Pandemia y Derechos
Humanos en las Américas
RESOLUCIÓN 1/2020

Crédito fotográ�ico: Fusion Medical Animation on Unsplash

RESOLUCIÓN NO. 1/2020

PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS(Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020)

A.

INTRODUCCIÓN

Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin
precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas
adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno
respeto de los derechos humanos.
La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos dela población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el
COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades engeneral, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales enque la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de laregión; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; lainseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o dehábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos
precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupanteel impacto socioeconómico del COVID-19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas
tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos
en situación de especial vulnerabilidad.
Además, la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente
violencia por razones de género, de raza o etnia; así como por la persistencia de flagelos tales comola corrupción y la impunidad. Asimismo, en la región prevalece por parte de los ciudadanos yciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso
desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y vandalismo; graves crisis
penitenciarias que afectan a la gran mayoría de los países; y la profundamente preocupante
extensión del fenómeno de la migración, del desplazamiento forzado interno, de personas
refugiadas y apátridas; así como la discriminación estructural en contra de grupos en situación deespecial vulnerabilidad.
En este contexto, la pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados de las Américas, tantoen términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que permitan
3poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para
proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
A su vez, la pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de losderechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ciertos colectivos ypoblaciones en especial situación de vulnerabilidad, por lo que se torna esencial la adopción depolíticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de medidas de seguridad social y el acceso
a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin debrindar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física ymental, sin discriminación.
Asimismo, los sistemas de salud de los Estados de la región se han visto o pueden verse, aún más,desbordados frente a la magnitud de la pandemia del COVID-19, en particular respecto de quienes
viven en la pobreza y para quienes no tienen cobertura médica, en caso de que necesiten atención
médica u hospitalización.
A la fecha no se tiene conocimiento de intervenciones farmacéuticas viables para luchar contra el
COVID-19 y muchos países han introducido medidas de contención que incluyen cuarentena,
distanciamiento o aislamiento social, cierre de escuelas y negocios, limitaciones de circulación anivel nacional e internacional, así como orientaciones preventivas de higiene personal ycomunitaria.
En cuanto a las medidas de contención con el fin de enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia,
la CIDH ha observado que se han suspendido y restringido algunos derechos, y en otros casos se
han declarado “estados de emergencia”, “estados de excepción”, “estados de catástrofe porcalamidad pública”, o “emergencia sanitaria”, a través de decretos presidenciales y normativa dediversa naturaleza jurídica con el fin de proteger la salud pública y evitar el incremento decontagios. Asimismo, se han establecido medidas de distinta naturaleza que restringen losderechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, la libertad
personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada; y se ha recurrido al uso
de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus, y al almacenamiento dedatos de forma masiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de sus Relatorías
Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre Libertad deExpresión, en ejercicio de su mandato, adopta la presente resolución con estándares yrecomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención ycontención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

4B. PARTE CONSIDERATIVA
I. El derecho humano a la salud y otros DESCA en el contexto de las pandemias
Considerando que, si bien existen impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diversos
contextos ocasionados por la pandemia, especialmente en relación al derecho a la vida, la salud e
integridad personal, se ven seriamente afectados el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la
educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros DESCA.
Subrayando que los contextos de pandemia y sus consecuencias acentúan la importancia delcumplimiento y observancia de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, yparticularmente aquéllas referidas a los DESCA, en las decisiones económicas y políticas adoptadas
por los Estados, sea individualmente o como integrantes de instituciones multilaterales definanciamiento u órganos internacionales.
Recordando que, en el contexto de la pandemia, los Estados tienen la obligación reforzada derespetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, incluyendola aplicación extraterritorial de dicha obligación, de conformidad con los estándaresinteramericanos en la materia.
Recordando que en el contexto específico de pandemia, los Estados tienen el deber de incentivar lainvestigación aplicada, la innovación y la difusión de nuevas tecnologías científicas directamente
aplicables a la lucha contra la propagación del patógeno y, muy especialmente, al descubrimiento denuevas alternativas de tratamiento del mismo, incluso compatibilizando la protección integral de lavida humana con reglas y procedimientos que regulen la propiedad intelectual sobre tales
tecnologías y hallazgos.
Recordando que los Estados del hemisferio han reconocido la alta relevancia de la protección de los
DESCA como condición esencial para la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible;
y que la salud es un derecho humano reconocido en el corpus iuris internacional de los derechos
humanos.
Observando que las pandemias tienen el potencial de afectar gravemente el derecho a la salud
directa e indirectamente, por el riesgo sanitario inherente en la transmisión y adquisición de la
infección, la exposición sobre el personal de salud y la alta incidencia en la organización social y lossistemas de salud, saturando la asistencia sanitaria general.
Destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y que elderecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo, que guarda correspondencia con elgoce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos y sociales como el conjunto defactores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute. Que el contenido del derecho a la salud se5

refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como loselementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad
de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios delprogreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación.
Subrayando que los contextos de pandemia y sus consecuencias, incluyendo las medidas decontención implementadas por los Estados, generan serios impactos en la salud mental como partedel derecho a la salud de la población, particularmente respecto de ciertas personas y grupos enmayor riesgo.
Observando que la generalidad de las personas trabajadoras, en especial las que viven en situaciónde pobreza o con bajos salarios, dependen por definición de sus ingresos económicos laborales parasu subsistencia y tomando en cuenta, que existen ciertas categorías de trabajos que exponen
especialmente a las personas a mayores riesgos de ver afectados sus derechos humanos por la
pandemia y sus consecuencias, tales como personas trabajadoras de la salud, producción ydistribución de alimentos, limpieza, cuidado, trabajadores rurales, informales o precarizados, entre
otros.
II. Estados de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho
Teniendo en cuenta que la Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias paralograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos, y que la naturaleza jurídica de laslimitaciones a dichos derechos puede tener impactos directos en los sistemas democráticos de losEstados, la Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y de la actuación de lospoderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos,
cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia.
Reconociendo que, en determinadas circunstancias, con el objeto de generar adecuada distancia
social, puede resultar de hecho imperativa la restricción del pleno goce de derechos como el dereunión y la libertad de circulación en espacios tangibles, públicos o comunes que no sean
indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o para la propia atención médica.
Considerando con especial preocupación que mediante la restricción o limitaciones a los derechos
se pueden generar impactos en el goce de otros derechos de manera desproporcionada en
determinados grupos y que, por lo tanto, se hace necesaria la adopción de medidas positivas deprotección adicionales para estos grupos, ante la evidencia de que se han suscitado restricciones al
trabajo de la prensa y detenciones arbitrarias de periodistas y personas defensoras de derechos
humanos en el marco de la cobertura de la pandemia.
Reconociendo el rol crítico de la prensa, el acceso universal a Internet a través de las fronteras, latransparencia y el acceso a la información pública respecto de la pandemia y las medidas que se
adoptan para contenerla y enfrentar las necesidades básicas de la población, así como lapreservación de la privacidad y la protección de datos personales de las personas involucradas.

6III. Grupos en situación de especial vulnerabilidad
Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia
del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales yprestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en losderechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como:
personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes,
personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad
humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con
discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema,
especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las
defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud yperiodistas.
Teniendo en particular consideración que en el contexto de pandemia, por lo general, los cuidadosde las personas enfermas o necesitadas de especial atención recaen fundamentalmente en las
mujeres, a expensas de su desarrollo personal o laboral, existiendo un escaso nivel deinstitucionalización y reconocimiento social o económico para tales tareas de cuidados que entiempo de pandemia se vuelven aún más necesarios y exigentes.
IV. Cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas
Destacando que toda política pública con enfoque de derechos humanos para la prevención,
atención y contención de la pandemia requiere un abordaje amplio y multidisciplinario a partir delfortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional entre Estados.
Resultando urgente avanzar en la coordinación regional y global para enfrentar la crisis de lapandemia del COVID-19, a fin de lograr eficacia de manera regional, global y sostenible en las
políticas públicas y medidas de distinta naturaleza que se adopten.
Destacando la importancia de contar con el apoyo, la participación y cooperación de personas ygrupos de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones debase comunitaria, y del sector privado, para que los esfuerzos de los Estados en el ámbito de lasacciones de prevención, contención y tratamiento de la pandemia sean eficaces y oportunas.
Resaltando que la cooperación que brindan los organismos regionales y universales como la CIDH,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), o agencias y órganos especializados de lasNaciones Unidas, a través de sus mecanismos, resulta clave en la coordinación de esfuerzos yacciones conjuntas con los Estados en el marco de la crisis de la pandemia del COVID-19.

