¿Entre la espada y la pared?

conocimiento indígena y bioprospección en México

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Durante mucho tiempo, el conocimien­
to indígena fue considerado y presenta­
do notablemente por sectores guberna­
mentales y académicos como ineficaz
e inferior al científico. Se argumenta­
ba que puede obstaculizar el desarro­llo de los pueblos y naciones. Sin em­
bar­go, ahora es ampliamente utilizado,
entre otras cosas, para el desarrollo de
una gran variedad de medicamentos.
Desde hace un par de décadas es ob­
jeto de reivindicación por parte de acti­
vistas y académicos, su reconoci­miento
ha tomado fuerza en distintas discipli­
nas y múltiples organizaciones hanin­tentado introducirlo en las políticas
y los principios para influir en las prác­
ticas socioeconómicas en el mundo.
Uno de tales esfuerzos es el Conve­
nio sobre la Diversidad Biológica, sus­
cri­to en la Conferencia de las Nacio­nes Unidas sobre Medio Ambiente yDesarrollo de 1992 realizada en Río deJaneiro, Brasil. Como parte del artícu­

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lo 8(j), surgió el compromiso entre lacomunidad internacional de velar porque se cuente con la aprobación y laparticipación de quienes posean los co­nocimientos tradicionales sobre usosde recursos biológicos —por ejemplo,
en el desarrollo de tecnologías basa­
das en los mismos—, así como por la
distribución equitativa de los benefi­
cios derivados. Sin embargo, como re­salta Hayden, para las compañías que
obtienen ganancias con base en la bio­diversidad y el conocimiento indíge­na, la obligación de compartir benefi­
cios con los países y comunidades que
les proporcionaron recursos e indicios
valiosos es muy frágil. Por un lado, lasdisposiciones del Convenio tienen que
desarrollarse en forma clara y precisa
en la legislación nacional para estable­
cer obligaciones efectivamente exigi­
bles al sector privado; por otro, tanto
el debate como la realidad en torno al
uso de conocimiento indígena por par­te de la industria farmacéutica son
sumamente complejos.
Un punto clave es que el conoci­mien­to indígena es de naturaleza co­lec­tiva —compartido por distintos gru­
pos y co­munidades e incluso, etnias—,
y que gran parte ya es accesible alpú­bli­co. Esto contrasta con el hechode que la investigación y el desarrollo
tecnoló­gico que realizan las empresas,
usualmente conlleva el registro de múl­tiples patentes que les otorgan de­re­chos exclusivos sobre productos y pro­cesos. Otro aspecto importante es quelas re­laciones entre las compañías —en
mu­chos casos grandes multinaciona­les— y los individuos o las comunida­
des históricamente marginadas, evi­den­temente no son entre iguales entérminos de poder, y difícilmente pue­den equilibrarse.
Así, no es raro que, en actividadesseñaladas como biopiratería, se extrai­
gan conocimiento indígena y muestras

Ana Ortiz Monasterio Quintana
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biológicas como materia prima pa­ra eldesarrollo de fármacos, bajo el supues­
to de que se trata de información obvia
y de libre acceso y de recursos natura­les que toman valor a partir del proce­so industrial. Por su parte, el especiali­
zado lenguaje asociado a la genética, labiología molecular y las tecnologíasmo­dernas que permea el debate sobre
bioprospección, complica aún más el
diálogo y el acceso a la informaciónpa­ra quienes poseen los conocimien­
tos sobre los que hay interés para desa­
rrollar biotecnologías. Aunado a esto,
los altos costos vinculados a la investi­ga­ción y el desarrollo de productos, lamagnitud de las ganancias que pueden
surgir y las dificultades para rastrear laconexión de los productos con determi­
nados conocimientos indígenas, tam­bién hacen de la distribución equitati­
va de beneficios un tema espinoso.

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Un debate paralizado

En el origen del debate sobre conoci­
miento indígena y bioprospección far­ma­céutica se encuentra la relaciónhis­tórica entre el conocimiento indí­ge­na o tradicional y el científico u oc­
ci­den­tal, división surgida con la Ilus­
tración, como lo ex­plica César Carrillo,y re­for­zada durante la coloni­za­ción
del mun­do por Europa. La ló­gica de­trás del estatus superior otor­gado al
conoci­miento generado por la clase
do­mi­nan­te —que tiende a catalogar
otros cono­ci­mientos como ignorancia
o superchería—, subsiste hasta nues­
tros días, a pesar del volumen y latras­cen­dencia de los insumos de usos
tra­dicionales locales para el desarro­
llo cien­tífico. Es una historia en la queel conocimiento indígena se ha inte­
grado veladamente en la ciencia.

