Foto: Luciano Dico / CTAA Argentina

ARGENTINAPERSPECTIVA SINDICALSOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ODSLOSTRABAJADORESPIDEN UN NUEVOCONTRATO SOCIAL PARALA RECUPERACIÓNY LA RESILIENCIA#HLPF2020#HLPF2021

COVID-19: LOS TRABAJADORES NECESITAN RESPUESTASA LA CRISIS BASADAS EN LOS ODSEl Gobierno argentino respondió a los desafíos de la pandemia de la COVID-19 mediante políticas concretas para evitar el aumento de la pobreza, la destrucción de empleo
y el cierre de PyMEs. Se introdujo un paquete fiscal de 1.500 millones de USD (equivalente al 3% del PIB) y se abrieron todos los cauces de negociación para atender lasnecesidades sociales y laborales que han emergido con la pandemia.
Argentina fue uno de los pocos países que han reconocido la COVID-19 como enfermedad profesional y que tomó medidas para hacerle frente: apoyando a empresas y a
PyMEs para mantener el empleo mediante el pago por el Estado del Salario Mínimo Vital por cada empleado y prohibiendo los despidos sin justa causa o debidos a la falta
de o disminución del volumen de trabajo o fuerza mayor. Además el Gobierno introdujo medidas sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia: prestación monetaria
excepcional para todos los residentes, entre 18 y 65 años, que estén desocupados, se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas o empleados en trabajo
doméstico. Se adoptaron asimismo medidas destinadas a reducir el coste de la vida, particularmente a través de la fijación de precios máximos para un conjunto de productos
alimenticios, de higiene personal y medicamentos, esta medida se estableció por ocho meses a partir de marzo de 2020.

¿ESTÁN LOS SINDICATOS EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN?
En noviembre de 2020, el Gobierno adoptó el Marco Estratégico de Cooperación delSistema de Naciones Unidas para el Desarrollo con la República Argentina (MECNUD)
2021-2025, reconociendo la importancia de los ODS en sus políticas públicas que
guardan estrecha relación con prioridades de derechos humanos. El MECNUD incluyecuatro dimensiones en el Plan de Acción: económica, social, ambiental y de gobernanza.
Estas dimensiones son atravesadas por seis áreas: enfoque de derechos humanos,enfoque de género, no dejar a nadie atrás, territorio, sostenibilidad ambiental y el
impacto de la COVID-19. En el Segundo Informe Voluntario Nacional (IVN) se incluyen
más de 200 indicadores e intervenciones asociadas al logro de 80 metas a su vez ligadasa los objetivos del Gobierno y al presupuesto nacional.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es responsable de lacoordinación y el seguimiento de la Agenda 2030. Conduce el proceso de adaptación
a nivel nacional y acompaña técnicamente a aquellos gobiernos provinciales ymunicipales que manifiesten su interés en incorporar los principios y contenidos dela Agenda 2030 y los ODS, además de desarrollar acciones con los sindicatos y con lasociedad civil.
El MECNUD incluye un enfoque participativo a partir de diálogos con el sector sindical,
la sociedad civil, el sector privado y otros actores estratégicos. El Gobierno ha realizado
consultas vinculada a varias dimensiones del Plan Nacional de ODS, como el programa
contra el hambre, el INV 2020 y el plan operativo de preparación y respuesta a la COVID19.
Creó asimismo el Consejo Económico Social, un órgano colegiado y de participación
ciudadana, constituido por representantes de distintas partes interesadas establecidocomo un espacio de diálogo multiactoral con fuerte participación sindical para laelaboración de Programas de Desarrollo Nacionales. Pese a agradecer un mayor gradode transparencia que el de Gobiernos anteriores, los sindicatos expresan la necesidad
de mejorar los mecanismos de rendición de informes sobre la implementación de losODS en las provincias y la construcción de un mecanismo centralizado con información
oportuna y pertinente.