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Manifestando la voluntad y disposición de la CIDH y sus Relatorías Especiales para brindar
asistencia técnica a los Estados, los organismos regionales, las organizaciones sociales y otras
instituciones para el fortalecimiento institucional y la formulación, implementación y evaluación depolíticas públicas orientadas a combatir la pandemia en las Américas con enfoque de derechos
humanos sobre la base de los estándares interamericanos e internacionales pertinentes.
C. PARTE RESOLUTIVA
En virtud de lo anterior, en ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo 106 de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo 41.b de laConvención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto, la Comisión
Interamericana sobre Derechos Humanos formula las siguientes recomendaciones a los gobiernosde los Estados miembros:
1. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean
adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personasque se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente
pandemia. Tales medidas deberán de ser adoptadas atendiendo a la mejor evidencia
científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), así como con las
recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS, en lo que fueran aplicables.
2. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda
estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus
consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se
formulen. Estas deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándaresinteramericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, particularmente de los
DESCA.
3. Guiar su actuación de conformidad con los siguientes principios y obligaciones generales:a. Los compromisos internacionales en materia de derechos humanos deben cumplirse debuena fe y tomando en cuenta los estándares interamericanos y las normas de derecho
internacional aplicables.
b. El deber de garantía de los derechos humanos requiere que los Estados protejan losderechos humanos atendiendo a las particulares necesidades de protección de laspersonas y que esta obligación involucra el deber de los Estados de organizar todo elaparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

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c. El deber de respetar los derechos humanos comprende la noción de la restricción al
ejercicio del poder estatal, es decir, requiere que cualquier órgano o funcionario delEstado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos
humanos.
d. Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que constituyen una
situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de forma inmediata y demanera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, laintegridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera
prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a laspersonas que lo requieran.
e. El objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoquede derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad;
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos; la igualdad y la nodiscriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; larendición de cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de lacooperación entre los Estados.
f.

Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en
restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», deproporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto
cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido yoportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés denaturaleza pública o privada.

g. Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensiónde determinados derechos, el derecho internacional impone una serie de requisitos –tales como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad– dirigidos aevitar que medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas demanera ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos
humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno.
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
4. Garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar las pandemias y sus consecuencias
incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud y sus
determinantes básicos y sociales, los cuales se relacionan con el contenido de otros
derechos humanos, como la vida e integridad personal y de otros DESCA, tales como acceso
a agua potable, acceso a alimentación nutritiva, acceso a medios de limpieza, vivienda
adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud mental, e integración de servicios
públicos de salud; así como respuestas para la prevención y atención de las violencias,
asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, el otorgamiento desubsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo económico.
95. Proteger los derechos humanos, y particularmente los DESCA, de las personas trabajadoras
en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias. Es importante tomar
medidas que velen por asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas las
personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las
medidas de contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso ala alimentación y otros derechos esenciales. Las personas que hayan de proseguir
realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riesgos de contagio delvirus y, en general, se debe dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad
sindical y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales interrelacionados conel ámbito laboral y sindical.
6. Asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para laprevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la
mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben sertransparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos.
7. Instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los impactos
y resultados de las medidas adoptadas, que permitan gestionar los ajustes necesarios desde
un enfoque de derechos humanos. Asimismo, establecer espacios de diálogo nacionales con
participación de personas expertas independientes, las instituciones nacionales de derechos
humanos y el sector privado.
8. Velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios desalud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de laspersonas con COVID-19 y los grupos desproporcionalmente afectados por la pandemia, asícomo personas con enfermedades preexistentes que las hacen especialmente vulnerables alvirus. La escasez de recursos no justifica actos de discriminación directos, indirectos,
múltiples o interseccionales.
9. Asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar loscontextos de pandemia, particularmente poniendo atención al uso de estrategias, como laaplicación de cláusulas de flexibilidad o excepción en esquemas de propiedad intelectual,que eviten restricciones a medicamentos genéricos, precios excesivos de medicamentos yvacunas, abuso de uso de patentes o protección exclusiva a los datos de prueba.
10. Asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material debioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud,fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis
infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así como la disposición de recursos
específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia
sanitaria.

