeses. En este contexto, toma nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicó que la aplicación de la leysigue siendo un problema grave por una serie de motivos, entre los cuales se incluyen el hecho de que los inspectores deltrabajo no pueden imponer multas y la necesidad de remitir todos los casos de incumplimiento a los tribunales, lainsuficiencia de personal jurídico empleado por el Ministerio de Trabajo y Empleo o el DIFE y el hecho de que el montode las multas sea demasiado reducido para que sean disuasorias.
En relación con su solicitud de información sobre el número de infracciones detectadas, la Comisión también toma
nota de que según las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, se remitieron 1 110 casos a los tribunales del trabajo.
La Comisión toma nota de que no se tiene información sobre el curso dado a estos casos. Sin embargo, entiende que,según el informe de la misión de contactos directos, pocas veces, si alguna, se imponen penas de prisión. La Comisión
también toma nota de que el Gobierno se refiere de nuevo a que, tras las enmiendas de 2013, se ha incrementado el montode las multas que se imponen por incumplimiento de algunas disposiciones de la BLA, pero no transmite información
sobre las medidas previstas para incrementarlas aún más, habida cuenta de que siguen siendo reducidas para mejorar su
efectiva imposición. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas oprevistas para garantizar que las sanciones por violaciones a la legislación del trabajo sean lo suficientemente
disuasorias y que se impongan multas efectivas.
La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el número de infracciones
detectadas y de casos remitidos a los tribunales del trabajo. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información
sobre los ámbitos con los que están relacionados estas infracciones (SST, libertad sindical, trabajo infantil, etc.) ysobre el curso dado a las mismas (número de condenas impuestas en relación con las infracciones notificadas, montode las multas impuestas, etc.).
En este contexto, la Comisión también pide al Gobierno que especifique cuántos juristas del DIFE se ocupan delseguimiento de las infracciones detectadas, y que aclare si los inspectores del trabajo tienen facultades para imponer
multas o tienen que presentar todos los casos de incumplimiento a los tribunales del trabajo.
Artículos 2, 4 y 23. Inspecciones del trabajo en las Zonas Francas de Exportación (ZFE). La Comisión había
tomado nota de que la Autoridad de las zonas francas de exportación de Bangladesh (BEPZA) sigue siendo la institución
responsable de garantizar los derechos y ventajas de trabajadores de las empresas que operan en la ZFE, y que
60 consejeros se ocupan de esta función. A este respecto, tomó nota de las observaciones de la CSI en relación a que losconsejeros tramitan algunas quejas pero que no existe sistema de inspección del trabajo en las ZFE. También tomó nota delas conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, según las cuales el Gobierno debería darprioridad a las enmiendas a la legislación que rige las ZFE a fin de que la inspección del trabajo pueda encargarse de su
inspección. Asimismo, la Comisión señaló que se había preparado un proyecto separado de ley del trabajo para la ZFE.
Toma nota de que este proyecto se ha enviado al Ministerio para que lo examine antes de enviarlo al Parlamento para su
adopción. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de las observaciones de la CSI, según las cuales el proyecto
de ley del trabajo para la ZFE plantea una serie de preocupaciones, en particular que la inspección del trabajo y laaplicación de la ley en las ZFE siguen siendo competencia de la BEPZA, y que las facultades y funciones de los tribunales

400

del trabajo en las ZFE y del tribunal de apelación del trabajo en las ZFE establecidos con arreglo al proyecto de ley deltrabajo para la ZFE, son sumamente restringidas en comparación con los tribunales que se rigen por la BLA.
La Comisión también toma nota de que, en respuesta a una cuestión relacionada con las actividades del personal
responsable de la aplicación de los derechos de los trabajadores, el Gobierno indica que, en 2014, se presentaron ante lostribunales 160 casos de los cuales 70 se resolvieron. Sin embargo, no proporciona más información en relación con los
casos en cuestión. El Gobierno también indica que los conciliadores y árbitros de las ZFE son responsables de hacer frentea las prácticas laborales desleales, pero no ha proporcionado información sobre el número de casos que han abordado.
Además, la Comisión toma nota de la información que figura en el informe de la misión de contactos directos respecto aque no se han impuesto multas por las violaciones de la legislación del trabajo previstas en la actual legislación aplicable alas ZFE (la Ley sobre las Asociaciones para el Bienestar de los Trabajadores y las Relaciones de Trabajo en las ZFE(EWWIRA), de 2010, y las instrucciones 1 y 2 de la BEPZA, de 1989. Asimismo, toma nota de la declaración realizada
por un empleador, que se menciona en el informe de la misión de contactos directos, respecto a que no se realizan
inspecciones en las ZFE. La Comisión expresa su profunda preocupación de que las ZFE permanezcan fuera del ámbito
de competencia de la inspección del trabajo. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobrelas medidas adoptadas para que las ZFE se incluyan en el ámbito de competencia de la Inspección del Trabajo.
Pide al Gobierno que transmita información detallada sobre las actividades llevadas a cabo en las ZFE paragarantizar a los trabajadores sus derechos (incluyendo las infracciones detectadas, y las disposiciones legales a las que
se refieren, el número de casos remitidos a los tribunales y las sanciones impuestas). Asimismo, la Comisión pide denuevo al Gobierno que transmita estadísticas sobre el número y la naturaleza de los accidentes laborales y los casos deenfermedad profesional en las ZFE y que precise dónde ellos se registran.
Artículos 2, 4 y 23. Inspección del trabajo en las zonas económicas especiales (ZEE). La Comisión toma nota deque, según el informe de la misión de contactos directos, el Gobierno propone establecer zonas económicas especiales(ZEE). La Comisión pide al Gobierno que confirme que las disposiciones de la BLA y del BLR de 2015, en la medidaen la que tienen relación con la inspección del trabajo, se aplicarán a esas zonas.
Artículos 20 y 21. Publicación y comunicación a la OIT de un informe anual de la inspección del trabajo. La
Comisión había tomado nota con interés del establecimiento de una base de datos pública sobre las inspecciones enmateria de seguridad contra incendios, seguridad de las instalaciones eléctricas y resistencia de las construcciones en el
sector de la confección de prendas de vestir. Toma nota de la información que figura en el informe de la misión respecto aque la base de datos también contendrá información sobre las inspecciones del trabajo y las condiciones de trabajo.
La Comisión acoge con agrado que, en respuesta a sus solicitudes anteriores, el Gobierno indica que se están
realizando esfuerzos para establecer un registro de todos los lugares de trabajo sujetos a inspección y de los trabajadores
empleados en ellos, y que se está preparando un informe anual de las labores de la inspección del trabajo que deberíapublicarse próximamente. A este respecto, también toma nota de que según el informe de la misión de contactos directos
se están desplegando esfuerzos con el fin de establecer un sistema mejor y más eficaz de recopilación y análisis de datos a
través del desarrollo de un mecanismo informático de presentación de informes y la contratación de personal para larecogida, compilación y actualización de la información. Además, una lista revisada de verificación para la inspección,
que tiene en cuenta los requisitos legales del BLR de 2015, debería mejorar la recopilación de información pertinente.
La Comisión confía en que el informe anual de la inspección del trabajo se transmita próximamente, y que
contenga información sobre todas las cuestiones que figuran en el artículo 21, a) a g). Asimismo, pide al Gobierno que
informe detalladamente sobre las medidas concretas adoptadas para establecer un registro de todos los lugares detrabajo sujetos a inspección y de los trabajadores empleados en ellos, así como sobre las medidas descritas
anteriormente para mejorar la recopilación de información en materia de inspección. La Comisión pide al Gobierno
que continúe recurriendo a la asistencia técnica de la Oficina a este fin.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Estado Plurinacional de Bolivia
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), recibidas el 31 de agosto de 2015.
La Comisión observa que algunas de las cuestiones planteadas por las organizaciones tienen relación con aspectos
que ha venido tratando en sus comentarios. La OIE y la CEPB alegan que: i) el servicio de inspección es poco eficiente,pues los inspectores no cumplen con su obligación de proveer información y asesoramiento a los empleadores y a lostrabajadores; ii) no existe un régimen de contratación que garantice la estabilidad laboral de los inspectores, y su
permanencia en el puesto depende de los cambios en los puestos de nivel jerárquico superior del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social (MTEPS); iii) no existe la intervención de peritos y técnicos especializados; iv) el número deinspectores del trabajo es sustancialmente insuficiente en relación con el número de establecimientos que deberían atendery el número de trabajadores empleados en ellos, y v) las oficinas de los inspectores del trabajo tienen deficiencias
401

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

importantes. Las OIE y la CEPB indican también que desconocen los requisitos que se exigen para ocupar los puestos deinspector, así como el proceso de inducción y capacitación de los inspectores al comenzar el ejercicio de sus funciones. La
Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones a este respecto.
Además, la Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por Consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Recomendaciones en el marco del Proyecto de cooperación técnica multilateral (FORSAT/OIT). En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que los aportes más destacados de este proyecto en lo que a inspección se refiere (queestuvo vigente hasta fines de abril de 2007), se relacionaban, en particular a la actualización del reglamento de la inspección deltrabajo; a la separación de las funciones de inspección del trabajo de las de conciliación y mediación; a los informes sobre lasactividades de inspección; a los informes periódicos de inspección; al registro de inspecciones, las actas de inspección, laparalización de trabajos, a las actas de infracción con propuestas de sanción, así como a un diagnóstico de situación relativo a las
sanciones. Asimismo, el proyecto incluía propuestas para la mejora del registro de empresas del MTEPS, de intercambio de
información y mejora de la colaboración institucional. La Comisión esperaba que el Gobierno indicara las medidas adoptadas
para definir el marco normativo y estructural y los procedimientos y métodos de trabajo destinados a institucionalizar un sistemade inspección eficaz. Ahora bien, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual desde el fin de ese proyecto
no se han realizado progresos en ese sentido. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar
curso a las recomendaciones formuladas en el marco del proyecto antes mencionado y que proporcione informaciones sobre
toda otra medida adoptada o prevista para la definición de un marco normativo y estructural, así como de procedimientos ymétodos de trabajo apropiados para la institucionalización de un sistema de inspección eficaz.
Artículos 19, 20 y 21 del Convenio. Informes periódicos, publicación y comunicación de un informe anual sobre lasactividades de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que las jefaturas regionales ydepartamentales elaboran mensualmente informes que remiten a la Dirección General del Trabajo, Higiene y Seguridad
Ocupacional, pero que aún no se había publicado el informe anual, debido a que el registro y la publicación de datos se realiza demanera manual, lo que dificulta la sistematización oportuna de la información. La Comisión toma nota de que, en el marco delacuerdo de cooperación por el fortalecimiento del sistema de inspección «Bolhispania» firmado entre la Agencia Española deCooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el MTEPS, las oficinas departamentales de este último recibieron
computadoras, impresoras y otros equipos informáticos. La Comisión espera que el Gobierno podrá utilizar este equipo para elregistro y tratamiento de los datos necesarios para la elaboración del informe anual de inspección. La Comisión solicita al
Gobierno que comunique informaciones sobre todo progreso realizado con miras a la publicación y a la comunicación a la
OIT de un informe anual sobre las labores de los servicios de inspección en los plazos y en la forma requerida por losartículos 20 y 21 del Convenio y, especialmente, sobre los resultados de las gestiones destinadas a obtener, como había
expresado el Gobierno que era su deseo, la asistencia técnica de la Oficina para implantar y desarrollar un sistema
informatizado de seguimiento a las actividades de la inspección del trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 6, párrafos 1 y 2, y 24 del Convenio. Cooperación interinstitucional para garantizar la seguridad física de losinspectores del trabajo en el ejercicio de sus funciones en la agricultura, y aplicación efectiva de las sanciones en los casos enque se obstaculice a los inspectores el desempeño de sus funciones. La Comisión destaca la información del Gobierno según lacual la realización de visitas de inspección en las regiones rurales apartadas (como El Chaco) ha tropezado con algunos
problemas debido a que algunos empleadores se han opuesto a ellas empuñando armas. La Comisión observa que, en virtud delartículo 7, 3), de la resolución núm. 346 de 28 de septiembre de 1987, que aprueba el reglamento de la inspección del trabajo, laInspección del Trabajo podrá solicitar la colaboración de las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones. La Comisión
destaca además, que, en virtud de las disposiciones del artículo 24 del Convenio, la legislación nacional deberá prescribir
sanciones adecuadas, que deberán ser efectivamente aplicadas, para los casos de violación de las disposiciones legales por cuyo
cumplimiento velen los inspectores del trabajo en la agricultura y para aquellos otros en los que se obstaculice a los inspectoresdel trabajo el desempeño de sus funciones. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobrelas medidas adoptadas con miras a reforzar la autoridad necesaria a los inspectores del trabajo en la agricultura en sus
relaciones con los empleadores y los trabajadores del sector. La Comisión pide igualmente al Gobierno que indique lasmedidas adoptadas para la protección de los inspectores por las fuerzas del orden durante sus desplazamientos a algunos delos establecimientos agrícolas en los cuales su seguridad física no está garantizada y que comunique informaciones sobre lasinvestigaciones y las medidas adoptadas respecto a los autores de tales comportamientos, incluyendo las que se aplican envirtud del artículo 24 del Convenio.
Artículos 6, párrafo 1, 15 y 21. Insuficiencia de los medios logísticos y de los medios de transporte adecuados en relación
con las necesidades de inspección del trabajo en la agricultura. El Gobierno señala algunas dificultades en la realización de lasvisitas de inspección en los establecimientos agrícolas a causa de la falta de vehículos adecuados y de la penuria de medios
logísticos, en particular, en las regiones de El Chaco y de la Amazonia. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 15 delConvenio, la autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los inspectores del trabajo en la
agricultura oficinas locales equipadas de acuerdo con las necesidades del servicio y que, en la medida de lo posible, seanaccesibles a todas las personas interesadas y situadas en lugares escogidos en función de la situación geográfica de las empresas
agrícolas y de las vías de comunicación que existan (párrafo 1, a)), así como los medios de transporte necesarios para eldesempeño de sus funciones, en caso de que no existan servicios públicos apropiados (párrafo 1, b)). La Comisión subraya la
importancia crucial que reviste el hecho de poner a disposición de los inspectores del trabajo los medios de transporte adecuados,
habida cuenta de que su movilidad es una condición indispensable para el cumplimiento de sus funciones, especialmente en lasempresas agrícolas que, por naturaleza, están situadas lejos de las zonas urbanas y se encuentran a menudo diseminadas por un

402

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

territorio donde no existen medios de transporte público. La Comisión solicita por consiguiente al Gobierno, que adopte lasmedidas necesarias para evaluar las necesidades en esta materia y que la someta a las autoridades financieras para dar
cumplimiento a las exigencias del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien transmitir, con su próxima
memoria, informaciones sobre cualquier medida adoptada en este sentido y sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

BrasilLa Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Sindicato Nacional de los Agentes de la Inspección
del Trabajo (SINAIT), recibidas el 1.º de abril de 2014 y el 31 de octubre de 2014; y por la Asociación Gaucha deInspectores del Trabajo (AGITRA), recibidas el 7 de abril de 2014. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones
de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el
1.º de septiembre del 2015.
Artículos 3, párrafo 1, 10, 16 y 21, e), del Convenio. Efectivos de inspección del trabajo para el desempeño eficazde las funciones del sistema de inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que
indicara si existe alguna iniciativa concreta en curso para aumentar el número de puestos presupuestados de inspector deltrabajo y que suministrara informaciones actualizadas sobre el número de inspectores del trabajo y su repartición
geográfica, sobre la distribución de las actividades y funciones de los inspectores tanto en las oficinas centrales como enlas oficinas regionales, y sobre el número y la distribución geográfica de los establecimientos sujetos al control de lainspección, y de los trabajadores ocupados en ellos.
La Comisión toma nota de que la CNI y la OIE afirman que la legislación está alineada con el Convenio y que
además, el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) define las directrices de actuación de los inspectores del trabajo
mediante un vasto número de actos administrativos. No obstante, todavía hay espacio para perfeccionar el sistema, con el
fin de lograr un equilibrio entre las necesidades, la legislación y el papel de los inspectores.
La Comisión toma nota de que el SINAIT y la AGITRA alegan en sus observaciones que el número de puestos deinspectores del trabajo («auditores fiscais do trabalho») previsto por la ley es insuficiente, no responde ni a las exigenciasdel artículo 10 del Convenio, ni responde mínimamente a las necesidades de un país de tales dimensiones y confrontado amodalidades de trabajo análogo al trabajo esclavo, al trabajo infantil, a las muertes causadas por los accidentes derivadosdel trabajo y las enfermedades profesionales. Alegan igualmente que ni siquiera el número previsto por la ley se respeta.
Estudios recientes calculan la necesidad de más de 5 000 inspectores adicionales.
La Comisión nota que en su respuesta a las observaciones de las dos organizaciones, el Gobierno reconoce que laampliación del cuadro de inspectores del trabajo es una medida importante para satisfacer adecuadamente las demandas dela sociedad, garantizar los derechos de los trabajadores, proteger la salud y la vida de los trabajadores y reducir loselevados costos de la seguridad social y económicos. Indica que el Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE) envió al
Ministerio de Planeación, Presupuesto y Gestión (MPPG) el aviso núm. 002/14, sobre la necesidad de aumentar lacantidad de puestos en la carrera de inspector del trabajo, así como el aviso núm. 97/2014, en el cual solicita la provisiónde 800 cargos de inspector del trabajo. El MPPG respondió que para la autorización de provisión de vacantes es necesaria
la previa aprobación del proyecto de ley presupuestal anual de 2015 cuyo trámite legislativo no depende de ese Ministerio.
En lo que se atañe a la ampliación del cuadro de inspectores del trabajo, el MPPG respondió también que es el Poder
Legislativo quien debe aprobar la iniciativa del MTE para la creación de nuevos cargos, pues la cantidad necesaria deinspectores (4 500) supera los 3 644 autorizados por la ley. El Gobierno expresa que espera que con el aumento gradualdel número de inspectores del trabajo, se pueda, progresivamente y teniendo en cuenta las presentes restricciones
presupuestales, responder a esta escasez.
El Gobierno indica por otra parte en su memoria que el MTE y la Secretaría de Inspección del Trabajo han
desplegado esfuerzos para aumentar el número de inspectores en todas las regiones, a través de la realización de nuevos
concursos. Así, en el transcurso de 2013, se abrió un concurso que apuntaba a proveer 100 vacantes y los candidatos
aceptados ya ocuparon sus cargos. Se han presentado nuevas solicitudes al MPPG para que autorice la realización de otros
concursos para llenar las vacantes disponibles. Informa además que se encuentra en trámite ante el Congreso Nacional unproyecto de ley que apunta a la creación de 1 406 nuevas vacantes para el cargo de inspector del trabajo.
La Comisión toma nota de que, según el cuadro que figura en la memoria del Gobierno, había para fines de abril del2015, 2 629 inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de las medidas previstas y adoptadas por el Gobierno con el
fin de aumentar progresivamente el número de cargos de inspector del trabajo, así como de aquéllas tendientes a proveer
las vacantes en el límite actualmente autorizado por la ley. La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando
medidas para reforzar el número de inspectores del trabajo con el fin de optimizar la cobertura de las necesidades deinspección.

403

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1989)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 6. Condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que según el
SINAIT, un número importante de inspectores han dejado el Ministerio para ocupar puestos en otras entidades públicas oprivadas, con mejores salarios. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones a este respecto. La
Comisión pide igualmente al Gobierno que comunique información detallada acerca de las remuneraciones de lasdiferentes categorías de inspectores del trabajo. Pide además al Gobierno que comunique información sobre el nivel dela remuneración de los inspectores en relación con el de la de otros funcionarios públicos que ejercen funciones
similares.
Artículo 11. Recursos financieros, medios y condiciones materiales de trabajo de los inspectores del trabajo parael desempeño eficaz de sus funciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara
informaciones sobre los medios de transporte puestos a disposición de los inspectores del trabajo y su repartición
geográfica, así como sobre la accesibilidad de las oficinas de los servicios de inspección, y sobre toda evolución de lascondiciones de trabajo de los inspectores en las unidades descentralizadas.
La Comisión toma nota de que el SINAIT pone de relieve la precariedad de las instalaciones, de los muebles,
equipos informáticos y vehículos a disposición de los inspectores del trabajo. Los inspectores del trabajo se ven obligadosa asumir el costo del transporte para visitar las empresas, pues el subsidio diario que se les asigna no alcanza a cubrir
siquiera el gasto del combustible; hay vehículos averiados, no se les hace mantenimiento y están en garajes
deteriorándose.
La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que cerca de 8,5 millones de reales brasileños (equivalentes a
cerca de 2 245 millones de dólares de los Estados Unidos) fueron destinados en 2014 a inversiones y mejoras en las
instalaciones de las unidades descentralizadas. A propósito de los medios de transporte, el Gobierno informa que losinspectores del trabajo pueden hacer uso tanto de sus vehículos particulares, en cuyo caso reciben un auxilio de transporte
en cuantía fija, como de los vehículos oficiales disponibles y del transporte público. De otra parte, la legislación prevé que
se debe garantizar el paso libre a los inspectores del trabajo y a los agentes de higiene y seguridad en el trabajo incluso enlas carreteras que cobran peaje, bajo presentación de la tarjeta que acredite su identidad como tales. El Gobierno declara,sin embargo, que la flota automóvil no ha sido renovada y reconoce su dificultad para disponer de los recursos financieros
necesarios para la renovación y el mantenimiento de los vehículos. La Secretaría de Inspección del Trabajo, no obstante,está estudiando la manera de resolver el problema a través, por ejemplo, de la tercerización de los servicios de transporte.
En relación con los medios materiales y equipos de oficina, el Gobierno informa que la Secretaría de Inspección delTrabajo adquirió computadoras, impresoras y escáneres para el uso de los agentes de inspección. La Comisión toma nota
de las medidas adoptadas con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los inspectores del trabajo. La Comisión pide
al Gobierno que continúe informando sobre toda medida adoptada para dar pleno cumplimiento al artículo 11 delConvenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

BurundiConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1971)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación al respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las observaciones formulados por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU)
recibidas el 26 de septiembre de 2014. La Comisión se refiere además a las observaciones de la COSYBU, de fecha 30 de agosto
de 2012, en relación con la insuficiencia de los medios materiales de los inspectores del trabajo para la promoción de la seguridad
y la salud en las empresas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique cualquier comentario o información que
considere útil a este respecto.
Funciones principales de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores la Comisión observaba que lasactividades de la inspección del trabajo estaban centradas principalmente en la resolución de conflictos y de manera accesoria, enlas funciones de control previstas en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. La Comisión basaba su apreciación en los informes deactividad de la inspección del trabajo relativos al año 2000 y al primer trimestre de 2001, que daban por otra parte cuenta de lasnumerosas actividades de carácter administrativo. La Comisión comprueba que de nueve inspectores, cinco están encargados decuestiones vinculadas a la resolución de conflictos colectivos y tres del control de la aplicación de la legislación sobre lascondiciones de trabajo, pero que el conjunto de ese personal ha participado en un seminario organizado por el Programa regionalde promoción del diálogo social en África francófona (PRODIAF) sobre las técnicas de conciliación en el transcurso del primer
trimestre de 2006. Estas informaciones confirman que la inspección del trabajo permanece desviada de su rol principal para
centrarse en la resolución de conflictos laborales.
Según el Gobierno, la ausencia de un estatuto particular, la falta de medios de transporte, la falta de calificación delpersonal, la escasez de medios técnicos de control contribuyen a la falta de confianza manifestada por los empleadores con
respecto a los inspectores.
La Comisión insiste una vez más en que los servicios de inspección deben centrar sus actividades en el control de laaplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio desu profesión (artículo 3, párrafo 1) y que cualquier otra función confiada a los inspectores no debería entorpecer el cumplimientoefectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autoridad o la imparcialidad necesarias en sus relaciones
con los empleadores y los trabajadores (párrafo 2). De otra parte, la Comisión recuerda al Gobierno que el artículo 11 del404

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Convenio prevé la obligación para la autoridad competente de tomar las medidas que garanticen el suministro de los medios
necesarios a los inspectores del trabajo, y en particular de los medios de transporte en caso de que no existan medios públicos
apropiados y el reembolso de sus gastos de transporte profesional y de los gastos imprevistos necesarios para el desempeño de sus
funciones. La Comisión expresa la esperanza de que un apoyo financiero apropiado podrá garantizarse en breve a través de lacooperación internacional y agradecería al Gobierno que indique las medidas tomadas y los progresos realizados a este
respecto y que comunique, tan pronto como sea posible, un informe sobre las actividades de inspección en los establecimientos
industriales y comerciales dirigidas a garantizar la aplicación de las disposiciones legales sobre las condiciones de trabajo y laprotección de los trabajadores.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Colombia
La Comisión tomó nota anteriormente de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia en la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2014) relativas
a la aplicación del Convenio.
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
recibidas el 29 de agosto de 2015, y de las observaciones formuladas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y laCentral Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 2 de septiembre de 2015, indicando que las medidas alas que hace referencia el Gobierno para reforzar los servicios de la inspección del trabajo no han tenido resultados
concretos y siguen siendo insuficientes para lograr la protección efectiva de los derechos laborales. Además, toma nota delas observaciones conjuntas formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Nacionalde Empresarios de Colombia (ANDI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, destacando los progresos realizados en
diversos sectores en relación con la inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus
comentarios en relación con esas observaciones.
La Comisión toma nota del compromiso del Gobierno para fortalecer el sistema de la inspección del trabajo y de su
referencia al Plan nacional de desarrollo 2014-2018. Este Plan incluye el fortalecimiento del sistema de inspección deltrabajo como uno de los objetivos de la política nacional al más alto nivel, con la finalidad de contribuir a la formalizaciónde las relaciones laborales, al respeto de los derechos de libertad sindical y al incremento de la afiliación y protección en elrégimen de seguridad social.
Artículos 10 y 16 del Convenio. Número de inspectores del trabajo que desempeñan funciones previstas en el
Convenio. Número de visitas de inspección. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de las indicaciones delGobierno, según las cuales se produjo un aumento en el número de puestos de inspección del trabajo aprobados, pasandode 424, en 2010, a 904 en 2014, y un aumento en el número de inspectores del trabajo activos, que pasaron de 530, en
agosto de 2013, a 715 en noviembre de 2014. La Comisión observa con preocupación que según las estadísticas
proporcionadas por el Gobierno, ha disminuido el número de visitas de inspección del trabajo, que de 10 253 en 2011
pasaron a 8 037 en 2014. Sin embargo, la Comisión toma nota con interés de las indicaciones del Gobierno en su
memoria, según las cuales el número de inspectores del trabajo aumentó nuevamente llegando a 826. La Comisión
también toma nota de que el Gobierno señala que en breve se cubrirán las vacantes de los puestos restantes. La Comisión
pide al Gobierno que facilite información sobre los progresos realizados para cubrir los puestos vacantes aprobados dela inspección del trabajo. Además, pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de visitas
de inspección llevadas a cabo y sobre los motivos que podrían explicar la disminución del número de las mismas entre
2011 y 2014.
Artículos 11, párrafo 1), b), y 15, a). Medios de transporte y principio de independencia e imparcialidad de losinspectores del trabajo. La Comisión observó anteriormente que el artículo 3, 2), de la ley núm. 1610 de 2013, que
permite que los inspectores del trabajo pidan ayuda logística al empleador o al trabajador, cuando las condiciones delterreno así lo requieran, para acceder a los lugares de trabajo susceptibles de inspección, no está en conformidad con las
disposiciones del Convenio, y es contraria a la imparcialidad y a la autoridad necesarias a los inspectores en sus relaciones
con los empleadores y los trabajadores. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala en la memoriapresentada en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) que ha preparado unproyecto de decreto que modifica parcialmente el artículo 3, 2), numeral 5, de la ley núm. 1610, de 2013, que prevería laposibilidad de que las entidades del sector público suscriban acuerdos interinstitucionales para facilitar el transporte a losinspectores del trabajo cuando sea necesario. La Comisión confía en que se dicte pronto el mencionado decreto y pide al
Gobierno que transmita una copia del mismo una vez que se haya dictado. La Comisión alienta nuevamente al
Gobierno, con fines de certeza jurídica, a que considere la enmienda del artículo 3, 2), de la ley núm. 1610, paraexcluir la posibilidad de que los inspectores del trabajo soliciten la asistencia logística de los empleadores otrabajadores para acceder a los lugares de trabajo susceptibles de inspección.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

405

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1967)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC),
recibidas el 29 de agosto de 2015, y de las observaciones formuladas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y laCentral Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 2 de septiembre de 2015. Además, toma nota de loscomentarios formulados conjuntamente por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Nacionalde Empresarios de Colombia (ANDI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione sus comentarios en relación con esas observaciones.
La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a la firma, en junio de 2015, de un Memorando de
Entendimiento entre la OIT y el Gobierno para promover el trabajo decente en la agricultura, a través de la formalizaciónde las relaciones de trabajo, la promoción del empleo y la promoción de la observancia de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas
para ejecutar los objetivos del Memorando de Entendimiento, y el papel de los servicios de la inspección del trabajo enla agricultura a este respecto.
Artículos 1 a 27 del Convenio. Funcionamiento efectivo del sistema de la inspección del trabajo en la agricultura.
En sus comentarios anteriores, la Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar los servicios
de la inspección del trabajo en la agricultura.
La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia en su memoria a una serie de medidas que han tenido
como consecuencia el fortalecimiento del sistema de la inspección del trabajo en su conjunto, incluyendo en la agricultura.
La Comisión, refiriéndose a los comentarios que formula en relación con el Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81), toma nota de los progresos realizados en varios ámbitos relativos a la inspección del trabajo, que también
afectan la aplicación del presente Convenio. Éstos incluyen, en particular: el aumento del número de inspectores deltrabajo, de 530 en agosto de 2013 a 826 en septiembre de 2015 (artículo 14); los esfuerzos para mejorar los medios
financieros de la inspección del trabajo y la asignación de un presupuesto especial destinado a medios de transporte ygastos de viaje (artículo 15); las medidas para mejorar la aplicación efectiva de sanciones suficientemente disuasorias por
infracciones a la legislación laboral, mediante la formación de los inspectores del trabajo a este respecto (artículos 22y 24); y la publicación y comunicación a la OIT del informe anual de 2013 sobre las actividades de los servicios de lainspección del trabajo que contienen también informaciones sobre las actividades de los servicios de la inspección deltrabajo en la agricultura (artículos 26 y 27). La Comisión también toma nota de las estadísticas proporcionadas en el
informe anual de la inspección del trabajo de que, de las 10 438 visitas de inspección realizadas en 2013, 523 visitas serealizaron en el sector de la agricultura (incluyendo la ganadería y la pesca). La Comisión también toma nota del número
de acuerdos de formalización concluidos (seis acuerdos que beneficiaron a 284 trabajadores) desde el comienzo de lapolítica de formalización del Gobierno, y las sanciones impuestas por formas ilegales de intermediación laboral en 2014.
La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado respuestas a las observaciones anteriores de la CUT
en relación con el número insuficiente de inspectores del trabajo y de visitas de inspección en las zonas rurales para cubrir
las empresas agrícolas (artículos 14 y 21); el hecho de que la inspección del trabajo está centrada en actividades deconciliación en los conflictos laborales en las zonas rurales, en lugar de llevar a cabo visitas reales de inspección, y la falta
de personal administrativo auxiliar (artículo 6, párrafo 3); la falta de formación relativa a los riesgos específicos que
supone el trabajo en la agricultura para proteger eficazmente los derechos de los trabajadores (artículo 9); y la falta deinstalaciones y recursos materiales en las regiones, incluida la falta de medios de transporte para realizar inspecciones en
explotaciones agrícolas en zonas alejadas (artículo 15). La Comisión recuerda que en conformidad con el artículo 6,
párrafo 3 del Convenio, ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo en la agricultura deberá
entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o menoscabar, en manera alguna, la autoridad e
imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores.
La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas específicas adoptadas para mejorar
el funcionamiento efectivo del sistema de la inspección del trabajo en la agricultura (incluyendo la asignación deinspectores en las regiones fuera de las zonas de la capital, la contratación de personal auxiliar, la formación deinspectores del trabajo en la agricultura, etc.). Pide asimismo al Gobierno que tome medidas para garantizar que losinspectores del trabajo se centren principalmente en las visitas de inspección a los lugares de trabajo y en tomar las
medidas necesarias al respecto. En este sentido, la Comisión pide igualmente al Gobierno que considere confiar la
función de conciliación a otro órgano y que suministre información a este respecto. La Comisión también pide al
Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades de los servicios de la inspección del trabajo enla agricultura a partir de 2014 (incluyendo el número de visitas de inspección llevadas a cabo, el número deinfracciones observadas y las sanciones impuestas en este sector, incluyendo las disposiciones legales a las que serefieren, etc.) y que incluya esta información en el informe anual de actividades de los servicios de inspección deltrabajo en la agricultura.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

406

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

ComorasConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación al respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTC) de
30 de agosto de 2013. Asimismo, toma nota de las preocupaciones de la CTC en relación con el hecho de que los inspectores deltrabajo no poseen las calificaciones necesarias y con las presiones políticas de las que son objeto. La Comisión invita al
Gobierno a responder a los comentarios de la CTC a este respecto.
Según las informaciones comunicadas por el Gobierno, la creación de una línea presupuestaria específica para la inspeccióndel trabajo sólo será efectiva al finalizar las reuniones presupuestarias preparatorias para el ejercicio de 2009. Sin embargo, laComisión toma nota de que la administración del trabajo ha emprendido un «diagnóstico» de la inspección del trabajo, con mirasa la determinación de su presupuesto y la inserción de éste en el presupuesto nacional de 2009. La Comisión solicita al Gobierno
que se sirva comunicar informaciones acerca de los resultados de esta evaluación en cuanto disponga de los mismos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno ha formulado una petición para la inclusión, en el proyecto nacional delPrograma de Trabajo Decente por País (PTDP), que se encuentra en elaboración en la actualidad, de una solicitud de asistencia
técnica dirigida a la formación progresiva de inspectores del trabajo en número suficiente para abarcar todo el territorio. Por otra
parte, se ha solicitado el apoyo de la OIT a efectos de que dos inspectores del trabajo puedan beneficiarse de una formación en laEscuela Nacional de Administración (ENA), de Madagascar. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva tener informada ala Oficina de los resultados de estas gestiones. Confía en que adoptará todas las medidas necesarias para obtener, en
particular en el marco del futuro PTDP, el apoyo y la asistencia de la OIT para el desarrollo de un sistema de inspección deltrabajo eficaz.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Congo
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1999)
Ausencia de información práctica que permita evaluar el funcionamiento de la inspección del trabajo en lo que respecta alas disposiciones del Convenio y las disposiciones legales nacionales pertinentes. La Comisión toma nota de la información
actualizada en relación con el número y la distribución geográfica y por categoría del personal de la inspección del trabajo.
Destaca, en comparación con los datos que figuran en su memoria recibida en 2008, una disminución significativa del personal dela inspección del trabajo, en particular de los inspectores de trabajo (de 75 a 55) y de los controladores principales (de 96 a 72).
La Comisión recuerda que, según el artículo 10 del Convenio, para que las funciones del servicio de la inspección del trabajosean eficaces, se deberá fijar el número de inspectores del trabajo, teniendo en cuenta, entre otros criterios: el número, lanaturaleza, la importancia y la situación de los establecimientos sometidos al control de la inspección; el número y la complejidad
de las disposiciones legales cuya aplicación debe garantizarse; los medios materiales de ejecución disponibles para los inspectoresy las condiciones prácticas en las que deberán efectuarse las visitas de inspección.
Si las disposiciones legales relativas a la inspección del trabajo, a sus atribuciones y a sus cargos están disponibles, cabe
constatar, sin embargo, la ausencia de información cifrada sobre los demás criterios establecidos en el artículo 10 y, según lapropia opinión del Gobierno, no existen medidas particulares para dar efecto a las disposiciones del artículo 11 sobre lascondiciones materiales de trabajo de los inspectores del trabajo. Estos últimos no gozan de los medios de transporte necesariospara el ejercicio de sus funciones. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, a partir de ahora, los gastos de viaje y losgastos accesorios serán reembolsados por la autoridad competente previa presentación de los justificativos necesarios, lo que nosiempre había sido el caso, según la memoria del Gobierno recibida en 2008.
La Comisión solicita una vez más al Gobierno, que en su próxima memoria, proporcione toda la información disponible
a fin de evaluar el nivel de aplicación del Convenio tanto en la legislación como en la práctica. Estas informaciones deberáncentrarse, en particular, en: i) la distribución geográfica actualizada del personal que desempeña funciones de inspección
previstas en el párrafo 1 del artículo 3 del Convenio; ii) la distribución geográfica de los establecimientos sujetos a inspeccióno, por lo menos, de aquellos respecto de los cuales el Gobierno estima que las condiciones de trabajo requieren una protección
especial de parte de la inspección del trabajo; iii) la frecuencia, el contenido y el número de participantes en las formaciones
impartidas a los inspectores del trabajo en el curso de sus carreras; iv) el nivel de remuneración y las condiciones de avanceen la carrera de estos últimos con respecto a otros funcionarios públicos que asumen responsabilidades similares; v) la partedel presupuesto nacional asignado a las funciones de inspección del trabajo; vi) la descripción de los casos en los cuales losinspectores realizan visitas a las empresas, del procedimiento a seguir y de los medios de transporte que utilizan a tal efecto, delas actividades que ejercen y del resultado de éstas; vii) la parte de las actividades de control de la legislación realizadas por
los inspectores con respecto a la de sus actividades de conciliación.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique copias de todos los informes de actividad de inspección
realizados por las direcciones regionales, incluyendo los informes mencionados en sus memorias recibidas por la OIT en 2008y 2011; copia del proyecto o del texto definitivo del estatuto particular de los inspectores del trabajo; copias de los proyectos detexto de enmiendas del Código del Trabajo, así como el memorándum cuyo envío a la OIT anuncia el Gobierno, con el fin delograr un mejor funcionamiento de la inspección del trabajo.
Para establecer un sistema de inspección del trabajo que responda a los objetivos socioeconómicos propuestos por el
Convenio, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que despliegue todos los esfuerzos posibles para adoptar las

407

Administración e inspeccióndel trabajo

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación alrespecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

medidas necesarias para la implementación de las medidas descritas en las observaciones generales formuladas en 2007
(sobre la necesidad de una cooperación eficaz entre los servicios de inspección del trabajo y los órganos judiciales), en 2009
(sobre la necesidad de disponer de datos estadísticos relativos a los establecimientos industriales y comerciales sujetos a lainspección del trabajo y al número de trabajadores incluidos, así como informaciones básicas que permitan evaluar la
aplicación del Convenio en la práctica), y en 2010 (sobre la publicación y el contenido de un informe anual sobre el
funcionamiento de los servicios de inspección del trabajo). La Comisión recuerda una vez más al Gobierno la posibilidad derecurrir a la asistencia técnica de la OIT y de solicitar, en el marco de la cooperación financiera internacional, un apoyo
financiero con el fin de dar el estímulo necesario para el establecimiento y el funcionamiento del sistema de inspección deltrabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique información relativa a cualquier progreso alcanzado o sobre
cualquier dificultad encontrada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Costa Rica
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
recibidas el 2 de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.
La Comisión toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno a las observaciones anteriores de la CTRN de fecha
30 de agosto de 2012.
Artículos 3, 10, 11 y 16 del Convenio. Necesidad de descargar a los inspectores del trabajo de las funciones deconciliación para el ejercicio de las funciones prescritas en el Convenio, y adecuación del número de inspectores deltrabajo y de los medios de transporte a las necesidades de inspección. La Comisión recuerda la recomendación
formulada a raíz en la evaluación realizada en el marco de la asistencia técnica de la OIT en 2012 respecto a ladisponibilidad de una base de datos a la que tuviera acceso la inspección, con el fin de que contuviera datos útiles paraella, por ejemplo, sobre los establecimientos sujetos a inspección. En sus observaciones de 2012, la CTRN alegó que elnúmero de inspectores del trabajo es insuficiente frente al creciente volumen de trabajo, que la gran mayoría de losinspectores en las oficinas provinciales y cantonales ocupa al menos el 40 por ciento de su tiempo de trabajo a la atenciónde casos relacionados con la conciliación y que los inspectores asumen tareas de carácter administrativo, a falta depersonal que se ocupe de las mismas. La CTRN alegó también la falta de frecuencia de las visitas de inspección, laescasez de medios de transporte y la insuficiencia del equipamiento de las oficinas de uso de los inspectores.
El Gobierno por su parte, declara en su respuesta que el país dispone de un sistema de inspección en armonía con las
disposiciones del Convenio. Se logró un incremento de las visitas de inspección, al lograr separar en varias oficinas lasvisitas de inspección de la conciliación. El Gobierno se refiere también a las actividades realizadas en el marco del «Plan
de Acción Priorizado para el Fortalecimiento de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social»,
con respecto al manejo del Sistema de Información Laboral y Atención de Casos (SILAC). Toma nota también de quepara el plan de acción de 2013 se preveía de manera prioritaria mejorar el SILAC para que la información que se ingresara
fuera lo más completa posible, y desarrollar una aplicación que permitiera importar información de bases de datos sobre
centros de trabajo que estuvieran disponibles en otras instituciones.
En cuanto a la evolución del número de inspectores del trabajo, la Comisión toma nota de que el Gobierno declaraque en razón de la expedición de la directriz núm. 023-H-2015 sobre el congelamiento de plazas, el Ministerio de Trabajoy Seguridad Social (MTSS) dictó una circular advirtiendo que las plazas vacantes del MTSS por jubilación u otro motivo,
deben proveerse mediante concurso interno, con el fin de mantener la cantidad de funcionarios que laboran en lainstitución. La Comisión observa que en 2014 había 100 inspectores repartidos en seis direcciones regionales, y que en
2015 hay 98, distribuidos en ese mismo número de regionales. Observa también que un total de 13 435 visitas deinspección iniciales se llevaron a cabo en 2014, por un total de 80 691 empleadores.
Insistiendo en que en ausencia de datos sobre los establecimientos sujetos al control de la inspección y sobre lostrabajadores ocupados en ellos es imposible evaluar la adecuación del número de inspectores del trabajo con respecto alas necesidades en materia de inspección, la Comisión remite al Gobierno a su observación general de 2009 y le pide
que tome las medidas necesarias para favorecer y desarrollar una cooperación con los demás órganos
gubernamentales o entidades públicas y privadas (administración tributaria, cámaras de comercio, organismos deseguridad social, etc.) que posean datos pertinentes, con miras al establecimiento y actualización periódica de unregistro de los establecimientos sujetos a inspección. Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que tome lasmedidas necesarias con el fin de descargar a los inspectores del trabajo de las funciones de mediación y en la medidade lo posible de las funciones de carácter puramente administrativo, con el fin de que puedan consagrarse al ejerciciode las funciones de control y de suministro de información y asesoría prescritas por el Convenio.
Artículo 12, párrafo 1, a) y b). Derecho de libre acceso de los inspectores a los establecimientos de trabajo.
Desde hace muchos años, la Comisión ha venido insistiendo en la necesidad de que la legislación nacional, y en particularel artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se ponga en conformidad con las disposiciones delartículo 12, párrafo 1, a), del Convenio. La Comisión constata que, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por

408

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

el Gobierno, ninguna medida ha sido adoptada a este respecto. La Comisión alienta al Gobierno a que tome las medidas
necesarias para que la legislación sea modificada en un futuro próximo de tal forma que autorice a los inspectores deltrabajo para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o de la noche, en todo establecimiento
sujeto a inspección, aunque el trabajo en él no se desarrolle en la noche y le pide que comunique información sobre
cualquier evolución al respecto.
Artículos 12, párrafo 2, y 15, c). Notificación de la presencia del inspector al empleador al efectuar una visita yprincipio de confidencialidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó que desde el 2004 ha pedido al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para que la legislación autorice a los inspectores a abstenerse de notificar su
presencia al empleador o su representante en caso de que consideren que esta notificación puede perjudicar el éxito de sus
funciones. El Gobierno indica que no ha habido modificaciones al respecto en el Manual de Procedimientos Legales de laInspección del Trabajo. La Comisión expresa la esperanza al Gobierno vele para que la legislación se complete con una
disposición en este sentido y le pide que comunique copia de cualquier texto pertinente. Reiterando además que
tratándose de una visita originada en una queja o denuncia, el hecho de que el inspector indique los alcances y losobjetivos de la visita de inspección al iniciar la misma, como lo indica el Manual de Procedimientos mencionado,
constituye un obstáculo al principio de confidencialidad consagrado en el artículo 15, c), del Convenio, la Comisión
pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que el Manual sea modificado teniendo en cuenta
estas observaciones.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
recibidas el 2 de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno a las observaciones anteriores de la CTRN de fecha
30 de agosto de 2012.
Artículos 15, párrafo 1, a), y 21 del Convenio. En sus observaciones de 2012, la CTRN alegó la necesidad de una
mejor planificación de las visitas de inspección en el sector, para que las visitas a las fincas de producción estacional,
coincidan con los períodos de siembra y cosecha, durante los cuales hay presencia de trabajadores. La CTRN destacó lanecesidad de dotar a los inspectores del trabajo que realizan inspecciones en las fincas, de implementos básicos comobotas, guantes y mascarillas. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado ningún comentario con
respecto a estas alegaciones. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias con el fin de que lasoficinas de inspección se equipen con los implementos y accesorios necesarios a los inspectores del trabajo para eldesempeño de sus funciones en la agricultura. Pide además al Gobierno, que tome las medidas necesarias paragarantizar que se programen visitas de inspección en los establecimientos de producción estacional en los momentos delas siembras y de las cosechas.

Croacia
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3, párrafo 2, del Convenio. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión
toma nota de que el Gobierno no comunicó ninguna respuesta en relación con su solicitud anterior relativa a la aplicación de la
Ley sobre los Extranjeros y al papel desempeñado por la inspección del trabajo y el sistema judicial para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del empleador respecto de los derechos legales de los trabajadores extranjeros empleados
ilegalmente.
En ese sentido, la Comisión toma nota de que se adoptó y entró en vigor, el 1.º de enero de 2012, una nueva Ley sobre losExtranjeros (FA) (Boletín Oficial núm. 130/11), con excepción de algunas disposiciones, que entraron en vigor el día de laadhesión de Croacia a la Unión Europea (UE). La Comisión toma nota de que, según el artículo 107 de la FA, antes de adoptar
una decisión sobre la expulsión de un nacional extranjero que haya vivido y trabajado ilegalmente en el país, el nacional
extranjero será informado de: i) la posibilidad de recibir una indemnización; ii) la posibilidad de apelar o presentar una demanda
contra su empleador, y iii) su derecho a una ayuda legal gratuita. La Comisión también toma nota de que, en virtud del artículo
207, 4), de la FA, las autoridades de inspección del trabajo son responsables de la aplicación de las disposiciones de esta ley enrelación con las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores.
La Comisión toma nota de que se dio inicio, en noviembre de 2011, a un proyecto titulado «Fortalecimiento de las
políticas y capacidades para reducir el trabajo no declarado ‘sumergido’», dirigido a recibir una asistencia antes de la adhesióna la UE. Toma nota de que se asignó a este proyecto un presupuesto de 1 500 000 euros, entre otras cosas, para la adquisición deordenadores y de vehículos. La Comisión entiende que el proyecto «sumergido» se lleva a cabo conjuntamente por el Ministeriode Trabajo, el Instituto Croata del Seguro de Pensiones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Finanzas (Dirección Fiscal) yel Servicio del Empleo de Croacia. Toma nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual el mencionado proyecto
debería contribuir de manera significativa a mejorar la eficiencia de la labor de la inspección del trabajo.

409

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1991)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

En relación con su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo (párrafos 75 a 78), la Comisión recuerda las
observaciones formuladas en su último comentario, en las que se destacaba que el Convenio no contiene ninguna disposición quesugiera que ningún trabajador queda excluido de la protección otorgada por la inspección del trabajo a causa de su situación deempleo irregular, y que la función primordial de los inspectores del trabajo consiste en asegurar la aplicación de las disposiciones
legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores, y no aplicar la Ley de Inmigración. Para sercompatible con la función protectora de la inspección del trabajo, la verificación de la legalidad del empleo debería tener como
corolario la reinstauración de los derechos legales de todos los trabajadores. Además, dado que los recursos humanos y de otro
tipo disponibles para los inspectores del trabajo no son ilimitados, el cometido principal a veces asignado a los inspectores deltrabajo en el terreno del empleo ilegal, parecería entrañar una disminución proporcional en la inspección de las condiciones detrabajo.
La Comisión solicita al Gobierno que describa de manera detallada de qué manera los inspectores del trabajo asumen
su función de aplicación de las disposiciones de la nueva FA en relación con las condiciones de trabajo y los derechos de lostrabajadores extranjeros, de conformidad con el artículo 207, 4), de la FA. Solicita al Gobierno asimismo que describa elpapel del sistema judicial en relación con el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores respecto de los derechos
legales de los trabajadores extranjeros indocumentados (tales como el pago de salarios y de cualquier otra prestación debida
por el trabajo realizado, en el marco de su relación de empleo) para el período de su efectiva relación de empleo,
especialmente en los casos en los que son pasibles de expulsión o después de haber sido expulsados. A este respecto, solicita al
Gobierno que transmita una copia de todo reglamento emitido en virtud del artículo 107 de la FA, así como información sobre
el número de casos en los que a los trabajadores en situación irregular: i) se les ha informado de la posibilidad de recibir una
indemnización o de presentar una demanda contra su empleador; ii) se les ha otorgado una ayuda legal gratuita, y iii) se les
han reconocido sus derechos debidos, y que aporte copias de las decisiones pertinentes.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre si estos inspectores del trabajo
responsables de las relaciones laborales han sido liberados de la función de aplicar la Ley de Inmigración, tras la entrada envigor de la FA.
Por último, solicita al Gobierno que comunique más información sobre toda actividad conjunta llevada a cabo por lainspección del trabajo y los mencionados organismos gubernamentales, en el marco del proyecto «Fortalecimiento de las
políticas y capacidades para reducir el trabajo no declarado ‘sumergido’», así como sobre otras actividades conjuntas,
dirigidas a combatir el trabajo no declarado, incluso sobre el número, el alcance y la naturaleza de los controles realizados,las violaciones detectadas, los procedimientos legales instituidos, los recursos y las sanciones impuestas por el trabajo no
declarado, y el impacto de estas actividades en la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo ya la protección de los trabajadores.
Además, tomando nota de que el Gobierno no respondió a esta cuestión, la Comisión le solicita que comunique la
información solicitada sobre:
Artículos 5, a), 17 y 18. Institución de los procedimientos legales y aplicación de sanciones adecuadas. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la alta tasa (58 por ciento) de casos en los que los procedimientos legales
iniciados por los inspectores del trabajo, fueron declarados inadmisibles por los juzgados de faltas, debido a la expiración delplazo de prescripción. Toma nota de que esta tasa descendió en la actualidad al 36,5 por ciento, debido principalmente a laadopción de la Ley de Faltas (OG/107/07), que modifica el plazo de prescripción a partir del 1.º de enero de 2008.
Además, en relación con sus comentarios anteriores sobre el insuficiente nivel de las sanciones impuestas, la Comisión
toma nota de que, según la memoria del Gobierno, las decisiones de los tribunales casi nunca ordenan la restitución por
enriquecimiento ilícito, por lo cual es frecuente que no sean proporcionales a la gravedad del delito
En relación con su observación general de 2007 sobre la importancia de la cooperación entre el sistema de inspeccióndel trabajo y el sistema judicial, la Comisión solicita al Gobierno que indique toda medida adicional adoptada o considerada,
con miras a acelerar del examen de las causas remitidas por los inspectores del trabajo a los tribunales y a garantizar laefectiva aplicación de sanciones adecuadas y suficientemente disuasorias. Agradecería que el Gobierno siguiera indicando los
progresos realizados o las dificultades encontradas en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Cuba
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1954)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Coalición Sindical Independiente de Cuba (CSIC), recibidas el
1.º de septiembre de 2015, y de la respuesta del Gobierno a las mismas.
La CSIC alega que nunca una organización independiente ha sido consultada por una inspección del trabajo y que elhecho de que la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) esté facultada legalmente para realizar inspecciones del trabajo
independientemente, constituye un mecanismo más de control y de represión laboral. En opinión de la CSIC, lasestadísticas sobre las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo son poco fiables. Aunque la legislación
laboral que define y regula la inspección del trabajo está acorde con los estándares internacionales, esta conformidad estálejos de reflejarse en la práctica. La CSIC añade que la inspección a la que son sometidos los trabajadores por cuenta
propia es un mecanismo de represión, de sanciones pecuniarias y tributarias y de corrupción, como lo registraninnumerables testimonios al respecto.
El Gobierno indica en su respuesta a las observaciones de la CSIC, que existe colaboración entre los funcionarios dela inspección y los empleadores y trabajadores o sus organizaciones, de conformidad con lo previsto por el Código del410

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Trabajo y su reglamento, lo cual evidencia el cumplimiento del artículo 5 del Convenio. Precisa que las organizaciones
sindicales sólo realizan inspecciones para controlar y exigir el cumplimiento de las normas relativas a la seguridad y salud
en el trabajo, como está previsto en el Código del Trabajo y la legislación complementaria. No se trata de un mecanismo
de represión laboral. El Gobierno refuta que las estadísticas sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades no sean
fiables, y precisa que en virtud del decreto ley núm. 281 de 2011, se establecen los principios de organización yfuncionamiento del Sistema de Información del Gobierno. Además, se prevé que la Oficina Nacional de Estadística e
Información es la encargada de dirigir metodológicamente la gestión de la información y la aplicación de la política estatalen materia de estadística. Los datos son actualizados trimestral y anualmente. El Gobierno rechaza además la afirmaciónde que el Gobierno hostigue a los trabajadores por cuenta propia. Esta forma de gestión no estatal que constituye fuente deempleo, fue ratificada por los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución, y en el año 2013 fueron
dictadas las resoluciones núms. 41 y 42 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establecen regulaciones acercadel ejercicio de esta forma de empleo. El Código del Trabajo también contiene regulaciones a este respecto. El decreto-ley
núm. 315 de 2013 sobre las infracciones personales de las regulaciones del trabajo por cuenta propia precisa las
infracciones, las medidas aplicables a los infractores y las autoridades facultadas para imponerlas. La Comisión pide al
Gobierno que envíe informaciones sobre las visitas de inspección realizadas a los trabajadores por cuenta propia y, en
su caso, sobre las infracciones comprobadas y las sanciones impuestas.
Artículos 12 y 15, c), del Convenio. Limitación del principio de libre acceso de los inspectores del trabajo a losestablecimientos bajo su control y principio de confidencialidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota
de que, en virtud de los artículos 11 y 12 del reglamento del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo de 2007, toda
visita de inspección estaba subordinada a la comunicación al empleador de una orden de inspección que contenga ciertas
informaciones, incluido el objetivo de la visita de inspección. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas paragarantizar que la legislación se pusiera en conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 12, enconcordancia con el artículo 15, c), del Convenio. La Comisión toma nota con satisfacción de que el decreto núm. 326 de
12 de junio de 2014, reglamento del Código del Trabajo, deroga dicho reglamento.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática del Congo
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1968)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida el 19 de junio de 2013, así como de las observaciones
formuladas por la Confederación Sindical del Congo (CSC) de 30 de agosto de 2013. La Comisión pide al Gobierno que
comunique cualquier comentario que estime conveniente en respuesta a las observaciones de la CSC.
Artículos 1, 4, 6 y 15, a), del Convenio. Reforma de la inspección del trabajo. El estatuto y las condiciones de serviciode los inspectores del trabajo. Probidad de los inspectores del trabajo. En relación con sus comentarios anteriores, laComisión acoge con agrado la aplicación del decreto núm. 12/002, de 19 de enero de 2012, relativo a la creación y organizaciónde la Inspección General del Trabajo (IGT) y de las indicaciones del Gobierno según las cuales la inspección del trabajo se haconvertido en un servicio público con autonomía administrativa y financiera. El Gobierno indica además que, para revitalizar lainspección se ha creado una comisión en virtud de la orden ministerial núm. 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg 2013, de 24 deenero de 2013, y que el proyecto de marco orgánico de la inspección está en curso de examen por el servicio público como partede la reforma de la administración pública.
La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 28 del citado decreto, el personal de inspección se rige por un
reglamento administrativo específico. La Comisión toma nota además de los alegatos de la CSC con respecto a la corrupción deun inspector del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones detalladas sobre lareforma de la inspección general del trabajo y transmitir copia del nuevo organigrama del sistema de inspección del trabajo ydel proyecto mencionado. La Comisión solicita al Gobierno que suministre una copia del estatuto específico por el que serigen los inspectores del trabajo así como informaciones precisas sobre sus condiciones de servicio (por ejemplo, la
remuneración, las primas asignadas, etc.), tanto a nivel de la administración central como provincial, con respecto a las
categorías de funcionarios que ejercen funciones similares.
En lo que respecta, además, a sus observaciones precedentes, la Comisión solicita al Gobierno que comuniqueinformaciones precisas sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 81-003, de 17 de julio de 1981, relativa a losinspectores que ejercen un empleo paralelo (por ejemplo, procedimientos disciplinarios iniciados, sanciones aplicadas, etc.).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

411

Administración e inspeccióndel trabajo

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Djibouti
Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo,
1938 (núm. 63) (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Incumplimiento de la obligación de envío de memorias. Asistencia técnica para cumplir con las obligaciones depresentación de memorias y de aplicación de las disposiciones del Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que elGobierno no ha comunicado informaciones desde octubre de 2005. La Comisión espera que se remita una memoria para su
examen por la Comisión en su próxima reunión y que contenga las indicaciones sobre el establecimiento del observatorio delempleo y de la formación. La Comisión invita al Gobierno a que comunique una memoria que contenga informaciones
completas y detalladas sobre las medidas adoptadas para dar efecto al Convenio, respondiendo a los temas que figuran en elformulario de memoria para cada una de sus disposiciones. La Comisión señala a la atención del Gobierno la posibilidad derecurrir a la asistencia técnica de las unidades especializadas de la Oficina para resolver las lagunas en la aplicación delConvenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Control de las condiciones de trabajo y protección de los trabajadores de losestablecimientos industriales y comerciales de las zonas francas de exportación. La Comisión señaló, en sus comentarios
anteriores, que, en virtud de su artículo 1, el Código del Trabajo es aplicable a todo el territorio nacional, con excepción de las
zonas francas, que se rigen por el código de las zonas francas. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, siguiendo el
artículo 31 del Código de las Zonas Francas de Exportación, adoptado por la ley núm. 53/AN/04/5.ªL, de 17 de mayo de 2004, «el
Código del Trabajo de Djibouti rige las relaciones de trabajo dentro de las zonas francas». En su memoria, el Gobierno informa
de la naturaleza contradictoria de los dos artículos y añade que los dos textos de ley serán sometidos al Consejo Nacional delTrabajo, del Empleo y de la Seguridad Social (CONTESS) para recabar su opinión, con el fin de que puedan ser enmendados yaclarados. Se solicita al Gobierno que se sirva tener informada a la OIT de toda evolución a este respecto, incluidas todas lasmedidas adoptadas con miras a enmendar y a aclarar la legislación relativa a las zonas francas y, cuando proceda, comunicar
el texto pertinente. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique si la supervisión de las empresas admitidas en las
zonas francas sigue siendo competencia de las autoridades de los puertos y de las zonas francas o, si no es el caso, que indiquecuál es el órgano encargado de las inspecciones, y que aporte un resumen de sus actividades en la práctica (visitas deinspección, infracciones señaladas, disposiciones legales mencionadas, tipos de sanciones impuestas, etc.).
Artículo 3, párrafo 2. Impacto del cúmulo de funciones a cargo de los inspectores del trabajo en el volumen y en lacalidad de sus actividades de inspección. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales lasactividades del servicio de inspección relativas a la legislación del trabajo, siguen estando mayoritariamente centradas en
proporcionar asesoramiento e información y en la conciliación, mientras que las funciones de control y de represión se ejercen
menos. Entre las funciones adicionales, además de la conciliación, el Gobierno menciona el control de los trabajadores
extranjeros sin autorización de trabajo y el control de la conformidad y la homologación de los nuevos convenios
interprofesionales y acuerdos de establecimiento. Según el Gobierno, es imposible ejecutar todas las funciones delegadas a lainspección, incluido el procesamiento de los autores de infracciones, en razón de la escasez de recursos humanos. Sin embargo, el
Gobierno confía en que, como consecuencia del reciente refuerzo de recursos humanos y de medios materiales, la inspección deltrabajo podrá desempeñar plenamente todas sus funciones. Además, indica que adoptará las medidas necesarias para establecer elConsejo de Arbitraje encargado de resolver los conflictos colectivos del trabajo, que prevé el artículo 181 del Código del Trabajo.
Sin embargo, la Comisión señala que la remisión para su conocimiento sólo tiene lugar después de que el inspector del trabajo oel director de trabajo haya intentado una conciliación y le haya sometido el conflicto en el plazo de ocho días hábiles (artículo 180
del Código del Trabajo).
La Comisión recuerda al Gobierno las funciones principales de los inspectores del trabajo, de conformidad con el
artículo 3, párrafo 1, del Convenio (velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo ya la protección de los trabajadores y facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores). Recuerda,
asimismo, las orientaciones que figuran en el párrafo 8 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en
virtud del cual «las funciones de los inspectores del trabajo no deberían incluir las de conciliador o árbitro en conflictos deltrabajo». Además, la Comisión señaló, en los párrafos 76 a 78 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, que la
principal función de los inspectores del trabajo consiste en velar por la protección de los trabajadores y no en garantizar la
aplicación de la legislación a la inmigración. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar
una estimación del tiempo dedicado a las principales funciones en virtud del artículo 3, párrafo 1, en relación con otras
funciones de la inspección del trabajo. Habida cuenta, en particular, de los limitados recursos humanos de que disponen losservicios de inspección del trabajo, la Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que, deconformidad con el artículo 3, párrafo 2, las funciones distintas de las principales, encargadas a los inspectores, noconstituyan un obstáculo al ejercicio de estas últimas.
Artículos 20 y 21. Publicación, comunicación y contenido del informe anual de inspección. La Comisión toma nota con
preocupación de que, desde la ratificación del Convenio en 1978, el Gobierno nunca transmitió a la OIT un informe anual, comorequieren los artículos 20 y 21 del Convenio. También en relación con su observación general de 2010 al respecto, la Comisión
recuerda nuevamente que el informe anual de inspección constituye una herramienta indispensable para la evaluación de laeficacia del sistema de inspección y para la identificación de los medios necesarios para su mejora, especialmente mediante la
determinación de previsiones presupuestarias adecuadas. Por consiguiente, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno
que tenga a bien adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se publique y transmita a la OIT un informe anual412

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

de inspección, en los plazos definidos en el artículo 20 del Convenio, y que contenga las informaciones a que se refiere el
artículo 21, a) a g).
En cualquier caso, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, datos tan detallados comosea posible sobre el número de establecimientos industriales y comerciales sujetos al control de la inspección del trabajo, sobre
el número de inspectores y controladores del trabajo, así como sobre el número de visitas de inspección efectuadas y losresultados de esos controles (número de infracciones comprobadas, disposiciones legislativas o reglamentarias pertinentes,
sanciones aplicadas, etc.). Le recuerda que, a tal fin, puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Dominica
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1983)
Artículos 3, 6, 7, 10 y 16 del Convenio. Número, condiciones de servicio y funciones de los inspectores del trabajo.
Número de visitas de inspección. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que el Departamento de Trabajo nopuede incrementar su personal y que los inspectores cumplen funciones en todos los sectores de la administración del trabajo. El
Gobierno también señala que se realizan todos los esfuerzos para asegurar que los inspectores actúan profesionalmente. La
Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique los criterios y procedimientos para la contratación de los inspectores deltrabajo y que indique específicamente las actividades de formación que se les imparte al ingresar en el servicio y durante elempleo. Sírvase también indicar de qué modo se asegura que las condiciones relativas a la remodelación y al desarrollo
profesional de los inspectores del trabajo reflejan la importancia y características específicas de sus obligaciones, y tienen encuenta el mérito personal.
La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el tiempo y recursos que insumen las actividades demediación/conciliación de los conflictos laborales en relación con las funciones principales de la inspección establecidas en
virtud de este Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, deconformidad con el artículo 3, párrafo 2, ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá
entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, de manera alguna el cumplimiento efectivo deestas últimas. Además pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar que todos
los lugares de trabajo se inspeccionen con la frecuencia y el esmero necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 del Convenio.
Artículo 15. Obligación de confidencialidad. En relación con los comentarios anteriores sobre esta cuestión, laComisión toma nota de que en la memoria del Gobierno que no se ha registrado ninguna modificación a la legislación para darefecto a este artículo del Convenio y que la cuestión debe ser tratada por la Comisión Consultiva de Relaciones Laborales. El
Gobierno informa además que el Departamento y la Inspección del Trabajo siempre han mantenido una estricta confidencialidad.
La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para complementar la legislación, de manerade dar pleno efecto al artículo 15 del Convenio, mantener a la Oficina informada de todo progreso realizado a este respecto ycomunicar copia de todo proyecto pertinente de ley o de un texto definitivo que se haya adoptado.
Artículos 5, a), 17, 18, 20 y 21. Cooperación con la administración de justicia y cumplimiento efectivo de sanciones
adecuadas. Publicación y contenido del informe anual. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que se
adoptarán medidas para mejorar la calidad del informe anual sobre los servicios de inspección. La Comisión espera que elGobierno hará todo lo posible para asegurar que se elabore y publique un informe anual sobre la labor de los servicios de lainspección del trabajo, que contenga información sobre todas las cuestiones enumeradas en el artículo 21 del Convenio,
especialmente, estadísticas de las visitas de inspección, infracciones y sanciones impuestas, así como sobre los accidentes deltrabajo y los casos de enfermedad profesional. La Comisión señala a la atención del Gobierno a este respecto la orientación
prevista en el párrafo 9 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) en relación con el tipo deinformación que debería incluirse en los informes anuales de la inspección del trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

EcuadorConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1975)
Artículo 4 del Convenio. Organización y funcionamiento eficaz del sistema de inspección del trabajo. Vigilancia
y control del mismo por parte de la autoridad central. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su
memoria que mediante el decreto ejecutivo núm. 500, de 26 de noviembre de 2014, se cambió la denominación deMinisterio de Relaciones Laborales por la de Ministerio del Trabajo. Toma nota asimismo de que el documento intitulado«Proyecto-Sistema de Gestión Integral de Inspecciones (SGI)», elaborado por el Ministerio de Trabajo, en mayo de 2015,
destaca entre las situaciones que hacen que las inspecciones carezcan de sustentos estratégicos, la inexistencia deuniformidad de criterios en la ejecución de inspecciones integrales y en la aplicación de sanciones, la falta de seguimiento
adecuado para cerrar el proceso de inspección, y la planificación inadecuada. La Comisión observa además que elGobierno no ha suministrado el organigrama actualizado del sistema de inspección del trabajo donde se identifique su
413

Administración e inspeccióndel trabajo

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

autoridad central. La Comisión recuerda la importancia de la adscripción del sistema de inspección del trabajo a lavigilancia y el control de una autoridad central para la elaboración y la aplicación de una política uniforme en materia deinspección en todo el territorio, y para la aplicación coherente de la legislación del trabajo. La Comisión pide al Gobierno
que precise cuál es la autoridad central a la que la inspección del trabajo se encuentra adscrita. La Comisión pideademás al Gobierno y que vele por que la misma tome las medidas necesarias tendientes a remediar los problemas
evocados en el Proyecto SGI, en ejercicio de las funciones de vigilancia y control sobre el sistema de inspección que leasigna el artículo 4 del Convenio.
Artículos 19, 20 y 21. Informes periódicos y elaboración, publicación y comunicación de un informe anual sobrela labor de los servicios de inspección. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los progresos realizados
en la sistematización de las diferentes delegaciones provinciales del Ministerio y en el sistema de registro de la
información relativa a las inspecciones del trabajo (SINACOI). La Comisión indicó que esperaba que dichos progresos seaprovecharan para el registro y tratamiento de los datos necesarios a la elaboración por parte de las oficinas locales deinspección de los informes periódicos y que esos informes permitieran a la autoridad central la elaboración y la
publicación de un informe anual de inspección. La Comisión toma nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno
sobre las inspecciones realizadas en 2014, el número de inspectores, de oficinas regionales y de delegaciones provinciales
y el número de los accidentes del trabajo por sector, y de las informaciones sobre el valor de las multas impuestas. La
Comisión destaca, no obstante, que dichas informaciones no son suficientes para apreciar el nivel de aplicación de lalegislación laboral en los establecimientos sujetos a inspección y tampoco responden a las exigencias del informe anual,
tal y como prescrito por el artículo 21 del Convenio. La Comisión recuerda que para que la autoridad central pueda ejercer
la vigilancia y el control sobre el funcionamiento de los servicios bajo su autoridad, es necesario que sea regularmente
informada acerca de sus actividades. Esta información debe serle comunicada a través de los informes periódicos cuyo
contenido y forma debe fijar ella misma, en conformidad con el artículo 19. Al tenor del artículo 20, la autoridad central
debe a su turno publicar un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de inspección que debe tratar
de las cuestiones mencionadas en el artículo 21, y ser comunicado a la Oficina en los plazos fijados por aquél. La
Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se recaben y recopilen datos con miras a laelaboración por parte de las oficinas locales de inspección de los informes periódicos, y para que sobre la base de losmismos, se elabore un informe anual de inspección y se comunique a la OIT, en conformidad con las disposiciones delos artículos 19, 20 y 21 del Convenio. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica dela Oficina con este propósito, en caso de que lo estime necesario.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

El Salvador
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Trabajoy Previsión Social (SITRAMITPS), recibidas el 11 de febrero de 2013.
Artículos 6 y 15, a), del Convenio. Situación jurídica, condiciones de servicio y probidad de los inspectores deltrabajo. Consideración de la función de los inspectores por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que el
SITRAMITPS alegó el incumplimiento del artículo 6 del Convenio y de las cláusulas 10 y 30 del convenio colectivo
suscrito con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, alegó un trato agresivo y denigrante de parte de laautoridad administrativa hacia el cuerpo de inspectores del trabajo. El SITRAMITPS alegó también que los inspectoreshabrían sido tildados de corruptos, sin que ninguno de ellos haya sido objeto de un proceso judicial por ese tipo decomportamiento y habrían además sido víctimas de burlas en relación con el bajo monto de sus salarios. Por último, el
SITRAMITPS alega además que se habrían realizado traslados, suspensiones sin goce de salario, cambio de plaza y cargobajo intimidaciones. La Comisión toma nota con preocupación de estas alegaciones y pide al Gobierno que comunique
sus observaciones al respecto.
Estatuto y condiciones de servicio. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, pidió al Gobierno
que comunicara información sobre cualquier progreso en lo que atañe al reconocimiento a los inspectores del trabajo delestatuto de funcionario público, a la garantía de estabilidad en su empleo y a sus perspectivas de carrera. El Gobierno
indica en su memoria que a partir de 2013, los inspectores de trabajo se rigen por el sistema de pago de Ley de Salarios,
con lo cual se garantiza su estabilidad laboral. Además, la Comisión comprende, según las explicaciones del Gobierno que
los inspectores del trabajo son funcionarios cubiertos por la Ley del Servicio Civil, y no pueden ser sometidos adestitución o despido, salvo por las causas y mediante los procedimientos legalmente previstos. La Comisión toma nota
además, de la indicación del Gobierno según la cual la Ley del Servicio Civil prevé que la selección y la promoción delpersonal se hacen en función del mérito y la aptitud de los candidatos.
No obstante, la Comisión observa que el artículo 4 de la Ley del Servicio Civil prevé que cualquier persona (salvo
las excluidas expresamente por el mismo artículo de la carrera administrativa) que preste servicios de carácter permanente
propios del funcionamiento de las instituciones públicas, contratada bajo el régimen de contrato, estará comprendida en la
carrera administrativa y tiene derecho a las promoción o ascenso previsto por el artículo 33 de la Ley del Servicio Civil.
414

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Ghana
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1959)
Artículos 10, 11 y 16 del Convenio. Recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo. La
Comisión recuerda que había tomado nota de la referencia del Gobierno a la escasez de recursos humanos y medios
materiales, incluidos los vehículos, así como a los planes para incrementar el personal de la inspección del trabajo ymejorar los medios materiales de ésta. A este respecto, toma nota de que el Gobierno reitera su compromiso de tomar
medidas para mejorar los recursos humanos y los medios materiales de la inspección del trabajo. Recordando laimportancia de adoptar medidas concretas para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo a fin de que losinspectores del trabajo puedan cumplir eficazmente las funciones que les asigna el Convenio, la Comisión insta al
Gobierno a encontrar y asignar los recursos financieros necesarios para cubrir las prioridades más urgentes con miras
a mejorar el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. Asimismo, le pide que tome las medidas necesarias
para velar por que los servicios de inspección del trabajo dispongan de los inspectores del trabajo y de los medios
materiales (incluidos los medios de transporte) necesarios para poder cumplir eficazmente sus obligaciones. A este
respecto, la Comisión pide al Gobierno que describa de manera detallada la situación actual en materia de recursos
humanos y medios materiales de los servicios de inspección del trabajo, y que indique todas las medidas adoptadas afin de mejorar esta situación.

415

Administración e inspeccióndel trabajo

La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre el número de inspectores del trabajo que tienen
estatus de funcionarios públicos, y aquéllos que son nombrados bajo el régimen de contrato. Pide asimismo al
Gobierno que precise la naturaleza y la duración del contrato de los inspectores del trabajo que se rigen por dicho
régimen (contrato a término indefinido, o a término fijo). La Comisión pide además al Gobierno que precise lascondiciones de servicio de los inspectores que son funcionarios públicos y de aquéllos que son nombrados bajo elrégimen de contrato. Pide al Gobierno que suministre igualmente información sobre el nivel de la remuneración de losinspectores del trabajo en comparación con el de la de otros funcionarios que ejercen funciones similares.
Artículo 12, párrafos 1, a) y b), y 2, y artículo 17. Libre acceso de los inspectores del trabajo a losestablecimientos, aviso de presencia y facultad de decisión sobre el curso a dar a las infracciones. En sus comentarios
anteriores, la Comisión tomó nota de que el anteproyecto de reformas a la Ley de Organización y Funciones del Sector
Trabajo y Previsión Social (LOFT), con miras a armonizar la legislación con las disposiciones del Convenio estaba en
curso de examen en el Consejo Superior del Trabajo. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias
para garantizar que dicho anteproyecto se adoptara rápidamente, reflejando los puntos planteados por ella. La Comisión
toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el anteproyecto de ley reguladora del sector trabajo y previsión
social que sustituirá a la LOFT, está siendo estudiado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea
Legislativa. La Comisión observa que el proyecto mencionado, adjunto a la memoria del Gobierno, no refleja loscomentarios que ha venido formulando desde hace varios años en relación con la necesidad de: adoptar una legislación
con el fin de dar una base jurídica al derecho de acceso de los inspectores del trabajo a los establecimientos, en lostérminos prescritos por el Convenio (artículo 12, párrafo 1, a), artículo 12, párrafo 1, b), artículo 12, párrafo 2, yartículo 17). La Comisión invita al Gobierno a garantizar que el proyecto de ley que se adopte en sustitución de la
LOFT, esté en conformidad con las disposiciones del Convenio arriba citadas y tenga en cuenta los comentarios de laComisión. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre cualquier evolución al respecto.
Artículos 19, 20 y 21. Informes periódicos e informe anual de inspección. La Comisión recuerda que hacemuchos años ha venido pidiendo al Gobierno que tome las medidas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 20 y 21
del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó que esperaba que las medidas adoptadas para la mejora
del Sistema Electrónico de Casos (SEMC) facilitarían la producción, por parte de las oficinas locales de inspección, de
informes periódicos sobre los resultados de sus actividades y que esos informes servirían de base para la elaboración y lacomunicación a la Oficina del informe anual de inspección. La Comisión toma nota en especial de los cuadroscomunicados por el Gobierno sobre las infracciones más frecuentes al Código del Trabajo y a la Ley General dePrevención de Riesgos, de los gráficos sobre las inspecciones y las reinspecciones y el número de trabajadores cubiertos
por ellas, sobre las multas impuestas y la cuantía de las mismas. El Gobierno informa asimismo que el sistema sufrió una
falla irreversible que impidió continuar trabajando en el mismo y que sólo a comienzos de este año comenzó a usarse unsistema nuevo, el Sistema Nacional de Inspección de Trabajo (SNIT). Al tiempo que toma nota de todas estas
informaciones, la Comisión pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para que la autoridad central deinspección publique un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección que contenga las informaciones
previstas en los literales a) a g) del artículo 21 del Convenio, y para que dicho informe se comunique a la Oficina en
los plazos prescritos en el artículo 20 del mismo. La Comisión pide también al Gobierno que envíe copias de losinformes periódicos que elaboran las oficinas locales de inspección.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 12, párrafo 1, a). Derecho de los inspectores del trabajo a entrar libremente en los establecimientos
sujetos a inspección. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias
para modificar el artículo 124, 1), a), de la Ley del Trabajo núm. 651 de 2003 a fin de ampliar el derecho de losinspectores a entrar libremente en los lugares de trabajo durante los períodos que no coinciden con los horarios de trabajo.
El Gobierno indica que está adoptando medidas para garantizar que la legislación pertinente esté de conformidad con losrequisitos que establece el artículo 12, párrafo 1, a). La Comisión pide al Gobierno que transmita información concreta
sobre las medidas adoptadas para modificar el artículo antes mencionado de la Ley del Trabajo a fin de garantizar elderecho de los inspectores a entrar libremente en los establecimientos de trabajo sujetos a inspección,
independientemente de cuáles sean los horarios de trabajo de dichos establecimientos.
Artículos 3, 17, 18 y 21, e). Aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y laprotección de los trabajadores. La Comisión había tomado nota de que, en respuesta a la solicitud de la Comisión de que
se aplicasen efectivamente las disposiciones legales, el Gobierno se refería al diálogo social, la persuasión y la diplomacia,
y a los medios de conciliación a nivel nacional y de empresa. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno
se refiere de nuevo a la conciliación como medio para cumplir las disposiciones legales, pero que sigue sin proporcionar la
información solicitada sobre las infracciones señaladas por los inspectores del trabajo y las multas impuestas. La
Comisión recuerda que, en el párrafo 280 del Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, hizo hincapié en que lacredibilidad de todo servicio de inspección depende, en gran medida, no sólo de su capacidad para asesorar a losempleadores y a los trabajadores sobre la mejor forma de aplicar las disposiciones legales cuyo cumplimiento lecorresponde controlar, sino también de la existencia y utilización efectiva de un sistema de sanción que sea losuficientemente disuasivo.
La Comisión también toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado respuesta alguna a la solicitud anterior dela Comisión sobre la revisión de las sanciones por violación de las disposiciones de la legislación del trabajo, de lo cual,según indicó anteriormente el Gobierno, se ocupa cada año el Poder Judicial. Haciendo hincapié en la necesidad degarantizar que, cuando sea necesario, las infracciones de las disposiciones legales sean objeto de procedimientos
legales rápidos, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información estadística sobre el número deinfracciones detectadas, así como sobre el número y monto de las sanciones impuestas. Asimismo, la Comisión pide denuevo al Gobierno que transmita información sobre la revisión de las sanciones por infracción a las disposiciones dela legislación del trabajo, a fin de que continúen siendo disuasorias en caso de inflación monetaria.
Artículos 20 y 21. Informe anual de los servicios de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que una
vez más en la Oficina no se ha recibido el informe anual de los servicios de inspección del trabajo. Asimismo, toma nota
de que el Gobierno se refiere de nuevo, como viene haciendo desde 2009, a las medidas para publicar y comunicar a la
OIT un informe anual sobre la labor del sistema de inspección. Una vez más, la Comisión alienta firmemente al
Gobierno a que adopte medidas para facilitar la elaboración, publicación y comunicación a la OIT de un informe
anual que contenga la información prescrita en el artículo 21, a) a g). En cualquier caso, la Comisión pide al Gobierno
que, junto con su próxima memoria, transmita estadísticas sobre el número de inspectores del trabajo, el número y lafrecuencia de las visitas de inspección y el número de trabajadores cubiertos por tales visitas.
La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todas las medidas concretas adoptadas a este respecto, y lerecuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT para recopilar estadísticas y publicar los informes
anuales de la inspección del trabajo, tal como prevé el Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente Gobierno.

GreciaConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo,
recibidas el 9 de diciembre de 2013, y de la Asociación Griega de Inspectores del Trabajo (GALI), recibidas el 10 dediciembre de 2013, y de la respuesta del Gobierno a estas observaciones en su memoria. La Comisión también toma nota
de las observaciones formuladas por el Sindicato de Inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo, recibidas el 14 denoviembre de 2014.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior sobre lasactividades de formación impartidas a los inspectores del trabajo, incluso en el área de la igualdad de género y las
actividades de los inspectores del trabajo relacionadas con la protección de los trabajadores con discapacidad (artículos 3,
párrafo 1, a), y 7 del Convenio).
Asistencia técnica. Seguimiento de la evaluación de las necesidades de la inspección del trabajo establecidas por
la OIT en 2012. La Comisión tomó nota anteriormente con interés del establecimiento de un plan de acción especial(SPA) para el fortalecimiento de la inspección del trabajo de Grecia (SEPE), con base en las recomendaciones formuladas
en la evaluación de las necesidades de la inspección del trabajo de la OIT, de 2012. También tomó nota de que la GALI
expresó su preocupación respecto de la discontinuidad del trabajo de los cinco grupos de trabajo en la aplicación de las416

17 acciones del SPA. A este respecto, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria, según lascuales los grupos de trabajo completaron su labor en agosto de 2013, como estaba proyectado. El Gobierno destaca
asimismo que todas las acciones dirigidas al fortalecimiento y a la reestructuración de la SEPE se basaron en las
actividades de los grupos de trabajo, y que las acciones pertinentes también fueron incorporadas en el programa deinspección del trabajo para 2014-2020. El Gobierno indica que tiene la intención de seguir solicitando asistencia técnica
para el fortalecimiento de la SEPE.
En este sentido, la Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por el Sindicato de Inspectores deSeguridad y Salud en el Trabajo, señalando varias áreas de incumplimiento del Convenio y a una falta de progresos en laaplicación de las recomendaciones formuladas en la evaluación de las necesidades de la OIT de 2012, incluso, entre otras
cosas, en: el desarrollo de una política de fortalecimiento sólida (artículos 3, párrafo 1, a) y b), y 17 del Convenio); lainsuficiente cooperación entre la SEPE y otras autoridades gubernamentales, como las autoridades judiciales, lasautoridades de la seguridad social, la policía, etc. (artículo 5, a)); la insuficiencia de la formación impartida a losinspectores del trabajo (artículo 7, párrafo 3); la falta de facultades discrecionales de los inspectores del trabajo, debido ala obligación de imponer multas predeterminadas sin la posibilidad de tener en cuenta las especificidades del caso
(artículo 17, párrafo 2), y la falta de protección legal de los inspectores del trabajo contra amenazas y violencia en larealización de sus funciones que aumentaron durante la crisis económica (artículo 18). Más alegatos del Sindicato deInspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo se tratan en relación con los artículos pertinentes que figuran más adelante.
La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios en relación con las observaciones del Sindicato deInspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sírvase también comunicar información sobre el contenido delprograma de inspección del trabajo para 2014-2020 y el curso dado a las recomendaciones de la auditoría de 2012,
incluida la información sobre la manera en que la aplicación de los objetivos de este programa contribuyeron a lamejor aplicación del Convenio.
Artículos 3, 4, 6, 10 y 16 del Convenio. Reestructuración de la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota
con anterioridad de que la GALI y el Sindicato de Inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo expresaron su temor deque algunos planes del Gobierno podrían conducir a la degradación de la inspección del trabajo.
En relación con la estructura organizativa de la SEPE, en el contexto de una más amplia restructuración de laadministración pública, el Gobierno se refiere al decreto presidencial núm. 113/2014, que rige el estatuto del Ministerio deTrabajo, Seguridad Social y Bienestar (MLSSW). El Gobierno explica que, de conformidad con este decreto, la SEPE
sigue estando bajo la responsabilidad directa del Ministro del MLSSW y está dirigida por la Secretaría Ejecutiva que fue
nombrada en diciembre de 2013. En respuesta a las preocupaciones planteadas por el Sindicato de Inspectores deSeguridad y Salud en el Trabajo a este respecto, el Gobierno destaca que la ley núm. 4144/2013, sólo prevé la posibilidad
de suspender y no de suprimir departamentos de Inspección del Trabajo, y que se están adoptando disposiciones para latransferencia de competencias a otras unidades organizativas, para evitar problemas en la prestación de servicios. Además,toma nota de las indicaciones del Gobierno en relación con las mencionadas observaciones del Sindicato de Inspectores deSeguridad y Salud en el Trabajo, según las cuales la decisión de suprimir nueve puestos en la inspección del trabajo fue
adoptada en el marco de las reducciones de puestos de trabajo de todo el sector público. La Comisión también toma nota
de las indicaciones del Gobierno, según las cuales se prevén, en el organigrama revisado de la SEPE, 829 puestos.
A este respecto, la Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por el Sindicato de Inspectores deSeguridad y Salud en el Trabajo, según las cuales: la supresión de siete servicios de inspección de seguridad y salud
locales tuvo como consecuencia la reducción de la protección de trabajadores en estas regiones y aumentó los gastos detransporte; la reorganización organizativa redundó en una gestión financiera insuficiente, en un insuficiente apoyo legal ytécnico para los servicios de inspección del trabajo; y en un número insuficiente de inspectores del trabajo y de personalde apoyo de la SEPE, y que sigue descendiendo, con 700 empleados que trabajan en la actualidad en la SEPE, dedicando
los inspectores del trabajo una parte sustancial de su tiempo de trabajo a funciones de secretaría. La Comisión pide al
Gobierno que transmita sus comentarios en relación con las observaciones del Sindicato de Inspectores de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Sírvase comunicar información detallada sobre el número total de inspectores del trabajo y depersonal de apoyo y su distribución en todas las estructuras territoriales de la inspección del trabajo. La Comisión
también pide al Gobierno que comunique información sobre el número total de inspecciones del trabajo realizadas porlas direcciones de relaciones laborales y las direcciones de seguridad y salud en el trabajo desde 2011 (especificando elnúmero de inspecciones en las diferentes regiones del país).
Artículo 3, párrafos 1, a) y b), y 2. Actividades de la inspección del trabajo en el área del trabajo no declarado ydel empleo ilegal, incluso en relación con los trabajadores extranjeros. La Comisión toma nota de que el Gobierno
sigue comunicando información detallada en relación con las numerosas actividades realizadas por la SEPE para combatir
el trabajo no declarado y el empleo ilegal. En este sentido, la Comisión también recuerda las conclusiones de la evaluaciónde las necesidades de la inspección del trabajo de la OIT, de 2012, indicando que las inspecciones de la seguridad y lasalud en el trabajo (SST) son utilizadas para combatir el trabajo ilegal, que pueden desviar recursos y ejercer un impacto
negativo en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. En este contexto, también toma nota de que elSindicato de Inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo indica que la obligación de los inspectores de SST de realizar
inspecciones respecto del trabajo no declarado, incluido el control de los trabajadores extranjeros en situación irregular, noestá dentro de su mandato, y puede afectar el cumplimiento de sus tareas principales, en vista de la diferente naturaleza de

417

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

estas tareas, y plantea cuestiones éticas y prácticas en cuanto a las relaciones de los inspectores del trabajo con lostrabajadores extranjeros en situación irregular. En cuanto a las inspecciones relativas a la situación legal de lostrabajadores extranjeros, el Gobierno reitera que los inspectores del trabajo controlan las mismas disposiciones legales con
independencia de los trabajadores de que se trate. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado lainformación solicitada sobre el cometido específico de los inspectores del trabajo en cuanto a la concesión de lostrabajadores extranjeros de los derechos que les corresponden. La Comisión solicita al Gobierno que comuniqueinformación sobre las medidas que está adoptando para garantizar que las funciones relacionadas con el control deltrabajo no declarado no ejerzan un impacto negativo en las funciones de las inspecciones del trabajo en relación con el
control de la aplicación de las disposiciones legales relativas a la protección de los trabajadores, incluidas su seguridad
y salud. A este respecto, la Comisión también pide al Gobierno que comunique información detallada sobre el número
total de inspecciones del trabajo desde 2011, especificando el número de inspecciones de SST y el de aquéllas
vinculadas con el trabajo no declarado. La Comisión pide una vez más al Gobierno que especifique el papel que
desempeñan los inspectores del trabajo en relación con los trabajadores extranjeros, cuando se encuentre que están en
una situación irregular (facilitando la presentación de reclamaciones y la institución de procedimientos, informando a
los trabajadores extranjeros de sus derechos a la reclamación de sus salarios atrasados ante los tribunales civiles, lanotificación a las autoridades de inmigración, etc.). Sírvase también comunicar información sobre el número de casos
en los que se concedió a los trabajadores extranjeros en situación irregular sus correspondientes derechos (número decasos en los que se pagaron a los trabajadores extranjeros salarios atrasados y prestaciones) o si se regularizó su
situación.
Artículo 11. Recursos materiales de la inspección del trabajo. Reembolso de los gastos necesarios en que
incurren los inspectores para el desempeño de sus funciones. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno,
según las cuales, de enero a julio de 2014, el presupuesto de la SEPE se incrementó en 2,67 millones de euros, debido alhecho de que el 20 por ciento de las multas impuestas como sanciones administrativas constituyen en la actualidad el
ingreso presupuestario de la SEPE. Toma nota con interés de las indicaciones del Gobierno, según las cuales se tuvieron adisposición 60 vehículos adicionales para los servicios de inspección del trabajo.
La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales el artículo 80 de la ley núm. 4144/2013 y
una decisión ministerial conjunta, publicada en 2014, regula en la actualidad el reembolso del pago de los costos detransporte a los inspectores del trabajo. También toma nota de las observaciones formuladas por el Sindicato deInspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las cuales no están cubiertos la mayoría de los gastos de transporte,dado que el reembolso se limita a cinco visitas de inspección al mes y a 20 euros por visita de inspección, mientras que elobjetivo para cada inspector del trabajo es realizar al menos 24 visitas de inspección al mes.
La Comisión toma nota asimismo de las observaciones formuladas por el Sindicato de Inspectores de Seguridad y
Salud en el Trabajo, según las cuales: entre 2009 y 2014, ha habido una reducción en el presupuesto de 4,3 millones deeuros (de 28 millones de euros a 23,7 millones de euros); el número de medios de transporte es insuficiente, a pesar de lacompra de 60 vehículos adicionales; y no se provee a los inspectores del trabajo los equipos de protección personalnecesarios para las inspecciones en lugares de trabajo de alto riesgo. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus
comentarios en relación con las observaciones del Sindicato de Inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pide al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se reembolsen a los inspectores del trabajo todos losgastos en que incurran en el ejercicio de sus funciones, y que se les suministren los equipos de protección personalnecesarios para garantizar su protección contra los riesgos para su seguridad y salud durante el desempeño de sus
funciones. Sírvase también comunicar información sobre el presupuesto asignado a los servicios de inspección deltrabajo, y describir la disponibilidad de los medios de transporte en todas las estructuras territoriales de los servicios deinspección del trabajo.

GuineaConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1959)
Artículo 3 del Convenio. Funciones adicionales de la inspección del trabajo. En sus anteriores comentarios, laComisión tomó nota con preocupación de que a los inspectores del trabajo se les encomiendan multitud de funciones,
como — la solución de los conflictos laborales, la supervisión de las elecciones sindicales, la negociación de lasreivindicaciones sociales, el estudio de los reglamentos internos de las empresas y la clasificación de los puestos —, que
ocupan una parte importante de su programa de trabajo a expensas del cumplimiento de sus funciones principales,
establecidas por el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. La Comisión toma nota, de que, en su memoria, el Gobierno no
responde a su anterior solicitud de información sobre las medidas adoptadas para: i) descargar a los inspectores del trabajode las citadas funciones adicionales, y, ii) establecer una distinción clara entre las funciones de la inspección del trabajo ylas de la administración del trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que, con ocasión de la adopción del nuevo
Código del Trabajo, en 2014, el Gobierno no ha aprovechado la ocasión para eximir a los inspectores del trabajo de la
obligación de mediar en los procedimientos de conciliación de conflictos individuales y colectivos (artículo 513.6 delnuevo Código del Trabajo). En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información418

sobre las medidas adoptadas o previstas para descargar progresivamente a los inspectores del trabajo del desempeño deotras funciones que no sean las propias de la inspección del trabajo previstas en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio,a saber, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección delos trabajadores en el ejercicio de su profesión.
Artículo 7. Formación de los inspectores del trabajo. La Comisión se felicita de las indicaciones suministradas
por el Gobierno en relación con la elaboración, con el apoyo de la OIT, de una guía metodológica sobre la inspección deltrabajo. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno sigue teniendo la intención de formar a los nuevos
funcionarios puestos a disposición de los servicios de la inspección del trabajo y reitera su solicitud de asistencia técnica
con miras a la elaboración y la aplicación de un programa de formación destinado a los administradores, los controladoresy los inspectores del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos
realizados con miras a garantizar la formación del personal de la inspección del trabajo. La Comisión manifiesta laesperanza de que la Oficina suministrará la asistencia técnica solicitada por el Gobierno.
Artículos 10 y 11. Recursos de la inspección del trabajo. Tras los numerosos comentarios en los que la Comisión
ha observado que los inspectores del trabajo no disponen más que de medios irrisorios para el cumplimiento de sus
funciones, la Comisión toma nota con preocupación de las indicaciones del Gobierno relativas a la reducción drástica delos presupuestos de funcionamiento y, en particular, de su repercusión en la dotación de los servicios de la inspección deltrabajo. La Comisión toma nota asimismo de que la Inspección del Trabajo, en su informe del segundo trimestre de 2013,que el Gobierno adjunta a su memoria, constató obstáculos humanos, materiales y financieros que entorpecen el
cumplimiento efectivo de sus funciones principales. Al tiempo que reconoce las restricciones presupuestarias delGobierno, la Comisión manifiesta la firme esperanza de que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias paragarantizar a los servicios de la inspección del trabajo los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el
cumplimiento efectivo de sus funciones y le pide que suministre información sobre todas las medidas adoptadas oprevistas a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que facilite datos estadísticos sobre los medios
materiales y logísticos a disposición de los inspectores del trabajo para que éstos lleven a cabo sus misiones, enparticular, sobre las oficinas locales preparadas a estos efectos y sobre las facilidades de transporte y/o las modalidadesde reembolso de los gastos de desplazamiento profesional cuando carecen de facilidades de transporte público
apropiado.
Artículos 20 y 21. Informe anual de la Inspección del Trabajo. La Comisión toma nota del informe de laInspección del Trabajo para el año 2013 adjunto a la memoria del Gobierno que suministra datos estadísticos sobre el
personal de la inspección del trabajo así como sobre las actividades asociadas a las propias de la inspección del trabajo y aotras con las que se carga a los inspectores del trabajo. La Comisión, toma nota, no obstante, de que el informe de laInspección del Trabajo no contiene informaciones estadísticas sobre los establecimientos sujetos al control de lainspección, el número de trabajadores ocupados en estos establecimientos así como tampoco de las infracciones cometidas
y las sanciones impuestas, ni sobre el número de accidentes laborales y casos de enfermedad profesional registrados. La
Comisión toma nota además de que los datos suministrados relativos a las actividades de los servicios de la inspección no
conciernen más que a tres de las ocho inspecciones regionales del país y no permiten apreciar de manera general elnúmero de visitas de inspección efectuadas. Al tiempo que toma nota de los esfuerzos invertidos por el Gobierno para
comunicar un informe anual de inspección de conformidad con el artículo 20 del Convenio, la Comisión alienta al
Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la recopilación y la publicación en el informe
anual de la Inspección del Trabajo de todas las informaciones requeridas por el artículo 21 del Convenio, y a que
comunique periódicamente una copia de estos informes a la OIT. Además, al tiempo que toma nota de que la memoriadel Gobierno no contiene información sobre este punto, la Comisión pide al Gobierno que señale todas las medidas,
adoptadas o previstas, con miras a establecer un mapa de los establecimientos sujetos al control de la inspección einscribirlos en un registro en el que se señale como mínimo su situación geográfica.

Guinea-Bissau
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1977)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 3, párrafo 1, 7, párrafo 3, 10, 11, 14 y 16 del Convenio. Funcionamiento del sistema de inspección del trabajo.
La Comisión toma nota de que la aplicación del Convenio encuentra importantes y persistentes dificultades de orden económico ymaterial. Señala asimismo que el número de inspectores es insuficiente y que la inspección general del trabajo y de la seguridadsocial atraviesa una carencia de medios de transporte. La Comisión cree asimismo comprender que el Gobierno no se encuentra
en condiciones de garantizar una formación apropiada para el ejercicio de sus funciones a los inspectores del trabajo, deconformidad con el párrafo 3 del artículo 7 del Convenio. Sin embargo, toma nota de la indicación, según la cual los inspectores
se beneficiaron de algunas actividades de formación en el marco de la cooperación técnica de las estructuras de inspección deltrabajo de la subregión y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). El Gobierno da cuenta también de las
dificultades vinculadas con la compilación de datos estadísticos fiables sobre los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad
profesional, en razón de la subdeclaración de parte de los propios trabajadores. El Gobierno señala asimismo que trabaja parareunir las condiciones que permitan comunicar, de manera periódica, las informaciones disponibles sobre cada una de las

419

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

cuestiones previstas en el artículo 21 y en la forma prescrita por el artículo 20, aunque encuentra dificultades de índole diferente
y necesita, por ello, la asistencia técnica de la OIT para tal fin. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a que dirija
una solicitud formal de asistencia técnica a la OIT a los fines de la elaboración y de la publicación de un informe anual deinspección, como prescriben los artículos 20 y 21 del Convenio, así como a considerar la extensión de esta solicitud a lacompilación y al registro de las informaciones estadísticas sobre los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad
profesional, y al establecimiento de una evaluación del sistema de inspección, dirigido a la determinación de los medios que
han de ponerse en práctica para mejorar su eficacia. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar, junto a su
próxima memoria, informaciones sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

GuyanaConvenio sobre la administración del trabajo, 1978
(núm. 150) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 5. Funciones del comité tripartito. En la anterior solicitud directa de la Comisión, se pidió al Gobierno que
indicara las funciones del comité tripartito presidido por el Ministro de Trabajo, así como las de los seis subcomités a los que serefirió en su memoria de 1999. El Gobierno declara en su respuesta que esta cuestión fue ya tratada exhaustivamente en relación
con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). Pese a que la Comisión no haencontrado la información solicitada en la memoria del Gobierno, desea, no obstante, hacer hincapié en que las consultas
tripartitas a las que se refiere dicho instrumento se distinguen claramente por su finalidad — actividades de la Organización
Internacional del Trabajo — de las consultas tripartitas a las que se refiere el artículo 5 del presente Convenio, que se refieren alas diversas áreas de política nacional del trabajo. La Comisión solicita, por tanto, una vez más al Gobierno que señale las
funciones del comité tripartito presidido por el Ministro de Trabajo, así como la de los subcomités que menciona en su
memoria recibida en 1999, y que informe a la Oficina de cualquier otro acuerdo concertado a nivel nacional, regional y local
para garantizar la consulta, la cooperación y la negociación previstas en el artículo 5. Le agradecería que tuviera a bien
comunicar también copias de todos los informes o extractos de informes relativos a la labor de los diversos órganos tripartitos,
su finalidad y sus resultados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Haití
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1952)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras delSector Público y Privado (CTSP), recibidas el 31 de agosto de 2015.
La Comisión toma nota de que, según la CTSP, la inspección del trabajo sólo está presente en Puerto Príncipe y en
algunas otras ciudades, y abarca apenas al 5 por ciento de las empresas del país, principalmente en el sector textil. Según
estas observaciones, los hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios, nunca se inspeccionan. La CTSP
denuncia además, la falta de medios, especialmente de medios de transporte, puestos a disposición de los inspectores deltrabajo. Afirma asimismo que los inspectores del trabajo están mal pagados y que algunos no han sido remunerados en losdos últimos años, lo que los sitúa en una situación de vulnerabilidad frente a las eventuales tentativas de corrupción departe de los empleadores. A este respecto, la CTSP alega que la contratación de inspectores del trabajo obedece a una
política de «clientelismo», que no respeta las exigencias académicas necesarias para el ejercicio de esta función. Alega
igualmente que la inspección del trabajo ejerce presiones psicológicas sobre los trabajadores, con el fin de impedirles
defender sus derechos. Concluyendo, la CTSP considera que no existe en el país inspección del trabajo y que deberían
realizarse esfuerzos en este sentido. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Teniendo conciencia de las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno y de los esfuerzos que debe realizar para crearlas condiciones necesarias para la aplicación del Convenio, la Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede
recurrir a la asistencia técnica de la OIT, incluso para un apoyo en la búsqueda de los recursos necesarios, en el marco de lacooperación internacional, con miras al establecimiento progresivo de un sistema de inspección del trabajo que responda a las
exigencias del Convenio. Le solicita que tenga a bien comunicar informaciones acerca de cualquier gestión formal
emprendida para tal fin.
Artículos 3, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 del Convenio. Ejercicio de las funciones principales de la inspección del trabajo. En
relación con los comentarios anteriores de la Comisión, la CSI destaca la necesidad de una reforma del Código del Trabajo,
especialmente en lo relativo al artículo 411, que prevé que los inspectores del trabajo comuniquen informaciones y brinden
asesoramiento técnico a los empleadores y a los trabajadores «si es necesario».

420

La Comisión toma nota de que el Gobierno se propone modificar la expresión «si es necesario» del artículo 411, cuando serealice la refundición del Código del Trabajo, que se prevé efectuar con el apoyo técnico de la OIT, con miras a armonizar elmencionado Código con los convenios internacionales del trabajo ratificados por Haití. Además, el Gobierno subraya que, a pesarde la redacción del artículo 411 del Código del Trabajo, se efectúa regularmente el trabajo de inspección en Puerto Príncipe y en
algunos departamentos del país, desde hace tres años.
La Comisión recuerda que la función de la inspección del trabajo no debe limitarse a reaccionar a las demandas de lostrabajadores o de los empleadores, y que deberían inspeccionarse los establecimientos, anunciándose o no, con la frecuencia y elesmero necesarios en todo el país (artículo 16), con el fin de permitir que la inspección del trabajo cumpla con sus funciones
principales, como las previstas en el artículo 3, párrafo 1. La Comisión toma nota de que la eficacia del sistema de inspección yla credibilidad de los inspectores ante los empleadores y los trabajadores, dependen en gran medida de la manera en que éstos
últimos ejercen sus prerrogativas (derecho de entrada en los establecimientos, poder de ordenar lo que haya lugar de manera
directa o indirecta, establecimiento de atestados, inicio de acciones judiciales, etc.) y respetan sus obligaciones (sobre todo, laprobidad y la confidencialidad), como establecen los artículos 3, 12, 13, 15, 17 y 18 del Convenio.
La Comisión solicita al Gobierno que se sirva tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en lo que atañe ala revisión del artículo 411 del Código del Trabajo, de modo que se reconozca la transmisión de informaciones y deasesoramiento técnico a los empleadores y a los trabajadores como una función permanente de la inspección del trabajo, deconformidad con el artículo 3, párrafo 1, b).
Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones detalladas, acompañadas de datos estadísticos
sobre la planificación y la puesta en práctica de visitas sistemáticas de inspección, en todo el país, incluso en las zonas
francas, así como sobre sus resultados (comprobaciones de infracción o de irregularidad, asesoramiento técnico e
información, observaciones, órdenes, requerimientos, acciones legales iniciadas o recomendadas, sanciones impuestas yefectivamente aplicadas) y que indique todo obstáculo a la plena aplicación en la práctica de las prerrogativas y las
obligaciones de los inspectores del trabajo.
Por último, la Comisión agradecería al Gobierno que tenga a bien comunicarle una copia del modelo de acta deinspección, así como algunos ejemplares de actas de inspección ya llenos.
Artículos 6, 8, 10 y 11. Personal y medios materiales a disposición de la inspección del trabajo. El Gobierno se refiere alos obstáculos encontrados en la aplicación del Convenio en la práctica, que, según su memoria, son legión: número insuficiente
de inspectores del trabajo, habida cuenta del número, de la naturaleza y de la importancia de los establecimientos sujetos alcontrol de la inspección, y de la complejidad de las disposiciones del Código del Trabajo en vigor; falta de medios logísticos;presupuestos que no permiten el otorgamiento de un salario razonable a los inspectores del trabajo; falta de vehículos para
facilitar el transporte de los inspectores/inspectoras, que les permitan garantizar plenamente sus funciones; locales inaccesibles adeterminadas personas (sobre todo discapacitados, por ejemplo).
Según la CSI, los servicios de inspección del trabajo siguen careciendo de medios para ser plenamente operativos ypresentan lagunas en materia de organización en el terreno.
La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas o previstas,
incluido el recurso a la ayuda financiera internacional, para obtener los fondos necesarios al fortalecimiento de lascapacidades del sistema de inspección del trabajo, especialmente a través del aumento del número de inspectores del trabajo yde los medios materiales y logísticos a disposición de la inspección del trabajo.
Además, en relación con el párrafo 209 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, la Comisión, al tiempo que
es plenamente consciente de las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno, debe, no obstante, señalar la importancia quereviste ofrecer a los inspectores del trabajo un trato correspondiente a la relevancia y a las características de sus funciones ypermitirle progresar en su trabajo gracias a sus méritos personales. La Comisión solicita al Gobierno que indique todas lasmedidas adoptadas o previstas para mejorar la situación y las condiciones de servicio de los inspectores, de manera que
correspondan a las condiciones de los funcionarios públicos que ejercen tareas comparables como, por ejemplo, losinspectores de impuestos.
Artículos 5, a), y 21, e). Cooperación efectiva con otros servicios gubernamentales y con las organizaciones deempleadores y de trabajadores. La CSI destaca la necesidad de comunicar datos estadísticos que permitan evaluar la existencia
y las modalidades de colaboración con otros servicios gubernamentales y con las organizaciones de empleadores y detrabajadores. El Gobierno se refiere, por su parte, a la cooperación entre la inspección del trabajo y otros servicios
gubernamentales, como la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA), la Oficina del Seguro de Accidentes del Trabajo,
Enfermedad y Maternidad (OFATMA), la Oficina de Protección de los Ciudadanos (OPC), así como las organizaciones de lasociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de la persona humana. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique información detallada sobre esta cooperación y sobre su impacto en la eficacia de la acción de la inspección deltrabajo, con miras a la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de lostrabajadores en el ejercicio de su profesión.
El Gobierno se refiere también a la cooperación entre la inspección del trabajo y el tribunal del trabajo, al que se envían los
expedientes para la aplicación de las sanciones previstas en la ley, tras haberse levantado un acta por negativa al cumplimiento.
La Comisión recuerda su observación general de 2007, en la que destacó la importancia de medidas que permitieran una
cooperación efectiva entre el sistema de inspección del trabajo y el sistema judicial, con el fin de suscitar, de parte de las
instancias judiciales, la diligencia y el tratamiento a fondo que deben acordar a las actas de los inspectores del trabajo, así como alos litigios relativos a las mismas áreas que los trabajadores o sus organizaciones les presentan directamente. La Comisión
solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir datos estadísticos sobre el curso dado a las actas remitidas por la inspeccióndel trabajo a las instancias judiciales y comunicar si se han adoptado o han previsto medidas para fortalecer la cooperación
entre la inspección del trabajo y el sistema judicial, por ejemplo, mediante la creación de un sistema de registro de lasdecisiones judiciales, accesible a la inspección del trabajo, con el fin de permitir que la autoridad central utilice esas
informaciones para alcanzar sus objetivos, e incluirlas en el informe anual, en aplicación del artículo 21, e), del Convenio.
Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para reforzar la colaboración
entre la inspección del trabajo y las organizaciones de empleadores y de trabajadores (artículo 5, b)), incluso en el sector de laconstrucción que, en opinión del Gobierno, constituye una prioridad para la reactivación del país. La Comisión recuerda lasorientaciones aportadas en los párrafos 4 a 7 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) respecto de lacolaboración entre empleadores y trabajadores en lo que concierne a la salud y la seguridad.

421

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7, párrafo 3. Formación de los inspectores. En relación con los comentarios de la Comisión al respecto, la CSI
señala las lagunas en materia de capacitación, mientras que el Gobierno da cuenta de algunos cursos de formación en 2008 y en
2011, con el apoyo de la OIT y de los proveedores de fondos internacionales. La Comisión agradecería al Gobierno que tenga abien indicar las medidas adoptadas o previstas para desarrollar una estrategia de formación, y comunicar informaciones
sobre la frecuencia, el contenido y la duración de las formaciones impartidas a los inspectores del trabajo, así como sobre elnúmero de participantes y el impacto de estas formaciones en el ejercicio eficaz de las funciones de la inspección del trabajo.
Artículo 14. Notificación y registro de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional. La
Comisión toma nota de los comentarios de la CSI sobre la necesidad de comunicar datos al respecto y de las informaciones
transmitidas por el Gobierno, según las cuales los accidentes del trabajo se notifican a la inspección general de la OFATMA. La
Comisión solicita al Gobierno que describa detalladamente el sistema de notificación de los accidentes del trabajo y de los
casos de enfermedad profesional, y que indique las medidas adoptadas o previstas tras el terremoto, con el fin de compilar ytransmitir datos estadísticos al respecto, incluso en el sector de la construcción.
La Comisión ruega encarecidamente al Gobierno que se sirva efectuar, como etapa preliminar a la preparación de un
informe anual de inspección, y con el fin de evaluar la situación de los servicios de inspección del trabajo respecto de lasnecesidades, el censo y el registro de los establecimientos industriales y comerciales sujetos al control de la inspección deltrabajo (número, actividad, tamaño y situación geográfica) y de los trabajadores empleados en los mismos (número ycategorías), y tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en este terreno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

HondurasConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1983)
Seguimiento de las conclusiones en la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia sobre laaplicación del presente Convenio por Honduras.
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), recibidas el 28 de agosto de 2015. La
Comisión toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI),
recibidos el 1.º de septiembre de 2015.
La Comisión observa que la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia planteó lanecesidad de reforzar el sistema de inspección del trabajo, entre otros métodos mediante los siguientes: reformas
legislativas, disponibilidad de recursos económicos, humanos y materiales suficientes, en particular, los medios detransporte; la realización de un número suficiente de visitas de inspección de rutina en todo el país; la elaboración deplanes de inspección, el fortalecimiento de la capacidad y la formación de los inspectores; la necesidad de garantizar a losinspectores del trabajo condiciones adecuadas de servicio, incluida una remuneración suficiente para garantizar su
imparcialidad e independencia de toda influencia exterior indebida; la necesidad de dar cumplimiento en la práctica alprincipio del libre acceso de los inspectores a los establecimientos de trabajo; y la necesidad de incrementar las sanciones
en los casos de infracción de la legislación laboral, incluso en caso de obstrucción del desempeño de sus funciones, yasegurar la aplicación de las mismas mediante mecanismos de aplicación efectivos.
Plan de acción para reforzar el sistema de la inspección del trabajo. La Comisión de la Conferencia tomó nota dela información comunicada por el Gobierno en relación con el plan nacional de acción para fortalecer el sistema de lainspección del trabajo. La Comisión de la Conferencia tomó nota de que este plan incluye varias iniciativas como elaumento del número de efectivos hasta llegar a los 200 inspectores antes de 2016, y la mejora de los recursos económicos
y materiales de los servicios de la inspección. Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión pidió al Gobierno que
considere incluir entre las reformas previstas las cuestiones siguientes: profesionalizar la labor del personal de inspección;
incrementar la especialización de las funciones de inspección; utilizar un enfoque multidisciplinario; aumentar elpresupuesto destinado a las remuneraciones y mejorar las condiciones logísticas; velar por que se incrementen las
sanciones por infracción en la legislación de manera de que sean lo suficientemente disuasorias y se determinen a travésde procedimientos objetivos prestablecidos, y que aseguren a todas las partes un juicio justo; incrementar sustancialmenteel número de inspectores especialmente en las zonas que actualmente no son objeto de inspección y velar por que se lesfaciliten los medios materiales necesarios para el desempeño de sus funciones; elaborar un plan de inspección proactivo
destinado a los sectores en los que se infringe sistemáticamente la legislación laboral, entre otros el sector informal, laagricultura y las maquilas; seguir recibiendo asistencia técnica de la OIT para superar los obstáculos que subsisten en lalegislación y en la práctica en la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información
sobre el modo en el que las cuestiones mencionadas han sido incluidas en el plan de acción para fortalecer el sistemade la inspección del trabajo. Pide también al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados con la
implementación de los objetivos en este plan.
Reforma legislativa. La Comisión toma nota de la discusión en la Comisión de la Conferencia, que el Gobierno
tiene la intención, en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, de reformar el
422

Código del Trabajo y de promulgar una ley sobre la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de las observaciones
formuladas por la OIE y el COHEP de que está en marcha el procedimiento pertinente de consultas y de que el Gobierno
tiene la intención de solicitar la asistencia técnica de la OIT con respecto a la versión final del proyecto de ley sobre lainspección del trabajo. La Comisión se felicita de estas novedades y pide al Gobierno que continúe comunicando
información sobre los progresos realizados a este respecto.
Artículo 6 del Convenio. Condiciones de servicio adecuadas de los inspectores del trabajo en particular,
remuneración suficiente para garantizar su imparcialidad e independencia frente a influencias exteriores indebidas. La
Comisión toma nota de que las discusiones en la Comisión de la Conferencia se refirieron a la necesidad de proporcionar a
los inspectores del trabajo condiciones de servicio adecuadas, incluida una remuneración suficiente para garantizar su
imparcialidad e independencia frente a injerencias exteriores improcedentes y que la Comisión de la Conferencia pidió al
Gobierno que considerara un aumento salarial para los inspectores del trabajo en los presupuestos.
En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) se han establecido el perfil profesional, laescala de salarios y las categorías de los puestos de la inspección del trabajo (inspector subalterno, inspector principal,
inspector jefe); ii) el proyecto de ley sobre la inspección del trabajo prevé una serie de criterios de selección de losinspectores del trabajo en lo que respecta a exámenes en los concursos y en las promociones, incluyendo, entre otros,
niveles por calificaciones académicas y antigüedad, y iii) se han previsto mejoras en la remuneración de los inspectoresdel trabajo en el presupuesto asignado a los servicios de la inspección para 2016. La Comisión toma nota asimismo de las
indicaciones del Gobierno sobre la creación de nuevos puestos (denominados auditores técnicos encargados de la gestióndel rendimiento) con la misión de evaluar el rendimiento de los inspectores del trabajo, en particular, la investigación delas quejas que se presenten contra ellos. La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada sobre la
remuneración de las diversas categorías de inspectores del trabajo. La Comisión pide también al Gobierno quetransmita información sobre el nivel de remuneración de los inspectores del trabajo en relación con el de la de otros
funcionarios públicos que ejercen funciones similares, como los inspectores fiscales. En relación con la contrataciónde personal responsable de la evaluación del rendimiento de los inspectores del trabajo, la Comisión pide al Gobierno
que proporcione información adicional sobre la propuesta de sistema de investigación de las quejas formuladas contra
los inspectores del trabajo (fundamentos jurídicos, casos en los que puede admitirse la queja, métodos utilizados,ámbito de aplicación de las investigaciones, derechos de los inspectores a ser oídos, etc.). La Comisión pide asimismo
al Gobierno que comunique información sobre las consecuencias que acarrea a los inspectores del trabajo el hecho deconsiderar una queja fundamentada.
Artículo 7. Contratación y formación de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que la discusión
en la Comisión de la Conferencia trató sobre la selección y formación de los inspectores del trabajo y sus calificaciones yfunciones en relación con la seguridad y la salud en el trabajo (SST). La Comisión reitera que la Comisión de laConferencia solicitó al Gobierno que considerara la profesionalización y la especialización de la inspección del trabajo, yla introducción de un planteamiento multidisciplinario. La Comisión pide al Gobierno que describa el procedimiento decontratación de los inspectores del trabajo (el órgano competente en esta materia, las cualificaciones y capacidades
examinadas y los métodos utilizados (exámenes por escrito, entrevistas de trabajo, etc.)). La Comisión le pide asimismo
que facilite información sobre los cursos de formación que se imparten a los inspectores del trabajo (número departicipantes y materias tratadas, como por ejemplo la SST, la ética en la profesión, la redacción de atestados deincumplimiento, etc.).
Artículos 10 y 16. Número de inspectores del trabajo y realización de un número suficiente de visitas de rutina por
todo el país. La Comisión reitera que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno un aumento sustancial en elnúmero de inspectores del trabajo, en particular en las zonas geográficas desatendidas actualmente, y tomó nota delcompromiso del Gobierno de aumentar el número de inspectores del trabajo a 200 antes de 2016. En este sentido, laComisión toma nota de las observaciones formuladas por la CSI, según las cuales el número de inspectores del trabajo es
insuficiente y se concentra en el área geográfica de la capital y en la principal región comercial, así como las
observaciones formuladas por la OIE y el COHEP de que faltan inspectores especializados en SST. La Comisión toma
nota asimismo de las diferentes indicaciones del Gobierno y la CSI en relación con el número de inspectores del trabajo(141 y 119, respectivamente). La Comisión toma nota al respecto de que el Gobierno señala en su memoria que se haaprobado el presupuesto para la contratación de personal adicional (incluyendo 38 inspectores del trabajo, cuatro
inspectores jefes, dos adjuntos a la jefatura, seis auditores técnicos encargados de la gestión del desempeño y un inspector
técnico jefe) y que se están adoptando medidas para prever una distribución geográfica de los servicios de inspección que
permita realizar visitas con la frecuencia y el esmero exigidos en todos los establecimientos sujetos a inspección en el país.
En lo que se refiere a la cuestión de que el número de visitas de la inspección del trabajo sea suficiente, la Comisión
reitera sus observaciones anteriores en las que lamentó tomar nota de que, entre 2005 y 2013, la gran mayoría de lasactividades de la inspección del trabajo se centraron en atender las quejas recibidas. En este sentido, la Comisión toma
nota de la información estadística comunicada por el Gobierno de que esta tendencia continuó en 2014, año en el que seefectuaron 12 193 inspecciones a raíz de la presentación de quejas, mientras que tan sólo se llevaron a cabo 7 103 visitas
de oficio aquel año. La Comisión reitera que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que estudiara el desarrollode un plan proactivo de inspección centrado en los sectores donde se presentan frecuentemente infracciones de lalegislación laboral, entre otros el sector informal, el agrícola y las maquilas. En este sentido, la Comisión toma nota de que

423

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

el Gobierno señala que está en marcha un plan estratégico de inspección del trabajo para 2016 y que, en octubre de 2015,
se efectuarán una serie de inspecciones en las maquilas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información
sobre los progresos realizados en la contratación de inspectores del trabajo que el Gobierno se ha comprometido a
emprender. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que explique los criterios de contratación con respecto al
número de efectivos que figuran actualmente en plantilla en los servicios de inspección (incluyendo información sobre
la designación de su puesto de trabajo, su categoría profesional, la distribución geográfica, etc.).
Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique una copia del plan estratégico de 2016 en cuanto hayasido aprobado, y que proporcione información sobre las áreas prioritarias sujetas a inspección. La Comisión pide al
Gobierno que siga comunicando información detallada sobre el número de inspecciones de oficio y sobre lasinspecciones realizadas como resultado de la presentación de una queja. Y, si es posible, que las estadísticas estén
desglosadas por región y sector.
Artículo 11. Financiación y medios materiales adecuados, incluidos medios de transporte. La Comisión toma
nota de que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que adoptara medidas para garantizar la asignación derecursos materiales adecuados a los servicios de inspección del trabajo, en particular, medios de transporte. La Comisión
toma nota de que las cuestiones que fueron objeto de discusión en el seno de la Comisión, habían sido previamente
planteadas por esta Comisión, como por ejemplo el hecho de que las partes deban cubrir el transporte de los inspectorespara evitar que los trabajadores que carecen de tales medios se vean privados del acceso a los servicios de inspección.
En este sentido, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cualha sido aprobado el presupuesto para la adquisición de cuatro vehículos para uso exclusivo de la inspección del trabajo(que se distribuirán entre las cuatro ciudades principales). Al tiempo que la Comisión toma nota de que el Gobierno serefiere a la escasez de recursos, toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la CSI de que la falta de recursos
no es una excusa aceptable por cuanto el Gobierno se ha beneficiado de varios proyectos internacionales de cooperación.
La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas para mejorar los medios detransporte de la inspección del trabajo. Pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre el porcentaje delpresupuesto nacional asignado a los servicios de inspección y que describa las condiciones materiales de los servicios
de inspección en todo el territorio, incluidos los medios de transporte a disposición de los diversos servicios de lainspección.
Además, la Comisión pide al Gobierno que garantice que se reembolsen los gastos en los que hubieran incurrido
los inspectores en el desempeño de sus funciones, y le solicita también que suministre información detallada sobre el
cumplimiento de esta obligación en la práctica, entre otros, sobre el número de casos en los cuales dichos gastos han
sido reembolsados y la suma abonada a los inspectores del trabajo por ese concepto.
Artículos 17 y 18. Necesidad de aumentar el nivel de las sanciones por infracción de la legislación laboral,
incluida la obstrucción de la labor de los inspectores del trabajo y de garantizar su aplicación mediante mecanismos
efectivos. La Comisión toma nota de las discusiones mantenidas en la Comisión de la Conferencia sobre la necesidad deaumentar el nivel de las sanciones por infracciones de la legislación laboral, en particular por obstrucción de la labor delos inspectores del trabajo, y de garantizar su aplicación mediante mecanismos efectivos. La Comisión toma nota de lasobservaciones formuladas por la CSI de que, desde 1980, no se ha actualizado el nivel de las sanciones por infracción dela legislación laboral y que las cuantías de las sanciones vigentes son irrelevantes (por ejemplo, una multa por violación dela legislación en materia de SST oscila entre 2,40 y 24 dólares de los Estados Unidos, y la multa por incumplimiento delsalario mínimo oscila entre 4,80 y 48 dólares de los Estados Unidos). Además, según la CSI, en la mayoría de los casos lainspección del trabajo dará concluido un caso cuando se haya abonado la multa, sin tener en cuenta en absoluto si las
infracciones que justificaron la imposición de la multa han sido corregidas o se ha resarcido de forma efectiva a lostrabajadores.
En relación con la aplicación de sanciones por infracción de la legislación laboral, la Comisión toma nota de que
según las observaciones formuladas por la CSI, el Gobierno ha incurrido repetidamente en la omisión de hacer respetar su
legislación laboral mediante la inspección del trabajo y el sistema judicial. En este sentido, la Comisión toma nota de que
el Gobierno señala que el proyecto de ley sobre la inspección del trabajo establece sanciones que son más disuasorias, enparticular, con respecto a la obstrucción del desempeño de las funciones de los inspectores del trabajo. La Comisión toma
nota asimismo de las estadísticas facilitadas por el Gobierno sobre las sanciones impuestas en 2014 (3 082 casos deinfracción detectados y 306 sanciones impuestas, sin especificar las disposiciones infringidas) por un monto de
935 000 lempiras, aproximadamente 42 340 dólares de los Estados Unidos). La Comisión pide al Gobierno quesuministre información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las sanciones por infracción de la legislación
sean suficientemente disuasorias y que suministre una copia de las disposiciones legislativas modificadas en cuantohayan sido adoptadas. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione una explicación en cuanto a ladiscrepancia en el número de infracciones detectadas (3 082) y el número de casos en los que se ha impuesto una
sanción (306). La Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información sobre el número de infracciones
detectadas, las sanciones impuestas y la cuantía de las multas recaudadas, especificando los ámbitos a los que éstas serefieren (SST, trabajo infantil, impago de salarios, terminación de empleo, etc.).
Asistencia técnica para la realización de una auditoría sobre el funcionamiento del sistema de la inspección deltrabajo. La Comisión toma nota de que está previsto que la asistencia técnica de la OIT solicitada por el Gobierno para424

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

realizar una auditoría sobre el funcionamiento de la inspección del trabajo se llevará a cabo muy pronto. La Comisión pide
al Gobierno que suministre información sobre el resultado de esta auditoría, y sobre cualquier medida adoptada para
dar curso a las recomendaciones formuladas en la misma.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Hungría
La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por los representantes de los trabajadores en el Consejo
Nacional Tripartito para la OIT del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, que se adjuntan a la memoria del Gobierno,
y de la respuesta del Gobierno a esas observaciones.
Legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley núm. LXXV, de 1996, sobre laInspección del Trabajo ha sido modificada en varias ocasiones durante el período cubierto por la memoria. Pide al
Gobierno que transmita una copia de la versión actual de la ley núm. LXXV, de 1996.
Artículos 3, párrafo 1, b), 7, 9 y 13 del Convenio. Funciones de la inspección del trabajo en el ámbito de la
información técnica y el asesoramiento. Formación. Actividades a fin de prevenir los accidentes laborales y los casosde enfermedades profesionales. Colaboración de peritos y técnicos debidamente calificados. La Comisión toma nota
de la información transmitida por el Gobierno en respuesta a sus solicitudes anteriores relacionadas con la aplicación delos artículos 3, párrafo 1, b), 7, 9 y 13.
Artículos 10 y 16. Número de inspectores del trabajo y eficacia del sistema de inspección del trabajo. La
Comisión había tomado nota de un descenso significativo del número total de inspectores del trabajo que, entre 2008 y2011 pasaron de 696 a 538 (en 2011, había 200 inspectores de seguridad y salud en el trabajo (SST) y 338 inspectores deltrabajo que se ocupan de cuestiones laborales). A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica quedurante el período cubierto por la memoria ha continuado reduciéndose el número de inspectores del trabajo, y que
actualmente hay 200 inspectores menos que al inicio de ese período. Además, toma nota de que según las estadísticas
proporcionadas por el Gobierno, en 2013 el número total de inspectores era de 401 (a saber 149 inspectores de SST y
252 inspectores del trabajo que se ocupan de cuestiones laborales). También toma nota de que el Gobierno indica que esta
reducción se debe a los cambios en el mandato de los inspectores del trabajo y a la reorganización de los servicios deinspección del trabajo, y que el número de inspectores se determina sobre la base de las funciones que tienen que
desempeñar.
La Comisión toma nota de las reiteradas observaciones realizadas por los representantes de los trabajadores en elConsejo Nacional Tripartito para la OIT en relación con el número insuficiente de inspectores del trabajo. Dichos
representantes opinan que el número de inspectores es demasiado reducido habida cuenta de que existen aproximadamente
600 000 lugares de trabajo sujetos a inspección y del elevado número de accidentes laborales e infracciones. La Comisión
toma nota de que, en respuesta a esas observaciones, el Gobierno indica que, a pesar de la reducción del número deinspectores del trabajo, las inspecciones del trabajo son más eficaces debido a que ahora se centran en las prioridades
determinadas en los planes anuales de inspección del trabajo. Además, el Gobierno señala que debido a la mejora de laeficacia de las inspecciones del trabajo se detectan más infracciones. La Comisión pide al Gobierno que transmita
información estadística a partir de 2010 sobre el número de visitas de inspección y de lugares de trabajo cubiertos, asícomo de trabajadores a los que conciernen las inspecciones. Asimismo, le pide que transmita estadísticas sobre las
infracciones detectadas y las sanciones impuestas, así como sobre los accidentes laborales y los casos de enfermedad
profesional. Tomando nota de que el Gobierno indica que el número de inspectores del trabajo se determina sobre labase de las funciones que tienen que desempeñar, la Comisión le pide que transmita más información sobre laevaluación correspondiente de las necesidades del sistema de inspección del trabajo en términos de recursos humanos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

India
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI),
recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas y de la solicitud
formulada por ésta de información detallada en relación con las cuestiones objeto de discusión. La Comisión toma nota dela estadística suministrada por el Gobierno en su memoria, en respuesta a las solicitudes de la Comisión de Aplicación de425

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1994)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJONormas de la Conferencia, pero observa con preocupación que la mayoría de las cuestiones planteadas por la Comisión
siguen sin ser respondidas.
Reformas legislativas y ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión tomó nota anteriormente de lasobservaciones formuladas por la Central de Sindicatos Indios (CITU) en relación con las enmiendas propuestas al ámbito
de aplicación de numerosas leyes del trabajo que, según la CITU, excluirían a un elevado número de trabajadores de laprotección de la legislación laboral básica actualmente en vigor. En este sentido, la Comisión toma nota de que elGobierno señala en su memoria que el objetivo de la refundición de 44 leyes laborales en cuatro o cinco Códigos delTrabajo consiste en suprimir la incertidumbre jurídica y que, lejos de excluir a los trabajadores del ámbito de aplicación dela legislación laboral, se propone ampliar la cobertura de varias de las leyes en esta materia. La Comisión toma nota deque el Gobierno no ha comunicado la información detallada solicitada por la Comisión de la Conferencia para ofrecer
explicaciones sobre el ámbito de aplicación y el objetivo de todas las propuestas actuales para modificar las leyes y losreglamentos en materia laboral que inciden en el sistema de la inspección del trabajo a nivel central y estatal. No obstante,
toma nota de la preocupación expresada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en cuanto a que los proyectosde ley introducidos a partir de 2014 tienen consecuencias de largo alcance para la inspección del trabajo. Acogiendo
positivamente el hecho de que el Gobierno haya solicitado la asistencia técnica de la OIT en relación con algunos de losproyectos de ley de la reforma legislativa en marcha, la Comisión recuerda asimismo al Gobierno la solicitud formulada
por la Comisión de la Conferencia de que, en consulta con los interlocutores sociales, garantice que las enmiendas
introducidas en la legislación laboral a nivel central y estatal se ajusten a lo dispuesto en el Convenio. De conformidad
con la solicitud formulada por la Comisión de la Conferencia, la Comisión pide al Gobierno que proporcione
explicaciones sobre el alcance y el objetivo de todas las propuestas actuales a las leyes y los reglamentos laborales que
incidan en el sistema de la inspección del trabajo y en los ámbitos central y estatal. En lo que se refiere a sus anteriores
observaciones en virtud de los artículos 12, 1), a), y 18 en relación a la Ley de Fábricas (facultades de los inspectores) yla Ley de Trabajadores Portuarios (seguridad, salud y bienestar), la Comisión espera que, en el contexto de las actuales
reformas legislativas, el Gobierno adopte medidas para garantizar que se reconozca explícitamente el derecho a losinspectores del trabajo a entrar libremente, sin previo aviso, en los establecimientos de trabajo, y que se establezcansanciones suficientemente disuasorias para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones legales relativas a lascondiciones de trabajo y la protección de los trabajadores.
Artículos 12, 16 y 17 del Convenio. Reforma de la inspección del trabajo, en particular, la implementación de unsistema informatizado para determinar aleatoriamente los establecimientos que deben inspeccionarse. La Comisión
toma nota de la información transmitida por el Gobierno de que: i) se ha establecido un sistema informático que
determinará aleatoriamente los inspectores que realizarán una visita y los establecimientos que deben inspeccionarse;ii) este sistema se basa en criterios objetivos relativos a las evaluaciones de riesgo, y iii) que en diciembre de 2014, esteplan de inspección dio lugar a casi 11 200 inspecciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a
los alegatos de la CITU y que, con arreglo a este sistema, los inspectores del trabajo no tendrán ya las facultades de decidir
sobre los establecimientos que inspeccionan. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, como
resultado de las quejas recibidas, los asuntos graves se incluirán en una lista de inspección de carácter obligatorio.
En lo que se refiere a este sistema, la Comisión toma nota de las inquietudes planteadas por la CSI en cuanto a que elproyecto de Código del Trabajo sobre salarios, de 2015, establece un programa de inspección basado en una página web
atendiendo únicamente a un sistema de autocertificación, las denuncias y una lista de empleadores que infrinjan las
disposiciones legales. El sistema de inspección proveerá una selección aleatoria de lugares de trabajo que deben
inspeccionarse. El sindicato señala que, con arreglo a este nuevo esquema, se notificará con antelación a los empleadoresla fecha de la inspección y las sanciones que podrían imponérsele tras la correspondiente orden por escrito y una vez
transcurrido un plazo adicional para que el empleador cumpla los requerimientos. La CSI señala además que la decisiónde rebautizar a los inspectores como facilitadores implica también que la ejecución de la ley no forma parte de losobjetivos del sistema de la inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios en
relación con las observaciones formuladas por la CSI. La Comisión le pide también que suministre información sobre
el número de inspecciones del trabajo, especificando si éstas se efectuaron como resultado de la selección por elsistema informático de una queja o si se incluyeron en una lista de establecimientos denunciados por haber infringido
las disposiciones de la legislación laboral. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar
información sobre los criterios utilizados para esta toma de decisiones en relación con las inspecciones del trabajo. La
Comisión pide asimismo al Gobierno que señale si podrán emprenderse inspecciones del trabajo según la iniciativa delos inspectores cuando éstos tengan motivos justificados para creer que un establecimiento infringe lo dispuesto en laley, y que proporcione la información estadística pertinente (artículo 12, 1), a) y b)). La Comisión pide asimismo al
Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas, en la legislación y en la práctica, para garantizarque se autorizan las inspecciones del trabajo sin notificación previa (artículo 12, 1), a)) y que los inspectores deltrabajo gozan de la facultad discrecional, en virtud del artículo 17, 2), del Convenio, de iniciar un procedimiento
cuando lo consideren oportuno.
Artículos 2, 4 y 23. Inspección del trabajo en las zonas económicas especiales (ZEE) y en los sectores detecnologías de la información (TI) y de servicios informáticos (ITES). La Comisión tomó nota anteriormente de que elGobierno señala que se han efectuado muy pocas inspecciones en las ZEE y en los sectores de las TI y los ITES.

