DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL DE LAS AMÉRICASA LA 54ª SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
Asunción, Paraguay, 26 de Junio de 2024

El movimiento sindical de las Américas, representado por su organización continental,
la Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadores de las Américas (CSA) y elConsejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE-OEA) adoptan la siguiente
Declaración:

Celebramos que el lema de esta 54° Sesión de la Asamblea General de la OEA hayaincluido como tema la integración regional para el desarrollo sostenible de la región.
Desde el movimiento sindical de las américas afirmamos que los procesos de integración
regional y subregional son una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros
pueblos.
Resolver los grandes problemas estructurales económicos, ambientales y sociolaborales
que afectan a las personas que habitan nuestro continente y el fortalecimiento denuestras democracias y soberanía requieren de una de integración regional más allá delos objetivos estrictamente comerciales. Al respecto, el movimiento sindical de lasaméricas afirma en la PLADA que las agendas de integración:“(…) deben ser superadoras de objetivos estrictamente comerciales ydeben procurar una identidad basada en los valores comunes de lospueblos de la región, como los derechos humanos, la solidaridad, lacomplementariedad pro- ductiva, la cooperación, la justicia social, el
respeto de las diferencias, la autonomía, la soberanía, la preservación dela biodiversidad”.
Promovemos una integración de los países y los pueblos con espacios de participación
institucional en donde podamos articular las propuestas del movimiento sindical con el
conjunto de actores sociales del continente en un marco de coherencia y convergencia
de los procesos de integración y con ámbitos de diálogo social institucionalizado que nos
permitan lograr acuerdos robustos para resultados concretos y sostenibles quetransformen la vida de las personas. Por esta razón, el movimiento sindical de la región
hace parte activa de las prioridades definidas en las Alternativas para la Integración
Regional, adoptadas en la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de losPueblos, realizada en Foz de Iguazú, Brasil, en febrero de 2024.

Reivindicamos el papel de los sindicatos como actores sociopolíticos y nuestra
participación en los procesos de integración regional como así también en los espacios
de diálogo social institucionalizado en cada uno de los países. Promovemos una
concepción y acción más allá de la defensa del interés profesional en el ejercicio de unsindicalismo sociopolítico que no se agota en lo puramente reivindicativo, construyendo
una agenda de propuestas programáticas que den forma a un Nuevo Contrato Social.
Consideramos que la Organización de Estados Americanos (OEA) debe acentuar sus
esfuerzos en la senda fijada por sus objetivos originales e incrementar los esfuerzos en
cumplimiento de su mandato de promoción de la unidad y cooperación regional, a losfines de fortalecer la integración regional de los países y los pueblos, convocando a todos
los países, favoreciendo el diálogo y la acción cooperativa en las Américas, en el marcodel respeto de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Es fundamental superar el tiempo de los bloqueos, las sanciones y exclusiones de países,puesto que en nada han contribuido a la superación de los ingentes problemas denuestros pueblos.
Las Américas y, en particular, los países de América Latina y el Caribe, deben avanzar enla configuración de espacios regionales articulados para construir consensos e incidir enla agenda internacional en defensa de los intereses de nuestros países y de nuestros
pueblos en el escenario internacional.
Compartimos la preocupación expresada en el borrador de Declaración de Asunción
respecto del accionar de la delincuencia organizada transnacional que atenta contra
las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre las sociedades. Del mismo
modo, coincidimos en señalar problemáticas de gravedad como la trata de personas,
el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, los ataques a la seguridad cibernética yotras problemáticas, a las que podríamos agregar las formas de esclavitud moderna, el
trabajo infantil y otras formas de degradación de la dignidad humana.
La amenaza creciente del narcotráfico en la región pone en jaque la estabilidad
democrática y la institucionalidad del Estado de Derecho con actos de violencia quetiene como víctimas también a dirigentes sindicales y defensores de los derechos
humanos en general representando una amenaza al ejercicio del derecho de libertad
sindical, de expresión, de reunión y otros.
La región debe superar las políticas punitivas y de “guerra al narcotráfico”, que solo han
criminalizado a los eslabones más débiles de la cadena de los crímenes vinculados alnarcotráfico, aumentado la violencia en las zonas periféricas y empobrecidas denuestros países, cobrando en la vida de las juventudes pobres y racializadas, quienes sonlas principales víctimas de la violencia criminal y policial. Miles de pobres, especialmente
mujeres, pagan largas condenas en las cárceles por microtráfico, mientras los grandes