1011. Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental sin
discriminación ante los efectos de los contextos de pandemia y sus consecuencias, lo que
incluye la distribución equitativa de tales servicios y bienes en la comunidad,
particularmente de las poblaciones que se ven más expuestas o en mayor riesgo a verse
afectadas, tales como personas profesionales de salud, personas mayores o personas concondiciones médicas que requieren atención específica de su salud mental.
12. Garantizar el consentimiento previo e informado de todas las personas en su tratamiento desalud en el contexto de las pandemias, así como la privacidad y protección de sus datos
personales, asegurando un trato digno y humanizado a las personas portadoras o en
tratamiento por COVID-19. Está prohibido someter a las personas a pruebas médicas ocientíficas experimentales sin su libre consentimiento.
13. Disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones debúsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral, para hacer efectivo
el derecho a la salud y otros DESCA el con objeto de prevenir y mitigar los efectos de lapandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando medidas de política fiscal que
permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos
concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar elderecho a la salud.
14. Asegurar que, en los casos excepcionales que fuera inevitable adoptar medidas que limiten
algún DESCA, los Estados deben velar porque tales medidas estén plena y estrictamente
justificadas, sean necesarias y proporcionales, teniendo en cuenta todos los derechos enjuego y la correcta utilización de los máximos recursos disponibles.
15. Integrar medidas de mitigación y atención enfocadas específicamente en la protección ygarantía de los DESCA dado los graves impactos directos e indirectos que contextos depandemia y crisis sanitarias infecciosas les pueden generar. Las medidas económicas,
políticas o de cualquier índole que sean adoptadas no deben acentuar las desigualdades
existentes en la sociedad.
16. Asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante
posibles violaciones de los derechos humanos, incluidos los DESCA, en el contexto de laspandemias y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de actores privados y actos decorrupción o captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos.
17. Asegurar que las instituciones multilaterales de financiamiento e inversión en las que losEstados hacen parte implementen garantías específicas para proteger los derechos
humanos en sus procesos de evaluación de riesgo y sistemas de operación relativos aproyectos de inversión o préstamos monetarios que se den en el contexto de respuesta a lapandemia y sus consecuencias sobre los derechos humanos, en particular de los DESCA.

1118. Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que
pueden amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger losderechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin defacilitar la adquisición oportuna de insumos y equipo médico esencial y permitir el gasto
público de emergencia prioritario en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos losderechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada lanaturaleza transnacional de la pandemia.
19. Exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos dedebida diligencia en materia de derechos humanos y rindan cuentas ante posibles abusos e
impactos negativos sobre los derechos humanos, particularmente por los efectos que loscontextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA de las
poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y, en general, sobre las personasque trabajan, las personas con condiciones médicas sensibles y las comunidades locales. Las
empresas tienen un rol clave que desempeñar en estos contextos y su conducta debe
guiarse por los principios y reglas de derechos humanos aplicables.
Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de Derecho
20. Asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la
finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con losrequisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En
particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias
en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para
atender la finalidad legítima de proteger la salud.
21. Asegurar que en caso de establecerse un estado de excepción: i) se justifique que existe una
excepcionalidad de la situación de emergencia en cuanto a su gravedad, inminencia eintensidad que constituye una amenaza real a la independencia o seguridad del Estado; ii) lasuspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente por el tiempo estrictamente
limitado a las exigencias de la situación; iii) las disposiciones que sean adoptadas resulten
proporcionales, en particular, que la suspensión de derechos o garantías constituya el único
medio para hacer frente a la situación, que no pueda ser enfrentada mediante el uso de lasatribuciones ordinarias de las autoridades estatales, y que las medidas adoptadas no
generen una mayor afectación al derecho que sea suspendido en comparación con el
beneficio obtenido; y iv) las disposiciones adoptadas no sean incompatibles con las demásobligaciones que impone el derecho internacional, y no entrañen discriminación alguna
fundada, en particular, con motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
22. Asegurar que ninguna medida de excepción sea, en sí misma o por sus efectos,
discriminatoria y contraria al derecho internacional. Un estado de excepción no debe serutilizado para generar propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial oreligioso que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia.

