CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCASO REVERÓN TRUJILLO VS. VENEZUELASENTENCIA DE 30 DE JUNIO DE 2009
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Reverón Trujillo,la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces1:
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Sergio García Ramírez, Juez;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza, yEiner Elías Biel Morales, Juez ad hoc;presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, yEmilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,

1
El 9 de mayo de 2008 el Juez Diego García-Sayán, de nacionalidad peruana, solicitó a la
Presidenta que aceptara su excusa para participar en el presente caso porque es integrante de una
entidad no gubernamental de la que es parte el señor Ayala Corao, uno de los representantes de lapresunta víctima. Informó además que “[s]i bien jamás h[a] tratado con el Dr. Ayala Corao, de forma
alguna, asuntos o temas vinculados a este caso y que [su] absoluta independencia e imparcialidad para
conocer del mismo no se encuentra afectada en lo más mínimo”, este paso resultaría “saludable paragarantizar que la percepción por las partes y por terceros acerca de la absoluta independencia e
imparcialidad del Tribunal no se vea afectada”. La Presidenta consideró que no se desprendía que el Juez
García-Sayán “hubiese participado de alguna manera, cualquiera que ésta fuese, en el presente caso oque hubiese manifestado pública o privadamente puntos de vista acerca del litigio en curso, sus causas,
manifestaciones y posibles soluciones, o bien, en torno a quienes actúan en éste con calidad de partes”.
Sin embargo, en consulta con los demás Jueces y de conformidad con el artículo 19 del Estatuto y 19 delReglamento, estimó razonable acceder al planteamiento del Juez García-Sayán y, consecuentemente,
aceptó su excusa. La excusa del Juez García-Sayán y la decisión de la Presidenta fueron notificadas a laspartes el 12 de mayo de 2008.

El 9 de mayo de 2008 la Corte emitió una Resolución en la que señaló que el señor Emilio Ramos
González, designado como juez ad hoc por el Estado, estaba impedido de participar en el presente caso.
En dicha Resolución se otorgó un plazo al Estado para que designara un nuevo juez ad hoc. El 30 de junio
de 2008, luego de una prórroga, el Estado designó en tal calidad al señor Einer Elías Biel Morales.

2de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con
los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte 2 (en adelante “elReglamento”), dicta la presente Sentencia.

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA1.
El 9 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, deconformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra laRepública Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), a partirde la cual se inició el presente caso. La petición inicial fue presentada ante la
Comisión el 8 de abril de 2005. El 25 de julio de 2006 la Comisión aprobó el Informe
No. 60/06, mediante el cual declaró la petición admisible. Más tarde, el 27 de julio de2007, aprobó el Informe de fondo No. 62/07, en los términos del artículo 50 de laConvención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este
informe fue notificado al Estado el 9 de agosto de 2007. Tras considerar que
Venezuela no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter elpresente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como Delegados alos señores Paulo Sérgio Pinheiro, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario
Ejecutivo, y como asesoras legales a las abogadas Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria
Ejecutiva Adjunta, Débora Benchoam, Manuela Cuvi Rodríguez y Silvia Serrano,
especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
2.
La demanda se relaciona con la supuesta destitución arbitraria de María
Cristina Reverón Trujillo (en adelante “la señora Reverón Trujillo” o “la presunta
víctima”) del cargo judicial que ocupaba, ocurrida el 6 de febrero de 2002. El 13 deoctubre de 2004 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (enadelante “la SPA”) decretó la nulidad del acto de destitución por considerar que noestuvo ajustado a derecho, pero no ordenó la restitución de la presunta víctima a su
cargo, ni el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir. Por tales
razones, la Comisión alegó que el recurso de nulidad no proporcionó a la señora
Reverón Trujillo un recurso judicial efectivo capaz de remediar, en forma integral, la
violación a sus derechos.
3.
La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la
violación del derecho consagrado en el artículo 25 (Protección Judicial) de laConvención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1(Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones deDerecho Interno) de la misma, en perjuicio de la presunta víctima. Asimismo, solicitó

2
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.2 del Reglamento que entró en vigor el 24 de marzo de2009, “[l]os casos en curso se continuarán tramitando conforme a este Reglamento, con la excepción deaquellos casos en que se haya convocado a audiencia al momento de entrada en vigor del presente
Reglamento, los cuales seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Reglamento anterior”. De
ese modo, el Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al instrumento
aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembrede 2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20
de noviembre al 4 de diciembre de 2003.

3
que se ordenaran determinadas medidas de reparación.
4.
El 31 de enero de 2008 los señores Rafael J. Chavero Gazdik y Carlos M.
Ayala Corao, representantes de la presunta víctima (en adelante “losrepresentantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (enadelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Además de lo indicado por la
Comisión, los representantes sostuvieron, inter alia, que la destitución de la señora
Reverón Trujillo y la falta de reincorporación a su cargo constituirían, a su vez, una
violación del principio de autonomía e independencia del juez. Igualmente, alegaron
que la señora Reverón Trujillo sufrió un trato desigual frente a su derecho a ingresary permanecer en sus funciones públicas, al haberse limitado los procesos de“regularización de titularidad” a los jueces provisorios en ejercicio efectivo de sus
cargos y al habérsele negado su reincorporación. Los representantes concluyeronque, además de los artículos invocados por la Comisión, el Estado sería responsable
por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales),23 (Derechos Políticos) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención.
5.
El 4 de abril de 2008 el Estado presentó su escrito de excepción preliminar,
contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos(en adelante “contestación de la demanda”). La excepción preliminar interpuesta
está relacionada con la supuesta falta de agotamiento de recursos internos. El Estado
alegó que brindó a la presunta víctima “un recurso judicial rápido y efectivo, para
remediar la destitución de la que fue objeto, conforme a la naturaleza del cargo que
desempeñaba […], pues la decisión de la Sala [Político] Administrativa […] anuló su
destitución, ordenó su aceptación en los concursos de oposición y acordó eliminar desu expediente cualquier señalamiento vinculado a su destitución”. El Estado designó
al señor Germán Saltrón Negretti como Agente y al señor Larry Devoe Márquez como
Agente Alterno.
6.
De conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, el 8 y 14 de mayo de2008 la Comisión y los representantes, respectivamente, presentaron sus alegatos
sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado (supra párr. 5).
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
7.
La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 4 de diciembrede 2007. Durante el proceso ante este Tribunal, además de la presentación de losescritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1, 4 y 5), la Presidenta dela Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó mediante Resolución3 la recepción, a
través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit), de algunos de lostestimonios y peritajes ofrecidos oportunamente por las partes. Asimismo, mediantela referida Resolución, modificada por la Presidenta el 8 de octubre de 2008, seconvocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de lostestigos y el perito propuestos, según el caso, por la Comisión, el Estado y losrepresentantes, así como los alegatos finales orales sobre la excepción preliminar ylos eventuales fondo, reparaciones y costas. Finalmente, la Presidenta fijó plazo
hasta el 20 de febrero de 2009 para que las partes presentaran sus respectivos

3

Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Resolución de la Presidenta de la Corte de 24 deseptiembre de 2008.

4
escritos de alegatos finales.
8.
La audiencia pública fue celebrada el 23 de enero de 2009 durante el LXXXII
Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de San José,
Costa Rica4.
9.
El 27 de noviembre de 2008 el Tribunal recibió un escrito en calidad deamicus curiae de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad
Torcuato Di Tella en Argentina5. En dicho escrito se presentó, inter alia, un análisis
de derecho comparado sobre la regulación de la independencia judicial en algunospaíses de la región. El 30 de marzo de 2009 la Corte recibió un escrito en calidad deamicus curiae del Centro de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la
Universidad de Essex6, en el cual se presentaron argumentos, inter alia, respecto alalcance del artículo 25 de la Convención Americana y sobre reparaciones,
particularmente, sobre el concepto de parte lesionada. La versión en español dedicho escrito fue recibida el 6 de abril de 2009.
10.
El 3 de febrero de 2009 la Presidenta solicitó a las partes que, junto con sus
escritos de alegatos finales, presentaran en calidad de prueba para mejor resolver
argumentos y documentación de respaldo en relación con variados temas7.

4
A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Santiago Canton, Secretario
Ejecutivo; Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta; Lilly Ching y Silvia Serrano, asesoras; b)
por la presunta víctima: Carlos M. Ayala Corao, Rafael J. Chavero Gazdik y Marianella Villegas Salazar, yc) por el Estado: Germán Saltrón Negretti, Agente; Larry Devoe, Agente Alterno; Julián Isaías Rodríguez,
ex-Fiscal General de la República, y Nelson Pineda, Embajador de Venezuela en Costa Rica.
5

Dicho escrito fue presentado por Hernán Gullco y Melisa Romero.

6
Dicho escrito fue presentado por Fernanda Acauan Santana, Gail Aguilar Castanon, Gabriel
Alegrett, Brett Dodge, Jess Duggan-Larkin, Evie Francq, Tessa H.W. Hausner, Maria Isabel Henao Trip,
Chiara Lyons, Tatiana Olarte Fernandez, Tara Van Ho, todos estudiantes de la Maestría de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y Clara Sandoval, Profesora, Co-Directora de la Maestría de
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y miembro del Centro de Derechos Humanos.
7
Dichos temas fueron: a) la investigación efectuada por el perito Canova sobre la alegada
denegación sistemática de recursos interpuestos contra el Estado en el Tribunal Supremo de Justicia y la
relevancia de esto para el presente caso; b) información que permita establecer por qué la señora
Reverón Trujillo aparentemente no efectuó solicitud alguna relacionada con los concursos que alega el
Estado haber realizado dentro del Programa Especial de Regularización de la Titularidad; c) decisiones
judiciales y demás prueba documental sobre la alegada destitución arbitraria de jueces provisorios; d)prueba y argumentación sobre prueba en relación con los trastornos psicológicos y físicos que se alega
han sido y están siendo padecidos por la señora Reverón Trujillo, indicando con claridad la valoración que
personal especializado ha efectuado en torno a sus causas, características, posibilidades de recuperación ypronóstico; e) normatividad interna o prueba documental sobre las posibilidades que tienen los jueces
provisorios destituidos de participar en el Programa Especial de Regularización de la Titularidad; f)legislación o jurisprudencia que permita establecer las diferencias y/o similitudes entre Programa Especial
de Regularización y Concurso Público de Oposición; g) prueba documental sobre la calidad de juez
provisorio o titular de quien hoy ocupa el cargo en el que se desempeñó la señora Reverón Trujillo; h)información que permita verificar si en las publicaciones realizadas en los periódicos de circulación
nacional, los años 2005 y 2006, se establecía claramente que los jueces destituidos también podían
participar de los concursos para jueces dentro del Programa Especial para la Regularización de la
Titularidad; i) información sobre los trece casos de jueces destituidos que habrían participado en el
Programa Especial de Regularización de la Titularidad; j) información sobre concursos públicos deoposición que se hayan realizado con posterioridad a la emisión de la Constitución de 1999; k)
normatividad, jurisprudencia u otro tipo de prueba que permita determinar si el hecho de que los jueces
provisionales estén sujetos a “libre remoción”, implica que previa a la remoción de su cargo deben sersometidos a un procedimiento administrativo o disciplinario o cualquier otro procedimiento reglado, y si
además de este procedimiento, se requiere algún tipo de fundamento para remover a los jueces de sus
cargos, o si por el contrario, la “libre remoción” implica que los jueces provisorios pueden ser removidos

511.
El 20 y 21 de febrero de 2009 el Estado y los representantes remitieron,respectivamente, sus escritos de alegatos finales. Tanto el Estado como losrepresentantes remitieron la prueba para mejor resolver solicitada por la Presidenta(supra párr. 10). El escrito de alegatos finales de la Comisión fue presentado con
diez días de retraso, plazo que, a criterio de la Presidenta, resultó excesivo, por loque decidió rechazarlo por extemporáneo.
12.
El 17 de marzo de 2009 el Estado solicitó que el escrito de alegatos finales delos representantes sea igualmente rechazado, puesto que llegó con un día deretraso. El 25 de marzo de 2009 los representantes solicitaron a la Corte que “enaplicación de los límites de temporalidad y criterios de razonabilidad en el
cumplimiento de los plazos y del interés superior de la realización de la justicia […],
estime presentados para su posterior análisis [sus] alegatos finales escritos”.
13.
El 27 de marzo de 2009 la Presidenta informó a las partes su decisión deadmitir el escrito de los representantes, puesto que, conforme a la jurisprudencia del
Tribunal8, el retraso de un día en la remisión del escrito no era un plazo excesivo quejustificara su rechazo.
14.
El 23 de marzo de 2009 los representantes presentaron sus observaciones ala prueba que acompañaba el escrito de alegatos finales del Estado. Con este escrito
los representantes remitieron una Resolución de 18 de marzo de 2009 emitida por el
Tribunal Supremo de Justicia (en adelante “el TSJ”) “por ser parte del contexto de lasviolaciones del presente caso”.
15.
El 11 de mayo de 2009 la Presidenta solicitó a las partes que, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento de la Corte, remitieran prueba que
permitiera verificar si, con posterioridad al año 2004, se han realizado programas deformación inicial y exámenes de conocimiento para el ingreso a la jurisdicción penal,
conforme a los artículos 14 a 37 de las “Normas de Evaluación y Concurso de
Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial”.
16.
Las partes se pronunciaron sobre lo solicitado (supra párr. 15) el 20 de mayo
de 2009. El Estado remitió documentación en respaldo de su posición. Además, elEstado presentó un escrito el 1 de junio de 2009, en el cual hizo observaciones a la
información brindada por la Comisión.

de sus cargos por mera discreción de alguna autoridad estatal sin previo procedimiento; l) información
que permita determinar las normas jurídicas en las cuales se fundamenta la decisión de la Sala Político
Administrativa, en el sentido de establecer que la señora Reverón Trujillo debía manifestar su voluntad
para poder participar del “concurso” respectivo; m) normatividad, jurisprudencia o cualquier otro tipo deevidencia que permita a esta Corte verificar cómo Venezuela cumple o no con el Principio 12 de losPrincipios básicos relativos a la independencia de la judicatura en lo que se refiere exclusivamente a losjueces provisorios o temporales; n) información que permita a la Corte comprender cómo un “concurso
público” puede llevarse a cabo si la convocatoria a los programas de titularización supuestamente no es
una invitación abierta a toda persona sino a un listado específico de personas, quienes supuestamenteeran todos jueces provisorios en ejercicio; o) información que permita determinar cuándo y cómo
concluirá el proceso de reestructuración del Poder Judicial, y p) información oficial sobre la cantidad y
porcentaje de jueces provisorios que han existido durante los últimos 10 años y sobre el alegado impacto
que ello tuvo o ha tenido respecto a la independencia del Poder Judicial y respecto al presente caso.
8

Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones
Preliminares. Sentencia de 25 de enero de 1996. Serie C No. 23, párrs. 37 y 39; Caso de las Masacres deItuango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de
2006. Serie C No. 148, párr. 117, y Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 12.

6

III
EXCEPCIÓN PRELIMINAR(Falta de agotamiento de los recursos internos)
17.
El Estado sostuvo que la presunta víctima habría omitido interponer el recursode revisión ante la Sala Constitucional del TSJ, y que dicho recurso “le hubiera
permitido tener la posibilidad de anular la decisión de la Sala Político Administrativa”
que no dispuso su reincorporación. Según el Estado, la Corte debe reconsiderar su
criterio jurisprudencial relativo a la renuncia tácita a la excepción de falta deagotamiento de los recursos internos, puesto que “[l]os principios del Sistema
Interamericano, recogidos en el Preámbulo de la Convención Americana, no pueden
ser renunciados ni expresa ni tácitamente por los Estados” y dado que “[s]in la plena
y absoluta vigencia del artículo 46 de la Convención, el carácter coadyuvante ocomplementario del Sistema Interamericano de protección[…] resulta absolutamente
desprotegido y menoscabado”. Además, el Estado señaló que “el requisito deagotamiento de los recursos internos constituye una condición objetiva deadmisibilidad que puede ser alegado y revisado, incluso de oficio, en cualquier etapa
o instancia del proceso internacional”. Finalmente, expuso que la renuncia tácita “secontradice con posiciones adoptadas por [la] Corte Interamericana, acerca de su
facultad para subsanar los errores procedimentales de las partes”.
18.
La Comisión reiteró lo consignado en su Informe de admisibilidad en cuanto aque “el Estado venezolano participó en el trámite del caso ante [ella] sin interponeren ningún momento la excepción de no agotamiento de los recursos internos”.
Agregó que “[l]a mención sobre la necesidad de que la víctima interpusiera unrecurso de revisión ha sido formulada por primera vez por el Estado ante la Corte
Interamericana, por lo que resulta absolutamente extemporánea”. Subsidiariamente
sostuvo que el Estado no ha demostrado que el recurso que alega como no agotado
sea efectivo.
19.
Los representantes coincidieron con la Comisión en que la excepción delEstado sería extemporánea. Además manifestaron que el recurso de revisión
constitucional “no puede considerarse […] como un medio adecuado y eficaz”.
20.
La Corte constata que no existe controversia entre las partes respecto a quela presente excepción preliminar no fue interpuesta en el procedimiento ante la
Comisión. Lo que el Estado pretende es que el Tribunal modifique su jurisprudencia
constante en la cual se afirma que si la excepción de no agotamiento de los recursos
internos no es interpuesta oportunamente, se ha perdido la posibilidad de hacerlo.
En sustento de su posición el Estado ofreció tres argumentos: 1) que la renuncia
tácita es contraria a la Convención Americana, concretamente a su Preámbulo yartículo 46; 2) que el agotamiento de los recursos internos puede ser revisado deoficio en cualquier etapa del procedimiento, y 3) que la no alegación de esta
excepción es una falencia procesal que puede ser subsanada por el Tribunal.
21.
Aunque es efectivo que la supervisión de la Corte Interamericana es
supletoria 9 , la propia Convención dispone que la regla de agotamiento de los9Cfr. Preámbulo y Artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ver también
El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (arts. 74 y 75). Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr.
31; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr.

7
recursos internos debe interpretarse conforme a los principios del Derecho
Internacional generalmente reconocidos, entre los cuales se encuentra aquél que
consagra que el uso de esta regla es una defensa disponible para el Estado y por
tanto deberá verificarse el momento procesal en el que la excepción ha sido
planteada. De no presentarse en su debido momento ante la Comisión, el Estado ha
perdido la posibilidad de hacer uso de ese medio de defensa ante este Tribunal. Lo
anterior ha sido reconocido no sólo por esta Corte10 sino por la Corte Europea deDerechos Humanos11.
22.
En consecuencia, el Tribunal concluye que la interpretación que ha dado alartículo 46.1.a de la Convención por más de 20 años está en conformidad con el
Derecho Internacional.
23.
En cuanto al segundo y tercer alegatos del Estado (supra párr. 20), el
Tribunal reafirma que conforme a su jurisprudencia 12 y a la jurisprudencia
internacional13 no es tarea de la Corte ni de la Comisión identificar ex officio cuáles
son los recursos internos a agotar, sino que corresponde al Estado el señalamiento
oportuno de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad. Tampoco
compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatosdel Estado14.
24.

Por todo lo anterior, la Corte desestima la excepción preliminar.
IV
COMPETENCIA25.
La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 dela Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Venezuela es Estado
Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció lacompetencia contenciosa del Tribunal el 24 de junio de 1981.

61; Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 53, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 64.
10
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio
de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 14, y Caso Bayarri Vs.
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008.
Serie C No. 187, párr. 16.
11

Cfr. ECHR. Cases of De Wilde, Ooms and Versyp Cases ("Vagrancy") v. Belgium, Judgment of 18
June 1971, Series A no. 12, para. 55; ECHR. Case of Foti and others v. Italy, Judgment of 10 December
1982, Series A no. 56 para. 46, y ECHR. Case of Bitiyeva and X v. Russia, Judgment of 21 June 2007,
para. 90 and 91.
12

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 10, párr. 88; Caso Ríos y otros Vs.
Venezuela, supra nota 9, párr. 37, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 9, párr. 42.

13
Cfr. ECHR. Case of Deweer v. Belgium, Judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, para. 26;
ECHR. Case of Foti and others v. Italy, supra nota 11, para. 48, y ECHR. Case of De Jong, Baljet and van
den Brink v. the Netherlands, Judgment of 22 May 1984, Series A no. 77, para. 36.
14

46.

Cfr. ECHR. Case of Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986, Series A no. 111, para.

8

V
PRUEBA26.
Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así comoen la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación15, la Corte
procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos
por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones
rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública. Para ello, el Tribunal
se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal
correspondiente16.
1.

