CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCASO CASA NINA VS. PERÚSENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Casa Nina Vs. Perú,la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

“la

Corte

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;
L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;
Eduardo Vio Grossi, Juez;
Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, yRicardo Pérez Manrique, Juez,
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, yRomina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con losartículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento” o“el Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente
orden:TABLA DE CONTENIDOI INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

4II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

5III COMPETENCIA

6

IV EXCEPCIONES PRELIMINARES

6

A. Excepción preliminar de “cuarta instancia”

6

A.1. Alegatos de las partes y de la Comisión

6

A.2. Consideraciones de la Corte

7

B. Falta de competencia de la Corte para conocer sobre alegaciones concernientes alderecho al trabajo

7

B.1. Alegatos de las partes y de la Comisión

7

B.2. Consideraciones de la Corte

8

V CONSIDERACIONES PREVIAS

9

A. Sobre la determinación de presuntas víctimas

9

A.1. Alegatos de las partes y de la Comisión

9

A.2. Consideraciones de la Corte

9

B. Sobre el marco fáctico del caso

10

B.1. Alegatos de las partes y de la Comisión10

B.2. Consideraciones de la Corte

10

VI PRUEBA

11

A. Admisibilidad de la prueba documental

11

B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial

12

VII HECHOS

13

A. Marco normativo aplicable

13

B. Nombramiento del señor Julio Casa Nina como Fiscal Adjunto Provincial Provisional

15

C. Conclusión del nombramiento de la presunta víctima

16

D. Mecanismos de impugnación promovidos por la presunta víctima

16

D.1. Recurso de reconsideración

16

D.2. Acción de amparo

17

D.3. Recurso de apelación

17

D.4. Recurso de agravio constitucional

17

VIII FONDO

18

VIII.1 GARANTÍAS JUDICIALES, DERECHOS POLÍTICOS Y DERECHO AL TRABAJO, EN
RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y
DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO, Y ALEGADAS VIOLACIONESAL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A LA PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD
Y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY
18
A. Alegatos de la Comisión y de las partes

18

A.1. La estabilidad reforzada de las y los fiscales

18

A.2. Garantías judiciales y principio de legalidad

192A.3. Derechos políticos

19

A.4. Derecho al trabajo

20

B. Consideraciones de la Corte

20

B.1. Garantías específicas para salvaguardar la independencia judicial y su aplicabilidad a lasy los fiscales por la naturaleza de las funciones que ejercen
20
B.2. La garantía de inamovilidad en el cargo de las y los fiscales provisionales

24

B.3. Análisis del caso concreto

25

B.3.1 Nombramiento del señor Julio Casa Nina como fiscal provisional

25

B.3.2 Deber de motivación, inamovilidad en el cargo y conclusión del nombramiento del señor
Julio Casa Nina como fiscal provisional
26
B.3.3 Derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad29

B.3.4 Falta de adecuación del derecho interno, en relación con la garantía de inamovilidad delas y los fiscales30
B.3.5 Derecho al trabajo

31

B.3.6 Alegada violación a la protección de la honra y de la dignidad y a la igualdad ante la ley

34

B.3.7 Conclusión General

34

VIII.2 DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓNOBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

CON

LAS
34

A. Alegatos de la Comisión y de las partes

34

B. Consideraciones de la Corte

35

IX REPARACIONES

37

A. Parte lesionada

37

B. Medidas de restitución37

C. Medidas de satisfacción

38

D. Garantías de no repetición

38

E. Indemnizaciones compensatorias

40

E.1 Daño Material

40

E.2 Daño Inmaterial

41

F. Costas y gastos

43

G. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas

44

H. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

44

X

45

PUNTOS RESOLUTIVOS

3

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El caso sometido a la Corte. – El 6 de agosto de 2019 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a lajurisdicción de la Corte el caso “Julio Casa Nina” contra la República del Perú (en adelante “elEstado peruano”, “el Estado” o “Perú”). De acuerdo con lo indicado por la Comisión, el caso
se relaciona con una serie de violaciones que habrían ocurrido en el marco del procedimiento
que culminó con la separación del señor Julio Casa Nina del cargo de Fiscal Adjunto Provisionalde la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga, Ayacucho, Perú. La Comisión
consideró que el nombramiento de la presunta víctima se efectuó sin plazo o condición,
limitado a una invocación genérica de las necesidades del servicio, lo que resultó incompatible
con la garantía de estabilidad reforzada que debe proteger a los fiscales para salvaguardar su
independencia. Asimismo, alegó que el procedimiento en virtud del cual fue cesado del cargoel señor Casa Nina no respetó el derecho de defensa, el principio de legalidad, el principio depresunción de inocencia y el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas, lo que
también vulneró el derecho de acceder y permanecer en el cargo en condiciones de igualdad.
Por último, argumentó violación al derecho a la protección judicial, pues los recursos yacciones administrativas y judiciales no fueron efectivas para impugnar la decisión que cesó
en su cargo a la presunta víctima.
2.

Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:a) Petición. – El 6 de febrero de 2007 el señor Julio Casa Nina (en adelante también“la presunta víctima”) presentó la petición inicial.
b) Informe de Admisibilidad. – El 15 de agosto de 2014 la Comisión aprobó el Informede Admisibilidad No. 79/14, en el que concluyó que la petición era admisible.
c) Informe de Fondo. – El 5 de octubre de 2018 la Comisión aprobó el Informe deFondo No. 116/18 (en adelante “Informe de Fondo” o “Informe No. 116/18”), en elcual llegó a una serie de conclusiones1 y formuló varias recomendaciones al Estado.

3.
Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado mediantecomunicación de 6 de noviembre de 2018, habiéndole otorgado el plazo de dos meses paraque informara sobre el cumplimento de las recomendaciones. El 6 de febrero de 2019 laComisión otorgó al Estado una prórroga de dos meses para que cumpliera las
recomendaciones del Informe de Fondo. Asimismo, otorgó una segunda prórroga el 6 de mayo
de 2019. La Comisión no accedió a otorgar la tercera prórroga solicitada por el Estado, alconsiderar que este “no expresó clara voluntad de cumplimiento de las recomendaciones”.
4.
Sometimiento a la Corte. – El 6 de agosto de 2019 la Comisión sometió el presente casoa la Corte, según indicó, “por la necesidad de obtención de justicia para la [presunta] víctima”2.
Este Tribunal nota, con preocupación, que entre la presentación de la petición inicial ante la
Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte transcurrieron 12 años y seis meses.

La Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales,
al principio de legalidad, a permanecer en cargos públicos en condiciones de igualdad y a la protección judicial,reconocidos en los artículos 8.1, 8.2, 8.2 b), 8.2 c), 9, 23.1 c) y 25.1 de la Convención, en relación con las obligaciones
previstas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Julio Casa Nina.
1

La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al Comisionado Joel Hernández y al entonces Secretario
Ejecutivo Paulo Abrão, y designó como asesor legal a Christian González Chacón, abogado de la Secretaría Ejecutiva.
2

4

5.
Solicitudes de la Comisión. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a este Tribunalque concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Perú por las violaciones
contenidas en el Informe No. 116/18 y se ordenara al Estado, como medidas de reparación,
las incluidas en dicho informe.
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
6.
Notificación al Estado y a la presunta víctima. – El sometimiento del caso fue notificado
al Estado y a la presunta víctima mediante comunicaciones de 27 de agosto de 2019.
7.
Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. – El 31 de octubre de 2019 el señor Julio
Casa Nina presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito desolicitudes y argumentos”), conforme a los artículos 25 y 40 del Reglamento de la Corte. La
presunta víctima coincidió sustancialmente con los alegatos de la Comisión y, adicionalmente,señaló que el Estado violó su derecho al trabajo. Asimismo, solicitó que se ordenara al Estado
adoptar diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos, paralo cual identificó también como parte lesionada a su esposa Mercedes Maritza Salinas Mamani,y a sus hijas Yessenia Mercedes Casa Salinas y Lourdes Maritza Casa Salina.
8.
Escrito de contestación. – El 4 de febrero de 2020 el Estado presentó ante la Corte su
escrito de contestación al sometimiento del caso e Informe de Fondo de la Comisión
Interamericana y al escrito de solicitudes y argumentos de la presunta víctima (en adelante“escrito de contestación”)3. En dicho escrito el Estado planteó dos excepciones preliminares yse opuso a las violaciones alegadas y a las medidas de reparación solicitadas4. Solicitó que sedeclaren infundadas las pretensiones de la Comisión y que se disponga que el Estado no es
responsable por las violaciones señaladas en el Informe de Fondo.
9.
Observaciones a las excepciones preliminares. – Mediante escritos de 22 y 25 de marzo
de 2020, la abogada Yessenia Mercedes Casa Salinas, representante de la presunta víctima(en adelante “la representante”) 5 y la Comisión, respectivamente, presentaron sus
observaciones a las excepciones preliminares opuestas por el Estado.
10. Procedimiento final escrito. – Mediante Resolución de 3 de agosto de 2020, la Presidenta
de la Corte, en consulta con el Pleno del Tribunal, decidió que, por razones de economía
procesal y en atención a la situación originada a causa de la pandemia por la propagación del
COVID-19, no era necesario convocar a audiencia pública en el presente caso. De esa cuenta,
dispuso que las declaraciones admitidas serían rendidas ante fedatario público (affidávit)6.
Mediante comunicación de 25 de septiembre de 2019, el Estado designó como agente titular al abogado Carlos
Miguel Reaño Balarezo, y como agentes alternas a las abogadas Silvana Lucía Gómez Salazar y Nilda Peralta
Zecenarro.
3

El Estado presentó una “observación preliminar” y cinco “cuestionamientos procesales”, dos de los cuales sedirigen a discutir la competencia de la Corte en los términos siguientes: a) “Falta de competencia de la Corte IDH
para asumir un rol de cuarta instancia”, y b) “Observaciones a la indebida inclusión de las alegaciones sobre presunta
afectación al derecho al trabajo en el ESAP”.
4

Dicha representación fue acreditada mediante escrito de 12 de diciembre de 2019, para lo cual fue presentado
poder otorgado por la presunta víctima.
5

En dicha Resolución fueron admitidas las declaraciones de las siguientes personas: a) Julio Casa Nina (presunta
víctima, propuesto por la representante), y b) Rita Arleny Figueroa Vásquez (testigo, propuesta por el Estado).
Asimismo, se dispuso incorporar, “como prueba documental, el peritaje que el experto Perfecto Andrés Ibáñez
rind[ier]a en el trámite del caso Martínez Esquivia Vs. Colombia”. Cfr. Caso Casa Nina Vs. Perú. Resolución de la
Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de agosto de 2020. Disponible en:https://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/casa_nina_03_08_20.pdf.
65

11. Alegatos y observaciones finales escritos. – El 8 y 9 de octubre de 2020 la Comisión, larepresentante y el Estado remitieron, respectivamente, sus observaciones finales escritas y
sus alegatos finales escritos, junto con sus anexos.
12. Observaciones a los anexos a los alegatos finales. – El 30 de octubre de 2020 el Estado
presentó sus observaciones a los anexos a los alegatos finales escritos de la representante.
Por su parte, el 2 de noviembre de 2020 la representante presentó sus observaciones a losanexos a los alegatos finales escritos del Estado; en la misma fecha la Comisión indicó notener observaciones al respecto.
13. La Corte deliberó la presente Sentencia, por medio de una sesión virtual, durante losdías 23 y 24 de noviembre de 20207.
III
COMPETENCIA
14. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3
de la Convención, en razón de que la República del Perú es Estado Parte de dicho instrumento
desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enerode 1981.
IV
EXCEPCIONES PRELIMINARES
15. En el presente caso, el Estado presentó dos excepciones preliminares relativas a losaspectos siguientes: a) excepción preliminar de “cuarta instancia”, y b) falta de competencia
de la Corte para conocer sobre alegaciones concernientes al derecho al trabajo.
A. Excepción preliminar de “cuarta instancia”
A.1. Alegatos de las partes y de la Comisión
16. El Estado alegó que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es
coadyuvante, subsidiario y complementario a la jurisdicción interna de los Estados, por lo que,como lo ha señalado la Corte en anteriores oportunidades, carece de competencia para actuar
como tribunal de alzada para pronunciarse sobre desacuerdos en torno a la valoración de las
pruebas, pues el examen de los hechos y la prueba corresponde a los tribunales internos.
Argumentó que, en dos ocasiones, durante la etapa de admisibilidad ante la Comisión, formuló
la excepción preliminar de cuarta instancia.
17. Señaló que el asunto que se discute en el presente caso fue “claramente zanjado” porel Tribunal Constitucional en sede interna, mediante sentencia de 14 de diciembre de 2005(sic)8. De esa cuenta, la presunta víctima, por no estar de acuerdo con las valoraciones y lospronunciamientos obtenidos por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, persigue quela Corte actúe como una cuarta instancia, es decir, que intervenga y se pronuncie sobre la
Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue
deliberada y aprobada durante el 138 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo de forma no presencial
utilizando medios tecnológicos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte.
7

La sentencia del Tribunal Constitucional fue emitida el 14 de noviembre de 2005. Cfr. Sentencia emitida por
la Sala Primera del Tribunal Constitucional el 14 de noviembre de 2005 (expediente de prueba, tomo I, anexo 9 al
Informe de Fondo, folios 32 y 33).
8

6

controversia. Por último, afirmó que la Corte carece de competencia para conocer el presentecaso, pues la presunta víctima acudió ante el Sistema Interamericano por su disconformidad
con las decisiones internas.
18. La representante alegó que, en el asunto sometido a conocimiento de la Corte, no se
discute la valoración de la prueba ni divergencias o conflictos internos. Por el contrario, secuestiona la afectación, por parte del Estado, a derechos humanos protegidos por la legislacióninterna y supranacional.
19. La Comisión manifestó que en el presente caso se alegan una serie de violaciones aldebido proceso y al principio de legalidad en el marco del procedimiento que culminó con laseparación de la presunta víctima de su cargo en la Fiscalía, por lo que no se trata de una
cuestión que se refiera simplemente a la disconformidad con decisiones nacionales. Agregó
que el debate sobre las razones que le condujeron a concluir que dichas violaciones habían
acaecido corresponde al fondo del asunto, lo que en ningún caso podría ser resuelto medianteuna excepción preliminar. Solicitó que la Corte desestime la excepción preliminar de cuarta
instancia.
A.2. Consideraciones de la Corte
20. Esta Corte ha señalado que la determinación en cuanto a si las actuaciones de órganos
judiciales constituyen o no una violación de las obligaciones internacionales del Estado puede
conducir a que la Corte deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos paraestablecer su compatibilidad con la Convención Americana 9. Sin embargo, este Tribunal no es
una cuarta instancia de revisión judicial ni examina la valoración de la prueba realizada por
los jueces nacionales. Solo es competente para decidir sobre el contenido de resoluciones
judiciales que contravengan de forma manifiestamente arbitraria la Convención Americana 10.
21. En el caso concreto se advierte que las pretensiones de la Comisión y la presunta víctima
no se circunscriben a la revisión de los fallos de los tribunales nacionales ante una eventual
incorrección en la apreciación de las pruebas, en la determinación de los hechos o en laaplicación del derecho interno. Por el contrario, se alega la vulneración a distintos derechos
consagrados en la Convención Americana, en el marco de las decisiones asumidas por las
autoridades nacionales, tanto en sede administrativa como judicial. En consecuencia, con el
fin de determinar si dichas violaciones efectivamente acaecieron, se hace imprescindible
analizar las resoluciones dictadas por las distintas autoridades, administrativas yjurisdiccionales, a fin de determinar su compatibilidad con las obligaciones internacionales delEstado, lo que, a la postre, configura una cuestión de fondo que no puede dirimirse por vía deuna excepción preliminar. Como corolario, la Corte declara sin lugar la excepción preliminarpresentada por el Estado.
B. Falta de competencia de la Corte para conocer sobre
concernientes al derecho al trabajo

alegaciones

B.1. Alegatos de las partes y de la Comisión
22.

El Estado alegó que, en diversas partes del escrito de solicitudes y argumentos, se hace

Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 denoviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 222, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2020. Serie C No. 409, párr. 31.
9Cfr. Caso Rico Vs. Argentina. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C
No 383, párr. 82, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 31.
107referencia a la violación al derecho al trabajo, el que no fue considerado en el Informe deAdmisibilidad ni en el Informe de Fondo. Señaló que el numeral 6 del artículo 19 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, delimita lacompetencia de la Comisión y de la Corte, en el sentido que solo pueden ser objeto de análisis
por parte de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos elderecho a la libertad sindical (párrafo a) del artículo 8) y el derecho a la educación (artículo
13). Indicó que la Corte no puede asumir competencia respecto de la presunta violación de
un derecho o libertad no incluida en el régimen de protección de la Convención y el Protocolo
de San Salvador. Agregó que la Corte podría “repensar y reflexionar sobre los criterios
anteriormente fijados en el caso Lagos del Campo Vs. Perú”, en cuanto a la interpretación delartículo 26 de la Convención.
23. Argumentó que en el presente caso la única alegación relativa al principio de desarrollo
progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra contenida en elescrito de solicitudes y argumentos, de manera que la Comisión no se ha pronunciado al
respecto, por lo que no resulta pertinente realizar un análisis en tal sentido. Solicitó que lapretensión en torno a la vulneración del derecho al trabajo sea desestimada.
24. La representante indicó que el alegato relativo a la violación del derecho al trabajo
está relacionado con los fundamentos fácticos del caso, por lo que no existe limitación parasu análisis. Agregó que la Corte, en el caso Lagos del Campo Vs. Perú, afirmó que el derecho
al trabajo se encuentra protegido por la Convención Americana, para lo cual consideró que losderechos civiles y políticos, así como los de naturaleza económica, social y cultural, deben serentendidos integralmente, sin que exista jerarquía entre sí, por lo que son exigibles en todos
los casos ante las autoridades competentes para su tutela.
25. La Comisión señaló que los representantes o las presuntas víctimas pueden invocar la
violación de otros derechos distintos a los comprendidos en el Informe de Fondo, siempre que
se atengan a los hechos contenidos en este último. Añadió que “esta no sería la oportunidad
para cuestionar la jurisprudencia de la […] Corte relacionada con la violación del artículo 26[de la Convención]”, pues el propio Tribunal ha reiterado que los términos amplios en queestá redactada la Convención Americana indican que ejerce una jurisdicción plena sobre todos
sus artículos y disposiciones. Solicitó que se desestime la excepción preliminar planteada.
B.2. Consideraciones de la Corte
26. Este Tribunal reafirma su competencia para conocer y resolver controversias relativas alartículo 26 de la Convención Americana como parte integrante de los derechos enumeradosen su texto, respecto de los cuales el artículo 1.1 confiere obligaciones de respeto y garantía 11.
Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No 198, párrs. 16, 17 y 100; Caso Lagos delCampo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie
C No. 340, párrs. 142 y 154; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344, párr. 192; Caso San MiguelSosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr.
220; Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie
C No. 349, párr. 100; Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párrs. 75 a 97; Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375, párrs. 34 a 37; Caso
Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUBSUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019.
Serie C No. 394, párrs. 33 a 34; Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 62; Caso Comunidades Indígenas Miembros de laAsociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de118Tal como lo ha indicado en decisiones previas 12, las consideraciones relacionadas con la posible
ocurrencia de dichas violaciones deben ser estudiadas en el fondo de este asunto.
27. Por último, cabe agregar, ante los alegatos del Estado, que el Tribunal ha consideradode manera reiterada que los representantes o las presuntas víctimas pueden invocar derechos
distintos a aquellos señalados por la Comisión, pues al ser las últimas mencionadas lastitulares de los derechos consagrados en la Convención Americana, negarles esta facultad
implicaría una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de losDerechos Humanos. En todo caso, la jurisprudencia ha exigido que dichos alegatos se basenen el marco fáctico establecido en el Informe de Fondo 13. Como corolario, la Corte considera
improcedente la excepción preliminar opuesta.
V
CONSIDERACIONES PREVIAS
A. Sobre la determinación de presuntas víctimas
A.1. Alegatos de las partes y de la Comisión
28. El Estado señaló que la Corte ha establecido que la identificación de las presuntas
víctimas es obligación de la Comisión, lo que debe realizar al emitir el Informe de Fondo, porlo que no resulta posible incluir a otras presuntas víctimas en una etapa posterior. En tal
sentido, la Comisión, en el Informe de Fondo, solo reconoció como presunta víctima al señor
Julio Casa Nina. Sin embargo, en el escrito de solicitudes y argumentos fueron incluidas otras
personas: la esposa e hijas del señor Casa Nina, sin que puedan ser consideradas como tales
en atención a la jurisprudencia de la Corte y a que no concurre la excepción prevista en el
artículo 35.2 del Reglamento de la Corte. Solicitó que se declare que no es posible incluir
presuntas víctimas distintas al señor Casa Nina.
29. La representante indicó que la reparación por violación a los derechos humanos es
integral, por lo que debe comprender a los familiares del afectado, para lo cual es preciso
tomar en cuenta distintos estándares internacionales referidos a los derechos de las víctimasa obtener reparaciones. La Comisión no se pronunció al respecto.
A.2. Consideraciones de la Corte
30. La Corte recuerda que de conformidad con el artículo 35.1 del Reglamento, el caso serásometido a su jurisdicción mediante la presentación del Informe de Fondo, el cual deberá
contener la identificación de las presuntas víctimas. Por consiguiente, corresponde a laComisión identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas
víctimas14, salvo en las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 35.2 del referido

2020. Serie C No. 400, párr. 195; Caso Spoltore Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 9 de junio de 2020. Serie C No. 404, párr. 85, y Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo
Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 23.
Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú, supra, párr. 37, y Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio
de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, párr. 23.
12

Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003.
Serie C No. 98, párr. 155, y Caso López y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396, párr. 196.
13

Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 98, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Fondo,
149Reglamento, de acuerdo con el cual, cuando se justifique que no fue posible identificar aalguna o algunas presuntas víctimas, por tratarse de casos de violaciones masivas ocolectivas, el Tribunal decidirá oportunamente si las considera o no como tales, de acuerdo
con la naturaleza de la violación15.
31. De esa cuenta, en aplicación del citado artículo 35.1 del Reglamento, al no concurrir
alguna de las excepciones que recoge el artículo 35.2, la Corte concluye que no es viable
incluir otras presuntas víctimas distintas a la identificada en el Informe de Fondo, es decir, al
señor Julio Casa Nina.
B. Sobre el marco fáctico del caso
B.1. Alegatos de las partes y de la Comisión
32. El Estado alegó, bajo el título “observaciones preliminares”, que la Comisión “de manera
errada ha distorsionado el sentido del presente caso y ha planteado cuestiones jurídicas queen estricto no se relacionan con los hechos”. Así, destacó que la cesación del cargo del señor
Casa Nina “no se produjo por la aplicación de una sanción, consecuentemente no se ha llevadoa cabo un proceso disciplinario”. En tal sentido, argumentó que no se produjo una destitución,
despido o desvinculación, sino la conclusión de la designación efectuada como Fiscal Adjunto
Provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, Ayacucho. El Estado solicitó
que la Corte fije y delimite el hecho central de la controversia a fin de determinar las posiciones
jurídicas asumidas por las partes y, de ser el caso, los fundamentos jurídicos que serán labase del fallo que se emita.
33. La representante indicó que el Informe de Fondo delimitó “en forma clara” el objetode la controversia. La Comisión, por su parte, señaló que el planteamiento del Estado “no serefiere propiamente a la delimitación del marco fáctico sino a una disconformidad con lacaracterización jurídica” realizada en el Informe de Fondo. Agregó que el referido marco fácticodel presente caso se encuentra “claramente delimitado y lo constituye el proceso que culminó
con el cese de la víctima de su cargo de Fiscal Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penalde la Provincia de Huamanga”. Solicitó que se desestime el planteamiento formulado por el
Estado.
B.2. Consideraciones de la Corte
34. La Corte recuerda que el marco fáctico del proceso se encuentra constituido por loshechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a su consideración16. En tal sentido, elalegato del Estado, como refiere la Comisión, no objeta en sí mismo la delimitación del marco
fáctico, sino la calificación que se efectuó en el Informe de Fondo respecto de tales hechos.
En concreto, cuestiona que se haya afirmado que la conclusión del cargo que ejercía lapresunta víctima fuera consecuencia de una sanción, por lo que niega que se haya producido
destitución, despido o desvinculación. En todo caso, se trata de aspectos que atañen a ladiscusión jurídica respecto de la calificación de los hechos, elementos que ineludiblemente
formarán parte del análisis de fondo que realizará el Tribunal.

Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415, párr. 20.
Cfr. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 48, y Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela,
supra, párr. 20.
15

Cfr. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19
de mayo de 2011. Serie C No. 226, párr. 32, y Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile, supra, párr. 39.
16

10

VI
PRUEBA
A. Admisibilidad de la prueba documental
35. La Corte recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión y laspartes junto con sus escritos principales (supra párrs. 1, 7 y 8). Como en otros casos, este
Tribunal admite aquellos documentos presentados oportunamente (artículo 57 delReglamento)17 por las partes y la Comisión, cuya admisibilidad no fue controvertida ni
objetada, ni cuya autenticidad fue puesta en duda18.
36. Por otra parte, la Corte observa que la representante presentó, junto con sus alegatos
finales escritos, comprobantes referidos a los gastos efectuados por la emisión del informe
psicológico rendido por Harvis Andrana Cordero Loayza, así como por el informe pericial
suscrito por Vladimir Díaz Pillaca. Ambos informes fueron remitidos como anexos al escrito desolicitudes y argumentos. El Estado, al presentar sus observaciones, señaló, entre otras
cuestiones, que los comprobantes fueron presentados en forma extemporánea. Asimismo, el
Estado presentó anexos junto con sus alegatos finales escritos 19. La representante, en sus
observaciones, cuestionó la pertinencia y utilidad de los documentos remitidos por el Estado.
La Comisión manifestó no tener observaciones al respecto.
37. En tal sentido, la Corte recuerda que, en lo que se refiere a la oportunidad procesal parala presentación de prueba documental, de conformidad con el artículo 57.1 del Reglamento,
esta debe ser presentada, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso, desolicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. Ante ello, el Tribunal reitera
que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo
en caso de las excepciones establecidas en el artículo 57.2 del Reglamento, a saber: fuerza
mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados
La prueba documental puede ser presentada, en general y de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento,
junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda,
y no es admisible la prueba remitida fuera de esas oportunidades procesales, salvo en las excepciones establecidas
en el referido artículo 57.2 del Reglamento (a saber, fuerza mayor, impedimento grave) o salvo si se tratara de unhecho superviniente, es decir, ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.
17

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr.
140, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de2020. Serie C No. 417, párr. 27.
18

El Estado remitió los documentos siguientes: a) Decreto Ley No. 25418 del 6 de abril de 1992, Ley de Basesdel Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional; b) Decreto Ley No. 25505 del 20 de mayo de 1992, Nombrana Fiscal de la Nación Provisional; c) Ley No. 26695 del 29 de noviembre de 1996, Amplían facultades de la Presidencia
de la Corte Suprema de Justicia y aprueban diversas normas sobre conformación y plazos de funcionamiento de lasComisiones Ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público; d) Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 38932018-MP-FN del 30 de octubre de 2018, modificado por la Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 1974-2019-MPFN del 26 de julio de 2019, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación; e)Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público No. 035-96-MP-FNCEMP del 12 de julio de 1996, modificado
por la Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público No. 335-98-MP-CEMP del 24 de abril de 1998; f) Ley
No. 27368 del 7 de noviembre de 2000, Ley que modifica o restablece artículos de la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura y dispone la convocatoria a Concurso Nacional para magistrados del Poder Judicial y delMinisterio Público; g) Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura No. 041-2000-CNM, del 20 de noviembrede 2000, Reglamento de Concurso para el Nombramiento de Jueces y Fiscales; h) Resolución No. 076-2002-P-FSDDJA de 23 del agosto de 2002, Ministerio Público; i) Resolución de Gerencia No. 449-2003-MP-FN-GECPER del 29 deabril de 2002, Ministerio Público; j) Rol de Fiscales a nivel nacional que intervendrán de acuerdo a sus atribuciones el
día 09 de abril de 2000 en cumplimiento a la Resolución N° 227-2000-MPCEMP de fecha 03 de abril de 2000; k)
Decreto Supremo No. 353-2019-EF del 29 de noviembre de 2019, Aprueban montos de la remuneración y labonificación por función jurisdiccional de los jueces supernumerarios del Poder Judicial que no se encuentren en la
carrera judicial y fiscales provisionales del Ministerio Público que no se encuentren en la carrera fiscal, y l) Resolución
de la Fiscalía de la Nación No. 2772-2015-MP-FN del 10 de junio de 2015.
1911

momentos procesales20. De esa cuenta, el Tribunal hace notar que los gastos que respaldarían
los comprobantes presentados como anexos a los alegatos finales escritos de la representantehabrían sido erogados con anterioridad a la presentación del escrito de solicitudes yargumentos y, pese a ello, no fueron remitidos junto con dicho documento. Por consiguiente,
no se tomará en consideración, para el cálculo de las costas y gastos, los referidos
comprobantes. Con relación a los documentos presentados por el Estado con sus alegatos
finales escritos, la Corte nota que su presentación extemporánea no fue justificada en algunade las causales excepcionales previstas en el Reglamento, ni fueron expresamente solicitados
por la Corte como prueba para mejor resolver, de modo tal que no serán tomados en cuenta.
Por las mismas razones, tampoco serán tomados en cuenta los documentos remitidos por larepresentante al formular sus observaciones a los anexos a los alegatos finales escritos delEstado.
B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial
38. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones rendidas ante fedatario público 21 enla medida en que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia en la Resolución
mediante la cual ordenó recibirlas, y al objeto del presente caso22.
39. La Corte nota que la declaración del señor Julio Casa Nina, rendida ante fedatario público,
fue remitida el 11 de septiembre de 2020, ocho días después del plazo previsto para elefecto23. La representante justificó el atraso en las circunstancias derivadas de las medidas
de restricción impuestas por el Estado peruano, mediante el Decreto Supremo 146-2020-PCM,
a raíz del “[e]stado de [e]mergencia [n]acional y [m]undial […] debido a la propagación
incontrolable de la pandemia del COVID-19”, pues en el lugar de domicilio del declarante se
establecieron restricciones de tránsito, aunado a que su condición es de “persona vulnerable
con factores de riesgo al contagio”, dada su edad y los padecimientos de salud que le afectan,
por lo que “el Estado […] le ha prohibido expresamente el tránsito”. Para el efecto, remitió
certificado médico sobre el estado de salud del señor Casa Nina. El Estado, al formular sus
alegatos finales, hizo referencia a que la remisión extemporánea de la declaración
determinaba su inadmisibilidad y que, en caso de admitirse, su valoración debía hacerse “conlas reservas del caso”.
40. La Corte advierte que, si bien la representante informó en un primer momento que nohabía recibido las preguntas que el Estado pretendía formular a la presunta víctima,
posteriormente justificó el retraso en la remisión de la declaración del señor Casa Nina en las
medidas de restricción de movilidad adoptadas por el Estado peruano a raíz de la pandemia
COVID-19. El Tribunal considera que estas últimas justificaciones son razonables, sustentadas
en motivos de fuerza mayor que habrían imposibilitado su presentación dentro del plazo
dispuesto24. En consecuencia, se admite la declaración de la presunta víctima rendida ante
fedatario público, en la medida en que dicha declaración se ajuste al objeto definido por la
Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de2011. Serie C No. 237, párr. 17, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, supra, párr. 27.
20

La Corte recibió, dentro del plazo dispuesto para el efecto, la declaración de Rita Arleny Figueroa Vásquez(testigo, propuesta por el Estado).
21

Los objetos de las declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución de la Presidenta de la Corte de 3
de agosto de 2020.
22

La Resolución de la Presidenta de la Corte de 3 de agosto de 2020 dispuso que “[l]as declaraciones requeridas
deber[ían] ser presentadas al Tribunal a más tardar el 3 de septiembre de 2020” (punto resolutivo 4).
23

Véase, Declaración de 9 de abril de 2020 de la Corte Interamericana, “Covid-19 y Derechos Humanos: Los
problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones
internacionales”. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.html.
24

12

Presidenta en la citada Resolución de 3 de agosto de 2020.
VII
HECHOS
41. Con base en el marco fáctico determinado por la Comisión y las pruebas aportadas, laCorte establecerá los hechos del presente caso, los que serán precisados en el orden siguiente:a) marco normativo aplicable; b) nombramientos del señor Julio Casa Nina como Fiscal
Adjunto Provincial Provisional; c) conclusión del nombramiento de la presunta víctima; d)mecanismos de impugnación promovidos por la presunta víctima; d.1) recurso dereconsideración; d.2) acción de amparo; d.3) recurso de apelación, y d.4) recurso de agravio
constitucional.
A. Marco normativo aplicable42.