1223. Abstenerse de suspender el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; elderecho a la vida; el derecho a la integridad personal y la prohibición de tortura, tratos
inhumanos, crueles y degradantes; la prohibición de esclavitud y servidumbre; el principiode legalidad y retroactividad; la libertad de conciencia y religión; la protección a la familia;
el derecho al nombre; los derechos de la niñez; el derecho a la nacionalidad, y los derechos
políticos.
24. Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud delejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las acciones de hábeas corpus y amparo
para controlar las actuaciones de las autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad
personal en dicho contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios deldebido proceso legal.
25. Abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales indispensables, como el recurso deamparo y hábeas corpus, que son idóneas para garantizar la plenitud del ejercicio de losderechos y libertades, y para controlar las actuaciones de las autoridades en el contexto delos estados de excepción.
26. Asegurar que la proclamación de un estado de excepción sea realizada de conformidad conel marco constitucional y demás disposiciones que rijan tal actuación, y que se identifiquen
expresamente los derechos cuyo pleno goce será limitado, así como el ámbito temporal ygeográfico que justifica tal excepción.
27. Informar inmediatamente, en casos de suspensión de los derechos humanos, a los demás
Estados partes de la Convención Americana, por conducto del Secretario General de laOrganización de los Estados Americanos, sobre las disposiciones cuya aplicación haya sido
suspendida, los motivos que hayan suscitado la suspensión y la fecha en que se haya dado
por terminada tal suspensión. La Comisión recomienda a los Estados que no son parte dedicho tratado la adopción de dicha práctica, como salvaguardia para prevenir el abuso de lasfacultades excepcionales de suspensión y como medio idóneo de solidaridad y cooperación
entre los Estados miembros respecto de las medidas que pueden ser adoptadas para
enfrentar la emergencia.
28. Asegurar que cualquier restricción o suspensión adoptada tenga sustento en la mejor
evidencia científica y considere, de manera previa a su adopción y durante su
implementación, los particulares efectos que puede tener sobre los grupos más vulnerables
con el fin de asegurar que su impacto no sea especialmente desproporcionado mediante la
adopción de las medidas positivas que resulten necesarias. Asimismo, toda decisión ymedida que sea adoptada en este contexto debe considerar de manera especialmente
relevante, la perspectiva de género, interseccional, lingüística e intercultural.
29. Asegurar la existencia de medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten
en una situación de emergencia. Las autoridades deben evaluar permanentemente lanecesidad de mantener la vigencia de cada una de las medidas temporales de suspensión orestricción adoptadas.