En el caso de México, durante losúltimos años de la década de 1990 seefectuaron los primeros acercamien­
tos entre el gobierno y las compañías
farmacéuticas interesadas en contar
con el consentimiento previo informa­do para la colección de muestras dere­cursos genéticos destinados a activi­
dades de bioprospección y, potencial­mente, a usos biotecnológicos. Tomarplantas, hongos y diversos tipos de mi­croorganismos de su medio natural, yutilizar el conocimiento indígena so­bre especies y técnicas de preparaciónútiles, no era nada nuevo en la investi­
gación y desarrollo de medicamentos.
La aportación novedosa del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la cualdesató la presentación de solicitudes,
fue la idea de un régimen basado enla existencia de derechos soberanos so­bre dichos recursos, así como en el re­conocimiento y la valoración del cono­cimiento no científico.
Sin embargo, el diseño y la aplica­ción de tal régimen todavía están pla­
gados de preguntas difíciles. ¿De quién
es el conocimiento?, ¿cuánto vale?, ¿en
qué términos específicos debe darse
el acceso al mismo?, ¿acaso deben exis­tir derechos exclusivos vinculados aese conocimiento?, si es así, ¿qué for­ma de­ben tomar y quién debe ser eltitular de esos derechos?, ¿qué clase
de be­neficios deben distribuirse, para
quién y cómo? En general, ¿cómo pue­de haber genuino reconocimiento yretribución equitativa al conocimiento
indígena en el desarrollo de produc­
tos biotecnológicos?
La complejidad intrínseca de estas
preguntas se agrega a las polarizadas
dis­cusiones entre quienes siguen la ló­
gica planteada antes —ver con desdén
al conocimiento indígena y a sus defen­
sores como opositores del avance enlas ciencias y aplicaciones médi­cas—,y aquéllos que lo romantizan —ca­li­fi­
can­do, de entrada, cualquier interésen su uso como un intento de biopira­tería. El resultado es una peligrosa pa­
rálisis política, administrativa y legal
en nuestro país en torno al tema, lo
cual no ha frenado las actividades debioprospección, pero si los acercamien­
tos al gobierno para solicitar autoriza­
ciones para realizarla.
En 1997, el surgimiento de casoscon­cretos de bioprospección y el po­ten­cial para muchos más, aunado al he­cho de que las disposiciones jurí­dicas
vigentes eran claramente insufi­cien­tes para atenderlos, generó la pre­sión
necesaria para que el poder legislativo
mexicano iniciara la discusión acerca
de cómo desarrollar el Convenio so­bre la Diversidad Biológica en la legis­
lación nacional. Sin embargo, la in­fluyen­te aparición de las compañías
biotecno­lógicas en la ya controverti­
da escena, producto de las acciones deinstrumentación del Protocolo de Bio­seguridad, tornaron políticamente im­posible incluir el tema en la Ley Gene­ral de Vida Silvestre. Congelaron varias
iniciativas para una ley de acceso y enlas discusiones de la última, presenta­
da en 2003, se habían desactivado com­pletamente los aspectos asociados alconocimiento. A petición de los repre­
sentantes del Instituto Mexicano de
Propiedad Intelectual, toda mención
al conocimiento indígena en que el de­sarrollo de medicamentos y productos
agrícolas se basa extensamente, así co­mo a la distribución de beneficios ob­
tenidos, fue eliminada del texto. La
Co­misión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas ni siquiera
fue invitada a las reu­niones en esta fa­
se y, en opinión de muchos participan­
tes, resultaría mejor separar los temas—dejando ese aspecto no biológico pa­
ra ser regulado a través de otro ordena­miento—, lo cual incrementaría la po­sibilidad de que la iniciativa fuera
apro­bada y así, finalmente, contar con
una legislación nacional sobre biopros­
pección.
El hecho es que hoy, a casi catorce
años de haberse suscrito el Conveniode Río, sus vagas disposiciones y el ar­tículo 87BIS de la Ley General delEqui­librio Ecológico y la Protección
al Am­biente —agregado en 1996 y quetam­poco se refiere al conocimiento—,
continúan constituyendo el régimen
mexicano de acceso a los recursos bio­
lógicos y al conocimiento indígena pa­
ra su utilización en biotecnología. Lla­
ma la atención que en Latinoamérica,
Brasil, Costa Rica y —juntos medianteel Pacto Andino— Perú, Ecuador, Ve­
nezuela, Bolivia y Colombia, por años
han tenido posiciones diversas pero
definidas hacia la bioprospección ensu legislación. En cambio, en México
las preguntas difíciles relacionadas altema de acceso, especialmente refe­rentes al conocimiento indígena, hanprovocado la inacción pública. Las vi­
siones de la sociedad civil pueden pa­
re­cer extremas, pero actualmente, sin