426

En relación con la inspección del trabajo en las ZEE, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado
información detallada sobre esta materia, aunque sí en relación con la aplicación de diez leyes en tres de las ZEE(Noida SEZ, Visakhapatanam SEZ y Mumbai SEEPZ SEZ). En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno
ha señalado reiteradamente que no existen leyes independientes en esta materia para las ZEE y que estas zonas estánsujetas a la inspección del trabajo. A pesar de que, en virtud del reglamento de las ZEE, de 2006, las facultades ejecutivas
en esta materia pueden ser delegadas al Comisionado para Asuntos de Desarrollo (funcionario gubernamental de grado
superior), esto sólo se ha hecho en algunos casos, y sin menoscabo de la aplicación de la legislación laboral. En este
sentido, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la CSI de que los sindicatos se encuentran en granmedida ausentes de las ZEE en razón de prácticas de discriminación antisindical y que las condiciones de trabajo son
deficientes, y que, en varios estados se han delegado las facultades de control de la aplicación al Comisionado para
Asuntos de Desarrollo, cuya su función central es atraer las inversiones.
En relación con la aplicación de las leyes del trabajo a los sectores de la IT y de los ITES, la Comisión toma nota deque el Gobierno señala que, además de los informes presentados por los empleadores en virtud de varias leyes del trabajo,
las inspecciones se efectúan mediante las visitas de inspección a los establecimientos. No obstante, la Comisión toma nota
de que no se ha comunicado ninguna estadística sobre inspecciones del trabajo efectuadas en este sector. La Comisión
pide una vez más al Gobierno que transmita información estadística detallada sobre las inspecciones del trabajo en
todas las ZEE (incluyendo el número de ZEE y de empresas y de trabajadores registrados en ellas, el número deinspecciones efectuadas, de infracciones constatadas y sanciones impuestas, y de accidentes del trabajo y deenfermedades profesionales denunciadas). La Comisión pide asimismo una vez más al Gobierno que especifique elnúmero de ZEE donde las facultades de control de la aplicación han sido delegadas al Comisionado para Asuntos deDesarrollo. De conformidad con la petición formulada por la Comisión de la Conferencia, la Comisión pide al
Gobierno que examine, junto con los interlocutores sociales, en qué medida la delegación de la autoridad deinspección del Comisionado del Trabajo en el Comisionado de Desarrollo en las ZEE ha incidido en la cantidad y lacalidad de las inspecciones del trabajo, y a que comunique el resultado de este examen. La Comisión pide asimismo al
Gobierno que comunique información sobre el número de establecimientos en el sector de las IT y de los ITES, y elnúmero de inspecciones efectuadas en estos sectores.
Artículos 3, párrafo 1, 10, 16, 20 y 21. Información sobre las actividades de los servicios de la inspección deltrabajo para determinar su eficacia y la cobertura de los establecimientos por la inspección del trabajo a nivel central yestatal. La Comisión tomó nota anteriormente de las indicaciones del Gobierno de que el Ministerio de Trabajo y
Empleo estaba estudiando la revisión de la legislación a fin de garantizar un entorno laboral sin perturbaciones y de
reducir las injerencias innecesarias del personal de la inspección («terminar con el inspector Raj»), y que se estaban
adoptando medidas para que el sistema de la inspección del Trabajo se base principalmente en la presentación de quejas.
La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que «terminar con el inspector Raj» no significa «terminar con elsistema de la inspección del trabajo», sino que se traduce en el hecho de poner fin a las malas prácticas en el sistema
vigente, pero sin que ello vaya en detrimento del control sobre el cumplimiento de la legislación laboral. En este sentido,
la Comisión tomó nota anteriormente de que la mayoría de los estados no cuentan con instrucciones internas para impedir
las inspecciones del trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno subraya que se han producido desequilibrios
graves en el número de inspecciones entre los diversos estados.
La Comisión toma nota de que, una vez más, no se ha transmitido a la OIT ningún informe anual sobre la labor delos servicios de la inspección. Además, toma nota de que el Gobierno no ha facilitado la información estadística detallada
solicitada por la Comisión de la Conferencia que cubra todos los asuntos previstos en el artículo 21 a nivel central yestatal (en particular, el número de miembros del personal de las respectivas inspecciones del trabajo), lo que permitiría
evaluar si los artículos 10 y 16 del Convenio se aplican. Al tiempo que toma nota de la información comunicada por el
Gobierno sobre las actividades de los servicios de la inspección del trabajo a nivel central y estatal, con datos agregados
en relación a diez leyes distintas, toma nota de que esta información no hace posible que la Comisión formule una
evaluación fundamentada de la cobertura de los establecimientos de trabajo y de los trabajadores a nivel central y estatal.
En particular, la Comisión toma nota de que, una vez más, no se ha transmitido información alguna sobre el número deestablecimientos de trabajo sujetos a inspección ni de trabajadores empleados en ellos, así como tampoco del número deinspectores del trabajo que figuran en estos servicios en los estados, y que la información estadística comunicada cubreúnicamente 11 estados. En este contexto, la Comisión toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la CSI deque, en muchos casos, el número de miembros del personal de estos servicios de inspección sigue siendo sumamente
insuficiente. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la autoridad central
publique, en un futuro muy próximo, un informe anual sobre las actividades de la inspección del trabajo en el que
figure toda la información requerida por el artículo 21 a nivel central y estatal. En relación con la ausencia de
información sobre el número de establecimientos sujetos a inspección y de los trabajadores empleados en ellos, laComisión pide al Gobierno que comunique información sobre la disponibilidad de los registros de estos
establecimientos a nivel central y estatal, o sobre las iniciativas emprendidas para establecer dichos registros en todos
los estados. La Comisión invita al Gobierno a que considere acogerse a la asistencia técnica de la OIT para elestablecimiento de los registros de los lugares de trabajo y para la creación de informes anuales sobre la labor de losservicios de la inspección del trabajo.

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Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 5, b). Colaboración de los servicios de inspección del trabajo con las organizaciones de los empleadoresy de los trabajadores. La Comisión toma nota de la información reiterada por el Gobierno sobre los órganos de consulta
tripartita en el ámbito central y estatal, así como de los ejemplos proporcionados por el mismo sobre la colaboración de lainspección del trabajo con los sindicatos y los representantes de los trabajadores en las zonas portuarias más importantesdel país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas llevadas a cabo con losinterlocutores sociales en el ámbito central y estatal sobre cuestiones relativas a la inspección del trabajo y en
particular, sobre la consulta con los interlocutores sociales en el marco de las reformas legislativas actuales, en la
medida en que ellas conciernan la inspección del trabajo.
Artículos 10 y 16. Cobertura de los establecimientos por la inspección del trabajo. La introducción de un
régimen de autoinspección. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones formuladas por la CITU y el
Sindicato Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) en relación con el régimen de autocertificación implementado en 2008 (queincluye la obligación para los empleadores que emplean a más de 40 trabajadores de presentar una autocertificación
expedida por un contable colegiado), en particular, en lo relativo a la ausencia de cualquier mecanismo por el que lainspección del trabajo pueda verificar la información comunicada mediante este procedimiento. En este sentido, el
Gobierno señala que esta autocertificación es un requisito adicional del sistema de inspecciones reglamentarias y en
ningún caso un sustitutivo para el trabajo fundamental de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota, no obstante,de que el Gobierno no ha ofrecido las explicaciones solicitadas por la Comisión de la Conferencia en relación con losacuerdos de verificación de la información transmitida por los empleadores mediante el régimen de autocertificación ni
sobre las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo emprendidas por organismos privados certificados, enparticular, el número de inspecciones, el número de infracciones denunciadas por estos órganos, y el cumplimiento de lasmedidas de aplicación. La Comisión pide al Gobierno que comunique la información solicitada por la Comisión de laConferencia sobre las inspecciones en materia de seguridad y salud realizadas por organismos certificados de carácter
privado, así como una explicación sobre los acuerdos para la verificación de la información comunicada por losempleadores en los regímenes de autocertificación.
Artículos 12, párrafo 1, a) y b), y 18. Libre acceso de los inspectores a los lugares de trabajo. La Comisión toma
nota de que el Gobierno no ha transmitido la información detallada solicitada por la Comisión de la Conferencia en
cumplimiento del artículo 12 del Convenio sobre el acceso de los inspectores, en la práctica, a los lugares de trabajo, a losregistros, a los testigos y a cualquier otra prueba, así como los medios con los que cuentan para imponer su acceso a losmismos. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado la información estadística solicitada sobre
la denegación de este acceso, las medidas adoptadas para obligar a dicho acceso y sobre los resultados de estas iniciativas.
La Comisión pide al Gobierno que comunique estas informaciones.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

ItaliaConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1952)
Artículo 3, párrafos 1 y 2, del Convenio. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo. La
Comisión toma nota de que según indica el Gobierno y según las estadísticas que éste incluye en su memoria, lasinspecciones del trabajo han continuado centrándose en combatir el empleo no declarado. Toma nota de que en 2013, serealizaron 139 824 visitas de inspección del trabajo (incluido un número significativo de inspecciones llamadas«sumarias» para evaluar la incidencia del empleo no declarado también con la unidad de carabinieri para la protección
laboral), durante las cuales se encontraron 1 091 trabajadores en situación irregular desde el punto de vista de su situaciónde residencia.
La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que las inspecciones del trabajo para detectar el empleo irregulartienen por objetivo la protección de los trabajadores. Según el Gobierno, los inspectores del trabajo toman medidas para:i) regularizar la relación de trabajo de los trabajadores no comunitarios que se encuentran en una situación irregular;ii) recuperar las contribuciones de seguridad social y seguro pendientes, y iii) mejorar la aplicación de las medidas paragarantizar el pago rápido y efectivo de los salarios y las prestaciones que se deben a los trabajadores (como por ejemplo, lasumisión de casos a la conciliación y la posibilidad de pagos voluntarios). Asimismo, el Gobierno se refiere a que estáprevisto despenalizar el delito de inmigración ilegal y convertirlo en una infracción administrativa, lo cual debería facilitar
que los trabajadores no comunitarios en situación irregular reclamen sus derechos ante las autoridades competentes, y que
los inspectores del trabajo les protejan. El Gobierno hace hincapié en que las funciones de los inspectores del trabajo deproporcionar una protección efectiva a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores en situación irregular, sonclaramente diferentes a las funciones de los carabinieri que se encargan de combatir la inmigración ilegal, y señala que lacooperación durante las visitas de inspección en muchos casos tiene por objetivo garantizar la seguridad física de losinspectores del trabajo.
La Comisión acoge con beneplácito los esfuerzos antes mencionados que se realizan para garantizar que lostrabajadores en situación irregular puedan disfrutar de sus derechos. Sin embargo, tomando nota de que una gran parte delas actividades de inspección se realizan en el ámbito del control de la legalidad del empleo, y en referencia a su
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ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

observación anterior, la Comisión quiere hacer hincapié en que la función que se asigna a los inspectores de prevenir elempleo irregular de los trabajadores extranjeros no debe obstaculizar el cumplimiento de su obligación principal tal como
se define en el Convenio. Además, la Comisión considera que la colaboración de los carabinieri no favorece la relación deconfianza que es fundamental para conseguir que los empleadores y trabajadores cooperen con los inspectores del trabajo.
Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2, garantice que las
funciones relacionadas con la prevención del empleo de trabajadores extranjeros en situación irregular no interfieran
en las funciones principales de los inspectores del trabajo ni perjudiquen en manera alguna la autoridad e
imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores.
Pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre la forma en la que la inspección del trabajo
garantiza que los empleadores cumplen con sus obligaciones en relación con los trabajadores extranjeros en situación
irregular en materia de residencia (incluso después de la despenalización de la infracción de inmigración ilegal).
Sírvase asimismo transmitir información en relación con las medidas concretas que se adoptan cuando se regulariza larelación de trabajo de estos trabajadores, así como información sobre los derechos que se les otorgan después de que sehaya detectado su presencia en el país (número de casos en los que su relación de trabajo se ha regularizado, número
de casos en los que sus salarios pendientes y otras prestaciones se les han pagado completamente, número de casos en
los que se han pagado indemnizaciones por accidentes pasados, etc.).
Tomando nota de que el Gobierno indica que los carabinieri tienen sus propias competencias para llevar a caboinspecciones en los lugares de trabajo, la Comisión le pide que transmita información sobre las medidas adoptadas afin de velar por que la cooperación de los inspectores del trabajo con los carabinieri se limite a las acciones
compatibles con el objetivo del Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1981)
Artículo 6, párrafos 1, y 3, del Convenio. Funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo en la
agricultura. La Comisión toma nota de que, según lo que indica el Gobierno y las estadísticas que proporciona en su
memoria, las inspecciones del trabajo han continuado centrándose en combatir el trabajo no declarado, especialmente enlo que respecta a los trabajadores que no son ciudadanos de la Unión Europea y están en situación irregular, incluso en el
sector agrícola. Toma nota de que en 2013, durante las operaciones extraordinarias llevadas a cabo en el sector agrícola
por la dirección general de los servicios de inspección y los Carabinieri de la unidad para la protección laboral, se
inspeccionaron 5 652 lugares de trabajo, y durante estas inspecciones se encontraron 768 trabajadores en situación
irregular, incluidos 70 trabajadores en situación irregular desde el punto de vista de su situación de residencia.
Refiriéndose a las observaciones en virtud del artículo 3, párrafos 1 y 2, del Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81), la Comisión pide al Gobierno que transmita la información solicitada a este respecto que concierna
específicamente a las actividades de los servicios de inspección del trabajo en la agricultura.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos(JTUC-RENGO) y por la Federación de Comercio del Japón (NIPPON KEIDANREN) que se adjuntan a la memoria delGobierno.
Artículos 3, párrafo 1, b), y 13 del Convenio. Medidas preventivas para los trabajadores que llevan a cabo laboresde descontaminación en relación con materiales radioactivos. La Comisión toma nota de las observaciones de la
JTUC-RENGO en relación con el desmantelamiento de la central nuclear Fukushima Daiichi, en las que señala que losempleadores deben aplicar medidas completas de protección para los trabajadores y que el Gobierno debe intensificar lasupervisión, el seguimiento y el apoyo a las mismas para hacerlas efectivas.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las dosis de exposición a la radiaciónde los trabajadores, y, en este sentido, se refiere a sus observaciones formuladas en virtud del Convenio sobre laprotección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115). La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que elcumplimiento de las leyes y los reglamentos están garantizados a través de las inspecciones periódicas de las instalaciones,
que se realizan al menos una vez al mes, y de las orientaciones impartidas a raíz de las mismas. El Gobierno señala
asimismo que para cualquier trabajo que suponga una exposición superior a una dosis de 1 milisievert al día (mSv), losempleadores están obligados a presentar un plan de trabajo a los Servicios de la Inspección de las Normas del Trabajo, ylos inspectores deben comprobar si los trabajadores utilizan equipos de protección personal adecuados, y proporcionarles
pautas orientativas sobre cómo reducir su exposición a la radiación. El Gobierno remite además a la información que
figura en el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar en relación con los resultados de la supervisión por

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Administración e inspeccióndel trabajo

Japón

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

parte de los empleadores de los trabajos de descontaminación. Según esta información, los Servicios de la Inspección delas Normas del Trabajo dependientes de la Prefectura de Fukushima iniciaron el control de las empresas que llevaban acabo estos trabajos: 1 047 empresas en 2013 y 1 152 en 2014. En estas inspecciones se detectaron infracciones de lanormativa laboral en un 67,7 por ciento de los casos en 2013 y, en un 70 por ciento en 2014. Estos casos se refieren ainfracciones de la Ley de las Normas del Trabajo en lo que se refiere a salarios, tiempo de trabajo y la elaboración de un
listado de trabajadores, así como a infracciones de la Ley sobre la Seguridad y la Salud Laborales y de la orden sobre laprevención de los peligros relacionados con las radiaciones ionizantes en las labores de descontaminación y conexas, quese refieren a cuestiones de salud y seguridad, encuestas preliminares, uso de equipos de protección y control de la
exposición a la radiación. Al tiempo que toma nota de que el porcentaje de infracciones detectadas aumentó entre 2013y 2014, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas por los empleadorescomo resultado del asesoramiento y las instrucciones impartidas por los inspectores del trabajo. La Comisión pideasimismo al Gobierno que comunique información sobre el número y la naturaleza de las sanciones aplicadas a raíz deestas inspecciones, y que suministre información sobre las inspecciones efectuadas en lo que se refiere a las labores dedescontaminación, incluyendo el número de inspecciones efectuadas y el número de casos de infracción detectados.
Artículos 10 y 16. Reducción del número de inspectores del trabajo contratados recientemente. La Comisión
tomó nota anteriormente de los comentarios formulados por la JTUC-RENGO y por la Confederación Nacional deSindicatos (ZENROREN) sobre el hecho de que la inadecuación del número de inspectores del trabajo indica que, en elcontexto del aumento en la incidencia de accidentes laborales entre 2009 y 2012, resulta esencial mantener una dotación
adecuada de inspectores del trabajo incluso en una situación de endurecimiento de las condiciones financieras.
La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que el número de inspectores del trabajo disminuyó entre 2011 y
2013. No obstante, a pesar de esta reducción del número de inspectores, el número de inspecciones emprendidas entre
2011 y 2013 aumentó (de 132 829 en 2011 a 140 499 en 2013). El Gobierno señala asimismo que el número de casos
remitidos por la Inspección del Trabajo al Ministerio Público permaneció estable, lo que demuestra que la reducción delnúmero de nuevas contrataciones no tuvo repercusiones en la reducción de las infracciones y que los servicios de lainspección del trabajo siguieron funcionando con eficacia. La Comisión saluda la indicación del Gobierno según la cual,en 2014, se rectificó la política de reducción del número de contrataciones (establecida en 2011) y que, en consecuencia,
se contrataron 210 nuevos inspectores del trabajo en 2014-2015.
La Comisión toma nota de la declaración de la NIPPON KEIDANREN, según la cual esta Federación valora losesfuerzos de los Servicios de la Inspección de las Normas del Trabajo a pesar del reducido número de inspectores. A pesarde la tendencia a la baja en el número de inspectores, éstos cumplen sus funciones de control y orientación. El aumentodel número de inspectores no debería ser un objetivo en sí mismo sino que debería determinarse teniendo en cuenta laeficacia, las restricciones presupuestarias y el desarrollo de los recursos humanos. La Comisión toma nota asimismo de la
declaración de la JTUC-RENGO de que, a pesar de que se ha modificado la política de reducción del número de nuevas
contrataciones, no ha dejado de descender el número de miembros del personal del Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar, lo que ha propiciado que los inspectores del trabajo tengan que ocuparse de más trabajos administrativos. La
Comisión toma nota asimismo de la declaración de la JTUC-RENGO, que el Gobierno adjunta a su memoria en relación
con el cumplimiento del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187),
según la cual el número de inspectores del trabajo es demasiado reducido en comparación con la población activa en elpaís, y que debería aumentarse.
La Comisión reitera que el artículo 10 del Convenio establece que el número de inspectores del trabajo deberá sersuficiente para garantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección, y que el artículo 16 dispone
que los establecimientos se deberán inspeccionar con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la
aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes. Tomando nota de la declaración del Gobierno en relación
con la contratación de nuevos inspectores del trabajo en 2014 y 2015, la Comisión pide al Gobierno que siga
adoptando medidas para que el número de inspectores del trabajo sea suficiente para garantizar el desempeño efectivode las funciones de la inspección del trabajo. Pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número
de inspectores del trabajo, desglosado tanto por prefectura como por género. La Comisión pide asimismo al Gobierno
que suministre información sobre las medidas adoptadas para garantizar que, teniendo en cuenta el aumento delnúmero de inspecciones a pesar de la reducción del número de inspectores, las inspecciones del trabajo se realicen con
el esmero necesario.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

KazajstánConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 2001)
Artículos 20 y 21 del Convenio. Informe anual de las labores de la inspección del trabajo. La Comisión toma
nota de que desde la ratificación del Convenio en 2001, no se ha recibido en la Oficina ningún informe anual de lasactividades de los servicios de inspección del trabajo. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que la memoria delGobierno contiene las estadísticas que se exigen en virtud del artículo 21, d)-g) (a saber, el número de inspecciones del430

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

trabajo llevadas a cabo, el número de infracciones detectadas y sanciones impuestas, así como el número de accidentes
laborales y enfermedades profesionales). Asimismo, la Comisión recuerda que el Gobierno transmitió estadísticas sobre elnúmero de inspectores, y de los establecimientos sujetos a inspección y los trabajadores empleados en dichos
establecimientos (como prescribe el artículo 21, b) y c)). En relación con sus observaciones generales de 2009 y 2010
sobre la importancia de disponer de un registro de empresas y de elaborar un informe anual sobre las labores de losservicios de inspección del trabajo con arreglo a lo dispuesto en el Convenio, y habida cuenta de la información ya
disponible, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la autoridad
central de inspección cumpla con su obligación de publicar un informe anual sobre las labores de los servicios deinspección del trabajo que están bajo su control y lo comunique a la OIT, con arreglo al artículo 20 en lo que respectaa la forma y al artículo 21 en lo que respecta al contenido.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 2001)
La Comisión también remite al Gobierno a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo,
1947 (núm. 81), en la medida en que conciernen a la aplicación del presente Convenio.
Artículos 26 y 27 del Convenio. Informe anual de las labores de los servicios de inspección del trabajo en la
agricultura. La Comisión toma nota de que en las estadísticas transmitidas por el Gobierno sobre las actividades de lainspección del trabajo no se desglosan los datos relacionados con el sector agrícola a fin de que pueda evaluar la
aplicación del Convenio. La Comisión recuerda que según las observaciones realizadas en virtud del Convenio núm. 81
nunca se ha recibido en la Oficina un informe anual de las actividades de los servicios de inspección del trabajo. En
relación a sus observaciones generales de 2009 y 2010 sobre la importancia de disponer de un registro de empresas yde un informe anual de las labores de los servicios de inspección del trabajo tal como prescrito por el Convenio, laComisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias con miras a cumplir con las obligaciones envirtud del artículo 26, a saber, que la autoridad central de inspección del trabajo publique un informe anual de laslabores de los servicios de inspección del trabajo en la agricultura, ya sea como informe separado o como parte de su
informe anual general, y la comunicación de este informe a la OIT. Este informe debe contener información sobre
todas las cuestiones previstas en el artículo 27, a) a g).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

LesothoArtículos 4, 6, 10 y 11 del Convenio. Organización, recursos humanos y medios materiales de los servicios de lainspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno relativa a lainsuficiencia del número de inspectores del trabajo, la falta de equipamiento en las oficinas y de facilidades de transporte.
En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que un plan del Ministerio de Trabajo y
Empleo prevé un aumento del número de inspectores del trabajo y el establecimiento, en el Ministerio del Trabajo, de una
unidad especial de inspección. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la aplicación de este plan
depende de la aprobación del Ministro de Hacienda. Al tiempo que saluda la iniciativa del Ministerio de Trabajo y
Empleo de establecer una unidad de inspección separada e incrementar el número de los inspectores, la Comisión
alienta nuevamente con firmeza al Gobierno a adoptar medidas concretas para identificar y asignar los recursos
financieros necesarios para atender las prioridades más urgentes para mejorar el funcionamiento del sistema de lainspección del trabajo y solicita al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este
respecto.
Artículos 6 y 7, párrafos 1 y 2. Contratación y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la colocación de oficio de los inspectores del trabajo (es decir, unsistema de contratación que no está basado en la expresión de interés por el cargo de inspector del trabajo) y del nivel muy
bajo de sus remuneraciones, factores que tienen un efecto negativo en su motivación. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno en el sentido de que se cumplen los requisitos del artículo 6, ya que los inspectores del trabajo
gozan del estatuto de funcionarios públicos y sus condiciones de servicio son independientes de consideraciones políticas
y de cambios de gobierno. En este sentido, la Comisión desea poner nuevamente de relieve, como señalaba en elpárrafo 204 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, que es indispensable que la cuantía de la remuneracióny las perspectivas de carrera de los inspectores sean tales que puedan atraer a un personal de calidad, retenerlo yprotegerlo frente a toda influencia indebida. En el párrafo 183 del mismo Estudio General, el mejor medio para que laautoridad competente designe a los candidatos más aptos para reunir las condiciones requeridas es la realización deentrevistas específicas, en profundidad y respetuosas de los principios de imparcialidad y objetividad con los candidatos ala función de inspector del trabajo. En consecuencia, la Comisión se ve obligada a volver a destacar que la colocación deoficio de los inspectores del trabajo es incompatible con la idea de atraer a un personal motivado. La Comisión solicita

431

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 2001)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

nuevamente al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación en la legislacióny en la práctica del artículo 7 en relación con los criterios y métodos para seleccionar a los candidatos a la profesión ya proporcionar información sobre todas las medidas concretas adoptadas en este sentido. Además, pide al Gobierno
que garantice que la remuneración de los inspectores del trabajo sea tal que permita atraer candidatos para el puesto y
retenerlos en los servicios de la inspección del trabajo. A este respecto, solicita al Gobierno que indique concretamente
las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo y, en particular, los salarios y perspectivas de carrera encomparación con los de otros tipos de funcionarios públicos que desempeñan funciones similares (inspectores fiscales).
Artículos 20 y 21. Informe anual de la inspección del trabajo. La Comisión lamenta tomar nota de que uninforme anual sobre las actividades de los servicios de la inspección del trabajo nunca fue recibido por la Oficina desde la
ratificación del Convenio en 2001. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que está intentando lamodernización del sistema informático en la inspección del trabajo y que se está buscando la financiación pertinente en el
presupuesto 2016-2017, para facilitar la publicación y comunicación a la OIT de un informe anual de inspección. La
Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados en el desarrollo del sistema
informatizado de inspección del trabajo o un registro informático de los establecimientos sujetos al control de lainspección tal como recomendara en 2005 la auditoría realizada por la OIT, de manera que la autoridad central de lainspección del trabajo pueda preparar, publicar y comunicar a la OIT un informe anual de inspección, de conformidad
con las disposiciones del artículo 20, que contenga toda la información requerida en los literales a) a g) del artículo 21.
La Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a estos
efectos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

LíbanoConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1962)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 3, párrafo 2, del Convenio. Funciones adicionales en materia sindical encomendadas a los inspectores deltrabajo. Desde hace muchos años, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas destinadas a limitar la intervención de losinspectores del trabajo en las cuestiones internas de los sindicatos y confederaciones únicamente en los casos de quejas
presentadas por un número considerable de afiliados. La cuestión fue planteada por la Comisión en relación con el artículo 2,
párrafo c), del decreto núm. 3273, de 26 de junio de 2000, en virtud del cual la inspección del trabajo dispone de facultades desupervisión de las organizaciones y confederaciones profesionales, en todos los niveles, para verificar si éstas, en su
funcionamiento, no exceden los límites establecidos por la ley, sus reglamentos y los estatutos. En una solicitud directa de 2002,
la Comisión consideró que tales facultades se asemejaban a un derecho de injerencia en los asuntos internos de las asociaciones
profesionales. El Gobierno anunció, entonces, que la cuestión podía solucionarse mediante una modificación del Código delTrabajo. No obstante, un memorándum del Director General del Ministerio de Trabajo núm. 35/2, de fecha 12 de abril de 2006,
reproduce en los mismos términos la disposición objeto de crítica.
En su versión presentada a la consideración de la OIT en 2007, el proyecto de Código del Trabajo preveía en su
artículo 163, apartado 3, que el Departamento de Inspección del Trabajo, Prevención y Seguridad del Ministerio de Trabajo se
encargaría del control de la aplicación de las leyes, decretos y reglamentos relativos a los términos y condiciones de trabajo y a laprotección de los asalariados en el ejercicio de su profesión, incluidas las disposiciones de los convenios internacionales y de losconvenios regionales con los países árabes ratificados, así como de manera más específica […] «3) llevar a cabo investigaciones
como consecuencia de quejas relativas a los sindicatos y confederaciones en todos los niveles».
El Gobierno indica en su memoria de 2009 que esta disposición forma parte del artículo 161, 3), del proyecto de Código delTrabajo en su versión actual cuya finalidad es suprimir toda facultad de control de la inspección del trabajo en las cuestiones
sindicales, que deberá atribuirse al consejo sindical. Señala que, en consecuencia, la competencia de la inspección del trabajo
respecto de las organizaciones profesionales se limitará al examen de las quejas que sean presentadas por estas últimas. Esta
interpretación del texto en cuestión, de ninguna manera deriva de su redacción actual y, por consiguiente, es indispensable revisar
el texto de manera pertinente para evitar toda ambigüedad a este respecto. La Comisión, constatando que el proyecto demodificación del Código del Trabajo es objeto de discusión desde hace más de diez años, ruega al Gobierno que considere, en
espera de su adopción definitiva, la anulación, en la forma prevista por la ley en cuestiones de esta índole, de la disposición
del memorándum del Director General del Ministerio de Trabajo núm. 35/02, de 12 de abril de 2002, en virtud del cual losinspectores del trabajo siguen teniendo facultades de fiscalización sobre las actividades de los sindicatos. La Comisión pide al
Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos alcanzados en ese sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

432

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOMadagascar
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Autónomo de Inspectores del Trabajo (SAIT), recibidas
el 29 de enero de 2015, y de la Confederación de Sindicatos Cristianos Malgaches (SEKRIMA), recibidas el 2 de junio
de 2015.
Artículo 6 del Convenio. Situación jurídica de los inspectores del trabajo y condiciones de servicio de losinspectores y controladores del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que examinara
en profundidad los casos de traslado de los inspectores, en el mes siguiente de su participación en una acción social, desdesus áreas de trabajo hacia zonas geográficas muy alejadas, que el SAIT planteó en sus observaciones anteriores, así comoque adoptara las medidas necesarias para la aprobación y promulgación del proyecto de estatuto de los inspectores deltrabajo tan pronto como fuera posible. La Comisión toma nota de que el SAIT alega en sus nuevas observaciones que elcuerpo de inspectores del trabajo está abocado a desaparecer próximamente a causa de la deserción progresiva de sus
efectivos puesto que, entre cinco y ocho inspectores del trabajo cambian de empleo, incluso, de grupo profesional, todos
los años. A diferencia de que otros cuerpos formados en la Escuela Nacional de Administración (ENA), los inspectores deltrabajo no disponen de un régimen particular que prevea prestaciones para mitigar el problema de la precariedad delempleo ni coberturas por riesgo, aun cuando se ven expuestos permanentemente a los peligros existentes en losestablecimientos bajo su control. La SEKRIMA señala, por su parte, la necesidad de que los inspectores del trabajo
dispongan de perspectivas de carrera profesional en las que se valore su antigüedad. El Gobierno señala que el país hainiciado una recuperación económica y un regreso paulatino a la constitucionalidad tras la crisis. Con esta finalidad, laComisión toma nota con interés de que, según el Gobierno, ha dejado de considerarse la adopción de las medidas que
fueron tomadas en el mencionado contexto de inestabilidad política y, en particular, las decisiones de traslado señaladas
por el SAIT, que no contribuyen a avanzar en el proceso de recuperación. El Gobierno señala además que el SAIT hareiniciado acciones de carácter mediático para alentar al Estado a que mejore las condiciones de trabajo de los servicios deinspección mediante la promulgación de sus estatutos y que ha entablado una negociación con el Gobierno. Por último, el
Gobierno manifiesta que aspira verdaderamente a una mejora de las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo.
La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno tome las medidas necesarias para que se adopte el estatuto de losinspectores del trabajo y se mejoren las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo.
Artículos 7, 10 y 11. Formación y medios de acción de los inspectores y controladores del trabajo. En sus
comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara informaciones relativas a la naturaleza, elcontenido, la duración y la frecuencia de la formación impartida a los inspectores y controladores del trabajo, así como
sobre el número de inspectores y controladores que se habían beneficiado de esta formación. La Comisión toma nota deque la SEKRIMA alega que es necesario reforzar periódicamente las capacidades de los inspectores del trabajo. El
Gobierno manifiesta la necesidad urgente de reforzar las competencias de los inspectores y controladores del trabajo antela evolución del mercado laboral, cada vez más orientado hacia los sectores de la minería, la agricultura y la informática.
El SAIT hace hincapié además en el deterioro de las condiciones de trabajo en los servicios de la inspección:
hacinamiento de dos o tres personas en una misma oficina, envejecimiento del mobiliario, escasez de material de oficinacomo papel, ordenadores e impresoras y falta absoluta de vehículos para llevar a cabo las visitas a los establecimientos.
Al tiempo que reconoce igualmente la urgencia de dotar a la inspección del trabajo de los medios materiales para el
cumplimiento de sus misiones, el Gobierno expresa la voluntad de beneficiarse de asistencia para restablecer elfuncionamiento normal del sistema de la inspección del trabajo. La Comisión espera que la Oficina prestará la asistencia
técnica solicitada por el Gobierno, en particular, para evaluar las necesidades de la inspección del trabajo con miras aque ésta ejerza eficazmente sus funciones.
Artículos 19, 20 y 21. Sumisión de informes periódicos a la autoridad central de la inspección y elaboración,
publicación y comunicación del informe anual de inspección. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota delas dificultades en la recopilación y el envío de datos procedentes de otras regiones aparte de Analamanga. La Comisión
solicitó al Gobierno que comunicara una copia de los informes de las oficinas locales de inspección y que precisara lamanera en la que los informes se compilan y transmiten a la autoridad central. La Comisión observa que, contrariamente alo que el Gobierno anuncia en su memoria, éste no ha facilitado copia alguna de estos informes. La única información que
ha suministrado en relación con los informes periódicos es que la autoridad competente ordenó a los inspectores deltrabajo que redactaran informes trimestrales y que subsisten los obstáculos para el establecimiento de los informes
previstos en estas disposiciones. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias,
incluyendo una solicitud de asistencia técnica con miras a instaurar un sistema de recopilación de estadísticas para laelaboración de informes periódicos por parte de las oficinas locales de inspección y para que, con estos informes, laautoridad central de inspección pueda elaborar un informe anual en cumplimiento de las disposiciones pertinentes delConvenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

433

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1971)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

MalawiConvenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)
La Comisión se refiere a sus comentarios en relación con los artículos 4, 6, 7, 10 y 11 del Convenio sobre lainspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en la medida en que conciernen a la aplicación de los artículos correspondientesdel presente Convenio (artículos 7, 8, 9, 14 y 15). Además, la Comisión quiere plantear los puntos que figuran acontinuación.
Artículos 26 y 27 del Convenio. Informe anual sobre la inspección del trabajo (agricultura). La Comisión toma
nota de que el Gobierno señala que tiene previsto publicar un informe anual sobre las labores de la inspección del trabajo
en la agricultura como parte de su informe general anual. La Comisión alienta al Gobierno a proseguir sus esfuerzospara publicar un informe anual de inspección del trabajo sobre las labores de los servicios de inspección en la
agricultura y a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el informe contenga información sobre lascuestiones previstas en el artículo 27, como, por ejemplo, estadísticas sobre las empresas agrícolas sujetas a inspección,
el número de inspecciones que se realizan en ellas, las infracciones detectadas y las disposiciones legales a las que serefieren.
Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que según el Programa de Trabajo Decente por País de
Malawi (PTDP) 2011-2016, el sector agrícola es el puntal de la economía, ya que proporciona medios de subsistencia al
80 por ciento de la población. También toma nota de que una de las estrategias en el marco del PTDP es mejorar la
aplicación del presente Convenio, así como del Convenio núm. 81. Tomando nota de la importante proporción detrabajadores del sector agrícola, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas
en el marco del PTDP 2011-2016 para mejorar la aplicación del Convenio en la práctica.

Malta
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1965)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión confía en que lapróxima memoria del Gobierno incluirá información completa sobre los asuntos planteados en sus observaciones
anteriores.
Artículos 6 y 10 del Convenio. Número de inspectores del trabajo y condiciones de empleo. En respuesta a las
observaciones anteriores de la Comisión, el Gobierno señala que el Departamento de Relaciones Laborales ha adoptado medidas
para contratar a más inspectores y, posiblemente, mejorar las condiciones de trabajo en los servicios de la inspección. La
Comisión reitera que, según el artículo 10 del Convenio, el número de inspectores del trabajo debe ser suficiente para garantizar
el desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección, teniendo debidamente en cuenta el número de losestablecimientos objetos de inspección, el número de trabajadores empleados en tales establecimientos y el número y lacomplejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación deba velarse. Además, según el artículo 6, el personal de inspección
deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen laestabilidad en su empleo y los independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida. Refiriéndose
al Estudio General de 2006, Inspección del Trabajo, en particular los párrafos que tratan de las condiciones de servicio de losinspectores del trabajo (párrafos 201-224), la Comisión llama una vez más la atención del Gobierno, en particular sobre elpárrafo 209 — en el que se hace hincapié en que la remuneración de los inspectores del trabajo debería reflejar la relevancia en
las características de sus funciones y tener en cuenta sus méritos personales —, así como del párrafo 216 — en el que se pone demanifiesto que resulta indispensable que las perspectivas de carrera tengan en cuenta la antigüedad y los méritos personales conel fin de atraer un personal calificado y motivado a la inspección del trabajo y, en particular, para mantenerlo en el servicio. La
Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte medidas a la mayor brevedad para garantizar que se cubran cuantoantes todos los puestos vacantes en la inspección del trabajo y que se examinen las condiciones de servicio de la profesión ensu conjunto con objeto de perfeccionarlas así como de atraer y mantener a un número suficiente y motivado de profesionales,y manifiesta su confianza en que, en su próxima memoria, el Gobierno estará en disposición de volver a explicar los progresos
realizados en estos asuntos.
Artículos 9 y 21. Colaboración de peritos y especialistas técnicos entre los servicios de la inspección, y contenido de lamemoria anual. La Comisión toma nota de la información enviada por el Gobierno sobre la cooperación de la Autoridad enmateria de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros organismos para supervisar la aplicación de la legislación laboral sobre esta
materia. Toma nota asimismo de la información estadística sobre el número de accidentes laborales, el número deestablecimientos visitados y el número de actividades realizadas por la Autoridad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y sobre los datos suministrados por los servicios de la inspección sobre el número de inspecciones realizadas, el número detrabajadores cubiertos y el número y la lista de deficiencias detectadas. La Comisión solicita al Gobierno que comuniqueinformación sobre la cooperación entre la Autoridad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los servicios de lainspección, comunicando copias de todos los textos e informes que sean relevantes. En lo que respecta a su observación
anterior sobre el contenido de los informes anuales de la inspección del trabajo, solicita nuevamente al Gobierno que se
remita a sus observaciones generales de 1996, 2007, 2009 y 2010, y a que adopte medidas que permitan a la autoridad central
de la inspección publicar y comunicar a la OIT un informe anual con toda la información exigida por el artículo 21 delConvenio. A este respecto, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el contenido del párrafo 9 de la Recomendación
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).
La inspección del trabajo y el trabajo infantil. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de que el número
de casos denunciados sobre infracciones de las disposiciones sobre la edad mínima, habían descendido de 52 casos en 2005-2006

434

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

a 24 en 2008-2009. Los datos comunicados en su última memoria muestran un aumento del número de casos, que han pasado de
24 en 2008-2009 a 42 en 2010-2011. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre las medidas
adoptadas o previstas para mejorar la eficacia en la inspección del trabajo en este ámbito. En relación a sus observaciones
anteriores, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que suministre información detallada sobre las actividades en lainspección del trabajo efectuadas en colaboración con la Dirección de Servicios Educativos, y sobre los resultados obtenidos
en ellas.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura),
1969 (núm. 129) (ratificación: 1988)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto y espera que la próxima memoria contenga información completa sobre las cuestiones planteadas en sus
comentarios anteriores.
Artículos 26 y 27 del Convenio. Informe anual de la inspección del trabajo en la agricultura. La Comisión toma nota deque en respuesta a sus comentarios anteriores sobre la aplicación en la legislación y en la práctica de los artículos 26 y 27 delConvenio, el Gobierno se limita a indicar que en 2010 se llevaron a cabo tres visitas de inspección en el sector de la agricultura yno se observaron irregularidades. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que estaba aumentando el número deinspecciones en el sector agrícola pero que todavía era reducido teniendo en cuenta que en todos los sectores cubiertos seinspeccionaban 2 423 lugares de trabajo. La Comisión toma nota con preocupación de que en 2010 se produjo un claro descenso
de las visitas de inspección, ya que su número se redujo un 80 por ciento en comparación con 2008. Asimismo, la Comisión toma
nota de que durante los últimos años el Gobierno no ha transmitido información en relación con el informe anual sobre lasactividades de la inspección del trabajo. La Comisión recuerda su observación general de 2010, en la que hizo hincapié en la
importancia fundamental que atribuye a la publicación y comunicación a la OIT de un informe anual de inspección en los plazos
previstos. Cuando está bien preparado y contiene toda la información necesaria, el informe anual constituye una herramienta
indispensable para evaluar los resultados prácticos de las actividades de los servicios de inspección del trabajo y, porconsiguiente, para determinar los medios necesarios para mejorar su eficacia. A este respecto, la Comisión recuerda que en la
Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) figuran valiosas orientaciones sobre la presentación y el examende esa información. La Comisión pide al Gobierno que garantice, con arreglo al artículo 26, que la autoridad central deinspección publica de manera separada, o como parte de su informe general anual, un informe anual sobre las labores de losservicios de inspección en la agricultura que contenga la información que requiere el artículo 27, a) a g), y que una copia deeste informe se envía inmediatamente a la Oficina Internacional del Trabajo.
Inspección del trabajo y trabajo infantil. Habida cuenta de que su memoria no contiene información en respuesta a loscomentarios anteriores de la Comisión sobre esta cuestión, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione
información sobre las actividades de la inspección del trabajo en relación con el trabajo infantil en las empresas agrícolas, ysobre sus resultados.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Mauritania
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación General de Trabajadores deMauritania (CGTM), recibidas el 28 de agosto de 2015, y de la respuesta del Gobierno a estas observaciones.
La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de su solicitud expresa en este sentido, el Gobierno no hatransmitido una memoria detallada.
Artículos 6 y 15, a), del Convenio. Estatuto y condiciones de servicio aptas para garantizar a los inspectores y loscontroladores del trabajo estabilidad en su empleo e independencia en relación con todos los cambios de gobierno y toda
influencia exterior indebida. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información
sobre el estatuto y las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo en comparación con los de los funcionarios
que realizan tareas similares, por ejemplo los inspectores fiscales, sobre las compensaciones a las que tienen derecho losinspectores del trabajo de diferentes categorías. A este respecto, el Gobierno señala en su memoria que no ha escatimado
ningún esfuerzo para garantizar condiciones de vida convenientes a los inspectores del trabajo en materia laboral y,garantizar su independencia. La Comisión se congratula por la información comunicada por el Gobierno, según la cual losinspectores y los controladores del trabajo disfrutaron de aumentos salariales en 2013 y 2015, y los subsidios dealojamiento, mobiliario y transporte urbano forman parte de sus salarios y se les pagan cada mes. Además, el Gobierno serefiere al decreto núm. 2013-187/PM de 15 de diciembre de 2013, que completa algunas disposiciones del decretonúm. 99-001/PM de 11 de enero de 1999, relativo a la armonización y simplificación del sistema de remuneración de lostrabajadores públicos, que prevé el monto de las bonificaciones por lugar de destino difícil, los incentivos y las primas dedisponibilidad atribuidas a los inspectores y controladores del trabajo. En lo que respecta a los inspectores fiscales, elGobierno también precisa que reciben una prima según los ingresos fiscales, una prima de participación en la recuperación
y una prima de rendimiento, y que el 20 por ciento del total de las multas y confiscaciones por infracciones a las leyes enmateria de aduanas y de control del cambio se reparte entre esos inspectores. Asimismo, el Gobierno indica que, en
colaboración con la dirección general de la función pública, está implementando un plan de carrera para los inspectoresdel trabajo, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión y de los interlocutores sociales. Sin embargo, laComisión nota de que según la CGTM, no existe un estatuto especial que proteja y organice la profesión de inspector del435

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1963)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

trabajo, y que los inspectores no reciben un tratamiento que corresponda a sus misiones. La CGTM también indica que lasorganizaciones sindicales están preocupadas por la independencia de los inspectores en el ejercicio de sus funciones. Porsu parte, el Gobierno señala que en su memoria explica detenidamente las acciones llevadas a cabo por el departamento
encargado del trabajo e indica que no está de acuerdo con la observación de la CGTM en relación con la falta de unestatuto particular para los inspectores del trabajo, ya que el decreto núm. 2007-021 de 15 de enero de 2007, sobre elestatuto de la administración del trabajo, establece este estatuto. Habida cuenta de la información comunicada por el
Gobierno, la Comisión lo alienta vivamente a continuar adoptando todas las medidas necesarias con el fin degarantizar a los inspectores y los controladores del trabajo estabilidad en su empleo, perspectivas de carrera y un
tratamiento que corresponda a las responsabilidades que asumen, y que tenga en cuenta la función social de su
trabajo.
Artículos 10, 11 y 16. Necesidad de reforzar los medios financieros y materiales a disposición de los servicios deinspección del trabajo y el número de inspectores para el ejercicio eficaz de las funciones de inspección. En relación
con la solicitud que sobre este punto realizó en su comentario anterior, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica
que existen 13 inspecciones regionales del trabajo (tres de las cuales se crearon en 2014) en las que trabajan 52 inspectoresy 19 controladores del trabajo y que todos los servicios regionales disponen de un presupuesto anual para su
funcionamiento. Todos los servicios de inspección fueron equipados durante el primer trimestre de 2014 con ordenadores,
teléfonos móviles, fotocopiadoras, escáneres, sillones, sillas para el público, alfombras y unidades de aire acondicionado.
Sin embargo, los medios de transporte son insuficientes y vetustos, a saber, hay cinco vehículos 4x4 para los 13 servicios
de inspección, aunque si el presupuesto lo permite, se pondrán a disposición de los servicios de inspección otros
vehículos. Además, la Comisión también toma nota de que, según se señala en el resumen de los informes de losinspectores regionales de 2014, los medios de transporte son insuficientes y es necesario reparar y hacer un mantenimientoa los que están disponibles y los edificios en donde tienen sus oficinas los servicios de inspección son vetustos. Asimismo,la Comisión toma nota de que la CGTM, indicando que el Gobierno ha ampliado recientemente la cobertura geográfica
para la implantación de nuevas oficinas de la inspección del trabajo, afirma que los inspectores del trabajo ejercen sus
actividades en condiciones pésimas, no disponen de medios de transporte y cubren zonas muy extensas. A este respecto, el
Gobierno hace hincapié en las sensibles mejoras introducidas recientemente, que permitirán a los inspectores ycontroladores del trabajo mejorar de manera significativa el cumplimiento de sus misiones. La Comisión pide al Gobierno
que adopte medidas a fin de: incrementar los medios de transporte necesarios para que los inspectores puedan ejercer
sus funciones, especialmente en las inspecciones regionales más alejadas de los centros urbanos, costear los gastos demantenimiento y reparación de los vehículos existentes, y reembolsar a los inspectores y controladores del trabajo
todos los gastos de desplazamiento y demás gastos en los que incurren para ejercer sus funciones. También pide al
Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas a fin de mejorar las instalaciones de lasoficinas de los servicios de inspección.
Artículos 19, 20 y 21. Elaboración, publicación y comunicación a la OIT de un informe anual de inspección. En
relación con sus comentarios anteriores sobre la comunicación a la OIT de informes anuales de inspección, la Comisión
toma nota de que, según las observaciones que figuran en el resumen de los informes de los inspectores regionales deltrabajo de 2014, sólo ocho de las 11 inspecciones regionales existentes han enviado informes anuales y, debido a laorganización administrativa, los informes de tres de las inspecciones regionales son parciales. La Comisión señala que ese
resumen es muy sucinto y no puede servir para hacer una apreciación global de las actividades de la inspección del trabajo
y de sus resultados. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, incluso en el marco de lacooperación internacional si fuera necesario, con el fin de establecer un sistema de recolección y compilación de datospara la elaboración por parte de las oficinas locales de inspección de informes periódicos y para que estos informes
periódicos permitan a la autoridad central de inspección elaborar un informe anual de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2016.]

MéxicoConvenio sobre la administración del trabajo, 1978
(núm. 150) (ratificación: 1982)
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (SNTCPF), recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y el 1.º de septiembrede 2015. Toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN) incluidas en la memoria del Gobierno.
Artículos 4 y 5 del Convenio. Organización y funcionamiento eficaz del sistema de inspección del trabajo comoparte de la administración del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara
información sobre el impacto de las iniciativas destinadas al fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo comoparte del sistema de administración del trabajo, incluso sobre la creación de un directorio de empresas mineras que
incluyera aquellas objeto de subcontratación y el desarrollo del sistema informático (SAPI) para la ejecución, el
436

seguimiento y el control de las visitas de inspección. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno informa en su
memoria que a raíz de la creación de la Secretaría del Trabajo en el estado de Coahuila en 2011, la acción de la inspección
en dicho Estado se ha incrementado de manera muy importante y el número de oficios de comisión de inspección
expedidos pasó de 101 en 2011 a 1 101 en 2014. El Gobierno indica por otra parte que: i) la reforma de la Ley Federal delTrabajo de noviembre de 2012, la expedición en 2014 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de
Sanciones, el desarrollo de la Declaración Laboral (DECLARALAB), y la implementación del Programa de inspección de2014, han contribuido al fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo; ii) la Ley Federal del Trabajo prevé lafacultad de los inspectores del trabajo de restringir el acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo en caso de peligro
inminente; iii) el nuevo Reglamento de Inspección busca unificar los criterios de inspección en todo el territorio y facultaa las denominadas autoridades laborales para realizar supervisiones a las empresas incorporadas en los mecanismos
alternos de inspección y para constatar la veracidad de los hechos asentados por los inspectores del trabajo, e incorpora elconcepto de programa de inspección, que debe elaborarse con la participación de los empleadores y trabajadores, yestablece las visitas de orientación y asesoría; iv) mediante la herramienta electrónica DECLARALAB, las empresas
proceden a una autoevaluación, a partir de cuyos resultados se establecen compromisos concretos para elevar el nivel decumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), a partir de estas declaraciones serealizan visitas de inspección centradas en la asistencia técnica y la asesoría, con el fin de establecer las medidas
preventivas y/o correctivas tendientes a suprimir los factores de riesgo; v) continúa la supervisión de las actuaciones de losinspectores, en el marco de la cual se realizaron entre diciembre de 2012 y julio de 2013, 93 visitas a las delegaciones
federales del trabajo y sus subdelegaciones; y vi) el Comité Consultivo Nacional de SST ha contribuido en la aprobaciónde acuerdos de modificación de las normas oficiales mexicanas (NOM) y en el dictamen sobre 12 solicitudes deautorización de procedimientos alternativos.
El SNTCPF por su parte destaca la insuficiencia y la ineficacia de la coordinación entre las secretarías de estado
implicadas en los operativos conjuntos de inspección, así como la ineficacia de las sanciones impuestas en el sector
minero.
La Comisión saluda las medidas descritas adoptadas por el Gobierno para fortalecer el sistema de inspección deltrabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre todo progreso realizado tendiente a laconstitución del repertorio único de todas las empresas mineras, así como sobre toda medida adoptada para mejorar lacoordinación entre las secretarías de estado implicadas en los operativos de inspección, en aras de la eficacia de loscontroles.
Artículo 10. Personal y medios materiales a disposición de la inspección del trabajo como parte de laadministración del trabajo. Formación de los inspectores. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al
Gobierno que proporcionara más detalles sobre la certificación de los inspectores federales por parte de la Secretaría deTrabajo y Previsión Social atendiendo a la norma de competencia «de la observancia del respeto de las normas relativas ala seguridad y la salud en el trabajo». La Comisión toma nota de que el SNTCPF señala en sus observaciones la falta decapacitación de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno informa que entre
diciembre de 2012 y julio de 2013, se impartieron 26 cursos de capacitación en materia de normatividad laboral,
incluyendo el procedimiento de restricción de acceso y limitación de operaciones en los lugares de trabajo, la NOM-032STPS-2008, en los cuales participaron 1 357 funcionarios concernidos por el proceso de inspección. Asimismo, 30 cursosde capacitación en materia de normatividad laboral, incluyendo la NOM ya citada, el SAPI y el sistema para declarar lascondiciones de seguridad y salud, fueron impartidos en 2014. En relación con la certificación de los inspectores, laComisión toma nota de que se dispone de dos estándares de competencia: el EC0397 y el EC0391. La Comisión se felicita
que el EC0397 concierne la vigilancia del cumplimiento de la normatividad en SST y el EC0391 concierne la verificaciónde las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que continúe
comunicando información sobre la capacitación impartida a los inspectores del trabajo, en particular en materia de
SST en las minas y sobre las certificaciones otorgadas a los mismos.
Medios materiales. El SNTCPF señala la insuficiencia del presupuesto anual asignado para la inspección deltrabajo en la región carbonífera, y en particular del destinado a los equipos de protección personal para los inspectores y a
sus gastos de desplazamiento profesional. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, a partir demarzo de 2014 se proporcionan a cada inspector bonos para la gasolina. La Comisión pide al Gobierno nuevamente que
describa los medios de transporte y los equipos de seguridad personal de que disponen los inspectores del trabajo parael ejercicio de sus funciones, en particular en las minas subterráneas de carbón y los «pocitos».
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

437

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

República de Moldova
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1996)
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
La Comisión toma nota de que, en marzo de 2015, el Consejo de Administración aprobó el informe del comité
tripartito encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte de la República deMoldova del Convenio, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Nacionalde Sindicatos de Moldova (CNSM) (documento GB.322/INS/11/6). Sobre la base de este informe, el Consejo deAdministración invitó al Gobierno a adoptar sin demora las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva delos artículos 12 y 16 del Convenio, y confió a la Comisión el seguimiento de las cuestiones planteadas en el informe. A
este respecto, la Comisión toma nota de que la reclamación concernía a la compatibilidad de la Ley núm. 131 de
Fiscalización Estatal de las Actividades Empresariales, que se aplica a las actividades de 33 instituciones estatales, con el
Convenio. Si bien la inspección estatal del trabajo sólo estaba regulada por la Ley núm. 140 sobre la Inspección delTrabajo, desde 2012, también lo está por las disposiciones de la ley núm. 131. El Consejo de Administración invitó al
Gobierno a examinar la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT, especialmente en relación con laelaboración de las enmiendas a la ley núm. 131. A este respecto, la Comisión toma nota de que en julio de 2015 se realizó
un taller tripartito, con la asistencia de la OIT, para dar seguimiento a las conclusiones del informe del comité tripartito.
En el taller, los representantes de los trabajadores, los empleadores y el Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia
adoptaron conclusiones en las que se señalaba que es necesario tomar medidas para poner el marco legal de conformidadcon el Convenio, y para revisar las leyes núms. 131 y 140, teniendo en cuenta las conclusiones del informe adoptado por
el Consejo de Administración.
Artículo 12 del Convenio. Inspecciones sin previo aviso. La Comisión toma nota de que en el informe del comité
tripartito se señala que la aplicación de la ley núm. 131 al servicio estatal de inspección del trabajo plantea cuestiones enrelación con la compatibilidad con el artículo 12 del Convenio, al restringir el libre acceso de los inspectores del trabajopara realizar inspecciones. En particular, en el informe del comité tripartito se señala que el artículo 18, 1), de la ley
núm. 131 establece que la decisión de efectuar el control a la entidad sujeta al mismo deberá notificarse a ésta al menos
cinco días hábiles antes de ejecutar dicha decisión. El artículo 18, 2), prevé que esto no será aplicable en caso de control
sin previo aviso, y el artículo 19 establece las circunstancias limitadas y específicas en las que pueden efectuarse controles
sin previo aviso sin consideración del horario de control establecido. A este respecto, en el informe del comité tripartito se
indica que las limitaciones a la realización de inspecciones sin previo aviso que figuran en los artículos 18 y 19 de la ley
núm. 131 son incompatibles con las prescripciones del artículo 12, 1), a), y b) del Convenio. Además, la Comisión toma
nota de las conclusiones adoptadas en julio de 2015 en las que se señala que la legislación nacional debería revisarseteniendo en cuenta las conclusiones del comité tripartito, y que contienen dos propuestas sobre la manera en que lalegislación nacional debería revisarse. Recordando la importancia de otorgar a los inspectores del trabajo plenos
poderes para realizar visitas sin notificación previa, la Comisión insta al Gobierno a continuar sus esfuerzos paraenmendar la ley núm. 131 a fin de garantizar que los inspectores del trabajo puedan realizar visitas sin notificación
previa, de conformidad con el artículo 12, 1), a) y b). Pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas
adoptadas y que proporcione copia de todos los textos legislativos adoptados a este respecto.
Artículo 16. Realizar inspecciones con la frecuencia necesaria para garantizar la aplicación efectiva de lasdisposiciones legales pertinentes. La Comisión toma nota de que el comité tripartito examinó el artículo 14 de la ley
núm. 131, que prevé que un determinado órgano de control no tendrá derecho a efectuar más de un control de la misma
entidad en el curso de un año civil, a excepción de las inspecciones sin notificación previa. El artículo 15 de la misma ley
establece que cada organismo con funciones de supervisión preparará un calendario trimestral para las inspecciones, y queno se permite modificar este calendario ni efectuar ninguna inspección que no esté prevista en él. A este respecto, en el
informe del comité tripartito se señala que la realización de visitas de inspección con arreglo a un calendario no es
incompatible con el Convenio, siempre y cuando ese calendario no impida que se realice un número suficiente de visitas
no programadas. Sin embargo, en el informe también se señala que las limitaciones concretas relativas a la realización deinspecciones sin previo aviso que figuran en el artículo 19 de la ley núm. 131 constituyen un obstáculo para la realizaciónde inspecciones con la frecuencia y el esmero que son necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones
pertinentes. Además, en el informe se indica que las limitaciones que figuran en el artículo 3, g), de la ley núm. 131,
respecto a que las inspecciones sólo se efectuarán cuando se hayan agotado los demás medios para verificar el
cumplimiento de la legislación, parece que no son compatibles con el principio que figura en el artículo 16 del Convenio.
La Comisión insta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos, en el contexto de la revisión de la legislación nacional,
teniendo en cuenta las conclusiones del comité tripartito, a fin de garantizar que la legislación nacional se enmiende
con miras a permitir la realización de inspecciones del trabajo con la frecuencia necesaria para garantizar la
aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes, de conformidad con el artículo 16 del Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

438

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Mozambique
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno sólo contiene información sucinta en relación con las
solicitudes anteriormente planteadas por la Comisión, pero que el informe anual de 2013 de la inspección general deltrabajo, enviado junto con la memoria, contiene información pertinente en respuesta a algunas de las cuestiones
planteadas.
Artículos 3, párrafo 2, 10, 11 y 16 del Convenio. Recursos humanos y medios materiales, incluidos medios detransporte. Cobertura de los establecimientos por las inspecciones del trabajo. La Comisión toma nota de que según el
informe anual de 2013 de la inspección general del trabajo, 135 personas trabajaban en la inspección general del trabajo, y
6 872 establecimientos y 183 467 trabajadores fueron cubiertos por las visitas de inspección del trabajo. La Comisión
también toma nota de que en el mismo informe se señala que el número de inspectores del trabajo es muy reducido en
relación con el número de lugares de trabajo sujetos a inspección del trabajo y la frecuencia de conflictos laborales.
Asimismo, toma nota de que según la memoria del Gobierno, las dificultades en la aplicación del Convenio tienen relación
con la disponibilidad de medios de transporte y la cobertura de los lugares de trabajo por las inspecciones del trabajo en
zonas remotas. A este respecto, la Comisión también recuerda que había tomado nota de que el Gobierno indicaba que losgastos en los que incurren los inspectores del trabajo cuando utilizan sus propios vehículos no se reembolsan. La
Comisión pide una vez más al Gobierno que describa la situación actual de los servicios de inspección del trabajo en lo
que respecta a los recursos humanos y los medios materiales disponibles, incluidos los medios de transporte, para que
los inspectores del trabajo puedan llevar a cabo sus visitas de inspección. Recordando de nuevo que en virtud delartículo 11, 2), del Convenio, la autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para reembolsar a losinspectores del trabajo todo gasto imprevisto y cualquier gasto de transporte que pudiere ser necesario para eldesempeño de sus funciones, la Comisión pide al Gobierno que, en un futuro próximo, adopte medidas a este efecto, yque transmita información pertinente a este respecto.
Artículos 5, a), 20 y 21. Publicación, comunicación y contenido de los informes anuales sobre las actividades delos servicios de inspección del trabajo. Establecimiento de un registro de los lugares de trabajos sujetos a inspección.
La Comisión toma nota con interés de que el informe anual de 2013 de la inspección general del trabajo contiene
información estadística sobre varias de las cuestiones cubiertas por el artículo 21 del Convenio. Sin embargo, la Comisión
también toma nota de que dicho informe no contiene estadísticas sobre las enfermedades profesionales (tal como exige elartículo 21, g)), ni información sobre el número de establecimientos sujetos a inspección y de trabajadores empleados enellos (tal como exige el artículo 21, c)), lo cual hace imposible evaluar la tasa de cobertura de la inspección del trabajo. A
este respecto, la Comisión recuerda que en su observación general de 2009 hizo hincapié en lo esencial que resulta
disponer de un registro de los establecimientos y empresas sujetos a inspección que se actualice con regularidad a fin deque los servicios de inspección del trabajo puedan evaluar su alcance, y sobre la necesidad de promover la cooperación
efectiva con organismos gubernamentales e instituciones públicas y privadas que disponen de datos pertinentes. La
Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los informes anuales de la inspección del trabajo
publicados por la inspección central del trabajo contengan información sobre todas las cuestiones previstas por el
artículo 21, incluidos los literales c) y g). A este respecto, y en relación con su observación general de 2009, laComisión también pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar la cooperación con otros organismos
gubernamentales y entidades que dispongan de datos pertinentes, en particular con miras a elaborar y actualizar
regularmente un registro de los establecimientos sujetos a la inspección del trabajo, y que transmita información sobre
todas las medidas adoptadas a este respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Níger
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1979)
Artículos 10 y 11 del Convenio. Recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo. La
Comisión toma nota con interés de que, según el Gobierno, el presupuesto asignado a todos los servicios de inspección
regionales ha aumentado considerablemente, y se les proporcionan equipos de oficina y tecnologías de la información, asícomo medios de transporte y combustible, y en 2012, fueron contratados 11 inspectores auxiliares de trabajo y ocho
controladores auxiliares de trabajo, que se repartieron entre todos los servicios de inspección en función de sus
necesidades. Sin embargo, el Gobierno también indica que las dificultades relacionadas con la aplicación del Convenio
siguen siendo atribuibles a la escasez de recursos humanos, materiales y logísticos. La Comisión pide al Gobierno que
continúe tomando las medidas necesarias para garantizar que los servicios de inspección dispongan de las capacidades
humanas y los recursos logísticos necesarios para cumplir eficazmente con sus funciones, y que comuniqueinformación sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto. En este contexto, la Comisión también pide al439

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1977)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Gobierno que describa detalladamente la situación actual de los servicios de inspección del trabajo en lo que respecta alos recursos humanos y medios materiales disponibles.
Artículos 20 y 21. Informe anual de las labores de los servicios de inspección. La Comisión toma nota de que elúltimo informe anual de la inspección del trabajo se envió a la Oficina en 1988. Si bien toma nota de que el Gobierno
indica que se han adoptado medidas para facilitar la elaboración, en curso, de un informe anual de inspección del trabajo,
también indica que siguen existiendo dificultades de naturaleza humana, material y logística. Según el Gobierno, lainformación recopilada a menudo es incompleta, poco fiable, y no la proporcionan en tiempo real todos los servicios deinspección debido a la falta de conocimientos técnicos para recopilar y procesar los datos. La Comisión recuerda de nuevo
al Gobierno la importancia de preparar informes anuales de las labores del sistema de inspección, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 20, que contengan información sobre las cuestiones especificadas en el artículo 21, a)-g), a fin depermitirle evaluar la eficacia de los servicios de inspección del trabajo, y proporcionarles más apoyo para mejorar dicha
eficacia. En relación con sus observaciones generales de 2009 y 2010, la Comisión alienta al Gobierno a continuar
adoptando medidas para facilitar la elaboración, publicación y comunicación a la OIT de un informe anual que
contenga la información solicitada con arreglo al artículo 21, a)-g), y que transmita información sobre las medidas
concretas adoptadas a este respecto. Recuerda al Gobierno que, de ser necesario, puede recurrir a la asistencia técnica
de la OIT para tal fin.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1960)
Artículos 4, 10, 11 y 16 del Convenio. Organización y funcionamiento eficaz de los servicios de la inspección deltrabajo, incluida la asignación de recursos humanos y medios materiales adecuados. La Comisión toma nota de ladiscusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo (98.ª reunión, junio de 2009). La Comisión de la Conferencia, en sus conclusiones, señaló que apesar de los esfuerzos desplegados por el Gobierno, la inspección del trabajo sigue debiendo hacer frente a la escasez derecursos humanos y materiales, si se considera el número de establecimientos sujetos a control y el número de personasque allí trabajan. En este sentido, la Comisión de la Conferencia recordó la obligación del Gobierno de velar por que
exista un número suficiente de inspectores del trabajo de manera que se extienda la protección de la inspección al máximo
número de trabajadores, y solicitó al Gobierno que proporcione la información sobre las medidas adoptadas a este
respecto.
La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno en su memoria en respuesta a lasconclusiones de la Comisión de la Conferencia sobre la distribución de los inspectores del trabajo por los diversos estados,en la que señala que hay 287 inspectores del trabajo y 61 inspectores de fábricas. El Gobierno señala que se ha instaurado
un sistema centralizado del trabajo que hace obligatorio la constitución de oficinas del trabajo en los 36 estados y en elterritorio de la capital federal. Las oficinas estatales del trabajo, que ofrecen servicios de asesoramientos a los gobiernos
estatales y realizan inspecciones en los lugares de trabajo, están modestamente equipadas y dotadas para el cumplimiento
de los fines de la inspección del trabajo. Además, el Gobierno señala que se han puesto a disposición de los inspectoresdel trabajo medios de transporte para el cumplimiento de sus funciones. Cuando estos medios de transporte no existen, se
reembolsa a los inspectores del trabajo todos los gastos de viaje en que hubieran incurrido. El Gobierno señala que, conobjeto de garantizar que las inspecciones del trabajo se lleven a cabo con la frecuencia adecuada, se realizan inspecciones
de rutina, generales, de seguimiento, inspecciones integradas y visitas de emergencia. La Comisión toma nota asimismo
que el Gobierno señala que los obstáculos que entorpecen la aplicación del Convenio consisten en una insuficiente
dotación de personal, barreras lingüísticas, formación inadecuada para los inspectores de trabajo, escasez de fondos y falta
de vehículos. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas que está
adoptando para corregir las dificultades que ha detectado con respecto a la aplicación del Convenio. En este sentido, laComisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar el funcionamiento efectivo de los servicios deinspección del trabajo con un número suficiente de inspectores para garantizar que los establecimientos seaninspeccionados cuantas veces sean necesarias para la aplicación efectiva de las disposiciones correspondientes delConvenio (artículos 10 y 16). Solicita asimismo al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas
para garantizar que a los inspectores del trabajo se les proporcionen los recursos materiales necesarios (incluidos los
medios de transporte) para el desempeño efectivo de sus funciones (artículo 11).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

440

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Países Bajos
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1951)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
formulada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
La Comisión toma nota de que el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación en la que sealega el incumplimiento por parte de los Países Bajos de este Convenio, el Convenio sobre la inspección del trabajo(agricultura), 1969 (núm. 129), y el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), presentada envirtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la FNV, la CNV y la VCP fue adoptado por el Consejo deAdministración en su 322.ª reunión (noviembre de 2014).
La Comisión toma nota de que la FNV, CNV y la VCP alegan que el Gobierno no da el curso adecuado a las
recomendaciones del comité tripartito, no se ha organizado un proceso de consultas significativas para encontrar
soluciones, y el Gobierno no ha propuesto o introducido medidas específicas para dar curso a las recomendaciones de lareclamación. Por otra parte, la VNO-NCW y la MKB Países Bajos señalan que se han registrado algunos acontecimientos
positivos en relación con las cuestiones planteadas en la reclamación.
Sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST) introducido en los Países Bajos en 2007. La Comisión toma nota
de las explicaciones del Gobierno en relación con la política y legislación relativas a la SST en los Países Bajos. El
Gobierno indica que se ha establecido en la legislación nacional (ámbito público) un marco de derechos, obligaciones yreglamentaciones basadas en el logro de objetivos, y que los interlocutores sociales, elemento esencial en el
funcionamiento del sistema de SST han convenido, en los denominados catálogos de SST, los medios y métodos para ellogro de condiciones de seguridad y salud en el trabajo en determinadas ramas con objeto de dar cumplimiento a lareglamentación basada en los objetivos (ámbito privado). El Gobierno indica que este sistema prevé funciones defacilitación y de control del cumplimiento.
Artículos 3, párrafos 1 y 2, y 10 del Convenio. Carga de trabajo de los inspectores del trabajo. Tiempo utilizado
en tareas administrativas. La Comisión recuerda que el informe del comité tripartito examinó la cuestión del aumento delas tareas administrativas de los inspectores del trabajo (tales como correspondencia y evaluación de informes) en
detrimento de las visitas de inspección. A este respecto, la Comisión pidió al Gobierno en sus comentarios anteriores que
comunicara información sobre la proporción del tiempo utilizado por los inspectores del trabajo en tareas administrativas,
en relación con sus funciones principales. En este sentido, la Comisión toma nota de que según la respuesta del Gobierno,
el registro cuidadoso de la información sobre las visitas de inspección y las intervenciones es una exigencia administrativa
pero que la inspección tiene el propósito de reducir, en la medida de lo posible, el tiempo dedicado a las funciones
administrativas. Esto es lo que se busca, por ejemplo, a través de la digitalización de las tareas y al alentar a losinspectores del trabajo a formular propuestas para subsanar las deficiencias que se observan en la gestión de su labor. El
Gobierno indica también que los inspectores del trabajo emplean el 62 por ciento de su tiempo en visitas de inspección yen tareas relacionadas directamente con el tratamiento de los casos (preparación de las visitas de inspección y de lasactividades posteriores a las inspecciones, tales como registrar los resultados y conclusiones de la inspección, preparar
avisos de mejoras, de prohibición o informes sobre infracciones), y ocupan el 38 por ciento de su tiempo en la formación yla prestación de asesoramiento.
La Comisión toma nota de que la FNV, la CNV y la VCP indican que de la memoria del Gobierno no resulta clara lacantidad de tiempo que los inspectores del trabajo utilizan en el cumplimiento de sus funciones principales. Además, toma
nota de las indicaciones de la FNV, la CNV y la VCP de que según el informe anual de la inspección del trabajo de 2014,
aumentan las impugnaciones judiciales a las decisiones de la inspección del trabajo, con la consecuencia de que losinspectores utilizan más tiempo para compilar y registrar información y para resolver las objeciones y recursos deapelación presentados por los empleadores. En este sentido, la Comisión también toma nota de que el Gobierno señala quela disminución del número de visitas a la inspección del trabajo se debe, en parte, a que los casos han pasado a ser más
complejos y exigen mucho tiempo (casos relativos a reincidentes, casos en los que intervienen varios empleadores, etc.).
La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios sobre las observaciones formuladas por la FNV, la CNV y la
VCP. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la proporción del tiempo utilizado
por los inspectores del trabajo en tareas administrativas en relación con las funciones principales de la inspección deltrabajo. Al tomar nota del aumento de la complejidad de los casos, la Comisión pide al Gobierno que suministre
información sobre las medidas que está adoptando para asegurar la realización de un número suficiente de visitas deinspección destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones de la inspección.

441

Administración e inspeccióndel trabajo

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), laFederación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Federación de Sindicatos Profesionales (VCP) (anteriormente
Federación de Sindicatos del Personal Medio y Superior (MHP)), así como de las observaciones conjuntas formuladas porla Confederación de Empleadores e Industrias de los Países Bajos (VNO-NCW) y la Real Asociación de Empresarios dePequeñas y Medianas Empresas de Países Bajos (MKB Países Bajos), comunicadas por el Gobierno.

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 5, a). Cooperación entre los servicios de la inspección del trabajo y otros servicios gubernamentales einstituciones públicas o privadas que ejercen actividades similares. 1. Cooperación entre los servicios de inspeccióndel Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo y los servicios de inspección de otros ministerios. La Comisión toma nota
de la respuesta del Gobierno a lo solicitado por la Comisión en relación con los esfuerzos realizados para mejorar lacooperación entre los servicios de inspección e indica que las direcciones operativas de la inspección del trabajo colaboran
estrechamente, y que existen diversas instancias de cooperación con otros departamentos y organismos estatales
encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a través de discusiones de los inspectores generales de los departamentos
de inspección del Estado en el ámbito del Consejo de Inspección, que se reúne diez veces al año. A este respecto, también
toma nota de que la FNV, la CNV y la VCP hacen referencia en sus observaciones relativas a la memoria de 2014, a uninstituto nacional de investigación en materia de SST que critica muchas de las diferentes modalidades operativas dealgunos servicios de inspección y aboga por una línea de acción más uniforme. La Comisión invita al Gobierno a
examinar con los interlocutores sociales de qué manera puede mejorarse la cooperación entre las direcciones
operativas de la inspección del trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, con los servicios de inspección deotros ministerios. 2. Actividades emprendidas para promover la cooperación efectiva entre la inspección del trabajo ylos servicios privados de seguridad y salud en el trabajo (SST). La Comisión toma nota de que el informe del comité
tripartito examinó la falta de acceso de la inspección del trabajo a la información de que disponen los servicios de SST(por ejemplo, sobre la emergencia de riesgos o tendencias en determinadas cuestiones de seguridad y salud) y tomó nota
de las indicaciones del Gobierno, según las cuales las evaluaciones de la inspección para determinar cuáles son lossectores de alto riesgo se basan en numerosas y diversas fuentes, pero esas evaluaciones no parecen estar fundadas en la
información de los servicios privados de SST que abarcan al 93 por ciento de los trabajadores. La Comisión toma nota deque en respuesta a la solicitud anterior relativa a la promoción de una cooperación efectiva entre los servicios de lainspección del trabajo y los servicios de SST privados (en particular para el intercambio de datos pertinentes), el Gobierno
se refiere a un programa destinado a mejorar la seguridad de la SST en empresas y esto incluye, entre otros, el intercambio
de conocimientos con los servicios de SST y consultas con la asociación OVAL de servicios de SST. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades emprendidas en el marco del programa antes
mencionado para promover la cooperación entre la inspección del trabajo y los servicios de SST y el impacto de esas
actividades en las labores de los servicios de la inspección del trabajo.
Artículo 7, párrafo 3. Formación de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que el comité
tripartito consideró que, cuando se asignan a los inspectores funciones especializadas, éstos deberían recibir información
adicional. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en respuesta a su solicitud anterior sobre la formación
impartida a los inspectores del trabajo en cuestiones relativas al estrés psicosocial, las sustancias químicas, lasnanopartículas en el lugar de trabajo y la evaluación del análisis de riesgo, que se organizan reuniones con inspectores yexpertos especializados en el campo de los agentes biológicos, la carga psicológica, las sustancias peligrosas, etc. Además,toma nota de que el Gobierno se refiere a un curso especializado en riesgos psicosociales. El Gobierno indica también quela inspección sigue estrechamente las novedades relativas a los nuevos riesgos en el trabajo, tales como la nanotecnología
e imparte una formación especial cuando dispone de los conocimientos científicos suficientes. La FNV, la CNV y la VCP
subrayan que en su opinión, que está respaldada por el Consejo de Actividades de la Inspección del Trabajo, losinspectores del trabajo carecen de conocimientos y competencias suficientes para el cumplimiento de sus funciones. La
Comisión pide al Gobierno que considere examinar las necesidades específicas de formación con el Consejo de
Actividades de la Inspección del Trabajo y los interlocutores sociales. Sírvase proporcionar información sobre el
resultado de estas discusiones y, en su caso, de toda medida adoptada en consecuencia.
Artículos 10 y 16. Número de inspectores y frecuencia de las inspecciones del trabajo para garantizar eldesempeño efectivo de las funciones de servicio de inspección. La Comisión recuerda que el comité tripartito examinó lacuestión del número de inspectores del trabajo y de visitas de inspección, el hecho de que la inspección se centra sobre
todo en las empresas de alto riesgo (dejando a las demás empresas no suficientemente inspeccionadas) y la ausencia decontrol de las pequeñas empresas (con menos de 20 trabajadores). A este respecto, el comité tripartito observó que, entre
2005 y 2013, el número de inspectores del trabajo disminuyó de 478 a 439 y el número de visitas de inspección del trabajo
disminuyó de 39 610 a 23 321. El comité tripartito también observó que el Gobierno hace referencia a las particularidadesdel sistema neerlandés de SST e indica que el menor número de visitas de inspección no significa una disminución de lacalidad del control del cumplimiento o de la observancia de la legislación, sino más bien son consecuencia de un
despliegue eficaz de la capacidad de la inspección y de la participación activa de las empresas e interlocutores sociales
para abordar las cuestiones de SST.
El comité tripartito se felicitó de la participación de los interlocutores sociales y de las empresas en el control delcumplimiento y la evaluación, así como en el desarrollo de nuevos métodos de colaboración y participación, pero
consideró que no pueden sustituirse a las funciones de control de cumplimiento que desempeña la inspección del trabajo.
En particular, en los lugares de trabajo donde la representación sindical es escasa, como las pymes, es poco probable quelos trabajadores tengan una posición suficientemente fuerte para asumir la responsabilidad de hacer cumplir las
obligaciones legales. A este respecto, el comité tripartito también tomó nota de que el Gobierno no dio respuesta a lasalegaciones de los sindicatos, en cuanto a que un número considerable de empleadores no dispone de un sistema deanálisis de riesgos y no cumple con sus obligaciones en virtud de la Ley sobre las Condiciones de Trabajo relativas a laasistencia de expertos en materia de SST.
442

En respuesta a la solicitud de la Comisión relativa al número y frecuencia de las inspecciones del trabajo(especialmente en las empresas que no se consideran de alto riesgo y en las pequeñas empresas), la Comisión toma nota deque el Gobierno indica que todos los sectores están cubiertos por la inspección del trabajo. También toma nota de la
indicación del Gobierno, según la cual, aunque los inspectores del trabajo se centren principalmente en los sectores de alto
riesgo, también se realizan inspecciones como consecuencia de indicadores determinados (por ejemplo, accidentes deltrabajo y quejas presentadas por particulares, los trabajadores o sus representantes). La Comisión toma nota de lasestadísticas facilitadas por el Gobierno de que el número de visitas de inspección ha seguido disminuyendo (de 23 321 en
2013 a 22 641 en 2014). Según indica el Gobierno, esto responde en parte a que los casos han pasado a ser más complejos
y llevan más tiempo. La Comisión también toma nota de que no se efectúa ninguna distinción entre las estadísticas
proporcionadas en relación con las visitas de inspección en empresas que no se consideran de alto riesgo y en relación conlas pequeñas empresas.
En relación con las estadísticas suministradas por el Gobierno, la Comisión toma nota de que la FNV, la CNV y la
VCP subrayan la disminución de las visitas de inspección, intervenciones, medidas preventivas, sanciones, y multas,
mientras que la VNO-NCW y la MKB Países Bajos destacan el aumento del número de inspectores del trabajo (de 439 en
2013 a 464 en 2014) que es mayor que al que había antes de la reforma del sistema de SST de 2007, y la disminución delnúmero de accidentes del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando estadísticas sobre lasactividades de los servicios de inspección (incluyendo el número de lugares de trabajo sujetos a inspección y detrabajadores empleados en ellos, el número de visitas de inspección, el número de infracciones observadas y las
sanciones impuestas, así como el número de accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional). A este
respecto, la Comisión pide al Gobierno que indique el número total de visitas de inspección realizadas precisando elnúmero de visitas de inspección en los sectores de alto riesgo y en pequeñas empresas. Sírvase también comunicar
información sobre el número de inspecciones llevadas a cabo como consecuencia de quejas presentadas por
trabajadores de pequeñas empresas, y el número de visitas de inspección relativas al cumplimiento de los empleadores
en relación con el análisis de los riesgos y de sus obligaciones en virtud de la Ley sobre las Condiciones de Trabajopara solicitar asistencia de expertos en materia de SST.
Artículo 14. Notificación de los casos de enfermedad profesional. La Comisión recuerda que el informe delcomité tripartito señaló que el sistema de notificación de casos de enfermedad profesional no parece permitir que lainspección del trabajo pueda desempeñar sus actividades de prevención de un modo satisfactorio. El comité tripartito
estimó que los informes anónimos que el Centro de Enfermedades Profesionales de los Países Bajos (NCvB), publica cadados años, permiten que la inspección del trabajo tome medidas preventivas con respecto a sectores específicos, pero alparecer no reacciona con rapidez para establecer medidas de prevención en los lugares de trabajo afectados. Además, lainformación comunicada por el NCvB parece incompleta, dado que en ella no constan todos los casos de enfermedad
profesional.
La Comisión se refiere a sus comentarios de 2015 en relación con el Convenio núm. 155 en los que tomó nota de la
indicación del Gobierno, según la cual se están considerando medidas para mejorar la notificación de los casos deenfermedad profesional al NCvB. La Comisión también toma nota de las opiniones expresadas por la FNV, la CNV y la
VCP, en el sentido de que los empleadores deberían estar obligados a notificar las enfermedades profesionales a lainspección del trabajo, en lugar de dejar a cargo a los médicos del trabajo de la notificación de dichas enfermedades al
NCvB. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios en relación con las observaciones antes
mencionadas de la FNV, la CNV y la VCP.
Artículo 15, c). Principio de confidencialidad de las quejas. La Comisión toma nota de que el Comité señaló quedeberían llevarse a cabo visitas rutinarias sin previa notificación para garantizar la confidencialidad en caso de que serealicen inspecciones a consecuencia de la presentación de una queja.
A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en respuesta a la solicitud de la Comisión deque indicara el número de visitas de inspección realizadas sin previo aviso, en relación con el número total de visitas deinspección, que en principio, la inspección sólo lleva a cabo visitas de inspección sin previo aviso. Las únicas excepciones
son las visitas de inspección que se realizan en las empresas de conformidad con la legislación relativa al control deaccidentes importantes y peligros relacionados con las sustancias peligrosas, debido a que son situaciones mucho más
complejas (447 visitas de inspección de un total de 22 641 visitas de inspección en 2013). En el caso de una queja, el
artículo 26 de la Ley sobre Condiciones de Trabajo exige que la inspección no comunique al empleador ninguna
información personal relativa al trabajador. En los casos en que existe la posibilidad de que una queja permita identificar
al trabajador que la presenta, el inspector puede proponer al trabajador que la misma sea presentada por el consejo laboral
o por la representación de los trabajadores.
A este respecto, la Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la FNV, la CNV y la VCP,
según las cuales las indicaciones del Gobierno sobre la relación entre visitas de inspección anunciadas previamente o no
anunciadas, no están fundamentadas y contradicen totalmente la experiencia de observaciones de otros interesados. La
Comisión también toma nota que según las observaciones de la VNO-NCW y la MKB Países Bajos el sistema de visita deinspección anunciadas previamente o no anunciadas garantiza un equilibrio adecuado. La Comisión pide al Gobierno que
facilite estadísticas detalladas sobre el número de visitas de inspección anunciadas previamente y no anunciadas.

443

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Sírvase también indicar cuántas visitas de inspección se realizan como consecuencia de una queja, en comparación
con las visitas rutinarias de inspección.

PakistánConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación de Trabajadores del Pakistán (PWF),
recibidas el 4 de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.
Artículos 4 y 5, b), del Convenio. Vigilancia de la autoridad central de inspección y determinación de lasprioridades del servicio en colaboración con los interlocutores sociales. La Comisión tomó nota anteriormente de la
indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Pakistaníes Residentes en el Exterior y de Desarrollo de Recursos
Humanos es responsable de la coordinación y supervisión de la legislación laboral en las provincias. Tomó nota asimismode que, durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2014, varios oradores
plantearon preocupaciones significativas en relación con la falta de coordinación entre las provincias. La Comisión tomó
nota, por consiguiente, de la respuesta del Gobierno de que la falta de coordinación entre los departamentos de trabajo yotras partes interesadas sigue siendo un obstáculo para la aplicación del Convenio.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria de que los gobiernos provinciales estáncolaborando con miras a una reforma del sistema de la inspección del trabajo mediante un mecanismo tripartito por el cuallos comités tripartitos de distrito desempeñarán la función de instituciones que supervisan la inspección del trabajo. El
Gobierno reitera asimismo que, en 2016, se publicará un perfil nacional de seguridad y salud en el trabajo (SST), y que seestá elaborando, con la asistencia técnica de la OIT, un perfil para los servicios de la inspección del trabajo. La Comisión
insta al Gobierno a que adopte medidas concretas para asegurar la coordinación y la cooperación en el marco de lasactividades de la inspección del trabajo, bajo la supervisión y control de una autoridad central. En este sentido, laComisión pide al Gobierno que comunique más información sobre el mecanismo de coordinación establecido a este
respecto. La Comisión pide además al Gobierno que transmita información relativa a los resultados del perfil sobre lainspección del trabajo, así como a otras medidas adoptadas para la determinación de las prioridades de la inspeccióndel trabajo, y a que especifique la función que desempeñarán los interlocutores sociales en este proceso.
Artículos 3, párrafo 1, a) y b), 5, b), y 9. Actividades de la inspección del trabajo en el ámbito de la SST,
incluyendo las empresas industriales de la provincia de Sindh. La Comisión tomó nota anteriormente de que se había
elaborado un plan de acción conjunto en la provincia de Sindh para abordar cuestiones relativas a la inspección del trabajo
y a la SST en consideración a los graves accidentes que habían tenido lugar, en particular el incendio de una fábrica en
septiembre de 2012 que había provocado la muerte de 300 trabajadores. A este respecto, tomó nota de la preocupación
expresada por algunos oradores durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas en 2014 en relación con lainspección llevada a cabo por empresas de auditoría privadas.
La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que, en enero de 2015, se elaboró una política en materia
de SST en la provincia de Sindh y se sometió a la consideración del Gobierno provincial. El Gobierno afirma que
actualmente no existe ningún régimen reglamentario para el seguimiento de las empresas de auditoría privada. La
Comisión señala que la externalización de responsabilidades en estas empresas de auditoría tiene que cambiar y que
resulta preocupante la abdicación de responsabilidades por parte del Gobierno y de las empresas. En este sentido, el
Gobierno declara que prevé reglamentar la labor de estas organizaciones de modo que las auditorías redunden en elbienestar de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas para aplicar el plan de acción
conjunto en el Sindh con objeto de fortalecer los servicios de la inspección del trabajo en materia de seguridad y salud
en el trabajo, en particular, mediante la adopción de una política en la materia. La Comisión pide también al Gobierno
que comunique información sobre las medidas que está adoptando en relación con la supervisión de las empresas deauditoría privada en el país, así como información sobre el funcionamiento y las actividades de estas empresas, enparticular, sobre el alcance de sus actividades, el número de dichas empresas de auditoría y el número de empresas
cubiertas por las certificaciones que éstas expiden.
Artículo 18. Sanciones por obstrucción a los inspectores en el desempeño de sus funciones. La Comisión tomó
nota anteriormente de que, en el curso de la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas en 2014, varios oradoresseñalaron que las sanciones por obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones son
insuficientes. Tomó nota de que, en lo que se refiere a las fábricas, las provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa
establecieron una multa de 20 000 rupias pakistaníes (aproximadamente 195 dólares de los Estados Unidos) por la
obstrucción de la labor de un inspector. En lo que se refiere a la minería, según la Ley de Minas, de 1923, la persona que
obstaculice la inspección en una mina podrá ser sancionada con una pena de hasta tres meses de reclusión y una multa dehasta 1 000 rupias pakistaníes (aproximadamente 10 dólares de los Estados Unidos).
La Comisión toma nota una vez más de la declaración del Gobierno de que las provincias de Sindh y Balochistan
han elaborado proyectos de ley para reforzar las sanciones cometidas por este tipo de delito en las fábricas. Toma nota deque el Gobierno señala que, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, se han llevado a los tribunales 148 casos de444

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

obstrucción a la labor de los inspectores que han dado lugar a la imposición de sanciones en 23 casos. En la provincia de
Punjab, sólo una denuncia ha dado lugar a un procedimiento, y en el Sindh no se ha registrado ninguna acción judicial. La
Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, en todas las provincias, se adopte
una legislación que imponga sanciones suficientemente disuasorias por la obstrucción a los inspectores del trabajo en
el cumplimiento de sus funciones en todos los sectores, incluida la minería, de conformidad con el artículo 18 delConvenio. La Comisión pide al Gobierno que suministre información adicional en relación con los casos relativos aobstrucción de la labor de los inspectores del trabajo, desglosados por provincia, e incluyendo no sólo el número deprocedimientos incoados, sino también sus resultados y las sanciones aplicadas (en particular, el importe de las multas
impuestas).
Artículo 12, párrafo 1. Libre entrada de los inspectores del trabajo en las instalaciones. La Comisión toma nota
de la declaración del Gobierno de que, en la provincia de Punjab, no se imponen por lo general restricciones a larealización de inspecciones, y que en Khyber Pakhtunkhwa, los inspectores pueden entrar libremente y sin previa
notificación en todo establecimiento sujeto a inspección. La Comisión toma nota con preocupación de la información que
figura en la memoria del Gobierno de que, desde 2001, por orden administrativa, se exige una notificación, con el día y lahora de la visita, expedida por el inspector jefe de fábrica (director del trabajo en Sindh) de que se va a realizar una visita
de inspección. La Comisión pide, por consiguiente, al Gobierno que adopte las medidas necesarias para suprimir las
restricciones vigentes en la provincia de Sindh para la realización de inspecciones sin notificación previa, deconformidad con el artículo 12, párrafo 1, a), del Convenio. Pide asimismo al Gobierno que suministre información
adicional sobre las medidas que se están adoptando en la provincia de Punjab para garantizar que los inspectores deltrabajo estén facultados para entrar libremente y sin notificación previa a cualquier hora del día y de la noche en todo
lugar de trabajo sujeto a inspección.

Qatar
Queja en la que se alega el incumplimiento por parte de Qatar
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
y del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)
La Comisión toma nota de que en la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) celebrada en
junio de 2014 se presentó una queja contra el Gobierno de Qatar en relación con la violación del Convenio núm. 29 y el
Convenio núm. 81 en virtud del artículo 26 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La
queja fue declarada admisible en la 322.ª reunión (noviembre de 2014) del Consejo de Administración. En ella se alega
que el problema del trabajo forzoso afecta a la población de trabajadores migrantes, que asciende a casi 1,5 millones, y se
indica que el Gobierno no tiene un marco jurídico que permita proteger los derechos de los trabajadores migrantes y hacer
cumplir las disposiciones jurídicas vigentes en materia de protección. A este respecto, en la queja se indica que lainspección del trabajo y el sistema de justicia del país han resultado muy ineficaces para hacer valer los escasos derechos
que la legislación de Qatar otorga a los trabajadores migrantes. Asimismo, se señala que la inspección del trabajo tiene
poco personal y que éste no habla ninguno de los idiomas de la mayor parte de los trabajadores y que los inspectores
apenas están facultados para imponer medidas tras finalizar las inspecciones y las multas son muy poco disuasorias y, en
algunos casos, ni siquiera existen. Asimismo, se indica que los mecanismos de tratamiento de quejas disponibles son
ineficaces.
En su 325.ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración examinó los informes presentados por el
Gobierno. Decidió solicitar al Gobierno que aceptara la visita de una misión tripartita de alto nivel, antes de la
326.ª reunión (marzo de 2016), que se encargaría de evaluar todas las medidas adoptadas para resolver las cuestiones
planteadas en la queja. Asimismo, solicitó al Gobierno que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para favorecer un
enfoque integrado de la anulación del sistema de patrocinio, mejorar la inspección del trabajo y los sistemas de seguridad
y salud en el trabajo, y dar voz a los trabajadores. El Consejo de Administración decidió aplazar el examen sobre laconstitución de una comisión de encuesta hasta su 326.ª reunión (marzo de 2016).
Artículos 10, 12, párrafo 1, c), i) y ii), y 16 del Convenio. Número suficiente de inspectores del trabajo y coberturade los lugares de trabajo. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que había incrementado elnúmero de inspectores del trabajo, que pasaron de 200 a 227 entre junio y septiembre de 2014, y que el número detrabajadores migrantes del país había aumentado 1,7 millones, lo que constituía un problema para la inspección deltrabajo. La Comisión también tomó nota de que, en 2014, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
expresó su preocupación en relación con el número insuficiente de inspectores de trabajo que, junto con la falta deintérpretes, conduce a que no se puedan investigar exhaustivamente las condiciones de vida y de trabajo en los campos detrabajo (documento A/HRC/26/35/Add.1).
La Comisión toma nota de que en el informe de la misión de alto nivel llevada a cabo en Qatar en febrero de 2015,
presentado al Consejo de Administración en marzo de 2015, se señala que siguen habiendo problemas en lo que respecta a445

Administración e inspeccióndel trabajo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1976)

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

la capacidad de la inspección del trabajo de detectar diversas irregularidades, lo cual se ve confirmado por el número
relativamente pequeño de infracciones detectadas con respecto al gran número de trabajadores migrantes en el país, y quela capacidad de la inspección del trabajo debería ampliarse para poder detectar irregularidades en las empresas máspequeñas (documento GB.323/INS/8 (Rev. 1), anexo III). La Comisión también toma nota de que la Comisión de
Aplicación de Normas de la CIT, en sus conclusiones adoptadas en 2015 en relación con el Convenio núm. 29, instó al
Gobierno a continuar contratando nuevos inspectores y a aumentar los recursos materiales que se ponen a disposición deéstos a fin de que lleven a cabo inspecciones del trabajo, en particular en los lugares de trabajo en donde están empleados
trabajadores migrantes.
La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que el número de inspectores del trabajo haaumentado hasta 295. El Gobierno también señala que cada inspector tiene que visitar 40 empresas o lugares de trabajo
sujetos a inspección cada mes. La realización de estas inspecciones se ve facilitada por la cercanía que existe entre loslugares de trabajo y por la utilización de dispositivos portátiles (tabletas) para preparar los informes de las visitas deinspección. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno al Consejo deAdministración en noviembre de 2015 en relación a que la inspección llevó a cabo 22 601 visitas de inspección entre
enero y agosto de 2015, y 12 596 inspecciones adicionales se realizaron en materia de seguridad y salud en el trabajo(SST). El 83 por ciento de las visitas regulares de inspección se consideraron «aceptables», y posteriormente no setomaron medidas (documento GB.325/INS/10 (Rev.), anexo II). La Comisión también toma nota de que el Gobierno
indicó al Consejo de Administración que espera aumentar el número de inspectores a 400.
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentadas con
arreglo al Convenio núm. 29 y recibidas el 1.º de septiembre de 2015, en las que se señala que aunque el número deinspectores del trabajo aumentó pasando de 200 a 294, este número sigue siendo insuficiente ya que está claro que existen
muchos lugares de trabajo que aún tienen que ser inspeccionados, o inspeccionados adecuadamente. La Comisión pide al
Gobierno que continúe sus esfuerzos para contratar a un número adecuado de inspectores del trabajo en relación con
el número de lugares de trabajo sujetos a inspección, y para garantizar una cobertura suficiente de todos lugares detrabajo, incluidos los más pequeños. Además, tomando nota de que el resultado de la mayor parte de las inspecciones
es no tomar medidas, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los lugares de trabajo se
inspeccionen con la profundidad necesaria a fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales
relacionadas con las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores. Por último, la Comisión pide de nuevo
al Gobierno que transmita información sobre el promedio de tiempo que los inspectores dedican a cada inspección, el
número promedio de trabajadores interrogados en el transcurso de las inspecciones, así como sobre la naturaleza delos libros y registros revisados.
Artículos 5, a), 17, 18 y 21, e). Cooperación efectiva entre la inspección del trabajo y el sistema judicial;procedimientos judiciales y aplicación efectiva de sanciones adecuadas. La Comisión había tomado nota de que el
informe que el Gobierno solicitó sobre los trabajadores migrantes en el país, recomendaba el reforzamiento de lasfacultades de los inspectores, que en la actualidad sólo pueden formular recomendaciones y no tienen autoridad para
imponer sanciones, y la mejora de la coordinación con el sistema judicial a fin de someter a la justicia las violaciones
cometidas.
La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que, para apoyar la cooperación entre la inspeccióndel trabajo y las autoridades judiciales, se ha establecido una oficina permanente para facilitar el procesamiento de los
casos en materia laboral. La Comisión toma nota de que en el informe presentado al Consejo de Administración ennoviembre de 2015 el Gobierno indica que los inspectores del trabajo están facultados para establecer actas de infracción.
No se imponen sanciones tras el establecimiento de una acta de infracción, al contrario, ese informe se presenta a lostribunales para que tomen otras medidas (documento GB.325/INS/10 (Rev.), anexo II). A este respecto, la Comisión toma
nota de la información presentada en la memoria del Gobierno sobre el número de casos presentados a este respecto entre
enero y abril de 2015. Toma nota de que durante esos meses, en los cuales se realizaron más de 4 000 inspecciones pormes, se presentaron a los tribunales 118 casos. Ningún procedimiento fue iniciado en 76 de esos casos; sólo se iniciaron
procedimientos judiciales en 42 casos. Por consiguiente, la Comisión observa que el resultado de aproximadamente
17 500 inspecciones realizadas entre enero y abril de 2015, fue la posibilidad de aplicar, a la espera de la decisión judicial,sanciones en 42 casos. Además, recordando que el artículo 18 del Convenio prevé que la legislación nacional deberáprescribir sanciones adecuadas, que habrán de ser efectivamente aplicadas en los casos de violación de las disposiciones
legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo, la Comisión toma nota con preocupación de que, una vez
más, el Gobierno no transmite información sobre las sanciones específicas aplicadas en los casos en los que los tribunales
han dictado sentencias. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar que lasviolaciones de las disposiciones legales, por cuyo cumplimiento velan los inspectores del trabajo, estén sujetas asanciones adecuadas que se aplican efectivamente. Pide al Gobierno que refuerce la eficacia de los mecanismos deaplicación, y que adopte medidas para proporcionar más facultades en materia de aplicación a los inspectores deltrabajo y otras medidas para promover la colaboración efectiva con las autoridades judiciales. Tomando nota de que lamayor parte de actas sobre infracciones no conducen a un procedimiento, la Comisión solicita al Gobierno que indiqueel motivo por el que los casos presentados no se llevan adelante. Además, la Comisión pide de nuevo al Gobierno quetransmita información sobre las sanciones específicas impuestas en los casos en los que se dictan sentencias. También

446

solicita al Gobierno que en la información proporcionada sobre las infracciones detectadas y las sanciones impuestas
se indique cuáles son las disposiciones legales relacionadas, incluso en lo que respecta a la confiscación de pasaportes,las condiciones de trabajo y los pagos puntuales de salarios.
Artículos 7 y 8. Contratación y formación de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que en el
informe de la misión de alto nivel a Qatar, realizada en febrero de 2015, se identifica la capacidad para comunicarse con
los trabajadores como un desafió para la inspección, y se señala que debería impartirse una formación intensiva y continuaa los inspectores del trabajo.
La Comisión toma nota del Plan anual de formación de los inspectores del trabajo, transmitido junto con la memoriadel Gobierno. Los objetivos de este plan incluyen: el desarrollo del conocimiento de las disposiciones de la legislación
laboral; el desarrollo de las capacidades en materia de redacción de informes sobre infracciones; y la garantía de que tanto
los inspectores nuevos como los existentes están calificados y bien formados. El sistema de formación consta de tres
etapas, con cursos de dos semanas en los que pueden participar de 15 a 20 inspectores. Los cursos están relacionados con
diversos temas, por ejemplo, la SST, diversos riesgos profesionales, las disposiciones de la legislación del trabajo, laprevención de incendios y las estadísticas. También toma nota de que el Gobierno indica que ha contratado a 43
inspectoras del trabajo, lo que representa un aumento del 14,5 por ciento del personal, frente al 8 por ciento que señaló en
2014. En su memoria, el Gobierno también señala que ha contratado a algunos intérpretes para que trabajen en el
Departamento de Inspección del Trabajo, y que si resulta necesario disponer de más intérpretes los contratará. Sin
embargo, la Comisión observa que el Gobierno no indica el número de intérpretes que han sido contratados hasta ahora.
La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, en las que se indica que no queda claro si los inspectoresdisponen de la formación y los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones. La Comisión pide al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para garantizar la contratación de inspectores del trabajo y de intérpretes que puedan
hablar los idiomas de los trabajadores migrantes, y que transmita información sobre el número de inspectores y otros
miembros del personal contratados a este respecto. Tomando nota del número de inspectores que han sido contratados
recientemente, la Comisión solicita al Gobierno que continúe adoptando medidas para garantizar que los nuevos
inspectores reciban la formación adecuada para poder llevar a cabo sus funciones. A este respecto, pide al Gobierno
que proporcione información detallada no sólo sobre la formación que se prevé impartir en el futuro sino sobre laformación que ya se ha proporcionado a los inspectores del trabajo, incluyendo información sobre el número deinspectores y cursos concernidos. Asimismo, alienta al Gobierno a continuar sus esfuerzos para aumentar el número
de inspectoras.
Artículos 5, a), 14 y 21, f). Inspección del trabajo en el ámbito de la SST. La Comisión había tomado nota de quedurante la discusión celebrada en 2014 en la Comisión de Aplicación de Normas sobre la aplicación del Convenio, varios
oradores indicaron que el reforzamiento de la inspección del trabajo contribuiría a proteger la SST de los trabajadores
migrantes que trabajan en el país, especialmente en el sector de la construcción, puesto que en ese sector se han producido
varias muertes de trabajadores. La Comisión tomó nota de que aunque el Gobierno transmitió información sobre las
notificaciones recibidas en relación con accidentes del trabajo que causaron discapacidades, no se había transmitido
información alguna sobre los accidentes del trabajo mortales.
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno al Consejo de Administración ennoviembre de 2015 respecto a que ha establecido un nuevo departamento de SST en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (documento GB.325/INS/10 (Rev.), anexo II). Este departamento tiene, entre otras, las siguientes funciones:
registrar accidentes del trabajo; realizar inspecciones en materia de SST y remitir a todas las empresas que cometan
infracciones a los órganos competentes a fin de que se adopten las medidas necesarias. Asimismo, toma nota de la
información sobre una serie de visitas en materia de SST realizadas entre enero y agosto de 2015, e indica que el 41 por
ciento de las inspecciones en la materia dieron como resultado un aviso para adoptar medidas correctivas en relación con
la infracción, y que algunas empresas estuvieron sujetas a inspecciones de seguimiento (12 596 inspecciones en materia de
SST fueron realizadas en 3 391 empresas). La Comisión toma nota de que los informes transmitidos por el Gobierno nocontienen información sobre el número de accidentes laborales ocurridos en el país, y de que el Gobierno no hatransmitido la información solicitada sobre el número de accidentes de trabajo mortales. La Comisión pide al Gobierno
que prosiga sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo en lo que respecta al control de la
SST, especialmente en el sector de la construcción. Además, solicita al Gobierno que adopte medidas para garantizar
la coordinación entre los inspectores del trabajo y los inspectores del departamento de seguridad y salud en el trabajo,
y que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto. La Comisión también pide al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se notifiquen a la inspección del trabajo todos losaccidentes laborales, y que en el informe anual sobre las actividades de la inspección del trabajo que se comunica a la
Oficina se incluyan estadísticas pertinentes, incluidas estadísticas sobre los accidentes de trabajo mortales.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

447

Administración e inspeccióndel trabajo

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJOADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Reino Unido
Anguilla
Convenio sobre la inspección del trabajo(territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales el Reino Unido ya no ofrece donaciones en ayuda
al Gobierno de Anguilla para garantizar una mayor autonomía económica y política de territorio. También toma nota de que elterritorio no tiene competencia en materia de políticas de desarrollo económico, de progreso social y de empleo. La Comisión
pide al Gobierno que comunique a la OIT una copia de las disposiciones legales relativas al estatuto del territorio, tal como se
describe en el informe y su impacto en la aplicación del Convenio, y facilitar, en particular, información detallada sobre losacuerdos alcanzados entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Anguilla para que se asignen a la inspección deltrabajo, los recursos humanos y financieros y los medios materiales necesarios para su funcionamiento.
La Comisión observa que durante más de 15 años, ninguna nueva información había sido recibida en la OIT sobre lasmedidas adoptadas para dar efecto en la legislación y en la práctica del Convenio, y que la única información que figura en el
informe es que los inspectores del trabajo asistan a todos los programas de formación relativos a la inspección del trabajo y a lahigiene ocupacional y seguridad en la ocupación, organizados por la Oficina Subregional de la OIT. La Comisión espera que elGobierno comunicará en su próxima memoria, información lo más detallada posible sobre la aplicación de cada una de lasdisposiciones del Convenio, así como copia de los textos legales pertinentes y las estadísticas disponibles sobre las actividades
de inspección del trabajo realizadas durante el período cubierto por la memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

RwandaConvenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1980)
Artículos 4, 6, 7, 10, 11 y 16, del Convenio. Aplicación del Convenio en el marco de la descentralización de lainspección del trabajo. Organización y funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. La Comisión se refiere asus observaciones anteriores en las cuales expresaba sus preocupaciones por las repercusiones de la descentralización de laadministración pública en la organización y el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. A este respecto, laComisión señaló que las modalidades de esta descentralización, caracterizada por una insuficiencia general y crónica derecursos, conlleva el riesgo de que no exista una única política en materia de inspección del trabajo en todo el territorio, en
términos de: i) planificación de las inspecciones y de comunicación entre las inspecciones del trabajo de los diferentes
distritos; ii) contratación y formación de los inspectores del trabajo, y iii) atribución de recursos humanos ypresupuestarios. Sobre este último punto, la Comisión tomó nota anteriormente de que la atribución de recursos
presupuestarios a los inspectores del trabajo se coordina por la autoridad central en colaboración con los distritos.
En su memoria, el Gobierno indica que la asignación de las partidas presupuestarias destinadas a los distritos sedetermina sobre la base del número de establecimientos identificados en cada uno de esos distritos durante el censo
efectuado por el Instituto Nacional de Estadística de Rwanda (NISR) en 2011. Sin embargo, el Gobierno también indica
que el Ministerio de Administración Pública y Trabajo otorga a los distritos una asignación presupuestaria de 2 millones
de francos rwandeses (aproximadamente 2 877 dólares de los Estados Unidos) para atender las necesidades de losinspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones, incluidas las de conciliación. Por otra parte, el Gobierno señala
que en el marco de la adopción del presupuesto nacional, se celebran anualmente consultas con las partes interesadas.
Además, la Comisión toma nota de que en el contexto de las reformas administrativas, la contratación de losinspectores del trabajo se realiza ahora en el ámbito de cada distrito, con arreglo a los procedimientos locales decontratación. Según la memoria del Gobierno, cada uno de los 30 distritos dispone actualmente de un inspector del trabajo
y la coordinación se realiza a nivel nacional por dos inspectores del trabajo en jefe. Por último, en la aplicación delartículo 2 de la resolución ministerial núm. 07, de 13 de julio de 2010, los inspectores reciben orientaciones y apoyo
técnico del Ministerio de Administración Pública y Trabajo, aunque el seguimiento cotidiano de sus actividades dependede la autoridad y el control del prefecto o del alcalde del distrito.
En vista de esta situación, la Comisión desea subrayar nuevamente la importancia del principio de sujeción delsistema de inspección a una autoridad central, afirmado en el artículo 4 del Convenio, que facilita el establecimiento deuna política uniforme en todo el territorio y permite una distribución razonable de los recursos disponibles entre losservicios de inspección mediante la utilización de criterios idénticos a través del territorio, garantizando de ese modo lamisma protección a todos los trabajadores cubiertos. La Comisión observa que el censo efectuado por el NISR en 2011con objeto de determinar el número de establecimientos en cada distrito constituye una evolución positiva hacia la
implementación de un registro de empresas que permita ofrecer a los inspectores del trabajo indicaciones sobre lasnecesidades de la inspección y sobre los establecimientos destinatarios de esas inspecciones, y de ese modo, favorecer una

448

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

mejor planificación de las visitas de inspección. No obstante, la Comisión observa que persiste la incertidumbre en cuantoa la adecuación de los recursos presupuestarios disponibles y las necesidades de la inspección del trabajo, especialmente
en relación con el número y distribución de inspectores del trabajo en el territorio y los recursos materiales puestos a su
disposición para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones, como lo requieren los artículos 10, 11 y 16, delConvenio. Además, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no proporciona información sobre lasmedidas adoptadas para garantizar la uniformidad, en el territorio nacional, de las condiciones de contratación y formaciónde los inspectores del trabajo, así como para garantizar una situación jurídica y condiciones de servicio uniformes, deconformidad con los principios establecidos en los artículos 6 y 7, del Convenio.
La Comisión pide al Gobierno que tenga bien proporcionar informaciones detalladas sobre las medidas
adoptadas o previstas para garantizar la coherencia del funcionamiento del sistema de inspección del trabajo en elámbito nacional y, en particular, sobre:a) la unicidad de las condiciones de contratación y formación de los inspectores del trabajo, y la uniformidad, en elámbito nacional, de su condición jurídica y sus condiciones de servicio;b) la coordinación y supervisión de las actividades de los inspectores de trabajo de distrito por parte de losinspectores del trabajo en jefe, yc)la planificación, en el ámbito central, de las visitas de inspección, incluida toda iniciativa destinada a establecer
un registro nacional de empresas.
La Comisión también pide al Gobierno que clarifique la manera en que se establece el presupuesto asignado a losinspectores del trabajo de cada distrito, indicando, en particular, si se trata de una cuantía fija (2 millones de francos
rwandeses), como da a entender la memoria del Gobierno, o si se tienen en cuenta las necesidades específicas de cadadistrito en materia de inspección (número, naturaleza, importancia y distribución geográfica de los lugares de trabajo
sujetos a inspección, número y diversidad de las categorías de trabajadores empleados en esos establecimientos,
número y complejidad de las disposiciones legales que deben hacerse aplicar, etc.), y en caso afirmativo, según qué
criterios.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

San Marino
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150)
(ratificación: 1988)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Aplicación práctica. En relación con la anterior memoria del Gobierno en la que se daba cuenta del establecimientodel Observatorio del trabajo y las profesiones, la Comisión pide al Gobierno que transmita información que le permita
apreciar la manera en que el Convenio se aplica en la práctica, incluidos extractos de todos los informes presentados por losprincipales servicios de administración del trabajo a los que se hace referencia en el párrafo 20 de la Recomendación
núm. 158, incluido el Observatorio, u otra información periódica.

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)
(ratificación: 1988)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Legislación. La Comisión pide al Gobierno que indique todas las nuevas disposiciones legales en relación con lascuestiones cubiertas por el Convenio y las normas internacionales usadas al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y
metodología utilizados en el acopio, compilación y publicación de las estadísticas requeridas por este Convenio.
Artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de las últimas
normas internacionales del trabajo y que especifique, para cada artículo del Convenio en relación con el cual se aceptaron las
obligaciones (a saber, artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), qué normas y directivas se utilizan.
Artículo 7. La Comisión solicita al Gobierno que indique los conceptos, definiciones y metodología utilizados pararealizar estimaciones oficiales sobre la mano de obra, el empleo y el desempleo en San Marino.
Artículo 8. La Comisión insta al Gobierno a transmitir a la OIT información metodológica sobre los conceptos y
definiciones en relación con las estadísticas sobre la mano de obra basadas en registros, en cumplimiento del artículo 6 delConvenio.
Artículo 9, 1). Tomando nota de que las estadísticas anuales sobre las ganancias medias y las horas medias de trabajo
realmente efectuadas aún no se desglosan por sexo, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a este finy que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.
Artículo 9, 2). La Comisión solicita al Gobierno que garantice que las estadísticas cubiertas por estas disposiciones setransmiten de forma regular a la OIT.

449

Administración e inspeccióndel trabajo

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 10. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar efecto a esta disposición y que
mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan en este ámbito.
Artículo 11. La Comisión toma nota de que no se dispone de información sobre la estructura de la remuneración de losempleados por componentes principales. Por consiguiente, pregunta al Gobierno si es posible compilar estas estadísticas en
relación con más de cuatro grupos de la industria manufacturera, y le pide que comunique estas estadísticas a la OIT tan
pronto como sea posible, de conformidad con el artículo 5 del Convenio.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para elaborar, publicar y comunicar a la
OIT información metodológica concreta sobre los conceptos, definiciones y métodos adoptados para compilar estadísticas
sobre la remuneración de los empleados, con arreglo al artículo 6.
Artículo 12. La Comisión insta al Gobierno a transmitir información metodológica sobre los nuevos índices de losprecios al consumo (base diciembre 2002=100) con arreglo al artículo 6 de este Convenio.
Artículo 13. La Comisión toma nota de que en una publicación anual titulada Encuesta sobre el consumo y el estilo devida de las familias de San Marino, la Oficina de Planificación Económica, Procesamiento de Datos y Estadísticas publica
regularmente estadísticas detalladas sobre los gastos de los hogares. Sin embargo, esta publicación no contiene información sobrelas fuentes, conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio y la compilación de estadísticas sobre los ingresos ygastos de los hogares. La Comisión insta al Gobierno a:i)indicar si las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores fueron consultadas para la elaboraciónde los conceptos, definiciones y metodología utilizados (con arreglo al artículo 3), yii)
comunicar una descripción detallada de las fuentes, conceptos, definición y metodología utilizados en el acopio ycompilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos de los hogares, tal como se requiere en virtud del artículo 6.
Artículo 14. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información más amplia sobre el sistema estadístico,haciendo especial referencia a los conceptos y definiciones utilizados para realizar estadísticas sobre lesiones profesionales.
Artículo 15. Habida cuenta de que no se han proporcionado datos sobre las huelgas y cierres patronales (tasa de días
no trabajados, por actividad económica), la Comisión invita al Gobierno a comunicar información con arreglo al artículo 5 deeste Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Sierra Leona
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)(ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Recursos de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la información que
contiene respuestas a sus observaciones anteriores. Toma nota de que no se ha especificado ninguna asignación fija para lainspección del trabajo en el presupuesto del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Relaciones Laborales. Los recursos para lainspección del trabajo proceden del dinero reservado para los viajes de ámbito local dentro del presupuesto previsto para
actividades profesionales del departamento y ascienden a una cantidad mínima. La Comisión toma nota asimismo de que, según
el Gobierno, debería aumentarse la cantidad reservada en el presupuesto para la inspección de fábricas con objeto de que losinspectores puedan cumplir con las tareas de su competencia. Además, toma nota de la información de que la inspección deltrabajo no es operativa en la práctica, y que la inspección de fábricas adolece de una falta de dotación de personal. La Comisión
confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno estará en disposición de informar sobre las medidas adoptadas, enparticular de carácter presupuestario, destinadas a garantizar que el número de inspectores del trabajo sea suficiente para eldesempeño de sus funciones (artículo 10 del Convenio) y que cuenten con los medios materiales y los medios de transportenecesarios para el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 11). La Comisión toma nota en este aspecto de que el Gobierno
desea recurrir a la cooperación técnica de la OIT con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios de lainspección del trabajo. Solicita al Gobierno que señale las medidas adoptadas con esta finalidad.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 63 (Egipto, Nicaragua, Reino Unido: Guernsey); el Convenio núm. 81 (Alemania, Argelia, Bahamas, Bangladesh,Bélgica, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Camerún, Chad, China: Región Administrativa Especialde Hong Kong, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Ecuador,
El Salvador, Francia, Francia: Polinesia Francesa, Ghana, Grecia, Guinea-Bissau, Honduras, Hungría, Iraq, Irlanda,
Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Lesotho, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritania, República de Moldova,
Mozambique, Níger, Nigeria, Países Bajos, Países Bajos: Aruba, Pakistán, Qatar, Rwanda, República Árabe Siria);
el Convenio núm. 85 (Papua Nueva Guinea, Reino Unido: Montserrat); el Convenio núm. 129 (Alemania, Bélgica,
Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Croacia, El Salvador, Francia, Francia: Polinesia Francesa, Hungría, Italia,
Kazajstán, Madagascar, República de Moldova, Países Bajos, República Árabe Siria); el Convenio núm. 150 (Armenia,
Belarús, Bélgica, Belice, Congo, República de Corea, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, España,
Grecia, Guinea, Guyana, Iraq, Italia, Jamaica, Kirguistán, Líbano, Liberia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, México,450

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Administración e inspeccióndel trabajo

Reino Unido, Rumania, Seychelles, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela);el Convenio núm. 160 (Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil,
Canadá, República Checa, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, Chipre, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Grecia, Guatemala, India, Irlanda, Israel, Italia, Kirguistán, República de Moldova,
Reino Unido: Jersey).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el siguiente Estado en respuesta a una solicitud
directa sobre: el Convenio núm. 150 (Túnez).