La Constitución Política del Perú 25, en su artículo 158º, dispone:

El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales
Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por otros dos.
Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas
obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades.
Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial
en su respectiva categoría.

43. El artículo 64 del Decreto Legislativo No. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público26,
regula:Representación del Ministerio Público por el Fiscal de la Nación. El Fiscal de la Nación representa al Ministerio
Público. Su autoridad se extiende a todos los funcionarios que lo integran, cualesquiera que sean su categoría

Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993. Disponible en:
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/Constitucion-Politica-2016.pdf. Por su parte, losartículos 150º y 154º, según el texto vigente en la época de los hechos, disponían, en lo pertinente:25

Artículo 150º. El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de losjueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.
El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.
Artículo 154º. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura:
1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos losniveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus
miembros. […]Decreto Legislativo No. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, promulgada el 16 de marzo de 1981.
Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1115895/ley_organica_ministerio_publico.pdf. Por su
parte, los artículos 27 y 29 de dicho cuerpo normativo, según el texto vigente en la época de los hechos, regulaban
lo siguiente:26

Artículo 27. Reemplazo de Fiscales por licencias de más de sesenta (60) días. Si la licencia se concediereo prorrogare por más de sesenta días, así como en el caso de suspensión en el cargo a que se refiere el
artículo 184 de la Constitución, el Fiscal de la Nación será reemplazado por quien le sigue en el turno.
Tratándose de un Fiscal Supremo, el Fiscal de la Nación llamará a servir el cargo al más antiguo de losFiscales Superiores de la especialidad.
Si el cargo para cubrir fuere el de Fiscal Superior, será llamado el Fiscal Provincial más antiguo para
servirlo, atendiendo a la naturaleza civil o penal de la función por desempeñar. Y si se tratare de
reemplazar a un Fiscal Provincial se llamará a servir el cargo, provisionalmente, al Adjunto respectivo.
Artículo 29. Haberes del Fiscal provisional. Los Fiscales provisionales percibirán el haber correspondiente
al cargo que estén sirviendo, mientras dure la interinidad. Para este efecto, servirá de título la resolución
expedida por el Fiscal de la Nación.

13

y actividad funcional especializada.

44. La Ley No. 2673827, vigente en la época de los hechos, modificó la Ley No. 26623 28, enel sentido de facultar a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público para designar fiscales
provisionalmente. Así, el artículo 1º de la citada Ley No. 26738 reguló en lo pertinente:
Adiciónase a la Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley No. 26623, los siguientes
incisos: […]i. Designar provisionalmente a los señores Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales, en las plazas que seencuentren vacantes, cubriéndose éstas entre los representantes del Ministerio Público, asimismo, designar
en igual condición las nuevas plazas, en todos los niveles así como a los respectivos Fiscales adjuntos.

45. La Ley No. 26898, Ley que precisa deberes y derechos de magistrados del Poder Judicial
y del Ministerio Público29, reguló, en lo aplicable, lo siguiente:
Artículo 4º. Modifícanse los artículos 29º y 37º del Decreto Legislativo No 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público, los mismos que tendrán la siguiente redacción:“Artículo 29º. Los Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales que sean designados en la condición deProvisionales en cualquiera de los órganos del Ministerio Público previstos en el artículo 36º; tienen los mismos
deberes, derechos, atribuciones, prerrogativas, prohibiciones e incompatibilidades, que los Fiscales Titularesen sus respectivas categorías mientras dure la provisionalidad, tanto como titular de la acción penal pública
como en la marcha institucional y administrativa. […].”

46. Por su parte, la Ley No. 27362, Ley que deja sin efecto la homologación de losmagistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y del Ministerio Público 30, derogó la Ley
No. 26898 y dispuso en su artículo 5º lo siguiente:
Delimitación del ámbito funcional de los magistrados provisionales. Los magistrados provisionales sólo pueden
ejercer labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad. Están impedidos de asumir función administrativa
o de representación alguna.

Ley
No.
26738,
promulgadael7dehttps://peru.justia.com/federales/leyes/26738-jan-7-1997/gdoc/.
27

enero

de

1997.

Disponible

en:

Ley
No.
26623,
promulgada
el
18
de
junio
de
1996.
Disponibleen:https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/26623-jun-18-1996.pdf. Dicha ley, en su Segunda Disposición
Transitoria, Complementaria y Final declaró “en reorganización al Ministerio Público”, dejó en suspenso determinados
artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo No. 052) y dispuso que “[l]as funciones degobierno y gestión del Ministerio Público ser[ía]n asumidas por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público”. Dicha
disposición, a su vez, fue reformada mediante la Ley No. 26695, promulgada el 2 de diciembre de 1996. Disponible
en: https://peru.justia.com/federales/leyes/26695-dec-2-1996/gdoc/.
28

Ley No. 26898, Ley que precisa deberes y derechos de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Publico,
promulgada el 10 de diciembre de 1997. Disponible en: https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/26898-dec-121997.pdf. Por su parte, el artículo 3º de dicho cuerpo normativa regulaba:
29

Durante el período de reorganización del Ministerio Público, la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público,queda facultada para designar Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales en la condición deProvisionales que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de sus funciones de defensa de la legalidad,
los derechos ciudadanos y los intereses públicos, así como la persecución del delito en todas sus
modalidades, coadyuvando a la descarga procesal en aras de una pronta y oportuna administración dejusticia en el país. Esta facultad se extiende para la designación de los respectivos Fiscales Adjuntos.
Ley No. 27362, Ley que deja sin efecto la homologación de los magistrados titulares y provisionales del Poder
JudicialydelMinisterio
Público,promulgada
el30
deoctubrede
2000.
Disponibleen:https://docs.peru.justia.com/federales/leyes/27362-oct-30-2000.pdf. La normativa era aplicable a los miembros delMinisterio Público en virtud del contenido del artículo 158º de la Constitución Política del Perú (supra párr. 42).
30

14

B. Nombramientos del señor Julio Casa Nina como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional
47. El 20 de mayo de 1998 el señor Julio Casa Nina, de 37 años, presentó un escrito ante la
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, en la que indicó ser abogado en
ejercicio “con [e]studio abierto”, y solicitó que “se le consider[ara] [como postulante] a laplaza vacante para [fiscales adjuntos] en los distritos [j]udiciales […] a [n]ivel [n]acional”.
Para el efecto, adjuntó, entre otros documentos, currículum vítae, copia del título de abogado,
declaraciones juradas y distintos certificados de registros públicos 31.
48. Por medio de la Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público32 No. 464-98MP-CEMP de 30 de junio de 1998, el señor Julio Casa Nina fue nombrado como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de La Mar, Distrito Judicial de Ayacucho.
En dicha Resolución se dispuso:
Visto y considerando:Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de La Mar,Distrito Judicial de Ayacucho.
Que, habiéndose presentado como postulante el Doctor Julio Casa Nina […]; en uso de las atribuciones
conferidas por las Leyes No. 26623, 26695 y 26738;
Se resuelve:
Artículo primero. Nombrar al Doctor Julio Casa Nina como Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía
Provincial Mixta de La Mar, Distrito Judicial de Ayacucho33.

49. Por medio de la Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 565-2002-MP-FN de 8 de abril
de 2002, se “dio por concluido el nombramiento” de la presunta víctima como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de La Mar, Ayacucho, y, a su vez, se lenombró como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el
despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga. Dicha Resolución señalaba:
Visto y considerando:Que, por necesidad del servicio y estando a lo dispuesto por el [a]rtículo 64o del Decreto Legislativo No 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público;S[e resuelve]:A[rtículo primero]. Dar por concluido el nombramiento del Doctor Julio Casa Nina, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de La Mar, Distrito Judicial de Ayacucho […].
A[rtículo segundo]. Nombrar al Doctor Julio Casa Nina, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito
Cfr. Escrito presentado por el señor Julio Casa Nina ante la Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público el 20 de mayo de 1998 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 15 al escrito de contestación, folios 945 a
950).
31

El Estado, en su escrito de contestación, señaló que el señor Casa Nina “fue designado por primera vez el 30
de junio de 1998, por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, […] organismo [que] fue creado en mérito alproceso de reforma que existió en el Estado peruano, –sin embargo[,] solo tuvo vigencia desde el 19 de junio de
1996 fecha en la cual se creó mediante la Ley [No.] 26626 [sic] hasta su desactivación a cargo de [la] Ley [No.]27367 de fecha 03 de noviembre de 2000–”; agregó que, en virtud de la última ley citada, “se d[io] fin al proceso dereorganización del Ministerio Público y queda[ro]n plenamente restablecidas las funciones de la institución”. De
conformidad con la información proporcionada por el Estado, se deduce que la creación de la Comisión Ejecutiva delMinisterio Público fue en virtud de la Ley No. 26623 (supra nota a pie de página 28).
32

Cfr. Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público de 30 de junio de 1998 (expediente de prueba,
tomo I, anexo 1 al Informe de Fondo, folio 4).
33

15

Judicial de Ayacucho, en el [d]espacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga34.

C. Conclusión del nombramiento de la presunta víctima
50. El 21 de enero de 2003, por medio de la Resolución No. 087-2003-MP-FN, la Fiscal de laNación dio por concluido el nombramiento del señor Casa Nina como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho; para el efecto, dispuso:
Visto y considerando:Que, el nombramiento de los [f]iscales en calidad de provisionales es de carácter temporal, sujeto a lasnecesidades del servicio y estando a lo dispuesto por el [a]rtículo 64o del Decreto Legislativo No 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;S[e resuelve]:A[rtículo primero]. Dar por concluido el nombramiento del Doctor Julio Casa Nina, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, […]sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen ser pertinentes por la queja y la denuncia que se encuentran
en trámite35.

D. Mecanismos de impugnación promovidos por la presunta víctima
D.1. Recurso de reconsideración
51. La presunta víctima presentó ante la Fiscal de la Nación recurso de reconsideración
contra la Resolución No. 087-2003-MP-FN de 21 de enero de 2003 que dio por concluido su
nombramiento. Entre otras cuestiones, argumentó que para dar por concluido su
nombramiento se requería de un procedimiento administrativo en el cual, previa audiencia, sele impusiera una sanción, y que los cargos que se le imputaron habían sido desvanecidos; deesa cuenta, solicitó su “[reposición al centro de trabajo]”36.
52. El 14 de febrero de 2003 la Fiscal de la Nación, por medio de la Resolución No. 2852003-MP-FN, desestimó el recurso de reconsideración planteado por la presunta víctima. Parael efecto, dicha Resolución señaló:C[onsiderando]:
Que, el nombramiento de los [f]iscales en calidad de provisionales es de carácter temporal y que losargumentos invocados por el recurrente en su escrito de reconsideración no desvirtúan en forma alguna losfundamentos de la Resolución […] de fecha 21 de enero de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 5 de la Ley 27362.
Que, a la fecha de expedirse la citada Resolución el recurrente tiene dos quejas en trámite ante la Comisión
Distrital Descentralizada de Control Interno.
Estando a lo dispuesto por el [a]rtículo 64 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;S[e resuelve]:

Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación de 8 de abril de 2002 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 16 al
escrito de contestación, folio 953).
34

Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación de 21 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 alInforme de Fondo, folio 6).
35

Cfr. Escrito del recurso de reconsideración de 13 de febrero de 2003 (expediente de prueba, tomo IV, anexo
17 a la contestación del Estado, folios 955 a 961).
36

16

A[rtículo primero]. Declarar infundado el [r]ecurso de [r]econsideración interpuesto por el Doctor Julio Casa
Nina, contra la Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 087-2003-MP-FN, de fecha 21 de [e]nero del 2003,
dándose por agotada la vía administrativa37.

D.2. Acción de amparo
53. El señor Casa Nina interpuso demanda de acción de amparo contra el Ministerio Público
por la emisión de la Resolución No. 087-2003-MP-FN, para lo cual alegó vulneración a losderechos al trabajo, al debido proceso, de defensa y a la inamovilidad en el cargo. En su
demanda, entre otros aspectos, argumentó que su nombramiento no podía darse por
concluido por decisión unilateral sin razón justificada y que para ello era necesario unprocedimiento administrativo en el que se respetaran todas las garantías, sin afectar su
derecho de defensa38.
54. El 19 de abril de 2005 el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga,
Ayacucho, dictó Sentencia (Resolución No. 7), mediante la cual declaró infundada la demandade acción de amparo, para lo cual, inter alia, consideró:
Que, al haber tenido el demandante la condición de [p]rovisional en el cargo de Fiscal Adjunto Provincial y no
así de [t]itular[,] la decisión adoptada por la Fiscal de la Nación no constituye de modo alguno, medida
disciplinaria de destitución del cargo prevista en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
Decreto Legislativo 052; debiéndose por tanto desestimar la demanda interpuesta al no haberse acreditado
vulneración constitucional alguna; tanto más si en la misma resolución cuya inaplicación se demanda, seprecisa que la medida adoptada es sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen ser pertinentes por laqueja y denuncia que se encuentran en trámite; lo cual implica que estas no constituyen el sustento de lamisma conforme se alega en la demanda; […]39.

D.3. Recurso de apelación
55. La presunta víctima interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de 19 de abril de2005. Ante ello, la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho,
mediante Sentencia (Resolución No. 13) de 11 de julio de 2005, confirmó la decisión apelada;
para el efecto, entre otras cuestiones, consideró:[…] el actor pretende alegar derechos que corresponden a los fiscales titulares, nombrados de acuerdo a lo
previsto por los artículos ciento cincuenta y ciento cincuenticuatro de nuestra Carta Magna, ya que el cargoque venía desempeñando […] como un nombramiento de confianza, era de Fiscal Adjunto Provincial
Provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, es decir, un cargo temporal, que como tal
no genera más derechos que los inherentes a su cargo […]40.

D.4. Recurso de agravio constitucional
56. El señor Casa Nina promovió recurso de agravio constitucional ante el Tribunal
Constitucional, cuya Sala Primera, mediante la Sentencia de 14 de noviembre de 2005, declaró“infundada la demanda”. Para el efecto dicha Sala, inter alia, consideró:
3. […] importa señalar, por un lado, que el artículo 27 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio
Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación de 14 de febrero de 2003 (expediente de prueba, tomo I, anexo 4
al Informe de Fondo, folio 12).
37

Cfr. Escrito de la demanda de amparo de 29 de noviembre de 2004 (expediente de prueba, tomo IV, anexo
19 al escrito de contestación, folios 967 a 980).
38

Cfr. Sentencia emitida por el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, Ayacucho, el 19
de abril de 2005 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al Informe de Fondo, folios 25 a 27).
39

Cfr. Sentencia emitida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho el 11
de julio de 2005 (expediente de prueba, tomo I, anexo 8 al Informe de Fondo, folios 29 y 30).
40

17

Público, establece que en caso de licencia del titular por más de 60 días y cuando “[…] se tratare de reemplazara un Fiscal Provincial, se llamará a servir el cargo, provisionalmente, al Adjunto respectivo”, disposición que
admite la existencia de fiscales provisionales —como es el caso del actor— a efecto de cubrir las vacantes quese produzcan en dicha entidad; y, por otro lado, que el artículo 5 de la Ley 27362, que deja sin efecto lahomologación de los magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y del Ministerio Público, precisa
que los magistrados provisionales solo pueden ejercer labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad.
5. […] este Tribunal entiende que la suplencia o provisionalidad, como tal, constituye una situación que nogenera más derechos que los inherentes al cargo que "provisionalmente" ejerce quien no tiene titularidad
alguna. Siendo ello así, no puede pretenderse, en sede constitucional, la protección de derechos que nocorresponden a quien no ha sido nombrado conforme a lo establecido en los artículos 150 y 154 de laConstitución, sino que ejerce, de manera interina, una función de carácter transitorio41.

VIII
FONDO
57. El presente caso concierne a la alegada violación de distintos derechos en relación conel procedimiento que culminó con la separación del señor Julio Casa Nina del cargo de Fiscal
Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga, Ayacucho,
Perú. Para el efecto, la Corte procederá al análisis correspondiente, en el orden siguiente: a)garantías judiciales, derechos políticos y derecho al trabajo, en relación con las obligaciones
de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno, yalegadas violaciones al principio de legalidad, a la protección de la honra y de la dignidad y ala igualdad ante la ley, y b) derecho a la protección judicial, en relación con las obligaciones
de respetar y garantizar los derechos.
VIII.1GARANTÍAS JUDICIALES, DERECHOS POLÍTICOS Y DERECHO AL TRABAJO, EN
RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOSY DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 42,
Y ALEGADAS VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A LA PROTECCIÓN
DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD Y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY 43
A. Alegatos de la Comisión y de las partes
A.1. La estabilidad reforzada de las y los fiscales
58. La Comisión indicó que el principio de estabilidad reforzada de jueces resulta aplicablea los fiscales “en la medida en que desempeñan un papel complementario al del juez en laadministración de justicia, al promover procesos penales, investigar delitos, así como elejercicio de otras funciones de interés público”. Alegó que la asimilación de fiscales
provisionales a “cargos de confianza” permite su libre remoción, lo que afecta la independencia
que debe garantizárseles, pues los hace vulnerables a ser removidos en razón de las decisiones
que adopten, o en virtud de decisiones arbitrarias de los entes administrativos o judiciales.
Agregó que lo acontecido en el caso, específicamente el nombramiento de la presunta víctima
sin plazo o condición, limitado a una invocación genérica de las “necesidades del servicio”,
resultó incompatible con la Convención.
59. La presunta víctima señaló que en el presente caso no se ha respetado la garantía deestabilidad reforzada, la cual exige a los Estados asegurar que todas las personas que ejerzan
Cfr. Sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional el 14 de noviembre de 2005 (expedientede prueba, tomo I, anexo 9 al Informe de Fondo, folios 32 y 33).
41

42

Artículos 8, 23 y 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

43

Artículos 9, 11 y 24 de la Convención Americana.

18

la función judicial cuenten con inamovilidad en el cargo.
60. El Estado expuso que la conclusión del cargo que ejercía la presunta víctima fue por
virtud de una designación temporal, sin que se evidenciaran presiones internas o externas, ni
contextos de intervención de órganos ajenos con afectación a la independencia judicial, o quela temporalidad del cargo que el señor Casa Nina ejercía lo hubiere ubicado en situación devulnerabilidad frente a tales presiones. Señaló que los estándares citados por la Comisión
fueron fijados con posterioridad a 2005, es decir, eran inexistentes al momento de los hechos.
Aunado a ello, dichos estándares se refieren a jueces, sin que exista jurisprudencia referida ala situación de fiscales, menos aún a “[f]iscales [p]rovisionales no [t]itulares”.
61. Agregó que en el presente caso no se produjo un nombramiento, sino una “designación
provisional”, sin que ello demerite la independencia fiscal, de la que gozan los “[f]iscales[p]rovisionales no [t]itulares” mientras dure la interinidad. Señaló que en lo que concierne alplazo o condición de la designación, si bien no se consignó expresamente en la Resolución
correspondiente, “por la naturaleza de la designación provisional y las circunstancias que [la]motivaron (necesidad del servicio), se puede deducir que el término final del cargo se
produciría indefectiblemente en cuanto desapare[cier]an las razones que motivaron ladesignación”.
A.2. Garantías judiciales y principio de legalidad
62. La Comisión argumentó que el presente caso trata de un proceso de determinación dederechos, en el que resultaban aplicables los derechos y garantías que recogen los artículos
8.1, 8.2 b), 8.2 c) y 9 de la Convención. Señaló que la presunta víctima tenía derecho a quela separación del cargo fuera compatible con un procedimiento formalmente disciplinario en
el que se cumpliera el derecho de defensa, el principio de presunción de inocencia y el principiode legalidad, lo que no ocurrió. Expuso que la decisión que cesó en su cargo a la presunta
víctima y la resolución que desestimó el recurso de reconsideración que planteó carecen demotivación, lo que impidió comprender las razones que tuvo la autoridad para emitirlas.
63. La presunta víctima indicó que el Estado violó el debido proceso y el derecho dedefensa al disponer unilateral y arbitrariamente su separación del cargo, sin que mediararazón, sin invocar causal alguna y sin instar el procedimiento respectivo. Agregó que laresolución que determinó el cese de sus funciones no incluyó la motivación necesaria sobre ladecisión, lo que la convierte en una manifestación arbitraria del poder del Estado, en clara
violación del artículo 8 de la Convención.
64. El Estado señaló que luego de la conclusión de la segunda designación del señor Casa
Nina, este tuvo la oportunidad de ser escuchado y de ejercer su derecho de defensa, en tanto
planteó recurso de reconsideración. Indicó que no se ha vulnerado el derecho a la debida
motivación de las decisiones, pues la argumentación expresada en la Resolución por la que laFiscalía de la Nación resolvió el recurso de reconsideración permitió conocer cuáles fueron lasrazones y las normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión.
A.3. Derechos políticos
65. La Comisión señaló que la jurisprudencia de la Corte ha indicado que, cuando se afecta
en forma arbitraria la permanencia de jueces en sus cargos, se vulnera el derecho de acceso
y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, conforme al artículo
23.1 c). Alegó que dicho estándar también opera para los fiscales, en congruencia con lanecesaria aplicación, a estos últimos, de la garantía de estabilidad reforzada. Indicó que lapresunta víctima fue separada del cargo mediante un procedimiento que no cumplió las
19

garantías mínimas requeridas, con lo que también se violó su derecho de acceder ypermanecer en el cargo público en condiciones generales de igualdad. La representación dela presunta víctima no se pronunció al respecto.
66. El Estado alegó que en el caso del señor Casa Nina se cumplieron las condiciones deigualdad para acceder a un cargo público, cuya designación concluyó por las necesidades delservicio y no como consecuencia de un proceso disciplinario en el que se hubieran cometido
violaciones al debido proceso, por lo que no hubo violación al derecho reconocido en el artículo
23.1 c) de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
A.4. Derecho al trabajo
67. La presunta víctima argumentó que la Constitución peruana reconoce que el trabajo
es un derecho, por lo que se protege al trabajador en diversos niveles, lo que incluye elderecho a la estabilidad laboral. Indicó que el Tribunal Constitucional ha sostenido que alexistir un “vínculo laboral [de] carácter indeterminado[,] solo puede ser objeto de despido por
causa justa debidamente comprobada”. Añadió que la Fiscal de la Nación violó su derecho al
trabajo, pues lo separó del cargo que venía ejerciendo sin que mediara razón alguna. La
Comisión y el Estado, sin perjuicio de lo referido en cuanto a la excepción preliminarplanteada (supra párrs. 22, 23 y 25), no presentaron alegatos de fondo en torno a losargumentos de la presunta víctima.
B. Consideraciones de la Corte
68. En virtud del sentido y fundamento de los alegatos esgrimidos por las partes y la
Comisión, resulta esencial dilucidar primero lo relativo al reconocimiento a las y los fiscales delas garantías específicas propias de las juezas y los jueces, para así proceder al análisis delconjunto de los argumentos planteados en el presente asunto.
B.1. Garantías específicas para salvaguardar la independencia judicial y su
aplicabilidad a las y los fiscales por la naturaleza de las funciones que ejercen
69. La Corte, para analizar el presente asunto, parte de tres premisas: (i) el deber del Estado
de garantizar la prestación de los servicios de justicia; (ii) la necesidad primordial de quequienes intervengan en la prestación de tales servicios sean funcionarias y funcionarios
titulares inamovibles, salvo causas de separación o destitución prestablecidas, y (iii) en casos
excepcionales en que se requiera la designación de funcionarias o funcionarios provisionales,
que el nombramiento, permanencia y cese en el ejercicio del cargo se sujeten a condiciones
predeterminadas (infra párr. 81). Con relación a lo último mencionado, en el caso Martínez
Esquivia Vs. Colombia este Tribunal concluyó que la garantía de estabilidad e inamovilidad dejuezas y jueces, dirigida a salvaguardar su independencia, resulta aplicable a las y los fiscales
en razón a la naturaleza de las funciones que ejercen 44. En las líneas que prosiguen se hacereferencia a lo considerado en la Sentencia del caso en mención.
70. En tal sentido, en lo que respecta a la función específica de las y los fiscales, este Tribunal
se ha referido en distintas oportunidades a la necesidad de que en lo que concierne aviolaciones a los derechos humanos y, en general, en el ámbito penal, los Estados garanticen
una investigación independiente y objetiva45, habiendo enfatizado que las autoridades a cargo
Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 6 deoctubre de 2020. Serie C No. 412, párrs. 95 y 96.
44

Cfr. inter alia, Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de
2007. Serie C No. 164, párr. 108; Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 363, párr. 150, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 86.
45

20

de la investigación deben gozar de independencia, de jure y de facto, lo que requiere “no sólo
independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real”46.
71. Asimismo, el Tribunal ha señalado que las exigencias del debido proceso previstas en el
artículo 8.1 de la Convención, así como criterios de independencia y objetividad, se extienden
también a los órganos a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial,
realizada para determinar la existencia de suficientes indicios para el ejercicio de la acción
penal, de manera que sin la observancia de tales exigencias el Estado estará imposibilitado
de ejercer de manera efectiva y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán
llevar a cabo el proceso judicial correspondiente 47.
72. A partir de lo indicado, la Corte considera que las garantías a un adecuado
nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas
también amparan la labor de las y los fiscales. De otro modo, se pondrían en riesgo la
independencia y la objetividad que son exigibles en su función como principios dirigidos a
asegurar que las investigaciones efectuadas y las pretensiones formuladas ante los órganos
jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización de la justicia en el caso concreto, en
coherencia con los alcances del artículo 8 de la Convención. A ese respecto, cabe agregar que
la Corte ha precisado que la falta de garantía de inamovilidad de las y los fiscales, al hacerlos
vulnerables frente a represalias por las decisiones que asuman, conlleva violación a la
independencia que garantiza, precisamente, el artículo 8.1 de la Convención48.
73. El criterio expresado encuentra respaldo, además, en diversos instrumentos ypronunciamientos en el ámbito internacional. En efecto, las Directrices de las Naciones Unidas
sobre la función de los fiscales establecen la obligación de los Estados de garantizar “que losfiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento,
injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otraíndole”49.

También se refieren a tales exigencias, entre otros, los siguientes instrumentos: Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984, artículo 12; Convención Interamericana para prevenir ysancionar la tortura, 1985, artículo 8; Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 2003, artículo 11.2, yConvención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 2006, artículo
12. Véase también: Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales,
arbitrarias o sumarias, Recomendada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas
en su Resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989, principio 9; Principios relativos a la investigación y documentación
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Adoptados por la Asamblea Generalen su Resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de 2000, principio 2, y Comité contra la Tortura, Observación
General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párr. 26.
Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C
No. 147, párr. 95; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 81, y Caso Martínez Esquivia Vs.
Colombia, supra, párr. 86.
46

Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 133; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 182, y Caso Martínez Esquivia
Vs. Colombia, supra, párr. 87.
47

Cfr. Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C No. 327, párrs. 110 y 119, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia,
supra, párr. 88.
48

Cfr. Directrices sobre la función de los fiscales, adoptadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 deseptiembre de 1990, Doc. ONU A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990), directriz 4. Véase también: Comisión de lasNaciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Fortalecimiento del estado de derecho mediante elaumento de la integridad y capacidad del ministerio público (Resolución 17/2), y su anexo: Normas de49

21

74. Asimismo, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de losmagistrados y abogados ha destacado que los fiscales “son actores centrales en el
funcionamiento del estado de derecho” y que su independencia “se engloba en el ámbito
general de la independencia judicial”, cuya garantía constituye un deber para los Estados 50.
De igual forma, dicha Relatoría Especial ha señalado lo siguiente:
66. Las Directrices de las Naciones Unidas disponen que los fiscales deben disfrutar de condiciones de servicio
razonables que incluyan la titularidad, cuando proceda, y una remuneración y una pensión adecuadas
conformes a la importante función que desempeñan en la administración de la justicia. […]68. Otro elemento importante que debe formar parte de las condiciones de servicio de los fiscales es su
inamovilidad. […]70. Teniendo presente la importancia de la función de los fiscales, su destitución debe estar sujeta a criterios
estrictos […]. Se debe establecer un marco adecuado para ocuparse de las cuestiones disciplinarias internas
y de las quejas presentadas contra los fiscales, quienes en todos los casos deben tener derecho a recurrir—incluso ante los tribunales— todas las decisiones relativas a sus carreras, incluidas las decisiones adoptadas
en procedimientos disciplinarios51.

