BOE núm. 287

Viernes 30 noviembre 2007

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
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RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, dela Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios de venta de gas natural para uso comomateria prima.

La Orden del Ministerio de Economía de 28 de mayo
de 2001 modifica el punto 1.4.1 del Anejo de la Orden de 30
de septiembre de 1999, y actualiza los parámetros del sistema de precios de los suministros de gas natural parausos industriales, incluyendo una tarifa específica de gas
natural para su uso como materia prima.
En desarrollo del real decreto 949/2001, de 3 deagosto, la Orden del Ministerio de Economía ECO/33/2004,de 15 de enero, regula las tarifas de gas natural y gases
manufacturados por canalización y alquiler de contadoresy en su Disposición transitoria única, dicta que la tarifa
para suministros de gas natural para su utilización comomateria prima, establecida en el punto 1.4.1 del Anejo I dela Orden de 30 de septiembre de 1999, con las modificaciones introducidas en la Orden de 28 de mayo de 2001,
será de aplicación hasta el 31 de diciembre del año 2009.
El artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre,de Reformas para el Impulso a la Productividad, estableceque mediante Orden Ministerial, previo Acuerdo de laComisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases
manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados delpetróleo para los distribuidores de gases combustibles
por canalización, estableciendo los valores concretos dedichas tarifas y precios o un sistema de determinación yactualización automática de las mismas. Las tarifas deventa a los usuarios serán únicas para todo el territorio
nacional, sin perjuicio de sus especialidades.
El apartado sexto de la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1999 establece que la Dirección General de la
Energía del Ministerio de Industria y Energía efectuará loscálculos y procederá a la publicación mensual en el BOEde los precios de venta de los suministros del gas naturalpara uso como materia prima, que entrarán en vigor el día
uno de cada mes.
En cumplimiento de la normativa anterior y deacuerdo con lo dispuesto en el apartado sexto de la Ordende 30 de septiembre de 1999, esta Dirección General de
Política Energética y Minas ha resuelto lo siguiente:
Primero.–Desde las cero horas del 1 de diciembrede 2007, el precio de venta, excluido impuestos, aplicableal suministro de gas natural como materia prima seráde 2,3199 cents/kWh.
Segundo.–Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gas natural por canalización medidos por contador, relativas al período que
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, oen su caso, de otras Resoluciones anteriores o posteriores
relativas al mismo período de facturación, se calcularán
repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores yposteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a losconsumos resultantes del reparto los precios que corresponden a las distintas Resoluciones aplicables.
Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Director Generalde Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva.

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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 denoviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa delos Consumidores y Usuarios y otras leyescomplementarias.
I

Este real decreto legislativo cumple con la previsión
recogida en la disposición final quinta de la Ley 44/2006,de 29 de diciembre, de mejora de la protección de losconsumidores y usuarios, que habilita al Gobierno paraque, en el plazo 12 meses, proceda a refundir en un único
texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas detransposición de las directivas comunitarias dictadas enmateria de protección de los consumidores y usuarios
que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que
tengan que ser refundidos.
Para la identificación de las normas objeto de refundición se ha considerado el listado del anexo de la Directiva
98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 demayo de 1998, relativa a las acciones de cesación enmateria de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, que identifica las disposiciones comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, y, en consecuencia, las normas detransposición respecto de las cuales debe examinarse laprocedencia de su incorporación al texto refundido.
Analizado en anexo de la citada directiva, se integran
en el texto refundido de la Ley General para la Defensa delos Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias las normas de transposición de las directivas comunitarias que, dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, inciden en los aspectos contractuales
regulados en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que establecen el régimen jurídico de determinadas modalidades decontratación con los consumidores, a saber: los contratos
celebrados a distancia y los celebrados fuera de establecimiento comercial.
La regulación sobre garantías en la venta de bienes deconsumo, constituye transposición de directiva comunitaria que incide en el ámbito de la garantía regulado porla Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, procediéndose, igualmente a su refundición.
Asimismo, se incorpora a la refundición la regulación
sobre viajes combinados, por tratarse de una norma detransposición de directiva comunitaria que se integra enel acervo comunitario de protección de los consumidoresy establece un régimen jurídico específico en la contratación con consumidores no afectado por las normas estatales sectoriales sobre turismo.
Además, se incorpora al texto refundido la regulación
sobre la responsabilidad civil por daños causados por
productos defectuosos, norma de transposición de directiva comunitaria que incide en aspectos esenciales regulados en la Ley General de Defensa de los Consumidores y
Usuarios, y que, como de manera unánime reconoce la doctrina y jurisprudencia requiere aclarar y armonizar sus respectivas regulaciones, al objeto de asegurar una adecuada
integración entre ellas, superando aparentes antinomias.
Otras normas de transposición de las directivas comunitarias citadas en el anexo de la Directiva 98/27/CE, sinembargo, instrumentan regímenes jurídicos muy diversos que regulan ámbitos sectoriales específicos alejados

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del núcleo básico de la protección de los consumidores yusuarios.
Tal es el caso de las leyes que regulan los servicios dela sociedad de la información y el comercio electrónico, lasnormas sobre radiodifusión televisiva y la Ley 29/2006,de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo,
aún cuando contiene una regulación específica de los contratos con consumidores, no se incorpora a la refundición
en consideración a su incidencia específica, también, en elámbito financiero. Tales circunstancias determinan que lasprescripciones de la Ley de crédito al consumo se completen no sólo con las reglas generales contenidas en la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de losConsumidores y Usuarios, sino también con aquéllas propias reguladoras de los servicios financieros, en particular
las referidas a las obligaciones de las entidades de crédito
en relación con la información a los clientes, publicidad ytransparencia de las operaciones. Por ello, se considera
que se integra de manera más armónica la regulación
sobre crédito al consumo en este grupo de disposiciones
financieras. Coadyuva esta decisión la incorporación alordenamiento jurídico interno, mediante Ley 22/2007, de 11
de julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores, de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercializacióna distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE
del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE.
El peculiar régimen de constitución de los derechos deaprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso
turístico y el establecimiento de normas tributarias
específicas en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, quetranspuso al ordenamiento jurídico interno la Directiva
94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de octubre de 1994, desaconseja, asimismo, su inclusión en el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyescomplementarias dada su indudable incidencia también en los ámbitos registral y fiscal, ajenos al núcleo
básico de protección de los consumidores.
Tampoco es objeto de refundición la Ley 34/1998,de 11 de noviembre, General de Publicidad, ya que suámbito subjetivo de aplicación incluye también las
relaciones entre empresarios y su contenido está pendiente de revisión como consecuencia de la aprobaciónde la Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo ydel Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas con losconsumidores en el mercado interior, que debe ser
incorporada a nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, las normas reglamentarias que transponen
directivas dictadas en materia de protección a los consumidores y usuarios, tales como las relativas a indicación deprecios, etiquetado, presentación y publicidad de productos
alimenticios, etcétera, no se incorporan al texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, toda vez que,como ha declarado el Consejo de Estado, la delegación
legislativa no autoriza a incorporar al texto refundido disposiciones reglamentarias, ni para degradar el rango de lasdisposiciones legales excluyéndolas de la refundición.
En consecuencia, el cumplimiento del mandato contenido en la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29
de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, exige incorporar al texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercanti-