1330. Abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas y personas
defensoras de derechos humanos que cumplen una función central durante la emergencia
de salud pública, con el objeto de informar y monitorear las acciones del Estado. Los
Estados no deben incluir a los comunicadores en las restricciones de circulación y tienen la
obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin
discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y proporcionales
para proteger la salud. Al mismo tiempo, los Estados deben respetar la reserva de sus
fuentes informativas y evaluar la situación particular de riesgo de los periodistas y
trabajadores de la comunicación, establecer medidas de bio protección adecuadas yfacilitarles acceso prioritario a evaluar su propio estado de salud.
31. Garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor dedefensa e información en el contexto de la pandemia. Abstenerse de perseguir o detener alas y los defensores de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto de la
actuación del Estado ante la pandemia y frente a las eventuales vulneraciones a losderechos fundamentales, lo que incluye no someterles a procesos civiles o penales por sus
opiniones, no detenerles con base en el uso de figuras penales amplias o ambiguas, ni
exponerles al riesgo de sufrir ataques físicos o virtuales.
32. Respetar la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente
sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet.
Garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población ydesarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan
los grupos vulnerables y con menores ingresos. No se puede justificar la imposición derestricciones al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad nacional.
33. Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia
generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones deseguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados
deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la
emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y demanera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada
sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo conlas mejores prácticas internacionales. En los casos de postergación de los plazos desolicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberánfundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación yadmitir la apelación de estas resoluciones.
34. Asegurar que cualquier responsabilidad ulterior que se pretenda imponer por la difusión deinformación u opiniones, basada en la protección de los intereses de salud pública –aun demanera temporal–, se establezca por ley, de modo proporcional al interés imperioso que lajustifica y se ajuste estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.
35. Observar un especial cuidado en los pronunciamientos y declaraciones de los funcionarios
públicos con altas responsabilidades respecto de la evolución de la pandemia. En las
actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la
población, y al pronunciarse al respecto, deben actuar con diligencia y contar en forma
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razonable con base científica. También, deben recordar que están expuestos a un mayor
escrutinio y a la crítica pública, aun en períodos especiales. Los gobiernos y las empresas deInternet deben atender y combatir de forma transparente la desinformación que circula
respecto de la pandemia.
36. Proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente dela información personal sensible de los pacientes y personas sometidas a exámenes durante
la pandemia. Los Estados, prestadores de salud, empresas y otros actores económicos
involucrados en los esfuerzos de contención y tratamiento de la pandemia, deberán obtenerel consentimiento al recabar y compartir datos sensibles de tales personas. Solo deben
almacenar los datos personales recabados durante la emergencia con el fin limitado decombatir la pandemia, sin compartirlos con fines comerciales o de otra naturaleza. Las
personas afectadas y pacientes conservarán el derecho a cancelación de sus datos sensibles.
37. Asegurar que, en caso de recurrir a herramientas de vigilancia digital para determinar,
acompañar o contener la expansión de la epidemia y el seguimiento de personas afectadas,éstas deben ser estrictamente limitadas, tanto en términos de propósito como de tiempo, yproteger rigurosamente los derechos individuales, el principio de no discriminación y las
libertades fundamentales. Los Estados deben transparentar las herramientas de vigilancia
que están utilizando y su finalidad, así como poner en marcha mecanismos de supervisión
independientes del uso de estas tecnologías de vigilancia, y los canales y mecanismos
seguros para recepción de denuncias y reclamaciones.
38. Garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados deemergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con
el debido control judicial, de conformidad con los estándares.
Grupos en especial situación de vulnerabilidad
39. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al momento de adoptar las medidas
necesarias para garantizar los derechos de los grupos en situación de especial
vulnerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de lapandemia del COVID-19; así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas
medidas puedan generar.
40. Promover desde las más altas autoridades la eliminación de estigmas y estereotipos
negativos que puedan surgir sobre ciertos grupos de personas a partir del contexto depandemia.
Personas mayores
41. Incluir prioritariamente a las personas mayores en los programas de respuesta a lapandemia, especialmente en el acceso a las pruebas de COVID-19, al tratamiento oportuno,
al acceso a medicamentos y a los cuidados paliativos necesarios, garantizándose que
15brinden su consentimiento previo, pleno, libre e informado y teniendo en cuenta situaciones
particulares como la pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes.
42. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la población
mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga estancia,
hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda humanitaria
para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y estableciendo espacios
de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o abandono o situación dediscapacidad.
43. Reforzar en este contexto las medidas de monitoreo y vigilancia contra la violencia hacia
personas mayores, ya sea a nivel intrafamiliar, en residencias de larga estancia, hospitales ocárceles, facilitando la accesibilidad a los mecanismos de denuncia.
44. Supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos ytratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de laedad y prestando especial atención a las personas mayores con discapacidad o condiciones
crónicas y enfermedades, pacientes con VIH o sida, que requieren medicación y atención
regular como pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil, alzhéimer, entre otras.
45. Considerar en la implementación de medidas de contingencia el balance que debe existir
entre la protección ante el COVID-19 y la necesidad particular de las personas mayores deconexión con sus familiares, para quienes se encuentran solos o en residencias de largo
plazo, facilitando medios alternativos de contacto familiar como comunicación telefónica o
por internet, teniendo en cuenta la necesidad de remediar la brecha digital.
Personas Privadas de Libertad
46. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad,
incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que
pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando
prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del
COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos
lactantes.
47. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, seevalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión.
En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitosde lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la
obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales
evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio deproporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.
48. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente
en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para
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impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas lasunidades cuenten con atención médica.
49. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades deprivación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la
pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar
que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades
educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto
juicio de proporcionalidad.
Mujeres
50. Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las
respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos
contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están