políticas y regulaciones claras, es unhecho que la diversidad cultural y bio­
lógica mexicana, de lo único que puede
ser objeto en la búsqueda de nuevos
fármacos, es de biopiratería.
La bioprospección en la práctica

En el Instituto Nacional de Ecología dela entonces Secretaría de Medio Am­biente, Recursos Naturales y Pesca(Semarnap), al recibir las primeras so­licitudes de compañías farmacéuticas
se empezaron a diseñar “acuerdos mar­co” para utilizarlos como base en to­
dos los casos. Para tener acceso, la le­gislación mexicana y el Convenio de
Río exigían a los interesados demos­
trar el consentimiento previo infor­ma­do de los dueños de la tierra donde
se tomarían las muestras y de las co­mu­ni­dades que aportarían conocimien­
tos para la bioprospección —esto in­clui­ría títulos de propiedad y actas deasam­blea, en el caso de ejidos y comu­
nidades.
La distribución de beneficios se de­terminaría caso por caso, por mediode retribuciones por muestra tomada,
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de transferencia de equipo de labora­
to­rio, del desarrollo de capacidadespa­ra los investigadores y los habitan­tes lo­cales, así como de compensacio­
nes co­lectivas en donde las comuni­
dades lo­cales que proporcionaran
recursos y conocimientos pudieran
estar interesadas. En el caso del desa­rro­llo de un producto comercial, losbo­rradores también contemplaban,uti­lizando los parámetros de referen­
cia propuestos en la literatura, la asig­
nación de regalías a la nación en su
con­junto —lo cual tendría que prever­se en la legislación fiscal para hacerse
efectivo—, y a las comunidades e ins­
tituciones académicas involucradas.
Ciertamente, el punto crítico sería elproceso de negociación con todos losinvolucrados, pero se esperaba que laintervención del gobierno sirviera pa­
ra balancear el peso de los actores. Sin
embargo, los borradores nunca fue­ron utilizados y los procesos de nego­ciación no llegaron muy lejos.
En un caso no publicitado, en elque la empresa solicitante no estaba
asociada con ninguna institución deinvestigación mexicana, se buscaba al­
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canzar un acuerdo de acceso que cu­
briera vastas áreas del país y múlti­ples comunidades de diferentes et­nias.
Cum­plir los requisitos de acceso en es­
tas condiciones era extremadamentecomplicado y aunque, de acuerdo con
sus propios principios de acción, la em­
presa definitivamente pensaba utili­
zar el conocimiento indígena como unrecurso esencial y se mostraba deci­dida a compartir equitativamente losbeneficios, no hubo oportunidad dever cuán lejos hubiera llegado en la
práctica.
Otro caso, uno de los primeros que
formó parte del debate en los mediosde comunicación, involucró a la com­
pañía farmacéutica Diversa y al Ins­
tituto de Biotecnología de la unam. Un
consultor legal externo aconsejó a lasemarnap no utilizar los borradores
que se habían preparado y, en su lu­
gar, emplear una propuesta que elabo­
ró siguiendo el esquema utilizado en
Costa Rica para el acuerdo de acceso
INBio-Merck. El alcance del convenio
se limitaba a tierras federales en áreas
naturales protegidas y a la investiga­
ción aleatoria de muestras de suelo yagua. El acuerdo consideró compartir
beneficios con la unam, el Instituto de
Biotecnología recibiría pagos fijos por
cada muestra tomada y procesada, asícomo la tecnología necesaria y la ca­
pacitación para utilizarla. Aunque losderechos de propiedad intelectual co­
rresponderían a Diversa, la unam tam­bién recibiría beneficios en caso deque una muestra llevara al desarrollode un producto nuevo. Este proyecto
se suspendió oficialmente después deun escándalo en el cual fue caracteri­zado como biopiratería, pero el recla­
mo no estaba relacionado con el cono­cimiento indígena, sino con la ausenciadel consentimiento adecuado por par­te del gobierno, porque sólo se trata­
ba de un contrato entre Diversa y launam, donde los investigadores que ya
tenían permisos para realizar colecta
científica llevarían a cabo la fase pros­
pec­tiva del proyecto. No obstante, aldis­cutir temas de bioprospección y bio­
piratería en distintos foros, este caso se
ha mencionado en múltiples ocasio­
nes y en versiones alteradas.
Un tercer caso forma parte de laini­ciativa del gobierno de los Estados