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les; la regulación dictada en materia de protección a losconsumidores y usuarios en la Ley 47/2002, de 19 dediciembre, de reforma de la Ley de Ordenación delComercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva sobre contratos a
distancia; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la
Venta de Bienes de Consumo, la Ley 22/1994, de 6 de julio,
de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos; la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre
viajes combinados.
IIEl texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias se estructura en cuatro libros.
El libro primero se divide en cinco títulos. El primero,
relativo a las disposiciones generales, incorpora una delimitación del ámbito de aplicación de la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y una lista de conceptos reiteradamente utilizados en ella, asegurando una mayor claridad en la redacción, evitando repeticiones innecesarias e integrando las
lagunas que había identificado la doctrina. En este título
se regulan, asimismo, los derechos de los consumidoresy usuarios y la legislación básica sobre ellos.
El título II de este libro primero contiene la regulacióndel derecho de representación, consulta y participación eincorpora el régimen jurídico básico de las asociaciones
de consumidores y usuarios adoptado en la modificación
normativa introducida por la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
En el título III del libro primero se incorpora la regulación en materia de cooperación institucional, especialmente relevante en la protección de los consumidores yusuarios teniendo en cuenta las competencias en la materia de las comunidades autónomas y de las entidades
locales. Se integra así en un título específico la regulaciónde la Conferencia Sectorial de Consumo incorporada en la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la modificación realizada por la Ley de mejora delos consumidores y usuarios y las disposiciones específicas sobre cooperación institucional en materia de formación y control de la calidad.
Se fundamentan, en consecuencia, las disposiciones
de este título en el principio de cooperación, en relación
con el cual el Tribunal Constitucional, entre otras en STC
13/2007, FJ 7, viene señalando que «las técnicas de cooperación y colaboración «son consustanciales a la estructura
compuesta del Estado de las Autonomías» (STC 13/1992,de 6 de febrero, F.7; y en el mismo sentido SSTC 132/1996,de 22 de julio F.6 y 109/1998, de 21 de mayo, F.14) y que elprincipio de cooperación «que no necesita justificarse en
preceptos constitucionales o estatutarios concretos» (STC
141/1993, de 22 de abril, F.6.ñ; y en el mismo sentido STC
194/2004, de 4 de noviembre, F.9) «debe presidir el ejercicio respectivo de competencias compartidas por el Estado
y las comunidades autónomas (STC 13/1988, de 4 defebrero, F.2; en el mismo sentido, STC 102/1995, de 26 dejunio, f. 31) (…)».
La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26
de enero de 1989, y el régimen jurídico vigente, atendiendo a las competencias asumidas por las comunidades autónomas y las entidades locales en materia deprotección de los consumidores y usuarios, ha exigido
regularizar y aclarar muchas de las disposiciones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ahora incorporadas al libro primero, títulos I y III.
En particular, se circunscriben las obligaciones
impuestas a los medios de comunicación, a la radio ytelevisión de titularidad estatal, insertándose tales obliga-

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ciones en el ámbito de la potestad de autoorganización dela Administración General del Estado.
Igualmente, atendiendo a las competencias de las entidades locales en materia de defensa de los consumidoresy usuarios y sin perjuicio de la participación de la asociación de entidades locales con mayor implantación en laConferencia Sectorial de Consumo, conforme previene elartículo 5.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece expresamente la cooperación institucional entre la Administración
General del Estado y las entidades locales a través de laasociación con mayor implantación.
El título IV contiene las disposiciones en materia deprocedimiento sancionador e infracciones y sanciones.
El título V, último del libro, articula el acceso a la justicia de los consumidores y, en particular, incorpora la
regulación de las acciones de cesación frente a las conductas contrarias a la regulación contenida en el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el
Sistema Arbitral de Consumo.
En la regulación del Sistema Arbitral del Consumo
contenida en el capítulo II de este título V, se incorporanlas importantes modificaciones introducidas por la Ley demejora de la protección de los consumidores y usuarios,
en el régimen jurídico de este eficaz mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos.
Conforme a la regulación adoptada, los pactos desumisión al arbitraje se conducen al momento en el que el
consumidor puede evaluar correctamente el alcance de ladecisión que, en la mayor parte de los casos, se ve obligado a adoptar, y que es aquél en el que surge la controversia. Se eleva con ello la protección del usuario ante
fórmulas arbitrales no siempre lícitas y se garantiza la norenuncia previa a los derechos reconocidos legalmente.
Esta regla se completa con la determinación de la nulidad
de los pactos suscritos contraviniéndola, en aplicación delas previsiones de la propia Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios sobre la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la ley al consumidor.
La tipificación de su vulneración, como infracción de consumo, se deduce claramente del artículo 49, apartado 13
en el que se califica como tal el incumplimiento de losrequisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en
esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
Se incorpora al articulado, asimismo, las precisiones
introducidas por la reiterada Ley 44/2006, de 29 de diciembre, sobre la determinación reglamentaria de los supuestos en que podrá interponerse reclamación ante la Junta
Arbitral Nacional frente a las resoluciones de las juntas
arbitrales territoriales sobre admisión e inadmisión desolicitudes de arbitraje y el establecimiento, asimismo, enla norma reglamentaria, de los supuestos en que actuará
un árbitro único en la administración del arbitraje de consumo.
El libro segundo, que regula relaciones jurídicas privadas, se estructura en cinco títulos. El título I, en el que secontienen las disposiciones generales de los contratos
con los consumidores, siguiendo el régimen contenido enla Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa delos Consumidores y Usuarios y estableciendo, conforme
a las previsiones de las normas que se incorporan al texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, elrégimen común del derecho de desistimiento en aquellos
contratos en los que se prevé tal derecho.
Se incorporan en este título las disposiciones introducidas por la Ley de mejora de la protección de los consumidores, en materia de contratos con los consumidores.
Esta ley, para evitar la imposición a los consumidoresde obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato y en

