V FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL SEGUIMIENTO REGIONAL DE
LA AGENDA 2030
Versión Final 07.3.22

MENSAJES CLAVE DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE OSC
Presentación
En el marco del IV Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, el
Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo
sostenible – MeSCALC- desarrolló un proceso de consulta a los grupos de representación temática,
colectivos y regionales sobre los ODS que este año se revisan en el FPAN y que son objeto de análisis
en este Foro de CEPAL.
Identificamos desafíos y propuestas para contribuir al progreso de la Agenda 2030 en los países dela región, con la expectativa de mejorar el diálogo efectivo con nuestros gobiernos para una
contribución cualitativa de cara a un nuevo contrato social con justicia social.
Por eso, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de CEPAL reitera su demanda de transitarde dos monólogos a un diálogo con los gobiernos. Por eso, solicitamos que el próximo Foro de Paísesde América Latina y el Caribe permita que a los informes preliminares presentados por los paísescomo reportes voluntarios, se añadan los informes paralelos de “más luz” que realicen lasorganizaciones sociales de los países respectivos. En la misma dirección de construir un diálogo
efectivo, solicitamos que incluyan a la sociedad civil en los debates preliminares del documento deeste Foro.
Los Mensajes Claves del MeSCALC a los gobiernos que aquí se exponen se focalizan en los ODS enrevisión del año 2022, con la perspectiva adoptada de ONU sobre el carácter integral e indivisible
de la Agenda 2030, a saber:➢ ODS 4 (Educación)➢ ODS 5 (Igualdad de Géneros)➢ ODS 14 (Océanos y Mares)➢ ODS 15 (Ecosistemas Terrestres)➢ ODS 17 (Alianzas Inclusivas)

Contextualización
El Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil ha puesto de manifiesto en cada uno de los Forosde Países que América Latina y el Caribe ya se encontraba en una situación de estancamiento
económico y de todos los indicadores sociales, y ambientales, laborales y de acceso a los derechos
fundamentales antes que la pandemia del COVID 19 se presentara como un obstáculo aún mayor
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Lo cual indica que el modelo
de desarrollo se encuentra agotado y se requiere un nuevo contrato social que garantice losderechos humanos fundamentales y la incorporación de una nueva sustentabilidad y gobernanza
global.
A las condiciones preexistentes de pobreza, indigencia y exclusión, el excesivo peso de la deuda
externa en muchos países, las violaciones a los derechos humanos, el desempleo y la informalidad
laboral, la degradación ambiental y el modelo extractivista vigente en la región, las condiciones
indignas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, la pandemia agravó la recesión
económica, la crisis del sistema sanitario y la consecuente alta tasa de mortalidad y morbilidades, elacceso y permanencia en todos los niveles del sistema educativo y de formación profesional, la
condición de vida de los y las mujeres, migrantes, refugiados/as, trabajadores/as, niños, niñas yadolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con HIV y trabajadoras sexuales,
trabajadoras/es informales, precarizados, autónomos, trabajadoras domésticas y de la economía
informal.
Cuando estamos a ocho años para el Año 2030, no queda duda que el multilateralismo, la
cooperación internacional para el desarrollo, los organismos regionales y los Estados Nacionales nohan cumplidos los acuerdos firmados o dado las respuestas adecuadas a la crisis mundial provocada
por la Pandemia del COVID 19 y tampoco han podido instrumentar las políticas públicas adecuadas
para alcanzar los compromisos que han asumido para alcanzar las metas de los Objetivos deDesarrollo Sostenible.
Nos sigue preocupando la continuidad de las políticas neoliberales y de ajuste adoptadas por la
mayoría de los países de la región, que sin duda obstaculizan el logro de los ODS. Para la aceleracióndel cumplimiento de la Agenda 2030 es indispensable un cambio radical en la acción de losgobiernos, y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo, que garanticen larealización de los derechos humanos. Constatamos el déficit de indicadores y la ausencia de datos
desagregados, que son indispensables para planificar medidas concretas e inclusivas bajo una
perspectiva holística de interculturalidad e interseccionalidad.
Hoy sigue vigente la demanda para que a la brevedad los gobiernos pongan en marcha un Nuevo
Contrato Social, que reconozca la protección de la vida, promuevan los derechos humanos,centralice la recuperación que integre la sostenibilidad del planeta y el trabajo decente como
políticas de Estado.
Observamos con gran preocupación el avance de intereses corporativos que amenazan con incidirde manera decidida sin legitimación democrática sobre el sistema multilateral de Naciones Unidas
y en las modalidades de implementación de la Agenda 2030.