451

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Política y promoción del empleo
Alemania
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1954)
Artículos 1 a 10 del Convenio. Organización y funciones del servicio del empleo. Fomento del pleno uso delservicio por parte de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica
que el enfoque preventivo de su política activa de mercado de trabajo se ha reforzado a través de la Ley sobre la Mejora delas Oportunidades de Inserción en el Mercado de Trabajo, de 1.º de abril, de 2012. Esta ley tiene por objetivo ayudar a lossolicitantes de empleo a encontrar más fácilmente empleos remunerados y reorganizar el ámbito del empleo
subvencionado, al tiempo que la Agencia Federal de Empleo (BA) sigue desempeñando una función fundamental deapoyo a los empleadores que buscan trabajadores. A fin de potenciar su importancia para los solicitantes de empleo y elcontacto con el mercado de trabajo, este cambio del marco legislativo ha ido acompañado por un cambio en las estructurasorganizativas y de gestión de la BA, que se llevó a cabo en 2012 y 2013 en estrecha colaboración y consulta con una
amplia gama de interlocutores regionales y locales, a fin de centrarse en las actividades diversas, interconectadas yadaptadas de los actores del mercado de trabajo en lugar de en los programas para combatir el desempleo masivo. Comoresultado de estas medidas, y gracias al requisito establecido en 2013 de que el personal que se ocupa de las calificaciones
esté certificado, la tasa de solicitantes de empleo que encontraron trabajo aumentó hasta un 37 por ciento en mayo de 2015
en comparación con un 21 por ciento en mayo de 2013, mientras que los empleos sostenibles han aumentado ligeramente
pasando de un 69,6 por ciento en 2013 a un 71,1 por ciento en 2015. La Comisión toma nota de que, tras la fusión de lasagencias y la racionalización de los procesos internos, actualmente hay alrededor de 1 070 agencias de empleo en
funcionamiento en el país, 423 de las cuales están administradas por las autoridades locales. La Comisión toma nota de losresultados de la «BA 2020 — respuestas de la BA a las preguntas acerca del futuro» de 2013, que identifica ocho ámbitosde acción para responder a las seis principales tendencias del mercado de trabajo. En 2015, la BA 2020 se amplió para
incluir la «4.0/digitalización del mundo del trabajo». El Gobierno señala que en su sitio web se publican aproximadamente
970 000 ofertas de trabajo en seis idiomas. Este sitio web, que recibe hasta 1 400 000 visitas diarias, también contienealrededor de 3 millones de perfiles de solicitantes de empleo. Desde principios de 2013, también se puede acceder a todos
los servicios de la BA a través de una aplicación para telefonía móvil que se ha instalado en 750 000 aparatos. La
Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información acerca del impacto que las medidas tomadas
tienen sobre el aumento de las capacidades de la Agencia Federal de Empleo, a fin de lograr la mejor organización
posible del mercado de trabajo.
Artículos 6, b), y 8. Trabajadores migrantes y jóvenes. La Comisión toma nota con interés de que para facilitar lainserción profesional de los refugiados la BA tiene previsto reforzar los cursos de idiomas a través de una medida especial
financiada gracias a una reserva de intervención. En lo que respecta a los jóvenes, el Gobierno informa de que, desde2010, la BA junto con asociaciones cúpulas y algunos ministerios inició el proyecto «Alianzas de trabajo – jóvenes y
trabajo» a fin de mejorar la inserción de los jóvenes más necesitados de apoyo utilizando un enfoque descentralizado,
regional y local. El Gobierno indica que las acciones en el marco de este proyecto incluyen medidas conjuntas de mercadodel trabajo, ventanillas únicas o mejoras en la comunicación e información entre organismos, generalmente llamados«agencias de empleo de los jóvenes». A finales de septiembre de 2014, se habían establecido 186 agencias de empleo delos jóvenes. Tres cuartas partes de todas las agencias de empleo (118) y más de la mitad de las instituciones conjuntas(166) así como casi uno de cada tres proveedores acreditados de las autoridades locales (34) ya ofrecen esos servicios
especializados a los jóvenes. Asimismo, el Gobierno señala que, el 1.º de mayo de 2015, se introdujo la formación
profesional asistida a fin de apoyar a los jóvenes desfavorecidos durante su formación profesional así como a losproveedores de formación pertinentes. Además, se ha ampliado la población meta de las medidas de apoyo a la formación.
Estas medidas tienen por objetivo impedir que los jóvenes abandonen la formación y garantizar que un mayor número deellos obtienen calificaciones profesionales. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información
acerca del impacto de las medidas adoptadas por la Agencia Federal de Empleo sobre los trabajadores migrantes y losjóvenes.

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. En relación a los comentarios
que formula desde hace muchos años, la Comisión toma nota de las indicaciones trasmitidas por el Gobierno en mayo de 2014
respecto al Programa de revitalización, expansión y modernización de los centros de empleo. El Gobierno indica que se hancreado 16 pabellones ocupacionales que prestarán servicio en distintas localidades. Dichos pabellones servicios ejecutivos

453

Política y promocióndel empleo

AngolaPOLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

indirectos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) orientados a ayudar a las comunidades en larealización de actividades profesionales especializadas (contratación de mano de obra y realización de actividades profesionales),así como a participar en el reconocimiento, la validación y la certificación de competencias. La Comisión recuerda la necesidad
de garantizar la función esencial del servicio del empleo público y gratuito para promover empleo en el país. En ese sentido, laComisión pide nuevamente al Gobierno que facilite una memoria que contenga informaciones estadísticas disponibles sobre
el número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y decolocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria). Asimismo, la Comisión reitera la solicitud de
información formulada respecto a:–las consultas celebradas con representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización yfuncionamiento del servicio del empleo (artículos 4 y 5);–la manera en que ha sido organizado el servicio del empleo y cuáles son las actividades que desarrolla para asegurar
eficazmente el desempeño de las funciones enunciadas en el artículo 6;–
las actividades del servicio público del empleo en relación con las categorías de solicitantes de empleo en situaciones
socialmente vulnerables, en particular, las personas con discapacidad (artículo 7);–
las medidas adoptadas para favorecer a los jóvenes en el campo de los servicios del empleo y de la orientación
profesional (artículo 8);–
las medidas propuestas para formar o perfeccionar al personal del servicio del empleo (artículo 9, párrafo 4);–las medidas propuestas por el servicio del empleo, en colaboración con los interlocutores sociales, destinadas aestimular la utilización máxima del servicio del empleo (artículo 10), y–
las medidas adoptadas o previstas por el servicio del empleo para lograr la cooperación entre el servicio público delempleo y las agencias privadas de colocación (artículo 11).

La Comisión espera que el Gobierno haga lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Argentina
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1956)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina (CGT RA), recibidas el 2 de septiembre de 2015.
Artículo 3 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. El Gobierno indica en
su memoria que la Red Nacional de Servicios de Empleo dispone de más de 630 oficinas integradas que aseguran una
cobertura poblacional de más del 80 por ciento. La Red atendió a más de 2,9 millones de trabajadoras y trabajadores
desocupados o en búsqueda de mejores alternativas laborales, de los cuales 1,5 millones participaron en programas deempleo gestionados por el Ministerio de Trabajo. El Gobierno destaca que, en promedio, más de un 35 por ciento de losjóvenes que se benefician del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo alcanzan un trabajo registrado en los 12 meses
posteriores a su participación. Por su parte, la CGT RA reconoce que, si bien hay una política pública a nivel nacional, nosiempre se garantiza la eficacia y la efectiva colocación de los demandantes de empleo. La Comisión pide al Gobierno
que continúe comunicando informaciones sobre el funcionamiento de la Red Nacional de Servicios de Empleo.
Artículos 4 y 5. Cooperación con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que las oficinas de empleo
municipales desarrollaron un fuerte entramado institucional en el cual participan centros de formación y educativos,
organizaciones representativas de los trabajadores y del sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil. La
CGT RA manifiesta que la casi totalidad de los convenios colectivos de trabajo vigentes contienen cláusulas denominadas«bolsa de trabajo», lo que dinamiza y facilita la colocación inmediata en los lugares de trabajo. La Comisión toma nota
con interés de estas indicaciones. La Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando informaciones que
permitan examinar la manera en que los interlocutores sociales se involucran en las actividades del servicio públicodel empleo.

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado),
1949 (núm. 96) (ratificación: 1996)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina (CGT RA), recibidas el 2 septiembre de 2015.
Parte III del Convenio. Reglamentación de las agencias retribuidas de colocación. Artículos 13 y 14 delConvenio. Vigilancia de las agencias retribuidas de colocación. En respuesta a las preocupaciones expresadas por la
CGT RA y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores), en 2014 el Gobierno sostiene que hubosolamente tres sumarios iniciados contra empresas en materia de agencias de colocación y que, en todos los casos, secomprobó la actuación de las agencias como intermediarias entre trabajadores y empleadores sin estar habilitadas comotal. Además, el monto que los intermediarios percibían de los postulantes no era cobrado en oportunidad de la primera
remuneración sino que el pago tenía como objetivo financiar una publicación para ofertar trabajo. Por su parte, la
CGT RA indica que la función de controlar e inspeccionar del Ministerio de Trabajo no es suficiente dado que muchas
agencias de colocación funcionan sin autorización previa mientras que otras, que cuentan con autorización, perciben deltrabajador un canon mayor al estipulado en la ley. Además, la CGT RA indica que la legislación nacional no ha previsto
las sanciones requeridas por el artículo 13 del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que presente454POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

informaciones sobre las medidas adoptadas para vigilar las operaciones de las agencias retribuidas de colocación.
Sírvase incluir indicaciones sobre las circunstancias en que se hayan establecido sanciones penales apropiadas ycancelado la licencia o la autorización por infracción a las disposiciones del Convenio.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Armenia
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Republicana de Empleadores de Armenia(RUEA) y la Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA), transmitidas junto con la memoria del Gobierno.
Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. En su memoria, el Gobierno indica que,habida cuenta de la necesidad de un nuevo modelo de política, se iniciaron reformas y, en este contexto, en 2012, se
adoptó la Estrategia de Empleo 2013-2018. El Gobierno señala que el programa anual de regulación estatal del empleo es
de naturaleza exclusivamente activa y tiene la flexibilidad necesaria para su desarrollo y aplicación teniendo en cuenta lasituación objetiva del mercado del trabajo. Los fondos del presupuesto del Estado se han redistribuido, y determinados
fondos que se destinaban a prestaciones de desempleo ahora se destinan a programas activos de empleo. En relación con lasituación del mercado del trabajo, la Comisión toma nota de que el 31 de diciembre de 2013, el número de personas que
buscaban empleo registradas en los centros regionales de la Agencia Estatal de Empleo era de alrededor de
65 200 (15 800 jóvenes), lo que representa una cifra inferior a la del año anterior que era de 72 600 personas. Asimismo,la Comisión toma nota de que el 85,8 por ciento de ese número total de solicitantes de empleo eran desempleados y quelas mujeres representaban el 73,8 por ciento del número total de desempleados. En 2013, 12 659 solicitantes de empleo,
3 912 de los cuales eran jóvenes, encontraron un trabajo. La RUEA considera que no se realizan análisis completos de la
demanda del mercado del trabajo y no se utiliza una metodología exacta para calcular correctamente el nivel dedesempleo. En sus observaciones, la CTUA señala que la Ley de Empleo, de 11 de diciembre de 2013, se adoptó sin que
incluyera disposiciones sobre los subsidios por desempleo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información
detallada sobre el impacto de los programas de empleo establecidos y las medidas aplicadas, incluidas las medidas
específicas dirigidas a las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, sobre la situación del empleo.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya estadísticas actualizadas sobre el volumen y la distribución de lafuerza de trabajo, la naturaleza y la amplitud del desempleo y el subempleo, y las tendencias al respecto, desglosadas
por región.
Artículo 2. Creación de instituciones de mercado del trabajo. La Comisión había tomado nota de que, dado queno se cuenta con la colaboración eficaz de la Agencia Estatal de Empleo, las actividades de las agencias de empleo
privadas han quedado fuera del ámbito de la política estatal de regulación del empleo. La Comisión toma nota de que,según la memoria del Gobierno, la Ley del Empleo, de 11 de diciembre de 2013, ahora regula las actividades de lasagencias de empleo privadas y su colaboración con el Servicio Público de Empleo. La RUEA considera que lacooperación entre las agencias de empleo privadas y el Servicio Público de Empleo ha sido regulada principalmente por la
Ley del Empleo, pero señala que no se garantiza la igualdad de condiciones de competencia. La Comisión pide al
Gobierno que continúe transmitiendo información sobre los logros alcanzados en lo que respecta a reforzar losservicios públicos de empleo y regular las agencias de empleo privadas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno quetransmita información sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre los servicios públicos deempleo y las agencias de empleo privadas a fin de que cumplan con sus funciones de promoción del empleo.
Empleo y política de formación. El Gobierno indica que el establecimiento del sistema de orientación profesionales uno de los principales desafíos señalados en la Estrategia de Empleo 2013-2018. En particular, en las principales
directivas de la política del empleo y en los mecanismos de aplicación se indica que el establecimiento del sistema deorientación profesional es un requisito previo importante para garantizar la conexión entre el mercado del trabajo y elsistema educativo. El Gobierno indica que 2012-2015 es el período piloto para el establecimiento del sistema y que laevaluación de los resultados de ese período permitirá definir las medidas estratégicas a largo plazo. La Comisión pide al
Gobierno que transmita información sobre la evaluación de las reformas emprendidas en el sistema de orientación
profesional. Asimismo, la Comisión pide que se proporcione información sobre el impacto de las medidas adoptadas enel ámbito de la educación y la formación y sobre su relación con las posibles oportunidades de trabajo.
Trabajo no declarado. El Gobierno indica que el trabajo no declarado es una cuestión que no sólo incumbe a lainspección estatal del trabajo, y añade que, en 2013, las autoridades fiscales registraron 1 287 casos de infracciones en losque se encontraron 2 300 trabajadores no declarados que trabajaban sin contrato de empleo. Asimismo, el Gobierno indica
que el Código del Trabajo se modificó en 2014 para añadir una definición de «trabajo ilegal». Sobre la base de esta
enmienda, los trabajadores pueden solicitar a los tribunales que reconozcan su relación de empleo. La Comisión pide al
Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el número
de trabajadores no declarados y facilitar su integración en la economía formal.

455

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1994)

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que, con arreglo a la legislación actual,se han creado comités tripartitos nacionales y regionales a fin de adoptar decisiones armonizadas sobre cuestiones
relacionadas con la elaboración y aplicación de los programas de empleo nacionales y regionales. En sus observaciones, la
RUEA indica que, a diferencia de lo que ocurre con el comité nacional tripartito, el trabajo y la eficacia de los comités
tripartitos regionales no pueden considerarse suficientes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más
información sobre las actividades de los comités tripartitos, tanto a nivel nacional como regional, en materia deformulación y aplicación de medidas de política laboral y programas de empleo.

Austria
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1972)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Cámara Federal Austriaca de Economía (WKÖ) y la
Cámara del Trabajo Austriaca (AK), transmitidas junto con la memoria del Gobierno.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas activas de mercado del trabajo, y de educación y formación. En relación
con la política de mercado del trabajo, el Gobierno indica que se concede mucha importancia al objetivo de incrementar la
proporción de hombres y mujeres empleados. A este respecto, la Comisión toma nota de que en 2013 la proporción dehombres y mujeres empleados de entre 20 y 64 años era del 75,5 por ciento y que el objetivo nacional está establecido
entre el 77 y 78 por ciento. También toma nota de que, según EUROSTAT, en Austria el desempleo es de los más bajosde la zona euro, con un 4,9 por ciento en diciembre de 2014 y 5 por ciento en diciembre de 2013. Asimismo, toma nota deque, en octubre de 2015, el desempleo se estimaba en un 5,6 por ciento. El Gobierno añade que un elemento clave de lapolítica de mercado del trabajo es continuar aumentando las competencias profesionales de la población empleada,
especialmente de las personas que pertenecen a los principales grupos a los que se dirigen las actividades, a saber, losjóvenes y los trabajadores de más edad con pocas calificaciones o con calificaciones obsoletas. En sus observaciones, la
AK indica que la política de mercado del trabajo debe cambiarse y redireccionarse en las inversiones, y añade que deben
ampliarse considerablemente los elementos de la política activa de mercado del trabajo que ayuden a los trabajadores con
pocas calificaciones a conseguir calificaciones formales. AK agrega que, por sí solos, los subsidios salariales no conllevan
ninguna mejora continuada de la situación de los trabajadores con pocas calificaciones. Además, AK indica que deben
ampliarse de manera sistemática el reconocimiento y uso de calificaciones conseguidas de manera informal o a través decanales informales, así como las medidas de mejora de la formación profesional reconocida oficialmente. La WKÖ indica
que los servicios de colocación y los nuevos proyectos piloto en el marco de «AQUA» (calificaciones en el trabajo)
combinan la formación teórica y práctica en una empresa, y sirven para formar a personas desempleadas para que ocupen
trabajos que de otra forma no podrían cubrirse. Las tasas medias de éxito de esos programas son superiores al 80 por
ciento, a saber superiores a la media, y en algunos casos del 100 por ciento. La WKÖ añade que estos proyectos están
especialmente dirigidos a personas sin calificaciones o con pocas calificaciones y que la formación en el trabajo, en forma
de colocaciones en nuevos proyectos «AQUA», ofrece mejores perspectivas de mercado del trabajo que los simples
programas de formación. Si bien se trata de una forma barata y eficaz de permitir que los desempleados obtengan mejores
calificaciones, debido a la cofinanciación por parte de determinadas empresas y a las altas tasas de reclutamiento para losservicios de bolsa de trabajo (AMS), en los últimos años este tipo de formación se ha reducido. Por consiguiente, la WKÖ
recomienda que se siga desarrollando la formación en el trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita
información sobre el impacto de los programas y medidas adoptados en el ámbito de la educación y la formación y su
relación con las posibles oportunidades de empleo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúetransmitiendo información sobre las medidas de empleo dirigidas a los trabajadores vulnerables, como, por ejemplo,
los trabajadores con bajas calificaciones, las personas con discapacidad y los trabajadores inmigrantes, y sobre laparticipación de los interlocutores sociales en su formulación.
Empleo de los jóvenes. El Gobierno indica que desde 2012 se da la máxima prioridad a las políticas de mercado detrabajo y empleo para los jóvenes. La Comisión toma nota de que la mitad de la financiación de las políticas de mercadodel trabajo se destina a los menores de 25 años, lo cual permite que los jóvenes sean los principales beneficiarios de lasmedidas de apoyo al mercado del trabajo. La Comisión toma nota de las observaciones de la AK en las que se indica que
el número de jóvenes desempleados registrados aumentó entre 2011 y 2013 (pasando de 46 932 a 51 626) y que, a fin degarantizar un sistema de formación profesional que sirva de base para la vida laboral futura de los jóvenes y les permita
tener buenas perspectivas en el mercado de trabajo, deben introducirse nuevas medidas para ofrecer cursos hasta la fase decalificación a los jóvenes que buscan oportunidades de formación. La Comisión pide al Gobierno que transmita
información sobre hasta qué punto las medidas adoptadas han servido para garantizar un empleo duradero alos jóvenes.
Trabajadores de edad. Según EUROSTAT, entre 2004 y 2012 la proporción de personas de entre 55 y 64 años deedad que trabajaban aumentó, pasando de un 28,8 por ciento a un 43,1 por ciento. En 2013, alcanzó el 44,9 por ciento, en
comparación con la media europea de un 50,1 por ciento el mismo año. La Comisión toma nota de que aumentar las tasas
de empleo de los trabajadores de más edad es un objetivo político especial del Gobierno. En el programa de empleo para
2013-2018, se ha definido una vía para aumentar las tasas de empleo de los trabajadores de más edad y elevar la edad de456POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

jubilación, a saber para incrementar la tasa de empleo de los hombres de entre 55 y 59 años hasta un 74,6 por ciento en
2018 (68,1 por ciento en 2012) y la de las mujeres del mismo grupo de edad hasta un 62,9 por ciento (un 47,9 por ciento
en 2012). El logro de estos objetivos se supervisará cada seis meses y si se produce alguna desviación de esta vía seadoptarán sin demora medidas obligatorias. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el impacto
de las medidas activas de mercado del trabajo destinadas a los trabajadores de más edad. Sírvase también incluir la
información disponible sobre la relación entre las medidas tendientes a aumentar el empleo de los jóvenes y aquellas
destinadas a mantener a los trabajadores mayores en el marcado del trabajo.

Camerún
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión General de Trabajadores de Camerún(UGTC), recibidas el 25 de septiembre y el 3 de diciembre de 2015, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el
3 de diciembre de 2015.
Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota de que elGobierno se refiere en su memoria a los principales ejes del documento sobre la estrategia de crecimiento y empleo así
como a las disposiciones jurídicas que establecen los incentivos para la inversión privada y definen las cuotas de mano deobra nacional para los proyectos de inversión. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la
formulación y aplicación de una política activa del empleo. Sírvase indicar cuáles han sido las medidas concretas
aplicadas para crear empleos productivos y reducir la precariedad del empleo.
Artículo 1, párrafo 3. Coordinación de la política en materia de educación y formación con la política del empleo.
El Gobierno indica que los servicios del Primer Ministro garantizan la coordinación de todos los comités interministeriales
relativos a la adopción de la política de educación y formación, en colaboración con la Agrupación Interpatronal del
Camerún (GICAM). La UGTC se interroga sobre la limitación de la colaboración de la Oficina del Primer Ministro con
una organización de empleadores. El Gobierno explica en su respuesta que la GICAM es la organización más
representativa de los empleadores; no obstante, nada impide que otras organizaciones de empleadores se involucren. En
sus observaciones de diciembre de 2015, la UGTC resalta la necesidad de incluir a las organizaciones representativas delos trabajadores en la adopción de la política de educación y formación, así como en el establecimiento de un comité
tripartito para esos fines. La Comisión pide al Gobierno que transmita información más amplia sobre las medidas decoordinación de la política en materia de educación y formación con las políticas del empleo, precisando su impacto en
la inserción duradera de las categorías de trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo. Sírvase proporcionar
información sobre cómo se garantiza la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la
práctica.
Economía informal. El Gobierno expresa su compromiso con la Recomendación sobre la transición de la economía
informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), y señala que con esta perspectiva el Ministerio de las Pequeñas yMedianas Empresas, de la Economía Social y la Artesanía orienta y forma a los jóvenes. Por otra parte, el Gobierno dacuenta de los resultados del Proyecto integrado de apoyo a los actores del sector informal (PIASSI) en materia de creaciónde empleo (44 284 empleos creados entre 2005 y 2013). La Comisión pide al Gobierno que indique qué medidas han
sido eficaces para crear empleo productivo para los trabajadores de la economía informal.
Artículo 2. Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno indica que el Observatorio Nacionaldel Empleo y la Formación Profesional (ONEFOP) y la Oficina Nacional de Turismo (ONT) están llevando a cabo
estudios sobre el empleo y el trabajo. Los datos de estos estudios aún no están disponibles. La Comisión espera que elGobierno pueda transmitir pronto estadísticas actualizadas sobre la situación y las tendencias del empleo, el desempleo
y el subempleo, especialmente en lo que respecta a las mujeres y los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que precise
qué medidas de política del empleo se han adoptado gracias al establecimiento de las diferentes estructuras encargadas
de recopilar información sobre el empleo.
Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de las políticas. El
Gobierno indica que la Unión de Sindicatos Libres del Camerún (ULSC) representa a los trabajadores rurales en el Comitéde concertación y seguimiento del diálogo social. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que losinterlocutores sociales participan en la elaboración y aplicación de la política nacional de empleo y formación
profesional. Sírvase transmitir información detallada sobre la forma en que los representantes de los trabajadores
rurales y los trabajadores de la economía informal participan en la elaboración de las políticas y programas en materiade empleo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

457

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1970)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Canadá
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1950)
La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), recibidas el 2 deseptiembre de 2015, y de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, que se incluye en su memoria.
Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. En respuesta a loscomentarios anteriores, en su memoria el Gobierno proporciona información detallada sobre las actividades llevadas acabo por el servicio del empleo a nivel federal y provincial y recuerda que, desde su creación en 2005, Service Canada se
encarga del acceso a los programas, servicios y prestaciones. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno
colabora con las provincias y los territorios para ofrecer un conjunto integrado de programas en todo el país, en apoyo aldesarrollo de las calificaciones y el empleo. Asimismo, toma nota de la información proporcionada sobre dos iniciativas
clave: el programa Sello Rojo (Red Seal) y la iniciativa sobre la información en relación con el mercado laboral. En sus
observaciones, el CLC se refiere al artículo 6 del Convenio e indica que el gasto público en servicios del empleo ymedidas activas de mercado del trabajo es muy reducido. El CLC añade que el gasto público en medidas activas demercado del trabajo, que en 2004 ascendía al 0,35 por ciento del producto interior bruto, se redujo hasta un 0,24 por ciento
en 2012, lo cual coloca al Canadá casi en el último lugar de los países industrializados a este respecto. En su respuesta alas observaciones del CLC, el Gobierno indica que tanto los gobiernos provinciales como el gobierno federal del Canadá
conceden mucha importancia a la aplicación de políticas activas a fin de promover el pleno empleo, productivo ylibremente elegido y que las políticas apoyan los objetivos establecidos en el artículo 1 del Convenio. La Comisión pide
al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el impacto y la eficacia de las actividades llevadas a cabo
por el servicio del empleo y sobre la manera en que garantiza «la mejor organización posible del mercado del empleo,
como parte integrante del programa nacional destinada a mantener y garantizar el sistema del empleo para todos y adesarrollar y utilizar los recursos de la producción» (artículo 1, 2)). Sírvase asimismo continuar transmitiendo
información sobre el número de oficinas públicas de empleo que se han establecido, el número de solicitudes deempleo que se han recibido, el número de empleos vacantes y el número de personas colocadas en el empleo por lasoficinas.
Artículos 4 y 5. Cooperación con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. En sus
observaciones, el CLC indica que ha instado al Gobierno a establecer un foro de interlocutores del mercado de trabajopara facilitar el diálogo, la cooperación y la coordinación en curso entre las principales partes interesadas (los gobiernos,
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los educadores y los formadores) y a velar por que las políticas
públicas orienten las cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo. En su respuesta, el Gobierno se refiere a la
información proporcionada en su memoria y en memorias anteriores, y añade que se realizan consultas con las personas
afectadas por las medidas que se adoptan, incluidos los representantes de los empleadores y de los trabajadores. La
Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las consultas a nivel federal y provincial.
Además, toma nota de que, según la memoria del Gobierno, en Saskatchewan no se han establecido comités consultivos.
La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre la manera en que se consultan a lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores a nivel federal y provincial sobre la organización y el funcionamientodel servicio del empleo y la elaboración de la política del servicio del empleo.

República Checa
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de la Industria de la República Checa y de laConfederación Checo-Morava de Sindicatos (CM KOS), comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas de política del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. En
respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que los objetivos de la política del empleo se
elaboraron en el marco del Plan gubernamental de acción para promover el crecimiento económico y el empleo en la
República Checa, de los cuales se tomó nota, tras discusiones tripartitas detalladas, en la 113.ª reunión plenaria delConsejo del Acuerdo Económico y Social de la República Checa el 20 de octubre de 2014 a los fines de su presentación
ante el Gabinete una vez que se incorporasen todos los comentarios. Al mismo tiempo, se elaboró y aprobó la Estrategia
de la política del empleo hasta 2020, tras las discusiones celebradas con los interlocutores sociales. La estrategia tiene elobjetivo de incrementar la tasa total del empleo en el grupo de personas de 20 a 64 años de edad para alcanzar el objetivodel 75 por ciento y, al mismo tiempo, lograr los objetivos nacionales (aumento del empleo de las mujeres, aumento delempleo de las personas de edad, reducción del desempleo de los jóvenes y reducción del desempleo de las personas con
pocas calificaciones). Además, mediante la resolución núm. 344, de 15 de mayo de 2013, el Gabinete aprobó la Estrategia
de Desarrollo Regional 2014-2020, un instrumento destinado a coordinar las diferentes políticas públicas, incluida lapolítica del empleo. Por lo que respecta a las medidas de política activa del empleo, la Comisión toma nota de que el gasto
en la política activa del empleo (AEP) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Oficina Laboral de la República
458POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Checa en 2013 fue de 4 285 714 coronas checas. En comparación con 2012, el incremento del gasto en AEP fue del65,1 por ciento. En particular, el nivel de gastos en AEP financiado con recursos del Fondo Social Europeo fue más deldoble del monto correspondiente a 2012. Se proporcionó asistencia a un total de 89 611 personas (personas en búsquedade empleo, trabajadores, trabajadores por cuenta propia). En sus observaciones, la CM KOS indica que ha mejorado lacooperación en el seno de los mecanismos tripartitos. Sin embargo, añade que no puede considerarse satisfactoria lapuesta en ejecución del Convenio que comprende, por ejemplo, más de 500 000 solicitantes de empleo registrados (de loscuales un tercio se han registrado hace más de un año); y los programas de política del empleo adolecen constantemente
de un nivel de financiación insuficiente. En consecuencia, la CM KOS presentó algunas propuestas que ayudan a hacer
frente a la situación, entre las que se incluye, con carácter urgente, la elaboración de un plan nacional para combatir eldesempleo y la pobreza y garantizar recursos financieros suficientes para ese plan en el presupuesto nacional. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto y eficacia de sus medidas de política deempleo en relación con la creación de puestos de trabajo. Sírvase también seguir incluyendo información sobre laparticipación de los interlocutores sociales que, de conformidad con el artículo 3 del Convenio, requiere que se tomen
plenamente en cuenta sus opiniones y experiencias al diseñar y aplicar una política activa del empleo.
Tendencias del empleo. El Gobierno indica que, tras la crisis económica y financiera, se registró una disminución
generalizada del empleo, independientemente del grupo etario o nivel educativo de las personas afectadas (excepto paralos graduados universitarios). A pesar de la recuperación moderada de la economía, la desaceleración en el crecimientodel desempleo registrado, sólo resultó evidente en el segundo semestre de 2013. Contribuyó principalmente a esta
evolución el incremento del empleo a tiempo parcial tanto entre las mujeres como entre los hombres. El desempleo se
cifró en el 7,4 por ciento en diciembre de 2012 y en el 8,2 por ciento a finales de 2013. En el primer semestre de 2014, el
desempleo se cifró en el 6,4 por ciento. Según datos de EUROSTAT, la tasa de desempleo siguió disminuyendo y se situó
en el 5,1 por ciento en julio de 2015, una de las tasas de desempleo más bajas de los Estados miembros de la UE. La
Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando datos relativos a las dimensiones y distribución de la mano deobra, la naturaleza y alcance del desempleo y del subempleo, así como de sus tendencias.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chile
Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. El Gobierno se refiere en su memoriaa las medidas relativas al empleo anunciadas para el período presidencial 2014-2018, entre las que se destaca el Programade formación y capacitación laboral para aumentar la participación laboral femenina y el Plan de capacitación de inserción
laboral y educacional destinado a los jóvenes, especialmente aquellos en situación de discapacidad. El Gobierno también
se refiere al programa Más Capaz cuyo objeto es apoyar el acceso y la permanencia en el mercado laboral de mujeres ymediante el cual se pretende capacitar a 300 000 mujeres y a 150 000 jóvenes vulnerables entre 2014 y 2018. Los jóvenes
de 15 a 19 años que no estudian ni trabajan serán uno de los focos prioritarios en materia de capacitación. Se desarrolla
además un programa, basado en la formación dual, cuyos beneficiarios son jóvenes aprendices. La Comisión toma nota delas informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre la situación del mercado de trabajo (la tasa de desempleo alcanzó
el 6,5 por ciento a nivel nacional, durante el primer trimestre de 2014) y de la cantidad preocupante de inactivos (39,9 por
ciento de las personas en edad de trabajar, lo cual representa un total de 5 596 744 personas). La Comisión pide al
Gobierno que indique la manera en que los programas adoptados propiciaron que las personas beneficiadas (enparticular las mujeres y los jóvenes) obtuvieran empleos productivos y duraderos. Sírvase continuar proporcionando
un análisis de la naturaleza, extensión y tendencias del desempleo y del subempleo y de las medidas adoptadas paraalcanzar los objetivos del Convenio.
Coordinación de las medidas de enseñanza y formación profesional con la política del empleo. El Gobierno indica
que el 33 por ciento de la población económicamente activa tiene un nivel de educación media incompleta, por lo que sehace necesaria la implementación de políticas de nivelación escolar y de formación continua. La Comisión toma nota coninterés que, en 2014, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y la Comisión del Sistema Nacional deCertificación de Competencias Laborales (ChileValora), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y delCentro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT/CINTERFOR), lanzaron el
Marco de cualificaciones para la formación y la certificación laboral cuyo objetivo es generar equivalencias en laformación a través de las competencias y certificaciones laborales. El Marco de cualificaciones reconoce las habilidades yaptitudes de los trabajadores y organiza los niveles de formación continua. La Comisión pide al Gobierno que continúe
presentando informaciones sobre la coordinación de las políticas y programas de educación y de formación profesional
con la política de empleo.
Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica que, tanto la Comisión del Sistema
Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) como el respectivo Organismo Sectorial deCompetencias Laborales (OSCL), son de conformación tripartita. La Comisión toma nota de que existen 40 OSCL, queagrupan a 23 sectores y 70 subsectores productivos. En su Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo,

459

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1968)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

párrafo 75, la Comisión indicó que el ámbito de esas consultas no debería limitarse a las medidas de política de empleo en
el sentido estricto, sino que deberían abarcar todos los aspectos de la política económica que afecten al empleo y que, enconsecuencia, se debería consultar a los interlocutores sociales no sólo sobre el mercado de trabajo y los programas deformación, sino también sobre la configuración de las políticas económicas más generales que incidan en el fomento delempleo. La Comisión pide al Gobierno que presente informaciones más detalladas sobre las consultas realizadas con
los interlocutores sociales para ejecutar una política activa del empleo, indicando la manera en que se incluyen en
dichas consultas a representantes de los trabajadores del sector rural y de la economía informal.

Colombia
Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2) (ratificación: 1933)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)y la Confederación General del Trabajo (CGT), así como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), recibidas
el 29 de agosto y el 2 de septiembre de 2015, respectivamente.
Artículo 1 del Convenio. Medidas para combatir el desempleo. El Gobierno indica en su memoria que en 2014 latasa de desempleo nacional fue de 9,1 por ciento, siendo la más baja desde 2001. De 2010 a 2014, la tasa de desempleo
femenino se redujo en 3,7 puntos porcentuales hasta ubicarse en 11,9 por ciento y la tasa de desempleo juvenil disminuyó
4,2 puntos porcentuales hasta ubicarse en 15,8 por ciento. Sin embargo, entre 2013 y 2014, la tasa de desempleo aumentó
en los departamentos de Chocó y César. El Gobierno agrega que, en conjunto con las organizaciones de trabajadores y elsector empresarial, se diseñaron los cinco pactos por el trabajo decente a implementarse en el período 2014-2018.
Además, en el marco del pacto por la formalización, el Gobierno busca lograr un consenso entre los distintos actores
involucrados, teniendo en cuenta las características poblacionales y territoriales de las distintas regiones. La Comisión
toma nota con interés que mediante el decreto núm. 567, de 19 de marzo de 2014, se creó la Red Nacional deFormalización Laboral que cuenta con el apoyo del Servicio Público de Empleo y el sector privado. Entre julio de 2014 y
junio de 2015, se formalizaron 3 293 trabajadores de los sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y minería. En
2014, un total de 76 888 pequeñas empresas «formalizadas» hicieron aportes a la seguridad social por
578 953 trabajadores. El Gobierno indica que se han otorgado más de 13 000 becas de formación vocacional a personas
pertenecientes a grupos vulnerables mediante el programa Talentos para el Empleo. La CUT observa que una gran partede la población económicamente activa está en la economía informal o bajo condiciones precarias de trabajo,
principalmente en los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, construcción y transporte. El problema de la
informalidad es también mencionado por la CTC y la CGT. Las ciudades con mayor número de trabajadores informales
son Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando informaciones
actualizadas sobre los resultados de las medidas destinadas a luchar contra el desempleo, en particular aquellas
dirigidas a los grupos más vulnerables y a las zonas económicamente desfavorecidas. El Gobierno puede estimar útiltomar en cuenta las orientaciones de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía
formal, 2015 (núm. 204).
Artículo 2. Intermediación en el mercado del trabajo. La Comisión recuerda que, en su observación anterior,había tomado nota de que las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales ejercían actividades
de intermediación laboral. La Comisión toma nota de que, en las observaciones formuladas en septiembre de 2015, la
CUT reitera su preocupación por la ampliación del fenómeno de la subcontratación ilegal y señala que, si bien las
cooperativas de trabajo asociado no pueden practicar la intermediación, dado que les está prohibido, las empresas deservicios temporales no respetan la reglamentación vigente. En este sentido, la Comisión toma nota de que, para evitar quelas cooperativas y precooperativas de trabajo asociado sigan actuando como empresas de intermediación laboral, el
Gobierno adoptó el decreto núm. 2025, de 8 de junio de 2011, que establece sanciones para las cooperativas yprecooperativas de trabajo asociado que no respeten la prohibición de actuar en la intermediación en el mercado deltrabajo. Además, en respuesta a las observaciones de la CGT respecto de la intermediación laboral ejercida por
cooperativas de trabajo asociado, el Gobierno indica que los empleadores tienen la obligación de no vincular trabajadoresa través de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado para el desempeño de actividades permanentes. El
Gobierno agrega que las empresas de servicios temporales no desarrollan necesariamente actividades de gestión ycolocación de empleo, sino que actúan como empleadores directos de las personas que a través de dichas empresas
brindan servicios a terceros. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre el
funcionamiento de las agencias de intermediación laboral. Sírvase incluir informaciones sobre el impacto que hantenido las medidas adoptadas para evitar que las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado actúen como
agencias de intermediación laboral. La Comisión pide también al Gobierno que indique si se han adoptado otras
medidas para asegurar que las cooperativas cumplen con las orientaciones establecidas en la Recomendación sobre lapromoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193)
Artículo 3. Seguro contra el desempleo. La Comisión toma nota con interés que la ley núm. 1636, de 18 de junio
de 2013, estableció el mecanismo de protección al cesante que beneficia a todos los trabajadores del sector público yprivado, dependientes o independientes que realicen aportes a las cajas de compensación familiar, sin importar la forma de460POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

su vinculación laboral. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre la aplicación delmecanismo de protección al cesante.

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1967)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia(CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el
29 de agosto y el 2 de septiembre de 2015.
Artículos 1 al 5 del Convenio. Contribución del servicio de empleo a la promoción del empleo. Cooperación con
los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés que mediante la adopción de la ley núm. 1636, de 18 dejunio de 2013, se creó el Servicio Público de Empleo (SPE), y que mediante el decreto núm. 567, de 19 de marzo de 2014,
se creó la Red Nacional de Formalización Laboral. El SPE cuenta con una plataforma informática de gestión y colocación
que contiene un espacio de búsqueda de empleo y orientación ocupacional, un módulo en el cual los empleadores registransu información y necesidades y un sitio de intermediación laboral donde se produce el encuentro entre la oferta y la
demanda. Además, el SPE mantiene un sistema de información que registra a los prestadores de servicio de empleo
autorizados y establece un vínculo con los programas de formación profesional. La CGT califica como positivos loscambios en la organización del servicio de empleo ya que facilitarán la búsqueda de empleo por medio de un sistema
centralizado y transparente. El Gobierno indica que existen 414 puntos de atención a usuarios del servicio de empleo anivel nacional. En 2014, un total de 1 636 054 personas se inscribieron en el SPE, de las cuales 270 014 fueron colocadasen puestos de trabajo. Entre los meses de julio de 2014 y abril de 2015, las agencias de colocación de las cajas decompensación familiar registraron a 33 232 empresas y realizaron la gestión de colocación de 38 225 personas. El
Gobierno agrega que para potenciar el uso del SPE se ha establecido la Red de Prestadores de Servicios de Empleo que
comprende la agencia pública de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las agencias públicas y privadasde gestión y colocación, incluidas aquellas constituidas por las cajas de compensación familiar y las bolsas de empleo
administradas por instituciones de educación superior. La CUT y la CTC subrayan la necesidad de fortalecer losmecanismos para la participación de las organizaciones de trabajadores en la implementación de la política pública sobre
el servicio nacional de empleo y en la evaluación de sus resultados. La Comisión pide al Gobierno que continúe
presentando informaciones sobre el funcionamiento del Servicio Público de Empleo. Sírvase también presentar
indicaciones sobre la cooperación de los representantes de los empleadores y trabajadores en la organización yfuncionamiento del Servicio Público de Empleo.
Artículo 6. Medidas para facilitar la inserción laboral. Formación profesional. El Gobierno indica que, con el
objeto de reducir el desempleo y la informalidad, se han implementado programas de formación profesional integral porparte del SENA por medio de contratos de aprendizaje. En 2014, el SENA contribuyó a la formación de
6 821 779 aprendices. En 2013 los egresados en formación titulada que habían obtenido experiencia laboral a través decontratos de aprendizaje registraron una tasa de vinculación laboral del 60 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que
continúe presentando informaciones sobre las medidas implementadas para fortalecer la formación profesional de lostrabajadores y facilitar su inserción en el mercado de trabajo.
Artículo 8. Medidas especiales para jóvenes. El Gobierno indica que se está implementando el programa
40 000 Primeros Empleos, a través de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, el cual ofrece financiamientopara el pago de seis meses de vinculación laboral de jóvenes bajo la condición de su futura contratación por otro período
mínimo de seis meses. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre el impacto de lasmedidas adoptadas por el Servicio Público de Empleo para brindar asistencia a jóvenes en la búsqueda de empleo.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC),
recibidas el 29 de agosto de 2015, y de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Confederación
General del Trabajo (CGT), recibidas el 2 de septiembre de 2015.
Artículo 2 del Convenio. Política nacional sobre la readaptación profesional de personas con discapacidad. La
Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 1618, de 27 de febrero de 2013, por medio de la cual seestablecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El
artículo 13 de la ley núm. 1618 reconoce el derecho al trabajo de todas las personas con discapacidad y establece laobligación del Ministerio de Trabajo de garantizar este derecho en términos de igualdad de oportunidades, equidad e
inclusión. De conformidad con el decreto núm. 723, de 15 de abril de 2013, las personas con discapacidad que trabajan deforma independiente cuentan con cobertura de riesgos laborales. Además, la ley núm. 1562, de 11 de julio de 2012,
establece la obligación de las administradoras de riesgos laborales de implementar mecanismos de readaptación yreubicación laboral de personas que han adquirido discapacidad en el desempeño de su trabajo. La CUT y la CTC
subrayan la necesidad de mejorar el registro de personas con discapacidad ya que el registro existente no cubre a la
totalidad de personas con discapacidad que vive en el país ni distingue entre los distintos tipos de discapacidad. La CUT yla CTC también sugieren que falta compromiso del sector empresarial para generar empleos para personas con

461

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1989)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

discapacidad. Por su parte, la CGT indica que la discapacidad tiene mayor presencia en sectores con bajos niveles deingresos. El Gobierno indica en su memoria que desde 2013 ha venido implementando un programa empresarial depromoción laboral para personas con discapacidad denominado «Pacto de Productividad». Durante su ejecución, el
programa ha contribuido a la generación de 721 oportunidades de trabajo para personas con discapacidad. El Gobierno
agrega que se progresó en la modernización del registro de personas con discapacidad bajo la coordinación del Ministeriode Salud y Protección Social. En febrero de 2015 constaban registradas 1 144 242 personas con discapacidad, de lascuales 48 436 reportaron como causa de discapacidad una enfermedad profesional o accidente de trabajo. La Comisión
pide al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre los resultados de la política nacional para lareadaptación profesional y empleo de personas con discapacidad.
Artículo 3. Medidas para readaptación profesional. El Gobierno indica que para incentivar la inclusión laboral
de personas con discapacidad se realizan campañas de sensibilización a las empresas a través de foros regionales en lasque participan empresarios, personas con discapacidad, agencias públicas y privadas de empleo, instituciones deeducación especial y representantes de los gobiernos regionales. También se ha promovido el teletrabajo como mecanismo
que facilita la vinculación laboral de las personas con discapacidad. El Fondo Emprender del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) ofrece apoyo financiero para la creación de empresas de personas con discapacidad, así como para laconstitución de sociedades en cuyo capital social las personas con discapacidad tengan una participación igual o superior
al 20 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que presente informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas
para promover la readaptación profesional de personas con discapacidad en términos de creación de oportunidades deempleo para dichas personas en el mercado regular de trabajo.
Artículo 5. Consulta. La CTC y la CUT observan que el Gobierno no ha generado espacios de consulta yconcertación con las organizaciones representativas de trabajadores para la discusión de políticas que afectan a lostrabajadores con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que presente informaciones detalladas sobre la manera
en que las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores así como las organizaciones representativasde personas con discapacidad son consultadas sobre la aplicación y revisión periódica de la política nacional para lareadaptación profesional de las personas con discapacidad.
Artículo 7. Formación profesional de personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la resolución
núm. 1726, adoptada por el SENA, el 12 de agosto de 2014, por la cual se adopta la política institucional para atención delas personas con discapacidad. Dicha política tiene como objetivo garantizar el acceso efectivo de las personas con
discapacidad a la oferta de servicios del SENA. La CUT y la CTC subrayan los avances en la promoción de formación
profesional para personas con discapacidad y en la adecuación de oficinas del SENA para atender los requerimientos delos mismos. El Gobierno indica que entre 2013 y 2014 se ha brindado formación vocacional a 43 359 personas con
discapacidad, de las cuales 3 938 han obtenido oportunidades laborales. Personas con discapacidad visual reciben
orientación y formación adecuada a sus necesidades a través del programa AGORA implementado por el SENA, elInstituto Nacional para Ciegos y la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para América
Latina. En el marco de dicho programa se formaron a 3 335 personas con discapacidad visual, lográndose la inclusión
laboral de 220 personas. El Gobierno indica además que, en el marco de su política nacional para personas con
discapacidad, se ha planificado un programa de formación para cuidadores de personas con discapacidad. La Comisión
pide al Gobierno que continúe brindando informaciones sobre los resultados de las medidas de orientación yformación profesional que han sido adoptadas con el fin de que las personas con discapacidad puedan lograr yconservar empleo y progresar en el mismo. Sírvase brindar informaciones sobre las dificultades encontradas para
ofrecer oportunidades de empleo a las personas con discapacidad que han recibido formación profesional.

ComorasConvenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota
de la breve memoria del Gobierno recibida en octubre de 2011. En respuesta de la observación de 2009, el Gobierno indica que eldocumento marco sobre la política nacional del empleo fue aprobado por el Consejo de Ministros y que se elaboró y presentó antela Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre la política nacional del empleo. La Comisión también toma nota de lasobservaciones formuladas por la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de Comoras (CTC) en septiembre de 2011. La
CTC confirma que a pesar de la validación del documento marco sobre la política nacional del empleo, la Asamblea Nacional noaprobó aún ley alguna en esa materia. La CTC reconoce haber sido consultada en virtud de lo previsto en el Documento deEstrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (DSCRP) y el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP). El Gobierno
indica que el Proyecto de apoyo al mantenimiento de la paz mediante la promoción del empleo de los jóvenes y de las mujeres enComoras (APROJEC) ha permitido iniciar varias actividades de promoción del empleo de los jóvenes en las islas. La CTC pide
que se realice una reevaluación a mitad de período de los resultados del proyecto APROJEC. Además, el Gobierno hacereferencia a la falta de medios financieros necesarios para realizar un censo de jóvenes titulados sin empleo y solicita la asistencia
financiera de la OIT para extender esos estudios a las demás islas. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria
tenga a bien indicar si se ha adoptado la ley sobre la política nacional de empleo e indicar si se han encontrado dificultades
particulares para alcanzar los objetivos establecidos por el DSCRP. La Comisión también invita al Gobierno a que comunique462POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

informaciones sobre los medios utilizados para alcanzar las prioridades en materia de empleo establecidas en el marco del
PTDP 2009-2012, así como sobre el efecto de las medidas y programas tales como el proyecto APROJEC destinadas afavorecer el acceso de los jóvenes a un empleo decente.
Compilación y utilización de datos relativos al empleo. La Comisión invita al Gobierno a que incluya en su próxima
memoria informaciones detalladas sobre los progresos realizados en la compilación de datos sobre el mercado de trabajo, asícomo sobre la manera en que esos datos se toman en consideración al formular y aplicar la política del empleo (artículo 2).
Participación de los interlocutores sociales. La Comisión invita al Gobierno a que incluya informaciones completas
sobre las consultas previstas en el artículo 3 del Convenio, que requieren la participación de los representantes de laspersonas interesadas — y sobre todo los representantes de los empleadores y de los trabajadores — en la formulación yaplicación de las políticas del empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Dominicana
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 2001)

EspañaConvenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas
en la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores(UGT) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Española de Organizaciones

463

Política y promocióndel empleo

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas en septiembre de 2014 por la Confederación Patronal de la
República Dominicana (COPARDOM).
Artículos 1 a 3 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa del empleo. El Gobierno indica en
su memoria que la Comisión Nacional de Empleo, un órgano tripartito que ha creado un espacio de coordinacióninterinstitucional bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, aprobó un plan nacional de empleo cuyo lanzamiento
intervino en octubre de 2014. La COPARDOM indica que, como resultado de las discusiones y trabajos realizados por la
Comisión Nacional de Empleo, se han generado lineamientos para una política de empleo y el levantamiento de lasnecesidades de formación para las localidades y las zonas específicas del país. El Gobierno enumera las consultas
realizadas con los distintos sectores económicos para elaborar el Plan nacional de empleo. La Comisión observa que laeconomía ha crecido a un ritmo sostenido (un 4,1 por ciento en 2013 y un 3,9 por ciento en 2014) pero que la tasa dedesocupación abierta (tasa nacional que excluye el desempleo oculto) pasó del 6,5 por ciento en 2012 al 7 por ciento en
2013. La Comisión también toma nota de los datos actualizados sobre el empleo publicados por el Observatorio delMercado Laboral Dominicano. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la ejecución del Plan nacional delempleo y la manera en que su aplicación permitió alcanzar, en consulta con los interlocutores sociales, los objetivosdel pleno empleo productivo y libremente elegido. La Comisión reitera el pedido al Gobierno de que facilite copia delPlan nacional de empleo.
Coordinación de políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno indica que el Proyecto de Apoyo
al Sistema Nacional de Empleo (PASNE) hace énfasis en el entrenamiento para la inserción laboral de los jóvenes, lo que
permite que las empresas otorguen empleo seguro a cambio del pago de un salario mínimo del sector público a losentrenados. Además, el Gobierno se remite a los programas ejecutados por el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP) y al Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. La Comisión pide al Gobierno que
incluya indicaciones más precisas sobre los resultados de las medidas adoptadas para coordinar las políticas deenseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. Sírvase también indicar el
resultado de las actividades desarrolladas por el INFOTEP en términos de inserción profesional de quienes hayan
beneficiado de sus programas.
Grupos vulnerables. El Gobierno se remite a los folletos, los documentos de programas y los proyectos delMinisterio de Trabajo para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. En julio de 2014, la Dirección General de Empleo
dio inicio a un curso de emprendedores para pymes dirigido a personas con discapacidad. Dicho curso fue diseñado parajóvenes desempleados, con edades entre 18 y 35 años, para que elaboren sus propios planes de negocios. El Gobierno
también indica que se está llevando a cabo un curso destinado a las jefas de hogar. La Comisión pide al Gobierno que
presente una evaluación de los resultados obtenidos en términos de inserción laboral por las medidas ejecutadas en
favor de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores de los sectores más pobres, tanto en la economía informal
como en el sector rural. Sírvase indicar las medidas adoptadas para prevenir abusos en la contratación de trabajadores
extranjeros en el país y de trabajadores nacionales que emigran para encontrar oportunidades de empleo en el
exterior.

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Empresariales (CEOE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta delGobierno a las observaciones anteriores, recibida el 11 de noviembre de 2015.
Artículos 4 y 5 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Colaboración delos interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que en el seno del Consejo
General del Sistema Nacional de Empleo o de la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, los interlocutoressociales han sido informados previamente de la aprobación de las principales novedades normativas en materia de política
del empleo. Según el Gobierno, a 31 de mayo de 2015, se ha verificado un incremento puntual de 3,8 por ciento delsistema de citas previas para los usuarios del servicio público del empleo y el número de colaboradores pasó de 9 228 en
2012, a 9 482 en 2013 y a 9 331 en 2014, y se consideró estabilizada la situación de las oficinas. Los elementos
vertebradores de la Estrategia de Activación para el empleo 2014-2016 son: el Acuerdo Marco para la colaboración
público-privada en la intermediación laboral, el Portal Único de Empleo y Autoempleo que se puso en marcha en julio de2014, y la Cartera Común de Servicios para todo el Sistema Nacional de Empleo, aprobada en enero de 2015. La
Comisión observa que la CCOO deplora que se haya reducido el personal de los servicios públicos de empleo a pesar de lasituación de desempleo en el país y propone que se desarrolle un plan para la reestructuración y potenciación de losservicios públicos de empleo. La CCOO también lamenta que no hubo diálogo social sino una política de hechos
consumados que debilita los servicios públicos y promueve a las agencias privadas de colocación. La UGT también
sostiene que el mayor gasto no está orientado a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de la personas a
través de los servicios públicos, sino a subvencionar al sector privado. La UGT advierte que, en 2013 y 2014, la Comisión
Permanente del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo no se reunió nunca, situación que perdura en 2015. La
CEOE y la OIE indican que la escasa presencia de los servicios públicos de empleo es uno de los problemas más graves dela economía española en relación con la intermediación laboral. El reclutamiento de trabajadores que lleva a cabo la
propia empresa (en el 78 por ciento de los casos) y la información que proporciona el entorno inmediato (en el 85 por
ciento), son los métodos más recurrentes que utilizan los desempleados para encontrar un empleo. En 2014, se produjeron
más de 2,5 millones de envíos de trabajadores a ofertas gestionadas por los servicios públicos. Estas intermediaciones
resultaron en la colocación de 199 730 personas (el 7,6 por ciento de las ocasiones, algo menos que el porcentaje del8,6, alcanzado en 2013). Para la CEOE y la OIE, los escasos niveles de intermediación por parte de los servicios públicosde empleo resultan poco eficaces para una adecuada asignación de los recursos humanos y para facilitar la movilidad
geográfica. El Gobierno reitera que el diálogo social ha sido una actitud permanente durante un período intenso dereformas en el que ha tratado siempre de buscar el acuerdo con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las
informaciones anteriores y se remite a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia
Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015) en relación con el Convenio sobre la política del empleo, 1964
(núm. 122), que piden al Gobierno que, sobre la base de servicios públicos fuertes, y prosiguiendo el diálogo con losinterlocutores sociales, se centre en garantizar el máximo consenso sobre los programas relacionados con la formación delos jóvenes y de los desempleados. La Comisión pide al Gobierno que adopte más medidas para asegurar que la política
general del servicio del empleo ha sido fijada previa consulta con los representantes de los interlocutores sociales.
Sírvase agregar informaciones actualizadas que permitan comprobar la eficacia del Servicio Público de Empleo
Estatal, al igual que la eficacia de los servicios del empleo ofrecidos por las comunidades autónomas, y, en particular,
la manera en que los servicios públicos del empleo han contribuido a encontrar empleo a los jóvenes y a losdesempleados.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1970)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas
en la memoria del Gobierno. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores(UGT) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta delGobierno a las observaciones anteriores recibida el 11 de noviembre de 2015.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. En sus conclusiones de junio de2015, la Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno que continúe el diálogo social constructivo, tomando
plenamente en consideración las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales y su plena cooperación para
formular y obtener el apoyo necesario para la ejecución de las políticas de empleo en relación con los objetivos
expresados en el artículo 1 del Convenio. En consonancia con el Convenio, la Comisión de Aplicación de Normas
también pidió al Gobierno que evalúe, junto con los interlocutores sociales, los resultados de la política de empleo,
incluyendo, si fuera necesario, la elaboración de programas para la aplicación de la política del empleo y que se centre en
garantizar el máximo consenso sobre los programas relacionados con la formación profesional, prosiguiendo el diálogo
con los interlocutores sociales en relación con la formación de los jóvenes y los desempleados sobre la base de servicios
públicos fuertes. El Gobierno destaca en su memoria la importancia del diálogo social el cual ha sido una constante464

durante un período especialmente intenso de reformas en el que se ha tratado siempre de buscar el acuerdo con losinterlocutores sociales. El Gobierno describe las materias cubiertas por el acuerdo de propuestas para la negociación
tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado el 29 de julio de 2014, entre el Gobierno, las
CEOE y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y los sindicatos CCOO y UGT. El
Gobierno lamenta que no se haya firmado un nuevo acuerdo tripartito en el ámbito de la formación pero destaca las
propuestas y la labor de análisis conjunta realizada con los interlocutores sociales sobre la materia y señala los esfuerzos
realizados para simplificar los modelos de contratos de trabajo. La CEOE indica que participó activamente en el procesode negociación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2015 y en el diseño del Sistema de Garantía
Juvenil. Las organizaciones empresariales siguen apostando por la flexibilidad en la contratación hasta que la tasa dedesempleo se sitúe por debajo de un nivel admisible. La CEOE agrega que, en relación con la mencionada estrategia, se
había previsto la creación de una comisión interministerial y de un grupo de trabajo integrado por los interlocutoressociales. Sin embargo, si bien se constituyó la comisión interministerial con la participación de las Comunidades
Autónomas, todavía no se habían convocado a los interlocutores sociales. La CCOO y la UGT observan que el diálogo
tripartito se reanudó cuando ya se había alterado todo el sistema de relaciones laborales. El logro más destacado delacuerdo tripartito de julio de 2014 fue el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo que recoge parcialmente
la reivindicación sindical de proteger mejor a los desempleados con mayores dificultades de inserción. Las
confederaciones sindicales indican que tres programas — el Plan Anual de Política de Empleo 2015, la Estrategia
Española para la Activación del Empleo y la Cartera Común de Servicios Públicos de Empleo — fueron presentados en un
documento ya acordado con las Comunidades Autónomas y dando un plazo de diez días para remitir observaciones. El
Gobierno no admitió ninguna de las observaciones formuladas. En cuanto a la participación de los interlocutores sociales
en la evaluación del impacto de las medidas adoptadas sobre el empleo, las confederaciones sindicales señalan que elGobierno desatiende las conclusiones de los órganos de control y optó por solicitar a la secretaría de la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que efectúe una evaluación de la reforma laboral de 2012 sin
involucrar a los interlocutores sociales. La Comisión se remite nuevamente al Estudio General de 2010, Instrumentos
relativos al empleo, en donde se ha subrayado que el diálogo social es esencial en circunstancias normales, y más aún entiempos de crisis. Los instrumentos sobre el empleo requieren que los Estados Miembros promuevan y participen enconsultas tripartitas genuinas (párrafo 794 del Estudio General de 2010). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que
indique la manera en que los interlocutores sociales participaron en el diseño, la implementación y la evaluación de las
políticas de empleo para seguir superando los efectos negativos de la crisis en el mercado del trabajo.
Tendencias del mercado del trabajo. Empleo juvenil. El Gobierno indica en su memoria que, en 2013, la cifra
total de desempleados se redujo en 85 400 personas, un descenso anual del paro que no se había producido desde el
segundo trimestre de 2007. Durante 2014, esta situación se mantuvo dado que se observó un aumento de la ocupación,
aunque la tasa de paro alcanzó el 24,5 por ciento (25,4 por ciento, mujeres y 23,7 por ciento, hombres). En julio de 2014,el paro registrado había afectado a 4 419 860 personas (2 094 322 hombres y 2 325 538 mujeres). El Gobierno reconoce
que la destrucción de empleo durante la crisis afectó especialmente a los jóvenes (la tasa de paro entre los jóvenes alcanzó
el 53,1 por ciento en el segundo trimestre de 2014). El Gobierno puso en marcha, en febrero de 2013, la Estrategia deEmprendimiento y Empleo Joven 2013-2015 y, en julio de 2014, el Sistema de Garantía Juvenil. Las confederaciones
sindicales aprecian que hubo un incremento del empleo desde 2014; sin embargo, observan que España tiene la más altatasa de paro juvenil de la Unión Europea, persiste un alto volumen de parados mayores de 55 años y el empleo
generalmente es precario, estacional y mal remunerado. La recuperación del empleo se produce en sectores de marcado
carácter estacional, como son el turismo y el comercio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que, con laparticipación de los interlocutores sociales, presente una evaluación de las medidas ejecutadas para reducir eldesempleo juvenil y favorecer la inserción duradera de jóvenes trabajadores en el mercado del trabajo, en particular delas categorías más desfavorecidas de jóvenes. Sírvase también incluir informaciones actualizadas sobre el impacto delas medidas tomadas para facilitar el regreso al mercado del trabajo de los desempleados de larga duración. La
Comisión espera que, en consulta con los interlocutores sociales, la evaluación de las medidas del empleo permita
conocer el empleo logrado por la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el Sistema de Garantía Juvenil, en
particular para los jóvenes con baja calificación.
Políticas y programas de educación y formación profesional. El Gobierno indica en su memoria que los objetivos
estratégicos de la reforma profesional para el empleo adoptada en julio de 2014 son la garantía del ejercicio del derecho ala formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables; la contribución
efectiva de la formación a la competitividad de las empresas; y la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos
públicos. Los elementos clave de esta reforma se han regulado en el Real decreto-ley núm. 4/2015, de 22 de marzo, para lareforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El Gobierno destaca que este
nuevo modelo de formación profesional se aprueba en un momento en que se consolida la tendencia de la recuperación
económica (tras seis trimestres de crecimiento del PIB y con una estimación de crecimiento en torno al 3 por ciento anual
desde 2015 hasta 2018), lo que debe favorecer que las buenas previsiones económicas se trasladan al mercado de trabajo
en forma de empleabilidad para los trabajadores y la competitividad empresarial. La CEOE y la OIE indican que lareforma de la formación profesional fue adoptada sin el consenso de los interlocutores sociales cuya participación secircunscribe a la participación en la gobernanza del sistema, en la planificación estratégica y en el diseño de la formación.
Los interlocutores sociales no participan en la gestión de los fondos ni en la impartición de la formación. La UGT propone

465

Política y promocióndel empleo

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

que se incremente la formación profesional hacia los colectivos más desfavorecidos y en especial a los parados de larga
duración de mayor edad. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre los resultados de las medidas
adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles
oportunidades de empleo, en particular de los colectivos de trabajadores y de las regiones más afectadas por la crisis.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas
en la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores(UGT) recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las
observaciones anteriores recibidas el 11 de noviembre de 2015.
Artículos 2-7 del Convenio. Aplicación de una política nacional de readaptación y empleo para las personas con
discapacidad. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, pidió al Gobierno que describa su política
nacional de rehabilitación profesional y empleo para los trabajadores con discapacidad. A este respecto, la Comisión toma
nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en su memoria sobre la campaña «integración laboral para
discapacitados» para el año 2014 sobre la cuota de reserva del 2 por ciento a favor de trabajadores con discapacidad y las
medidas alternativas relativas al empleo de personas con discapacidad, tales como los contratos con centros especiales deempleo, donaciones y constitución de enclaves laborales. Además, el Gobierno transmite datos de contratación que afectana personas con discapacidad en las distintas modalidades. El Gobierno indica que no existe ninguna institución donde
estén representados tanto los interlocutores sociales como las organizaciones representativas del sector de la discapacidad.
Sin embargo, las organizaciones representativas del sector de la discapacidad pueden realizar sus propuestas directamente
al Ministerio de Empleo y Seguridad. También el mencionado Ministerio remite sus proposiciones normativas a lasorganizaciones representativas del sector de la discapacidad para su informe y consideración. La Comisión observa que la
CCOO y la UGT sostienen que las personas con discapacidad en edad laboral se encuentran mayoritariamente entre losinactivos. En 2014, la tasa de empleo de las personas con discapacidad fue de 24,3 por ciento mientras que para laspersonas sin discapacidad se situaba en 57,1 por ciento. Según la CCOO, los resultados de las políticas públicas son
deficientes y la totalidad de las empresas obligadas no cumplen con la cuota de reserva. La CCOO sostiene que se debenreforzar, incluso mediante la negociación colectiva, los programas e incentivos para la eliminación de barreras, obstáculos
físicos, arquitectónicos y de transporte para las personas con discapacidad; adaptar los horarios y dar la posibilidad dealternar trabajo presencial y teletrabajo. Entre otras iniciativas, la UGT propone que se potencie el papel de los servicios
públicos de empleo para adecuarse a las necesidades de los trabajadores con discapacidad mediante la creación deunidades especializadas y se desarrolle una coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo.
En su respuesta, el Gobierno destaca la importancia del papel que le cabe a la Inspección del Trabajo para verificar que noexiste discriminación en el acceso al empleo y en el cumplimento de la normativa sobre la reserva de puestos de trabajopara personas con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando medidas para aplicar una política
nacional de rehabilitación profesional y empleo para los trabajadores con discapacidad y que informe sobre sobre el
impacto que hayan tenido dichas medidas para que las personas con discapacidad logren empleo en el mercado librede trabajo. Sírvase presentar ejemplos sobre la manera en que se ha consultado a las organizaciones representativas deempleadores y de trabajadores, así como a las organizaciones representativas constituidas por personas con
discapacidad para diseñar, aplicar y revisar dicha política. La Comisión espera que la memoria también contenga
informaciones actualizadas sobre los servicios de orientación e información profesionales, colocación y empleo que se
ofrecen a las personas con discapacidad para que puedan lograr, conservar y progresar en el mercado libre de trabajo.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Convenio sobre las agencias de empleo privadas,
1997 (núm. 181) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas
en la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores(UGT), de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta delGobierno a las observaciones anteriores recibida el 11 de noviembre de 2015.
Artículo 13 del Convenio. Cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas.
En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que presente sus propias observaciones en relación con la
preocupación expresada por la CCOO respecto de un acuerdo marco con agencias de colocación celebrado por los
Servicios Públicos de Empleo (SPE) en 2014. El Gobierno indica en su memoria que, en la reunión del Consejo Generaldel Sistema Nacional de Empleo que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, se informó sobre el acuerdo marco con agencias decolocación para la colaboración con servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de personas
desempleadas. El Gobierno agrega que en el seno de la Comisión Ejecutiva Central se mantuvo informados a losinterlocutores sociales sobre el procedimiento de licitación para la selección de las 80 agencias de colocación y sobre otros

466POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

aspectos del acuerdo marco. En sus nuevas observaciones, la CCOO considera que continúa el desmantelamiento de losservicios públicos en aras de las agencias privadas de empleo, como surge de las modificaciones legislativas aprobadas yde las asignaciones presupuestarias para la política del empleo. La CCOO no se opone a la colaboración público-privada
siempre que no suponga un deterioro de los servicios públicos. Entre otras cuestiones, la UGT expresa sus dudas sobre losobjetivos de inserción que deben cumplir las agencias privadas de colocación, qué tipo de cobros pueden hacer dichas
agencias, los criterios de selección de las personas desempleadas cuya inserción gestionará la agencia privada decolocación, o la posibilidad de que las personas desempleadas elijan entre el servicio público o la agencia privada deempleo. La UGT también señala que la asignación reservada para las agencias privadas de colocación pasó de 30 millones
de euros en 2014 a 140 millones de euros en 2015 y se pretende incrementar el monto asignado para alcanzar 175 millones
de euros. La UGT considera que la decisión fue desproporcionada y precipitada teniendo en cuenta que no hay una
evaluación del trabajo realizado por la agencias. La CEOE y la OIE sostienen que con la actual tasa de desempleo, laayuda del sector privado es determinante y urgente. La labor de las agencias privadas de colocación se ve obstaculizada
por trabas administrativas tales como las que se exigen a las agencias privadas que inserten a los desempleados mediante
un contrato de trabajo de al menos seis meses a tiempo completo en un período de ocho meses, exigencia que no existe en
otros países europeos. Según la CEOE y la OIE sigue siendo necesario mejorar los mecanismos de intermediación en el
empleo, con impulso de la colaboración público-privada. En su respuesta, el Gobierno sostiene que los montos que
perciben las agencias de colocación colaboradoras con el Servicio Público de Empleo son determinados por su labor deinserción de personas desempleadas, en función del tiempo de contratación de la persona insertada. El Gobierno insiste enque el esquema de pago que recoge el acuerdo marco plantea una retribución basada en resultados lo que es coherente conla normativa de contratación pública. La Comisión recuerda que el Convenio requiere que, de conformidad con lalegislación y la práctica nacionales, y «previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y detrabajadores», se establezcan y revisen periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el servicio
público del empleo y las agencias de empleo privadas. Las autoridades públicas deben utilizar y controlar la utilización defondos públicos destinados a la política del mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera enque, previa consulta con los interlocutores sociales, se revisa el funcionamiento de la cooperación entre el servicio
público del empleo y de las agencias privadas de colocación en el marco del acuerdo de 2014.
Evolución legislativa. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoriasobre los cambios legales en relación con las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal resultantes de la
adopción de la Ley núm. 18/2014, de 15 de octubre, de Aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, laCompetitividad y la Eficiencia; y del Real decreto núm. 4/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de las
empresas de trabajo temporal. La Comisión pide al Gobierno que, tomando en cuenta las disposiciones pertinentes de lalegislación vigente (ley núm. 18/2014 y Real decreto núm. 4/2015) para cada uno de los artículos del Convenio, sepresente una memoria que contenga respuestas a todas las preguntas que figuran en el formulario de memoria sobre
la aplicación del Convenio.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Finlandia
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Central de Sindicatos Finlandeses(SAK) y la Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la Enseñanza Superior (AKAVA)
comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. En sus observaciones,
la AKAVA indica que el desempleo y el desempleo de larga duración de las personas con un título de enseñanza superior
se han incrementado, añadiendo que las oficinas de empleo y desarrollo económico estiman que se carece de servicios dela calidad y la competencia especial que requiere atender las necesidades de este grupo de personas. El Gobierno indica en
su memoria que, en la actualidad, los sistemas de prestación de servicios en el marco de la política laboral finlandesa
deben enfrentar las consecuencias de múltiples desafíos. Los cambios estructurales continúan desarrollándose a un ritmo
rápido y de una manera mucho más imprevisible que nunca, tanto en el mercado del trabajo como, de forma más general,en la vida laboral. Esta circunstancia incrementa considerablemente la necesidad de contar con servicios del empleo e
impone mayores exigencias para que esos servicios se suministren recurriendo a medios nuevos y más adaptados a las
diversas modalidades. Al mismo tiempo, la brecha de sostenibilidad en las finanzas públicas exige que los servicios sepresten más eficazmente que con anterioridad. La Comisión toma nota de que ante esta doble dificultad, el Gobierno
emprendió una evaluación y un proyecto de desarrollo de largo alcance de la estructura del servicio de política del empleo
para el período que se extiende de junio de 2013 a abril de 2015. La Comisión observa a este respecto que la evaluación dela estructura de la política del servicio de empleo recomienda que se refuerce la eficacia y mejoren los resultados
generales del sistema de servicio mediante una inversión centrada en una labor de desarrollo estratégicamente selectiva.
La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el impacto y eficacia de las actividades
llevadas a cabo por el servicio del empleo y la manera en que se logra «la mejor organización posible del mercado del467

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1989)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema del empleo para
todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción» (artículo 1, 2)). Sírvase también seguir facilitando
información acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas
de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas.
Artículo 9. Personal del servicio del empleo. La SAK y la AKAVA expresaron su preocupación por la dotaciónde recursos de los servicios públicos del empleo cuya disminución se observa desde hace largo tiempo, tanto respecto dela afectación de fondos como especialmente de la relación persona/años. En ese sentido, la SAK añade que la reducción delas asignaciones para el empleo ha tenido repercusiones negativas en la aplicación de la Garantía juvenil. Además, la SAK
señala que durante 2010-2015, el personal de las oficinas de empleo y desarrollo económico se ha reducido en cerca de
1 000. Al mismo tiempo, el número de solicitantes de empleo y, en consecuencia, de nuevos usuarios registró un aumento
de aproximadamente 100 000. La SAK considera que el volumen de trabajo del servicio del empleo es excesivo, y queorientar a los empleados hacia la utilización de servicios electrónicos no ha mejorado el nivel de los servicios. El Gobierno
indica que los objetivos de la reforma de los servicios públicos del empleo están centrados en esforzarse para lograr una
gestión y criterios uniformes, una utilización más flexible de los recursos y, a través de esos medios, una mejor eficacia. El
Gobierno señala también que a raíz del cambio organizativo, se redujo la cantidad de personal, y algunas funciones de lasoficinas de empleo y desarrollo económico y gestión de los recursos humanos se transfirieron al Centro de Desarrollo
Económico, Transporte y Medio Ambiente (Centros ELY). La Comisión toma nota de que el desarrollo y administraciónde los Centros ELY y las oficinas de empleo y desarrollo económico se iniciaron el 1.º de enero de 2015. La Comisión
pide al Gobierno que siga comunicando información sobre el impacto de la reforma de los servicios públicos delempleo en relación con el personal de esos servicios y los servicios del empleo suministrados.

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1985)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Central de Sindicatos Finlandeses(SAK) y por la Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la Educación Superior (AKAVA)
comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículos 3 y 7 del Convenio. Promoción de la readaptación profesional y oportunidades de empleo para laspersonas con discapacidad. El Gobierno facilita en su memoria información relativa a las leyes y reglamentos que
fueron enmendados desde su última memoria e información sobre la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión
toma nota a este respecto de que se incrementó el número de beneficiarios de medidas de readaptación profesional, y de
13 389 personas con capacidad laboral reducida en 2011, esa cifra ascendió a 15 178 en 2014. La Comisión también toma
nota de que el número de colocaciones de personas con discapacidad en búsqueda de empleo por parte del servicio públicodel empleo y por medio de medidas activas del mercado de trabajo dispuestas por la administración del trabajo, disminuyó
de 39 392 en 2010 (de un total de 91 433 solicitantes de empleo) a 24 881 en 2014 (de un total de 86 992 solicitantes deempleo). En sus observaciones conjuntas, la SAK y la AKAVA indican que, actualmente en Finlandia, las personas con
discapacidades no tienen las mismas oportunidades de empleo en el mercado regular del empleo. Por ejemplo, los que
reciben subsidios por discapacidad parcial no pueden realizar una actividad laboral aunque lo desearan. La SAK y la
AKAVA añaden que también se presentan problemas en cuanto a la disponibilidad de la readaptación profesional,
debilitada considerablemente por la fragmentación del sistema de readaptación. Además, según las organizaciones detrabajadores, debería ampliarse la gama de herramientas en materia de readaptación social para atender más
adecuadamente las necesidades de la persona beneficiaria de la medida, tales como la discapacidad o la enfermedad que
limitan la capacidad laboral o la restante capacidad de trabajo. Además, la SAK y la AKAVA se refieren a un informe de2011 del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud titulado «¡Todos juntos! Integrar en el mercado de trabajo a las personas
con discapacidad laboral parcial». Según este informe, que está basado en las respuestas de los empleadores, al parecer,las personas afectadas por una discapacidad y especialmente aquellas con discapacidades mentales son las menos
solicitadas en el mercado de trabajo, en comparación con los jóvenes sin formación profesional, los desempleados de larga
duración o los migrantes. Por lo que respecta al trabajo y cumplimiento de las tareas que esto supone no se observan
respuestas totalmente negativas. De un total de cinco empleadores tres indicaron que los trabajadores en el segmento
marginal del mercado de trabajo no tienen problemas con los demás, y muestran dedicación al trabajo. Más de la mitad delos empleadores estimaron que resulta problemático establecer disposiciones especiales y que el riesgo de discapacidad
laboral es mayor. En general, la evaluación de las aptitudes se considera un problema, y predomina la idea de que ese tipode empleo no es rentable. La Comisión toma nota de que el programa del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud para
personas con capacidad laboral parcial (2013-2015) tiene el objetivo de desarrollar soluciones laborales, con responsables
en el ámbito de la práctica para encontrar trabajo a las personas con discapacidad laboral parcial y ayudarlos a quepermanezcan en el empleo. El Gobierno indica que el sistema de servicios de Finlandia dispone de una amplia serie deherramientas que permiten el logro del empleo sostenible y facilitan la colocación de personas con discapacidad laboral
parcial. El Gobierno añade, sin embargo, que esta gama de herramientas no se utiliza de manera suficientemente efectiva.
Las medidas de readaptación profesional son parte de ellas. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione
información sobre el impacto y eficacia de las medidas aplicadas en el contexto de su política de readaptación
profesional y empleo de personas con discapacidad. Sírvase también seguir proporcionando información pertinente,
que incluye las estadísticas correspondientes, en relación con la aplicación del Convenio.

468POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

ItaliaSeguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. La Comisión toma nota de ladiscusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2015, en relación con laaplicación del Convenio. La Comisión toma nota asimismo de que la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que
comunicara una memoria detallada sobre las cuestiones planteadas en sus conclusiones. Al tiempo que reitera algunos delos puntos que se plantearon anteriormente durante la Comisión de la Conferencia, el Gobierno señala en su memoria quela «Jobs Act» (ley núm. 183/2014) revisó el sistema de amortiguadores sociales frente al impacto de la crisis y losrequisitos para el despido de los trabajadores. La «Jobs Act» introduce asimismo medidas para racionalizar la carga
administrativa que conlleva la crisis para las empresas y los ciudadanos; crea incentivos económicos para la creación decontratos de empleo permanente; y establece la Red Nacional para Políticas del Trabajo («Rete Nazionale dei Servizi perle Politiche del Lavoro»), coordinadas por la nueva Agencia de Empleo Nacional («Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro», ANPAL). La nueva legislación introduce otras medidas, entre las cuales, la simplificación de loscontratos de aprendizaje y el «contrato de reemplazo», un nuevo contrato de empleo que permite a las personas
desempleadas recibir servicios adicionales para potenciar su inserción en el mercado del trabajo («assegno diricollocazione»). La Ley de Estabilidad de 2015 (ley núm. 190/2014) introdujo otras actuaciones destinadas a conciliar el
trabajo con la vida privada, especialmente para las mujeres. Además del Plan de acción y cohesión de 2015, el Gobierno
señala que ha adoptado medidas para contrarrestar las disparidades regionales entre los niveles de empleo dentro delterritorio nacional. La Comisión toma nota de que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) de junio
de 2015, la mayor parte de los indicadores relativos al mercado laboral muestran una tendencia favorable en el segundo
trimestre de 2015. En particular, se registra un crecimiento significativo de los nuevos contratos con un promedio del9,7 por ciento más que el último año, mientras que el porcentaje de contratos con carácter indefinido aumentó en un
34,6 por ciento y la tasa de empleo aumentó en 0,8 puntos porcentuales desde 2014. Además, la tasa de desempleo delarga duración disminuyó, pasando de 61,9 por ciento a 59,5 por ciento, y el desempleo juvenil de personas con edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años disminuyó en 0,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período delaño anterior. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión pide al Gobierno que comunique información
sobre cómo garantiza, en consulta con los interlocutores sociales, un enfoque integral de las políticas de empleo demanera que mejore la situación del empleo y se promueva un crecimiento integrador generador de empleo en
consonancia con el Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que proporcione más información sobre lasconsultas tripartitas mantenidas con los interlocutores sociales sobre la promoción y aplicación de políticas de empleo,
basadas en datos del mercado del trabajo actualizados regularmente que incluyan el volumen, el tipo y la duración delempleo, así como las cuestiones relacionadas con jóvenes, género y disparidades regionales.
Empleo juvenil. El Gobierno señala en su memoria que, hasta octubre de 2015, 807 315 jóvenes de hasta 25 años
han participado en el programa de Garantías Juveniles («Garanzia giovani») destinado a promover el empleo juvenil y la
educación y la formación profesionales. En septiembre de 2015, el Gobierno puso en marcha también el primer proyecto
para la creación de un Servicio Europeo de Empleo (EURES), que se propone crear 600 puestos de trabajo, 150 contratos
de aprendizaje y 150 pasantías para jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años. El programa incluye la oferta deventajas económicas para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, un programa de inserción de trabajadores
jóvenes recién contratados y un mayor reconocimiento de las calificaciones de los candidatos preseleccionados para un
puesto. Además, la Comisión toma nota de que con el programa de Crecimiento Digital («Crescere in digitale»), el
Gobierno ha promovido el uso de cursos de formación en línea para jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el desempleo juvenil.
Políticas y programas de educación y formación. Con el objeto de mejorar la repercusión de las políticas deeducación y formación en el empleo juvenil, el Gobierno señala que, desde septiembre de 2015, ha promovido unprograma experimental encaminado a aplicar la implantación de pasantías en las empresas como experiencia adquirida
para obtener calificaciones profesionales equivalentes a las de la enseñanza secundaria. Además, en junio de 2015, el
Gobierno introdujo un marco unitario nacional de referencias educativas para el reconocimiento recíproco de más de
2 600 calificaciones profesionales de ámbito regional. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando
información sobre la repercusión de las políticas y los programas de educación y formación, incluidos los programas
de aprendizaje, en la obtención de empleos duraderos para los jóvenes y otros grupos de trabajadores vulnerables.
Cooperativas. Con el fin de promover el empleo productivo mediante cooperativas y de reducir las disparidades enel empleo entre las regiones del norte y las del sur del país, el Gobierno aprobó el decreto ministerial, de 4 de diciembre de2014, que establece nuevos incentivos para el desarrollo de pequeñas y medianas cooperativas destinados a contratar
trabajadores de las empresas en crisis dentro del ámbito del territorio nacional y a reestructurar las cooperativas existentes
en el sur de Italia. Según los datos comunicados por el Gobierno, el número de cooperativas que repercuten
favorablemente en la creación de empleo ha aumentado del 45 por ciento en 2008 a más del 65 por ciento en 2015,
469

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1971)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

registrando un aumento significativo del número total de cooperativas en los últimos 15 años (actualmente
106 970 cooperativas). La Comisión remite a la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002
(núm. 193), y pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover elempleo productivo por medio de cooperativas.

Japón
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1953)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO)
comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículos 1, 2, 3 y 11 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han tomado iniciativas para el fortalecimiento del mercado detrabajo, en una labor conjunta de los gobiernos nacionales y locales, así como del sector privado. Añade que el Gobierno
desempeña un papel esencial al proporcionar una red de seguridad para garantizar el derecho al trabajo en todo el país através de los medios siguientes: a) colocación en el empleo por intermedio de las oficinas públicas de seguridad delempleo; b) gestión del régimen de seguro de desempleo, y c) funcionamiento de las medidas relativas al empleo. Además,
el Gobierno señala que el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas generarán efectos sinérgicos a
través del establecimiento de una relación complementaria, debido a que cada una de ellas tiene su propia función que
desempeñar y sus capacidades específicas. La Comisión toma nota de la memoria que, al 31 de mayo de 2015, existían
436 oficinas públicas de seguridad del empleo, 95 filiales y 13 oficinas locales en todo el país. La Comisión pide al
Gobierno que facilite información sobre el impacto y eficacia de las actividades llevadas a cabo por el servicio delempleo. La Comisión también pide al Gobierno que suministre información más detallada acerca de la manera en que
se garantizan las sinergias entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación. Sírvase también
seguir proporcionando información sobre el número de oficinas de empleo público establecidas, el número desolicitudes de empleo recibidas, el número de vacantes notificadas y el número de colocaciones en el empleo efectuadas
por las oficinas.
Artículos 4 y 5. Participación de los interlocutores sociales. En sus observaciones, la JTUC-RENGO indica que,mientras que el Gobierno adopta decisiones sobre políticas y marcos generales sobre temas importantes relativos alempleo y el trabajo en comisiones en las que no participan representantes de los trabajadores, las deliberaciones que serealizan en el Consejo de Política Laboral se limitan a la puesta en práctica de las políticas y marcos generales adoptados.
El Gobierno indica en su respuesta que, independientemente de que se hayan o no celebrado discusiones en otros
organismos, el Consejo de Política Laboral examina todos los aspectos de las cuestiones importantes de las políticas
laborales. La Comisión toma nota, de la memoria del Gobierno, de las cuestiones examinadas en los órganos tripartitos,
incluido el Consejo de Política Laboral, en el período 2010-2015. La Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información sobre las contribuciones de los interlocutores sociales en el ámbito del Consejo de
Política Laboral o en otro órgano tripartito en la formulación de recomendaciones sobre las cuestiones relacionadas
con el Convenio.

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1992)
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios Sociales y dela Protección de la Infancia (NUWCW), recibidas el 24 de agosto de 2015. La Comisión también toma nota de lasobservaciones formuladas por la Federación Empresarial del Japón (NIPPON KEIDANREN) y por la Confederación
Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Promoción del empleo para las personas con discapacidad. En respuesta a sus
comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el número de personas con discapacidad
empleadas en el sector privado era de 431 225 personas en junio de 2014, es decir, un 5,4 por ciento (22 278 personas) deaumento en relación con el año anterior. El Gobierno añade que el número de personas con discapacidad que están
empleadas ha aumentado durante once años consecutivos y sigue alcanzando cifras sin precedentes. La tasa de empleo delas personas con discapacidad en empresas privadas se incrementó en 1,82 por ciento, en comparación con 1,76 por ciento
el año anterior. El Gobierno añade además que el 44,7 por ciento de las empresas han alcanzado la cuota obligatoria del2 por ciento del empleo para personas con discapacidad en junio de 2014. El Gobierno indica que deberían adaptarse
iniciativas adicionales para que cada empresa alcance la cuota obligatoria. En sus observaciones, la JTUC-RENGO
también considera que es necesario formular nuevas políticas y adoptar medidas, y añade que, de las empresas que no han
alcanzado la tasa obligatoria de empleo, el 59,4 por ciento de ellas no han empleado a ninguna persona con discapacidad.
La JTUC-RENGO indica asimismo que los objetivos del sistema de cupos para el empleo de personas con discapacidad
están limitados a las personas titulares de un certificado de discapacidad, pero que la proporción de personas que
efectivamente disponen de ese certificado es baja. La JTUC-RENGO señala que es menester realizar esfuerzos para que laley enmendada sea realmente efectiva. El NUWCW indica que es necesario ampliar los programas de apoyo al empleo.

470POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
Artículos 1, 3), y 3 del Convenio. Política nacional destinada a asegurar medidas adecuadas de readaptación
profesional para todas las categorías de personas con discapacidad. a) Criterios aplicados para determinar en qué
caso una persona con discapacidad se considera apta para «trabajar en el marco de una relación de trabajo» (párrafo 73
del informe del comité tripartito, documento GB.304/14/6). La Comisión recuerda las recomendaciones del comité
tripartito establecido por el Consejo de Administración para examinar la reclamación por la que se alega elincumplimiento del Convenio por el Japón (304.ª reunión, marzo de 2009). La Comisión también recuerda que se ha
encomendado el seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito. La Comisión toma nota de que el Gobierno
comunica información actualizada sobre la aplicación y los resultados de las medidas en materia de empleo de laspersonas con discapacidad. En lo que respecta a la promoción del programa «apoyo del equipo» a fin de proporcionar
apoyo continuo durante el período de empleo y permitir la adaptación al lugar de trabajo, principalmente en las oficinas
públicas de seguridad del empleo en cooperación con los organismos de bienestar social y de enseñanza, observa que
12 673 personas con discapacidad encontraron empleo en 2013. Además, hasta abril de 2015, se habían establecido
325 centros de empleo y de apoyo a la vida profesional para las personas con discapacidad, es decir, un aumento en
relación con los 317 que existían en abril de 2013. En el año fiscal de 2013, en el marco del Programa de Apoyo para laContinuación del Trabajo (SPCW) (para personas con discapacidades que han alcanzado un nivel adecuado para trabajar
en el contexto de una relación de trabajo) 1 206 personas fueron transferidas de programas tipo-B (para personas quetienen dificultades para trabajar en el contexto de una relación de trabajo, aunque, de todas maneras, les la oportunidad derealizar actividades productivas) a programas tipo-A (para personas con discapacidad que han alcanzado un nivel
adecuado para trabajar en el marco de una relación de trabajo) y 2 647 personas fueron transferidas de programas tipo-B aempleos regulares. A este respecto, la Comisión toma nota de que el número de personas transferidas de programas tipo-B
a un empleo regular se ha incrementado de 1 606 en 2011 a 2 307 en 2012 y 2 647 en 2013. El NUWCW, al señalar en sus
observaciones el incremento del número de personas con discapacidad que tienen un empleo, indica sin embargo, que de2008 a 2013 ha disminuido la proporción de asalariados regulares. El NUWCW añade que el trabajo y empleo de laspersonas con discapacidad se mantiene en el marco de las medidas de bienestar social, y no se posiciona de la mismamanera que las medidas laborales relativas a los trabajadores en general. La Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas para incrementar las oportunidades de empleo delas personas con discapacidad que no son consideradas aptas para trabajar en el marco de una relación de trabajo, a
fin de que tengan acceso al mercado regular de empleo. Sírvase continuar incluyendo información actualizada sobre elnúmero de transferencias de los programas tipo-B en el marco del SPCW a los programas tipo-A y al empleo noprotegido, así como sobre el impacto de las medidas aplicadas por la Oficina Pública de Seguridad del Empleo enmateria de transferencia con discapacidad del empleo protegido al empleo en el mercado regular de empleo.
b) Incluir el trabajo por personas con discapacidad en talleres protegidos dentro del ámbito de aplicación de lalegislación laboral (párrafo 75 del informe). El Gobierno indica que en el marco de los programas tipo-B del SPCW, sesuministraron oportunidades de trabajo y asistencia para la formación necesaria a las personas a quienes les resulta difícil
encontrar empleo en lugares de trabajo regulares, a fin de que obtuvieran los conocimientos y las calificaciones requeridas
por la demanda para que puedan encontrar empleos en el contexto de un contrato de trabajo. El Gobierno añade que havenido prestando asistencia a tales efectos, que será acompañada por la ayuda para otorgar aumentos salariales en losprogramas tipo-B. El NUWCW señala que persisten los problemas relativos al funcionamiento deficiente de los servicios
de readaptación profesional y que es indispensable reforzar sus funciones. La Comisión pide al Gobierno que siga

471

Política y promocióndel empleo

La Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son las medidas adoptadas previstas al alcanzar en todas lasempresas la cuota obligatoria del 2 por ciento de empleo para personas con discapacidad, incluyendo las sanciones por
incumplimiento. Sírvase también suministrar información sobre el impacto de las medidas aplicadas en el incrementode las oportunidades de empleo de las personas con discapacidades en el mercado regular del empleo. Sírvase también
seguir proporcionando estadísticas desglosadas, dentro de lo posible, por sexo, edad y naturaleza de la discapacidad,
así como extractos de los informes, estudios y encuestas en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio.
Artículo 5. Consultas con los interlocutores sociales. En relación con las consultas con los interlocutores sociales,
el Gobierno reitera que la Subcomisión sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad del Consejo de Políticas
Laborales establece los objetivos de las políticas de empleo para las personas con discapacidad, aplica esas políticas yevalúa sus resultados. Por lo que respecta a la memoria del Gobierno, la NIPPON KEIDANREN indica que en ella sereflejan las opiniones de los interesados relativas a la mejora de las políticas. El NUWCW indica que la evaluación depolíticas debería llevarse a cabo con la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de personas con
discapacidad, y que el proceso de formulación de políticas debería estar abierto al público. El NUWCW, ejemplificando
con las discusiones relativas a la revisión trienal de la Ley Integral de Apoyo a las Personas con Discapacidad, añade que
ni el Consejo sobre la Discapacidad del Japón ni sus propios representantes pueden participar directamente en las
discusiones. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo ejemplos de la manera en que las opiniones y
preocupaciones de los interlocutores sociales y los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad oque se ocupan de dichas personas, como la NUWCW, se tienen en cuenta con miras a la formulación, aplicación yevaluación de la política sobre readaptación profesional y empleo de personas con discapacidad.

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

suministrando informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que el trato que las personas
con discapacidad reciben en los talleres protegidos esté de conformidad con los principios del Convenio, incluido el
principio de la igualdad de oportunidades y de trato (artículo 4).
c) Baja remuneración para las personas con discapacidad que realizan actividades con arreglo a los programas
tipo-B en el marco del SPCW (párrafo 76 del informe). El Gobierno señala que, como consecuencia de las medidas para
incrementar las tasas de remuneración en los talleres, el salario se ha incrementado en un 18,1 por ciento desde 2006.
Además, en virtud de la Ley núm. 50 de 2012 sobre la Promoción de la Adquisición por el Estado de Bienes de las
Instalaciones para el Empleo de Personas con Discapacidad, según la cual los organismos administrativos y los gobiernos
locales están obligados a adquirir de forma preferente los bienes y servicios para el empleo de las personas con
discapacidad, la cuantía de las adquisiciones del año fiscal 2013 fue aproximadamente de 12,3 mil millones de yenes. La
JTUC-RENGO considera que es necesario seguir mejorando los niveles salariales en los programas tipo-B en el marco del
SPCW. El NUWCW indica que, según la Encuesta básica de la estructura salarial de 2013, el salario de las personas con
discapacidad fue considerablemente bajo, en comparación con las cifras de 2008. El NUWCW estima que para mejorar lasituación de las personas con discapacidad debería garantizarse un salario mínimo. La Comisión pide al Gobierno quesiga facilitando información sobre las medidas adoptadas o previstas para aumentar la remuneración que se ofrece enlos talleres.
d) Cuotas de los participantes por los servicios recibidos en los programas tipo-B en el marco del SPCW
(párrafos 77 y 79 del informe). El Gobierno reitera que los hogares con bajos ingresos no tienen que pagar las
cotizaciones relativas a los servicios sociales para personas con discapacidad. Añade que, hasta diciembre de 2014, el
93,3 por ciento de los usuarios de los servicios sociales para las personas con discapacidad, incluidos los participantes en
los programas tipo-B, recibían servicios gratuitos. La Comisión alienta al Gobierno a continuar tomando medidas alrespecto y que facilite informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas con el fin de garantizar que no sedesaliente la participación en dichos programas de personas con discapacidad para que finalmente puedan acceder almercado de trabajo.
Artículos 3, 4 y 7. Igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidad y los trabajadores en general.
El sistema de cuotas para el empleo de personas con discapacidad (párrafos 81 y 82 del informe). La Comisión toma
nota de la información actualizada proporcionada por el Gobierno indicando que el número de personas con una
discapacidad grave que tenían un empleo era de 115 680 en junio de 2014, lo que representa un aumento respecto de las
104 970 que estaban empleadas en junio de 2012. El Gobierno indica que el sistema de doble contabilización (las personas
con discapacidad grave son doblemente contabilizadas con arreglo al sistema de cuotas) no sólo es eficaz y necesario
actualmente para promover el empleo de las personas con grave discapacidad, sino que también lo ha de ser en el futuro.
El JTUC-RENGO considera que la supresión inmediata de este sistema no es realista y añade, que debería llevarse a cabo
una compilación y evaluación de información y datos adecuados. La Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información sobre las personas con discapacidad y las personas con graves discapacidades empleadas
con arreglo al sistema de cuotas.
Ajuste razonable (párrafo 84 del informe). El Gobierno indica que en marzo de 2015 se elaboraron dos series dedirectrices destinadas a los empleadores sobre la prohibición de la discriminación de las personas con discapacidad y paraestablecer medidas de ajuste razonable, basándose en la Ley de Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad,
en su tenor enmendado. Esas directrices se elaboraron basándose en las discusiones de la Subcomisión sobre el Empleo delas Personas con Discapacidad del Consejo de Políticas Laborales. El Gobierno también recuerda en su memoria que apartir de abril de 2016 será obligatorio establecer un ajuste razonable. El Gobierno añade que la aplicación de ese ajusterazonable correrá por cuenta de los empleadores, aunque no deberá suponer una carga excesiva. Se han otorgado ya
diversas asignaciones y concedido un trato fiscal preferencial a los empleadores que cumplan con los requisitos exigidos.
La JTUC-RENGO estima que es necesario revisar las actividades publicitarias y realizar los preparativos adecuados a
medida que se acerca la fecha límite de abril de 2016. Añade que será necesario monitorear el funcionamiento del sistemade tal forma que las medidas para un ajuste razonable se adopten sobre la base de la comprensión recíproca entre laspersonas con discapacidad y los empleadores. En relación con las directrices destinadas a los empleadores sobre laprohibición de la discriminación contra las personas con discapacidades y el establecimiento de un ajuste razonable, el
NUWCW estima que no son suficientemente claras por lo que respecta al derecho a presentar una queja, y a obtener laasistencia adecuada para la resolución de un conflicto en el caso de que un empleador insistiera en que se le impone una
carga indebida. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que los directores generales de las oficinas
laborales de la prefectura pueden ofrecer el asesoramiento, la orientación o las recomendaciones necesarios cuando una oambas partes haya solicitado asistencia para la resolución de un conflicto. La mediación es otra posibilidad de resolverlos.
La Comisión pide al Gobierno que proporcione información relativa a la aplicación y resultados del ajuste razonable,
incluyendo los efectos relativos a la aplicación de los manuales prácticos y las directrices sobre la prohibición de ladiscriminación contra las personas con discapacidad y el establecimiento de un ajuste razonable.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

472

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997
(núm. 181) (ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN) y dela Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) comunicadas con la memoria del Gobierno.
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
La Comisión recuerda las recomendaciones del comité tripartito constituido para examinar la reclamación en la quese alega el incumplimiento por el Japón del presente Convenio (documento GB.313/INS/12/3, 313.ª reunión (marzo
de 2012)). En el párrafo 43 del citado informe, el comité tripartito expresó su firme esperanza de que el nuevo proyecto
legislativo por el que se revisaba la Ley sobre Cesión de Trabajadores sería promulgado muy pronto a fin de garantizar la«protección adecuada» de todos los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas, de conformidad con losartículos 1, 5 y 11 del Convenio. En este sentido, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, el 11 deseptiembre de 2015, fue aprobado el proyecto de ley de revisión parcial de la ley para garantizar el funcionamiento
adecuado de las empresas de cesión de trabajadores. En sus observaciones, la NIPPON KEIDANREN hace referencia al
citado proyecto de ley, previo a su adopción, señalando que fue formulado basándose en la propuesta del Consejo de
Política Laboral que lo consideró razonable en términos generales. La JTUC-RENGO también se refiere al proyecto de ley
en sus observaciones e indica que, con objeto de garantizar la estabilidad y la mejora del trato de los trabajadores cedidos,
hizo un firme llamado a que las modificaciones legales contribuyeran a la protección del trabajador, incluyendo elmantenimiento de las restricciones a la temporalidad de los contratos por categorías de empleo y aplicando el principio de
igualdad de trato. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y expresa la firme esperanza, al igual que elcomité tripartito, de que la legislación revisada garantice «una adecuada protección» de todos los trabajadores
contratados por agencias de empleo privadas, tal como dispone el Convenio. En vista de las modificaciones legislativas
recientes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la Ley sobre Cesión deTrabajadores en su tenor reformado, en relación con cada una de las disposiciones del Convenio y sobre las cuestiones
planteadas en su observación anterior.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Madagascar
Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. En su memoria, el Gobierno indica serconsciente de que la adopción de la nueva política nacional de empleo reviste un carácter urgente y prioritario en elcontexto actual de subempleo masivo. Además, el Gobierno señala que la Política Nacional de Empleo y Formación
Profesional (PNEFP) se encuentra en una fase de sensibilización. El Gobierno señala que el Plan de Acción Nacional de
Empleo y de Formación (PANEF), elaborado en 2014, constituye el marco de referencia para la promoción del empleo yde la formación profesional en Madagascar. La Comisión espera que el Gobierno se encuentre próximamente en
condiciones de comunicar los progresos realizados en la formulación y la aplicación de una política de empleo.
Además, la Comisión espera que el Gobierno esté en condiciones de facilitar informaciones que permitan examinarcómo las principales orientaciones de la política económica en temas tales como las políticas monetaria,
presupuestaria, comercial o de desarrollo regional, contribuyen «en el marco de una política económica y social
coordinada» a la consecución de los objetivos del empleo establecidos en el Convenio. La Comisión espera asimismo
que el Gobierno suministre información sobre las medidas adoptadas para crear empleos sostenibles, reducir elsubempleo y luchar contra la pobreza, precisando cuáles son las medidas adoptadas para promover el empleo entre lascategorías más vulnerables de trabajadores (como ser, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores rurales).
Coordinación de la política de educación y formación con la política de empleo. El Gobierno indica que elprograma destinado a reforzar las competencias profesionales en favor de la Educación Para Todos (EPT) en el ámbito dela Enseñanza y la Formación Técnica y Profesional (EFTP) para promover la formación y las ofertas educativas en favorde los jóvenes rurales desescolarizados (Cap EPT/EFTP) tiene por objeto insertar profesionalmente a los trabajadores
mediante la adquisición de competencias profesionales y transversales de base (gestión simplificada y empresariado). Hay
cinco ministerios involucrados en el Cap EPT/EFTP, cuyas actividades se han iniciado en 100 comunidades territoriales
de base, distribuidas en 11 comunas de tres regiones piloto (a saber, Amoron’i Mania, Analanjirofo y Antsinanana). En
2014, en el marco de la primera campaña de formación, 1 019 jóvenes rurales no escolarizados recibieron formación en
13 oficios; la región de Menabe fue incluida en la segunda campaña de formación iniciada en 2015, destinada a impartir
formación a 1 628 jóvenes rurales que no asisten a la escuela. El Gobierno puntualiza que al estarse ejecutando aún el
Cap EPT/EFTP, los datos relativos al seguimiento de los resultados tras la formación aún no están disponibles. La
Comisión pide al Gobierno el suministro de información sobre los resultados de las medidas tomadas para garantizar
la coordinación de las políticas en materia de educación y de formación profesional con las políticas de empleo.

473

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1966)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Además, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien dar a conocer los resultados obtenidos en la aplicación deestos programas, en lo que se refiere al acceso de los jóvenes graduados a un empleo duradero.
Compilación y utilización de los datos sobre el empleo. El Gobierno señala que las instituciones estatales han sido
objeto de restricciones presupuestarias tal fue el caso del Instituto Nacional de Estadística de Madagascar (INSTAT); sinembargo, se han realizado encuestas dentro del marco de la Encuesta Periódica sobre Hogares (EPM), en particular sobreel índice de precios al consumo. La Comisión pide al Gobierno que transmita los resultados de las encuestas de hogares
realizadas por el INSTAT, cuando hayan sido publicadas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que trasmita
información sobre los progresos realizados en la obtención de datos fiables para elaborar una política de empleo comorequiere el Convenio.
Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y la aplicación de políticas. El
Gobierno señala que el Ministerio de Empleo, de Enseñanza Técnica y Formación Profesional tiene por objetivo elaborar
una ley relativa a la política nacional de empleo. El Gobierno añade que los estados generales de empleo y de formación
celebrados en julio de 2014 fueron organizados por el Ministerio de Empleo, con el objetivo de elaborar el Plan Nacionalde Empleo y Formación (PANEF). La Agrupación de Empresas de Madagascar (GEM) y la Conferencia de Trabajadores
Malgaches (CTM) participaron en dichos estados generales. La Comisión pide al Gobierno que suministre información
actualizada sobre las consultas realizadas con los representantes de los interlocutores sociales sobre las materias
comprendidas por el Convenio. Sírvase proporcionar informaciones detalladas sobre las consultas realizadas con losrepresentantes de las categorías más vulnerables de la población, en particular con los de los trabajadores del sectorrural y los de la economía informal.

MéxicoConvenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN), que se incluyeron en la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de lasobservaciones del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado de San Luis Potosí(SITTGE), recibidas el 10 de junio de 2015. El SITTGE manifiesta que ciertas trabajadoras y trabajadores de la plantilladel gobierno del estado de San Luis Potosí que tienen una discapacidad se encuentran en la obligación de desempeñarse en
tareas operativas lo que contraviene las posibilidades de dichas personas de tener un empleo adecuado y de progresar en elmismo. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Nigeria
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios
anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue.
Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno
recibida en noviembre de 2012 que incluye breves respuestas a sus comentarios anteriores. El Gobierno indica que los servicios
que prestan las oficinas de colocación y los registros de profesionales y del personal directivo son gratuitos. Además informa que
existen 42 oficinas de colocación y 17 registros de profesionales y personal directivo distribuidos en 36 estados y en el territorio
de la Capital Federal. En 2011, se registraron 2896 desempleados en el Servicio Público del Empleo, que incluye el Servicio decolocaciones, el Registro de profesionales y personal directivo, la Agencia nacional de colocaciones informatizada (NELEX), y la
Dirección Nacional de Centros de Empleo, colocándose en el empleo a 329 solicitantes sobre un total de 383 vacantes. Según lamemoria del Gobierno, los artículos 23 a 25 de la Ley del Trabajo reglamentan las actividades de las agencias de empleo
privadas. Además, el Gobierno se refiere a la Política Nacional de Empleo que es el producto de las consultas tripartitas. La
Comisión recuerda que el servicio público de empleo es una de las medidas necesarias al logro del pleno empleo. El Convenio
núm. 88 junto con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) y el Convenio sobre las agencias de empleo
privadas, 1997 (núm. 181) forman una estructura necesaria para el crecimiento del empleo (Estudio General de 2010,
Instrumentos relativos al empleo, párrafos 785 a 790). La Comisión solicita al Gobierno proporcionar información adicional
sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se establezcan suficientes oficinas de empleo para atender lasnecesidades específicas de los empleadores y de las personas en busca de empleo en cada una de las regiones geográficas delpaís. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que incluya información sobre la Política Nacional del Empleo y otras
medidas adoptadas para el establecimiento de instituciones destinadas a lograr el pleno empleo y alienta a los interlocutoressociales a examinar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), instrumento de lamayor importancia para la gobernanza. Además se le solicita al Gobierno que incluya informaciones estadísticas que sehayan publicado en forma de informes anuales o periódicos sobre el número de oficinas de colocación y de registros deprofesionales y de personal directivo establecidos, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y decolocaciones efectuadas por las oficinas.

474POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Artículos 4 y 5 del Convenio. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión solicita al Gobierno que
comunique información sobre las consultas celebradas en la Comisión Nacional Consultiva del Trabajo sobre la organización
y funcionamiento del Servicio del Empleo y sobre el desarrollo del programa del servicio del empleo.
Artículo 6. Organización del servicio del empleo. El Gobierno indica que las personas en busca de empleo y lasagencias de empleo privadas utilizan los instrumentos y herramientas disponibles en la NELEX para los anuncios de empleo y las
colocaciones. La Comisión solicita al Gobierno describir la manera en que ha sido organizado el Servicio del Empleo y cuáles
son las actividades que desarrolla para asegurar eficazmente el desempeño de las funciones enumeradas en el Convenio.
Artículo 7. Actividades del servicio del empleo. El Gobierno indica que las oficinas de colocación y los registros deprofesionales y personal directivo están abiertos para los solicitantes de todas las profesiones e industrias. La Comisión solicita al
Gobierno que facilite información sobre los resultados de las medidas adoptadas por el servicio del empleo en relación con lasdiferentes ocupaciones e industrias, así como las categorías particulares de solicitantes de empleo, como los trabajadores con
discapacidades.
Artículo 8. Medidas de ayuda a los jóvenes. Además de las medidas aplicadas por la NELEX y las instituciones delServicio del Empleo, el Gobierno indica que ha establecido una Dirección Nacional de Empleo y un Programa Nacional para la
Erradicación de la Pobreza a fin de que los jóvenes reciban asistencia para encontrar empleos adecuados. La Comisión solicita al
Gobierno que incluya informaciones más detalladas sobre las medidas adoptadas por el servicio del empleo para prestar
asistencia a los jóvenes en la búsqueda de un empleo adecuado.
Artículo 10. Medidas para estimular la utilización máxima del servicio del empleo. El Gobierno indica que en 2009
organizó, junto con los interlocutores sociales, un taller sobre la NELEX del que resultó su confirmación como estructura delservicio del empleo. La Comisión solicita al Gobierno que siga facilitando información sobre las medidas propuestas por el
servicio del empleo en colaboración con los interlocutores sociales, destinadas a estimular la utilización máxima del serviciodel empleo.
Artículo 11. Cooperación entre las agencias públicas y privadas de colocación. El Gobierno indica que en 2007 y 2010
se organizaron actividades de formación para funcionarios clave de las agencias privadas de colocación. La Comisión solicita al
Gobierno que se sirva indicar las medidas concretas que se hayan adoptado para garantizar la cooperación efectiva entre el
servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Artículos 1 y 4 del Convenio. Política nacional. Promover oportunidades en el mercado abierto de trabajo paralas personas con discapacidad. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no aborda la mayor parte de lascuestiones planteadas en sus comentarios anteriores en relación con la aplicación del Convenio desde su ratificación. La
Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que se había presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley afin de garantizar la plena integración en la sociedad de los nigerianos con discapacidad. Además, no obstante la existencia
de una política nacional integral sobre la readaptación de las personas con discapacidades, incluidas las estrategias deejecución, el Gobierno señala en una memoria muy sucinta que ha asegurado al menos el 2 por ciento de sus puestos detrabajo para personas con discapacidad que estén convenientemente calificadas. Además, se han emitido recomendaciones
para que las personas con discapacidad tengan un empleo remunerado, se han organizado programas en materia deautonomía económica y se han distribuido ayudas a la movilidad y aparatos. Asimismo, el Gobierno indica que procura
garantizar la disponibilidad de readaptación profesional para todas las categorías de personas con discapacidad. La
Comisión reitera su pedido de informaciones completas sobre los asuntos planteados en sus comentarios anteriores, enparticular información específica sobre el estatus del proyecto de ley. La Comisión pide nuevamente al Gobierno quetransmita información completa respecto de la ejecución de la Política nacional sobre la readaptación de las personas
con discapacidad. Sírvase asimismo transmitir información pertinente sobre la aplicación del Convenio, incluida
información estadística desglosada, en la medida de lo posible, por edad, sexo y tipo de discapacidad, así como
extractos de los informes y estudios o investigaciones sobre las cuestiones cubiertas por el Convenio.
Artículo 5. Consultas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que describa en detalle la manera en que lasorganizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad son consultadas en la práctica sobre la puesta en ejecución de la política de readaptación profesional
y del empleo para las personas con discapacidad.
Artículos 7 y 9. Servicios para las personas con discapacidad. Personal calificado para ayudar a las personas
con discapacidad. El Gobierno indica que vela por que las personas que se ocupan de proporcionar y evaluar laorientación profesional, la formación profesional, la colocación, el empleo y otros servicios relacionados con las personas
con discapacidad tengan conocimientos adecuados sobre las discapacidades y sus efectos limitantes, y sobre la manera deintegrar a estas personas en la vida económica y social activa. La Comisión pide al Gobierno que describa las medidas
adoptadas o previstas para proporcionar orientación y formación profesional a personas con diversos tipos dediscapacidad y evaluar esos servicios, y que indique si los servicios existentes para los trabajadores se utilizan con las
adaptaciones necesarias. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita más información sobre el número depersonal calificado y puesto a disposición de las personas con discapacidad.
Artículo 8. Áreas rurales y comunidades remotas. El Gobierno indica que, en las zonas rurales y comunidades
remotas las personas con discapacidad susceptibles de recibir capacitación se forman junto con profesionales localescomo, por ejemplo, sastres, peluqueros, barberos y vulcanizadores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que
475

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 2010)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

describa las medidas adoptadas para promover el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional
y servicios de empleo para las personas con discapacidad en las zonas rurales y las comunidades remotas.

Nueva Zelandia
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1949)
La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno en su memoria, incluidas las
observaciones realizadas por la Empresa Nueva Zelandia y el Consejo Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU).
Artículos 1 y 3 del Convenio. Contribución del servicio de empleo a la promoción del empleo. El Gobierno
indica en su memoria, que el servicio público de empleo Work and Income (Trabajo e Ingresos) ha creado un nuevo
modelo de prestación de servicios con diferentes niveles de apoyo basados en las expectativas que tiene la gente respecto asus prestaciones futuras para apoyar los cambios en materia de política de prestaciones sociales,. Estos cambios se ven
complementados por Job Streams, un conjunto consolidado de programas de empleo centrados en los negocios. El
Gobierno también indica que la plataforma de empleo y calificaciones Canterbury, establecida en 2012, tiene una función
de intermediación laboral, y sirve para intercambiar información. Asimismo, dicha plataforma ofrece servicios defacilitación de la inmigración a fin de ayudar a los solicitantes de empleo a conseguir oportunidades de empleo en laregión de Canterbury, afectada por un terremoto en 2011. El Gobierno añade que en 2013 se creó RecruitMe(Contrátame), una herramienta de los servicios de empleo para registrar los perfiles de los solicitantes de empleo yayudarlos a encontrar las oportunidades de empleo más adecuadas. El NZCTU señala que se han producido cambios
políticos importantes en la naturaleza de los servicios de empleo que se ofrecen y que se necesita una evaluación
independiente del impacto de dichos cambios. También indica que el enfoque «el trabajo primero» y el uso de sanciones
financieras por no encontrar empleo son dos características fundamentales de las reformas en materia de prestaciones
sociales, y expresa su preocupación por el hecho de que las reformas se centren en reducir el número de beneficiarios delas prestaciones en lugar de centrarse en la calidad y sostenibilidad del empleo. La Comisión pide al Gobierno que
continúe proporcionando información sobre las medidas tomadas para organizar de la mejor manera posible elmercado de trabajo y sobre los resultados de las medidas tomadas, en particular acerca del impacto de las reformas enmateria de prestaciones sociales sobre la calidad de los servicios del empleo y la promoción del empleo.
Artículos 4 y 5. Cooperación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores. El Gobierno reitera
que, de ser necesario, pueden establecerse comités consultivos para proyectos concretos. Asimismo, el Gobierno indica
que el grupo de trabajo sobre prestaciones sociales, que es un grupo asesor de expertos, ha realizado muchas consultas
sobre la reforma en materia de prestaciones sociales. Además, el directorio de Work and Income proporciona
asesoramiento al Ministerio de Desarrollo Social sobre la aplicación de iniciativas con arreglo al enfoque de inversión. El
NZCTU indica que las reuniones celebradas entre el Gobierno y los interlocutores sociales no han conducido a lacelebración de las consultas en comités consultivos previstas por el Convenio, y que sólo han tenido carácter informativo.
La Empresa Nueva Zelandia se refiere al gran esfuerzo que se está realizando para vincular la formación en las
instituciones educativas con las necesidades de los empleadores. Sin embargo, también señala que los desertores escolaresy los estudiantes de educación superior tienen dificultades para ajustarse a las necesidades del lugar de trabajo, y que
existe preocupación por el hecho de que es poco probable que determinados estudios permitan encontrar empleos
remunerados. Teniendo en cuenta las observaciones de los interlocutores sociales, la Comisión solicita al Gobierno que
indique la manera en la que se celebran las consultas en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio.
Artículo 6, b), iv), y c). Trabajadores migrantes. El NZCTU se refiere a la creciente preocupación acerca de lafalta de protección del empleo de los trabajadores migrantes. A este respecto, el Gobierno indica que se supone que lostrabajadores migrantes con visado de calificaciones esenciales sólo pueden trabajar de forma temporal realizando
determinados trabajos que puntualmente no pueden realizar los nacionales. Los migrantes que tienen formación puedenconseguir permisos de residencia para migrantes calificados. El Gobierno también indica que se está implementando unprograma integral para los trabajadores migrantes, algunos de cuyos objetivos son informar a estos trabajadores sobre sus
derechos y mejorar la investigación y las sanciones en lo que respecta a la explotación de trabajadores migrantes. La
Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para facilitar los
desplazamientos de los trabajadores de un país a otro.

PakistánConvenio sobre las agencias retribuidas de colocación(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1952)
Parte II del Convenio. Supresión progresiva de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos. El
Gobierno indica en su memoria que se realizan esfuerzos para reactivar o de ser necesario, establecer oficinas decolocación que cumplan con las disposiciones del Convenio. Existen agencias de colocación en actividad en Sindh ytambién se han establecido en Khyber Pakhtunkhwa. La Comisión toma nota a este respecto de que en la provincia de
Sindh existen 17 oficinas de colocación. El Gobierno también indica que, tras establecer agencias de colocación en otras
476POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

provincias y en el territorio de la capital — Islamabad —, se tomarán medidas para la supresión progresiva de las agencias
retribuidas de colocación con fines lucrativos. La Comisión toma nota de la memoria de que el Gobierno no ha fijado unpedido concreto para la supresión de las agencias retribuidas de colocación debido a que en el país aún no se haestablecido un servicio público del empleo, un requisito previo al inicio del proceso de supresión de las agencias decolocación con fines lucrativos. La Comisión también toma nota de la falta de armonización de la legislación laboral en elámbito provincial y de que es preciso desplegar esfuerzos para establecer una estructura institucional de conformidad conlas disposiciones de la Ley sobre las Agencias Retribuidas de Colocación (Reglamento), de 1976. En respuesta a las
preocupaciones planteadas por la Federación de Trabajadores del Pakistán (PWF) en relación con la falta de información
detallada sobre los servicios de empleo que se proporcionan, el Gobierno indica que se realizan esfuerzos para establecer
un mecanismo para que los gobiernos provinciales puedan compilar información estadística destinada a su publicación y ala presentación de informes. El Gobierno añade que los datos requeridos se comunicarán en la próxima memoria La
Comisión solicita al Gobierno que transmita información detallada sobre las medidas adoptadas para establecer unservicio público del empleo en el ámbito provincial y sobre el número de oficinas públicas de empleo y las zonas
geográficas que atienden (artículo 3, 1) y 2)). Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información
sobre la vigilancia de la autoridad competente sobre las agencias retribuidas de colocación (artículo 4, 1), a), 2) y 3)).
Revisión del Convenio núm. 96. Perspectivas de ratificación del Convenio núm. 181. La Comisión había puesto
de relieve con anterioridad la función que desempeñan el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997
(núm. 181), y la Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 188), en la concesión de licencias a
los servicios de empleo para trabajadores migrantes y en la supervisión de dichos servicios, y la función que atribuye elConvenio núm. 181 a las agencias privadas de empleo para el funcionamiento del mercado de trabajo (véase Estudio
General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, párrafo 730). La Comisión también invitó al Gobierno a continuar
informando sobre las medidas adoptadas para ratificar el Convenio núm. 181. En respuesta a las observaciones formuladas
por la Comisión, el Gobierno indica que el gobierno federal y los gobiernos provinciales han concedido a los comités deconsulta tripartita un mandato para formular recomendaciones relativas a los convenios de la OIT que el Pakistán aún noha ratificado. La Comisión toma nota de que la cuestión es objeto de examen y deliberaciones por parte de los comités deconsulta tripartita. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que continúe informando sobre las consultas
celebradas con los interlocutores sociales en relación con la ratificación del Convenio sobre las agencias de empleo
privadas, 1997 (núm. 181), ratificación que implicará la denuncia automática del Convenio núm. 96.

Panamá
Aplicación del Convenio en la práctica. El Gobierno indica en su memoria que hasta 2014 se han registrado y seencuentran vigentes 66 agencias de colocación. En 2012, el Departamento de Mano de Obra legalizó 12 agencias privadasde colocación. Sin embargo, según la Dirección de Inspección del Trabajo, desde 2009 hasta junio de 2014, no se habíanrealizado inspecciones en las agencias privadas de colocación. La Comisión toma nota de que el Gobierno tiene laintención de coordinar con la Dirección de Inspección del Trabajo y la Dirección General del Empleo la realización de lasinspecciones para verificar si las agencias de colocación están debidamente constituidas y si acatan las normas deprotección a los trabajadores. La Comisión recuerda que el control de la aplicación del Convenio debe correr a cargo delos servicios de inspección del trabajo o de otras autoridades públicas competentes (artículo 14, párrafo 1, del Convenio).
La Comisión espera que el Gobierno transmita extractos de los informes de inspección, datos sobre el número detrabajadores protegidos por el Convenio, el número y la naturaleza de las infracciones registradas en relación con las
actividades de las agencias privadas de empleo.
Artículo 6. Protección de los datos personales. El Gobierno indica que no se han adoptado otras medidas
respecto de la protección de los datos personales y que se mantienen vigentes las disposiciones del decreto ejecutivo
núm. 105 de enero de 1996 por el cual se reglamenta el funcionamiento de las agencias privadas de colocación. La
Comisión toma nota de que en el marco de una asesoría del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, se debatió laviabilidad de redactar un nuevo decreto ejecutivo y se esbozaron también una serie de medidas para reforzar la aplicacióndel Convenio. Además, la Comisión toma nota de que en el artículo 11 de un proyecto de ley tendiente a regular lasagencias privadas de colocación se contempló el tratamiento y la protección de datos de los trabajadores, pero que dicho
proyecto de ley, en 2011, alcanzó un primer debate en la Asamblea Nacional — sin que haya habido avances hasta el
momento. La Comisión pide al Gobierno que se remita a los párrafos 11 y 12 de la Recomendación sobre las agenciasde empleo privadas, 1997 (núm. 188) y al párrafo 318 del Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, yespera que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la protección de los datos personales de los trabajadores
que requiere el Convenio.
Artículo 10. Quejas. El Gobierno reitera que no se cuenta propiamente con procedimientos en los que colaboren
los interlocutores sociales para examinar quejas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo privadas. La
Comisión pide al Gobierno que tome las medidas adecuadas que permitan establecer mecanismos y procedimientos

477

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997
(núm. 181) (ratificación: 1999)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

apropiados en los que colaboren los interlocutores sociales para examinar las quejas, los presuntos abusos y lasprácticas fraudulentas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo privadas.

Perú
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1986)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP),recibidas el 2 de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno recibida el 2 de diciembre de 2014.
Artículos 2 y 3 del Convenio. Aplicación de políticas de readaptación profesional y empleo para las personas con
discapacidad. El Gobierno se refiere en su memoria a la adopción de la Ley General de la Persona con Discapacidad(LGPCD) (ley núm. 29973 de 13 diciembre de 2012) y de su reglamento (decreto supremo núm. 002-2014-MIMP de 7 abril
de 2014). La Comisión toma nota de la inclusión de cuotas mínimas para las personas con discapacidad en los ámbitos dela educación superior y del empleo (a razón de un 5 por ciento de las vacantes en las instituciones de educación superior,
un 5 por ciento de la totalidad del personal que labora en entidades públicas, y un 3 por ciento de la totalidad del personalque labora en instituciones privadas de más de 50 trabajadores). La Comisión también toma nota de las incitaciones
previstas para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad, a través de incentivos tributarios o deventajas concedidas en el marco de las contrataciones del Estado. El Gobierno indica que en 2013 se inició el programa
presupuestal denominado «Inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado del trabajo», entre cuyos logros figura eldiseño de un servicio de empleo para la activación laboral y la puesta en ejecución de un proyecto piloto de servicio
especializado de colocación laboral. Dicho programa obtuvo 110 colocaciones en las cinco regiones de intervención(Lima, Callao, Ayacucho, Ica y Tumbes). Asimismo, entre 2013 y 2014, 73 personas con discapacidad fueron capacitadas
y 46 colocadas mediante el Plan de actuación para la inserción y capacitación laboral de personas con discapacidad mental
e intelectual. Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llevó a cabo en 2012 la Primera Encuesta
Nacional Especializada sobre Discapacidad. En sus observaciones, la CATP indica que existen contradicciones en cuantoa la fiscalización del cumplimiento de la ley núm. 29973, la dificultad que entraña cumplir con la cuota de empleo y laausencia de definición de ciertos conceptos por parte del Ejecutivo. La CATP agrega que, en lo que respecta a la cuota deempleo, la potestad fiscalizadora le corresponde a la Inspección del Trabajo, mientras que la potestad sancionatoria alConsejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). La CATP observa que el decreto
supremo núm. 002-2014-MIMP no prevé cómo proceder en caso de que una convocatoria a un puesto de trabajo «que noimplique dificultad de carácter técnico o un riesgo para la persona con discapacidad» sea declarada desierta. Según la
CATP, la ley núm. 29973 no extiende el derecho de solicitar ajustes razonables al proceso de selección, ni contiene
disposición alguna sobre la tercerización e intermediación de servicios. La CATP indica que el perfil educativo de laspersonas con discapacidad (un 26 por ciento o no cuenta con ningún tipo de educación o tiene educación a nivel inicial,mientras que un 40,5 por ciento sólo cursó la primaria) y su compatibilidad con la oferta laboral existente dificulta elcumplimiento de la cuota de empleo y de manera más amplia la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Además, la CATP manifiesta que el Ministerio de Salud aún no ha emitido la guía que le permitirá a los centros de salud
calificar en porcentajes el diagnóstico de discapacidad (y no en grados como ha sido la práctica). La CATP añade que elMinisterio de Trabajo tampoco ha determinado cuáles son los criterios técnicos para definir cuándo un ajuste razonable enel lugar de trabajo implica una carga económica excesiva para los empleadores. En su respuesta a las observaciones de la
CATP, el Gobierno aclara que, en el ámbito privado, la fiscalización y sanción en caso de incumplimiento, le corresponde
al Ministerio de Trabajo. El Gobierno también informa que, en fecha 9 de agosto de 2014, el Ministerio de Trabajo
publicó la resolución ministerial núm. 162-2014-TR mediante la cual se dispone la prepublicación de las propuestas
normativas en materia de cuota de empleo y ajustes razonables para las personas con discapacidad, en el ámbito privado,
en estricto apego al derecho de consulta contemplado en la LGPCD. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre el
impacto de las medidas adoptadas para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad enel mercado regular del trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. La Comisión pide al Gobierno que
informe sobre la aplicación de la cuota de empleo para personas con discapacidad y que facilite que se adopten lostextos reglamentarios. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione resúmenes de estudios o deevaluaciones sobre las políticas y los programas de rehabilitación y de empleo destinados a las personas con
discapacidad así como otros indicadores actualizados de los resultados alcanzados por las medidas legislativas y las
políticas adoptadas a favor de las personas con discapacidad.
Artículo 5. Consulta de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma
nota de que la LGPCD y su reglamento reconocieron un derecho a la consulta de las personas con discapacidad. La
Comisión pide al Gobierno que también agregue informaciones sobre la consulta con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores que requiere el Convenio.
Artículo 8. Servicios en las zonas rurales y comunidades apartadas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno
que proporcione datos sobre las medidas previstas para establecer y desarrollar servicios de rehabilitación profesionaly de empleo para las personas con discapacidad en las zonas rurales y en las comunidades apartadas.

478POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Artículo 9. Formación de personal cualificado. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe sobrela formación de personal adecuado para ocuparse de la orientación profesional, la formación profesional, la
colocación y el empleo de las personas con discapacidades.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Polonia
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc» recibidas el
26 de agosto de 2015 y de la respuesta del Gobierno.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Política activa del empleo y tendencias del empleo. El Gobierno informa sobre lasenmiendas de 2014 a la Ley sobre la Promoción del Empleo y las Instituciones del Mercado Laboral, que modifican elperíodo de derecho a las prestaciones de desempleo e introduce medidas para facilitar el retorno al mercado de trabajo delos padres desempleados y de quienes cuidan personas dependientes. El Gobierno también se refiere a las medidas que sehan aplicado para incrementar la eficacia de los servicios del empleo. El Gobierno indica que, en el marco del Plan
Nacional de Acción para el Empleo 2012-2014, se adoptaron medidas para mejorar los servicios públicos del empleo en lo
que respecta a las personas que pertenecen a grupos marginales, con inclusión de las personas con discapacidad,
trabajadores de edad y trabajadores rurales. En 2014, un total de 504 800 personas desempleadas se beneficiaron de lasmedidas activas para promover el empleo, un incremento del 6,1 por ciento en comparación con las cifras de 2013. La
Comisión toma nota de que la tasa de desempleo disminuyó del 13,4 por ciento en 2012 al 11,5 por ciento en 2014. Según
datos de EUROSTAT, la tasa de desempleo del grupo de edades de 20 a 64 años fue del 66,5 por ciento en 2014. Desde2014 a 2015, el número de personas registradas en el servicio público del empleo disminuyó al 14,7 por ciento. En sus
observaciones, Solidarnosc insiste en que es cada vez mayor el número de trabajadores empleados por intermedio deagencias de empleo temporal. El Gobierno indica en su respuesta que el Ministro de Trabajo y Política Social recibió
propuestas de reforma sobre el empleo temporal. Dichas propuestas fueron analizadas por un grupo de expertos integrado
por organizaciones representativas. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el
impacto de su política nacional del empleo. Sírvase indicar de qué modo las medidas de política activa del empleo hancontribuido a la creación de pleno empleo, productivo y libremente elegido. Remitiéndose a sus comentarios de 2014
sobre el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), la Comisión también pide al Gobierno quetransmita información sobre las medidas tomadas para facilitar la transición de los trabajadores del empleo temporal
al empleo permanente.
Trabajadores de edad. En sus observaciones, Solidarnosc expresa su preocupación por los bajos niveles dedesempleo de los trabajadores de edad. El Gobierno indica que en los últimos años ha aumentado el número de personas
mayores desempleadas y registradas en las oficinas de los servicios del empleo. Las personas mayores de 50 años de edad
representan el 26 por ciento del total de la población desempleada. El Gobierno señala que para promover la integraciónde los trabajadores de edad al mercado de trabajo, ofrece asistencia financiera destinada al pago de parte de los salarios deesos trabajadores. El Gobierno añade que el Fondo Nacional de Formación asignó recursos a los programas de formación
destinados a los empleados mayores de 45 años. La Comisión pide al Gobierno que facilite información más específica
sobre el impacto de las medidas adoptadas para aumentar la empleabilidad de los trabajadores de edad y promover su
integración al mercado de trabajo.
Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que a pesar de la mejora general observada en la situación del mercado
de trabajo del país, el desempleo juvenil continuó aumentando desde 2010, cuando se estimaba en un 25 por ciento, hasta
alcanzar aproximadamente el 30 por ciento en 2013. Solidarnosc también hizo referencia al problema del incremento delempleo juvenil. El Gobierno señala que, en el segundo trimestre de 2013, cerca de 1 485 000 personas de un total de
5 224 000 pertenecientes al grupo de edad de 15 a 24 años se encontraban activas en el mercado de trabajo, una cifra que
representa únicamente al 28 por ciento de todos los jóvenes de este grupo de edad. El Gobierno informa sobre las medidas
activas del empleo destinadas a reducir el desempleo juvenil, entre las que cabe mencionar incentivos para facilitar las
pasantías de jóvenes desempleados y el apoyo a los jóvenes emprendedores. El Gobierno, en respuesta a las observaciones
de Solidarnosc sobre el problema del desempleo juvenil, resalta que las enmiendas de 2014 a la Ley sobre Promoción delEmpleo y las Instituciones del Mercado Laboral introdujeron medidas destinadas a racionalizar los servicios de empleo
disponibles para las personas de menos de 25 años de edad, así como las exenciones de pago de las contribuciones
sociales de los trabajadores jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el impacto de lasmedidas tomadas para reducir el desempleo juvenil, incluida una evaluación sobre la manera en que esas medidas hancontribuido a la creación del pleno empleo productivo y libremente elegido. Sírvase incluir información disponible
sobre la relación existente entre las medidas destinadas a incrementar el empleo para los jóvenes y aquellas destinadasa retener a los trabajadores mayores en el mercado laboral.
Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que la Ley sobre la Promoción delEmpleo y las Instituciones del Mercado Laboral prevé la participación de los interlocutores sociales en las actividades delConsejo del Mercado Laboral, que ha sustituido al Consejo Nacional del Empleo desde 2014. Además, el Gobierno indica
479

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1966)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

que el Consejo no se encarga de la supervisión del mercado de trabajo sino que es un órgano que contribuye a formar laopinión y a asesorar al Ministerio de Trabajo y Política Social. El Gobierno explica, asimismo, que dichos cambios tienen
por objeto incrementar el rol de los interlocutores sociales en la administración de los recursos del Fondo de Trabajo y enla programación y monitoreo de las políticas del mercado laboral. La Comisión pide al Gobierno que proporcione
información concreta sobre el modo en que se consulta a los representantes de las organizaciones de trabajadores y deempleadores y de las otras partes interesadas en relación con las políticas del empleo y se obtiene su apoyo en la laborde formular y ejecutar las citadas políticas.

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 2004)
La Comisión toma nota de los comentarios formulados por el Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc» el
2 de octubre de 2014 y de la respuesta del Gobierno a dichas observaciones.
Artículo 3 y 4 del Convenio. Acceso de las personas con discapacidad al mercado regular del empleo. La
Comisión toma nota de que la Ley sobre la Rehabilitación Profesional y Social y el Empleo de las Personas con
Discapacidad, en vigor desde 2011, requiere que los empleadores realicen los ajustes necesarios en los lugares de trabajopara facilitar el trabajo de las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de que la «Ley de Presupuesto
Complementario», promulgada en 2013, prevé la asignación de subsidios para prestar asistencia al pago de lasremuneraciones de las personas con discapacidad. En sus observaciones, Solidarnosc indica que los cambios registrados
en los principios que rigen los subsidios y en el cálculo de las sumas pagadas a los trabajadores con discapacidad causan
problemas a los empleadores. Además, el sindicato señala que, desde 2009, se ha incrementado el gasto del Fondo Estatal
de Rehabilitación de Personas con Discapacidades en subsidios a las remuneraciones, y al mismo tiempo se ha reducido lafinanciación de otras medidas de ayuda. En respuesta, el Gobierno indica que los cambios a las asignaciones de losrecursos del Fondo se planificaron de conformidad con el principio de protección a las personas vulnerables en el mercado
de trabajo, en particular a las personas con un grado considerable de discapacidad, teniendo en cuenta la necesidad degarantizarles la igualdad en el acceso al empleo en el mercado regular del empleo. El Gobierno indica que, en el segundo
trimestre de 2014, la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidades en edad de trabajar se
estimó en un 27,2 por ciento, y la tasa de empleo de esas personas fue del 22,5 por ciento y la de desempleo del 17,4 por
ciento. La Comisión también toma nota de que las enmiendas de 2011 a la Ley sobre la Función Pública tuvieron el
propósito de reforzar el empleo de los trabajadores con discapacidad en el sector público. La Comisión toma nota de losprogramas especiales, apoyados por la Unión Europea, destinados a estimular la rehabilitación de las personas afectadas
con discapacidades raras o múltiples. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre los resultados de lasmedidas adoptadas para promover la reintegración de las personas con discapacidad en el mercado regular del empleo.
Sírvase también indicar de qué manera se consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre loscambios en las asignaciones de los recursos y sobre la aplicación de dichas medidas.
Artículo 7. Servicios de empleo accesibles a las personas con discapacidad. Solidarnosc indica que la Ley sobre
Promoción del Empleo e Instituciones del Mercado de Trabajo en su tenor modificado en mayo de 2014, no concede la
debida atención a la situación de las personas con discapacidades. La organización sindical observa que el Programa deIntegración y Activación previsto en la ley no abarca las personas con discapacidades, quienes no están cubiertas por las
prestaciones de seguridad social. En respuesta, el Gobierno indica que las personas con discapacidad registradas comodesempleadas en las oficinas de empleo, tienen acceso a todos los servicios y medidas del mercado de trabajo
especificadas en la ley. La Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son los servicios disponibles para las personas
con discapacidad que les ayuda a obtener y conservar un empleo, así como a progresar en el mismo.

Portugal
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1981)
La Comisión toma nota de las observaciones de las organizaciones de empleadores (Confederación de Agricultoresde Portugal (CAP), la Confederación de Comercio y Servicios de Portugal (CCSP), la Confederación de la Industria
Portuguesa (CIP), la Confederación del Turismo Portugués (CTP)) y de la Confederación General de Trabajadores
Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas de política de empleo en el marco del Programa de Ajuste Económico.
En su observación anterior y en seguimiento de las discusiones en la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia
Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014), la Comisión de Expertos invitó al Gobierno a proporcionar
información sobre las medidas tomadas para revisar, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de lasmedidas adoptadas para superar la crisis del empleo. El Gobierno reitera en su memoria que la mayoría de las medidas
tomadas para mitigar el impacto de la crisis del empleo, en las que también participaron los interlocutores sociales, eranparte del Programa de Ajuste Económico, consecuencia de un acuerdo en mayo de 2011 con la Comisión Europea (CE), el
Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Compromiso para el Crecimiento, laCompetitividad y el Empleo, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales en enero de 2012. Las medidas

480adoptadas tuvieron repercusiones en la organización y funcionamiento del servicio público del empleo y en la aplicaciónde las medidas activas de política del empleo. La Comisión toma nota de los datos sobre el empleo transmitidos por el
Gobierno, que demuestran que la tasa general de desempleo experimentó un pronunciado aumento y, del 14,8 por ciento
en el primer trimestre de 2012 ascendió al 17,5 por ciento en el primer trimestre de 2013, reduciéndose al 15,1 por ciento
en el primer trimestre de 2014. Según datos de EUROSTAT, el desempleo continuó su tendencia descendente, situándose
en el 12,1 por ciento en julio de 2015. Además, la Comisión toma nota de las diversas medidas adoptadas, entre las que
cabe mencionar los programas de estímulo del empleo, la formación profesional, y las medidas de reconversión
profesional, así como las medidas específicas destinadas a los jóvenes. Las organizaciones de empleadores indican que lasmedidas tomadas por el Gobierno persiguen objetivos adecuados en relación con los desafíos planteados, y estaban
destinadas y siguen estándolo a la conservación y creación de empleo y, en definitiva, al logro del desarrollo económico ysocial de Portugal. Las organizaciones de empleadores estiman que las medidas adoptadas por el Gobierno se ajustan yestán en conformidad con las disposiciones y el espíritu del Convenio, tomando en consideración, no obstante, lasdificultades económicas, financieras y sociales que este período ha impuesto a las empresas, los trabajadores y la sociedad
en general. La CGTP-IN señala que la grave situación del empleo es consecuencia de las políticas gubernamentales que no
promueven el crecimiento. Además de las 729 000 personas sin empleo, registradas como tal en el segundo trimestre de2014, existen 257 000 personas disponibles pero en situación de inactividad debido a que no están buscando empleo(personas desalentadas) y 252 000 personas en situación de subempleo que trabajan menos de lo que desearían. La
CGTP-IN es de opinión que las medidas aplicadas no sólo no han conseguido resolver los problemas prexistentes relativos
al empleo y el desempleo, sino que incluso los ha agravado al alterar aún más el desequilibrio de las relaciones laborales.
En un contexto de medidas de austeridad, los trabajadores desempleados se sienten cada vez más obligados a aceptar
empleos precarios y de escasa calidad, que además están mal remunerados y no corresponden a sus calificaciones. La
CGTP-IN añade que las medidas de estímulo tomadas en 2012 y 2013 proporcionaron asistencia financiera pública paralos contratos a plazo determinado con remuneraciones bajas, y las mismas características tuvieron las medidas de estímulo
que les sucedieron. Teniendo en cuenta los altos niveles de desempleo persistentes, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que indique de qué modo, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, revisa las medidas y políticas delempleo adoptadas a fin de alcanzar los objetivos del pleno empleo, productivo y libremente elegido, en consulta con losinterlocutores sociales. Sírvase también seguir proporcionando información sobre los resultados de las medidas delempleo adoptadas.
Medidas para promover el empleo de las categorías vulnerables de trabajadores. Empleo juvenil. La Comisión
toma nota de las altas cifras del desempleo de los jóvenes que afectan a Portugal, especialmente entre los de 15 a 24 añosde edad, que de un 36,3 por ciento en el primer trimestre de 2012 aumentaron al 42,5 por ciento en el primer trimestre de2013. Según datos de EUROSTAT, la tasa de desempleo fue del 34,7 por ciento en 2014. Además, la Comisión toma nota
de los programas de empleo para los jóvenes y de las medidas aplicadas por el Gobierno, incluidos el programa deIncentivo de Empleo Juvenil, finalizado el 31 de diciembre de 2013, y la Garantía de empleo juvenil. El Gobierno señala
que en sus principales aspectos, el programa de Incentivo de Empleo Juvenil benefició a 62 503 personas que recibieron
formación profesional, con inclusión de 31 932 plazas de aprendizaje, 30 282 pasantías, 11 350 personas que sebeneficiaron de medidas de apoyo a la contratación y 1 534 personas beneficiarias de medidas para promover la iniciativa
empresarial. El Gobierno añade que el 35 por ciento de las personas que recibieron formación y el 70 por ciento deaquéllas colocadas en pasantías encontraron empleo dentro de los seis meses siguientes a la finalización de dichas
medidas. La CGTP-IN indica que el programa de Incentivo de Empleo Juvenil, aplicado desde enero de 2014 no ha
resuelto los problemas que enfrentan los jóvenes. Añade que las medidas del mercado de trabajo fomentan el recurso a loscontratos de tiempo determinado, las pasantías siguen estando mal remuneradas, incluso en el caso de pasantes con altas
calificaciones y no están sujetas a inspecciones efectivas para prevenir los abusos. Consciente de que, en su resolución de2012 relativa a la crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción, la Conferencia Internacional del Trabajo indicó
que han aumentado las pasantías, los aprendizajes profesionales y otras modalidades de adquisición de experiencia
laboral con el fin de obtener trabajo decente; añadió, no obstante, que dichos mecanismos pueden correr el riesgo, en
algunos casos, de ser utilizados como una forma de obtener mano de obra barata o de reemplazar a otros trabajadores
que ya se encuentren en la empresa, la Comisión pide al Gobierno que facilite información que le permita examinar lacalidad del empleo que se proporciona a los jóvenes trabajadores y las medidas tomadas para reducir el empleo juvenil.
Sírvase también seguir proporcionando información sobre el impacto de las medidas de empleo tomadas en relación
con otros grupos vulnerables afectados por la crisis, tales como los trabajadores de edad y los desempleados de larga
duración.
Políticas y programas de educación y formación. El Gobierno señala que, en vista de que la demanda decompetencias varía según las regiones y en el transcurso del tiempo, se ha dado a los programas de formación
suministrados por el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) a través de la red de centros de empleo yformación profesional la flexibilidad suficiente para atender las necesidades de empresas y de personas. La Comisión seremite a su observación de 2014 sobre el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y pide
al Gobierno que siga facilitando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar el nivel decalificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo.
Creación de empleos en pequeñas y medianas empresas (pymes). La Comisión toma nota de que durante el período
comprendido entre el 1.º de enero de 2012 y el 31 de marzo de 2014, el Programa de Apoyo a la Puesta en Marcha de481

Política y promocióndel empleo

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Empresas recibió un préstamo de 24 millones de euros y contribuyó a la creación de 1 882 puestos de trabajo. Lasorganizaciones de empleadores estiman que las empresas constituyen el único medio de crear empleos duraderos. En
consecuencia, la única manera de invertir la tendencia que se observa en el desempleo es asegurar la viabilidad de las
empresas, permitiendo de ese modo la conservación de los puestos de trabajo existentes y la creación de nuevos empleos.
La Comisión pide al Gobierno que siga facilitando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para
mejorar el entorno empresarial con objeto de promover la creación de pymes y crear oportunidades de empleo para losdesempleados.

Reino Unido
Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos (TUC) recibidas el 1.º de septiembrede 2015.
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Política activa del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. El
Gobierno proporciona en su completa y detallada memoria estadísticas sobre las tendencias del mercado de trabajo e
información, en respuesta a los comentarios anteriores. El Gobierno indica que el número de personas empleadas aumentó
en 248 000 en el primer trimestre de 2015 y en 557 000 durante el año, situándose en 31,05 millones. La tasa de empleo
aumentó de 0,5 punto porcentual en el trimestre y de un punto porcentual durante el año, situándose en el 73,4 por ciento.
Los datos relativos al desempleo muestran que el número de personas desempleadas disminuyó en 76 000 en el primer
trimestre de 2015 y en 416 000 durante el período de un año, situándose en 1,84 millones. Además, el Gobierno indica queel desempleo juvenil afectó a 742 000 personas, una disminución de 151 000 en el transcurso de un año. La Comisión
toma nota de que tanto el empleo a tiempo completo como el empleo a tiempo parcial registraron un incremento durante elperíodo de un año. El Gobierno indica que las empresas en el Reino Unido hacen referencia a las dificultades que supone
el cumplimiento de la actual legislación relativa al empleo, un obstáculo que no alienta a emplear más trabajadores. Una
legislación relativa al empleo más simple y flexible facilitaría a las empresas la contratación y gestión del personal, y al
mismo tiempo protegería los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto serviría de estímulo a los empleadores paracrear nuevos empleos, apoyar las empresas y el crecimiento. La Comisión toma nota a este respecto de que, desde laúltima memoria, se adoptaron una serie de medidas del mercado de trabajo con el objetivo de mantener la flexibilidad enese ámbito. En sus observaciones, el TUC expresa su preocupación por el hecho de que el Programa de actividad laboral
obligatoria y el de ayuda para trabajar (en virtud de los cuales se puede obligar a los desempleados de larga duración aaceptar un empleo en los programas de trabajo comunitario o a adquirir una experiencia laboral) están en contradicción
con el artículo 1 del Convenio en relación con el empleo libremente elegido. El Gobierno hace referencia a lasconclusiones de una evaluación sobre la actividad laboral obligatoria, respecto a las cuales el estudio demuestra que elpersonal de «Jobcentre Plus», los proveedores de servicios de empleo y los empleadores que ofrecen empleo comprenden
perfectamente los objetivos del programa, y reconocen que pueden tener efectos positivos en las personas que buscan
empleo. En su mayoría, éstas también conocen cuáles son los componentes obligatorios del sistema, e informaron de una
serie de resultados positivos en términos de actitud y comportamiento como consecuencia de su participación. Sin
embargo, la investigación también determinó algunos problemas de ejecución que exigen prestar una considerable
atención para que la política se ponga en práctica sin dificultades y maximizar los resultados deseados en los participantes.
La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación del programa de actividad
laboral obligatoria y sobre la manera en que este programa tiene como consecuencia la creación de oportunidades deempleo productivo y duradero para sus beneficiarios. Sírvase también seguir incluyendo información sobre el impacto
de otras medidas del mercado de trabajo que se están aplicando y sobre las consultas celebradas con los interlocutoressociales en cuestiones relacionadas con el Convenio.
Desempleo de larga duración. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica que el Programa detrabajo es una iniciativa que ayuda a que las personas expuestas al riesgo del desempleo de larga duración puedan
encontrar trabajos y conservarlos. En particular, tiene el objetivo de mejorar la asistencia a quienes les resulta difícil
recibir ayuda y hacer disminuir la duración del goce de las prestaciones. El Gobierno indica asimismo que las
características innovadoras del Programa de trabajo incluyen un proceso no prescriptivo, es decir, se adopta un enfoquecuyos elementos de funcionamiento se desconocen («black box approach») donde los proveedores de empleo disponen delibertad para inovar y utilizar los medios que dan mejores resultados. El TUC considera que el Programa de trabajo
alcanza aproximadamente el nivel de rendimiento de los programas anteriores, aunque expresa preocupación por losreiterados informes de que el modelo «black box approach» que se describe en la memoria, orientado hacia los resultados,alienta a los proveedores de empleo a dar prioridad a las personas más fáciles de emplear y dejar de lado a las que tienen
más dificultades (creaming and parking). La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el
impacto de las medidas para abordar la cuestión del desempleo de larga duración.
Personas con discapacidad. El Gobierno indica que el Programa de trabajo presta asistencia a una amplia variedad
de beneficiarios que reciben prestaciones de desempleo y que corren el riesgo de caer en el desempleo de larga duración.
Esto incluye tanto a los solicitantes de la Asignación solicitante de empleo como a los solicitantes de la Asignación Apoyo

482POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

y Empleo. El Departamento de Trabajo y Pensiones tiene en cuenta que algunos solicitantes pueden necesitar más
asistencia que otros para obtener un empleo duradero. En consecuencia, el proveedor del Programa de trabajo puede
recibir hasta 6 600 libras esterlinas por una persona en el régimen de Asignación solicitante de empleo y hasta
13 700 libras esterlinas por un beneficiario de la Asignación Apoyo y Empleo. El procedimiento de remisión suministra alos grupos a los que resulta difícil ayudar, como las personas con discapacidad, acceso a una asistencia personalizada, enla fase adecuada de su solicitud de asignación. Las personas con discapacidad que han solicitado la Asignación solicitantede empleo durante tres meses, tienen la oportunidad de beneficiarse anticipadamente del Programa de trabajo para
asegurarse que recibirán la asistencia en el período en que más la necesiten. Si bien los proveedores del Programa detrabajo gozan de libertad para diseñar la asistencia que ofrecen, el Departamento de Trabajo y Pensiones examinará su
desempeño de manera más rigurosa que anteriormente, cerciorándose de que se preste asistencia efectiva a todos losgrupos, incluidas las personas con discapacidad. El TUC señala que el rendimiento de los programas de empleo para laspersonas con discapacidades es aún insatisfactorio, y las estadísticas muestran que del total de personas que ingresaron al
Programa de trabajo en marzo de 2014 (y, en consecuencia, pudieron haber participado durante 12 meses), el 22,8 por
ciento de los desempleados menores de 25 años de edad beneficiarios de la Asignación solicitante de empleo,
consiguieron empleo en marzo de 2015, en comparación con el 21,7 por ciento de los mayores de 25 años y el 8,7 por
ciento de las personas con discapacidad beneficiarias de la Asignación Apoyo y Empleo. La Comisión pide al Gobierno
que siga proporcionando información sobre el impacto de las medidas aplicadas para atender las necesidades de laspersonas con discapacidad en el mercado regular del trabajo.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Rumania
Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y políticas activas del mercado de trabajo. El Gobierno
indica en su memoria que, teniendo en cuenta el hecho de que el número de empleos creados por la economía rumana
permanece bajo debido a la crisis económica y las medidas de ajuste, las categorías de la población más afectadas son lassituadas en los extremos del mercado de trabajo, es decir, los jóvenes y los trabajadores de edad. La Comisión toma nota
de que la Estrategia Nacional para el Empleo 2014-2020 incluye objetivos específicos y orientaciones sobre las medidas
que deberían tomarse, tales como incrementar el empleo de los jóvenes y extender la vida laboral de los trabajadores deedad, mediante la reducción del desempleo de los jóvenes y del número de jóvenes que no están ni empleados, ni en
educación o en formación (NINI), y el incremento de la participación de los trabajadores de edad en el mercado de trabajo.
Con una tasa de desempleo de los trabajadores de edad del 43,1 por ciento en 2014 (Rumania se sitúa por debajo delpromedio de los 28 países de la Unión Europea), la inclusión de esta categoría se ve dificultada por una serie de obstáculos
tanto desde la perspectiva de los trabajadores (aptitudes que no corresponden a los requerimientos actuales), como desdela perspectiva de los empleadores (baja productividad de la fuerza de trabajo, resistencia al cambio, adaptabilidad
reducida). El Gobierno señala que, sin la participación de los trabajadores de edad, se producirá un déficit de recursos
humanos y profesionales. Además, ante la perspectiva de la disminución de la población europea en edad de trabajar, elGobierno considera que incrementar la tasa de empleo de las mujeres parece ser esencial para el logro del objetivo
nacional para el empleo establecido en el contexto de la Estrategia Europa 2020. Por lo que respecta a la participación delas mujeres en el mercado de trabajo, que presenta en 2014 una tasa de empleo de 16,7 puntos porcentuales inferior a latasa de participación de los hombres, el Gobierno indica que las mujeres se encuentran en una posición vulnerable en el
mercado de trabajo de Rumania. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto y laeficacia de las medidas de política del empleo respecto de la creación de empleo productivo, en particular para lostrabajadores más vulnerables.
Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que, según cifras de EUROSTAT, la tasa de desempleo juvenil fue del23,7 por ciento en 2013 y del 24 por ciento en 2014. El Gobierno indica que, en 2012, el Ministerio de Trabajo elaboró el
Plan nacional para estimular el empleo juvenil. Las medidas previstas en el plan están centradas en la ejecución deprogramas de garantía de empleo juvenil, la mejora de la cultura empresarial de los jóvenes y la creación de pequeñas ymedianas empresas, así como la adaptación de la educación y la formación profesional a las exigencias del mercado detrabajo. En relación con la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, el Gobierno indica que el presupuesto
consolidado del Estado financia programas para mejorar el emprendedurismo de los jóvenes y el establecimiento demicroempresas por parte de jóvenes empresarios. En este sentido, se crearon 8 000 nuevos puestos de trabajo y jóvenes
empresarios establecieron 464 empresas emergentes. A principio de 2014, el Ministerio de Trabajo, Familia, Protección
Social y Personas de Edad inició la aplicación del Plan de garantía para los jóvenes 2014-2015, un documento marco depolíticas elaborado por el Ministerio de Trabajo en cooperación con otras partes interesadas. La Comisión pide al
Gobierno que facilite información actualizada sobre el impacto de las medidas tomadas para facilitar la creación deoportunidades de empleo duradero para los jóvenes.
La minoría romaní. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la población romaní enfrenta problemas
específicos generados por el bajo nivel de educación, la escasa participación en el mercado de trabajo, la vasta categoría

483

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1973)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

de personas no ocupadas en actividades económicas, que incluyen personas que se ocupan de las tareas del hogar,
jubilados, personas discapacitadas para trabajar, beneficiarios de las prestaciones de asistencia social y desempleados. De
conformidad con las recomendaciones de la UE, a principios de 2013 se inició la revisión de la Estrategia gubernamental
para la inclusión de los ciudadanos rumanos pertenecientes a la minoría romaní para el período 2012-2020. La Comisión
toma nota de los resultados de las medidas aplicadas, destinadas a la minoría romaní de 2012 a 2014. A este respecto,
5 302 personas de la minoría romaní que buscaban trabajo obtuvieron empleo a través de las medidas activas del empleo
en 2014 (3 023 contratos de trabajo de duración indeterminada y 2 279 contratos de tiempo determinado). La Comisión
pide al Gobierno que continúe suministrando información acerca de las repercusiones de las medidas adoptadas parapromover la inclusión social y aumentar las oportunidades de empleo de la minoría romaní.
Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y la ejecución de políticas. El Gobierno
indica que, en el contexto de la reforma de la legislación relativa al diálogo social, se adoptó, en marzo de 2013, la Ley de
Organización del Consejo Económico y Social. La Comisión pide al Gobierno que suministre ejemplos concretos sobrela manera en que los interlocutores sociales son efectivamente consultados y participan en las decisiones sobre losasuntos cubiertos por el Convenio. Sírvase también incluir información sobre las medidas tomadas o previstas para
asegurar que esas consultas incluyan a representantes de otros sectores de la población activa especialmente losrepresentantes de la minoría romaní y de las personas que trabajan en el sector rural y en la economía informal.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Santo Tomé y Príncipe
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1992)
Artículos 2, 3 y 5 del Convenio. Aplicación de una política nacional. Consulta. El Gobierno indica que se
promulgó y publicó la Ley Orgánica para las Personas con Discapacidad, ley núm. 7/12, y transcribe en su memoria dos
de sus disposiciones. La Comisión toma nota de que la ley orgánica tiene como objetivo promover la igualdad de derechos
y de oportunidades de las personas con discapacidad y establece los principios fundamentales que debe seguir la política
de rehabilitación. La Comisión también toma nota de que en un nuevo proyecto de Código del Trabajo se han incluido
disposiciones sobre las personas con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que comunique el texto completo de la
Ley Orgánica para las Personas con Discapacidad e informe sobre las disposiciones del Código del Trabajo
directamente vinculadas con la promoción del empleo de las personas con discapacidad una vez que haya sido
adoptado. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que informe sobre los resultados
alcanzados por las medidas adoptadas para integrar a las personas con discapacidad en el mercado abierto del trabajo.
La Comisión pide también al Gobierno que agregue informaciones sobre los servicios de orientación y formación
profesionales y de empleo destinados a permitir que las personas con discapacidad puedan lograr y conservar un
empleo y progresar en el mismo (artículo 7), los servicios ofrecidos a las personas con discapacidades que viven en las
zonas rurales y en las comunidades apartadas (artículo 8), y las medidas concretamente adoptadas para asegurar ladisponibilidad del personal cualificado en materia de readaptación profesional (artículo 9). Sírvase también agregar
indicaciones sobre la participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de una política
nacional para la readaptación profesional y el empleo de las personas con discapacidad.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

SerbiaConvenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS),
comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículos 1 y 3 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión
toma nota de la preocupación expresada por la Federación de Sindicatos Autónomos de Serbia por la ineficacia delServicio Nacional del Empleo (NES), al no haberse colocado a personas desempleadas que han estado registradas en esa
dependencia durante diez años. La Comisión toma nota de la información detallada que contiene la memoria del Gobierno
sobre la situación del mercado de trabajo en Serbia. El Gobierno indica que, a pesar de la evolución reciente en lasituación macro y microeconómica del país, la situación general del empleo aún es insatisfactoria y, en consecuencia, el
NES afronta desafíos considerables. El Gobierno añade que el incremento del PIB en 2013 ha contribuido a reducir elritmo de esas tendencias negativas del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que, entre mayo de 2012 y junio de2014, se puso en práctica un proyecto conjunto para acelerar las reformas del mercado de trabajo de conformidad con losniveles de la UE. El NES fue uno de los principales beneficiarios de este proyecto. La Comisión también toma nota de quese ha establecido una red integrada por siete centros de servicios para los migrantes, como parte de la estructura del NES
destinada a proporcionar a los migrantes información sobre las oportunidades de empleo, educación y permisos de484POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

residencia. En 2013, un total de 886 personas utilizaron los servicios proporcionados por esos centros. El Gobierno
informa que han mejorado los servicios ofrecidos por el NES a través del sitio web oficial. Se ha modernizado la seccióndel NES encargada de vincular la oferta y la demanda de empleo. En julio de 2014 estaban registrados en la base de datosdel NES 9 705 empleadores y se descargaron en el sitio web del NES los currículum vitae de 92 345 solicitantes deempleo. Según estadísticas del NES, en 2013 se registraron 44 148 oportunidades de empleo. En el mismo año se puso en
contacto con empleadores a 6 999 solicitantes de empleo los cuales fueron contratados o tienen posibilidades de que se lescontraten al concluir el proceso de selección. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre el
impacto de las medidas tomadas por el NES. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas por la Confederaciónde Sindicatos Autónomos de Serbia, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las medidas
adoptadas por el NES para promover la colocación en el empleo de las personas desempleadas registradas desde hacelargo tiempo.
Artículos 4 y 5. Cooperación con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que los miembros de losconsejos de empleo provinciales y locales se eligen entre los interlocutores sociales a través de procedimientos
establecidos en las reglamentaciones locales y gubernamentales respectivas. Los candidatos son nombrados por lasorganizaciones representativas de empleadores y de trabajadores de las comunidades locales de que se trate. La Comisión
pide al Gobierno que facilite información sobre los resultados de las consultas celebradas en el ámbito de los consejos
locales de empleo en relación con la organización y funcionamiento de los servicios del empleo.
Artículo 9. Personal del servicio del empleo. El Gobierno indica que, en junio de 2014, la proporción deempleados del NES en relación con los usuarios, era de un empleado por 385 usuarios, lo cual era insatisfactorio. El
Gobierno añade que la proporción de consejeros de empleo respecto del número de solicitantes de empleo era aún más
desfavorable, con un consejero por 1 257 personas desempleadas. La Comisión toma nota de que están en curso cambios
en la organización y estructura de personal del NES. La Comisión pide al Gobierno que facilite información relativa a lareorganización del NES y de sus repercusiones.

Sierra Leona
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Asistencia técnica de la OIT. La Comisión tomó nota
anteriormente de la declaración del Gobierno contenida en una memoria recibida en junio de 2004 en la que se afirma que lalegislación sobre servicios de empleo se encontraba para su discusión en la agenda de la Comisión Consultiva Conjunta. El
Gobierno tenía el propósito de dar un nuevo mandato a los servicios de empleo para que se transformaran en dinámicos centros
de información sobre el mercado de trabajo. Los nuevos servicios de empleo debían cubrir no sólo los centros urbanos sinotambién las áreas rurales y asegurar la información, planificación y aplicación de las políticas del empleo en todo el país. El
Gobierno también declaró que para alcanzar sus propósitos se requería la asistencia técnica de la OIT. La Comisión acogió con
beneplácito que el Gobierno se propusiera también reforzar los servicios de empleo. Además, la Comisión recordó que la Oficina
apoyó programas para generar oportunidades de empleo reforzando los servicios de empleo para los jóvenes. La Comisión espera
que el Gobierno estará en condiciones de describir en su próxima memoria la manera en que las reformas del servicio delempleo han contribuido a asegurar su función esencial que es la de «lograr la mejor organización posible del mercado delempleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema de empleo para todos y adesarrollar y utilizar los recursos de la producción» (artículo 1 del Convenio), en cooperación con los interlocutores sociales(artículos 4 y 5). En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que facilite las informaciones estadísticas que hayan
podido recabarse acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas
de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

SueciaArtículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas activas del mercado de trabajo. Consulta con los interlocutoressociales. El Gobierno indica en su detallada y exhaustiva memoria que se estima que Suecia, en el marco del programa
Europa 2020, tiene buenas posibilidades de alcanzar el ambicioso objetivo de que la tasa de desempleo del grupo de edadde la población de 20 a 64 años sea considerablemente superior al 80 por ciento. Sin embargo, el desempleo sigue siendo
alto (cerca del 8 por ciento) y el desempleo de largo plazo es más elevado que antes de que se produjera la crisis
financiera. La Comisión toma nota de que el objetivo de la política de empleo del Gobierno es, en consecuencia, reducir eldesempleo de manera que para 2020 sea el más bajo de la UE. Si bien el desempleo es alto, el número de los puestos
vacantes se halla actualmente en un nivel históricamente elevado. Además, el Gobierno considera que los interlocutoressociales también tienen la responsabilidad de evitar que el desempleo se convierta en un fenómeno arraigado, y de manera

485

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1965)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

general, del buen funcionamiento del mercado de trabajo. Por ejemplo, los interlocutores sociales tienen un importante
papel que desempeñar, tanto en lo que respecta a facilitar que los grupos con escasa permanencia en el mercado de trabajo
puedan obtener un vínculo de inclusión estable, como para promover oportunidades para el desarrollo de las calificaciones
y la readaptación profesional en una etapa avanzada de la vida laboral. La Comisión toma nota de que para ofrecer a losdesempleados la oportunidad de acceder a la educación, y también para prevenir la escasez de trabajadores con formación
profesional, el Gobierno, entre otros objetivos, insiste especialmente en la formación profesional de los adultos a nivel
secundario superior en los establecimientos municipales de enseñanza para adultos. Un área de interés del Programa delFondo Social para el período 2014-2020 es el desarrollo de las calificaciones de las personas que trabajan y la mejora delacceso y calidad del aprendizaje basado en el trabajo, en las escuelas secundarias y en el ámbito de la educación para
adultos. En respuesta a comentarios anteriores en relación con la reforma del seguro de enfermedad de Suecia y sobre losefectos de esa reforma en el empleo, el Gobierno indica que el nivel del ausentismo por enfermedad, que a principios delos 2000 era muy elevado en comparación con países con sistemas similares, ha disminuido y se encuentra ahora en un
nivel similar con países que se encuentran en situación comparable. La Comisión pide al Gobierno que continúe
suministrando información sobre el impacto de las medidas del mercado de trabajo en la generación de empleo
sustentable y productivo. La Comisión también pide al Gobierno que siga incluyendo información sobre las medidas
tomadas en el ámbito de las políticas educativas y de formación y sobre su adecuación con las posibles oportunidadesde empleo, así como sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales sobre los temas cubiertos por
el Convenio.
Jóvenes, desempleados de larga duración y personas con discapacidad. El Gobierno indica que el número dedesempleados de larga duración ha seguido acrecentándose desde 2012. Aproximadamente la mitad de las personas
registradas en el Servicio Público del Empleo han estado desempleadas durante más de un año. Además, el Gobierno
añade que son aún muy numerosas las personas, principalmente mujeres, que trabajan a tiempo parcial por carecer de otra
alternativa. La Comisión toma nota de que el Programa de garantía de empleo y desarrollo para los jóvenes, un programaque forma parte de la política del mercado de trabajo, contiene medidas diseñadas individualmente para las personas que
han estado fuera del mercado de trabajo durante largo tiempo. El desempleo juvenil fue del 23 por ciento en 2014 lo que
representa un porcentaje considerable del desempleo total. El desempleo entre los jóvenes (de 20 a 24 años de edad) que
no recibieron una enseñanza secundaria superior fue del 40 por ciento en 2014, en comparación con el 16 por ciento de losjóvenes que terminaron la enseñanza secundaria superior. La Comisión toma nota de que prácticamente la mitad deldesempleo juvenil lo componen los estudiantes a tiempo completo que también buscan trabajo. El Gobierno indica que loscontratos temporales pueden ser un importante escalón para que los jóvenes puedan ingresar al mercado de trabajo ytengan acceso a otras posibilidades, aunque añade que es esencial que no queden estancados en este tipo de empleo
durante largo tiempo. En consecuencia, las medidas que incrementan las posibilidades de combinar trabajo o experiencia
laboral con la educación son de importancia considerable para reducir el desempleo entre los jóvenes y al mismo tiempo
mitigar las carencias del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que las medidas adoptadas en relación con losjóvenes incluyen contratos de trabajo con un componente educativo y subvenciones salariales para los pasantes. Además,
se está ejecutando la iniciativa de la Unión Europea de empleo para los jóvenes 2014-2018, como parte del Programa delFondo Social. Esta iniciativa complementará las medidas vigentes de política del mercado de trabajo destinadas a losjóvenes. En relación con las personas con discapacidad, la Comisión toma nota de que la tasa de empleo entre las personas
con discapacidad y con capacidad reducida para trabajar se ha incrementado del 50 por ciento en 2008 al 55 por ciento en
2014. Sin embargo, persisten las brechas entre las tasas de empleo y de desempleo entre las personas con discapacidad ylas demás personas. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el impacto de lasmedidas de empleo destinadas a las mujeres, los jóvenes, los desempleados de larga duración y las personas con
discapacidad.
Inmigrantes. El Gobierno indica que las personas nacidas en el extranjero incluyen a los trabajadores migrantes,
los refugiados y sus familiares directos. En 2014, el desempleo en el grupo etario de 25 a 74 años fue del 24 por ciento
entre los adultos nacidos fuera de Europa, en comparación con poco menos del 4 por ciento de los adultos nacidos en
Suecia. En agosto de 2014 entraron en vigor una serie de nuevas medidas destinadas a la inserción de los migrantes
recientemente incorporados al mercado de trabajo, condicionada a la aceptación de una oferta de empleo adecuada. La
Comisión toma nota de que se iniciaron consultas con los interlocutores sociales sobre las nuevas medidas para acelerar latransición desde la llegada hasta la inserción en el mercado laboral de Suecia. La Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar la situación del empleo de losmigrantes, incluyendo información actualizada sobre las tasas de desempleo de los adultos nacidos fuera de Europa, elsector económico en el que se desempeñan, y otras informaciones pertinentes.

Swazilandia
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación(revisado), 1949 (núm. 96) (ratificación: 1981)
Parte II del Convenio. Supresión de las agencias retribuidas de colocación. Revisión del Convenio núm. 96. El
Gobierno reitera en su memoria que no se han producido cambios en la legislación o en la práctica. En respuesta a

486POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

comentarios anteriores, el Gobierno indica que la posibilidad de denunciar el Convenio y examinar la ratificación delConvenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) se tomará en consideración una vez que las estructuras
tripartitas vuelvan a funcionar normalmente. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración, en su 273.ª reunión
celebrada en noviembre de 1998, invitó a los Estados Parte en el Convenio núm. 96 a contemplar la posibilidad de ratificar
el Convenio núm. 181 (documento GB.273/LILS/4 (Rev. 1)). Esa ratificación entraña la denuncia inmediata del Convenio
núm. 96. Por lo tanto, mientras el Convenio núm. 181 no haya sido ratificado por Swazilandia, el Convenio núm. 96
permanecerá en vigor en el país y la Comisión seguirá examinando su aplicación. En consecuencia, la Comisión pide al
Gobierno que comunique información actualizada sobre la legislación nacional que da efecto a la parte II delConvenio, así como sobre la manera de aplicar el Convenio en la práctica, proporcionando, por ejemplo, resúmenes delos informes oficiales, información relativa al número y naturaleza de las infracciones observadas, así como decualquier otra información relativa a la aplicación del Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que facilite
información sobre toda evolución, en consulta con los interlocutores sociales, relativa a la ratificación del Convenio
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181).

Tailandia
Artículo 6, b), iv), del Convenio. Trabajadores migrantes. El Gobierno indica en su memoria que, en abril de2014, un total de 205 empresas habían solicitado una licencia de servicio de contratación para trabajadores domésticos ytrabajadores extranjeros, y que 198 de ellas recibieron la licencia. La Comisión toma nota de que con arreglo al
Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de empleo, firmado por Tailandia, Camboya, República
Democrática Popular Lao y Myanmar, durante el período comprendido entre 2005 y 2014 los empleadores pidieron
alrededor de 1 025 000 trabajadores migrantes y más de 503 000 trabajadores migrantes de los países signatarios
recibieron permiso de trabajo en Tailandia. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Consejo Nacional para la Paz y el
Orden (NCPO) emitió el comunicado núm. 70/2557, de 25 de junio de 2014, sobre medidas provisionales para resolver los
problemas de los trabajadores migrantes y la trata de seres humanos, que establece las ventanillas únicas a fin de protegera los trabajadores migrantes. En octubre de 2014, aproximadamente 316 000 empleadores habían presentado solicitudes
para emplear a trabajadores migrantes, y alrededor de 1 534 000 trabajadores migrantes habían sido registrados en lasventanillas únicas. Se solicitará a los trabajadores migrantes registrados en esos centros que realicen el proceso deverificación de la nacionalidad. El Gobierno indica que durante el período 2010-2013 cerca de 1 825 000 trabajadores
migrantes, incluidos aproximadamente 1 630 000 trabajadores de Myanmar, 154 000 de Camboya y 41 000 de la
República Democrática Popular Lao, recibieron la verificación nacional que legaliza su situación de empleo.
Remitiéndose a su observación sobre la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), la
Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el impacto de las medidas adoptadas por el servicio
público de empleo en la prevención del abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores
migrantes en Tailandia, así como sobre la facilitación de su movilidad de un país a otro, teniendo debidamente encuenta sus derechos fundamentales.
Artículo 11. Cooperación efectiva entre el servicio público de empleo y las agencias de empleo privadas. El
Gobierno indica que las agencias de contratación autorizadas pueden seleccionar a los solicitantes de empleo en una lista
proporcionada en los centros de registro del Departamento de Empleo basada en un reglamento del mismo Departamento.
El Gobierno también indica que el Departamento de Empleo nombra a representantes de las agencias de empleo privadas
para que formen parte del Comité sobre el desarrollo de la contratación y la protección de los solicitantes de empleo. En
2012-2013, el Departamento de Empleo cooperó con las agencias de empleo privadas en la adopción de medidas para
reducir las comisiones por servicios y otros gastos a cargo de los solicitantes de empleo, y logró que 95 agencias deempleo privadas participaran en una campaña para reducir los gastos de los servicios y los gastos generales de lostrabajadores tailandeses en Taiwán. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la manera en laque las agencias de empleo privadas participan en las actividades del Comité sobre el desarrollo de la contratación y laprotección de los solicitantes de empleo, así como acerca de las medidas tomadas para asegurar una cooperación
efectiva entre el servicio público de empleo y las agencias de empleo privadas.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que entre octubre de 2013 y septiembre de2014, se registraron en 87 oficinas gubernamentales de empleo alrededor de 1 039 000 solicitantes de empleo,
443 870 ofertas de empleo y 372 000 colocaciones. Además, durante el mismo período alrededor de 119 000 trabajadores
fueron contratados en el extranjero, incluso a través del Departamento de Empleo (10 097 personas) y las agencias
privadas de contratación (34 846 personas). La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información
estadística sobre el número de oficinas públicas de empleo establecidas, el número de solicitudes de empleo recibidas yel número de vacantes notificadas, así como sobre el número de personas que han encontrado un empleo a través dedichas oficinas.

487

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1969)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1969)
Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Tendencias del mercado detrabajo. Consulta con los interlocutores sociales. En su memoria, el Gobierno indica que, con arreglo al 11.º Plan
nacional de desarrollo económico y social para 2012-2016, se han aplicado medidas a fin de desarrollar la fuerza detrabajo para cubrir las demandas del mercado de trabajo en los sectores de la manufactura y de servicios. La Comisión
pide al Gobierno que transmita más información sobre la aplicación del 11.º Plan nacional de desarrollo económico ysocial para 2012-2016 en el ámbito de la promoción del empleo, e incluso sobre su impacto en las tendencias delmercado de trabajo, sobre la base de datos estadísticos pertinentes. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno quetransmita información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en relación con la aplicación del
11.º Plan nacional de desarrollo económico y social para 2012-2016 y las otras cuestiones cubiertas por el Convenio.
Trabajadores migrantes. El Gobierno indica que, en 2014, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO)
estableció ventanillas únicas para erradicar la explotación de los trabajadores y la trata de trabajadores migrantes.
Asimismo, se han adoptado medidas para reducir los gastos de registro de los trabajadores migrantes para obtener unpermiso de trabajo. La Comisión toma nota de que las medidas implementadas en 2014 para hacer frente a la explotación
laboral de los trabajadores de la industria pesquera incluyen alentar a los empleadores para que registren a los trabajadores
migrantes de la pesca. A raíz de la resolución adoptada por el Gabinete, el 6 de noviembre de 2013, en 2013-2014 seregistraron 12 624 trabajadores migrantes de la industria de la pesca, y en 2014 se registraron 58 508 trabajadores
migrantes de la industria de la pesca a través de los centros integrados. Las estrategias de desarrollo del 11.º Plan nacionalde desarrollo económico y social para 2012-2016 incluyen incrementar la movilidad regional de los trabajadores yproteger los derechos de los trabajadores tailandeses en el extranjero. El Gobierno indica que en 2014 alrededor de
217 000 trabajadores migrantes consiguieron un empleo gracias al Memorando de Entendimiento sobre cooperación enmateria de empleo, firmado por Tailandia, Camboya, República Democrática Popular Lao y Myanmar. La Comisión pide
al Gobierno que transmita información detallada sobre el impacto de las medidas ejecutadas para abordar y resolver
las cuestiones relacionadas con los trabajadores migrantes, incluyendo nuevas leyes sobre protección laboral e
industria pesquera, así como su respectivo cumplimiento, teniendo debidamente en cuenta sus derechos
fundamentales. Sírvase asimismo incluir los resultados obtenidos en el marco del 11.º Plan nacional de desarrollo
económico y social para 2012-2016 a fin de impedir los abusos y la explotación de los trabajadores migrantes que están
en Tailandia.
Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno indica que el Departamento de Empleo ha organizado
actividades de promoción de las carreras para mujeres y hombres desempleados, ofreciéndoles cursos de formación sobre
autoempleo y espíritu empresarial, en los que, entre 2007 y 2011, las participantes fueron en promedio cinco veces másnumerosas que los hombres que participaron. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el impacto
de las medidas adoptadas para promover el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo yevitar la discriminación en materia de empleo, y que incluya datos estadísticos pertinentes.
Trabajadores de la economía informal. La Comisión toma nota de que la 1.ª Estrategia del Plan nacional para lagestión de los trabajadores de la economía informal 2012-2016 tenía por objetivo ampliar la cobertura de la protección ycrear una cobertura de seguridad social para los trabajadores de la economía informal en 2012-2013. A este respecto, se ha
formulado una política de promoción de los planes de ahorro para los trabajadores de edad de la economía informal. Un
reglamento promulgado por la Oficina de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo ha ampliado las prestaciones a
grupos más amplios, tales como los agricultores, los conductores, los comerciantes y los vendedores callejeros. Además,
aproximadamente 108 500 trabajadores participaron en actividades dirigidas a los trabajadores de la economía informal en
relación con la protección de la salud y la seguridad económica. La Comisión también toma nota de que, en 2009-2011, el
Departamento de Promoción Industrial adoptó medidas para la promoción del empleo de los trabajadores de la economía
informal, incluido un proyecto para desarrollar el emprendedurismo del que se beneficiaron aproximadamente
21 000 personas, y una actividad para promover la capacidad de los establecimientos industriales comunitarios en la queparticiparon 250 grupos. El Gobierno indica que el Departamento de Empleo organizó sesiones internas de formación delas calificaciones y divulgó información sobre el mercado de trabajo y también estableció el centro de trabajo
Treethep Job, un centro integrado para la promoción del empleo y la mejora de los ingresos de las personas de bajo
ingreso, los recién graduados y los trabajadores informales. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo
información sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo y extender las prestaciones deseguridad social a los trabajadores de la economía informal. En relación con la Recomendación sobre la transición dela economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), la Comisión también pide al Gobierno que incluya
información sobre el impacto de las medidas adoptadas para facilitar la transición de los trabajadores de la economía
informal hacia el mercado de trabajo formal.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

488POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)(ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio
y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 2 deseptiembre de 2015.
Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Aplicación delConvenio en la práctica. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indicó que llevaba a cabo un
conjunto de políticas destinadas a la inclusión laboral y educativa de la ciudadanía. Las agencias de empleo fueron
sustituidas por los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo (CEET). Existen 31 CEET, con presencia a nivel
nacional. La Comisión toma nota de que, en 2013, fueron registrados en los CEET 39 351 personas en búsqueda deempleo y se notificaron 5 752 ofertas de empleo, efectuándose 2 720 colocaciones. El Gobierno también se refirió a la Leyde la Gran Misión Saber y Trabajo, promulgada en junio de 2012, mediante la cual se creó el Sistema de registro denecesidades y oferta de empleo con el objeto de diagnosticar e identificar la cantidad y las características de losciudadanos y ciudadanas desempleados, y que estén dispuestos a un proceso formativo y de inserción en los programas
promocionados. En el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, adoptado en
diciembre de 2013, figura el objetivo general de promover una política de inclusión de los jóvenes al sistema productivo
nacional, con especial énfasis en los jóvenes de sectores de menores ingresos. FEDECAMARAS y la OIE indican que los
CEET no se encuentran completamente operativos. La Comisión pide al Gobierno que presente información detalla
sobre las solicitudes de empleo recibidas, las ofertas de empleo notificadas y las colocaciones efectuadas por los CEET.
Sírvase agregar información sobre el impacto de las medidas adoptadas por los CEET para cubrir las necesidades delos jóvenes en materia de empleo y orientación profesional.
Artículos 4 y 5. Cooperación con los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
pedido al Gobierno que informe sobre el establecimiento de comisiones consultativas a nivel nacional, regional y local
para obtener la cooperación de representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización yfuncionamiento del servicio del empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indicó en su memoria que, por mediode las mesas de diálogo con el sector empresarial, se había alcanzado acuerdos para el reimpulso del empleo productivo,
otorgándole apoyo financiero e institucional a los proyectos de creación de empresas de producción social, mixtas ycomunales. La Comisión toma nota de que FEDECAMARAS y la OIE indican que el Gobierno incumple la previsión delartículo 5 del Convenio, según la cual la política general del servicio de empleo deberá fijarse previa consulta a losrepresentantes de los empleadores y de los trabajadores, y en su caso, para la construcción e implantación de esta política,no ha sido realizada consulta alguna a FEDECAMARAS. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al
respecto. La Comisión pide también al Gobierno que aporte ejemplos concretos sobre las consultas previas celebradas
con los interlocutores sociales para obtener su cooperación en la organización y el funcionamiento del servicio públicodel empleo.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
recibidas el 1.º de septiembre de 2015, así como de las observaciones formuladas conjuntamente por la Federación de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) recibidas el 2 de septiembre de 2015.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social
coordinada. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que ha implementado una nueva estrategia
social, basándose en los lineamientos establecidos en el Plan de desarrollo económico y social para 2007-2013, dirigida aerradicar la pobreza y facilitar la inclusión social. Dicha estrategia se apoya en el sistema de misiones existentes en el país,
centrándose en cinco elementos clave, a saber, el empleo y la calidad del empleo; la atención de la educación, la garantíade una educación gratuita y de calidad; y la superación definitiva de la pobreza. El Gobierno explica que el impacto social
de las distintas políticas y programas se observa en los indicadores sociales (disminución progresiva del número dehogares en situación de pobreza extrema, la tendencia en baja del número de hogares pobres y el aumento de la inversión
social). El Gobierno se remite al comportamiento de los indicadores de la fuerza de trabajo (la tasa de desocupación pasódel 10,6 por ciento en 1999 al 5,5 por ciento en 2014). El Gobierno indica que, en enero de 2015, el porcentaje deocupados en el sector informal era del 41,2 por ciento (10,4 puntos porcentuales menos que en enero de 2004). El
Gobierno añade que, entre 2000 y 2014, un tercio de los nuevos puestos de trabajo creados lo han sido en sector formal dela economía. FEDECAMARAS y la OIE sostienen que no existen verdaderamente planes de empleo que estén integrados
dentro de la planificación macroeconómica y que la situación económica del país no permite la creación de nuevos
empleos. La Comisión observa que FEDECAMARAS y la OIE, sostienen que el modelo económico de los últimos diezaños ha tenido como consecuencia el cierre de aproximadamente 4 000 industrias y de más de 200 000 establecimientos

489

Política y promocióndel empleo

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)
(ratificación: 1982)POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

empresariales; además, unas 120 000 empresas se encuentran en riesgo de quiebra. Según FEDECAMARAS y la OIE, enenero de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) habría anunciado que la tasa de desempleo en Venezuela era del7,9 por ciento y que más de 13 millones de personas se encontraban ocupadas. El INE también indicó que el 58,8 por
ciento del total de la población ocupada se encontraba en el sector formal de la economía, mientras que el sector informal(que incluye empresas con menos de cinco empleados) representa un 41,1 por ciento de la población. La Comisión pide al
Gobierno que indique el impacto que tuvieron las medidas adoptadas en el marco del Plan de desarrollo económico ysocial para 2007-2013 y de las misiones sociales, en relación con la generación de empleo productivo. La Comisión
también pide al Gobierno que agregue información detallada y desagregada sobre la situación, el nivel y las tendenciasdel empleo. Sírvase explicar la manera en que han sido utilizados los datos sobre el mercado del trabajo como basepara revisar regularmente las medidas de política del empleo adoptadas, como parte integrante de una política
económica y social coordinada para lograr los objetivos del Convenio.
Empleo juvenil. El Gobierno indica que, según el «Informe de Fuerza de Trabajo» del INE, para el segundo
semestre de 2013, la población joven (entre 15 y 30 años) equivalía a 8 417 247 personas, lo que representaba un 28 por
ciento de la población total del país. La población económicamente activa (PEA) de dicho grupo etario representa el
33,5 por ciento de la PEA total. En el segundo semestre de 2013, la tasa de ocupación de los jóvenes era del 87,2 por
ciento (4 093 949 personas), representando el 31,6 por ciento de la población total ocupada. La Comisión pide al
Gobierno que comunique informaciones detalladas y desagregadas sobre las tendencias del empleo juvenil. La
Comisión pide también al Gobierno que incluya una evaluación de las medidas de política activa ejecutadas para
minimizar el impacto del desempleo sobre los jóvenes y favorecer su inserción duradera en el mercado del trabajo, en
particular, de las categorías más desfavorecidas de jóvenes.
Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). La Comisión toma nota de las informaciones
proporcionadas por el Gobierno respecto de las disposiciones legales concernientes a la promoción y protección de laspymes, y de los créditos otorgados entre 1974 y 2013, por sector económico. Además, el Gobierno indica que haconcluido acuerdos mediante mesas de diálogo con el sector empresarial para el reimpulso del empleo productivo dando el
apoyo financiero e institucional a los proyectos de creación de empresas de producción social, mixtas y comunales. La
Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer laproductividad y un clima propicio para la generación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que la CTV sostiene que lasorganizaciones de trabajadores no son consultadas para la formulación de las políticas de empleo. Por su parte,
FEDECAMARAS y la OIE indican que el Gobierno incumple la obligación de consultar a la organización más
representativa de los empleadores en la República Bolivariana de Venezuela para la definición coordinada de las políticas
que garanticen el empleo decente, estable, productivo y de calidad en la República Bolivariana de Venezuela, la elevacióndel nivel de vida de los trabajadores, así como para lograr el crecimiento y progreso individual y social. La Comisión
reitera su pedido al Gobierno de aportar ejemplos concretos sobre la manera en que se han tenido en cuenta los puntos
de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programasde empleo.

Zimbabwe
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo(personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1998)
Artículo 2 del Convenio. Política nacional de readaptación profesional y empleo para las personas con
discapacidad. En su anterior observación, la Comisión tomó nota de que un proceso consultivo había conducido a laformulación de un proyecto de política sobre personas con discapacidad, que estaba siendo examinado por las partes
interesadas. En su memoria, el Gobierno indica que el proceso de adoptar una política nacional sobre personas con
discapacidad aún no ha concluido. El Consejo Nacional de la Discapacidad está realizando consultas en relación con dicha
política. La Comisión confía en que pronto se adopte una política nacional sobre la readaptación profesional y elempleo de las personas con discapacidad y pide al Gobierno que transmita información detallada a este respecto. La
Comisión también pide al Gobierno que transmita estadísticas, y extractos de informes, estudios e investigaciones sobre
las cuestiones cubiertas por el Convenio.
Artículo 3. Promover oportunidades de trabajo en el mercado abierto del empleo. La Comisión toma nota de que
el sistema de cuotas para el empleo de personas con discapacidad propuesto en el proyecto de política nacional, aún no seha establecido. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el establecimiento de un sistema decuotas para promover el empleo de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Sírvase asimismo transmitir
información sobre otras medidas que se pueden utilizar para la readaptación profesional de las personas con
discapacidad.
Artículo 4. Igualdad de oportunidades y de trato. El Gobierno indica que el artículo 7 de la Ley de Personas con
Discapacidad establece que el Consejo Nacional de la Discapacidad puede emitir órdenes de ajuste para que las personas
con discapacidad puedan acceder a los edificios. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las490POLÍTICA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

medidas positivas adoptadas para velar por la igualdad de oportunidades y de trato entre personas con discapacidad,
tanto hombres como mujeres, y otros trabajadores.
Artículo 7. Readaptación profesional y servicios de empleo. La Comisión toma nota de que a fin de facilitar lareadaptación profesional en el sector público de las personas con discapacidad, el Gobierno proporciona asistencia
personalizada a los trabajadores del sector público con discapacidad, por ejemplo a los trabajadores con discapacidad
visual. Además, el Gobierno ha establecido un empréstito rotativo para las personas con discapacidad que se gradúan en
los centros de formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre losservicios existentes o sobre las estrategias implementadas a fin de ayudar a las personas con discapacidad a lograr yconservar un empleo y progresar en él.
Artículo 8. Acceso a los servicios en zonas rurales y comunidades remotas. El Gobierno indica que las oficinas
de bienestar social de distrito de todo el país proporcionan información sobre la readaptación profesional y los servicios deempleo y las oficinas de los servicios de empleo de distrito realizan jornadas de puertas abiertas sobre orientación
profesional. El Gobierno también indica que las personas con discapacidad que viven en zonas rurales y que necesitan
servicios de los centros de rehabilitación reciben bonos para la utilización de autobuses a fin de facilitar sus
desplazamientos. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas
para promover la readaptación profesional de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales.
Artículo 9. Formación del personal responsable de las personas con discapacidad. El Gobierno indica que elpersonal de los centros de rehabilitación cursa formación superior y también se forma en el trabajo. Asimismo, el
Gobierno indica que los trabajadores sociales de las oficinas de bienestar social reciben formación en apoyo psicosocial a
personas con discapacidad y sobre comunicación con esas personas, y que otros miembros del personal siguen programas
de transferencia de competencias en materia de readaptación profesional. La Comisión pide al Gobierno que continúetransmitiendo información sobre los programas de formación que se ofrecen al personal responsable de la orientación
profesional, la formación y la colocación de personas con discapacidad.

Solicitudes directas

Política y promocióndel empleo

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 2 (Argentina, Egipto, Estonia, Guyana, Islandia, Kenya, Montenegro, Polonia, Seychelles, Sudáfrica, Sudán); el
Convenio núm. 88 (Albania, Alemania, Australia, Bahamas, Belice, Bosnia y Herzegovina, República Centroafricana,
China: Región Administrativa Especial de Macao, Costa Rica, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Francia, Guatemala,Guinea-Bissau, Irlanda, Kazajstán, Kenya, Líbano, Lituania, Madagascar, Malasia, República de Moldova, Montenegro,
Mozambique, Países Bajos: Aruba, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Sint Maarten, Portugal,
Santo Tomé y Príncipe, República Unida de Tanzanía: Tanganyika, Túnez, Turquía); el Convenio núm. 96 (Bangladesh,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, Ghana, Guatemala, Malta, Mauritania, Turquía); el Convenio núm. 122 (Albania,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Camerún, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, ex República
Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Guinea, República Islámica del Irán, Líbano, Mauritania, Países Bajos: Aruba,
Papua Nueva Guinea, Reino Unido, Reino Unido: Guernsey, Rumania, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Senegal,
Suriname, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uzbekistán, Viet Nam, Yemen, Zambia); el Convenio núm. 159 (Alemania,
Argentina, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Eslovaquia, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Guatemala, Guinea, Irlanda, Jordania, Kirguistán, Líbano,
Lituania, Luxemburgo, Madagascar, México, Mongolia, Montenegro, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Portugal,
Federación de Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda,
Yemen, Zambia); el Convenio núm. 181 (Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Eslovaquia, ex República
Yugoslava de Macedonia, Fiji, Finlandia, Israel, Portugal, Zambia).

491

Orientación y formación profesionales
GuineaConvenio sobre el desarrollo de los recursos humanos,
1975 (núm. 142) (ratificación: 1978)
Artículo 1 del Convenio. Elaboración y aplicación de las políticas de educación y de formación. En su memoria,
el Gobierno se refiere a las estrategias aplicadas para reforzar la relación entre la formación y el empleo con miras a
reducir la pobreza. Además, el Gobierno indica que se han creado centros de formación posterior a la primaria (CFPP) a
fin de ofrecer formación profesional a los jóvenes que no hayan superado los niveles educativos primario y secundario(escuela secundaria elemental). Asimismo, el Gobierno se refiere a las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de laJuventud y el Empleo de los Jóvenes, como, por ejemplo, la creación de centros de escucha, asesoramiento y orientaciónde los jóvenes, y la implementación del programa «Vivir para aprender». La Comisión se refiere a sus comentarios en
relación con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), y pide al Gobierno que transmita información
detallada sobre la forma en la que garantiza una coordinación eficaz entre las políticas y los programas de orientacióny formación profesionales y las políticas y programas de empleo. Asimismo, pide al Gobierno que transmita
información sobre medidas para asegurar la coordinación de los diferentes organismos competentes con miras adesarrollar políticas y programas completos y concertados de orientación y formación profesionales. Además, laComisión solicita al Gobierno que transmita información sobre los niveles de instrucción, las calificaciones y las
actividades de formación que permiten apreciar la aplicación de todas las disposiciones del Convenio en la práctica.
Artículo 5. Cooperación con los interlocutores sociales. La Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno
la importancia del diálogo social para elaborar, aplicar y reexaminar una política nacional de desarrollo de los recursos
humanos, y de la educación y la formación. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre laparticipación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas y programas de orientación yformación profesionales.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 140 (Alemania, Brasil, Eslovaquia, Guinea, Montenegro, Países Bajos: Aruba, San Marino); el Convenio
núm. 142 (ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Guyana, Kirguistán, Líbano, Países Bajos: Aruba).

493

Orientación y formación
profesionales

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONALESSEGURIDAD DEL EMPLEO

Seguridad del empleo
EspañaLa Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas
en la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores(UGT) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta delGobierno a las observaciones anteriores recibidas el 11 de noviembre de 2015.
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
En su 321.ª reunión (junio de 2014), el Consejo de Administración confió a la Comisión de Expertos el seguimientode las cuestiones planteadas en el informe del comité tripartito que atendió la reclamación incoada por la CCOO y la UGTalegando el incumplimiento por España del Convenio núm. 158 (documento GB.321/INS/9/4). Al igual que el comité
tripartito (párrafo 226 del informe), la Comisión pidió al Gobierno que aumente sus esfuerzos para reforzar el diálogo
social y, en consulta con los interlocutores sociales, se encuentren soluciones a las dificultades económicas que seanconformes al Convenio. La CCOO manifiesta que el Gobierno no organizó encuentros con los interlocutores sociales para
escuchar y tomar en consideración las propuestas que las organizaciones sindicales formulan en relación con el Convenio
y sobre la necesidad de introducir importantes modificaciones a la legislación actual sobre la terminación de la relación detrabajo. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome medidas para reforzar el diálogo social y, en consulta con
los interlocutores sociales, encuentren soluciones a las dificultades económicas que sean conformes con el Convenio.
Exclusiones. Fijación de un período de un año en el contrato de trabajo de «apoyo a los emprendedores»(párrafos 227-247 del informe). El Gobierno indica en su memoria que, en la práctica, el contrato de trabajo de apoyo alos emprendedores (CAE) ha tenido un comportamiento similar al de una figura contractual indefinida y no de una
modalidad temporal. La tasa de mantenimiento en el empleo a lo largo del tiempo de las personas contratadas con un CAE
es mucho más cercana a la del resto de las contrataciones indefinidas. El Gobierno agrega que los CAE no se extinguen
sistemáticamente justo antes de que se cumpla el año de duración.
La CCOO indica que la inestabilidad en el empleo ha aumentado entre quienes han firmado desde la reforma laboral
de 2012 un contrato de trabajo de duración indefinida. La rotación en los puestos de trabajo fijos recién creados ha crecido
un 23 por ciento desde la reforma laboral de marzo de 2012. La CCOO agrega que algunos juzgados en lo social han
considerado que la regulación del período de prueba de un año que caracteriza al CAE vulnera la Carta Social Europea
pues no fija ni derecho a preaviso ni derecho a indemnización durante el período de prueba de un año.
La UGT insiste en que el CAE fue establecido sin diálogo social y advierte que el CAE no parece ser una medidatransitoria ya que podría tener una vigencia superior a los diez años si se tiene en cuenta que la tasa de desempleo(24,5 por ciento en 2014) no estará por debajo del 15 por ciento hasta dentro de muchos años. Según la UGT, el CAE
resulta ser una medida de naturaleza estructural. El CAE ha sido generalizado para cualquier tipo de actividad lo que,según la UGT, afecta de forma notable a la libertad de contratación colectiva ya que no permite que se limite la aplicacióndel CAE mediante convenios colectivos. La UGT también señala que el Gobierno no adoptó ninguna medida para evitar
que el CAE sea terminado por iniciativa de un empleador con el objeto de eludir de manera abusiva la protección prevista
en el Convenio, como lo había requerido el comité tripartito (párrafo 247 del informe).
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su respuesta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón, Valladolid (Sala de lo Social, sección 1.ª) ha señalado en dos sentencias de 25 de marzo de 2015 y 22 de abril de2015, que no aprecia una infracción de la Carta Social Europea. El Gobierno insiste en que el CAE es utilizado sólo por
aquellas empresas que deben recurrir a dicha modalidad para examinar la viabilidad del puesto de trabajo. Según el
Gobierno, el CAE tiene un carácter transitorio, limitado en el tiempo mientras la tasa de desempleo no descienda del
15 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre la evolución del CAE y la cuestión
correspondiente relativa al diálogo social. Sírvase también indicar las medidas adoptadas, en consulta con losinterlocutores sociales, para evitar que el CAE sea terminado por iniciativa de un empleador con el objeto de eludir demanera abusiva la protección prevista en el Convenio.
Artículos 1, 8, párrafo 1, y 9, párrafos 1 y 3. Nueva regulación de las causas de despido económicas, técnicas,
organizativas o de producción (párrafos 248-266 del informe). El Gobierno presenta un detallado repertorio y análisis
de las sentencias de las Salas en lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de despidos colectivos
dictadas entre enero de 2013 y septiembre de 2014. En 2013, de un total de 155 procedimientos de despido colectivo, enalgo más de la mitad de los casos (80), la sentencia declaró ajustada a derecho la decisión empresarial; en 54 casos lasentencia declaró no ajustada a derecho la decisión empresarial y en los restantes 21 supuestos la decisión empresarial fue
declarada nula. En los tres primeros trimestres de 2014, se produjo un importante descenso en el número de495

Seguridad del empleo

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1985)

SEGURIDAD DEL EMPLEO

impugnaciones. Por su parte, el Tribunal Supremo sólo avaló 31 de los 58 procesos recurridos sobre despidos colectivos.
De los 18 despidos nulos, en los que se reconoce el derecho a la readmisión de los trabajadores despedidos, sin opción
empresarial de indemnización:–
en cinco ocasiones se ha apreciado fraude a la ley;–en otras cinco oportunidades hubo vicios de procedimiento de importancia relativos al período de consultas;–
en cuatro, se consideró que concurría un grupo irregular de empresas;–
en dos, se observó una vulneración de los derechos fundamentales de huelga o libertad sindical, y–en los dos restantes hubo una falta de documentación necesaria para una negociación efectiva durante el período deconsultas.
La CEOE y la OIE señalan que tras la reforma laboral de 2012 ha crecido la judicialización de las relaciones
laborales, especialmente en relación con los despidos colectivos, en donde las declaraciones de nulidad por los tribunales
por meros defectos formales y la valoración de los jueces de la adecuación o no de la medida extintiva, pone en gravecrisis la seguridad jurídica en la adopción de las decisiones empresariales. En su respuesta, el Gobierno se remite a la
información que la empresa está obligada de facilitar a los representantes de los trabajadores en los supuestos de despido
colectivo. El Gobierno destaca el pronunciamiento del Tribunal Supremo (sentencia de 27 de mayo de 2013, recursonúm. 78/2012) en el que dicho Tribunal señaló que no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la declaraciónde nulidad de un despido colectivo, debiéndose excluir aquellos documentos que se revelen intrascendentes a los efectos
que la norma persigue; a saber: permitir una adecuada negociación entre la empresa y los trabajadores. La Comisión pide
al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre la manera en que la regulación de las causas de despido
económicas, técnicas, organizativas o de producción se aplican en la práctica, incluyendo datos actualizados sobre elnúmero de recursos interpuestos, el resultado de dichos recursos y el número de terminaciones por razones económicaso análogas.
Artículo 10. Supresión de los salarios de tramitación en caso de opción por el empresario de la extinción delcontrato ante la declaración judicial de la improcedencia del despido (párrafos 267-280 del informe). En relación conlas reparaciones concedidas por las decisiones judiciales en caso de despido injustificado, el Gobierno indica que cuando
el juez califica un despido de improcedente, en el fallo de la sentencia, se condena al empresario a optar, en el plazo decinco días desde la notificación de la misma, entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización
equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año,
hasta un máximo de 24 mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo,
que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. En caso de que se opte por la readmisión, el
trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Éstos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios
dejados de percibir por el trabajador desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la
improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando
informaciones sobre la naturaleza de las reparaciones concedidas incluyendo ejemplos de decisiones judiciales que
concluyeron que la terminación de la relación de trabajo fue injustificada.
Artículo 6. Modificación de la regulación de las faltas de asistencia al trabajo motivadas por enfermedad o lesión
debidamente justificadas: el despido por absentismo (párrafos 281-296 del informe). El Gobierno se remite a una
sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, Málaga, de 22 de mayo de 2014, que se refiere a la manera de determinar el
período en el que se deben concurrir las ausencias justificadas e intermitentes que ha de tenerse en cuenta a los efectos dela extinción contractual por razón de ausentismo. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentado informaciones
sobre la manera en que se computan en la práctica las ausencias relacionadas con la incapacidad temporal y, enparticular, aquellas causas que hayan obedecido a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Portugal
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE),en comunicaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014, de la respuesta del Gobierno al
respecto y las observaciones de la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) en una comunicación recibida el 4 denoviembre de 2014. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, asícomo en las observaciones de la Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN),
la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) adjuntas al mismo.
Evolución legislativa. Aplicación del Convenio en la práctica. En respuesta a los comentarios relativos a laevaluación del impacto de la reducción de las prestaciones por despido, establecida por las reformas legislativas de 2011,
para mantener y crear empleo, el Gobierno señala que la reforma laboral de 2011 estableció un régimen de transición; porese motivo el impacto de las enmiendas legislativas para reducir el monto de las prestaciones por despido no es inmediato.

496

El Gobierno añade que según datos disponibles parece observarse una ligera disminución de las terminaciones de larelación de trabajo desde principios de 2012. Además, las estadísticas más recientes sobre el empleo muestran elincremento de la tasa de empleo durante los cuatro trimestres últimos (2013-2014), un aumento que indica una tendencia
ascendente en el empleo tras cuatro trimestres consecutivos de disminución (2012-2013). Además, el Gobierno enumera
en su memoria las enmiendas más significativas a los regímenes legales que regulan la terminación de los contratos detrabajo que fueron consecuencia de un proceso de ajuste iniciado en 2011. En sus observaciones, la CIP reitera algunas delas cuestiones anteriormente planteadas en relación con el hecho de que la legislación nacional regula determinados
aspectos de la terminación de los contratos de trabajo más estrictamente y más detalladamente que el Convenio. La OIE yla CIP se refirieron a las importantes reformas jurídicas adoptadas tras el Acuerdo tripartito para la competitividad y elempleo, de marzo de 2011 y el Compromiso para el crecimiento, la competitividad y el empleo, de enero de 2012. La
CGTP-IN expresa su preocupación por el deterioro cada vez mayor de la protección de los trabajadores contra el despido
y hace referencia a los últimos acontecimientos relativos que tuvieron como consecuencia una nueva reducción de laindemnización por terminación del contrato de trabajo, a saber la ley núm. 23/2012, de 25 de junio de 2012 y la ley
núm. 69/2013, de 30 de agosto de 2013. La CGTP-IN y la UGT critican las enmiendas de las que resultó la creación denuevos criterios para el despido, especialmente en el caso de extinción del puesto de trabajo. El Gobierno se refiere a ladecisión judicial por la que se declararon inconstitucionales algunos artículos del Código del Trabajo, debido a laviolación de la prohibición de despedir a un trabajador sin causa justificada prevista en el artículo 53 de la Constitución.
En su decisión núm. 62/2013, el Tribunal Constitucional concluyó que las modificaciones introducidas en el
artículo 368, 2), del Código del Trabajo por la ley núm. 23/2012, de 25 de junio de 2012 no dan la orientación normativa
necesaria para los criterios que deben regir la decisión del empleador. Dicha disposición daba al empleador el derecho dedefinir los criterios aplicables al suprimir un puesto de trabajo al existir diversos puestos de contenido funcional idénticolo que conllevaba que se eliminase el criterio basado en la antigüedad. En relación con la versión modificada delartículo 375, 1), d), del Código del Trabajo, que suprime la obligación de trasladar al trabajador a otro puesto adecuado en
caso de extinción del puesto de trabajo y de despido por inadaptación al puesto de trabajo el Tribunal Constitucional
decidió que sólo puede despedirse a un trabajador por esa causa cuando no se disponga de otra alternativa. La Comisión
pide al Gobierno que siga proporcionando información para evaluar el impacto de las reformas legislativas respecto
del mantenimiento y la creación de empleo.
Artículo 2, 3), del Convenio. Garantías adecuadas en caso de recurso a contratos de trabajo de duración
determinada. El Gobierno indica que para asegurar la naturaleza excepcional del régimen de contratos de duración
determinada, los casos en que deba considerarse la posibilidad de tales contratos y su conversión en contratos a plazo
indeterminado, están determinadas por la legislación, a saber, cuando dichos contratos se hayan concluido con la intención
de eludir la reglamentación aplicable en los contratos permanentes o cuando se ha excedido el tiempo máximo de duracióndel contrato o el número de renovaciones autorizadas (artículo 147 del Código del Trabajo). Además, el Gobierno
proporcionó información estadística que muestra que el porcentaje de trabajadores con contratos a plazo determinado en
2013 ha registrado un cierto incremento en comparación con 2012 (0,9 puntos porcentuales). La Comisión toma nota delas decisiones judiciales comunicadas por el Gobierno en relación con la protección de los trabajadores que son titularesde contratos de trabajo de duración determinada. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información
sobre la manera en que se asegura la protección ofrecida por el Convenio a los trabajadores que hayan concluido uncontrato de trabajo de duración determinada y el número de trabajadores afectados por esa medida.
Artículo 2, 5). Microempresas. El Gobierno indica que el procedimiento de despido en las microempresas está
reglamentado por las mismas disposiciones aplicables a las demás empresas, excepto por la intervención de los consejos
laborales en el procedimiento de despido; por ese motivo, las enmiendas del artículo 366, 1), del Código del Trabajo,
relativas a la investigación que ha de llevar a cabo el empleador, en respuesta a una notificación disciplinaria a los fines dela compilación de pruebas, son ahora aplicables a las microempresas. La Comisión pide al Gobierno que siga
comunicando información sobre la aplicación del Convenio a las microempresas.
Artículo 4. Justificación de la terminación. La CGTP-IN recuerda que las enmiendas legislativas que tuvieron
como consecuencia la supresión de la obligación del empleador de seguir un criterio específico (basado en la antigüedad)para determinar cuáles son los trabajadores que han de ser despedidos o para trasladar al trabajador a otro puesto
adecuado, en el caso de la supresión del puesto de trabajo y de despido por inadaptación al puesto de trabajo, fueron
declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (decisión núm. 602/2013). Como consecuencia de dicha
decisión, el criterio original fue modificado por la ley núm. 27/2014, de mayo de 2014. Tanto la UGT como la CGTP-IN
deploran el hecho de que el criterio que estableció la ley núm. 27/2014 poniendo al desempeño, las calificaciones y loscostes laborales por encima del criterio basado en la antigüedad puedan ser utilizados de manera discrecional por elempleador. La Comisión pide al Gobierno que presente ejemplos de la aplicación de las enmiendas legislativas de 2014
sobre la causa justificada de despido incluyendo copia de las principales sentencias a este respecto.
Artículo 8. Recurso de apelación. Plazo para apelar. En respuesta a comentarios anteriores, la Comisión toma
nota de la detallada información estadística agregada por el Gobierno a su memoria que incluye indicaciones sobre elnúmero, el resultado y el promedio de duración de los procedimientos que tuvieron lugar en 2011 y 2012, tanto en primera
instancia como en apelación. La Comisión recuerda la preocupación de la CGTP-IN en relación con la reducción del plazo
para presentar un recurso judicial en caso de despido injustificado que había pasado de un año a sesenta días, según el

497

Seguridad del empleo

SEGURIDAD DEL EMPLEOSEGURIDAD DEL EMPLEO

Código del Trabajo, en su tenor revisado. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que suministre información sobre
la aplicación de las disposiciones legislativas que regulan la presentación de recursos por despido injustificado. La
Comisión pide asimismo al Gobierno que incluya información sobre la función que cumplen la mediación y elarbitraje en la resolución de cuestiones relativas al Convenio.
Artículo 10. Indemnización. En respuesta a la preocupación planteada por la CGTP-IN en relación con la falta deestrictez de los requisitos de procedimiento y los efectos del despido justificado introducidos por el Código del Trabajo de2009, el Gobierno hace referencia a las modificaciones introducidas por la ley núm. 23/2012, de junio de 2012, respecto
de la investigación que debe llevar a cabo el empleador en el caso de notificación de una acción disciplinaria, los efectosdel despido injustificado, y la indemnización en lugar de la reincorporación. La Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información relativa al artículo 10 del Convenio, incluyendo ejemplos de decisiones judiciales que dan
efecto a esta disposición.

Turquía
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, que incluye las observaciones formuladas por la Confederaciónde Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS) y laConfederación de Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IS). Además, la Comisión toma nota de las observaciones
formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la TISK, que se recibieron en agosto de 2013, y dela información proporcionada por el Gobierno en marzo de 2014 en respuesta a esas observaciones. Asimismo, laComisión toma nota de la comunicación que se recibió en agosto de 2014 en la que la OIE menciona a Turquía en sus
observaciones sobre la aplicación del Convenio.
Artículo 2, 3), del Convenio. Garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración
determinada. La Comisión había tomado nota de que la TÜRK-IS expresó su preocupación en cuanto a que algunos
empleadores tienden a concluir contratos de duración determinada para eludir las disposiciones de protección del trabajo.
En sus observaciones de agosto de 2013, la TISK y la OIE señalan que esta preocupación parece injustificada debido aque, en general, en Turquía los trabajos auxiliares son desempeñados por trabajadores subcontratados. La TISK y la OIE
añaden que un empleador puede recurrir a un subcontratista con las limitaciones establecidas en el Código del Trabajo. El
Gobierno se refiere al artículo 11 de la Ley del Trabajo que regula los contratos de duración definida e indefinida. En sus
observaciones de noviembre de 2014, la TISK recuerda que está disposición requiere que deben existir motivos objetivospara establecer un primer contrato de duración determinada. La TÜRK-IS considera que, aunque el Código del Trabajo
establece disposiciones claras, los contratos de duración determinada se utilizan para eludir en la práctica las obligaciones
estatutarias. La Comisión recuerda que el Convenio establece que se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso
a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el presente Convenio (véaseasimismo el párrafo 3 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166)). La Comisión
pide al Gobierno que transmita más información en relación con las observaciones formuladas por los interlocutoressociales. La Comisión también pide al Gobierno información actualizada sobre la utilización de las garantías previstas
en el artículo 11 de la Ley del Trabajo contra el uso abusivo de contratos de empleo por un período determinado detiempo, en particular para los trabajos auxiliares.
Artículo 2, 4) a 6). Categorías de empleados excluidos del Convenio. La Comisión recuerda que, en virtud delartículo 18 de la Ley del Trabajo, los trabajadores de empresas que emplean a menos de 30 trabajadores, los trabajadorescon menos de seis meses de antigüedad y los trabajadores que ocupan un puesto de dirección están excluidos de lasdisposiciones sobre protección del empleo de la Ley. Con arreglo al artículo 17 de la misma ley, si los contratos de estas
categorías de trabajadores se dan por terminados de mala fe, dichos trabajadores tendrán derecho a una indemnización
equivalente a tres veces el período de preaviso, junto con la indemnización, en lugar del preaviso, cuando el período delpreaviso no se haya respetado. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores y toma nota de la información
proporcionada por la TISK en noviembre de 2014 sobre las disposiciones del Código de Obligaciones que se aplican a lostrabajadores que están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo. La HAK-IS indica que el número deestablecimientos que emplean a menos de 30 trabajadores a fin de aprovechar la exención legal está aumentando en el paísy agrega que los establecimientos que necesitan emplear a más de 30 trabajadores tratan de eludir sus responsabilidades
fragmentando artificialmente sus operaciones entre múltiples establecimientos/entidades. La Comisión toma nota de que laTÜRK-IS indica que la amplia mayoría de empresas de Turquía son pequeñas y medianas empresas y, por consiguiente,
un número relativamente amplio de trabajadores no puede gozar de estabilidad laboral. La Comisión toma nota de que el
Tribunal Constitucional, en una sentencia de fecha 22 de octubre de 2014, declaró la inconstitucionalidad de ciertas
disposiciones de la Ley del Trabajo que les negaban a los trabajadores de empresas que emplean a menos de
30 trabajadores el derecho de iniciar procedimientos judiciales por despido injustificado por causas de discriminación
antisindical. La Comisión pide al Gobierno que transmita información actualizada sobre todos los cambios que se
produzcan en relación con la aplicación del Convenio en las pequeñas y medianas empresas que pueden resultar
excluidas de las disposiciones de protección del empleo de la Ley del Trabajo, incluyendo informaciones sobre el498incremento de establecimientos que emplean a menos de 30 trabajadores en comparación con otros establecimientos, yejemplos de decisiones judiciales sobre despidos de mala fe.
Gente de mar. La Comisión recuerda que, en sus conclusiones adoptadas en noviembre de 2000, un comité
tripartito constituido por el Consejo de Administración para examinar una reclamación presentada en virtud del artículo 24
de la Constitución de la OIT tomó nota de que las leyes que regulaban el empleo de la gente de mar no requerían unmotivo válido relacionado con la capacidad, la conducta o los requisitos operativos para dar por terminada la relación deempleo. En su memoria, el Gobierno se refiere al artículo 2, 5), del Convenio y recuerda que la Ley núm. 854 sobre el
Trabajo Marítimo se adoptó teniendo en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota deque, en sus observaciones, la TISK y la OIE indican que excluir a la gente de mar de la aplicación del Convenio resulta
conforme con el artículo 2, 5). La Comisión recuerda que la exclusión que permite el artículo 2, 5), sólo se aplica si elGobierno la incluye en su primera memoria, previa consulta con los interlocutores sociales. A este respecto, la Comisión
recuerda que la exclusión de la gente de mar no figuraba en la primera memoria. Sin embargo, la Comisión toma nota deque el Gobierno incluyó las disposiciones de la Ley sobre el Trabajo Marítimo que describen las condiciones en que puede
ponerse término a un contrato de trabajo. La Comisión recuerda que un Miembro puede dar efecto al Convenio mediantevarios textos legislativos y que no es necesario considerar que se producen exclusiones. Por consiguiente, la Comisión
pide al Gobierno que transmita más información sobre la situación de la legislación y la práctica en relación con laterminación de los contratos de trabajo de la gente de mar.
Artículo 10. Reparaciones en caso de despido injustificado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó
nota de que la Agencia de Empleo de Turquía (İŞKUR) requiere que los trabajadores que ganan sus juicios por despido
improcedente reembolsen las prestaciones de desempleo que percibieron durante el proceso judicial. La Comisión tomó
nota de la decisión del Tribunal de Casación, de 5 de abril de 2010, que establece que, cuando un procedimiento deapelación por despido improcedente dure más de cuatro meses, el reembolso por parte del trabajador que gana el juicio delas prestaciones de desempleo percibidas durante el proceso judicial es ilegal, puesto que contraviene la Ley núm. 4447
sobre el Seguro de Desempleo y los principios de la seguridad social. La TISK y la OIE indican que la decisión de abril de2010 fue tomada por una mayoría de jueces y añaden que, en una sentencia de fecha 30 de noviembre de 2010, el Tribunal
de Casación tomó su decisión por unanimidad. Ambas organizaciones consideran que la decisión del Tribunal de Casación
establece un precedente y que se espera que el Poder Judicial resuelva en el mismo sentido los conflictos en materia deseguro de desempleo. El Gobierno indica que en el orden del día de la Asamblea Nacional figura un proyecto de ley
preparado para eliminar las situaciones en las que se pediría a las personas que regresan al trabajo que devuelvan lasprestaciones de desempleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre la aplicacióndel artículo 10 del Convenio, incluida información sobre la posible adopción de legislación.

República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (núm. 158) (ratificación: 1985)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio
y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 2 deseptiembre de 2015.
Artículo 8 del Convenio. Recursos contra el despido injustificado. En sus comentarios anteriores, la Comisión
pidió al Gobierno que presente informaciones sobre los recursos que pueden presentarse ante un organismo neutral en
caso de despidos injustificados. La Comisión toma nota de la sentencia dictada el 11 de junio de 2015 del Juzgado
Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de Caracas, reproducida por el Gobierno en su memoria. La Comisión
también toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que, para garantizar al trabajador la permanencia en el puesto
de trabajo, la legislación laboral consagró dos instituciones: la estabilidad, que permite a los trabajadores permanecer ensus puestos de trabajo en tanto no medie causa que justifique la terminación de la relación laboral; y la inamovilidad, que
brinda a ciertas categorías de trabajadores el derecho de no poder ser despedidos arbitrariamente por sus patrones. El
Gobierno sostiene que tanto los tribunales laborales como la autoridad administrativa correspondiente (la Inspección delTrabajo) son órganos neutrales que atienden los reclamos de los trabajadores. La Comisión observa que la OIE y
FEDECAMARAS indican que: i) la inamovilidad laboral y el reenganche representan una dificultad para los empleadores
por la obstaculización y demoras injustificadas de las autoridades administrativas en los procesos de despido; ii) losreenganches de los trabajadores son aprobados de forma automática por la inspectoría del trabajo sin valorar las causas deldespido, lo que afecta significativamente la productividad de las empresas y el reemplazo de trabajadores ineficientes, yiii) la inspectoría del trabajo es una oficina dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajoy Seguridad lo que produce un traslado de la justicia laboral de los tribunales hacia la autoridad administrativa, con serios
problemas de retraso y de injerencia gubernamental. La Comisión recuerda que, según el artículo 425 de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), la inspección del trabajo debe examinar los motivos dados por
el empleador para dar por terminada una relación de trabajo y puede dar lugar a un pedido de readmisión por parte de lainspección del trabajo. La Comisión recuerda también que, en su Estudio General de 1995, Protección contra el despido
injustificado, había afirmado que el derecho de recurrir constituye un elemento esencial de la protección del trabajador

499

Seguridad del empleo

SEGURIDAD DEL EMPLEOSEGURIDAD DEL EMPLEO

contra la terminación injustificada. El Convenio contiene, además, el principio según el cual el organismo ante el que serecurrirá deberá ser neutral: esto significa, por ejemplo, que un procedimiento de recurso jerárquico o administrativo no
puede ser considerado como válido en virtud de las disposiciones del Convenio: cuando existe tal recurso, deben adoptarse
disposiciones que permitan recurrir a continuación ante un organismo neutral. El Convenio considera como talesorganismos un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. En consecuencia, deja a cada país laposibilidad de determinar el o los organismos competentes, siempre que se trate de organismos neutrales (párrafo 178 delEstudio General de 1995). La Comisión entiende que, en este caso, los organismos neutrales son los tribunales del trabajo.
La Comisión pide al Gobierno que indique si se han previsto medidas para facilitar el recurso ante los tribunales detrabajo en caso de despidos injustificados. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que presente datos sobre lasactividades de tribunales del trabajo en relación con los recursos interpuestos contra despidos, el resultado de losrecursos y el promedio del tiempo empleado para decidir sobre recursos contra despidos justificados. Sírvase incluir
ejemplos de decisiones judiciales recientes dictadas en relación con la definición de las causas justificadas de despido.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 158 (Eslovaquia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Santa Lucía, Uganda, Yemen).

500

SALARIOS

Salarios
BurundiConvenio sobre los métodos para la fijación de salarios
mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas.
En relación con su observación adoptada en 2008, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 1/01, de fecha 4 defebrero de 2008, relativa al Código sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público. La legislación sobre adquisiciones ycontrataciones del sector público regula la adjudicación, la ejecución y la supervisión de todos los contratos públicos en base a laigualdad de trato y a la transparencia. También establece dos órganos, la Dirección Nacional de Supervisión de la Contratación
Pública (DNCMP) y la Autoridad Reguladora de la Contratación Pública (ARMP), que tienen competencias en garantizar el
cumplimiento de las leyes y los reglamentos relacionados con la contratación pública. Sin embargo, la Comisión toma nota deque el Código sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público no prevé la inserción de cláusulas de trabajo, comoprescribe este artículo del Convenio. En efecto, la única disposición que parece abordar los asuntos laborales en relación con elproceso de adquisiciones y contrataciones del sector público, es el artículo 55, 1), a), del Código, que excluye de la licitación
pública a las personas que no hubieran tenido una regularidad en el pago de los impuestos, cotizaciones y otro tipo de cuotas, yque no hubieran podido elaborar un certificado de la autoridad administrativa correspondiente indicando el cumplimiento dedichas contribuciones. Al respecto, la Comisión se remite a los párrafos 117-118 del Estudio General de 2008, Cláusulas detrabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, en los que destaca que el Convenio no se refiere a criterios
generales de elegibilidad de individuos o empresas que realizan ofertas en contratos públicos, pero exige que la cláusula detrabajo se incluya expresamente en el contrato que finalmente firmen la autoridad competente y el contratista seleccionado. De
igual modo, la certificación puede ofrecer alguna prueba del desempeño pasado de los licitadores, incluido el respeto de las
obligaciones sociales, pero no entraña ningún compromiso respecto de las operaciones futuras, como lo implican las cláusulas detrabajo. Al tomar nota de que el Gobierno había anunciado, en su última memoria, su intención de emprender las acciones
adecuadas para armonizar plenamente su legislación con el Convenio, la Comisión espera que se adopten, sin más dilaciones,las medidas necesarias. Al tomar nota asimismo de que el decreto núm. 100/120, de 18 de agosto de 1990, sobre lascondiciones generales de los contratos, dejará de aplicarse cuando entre en vigor el nuevo Código sobre Adquisiciones yContrataciones del Sector Público, la Comisión solicita al Gobierno que transmita el texto de las nuevas condiciones
generales de los contratos en cuanto haya sido adoptado. Además, la Comisión solicita al Gobierno que aclare si sigue aún envigor el decreto presidencial núm. 100/49, de 11 de julio de 1986, sobre las medidas específicas dirigidas a garantizar
condiciones mínimas a los trabajadores empleados por un contratista público — que reproduzca en esencia las disposiciones
del artículo 2 del Convenio, sin por ello referirse expresamente a las cláusulas de trabajo — y, de ser así, de qué manera se
garantiza la aplicación del artículo 2 del decreto presidencial en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

501

Salarios

Artículo 3 del Convenio. Métodos para la fijación de salarios mínimos. La Comisión toma nota de las observaciones dela Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), de fechas 30 de agosto de 2012 y 24 de septiembre de 2014, sobre laaplicación del Convenio. La COSYBU considera que el Convenio es letra muerta, dado que no se revisó, desde la década de1980, el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG). La COSYBU indica que es lamentable y escandaloso continuar con
un SMIG oficialmente fijado en 160 francos de Burundi (aproximadamente 0,10 dólares de los Estados Unidos) al día, en loscentros urbanos, y en 105 francos de Burundi (aproximadamente 0,07 dólares de los Estados Unidos) al día, en las zonas rurales,y solicita al Gobierno que reajuste el nivel del SMIG con carácter de urgencia. En relación con esto, la Comisión recuerda las
indicaciones del Gobierno en sus memorias anteriores, según las cuales el reajuste del salario mínimo nacional es parte delproceso más amplio de revisión del Código del Trabajo y está también condicionado a la preparación de un estudio preliminar en
esta materia. En estas circunstancias, la Comisión se ve obligada a concluir que el proceso de fijación del salario mínimo previsto
en los artículos 74 (las ordenanzas ministeriales que fijan los salarios mínimos garantizan una remuneración justa a lostrabajadores) y 249 (la revisión anual de los salarios mínimos por el Consejo Nacional tripartito del Trabajo) del Código delTrabajo, ya no se aplica en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que transmita todo comentario que pueda querer
formular en respuesta a las observaciones de la COSYBU. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte todas lasmedidas necesarias para reactivar el proceso de fijación del salario mínimo, celebrando consultas plenas con losinterlocutores sociales, y que proceda al reajuste, tanto tiempo retrasado, del salario mínimo interprofesional garantizado.

SALARIOS

Djibouti
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1978)
Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades
públicas. En su comentario anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara una memoria detallada sobre lasituación de la legislación y de la práctica nacionales en cuanto a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados porlas autoridades públicas, a la luz de la legislación sobre los mercados públicos, especialmente de la Ley
núm. 53/AN/09/6º L, de 1.º de julio de 2009, sobre el Código de los Mercados Públicos y de los decretos
núms. 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE y 2010-0085/PRE, de fecha 8 de mayo de 2010. La Comisión toma nota de que elartículo 13.1.1 del mencionado Código no admite a las personas físicas o jurídicas que no hayan suscrito las declaraciones
que les incumben en materia de fiscalidad directa e indirecta y de cotizaciones patronales o que no hayan efectuado elpago a los servicios de cobro competentes para hacer transacciones comerciales u obtener pedidos del Estado. Por otra
parte, la Comisión toma nota de que la cláusula 9.1, del pliego de cláusulas administrativas generales aplicables a losmercados públicos de trabajo, adoptado por el decreto núm. 2010-0084/PRE, de 8 de mayo de 2010, prevé que elempresario deberá, salvo disposición contraria del mercado, encargarse de la contratación del personal y de la mano deobra, de origen nacional o no, así como de su remuneración, alojamiento, abastecimiento y transporte, en el estricto
respeto de la reglamentación en vigor, poniéndose de conformidad, especialmente con la reglamentación del trabajo (sobre
todo, en lo que respecta a los horarios de trabajo y a los días de descanso), y con la reglamentación social y el conjunto dela reglamentación aplicable en materia de higiene y de seguridad. La Comisión toma nota de que esta cláusula, así como la
exclusión prevista en el artículo 13.1.1, del Código de los Mercados Públicos, no bastan para dar efecto a lasprescripciones esenciales del Convenio, a saber, la inserción, en todos los contratos celebrados por las autoridades
públicas comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Convenio, de cláusulas de trabajo — elaboradas
previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores —, con el fin de garantizar a los trabajadoresinteresados condiciones de remuneración y otras condiciones de empleo que no sean menos favorables que las condiciones
establecidas por la legislación nacional, los convenios colectivos o los laudos arbitrales para un trabajo de igual naturaleza
en el mismo sector. Ello es así, en efecto, porque las condiciones de empleo y de trabajo establecidas en la legislación
general del trabajo se ven a menudo mejoradas mediante la negociación colectiva respecto de la cual la Comisión
considera sistemáticamente que el simple hecho de que la legislación se aplique a todos los trabajadores, no exime al
Gobierno interesado de su obligación de incluir cláusulas de trabajo en todos los contratos celebrados por las autoridades
públicas, de conformidad con el artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. Recordando que el Convenio no impone
necesariamente la adopción de una nueva legislación, sino que puede aplicarse mediante instrucciones o circulares
administrativas, la Comisión pide otra vez al Gobierno que tome rápidamente las medidas encaminadas a garantizar la
aplicación efectiva del Convenio y recuerda que el Gobierno puede, si así lo desea, beneficiarse de la asistencia técnica
de la OIT.

Dominica
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota de que aún no ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto y espera que la próxima memoria contenga información completa sobre los asuntos
planteados en sus comentarios anteriores.
Artículo 6 del Convenio. Legislación que aplica el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno nunca hacomunicado alguna información sobre la naturaleza práctica relativa a la aplicación del Convenio. En consecuencia, agradecería
al Gobierno que compilara y transmitiera, junto a su próxima memoria, información actualizada sobre el número promediode contratos públicos otorgados anualmente y el número aproximado de trabajadores contratados en su ejecución, extractos
de los informes de inspección que muestren casos en los que se hayan retenido pagos, contratos que hayan sido finalizados ocontratistas que hayan sido excluidos de la licitación pública por incumplimiento de las normas relativas a los salarios justos,así como cualquier otra información que permita que la Comisión entienda claramente la manera en la que se aplica elConvenio en la práctica.
Además, la Comisión entiende que el Gobierno se ha incorporado a un proyecto de asistencia técnica financiado por el
Banco Mundial para el crecimiento y la protección social, con miras a mejorar, entre otras cosas, el funcionamiento transparente yla gestión eficiente de la contratación pública. En relación con esto, la Comisión valoraría recibir información adicional sobre
la aplicación de este proyecto y los resultados obtenidos, en particular en lo que respecta a cualquier enmienda introducida oprevista en las leyes y reglamentaciones relativas a la contratación pública, que pudiese afectar a la aplicación del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

502

SALARIOS

Ghana
Artículos 1 y 2 del Convenio. Ámbito de aplicación y finalidad del Convenio. La Comisión toma nota de lamemoria del Gobierno, en la cual éste se refiere nuevamente a las disposiciones establecidas en la Ley del Trabajo de
2003 en relación con la seguridad y la salud en el trabajo, la fijación de salarios mínimos y las horas máximas de trabajo.
La Comisión toma nota una vez más de que estas disposiciones no guardan estrictamente relación alguna con la temática
del Convenio, que se ocupa de las cláusulas del trabajo en los contratos de adquisición pública según lo establecido en el
artículo 1 del Convenio, y que no son suficientes para dar cumplimiento al artículo 2 del Convenio, que requiere
explícitamente la inserción de cláusulas de trabajo que garanticen salarios y otras condiciones laborables favorables a lostrabajadores concernidos. Además, la Comisión tomó nota anteriormente de que los principios generales establecidos en la
Ley del Trabajo no garantizan automáticamente a los trabajadores concernidos condiciones laborales que no sean menos
favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la misma región por medio de un contrato colectivo,de un laudo arbitral o de la legislación o reglamentación nacionales. La aplicación de la legislación laboral de carácter
general no es suficiente por sí misma para garantizar la aplicación de las disposiciones del Convenio, por cuanto lasnormas mínimas fijadas por ley suelen ser mejoradas por medio de convenios colectivos u otras reglamentaciones.
Además la Comisión tomó nota anteriormente de que la legislación a la que se refiere el Gobierno en la mayoría de los
casos, establece normas mínimas y no refleja necesariamente las condiciones laborales actuales de los trabajadores.
En lo que se refiere a su observación anterior en relación con los certificados de conformidad a la legislación laboral
que los individuos o las empresas están obligados a obtener para ser autorizados a presentarse a una licitación de contratos
públicos, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está adoptando medidas para fortalecer este
procedimiento. En este sentido, la Comisión desea recordar que la finalidad esencial de la inserción de cláusulas de trabajo
en los contratos públicos va más allá de los objetivos de la simple certificación, por cuanto su finalidad consiste eneliminar la incidencia negativa que la legislación competitiva puede tener sobre las condiciones de trabajo de lascondiciones laborales de los trabajadores.
La Comisión, al tiempo que toma nota de que no se han realizado progresos significativos en la armonización desu legislación nacional con las exigencias del Convenio, insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte lasmedidas necesarias, si es necesario con la asistencia técnica de la Oficina, para implementar las disposiciones delConvenio en la legislación y en la práctica, y a que le comunique información al respecto.

GreciaConvenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)(ratificación: 1955)
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, tras sus comentarios anteriores relativos alas reclamaciones salariales como créditos preferentes en los procedimientos de quiebras (artículo 11 del Convenio).
Artículo 12. Pago de los salarios a intervalos regulares. Rápido pago de los salarios debidos al terminar elcontrato. En su comentario anterior, la Comisión instó al Gobierno a que siguiera adoptando medidas activas para
prevenir la generalización de los problemas de falta de pago o de retraso del pago de los salarios. Además, habida cuenta
de su preocupación por los recortes salariales en el sector público y la reducción del salario mínimo nacional, la Comisión
instó al Gobierno a realizar amplias consultas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores,
antes de adoptar cualquier medida de austeridad. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno
en su memoria sobre las dificultades en curso que se atraviesan en el pago a intervalos regulares de los salarios. En
particular, toma nota de los datos compilados por las Unidades de Relaciones de Trabajo de la inspección del trabajo(SEPE) sobre los casos de impago o pago retrasado de los salarios, en 2013 y 2014. Según esta información, si bien lasquejas presentadas por el impago de la remuneración, descendió considerablemente, en 2014, en comparación con 2013,y, en consecuencia, también descendió el número de multas impuestas por impago de las remuneraciones, el número deconflictos laborales por impago de las remuneraciones descendió ligeramente. Al tiempo que la Comisión también toma
nota de la respuesta del Gobierno en relación con varias disposiciones del Código Civil, en torno a la protección de lostrabajadores, en caso de pago de los salarios a intervalos no regulares, y en vista de los datos comunicados, considera quela actual situación sigue planteando dificultades a los trabajadores y sus familias, cuyos ingresos ya descendieron
sustancialmente, a través de la aplicación de medidas de austeridad, incluida la reducción de salarios y prestaciones.
Con respecto a los recortes salariales en el sector público, la Comisión toma nota de la información comunicada por
el Gobierno, según la cual, en cumplimiento de varias decisiones recientes del Consejo de Estado, el más alto tribunal
administrativo de Grecia, y tras tener en cuenta la actual situación financiera y los compromisos financieros del país,reajustó retroactivamente, al 1.º de agosto de 2012, la escala salarial especial de los funcionarios de las fuerzas armadas yde seguridad. Además, también se incrementaron retroactivamente los salarios de los jueces y del personal permanente delconsejo legal del Estado, en el nivel en el que se encontraban antes de que entrara en vigor la ley núm. 4093/2012.

503

Salarios

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1961)

SALARIOS

Además, dado que otros artículos de esta ley fueron declarados inconstitucionales, se están revisando las reducciones
salariales para el personal docente y de investigación de las universidades, hecho que viene ocurriendo desde 2012, y se
examina en la actualidad una propuesta para reajustar la escala salarial especial de estos trabajadores. Por último, el
Gobierno insiste en el hecho de que se opone a las políticas de austeridad que no respetan los derechos sociales adquiridos
y trata de aplicar su programa de compromisos en base a esas consideraciones. Al respecto, la Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno, según la cual concluyó recientemente un memorándum de entendimiento con las instituciones (la«troika», a saber, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) para establecer uncomité consultivo, con la participación de varios expertos y la contribución de la OIT y del Parlamento Europeo, conmiras a introducir un nuevo marco legislativo para una serie de asuntos laborales, en consonancia con las mejores
prácticas del modelo social europeo. Al tiempo que toma nota de estas medidas positivas, la Comisión solicita al
Gobierno que siga adoptando todas las medidas posibles, legislativas o de otro tipo, para garantizar el pago de lossalarios a intervalos regulares e íntegramente, y que comunique información sobre los resultados obtenidos en estecontexto. También solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la evolución de la situación delimpago o pago retrasado de los salarios, incluyéndose, por ejemplo, la cuantía de los salarios atrasados y recuperados.
La Comisión también reitera su solicitud anterior al Gobierno de garantizar que los representantes de los empleadoresy de los trabajadores sean plenamente consultados antes de la adopción de cualquier medida que tuviese un impacto
adverso en los trabajadores respecto de la protección del salario.

GuineaConvenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1966)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L/2014/072/CNT, de 10 de enero de 2014).
La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completode la nueva legislación.
Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La
Comisión toma nota de que la última memoria del Gobierno no contiene respuesta alguna a sus comentarios anteriores, sino que
reproduce esencialmente una información ya presentada en memorias anteriores que la Comisión ha considerado estrictamenteajena a la cuestión relativa al campo de aplicación y al contenido del Convenio. La Comisión se ve nuevamente llevada a concluirque, en los últimos cuarenta años, no se había producido prácticamente ningún progreso en la aplicación de las disposiciones delConvenio, en la ley o en la práctica. Ante tales circunstancias, la Comisión espera que el Gobierno realice verdaderos esfuerzospara mantener un diálogo genuino con los órganos de control de la OIT e insta una vez más al Gobierno a que adopte, sin
más retrasos, todas las medidas necesarias para armonizar su legislación y su práctica nacionales con los términos y objetivos
claros del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Mauricio
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos,
1928 (núm. 26) (ratificación: 1969)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores del Sector Privado(CTSP), recibidas por la Oficina el 5 de agosto de 2014. El Gobierno comunicó su respuesta a estas observaciones, que la
Oficina recibió el 25 de marzo de 2015.
En sus observaciones, la CTSP se refiere al artículo 95 (1A) de la Ley de Relaciones Laborales, de 2008 (leynúm. 32, de 2008), que se insertó a través de la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), de 2013 (ley núm. 5, de 2013).
Este párrafo dispone que, cuando en una empresa o industria, exista un convenio colectivo que comprenda los asuntos
especificados en el reglamento sobre la remuneración pertinente, que prevé las tasas salariales mínimas, ese reglamento
sobre la remuneración no se aplicará a esa empresa o industria, excepto en el caso de las disposiciones relativas a lascuestiones que no están comprendidas en el convenio colectivo. La CTSP también se refiere al artículo 57, 2), de la ley,que fue introducido por la misma enmienda de 2013, y que dispone que un convenio colectivo no debe contener una
disposición que reduzca los salarios que prevé el reglamento sobre la remuneración. La CTSP indica que, a través de lainserción del nuevo artículo 9 (1A), el Gobierno interpreta el artículo 57, 2), para aplicarse sólo durante las negociaciones
y no después de que se haya suscrito y esté en vigor un convenio colectivo. La CTSP afirma que se enmendó la orden
sobre la remuneración, previendo unas tasas salariales mínimas más elevadas que las del convenio colectivo. La CTSP
considera que el nuevo artículo 95 (1A) sólo puede ser leído en el sentido de que las disposiciones de un convenio
colectivo no deberían ser menos favorables que el reglamento sobre la remuneración pertinente, salvo cuando ese
convenio colectivo haya sido suscrito antes del reglamento sobre la remuneración pertinente. La CTSP cuestiona el hechode que pueda eliminarse la protección básica mínima de los salarios, únicamente por haberse suscrito un convenio
colectivo.
504

SALARIOS

En su respuesta, el Gobierno indica que, con respecto al artículo 95 (1A) de la Ley de Relaciones Laborales, de2008, en su forma enmendada, el fundamento es que, cuando se concluye un convenio colectivo, éste prevalece sobre un
reglamento de remuneración, promoviéndose así la negociación colectiva. Con respecto al artículo 57, 2), de la ley, elrazonamiento de la interpretación del Gobierno, como se indicó con anterioridad, se basa en el párrafo 940 de la
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, que indica que «el respeto mutuo de loscompromisos asumidos en los acuerdos colectivos es un elemento importante del derecho de negociación colectiva ydebería ser salvaguardado para establecer relaciones laborales sobre una base sólida y estable», así como en elpárrafo 1045, que establece que: «en un caso en que se establecieron por ley aumentos generales de salario en el sector
privado, que se añadieron inclusive a los ya pactados en los convenios colectivos, el Comité señaló a la atención delGobierno que el desarrollo armonioso de las relaciones laborales se vería favorecido si los poderes públicos al hacer frentea los problemas relativos a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores adoptaran soluciones que no entrañasen
modificaciones de lo convenido entre organizaciones de trabajadores y de empleadores sin la anuencia de ambas partes».
El Gobierno añade que la Ley de Relaciones Laborales, de 2008, prevé una solución a través del artículo 58 (en su forma
enmendada en 2013).
La Comisión toma buena nota de las informaciones mencionadas anteriormente, incluidas las referencias delGobierno a algunos párrafos de la Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, que parecen
ser poco pertinentes en el contexto de este caso particular.
Por lo tanto, la Comisión confía en que el Gobierno y la CTSP continúen las consultas con miras almantenimiento y funcionamiento de unos métodos efectivos para la fijación de salarios mínimos.

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos,
1928 (núm. 26) (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se recibió la memoria del Gobierno. Expresa su profunda preocupacióna este respecto y espera que la próxima memoria contenga información completa sobre las cuestiones planteadas en sus
comentarios anteriores.
Artículos 1 a 4 del Convenio. Métodos para la fijación de salarios mínimos. La Comisión toma nota de que, en suúltima memoria, el Gobierno indicó que el proyecto de legislación del trabajo, en cuanto se haya finalmente adoptado,
especificaría claramente los principios para la fijación de salarios mínimos, de conformidad con los requisitos del Convenio.
También indicó que se estableció la Junta Nacional Mixta, que incluye a representantes de los interlocutores sociales, para
formular una política de salarios e ingresos, al tiempo que en la actualidad varios consejos de grupo de empresa fueron
autorizados a negociar los salarios para los trabajadores sindicalizados y aplicar los acuerdos de grupo de empresa. La Comisión
solicita al Gobierno que comunique información adicional, incluyendo copias de todo texto legal pertinente, sobre lacomposición, el mandato y el funcionamiento de la Junta Nacional Mixta, especialmente en lo relativo al método de
determinación o de reajuste de los niveles salariales mínimos. Además, la Comisión agradecería al Gobierno que comunicara
más información detallada sobre las actividades de los consejos de grupo de empresa y que transmitiera copias de todo
acuerdo de grupo de empresa que esté en vigor en la actualidad y contenga tasas salariales mínimas para los sectores
específicos de la actividad económica o grupos de trabajadores.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)(ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 16 del Convenio. Información completa sobre las modificaciones legislativas. Recordando que el Gobierno
lleva muchos años refiriéndose a la inminente adopción de la nueva legislación laboral, y que han pasado más de veinticinco
años desde la elaboración de los proyectos de enmiendas, con la asistencia de la OIT, para que la legislación nacional cumpla
con los requisitos del Convenio, la Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias, sin más dilación,
para que se promulgue la nueva legislación y recuerda que puede, si así lo desea, solicitar la asistencia técnica de la OIT aeste respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Yemen
Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados
por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1969)
Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas laborales en los contratos celebrados por las autoridades
públicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley núm. 23, de 14 de agosto de 2007, sobre la
Licitación, la Presentación de Mejores Ofertas y los Almacenes del Gobierno no prevé la inclusión de las cláusulas

505

Salarios

Sierra Leona

SALARIOS

previstas en el artículo 2 del Convenio. Asimismo, toma nota de que el Gobierno indica que la Comisión Suprema sobre
Licitaciones y Subastas, con arreglo a su memorándum núm. 1/a/m 881, de 17 de agosto de 2014, señaló que la ley
núm. 23 no incluye disposiciones sobre las condiciones de empleo y los salarios de los trabajadores y que la actual ley enmateria de licitación tiene que enmendarse. Toma buena nota de que el Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo se pondrá
en contacto con la Autoridad Suprema en materia de Supervisión de las Licitaciones a fin de llevar a cabo las necesarias
enmiendas tan pronto como sea posible.
En relación con la referencia realizada por el Gobierno al Código del Trabajo núm. 5, de 1995, y a las enmiendas
que se han realizado a este Código, la Comisión toma nota de que las disposiciones de este Código no son estrictamente
pertinentes en lo que respecta al Convenio y no dan efecto a su artículo 2 que requiere la inclusión de cláusulas que
garanticen a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables
que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región por medio
de un contrato colectivo, un laudo arbitral o por medio de la legislación nacional. La aplicación de la legislación generaldel trabajo no es suficiente en sí misma para garantizar la aplicación del Convenio, en la medida en que las normas
mínimas establecidas por la ley a menudo se mejoran a través de los convenios colectivos o de otra forma.
Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas, si es
necesario con la asistencia técnica de la Oficina, para garantizar que todos los contratos celebrados por las
autoridades públicas contienen cláusulas laborales que están de conformidad con lo establecido por el Convenio y que
comunique información sobre todos los cambios que se produzca en relación con las modificaciones previstas de la ley
núm. 23, de 14 de agosto de 2007.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 26 (Malawi, Marruecos); el Convenio núm. 94 (Brasil, Guyana, Sierra Leona, República Árabe Siria);
el Convenio núm. 95 (Ecuador, República Árabe Siria); el Convenio núm. 99 (Comoras, Malawi, Marruecos);el Convenio núm. 131 (Marruecos, República Árabe Siria).

506

TIEMPO DE TRABAJO

Tiempo de trabajo
EcuadorConvenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura),
1952 (núm. 101) (ratificación: 1969)
Artículos 1 y 8 del Convenio. Aplazamiento por el trabajador de las vacaciones anuales pagadas. En sus
comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 75 del Código del Trabajo permite que el trabajador
renuncie a sus vacaciones anuales pagadas durante tres años consecutivos, con el fin de que las tome de manera
acumulativa el cuarto año. A este respecto, la Comisión había recordado que el artículo 8 del Convenio considera nulo
todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas. Asimismo,la Comisión había señalado a la atención del Gobierno el párrafo 177 de su Estudio General de 1964, Vacaciones anuales
pagadas, según el cual, si bien ciertas excepciones pueden considerarse aceptables, porque responden a los intereses tantode los trabajadores como de los empleadores, es esencial mantener el principio según el cual hay que acordar a lostrabajadores al menos una parte de sus vacaciones a lo largo del año, para que éstos puedan beneficiarse de un mínimo dedescanso y de esparcimiento. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte sin retrasos las medidas necesarias
para garantizar que en caso de que se continúe autorizando el aplazamiento de las vacaciones anuales ello no afecte a
una determinada parte mínima de las vacaciones, que deberá acordarse cada año.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea Ecuatorial
Convenio sobre las horas de trabajo (industria),
1919 (núm. 1) (ratificación: 1985)
Artículo 6 del Convenio. Excepciones permanentes y temporales. En respuesta a los comentarios que la Comisión harealizado desde 1994, el Gobierno indicó en su memoria de 2004 que los reglamentos de aplicación del artículo 49 de la ley
núm. 2/1990 estaban todavía siendo examinados con las partes interesadas, en especial en el sector de los hidrocarburos. La
Comisión pide al Gobierno que le comunique informaciones sobre los progresos realizados en este proceso. Asimismo, invita
al Gobierno a proporcionar informaciones sobre las organizaciones de empleadores y de trabajadores consultadas en el marco
de la elaboración de estos reglamentos. Además, la Comisión ruega encarecidamente al Gobierno que comuniqueinformaciones sobre la forma en que se aplican en la práctica las disposiciones del artículo 49 de la ley núm. 2/1990 relativa alas horas extraordinarias.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas),
1930 (núm. 30) (ratificación: 1985)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 7 del Convenio. Excepciones permanentes y temporales. En respuesta a los comentarios que la Comisión harealizado desde 1994, el Gobierno indicó en su memoria de 2004 que los reglamentos de aplicación del artículo 49 de la ley
núm. 2/1990 siguen siendo examinados con las partes interesadas, en especial en el sector de los hidrocarburos. La Comisión leruega que comunique informaciones sobre los progresos realizados en este proceso. Asimismo, le pide al Gobierno
proporcionar informaciones sobre las organizaciones de empleadores y de trabajadores consultadas en el marco de laelaboración de estos reglamentos. Además, la Comisión insta al Gobierno a que comunique informaciones sobre la forma enque se aplican en la práctica las disposiciones del artículo 49 de la ley núm. 2/1990 relativa a las horas extraordinarias.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 1 (Angola, Guinea Ecuatorial, Haití, República Árabe Siria); el Convenio núm. 4 (Nicaragua); el Convenio
núm. 14 (Angola, Burundi, Haití, Malasia: Sarawak, Mauritania); el Convenio núm. 30 (Guinea Ecuatorial, Haití,
República Árabe Siria); el Convenio núm. 52 (Burundi, Mauritania); el Convenio núm. 89 (Angola, Mauritania,
Rwanda, República Árabe Siria); el Convenio núm. 101 (Burundi, Ecuador, Sierra Leona); el Convenio núm. 106(Angola, Haití); el Convenio núm. 132 (Croacia, Guinea).
507

Tiempo de trabajo

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

TIEMPO DE TRABAJOLa Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 14 (República Árabe Siria); el Convenio núm. 52 (República Árabe Siria);
el Convenio núm. 101 (República Árabe Siria); el Convenio núm. 106 (República Árabe Siria).

508

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Seguridad y salud en el trabajo
Observación general
Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)
Introducción

Referencia a los conocimientos disponibles – artículos 3, párrafo 1, y 6, párrafo 2, del Convenio
2.
Según el artículo 3, párrafo 1, del Convenio, «Basándose en la evolución de los conocimientos, deberán adoptarse
todas las medidas apropiadas para lograr una protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes,
desde el punto de vista de su salud y de su seguridad». Este mismo artículo dispone, en su párrafo 2, que: «a este fin,se adoptarán las reglas y medidas necesarias […]». El tercer párrafo de la Recomendación sobre la protección contralas radiaciones, 1960 (núm. 114), enuncia que «A los efectos de la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 delartículo 3 del Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960, todo Miembro debería tener en cuenta las
recomendaciones que formula de cuando en cuando la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones,
y las normas adoptadas por las demás organizaciones competentes». Además, entre las medidas de protección que
han de adoptarse en virtud del artículo 3, párrafo 1, el artículo 6, párrafo 1, prevé que se fijarán, para los diferentes
tipos de trabajadores, «Las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes, procedentes de fuentes situadas
fuera o dentro del organismo, así como las cantidades máximas admisibles de sustancias radiactivas introducidas enel organismo», y el artículo 6, párrafo 2, precisa que «Estas dosis y cantidades máximas admisibles deberán ser
objeto de constante revisión, basándose en los nuevos conocimientos». A los fines de la evaluación delcumplimiento de estas disposiciones, ha sido práctica de la Comisión remitirse a los conocimientos actuales, comolos contenidos en las recomendaciones de la CIPR y otras fuentes de referencia internacionales fundadas en las
mismas recomendaciones, como las Normas de seguridad (copatrocinadas por algunas organizaciones
internacionales, entre las que se encuentra la OIT, a partir de 1982) y el Repertorio de recomendaciones prácticas dela OIT para la protección de los trabajadores contra las radiaciones (radiaciones ionizantes), cuya publicación fue
aprobada por el Consejo de Administración de la OIT, en su 234.ª reunión (noviembre de 1986).
Alcance del concepto de exposición en el trabajo
3.
El artículo 2, párrafo 1, del Convenio, dispone que este instrumento se aplica a todas las actividades que entrañen la
exposición de trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo. De igual modo, las Normas de seguridad de2014 definen la exposición en el trabajo * como la exposición sufrida por los trabajadores en el curso de su trabajo, y elRepertorio de recomendaciones prácticas de la OIT para la protección de los trabajadores contra las radiaciones, serefiere a la exposición recibida o comprometida a la que está sometida un trabajador durante un período de trabajo.
1
Las Normas de seguridad fueron publicadas conjuntamente por la Comisión Europea, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Internacional del Trabajo, laAgencia de la Energía Nuclear de la OCDE, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medioambiente y la Organización Mundial de la Salud. NDT: la edición de 2014 de Normas de seguridad, no estaba publicado en español
en el momento de elaboración de la presente observación general. Las menciones que aquí se realizan a esa publicación son, enconsecuencia, una traducción libre. Los números de página indicados hacen referencia a la versión del texto en inglés.
* Las Normas de seguridad utilizan el concepto «exposición ocupacional» y la observación general de 1992 el de «exposición
profesional». La presente observación general ha optado por el concepto de «exposición en el trabajo» como los instrumentos de la OIT.
Debe entenderse que estos tres conceptos son sinónimos.