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coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE delParlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005,
sobre prácticas comerciales desleales, que prohíbe losobstáculos no contractuales para el ejercicio de tales derechos, y en tal sentido deberá ser transpuesta a nuestro
ordenamiento jurídico, se prohíben las cláusulas contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la
imposición de plazos de duración excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.
En los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, se hanobservado prácticas obstruccionistas al derecho del consumidor a ponerles fin. Para evitarlas, se introducen reformas para que quede claramente establecido, tanto en lafase previa de información como en la efectiva formalización contractual, el procedimiento mediante el cual el
consumidor puede ejercitar este derecho y se aseguraque pueda ejercitarlo en la misma forma en que contrató,
sin sanciones o cargas.
Estas reglas se completan con dos previsiones. De un
lado, la integración del contrato conforme a la buena fe
objetiva, según las reglas de interpretación e integracióndel Código Civil y las exigencias de la leal competencia.
Se refuerza así la posición contractual del consumidor yse establece con claridad en la norma la interpretación
que del artículo 1258 del Código Civil mantenían la doctrina y jurisprudencia más avanzada.
De otro lado, estableciendo la necesidad de que la
información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales. Esta
previsión tiene por objeto evitar prácticas lesivas, conforme a las cuales el cumplimiento de las obligaciones
legales de los empresarios no sólo suponen costes adicionales a los consumidores, sino una retribución adicional
al operador, mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que, por otra parte, permiten laprestación gratuita de la información mínima exigible,
conforme ya está previsto en algunos ámbitos de la actividad económica.
El título II establece el régimen jurídico en materia decláusulas contractuales no negociadas individualmente ycláusulas abusivas, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Es en este título en el que quedan incorporadas las
modificaciones introducidas por la Ley de mejora enmateria de cláusulas y prácticas abusivas. Tal es el casodel fortalecimiento de la protección del consumidor
adquirente de vivienda cuando se precisa el carácter abusivo de las cláusulas que le trasladen gastos que corresponden al profesional, tal es el caso de los impuestos en
los que el sujeto pasivo es el vendedor, o los gastos de lasconexiones a los suministros generales de la vivienda,
con el fin de evitar cláusulas no negociadas que trasladandichos gastos al consumidor.
Se incorporan, asimismo, las previsiones tendentes adar mayor claridad en las modalidades de cálculo del precio de los contratos, evitando la facturación de servicios
no prestados efectivamente.
En materia contractual, asimismo, se clarifica la equiparación entre las estipulaciones contractuales no negociadas
y las prácticas no consentidas expresamente con idénticos
efectos para los usuarios y en el ámbito sancionador.
Los títulos III y IV se destinan, respectivamente, aregular los contratos con consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles.
Se incorporan así al texto refundido las disposiciones
destinadas a regular las relaciones jurídicas con los consumidores en los contratos a distancia de bienes y servicios contenidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, modificada por la Ley
47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996,

49184Viernes 30 noviembre 2007de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición
al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, enmateria de contratos a distancia y para la adaptación de la
Ley a diversas directivas comunitarias.
Como consecuencia de esta refundición la regulación
sobre contratos a distancia contenida en la Ley 7/1996, de 15
de enero, queda vigente para la regulación de las relaciones
empresariales.
Igualmente se incorpora al texto refundido la regulación contenida en la Ley 26/1991, de 21 de noviembre,
sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles.
El título V, último del libro segundo, regula el régimen
de garantías y servicios posventa, integrando armónicamente el régimen de garantías previsto en la Ley Generalpara la Defensa de los Consumidores y Usuarios y laregulación contenida en la Ley 23/2003, de 10 de julio, deGarantías en la Venta de Bienes de Consumo.
El libro tercero armoniza el régimen de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos,
previsto en la Ley 22/1994, de 6 de julio, y las disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el capítulo VIIIde la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios.
Este libro se divide en tres títulos. El título I en el quese contienen las disposiciones comunes en materia deresponsabilidad por daños causados por bienes y servicios defectuosos, el título II en el que se regula la responsabilidad civil causada por productos defectuosos y eltítulo III en el que se regula la responsabilidad causada
por el resto de los bienes y servicios.
En el libro cuarto, por último, se incorpora la regulación específica sobre viajes combinados. Este libro de
divide en dos títulos, el primero sobre disposiciones
generales y el segundo sobre resolución del contrato y
responsabilidades.
Las tres disposiciones transitorias del texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias garantizan que
no se altere el régimen transitorio respecto de la garantía
comercial, mantienen el régimen transitorio en los bienes que han de ser considerados como bienes de naturaleza duradera y determinan la inaplicabilidad de la Ley
22/1994, de 6 de julio, a los productos que aún pudiera
haber en nuestro mercado, puestos en circulación con
anterioridad al 8 de julio de 1994.
En tres disposiciones finales se mantiene la habilitación al Gobierno para modificar las cuantías establecidas
en el texto refundido de la Ley General para la Defensa delos Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y para el desarrollo reglamentario de lo dispuesto en
la ley, manteniendo la aplicabilidad del régimen reglamentario en materia de infracciones y sanciones en lostérminos previstos en la Ley General para la Defensa delos Consumidores y Usuarios.
La atribución al Gobierno, en la disposición final
segunda, de facultades de desarrollo reglamentario en elámbito de sus competencias incluye las materias sobrelas que el Estado tiene competencias exclusivas y excepcionalmente, en relación con las normas enumeradas enel apartado 2 de la disposición final primera del realdecreto legislativo, en aquéllos supuestos en los conforme a la doctrina constitucional, y con el carácter deexcepcionalidad proclamado por el Tribunal Constitucional, se justifica el recurso al reglamento para establecer
normas básicas.
Conforme a esta doctrina, la invocación de esta «dispensa excepcional» de la suficiencia de rango normativode las bases (STC 69/1988, 194/2004) sólo esta justificada
en determinados supuestos. Así, «cuando resulta complemento indispensable para asegurar el mínimo común
denominador establecido en las normas básicas» (entre
otras SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988); o «cuando, por la

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naturaleza de la materia, resultan complemento necesariopara garantizar la consecución de la finalidad objetiva aque responde la competencia estatal sobre las bases» o,por último, cuando la ley formal no es el instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los aspectos
básicos de la materia debido al «carácter marcadamente
técnico o a la naturaleza coyuntural y cambiante» de losmismos» (STC 131/1996).
De este modo, siendo constitucionalmente admisible
reconocer al Gobierno la potestad de complementar las
normas básicas con disposiciones reglamentarias, tal
posibilidad queda circunscrita a los supuestos en que tal
facultad es constitucionalmente admisible conforme a ladoctrina del Tribunal Constitucional.
III
El texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias pretende, asimismo, aproximar la legislación
nacional en materia de protección de los consumidores yusuarios a la legislación comunitaria, también en la terminología utilizada. Se opta por ello por la utilización de lostérminos consumidor y usuario y empresario.
Así, el concepto de consumidor y usuario se adapta ala terminología comunitaria, pero respeta las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en relación con las«personas jurídicas».
El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una
actividad empresarial o profesional. Esto es, que intervieneen las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos deproducción, comercialización o prestación a terceros.
Se incorporan, asimismo, las definiciones de empresario, productor, producto y proveedor, al objeto de unificar laterminología utilizada en el texto. Las definiciones deempresario, productor y producto son las contenidas en las
normas que se refunden. El concepto de proveedor es el decualquier empresario que suministra o distribuye productos
en el mercado, distinguiéndose del vendedor, que, aunqueno se define, por remisión a la legislación civil es quien interviene en un contrato de compraventa, en el caso de esta ley,
actuando en el marco de su actividad empresarial.
Por otra parte, las referencias a las Administraciones
públicas competentes o la inclusión en el texto refundido
de normas sobre contratos cuyo control administrativo
está atribuido a administraciones sectoriales distintas delas competentes en materia de consumo, no tiene efectosde atribución o modificación de las competencias administrativas atribuidas por la normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación.
El texto refundido no prejuzga cuáles sean las Administraciones públicas competentes en relación con las materias contenidas en él, consciente de que la protección delos consumidores es una materia pluridisciplinar en la que
concurren diversas Administraciones. Las Administraciones públicas competentes serán, en cada caso, las que
tengan atribuida tal competencia por razón de la materia
con pleno respeto a la autonomía organizativa de las distintas Administraciones involucradas, en particular en lasmaterias relacionadas con la salud y el turismo.
IV
En la tramitación del texto refundido de la Ley Generalpara la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, se ha dado audiencia al Consejo
de Consumidores y Usuarios y a las organizaciones
empresariales más representativas y se ha contado con elparecer de las comunidades autónomas, de la FederaciónBOE núm. 287

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Española de Municipios y Provincias y del Consejo Económico y Social.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo y de Justicia, de acuerdo con el Consejo deEstado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 16 de noviembre de 2007,

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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto legislativo y el texto refundido
que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.

DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Se aprueba el texto refundido de la Ley General parala Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyescomplementarias, al que se incorpora lo dispuesto en la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de losConsumidores y Usuarios, y la regulación sobre contratos
con los consumidores o usuarios celebrados fuera de losestablecimientos mercantiles y a distancia; las disposiciones sobre garantías en la venta de bienes de consumo; laregulación sobre responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos y la regulación sobre
viajes combinados.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se derogan las siguientes disposiciones:
1. Los artículos 48 y 65.1, letras n) y ñ) y la disposición adicional primera de la Ley 7/1996, de 15 de enero, deOrdenación del Comercio Minorista. Igualmente se derogan en la disposición final única de la Ley 7/1996, de 15 deenero, las menciones que se realizan al artículo 48 y ladisposición adicional primera en su párrafo primero eíntegramente su último párrafo.
2. La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
3. Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos
celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
4. Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil
por los daños causados por productos defectuosos.
5. Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes
combinados
6. Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la
Venta de Bienes de Consumo
Disposición final primera. Título competencial.
1. El capítulo I del título I del libro primero, en el que
se define su ámbito de aplicación y el artículo 10, tienen
carácter básico en relación con los preceptos del apartado 2
de esta disposición y se dictan en el uso de competencias
exclusivas del Estado en relación con las disposiciones delapartado 3.
2. Los artículos 8, 9, 17.1, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los capítulos III y V del título I del libro primero y el título IV del libro
primero tienen carácter básico al dictarse al amparo de lascompetencias que corresponden al Estado en el artículo
149.1. 1.ª, 13.ª y 16.ª de la Constitución Española.
3. El artículo 24 y el título V del libro primero, loslibros segundo, tercero y cuarto, las disposiciones transitorias y las disposiciones finales se dictan en base a las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme alartículo 149.1. 6.ª y 8.ª de la Constitución española.
4. El resto de los preceptos del título II del libro primero serán de aplicación a las asociaciones de consumidores y usuarios de competencia estatal.

La Vicepresidenta Primera del Gobiernoy Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZTEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS YOTRAS LEYES COMPLEMENTARIASÍNDICE
Libro primero. Disposiciones generales.
Título I. Ámbito de aplicación y derechos básicos delos consumidores y usuarios.
Capítulo I. Ámbito de aplicación.
Artículo 1. Principios generales.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Concepto general de consumidor y deusuario.
Artículo 4. Concepto de empresario.
Artículo 5. Concepto de productor.
Artículo 6. Concepto de producto.
Artículo 7. Concepto de proveedor.
Capítulo II. Derechos básicos de los consumidores yusuarios.
Artículo 8. Derechos básicos de los consumidores yusuarios.
Artículo 9. Bienes y servicios de uso común.
Artículo 10. Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor y usuario.
Capítulo III. Protección de la salud y seguridad.
Artículo 11. Deber general de seguridad.
Artículo 12. Información a los consumidores y usuarios sobre los riesgos de los bienes o servicios.
Artículo 13. Otras obligaciones específicas para laprotección de la salud y seguridad de los consumidores yusuarios.
Artículo 14. Reglamentos de bienes y servicios.
Artículo 15. Actuaciones administrativas.
Artículo 16. Medidas extraordinarias ante situaciones de urgencia y necesidad.
Capítulo IV. Derecho a la información, formación yeducación
Artículo 17. Información de los consumidores yusuarios.
Artículo 18. Etiquetado y presentación de los bienes
y servicios.
Capítulo V. Protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios.
Artículo 19. Principio general.
Artículo 20. Promociones.
Artículo 21. Régimen de comprobación y servicios
de atención al cliente.
Título II. Derecho de representación, consulta y participación y régimen jurídico de las asociaciones de consumidores y usuarios.

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Capítulo I. Régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 22. Objeto.
Artículo 23. Concepto y fines.
Artículo 24. Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 25. Uso exclusivo de la denominación deasociación de consumidores y usuarios.
Artículo 26. Pérdida de la condición de asociación deconsumidores y usuarios.

Título V. Procedimientos judiciales y extrajudiciales
de protección de los consumidores y usuarios.

Capítulo II. Independencia y transparencia de lasasociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 27. Requisitos de independencia.
Artículo 28. Participación en sociedades mercantiles.
Artículo 29. Definición del marco de colaboración
con los operadores de mercado.
Artículo 30. Convenios o acuerdos de colaboración.
Artículo 31. Depósito de las cuentas anuales.
Artículo 32. Publicidad de la información depositada
por las asociaciones de consumidores y usuarios.

Capítulo II. Sistema Arbitral del Consumo.
Artículo 57. Sistema Arbitral del Consumo.
Artículo 58. Sumisión al Sistema Arbitral del Consumo.

Capítulo III. Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Artículo 33. Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Artículo 34. Control del cumplimiento de los requisitos para la inscripción.
Artículo 35. Exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
Artículo 36. Colaboración con los Registros autonómicos.
Capítulo IV. Representación y consulta.
Artículo 37. Derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 38. Consejo de Consumidores y Usuarios.
Artículo 39. Audiencia en consulta en el proceso deelaboración de las disposiciones de carácter general.
Título III. Cooperación institucional.
Capítulo I. Conferencia Sectorial de Consumo.
Artículo 40. Conferencia Sectorial de Consumo.
Artículo 41. Funciones de la Conferencia Sectorial deConsumo.
Capítulo II. Cooperación institucional en materia deformación y control de la calidad.
Artículo 42. Cooperación en materia de formación.
Artículo 43. Cooperación en materia de control de lacalidad.
Artículo 44. Información sobre la calidad de los bienes y servicios.
Artículo 45. Otros instrumentos de control y fomentode la calidad de los bienes y servicios.
Título IV.

Potestad sancionadora.

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 46. Principios generales.
Artículo 47. Administración competente.
Artículo 48. Reposición de la situación alterada porla infracción e indemnización de daños y perjuicios.
Capítulo II. Infracciones y sanciones.
Artículo 49. Infracciones en materia de defensa delos consumidores y usuarios.
Artículo 50. Graduación de las sanciones.
Artículo 51. Sanciones.
Artículo 52. Sanciones accesorias.