narcotraficantes lavan sus fortunas a través de mecanismos financieros, vertiendo sobre
el sistema económico e incluso político, el fruto del dinero del crimen.
Alertamos que las trabajadoras y trabajadores de nuestro continente, y en particular las
personas más vulnerables son las más afectadas por las problemáticas vinculadas aldéficit de seguridad ciudadana y los contextos de violencia. Son las principales víctimasde hechos delictivos y situaciones de violencia y son, al mismo tiempo, objeto dediscriminación y criminalización por parte de las fuerzas de seguridad por el simple
hecho de pertenecer a colectivos de migrantes, afrodescendientes, población originaria
y otros grupos.
Reiteramos nuestra condena a la delincuencia organizada transnacional y hacemos unllamado a los gobiernos para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana, atendiendoen forma simultánea la extensa agenda de demandas sociolaborales de nuestros
pueblos desde un enfoque integral que contribuya a la paz social, la inclusión
sociolaboral, la lucha contra la violencia y por la justicia social. Deben fortalecerse enese sentido las capacidades estatales para una política pública integral evitando al
mismo tiempo la “securitización” de la agenda del desarrollo y la militarización de lasacciones orientadas a los sectores más vulnerables.
Las situaciones de violencia y de violencia institucional en particular requieren especial
atención en una coyuntura regional en la que se observan serias alarmas de amenaza alsistema democrático. Expresamos nuestra condena a la proliferación de discursos deodio contra grupos vulnerables y minorías, por la violencia política creciente, por losataques a la institucionalidad del sistema democrático y las agresiones en el debate
público, todos factores que amenazan la estabilidad y la convivencia en sociedad.
Los proyectos y campañas políticas de la extrema derecha se alimentan de laexacerbación de los miedos, la agudización de las fracturas sociales y de la falta dehorizonte de derechos para millones de personas que las políticas económicas de ajuste
han impuesto en la región durante décadas.
La democracia, con todas sus imperfecciones reconocidas, no puede ceder ante labarbarie, la destrucción de consensos civilizatorios y la negación de la política que hoy
se ofrecen como salida por figuras y partidos políticos que utilizan el sufragio y las
instituciones democráticas al mismo tiempo que destruyen la institucionalidad delestado y la credibilidad de la población en el sistema democrático.
Manifestamos nuestra preocupación sobre la grave situación de violencia de género.
Como expresa la CSA en la PLADA:“Para que la igualdad y la equidad de género sean posibles es necesario yurgente erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas: física,
psíquica, económica, patrimonial, en el ámbito laboral y familiar, simbólica,

en las redes sociales, en especial en su forma más extrema y letal, el
femicidio. Los Estados, en todos sus niveles, son responsables dedesarrollar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar laviolencia contra las mujeres. Las diferentes formas y manifestaciones deviolencia contra las mujeres impiden su desarrollo individual, socavan sus
derechos y limitan su participación pública, económica, social y política”.