En relación al ODS 4 Garantizar una Educación Inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de Aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, nuestros principales
mensajes son:
● Teniendo en cuenta la situación de pobreza y desigualdades de la región y considerando el
impacto del COVID 19, es indispensable reforzar la educación pública como derecho humano
fundamental desde la infancia y a lo largo de la vida, incluyendo a las personas adultas
mayores. Es importante garantizar este derecho en todos los niveles obligatorios,
asegurando una educación de calidad y permanente desde el nacimiento hasta el nivel
superior. Ello incluye la educación universitaria como derecho humano que debe garantizar
el Estado de manera gratuita, de calidad, accesible, asegurando el presupuesto necesario.
● La educación debe entenderse como un bien público de acceso irrestricto, laico, a lo largo
de la vida y que garantice ofertas para personas jóvenes adultas, adultas y adultas mayores
que no han tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación en los tiempos
previstos, sin considerar el estatus migratorio, económico, étnico, credo, sexual, etario,
género, ni ningún tipo de discriminación y que incluyan a las personas que por conflictos con
a ley se encuentran privadas de su libertad. Se destaca la importancia de una educación
emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista e interculturalque contemple la participación activa de toda la comunidad educativa.
● Considerando la situación de pandemia y las necesidades propias de la sociedad delconocimiento hay que determinar el fortalecimiento de las radios comunitarias, el acceso ainternet como un derecho humano; garantizar equilibrios regionales y una cobertura amplia
en términos de conectividad, equipamiento y competencias digitales. El efectivo acceso a laconectividad como derecho requiere su consideración como bien y servicio público por los
Estados. Como bien público debe garantizarse acceso libre en los espacios públicos yescuelas, libre de lucro, vigilancia y la intrusión en la órbita íntima de cada persona. Asímismo, se requiere de transferencias monetarias a los hogares en situación devulnerabilidad, equipamiento y formación a estudiantes y docentes con perspectiva
intercultural.

● Formar en competencias digitales a la ciudadanía, sin discriminar por estatus migratorio ode otros tipos, así como transferir recursos, equipos y dispositivos necesarios a estudiantes,
docentes y centros educativos para el acceso a la educación digital en todos los niveles.
● Es indispensable y urgente aumentar la proporción de presupuesto nacional dedicado a la
educación, especialmente presupuestos sensibles al género. Se requiere que los países
cumplan con la Asistencia Oficial para el Desarrollo comprometida en el marco de la
Declaración de Incheon. Es en este marco que los países de nuestra región secomprometieron a asignar y cumplir con un mínimo del 6% del PIB y 20% del presupuesto
nacional para la educación.
● Las Políticas complementarias que coadyuvan a garantizar el derecho humano a la educación
se centran en la protección social universal, la promoción del ingreso básico universal como
derecho ciudadano, así como el apoyo dirigido a hogares encabezados por madres solas omonoparentales. Es urgente una reforma fiscal que disminuya la regresividad de los actuales
esquemas impositivos en la región de igual forma avanzar en el marco normativo y lainstitucionalidad para hacer frente a la discriminación, violación de derechos humanos, y atodo tipo de violencia, con especial urgencia y políticas que pongan fin a la violencia por
razones de género y que afectan especialmente a refugiadas, afrodescendientes e indígenas,
trabajadoras sexuales, rurales, poblaciones LGTBQ+, a las mujeres migrantes, personas con
discapacidad, trabajadoras informales y de la economía social.
●

Reconocer y respaldar las distintas formas de educación en las comunidades y pueblos. Los
saberes ancestrales, conocimientos y la relación con la naturaleza y comunidad son
aprendizajes importantes y deben contar con los insumos necesarios, así como la consulta yel diálogo permanente con los pueblos y comunidades involucradas.

● Es necesario considerar medidas de estímulo a la escolarización de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes con transferencias de ingresos familiares asociados a la concurrencia
a la escuela. En este nivel, es imperante, debido a la crisis humanitaria de migración, que alas niñas, niños y adolescentes migrantes en fronteras y dentro de los países, se les garanticela educación, incluyendo materiales educativos como seguimiento de avances escolares y deeducación sexual integral promotores de derechos como estrategia fundamental parapromover la equidad de género y el respeto a las diversidades sexuales, y prevenir losembarazos no planificados en la adolescencia, la violencia obstétrica, así como las uniones omatrimonios precoces y el abuso sexual infantil.