Capítulo I. Acciones de cesación.
Artículo 53. Acciones de cesación.
Artículo 54. Legitimación.
Artículo 55. Acciones de cesación en otro Estado
miembro de la Unión Europea.
Artículo 56. Imprescriptibilidad de las acciones decesación.

Libro segundo.
Título I.

Contratos y garantías.

Contratos con los consumidores y usuarios.

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 59. Ámbito de aplicación.
Artículo 60. Información previa al contrato.
Artículo 61. Integración de la oferta, promoción ypublicidad en el contrato.
Artículo 62. Contrato.
Artículo 63. Confirmación documental de la contratación realizada.
Artículo 64. Documentación complementaria en lacompraventa de viviendas.
Artículo 65. Integración del contrato.
Artículo 66. Comparecencia personal del consumidor.
Artículo 67. Puntos de conexión.
Capítulo II. Derecho de desistimiento.
Artículo 68. Contenido y régimen del derecho dedesistimiento.
Artículo 69. Obligación de informar sobre el derecho
de desistimiento.
Artículo 70. Formalidades para el ejercicio del derecho de desistimiento.
Artículo 71. Plazo para el ejercicio del derecho dedesistimiento.
Artículo 72. Prueba del ejercicio del derecho dedesistimiento.
Artículo 73. Gastos vinculados al derecho de desistimiento.
Artículo 74. Consecuencias del ejercicio del derecho
de desistimiento.
Artículo 75. Imposibilidad de devolver la prestación
por parte del consumidor y usuario.
Artículo 76. Devolución de sumas percibidas por elempresario.
Artículo 77. Desistimiento de un contrato vinculado afinanciación del consumidor y usuario.
Artículo 78. Acciones de nulidad o resolución.
Artículo 79. Derecho contractual de desistimiento.
Título II.
vas.

Condiciones generales y cláusulas abusi-

Capítulo I.
mente.

Cláusulas no negociadas individual-

Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente.
Artículo 81. Aprobación e información.
Capítulo II. Cláusulas abusivas.
Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.
Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato.

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Artículo 84. Autorización e inscripción de cláusulas
declaradas abusivas.
Artículo 85. Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario.
Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario.
Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad.
Artículo 88. Cláusulas abusivas sobre garantías.
Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Artículo 90. Cláusulas abusivas sobre competencia yderecho aplicable.
Artículo 91. Contratos relativos a valores, instrumentos financieros y divisas.
Título III.

Contratos celebrados a distancia.

Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 92. Concepto de contratos celebrados a distancia.
Artículo 93. Excepciones.
Artículo 94. Comunicaciones comerciales y contratación electrónica.
Artículo 95. Servicios de intermediación.
Artículo 96. Comunicaciones comerciales.
Capítulo II. Información precontractual y contratos.
Artículo 97. Información precontractual.
Artículo 98. Confirmación escrita de la información.
Artículo 99. Necesidad de consentimiento expreso.
Artículo 100. Prohibición de envíos no solicitados.
Capítulo III. Derecho de desistimiento.
Artículo 101. Derecho de desistimiento.
Artículo 102. Excepciones al derecho de desistimiento.
Capítulo IV. Ejecución del contrato.
Artículo 103. Ejecución y pago.
Artículo 104. Falta de ejecución del contrato.
Artículo 105. Sustitución del bien o servicio contratado.
Artículo 106. Pago mediante tarjeta.
Título IV. Contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales.
Capítulo I. Ámbito de aplicación.
Artículo 107. Ámbito de aplicación.
Artículo 108. Contratos excluidos.
Artículo 109. Prueba.
Capítulo II. Contratación.
Artículo 110. Derecho de desistimiento.
Artículo 111. Documentación del contrato y derecho
de desistimiento.
Artículo 112. Consecuencias del incumplimiento.
Artículo 113. Responsabilidad solidaria.
Título V.

Garantías y servicios posventa.

Capítulo I. Disposiciones generales sobre garantíasde los productos de consumo.
Artículo 114. Principios generales.
Artículo 115. Ámbito de aplicación.
Artículo 116. Conformidad de los productos con el
contrato.
Artículo 117. Incompatibilidad de acciones.
Capítulo II. Responsabilidad del vendedor y derechos del consumidor y usuario.
Artículo 118. Responsabilidad del vendedor y derechos del consumidor y usuario.

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Artículo 119. Reparación y sustitución del producto.
Artículo 120. Régimen jurídico de la reparación o sustitución del producto.
Artículo 121. Rebaja del precio y resolución del contrato.
Artículo 122. Criterios para la rebaja del precio.
Capítulo III. Ejercicio de los derechos por el consumidor y usuario.
Artículo 123. Plazos.
Artículo 124. Acción contra el productor.
Capítulo IV. Garantía comercial adicional, obligaciones de documentación y servicios posventa.
Artículo 125. Garantía comercial adicional.
Artículo 126. Productos de naturaleza duradera.
Artículo 127. Reparación y servicios posventa.
Libro tercero. Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos.
Título I. Disposiciones generales en materia de responsabilidad.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 128. Indemnización por daños.
Artículo 129. Ámbito de protección.
Artículo 130. Ineficacia de las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad.
Artículo 131. Seguro.
Capítulo II. Responsabilidad.
Artículo 132. Responsabilidad solidaria.
Artículo 133. Intervención de un tercero.
Artículo 134. Retraso en el pago de la indemnización.
Título II. Disposiciones específicas en materia deresponsabilidad.
Capítulo I. Daños causados por productos defectuosos.
Artículo 135. Principio general.
Artículo 136. Concepto legal de producto.
Artículo 137. Concepto legal de producto defectuoso.
Artículo 138. Concepto legal de productor.
Artículo 139. Prueba.
Artículo 140. Causas de exoneración de la responsabilidad.
Artículo 141. Límite de la responsabilidad.
Artículo 142. Daños en el producto defectuoso.
Artículo 143. Prescripción de la acción.
Artículo 144. Extinción de la responsabilidad.
Artículo 145. Culpa del perjudicado.
Artículo 146. Responsabilidad del proveedor.
Capítulo II. Daños causados por otros bienes y servicios.
Artículo 147. Régimen general de responsabilidad.
Artículo 148. Régimen especial de responsabilidad.
Artículo 149. Responsabilidad por daños causados
por la vivienda.
Libro cuarto. Viajes combinados.
Título I.

Disposiciones generales.

Capítulo I. Ámbito de aplicación.
Artículo 150. Ámbito de aplicación.
Artículo 151. Definiciones.
Capítulo II. Información precontractual y formalización del contrato.

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LIBRO CUARTOCAPÍTULO II

Viajes combinados

Información precontractual y formalización del contrato
Artículo 152. Programa y oferta de viajes combinados.