75. En el ámbito europeo, el Consejo de Europa recomendó a los gobiernos de los Estados
que tomaran “medidas apropiadas para facilitar que los miembros del Ministerio Fiscal puedan
ejecutar su misión sin injerencias injustificadas y sin riesgo de incurrir, más allá de lo
razonable, en responsabilidad civil, penal o de cualquier otra clase” 52. Asimismo, en el informe
conjunto emitido por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Consejo Consultivo deFiscales Europeos sobre “Jueces y fiscales en una sociedad democrática”, denominado“Declaración de Burdeos”, se indicó:
VIII. El establecimiento de un estatuto de independencia para los fiscales, requiere determinados principios
básicos, en concreto: […] no deben estar sometidos en el ejercicio de sus funciones a influencias o apresiones, cualquiera que sea su origen, externas al ministerio público. […] han de estar protegidos por laley: su selección inicial, su carrera profesional, su seguridad en el ejercicio de las funciones propias,
comprendiendo en ella la garantía de inamovilidad, de modo que el traslado de funciones solo pueda
efectuarse con arreglo a la Ley, o con el consentimiento de la persona afectada, y su remuneración […].
37. El respeto de los principios anteriormente expuestos, implica que el estatuto de los fiscales esté asemejanza con el estatuto propio de los jueces, garantizado por ley, al más alto nivel de jerarquía legislativa.
La proximidad y la complementariedad de las misiones del juez y del fiscal, imponen exigencias y garantías
parecidas en el ámbito del estatuto y de las condiciones de empleo, en particular en lo relativo a la selección
inicial, la formación, el desarrollo de la carrera, la disciplina, el traslado de funciones (que sólo puede serefectuado de conformidad con la ley o sometido a su consentimiento), la remuneración, el cese de funciones
y la libertad de crear asociaciones profesionales […]53.
Responsabilidad Profesional y Declaración de Derechos y Deberes Fundamentales de los Fiscales, adoptadas por laAsociación Internacional de Fiscales (IAP), el 23 de abril de 1999.
Cfr. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Diego García-Sayán,
Independencia de los magistrados y abogados, Doc. ONU A/HRC/44/47, 23 de marzo de 2020, párrs. 27 y 34. Véase
también: Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Sr. Leandro Despouy, Doc.
ONU A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 19, e Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de losmagistrados y abogados, Sra. Gabriela Knaul, Doc. ONU A/65/274, 10 de agosto de 2010, párr. 18, en los que se destaca
la independencia que debe garantizarse a los fiscales para el desempeño de sus funciones. En coherencia con lo anterior,
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, en su artículo 42.1, regula: “La Fiscalía actuará en forma
independiente como órgano separado de la Corte. […].”
50

Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados
y abogados, Doc. ONU A/HRC/20/19, 7 de junio de 2012.
51

Cfr. Consejo de Europa. Recomendación (2000)19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre elpapel del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal, adoptada el 6 de octubre de 2000, párr. 11.
52

Cfr. Informe No. 12 (2009) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) e Informe No. 4 (2009) delConsejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE) a la atención del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre“Jueces y fiscales en una sociedad democrática”. Por su parte, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho
53

22

76. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que “en una
sociedad democrática, tanto los tribunales como las autoridades de instrucción deben
permanecer libres de cualquier presión política”54. De igual manera, en el Caso Kövesi Vs.
Rumania, dicho Tribunal señaló que la destitución de una fiscal antes del final de su mandato,así como las razones que justificaron la decisión, “difícilmente pueden conciliarse con laconsideración particular que debe darse a la naturaleza de la función jurisdiccional como rama
independiente del poder del Estado y al principio de independencia de los fiscales, el cual […]es un elemento clave para el mantenimiento de la independencia judicial”55.
77. En el Sistema Africano destacan los Principios y directrices relativos al derecho a un
juicio justo y a la asistencia jurídica en África, que establecen la obligación de los Estados degarantizar que “[l]os fiscales puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación,
obstáculos, acoso, interferencia impropia o exposición injustificada a responsabilidad civil,
penal o de otra índole”56.
78. Cabe hacer notar que las y los fiscales desempeñan funciones de operadores de justicia
y, en tal carácter, si bien no son jueces, requieren gozar de garantías de estabilidad laboral,
entre otras, como condición elemental de su independencia para el debido cumplimiento desus funciones procesales57.
79. En definitiva, esta Corte concluye que, con el fin de salvaguardar la independencia yobjetividad de las y los fiscales en el ejercicio de sus funciones, estos también se encuentran
protegidas y protegidos por las siguientes garantías: (i) las garantías a un adecuado
nombramiento; (ii) a la inamovilidad en el cargo, y (iii) a ser protegidas y protegidos contra
presiones externas58.
80. En todo caso, resulta necesario señalar que la independencia de las y los fiscales nosupone un determinado modelo de arreglo institucional a nivel constitucional o legal, tanto
por la posición que se haya reconocida a la fiscalía, Ministerio Público o cualquier otra
denominación utilizada en el ordenamiento interno de cada Estado, como por la organización(Comisión de Venecia) ha indicado que los fiscales deben ser nombrados hasta su jubilación, en tanto “[l]os
nombramientos por períodos limitados con la posibilidad de renovación conllevan el riesgo de que el fiscal tome sus
propias decisiones, no sobre la base de la ley, sino con la intención de complacer a aquellos que le volverán a
nombrar.” Cfr. Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). Informe sobre las normas
europeas relativas a la independencia del sistema judicial: Parte II - el Ministerio Público, adoptado en su 85ª reunión
plenaria (Venecia, 17 a 18 de diciembre de 2010), párr. 50.
Cfr. TEDH, Caso Guja Vs. Moldavia [GS], No. 14277/04. Sentencia de 12 de febrero de 2008, párr. 86. También
el Tribunal se ha referido a la independencia que debe exigirse en la investigación en casos de violaciones a losderechos humanos. Cfr. TEDH, Caso Makaratzis Vs. Grecia [GS], No. 50385/99. Sentencia de 20 de diciembre de2004, párr. 73; Caso Mustafa Tunç y Fecire Tunç Vs. Turquía [GS], No. 24014/05. Sentencia de 14 de abril de 2005,
párr. 217, y Caso Petrović Vs. Serbia, No. 40485/08. Sentencia de 15 de octubre de 2014, párr. 73, entre otros.
54

55

Cfr. TEDH, Caso Kövesi Vs. Rumania, No. 3594/19. Sentencia de 5 de agosto de 2020, párr. 208: “This removal
and the reasons justifying it can hardly be reconciled with the particular consideration to be given to the nature of
the judicial function as an independent branch of State power and to the principle of the independence of prosecutors,
which —according to Council of Europe and other international instruments— is a key element for the maintenanceof judicial independence […].”
Cfr. Principios y directrices relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África, adoptados
como parte del informe de actividades de la Comisión Africana en su 2ª Cumbre y reunión de Jefes de Estado de la
Unión Africana celebrada en Maputo del 4 al 12 de julio de 2003, principio F.a.2.
56

57

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 94.

58

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 95.

23

y relaciones internas de tales instituciones59, en el entendido que, sin perjuicio de lo anterior,la independencia que se reconoce a las y los fiscales configura la garantía de que no seránobjeto de presiones políticas o injerencias indebidas en su actuación, ni de represalias por las
decisiones que objetivamente hayan asumido, lo que exige, precisamente, la garantía deestabilidad e inamovilidad en el cargo 60. Así, esta garantía específica de las y los fiscales, enaplicación equivalente de los mecanismos de protección reconocidos a las juezas y los jueces,conlleva lo siguiente: (i) que la separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales
permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porquese ha cumplido el término o período de su mandato; (ii) que las y los fiscales solo pueden ser
destituidas o destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia, y (iii) que todo
proceso seguido contra fiscales se resuelva mediante procedimientos justos, objetivos e
imparciales, según la Constitución o la ley, pues la libre remoción de las y los fiscales fomenta
la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva que tienen de ejercer sus funciones sin temor arepresalias61.
B.2. La garantía de inamovilidad en el cargo de las y los fiscales provisionales
81. La Corte reitera que no le compete definir el mejor diseño institucional para garantizar
la independencia y objetividad de las y los fiscales62. Sin embargo, observa que los Estados
están obligados a asegurar que las y los fiscales provisionales sean independientes y objetivos,
por ello, deben otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, en tanto la
Una visión general de la regulación a nivel orgánico de las funciones que ejercen las y los fiscales en losEstados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana permite advertir la clasificación
siguiente: 1) Estados en los que dichas funciones son ejercidas por instituciones autónomas, cuya organización interna
se sujeta al principio de jerarquía: (i) República Argentina, Ministerio Público Fiscal de la Nación (artículos 120 de laConstitución y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación); (ii) Estado Plurinacional de Bolivia,
Ministerio Público (artículo 225 de la Constitución); (iii) República de Chile, Ministerio Público (artículo 83 de laConstitución); (iv) República de El Salvador, Fiscalía General de la República (artículos 191 de la Constitución y 5 dela Ley Orgánica del Ministerio Público); (v) República de Guatemala, Ministerio Público (artículos 251 de la Constitución
y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público); (vi) República de Honduras, Ministerio Público (artículos 1 y 5 de la Leydel Ministerio Público); (vii) República de Nicaragua, Ministerio Público (artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público); (viii) República de Panamá, Ministerio Público (artículo 140 de la Constitución); (ix) República del Paraguay,
Ministerio Público (artículos 266 de la Constitución y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público); (x) República delPerú, Ministerio Público (artículos 158 de la Constitución y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), y (xi) República
Dominicana, Ministerio Público (artículo 170 de la Constitución); 2) Estados en los que la institución, organizada
jerárquicamente y con autonomía funcional, forma parte del Poder Judicial: (i) República de Colombia, Fiscalía Generalde la Nación (artículos 249 de la Constitución y 4 del Decreto Ley 016 de 2014); (ii) República de Costa Rica, Ministerio
Público (artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público); (iii) República del Ecuador, Fiscalía General del Estado(artículo 194 de la Constitución y 282 del Código Orgánico de la Función Judicial), y (iv) República de Surinam,
Ministerio Público (artículos 133 y 146 de la Constitución); 3) Estado en el que la institución y sus miembros seencuentran bajo la autoridad del Poder Ejecutivo: República de Haití, Ministerio Público (artículo 35 de la Ley sobre
el Estatuto del Poder Judicial); 4) Estados en los que existen instituciones autónomas y se reconoce la independencia
funcional o técnica de las y los fiscales en el ejercicio de sus funciones: (i) República Federativa de Brasil, Ministerio
Público de la Unión (artículo 127 de la Constitución), y (ii) Estados Unidos Mexicanos, Fiscalía General de la República(artículos 102 de la Constitución y 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República), y 5) Estado en elque las funciones son ejercidas por una institución descentralizada con autonomía funcional y con reconocimiento dela independencia técnica de las y los fiscales en el ejercicio de sus funciones: (i) República Oriental del Uruguay(artículos 1 de la Ley No. 19334 y 5 de la Ley No. 19483).
59

Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Doc. ONU
A/HRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 33: “[…] En una estructura horizontal, los fiscales disfrutan por lo general demayor autonomía, mientras que en una estructura jerárquica es más fácil el alineamiento de la aplicación y lainterpretación del derecho, así como la existencia de un modo común de abordar la política de justicia penal, ya que
habrá un impulso, en nombre de la coherencia, de asegurar que se apliquen prácticas, procedimientos y políticas
comunes. […] A fin de mantener su autonomía en las fiscalías estructuradas jerárquicamente, los fiscales no deben
estar obligados a obtener una aprobación para adoptar medidas en el ejercicio de sus funciones. […].”
60

61

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 96.

62

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 97.

24

provisionalidad no equivale a la arbitraria o libre remoción63. El Tribunal observa que laprovisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen
desempeño de su función y la salvaguarda de los propios justiciables. En todo caso, laprovisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una
condición resolutoria, como sería la extinción de la causa que motivó la ausencia o separación
temporal de la funcionaria o el funcionario titular, o el cumplimiento de un plazopredeterminado por la celebración y conclusión de un concurso público para proveer losreemplazos con carácter permanente. Los nombramientos provisionales deben constituir una
situación de excepción y no la regla 64. Adicionalmente (infra párrs. 88 y 89) la decisión que
dispone la finalización del nombramiento de las y los fiscales provisionales debe estar
debidamente motivada, para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección
judicial.
82. Lo anterior no implica una equiparación entre las personas nombradas por concurso yaquellas nombradas de forma provisional, ya que las segundas cuentan con un nombramiento
limitado en el tiempo y sujeto a condición resolutoria. Sin embargo, en orden a lo explicado
en el párrafo anterior, en el marco de ese nombramiento y mientras se verifica esta condición
resolutoria o una falta disciplinaria grave, la o el fiscal provisional debe contar con las mismas
garantías que quienes son de carrera, ya que sus funciones son idénticas y necesitan de igual
protección ante las presiones externas65.
83. En conclusión, la Corte considera que la separación del cargo de una o un fiscal
provisional debe responder a las causales legalmente previstas, sean estas (i) por elacaecimiento de la condición resolutoria a que se sujetó la designación o nombramiento, como
el cumplimiento de un plazo predeterminado por la celebración y conclusión de un concurso
público a partir del cual se nombre o designe al reemplazante del o la fiscal provisional con
carácter permanente, o (ii) por faltas disciplinarias graves o comprobada incompetencia, paralo cual habrá de seguirse un proceso que cumpla con las debidas garantías y que asegure la
objetividad e imparcialidad de la decisión 66.
B.3. Análisis del caso concreto
B.3.1. Nombramiento del señor Julio Casa Nina como fiscal provisional
84. El señor Julio Casa Nina fue nombrado por Resolución de 30 de junio de 1998 como
Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de La Mar, Distrito Judicial
de Ayacucho. Con posterioridad, mediante Resolución de 8 de abril de 2002, se dio por
concluido dicho nombramiento y, a su vez, se le nombró como Fiscal Adjunto Provincial
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Penal de Huamanga. En ninguna de dichas Resoluciones se especificó el periodo del ejerciciodel cargo ni se estableció otra condición resolutoria cuyo acaecimiento determinara la cesacióndel nombramiento o designación67.
63

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 97.

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 97. Véase también: mutatis mutandis, Caso Apitz
Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C, No. 182, párr. 43, y Caso Álvarez Ramos Vs.
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2019. Serie C No.
380, párr. 148.
64

65

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 98.

66

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 99.

La Corte toma nota de la distinción que, según manifestó el Estado, existe en el ordenamiento interno respecto
de los términos “nombramiento” y “designación”, lo que también fue referido por la testigo Rita Arleny Figueroa
67

25

85. Al respecto, la Corte reitera que, en aras de garantizar la independencia de las y losfiscales, los nombramientos en calidad de provisionalidad necesariamente deben ser
excepcionales (supra párr. 81)68. Asimismo, se recuerda que aun en el caso de fiscales que
ejerzan provisionalmente el cargo, la salvaguarda de su independencia exige al Estado prever
un adecuado nombramiento que determine precisamente las condiciones para el desempeño
de sus labores y las causales de su finalización, en coherencia con la naturaleza de las
funciones que ejercerán, y a garantizarles cierta inamovilidad en el cargo, en tanto seencuentren en el ejercicio de este.
86. En definitiva, la falta de previsión de alguna condición resolutoria que determinara laterminación del nombramiento como fiscal provisional69, permiten advertir que el señor Casa
Nina ejerció el cargo sin la seguridad de la permanencia en sus funciones 70, es decir,
desprovisto de una salvaguarda esencial para garantizar su independencia.
B.3.2. Deber de motivación, inamovilidad en el cargo y conclusión delnombramiento del señor Julio Casa Nina como fiscal provisional
87.

Mediante Resolución de 21 de enero de 2003, la Fiscal de la Nación dispuso dar por

Vásquez. En tal sentido, la testigo señaló que el uso del primer término, en lo que se refiere a la situación laboral delseñor Julio Casa Nina, “en nada desnaturaliza la esencia de la temporalidad del cargo, ligada siempre a las‘necesidades del servicio’”. Cfr. Declaración rendida por Rita Arleny Figueroa Vásquez (expediente de prueba, tomo
VI, affidávits, folio 1245). Lo mismo ocurre respecto de la diferenciación de los términos “conclusión de la designación”
y “separación del cargo”. Sin perjuicio de la distinción que el uso de cada término pueda conllevar en el ordenamiento
peruano, destaca que la condición de fiscal provisional —es decir, “fiscal provisional no titular” (infra nota a pie depágina 69)— se encuentra ligada a una condición de temporalidad en la que su inicio (nombramiento o designación)y fin (culminación de la designación o separación del cargo) se determinan con base en “las necesidades del servicio”.
Para los efectos anteriores, en esta Sentencia son utilizados indistintamente tales términos.
En el caso del Estado peruano, en el año 2000 la Comisión Interamericana destacó que “más del 80% de losfiscales […] [eran] provisionales” (1067 de un total de 1259 fiscales), de manera que “la excepción se convi[rtió] en
regla”, con el resultado que “las funciones del Ministerio Público [eran] ejercidas, en gran mayoría, por personas que
no est[aban] calificadas para esos cargos ni ha[bían] sido evaluadas periódicamente desde el punto de vista de su
aptitud técnica o ética”. Cfr. CIDH. Segundo informe sobre la situación de derechos humanos en el Perú,OEA/Ser.L/V/II.106,
2
de
junio
de
2000,
párr.
36.
Disponibleen:https://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo2.htm.
68

La Corte toma nota de la diferenciación existente en el orden interno entre “fiscales provisionales” y “fiscales
provisionales no titulares”, en el entendido que los primeros son fiscales de carrera que, ante la ausencia de una
funcionaria o un funcionario de superior categoría, lo reemplazan provisionalmente (artículo 27 del Decreto Legislativo
No. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, supra nota a pie de página 26), mientras que los segundos, por virtuddel procedimiento de su designación, no pertenecen a la carrera fiscal, categoría en la que, cabría entender, seencontraría el señor Casa Nina al momento de su nombramiento. Según señaló la testigo Rita Arleny Figueroa
Vásquez, el ingreso de un “fiscal provisional no titular” a la institución se condiciona “a la presencia de una plaza
libre, a la existencia de la ‘necesidad del servicio’ […] y en tanto evidencie probidad e idoneidad en el desempeño dela función. La culminación opera cuando ya no subsista la ‘necesidad del servicio’ o presupuesto institucional.” Loanterior, según declaró, conforme a la Resolución No. 4330-2014-MP-FN de 15 de octubre de 2014 que aprobó el
Reglamento para el nombramiento, evaluación y permanencia de los Fiscales Provisionales a nivel nacional. Cfr.
Declaración rendida por Rita Arleny Figueroa Vásquez (expediente de prueba, tomo VI, affidávits, folios 1243, 1244
y 1255). Sin perjuicio de lo indicado, se trataría de una distinción de términos que habría surgido con posterioridad
a los hechos del presente caso. En definitiva, lo que interesa para la decisión de la controversia es la referencia a lanoción de las “necesidades del servicio” como justificación para el nombramiento o designación y para la terminacióndel ejercicio del cargo del o la fiscal provisional (es decir, “fiscal provisional no titular”, conforme a la citada Resolución
No. 4330-2014-MP-FN), como aconteció en el caso del señor Julio Casa Nina, cuestión que fue reiterada por la testigo.
69

La testigo Rita Arleny Figueroa Vásquez declaró que “uno de los derechos de los [f]iscales, es la permanencia
en el servicio hasta los setenta (70) años, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, lo cierto es que en el casode los [f]iscales [p]rovisionales no [t]itulares, no cabe la exigencia de tal atributo, en tanto, su permanencia dependede la decisión del titular del pliego; es decir, del/la Fiscal de la Nación, en tanto por ‘necesidades del servicio’ puede
concluir con su ‘designación’”. Cfr. Declaración rendida por Rita Arleny Figueroa Vásquez (expediente de prueba, tomo
VI, affidávits, folio 1243).
70

26

concluido el nombramiento del señor Casa Nina como Fiscal Adjunto Provincial Provisional delDistrito Judicial de Ayacucho71; para el efecto, la Resolución consideró que “el nombramiento
de los [f]iscales en calidad de provisionales es de carácter temporal, sujeto a las necesidadesdel servicio”72. De esa cuenta, el interesado promovió recurso de reconsideración, el que fue
declarado infundado el 14 de febrero de 2003 por la Fiscal de la Nación, para lo cual dicha
autoridad reiteró que “el nombramiento de los [f]iscales en calidad de provisionales es decarácter temporal”73. A partir de lo anterior, la Corte advierte que ambos actos
administrativos, de forma escueta, fundamentaron la conclusión de la designación del señor
Casa Nina en el carácter temporal del nombramiento y en las necesidades del servicio.
88. En cuanto al deber de motivación, la Corte recuerda que en cualquier materia, inclusive
en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites
infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos 74. Asimismo, el
Tribunal ha señalado que es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopte
dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal 75. Al respecto,
el artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, que serefiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectosde que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos76.
89. En tal sentido, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con lacorrecta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados
por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas enel marco de una sociedad democrática 77. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos
internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas,
pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias78. En este sentido, la argumentación de un
fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos,motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar
cualquier indicio de arbitrariedad79. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas
han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona laposibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias

En total, sumando los plazos de ambas designaciones, el señor Casa Nina ejerció el cargo de fiscal provisional
por cuatro años, seis meses y 21 días.
71

Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación de 21 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 alInforme de Fondo, folio 6).
72

Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación de 14 de febrero de 2003 (expediente de prueba, tomo I, anexo 4
al Informe de Fondo, folio 12).
73

Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de2001. Serie C No. 72, párr. 126 y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 105.
74

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de2001. Serie C No. 71, párr. 71, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 105.
75

Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra, párr. 69, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra,párr. 105.
76

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr.
77 y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 106.
77

Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 dejunio de 2005. Serie C No. 127, párr. 152, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 106.
78

Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de2006. Serie C No. 151, párr. 122, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 106.
79

27

superiores80. Por ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el
artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso 81.
90. Así, como se consideró anteriormente (supra párr. 83), la separación del cargo de una
o un fiscal provisional debe responder (i) al acaecimiento de la condición resolutoria a que sesujetó la designación o nombramiento, como el cumplimiento de un plazo predeterminado porla celebración y conclusión de un concurso público a partir del cual se nombre o designe aquien reemplazará al fiscal provisional con carácter permanente, o (ii) por faltas disciplinarias
graves o comprobada incompetencia, para lo cual habrá de seguirse un proceso que cumpla
con las debidas garantías y que asegure la objetividad e imparcialidad de la decisión.
91. A partir de la prueba aportada al expediente no es dable afirmar que el procedimiento
en virtud del cual se dio por concluido el nombramiento del señor Casa Nina fuera un proceso
disciplinario o materialmente sancionatorio; tampoco se tienen elementos probatorios que
indiquen que dicha decisión estuviera ligada a la realización de un concurso o en virtud de que
el cargo fuera ocupado por una funcionaria o un funcionario de carrera. De esa cuenta, ladecisión que dio por terminado el nombramiento de la presunta víctima no respondió a lascausales permitidas para salvaguardar su independencia en el ejercicio del cargo (supra párrs.
81 a 83). Por ende, la autoridad administrativa no respetó la garantía de inamovilidad, lo que
conllevó una violación de las garantías judiciales que consagra el artículo 8.1 de la Convención.
92. En el caso concreto, el contenido de las Resoluciones emitidas por la autoridad
administrativa para justificar su decisión de dar por concluido el nombramiento da cuenta quela permanencia del señor Casa Nina en el cargo de fiscal provisional dependía de lo que, ajuicio de la autoridad administrativa, exigieran y determinaran “las necesidades del servicio” 82,de manera que dicha autoridad estaba facultada para disponer discrecionalmente cuándo lainstitución estaría en condiciones de prescindir de su labor como fiscal provisional y, por ende,
decidir sobre la terminación de su designación o nombramiento 83.
93. A criterio de la Corte, las razones de las necesidades del servicio, invocadas para el cesedel señor Casa Nina, denotan la aplicación de un concepto jurídico indeterminado, es decir,
referido a una esfera de la realidad cuyos límites no aparecen claramente establecidos en su
Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr.
78 y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 106.
80

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr.
78, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 106.
81

La testigo Rita Arleny Figueroa Vásquez declaró, en cuanto a las condiciones del ejercicio del cargo por partedel señor Casa Nina, que “las Resoluciones que lo designaron en los puestos laborales que temporalmente ocupó enel Ministerio Público, contenían una condición resolutoria tácita: su permanencia en la institución, dependía de las‘necesidades del servicio’”. Asimismo, agregó lo siguiente: “[…] la ‘necesidad’ de servicio es la razón que motiva unacto de designación efectuado por el Ministerio Público. Así, la provisionalidad de los [f]iscales [p]rovisionales (notitulares), se rige por el [p]rincipio de [n]ecesidad, de acuerdo al cual el [f]iscal [p]rovisional (no titular) ocupa una
plaza libre en tanto exista necesidad de servicio. En ese sentido, la permanencia en el cargo de los [f]iscales[p]rovisionales (no titulares) depende de la necesidad de servicio, entre otros. Ahora bien, de acuerdo al [p]rincipio
de [t]ransitoriedad, la culminación del cargo se produce cuando no exista necesidad de servicio o factibilidad
presupuestaria.” Cfr. Declaración rendida por Rita Arleny Figueroa Vásquez (expediente de prueba, tomo VI,
affidávits, folios 1255 y 1258).
82

Si bien el Estado alegó que la presunta víctima en calidad de fiscal provisional y, en general, los fiscales
provisionales en Perú “no son removidos libremente”, no cabe deducir otra cosa a partir de las pruebas aportadas,
los hechos probados y los argumentos esgrimidos, máxime cuando el propio Estado afirmó en su escrito decontestación que “la resolución de conclusión de cargo constituye una facultad del empleador —Ministerio Público a
cargo del Fiscal de la Nación—, de dar por concluida la designación si lo considera pertinente”. Asimismo, en el escritode contestación el Estado afirmó que “al agotarse la necesidad de servicio, en automático y conforme a la capacidad
discrecional del Fiscal de la Nación, se concluye la designación de un Fiscal Provisional no titular”.
83

28

enunciado. Su aplicación debería responder a circunstancias concretas claramente relevadas
por la autoridad. Aludir a las necesidades del servicio no significa hacer referencia simplemente
al enunciado, sino que debe introducir al análisis razonado de la calificación de circunstancias
concretas del caso.
94. Ante ello, la Corte entiende que los Estados pueden gozar de prerrogativas para adaptar
el régimen de sus funcionarias y funcionarios a las necesidades del servicio a fin de respondera los principios de eficacia y eficiencia. No obstante, el parámetro de las necesidades delservicio resulta particularmente indeterminado para justificar la terminación de un
nombramiento en provisionalidad que debería contar con ciertas garantías de estabilidad. Porconsiguiente, la justificación en las necesidades del servicio no otorga un grado deprevisibilidad suficiente para ser considerada como una condición resolutoria 84, por lo que,como antes fue indicado (supra párr. 91), la decisión que dio por terminado el nombramiento
no respondió a las causales permitidas para salvaguardar la independencia del fiscal
provisional en el ejercicio del cargo.
95. Cabe señalar que, si bien no se llegó a establecer que efectivamente el señor Casa Nina
fuera objeto de presiones o injerencias de algún tipo durante el ejercicio de las funciones como
fiscal, la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad
efectiva que tienen de ejercer sus funciones y tomar decisiones sin temor a represalias85.
96. En cuanto a las alegadas violaciones al derecho de defensa, a la presunción de inocencia
y al principio de legalidad, la Corte reitera que no es posible concluir que el procedimiento
seguido por la autoridad administrativa fuera de naturaleza disciplinaria o materialmentesancionatoria. Si bien ambas Resoluciones hicieron referencia general a la existencia de quejas
y denuncias promovidas contra la presunta víctima, tal mención habría obedecido, más bien,
al objetivo o interés por que los procesos disciplinarios o judiciales, según fuera el caso, se
tramitaran y culminaran con independencia de la decisión de separar del cargo de fiscal
provisional a la presunta víctima 86. Por consiguiente, el Tribunal considera que no existenelementos suficientes para llevar a cabo el análisis pretendido respecto de los derechos antes
citados.
B.3.3. Derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad
97. El artículo 23.1 c) de la Convención establece el derecho a acceder a un cargo públicoen condiciones generales de igualdad. La Corte ha interpretado que el acceso en condiciones
de igualdad constituiría una garantía insuficiente si no está acompañado por la protección84

Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 110.

Cfr. Mutatis mutandis, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs.
Venezuela, supra, párr. 44; Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 78; Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 99; Caso de laCorte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 145; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos yotros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013.
Serie C No. 268, párr. 189; Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, supra, párrs. 105 y 110, y Caso Rico Vs.
Argentina, supra, párr. 55.
85

Ello se deduce, principalmente, del contenido de la Resolución que dio por concluido el nombramiento, en laque se indicó que tal decisión era “sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen ser pertinentes por la queja y ladenuncia que se encuentran en trámite”. Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación de 21 de enero de 2003
(expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folio 6).
8629efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede 87.
98. De esa cuenta, en casos de ceses arbitrarios de juezas y jueces, este Tribunal haconsiderado que el derecho se relaciona con la garantía de estabilidad o inamovilidad de lajueza o el juez88, lo que, conforme a los fundamentos esbozados anteriormente (supra párrs.
78 y 79), es igualmente aplicable al caso de las y los fiscales. Así, el respeto y garantía deeste derecho se cumplen cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento,
ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos, y que las personas no sean
objeto de discriminación en su ejercicio89. A este respecto, la Corte ha indicado que la igualdadde oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda
injerencia o presión política90.
99. En atención a lo indicado, la Corte considera que la decisión que dio por terminado elnombramiento de la presunta víctima fue arbitraria, al no corresponder con alguno de losmotivos permitidos para garantizar su independencia en el cargo de fiscal provisional. Porende, este cese arbitrario afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en
condiciones de igualdad del señor Julio Casa Nina, en violación del artículo 23.1 c) de laConvención Americana.
B.3.4. Falta de adecuación del derecho interno, en relación con la garantía deinamovilidad de las y los fiscales
100. La Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Partes aadoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de laConvención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerefectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Dicho deber implica laadopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas
de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención 91,
ya sea porque desconozcan esos derechos o libertades u obstaculicen su ejercicio 92. Por otra,la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia dedichas garantías93.
101. En el caso concreto, a partir del contenido de las Resoluciones dictadas por la autoridad

87

115.

Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 138, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr.

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr.
43, y Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2019.
Serie C No. 373, párr. 94.
88

Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra, párr.
206, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 116.
89

90

116.

Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 72, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr.

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999.
Serie C No. 52, párr. 207, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 118.
91

Cfr. Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 113, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 118.
92

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra, párr. 207, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra,párr. 118.
93

30

administrativa a cargo del Ministerio Público94, de la prueba aportada95 y de lo alegado por laspartes, especialmente por el Estado96, se advierte que la facultad ejercida por aquella
autoridad para nombrar a la presunta víctima como fiscal provisional sin especificar algunacondición resolutoria que determinara la terminación del nombramiento, así como para dar
por concluida la designación de manera discrecional, se apoyó en la inexistencia de un marco
normativo específico que garantizara la estabilidad del funcionario mientras ejerciera el cargo.
A lo anterior se sumó una interpretación judicial, incluido el criterio del Tribunal Constitucional,
congruente con las decisiones de la autoridad administrativa97.
102. En tal sentido, conforme a lo antes considerado, al no haber suprimido prácticas que
entrañaban violación a las garantías previstas en la Convención,, y dada la falta de expedición
de normas conducentes a la efectiva observancia de tales garantías, el Estado incurrió en
incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, conforme al artículo 2
de la Convención, en relación con la garantía de inamovilidad de las y los fiscales, reconocida
como una de las garantías judiciales que consagra el artículo 8.1 de la Convención.
B.3.5. Derecho al trabajo
103. La presunta víctima, en su escrito de solicitudes y argumentos, se refirió expresamentea la violación al derecho al trabajo. Al respecto, la Corte reitera que los representantes o laspresuntas víctimas pueden invocar derechos distintos a aquellos señalados por la Comisión,
siempre que dichos alegatos se basen en el marco fáctico establecido en el Informe de Fondo98.
104. En tal sentido, el Tribunal advierte que, en el presente caso, el problema jurídico
planteado por la presunta víctima se relaciona con los alcances del derecho al trabajo, y en
La Resolución de 30 de junio de 1998 citó las Leyes No. 26623, 26695 y 26738 (supra nota a pie de página
28 y párr. 44), sin especificar artículos. Las Resoluciones de 8 de abril de 2002 y 21 de enero de 2003 citaron el
artículo 64 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Publico (supra párr. 43). Por último, la Resolución
de 14 de febrero de 2003 citó los artículos 5 de la Ley 27362 (supra párr. 46) y 64 del Decreto Legislativo 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público. Cfr. Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público de 30 de junio de 1998
(expediente de prueba, tomo I, anexo 1 al Informe de Fondo, folio 4); Resolución de la Fiscalía de la Nación de 8 deabril de 2002 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 16 al escrito de contestación, folio 953); Resolución de la
Fiscalía de la Nación de 21 de enero de 2003 (expediente de prueba, tomo I, anexo 2 al Informe de Fondo, folio 6),y Resolución de la Fiscalía de la Nación de 14 de febrero de 2003 (expediente de prueba, tomo I, anexo 4 al Informede Fondo, folio 12).
94

La testigo Rita Arleny Figueroa Vásquez, entre otras cuestiones, declaró que “en el año 1997 […] fue emitida
la Ley No. 26898 […] que facultó a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público [para] designar a los fiscales
provisionales, dicha norma junto a las Leyes No. 26623, 26695 y 26738 fueron el marco que reguló la designaciónde los [f]iscales [p]rovisionales”, y que “las designaciones en calidad de [f]iscales [p]rovisionales tiene por [l]ey lacalidad de temporales, tal como lo señaló el legislador en los alcances del artículo 5º de la Ley No. 27362 […] la cualdejó sin efecto la homologación de los magistrados [t]itulares y [p]rovisionales del Poder Judicial y del Ministerio
Público”. Cfr. Declaración rendida por Rita Arleny Figueroa Vásquez (expediente de prueba, tomo VI, affidávits, folios
1248 y 1259).
95

En su escrito de contestación, el Estado indicó que, en el caso de la presunta víctima, “tanto la designación
como la conclusión del cargo se dieron por razones debidamente justificadas por la institución y conforme a las
atribuciones y potestades reconocidas por el ordenamiento jurídico al Ministerio Público, frente a la necesidad decubrir plaza vacante de manera temporal. Consecuentemente, la conclusión del cargo, en este caso concreto, se debe
a la extinción de una necesidad de servicio.”96

El Estado también señaló que “los tribunales a nivel interno, tanto el Poder Judicial como el Tribunal
Constitucional, se pronuncian sobre la [p]rovisionalidad de [m]agistrados, en la cual se puede apreciar que existe
una sola línea de pensamiento aplicada a los casos [que] versan sobre la referida materia”, y agregó que “de acuerdo
a la jurisprudencia nacional, el Tribunal Constitucional viene pronunciándose en diferentes casos análogos, en elsentido que ‘la suplencia o provisionalidad, como tal constituye una situación que no genera más derechos que losinherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no tiene titularidad alguna […]’”.
97

98

196.

Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, supra, párr. 155, y Caso López y otros Vs. Argentina, supra, párr.

31

particular sobre el derecho a la estabilidad laboral, entendido como un derecho protegido por
el artículo 26 de la Convención Americana. La Corte recuerda que el derecho al trabajo ha sido
un derecho reconocido y protegido a través del artículo 26 en diferentes precedentes por este
Tribunal99.
105. En cuanto a los derechos laborales específicos protegidos por el citado artículo 26, el
Tribunal ha señalado que los términos del citado precepto indican que son aquellos derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura
contenidas en la Carta de la OEA100. En tal sentido, los artículos 45.b y c 101, 46102 y 34.g 103 dela Carta establecen normas que refieren al derecho al trabajo. Adicionalmente, la Corte ha
indicado en su Opinión Consultiva OC-10/89, que los Estados Miembros han entendido que la
Declaración Americana contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la
Carta se refiere104. En este sentido, el artículo XIV de la referida Declaración dispone que“[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su
vocación […]”. Asimismo, el artículo 29.d de la Convención Americana dispone expresamenteque “[n]inguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentidode: […] d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.
Además, la Corte ya ha indicado 105 que tanto el corpus iuris internacional106 como el corpus

Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párrs. 142 y 145. En similar sentido: Caso Trabajadores Cesados
de Petroperú y otros Vs. Perú, supra, párrs. 142 y 143; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, supra, párr.
220; Caso Spoltore Vs. Argentina, supra, párr. 84, y Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio deJesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, párr. 155.
99

Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 143, y Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo
Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil, supra, párr. 155.
100

Artículo 45 de la Carta de la OEA. - Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar
la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico yverdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios ymecanismos: […] b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse
en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico
decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquiercircunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como
urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo elderecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería
jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación
respectiva […].
101

Artículo 46 de la Carta de la OEA. - Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso de laintegración regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo,
especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean
igualmente protegidos, y convienen en realizar los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad.
102

Artículo 34.g de la Carta de la OEA. - Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades,la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena
participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos deldesarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de lassiguientes metas básicas: […] g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para
todos.
103

Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A
No. 10, párr. 43.
104

105

Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 145.

Por ejemplo: el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo
23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 7 y 8 de la Carta Social de las Américas, losartículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el artículo
106

32

iuris nacional107 consagran el referido derecho. En el caso del Perú, el artículo 22 de laConstitución lo consagra, al señalar lo siguiente: “El trabajo es un deber y un derecho. Es basedel bienestar social y un medio de realización de la persona”.
106. En cuanto a su contenido y para los efectos del presente caso, cabe señalar que el Comitéde Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 18 sobre elderecho al trabajo, expresó que este derecho “no debe entenderse como un derecho absoluto
e incondicional a obtener empleo”, pero que también “implica el derecho a no ser privado
injustamente del empleo”108.
107. La Corte ha precisado que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia
irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas,
otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido oseparación arbitraria, se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador
acredite las razones suficientes para ello con las debidas garantías, y frente a lo cual el
trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes deberán verificar
que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho109. Asimismo, la Corte
ha indicado en el caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela que el Estado incumple con su
obligación de garantizar el derecho al trabajo y, por ende, a la estabilidad laboral, cuando noprotege a sus funcionarios estatales de separaciones arbitrarias110.
108. Como ha sido referido en esta Sentencia, las y los fiscales, al desempeñar funciones deoperadoras y operadores de justicia, requieren gozar de garantías de estabilidad laboral comocondición elemental de su independencia para el debido cumplimiento de sus funciones (suprapárr. 78). Asimismo, se indicó que, en el caso de las y los fiscales provisionales, la salvaguarda
de su independencia y objetividad exige otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia
en el cargo, pues la provisionalidad no equivale a libre remoción (supra párr. 81). La Corteentiende que, como expresión del cargo en el que se desempeñan las y los fiscales, tienen el
derecho a la estabilidad laboral y, por lo tanto, los Estados deben respetar y garantizar este
derecho.
109. En el presente caso, la Corte concluyó que la decisión que dio por terminado elnombramiento del señor Casa Nina fue arbitraria al no corresponder con alguna de las causales
permitidas para garantizar su independencia en el cargo de fiscal provisional (supra párr. 91),
lo que configuró también violación al derecho a la estabilidad laboral, como parte del derecho
al trabajo, que como trabajador del Ministerio Público del Estado peruano le asistía durante eltiempo que durara el ejercicio del cargo.
110. De conformidad con lo anterior, el Estado es responsable por la violación del derecho al
32.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el artículo 1 de la Carta Social Europea y el artículo 15
de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.
Entre las normas constitucionales de los Estados parte de la Convención Americana que refieren de alguna
forma a la protección del derecho al trabajo, se encuentran: Argentina (art. 14 bis), Bolivia (art. 46 y 48), Brasil (art.
6), Colombia (art. 25), Costa Rica (art. 56), Chile (art. 19), Ecuador (art. 33), El Salvador (art. 37 y 38), Guatemala(art. 101), Haití (art. 35), Honduras (arts. 127 y 129), México (art. 123), Nicaragua (arts. 57 y 80), Panamá (art.
64), Paraguay (art. 86), Perú (art. 22), República Dominicana (art. 62), Surinam (art. 4), y Uruguay (art. 36), y
Venezuela (art. 87).
107

ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18: El derecho al
trabajo, U.N. Doc. E/C.12/GC/18, 24 de noviembre de 2005.
108

Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú, supra, párr. 150, y Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, supra,párr. 220.
109

110

Cfr. Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, supra, párr. 221.

33

trabajo, reconocido en el artículo 26 de la Convención.
B.3.6. Alegada violación a la protección de la honra y de la dignidad y a laigualdad ante la ley
111. Respecto de la alegada violación a la protección de la honra y de la dignidad, sin perjuicio
de la facultad de la presunta víctima de invocar derechos distintos a los señalados por la
Comisión, la Corte advierte que no desarrolló argumentos específicos, pues simplemente
aludió a la conexidad de tales derechos “con los invocados en el presente caso”, lo que nodenota el fundamento de su alegación. En tal sentido, el Tribunal carece de sustento alguno
que le permita realizar el examen pretendido, en tanto no es posible advertir en qué sentido
se habría ocasionado la violación.
112. En cuanto a la igualdad ante la ley, sin perjuicio de la falta de sustento para el examen,
cabe señalar que lo relativo a la aplicación de la normativa legal que determinó la facultad dela autoridad administrativa para dar por terminado el nombramiento de la presunta víctima
fue analizado oportunamente (supra párr. 101). En todo caso, la Corte resalta que dicha
normativa, en principio, no configuraría un trato discriminatorio hacia las y los fiscales
provisionales con relación a las y los fiscales de carrera, pues, como fue indicado, la
independencia que debe garantizarse a ambas categorías profesionales no implica una
equiparación entre estas (supra párr. 82).
B.3.7. Conclusión general
113. Como corolario, en virtud de no haber respetado las garantías necesarias parasalvaguardar la independencia en el ejercicio del cargo y su estabilidad laboral de fiscal
provisional, el Estado peruano es responsable por la violación de los artículos 8.1, 23.1 c) y
26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento,
en perjuicio del señor Julio Casa Nina.
VIII.2
DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 111
A. Alegatos de la Comisión y de las partes
114. La Comisión alegó que la presunta víctima hizo uso de recursos en la vía administrativa
y constitucional. Sin embargo, en ninguna de las vías intentadas contó con un recurso efectivo
para impugnar la decisión que lo cesó en el cargo y para revisar las violaciones al debido
proceso y al principio de legalidad. La representación del señor Casa Nina no expuso alegatos
al respecto.
115. El Estado señaló que, con el contenido de la resolución que decidió el recurso dereconsideración planteado por la presunta víctima, se evidencia que en sede administrativa
no hubo afectación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Añadió
que la Comisión no especificó qué actos fueron contrarios al deber de protección judicial en loque concierne al proceso de amparo que promovió el señor Casa Nina. En tal sentido, en lasdistintas instancias fueron expuestos argumentos suficientes para determinar que la decisiónde dar por concluida la designación no obedeció a una sanción disciplinaria. Si bien el resultado
final del proceso de amparo fue desfavorable a las pretensiones de la presunta víctima, ellono puede significar la vulneración al derecho a la protección judicial reconocido en el artículo
111

Artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

34

25 de la Convención.
B. Consideraciones de la Corte
116. Este Tribunal ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención prevé la obligación delos Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial
sencillo, rápido y efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales 112. Teniendoen cuenta lo anterior, la Corte ha señalado que, en los términos del artículo 25 de laConvención, es posible identificar dos obligaciones específicas del Estado. La primera,
consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante lasautoridades competentes que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos
que violen sus derechos fundamentales o que conlleven la determinación de los derechos yobligaciones de estas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas
decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera
que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos 113. El derecho
establecido en el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general delartículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de losEstados Parte114. A la vista de lo anterior, el Estado tiene la responsabilidad no solo de diseñar
y consagrar normativamente un recurso eficaz, sino también la de asegurar la debida
aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales 115.
117. En lo que se refiere específicamente a la efectividad del recurso, esta Corte haestablecido que el sentido de la protección del artículo es la posibilidad real de acceder a unrecurso judicial para que una autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante,
determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona que reclama estima
tener y que, en caso de ser encontrada una violación, el recurso sea útil para restituir alinteresado en el goce de su derecho y repararlo 116. Lo anterior no implica que se evalúe laefectividad de un recurso en función de que este produzca un resultado favorable para el
demandante117.
118. En el presente caso, el señor Casa Nina impugnó la decisión que dio por concluido su
nombramiento como fiscal provisional mediante el planteamiento de demanda de acción deamparo. Para el efecto, reclamó la tutela de los derechos al trabajo, al debido proceso y “a noser removido del cargo”, para lo cual, además de objetar la decisión unilateral e injustificada
que, a su juicio, había dictado la Fiscal de la Nación, reiteró lo relativo a la falta de un

Cfr. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5
de julio de 2011, Serie C No. 228, párr. 95, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 130.
112

Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 237, y Caso
Noguera y otra Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2020. Serie C No. 401,
párr. 79.
113

114

Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 83, yCaso López y otros Vs. Argentina, supra, párr. 209.
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 237, y Caso
López y otros Vs. Argentina, supra, párr. 209.
115

Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A, No. 9, párr. 24; Caso Castañeda Gutman
Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No.
184, párr. 100, y Caso López y otros Vs. Argentina, supra, párr. 210.
116

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 67, y Caso López y otros Vs. Argentina,
supra, párr. 210.
117

35

procedimiento administrativo disciplinario en su contra 118. Ante ello, el Primer Juzgado
Especializado en lo Civil de Huamanga, Ayacucho, declaró infundada la demanda, confundamento tanto en “la condición de [p]rovisional […] y no así de [t]itular” del peticionario,
como en la afirmación de que la decisión que dio por concluido el nombramiento no respondía
a la naturaleza de “medida disciplinaria de destitución del cargo” 119.
119. De esa cuenta, la víctima planteó recurso de apelación, para lo cual reiteró el alegato deviolación de los derechos al trabajo, al debido proceso y “a no ser removido del cargo” 120. Porsu parte, la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho confirmó
el fallo apelado, con fundamento en que se pretendía alegar “derechos que correspond[ían] alos fiscales titulares” cuando el apelante había ejercido “un nombramiento de confianza”, es
decir, “un cargo temporal”121.
120. El señor Casa Nina promovió recurso de agravio constitucional con reiteración de sus
argumentos, a lo que agregó que la decisión de la Fiscal de la Nación adolecía de falta demotivación y que no había tenido la posibilidad “de ser oído ni de conocer los cargos
imputados”122. La Sala Primera del Tribunal Constitucional se pronunció en el sentido dedeclarar infundada la demanda con base en que la víctima, dado el carácter provisional,
interino o transitorio de su nombramiento, no podía pretender “la protección de derechos que
no corresponden a quien no ha sido nombrado conforme a lo establecido en los artículos 150
y 154 de la Constitución”123.
121. Lo antes descrito apunta a que los distintos órganos jurisdiccionales que conocieron delas acciones y recursos promovidos por el señor Casa Nina desestimaron los cuestionamientos
planteados con fundamento en dos razones concretas: (i) la condición de provisionalidad delnombramiento de la víctima, lo que determinaba que no podía reclamar la protección dederechos que correspondían solo a los fiscales titulares, y (ii) el carácter no sancionatorio dela decisión emitida, lo que hacía inaplicables las garantías alegadas por la víctima.
122. Como ha sido afirmado en esta Sentencia, el carácter provisional del nombramiento delas y los fiscales no equivale a su libre remoción; por el contrario, la salvaguarda de la
independencia de dichos operadores de justicia exige, precisamente, cierta estabilidad ypermanencia en el cargo, en tanto no se verifique la condición resolutoria que pondría fin a ladesignación (supra párr. 81).
123. De esa cuenta, en el caso concreto, los tribunales que conocieron de las acciones
promovidas por la víctima no atendieron el reclamo específico que esta formuló respecto delderecho a la estabilidad en el cargo que le asistía dada su condición de fiscal provisional, y,con ello, no proveyeron una protección eficaz ante el reclamo por la violación ocasionada.
Cfr. Escrito de la demanda de amparo de 29 de noviembre de 2004 (expediente de prueba, tomo IV, anexo
19 al escrito de contestación, folios 967 a 980).
118

Cfr. Sentencia emitida por el Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, Ayacucho, el 19
de abril de 2005 (expediente de prueba, tomo I, anexo 7 al Informe de Fondo, folios 25 a 27).
119

Cfr. Sentencia emitida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho el 11
de julio de 2005 (expediente de prueba, tomo I, anexo 8 al Informe de Fondo, folios 29 y 30).
120

Cfr. Sentencia emitida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho el 11
de julio de 2005 (expediente de prueba, tomo I, anexo 8 al Informe de Fondo, folios 29 y 30).
121

Cfr. Sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional el 14 de noviembre de 2005 (expedientede prueba, tomo I, anexo 9 al Informe de Fondo, folios 29 y 30).
122

Cfr. Sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional el 14 de noviembre de 2005 (expedientede prueba, tomo I, anexo 9 al Informe de Fondo, folios 29 y 30).
12336

124. En este sentido, los recursos judiciales intentados por el señor Casa Nina para la tutela
de sus derechos (supra párrs. 118, 119 y 120) resultaron ineficaces, pues las distintas
instancias judiciales reiteraron el argumento de que debido a la condición de provisionalidad
de su nombramiento no gozaba de estabilidad alguna, lo que resulta contrario a las garantías
de las que deben gozar las y los fiscales, aun cuando su nombramiento sea en condición deprovisionalidad.
125. Por consiguiente, el Tribunal considera que el Estado es responsable por la violación delartículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en
perjuicio del señor Julio Casa Nina.
IX
REPARACIONES
126. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte
ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño
comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma
consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional
contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado124. La Corte ha considerado la necesidad
de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, porlo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños
ocasionados125. Además, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un
nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, asícomo las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos 126.
127. En consecuencia, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la
Comisión y la víctima, así como los argumentos del Estado.
A. Parte lesionada
128. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de laConvención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en
dicho instrumento internacional. Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” alseñor Julio Casa Nina.
B. Medidas de restitución
129. La Comisión solicitó “[r]eincorporar a la víctima en un cargo similar al que
desempeñaba, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable al que lecorrespondería el día de hoy si no hubiera sido cesado. En caso de que esta no sea la voluntad
de la víctima o que existan razones objetivas que impidan la reincorporación, el Estado deberá
pagar una indemnización por este motivo, que es independiente de las reparaciones relativas
al daño material y moral”.
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie
C No. 7, párr. 25, y Caso Almeida Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de2020. Serie C No. 416, párr. 54.
124

Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 226, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 55.
125

Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de2008. Serie C No. 191, párr. 110, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 56.
12637

130. El señor Casa Nina solicitó que “se [le] restituya en [su] calidad de magistrado fiscal
adjunto o provincial o [superior] con todas las prerrogativas que [le] correspondería[n] al día
de hoy y derechos pensionarios que [le] corresponde[n] con reconocimiento de todos losderechos, independiente de la indemnización o sanción pecuniaria”.
131. El Estado argumentó que el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacionalde Justicia, no estaría facultado para reincorporar al señor Casa Nina, pues dicho órgano “solotiene competencia para nombrar, ratificar, destituir y, eventualmente, reincorporar amagistrados titulares, es decir, a aquellos que alcanzaron una plaza mediante concurso público
y accedieron a la carrera fiscal o judicial”, no siendo esta la situación del presente caso. De
igual forma, el Ministerio Público tampoco podría disponer la reincorporación de un fiscal
provisional no titular, pues estos no tienen una plaza vacante, dada la naturaleza temporal dedicha designación. Añadió que, en el cargo de Fiscal Adjunta Provincial en lo Penal deHuamanga, Distrito Fiscal de Ayacucho, el 9 de febrero de 2005 el Consejo Nacional de laMagistratura nombró a la funcionaria titular, por lo que no subsiste el cargo que ejercía lavíctima al momento de los hechos. Asimismo, señaló que la Fiscalía de la Nación dispuso
convertir la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huamanga en la Primera
Fiscalía Provincial Corporativa de Huamanga, por lo que no subsiste el órgano en el quelaboraba la víctima, lo que imposibilita su reincorporación. Agregó que tampoco procedería laindemnización a favor de la víctima, pues el Ministerio Público, al haber ordenado la conclusiónde la designación temporal efectuada, actuó dentro de las potestades y atribuciones legales,
por lo que “no ha irrogado daño a la persona del señor Julio Casa Nina”.
132. La Corte, en atención a lo expresado por el Estado, advierte que mediante Resolucióndel Consejo Nacional de la Magistratura de 9 de febrero de 2005 fue nombrada la funcionariaque, con carácter de titular, asumió el cargo que ejercía el señor Casa Nina al momento de laconclusión de su designación127. Tal situación determina que no es viable, en el caso concreto,ordenar la reincorporación de la víctima, como fue solicitado. Ante ello, dadas las violaciones
declaradas en esta Sentencia, el Estado deberá pagar al señor Julio Casa Nina una
indemnización que esta Corte fija en equidad en USD $30.000,00 (treinta mil dólares de losEstados Unidos de América).
C. Medidas de satisfacción
133. Si bien las partes y la Comisión no formularon solicitudes específicas en materia demedidas de satisfacción, la Corte, como lo ha hecho en otros casos 128, dispone que el Estado
publique, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente
Sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado, lo siguiente: a) el resumen oficial de lapresente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial, y b) lapresente Sentencia en su integridad, disponible por un periodo de un año, en el sitio web
oficial del Ministerio Público. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal
una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientementedel plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 10 dela presente Sentencia.
D. Garantías de no repetición

Cfr. Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura de 9 de febrero de 2005 (expediente de prueba, tomo
IV, anexo 24 al escrito de contestación, folio 997).
127

Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C
No. 88, párr. 79, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 65.
128

38

134. La Comisión solicitó disponer mecanismos de no repetición que incluyan: a) las medidas
necesarias “para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, asegurarla aplicación de las reglas del debido proceso en el marco de procesos de destitución o cesede fiscales, independientemente de que sean o no provisionales”, y b) las medidas necesarias“para que la normativa interna y la práctica relevante obedezcan a criterios claros y aseguren
garantías en el nombramiento, permanencia y remoción de fiscales”, conforme a los criterios
establecidos en el Informe de Fondo. La representación del señor Casa Nina no se pronunció
al respecto.
135. El Estado argumentó que aplica las reglas del debido proceso en los procesos dedestitución y cese de fiscales, sin perjuicio de reiterar que el presente caso no se vincula a uncese o destitución, sino a la conclusión de una designación por necesidades del servicio. Señaló
que, en 2019, mediante la Ley No. 30944, se creó la Autoridad Nacional de Control delMinisterio Público, entre cuyas funciones se encuentra la supervisión de la designación defiscales provisionales no titulares, la que deberá realizarse por concurso público. Añadió que
dicha autoridad se encuentra en proceso de implementación e instalación, por lo que
oportunamente hará llegar información actualizada sobre tales cuestiones.
136. La Corte, a partir de los argumentos y la prueba aportada por el Estado, advierte queen la actualidad la normativa que rige el nombramiento, permanencia y conclusión del ejerciciodel cargo de las y los fiscales provisionales está contenida en el “Reglamento interno para elnombramiento, evaluación y permanencia de fiscales provisionales”, aprobado mediante
Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 4330-2014-MP-FN de 15 de octubre de 2014. Dicho
reglamento continúa condicionando el nombramiento de las y los fiscales provisionales, asícomo su terminación, a la noción de las “necesidades del servicio”, entre otros elementos, sinestablecer la garantía de estabilidad de tales funcionarias y funcionarios, en tanto no
circunscribe la separación del cargo a las causales previstas en resguardo de su independencia(supra párr. 83). En efecto, el artículo 15º del referido reglamento prevé:
La permanencia de los fiscales provisionales depende:
15.1.- Del desempeño probo e idóneo.
15.2.- De la necesidad del servicio.
15.3.- De la disponibilidad presupuestaria.
15.4.- De la conversión, reubicación, modificación o reforma de los despachos fiscales129.

137. Cabe asimismo indicar que el criterio imperante, sostenido por las autoridades
administrativas130 y jurisdiccionales131 respecto de la permanencia de las y los fiscales
provisionales continúa atendiendo a la facultad de la autoridad nominadora para decidir a su
criterio, en cada caso, la pertinencia de dar por terminado el nombramiento, desconociendocon ello la garantía de estabilidad de tales funcionarias y funcionarios.
Cfr. Resolución de la Fiscalía de la Nación No. 4330-2014-MP-FN de fecha 15 de octubre de 2014 (expedientede prueba, tomo IV, anexo 42 al escrito de contestación, folios 1151 a 1157).
129

Cfr. La testigo Rita Arleny Figueroa Vásquez declaró que el ingreso de un “fiscal provisional no titular” a lainstitución se condiciona “a la presencia de una plaza libre, a la existencia de la ‘necesidad del servicio’ […] y, entanto evidencie probidad e idoneidad en el desempeño de la función. La culminación opera cuando ya no subsista la‘necesidad del servicio’ o presupuesto institucional.” Cfr. Declaración rendida por Rita Arleny Figueroa Vásquez(expediente de prueba, tomo VI, affidávits, folios 1243, 1244 y 1255).
130

Véase, Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de setiembre de 2015, expediente No. 1274-2013-AA/TC
y Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2017, expediente No. 00646-2015-PA/TC (expediente deprueba, tomo IV, anexo 39 al escrito de contestación, folios 1067 a 1070, 1098 a 1099); asimismo, Sentencia de la
Quinta Sala Contenciosa Administrativa Laboral-Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima de 19 de enerode 2017, expediente No. 14501-2013 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 40 al escrito de contestación, folios
1112 a 1118).
131

39

138. Por consiguiente, la Corte determina que el Estado peruano, en un plazo razonable,
deberá adecuar su normativa interna a lo considerado en los párrafos 81 y 83 de la presente
Sentencia.
139. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal reitera que las distintas autoridades estatales,
incluidos los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, están en la obligaciónde ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones
procesales correspondientes; en esta tarea, las autoridades internas deben tener en cuenta
no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana 132. De esa cuenta, con
independencia de las reformas normativas que el Estado deba adoptar, deviene imperativo
que las autoridades competentes para decidir el nombramiento y remoción de las y los fiscales,así como los tribunales de justicia, ajusten su interpretación normativa a los principios
establecidos en esta Sentencia.
E. Indemnizaciones compensatorias
E.1. Daño material
140. La Comisión solicitó que el Estado repare integralmente las consecuencias de lasviolaciones declaradas en el Informe de Fondo, para lo cual debe incluirse el daño material.
141. El señor Casa Nina solicitó, en concepto de lucro cesante, lo siguiente: “[…] comocompensación económica […] al haber dejado de percibir como magistrado durante 17 años,
precisando en meses exactamente 201 meses y 3 días, que asciende [a] un total de […]818.491,75 Soles. Esto según la remuneración mensual anterior desde el año 2003 al 2017,por último, la remuneración vigente a la fecha de los años 2018 y 2019”.
142. El Estado alegó que la solicitud formulada por el señor Casa Nina resulta errada por las
razones siguientes: a) no obra en el expediente una demanda de indemnización por despido
arbitrario, lo que evidencia que no se brindó a las autoridades nacionales la oportunidad depronunciarse y resolver los reclamos que ahora se pretende incorporar a sede internacional;b) existe error en el periodo indemnizatorio empleado como base para el cálculo, pues seconsideró un plazo total cuando existieron dos, derivado de ser dos designaciones distintas,
de las cuales la conclusión de la primera no fue impugnada, por lo que no podría ser objeto
de indemnización; c) no correspondería aplicar el máximo de 12 remuneraciones, como se
aprecia que fue empleado en el cálculo de indemnización, sino el equivalente al periodo deservicio efectivamente laborado; d) existe error en el periodo computable empleado, pues lafecha final no podría ser la actual, sino el 9 de febrero de 2005, día en el que fue nombradala funcionaria titular del cargo; e) conforme al ordenamiento peruano, no existe remuneración
por trabajo no laborado, como lo dicta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de laCorte Suprema de Justicia; en tal sentido, no existe norma que reconozca por concepto deindemnización remuneraciones por trabajo no realizado y, a la vez, los conceptos propios deresponsabilidad civil, lo que conllevaría dos tipos de indemnizaciones frente a un único hecho,y f) con base en lo anterior, según informe pericial elaborado por profesional contadora perita
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la suma correcta sería de 23.931,21 Soles.

Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs.
Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Serie C No. 411, párr. 100.
13240

143. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida odetrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos ylas consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso 133.
144. En cuanto a la indemnización por daño material, en concepto de ingresos dejados depercibir, la Corte recuerda que mediante Resolución de 9 de febrero de 2005 fue nombrada la
funcionaria que, con carácter permanente, asumió el cargo que ejercía la víctima al momentode su remoción134. Por ende, el cálculo correspondiente debe ajustarse a tal circunstancia. De
esa cuenta, en atención al periodo en el que correspondería el pago de indemnización por
concepto de ingresos dejados de percibir (del 21 de enero de 2003 al 9 de febrero de 2005),
y con base en los montos correspondientes a la remuneración de funcionarios con cargos
equivalentes al que ejercía la víctima al momento de los hechos, dato en el que coinciden las
pruebas aportadas por ambas partes135, la Corte ordena el pago de la suma de USD$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto deingresos dejados de percibir en favor del señor Julio Casa Nina.
E.2. Daño inmaterial
145. La Comisión solicitó “[r]eparar integralmente las violaciones de derechos humanos […]en el […] aspecto inmaterial”.
146. El señor Casa Nina señaló que la actuación estatal ocasionó severos daños físicos,
psicológicos y emocionales, tanto a él como a su familia, y tuvo un impacto dramático en su
proyecto de vida, más aún para sus hijos, pues se modificó su ritmo de vida al haber sido
trasladados, dada la situación económica familiar, de un colegio particular a un colegio estatal.
De esa cuenta, solicitó lo siguiente: “Para la víctima un monto de US 150.000 [d]ólares [delos Estados Unidos de América]. Para [su] cónyuge un monto de US 50.000 [d]ólares [de losEstados Unidos de América]. Para [sus] hijos un monto de US 100.000 [d]ólares [de losEstados Unidos de América] (US 50.000 para cada uno). Sumados dichos montos ascienden
a un total de US 300.000 dólares [de los Estados Unidos de América].”
147. Asimismo, indicó que las violaciones a derechos atribuibles al Estado han incidido en
daños a su proyecto de vida en las esferas personal, laboral, social, profesional, familiar yeconómica, por lo que solicitó un monto de USD $100.000,00 (cien mil dólares de los Estados
Unidos de América).
148. El Estado alegó que la víctima no precisó en qué consistió la alegada afectación.
Asimismo, hizo alusión a daños físicos que no fueron especificados ni detallados, y empleó
frases genéricas como “gravedad de los hechos” e “intensidad de los padecimientos causados”,
sin explicar a qué aspectos puntuales se hace referencia. Agregó que la única víctima es elseñor Julio Casa Nina, por lo que su esposa e hijos no forman parte de la controversia.
149. Señaló que la víctima, para sustentar el daño inmaterial, presentó una pericia psicológica
que parte de una premisa errada, al considerar que sufrió un despido arbitrario o fue
Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002.
Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 75.
133

Cfr. Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura de 9 de febrero de 2005 (expediente de prueba, tomo
IV, anexo 24 al escrito de contestación, folio 997).
134

Cfr. Informe pericial suscrito por Vladimir Díaz Pillaca el 31 de octubre de 2019 (expediente de prueba, tomoIII, anexo 2 al escrito de solicitudes y argumentos, folios 762 a 797), e Informe pericial suscrito por Jesús Jackeline
León Ybáñez el 6 de enero de 2020 (expediente de prueba, tomo IV, anexo 44 al escrito de contestación, folios 1173
a 1182).
135

41

destituida, lo que constituye el punto central para identificar los sufrimientos alegados, aunado
a que incluye aspectos que conciernen a personas distintas a la víctima. Agregó que, delcontenido del informe, se infiere que las supuestas afectaciones fueron superadas con creces,pues “en la actualidad sus negocios familiares están muy bien encaminados y tiene éxito en
su consultorio jurídico”. Por lo anterior, concluyó que las afectaciones alegadas no seencuentran debidamente sustentadas.
150. En cuanto al daño al proyecto de vida, el Estado indicó que los elementos que la Corte
ha utilizado en su jurisprudencia para determinarlo y otorgar medidas de reparación no se
configuran en el caso del señor Casa Nina. Por el contrario, los argumentos esgrimidos carecende sustento para alegar válidamente que los hechos hayan producido un daño a su proyecto
de vida y, por ello, hubieren cambiado definitivamente el curso de su vida. En todo caso, lavíctima tuvo la oportunidad de postular a una plaza en el Ministerio Público para acceder a la
carrera fiscal y no lo hizo, situación que no puede atribuirse al Estado ni puede ser consideradacomo afectación al proyecto de vida.
151. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial, y haestablecido que este puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a lavíctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para laspersonas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia
de la víctima o su familia136.
152. La Corte advierte que, para probar el daño inmaterial, la víctima aportó un informe
psicológico emitido a partir de la entrevista y evaluación que le fueran realizadas por una
profesional de psicología, así como su propia declaración. Respecto al primer documento, sibien en su contenido se alude expresamente a lo declarado por el señor Casa Nina en cuantoa que en la actualidad su trabajo como abogado “ha mejorado bastante” y que los negocios
familiares los califica como “rentable[s] económicamente”, la profesional de psicología que
suscribió el informe indicó, como parte de sus conclusiones, que durante el proceso judicial
instado para reclamar por su separación del cargo de fiscal provisional, la víctima mostró“[r]eacción ansiosa situacional y perturbación emocional, evidenciando indicadores dedepresión leve, angustia, ansiedad, frustración”137. Por su parte, en la declaración rendida
ante fedatario público, la víctima señaló, inter alia, lo siguiente: “[…] la forma como [fui]despedido, separado, destituido[,] como quieran llamar[l]e, de un digno trabajo estable ypermanente[,] protegido y consagrado en la Constitución Política del Estado peruano de[l]cargo de fiscal adjunto provincial provisional del Perú, y la conducta arbitraria de parte delEstado peruano[,] como consecuencias ha provocado un desmedro total […] del suscrito
declarante […]”138.
153. Con base en lo anterior y las circunstancias propias del caso, la Corte estima que ladecisión de separar de su cargo al señor Casa Nina ocasionó perjuicios morales a este, por lo
que fija, en equidad, la cantidad de USD $15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidosde América) por concepto de daño inmaterial.
154. En lo que atañe al alegato del daño al proyecto de vida, la Corte recuerda que en su
jurisprudencia ha especificado que el daño al proyecto de vida corresponde a una noción
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de
26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 80.
136

Cfr. Informe psicológico suscrito por Harvis Andrana Cordero Loayza (expediente de prueba, tomo III, anexo
1 al escrito de solicitudes y argumentos, folios 749 a 760).
137

138

Cfr. Declaración rendida por Julio Casa Nina (expediente de prueba, tomo VI, affidávits, folio 1280).

42

distinta del lucro cesante y del daño emergente 139. Así, el daño al proyecto de vida atiende ala realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes,
circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse, razonablemente,
determinadas expectativas y acceder a ellas 140. Por tanto, el proyecto de vida se expresa en
las expectativas de desarrollo personal, profesional y familiar, posibles en condiciones
normales141. Esta Corte ha señalado que el daño al proyecto de vida implica la pérdida o elgrave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy
difícilmente reparable142. Entre otras medidas, la Corte también ha ordenado en casos
particulares una compensación relativa a este tipo de daño143. En el presente caso, el alegatodel daño al proyecto de vida del señor Casa Nina alude a una interrupción de su desarrollo
profesional, pero no se demuestra que el proyecto de vida haya sido afectado en forma
irreparable o de muy difícil reparación. Ante ello, la Corte considera que no hay suficiente
evidencia en el presente litigio que le permita ordenar esta indemnización.
155. Por último, la Corte recuerda que la única víctima declarada como parte lesionada es elseñor Julio Casa Nina, sin que el resto de sus familiares sean consideradas víctimas en el
presente caso (supra párr. 31). De esa cuenta, la Corte no analizará las solicitudes decompensación formuladas en favor de sus familiares.
F. Costas y gastos
156. El señor Casa Nina solicitó, en su escrito de solicitudes y argumentos, que se “ordene al
Estado […] resarcir los gastos y costas en que hay[a] incurrido […] tanto en el procedimiento
tramitado ante la Comisión IDH, como en el sustanciado […] ante la Corte IDH”. El Estado nose pronunció al respecto.
157. La Corte reitera que las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda
vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel
nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la
responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria.
En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar
prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades dela jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema
Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de lajurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede serrealizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados porlas partes, siempre que su quantum sea razonable144.
158. En el presente caso no consta en el expediente respaldo probatorio alguno con relacióna las costas y gastos en los cuales incurrió el señor Casa Nina en la tramitación del caso ante
el Sistema Interamericano; incluso, la víctima no concretó su solicitud indicando un monto
Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Serie C,
No. 42, párr. 147, y Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, supra, párr. 225.
139

140

Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, supra, párr. 147, y Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, supra, párr. 225.

Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 deseptiembre de 2004, Serie C, No. 114, párr. 245, y Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, supra, párr. 225.
141

142

Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, supra, párr. 150, y Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, supra, párr. 225.

Cfr. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 293, y Caso Rosadio Villavicencio Vs.
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 388,
párr. 249.
143

144

Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra, párr. 82, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 85.

43

específico. No obstante, el Tribunal considera que tales trámites necesariamente implicaronerogaciones pecuniarias, por lo que determina que el Estado debe entregar al señor Julio Casa
Nina la cantidad de USD $15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América)
por concepto de costas y gastos. Cabe agregar que en la etapa de supervisión de cumplimientode la presente Sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a la víctima o su
representante los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal145.
G. Reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
159. En el presente caso, mediante Resolución de 3 de agosto de 2020, la Presidenta de laCorte declaró procedente la solicitud presentada por el señor Julio Casa Nina para acogerse al
Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte. En dicha Resolución se dispuso la asistencia
económica necesaria para cubrir los gastos razonables de formalización y envío de la
declaración por affidávit del señor Casa Nina.
160. El 28 de octubre de 2020, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Cortesobre el funcionamiento del referido Fondo, se remitió al Estado una nota informativa sobre
erogaciones, a la que se adjuntó un comprobante de gastos por valor de S/ 2.500 (dos mil
quinientos soles de la República del Perú). El Estado alegó que los costos de la formalizaciónde la declaración del señor Casa Nina ante fedatario público, conforme al comprobante
presentado por la representante, resultan “sumamente elevado[s]” y “triplica[n] su valor real,[lo] que no se justifica en el servicio prestado”.
161. Al respecto, el Tribunal recuerda que, mediante comunicación de la Secretaría de laCorte de 16 de septiembre de 2020, se informó que lo relativo a la admisibilidad de la referida
declaración sería decidido en el momento procesal oportuno, dado que fue remitida ocho días
después del plazo previsto. En tal sentido, de acuerdo a lo considerado en esta Sentencia, laCorte admitió la declaración rendida por el señor Julio Casa Nina ante fedatario público (suprapárr. 40). En lo que respecta a las observaciones del Estado, la Corte hace notar que los costos
relativos a la formalización de la declaración de la víctima ante fedatario público corresponden
al valor menor informado por la representante mediante las cotizaciones correspondientes.
Aunado a ello, el Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para determinar, como lo
pretende el Estado, que dicho costo podría resultar desproporcionado frente al servicio
prestado.
162. Por consiguiente, la Corte ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la cantidad
erogada para la formalización y envío de la declaración por affidávit del señor Casa Nina, el
cual asciende a la cantidad de USD $704,46 (setecientos cuatro dólares con cuarenta y seis
centavos de los Estados Unidos de América) 146. Este monto deberá ser reintegrado en el plazode seis meses, contados a partir de la notificación del presente Fallo.
H. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados
163. El Estado deberá efectuar el pago de la indemnización indicada en el párrafo 132, asícomo aquellas ordenadas por concepto de daño material e inmaterial, y el reintegro de costas
Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 deseptiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 29, y Caso Almeida Vs. Argentina, supra, párr. 86.
145

El monto final indicado resulta de aplicar, a la cantidad consignada en el comprobante de gastos que se adjuntó
a la nota informativa remitida al Estado el 28 de octubre de 2020, el tipo de cambio correspondiente a la fecha deemisión de la factura, el cual corresponde a S/ 3,5488 por USD $1,00, conforme a la información del Banco Central
de Reserva del Perú. Disponible en: https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/reportes-de-operaciones-monetarias-ycambiarias.html.
146

44

y gastos establecidos en la presente Sentencia, directamente al señor Julio Casa Nina, dentrodel plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo.
164. En caso de que el beneficiario fallezca antes de que le sean entregadas las
indemnizaciones respectivas, estas se efectuarán directamente a sus derechohabientes,
conforme al derecho interno aplicable.
165. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólaresde los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el
cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York,
Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
166. Si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones o a sus derechohabientes
no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado
consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución
financiera peruana solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones
financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama
la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serándevueltas al Estado con los intereses devengados.
167. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como medida de restitución,
indemnización por daños materiales e inmateriales, y como reintegro de costas y gastos,deberán ser entregadas a la persona indicada en forma íntegra, conforme a lo establecido en
esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.
168. En caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al
Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudadacorrespondiente al interés bancario moratorio en la República del Perú.
X
PUNTOS RESOLUTIVOS
169. Por tanto,
LA CORTE
DECIDE,
Por unanimidad:
1.
Desestimar la excepción preliminar relativa a la cuarta instancia, de conformidad con lospárrafos 20 y 21 de esta Sentencia.
Por seis votos a favor y uno en contra:
2.
Desestimar la excepción preliminar relativa a la falta de competencia de la Corte para
conocer sobre alegaciones concernientes al derecho al trabajo, de conformidad con lospárrafos 26 y 27 de esta Sentencia.
Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.

45

DECLARA,
Por seis votos a favor y uno en contra, que:3.
El Estado es responsable por la violación de las garantías judiciales, del derecho depermanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el derecho al trabajo que reconocen losartículos 8.1, 23.1 c) y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación
con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Casa Nina, en lostérminos de los párrafos 84 a 110 y 113 de la presente Sentencia.
Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi y parcialmente el Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
Por seis votos a favor y uno en contra, que:4.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial,garantizado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Casa Nina, en lostérminos de los párrafos 116 a 125 de la presente Sentencia.
Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.
Y DISPONE:
Por seis votos a favor y uno en contra, que:5.

Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.
Por seis votos a favor y un voto en contra, que:6.

El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 133 de la presente Sentencia.

Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.
Por seis votos a favor y uno en contra, que:7.
El Estado deberá adecuar su normativa interna con el fin de garantizar la estabilidad delas y los fiscales provisionales, en los términos de los párrafos 136 a 139 de esta Sentencia.
Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.
Por seis votos a favor y uno en contra, que:8.
El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 132, 144, 153 y 158 de la presente
Sentencia por concepto de indemnización ante la inviabilidad de reincorporar a la víctima al
cargo que venía ejerciendo, así como indemnización por concepto de daño material e
inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 163 a 168 delpresente Fallo.
Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.

46

Por seis votos a favor y uno en contra, que:9.
El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en lostérminos de los párrafos 162 y 168 de esta Sentencia.
Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.
Por seis votos a favor y uno en contra, que:10. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia,
rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo 133 de la presente Sentencia.
Disiente el Juez Eduardo Vio Grossi.
Por unanimidad, que:
11. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus
atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
El Juez Ricardo Pérez Manrique dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente. El Juez
Humberto Antonio Sierra Porto dio a conocer a la Corte su voto individual parcialmente
disidente. El Juez Eduardo Vio Grossi dio a conocer a la Corte su voto individual disidente.
Redactada en español en San José, Costa Rica, el 24 de noviembre de 2020.

47

Corte IDH. Caso Casa Nina Vs. Perú. Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Sentencia adoptada en San
José de Costa Rica por medio de sesión virtual.

Elizabeth Odio Benito
Presidenta

L. Patricio Pazmiño Freire

Eduardo Vio Grossi

Humberto Antonio Sierra Porto

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Eugenio Raúl Zaffaroni

Ricardo C. Pérez Manrique

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,

Elizabeth Odio Benito
Presidenta

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

48

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI,CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,CASO CASA NINA VS. PERÚ,SENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020,(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
I.

INTRODUCCIÓN.

1.
Se expide el presente voto parcialmente disidente147 con relación a la Sentencia del148
rótulo , a los efectos de dar cuenta de las razones por las que se discrepa de lo dispuesto en
su Resolutivo N° 2149, en el que, sobre la base de lo prescrito en el artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos150, se desestima la excepción preliminar relativa a la falta
de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 151 para conocer sobre
violaciones concernientes al derecho al trabajo.
2.
Ahora bien, atendida la relevancia que está revistiendo el tema en la jurisprudencia dela Corte, se considera necesario reiterar, una vez más, aunque con las modificaciones que
impone la peculiaridad del caso de autos, lo expuesto por el suscrito en otros votos
individuales152.

Art. 66.2 de la Convención: “Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquierade éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.”Art. 24.3 del Estatuto de la Corte: “Las decisiones, juicios y opiniones de la Corte se comunicarán en sesiones públicas
y se notificarán por escrito a las partes. Además, se publicarán conjuntamente con los votos y opiniones separados delos jueces y con cualesquiera otros datos o antecedentes que la Corte considere conveniente.”
Art.65.2 del Reglamento de la Corte: “Todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unira la sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Estos votos deberán ser presentados dentrodel plazo fijado por la Presidencia, de modo que puedan ser conocidos por los Jueces antes de la notificación de lasentencia. Dichos votos sólo podrán referirse a lo tratado en las sentencias.”
En lo sucesivo, cada vez que se cite una disposición sin indicar el instrumento jurídico al que corresponde, se entenderá
que es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
147

148

En adelante, la Sentencia.

“Desestimar la excepción preliminar relativa a falta de competencia de la Corte para conocer sobre alegaciones
concernientes al derecho al trabajo, de conformidad con los párrafos 26 y 27 de esta Sentencia.”
149

150

En adelante, la Convención.

151

En adelante, la Corte.

Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesus y sus Familiares Vs. Brasil, Sentencia de 15 de julio de2020, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas); Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio
Grossi a la Sentencia del 22 de noviembre de 2019, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hernández Vs.
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio
Grossi, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Muelle Flores Vs. Perú, Sentencia de 06 de marzo de
2019,(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas); Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio
Grossi, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso San Miguel Sosa y Otras Vs. Venezuela, Sentencia de 8 defebrero de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas); Voto Parcialmente Disidente del Juez Eduardo Vio Grossi, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lagos del Campo Vs. Perú, Sentencia de 31 de agosto de 2017,(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), y Voto Individual del Juez Eduardo Vio Grossi, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y Otros Vs. Perú, Sentencia de 23 denoviembre de 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
152

49

II.

ANOTACIONES PRELIMINARES.

3.
Pero, previamente, resulta menester aludir a la función del voto individual, al rol de laCorte, a las reglas de interpretación de los tratados y al caso de autos, para, posteriormente,
hacer referencia a la interpretación, sucesivamente, del Artículo 26, de las normas de la Cartade la Organización de los Estados Americanos 153 a que este último alude y de las concernientes
al asunto del Pacto de San Salvador, todo lo cual las que puede ayudar a explicar mejor loque se pretende sostener en este escrito.
A.

Función del voto individual.

4.
El presente voto individual se formula tanto en ejercicio de un derecho 154, igualmente
reconocido en otros tribunales internacionales 155, como en el cumplimiento de un deber, todo
ello para contribuir a la mejor comprensión de lo decidido por la Corte en virtud de su
competencia, sea contenciosa156, sea consultiva o no contenciosa 157, que le ha sido asignada
y, consecuentemente, para el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
5.
Igualmente se expresa este disenso con la esperanza de que la Corte retorne a su
postura de no considerar justiciables los derechos aludidos por el artículo 26. Tal confianza
reposa en que el fallo de la Corte es únicamente obligatorio para el Estado parte del caso en

153

En adelante, la OEA.

Supra, N° 1. En lo sucesivo, cada vez que se aluda en las notas a pie de página, a un artículo se indicará “art.” yse entenderá que es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que, a su turno, será en adelante laConvención.
154

Art.74.2. del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ”Tout juge qui a pris part
à l’examen de l’affaire par une chambre ou par la Grande Chambre a le droit de joindre à l’arrêt soit l’exposé de son
opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment”.
Art. 44 del Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos: “Opinions individuelles Si l’arrêt n’exprime
pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
individuelle ou dissidente.”
Art. 57 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “Si el· fallo no expresare en todo o en parte la opinión
unánime de los magistrados, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente”.
Art 74.5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: “El fallo constará por escrito e incluirá una exposición
fundada y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera Instancia dictará un fallo.
Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de la minoría.
La lectura del fallo o de un resumen de éste se hará en sesión pública”.
Art.30.3 del Estatuto del Tribunal Internacional del Mar: “Si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime
de los miembros del Tribunal, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión separada odisidente”.
155

Art.62.3: “La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de lasdisposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido oreconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por
convención especial”.
156

Art. 64: ”1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación deesta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad
entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.”157

50

el que se dicta158, como que, respecto de los demás Estados, constituye solo una fuente
auxiliar de Derecho Internacional, es decir, que no crean derecho sino únicamente determinanel establecido por una fuente autónoma 159.
B.

Rol de la Corte.

6.
En lo relativo a la Corte, es menester tener presente que lo que a ella le corresponde
es impartir Justicia en materia de derechos humanos conforme a Derecho y más
específicamente, de acuerdo a la Convención. Por ende, goza de la más amplia autonomía ensu quehacer, lo que le impone el imperativo de ser muy rigurosa en el ejercicio de suscompetencias y, por lo tanto, en el respeto de los principios inherentes a todo órgano
jurisdiccional, tales como la imparcialidad, la independencia, la objetividad, la prescindencia
política, la ecuanimidad, la plena igualdad ante la Ley y la Justicia, la no discriminación y laausencia de prejuicios. Y todo ello a los efectos de no frustrar el intento que ya lleva a cabo
desde hace más de 40 años.
7.
Asimismo, por lo señalado y además, habida cuenta de que el objetivo perseguido porla Corte en el ejercicio de su competencia contenciosa, debe ser el efectivo y pronto
restablecimiento, por parte del Estado de que se trate, del respeto de los derechos humanos
violados160, ella debe proceder acorde al principio “pacta sunt servanda”161, vale decir, exigirlea aquél lo que realmente libre y soberanamente se comprometió a cumplir 162. La seguridad
jurídica que dicha regla implica no debe ser entendida, entonces, como una limitación orestricción al desarrollo de los derechos humanos, sino que más bien como el instrumento que
mejor puede garantizar su respeto.
8.
En el mismo orden de ideas, cabe resaltar que, aunque la controversia verse sobre lavulneración de derechos de un ser humano y pese a que éste puede, por disposición
Art. 68: “1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo casoen que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por elprocedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.”158

Art.38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho
internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas
por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, comomedio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes
así lo convinieren.”159

Art.63.1: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Cortedispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración deesos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”
160

Art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados:” "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
En lo sucesivo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados será identificada como “la Convención deViena”.
161

Art. 33: “Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos
contraídos por los Estados Partes en esta Convención:a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, yb) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte”.
162

51

reglamentarias, más no convencional, presentar escritos ante la Corte y ser escuchado por
ella163, el juicio correspondiente sigue siendo entre Estados Partes de la Convención, los queen la Corte y frente al Estado denunciado, son representados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos164. Es, en consecuencia, en tal escenario en el que los Estados han
soberanamente consentido en limitar parcialmente su soberanía al reconocer la existencia dederechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico internacional. Pero, también escierto que ellos no han abdicado de su competencia interna, doméstica o exclusiva para
regularlos, bajo el concepto de derechos fundamentales, en sus constituciones e incluso se
han reservado, especialmente a través del principio de complementariedad y coadyuvancia dela jurisdicción internacional respecto de la nacional 165 y de la consagración del requisito delprevio agotamiento de los recursos internos 166, la preeminencia para conocer y resolver lascontroversias que se susciten a su respecto.
9.
Por lo dicho es que, en definitiva, no se está en presencia solo de un relación entre el
Estado presuntamente violador de los derechos humanos y la presunta víctima, sino de un
asunto que se ubica en el orden público interamericano, esto es, de una materia que afecta
globalmente los intereses de la sociedad internacional y es por ello que se le reconoce alindividuo cierta subjetividad jurídica internacional, la que, pese a su limitado alcance, ha
constituido uno de los grandes avances o transformaciones que el Derecho Internacional hatenido durante la segunda mitad del siglo XX.
10.
Y tal vez sea bueno que la condición de sujeto internacional del ser humano sea parcial,pues de otro modo la relación entre el Estado presuntamente infractor y la presenta víctima
sería absolutamente asimétrica, desequilibrada, desigual, en perjuicio de esta última, ya queno dispondría del apoyo o peso político que los demás Estados pueden proporcionar sea a
través de la Comisión167 sea en vista de que se cumpla la sentencia correspondiente168.
11.
Ahora bien, evidentemente, la Corte debe juzgar acorde a lo que disponga el Derecho,
expresado, a su respecto, en la Convención. y, por ende, en el Derecho Internacional de losDerechos Humanos, el que, a su turno, integra. Ello incluye a las respectivas normas
procesales, que, especialmente en el área de los derechos humanos, son tan esenciales como
Art.25.1 del Reglamento de la Corte: “Participación de las presuntas víctimas o sus representantes 1. Después denotificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al artículo 39 de este Reglamento, las presuntas víctimas osus representantes podrán presentar de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ycontinuarán actuando de esa forma durante todo el proceso.”
Y Arts. 39.1.d.y 5, 40, 42.3., 43, 46.1., 50.5., 51.5.7.y 9. 52.2.,53, 56, 62, 63, 66.2., 66.1. y 6., y 69.1. y 3., todosdel Reglamento de la Corte.
163

Art. 35: “La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.”
Art. 61.1: “Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.”
En lo sucesivo, la Comisión.
164

165

Preámbulo, párr.3.

Art. 46.1.a): “Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida porla Comisión, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a losprincipios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;”.
166

167

Supra, Nota N° 18.

Art.65: “La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario
de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes,
señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.”168

52

las sustantivas, puesto que su respeto permite que estas últimas realmente puedan serefectivas. Así, la forma está indisolublemente ligada al fondo. Y es que, en gran medida, lasnormas procesales, estimadas a veces como meras formalidades y, por ende, susceptibles deno considerarse a fin de privilegiar a las sustantivas, condicionan la aplicabilidad de éstas. No
ponderar esta circunstancia podría acarrear un efecto devastador para la vigencia de losderechos humanos.
12.
Así las cosas, la Corte debe respetar el principio de Derecho Público de que únicamente
se puede hacer lo que la norma expresamente disponga, por lo que, en cuanto a lo no
regulado, rige la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del Estado de que se trate 169,
principio previsto expresamente en la Carta de la OEA 170 e indirectamente en la Convención 171.
Sobre este particular, procede tener en cuenta que la teoría de los poderes implícitos, queconsagra el principio de que la correspondiente organización internacional de que se tratedispone de las facultades necesarias para cumplir su cometido aún en la eventualidad de quela convención de base nada indique sobre el particular172, lo que se expresa en la regla de lacompetencia de la competencia 173, se aplica a la Corte solamente en cuanto sea necesariopara el ejercicio de sus competencias de juzgar o de emitir opiniones consultivas,
expresamente conferidas por la Convención y no en cuanto al eventual ejercicio de facultades
del todo innecesarias a tal propósito.
13.
Entonces, la Corte debe, por una parte, proceder acorde únicamente a lo que laConvención efectivamente dispone y no lo que desearía que establezca y por la otra, evitar
modificarla, facultad asignada expresamente a los Estados Partes de aquella 174. En
consecuencia, si no está de acuerdo con lo que la norma convencional establece, lo que la“La cuestión de si un asunto determinado corresponde o no a la jurisdicción exclusiva del Estado, es una cuestión
esencialmente relativa, la que depende del desarrollo de las relaciones internacionales. En el estado actual deldesarrollo del derecho internacional, la Corte es de opinión que los asuntos relativos a la nacionalidad pertenecen,en principio, a ese dominio reservado”. Corte Permanente de Justicia Internacional, Opinión Consultiva sobre ciertos
decretos de nacionalidad dictados en la zona francesa de Túnez y Marruecos, Serie B Nº 4, pág. 24.
Protocole n° 15 portant amendement à la Convention (Européenne) de Sauvegarde des Droits de l’Homme et desLibertés fondamentales, art.1: “A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est ajouté et se litcomme suit: Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principede subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, etque, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits del’Homme instituée par la présente Convention”.
169

Art. 1, inciso 2°: “La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que
expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de lajurisdicción interna de los Estados miembros.”.
170

Art. 31: “Reconocimiento de Otros Derechos. Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención
otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76
y 77”.
Art. 76.1: ”Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden
someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención”.
Art.77.1: “De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán
someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos deprotocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección dela misma otros derechos y libertades”.
171“a […] de acuerdo al derecho internacional, debe considerarse que la Organización tiene aquellos poderes que,aunque no estén explícitamente previstos en la Carta, se le confieren por inferencia necesaria al ser necesarios parael ejercicio de sus deberes”. CIJ, “Reparation of Injuries Suffered in Service of the U.N.”, pp. 9-12.
172

Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Jenkins Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2019. Serie C No. 397, párr. 31.
173

174

Supra, Nota N° 25.

53

Corte debe hacer, no es ejercer la función normativa internacional que le compete a losEstados, sino representarles la necesidad de modificar la norma de que se trate. Así, la nueva
disposición que eventualmente surja del ejercicio de la mencionada función por parte de losEstados, ciertamente gozará de una más sólida y amplia legitimidad democrática.
14.
Es en mérito de lo todo lo afirmado precedentemente, que, en rigor, a la Corte no lecompete promover y defender los derechos humanos, función ésta que la Convención le asignó
expresamente a la Comisión175 y que podría catalogarse de activista, entendiendo este término
en el sentido más positivo posible 176. En cambio, a la Corte, se reitera, le corresponde, en elejercicio de su competencia contenciosa, fallar, con efecto obligatorio para el o los Estados
demandados, en los casos que le son sometidos y, en el ejercicio de su competencia consultiva
o no contenciosa, emitir su parecer no obligatorio, esto es, en ambas hipótesis, aplicar einterpretar la Convención. Evidentemente, para tal propósito, no solo debe respetar loprescrito en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino igualmente lo que
contempla el Derecho Internacional General y, en último término, el Derecho en general, aún
en la eventualidad de que uno, algunos o todos contemplen normas que no se compartan.
15.
Y todo ello, no solo en vista de dictar una fundamentada y sólida sentencia u opinión
consultiva, sino también a los efectos de que el Estado concernido, tratándose de la primera,
restablezca, tan pronto como sea posible, el efectivo goce del derecho humano violado o, enel evento de la segunda, proceda habiendo sido advertido de que, de hacerlo de determinada
manera, corre el riesgo de incurrir en una probable violación de un derecho humano. En suma,
el apego al Derecho le permite a la Corte ser lo más objetiva posible en sus decisiones y, porende, más justa.
C.