expuestas, como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada ,la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación
sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
51. Asegurar la participación de mujeres en posiciones de toma de decisión en los comités ygrupos de trabajo de respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19, asegurando laincorporación de la perspectiva de género en el diseño, implementación, ejecución ymonitoreo de las medidas y políticas adoptadas en respuesta a dicha crisis sanitaria. En
particular, incorporar la perspectiva de género a partir un enfoque transversal teniendo en
cuenta los contextos y condiciones que potencializan los efectos de la crisis, como la
precariedad económica, la condición de migrante o desplazada, la privación de libertad,
origen étnico-racial, entre otras.
52. Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia
intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. Reformular losmecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales alternativos de comunicación yfortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes deprotección en el marco del periodo de confinamiento. Así como desarrollar protocolos deatención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia
involucrados en la investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar, así como
llevar a cabo la distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en
todas las instituciones estatales.
53. Ofrecer atención diferenciada a las mujeres profesionales de salud que trabajan en laprimera línea de respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. En particular, ofrecer recursos
adecuados a la ejecución de sus tareas, atención en salud mental, así como medios para
reducir la carga doble de trabajo que tienen acumulando el rol profesional y las tareas decuidado doméstico.
54. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva
durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación17sexual integral y de diseminación de información por medios accesibles y con lenguaje
adecuado, con el objeto de alcanzar a las mujeres en su diversidad.
Pueblos indígenas
55. Proporcionar información sobre la pandemia de forma en su idioma tradicional,
estableciendo cuando sea posible facilitadores interculturales que les permita comprenderde manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia.
56. Respetar de forma irrestricta el no contacto con los pueblos y segmentos de pueblos
indígenas en aislamiento voluntario, dados los gravísimos impactos que el contagio delvirus podría representar para su subsistencia y sobrevivencia como pueblo.
57. Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el
marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen
derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los
cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.
Personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas, víctimas de trata
de personas y personas desplazadas internas
58. Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten losriesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y lavulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana como deportaciones oexpulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida
coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando lascondiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a lasalud sin ninguna discriminación. En este sentido, se deben implementar rápidamente
mecanismos para proporcionar la liberación de las personas que actualmente se encuentran
en centros de detención.
59. Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular elacceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios ypolíticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones decontrol migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como elintercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias
con carácter represivo.
60. Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios deorigen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información yapoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios
requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas deretornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a launidad familiar.
1861. Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de laspersonas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando
acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación yelaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos aniñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos
específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
62. Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas yacciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de lacrisis generada por la pandemia.
Niños, niñas y adolescentes
63. Reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) –incluyendo muy
especialmente aquellos que no cuentan con cuidados familiares y que se encuentran en
instituciones de cuidado–, y prevenir el contagio por el COVID-19, implementando medidasque consideren sus particularidades como personas en etapa de desarrollo y que atiendan
de manera más amplia posible su interés superior. La protección debe, en la medida de lo
posible, garantizar los vínculos familiares y comunitarios.
64. En cuanto al derecho a la educación, los Estados deben disponer de mecanismos que
permitan a los NNA seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel
de desarrollo requieran. En particular, los Estados deben proveer herramientas para que losadultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el refuerzo delos vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. Asegurar que las niñas y los
niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la educación en línea sin
exclusiones, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos
accesibles.
65. Adoptar medidas de prevención del abuso y violencia intrafamiliar, facilitando el acceso alos medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias realizadas.
66. Respecto de las instituciones de cuidado residenciales, los Estados deben revisar las
medidas especiales de protección vigentes promoviendo la revinculación familiar de los
niños, niñas y adolescentes cuando sea posible y siempre que esta medida no sea contraria asu interés superior. Además, se debe asegurar acciones de prevención del contagio en estas
unidades, además de establecer protocolos de emergencia orientadores para los equipos ypersonas que tengan niños a su cargo.
67. Dar atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle o en zonas
rurales. Las medidas de atención especial deben considerar las condiciones económicas ysociales y, además, considerar que los efectos de la pandemia son diferenciados para cadagrupo poblacional de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la
brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los medios de19comunicación para garantizar el acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo dediscriminación.
Personas LGBTI
68. Garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en particular las personas trans que seencuentran en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, en laformulación de políticas de asistencia social durante la pandemia –incluyendo acceso avivienda y refugio seguros– así como en las eventuales medidas de reactivación
económica.
69. Adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistema de denuncias paralas personas LGBTI –incluyendo niños, niñas y adolescentes– que tomen en cuenta el
prejuicio, la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto de distanciamientosocial o cuarentena.
70. Adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en elámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a laspersonas trans.
71. Adoptar campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y
discriminación basada en orientación sexual, garantizando la protección a los derechos deidentidad de género, dirigidas especialmente a personal de salud y de seguridad del Estado
que tenga a su cargo medidas de atención y contención de la pandemia.
Personas afrodescendientes
72. Prevenir los usos excesivos de la fuerza basados en el origen étnico-racial y patrones deperfilamiento racial, en el marco de los estados de excepción y toques de queda adoptados
por la pandemia,
73. Implementar medidas de apoyo económico, bonos, subsidios, entre otros, para las personas
afrodescendientes y comunidades tribales que se encuentran en situación de pobreza ypobreza extrema, y otras situaciones de especial vulnerabilidad en el contexto de lapandemia.
74. Incluir en los registros de personas contagiadas, hospitalizadas y fallecidas por la pandemia
del COVID-19, datos desagregados de origen étnico-racial, género, edad y discapacidad.
75. Garantizar el acceso a servicios de salud pública integral de forma oportuna a personas
afrodescendientes y comunidades tribales, incorporando un enfoque intercultural ygarantizando a esta población información clara, accesible e inclusiva sobre losprocedimientos médicos que se les practiquen.