509

Seguridad y salud en el
trabajo

Antecedentes
1.
En su reunión de noviembre-diciembre de 2014, la Comisión difirió el examen de la aplicación del Convenio sobre laprotección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115), en razón de la preparación de una nueva observación general sobre
este Convenio. La presente observación general actualiza la anterior observación general sobre el tema, publicada en
1992, tomando en cuenta las recomendaciones de 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR),
que son objeto de su publicación 103 (en adelante, las recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103)); de la
declaración de este mismo organismo, emitida en 2012 en su publicación 118 sobre las reacciones tisulares/efectos
precoces y tardíos de las radiaciones en los tejidos y órganos normales del cuerpo humano, umbrales de las dosis dereacción tisular en un contexto de protección radiológica; y de la publicación, en julio de 2014, por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), de una edición revisada del documento titulado «Protección radiológica yseguridad de las fuentes de radiación: normas básicas internacionales de seguridad (parte 3: Requisitos de seguridad
generales)» (en adelante, Normas de seguridad de 2014) 1, documento que tiene en cuenta las recomendaciones de la
CIPR. Las recomendaciones contenidas en estos diversos documentos guardan una relación con la aplicación delConvenio, puesto que éste se refiere, en sus artículos 3, párrafo 1, y 6, párrafo 2, a la «evolución de los conocimientos»
y a los «nuevos conocimientos». Esta observación general está organizada en dos partes. La primera parte (párrafos 4 a29) contiene una síntesis de las recomendaciones y normas del OIEA y de la CIPR. La segunda parte, relativa a lasconclusiones (párrafos 30 a 41), contiene orientaciones específicas sobre la aplicación del Convenio.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Parte I – Resumen de las recomendaciones y normasde la OIEA y de la CIPR
Sistema de protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes
Principios generales del sistema de protección4.
El objetivo fundamental del sistema de protección contra las radiaciones 2 es el de proteger a los seres humanos y al
medioambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Este objetivo debe alcanzarse sin restringirde manera indebida el funcionamiento de las instalaciones o la realización de actividades, en la medida en que losbeneficios que de ello se derivan sobrepasen los riesgos inherentes a las radiaciones que originan. Si anteriormente
se puso énfasis primordialmente en la limitación de la dosis individual, en la actualidad se considera que esta
limitación constituye sólo uno de los principios de seguridad de un sistema de protección radiológica que se debe
aplicar a toda situación de exposición. Los tres principios generales de la protección radiológica son: la justificación,la optimización da la protección y la aplicación de límites de dosis 3:a) La justificación de una acción o actividad. Para toda situación de exposición 4, se trata de saber si los beneficios
para las personas y la sociedad, resultantes del inicio o continuación de una acción o actividad sobrepasa el daño
(incluidos los perjuicios ocasionados por las radiaciones) que se derivan de esta acción o actividad. Si las
informaciones disponibles son suficientes, el perjuicio asociado a una acción o actividad propuesta, debería incluir,el de la exposición potencial, así como el de las exposiciones que con certeza van a ocurrir. Es necesario que elproceso de justificación considere los nuevos conocimientos científicos disponibles sobre la eficacia o lasconsecuencias de las acciones o actividades. Si ya no puede considerarse que la acción o la actividad aporta un
beneficio suficiente respecto del perjuicio total que la misma genera, deberían preverse medidas que incluyan laprohibición o el retiro.
b) La optimización de la protección. La optimización de la protección y la seguridad es un proceso dirigido agarantizar que la probabilidad y la magnitud de una exposición y el número de personas expuestas, sean tan bajos
como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales. En el proceso de
optimización, se utiliza la noción de restricción de dosis 5.
c) El límite de exposición. La exposición de los individuos en cualquier situación de exposición debe estar sometida ala dosis individual y a los criterios de riesgo. Los límites de dosis o de riesgo constituyen una expresión jurídica
particular de estos criterios, relacionados con la persona y establecidos en el marco de la aplicación del sistema deprotección, para definir las exposiciones que deben considerarse como inaceptables. Para garantizar que los límites
de dosis 6 sean respetados, podrían utilizarse otros criterios aplicables a la dosis, como las restricciones de dosis o losniveles de referencia 7.
8Aplicación de límites máximos admisibles en el marco del sistemade protección contra las radiaciones ionizantes
5.
La Comisión recuerda que, en el curso de los últimos decenios, se han producido cambios significativos en lacomprensión de los efectos de las radiaciones, tanto en lo que respecta a los niveles de límites de dosis
recomendados como a su finalidad y a sus funciones, en el marco del sistema de protección recomendado por la
CIPR. Inicialmente, su principal función fue percibida como la de evitar los efectos no malignos directamente
observables; luego, se tomó en consideración asimismo la incidencia de cáncer y los efectos hereditarios
2
Según las Normas de seguridad de 2014, un sistema de protección radiológico se basa en diez principios de seguridad:
responsabilidad de la seguridad; función del gobierno; liderazgo y gestión en pro de la seguridad; justificación de las instalaciones yactividades; optimización de la protección; limitación de los riesgos para las personas; protección de las generaciones presentes y
futuras; prevención de accidentes; preparación y respuesta en casos de emergencia; y medidas protectoras para reducir los riesgos
radiológicos.
3
Apartado 5.6 de las recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103) y pág. 4 de las Normas de seguridad de 2014.
4
En sus recomendaciones de 2007 (publicación 103) la CIPR define tres situaciones de exposición: la exposición existente, la
exposición planificada y la exposición de emergencia. En cada una de estas situaciones, la protección debe optimizarse mediante límites(o restricciones) de la exposición individual que reviste la forma de limitaciones o de niveles de referencia destinados a garantizar
niveles de protección apropiados en las condiciones dadas.
5
La restricción de dosis es un valor de dosis individual prospectiva que se relaciona con la fuente. Se utiliza en las situaciones deexposición planificada como parámetro de optimización de la protección y de la seguridad relativa a la fuente, y sirve como límite
superior para la definición de la gama de opciones consideradas en el curso de la optimización.
6
El límite de dosis es el valor de la dosis efectiva o de la dosis equivalente recibida por individuos que no debe ser excedida a
causa de situaciones de exposición planificadas.
7
El nivel de referencia es el nivel de concentración de dosis, de riesgo o de actividad por encima del cual se juzga como
inapropiado permitir que tengan lugar exposiciones, y por debajo del cual seguiría implementándose la optimización de la protección yla seguridad. Se utiliza en el contexto de una exposición en situación de emergencia o en la situación existente.
8
En las recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103) y en las Normas de seguridad de 2014, el concepto de límites
máximos admisibles está expresada en los términos límite de dosis y nivel de referencia.

510

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.

7.

8.

ocasionados por las radiaciones, y se bajó varias veces el límite anual de exposición en el trabajo de todo elorganismo, a la luz de los nuevos conocimientos científicos.
La posición de la CIPR es que, para dosis de radiación (por debajo o cercanas a 100 mSv por año), puede existir una
pequeña probabilidad de que aumente la incidencia de «efectos estocásticos» 9 y en proporción al aumento de ladosis de la radiación en relación con la dosis natural. Estos efectos estocásticos incluyen aquellos cuya aparición esaleatoria, como ocurre en el cáncer o en las alteraciones genéticas. En el estado actual de los conocimientos
científicos, no pueden evitarse por completo los efectos estocásticos y no puede invocarse, en lo que les concierne,ningún umbral de dosis de radiación. Así, la fijación de límites de dosis no puede basarse únicamente en
consideraciones de salud y debe apoyarse asimismo en consideraciones económicas y sociales. Por otra parte, losefectos en la salud asociados a las dosis más elevadas se califican de efectos «deterministas» 10 (o de «reacciones
tisulares», cuando la gravedad de los efectos es proporcional a la dosis por encima de un nivel dado). Los efectos
deterministas pueden evitarse, limitando las dosis a las que están expuestas las personas por debajo de un
determinado nivel de dosis.
En las situaciones de exposición planificada, la exposición no debe exceder de los límites de dosis y, cuando se trata
de una exposición por debajo de los límites de dosis, la protección debe optimizarse. Además, se recomienda asociar
a todas las partes concernidas en el proceso de optimización.
En consecuencia, el respeto de los límites de dosis para las personas no es la única medida de una protección
satisfactoria contra las radiaciones, y destaca que, para optimizar la protección, se requiere mantener todas las
exposiciones en un nivel tan bajo como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos ysociales. Este enfoque está reflejado en el artículo 5 del Convenio, en virtud del cual «No deberá escatimarse ningún
esfuerzo para reducir al nivel más bajo posible la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes, y todas laspartes interesadas deberán evitar toda exposición inútil».

Exposición en el trabajo: límites de dosis
11

Recomendaciones anteriores sobre los límites de dosis
10. Las recomendaciones de la CIPR, de 1990 (publicación 60, anexo B), proporcionan una discusión detallada de losefectos biológicos de las radiaciones ionizantes. En base a las informaciones contenidas en esta publicación, la CIPR
concluyó, en 1990, que los límites de dosis deberían determinarse de tal manera y fijarse en tal nivel, que la dosis
efectiva total 12 inducida a lo largo de la vida, no pudiera exceder de una dosis de aproximadamente 1 sievert (Sv),inducida de manera moderadamente uniforme, según una media anual de 20 mSv. Sin embargo, la CIPR subrayó
que la aplicación de su sistema de protección radiológica debería ser tal que sólo raramente se aproximara a esta
cifra. La CIPR recomendó un límite de dosis efectiva de 20 mSv por año, según una media calculada en períodos decinco años (es decir, 100 mSv en cinco años), con esta restricción que la dosis efectiva no debería exceder de
50 mSv en el curso de un año. Se indicó que, si por determinadas circunstancias, se alcanzara una dosis acumulada
cercana a 1 Sv, habría que prever la posibilidad de reducir exposiciones futuras. El valor de 1 Sv no es un límite, ypor ello, no constituye una demarcación a partir de la cual una persona no podría trabajar más bajo radiaciones. Esto
ocurre si la dosis acumulada se deriva de los aumentos anuales o a la dosis de una exposición en una situación deemergencia. La CIPR recomendó asimismo prever límites de dosis anuales separadas, expresadas en dosis
equivalentes, para el cristalino del ojo (150 mSv por año) y para la piel (500 mSv por centímetro cuadrado por año),
para prevenir los efectos deterministas.
Límites de dosis: recomendaciones actuales
11. Los límites de dosis contenidos en las recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103), reflejan una
continuidad sustancial con las recomendaciones de 1990, pero se calcularon en base a estimaciones reactualizadas delos riesgos. La CIPR retoma, en sus recomendaciones de 2007 (publicación 103), los límites de dosis preconizados
9

Efecto estocástico es el efecto en la salud, inducido por la radiación, cuya probabilidad de darse aumenta al incrementar la dosis
de radiación, y cuya gravedad (cuando se produce) es independiente de la dosis (pág. 109 de las Normas de seguridad de 2014).
10
Efecto determinista es el efecto en la salud para el que existe por lo general, un nivel umbral de dosis por encima del cual lagravedad del efecto aumenta al elevarse la dosis (pág. 109 de las Normas de seguridad de 2014).
11
La incorporación se refiere a la acción o al proceso de incorporación de radionucleidos por el cuerpo humano, mediante la
inhalación y la ingestión o a través de la piel.
12
La dosis efectiva se define como una suma de las dosis equivalentes para los tejidos u órganos, multiplicada cada una por elfactor de ponderación correspondiente al tejido o al órgano considerado.

511

Seguridad y salud en el
trabajo

Límites de incorporación9.
De conformidad con el artículo 6, párrafo 1, del Convenio, las dosis máximas admisibles procedentes de fuentes
situadas fuera o dentro del organismo, así como las cantidades máximas admisibles de sustancias radiactivas
introducidas en el organismo, serán fijadas para los diferentes tipos de trabajadores. La elaboración de la noción dedosis efectiva proporciona el mecanismo que permite incluir la suma de las exposiciones provenientes de las fuentes
exteriores e interiores, y es a esta cantidad que se aplican los límites de dosis.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

anteriormente en la publicación 60. Estos límites son de una media de 20 mSv por año en períodos definidos decinco años, con un máximo de 50 mSv de dosis efectiva, en el curso de un solo y mismo año. Se establecen valores
separados de dosis equivalente para la piel, las manos y los pies, que se fijan en 500 mSv por año. La
publicación 118, parte I (2012), de la CIPR proporciona una declaración sobre las reacciones tisulares y, modifica
la recomendación relativa al límite de dosis para el cristalino del ojo, fijando, para este órgano, una dosis
equivalente de 20 mSv por año, cuya media se calcula en un período de cinco años, no debiendo nunca exceder de
50 mSv por año. Este nuevo valor anula y sustituye al límite que se fijó en las recomendaciones de la CIPR de 1990
y de 2007, y representa el único cambio respecto del límite de dosis entre las recomendaciones de 1990 y las
recomendaciones actuales. Estos límites de dosis recomendados por la CIPR y refrendados por las Normas deseguridad de 2014, están destinados a servir a los gobiernos y a las autoridades reguladoras para el establecimientode medidas de control de la exposición en el trabajo 13.
Protección de las trabajadoras embarazadas y en período de lactancia
12. En sus recomendaciones de 2007 (publicación 103), la CIPR establece una política según la cual los métodos deprotección en el trabajo de las trabajadoras embarazadas deberían prever un nivel de protección para el embrión/feto
muy similar al que se prevé para el público (como se indica en el párrafo 14 de la presente observación general, el
límite anual de dosis efectiva para miembros del público es de 1mSv). Al respecto, una vez que un empleador es
notificado del embarazo de una trabajadora, deberían preverse controles suplementarios para mantener este nivel deprotección del embrión/feto. Según las Normas de seguridad de 2014, las condiciones de trabajo de una trabajadora
embarazada, previa declaración de su embarazo, deberían ser de tal naturaleza que garantizaran que el embrión/feto
gozara del mismo grado de protección que el que está prescrito para el público. Con el fin de garantizar el mismo
grado de protección para los lactantes, el mismo principio se aplica a las trabajadoras en período de lactancia.
Límites de dosis para las personas de 16 a 18 años de edad
13. El artículo 7, párrafo 1, del Convenio, prevé que deberían fijarse niveles apropiados en lo que respecta a lostrabajadores directamente ocupados en trabajos bajo radiaciones y que sean menores de 18 años de edad, mientras
que el artículo 7, párrafo 2, del Convenio, prevé que no deberá ocuparse a ningún trabajador menor de 16 años deedad en trabajos que impliquen la utilización de radiaciones ionizantes. Estos principios están reflejados en las
Normas de seguridad de 2014. En cuanto a la exposición en el trabajo de los aprendices de 16 a 18 años de edad, en
el marco de su formación para un empleo que implique una exposición a radiaciones y para la exposición de losestudiantes de 16 a 18 años de edad que utilicen fuentes de radiaciones en el curso de sus estudios, los límites dedosis específicos son fijados en un nivel inferior a la dosis establecida, en el marco de una exposición en el trabajopara los trabajadores mayores de 18 años. El anexo III de las Normas de seguridad de 2014, prevé que, en el caso de
una exposición en el trabajo para los aprendices de 16 a 18 años de edad, que se forman para un empleo que
implique una exposición a radiaciones, así como para los estudiantes de 16 a 18 años de edad que utilicen fuentes deradiaciones, en el curso de sus estudios, los límites de dosis son los siguientes: a) una dosis efectiva de 6 mSv por
año; b) una dosis equivalente para el cristalino del ojo, de 20 mSv por año, y c) una dosis equivalente para las
extremidades (manos y pies) o para la piel, de 150 mSv por año. Al respecto, cabe recordar que, con relación a losartículos 1, 3, apartado d), y 4 del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), en la
medida en que el trabajo que implique exposición a las radiaciones ionizantes haya sido determinado por lalegislación nacional o por la autoridad competente como un tipo de trabajo que es probable que dañe la salud o laseguridad de los niños por los Estados Miembros que han ratificado ese Convenio, no se deben ocupar en tales
trabajos a las personas menores de 18 años de edad.
Límites de dosis para los trabajadores no ocupados directamente en trabajos bajo radiaciones
14. En virtud del artículo 8 del Convenio, «Deberán fijarse niveles apropiados, de conformidad con las disposiciones delartículo 6, para los trabajadores no ocupados directamente en trabajos bajo radiaciones, pero que permanecen en
lugares donde se exponen a radiaciones ionizantes o a sustancias radiactivas o pasan por dichos lugares». Las
Normas de seguridad de 2014 requieren que el empleador o el titular de un registro o de una licencia 14 aseguren que
los trabajadores expuestos a fuentes de radiaciones, en actividades que no lo requieren o que no están directamente
relacionadas con su trabajo, tengan el mismo nivel de protección contra esas exposiciones que los miembros delpúblico. El límite anual de dosis efectiva para esas personas, se mantiene en 1 mSv en las recomendaciones de la
CIPR de 2007 (publicación 103). Como se enunció en estas recomendaciones 15, en circunstancias especiales, se
13

Requisito 12 de las Normas de seguridad de 2014, pág. 27.
El titular de un registro designa al titular de un registro actual, que es una forma de autorización de actividades que presentan
niveles bajos o moderados de riesgo y respecto de los cuales la persona o el organismo responsable preparó o presentó, según lo queconvenga, una evaluación de seguridad de las instalaciones y de los equipos. La actividad o la utilización es autorizada bajo lascondiciones o con las limitaciones correspondientes. El titular de una licencia designa al titular de una licencia válida, másespecíficamente un documento legal que autorice dar cumplimiento a algunas actividades vinculadas con una instalación o con las
actividades.
15
Cuadro 6, nota de pie de página f) de las recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103).
14512

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

podría admitir un valor más elevado de dosis efectiva para un año dado, con la condición de que el promedio en
cinco años no exceda de 1 mSv por año. Con el fin de prevenir los efectos deterministas, los límites anuales de dosis
equivalente se fijaron por separado para el cristalino del ojo (15 mSv por año) y para la piel (50 mSv por año). La
optimización de la protección debería aplicarse a la exposición de las personas que no están directamente ocupadas
en trabajos bajo radiaciones, de la misma manera que se aplica a la exposición de las personas directamente
ocupadas en estos trabajos. Los límites de dosis apropiados para la optimización de la protección de los trabajadores
que no están directamente ocupados en trabajos bajo radiaciones, deberían ser inferiores a 1 mSv.
Principios generales en las situaciones de emergencia
15. La Comisión recuerda que, de conformidad con su artículo 2, el Convenio se aplica a todas las actividades que
entrañen la exposición de trabajadores a radiaciones ionizantes, incluidos los trabajadores que intervienen en una
situación de emergencia16. Como lo indicó la Comisión en su observación de 1992, la exposición excepcional detrabajadores no se justifica para los fines de rescatar bienes de elevado valor material, ni tampoco, de modo más
general, porque las técnicas alternativas de intervención que no implican dicha exposición de los trabajadores,
entrañan un gasto excesivo. En consecuencia, es esencial que las actividades que impliquen potenciales exposiciones
importantes, sean examinadas y tomadas en cuenta en el procedimiento de autorización, que se identifiquen losrecursos apropiados y que se establezcan planes de emergencia, para minimizar o eliminar la exposición de lostrabajadores.
16. De conformidad con el párrafo 4.7 de las Normas de seguridad de 2014, es esencial que la planificación de la
preparación y la intervención en las situaciones de emergencia se lleven a cabo con antelación, en base a laoptimización de una estrategia de protección que pueda estar compuesta de un número de acciones específicas
basadas en las circunstancias.

17.

18.

En una situación de emergencia
Durante una emergencia, puede ponerse en práctica, por separado, cualquier acción específica de protección(elaborada durante la planificación de la preparación y la intervención, en caso de emergencia) y la optimización detoda la estrategia requiere tener en cuenta todas las hipótesis de exposición posibles, con el fin de garantizar que ladosis residual 17 sea tan baja como la que resulte razonablemente alcanzable. La estrategia de protección optimizada
debe ser aplicada cuando se excedan los criterios genéricos, fijados en el marco de las estrategias de proteccióncompatibles con los niveles de referencia, con el fin de asegurar una acción rápida. Tales acciones son a menudo
necesarias cuando no se dispone de informaciones radiológicas detalladas, habitualmente asociadas a situaciones deexposición planificadas, en las que la fuente está controlada. En las situaciones de emergencia, los niveles dereferencia deberían fijarse dentro de la banda de 20 a 100 mSv 18 o, en lo posible, por debajo, según las
recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103).
Las exposiciones en el trabajo en situación de emergencia y las situaciones de exposición existentes, deben
someterse a los arreglos operativos y procedimentales existentes, incluso en términos de evaluación, control,ocupación y formación. La exposición individual debe ser optimizada, mediante límites apropiados de los niveles dereferencia. Según las circunstancias dominantes, estos niveles de referencia pueden ser más elevados que los valores
recomendados de límites de dosis aplicables a las situaciones de exposición planificadas. En situaciones deemergencia y de exposiciones existentes, los niveles de referencia corresponden a los niveles de dosis o de riesgo
por encima de los cuales se considera inapropiado planificar que se autorice llevar a cabo la exposición y para lascuales, en consecuencia, deberían planificarse y optimizarse acciones de protección. La intención inicial sería la deno exceder, mantenerse dentro de estos niveles.
16

Un trabajador que interviene en una situación de emergencia es una persona con funciones específicas en como trabajador en
una respuesta a una emergencia (pág. 133 de las Normas de seguridad de 2014).
17
La dosis residual corresponde a la dosis que se puede esperar recibir después de que hayan cesado las acciones de protección(o después de la decisión de no emprender tales acciones de protección).
18
Las recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103), mantienen tres bandas de referencia a los fines de la selección delos niveles de referencia:
1) el límite de dosis o el nivel de referencia de un máximo de aproximadamente 1 mSv, que se refiere a las personas expuestas aradiaciones de una fuente cuyo interés por éstos sólo es mínima o inexistente, pero que puede beneficiar a la sociedad en
general;2) los niveles de referencia de 20 a 100 mSv se utilizarían en el caso de que en las personas expuestas a una radiación cuyas
fuentes no son controladas o respecto de las cuales las acciones dirigidas a la reducción de las dosis, entrañaran
perturbaciones desproporcionadas;
3) una dosis superior a 100 mSv recibida en un breve período de tiempo o en el curso de un año, se consideraría como
inaceptable, salvo en las circunstancias relacionadas con la exposición de trabajadores en una situación de emergencia, cuyas
circunstancias sean previstas de manera específica.
513

Seguridad y salud en el
trabajo

Limitación de la exposición en el trabajo durante una emergencia
y el período de restablecimiento de una situación normal

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pueden ser necesarios y apropiados niveles de exposición más elevados durante una situación de emergencia, por un
período de tiempo corto, teniendo en cuenta las circunstancias y en función de la optimización de la protección. No
debería continuarse con tales niveles de exposición en períodos de tiempo prolongados, porque se pueden realizar
reducciones de la exposición a medida que se vaya teniendo disponible información complementaria y se instauren
algunas medidas de control de la fuente y de la situación de exposición. Las recomendaciones pertinentes de la CIPR
fueron establecidas para prevenir las reacciones tisulares, y su objetivo es disminuir todas las dosis a unos niveles
que sean tan bajos como sea razonablemente factible, habida cuenta de los factores económicos y sociales.
En circunstancias excepcionales, los trabajadores que intervienen en situaciones de emergencia y son debidamente
informados, pueden ofrecerse como voluntarios para intervenir, mientras que exista una probabilidad de recibir dosis
que pudieran exceder de 50 mSv (límite anual de dosis para los trabajadores). Las únicas situaciones en las que es
aplicable esta hipótesis se enumeran en el párrafo 21 que figura a continuación.
Según el párrafo 4.17 de las Normas de seguridad de 2014, las organizaciones de respuesta 19 y los empleadores
deberían velar por que ningún trabajador de emergencia esté sujeto, durante la emergencia, a exposiciones que
excedan de 50 mSv salvo en los casos siguientes: a) con el fin de salvar vidas o de prevenir lesiones graves;b) cuando emprendan acciones orientadas a prevenir efectos deterministas graves y a impedir el desarrollo desituaciones catastróficas susceptibles de tener efectos considerables para la población y el medioambiente, oc) cuando emprendan acciones dirigidas a impedir una exposición colectiva a una dosis de radiaciones elevada.
Las organizaciones de respuesta y los empleadores deberían garantizar que los trabajadores de emergencias y que
emprenden acciones en el curso de las cuales las dosis recibidas puedan exceder de 50 mSv, actúen voluntariamente,
que hayan sido previamente informados, de manera clara y exhaustiva, de los riesgos que corren para su salud, y delas medidas de protección y de seguridad disponibles, y que hayan sido formados, en la medida de lo posible, paralas acciones que se les pide realizar.
En las situaciones excepcionales a las que se refiere el párrafo 21 anterior, las organizaciones de respuesta y losempleadores deberían realizar todos los esfuerzos razonables para mantener por debajo de los valores de referencia
fijados en el anexo IV de las Normas de seguridad de 2014 20 las dosis a las que están expuestos los trabajadores deemergencias. Además, los trabajadores que intervienen en las situaciones de emergencia, que se encargan deemprender acciones como consecuencia de las cuales las dosis a las que estarán expuestos podrían acercarse o
exceder de los valores fijados en el anexo IV, sólo deberían hacerlo si las ventajas que se esperan en este sentido
para los demás, prevalecen de manera manifiesta sobre los riesgos que éstos corren 21.
En período de restablecimiento de una situación normal
Las recomendaciones de la CIPR de 2007 (publicación 103) prevén que los trabajadores que emprenden operaciones
de restablecimiento y de restauración, en una fase ulterior de situaciones de exposición de emergencia, deberían serconsiderados como trabajadores expuestos en el trabajo y deberían estar protegidos según las normas de protección
radiológica en el trabajo en situaciones de normalidad, y que la exposición a la que están sometidos no debería
exceder de los límites de dosis aplicables en el trabajo, recomendadas por la CIPR. Los trabajadores que emprenden
operaciones tales como reparación de instalaciones y de edificios o que realizan actividades de gestión de losdesechos radiactivos o las acciones correctivas vinculadas con la descontaminación de un sitio y de sus alrededores,
deberían estar sujetos a los requisitos pertinentes para la exposición en el trabajo en las situaciones de exposición
planificadas, como se indica en la parte 3 de las Normas de seguridad de 2014 22.

Supervisión de los lugares de trabajo
25.

El artículo 11 del Convenio dispone que hay que realizar un control apropiado de los trabajadores y de los lugares detrabajo, con el fin de medir la exposición de los trabajadores a las radiaciones ionizantes y a las sustancias
radiactivas, para verificar que se respeten los niveles fijados. A este respecto, el párrafo 3.37 de las Normas deseguridad de 2014, prevé que el órgano regulador establecerá requisitos en el sentido de que se realicen actividadesde supervisión y medición para verificar el cumplimiento de los requisitos de protección y seguridad. El órgano
regulador debería ser responsable del examen y la aprobación de los programas de supervisión y medición de lostitulares registrados y los titulares de licencias. Además, el párrafo 3.96 de las Normas de seguridad de 2014, prevé
que los titulares registrados y los titulares de licencias, en cooperación con los empleadores, si procede, deberían
establecer, conservar y revisar regularmente un programa de monitorización radiológica del lugar de trabajo,
supervisado por un oficial de protección radiológica o un experto cualificado. Según el párrafo 3.97, el tipo y lafrecuencia de la monitorización radiológica del lugar de trabajo deberían ser suficientes para permitir: i) laevaluación de las condiciones radiológicas existentes en todos los lugares de trabajo; ii) la evaluación de las

19
Una organización de respuesta es una organización designada o reconocida de otra manera por el Estado como el responsablede la gestión o de la aplicación de cualquier aspecto de una respuesta de emergencia.
20
Cuadro IV.2 del anexo IV de las Normas de seguridad de 2014 (pág. 373).
21
Cuadro IV.2 del anexo IV de las Normas de seguridad de 2014 (pág. 373).
22
Parte 3 de las Normas de seguridad de 2014 (págs. 29 a 86), relativa a las situaciones de exposición planificadas.

514

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

exposiciones en las zonas controladas y las zonas supervisadas, y iii) el examen de la clasificación de las zonas
controladas y las zonas supervisadas. Esta supervisión debería basarse en las tasas de dosis, la concentración deactividad en la contaminación del aire y de las superficies, y sus fluctuaciones previsibles, así como en la
probabilidad y magnitud de las exposiciones en casos de incidentes operacionales previstos y en condiciones deaccidente.

Vigilancia de la salud de los trabajadores
26.

El artículo 12 del Convenio dispone que: «Todos los trabajadores directamente ocupados en trabajos bajo
radiaciones deberán someterse a examen médico apropiado, antes o poco después de la ocupación en tales trabajos, ysometerse ulteriormente a exámenes médicos a intervalos apropiados». El artículo 13 prevé que se determinarán los
casos en los que, a causa de la naturaleza o del grado de exposición o una combinación de los dos, deberán adoptarse
prontamente las medidas enunciadas a continuación: a) el trabajador deberá someterse a un examen médico
apropiado; b) el empleador deberá avisar a la autoridad competente de acuerdo con las instrucciones dadas por ésta;c) las personas competentes en materia de protección contra las radiaciones deberán estudiar las condiciones en lasque el trabajador efectúa su trabajo, y d) el empleador deberá tomar todas las disposiciones de corrección necesarias,
basándose en las comprobaciones técnicas y los dictámenes médicos. A este respecto, el párrafo 3.76, f), de lasNormas de seguridad de 2014, prevé que los empleadores, los titulares registrados y los titulares de licencias
deberían velar por que se presten a los trabajadores los servicios de vigilancia de la salud y los servicios de salud quesean necesarios para todos los trabajadores implicados en actividades en el curso de las cuales sean o puedan ser
objeto de una exposición en el trabajo a las radiaciones. Según el párrafo 3.108 de las Normas de seguridad de 2014,
los programas sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores requeridos, deberían basarse en los principios
generales de salud en el trabajo y deberían diseñarse de forma que evalúen la aptitud inicial y permanente de lostrabajadores para las tareas a que se los destine.

27.
28.

El artículo 14 del Convenio dispone que: «No se deberá ocupar ni mantener a ningún trabajador en un trabajo que lo
exponga a radiaciones ionizantes, en oposición a un dictamen médico autorizado». Aquí, el elemento esencial resideen el dictamen médico autorizado, en base al cual debería adoptarse cualquier decisión en la materia.
De conformidad con el párrafo 27 de la Recomendación núm. 114, si, como resultado de un dictamen médico, dadode acuerdo con el artículo 14 del Convenio, se considera inoportuno continuar exponiendo a un trabajador aradiaciones ionizantes en el curso de su empleo normal, se deberían aplicar todos los medios razonables para
trasladar a ese trabajador a otro empleo conveniente. A este respecto, el párrafo 3.112 de las Normas de seguridad de2014, prevé que los empleadores deberían realizar todos los esfuerzos razonables para ofrecer a los trabajadores unempleo alternativo adecuado cuando se haya determinado, ya sea por el órgano regulador o en el marco delprograma para la vigilancia de la salud de los trabajadores, de acuerdo con los requisitos de las presentes Normas,
que los trabajadores, por razones de salud, no pueden seguir realizando tareas en las que están o podrían estar sujetos
a exposición en el trabajo. Además, cabe notar que según instrumentos más recientes de salud y seguridad en el
trabajo (el Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977
(núm. 148) y el Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)), cuando no sea aconsejable desde el punto de vista
médico la permanencia de la asignación de un trabajador a actividades cubiertas por esos convenios, deberá hacerse
todo lo posible para ofrecer al trabajador afectado otros medios de mantener sus ingresos, de manera compatible conla práctica y las condiciones nacionales.

Expedientes de las dosis individuales29.

El párrafo 26 de la Recomendación núm. 114 prevé que, en la medida en que sea posible, se debería llevar un
expediente completo de todas las dosis recibidas en el curso de su empleo por cada trabajador, de suerte que lasdosis acumuladas puedan evaluarse en relación con el empleo del interesado. El párrafo 3.83, d), de las Normas deseguridad de 2014, subraya que los trabajadores deberían facilitar al empleador, al titular registrado o al titular de lalicencia toda información sobre sus actividades laborales pasadas y presentes que sea de interés para garantizar laprotección y seguridad efectivas y completas para sí mismos y para los demás.

Parte II – Conclusiones
30.

Recordando que, en aplicación del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, deberán adoptarse todas las medidas
apropiadas para lograr una protección eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, desde el punto devista de su salud y de su seguridad, basándose en la evolución de los conocimientos, y que, en virtud del artículo 6,
párrafo 2, las dosis y cantidades máximas admisibles deberán ser objeto de constante revisión, basándose en losnuevos conocimientos, la Comisión invita a los gobiernos a examinar sus sistemas de protección de los trabajadores
contra las radiaciones ionizantes a la luz de las conclusiones de la CIPR, reflejadas en sus recomendaciones de 2007
(publicación 103), y de las Normas de seguridad de 2014, y que se resumen en los párrafos 2 a 29 del presente
documento. En particular, la Comisión confía en que se vuelvan a examinar las leyes, los reglamentos, las directivas,
los repertorios de recomendaciones prácticas u otros instrumentos aplicables en esta área, de modo de garantizar, en
515

Seguridad y salud en el
trabajo

Cese de la asignación a un empleo que implique una exposición
a radiaciones ionizantes, tras un dictamen médico, y oferta de otro empleo

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

el derecho y en la práctica, la protección efectiva de los trabajadores en lo que respecta a su salud y su seguridad. La
Comisión pide a los gobiernos que indiquen, en sus futuras memorias, las medidas que puedan haber adoptado o queestén siendo consideradas en relación con las cuestiones siguientes.
Sistema de protección contra las radiaciones (párrafos 4 a 8)
31. Con el fin de dar efecto al artículo 3 del Convenio, la Comisión considera que los gobiernos deberían garantizar elestablecimiento y el mantenimiento de un sistema de protección contra las radiaciones que se inspire en losprincipios de seguridad y, en particular, en los tres principios generales de la protección contra las radiaciones:
justificación de las exposiciones; optimización de la protección radiológica, y aplicación de límites de dosis.
Recomendaciones actuales sobre los límites de dosis (párrafos 9 y 11)
32. La Comisión considera que, cuando fijan las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes, de conformidadcon el artículo 6 del Convenio, los gobiernos deberían tener en cuenta el hecho de que los límites de dosis
recomendados para una exposición en el trabajo, son los siguientes:■
20 mSv de media por año, en períodos definidos de cinco años, con un máximo de 50 mSv de dosis efectiva en
el curso de un año;■
una dosis equivalente de 500 mSv por año para la piel, las manos y los pies;■
una dosis equivalente para el cristalino del ojo de 20 mSv por año, promediado en un período definido de cincoaños, sin que pueda excederse del valor de 50 mSv en el curso de un año.
Protección de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia (párrafo 12)
33. La Comisión considera que los métodos de protección en el trabajo en relación con las mujeres embarazadas,deberían prever un nivel de protección del embrión/feto semejante al que se proporciona a los miembros del público(el límite anual de dosis efectiva para miembros del público es de 1mSv). A efectos de garantizar el mismo grado deprotección para los hijos lactantes, debería aplicarse el mismo principio respecto de las trabajadoras en período delactancia.
Límites de dosis para las personas de 16 a 18 años de edad (párrafo 13)
34. Con el fin de dar efecto al artículo 7, párrafo 1, b), del Convenio, la Comisión considera que, en lo que atañe a la
exposición en el trabajo de los aprendices de 16 a 18 años, en el marco de su formación en un empleo que implique
una exposición a radiaciones, o en lo que respecta a la exposición de los estudiantes de 16 a 18 años de edad que
utilizan fuentes de radiación en el curso de sus estudios, los límites de dosis son los siguientes: a) una dosis efectiva
de 6 mSv por año; b) una dosis equivalente para el cristalino del ojo de 20 mSv por año, y c) una dosis equivalentepara las extremidades (manos y pies) o la piel, de 150 mSv por año. La Comisión recuerda que, en virtud delartículo 7, párrafo 2, del Convenio, no deberá ocuparse a ningún trabajador menor de 16 años en trabajos que
impliquen la utilización de radiaciones ionizantes. La Comisión también recuerda que, con relación a los artículos 1,
3, apartado d), y 4 del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), en la medida en que el
trabajo que implique exposición a las radiaciones ionizantes haya sido determinado por la legislación nacional o porla autoridad competente como un tipo de trabajo peligroso por los Estados Miembros que han ratificado ese
Convenio, no se debe ocupar en tales trabajos a los menores de 18 años de edad.
Límites de dosis para los trabajadores que no están ocupados
directamente en trabajos bajo radiaciones (párrafo 14)
35. Con el fin de dar efecto al artículo 8 del Convenio, la Comisión considera que los límites de dosis para lostrabajadores no ocupados directamente en trabajos bajo radiaciones, son los que se aplican al público, especialmenteel límite anual de dosis efectiva de 1 mSv. Una dosis efectiva de un valor más elevado puede admitirse en el cursode un solo y mismo año, con la condición de que la media en un período de cinco años no exceda de 1 mSv por año.
Con el fin de prevenir los efectos deterministas, deberán fijarse por separado, límites anuales de dosis equivalentes
en lo que respecta al cristalino del ojo (15 mSv por año) y a la piel (50 mSv por año). La optimización de laprotección debería aplicarse a la exposición de las personas que no están directamente ocupadas en trabajos bajo
radiaciones.
Limitación de la exposición en el trabajo en situación de emergencia (párrafos 15 a 24)
36. La Comisión considera esencial que las actividades a las que están asociadas las exposiciones potenciales
importantes, sean examinadas y tratadas en el marco del proceso de autorización y que se identifiquen los recursos
apropiados y se establezcan los planes de preparación y de respuesta a las situaciones de emergencia, con el fin deminimizar o de eliminar la exposición de los trabajadores. La planificación con anticipación de las situaciones deemergencia, debería basarse en la optimización de una estrategia de protección, la cual debería aplicarse de tal
manera que se emprendiera una acción rápida en cuanto se excedieran los criterios genéricos establecidos en el
marco de las estrategias de protección, compatibles con los niveles de referencia. Tales acciones son a menudo
necesarias ante la ausencia de las informaciones radiológicas detalladas que acompañan habitualmente a lassituaciones de exposición planificadas en las que la fuente está controlada. Las exposiciones en el trabajo en las
516

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

37.

situaciones de emergencia deberían estar sujetas a las disposiciones operativas y procedimentales existentes,
especialmente en lo relativo a la evaluación, el seguimiento, las actividades y la formación. La exposición individual
debería ser optimizada por límites apropiados de los niveles de referencia.
En las situaciones de emergencia, los niveles de referencia retenidos deberían situarse en la banda de 20 a 100 mSv
o, en lo posible, por debajo. Deben adoptarse medidas para garantizar que ningún trabajador que intervenga en una
situación de emergencia sea sometido a una exposición que exceda de 50 mSv. En situaciones excepcionales, lostrabajadores que intervengan en situaciones de emergencia y estén debidamente informados, pueden ofrecerse comovoluntarios para exponerse a una dosis más elevada, en los casos siguientes: a) a efectos de salvar otras vidas o deevitar lesiones graves; b) cuando emprendan acciones dirigidas a prevenir efectos deterministas graves y a impedir eldesarrollo de condiciones catastróficas que puedan afectar gravemente al público y al medio ambiente, o c) cuando
emprendan acciones destinadas a impedir una exposición colectiva a una dosis elevada de radiaciones. En estas
situaciones excepcionales, deberían ponerse en práctica las medidas disponibles de protección y de seguridad, asícomo todos los esfuerzos razonables, con el fin de mantener las dosis a las que están expuestos esos trabajadores por
debajo de los valores de referencia enunciados en las Normas de seguridad de 2014.

Control de los lugares de trabajo (párrafo 25)
38. Con el fin de dar efecto al artículo 11 del Convenio, la Comisión considera que los gobiernos deberían establecer
requisitos para garantizar que se realicen controles y se efectúen mediciones, con miras a verificar el respeto de lasdisposiciones relativas a la protección y a la seguridad.
Vigilancia de la salud de los trabajadores (párrafo 26)
39. Con el fin de dar efecto a los artículos 12 y 13 del Convenio, la Comisión considera que deberían adoptarse medidas
para garantizar que se prevean la vigilancia de la salud de los trabajadores y los servicios de salud necesarios a tal
fin. Esos programas de vigilancia de la salud de los trabajadores deberán basarse en los principios generales de lasalud en el trabajo y deberán estar concebidos para evaluar la aptitud física inicial de los trabajadores, y elmantenimiento de esta aptitud, respecto de las tareas en las que éstos deben estar ocupados.
Cese de la asignación a un empleo que implique una exposición a radiaciones ionizantes,
tras un dictamen médico, y oferta de otro empleo (párrafos 27 y 28)
40. Con el fin de dar efecto al artículo 14 del Convenio, la Comisión considera que, habida cuenta de las orientaciones
dadas en el párrafo 27 de la Recomendación núm. 114, los empleadores deberían utilizar todos los medios
razonables para trasladar a los trabajadores a otro empleo conveniente cuando haya sido determinado, como
resultado de un dictamen médico que los trabajadores ya no pueden, por motivos de salud, ser mantenidos en un
empleo en el que están expuestos, o podrían estar expuestos a radiaciones ionizantes.

BélgicaConvenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155) (ratificación: 2011)
Artículo 2, párrafos 2 y 3, del Convenio. Ámbito de aplicación. Trabajadores domésticos y del servicio
doméstico. En relación a su observación anterior, la Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley de 15 demayo de 2014 por la que se modifica la ley de 4 de agosto de 1996 en lo que se refiere a los trabajadores domésticos y al
personal del servicio doméstico. La Comisión destaca que esta ley — cuyo objetivo es hacer aplicable a los trabajadoresdomésticos y al personal doméstico la ley de 4 de agosto de 1996, relativa al bienestar de los trabajadores en el trabajo — ,entrará en vigor en una fecha que aún está por establecer mediante real decreto. La Comisión toma nota asimismo de que
el Gobierno señala en su memoria que, debido a la especificidad del trabajo doméstico, se está elaborando un proyecto dereal decreto con objeto de fijar las medidas relativas al bienestar de los trabajadores domésticos y que se ha creado una
comisión en el seno del Consejo Superior para la Prevención y la Protección en el Trabajo a fin de consultar a losinterlocutores sociales sobre esta materia. La Comisión pide al Gobierno que siga suministrando informaciones sobre laentrada en vigor de la ley de 15 de mayo de 2014, así como sobre cualquier novedad relativa a la adopción del realdecreto por el que se fijan las medidas en materia de bienestar de los trabajadores domésticos, y que comunique una
copia de dicho texto tan pronto como sea adoptado.

517

Seguridad y salud en el
trabajoExpedientes de las dosis individuales (párrafo 29)
41. Con el fin de asegurar una protección efectiva y completa de los trabajadores, la Comisión considera que, en la
medida en que sea posible, se debería llevar un expediente completo de todas las dosis recibidas en el curso de su
empleo por cada trabajador, de suerte que las dosis acumuladas puedan evaluarse en relación con el empleo delinteresado, como prevé el párrafo 26 de la Recomendación núm. 114. A este respecto, se deberían realizar esfuerzospara evitar toda situación en la cual un trabajador pudiese creer que debe disimular sus datos dosimétricos, o adoptar
otras medidas con miras a preservar su situación laboral.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BeliceConvenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1983)
La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno su observación general del 2015 con relación al presente
Convenio, y en particular la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión solicitó en sus comentarios anteriores que el Gobierno informara detalladamente sobre la aplicación de lasdisposiciones del Convenio y suministrara una copia del proyecto de ley nacional sobre seguridad y salud en el trabajo (proyecto
de ley SST). La Comisión toma nota de la información que figura en la última memoria del Gobierno en el sentido de que elproyecto de ley SST toma efectivamente en consideración todas las observaciones de la Comisión debido a que garantiza laprotección eficaz de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo. La Comisión también toma
nota de que según la memoria del Gobierno en el proyecto de ley SST se incluyen disposiciones relativas a las dosis máximas
admisibles de las radiaciones ionizantes, el empleo alternativo (especialmente para las mujeres embarazadas) y la prevención dela exposición laboral durante una emergencia. Además, según la información disponible, el proyecto de ley SST aún no ha sido
adoptado debido a que existen preocupaciones de que puede resultar gravoso para los empleadores. La Comisión toma nota deque, a pesar de su solicitud anterior, el Gobierno no ha proporcionado la memoria detallada requerida. La Comisión desea
subrayar que la indicación de que la nueva legislación se encuentra en proceso de adopción no libera al Gobierno de la obligaciónde garantizar la aplicación de las disposiciones del Convenio durante el período de transición y de suministrar esa información ensu memoria. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre la aplicación del Convenio,
incluida la nueva legislación, de haber sido adoptada y, en caso contrario, la manera en que el Gobierno garantiza laaplicación de las disposiciones del Convenio en la práctica. Además, solicita nuevamente al Gobierno que responda
detalladamente a su observación anterior, redactada como sigue:
Artículo 3, párrafo 1, y artículo 6, párrafo 2, del Convenio. Dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes. En
relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que el 13 de marzo de2009 fue reactivada la Junta Consultiva del Trabajo cuya función principal es encargarse de la revisión de la legislación nacionaldel trabajo. La Comisión toma nota de que en el Ministerio se está determinando cuál será el consultor que, junto con la Junta
Consultora del Trabajo llevará a cabo la revisión de la legislación y de que los comentarios formulados por la Comisión sesometerán ante la mencionada junta. La Comisión espera que, en el curso de la revisión actual de la legislación nacional deltrabajo, se tengan debidamente en cuenta los límites de exposición adoptados por la Comisión Internacional de ProtecciónRadiológica con objeto de garantizar la protección efectiva de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes en elcurso de sus labores.
Artículo 14. Empleo alternativo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que en la Ley delTrabajo no existen disposiciones que contemplen el traslado de las embarazadas de un trabajo que implica la exposición aradiaciones ionizantes, a otro trabajo. No obstante, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, la
Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, adoptada por el Gabinete el 9 de noviembre de 2004, puede proporcionar
un marco adecuado para la elaboración de una legislación que pueda prever ese traslado y que esa legislación sea elaborada en
consulta con la Junta Consultiva del Trabajo. La Comisión espera que durante la revisión de la legislación nacional del trabajo
que se lleva a cabo actualmente, se tenga debidamente en cuenta la necesidad de garantizar que se brinden oportunidades deempleo alternativas adecuadas que no impliquen una exposición a radiaciones ionizantes para los trabajadores que hubiesen
acumulado una dosis efectiva más allá de la cual pueda derivarse un perjuicio inaceptable, así como para las mujeres
embarazadas, que de otro modo podrían verse enfrentadas al dilema de que la protección de su salud signifique la pérdida desu empleo.
Exposición ocupacional durante una emergencia. La Comisión toma nota de que en la Ley del Trabajo no existe una
disposición que establezca las circunstancias en las que se autoriza una exposición excepcional. La Comisión solicita al
Gobierno que durante la revisión de la legislación nacional del trabajo que se lleva a cabo actualmente, se tenga debidamente
en cuenta la necesidad de determinar las circunstancias en las que se autoriza una exposición excepcional, y que laprotección tenga toda la eficacia posible contra los accidentes y durante las operaciones de emergencia, especialmente
respecto del diseño y de las características de protección del lugar del trabajo y del equipo, y el desarrollo de intervenciones
técnicas de emergencia, cuya utilización en situaciones de emergencia permita evitar la exposición de las personas aradiaciones ionizantes.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Estado Plurinacional de Bolivia
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1977)
Legislación. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno
comunica informaciones sobre normas generales de salud y seguridad en el trabajo a las que ya se refirió anteriormente, yque dan un efecto muy limitado al Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno reitera que no existen
normas ni disposiciones específicas que se hayan elaborado con relación al benceno. La Comisión observa asimismo que
el Gobierno se refiere nuevamente a la elaboración de un proyecto de ley de seguridad y salud en el trabajo, en el cual seestablecerían directrices de acción inmediata para el manejo y el uso del benceno, y otras medidas conforme lo establece
el presente Convenio. La Comisión pide al Gobierno, una vez más, que adopte las medidas necesarias para dar efecto alpresente Convenio y que proporcione informaciones sobre toda evolución al respecto.

518

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En vista de que el Gobierno no ha proporcionado las informaciones solicitadas en su anterior observación, laComisión lamenta verse obligada a reiterar sus comentarios anteriores redactados en los términos siguientes:
Artículo 6, párrafo 2, del Convenio. Concentración de benceno en la atmósfera de trabajo. La Comisión toma nota deque según la memoria, el artículo 20 del decreto supremo núm. 2348, de fecha 18 de enero de 1951, reglamento básico de higieney seguridad industrial, establece que la concentración máxima permisible de benceno es de 100 partes por millón. La Comisión
llama a la atención del Gobierno que según el artículo 6, párrafo 2, del Convenio, el empleador deberá tomar las medidas
necesarias para que la concentración de benceno en la atmósfera del lugar de trabajo no exceda de un máximo que habrá de fijar
la autoridad competente en un nivel no superior a un valor tope de 25 partes por millón (u 80 mg/m3). La Comisión también llama
a la atención del Gobierno que la concentración de 100 partes por millón establecida en el decreto supremo núm. 2349 excede
ampliamente el valor tope establecido en el Convenio y no guarda conformidad con el mismo. En consecuencia, la Comisión
urge al Gobierno a que adopte rápidamente las medidas necesarias para fijar la concentración de benceno en un nivel nosuperior a un valor tope de 25 partes por millón, como lo establece este artículo del Convenio y que proporcione
informaciones sobre el particular.
Artículo 11, párrafo 1. Mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de 18 años. La Comisión toma nota de que
el Gobierno informa que, según el artículo 8 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, de fecha 2 deagosto de 1979, queda prohibido el trabajo de mujeres y menores de 18 años en labores peligrosas, penosas o nocivas para su
salud o que atenten contra su moralidad. La Comisión nota que la memoria no indica si dichas labores cubren aquéllas que
entrañan exposición al benceno. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que la legislación
establezca que: a) las mujeres embarazadas cuyo estado haya sido certificado por un médico y las madres lactantes nodeberán ser empleadas en trabajos que entrañen exposición al benceno o a productos que contengan benceno, y b) que losmenores de 18 años de edad no deberán ser empleados en trabajos que entrañen exposición al benceno o a productos que
contengan benceno, a menos que se trate de jóvenes que reciban formación profesional impartida bajo la vigilancia médica ytécnica adecuada. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre el particular.

[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]
Artículos 3 y 4 del Convenio. Legislación y consulta con las organizaciones más representativas de empleadores yde trabajadores interesadas acerca de las medidas que habrán de adoptarse para dar efecto a las disposiciones delpresente Convenio. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno
comunica informaciones sobre normas generales de salud y seguridad en el trabajo a las que ya se refirió anteriormente, yque dan un efecto muy limitado al Convenio. La Comisión nota en particular que el proyecto de ley de seguridad y salud
en el trabajo y el anteproyecto de reglamento para la utilización del asbesto en condiciones de seguridad, de cuya futura
adopción la Comisión viene tomando nota desde 1994, aún no se han adoptado. Asimismo, la Comisión urgió al Gobierno
a desplegar rápidamente esfuerzos para consultar a las organizaciones más representativas de empleadores y detrabajadores interesadas, acerca de las medidas que habrán de adoptarse para dar efecto a las disposiciones del presente
Convenio y a proporcionar detalladas informaciones sobre los resultados de dichas consultas. La Comisión lamenta tomar
nota de que el Gobierno no ha proporcionado las informaciones solicitadas, lo que parece mostrar que no se han efectuado
las consultas previstas en el artículo 4 del Convenio acerca de las medidas que habrán de adoptarse para dar efecto a lasdisposiciones del presente Convenio, y que no se haya adoptado la legislación anunciada. La Comisión recuerda que toda
medida legislativa debe ser objeto de consulta y revisión periódica a la luz de los progresos técnicos y del desarrollo de losconocimientos científicos según lo establece el artículo 3, párrafo 2 del Convenio y consultada en los términos indicados
en el artículo 4 del Convenio. La Comisión urge una vez más al Gobierno a que, en aplicación del artículo 3, párrafo 2
y en el marco de las consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadoresinteresadas, tal como lo requiere el artículo 4, revise la legislación para ponerla en conformidad con el Convenio,
incluyendo en lo que se refiere a los límites de exposición, los cuales, a tenor del artículo 15, 2) deberán fijarse,
revisarse y actualizarse periódicamente a la luz de los progresos tecnológicos y de la evolución de los conocimientos
técnicos y científicos.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

BrasilConvenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1990)
Artículos 3, párrafo 2, y 10 del Convenio. Revisión de la legislación nacional a la luz de los progresos técnicos ydel desarrollo de los conocimientos científicos. Sustitución y prohibición del asbesto. En sus comentarios anteriores laComisión se refirió a las medidas de sustitución y prohibición del asbesto en los términos del artículo 10 del Convenio. La
Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria reitera que el único tipo de asbesto permitido es el asbesto
crisotilo. Además, toma nota con interés de las informaciones proporcionadas por el Gobierno indicando que existen
diversas leyes y proyectos de ley a nivel de los estados, referidos a la sustitución o prohibición del asbesto. Toma nota en
particular de la ley núm. 9583/11 del estado de Mato Grosso que prohíbe la utilización de cualquier tipo de asbesto en
dicho estado. Asimismo toma nota de que se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la ley núm. 11643 delestado de Rio Grande do Sul, la cual prohíbe la producción y comercialización de productos a base de asbesto en dicho
estado y contra la ley núm. 12684 del estado de São Paulo, que prohíbe el uso de productos, materiales o artefactos que
contengan cualquier tipo de asbesto. Recordando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su resolución
relativa al asbesto, adoptada en su 95.ª reunión, 2006, resolvió que, no debería esgrimirse el Convenio sobre el asbesto,

519

Seguridad y salud en el
trabajoConvenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1990)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1986 (núm. 162) para justificar o aceptar que se siga utilizando esa sustancia. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione informaciones sobre los resultados de las acciones constitucionales mencionadas. Asimismo, la Comisión
pide al Gobierno que continúe tomando medidas apropiadas para asegurar la revisión periódica contemplada en el
Convenio y que proporcione informaciones al respecto.
Artículo 5. Sistema de inspección suficiente y adecuado. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas
proporcionadas por el Gobierno en su memoria, sobre las actividades de la inspección, en conformidad con el artículo 5
del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información estadística detallada con
relación a la aplicación de las obligaciones del Convenio a través del sistema de inspección.

BurundiConvenio sobre las prescripciones de seguridad(edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1963)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación al respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión lamenta tomar nota de que, pese a los comentarios que viene formulando desde hace varios años, no seregistra evolución alguna en la legislación nacional relativa a la aplicación del Convenio.
Artículo 4 del Convenio. Sistema de inspección. Refiriéndose a sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota delas informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales analizará las posibilidades de brindar formación a losinspectores del trabajo para controlar las normas de seguridad en el sector de la edificación. No obstante, el Gobierno señala en su
memoria que el personal superior que se ocupa de la prevención de los riesgos profesionales en el Instituto Nacional de Seguridad
Social (INSS) tiene la competencia requerida para realizar visitas en el mencionado sector. Indica que proporcionará
instrucciones útiles a los empleadores en cuestión. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, comuniqueinformaciones sobre la aplicación en la práctica de esta disposición del Convenio.
Artículos 6 a 15. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en elsentido de que no se han derogado los textos en materia de seguridad en el trabajo y que la ordenanza Rwanda-Urundi (ORU),
núm. 21/94, de 24 de julio de 1953, que fija el marco jurídico en materia de seguridad del trabajo en la industria de la edificación,no se ha derogado y, en consecuencia, el Gobierno ha previsto su reactualización. La Comisión solicita al Gobierno se sirva
facilitar aclaraciones sobre los textos vigentes en la materia a fin de poder apreciar la aplicación del Convenio en el país.
Aplicación en la práctica. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de los datos estadísticos
proporcionados en la memoria del Gobierno respecto de la evolución del número de trabajadores activos y del número debeneficiarios de prestaciones en materia de riesgos profesionales de 2000 a 2004, así como la clasificación de empresas según su
tamaño y por rama de actividad económica al 31 de diciembre de 2004. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien
comunicar, en su próxima memoria, informaciones complementarias relativas a la evolución de los accidentes en la industria
de la edificación y toda otra información pertinente que permita a la Comisión apreciar la manera en que las normas deseguridad establecidas por el Convenio se aplican en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Camboya
Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)(ratificación: 1969)
Aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su
memoria que el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional haelaborado 25 reglamentos sobre seguridad y salud ambiental en el trabajo y cuatro reglamentos sobre seguridad en laconstrucción, aunque señala que el Gobierno no proporciona información sobre ninguna disposición relativa a laprohibición o reglamentación del uso de la cerusa de conformidad con el Convenio. La Comisión también toma nota de la
información relativa al taller de formación en seguridad y gestión de sustancias químicas en colaboración con el programade la OIT Mejores Fábricas para Camboya (BFC), destinado a proporcionar a los 32 inspectores participantes y
supervisores en dicho programa un panorama general relativo a las sustancias químicas peligrosas y su gestión en el lugar
del trabajo, incluida la cerusa. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Departamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo llevó a cabo un estudio de problemas relativos a la salud y seguridad ocupacional entre los trabajadores, lasempresas situadas en cinco provincias y en la ciudad de Phnom Penh, con el objetivo de identificar las sustancias químicas
utilizadas y las quejas en materia de seguridad y salud de los trabajadores de cada empresa objeto de estudio. El Gobierno
indica también que el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo está elaborando un nuevo plan director deseguridad y salud en el trabajo para 2015-2018, que incluirá como punto prioritario las sustancias químicas peligrosas,
incluida la cerusa y, a este respecto, será necesaria la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión pide al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para dar pleno efecto al Convenio en la legislación, que facilite información sobre todo
progreso realizado en este sentido, y que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas para dar efectoal Convenio en la práctica. La Comisión invita al Gobierno a realizar una solicitud formal de asistencia técnica en
relación con la elaboración del plan director de seguridad y salud en el trabajo y proporcionar informaciones al
respecto. Además, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los resultados del estudio sobre los520

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo llevado a cabo por el Departamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, especialmente en relación con la cerusa.

Camerún
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), recibidas el
25 de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar sus comentarios al respecto.
Legislación. Asistencia técnica. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno reitera las
informaciones comunicadas en 2013 sobre las leyes, los reglamentos, los convenios colectivos y otros documentos que,según éste, dan efecto a la mayoría de los artículos de Convenio. Toma nota asimismo de la indicación del Gobierno,
según la cual, si bien no existe ningún texto específico que trate del asbesto, el artículo 45 de la Ley núm. 96/06, de 18 deenero de 1996, sobre la Constitución de la República del Camerún, prevé que los tratados y acuerdos internacionales
ratificados tengan una autoridad superior a la de las leyes nacionales. Al respecto, la Comisión recuerda que la mayoría delas disposiciones del Convenio núm. 162 no son directamente aplicables y solicitan a los Estados que lo ratifican que
adopten las medidas necesarias para armonizar su legislación y su práctica nacionales con este Convenio. Por otra parte, laComisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual considera de utilidad beneficiarse de una asistencia
técnica para el fortalecimiento de las capacidades de su personal en lo que respecta al asbesto y a la aplicación delConvenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias con miras a laadopción de una legislación que dé pleno efecto al Convenio. Además, expresa la esperanza de que la Oficina brinde
una asistencia técnica, como solicitó el Gobierno.
Artículo 5 del Convenio. Inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según lacual el sistema de inspección del trabajo es general y los servicios de inspección realizan controles, requerimientos ylabran actas de infracción en todas las regiones del país. Sin embargo, en relación con sus comentarios anteriores, laComisión toma nota de que no se ha comunicado ninguna información sobre la inspección del trabajo en el terreno delasbesto, especialmente en lo que atañe a la formación de los inspectores del trabajo en la materia. En consecuencia, laComisión pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para que los inspectores deltrabajo reciban una formación adecuada, que les permita garantizar una inspección eficaz en el terreno del asbesto y
comunicar informaciones sobre todo progreso realizado al respecto.
Aplicación en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación delGobierno, según la cual no dispone de información sobre la aplicación del Convenio, ni de estadísticas, habida cuenta dela falta de formación de los inspectores del trabajo y de los médicos sobre las cuestiones vinculadas con el asbesto. Toma
nota asimismo de que el Gobierno no comunica las informaciones solicitadas sobre la función de los comités de higiene yde seguridad, en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que se sirva adoptar las medidas
necesarias para estar próximamente en condiciones de comunicar informaciones actualizadas sobre la aplicación delConvenio en la práctica, incluidas las informaciones estadísticas pertinentes. Además, le pide nuevamente que
comunique informaciones sobre la función de los comités de higiene y de seguridad, en relación con la aplicación delConvenio.

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)(ratificación: 1960)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión lamenta una vez más tomar nota de que el Gobierno reitera, comoha hecho desde 1992, que no se dispone de estadísticas sobre las patologías y la mortalidad causadas por el saturnismo entre losobreros pintores. En relación con sus comentarios acerca de la aplicación del Convenio sobre seguridad y salud de lostrabajadores, 1981 (núm. 155), este año, la Comisión insta al Gobierno a que haga todo lo posible para adoptar, en un futuro
cercano, las medidas necesarias y a que proporcione informaciones al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación),
1937 (núm. 62) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el artículo 1, párrafo 1, con arreglo al cual todo Miembro que
ratifique el Convenio se obliga a mantener en vigor legislaciones o reglamentos que garanticen la aplicación de las disposiciones
generales establecidas en las partes II a IV del Convenio. Al respecto, la Comisión recuerda que se habían preparado proyectos de521

Seguridad y salud en el
trabajoRepública Centroafricana

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

textos, previos contactos directos que habían tenido lugar en 1978 y en 1980, con los servicios gubernamentales competentes. La
Comisión no puede sino expresar la firme esperanza de que se adopten en un futuro muy cercano los textos pertinentes.
La Comisión recuerda que, en virtud de este artículo del Convenio, todo Miembro que ratifique el Convenio se obliga acomunicar la última información estadística con la indicación del número y de la clasificación de los accidentes en una empresa oen un sector. La Comisión espera nuevamente que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de indicar las medidas que
se hubiesen adoptado para dar efecto al Convenio en este punto y de comunicar la información estadística adecuada.
Estadísticas de accidentes (artículo 6 del Convenio). Durante algunos años, la Comisión ha venido tomando nota de laausencia, en las memorias del Gobierno, de información estadística relativa al número y a la clasificación de los accidentes
producidos en el sector de la construcción. En su última memoria, el Gobierno declara que el Departamento del Trabajo no
dispone en la actualidad de estadísticas fiables en este terreno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963
(núm. 119) (ratificación: 1964)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de que desde hace muchos años formula comentarios sobre la aplicación de los artículos 2, 3) y 4),
10, 1), y 11 del Convenio, y de que aún no se adoptó la anunciada revisión del decreto general núm. 3758, de 25 de noviembre de1954, con miras a garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio. La Comisión reitera que la Oficina Internacionaldel Trabajo está dispuesta a asistir al Gobierno en la preparación de los textos pertinentes. En relación con sus comentarios
acerca de la aplicación por el Gobierno del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), este año,
la Comisión insta al Gobierno a que haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964
(núm. 120) (ratificación: 2006)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 009-004, de 29 de enero de 2009, en que se promulga el Código delTrabajo, que deroga la ley núm. 61-221, de 2 de junio de 1961, algunas de cuyas disposiciones son pertinentes para la aplicacióndel Convenio. La Comisión dispuso de esta última ley. La Comisión también toma nota de la referencia realizada por el Gobierno
a la orden núm. 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP, de 11 de julio de 1994, que establece y regula el funcionamiento de loscomités de salud y seguridad en la República Centroafricana, y a la orden núm. 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE, de
26 de junio de 1986, respecto de las medidas generales de seguridad y salud aplicables en empresas agrícolas, forestales,industriales y comerciales, así como en empresas similares públicas y paraestatales. La Comisión no dispuso de las dos órdenes.
La Comisión solicita al Gobierno que comunique, junto a su próxima memoria, una copia de las dos órdenes a las que se hizo
antes referencia, así como de cualquier otro texto legislativo pertinente adoptado o previsto en virtud de la nueva ley en que se
promulga el Código del Trabajo, con el fin de permitirle examinar de qué manera se da efecto a las disposiciones delConvenio, con particular referencia a los artículos 5, 6, 1), y 19. La Comisión también señala a la atención del Gobierno lospuntos siguientes.
Artículo 10 del Convenio. Temperatura de los lugares de trabajo. Artículo 16. Información sobre las disposiciones
que garantizan que los locales subterráneos o sin ventanas se ajusten a normas de higiene adecuadas. Artículo 18. Protección
contra las vibraciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere brevemente a la orden general núm. 3758, de 25 denoviembre de 1954, respecto de las medidas generales de seguridad y salud aplicables en las empresas agrícolas, forestales,industriales y comerciales y en establecimientos administrativos similares, en el África Ecuatorial Francesa (AEF). Sin embargo,
la Comisión señala que no se hace una referencia precisa a las disposiciones pertinentes de la orden que dan efecto a estas
disposiciones del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información adicional sobre las disposiciones
pertinentes de la orden que dan efecto a los artículos 10, 16 y 18 del Convenio.
Aplicación en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una valoración general de la manera enque se aplica el Convenio en la República Centroafricana, incluyendo, por ejemplo, extractos de los informes de los servicios
de inspección y, cuando proceda, información sobre el número y la naturaleza de las contravenciones registradas y las
medidas adoptadas en consecuencia, etc.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155) (ratificación: 2006)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Legislación. La Comisión acoge con agrado la adopción del nuevo Código del Trabajo, ley núm. 09.004 de 29 de enerode 2009, cuyo artículo 300 dispone entre otras cosas, que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud deberán adoptar un
reglamento en materia de seguridad y salud en el trabajo en consulta con el Consejo Nacional para la Prevención de los Riesgos
Profesionales. La Comisión toma nota de que esta disposición allana el camino para la adopción de la legislación requerida para
aplicar las disposiciones del presente Convenio. Sin embargo, la memoria no dice nada sobre si se ha preparado dicho
reglamento. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que pidió al Gobierno que transmitiese copias

522

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOLa Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Checa
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo,
1985 (núm. 161) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 10 del Convenio. Independencia profesional. La Comisión toma nota de la respuesta comunicada por el
Gobierno, que indica que los suministradores de asistencia de salud en el trabajo son independientes de los empleadores y que enla actualidad la asistencia prestada se basa casi totalmente en una relación contractual entre el empleador y el suministrador deasistencia de salud en el trabajo. La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Checo-Morava de Sindicatos(CMKOS), incluidos en la memoria del Gobierno, en los que se afirma que existen instituciones de asistencia de la salud que aún
utilizan a sus propios empleados (médicos) con fines de salud en el trabajo, con lo cual su independencia se ve comprometida. La
Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los mismos, indicando que los comentarios de la CMKOS se han discutido enel grupo de trabajo tripartito para la cooperación con la OIT y el Consejo del Acuerdo Económico y Social, el 18 de octubre de2010, habiéndose acordado que se dedicaría, en un futuro próximo, una sesión especial del grupo de trabajo (con la experta
participación del Gobierno, así como de los interlocutores sociales) al asunto de los servicios de salud en el trabajo, así como al
Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13). La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobrelas medidas adoptadas o previstas para garantizar que el personal que suministra servicios de salud en el trabajo goce de una

523

Seguridad y salud en el
trabajode los siguientes textos legislativos: decreto núm. 05.006 de 12 de enero de 2005 sobre la organización y funcionamiento delMinisterio de la Función Pública, Trabajo, Seguridad Social e Integración Profesional de los Jóvenes y que establece las
responsabilidades del ministro; el decreto núm. 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP de 11 de julio de 1994 sobre elestablecimiento y funcionamiento de los comités de seguridad y salud en la República Centroafricana; el decretonúm. 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE de 26 de junio de 1986 sobre las medidas generales de seguridad y salud
aplicables en las empresas agrícolas, forestales, industriales y comerciales así como en empresas públicas y para-públicas
similares, y la ordenanza general núm. 3758, de 25 de noviembre de 1954 sobre las medidas generales de seguridad y salud
aplicables en las empresas agrícolas, forestales, industriales y comerciales así como en establecimientos administrativos similares
en el África Ecuatorial Francesa, así como todos los demás textos legislativos pertinentes. A fin de poder examinar cómo se daefecto a las disposiciones del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que junto con su próxima memoria transmita copias delos textos antes mencionados.
Artículos 4, 7 y 8 del Convenio. Obligación de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política
nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. La Comisión toma nota
de que el recientemente creado Departamento de Medicina del Trabajo está formulando una política nacional coherente sobre
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de trabajo en base a las necesidades del país, y que también tiene en cuenta lasituación económica del país y su desarrollo. La Comisión recuerda que este trabajo se lleva a cabo en estrecha colaboración conlas organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores del país, y que estas organizaciones también deberánparticipar en el proceso de reexamen periódico de esta política teniendo en cuenta los progresos realizados, los cambios de lasociedad y los cambios tecnológicos. Además, la Comisión insta al Gobierno a garantizar que la política es coherente y que tiene
por objetivo prevenir los accidentes y lesiones derivados del trabajo, relacionados con éste y que ocurran durante su ejecución. La
Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos que se realicen en relación con laformulación, puesta en práctica y reexamen periódico de una política que esté de conformidad con el artículo 4 del Convenio.
Artículos 13 y 19, f). Derecho a interrumpir el trabajo. La Comisión toma nota de que según el Gobierno no existen
disposiciones legislativas que garanticen la protección que ofrecen estos artículos. La Comisión quiere señalar que losartículos 13 y 19, f), son disposiciones complementarias y ambos se refieren a situaciones en las que los trabajadores juzgan
necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y gravepara su vida o su salud. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para proteger a lostrabajadores de las consecuencias injustificadas de tomar esta decisión, de conformidad con el artículo 13, y que indique lasdisposiciones que se han tomado para garantizar que ningún empleador pueda exigir al trabajador que reanude una situaciónde trabajo en la que exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud, tal como dispone elartículo 19, f).
Artículo 14. Medidas para la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos losniveles de enseñanza y de formación. La Comisión toma nota de la información según la cual las medidas previstas en este
artículo están dentro del ámbito de competencias del Departamento de Medicina del Trabajo de acuerdo con las disposiciones deldecreto antes mencionado núm. 05006 de 12 de enero de 2005. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre la forma enla que se da efecto a esta disposición, en particular, acerca de las medidas adoptadas para promover, de manera conforme alas condiciones y a la práctica nacionales, la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en
todos los niveles de enseñanza y de formación, incluidos los de la enseñanza superior técnica, médica y profesional, con objeto
de satisfacer las necesidades de formación de todos los trabajadores.
Artículo 15. Medidas para garantizar la coordinación entre las diversas actividades y los diversos organismos. La
Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las obligaciones que prevé éste artículo han sido asignadas al Departamentode Medicina del Trabajo en virtud de las disposiciones del decreto núm. 05006 de 12 de enero de 2005. Solicita al Gobierno que
indique qué instituciones y estructuras institucionales existen para garantizar la coordinación necesaria entre las autoridades
nacionales competentes y los organismos responsables de dar efecto al Convenio y que también indique la fase en la que se
consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.
Aplicación en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que transmita una valoración general de la forma en la que
el Convenio se aplica en el país y que adjunte extractos de los informes de inspección y, si existe, información sobre el número
de trabajadores cubiertos por la legislación, el número y la naturaleza de las infracciones constatadas, el número, lanaturaleza y las causas de los accidentes notificados, etc.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

plena independencia profesional de los empleadores, de los trabajadores y de sus representantes, cuando existan, en relación
con las funciones que figuran en la lista del artículo 5, en referencia a los comentarios de la CMKOS; y que comunique más
información sobre los resultados del mencionado grupo de trabajo tripartito.
Artículo 11. Calificaciones requeridas al personal que haya de prestar servicios de salud en el trabajo. La Comisión
toma nota de la respuesta comunicada por el Gobierno, que indica que, además de los especialistas en asistencia de salud en el
trabajo, los médicos generalistas también suministran servicios de asistencia de la salud en el trabajo. El Gobierno indica que elInstituto de Educación de Posgrado de Asistencia de la Salud, organiza una formación para los médicos generalistas, centrada en
los asuntos de asistencia de la salud en el trabajo, a través de cursos que incluyen 150 horas de clase. El curso concluye con
exámenes y pruebas, tras cuya aprobación el graduado recibe un certificado. La CMKOS admite que, si bien la nueva legislación
había introducido disposiciones específicas para la educación de médicos y enfermeras especializados en salud en el trabajo, en la
práctica esos servicios corren a cargo habitualmente de los médicos generalistas, y que aún no se ha realizado la reforma de lalegislación nacional sobre la salud. La Comisión toma nota de la respuesta anterior del Gobierno a los comentarios de la
CMKOS. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información acerca de las calificaciones requeridas alpersonal que suministra servicios de salud en el trabajo, en referencia a los comentarios de la CMKOS; y que indique si losmédicos generalistas, que desempeñan un papel en la asistencia de la salud en el trabajo, no lo hacen hasta que tengan una
certificación de tales funciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Colombia
Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)
(ratificación: 1976)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación
General del Trabajo (CGT), ambas recibidas el 2 de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que formule sus
comentarios al respecto.
Legislación. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de las informaciones proporcionadas por el
Gobierno según las cuales no existe una normativa específica para el benceno que establezca la protección de lostrabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición o uso de esta sustancia química como lo requieren losartículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Convenio. Teniendo en cuenta que las normas de protección del cáncer ocupacional podrían
cubrir determinados aspectos del Convenio, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcione informaciones detalladas
sobre la manera en que esta normativa cubre las disposiciones del Convenio relativas a la exposición a productos que
contengan benceno. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria reitera informaciones respecto de lascuales ya había tomado nota y se refiere además al decreto núm. 1072, de 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el
decreto único reglamentario del sector trabajo, cuyo capítulo 6 se titula «De la gestión de la salud y seguridad en el
trabajo». Al respecto la Comisión nota que el capítulo 6 establece reglas generales de SST y no regula las obligaciones
específicas contenidas en los referidos artículos del Convenio. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a dar pleno
efecto a los referidos artículos del Convenio y a proporcionar informaciones detalladas al respecto.
Artículo 9, párrafo 1, apartado b), del Convenio. Exámenes médicos periódicos. La Comisión toma buena nota
de que el decreto núm. 1072 de 2015 establece en el capítulo 6, artículo 2.4, párrafo 3, que el empleador debe desarrollar
acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y otras. Al
respecto la Comisión recuerda que en virtud de lo dispuesto en este artículo del Convenio, la legislación nacional debe
fijar los intervalos en los cuales deben llevarse a cabo los exámenes médicos periódicos. En consecuencia, la Comisión
pide al Gobierno que informe sobre toda medida que adopte o que se prevea adoptar al respecto.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), recibidas el
29 de agosto de 2015 y el 4 de septiembre de 2015, así como de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores(CUT), recibidas el 2 de septiembre de 2015. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. Respecto de las comunicaciones dela CTC, la Comisión observa que la CTC declara que no pudo formularlas antes del 1.º de septiembre porque recién ese
día recibió copia de la memoria del Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre lasobservaciones referidas.
Artículo 3, párrafo 2, del Convenio. Revisión periódica de la legislación nacional a la luz de los progresos
técnicos y del desarrollo de los conocimientos científicos. Artículo 14. Responsabilidad de rotular suficientemente losembalajes y, cuando ello sea necesario, los productos que contengan asbesto. Definición de material que contiene
crisotilo. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria informa
que el referente utilizado para la expedición de la resolución núm. 007 de 4 de noviembre de 2011 del Ministerio de Saludy Seguridad Social por la cual se adoptó el reglamento de higiene y seguridad del crisotilo y otras fibras de uso similar fue
la norma OSHA 1926.1101 que establece, entre otras, que no se etiquetarán los productos cuando el asbesto esté presente524

en un producto en una concentración menor al 1 por ciento. La Comisión ya señaló que la Agencia Internacional para laInvestigación del Cáncer (IARC) clasifica al asbesto en todas sus formas dentro del grupo 1 de agentes cancerígenos y deque según la IARC el conocimiento científico no permite establecer un valor límite por debajo del cual el asbesto no sea
cancerígeno. El establecimiento de valores límite es convencional y evolutivo, y cambia según los países. Teniendo en
cuenta que el asbesto crisotilo está clasificado por la IARC como un agente cancerígeno para los humanos, que no existe
un valor límite identificable respecto del cual el asbesto no sea cancerígeno y que el artículo 14 tampoco establece dichos
límites, la Comisión considera que los productos que contengan asbesto, independientemente del porcentaje, no deben
considerarse como «libres de asbesto» respecto del presente Convenio. Cabe recordar que el artículo 14 se encuadra bajo
la parte III del Convenio «Medidas de Prevención y de Protección» y con este objeto se deben considerar las medidas
mencionadas en dicho artículo. Por ejemplo, determinados trabajos como el de eliminación de productos que contengan
menos del 1 por ciento de asbesto, si fueran considerados como «libres de asbesto», en el momento de su eliminación nose tomarían las medidas de prevención y protección necesarias respecto de los trabajadores a cargo de esta tarea puesserán considerados como productos «libres de asbesto». Como se indicó previamente, la Comisión señala que, a efectos
del Convenio, los productos que contienen menos de 1 por ciento de asbesto no se consideran como productos «libres
de asbesto». Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a reexaminar el concepto de «libre deasbesto» para los productos que contengan menos del 1 por ciento de fibra de crisotilo a la luz de sus obligaciones envirtud del Convenio, y que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que la rotulación
esté en conformidad con el Convenio.
Artículo 4. Consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas
acerca de las medidas que habrán de adoptarse para dar efecto a las disposiciones del Convenio. Con relación a sus
comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno en su memoria indica que en la sesión de
27 de agosto de 2015 de la Subcomisión tripartita de asuntos internacionales, se acordó con empleadores y trabajadores
que el Ministerio de Trabajo solicitara a los presidentes de las tres centrales sindicales y del sector empleador ladesignación de un delegado por cada organización para que participen en la Comisión nacional del asbesto crisotilo y otras
fibras. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre las consultas sobre el Convenio mantenidas
en dicha comisión, o en toda otra comisión donde estén representadas las tres centrales, incluyendo los resultados dedichas consultas.
Artículo 9, a). Someter todo trabajo en que el trabajador pueda estar expuesto al asbesto a disposiciones que
prescriban medidas técnicas de prevención y prácticas de trabajo adecuadas, incluida la higiene en el lugar de trabajo.
Mina de Antioquia. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la mina de Antioquia está funcionando yque proporciona informaciones generales sobre planes y estrategias sobre salud en el trabajo y sobre medidas de seguridad
en la mina. Consciente de la naturaleza cancerígena del asbesto y recordando las obligaciones impuestas por el
artículo 9, a), del Convenio para la protección de quienes trabajan con asbesto, la Comisión pide al Gobierno que
proporcione informaciones detalladas en relación con las medidas de protección y las prácticas de trabajo ya
adoptadas en relación con la mina de Antioquía y el cronograma sobre la adopción en un futuro cercano de toda otra
medida pertinente.
Artículo 17. Trabajos de demolición. Autorización para llevar a cabo la demolición y eliminación únicamente a
los empleadores o contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificados para ejecutar tales trabajos.
Obligación de establecer un plan de trabajo y de consultar a los trabajadores o sus representantes. Con relación a sus
comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en Colombia no hay utilización del asbesto
como aislante térmico, ni tampoco se tienen evidencias de su utilización en el uso de materiales aislantes friables con basede asbesto para estructuras de construcción, y que por lo tanto no existe liberación de polvo con contenido de asbesto, detal manera que tampoco existe exposición de los trabajadores. La Comisión hace notar que el artículo 17 del Convenio se
aplica no sólo a la «demolición de instalaciones o estructuras que contengan materiales aislantes friables a base deasbesto», sino también a «la eliminación del asbesto de los edificios o construcciones cuando hay riesgo de que el asbesto
pueda entrar en suspensión en el aire». La Comisión indica que aunque se trate de materiales no friables e
independientemente del uso que se les dé en el edificio, los productos de fibrocemento pueden contener entre un 10 por
ciento y un 15 por ciento de asbesto. Existe un riesgo de que dicho asbesto pueda entrar en suspensión en el aire durante laeliminación del asbesto de los edificios o construcciones cuando se lleva a cabo el desmontaje, manipulación de productosy residuos de fibrocemento. Al respecto, la Comisión toma nota de que la resolución núm. 007 en el párrafo 4.5, regula lasmedidas de prevención y protección en los trabajos de construcción, modificación y demolición, incluyendo cuando la
fibra de asbesto crisotilo está encapsulada o fija en un aglutinante. La Comisión subraya que estas medidas deben sercompletadas, según este artículo del Convenio, garantizando que los trabajos de demolición a que se refiere este artículo
sólo puedan ser emprendidos por los empleadores o contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificadospara ejecutar tales trabajos y que hayan sido facultados al efecto. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al
Gobierno que establezca un sistema mediante el cual únicamente los empleadores o contratistas reconocidos por laautoridad competente como calificados para ejecutar los trabajos a que se refiere este artículo del Convenio puedan
realizarlos y que proporcione informaciones sobre el particular. También le pide que dé efecto a la obligación deestablecer el plan de trabajo en los términos establecidos en el párrafo 2 de este artículo del Convenio y que informe
sobre el particular.

525

Seguridad y salud en el
trabajo

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOLa Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

ComorasConvenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)(ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación al respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Aplicación en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que presente una valoración general de la manera en que
se aplica el convenio en el país, incluidos, por ejemplo, extractos de los informes de los servicios de inspección, así como toda
información disponible sobre el número de trabajadores comprendidos en la legislación pertinente, el número y la naturalezade las contravenciones notificadas, etc.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Croacia
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo,
1985 (núm. 161) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 1 y 3 del Convenio. Política nacional y planes para establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo.
La Comisión toma nota de la información según la cual el Gobierno ha adoptado un Programa Nacional de Protección de la Saludy de Seguridad en el Trabajo para el período 2009-2013 en el que se definen las políticas en la esfera de la seguridad y la salud,
incluyendo las políticas específicas relativas a los servicios de salud en el trabajo. La Comisión toma nota de que los objetivos
estratégicos del Programa Nacional incluyen: diseñar y aplicar instrumentos de política para proteger la salud de los trabajadores;
proteger y promover la salud en el lugar de trabajo; mejorar la eficacia y el acceso a los servicios de salud en el trabajo, y vigilar
la salud de los trabajadores. La Comisión también toma nota de que con arreglo a lo establecido en el mencionado programa y enla legislación pertinente, el 1.º de enero de 2009 se crearon y comenzaron sus actividades el Instituto del Seguro de Salud y
Seguridad en el Trabajo de Croacia y el Instituto de Protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo de Croacia. La Comisión
solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación progresiva del Programa Nacional al que se hahecho referencia y el establecimiento de servicios de salud para los trabajadores en todos los sectores de actividad económica,
así como proporcionando información detallada sobre los resultados del examen periódico de la política nacional que debe
realizarse en 2013.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su última memoria, pero nota que el Gobierno no
ha presentado una memoria detallada, tal como la Comisión lo solicitó indicando las medidas específicas que dan efecto a cadaartículo del Convenio. En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de presentar una memoria detallada,
indicando las medidas adoptadas o previstas, en la ley y en la práctica, para dar efecto a cada artículo del Convenio, a efectosde permitir que la Comisión examine adecuadamente la actual aplicación del Convenio en el país.
Indemnización efectiva de los trabajadores de la fábrica Salonit. La Comisión tomó nota con anterioridad de loscomentarios presentados por la Asociación de Sindicatos de Croacia (HUS), en 2009, en los que se alega que los trabajadores dela fábrica Salonit no han sido indemnizados y que tuvieron problemas significativos a la hora de definir su situación laboral, dado
que el ex propietario aún controla el proceso de quiebra. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre si
había tenido éxito en mitigar el impacto negativo en cada uno de los trabajadores afectados y sobre el punto muerto legal
ocasionado por el proceso de quiebra contra el ex propietario de la fábrica Salonit. En este sentido, la Comisión toma nota de la
adopción de la «Ley sobre Indemnización de los Trabajadores Empleados en Salonit d.d., que se encuentra en el procedimiento dequiebra» (ley núm. 84/11), que prevé la indemnización de los trabajadores de la fábrica, sufran o no alguna enfermedadocasionada por el asbesto. La Comisión toma nota de que el artículo 2 de la ley núm. 84/11, dispone que los trabajadores
empleados en la empresa Salonit, cuando se declaró la quiebra en 2006, pueden solicitar la indemnización dentro de los 60 días apartir de la fecha de entrada en vigor de la ley. Además, el artículo 3 dispone que esos trabajadores recibirán una indemnización
por valor de 219 000 kunas de Croacia (HRK) a lo largo de un período de dos años. La Comisión pide al Gobierno que
comunique información sobre la aplicación de la ley núm. 84/11 en la práctica, en particular sobre el número de trabajadores
que solicitaron la indemnización en virtud de esta ley, así como sobre el número que recibió hasta la fecha una
indemnización.
Indemnización general: la Comisión de Solución de Reclamaciones de Indemnización a los Trabajadores afectados por
enfermedades profesionales debidas a la exposición al asbesto (la Comisión de Indemnización). La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno, según la cual la Comisión de Indemnización referida recibió 1 230 reclamaciones desde su
establecimiento en 2007, en virtud de la Ley sobre Indemnización de los Trabajadores laboralmente expuestos al asbesto. De

526

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

estas reclamaciones, 492 se resolvieron completamente, 86 están en los tribunales y 652 aún no se han resuelto. El Gobierno
indica que la indemnización media por siniestro es de aproximadamente 85 000 HRK. La Comisión solicita al Gobierno que siga
garantizando que todas las reclamaciones y solicitudes de indemnización por parte de los trabajadores afectados de una
enfermedad profesional debida a la exposición al asbesto en el curso de su empleo, se traten con la mayor rapidez posible.
Solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto, así como sobre las medidas
adoptadas para sensibilizar a esos trabajadores en relación con las posibilidades de buscar una reparación.
Medidas adoptadas en el ámbito institucional. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual elInstituto Croata de Protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo, está legalmente obligado a llevar un registro de lasenfermedades profesionales ocasionadas por el asbesto, y que esto se publica cada año en el sitio web del Instituto. También
acoge con beneplácito el registro de las enfermedades profesionales y el análisis estadístico de las mismas, que se presentaron con
la memoria del Gobierno. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las actividades
realizadas por el Instituto Croata de Protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en particular en cuanto a la aplicacióndel Convenio. Además, recordando la adopción del Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2009-2013, laComisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada en el marco de este Programa,
relacionada con la aplicación de este Convenio.
Artículo 19 del Convenio. Eliminación de residuos que contengan asbesto. La Comisión tomó nota con anterioridad dela realización del saneamiento de los residuos de cemento de asbesto en varios lugares del país. Tomó nota anteriormente delrequisito de que todo trabajo relacionado con el saneamiento debe llevarse a cabo bajo una supervisión de expertos por parte deuna empresa autorizada, y de que el Gobierno publicó una lista de las empresas titulares de una licencia de gestión de los residuos
que estén autorizadas a recoger, transportar y eliminar los residuos que contienen asbesto. La Comisión solicita nuevamente al
Gobierno que comunique más información sobre la aplicación en todo el país de las medidas legislativas que exijan que todo
trabajo relacionado con el saneamiento se lleve a cabo bajo la supervisión de expertos por parte de una empresa autorizada.
Decisiones de los tribunales de justicia y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la
declaración del Gobierno, según la cual existe una tendencia creciente en el número total de enfermedades profesionales debido a
un número cada vez mayor de enfermedades profesionales ocasionadas por la exposición al asbesto en el lugar de trabajo. El
Gobierno indica que las enfermedades profesionales ocasionadas por la exposición al asbesto, constituyen el 89 por ciento delnúmero total de enfermedades profesionales registradas (435 de los 488 casos registrados en 2011). Al respecto, el Gobierno
indica que realizó un análisis detallado de las enfermedades profesionales ocasionadas por el asbesto, incluida la distribución
geográfica de los casos registrados. La Comisión pide al Gobierno que dé una evaluación general de la manera en que seaplica el Convenio en el país y que siga comunicando, cuando existan esas estadísticas, información sobre el número detrabajadores comprendidos en la legislación, el número y la naturaleza de las contravenciones notificadas, y el número, lanaturaleza y la causa de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales notificados. Además, tomando nota dela indicación del Gobierno, según la cual se encuentran en los tribunales 86 reclamaciones a la Comisión de Solución de
Reclamaciones de Indemnización a los Trabajadores afectados por enfermedades profesionales debidas a la exposición alasbesto, la Comisión pide al Gobierno que comunique más información sobre los resultados de estos litigios, y que transmita
copias de los textos de las decisiones.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Democrática del Congo
Convenio sobre las prescripciones de seguridad(edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1960)
Artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de la información, según la cual la misión de la inspección del trabajo
reestructurada sigue siendo la misma de antes, a saber, vigilar la reglamentación pertinente, dar asesoramiento y apuntar a
resolver todo conflicto que se produzca; y toma nota asimismo que no existe ninguna competencia específica atribuida a lainspección del trabajo en términos de inspecciones en el terreno de la construcción. En relación con su comentario anterior, laComisión solicita al Gobierno que comunique más información sobre la manera en que se vigilan y fortalecen las normas
técnicas aplicadas en la industria de la edificación.
Artículo 6. Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota del informe de 2010 del Instituto Nacional de Seguridad
Social, y del Inspector General para 2008-2009 que incluyen información estadística detallada, aunque aún no integral, que refleja
una evolución significativa de los esfuerzos del Gobierno para mejorar su vigilancia de las condiciones laborales en el país. La
Comisión toma nota de que la información transmitida no permite que la Comisión evalúe plenamente las tendencias en relación
con los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en el área de la construcción. La Comisión espera que elGobierno pueda transmitir informaciones estadísticas complementarias y más detalladas sobre el número y la clasificación delos accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales acaecidos, especialmente respecto de las personas que trabajan
en el sector cubierto por el Convenio, e información lo más detallada posible acerca del número de personas contratadas en laindustria de la edificación y abarcadas por las estadísticas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

527

Seguridad y salud en el
trabajo

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ghana
Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963
(núm. 119) (ratificación: 1965)
Artículos 1 y 17 del Convenio. Ámbito de aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su
memoria que, en vista de la necesidad de extender la legislación nacional que da efecto al Convenio a la agricultura, lasilvicultura, el transporte por carretera, como subrayó la Comisión, está centrado en la necesidad de revisar la legislación
en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno indica que está adoptando todas las medidas necesarias
para garantizar la protección de la maquinaria en todos los sectores de actividad económica, en particular en la agricultura,la silvicultura, el transporte por carretera y ferroviario, y la marina mercante. La Comisión recuerda que, durante largo
tiempo, ha señalado a la atención del Gobierno la necesidad de extender la legislación que da efecto al Convenio a losmencionados sectores. La Comisión confía que, en el contexto de la revisión de la legislación en el ámbito de la seguridad
y salud en el trabajo, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para dar efecto al Convenio. La Comisión insta al
Gobierno a adoptar en un futuro muy próximo las medidas necesarias para garantizar la protección de la maquinaria
en todos los sectores de la actividad económica, en particular en la agricultura, la silvicultura, el transporte por
carretera y ferroviario, y la marina mercante.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

GuatemalaConvenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1989)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala(CGTG), recibidas el 3 de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno.
Legislación y otras medidas para dar efecto al Convenio. La Comisión recuerda que, desde hace muchos años,
pide al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para dar efecto al Convenio. A este respecto, la Comisión
toma nota de la adopción del acuerdo gubernativo núm. 229-2014, el cual contiene el nuevo reglamento de salud yseguridad ocupacional y en particular su capítulo II sobre sustancias peligrosas — polvo, gases o vapores inflamables oinsalubres. En relación con el proyecto de acuerdo gubernativo para regular el uso del asbesto en Guatemala, la Comisión
toma nota de que el Gobierno ha solicitado la asistencia del Consejo Nacional de Salud e Higiene Ocupacional(CONASSO) y de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) quienes conforman una subcomisión, pararealizar el análisis del proyecto antes mencionado teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio y los comentarios dela Comisión. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores indicó que el proyecto de acuerdo gubernativo encuestión no estaba en plena conformidad con las disposiciones del Convenio. Al tiempo que toma nota de las iniciativas
adoptadas para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio, la Comisión confía en que elacuerdo gubernativo para regular el uso del asbesto en Guatemala tendrá plenamente en cuenta los comentarios
formulados previamente. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

GuineaConvenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)
(ratificación: 1976)
Legislación. Al referirse a los comentarios que viene formulando desde hace varios años, la Comisión toma nota deque el Gobierno señala que, si bien el nuevo Código del Trabajo, de 10 de enero de 2014, no establece ninguna
disposición específica sobre la utilización de productos cancerígenos, se adoptarán medidas con el fin de reactualizar laordenanza núm. 93/4794/MARAFDPT/DNTLS, de 4 de junio de 1993, relativa a la prevención del cáncer en el trabajo, y degarantizar su conformidad con las disposiciones del Convenio, en particular en lo que se refiere al artículo 2, párrafo 1,
del Convenio sobre la sustitución de sustancias y agentes cancerígenos. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que
adoptetodas
lasmedidasnecesarias
paragarantizarlaconformidaddelaordenanzanúm. 93/4794/MARAFDPT/DNTLS con el Convenio, que suministre información sobre todos los progresos realizados aeste respecto, y que comunique una copia de cualquier nuevo texto legislativo que dé cumplimiento a las disposiciones delConvenio.
Aplicación en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que facilite una evaluación general de la forma en que
el Convenio se aplica en el país, valiéndose especialmente de todos los extractos pertinentes de informes de lainspección del trabajo y, si existieran, de las informaciones estadísticas relativas al número de trabajadores cubiertos
por la legislación, el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, el número, la naturaleza y las causas de lasenfermedades registradas, etc.

528

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GuyanaConvenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1966)
La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno su observación general del 2015 con relación al presente
Convenio, y en particular la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno y de la documentación anexa. Toma nota
de que el artículo 75, 1), b), de la Ley sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo (ley núm. 32, de 1997) prevé que el Ministerio
pueda adoptar un reglamento que rija de forma más detallada las cuestiones a este respecto. Toma nota del proyecto detallado dereglamento sobre la utilización de productos químicos en el trabajo, de 31 de enero de 2003, adjunto a la memoria del Gobierno.
Sin embargo, también toma nota de que este proyecto no contiene reglas sobre las radiaciones ionizantes. La Comisión solicita al
Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar laprotección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes en el trabajo, especialmente a través de la publicación de unreglamento en virtud del artículo 75 de la Ley sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Protección eficaz de los trabajadores en función de los conocimientos disponibles
actualmente. En lo que respecta a los límites de exposición a las sustancias y agentes químicos, la Comisión toma nota de que elanexo 2 del proyecto de reglamento menciona la norma internacional establecida por la Conferencia Americana de Higienistas
Industriales Gubernamentales. La Comisión pide al Gobierno que transmita información complementaria sobre las medidas
adoptadas o previstas para dar efecto al Convenio, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la CIPR.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1983)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación al respecto. Espera que la próxima memoria contenga información completa sobre los asuntos planteados ensus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no comunica ninguna información sobre la aplicación delConvenio, tanto en la ley como en la práctica. La Comisión reitera que las leyes y reglamentaciones nacionales actuales son
demasiado generales para dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio y que deberían adoptarse medidas específicas para
regular el uso del benceno y de los productos que contienen benceno, de conformidad con el Convenio. En consecuencia, laComisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se apliquen, en la ley y enla práctica, las disposiciones del Convenio. La Comisión también quisiera informar al Gobierno que la Oficina está disponible
para brindar la asistencia técnica pertinente, a efectos de asistir en sus esfuerzos orientados a armonizar la ley y la práctica
nacionales con este Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos para adoptar, en un futuro próximo, las medidas
necesarias.

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)
(ratificación: 1983)
La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno, y de que el proyecto de reglamento de
31 de enero de 2003 sobre la utilización sin riesgos de productos químicos en el trabajo se está examinando. Además, toma nota
de la declaración el Gobierno según la cual este proyecto de reglamento prevé la protección contra el cáncer profesional y remite
a la norma internacional establecida para los límites de exposición por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales. Asimismo, la Comisión toma nota de que el capítulo 3.6 del anexo 2 del proyecto contiene reglas aplicables enmateria de efectos cancerígenos. También toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual este proyecto debería preverexámenes médicos. Espera que el reglamento se adopte próximamente y que garantice la aplicación del Convenio y prevea
exámenes médicos o bilógicos u otras pruebas o investigaciones, durante y después del empleo, de conformidad con el artículo 5
del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre las medidas
adoptadas para garantizar la aplicación del Convenio y que transmita una copia de este reglamento una vez que se hayaadoptado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro próximo, las medidas
necesarias.

Japón
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1973)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos(JTUC-RENGO), y la Federación Empresarial de Japón (NIPPON KEIDANREN), comunicadas en la memoria delGobierno, así como la respuesta del Gobierno a ambas.

529

Seguridad y salud en el
trabajo

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Observación general de 2015. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno su observación general de2015 con relación al presente Convenio, y en particular la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de lamisma.
Artículo 2 del Convenio. Aplicación del Convenio a todas las actividades que entrañan la exposición detrabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo. Trabajadores en situaciones de emergencia. La
Comisión toma nota de la declaración de la JTUC-RENGO de que, debido al accidente en la central nuclear de Fukushima
tras el terremoto de 2011, se publicó una orden ministerial sobre medidas especiales que aumentaban la dosis máxima
permitida de exposición a las radiaciones en situaciones de emergencia a 250 mSv. De acuerdo a dicha orden ministerial,
los trabajadores fueron ocupados en trabajos de emergencia y, en consecuencia, el Gobierno debe implementar una gestión
a medio y largo plazo para trabajadores cuya exposición exceda la dosis máxima autorizada (100 mSv en cinco años). La
Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, entre marzo y diciembre de 2011, entró en vigor la orden
ministerial sobre medidas especiales, y que una vez se estabilizaron los reactores nucleares, el límite de dosis deexposición a las radiaciones ionizantes se volvió a fijar en 100 mSv. El Gobierno señala asimismo que, atendiendo a laslecciones aprendidas del terremoto de 2011, ha promulgado una enmienda a la orden sobre la prevención de los peligros
relacionados con las radiaciones ionizantes y a las directrices ministeriales para el mantenimiento y la mejora de la saludde los trabajadores de emergencia en instalaciones nucleares, que entran en vigor el 1.º de abril de 2016. Sobre la base delconcepto de que debería adoptarse un cierto margen en la aplicación de límites a las dosis de exposición a radiaciones en
el caso de los trabajadores regulares, los empleadores podrán destinar a los trabajadores cuya dosis acumulada supere los
100 mSv en un período de cinco años a llevar a cabo tareas en trabajos normales donde la exposición adicional a laradiación no supere los 5 mSv al año, siempre y cuando la actividad de estos trabajadores sea esencial para mantener laseguridad de las instalaciones de la central nuclear. La Comisión toma nota asimismo de que la orden ministerial
enmendada sobre prevención de los peligros relacionados con las radiaciones ionizantes establece que el Ministerio de
Salud, Trabajo y Bienestar podrá fijar un límite especial a las dosis de exposición (dosis excepcional en situaciones deemergencia) que no supere los 250 mSv en situaciones en las que sea difícil ajustarse a una dosis máxima de exposición
de 100 mSv durante los trabajos de emergencia. La citada orden establece que los empleadores seleccionarán personal deemergencia con cualidades excepcionales entre los trabajadores especializados en prevención de desastres nucleares, talcomo se especifica en la Ley sobre Medidas Especiales relativas a la preparación para situaciones de emergencia nuclear.
La Comisión hace referencia al párrafo 37 de su observación general de 2015, en el que afirma que, en situaciones
de emergencia, los niveles de referencia deberían situarse en una banda de entre 20 y 100 mSv o, en lo posible, por debajo
de la misma. Deben adoptarse medidas para garantizar que ningún trabajador que intervenga en una situación deemergencia se vea sometido a una exposición que exceda los 50 mSv. Tal como se señala en el párrafo 22 de esta
observación general, las organizaciones y los empleadores con capacidad de respuesta deberían velar por que el personalde emergencia, en situaciones excepcionales, ejecute acciones en el curso de las cuales las dosis recibidas excedan los
50 mSv, lo hagan voluntariamente y hayan sido previamente informados de manera clara y exhaustiva de los riesgos quede ello se derivan para su salud, así como de las medidas de protección y de seguridad disponibles; y que, en la medida delo posible, hayan sido entrenados en las acciones que están obligados a ejecutar. La Comisión pide al Gobierno que
adopte medidas adicionales para garantizar que la protección prevista en el Convenio se aplica a los trabajadores ensituaciones de emergencia. En este sentido, pide al Gobierno que señale las medidas adoptadas o previstas paragarantizar que los trabajadores que se ven expuestos a dosis excepcionales en situaciones de emergencia lo hagan
voluntariamente y sólo después de ser informados de los riesgos para la salud que se derivan de los mismos. La
Comisión pide también al Gobierno que suministre información detallada sobre las medidas adoptadas, incluidas lasmedidas a largo plazo, a fin de hacer un seguimiento de aquellos trabajadores que se ven expuestos a dosis mayores deradiación ionizante tras el terremoto de 2011.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 2005)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos(JTUC-RENGO), presentadas con la memoria del Gobierno, y de la respuesta del Gobierno a las mismas.
Artículos 1 y 21 del Convenio. Campo de aplicación y exámenes médicos necesarios. La Comisión toma nota dela información comunicada por el Gobierno en relación con las leyes que imponen la obligación de adoptar medidas
preventivas para garantizar la seguridad de los trabajadores, incluidos los mineros y la gente de mar, e incluso en relación
con el asbesto. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las notificaciones emitidas por el Ministerio deTierras, Infraestructura, Transportes y Turismo, disponen que los marineros asignados a trabajos que impliquen la
exposición al asbesto a bordo de buques que reúnan ciertos requisitos, recibirán un expediente personal de salud en el
momento de su separación del servicio o posteriormente y, en consecuencia, se beneficiarán de exámenes médicos en
instituciones médicas. El Gobierno declara que los requisitos para la expedición de la carpeta personal de salud para losmarineros se determinan mediante los requisitos para la carpeta personal de salud que prescribe la Ley sobre Seguridad y
Salud Profesional, como referencia. El Gobierno indica que el número de marineros a los que se aplica el Convenio es de74 892, a partir de 2013. Indica que, de 2010 a 2014, los inspectores del trabajo de la gente de mar detectaron

530

14 infracciones relacionadas con la educación y la formación en seguridad e higiene (artículo 11 del reglamento detrabajo, seguridad e higiene de los marineros) y 2 relacionadas con el equipo de protección (artículo 45 del reglamento).
También toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el número de casos confirmados de prestaciones delseguro para cáncer de pulmón y mesotelioma, ocasionados por el asbesto, en virtud de la Ley del Seguro de los Marineros,
durante el período de presentación de memorias, fue de 51. Con respecto a los mineros, la Comisión toma nota de que elnúmero de trabajadores a los que se aplicó el Convenio fue de 7 y no se notificaron casos de infracciones o casos deenfermedades profesionales. La Comisión reitera su solicitud anterior al Gobierno de que indicara las medidas
adoptadas para aplicar el artículo 21 del Convenio a la gente de mar y a los mineros, incluyendo información
específica sobre los exámenes médicos para esos trabajadores, así como el número de registros de la salud del personal
expedidos para los marineros previamente expuestos.
Artículos 15, 4), 16, 17, 2), 20 y 22. Equipos de protección, medidas de prevención, medición de la concentraciónde polvo de asbesto en suspensión en el aire e información y educación. La Comisión toma nota de las observaciones dela JTUC-RENGO, según las cuales el Gobierno debería emprender las siguientes acciones en relación con el asbesto, en
los trabajos de recuperación y de reconstrucción, tras el terremoto de 2011: educación en seguridad y salud en el trabajo ymedidas para prevenir los accidentes del trabajo, a efectos de prevenir la exposición al asbesto; fortalecimiento de laorientación y la supervisión, para garantizar la utilización del equipo de protección necesario y ropa de protección contra
la exposición al asbesto; la medición regular de las concentraciones de polvo de asbesto en suspensión en el aire y la
publicación de los resultados de tales mediciones; y, en la gestión de los trabajos de demolición y eliminación de losedificios y las estructuras que puedan contener asbesto, la adopción de medidas exhaustivas para la prevención de la
exposición al asbesto respecto de los trabajadores y de las personas que utilizan esas estructuras. La Comisión toma nota
de la declaración del Gobierno, en respuesta a esas observaciones, según la cual el Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar ha venido adoptando medidas de sensibilización, brindando orientación y realizando inspecciones sobre leyes deseguridad y salud en el trabajo. Estas medidas incluyen la ordenanza sobre la prevención del deterioro de la salud debido
al asbesto, que requiere que los empleadores impartan una educación especial en seguridad y salud en el trabajo a lostrabajadores asignados a realizar trabajos que impliquen asbesto y que se adopten medidas para prevenir la exposición alasbesto. El Gobierno también indica que enmendó dicha ordenanza para fortalecer la protección otorgada a lostrabajadores que trabajan en edificios que contienen asbesto. Con respecto a los trabajadores contratados en la restauracióny la reconstrucción tras el terremoto de 2011, el Gobierno indica que distribuyó equipos de protección respiratoria a lostrabajadores de las zonas afectadas. También midió las concentraciones de fibras de asbesto en los lugares de trabajo ynotificó esas mediciones en una reunión de expertos y posteriormente reforzó las actividades de supervisión. La Comisión
pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores
contratados en la restauración y la reconstrucción contra los riesgos que existen para la salud debido a la exposición
profesional al asbesto. Pide asimismo al Gobierno que transmita una copia de la ordenanza sobre la prevención deldeterioro de la salud debido al asbesto en su forma enmendada.
Artículos 17 y 19, 2). Trabajos de demolición y medidas para evitar la contaminación. La Comisión tomó nota
con anterioridad de las observaciones de la JTUC-RENGO, según las cuales el Gobierno no supervisa de manera idónea laaplicación de la legislación sobre los sitios de demolición, y los desechos y materiales de construcción con contenido deasbesto no están suficientemente separados de la piedra triturada para su reciclado. El Gobierno, en su respuesta,
reconoció la importancia de la cuestión e indicó al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y a las oficinas de trabajo delas prefecturas que realizaran inspecciones conjuntas de los sitios de demolición, cooperando tres ministerios paragarantizar una mejor aplicación de las leyes y reglamentaciones pertinentes.
La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en el pasado, se produjeron casos en los que se
emitió asbesto a la atmósfera de los sitios de demolición, e investigaciones preliminares para determinar si el asbesto se
utilizó en materiales de construcción y arrojaron resultados insatisfactorios. Como consecuencia, la Ley sobre el Control
de la Contaminación del Aire fue enmendada en 2013 para imponer la obligación de que el contratista que tiene a su cargo
los trabajos de demolición, lleve a cabo investigaciones preliminares y determine si se utilizó asbesto en el edificio. Se
requiere que el contratista aporte un informe por escrito en la materia al propietario del edificio, que se ve entonces
obligado a presentar una notificación por escrito al gobernador de la prefectura. El gobernador de la prefectura puede acontinuación ordenar al propietario que cambie el plan de actividades. Las oficinas de trabajo de las prefecturas y lasoficinas de inspección de las normas del trabajo, cuando reciben información sobre los trabajos de demolición de losedificios, mediante una notificación, pueden realizar inspecciones in situ y brindar una orientación a los contratistas detrabajos de demolición para que den cumplimiento estricto a las obligaciones relativas al asbesto. Además, el Ministeriode Salud, Trabajo y Bienestar, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transportes y Turismo, y el Ministerio de Medio
Ambiente siguen trabajando en colaboración respecto de la piedra triturada para su reciclado, contaminada por asbesto.
Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión pide al Gobierno que siga
proporcionando información sobre las medidas que se tomaron para la demolición de las estructuras que contienen
asbesto, incluida la información sobre las medidas específicas adoptadas como consecuencia de la colaboración entre
los ministerios para abordar la combinación de asbesto con piedra triturada para su reciclado. También pide al
Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para evitar la contaminación del medio
ambiente en general por polvos y asbesto provenientes de los lugares de trabajo, y que transmita una copia de la Ley
sobre el Control de la Contaminación del Aire, en su forma enmendada en 2013.
531

Seguridad y salud en el
trabajo

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOAplicación en la práctica. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre el número
de casos respecto de los cuales se otorgaron prestaciones del seguro para las enfermedades ocasionadas por el asbesto, en
virtud de la Ley del Seguro de Indemnización por Accidentes del Trabajo y la Ley sobre el Seguro de los Marinos, asícomo el número de casos vinculados con el asbesto en el caso de los empleados públicos nacionales, los empleados de laadministración pública local y los mineros. El Gobierno también indica que el número de violaciones de la ordenanzasobre la prevención del deterioro de la salud debido al asbesto, que se detectaron durante las inspecciones de 2013, es de219 respecto de los criterios de salud, uno relativo a las medidas sobre el medio ambiente del trabajo y 13 relativos a losexámenes médicos. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre la manera en que se aplica
en la práctica el Convenio, incluidos los datos estadísticos sobre las actividades de los servicios de inspección deltrabajo (número de visitas, violaciones identificadas y, en particular, las sanciones impuestas), el número y lanaturaleza de las enfermedades ocasionadas por el asbesto y las medidas adoptadas o previstas para abordar las causas
de esas enfermedades.

Jordania
Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1964)
Artículo 4 del Convenio leído conjuntamente con el artículo 2. Obligación del vendedor, del arrendador, y de lapersona que cede la máquina a cualquier otro título o del expositor. En relación con sus comentarios anteriores, laComisión toma nota de que el reglamento núm. 43 sobre prevención y seguridad en la utilización de maquinaria y equipos
industriales en los lugares de trabajo, adoptado en virtud del artículo 85, c), del Código del Trabajo, determina que
incumbe a los empleadores la adopción de todas las medidas y precauciones necesarias para la prevención y seguridad dela maquinaria, incluida la instalación de dispositivos de protección según el tipo de riesgo. La Comisión toma nota una vezmás de que la legislación en vigor no parece prever que la obligación de aplicar las disposiciones del artículo 2 delConvenio incumba al vendedor, al arrendador, o a la persona que cede la máquina a cualquier otro título o al expositor, deconformidad con el artículo 4 del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte
medidas adecuadas, en la ley y en la práctica, para garantizar que la obligación de aplicar las disposiciones delartículo 2 del Convenio, incumba al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la máquina a cualquier otro título
o al expositor, como requiere el artículo 4 del Convenio.
Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, según la cual elnúmero ampliado de inspectores del trabajo, que aumentó de 139 a 180, en 2009, realizó 88 208 visitas de inspección en
2014, en comparación con las 49 463 de 2012, y que 13 034 de esas inspecciones fueron realizadas por 30 inspectores
especializados en seguridad y salud en el trabajo (SST), en comparación con las 8 045 de 2012. En el curso de estas
visitas, los inspectores de SST notificaron 4 556 infracciones, en comparación con las 604 de 2012, y emitieron
5 770 advertencias a las empresas que violaban normas de SST, en comparación con las 1 724 de 2012. Tomando nota delimportante aumento de las inspecciones realizadas, la Comisión pide al Gobierno que comunique información
específica sobre el resultado de esas inspecciones, en relación con la aplicación de la legislación pertinente, incluidos
el número y la naturaleza de las violaciones registradas.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

KuwaitConvenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1974)
Artículos 6 y 14 del Convenio. Concentración máxima y medición del benceno en la atmósfera del lugar detrabajo. Supervisión de la aplicación del Convenio. La Comisión observa que el Gobierno proporciona copia de unmemorándum especial sobre el Convenio que incluye información sobre las visitas de inspección realizadas a lugares detrabajo donde los trabajadores pueden estar expuestos a los gases de benceno. Este memorándum indica que el Organismo
Público del Medio Ambiente (EPA) estableció el nivel máximo permisible de benceno transmitido por el aire en el lugar
de trabajo durante una jornada laboral de ocho horas, en 0,1 parte por millón (ppm) y en 1 ppm para una semana laboral
de 40 horas, como se dispone en el reglamento de aplicación de la ley que establece el EPA (decisión núm. 210 de 2001).
El memorándum también detalla los resultados de las visitas de inspección llevadas a cabo por el EPA en varias industrias,
cuando los trabajadores están expuestos al benceno. La Comisión toma nota de que, según las cifras aportadas, parecen
haberse fijado en algunas industrias límites máximos más elevados de exposición (10 ppm o 50 ppm). También toma nota
de que en un gran número de empresas inspeccionadas, los niveles de exposición observados excedieron ampliamente elvalor límite umbral establecido por el EPA (es decir, 43 ppm para las refinerías de petróleo, 180 ppm en las industrias defibra de vidrio, 210 ppm en las imprentas, 224 ppm en las carpinterías). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno
que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los valores límite umbrales establecidos para todas las
industrias que producen o utilizan benceno no excedan del valor tope de 25 ppm que prevé el artículo 6, 2), delConvenio y que se apliquen en la práctica. También pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias paragarantizar que los servicios de inspección del trabajo lleven a cabo el control adecuado y que se adopten las medidas

532

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

reparadoras y correctivas de las que se informa en el memorándum. Sírvase comunicar toda la información pertinentea este respecto.

República Democrática Popular Lao
Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)(ratificación: 1964)
Artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio. Prohibición y regulación del uso de cerusa y sulfato de plomo y de cualquierotro producto que contenga dichos pigmentos. En referencia a sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota deque el Gobierno señala que la Ley del Trabajo (revisada) fue adoptada en 2013. El Gobierno declara que se han
introducido modificaciones en la ley de conformidad con los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio. No obstante, la Comisión
toma nota de que la Ley del Trabajo de 2013 no contiene disposiciones relativas al empleo de la cerusa en los trabajos depintura. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que indique las disposiciones de la legislación nacional con lasque se da cumplimiento a los siguientes artículos del Convenio: artículo 1 (prohibición del empleo de cerusa y desulfato de plomo en los trabajos de pintura interior de los edificios); artículo 2 (reglamentación del uso de cerusa en la
pintura decorativa); artículo 3 (prohibición de emplear a jóvenes menores de 18 años y a las mujeres en trabajos depintura industrial que entrañen el empleo de cerusa); artículo 5 (reglamentación del empleo de cerusa en los trabajosde pintura en los que no esté prohibido su empleo).
Artículo 7. Establecimiento de estadísticas de morbilidad y de mortalidad debido al saturnismo de los obreros
pintores. Al tiempo que toma nota de que no hay datos disponibles por el momento, la Comisión recuerda al Gobierno
la obligación del artículo 7 con relación a la recopilación de estadísticas de casos de saturnismo entre obreros pintoresy pide al Gobierno que haga todo esfuerzo para comenzar a recopilar dicha información. La Comisión pide al
Gobierno que proporcione la información estadística cuando esté disponible.

Madagascar
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA),
recibidas el 2 de junio de 2015, según las cuales: el número de accidentes declarados a la Caja Nacional de Previsión
Social (CNAPS) es muy bajo, debido al hecho de que el control de la aplicación del Convenio no se realiza oficial yperiódicamente, y debería existir un informe oficial para este tipo de declaración. La Comisión pide al Gobierno que
tenga a bien comunicar sus comentarios al respecto.
Legislación. La Comisión toma nota de las informaciones sucintas comunicadas por el Gobierno en respuesta a sus
comentarios anteriores en las que expresa la esperanza de que la adopción de los textos de aplicación del Código de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo permita dar efecto a los artículos 2 y 4 del Convenio. Al respecto, toma
nota de que el Gobierno indica que el decreto núm. 889, de 20 de mayo de 1960, que establece las medidas generales dehigiene y seguridad del trabajo, sigue en vigor, pero con la intención de revisarlo para tener en cuenta el contexto actual,que incluye la protección de la maquinaria, y será necesaria, en el proceso de revisión, la participación de varias entidades
y personas calificadas. Toma nota asimismo de que el artículo 120 del Código del Trabajo, de 2004, prevé que las
instalaciones y los materiales de trabajo estarán sujetos a normas de seguridad obligatorias y deberán ser objeto devigilancia, de verificación y de mantenimiento sistemáticos, con el fin de prevenir los riesgos de accidentes. Además, laComisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el servicio de inspección del trabajo intensifica el control
de la maquinaria que es importada en el país. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas
necesarias para garantizar la revisión del decreto núm. 889, sobre todo con el fin de dar efecto al Convenio, ycomunicar informaciones sobre todo progreso realizado al respecto. Le pide asimismo que se sirva transmitir
informaciones sobre las medidas adoptadas mientras tanto para garantizar la aplicación de los artículos 2 y 4 delConvenio, que prohíben al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la máquina a cualquier otro título o al
expositor, así como al fabricante que vende, arrienda, cede a cualquier otro título o expone máquinas cuyos elementos
peligrosos especificados en los párrafos 3 y 4 del artículo 2 del Convenio, se hallen desprovistos de dispositivos
adecuados de protección.
Aplicación en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar indicaciones sobre lamanera en que se aplica el Convenio, comunicando, por ejemplo, extractos de los informes de los servicios deinspección y, si las estadísticas establecidas lo permiten, precisiones sobre el número de accidentes registrados en
relación con el Convenio, el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, etc.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas),
1964 (núm. 120) (ratificación: 1966)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA),
recibidas el 2 de junio de 2015, según las cuales: 1) la legislación nacional debería ser armonizada con el Convenio,
533

Seguridad y salud en el
trabajoConvenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1964)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

teniendo en cuenta el contexto actual, y 2) deberían desarrollarse nuevas tecnologías en materia de higiene, de seguridad yde salud. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar sus comentarios al respecto.
Legislación. La Comisión toma nota de la memoria sucinta del Gobierno, en la que indica que, como consecuencia
de la inestabilidad sociopolítica de los últimos años, el país comienza en la actualidad a regresar al orden constitucional yque la elaboración y la aplicación de una política general de Estado es una prioridad del Gobierno. La Comisión toma nota
asimismo de que aún no se revisó el decreto núm. 889, de 20 de mayo de 1960, que establece las medidas generales dehigiene y de seguridad del trabajo, y que, habida cuenta de la complejidad del campo de aplicación del texto que deberíaampliarse para tener en cuenta las nuevas tecnologías, será necesaria, en el proceso de revisión, la participación de varias
entidades y personas calificadas. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias paragarantizar la revisión del Decreto núm. 889, sobre todo con el fin de dar efecto al Convenio, y comunicar
informaciones sobre todo progreso realizado al respecto.
Artículo 14 del Convenio. Puesta a disposición de asientos adecuados para los trabajadores. La Comisión toma
nota de que, en virtud del artículo 115 del Código del Trabajo, de 2004, los trabajadores deben tener a su disposición todo
mobiliario que sea necesario para su confort durante el período de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que tenga abien comunicar informaciones complementarias sobre las medidas adoptadas para garantizar que se pongan adisposición de los trabajadores asientos adecuados y en número suficiente, y que éstos tengan la posibilidad deutilizarlos.
Artículo 18. Ruidos y vibraciones. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión pide nuevamente
al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que se reduzcan
todo lo posible los ruidos y las vibraciones susceptibles de producir efectos nocivos en los trabajadores.
Aplicación en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que se sirva comunicar una valoración general de laaplicación del Convenio en la práctica, adjuntando informaciones, especialmente sobre el número y la naturaleza delas infracciones detectadas y las sanciones impuestas al respecto.

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 1971)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA),
recibidas el 2 de junio de 2015.
Artículo 3 del Convenio. Determinación de un peso máximo para el transporte manual de carga. En relación con
su comentario anterior, la Comisión toma nota con satisfacción de la información comunicada en la memoria delGobierno sobre la entrada en vigor del decreto interministerial núm. 50149/2009, de fecha 8 de diciembre de 2009, quefija en 50 kilogramos el peso máximo para el transporte manual de todo objeto por un solo trabajador adulto masculino. A
este respecto, la Comisión toma nota de que la SEKRIMA indica que algunos trabajadores ignoran la existencia deldecreto y que es necesaria la divulgación del mismo. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios alrespecto.