Respecto al ODS 5 Lograr la Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas,
los principales mensajes son:Las mujeres, en toda su diversidad, y la niñez han sido las más afectadas por la pandemia del COVID
19 debido al aumento de la pobreza y el hambre; la pérdida de empleos formales y con mayor

dramatismo en el sector informal; la caída del empleo del trabajo doméstico, la sobrecarga de tareas
de los cuidados no remunerados como el cuidado de niños/as, enfermos/as, personas con alguna
discapacidad y adultas mayores, además del apoyo escolar a hijes por la educación virtual y elteletrabajo para algunas. Estos indicadores documentados por la CEPAL no se han acompañado -enla mayoría de los países- por una atención especial de medidas de protección social que lleguen atodas las mujeres sin discriminaciones. La combinación de crecimiento de la población y rápido
envejecimiento de las sociedades está impulsando un aumento de la demanda del trabajo decuidados. Se esperan importantes déficits de cobertura, debido al alcance limitado de los sistemas
de previsión social (pensiones) y de los sistemas de cuidados, particularmente en la región deAmérica Latina y el Caribe. Con el fin de alcanzar los ODS de la Agenda 2030, la OIT prevé para el
2030 la creación de 120 millones de empleos más en la economía del cuidado y 149 millones deempleos indirectos.

Las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras a domicilio,
especialmente en forma independiente e informal, mujeres con discapacidades, mujeres migrantes
y desplazadas e indígenas y mujeres del colectivo trans han sido los principales colectivos excluidos.
● Por ello, reclamamos la promoción y aplicación efectiva de medidas inclusivas que no dejen
a estas mujeres atrás y que en período de recuperación de la pandemia sea una prioridad delos gobiernos la creación de trabajo decente.
● Reclamamos a los Estados que prioricen las inversiones en la economía del cuidado; laeliminación de la brecha salarial de género, y la promoción del empleo para las jóvenes,
mujeres, en todas sus diversidades.
● Respecto a la calidad de los empleos en la economía de cuidado, reafirmamos el “Marco delas 5 R para el trabajo de cuidados decente” de la OIT: Reconocer, Reducir y Redistribuir el
trabajo de cuidado no remunerado, Recompensar y Representar a los trabajadores ytrabajadoras del cuidado. Además, instamos a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, lasanción y cumplimiento de normas laborales para este sector en los países.
● Reclamamos que las instituciones financieras internacionales y los países donantes asumanla responsabilidad de apoyar a los gobiernos eliminando las trabas y políticas restrictivas(incluyendo las políticas comerciales) que imponen.
Violencia de Género
La violencia de género que afecta a mujeres y niñas de toda la diversidad, registró un considerable
aumento en todos los países del mundo. En la región, debido a los altos índices de la violencia basada
en el género se registraron aumentos significativos que persisten y que agravan las condiciones devida de las mujeres. La violencia social y de género se desquita con fuerza sobre el cuerpo y la vidade las mujeres, impactando en su autonomía física, económica y política. América Latina y el Caribe
sigue registrando indicadores alarmantes de femicidios, escasas trasformaciones en la culturapatriarcal y la división sexual del trabajo, por ello se requiere un nuevo paradigma que centralice laequidad e igualdad de géneros y diversidades. A la pobreza y el hambre que azota a nuestra región,las mujeres en todas sus diversidades han sido las principales víctimas de violencia, persecución yfeminicidios, que provocan el desplazamiento forzoso de muchas mujeres y sus familias
exponiéndolas a mayores riesgos frente a la trata de personas y a abusos y violaciones sistemáticas
en las caravanas y también en los países de tránsito.
● Exigimos que todos los países adopten medidas de protección a las mujeres y niñas paradisminuir la violencia basada en género, lo que implica inversión en prevención y atención,
incluido el asesoramiento legal gratuito y la aplicación de justicia que acabe con la impunidad
que se registra y alimenta la persistencia de los diversos tipos de violencia.
● Insistimos en el cumplimiento de los tratados, acuerdos, normas para la erradicación de todo
tipo de discriminación, la violencia y el acoso, incluyendo la ratificación del Convenio 190 de
OIT, “Sobre Violencia y Acoso”.
● Que los Estados generen los mecanismos necesarios para contar con estadísticas o datos
sobre las distintas formas de violencias contra niñas, jóvenes y mujeres, sobre todo en
aquellas que viven en una situación de mayor vulneración, como son población indígena,
afrodescendiente, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual, entre otras.
● Reconocer que las violencias son tanto individuales y colectivas, y por ello la necesidad dedefinir estrategias que atiendan ambos ámbitos en un enfoque de derechos humanos,
pertinencia intercultural, perspectiva de género y con presupuestos progresivos.
Sabemos que muchos países de la región reciben apoyo de la cooperación internacional para
desarrollar programas para superar algunos problemas, sin embargo, el manejo de los fondos
es por lo general poco transparente y no se incluye la participación de los grupos y colectivos demujeres y niñas especialmente afectadas.
Existe un claro incumplimiento del Convenio 169 de la OIT respecto a la falta de participación einvolucramiento de los pueblos indígenas y tribales, en particular de las mujeres en los proyectos
dirigidos a ellas, desde el planeamiento hasta la ejecución y evaluación.
En el Caribe las mujeres campesinas, productoras rurales y de base no son tenidas en cuenta en
la mayoría de los casos frente a las explotaciones y políticas que se adoptan y que compromete
su subsistencia. A esto se suma como agravante, la persistencia de la persecución ycriminalización que sufren muchas mujeres por la defensa de sus territorios y de los derechosde sus comunidades.
Además, los efectos de los megaproyectos y la militarización en las comunidades y pueblos
indígenas afectan de forma particular y permanente a las niñas, jóvenes y mujeres indígenas, hay
casos de violencia sexual por parte de militares y otros actores, daños a su salud y sus cuerpos