Prueba testimonial y pericial

27.
Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit)por los siguientes testigos y peritos17:a) José Luis Irazu Silva. Juez de la Corte Superior (Sala Única) de la Secciónde Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana deCaracas. Testigo propuesto por los representantes. Declaró, inter alia,
sobre el impacto que ha tenido la justicia provisoria en el Poder Judicial yen las causas tramitadas ante los tribunales penales venezolanos.
b) José Luis Tamayo Rodríguez. Abogado especialista en Derecho Penal.
Testigo propuesto por los representantes. Declaró, inter alia, sobre el
impacto que ha tenido la justicia provisoria en el Poder Judicial y en lascausas tramitadas ante los tribunales penales venezolanos.
c) Aracelys Salas Viso. Jueza jubilada del Poder Judicial. Testigo propuesta
por los representantes. Declaró, inter alia, sobre el impacto que ha tenido
la justicia provisoria en el Poder Judicial y en las causas tramitadas ante
los tribunales penales venezolanos.
d) Petra Margarita Jiménez Ortega. Jueza Provisoria destituida por la
Comisión Judicial. Testigo propuesta por los representantes. Declaró, interalia, sobre cómo supuestamente se han venido destituyendo jueces sinningún tipo de procedimiento y justificación y el impacto que esta
situación ha causado en el Poder Judicial venezolano.
e) Oswaldo Ramón Hevia Araujo. Director Adjunto de la Escuela Nacional dela Magistratura. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobre

15
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supranota 9, párr. 91, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 deabril de 2009. Serie C No. 196, párr. 36.
16
Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8
de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 76; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 9, párr. 112, yCaso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 15, párr. 36.
17
El 17 de noviembre de 2008 el Estado informó que “por diversas razones que escapan de su
responsabilidad, el perito Andrés Eloy Brito se ha visto impedido de rendir su dictamen pericial ante
fedatario público” y que “a los fines de facilitar el trámite del presente caso, el Estado venezolano desistede la presentación del referido dictamen pericial”.

9
las actividades desarrolladas en el avance de la reestructuración del Poder
Judicial iniciada en 1999.
f) José Leonardo Requena Cabello. Secretario de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia. Testigo propuesto por el Estado. Declaró,inter alia, sobre la práctica de la Sala Constitucional del Tribunal Supremode Justicia en la admisión y tramitación de los recursos de revisión
constitucional.
g) Damián Adolfo Nieto Carrillo 18 . Ex-Presidente de la Comisión de
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Testigo propuesto
por el Estado. Amplió su declaración rendida en el caso Apitz Barbera yotros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
refiriéndose a los hechos concretos que supuestamente ha evidenciado yque demuestran las condiciones de autonomía e independencia con que
actúa el Poder Judicial frente a la potestad disciplinaria que ejerce laComisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
h) Alberto Arteaga Sánchez. Abogado especialista en Derecho Penal. Perito
propuesto por los representantes 19 . Declaró sobre el derecho interno
venezolano en relación con el funcionamiento del Poder Judicial, lasnormas sobre nombramiento y destitución de jueces, la situación de losjueces provisionales y la efectividad de los recursos judiciales disponibles
en casos de destituciones arbitrarias de jueces provisionales.
i)

José Zeitune. Abogado con experiencia en temas relacionados con laautonomía e independencia del Poder Judicial. Perito propuesto por losrepresentantes. Declaró, inter alia, sobre los estándares internacionales
aplicables a jueces en relación con el ingreso y permanencia; lassanciones aplicables a los jueces, su procedimiento y estándares para larevisión independiente; la autonomía e independencia del Poder Judicial ysu impacto en la defensa de los derechos humanos.

28.
En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las
declaraciones de las siguientes personas:a) María Cristina Reverón Trujillo. Presunta víctima. Propuesta por la
Comisión. Declaró, inter alia, sobre los hechos que dieron lugar a su
destitución del Poder Judicial, así como el supuesto daño causado comoconsecuencia de dicha destitución.
b) Jesús Eduardo Cabrera Romero. Ex Director de la Escuela Nacional de laMagistratura. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobre el
proceso y avance en la titularización de los jueces que ha conducido el
Tribunal Supremo de Justicia y la Escuela Nacional de la Magistratura.
c) Gustavo Valero. Director de Personal de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura. Testigo propuesto por el Estado. Declaró, inter alia, sobrelas medidas de reparación ejecutadas en cumplimiento de la decisión de la18
La declaración informativa del señor Nieto Carrillo, rendida en el caso Apitz Barbera y otros(“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, fue trasladada al presente caso, según
lo dispuesto en la Resolución de la Presidenta, supra nota 3.
19

Este peritaje fue originalmente propuesto por la Comisión, sin embargo el 31 de octubre de 2008
informó que desistía del mismo. Los representantes remitieron este affidávit el 5 de noviembre de 2008.

10
Sala Político Administrativa que anuló la destitución de la señora Reverón
Trujillo.
d) Antonio Canova González. Abogado especialista en Derecho Administrativo
y Constitucional. Perito propuesto por los representantes. Declaró, interalia, sobre la situación del Poder Judicial venezolano, su régimen
disciplinario; así como las facultades constitucionales y legales de losjueces contencioso-administrativos para ordenar el restablecimientoíntegro de las situaciones jurídicas infringidas en el derecho interno
venezolano.
2.

Valoración de la prueba

29.
En este caso, como en otros 20 , el Tribunal admite el valor probatorio deaquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron
controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. En relación con
los documentos remitidos como prueba para mejor resolver (supra párrs. 11 y 16),
la Corte los incorpora al acervo probatorio, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 45.2 del Reglamento. Con respecto a la Resolución remitida por losrepresentantes el 23 de marzo de 2009 (supra párr. 14), el Tribunal la incorpora alacervo probatorio del presente caso de conformidad con el artículo 44.3 delReglamento, por su carácter de superviniente y porque no fue objetada ocontrovertida por las demás partes.
30.
En cuanto a los testimonios y dictámenes rendidos por los testigos y peritos
en audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte los estima
pertinentes en cuanto se ajusten al objeto que fue definido por la Presidenta del
Tribunal en la Resolución en la cual se ordenó recibirlos (supra párr. 7).
31.
Los representantes manifestaron que las objeciones a testigos y peritos que el
Estado presentó en su escrito de alegatos finales deben ser rechazadas por
extemporáneas. Sostuvieron que la oportunidad procesal para efectuarlas venció enel mes de diciembre de 2008, de conformidad con el punto resolutivo tercero de la
Resolución de la Presidenta de 24 de septiembre de 2008 (supra párr. 7) que
disponía que las partes podían presentar las observaciones que estimaran
pertinentes a las declaraciones rendidas por affidávit en el plazo de siete días a partirde la transmisión de éstas.
32.
El escrito de alegatos finales es la última oportunidad que las partes tienen
para presentar alegatos al Tribunal sobre los hechos en controversia y sobre laprueba que sustentaría dichos hechos, así como sobre los argumentos de derecho
que sean pertinentes. Sin perjuicio de esto, la Presidenta o la Corte puede otorgar alas partes la posibilidad de presentar observaciones a las declaraciones rendidas por
affidávit, como en efecto ocurrió en el presente caso. Esta oportunidad que tienen
las partes para referirse a la prueba aportada por las otras partes, cuyo momento
procesal oportuno es fijado por la Presidenta o por la Corte, no impide que se
presenten observaciones en la audiencia pública o en el escrito de alegatos finales.
Ahora bien, cuando una parte presenta objeciones nuevas a la prueba de lacontraparte en su escrito de alegatos finales, la contraparte debe tener la posibilidad

20

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 9, párr. 140; Caso Perozo y otros Vs.
Venezuela, supra nota 9, párr. 94, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 15, párr. 39.

11de responder a dichas objeciones. Ello puede producirse sin necesidad de que el
Tribunal expresamente solicite dicha respuesta. En el presente caso losrepresentantes tuvieron esta posibilidad (supra párr. 14), por lo que no existe motivo
para no entrar a analizar las objeciones del Estado.
33.
El Estado expresó que las declaraciones de los testigos Jiménez Ortega, Irazu
Silva y Tamayo Rodríguez fueron redactadas por otra testigo del presente caso: laseñora Salas Viso, y que la declaración del perito Arteaga Sánchez fue redactada por
una de las representantes de la presunta víctima: la señora Marianella Villegas
Salazar.
34.
En respuesta, los representantes sostuvieron que en Venezuela “el testimoniode cualquier persona debe ser visado por un abogado para que pueda ser otorgado
ante Notaría Pública, lo que no significa que el mismo haya sido elaborado o sea dela autoría del abogado. Es una mera formalidad requerida para su autenticación ante
fedatario público”.
35.
La Corte constata que la afirmación de los representantes tiene sustento, ya
que los affidávits de los testigos ofrecidos por el Estado presentan las mismas
características que los affidávits remitidos por los representantes, esto es, que
indican que fueron redactados por una persona, distinta al declarante, que tiene laprofesión de abogado21. Por lo tanto, el Tribunal desecha esta objeción.
36.
El Estado señaló que las testigos Salas Viso y Jiménez Ortega tienen uninterés directo en la causa debido a sus condiciones de jueza jubilada y jueza
destituida del Poder Judicial, y que la primera reconoció su “amistad y solidaridad
personal” con la presunta víctima. Asimismo, manifestó que las declaraciones de lostestigos Salas Viso, Jiménez Ortega y Tamayo Rodríguez contienen opiniones
personales y no hechos que les consten. Sostuvo además que la declaración deltestigo Irazu Silva “demuestra un claro interés en esconder la verdad de los hechos,y carece de todo fundamento”.
37.
La Corte constata que, en efecto, la testigo Salas Viso se autodefinió como“víctima indirecta”22. Sin embargo, lo anterior no es motivo suficiente para desechar
completamente su testimonio. Lo mismo es aplicable a la testigo Jiménez Ortega,pues su calidad de jueza provisoria destituida tampoco es motivo suficiente para
desechar su declaración. Las declaraciones de ambas testigos, no obstante, son
insuficientes por sí mismas para tener por demostrados los hechos que afirman, sinoque deberán ser cotejadas con el resto de la prueba obrante en el expediente ysegún las reglas de la sana crítica. La Corte, asimismo, valorará en el fondo delasunto la declaración del testigo Irazu Silva y comprobará con el resto del acervo
probatorio si sus aseveraciones carecen o no de fundamento.
38.
En lo que respecta a las opiniones personales que manifestaron losmencionados testigos, la Corte reitera que cuando una persona es llamada a declararcomo testigo, esa persona puede referirse a los hechos y circunstancias que le21
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por el testigo Requena Cabello el 13 de noviembrede 2008 (expediente de fondo, Tomo III, folio 1039); declaración rendida ante fedatario público por eltestigo Damián Adolfo Nieto Carrillo el 12 de noviembre de 2000 (expediente de fondo, Tomo III, folio
1055), y declaración rendida ante fedatario público por el testigo Hevia Araujo el 12 de noviembre de2008 (expediente de fondo, Tomo III, folio 1222).
22

Cfr. declaración rendida ante fedatario público por la testigo Salas Viso el 27 de octubre de 2008
(expediente de fondo, Tomo III, folio 913).

12
consten en relación con el objeto de su declaración, evitando dar opiniones
personales 23 . En consecuencia, la Corte ignorará cualquier opinión meramente
personal que los testigos hayan expresado en sus affidávits.
39.
En cuanto a la declaración del perito Zeitune, el Estado resaltó que el mismo
tiene la condición de Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión
Internacional de Juristas y que “uno de los […] jueces de [la] Corte Interamericana
se desempeña como Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas”.
40.
Al respecto, el Tribunal hace notar que ninguno de sus jueces es miembro dela Comisión Internacional de Juristas. Por ello, la observación del Estado no es
procedente.
41.
Venezuela también manifestó que las conclusiones de los peritos Zeitune y
Canova González no tienen sustento jurídico u objetivo, y que el perito Arteaga
Sánchez realizó conjeturas infundadas.
42.
A diferencia de los testigos, quienes deben evitar dar opiniones personales,
los peritos pueden proporcionar opiniones técnicas o personales en cuanto se
relacionen con su especial saber o experiencia. Además, los peritos se pueden referirtanto a puntos específicos de la litis como a cualquier otro punto relevante del litigio,
siempre y cuando se circunscriban al objeto para el cual fueron convocados24. Las
conclusiones de los peritos deben estar suficientemente fundadas.
43.
Ahora bien, la objeción del Estado debe ser analizada al momento en que el
Tribunal entre al fondo del asunto. En el supuesto de que las conclusiones del perito
sean infundadas, ese medio de prueba no será tenido en cuenta, caso contrario loserá. En otras palabras, se trata de una cuestión de peso probatorio y no deadmisibilidad de la prueba. Por lo tanto, el Tribunal admite las declaraciones de loscitados peritos y las valorará en conjunto con el acervo probatorio y conforme a lasreglas de la sana crítica.
44.
En cuanto a la declaración de la presunta víctima, el Estado manifestó que lamisma no se ajustó a la verdad frente a dos sucesos: a) la supuesta falta denotificación a la señora Reverón Trujillo de las medidas cautelares dictadas por la
Comisión Interamericana a favor de un imputado en una causa en la que la señora
Reverón Trujillo actuaba como juez, y b) la supuesta afectación al derecho a lajubilación de la presunta víctima.
45.
La Corte nota que el punto a) no es materia del presente caso, por lo que noentrará a considerarlo. En cuanto al punto b), el Tribunal analizará los dichos de laseñora Reverón Trujillo en el acápite oportuno de esta Sentencia, teniendo en cuenta
que la declaración de la presunta víctima no puede ser valorada aisladamente, dado
que tiene un interés directo en el caso25.

23
Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 3, considerando decimoctavo y Caso
González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Resolución de la Presidenta de la Corte de 18 demarzo de 2009, considerando cuadragésimo séptimo.
24
Cfr. Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra nota 23, considerando
septuagésimo quinto.
25
Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No.
33, párr. 43; Caso Valle Jaramillo y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembrede 2008. Serie C No. 192, párr. 54, y Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 24.

13
46.
Por otro lado, el Tribunal observa que varios documentos citados por losrepresentantes no fueron aportados a la Corte26, pero se envió el enlace electrónico
directo a una página de Internet. Al respecto, conforme a la jurisprudencia de esta
Corte, es deber de las partes adjuntar a sus respectivos escritos principales toda la
documentación que pretendan hacer valer como prueba, de tal forma que sea
conocida por el Tribunal y por las demás partes de manera inmediata. Sin perjuicio
de esto, en el presente caso, la Corte observa que los documentos aportados de esta
manera son útiles y que las partes tuvieron la posibilidad de ubicarlos ycontrovertirlos, pero no lo hicieron. Por ello, dichos documentos se aceptan e
incorporan al expediente, ya que no se afectó la seguridad jurídica ni el equilibrio
procesal27.
47.
En cuanto a los documentos de prensa presentados, éstos podrán ser
apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionariosdel Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso28.
48.
Finalmente, la Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el
artículo 45.1 del Reglamento y por estimar que son útiles para resolver el caso, lassiguientes normativas internas: Ley del Estatuto de la Función Pública de Venezuela29
y Código Orgánico Procesal Penal30.

26
Estos documentos son: Informe anual de la Comisión Interamericana del año 2002,
OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 rev. 1, 7 marzo 2003; Informe anual de la Comisión Interamericana del año
2003, OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 70 rev. 2, 29 diciembre 2003; Informe anual de la Comisión
Interamericana del año 2004, OEA/Ser.L/V/II.122, Doc. 5 rev. 1, 23 febrero 2005; Informe anual de laComisión Interamericana del año 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 7, 27 febrero 2006, e Informe anual dela Comisión Interamericana del año 2006, OEA/Ser.L/V/II.127, Doc. 4 rev. 1, 3 marzo 2007.
27
Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de
2007. Serie C No. 165, párr. 26; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 38, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota
9, párr. 108.
28
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 9, párr. 146; Caso Perozo y otros Vs.
Venezuela, supra nota 9, párr. 101, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 15, párr. 43.
29

Cfr. Ley del Estatuto de la Función Pública de Venezuela emitida por la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela el 9 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 el 6 de septiembre de 2002.

30

Cfr. Código Orgánico Procesal Penal emitido por la Asamblea Nacional el 2 de octubre de 2001,
publicado en la Gaceta Oficial No. 5.558 el 14 de noviembre de 2001.

14

VIARTÍCULO 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL)31 EN RELACIÓN CON LOSARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS)32 Y 2 (DEBER
DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO)33 DE LA CONVENCIÓNAMERICANA
1.

Los hechos del presente caso49.
La señora Reverón Trujillo ingresó al Poder Judicial venezolano en 1982,
desempeñándose desde entonces en diversos cargos de forma interrumpida34. El 16
de julio de 1999, una Resolución del Consejo de la Judicatura la nombró como Juezade Primera Instancia de lo Penal y estableció que la designación tenía un “carácter
provisorio” hasta “la celebración de los respectivos concursos de oposición”35. Desdeel 21 de julio de 1999 hasta el 26 de febrero de 2002 la señora Reverón Trujillo fue
jueza de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial delÁrea Metropolitana de Caracas36. En el año 2002 ejercía específicamente como Jueza
Decimocuarta de Primera Instancia en función de juicio de dicho circuito 37 . Caberesaltar que los representantes, el Estado y la presunta víctima, concuerdan en que

31

El artículo 25.1 de la Convención estipula:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

32

El artículo 1.1 de la Convención establece:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,nacimiento o cualquier otra condición social.

33

El artículo 2 de la Convención dispone:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometena adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerefectivos tales derechos y libertades.

34
Cfr. certificación de cargos de la señora Reverón Trujillo emitida por la Dirección Ejecutiva de laMagistratura de la Dirección General de Recursos Humanos el 28 de marzo de 2008 (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 31, folio 1247).
35
Cfr. resolución No. 74 emitida por la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura el 16 dejulio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.753 el 29 de julio de 1999 (expediente de anexos a lademanda, Tomo I, anexo B.2, folios 103 a 105).
36
37

Cfr. certificación de cargos de la señora Reverón Trujillo, supra nota 34, folio 1247.

Cfr. decisión de destitución de la CFRSJ en el proceso disciplinario seguido contra la señora
Reverón Trujillo emitida por la CFRSJ el 6 de febrero de 2002 (expediente de anexos a la demanda, TomoI, anexo B.4, folio 120).

15
antes de ese cargo, la señora Reverón Trujillo ejerció como Jueza en funciones decontrol, del Juzgado Décimo Cuarto del Área Metropolitana de Caracas38.
50.
El 6 de febrero de 2002 la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración delSistema Judicial (en adelante “la CFRSJ”) destituyó a la señora Reverón Trujillo de su
cargo 39 . Dicho organismo consideró que la jueza habría incurrido en ilícitos
disciplinarios según la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Ley de Carrera
Judicial, que incluían el “abuso o exceso de autoridad” y el incumplimiento de su
obligación de “guardar la debida atención y diligencia” en la tramitación de lacausa40.
51.
El 5 de marzo de 2002 la señora Reverón Trujillo interpuso un recurso
administrativo de reconsideración ante la CFRSJ41. El 20 de marzo de 2002 la CFRSJ
declaró improcedente dicho recurso42.
52.
El 19 de marzo de 2002 la presunta víctima interpuso un recurso de nulidad
ante la SPA, por medio del cual también solicitó una suspensión cautelar de losefectos del acto impugnado43.
53.
El 14 de mayo de 2003 la SPA desestimó la pretensión de la actora desuspensión de los efectos del acto 44 y el 13 de octubre de 2004 declaró la nulidad dela sanción de destitución. Concluyó que la señora Reverón Trujillo
no incurrió en las faltas disciplinarias por las cuales la [CFRSJ] la destituyó de[l] cargo, es
decir, no incurrió en abuso o exceso de autoridad; descuido y negligencia en su rol de directoradel proceso […] y en consecuencia, de acuerdo con la normativa jurídica vigente para la fechadel acto administrativo mediante el cual el organismo competente la destituyó, esta Sala,
declara que no estuvo ajustado a derecho tal decisión45.

38
En su escrito de alegatos finales escritos los representantes explicaron que en el ámbito de lajurisdicción penal venezolana, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, “losjueces que han sido designados para ocupar Tribunales de Primera Instancia son ‘rotados’ anualmente
mediante un ‘Programa de Rotación’ que aprueba la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva,
entre los tribunales que conforman esa instancia: los Tribunales de Control, los Tribunales de Juicio y los
Tribunales de Ejecución”, lo que “significa que cada juez de Primera Instancia va a ocupar anualmente
cualesquiera de los Tribunales que la conforman”. La Corte constata que el artículo 536 del Código
Orgánico Procesal Penal establece que corresponde a la Corte de Apelaciones aprobar anualmente elprograma de rotación de jueces del Tribunal de Primera Instancia y el artículo 107 señala que el juez decontrol, juez de juicio o juez de ejecución se refiere al juez de primera instancia en función de control, en
función de juicio y en función de ejecución de sentencia, respectivamente. Cfr. Código Orgánico Procesal
Penal, supra nota 30.
39

Cfr. decisión emitida por la CFRSJ el 6 de febrero de 2002, supra nota 37, folios 120 a 165.

40

Cfr. decisión emitida por la CFRSJ el 6 de febrero de 2002, supra nota 37, folios 158 a 165.