Unidos llamada Grupo Cooperativo
Internacional de Biodiversidad (icbg,
por sus siglas en inglés). Esta iniciati­va
trabaja globalmente buscando rasgos
medicinales o agrícolas innovado­res
vinculados a los recursos biológicos, y
dos de sus proyectos han operado en
México.
Uno de ellos, el icbg-Maya, era unproyecto de 2.5 millones de dólaresorganizado por los Institutos Naciona­les de Salud (nih, por sus siglas en in­glés), conjuntamente con la Universi­
dad de Georgia y la sede en los altos
de Chiapas de El Colegio de la Fron­tera Sur (Ecosur). Brent Berlin, un re­nombrado antropólogo, y su esposa
Elois Ann, quienes han realizado inves­tigación etnobotánica en la región du­rante muchos años, eran dos de los ac­
tores importantes del icbg-Maya comoparte del equipo de la universidad es­
tadounidense. Molecular Nature LTD,una firma de biotecnología basada en
Gales, estaría encargada del procesa­
miento final de las muestras para la
producción de fármacos, aunque la in­vestigación inicial tendría lugar en
Ecosur. Con ese propósito, se equipa­
rían los laboratorios de Ecosur y el pro­
yecto también proporcionaría entre­
namiento para el uso de la tecnología
nueva. En caso de que se desarrollara
un medicamento nuevo, algunas rega­lías volverían a una fundación que se­ría establecida para financiar proyec­
tos de desarrollo para las comunidades
mayas del área, considerando que elconocimiento era compartido por to­das ellas.
Aunque desde un inicio se habló
de beneficios colectivos asociados alproyecto para las comunidades involu­
cradas, tales como pintar escuelas, aun
cuando no se desarrollaran fárma­coso antes de que esto sucediera, el es­que­ma de distribución de beneficios po­

dría cuestionarse. Parecía partir del su­
puesto de que las contribuciones delas personas no empleadas como colec­
tores, y la cultura y el conocimiento
detrás de las mismas, no eran realmen­
te valiosas a menos que resultaran fi­
nan­cieramente útiles. Se argumen­taba
que el esquema limitado de distribu­
ción de beneficios era una forma deevi­tar generar la dependencia econó­mica o los conflictos intra e intercomu­
nitarios que podría ocasionar el flujo
de efectivo hacia ciertos individuos ocomunidades. Sin embargo, este razo­na­miento no fue tan evidente cuando
no hubo receptividad de los represen­tantes del proyecto ante el interés ex­
presado por semarnap en que se apo­
yaran, desde el principio, proyectosde conservación comunitaria autosus­ten­tables —para aumentar las capacida­
des de las comunidades en el ejerci­
cio de sus derechos sobre los recursos
biológicos, así como para permitir lacon­servación de los ambientes natu­

rales en los que el conocimiento indí­gena se originó y la posibilidad de man­tener la conexión con ellos. La falta deapertura podría atribuirse a la forma
en que percibieron al representantegu­bernamental —por su nivel jerárqui­co, por ejemplo—, o a un afán por pre­servar el proyecto como lo habían di­se­ñado, pero las limitaciones en el flujo
de beneficios en este sentido, claramen­
te no estaban ligadas a las razones que
mencionaban.
Para la última etapa, también se po­
dría criticar la distribución de bene­fi­
cios. La posibilidad de que las comu­
nidades en la región tuvieran acceso
preferente a los productos comerciales
basados en su conocimiento y recursos
no formaba parte del plantea­miento,
incluso cuando la investigación bus­ca­
ra compuestos activos para el tratamien­
to de enfermedades respiratorias y gas­
trointestinales, mismas que representan
una de las principales causas de mor­tandad en la zona —a pesar de que la