TÍTULO I
Disposiciones generalesCAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 150. Ámbito de aplicación.
1. Este libro será de aplicación a la oferta, contratación y ejecución de las vacaciones, los circuitos y los viajes combinados definidos en el artículo siguiente.
2. La facturación por separado de varios elementos
de un mismo viaje combinado no exime al organizador oal detallista del cumplimiento de las obligaciones establecidas por este Libro.
Artículo 151. Definiciones.
1. A los efectos de este libro se entenderá por:a) «Viaje combinado»: la combinación previa de, por
lo menos, dos de los elementos señalados en el párrafo
siguiente, vendida u ofrecida en venta con arreglo a un
precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24
horas o incluya una noche de estancia.
Los elementos a que se refiere el párrafo anterior son
los siguientes:i) transporte,ii) alojamiento,iii) otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado.
b) «Organizador»: la persona física o jurídica queorganice de forma no ocasional viajes combinados y losvenda u ofrezca en venta, directamente o por medio de un
detallista.
c) «Detallista»: la persona física o jurídica que venda
u ofrezca en venta el viaje combinado propuesto por unorganizador.
d) «Contratante principal»: la persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje
combinado.
e) «Beneficiario»: la persona física en nombre de lacual el contratante principal se comprometa a comprar elviaje combinado.
f) «Cesionario»: la persona física a la cual el contratante principal u otro beneficiario ceda el viaje combinado.
g) «Consumidor o usuario»: cualquier persona en laque concurra la condición de contratante principal, beneficiario o cesionario.
h) «Contrato»: el acuerdo que vincula al consumidor
con el organizador o el detallista.
2. A los efectos de lo previsto en este Libro, el organizador y el detallista deberán tener la consideración deagencia de viajes de acuerdo con la normativa administrativa.

1. El detallista o, en su caso, el organizador deberá
poner a disposición de los consumidores y usuarios unprograma o folleto informativo que contenga por escritola correspondiente oferta sobre el viaje combinado y que
deberá incluir una clara, comprensible y precisa información sobre los siguientes extremos:a) Destinos y medios de transporte, con mención desus características y clase.
b) Duración, itinerario y calendario de viaje.
c) Relación de establecimientos de alojamiento, conindicación de su tipo, situación, categoría o nivel decomodidad y sus principales características, así como su
homologación y clasificación turística en aquellos países
en los que exista clasificación oficial.
d) El número de comidas que se vayan a servir y, en
su caso, si las bebidas o algún tipo de ellas no estuvieran
incluidas en el régimen alimenticio previsto.
e) La información de índole general sobre las condiciones aplicables a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y devisados, y las formalidades sanitarias necesarias para elviaje y la estancia.
f) Precio final completo del viaje combinado, incluidos los impuestos, y precio estimado de las excursiones
facultativas. En el caso de gastos adicionales correspondientes a los servicios incluidos en el viaje combinado
que deba asumir el consumidor y que no se abonen alorganizador o detallista, información sobre su existencia
y, si se conoce, su importe.
g) El importe o el porcentaje del precio que deba
pagarse en concepto de anticipo sobre el precio total y elcalendario para el pago de la parte de precio no cubierta
por el anticipo desembolsado, así como las condiciones
de financiación que, en su caso, se oferten.
h) Si para la realización del viaje combinado se necesita un número mínimo de inscripciones y, en tal caso, la
fecha límite de información al consumidor y usuario en
caso de anulación.
i) Cláusulas aplicables a posibles responsabilidades,
cancelaciones y demás condiciones del viaje.
j) Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado así como, en su caso, de su representación legalen España.
k) Toda información adicional y adecuada sobre las
características del viaje ofertado.
Artículo 153. Carácter vinculante del programa oferta.
La información contenida en el programa-oferta será
vinculante para el organizador y el detallista del viaje
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:a) Que los cambios en dicha información se hayan
comunicado claramente por escrito al consumidor yusuario antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programaoferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
Artículo 154. Forma y contenido del contrato.
1. El contrato de viaje combinado deberá formularse
por escrito y contener entre sus cláusulas, en función de49212Viernes 30 noviembre 2007

las características de la oferta de que se trate, referencia,
al menos, a los siguientes elementos:a) El destino o los destinos del viaje.
b) En caso de fraccionamiento de la estancia, losdistintos períodos y sus fechas.
c) Los medios, características y categorías de lostransportes que se vayan a utilizar.
d) Las fechas, horas y lugares de salida y deregreso.
e) En caso de que el viaje combinado incluya alojamiento, su situación, su categoría turística y sus principales características, así como su homologación y clasificación turística, en aquellos países en los que exista
clasificación oficial, y el número de comidas que se sirvan.
f) Número mínimo de personas exigido, en su caso,para la realización del viaje combinado y, en tal supuesto,
fecha límite de información al consumidor y usuario en
caso de cancelación, que deberá efectuarse con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciacióndel viaje.
g) El itinerario.
h) Las visitas, excursiones o demás servicios incluidos en el precio total convenido del viaje combinado.
i) El nombre y la dirección del organizador, del detallista y, si procede, del asegurador.
j) El precio del viaje combinado, desglosando losgastos de gestión, así como una indicación de toda posible revisión del mismo, ajustado a lo previsto en el
artículo 157, y de los posibles derechos e impuestos
correspondientes a los servicios contratados, cuando noestén incluidos en el precio del viaje combinado.
k) Los gastos de anulación, si los hubiere y puedan
calcularse razonablemente de antemano, debidamente
desglosados. Si no pudiera calcularse su importe razonablemente de antemano, el hecho de que se podrán repercutir tales gastos, siempre que se hayan producido efectivamente.
l) Modalidades de pago del precio y, en su caso,
calendario y condiciones de financiación.
m) Toda solicitud especial que el consumidor y usuario haya transmitido al organizador o al detallista y queéste haya aceptado.
n) La obligación del consumidor y usuario de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato,
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate.
ñ) El plazo de prescripción de las acciones establecido en el artículo 164, en el que el consumidor y usuario
podrá formular sus reclamaciones por la no ejecución oejecución deficiente del contrato.
o) El plazo en que el consumidor y usuario podrá
exigir la confirmación de sus reservas.
2. El consumidor y usuario será informado, con anticipación a la celebración del contrato, del contenido delas cláusulas contractuales y recibirá una copia de aquél,
una vez formalizado el mismo.
3. La descripción del viaje combinado comunicada
por el detallista o, en su caso, por el organizador al consumidor y usuario, así como su precio y todas las demás
condiciones aplicables al contrato deberán ser veraces ycomprobables en los términos establecidos en los artículos 18 y 60.