Afirmamos el importante rol de los sindicatos como instrumentos para el ejercicio de losderechos humanos y sujetos políticos fundamentales del Estado de Derecho, que debe
asumir su rol como garante de la protección de los derechos humanos, incluidos losderechos sociolaborales, y promotor de una cultura de diálogo social y la concertación.
Afirmamos en este sentido que en un contexto mundial de múltiples crisis que sesuperponen y que profundizan las deficitarias condiciones de vida de nuestras
poblaciones, resulta urgente atender las impostergables demandas de los pueblos de laregión que padecen desde hace años problemáticas que se han vuelto estructurales
como la informalidad y la precarización laboral; la desigual distribución de ingresos; lasbrechas de género; el trabajo infantil y forzoso; las brechas de acceso a la protección
social y servicios básicos esenciales; la pobreza extrema; la falta de oportunidades
educativas y de trabajo decente; las brechas digitales; la violencia y el acoso; ladiscriminación en todas sus formas.
Las políticas de austeridad comprometen seriamente las condiciones de vida y enconsecuencia genera condiciones para la expansión de la criminalidad en contextos en
los que el Estado se retira de los territorios y de la intervención de política pública
inclusiva en áreas fundamentales como educación, trabajo, salud y otras, dejando
vacíos espacios que las organizaciones delictivas muchas vecen “ocupan” en función desus propios intereses ilegales.
La educación y la formación profesional cumplen un papel fundamental en la igualaciónde oportunidades en sociedades en las que la desigualdad creciente excluye a grandes
grupos de la población. La articulación de las políticas de generación de empleo,
educación e intermediación laboral son claves dentro del marco de políticas orientadas
a lograr la inclusión social e reinserción social, según corresponda.
Reafirmamos tal cual lo expresado en la Plataforma de Desarrollo de las Américas(PLADA) al respecto:“El Estado debe garantizar servicios públicos universales de calidad y pleno
acceso de la población para satisfacer sus necesidades básicas: derecho
funda- mental al agua, a la energía, sistema de salud universal e integral,
educación, seguridad, cuidados. Entre los aspectos que determinan la calidad
de vida se de ben considerar también aquellos intangibles: acceso a la

información, libertades políticas, respeto a los derechos humanos, resguardo
de los datos persona- les, derechos sexuales y reproductivos, entre los más
destacados”.
“Descriminalización de la juventud y activa participación de las y los jóvenes
en la construcción de la seguridad de nuestros pueblos. Ampliación delespacio político de la juventud trabajadora para su organización y elempoderamiento como sujetos activos, sociales, sindicales y políticos”.

Es necesario fortalecer los Estados Nacionales para el logro de un Estado de Bienestar
promotor del diálogo social e impulsor de la planificación estratégica del desarrollo
productivo sostenible e inclusivo, convocando a las organizaciones más representativasdel trabajo y la producción al diálogo social institucionalizado. Es importante incluir a lasjuventudes en tales procesos para que sus demandas y expectativas sean parte deldebate y la concertación de acciones que tiendan a la reconstrucción de sociedades que
generen oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida basados en el trabajo
decente.
Frente a este escenario el sindicalismo de las Américas ha elaborado y promueve los“Lineamientos para un modelo de Código de trabajo para América Latina y el Caribe”
como una contribución para actualizar de manera positiva la agenda de los derechos
laborales y sindicales ante la ofensiva de reformas anti laborales y regresivas que siguen
colocando el costo de las crisis en las espaldas de las/os trabajadoras/es.
A nivel global y regional, asistimos a una acelerada transformación de las sociedades yel mundo del trabajo en particular. La incorporación de tecnología en los procesos
productivos, las nuevas modalidades de organización del trabajo y la producción, elavance de la inteligencia artificial y los necesarios procesos de adaptación al cambio
climático, forman parte de los desafíos del presente y el futuro del trabajo.
Las trabajadoras y trabajadores del continente afirmamos la necesidad de implementar
marcos de transición justa y un enfoque de derechos para abordar estos retos,
observando la interacción recíproca que las transiciones, digital, medioambiental y de la
informalidad a la formalidad tienen entre sí, y actuando con política públicas que haganconverger a las mismas hacia el objetivo de trabajo decente, inclusión, justicia ambiental
y justicia social.
Reiteramos en ese sentido, la definición de transición justa expresada en la PLADA,
afirmando el objetivo de justicia ambiental y el principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas:

“La transición justa constituye la propuesta prioritaria del movimiento sindical
frente a las consecuencias negativas del cambio climático y la crisis ambiental enlos pueblos. Es un movimiento global que pone en primer plano la necesaria
articulación entre los principios de justicia social y justicia ambiental. Se definecomo el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que la transición y el camino
hacia una producción con bajas emisiones de gases con efecto invernadero
ofrezcan al mismo tiempo condiciones de vida y trabajo dignas, respeto de losderechos humanos e igualdad de oportunidades a trabajadoras, trabajadores ycomunidades implicadas, especialmente en los pueblos y naciones del sur”.