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herbolaria se utiliza para combatir es­
tas afecciones, por las condiciones cli­máticas, de saneamiento y nutrición,el combate efectivo de tales enferme­dades puede requerir de medicamen­
tos alopáticos. Las difíciles luchas en
Brasil y Sudáfrica para el acceso de la
población menos favorecida a las dro­gas antiretrovirales han dejado claro
que ni en asuntos de vida o muerte sepuede esperar —ni necesariamente
lograr— que las empresas sacrifiquen
utilidades voluntariamente.
El ocaso del icbg-Maya llegó en2000, cuando el Consejo de Médicos y
Parteras Indígenas de Chiapas y laomiech, una de las once organizacio­nes que lo integran, provocaron un de­bate público. El movimiento fue apo­
yado por la Fundación Internacionalde Avance Rural y una organización nogubernamental con base en Canadá
llamada ahora Grupo de Acción sobre
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Erosión, Tecnología y Concentración,y fue difundido principalmente por eldiario La Jornada. La omiech tambiénde­nunció formalmente al proyecto an­
te la Procuraduría Federal de Protec­
ción al Ambiente. El argumento era,por supuesto, biopiratería pero esta
vez centrado en el conocimiento indíge­na y había, como hace notar Hughes,
una articulación muy clara respecto alos derechos exclusivos sobre los recur­
sos colectivos.
En este caso, la distribución de be­ne­ficios se mostraba intrincada in­cluso
con respecto al desarrollo de ca­pa­ci­da­des, al insertarle nociones indi­vi­duales,comunitarias y culturales. La ins­truc­ción a especialistas indígenas sobre nor­mas éticas y bioprospección por par­te de Berlin habría concluido, en opi­nión
de la omiech, en inminentes cho­quesintercomunitarios y en an­tago­nismos
y división entre las per­sonas.

Un comunicado escrito y distribui­
do en Chiapas por el Consejo de Médi­
cos y Parteras Indígenas, señalaba queel proyecto violaba el código de ética
de la Sociedad Internacional de Etno­
biología, el cual indica que el consenti­
miento previo informado presupone
que a todas las comunidades poten­
cialmente afectadas debe proveérse­les información completa respecto al
propósito y naturaleza de las activida­
des de investigación y los resultados
probables, incluyendo todos los bene­fi­cios y riesgos de daño razonablemen­te previsibles para las comunidades
afectadas. Aunque los del icbg-Maya
habían expresado interés en organizar
una reunión con representantes de to­das las comunidades en las que se pre­tendía colectar, la negativa final delgo­bierno de firmar un convenio deac­ceso estuvo fundamentada precisa­
mente en el hecho de que las solicitu­

des presentadas nunca cumplieron con
los requisitos para garantizar el con­sen­timiento colectivo. Posiblemente por­que cumplir con la ley en relación con
esto era, una vez más, demasiado com­plicado en virtud de los am­plios obje­
tivos de colecta, o tal vez el ambiente
ya estaba demasiado enrarecido paracontinuar, pero en 2001 el proyecto
icbg-Maya fue cancelado por sus pro­motores.
Hay otros casos en los que ni si­quie­ra hubo acercamiento al gobierno
fede­ral para solicitar consentimiento
infor­mado previo en los términos delConvenio de Río, dos de ellos extensa­
mente documentados. El primero in­
volucra a cuatro comunidades indíge­nas oaxaqueñas de la Sierra Juárez,agrupadas en una asociación llamadauzachi. De acuerdo con la investiga­
ción de Hughes, el contacto con la far­macéutica Sandoz —ahora Novartis—
fue considerado por uzachi como una
experiencia positiva de la cual las co­munidades obtuvieron beneficios su­
ficientes y diversos —negociados por
ellos directamente con el apoyo de
una organización no gubernamentallo­cal. Sin embargo, en algún momen­
to, este caso también fue mencionado
en discusiones sobre biopiratería. La
razón básica es que los recursos bioló­
gicos y el conocimiento indígena a losque se tuvo acceso por medio del con­venio celebrado con Sandoz son co­
mún­mente percibidos, al menos por
los ac­tivistas ambientales y los movi­
mientos sociales indígenas, como re­cur­sos y conocimiento que no son pro­pie­
dad exclusiva de algunas comunidades,sino que forman parte de un interéscolectivo más amplio. Por lo que res­pecta al consentimiento previo informa­do por parte del gobierno mexi­cano,el acceso en este caso, efectivamente
no cumplió con el Convenio sobre la