por la contaminación en el agua y la tierra. También son víctimas de trata de personas,
explotación laboral, feminicidio, desplazamiento forzado, a lo que se suman las violencias en lavida comunitaria y familiar.
● Exigimos poner fin a todas las violencias, persecución y criminalización, y la asunción plenade la responsabilidad por parte de los Estados de garantía de los derechos humanos, civiles
y laborales, así como el pago de la reparación, a través de la regulación y control de las
explotaciones de todas las empresas, incluidas las multinacionales. Lo que además requiere
el cumplimiento de acuerdos internacionales firmados , la revisión de la legislación vigente
y la adopción de leyes acordes a los derechos humanos, económicos, sociales, laborales,ambientales y culturales, en el marco de la normativa adoptada por todo el Sistema deNaciones Unidas y demandar su carácter vinculante.
En ningún país de la región se atendió al sector de las personas que ejercen el trabajo sexual, lasmedidas para paliar la falta de trabajo en los sectores de la informalidad y el cuentapropismo no fue
universal, provocando que amplios sectores quedaran excluidxs.
●●

Exigimos que los Estados desarrollen políticas públicas sin ningún tipo de discriminación alas personas, sea por orientación sexual, etnia, condición migratoria, identidad de género.
La implementación de rutas de acción, con indicadores de impacto, con la participación dela sociedad civil con medidas de implementación desde el análisis intersectorial, de género
y derechos humanos. Es urgente el reconocimiento y garantía de derechos para todos y
todas las trabajadores/as informales, los/as trabajadores/as, trabajadores comunitarios,
economía social y solidaria, y cuentapropistas.

Exigimos que en todos los países se reconozcan las respuestas a Covid-19 lideradas por las
mujeres. En el contexto de la pandemia fuimos los propios grupos, colectivos yorganizaciones de mujeres quienes atendimos los casos de violencias contra niñas, jóvenes
y mujeres, en toda su diversidad. Las mujeres vieron afectaciones en la participación política,
comunitaria y organizativa de jóvenes y mujeres, debido a que destinaron su tiempo al
cuidado de familiares enfermos por COVID y en la cuarentena interrumpieron sus
actividades. Son las jóvenes, mujeres indígenas, trans y las afrodescendientes las más
afectadas por la violencia política al interior y fuera de nuestras comunidades asimismo sedesacreditan nuestros liderazgos y formas propias de participación.
● Es un derecho de todas las mujeres que los Estados destinen presupuestos etiquetados y
progresivos asimismo de apoyos necesarios para atender las violencias y otros problemasque obstaculizan el desarrollo pleno de sus vidas, para que nadie quede atrás.