Interpretación de los tratados.

16.
Lo que le compete, pues, a la Corte consiste en determinar, entre las varias
posibilidades que al efecto se presentan, el sentido y alcance de las disposiciones de laConvención. Ciertamente, en el evento de que el texto de la norma correspondiente no ofrezca
varias alternativas de aplicación, no sería necesario indagar más, puesto que no plantearía
asunto oscuro o dudoso respecto del que habría que determinar su sentido y alcance.
17.
Lo dicho implica que la interpretación de la Convención consiste en desentrañar lavoluntad que sus Estados Partes estamparon en ella al momento de suscribirla y,eventualmente, cómo esa expresión convencional debería ser entendida frente a nuevasArt. 41 de la Convención: “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de losderechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que
adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus
preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten
en materia de derechos humanos;e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, leformulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades,
les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, yg) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”.
175

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 2020. “Activismo: 1. Tendencia a comportarse deun modo extremadamente dinámico. 2. Ejercicio del proselitismo y acción social de carácter público. Activista:
1. Perteneciente o relativo al activismo. 2. Seguidor del activismo.”
176

54

situaciones. Y a estos propósitos, se debe tener a la Convención, por lo tanto, no únicamentecomo expresión de la realidad, sino también de lo que se aspira que sea. En otros términos,la Convención no solo da cuenta de la sociedad que regula, sino igualmente de la que se deseaque sea.
18.
Ahora bien, la principal regla de interpretación de los tratados contenida en laConvención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 177, es que“(u)n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya deatribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto
y fin”.
19.
Dicha norma comprende, por ende, cuatro métodos de interpretación 178. Uno es elmétodo sustentado en la buena fe, lo que implica que lo pactado por los Estados Partes deltratado de que se trate debe entenderse a partir de que efectivamente ellos tuvieron la
voluntad de concordarlo, de suerte de que realmente se aplicara o tuviera un efecto útil. En
este sentido, la buena fe se vincula estrechamente al principio “pacta sunt servanda”179. El
segundo, es el método textual o literal, que incide en el análisis del texto del tratado, en el
vocabulario que emplea y en el sentido ordinario de sus términos. Otro, es el método
subjetivo, que busca establecer la intención de los Estados Partes del tratado, analizando paraello, además, los trabajos preparatorios de éste y la conducta ulterior que aquellos han tenido
sobre el mismo. Y el cuarto es el método funcional o teleológico, que pretende determinar elobjeto y fin para el que fue suscrito el tratado. Dado que estos cuatro métodos deinterpretación de un tratado se incluyen en una misma frase, conformando una sola norma,
ellos deben aplicarse simultánea y armoniosamente, sin privilegiar ni desmerecer uno u otro.
Es esta característica lo que principalmente distingue la interpretación de los tratados de la
de otras normas180.
20.
Con relación a la especial regla prevista en el artículo 29 de la Convención181, conocido
como principio pro personae, procede recordar que se trata de una norma concerniente a la177

En adelante, la Convención de Viena.

Art.31de la Convención de Viena: “Regla general de interpretación.
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términosdel tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su
preámbulo y anexos:a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebracióndel tratado:b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las
demás como instrumento referente al tratado;
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones:b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca
de la interpretación del tratado:c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.”
178

179

Supra, Nota N°15.

Como acontece con lo que dispone el artículo 19 de Código Civil de Chile: “Cuando el sentido de la ley es claro,no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente
manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.”
180“Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido
de:
181

55

interpretación de la Convención, mandatando que, en ese ejercicio, el sentido y alcance que
se logre no puede implicar una limitación del derecho humano que garantiza o que esreconocido por los otros instrumentos jurídicos que señala. En ese orden de ideas, dicha norma
obliga a interpretar los derechos garantizados en la Convención en el sentido y alcance másamplio que se establezca en ella o en otros instrumentos jurídicos aplicables.
21.
Por otra parte, en lo concerniente a la jurisprudencia como instrumento deinterpretación, hay que recordar que el fallo dictado por la Corte en un caso que le ha sido
sometido, es obligatorio únicamente para el o los Estados partes en el mismo 182. Para losdemás Estados, constituye un medio auxiliar en la determinación de las reglas de derecho 183.
Y en cuanto a las opiniones consultivas, ellas no son vinculantes y no lo pueden ser puesto
que los Estados no están obligados a comparecer ante la Corte en su correspondiente
procedimiento de elaboración, no existe contradictorio en éste, la Convención no le asigna
valor obligatorio y dado que pueden pedirla órganos de la OEA e incluso los Estados pueden
solicitarlas también respecto de la compatibilidad de alguna de sus leyes con la Convención 184
y 185
.
22.
Igualmente, con relación a la jurisprudencia, parece necesario formular unas brevesacotaciones acerca de las expresiones de varias sentencias de la Corte, en el sentido de que“los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”186. La primera
anotación es que ello está previsto en el artículo 31.3. a) y b) de la Convención de Viena, al
disponer que, junto al contexto, se debe tener los acuerdos y la práctica de los Estados sobre
la interpretación del tratado de que se trate. Lo evolutivo debe ser, entonces, más del Derecho
aplicable que de la jurisprudencia que se expida sobre él.
23.
La segunda observación es que, en consecuencia, la citada interpretación evolutiva
debería concernir específicamente a la sociedad que regula el Derecho Internacional y, ena) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos ylibertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes decualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática
representativa de gobierno, yd) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros
actos internacionales de la misma naturaleza.”

182

Supra, Nota N° 12.

183

Supra, Nota N° 13.

184

Supra, Nota N° 11.

Voto Individual del Juez Eduardo Vio Grossi, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC24/17, de 24 de noviembre de 2017, Solicitada por la República de Costa Rica, Identidad de Género, e Igualdad y no
Discriminación a parejas del Mismo Sexo (Interpretación y Alcance de los Artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en
Relación con el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrs. N°s 8 a 16.
185

Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 158.
186

En lo sucesivo, cada vez que se indique “párr.” o “párrs.”, se entenderá que se refiere a “párrafo” o “párrafos” de laSentencia o de la que se trate.

56

particular, la Convención, es decir, la internacional, conformada por Estados soberanos, quese reputan iguales entre sí, donde no existe una jerarquía preestablecida del poder ni de lasnormas ni la obligatoriedad de someterse a alguna instancia judicial internacional y en dondelas funciones normativas y ejecutivas corresponden a los Estados. Es en tal contexto en que,como indica la doctrina, se debe insertar la función judicial consistente en transformar losmandatos abstractos y generales de la Convención en concretos y particulares y para ello larespectiva instancia judicial no debería delegar en otros su facultad de determinar la referida
evolución y las condiciones de vida actuales, puesto que, si lo hiciese, lo que conducir aafirmaciones alejadas de la Justicia que debe impartir.
24.
Por otra parte, al recurrir a la interpretación evolutiva, la Corte debe tener especial
cuidado en no desvalorizar lo literalmente pactado, dejándolo sin utilidad práctica, generando
así inseguridad jurídica en los Estados Partes de la Convención y, en especial, dudas o temoresen adherirse a esta última en los que no la han hecho aún.
D.

Caso de autos.

25.
Sobre este particular, procede recordar que en la Sentencia se indica que el “Tribunal
reafirma su competencia para conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de laConvención Americana como parte integrante de los derechos enumerados en su texto,
respecto de los cuales el artículo 1.1 confiere obligaciones de respeto y garantía 187”,
añadiendo, después de un punto aparte, que “(t)al como lo ha indicado en decisiones
previas188, las consideraciones relacionadas con la posible ocurrencia de dichas violaciones
deben ser estudiadas en el fondo de este asunto” 189.
26.
Al no proporcionar la Sentencia otra razón que la expuesta escuetamente como
justificación de dicha decisión, obliga, pues, para fundamentar la presente discrepancia, aNota al párr. N° 26 de la Sentencia: Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”)
Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No 198, párrs.
16, 17 y 100; Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 142 y 154; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs.
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No.
344, párr. 192; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrerode 2018. Serie C No. 348, párr. 220; Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 100; Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párrs. 75 a 97; Caso Muelle
Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C
No. 375, párrs. 34 a 37; Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional deAdministración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394, párrs. 33 a 34; Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 62; Caso
Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400, párr. 195; Caso Spoltore Vs. Argentina. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de junio de 2020. Serie C No. 404, párr. 85, y Caso
Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 23.
187

Nota al Párrafo N° 26: Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú, supra, párr. 37, y Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos
en Santo Antônio de Jesus y sus familiares Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 23.
188

189

Párr. N° 26.

57

recurrir a los considerandos atingentes a aquella parte sustantiva de aquella, en donde, comose verá190, se suministran argumentaciones en favor de la citada decisión adoptada.
27.
Sin embargo, para proceder como se indica, se debe tener presente que, al aludir almencionado artículo 26191, la Sentencia lo hace con referencia específicamente al derecho deltrabajo, vale decir, justifica la aplicación de aquél en la atingente a éste 192. De allí, pues, deque lo que se trata en este escrito es exteriorizar, una vez más, la posición de quién suscribe
en orden a que los derechos a que se refiere el artículo 26, incluido el derecho al trabajo, noson, por las razones que más se exponen, justiciables ante la Corte, salvo excepciones, entre
las que no se encuentra la situación de autos.
28.
Es de suma importancia, entonces, desde ya indicar que este voto no se refiere a laexistencia del derecho al trabajo como tampoco a la de los demás derechos económicos,
sociales y culturales. La existencia de tales derechos no es objeto del presente escrito. Lo que,en cambio, se sostiene aquí, se insiste, es únicamente que la Corte, contrariamente a lo
indicado en la Sentencia, carece de competencia para conocer, al amparo de lo previsto en el
artículo 26, de las violaciones de aquellos y que la referida en autos no se halla entre las
excepciones a esa regla general.
29.
Lo anterior no implica, por ende, que las violaciones de dichos derechos no puedan serjusticiables ante las jurisdicciones nacionales correspondientes. Ello dependerá de lo que
dispongan los respectivos ordenamientos internos, materia que escapa, en todo caso, al objetodel presente documento y que se inserta en la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva delos Estados Partes de la Convención193. Asimismo, es factible que en el futuro todos o algunos
los Estados Partes de la Convención convengan Protocolos que establezcan la justiciabilidad,
ante la Corte, de eventuales violaciones de otros derechos económicos, sociales y culturales,además de los previstos en el Protocolo de San Salvador.
30.
Lo que se sostiene en este voto supone, en consecuencia, que se debe distinguir entre
los derechos humanos en general, los que, en toda circunstancia, deben ser respetados envirtud de lo prescrito en el Derecho Internacional y aquellos que, además, pueden serjusticiables ante una jurisdicción internacional. A este respecto, cabe llamar la atención deque solo existen tres tribunales internacionales en materia de derechos humanos, a saber, laCorte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y
de los Pueblos. Pues bien, no todos los Estados de las respectivas regiones, han aceptado la
jurisdicción del tribunal correspondiente. Por otra parte, no todas las regiones del mundo
disponen de una jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. Tampoco se ha
creado un tribunal universal de derechos humanos.
31.
La circunstancia, por lo tanto, de que un Estado no haya aceptado ser sometido a una
instancia jurisdiccional internacional en materia de derechos humanos, no significa que éstos
no existan y que, consecuentemente, puedan eventualmente ser violarlos. En esta última
190

Infra, párrs. 55 y ss.

191

En adelante, artículo 26.

192

Párrs. N°s 104 y 105.

193

Supra, Nota N° 23.

58

eventualidad, la sociedad internacional podrá emplear medios netamente diplomáticos opolíticos para lograr el restablecimiento del respeto de los derechos en comento, no obstanteque aquellos puedan ser débiles para tal propósito. Entonces, un asunto es la consagracióninternacional de éstos y otro, el instrumento internacional que se emplee para lograr que serestablezca su vigencia en las situaciones en que sean violados.
III.

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26.

32.
De acuerdo, consecuentemente, con lo expuesto precedentemente, en particular, en
cuanto a la interpretación de tratados194, de lo que se trata, entonces, es interpretar, según
los métodos ya enunciados, el artículo 26, el que establece:“Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a
nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica ytécnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan delas normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Cartade la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires,en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
33.
Una consideración previa. Si bien es loable que en los fallos se citen o invoquen losanteriores para sustentar la misma posición que se sigue, no es menos cierto que la solareferencia a ellos sea suficiente para fundamentarlos. Si así fuese, bastaría, como pareceocurrir en autos195, en afirmar que, porque ya se resolvió en tal sentido, se decide igual. Más,al proceder en tal forma, se debe tener presente que, con ello, se están confirmando losantecedentes que sustentaron los precedentes, por lo que puede resultar indispensable para
quién discrepe de lo decidido, como acontece en autos, abordarlos, pese a que la sentencia
correspondiente nada exprese sobre el particular.
A.

Buena fe.

34.
De acuerdo al método sustentado en la buena fe, es más que evidente que el efectoútil de esa norma es que los Estados Partes de la Convención realmente adopten las
providencias, tanto en el ámbito nacional como en el de la cooperación internacional, en vista
de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normasde la Carta de la OEA que indica y todo ello según los recursos disponibles. La obligación delos Estados prevista en el artículo 26 es, entonces, la de adoptar las medidas para ser efectivos
los señalados derechos y no a que éstos realmente lo sean. La obligación es decomportamiento, no de resultado. Mal podría ser de esta última naturaleza, cuando elladepende de dos factores, los recursos disponibles y la cooperación internacional, que escapan
de la sola voluntad del Estado concernido.
35.
Sobre este particular, es necesario llamar la atención acerca de que lo que establece
el artículo 26 es semejante a lo previsto en el artículo 2 de la Convención, esto es, que losEstados se obligan a adoptar, en este último, medidas si el ejercicio de los derechos
consagrados en el artículo 1 de la Convención no estuviere garantizado 196 y en el segundo,
194

Supra, II, c.

195

Párrs N°s 26 y 104.

Art. 2: “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
196

59

providencias en vista de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que sederivan de las normas de la Carta de la OEA que alude, aunque ambas disposiciones difieren
en que esta última condiciona el cumplimiento de lo que establece a la cooperacióninternacional y a la disponibilidad de los correspondientes recursos.
36.
Considerando lo precedente, importa interrogarse, en consecuencia, respecto la razón
por la que se convino el artículo 26 y, por tanto, por qué no se abordaron los derechos a quese remite de la misma forma en que se hizo en cuanto a los derechos civiles y políticos. La
respuesta sustentada en la buena fe no puede ser otra que la Convención contempló que
ambos tipos de derechos humanos, si bien están estrechamente vinculados entre sí en razóndel ideal al que se aspira, cual es, según su Preámbulo, el de crear las condiciones que
permitan su “goce”197, son, empero, distintos y particularmente, de desigual desarrollo en elámbito del Derecho Internacional Público, por lo que deben tener un tratamiento diferenciado,
que es precisamente lo que aquella hace en vista de lo que también indica su Preámbulo198.
37.
Entonces y al amparo del principio de buena fe, procede subrayar que de lacircunstancia de que en el Preámbulo de la Convención se afirme que la persona debe gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles ypolíticos, no se colige, como lo hace la Sentencia, que el efecto útil del artículo 26 es que lasviolaciones de los derechos a que alude son justiciables ante la Corte, sino únicamente que
los Estados deben adoptar las providencias pertinentes, incluyendo lo pertinente a lacooperación internacional y según los recursos de que dispongan, para hacer progresivamenteefectivos dichos derechos.
38.
Como una acotación adicional, resulta imperioso expresar que es sorprendente que laSentencia no se haya referido más extensamente, en parte alguna, a la buena fe comoelemento tan esencial como los otros que contempla el art.31.1 de la Convención de Viena
para la interpretación de los tratados. En el mismo sentido, es también insólito que nosuministre ninguna explicación acerca de la inclusión del artículo 26 en un capítulo separado
de los derechos políticos y civiles y, en particular, de cuál sería su razón de ser y su efectoútil. La Sentencia no da respuesta alguna en lo que dice relación al motivo o razón de laexistencia del artículo 26 en tanto norma diferente a las previstas en cuanto a los derechos
civiles y políticos.
39.
En suma, entonces, la buena fe conduce a estimar al artículo 26 en su propio mérito,
lo que implica que debe ser interpretado, no como reconociendo derechos que no enumera ni
desarrolla, como se hace en autos, sino como remitiendo, para conocerlos, a normas distintas
a las de la Convención, como son las de la Carta de la OEA y que, por ende, su efecto útilpropio o particular, es, se reitera, que los Estados Partes de la Convención adopten

Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos ylibertades.
Párr. 4°: “Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse
el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.”
197

Considerando 5°: ”… la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la
incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales yeducacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura,competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia”.
198

60

providencias para hacer progresivamente efectivos los derechos que se derivan de aquellas
normas y todo ello considerando la cooperación internacional y los recursos de que dispongan.
40.
La Sentencia, entonces, al omitir toda referencia a la buena fe, se apartaostensiblemente de lo previsto a su respecto, en lo atingente a la interpretación de lostratados, en la Convención de Viena.
B.

Tenor literal.

41.
Al interpretar el artículo 26 a la luz de su tenor literal o corriente, se puede concluir enque dicha norma:i.se encuentra, como única disposición, en el Capítulo III, denominado “Derechos
Económicos, Sociales y Culturales” 199, de la Parte I, titulada, “Deberes de los Estados y
Derechos Protegidos”, la que también comprende al Capítulo I “Enumeración de Deberes”,
su Capítulo II “Derechos Civiles y Políticos”; por lo que, en consecuencia, se puede
desprender de lo expuesto que es el propio instrumento convencional el que, a diferencia
de lo que ha estimado la Corte en su jurisprudencia 200, considera separadamente a losderechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales, haciendo una
nítida distinción entre ellos, al disponer una consideración especial y diferente a cada uno;ii.no enumera ni detalla o especifica los derechos que alude, tan solo los identifica como los“que se derivan201 de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,contenidas en la Carta de la” OEA, vale decir, derechos que se desprenden o se pueden
inferir202 de disposiciones de esta última;iii.ergo, directamente no reconoce los derechos a que se refiere ni que se garantice su
ejercicio, como sí lo hace la Convención;
iv.no hace efectivos o exigibles tales derechos, pues si así lo hubiera querido, lo habría
expresado derechamente y sin ambigüedad alguna, es decir y diferencia de lo que señala
la jurisprudencia de la Corte, no “existe una referencia con el suficiente grado deespecificidad al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias para derivar
su existencia y reconocimiento implícito en la Carta de la OEA”203
v.dispone, en cambio, una obligación de hacer, no de resultado, consistente en que losEstados Partes de la Convención deben “adoptar providencias, tanto a nivel interno comomediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos” a que alude, mandato en el que laSentencia no repara; y
El Capítulo IV de la Parte I se titula “Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación” y el Capítulo V de lamisma, “Deberes de las personas “.
199

Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 deagosto de 2017. Serie C No. 340, párr. N° 141.
200

“Derivar: Dicho de una cosa: Traer su origen de otra.” Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,
2020
201

202

“Inferir: Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa”, Idem.

Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 155.
203

61

vi.indica que la obligación de comportamiento que establece se cumple “en la medida de losrecursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”, con lo que no sólo
refuerza la falta de efectividad de tales derechos, sino que condiciona la posibilidad de
cumplir aquella a la existencia de los recursos de que el pertinente Estado disponga paraello y a la concurrencia de terceros Estados.
42.
En suma, se puede concluir en que los derechos en cuestión no son, en términos
empleados por la Convención, “reconocidos”204, “establecidos”205, “garantizados”206,“consagrados”207 o “protegidos”208 en o por ella.
43.
Por otra parte, se debe dejar constancia que la Sentencia se limita a afirmar que laCorte recuerda que el derecho al trabajo ha sido un derecho reconocido y protegido a través

Art.1.1: ”Obligación de Respetar los Derechos. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
Art.22.4: “Derecho de Circulación y de Residencia. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede
asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.”Art.25.1: ”Protección Judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personasque actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Art.29.a): ”Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en elsentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos
y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”.
Art.30: “Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce yejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que
se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”
Art.31: “Reconocimiento de Otros Derechos. Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención
otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76
y 77.”
Art.48.1.f): “1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera delos derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: … se pondrá a disposición de laspartes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanosreconocidos en esta Convención.”
204

45.1: “Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta
Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir yexaminar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de losderechos humanos establecidos en esta Convención.”205

Art 47.b: “La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos
44 ó 45 cuando: ... no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta
Convención”.
206

Art.48.1.f): “1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquierade los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: … se pondrá a disposición delas partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Convención.”
207

Art.4.1: “Derecho a la Vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido,
en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
Art. 63.1: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Cortedispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración deesos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”
208

62

del artículo 26 en diferentes precedentes por este Tribunal 209 , indicando en la respectiva nota
a pie de página las sentencias correspondientes 210.
44.
El derecho del trabajo no es, pues, “un derecho protegido por el artículo 26 de laConvención” o “un derecho reconocido” por “el artículo 26”, sino que es un derecho que sederivaría “de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la” OEA, es decir, es un derecho que tiene su origen esta última y no en laConvención.
45.
En síntesis, la Convención no “realiza”, como se afirma la jurisprudencia de la Corte,“una remisión directa a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura
contenidas en la Carta de la OEA”, sino que, a lo más y tal como por lo demás textualmenteaquella lo indica, los derechos de que se trata “pueden ser derivados interpretativamente delartículo 26” y “su existencia y reconocimiento” sería” implícito en la Carta”. Pues bien, para
determinar esos derechos y estimarlos, en términos empleados por la Convención, como“reconocidos”, “establecidos”, “garantizados”, “consagrados” o “protegidos” en o por ella,únicos respecto de los que, por su violación, son justiciables ante la Corte, sería necesariointerpretar las citadas normas de la Carta de la OEA, derivar de allí los derechos
correspondientes y considerarlos, consecuentemente, reconocidos, más no expresamente,sino que solo implícitamente, por dicho tratado, ejercicios intelectuales todos, demasiados
alejados de las expresiones directas y claras de la Convención respecto de los derechos a queella se refiere, como para tenerlos en cuenta para concluir que estos últimos se encuentrancomprendidos en aquella.
46.
Al actuar en esa dirección, indudablemente que la jurisprudencia de la Corte hace caso
omiso del tenor literal del artículo 26 y, consecuentemente, no aplica armoniosamente a su
respecto lo previsto en el artículo 31.1 de la Convención de Viena ni efectúa, en rigor, una
interpretación de aquél. Al parecer, el tenor literal de lo pactado no tiene, para lajurisprudencia de la Corte, relevancia alguna y, por ende, lo considera como un mero
formulismo, lo que le posibilita atribuir a dicha disposición un sentido y alcance que escapa
con mucho a lo que los Estados expresamente estamparon, como si en realidad quisieron
convenir otra cosa, lo que, evidentemente, choca contra toda lógica.
C.

Método subjetivo.

47.
Al intentar tener en cuenta el contexto de los términos de la Convención, se debe aludir
al sistema consagrado en la Convención en el cual él se inserta, lo que importa que:a)dicho sistema está conformado por los deberes y derechos que dispone, los órganos
encargados de garantizar su respeto y exigir su cumplimiento y disposiciones concernientes ala Convención211;

209

Párr. N° 104.

Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 deagosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 142 y 145. En similar sentido: Caso Trabajadores Cesados de Petroperú yotros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017.
Serie C No. 344, y Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 defebrero de 2018. Serie C No. 348.
210

211

“Parte III, “Disposiciones generales y transitorias”.

63b)
en lo relativo a los deberes, ellos son dos, a saber, la “Obligación de Respetar los
Derechos”212 y el “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno”213 y en lo atinente a
los derechos, ellos son los “Derechos Civiles y Políticos”214 y los “Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”215; yc)en lo pertinente a los órganos, ellos son la Comisión, la Corte y la Asamblea Generalde la OEA, correspondiéndole a la primera la promoción y defensa de los derechos humanos216,
a la segunda, interpretar y aplicar la Convención 217 y a la tercera, adoptar las medidas que
correspondan para hacer cumplir el pertinente fallo218;
48.
De la interpretación armónica de esas normas, se puede colegir que a los Estados que
han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, únicamente se les puede requerir, en
cuanto al caso que le ha sido sometido a ésta, el debido respeto de los derechos civiles ypolíticos “reconocidos”, “establecidos”, “garantizados”, “consagrados” o “protegidos” por la
Convención y además, siempre que eventualmente sea menester, la adopción, “con arreglo a(los) procedimientos constitucionales (del correspondiente Estado) y a las disposiciones de(aquella) …, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerefectivos tales derechos y libertades”.
49.
En cambio, respecto de los derechos “que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la” OEA, únicamente
se puede requerir de los Estados la adopción “por vía legislativa u otros medios apropiados”,
de “providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad” deaquellos y ello “en la medida de los recursos disponibles”.
50.
Ahora bien, procede dejar constancia, a los efectos de la aplicación de este método deinterpretación, que en la Carta de la OEA se incorporaron “normas más amplias sobre derechos
económicos, sociales y educacionales” y que en la Convención se determinó “la estructura,competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia” 219.
212

Supra, Nota N° 58.

213

Supra, Nota N° 50.

Parte I, Capítulo II, arts.3 a 25. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art.3), Derecho a la vida(art.4), Derecho a la integridad personal (art.5), Prohibición de la esclavitud y la servidumbre (art.6), Derecho a lalibertad personal (art.7), Garantías judiciales (art.8), Principio de legalidad y retroactividad (art.9), Derecho a
indemnización (art.10), Protección de la honra y la dignidad (art.11), Libertad de conciencia y de religión(art.12),Libertad de pensamiento y de expresión (art.13), Derecho de rectificación o respuesta (art.14), Derecho dereunión (art.15), Libertad de asociación (art.16), Protección a la familia (art.17), Derecho al nombre (art.18),
Derechos del niño (art.19), Derecho a la nacionalidad (art.20), Derecho a la propiedad privada (art.21), Derecho decirculación y de residencia (art.22), Derechos políticos (art.23), Igualdad ante la ley (art.24) y Protección judicial(art.25).
214

215

Supra, parr. N° 32.

216

Supra, Nota N° 18.

217

Supra, Nota N° 10.

Art. 65: “La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario
de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes,
señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.”
218

219

Preámbulo de la Convención, párr. 5°.

64

51.
Es decir, ha sido la propia Convención la que, en cumplimiento de dicho mandato, ledio a los derechos civiles y políticos un tratamiento diferenciado de los derechos económicossociales y culturales, expresado, el primero en el Capítulo II de la Parte I de la Convención yel segundo en el Capítulo III de la misma parte e instrumento. De suerte, por tanto, que laindivisibilidad de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales yculturales a que hace referencia el Preámbulo de la Convención, es al “goce” de ambos tipos
de derechos humanos y no a que deban someterse a las mismas reglas para su ejercicio yfiscalización internacional.
52.
Asimismo, es menester hacer presente que, en cuanto a lo que el artículo 31.2 de laConvención de Viena considera como contexto no existe acuerdo alguno que se refiera a (laConvención) y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de su celebración” nitampoco algún “instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración”
de la Convención y ”aceptado por las demás como instrumento referente” a ella.
53.
Tampoco existe junto al contexto, como lo dispone el artículo 31.3 de la Convenciónde Viena, algún “acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación” de la Convención“o de la aplicación de sus disposiciones ni una “práctica ulteriormente seguida en la aplicación”
de ella”, por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de” su “interpretación”, salvo elProtocolo de San Salvador.
54.
Por ende, no resulta aceptable que, ante la ausencia de lo que se conoce por la doctrina
como la “interpretación auténtica”, el sentido y alcance de la Convención sea determinado porla Corte al margen y aún en contradicción con lo pactado por sus Estados Partes. La
Convención, como todo tratado, no existe al margen de lo que estos últimos expresamente
convinieron.
55.
En apoyo de lo resuelve, la Sentencia sí menciona, empero, el artículo XIV de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 29.d) de la Convención
y la Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En
cuanto al primero, cabe señalar que no establece la justiciabilidad ante la Corte del derecho
al trabajo y lógicamente no lo hizo, pues a la fecha de dicho instrumento, aquella no existía.
56.
Respecto del segundo, procede insistir en que él se refiere a la interpretación de laConvención que pueda limitar o excluir el goce y ejercicio o el efecto de derechos humanosreconocidos por esta última, lo que no ocurre, por ende, con los derechos que derivan de la
Carta de la OEA. Además, tampoco dice relación con la justiciabilidad del derecho al trabajo.
57.
Finalmente, en cuanto a la referencia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se trata de un órgano
compuesto de 18 expertos independientes, esto es, no está conformado por representantes
de Estados, y que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales por sus Estados partes, vale decir, no dice relación con la Convención,de modo que mal puede disponer la justiciabilidad ante la Corte del derecho al trabajo, lo que,por cierto, no hace. Adicionalmente, procede añadir que la resolución del citado Comité
constituye más bien una aspiración, por lo demás legítima, de cambio o desarrollo del Derecho
Internacional en la materia.
58.
Es, pues, irrefutable que ninguno de los textos recién citados, se reitera, ninguno, dicerelación o dispone que las presuntas violaciones del derecho al trabajo, como tampoco a losdemás derechos económicos, sociales y culturales que se derivan de las normas económicas,
65sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la OEA, puedan serllevadas ante la Corte para que resuelva sobre ellas.
59.
A lo precedentemente indicado, procede añadir que las referencias que la Sentencia
hace a la legislación interna del Estado 220, tampoco justifica la tesis sostenida por ella encuanto a que habilitaría para que se pudiera recurrir ante la Corte por las violaciones de losderechos antes mencionados. La competencia de la Corte deriva de la facultad que se leconcede por la Convención y no por una disposición del derecho interno del Estado de que se
trate, aunque, evidentemente, dicho ordenamiento jurídico se debe tener presente, conforme
lo indica el citado artículo 29, al momento de interpretar aquella a los efectos de que ello no
limite el goce y el ejercicio de un derecho reconocido por este último.
60.
Con respecto a lo sostenido precedentemente, se debe remarcar que en la propia
Sentencia se indica que “el problema jurídico planteado por la presunta víctima se relaciona
con los alcances del derecho al trabajo, y en particular sobre el derecho a la estabilidad laboral,
entendido como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana”221. El
asunto sometido a la Corte no era, pues, el de la judicialización ante la Corte de las violaciones
de dicho derecho sino de su alcance.
61.
Adicionalmente, se debe advertir que en otras sentencias de la Corte se alcanzó un
resultado análogo al que se pretende en autos, aplicando únicamente disposiciones de laConvención referentes a derechos que ésta reconoce y lógicamente dentro de los límites deellas, sin haber tenido necesidad de recurrir al artículo 26. De modo, pues, que no se vislumbra
la razón por la insistencia de señalar dicha norma como fundamento para que las violaciones
de los derechos humanos que se “derivan” de la Carta de la OEA puedan ser conocidas por laCorte, cuando es evidente que ello no solo resulta superfluo, sino que puede acarrear que
también las violaciones de otros derechos que se estimen que asimismo deriven de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la OEA,
sean sometidas a conocimiento y resolución de aquella.
62.
De lo reseñado, se puede concluir, por lo tanto, que la aplicación del método subjetivo
de interpretación de los tratados, conduce al mismo resultado ya antes señalado, a saber y adiferencia de lo que indica la Sentencia, que en momento alguno se incluyó a los derechos
económicos, sociales y culturales que se “derivan” de las normas de la Carta de la OEA, entre
ellos, el derecho al trabajo, en el régimen de protección previsto en la Convención.
D.