“Reconocimiento del principio de las responsabilidades comunes perodiferenciadas (prcd) y las diferentes capacidades como piedra angular delrégimen internacional del cambio climático. Para la superación de la crisis
ambiental y climática resulta crucial la identificación de los responsables de losmayores daños, sobre quienes deben recaer las mayores responsabilidades enmateria de acciones e iniciativas para adaptarse a la nueva realidad y emprenderlas transformaciones estructurales requeridas. Se tendrá que aportar claridad en1) los objetivos de reducción de emisiones, 2) la adaptación, 3) el apoyo(financiero, tecnológico y humano), así como fortalecer su compromiso con la 4)transición justa y desarrollar 5) normas comunes”
La creciente digitalización de las economías, la sociedad y el empleo como así también
la expansión de la inteligencia artificial requiere del establecimiento de estándares dederechos humanos que protejan la privacidad y los datos personales de las personas, y
una política proactiva de prevención de la discriminación ante la instrumentación dedispositivos de vigilancia, en todas sus formas.
En un contexto donde aumentan las desigualdades y se profundizan los problemas deexclusión para la mayoría de la población, reivindicamos la urgencia de un diálogo social
institucionalizado con participación plena de los actores sociales, como herramienta
para la construcción de los consensos que nos permitan movilizar una hoja de ruta parael desarrollo sustentable, inclusivo y con Justicia Social, colocando el trabajo digno ydecente en el centro de las políticas públicas.
El derecho de libertad de asociación y libertad sindical constituyen el núcleo de la
democracia y del Estado de Derecho, en tanto generan condiciones para una
participación efectiva de los actores sociales en las políticas económicas y de desarrollo
humano integral.
Sin embargo, asistimos a reiteradas vulneraciones al legítimo ejercicio del derecho a lalibertad sindical y la negociación colectiva en algunos países, que se manifiestan enpersecuciones, asesinatos, secuestros, campañas de desprestigio y formas dediscriminación por motivos sindicales, que erosionan la gobernabilidad democrática y elejercicio del diálogo social.

Observamos con preocupación las iniciativas que limitan el legítimo ejercicio delderecho a huelga de las y los trabajadores, criminalizan el ejercicio de los derechos dereunión, expresión y protesta, y promueven intervenciones de violencia desmedida porparte de las fuerzas de seguridad.
Por estas razones consideramos sustantivo el aporte realizado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos mediante su Opinión Consultiva N° 27/21 del 5de mayo de 2021, en razón que ha manifestado que:“el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y lahuelga son derechos humanos protegidos en el marco del sistemainteramericano, lo que conlleva la obligación de los Estados deadoptar mecanismos para su garantía, incluyendo el acceso a unrecurso judicial efectivo contra actos violatorios de dichos
derechos, la prevención, investigación y sanción de losresponsables de violaciones a derechos sindicales, y de adoptar
medidas específicas para su plena vigencia”.
La cooperación regional e internacional debe reforzar su accionar para, no sólo asegurarla protección de los derechos colectivos fundamentales sino también tener un papel
activo en la promoción del diálogo social tripartito institucionalizado, la formación ysindicalización de los trabajadores, la negociación colectiva y el ejercicio de la libertad
sindical en todas sus formas.
Reconocemos el importante rol de la Conferencia Interamericana de Ministros y
Ministras de Trabajo de la OEA (CIMT – OEA) y la participación del COSATE y CEATAL eneste espacio como así también la articulación que se desarrolla con otros ámbitos delsistema interamericano como la Comisión Interamericana de Mujeres y la Comisión
Interamericana de Educación, a partir de lo acordado en la Declaración de Buenos Airesde la CIMT y su Plan de Acción de 2021.
Afirmamos la importancia de seguir fortaleciendo instrumentos como la Red
Interamericana de Administraciones Laborales – RIAL – con el aporte sostenido de losGobiernos, reconociendo las asimetrías y la necesidad de apoyos diferenciados deacuerdo con los niveles de desarrollo económico.
Abogamos también por una mayor cooperación e involucramiento de los gobiernos dela región en iniciativas multilaterales como la Coalición Global para la Justicia Social, quebusca reducir las desigualdades mundiales, aliviar la pobreza y satisfacer las necesidades
esenciales, mediante la promoción de normas internacionales del trabajo y el diálogo
social.
Reivindicamos la Agenda 2030 y en particular la importancia del Objetivo 8 sobre
crecimiento económico y trabajo decente, señalando la necesidad de redoblar esfuerzos