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CAPÍTULO III
Otros derechos del consumidor y usuario
Artículo 155. Cesión de la reserva.
1. El contratante principal o el beneficiario podrán
ceder gratuitamente su reserva en el viaje combinado a
una persona que reúna todas las condiciones requeridas
para el mismo.
2. La cesión deberá ser comunicada por escrito al
detallista o, en su caso, al organizador con una antelación
mínima de 15 días a la fecha de inicio del viaje, salvo quelas partes pacten un plazo menor en el contrato.
3. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el cesionario responderán solidariamente, ante el
detallista o, en su caso, el organizador que sean parte delcontrato, del pago del saldo del precio, así como de losgastos adicionales justificados que pudiera haber causado dicha cesión.
Artículo 156. Información adicional sobre el viaje contratado.
1. Los detallistas o, en su caso, los organizadores deviajes combinados deberán facilitar, por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia y con el tiempo
necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores yusuarios con los que hayan contratado, la siguiente información:a) Los horarios y lugares de las escalas y los enlaces,
así como la indicación de la categoría del lugar que
deberá ocupar el viajero en el medio o medios de transporte que vayan a ser utilizados.
b) El nombre, dirección y número de teléfono de larepresentación del organizador o detallista en cada destino o, en su defecto, los de los organismos locales que
puedan ayudar al consumidor y usuario en caso de dificultades. Cuando no existan dichas representaciones yorganismos, el consumidor y usuario deberá poder disponer, en cualquier caso, de un número de teléfono deurgencia o de cualquier otra información que le permita
ponerse en contacto con el organizador o detallista.
c) Para los viajes y estancias de menores en el
extranjero, la información que permita establecer un contacto directo con éstos o los responsables de su estancia«in situ» durante el viaje.
d) Información, de acuerdo con la legislación vigente
reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos decancelación por el consumidor y usuario, o de un contrato
de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedado fallecimiento.
2. La información prevista en el apartado anteriordeberá facilitarse a más tardar en el momento de confirmación de las reservas.
CAPÍTULO IV
Modificación del contrato
Artículo 157. Revisión de precios.
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán
ser revisados, salvo si éste establece de manera explícita
la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, atal fin, se definen las modalidades precisas de cálculo.
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar
variaciones del precio de los transportes, incluido el costedel carburante, las tasas e impuestos relativos a determi-

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nados servicios y los tipos de cambio aplicados al viajeorganizado.
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada
en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha desalida del viaje.
Artículo 158. Modificación del contrato.
1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje,
el organizador se vea obligado a modificar de manera
significativa algún elemento esencial del contrato deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario.
2. En tal supuesto, y salvo que las partes convenganotra cosa en cláusulas negociadas individualmente, el
consumidor y usuario podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificacióndel contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.
El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión
que adopte al detallista o, en su caso, al organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere este artículo.
En el supuesto de que el consumidor y usuario no
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.

TÍTULO II
Disposiciones relativas a la resolución del contratoy responsabilidadesCAPÍTULO I
Resolución del contrato o cancelación
Artículo 159. Resolución del contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje.
1. En el supuesto de que el consumidor y usuario
opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto enel apartado 2 del artículo anterior, o de que el organizador
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no sea imputable alconsumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el
momento en que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que elorganizador o detallista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberán rembolsar al consumidor y usuario, cuando proceda en función
de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir elreintegro de las cantidades desembolsadas al empresario
al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en losplazos y condiciones previstas en el artículo 76. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde que se produjeran las circunstancias
determinantes de la cancelación.
2. El mismo derecho previsto en el número anterior
corresponderá al consumidor y usuario que no obtuviese
confirmación de la reserva en los términos estipulados enel contrato.
3. En los anteriores supuestos, el organizador y el
detallista serán responsables del pago al consumidor yusuario de la indemnización que, en su caso, corresponda

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por incumplimiento del contrato, que en ningún supuesto
podrá ser inferior al 5 por ciento del precio total del viaje
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre
los dos meses y quince días inmediatamente anteriores ala fecha prevista de realización del viaje; el 10 por ciento si
se produce entre los quince y tres días anteriores, y el 25
por ciento en el supuesto de que el incumplimiento citado
se produzca en las 48 horas anteriores.
4. No existirá obligación de indemnizar en lossiguientes supuestos:a) Cuando la cancelación se deba a que el número
de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior
al exigido y así se comunique por escrito al consumidor yusuario antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación
mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en lossupuestos de exceso de reservas, se deba a motivos defuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesarde haber actuado con la diligencia debida.
Artículo 160. Resolución del contrato por el consumidor
y usuario.
En todo momento el consumidor y usuario podrá
dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades quehubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador
o detallista en las cuantías que a continuación se indican,
salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza
mayor:a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si
los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por
ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por ciento
entre los días tres y diez, y el 25 por ciento dentro de lascuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida, el consumidor y usuario
está obligado al pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo
acuerdo entre las partes en otro sentido.
b) En el caso de que el viaje combinado estuvierasujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se establecerán deacuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
CAPÍTULO II
Incumplimiento, responsabilidad y garantías
Artículo 161. Consecuencias de la no prestación de servicios.
1. En el caso de que, después de la salida del viaje, elorganizador no suministre o compruebe que no puede
suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento
alguno de precio para el consumidor y usuario, y, en su
caso, abonará a este último el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el
consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones
dadas por el organizador se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
2. Si las soluciones adoptadas por el organizador
fueran inviables o el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste,sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte

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equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugarde salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido,
sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
3. En caso de reclamación, el detallista o, en su caso,
el organizador deberá obrar con diligencia para hallar lassoluciones adecuadas.
Artículo 162. Responsabilidad de los organizadores ydetallistas.
1. Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y usuario, en
función de las obligaciones que les correspondan por suámbito respectivo de gestión del viaje combinado, delcorrecto cumplimiento de las obligaciones derivadas delcontrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas aactuar contra dichos prestadores de servicios.
La responsabilidad frente al consumidor será solidaria
de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas,
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que
sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin
perjuicio del derecho de repetición de quien responda
ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable
el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión delviaje combinado.
2. Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el
consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra algunade las siguientes circunstancias:a) Que los defectos observados en la ejecución delcontrato sean imputables al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en elcontrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos defuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesarde haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento
que el detallista, o en su caso, el organizador, a pesar dehaber puesto toda la diligencia necesaria, no podía preverni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad pordarse alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el detallista que sean parteen el contrato estarán obligados, no obstante, a prestar lanecesaria asistencia al consumidor y usuario que seencuentre en dificultades.
3. El resarcimiento de los daños, que resulten delincumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con
arreglo a lo previsto en los convenios internacionales
reguladores de dichas prestaciones.
4. No podrán establecerse excepciones mediantecláusula contractual a lo previsto en los apartados 1 y 2 deeste artículo.
Artículo 163. Garantía de la responsabilidad contractual.
Los organizadores y detallistas de viajes combinados
tendrán la obligación de constituir y mantener en permanente vigencia una fianza en los términos que determine
la Administración turística competente, para responder