41

Cfr. recurso administrativo de reconsideración presentado ante la CFRSJ el 5 de marzo de 2002
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo VI, anexo 33, pieza 4, folios 2441 a 2462).
42
Cfr. decisión sobre el recurso de reconsideración emitida por la CFRSJ el 20 de marzo de 2002
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo VI, anexo 33, pieza 4, folio 2467).
43
Cfr. recurso de nulidad contra el acto de destitución interpuesto por la señora Reverón Trujillo el
19 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo VII, anexo 34, folios
2521 a 2591).
44
Cfr. sentencia No. 711 emitida por la SPA el 14 de mayo de 2003 (expediente de anexos a lacontestación de la demanda, Tomo VII, anexo 34, pieza 4, folios 2729 a 2740).
45

Cfr. sentencia No. 01771 emitida por la SPA el 13 de octubre de 2004 (expediente de anexos a lademanda, Tomo I, anexo B.5, folio 183).

16
54.
Además, la SPA determinó que la CFRSJ “invadió competencias
correspondientes al ámbito jurisdiccional y en tal sentido, le violó la garantía
constitucional a la autonomía e independencia de que era titular la jueza sancionada,
al momento de dictar la citada medida”46.
55.
La SPA no ordenó la restitución de la jueza ni el pago de los salarios dejadosde percibir. Justificó su decisión de la siguiente manera y ordenó las siguientes
medidas de reparación:
En otras circunstancias esta Sala podría, con los elementos existentes en las actas delexpediente, ordenar la restitución de la jueza afectada con la medida sancionatoria al cargoque ocupaba; sin embargo, es necesario señalar que en la actualidad opera un proceso dereestructuración judicial, por el cual se acordó someter a concurso público de oposición todos
los cargos judiciales, incluidos aquéllos ejercidos por jueces que tuvieren carácter provisorio.
Así, como quiera que la recurrente se encuentra incluida en el supuesto expresado
anteriormente y ante la imposibilidad de acordar la restitución a su cargo u otro de igual
jerarquía y remuneración, por las razones antes mencionadas, esta Sala, consciente de laeventual reparación que merece el presente caso, ORDENA a la Administración:1) Eliminar del expediente que reposa en los archivos de la [CFRSJ], la sanción de destitución
que le fuera impuesta a la ciudadana María Cristina Reverón Trujillo, mediante el acto
administrativo de fecha 6 de febrero de 2002, dictado por dicha Comisión.
En tal sentido, debe quedar borrada de su expediente judicial, cualquier información que
mencione que la prenombrada ciudadana fue sancionada en los términos antes señalados, a losefectos de evitar la formación de posibles prejuicios en futuros concursos de oposición en loscuales pudiera eventualmente participar la recurrente, razón por la cual se ordena anexar copia
certificada de la presente decisión al expediente administrativo de la recurrente. […]2) Dada la condición de jueza provisoria que mantuvo la recurrente hasta el momento de lainterposición del presente recurso y a los fines de preservar el derecho de ésta a participar en
los concursos públicos de oposición a los cuales aspire, siempre que cumpla, naturalmente, con
los requisitos exigidos en cada caso, se ordena su evaluación durante el período completo de
ejercicio de la judicatura, así como su inclusión, en caso de requerirlo ella, en los señalados
concursos de oposición.
3) Como quiera que con la presente decisión no se ordena la restitución de la jueza al cargoque venía desempeñando, esta Sala se abstiene de ordenar el pago de los salarios dejados depercibir a partir de la fecha de destitución. Así se decide47.

2.

El derecho a un recurso efectivo

56.
A criterio de la Comisión y los representantes la violación del artículo 25.1 dela Convención se produciría justamente porque la SPA no ordenó la restitución de laseñora Reverón Trujillo a su cargo y el pago de sus salarios dejados de percibir.
Según la Comisión, “la efectividad de un recurso no se circunscribe únicamente a la
declaratoria formal de una violación sino por el contrario, el derecho de acceder a lajusticia implica que el Estado adopte todas las medidas necesarias para remediar
dicha situación”. Asimismo, la Comisión estimó que la decisión de la SPA “implicaba
necesariamente la disposición de todos los mecanismos necesarios para remediar la
violación encontrada”, específicamente “la reincorporación al cargo y el pago de lossalarios y beneficios dejados de percibir”.
57.
Los representantes alegaron que la denegación de justicia en este caso
“obedece a la no satisfacción de la lógica y principal consecuencia de un recurso

46

Cfr. sentencia emitida por la SPA el 13 de octubre de 2004, supra nota 45, folio 181.

47

Cfr. sentencia emitida por la SPA el 13 de octubre de 2004, supra nota 45, folios 183 y 184.

17
judicial ordinario, concretamente, un recurso de nulidad de una destitución de un
cargo público” y que “el necesario e indispensable resultado efectivo de un recurso
judicial que determine la ilegalidad de una remoción es la consecuente
reincorporación al cargo y el pago de los beneficios dejados de percibir”.
58.
Por su lado, el Estado sostuvo que “el hecho de que la reparación acordada
por [la SPA] sea distinta a la esperada por la supuesta víctima, y por la Comisión
Interamericana, ello no implica que el recurso no haya sido efectivo, conforme a lascondiciones objetivas del caso concreto”. Esas “condiciones objetivas” serían, según
Venezuela, el proceso de reestructuración judicial que el país mantenía y la condiciónde “jueza provisoria” de la presunta víctima. Para el Estado, las medidas dereparación que acordó la SPA eran las “procedentes para el caso de los jueces
provisorios”.
59.
El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos amplios, la obligacióna cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción,
un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales.
Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de losderechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén
reconocidos por la Constitución o por la ley 48 . La existencia de esta garantía“constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino delpropio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de laConvención”49.
60.
El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general delartículo 1.1 de la misma, que atribuye funciones de protección al derecho interno delos Estados Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad dediseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, así como la de asegurar ladebida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales50 . A su
vez, el deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones dedicha Convención para garantizar los derechos en ella consagrados, establecido en el
artículo 2, incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes ala observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, asícomo la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquiernaturaleza que entrañen una violación a las garantías previstas en la Convención51.
61.
En similar sentido, la Corte ha entendido que para que exista un recurso
efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea
48

Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 23;
Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008.
Serie C No. 179, párr. 57, y Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 10, párr. 102.
49

Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34,
párr. 82; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 deseptiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 131, y Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 183, párr. 78.
50
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 237; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79,
párr. 135 y Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 99.
51

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 demayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207; Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, supra nota 48, párr. 122,y Caso Castañeda Gutman Vs. México, supra nota 49, párr. 79.

18
formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo paraestablecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lonecesario para remediarla52. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que,por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares deun caso dado, resulten ilusorios53.
62.
En el presente caso, la Corte constata que mediante el recurso de nulidad queinterpuso la señora Reverón Trujillo se declaró que su destitución no estuvo ajustadaa derecho (supra párr. 53) pero no ordenó su restitución ni el pago de los salarios
dejados de percibir. Además, la sentencia de la SPA dejó establecido que “loselementos existentes en las actas del expediente” de la señora Reverón Trujillo
hubieran llevado a que la SPA ordenara la restitución de no haber sido por el procesode reestructuración judicial y la posición de jueza provisoria que ocupaba (suprapárr. 55). Le corresponde entonces al Tribunal analizar, en primer lugar, si en este
caso la reincorporación al cargo era la reparación necesaria para remediar lasituación de la señora Reverón Trujillo, lo que llevaría a la consecuencia que unrecurso efectivo implicaba necesariamente dicha reparación (supra párr. 61). De
llegar a una conclusión afirmativa respecto a esto, el Tribunal deberá analizar si losmotivos señalados por la SPA (el proceso de reestructuración judicial y la condición
de jueza provisoria de la presunta víctima) constituían restricciones adecuadas
conforme a la Convención Americana y por tanto eximían al Estado de reincorporar ala señora Reverón Trujillo a su cargo y pagarle los salarios dejados de percibir. En
caso que se concluya que tales motivos no dispensaban al Estado de proceder a lareincorporación, la consecuencia será que el recurso no fue efectivo para solucionarla situación de la presunta víctima. Si por el contrario se concluye que dichos
motivos justificaban al Estado para no proceder con la reincorporación,
corresponderá dilucidar si las reparaciones otorgadas, es decir, la eliminación de lasanción de destitución del expediente de sus archivos y la orden de que fuera
evaluada e incluida en los concursos de oposición en caso de requerirlo ella (suprapárr. 55), fueron las adecuadas. De concluirse que no lo fueron, existirá una
violación del artículo 25 de la Convención, caso contrario, no la habrá.
2.1

El recurso efectivo luego de la destitución arbitraria de una
jueza

63.
La Corte procederá ahora a analizar si la reincorporación al cargo es necesaria
para remediar la situación de jueces que son destituidos arbitrariamente, comoocurre en el presente caso, según lo señalado por la SPA (supra párr. 53) y,consecuentemente, si un recurso efectivo en este caso implicaba la reincorporación.
64.
Los jueces que forman parte de la carrera judicial cuentan, en primer lugar,
con la estabilidad que brinda el ser funcionario de carrera. El principio general en

52

Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), supra nota 48, párr. 24; Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Sentencia de 28
de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 136, y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs.
Nicaragua, supra nota 50, párr. 113.
53

Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), supra nota 48, párr. 24; Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 145, y Caso Almonacid Arellano y otros
Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de2006. Serie C No. 154, párr. 111.

19
materia laboral para los trabajadores públicos de carrera es la estabilidad, entendida
como la certidumbre que debe asistir al empleado en el sentido de que, mientras desu parte haya observancia de las condiciones fijadas por la ley en relación con su
desempeño, no será removido. Lo anterior se debe a que los funcionarios públicos
han ingresado por medio de concursos o algún otro método legal que determine losméritos y calidades de los aspirantes y forman parte de una carrera permanente.
65.
Así, por ejemplo, la Ley del Estatuto de la Función Pública de Venezuela
establece que “[s]erán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo
ganado el concurso público, superado el período de prueba y en virtud denombramiento, presten servicios remunerados y con carácter permanente”54, y que“[l]os funcionarios o funcionarias públicos de carrera que ocupen cargos de carrera
gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán
ser retirados del servicio por las causales contempladas en la presente Ley”55.
66.
Específicamente con respecto a jueces, la Constitución venezolana establece
en el artículo 255 un régimen uniforme de carrera judicial:
El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos deoposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y seránseleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma ycondiciones que establezca la ley. […] Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos osuspendidos o suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente
previstos en la ley56.

67.
Ahora bien, los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos,
cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder
Judicial, lo cual la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función
judicial” 57 . El Tribunal ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene laseparación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces58.
Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta
institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así comotambién en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona
del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema
judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al
Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones derevisión o apelación59. Adicionalmente, el Estado está en el deber de garantizar una
apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza

54

Cfr. artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de Venezuela, supra nota 29.

55

Cfr. artículo 30 de la Ley del Estatuto de la Función Pública de Venezuela, supra nota 29.

56

Cfr. artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la
Gaceta Oficial No. 5.453 el 24 de marzo del 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda,
Tomo I, anexo 1, folio 747).
57

Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171, y Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 145.

58
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 deenero de 2001. Serie C No. 71, párr. 73, y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 deagosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 55.
59

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
supra nota 58, párr. 55.

20
suficiente no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática60.
68.
El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos delas garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas lasáreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decidesobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio deindependencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos
fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones
especiales, como lo es el estado de excepción61.
69.
El principio de independencia judicial fue reconocido por la misma SPA en su
sentencia en la cual declaró la nulidad de la destitución de la señora Reverón Trujillo.
En esa decisión, la SPA consideró que los artículos 254 y 256 de la Constitución
venezolana, referentes a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial 62 ,“consagran un principio general de obligatorio cumplimiento” 63 . Además, la SPA
señaló que de las normas citadas se deriva “el principio de independencia de losórganos de administración de justicia en dos aspectos fundamentales, el respeto a su
autonomía frente a otros órganos del Poder Público y el deber de los funcionarios
judiciales de mantener su independencia”64.
70.
Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Europea, así como deconformidad con los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la
independencia de la judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las siguientes
garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso denombramiento 65 , la inamovilidad en el cargo 66 y la garantía contra presiones
externas67.

60

Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 57, párr. 171.

61

Cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No.
8, párr. 30, y Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), supra nota 48, párr. 20.
62

Cfr. artículos 254 y 256 de la Constitución, supra nota 56, folio 747.

63

Cfr. sentencia emitida por la SPA el 13 de octubre de 2004, supra nota 45, folio 180.

64

Cfr. sentencia emitida por la SPA el 13 de octubre de 2004, supra nota 45, folio 180.

65

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra nota 58, párr. 75; Caso Palamara Iribarne
Vs. Chile, supra nota 57, párr. 156, y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 58, párr. 138. Ver también ECHR. Case of Campbell and Fell v.
the United Kingdom, Judgment of 28 June 1984, Series A no. 80, para. 78; ECHR. Case of Langborger v.
Sweden, Judgment of 22 January 1989, Series A no. 155, para. 32, y Principio 10 de los Principios básicosde las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura adoptados por el Séptimo Congresode las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán,
Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus
resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.
66
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra nota 58, párr. 75; Caso Palamara Iribarne
Vs. Chile, supra nota 57, párr. 156, y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 58, párr. 138. Ver también Principio 12 de los Principios
Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.
67
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra nota 58, párr. 75, y Caso Palamara Iribarne
Vs. Chile, supra nota 57, párr. 156. Ver también ECHR. Case of Campbell and Fell v. the United Kingdom,supra nota 65, para. 78, y ECHR. Case of Langborger Vs. Sweden, supra nota 65, para. 32. Ver también
Principios 2, 3 y 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

21i)adecuado proceso de nombramiento

71.
Los Principios Básicos destacan como elementos preponderantes en materia
de nombramiento de jueces la integridad, idoneidad y formación o calificaciones
jurídicas apropiadas68. Del mismo modo, las Recomendaciones del Consejo de Europa
evocan un criterio marco de utilidad en este análisis al disponer que todas lasdecisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar basadas
en criterios objetivos, siendo el mérito personal del juez, su calificación, integridad,
capacidad y eficiencia los elementos preponderantes a considerar69. Esta Corte hadestacado con anterioridad que los diferentes sistemas políticos han ideado
procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces como para su
destitución70.
72.
El Comité de Derechos Humanos ha señalado que si el acceso a laadministración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si
se asegura la estabilidad en el cargo, se garantiza la libertad de toda injerencia opresión política 71 . En similar sentido, la Corte destaca que todo proceso denombramiento debe tener como función no sólo la escogencia según los méritos ycalidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el
acceso al Poder Judicial. En consecuencia, se debe seleccionar a los jueces
exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través demecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la
singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar.
73.
Los procedimientos de nombramiento tampoco pueden involucrar privilegios oventajas irrazonables. La igualdad de oportunidades se garantiza a través de una
libre concurrencia, de tal forma que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos
determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección sin ser
objeto de tratos desiguales arbitrarios. Todos los aspirantes deben concursar enigualdad de condiciones aún respecto de quienes ocupan los cargos enprovisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con privilegios oventajas, así como tampoco con desventajas, en relación con el cargo que ocupan y
al cual aspiran. En suma, se debe otorgar oportunidad abierta e igualitaria a travésdel señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos
exigidos para el desempeño del cargo. Por tanto, no son admisibles las restricciones
que impidan o dificulten a quien no hace parte de la administración o de alguna
entidad, es decir, a la persona particular que no ha accedido al servicio, llegar a élcon base en sus méritos.
74.
Finalmente, cuando los Estados establezcan procedimientos para elnombramiento de sus jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquierprocedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la
implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Si no se respetan

68

Cfr. Principio 10 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

69

Cfr. Principio I.2.c de la Recomendación No. R (94) 12 del Comité de Ministros de los Estados
Miembros sobre la Independencia, Eficiencia y Función de los Jueces adoptada por el Comité de Ministrosel 13 de octubre de 1994 en la reunión No. 518 de Viceministros.
70

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra nota 58, párr. 73 y Caso Apitz Barbera yotros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 58, párr. 44.
71
Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14: El
Derecho a un Juicio Imparcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, CCPR/C/GC/32, 23
de agosto de 2007, párr. 19.

22parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un
régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal
judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían,necesariamente, las más idóneas.
ii)

inamovilidad

75.
Los Principios Básicos establecen que “[l]a ley garantizará la permanencia enel cargo de los jueces por los períodos establecidos” 72 y que “[s]e garantizará lainamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativacomo de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire
el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas alrespecto”73.
76.
Por otra parte, los Principios Básicos también establecen que “[e]l sistema deascenso de los jueces, cuando exista, se basará en factores objetivos, especialmenteen la capacidad profesional, la integridad y la experiencia”74.
77.
Finalmente, los Principios Básicos establecen que los jueces “sólo podrán sersuspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que losinhabilite para seguir desempeñando sus funciones” y que “[t]odo procedimientopara la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo seresolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial”75. Demanera similar, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces sólo
pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a
procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según laconstitución o la ley 76 . Además, el Comité ha expresado que “[l]a destitución dejueces por el [P]oder [E]jecutivo antes de la expiración del mandato para el que
fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan deuna protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la
independencia judicial”77.
78.
Este Tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que la autoridad acargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse independiente e
imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el ejerciciodel derecho de defensa 78 . Ello es así toda vez que la libre remoción de jueces
fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de

72

Cfr. Principio 11 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

73

Cfr. Principio 12 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

74

Cfr. Principio 13 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

75

Cfr. Principios 18 y 19 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

76

Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14,
supra nota 71, párr. 20.
77

Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14,
supra nota 71, párr. 20.

78

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra nota 58, párr. 74 y Caso Apitz Barbera yotros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 58, párr. 44.

23
decidir controversias concretas sin temor a represalias79.
79.
De todo esto se puede concluir que la inamovilidad es una garantía de la
independencia judicial que a su vez está compuesta por las siguientes garantías:permanencia en el cargo, un proceso de ascensos adecuado y no despido
injustificado o libre remoción. Quiere decir esto que si el Estado incumple una deestas garantías, afecta la inamovilidad y, por tanto, no está cumpliendo con su
obligación de garantizar la independencia judicial.
iii)

garantía contra presiones externas

80.
Los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos queconozcan “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción
alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas,
sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” 80 .
Asimismo, dichos principios establecen que la judicatura “tendrá autoridad exclusiva
para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia
que le haya atribuido la ley”81 y que “[n]o se efectuarán intromisiones indebidas oinjustificadas en el proceso judicial”82.
*
*

*

81.
Como se puede observar, los jueces cuentan con varias garantías que
refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia de ellos
mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al
justiciable y la sociedad. Como ya lo ha reconocido este Tribunal, la garantía deinamovilidad debe operar para permitir el reintegro a la condición de magistrado dequien fue arbitrariamente privado de ella83. Ello es así puesto que de lo contrario losEstados podrían remover a los jueces e intervenir de ese modo en el Poder Judicial
sin mayores costos o control. Además, esto podría generar un temor en los demásjueces que observan que sus colegas son destituidos y luego no reincorporados aún
cuando la destitución fue arbitraria. Dicho temor también podría afectar la
independencia judicial, ya que fomentaría que los jueces sigan las instrucciones o seabstengan de controvertir tanto al ente nominador como al sancionador. Por tanto,
un recurso que declara la nulidad de una destitución de un juez por no haber sido
ajustada a la ley debe llevar necesariamente a la reincorporación. En el presentecaso, el recurso de nulidad era el idóneo porque declaró la nulidad y, como lo afirma
la propia SPA, hubiera podido llevar a la reincorporación de la señora Reverón
Trujillo. La pregunta que surge de esto es si las razones adelantadas por la SPA parano reincorporarla (el proceso de reestructuración judicial y su condición de jueza

79

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
supra nota 58, párr. 44. Ver también Principios 2, 3 y 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas,
supra nota 65.
80

Cfr. Principio 2 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

81

Cfr. Principio 3 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

82

Cfr. Principio 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, supra nota 65.

83

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
supra nota 58, párr. 246.

24
provisoria) eximían a la SPA de reordenar dicha reparación.
2.2

El proceso de reestructuración judicial en Venezuelai) La Asamblea Nacional Constituyente

82.
Según el Estado, “[a]ntes del año 1999, el Poder Judicial venezolano estabasumido en una profunda crisis, que ponía en tela de juicio su independencia,
autonomía e imparcialidad”. Por éste y otros motivos, se convocó a un referéndum
popular, el cual el 25 de abril de 1999 aprobó la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente (en adelante “la Asamblea Constituyente”) “con un triple
propósito: (i) transformar el Estado, (ii) crear un nuevo ordenamiento jurídico, y (iii)
lograr el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa”.
ii) Decreto de Reorganización del Poder Judicial
83.
El 12 de agosto de 1999 la Asamblea Constituyente declaró la “reorganizaciónde todos los órganos del poder público” debido a la “grave crisis política, económica,social, moral e institucional” que vivía el país84.
84.
El 19 de agosto de 1999 la Asamblea Constituyente, mediante el Decreto de
Reorganización del Poder Judicial y el Sistema Penitenciario (en adelante “el Decreto
de Reorganización”), instauró una Comisión de Emergencia Judicial (en adelante “laComisión de Emergencia”) 85 . Entre las competencias de esta Comisión estaban el“elaborar el Plan Nacional de Evaluación y selección de jueces, organizar el procesode selección de los jueces mediante concursos públicos de oposición para todos los
tribunales y circuitos judiciales y seleccionar los jurados correspondientes”86. Dicho
decreto dejó “sin efecto la estabilidad establecida por Ley a los actuales jueces en
función[,] quienes podrán competir en los concursos públicos de oposición que seabrirán para cubrir sus cargos”87.
85.
De acuerdo al Decreto de Reorganización, la “[d]eclaratoria de [e]mergencia[j]udicial” por parte de la Asamblea Constituyente tendría vigencia hasta la sanción
de la nueva Constitución de Venezuela88.
iii) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
86.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “laConstitución”), proclamada por la Asamblea Constituyente el 20 de diciembre de84
Cfr. decreto mediante el cual se declara la reorganización de todos los órganos del Poder Público
emitido por la Asamblea Constituyente el 12 de agosto de 1999, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.764
el 13 de agosto de 1999 (expediente de anexos a la demanda, Tomo I, anexo A.1, folio 39).
85
Cfr. artículo 2 del decreto de Reorganización del Poder Judicial y el Sistema Penitenciario emitido
por la Asamblea Constituyente el 19 de agosto de 1999, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.805 el 11 deoctubre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, Tomo I, anexo A.2, folios 42 y 43).
86

Cfr. artículo 3.5.a del decreto de Reorganización del Poder Judicial, supra nota 85, folio 43.