En relación a los ODS 14 “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y losrecursos marinos para el desarrollo Sostenible”, y el ODS 15 “Gestionar sosteniblemente losbosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detenerla pérdida de biodiversidad”, el Mecanismo de Sociedad Civil del Foro de Países para el desarrollo
Sostenible, afirma:
La pandemia de COVID-19 ha reafirmado una vez más que debemos modificar nuestra relación con
la naturaleza. La devastadora propagación de enfermedades zoonóticas se ha hecho posible debido
a la destrucción de la biodiversidad y el avance del extractivismo minero-energético en losterritorios. El papel de la agricultura extensiva en todas sus formas también está en el centro deldebate de la crisis ambiental no solo por los efectos ambientales que tiene en los territorios sinotambién por las pésimas condiciones sociales, laborales y culturales que reproduce, el
avasallamiento y expropiación a los pueblos indígenas, los conflictos territoriales que genera y la
exclusión en el acceso a la tierra y la alimentación como derecho.
El cambio climático afecta desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos y a las personas que
viven en países en desarrollo, debido a la falta de recursos sociales, tecnológicos y financieros
suficientes para adoptarse. La degradación de los océanos, mares, recursos marinos, así como los
ecosistemas terrestres es producto de una relación desmedida del sistema actual con respecto a la
Madre Tierra, el sistema capitalista consume los territorios, la naturaleza, la flora y la fauna sin
considerar los efectos a corto y largo plazo. El empeoramiento del clima corre el riesgo de aumentar
la vulnerabilidad de las personas a caer en la pobreza y los problemas de salud, como ya es evidenteen la afluencia de migrantes y refugiados climáticos, principalmente por la salinización de suelos
agrícolas, la desertificación, la contaminación y escasez de agua, fenómenos condicionantes delaumento de desplazamiento y migración de amplios sectores de población.
Varios de los fenómenos meteorológicos más devastadores afectaron a los países más pobres, que
han tenido bastante poco que ver con generarlos. En el 2021 los desastres naturales mundiales
superaron los 250.000 millones de dólares en pérdidas. Sin duda esto nos lleva a exigir más
financiamiento del primer mundo para paliar los efectos de su extractivismo. Pero hay algunas
ayudas que agravan la situación.
La cuestión ambiental tiene que dejar de ser un paquete accesorio de discusión de un modelo dedesarrollo. Debe estar incorporado de manera integral en la disputa por la sustentabilidad deldesarrollo. Para eso, es necesario entender que las políticas económicas, comerciales, deinversiones condicionan fuertemente la sustentabilidad del modelo y restringen las oportunidadesde enfrentar la crisis ambiental y climática.

La crisis y los impactos de la pandemia deben servir para colocar como prioridades las grandes
amenazas a la vida que implica la crisis ambiental y reforzar su real vínculo por la disputa por un
modelo de producción y consumo que ponga en el centro al planeta y las personas.
Los países insulares observan un efecto en cascada, donde el aumento del nivel del mar que impacta
en el incremento de los migrantes climáticos, se verifica el acaparamiento de tierras, el turismo
desproporcionado, la crisis de agua potable y de acceso a combustibles. Se habla de “Green New
Deal” pero en la mayoría de los casos se proponen soluciones centradas en la descarbonización:“bonos verdes”, más explotación de litio o hidrógeno verde, y lejos de ser una solución, se prevén
nuevas catástrofes.
Las acciones climáticas deben ser impulsadas por una Transición Justa hacia sociedades y economías
sostenibles para asegurar un enfoque inclusivo y soluciones sostenibles. La inacción de los gobiernos
y la continuidad de las prácticas de negocios sin duda llevarán a más personas a la pobreza. La
transición justa también reivindica el legado de demandas por los servicios públicos de calidad, ycentraliza el debate real por la defensa de los bienes comunes en el acceso, control y uso de laenergía, el agua, la tierra, las semillas como derechos humanos. El control social y democrático, latransparencia, la rendición de cuentas o la propiedad pública sobre la energía en todas sus fuentes
es una condición imprescindible para la construcción de una perspectiva de transición justa para lassociedades.
Por reiteramos la relevancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe (Acuerdo deEscazú), único acuerdo ambiental y de derechos humanos de ALC, surgido a la luz de la Cumbre de
Río+20; primero en el mundo que contiene una garantía para la protección de las personas yorganizaciones que defienden derechos humanos ambientales. Solicitamos la pronta ratificación delAcuerdo de Escazú a los países de América Latina y Caribe que aún no lo han hecho y abogamos porla adecuación normativa nacional y regional para su implementación efectiva.
Es urgente poner en marcha otro modelo de desarrollo que centralice la justicia socio ambiental.
No se trata solo de cambiar las fuentes energéticas o lo que se produce. La transición no pasa solo
por la producción de más energía sino por su mejor aprovechamiento, la creación de trabajo
decente y la transición justa que reclaman los países del Sur Global. Lo mismo en relación al agua,
el uso de la biomasa y los procesos de racionalización del consumo y del transporte. Se impulsa uncambio en el modelo de relaciones para generar y fortalecer experiencias que aporten a ladesmercantilización de la Naturaleza, a la desprivatización (en el sentido no solo de fortalecer lopúblico sino también lo comunitario), a la democratización, desconcentración y descentralización
en la gestión de los bienes comunes, en la generación de energía, en la producción y consumo.
Abrogamos para que las comunidades y pueblos indígenas, afrodescendientes, población