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del cumplimiento de las obligaciones derivadas de laprestación de sus servicios frente a los contratantes de unviaje combinado y, especialmente, del reembolso de losfondos depositados y el resarcimiento por los gastos derepatriación en el supuesto de insolvencia o quiebra.
La fianza quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones que deriven de:a) Resolución firme en vía judicial de responsabilidades económicas de los organizadores y detallistas derivadas de la acción ejercitada por el consumidor y usuario
final.
b) Laudo dictado por las Juntas arbitrales de consumo o por los órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto
específico, previa sumisión voluntaria de las partes.
Caso de ejecutarse la fianza, deberá reponerse en elplazo de 15 días, hasta cubrir nuevamente la totalidad
inicial de la misma.
Artículo 164. Prescripción de acciones.
Prescribirán por el transcurso de dos años las acciones derivadas de los derechos reconocidos en este libro.
Artículo 165. Régimen sancionador.
A lo dispuesto en este Libro no le es de aplicación elrégimen de infracciones y sanciones previsto en el libro
primero, título IV, capítulo II, siéndole de aplicación lalegislación específica sobre la materia dictada por las
Administraciones públicas competentes en materia deturismo.
Disposición transitoria primera. Garantía comercial.
1. Lo dispuesto en esta norma respecto de la garantía
comercial adicional no será de aplicación a los productos
puestos en circulación antes del 11 de septiembre de 2003.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en
relación con los bienes de naturaleza duradera puestos en
circulación antes de dicha fecha, el productor o, en su
defecto, el vendedor deberá entregar al consumidor yusuario una garantía, formalizada por escrito, en la que,como mínimo, se asegure al titular de la garantía:a) La reparación totalmente gratuita de los vicios odefectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos
ocasionados.
b) En los supuestos en que la reparación efectuada
no fuera satisfactoria y el objeto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso a que estuviese destinado, el titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas
características o a la devolución del precio pagado.
3. El documento de garantía al que se refiere el apartado anterior tendrá el siguiente contenido mínimo:a) El objeto sobre el que recaiga la garantía.
b) El garante.
c) El titular de la garantía.
d) Los derechos del titular de la garantía.
e) El plazo de duración de la garantía que, en ningún
caso será inferior a 6 meses desde la fecha de entrega,
salvo cuando la naturaleza del bien lo impidiera y sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias para
bienes o servicios concretos.
Disposición transitoria segunda. Productos de naturaleza duradera.
En tanto no se concreten por el Gobierno los productos de naturaleza duradera, se entenderá que tales productos son los enumerados en el anexo II del Real Decreto

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Viernes 30 noviembre 2007

1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan
los catálogos de productos y servicios de uso o consumo
común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente,
en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes.
Disposición transitoria tercera. Responsabilidad civil por
los daños causados por productos defectuosos puestos
en circulación con anterioridad al 8 de julio de 1994.
Las normas del libro tercero, título II, capítulo I de esta
norma no serán de aplicación a la responsabilidad civil
derivada de los daños causados por productos puestos
en circulación antes de 8 de julio de 1994.
Esta responsabilidad se regirá por las reglas del capítulo II del citado título, con las siguientes reglas adicionales:
1. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que
resulte más favorable al consumidor y usuario, en virtud
de otras disposiciones o acuerdos convencionales, regirán los siguientes criterios en materia de responsabilidad:a) El productor, suministrador o proveedor de productos a los consumidores y usuarios, responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo
con su naturaleza y finalidad y con las normas que losregulan.
b) En el caso de productos a granel responde el tenedor de los mismos, sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor, proveedor o suministrador.
c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre íntegro, responde la firma orazón social que figure en su etiqueta, presentación opublicidad. Podrá eximirse de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que serán los responsables.
2. En todo caso será de aplicación el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 148 a los productos
alimenticios, los de higiene, limpieza, cosméticos, especialidades o productos farmacéuticos, gas, electricidad,
vehículos de motor, juguetes y productos dirigidos a los
niños.
3. Si a la producción de daños concurrieren varias
personas, responderán solidariamente ante los perjudicados. El que pagare al perjudicado tendrá derecho a repetirde los otros responsables, según su participación en lacausación de los daños.
Disposición final primera. Modificación de cuantías.
Se autoriza al Gobierno a modificar las cuantías establecidas esta norma. Las cuantías de los artículos 51 y 148
se modificarán teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo y las previstas en el artículo
141 para adaptarlas a las revisiones periódicas de la normativa comunitaria.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar, en materia de su
competencia, las disposiciones precisas para la aplicación de esta norma. En particular, el Gobierno determinará los productos de naturaleza duradera a que serefiere el artículo 126.

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Disposición final tercera. Aplicabilidad del régimen reglamentario en materia de infracciones y sanciones.
A efectos de lo establecido en el libro primero, título IV,
capítulo II de esta norma será de aplicación el Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, sin perjuicio de sus
ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobierno.

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REAL DECRETO 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional.

La Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la
Cartografía, regula el marco en el que se ha venido desarrollando la actividad cartográfica oficial en España. Su
mayor éxito consiste en haber contribuido al eficaz desarrollo de la cartografía por parte de las Administraciones
públicas competentes, si bien el sistema diseñado no haevitado (en algunos casos) una duplicidad del gasto y delesfuerzo público en esta materia. Por esta razón esencial,
se ha determinado la necesidad de establecer un Sistema
Cartográfico Nacional que, con respeto a lo dispuesto enla Ley y a la Sentencia 76/1984, de 29 de junio, del Tribunal
Constitucional, suponga un sistema racional y operativo,
dentro de un marco de colaboración y eficiencia, quefavorezca el ejercicio de la actividad cartográfica, basecomún del desarrollo económico y social que propugnan
todas las Administraciones públicas españolas para losciudadanos y sus respectivos territorios.
La producción cartográfica, al tratarse de una actividad de base objetiva, que refleja una realidad primordial
como es el territorio, no permite las discusiones habituales en otras disciplinas más especulativas. Por ello, basta
con alcanzar un acuerdo relativo a los criterios cartográficos de representación para que cualquier agente pueda
utilizar indistintamente sus propias producciones cartográficas o las de otros agentes, siempre y cuando sehayan realizado siguiendo los mismos criterios. Esta
inmediata capacidad de colaboración –una vez que elmétodo a utilizar ha de ser el normalizado conforme a las
iniciativas y modelos de la Unión Europea– permite
numerosos ahorros en esfuerzo y gasto público, y favorece que la regulación del Sistema Cartográfico Nacionalsea acertada en cuanto a su diseño gracias a la corresponsabilidad de sus integrantes y al establecimiento de cláusulas de salvaguardia que aseguren su libertad de acción
dentro del Sistema. Esa doble garantía de sometimiento
voluntario al Sistema (con capacidad autónoma de apartamiento o separación) y de aprovechamiento extensivo delmismo, supone la base sobre la que se ha fundamentado
el desarrollo del Sistema Cartográfico Nacional, diseñado apartir de lo establecido en la Ley 7/1986 y de su gestión porparte de las distintas Administraciones del Estado.
Pero esa doble garantía no es suficiente para aportar
toda la eficiencia y transparencia que necesita el Sistema,
por lo que se le ha dotado de unos mecanismos que aseguren la objetividad y la publicidad de sus principios yque resulten ágiles y flexibles en su aplicación.
De esta manera, el Sistema Cartográfico Nacional,
que se define y regula en el presente real decreto, constituye el marco obligatorio de actuación de la Administración General del Estado en materia cartográfica, así comode todas aquellas Administraciones públicas que voluntariamente lo adopten como modelo de actuación cooperativa para el mejor servicio de los intereses generales, salvaguardando el reparto competencial establecido ymanteniéndolo. Sin embargo, ese modelo no puede considerarse como una fórmula que elimine atribuciones de