87

Cfr. artículo 12 del decreto de Reorganización del Poder Judicial, supra nota 85, folio 45.

88

Cfr. artículo 32 del decreto de Reorganización del Poder Judicial, supra nota 85, folio 48.

251999 89 , estableció que el ingreso a la carrera judicial sería por concursos deoposición públicos (supra párr. 66). Además, según la Constitución, el TSJ crearía
una Dirección Ejecutiva de la Magistratura para la dirección, gobierno yadministración del Poder Judicial, y la inspección y vigilancia de los tribunales de la
República y de las Defensorías Públicas 90 . Asimismo, dispuso que la jurisdicción
disciplinaria judicial estaría a cargo de los tribunales disciplinarios determinados porla ley91. El régimen disciplinario estaría organizado a partir del Código de Ética delJuez Venezolano y Jueza Venezolana, que sería dictado por la Asamblea Nacional92.
87.
Según una de las disposiciones transitorias de la Constitución, dentro delprimer año a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobaría, inter alia, lalegislación referida al Sistema Judicial93.
88.
En el año 2006 la Sala Constitucional del TSJ declaró la “inconstitucionalidad
por omisión legislativa de la Asamblea Nacional […] con motivo del procedimiento
legislativo iniciado para sancionar el denominado Proyecto de Código de Ética y
Disciplina del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, elaborado por dicha instancia
legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente promulgado”94. El perito Canova
González declaró que los “tribunales disciplinarios judiciales no han sido constituidos
hasta ahora, de la misma forma el Código de Ética no ha sido dictado hasta el
momento por la Asamblea Nacional, a pesar de la orden expresa que la Constitución
establece en ese sentido”95. El Estado no presentó prueba en sentido contrario.
iv) Régimen de Transición del Poder Público y la Comisión de
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (CFRSJ)89.
El 29 de diciembre de 1999 la Asamblea Constituyente dispuso un Régimen deTransición del Poder Público que “regular[ía] la reestructuración del Poder Público
con el propósito de permitir la vigencia inmediata de la Constitución”96.
90.
Según el Decreto mediante el cual se dictó dicho régimen de transición, lasprevisiones del régimen desarrollaban y complementaban las disposiciones
transitorias previstas en la Constitución97 y tendrían vigencia hasta la implantación
efectiva de la organización y funcionamiento de las instituciones previstas por la

89

Cfr. Constitución, supra nota 56, folios 711 a 758.

90

Cfr. artículo 267 de la Constitución, supra nota 56, folio 748.

91

Cfr. artículo 267 de la Constitución, supra nota 56, folio 748.

92

Cfr. artículo 267 de la Constitución, supra nota 56, folio 748.

93

Cfr. disposición transitoria cuarta, numeral 5 de la Constitución, supra nota 56, folio 755.

94

Cfr. sentencia No. 1048 de la Sala Constitucional del TSJ emitida el 18 de mayo de 2006
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos de los representantes, Tomo I, anexo 4, folio 2834).
95
Cfr. declaración rendida por el perito Canova González en la audiencia pública celebrada ante laCorte Interamericana el 23 de enero de 2009.
96
Cfr. artículo 1 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público
emitido por la Asamblea Constituyente el 29 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda,
Tomo I, anexo A.3, folio 52).
97

Cfr. artículo 2 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 96, folio 52.

26
Constitución98.
91.
Así, dicho Decreto creó la CFRSJ99 y dispuso que las atribuciones otorgadas ala Comisión de Emergencia quedarían a cargo de aquélla100. Además, mientras el TSJ
no organizara la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, las competencias de gobierno
y administración, de inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías
públicas, entre otras, serían ejercidas por la CFRSJ101. La competencia disciplinaria
judicial que correspondía a los tribunales disciplinarios sería ejercida por la CFRSJ
hasta que la Asamblea Nacional aprobara la legislación que determinaría los procesos
y tribunales disciplinarios102.
92.
El 29 de septiembre de 2000 la CFRSJ dictó su Reglamento, según el cual,entre sus atribuciones estaban conocer y decidir los procedimientos disciplinarios encontra de los jueces y dictar el reglamento disciplinario103.
v) Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder
Judicial93.
El 2 de agosto de 2000 el TSJ dictó la Normativa sobre la Dirección, Gobiernoy Administración del Poder Judicial, mediante la cual creó la Dirección Ejecutiva de laMagistratura como órgano auxiliar del TSJ con la finalidad de que ejerciera pordelegación las funciones de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial104.
Según esta Normativa, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura iniciaría su
funcionamiento el 1 de septiembre de 2000 y en dicha fecha la CFRSJ cesaría en las
funciones que correspondían al extinto Consejo de la Judicatura y tendría sólo a su
cargo funciones disciplinarias, mientras se dictara la legislación y se crearan loscorrespondientes tribunales disciplinarios105.
vi) Ley Orgánica del TSJ
94.

El 20 de mayo de 2004 entró en vigencia la Ley Orgánica del TSJ, decretada

98

Cfr. artículo 3 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 96, folio 52.
99
Cfr. artículo 27 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 96, folio 59.
100
Cfr. artículo 25 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 96, folio 58.
101
Cfr. artículo 21 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 96, folio 57.
102
Cfr. artículo 23 del decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público,supra nota 96, folio 58.
103

Cfr. artículo 3 del Reglamento de la CFRSJ, publicado en la Gaceta Oficial No. 37.080 el 17 elnoviembre de 2000 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo I, anexo C, folio
551).

104
Cfr. artículo 1 de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial
emitida por el TSJ el 2 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.014 el 15 de agosto de2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo I, anexo 19, folio 991).
105

Cfr. artículo 30 de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial,supra nota 104, folio 996.

27
por la Asamblea Nacional el 18 de mayo de 2004 106 . La Ley Orgánica ordenó lareorganización y reestructuración de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura 107 yestableció que la CFRSJ sólo tendría a su cargo funciones disciplinarias, mientras se
dictara la legislación y se creara la jurisdicción disciplinaria y los correspondientes
tribunales disciplinarios108.
vii) Normas de Evaluación y Concursos para el Ingreso y Ascenso a laCarrera Judicial
95.
El 6 de julio de 2005 la Sala Plena del TSJ adoptó las “Normas de Evaluación yConcurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial” (en adelante“NEC”)109. Estas normas “tienen por objeto regular el ingreso, ascenso y permanencia
en la carrera judicial, mediante los concursos públicos de oposición y lasevaluaciones de desempeño”, según lo establecido por el artículo 255 de laConstitución. Las NEC regulan concursos públicos de oposición para el ingreso al
Poder Judicial por parte de cualquier abogado que cumpla con los requisitos
establecidos en dichas normas 110 . Dichos concursos están conformados por dos
etapas: el “Programa de Formación Inicial” (en adelante “PFI”) y el “Examen deconocimiento” que se realiza a aquellos participantes que aprueban el PFI 111 .
Además, las NEC regulan, entre sus disposiciones transitorias, el “Programa Especialpara la Regularización de la Titularidad” (en adelante “PET”), dirigido a “regular lasituación de los Jueces no titulares”112.
96.

Las NEC establecieron que el PET tendría una “vigencia de doce meses” y106
Cfr. Ley Orgánica del TSJ emitida por la Asamblea Nacional el 18 de mayo de 2004 publicada enla Gaceta Oficial No. 37.942 el 20 de mayo de 2004 (expediente de anexos al escrito de solicitudes yargumentos, Tomo I, anexo E, folios 576 a 598).
107

597.
108

Cfr. disposición derogativa transitoria y final (a) de la Ley Orgánica del TSJ, supra nota 106, folio
Cfr. disposición derogativa, transitoria y final (e) de la Ley Orgánica del TSJ, supra nota 106, folio

597.
109
Cfr. Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera
Judicial, emitidas por la Sala Plena del TSJ el 6 de julio de 2005, publicadas en la Gaceta Oficial No.
38.282 el 28 de septiembre de 2005 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, TomoI, anexo H, folios 615 a 628).
110
El Artículo 7 de las NEC establece que, para ingresar a la Carrera Judicial, se requiere cumplir con
los siguientes requisitos: 1. Nacionalidad venezolana; 2. Título de Abogado expedido por universidad
venezolana o universidad extranjera, debidamente revalidado para el ejercicio de la profesión; 3. Estar
debidamente inscrito tanto en el Colegio de Abogados respectivo, como en el instituto de Previsión Socialdel Abogado, y presentar la respectiva solvencia; 4. Tener tres (3) años de graduado como mínimo yexperiencia en el ejercicio de la profesión; 5. Estar en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos;
6. Conducta intachable y reconocida moralidad; 7. Asumir el compromiso de abstenerse de realizar
activismo político, partidista, sindical y gremial y no estar afiliado a partidos políticos al tomar posesión delcargo; 8. Autorizar la investigación periódica de su patrimonio; 9. Presentar declaración del Impuesto
sobre la Renta del ejercicio inmediatamente anterior; 10. Presentar la última declaración jurada depatrimonio, en caso de haber desempeñado previamente un cargo público; 11. Poseer habilidades en laoperación de medios informáticos; 12. Haber sido declarado apto en la evaluación médica y psicológica, y
13. Aprobar el concurso público de oposición. Al momento de formalizar la inscripción, los aspirantes
deben acompañar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para el ingreso. Cfr.
NEC, supra nota 109, folios 615 a 628.
111

Cfr. NEC, supra nota 109, folio 616.

112

Cfr. NEC, supra nota 109, folios 624 a 626.

28
tenía como propósito “regular la situación de los Jueces no titulares”, es decir, de losjueces provisorios, temporales o accidentales113. Para los concursos dentro de este
programa serían convocados “sólo […] aquellos jueces no titulares, con al menos tres(3) meses en el ejercicio de la función judicial para la fecha de inicio del Programa
Académico de Capacitación”114.
97.
Por otra parte, el objetivo del PFI es “capacitar a los aspirantes a jueces ydemás funcionarios de la carrera judicial en temas vinculados a la administración dejusticia” 115 . La posibilidad de preinscripción en el PFI es anunciada por la Escuela
Nacional de la Magistratura a través de avisos en dos diarios de mayor circulación
nacional y en la página electrónica del TSJ116. Quienes cumplan con los requisitos
establecidos en las NEC deben rendir un examen de admisión 117 , y en caso deaprobación de éste, son sometidos a evaluaciones psicológicas y médicas con el fin
de determinar la aptitud física y emocional para el desarrollo de la función judicial118.
Una vez superadas estas etapas, la Escuela Nacional de la Magistratura debe publicar
el listado de aquellos aspirantes admitidos a participar en el PFI, en dos diarios demayor circulación nacional y en el sitio electrónico del TSJ, del mismo modo como se
anunció la preinscripción, con la finalidad de que la comunidad informe dentro de los
5 días hábiles siguientes sobre observaciones y objeciones que puedan tener sobre
quienes han sido admitidos119. La evaluación de los participantes en el PFI consta de
una fase teórica contentiva de la evaluación en temas vinculados al Poder Judicial yla administración de justicia y otra práctica, relativa a la realización de pasantías
jurídicas bajo la tutoría de un juez titular120.
98.
Quienes aprueben el PFI pasan a la siguiente etapa, consistente en un“Examen de Conocimiento” que incluye pruebas escritas, orales y prácticas 121 . La
Escuela Nacional de la Magistratura debe publicar en dos diarios de mayor circulación
nacional y en la página electrónica del TSJ la fecha, lugar y hora en que se llevará acabo este examen 122 . Una vez obtenido el resultado final del concurso, el jurado
elaborará una lista de mérito de los participantes. Aquellos cargos vacantes seránprovistos con los postulantes que hubieren obtenido los primeros lugares en el
concurso123.
*
*
toda

la

información

*

99.

De

anteriormente

expuesta

113

Cfr. artículo 46 de las NEC, supra nota 109, folio 624.

114

Cfr. artículos 46 y 47 de las NEC, supra nota 109, folio 624.

115

Cfr. artículo 14 de las NEC, supra nota 109, folio 618.

116

Cfr. artículos 5, 6 y 16 de las NEC, supra nota 109, folio 618.

117

Cfr. artículo 18 de las NEC, supra nota 109, folio 618.

118

Cfr. artículo 19 de las NEC, supra nota 109, folio 619.

119

Cfr. artículo 20 de las NEC, supra nota 109, folio 619.

120

Cfr. artículo 21 de las NEC, supra nota 109, folio 619.

121

Cfr. artículos 22 y 24 de las NEC, supra nota 109, folio 619.

122

Cfr. artículo 23 de las NEC, supra nota 109, folio 619.

123

Cfr. artículo 27 de las NEC, supra nota 109, folio 620.

seconcluye

que

la

29
reestructuración del Poder Judicial en Venezuela, la cual se puede considerar iniciada
con la aprobación de la convocatoria de la Asamblea Constituyente en abril de 1999,
ha durado más de 10 años. Adicionalmente, al momento de emitirse el presente fallo
no existe información en el expediente ante la Corte respecto a gestiones
encaminadas a la adopción del mencionado Código de Ética o las leyes que
determinarían los tribunales disciplinarios (supra párrs. 86, 87 y 88), a pesar de quela Constitución estableció que la legislación referida al Sistema Judicial sería
aprobada dentro del primer año luego de la instalación de la Asamblea Nacional(supra párr. 87). Por otra parte, las facultades disciplinarias las viene ejerciendodesde el año 2000 la CFRSJ (supra párrs. 91 y 92). Finalmente, la normativa
aprobada por la Sala Plena del TSJ estableció un programa por medio del cual jueces
no titulares podrían titularizarse sin participar en los concursos públicos establecidospara la población en general, los cuales consistían del PFI y del examen deconocimientos (supra párrs. 96 a 98).
2.3

Los jueces provisorios

100.
Según el Estado, los jueces provisorios son jueces no titulares que “han sido
designados de manera excepcional, mediante un acto emanado de la Comisión deEmergencia Judicial, de la Comisión Judicial del [TSJ] o de la Sala Plena del [TSJ], sinque se efectúe el concurso público de oposición establecido en el artículo 255 de laConstitución”. En consecuencia, de acuerdo al Estado, estos jueces provisorios “noestán sujetos a la carrera judicial y por tanto se encuentran excluidos de losbeneficios de estabilidad y permanencia que de esta dimanan”.
101. De la prueba aportada se desprende que en el fuero interno existe una línea
jurisprudencial tanto de la SPA como de la Sala Constitucional del TSJ, acorde con el
Decreto de Reorganización del Poder Judicial (supra párr. 84), que sostiene que losjueces provisorios son de libre nombramiento y remoción. En efecto, la SPA en el año
2000, al resolver un recurso contencioso administrativo de nulidad, sostuvo que “elderecho a la estabilidad […] está reservado a los jueces que ingresen a la carrera
judicial por la vía constitucionalmente consagrada y legalmente desarrollada, esto es,
mediante concursos públicos de oposición [y que] el aludido derecho se refiere al
cargo que ocupe el funcionario, del cual no podrá ser destituido ni suspendido sino
por las causas y procedimientos previstos, esto es, previo el cumplimiento delrégimen disciplinario que le es aplicable”124. Además, la SPA afirmó que:quienes ocupen un cargo para el cual no hubieren concursado, carecen del derecho bajo
análisis y, en consecuencia, podrán ser removidos del cargo en cuestión en las mismas
condiciones en que el mismo fue obtenido, es decir, sin que exista para la Administración
competente la obligación de fundamentar dicha separación en las disposiciones que componen
el régimen disciplinario aplicable –se insiste- sólo a los jueces de carrera, esto es, a aqu[é]llos
que ocupan un cargo previo concurso de oposición125.

102. Esta jurisprudencia de la SPA ha sido reiterada en sentencias de 2004 y
2006126 y además reafirmada por la Sala Constitucional127 que sostuvo:

124
Cfr. sentencia No. 02221 de la SPA emitida el 28 de noviembre de 2000 (expediente de anexos ala contestación de la demanda, Tomo II, anexo 25, folio 1126).
125
126

Cfr. sentencia No. 02221 de la SPA, supra nota 124, folio 1127.

En su sentencia No. 1798 de 19 de octubre de 2004, la SPA estableció que “toda sanción
disciplinaria contemplada en la Ley de Carrera Judicial, necesariamente deberá estar precedida por elprocedimiento administrativo correspondiente, sea que se trate de un funcionario de carrera o de un

30
Los jueces y juezas provisorios […] ocupan cargos judiciales, pero no ostentan la condición dejueces de carrera, al no haber ingresado por concurso público en el que, tras diversas pruebas(escrita, práctica, oral), se les haya evaluado. Su designación la realiza la Comisión Judicial,
por delegación que hace la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de lanecesidad de ocupar los cargos judiciales mientras culmina el mencionado proceso dereestructuración y reorganización del Poder Judicial. […] Sin duda, hay una distinción entre
jueces de carrera y jueces provisorios: Los primeros adquieren la titularidad luego de laaprobación del concurso; en cambio, los jueces y juezas provisorios se designan de manera
discrecional, previo análisis de credenciales. Los jueces y juezas de carrera gozan deestabilidad y sólo pueden ser sancionados o destituidos de sus cargos si se demuestra, en elcurso de una audiencia oral y pública con garantías de defensa […] que han resultado incursos
en faltas disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Ley deCarrera Judicial, no así los jueces y juezas provisorios, que son susceptibles de ser separadosdel cargo de la misma manera como fueron designados: discrecionalmente128.

103. Los representantes alegaron que el número de jueces provisorios llegó a ser“realmente alarmante, pues en un momento determinado llegaron a cifras de más
del 80% de los jueces”. Como sustento de ello, los representantes se refirieron a unanexo del affidávit del señor Hevia Araujo, Director Adjunto de la Escuela Nacional dela Magistratura 129 y testigo propuesto por el Estado. Dicho anexo corresponde alInforme de Gestión de la Carrera Judicial 2005-2008 y establece, inter alia, lo

funcionario de libre nombramiento y remoción; mientras que cuando lo que se persigue es la remoción deun juez cuyo nombramiento ha sido efectuado de forma provisional, la providencia administrativa que
determina su separación del cargo, no tiene que venir sujeta a procedimiento alguno, pues justamente lagarantía de estabilidad del juez, y por ende, el derecho a ser sometido al procedimiento respectivo, sealcanzan con el concurso de oposición que hoy por hoy se encuentra consagrado en el Texto
Constitucional como una exigencia sine qua non para acceder al cargo de Juez con carácter de titular ojuez de carrera” (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 24, folio 1101).
Este mismo análisis fue reiterado en su sentencia No. 1225 de 17 de mayo de 2006, enfatizando ésta quela estabilidad del juez se alcanza con el concurso de oposición y que esta estabilidad no la poseen losjueces provisorios (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 26, folio
1146).
127

En dos sentencias emitidas en el 2005, la No. 5111 y No. 5116, la Sala Constitucional del TSJ
afirmó que “[e]n efecto, tal como lo señaló la Sala Político Administrativa los jueces provisorios que
ingresan al Poder Judicial para cubrir una vacante no gozan de la estabilidad consagradaconstitucionalmente, puesto que se trata de funcionarios cuyo ingreso no se ha verificado por concurso.
Por ello pueden ser removidos de sus cargos, sin que medie un procedimiento administrativo que preceda
su remoción” (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexos 28 y 29, folios
1210 y 1231). Además, en su sentencia No. 1413 de 10 de julio de 2007, la Sala Constitucional señaló
que “[esa] Sala Constitucional ha sostenido respecto de los cargos desempeñados con carácter temporalque éstos no confieren a los funcionarios –sean judiciales o administrativos- la cualidad de personal fijo otitular y, por ende, tampoco gozan de los derechos inherentes a la carrera como, por ejemplo, laestabilidad en el cargo, por lo que muy bien pueden ser suspendidos o removidos del cargo conforme a las
atribuciones que competen a la autoridad judicial o administrativa correspondiente” (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 27, folios 1170 y 1171).
128
Cfr. sentencia No. 2414 de la Sala Constitucional del TSJ emitida el 20 de diciembre de 2007
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 23, folios 1075 y 1076). Ver
también declaración rendida por el testigo Cabrera Romero en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 23 de enero de 2009.
129

La Ley Orgánica del TSJ (supra párr. 94) estableció, inter alia, que la Escuela Nacional de laMagistratura “es el centro de formación de los jueces y de los demás servidores del Poder Judicial,conforme a las políticas dictadas por la Sala Plena del [TSJ]” y que “[l]as políticas, organización yfuncionamiento de la Escuela Nacional de la Magistratura, así como sus orientaciones académicas,
corresponderán al [TSJ]. Cfr. artículo 17 de la Ley Orgánica del TSJ, supra nota 106, folio 588. Entre lasatribuciones de dicha Escuela está el “[p]lanificar, coordinar y ejecutar la inducción, formación,
profesionalización, actuación y capacitación permanente de los jueces o juezas” y demás empleados oaspirantes del Poder Judicial. Cfr. artículo 4.1 del Reglamento Orgánico de la Escuela Nacional de laMagistratura, emitido por el TSJ en marzo de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, Tomo I, anexo 20, folios 997 y 998).