Diversidad Biológica ni con la Ley Ge­
neral del Equilibrio Ecológico.
Por ultimo, en el icbg-Zonas Áridas—un proyecto para Latinoamérica es­
tudiado en México por Hayden—, laestrategia fue muy diferente, y proba­
blemente esa es una de las razones porlas que pudo mantener el bajo per­fil
y garantizar la sobrevivencia de sus ac­
tividades en nuestro país. La decisión
fue tomar muestras de puestos de re­medios naturales en los mercados y,
aun cuando se podría argumentar que
violaban la ley al no cumplir con losrequerimientos de consentimiento
previo informado, en términos prácti­cos esto hizo posible la recolección denumerosas muestras en el contexto

del acalorado debate público prevale­ciente. Además, es probable que fuera
mucho más barato y definitivamentemás fácil en relación con los aspectos
sociales, políticos y administrativos.
Aunque el uso de conocimiento indí­gena es innegable, la distribución equi­tativa de beneficios bajo estas condi­
ciones parece aún más improbable ypresenta otra clase de riesgos. Comoapunta Hayden, la forma en que losin­vestigadores de la unam colectan enlos mercados con base en información
accesible al público, rompe con la no­
ción de autoría que anima la idea decom­pensar a la gente por su conoci­
miento, así como con la idea de comu­ni­dades que puedan reclamar como

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suyo algo llamado conocimiento local
tradicional o indígena. Incluso afirma
que las cláusulas de confidencialidad
interna del convenio mantienen la in­formación etnobotánica fuera de lasma­nos de las compañías participan­
tes, de manera que también están rotaslas redes a través de las cuales teóri­camente fluirían el conocimiento et­
nobotánico y los intereses locales que
representa.
Retos y perspectivas

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Actualmente, los propósitos de las em­
presas de bioprospección generalmen­
te se asocian con objetivos de conserva­
ción y de distribución de beneficios,
al menos en el discurso. Sin embargo,
muchos proyectos tienen base en losEstados Unidos o fuertes conexiones
con ese país, el cual se ha negado a ra­tificar el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, pero participa e influye enlas discusiones internacionales para
defender los intereses de sus empre­
sas. Esto, indudablemente ha pesado
en el gobierno mexicano y en la opi­
nión pública durante los procesos denegociación, así como en los ataques

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por parte de las organizaciones no gu­
ber­namentales y los medios de comu­
nicación.
También tienen un significativo
efec­to las concepciones generalizadas
sobre las empresas farmacéuticas co­
mo cor­poraciones multinacionales gi­
gantescas, completamente carentes deresponsabilidad social y de transpa­
rencia y rendición de cuentas ante lasociedad, en una búsqueda despiada­
da de ganancias. La parte que juegan
en el debate de bioprospección las di­fi­culta­des de comunicación que pre­valecen entre los responsables de for­mular las políticas, los científicos, laso­ciedad ci­vil organizada y el sector
privado, tam­poco pueden subestimar­
se. Algo más que se debe afrontar esla enorme com­plejidad para definir las
fuentes de co­nocimiento indígena yel va­lor de és­te en relación con la dis­tribución de bene­ficios.
Una pregunta central es si los pue­
blos indígenas están verdaderamente
y suficientemente representados o si
existe un diálogo razonable con ellos
respeto a los proyectos concretos y alas políticas generales. Postergar esto
no puede sino hacer aún más difícil

llegar a acuerdos que hagan posible
actividades de bioprospección —y node biopiratería— que utilicen su cono­cimiento.
Además de conducir a la cancela­
ción de proyectos o a que sus promo­
tores tomen caminos subrepticios ocau­telosos para evitar el conflicto, to­do esto parece haber paralizado a lasauto­ridades responsables de propor­
cionar el consentimiento informado
previo por parte de México y al poderlegislativo, así como al debate público
en el que las posiciones se han radica­
lizado entre los que ante todo defien­den la bioprospección y los que sólo
pueden verla como biopiratería, entre
los que desprecian el conocimiento in­
dígena no-validado y los que sueñan
con inmensas fortunas a partir del con­sentimiento para el acceso a éste.
Como icbg reconoce en su informedel programa, hay dificultades cien­tí­ficas, logísticas, económicas, socialesy políticas en “el descubrimiento” defár­macos. Sin embargo, a pesar de que
se incrementan cuando está involucra­
do el conocimiento indígena, el inte­
rés en él se mantiene, lo cual no debe
sorprender. Se reconoce extensamen­
te que además del importante papelde la herbolaria en el mundo, las sus­tan­cias derivadas de plantas y otros
pro­ductos naturales todavía son la basede la mayor parte de la farmacopea dela medicina alopática. Las aplicacio­
nes y las fuentes naturales aún estánlejos de haberse explorado completa­mente, tarea titánica incluso contando
con los indicios que brinda el conoci­
miento indígena.
Así, el fin de los esfuerzos de bio­pros­pección no es en absoluto previsi­
ble. ¿Existe una manera de avanzar enel debate?, ¿puede beneficiar realmen­
te la búsqueda de productos farmacéu­ti­cos nuevos y otros productos biotecno­