Malta
Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119) (ratificación: 1988)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 6 del Convenio. Prohibición por las leyes y reglamentos nacionales de la utilización de máquinas desprovistas
de los dispositivos adecuados de protección. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta alguna a
sus comentarios anteriores, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas a fin deprohibir, de conformidad con el Convenio, la utilización de máquinas que tengan alguna parte peligrosa, incluyendo losórganos de trabajo (punto de operación), desprovista de dispositivos adecuados de protección.
Artículo 7. Deber del empleador de asegurar la observancia. La Comisión toma nota de la información sobre el efecto
dado en la práctica a la Ley sobre la Autoridad en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2000 (ley núm. XXVII de2000) y en particular de la declaración respecto a que hay pocos delitos notificados y sanciones impuestas por infracciones a las
obligaciones de los empleadores en relación con el uso de maquinaria peligrosa. Toma nota de que el Gobierno señala que uno delos problemas es que a menudo la maquinaria es de segunda mano. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas
adoptadas o previstas para garantizar que los empleadores cumplen con sus obligaciones en virtud del artículo 7 en lo que
respecta a la maquinaria de segunda mano.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

534

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MéxicoConvenio sobre seguridad y salud de los trabajadores,
1981 (núm. 155) (ratificación: 1984)
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (SNTCPF), recibidas el 30 de agosto de 2015. La Comisión pide al Gobierno
que envíe sus comentarios al respecto, así como en relación con las observaciones del SNTCPF recibidas el 1.º deseptiembre de 2014.
La Comisión está dando seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe adoptado por el Consejo deAdministración en marzo de 2009 (documento GB.304/14/8 (Rev.)) con relación al accidente que tuvo lugar en la mina decarbón de Pasta de Conchos en Coahuila.
Medidas a ser adoptadas en consulta con los interlocutores sociales
Artículos 4, párrafos 1 y 2, y 7 del Convenio. Política nacional. Exámenes globales o relativos a determinados
sectores: actividades laborales peligrosas como las que se realizan en el sector de la minería del carbón.
a) Registro de datos confiables sobre las minas existentesy de los trabajadores de esas minas
Antecedentes. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores solicitó al Gobierno que proporcionara
informaciones actualizadas sobre el número y tipo de minas en la región de Coahuila que incluyan: 1) informaciones
diferenciando las minas registradas de las no registradas; 2) el número total de mineros estimado en Coahuila; 3) elnúmero de mineros registrados, y 4) el número estimado de mineros no registrados.
Memoria de 2015. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria proporciona las siguientes
informaciones: sobre las minas registradas y las no registradas, comunica un cuadro donde constan 20 socios de lasuniones productoras de carbón registradas que han registrado 28 minas y pozos. También enuncia diez centros de trabajo
que no están registrados. La Comisión observa que en 2012 el Gobierno informó que, al mes de mayo de 2012, existían
2 463 concesiones en el estado de Coahuila; entre éstas, 970 corresponden a minas de carbón, 297 de las cuales son pozoso tiros verticales, de los que se habían inspeccionado 149, y que en 2011 el Gobierno informó que había 909 concesiones
mineras, nueve grandes minas de carbón y 62 medianas, además de los 297 tiros verticales en que apreció actividad. La
Comisión lamenta no poder contar con informaciones precisas y comparables que le permitan avanzar en el examen delefecto dado a estos artículos del Convenio en la minería del carbón en Coahuila. En cuanto al número de mineros y a laestimación de mineros no registrados, la Comisión nota que el Gobierno informa en su memoria que el número total demineros estimado en Coahuila es de 41 290, de los cuales 12 398 se encuentran empleados en la minería del carbón, pero
no proporciona informaciones sobre el número estimado de mineros no registrados. La Comisión reitera que es
fundamental contar con informaciones precisas, a fin de adoptar políticas y medidas preventivas eficaces de SST para queno se reiteren accidentes como el de Pasta de Conchos y los posteriores, de los cuales la Comisión ha tomado nota; elúltimo de los que la Comisión había tomado nota es el del pocito Bocker donde murieron dos mineros el 27 de marzo de2014. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre el número ytipo de minas en Coahuila que incluyan : 1) informaciones diferenciando las minas registradas de las no registradas;
2) el número total de mineros estimado en Coahuila; 3) el número de mineros registrados, y 4) el número estimado demineros no registrados.
b) Accidentes en el sector de la minería del carbón
La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores pidió al Gobierno que proporcionara informaciones
estadísticas sobre el número de accidentes de trabajo en la minería del carbón, en particular en Coahuila, indicando elnúmero de accidentes y de víctimas desde 2010 hasta el momento de elaboración de la próxima memoria, diferenciando
entre los accidentes producidos en los llamados pocitos y en las minas medianas o grandes. La Comisión toma nota deque, en su memoria, el Gobierno adjuntó un cuadro en el que la Comisión observa que figuran 24 accidentes del trabajo enminas en Coahuila y 28 trabajadores muertos en esos accidentes desde 2010 a 2014. Esta información difiere de la
información proporcionada por el Gobierno en su memoria de 2012, según la cual hubo 31 muertos en 2010, y de lacomunicación del mismo año del SNTCPF, según la cual, desde junio de 2010 hasta agosto 2011, murieron en accidentes
de trabajo 33 mineros más, de los cuales 26 en Coahuila; que 14 mineros murieron el 3 de mayo de 2011 en el Pozo 3 dela empresa BINSA y que ninguno de los 14 estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tomando nota de la diferencia de los datos proporcionados la Comisión pide nuevamente al Gobierno que se sirva
proporcionar informaciones estadísticas precisas y comparables con las cifras mencionadas en sus memorias
anteriores, sobre el número de accidentes de trabajo en la minería del carbón, en particular en Coahuila, indicando elnúmero de accidentes y de víctimas desde 2010 hasta el momento de elaboración de la próxima memoria,
diferenciando entre los accidentes producidos en los llamados pocitos y en las minas medianas o grandes.
i) Pocitos, minitas de arrastre, cuevas. En sus comentarios de 2014, el SNTCPF había indicado que desde el
accidente de Pasta de Conchos hasta la fecha habían muerto al menos 107 mineros más, a consecuencia de las condiciones
535

Seguridad y salud en el
trabajoI.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

precarias, ilegales e inseguras. La Comisión toma nota de que en sus comentarios de 2015, el SNTCPF declara que lamayoría de los mineros ha muerto en las ahora llamadas minitas de arrastre, y que los pocitos, minitas y cuevas son unmodo estructural de extracción de carbón perverso en sí mismo ya que los mineros no pueden usar el equipo de seguridad.
Según el sindicato, la aparición de estas formas degradadas de extracción responde a la impunidad que impera al nosancionarse de fondo a los responsables y repercutirá en diversos temas cubiertos por el Convenio: estadísticas, diálogo
social, etc. Al respecto, el sindicato declara también que en 2013 se prohibieron los tiros verticales de hasta 100 metros deprofundidad. Se pregunta el sindicato por qué a partir de 101 metros serían más seguros. La Comisión pide al Gobierno
que envíe sus comentarios al respecto, que informe sobre todas las medidas legislativas y prácticas para hacer frente ala proliferación de estas minas precarias y que se sirva indicar las razones por las cuales no se prohibieron los tiros
verticales de más de 100 metros.
ii) Pocito Boker y minas charca de Potosí. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota que el SNTCPF
se refirió, en particular, a dos casos. El primero es el del pocito Boker en el que el 27 de marzo de 2014 murieron dos
mineros del carbón de 19 y 21 años. Cayeron al fondo de un pocito al romperse un cable que los descendía a más de85 metros. Según el sindicato, ese pocito no tenía además salida de emergencia, fue inspeccionado diez veces consecutivas
pero en cuanto se retiraba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) volvía a funcionar sin ninguna medida deseguridad. El pocito Boker cerró y luego abrió como salida de emergencia de un nuevo pocito. El segundo caso se refierea la mina de las Charcas en San Luis de Potosí, en la que el 12 de febrero de 2014 murieron cinco trabajadores a pesar deque la mina había sido inspeccionada cuatro veces y se habían constatado violaciones a las normas de salud y seguridad.
Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado las informaciones solicitadas al respecto, laComisión pide nuevamente al Gobierno que indique si la inspección del trabajo constató peligro grave e inminentepara la salud de los trabajadores en las minas referidas, y las razones por las cuales no procedió a su cierre u otras
medidas de aplicación inmediatas.
Investigaciones. En sus comentarios anteriores la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara informaciones
sobre las encuestas realizadas con arreglo al artículo 11, d), del Convenio incluyendo los accidentes producidos en la mina
Ferber y en el pocito Lulú. La Comisión nota que el Gobierno reitera informaciones sobre las recomendaciones
formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero no informa si las autoridades competentes
garantizan la realización de investigaciones en los accidentes en las minas en Coahuila, tal como lo requiere este artículo
del Convenio. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones de 2015, el SNTCPF solicita nuevamente el rescate delos cuerpos de los mineros fallecidos y que se lleve a cabo una investigación, y alega que en todos los accidentes de laminería del carbón ha habido rescates con la única excepción de dos casos en que las minas eran propiedad del Grupo
México: la mina de Pasta de Conchos y la Mina 6. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que: 1) indique si realiza
encuestas (investigaciones) de conformidad con el artículo 11, d), del Convenio cada vez que un accidente del trabajo— en este caso en la minería del carbón en Coahuila — parezca revelar una situación grave, y si las ha realizado, que
comunique asimismo sus resultados, en particular sobre las causas de los accidentes, y 2) indique las medidas
adoptadas para prevenir accidentes en base a los resultados de las investigaciones. Sírvase asimismo proporcionar sus
comentarios sobre las observaciones del SNTCPF.
Exámenes relativos a determinados sectores. En sus comentarios anteriores, la Comisión hizo notar que losobjetivos de los exámenes periódicos de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y el medio
ambiente de trabajo en las minas de carbón en Coahuila, incluyendo los pocitos, son, según el artículo 7 del Convenio,
identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces para resolverlos, definir el orden de prelación de lasmedidas que haya que tomar, y evaluar los resultados, y solicitó informaciones al respecto sobre la aplicación de este
artículo conjuntamente con el artículo 4 del Convenio en Coahuila. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa
que: i) la Subcomisión Consultiva de Seguridad e Higiene de la región carbonífera de Coahuila realizó un estudio titulado«Análisis de riesgos de trabajo terminados y sus consecuencias en la Región Carbonífera de Coahuila 1995-2011», que fue
aprobado el 9 de agosto de 2011; ii) surge de dicho estudio que la región carbonífera de Coahuila presenta una situación
seria respecto de la accidentabilidad laboral, sobre todo porque en forma cíclica se presentan eventos en los que lostrabajadores pierden la vida; iii) algunos indicadores demuestran que los esfuerzos realizados han dado como resultados,
por ejemplo, los indicadores sobre el número de accidentes de trabajo y días perdidos, pero que el estudio reconoce que lasdefunciones son un indicador que tiende a subir en algunos años, como en 2011; iv) el estudio determinó que la minería en
Coahuila representa la actividad económica con mayor incidencia de riesgos de trabajo; v) concluyó que aunque losniveles de accidentabilidad habían mejorado es necesario reforzar la prevención; y vi) que en la Comisión Consultiva
Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de Coahuila participan representantes de las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores y menciona cuales son. Notando que dichas informaciones no son
actualizadas y no responden plenamente a los objetivos enunciados en el artículo 7 del Convenio, la Comisión pidenuevamente al Gobierno que proporcione informaciones sobre las siguientes cuestiones, las que, según el artículo 7
del Convenio, constituyen la finalidad de estos exámenes: a) los problemas principales identificados; b) los medios
propuestos para resolverlos; c) el orden de prelación de las medidas que haya que tomar; y d) la evaluación de losresultados, en relación con la situación de la SST en el sector de la minería del carbón en Coahuila.
Artículo 9. Sistema de inspección adecuado y suficiente. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
solicitado al Gobierno que indicara las medidas de aplicación inmediata de que dispone actualmente la inspección del536

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

trabajo, y que indicara con claridad si los inspectores disponen de la facultad de clausura en caso de peligro inminentepara la salud y seguridad de los trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se han fortalecido
estas medidas y la aplicación de sanciones con el nuevo reglamento general de inspección del trabajo de fecha 2 de junio
de 2014. La Comisión nota por un lado que, en caso de riesgo inminente, el artículo 343-D de la Ley Federal del Trabajo(LFT) reformada en 2012, atribuye a los inspectores la facultad de decretar la suspensión total o parcial de las actividadesde la mina e inclusive la restricción de acceso de los trabajadores al centro de trabajo hasta tanto no se adopten las
medidas de seguridad necesarias para inhibir la ocurrencia de un siniestro. Por otro lado, la Comisión observa que en casode negativa del patrón a recibir la autoridad laboral, el reglamento de inspección referido, en su artículo 39, párrafo 4,
establece que el inspector debe levantar acta haciendo constar este hecho y enviarla a su superior jerárquico, para que en elplazo de 72 horas después de su recepción, pida el auxilio de la fuerza pública para realizar una inspección. La Comisión
pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que en caso de negativa del patrón de recibir a la autoridad
laboral, la inspección del trabajo pueda ordenar las medidas de aplicación inmediata necesarias para proteger la saludy la seguridad de los trabajadores frente a una situación de peligro o riesgo inminente.
Además, la Comisión nota que en sus últimas observaciones, el SNTCPF alega que se ha producido una nueva
disminución del presupuesto asignado a la STPS y que los inspectores no tienen presupuesto para equipo de trabajo, que
las instalaciones son deplorables, que trabajan cinco o seis personas en 9 metros cuadrados, y que a los inspectores no seles asignaron vehículos para realizar el trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios alrespecto.
Otras Medidas
La Comisión recuerda que, en el apartado c) del párrafo 99 del informe sobre la reclamación sobre el accidente de lamina de Pasta de Conchos (documento GB.304/14/8 (Rev.)) el Consejo de Administración invitó al Gobierno a:«c) asegurar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido tras el accidente, que se paguen, a la brevedad, indemnizaciones
adecuadas y eficaces en conformidad con la legislación nacional al total de las 65 familias afectadas, y que se impongan
sanciones a los responsables de este accidente».
En aplicación de dicha recomendación, la Comisión está examinando los puntos siguientes:
Indemnizaciones – pensiones. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que elGobierno indica que la STPS ha realizado el pago a 61 reclamantes, conforme a las sentencias dictadas por la autoridad
jurisdiccional competente. Asimismo, indica que los afectados acudieron al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa a demandar a la STPS el pago por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado y que, en
acatamiento a la sentencia, se realizó el pago de la indemnización a un menor, hijo superviviente, por la cantidad de
647 600 pesos. Por su parte, la Comisión toma nota de que según el SNTCPF en el caso de Pasta de Conchos las
pensiones asignadas a las familias no fueron en base a salarios no integrados, sino a lo que determinó el Gobierno que haargumentado que no pudo hacerlo de otra manera. Agrega el SNTCPF que, sin embargo, en el caso de la explosión delpozo BINSA se determinó que incluso las familias de los trabajadores que no estaban registrados en el IMSS y que por lotanto no se les debía reconocer como asegurados con derecho a pensión, fueron registrados en el IMSS después delsiniestro y con el salario real que percibían. De esta manera, las familias tienen derecho a pensiones superiores a los
10 000 pesos, en tanto que los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos quedaron con pensiones de entre 1 200 y
3 000 pesos. El sindicato indica además que se ha tratado de forma desigual a las familias de diferentes accidentes. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre las razones de esta diferencia de tratamiento respecto
de las pensiones. Teniendo en cuenta que, según las informaciones del sindicato, las familias de algunas víctimas hanrecibido pensiones de acuerdo a los salarios reales que percibían, pide al Gobierno que haga todo lo que esté a su
alcance para dar un tratamiento equitativo a los familiares de las víctimas de accidentes de la minería del Carbón
teniendo en cuenta a los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos, y que proporcione informaciones sobre elparticular.
Prestaciones estatales y sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara
cuántas familias de las 65 familias de mineros fallecidos han tenido ayuda para acceso a la vivienda. La Comisión toma
nota de según el Gobierno se ofrecieron créditos a ocho viudas pero que no manifestaron su interés. La Procuraduría
Federal de la Defensa del Trabajo gestionó la donación de tres viviendas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione
informaciones sobre este tipo de prestaciones a los familiares de las víctimas del accidente de Pasta de Conchos,incluyendo respecto al fideicomiso educativo, y que se sirva indicar cuántas familias de las 65 han tenido ayuda para
acceso a la vivienda.
Diálogo con las familias de Pasta de Conchos. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota
de que el Gobierno indica que el 11 de mayo de 2013, el Secretario del Trabajo y Previsión Social recibió al gobernador ya los deudos de los mineros y que ratificaron mantener un contacto permanente. La Comisión toma nota de que el
SNTCPF indica que la Dirección Federal de Inspección de la STPS había reconocido como experta en la materia a una
persona de la organización Familia Pasta de Conchos con participación en inspecciones del trabajo y que a partir de marzo
de 2015 la situación cambió y también se le quitó la clave de acceso para ingresar al sistema. Sostiene que la Organización
Familia Pasta de Conchos había coadyuvado a disminuir los accidentes a partir de 2013 pero la colaboración seinterrumpió por la vía de los hechos. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

537

Seguridad y salud en el
trabajoII.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOLa Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2017.]

Portugal
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)
(ratificación: 1999)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación
General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículo 5 del Convenio. Exámenes médicos necesarios para evaluar la exposición o el estado de salud en relación
con los riesgos profesionales. La Comisión toma nota de las observaciones de la UGT en las que se reitera que, en vista
del hecho de que numerosos cánceres diagnosticados se originan en la actividad laboral, aunque no se notifican comotales, debería realizarse una campaña efectiva para aumentar la sensibilización de los médicos generalistas y de losmédicos de familia en relación con la importancia de un rápido diagnóstico del cáncer de origen ocupacional incorporando
a sus procedimientos de examen, la realización de estudios para la detección de determinados tipos de cáncer. La
Comisión también toma nota de las observaciones de la CGTP-IN, según las cuales sólo se efectúa un seguimiento
especial de salud de los trabajadores cuyos exámenes médicos han revelado la existencia de consecuencias peligrosas yque la legislación no prevé exámenes especiales destinados a evaluar los efectos de la exposición a riesgos específicos opara la realización de exámenes médicos con posterioridad a la terminación del empleo. En este sentido, la Comisión toma
nota de la indicación del Gobierno, según la cual en virtud del artículo 12 del decreto legislativo núm. 301/2000, queregula la protección de los trabajadores contra riesgos vinculados con agentes cancerígenos o mutagénicos en el trabajo, se
exige a los empleadores que aseguren el seguimiento de la salud de los trabajadores respecto de los cuales se hayan
identificado riesgos mediante exámenes médicos, en la contratación y posteriormente a intervalos regulares o de manera
esporádica. El Gobierno indica que se ha encomendado a los médicos de familia que lleven a cabo exámenes periódicos desalud, tras la terminación del empleo de los trabajadores expuestos a riesgos profesionales, incluida la exposición aagentes cancerígenos. La Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas adecuadas para asegurar que segaranticen los exámenes médicos o biológicos u otros exámenes o investigaciones necesarios para todos los
trabajadores que probablemente estén expuestos a riesgos profesionales, tanto durante el período de empleo como con
posterioridad. A este respecto, pide al Gobierno que proporcione mayor información sobre la manera en que se
asegura que se lleven a cabo de manera efectiva exámenes médicos con posterioridad a la terminación del empleo,
destinados a supervisar la salud de los trabajadores expuestos a riesgos profesionales.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Reino Unido
Convenio sobre la protección contra las radiaciones,
1960 (núm. 115) (ratificación: 1962)
Observación general de 2015. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno su observación general de2015 con relación al presente Convenio, y en particular la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de lamisma.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria sobre los beneficios quetienen los trabajadores a los que se prohíbe la asignación continuada a un trabajo que entrañe la exposición a radiaciones
ionizantes (artículo 14 del Convenio).
Artículo 2 del Convenio. Aplicación del Convenio a todas las actividades que entrañen la exposición detrabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo. Caso de los trabajadores de emergencia. La Comisión
tomó nota con anterioridad de que los términos «exposición de emergencia», en virtud del reglamento sobre lasradiaciones (preparación ante emergencias e información pública), de 2001, se definen como «ayudar a las personas en
peligro, impedir la exposición de un gran número de personas o poner a salvo instalaciones o bienes valiosos». En relación
con los párrafos 36 y 37 de su observación general de 2015, la Comisión recuerda que, en situaciones excepcionales, lostrabajadores que intervengan en situaciones de emergencia y estén debidamente informados, pueden ofrecerse comovoluntarios para exponerse a una dosis más elevada que los niveles de referencia establecidos, sólo en circunstancias
limitadas. Toma nota de que esas situaciones, descritas en el párrafo 37, no incluyen la de poner a salvo instalaciones obienes valiosos. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que lostrabajadores de emergencia no estén sujetos, en una situación de emergencia, a una exposición que supere el límite
establecido con el fin de poner a salvo instalaciones o bienes valiosos.
Artículo 7, párrafo 2. Trabajadores jóvenes menores de 16 años de edad. En relación con sus comentarios
anteriores, la Comisión toma nota de que, en virtud de la sección 6 del anexo 4, del reglamento sobre las radiaciones
ionizantes, de 1999, y de la sección 6 del anexo 4, del reglamento sobre las radiaciones ionizantes (Irlanda del Norte), de
2000, el límite a la dosis efectiva para toda persona por debajo de los 16 años, será de 1 mSv en cualquier año calendario.
538

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOLa Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual las limitaciones de dosis para las personas menoresde 16 años de edad garantizan que no puedan trabajar en empresas industriales que implicaran una exposición significativa
a radiaciones ionizantes. Sin embargo, se les permite participar en programas de experiencia laboral aprobados. La
Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual examinará la necesidad de una prohibición
general de contratar a trabajadores menores de 16 años de edad para trabajos con radiaciones, como parte de su programa
más amplio de trabajo actualmente en curso. Recordando que, en virtud del artículo 7, 2), no deberá ocuparse a ningún
trabajador menor de 16 años en trabajos que impliquen la utilización de radiaciones ionizantes, la Comisión pide al
Gobierno que adopte las acciones que correspondan para garantizar la plena aplicación de este artículo. Pide al
Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas en este sentido.

Anguilla
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminacióndel aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión
se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica nuevamente que todavía no se
ha promulgado ninguna disposición destinada a garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a lacontaminación del aire, pero que en conformidad con el capítulo P 125 de la Ley de Salud Pública, el Ministro de Salud estáfacultado para adoptar todas las medidas necesarias a fin de suprimir todo factor nocivo que pueda ser perjudicial para la salud, yque los funcionarios en materia de salud en el medio ambiente tienen facultades para entrar en todo lugar de trabajo y realizar las
inspecciones o exámenes que puedan ser necesarios a los fines de la ley. Además, el Ministro está facultado para elaborar
reglamentos para la protección de la salud de las personas expuestas a condiciones, sustancias o procesos que puedan ser
perjudiciales para la salud. La Comisión toma nota también de que, si bien no se ha adoptado ningún reglamento de ese tipo, el
Gobierno indica que considerará la elaboración de tales reglamentos.
La Comisión recuerda que las obligaciones en virtud de este Convenio respecto a la contaminación del aire fueron
aceptadas y convertidas en aplicables en Anguilla por la declaración sin modificación de fecha 11 de julio de 1980, y que laComisión, en varios comentarios formulados desde 1991 ha señalado a la atención del Gobierno el artículo 4 del Convenio que
dispone que la legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar losriesgos profesionales en el medio ambiente de trabajo debidos a la contaminación del aire y que para la aplicación práctica de lasmedidas así prescritas se podrá recurrir a la adopción de normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y otros
métodos apropiados. La Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias, ya sea mediante la adopción de unreglamento en virtud del artículo 20, 1), de la ordenanza laboral núm. 8 de 1996 o adoptando los métodos adecuados paragarantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la contaminación del aire e invita al Gobierno a
informar sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

RwandaArtículo 1 del Convenio. Actualización de una nueva legislación y reglamentación. La Comisión toma nota de la
indicación del Gobierno, según la cual el reglamento de control de la construcción de Rwanda, emitido en mayo de 2012
por el Ministerio de Infraestructura, en colaboración con la autoridad de la vivienda de Rwanda, contiene muchas
disposiciones de la derogada ordenanza núm. 21/94, de 23 de julio de 1953, que regula la seguridad laboral en la industria
de la construcción, y todo vacío legal que aún quede será abordado a través de la revisión en curso de la ley núm. 13/2009,que regula el trabajo en Rwanda, y sus órdenes de aplicación, y de la orden ministerial núm. 02, de 17 de mayo de 2012,que determina las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que elGobierno no indica las disposiciones específicas del reglamento de control de la construcción, que dan efecto al Convenio,
por lo que no puede evaluar eficazmente si este reglamento aborda los vacíos legales de que se trata. La Comisión pide al
Gobierno que indique las disposiciones específicas de la legislación en vigor y que comunique información sobre
cualquier otra medida que garantice la aplicación de las normas generales establecidas en las partes II y IV delConvenio. También pide al Gobierno que adopte medidas inmediatas para llenar los vacíos legales que aún queden
tras la derogación de la ordenanza núm. 21/94, y que comunique información sobre toda evolución al respecto.
Artículos 4 y 6. Inspección del trabajo e información estadística. Aplicación en la práctica. La Comisión toma
nota de la indicación del Gobierno, según la cual se concluyó, en 2012, un ejercicio integral para el establecimiento de unperfil de país sobre seguridad y salud en el trabajo. Toma nota asimismo de que, a pesar de la indicación del Gobierno,
aún no se comunicó el informe de 2013 sobre la inspección del trabajo y el informe que contiene la información
estadística actualizada sobre accidentes del trabajo. La Comisión también remite al Gobierno a sus comentarios relativos ala aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). En consecuencia, la Comisión recuerda una
vez más al Gobierno sus obligaciones en virtud del artículo 6 del Convenio y le pide que garantice que su próxima
memoria incluya la información estadística relacionada con el número y la clasificación de los accidentes ocasionados
539

Seguridad y salud en el
trabajoConvenio sobre las prescripciones de seguridad(edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1962)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a las personas ocupadas en un trabajo, dentro del ámbito de aplicación de este Convenio, y cualquier otra información
pertinente a la aplicación de este Convenio en la práctica. La Comisión también pide al Gobierno que comunique más
información sobre el perfil de país de 2012 sobre seguridad y salud en el trabajo, y que transmita una copia, junto a su
próxima memoria.

San Marino
Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminacióndel aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) (ratificación: 1988)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 4 (prevención y limitación de los riesgos profesionales y protección de los trabajadores contra tales riesgos),
artículo 8 (establecimiento de criterios que permitan definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las
vibraciones y los límites de exposición), artículo 9 (medidas técnicas para garantizar que todo riesgo debido a la contaminacióndel aire, el ruido y las vibraciones se elimina en los lugares de trabajo) y artículo 10 (equipo de protección personal) delConvenio. La Comisión toma nota de la adopción del decreto núm. 74, de 17 de mayo de 2005, por el que se modifica elartículo 15, párrafo 1, del decreto núm. 25 de 26 de febrero de 2002, que prevé la aplicabilidad de niveles de exposición
reconocidos a escala internacional, especialmente en materia de ruido. La Comisión también toma nota de que se menciona la ley
núm. 94, de 28 de junio de 2005, sobre la utilización, el tratamiento y la eliminación del amianto, que prevé, entre otras cosas, lautilización de equipos de protección personal de conformidad con las especificaciones del Comité Europeo de Normalización(CEN/TC 79). La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, aún se están definiendo las normas técnicas dereferencia sobre la contaminación del aire en general y las vibraciones, y los criterios que permiten definir los casos en los que sedeben proporcionar equipos de protección personal están directamente relacionados con estas normas técnicas de referencia. La
Comisión señala de nuevo su esperanza de que las normas técnicas cuya preparación estaría en curso se adopten en un futuro
próximo, y pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados así como copias de las normas una vez
que se hayan adoptado.
Artículo 5. Consultas entre la autoridad competente y las organizaciones más representativas de empleadores y detrabajadores. La Comisión se felicita por la información relacionada con las numerosas consultas que el Departamento de Salud
Pública ha realizado con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores sobre las medidas a adoptar
para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de las pequeñas empresas, que llevaron a la adopción deldecreto núm. 4, de 14 de enero de 2008, de revisión del anexo I del decreto núm. 123/2001. La Comisión ruega al Gobierno quetransmita información sobre la aplicación práctica de este decreto.
Artículo 11, párrafo 3. Otro empleo adaptado u otras medidas propuestas para asegurar el mantenimiento de losingresos del trabajador trasladado. La Comisión toma nota con interés de las directivas detalladas sobre el establecimiento delcontrol médico en base a la ley núm. 31/98, y de los textos de ley adoptados el 20 de diciembre de 2002 después de un amplio
proceso de consultas. Esas directivas mencionan el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), y
proporcionan instrucciones detalladas sobre los tipos de exámenes médicos y las obligaciones legales y médicas resultantes deesos exámenes. Asimismo, toma nota de que los trabajadores cuya capacidad de trabajo se ha visto reducida pueden serempleados en actividades protegidas en los lugares de integración del Estado (Cantieri Integrativi Dello Stato). Por último, toma
nota de que en virtud del artículo 9 del decreto núm. 15/2006, los trabajadores a los que cubre éste decreto podrían ser empleados
por la administración pública en condiciones definidas en el acuerdo entre el Estado y el sindicado. La Comisión ruega al
Gobierno que indique si el traslado a otro empleo al que se hace referencia sólo concierne a los trabajadores con
discapacidad, o si también se prevé en los casos en los que la exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones
no se aconseja por motivos médicos, incluso aunque no exista discapacidad. Asimismo, pide al Gobierno que transmita
información sobre los casos en los que un traslado a otro empleo se ha producido tal como se prevé en este artículo delConvenio.
Artículo 16. Sanciones y servicios de inspección. Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de las estadísticas
transmitidas por el Gobierno, que contienen información sobre las inspecciones efectuadas y los datos recogidos. Según estas
estadísticas, se registraron 21 infracciones en grandes empresas, cuatro en empresas medianas y una en una pequeña empresa. La
Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las infracciones deeste tipo, y que continúe transmitiendo información detallada sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluyendo
estadísticas sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación aplicable, si es posible, desglosadas por sexo, asícomo sobre el número y la naturaleza de las infracciones señaladas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

SerbiaConvenio sobre el marco promocional para la seguridad
y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (ratificación: 2009)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS),
comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículo 4, 1) y 2), a), del Convenio. Obligación de establecer, mantener, desarrollar de forma progresiva yreexaminar periódicamente un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, en consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores. Legislación. La Comisión se remite a su comentario anterior,
en el que tomó nota de las observaciones formuladas por «Nezavishnot», según las cuales se adoptó, sin previa sumisión

540

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

al Consejo Social y Económico, la Ley sobre Enmiendas y Complementos a la Ley del Seguro de Salud. En ese sentido, laComisión toma nota de las observaciones de la CATUS, que se anexa a la presente memoria del Gobierno, donde se
afirma que importantes leyes sobre pensiones y seguro de salud se adoptaron sin ninguna consulta con los interlocutoressociales o previa consideración por el Consejo Económico y Social. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno
indica que todos los asuntos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo (SST) se reexaminaron de conformidad
con los artículos 4, 1) y 2), a), del Convenio, con la excepción del artículo 9 de la mencionada ley, pero que, de hecho,
este artículo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El Gobierno también declara que seguirá
trabajando para reexaminar y adoptar el reglamento de SST, en consulta con los interlocutores sociales representados en
los grupos de trabajo establecidos por el Ministerio del Trabajo y en cooperación con el organismo de trabajo permanente
de seguridad y salud en el trabajo del Consejo Económico y Social. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus
comentarios respecto de las observaciones de la CATUS y que comunique más información sobre las medidas
adoptadas para garantizar que se desarrollen y reexaminen de manera efectiva las leyes y los reglamentos sobre
seguridad y salud en el trabajo, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y detrabajadores.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sierra Leona
Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963
(núm. 119) (ratificación: 1964)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Desde hace algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno el hecho de que la legislación
nacional no contiene disposición alguna que dé efecto a la parte II del Convenio (prohibición de venta, arrendamiento, cesión acualquier otro título y exposición de máquinas desprovistas de dispositivos adecuados de protección) y no establece la plena
aplicación del artículo 17 del Convenio (que se aplica a todos los sectores de actividad económica), por cuanto no es aplicable adeterminadas ramas de actividad, entre otras, los transportes marítimo, aéreo o terrestre y las minas.
Desde 1979, en respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno venía indicando en sus memorias que se
encontraba en proceso de redacción un proyecto de ley que revisaba la Ley de Fábricas de 1974, que contenía disposiciones que
estaban en consonancia con las del Convenio y que se aplicaría a todos los sectores de actividad económica. En su última
memoria (recibida en 1986), el Gobierno indica que la comisión parlamentaria competente había examinado el proyecto de Ley
de Fábricas de 1985 y que iba a someterse al Parlamento para su adopción.
Con su memoria para el período que finaliza el 30 de junio de 1991, el Gobierno comunicó una copia de los extractos delproyecto de Ley de Fábricas con el contenido de las disposiciones que deberían dar efecto a la parte II del Convenio. En relación
con esto, se solicitó al Gobierno que indicara en qué fase del procedimiento legislativo se encontraba el proyecto de ley y quéorganismo tenía a su cargo el proceso de examen del mismo. Al no haber comunicado el Gobierno información alguna al
respecto, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de que se adopte en un futuro cercano el mencionado proyecto de ley
y solicita al Gobierno que envíe una copia de este texto en cuanto haya sido adoptado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995
(núm. 176) (ratificación: 2000)
Artículos 5, 2), c) y d), y 16 del Convenio. Procedimientos para la notificación y la investigación de los accidentes
mortales y graves, las enfermedades profesionales y los incidentes peligrosos, la compilación y publicación deestadísticas, la aplicación y cumplimiento en la práctica. La Comisión toma nota de la información que figura en lamemoria del Gobierno, según la cual existen alrededor de 1 600 minas en Sudáfrica que emplean a aproximadamente
500 000 trabajadores. El Gobierno declara que los inspectores realizan inspecciones y auditorías para supervisar el
cumplimiento de las disposiciones legales.
La Comisión toma nota de la declaración contenida en el informe anual del Departamento de recursos minerales(2013-2014), según la cual el historial de seguridad sigue siendo un desafío en la industria minera. La memoria indica quese notificaron 112 víctimas mortales, en 2012, y 93, en 2013, habiendo tenido lugar la mayoría de estos accidentes
mortales en las minas de oro y de platino. La tasa de accidentes del sector minero fue de aproximadamente el 2,9 por
ciento en 2013. En la memoria se afirma que, si bien el número de lesiones en las minas está descendiendo, el
Departamento de recursos minerales manifiesta su preocupación acerca del elevado número de lesiones notificadas, dado
que la mayoría de estas lesiones son el resultado de los reiterados accidentes. A la luz de esta información, y recordando
la obligación que prescribe el artículo 16 del Convenio, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos paragarantizar la efectiva aplicación del Convenio. Pide al Gobierno que comunique información detallada sobre lasmedidas adoptadas a este respecto y que también transmita información estadística sobre las medidas de aplicación
desglosadas por año; sobre el número de inspecciones llevadas a cabo en las minas y el número de violaciones
541

Seguridad y salud en el
trabajoSudáfrica

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

detectadas, sobre el número de medidas correctivas aplicadas y las sanciones impuestas, así como sobre el número deaccidentes de trabajo y los casos de enfermedades profesionales notificados en el sector.

TayikistánConvenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964
(núm. 120) (ratificación: 1993)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Espera que la próxima memoria contenga información completa sobre los asuntos
planteados en sus comentarios anteriores.
La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha presentado la memoria detallada solicitada. Recuerda al
Gobierno que, al ratificar el Convenio, se compromete a dar pleno efecto a todas sus disposiciones en la ley y en la práctica y apresentar memorias sobre el tema. En consecuencia, solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre lasdisposiciones legales específicas y otras medidas que dan efecto a cada uno de los artículos del Convenio y que transmita una
copia de estas disposiciones, en lo posible en un idioma de trabajo de la OIT. También solicita al Gobierno que envíe
información sobre toda asistencia técnica solicitada o recibida al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos en adoptar, en un futuro próximo, las medidas
necesarias.

Turquía
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981
(núm. 155) (ratificación: 2005)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) y la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), recibidas el 27 de agosto de2015, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas.
La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el
1.º de septiembre de 2015, y de las observaciones formuladas por la TISK, la Confederación de Sindicatos Turcos(TÜRK-IS), la Confederación de Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IS) y por la Confederación de Sindicatos de
Empleados Públicos (KESK) comunicadas por el Gobierno. Al tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene
respuesta a esas observaciones, la Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.
Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas(Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, junio de 2015)
La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia,
en junio de 2015, en relación con la aplicación del Convenio por Turquía. La Comisión toma nota, en particular, de lasconclusiones de la Comisión de la Conferencia en las que instó al Gobierno que informara a la Comisión de Expertos
sobre los puntos siguientes:–
garantizar que la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo esté de conformidad con el Convenio, en particularrespecto a su cobertura; y garantizar el derecho de los trabajadores de retirarse de un peligro grave e inminente;–evaluar la eficacia de las medidas adoptadas en el contexto del Plan Nacional de Acción dirigido a lograr una mayor
seguridad en el lugar de trabajo;–
mejorar el mantenimiento de los registros y los sistemas de control relativos a la seguridad y salud, incluidas lasenfermedades profesionales;–aumentar el número de inspecciones del trabajo y garantizar que se impongan sanciones disuasorias por infracciones
de las leyes y reglamentaciones, en particular con respecto a los subcontratistas,–abstenerse de interferir de manera violenta en las actividades sindicales, pacíficas y legítimas que aborden asuntos deseguridad y salud, y–entablar un diálogo genuino con todos los interlocutores sociales.
Artículos 1 y 2 del Convenio. Ámbito de aplicación. Exclusiones. En su comentario anterior, la Comisión tomó
nota de que con arreglo al artículo 2 de la Ley núm. 6331 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (ley de SST), están
excluidas de su campo de aplicación las siguientes categorías de trabajadores: las fuerzas armadas y la policía; lostrabajadores en actividades relativas a la situaciones de emergencia y los desastres; el servicio doméstico; las personas que
realizan actividades por cuenta propia, y los reclusos. La Comisión también observó que el reglamento núm. 28710 sobrelas medidas de seguridad y salud que han de adoptarse en el lugar de trabajo, excluye de su ámbito de aplicación lassiguientes ramas de actividad económica: los medios de transporte utilizados fuera de la empresa y los medios detransporte utilizados en el establecimiento para la construcción temporal o móvil, la minería, las industrias del petróleo ydel gas, los buques de pesca y las zonas agrícolas y forestales. La Comisión toma nota de que la CSI y la KESK reiteran542

sus preocupaciones en relación con el alcance de las exclusiones previstas en la ley de SST. No obstante, la Comisión
toma nota de la memoria del Gobierno confirmada por las observaciones de la OIE y la TISK, de que tras la entrada envigor de la ley de SST, se expidieron 40 textos reglamentarios relativos a la SST, incluyendo el reglamento núm. 28770
sobre SST en el sector de la minería; el reglamento núm. 28786 sobre SST en las obras de construcción, y el reglamentonúm. 28741 sobre el trabajo a bordo de buques pesqueros. En relación con su comentario anterior, la Comisión recuerda
nuevamente que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y a todas las categorías de trabajadores
y que con arreglo a los artículos 1, 3), y 2, 3), los Estados Miembros pueden excluir ramas particulares de la actividad
económica y limitadas categorías de trabajadores sólo en su primera memoria. Al recordar que en sus conclusiones laComisión de la Conferencia pidió al Gobierno que garantizara que la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo estéde conformidad con el Convenio, en particular, respecto de su cobertura, la Comisión pide al Gobierno que comunique
copias de todos los reglamentos relativos a la SST que se aplican a los trabajadores excluidos total o parcialmente delámbito de aplicación de la ley de STT, pero que están abarcados por el Convenio, y que indique la manera en que elGobierno garantiza que esos trabajadores se benefician de la aplicación de las disposiciones del Convenio.
Artículo 4. Formulación, aplicación y revisión de la política nacional sobre SST, en consulta con lasorganizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Artículo 7. Exámenes periódicos de lasituación de la SST, global o relativa a determinados sectores. Artículo 8. Medidas que han de adoptarse, incluida lalegislación, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, para dar efecto a lapolítica nacional.
a) Funcionamiento del Consejo Nacional de SST. La Comisión toma nota que en sus observaciones, todas lasorganizaciones de empleadores y de trabajadores hacen referencia a graves deficiencias en el procedimiento de consultas
establecido para la formulación de la política nacional sobre SST. Indican que sus puntos de vista y propuestas son, en
gran medida, ignorados por el Gobierno y los plazos asignados son demasiado breves para permitir una revisión integral
de todas las cuestiones y la elaboración de propuestas razonables. La TÜRK-IS y la HAK-IS también instan alfortalecimiento de las funciones y competencias del Consejo a fin de mejorar su eficacia. El Gobierno facilita en su
memoria un breve panorama del registro de asistencia a las reuniones del Consejo Nacional de SST en 2013 y 2014,
señalando que existen organizaciones de trabajadores que no han asistido a una o varias reuniones, no participaron en las
votaciones y no presentaron propuestas tal como lo solicita el Gobierno. Además, en su respuesta a las observaciones
conjuntas de la OIE y la TISK, el Gobierno indica que con la aplicación del Convenio sobre el marco promocional para laseguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), ratificado el 16 de enero de 2014, se espera que el diálogo social habráde mejorar. Al tomar nota de que el Gobierno y los interlocutores sociales coinciden en deplorar las deficiencias deldiálogo social en el ámbito del Consejo Nacional de SST y refiriéndose a las conclusiones de la Comisión de laConferencia en las que se instó al Gobierno a que entablase un diálogo genuino con todos los interlocutores sociales,
la Comisión urge al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para mejorar y fortalecer el diálogo social
tripartito sobre la SST en el plano nacional, especialmente en el ámbito del Consejo Nacional de SST y que informe
sobre los progresos alcanzados a este respecto.
b) Leyes o reglamentos u otros métodos para dar efecto al artículo 4. Consultas. Además, la Comisión toma
nota de que la OIE y la TISK, la CSI y la KESK también alegan que no se las consulta ni participan suficientemente en laelaboración de leyes y reglamentos que dan efecto a la política nacional de la SST. Al referirse nuevamente a lasconclusiones de la Comisión de la Conferencia sobre este punto, la Comisión pide al Gobierno que asegure la
realización de consultas efectivas y genuinas de los representantes de las organizaciones de empleadores y detrabajadores afectados sobre todas las enmiendas y modificaciones a las leyes y reglamentos de la SST y que
comunique información a este respecto.
c) Medidas previstas en el documento de política nacional de SST. Prevención de los accidentes y lesiones a lasalud relacionados con el trabajo. Revisión relativa a sectores específicos: minería, sectores de la metalurgia, laconstrucción y la subcontratación. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que se ha adoptado el
documento de política nacional de SST, 2014-2018, y su Plan de Acción. A este respecto, toma nota de las observaciones
de la CSI y la KESK en relación con la ineficacia de las medidas adoptadas en este marco; la incapacidad para alcanzar losobjetivos fijados, y la ausencia de seguimiento de los planes anteriores, que según se alega no se aplicaron plenamente.
Ambas organizaciones añaden que el nuevo documento y el plan son una simple repetición de planes anteriores, yestablecen objetivos desconectados de la realidad del país. Por ejemplo, la CSI y la KESK indican que el nuevo plan fija
nuevamente los mismos objetivos de reducir los accidentes en el lugar de trabajo en un 20 por ciento y mejorar laidentificación de las enfermedades profesionales en un 500 por ciento para 2018.
La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de las observaciones formuladas por varias
organizaciones de trabajadores en relación con las condiciones de trabajo insalubres e inseguras en los sectores de laminería, la construcción y la metalurgia y subrayó la importancia esencial de reexaminar la política nacional de la SST a laluz de la revisión de la situación relativa a la SST, especialmente respecto de los sectores específicos antes mencionados.
A este respecto, la Comisión toma nota de que la ley núm. 6645 sobre modificaciones a la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y otras leyes y decretos (ley núm. 6645) contiene algunas disposiciones destinadas a mejorar las condiciones detrabajo en el sector de la minería (por ejemplo, la reducción de las horas de trabajo a 7,5 horas por día y 37,5 horas por
semana). La Comisión también toma nota de que según la TISK, el documento de política nacional de SST incluye las

543

Seguridad y salud en el
trabajo

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

estadísticas facilitadas por el Instituto de Seguridad Social (SGK) que muestran que: i) el número de accidentes en el lugar
de trabajo permanece en un nivel elevado mientras que el número de casos de enfermedades profesionales identificadas es
inferior al esperado; ii) las tasas de accidentes en el lugar de trabajo y la incidencia y las enfermedades profesionales son
aún las más elevadas en los sectores de la minería, la construcción y la metalurgia. Además, la Comisión toma nota de lamemoria del Gobierno que el documento de política nacional de SST, 2014-2018, prevé la puesta en marcha de varias
actividades destinadas a reducir los accidentes en el lugar de trabajo en esos sectores causados por caídas (construcción),
derrumbe de túneles (minas) y otras lesiones (sector de la metalurgia) y evaluar si se da cumplimiento a la obligación deutilizar equipo de protección personal.
En relación con el sector de la minería, la Comisión toma nota de que en sus observaciones, la KESK se refiere a losinformes elaborados, según se alega, por el Consejo de Supervisión del Estado y la Dirección de la Inspección del Trabajo
en los que se identificarían algunas causas técnicas que provocaron el accidente en la mina Soma. Según la KESK, no se
han adoptado medidas para ocuparse de esas causas. La Comisión también toma nota de que la HAK-IS, la TÜRK-IS y la
KESK señalan que no se han realizado progresos para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la minería,
la construcción y la metalurgia, los trabajadores empleados en empresas de subcontratación y los trabajadores de laeconomía informal. En consecuencia, la KESK insta nuevamente a que se examine periódicamente la situación relativa ala SST.
La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene nueva información sobre el contenidodel documento de política nacional de SST o sobre las medidas adoptadas para revisar la situación relativa a la SST en elpaís, especialmente en los sectores de alto riesgo. La Comisión recuerda que la información relativa a accidentes en las
minas, obras de construcción, industrias de la metalurgia, así como el análisis de sus causas, contribuyen a determinar el
impacto real de las medidas adoptadas y saber si se adoptaron todas las medidas de las que se podía esperar
razonablemente evitarían o reducirían, en la medida de lo posible, las causas de los peligros relativos al entorno de trabajo,
de conformidad con el artículo 4, 2), del Convenio. La Comisión también se refiere a las conclusiones de la Comisión dela Conferencia en las que instó al Gobierno a evaluar la eficacia de las medidas adoptadas en el contexto del Plan Nacionalde Acción dirigido a lograr una mayor seguridad en el lugar de trabajo. En este contexto, la Comisión pide nuevamente
al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas, en consulta con los interlocutoressociales, para evaluar la situación relativa a la SST en el país, especialmente en los sectores de alto riesgo, con el fin deidentificar los principales problemas, elaborar métodos efectivos para abordarlos, definir las prioridades de acción yevaluar los resultados. Además, pide al Gobierno que facilite una copia de los informes redactados por el Consejo de
Supervisión del Estado y la Dirección de la Inspección del Trabajo a los que la KESK hace referencia en sus
observaciones.
Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite una copia del documento de política nacional de SST
2014-2018 y de su Plan de Acción, especificando las medidas preventivas y de control adoptadas o previstas para:i) abordar las causas de los accidentes en el lugar de trabajo y de las enfermedades profesionales, especialmente en lossectores de la minería, la construcción y la metalurgia, y ii) extender la protección a los trabajadores de las empresasde subcontratación y a los trabajadores en la economía informal, e indicar los resultados obtenidos.
Artículos 5, a) y b), y 16. Seguridad y salud en el lugar de trabajo. La Comisión recuerda su comentario anterior enel que señaló que en virtud del artículo 6 de la ley de SST se requiere a los empleadores que contraten expertos en
seguridad en el trabajo (OSEs) y médicos laborales (OPs), para prestarles asistencia en relación con las cuestiones
relativas a la SST y de conformidad con el artículo 8 de la ley, los OPs y los OSEs están obligados a informar al
empleador por escrito de toda eficiencia relativa a las cuestiones de seguridad y salud, bajo pena de que se le suspenda su
acreditación. En este contexto, la Comisión subraya que la designación de OPs y OSEs, no puede sustituir o limitar la
responsabilidad que corresponde a los empleadores de garantizar lugares de trabajo y entornos laborales que sean seguros
y sin ningún riesgo para la salud.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la ley núm. 6645 introduce nuevas disposiciones en la ley de
SST en las que se especifican las funciones y responsabilidades de los OSEs y de los OPs. Según se indica en la memoriadel Gobierno, en virtud de esas nuevas disposiciones se exige que los OSEs y los OPs informen al empleador de toda
deficiencia relativa a la SST en la empresa, y el empleador es responsable de adoptar medidas, incluidas el cierre de laempresa cuando sea necesario, para poner término a esas deficiencias. En el caso de que el empleador no lo hiciera, serequiere que los OSEs y los OPs notifiquen el hecho a la unidad pertinente del Ministerio, el sindicato representativo
autorizado y los representantes de los trabajadores. El Gobierno indica también que no se puede dar por terminada larelación laboral de los OSEs y de los OPs y ni tampoco puede privárselos de los derechos derivados de su contrato, acausa de la notificación efectuada. No obstante, los OSEs y los OPs pueden estar sujetos a que se les suspenda su
certificación durante tres meses en el caso de que no dieran cumplimiento a su obligación de notificar.
La Comisión toma nota de que mientras la OIE, la TISK y la HAK-IS consideran que esas nuevas disposiciones
constituyen una evolución positiva, la KESK alega que esas enmiendas introducen normas menos estrictas debido a que
proporcionan más flexibilidad en relación con el número mínimo de trabajadores requeridos para la contratación de OPs yde OSEs y respecto del sistema de certificación establecido. La KESK también critica la imposición de sanciones a los
OSEs y a los OPs en caso de que no procedan a las notificaciones correspondientes y al bajo nivel de las sanciones
impuestas a los empleadores que de manera injustificada dan por terminado el contrato de trabajo de OSE o de un OP.

544

En relación con sus comentarios anteriores en relación con el presente Convenio y el Convenio sobre los servicios desalud en el trabajo, 1985 (núm. 161), la Comisión toma nota de que las disposiciones introducidas por la ley núm. 6645 no
modifican la asignación de responsabilidades entre empleadores y los OSEs y los OPs en el sentido de que laresponsabilidad por la evaluación de las condiciones de trabajo y el entorno laboral, así como la identificación de losriesgos potenciales se traslada a los OSEs y a los OPs y, al parecer, no se considera a los empleadores responsables en
caso de inacción, dado que no se establecen sanciones. La Comisión recuerda nuevamente que la designación de OSEs y
de OPs, u otros órganos técnicos o profesionales para asistir al empleador en relación con las cuestiones de SST, no puede
sustituir o limitar la responsabilidad del empleador para garantizar que los lugares y el entorno de trabajo no entrañen
riesgo alguno para la seguridad y la salud, de conformidad con el artículo 16. En consecuencia, la Comisión pidenuevamente al Gobierno que reevalúe y redefina, en consulta con los interlocutores sociales, las funciones y
responsabilidades de los empleadores y de los OSEs y de los OPs para garantizar la seguridad en los lugares de trabajo
y en los entornos laborales, con el fin de señalar la responsabilidad principal de los empleadores a este respecto. En
relación con las observaciones formuladas por la KESK, la Comisión también pide al Gobierno que facilite
información sobre el número mínimo de empleados que se requieren para la contratación de OSEs y de OPs y sobre elsistema de certificación establecido.
Artículo 5, e). Protección de los trabajadores y de sus representantes. La Comisión se refiere a las conclusiones
de la Comisión de la Conferencia en las que se instó al Gobierno a que se abstuviera de intervenir de manera violenta enlas actividades de sindicatos legales, pacíficas y legítimas que aborden asuntos de seguridad y salud. A este respecto, laComisión desea señalar a la atención del Gobierno el párrafo 26 de su Estudio General de 2009 sobre seguridad y salud enel trabajo en el que se indica que «el principio básico conforme al cual se debería proteger de las medidas disciplinarias a
los trabajadores y sus representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, e), es uno de los principalesámbitos a incluir en la política nacional, lo que indica la vital importancia que se concede a este principio». La Comisión
pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para dar curso a las conclusiones de laComisión de la Conferencia.
Artículo 9. Aplicación de las leyes y de los reglamentos por un sistema de inspección apropiado y suficiente y las
sanciones adecuadas. La Comisión hace referencia a la declaración formulada por el representante gubernamental
durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, según la cual en 2014 se realizaron
5 087 inspecciones programadas y 5 042 inspecciones no programadas. En el sector de la construcción, la Dirección de laInspección del Trabajo llevó a cabo una inspección especial en 45 provincias con más de 300 inspectores en octubre de2014, durante la cual, se inspeccionaron 2 087 obras de construcción y se suspendieron las actividades en cuatro de cadacinco lugares de trabajo. Por lo que respecta al sector de la minería, el representante gubernamental indicó que lainspección del trabajo llevó a cabo dos inspecciones anuales programadas en cada una de las minas e inspecciones noprogramadas a consecuencia de la presentación de quejas. Durante los primeros cinco meses de 2015, se inspeccionaron
433 lugares de trabajo en las minas y, en 82 casos se interrumpieron sus operaciones, mientras que en 236 casos se
impusieron multas. La Comisión toma nota de que en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a
que aumentase el número de inspecciones del trabajo y garantizase que se impusieran sanciones disuasorias por
infracciones de las leyes y reglamentaciones, en particular con respecto a los subcontratistas. La Comisión toma nota deque en su memoria en virtud del presente Convenio el Gobierno no comunique información sobre las medidas adoptadas
para dar efecto a esas conclusiones. Sin embargo, la Comisión valora la información estadística proporcionada por el
Gobierno en su memoria relativa al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) sobre las actividades deinspección llevadas a cabo en 2014 en relación con los subcontratistas, incluyendo la relación entre el empleador principal
y los subcontratistas, el número de infracciones observadas y las sanciones impuestas. La Comisión pide al Gobierno que
proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para dar curso a las conclusiones de la Comisión de laConferencia, incluyendo información estadística detallada sobre las actividades de la inspección del trabajo llevadas acabo, desglosadas por sector (incluyendo los sectores de la minería y la construcción), que especifique las medidas
correctivas o sanciones pronunciadas como resultado de las actividades de inspección y también la vigilancia de lasactividades emprendidas en relación con los subcontratistas y las sanciones impuestas.
Además, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que el personal de la inspección del trabajo
comprende 62 inspectores de minas, cinco inspectores especializados en geología y 481 inspectores especializados en
otros sectores. La Comisión también toma nota de que si bien la OIE y la TISK consideran que el número de inspectoresdel trabajo aumentó considerablemente, en las observaciones recibidas de las organizaciones de trabajadores se insta aaumentar el número de inspectores del trabajo en el país. La Comisión pide al Gobierno que facilite sus comentarios alrespecto.
Artículo 11, c). Establecimiento y aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes del trabajo yenfermedades profesionales, y elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el Gobierno enfrentaba graves cuestiones
relativas a: i) notificación de los accidentes en el lugar de trabajo en un número inferior a la realidad, debido, entre otros
factores, a las prácticas de subcontratación, y ii) la definición de enfermedades profesionales, su registro y notificación. En
relación con su comentario anterior, la Comisión toma nota de que las organizaciones de trabajadores reiteran sus
preocupaciones a este respecto, indicando que: i) la incidencia de los accidentes en el lugar de trabajo es aún muy elevada,

545

Seguridad y salud en el
trabajo

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

especialmente en el sector de la minería; ii) siguen persistiendo las deficiencias en el sistema de detección y registro de lasenfermedades profesionales, y iii) no se han observado progresos a este respecto. La Comisión toma nota de que en sus
observaciones, la CSI se refiere a las estadísticas proporcionadas por el SGK que muestran que en 2013, se declararon
191 389 accidentes de trabajo y 371 casos de enfermedades profesionales, registrándose un total de 1 360 víctimas fatales.
Todas las organizaciones de trabajadores instan a la adopción de medidas para mejorar la compilación y consolidación dedatos estadísticos relativos a enfermedades profesionales y reforzar el procedimiento establecido para la declaración deaccidentes del trabajo y de los casos de enfermedades profesionales.
A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria hace referencia al documento de política
nacional de SST 2014-2018 que establece los objetivos siguientes: mejorar las estadísticas y el sistema de registro de losaccidentes del trabajo y enfermedades profesionales y compilar diagnósticos preliminares a través de la identificación delas enfermedades profesionales. En el documento también se prevé la aplicación de una serie de medidas, incluidas laelaboración de estadísticas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en armonía con las normas
internacionales; la identificación de las enfermedades profesionales más comunes en el país; la notificación electrónica delos datos relativos a las enfermedades profesionales a los hospitales autorizados a diagnosticar ese tipo de enfermedades yaumentar de tres a 129 el número del esos hospitales; la inclusión de los trabajadores del sector público en las estadísticas
nacionales; la verificación de la tasa de accidentes en el lugar de trabajo y la incidencia de las enfermedades encomparación con el número de declaraciones registradas por el Ministerio.
En relación con las conclusiones de la Comisión de la Conferencia sobre este punto, la Comisión pide al
Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas tomadas para aplicar las medidas antes
mencionadas a fin de mejorar los procedimientos para el seguimiento, la declaración y el registro de los accidentes deltrabajo y de las enfermedades profesionales y la elaboración de estadísticas anuales consolidadas sobre los accidentes
del trabajo, y que suministre información sobre los resultados obtenidos. Al tomar nota de que la memoria delGobierno no contiene información relativa a las medidas concretas que se hayan tomado respecto de la
subcontratación, la Comisión también pide al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas para abordar lacuestión de la subnotificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el ámbito de la
subcontratación.
Artículos 13 y 19, f). Peligro grave e inminente. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que
observó que los artículos 13, 1) y 3), de la ley de SST no se ajustan plenamente al Convenio debido a que: i) elartículo 13, 1) dispone que los trabajadores expuestos a un peligro grave e inminente deben presentar una solicitud ante elcomité de SST o, en su ausencia, al empleador, para que se identifique el peligro y se adopten medidas de emergencia, yii) el artículo 13, 3) dispone que los trabajadores tienen derecho a abandonar su sitio de trabajo o área peligrosa, sin seguir
el mencionado procedimiento de declaración. En relación con el artículo 13, 3) de la ley de SST, el Gobierno indica que lapalabra «inevitable» debe interpretarse en el sentido de que se trata de un peligro grave e inminente que el trabajador no
puede evitar a pesar de sus conocimientos y experiencia.
La Comisión toma nota de que aunque las explicaciones del Gobierno parecen reflejar mejor la terminología delConvenio, la redacción del artículo 13 puede, sin embargo, dejar espacio para otras interpretaciones. La Comisión subraya
una vez más que las condiciones establecidas por el artículo 13 de la ley de SST constituyen una restricción al derecho delos trabajadores de retirarse de un peligro inminente y grave para su vida o su salud, como se prevé en los artículos 13 y
19, f), del Convenio. La Comisión recuerda que esos artículos del Convenio no prevén la notificación a un comité o a unempleador como condición previa al abandono del sitio. Además, la protección del artículo 13 del Convenio se otorga
cuando el trabajador tenga una justificación razonable para creer que la situación de trabajo presenta un peligro inminente
y grave para su vida o su salud, sin exigirle que evalúe si el peligro es evitable o no. Al recordar que en sus conclusiones,
la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que garantizara que la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
esté en conformidad con el Convenio en particular para garantizar el derecho de los trabajadores a retirarse de una
situación que entrañe un peligro grave e inminente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para
modificar su legislación para dar pleno efecto a los artículos 13 y 19, f), del Convenio y proporcionar información
sobre los progresos alcanzados a este respecto.
Artículo 17. Colaboración entre dos o más empresas que desarrollan simultáneamente actividades en un mismo
lugar de trabajo. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el artículo 22, 2) de la ley de SST dispone laconstitución de un comité conjunto de seguridad y salud (comité SST) para asegurar la cooperación y la colaboración
entre el empleador principal y el subcontratista cuando la duración del contrato de externalización sea superior a seismeses. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que la colaboración prevista en el artículo 17
del Convenio no está sujeta a ningún período de tiempo.
La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria, y la OIE y la TISK, en sus observaciones conjuntas,
hacen referencia al artículo 23 de la ley de SST que establece el deber de cooperar de los empleadores que
simultáneamente llevan a cabo actividades en el mismo entorno laboral. La OIE y la TISK también se refieren al
artículo 22, 3) de la ley de SST. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 22, 2) de la ley de SST excluye laaplicación de los artículos 22, 3), y 23 durante los primeros seis meses del período de subcontratación. Por consiguiente,
reitera que en virtud del artículo 17 del Convenio, la colaboración prevista no está sujeta a ningún período de tiempo.
Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según la cual el número de trabajadores empleados en las

546

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

empresas de subcontratación aumentó de 387 000 en 2002 a 1,48 millones en 2015. A la luz de lo anteriormente
expuesto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que cuando
dos o más empleadores realicen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, la colaboración prescrita
no esté sujeta a ningún período de tiempo, y que proporcione información en este sentido, incluyendo información
sobre la aplicación en la práctica.
Evolución reciente y asistencia técnica. La Comisión saluda la ratificación por el Gobierno del Convenio sobre elmarco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), el 16 de enero de 2014, del Convenio sobre
seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) y del Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988
(núm. 167), el 23 de marzo de 2015.
Además, la Comisión recuerda su comentario anterior en el que señaló que actualmente la Oficina está
proporcionando asistencia técnica al Gobierno en cuestiones relativas a la SST y que en 2014, el Gobierno, losrepresentantes de los empleadores y de los trabajadores y otros interlocutores pertinentes convinieron en establecer una
Hoja de ruta sobre la manera de mejorar las condiciones de SST en el país, concediendo especial atención a las minas y a
las cuestión de las subcontratación. Las medidas incluyen llevar a cabo nuevas investigaciones sobre la SST en el contexto
de los acuerdos de subcontratación en determinados sectores de alto riesgo en Turquía, y sobre la extensión de losmismos. En ese contexto, la Comisión toma nota de que se encomendó a la Fundación para la investigación en materia depolítica económica en Turquía (TEPAV) la elaboración de un estudio sobre acuerdos contractuales en las minas de carbónde Turquía y su impacto en la SST como parte de un proyecto de asistencia técnica de la OIT; la publicación de ese
informe está prevista para diciembre de 2015.
No obstante, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre los progresos
alcanzados en la puesta en marcha de la Hoja de ruta de 2014. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que
proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para aplicar los elementos de la Hoja de ruta relativos
a la mejora de la SST, y sobre los resultados obtenidos. Además, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus
esfuerzos, con la asistencia técnica de la OIT, para solucionar las cuestiones identificadas en materia de SST demanera integral y sostenida, y que suministre información detallada sobre las medidas tomadas en ese contexto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Ucrania
Artículos 5, párrafo 2, c) y d), 7, 10, a), y 16 del Convenio. Procedimientos para la notificación y la investigaciónde los accidentes mortales o graves, compilación y publicación de estadísticas, medidas que deben adoptar losempleadores, formación, instrucción y aplicación. La Comisión toma nota de la indicación en la memoria del Gobierno
según la cual en 2013 el Servicio Estatal de Supervisión de Minas realizó 144 150 visitas de inspección en el transcurso delas cuales los inspectores identificaron 1 489 190 infracciones, dictaron 67 975 órdenes de suspensión de las actividades e
impusieron 83 278 multas. Toma nota además de las estadísticas sobre los accidentes del trabajo para 2012, de acuerdo
con las cuales se registraron 3 613 accidentes en el sector de la minería, de los cuales 117 fueron mortales. Resultaron
heridos 3 654 trabajadores en el lugar de trabajo, de entre los cuales 125 murieron. Según la memoria del Gobierno,
78,5 por ciento de los accidentes en el lugar de trabajo se debieron a factores de organización; 11,7 por ciento a razones
técnicas, y 9,8 por ciento a razones psicológicas y otras. La Comisión pide al Gobierno que suministre información
detallada sobre la aplicación de los procedimientos adoptados con el fin de investigar los accidentes mortales y graves,
los incidentes peligrosos y los desastres acaecidos en el sector minero en 2012. En particular, la Comisión pide al
Gobierno que comunique información más detallada en relación con los factores (de organización, técnicos y
psicológicos) que fueron identificados como causantes de estos accidentes. La Comisión pide además al Gobierno que
comunique información detallada sobre cualquier medida adoptada para hacer frente a estas causas y los resultados
de las mismas. En particular, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación prácticadel artículo 10, d), del Convenio, relativo a la obligación de los empleadores de garantizar que se investiguen todos losaccidentes y se adopten las medidas correctivas apropiadas. Al tiempo que toma nota de la información sobre lasórdenes de suspensión de actividades y las multas impuestas, la Comisión pide al Gobierno que comuniqueinformación más detallada sobre cualquier medida, tal como las señaladas en el artículo 16 del Convenio, adoptada en
relación con estos accidentes, incluyendo la imposición de sanciones y de medidas correctivas y el control por parte dela inspección del trabajo. Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información detallada
sobre los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y los incidentes peligrosos compilados en conformidadcon el artículo 5, párrafo 2, d), e información sobre la implementación de las medidas previstas en el artículo 7.
[Se pide al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2016.]

547

Seguridad y salud en el
trabajoConvenio sobre seguridad y salud en las minas,
1995 (núm. 176) (ratificación: 2011)

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ZambiaConvenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1973)
Artículo 4 del Convenio. Prohibición del empleo del benceno en ciertos trabajos. La Comisión se refiere a sus
observaciones anteriores en las que solicitó al Gobierno que adoptara leyes con objeto de prohibir el uso de benceno y deproductos que contengan benceno en ciertos procesos de trabajo, de conformidad con los requisitos establecidos en el
artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno simplemente reconoce la solicitud dela Comisión sin proporcionar ninguna información sobre los progresos realizados a este respecto. La Comisión insta
firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para adoptar las leyes pertinentes con objeto degarantizar que se prohíbe el empleo de benceno o de productos que contengan benceno en ciertos procesos de trabajo yque esta prohibición comprende, por lo menos, el empleo de benceno o de productos que contengan benceno como
disolvente o diluente, salvo cuando se efectúe la operación en un sistema estanco o se utilicen otros métodos de trabajo
igualmente seguros. La Comisión pide además al Gobierno que transmita información sobre los cambios que se
produzcan al respecto.
Aplicación en la práctica. Observando que el Gobierno no ha respondido sobre esta cuestión, la Comisión pidenuevamente al Gobierno que transmita información sobre la manera de aplicar el Convenio, incluyendo extractos
pertinentes de los informes de la inspección del trabajo y estadísticas sobre el número y la naturaleza de las
infracciones y de las enfermedades profesionales denunciadas.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Convenio sobre seguridad y salud en las minas,
1995 (núm. 176) (ratificación: 1999)
Artículo 13 del Convenio. Derechos de los trabajadores y de los representantes de seguridad y salud. La
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según las cuales algunas de las disposiciones de este artículo tienen
efecto legislativo, pero otras disposiciones no se aplican debido a la ausencia de legislación. Además, toma nota de que enrelación con el párrafo 2, b), i), los representantes de los trabajadores sólo pueden participar en inspecciones e
investigaciones que se realizan como consecuencia de un accidente o incidentes peligrosos y que, contrariamente a lo
dispuesto en el párrafo 2, b), ii), los representantes de los trabajadores no tienen derecho a supervisar e investigar asuntos
relativos a la seguridad y la salud. En este sentido, la Comisión desea recordar al Gobierno que, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 13 del Convenio, la legislación nacional deberá conferir los derechos a los que se hace referencia en lospárrafos 1 y 2 a los trabajadores y los representantes de seguridad y salud que elijan colectivamente y, de conformidadcon el párrafo 4 del artículo 13, deberá garantizar que esos derechos puedan ejercerse sin dar lugar a discriminación ni
represalias. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, en la legislación y en la práctica, paragarantizar que se dé efecto a todas las disposiciones del artículo 13 del Convenio. Entre tanto, se pide al Gobierno que
garantice la aplicación en la práctica de este artículo y que proporcione información detallada sobre las medidas
adoptadas a este respecto.
Artículo 15. Cooperación entre empleadores y trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica
que no existe una legislación sobre minas que dé efecto a esta disposición del Convenio. La Comisión pide al Gobierno
que adopte las medidas necesarias, de conformidad con la legislación nacional, para fomentar la cooperación entre losempleadores y los trabajadores y sus representantes destinadas a promover la seguridad y la salud en las minas.
Además, en relación con las cuestiones planteadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en sus
observaciones de 1.º de septiembre de 2014, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado una respuestay, en consecuencia, se ve obligada a reiterar parte de su comentario anterior redactada como sigue:
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º deseptiembre de 2014, en las que se indica que las empresas mineras chinas del sector del cobre infringen continuamente las normas
en materia de seguridad y salud elaboradas para proteger a los trabajadores. Concretamente, con frecuencia los trabajadores están
expuestos a malas condiciones de trabajo y no disponen de equipos de protección adecuados, lo cual redunda a menudo en eldesarrollo de graves enfermedades profesionales y en accidentes graves en las minas. Asimismo, se alega la violación de losderechos de los trabajadores que se enumeran en el artículo 13 del Convenio, incluido el derecho a notificar al empleador y a laautoridad competente los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos, así como el derecho a retirarse de cualquier sector dela mina en caso de que la vida y la salud estén en peligro. Además, se alega que los trabajadores que ejercen su derecho a negarsea trabajar en sitios inseguros corren el riesgo de que se dé por terminada su relación de trabajo o de ser transferidos a otro empleo.
Asimismo, la CSI indica que los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar las normas de seguridad en las minas son muy
limitados e insuficientes, y que la autoridad en materia de minas y seguridad casi no lleva a cabo inspecciones y las estadísticas
gubernamentales sobre accidentes mineros no son representativas porque en sus informes las empresas tienden a rebajar elnúmero de accidentes y de otros incidentes peligrosos a fin de evitar las multas. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus
comentarios sobre las cuestiones planteadas por la CSI.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

548

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Solicitudes directas

Seguridad y salud en el
trabajo

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 13 (Afganistán, Benin, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Chad, Croacia, Djibouti, Finlandia,
Guatemala, Guinea, Iraq, Madagascar, Mauritania, Federación de Rusia, Serbia); el Convenio núm. 45 (Angola,
Camerún, Croacia, Gabón, Guinea-Bissau, Guyana, Papua Nueva Guinea, Portugal, Ucrania); el Convenio núm. 62(Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Mauritania, Túnez); el Convenio núm. 115 (Alemania, Argentina, Brasil, República
de Corea, Djibouti, Ecuador, Eslovaquia, España, Francia, Ghana, India, Japón, Kirguistán, Letonia, Líbano,
Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Reino Unido: Guernsey, Reino Unido: Jersey,
Sri Lanka, Suecia, Turquía, Ucrania, Uruguay); el Convenio núm. 119 (Croacia, República Democrática del Congo,
Ecuador, Finlandia, Guinea, Iraq, Japón, Kirguistán, Kuwait, República de Moldova, Níger, Federación de Rusia,
Serbia, Tayikistán, Turquía, Ucrania); el Convenio núm. 120 (Estado Plurinacional de Bolivia, República Democrática
del Congo, Djibouti, Finlandia, Francia: Nueva Caledonia, Ghana, Guinea, Iraq, Japón, Jordania, Kirguistán, Líbano,Portugal, Federación de Rusia, Túnez, Ucrania, Viet Nam); el Convenio núm. 127 (Guatemala, Honduras, India,
Líbano, Malta, República de Moldova, Portugal, Turquía); el Convenio núm. 136 (Ecuador, Finlandia, Grecia, Guinea,
India, Iraq, Líbano, Malta, Serbia); el Convenio núm. 139 (Afganistán, Alemania, Croacia, Ecuador, Finlandia, Irlanda,
Japón, Líbano, Portugal, Serbia, República Árabe Siria, Ucrania); el Convenio núm. 148 (China: Región Administrativa
Especial de Hong Kong, Croacia, Cuba, Ecuador, Francia, Guatemala, Guinea, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Líbano,
Malta, Níger, Portugal, Federación de Rusia, Serbia, Tayikistán, Zambia); el Convenio núm. 155 (Albania, Antiguay Barbuda, Bélgica, Belice, Brasil, Chipre, Croacia, Fiji, Finlandia, Guyana, Irlanda, Kazajstán, México, República deMoldova, Níger, Nigeria, Países Bajos, Federación de Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, República Árabe Siria,
Sudáfrica, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Viet Nam); el Convenio núm. 161 (Bulgaria, Burkina Faso, República Checa,
Colombia, Croacia, Guatemala, Serbia, Ucrania); el Convenio núm. 162 (Chipre, Colombia, Ecuador, Japón,
Kazajstán, Luxemburgo, Portugal, Federación de Rusia, Uganda); el Convenio núm. 167 (Argelia, Colombia, Finlandia,
Guatemala, Lesotho, México, Panamá, Serbia); el Convenio núm. 170 (Brasil, Burkina Faso, Líbano, República Árabe
Siria); el Convenio núm. 174 (Albania, Brasil, India, Líbano, Luxemburgo, Federación de Rusia, Ucrania); el Convenio
núm. 176 (Albania, Bélgica, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Líbano, Marruecos, Portugal, Sudáfrica, Ucrania,
Zambia); el Convenio núm. 184 (Burkina Faso, Fiji, Finlandia, Kirguistán, República de Moldova, Santo Toméy Príncipe, Ucrania); el Convenio núm. 187 (Chipre, Cuba, Finlandia, Japón, República de Moldova, Níger, Federaciónde Rusia, Serbia, Singapur).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 13 (Estonia); el Convenio núm. 45 (Honduras, India, Malasia: Malasia
Peninsular); el Convenio núm. 62 (Honduras); el Convenio núm. 115 (Nicaragua, Federación de Rusia, Suiza);
el Convenio núm. 127 (Francia, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa); el Convenio núm. 136(Francia); el Convenio núm. 139 (Francia); el Convenio núm. 148 (Brasil); el Convenio núm. 174 (Bélgica).

549

SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad social
Armenia
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 2004)
Artículo 1 del Convenio. Establecimiento del régimen de indemnización por accidentes del trabajo. El Gobierno
declara en su memoria que el proyecto de modelo conceptual del sistema del seguro social obligatorio en los accidentes
del trabajo y las enfermedades profesionales, se encuentra aún en la fase de elaboración y debates, y adjunta una
comunicación de la Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA). Considerando que la actual disposición
contenida en el artículo 234 del Código del Trabajo (responsabilidad material de los empleadores), no es suficiente para
asegurar una indemnización eficaz de los trabajadores, en caso de accidentes del trabajo, la RUEA hace un llamamiento ala Comisión Nacional Tripartita de Cooperación Social para que finalice un proyecto de documento de modelo conceptual
y establezca plazos razonables para el desarrollo y la adopción de la ley sobre el modelo conceptual de los accidentes deltrabajo. Recordando la disponibilidad de la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión espera que el Gobierno pueda
indicar los progresos realizados en el desarrollo de un régimen moderno de accidentes del trabajo basado en losprincipios establecidos por las normas de la OIT en su memoria regular debida para 2017.
Artículo 11. Indemnización de los accidentes del trabajo en caso de insolvencia del empleador o del asegurador.
En su respuesta a la observación anterior sobre la falta de indemnización para aproximadamente 800 víctimas deaccidentes del trabajo, que tuvo lugar entre 2004 y 2009, tras la adopción de la decisión gubernamental núm. 1094-N, de
2004, el Gobierno se limita a explicar las disposiciones legislativas aplicables en caso de liquidación o de quiebra de lasentidades jurídicas responsables de los daños ocasionados a la vida o a la salud, y adjuntando las observaciones de laConfederación de Sindicatos de Armenia (CTUA) de fecha 25 de julio de 2014, en las que se afirma que el Gobierno noha adoptado aún ninguna medida. La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique cómo se da efecto a esta
disposición del Convenio en los casos antes mencionados.

BrasilArtículo 5 del Convenio. Pago de las prestaciones en caso de residencia en el extranjero. La Comisión recuerda
que, a lo largo de algunos años, ha venido destacando la necesidad de incorporar en la legislación del Brasil una
disposición que garantice el pago en el extranjero de las prestaciones de seguridad social de largo plazo previstas en el
artículo 5 del Convenio. Según esta disposición, el pago de las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de vejez, delas prestaciones de sobrevivencia y de los subsidios de muerte, y las pensiones por accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales a los nacionales del Brasil y a los nacionales de cualquier otro Estado que haya aceptado las obligaciones delConvenio para la misma rama, así como a los refugiados y a los apátridas, deberán ser garantizadas en caso de su
residencia en el extranjero, independientemente del país de residencia e incluso en ausencia de algún acuerdo de seguridadsocial bilateral con el país de la nacionalidad o el país de residencia del beneficiario de que se trate. En la actualidad, deconformidad con el artículo 312 del Reglamento de la Seguridad Social (RSS) aprobado por el decreto núm. 3048, de 6 demayo de 1999, el pago de las prestaciones en el extranjero está sujeto a la existencia del acuerdo bilateral correspondiente
con el país de residencia del beneficiario en consideración o, en ausencia de tal acuerdo, a la adopción de lascorrespondientes instrucciones del Ministerio de Seguro y Asistencia Social (MPAS). Surge de la información
comunicada por el Gobierno en 2007 que, en la práctica, no se exportan las prestaciones, incluso en el caso de los países
con los que Brasil tiene acuerdos bilaterales (Argentina, Cabo Verde, Chile, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, España
y Uruguay), excepto en el caso de los beneficiarios que residen en España, Grecia o Portugal. También se informó queestá en curso, desde 2000, un proceso de licitación de contratación de un banco para pagar las prestaciones a losbeneficiarios que residen en los países con los que el Brasil tiene acuerdos bilaterales y, posteriormente a los beneficiarios
que residen en otros países. Sin embargo, el Gobierno no ha comunicado nueva información en cuanto a las medidas
concretas adoptadas para aplicar el artículo 312 del RSS, declarando simplemente que, de conformidad con las normas
establecidas con arreglo al régimen general de seguridad social, se garantiza a los asegurados el pago de prestaciones,
independientemente de su país de residencia, incluso mediante acuerdos de seguridad social bilaterales o multilaterales.
La Comisión desea recordar que, si bien los acuerdos bilaterales o multilaterales representan medios a través de loscuales puede darse efecto al artículo 5 del Convenio, los nacionales de terceros países que trasladan su residencia fuera deBrasil, no estarían en general comprendidos en estos acuerdos, por lo que no serían elegibles para la transferencia de sus
prestaciones al extranjero. En lo que atañe a los nacionales de estos países, el Gobierno no ha comunicado aún las
instrucciones adoptadas por el MPAS previstas en el artículo 312 del RSS y el nombre del banco encargado de latransferencia de las prestaciones al extranjero. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información
sobre las medidas concretas tomadas para dar efecto al artículo 312. Pendiente de recibir esta información, la

551

Seguridad social

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1969)

SEGURIDAD SOCIAL

Comisión se ve obligada a concluir que, en su actual forma, la legislación del Brasil no da plenamente efecto al
artículo 5 del Convenio e insta al Gobierno a que adopte medidas legislativas y de orden práctico para abordar
esta situación.

Chile
Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933
(núm. 35) (ratificación: 1935)
Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.),
1933 (núm. 37) (ratificación: 1935)
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada por el Colegio de Profesores de Chile A.G. (CPC A.G.)
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
La Comisión toma debida nota de la adopción por el Consejo de Administración en su 323.ª reunión (marzo de2015) de las recomendaciones aprobadas por el comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada en
2009 en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el CPC A.G., alegando el incumplimiento del Convenio
sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35) y del Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.),
1933 (núm. 37).
Toma nota en particular de que el Consejo de Administración subrayó la voluntad del Ministerio de Educación deincrementar los salarios y el bienestar de los docentes a través del diálogo social y de encontrar una solución duradera alos problemas de pensiones planteados en la reclamación mediante el establecimiento, junto con el CPC A.G., de una
mesa técnica que se espera que presente propuestas concretas a tal fin, y entregue su informe a finales del primer semestre
de 2015. Asimismo, el Consejo de Administración alentó a todas las partes interesadas a que lleguen a un acuerdo viable
en un futuro muy cercano y pidió a la Oficina que brinde a las partes en la reclamación todos los servicios técnicos, deconsultoría y de conciliación, así como los buenos oficios, que puedan necesitar. Por último, el Consejo de Administración
pidió al Gobierno de Chile que envié, antes del 1.º de septiembre de 2015, memorias en virtud del artículo 22 de laConstitución de la OIT sobre la aplicación de los Convenios núms. 35 y 37 que contengan información detallada sobre lasmedidas adoptadas para dar efecto a las conclusiones y recomendaciones formuladas por el comité tripartito y sobre lassoluciones resultantes del diálogo social en el seno de la Mesa Técnica establecida por el Ministerio de Educación y el
CPC A.G. Esas memorias deberán ser examinadas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones en relación con el seguimiento de las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración en
1999 y 2006 respecto de las reclamaciones anteriores presentadas por el CPC A.G. sobre cuestiones similares.
Tomando nota de que la memoria del Gobierno no ha sido recibida, la Comisión le insta que proporcione, para su
examen en su próxima reunión, todas las informaciones solicitadas relativas a la manera en que el Gobierno ha dado
seguimiento a las recomendaciones del comité tripartito formuladas como sigue:–
adopte las medidas necesarias para que los docentes municipales adquieran y conserven sus derechos de pensión enunas condiciones de seguridad jurídica y de aplicación y cumplimiento uniformes que son necesarias para el correcto
funcionamiento de un sistema de pensiones basado en las cuentas de acumulación de capital, en particular:i)
aceptar la responsabilidad, en cumplimiento del artículo 10, 5), del Convenio núm. 35 y el artículo 11, 5), delConvenio núm. 37, en lo que respecta a la supervisión administrativa y financiera de la recaudación y pago delas contribuciones al seguro de pensiones de las municipalidades y sus órganos que emplean a docentes, y en
caso de que sea necesario, velar por que las autoridades públicas proporcionen contribuciones adecuadas parala constitución de recursos de las municipalidades o para las pensiones de los docentes, en cumplimiento delartículo 9, 4), del Convenio núm. 35 y el artículo 10, 4), del Convenio núm. 37;ii) velar por la participación de los representantes de los docentes y otras categorías de personas aseguradas en lagestión de los regímenes de pensiones, incluida la recaudación de contribuciones al seguro y la supervisión desu pago efectivo a los regímenes respectivos por las municipalidades y otros empleadores en lo que respecta a
sus empleados, en cumplimiento del artículo 10, 4), del Convenio núm. 35 y el artículo 11, 4), del Convenio
núm. 37, e iniciar un proceso de diálogo con los representantes de los docentes a este fin, yiii) mejorar la eficacia de la solución de conflictos y los mecanismos de apelación en cuestiones de pensiones
relacionadas con los empleados municipales, y garantizar la pronta resolución de esos casos judiciales y laejecución de las decisiones de los tribunales en relación con la responsabilidad de las municipalidades enmateria de contribuciones impagadas, con arreglo al artículo 11 del Convenio núm. 35 y al artículo 12 delConvenio núm. 37.
Observaciones presentadas por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH).
En una comunicación recibida el 30 de mayo de 2011, la ASEMUCH, considerando que la remuneración tomada encuenta para la pensión de los funcionarios municipales en el sentido del decreto-ley núm. 3501 había sido injustamente
restringida al sueldo básico recibido por éstos, excluyendo del cálculo ciertos otros componentes de su remuneración,552

SEGURIDAD SOCIAL

Seguimiento de las recomendaciones de los comités tripartitos. Reclamaciones presentadas
en 1986 y 2000 en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Coordinadora
Nacional Sindical de Chile y algunos sindicatos nacionales de trabajadores de las empresas
de fondos de pensiones (AFP) del sector privado
La Comisión recuerda que el incumplimiento por parte de Chile, del Convenio núm. 35 y el Convenio sobre el seguro deinvalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37), tras la reforma del sistema de pensiones en 1980, ha sido comprobado desde hace ya
muchos años. Este asunto ha dado lugar a varios procedimientos de reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución dela OIT, en cuyo marco, en 1986 y en 2000, el Consejo de Administración llegó a la conclusión de que se habían incumplido los
Convenios en cuestión, pidiendo al Gobierno que modifique la legislación nacional de modo que se garantice que el sistema depensiones de gestión privada instaurado por decreto-ley núm. 3500, de 1980, sea administrado por instituciones sin fines de lucro,
que los representantes de los asegurados tengan la posibilidad de participar en la gestión del sistema y que los empleadores
participen en la financiación de las prestaciones de vejez e invalidez.
En su última memoria, el Gobierno no indicó ningún cambio con respecto al sistema privado de pensiones que diera efectoa las recomendaciones anteriores. El Gobierno proporciona fundamentalmente informaciones relativas al impacto de laaprobación de la ley núm. 20255, de 2008, sobre el sistema de seguridad social chileno. La Comisión toma nota de que la reforma
de 2008, además de contribuir a establecer un sistema de pensiones mínimas pagadas bajo condiciones de recursos por el
presupuesto estatal, no altera las características esenciales del sistema privado de pensiones, a saber, entre otras cosas, que éste no
permite garantizar un beneficio determinado a lo largo de la contingencia y excluye a los representantes de los asegurados de su
administración. Las pensiones solidarias introducidas por la ley núm. 20255, representan, en realidad, prestaciones nocontributivas de vejez e invalidez pagadas a residentes sin derecho a pensión en virtud de los otros regímenes de protección
existentes y que pertenecen al 60 por ciento de los hogares más pobres del país. Por lo tanto, estas prestaciones no se encuentran
en el ámbito de las prestaciones de vejez y de invalidez tal como se contemplan en los Convenios núms. 35, 36, 37 y 38 ya queestas últimas prevén prestaciones contributivas definidas, pagadas en el ámbito de un sistema de seguro de vejez o invalidez. La
Comisión llama la atención del Gobierno sobre la posibilidad de establecer, con la asistencia de la OIT por si fuera necesario,
una evaluación de la compatibilidad del sistema de pensiones solidarias creado por la ley núm. 20255 con los requisitos de laspartes V (Prestaciones de vejez) y IX (Prestaciones de invalidez) del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952
(núm. 102), a las cuales se puede dar efecto a través de beneficios pagados a todos los residentes cuyos recursos durante lacontingencia no excedan los límites prescritos.
Comunicación presentada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación de Funcionarios delServicio Nacional de la Mujer, el Colegio de Profesores de Chile A.G. (CPC A.G.), la Confederación Nacional de Comercio yServicios y la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero de Chile. La Comisión toma nota de las
informaciones proporcionadas por la ANEF, la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer, el CPC A.G., laConfederación Nacional de Comercio y Servicios y la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero de Chile,
recibidas por la Oficina el 15 de septiembre 2011. Según estas organizaciones, el sistema privado de pensiones basado en unesquema de capitalización produce efectos que discriminan a las mujeres en la medida en que se basa en tablas de mortalidad
diferenciadas entre hombres y mujeres. Esto tiene el efecto de que un hombre y una mujer que tengan en su cuenta decapitalización individual cantidades idénticas en el momento de la jubilación recibirán pensiones distintas únicamente en razón desu sexo. En su respuesta, el Gobierno indica que el uso de tablas de mortalidad por sexo para el cálculo de las pensiones dehombres y mujeres se justifica por la mayor esperanza de vida de las mujeres. El uso de tablas sin distinción de sexo, si bien se
traduciría en un aumento en el nivel de las pensiones de las mujeres, supondría que el capital disponible en la cuenta individual decapitalización de éstas se agotaría más rápidamente. El consejo asesor presidencial para la reforma previsional llevó a cabo varios
análisis sobre la introducción de tablas de mortalidad sin distinción de sexo y rechazó esta posibilidad por varias razones, entre
las cuales: la existencia de un riesgo de que las reservas disponibles de las compañías de seguros puedan ser insuficientes; tal
reforma implicaría subsidios cruzados entre hombres y mujeres; la falta de un punto de comparación internacional por la ausencia
de otros países con un sistema de pensiones de capitalización en donde se hayan introducido tablas sin distinción de sexo.
La Comisión toma nota de que la disparidad entre las pensiones de hombres y mujeres en el sistema privado de pensiones
es una consecuencia directa de la naturaleza de un sistema basado en la capitalización de los aportes acumulados en las cuentas
individuales de los beneficiarios. La Comisión observa a este respecto que hace ya más de treinta años, la Corte Suprema de losEstados Unidos había considerado que la «Civil Rights Act» de 1964 prohíbe el trato diferencial en función del sexo, en el

553

Seguridad social

concluye que los convenios núms. 35 y 37 han sido infringidos. Según la ASEMUCH, tomar solamente en cuenta elsueldo de base para la pensión procede de una interpretación errónea de la expresión «en la parte afecta a imposiciones»
del artículo 2 del decreto-ley núm. 3501 como sinónimo de la expresión «sueldos sujetos a impuestos». Tal interpretación
no es conforme con el artículo 5 de dicho decreto, según el cual sólo está exenta de contribuciones de previsión la parte dela remuneración total que supera 50 sueldos mensuales vitales. La ASEMUCH afirma que esta interpretación restrictiva dela remuneración considerada a los fines de pensión ha tenido la consecuencia de reducir el nivel de las contribuciones, elvolumen de los fondos recaudados para las pensiones y, por lo tanto, reducir el nivel de las pensiones de vejez e invalidez
pagadas a los pensionistas.
En su última memoria recibida en septiembre de 2012, el Gobierno indicó que la respuesta a los comentarios de la
ASEMUCH estaba todavía en fase de preparación en la Contraloría General de la República, en colaboración con la
Subsecretaría de Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones, y que se comunicaría lo antes posible.
La Comisión toma nota de que la memoria solicitada al Gobierno, y que no fue recibida antes del 1.º de septiembrede 2015, debería haber contenido informaciones en relación con las alegaciones de la ASEMUCH. Toma nota asimismode que la ASEMUCH proporcionó información adicional el 1.º de septiembre de 2015 sobre la evolución de la situación.
En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que responda de manera detallada a las alegaciones presentadas por la
ASEMUCH en su próxima memoria, tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones adoptadas en el marco
de la reclamación antes mencionada.
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno y reitera su observación anterior
pendiente:SEGURIDAD SOCIAL

contexto de los fondos de pensiones (Ciudad de Los Ángeles vs. Manhart, 435 EE.UU. 702, 98 S. Ct 1370 (1978)). Asimismo, laComisión toma nota de que en 2011, el Tribunal Europeo de Justicia consideró discriminatorio y contrario a la Carta de losDerechos Fundamentales de la Unión Europea la práctica de basar las primas de seguros en el género (caso Asociación Belga deConsumidores Test-Achats (C-236/09)). Asimismo, la Comisión entiende que, en una sentencia de 2010, el Tribunal
Constitucional de Chile declaró inconstitucional el uso del criterio de género en las tablas de los factores de riesgo utilizados en elsistema de seguro privado de salud (artículo 38 de la ley núm. 18933 (Isapres)). Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión
invita al Gobierno a que solicite la asistencia técnica de la OIT para estudiar con más detalle las consecuencias de lautilización de tablas de mortalidad sin distinción de sexo sobre las pensiones de las mujeres y las formas de remediar losefectos negativos causados por tal uso.

[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Colombia
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo(agricultura), 1921 (núm. 12) (ratificación: 1933)
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1933)
Convenio sobre las enfermedades profesionales,
1925 (núm. 18) (ratificación: 1933)
La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a su comentario anterior refundido sobre los Convenios
núms. 12, 17 y 18. Toma nota también de las observaciones de la Unión de Trabajadores Colombianos (UTC) sobre laaplicación de los Convenios núms. 17 y 18, recibidas el 27 de octubre de 2014, así como de las formuladas por la Central
Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación deTrabajadores de Colombia (CTC), sobre los Convenios núms. 12, 17 y 18, recibidas el 15 de septiembre de 2015, asícomo de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Nacionalde Empresarios de Colombia (ANDI) sobre la aplicación del Convenio núm. 17.
Convenio núm. 12 (artículo 1) y Convenio núm. 17 (artículo 2, 1)). Cobertura. La Comisión toma nota delaumento constante del número de personas cubiertas por el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), pasando de
6,5 millones, en 2009, un poco más de 8 millones de trabajadores, en 2012, a aproximadamente 9 millones, en 2014.
También toma nota de la adopción del decreto núm. 2616, de 2013, modificado por el decreto núm. 1072, de 2015,
que regula la afiliación al sistema de riesgos laborales de las personas que tienen unas relaciones de trabajo más brevesque un mes, es decir, que son los trabajadores que ganan salarios diarios y los trabajadores a tiempo parcial, con miras aformalizar progresivamente a estos trabajadores y a otorgarles una cobertura de protección social. El Gobierno informa
asimismo que prepara en la actualidad la reglamentación sobre la afiliación voluntaria de trabajadores independientes y delos trabajadores de la economía informal cuyos ingresos sean al menos iguales al salario mínimo legal.
A este respecto, la CUT señala que con sólo aproximadamente el 8 por ciento de trabajadores agrícolas cubiertos por
el SGRL, el nivel de afiliación en la agricultura es aún sumamente bajo, mientras que este sector se encuentra entre losque tienen el número más elevado de accidentes del trabajo: los trabajadores agrícolas representan sólo el 3,8 por ciento de
todas las personas afiliadas al SGRL, pero representan el 9 por ciento de todos los accidentes del trabajo. Algunos sectoresagrícolas, como la producción de bananas, han comenzado, tras su formalización, de manera efectiva a informar sobre losaccidentes laborales, lo que resultó en unas tasas de accidentes elevadas en proporción al número de personas empleadas
en la misma. En consecuencia, la CUT considera que lo que sigue es insuficiente para el sector agrícola: la cobertura del
SGRL; la evaluación del riesgo existente y las medidas de prevención; la formación en salud y seguridad en el trabajo; ylas medidas dirigidas a controlar el cumplimiento de los requisitos de edad mínima. La CUT pide la introducción de una
política diferenciada que garantice el acceso a la seguridad social a un número considerable de trabajadores de las zonas
rurales. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas específicas adoptadas con miras a fortalecer y extenderla cobertura del SGRL a los trabajadores agrícolas.
Convenio núm. 17. Artículo 5. Pago de las prestaciones a los trabajadores cuyos empleadores no han suscrito
un seguro en el SGRL. De conformidad con la ley núm. 1562, en caso de que un accidente de trabajo afecte a un
trabajador no afiliado al SGRL por su empleador, este último será el responsable directo de las prestaciones otorgadas porla ley. La CGT y la CUT indicaron anteriormente que, en los casos en los que los empleadores no afilien a sus
trabajadores al SGRL y se nieguen a asumir su responsabilidad directa, sólo se deja a los trabajadores la posibilidad derecurrir a los tribunales. En su respuesta, el Gobierno declara que no existen procedimientos de interlocución dirigidos agarantizar que las víctimas de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales no afiliadas por su empleador al
SGRL sean, no obstante, debidamente compensadas por las instituciones del seguro social, las cuales presentaríandemandas en contra del empleador moroso para obtener el reembolso de los gastos contraídos. Además, el Gobierno
indica que en tales casos, de conformidad con el artículo 2.2.5.1.25, del decreto núm. 1072, de 2015, el trabajador tiene
derecho a acudir al consejo regional para el reconocimiento de la invalidez; el consejo determina en primer lugar lainstitución que debe otorgar una indemnización, y reclama en segundo lugar el reembolso a las administradoras de riesgos
laborales (ARL) que correspondan, a través de acciones judiciales. Sin embargo, la Comisión no puede deducir, de las554disposiciones mencionadas por el Gobierno si la víctima de un accidente de trabajo que no esté afiliada al SGRL tendría
no obstante derecho a que se le sufragaran en su totalidad los gastos médicos y a recibir una indemnización de las ARL,que podrían entonces reclamar el reembolso del empleador que no cumplió con la obligación legal de afiliar a sus
trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que aclare este punto en su próxima memoria y recuerda que, en los casos
en que los empleadores no cumplieran con su obligación de afiliar a los trabajadores, el Estado asume laresponsabilidad general del otorgamiento de las prestaciones por accidentes del trabajo, entendiéndose que laposibilidad de iniciar acciones legales por parte de las víctimas de accidentes laborales no permite dar efecto al
artículo 5 del Convenio núm. 17.
Convenio núm. 17. Artículo 5. Indemnizaciones en forma de capital. La Comisión toma nota de la información
comunicada por el Gobierno respecto de las modalidades con arreglo a las cuales se pagan las indemnizaciones en forma
de capital a los trabajadores con grados reconocidos de discapacidad de entre el 5 por ciento y el 50 por ciento, en
combinación con garantías legales de mantenimiento de su relación de empleo para la capacidad laboral restante. Sin
embargo, el Gobierno no ha respondido a la preocupación expresada por la Comisión respecto de los casos dediscapacidad permanente de entre el 25 por ciento y el 50 por ciento, cuando el riesgo de pérdida de la indemnización enforma de capital aumente, aun cuando esté preservada la relación de empleo. En este sentido, la Comisión expresa
nuevamente la esperanza de que el Gobierno introduzca procedimientos adecuados para fortalecer la protección de lasvíctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contra el uso inadecuado de las indemnizaciones enforma de capital, como prevé el artículo 5 del Convenio.
Convenio núm. 17. Artículo 11. Protección contra la insolvencia del asegurador. La Comisión toma nota de laconfirmación del Gobierno, según la cual el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN), es sólo
responsable del pago de las pensiones en caso de insolvencia de una ARL, de conformidad con el artículo 83 deldecreto-ley núm. 1295, de 1994. No obstante, el Gobierno indica que la disposición relativa a las prestaciones médicas, enlos casos de accidente del trabajo o enfermedad profesional, está garantizada por el Estado en virtud del artículo 48 de laConstitución nacional, pero en la práctica, es muy baja la probabilidad de recurrir a esta garantía. La Comisión pide al
Gobierno que especifique las disposiciones legales, diferentes de las constitucionales, que garanticen a las víctimas deun accidente del trabajo o de una enfermedad profesional, el otorgamiento de la debida asistencia médica en virtud delos artículos 9 y 10 del Convenio núm. 17, en caso de insolvencia de la ARL de que se trate.
Protección contra la insolvencia del empleador. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según lacual el Estado no garantiza el pago de las pensiones por accidente del trabajo o enfermedad profesional a los trabajadorescuyos empleadores no están afiliados al SGRL y en estos casos los trabajadores deberán acudir a las autoridades
judiciales, incluso a través del procedimiento de tutela, para hacer efectivos sus derechos. La Comisión pide al Gobierno
que indique las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar los derechos establecidos por los convenios
examinados en el caso de insolvencia de los empleadores no asegurados en el marco del SGRL.
Convenio núm. 18. Reconocimiento de las enfermedades profesionales. En sus observaciones, la CGT y la CUT
informan nuevamente de dificultades debidas a la lentitud de los procedimientos de reconocimiento de las enfermedades
profesionales demasiado complicados de aplicar en la práctica. Las aseguradoras prefieren indemnizar las enfermedadescomo enfermedades comunes ya que las prestaciones en especie en este caso son más bajas (66 por ciento) que lasprestaciones debidas en caso de enfermedad profesional (100 por ciento). En los casos en que el trabajador persiste yobtiene la calificación del origen profesional de su enfermedad, que puede tardar hasta cinco o seis años, su derecho a lasprestaciones puede ser prescrito. La CGT denuncia igualmente problemas de corrupción y de uso indebido de los recursosdel sistema de seguridad social que tienen el efecto de socavar la confianza de los usuarios en el conjunto del sistema. El
Gobierno se refiere en su memoria a la adopción en 2012 del decreto núm. 1562, el cual tenía como objetivo proporcionar
mayor claridad, en particular, al precisar que la calificación del origen profesional de la enfermedad no podrá pasar de los
540 días después del diagnóstico inicial. Además, el decreto núm. 1507 aprobado en 2014 tiene como objetivo
reglamentar el punto en el que el estado patológico puede considerarse estable. Por último, el Gobierno se refiere a laadopción del decreto núm. 1477 de 2014 relativo a la lista de enfermedades profesionales, el cual añade cuatro nuevas
enfermedades profesionales a la lista que existía anteriormente. Las enfermedades que figuran en dicha lista se consideranenfermedades profesionales directas y no requieren un examen preliminar por una ARL para el pago de prestaciones y la
atención médica. Asimismo, el decreto establece que una enfermedad que no figura en la lista puede reconocerse
ulteriormente como enfermedad profesional siempre que se pruebe la relación de causalidad con los factores de riesgo
ocupacionales. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones de la CGT y de la CUT y que
proporcione información sobre la manera en que se trata la enfermedad durante el período de 540 días previo a su
calificación como enfermedad profesional (en cuanto al nivel de las prestaciones en especie y el tipo de atención
médica). Sírvase indicar igualmente cuál es, en la práctica, el plazo medio de reconocimiento de la enfermedad
profesional y, de ser el caso, si se prevén medidas para simplificar los procedimientos administrativos que llevan alreconocimiento del origen profesional de una enfermedad para evitar que la indemnización se haga imposible debido alas prescripciones legales. Por último, la Comisión toma nota de que la lista que figura en el anexo al decreto núm. 1477,
mientras que contiene todas las enfermedades y sustancias tóxicas que figuran en el cuadro anexado al Convenio, no
recoge expresamente la totalidad de las industrias u ocupaciones correspondientes (por ejemplo, carga, descarga otransporte de mercancías no figura en la lista de las profesiones enumeradas en el decreto). Sírvase hacer que los servicios

555

Seguridad social

SEGURIDAD SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

competentes del Estado lleven a cabo un análisis detallado de la manera en que la lista nacional de enfermedades
profesionales se articula con la lista anexada al Convenio y proporcionar informaciones al respecto en su próxima
memoria.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

ComorasConvenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1978)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras deComoras (CTC), el 27 de agosto de 2013, que dan seguimiento a otras informaciones ya comunicadas en 2011 y que dan cuenta
asimismo de las graves carencias en lo que respecta a la aplicación del Convenio en la práctica: ausencia del Consejo deAdministración encargado de gestionar la Caja de Previsión Social, textos de aplicación de las leyes no adoptadas, inobservancia
de la obligación de afiliación de los trabajadores a las instituciones de seguridad social y ausencia de estadísticas en la materia.
Además, en 2000, la Unión de Sindicatos Autónomos de los Trabajadores de Comoras (USATC) comunicó asimismo las
informaciones relativas a la inexistencia de un servicio de registro de trabajadores en la Caja Nacional de Previsión Social. La
Comisión toma nota de que se trata de alegatos relativos a disfunciones importantes. A la espera de una respuesta detallada delGobierno, la Comisión le pide que indique de qué manera se garantiza, en la práctica, la aplicación del Convenio a lostrabajadores que no estarían declarados en la Caja Nacional de Previsión Social en lo que atañe especialmente a su
indemnización y a la asunción de los gastos médicos contraídos por tales trabajadores. Sírvase indicar asimismo las sanciones
impuestas en caso de inobservancia de la obligación de afiliación de los trabajadores al seguro contra los accidentes deltrabajo por parte de los órganos de inspección del trabajo. Además, se solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir copias
de la ley relativa a la Caja Nacional de Previsión Social, del decreto relativo a los estatutos de la misma y del decreto sobre laorganización y que fijan las reglas de funcionamiento, así como el régimen financiero de la Caja Nacional de Previsión Social.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1978)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión observa que, desde la ratificación del Convenio por parte de Comoras en 1978, se ha visto obligada a señalar
a la atención del Gobierno la necesidad de modificar el artículo 29 del decreto núm. 57-245 de 24 de febrero de 1957 sobre laindemnización y la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. De hecho, en virtud de esta
disposición, los extranjeros víctimas de accidentes del trabajo que transfieran su residencia al extranjero sólo recibirán comoindemnización un capital que corresponda a tres veces el monto de la renta que les ha sido concedida, contrariamente a losnacionales del país que continúan percibiendo su renta. Los derechohabientes extranjeros que dejen de residir en Comoras sólo
recibirán un capital que no supere el valor de la renta fijada a través de un decreto. Por último, los derechohabientes de un
trabajador extranjero empleado en Comoras no tendrán derecho a ninguna renta si, en el momento del accidente de este último, noresidían en este país.
En su última memoria, como en las comunicadas desde 1997, el Gobierno declara que no existe en la práctica ningunadiferencia de trato entre los trabajadores nacionales y los extranjeros en lo que respecta a la indemnización por accidentes deltrabajo. Indica que los trabajadores extranjeros continúan percibiendo sus prestaciones monetarias en el extranjero si han
comunicado previamente su nueva dirección. Sin embargo, la memoria del Gobierno no indica los progresos realizados en elproyecto de texto que debería, según las informaciones transmitidas por el Gobierno en sus memorias anteriores, derogar las
disposiciones del decreto núm. 57-245 que son contrarias al Convenio.
Por consiguiente, la Comisión confía en que el Gobierno adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para ponerla legislación nacional en plena conformidad con el Convenio, que garantiza a los nacionales de Estados que lo hayan
ratificado, así como a sus derechohabientes, el mismo trato que se garantiza a los nacionales en lo que respecta a laindemnización por accidentes del trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

República Dominicana
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1956)
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de las medidas adoptadas por el
Gobierno para garantizar la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y los trabajadores nacionales en relación
con la seguridad social y para alcanzar un acuerdo para obtener soluciones justas y sostenibles para los trabajadores

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SEGURIDAD SOCIAL

migrantes. La Comisión toma nota, en particular, de la declaración conjunta tripartita suscrita por el Gobierno, laConfederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Confederación Nacional de Unidad Sindical(CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores
Dominicanos (CNTD) en la que declaran que la República Dominicana ha asumido con seriedad las recomendaciones
formuladas por el comité tripartito con el fin de atender, de manera general, la cobertura de la seguridad social a lostrabajadores extranjeros, y modificar los artículos 3 y 5 de la ley núm. 87-01 para eliminar la condición de residencia
impuesta a los trabajadores extranjeros para gozar de la protección contra los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales, en particular. La Comisión también toma nota de que la Tesorería de la Seguridad Social y el Director
General de Migración han expedido, en febrero de 2015, dos comunicaciones por las que solicitan al Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS), que acepte la validez de los documentos emitidos a los trabajadores extranjeros residentes oconsiderados en la categoría de no residentes a los fines de su afiliación al Sistema Dominicano de la Seguridad Social yde que, en marzo de 2015, se estableció en el CNSS una comisión especial para discutir las cuestiones relativas a lostrabajadores móviles y ocasionales. Por último, la Comisión toma nota de la reciente ratificación de dos normas deseguridad social actualizadas que también están basadas en el principio de igualdad de trato entre trabajadores extranjeros
y nacionales — el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (cuyo registro aún está pendiente
a la espera de la declaración relativa a las Partes aceptadas del Convenio) y el Convenio sobre la protección de lamaternidad, 2000 (núm. 183). La Comisión pide al Gobierno que facilite información actualizada sobre la evolución
que ha tenido lugar sobre las cuestiones antes mencionadas indicando de manera detallada los resultados obtenidospara dar efecto a cada una de las recomendaciones formuladas por el comité tripartito y adoptadas por el Consejo deAdministración de la OIT.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

GuineaArtículo 5 del Convenio. Pago de las prestaciones en caso de residencia en el extranjero. En relación con sus
comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de la conclusión, en 2012, del Convenio general de seguridadsocial de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), cuyo objetivo es, en particular,
permitir que los trabajadores migrantes retirados que hayan trabajado en uno de los 15 Estados miembros de la CEDEAO
puedan disfrutar de su derecho a la seguridad social en sus países de origen mediante la coordinación de los sistemas
nacionales de seguridad social. Sin embargo, en la medida en que Cabo Verde es el único otro país de la CEDEAO que
ha ratificado el Convenio, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique si, como cree entender a la lecturadel artículo 91 del Código de Seguridad Social, los nacionales de todo Estado que hayan aceptado las obligaciones delConvenio respecto a la rama correspondiente deberían en principio poder pretender, en lo sucesivo, al servicio de sus
prestaciones en caso de residencia en el extranjero. En la afirmativa, la Comisión pide al Gobierno que se sirva indicarsi la Caja Nacional de Seguridad Social ha establecido un procedimiento de transferencia, para responder a laseventuales solicitudes de transferencias de prestaciones al extranjero. Además, la Comisión pide al Gobierno que sesirva precisar si los nacionales de Guinea que trasladen su residencia al extranjero también se pueden beneficiar de latransferencia de sus prestaciones al extranjero, de conformidad con el principio de igualdad de trato establecido por el
artículo 5 del Convenio.
Artículo 6. Pago de las prestaciones familiares. En relación con los comentarios que viene formulando desde
hace muchos años sobre el otorgamiento de asignaciones familiares en relación con los niños que residan en el extranjero,la Comisión toma nota de que, según el artículo 94, apartado 2, del Código, para tener derecho a las prestaciones
familiares, los niños a cargo «deben residir en la República de Guinea, salvo disposiciones particulares aplicables de losconvenios internacionales de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdos de reciprocidad ode convenios bilaterales o multilaterales». Por lo que respecta a los acuerdos de reciprocidad o a los convenios bilaterales
o multilaterales, la Comisión recuerda que Guinea no ha concluido hasta el presente ningún acuerdo de ese tipo para elpago de las prestaciones familiares con respecto a los niños que residen en el extranjero. En relación con las disposiciones
particulares aplicables a los convenios de la OIT, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 6 del Convenio, todo
Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio, en lo que respecta a la rama i) (Prestaciones familiares), deberá
garantizar el beneficio de las prestaciones familiares a sus propios nacionales y a los nacionales de todo Estado que hayaaceptado las obligaciones del Convenio respecto a la misma rama, así como a los refugiados y a los apátridas, en relación
con los niños que residan en el territorio de uno de esos Estados, a reserva de las condiciones y limitaciones que puedan
establecerse de común acuerdo entre los Estados interesados. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno
no proporciona información alguna a este respecto y espera que el Gobierno podrá confirmar formalmente, en su
próxima memoria, que el pago de las prestaciones familiares se extiende también a los asegurados en regla con sus
cotizaciones (sean nacionales, refugiados, apátridas o nacionales de los Estados que hayan aceptado las obligaciones
del Convenio con respecto a la rama i)) cuyos hijos residan en el territorio de uno de esos Estados y no en Guinea. La
Comisión pide además al Gobierno que proporcione informaciones sobre la manera en que se tiene en cuenta en esos

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Seguridad social

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1967)

SEGURIDAD SOCIAL

casos la supresión de la condición de residencia para la aplicación del artículo 99, apartado 2, del nuevo Código, que
no reconoce como hijos a cargo sino a los hijos «que viven con el asegurado», así como de su artículo 101, que sujeta
el pago de las prestaciones familiares a la revisión médica del niño una vez por año, hasta la edad en que se ha seguido
por el servicio médico escolar, y a la asistencia regular de los niños beneficiarios en edad escolar a las clases de losestablecimientos escolares o de formación profesional.

Haití
Convenio sobre la indemnización por accidentes deltrabajo (agricultura), 1921 (núm. 12) (ratificación: 1955)
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1955)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria),
1927 (núm. 24) (ratificación: 1955)
Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura),
1927 (núm. 25) (ratificación: 1955)
Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado),
1934 (núm. 42) (ratificación: 1955)
La Comisión lamenta tomar nota de que las memorias del Gobierno en relación con los Convenios núms. 12, 17, 24,
25 y 42 no han sido recibidas, y manifiesta su preocupación a este respecto. La Comisión toma nota, no obstante, de que,el 15 de septiembre de 2015, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de los Sectores Público y Privado (CTSP)
ha comunicado sus comentarios en lo que se refiere a la aplicación de los convenios objeto de examen. La CTSP señala
que la cobertura contra los accidentes del trabajo es sumamente débil en el marco de una economía informal que
representa el 90 por ciento de la economía del país. Pese a que la afiliación de los empleadores y la Oficina del Seguro de
Accidentes del Trabajo, Enfermedad y Maternidad (OFATMA) es una obligación jurídica, representa únicamente una
realidad para menos del 5 por ciento de los trabajadores. En lo que se refiere al caso específico de los trabajadoresagrícolas, la CTSP considera que es necesario adoptar medidas de manera urgente para ampliar la cobertura efectiva deestos trabajadores en la OFATMA, por cuanto éstos representan la mayoría de los trabajadores en el país y están
totalmente desprovistos de protección social aun cuando generan el 30 por ciento del producto interior bruto.
La Comisión es plenamente consciente de la información proporcionada por el Gobierno en su última memoria,
según la cual la ley de 28 de agosto de 1967, por la que se crea la OFATMA, cubre al conjunto de los trabajadores
dependientes, sea cual sea su sector de actividad, pero el hecho de que no existan empresas agrícolas en la economía
formal hace que la mayor parte de los trabajadores agrícolas sean contratados en la agricultura familiar de subsistencia ysean excluidos del ámbito de aplicación de la legislación en materia de seguridad social. Sin embargo, la Comisión
constata que la aplicación de la legislación existente parece plantear algunas dificultades incluso en lo que concierne a lostrabajadores de la economía formal. Además, no se ha establecido nunca un régimen de seguro de enfermedad en el paíspese a que el Gobierno ha señalado que ha seguido tratando de establecer progresivamente una rama de seguro deenfermedad que abarque al conjunto de la población y que permita a la OFATMA recobrar la confianza de la población.
Con el fin de poder evaluar mejor los desafíos que afronta el país en la aplicación de los convenios sobre
seguridad social y con objeto de apoyar mejor las iniciativas adoptadas en la materia, la Comisión solicita al Gobierno
que le comunique, en su próxima memoria, más información sobre el funcionamiento del seguro de accidentes deltrabajo gestionado por la OFATMA (número de afiliados, cuantía de las cotizaciones recaudadas anualmente, número
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales registradas, cuantía de las prestaciones efectuadas en concepto
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales). Sírvase proporcionar informaciones sobre las estrategias
adoptadas para mejorar la participación de las personas protegidas en la gestión de la OFATMA y la utilización de sus
servicios por dichas personas.
Asistencia internacional. La Comisión observa que el Gobierno recibe un apoyo sustancial de la OIT y de lacomunidad internacional, en particular, en materia de inspección del trabajo. Además, desde 2010, la OIT y todo elsistema de las Naciones Unidas ponen a disposición del Gobierno sus conocimientos técnicos en materia de elaboraciónde un piso de protección social. La Comisión considera que es necesario que el Gobierno se plantee de manera prioritaria
la creación de mecanismos que permitan proporcionar al conjunto de la población, incluidos los trabajadores de laeconomía informal y sus familias, un acceso a atenciones médicas básicas y a ingresos mínimos cuando su capacidad deobtener ingresos ha quedado mermada a raíz de una enfermedad, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
En este sentido, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en 2012 la Recomendación sobre los pisos de protección
social, (núm. 202) con objeto de establecer un conjunto de garantías elementales de seguridad social con miras a prevenir
y reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. En este sentido, la aplicación de los convenios y de la
Recomendación núm. 202 debería acometerse en paralelo, buscando y explotando las sinergias y las complementariedades.

558

SEGURIDAD SOCIALLa Comisión recuerda que la creación de un piso de protección social fue incluida por el Gobierno haitiano comouno de los elementos del Plan de acción para la recuperación y el desarrollo de Haití, adoptado en marzo de 2010. No
obstante, el Gobierno no ha comunicado hasta el momento ninguna información sobre las medidas adoptadas para el
cumplimiento de este objetivo. Además, la Comisión, toma nota de la conclusión en 2015 de un programa nacional depromoción del trabajo decente que contiene un apartado dedicado a la creación de un piso de protección social con objeto
de dar mejor cumplimiento a las obligaciones asumidas en lo que se refiere a los convenios de seguridad social ratificadospor Haití. La Comisión, al tiempo que reitera que ha puesto a disposición del Gobierno la asistencia técnica de la
Oficina, coordinada con la de todo el sistema de las Naciones Unidas, invita al Gobierno a que le comunique, en su
próxima memoria, informaciones al respecto.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Libia
Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez
y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) (ratificación: 1975)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Consciente de la situación difícil en laque se encuentra actualmente el país, la Comisión toma nota, en particular, de que el Gobierno reitera que el Fondo de la
Seguridad Social se encuentra aún en el proceso de llevar a cabo un estudio actuarial, como requiere el artículo 34 de la
Ley sobre Seguridad Social núm. 13, de 1980, con miras a emprender una revisión integral de los pagos periódicos
otorgados por el sistema de seguridad social, considerando el número de participantes, así como las prestaciones enefectivo y en especie que se concederán, al igual que el valor de las cotizaciones para el personal asegurado en el futuro.
La Comisión espera que el Gobierno pronto será capaz de proporcionar informaciones sobre nuevas evoluciones
a este respecto y reanudará el examen de las cuestiones técnicas pendientes en relación con el Convenio en el marcodel ciclo regular, a saber en 2016.

Malasia

Artículo 1, 1), del Convenio. Igualdad de trato de los trabajadores extranjeros. La Comisión recuerda que, desdeel 1.º de abril de 1993, a los trabajadores extranjeros que han sido empleados en Malasia por un período de hasta cincoaños, la legislación nacional les transfiere del régimen de la Seguridad Social de los Empleados (ESS), que establece lospagos periódicos a las víctimas de accidentes laborales, al régimen de Indemnización por Accidentes de Trabajo (WCS),
que sólo garantiza el pago de una suma global única por una cuantía notablemente inferior. La Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia ha tratado en varias ocasiones esta desigualdad de trato entre los trabajadores extranjeros. En
junio de 2011, la Comisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas con el fin dearmonizar la legislación y la práctica nacionales con lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio, a fin de respetar elmecanismo de reciprocidad automática instituido por el Convenio entre los Estados ratificantes, y a que solicite laasistencia técnica de la OIT para resolver las dificultades administrativas mediante la concertación de acuerdos especiales
con los países proveedores de mano de obra, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1, 2), y 4 del Convenio. En 2011, el
Gobierno señaló que un comité técnico integrado por todas las partes interesadas, dependiente del Ministerio de Recursos
Humanos, estaba estudiando las tres opciones siguientes: i) extensión de la cobertura de la ESS a los trabajadores
extranjeros; ii) instauración de un régimen especial para los trabajadores extranjeros en el marco de la ESS, yiii) incremento del nivel de las prestaciones otorgadas por el WCS a fin de equipararlas a las prestaciones de la ESS. Con
objeto de determinar cuál es la opción más indicada, se llevó a cabo un estudio actuarial sobre las tres opciones que seestán considerando, en consulta con las partes interesadas. En su última memoria, el Gobierno informa que tiene laintención de ampliar la cobertura del régimen de la ESS a los trabajadores extranjeros con documentación a reserva de la
introducción de algunas modificaciones relativas a las prestaciones por indemnización en el empleo con objeto degarantizar la viabilidad administrativa de los nuevos acuerdos. El Gobierno propone celebrar una sesión técnica con la
OIT para evaluar la conformidad del régimen objeto de modificación con el artículo 1 del Convenio.
La Comisión toma nota con interés de la intención del Gobierno de someter nuevamente al régimen de la ESS a lostrabajadores extranjeros empleados en Malasia por un período de hasta cinco años, que es aplicable a los ciudadanosmalasios y a los trabajadores extranjeros empleados en Malasia por un período superior a los cinco años. La Comisión
confía en que la consulta técnica con la OIT se organizará en un futuro próximo con objeto de que el Gobierno
proceda a la modificación del régimen de la ESS de conformidad con el principio de igualdad de trato a lostrabajadores extranjeros y pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo progreso realizado en su
próxima memoria debida en 2016.

559

Seguridad social

Malasia Peninsular
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1957)

SEGURIDAD SOCIAL

Sarawak
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1964)
Artículo 1, 1), del Convenio. Igualdad de trato de los trabajadores extranjeros. La Comisión recuerda que, desdeel 1.º de abril de 1993, a los trabajadores extranjeros que han sido empleados en Malasia por un período de hasta cincoaños, la legislación nacional les transfiere del régimen de la Seguridad Social de los Empleados (ESS), que establece lospagos periódicos a las víctimas de accidentes laborales, al régimen de Indemnización por Accidentes de Trabajo (WCS),
que sólo garantiza el pago de una suma global única por una cuantía notablemente inferior. La Comisión de Aplicación deNormas de la Conferencia ha tratado en varias ocasiones esta desigualdad de trato entre los trabajadores extranjeros. En
junio de 2011, la Comisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a adoptar medidas inmediatas con el fin dearmonizar la legislación y la práctica nacionales con lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio, a fin de respetar elmecanismo de reciprocidad automática instituido por el Convenio entre los Estados ratificantes, y a que solicite laasistencia técnica de la OIT para resolver las dificultades administrativas mediante la concertación de acuerdos especiales
con los países proveedores de mano de obra, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1, 2), y 4 del Convenio. En 2011, el
Gobierno señaló que un comité técnico integrado por todas las partes interesadas, dependiente del Ministerio de Recursos
Humanos, estaba estudiando las tres opciones siguientes: i) extensión de la cobertura de la ESS a los trabajadores
extranjeros; ii) instauración de un régimen especial para los trabajadores extranjeros en el marco de la ESS, yiii) incremento del nivel de las prestaciones otorgadas por el WCS a fin de equipararlas a las prestaciones de la ESS. Con
objeto de determinar cuál es la opción más indicada, se llevó a cabo un estudio actuarial sobre las tres opciones que seestán considerando, en consulta con las partes interesadas. En su última memoria, el Gobierno informa que tiene laintención de ampliar la cobertura del régimen de la ESS a los trabajadores extranjeros con documentación a reserva de la
introducción de algunas modificaciones relativas a las prestaciones por indemnización en el empleo con objeto degarantizar la viabilidad administrativa de los nuevos acuerdos. El Gobierno propone celebrar una sesión técnica con la
OIT para evaluar la conformidad del régimen objeto de modificación con el artículo 1 del Convenio.
La Comisión toma nota con interés de la intención del Gobierno de someter nuevamente al régimen de la ESS a lostrabajadores extranjeros empleados en Malasia por un período de hasta cinco años, que es aplicable a los ciudadanosmalasios y a los trabajadores extranjeros empleados en Malasia por un período superior a los cinco años. La Comisión
confía en que la consulta técnica con la OIT se organizará en un futuro próximo con objeto de que el Gobierno
proceda a la modificación del régimen de la ESS de conformidad con el principio de igualdad de trato a lostrabajadores extranjeros y pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo progreso realizado en su
próxima memoria debida en 2016.

Mauricio
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo),
1925 (núm. 19) (ratificación: 1969)
Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. Igualdad de trato. Refiriéndose a sus observaciones anteriores, la Comisión
toma nota de que el decreto relativo al régimen nacional de pensiones (no ciudadanos y personas ausentes) de 1978 ha
sido derogado y reemplazado por el Reglamento de 2015 relativo al Régimen Nacional de Pensiones (no ciudadanos y
personas ausentes). Toma nota con interés de que dicho reglamento prevé la afiliación de los trabajadores no ciudadanos
desde el primer día de empleo en sectores distintos de las empresas manufactureras de exportación. Todos los trabajadores
no ciudadanos que trabajan en las empresas manufactureras de exportación serán asegurados en virtud de la Ley sobre el
Régimen Nacional de Pensiones sólo si han residido en Mauricio durante un período de al menos dos años, período
durante el cual tienen derecho a las prestaciones previstas por la Ley sobre la Indemnización de los Trabajadores de 1931.
Además, la Comisión toma nota, según la memoria del Gobierno, de que la refundición de la Ley de Indemnización de los
Trabajadores de 1931 y la Ley sobre el Régimen Nacional de Pensiones de 1976 aún no se ha finalizado debido a una
importante enmienda a la Ley sobre el Régimen Nacional de Pensiones de 1976 en curso de elaboración por el Ministeriode Seguridad Social, Solidaridad Nacional y Reforma de las Instituciones en la forma de un nuevo proyecto de ley. La
Comisión espera que la refundición de estas dos leyes se realizará en un futuro próximo y que abordará el principio de
igualdad de trato entre los trabajadores nacionales y extranjeros en materia de prestaciones de seguridad social a finde dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio con respecto a los trabajadores empleados en las empresas
manufactureras de exportación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre toda evolución enesta materia.

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SEGURIDAD SOCIAL

Mauritania
Artículos 71 y 72 del Convenio. Responsabilidad general del Estado por la buena gestión del sistema de seguridadsocial. La Comisión recuerda que desde hace varios años, las organizaciones sindicales — la Confederación Libre deTrabajadores de Mauritania (CLTM) y la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) — plantean
múltiples alegaciones en cuanto a la cobertura muy limitada del sistema de seguridad social; el bajo nivel de lasprestaciones; el marco legislativo obsoleto; los obstáculos administrativos para la tramitación de los expedientes paraobtener las prestaciones; las demoras en la aplicación de las conclusiones de los estudios actuariales realizados en 2002
con el fin de contribuir al saneamiento de la situación financiera del régimen de la seguridad social; a la insuficiencia de lagestión paritaria del régimen y a la unilateralidad de las medidas del Poder Ejecutivo; la apropiación por parte delGobierno de los recursos de las pensiones para hacer frente a sus necesidades financieras; el fraude social practicado porla mayoría de los empleadores; la contratación de mano de obra no afiliada por medio de sociedades fantasmas; la nooperatividad de los servicios de control de las instituciones de previsión social; y la ausencia de revalorización adecuada
de las prestaciones en especie distintas de las prestaciones mínimas. Habida cuenta de la gravedad y complejidad de lascuestiones planteadas por las organizaciones sindicales antes mencionadas, la Comisión había invitado a la Oficina aestablecer contactos directos con el Gobierno con el fin de realizar una evaluación técnica de la situación y preparar una
Hoja de ruta para el futuro.
En su última memoria, el Gobierno indica que procedió, en consulta con la CGTM y la CLTM, las dosorganizaciones representadas en el consejo de administración de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) a una
revalorización del nivel de las pensiones mínimas tras el aumento del salario mínimo en el país, y a un aumento deaproximadamente el 15 por ciento del límite de cotización — de 37 800 ouguiyas a 54 000 ouguiyas. Las pensiones
mínimas de sobrevivientes o de huérfanos que fueron liquidadas antes del aumento del salario mínimo también sebeneficiaron del citado aumento de cerca del 30 por ciento. Está en curso una evaluación actuarial, llevada a cabo con laasistencia técnica de la OIT y sus resultados permitirán a los encargados de la toma de decisiones de la CNSS prever larevalorización de las prestaciones en relación con el nivel de vida actual y las medidas que han de adoptarse con miras agarantizar la perennidad y viabilidad del régimen de seguridad social. Por lo que respecta a las cuestiones vinculadas a lagobernanza del sistema de seguridad social, el Gobierno señala que la OIT también financió dos estudios relativos a laactualización del marco jurídico y a la reorganización de la producción estadística de la CNSS. Además, indica que elnombramiento de miembros en el órgano deliberativo de la CNSS se realiza con absoluta autonomía por parte de lasorganizaciones sindicales y patronales y que la presidencia del consejo de administración está ocupada alternativamente
por los trabajadores y los empleadores, durante períodos de tres años, mientras que el Gobierno está facultado a efectuar elnombramiento del director general de la CNSS. En relación con la gestión financiera, el Gobierno indica que los fondos dela CNSS proceden principalmente de las cotizaciones y están depositadas en cuentas bancarias a nivel del Tesoro Público,cuya utilización depende únicamente de la CNSS que dedica una parte considerable de esos fondos a la adquisición debonos del Tesoro Público remunerados bajo los auspicios del Banco Central de Mauritania. Por lo que respecta a lacuestión del control de la observancia de la legislación nacional, el Gobierno indica que los servicios de inspección de la
CNSS disponen de recursos materiales y humanos necesarios y cumplen adecuadamente sus funciones centradas en la
lucha contra el fraude interno y la evasión contributiva; añade que se introducirán medidas administrativas con miras agarantizar la recuperación óptima de las cotizaciones. Además, el Gobierno comunica una copia del informe de actividad
de la CNSS, para 2014, que contiene informaciones detalladas, incluidas las estadísticas, en cuanto al funcionamiento decada una de las ramas del sistema nacional de seguridad social.
La Comisión toma nota de los elementos de respuesta proporcionados por el Gobierno a algunas de las
preocupaciones expresadas por las organizaciones sindicales. La Comisión observa, en relación con el informe deactividad de la CNSS, que se ha superado considerablemente el objetivo de recuperación de las cotizaciones, que
demuestra la realización de un esfuerzo importante en la materia, aunque también releva una falta importante de pago delas deudas sociales correspondientes al Estado. En ciertas ramas, como los riesgos profesionales y las prestaciones
familiares, las reservas de seguridad acumuladas son demasiado importantes, y superan con creces las tasas requeridas
desde un punto de vista actuarial, mientras que otras ramas, como la rama de pensiones, carecen de una financiación
suficiente en relación con la progresión recurrente de los gastos, suministran prestaciones mínimas y máximas
inadecuadas y la tasa de reserva de que disponen es insuficiente. La Comisión toma nota de que el informe de actividad
insiste en que el consejo de administración de la CNSS dé curso a las recomendaciones del último estudio actuarial paragarantizar la viabilidad futura del sistema, en particular, mediante la recuperación de la deuda de la seguridad social y desalud debidas por el Estado y el aumento del límite de cotizaciones a 150 000 ouguiyas, en lugar de las 54 000 ouguiyas
actuales. La Comisión recuerda que, de conformidad con los artículos 71 y 72 del Convenio, el Estado deberá asumir laresponsabilidad general de la buena administración del sistema de seguridad social, basándose en un marco jurídico claro
y preciso, informaciones actuariales fiables, el control por parte de los representantes de las personas protegidas, unsistema de inspección eficaz y sanciones suficientemente disuasorias. En este sentido, en el contexto de las
preocupaciones antes mencionadas, la Comisión recuerda que la Oficina realizó una primera evaluación actuarial delrégimen de seguridad social, ya en 2002 y, desde 2013, proporcionó al Gobierno un apoyo importante mediante la561

Seguridad social

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102) (ratificación: 1968)

SEGURIDAD SOCIAL

elaboración de dos estudios técnicos relativos a la actualización del marco jurídico y la reorganización de la producción
estadística de la CNSS. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que, sobre la base de los informes y estudios
antes mencionados, elabore, junto con los interlocutores sociales, las medidas necesarias para garantizar la buena
administración del sistema nacional de seguridad social y dar pleno efecto al Convenio en la práctica.

Sierra Leona
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo,
1925 (núm. 17) (ratificación: 1961)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno desde 2004 y de que el país se
menciona en un párrafo especial del informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia por no habercomunicado información en respuesta a los comentarios formulados por la Comisión. La Comisión expresa su profunda
preocupación a este respecto y espera que el Gobierno pronto podrá informar sobre la aplicación del Convenio
núm. 17 y recuerda que está a su disposición la asistencia técnica de la Oficina.

Túnez
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social),
1962 (núm. 118) (ratificación: 1965)
Artículos 4 y 5 del Convenio. Pago de las prestaciones de vejez, de invalidez, y de sobrevivientes en caso deresidencia en el extranjero. Desde hace muchos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno las restricciones
relativas al pago de las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivientes a los nacionales tunecinos en el caso de que éstos
no residan en Túnez en la fecha de solicitud de dichas prestaciones (artículo 49 del decreto núm. 74-499, de 27 de abril de1974, relativo al régimen de vejez, invalidez y sobrevivientes en el sector no agrícola y el artículo 77 de la ley núm. 81-6,
de 12 de febrero de 1981, que organizan los regímenes de seguridad social en el sector agrícola). Sin embargo, esta
condición de residencia sólo se impone a los nacionales en la medida en que los ciudadanos extranjeros procedentes depaíses vinculados a Túnez por un tratado bilateral o multilateral de seguridad social se benefician de la exportación de lasprestaciones. La legislación nacional establece, de ese modo, una desigualdad de trato entre los nacionales tunecinos y losciudadanos extranjeros, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 1, del Convenio y no garantiza, como lorequiere el artículo 5, párrafo 1, el pago de las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivientes en caso de residencia en
el momento de la presentación de la solicitud en un país no vinculado con Túnez por un tratado bilateral. El Gobierno
indicó anteriormente que los servicios técnicos competentes habían iniciado consultas en la materia con la OIT y que
estaba en curso de elaboración un proyecto de ley destinado a armonizar las disposiciones antes mencionadas. Al mismo
tiempo, se dieron instrucciones a las instituciones de seguridad social a fin de que éstas dejaran de exigir la presencia
física de beneficiario para presentar la solicitud de las prestaciones de invalidez, vejez, sobrevivientes y de lasprestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.
En su memoria de 2014, el Gobierno señala que la reforma legislativa destinada a poner la legislación nacional enconformidad con el Convenio sigue en el orden del día de una comisión técnica encargada de la protección social y que,en la práctica, las cajas de seguridad social transfieren libremente al extranjero las prestaciones debidas
independientemente de la nacionalidad de los beneficiarios. Por otra parte, el Gobierno también se remite a la red deconvenios nacionales y regionales de seguridad social que vinculan a Túnez y que tienen por objeto garantizar losderechos adquiridos en el extranjero.
Al tiempo de tomar debida nota de esas informaciones, la Comisión comprueba que la situación no ha evolucionado
desde 2007 y que aún deben adoptarse las medidas jurídicas destinadas a armonizar plenamente la legislación nacional
con los artículos 4 y 5 del Convenio. Además, la Comisión observa que la memoria no proporciona las estadísticas
solicitadas anteriormente en relación con las transferencias de prestaciones efectuadas hacia el extranjero. En
consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno facilite en su próxima memoria informaciones sobre las medidas
jurídicas concretas adoptadas para poner la legislación en plena conformidad con el Convenio y sobre los datos
anteriormente solicitados.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 12 (Comoras, Uganda); el Convenio núm. 17 (Burundi); el Convenio núm. 19 (Dominica, Yemen); el Convenio
núm. 42 (Burundi); el Convenio núm. 118 (Guinea); el Convenio núm. 121 (Guinea).