para lograr avances en su realización. Un marco democrático institucionalizado que
genere políticas públicas para la promoción y protección de los derechos humanos
incluyendo los derechos individuales y colectivos del trabajo, es fundamental para hacer
converger los objetivos de planificación macroeconómica con los objetivos de la Agenda
2030.
Manifestamos la necesidad de lograr una mayor coordinación, articulación y coherencia
entre las instituciones financieras regionales e internacionales, y las agencias del sistemade Naciones Unidas con presencia en la región, en particular la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y su Programa de Trabajo Decente. En ese sentido, la CSA
reivindicamos lo expresado en la Resolución de su 4to Congreso de la CSA:
“La CSA reafirma su compromiso, defensa y promoción al sistema
tripartito de la OIT y al multilateralismo como principio deintegración, paz y cooperación entre las naciones de todo elmundo. La CSA continúa reclamando y promoviendo la ratificaciónde los Convenios, recomendaciones e instrumentos de la OIT en la
lucha por la justicia social y en contra de la desigualdad”.
El financiamiento para el desarrollo debe poner el foco en el trabajo decente con
inversiones que favorezcan la integración productiva, comercial, ciudadana, deinfraestructura y de todas aquellas dimensiones necesarias.
Insistimos en nuestro propósito de estrechar los vínculos con la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, haciendo un llamado a la OEA a continuar
trabajando en la garantía del ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales(DESC), y en particular los referidos a los derechos laborales y sindicales, a la libertad
sindical y la negociación colectiva, como condición clave para combatir la desigualdad.
Asimismo, solicitamos se tome en cuenta los aportes del movimiento sindical regionalen los procesos de consulta por parte de los órganos pertinentes del sistemainteramericano.
Afirmamos que resulta de importancia sostener los procesos de pacificación paraconsolidar una región libre de conflictos armados y como zona de paz. Reafirmamos una
vez más lo expresado al respecto a través de la PLADA:“La CSA promueve la construcción de la paz con justicia social mediante lasolución política negociada de los conflictos armados y los conflictos políticos en
los países y entre países, la condena de los golpes de Estado y la injerencia
extranjera desestabilizadora. Entendemos por solución política a aquella fundada
en los principios del derecho internacional, la democracia, la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos y naciones”

“La paz es un bien de la humanidad, se basa en la dignidad de las personas y seconstruye a partir de la realización y la interdependencia de los derechos
humanos, el respeto de la soberanía de las naciones y la democracia. Es unpermanente quehacer, fruto de la justicia social y la solidaridad entre laspersonas, las naciones y los pueblos”
La CSA y el COSATE ratifican que continuarán acompañando la labor de lasorganizaciones sindicales en cada país de la región, defendiendo junto a ellos losderechos humanos, democráticos y, particularmente, los derechos e intereses de todas
las trabajadoras y todos los trabajadores.

CONSEJO SINDICAL DE ASESORIAMIENTO TÉCNICO DE LA CONFERENCIA
INTERAMERICANA DE MINISTROS Y MINISTRAS DE TRABAJO DE LA OEA(COSATE - OEA)CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LAS AMÉRICAS(CSA)