lógicos a las comunidades in­dí­genas?
¿Puede, en este contexto, re­conocerse
y validarse plenamente su conocimien­
to? Observemos más de cerca los dos
casos en los que las organizaciones in­dígenas estuvieron visiblemente liga­
das a la evolución de los proyectos.
Conforme al estudio de Hughes, ba­
jo la lógica de concebir la bioprospec­
ción como una oportunidad para lasco­munidades locales de obtener bene­
ficios a partir de su biodiversidad, talcomo lo propone el Convenio de Río,
pero también desafiando la función
que ese acuerdo le confiere al estado,uzachi optó por tomar un papel ac­tivo, en lugar de convertirse en una
víc­tima más de la biopiratería. Buscóla asocia­ción con Sandoz, construyó
ciertos me­­canismos de transparencia
y de rendición de cuentas, emprendió
la ne­gociación y desarrolló sus propias
capacidades técnicas —en términos dereunir, analizar y procesar muestras
biológicas reveladoras— para fun­gir
como algo más que un simple pro­vee­
dor de materia prima en el proyecto.
Entrando en la arena de la bioprospec­
ción como parte en un contrato bila­
teral con una empresa farmacéutica,uzachi participó en la conversión delconocimiento indígena en un bien ven­
dible, y aceptó su patentabilidad a pe­sar de su significado cultural y de su
na­turaleza colectiva más ­amplia.
Por el contrario, la omiech y el Con­sejo de Médicos y Parteras Indígenasde Chiapas decidieron movilizarse pa­
ra detener las actividades extractivas
de muestras y de conocimiento indíge­na que realizaba icbg-Maya, proyec­tode bioprospección traído a las comu­
nidades de la región como una pro­mesa de desarrollo futuro. Aunque seinsinua­ra, en defensa del trabajo deese proyecto, que había intereses eco­nómicos detrás de la resistencia dela omiech, la información disponible
mues­tra que la organización se opuso
a que icbg y Molecular Nature tuvie­
ran derechos exclusivos sobre el ma­
terial biológico y los recursos cultura­les de las comunidades mayas en lostérminos planteados, y no se encon­
tró ningún intento por su parte de pa­
tentarlos. Por supuesto, el éxito de su
movilización no evita que existan activi­
dades de biopiratería en otros luga­res,
incluso en la misma región; mien­tras
el debate siga paralizado y las pregun­tas surgidas en torno al régimen de ac­ceso propuesto por el Convenio sobre
la Diversidad Biológica sigan sin res­ponderse.
Vale la pena resaltar que los pro­
yectos en los que de hecho fue posible
el acceso, son aquellos en los que nose ha buscado cumplir cabalmente conlas pocas disposiciones vigentes. Por
otra parte, muchas actividades de bio­prospección que ocurren en México
no son temas de discusión pública. La
cultura del consentimiento previo in­formado está muy lejos de generali­zarse, las muestras siempre pueden
tomarse como parte de la colecta cien­

tífica —no necesariamente con finesde utilización en biotecnología— o deotros aprovechamientos autorizados,
también pueden llevarse “en las sue­las de las botas” —algo que es menciona­
do comúnmente al discutir la buena
fe de proyectos en los que hay dis­po­si­ción de acercarse al gobierno y a las
comunidades indígenas para pedir con­sentimiento previo informado, comoen el caso del icbg-Maya.
Lo que es claro es que el estanca­
miento del debate no beneficia a lospueblos indígenas, ni al gobierno, ni a
los académicos, ni a las empresas in­teresadas en realizar bioprospecciónde acuerdo con los principios plantea­
dos por el Convenio de Río y la Ley
Ge­ne­ral del Equilibrio Ecológico. En
rea­li­dad, los únicos que podrían bene­fi­ciar­se de esta situación son aquéllos
que no tienen reparo en conseguir lo
que buscan a través de la biopiratería.
Dos razones, ya expuestas, permiten
afirmar esto: la primera es que ras­
trear el origen de las muestras y el co­nocimiento que son la fuente mate­rial de productos, y de la investigación
detrás de ellos, es virtualmente impo­
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sible bajo el régimen vigente; la se­
gunda, es que una gran cantidad deco­nocimiento indígena medicinal ya
es público y no está protegido por de­rechos de propiedad intelectual re­gistra­dos a favor de las etnias que lode­sa­rrollaron y lo conservan vivo.
Ade­más, algunas comunidades que noestu­vieron expuestas al debate de labiopirate­ría o que decidan no partici­
par en él, podrían permitir el acceso
a conocimiento que todavía no es pú­
blico —como al parecer sucedió conuzachi. Pero quizás más accesible aún—como sugiere el caso del icbg-ZonasÁridas—, el conocimiento indígena
está al alcance para hacer bioprospec­
ción sencillamente en los mer­cados.
La única manera de lograr que lacontinuación del debate sea fructífe­ra, sería dejando atrás las descalifica­
ciones, las etiquetas de actores buenos