campesina, agricultores y de zonas rurales tengan derechos plenos sobre los territorios, para ello
resulta ineludible evitar la privatización o rompimiento de tierras ejidales o comunales,
empoderando a estos actores como estratégicos en el cuidado y protección de tierra, territorios ybienes naturales.
Los gobiernos de la región deben asegurar la adaptación y la compensación económica por pérdidasy daños, generando políticas para prevenir, minimizar y abordar el desplazamiento de personas,
principalmente de mujeres y niñas, cuidando que se pongan en práctica medidas que incluyan laperspectiva de género y la diversidad, y contribuyan a desarrollar la resiliencia en las poblaciones
afectadas y la justicia climática. Ese concepto de justicia climática debe ser abarcativo de la justicia
climática, de género, económica, y social. Hay que reforzar estas dimensiones para no quedarnos
solo en un aspecto de la lucha por el CC. Por último, el vínculo de un modelo vinculado a los bienes
comunes debe considerar los bienes relacionales, que son la centralidad de cómo cada uno y una se
relaciona con los distintos géneros y con la naturaleza, con el mundo del trabajo, salud, etc. En ese
sentido los bienes comunes no son bienes de consumo, son bienes que refuerzan nuestros derechos
y cambian los modos de relacionamiento.
La financiación para enfrentar el cambio climático a partir de políticas de mitigación, y adaptación
debe basarse en principios de justicia, en la transparencia y en decisiones tomadas
democráticamente. El acceso a la financiación y a la transferencia de tecnología para países del Sur
Global es imprescindible para enfrentar el cambio climático. La financiación debe hacer foco en elcambio de modelo de producción y consumo y no solamente en una descarbonización superficial,
como parece ser la tendencia en los debates institucionales.
● Son necesarias las sanciones y expulsiones de las empresas que dañan o contaminan latierra, pero a la vez que los Estados se abstengan de dar facilidades y subsidios para eldesarrollo de proyectos extractivos y, en cambio, fortalezcan las instancias de fiscalización
ambiental con presupuestos adecuados y con el respaldo político necesario para que
cumplan su rol.
● Reclamamos que los Estados apliquen los convenios, tratados, declaraciones que hanadoptado en relación a la protección de las tierras, territorios y recursos naturales y se
garantice el derecho de comunidades y pueblos a vivir una vida plena y en paz,esencialmente en los territorios, mares, ríos, montes, sabanas, amazonia, montañas, cerros,
entre otros.
● La consulta libre, previa e informada (CLPI) al interior de las comunidades donde seencuentran las tierras, territorios y mares debe ser una acción obligada para las empresas ygobiernos que quieran desarrollar cualquier proyecto extractivo. Se debe sancionar lasimulación de la consulta, extorsión o cooptación de autoridades comunitarias y cualquierotra práctica donde no se garantice el derecho a la CLPI; asimismo, se debe garantizar quela consulta sea representativa, plena y efectiva.
● Es necesario que los gobiernos reconozcan y valoren los conocimientos de los pueblos
indígenas en la conservación de la biodiversidad y el medioambiente y que trabajen en
conjunto con las comunidades para diseñar e implementar planes de mitigación yadaptación nacionales y locales.
● Reconocer la contribución de los pueblos, mujeres y jóvenes indígenas y de sus sistemas deconocimientos, dirigiendo apoyo económico y técnico a las iniciativas propias relacionadas
con la respuesta y reducción de riesgos al cambio climático y los desastres y promoviendo larecuperación y transmisión de saberes indígenas y de pueblos originarios.
● Promover la institucionalización y la transversalización de los enfoques de género,interculturalidad, intergeneracionalidad, interseccionalidad y de derechos individuales ycolectivos en las medidas estatales relacionadas con el cambio climático y los desastres,
mediante la sensibilización y capacitación del funcionariado público, incluyendo a las y losmaestros, así como garantizando la asignación de presupuestos específicos.