20Personas con discapacidad
76. Asegurar atención médica preferencial a las personas con discapacidad, sin discriminación,
incluso en casos de razonamientos de recursos médicos.
77. Asegurar la participación de personas con discapacidad en el diseño, implementación ymonitoreo de las medidas adoptadas frente a la pandemia del COVID-19.
78. Ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y atención médica, tanto en
instituciones públicas como en privadas, para que las personas con discapacidad puedan
gozar de la mayor independencia posible y acceder a medidas como el aislamiento social yel lavado frecuente de manos, entre otras.
79. Adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar que las personas con
discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad encontextos de medidas de aislamiento o contención.
80. Adoptar estrategias accesibles de comunicación a fin de informar en formatos accesibles
sobre evolución, prevención y tratamiento.
Cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas
81. Dar cumplimiento efectivo al compromiso de adoptar medidas, tanto a nivel interno comomediante la cooperación internacional, para asegurar la realización del derecho a la salud, aotros DESCA y al conjunto de los derechos humanos, en el marco de contextos de pandemia
y sus consecuencias, conforme a las reglas generales del derecho internacional einteramericano.
82. Alentar y promover el desarrollo de espacios amplios y efectivos de diálogo internacionales
con el fin de establecer y consolidar canales de intercambio de buenas prácticas en materia
de estrategias exitosas y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, información
oportuna, así como de desafíos y retos para enfrentar la crisis global provocada por la
irrupción de la pandemia de COVID-19. Estos espacios deben propiciar particularmente laplena participación de los grupos y sectores más afectados por la pandemia, la sociedad
civil, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la academia y personas expertas oentidades especializadas en DESCA, salud pública y global, o derecho al desarrollo, entre
otros.
83. Convocar al intercambio técnico y regional para el establecimiento de protocolos globales
para el tratamiento de los datos e información referida a la pandemia a fin de uniformar las
estadísticas que se relevan en la materia; alentando a la sociedad civil a aunar esfuerzos
regionales a través de la promoción y el encuentro en espacios de articulación y diálogo
internacional.
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84. Promover mecanismos de cooperación técnica como herramientas para facilitar larealización de acciones conjuntas con los Estados, así como manifestar su disposición para
brindar asistencia técnica en las materias pertinentes para garantizar la implementación delenfoque de derechos humanos en el marco de las políticas, acceso a fondos económicos que
refuercen la protección de dichos derechos, planes y estrategias adoptadas para afrontar lacrisis de la pandemia.
85. Emplear los mecanismos de promoción, protección y asistencia técnica de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de sus Relatorías Especiales, como herramienta deasistencia y fortalecimiento de los esfuerzos estatales para hacer frente a los desafíos
desatados por la crisis sanitaria.

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