Ana Ortiz Monasterio Quintana

Redes para la Diversidad, la Equidad
y la Sustentabilidad (redes) a.c.

y malos, o de ignorantes e ilustrados.
Sería indispensable reconocer, duran­te las discusiones sobre el tema, que
existen visiones e intereses muy dis­tintos entre los diferentes actores, asícomo posiciones de mayor y de me­
nor poder en las negociaciones, tam­bién que las protestas y exigencias dealgunos participantes tienen más legiti­
midad que las de otros y, por tanto, me­recen mayor atención —porque pue­den resultar más afectados, su in­te­rés
es más directo o porque tienen de­re­chos aunque la legislación no los pro­teja adecuadamente. Un debate fruc­tífero sólo puede surgir en un marco
de respeto entre los diversos actoresy buscando puntos de contacto, intere­ses que sean comunes. Finalmente, unre­to más para avanzar en este impor­tante debate estriba en mantener todo
lo anterior en perspectiva en los argu­
mentos que se esgriman en los mediosde comunicación y en las campañas delas organizaciones no gubernamenta­
les, precisamente porque la mesura novende tanto —atrae menos atención ymenos recursos— y por la influencia
que tienen los líderes de opinión y lasorganizaciones que expresan su preo­
cupación por la biopiratería y los pue­
blos indígenas.

Referencias bibliográficas
Carrillo, C. 2006. Pluriverso. Un Ensayo sobre el co­no­cimiento indígena contemporáneo. Col. La pluralidad cultural en México, núm. 11, unam, México.
Hayden, C. 2003. When Nature Goes Public: The
Mak­ing and Unmaking of Bioprospecting in Mexico.
Princeton University Press, Nueva Jersey.
Hughes, A. 2002. “Who Speaks for Whom? A Look
at Civil Society Accountability in Bioprospecting Debates in Mexico”, en ids Bulletin, vol. 33, núm. 2, pp.
101-108.

imágenes

P. 43: Américo Vespusio. Carta a Piero Soderini, 1504.
Pp. 44, 45, 46, 48 y 51: Theodore de Bry. Historia
Americae, 1590. P. 47: Jim Harter. Men, s. xix. P. 49:
Dom Pernety. El patagón gigante, s. xviii. P. 50: Francisco Mota. Piratas en el Caribe, 1984.

Palabras clave: Legislación������������������������������������������������������������������������������������
ambiental, conocimiento indígena, bioprospección farmacéutica en México.
Key words: environmental legizlation over bio inspection, indigenous knowledge, pharmaceutical bio inspection in Mexico.
Resumen: En��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
este texto se sitúa el conocimiento indígena en el contexto de los intensos debates y actividades de bioprospección farmacéutica que han tenido lugar en México; se��������������
explora lacomplejidad del tema y los retos que presenta tanto el desarrollo de la normatividad respectiva, como el reconocimiento y la distribución de los beneficios.
Abstract: In this paper we place the indigenous knowledge within the intensive debate and activities around the pharmaceutical bio inspection that have taken place in Mexico. We examine thecomplexity of the topic and the challenge that it represents in terms of legal regulations, recognition and distribution of the benefits.
Ana Ortiz Monasterio Quintana es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana y obtuvo la Maestría en Estudios sobre Desarrollo en el Institute of Development Studies, Universidad
de Sussex, Reino Unido. Tiene casi 10 años participando en el diseño e instrumentación del marco jurídico para la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad mexicana.

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Recepción: 15 de mayo de 2006, aceptado el 05 de junio de 2006

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