31
siguiente: “se recibieron instrucciones de la Sala Plena de dicho Tribunal para
resolver –en el ámbito de su competencia- la problemática existente a la fecha,
relacionada con el 80% de la provisionalidad de los jueces […] a nivel nacional”130.
En el affidávit del señor Hevia Araujo se presentaron varias gráficas al respecto. Unade ellas es sobre la regularización de la titularidad y en ella se puede apreciar que
entre los años 2000 y 2005 había aproximadamente 200 jueces titulares y entre los
años 2005 y 2008 este número subió a poco más de 700131. En otra gráfica, sobre lasituación de provisionalidad de los jueces en Venezuela entre los años 2000 y 2008,
se indica que en el año 2000 había alrededor de 1.500 jueces provisorios a nivel
nacional y que en el año 2008 esta cifra bajó a alrededor de 700 jueces
provisorios132. Cabe notar que, según prueba aportada por el Estado, en el año 2008
había un total de 1.840 jueces a nivel nacional133.
104. Los informes de la Comisión Interamericana sobre la situación de los derechos
humanos en Venezuela coinciden con la cifra de los representantes en cuanto a lacantidad de jueces provisorios en determinado momento en Venezuela. Según el
Informe anual de la Comisión del año 2002, habría entre un 60 y 90% de jueces
provisorios134, situación que persistía en el 2003135. En el 2004 la Comisión indicó
que “la situación no habría variado sustancialmente” desde el 2003 y que según
información proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el 81.70% de los jueces estaba en
condiciones de provisionalidad 136 . En el mismo informe la Comisión indicó que el
Estado había afirmado que “el hecho que más del 80% de los jueces en Venezuela
sean provisionales es, efectivamente, uno de los problemas más graves que presenta
el Poder Judicial” 137 . Esta misma información fue reiterada por la Comisión en su
informe de 2005138. En su informe de 2006, la Comisión resaltó que en dicho año se
habían titularizado más del 80% de los operadores de justicia y en particular en larama penal el Estado había informado que existía un 80% de jueces titulares139.

130

Cfr. anexo 1 de la declaración del testigo Hevia Araujo, supra nota 21, folio 1087.

131

Cfr. anexo 1 de la declaración del testigo Hevia Araujo, supra nota 21, folio 1105.

132

Cfr. anexo 1 de la declaración del testigo Hevia Araujo, supra nota 21, folio 1106.

133

Cfr. declaración del testigo Hevia Araujo, supra nota 21, folio 1104. Por otro lado, cabe destacarque el perito Canova González señaló que en la actualidad entre 15 y 45% de los jueces en Venezuela noson titulares. A criterio del perito, la falta de transparencia y datos oficiales contradictorios dificultan laclaridad de las cifras. Cfr. declaración del perito Canova González, supra nota 95. Al respecto, el Estado
observó que las cifras de este perito tenían “poco carácter científico” y que la distancia entre un 15 y 45%
no tenía “ninguna lógica”. Además, el Estado enfatizó el hecho que el señor Canova González admitió notener información exacta acerca de la cantidad de jueces provisorios. Sin embargo, las cifras que
proporciona el testigo Hevia Araujo, propuesto por el Estado, afirma que a finales del año 2008 el
porcentaje de jueces provisorios llegaría al 44% (Cfr. declaración del testigo Hevia Araujo, supra nota 21,
folio 1104), cifra que es coincidente con el máximo porcentaje presentando por el perito Canova González.

134

Cfr. Informe anual de la Comisión Interamericana del año 2002, supra nota 26, párr. 30.

135

Cfr. Informe anual de la Comisión Interamericana del año 2003, supra nota 26, párr. 57.

136

Cfr. Informe anual de la Comisión Interamericana del año 2004, supra nota 26, párr. 186.

137

Cfr. Informe anual de la Comisión Interamericana del año 2004, supra nota 26, párr. 188.

138

Cfr. Informe anual de la Comisión Interamericana del año 2005, supra nota 26, párr. 292.

139

Cfr. Informe anual de la Comisión Interamericana del año 2006, supra nota 26, párr. 160.
Asimismo, cabe resaltar que el informe de la organización Human Rights Watch de 2004, tomando como
fuente información suministrada por el Director Ejecutivo de la Magistratura en el 2004, indica que sólo el
20% de los 1.732 jueces del país gozaban de permanencia en sus cargos. El otro 80% estaba conformado

32105. De otra parte, en el expediente ante la Corte se entregó prueba respecto a
convocatorias al PET, el programa establecido para titularizar a jueces provisorios(supra párr. 96) organizadas por la Escuela Nacional de la Magistratura, el 6 deoctubre140, 10 de noviembre141 y 26 de noviembre de 2005142; y el 29 de abril143 y 10
de noviembre de 2006144 respecto a las categorías A, B y C de jueces en el Distrito
Capital145. En el período 2005-2006, dicha Escuela reporta 1.390 jueces no titularesconvocados a nivel nacional para las respectivas evaluaciones, de los cuales 151
fueron declarados no aptos para participar en el PET146. Asimismo, la Escuela reporta
que 823 jueces provisorios cambiaron su condición a titulares por medio del PET en
los años 2005-2006147.
106. De todo lo expuesto, el Tribunal concluye que en Venezuela, desde agosto de1999 hasta la actualidad, los jueces provisorios no tienen estabilidad en el cargo, son
nombrados discrecionalmente y pueden ser removidos sin sujeción a ningún
procedimiento preestablecido. Asimismo, en la época de los hechos del presentecaso, el porcentaje de jueces provisorios en el país alcanzaba aproximadamente el
80%. En los años 2005 y 2006 se llevó a cabo un programa por medio del cual losmismos jueces provisorios nombrados discrecionalmente lograron su titularización.
La cifra de jueces provisorios se redujo a aproximadamente 44% a finales del año
2008.

por jueces provisionales (52%), jueces temporales (26%) y por quienes ocupan otros cargos sin ninguna
estabilidad (2%). Cfr. Human Rights Watch, Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del Poder
Judicial amenazada en Venezuela, junio de 2004, Vol. 16. No. 3 (B), p. 11 (expediente de anexos a lademanda, Tomo II, anexo C.1.H, folio 408).
140
Cfr. aviso publicado en el diario “Últimas Noticias” por la Escuela Nacional de la Magistratura delTSJ el 6 de octubre de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 45,
folio 2915).
141

Cfr. aviso publicado en el diario “Últimas Noticias” por la Escuela Nacional de la Magistratura delTSJ el 10 de noviembre de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo
46, folio 2916).
142
Cfr. aviso publicado en el diario “Últimas Noticias” por la Escuela Nacional de la Magistratura delTSJ el 26 de noviembre de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo
47, folio 2917).
143
Cfr. aviso publicado en el diario “Últimas Noticias” por la Escuela Nacional de la Magistratura delTSJ el 29 de abril de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 48,
folio 2918).
144
Cfr. aviso publicado en el diario “Últimas Noticias” por la Escuela Nacional de la Magistratura delTSJ el 10 de noviembre de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo
49, folio 2918).
145
El Art. 9 de las NEC establece que: “[e]l escalafón judicial para el ascenso de los jueces
comprende tres categorías, comenzando por los Tribunales o Juzgados de Municipio, denominados
categoría ‘C’, los Tribunales o Juzgados de Primera Instancia, denominados categoría ‘B’, y los Juzgados
Superiores o Cortes de Apelaciones, denominados categorías ‘A’”. Cfr. NEC, supra nota 109, folio 617.
146
147

Cfr. anexo 1 de la declaración del testigo Hevia Araujo, supra nota 21, folio 1092.

Cfr. anexo 1 de la declaración del testigo Hevia Araujo, supra nota 21, folio 1108. Cabe resaltar
que el Estado además remitió información según la cual la cantidad de jueces provisorios que setitularizaron en el mismo período corresponde a 816. Cfr. Informe titulado “Años 2005-2006. Jueces
Titulares en los Concursos Públicos” emitido por la Escuela Nacional de la Magistratura (expediente deanexos a los alegatos finales escritos del Estado, Tomo II, anexo 16, folios 3710 a 3744).

33
2.4
Análisis de los motivos expuestos para no reincorporar a laseñora Reverón Trujillo a su cargo ni saldarle sus salarios dejados depercibir107. Una vez que se ha indicado el marco fáctico que la Corte ha tenido por
probado en cuanto a la reestructuración del Poder Judicial y a la condición de “juezaprovisoria” de la presunta víctima, corresponde analizar, conforme a lo expuesto enel párrafo 62 supra, si estas razones eximían al Estado de reincorporarla a su cargo ysaldarle sus salarios dejados de percibir.
108. En cuanto a la reestructuración del Poder Judicial, la Comisión consideró queeste hecho “no es justificación para no ordenar la reincorporación de la señora
Reverón Trujillo al cargo ni el pago de los salarios dejados de percibir[.] En tal
sentido, la actuación de la Sala Político Administrativa del TSJ no tuvo en cuenta que
incluso en el marco del proceso de reestructuración, se encontraban regulados
ciertos parámetros mínimos de estabilidad en aras de la independencia judicial, quedebieron ser tenidos en cuenta al momento de disponer la reparación por ladestitución arbitraria de la señora Reverón Trujillo”.
109. Sobre la provisionalidad la Comisión sostuvo “que a la luz del principio deindependencia judicial los Estados deben asegurar que todas las personas que
ejerzan la función judicial cuenten con garantías de estabilidad reforzada,
entendiendo que, salvo la comisión de graves faltas disciplinarias, la estabilidad en elcargo debe ser respetada por el plazo o condición establecida en la designación, sindistinción entre los jueces llamados ‘de carrera’ y aquellos que ejercen temporal oprovisoriamente la función judicial. Tal temporalidad o provisionalidad debe en todo
caso estar determinada por un término o condición específica de ejercicio de la
judicatura, a fin de garantizar que tales jueces no serán removidos de sus cargos en
razón de las decisiones que adopten”.
110. Los representantes alegaron que la reestructuración del Poder Judicial no era“una razón legal ni legítima para que no se haya reincorporado al cargo a María
Cristina Reverón Trujillo, con todas las consecuencias que ello implicaba […]. Más, sitomamos en cuenta que el Estado ha removido y sigue removiendo constantemente
jueces provisorios, quedando muchos cargos vacantes que luego son llenados con
designaciones discrecionales de la Comisión Judicial”. Además, indicaron que la falta
de pago de los salarios que dejó de percibir representa “una arbitrariedad, porque lareestructuración judicial nada tiene que ver con las indemnizaciones debidas a lajuez y no existe limitación legítima alguna para negarlas”.
111. En lo que respecta a la provisionalidad, los representantes manifestaron quela “injustificada e irrazonable distinción introducida por el Estado entre jueces
provisorios sin ninguna estabilidad y jueces titulares con estabilidad, es claramente
arbitraria y caprichosa. No resulta razonable ni legítimo que existan jueces que
puedan ser removidos discrecionalmente, sin causa ni procedimiento alguno”.
112. El Estado señaló que el proceso de reestructuración, que implica llamar aconcursos para obtener la titularidad de todos los cargos, “resulta especialmentecomplejo tomando en cuenta el número de tribunales existentes en el país, lasnuevas competencias especiales creadas desde el año 2000, y la necesidad de que
todos los concursos se adec[ú]en a las previsiones constitucionales”. Agregó que laaplicación de las normas relativas a la reestructuración ocasionó una serie de vacíos
en diversos tribunales del país, como consecuencia de la destitución de sus
ocupantes. Según el Estado, conciente de sus obligaciones establecidas en laConvención Americana que ordena adaptar las disposiciones de derecho interno paragarantizar y hacer efectivos los derechos establecidos en dicho instrumento, así34
como dada la obligación constitucional de garantizar la continuidad de laadministración de la justicia y el derecho de acceso a la justicia, procedió a ladesignación temporal y excepcional de jueces y juezas no titulares para cubrir las
vacantes que se fueran produciendo.
113. Adicionalmente, el Estado señaló que los jueces provisorios ingresan al Poder
Judicial sin haber aprobado el concurso público de oposición, por lo que sus
condiciones y aptitud para el ejercicio del cargo no han sido demostradas con las
garantías de transparencia que imponen los concursos, sino que son designados
luego de una revisión de sus credenciales. En segundo lugar, alegó que “[l]acredibilidad y legitimidad del sistema de justicia requiere que se garantice laidoneidad ética, moral y profesional de los jueces, lo que sólo puede alcanzarse por
medio de mecanismos objetivos e imparciales de selección de los mejores, así como
por medio de controles sociales sobre su designación”. Finalmente, concluyó que“[g]arantizar una supuesta estabilidad para los jueces provisorios, contraría ese
derecho de toda la población a contar con jueces designados mediante concursos
públicos de oposición”.
114. Al respecto, la Corte nota que los jueces provisorios en Venezuela ejercen
exactamente las mismas funciones que los jueces titulares, esto es, administrar
justicia 148 . De tal suerte, los justiciables tienen el derecho, derivado de la propia
Constitución venezolana y de la Convención Americana, a que los jueces que
resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes. Para ello, el
Estado debe ofrecer las garantías que emanan del principio de la independencia
judicial, tanto a los jueces titulares como a los provisorios.
115. Ahora bien, aunque las garantías con las que deben contar los jueces titularesy provisorios son las mismas (supra párr. 70), éstas no conllevan igual protección
para ambos tipos de jueces, ya que los jueces provisorios son por definición elegidos
de forma distinta y no cuentan con una permanencia ilimitada en el cargo. Porejemplo, el procedimiento escogido por Venezuela para el nombramiento de jueces
ha sido a través de concursos públicos de oposición (supra párr. 66). Estosupuestamente debe asegurar que los jueces titulares sean personas íntegras e
idóneas, como lo exigen los principios internacionales. Los jueces provisorios son por
definición personas que no han ingresado al Poder Judicial por estos concursos y por
tanto no necesariamente van a contar con las mismas calificaciones que los jueces
titulares. Como bien lo observa el Estado, sus condiciones y aptitud para el ejerciciodel cargo no han sido demostradas con las garantías de transparencia que imponen
los concursos. El Estado bien puede tener razón cuando observa esto. Sin embargo,
lo anterior no quiere decir que los jueces provisorios no deban contar con ningún
procedimiento al ser nombrados, ya que según los Principios Básicos “[t]odo método
utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado
por motivos indebidos”.
116. De la misma forma en que el Estado está obligado a garantizar unprocedimiento adecuado de nombramiento para los jueces provisorios, debegarantizarles una cierta inamovilidad en su cargo. Esta Corte ha manifestado que laprovisionalidad “debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como elcumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un

148
Al respecto, el testigo Cabrera Romero, propuesto por el Estado manifestó “no hay ningunadiferencia porque el juez provisorio en realidad está ocupando el cargo de un juez titular para todas lascausas que tenga allí”. Cfr. declaración del testigo Cabrera Romero, supra nota 128.

35
concurso público de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez
provisorio con carácter permanente” 149 . De esta manera, la garantía de la
inamovilidad se traduce, en el ámbito de los jueces provisorios, en la exigencia deque ellos puedan disfrutar de todos los beneficios propios de la permanencia hasta
tanto acaezca la condición resolutoria que pondrá fin legal a su mandato. En este
sentido, vale la pena mencionar que la antigua Corte Suprema de Justicia deVenezuela sí reconocía que los jueces provisorios cuentan con estabilidad hasta que
se cumpliera cierta condición150.
117. La inamovilidad de los jueces provisorios está estrechamente ligada a lagarantía contra presiones externas, ya que si los jueces provisorios no tienen la
seguridad de permanencia durante un período determinado, serán vulnerables apresiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad dedecidir sobre destituciones o ascensos en el Poder Judicial.
118. Ahora bien, dado que no se puede igualar un concurso público de oposición a
una revisión de credenciales ni se puede aseverar que la estabilidad que acompaña a
un cargo permanente es igual a la que acompaña a un cargo provisorio que tiene
condición resolutoria, esta Corte ha sostenido que los nombramientos provisionales
deben constituir una situación de excepción y no la regla, ya que la extensión en eltiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces
se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la
independencia judicial 151 . De otra parte, para que el Poder Judicial cumpla con la
función de garantizar la mayor idoneidad de sus integrantes, los nombramientos enprovisionalidad no pueden prolongarse de manera indefinida, de tal forma que seconviertan en nombramientos permanentes. Ello es una nueva razón que explica quela provisionalidad sea admisible como excepción y no como regla general y que deba
tener una duración limitada en el tiempo, en orden a ser compatible con el derechode acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
119.

En el presente caso, la Corte nota que el régimen de transición en Venezuela

149

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
supra nota 58, párr. 43.

150
Según una sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia,“los jueces provisorios no son jueces de carrera, pero no obstante ello, gozan de los derechos deestabilidad, independencia e inamovilidad que garantiza la Carta Magna a los jueces de la República, portanto para ser suspendidos o removidos de dicho ejercicio deben seguirse los procedimientos que
determine la Ley, es decir, mediante sanciones resultado de un procedimiento disciplinario o bien porquedicho cargo sea sacado a concurso a los fines de asignar la titularidad del mismo y el juez provisorio que
se encuentre al frente del mismo –si concursare- no resulte favorecido por dicho concurso. […] Las
normas citadas [artículos 207 y 208 de la antigua Constitución], garantizan a los jueces su independencia
y autonomía para la administración de justicia e igualmente tutelan la estabilidad laboral de la que gozan
los jueces, independientemente que éstos sean de carrera, provisorios o suplentes; derechos
constitucionales que también este Máximo Tribunal de la República ha garantizado jurisprudencialmente a
través de reiterados fallos y que ratifica de nuevo en esta oportunidad”. Cfr. decisión de la SPA de la Corte
Suprema de Justicia emitida el 20 de febrero de 1997 (expediente de anexos a la demanda, Tomo I,
anexo B.6, folios 207, 208 y 211). En similar sentido, en la sentencia No. 365 emitida el 26 de mayo de
1994, la SPA afirmó que “el Consejo de Judicatura ‘s[ó]lo puede dejar sin efecto la designación de un juez
(o suplente) provisorio a través de la convocatoria a concurso, o por el procedimiento disciplinario
correspondiente’ (citando sentencia del 17-12-91, caso: ‘Jairo, Nixón Manzano Navarro’)”. Cfr. Sentencia
No. 365 emitida por la SPA el 26 de mayo de 1994, expediente de anexos a los alegatos finales escritos delos representantes de la presunta víctima, Tomo I, anexo 1, folio 2805.
151

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
supra nota 58, párr. 43.