Método funcional o teleológico.

63.
Al tratar de precisar el objeto y fin de la disposición convencional que interesa, sepuede sostener que:a)el propósito de los Estados al suscribir la Convención fue “consolidar en este
Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”222;

220

Párr. N° 105.

221

Párr. N° 104.

222

Preámbulo, párr. 1°.

66b)para ello, “la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires 1967)
aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización (de los Estados Americanos) denormas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales” y se “resolvió que
una Convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura,competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia”;
c)es del todo evidente, entonces, que, lo dispuesto en la citada Conferencia se cumplió,
en lo concerniente a los derechos económicos, sociales y educacionales, con el Protocolo de
Buenos Aires y en lo que respecta a la estructura, competencia y procedimiento de los órganos
encargados de esa materia, con la Convención; yd)es, por tanto, dando cumplimiento a ese mandato, que se incluyó el artículo 26 en laConvención en un capítulo separado del relativo a los derecho políticos y civiles y, además,
estableciendo una especial obligación para los Estados Partes de la Convención, no existente
en cuanto a los recién mencionados derechos, a saber, la de adoptar las “providencias, tanto
a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica ytécnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los” derechos a los que se refiere
y ello “en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
64.
En otros términos, el objeto y fin del artículo 26 es que se adopten las providencias
que señala para lograr a efectividad de los derechos que indica y no que éstos sean exigibles
de inmediato y menos aún que sean justiciables ante la Corte. Téngase en cuenta, a este
respecto, que el propio título de la disposición es “Desarrollo Progresivo” y que el del Capítulo
III, del que es la única norma, es “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de donde secolige que lo que ordena tal norma, su objeto y fin, es que se adopten medidas para lograr,
progresivamente, la efectividad de los derechos a que se refiere y no que éstos sean efectivos.
65.
Aceptar que, para interpretar una específica disposición de la Convención, bastaría
evocar el objeto y fin general de ésta antes señalado, de suyo amplio vago o impreciso y, portanto, implicaría afectar la seguridad y certeza jurídicas que debe caracterizar a todo fallo dela Corte, puesto que dejaría a su criterio, con extenso margen, la determinación de losderechos que “derivan” de las mencionadas normas de la Carta de la OEA, por lo que losEstados Partes de la Convención no sabrían con antelación a los juicios correspondientes,
cuales son.
66.
Es por tal motivo que no se puede compartir el criterio expuesto en la jurisprudencia
de la Corte, en el sentido de que en mérito de lo previsto en los artículos 1 y 2 de laConvención, el artículo 26 distingue entre “aspectos que tienen una exigibilidad inmediata” y“aspectos que tienen un carácter progresivo”223, puesto que ello se aparta ostensiblemente delo previsto en la aludidas disposiciones, que establecen que los derechos a que se refierenson únicamente los “reconocidos”, “establecidos”, “garantizados”, “consagrados” o“protegidos” en o por ella, lo que no acontece con los aludidos por el artículo 26. Además, laindicada distinción que hace la Sentencia sería, en sí misma, confusa y aún contradictoria, ya
que, por una parte, no se sabría con certeza y con antelación al proceder cuales aspectos omás exactamente, cuales derechos a que alude el artículo 26 serían exigibles de inmediato ycuales requerirían que progresen con tal propósito y por la otra, los primeros no requerirían
la adopción de providencias para ser exigibles, mientras los otros no podrían serlo en tantono se adopten aquellas.

Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. N° 172.
223

67

67.
Por otra parte, un proceder como el aludido, conllevaría, por parte de la Corte, la
asunción de la función normativa internacional, que, en lo concerniente a la Convención, solo
corresponde a sus Estados Partes224. Y ello en atención a que, con la ausencia de especificaciónde los derechos que se derivan de las normas de la Carta de la OEA, la Corte podría establecer
derechos no expresamente previstos en dichas normas y disponer que son justiciables ante
ella.
68.
En definitiva, pues, discrepando de la Sentencia, se puede afirmar que la aplicación delmétodo funcional o teleológico de interpretación de tratados respecto del artículo 26 de laConvención, conduce a la misma conclusión a que se llega con la utilización de los demás
métodos de interpretación de tratados, es decir, que dicha disposición no tiene por finalidad
establecer derecho humano alguno, sino únicamente consagrar el deber de los Estados Partes
de aquella de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos económicos, sociales yculturales que se “derivan” de la Carta de la OEA.
E.

Medios Complementarios.

69.
En lo concerniente a los medios complementarios de interpretación de tratados 225, esde destacar que, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de1969, en la que se acordó el texto definitivo de la Convención, se propusieron en esta materia,
dos artículos. Uno fue el 26 en los términos que actualmente figura en la Convención. Dicho
artículo fue aprobado226.
70.

El otro artículo propuesto, el 27, expresaba:“Control del Cumplimiento de las Obligaciones. Los Estados Partes deben remitir a laComisión Interamericana de Derechos Humanos copia de los informes y estudios queen sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas delConsejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquélla verifique si se están cumpliendolas obligaciones antes determinadas, que son la sustentación indispensable para elejercicio de los otros derechos consagrados en esta Convención.”

71.
Nótese que el mencionado proyecto de artículo 27, que no fue aprobado 227, se refería
a “informes y estudios” para que la Comisión verificara si se estaban cumpliendo las referidas
obligaciones y distinguía, entonces, entre, por una parte, “las obligaciones antes
determinadas”, obviamente en el artículo 26, es decir, las pertinentes a los derechos que“derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de224

Supra, Nota N° 25.

Art.32 de la Convención de Viena: “Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios deinterpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su
celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando
la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:a) deje ambiguo u oscuro el sentido; ob) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.”
225

Actas de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 7 a 22 de noviembre de 1969,
OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 318.
226

Actas de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 7 a 22 de noviembre de 1969,
OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 448.
227

68

Buenas Aires” y por la otra parte, “los otros derechos consagrados en esta Convención”, esto
es, los “derechos civiles y políticos”.
72.
De suerte que con la adopción del artículo 26, no se tuvo la intención de incorporar losderechos económicos, sociales y culturales en el régimen de protección previsto en laConvención. La única proposición que hubo al respecto fue que se sometiera a examen deórganos de la OEA el cumplimiento de las obligaciones referidas a esos derechos, por estimarque dicho cumplimiento era la base para la realización de los derechos civiles y políticos. Y,
como se indicó, esa propuesta no fue acogida. Ello confirma, por lo tanto, que los Estados
Partes de la Convención no tuvieron la voluntad alguna de incluir a los derechos económicos,
sociales y culturales en el régimen de protección que establece, en cambio, para los derechos
civiles y políticos228.
IV.

LA CARTA DE LA OEA.

73.
Pues bien, atendido el hecho de que el artículo 26 remite a “las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de losEstados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires”, resulta indispensable, para
conocer el alcance de aquél, referirse asimismo al contenido de las mencionadas normas y,en particular, a las citadas en la Sentencia.
74.
Con relación al derecho al trabajo, la Sentencia evoca a los artículos 45.b y c229, 46230
231
y 34.gde la Carta de la OEA.
75.
Ahora bien, basta la sola lectura de las normas citadas para comprobar, con claridad y
sin la menor duda, que ellas establecen obligaciones de hacer o de comportamiento,
expresadas en los “máximos esfuerzos” a que los Estados se comprometen a fin de lograr la
aplicación de los “principios” y “mecanismos” que indica, entre los que se encuentra el derecho
al trabajo, o para facilitar la integración latinoamericana, la armonización de las legislaciones
laborales y la protección de los derechos de los trabajadores, o para lograr la “meta básica”

Voto concurrente del Juez Alberto Pérez Pérez, Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador, Sentencia de 1 deseptiembre de 2015, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
228

Artículo 45 de la Carta de la OEA: “Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la
plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico yverdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos:[…] b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones
que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el
trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive dela posibilidad de trabajar; c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho deasociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva yel de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y laprotección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva […].
229

Artículo 46 de la Carta de la OEA: “Los Estados miembros reconocen que, para facilitar el proceso de la integración
regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en elcampo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, yconvienen en realizar los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad.”
230

Artículo 34.g de la Carta de la OEA: “Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, laeliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participaciónde sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo
integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes
metas básicas: […] g) Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos.”
231

69

consistente en salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables
para todos..
76.
No se debe olvidar que todas las normas citadas se encuentran en el Capítulo VII deaquella, denominado “Desarrollo Integral”. Téngase en cuenta, sobre este particular, quedicho capítulo comienza estableciendo, que:“(l)os Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperacióninteramericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social
internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral,condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca loscampos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales deben
obtenerse las metas que cada país defina para lograrlo.”77.
Es decir, dispone la obligación general de los Estados americanos de aunar sus
esfuerzos para lograr la justicia social y el desarrollo integral. No dispone que ellos respetaráno garantizarán derechos de las personas. Y esa premisa inspira a todo el citado Capítulo VII.
78.
De modo, pues, que las referidas normas no establecen obligaciones de resultado, esto
es, no disponen que se respeten los derechos humanos que se deriven de las normas que
alude, sino que se realicen los “máximos esfuerzos” para lograr así los “principios”,“mecanismos”, “metas” y “finalidad” que indican. Es decir, las normas en cuestión, si bien
aluden al derecho del trabajo, al derecho de los trabajadores y a las condiciones laborales, lo
hacen en tanto constituyen sea la base, origen o razón sea un fin 232 respecto de la que hayque realizar los máximos esfuerzos para alcanzarlos o para que sean una realidad
79.
Así las cosas, el abanico de posibilidades de las que el intérprete podría “derivar”
derechos humanos no expresamente contemplados, en noma internacional alguna, sería
enorme, por no afirmar, sin límite. Baste con leer lo que los propios artículos de la Carta de la
OEA señalados en la Sentencia, mencionan como “metas básicas”233 o como “principios y

232

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 2020.

Art. 34: “a) Incremento sustancial y autosostenido del producto nacional per cápita; b) Distribución equitativa delingreso nacional; c) Sistemas impositivos adecuados y equitativos; d) Modernización de la vida rural y reformas que
conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión deluso de la tierra, diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y comercialización deproductos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fines; e) Industrialización
acelerada y diversificada, especialmente de bienes de capital e intermedios; f) Estabilidad del nivel de precios internos
en armonía con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justicia social; g) Salarios justos, oportunidades deempleo y condiciones de trabajo aceptables para todos; h) Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para
todos, de las oportunidades en el campo de la educación; i) Defensa del potencial humano mediante la extensión yaplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica; j) Nutrición adecuada, particularmente por medio dela aceleración de los esfuerzos nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos; k) Vivienda
adecuada para todos los sectores de la población; l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva
y digna; m) Promoción de la iniciativa y la inversión privadas en armonía con la acción del sector público, y n)
Expansión y diversificación de las exportaciones.”
233

70

mecanismos”234 o como la “finalidad”235, para percatarse, sin margen de duda alguna, que
dichas disposiciones no tienen por objeto establecer derecho alguno ni menos aún lajusticiabilidad ante la Corte de sus violaciones, sino que sencillamente consagran aspiraciones
que deben ser alcanzadas mediante el cumplimiento de obligaciones de comportamiento,
expresadas en el despliegue de los “máximos esfuerzos” que los Estados miembros de la OEA
deben realizar al efecto.
80.
De continuar la Corte con esta tendencia y llevada a su extremo, todos los Estados
Partes de la Convención y que han aceptado su jurisdicción, eventualmente podrían serllevados ante ella por no alcanzar plenamente alguno de los “principios”, “metas” o“mecanismos” o “finalidad” contempladas en la Carta de la OEA de los que la Sentencia deriva
derechos, lo que, a todas luces, parecería alejado de lo que los Estados Partes deseaban alfirmar la Convención o, al menos, de la lógica implícita en ella, en especial, por la forma enque está redactado el mencionado Capítulo VII.
81.
Lo anterior resulta particularmente evidente, por ejemplo, en lo que se refiere a la“(i)ndustrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de capital eintermedio”, la “(e)stabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo
económico sostenido y el logro de la justicia social” , la “(p)romoción de la iniciativa y la
inversión privadas en armonía con la acción del sector público”, la “(e)xpansión ydiversificación de las exportaciones”, “(e)l funcionamiento de los sistemas de administración
pública, banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que, en armonía con el
sector privado, responda a los requerimientos e intereses de la comunidad”, y la facilitacióndel “proceso de la integración regional latinoamericana”. Resulta al menos dudoso que se hayaquerido derivar de esas afirmaciones derechos humanos referidos a esos temas, que, de suyo,
integran la jurisdicción interna, doméstica o exclusiva del Estado236
82.
Por tanto, en razón de todo lo señalado, es que es evidente que “de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de laOrganización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires” a que
Art. 45: “Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen
derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad deoportunidades y seguridad económica; b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo
realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y
un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando
cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar; c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales
como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo
el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería
jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación
respectiva; d) Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y colaboración entre los sectores de la
producción, tomando en cuenta la protección de los intereses de toda la sociedad; e) El funcionamiento de los sistemas
de administración pública, banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que, en armonía con el sector
privado, responda a los requerimientos e intereses de la comunidad; f) La incorporación y creciente participación delos sectores marginales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, cívica,
cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento delproceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de promoción ycooperación populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad; g) El reconocimiento de laimportancia de la contribución de las organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y asociaciones
culturales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo; h)Desarrollo de una política eficiente de seguridad social, e i) Disposiciones adecuadas para que todas las personas
tengan la debida asistencia legal para hacer valer sus derechos.”
234

235

Supra, Nota N° 86.

236

Supra, Nota N° 23.

71se refiere el artículo 26, no se colige, a diferencia de lo que se indica en autos, la competencia
de la Corte de conocer y resolver las eventuales violaciones de los derechos que se “derivan”
de ellas.
V.

EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR.

83.
A mayor abundamiento a lo ya expresado, cabe referirse al “Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador”, el que también es citado en lajurisprudencia de la Corte en apoyo a su interpretación del artículo 26 237, pero que el suscrito
estima que su suscripción y vigencia respalda, por el contrario, lo que sostiene en este escrito.
84.
Dicho instrumento238 es adoptado en consideración a lo previsto en los artículos 31, 76
239
y 77
de la Convención. Así lo expresa su propio Preámbulo, al señalar que“(t)eniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales
fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tantode ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos seanreafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en
América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen
democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos aldesarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos
naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que pueden someterse a la consideración de los Estados partes reunidos con
ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir
progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades,”85.
De lo transcrito se desprende, por ende, que se trata de un acuerdo “Adicional a la
Convención”, que tiene por específica finalidad reafirmar, desarrollar, perfeccionar y proteger
los derechos económicos, sociales y culturales y de progresivamente incluirlos en el régimen
de protección de la misma y lograr su plena efectividad.
86.
Esto es, el Protocolo se adopta dado que los derechos económicos sociales y culturales
no han sido, a la fecha de su suscripción, reafirmados, desarrollados, perfeccionados yprotegidos ni incluidos en el régimen de protección de la Convención, lo que implica que
tampoco tienen plena efectividad en virtud del artículo 26. De otra manera, no se entenderíala finalidad ni la conveniencia del Protocolo.

Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr.161.
237

238

En lo sucesivo, el Protocolo.

239

Supra, Nota N° 25.

72

87.
En esa perspectiva, el Protocolo reconoce240, establece241, enuncia242 o consagra 243 lossiguientes derechos: Derecho al Trabajo (art.6) , Condiciones Justas, Equitativas y
Satisfactorias de Trabajo (art.7), Derechos Sindicales (art.8), Derecho a la Seguridad Social(art.9), Derecho a la Salud (art.10), Derecho a un Medio Ambiente Sano (art.11), Derecho ala Alimentación (art.12), Derecho a la Educación (art.13), Derecho a los Beneficios de laCultura(art.14), Derecho a la Constitución y Protección de la Familia (art.15), Derecho de la
Niñez (art.16), Protección de los Ancianos (art.17) y Protección de los Minusválidos (art.18).
Téngase presente que, por el contrario, el artículo 26 no establece o consagra derecho alguno,
solo se remite a los que se “deriven” de la Carta de la OEA.
88.
Y respecto de esos derechos reconocidos por el Protocolo, los Estados Partes secomprometen a adoptar, de manera progresiva, las medidas que garanticen su plena
efectividad (arts.6.2, 10.2, 11.2 y 12.2). En esto hay una coincidencia con lo previsto en el
artículo 26, es decir, que tanto el Protocolo como esta última disposición, dicen relación con
derechos cuya efectividad no existe o no es plena.
89.
El Protocolo igualmente contempla una norma, el artículo 19, concerniente a los medios
de protección de los antes señalados derechos. Tales medios consisten en los informes que
los Estados Partes deben presentar a la Asamblea General de la OEA “respecto de las medidas
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados
en el mismo Protocolo”, en el tratamiento que el Consejo Interamericano Económico y Social
y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la organización leden a tales informes y en la opinión eventualmente que pueda proporcionar sobre el particularla Comisión244. Nótese que esta disposición es similar al proyecto de artículo 27 de laConvención, que fue rechazado por la Conferencia correspondiente.
Art. 1: “Obligación de Adoptar Medidas .Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno comomediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con lalegislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.”Art.4: ”No Admisión de Restricciones. No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos ovigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que elpresente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.”240

Arts.2: ”Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el
presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.”
Art.5: “Alcance de las Restricciones y Limitaciones. Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones ylimitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas conel objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el
propósito y razón de los mismos”.
Art.19.6: “Medios de Protección. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el
artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, talsituación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando
proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales
regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
241

Art.3: ”Obligación de no Discriminación. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento ocualquier otra condición social”.
242

Art.19.1: ”Medios de Protección 1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, deconformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar laAsamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo”.
244
Art. 19: “Medios de Protección.1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, deconformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la
243

73

90.
Todo lo anteriormente reseñado significa, primeramente, que, para los Estados Partesdel Protocolo, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales es de naturalezaprogresiva, vale decir, a contrario sensu, aquellos no se encuentran vigentes o, al menos,
plenamente vigentes.
91.
En segundo término y, en consecuencia, ello importa, para los aludidos Estados, quelo dispuesto en el 26 implica que los citados derechos no se encuentren comprendidos entre
los que se aplica el sistema de protección previsto en la Convención o que se estén vigentes,
dado que, en caso contrario, la adopción del Protocolo hubiese sido innecesaria.
92.
Téngase presente también que en la OEA se creó el Grupo de Trabajo para Analizar losinformes Periódicos de los Estados Partes del Protocolo 245, como mecanismo para dar
seguimiento al cumplimiento de los compromisos contraídos por dicho instrumento en lamateria. Ello confirma que, indudablemente, la voluntad de los mencionados Estados ha sido
la de crear un mecanismo no jurisdiccional para la supervisión internacional del cumplimientodel Protocolo.
93.
que

La única excepción a ese régimen está prevista en el numeral 6 del artículo 19, a saber,

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.
2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos quienlos transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, laCiencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario Generalenviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos
especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados partes en el presente Protocolo,
copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con materias
que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.
4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano Económico
y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento delas disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.”5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y Social y elConsejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida
de los Estados partes en el presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas
adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones decarácter general que al respecto se estimen pertinentes.
6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por
una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediantela participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61
a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá
formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados partes,las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más
apropiado.
8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones que se les confieren
en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de protección
por este Protocolo.”
245

AG/RES. 2262 (XXXVII-O/07), del 05/06/2007.

74

“en el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 246 y en el
artículo 13247 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado partedel presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de laComisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones
individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.”94.
Lo indicado precedentemente implica que únicamente en el evento de violación de losderechos referidos a los sindicatos y a la educación, los pertinentes casos pueden serjusticiables ante la Corte. Respecto de la violación de los demás derechos, entre los que
estarían los demás aspectos del derecho al trabajo, opera, por el contrario, sólo el sistema de
informes establecido en el artículo 19 del Protocolo.
95.
Por ende, el Protocolo es una enmienda a la Convención. Así se desprende de su propio
texto, al considerarse como Protocolo, figura expresamente prevista en aquella 248. Procede
resaltar el hecho de que en su Preámbulo se deja constancia de que se adopta considerando
que la Convención contempla esa posibilidad 249. Se trata, pues, de un “protocolo adicional” aella suscrito “con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de lamisma otros derechos y libertades”, los que, por tanto, no los incluía.
96.
De manera, en consecuencia, que dicho instrumento, al establecer en su artículo 19 lacompetencia de la Corte para conocer las eventuales violaciones de los derechos referidos a
Art.8: “Derechos Sindicales. 1. Los Estados partes garantizarán: a) el derecho de los trabajadores a organizar
sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este
derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse
a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los
Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente”.
246

247

Art.13: “Derecho a la Educación. 1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos
humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista,
lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la
educación:a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser
generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que nohayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una
especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y
entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados
partes.”248

Supra, Nota N° 25.

249

Supra, párr.84.

75

los sindicatos y a la educación, no está limitando a aquella sino todo lo contrario, la estáampliando. De no existir el Protocolo, la Corte no podría conocer ni siquiera la eventual
violación de esos derechos.
97.
Todo lo precedentemente expuesto es, por ende, prueba más que evidente que, paralos Estados Partes del Protocolo, lo previsto en el artículo 26 de la Convención no puede serinterpretado en orden a que establece o reconoce derechos económicos, sociales o culturales
ni que habilita para elevar un caso de violación de ellos a conocimiento de la Corte. Se reitera
que, si así lo hubiese establecido, obviamente no se hubiese celebrado el Protocolo. Es, por
tal motivo, entonces, que ha sido necesaria su adopción. Su suscripción no se explicaría deotra manera.
98.
En mérito de lo precedentemente afirmado, se puede concluir en que el Protocolo es,
en consecuencia, la nítida demostración de que lo previsto en el artículo 26 no establece
derecho humano alguno.
VI.

CONCLUSIONES.

99.
Es, entonces, por lo todo lo expuesto, incluido lo indicado en las Anotaciones
Preliminares250, que se disiente de la Sentencia, en especial, de lo indicado en su resolutivo
N° 2251.
100. Al efecto, se debe señalar que la Sentencia, al desestimar la excepción de la falta decompetencia para conocer de violaciones de derechos humanos invocando la aplicación delartículo 26, no deja margen alguno al presente disenso para pronunciarse sobre sus demás
puntos resolutivos. Esto es, al sostenerse en este voto que la Corte carece de la citada
competencia, lógicamente, se afirma que no procedía que ella se pronunciara sobre el fondodel caso, como ha acontecido. La única salvedad a ello es lo previsto en el Resolutivo N° 11,
al que se ha concurrido aprobándolo dado que, sencillamente, repite lo que establece elReglamento de la Corte252, motivo por el que, de no haberse incluido, de todas maneras, seaplicaría.
101. Por otra parte, parecería conveniente insistir, una vez más, que este escrito no dicerelación con la existencia del derecho al trabajo en el ámbito del Derecho Internacional. Elloescapa a su propósito. Únicamente se sostiene que su eventual violación no puede sersometida al conocimiento y resolución de la Corte.

250

Supra, II.

251

Supra, Nota N° 3.

Art. 69. “Supervisión de cumplimiento de sentencias y otras decisiones del Tribunal.
1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes
estatales y de las correspondientes observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes.
La Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus
representantes.
2. La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre el caso, que permitan apreciar el
cumplimiento. Para los mismos efectos podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos.
3. Cuando lo considere pertinente, el Tribunal podrá convocar al Estado y a los representantes de las víctimas a una
audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y en ésta escuchará el parecer de la Comisión. }4. Una
vez que el Tribunal cuente con la información pertinente, determinará el estado del cumplimiento de lo resuelto yemitirá las resoluciones que estime pertinentes. 5. Estas disposiciones se aplican también para casos no sometidos
por la Comisión.”252

76

102. Y más aún. Se debe asimismo indicar que tampoco el presente voto debe ser entendido
en orden a que eventualmente no se esté a favor de someter ante la Corte las violaciones delos derechos económicos, sociales y culturales. Lo que se considera sobre el particular es que,si se procede a establecer esa competencia jurisdiccional, ello, debe hacerse por quién detenta
la titularidad de la función normativa internacional. No parecería conveniente que el órgano alque le compete la función judicial interamericana asuma aquella otra función, máxime cuando
los Estados a los que les corresponde esta última son democráticos y a su respecto rige la
Carta Democrática Interamericana253, la que prevé la separación de poderes y la participación
ciudadana en los asuntos públicos, lo que, sin duda, la Corte debería igualmente y en suámbito, respetar.
103. Asimismo, es imperioso repetir que, de persistirse en el derrotero adoptado por la
Sentencia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto podría verse
seriamente limitado. Y ello en razón de que muy probablemente, por una parte, no se
incentivaría, sino todo lo contrario, la adhesión de nuevos Estados a la Convención ni la
aceptación de la competencia contenciosa de la Corte por los que no lo hayan hecho y por laotra parte, podría renovarse o aún acentuarse la tendencia entre los Estados Partes de laConvención de no dar cumplimiento completo y oportuno a sus fallos. En suma, se debilitaría
los principios de la seguridad y de certeza jurídica, el que, en lo atingente a los derechos
humanos, también beneficia a las víctimas de sus violaciones al garantizar el cumplimiento delas sentencias de la Corte por sustentarse sólidamente en los compromisos soberanamente
asumidos por los Estados.
104. Sobre este último particular, no está de más recordar que, en la práctica y más allá decualquier consideración teórica, la función de la Corte es, en definitiva, dictar fallos que
restablezcan, lo más pronto posible, el respeto de los derechos humanos violados en un
específico caso. No es tan seguro que ello se logre respecto de violaciones de esos derechos
que no fueron consideradas en la Convención como justiciables ante aquella ni tampoco
cuando, más que procurar resolver el caso que le ha sido sometido, parecería que lapreocupación principal fuese establecer normas, pautas o estándares de aplicación general y
no fallar específicamente un caso y que, a partir de allí y de varias sentencias dictadas en elmismo sentido o en la misma dirección, se desprenda una jurisprudencia, compuesta, porende, por varios precedentes coincidentes.

Eduardo Vio Grossi
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Adoptada en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, 11 deseptiembre de 2001, Lima, Perú.
253

77

VOTO CONCURRENTE Y PARCIALMENTE DISIDENTE DEL
JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOSCASO CASA NINA VS. PERÚSENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)1.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”), el presente
voto tiene por objeto señalar algunas discrepancias frente al análisis de fondo que realizó laCorte acerca de la responsabilidad internacional del Estado de Perú (en adelante “el Estado”
o “Perú”). Asimismo, explicar mi disidencia parcial frente al punto resolutivo 3 en el que sedeclararon violadas conjuntamente las garantías judiciales, el derecho de permanecer en elcargo en condiciones de igualdad y el derecho al trabajo del señor Julio Casa Nina.
2.
Con este propósito abordaré los siguientes puntos: i) la práctica de abordar las
alegadas violaciones en un mismo punto resolutivo y la justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales; ii) la interpretación ambivalente del artículo
23 en relación con la desvinculación de funcionarios públicos; iii) la falta de relación entre lasnociones de estabilidad laboral y los criterios que condicionan los cargos de provisionalidad:
el plazo, y iv) el alcance de la noción control de convencionalidad en lo que refiere a la
obligación de reformar disposiciones del derecho interno y la noción de recurso judicial
efectivo.
3.
En este sentido, el voto complementa la posición ya expresada en mis votos
parcialmente disidentes a los casos Lagos del Campo Vs. Perú254, Trabajadores Cesados dePetroperú y otros Vs. Perú255, San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela256, Cuscul Pivaral y otros
Vs. Guatemala257, Muelle Flores Vs. Perú 258, Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de laSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú259,
Hernández Vs. Argentina260 y Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka

Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2017. Serie C No. 340. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
254

Cfr. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto
Antonio Sierra Porto.
255

Cfr. Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de2018. Serie C No. 348. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
256

Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
257

Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 demarzo de 2019. Serie C No. 375. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
258

Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 denoviembre de 2019. Serie C No. 394. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
259

Cfr. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 denoviembre de 2019. Serie C No. 395. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
260

78

Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina261; así como en mis votos concurrentes en los casos
Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador262 y Poblete Vilches y otros Vs. Chile263.
i) La práctica de abordar las alegadas violaciones en un mismo punto resolutivo
y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales yambientales.
4.
En opiniones separadas anteriores he expresado detalladamente múltiples argumentos
que evidencian las contradicciones e inconsistencias lógicas y jurídicas de las que adolece lateoría de la justiciabilidad directa y autónoma de los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales (en adelante “DESCA”) a través del artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”).
Efectivamente, esta posición asumida por la mayoría de los jueces del Tribunal desde el caso
Lagos del Campo Vs. Perú desconoce las reglas de interpretación de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados264, cambia la naturaleza de la obligación de progresividad 265,
ignora la voluntad de los Estados plasmada en el Protocolo de San Salvador 266 y mina lalegitimidad del Tribunal267; solo por mencionar algunos argumentos.
5.
En esta oportunidad no pretendo ahondar en el sentido antes señalado, sino centrar la
atención en una práctica, relacionada con esta postura jurídica, que se evidencia al declarar
las violaciones en los puntos resolutivos, así como al abordar las alegaciones en un mismo
capítulo.
6.
En primer lugar, como lo señalé en los casos Asociación Nacional de Cesantes y
Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs.
Perú268 y Hernández vs. Argentina269, el Tribunal modifica de manera antojadiza y sin
justificación su técnica para construir la parte resolutiva de sus decisiones; pretende
invisibilizar las discrepancias internas sobre el alcance del artículo 26.