562

Protección de la maternidad
BahamasConvenio sobre la protección de la maternidad (revisado),
1952 (núm. 103) (ratificación: 2001)
La Comisión toma nota de la memoria recibida en noviembre de 2014 que contiene una respuesta a sus comentarios
anteriores y solicita al Gobierno que comunique información adicional sobre los siguientes puntos:
Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Derecho al descanso de maternidad. El artículo 17, 3), de la Ley de Empleo,de 2000, dispone que, a efectos de tener derecho a una asignación de descanso de maternidad, una empleada: a) debe
haber estado empleada durante al menos 12 meses por el empleador al que solicita ese descanso, y b) no tiene derecho a
un subsidio de maternidad con el mismo empleador más de una vez cada tres años. Dado que el Convenio no permite
ninguna de esas limitaciones, la Comisión solicita al Gobierno que ponga el artículo 17, 3), de la Ley de Empleo enconformidad con este artículo del Convenio suprimiendo las dos condiciones antes mencionadas.
Artículo 3, párrafo 3. Descanso obligatorio postnatal. La Comisión toma nota de que el período de descanso dematernidad establecido por el artículo 18, 1), de la Ley de Empleo, puede ser modificado cuando el empleado así lo desee.
La Comisión pide al Gobierno que garantice que, de conformidad con esta disposición del Convenio, se tomará,después del parto, una parte del descanso de maternidad que en ningún caso será inferior a seis semanas, que es
obligatorio.
Artículo 4, 1) y 3). Prestaciones médicas. Sírvase especificar si los servicios de salud garantizados en virtud dela Ley núm. 3, de 2006, sobre el Régimen Nacional de Seguro de Salud, incluyen la hospitalización, y comunicar una
copia de todo reglamento adoptado en aplicación del párrafo 1, d), del artículo 15 de la mencionada ley relativo a laparticipación de los asegurados en los gastos de asistencia médica.
Artículo 5. Interrupciones del trabajo para la lactancia. Recordando que, de conformidad con esta disposición
del Convenio, las condiciones en las que se otorgan los descansos para la lactancia (duración, remuneración,
frecuencia, etc.) tienen que ser prescritos por leyes o reglamentos nacionales o por convenios colectivos, la Comisión
pide al Gobierno que complete la Ley de Empleo con una disposición que prescriba las interrupciones del trabajo con
fines de lactancia que se cuenten como horas de trabajo y se remuneren como tales.
Artículo 6. Protección contra el despido durante el descanso de maternidad. La Comisión toma nota de que elartículo 21, 1), b), de la Ley de Empleo, prevé una protección contra el despido, en caso de maternidad, incluso durante elperíodo de descanso. Sin embargo, si bien esta protección comprende un período más largo que el previsto en el
Convenio, no es aplicable en virtud del artículo 21, 2), a), cuando la mujer ha cometido una falta grave o una negligencia
manifiesta equivalente al abandono de sus funciones. A este respecto, la Comisión recuerda que el Convenio no autoriza eldespido de una mujer trabajadora durante el descanso de maternidad por ningún motivo ni siquiera en circunstancias
especiales o excepcionales consideradas por la ley como que constituyen un motivo legítimo de despido. Porconsiguiente, la Comisión espera que el Gobierno pueda reexaminar la situación y adoptar las medidas necesarias
para garantizar que la protección establecida en el apartado 1, b), del artículo 21, no se vea afectada por elapartado 2, a).

Ghana
Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado),
1952 (núm. 103) (ratificación: 1986)
Artículo 3, párrafos 2 y 3, del Convenio. Descanso obligatorio postnatal. En su comentario anterior, la Comisión
solicitó al Gobierno que contemplase la inclusión, en la Ley sobre el Trabajo de 2003, de una licencia obligatoria por
maternidad de al menos seis semanas después del parto en virtud del artículo 3, párrafo 3, del Convenio. El Gobierno
señala, en su memoria, que el artículo 57 de esta ley prevé doce semanas de licencia por maternidad que es obligatorio
cumplir íntegramente. La Comisión recuerda que la ley debe prever expresamente un período de descanso obligatorio deseis semanas después del parto incluso en los casos en los que el descanso empieza más de seis semanas antes del parto.
La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien precisar la disposición legal que establece expresamente un período dedescanso obligatorio después del parto de seis semanas como mínimo de conformidad con el artículo 3, párrafo 3 delconvenio.
Artículo 3, párrafo 4. Prolongación del descanso en caso de parto tardío. La Comisión observa que el Gobierno
se refiere a la posibilidad de prolongar el descanso por maternidad en caso de nacimiento múltiple o de enfermedad a
causa del embarazo y no a la posibilidad de prolongar el descanso en caso de parto tardío. La Comisión, pide por tanto,
nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para completar el artículo 57 de la Ley sobre el Trabajo
mediante una disposición que prevea la posibilidad de prolongar el descanso por maternidad cuando la licencia sehaya tomado antes del parto hasta la fecha en que éste se produzca efectivamente, si es que éste tiene lugar después de563

Protección de la maternidad

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

la fecha prevista, sin que esto entrañe una disminución correspondiente en la duración del descanso obligatorio
después del parto.
Artículo 4, párrafos 4 y 8. Prestaciones monetarias. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno
que tomara medidas para asegurar, en la Ley sobre el Trabajo, que las prestaciones en dinero por maternidad se pagan por
el seguro social obligatorio o con fondos públicos y no por los empleadores de los sectores público y privado. La memoriadel Gobierno no contiene informaciones sobre este punto, por lo que la Comisión pide nuevamente al Gobierno quetome medidas para asegurar que las prestaciones monetarias por maternidad se pagan por el seguro social obligatorio
o con fondos públicos.
Artículo 6. Prohibición de comunicar el despido durante el período de protección, o de suerte que el plazo
señalado en el aviso expire durante el mencionado período. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según
la cual las preocupaciones de la Comisión en relación con la modificación de los artículos 57, párrafo 8 y 63, párrafo 2, c),de la Ley sobre el Trabajo están siendo consideradas. La Comisión espera que estas disposiciones serán modificadas en
breve con miras a prohibir la notificación del despido durante el período de protección, o de suerte que el plazo
señalado en el aviso expire durante el mencionado período.

Guinea Ecuatorial
Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado),
1952 (núm. 103) (ratificación: 1985)
La Comisión lamenta tomar nota de que la última memoria del Gobierno fue recibida en 2004 y que el país está
mencionado en un párrafo especial del informe de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2015 por
omisión de envío de memorias sobre la aplicación de convenios ratificados desde hace muchos años. La Comisión
expresa su profunda preocupación a este respecto y espera que el Gobierno esté pronto en condiciones de enviar su
memoria sobre la aplicación del Convenio y recuerda que la asistencia técnica de la Oficina está a su disposición.
En relación con sus comentarios anteriores relativos a la aplicación del artículo 6 del Convenio, la Comisión toma
nota de que, al igual que la ley núm. 8/1992, los artículos 111 y 112 de la Ley núm. 2/2005, de 9 de mayo de 2005, sobre
Funcionarios, prevén la posibilidad de despedir a las trabajadoras por faltas muy graves previa instrucción del oportuno
expediente disciplinario. En memorias anteriores, el Gobierno indicó su intención de ajustar la legislación en el sentido deque las faltas que cometan las mujeres embarazadas serían objeto de expedientes disciplinarios tras concluir el período desu licencia por maternidad o permiso postnatal. La Comisión confía en que el Gobierno tome todas las medidas
necesarias a fin de garantizar una prohibición formal de comunicar su despido a una funcionaria durante su ausencia
por licencia de maternidad o de suerte que el plazo señalado en el aviso expire durante la mencionada ausencia.

Mauritania
Convenio sobre la protección de la maternidad,
1919 (núm. 3) (ratificación: 1963)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM),
recibidas el 8 de septiembre de 2015, así como de la respuesta del Gobierno, recibida el 12 de octubre de 2015.
Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que, según las memorias del Gobierno recibidas
en marzo y en agosto de 2015, no se adoptaron aún los textos de aplicación del nuevo Código del Trabajo (leynúm. 2004-017, de 2004). Al respecto, recuerda que, en sus comentarios formulados en agosto de 2014, la Confederación
Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), consideró que la ausencia de textos de aplicación del Código del Trabajo
está en el origen de un retroceso en la protección de la maternidad y del aumento del número de mujeres embarazadas o en
período de lactancia expuestas a más peligros y riesgos importantes, siendo raros los empleadores que respetan lalegislación, en un contexto de ausencia de controles y de sanciones respecto de los infractores. Además, la CGTM señala
que, en la mayoría de las empresas privadas no se respetan, ante la ausencia de controles, las disposiciones relativas a la
duración del descanso de maternidad; las trabajadoras siguen siendo víctimas de discriminación y no gozan de losderechos que les confiere la ley, viéndose a menudo obligadas a renunciar a su empleo; las trabajadoras en período delactancia no tienen la posibilidad de amamantar a su hijo en el lugar de trabajo; el Gobierno no desarrolla ninguna política
de acompañamiento a favor de las trabajadoras que tienen niños pequeños. La Comisión observa que las observaciones delas organizaciones sindicales demuestran que la aplicación del Convenio en la práctica tropieza con serias dificultades,
desde hace años, sin ninguna mejora de la situación. La Comisión observa asimismo que el Gobierno se limita a indicar
que no hay nada que señalar en cuanto a las infracciones en materia de protección de la maternidad. La respuesta
proporcionada por el Gobierno no contiene ninguna información concreta sobre las observaciones presentadas. En lo que
respecta a la amplitud de la protección brindada por el seguro de maternidad, la Comisión toma nota de que, según lasestadísticas proporcionadas en el informe de actividad de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) para 2014, sólo se
beneficiaron de las prestaciones diarias de maternidad 371 mujeres, 390 según la memoria del Gobierno y 284 en 2013.
Habida cuenta de las preocupaciones expresadas, la Comisión observa que los textos de aplicación del nuevo Código

564

del Trabajo en materia de maternidad aún no han sido adoptados y que la aplicación del Convenio en Mauritania es
un tema de desacuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La Comisión solicita una vez más al
Gobierno que tenga a bien revisar su política y las acciones de la CNSS en materia de protección de la maternidad, enconcertación con los interlocutores sociales, y presentar una memoria a la Comisión el año próximo. La Comisión
recuerda que el Gobierno tiene, sin embargo, la obligación de dar efecto a los requisitos del Convenio y pide enconsecuencia nuevamente al Gobierno que proporcione informaciones específicas sobre los progresos realizados con
miras a aplicar dichos requisitos en la legislación. En particular, la Comisión solicita información detallada sobre lamanera en que los derechos de las mujeres son garantizados en virtud del artículo 3, a) a d), del Convenio[Se pide al Gobierno que comunique una memoria detallada en 2016.]

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 3 (Guinea); el Convenio núm. 103 (Ghana, Mongolia, San Marino); el Convenio núm. 183 (Burkina Faso,
Kazajstán).

565

Protección de la maternidad

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

POLÍTICA SOCIAL

Política social
Solicitudes directas

Política social

Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 117 (Bahamas, Brasil, Ghana, Guinea, Madagascar, Malta, Panamá).

567

TRABAJADORES MIGRANTES

Trabajadores migrantes
Francia
Artículo 3 del Convenio. Medidas contra la propaganda engañosa sobre la inmigración. En su comentario
anterior, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara informaciones sobre las medidas adoptadas, en colaboración con
los interlocutores sociales, y cuando proceda, con otras partes interesadas para prevenir y combatir eficazmente losprejuicios relativos a la inmigración, así como la estigmatización y la propagación de estereotipos sobre los trabajadores
migrantes, especialmente la población romaní, y sobre los resultados obtenidos. La Comisión toma nota de la respuesta decarácter general del Gobierno en su memoria, que reitera sus declaraciones anteriores, según las cuales las medidas
destinadas a luchar contra la propaganda engañosa, comprenden medidas legislativas y prácticas destinadas a luchar contra
el racismo y la xenofobia, así como medidas contra la trata de mujeres. Toma nota asimismo de que el Gobierno declaraque existe una estricta igualdad de trato entre trabajadores migrantes y asalariados nacionales. La Comisión recuerda que,en virtud del artículo 3, todo Estado Miembro para el que está en vigor el Convenio se compromete a adoptar todas lasmedidas adecuadas contra la propaganda engañosa relativa a la emigración y a la inmigración. Estas medidas no debensólo referirse a las falsas informaciones destinadas a los trabajadores migrantes, sino también a la población nacional, por
ejemplo, medidas específicas contra los prejuicios sociales y culturales que alimentan la discriminación hacia losmigrantes (véase Estudio General de 2016, Trabajadores migrantes). La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de
indicar detalladamente las medidas adoptadas, en colaboración con los interlocutores sociales y, cuando proceda, conotras partes interesadas concernidas para prevenir y combatir eficazmente los prejuicios relativos a la inmigración y laemigración, así como la estigmatización y la propagación de estereotipos sobre los trabajadores migrantes, que tienen
un efecto, en la práctica, en la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, y que tenga a bien comunicar
informaciones sobre los resultados obtenidos.
Artículo 6. Igualdad de trato. La Comisión toma nota de las orientaciones políticas del Gobierno en materia demigración de la mano de obra, que, según éste, se dirigen prioritariamente a las empresas internacionales y a lostrabajadores cualificados o con gran potencial para hacer frente a las necesidades del mercado laboral y a las necesidades
estructurales de las empresas que se enfrentan a un mercado de trabajo internacionalizado y que, al mismo tiempo,
protegen a los asalariados que ya están en Francia. Tomando nota de que el artículo 6 no establece ninguna distinción
entre el trato acordado a las diferentes categorías de trabajadores migrantes y de que, en los hechos, los trabajadores
migrantes ya presentes en el territorio son empleados especialmente en sectores de baja remuneración y en condiciones
de trabajo difíciles (principalmente la limpieza, la restauración, la seguridad y la construcción), la Comisión reitera su
solicitud al Gobierno de comunicar informaciones completas sobre las disposiciones legales pertinentes que aplican alos trabajadores migrantes un trato no menos favorable que el aplicado a sus propios nacionales en lo que atañe a lasmaterias enumeradas en el artículo 6, párrafo 1, a)-d), del Convenio, indicando toda diferencia que pueda existir entre
las diversas categorías de trabajadores inmigrantes («asalariado», «asalariado en misión», «tarjeta azul europea»,«competencias y talentos», «científico», «trabajador temporal» y «trabajador de temporada»). La Comisión también
pide informaciones sobre la aplicación en la práctica de este dispositivo y pide al Gobierno que tenga a bien incluir
informaciones sobre toda queja presentada por los trabajadores migrantes que se consideren víctimas dediscriminación en materia de empleo, ante las autoridades competentes, como por ejemplo la inspección del trabajo, ytambién ante el defensor de los derechos y de los tribunales, o ante cualquier otro órgano competente, con el fin deobtener la aplicación de la legislación nacional relacionada con el Convenio.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malasia
Sabah
Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado),
1949 (núm. 97) (ratificación: 1964)
Artículo 6, 1), a), i), del Convenio. Salarios mínimos y gravamen sobre los trabajadores extranjeros. La
Comisión recuerda que la Ley sobre el Consejo Consultivo Nacional de Salarios (NWCC), de 2011 (ley núm. 732) y laorden sobre los salarios mínimos, de 2012, prevén un salario mínimo mensual regional de 800 ringgit de Malasia (MYR)para Sabah, que ha de aplicarse a partir del 1.º de enero de 2013, y la orden sobre los salarios mínimos (enmienda), de2013, que autoriza a algunas empresas a aplazar el pago de los salarios mínimos hasta el 31 de diciembre de 2013.
También recuerda que, con arreglo a la política de salarios mínimos (marzo de 2013), dictada por el Ministerio deRecursos Humanos, se autorizará a los empleadores que apliquen los salarios mínimos a deducir la actual cuantía delgravamen sobre los trabajadores extranjeros, con carácter mensual prorrateado, así como el costo del alojamiento que no569

Trabajadores migrantes

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado),
1949 (núm. 97) (ratificación: 1954)

TRABAJADORES MIGRANTES

sea superior a 50 MYR al mes por persona. En circunstancias especiales, en base a los méritos individuales, el
Departamento de Trabajo puede considerar las solicitudes de deducción del costo del alojamiento que supere los 50 MYR
al mes. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, a partir del 1.º de enero de 2014, todos
los empleadores que emplean trabajadores extranjeros, tienen que pagar el mencionado salario mínimo, pero esos
empleadores sólo serán autorizados a reducir el gravamen y el costo del alojamiento de los salarios de los trabajadores
migrantes, y no de los salarios mínimos. La Comisión considera que, autorizar la cuantía del gravamen que ha de
deducirse de los salarios de los trabajadores extranjeros, redundaría, en un trato menos favorable de esos trabajadores
respecto de los nacionales, en contradicción con el artículo 6, 1), a), del Convenio. Además, con respecto a la deducciónde los costos de alojamiento, la Comisión recuerda que, cuando se autorice el pago parcial en especie, se adoptaránmedidas adecuadas para garantizar que el valor atribuido a las asignaciones, como los costos de alojamiento, sea justo y
razonable, y no dé lugar a un trato desigual entre los trabajadores nacionales y los trabajadores migrantes, respecto de la
remuneración. Habida cuenta de la continua ambigüedad de la información transmitida por el Gobierno y de la política
de salarios mínimos (2013) del Ministerio de Recursos Humanos, sobre las deducciones permitidas para los salarios
mínimos de los trabajadores extranjeros, la Comisión pide al Gobierno que aclare si sigue en vigor el documento depolíticas, según el cual se autoriza a los empleadores a deducir el gravamen y los costos de alojamiento de los salarios
mínimos de los trabajadores extranjeros, y que comunique una copia del texto pertinente. La Comisión pide asimismo
al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los empleadores no deduzcan la cuantía delgravamen de los salarios pagados a los trabajadores extranjeros, y que en caso de que se deduzcan los costos devivienda los mismos son justos y razonables con el fin de garantizar que se les aplique un trato no menos favorable encomparación con los trabajadores nacionales, en conformidad con el artículo 6, 1), a), del Convenio. Recordando que
el Gobierno indicó con anterioridad que estaba dispuesto a examinar el impacto del sistema de gravámenes en lascondiciones laborales, incluidos los salarios, y la igualdad de trato de los trabajadores migrantes, la Comisión insta al
Gobierno a que realice tal evaluación y a que comunique información sobre sus resultados y todo seguimiento que serealice.
Artículo 6, 1), b). Igualdad de trato con respecto a la seguridad social. Prestaciones por accidentes del trabajo oenfermedades profesionales y otras prestaciones de seguridad social. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores
sobre las diferencias en el trato entre los trabajadores nacionales y los trabajadores temporales extranjeros respecto de lasprestaciones de seguridad social, en el caso de los accidentes del trabajo. Las diferencias se relacionan con el Régimen deIndemnización de los Trabajadores (WCS), que garantiza a los trabajadores extranjeros empleados en el país durante un
período de hasta cinco años, sólo el pago de una suma global, con una cuantía significativamente más baja que los pagos
periódicos a las víctimas de accidentes del trabajo, que se otorga en virtud del Régimen de Seguridad Social de losEmpleados (ESS), al tiempo que los nacionales de Malasia y los trabajadores extranjeros que residen permanentemente en
Malasia (Sabah), siguen cubiertos por el ESS. El Gobierno indicó, en noviembre de 2012, que estaba realizando un estudioactuarial en el que consideraba las tres opciones siguientes: i) la extensión de la cobertura del ESS a los trabajadores
extranjeros; ii) la creación de un régimen especial para los trabajadores extranjeros, con arreglo al ESS, o iii) el aumentodel nivel de la prestación otorgada con arreglo al WCS, con el fin de que fuese equivalente al de la prestación del ESS. La
Comisión toma nota de que se llevó a cabo el estudio actuarial y de que los trabajadores extranjeros están aún cubiertos
por el WCS, pero toma nota de que el Gobierno está considerando ampliar la cobertura del ESS a los trabajadores
extranjeros que se encuentran en situación regular. En ese sentido, la Comisión remite al Gobierno a los comentarios
formulados en relación con el Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19), respecto deMalasia Peninsular y toma nota de que, en este contexto, el Gobierno propuso celebrar una consulta técnica con la OIT
para evaluar la conformidad del régimen del ESS modificado con el artículo 1, del Convenio núm. 19. La Comisión
espera que se organice, en un futuro muy próximo, la consulta técnica con la OIT, con el fin de permitir que elGobierno proceda con la modificación del régimen del ESS, en consonancia con el principio de igualdad de trato delos trabajadores extranjeros. Además, la Comisión recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 6, 1), b), debería
acordarse a los trabajadores migrantes un trato no menos favorable que el que se aplica a los nacionales respecto de
todas las prestaciones de seguridad social. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información
sobre las medidas adoptadas, incluida la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales, para garantizar que lostrabajadores migrantes que están en el país de manera temporal no reciban un trato menos favorable que el aplicado alos trabajadores nacionales o extranjeros que residen permanentemente en el país con respecto a todas las prestaciones
de seguridad social.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 97 (Dominica, Francia, Kirguistán, Malasia: Sabah); el Convenio núm. 143 (Guinea, San Marino).

570

GENTE DE MAR

Gente de mar
Observación general
Convenio sobre los documentos de identidad
de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)
La Comisión toma nota de que 31 Miembros han ratificado el Convenio sobre los documentos de identidad de lagente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) y un país aplica provisionalmente sus disposiciones en conformidad con el
artículo 9 del Convenio. Desde su última reunión, se han registrado tres nuevas ratificaciones. En esa ocasión la Comisión
tomó nota de que en su 320.ª reunión celebrada en marzo de 2014, el Consejo de Administración, tras el examen inicial de
un documento preparado por la Oficina titulado «Cooperación internacional relativa al Convenio sobre los documentos deidentidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)», consideró que debido a las complejas cuestiones técnicas quese plantean en el documento, que implican tanto consideraciones relacionadas con el ámbito marítimo comoconsideraciones en relación con el control de las fronteras y los visados, sería importante recabar el asesoramiento deexpertos sobre la viabilidad y los costos o beneficios de diversas soluciones técnicas y de otro tipo. En consecuencia, laComisión decidió posponer el examen de las memorias sobre la aplicación del Convenio núm. 185, hasta 2015, a fin depoder tener en cuenta las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración después de considerar los consejos que
se deriven de la Reunión tripartita de expertos, de febrero de 2015.
La Comisión recuerda que la Reunión tripartita de expertos observó que:Transcurridos casi doce años desde la adopción del Convenio, sólo 30 Miembros lo han ratificado o lo aplicanprovisionalmente, y que esta cifra incluye a pocos Estados rectores del puerto. En consecuencia, los países que efectuaron
inversiones considerables para aplicar adecuadamente el Convenio núm. 185 sólo pueden contar con un número escaso de países
que reconocen los documentos de identidad de la gente de mar (DIM) expedidos con arreglo a ese instrumento. Los participantes
de la mencionada reunión también observaron que, si bien otros muchos países, especialmente aquellos que ratificaron el
Convenio núm. 108, estaban dispuestos a acordar la consideración debida a los DIM expedidos válidamente en virtud delConvenio núm. 185, la autentificación de dichos documentos se veía obstaculizada por el hecho de que la tecnología relativa a las
huellas dactilares requerida por el modelo biométrico adoptado en el anexo I del Convenio no se utiliza por las autoridades decontrol de fronteras de los países interesados por el hecho de que, desde 2003, las normas de la OACI relativas a los títulos deviaje se basan exclusivamente en un modelo biométrico de la imagen facial contenida en un chip electrónico sin contacto, y no enla plantilla de las huellas dactilares registradas en un código de barras bidimensional 1.
La Oficina Internacional del Trabajo debería preparar un proyecto preliminar de revisión de los anexos I y II del Convenio
núm. 185, por el que se modifica el modelo biométrico correspondiente a la plantilla de huellas dactilares integradas en un código
de barras bidimensional, sustituyéndolo por una imagen facial almacenada en un chip electrónico sin contacto, y requiriéndose
que la base electrónica de datos nacional contenga únicamente las claves públicas de contacto exigidas para verificar las formas
digitales integradas en un chip sin contacto definidas en el documento núm. 9303 de la OACI. Se prevé la supresión de todas lasreferencias a normas técnicas distintas de las que figuran en el documento núm. 9303 de la OACI, habida cuenta de que todas las
normas de la Organización Internacional para la Normalización pertinentes ya se remiten al documento núm. 9303 de la OACI.
Las referencias al documento núm. 9303 deberían mencionar dicho documento, incluidas las enmiendas que puedan adoptarse
posteriormente, de manera que en el futuro no sea necesario modificar los anexos, a medida de que la OACI elabore nuevas
versiones del documento núm. 9303 y del avance de la tecnología relativa al pasaporte electrónico. En el caso de que lasenmiendas a los anexos I y II requieran introducir modificaciones a los procesos y procedimientos previstos en el anexo III (porejemplo, la necesidad de asegurar la calidad de la fotografía del marino), podría ser necesario incluirlas en un proyecto preliminarde revisión del anexo III 2.

Basándose en las recomendaciones de esta Reunión tripartita, el Consejo de Administración decidió, en su
323.ª reunión celebrada en marzo de 2015, constituir un Comité Tripartito Marítimo ad hoc y convocar una reunión deeste Comité en 2016 para la enmienda del Convenio núm. 185, con el mandato de formular propuestas de enmiendas
apropiadas a los anexos del Convenio núm. 185 basadas en las recomendaciones de la Reunión de expertos, con objeto depresentarlas en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2016 para su adopción, de conformidad con elpárrafo 1 del artículo 8 del Convenio. En esas circunstancias, teniendo en cuenta que los anexos tienen un impacto
general en la aplicación del Convenio, la Comisión decide en la presente reunión posponer una vez más el examen de lasmemorias nacionales, de manera de tener en cuenta los resultados de la próxima reunión del Comité Tripartito Marítimo ylas posibles enmiendas a los anexos del Convenio que han de ser adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo
en su reunión de junio de 2016.
La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por los siguientes Gobiernos que enviaron sus memorias sobre laaplicación del Convenio en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT: República de Corea, España, Francia,
Filipinas, Islas Marshall, Madagascar, Pakistán, Federación de Rusia, Turkmenistán y Vanuatu.

12Documento GB.323/LILS/4.
Ibídem.

571

Gente de mar

La Comisión toma nota en particular de que la Reunión tripartita de expertos recomendó que:

GENTE DE MAR

La Comisión toma nota con satisfacción de que en su 324.ª reunión en junio de 2015, el Consejo de Administración
aprobó la inclusión de la Federación de Rusia como primer Estado ratificante que figuraría en la lista de Miembros que
habían cumplido cabalmente los requisitos mínimos referidos en el artículo 5, párrafo 1 del Convenio.
Por último, la Comisión recuerda que el Convenio fue adoptado por la OIT para mejorar la seguridad portuaria yfronteriza y para proteger al mismo tiempo el derecho de los marinos a bajar a tierra, desarrollando un documento deidentidad de la gente de mar más seguro y globalmente uniforme. A este respecto, la Comisión destaca el hecho de que elConsejo de Administración recomendó que los Miembros que aún no hubieran ratificado ese instrumento, así lo hicieran,especialmente aquellos que hubieran ratificado el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958
(núm. 108), habida cuenta de que las enmiendas propuestas hacían referencia a las tecnologías actuales que facilitarán laaplicación del Convenio 3.

Dominica
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas),
1976 (núm. 147) (ratificación: 2004)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Espera que su próxima
memoria contenga información completa sobre las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores.
Artículo 2 del Convenio. Legislación de aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se haestablecido un comité tripartito para asesorar al Gobierno sobre todas las cuestiones relacionadas con la legislación y los cambios
institucionales necesarios para la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). Asimismo, toma nota
de que se ha preparado un Plan nacional de acción a fin de formular recomendaciones al Gobierno sobre cuestiones relacionadas
con la legislación y la administración marítimas. Si bien acoge con agrado las medidas adoptadas por el Gobierno para ratificar el
MLC, 2006, la Comisión se ve obligada a señalar que la primera memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio
núm. 147 no contiene información sobre las leyes o reglamentos, u otras medidas, que dan efecto a los requisitos específicos deeste Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique detalladamente la manera en la que cada uno delos artículos del Convenio se aplica en la legislación y práctica nacionales, y explique, en particular, de qué forma lasdisposiciones de la Ley Marítima Internacional, de 2002, y el reglamento marítimo de Dominica, de 2002, son sustancialmente
equivalentes a los convenios mencionados en el anexo del Convenio relativos a las normas de seguridad, las medidas deseguridad social y las condiciones de empleo y de vida a bordo, en consonancia con lo establecido en el artículo 2 delConvenio.
Por último, la Comisión recuerda que la noción de equivalencia sustancial que se ha introducido se define con más detalle
en el artículo VI, 3) y 4) del MLC, 2006, mientras que en el título 5 del Convenio se establece un régimen de inspección amplio e
innovador. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que mantenga informada a la Oficina sobre todos los progresosque se realicen en lo que respecta a la ratificación y aplicación efectiva del MLC, 2006.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

GuineaConvenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones
complementarias), 1970 (núm. 133) (ratificación: 1977)
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar),1970 (núm. 134) (ratificación: 1977)
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en sus memorias relativas a la aplicación de los convenios
marítimos, que el Código de la Marina Mercante, de 1995, es el cuerpo legislativo principal para dar cumplimiento a lasdisposiciones de estos convenios. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, a principios de2015, se puso en marcha una revisión de este texto con el fin de adaptarlo a las realidades actuales, teniendo en cuenta
los convenios internacionales ratificados, la Comisión espera que el Gobierno aprovechará la ocasión que le brinda
esta revisión para dar pleno cumplimiento a las disposiciones de estos convenios. La Comisión reitera que el Gobierno
puede recurrir a la asistencia de la Oficina Internacional del Trabajo en el marco de este proceso. Además, laComisión toma nota de que el Gobierno señala que se llevará a cabo un estudio sobre la obligación de sumisión con el finde que Guinea adopte una posición con respecto a una eventual ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006,
y del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). La Comisión invita al Gobierno a suministrar
informaciones sobre cualquier novedad a este respecto. A fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones
relativas a la aplicación de los convenios marítimos, la Comisión estima que resulta útil examinarlas en una misma
observación, como en el caso que nos ocupa.
El Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133).
Artículos 5 a 12. Prescripciones relativas al alojamiento de la tripulación. La Comisión recuerda que, desde hacevarios años, viene solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se dé pleno
cumplimiento a todas las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota de que los artículos 678 a 690 del Código
3

572

Documento GB.323/LILS/4.

GENTE DE MAR

de la Marina Mercante fijan un marco general para el alojamiento de la gente de mar a bordo de un buque y que, en lo quese refiere a las modalidades de aplicación más particulares, remite frecuentemente a los decretos ministeriales o al texto deotros reglamentos sobre los cuales el Gobierno no proporciona, no obstante, ninguna información. La Comisión, portanto, pide nuevamente al Gobierno que suministre información sobre cualquier decreto o texto de reglamento quehaya sido adoptado por la autoridad competente en aplicación de los artículos pertinentes del Código de la Marina
Mercante, en particular, los artículos 682 (acondicionamiento de las cabinas y dormitorios), 684 (instalaciones
sanitarias), y 685 (lugares de recreo). Además, la Comisión pide al Gobierno que precise el tonelaje de los buques que
enarbolen su pabellón.
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134). Artículos 2 a 10. Prevención deaccidentes en el trabajo de la gente de mar. La Comisión recuerda que, desde hace varios años, viene solicitando al
Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se dé pleno cumplimiento a todas las disposiciones delConvenio. La Comisión toma nota de que los artículos 52 a 97 del Código de la Marina Mercante fijan un marco generalpara la seguridad de la vida humana en el mar y remite con frecuencia, en lo que se refiere a las modalidades de aplicación
más particulares, a los decretos ministeriales u otros textos reglamentarios sobre los que el Gobierno no proporciona, no
obstante, ninguna información. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre cualquierdecreto o texto reglamentario que haya sido adoptado por la autoridad competente en aplicación de los artículos
pertinentes del Código de la Marina Mercante, en particular los artículos 52 (disposiciones aplicables a los navíos que
no efectúen travesías internacionales), y 69 (textos de reglamentación).

LíbanoConvenio sobre las pensiones de la gente de mar,
1946 (núm. 71) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve
obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Mauricio
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar,1958 (núm. 108) (ratificación: 1969)
Artículo 2 del Convenio. Documento de identidad de la gente de mar. En su observación anterior, al tomar nota
de que según indicó el Gobierno los requisitos básicos del Convenio aún no se aplicaban ni en la legislación ni en la
práctica, la Comisión le había pedido que proporcionara información sobre todo progreso realizado en cuanto a laaplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que aún no ha finalizado elproceso para la expedición de los documentos de identidad de la gente de mar (DIM). La Comisión recuerda que desde
2001, ha venido expresando su preocupación por el hecho de que se haya interrumpido la expedición de los documentos
de identidad de la gente de mar, que constituye un incumplimiento grave por parte del Gobierno de su obligación deaplicar el Convenio. En consecuencia, la Comisión urge al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar elpleno cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio y que proporcione un modelo (no una
copia) del documento de identidad de la gente de mar una vez que éste se haya expedido.
En su comentario anterior, la Comisión invitó al Gobierno a que examinara la posibilidad de ratificar el Convenio
sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185). A este respecto, toma nota de que elGobierno señala que la ratificación del Convenio núm. 185 se examinará en una etapa ulterior. La Comisión pide al
Gobierno que indique todos los progresos realizados a este respecto.

573

Gente de mar

Artículos 2 a 4 del Convenio. Régimen de pensiones para la gente de mar. La Comisión ha venido señalando a la
atención del Gobierno la necesidad de establecer o asegurar la instauración de un régimen para el pago de las pensiones a la gente
de mar cuando se jubila del servicio marítimo. La Comisión recuerda las indicaciones anteriores del Gobierno, según las cuales seencuentra en el proceso de preparación de un proyecto de texto que regule el régimen de pensiones de la gente de mar, en
consulta con la Asociación de Armadores de Líbano y la Federación de Sindicatos de Transportes Marítimos. La Comisión
espera que se adopten las medidas necesarias para dar efecto a las disposiciones del Convenio y solicita al Gobierno que
comunique información completa sobre las medidas adoptadas o previstas, incluida la finalización de su reglamentación
nacional que establezca un régimen de pensiones para la gente de mar, y que transmita una copia de cualquier texto en
cuanto se haya adoptado.

GENTE DE MAR

MéxicoConvenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar,
1926 (núm. 22) (ratificación: 1934)
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedado accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55) (ratificación: 1939)
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar),1970 (núm. 134) (ratificación: 1974)
Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)
(ratificación: 1990)
Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica
(gente de mar), 1987 (núm. 164) (ratificación: 1990)
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado),
1987 (núm. 166) (ratificación: 1990)
La Comisión toma nota de las memorias enviadas por el Gobierno sobre la aplicación de los convenios marítimos
ratificados. A fin de brindar una visión de conjunto de las cuestiones planteadas en relación con la aplicación de estos
convenios, la Comisión considera apropiado examinar las mismas en un único comentario, tal como se presenta a
continuación.
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22). Artículo 3, párrafos 1 y 4.
Garantías para la firma del contrato de enrolamiento. En su comentario anterior, la Comisión había señalado a la
atención del Gobierno la falta de disposiciones legislativas que garanticen que la gente de mar tenga las facilidades para
examinar el contrato de enrolamiento antes de firmarlo, habiendo comprendido el sentido de sus cláusulas. La Comisión
toma nota de que el Gobierno indica que en virtud del artículo 530, I) de la Ley Federal del Trabajo, la Procuraduría
Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), la cual cuenta con delegaciones en cada entidad federativa, tiene entre
sus funciones la de representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten ante cualquierautoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo. La Comisión observa, sinembargo, que no existen disposiciones específicas que den aplicación al Convenio. Al tiempo que toma nota de estas
informaciones, la Comisión pide firmemente al Gobierno que indique de qué manera garantiza a los marinos el gocede las facilidades previstas en este artículo del Convenio.
Artículo 6, párrafo 3, apartado 10. Datos que debe contener el contrato de enrolamiento. Condiciones de su
terminación. En su comentario anterior, la Comisión había tomado nota de que el artículo 195 de la Ley Federal delTrabajo no incluye entre las indicaciones que deben constar por escrito en el contrato las condiciones para la terminacióndel mismo. Ante la ausencia de información nueva al respecto, la Comisión pide firmemente al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para garantizar que el contrato de enrolamiento contenga obligatoriamente las condiciones para laterminación del contrato, es decir: i) si se ha celebrado por una duración determinada, la fecha fijada para su
expiración; ii) si se ha celebrado por un viaje, el puerto de destino y el tiempo que deberá transcurrir después de la
llegada para que el interesado pueda ser licenciado, y iii) si se ha celebrado por duración indeterminada, lascondiciones que permitirán a cada parte terminarlo, así como el plazo de aviso, que no podrá ser más corto para elarmador que para la gente de mar, tal como lo exige este artículo del Convenio.
Artículo 7. Lista de la tripulación. La Comisión toma nota de que varios artículos del capítulo VI del reglamentode la Ley de Navegación y Comercio Marítimos incluyen la lista de tripulantes entre los requisitos para autorizar losarribos y despachos de embarcaciones y artefactos navales. Al tiempo que observa la ausencia de disposiciones en elreglamento que especifiquen si el contrato de enrolamiento ha de transcribirse o anexarse a la lista de tripulantes deconformidad con lo previsto en el artículo 7 del Convenio, la Comisión pide firmemente al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a esta disposición del Convenio.
Artículo 8. Información sobre las condiciones de empleo disponibles a bordo. En su comentario anterior, laComisión había señalado a la atención del Gobierno la necesidad de garantizar que la gente de mar se pueda informar abordo, de manera precisa, sobre las condiciones de su empleo. A este respecto, la Comisión toma nota de que elartículo 194 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y que unejemplar quedará en poder de cada parte, otro se remitirá a la capitanía del puerto o al cónsul mexicano más cercano, y el
cuarto a la Inspección del Trabajo del lugar donde se estipularon. El Gobierno indica asimismo que el artículo 132, XVIII,de la misma ley dispone que el patrón tiene la obligación de fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el
trabajo el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. La Comisión toma nota coninterés de esta información.
Artículo 9, párrafo 1. Terminación del contrato. Desde hace numerosos años, la Comisión ha observado que elartículo 209, III), de la Ley Federal del Trabajo, según el cual no pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo574

cuando el buque esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, siempre que en este último caso se exponga albuque a cualquier riesgo por mal tiempo u otras circunstancias no está en conformidad con esta disposición del Convenio,
que prevé que el contrato de enrolamiento por duración indeterminada podrá darse por terminado en cualquier puerto decarga o de descarga del buque, a condición de que se observe el plazo de aviso. El Gobierno indica a este respecto que elpropósito de este párrafo no es impedir la posibilidad de la terminación del contrato, sino proteger al trabajador ensituaciones de riesgo, en razón de estar fuera del país, en despoblado o ante mal tiempo, garantizando con ello su
seguridad y salud. La Comisión observa que esta explicación no atiende a la solicitud de la Comisión en el sentido de quela terminación del contrato debe poder realizarse en cualquier puerto de carga o de descarga. En consecuencia, laComisión pide firmemente al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner la legislación nacional deconformidad con este artículo del Convenio.
Artículo 14, párrafo 1. Finalización del enrolamiento. La Comisión toma nota del ejemplar de la nueva libreta de
mar e identidad marítima comunicada por el Gobierno, el cual contiene los espacios para dejar constancia de los servicios
prestados a bordo, incluidas las fechas de embarque y desembarque. No obstante, la Comisión observa que dicho ejemplar
de la libreta no incluye un espacio para inscribir la expiración o terminación del contrato, cualquiera sea su causa. La
Comisión pide firmemente al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que todo licenciamiento se
inscriba en el documento entregado a la gente de mar, en virtud del artículo 5 del Convenio, de conformidad con lo
previsto en el artículo 14 del mismo.
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936
(núm. 55). Artículo 6. Gastos de repatriación. La Comisión se remite a las observaciones que formula a este respecto
en relación con el Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166).
Artículo 8. Protección de los bienes dejados a bordo. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al
Gobierno que indicara las disposiciones legales que dan efecto a este artículo del Convenio. A este respecto, la Comisión
toma nota de que los artículos 27 y 28 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos establecen que el capitán de laembarcación es responsable de la misma, así como de su tripulación, pasajeros, cargamento y de los actos jurídicos que
realice y que ejerce su autoridad con respecto a las personas y cosas que se encuentren a bordo. La Comisión toma nota deesta información.
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134). Artículo 2, párrafo 3. Estadísticas
detalladas sobre los accidentes del trabajo. Desde hace numerosos años, la Comisión ha venido señalando a la atencióndel Gobierno la necesidad de adoptar disposiciones que prevean que las estadísticas relativas a los accidentes en losbuques indiquen claramente en qué parte del buque — puente, máquinas, locales de servicios generales — y en qué lugar— en el mar, en el puerto — ha tenido lugar un accidente. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que lanorma oficial mexicana NOM-021-STP-1993 está siendo actualizada. La Comisión observa que la citada norma se aplica
a todos los lugares de trabajo sin precisar de qué manera se aplica a los accidentes ocurridos en los buques. La Comisión
pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas sobre los accidentes
de trabajo sean elaboradas en conformidad con las disposiciones de este artículo del Convenio.
Artículo 3 del Convenio. Investigaciones sobre las tendencias generales y los riesgos del empleo marítimo. La
Comisión recuerda que este artículo del Convenio requiere llevar a cabo investigaciones sobre las tendencias generales ylos riesgos propios del empleo marítimo que se desprenden de las estadísticas pertinentes y tiene como propósito obteneruna base sólida de prevención de accidentes imputables a riesgos propios del empleo marítimo. La Comisión observa quela información suministrada por el Gobierno sobre este particular es de orden general y no hace referencia ainvestigaciones llevadas a cabo en este sentido. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para dar aplicación a esta disposición del Convenio.
Artículo 4, párrafos 2 y 3, apartado d). Disposiciones sobre la prevención de accidentes del trabajo. Desde hacenumerosos años, la Comisión ha venido tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Manual de seguridad
para el personal embarcado está en curso de modificación. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que elcitado Manual es elaborado y revisado por las empresas navieras o los operadores de los buques, de conformidad con loslineamientos previstos en la norma oficial mexicana NOM-036-SCT4-2007 Administración de la seguridad operacional y
prevención de la contaminación por las embarcaciones y artefactos navales, y que la autoridad marítima sólo lo verifica.
La Comisión observa que la norma oficial a la cual hace referencia el Gobierno no incluye disposiciones sobre aspectos
concretos para la prevención de accidentes propios del empleo marítimo, tales como, las características estructurales delbuque, las máquinas, las medidas especiales de seguridad sobre el puente y bajo el puente, los equipos de carga ydescarga, la prevención y extinción de incendios, las anclas, cadenas y cables, las cargas y lastres peligrosos, y el equipode protección personal para la gente de mar. Al constatar los vacíos que presenta la normativa mexicana, la Comisión
pide firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que las normas aplicables a la gente
de mar para la prevención de accidentes y protección de la salud en el empleo especifiquen tales aspectos.
Artículo 6, párrafos 3 y 4. Medidas de aplicación. En comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno
que adoptara las medidas necesarias para garantizar que las autoridades de inspección estén familiarizadas con el trabajo
marítimo y sus prácticas y que se ponga al alcance de la gente de mar copias o resúmenes de las disposiciones legales
sobre la prevención de accidentes. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual para poder realizar
inspecciones en buques y plataformas en el mar, los inspectores deben contar con la «libreta de mar», la que se obtiene al
575

Gente de mar

GENTE DE MAR

GENTE DE MAR

acreditar el «Curso básico de seguridad en plataformas y barcazas» impartido por el Fideicomiso de Formación yCapacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA). El Gobierno indica también que elartículo 132, XVIII, de la Ley Federal del Trabajo dispone que es obligación de los patrones fijar visiblemente y difundir
en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o de los contratos
colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá dar a conocer a los trabajadores la información sobre
los riesgos y peligros a los que están expuestos. La Comisión toma nota de esta información.
Artículo 8. Programas de prevención de accidentes del trabajo. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al
Gobierno que comunicara información sobre la formulación y la aplicación de los programas dirigidos a la prevención delos accidentes del trabajo de la gente mar que se derivan de su empleo o que tienen lugar en el curso de su empleo. En
respuesta a esta solicitud, el Gobierno transmite una vez más información sobre legislación, regulaciones y programas deseguridad y salud de aplicación general, mientras que el Convenio requiere programas marítimos específicos que han deestablecerse en colaboración con las organizaciones de armadores y de gente de mar. La Comisión pide firmemente al
Gobierno que tome las medidas necesarias para formular y aplicar programas que den efectivo cumplimiento a esta
disposición del Convenio.
Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163). Artículos 2, 5 y 6. Medios y servicios debienestar en los puertos y a bordo de los buques. Revisión de los medios y servicios de bienestar. Cooperacióninternacional. En su comentario anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que transmitiera información en relación con
los medios y servicios ofrecidos por las Casas del Marino situadas en diferentes puertos del país. La Comisión pidió
también al Gobierno que indicara cómo se garantiza en la legislación y en la práctica que los medios y servicios debienestar para la gente de mar se revisen con frecuencia, y que señalara las medidas adoptadas en relación con lacooperación internacional exigida por el artículo 6 del Convenio. Ante la falta de información nueva sobre estas
cuestiones, la Comisión pide firmemente al Gobierno que tome las medidas necesarias para dar efecto a estos artículosdel Convenio.
Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164). Artículo 4,
párrafo c). Derecho de visitar a un médico. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que
indicara las disposiciones legales que garantizan a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico en lospuertos de escala, sean éstos los del Estado del pabellón o los de un tercer Estado. Al tiempo que toma nota de que larespuesta del Gobierno no atiende a la solicitud de la Comisión, la Comisión le pide firmemente que tome las medidas
necesarias para garantizar a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico en los puertos de escala,cuando ello sea posible.
Artículo 5, párrafos 4 y 5. Inspección del botiquín de a bordo a intervalos regulares. Comprobación deletiquetado. En comentarios anteriores, la Comisión observó la falta de disposiciones en la legislación y regulaciones
marítimas nacionales para dar cumplimiento a los requisitos específicos relativos a la inspección del botiquín de a bordo aintervalos regulares no superiores a 12 meses y la comprobación del etiquetado, de las fechas de caducidad y de lascondiciones de conservación de todos los medicamentos contenidos en el botiquín de a bordo. Dada la falta de nuevos
elementos en relación con estos asuntos, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias
para poner la legislación nacional de conformidad con estas disposiciones del Convenio.
Artículo 7. Consultas médicas por radio o por satélite. Desde hace numerosos años, la Comisión viene pidiendo
al Gobierno que indique de qué manera garantiza el cumplimiento y aplicación efectiva de este artículo del Convenio. La
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el artículo 48 del reglamento de inspección de seguridad
marítima prevé que las embarcaciones autorizadas para la navegación de cabotaje cuenten con equipos deradiocomunicación. El Gobierno indica también que la legislación mexicana no cuenta con disposiciones específicas sobre
estos asuntos. La Comisión recuerda al Gobierno que la sola existencia de un equipo de radiocomunicación a bordo no es
suficiente para garantizar la disponibilidad de consultas médicas en los buques de altamar a cualquier hora y de forma
gratuita en la forma y con los requisitos exigidos por el Convenio. Por lo tanto, pide al Gobierno que tome las medidas
necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en este artículo del Convenio.
Artículo 8. Presencia de un médico a bordo de los buques. La Comisión toma nota de que el reglamento deinspección de seguridad marítima publicado el 12 de mayo de 2004 que reemplazó al reglamento del servicio deinspección naval (cubierta), de 1945, el cual requería que un buque que transporta más de 50 personas y realiza un viaje demás de 24 horas lleve a bordo un cirujano, ya no prevé la presencia de un médico a bordo de los buques a los que seaplica. El Gobierno indica que el artículo 204, VIII, de la Ley Federal del Trabajo dispone que los patrones tienen la
obligación de llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y disposiciones sobre
comunicaciones por agua. La Comisión observa que esta disposición no especifica los buques o categorías de buques que
deberán llevar un médico entre los miembros de su tripulación, teniendo en cuenta, entre otros factores, la duración, índole
y condiciones de la travesía, así como el número de marinos a bordo. La Comisión pide al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para dar efecto a este artículo del Convenio.
Artículo 9. Personas encargadas de la asistencia médica. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al
Gobierno que proporcionara informaciones en relación con los cursos específicos destinados a las personas que sin ser
médicos están encargadas de garantizar asistencia médica a bordo de buques. En su respuesta, el Gobierno indica que las576

Escuelas Náuticas de Mazatlán, Tampico y Veracruz, así como el Centro Educativo de Campeche ofrecen cursos deprimeros auxilios básicos y de cuidados médicos. El Gobierno indica también que en virtud del artículo 49, VI), delreglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, los patrones deben apoyar la actualización de los responsables de losservicios preventivos de medicina del trabajo de carácter interno. La Comisión recuerda que los cursos de formación
deben ser autorizados por la autoridad competente y fundarse en el contenido de la edición más reciente de la Guía médica
internacional de a bordo, de la Guía de la asistencia médica de urgencia a prestarse en caso de los accidentes debidos a lasmercancías peligrosas, del documento destinado a servir de guía — la Guía internacional de formación marítima,
publicada por la OMI — y de la parte médica del Código Internacional de Señales, al igual que de las guías nacionales
análogas. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a esta
disposición del Convenio.
Artículo 11. Enfermería independiente. Desde hace numerosos años, la Comisión viene señalando a la atencióndel Gobierno que la legislación nacional no da efecto a esta disposición del Convenio. La Comisión toma nota de que elGobierno indica que el artículo 49 del reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo regula la prestación deservicios preventivos de medicina del trabajo internos y externos. La Comisión observa que la citada norma es de carácter
general y no contiene disposiciones sobre la determinación del tipo de buques en los cuales se exige la construcción deuna enfermería independiente y la descripción de las características propias de una enfermería a bordo de un buque, según
los requisitos establecidos en este artículo del Convenio. La Comisión pide firmemente al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición del Convenio.
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166). Artículo 2, párrafo 1, c).
Repatriación en caso de enfermedad, accidente o cualquier otra razón médica. En su comentario anterior, la Comisión
observó que el artículo 204, VII, de la Ley Federal del Trabajo no incluye entre las obligaciones de los empleadores en
caso de enfermedad o accidente del trabajador, la obligación de pagar los gastos de repatriación. En su respuesta el
Gobierno indica que el párrafo IX del citado artículo estipula que los patrones tienen la obligación de repatriar o trasladar
al lugar convenido a los trabajadores, salvo los casos de separación por causas no imputables al patrón. Recordando queesta disposición del Convenio prevé la obligación de repatriación del marino por parte del armador en la circunstancia
particular de enfermedad, accidente o cualquier otra razón médica que así lo exija, la Comisión pide firmemente al
Gobierno que tome las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio.
Artículo 2, párrafo 1, e) y f). Repatriación en caso de incapacidad del armador de seguir cumpliendo las
obligaciones legales o contractuales. Buque con destino hacia una zona de guerra. En su anterior comentario, laComisión solicitó al Gobierno que señalara las disposiciones de la legislación que garantizan el derecho del marino a larepatriación en los casos de quiebra o venta del buque y en los que un buque se dirija hacia una zona de guerra, a la cualun marino no consienta ir. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 33 de la Ley de Navegación yComercio prevé que en caso de que una embarcación con bandera extranjera se encuentre en vías navegables mexicanas yla autoridad marítima competente presuma que la tripulación ha sido abandonada o corra el peligro de perder la vida o se
ponga en riesgo su integridad corporal, se aplica el procedimiento de coordinación de competencias entre autoridades
administrativas en materia de desatención de tripulaciones extranjeras en embarcaciones extranjeras. La Comisión observa
que el artículo 33 de la Ley de Navegación y Comercio se refiere a las embarcaciones de bandera extranjera, mientras que
el Convenio se aplica a las embarcaciones del Estado del pabellón. La Comisión pide firmemente al Gobierno que tomelas medidas necesarias para garantizar que marinos embarcados en embarcaciones matriculadas en México tengan
derecho a la repatriación en las situaciones contempladas en las disposiciones del Convenio.
Artículo 2, párrafo 1, g). Terminación o interrupción del empleo como consecuencia de un laudo arbitral o de unconvenio colectivo. En su comentario anterior, la Comisión señaló a la atención del Gobierno la ausencia dedisposiciones de la legislación nacional relativas al derecho a la repatriación en caso de interrupción o terminación delempleo como consecuencia de un laudo arbitral o de un convenio colectivo. En su respuesta, el Gobierno informa que la
Ley Federal del Trabajo reformada en 2012 garantiza la repatriación a los marinos mediante la actualización de lassanciones impuestas a los patrones por omitir el pago de los gastos inherentes a dichas obligaciones. La Comisión observa
que la respuesta del Gobierno no atiende a su solicitud. En consecuencia, la Comisión pide firmemente al Gobierno quetome las medidas necesarias para garantizar que los marinos tengan derecho a la repatriación en las situaciones
contempladas en este artículo del Convenio.
Artículo 2, párrafo 2. Duración máxima del servicio. Desde hace muchos años, la Comisión ha venido señalando
a la atención del Gobierno la inexistencia de disposiciones relativas a la duración máxima del servicio a bordo que daderecho a la repatriación. Ante la falta de progresos al respecto, la Comisión pide firmemente al Gobierno que tome lasmedidas necesarias para dar cumplimiento efectivo a esta disposición del Convenio.
Artículo 3, párrafo 2. Destinos de la repatriación. Durante varios años, la Comisión ha señalado a la atención delGobierno la falta de disposiciones que establezcan el derecho de los marinos a elegir entre diferentes puntos de destinopara la repatriación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno acerca de que el artículo 196 de la Ley Federal
del Trabajo establece que cuando el contrato escrito es por tiempo determinado o indeterminado se fijará el puerto al que
deba ser restituido el trabajador, y a falta de ello se tendrá por señalado el del lugar donde se le tomó. La Comisión
observa que el citado artículo sólo regula la fijación del puerto al que debe ser restituido el trabajador en los casos decontratos por tiempo determinado o indeterminado y no extiende este derecho a los casos de contratos por viaje o viajes,

577

Gente de mar

GENTE DE MAR

GENTE DE MAR

previstos en el párrafo IV del artículo 195 de la misma ley. Asimismo, este artículo se limita a disponer que se fijará elpuerto de restitución sin estipular expresamente que los marinos podrán elegir el destino de repatriación ni las opciones
entre las cuales dicha elección tendrá lugar. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias
para poner la legislación en conformidad con el artículo 3, párrafo 2 del Convenio.
Artículos 4 y 5. Responsabilidad del armador de organizar la repatriación. Desde hace numerosos años, laComisión viene llamando la atención del Gobierno en cuanto a la necesidad de tomar medidas para garantizar el pleno
cumplimiento de estos artículos del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 28, a), dela Ley Federal del Trabajo prevé que la repatriación quede a cargo del empresario contratante en el caso de lostrabajadores mexicanos que presten servicios fuera de la República contratados en territorio nacional. La Comisión
observa que el citado artículo se aplica sólo a los trabajadores mexicanos que prestan servicios en el extranjero mientras
que el Convenio se aplica a todo marino empleado a bordo de un buque dedicado a la navegación marítima matriculado enel territorio de todo Miembro. La Comisión observa asimismo que esta norma no prevé los siguientes aspectos regulados
por el Convenio: i) que la autoridad competente debe sufragar el costo de la repatriación si el armador no tomase lasdisposiciones necesarias para la misma (artículo 5, párrafo 1, a)); ii) que el transporte por vía aérea es el medio normal derepatriación de los marinos (artículo 4, párrafo 1), y iii) que los costos que debe sufragar el armador en concepto de
repatriación no incluyen solamente el pasaje sino el alojamiento, la alimentación, la remuneración, las prestaciones y el
tratamiento médico si es necesario desde el momento en que abandona el buque hasta su punto de llegada a destino(artículo 4, párrafo 4). La Comisión pide firmemente al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner lalegislación y la práctica nacionales de conformidad con estas disposiciones del Convenio.
Artículo 6. Pasaporte y otros documentos de identidad. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno
que especificara cómo se garantiza que los marinos que van a ser repatriados puedan obtener su pasaporte y otros
documentos de identidad para fines de repatriación. En su respuesta, el Gobierno informa que el Instituto Nacional deMigración (INM) se encarga de realizar las gestiones necesarias para dichos documentos, con el objeto de llevar a cabo las
repatriaciones de las personas que así lo requieran. Al tiempo que recuerda que esta disposición del Convenio tiene por
objeto garantizar que la gente de mar pueda conservar su pasaporte y otros documentos de identidad con el fin deejercer su derecho a la repatriación, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para
dar cumplimiento efectivo a este artículo del Convenio.
Artículo 7. Vacaciones retribuidas. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la legislación
nacional no contiene ninguna disposición para garantizar que el tiempo invertido en espera de la repatriación y en la
duración del viaje no se descuente de los días de vacaciones remuneradas que el marino hubiese adquirido. Ante la falta
de información pertinente a este respecto, la Comisión pide firmemente al Gobierno que tome las medidas necesarias
para dar cumplimiento efectivo a este artículo del Convenio.
Artículo 12. Disponibilidad del texto del Convenio en el idioma apropiado. En su comentario anterior, laComisión había pedido al Gobierno que indicara la manera en que pone a disposición de los miembros de la tripulación en
todo buque matriculado en su territorio el Convenio en un idioma apropiado. La Comisión observa que el Gobierno no
proporciona información nueva al respecto. La Comisión pide firmemente al Gobierno que tome las medidas necesarias
para dar aplicación a esta disposición del Convenio.
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Panamá
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar,1958 (núm. 108) (ratificación: 1970)
Artículos 5 y 6 del Convenio. Permiso de entrada y readmisión en el territorio. En sus comentarios anteriores,
recordando que el requisito de visado para los marinos es contrario al derecho de libre admisión al territorio (para fines delicencia temporal) y al derecho a ser readmitido en dicho territorio, la Comisión había solicitado al Gobierno que adoptaralas medidas necesarias para asegurar que los marinos extranjeros portadores de un documento de identidad de la gente demar válido puedan beneficiarse de estos derechos de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de que, en su
memoria, el Gobierno se refiere a la legislación ya examinada por la Comisión y reitera que la misma se justifica por lanecesidad de garantizar políticas de seguridad efectivas en el país. La Comisión recuerda una vez más que, en virtud de losartículos 5 y 6 del Convenio, el documento de identidad de la gente de mar es el único documento que necesita el marino
para entrar en el territorio de cualquier Estado parte en el Convenio y para regresar al Estado que lo haya expedido incluso
tras haber expirado la validez del mismo. La Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para poner su
legislación en conformidad con el Convenio.

578

GENTE DE MAR

Sri Lanka
Artículo 3 del Convenio. Posesión. Desde hace varios años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que
adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el documento de identidad de la gente de mar está en todo
momento en poder de su titular, tal como exige el artículo del Convenio. La Comisión toma nota de la memoria delGobierno en la que se señala que el actual certificado relativo a los estados de servicio debería estar en poder de la gente
de mar en todo momento pero que no se han especificado las leyes que avalan esta afirmación. La Comisión solicita al
Gobierno que señale las leyes que disponen que el certificado relativo a los estados de servicio esté en todo momento en
poder de la gente de mar.
Artículo 4, 2). Declaración. La Comisión, en sus observaciones anteriores, solicitó al Gobierno que incluya una
declaración en el certificado relativo a los estados de servicio en la cual se advierte que se trata de un documento expedido
a los efectos del Convenio, tal como se prevé en el artículo 4, 2), del Convenio. La Comisión toma nota de la declaracióndel Gobierno en su memoria en la que señala que el Ministerio de Puertos y Navegación y la Secretaría de la Marina
Mercante están poniendo en marcha el proyecto de perfeccionamiento del certificado relativo a los estados de servicio. La
Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el certificado relativo a losestados de servicio incluya una declaración a los efectos del presente Convenio y que facilite un modelo (no una
fotocopia) del documento mejorado.
Artículo 6. Permiso de entrada. En sus observaciones anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adopte
medidas rápidas para garantizar el derecho de la gente de mar con un documento de identidad válido a entrar en un
territorio cuando su entrada tenga por fin una licencia temporal en tierra o el embarco en un buque, según lo dispuesto en
el artículo 6 del Convenio. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria de que, aunque no seespecifican las leyes que avalan esta declaración, el actual certificado relativo a los estados de servicio debería utilizarse
para entrar en un territorio como resultado de licencia temporal o el embarco en un buque. La Comisión solicita al
Gobierno que señale las leyes que facilitan a la gente de mar la titularidad de un certificado relativo a los estados deservicio válido con derecho a entrar en un territorio cuando dicha entrada tenga por fin una licencia temporal entierra o el embarco en un buque.
La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha iniciado la adopción de medidas para ratificar tanto el
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) como el Convenio sobre el
trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). En este sentido, la Comisión reitera que el artículo 9 del Convenio núm. 185
establece la aplicación provisional de sus disposiciones con miras a su ratificación. El objetivo de esta disposición espermitir que los Estados parte en el Convenio núm. 108 puedan seguir avanzando en la adopción del nuevo documento deidentidad de la gente de mar con objeto de lograr el uso y el reconocimiento universal de dicho documento. La Comisión
solicita al Gobierno que siga facilitando información sobre todos los progresos obtenidos a este respecto.

República Bolivariana de Venezuela
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar,
1926 (núm. 22) (ratificación: 1944)
Artículos 3 a 14 del Convenio. Contrato de enrolamiento. En sus comentarios anteriores, la Comisión había
solicitado al Gobierno que adoptara a la mayor brevedad las medidas necesarias para adecuar la legislación nacional a losdistintos artículos del Convenio a fin de: i) garantizar un contrato de enrolamiento por escrito firmado por el armador y
por la gente de mar (artículo 3, párrafo 1, del Convenio); ii) garantizar las condiciones para que los marinos puedan
examinar y comprender las cláusulas de su contrato de enrolamiento (artículo 3, párrafos 1 y 4); iii) exigir que el contrato
de enrolamiento indique claramente los derechos y obligaciones de ambas partes y comprenda datos fundamentales tales
como el salario percibido, las vacaciones anuales o el derecho a poner fin a la contratación (artículo 6, párrafos 2 y 3);iv) permitir a ambas partes dar por terminado un contrato de enrolamiento por duración indeterminada en un puerto decarga o de descarga del buque, a condición de que se observe el plazo de aviso convenido (artículo 9, párrafo 1);v) determinar las circunstancias en las que la gente de mar podrá solicitar su desembarco inmediato (artículo 12), yvi) asegurar al marino el derecho de obtener del capitán un certificado separado que califique la calidad de su trabajo oque, por lo menos indique si ha satisfecho totalmente las obligaciones de su contrato (artículo 14, párrafo 2).
La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno se refiere a la Ley Orgánica del Trabajo, losTrabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), de 30 de abril de 2012, la cual incluye, en el Título IV sobre las modalidades
especiales de condiciones de trabajo, una sección especial relativa al trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre.
La Comisión toma nota, en particular, del artículo 246 de la LOTTT, el cual prevé que, cuando el contrato de trabajo no secelebre por escrito, para que se entre a prestar servicio en un buque bastará la inclusión del trabajador o de la trabajadora
en el rol de tripulantes del buque, o el simple aprovechamiento de sus servicios. A este respecto, la Comisión recuerda que
el artículo 3, párrafo 1, del Convenio, establece que el contrato de enrolamiento debe celebrarse por escrito y ser firmado

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Gente de mar

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar,1958 (núm. 108) (ratificación: 1995)

GENTE DE MAR

por el armador y por la gente de mar. Además, el artículo 246 de la LOTTT establece algunas cláusulas obligatorias quetienen que ser incorporadas al contrato las que, sin embargo, no incluyen los datos previstos en el artículo 6 del Convenio.
La Comisión toma nota asimismo del artículo 247 de la LOTTT relativo al contrato por viaje, según el cual dicho
contrato abarcará el tiempo comprendido desde la contratación del trabajador o de la trabajadora hasta la conclusión de lasoperaciones del buque en el puerto que se convenga. No obstante, el mismo artículo de la LOTTT establece que, cuando
no se haya determinado el puerto al que deba restituirse el trabajador o la trabajadora, se tendrá preestablecido el del lugar
donde se efectúa el contrato de trabajo. A este respecto, la Comisión recuerda que, en virtud de los párrafos 3 y 10, b), delartículo 6 del Convenio, un contrato celebrado por un viaje tiene que indicar obligatoriamente su terminación y más
específicamente: i) el puerto de destino, y ii) el tiempo que deberá transcurrir después de la llegada para que el interesado
pueda ser licenciado. La Comisión toma nota asimismo del artículo 267 de la misma ley, que prevé que las normas que
rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de transporte marítimo, fluvial o lacustre serán
establecidas en una ley especial. La Comisión observa sin embargo que al parecer dicha ley especial no ha sido adoptada
todavía. La Comisión observa, en consecuencia, que la legislación nacional no da efectivo cumplimiento a la totalidad delas disposiciones del Convenio. Al tiempo que recuerda la importancia para los marinos de la protección prevista en el
Convenio, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias para dar
aplicación a sus disposiciones.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: elConvenio núm. 8 (Colombia, Costa Rica, Dominica, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Iraq,
Islas Salomón, Jamaica, Países Bajos: Aruba, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Jersey, Reino Unido: Montserrat,
Santa Lucía, Sri Lanka); el Convenio núm. 9 (Camerún, Colombia, Francia: Tierras australes y antárticas francesas,
México, Países Bajos: Aruba); el Convenio núm. 16 (Camerún, Costa Rica, Dominica, Francia: Tierras australes yantárticas francesas, Guatemala, Islas Salomón, Jamaica, México); el Convenio núm. 22 (Brasil, Colombia, Cuba,
Djibouti, Francia: Polinesia Francesa, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Iraq, Mauritania, Países Bajos:
Aruba, Reino Unido: Anguilla); el Convenio núm. 23 (Azerbaiyán, Colombia, Djibouti, Francia: Tierras australes
y antárticas francesas, Iraq, Mauritania, Países Bajos: Aruba, Reino Unido: Anguilla); el Convenio núm. 53 (Francia:
Tierras australes y antárticas francesas, Mauritania); el Convenio núm. 55 (Djibouti); el Convenio núm. 56 (Argelia,
Djibouti, México); el Convenio núm. 58 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Mauritania); el Convenio
núm. 68 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 69 (Djibouti, Francia:
Polinesia Francesa, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau, Países Bajos: Aruba, Reino Unido:
Jersey); el Convenio núm. 71 (Djibouti, Grecia, Italia, Noruega, Panamá); el Convenio núm. 73 (Francia: Tierras
australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 74 (Angola, Francia: Tierras australes y antárticas
francesas, Guinea-Bissau, Países Bajos: Aruba, Reino Unido: Jersey); el Convenio núm. 91 (Angola, Argelia,
Guinea-Bissau); el Convenio núm. 92 (Azerbaiyán, China: Región Administrativa Especial de Macao, Francia: Tierras
australes y antárticas francesas, Iraq, República de Moldova); el Convenio núm. 108 (Barbados, Bulgaria, Camerún,
China: Región Administrativa Especial de Macao, Cuba, Eslovenia, Estonia, Fiji, Guatemala, Guinea-Bissau, India,
República Islámica del Irán, Irlanda, Islas Salomón, Italia, Malta, Reino Unido, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido:
Gibraltar, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía); el Convenio núm. 133 (Azerbaiyán, Brasil, Francia: Tierras
australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 134 (Azerbaiyán, Francia: Tierras australes y antárticas francesas);el Convenio núm. 145 (Costa Rica, Países Bajos: Aruba); el Convenio núm. 146 (Brasil, Camerún, Francia: Tierras
australes y antárticas francesas, Iraq, Países Bajos: Aruba); el Convenio núm. 147 (Argelia, Azerbaiyán, Costa Rica,
Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Iraq, Países Bajos: Aruba, Trinidad y Tabago); el Convenio núm. 163(Brasil, Eslovaquia, Georgia, Guatemala); el Convenio núm. 164 (Brasil, Eslovaquia); el Convenio núm. 166 (Brasil,
Guyana); el Convenio núm. 178 (Brasil); el Convenio núm. 186 (Alemania, Bahamas, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca: Islas Feroe, España, Francia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Reino Unido: Isla de Man, Federaciónde Rusia, Suecia).
La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una
solicitud directa sobre: el Convenio núm. 16 (Azerbaiyán, Brasil, Chile, Francia: Polinesia Francesa, Guinea, Iraq,
Sri Lanka); el Convenio núm. 53 (Brasil, México); el Convenio núm. 58 (Reino Unido: Santa Elena, Sri Lanka);el Convenio núm. 69 (Argelia); el Convenio núm. 73 (Francia: Polinesia Francesa); el Convenio núm. 92 (Brasil);el Convenio núm. 108 (República Checa, Honduras, Islandia, México, Noruega, Reino Unido: Isla de Man);el Convenio núm. 134 (Brasil); el Convenio núm. 145 (Brasil, Francia: Polinesia Francesa).

580

PESCADORES

Pescadores
Sierra Leona
Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores,
1966 (núm. 125) (ratificación: 1967)
La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículos 3 a 15 del Convenio. Certificados de competencia. La Comisión ha realizado comentarios durante bastantes
años sobre la falta de legislación que dé efecto al Convenio. El Gobierno afirma en su memoria comunicada en 2004 que se haprogresado a este respecto y que se organizó un taller nacional sobre la elaboración de políticas de pesca. Asimismo, el Gobierno
indica, en su última memoria, que tan pronto como se hayan adoptado se comunicarán a la OIT copias de los nuevos textos
legislativos y de los textos que prevean la nueva política. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada
sobre los resultados del taller nacional encargado de elaborar la política de pesca y sobre todos los progresos concretos
realizados en lo que respecta a la adopción de leyes nacionales para dar aplicación al Convenio. La Comisión considera que la
Oficina está preparada para ofrecer asesoramiento y responder favorablemente a toda petición específica de asistencia técnica aeste respecto. Por último, la Comisión le ruega al Gobierno proporcionar información actualizada sobre la industria de lapesca, incluidas estadísticas sobre la composición y capacidad de la flota pesquera del país y el número aproximado depescadores remunerados empleados en el sector.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

Solicitudes directas

Pescadores

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 112 (Mauritania); el Convenio núm. 113 (Guinea); el Convenio núm. 125 (Djibouti); el Convenio núm. 126(Sierra Leona).

581

TRABAJADORES PORTUARIOS

Trabajadores portuarios
GuineaConvenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios),
1979 (núm. 152) (ratificación: 1982)
La Comisión lamenta topar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su profunda
preocupación a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L/2014/072/CNT, de 10 de enero de 2014).
La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completode la nueva legislación.
Artículo 6, párrafo 1, apartados a) y b), del Convenio. Medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores
portuarios. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los artículos 170 y 172 del Código del Trabajo, que imponen
una obligación general a los asalariados de utilizar correctamente las disposiciones de higiene y seguridad así como una
obligación a los jefes de establecimientos para que organicen formaciones prácticas apropiadas en materia de seguridad y saludpara los trabajadores, aseguran la aplicación del artículo 6, párrafo 1, a) y b), del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que
indique detalladamente las medidas adoptadas para garantizar que las disposiciones generales se apliquen a los trabajadores
portuarios.
Artículo 7. Consultas con los empleadores y los trabajadores. La Comisión toma nota de la información transmitida por
el Gobierno en lo que respecta a los artículos 288 y 290 del Código del Trabajo que prevén la creación de una comisión
consultiva que tenga por mandato, entre otros, emitir opiniones y formular propuestas y resoluciones en cuanto a la legislación yla reglamentación en materia de trabajo y leyes sociales. La Comisión ruega al Gobierno que transmita información sobre laaplicación práctica de las medidas adoptadas para garantizar la colaboración entre los trabajadores y los empleadores,
previstas por el artículo 7 del Convenio.
Artículo 12. Lucha contra incendios. La Comisión toma nota de que los artículos 71, 72 y 76 del Código de la Marina
Mercante tratan brevemente la cuestión relativa a los sistemas y dispositivos de protección contra incendios, pero solamente en elcontexto de la inspección de buques que efectúan viajes internacionales. La Comisión ruega al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para garantizar que los medios apropiados y suficientes de lucha contra incendios se ponen a disposición para serutilizados donde se efectúan los trabajos portuarios.
Artículo 32, párrafo 1. Cargas peligrosas. La Comisión toma nota de que el artículo 174 del Código del Trabajo
establece, en general, que los vendedores o distribuidores de sustancias peligrosas y los jefes de establecimientos en los que seutilizan están obligados a marcar y etiquetar esas sustancias. La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas
para garantizar la aplicación práctica de esta disposición general en el sector portuario.
La Comisión toma nota de que la información transmitida por el Gobierno en su memoria de mayo de 2005 relativa a laaplicación de los artículos 16, 18, 19, párrafo 1, 29, 30, 35 y 37, es de orden general y no permite que la Comisión valore si laaplicación se garantiza en el sector portuario. La Comisión ruega al Gobierno que aclare cuáles son las medidas adoptadas
para garantizar la aplicación de los artículos 16, 18, 19, párrafo 1, 29, 30, 35, y 37 del Convenio y que adjunte una copia delas leyes y reglamentos nacionales pertinentes.
La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde a su solicitud de información precisa realizada en lasolicitud directa anterior en cuanto a la aplicación de los artículos 19, párrafo 2, y 33 del Convenio. La Comisión ruega al
Gobierno que transmita la información solicitada así como información sobre las medidas adoptadas en relación con laaplicación de estos artículos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria no aporta aclaraciones en cuanto a las medidas adoptadas para
dar efecto a los artículos 6, párrafo 1, c), 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, párrafos 2 a 5, y 34
del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que adopte medidas para garantizar la aplicación de estos artículos y que
comunique información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

GuyanaConvenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137)
(ratificación: 1983)
La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en septiembre de 2002, según la cual no se
han producido cambios en la aplicación del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione una evaluación
general de la forma en la que el Convenio se aplica en la práctica, incluyendo, por ejemplo, extractos de informes de lasautoridades encargadas de la aplicación de las leyes y reglamentos, y la información disponible sobre el número detrabajadores portuarios registrados, de conformidad con el artículo 3 del Convenio y sobre los cambios que se produzcan alrespecto (parte V del formulario de memoria).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas
necesarias.

583

Trabajadores portuarios

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Expresa su preocupación a este
respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

TRABAJADORES PORTUARIOS

Portugal
Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137)
(ratificación: 1981)
Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)
En su 324.ª reunión (junio de 2015), el Consejo de Administración confió a la Comisión de Expertos el seguimientode las cuestiones planteadas en el informe del comité tripartito que atendió la reclamación incoada por el Sindicato deEstibadores, Manipuladores de Carga y Apuntadores Marítimos del Centro y el Sur de Portugal, el Sindicato XXI –Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos, Técnicos y Operarios de Terminales de Carga de Contenedores delPuerto de Sines, el Sindicato de Trabajadores del Puerto de Aveiro y el Sindicato de Estibadores, Manipuladores de Cargay Apuntadores Marítimos del Puerto de Caniçal alegando el incumplimiento por Portugal del Convenio núm. 137(documento GB.324/INS/7/8, de 13 de junio de 2015). Luego de haber analizado las circunstancias en las que se realizó lareforma del trabajo portuario de 2013, el comité tripartito alentó al Gobierno a seguir fomentando el diálogo social en
futuras reformas del sector portuario. Dando seguimiento a las conclusiones y las recomendaciones del comité, laComisión de Expertos pide al Gobierno que presente informaciones sobre la aplicación de la ley núm. 3/2013 sobre el
trabajo portuario y aquellas otras medidas que se hayan adoptado en un marco tripartito para continuar mejorando lascondiciones de trabajo y la eficacia de los puertos (párrafo 57 del informe). La Comisión también pide al Gobierno que
proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas por las autoridades competentes y las organizaciones deempleadores signatarias del acuerdo de 12 de septiembre de 2012 para la aplicación del nuevo régimen jurídico delsector portuario y que incluya datos estadísticos comparados actualizados sobre la cantidad de trabajadores portuarios
en el país, desglosados por edad y sexo, incluyendo el número de trabajadores portuarios temporales u ocasionales(párrafo 83). Sírvase también indicar las medidas adoptadas para poner en consonancia los convenios colectivos en
vigencia en los distintos puertos del país con el nuevo marco jurídico del trabajo portuario previsto en la ley
núm. 3/2013 (párrafo 84).
[Se pide al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones:el Convenio núm. 27 (Burundi); el Convenio núm. 137 (Brasil, Noruega); el Convenio núm. 152 (Ecuador).

584

Pueblos indígenas y tribales
Argentina
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 2000)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) y de laConfederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA) recibidas el 1.º y 2 de septiembre de 2015,
respectivamente.
Artículos 6 y 15 del Convenio. Consulta. En relación con las observaciones de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) formuladas en 2012, en las cuales la OIE había expresado su preocupación por las dificultades en laaplicación e interpretación del requisito de la consulta previa, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su
memoria que entiende la razonabilidad del planteamiento de la OIE en el sentido de que se debe disponer de lascondiciones previas necesarias para alcanzar un cumplimiento efectivo del Convenio. El Gobierno indica además que losespacios de consulta se construyen progresivamente considerando que se trata de un proceso que requiere de medianos alargos plazos. El Gobierno declara que el Convenio es un estándar a alcanzar para el cual deben crearse los consensos
necesarios, los ámbitos y los instrumentos para su implementación. La Comisión toma nota de que, por su parte, la CTA
Autónoma expresa su preocupación por la falta de medidas legislativas adecuadas que garanticen el respeto de losderechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y faciliten la consulta previa. La Comisión pide al
Gobierno que continúe informando sobre la evolución de los procedimientos de consulta así como sobre la manera enque se han salvaguardado los derechos de los pueblos indígenas, y en particular sus derechos a los recursos naturales.
Artículos 6 y 7. Consejo de Participación Indígena. En relación con el funcionamiento del Consejo deParticipación Indígena (CPI), el Gobierno indica que la reforma al Reglamento de funcionamiento del Consejo deParticipación Indígena fue aprobada mediante la resolución núm. 737/2014 adoptada por el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) el 5 de agosto de 2014. La Comisión toma nota con interés que mediante dicha reforma se reconoce al
CPI como una instancia de consulta de las comunidades de los diversos pueblos indígenas que habitan en la Argentina. En
relación con la preocupación expresada por la CTA Autónoma sobre la representatividad del CPI, la Comisión toma notaque, según el Gobierno, entre julio de 2013 y junio de 2015, el INAI convocó a 635 comunidades para la elección derepresentantes del CPI, el cual quedó integrado por 134 representantes pertenecientes a 33 pueblos. El Gobierno indica
que la Mesa de coordinación nacional del CPI ha conformado seis comisiones de trabajo donde se discuten, entre otros
temas, asuntos relacionados con la política y legislación indígenas, el relevamiento territorial, la personería jurídica, el«buen vivir» (salud, educación, vivienda), las cooperativas y las condiciones de vida. La Comisión pide al Gobierno que
continúe presentando informaciones sobre la manera en que en el marco del CPI se asegura la consulta yparticipación de los pueblos indígenas.
Artículo 14. Tierras. En relación con la inclusión de la propiedad comunitaria indígena en la legislación nacional,la Comisión toma nota con interés de que el artículo 9 de la ley núm. 26994, publicada el 8 de octubre de 2014, por la que
se aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación dispuso que «los derechos de los pueblos indígenas, en particular la
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano, serán objeto de una ley especial». Además, el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación estableceque «Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional». El Gobierno indica que, luego deun análisis y debate que se realizó entre febrero y julio de 2015 en un proceso en el cual se efectuaron reuniones de trabajo
con los gobiernos provinciales, los representantes de las comunidades indígenas, el Consejo de Coordinación, el
Encuentro de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios y la Unión del Pueblo Diaguita de Tucumán, se formuló
un anteproyecto de ley de instrumentación de la propiedad indígena. Dicho anteproyecto fue conocido por el plenario
nacional del CPI en julio de 2015 y va a ser presentando ante el Poder Legislativo. La Comisión pide al Gobierno que
informe sobre el impacto que haya tenido el Código Civil y Comercial de la Nación para promover los derechos de lospueblos indígenas, así como sobre la evolución del proyecto de ley especial de la propiedad indígena.
Relevamiento y regularización de tierras. El Gobierno indica que el Programa Nacional de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas se está implementando mediante la celebración de convenios y a través de lamodalidad de coejecución en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Neuquén y Río Negro.
En las provincias donde no existe un convenio, así como en comunidades con conflictos que ameriten tratamiento
prioritario, el relevamiento catastral se realiza a través de la modalidad de ejecución centralizada. La Comisión toma nota
con interés de las informaciones transmitidas por el Gobierno de que se han relevado aproximadamente
7 193 789 hectáreas, lo cual corresponde a casi el 80 por ciento de la cantidad de hectáreas estimadas inicialmente ycomprende un total de 662 comunidades distribuidas en 20 provincias. La Comisión pide al Gobierno que continúe
presentando informaciones actualizadas sobre los procesos de relevamiento y regularización de tierras comunitarias
indígenas en cada una de las provincias del país.

585

Pueblos indígenas y tribales

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALESPUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES

Provincia de Formosa. Comunidad Qom Navogoh La Primavera. Demarcación de tierras. La CGT RA
manifiesta su preocupación en relación con la situación de la comunidad Qom Navogoh y expresa su esperanza de que lasautoridades nacionales y provinciales reciban a los miembros de la comunidad y que se esclarezcan las denuncias
vinculadas con la ocupación de terrenos de la comunidad para construir complejos de viviendas sin respetar las pautas
culturales de dicha comunidad. El Gobierno indica que, entre julio y diciembre de 2013, se realizó el relevamiento
territorial en la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh, pero sólo una parte de la comunidad ha avalado el resultado
obtenido. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la manera en que se aplican las disposiciones del Convenio
en Formosa y se protegen los derechos de la comunidad Qom Navogoh. La Comisión pide también al Gobierno que
presente indicaciones sobre la evolución de los casos que se encuentren ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en relación con los conflictos de tierras que afectan a la comunidad Qom Navogoh.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bangladesh
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales,
1957 (núm. 107) (ratificación: 1972)
Artículos 2 y 3 del Convenio. Aplicación del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts (CHT), 1997. La
Comisión toma nota de que, el Gobierno indica en su memoria que 30 departamentos u oficinas gubernamentales se hantransferido a los consejos de distrito de Rangamati y Khagrachari, y 28 departamentos u oficinas gubernamentales alconsejo de distrito de Bandarban. El Gobierno resalta su compromiso con la plena aplicación del Acuerdo de Paz (CHT).
La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas para concluir laaplicación del Acuerdo de Paz (CHT), 1997. Sírvase también incluir información actualizada sobre la aplicación de lassiguientes disposiciones del Acuerdo de Paz, de las que la Comisión tomó nota en comentarios anteriores, a saber: a) latransferencia de autoridad para el nombramiento de los agentes de policía local a los consejos de distrito (cláusula B,
artículo 24); b) la transferencia a los consejos de distrito de las funciones y responsabilidades en relación con lascuestiones que figuran en la cláusula B, artículo 34; c) la armonización del Reglamento de Chittagong Hill Tracts, de1900, y las normas afines, con la Ley del Consejo Local, de 1989 (cláusula C, artículo 11), y d) la anulación de losacuerdos de arrendamiento de tierras para plantaciones de caucho y otros cultivos a poblaciones no tribales o no
locales que no han utilizado las tierras durante el período especificado en el Acuerdo de Paz (cláusula D, artículo 8).
Artículo 5. Colaboración y participación. El Gobierno indica que las comunidades étnicas participan en laelaboración y aplicación de las medidas que les afectan a través del Consejo de desarrollo de CHT. Los líderes de lascomunidades étnicas desempeñan un papel destacado tanto en los tres consejos de distrito como en el Consejo regional de
CHT, que están llevando a cabo proyectos y actividades de desarrollo que tienen un impacto en la situación cultural,social, religiosa y educativa de las comunidades indígenas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione otros
ejemplos sobre la participación y colaboración de las comunidades indígenas en el Consejo de desarrollo de CHT,
incluida información sobre la manera en que se brindan a dichas comunidades oportunidades de llevar a cabo sus
propias iniciativas. Sírvase también proporcionar información sobre los progresos realizados en la adopción de lapolítica nacional en materia de pueblos indígenas.
Artículos 11 a 14. Derechos a la tierra. El Gobierno indica que aún no se han aprobado las enmiendas a la Ley
sobre la Comisión de Resolución de Conflictos de la Tierra en CHT, de 2001. Las enmiendas propuestas se enviaron al
Parlamento para que las examinará en su décima reunión, en 2015. El Gobierno añade que la Comisión de Resolución de
Conflictos de la Tierra en CHT se restableció en 2014, y que el Ministerio de Tierras ha propuesto una política nacional detierras. El Gobierno hace hincapié en que las comunidades étnicas no tienen dificultades para realizar el cultivo itinerante
tradicional («jum») y señala que los líderes comunitarios han participado en la creación de capacidades para realizar este
tipo de cultivo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el funcionamiento de la Comisión de
Resolución de Conflictos de la Tierra en CHT y sobre los mecanismos establecidos para la participación de lascomunidades indígenas en dicha Comisión, incluyendo una copia de la ley mencionada en su tenor modificado.
Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizarque los derechos a la tierra de las comunidades indígenas, incluidos los derechos a la tierra de las comunidades
indígenas de las llanuras, se reconocen completamente y se protegen de manera eficaz. Sírvase asimismo transmitir
información sobre las medidas adoptadas para investigar los casos de usurpación de tierras indígenas.
Perspectivas de ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). En respuesta a loscomentarios anteriores de la Comisión sobre las perspectivas de ratificación del Convenio núm. 169, el Gobierno indica
que esta cuestión se está examinando. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre toda evolución alrespecto.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

586

BrasilConvenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 2002)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la
Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015.
Artículo 2, párrafo 2, b), del Convenio. Medidas para promover la plena efectividad de los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas transmitidas
por el Gobierno en su memoria sobre el Programa Bolsa Familia (PBF), un programa de transferencia directa de renta que
beneficia a familias en situación de pobreza y de extrema pobreza en todo el país, cuya renta familiar por persona es
inferior a 77 reales mensuales. En julio de 2015, se habían identificado a 140 256 familias como indígenas de las cuales
111 167 son beneficiarias del PBF, lo que corresponde a 448 250 personas (según el censo poblacional de 2010, lospueblos indígenas suman 896 917 personas). El Gobierno indica que, remitiéndose al criterio del «autoreconocimiento»
establecido en el Convenio, el PBF desarrolló un registro único de la población que permite identificar a 17 grupos
tradicionales entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas, las comunidades gitanas
y aquellos grupos pertenecientes a comunidades territoriales. El PBF desarrolla una «búsqueda activa» de las familias para
ofrecerles el registro en el PBF y explicar los beneficios y sus consecuencias. La Secretaría Nacional de Renta Ciudadana(SENARC), responsable del PBF, concluyó con la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) un acuerdo de cooperaciónpara realizar tareas conjuntas destinadas a incluir a las familias indígenas en el PBF y asegurar el acompañamiento de lasfamilias beneficiarias. La Comisión toma nota con interés de la información transmitida y saluda al Gobierno por el
enfoque del Programa Bolsa Familia que implica un progreso en la aplicación del Convenio. La Comisión pide al
Gobierno que continúe transmitiendo informaciones sobre el impacto del Programa Bolsa Familia para promover laplena efectividad de los derechos sociales y económicos de los pueblos indígenas. Sírvase también indicar la manera enque los pueblos indígenas y los otros grupos beneficiarios participan en el desarrollo del PBF, en particular en
relación con los servicios de salud y de educación que reciben las familias beneficiarias del PBF.
Artículos 6, 7, 15 y 16. Consultas. El Gobierno indica que, a nivel de las autoridades federales, no hay
divergencias en cuanto a la autoaplicabilidad del Convenio, al que se lo reconoce como un importante instrumento de
defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En relación con la reglamentación del derecho a la consulta que se había
iniciado en enero de 2012, el Gobierno informa que se fueron ampliando los plazos y que, con las comunidades
quilombolas, se realizaron nueve reuniones informativas. Por su parte, las comunidades indígenas interrumpieron las
negociaciones cuando el Abogado General de la Unión dictó la resolución núm. 303, el 16 de julio de 2012, mediante lacual se pretendió aplicar a todos los territorios indígenas las «salvaguardias» que el Supremo Tribunal Federal (STF) había
establecido en una acordada de 19 de marzo de 2009 (pet. 3388), en el litigio planteado en la Tierra Indígena Raposa Serrado Sol (estado de Roraima) en relación con los conflictos territoriales y la seguridad pública, las explotaciones mineras,los derechos ambientales y el usufructo del suelo. La Comisión toma nota que, el 23 de octubre de 2013, el STF dictaminó
que las condiciones establecidas en su decisión de marzo de 2009 eran solamente aplicables a la Tierra Indígena Raposa
Serra do Sol. La Comisión también toma nota que la mencionada decisión no constituye un precedente obligatorio para
otros casos aunque «sirva como directriz importante para las autoridades del Estado — y no solamente al Poder Judicial— cuando tengan que resolver cuestiones similares» (acordada del plenario del STF, de 23 de octubre de 2014, pet. 3388
Roraima, agregada a la memoria del Gobierno). El Gobierno reconoce que las condiciones han sido desfavorables paracontinuar el proceso de negociación con los pueblos indígenas y que la Secretaría General de la Presidencia busca retomar
el diálogo y establecer una agenda positiva. Teniendo en cuenta el proceso desarrollado para la consulta de la Usina
Hidroeléctrica Tapajós, el Gobierno analiza la posibilidad de proponer, partiendo de un caso práctico, un eventual
mecanismo de consulta. En sus observaciones, la CNI y la OIE se remiten al artículo 231 de la Constitución Política de1988 que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan y la protección de sus
derechos. La CNI y la OIE expresan su preocupación en relación con el impacto sobre las empresas que puedan tener las
decisiones que afectan a las comunidades indígenas y al hecho de que falta actualmente una reglamentación delmecanismo de consulta previsto en el Convenio lo que genera inseguridad jurídica para las empresas. La Comisión pide al
Gobierno que redoble sus esfuerzos para establecer procedimientos apropiados y que pueda incluir una
reglamentación que permita el ejercicio del derecho a la consulta y a la participación que requiere el Convenio y que
continúe informando sobre las negociaciones con los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas al respecto.
Sírvase informar sobre la manera en que se desarrolla una práctica que asegura la efectiva participación de lospueblos indígenas en las decisiones susceptibles de afectarles directamente y se da pleno efecto a todas lasdisposiciones correspondientes del Convenio.
Recursos naturales. Construcción de una usina hidroeléctrica en el Río Cotingo (Roraima). El Gobierno
transmite en su memoria el dictamen del relator de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Congreso
Nacional, adoptado el 12 de marzo de 2015, en el que se pronunció por la inconstitucionalidad del proyecto de decreto
legislativo núm. 2540/2006 que tramita la autorización de una usina hidroeléctrica en la región del Río Cotingo, y por
ende, no hay perspectivas de que el Poder Legislativo apruebe dicho proyecto en el corto plazo. Asimismo, la Comisión
toma nota de que el proyecto de usina hidroeléctrica en la región del Río Cotingo no figura en los planes nacionales de587

Pueblos indígenas y tribales

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALESPUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES

energía, lo cual también, debido a la ausencia de la autorización gubernamental, hace imposible que se inicie el proyecto.
Por su parte, el Gobierno declara que los nuevos emprendimientos deben ser objeto de consulta con los pueblos
susceptibles de ser afectados directamente, mediante procedimientos apropiados y, particularmente, a través de lasinstituciones representativas. La Comisión se refiere a las negociaciones en curso para reglamentar los procedimientos
de consulta, y pide al Gobierno que continúe presentando informaciones que permitan asegurar que todo proyecto que
afecte a las tierras indígenas haya sido sometido a consultas plenas con los pueblos afectados y que sus puntos de vista,
prioridades e intereses han sido tenidos en cuenta al momento de adoptar decisiones al respecto. La Comisión reitera
su esperanza de que los pueblos interesados colaborarán en los estudios de impacto que se efectúen de conformidadcon el Convenio y que participarán en los beneficios que reporten los nuevos emprendimientos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Centroafricana
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 2010)
Artículo 3 del Convenio. Derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En su
memoria, el Gobierno se refiere a las disposiciones de la ley núm. 13001, de 18 de julio de 2013, por la que se aprueba la
Carta Constitucional de Transición. En sus comentarios anteriores, la Comisión hizo hincapié en la violencia de la que son
víctimas las personas pertenecientes a los pueblos Aka y Mbororo, protegidos por el Convenio, y en el empeoramiento dela inseguridad y de las tensiones entre unas comunidades y otras. La Comisión toma nota de que, el 28 de abril de 2015, elConsejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2217 (2015) en la que toma nota con preocupación deque la seguridad sigue siendo precaria en la República Centroafricana y condena las violaciones generalizadas de losderechos humanos y los abusos que se cometen contra las minorías. La Comisión expresa de nuevo su profunda
preocupación por los actos de violencia de los que son víctimas las comunidades indígenas del país, que han conducido aque muchos pastores, especialmente Mbororo, se exilien a los países limítrofes. La Comisión insta a todas las partes a norecurrir a la violencia y a restablecer el diálogo entre las diferentes comunidades. Al igual que el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, la Comisión recuerda que son las autoridades de la República Centroafricana las que tienen
que proteger a todas las poblaciones del país, y pide de nuevo a las autoridades nacionales de transición que redoblen
sus esfuerzos para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las pueblos indígenas, y especialmente delos niños y las mujeres de las comunidades Aka y Mbororo. La Comisión expresa asimismo el deseo de que la OIT
ayude a encontrar una solución duradera en la que se tengan suficientemente en cuenta las normas internacionalesdel trabajo.

Colombia
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1991)
La Comisión toma nota de las observaciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
recibidas el 1.º de septiembre de 2015; de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 2 deseptiembre de 2015; de la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 2 de septiembre de 2015, y de laConfederación de Trabajadores de Colombia (CTC), recibidas el 29 agosto y 4 de septiembre de 2015; así como de la
respuesta del Gobierno a dichas observaciones.
Artículo 4 del Convenio. Derechos humanos. Planes de salvaguardia étnica. El Gobierno incluye en su
memoria informaciones detalladas sobre los planes de salvaguardia étnica de 32 pueblos afectados por el conflicto armado
interno, adoptados para dar cumplimiento a lo dispuesto en el auto núm. 004 de 2009 de la Corte Constitucional. La
Comisión toma nota de que los planes han sido sometidos a preconsulta y socialización con las comunidades interesadas.
La CTC y la CUT indican que las comunidades indígenas demandan la adopción de medidas de protección ante amenazas
contra su vida y cultura y expresan su preocupación por la demora en la ejecución de los planes de salvaguardia étnica.
Según las indicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, transmitidas por la CTC, aún se siguen
generando desplazamientos del pueblo Emberá en el departamento de Chocó. La CTC agrega que la situación de lospueblos indígenas ubicados en el corredor del Pacífico es de extrema vulnerabilidad. En su respuesta, el Gobierno indica
que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior está tomando acciones para avanzar
eficaz y eficientemente en la salvaguardia de los pueblos indígenas. La Comisión pide al Gobierno que continúe
presentando informaciones sobre la ejecución de los planes de salvaguardia étnica y su impacto, en particular para laprotección de los pueblos indígenas más vulnerables.
Protección de los derechos fundamentales y restitución de territorios colectivos de las comunidades indígenas yafrodescendientes. La Comisión toma nota de las informaciones actualizadas transmitidas por el Gobierno sobre lasmedidas adoptadas en cumplimiento de la sentencia núm. T-025 de 2004 de la Corte Constitucional para restituir lastierras ancestrales de las comunidades afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó. La Comisión toma nota de loscensos realizados para identificar a los miembros de las comunidades afectadas y de los estudios que se están efectuando
588

para evaluar su situación socioeconómica. La Comisión también toma nota con interés de dos sentencias de restitución detierras, agregadas por el Gobierno en su memoria: la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2014 por la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia mediante la cual se restituyeron
56 405 hectáreas a favor de la comunidad Embera Katío del resguardo Andágueda, y la sentencia dictada, el 1.º de julio de2015, por el Juzgado Primero de lo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en Popayán ordenando larestitución de 71 149 hectáreas ubicadas en el municipio de Timbiquí, departamento del Cauca, a favor del Consejo
Comunitario Renacer Negro. El Gobierno indica que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas hasolicitado medidas cautelares para la protección de 16 territorios pertenecientes a comunidades indígenas yafrodescendientes. La CUT y la CTC indican que subsisten conflictos sobre restitución de tierras a las comunidades Nasadel norte del Cauca. En su respuesta, el Gobierno indica que, en cumplimiento de los acuerdos de reparación de lascomunidades indígenas del norte del Cauca, adquirió tierras para los resguardos de Canoas, Corinto, Guadualito, Jambaló,
Huellas, La Cilia, La Concepción, Las Delicias y Munchique – Los Tigres. La Comisión también toma nota de que, en
febrero de 2015, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural presentó ante los representantes de las comunidades
indígenas del norte del Cauca una propuesta de proyecto para la construcción y mejoramiento de viviendas rurales, comocompensación al retraso en el cumplimiento de las reparaciones. La Comisión pide al Gobierno que continúe
informando sobre los avances de los procesos de restitución de territorios colectivos a las comunidades indígenas yafrodescendientes. Sírvase continuar informando sobre el impacto de las medidas adoptadas en relación con losprocesos de reparación del pueblo Nasa así como las actividades emprendidas para asegurar su integridad personal ycultural.
Artículo 5. Protección de los pescadores raizales artesanales. El Gobierno indica que se incorporó el artículo 131
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (ley núm. 1753, de 2015) que dispone sobre la preparación de un Estatutodel Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el marco de aplicación del Convenio yla Declaración de la Reserva de Biosfera Seaflower de la UNESCO. El Gobierno indica también que se elaboró un Plan deApoyo a la Pesca Artesanal con la participación de representantes de las asociaciones de pescadores de San Andrés. En
materia de educación, el Gobierno ha suscrito un contrato con la organización Living in English Corporation para eldiseño de un proyecto etnoeducativo dirigido a las comunidades raizales que contempla la participación de lasorganizaciones representativas de dichas comunidades en su ejecución. La ANDI subraya que el Gobierno viene
ejecutando en las islas de San Andrés y Providencia obras en materia de educación, infraestructura, transporte, provisiónde servicios públicos y medio ambiente, las cuales fueron definidas en conjunto con las comunidades raizales. Por su
parte, la CGT indica que las consultas realizadas se han concentrado en las comunidades raizales de San Andrés y que sedebe fortalecer la participación de los pueblos raizales de Providencia y Santa Catalina. La Comisión pide al Gobierno
que continúe informando sobre el impacto de las medidas adoptadas para asegurar condiciones de vida y de trabajo
adecuadas para los pueblos raizales.
Artículos 6, 7 y 15. Consulta y participación. Recursos naturales. La Comisión toma nota del documento
CONPES 3762, aprobado el 20 de agosto de 2013 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que había sido
mencionado por la CGT en sus observaciones. El documento CONPES 3762 establece los lineamientos de la política parael desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES), incluyendo la participación y diálogo con las
comunidades previo al otorgamiento de licencias ambientales de proyectos de interés nacional y estratégicos. El Gobierno
sostiene que el documento CONPES 3762 busca fortalecer la eficiencia y eficacia del ejercicio del derecho fundamental ala consulta previa. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la manera en que se asegura la consulta yparticipación de los pueblos indígenas que requiere el Convenio en los proyectos presentados y monitoreados por elConsejo Nacional de Política Económica y Social que los afecten directamente.
Artículo 15. Consulta previa a la realización de proyectos. La Comisión toma nota con interés de la adopción deldecreto núm. 2613, de 20 de noviembre de 2013, por el cual se adoptó el protocolo de coordinación interinstitucional parala consulta previa. El protocolo tiene como objetivo facilitar el enlace entre las entidades públicas responsables ygarantizar la circulación de información que sirva de soporte para la certificación de la presencia de comunidades étnicas
para la celebración de la consulta previa. La Dirección de Consulta Previa (DCP) del Ministerio del Interior ejercerá lacompetencia exclusiva de certificación de presencia de comunidades étnicas. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural(INCODER) debe suministrar a la DCP la información relativa a los resguardos legalmente constituidos y en proceso deconstitución de comunidades indígenas y de los títulos colectivos de las comunidades negras. El protocolo además prevé
que los representantes de las comunidades indígenas integren el comité de seguimiento para la verificación de loscompromisos adquiridos en la consulta. La Comisión también toma nota con interés de la adopción de la directiva
presidencial núm. 10, de 7 de noviembre de 2013, que contiene la guía para la realización de consulta previa con
comunidades étnicas. De acuerdo a la directiva presidencial núm. 10, el proceso de consulta contempla cinco etapas:
1) certificación de presencia de comunidades en base a los criterios del Convenio; 2) coordinación y preparación de laconsulta, con la participación de las comunidades; 3) preconsulta; 4) consulta previa, y 5) seguimiento de acuerdos. En elproceso de consulta, la DCP recibe el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. La
guía establece además que la consulta tiene como fin el diálogo entre el Estado, el ejecutor del proyecto y las comunidadesétnicas sobre los impactos de los proyectos de explotación de recursos o de infraestructuras en las comunidades con mirasa la formulación de medidas para prevenir, corregir, mitigar y compensar la afectación negativa que podría generar unproyecto. Por su parte, la CGT indica que sólo las comunidades que están registradas en la base de datos del Ministerio del589

Pueblos indígenas y tribales

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALESPUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALESInterior son consideradas para los efectos de la consulta. El Gobierno subraya que no solamente se consultan a dichas
comunidades, sino que se consideran otras fuentes que permitan tener certeza de la presencia o no de comunidades étnicas
en el área del proyecto. El Gobierno indica que, durante el período comprendido entre 2003 y 2015, se han llevado a cabo
un total de 4 891 procesos de consulta con comunidades étnicas, de los cuales 4 198 finalizaron con acuerdos. La ANDI
indica que varias empresas y sectores de la sociedad civil colaboran a través del Centro Regional de la Red Pacto Global
en la difusión del Convenio y en la construcción de plataformas de diálogo entre el Gobierno, las empresas y los pueblos
indígenas. La CGT sostiene que el proceso de consulta debe adaptarse a la situación de la comunidad a ser consultada ydestaca la importancia de garantizar que la consulta sea anterior a la adopción de decisiones que puedan afectar a lospueblos indígenas. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el funcionamiento y que presente
ejemplos que permitan examinar la manera en que el protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta
previa y la guía para la realización de la consulta previa aseguran que los pueblos indígenas son consultados antes deemprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Sírvase indicar también la manera en que se asegura la participación de las comunidades étnicas en los beneficios quereporten los emprendimientos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Costa Rica
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1993)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum(CTRN) recibidas el 2 de septiembre de 2015.
Artículos 2, 6 y 7 del Convenio. Legislación indígena y sobre la consulta. El Gobierno indica en su memoria queel proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas (expediente legislativo núm. 14352) figura en el ordendel día del Plenario de la Asamblea Legislativa (punto núm. 41). En diciembre de 2014, la Viceministra de la Presidencia
de la República reiteró, ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, elcompromiso del Gobierno con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. El Viceministerio de la
Presidencia realizó visitas a 11 de los 24 territorios indígenas del país para conocer sus necesidades. La Comisión toma
nota de que la mesa de diálogo permanente, instaurada en enero de 2013 e integrada por varios representantes de lospueblos indígenas, cuenta con cuatro áreas de trabajo: la definición de una guía de consulta; la promoción de lacoordinación y articulación interinstitucional; la definición de un mecanismo de diálogo para con los pueblos indígenas; yla formulación de una política sobre tierras en territorios indígenas. Durante la visita al territorio de Alto Chirripó, enmarzo de 2015, los miembros de la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA), definieron un mecanismo de diálogo con el
Gobierno para los ocho territorios que la integran, territorios cuya población representa aproximadamente un tercio de la
población indígena del país. El Gobierno indica que, ante la ausencia de un procedimiento apropiado para la consulta
indígena, las instituciones públicas han recurrido a mecanismos alternativos de consulta. La Comisión pide al Gobierno
que continúe informando sobre los resultados de las labores de la mesa de diálogo para definir una guía sobre laconsulta y sobre el proceso legislativo del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Sírvase
incluir indicaciones sobre el recurso que se haya hecho a los mecanismos alternativos de consulta y participación
hasta tanto no se adopten otros procedimientos apropiados.
Artículo 14. Tierras. La CTRN indica que la ocupación ilegal de los territorios indígenas ha sido un problema
grave desde los años sesenta. Los pueblos indígenas poseen la totalidad de sus tierras únicamente en dos de los
24 territorios indígenas titulados y reconocidos. En su respuesta, recibida en julio de 2014, el Gobierno indicó que elInstituto de Desarrollo Rural (INDER) había logrado recuperar tierras en los territorios indígenas de Térraba, Vesta Suruy,
Huetar Zapatón, Guaymi Abrojos, Montezuma, Briybri Cabagra, y Rey Curré. El INDER se ha dedicado a buscarlesolución a los recursos interpuestos por personas no indígenas que solicitan el pago de la indemnización por sus tierras
ubicadas en territorios indígenas. El INDER trabajó en la elaboración de un procedimiento que regula las disposiciones
pertinentes de la Ley Indígena (núm. 6172 de noviembre de 1977) que será analizado con la Comisión Nacional de
Asuntos Indígenas (CONAI). El Gobierno indica también que se le asignó al Catastro Nacional un proyecto dedelimitación del territorio indígena Salitre. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el resultado
de las medidas tomadas para asegurar la protección de los territorios indígenas, en particular de las iniciativas del
INDER, de la CONAI y del Catastro Nacional.
Artículos 6, 7, 15 y 16. Proyecto hidroeléctrico El Diquís (Puntarenas). La CTRN observa que la Defensoría delos Habitantes reiteró en varias ocasiones la necesidad, para avanzar con el proyecto hidroeléctrico El Diquís, de llevar
una consulta con los pueblos indígenas. El Gobierno indica que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está
realizando el estudio de impacto ambiental (EsIA) de dicho proyecto hidroeléctrico. El equipo técnico encargado del EsIA
ha formulado propuestas de posibles medidas de prevención, mitigación, compensación y potenciación de los impactos
identificados. La Comisión toma nota que el ICE ha indicado que los avances en el EsIA seguirán siendo preliminares
mientras no terminen de ser discutidos y analizados con los pobladores locales y consultados con los pueblos indígenas
involucrados. El Gobierno indica que ya se realizó un proceso de participación pública con las comunidades no indígenas590

y las instituciones públicas. La Comisión toma nota que aún está pendiente de realizarse el proceso de consulta indígena,
hasta tanto no se establezca un marco de acción general entre el Estado y los pueblos. La Comisión pide al Gobierno que
continúe brindando informaciones sobre la evolución del proyecto hidroeléctrico El Diquís y la manera en que se
asegura la consulta, cooperación y participación de los pueblos interesados que requiere el Convenio.
Artículos 24 y 25. Seguridad social y salud. El Gobierno indica que, desde noviembre de 2013, la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha elaborado un modelo de atención diferenciado e inclusivo. Dicho modelo
cuenta con un enfoque multicultural de derechos humanos y género que respeta las prácticas culturales indígenas.
Además, la CCSS promueve la participación de los pueblos indígenas en el proceso de atención, el desarrollo de losrecursos humanos y la educación en salud de los ocho pueblos indígenas. La Comisión toma nota con interés de losdistintos esfuerzos realizados por la CCSS para mejorar el acceso a la atención sanitaria de los pueblos ubicados en lasáreas más retiradas, mediante la firma de un pacto entre los médicos de la institución y los médicos tradicionales de lazona de Coto Brus; la ejecución del proyecto de sensibilización al personal de los equipos básicos de atención integral en
salud «rompiendo barreras idiomáticas» y las iniciativas para acercar por vía aérea a los profesionales de salud a las
comunidades de Bajo Bley y Piedra Mesa. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información
sobre las medidas tomadas para asegurar progresivamente una ampliación de la cobertura del régimen de seguridadsocial. La Comisión también pide al Gobierno que continúe informando sobre la implementación del modelo deatención diferenciado e inclusivo en salud.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

HondurasConvenio sobre pueblos indígenas y tribales,
1989 (núm. 169) (ratificación: 1995)
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
recibidas el 28 de agosto de 2015 y apoyadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
Artículos 6 y 7 del Convenio. Procedimiento apropiado de consulta y participación. La Comisión toma nota deque el Gobierno indica en su memoria que, en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (2013), figura la acciónde concertar con los pueblos indígenas y afrodescendientes un mecanismo participativo para la celebración de consultas
previas, libres e informadas sobre temas de su interés. Dicha actividad es responsabilidad directa de la Secretaría de
Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente). El Gobierno indica también
que el pueblo misquito dispone de un mecanismo de consulta previa que ya ha sido utilizado en casos referidos a latitulación de tierras y al manejo de los recursos naturales. El COHEP indica que los pueblos indígenas son consultados por
medio de cabildos abiertos, dado que no existe ningún tipo de consulta como la que prevé el Convenio. Además, el
COHEP considera que el Convenio ha sido mal interpretado por los funcionarios del Estado y por algunos directivos delos pueblos indígenas, en el sentido de considerar que la consulta tiene carácter vinculante y que incorpora el derecho aveto. El COHEP reitera la necesidad de adoptar una ley nacional sobre la consulta previa, en la que se establezcan losderechos y las obligaciones de todas las partes. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las iniciativas en cursopara establecer procedimientos apropiados que permitan la consulta y participación que requiere el Convenio.
Artículo 14. Tierras. La Comisión toma nota con interés de las informaciones detalladas proporcionadas por el
Gobierno respeto de la titulación de tierras efectuada entre 2012 y 2015, beneficiando a los pueblos lenca, chortí, misquito
y garífunas. La superficie total titulada durante ese período alcanza 1 032 793,18 hectáreas. El Gobierno resalta el procesode titulación intercomunitaria de tierras a favor del pueblo misquito que contó con la mediación de la organización
Moskita Asla Takanka (MASTA). En el marco de dicho proceso, el Instituto Nacional Agrario ha emitido diez títulosintercomunitarios, beneficiando a 9 459 familias agrupadas en 175 comunidades. La Comisión pide al Gobierno que
continúe informando sobre los avances de los procesos de saneamiento y titulación de tierras, indicando la superficie
de las tierras sobre las que los pueblos indígenas han efectuado reclamos y la superficie cubierta por las titulaciones
efectuadas.
Artículo 15. Recursos naturales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han impulsado
programas de manejo sostenible de los recursos naturales. En relación con el proyecto de construcción de una represa
hidroeléctrica en el curso medio del río Patuca (proyecto hidroeléctrico Patuca III), el Gobierno indica que dicho proyecto
ha estado detenido por falta de financiamiento y a causa de la expropiación de tierras, en las que tienen presencia lospueblos tawahkas y misquitos; sin embargo el Gobierno evoca la posibilidad de su reactivación. La Comisión toma nota
de las consultas realizadas con los pueblos misquitos y garífunas, en el marco de un contrato de exploración y explotaciónde hidrocarburos. Además, el Gobierno informa sobre un proyecto de ley general de biodiversidad, el cual reconoce
espacios de participación indígena. La Comisión también toma nota de la creación de una plataforma de negociación de la
Mesa Indígena y Afrohondureña sobre Cambio Climático (MIACC) en el marco del diseño de una estrategia nacional delPrograma de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la deforestación y la degradación del bosque (REDD+).
En su observación anterior, la Comisión tomó nota del pedido del Movimiento Indígena Lenca de Honduras (MILH),
incluido en la memoria del Gobierno, de que cuando se realicen proyectos hidroeléctricos o de recursos mineros se respete
el artículo 15, párrafos 1 y 2, del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe cómo se han llevado a cabo las
591

Pueblos indígenas y tribales

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALESPUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES

consultas a los pueblos interesados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotaciónde recursos existentes en sus tierras. La Comisión también pide al Gobierno que indique cómo se asegura laparticipación de las comunidades indígenas en los beneficios que reporten las actividades de explotación de losrecursos naturales existentes en sus tierras.
Actividades de minería. La Comisión toma nota de que el COHEP indica que ninguno de los afiliados de laAsociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMIMH) está desarrollando proyectos mineros en el marco
de la nueva legislación. La Comisión recuerda que la Ley General de Minería, en su tenor modificado de 2013, contempla
en su artículo 50 que el otorgamiento de concesiones mineras no puede menoscabar la garantía de la propiedad privada yla propiedad que pertenece a las municipalidades, establecidas en la Constitución de la República y desarrolladas en el
Código Civil y los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente
respetando el Convenio núm. 169 y la Declaración de Nacionales Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La
Comisión pide al Gobierno que proporcione información respecto de la aplicación de la Ley General de Minería y delos procedimientos establecidos para respetar el derecho a la consulta si los intereses de los pueblos indígenas pudieran
ser perjudicados.
Artículos 20, 24 y 25. Protección de los derechos del pueblo misquito. En relación con la preocupación
observada por la Comisión sobre las condiciones de empleo, seguridad social y salud de los buzos misquitos, el Gobierno
indica que, en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (2013), se contempló que se debían establecer medidas
para garantizar que los empleadores indemnicen a las víctimas de la pesca por buceo y a sus familiares. El Gobierno
agregó las informaciones sobre las actividades realizadas en el marco de la Comisión Interinstitucional para la Atención yPrevención de la Problemática de la Pesca por Buceo (CIAPEB) y sobre los esfuerzos realizados para mejorar el control
de la actividad y reforzar la inspección de las embarcaciones de pesca submarina. El Gobierno envía un documento
publicado en diciembre de 2013 que contiene una propuesta de capacitación para atender las barreras que limitan el acceso
a la justicia de los buzos discapacitados y activos y donde se destaca, entre otros problemas, que las condiciones de trabajo
de los buzos son informales, no cuentan con un contrato de trabajo, se incorporan a la actividad sin entrenamiento
adecuado y no se les practica el examen de aptitud para el buceo. La Comisión pide al Gobierno que continúe
informando sobre el impacto de las medidas tomadas para garantizar la protección eficaz en materia de contratación ycondiciones de empleo así como una inspección del trabajo adecuada en las actividades de la pesca por buceo. Sírvase
agregar indicaciones sobre la cobertura del régimen de seguridad social a los buzos misquitos y de los servicios desalud de los que disponen los buzos misquitos para tratar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Sírvase también indicar la manera en que se ha asegurado la cooperación del pueblo misquito para planificar yadministrar los servicios de salud.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

India
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales,
1957 (núm. 107) (ratificación: 1958)
Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección de los Dongria Kondh. La Comisión toma nota de que el Gobierno
indica en su memoria que, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de la India, de fecha 18 de abril de2013, se asignaron fondos al gobierno del estado de Odisha para la aplicación del Conservation-cum-Development Plan
(Plan de Conservación y Desarrollo), que abarca 13 Grupos Tribales Particularmente Vulnerables (PVTG), incluidos los
Dongria Kondh. La Comisión observa que el gobierno del Estado es responsable de garantizar el respeto de los derechosde cada uno de los PVTG. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información específica acerca de laaplicación del Plan de Conservación y Desarrollo por parte del gobierno del estado de Odisha. Sírvase también
proporcionar información sobre las medidas adoptadas para dar efecto a lo ordenado por el Tribunal Supremo de la
India en su sentencia de 18 de abril de 2013, relativa a la protección de los derechos religiosos de las tribus
reconocidas y otros habitantes tradicionales de los bosques en las montañas Niyamgiri.
Artículos 11 a 13. Derechos a las tierras. El Gobierno indica que, durante el período 2013-2014, los gobiernos delos estados realizaron ingentes esfuerzos para mejorar la aplicación de la Ley sobre Tribus Reconocidas y Otros
Habitantes Tradicionales de los Bosques (reconocimiento de los derechos sobre los bosques), de 2006. Hasta el 31 demarzo de 2014, se habían presentado 3 742 000 reclamaciones y se habían distribuido 1 432 000 títulos de conformidad
con la ley. La Comisión toma nota con interés de que el 26 de septiembre de 2013, el Parlamento adoptó la Ley sobre el
Derecho a una Indemnización Equitativa y a la Transparencia en la Adquisición, Rehabilitación de Tierras y
Reasentamientos, de 2013. Esta ley establece el procedimiento para la adquisición de tierras por parte de los gobiernos delos estados con fines públicos y garantizar la participación de las tribus reconocidas y otros habitantes tradicionales de losbosques afectados en la elaboración de un estudio de evaluación del impacto social y de toma de decisiones en el ámbito
de las medidas de rehabilitación y reasentamiento. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información
sobre la aplicación de la Ley sobre Tribus Reconocidas y Otros Habitantes Tradicionales de los Bosques(reconocimiento de los derechos sobre los bosques), de 2006, y de la Ley sobre el Derecho a una Indemnización
Equitativa y a la Transparencia en la Adquisición, Rehabilitación de Tierras y Reasentamientos, de 2013.

592

Proyecto de la represa Sardar Sarovar. El Gobierno indica que el estado de Gujarat aún debe proporcionar la
información actualizada sobre el reasentamiento de las 260 familias restantes afectadas por el proyecto de la represa
Sardar Sarovar. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite información actualizada sobre las medidas
adoptadas para el reasentamiento de todas las familias afectadas por la represa Sardar Sarovar en el estado de Madhya
Pradesh y otros estados concernidos.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones:el Convenio núm. 64 (Burundi); el Convenio núm. 107 (Angola, Bangladesh, Ghana, Haití, India, Panamá, RepúblicaÁrabe Siria); el Convenio núm. 169 (Argentina, Brasil, República Centroafricana, Colombia, Costa Rica, Dominica,
Guatemala, Honduras, Nepal, Nicaragua).

593

Pueblos indígenas y tribales

PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALESCATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE TRABAJADORES

Categorías específicas de trabajadores
Solicitudes directas

Categorías específicas detrabajadores

Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio
núm. 110 (Ecuador, Guatemala, Panamá); el Convenio núm. 149 (Bangladesh, El Salvador, Ghana, Guinea, Malawi);
el Convenio núm. 172 (Líbano); el Convenio núm. 177 (Bélgica); el Convenio núm. 189 (Ecuador, Filipinas,
Mauricio).

595II. Observaciones acerca de la sumisióna las autoridades competentes
de los convenios y recomendaciones
adoptados por la Conferencia Internacionaldel Trabajo (artículo 19 de la Constitución)
Albania
La Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno en noviembre de 2015 sobre elmarco legislativo nacional de los instrumentos relativos al trabajo forzoso adoptados por la Conferencia en su
103.ª reunión (junio de 2014). Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no suministró informaciones sobrela sumisión al Parlamento albanés del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y de la
Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203). La Comisión se remite a sus
observaciones anteriores y pide al Gobierno que informe sobre la sumisión al Parlamento albanés de los restantes
instrumentos adoptados por la Conferencia en la 82.ª reunión (Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre lainspección del trabajo, 1947), 90.ª reunión (Recomendaciones núms. 193 y 194), y todos los instrumentos adoptados enlas 78.ª, 86.ª, 89.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª reuniones (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones de laConferencia.

AngolaFalta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental en la Comisiónde la Conferencia. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno a que
comunique las informaciones requeridas sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de 17 instrumentos adoptados enlas 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones de la Conferencia (2003-2014). La Comisión recuerda
que el Gobierno debe comunicar informaciones sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de la Recomendación sobre laprotección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 180) (79.ª reunión, 1992), delProtocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (82.ª reunión, 1995) y de la Recomendación
sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189) (86.ª reunión, 1998).

Antigua y Barbuda
La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en abril de 2014 indicando que los
20 instrumentos adoptados por la Conferencia desde la 83.ª a la 101.ª reuniones (1996-2012) fueron sometidos
nuevamente por el Ministerio de Trabajo al Gabinete de Antigua y Barbuda el 11 de marzo de 2014. La Comisión pide al
Gobierno que especifique las fechas en las cuales los instrumentos adoptados por la Conferencia de la 83.ª a la
101.ª reuniones fueron sometidos al Parlamento de Antigua y Barbuda. Sírvase presentar informaciones sobre lasumisión al Parlamento del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y la Recomendación
sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la Conferencia en su
103.ª reunión.

597

Sumisión a las autoridades
competentes

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTESSUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Azerbaiyán
Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores.
La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno que comuniqueinformaciones relativas a la sumisión a la Asamblea Nacional (Milli Mejlis) de la Recomendación núm. 180(79.ª reunión), y de los instrumentos adoptados en las 83.ª, 84.ª, 89.ª, 90.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y
103.ª reuniones de la Conferencia. Sírvase indicar también la fecha de sumisión de la Recomendación núm. 195 a la
Asamblea Nacional.

BahamasLa Comisión urge al Gobierno que informe sobre la sumisión al Parlamento de los 22 instrumentos adoptados
por la Conferencia en 12 reuniones que tuvieron lugar entre 1997 y 2014 (85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª,
100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones).

Bahrein
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015, en la que indicó la voluntad de su Gobierno de ayudar a encontrar una
solución a las discrepancias en relación con la autoridad nacional a la que deben someterse las normas internacionales deltrabajo. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de que, de acuerdo con la Constitución Nacional, losconvenios internacionales se tienen que someter al Consejo de Ministros, que es el órgano responsable de la formulaciónde la política pública del Estado y del seguimiento de su aplicación (artículo 47, apartado a), de la Constitución de
Bahrein). La Comisión recuerda que, en virtud de los párrafos 5 y 6 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, cada
Miembro de la Organización se compromete a someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad o las
autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de que le den forma de ley o adopten otras medidas. En elMemorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, elConsejo de Administración indica que la autoridad competente es aquella que tenga, de acuerdo con la Constitución
nacional de cada Estado, el poder de legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto a los convenios yrecomendaciones. La autoridad competente debe ser normalmente el órgano legislativo. Aun en el caso de que losinstrumentos no exijan la adopción de medidas legislativas, sería conveniente, para garantizar que se ha dado pleno
cumplimiento a los objetivos de la sumisión, que incluyen dar a conocer dichos instrumentos a la opinión pública,
someterlos a un órgano de carácter parlamentario. La Comisión también recuerda que, en septiembre de 2011, el Gobierno
indicó que al iniciarse en 2002 la vida parlamentaria, y establecerse la Asamblea Nacional — compuesta por el Consejo
Consultivo (Majlis Al-Shura) y el Consejo de Representantes (Majlis Al-Nuwab) — fue necesario establecer unmecanismo nuevo para someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Asamblea Nacional. La Comisión
toma nota de que la Oficina indicó que estaba dispuesta a examinar con las autoridades nacionales la manera en que podría
establecerse un mecanismo para someter a la Asamblea Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia paragarantizar el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la Constitución de la OIT. Al igual que la Comisión de laConferencia en junio de 2015, la Comisión insta al Gobierno a proporcionar información completa sobre la sumisión ala Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las reuniones celebradas entre 2000 y2014. La Comisión recuerda que la asistencia técnica de la OIT se encuentra disponible en esta materia.

Bangladesh
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en marzo de 2015, indicando que losinstrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión se examinaron detenidamente en la 54.ª reunión de laComisión Consultiva Tripartita que se celebró el 24 de diciembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que indique si
la Comisión Parlamentaria Permanente también ha recibido la información pertinente en relación con losinstrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores ypide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión a la Comisión Parlamentaria
Permanente de los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 77.ª reunión (Convenio núm. 170 y
Recomendación núm. 177), 79.ª reunión (Convenio núm. 173 y Recomendación núm. 180) y 85.ª reunión(Recomendación núm. 188), así como todos los instrumentos adoptados en sus 81.ª, 82.ª, 83.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª,
95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones.

BeliceLa Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide al
Gobierno que presente información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 39 instrumentos pendientes
adoptados por la Conferencia durante 19 reuniones celebradas entre 1990 y 2014.

598

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Estado Plurinacional de Bolivia
La Comisión había tomado nota de que, el 26 de abril de 2005, se sometieron al Congreso Nacional los convenios
internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia entre 1990 y 2003. Sin embargo, no se recibieron informaciones
sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de las 13 recomendaciones y de los tres protocolos adoptados
por la Conferencia durante dicho período (1990-2003). La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la sumisión ala Asamblea Legislativa Plurinacional de tres convenios adoptados por la Conferencia desde 2006, al igual que las
20 recomendaciones y los cuatro protocolos que todavía no se sometieron.

BrasilSumisión al Congreso Nacional. La Comisión toma nota con interés de la comunicación de fecha 28 de mayo de2015 mediante la cual el Gobierno sometió al presidente del Congreso Nacional los instrumentos adoptados por la
Conferencia desde la 51.ª reunión (1967) hasta la 103.ª reunión (2014). La Comisión saluda este progreso y pide al
Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas por el Congreso Nacional en relación con lasumisión efectuada el 28 de mayo de 2015. Sírvase también continuar presentando regularmente información sobre lasumisión al Congreso Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

La Comisión pide al Gobierno que facilite la información requerida sobre la sumisión a las autoridades
competentes, en el sentido del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT, de los instrumentos adoptados
por la Conferencia en sus 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones. La Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitarla asistencia técnica de la OIT, si así lo desea, para ayudar a lograr el cumplimiento de sus obligaciones, en virtud delartículo 19 de la Constitución, relativas a la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la
Conferencia.