TRANSPARENCIA

CONSULTADIÁLOGO SOCIAL

Acceso regular a información limitada

Consultas informales o ad-hoc

Los interlocutores sociales contribuyen
conjuntamente al plan nacional de ODS

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ARGENTINA¿SE ESTÁ REALIZANDO EL TRABAJO (DECENTE)?
Los indicadores sobre la meta 1.1 (erradicar la pobreza extrema), que ya eranpreocupantes antes de la pandemia de la COVID-19 a causa de la crisis económica
que atravesaba el país, han seguido empeorando, y la pobreza monetaria alcanzó
al 40,9% de la población en el primer semestre de 2020, incrementándose en 10
puntos desde 2016. Mientras que el 66,1% de la población estaba cubierta poralgún beneficio de protección social, en 2018 tan solo el 9,8% de los desempleados
percibía prestaciones por desocupación, lo que sugiere que la meta 1.3 (poneren práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protecciónsocial) queda todavía lejos de alcanzarse. En cuanto a la meta 1.a (poner en
práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en
todas sus dimensiones), en 2020 el 49,8% del gasto público nacional se destinó
a la seguridad social, el 4,95% a salud y el 4,87% a educación y cultura.
Es necesario progresar respecto a la meta 5.4 (reconocer y valorar los cuidados
y el trabajo doméstico no remunerados), ya que las mujeres dedicansignificativamente más tiempo al trabajo no remunerado (58% de las mujeres
sin ingresos propios y 42% de las mujeres con ingresos propios) que los hombres(respectivamente 24,5% y 28,6%). En lo referente a la meta 5.5 (asegurar laparticipación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, económica
y pública), en 2020 más mujeres (35,2%) que hombres (30,7%) habíanalcanzado el máximo nivel educativo. El Gobierno ha anunciado partidas por unmonto total de 1,3 billones de Pesos para programas destinados a la prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+ y a reducir
la desigualdad. En relación a los avances respecto a la igualdad de género esnecesario destacar la aprobación de la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria delEmbarazo en diciembre de 2020.
La meta 8.3 (promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen lasactividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes) dista
mucho de alcanzarse, dado que en 2019 el 51,4% de los empleos correspondían
a la economía informal, la tasa de salarios bajos era del 25,8% (25,6% para loshombres y 26% para las mujeres) y el 29,4% de los empleos se consideraban
precarios. La meta 8.5 (empleo pleno y productivo y trabajo decente paratodos) también está lejos de lograrse, ya que la tasa de desempleo se situaba en
el 9,8% en 2019, afectando más a las mujeres (10,7%) que a los hombres (9,2%)y la situación es incluso peor para los jóvenes de entre 15 y 24 años, con un 25,9%de desocupados. El subempleo se situó en un 9,6% para el tercer trimestre de2020, siendo especialmente elevado para los menores de 24 años (12,5%).

Los indicadores respecto a la proporción de jóvenes que no tienen acceso alempleo, la educación o la formación, relacionada con la meta 8.6 (reducir laproporción de jóvenes que no están empleados ni cursan estudios ni recibencapacitación) se situaban en un elevado 19% en 2019. En relación con la meta
8.8 (proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y protegido para todos los trabajadores), el 47,7% del personal estaba
cubierto por convenios colectivos en 2019 y la densidad sindical se situaba en
el 27,7% para 2021. El Gobierno argentino aborda la meta 8.b (desarrollar yponer en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes) con
la introducción del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, dirigido a jóvenes
entre 18 y 24 años con estudios primarios o secundarios incompletos. El objetivo
es un acompañamiento de los jóvenes en su inserción laboral e incluye un curso
obligatorio sobre derechos del trabajo.
Argentina deberá redoblar esfuerzos en relación con la meta 10.4 (adoptar
políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad), puesto que, en 2019, la proporción delPIB del 10% de la población con ingresos más altos era del 32,8%, frente a apenas
el 4,4% para el 20% de la población con ingresos más bajos. La participacióndel ingreso laboral en el PIB, incluyendo salarios y transferencias de protección
social, se situó en el 58,5% en 2017.
El Gobierno está elaborando un plan nacional de adaptación y mitigación delcambio climático, para lo que ha establecido un Gabinete Nacional de Cambio
Climático (GNCC), primeros pasos para lograr la meta 13.2 (incorporarmedidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales). En octubre de 2020 se aprobó un documento reforzando las líneas
de inversión en la economía sostenible, mencionando el trabajo del Ministerio deDesarrollo Productivo para impulsar un Nuevo Acuerdo Verde, como parte de laestrategia de recuperación tras la pandemia.
Los indicadores relativos a la meta 16.10 (proteger las libertades
fundamentales) registran cierta mejoría, puesto que a nivel nacional no hubo
medidas que atenten contra las libertades o la restricción de espacios cívicos ydemocráticos en 2020. Sin embargo, se observaron a nivel provincial políticas
esporádicas negativas, como el establecimiento de lugares de detención enel espacio público para retener a personas que incumplían la cuarentena y elhostigamiento de policía local hacia defensores de los derechos laborales.

PROPUESTAS SINDICALES PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁSPara garantizar una recuperación y resiliencia de la crisis impulsada por los ODS, los sindicatos instan al Gobierno a:• Poner en marcha el Programa de Trabajo Decente por País, suspendido desde el año 2015. En este contexto, introducir políticas
de empleo proactivas y reestructurar el mercado de trabajo para promover la creación de trabajo decente y la universalizaciónde la protección social en el marco de la Recuperación y Resiliencia frente al COVID 19.

LOS
TRABAJADORESPIDEN UN NUEVOCONTRATO SOCIAL PARALA RECUPERACIÓN Y
LA RESILIENCIA• Avanzar del proceso de consulta a los sindicatos a un programa sistemático de participación en la construcción de la agenda detrabajo, diálogo efectivo, ejecución conjunta y monitoreo efectivo de la Agenda 2030 en Argentina.
• Mejorar la articulación de las agencias gubernamentales y los interlocutores sociales en la Agenda 2030.
• Para hacer frente a los desafíos ocasionados por la pandemia, acordar a los ciudadanos protección de salarios/ingresos; potenciar políticas destinadas a apoyar alas personas con bajos recursos; garantizar protección social universal y acceso gratuito a servicios de salud; moratoria en el pago de hipotecas, alquileres y créditos.
• Iniciar la transición a una economía más sostenible y circular, incluyendo una reforma tributaria para mejorar la distribución del ingreso.
Esta publicación ha sido preparada con la ayuda dela Unión Europea. El contenido de la publicación es
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