Cfr. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400. Voto parcialmente disidente delJuez Humberto Antonio Sierra Porto.
261

Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Voto concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
262

Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018.
Serie C No. 349. Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.
263

Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 demarzo de 2019. Serie C No. 375. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 13.
264

Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr.
10.
265

266

Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018.
Serie C No. 349. Voto concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 3.
Cfr. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto
Antonio Sierra Porto, párr. 23.
267

Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 denoviembre de 2019. Serie C No. 394. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 6.
268

Cfr. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 denoviembre de 2019. Serie C No. 395. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 17.
269

79

7.
Adicionalmente, esta modalidad que agrupa en un solo punto resolutivo la declaraciónde todas las violaciones, evita que se evidencien las posturas divergentes en relación con lajusticiabilidad de los DESCA, en perjuicio de la legitimidad que otorga la postura unánime delTribunal en relación con los demás derechos vulnerados. Me refiero a que, si bien la legitimidad
principal o de origen de las decisiones de la Corte se da por las mayorías previstas en el
Reglamento, sin duda esta se percibe de manera más clara cuando todos los jueces coinciden
en la decisión final. En este caso, agrupadas en un solo punto las vulneraciones de los artículos
8.1, 23.1 c) y 26 no se logró mostrar la unanimidad de la Corte en la condena ni la discrepancia
parcial en relación con el artículo 26.
8.
En segundo lugar, en el presente caso, la mayoría consideró apropiado abordar losalegatos de fondo en un único apartado, y declarar la violación de las garantías judiciales, elderecho de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el derecho al trabajo delseñor Casa Nina en un solo punto resolutivo. Como se puede entrever del análisis de fondo,
que evacúa la alegada violación del derecho al trabajo en apenas un par de párrafos (108 y109), es claro que la misma solo se explica y justifica en su relación con el derecho a lapermanencia en el cargo en condiciones de igualdad. Así, no solo se evidencia una vez más lainutilidad del análisis del artículo 26 de la Convención, sino que, además, queda palmario
cómo a través de la técnica de agrupar las alegadas violaciones en un único capítulo se
desdibujan los contornos de los derechos protegidos por la Convención y se empobrece lacalidad argumentativa del Tribunal al momento de acreditar las alegadas violaciones.
9.
Este razonamiento es el que motiva esta opinión separada pues, aunque coincido conque se haya declarado la violación de los artículos 8.1 y 23.1 c) y en consecuencia expresé mi
voto a favor del punto resolutivo 3, solo por la violación de estos dos artículos. La técnica que
utiliza la Corte en esta decisión no me permitió expresar adecuadamente mi posición jurídica,aunque considero que, no solo la justiciabilidad del derecho al trabajo no es jurídicamente
viable en el proceso ante la Corte IDH, sino que incluso bajo los criterios desarrollados en lajurisprudencia, la violación del artículo 26 no se encontró probada en el caso.
ii) La interpretación ambivalente del artículo 23 en relación con la desvinculaciónde funcionarios públicos.
10.
De manera adicional a los criterios que me llevaron a plantear mi voto parcial en
relación con el punto resolutivo 3, considero relevante hacer referencia a algunos elementos
problemáticos del análisis de fondo, empezando por la interpretación del alcance y contenidodel artículo 23 de la Convención. En este caso la Corte encontró probada la vulneración delderecho de acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas al considerar
que la decisión que dio por terminado el nombramiento del señor Casa Nina fue arbitraria, al
no corresponder a los motivos permitidos para garantizar su independencia en el cargo defiscal provisional. Si bien concuerdo con este razonamiento, debo advertir que la Corte obvió
una discusión trascendental que el caso ponía nuevamente sobre la mesa, relacionada no ya
con el artículo 23.1 c) sino con el artículo 23.2.
11.
En el presente caso, se extiende una postura jurisprudencial consolidada en decisiones
previas referidas a funcionarios judiciales270 en relación con los criterios para la separación delcargo, en las cuales no se abordó la cuestión de la interpretación literal de las limitaciones aderechos políticos contempladas en el artículo 23. La Corte señaló, “[…] esta garantía
específica de las y los fiscales, en aplicación equivalente de los mecanismos de protección
Cfr. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, y Caso Rico Vs. Argentina. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 2 deseptiembre de 2019. Serie C No. 383.
270

80

reconocidos a las juezas y los jueces, conlleva lo siguiente: (i) que la separación del cargoobedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que
cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su
mandato; (ii) que las y los fiscales solo pueden ser destituidas o destituidos por faltas dedisciplina graves o incompetencia, y (iii) que todo proceso seguido contra fiscales se resuelva
mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales, según la Constitución o la ley, pues
la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva
que tienen de ejercer sus funciones sin temor a represalias”271.
12.
Por el contrario, en la reciente decisión del caso Petro Urrego vs. Colombia la Corte
reiteró la posición del caso López Mendoza vs. Venezuela272 según la cual “[…] el artículo 23.2
de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite queórgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (porejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta
social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos
políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez
competente en el correspondiente proceso penal”273. En esta ocasión, si bien la Cortefundamentó su postura en una interpretación literal y teleológica del precepto, le dio una
categoría diferencial a los derechos políticos de los funcionarios elegidos mediante votopopular, que no se encuentra justificada en el tenor literal de la norma, sin explicar elfundamento de su posición.
13.
Lo cierto es que ni entonces ni ahora la Corte aborda la cuestión de que el artículo 23
no reconoce diferencias de trato entre los derechos políticos de los funcionarios públicos en
razón de su forma de nombramiento a pesar de que ha fundado su razonamiento en una
interpretación fundamentalmente literal 274. Tampoco ha cumplido el Tribunal con la carga
argumentativa que le corresponde satisfacer al plantear en su jurisprudencia diferencias en el
grado de protección de los derechos de los funcionarios públicos.
14.
Adicionalmente, el vacío persiste en relación con el alcance del artículo 23.2 y lataxatividad de las hipótesis contempladas para la limitación de derechos políticos. En ladecisión queda explícito que tratándose de fiscales la desvinculación del cargo, como una
forma de limitación de derechos políticos, es convencional a pesar de que no se ordene
mediante condena ante juez competente en proceso penal. Esto último nos lleva también aconsiderar que la Convención no consagra una prohibición absoluta que impida que, en ciertos
supuestos, el derecho disciplinario pueda tener efectos en la permanencia en el cargo.

Cfr. Caso Casa Nina vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 denoviembre de 2020. Serie C No. 419, párr. 80.
271

Cfr. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de2011. Serie C No. 233, párr. 107.
272

Cfr. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
8 de julio de 2020. Serie C No. 406, párr. 96.
273

274

Artículo 23. Derechos Políticos.

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección delos asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos enelecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, ocondena, por juez competente, en proceso penal.

81iii) La falta de relación entre las nociones de estabilidad laboral y los criterios que
condicionan los cargos de provisionalidad: el plazo.
15.
Como lo señalé al referirme a la práctica del Tribunal de abordar las alegadas
violaciones en un mismo capítulo, desdibujando los alcances de cada uno de los derechos
convencionales y afectando la solidez y rigurosidad de la decisión, considero que el análisis
del derecho a la estabilidad laboral en relación con las garantías judiciales y el derecho deacceso a funciones públicas en condiciones de igualdad realizado en el presente caso, genera
confusiones que acaban reduciendo su ámbito de protección.
16.
Sostiene la Corte que la determinación de un plazo o condición en el acto denombramiento de un fiscal provisional, es un elemento suficiente para garantizar su
estabilidad laboral, no solo como un elemento necesario para proteger la independencia deeste tipo de funcionarios, sino también su derecho al trabajo.
17.
Esta es una postura carente de certeza, la determinación de un plazo en el acto denombramiento no evita que la permanencia en el cargo dependa de la discrecionalidad delnominador. La determinación de un periodo temporal, en la generalidad de los casos de meses(tres meses, seis o incluso por un año), sigue dejando en manos de la voluntad de este
nominador la renovación o terminación de la relación laboral, sin que de esta manera pueda
evitar que el funcionario quede expuesto a presiones externas o pueda verse afectado en su
independencia ante la falta de seguridad frente a la renovación del periodo.
18.
Considero que puede hablarse verdaderamente de estabilidad en el cargo en el casode los funcionarios en provisionalidad si su permanencia está supeditada exclusivamente a larealización de un concurso o a la comisión de una falta de tipo disciplinario o penal. No puede
sostenerse que con contratos precarios que tienen vigencias cortas se protege la estabilidad
laboral como componente del derecho al trabajo, pues la determinación de un plazo no
garantiza la continuidad en el empleo ni evita la discrecionalidad en la decisión de retiro.
iv)

El alcance de la noción control de convencionalidad en lo que refiere a la
obligación de reformar disposiciones del derecho interno y la noción derecurso judicial efectivo.

19.
En términos generales podría sostenerse que el control de convencionalidad, como una
figura propia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, consiste en i) la obligaciónde inaplicar normas internas contrarias a la Convención o ii) hacer una interpretación conjunta
entre la Convención y el orden interno para establecer la que sea más favorable a la protecciónde los derechos humanos de las personas involucradas. Los elementos de este control son
ampliamente desarrollados en la jurisprudencia de la Corte, y se consolidan a partir de su
práctica judicial y la de las autoridades nacionales.
20.
En el presente caso el Tribunal analizó el control de convencionalidad en dos vertientes,
de una parte, consideró que existía una falta de adecuación interna en relación con la garantíade inamovilidad de fiscales en Perú, de otra parte, consideró vulnerado el derecho a un recurso
judicial efectivo pues las autoridades nacionales no aplicaron el estándar interamericano.
a. Artículo 2 de la Convención: obligación de reformar disposiciones delderecho interno.
21.
Sea lo primero señalar que la Corte consideró que la falta de plazo o condición tantoen el nombramiento como en la destitución del señor Casa Nina, estuvo justificado en normasdel orden nacional. Como consecuencia reprochó no solo la interpretación de las autoridades82

del orden interno, sino también la falta de expedición de normas conducentes para la efectiva
observancia de tales garantías. Finalmente ordenó al Estado hacer las modificaciones
normativas a que hubiera lugar para adecuar su ordenamiento a los criterios convencionales.
Sin embargo, admitió que antes de que dicha medida se haga efectiva corresponde a todos
los funcionarios encargados adelantar un ejercicio interpretativo conforme con las obligaciones
del orden internacional.
22.
La fórmula adoptada en la parte resolutiva pone de manifiesto una posible
contradicción, pues, si se puede hacer una interpretación del ordenamiento jurídico que sea
acorde con la Convención, no es necesario que se haga una modificación expresa del mismo.
Las decisiones que conlleven obligaciones estatales de modificar leyes nacionales deben ser
fundadas en una manifiesta e irresoluble contradicción con los derechos humanos previstos
en la Convención. En todo caso entiendo que el propósito de la Corte al pedir simultáneamenteque se haga una interpretación del ordenamiento interno conforme a la Convención y su
jurisprudencia, por una parte, y la modificación normativa por la otra, obedece a una lógica
consecuencial: Si los operadores jurídicos nacionales entienden que la dicción literal de lasleyes nacionales desconoce la Convención en los términos expresados por sentencia de laCorte IDH, se debería acudir a la modificación normativa.
23.
En definitiva, lo que creo es que la Corte debe privilegiar en sus decisiones el ejerciciodel control de convencionalidad a través de la interpretación conforme, para evitar que losretrasos propios de los cambios normativos, por lo general trámites de larga duración,
dificulten la aplicación pronta de las normas convencionales y de los estándares establecidos
por la Corte.

Humberto Antonio Sierra Porto
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

83

VOTO CONCURRENTE DEL
JUEZ RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE
CASO CASA NINA VS. PERÚSENTENCIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)I.

Introducción

1.
En la sentencia se declara, entre otras, la violación de los artículos 8.1, 23.1 c) y 26 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención”) por la violaciónde las garantías judiciales, el derecho de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y elderecho al trabajo. El caso se relaciona con una serie de violaciones ocurridas en el marco delprocedimiento que culminó con la separación del señor Julio Casa Nina del cargo de Fiscal Adjunto
Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga, Ayacucho, Perú.
2.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o “la Corte”) por
medio de la sentencia desestimó las excepciones preliminares relativas a la cuarta instancia y afalta de competencia de la Corte para conocer sobre alegaciones concernientes al derecho al
trabajo, y concluyó que la República del Perú es responsable por la violación del derecho a lasgarantías judiciales, el derecho de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el derecho
al trabajo, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos.
3.
Por medio del presente, concurro con lo establecido en la Sentencia y realizo este Voto
con los objetivos de: (i) profundizar en la manera en que considero que la Corte IDH debería
abordar los casos que involucren violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales yambientales, con base en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación detodos los derechos humanos como fundamento de su justiciabilidad; y (ii) exponer sobre laprotección de la participación en la función pública, su relación con el derecho humano al trabajo
y la independencia de las y los fiscales en un Estado Democrático de Derecho.
II.

La cuestión de la Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. Competencia de la Corte IDHa) Excepción de incompetencia ratione materiae
4.
El Estado señaló que la Corte IDH no puede asumir competencia respecto de la presunta
violación de un derecho o libertad no incluida en el régimen de protección de la Convención y elProtocolo de San Salvador. Por lo que, plantea que no es competente para pronunciarse sobre laviolación del derecho al trabajo conforme al artículo 26 de la Convención porque los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales no se pueden someter al régimen de peticiones
individuales (párrafo 22 de la sentencia). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante la “Comisión”) y los representantes solicitaron desestimar la excepción
puesto que los derechos deben ser entendidos integralmente y son exigibles en todos los casos(párrafo 24 y 25 de la sentencia).
5.
En definitiva, la Corte desestimó la excepción preliminar y reafirmó su competencia para“conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de la Convención Americana, como parteintegrante de los derechos enumerados en su texto, respecto de los cuales el artículo 1.1 confiere
obligaciones de respeto y garantía” (párrafo 26 de la sentencia).
84

6.
En este sentido, voté por rechazar la excepción planteada, por considerar que losargumentos expresados por la Corte IDH en el caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes Y
Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú275 resultaban trasladables a la posición que se sostiene eneste caso. En particular, comparto los presupuestos allí esgrimidos en cuanto a que: (1) la Corte“tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia(compétence de la compétence)”; (2) cuando un Estado reconoce la cláusula facultativa de lajurisdicción obligatoria establecida en el artículo 62.1 de la Convención, ello conlleva la admisión
estatal de la potestad de la Corte de resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción; (3)la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todos los artículos y disposiciones de la Convención,
abarcando por tanto el artículo 26 de la misma; (4) si un Estado es Parte de la Convención
Americana y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, ésta es competente paradecidir si el referido Estado ha incurrido en una violación o incumplimiento de alguno de losderechos reconocidos en la Convención, inclusive en lo concerniente al artículo 26 de la misma.
Por lo tanto, coincido con lo decidido en el entendido que el análisis de esta controversia, es decir,
la determinación de si el Estado es responsable por el incumplimiento del artículo 26 de laConvención, corresponde ser abordado en el capítulo de fondo de la presente Sentencia.
b) La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:
antecedentes, el debate en la Corte y las diferentes posiciones. Mi posición.
7.
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha sido
objeto de discusión tanto por la doctrina como en la Corte, y existen tres posturas al respecto, talcomo mencioné, entre otros, en mi voto concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019del caso Asociación Nacional De Cesantes Y Jubilados de la Superintendencia Nacional De
Administración Tributaria (Ancejub-Sunat) Vs. Perú276. La primera postura plantea que el análisis
de violaciones individuales a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se debe
realizar exclusivamente en su relación con los derechos reconocidos expresamente por losartículos 3 al 25 de la Convención y con base en lo expresamente permitido por el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”) en su artículo 19.6277.
Mientras que la segunda visión sostiene que la Corte tiene competencia para conocer violaciones
autónomas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con fundamento en el
artículo 26 de la Convención, entendiendo que serían justiciables de forma individual278.
Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párrs. 16 y 17.
275

Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 denoviembre de 2019. Serie C No. 394.
276

Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. O el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125. Por mencionar dos
ejemplos, así como en el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298.
277

Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 142 y 154; Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344,
párr. 192; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de2018. Serie C No. 348, párr. 220; Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, párr. 100; Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párrs. 75 a 97; Caso Muelle
Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C
No. 375, párrs. 34 a 37; Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional deAdministración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394, párrs. 33 a 34; Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 62, y Caso
278

85

8.
Tal como lo he mencionado en votos anteriores y reiterando los fundamentos allíplanteados279, me afilio a una postura diversa que he llamado “la tesis de la indivisibilidad simultaneidad” y que se basa en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación
entre los derechos humanos, para sostener la competencia de la Corte para conocer sobre
violaciones individuales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo
anterior bajo la convicción de que los Derechos Humanos son interdependientes e indivisibles, demanera tal que los derechos civiles y políticos se encuentran entrelazados con los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta interdependencia e indivisibilidad permite ver
al ser humano de manera integral como titular pleno de derechos. De no verlo así se estaráfragmentando artificialmente los derechos y la dignidad humana.
9.
Similar visión se afirma en el Preámbulo del Protocolo de San Salvador: “Considerando laestrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales yla de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen
un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona
humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia
plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”.
10.
Dentro de esta visión, el artículo 26 de la Convención funciona como un artículo marco, en
el entendido que hace alusión de forma general a los derechos económicos, sociales, culturales yambientales, cuya lectura y determinación nos remite a la Carta de la OEA. En segundo lugar, elProtocolo de San Salvador individualiza y da contenido a los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, explicitando que son justiciables por medio de peticiones individuales
ante la Corte los casos relacionados a derechos sindicales y educación (art. 19.6). Se menciona
en el Protocolo que resulta de gran importancia que estos (derechos) sean reafirmados,desarrollados perfeccionados y protegidos (ver Preámbulo). Finalmente, existe un conjunto de
instrumentos del corpus juris interamericano que también hacen referencia a los DESCA.
11.
Por su parte, ya he subrayado la importancia del artículo 4 del Protocolo de San Salvador
en cuanto a la no admisión de restricciones de los DESCA. El artículo 4 del Protocolo de San
Salvador plantea que: “no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos
o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales apretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado”. En
aplicación de las disposiciones del mismo se ha creado el Mecanismo de Monitoreo del Grupo deTrabajo del Protocolo de San Salvador que es el encargado de definir los indicadores que deben
incluirse en los informes de los Estados Partes y monitorear el cumplimiento de las obligaciones
del Protocolo.
12.
A mi modo de ver, por lo expresado y sus antecedentes, es menester concluir que no es
de recibo restringir el acceso a la justicia interamericana respecto a alegadas violaciones dederechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Incluso, tal posición sería contraria alprincipio de interpretación pro persona de los Derechos Humanos, previsto en el artículo 29 de laConvención atendiendo a éste como herramienta hermenéutica en perspectiva sistémica delComunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400, párr. 195.
Cfr. Voto concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 del caso Asociación Nacional De Cesantes Y
Jubilados De La Superintendencia Nacional De Administración Tributaria (Ancejub-Sunat) Vs. Perú y a la sentencia de
22 de noviembre de 2019 del Caso Hernández Vs. Argentina, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación
Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, Caso Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antônio de Jesus y
sus familiares vs. Brasil
279

86

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
13.
Advertí también que el Protocolo de San Salvador, al tiempo que avanzó en el contenido
de los derechos económicos, sociales y culturales, prescribe expresamente la utilización delsistema de peticiones individuales por medio del artículo 19, párrafo 6, respecto a los derechos al
trabajo y la educación. Por lo que, en esos casos, no es necesario ningún esfuerzo argumentativo
toda vez que su competencia resulta del texto del tratado.
14.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la parte II de la Convención señala en su artículo
44 que: “Cualquier persona o grupo de personas (…) puede presentar a la Comisión peticiones
que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”. Por su
parte, el artículo 48 indica que: “La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se
alegue la violación de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes
términos…”. De igual manera, el artículo 62 No 3 de la Convención indica que: “La Corte tiene
competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de lasdisposiciones de esta Convención que le sea sometido…” (subrayado del autor).
15.
Del análisis de los anteriores artículos surge que: (1) los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales pueden ser llevados a conocimiento de ambosórganos de protección; (2) la Comisión y la Corte IDH pueden tener competencia sobre los casos
planteados al respecto; (3) no se hacen distinciones entre derechos civiles, políticos, sociales,
culturales y ambientales en lo que respecta a su protección; y (4) pretender que los órganos deprotección interamericanos solo puedan conocer los derechos civiles y políticos sería contrario alas notas de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación entre los derechos
humanos, que implicaría una fragmentación de la protección internacional de la persona que iría
en directo detrimento de la dignidad humana fundamento y fin de los derechos humanos.
16.
En la destitución del Sr. Casa Nina se plantea la falta de previsión de alguna condición
resolutoria de manera objetiva y previa al ingreso a la función, que determinara la terminacióndel nombramiento como fiscal provisional. Por lo que la Corte entiende "que el señor Casa Nina
ejerció el cargo sin la seguridad de la permanencia en sus funciones280, es decir, desprovisto deuna salvaguarda esencial para garantizar su independencia." (párrafo 86). Es menester señalar
que más allá del carácter provisional del cargo, el Estado tiene el deber para garantizar la
independencia en el ejercicio de la función acusatoria, de asegurar criterios objetivos para acceder
al cese del provisoriato.
17.
Es así que en una interpretación armónica de los instrumentos americanos, la Corte, a
través de la consideración de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos
por una parte y los económicos, sociales, culturales y ambientales por la otra, puede pronunciarse
respecto de las violaciones de unos y otros. Así es que un mismo hecho por acción u omisión
simultáneamente puede significar la violación de un derecho civil y político y de un derecho
económico, social, cultural y ambiental.
18.
Tal como resulta del Resolutivo 3 de la sentencia: “El Estado es responsable por la violaciónde las garantías judiciales, del derecho de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad yel derecho al trabajo que reconocen los artículos 8.1, 23.1 c) y 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”.
La testigo Rita Arleny Figueroa Vásquez declaró que “uno de los derechos de los [f]iscales, es la permanencia
en el servicio hasta los setenta (70) años, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, lo cierto es que en el casode los [f]iscales [p]rovisionales no [t]itulares, no cabe la exigencia de tal atributo, en tanto, su permanencia dependede la decisión del titular del pliego; es decir, del/la Fiscal de la Nación, en tanto por ‘necesidades del servicio’ puede
concluir con su ‘designación’”. Cfr. Declaración rendida por Rita Arleny Figueroa Vásquez (expediente de prueba, tomo
VI, affidávits, folio 1243).
280

87

19.
Comparto el dispositivo en cuanto del mismo resulta que existe una violación conjunta ysimultánea de los derechos: a la protección especial de acceso y permanencia en la función pública
e independencia del fiscal, establecido en el artículo 23.1 de la Convención; y el derecho al trabajo,
en cuanto no se respetó ni garantizó la independencia que garantice la seguridad en el trabajo,
conforme el art. 26 de la Convención. Derecho reconocido además por el artículo XIV de la
Declaración Americana que establece: “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una
remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia”. Esta violación conjunta e indivisible de derechos es a mi
criterio, en el caso, el fundamento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
20.
Ello es así, en cuanto en mi posición, los derechos civiles y políticos vulnerados son
indivisibles del derecho al trabajo, pues las violaciones del derecho reconocido en el artículo 23.1
de la Convención Americana está relacionada directamente y constituyen hechos inescindibles conla violación al derecho al trabajo. Razón por la cual, a continuación, profundizaré sobre laimportancia de la protección de la participación en la función pública, su relación con el derecho
humano al trabajo y la independencia de las y los fiscales en un Estado Democrático de Derecho.
III.

Protección de la participación en la función pública, su relación con el
derecho humano al trabajo y la independencia de las y los fiscales en un
Estado Democrático de Derecho.

21.
Tal como lo plantea la sentencia la protección de la participación en la función pública en
relación con el derecho humano al trabajo y la protección de la independencia de las fiscalas y losfiscales es fundamental en un Estado Democrático de Derecho. En virtud de ello, para profundizar
los fundamentos de la Corte, a continuación, haré consideraciones respecto de algunos conceptos
relacionados con este tema vinculando la protección del sistema universal de derechos humanos
y el regional.
22.
Para abordar esta cuestión la Corte partió de la base de dilucidar lo relativo al
reconocimiento de las garantías específicas propias de las juezas y los jueces a las y los fiscales.
Para ello, partió de tres premisas: "(i) el deber del Estado de garantizar la prestación de losservicios de justicia; (ii) la necesidad primordial de que quienes intervengan en la prestación detales servicios sean funcionarias y funcionarios titulares inamovibles, salvo causas de separacióno destitución prestablecidas, y (iii) en casos excepcionales en que se requiera la designación defuncionarias o funcionarios provisionales, que el nombramiento, permanencia y cese en el ejerciciodel cargo se sujeten a condiciones predeterminadas" (párrafo 69).
23. Así es que en el presente voto se destaca que la Corte ha planteado la necesidad de que enlo que concierne a violaciones a los derechos humanos y, en general, en el ámbito penal, "losEstados garanticen una investigación independiente y objetiva281, habiendo enfatizado que las

Cfr. inter alia, Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de
2007. Serie C No. 164, párr. 108, y Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 363, párr. 150. También se refieren a tales exigencias, entre otros, lossiguientes instrumentos: Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
1984, artículo 12; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, 1985, artículo 8; Convención delas Naciones Unidas contra la corrupción, 2003, artículo 11.2, y Convención Internacional para la protección de todaslas personas contra las desapariciones forzadas, 2006, artículo 12. Véase también: Principios relativos a una eficaz
prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Recomendada por el Consejo
Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989,
principio 9; Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, Adoptados por la Asamblea General en su Resolución 55/89 Anexo, de 4 de diciembre de281

88autoridades a cargo de la investigación deben gozar de independencia, de jure y de facto, lo que
requiere “no sólo independencia jerárquica o institucional, sino también independencia real”"(párrafo 69).282 Sumado a que con el fin de salvaguardar la independencia y objetividad de las ylos fiscales en el ejercicio de sus funciones, "también se encuentran protegidas y protegidos porlas siguientes garantías: (i) a un adecuado nombramiento; (ii) a la inamovilidad en el cargo, y (iii)
a ser protegidas y protegidos contra presiones externas" (párrafo 79).
24. Teniendo en cuenta lo anterior, es que destaco la especial importancia de la salvaguarda dela independencia de las fiscalas y las fiscales para la preservación del Estado de Derecho. Lo que
ya fue desarrollado por la Corte en el caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, donde concluyó quela garantía de estabilidad e inamovilidad de juezas y jueces, dirigida a salvaguardar su
independencia, resulta aplicable a las fiscalas y los fiscales en razón a la naturaleza de las
funciones que ejercen. Esta afirmación es especialmente trascendente en el espacio
interamericano donde en las últimas décadas casi todos los países han puesto en funcionamiento
sistemas acusatorios de investigación penal. La imparcialidad del Ministerio Público es esencialpara evitar la arbitrariedad y para garantizar la ecuanimidad en el ejercicio de la investigación
penal.
25.
También quienes desempeñan función pública son alcanzados por el Derecho al Trabajo.
Destaco lo establecido en el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública,
1978 (núm. 151) de la Organización Internacional del Trabajo.283 El Convenio en su artículo 9
reconoce los derechos civiles y políticos de los empleados públicos, así plantea que "Los empleados
públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales
para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que sederiven de su condición y de la naturaleza de sus funciones." También dicho Convenio prevé ensu artículo 8 que para la solución de conflictos es "se deberá tratar de lograr, de manera apropiada
a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante
procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y elarbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados."
26.
En relación al caso, el Sr. Casa Nina como fiscal al ser un funcionario público también
recibe una protección del derecho laboral en el ejercicio de su función, resultando adecuado elanálisis realizado en la sentencia. Teniendo en cuenta lo planteado por el Convenio N° 151 resulta
importante resaltar la protección de los derechos civiles y políticos de los funcionarios públicos yla recomendación en materia de solución de conflictos sobre las condiciones laborales o lapermanencia en el cargo de regímenes de negociación colectiva u otros como la mediación. Por
esa doble calidad de funcionario público y de fiscal la víctima goza de la protección jurídica
imprescindible, para poder ejercer su función con independencia, garantía intrínsecamente
relacionada con la vigencia del Estado Democrático de Derecho.
27.
Lo anterior se complementa con las mencionadas "Directrices sobre la función de losfiscales" de Naciones Unidas que disponen la situación y condiciones de servicio de las personas
designadas como fiscales estableciéndose que los Estados " garantizarán que los fiscales puedan
2000, principio 2, y Comité contra la Tortura, Observación General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados
Partes, CAT/C/GC/2, 24 de enero de 2008, párr. 26.
Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C
No. 147, párr. 95; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 81, y Caso Zambrano Vélez y otros
Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 122.
282

Organización Internacional del Trabajo por medio del Convenio sobre las relaciones de trabajo en laadministración
pública,
1978
(núm.
151)
disponibleenhttps://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C151
283

89

ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas
o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole."284 El principio deindependencia de la función pública del fiscal también puede ser interpretado a partir de los"Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura" adoptados por el Séptimo
Congreso de las Naciones Unidas celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de1985.285
IV.

Conclusión

28.
El Tribunal no debe de perder de vista que su función primaria es conocer sobre casos que
requieran la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención cuando le seansometidos, con el objetivo de decidir si existió una violación a un derecho o libertad protegido, ydisponer que se le garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcado. En ese
sentido, la Corte tiene una vocación de hacer justicia en casos concretos dentro de los límites
previstos por el derecho de los tratados. Pero también tiene una función de contribuir a que serealicen los objetivos de la Convención, y eso implica atender los problemas que aquejan anuestras sociedades. Es importante considerar que la legitimidad del Tribunal se funda en lasolidez de sus razonamientos y en su apego al derecho y la prudencia de sus fallos.
29.
En el caso, el Sr. Casa Nina debió ejercer el cargo de fiscal sin la seguridad de lapermanencia de sus funciones pese al carácter de provisional de su nombramiento, lo que implica
la falta de salvaguarda para asegurar su independencia. Es en esta línea que este voto concurre
con lo planteado por la sentencia y resalta la importancia de la protección del desempeño de la
función pública también como parte integrante del derecho laboral, teniendo en cuenta
especialmente en el caso la importancia de la independencia de los fiscales en un Estado
Democrático de Derecho.

Ricardo C. Pérez Manrique
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Directrices sobre la función de los fiscales. Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delitoy Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU
Doc.
A/CONF.144/28/Rev.
1
p.
189(1990).
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx284"Principios
básicos
relativosalaindependencia
delahttps://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx
285

90

judicatura"disponibles

en