Burundi
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pidenuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados en las 94.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones de la Conferencia.

Chile
La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,
2011 (núm. 189) fue registrado el 10 de junio de 2015. La Comisión se remite a la observación que formula sobre el
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y pide nuevamente al
Gobierno que transmita las informaciones requeridas sobre la sumisión al Congreso Nacional de 29 instrumentos
adoptados en ocasión de 15 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2012 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª,
89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 101.ª y 103.ª reuniones).

Comoras
Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores.
La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta nuevamente al Gobierno a someter ala Asamblea de la Unión de Comoras los 42 instrumentos adoptados en las 20 reuniones de la Conferencia que
tuvieron lugar entre 1992 y 2014.

Congo
En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría
General del Gobierno habían acordado someter trimestralmente convenios a la Asamblea Nacional con la intención deratificarlos. La Comisión pide al Gobierno que culmine el procedimiento de sumisión de los 63 convenios,
recomendaciones y protocolos que aún no han sido sometidos a la Asamblea Nacional. La Comisión recuerda que se
trata de instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 54.ª Recomendaciones núms. 135 y 136), 58.ª (Convenio
núm. 137 y Recomendación núm. 145), 60.ª (Convenios núms. 141 y 143, Recomendaciones núms. 149 y 151),
63.ª (Recomendación núm. 156), 67.ª (Recomendaciones núms. 163, 164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157,
Recomendación núm. 166 y Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958), 69.ª, 70.ª, 71.ª
(Recomendaciones núms. 170 y 171), 72.ª y 75.ª (Recomendaciones núms. 175 y 176) reuniones, así como los convenios,
las recomendaciones y los protocolos adoptados en 18 reuniones de la Conferencia celebradas entre 1990 y 2014.

599

Sumisión a las autoridades
competentes

Brunei Darussalam

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Côte d'Ivoire
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en octubre de2015 indicando que se encuentra en curso el procedimiento de sumisión de 31 instrumentos los cuales se someterán a labrevedad a la representación nacional. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, la Comisión urge
al Gobierno que finalice los trámites para someter a la Asamblea Nacional los 33 instrumentos (convenios,
recomendaciones y protocolos) que se adoptaron en 16 reuniones de la Conferencia celebradas entre junio de 1996 y2014 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones).

Croacia
La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en
junio de 2015, en la que indicó que el Gobierno tenía la intención de someter rápidamente los instrumentos pendientes. La
Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, se remite a sus observaciones anteriores y pidenuevamente al Gobierno que adopte medidas apropiadas para que 20 instrumentos adoptados por la Conferencia en
11 reuniones celebradas entre 1998 y 2014 (86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones) sesometan al Parlamento croata.

República Democrática del Congo
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015, en la que indicó que se había preparado y sometido a las autoridades
competentes el informe pertinente. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, la Comisión insta al
Gobierno a proporcionar la información pertinente sobre la sumisión efectiva al Parlamento de los 33 instrumentos
adoptados en las 16 reuniones de la Conferencia celebradas entre 1996 y 2014.

Djibouti
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información presentada por el representante gubernamental
ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, indicando que se han adoptado medidas para abordar elincumplimiento por su país de la obligación de someter los instrumentos a las autoridades competentes. La Comisión, al
igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, urge de nuevo al Gobierno que haga todos los esfuerzos
posibles, en un marco tripartito, para poder transmitir en un futuro cercano la información solicitada sobre lasumisión a la Asamblea Nacional de los 67 instrumentos adoptados en 30 reuniones de la Conferencia celebradas
entre 1980 y 2014.

Dominica
Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones
anteriores. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, urge al Gobierno que facilite
información sobre la sumisión a la Asamblea de los 40 instrumentos adoptados por la Conferencia en 19 reuniones
que tuvieron lugar entre 1993 y 2014 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª,
100.ª , 101.ª y 103.ª reuniones). La Comisión recuerda que la asistencia técnica de la OIT se encuentra disponible enesta materia.

El Salvador
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración de una representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015 en la que indicó que el Gobierno estaba elaborando un plan de trabajo para
proceder en forma progresiva a someter a las autoridades competentes los instrumentos pertinentes. La Comisión toma
nota con interés que se realizan los trámites administrativos destinados a presentar a la Asamblea Legislativa lassolicitudes de ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), del Convenio sobre las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC 2006).
Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión insta al Gobierno a que someta a la Asamblea Legislativa losinstrumentos adoptados en 21 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre octubre de 1976 y junio de 2014.
La Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya informaciones sobre la sumisión al Congreso de la República
de los instrumentos pendientes adoptados en las 63.ª (Convenio núm. 148 y Recomendaciones núms. 156 y 157),
67.ª (Convenio núm. 154 y Recomendación núm. 163), 69.ª (Recomendación núm. 167) y 90.ª (Recomendaciones
núms. 193 y 194) reuniones.

600

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Ex República Yugoslava de Macedonia
La Comisión pide al Gobierno que comunique las informaciones pertinentes en relación con la sumisión a la
Asamblea de la República (Soberanie) de los convenios, recomendaciones y protocolos pendientes de sumisión
adoptados por la Conferencia entre octubre de 1996 y junio de 2014.

Fiji
La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y toma nota de que en 2013 se adoptó una Constitución y que
se celebraron elecciones generales en 2014. La Comisión recuerda que el Gobierno expresó su intención de someter losinstrumentos adoptados por la Conferencia una vez que se constituyera el Parlamento. Por consiguiente, la Comisión pide
al Gobierno que comunique información sobre toda evolución en relación en la sumisión al Parlamento de los
20 instrumentos adoptados por la Conferencia en la 83.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ªy 103.ª reuniones celebradas entre 1996 y 2014.

Gabón

GranadaLa Comisión recuerda que, en septiembre de 2008, el Gobierno informó que mediante la Conclusión del Gabinetenúm. 486, de fecha 12 de marzo de 2007, se aprobó una lista de convenios y recomendaciones. La Comisión se remite asus observaciones anteriores e insta al Gobierno que comunique la fecha de sumisión de los instrumentos adoptados
por la Conferencia entre 1994 y 2006 y de las decisiones adoptadas por el Parlamento de Granada en relación con losinstrumentos sometidos. Asimismo, la Comisión renueva su pedido al Gobierno que transmita información sobre lasumisión al Parlamento de Granada de los instrumentos adoptados en las 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones de laConferencia.

GuineaFalta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones
anteriores. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, la Comisión insta nuevamente al Gobierno aque comunique las informaciones requeridas sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 31 instrumentos
adoptados por la Conferencia en ocasión de 15 reuniones celebradas entre octubre de 1996 y junio de 2014 (84.ª, 85.ª,
86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones).

Guinea-Bissau
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión expresa
nuevamente su esperanza de que el Gobierno pueda informar rápidamente que los instrumentos adoptados por la
Conferencia en sus 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones fueron sometidos a la Asamblea
Nacional Popular.

Guinea Ecuatorial
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración de un representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015 quien aseguró que, como consecuencia de la adopción de una nueva
Constitución, se realizaban grandes reformas de la normativa laboral. El Gobierno también expresó su intención defacilitar información, después de la Conferencia, sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas ante la
Organización. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión urge al Gobierno a que informe sobre lasumisión al Parlamento de los 33 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1993 y 2014.

Haití
Falta grave de sumisión. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, pide al
Gobierno que realice a la brevedad todos los esfuerzos para anunciar la sumisión a la Asamblea Nacional de losinstrumentos siguientes:a) los instrumentos restantes de la 67.ª reunión (Convenios núms. 154 y 155 y Recomendaciones núms. 163 y 164);b) los instrumentos adoptados en la 68.ª reunión;

601

Sumisión a las autoridades
competentes

La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la sumisión al Parlamento de los convenios,
recomendaciones y protocolos adoptados en ocasión de las 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª,
101.ª y 103.ª reuniones de la Conferencia.

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

c)d)los instrumentos restantes adoptados en la 75.ª reunión (Convenio núm. 168 y Recomendaciones núms. 175
y 176), y
los instrumentos adoptados en ocasión de 23 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1989 y 2014.

Iraq
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de las discusiones que tuvieron lugar anivel ministerial y de las consultas tripartitas celebradas en relación con diversos instrumentos adoptados por la
Conferencia. El Gobierno indica en una memoria recibida en septiembre de 2015 que se están concluyendo losprocedimientos para ratificar el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003
(núm. 185), el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) y el Convenio sobre el marco promocional para laseguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187). Además, en una comunicación recibida en octubre de 2015, el Gobierno
indica que los instrumentos adoptados en la 103.ª reunión de la Conferencia fueron sometidos a la autoridad competente.
La Comisión toma nota de que el Gobierno solicitó la asistencia técnica de la OIT en relación con sus obligaciones depresentación de memorias. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, la Comisión espera que elGobierno esté pronto en condiciones de proporcionar la información pertinente sobre la sumisión al Consejo deRepresentantes, establecido en virtud de la Constitución del Iraq de 2005, de todos los convenios, las recomendaciones
y los protocolos adoptados por la Conferencia entre 2000 y 2014.

IrlandaLa Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide al Gobierno transmitir información sobre lasumisión al Oireachtas (Parlamento) de los instrumentos adoptados por la Conferencia en diez reuniones celebradas
entre 2000 y 2014 (88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 101.ª y 103.ª reuniones).

Islas Salomón
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que el Gobierno no ha dado
respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda de que, en virtud de las disposiciones pertinentes delartículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT, los Miembros de la Organización se obligan a someter losinstrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de que leden forma de ley o adopten otras medidas. En el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios yrecomendaciones a las autoridades competentes, el Consejo de Administración indica que la autoridad competente es
aquella que tenga, de acuerdo con la Constitución Nacional de cada Estado, el poder de legislar o de tomar cualquier otra
medida para dar efecto a los convenios y recomendaciones. La autoridad competente debe ser normalmente el legislativo.
Aun en el caso en que los instrumentos no exijan la adopción de medidas legislativas, sería conveniente, para garantizarque se ha dado pleno cumplimiento a los objetivos de la sumisión, que dichos instrumentos se lleven a la atención de laopinión pública mediante su sumisión a un órgano de carácter parlamentario. Por lo tanto, la Comisión pide nuevamente
al Gobierno que haga todo lo posible para cumplir con la obligación constitucional de someter al Parlamento Nacional
los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1984 y 2014. La Comisión, al igual que la Comisión de laConferencia en junio de 2015, insta al Gobierno a tomar medidas sin demora para someter los 61 instrumentos
pendientes al Parlamento Nacional.

Jamaica
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información transmitida por el representante gubernamental
a la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, en la que se indica que se han tomado medidas iniciales para someter alParlamento los instrumentos de la OIT. Además, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en
noviembre de 2015, indicando que los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron transmitidos
al Despacho del Fiscal General como un paso preliminar al inicio del proceso de su aprobación por el Parlamento. La
Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, urge al Gobierno a transmitir la información
pertinente en relación con la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª,
94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones (2004-2014).

KazajstánFalta grave de sumisión. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, pide al
Gobierno que facilite la información pertinente sobre la sumisión al Parlamento de los 35 instrumentos adoptados porla Conferencia entre 1993 y 2014.

602

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Kirguistán

Kiribati
La Comisión pide al Gobierno que someta al Parlamento 20 instrumentos adoptados por la Conferencia en
11 reuniones celebradas entre 2000 y 2014 (88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones).

KuwaitFalta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el representante
gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, en la que reiteró que se han redactado cartas en relación
con la sumisión al Parlamento de los instrumentos pertinentes. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia
en junio de 2015, pide al Gobierno que indique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Ummah) de
los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones. Asimismo,la Comisión se remite a sus comentarios anteriores e invita de nuevo al Gobierno a especificar la fecha de sumisión ala Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 77.ª (1990: Convenios núms. 170 y 171, Recomendaciones
núms. 177 y 178, y el Protocolo de 1990), 80.ª (1993: Recomendación núm. 181), 86.ª (1998: Recomendación
núm. 189) y 89.ª (2001: Convenio núm. 184 y Recomendación núm. 192) reuniones de la Conferencia.

Liberia
Asistencia técnica de la OIT. La Comisión toma nota que, debido a las circunstancias nacionales, la Oficina no
pudo dar asistencia técnica en 2013-2014. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y reitera su esperanzade que el Gobierno a la brevedad esté en condiciones de someter a la Asamblea Nacional los 21 convenios,
recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia entre 2000 y 2014.

Libia
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en agosto de2015 indicando que los instrumentos adoptados por la Conferencia eran examinados por los ministerios interesados. La
Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, pide al Gobierno que adopte las medidas
necesarias para dar cumplimiento a la obligación de someter a las autoridades competentes (en el sentido delartículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT) los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la
Conferencia en las 16 reuniones celebradas entre 1996 y 2014.

Madagascar
La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que transmita las informaciones
pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 14 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2002
y 2014.

603

Sumisión a las autoridades
competentes

Falta grave de sumisión. La Comisión recuerda las informaciones detalladas comunicadas por el Gobierno en
noviembre de 2013 sobre las medidas tomadas para dar efecto a la Recomendación sobre los pisos de protección social,2012 (núm. 202). La Comisión pide al Gobierno que comunique la información pertinente sobre la sumisión de la
Recomendación núm. 202 al Consejo Supremo (Jogorku Kenesh). En este sentido, la Comisión se remite a loscomentarios que formula desde 1994, y recuerda que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, cada Miembro se compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo a la autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que le den forma deley o adopten otras medidas». En 2005, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo adoptó un
Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en elque se solicitan mayores informaciones sobre esta obligación constitucional de sumisión. La Comisión recuerda
nuevamente que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la sumisión a las autoridades competentes de losinstrumentos adoptados en 19 reuniones de la Conferencia entre 1992 y 2014. La Comisión insta al Gobierno a que
comunique la información requerida en el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum sobre la autoridad
competente, y en particular, sobre la fecha en la que se sometieron los instrumentos y las proposiciones realizadas por
el Gobierno sobre las medidas que se podrían adoptar respecto de los instrumentos sometidos. La Comisión, al igual
que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno a no escatimar esfuerzos para dar
cumplimiento a la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica
para superar esta grave demora.

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Malasia
La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que transmita información sobre lasumisión al Parlamento de Malasia de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 95.ª (Recomendación
núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones.

República de Maldivas
La Comisión toma nota de que la República de Maldivas, desde el 15 de mayo de 2009, es Miembro de laOrganización. De conformidad con el artículo 19, párrafos 5, a), y 6, a), de la Constitución de la OIT, la Oficina comunicó
al Gobierno el texto de los convenios, las recomendaciones y los protocolos adoptados por la Conferencia en sus
99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones. La Comisión reitera sus comentarios anteriores y una vez más expresa su esperanzade que el Gobierno estará pronto en disposición de facilitar información sobre la sumisión de los instrumentos
adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones al Parlamento (Majlis) del pueblo. La Comisión
reitera que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea, para contribuir a lograr el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución relativas a la sumisión de los instrumentos
adoptados por la Conferencia a la Asamblea del Pueblo (Majlis).

MalíFalta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración que el representante gubernamental formuló en
junio de 2015 ante la Comisión de la Conferencia, en la que indicó que se habían adoptado medidas para someter a la
Asamblea Nacional los instrumentos pendientes. Asimismo, la Comisión toma nota de una copia de la comunicación
firmada, el 18 de mayo de 2015, por el Ministro de Trabajo en la que pide al Primer Ministro que transmita losinstrumentos a la Asamblea Nacional. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión pide al Gobierno que
culmine el procedimiento de sumisión y que transmita las otras informaciones solicitadas sobre la sumisión a la
Asamblea Nacional de los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia en sus 86.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª,
99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones, así como los protocolos adoptados en 1996, 2002 y 2014.

Mauritania
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración que el representante gubernamental formuló
ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, en la que indicó que se habían organizado tres reuniones
informativas con las diferentes instituciones en relación con la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
pendientes. La Comisión toma nota también de las informaciones transmitidas por el Gobierno en septiembre y octubre de2015, indicando que el Ministerio de Trabajo solicitó al Ministerio responsable de las relaciones con el Parlamento quesometiera al Parlamento los instrumentos sobre el trabajo forzoso adoptados en la 103.ª reunión de la Conferencia, al igualque otros instrumentos pendientes de sumisión. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y, al igual que laComisión de la Conferencia, pide al Gobierno que presente la información requerida sobre la sumisión a la Asamblea
Nacional de las Recomendaciones núms. 182 (81.ª reunión) y 195 (92.ª reunión), y los Protocolos de 1995
(82.ª reunión) y 1996 (84.ª reunión), así como de los instrumentos adoptados en las 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ªy 103.ª reuniones de la Conferencia.

República de Moldova
La Comisión toma nota que la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal,
2015 (núm. 204) fue sometida al Parlamento de la República de Moldova el 28 de julio de 2015. La Comisión pidenuevamente al Gobierno que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados
por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones.

Mozambique
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información transmitida por el representante gubernamental
a la Comisión de la Conferencia en junio de 2015 indicando que cada instrumento será examinado por el Comité
Consultivo Tripartito antes de su sumisión a la autoridad competente. La Comisión, al igual que la Comisión de laConferencia en junio de 2015, pide nuevamente al Gobierno que transmita la información pertinente sobre la sumisióna la Asamblea de la República de los 33 instrumentos adoptados por la Conferencia en 16 reuniones celebradas entre
1996 y 2014.

Níger
La Comisión toma nota con interés de que en mayo y junio de 2015 se registró la ratificación del Convenio sobre laadministración del trabajo, 1978 (núm. 150), del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y del604

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. La Comisión confía en que el Gobierno también
pueda completar el procedimiento para someter a la Asamblea Nacional los otros 24 instrumentos adoptados por la
Conferencia en 13 reuniones celebradas entre 1996 y 2012.

PakistánFalta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015, en la que indicó que el Ministerio Federal de Trabajo ordenó a todos losgobiernos provinciales que sometan los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes
respectivas. Asimismo, la Comisión toma nota de que el gobierno federal ha adoptado medidas para crear capacidades aeste respecto en los departamentos provinciales del trabajo. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en
junio de 2015, pide al Gobierno que finalice el procedimiento a fin de poder someter al parlamento federal o a losparlamentos provinciales los 37 instrumentos adoptados por la Conferencia en 17 reuniones celebradas entre 1994
y 2014.

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015, indicando que los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2000 y2012 fueron sometidos al Consejo Ejecutivo Nacional (NEC) para su referendo y aprobación. Asimismo, el Gobierno
informó de que el Consejo Ejecutivo Nacional tomó nota de esta sumisión y adoptó una decisión respecto a laconsideración de su futura ratificación por parte del Parlamento Nacional. En una comunicación recibida en septiembre de2015, el Gobierno indica que se envió al Jefe del Secretariado del Gobierno una carta para solicitar que el NEC concluya
sus deliberaciones sobre la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), y someta alParlamento Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión también toma nota de que losinstrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión (2014) se sometieron al Consejo Ejecutivo Nacional. La
Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno a que cumpla con esta
obligación constitucional y que, sin demora, someta al Parlamento Nacional los 21 instrumentos adoptados por la
Conferencia en las 12 reuniones celebradas entre 2000 y 2014.

RwandaFalta grave de sumisión. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide nuevamente al Gobierno
que informe sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los convenios, las recomendaciones y los protocolos
adoptados por la Conferencia en las 18 reuniones celebradas entre 1993 y 2014 (80.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª,
90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones). La Comisión, al igual que la Comisión de laConferencia en junio de 2015, urge al Gobierno a que adopte sin demora medidas para someter a la Asamblea
Nacional los 38 instrumentos pendientes.

Saint Kitts y Nevis
Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones
anteriores. La Comisión recuerda que la autoridad nacional competente debe ser el órgano legislativo, a saber, en el casode Saint Kitts y Nevis, la Asamblea Nacional. La Comisión insta al Gobierno a que complete el procedimiento desumisión y a que transmita la información requerida sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos
adoptados por la Conferencia en las 14 reuniones celebradas entre 1996 y 2014 (83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª,
95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones).

Samoa
La Comisión recuerda que la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), se registró el
21 de noviembre de 2013. La Comisión toma nota de que el Estado Independiente de Samoa se convirtió en Miembro dela Organización el 7 de marzo de 2005. De conformidad con los párrafos 5, a) y 6, a) del artículo 19 de la Constitución dela OIT, la Oficina comunicó al Gobierno los textos de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 95.ª, 96.ª,
99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones, celebradas entre 2006 y 2014. La Comisión pide al Gobierno que transmita
información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa de los Convenios núms. 187, 188 y 189, y del Protocolo de2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, así como de las Recomendaciones núms. 197, 198, 199, 200,
201, 202 y 203 adoptados por la Conferencia en sus 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones. La Comisión recuerda
que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina para cumplir con las obligaciones envirtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT en materia de sumisión de los instrumentos adoptados por la
Conferencia a la Asamblea Legislativa.

605

Sumisión a las autoridades
competentes

Papua Nueva Guinea

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

San Vicente y las Granadinas
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión recuerda
que, en virtud de la Constitución de 1979 de San Vicente y las Granadinas, el Consejo de Ministros es la autoridad
ejecutiva que tiene que tomar decisiones finales sobre la ratificación y decidir las cuestiones que se someterán a la
Asamblea para que se tomen medidas legislativas. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que cumpla plenamente
con sus obligaciones pendientes en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT sometiendo a la
Asamblea los 27 instrumentos (convenios, recomendaciones y protocolos) adoptados por la Conferencia en las
14 reuniones que tuvieron lugar entre 1995 y 2014 (82.ª, 83.ª, 85.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ªy 103.ª reuniones).

Santa Lucía
Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones
anteriores. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la Organización,
Santa Lucía, como miembro de la Organización, tiene la obligación de someter al Parlamento los convenios,
recomendaciones y protocolos pendientes adoptados por la Conferencia entre 1980 y 2014 (66.ª, 67.ª (Convenios
núms. 155 y 156 y Recomendaciones núms. 164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157 y Protocolo de 1982), 69.ª, 70.ª, 71.ª,
72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª,
101.ª y 103.ª reuniones). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno aadoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la obligación constitucional de sumisión.

Santo Tomé y Príncipe
Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota con interés de la completa documentación transmitida
por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia en junio de 2015 en la que se informa sobre la sumisión a la Asamblea
Nacional, el 8 de mayo de 2015, de los instrumentos adoptados desde la 77.ª reunión (junio de 1990) hasta la 101.ª reunión(mayo-junio de 2012) de la Conferencia. La Comisión saluda este progreso y pide al Gobierno que comuniqueinformación sobre las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional en relación con la sumisión efectuada el 8 demayo de 2015. Sírvase también presentar regularmente información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de losinstrumentos adoptados por la Conferencia.

Seychelles
La Comisión se remite a sus comentarios anteriores e invita nuevamente al Gobierno a someter rápidamente a la
Asamblea Nacional los 18 instrumentos adoptados por la Conferencia en diez reuniones celebradas entre 2001 y 2014.

Sierra Leona
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota nuevamente con profunda preocupación que el Gobierno no hadado respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la sumisión al
Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en octubre de 1976 (Convenio núm. 146 y
Recomendación núm. 154, 62.ª reunión) y de todos aquellos adoptados entre 1977 y 2014. La Comisión, al igual que laComisión de la Conferencia en junio de 2015, urge al Gobierno a tomar medidas inmediatamente para someter los
97 instrumentos pendientes al Parlamento.

República Árabe Siria
La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en septiembre de 2015 en la que se indica
que mediante el decreto legislativo núm. 18, de 11 de mayo de 2014, se ratificó el Convenio sobre el trabajo marítimo,
2006 (MLC, 2006). El Gobierno también indica que se discutió en el Consejo Consultativo para la Consulta y el Diálogo
Social sobre la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes. La Comisión
recuerda que 37 instrumentos adoptados por la Conferencia se encuentran pendientes de sumisión al Consejo del Pueblo.
La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno a tomar medidas para
someter al Consejo del Pueblo los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 66.ª y 69.ª reuniones(Recomendaciones núms. 167 y 168) así como en sus 70.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª,
90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194), 91.ª, 92.ª, 95.ª , 96.ª, 99.ª, 100.ª , 101.ª y 103.ª reuniones.

Somalia
Falta grave de sumisión. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores, y al igual que la Comisión de laConferencia en junio de 2015, pide al Gobierno a presentar información sobre la sumisión a las autoridades
competentes de los 50 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1989 y 2014.

606

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

SudánFalta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental en la
Comisión de la Conferencia de junio de 2015. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de2015, urge nuevamente al Gobierno a someter a la Asamblea Nacional los 38 instrumentos pendientes adoptados porla Conferencia entre 1994 y 2014.

Suriname
Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la
Comisión de la Conferencia en junio de 2015, indicando que los documentos para la sumisión de los instrumentos
adoptados por la Conferencia entre sus 90.ª y 103.ª reuniones han sido presentados al Consejo de Ministros, y que elMinistro de Trabajo está esperando la aprobación del Consejo de Ministros para someter los instrumentos a la Asamblea
Nacional. La Comisión, Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno a someter a la
Asamblea Nacional los 17 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 96ª, 99.ª, 100.ª, 101.ªy 103.ª reuniones.

Sumisión al Consejo Supremo. La Comisión toma nota con interés de que, el 3 de agosto de 2015, el Gobierno
sometió al Consejo Supremo (Cámara de Representantes y Asamblea Nacional) información sobre los instrumentos
adoptados por la Conferencia entre octubre de 1996 y junio de 2012. La Comisión saluda este progreso y pide al
Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas por el Consejo Supremo en relación con lasumisión efectuada el 3 de agosto de 2015. Sírvase también presentar regularmente información sobre la sumisión a la
Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

Togo
La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pidenuevamente al Gobierno que comunique toda la información pertinente sobre la sumisión a la Asamblea Nacional delos instrumentos adoptados por la Conferencia en las 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª,
100.ª , 101.ª y 103.ª reuniones (2010-2014).

TuvaluLa Comisión toma nota de que, desde el 27 de mayo de 2008, Tuvalu es Miembro de la Organización. De
conformidad con el artículo 19, párrafos 5, a), y 6, a), de la Constitución de la OIT, la Oficina comunicó al Gobierno elcontenido del texto de los convenios, recomendaciones y el protocolo adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª,
101.ª y 103.ª reuniones. La Comisión espera que el Gobierno estará pronto en condiciones de suministrar información
sobre la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2010 y 2014 a las autoridades competentes.
La Comisión reitera que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea, para contribuir alograr el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT en relación con lasumisión a las autoridades competentes de Tuvalu de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

UgandaFalta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones
anteriores. La Comisión pide al Gobierno que transmita la información requerida sobre la sumisión al Parlamento delos instrumentos adoptados por la Conferencia en las 18 reuniones celebradas entre 1994 y 2014 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª,
85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones). La Comisión, al igual que laComisión de la Conferencia en junio de 2015, insta al Gobierno a tomar medidas a la mayor brevedad para someter losinstrumentos pendientes al Parlamento.

Vanuatu
Falta grave de sumisión. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2015, la Comisión urge al
Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de Vanuatu de los instrumentos
adoptados por la Conferencia en ocho reuniones celebradas entre 2003 y 2014 (92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ªy 103.ª reuniones). La Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina para
contribuir a lograr el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT en relación
con la sumisión al Parlamento de Vanuatu de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

607

Sumisión a las autoridades
competentes

Tayikistán

SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Yemen
La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en septiembre de 2014, que incluyó
indicaciones sobre la Revolución juvenil de febrero de 2011. La Comisión había tomado nota de que entre marzo de 2013
y enero de 2014 se celebró una Conferencia de diálogo nacional en la que se tomaron diversas decisiones y se hicieron
recomendaciones sobre la reconstrucción de un Estado democrático. La Comisión confía que, cuando lo permitan las
circunstancias nacionales, el Gobierno transmitirá informaciones sobre la sumisión a las autoridades competentes delos instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 90.ª, 94.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones.

Solicitudes directas
Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: Afganistán,
Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Austria, Barbados, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Botswana,
Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad, China, Chipre, Cuba,
Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, España, Etiopía,
Gambia, Georgia, Ghana, Guyana, Hungría, República Islámica del Irán, Kenya, República Democrática Popular Lao,
Lesotho, Líbano, Malawi, Malta, Mauricio, México, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Nueva Zelandia,
Omán, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Federación de Rusia, San Marino, Senegal,
Singapur, Sudán del Sur, Suecia, Swazilandia, Tailandia, República Unida de Tanzanía, Timor-Leste, Trinidad y Tabago,
Túnez, Turkmenistán, Uruguay, Zambia.

608

Anexos609

ANEXO I

Anexo I.

Cuadro de las memorias registradas sobre convenios
ratificados al 5 de diciembre de 2015
(artículos 22 y 35 de la Constitución)

El artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dispone que «cada uno de losMiembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que hayaadoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en laforma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite». El artículo 23 de laConstitución prescribe que el Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de lasmemorias que le hayan comunicado los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 22, y que cada Estado Miembro
enviará a su vez copia de estas memorias a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
En su 204.ª reunión (noviembre de 1977) el Consejo de Administración aprobó las siguientes disposiciones relativas
a la presentación por el Director General a la Conferencia de resúmenes de las memorias facilitadas por los gobiernos envirtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución:a)la práctica seguida desde hacía varios años, consistente en clasificar en forma de cuadros las memorias posteriores alas primeras presentadas después de la ratificación, sin someter un resumen de su contenido, sería extendida a todas
las memorias, incluidas las primeras memorias;b)el Director General pondría a disposición de la Conferencia, para que ésta los pueda consultar, los textos originales
de todas las memorias sobre los convenios ratificados que se hayan recibido. Además, podrían suministrarse
fotocopias de estas memorias, de solicitarlo así los miembros de las delegaciones.

En su 267.ª reunión (noviembre de 1996) el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización yde simplificación.
Las memorias recibidas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución figuran de manera simplificada, en un
cuadro anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; las primeras
memorias aparecen entre paréntesis.
Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas pueden dirigirse al secretariado dela Comisión de Aplicación de Normas.

611

ANEXO I

Anexo I. Memorias solicitadas sobre los convenios ratificados(artículos 22 y 35 de la Constitución)
Lista de memorias registradas al 5 de diciembre de 2015 y de memorias no recibidas

Nota: Las primeras memorias figuran entre paréntesis.
10 memorias solicitadas

Afganistán· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 13, 45, 100, 105, 111, 138 , 139, 144 , 159 ,182
11 memorias solicitadas
Albania
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 81, 88, 100, 111, 129, 147, 155, 174,
176, 181
28 memorias solicitadas
Alemania
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 88, 98, 105, 115, 120, 128, 129,
135, 136, 138, 139, 140, 144, 148, 150, 159, 160, 161, 162, 167, 170, 176, 182,
MLC, 2006 , 187, 189
22 memorias solicitadas
Angola· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 14, 29, 45, 68, 69, 73, 74, 81, 87, 88, 89,
91, 92, 100, 105, 106, 107, 108, 111, 138, 182
6 memorias solicitadas
Antigua y Barbuda
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 144, 155, 161
15 memorias solicitadas
Argelia· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 63, 81, 87, 88, 97, 100, 111, 119, 120, 127, 144,
155, 181· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 167
17 memorias solicitadas
Argentina· 16 memorias recibidas: Convenios núms. 2, 13, 45, 81, 87, 88, 96, 100, 111, 115, 139, 144,
154, 159, 169, 184· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 129
5 memorias solicitadas
Armenia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 100, 111, 174, 176
7 memorias solicitadas
Australia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 88, 100, 111, 155, 159, 162
1 memoria solicitada
Australia - Isla Norfolk
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 100
7 memorias solicitadas

Austria

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 81, 88, 100, 111, 176, 187
12 memorias solicitadas
Azerbaiyán
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 45, 81, 88, 100, 111, 115, 119, 120,
129, 148, 159
7 memorias solicitadas
Bahamas· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 45, 81, 88, 100, 111, 138, 182
4 memorias solicitadas
BahreinSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 111, 155, 159
612

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ANEXO I

9 memorias solicitadas

Bangladesh· 8 memorias recibidas: Convenios núms. 45, 81, 87, 96, 100, 107, 111, 149· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 185
13 memorias solicitadas
Barbados· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 63, 81, 105, 108, 115, 122, 135, 138, 182· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 100, 111, MLC, 2006
11 memorias solicitadas
Belarús
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 87, 88, 100, 111, 115, 119, 120,
155, 167
19 memorias solicitadas
Bélgica
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 62, 81, 88, 100, 111, 115, 120, 129,
139, 148, 154, 155, 161, 162, 174, 176, 181, MLC, 2006
25 memorias solicitadas
Belice· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 29, 55, 58, 81, 88, 92, 100,
105, 108, 111, 115, 133, 134, 135, 138, 147, 150, 151, 154, 155, 182
5 memorias solicitadas
Benin
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 81, 100, 111, 161
13 memorias solicitadas
Bolivia, Estado Plurinacional de· 9 memorias recibidas: Convenios núms. 45, 88, 96, 100, 111, 136, 138, 159, 162· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 120, 129, 189
20 memorias solicitadas
Bosnia y Herzegovina
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 45, 81, 88, 100, 111, 119, 129, 136,
139, 148, 155, 159, 161, 162, 174, 176, 181, 184, 187
4 memorias solicitadas
Botswana
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111, 151, 176
24 memorias solicitadas

BrasilSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 88, 100, 111, 115, 117, 119, 120,
127, 136, 137, 139, 140, 148, 155, 159, 161, 162, 167, 169, 170, 174, 176
1 memoria solicitada
Brunei Darussalam
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 182
10 memorias solicitadas

Bulgaria

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 45, 62, 81, 100, 111, 120, 127, 161,
181
12 memorias solicitadas
Burkina Faso
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 29, 81, 100, 111, 129, 144, 159, 161,
170, 183 , 184
27 memorias solicitadas
Burundi· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 11, 12, 14, 17, 19, 26, 27, 29, 42, 52, 62,
64, 81, 87, 89, 90, 94, 98, 100, 101, 105, 111, 135, 138, 144, 182
8 memorias solicitadas
Cabo Verde
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 100, 105, 111, 138, 155, 182
5 memorias solicitadas
Camboya
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 87, 100, 111, 182
9 memorias solicitadas

Camerún

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 45, 81, 87, 100, 111, 122, 162, 182
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613

ANEXO I

7 memorias solicitadas

Canadá
· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 88, 100, 111, 162, 187· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 108, MLC, 2006

10 memorias solicitadas

Centroafricana, República· 2 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 169· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 13, 62, 88, 100, 111, 119, 120, 155
4 memorias solicitadas
Chad
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 81, 100, 111
20 memorias solicitadas
Checa, República· 16 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 81, 88, 115, 120, 122, 129, 135, 136, 139, 148,
155, 159, 167, 176, 187· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 100, 111, 161, 181
14 memorias solicitadas
Chile· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 2, 13, 100, 111, 115, 127, 136, 159, 161, 162, 169,187
· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 35, 37
7 memorias solicitadas
China
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 100, 111, 155, 159, 167, 170
5 memorias solicitadas
China - Región Administrativa Especial de Hong Kong
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 81, 115, 144, 148
9 memorias solicitadas
China - Región Administrativa Especial de Macao
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 88, 100, 111, 115, 120, 148, 155, 167
10 memorias solicitadas

ChipreSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 88, 100, 111, 119, 155, 159, 162,
187
18 memorias solicitadas
Colombia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 12, 13, 17, 18, 81, 88, 100, 111, 129,
136, 159, 161, 162, 167, 169, 170, 174
17 memorias solicitadas
Comoras· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 52, 81, 87, 89, 99,
100, 101, 106, 111, 122
12 memorias solicitadas
Congo· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 13, 29, 81, 87, 100, 105, 111, 119, 138, 150,
182, 185 
7 memorias solicitadas
Corea, República de· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 111, 144, 150, 160, 185· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 138, 182
12 memorias solicitadas

Costa Rica

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 88, 96, 100, 111, 120, 127, 129,
148, 159, 169
10 memorias solicitadas
Côte d'Ivoire· 8 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 45, 81, 100, 111, 129, 135, 136· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 96, 159

614

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ANEXO I

27 memorias solicitadas

Croacia· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 13, 14, 29, 45, 81, 87, 98, 100, 103, 105,
106, 111, 119, 122, 129, 132, 136, 138, 139, 148, 155, 159, 161, 162, 182,
185 , MLC, 2006
13 memorias solicitadas
Cuba
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 45, 81, 88, 96, 100, 111, 120, 136,
148, 155, 159, 187
15 memorias solicitadas
Democrática del Congo, República· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 29, 62, 81, 88, 100, 105, 111, 119, 120,
135, 138, 144, 150, 182
15 memorias solicitadas
Dinamarca
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 88, 100, 111, 115, 119, 120, 129,
139, 148, 155, 159, 162, 167, 187
14 memorias solicitadas
Djibouti· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 13, 29, 63, 81, 88, 96, 100, 111, 115, 120,
124, 138, 144, 182
22 memorias solicitadas
Dominica· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 14, 16, 19, 22, 29, 81, 87, 94, 97, 98, 100,
105, 108, 111, 135, 138, 144, 147, 150, 169, 182
10 memorias solicitadas
Dominicana, República
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 45, 81, 88, 100, 111, 119, 159, 167,170
19 memorias solicitadas
EcuadorSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 87, 88, 98, 100, 111, 115, 119,
120, 127, 136, 139, 148, 152, 156 , 159, 162, 189
15 memorias solicitadas
EgiptoSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 45, 62, 74, 81, 88, 96, 100, 105, 111,
115, 129, 139, 148, 159
10 memorias solicitadas
El Salvador
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88, 100, 111, 129, 144, 149 , 155,
159
4 memorias solicitadas
Eritrea· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 100, 105, 111
6 memorias solicitadas

Eslovaquia

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 160, 163, 164
18 memorias solicitadas
Eslovenia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74, 87,
91, 92, 98, 108, 122, 147, 180
11 memorias solicitadas
EspañaSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 88, 98, 122, 150, 151, 158, 159, 160,
181, 185
7 memorias solicitadas
Estados Unidos
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 58, 74, 147, 150, 160

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615

ANEXO I

6 memorias solicitadas

Estados Unidos - Guam

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 58, 74, 144, 147
1 memoria solicitada

Estados Unidos - Islas Marianas del Norte

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 147

Estados Unidos - Islas Vírgenes Estadounidenses

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 58, 74, 147
5 memorias solicitadas
Estados Unidos - Puerto Rico
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 58, 74, 147
4 memorias solicitadas
Estados Unidos - Samoa Americana
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 53, 55, 58, 147
7 memorias solicitadas

Estonia

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 13, 81, 100, 111, 129, 174
7 memorias solicitadas
Etiopía
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 88, 100, 111, 155, 159, 181
18 memorias solicitadas
Ex República Yugoslava de Macedonia

Fiji

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74, 87,
92, 98, 122, 142, 150 , 151 , 154
11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 87, 100, 111, 129, 142 , 155, 159,
181 , 184
4 memorias solicitadas
Filipinas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 185
23 memorias solicitadas
Finlandia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 81, 88, 100, 111, 115, 119, 120, 129,
136, 139, 148, 155, 159, 161, 162, 167, 174 , 176, 181, 184, MLC, 2006 , 187
17 memorias solicitadas
Francia· 16 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 62, 81, 88, 96, 100, 111, 115, 120, 127, 129, 136,
139, 148, 185, MLC, 2006
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 159
10 memorias solicitadas
Francia - Nueva Caledonia· 9 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 81, 88, 100, 111, 115, 120, 127, 129· 1 memoria no recibida: Convenio núm. MLC, 2006
9 memorias solicitadas
Francia - Polinesia Francesa
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 81, 88, 100, 111, 115, 120, 127, 129
20 memorias solicitadas
Francia - Tierras australes y antárticas francesas
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74,
87, 92, 98, 108, 111, 133, 134, 146, 147
9 memorias solicitadasGabón· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 29, 45, 87, 96, 105, 144· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 138, 182
8 memorias solicitadas

Gambia· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182
6 memorias solicitadas
Georgia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 88, 105, 138, 181, 182
616

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ANEXO I

18 memorias solicitadas

Ghana· 17 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 45, 87, 88, 96, 105, 108, 115, 119, 120, 138, 144 ,
148, 150, 151, 182, 184· 1 memoria no recibida: Convenio núm. MLC, 2006
12 memorias solicitadas
GranadaSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 16, 29, 81, 87, 98, 105, 108, 138, 144,
155 , 182
14 memorias solicitadas
GreciaSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 29, 45, 62, 88, 95, 105, 115, 136,
138, 144, 159, 182, MLC, 2006
18 memorias solicitadas
GuatemalaSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 29, 45, 87, 88, 96, 105, 119, 120,
127, 138, 144, 148, 159, 161, 162, 167, 182
44 memorias solicitadas
Guinea· 34 memorias recibidas: Convenios núms. 3, 13, 16, 62, 81, 87, 89, 90, 98, 100, 111, 113, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 148,
149, 150, 156, 159, 182· 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 14, 29, 45, 94, 105, 135, 138, 151, 152
17 memorias solicitadas
Guinea-Bissau· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 27, 29, 45, 68, 69, 73, 74, 81, 88, 91, 92, 98,
105, 107, 108, 138, 182
14 memorias solicitadas
Guinea Ecuatorial· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 14, 29, 30, 68 , 87, 92 , 98, 100, 103, 105,
111, 138, 182
26 memorias solicitadas
Guyana· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 2, 11, 12, 29, 45, 87, 94, 98, 100, 105, 111,
115, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 150, 155, 166, 182, 189
20 memorias solicitadas
Haití· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 12, 14, 17, 24, 25, 29, 30, 42, 45, 81, 87,
98, 100, 105, 106, 107, 111, 138, 182
10 memorias solicitadas
Honduras
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 45, 62, 81, 105, 127, 138, 144, 169,182
20 memorias solicitadas
Hungría
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 29, 87, 88, 105, 115, 127, 136, 138,
139, 140, 144, 148, 155, 159, 161, 167, 181, 182, MLC, 2006
11 memorias solicitadas
India
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 45, 81, 88, 105, 107, 115, 127, 136,
144, 174
9 memorias solicitadas
Indonesia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 45, 69, 88, 105, 120, 138, 144, 182
5 memorias solicitadas
Irán, República Islámica delSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 108, 122, 182

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617

ANEXO I

14 memorias solicitadas

Iraq· 13 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 29, 88, 105, 115, 119, 120, 136, 138, 139, 144,
148, 182· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 167
31 memorias solicitadas
Irlanda· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 29, 53, 62, 68, 69, 73, 74, 81,
87, 88, 92, 96, 98, 105, 108, 138, 139, 144, 147, 155, 159, 160, 176, 178, 179,
180, 182
10 memorias solicitadas
Islandia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 29, 105, 138, 139, 144, 147, 155, 159,
182
1 memoria solicitada
Islas MarshallSe han recibido todas las memorias: Convenio núm. 185 
11 memorias solicitadas

Islas Salomón· 9 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 45, 87 , 98 , 100 , 105 , 111 , 138 , 182· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 16, 108
8 memorias solicitadas
IsraelSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 88, 105, 136, 138, 144, 181, 182
22 memorias solicitadas
ItaliaSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 13, 29, 105, 115, 119, 120, 122, 127,
136, 138, 139, 144, 148, 159, 160, 167, 170, 181, 182, MLC, 2006 , 189
7 memorias solicitadas
Jamaica
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138, 144, 182
15 memorias solicitadas
Japón
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 45, 88, 115, 119, 120, 138, 139, 144,
159, 162, 181, 182, MLC, 2006 , 187
8 memorias solicitadas
Jordania
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 119, 120, 138, 144, 159, 182
9 memorias solicitadas
Kazajstán· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 144, 156 , 182, 185
6 memorias solicitadas
Kenya
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 63, 105, 138, 144, 182
28 memorias solicitadas
Kirguistán· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 23, 29, 45, 69, 73, 81, 92, 97, 105, 108,
111, 115, 119, 120, 133, 134, 138, 142, 144, 147, 148, 150, 154, 159, 160, 182,
184
8 memorias solicitadas
Kiribati· 2 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98· 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 182, 185, MLC, 2006
5 memorias solicitadas
KuwaitSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182
4 memorias solicitadas

Lao, República Democrática Popular· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 138, 144, 182

618

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ANEXO I

8 memorias solicitadas

Lesotho· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 150, 155, 182· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 135
8 memorias solicitadas
Letonia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 108, 138, 144, 150, 160, 182
30 memorias solicitadas
Líbano· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 122, 142· 27 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 9, 29, 45, 58, 71, 73, 74, 81, 88, 98, 105, 115,
120, 127, 133, 136, 138, 139, 147, 148, 150, 159, 170, 174, 176, 182
10 memorias solicitadas
Liberia· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 144, 150, 182, MLC, 2006
· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 108
12 memorias solicitadas
Libia· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 88, 105, 130· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 53, 96, 100, 111, 122, 128, 138, 182
9 memorias solicitadas
Lituania
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 108, 115 , 138, 144, 160, 182,
MLC, 2006
16 memorias solicitadas
Luxemburgo· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 81, 87, 105, 129, 135, 138, 139, 148, 150, 162,
170, 174, 182· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 185 , MLC, 2006
18 memorias solicitadas
Madagascar
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 29, 81, 87, 88, 98, 105, 117, 119,
120, 122, 127, 129, 138, 144, 159, 182, 185
8 memorias solicitadas
Malasia· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 88, 98, 100, 138· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 144, 182, MLC, 2006
2 memorias solicitadas

Malasia - Malasia - Peninsular
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 45

2 memorias solicitadas

Malasia - Malasia - Sabah· 1 memoria recibida: Convenio núm. 97· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 16

3 memorias solicitadas

Malasia - Malasia - Sarawak· 1 memoria recibida: Convenio núm. 19· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 14, 16

11 memorias solicitadas

Malawi· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 99, 105, 129, 149· 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 45, 138, 144, 150, 182
8 memorias solicitadas

Maldivas, República deMalí· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29 , 87 , 98 , 100 , 105 , 111 , 138 , 182
6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 150, 182
22 memorias solicitadas
Malta· 1 memoria recibida: Convenio núm. MLC, 2006
· 21 memorias no recibidas: Convenios núms. 2, 13, 29, 62, 81, 87, 88, 96, 98, 105, 108, 117,
119, 127, 129, 135, 136, 138, 148, 159, 182
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619

ANEXO I

10 memorias solicitadas

Marruecos

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 108, 131 , 138, 144 , 150, 151 ,
176 , 182
9 memorias solicitadas
Mauricio
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 105, 108, 138, 144, 150, 160, 182
26 memorias solicitadas
Mauritania
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 3, 13, 14, 22, 23, 29, 33, 52, 53, 58, 62,
81, 87, 89, 96, 98, 100, 101, 102, 105, 111, 112, 114, 122, 138, 182
22 memorias solicitadas
MéxicoSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 29, 53, 55, 56, 58, 87, 105,
108, 134, 144, 150, 155, 160, 163, 164, 166, 167, 182
10 memorias solicitadas
Moldova, República de· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 150, 182· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 92, 133, 160, 185
11 memorias solicitadas

Mongolia· 8 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 135, 138, 155, 182· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 103, 144, 159
17 memorias solicitadasMontenegro· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182· 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74, 91, 92
5 memorias solicitadas
Mozambique
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182
5 memorias solicitadas

MyanmarSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 22, 29, 63, 182
6 memorias solicitadas
Namibia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 150, 182
6 memorias solicitadas
Nepal· 1 memoria recibida: Convenio núm. 169· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182
10 memorias solicitadas

Nicaragua· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 63, 138, 144, 182, 189· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 4, 105, 169, MLC, 2006

14 memorias solicitadas

Níger

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 29, 87, 98, 105, 119, 135, 138, 148,
154, 155, 161, 182, 187
19 memorias solicitadas
Nigeria· 9 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 88, 100, 111, 138, 155, 159, 182· 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 11, 16, 29, 45, 98, 105, 144, 185, MLC, 2006
10 memorias solicitadas
Noruega
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 71, 105, 108, 137, 138, 144, 150,
160, 182
19 memorias solicitadas
Nueva Zelandia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 29, 53, 58, 68, 69, 74,
92, 105, 133, 134, 144, 145, 160, 182
2 memorias solicitadas
Nueva Zelandia - Tokelau
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105
620

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ANEXO I

11 memorias solicitadas

Países Bajos

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 71, 81, 105, 129, 138, 144, 150, 155,
160, 182
17 memorias solicitadas
Países Bajos - Aruba· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 29, 69, 74, 105, 138, 144, 145, 146, 147,
182
· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 122, 140, 142
9 memorias solicitadas
Países Bajos - Caribe parte de los Países Bajos
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 29, 58, 69, 74, 105
3 memorias solicitadas
Países Bajos - Curazao· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 105, 144

Países Bajos - Sint Maarten

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 29, 58, 69, 74, 105, 144
7 memorias solicitadas
PakistánPalau

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 22, 81, 87, 98, 144, 185
1 memoria solicitada
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. MLC, 2006 
7 memorias solicitadas

Panamá

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 71, 87, 98, 108, 117, 122, 160
10 memorias solicitadas
Papua Nueva Guinea· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 2, 45, 100, 111· 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 22, 85, 87, 98, 122
4 memorias solicitadas

Paraguay

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 189
20 memorias solicitadas
Perú
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 68, 69, 71,
73, 81, 87, 98, 122, 144, 147, 169, 178
6 memorias solicitadas
Polonia
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 91, 98, 108, 122, 160
26 memorias solicitadas
Portugal
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 22, 23, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 100,
108, 111, 115, 122, 139, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 160, 162, 183 , 184
3 memorias solicitadas
Qatar
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 111
8 memorias solicitadas

Reino Unido· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 108, 122, 150, 160, MLC, 2006
· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 100
9 memorias solicitadas
Reino Unido - Anguilla· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 22, 23, 58, 85, 87, 98, 108, 148
4 memorias solicitadas
Reino Unido - Bermudas· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 108· 1 memoria no recibida: Convenio núm. MLC, 2006

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621

ANEXO I

6 memorias solicitadas

Reino Unido - Gibraltar· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 150, 160· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 108, MLC, 2006

13 memorias solicitadas

Reino Unido - Guernsey· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 7, 8, 16, 22, 56, 63, 69, 74, 87, 98, 108, 122,150
7 memorias solicitadas
Reino Unido - Isla de Man
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 108, 122, 150, 160, MLC, 2006
1 memoria solicitada
Reino Unido - Islas Caimanes
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. MLC, 2006 

Reino Unido - Islas Malvinas (Falkland)

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 22, 23, 58, 87, 98, 108
7 memorias solicitadas
Reino Unido - Islas Vírgenes Británicas· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 23, 58, 85, 98, 108· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 87
11 memorias solicitadas

Reino Unido - Jersey· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 7, 8, 16, 22, 56, 69, 74, 87, 98, 108, 160
7 memorias solicitadas
Reino Unido - Montserrat· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 58, 85, 87, 98, 108
9 memorias solicitadas
Reino Unido - Santa Elena
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 16, 58, 63, 85, 87, 98, 108, 150
17 memorias solicitadas

Rumania

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 68, 87, 92, 98, 108, 122,
133, 134, 147, 150, 163, 166, 180
8 memorias solicitadas
Rusia, Federación de
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 142, 150, 160, 176 , 185
7 memorias solicitadas

Rwanda· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 62, 100, 111· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 89, 98, 122
6 memorias solicitadas

Saint Kitts y Nevis

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 144, MLC, 2006
5 memorias solicitadas
Samoa· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 100, 111· 1 memoria no recibida: Convenio núm. MLC, 2006
23 memorias solicitadas

San Marino· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 88, 98· 19 memorias no recibidas: Convenios núms. 100, 103, 105, 111, 119, 138, 140, 142, 143, 144,
148, 150, 151, 154, 156, 159, 160, 161, 182
8 memorias solicitadas
San Vicente y las Granadinas· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98, 100, 111· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 108, 122, 144, MLC, 2006
10 memorias solicitadas
Santa Lucía· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 7, 8, 16, 87, 98, 100, 108, 111, 154, 158
622

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ANEXO I

12 memorias solicitadas

Santo Tomé y Príncipe· 11 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 88, 98, 100, 111, 135, 144, 151, 154, 159, 184· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 155
4 memorias solicitadas
Senegal
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122, 144
9 memorias solicitadas

SerbiaSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 111, 122, 150 , 158, 162, 181 ,
MLC, 2006
4 memorias solicitadas
Seychelles
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 108, 150
22 memorias solicitadas
Sierra Leona· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 17, 19, 22, 26, 32, 45, 81, 87, 88, 94,
95, 98, 99, 100, 101, 111, 119, 125, 126, 144
1 memoria solicitada
SingapurSe han recibido todas las memorias: Convenio núm. 98
12 memorias solicitadas

Siria, República Árabe

· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 2, 53, 63, 88, 96, 98, 105, 115, 117, 144· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 107
13 memorias solicitadas
Somalia· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 17, 19, 22, 23, 29, 45, 84, 85, 94, 95,
105, 111
7 memorias solicitadas
Sri Lanka
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 16, 58, 87, 98, 108, 160
7 memorias solicitadas

Sudáfrica

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 63, 81 , 87, 98, 144, MLC, 2006 , 189
2 memorias solicitadas
Sudán
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 98, 122
6 memorias solicitadas

SueciaSe han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 108, 122, 150, 160
5 memorias solicitadas
Suiza
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 122 , 150, 160
4 memorias solicitadas

Suriname· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 87, 98, 122, 150
8 memorias solicitadas

Swazilandia

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 87, 96, 98, 100, 111, 144, 160
5 memorias solicitadas
Tailandia· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 88, 100, 122, 159· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 182

Tanzanía, República Unida de

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 63, 87, 98, 134, 135
1 memoria solicitada

Tanzanía, República Unida de - Tanzanía. Tanganyika
Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 108
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623

ANEXO I

2 memorias solicitadas

Tanzanía, República Unida de - Tanzanía. Zanzíbar
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 58, 85

47 memorias solicitadas

Tayikistán· 41 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 16, 23, 27, 29, 32, 47, 52, 69, 73, 77, 78, 79, 81,
87, 90, 92, 95, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 108, 111, 113, 115, 122, 126,
133, 134, 138, 142, 143, 147, 149, 159, 160, 177 , 182· 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 45, 119, 120, 124, 148, 155
3 memorias solicitadas
Timor-Leste· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 87, 98, 182
5 memorias solicitadas

Togo

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 102 , 122, 150
6 memorias solicitadas
Trinidad y Tabago· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 87, 98, 122 , 147, 150
22 memorias solicitadas
Túnez
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 13, 16, 22, 23, 45, 55, 62, 73, 87, 88,
98, 100, 108, 111, 119, 120, 122, 127, 135, 150, 159
3 memorias solicitadas
Turkmenistán
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 185 
20 memorias solicitadas

Turquía

· 19 memorias recibidas: Convenios núms. 53, 55, 68, 69, 73, 81, 87, 92, 98, 108, 122, 133, 134,
146, 151, 155, 161, 164, 166· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 135
1 memoria solicitada
Tuvalu· No se recibió ninguna memoria: Convenio núm. MLC, 2006
13 memorias solicitadas

Ucrania· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 16, 23, 69, 73, 87, 92, 108, 122, 133, 147, 150, 160· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 98
14 memorias solicitadas
Uganda· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 159, 162· 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 19, 45, 111, 122, 144, 158
16 memorias solicitadas
Uruguay
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 63, 73, 87, 98, 108, 122,
133, 134, 135 , 150, 181
4 memorias solicitadas
Uzbekistán
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 98, 105, 122, 182
3 memorias solicitadas
Vanuatu· 1 memoria recibida: Convenio núm. 185· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 98

Venezuela, República Bolivariana de

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 22, 87, 98, 111, 122, 144, 150, 158
2 memorias solicitadas
Viet Nam
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 122, MLC, 2006

624

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ANEXO I

7 memorias solicitadas

Yemen· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 58, 87, 98, 122, 158, 185
18 memorias solicitadas
Zambia· 17 memorias recibidas: Convenios núms. 19, 81 , 87, 98, 122, 129 , 135, 136, 148, 150, 151,
154, 155 , 159, 176, 181 , 187· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 173
3 memorias solicitadas
Zimbabwe
Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 150

Total general
Se ha solicitado un total de 2 139 memorias (artículo 22),de las cuales se recibieron 1 482 (69,28 por ciento)
Se ha solicitado un total de 197 memorias (artículo 35),de las cuales se recibieron 146 (74,11 por ciento)

625
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ANEXO II

Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias registradas
sobre los convenios ratificados al 5 de diciembre de 2015
(artículo 22 de la Constitución)Año de lareunión de laComisiónde Expertos

Memorias
solicitadas

Memorias recibidas
en la fecha solicitada

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

447
522
601
630
662
702
748
766
583
725
731
763
799
806
831
907
981
1026
1175
1234
1333
1418
1558

134
253
288
268
212
268
283
332
210
340

16,6%
30,4%
31,7%
27,3%
20,6%
22,8%
22,9%
24,9%
14,7%
21,8%

Memorias registradas
para la reuniónde la Comisión

406
435
508
584
577
580
616
588
251
351
370
581
521
666
597
507
743
840
1077
1063
1234
1295
1484

90,8%
83,3%
84,5%
92,7%
87,2%
82,6%
82,4%
76,8%
43,1%
48,4%
50,6%
76,1%
65,2%
82,6%
71,8%
77,7%
75,7%
75,7%
91,7%
86,1%
92,5%
91,3%
95,2%

Memorias registradas
para la reuniónde la Conferencia

423
453
544
620
604
634
635

94,6%
86,7%
90,5%
98,4%
91,2%
90,3%
84,9%
-

314
523
578
666
648
695
666
761
826
917
1119
1170
1283
1349
1509

53,9%
72,2%
79,1%
87,3%
81,1%
86,2%
80,1%
83,9%
84,2%
89,3%
95,2%
94,8%
96,2%
95,1%
96,8%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración,
desde 1959 hasta 1976 sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

626

995
1100
1362
1309
1624
1495
1700
1562
1883
1647
1821
1894
1992
2025
2048
2189
2034
2200

200
256
243
200
280
213
282
245
323
281
249
360
237
297
300
370
301
292

20,4%
23,2%
18,1%
15,5%
17,2%
14,2%
16,6%
16,3%
17,4%
17,1%
13,4%
18,9%
11,8%
14,6%
14,6%
16,5%
14,8%
13,2%

864
838
1090
1059
1314
1268
1444
1330
1551
1409
1501
1463
1504
1572
1521
1854
1663
1831

86,8%
76,1%
80,0%
80,9%
80,9%
84,8%
84,9%
85,1%
84,5%
85,5%
82,4%
77,0%
75,5%
77,6%
74,3%
84,6%
81,7%
83,0%

902
963
1142
1121
1430
1356
1527
1395
1643
1470
1601
1549
1707
1753
1691
1958
1764
1914

90,6%
87,4%
83,8%
85,6%
88,0%
90,7%
89,8%
89,3%
89,6%
89,1%
87,9%
81,6%
85,6%
86,5%
82,5%
89,4%
86,7%
87,0%

ANEXO II

Año de lareunión de laComisiónde Expertos

Memorias
solicitadas

Memorias recibidas
en la fecha solicitada

Memorias registradas
para la reuniónde la Comisión

Memorias registradas
para la reuniónde la Conferencia

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976),
desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas
según determinados criterios, a intervalos de dos o cuatro años

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1529
1701
1593
1581
1543
1695
1737
1669
1666
1752
1793
1636
1719
1958
2010
1824
1906
2290

215
251
234
168
127
332
236
189
189
207
171
149
196
192
271
313
471
370

14,0%
14,7%
14,7%
10,6%
8,1%
19,4%
13,5%
11,3%
11,3%
11,8%
9,5%
9,0%
11,4%
9,8%
13,4%
17,1%
24,7%
16,1%

1120
1289
1270
1302
1210
1382
1388
1286
1312
1388
1408
1230
1256
1409
1411
1194
1233
1573

73,2%
75,7%
79,8%
82,2%
78,4%
81,4%
79,9%
77,0%
78,7%
79,2%
78,4%
75,9%
73,0%
71,9%
69,9%
65,4%
64,6%
68,7%

1328
1391
1376
1437
1340
1493
1558
1412
1471
1529
1542
1384
1409
1639
1544
1384
1473
1879

87,0%
81,7%
86,4%
90,8%
86,7%
88,0%
89,6%
84,6%
88,2%
87,3%
86,0%
84,4%
81,9%
83,7%
76,8%
75,8%
77,2%
82,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993),
fueran solicitadas para 1995, a título excepcional,las memorias detalladas de sólo cinco convenios

1995

1252

479

38,2%

824

65,8%

988

78,9%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993),
las memorias se solicitaran, según determinados criterios,
a intervalos de dos o cinco años

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1806
1927
2036
2288
2550
2313
2368
2344
2569
2638
2586
2478
2515
2733
2745
2735

362
553
463
520
740
598
600
568
659
696
745
845
811
682
861
960

20,5%
28,7%
22,7%
22,7%
29,0%
25,9%
25,3%
24,2%
25,6%
26,4%
28,8%
34,1%
32,2%
24,9%
31,4%
35,1%

1145
1211
1264
1406
1798
1513
1529
1544
1645
1820
1719
1611
1768
1853
1866
1855

63,3%
62,8%
62,1%
61,4%
70,5%
65,4%
64,5%
65,9%
64,0%
69,0%
66,5%
65,0%
70,2%
67,8%
67,9%
67,8%

1413
1438
1455
1641
1952
1672
1701
1701
1852
2065
1949
1812
1962
2120
2122
2177

78,2%
74,6%
71,4%
71,7%
76,6%
72,2%
71,8%
72,6%
72,1%
78,3%
75,4%
73,2%
78,0%
77,6%
77,3%
77,4%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (marzo 2011),
las memorias se solicitan, según determinados criterios,
a intervalos de tres o cinco años

2012
2013
2014
2015

2207
2176
2251
2139

809
740
875
829

36,7%
34,1%
38,9%
38,8%

1497
1578
1597
1482

67,8%
72,5%
70,9%
69,3%

1742
1755
1739

78,9%
80,6%
77,2%

627

ANEXO III

Anexo III.

Lista de las observaciones de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores

Alemania• Confederación Alemana de Sindicatos (DGB)• Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA);
Federación Alemana de la Industria de la Construcción (HDB); Federación
Alemana de la Construcción (ZDB); Organización Internacional de
Empleadores (OIE)• Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA);
Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Angola• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Argelia• Confederación General Autónoma de Trabajadores en Argelia (CGATA)• Confederación General de Empresas Argelinas (CGEA); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)• Confederación Sindical Internacional (CSI)

Argentina• Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)• Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Federación Judicial Argentina (FJA)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Armenia• Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA)• Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA)

Australia• Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU)

Austria• Cámara Federal del Trabajo (BAK)

Bangladesh• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Federación de los Empleadores de Bangladesh (BEF)• Federación de los Empleadores de Bangladesh (BEF); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Belarús
• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)628

sobre los Convenios núms.

88, 128, 129, 138, 139, 159, 161, 167,
187, 189167

87, 138

sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

6, 81, 87, 89, 98, 111, 122, 155, 167,
181
87
87
sobre los Convenios núms.

81, 87, 100, 111, 129, 154, 169
2, 45, 81, 87, 88, 96, 100, 111, 129,
139, 144, 154, 159, 169, 184
87, 98154
87
sobre los Convenios núms.

17, 29, 81, 100, 111, 122, 135, 138,
150, 151, 154, 160, 174, 176, 182
17, 29, 81, 100, 105, 111, 122, 135,
138, 150, 151, 154, 160, 174, 176
sobre los Convenios núms.

81, 88, 100, 111, 155sobre los Convenios núms.

81, 88, 100, 111
sobre los Convenios núms.

87
45, 100, 111
87
87
sobre los Convenios núms.

87
87
87

ANEXO III

Bolivia, Estado Plurinacional de• Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)• Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia(FENATRAHOB)

Bosnia y Herzegovina• Confederación de Sindicatos de la República Srpska (SSRS)

Brasil• Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA)• Confederación Nacional de la Industria (CNI); Organización Internacional de
Empleadores (OIE)• Sindicato de Médicos de Pernambuco (SIMEPE)

Bulgaria• Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria (KNSB/CITUB)

Burkina Faso
• Confederación Nacional de Trabajadores de Burkina (CNTB)

Burundi• Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Camboya• Asociación Independiente del Personal Docente de Camboya (CITA)• Asociación Nacional de Trabajadores de la Educación para el Desarrollo(NEAD); Internacional de la Educación (IE)
• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Camerún
• Confederación de Trabajadores Unidos del Camerún (CTUC)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC)Canadá
• Alianza de la Función Pública del Canadá (AFPC)• Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN)• Congreso del Trabajo de Canadá (CLC)

Chad• Confederación Libre de Trabajadores de Chad (CLTT)• Consejo Nacional de Empleadores Chadianos (CNPT)Checa, República• Confederación Checo-Morava de Sindicatos (CM KOS)

Chile
• Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)• Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH)

sobre los Convenios núms.

26, 81, 87, 131, 138
189

sobre el Convenio núm.

155
sobre los Convenios núms.

29
81, 100, 111, 155, 159, 169, 170
14, 19, 26, 29, 94, 95, 97, 100, 105,
118, 122, 131, 142, 151, 168
sobre los Convenios núms.

13, 45, 62, 81, 100, 111, 120, 127, 181
sobre los Convenios núms.

13, 29, 81, 100, 111, 129, 141, 144,
159, 161, 170, 184sobre los Convenios núms.

26, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 135,
138, 144
87, 9887
sobre los Convenios núms.

87, 9887
87, 98, 182
87
sobre los Convenios núms.

81, 87, 98, 100, 182
182
8713, 45, 81, 87, 100, 111, 122, 162, 182
sobre los Convenios núms.

100, 111
100, 111, 162, 187
88, 100, 111, 162, 187
sobre los Convenios núms.

13, 81, 100, 111
13
sobre los Convenios núms.

81, 88, 120, 139, 148, 159, 187
sobre los Convenios núms.

87, 14435, 37629

ANEXO III

China - Región Administrativa Especial de Hong Kong
• Confederación de Organizaciones Sindicales de Hong Kong (HKCTU)

Colombia• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)• Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)• Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)• Confederación General del Trabajo (CGT)• Sindicato de la Empresa Administradora de Seguridad Limitada(SINTRACONSEGURIDAD)

Comoras• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Congo• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Corea, República de• Federación Coreana de Empleadores (KEF)• Federación Coreana de Empleadores (KEF); Organización Internacional de
Empleadores (OIE)• Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU)

Costa Rica
• Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

Croacia• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Cuba• Central de Trabajadores de Cuba (CTC)• Coalición Sindical Independiente de Cuba (CSIC)

Dinamarca• Confederación de Empleadores de Dinamarca (DA)
• Confederación de Organizaciones de Empleados
y Funcionarios Públicos de Dinamarca (FTF)• Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO)

Dominica• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Ecuador• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Unión Nacional de Educadores(UNE); Internacional de Servicios Públicos (ISP)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)630

sobre el Convenio núm.

144
sobre los Convenios núms.

17, 81, 100, 111, 129, 162, 169
2, 12, 13, 17, 18, 81, 88, 111, 129, 136,
159, 161, 162, 167, 169, 174
2, 12, 13, 17, 18, 81, 88, 100, 111, 129,
136, 159, 161, 162, 167, 169, 174
2, 13, 18, 81, 88, 100, 111, 129, 136,
159, 16995

sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

111, 150
111
150, 160
sobre los Convenios núms.

81, 96, 127, 129, 169
sobre los Convenios núms.

87
87
sobre los Convenios núms.

29, 105, 111, 122
81, 87, 98, 111, 155sobre los Convenios núms.

100
100
87, 98, 100
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 9887, 9887

ANEXO III

El Salvador• Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Sindicato Gremial de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermaría de
El Salvador (SIGPTEES)

Eritrea• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Eslovaquia• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Eslovenia• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

España• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE);
Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Unión General de Trabajadores (UGT)

Ex República Yugoslava de Macedonia• Organización Internacional de Empleadores (OIE)Fiji• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Filipinas• Alianza Nacional de Docentes y Empleados de Oficina (SMP-NATOW);Internacional de la Educación (IE)
• Central de Trabajadores Unidos y Progresistas (SENTRO)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Finlandia• Confederación de Industrias de Finlandia (EK)
• Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la
Educación Superior (AKAVA)• Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la
Educación Superior (AKAVA); Organización Central de Sindicatos
Finlandeses (SAK)• Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK)• Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK); Confederación
Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la Educación
Superior (AKAVA)Francia (Tierras australes y antárticas francesas)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.

87, 14487, 9881, 87, 98, 111, 135, 151
87
149

sobre los Convenios núms.

29
29
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 88, 98, 122, 158, 181
87, 88, 98, 122, 150, 151, 158, 159,
160, 181, 185
87
87
87, 88, 98, 122, 150, 151, 158, 159,
181
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

87, 9887, 9887, 9887
sobre los Convenios núms.

100, 111, 181
88, 100, 111, 148, 155, 161, 181
159
88, 100, 115, 136, 139, 148, 155, 161
81, 187

sobre el Convenio núm.

87631

ANEXO III

Gabón• Congreso Sindical de Gabón (CSG)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Gambia• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Georgia• Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC)

Ghana• Asociación de Empleadores de Ghana (GEA)• Asociación Nacional de Docentes de Ghana (GNAT)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Granada• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Guatemala• Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, yFinancieras (CACIF); Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Guinea• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Guinea Ecuatorial• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Guyana• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Haití• Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado(CTSP)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Honduras• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)

Hungría
• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

India• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Federación Nacional Progresista de los Trabajadores de la Construcción(NPCWF)• Sindicato de Trabajadores de la Confección (GLU)
632

sobre los Convenios núms.

26, 98, 122, 144, 151
87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

29, 87, 88, 98, 100, 105, 111, 138, 181,
182
sobre los Convenios núms.

88
138, 182
87, 9887
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 98, 169
87
87, 9829, 87, 10587sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

1, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 81, 87, 98,
100, 106, 111
87, 9887
sobre los Convenios núms.

81
29, 45, 62, 81, 105, 127, 144, 169, 182

sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

29, 8129
1, 26, 29, 111

ANEXO III

Indonesia• Confederación Sindical Indonesia para la Prosperidad (KSBI); Sindicato deTrabajadores Migrantes Indonesios (SBMI)

Irlanda• Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Islas Salomón• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Italia• Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL)• Unión General del Trabajo (UGL)• Unión Italiana del Trabajo (UIL)

Jamaica• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Japón• Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO)• Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN)• Sindicato de los Trabajadores Migrantes• Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios Sociales y de laProteción de la Infancia (NUWCW)

Kazajstán• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Kiribati• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Kuwait• Cámara Kuwaití de Comercio e Industria (KCCI)• Confederación Sindical Indonesia para la Prosperidad (KSBI); Sindicato deTrabajadores Migrantes Indonesios (SBMI)

Letonia• Confederación de Sindicatos Libres de Letonia (FTUCL)

Líbano• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Liga de Profesores de Educación Pública Primaria del Líbano (PPSTLL); Ligade Profesores de Educación Pública Secundaria del Líbano (LPESPL);Internacional de la Educación (IE)

Liberia• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Luxemburgo• Organización Internacional de Empleadores (OIE)Madagascar• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Sindicato Autónomo de Inspectores del Trabajo

sobre el Convenio núm.

29

sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

29
138, 139, 182
170
sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

29, 45, 88, 115, 119, 120, 138, 139,
144, 159, 162, 181, 182, 187
29, 115, 159, 181
29
159

sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

29, 105, 138, 144, 182
29, 105

sobre el Convenio núm.

144
sobre los Convenios núms.

98
98

sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 9887
81, 129633

ANEXO III

Malasia• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Congreso de Sindicatos de Malasia (MTC)

Maldivas, República de• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Malta• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Mauricio• Federación de Empleadores de Mauricio (MEF); Organización Internacionalde Empleadores (OIE)

Mauritania• Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

México• Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos(CONCAMIN)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• IndustriALL Global Union (IndustriALL)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Sindicato de Telefonistas de la República de México
• Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno delEstado de San Luis Potosí (SITTGE)• Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales deIngresos y Servicios Conexos (SNTCPF)• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Hierro, Acero,
Productos Derivados, Similares y Conexos de la República Mexicana• Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Mongolia• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Níger• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Nigeria• Confederación Sindical Internacional (CSI)

Noruega• Confederación Noruega de Sindicatos (LO)• Confederación de Comercio e Industria de Noruega (NHO)

Nueva Zelandia• Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU)• Empresa Nueva Zelandia

Países Bajos• Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV)• Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV); Federación Nacional deSindicatos Cristianos (CNV); Confederación Sindical de Intermedios y Altos
Ejecutivos (MHP)
634

sobre los Convenios núms.

98
98
sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

98

sobre los Convenios núms.

3, 13, 14, 22, 23, 29, 81, 87, 98, 100,
111, 122, 138
29, 87, 98
87
sobre los Convenios núms.

8, 9, 29
87
87
87
102
30, 106, 111, 159
150, 15587
87, 144
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 98sobre los Convenios núms.

137
137
sobre los Convenios núms.

29, 160, 182
8, 9, 16, 22, 23, 29, 98, 105, 144, 160,
182
sobre los Convenios núms.

29, 71, 81, 129, 155, 160
81, 129, 155

ANEXO III

Pakistán• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Panamá
• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO); Confederación
Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Papua Nueva Guinea• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Paraguay• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)Perú• Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)• Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial-Lima (SUTRAPOJ)

Polonia• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Sindicato Independiente y Autónomo "Solidarnosc"

Portugal• Confederación de Agricultores de Portugal (CAP)• Confederación de Comercio y Servicios de Portugal (CCSP)• Confederación de la Industria Portuguesa (CIP)• Confederación del Turismo Portugués (CTP)• Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical
Nacional (CGTP-IN)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Unión General de Trabajadores (UGT)

Qatar• Confederación Sindical Internacional (CSI)

Reino Unido• Congreso de Sindicatos (TUC)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Anguilla)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Bermudas)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Sindicato de los Servicios Públicos de Bermudas (BPSU)

Reino Unido (Gibraltar)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.

87, 9881
87
sobre los Convenios núms.

87
87, 98, 12287sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87
87
sobre los Convenios núms.

111, 169
169
87, 9887
98, 151
sobre los Convenios núms.

87, 9887
87, 98, 122, 151, 160
sobre los Convenios núms.

122
122
122
122
87, 98, 100, 111, 122, 139, 162
87
87, 98, 100, 111, 139, 162
sobre el Convenio núm.

29
sobre los Convenios núms.

87, 98, 108, 122, 135, 150, 151, MLC,
2006
87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87
87
sobre el Convenio núm.

87635

ANEXO III

Reino Unido (Guernsey)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Isla de Man)
• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Islas Caimanes)• Federación International de los Trabajadores del Transporte (FIT)

Reino Unido (Islas Malvinas (Falkland))• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Islas Vírgenes Británicas)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Jersey)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Montserrat)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Reino Unido (Santa Elena)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Rumania• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Rusia, Federación de• Confederación de Trabajo de Rusia (KTR)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Rwanda• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)Saint Kitts y Nevis• Organización Internacional de Empleadores (OIE)Samoa• Organización Internacional de Empleadores (OIE)San Marino• Organización Internacional de Empleadores (OIE)San Vicente y las Granadinas• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Santa Lucía• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Santo Tomé y Príncipe• Organización Internacional de Empleadores (OIE)636

sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

MLC, 2006
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

87, 9887, 9887
sobre los Convenios núms.

98
87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87

ANEXO III

Senegal• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Serbia• Associacion de Sindicatos de Docentes de Serbia (USPRS); Internacional dela Educación (IE)
• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Seychelles• Asociación de Empleadores de Seychelles• Federación de Sindicatos de Trabajadores de Seychelles (SFWU)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Sierra Leona• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Siria, República Árabe
• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Somalia• Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU)

Sri Lanka• IndustriALL Global Union (IndustriALL)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Sudáfrica• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Sudán• Federación Sudanesa de Hombres de Negocios y de Empleadores (SBEF)

Suecia• Confederación Sueca de Profesionales (TCO); Confederación Sueca deAsociaciones Profesionales (SACO); Confederación Sueca de Sindicatos(LO)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Suiza• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Suriname• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Swazilandia• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Federación de Empleadores de Swazilandia y Cámara de Comercio(FSE&CC)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Tanzanía, República Unida de• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

111
98
87
sobre los Convenios núms.

87, 9887, 98, 108, 150
87
sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

29, 87, 98, 111, 182
sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

87
87
sobre los Convenios núms.

98, 122sobre los Convenios núms.

87
87
sobre los Convenios núms.

98
87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87
87
87
sobre los Convenios núms.

87
87
637

ANEXO III

Tayikistán• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Timor-Leste• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Togo• Consejo Nacional de Empleadores de Togo (CNP-Togo); Organización
Internacional de Empleadores (OIE)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Trinidad y Tabago• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Túnez• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Turkmenistán• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Turquía
• Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK)• Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK);
Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK)• Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS)• Confederación de Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IS)• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Confederación Turca de Asociaciones de Empleados Públicos (Türkiye
Kamu-Sen)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Sindicato de Marinos de Turquía (TDS)

Ucrania• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Federación de Empleadores de Ucrania (FEU); Organización Internacional de
Empleadores (OIE)• Federación de Sindicatos de Ucrania ; Confederación Sindical Internacional(CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Uganda• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Uruguay• Cámara de Industrias del Uruguay (CIU); Cámara Nacional de Comercio yServicios del Uruguay (CNCS); Organización Internacional de Empleadores(OIE)• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS); Cámara deIndustrias del Uruguay (CIU); Organización Internacional de Empleadores(OIE)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Uzbekistán• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)638

sobre el Convenio núm.

87
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87
87
sobre los Convenios núms.

87
87
sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

29, 10587
sobre los Convenios núms.

81, 87, 98, 122, 155, 161
87, 98, 155
87, 98, 122, 155, 161
53, 55, 81, 87, 98, 122, 161, 166
98, 155, 161
87, 98, 155
81
87
53, 55, 166
sobre los Convenios núms.

87
87
87, 9887
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 98, 144, 154
87, 9887
sobre los Convenios núms.

105
29, 105, 182

ANEXO III

Vanuatu• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Venezuela, República Bolivariana de• Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST)• Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)• Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción deVenezuela (FEDECAMARAS); Organización Internacional de Empleadores(OIE)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)• Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE)

Viet Nam• Alianza Cooperativa de Viet Nam (VCA)• Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam (VCCI)• Confederación General del Trabajo de Viet Nam (VGCL)

Yemen• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Zambia• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

Zimbabwe• Confederación Sindical Internacional (CSI)• Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU)• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

122
87, 98, 111, 122, 144, 150, 155
26, 87, 88, 122, 144, 158
87
81, 87, 98, 111, 144, 150, 155sobre los Convenios núms.

122
122
122
sobre el Convenio núm.

87
sobre los Convenios núms.

87, 9887
sobre los Convenios núms.

87, 9887, 98, 150
87

639

ANEXO IV

Anexo IV. Resumen de las informaciones comunicadas por los gobiernos
respecto de la obligación de someter los instrumentos adoptados
por la Conferencia Internacional del Trabajo
a las autoridades competentes
El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en sus párrafos 5, 6 y 7, impone a losEstados Miembros la obligación de someter a las autoridades competentes, dentro de un plazo determinado, los convenios,
las recomendaciones y los correspondientes protocolos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Estas
mismas disposiciones prevén que los gobiernos de los Estados Miembros deberán informar al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas para someter los instrumentos a las autoridades
competentes y comunicar asimismo toda información relativa a la autoridad o a las autoridades consideradas comocompetentes, así como sobre cualquier medida adoptada por las mismas.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, se presentó a la Conferencia un resumen de las informaciones
comunicadas en cumplimiento del artículo 19.
En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización ysimplificación. En consecuencia, el resumen de dichas informaciones se publica en el anexo al Informe de la Comisión deExpertos sobre Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
El presente resumen incluye las informaciones más recientes sobre la sumisión a las autoridades competentes delProtocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y de la Recomendación sobre el trabajo forzoso(medidas complementarias), 2014 (núm. 203) adoptados en la 103.ª reunión de la Conferencia (junio de 2014), así como
información preliminar comunicada por los gobiernos sobre la sumisión de la Recomendación sobre la transición de laeconomía informal a la formal, 2015 (núm. 204), adoptada en la 104.ª reunión de la Conferencia (junio de 2015).
Estas informaciones resumidas incluyen también aquellas que fueron comunicadas al Director General de laOrganización Internacional del Trabajo con posteridad a la clausura de la 104.ª reunión de la Conferencia (junio de 2015)
y que no se pudieron poner en conocimiento de dicha reunión.
Argelia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Asamblea
Nacional del Pueblo y al Consejo de la Nación el 30 de septiembre de 2015.
Australia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara deRepresentantes y al Senado el 13 de mayo de 2015.
Bélgica. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara deRepresentantes y al Senado el 8 de abril de 2015.
Benin. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 103.ª y 104.ª reuniones fueron sometidos a la
Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2015.
Brasil. Los instrumentos adoptados por la Conferencia desde la 51.ª hasta la 103.ª reuniones fueron sometidos al
Presidente del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2015.
Bulgaria. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Asamblea
Nacional el 16 de abril de 2015.
República Checa. El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 fue sometido a laconsideración de la Cámara de Diputados con miras a su ratificación el 31 de julio de 2015.
Colombia. La Recomendación sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 183), el Protocolo de 2002
relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, y los instrumentos adoptados por la Conferencia en
su 103.ª reunión fueron presentados a la Cámara de Representantes y al Senado el 5 de mayo de 2015.
Costa Rica. El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 fue sometido a la Asamblea
Legislativa el 18 de junio de 2015.
Ecuador. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Asamblea
Nacional el 19 de noviembre de 2015.
Eslovaquia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Consejo
Nacional el 27 de enero de 2015.

640

ANEXO IV

Eslovenia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Asamblea
Nacional el 7 de mayo de 2015.
Estados Unidos. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Senado ya la Cámara de Representantes el 6 de enero de 2015.
Estonia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Parlamento(Riigkogu) el 14 de noviembre de 2014.
Filipinas. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Senado y a la
Cámara de Representantes el 29 de agosto de 2014. La Recomendación núm. 204 fue presentada al Senado y a la Cámara
de Representantes el 12 de agosto de 2015.
Finlandia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron presentados al Parlamento el
2 de febrero de 2015.
Francia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Asamblea
Nacional y al Senado el 22 de septiembre de 2014.
Grecia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Parlamento el
1.º de septiembre de 2015.
Guatemala. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 100.ª, 103.ª y 104.ª reuniones fueron sometidos
al Congreso de la República el 28 de octubre de 2015.
Honduras. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Congreso
Nacional el 4 de septiembre de 2014.
India. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a ambas Cámaras delParlamento de la India (el Lok Sabha el 3 de agosto de 2015 y el Rajya Sabha el 5 de agosto de 2015).
Indonesia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara deRepresentantes el 26 de octubre de 2015.
Islandia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Parlamento el
1.º de junio de 2015.
Israel. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Parlamento(Knesset) el 15 de septiembre de 2014. La Recomendación núm. 204 se sometió al Knesset el 28 de octubre de 2015.
Italia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara de
Diputados y al Senado el 23 de febrero de 2015.
Japón. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron presentados al Parlamento el
19 de mayo de 2015.
República Democrática Popular Lao. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueronpresentados a la Asamblea Nacional el 5 de mayo de 2014.
Letonia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 103.ª y 104.ª reuniones fueron presentados alParlamento (Saeima) el 7 de mayo y el 23 de septiembre de 2015, respectivamente.
Lituania.
enero de 2015.

Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Seimas el 9 deLuxemburgo.

La Recomendación núm. 204 fue sometida a la Cámara de Diputados el 7 de agosto de 2015.

Marruecos. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara deRepresentantes y a la Cámara de Consejeros el 8 de agosto de 2014. La Recomendación núm. 204 fue sometida el 13 deagosto de 2015.
República de Moldova.
29 de julio de 2015.

La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento de la República de Moldova elMontenegro. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Parlamento
de Montenegro del 19 al 22 de junio de 2015.
Nicaragua. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Asamblea
Nacional el 31 de octubre de 2014.

641

ANEXO IV

Níger. La ratificación del Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), del Convenio sobre lasagencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 fue registrada en mayo y junio de 2015.
Nigeria.

La Recomendación núm. 204 fue sometida al Senado y a la Cámara de Representantes el 10 de agosto de2015.
Noruega. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 100.ª y 103.ª reuniones fueron sometidos alParlamento noruego (Storting) el 8 de octubre de 2014. La ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el
trabajo forzoso, 1930 fue registrada el 9 de noviembre de 2015. La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento
noruego el 7 de octubre de 2015.
Panamá. Las Recomendaciones núms. 203 y 204 fueron sometidas a la Asamblea Nacional el 5 y el 23 de octubre
de 2015, respectivamente.
Polonia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara baja delParlamento (Seim) el 22 de mayo de 2015.
Rumania. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Senado y a la
Cámara de Representantes el 9 de diciembre de 2014 y el 3 de febrero de 2015, respectivamente.
San Marino. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones fueron sometidas
al Gran Consejo y al Consejo General el 22 de noviembre de 2013.
Santo Tomé y Príncipe. Los instrumentos adoptados por la Conferencia desde la 77.ª reunión (junio de 1990) a la
101.ª reunión (mayo-junio de 2012) fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 8 de mayo de 2015.
Serbia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Parlamento
Nacional el 5 de noviembre de 2015.
Sri Lanka. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Parlamento el
20 de octubre de 2015.
Turquía. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Gran Asamblea
Nacional el 13 de diciembre de 2014.
Ucrania. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Consejo
Supremo (Verokhvna Rada) el 24 de octubre de 2014.
Uzbekistán. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara
Legislativa del Parlamento (Oliy Majlis) el 8 de septiembre de 2014.
República Bolivariana de Venezuela. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron
sometidos a la Asamblea Nacional el 28 de septiembre de 2015.
Viet Nam. La Recomendación núm. 202 fue sometida a la Asamblea Nacional el 7 de septiembre de 2012. Los
instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos el 16 de septiembre de 2014. La
Recomendación núm. 204 fue sometida el 26 de agosto de 2015.
Zimbabwe. La Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203) fue sometida
al Parlamento de Zimbabwe el 1.º de abril de 2015. El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 y la Recomendación núm. 204 fueron sometidos al Parlamento el 15 de octubre de 2015.
La Comisión ha considerado necesario solicitar, en algunos casos, informaciones complementarias sobre lanaturaleza de las autoridades competentes a las que se han sometido los instrumentos adoptados por la Conferencia, asícomo otras precisiones requeridas por el cuestionario incluido en el Memorándum sobre la obligación de someter losconvenios y recomendaciones a las autoridades competentes, en su tenor revisado en marzo de 2005.

642

ANEXO V

Anexo V. Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto
a la obligación de someter los convenios y las recomendaciones
a las autoridades competentes(31.ª a 103.ª reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1948-2014)
Nota. Los números de los convenios y las recomendaciones aparecen entre paréntesis, precedidos
por la letra C o R, en los casos en que solamente algunos de los textos adoptados en el curso de una
misma reunión hayan sido sometidos a las autoridades competentes. Los protocolos se indican con laletra P, seguida del número del convenio correspondiente. Los convenios ratificados y las
recomendaciones correspondientes se consideran como sometidos.
Se ha tenido en cuenta la fecha de admisión o de readmisión de los Estados Miembros a la OIT
para determinar las reuniones de la Conferencia cuyos textos adoptados son tomados en consideración.
La Conferencia no adoptó convenios ni recomendaciones en sus 57.ª reunión (junio de 1972),
73.ª reunión (junio de 1987), 93.ª reunión (junio de 2005), 97.ª reunión (junio de 2008), 98.ª reunión (junio
de 2009) y 102.ª reunión (junio de 2013).
Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Afganistán
31-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101, 103

79-81, 82 (C176, R183), 83, 84 (C178, P147,
R186), 85, 87, 88, 90 (P155), 91, 95 (C187, R197)

78, 82 (P081), 84 (C179, C180, R185, R187), 86,
89, 90 (R193, R194), 92, 94, 95 (R198), 96,
99-101, 103

Albania

Alemania
34-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, R177), 78-92,
94-96, 99-101

77 (C171, P089, R178), 103

61-72, 74-78, 79 (C173), 80, 81, 82 (R183, C176),
83-85, 87-90

79 (R180), 82 (P081), 86, 91, 92, 94-96, 99-101,
103

AngolaAntigua y Barbuda
68-72, 74-82, 84, 87, 94, 100

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99, 101, 103

Arabia Saudita
61-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 100, 103

99, 101

Argelia

Argentina
31-56, 58-72, 74-90, 92, 94-96, 99-101

91, 103

80-92, 94-96, 99-101

103

Armenia

Australia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103
643

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101, 103

Austria

Azerbaiyán
79 (C173), 80-82, 85-88, 91, 92

79 (R180), 83, 84, 89, 90, 94-96, 99-101, 103

Bahamas61-72, 74-84, 87, 91, 94

85, 86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103

63-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101, 103

Bahrein

Bangladesh
58-72, 74-76, 77 (C171, R178), 78, 80, 84, 85(C181), 87, 91, 94

77 (C170, P089, R177), 79, 81-83, 85 (R188), 86,
88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103

Barbados
51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101, 103

37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Belarús

Bélgica
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Belice68-72, 74-76, 84, 87, 88, 94

77-83, 85, 86, 89-92, 95, 96, 99-101, 103

Benin
45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Bolivia, Estado Plurinacional de
31-56, 58-72, 74-79, 80 (C174), 81 (C175), 82(C176), 83 (C177), 84 (C178, C179, C180), 85(C181), 87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 100

80 (R181), 81 (R182), 82 (P081, R183), 83(R184), 84 (P147, R185, R186, R187), 85(R188), 86, 88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94-96,
99, 101, 103

Bosnia y Herzegovina
80-92, 94-96, 99, 101

100, 103

Botswana
64-72, 74-92, 94-96, 99, 100

Brasil
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103
644

101, 103

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Brunei Darussalam
96, 99-101, 103

Bulgaria
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Burkina Faso
45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

47-56, 58-72, 74-92, 95

94, 96, 99-101, 103

BurundiCabo Verde65-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Camboya53-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

Camerún
44-56, 58-72, 74-92, 94-96, 101

99, 100, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Canadá

Centroafricana, República
45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

Chad

Checa, República
80-92, 94-96, 99-101, 103 (P029)

103 (R203)

31-56, 58-72, 74-82, 87, 95 (C187, R197), 100

83-86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99, 101, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101, 103

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Chile

China

ChipreColombia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103
645

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

65-72, 74-78, 87

79-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

45-53, 54 (C131, C132), 55, 56, 58 (C138, R146),
59, 60 (C142, R150), 61, 62, 63 (C148, C149,
R157), 64-66, 67 (C154, C155, C156), 68 (C158),
71 (C160, C161), 74, 75 (C167, C168), 76, 84, 87,
91, 94, 96

54 (R135, R136), 58 (C137, R145), 60 (C141,
C143, R149, R151), 63 (R156), 67 (R163, R164,
R165), 68 (C157, P110, R166), 69, 70, 71 (R170,
R171), 72, 75 (R175, R176), 77-83, 85, 86,
88-90, 92, 95, 99-101, 103

ComorasCongo

Corea, República de
79-92, 94-96, 99-101, 103

Costa Rica
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029)

103 (R203)

Côte d'Ivoire
45-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

80-85, 87, 91, 94

86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Croacia

Cuba

Democrática del Congo, República
45-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Dinamarca
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

64, 65, 67, 71, 72, 83, 87

66, 68-70, 74-82, 84-86, 88-92, 94-96, 99-101,
103

Djibouti

Dominica
68-72, 74-79, 87

80-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Dominicana, República
31-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99, 100

96, 101, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029)

103 (R203)

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

EcuadorEgipto646

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

El Salvador
31-56, 58-61, 63 (C149), 64, 67 (R164, R165,
C155, C156), 69 (R168, C159), 71, 72, 74-81, 87,
90 (P155)62, 63 (R156, R157, C148), 65, 66, 67 (R163,
C154), 68, 69 (R167), 70, 82-86, 88, 89, 90(R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101, 103

Emiratos Árabes Unidos
58-72, 74-92, 95, 96

94, 99-101, 103

80-92, 94-96, 99-101

103

Eritrea

Eslovaquia
80-92, 94-96, 99-101, 103

Eslovenia
79-92, 94-96, 99-101, 103

España39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Estados Unidos
66-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Estonia
79-92, 94-96, 99-101, 103

Etiopía
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Ex República Yugoslava de Macedonia
80-83, 85, 87, 88, 95 (C187, R197)

84, 86, 89-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103

59-72, 74-82, 84, 85, 87, 89, 92, 94

83, 86, 88, 90, 91, 95, 96, 99-101, 103

Fiji

Filipinas
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Finlandia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Francia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Gabón
45-56, 58-72, 74-81, 82 (C176), 83 (C177), 84, 85(C181), 87, 89 (C184), 91, 94

82 (P081, R183), 83 (R184), 85 (R188), 86, 88,
89 (R192), 90, 92, 95, 96, 99-101, 103
647

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

82-92, 94-96

99-101, 103

80-92, 94-96, 99-101

103

40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

66-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101, 103

GambiaGeorgia

Ghana

GranadaGrecia31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Guatemala31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Guinea43-56, 58-72, 74-83, 87

84-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Guinea-Bissau
63-72, 74-88, 94

89-92, 95, 96, 99-101, 103

Guinea Ecuatorial
67-72, 74-79, 84, 87

80-83, 85, 86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

50-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100

96, 99, 101, 103

31-56, 58-66, 67 (C156, R165), 69-72, 74, 75(C167), 87

67 (C154, C155, R163, R164), 68, 75 (C168,
R175, R176), 76-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

GuyanaHaití

Honduras
38-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Hungría
31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

India

Indonesia
33-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103
648

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Irán, República Islámica del
31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92,
94-96

90 (P155), 99-101, 103

31-56, 58-72, 74-87, 89

88, 90-92, 94-96, 99-101, 103

31-56, 58-72, 74-87, 94, 100

88-92, 95, 96, 99, 101, 103

Iraq

IrlandaIslandia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Islas Marshall99-101, 103

Islas Salomón
74, 8770-72, 75-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Israel32-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Italia31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Jamaica
47-56, 58-72, 74-91

92, 94-96, 99-101, 103

Japón
35-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Jordania
39-56, 58-72, 74-91, 94

92, 95, 96, 99-101, 103

Kazajstán
82 (C176, R183), 87, 88, 91

80, 81, 82 (P081), 83-86, 89, 90, 92, 94-96,
99-101, 103

48-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Kenya

Kirguistán87, 8979-86, 88, 90-92, 94-96, 99-101, 103

94

88-92, 95, 96, 99-101, 103

Kiribati

649

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

45-56, 58-72, 74-76, 78, 79, 80 (C174), 81-85, 87,
88, 90, 91

77, 80 (R181), 86, 89, 92, 94-96, 99-101, 103

KuwaitLao, República Democrática Popular
48-56, 58-72, 74-81, 82 (R183, C176), 83-92,
94-96, 99, 100, 103

82 (P081), 101

66-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

LesothoLetonia
79-92, 94-96, 99-101, 103

Líbano32-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

31-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, C171, R177,
R178), 78-81, 82 (C176, R183), 83-87, 91, 94

77 (P089), 82 (P081), 88-90, 92, 95, 96, 99-101,
103

35-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Liberia

Libia

Lituania
79-92, 94-96, 99-101, 103

Luxemburgo
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Madagascar
45-56, 58-72, 74-89, 91, 100

90, 92, 94-96, 99, 101, 103

41-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (C187, R197)

95 (R198), 96, 99-101, 103

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

Malasia

Malawi

Maldivas, República de99-101, 103

Malí45-56, 58-72, 74-83, 84 (C178, C179, C180,
R185, R186, R187), 85, 87-89, 90 (R193, R194),
91

650

84 (P147), 86, 90 (P155), 92, 94-96, 99-101, 103

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

49-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101, 103

Malta

Marruecos
39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Mauricio
53-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Mauritania
45-56, 58-72, 74-80, 81 (C175), 82 (C176, R183),
83, 84 (C178, C179, C180, R185, R186, R187),
85-91

81 (R182), 82 (P081), 84 (P147), 92, 94-96,
99-101, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (R198), 99, 101

95 (C187, R197), 96, 100, 103

MéxicoMoldova, República de
79-91, 95 (C187, R197)

92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103

Mongolia
52-56, 58-72, 74-81, 82 (C176, R183), 83-92,
94-96, 99-101

82 (P081), 103Montenegro
96, 99-101, 103

Mozambique
61-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Myanmar31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

65-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Namibia

Nepal

Nicaragua40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Níger
45-56, 58-72, 74-82, 85, 87, 88, 90 (P155), 95(C187, R197), 103

83, 84, 86, 89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94, 95(R198), 96, 99-101

651

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

45-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100

96, 99, 101, 103

Nigeria

Noruega
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Nueva Zelandia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

81-92, 95 (R197, R198), 99

94, 95 (C187), 96, 100, 101, 103

Omán

Países Bajos
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 101

99, 100, 103

31-56, 58-72, 74-80, 87, 91

81-86, 88-90, 92, 94-96, 99-101, 103

PakistánPalau
101, 103

Panamá
31-56, 58-72, 74-87, 88 (R191), 89 (R192), 90(R193, R194), 92, 94, 95 (R197, R198), 96(R199), 99-101, 103 (R203)

88 (C183), 89 (C184), 90 (P155), 91, 95 (C187),
96 (C188), 103 (P029)

Papua Nueva Guinea
61-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101, 103

Paraguay
40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 100

99, 101, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Perú

Polonia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Portugal
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Qatar

Reino Unido
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

652

103

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Rumania
39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Rusia, Federación de
37-56, 58-72, 74-88, 91, 94, 95 (C187, R197)

89, 90, 92, 95 (R198), 96, 99-101, 103

47-56, 58-72, 74-79, 81, 87

80, 82-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

RwandaSaint Kitts y Nevis
84, 87, 94

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99-101, 103

94

95, 96, 99-101, 103

Samoa

San Marino
68-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

San Vicente y las Granadinas
84, 86, 87, 94

82, 83, 85, 88-92, 95, 96, 99-101, 103

Santa Lucía
67 (C154, R163), 68 (C158, R166), 87

66, 67 (C155, C156, R164, R165), 68 (C157,
P110), 69-72, 74-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Santo Tomé y Príncipe
68-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

SenegalSerbia89-92, 94-96, 99-101, 103

Seychelles
63-72, 74-88, 94

89-92, 95, 96, 99-101, 103

Sierra Leona
45-56, 58-61, 62 (C145, C147, R153, R155)

62 (C146, R154), 63-72, 74-92, 94-96, 99-101,
103

Singapur
50-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

653

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Siria, República Árabe
31-56, 58-65, 67, 68, 69 (C159, R167), 71, 72,
74-76, 77 (C170, R177), 84, 87-89, 90 (P155), 94

66, 69 (R168), 70, 77 (C171, P089, R178), 78-83,
85, 86, 90 (R193, R194), 91, 92, 95, 96, 99-101,
103

45-56, 58-72, 74, 75, 87

76-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Somalia

Sri Lanka
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Sudáfrica
81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101

103

39-56, 58-72, 74-80, 87

81-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

Sudán

Sudán del Sur
101, 103

Suecia31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 101

100, 103

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Suiza

Suriname
61-72, 74-89

90-92, 94-96, 99-101, 103

Swazilandia
60-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

Tailandia
31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

Tanzanía, República Unida de
46-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Tayikistán
81-92, 94-96, 99-101

103

Timor-Leste
92, 94-96

99-101, 103

44-56, 58-72, 74-87, 89, 94, 95 (C187, R197)

88, 90-92, 95 (R198), 96, 99-101, 103

Togo

654

ANEXO V

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos
a las autoridades consideradas por los gobiernos comocompetentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido
sometidos (incluidos los casos en que no ha sido
comunicada ninguna información)

Trinidad y Tabago
47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103

Túnez

Turkmenistán
81-92, 94-96, 99, 100

101, 103

Turquía
31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Tuvalu99-101, 103

Ucrania
37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Uganda47-56, 58-72, 74-80, 87

81-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103

31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 95(R197, R198), 100

90 (P155), 94, 95 (C187), 96, 99, 101, 103

Uruguay

Uzbekistán
80-92, 94-96, 99-101, 103

Vanuatu
91, 92, 94-96, 99-101, 103

Venezuela, República Bolivariana de
41-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

Viet Nam
79-92, 94-96, 99-101, 103

Yemen
49-56, 58-72, 74-87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 95(C187)

88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94, 95 (R197,
R198), 96, 99-101, 103

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103

ZambiaZimbabwe66-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

655

ANEXO VI

Anexo VI. Situación de los Estados Miembros en relación con la sumisióna las autoridades competentes de los instrumentos adoptados
por la Conferencia al 5 de diciembre de 2015

Reuniones de la CIT

Número de Estados en que, según las informaciones comunicadas
por los gobiernos:
Todos losinstrumentos han
sido sometidos

Algunos
instrumentos han
sido sometidos

Ningún instrumento
ha sido sometido

Número de Estados Miembrosde la OIT al momento de lareunión

Todos los instrumentos adoptados entre la 31° y la 53° reuniones han sido sometidos a
las autoridades competentes por los Estados Miembros

54.ª
55.ª
56.ª
58.ª
59.ª
60.ª
61.ª
62.ª
63.ª
64.ª
65.ª
66.ª
67.ª
68.ª
69.ª
70.ª
71.ª
72.ª
74.ª
75.ª
76.ª
77.ª
78.ª
79.ª
80.ª
81.ª
82.ª
83.ª
84.ª
85.ª
86.ª
87.ª
88.ª
89.ª
90.ª
91.ª
656

(Junio de 1970)(Octubre de 1970)(Junio de 1971)(Junio de 1973)(Junio de 1974)(Junio de 1975)(Junio de 1976)(Octubre de 1976)(Junio de 1977)(Junio de 1978)(Junio de 1979)(Junio de 1980)(Junio de 1981)(Junio de 1982)(Junio de 1983)(Junio de 1984)(Junio de 1985)(Junio de 1986)(Octubre de 1987)(Junio de 1988)(Junio de 1989)(Junio de 1990)(Junio de 1991)(Junio de 1992)(Junio de 1993)(Junio de 1994)(Junio de 1995)(Junio de 1996)(Octubre de 1996)(Junio de 1997)(Junio de 1998)(Junio de 1999)(Junio de 2000)(Junio de 2001)(Junio de 2002)(Junio de 2003)

119
120
120
122
125
125
131
129
131
134
135
137
138
141
142
142
145
145
146
143
141
134
139
142
150
151
143
142
146
142
135
173
135
129
120
135

1
0
0
1
0
1
0
1
2
0
0
0
4
2
2
0
1
0
0
2
0
4
0
2
2
2
10
2
4
3
0
0
3
4
8
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
5
1
4
4
7
3
4
3
4
6
9
10
12
15
18
20
30
24
29
39
1
37
42
47
41

120
120
120
123
125
126
131
131
134
135
137
142
143
147
148
149
149
149
149
149
147
147
149
156
167
171
173
174
174
174
174
174
175
175
175
176

ANEXO VI

Reuniones de la CIT

92.ª
94.ª
95.ª
96.ª
99.ª
100.ª
101.ª
103.ª

(Junio de 2004)(Febrero de 2006)(Junio de 2006)(Junio de 2007)(Junio de 2010)(Junio de 2011)(Junio de 2012)(Junio de 2014)

Número de Estados en que, según las informaciones comunicadas
por los gobiernos:
Todos losinstrumentos han
sido sometidos

Algunos
instrumentos han
sido sometidos

120
134
113
106
92
96
86
42

0
0
13
1
0
0
0
4

Ningún instrumento
ha sido sometido

57
44
52
71
91
87
99
139

Número de Estados Miembrosde la OIT al momento de lareunión

177
178
178
178
183
183
185
185

657

ANEXO VII

Anexo VII. Lista de los comentarios
presentados por la Comisión por país
Los comentarios abajo indicados han sido redactados en forma de "observaciones" que se reproducen en este informe, o bien como"solicitudes directas", que no se publican, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados.
Son igualmente mencionadas las respuestas recibidas a las solicitudes directas, de las cuales la Comisión ha tomado nota.

AfganistánObservación general
Observaciones para los Convenios núms. 100, 105, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 105, 111, 139
Solicitud directa sobre la sumisión

Albania

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 88, 105, 122, 151, 154, 155, 174, 176, 181
Observación sobre la sumisión

Alemania

Observaciones para los Convenios núms. 88, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 88, 115, 129, 139, 140, 159, 160, MLC, 2006
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

AngolaSolicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 88, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 29, 45, 74, 87, 89, 91, 100, 105, 106, 107,
111, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Antigua y Barbuda

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitud directa para el Convenio núm. 155
Observación sobre la sumisión

Arabia Saudita

Solicitud directa sobre la sumisión

Argelia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 56, 81, 87, 91, 147, 167
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 69
Solicitud directa sobre la sumisión

Argentina

Observaciones para los Convenios núms. 87, 88, 96, 154, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 87, 115, 144, 159, 169
Solicitud directa sobre la sumisión

Armenia

Observaciones para los Convenios núms. 17, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 150, 160, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Australia

Solicitud directa para el Convenio núm. 88

Austria

Observación para el Convenio núm. 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 135, 160
Solicitud directa sobre la sumisión

Azerbaiyán

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 23, 29, 92, 105, 122, 133, 134, 147, 160
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 16
Observación sobre la sumisión

BahamasSolicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 103, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 88, 100, 105, 111, 117, 144, 182, MLC, 2006
Observación sobre la sumisión

BahreinObservación sobre la sumisión

Bangladesh

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 100, 107, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 96, 107, 111, 149
Observación sobre la sumisión

Barbados

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 111, 135

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 105, 108, 111, 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Belarús

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 150, 160, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 138
Solicitud directa sobre la sumisión

658

ANEXO VII

Bélgica

Observación para el Convenio núm. 155

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 81, 129, 150, 155, 176, 177, MLC, 2006
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 154, 174

BeliceObservación general
Observaciones para los Convenios núms. 105, 115

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 88, 100, 105, 111, 138, 150, 154, 155,
182
Observación sobre la sumisión

Benin

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 160

Bolivia, Estado PlurinacionaldeObservaciones para los Convenios núms. 81, 129, 136, 138, 162

Bosnia y Herzegovina

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 29, 88, 105, 159, 181

Botswana

Observación para el Convenio núm. 151

BrasilObservaciones para los Convenios núms. 29, 81, 118, 138, 162, 169, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 120, 129, 138, 160
Observación sobre la sumisión

Solicitud directa sobre la sumisión
Solicitud directa sobre la sumisión
Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 29, 81, 94, 115, 117, 133, 137, 138, 140, 146,
155, 159, 160, 163, 164, 166, 169, 170, 174, 178, 182

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 53, 92, 134, 145, 148
Observación sobre la sumisión

Solicitud directa sobre la sumisión

Brunei Darussalam

Solicitud directa para el Convenio núm. 182
Observación sobre la sumisión

Bulgaria

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 108, 122, 161, MLC, 2006

Burkina Faso

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 29, 159, 161, 170, 183, 184
Solicitud directa sobre la sumisión

BurundiObservación general
Observaciones para los Convenios núms. 11, 26, 29, 62, 81, 87, 94, 98, 100, 111, 138, 144,
182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 17, 27, 29, 42, 52, 64, 87, 100, 101, 105, 111,
135, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Cabo Verde

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 182

Camboya

Observaciones para los Convenios núms. 13, 87, 100, 182

Solicitud directa sobre la sumisión
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 111, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Camerún

Observaciones para los Convenios núms. 122, 162, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 9, 13, 16, 45, 81, 108, 122, 146, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Canadá

Observación general
Observación para el Convenio núm. 88

Solicitud directa para el Convenio núm. 160
Solicitud directa sobre la sumisión

Centroafricana, República

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 13, 62, 87, 98, 100, 111, 119, 120, 155, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 88, 98, 100, 111, 169
Solicitud directa sobre la sumisiónChadObservación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 81, 100, 111
Solicitud directa sobre la sumisión

Checa, República

Observaciones para los Convenios núms. 111, 122, 161

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 122, 135, 160, 161, 181
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 108

Chile

Observaciones para los Convenios núms. 35, 37, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 16
Observación sobre la sumisión

China

Solicitud directa sobre la sumisión

659

ANEXO VII

Región Administrativa
Especial de Hong Kong
Región Administrativa
Especial de Macao
ChipreObservación para el Convenio núm. 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 148, 160
Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 92, 108

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 155, 160, 162, MLC, 2006, 187
Solicitud directa sobre la sumisión

Colombia

Observaciones para los Convenios núms. 2, 12, 17, 18, 81, 88, 129, 136, 159, 162, 169

ComorasSolicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 81, 129, 160, 161, 162, 167, 169
Observaciones para los Convenios núms. 13, 17, 19, 81, 111, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 29, 87, 99, 100, 105, 111
Observación sobre la sumisión

Congo

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 111, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 111, 138, 150, 182
Observación sobre la sumisión

Corea, República deObservación para el Convenio núm. 111

Costa Rica

Observaciones para los Convenios núms. 81, 129, 169

Côte d'Ivoire

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 96, 105, 159

Solicitudes directas para los Convenios núms. 111, 115, 144, 150
Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 16, 81, 88, 96, 145, 147, 159, 160, 169
Observación sobre la sumisión

Croacia

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 98, 111, 161, 162

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 29, 45, 81, 87, 100, 111, 119, 122, 129, 132,
138, 139, 148, 155, 161, 182
Observación sobre la sumisión

Cuba

Observación para el Convenio núm. 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 81, 88, 108, 148, 187
Solicitud directa sobre la sumisión

Democrática del Congo,
República

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 62, 81, 100, 111, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 88, 100, 105, 111, 119, 120, 135, 138,
150, 182
Observación sobre la sumisión

Dinamarca

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 122, 160
Solicitud directa sobre la sumisión

Islas Feroe
Djibouti

Solicitud directa para el Convenio núm. MLC, 2006
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 63, 81, 94, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 22, 23, 29, 55, 56, 69, 71, 81, 88, 96, 100,
111, 115, 120, 125, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Dominica

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 94, 138, 147

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 16, 19, 29, 87, 97, 100, 105, 111, 135, 144,
150, 169, 182
Observación sobre la sumisión

Dominicana, República

Observaciones para los Convenios núms. 19, 111, 122

Solicitud directa para el Convenio núm. 111
Solicitud directa sobre la sumisión

EcuadorObservaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 100, 101, 111

EgiptoObservación para el Convenio núm. 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 88, 95, 100, 101, 110, 111, 115, 119, 136,
139, 148, 152, 159, 162, 189
Solicitud directa sobre la sumisión
Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 63, 88, 105, 150, 159
Solicitud directa sobre la sumisión

El Salvador

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 88, 129, 149, 159, 160
Observación sobre la sumisión

660

ANEXO VII

Emiratos Árabes Unidos

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111
Solicitud directa sobre la sumisión

Eritrea

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111
Solicitud directa sobre la sumisión

Eslovaquia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 98, 115, 122, 140, 158, 159, 163, 164, 181

Eslovenia

Observación para el Convenio núm. 98

EspañaObservaciones para los Convenios núms. 87, 88, 122, 158, 159, 181

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 108, 122
Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 115, 150, 151, 158, MLC, 2006
Solicitud directa sobre la sumisión

Estados Unidos

Solicitud directa para el Convenio núm. 176

Estonia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 108

Etiopía

Observación para el Convenio núm. 105

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 13
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105
Solicitud directa sobre la sumisión

Ex República Yugoslava deMacedonia

Observación para el Convenio núm. 111

Fiji

Observaciones para los Convenios núms. 87, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 100, 111, 122, 142, 158, 159, 181
Observación sobre la sumisión

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 108, 111, 142, 155, 181, 184
Observación sobre la sumisión

Filipinas

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111

Finlandia

Observaciones para los Convenios núms. 88, 159

Francia

Observación para el Convenio núm. 97

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 88, 98, 111, 122, 159, 189
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 119, 120, 136, 139, 155, 160, 167, 176, 181,
184, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 81, 88, 97, 115, 129, 148, MLC, 2006
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 127, 136, 139

Nueva Caledonia

Solicitud directa general
Solicitud directa para el Convenio núm. 120
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 127

Polinesia Francesa

Solicitudes directas para los Convenios núms. 22, 69, 81, 129
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 73, 127, 145

Tierras australes y antárticas
francesas
Gabón

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 92, 133,
134, 146, 147
Observaciones para los Convenios núms. 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 45, 105, 138, 182
Observación sobre la sumisión

GambiaObservación general
Observaciones para los Convenios núms. 98, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 111, 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisiónGeorgia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 163, 182

Ghana

Solicitud directa general

Solicitud directa sobre la sumisión

Observaciones para los Convenios núms. 81, 94, 103, 119, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 87, 96, 103, 105, 107, 115, 117, 120, 138,
149, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

GranadaSolicitudes directas para los Convenios núms. 87, 105, 138, 182

GreciaObservaciones para los Convenios núms. 81, 95, 138

GuatemalaObservaciones para los Convenios núms. 87, 105, 138, 144, 162, 182

Observación sobre la sumisión

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 71, 81, 136, 138, 144, 150, 160, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 16, 29, 88, 96, 108, 110, 127, 138, 148, 159,
160, 161, 163, 167, 169, 182

661

ANEXO VII

GuineaObservaciones para los Convenios núms. 81, 94, 118, 133, 134, 139, 142, 152, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 3, 13, 29, 105, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
132, 136, 138, 140, 143, 144, 148, 149, 150, 159, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 90
Observación sobre la sumisión

Guinea-Bissau

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 45, 68, 69, 73, 74, 81, 88, 91, 105, 108, 138,
182
Observación sobre la sumisión

Guinea Ecuatorial

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 1, 30, 87, 98, 103

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 29, 30, 105, 111, 138, 182
Observación sobre la sumisión

GuyanaSolicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 98, 100, 115, 136, 137, 138, 139, 150

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 45, 87, 94, 100, 111, 142, 144, 150, 155, 166,
182
Solicitud directa sobre la sumisión

Haití

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 12, 17, 24, 25, 42, 81, 87, 98, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 29, 30, 87, 100, 106, 107, 111, 138, 182
Observación sobre la sumisión

Honduras

Observaciones para los Convenios núms. 81, 138, 169, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 127, 138, 144, 169, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 45, 62, 108

Hungría

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 129, 144, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

India

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 105, 107

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 107, 108, 115, 127, 136, 144, 160, 174
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 45

Indonesia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 138, 182

Irán, República Islámica del

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 108, 122, 182

Iraq

Observaciones para los Convenios núms. 29, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 138, 144, 182
Solicitud directa sobre la sumisión
Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 13, 22, 23, 29, 81, 92, 105, 119, 120, 136, 138,
144, 146, 147, 148, 150, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 16
Observación sobre la sumisión

IrlandaObservación general
Observaciones para los Convenios núms. 98, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 81, 88, 108, 139, 155, 159, 160, 176, 182
Observación sobre la sumisión

Islandia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 144

Islas Salomón

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 16, 87, 98, 105, 108, 138, 182

IsraelObservación para el Convenio núm. 182

ItaliaObservaciones para los Convenios núms. 81, 122, 129

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 108, 182
Observación sobre la sumisión

Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 138, 144, 160, 181, 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 71, 81, 108, 129, 150, 160
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Jamaica

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 16, 87, 150, 182
Observación sobre la sumisión

Japón

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 88, 115, 159, 162, 181

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 115, 119, 120, 139, 144, 162, 187
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182

Jordania

Observaciones para los Convenios núms. 119, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 120, 138, 144, 159, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 105

662

ANEXO VII

Kazajstán

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 100, 111, 129, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 88, 100, 105, 129, 138, 144, 148, 155,
162, 182, 183
Observación sobre la sumisión

Kenya

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 29, 88, 105, 138, 144, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Kirguistán

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 97, 105, 111, 115, 119, 120, 138, 142,
144, 148, 150, 154, 159, 160, 182, 184
Observación sobre la sumisión

Kiribati

Observación general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182
Observación sobre la sumisión

KuwaitObservaciones para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 136, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 119, 138, 144, 182
Observación sobre la sumisión

Lao, República DemocráticaPopular

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 13

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 144, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

LesothoObservaciones para los Convenios núms. 81, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 144, 167, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Letonia

Solicitud directa para el Convenio núm. 115

LíbanoSolicitud directa general

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182
Observaciones para los Convenios núms. 29, 71, 81, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 88, 98, 105, 115, 120, 122, 127, 136, 138,
139, 142, 148, 150, 159, 170, 172, 174, 176, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Liberia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 144, 150, 182
Observación sobre la sumisión

Libia

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 128

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98
Observación sobre la sumisión

Lituania

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 88, 144, 159

Luxemburgo

Observación general

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182
Solicitudes directas para los Convenios núms. 115, 159, 162, 174
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 29

Madagascar

Observaciones para los Convenios núms. 81, 119, 120, 122, 127, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 81, 88, 117, 129, 159, 182
Observación sobre la sumisión

Malasia

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 98, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 138, 144, 182
Observación sobre la sumisión

Peninsular

Observación para el Convenio núm. 19

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 45

Sabah

Observación para el Convenio núm. 97

Solicitud directa para el Convenio núm. 97

Sarawak

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 19

Solicitud directa para el Convenio núm. 14

663

ANEXO VII

Malawi

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 129, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 29, 81, 99, 105, 149, 150, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Maldivas, República deObservación sobre la sumisiónMalíObservaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 144, 150, 182
Observación sobre la sumisión

Malta

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 119, 129

Solicitudes directas para los Convenios núms. 96, 108, 117, 127, 136, 148
Solicitud directa sobre la sumisión

Marruecos

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Mauricio

Observaciones para los Convenios núms. 19, 26, 98, 108

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 29, 99, 131, 138, 144, 150, 176, 182, MLC, 2006
Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 144, 150, 189
Solicitud directa sobre la sumisión

Mauritania

Observaciones para los Convenios núms. 3, 29, 81, 87, 102, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 14, 22, 23, 52, 53, 58, 62, 81, 87, 89, 96, 98,
105, 112, 122, 138, 182
Observación sobre la sumisión

MéxicoObservaciones para los Convenios núms. 22, 29, 55, 87, 134, 150, 155, 159, 163, 164, 166,
182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 9, 16, 56, 87, 115, 144, 150, 155, 159, 167, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 53, 108
Solicitud directa sobre la sumisión

Moldova, República deObservación para el Convenio núm. 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 88, 92, 119, 127, 129, 138, 144, 155, 160,
182, 184, 187
Observación sobre la sumisión

Mongolia

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 103, 135, 144, 159, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Montenegro

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 87, 88, 98, 140, 144, 159, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 138

MozambiqueObservaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 88, 98, 138, 144, 182
Observación sobre la sumisión

Myanmar

Observación para el Convenio núm. 29

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Namibia

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Nepal

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 29, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 169, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Nicaragua

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 4, 29, 63, 144, 169, 182
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 115

Níger

Observaciones para los Convenios núms. 81, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 119, 138, 148, 155, 182, 187
Observación sobre la sumisión

Nigeria

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 88, 111, 138, 144, 159, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 98, 100, 111, 138, 155, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

664

ANEXO VII

Noruega

Solicitudes directas para los Convenios núms. 71, 115, 137

Nueva Zelandia

Observaciones para los Convenios núms. 88, 182

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 108, 182
Solicitud directa para el Convenio núm. 144
Solicitud directa sobre la sumisión

Omán
Países Bajos

Solicitud directa sobre la sumisión
Observación para el Convenio núm. 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 115, 129, 155, 159, MLC, 2006
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Aruba
Caribe parte de los Países
Bajos
Curazao
Sint Maarten
PakistánObservación para el Convenio núm. 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 9, 22, 23, 29, 69, 74, 81, 87, 88, 105, 122, 138,
140, 142, 144, 145, 146, 147, 182
Solicitud directa para el Convenio núm. 88
Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 144
Observaciones para los Convenios núms. 81, 96, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100, 111, 144, 159
Observación sobre la sumisión

Palau

Solicitud directa sobre la sumisión

Panamá

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 108, 111, 181

Solicitudes directas para los Convenios núms. 71, 100, 107, 110, 111, 117, 167
Solicitud directa sobre la sumisión

Papua Nueva Guinea

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 45, 85, 87, 122
Observación sobre la sumisión

Paraguay

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 111, 115, 159
Solicitud directa sobre la sumisión

Perú

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 144, 159

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98
Solicitud directa sobre la sumisión

Polonia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122, 159

Portugal

Observaciones para los Convenios núms. 98, 122, 137, 139, 158

Qatar

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 115
Solicitudes directas para los Convenios núms. 45, 87, 88, 120, 127, 139, 148, 159, 162, 176,
181
Solicitud directa sobre la sumisión
Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 111
Solicitud directa sobre la sumisión

Reino Unido
Anguilla

Observaciones para los Convenios núms. 87, 100, 115, 122, 151

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 108, 122, 135, 150, MLC, 2006
Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 85, 148

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 22, 23, 87, 108

Bermudas

Solicitud directa general
Solicitud directa para el Convenio núm. 98

Gibraltar

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 108

Guernsey

Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 63, 115, 122

Isla de Man

Solicitud directa para el Convenio núm. MLC, 2006
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 108

Islas Vírgenes Británicas

Solicitud directa para el Convenio núm. 98

JerseySolicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 69, 74, 115, 160

665

ANEXO VII

Montserrat

Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 85

Santa Elena

Observación para el Convenio núm. 98

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 58

Rumania

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122

Rusia, Federación de

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 119, 120, 148, 155, 159, 162, 174, MLC, 2006, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 122, 150
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 115
Solicitud directa sobre la sumisión

RwandaSolicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 62, 81, 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 87, 89, 105, 122
Observación sobre la sumisión

Saint Kitts y Nevis

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 144
Observación sobre la sumisión

Samoa

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111
Observación sobre la sumisión

San Marino

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 148, 150, 160

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 103, 111, 140, 143, 154, 156, 159
Solicitud directa sobre la sumisión

San Vicente y las
Granadinas

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 108, 111, 122, 144
Observación sobre la sumisión

Santa Lucía

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 87, 100, 108, 111, 154, 158
Observación sobre la sumisión

Santo Tomé y Príncipe

Observaciones para los Convenios núms. 98, 144, 154, 159

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 88, 135, 151, 155, 184
Observación sobre la sumisión

SenegalObservación para el Convenio núm. 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 122, 144
Solicitud directa sobre la sumisión

SerbiaObservaciones para los Convenios núms. 87, 88, 98, 144, 187

Seychelles

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 87, 98, 100, 119, 136, 139, 148, 155, 159,
161, 167, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 150
Observación sobre la sumisión

Sierra Leona

Observación general
Observaciones para los Convenios núms. 17, 26, 81, 88, 95, 98, 119, 125, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 100, 101, 111, 126
Observación sobre la sumisión

Singapur

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 187

Siria, República Árabe

Observaciones para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión
Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 29, 30, 81, 89, 94, 95, 100, 107, 111, 129, 131,
138, 139, 144, 155, 170, 182
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 52, 101, 106
Observación sobre la sumisión

Somalia

Observación general

Sri Lanka

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 108

Observación sobre la sumisión

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 87, 115
Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 58

Sudáfrica

666

Observaciones para los Convenios núms. 87, 100, 111, 176

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 98, 100, 111, 144, 155, 176

ANEXO VII

Sudán

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitud directa para el Convenio núm. 2
Observación sobre la sumisión

Sudán del Sur

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

SueciaObservaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 115, 159, MLC, 2006
Solicitud directa sobre la sumisión

Suiza

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitud directa para el Convenio núm. 87
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 115

Suriname

Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 122, 150
Observación sobre la sumisión

Swazilandia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 96, 98, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 87
Solicitud directa sobre la sumisión

Tailandia

Observaciones para los Convenios núms. 88, 122, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 159, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Tanzanía, República UnidadeTanganyika

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

TayikistánObservación para el Convenio núm. 120

Solicitud directa sobre la sumisión
Solicitud directa para el Convenio núm. 88
Solicitudes directas para los Convenios núms. 119, 148, 155
Observación sobre la sumisión

Timor-Leste

Solicitud directa general
Observación para el Convenio núm. 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 182
Solicitud directa sobre la sumisión

Togo

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 122
Observación sobre la sumisión

Trinidad y Tabago

Solicitud directa general
Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 144, 147, 150, 159
Solicitud directa sobre la sumisión

Túnez

Observaciones para los Convenios núms. 87, 118

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 88, 98, 120, 122, 159
Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 150
Solicitud directa sobre la sumisión

TurkmenistánObservación para el Convenio núm. 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111
Solicitud directa sobre la sumisión

Turquía

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 144, 151, 155, 158

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 88, 96, 100, 111, 115, 119, 127, 155, 159

TuvaluObservación general
Observación sobre la sumisión

Ucrania

Observación para el Convenio núm. 176

Solicitudes directas para los Convenios núms. 45, 115, 119, 120, 139, 155, 159, 161, 174, 176,
184

UgandaObservaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 100, 111, 122, 144, 158, 159, 162
Observación sobre la sumisión

Uruguay

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 115, 135, 150
Solicitud directa sobre la sumisión

UzbekistánObservaciones para los Convenios núms. 98, 105, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 122, 182

667

ANEXO VII

Vanuatu

Solicitud directa general
Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98
Observación sobre la sumisión

Venezuela, República
Bolivariana deViet Nam

Observaciones para los Convenios núms. 22, 87, 88, 98, 122, 144, 158

Yemen

Solicitud directa general

Solicitud directa para el Convenio núm. 150
Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 120, 122, 155
Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 100, 111, 122, 158, 159
Observación sobre la sumisión

ZambiaObservaciones para los Convenios núms. 87, 98, 136, 176

Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 148, 159, 176, 181
Solicitud directa sobre la sumisión

Zimbabwe

668

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 159