36persigue un fin legítimo y acorde con la Convención, esto es, que los mejores jueces
integren el Poder Judicial. No obstante, la aplicación en la práctica de dicho régimen
se ha mostrado inefectiva para cumplir con el fin propuesto. En primer lugar, porqueel régimen se ha extendido por cerca de diez años. Incluso el 18 de marzo de 2009el TSJ dictó una resolución en la que se ordenó la “reestructuración integral” de todo
el Poder Judicial y ordenó el sometimiento de todos los jueces a un “proceso
obligatorio de evaluación institucional”, permitiéndose a la Comisión Judicial
suspender a los jueces que no aprueben dicha evaluación152. Ello demuestra que elproceso de reestructuración, pese al tiempo transcurrido, sigue implementándose dedistintas maneras.
120. En segundo lugar, en el expediente ante la Corte no existe prueba sobre la
adopción del Código de Ética (supra párr. 88).
121. En tercer lugar, el Poder Judicial tiene actualmente un porcentaje de jueces
provisorios de aproximadamente el 40%, conforme a las cifras proporcionadas por el
propio Estado, porcentaje que en la época de los hechos del presente caso alcanzó el
80% (supra párrs. 103 y 104). Esto, además de generar obstáculos a la
independencia judicial conforme al párrafo 118 supra, resulta particularmente
relevante por el hecho de que Venezuela no ofrece a dichos jueces la garantía deinamovilidad (supra párrs. 101, 102 y 113). Como ya fue establecido, la inamovilidad
es una de las garantías básicas de la independencia judicial que el Estado estáobligado a brindar a jueces titulares y provisorios por igual (supra párrs. 75 a 79 y
114). Además, la Corte observa que los jueces provisorios son nombrados
discrecionalmente por el Estado, es decir, sin la utilización de concursos públicos deoposición (supra párrs. 101, 102 y 113), y muchos de éstos han sido titularizados a
través del PET (supra párr. 105). Esto quiere decir que las plazas correspondientes
han sido provistas sin que las personas que no hagan parte del Poder Judicial hayan
tenido oportunidad de competir con los jueces provisorios para acceder a esas
plazas. A pesar de que a través del PET se adelantan evaluaciones de idoneidad, este
procedimiento otorga estabilidad laboral a quienes fueron inicialmente nombrados
con absoluta discrecionalidad.
122. De otra parte, un reintegro inmediato de la señora Reverón Trujillo con
posterioridad a la decisión judicial que reconocía la arbitrariedad de su destitución, yhasta tanto se celebraran los concursos de oposición, hubiera permitido salvaguardar
tanto el objetivo que persigue el régimen de transición como la garantía deinamovilidad inherente a la independencia judicial. Más aún si se tiene en cuenta que
al momento en el que se emitió la decisión de la SPA el concurso público deoposición no se había realizado. Tampoco resultaba excesiva la afectación a losderechos del juez provisorio que hubiera sido nombrado después de la destitución dela víctima, toda vez que es razonable que la condición resolutoria del nombramientodel nuevo provisorio fuera interpretada como dependiente de la validez de ladestitución del anterior.
123. En consecuencia, el Tribunal estima que el régimen de transición y el carácter
de provisoria de la señora Reverón Trujillo, condiciones esgrimidas por la SPA almomento de no ordenar su reincorporación, no pueden considerarse como motivos
aceptables. La Corte reitera (supra párr. 81) que un corolario necesario de lagarantía de inamovilidad del cargo de los jueces provisorios, al igual que de los152

Cfr. resolución No. 2009-0008 emitida por el TSJ el 18 de marzo de 2009 (expediente de fondo,
Tomo IV, folios 1544 a 1548).

37
titulares, es la reincorporación a su puesto, así como el reintegro de los salarios
dejados de percibir, cuando se ha comprobado, como en el presente caso, que ladestitución fue arbitraria (supra párr. 53). En el caso de los jueces provisorios, porlas razones adelantadas (supra párr. 116 y 117) se entiende que la permanencia enel cargo hubiera sido hasta que se cumpliera la condición resolutoria, es decir, lacelebración de los concursos públicos de oposición.
124. La Corte considera que las razones que hubieran podido esgrimirse para no
haber reincorporado a la señora Reverón Trujillo tendrían que haber sido idóneas
para lograr una finalidad convencionalmente aceptable; necesarias, es decir, que noexistiera otro medio alternativo menos lesivo, y proporcionales en sentido estricto.
Ejemplos de justificaciones que pudiesen haber sido aceptables en este caso son: i)que no subsista el juzgado o tribunal para el cual prestaba el servicio; ii) que eljuzgado o tribunal para el cual prestaba servicio esté integrado por jueces titulares
nombrados conforme a la ley, y iii) que el juez destituido haya perdido su capacidad
física o mental para desempeñar el cargo, cuestiones que no fueron invocadas por la
SPA en este caso.
125. Cabe notar que el Estado ha indicado y aportado prueba con respecto a quelos dos últimos cargos que ocupó la señora Reverón Trujillo, es decir, Jueza en
funciones de Control y Jueza en funciones de Juicio (supra párr. 49), están siendoocupados por juezas titulares153. Al respecto, la Corte considera que éstas no fueronlas razones por las que la SPA no ordenó la reincorporación de la señora Reverón
Trujillo, lo cual bastaría para desechar los alegatos del Estado. No obstante, el
Tribunal hace notar que las titularizaciones de las juezas mencionadas por el Estado
se produjeron posteriormente al 1 de octubre de 2006 y 16 de mayo de 2008,
respectivamente154, esto es, dos años y casi cuatro años después de que la SPA negó
la reincorporación de la presunta víctima.
126. En lo que respecta a la falta de pago de los salarios dejados de percibir por laseñora Reverón Trujillo, la Corte considera que ni la reestructuración del Poder
Judicial ni el carácter provisorio del cargo de la presunta víctima tienen relación
alguna con su derecho a ser reparada por la destitución arbitraria que sufrió.
Conforme a la jurisprudencia de la Corte, las reparaciones son medidas que tienden
a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas155 . La reparación deldaño ocasionado por la infracción requiere, siempre que sea posible, la plena
restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de lasituación anterior. De no ser esto posible, cabe determinar una serie de medidaspara, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias quela infracción produjo, así como establecer el pago de una indemnización como

153
Cfr. detalle de la Jueza Tivisay Sánchez (expediente de anexos a los alegatos finales escritos delEstado, Tomo II, anexo 26, folio 3786) y detalle de la Jueza Marta Isabel Gomis (expediente de anexos a
los alegatos finales escritos del Estado, Tomo II, anexo 26, folio 3788).
154
Cfr. detalle de la Jueza Tivisay Sánchez, supra nota 153, folio 3786 y detalle de la Jueza Marta
Isabel Gomis, supra nota 153, folio 3788.
155

Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 205; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 143, yCaso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C
No. 162, párr. 202.

38
compensación por los daños ocasionados156. Concretamente, el Tribunal ha señalado
que en casos de destituciones arbitrarias de magistrados, “el Estado debe resarcir adichos magistrados por los salarios y prestaciones dejados de percibir”157.
127. En razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado violó el
artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de lamisma, puesto que, en primer lugar, el recurso al cual tuvo acceso la señora Reverón
Trujillo no brindó las reparaciones adecuadas. En segundo lugar, no existía motivo
justificado para no reincorporar a la señora Reverón Trujillo al cargo judicial que
ocupaba y saldarle los salarios dejados de percibir. En consecuencia, el recursointerno intentado no resultó efectivo. De otra parte, algunas de las normas yprácticas asociadas al proceso de reestructuración judicial que se viene
implementando en Venezuela (supra párr. 121), por las consecuencias específicas
que tuvo en el caso concreto, provoca una afectación muy alta a la independencia
judicial.
128. En vista de la conclusión anterior y de lo expuesto en el párrafo 62 supra, laCorte considera que no es necesario analizar en este capítulo si las medidas dereparación acordadas por la SPA a favor de la señora Reverón Trujillo eranadecuadas, en especial, los concursos de oposición, ya que, se reitera, lasreparaciones adecuadas eran la restitución al cargo y el pago de los salarios dejadosde percibir.
***

129. Los representantes también han sostenido que la alegada situación deprovisionalidad generalizada y la consideración de los jueces como funcionarios delibre nombramiento y remoción “ha implicado cientos de destituciones sumarias,
muchas de las cuales atienden a claros matices políticos y económicos”.
130. Al respecto, el Tribunal nota que los hechos del presente caso no demuestranque la señora Reverón Trujillo haya sido destituida sumariamente en atención aintereses políticos y económicos 158 . Por ello, el Tribunal considera que no es
pertinente analizar dichos alegatos.

156
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de
1989. Serie C No. 7, párr. 25 y 26; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 155, párr. 201, y Caso Bayarri
Vs. Argentina, supra nota 10, párr. 120.
157
158

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra nota 58, párr. 120.

En similar sentido el Tribunal ha señalado anteriormente que “[l]a competencia contenciosa de laCorte no tiene por objeto la revisión de las legislaciones nacionales en abstracto, sino que es ejercida para
resolver casos concretos en que se alegue que un acto del Estado, ejecutado contra personas
determinadas, es contrario a la Convención” (Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones
Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 50, resaltado fuera del texto).

39VIIARTÍCULO 23.1.c (DERECHOS POLÍTICOS)159 EN RELACIÓN CON ELARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS)
131. Los representantes señalaron que la señora Reverón Trujillo “sufrió un trato
desigual frente a su derecho a ingresar y permanecer en sus funciones públicas, toda
vez que al habérsele negado el restablecimiento pleno de su situación jurídica
infringida, al descartarse su reincorporación al cargo y pago de beneficios dejados depercibir, se le impidió participar en el proceso de ‘regularización’ que hubiese podido
otorgarle su ‘titularización’”.
132. El Estado señaló que los representantes “alteran el contenido del artículo
23.1.c de la Convención incorporándole un supuesto derecho de permanencia en
condiciones de igualdad, en las funciones públicas de un país, lo que ya de por s[í]determina la improcedencia de la violación alegada”. Agregó que la señora Reverón
Trujillo “estaba habilitada para participar en los concursos de oposición convocados
en el marco del [PET], y no participó en ellos por decisión propia”.
133. A este último alegato estatal los representantes respondieron, inter alia, queen las publicaciones que se realizaron en el marco del PET no se establecía que losjueces que habían sido destituidos o que formaban parte de un grupo diferente a losconvocados podían participar de ese proceso.
134. La Comisión Interamericana no alegó la violación del artículo 23 en el
presente caso. Además, si bien en el Informe de admisibilidad No. 60/06 dichoórgano consideró que el caso de la señora Reverón Trujillo caracterizaba una posible
violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana160, en el Informe de fondo
No. 62/07 la Comisión estimó que “los hechos alegados por el peticionario comoviolatorios a los derechos políticos, ya fueron analizados en la sección relativa alderecho a la protección judicial y, en tal sentido, no estima necesario evaluarlos a laluz del artículo 23 de la Convención Americana”161.
135. Teniendo en cuenta que la violación del artículo 23.1.c no fue alegada por la
Comisión Interamericana, la Corte reitera que las presuntas víctimas y sus
representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos a los yacomprendidos en la demanda, en tanto son ellos titulares de todos los derechos
consagrados en la Convención, mientras ello se atenga a los hechos ya contenidos en

159

El artículo 23.1 establece, en lo pertinente, que:Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:[…]c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

160

En el Informe de admisibilidad No. 60/06, la Comisión consideró que “en caso de ser probados losalegatos de los peticionarios en cuanto a no tener acceso y garantía de permanencia en las funciones
públicas, en condiciones generales de igualdad, podrían configurase violaciones a los artículos 23 (1) C) y
24 de la Convención Americana”. Informe de admisibilidad No. 60/06, María Cristina Reverón Trujillo,
emitido por la Comisión Interamericana el 25 de julio de 2006 (expediente de anexos a la demanda, TomoI, apéndice B, folio 35, párr. 32).
161

Cfr. Informe de fondo No. 62/07, Caso 12.565, María Cristina Reverón Trujillo, emitido por la
Comisión Interamericana el 27 de julio de 2007 (expediente de anexos a la demanda, Tomo I, apéndice A,
folio 24, párr. 99).

40
la demanda 162 , la que constituye el marco fáctico del proceso 163 . Esta posibilidad
tiene el propósito de hacer efectiva la facultad procesal de locus standi in judicio quese les reconoce en el Reglamento del Tribunal, sin desvirtuar por ello los límites
convencionales a su participación y al ejercicio de la competencia de la Corte, ni unmenoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual cuenta conlas oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de losrepresentantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente,
decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en
resguardo del equilibrio procesal de las partes164.
136.
Por otra parte, así como el momento procesal oportuno para que el Estado
demandado acepte o controvierta el objeto central de la litis lo constituye lacontestación de la demanda, el momento para que las presuntas víctimas o sus
representantes ejerzan plenamente aquel derecho de locus standi in judicio es elescrito de solicitudes, argumentos y pruebas165.
137. En el presente caso, los alegatos de los representantes relativos a la supuesta
violación del artículo 23.1.c de la Convención fueron sometidos al Tribunal en su
escrito de solicitudes y argumentos y se basan en hechos contemplados en la
demanda de la Comisión. Por ello, la Corte analizará tales alegatos. El que laComisión no haya considerado necesario evaluar los hechos como una violación a losderechos políticos en su Informe de fondo no impide que el Tribunal se pronuncie,
puesto que “la Corte no está vinculada con lo que previamente haya decidido la
Comisión, sino que está habilitada para sentenciar libremente, de acuerdo con su
propia apreciación”166.
138. Según lo alegado por el Estado, el artículo 23.1.c de la Convención Americanano incluye la protección del derecho a la permanencia en el ejercicio de las funciones
públicas. Al respecto, la Corte resalta que en el caso Apitz Barbera y otros, este
Tribunal precisó que el artículo 23.1.c no establece el derecho a acceder a un cargopúblico, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que
el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios yprocedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean]razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en elejercicio de este derecho 167 . Asimismo, el Comité de Derechos Humanos ha

162
Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, supra nota 52, párr. 155; Caso Perozo y otros Vs.
Venezuela, supra nota 9, párr. 32, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 15, párr. 127.
163
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 59; Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 10, párr. 30,
y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 9, párr. 32.
164

Cfr. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia, supra nota 163, párr. 58; Caso Heliodoro
Portugal Vs. Panamá, supra nota 10, párr. 228, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 9, párr.
32.
165
Cfr. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de
2008. Serie C No. 180, párr. 18 y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 9, párr. 33.
166
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 10, párr. 29 y Caso de los 19
Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio de 2002. Serie C No. 93, párr.
27.
167

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
supra nota 58, párr. 206. Ver también Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación
General No. 25: La Participación en los Asuntos Públicos y el Derecho de Voto, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 7,
12 de julio de 1996, párr. 23.

41
interpretado que la garantía de protección abarca tanto el acceso como lapermanencia en condiciones de igualdad y no discriminación respecto a losprocedimientos de suspensión y destitución 168 . Como se observa, el acceso en
condiciones de igualdad constituiría una garantía insuficiente si no está acompañado
por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede.
139. La Corte ha establecido que el derecho a tener acceso a las funciones públicas
en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa departicipación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices
políticas estatales a través de funciones públicas. Por lo tanto, es indispensable que
el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos
políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad
y no discriminación169.
140. En el presente caso la SPA señaló que “[e]l acto administrativo mediante elcual el organismo competente […] destituyó [a la señora Reverón Trujillo] no estuvo
ajustado a derecho” (supra párr. 53). Sin embargo, la decisión de la SPA precisó que“[e]n otras circunstancias [esa] Sala podría, con los elementos existentes en las
actas del expediente, ordenar la restitución de la jueza” (supra párr. 55). De lasentencia de la SPA se infiere que entre esas “otras circunstancias” se encuentra elcontar con la condición de juez titular. Asimismo, tanto la jurisprudencia de la SPA
como de la Sala Constitucional consideran que los jueces provisorios son de libre
nombramiento y remoción y que “el derecho a la estabilidad” está reservado a losjueces de carrera (supra párrs. 101 y 102). En suma, la Corte observa que un juez
titular, en circunstancias de destitución anulada similares a las de la señora Reverón
Trujillo, hubiese podido ser restituido. Por el contrario, en el presente caso, portratarse de una jueza provisoria, ante el mismo supuesto de hecho, no se ordenó su
reincorporación.
141. Esta diferencia de trato entre jueces titulares que cuentan con una garantíade inamovilidad plena, y provisorios que no tienen ninguna protección de dicha
garantía en el contexto de la permanencia que les corresponde, no obedece a uncriterio razonable (supra párr. 138) conforme a la Convención (supra párrs. 114 a
117 y 121). Por ello, el Tribunal concluye que la señora Reverón Trujillo sufrió untrato desigual arbitrario respecto al derecho a la permanencia, en condiciones deigualdad, en el ejercicio de las funciones públicas, lo cual constituye una violación delartículo 23.1.c de la Convención Americana en conexión con las obligaciones derespeto y de garantía establecidas en el artículo 1.1 de la misma.
***142. En cuanto a los alegatos y la prueba aportada por el Estado relativos a lasupuesta posibilidad de la señora Reverón Trujillo de acceder al Poder Judicial a
través de su inscripción en el PET, y a la respuesta de los representantes sobre lainviabilidad de dicho acceso, el Tribunal considera que no es pertinente entrar a

168

Cfr. Pastukhov v. Belarus (814/1998), ICCPR, A/58/40 vol. II (5 August 2003) 69(CCPR/C/78/D/814/1998) at paras. 7.3 and 9; Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René
Sibu Matubuka et al. v. Democratic Republic of the Congo (933/2000), ICCPR, A/58/40 vol. II (31 July
2003) 224 (CCPR/C/78/D/933/2000) at para. 5.2.

169

Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195.

42
analizarlos puesto que, como se indicó en los párrafos 81 y 127 supra, la única
respuesta correcta frente a la destitución arbitraria de la víctima era lareincorporación a su cargo, sin que para ello se le exija otro requisito adicional. La
participación de la víctima en cualquier programa que defina al titular del cargoúnicamente hubiese sido relevante después de su reincorporación como juezaprovisoria.
VIIIARTÍCULO 8.1 (GARANTÍAS JUDICIALES)170 DE LA CONVENCIÓNAMERICANA
143. Los representantes indicaron que “en el presente caso, al violarse el derecho
a la protección judicial efectiva de María Cristina Reverón Trujillo, se le violó enconsecuencia, su derecho a la independencia como juez, reconocido en el artículo 8
de la Convención”. La Comisión no alegó la violación de este artículo.
144. El Estado manifestó que los representantes “interesadamente desvirtúan elsentido y alcance del derecho a las garantías judiciales, previsto en el artículo 8 de laConvención Americana, para atribuirse la supuesta titularidad de un derecho a laautonomía e independencia judicial [… B]asta con señalar que [dicha] norma
convencional […] consagra una garantía para el sujeto sometido a un proceso
judicial, y no una garantía individual de protección del juez”.
145. Teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta Corte indicada en los párrafos
135 y 136 supra, la Corte procede a analizar la alegada violación del artículo 8.1 dela Convención, puesto que la misma se atiene a los hechos contenidos en la
demanda y fue planteada oportunamente en el escrito de solicitudes y argumentos.
146. El artículo 8.1 reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída[…] por
un juez o tribunal […] independiente”. Los términos en que está redactado este
artículo indican que el sujeto del derecho es el justiciable, la persona situada frente
al juez que resolverá la causa que se le ha sometido. De ese derecho surgen dos
obligaciones. La primera del juez y la segunda del Estado. El juez tiene el deber deser independiente, deber que cumple cuando juzga únicamente conforme a -y
movido por- el Derecho. Por su parte, el Estado tiene el deber de respetar ygarantizar, conforme al artículo 1.1 de la Convención, el derecho a ser juzgado por
un juez independiente. El deber de respeto consiste en la obligación negativa de lasautoridades públicas de abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder
Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico.
El deber de garantía consiste en prevenir dichas injerencias e investigar y sancionara quienes las cometan. Además, el deber de prevención consiste en la adopción,
conforme al artículo 2 de la Convención, de un apropiado marco normativo que
asegure un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad de los jueces y las
demás condiciones ya analizadas en el Capítulo VI de la presente Sentencia.
147.

Ahora bien, de las mencionadas obligaciones del Estado surgen, a su vez,

170

El artículo 8.1 establece, en lo pertinente, que:Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por laley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.

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derechos para los jueces o para los demás ciudadanos. Por ejemplo, la garantía deun adecuado proceso de nombramiento de jueces involucra necesariamente elderecho de la ciudadanía a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad; lagarantía de no estar sujeto a libre remoción conlleva a que los procesos disciplinarios
y sancionatorios de jueces deben necesariamente respetar las garantías del debido
proceso y debe ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo; la garantía deinamovilidad debe traducirse en un adecuado régimen laboral del juez, en el cual lostraslados, ascensos y demás condiciones sean suficientemente controladas yrespetadas, entre otros.
148. Por lo anterior, el Tribunal concluye que el derecho consagrado en el artículo
8.1 de la Convención asiste a los justiciables frente a los tribunales y jueces, siendoen este caso improcedente declarar la violación de dicho precepto.
IXARTÍCULO 5.1 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL)171 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA
149. Los representantes alegaron que el Estado “falló en su obligación de proteger
la integridad psicológica y moral de la [señora] Reverón Trujillo, violándole dicho
derecho fundamental, tanto en el momento en que fue ilegalmente destituida […], lo
que le causó humillación y deshonra ante la comunidad jurídica, como en el
momento en que el [TSJ] se abstuvo de restablecer plenamente la situación jurídica
infringida, incumpliendo con la obligación de reincorporarla a su cargo y
reintegrándole así la reputación y honra de que gozaba en el Poder Judicial, comoconsecuencia de su conducta intachable como Juez Penal”. Según los representantes,“[e]s evidente que la destitución ilegítima de un funcionario apareja, per se, graves
consecuencias, como son, entre otras, la afectación a su honor y reputación, y por
ende a su dignidad como ser humano”. En particular, los representantes señalaronque “[l]a afectación al honor y reputación de la juez Reverón Trujillo fue de tal
magnitud que su destitución se puso en conocimiento del público en general, al
publicarse en la prensa nacional diversos reportajes donde se le señalaba comoincursa en faltas disciplinarias graves”. Además, alegaron que no sólo su integridad
moral fue afectada, sino que “también su integridad psíquica […], ya que de un
momento a otro la vida de la juez Reverón Trujillo cambió en su perjuicio, al ver
destruida injustificadamente su carrera profesional y su único sustento de vida”.
Según los representantes, “[e]sto, evidentemente, le causó importantes angustias,
preocupaciones y zozobras, causándole estrés y depresión; lo que afectó su
integridad mental y anímica” y que “[e]stos trastornos psicológicos que padeció yaún padece […], fueron evaluados y tratados médicamente desde el año 2002 yhasta el presente”.
150.