En cuanto al ODS 17, Alianzas Inclusivas, reiteramos y recomendamos:
Hoy es urgente un cambio radical, la puesta en marcha de un Nuevo Contrato Social, esto es: unnuevo paradigma del desarrollo, que garantice la realización de los derechos humanos, los derechosdel trabajo, los derechos ambientales y culturales y la aceleración del cumplimiento de la Agenda
2030.
● Exigimos que los Gobiernos de América Latina y el Caribe fortalezcan un sistema degobernanza multilateral basado en la solidaridad, empezando por el acceso universal eigualitario a las vacunas del COVID-19.
● La construcción de alianzas requiere un cambio de comportamiento por parte de los actores
estatales, del mercado y de la sociedad civil. Los actores estatales y multilaterales deben
implementar compromisos en la reforma de la cooperación al desarrollo.
● La cooperación internacional sigue siendo la piedra angular de las alianzas para el desarrollo,sigue siendo un activo público indispensable para los países y las comunidades de los países
en desarrollo y los más rezagados. Sin embargo, las tendencias actuales sugieren que lasprioridades de cooperación al desarrollo están siendo erosionadas. Los actores estatales ymultilaterales deben implementar compromisos concretos y vinculantes basados en lasolidaridad y la superación de asimetrías entre países y los pueblos. Además, las prácticas
actuales de los proveedores del Sur no son del todo prometedoras. Contradicen losprincipios de cooperación Sur-Sur y parecen encaminarse hacia una trayectoria similar a lacooperación tradicional Norte-Sur. Además del decaimiento creciente de la AOD, desde hacevarios años. Si bien se presta cada vez más atención a las “asociaciones” en todo el sistema

de las Naciones Unidas y otros foros intergubernamentales, la definición de asociaciones seha ido reduciendo, con signos alarmantes de privatización de la cooperación y una injerencia
creciente del sector privado, en particular de las grandes empresas y multinacionales. Comoresultado de ello, la sociedad civil organizada, y en particular los movimientos del Sur Global,
se enfrentan a espacios cada vez más reducidos.
● Para los países de la región es fundamental contar con la cooperación internacional aldesarrollo, revisando aquellas políticas que han incentivado la violencia social, de género, depersecución a activistas de derechos humanos y sindicales. Además, es necesario informar
y concientizar a las mujeres y sus familias acerca de los riesgos de sufrir más violencia en las
caravanas y traslados masivos en los procesos migratorios. Es indispensable que las
instancias financiadoras y las agencias de ONU apoyen a los países considerados como
expulsores para que disminuyan las causas de las emigraciones forzadas, al tiempo que
apoyen a los países receptores transitorios o permanentes a contar con programas paradisminuir la violencia de todo tipo y asegurar la prestación de servicios de salud y otros enigualdad de condiciones que la población del país. Al revisar la participación de los Estados
es evidente que la falta de indicadores operativos dificulta que haya un proceso de revisión
y evaluación, que permita ver impactos de las distintas decisiones políticas para las personas
desplazadas y migrantes.
● Los diversos actores de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, los pueblos indígenas,
movimientos y activistas de los derechos de derechos humanos, de las mujeres, los grupos
juveniles, defensores del medio ambiente, sin duda hemos contribuido a la construcción deun modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo, los crecientes ataques a la sociedad civil
de formas diversa: legal, administrativa, criminalización selectiva, acoso y abuso, y otras
formas de represión violenta, llegando a la persecución y asesinatos, socavan las
capacidades de las OSC para participar y aportar en el cumplimiento de los ODS. Por tanto,
reiteramos que los progresos transformadores en los ODS no serán posibles sin una sociedad
civil plenamente participativa y actuante, pero igualmente reconocida e incorporada en losprocesos de desarrollo, lo que es responsabilidad de los gobiernos actuales.
● Los Estados deben reconocer el papel del diálogo social como medio para definir e
implementar políticas de recuperación inclusivas y sustentables.