La Comisión no alegó la violación de este derecho.

151. El Estado señaló que la Corte, “a lo largo de su jurisprudencia, ha sostenido
que los hechos que configuran el objeto del debate ante el Tribunal interamericano,son los establecidos en la demanda presentada por la Comisión […], salvo los hechos

171

El artículo 5.1 de la Convención establece que:Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

44
supervinientes y los que sirvan para aclarar los planteados en la demanda” y que lasviolaciones de derechos distintos a los contenidos en la demanda “deben atenerse alos hechos establecidos por la Comisión en su demanda”. En base a esto el Estado
alegó que los representantes pretenden “obviar la jurisprudencia interamericana, eincorporar al presente proceso hechos no contemplados en la demanda de laComisión […], y que en ningún caso pueden considerarse como supervinientes”. En
particular, el Estado indicó que la supuesta “deshonra y humillación” y demás
perjuicios de índole moral son hechos nuevos no contenidos en la demanda. Portanto, el Estado solicitó que los referidos hechos, así como el derecho invocado en
ellos, “sean excluidos y omitidos en la emisión de la sentencia”. Subsidiariamente, el
Estado señaló que los representantes “se limitan a formular una serie deseñalamientos sin aportar sustento probatorio alguno” y que la sentencia de la SPA“adoptó las medidas necesarias para evitar” que se vulnerara el derecho a laintegridad personal de la señora Reverón Trujillo.
152. La Corte nota que los hechos relacionados con la publicación de la destitución
de la señora Reverón Trujillo no fueron presentados en la demanda de la Comisión,
ni tampoco se limitan a explicar o aclarar los hechos mencionados en ella, por lo cualconstituyen hechos nuevos y, por ende, no conforman el marco fáctico del presente
caso. Además, estos hechos no constituyen hechos supervinientes. Por tanto, estos
hechos no serán analizados por el Tribunal, por los motivos expuestos en los párrafos
135 y 136 supra.
153. De otra parte, los alegatos de los representantes sobre la violación del artículo
5 serán analizados en el capítulo X infra sobre reparaciones, en tanto dichos alegatos
aluden a consecuencias de las violaciones ya declaradas en el presente Fallo.
154. Por lo expuesto, este Tribunal considera que no se ha violado el derecho a laintegridad personal garantizado por el artículo 5.1 de la Convención.
X
REPARACIONES
155. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligacióninternacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente172. En sus decisiones al respecto, la Corte se ha basado en el artículo
63.1 de la Convención Americana173.
156. De acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones
a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de loscriterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y

172

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 156, párr. 25; Caso Perozo y otros Vs.
Venezuela, supra nota 9, párr. 404, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 15, párr. 156.

173

El artículo 63.1 de la Convención dispone que:Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, laCorte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida osituación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.

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alcances de la obligación de reparar174, la Corte procederá a analizar las pretensiones
presentadas por la Comisión y por los representantes, y la postura del Estado, con el
objeto de disponer las medidas tendentes a reparar los daños.
1.

Parte lesionada

157. La Corte considera como “parte lesionada” a la señora Reverón Trujillo, en su
carácter de víctima de las violaciones que fueron declaradas en su perjuicio, por loque será acreedora de las medidas de reparación que, en su caso, fije el Tribunal por
concepto de daño material e inmaterial.
158. En cuanto a los hermanos y hermanas de la víctima, Julián José Reverón
Trujillo, José Rubén Reverón Trujillo, María Isabel Reverón Trujillo y María Eugenia
Reverón Trujillo, así como respecto de su madre, María del Rosario Trujillo de
Reverón, la Corte observa que la Comisión no los declaró como víctimas de violación
alguna a la Convención en su Informe de fondo y que en la demanda identificó a laseñora Reverón Trujillo como la única beneficiaria de las reparaciones (supra párr.
2). Por ello, el Tribunal, conforme a su jurisprudencia175, no considerará como partelesionada a los familiares de la víctima.
2.

Reincorporación de la víctima a su cargo y pago de los salarios
dejados de percibir159. La Comisión solicitó que se ordene al Estado que “reincorpore” a la víctima “alcargo de Jueza Decimocuarta de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio
del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, o en su defecto, en un cargo deigual jerarquía dentro del Poder Judicial”. Asimismo, solicitó que se “ordene al Estado
reparar a [la] señora Reverón Trujillo por los beneficios salariales y económicos
dejados de percibir desde que fue destituida hasta su efectiva reincorporación”.
160. Los representantes indicaron que “la reparación integral ante la arbitraria
destitución debe ser la reincorporación al mismo cargo o a otro de similares
características”, así como la “orden de que [la víctima] no sea removida en forma
discrecional y sin debido proceso”. Del mismo modo, solicitaron que se ordene al
Estado el “cálculo y pago efectivo de todos los salarios caídos y demás beneficios
laborales dejados de percibir, tomando en consideración todos los incrementos,
bonos y demás beneficios percibidos por los jueces de Primera Instancia en lo Penal,
desde que fue arbitrariamente destituida (6 de febrero de 2002) y hasta el momentode su efectiva reincorporación, incluyendo tanto los intereses moratorios, como lacorrección monetaria (indexación)”.
161. El Estado alegó que “en el presente caso no resulta procedente lareincorporación de la ciudadana […] Reverón Trujillo al cargo que desempeñaba en elPoder Judicial, dada su condición de juez provisorio y su ingreso al sistema dejusticia sin el correspondiente concurso público de oposición”. Para el Estado “una174
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 156, párrs. 25 a 27; Caso Perozo y otros
Vs. Venezuela, supra nota 9, párr. 406, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 15, párr. 157.
175

Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, supra nota 8, párr. 98; Caso Bayarri Vs.
Argentina, supra nota 10, párr. 126, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 58.

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medida de reparación que resultaría procedente y que daría la oportunidad depermitir el reingreso de la ciudadana María Cristina Reverón Trujillo al ejercicio de las
funciones judiciales, consistiría en su inscripción en el próximo concurso de oposición
que se convocare, siempre y cuando la referida ciudadana manifestar[a] su voluntadde participar en el concurso y cumpliera con los requisitos correspondientes”.
162. La Corte observa que, según el Estado, no es posible la reincorporación como
reparación porque la señora Reverón Trujillo se desempeñaba como jueza provisoria.
Es decir, el Estado reitera el argumento que la SPA esgrimió a la hora de no ordenarla reincorporación de la víctima pese a su destitución arbitraria. En los capítulos
anteriores esta Corte determinó que no existía motivo justificado que hubiese
eximido al Estado para no reincorporar a la señora Reverón Trujillo al cargo judicial
que ocupaba y saldarle los salarios dejados de percibir, y que por no haberlo hecho
Venezuela violó los derechos consagrados en los artículos 25.1 y 23.1.c de laConvención. Mal haría entonces el Tribunal en aceptar que la restitución no es
posible atendiendo a un argumento que ya fue declarado como inaceptable conforme
a la Convención.
163.
Consecuentemente, la Corte declara que en este caso el Estado debe
reincorporar a la señora Reverón Trujillo a un cargo similar al que desempeñaba, conla misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que lecorrespondería el día de hoy si hubiera sido reincorporada. Para ello, el Estado
cuenta con un plazo de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia.
164. La Corte aclara que la reincorporación deberá ser en la misma condición deprovisionalidad que tenía la señora Reverón Trujillo al momento de su destitución.
Esta provisionalidad, sin embargo, debe ser entendida en el sentido que la Corte ha
expuesto en este fallo. Es decir, debe estar sujeta a una condición resolutoria, que
no sería otra que el nombramiento, conforme a la ley, del juez titular del cargo o ladestitución, luego de un debido proceso, por la comisión de una falta disciplinaria.
Una vez en su cargo, la jueza Reverón Trujillo no podrá estar sujeta a libre remoción,
por ser ello incompatible con el principio de independencia judicial.
165. Si por motivos fundados, ajenos a la voluntad de la víctima, el Estado nopudiese reincorporarla al Poder Judicial en el plazo de seis meses a partir de la
notificación de la presente Sentencia, deberá pagarle una indemnización, que esta
Corte fija en equidad en US$ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidosde América) o su equivalente en moneda nacional, en el plazo máximo de dieciocho
meses a partir de la notificación de la presente Sentencia.
166. En cuanto a los salarios dejados de percibir, el Estado pidió a la Corte quetome en consideración que, el 22 de febrero de 2006, la Dirección Ejecutiva de laMagistratura procedió a pagar a la víctima US$ 13.385,08 por concepto deprestaciones sociales correspondientes a los años de servicio como jueza provisoria
penal, y que la señora Reverón Trujillo dispone “de medios patrimoniales que legarantizaban ingresos y medios de subsistencia durante el período al que se hacereferencia en la solicitud de indemnización”, en virtud de su participación como
acreedora de acciones en diversas sociedades nacionales y extranjeras.
167. La señora Reverón Trujillo declaró en la audiencia pública que las prestaciones
sociales le habían sido canceladas “muy parcialmente” porque se le había liquidado“desconociéndose su antigüedad de 12 años de servicio en el Poder Judicial, y sólo

47
después de 4 largos años es cuando fu[e] liquidada parcialmente”176.
168. El Estado manifestó que “la supuesta víctima en su declaración rendida en laaudiencia pública del presente caso, intentó desconocer el pago de las prestaciones
sociales, argumentando una supuesta inconformidad con el monto oportunamente
cancelado”, pero que “[n]o existe ningún elemento que sustente la supuesta
inconformidad de la supuesta víctima con el monto de las prestaciones sociales
canceladas”.
169. En el expediente ante esta Corte obra una “Liquidación de prestaciones
sociales” de 22 de febrero de 2006, que no ha sido controvertida o su autenticidad
puesta en duda, que indica que la señora Reverón Trujillo fue liquidada por el
período de funciones desde el 21 de julio de 1999 al 26 de febrero de 2002 con unmonto de Bs. 28.777.936,74 (veintiocho millones setecientos setenta y siete mil
novecientos treinta y seis con 74/100 bolívares). Dicho monto incluye los intereses
moratorios desde el 27 de febrero de 2002 al 15 de febrero de 2005. En esta
liquidación se constata que la señora Reverón Trujillo firmó al pie de la siguiente
leyenda:Con la firma de la presente planilla, hago constar mi conformidad con las cantidades yconceptos recibidos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en virtud de la liquidación de larelación de trabajo que mantuve con este organismo, no quedando en consecuencia nada que
reclamar, ni por los conceptos pagados en esta oportunidad, ni por cualquier otro concepto
derivado de la relación de trabajo177.

170. Asimismo, tal como lo afirmó el testigo Valero Rodríguez, no consta que lavíctima haya realizado algún reclamo o manifestado su inconformidad con el monto
recibido.
171. Por ello, el Tribunal concluye que la señora Reverón Trujillo fue efectivamenteliquidada por el Estado por los servicios que prestó entre los años 1999 y 2002.
172. En lo referente a los ingresos percibidos por la señora Reverón Trujillo por sus
acciones en diversas compañías venezolanas y extranjeras, el Estado remitió una“declaración jurada de patrimonio”, que en efecto demuestra la propiedad de lavíctima de varias acciones en diversas compañías178.
173. Ahora bien, la Corte considera que la liquidación por prestaciones sociales serefiere únicamente a los años de servicio como jueza provisoria y no comprende lossalarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su
destitución en adelante. Por otro lado, la calidad de accionista de la señora Reverón
Trujillo se refiere a los ingresos que ella recibía de manera privada y no como
empleada pública, por lo cual el hecho es irrelevante para este caso. En tal sentido,
mediante el pago de dicha liquidación y los medios patrimoniales a disposición de laseñora Reverón Trujillo, no se colman los salarios y beneficios laborales dejados depercibir.
174.

Consecuentemente, el Tribunal, teniendo en cuenta la prueba sobre el salario

176

Cfr. declaración rendida por la señora Reverón Trujillo en la audiencia pública celebrada ante laCorte Interamericana el 23 de enero de 2009.

177
Cfr. liquidación de prestaciones sociales emitida por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura el 22de febrero de 2006 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 55, folio
2941).
178

Cfr. declaración jurada de patrimonio rendida por la señora Reverón Trujillo el 9 de septiembre de1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 56, folios 2953 a 2963).

48
y las prestaciones sociales que la víctima percibía 179 , y considerando que esrazonable que en los más de siete años transcurridos desde su destitución, la señora
Reverón Trujillo habría podido tomar medidas para reducir el daño causado, fija en
equidad la cantidad de US$ 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados
Unidos de América) que el Estado deberá pagar en el plazo de un año contado apartir de la notificación de esta Sentencia.
3.

Daño inmaterial

175. A continuación la Corte determinará las reparaciones por daño inmaterial,
según lo ha entendido en su jurisprudencia180.
176. En primer lugar, la Corte hace notar que la Comisión no solicitó que se
indemnice a la víctima por daño inmaterial. En segundo lugar, que aun cuando el
Tribunal decidió que los argumentos alegados por los representantes no permitían
llegar a una conclusión de que el Estado violó el artículo 5 de la Convención, sídecretó la violación de los derechos consagrados en los artículos 25.1 y 23.1.c de lamisma, los cuales conllevan como consecuencia un daño inmaterial. Al respecto, laCorte ha sostenido que el daño inmaterial resulta evidente, pues es propio de lanaturaleza humana que toda persona que padece una violación a sus derechos
humanos experimente un sufrimiento. Ahora bien, dicho sufrimiento nonecesariamente debe ser reparado con dinero. Dependiendo del caso en concreto
una adecuada reparación puede llegar a ser únicamente la emisión de la Sentencia
condenatoria al Estado por parte de esta Corte181.
177. En el presente caso, la Corte debe valorar si resulta pertinente ordenar una
reparación económica a la señora Reverón Trujillo, que los representantes estimanen US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América). A tal efecto,
el Tribunal debe valorar la prueba aportada que sería básicamente la declaración dela víctima en audiencia pública y un certificado médico. El análisis de esta evidencia

179
Cfr. comprobantes de retención de impuesto sobre la renta emitidos por la Dirección
Administrativa del Consejo de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura entre los años 1999
y 2002 (anexos a los alegatos finales escritos de los representantes, Tomo III, folios 3530, 3535, 3537 y3542) y documentos relativos al salario, a las prestaciones sociales e intereses emitidos por la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura entre los años 1999 y 2002 e intereses moratorios desde el año 2002 al 2005,
emitido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (anexos a la contestación de la demanda, Tomo II,
anexo 55, folios 2943 a 2949).
180“[E]l daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a lavíctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así comolas alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.
Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objetode compensación, […], mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios
apreciables en dinero, que el Tribunal determine […] en términos de equidad, así como mediante larealización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto el reconocimientode la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de los derechos humanos”. Cfr. Caso
Neira Alegría Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29,
párr. 57; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 9, párr. 405, y Caso Kawas Fernández Vs.
Honduras, supra nota 15, párr. 179.
181

Cfr. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 dejunio de 2005. Serie C No. 126, párr. 130; Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 131, y Caso Boyce y otros Vs.
Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007.
Serie C No. 169, párr. 126.

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es independiente de las consideraciones ofrecidas en el Capítulo IX supra, puesto queen el presente capítulo se examinan únicamente las consecuencias de las violaciones
declaradas y no hechos que constituirían una nueva violación.
178. En la audiencia pública la víctima manifestó que la remoción de su cargo“cambió [su] vida”, pasó de ser una jueza “muy respetada en el Poder Judicial a ser
una llaga del Poder Judicial”, se “aisl[ó] del mundo exterior”, tuvo “pérdida de lacapacidad de sueño” y salió del país “para tratar de recuperar [su] salud
emocional”182.
179. En cuanto al certificado médico, el profesional que lo elaboró menciona queatendió a la señora Reverón Trujillo desde el año 2002 al 2009, que la víctima
presentó un “cuadro depresivo angustioso severo acompañado de [i]nsomnio, [i]deas
paranoides, reclusión voluntaria […] solamente con la idea obsesiva de su
destitución”. Indica, además, que la víctima habría padecido de “trastornos de lamemoria” y “síntomas de ansiedad”183.
180. El Estado manifestó que este certificado “carece de los elementos de forma y
fondo para evidenciar su estado mental”. Según el Estado el profesional que lo emitió
no estaría acreditado “para evaluar la condición de la salud mental y emocional, ya
que se trata de [un] médico internista geriatra” y que además, “los cuadros clínicos
descritos y las estrategias psicoterapéuticas recomendadas, no están losuficientemente fundamentadas y claras, de modo que permitan evidenciar su salud
mental”. Agregó que “las conclusiones sobre las causas de los síntomas psicológicos[…] no se ajustan a la práctica corriente, visto que no derivan de una evaluación
sobre su salud mental (desarrollada en entrevista clínica, pruebas practicadas,
aplicación de test) sino de observaciones derivadas posiblemente de la práctica
clínica correspondientes a su especialidad”. Adicionalmente, sostuvo que otra
circunstancia que resta credibilidad e imparcialidad al informe es que “existenelementos objetivos que hacen presumir la existencia de una relación de amistad,entre el médico que elabora el supuesto Informe y la ciudadana María Cristina
Reverón Trujillo”, en particular, la constancia del nombre del médico en la nota deduelo publicada en el diario “El Universal” tras el fallecimiento de la madre de laseñora Reverón Trujillo184.
181. Al respecto, el Tribunal constata que le asiste la razón al Estado cuando
afirma que el profesional que elaboró el certificado aparece como especialista en
Medicina Interna y Geriatría. Los representantes no remitieron al Tribunal copia de lahoja de vida de este médico u otra prueba pertinente que hubiese permitido al
Tribunal conocer la experiencia y conocimiento del médico en el campo de la salud
mental. En lo que respecta a la supuesta falta de imparcialidad del médico, la Corte
resalta que este profesional no está actuando en calidad de perito, sino queúnicamente elaboró un “certificado”. Se trata entonces de una prueba documental,
no pericial, que debe ser valorada con el resto del acervo probatorio. En tal sentido,el Tribunal considera que las aseveraciones del médico deben ser interpretadas comolos dichos de una persona que conoce a la señora Reverón Trujillo y que da cuenta
que para ella los hechos del presente caso tuvieron determinado impacto emocional.

182

Cfr. declaración de la señora Reverón Trujillo, supra nota 176.

183

Cfr. certificado emitido por el doctor Germán Balda C., sin fecha (expediente de anexos a losalegatos finales escritos de los representantes, Tomo III, anexo 26, folio 3529).
184
Cfr. nota de duelo publicada en el diario “El Universal” el 23 de septiembre de 2007 (expedientede anexos a los alegatos finales escritos del Estado, Tomo II, anexo 23, folio 3770).

50
182. De lo anterior (la declaración de la víctima y el certificado médico), la Corte
puede únicamente concluir que la señora Reverón Trujillo padeció por las violaciones
cometidas en su contra. El Tribunal no puede confirmar el grado de este
padecimiento y las consecuencias físicas y mentales que alcanzó.
183. Por todo lo expuesto, el Tribunal decide ordenar, en equidad, que el Estado
pague la cantidad de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos deAmérica) o su equivalente en moneda nacional, por concepto de indemnización por
daño inmaterial. El Estado deberá efectuar el pago de este monto directamente a laseñora Reverón Trujillo dentro del plazo de un año a partir de la notificación de lapresente Sentencia.
4.

Eliminación de la sanción de destitución del expediente

184. La sentencia de 13 de octubre de 2004 de la SPA ordenó, inter alia, que “debequedar borrada de[l] expediente judicial [de la señora Reverón Trujillo], cualquierinformación que mencione que la prenombrada ciudadana fue sancionada” (suprapárr. 55).
185. Los representantes sostienen que en el expediente personal de la señora
Reverón Trujillo todavía se encuentra una referencia a que ésta fue destituida.
186. El Estado, basándose en la declaración del testigo Valero Rodríguez 185 ,manifestó que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura dio cumplimiento estricto a lasentencia de la SPA y eliminó del expediente personal de la víctima toda referencia asu destitución. El Estado aclaró que a lo que los representantes se refieren es una“planilla de liquidación”, la cual no reposa en el expediente personal de la víctima
sino en “los archivos de liquidaciones de la Dirección General de Recursos Humanosde la Dirección Ejecutiva de la Magistratura”.
187. El Tribunal observa que al reverso de la “planilla de liquidaciones” que el
Estado indicó que no está en el expediente personal de la víctima se lee una
certificación del Coordinador General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que
señala que la copia del referido documento “es traslado fiel y exacto del original que
reposa en el Expediente de Personal de la ciudadana María Cristina Reverón
Trujillo”186.
188. Consecuentemente, la Corte ordena al Estado que elimine inmediatamente delexpediente personal de la señora Reverón Trujillo la referida “planilla de liquidación”.
5.

Adecuación de la legislación interna

189. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado que “dicte elCódigo de Ética del Juez Venezolano a que hace referencia el artículo 267 de laConstitución, donde deben establecerse los principios éticos y morales del juez
venezolano, junto con las causales de amonestación, suspensión y destitución de los

185
Cfr. declaración rendida por el testigo Valero Rodríguez en la audiencia pública celebrada ante laCorte Interamericana el 23 de enero de 2009.
186
Cfr. certificación del Coordinador General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura emitida el
27 de marzo de 2008 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, Tomo II, anexo 55, folio
2942, resaltado fuera del texto).

51
funcionarios judiciales”.
190. Al respecto, el Tribunal en el caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela ordenó
al Estado lo siguiente:[…] en el año 2006 la Sala Constitucional del TSJ declaró la ‘inconstitucionalidad por omisión
legislativa de la Asamblea Nacional […] con motivo del procedimiento legislativo iniciado parasancionar el denominado Proyecto de Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza
Venezolana, elaborado por dicha instancia legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente
promulgado’. Teniendo en cuenta que el propio Poder Judicial venezolano ha considerado que
es imprescindible que se emita el Código de Ética, considerando que el régimen transitorio se
ha extendido por más de 9 años, y en vista de las violaciones declaradas al artículo 2 de laConvención, esta Corte dispone que el Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partirde la notificación de la presente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación delCódigo de Ética. Esta normativa deberá garantizar tanto la imparcialidad del órgano
disciplinario, permitiendo, inter alia, que sus miembros puedan ser recusados, como su
independencia, regulando un adecuado proceso de nombramiento de sus integrantes y187.
asegurando su estabilidad en el cargo

191. Puesto que a la fecha de emisión de la presente Sentencia no se ha remitido
al expediente información oficial de que dicho Código de Ética haya sido todavía
adoptado, el Tribunal decide reiterar en el presente caso la orden dada en el citado
caso.
*
*

*

192. Por otro lado, el Tribunal declaró que en este caso Venezuela no garantizó
adecuadamente la independencia judicial, puesto que sus normas y prácticas
internas (en especial su línea jurisprudencial) consideran que los jueces provisorios
no cuentan con la garantía de inamovilidad (supra párrs. 121 y 127).
193. Consecuentemente, la Corte considera que como garantía de no repetición, el
Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar su legislación interna a la Convención
Americana a través de la modificación de las normas y prácticas que consideran delibre remoción a los jueces provisorios.
6.

Publicación de la Sentencia

194. Los representantes solicitaron que el Estado venezolano reconozca
públicamente su responsabilidad internacional por medio de la publicación de lospárrafos principales de la Sentencia de fondo que se dicte en el presente caso, en un
diario de circulación nacional.
195. Como lo ha dispuesto esta Corte en otros casos 188 , como medida desatisfacción, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia
circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 63 a 128, 138 a 141 y 190 a 193
de la presente Sentencia y los puntos resolutivos de la misma, sin las notas al pie depágina correspondientes. Para lo anterior, el Estado cuenta con el plazo de seis187
Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela,
supra nota 58, párr. 253.

188

Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001.
Serie C No. 87, punto resolutivo 5 d); Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 9, párr. 415, y Caso
Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 15, párr. 199.

52
meses a partir de la notificación de la presente Sentencia.
7.

Costas y gastos

196. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que “ordene al Estado el pagode las costas y gastos debidamente probados por la víctima en que haya incurrido
como consecuencia de los procedimientos tramitados tanto a nivel nacional comointeramericano”.
197. Los representantes solicitaron a la Corte que “reconozca en equidad los gastos
que por costas y gastos en el litigio (interno e internacional) se han ocasionado”. Porconcepto de honorarios profesionales en el fuero interno y en el internacional
solicitaron la cantidad de US$ 45.521,00 (cuarenta y cinco mil quinientos veintiún
dólares de los Estado Unidos de América) y por gastos procesales en el fuero interno
y en el internacional solicitaron US$ 14.531,00 (catorce mil quinientos treinta y un
dólares de los Estados Unidos de América).
198. El Estado en su contestación de la demanda solicitó a la Corte que tome en
consideración que los representantes “no aporta[n] prueba alguna para demostrar
los supuestos gastos en que habría incurrido para cubrir lo que califica como ‘gastos
procesales’ en el derecho interno y en [el] sistema interamericano”. Una vez que losrepresentantes remitieron prueba junto con sus alegatos finales escritos, el Estado
no presentó observaciones.
199. El Tribunal nota, en primer lugar, que los representantes, al momento de
remitir su escrito de solicitudes y argumentos, no presentaron los respectivos
comprobantes de las costas y gastos en los que supuestamente habría incurrido lavíctima. Únicamente remitieron dos comunicaciones dirigidas por los representantes
a la señora Reverón Trujillo con “estimaciones de honorarios profesionales”189 . No
remitieron los recibos que demostrarían que tales estimaciones fueron efectivamente
canceladas.
200. Al respecto, el Tribunal ha señalado que las pretensiones de las víctimas o sus
representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan,
deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede,
esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales
pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas ygastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte190.
201. En segundo lugar, si bien los representantes remitieron junto con sus alegatos
finales escritos la prueba que sustentaría los gastos incurridos en el procedimiento
ante esta Corte, no realizaron un detalle claro de cada uno de los conceptos por loscuales se ocasionaron los gastos ni el monto correspondiente a cada concepto. Se
limitaron a remitir los recibos y fijar la cantidad total. Al respecto, la Corte ha

189
Cfr. comunicación dirigida a la señora Reverón Trujillo por el señor Chavero Gazdik el 9 de enerode 2002 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo I, anexo O, folio 690) y
comunicación dirigida a la señora Reverón Trujillo por el señor Chavero Gazdik en febrero de 2005
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo I, anexo P, folios 692 y 693).
190
Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de
2004. Serie C No. 108, párr. 22; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170,
párr. 275, y Caso Tristán Donoso Vs. Panamá, supra nota 25, párr. 215.

53
señalado que “no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que serequiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con elhecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos
económicos, se establezca con claridad los rubros y la justificación de los mismos”191.
202. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, la Corte determina que
el Estado debe entregar la cantidad de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de losEstados Unidos de América) a la víctima, por concepto de costas y gastos. Dicha
cantidad deberá ser cancelada dentro del plazo de un año a partir de la notificaciónde la presente Sentencia. Este monto incluye los gastos futuros en que pueda incurrir
la víctima durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia. La señora
Reverón Trujillo entregará, a su vez, la cantidad que estime adecuada a quienes
fueron sus representantes en el fuero interno y en el proceso ante el Sistema
Interamericano.
8.

Modalidad de cumplimiento203. Los pagos de las indemnizaciones y el reembolso de costas y gastos
establecidos a favor de la señora Reverón Trujillo serán hechos directamente a ella.
En caso de su fallecimiento con anterioridad a la entrega de las cantidades
respectivas, éstas se entregarán a sus derechohabientes, conforme al derecho
interno aplicable.
204. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de losEstados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda venezolana,
utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté
vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al
pago.
205. Si por causas atribuibles a la señora Reverón Trujillo no fuese posible que losreciba dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a favor de lavíctima en una cuenta o certificado de depósito en una institución financieravenezolana, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más
favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años laindemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado con
los intereses devengados.
206. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnizaciones ycomo reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a la víctima en formaíntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas deeventuales cargas fiscales.
207. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre lacantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Venezuela.
208. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a
sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana,de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por
concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
presente Fallo. Dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación deesta Sentencia el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas

191

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra nota 190, párr. 277.

54
adoptadas para dar cumplimiento a la misma.
XI
PUNTOS RESOLUTIVOS
209.

Por tanto,

LA CORTE
DECIDE,por seis votos contra uno,
1.
Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado, en lostérminos de los párrafos 20 a 24 de la presente Sentencia.
DECLARA,por seis votos contra uno, que:2.
El Estado violó el artículo 25.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de laConvención Americana, en perjuicio de la señora Reverón Trujillo, en los términos delos párrafos 107 a 128 de la presente Sentencia.
3.
El Estado violó el artículo 23.1.c, en relación con el artículo 1.1 de laConvención Americana, en perjuicio de la señora Reverón Trujillo, en los términos delos párrafos 135 a 141 de la presente Sentencia.
4.
El Estado no violó el artículo 8.1 de la Convención, en los términos
expuestos en los párrafos 145 a 148 de la presente Sentencia.
5.
El Estado no violó el artículo 5.1 de la Convención, conforme a lospárrafos 152 a 154 de esta Sentencia.
Y DISPONE,
por seis votos contra uno, que:6.

Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

7.
El Estado deberá reincorporar a la señora Reverón Trujillo, en el plazo
máximo de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia, a un cargosimilar al que desempeñaba, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango
equiparables a los que le correspondería el día de hoy si hubiera sido reincorporada
en su oportunidad, en los términos de los párrafos 163 y 164 del presente Fallo. En
caso contrario, deberá pagarle la cantidad establecida de conformidad con el párrafo
165 de la presente Sentencia.

55
8.
El Estado deberá eliminar inmediatamente del expediente personal de laseñora Reverón Trujillo la planilla de liquidación en la que se dice que la víctima fue
destituida.
9.
El Estado deberá adoptar, a la mayor brevedad, las medidas necesarias
para la aprobación del Código de Ética, en el caso de que aún no lo haya hecho, en
los términos de los párrafos 190 y 191 de la presente Sentencia.
10.
El Estado deberá adecuar en un plazo razonable su legislación interna ala Convención Americana a través de la modificación de las normas y prácticas que
consideran de libre remoción a los jueces provisorios, de conformidad con lo
expuesto en los párrafos 192 y 193 de esta Sentencia.
11.
El Estado deberá realizar las publicaciones indicadas en el párrafo 195 dela presente Sentencia, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de lamisma.
12.
El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en lospárrafos 174, 183 y 202 supra, por concepto de daño material, inmaterial y reintegro
de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de lapresente Sentencia, en los términos de los párrafos 203 a 207 de la misma.
13.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, enejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la
Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado
haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentrodel plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir ala Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
El Juez Einer Elías Biel Morales hizo conocer a la Corte su Voto Disidente, el que
acompaña esta Sentencia.

56

Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José,
Costa Rica, el día 30 de junio de 2009.

Cecilia Medina Quiroga
Presidenta

Sergio García Ramírez

Manuel E. Ventura Robles

Leonardo A. Franco

Margarette May Macaulay

Rhadys Abreu Blondet

Einer Elías Biel Morales
Juez ad hoc

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Cecilia Medina Quiroga
Presidenta
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ AD HOC EINER ELIAS BIEL MORALES EN EL
CASO REVERÓN TRUJILLO VS. VENEZUELA
1.
En la sentencia emitida en el presente caso, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”) desestima la excepción
preliminar interpuesta por el Estado respecto al no agotamiento de recursos internos.
Difiero de la decisión mayoritaria y, por tanto, con el debido respeto por la opiniónde mis colegas, me permito presentar las razones jurídicas de mi disenso. Esta
diferencia con la mayoría me impide respaldar la Sentencia en su conjunto. Sin
embargo, resalto que, de aceptarse la competencia del Tribunal para conocer ydecidir el fondo de este caso, en términos generales, comparto la argumentación que
se ofrece al decidir el fondo del asunto, teniendo en cuenta que la Corte
Interamericana al decidir ofrece justicia a lo planteado por la víctima.
La excepción
internospreliminardenoagotamientoderecursos2.
El Preámbulo de la Convención Americana establece que: “los derechos
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por lacual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvanteo complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”(resaltado añadido). De lo anterior se desprende claramente que la protección que
brinda el Sistema Interamericano es exclusivamente subsidiaria de los sistemasinternos y de ninguna manera sustitutiva o principal. En este sentido, es importanteresaltar que bajo los términos de la Convención los Estados Partes se comprometena “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre ypleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”1. Por consiguiente, a
las autoridades nacionales les corresponde la responsabilidad y obligación de cumplir
con los deberes contraídos a través de la Convención, lo cual reafirma el carácter
esencialmente complementario que tiene la Corte. Quiere decir esto que sólo en
aquellos casos en que a un Estado se le haya permitido reparar por sí solo una
violación según la Convención, y no lo haya hecho, el Sistema Interamericano
tendría competencia para conocer dichas violaciones.
3.
Este carácter indiscutiblemente subsidiario que tiene el Sistema
Interamericano se materializa principalmente en el requisito del agotamiento de losrecursos de jurisdicción interna. Específicamente, desde el inicio de sus funciones laCorte Interamericana ha establecido que: “[l]a regla del previo agotamiento de losrecursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno
antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido

1

Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2
en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta "coadyuvanteo complementaria" de la interna (Convención Americana, Preámbulo)”2.
4.
Cabe añadir que esta naturaleza ha sido reconocida no sólo por el Sistema
Interamericano sino, además, por otros sistemas regionales, como es el caso delSistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. Al respecto, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos también ha expresado que la protección establecida
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos es subsidiaria al sistema nacional deprotección3. El Convenio Europeo permite a cada Estado Parte, en primer lugar, latarea de asegurar los derechos y libertades consagradas. La institución creada por
ella, hace su propia contribución a dicha tarea, pero se ve involucrada sólo mediante
procedimientos contenciosos y cuando todos los recursos internos han sido agotados(Art. 26)”4. De lo anterior, se obtiene que la Corte Europea reconoce de una manera
clara y precisa la importancia de brindar al Estado la posibilidad de reparar lasvulneraciones a los derechos humanos por medio del agotamiento de todos sus
recursos internos, relacionando esto íntimamente con el fin mismo de los sistemasinternacionales que es el brindar una protección a aquellos derechos cuando losEstados no lo hayan hecho.
5.
En fin, inicio mi voto con estas reflexiones, ya muy conocidas y aceptadas,sobre la subsidiaridad de la Corte, porque es exactamente este principio lo que me
motiva a concluir que en el presente caso procedía aceptar la excepción preliminarinterpuesta por el Estado venezolano.
6.
El Estado venezolano interpuso una excepción preliminar, señalando que laseñora Reverón Trujillo “omitió interponer el Recurso de Revisión ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”. Sin embargo, la mayoría ha
decidido que, dado que “la […] excepción preliminar no fue interpuesta
oportunamente […] el Estado [perdió] la posibilidad de hacer uso de este medio dedefensa ante este Tribunal” (párrs. 20 y 21 de la Sentencia). Ello implica que no se
adelante revisión respecto a la efectividad del recurso de revisión para enfrentar los
problemas que se derivarían de la decisión adoptada por la Sala Político
Administrativa. Al respecto, cabe resaltar que en el expediente se encuentran copias
de diversas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia enlas que se declaró con lugar el recurso de revisión, para demostrar la posibilidad derecurrir ante este medio y de obtener resultados favorables.
7.
La presente decisión es respetuosa de la jurisprudencia reiterada de la Corte, lacual ha establecido, en primer lugar, que la excepción de no agotamiento derecursos internos se trata de una regla cuya invocación puede ser renunciada enforma expresa o tácita por el Estado que tiene derecho a invocarla y, en segundo
lugar, que la forma en que se renuncia a este derecho del Estado es al no presentar

2
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Serie C No. 4, párr. 61; Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enerode 1989. Serie C No. 5, párr. 64, y Corte I.D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo.
Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 85.

3

ECHR, Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in
Belgium, Judgment of 23 July 1968, para. 10; ECHR, Case of Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December
1996, párr. 51, y ECHR, Case of Sisojeva and others v. Latvia, Judgement of 15 January 2007.

4

ECHR, Handyside v. United Kingdom. Judgment (Merits) of 7 December 1976, para. 48.

3
la excepción en un momento “oportuno”5.
8.
Sin embargo, estoy en desacuerdo con esta jurisprudencia de la Corte y, portanto, con la decisión en el presente caso. En primer lugar, como ya expuse
anteriormente, la subsidiaridad de la Corte es una de las bases en la que se funda su
jurisdicción. El agotamiento de recursos internos está establecido en la Convención
Americana como un requisito de admisibilidad, por lo cual no queda claro por qué laCorte Interamericana lo ha convertido en un “medio de defensa” por parte del Estado
al cual se puede renunciar. Se entiende que es deber del Estado indicar si hayrecursos internos por agotar, pero eso no quiere decir que si no lo hizo en un
momento determinado, signifique que la Corte o la Comisión se abstengan derealizar un escrutinio de los requisitos de admisibilidad.
9.
En segundo lugar, la regla invocada ha sido creada por la jurisprudencia de laCorte y no está consagrada en la Convención Americana ni en ningún otro tratado
vinculante para los Estados. En este sentido, como fuera resaltado en un reciente
voto disidente6, “si se hubiese querido establecer una oportunidad preclusiva para
alegar esta excepción, ha debido preverse de manera explícita en el texto de laConvención Americana”. Tampoco es suficiente oponer a los Estados las normas que
adopten la Comisión y la Corte en sus reglamentos, toda vez que dichos reglamentos
no constituyen tratados respecto de los cuales los Estados hayan brindado su
consentimiento.
10.
Lo anterior responde a principios generales de seguridad jurídica. En efecto,
los Estados han tenido que enfrentar la aplicación de un estándar que pareciera estar
en contravía a lo previsto convencionalmente. La regla jurisprudencial parece nohaberse construido a partir del principio del consentimiento de los Estados Parte enla Convención, lo cual puede generar diversas dificultades para un consenso en torno
a la legitimidad de las decisiones que adopta el Tribunal en lo que corresponde
específicamente a esta excepción preliminar. Se le están aplicando reglas a losEstados que ellos desconocían al momento de ratificar el respectivo tratado.
11.
De hecho, la jurisprudencia de la Corte en la materia parece haberdesarrollado, en ocasiones, criterios no necesariamente compatibles entre sí oincluso modificados de diversas maneras, como ocurre desde el caso Perozo y otros
Vs. Venezuela, cuando en lugar de aludirse a la renuncia tácita se indica que el
Estado no planteó la excepción preliminar en el momento oportuno. Este estándar
debilita aún más los requisitos de seguridad jurídica respecto al comportamiento
procesal que deben tener los Estados en el litigio ante la Corte, pues el cambio ovariación que se hace en la Sentencia respecto de la renuncia tácita, lo cual ahora sesustituye por “pérdida de la posibilidad”, a mi juicio no es una cuestión de simple
semántica, sino una variación que podría generar mucha más confusión, toda vez
que pareciera asociarse a la idea de preclusión, lo cual tampoco está consagrado en

5

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio
de 1987. Serie C No. 1, párr. 88.
6

Votos disidentes emitidos por el juez ad hoc Pier Paolo Pasceri Scaramuzza en relación con dos
sentencias de la Corte Interamericana: Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194 y Corte
IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195.

4
la Convención.
12.
Asimismo, es de notar la frecuencia o recurrencia con que se plantean estas
cuestiones por los Estados ante la Corte, lo cual –independientemente de la opiniónde la Comisión y de la jurisprudencia de la Corte que data de más de 20 añosdenota la importancia de resolver definitivamente esta cuestión acogiendo laposibilidad de debatir las excepciones preliminares de esta naturaleza ante el
Tribunal.
13.
Finalmente, considero que el hecho que la Corte sea el único órgano
jurisdiccional del Sistema Interamericano implica que debe mantener competencia
total para revisar y decidir sobre cuestiones de admisibilidad. Como ha establecido la
jurisprudencia del Tribunal, ésta “no actúa, con respecto a la Comisión, en unprocedimiento de revisión, de apelación u otro semejante. Su jurisdicción plena paraconsiderar y revisar in toto lo precedentemente actuado y decidido por la Comisión,
resulta de su carácter de único órgano jurisdiccional de la materia. En este sentido,
al tiempo que se asegura una más completa protección judicial de los derechos
humanos reconocidos por la Convención, se garantiza a los Estados Partes que han
aceptado la competencia de la Corte, el estricto respeto de sus normas”7. En esta
misma línea, se ha señalado que “si en la Comisión se decidió sobre la cuestión deadmisibilidad, ésta debería ser analizada de nuevo por ante esta Corte dado el
carácter jurisdiccional de este último órgano por contraposición al primero. Este
actuar se encuentra en perfecta sintonía con la potestad de jurisdicción plena quetiene la Corte respecto a lo decidido por la Comisión” 8 . Comparto esta opinión yrecalco que asimismo como este Tribunal es competente para decidir si se ha
producido una violación a los derechos humanos, lo es para decidir sobre cuestiones
procedimentales en que fundamenta su posibilidad de conocer el caso9. Por tanto, no
hay razón para que el Tribunal no revise las reglas procedimentales impuestas por la
Comisión sobre un supuesto momento “oportuno” para presentar las excepciones
preliminares.
14. Por todo lo anterior, la Corte debió haber entrado a analizar la efectividad delrecurso de revisión señalado por el Estado, para poder concluir si en efecto seagotaron o no los recursos internos en los términos de la Convención. A pesar de que
concuerdo en las razones que sustentan las decisiones de fondo adoptadas por la
mayoría, considero que es necesario y conveniente asumir que el requisito delagotamiento de los recursos internos no puede ser una defensa a la que el Estado
puede renunciar tácitamente, ya que constituye una regla en la que se concretiza el
principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano.

7

Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26
de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 29.
8
Voto disidente del juez ad hoc Pier Paolo Pasceri, supra nota 6.
9Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio
de 2002. Serie C No. 93 párr. 27; Corte I.D.H., Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago.
Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 71.

5
Queda de esta forma planteadas las razones para salvar mi voto en la presentedecisión. Fecha ut-supra

Einer Elías Biel Morales
Juez ad hoc

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario