Colombia Internacional
05 | 1989

Tema Libre

Una Política Equivocada: La "guerra" de los Estados
Unidos contra la producción de Narcóticos en losAndes
Washington Office on Latín América

Edición electrónica
URL: https://journals.openedition.org/colombiaint/26648
ISSN: 1900-6004
EditorUniversidad de los Andes
Edición impresa
Fecha de publicación: 1 de enero de 1989
Paginación: 36-38
ISSN: 0121-5612
Referencia electrónica
Washington Office on Latín América, «Una Política Equivocada: La "guerra" de los Estados Unidos
contra la producción de Narcóticos en los Andes», Colombia Internacional [En línea], 05 | 1989,Publicado el 01 enero 1989, consultado el 12 agosto 2024. URL: http://journals.openedition.org/colombiaint/26648

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Una Política Equivocada: La"guerra" de los Estados Unidos
contra la producción de Narcóticos
en los Andes
Washington OfÏce on Latín América

NOTA DEL AUTOR
Apartes de UPDADH. publicación del Washington Office on Latín América. Nov. - Dic,
1988, Vol. 13, No. 6.
1

La "guerra contra las drogas" de los Estados Unidos en los Andes ha comenzado a tenerlas dimensiones de una guerra verdadera. Durante la década de 1980. Estados Unidos hautilizado una serie de instrumentos de política en la lucha contra la producción denarcóticos en la región andina. De un lado, se han llevado a cabo esfuerzos deerradicación, interdicción y de sustitución de cultivos y, de otra parte, se ha amenazado
con recortar la asistencia por parte de Estados Unidos con base en el proceso decertificación —aunque de manera fragmentada- y los resultados han sido poco exitosos.
Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos es la de continuar y persistir en mayor
grado en soluciones militares a problemas complejos de índole socioeconómica. ElCongreso, no sólo ha estimulado dicha tendencia, sino que ha fracasado en el ejerciciode supervisar adecuadamente la asistencia antidroga en el extranjero; mucha de la cual
puede tener consecuencias negativas e imprevisibles para los países productores.

2En la última década, no ha disminuido la oferta disponible de drogas en Estados Unidos,
y la producción de narcóticos en los Andes ha aumentado dramáticamente —como en
otras partes del mundo, Entre 1982 y 1988. la producción de coca en Suramérica, dedonde se deriva la cocaína, se ha más que duplicado. Estados Unidos ha respondido aeste incremento de la oferta con un aumento de los fondos dedicados a los programas

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antinarcóticos. El presupuesto del Buró encargado de cuestiones internacionales deNarcóticos (I.N.M. - Agencia del Departamento de Estado con la responsabilidad
primaria de la planeación y coordinación de los programas antinarcóticos en elextranjero), se ha triplicado aproximadamente de 35 millones de dólares en 1978, a 101
millones presupuestados para 1989. En los últimos cinco años solamente, la DEA haduplicado su presupuesto a más de la mitad de un billón de dólares, y el estimativo degastos del Departamento de Defensa para labores de interdicción ha aumentado de un
millón de dólares en 1981, a 196 millones en 1986.
3En abril de 1986. según versiones de prensa, el presidente Reagan firmó una Directivade Seguridad Nacional que, declarando que los narcóticos constituían una amenaza a laseguridad nacional de los Estados Unidos, proporcionaba un marco político para queeste país realizara operaciones militares directas en el extranjero. Bajo dicha rúbrica, laadministración Reagan desplegó tropas estadounidenses en Bolivia en 1986 y hautilizado la "guerra contra las drogas" para reclamar más asistencia militar para otrospaíses involucrados en la lucha contra la producción de narcóticos. De acuerdo con una
fuente del Congreso, la D.E.A. está "creando un ejército" para hacerle frente a los
productores de droga en sus países de origen. La legislación actual, también, permite amilitares estadounidenses entrenar fuerzas policivas de países latinoamericanos enactividades relacionadas con la lucha antinarcóticos, tal como ocurre actualmente en
Bolivia.

4El Congreso ha empujado a la administración Reagan a un camino hacia la
militarización mayor en los esfuerzos antidrogas en el extranjero. La ley deautorización de defensa actual amplía el rol de los militares estadounidenses, enespecial reuniendo inteligencia sobre operaciones de droga, mientras la Ley
Antinarcóticos de 1988 que fue sancionada en septiembre pasado, también hace unllamado a una asistencia militar mayor en aquellos países involucra-dos en losprogramas anti estupefacientes de Estados Unidos.

5Durante el debate congresional de la Ley, se ignoró el tema de un involucramiento
militar creciente, en favor de un énfasis en torno a cuestiones domésticas. Sin embargo,el debate en torno al tema de la demanda en Estados Unidos no tuvo su paralelo en el
enfoque sobre prioridades generales de gastos: 75°/o de los fondos continúan
gastándose en la interdicción y la erradicación de la oferta, y solo 25°/o ha sido
asignado para la reducción de la demanda. Por ejemplo, el I.N.M. gasta
aproximadamente 100 millones de dólares anualmente, de los cuales aproximadamente
un 45°/o se utilizan en la erradicación de cultivos y un 35% en la interdicción. Aún más,la categoría más grande de gastos en el presupuesto total antinarcóticos (interdicciónde oferta) incluye programas de control en la frontera de Estados Unidos, sobre loscuales hay estudios que demuestran que son altamente costosos y que es una estrategia
poco rentable.

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El origen del problema de producción en América Latina es esencialmente económico:
Por ejemplo, en el valle del Alto Huallaga en Perú, los campesinos pueden ganar
cultivando coca, un promedio de 12 veces más mensuales de lo que ganarían si sededicaran a cultivar el segundo producto de exportación más lucrativo después de lacoca. Pero solo 3.6°/o del presupuesto del I.N.M. se gasta en sustitución de cultivos y enasistencia para el desarrollo. Mientras no se desarrollen alternativas viables a laproducción de coca, la oferta continuará proviniendo de las empobrecidas naciones
latinoamericanas. Más aún, en una época de austeridad fiscal, la cantidad de ayuda

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extranjera necesaria para desarrollar tales alternativas es probablemente mayor que lo
que el gobierno de Estados Unidos estaría deseoso de proveer.
7

El proceso de "certificación", además, subraya la mala lectura que el Congreso ha dado
al problema de narcóticos en los Andes.

8

De acuerdo a este proceso, el presidente debe certificar para marzo primero de este año
a los países elegibles para la ayuda estadounidense. El Congreso después tendrá 45 díaspara expedir resoluciones de desaprobación.

9Irónicamente, si el proceso funcionara tal como se desea, a los países productores
latinoamericanos que no logren cooperar con los Estados Unidos en cuestiones decontrol internacional de narcóticos, les sería negada asistencia económica adicional, ypor ende disminuiría el crecimiento económico requerido para compensar las
ganancias perdidas de la producción de narcóticos. En la práctica, los países que hansido descertificados es muy poco probable que se vean afectados por las sanciones. Elaño pasado, el presidente descertificó a Afganistán, a Irán, a Panamá y a Siria, ninguno
de los cuales estaba recibiendo asistencia extranjera de Estados Unidos.

10Mientras que el Congreso de los Estados Unidos ha vigilado estrictamente el proceso decertificación en lo que se refiere a los países de América Latina, éste ha ejercido unasupervisión mucho menor en relación con la asistencia estadounidense antinarcóticos
en el extranjero. Un informe de noviembre de 1988 hecho por la Oficina General deContabilidad —el brazo investigativo del Congreso— señala el fracaso del I.N.M. de dar
cuentas de los dineros gastados en Bolivia y en Colombia. Las fuerzas de seguridad
latinoamericanas han utilizado en algunas ocasiones equipos suministrados a través delos programas antinarcóticos estadounidenses para otros propósitos militares como las
operaciones de contrainsurgencia. Esto es sumamente preocupante, en especial en Perúy en Colombia, donde los militares están luchando contra grupos insurgentes y se lesconoce como violadores de los derechos humanos de los civiles no combatientes.

11Mientras las circunstancias varían en cada país andino, el Valle del Huallaga en el Perúes ilustrativo de los peligros potenciales de los programas antinarcóticos. Allí, la DEA
está entrenando y equipando a la policía para luchar contra el tráfico de drogas en unárea en la que la presencia de los 2 grupos guerrilleros del Perú (Sendero Luminoso y elMovimiento Revolucionario Tupac Amaru) es significativa. En noviembre de 1987, sedeclaró en estado de emergencia a toda la región, y en consecuencia está bajo control
militar. A pesar de que los militares técnicamente son responsables de las actividadesde contrainsurgencia, y la policía responde por los programas de erradicación einterdicción, "en la práctica" de acuerdo con un oficial del gobierno norteamericano,"no hay mucha distinción entre una y otra". El General Juan Zarate, encargado de losesfuerzos peruanos antinarcóticos en el Valle del Huallaga. admite que la policía
entrenada por la DEA también recibe entrenamiento intensivo de contrainsurgencia
debido a la zona donde operan. Por otra parte, de acuerdo con declaraciones de Zarate,
combatir la insurgencia guerrillera y no los narcóticos es la prioridad principal delgobierno peruano en el área.

12En este caso, los programas apoyados por Estados Unidos, además de ser infructuosos,
han cosechado consecuencias negativas imprevisibles. De acuerdo a los estimativos dela Guarda Civil peruana, la producción de coca en el Valle del Alto Huallaga se hacuadriplicado en los últimos 10 años (de 65.000 hectáreas en 1975 a 280.000 en 1988). Almismo tiempo, la influencia de la organización guerrillera Sendero Luminoso ha

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aumentado en forma ininterrumpida. El número de noviembre del Perú Report - unrespetado informe mensual con sede en Perú, afirma que Sendero Luminoso controlacasi el 90% del campo en el Valle de Huallaga. Sendero Luminoso también ha explotado
la presencia del personal antinarcóticos de los Estados Unidos en la región con el fin deobtener el apoyo de pequeños campesinos que cultivan hoja de coca, que se han volcado
hacia la guerrilla como intermediarios, en presencia de agentes estadounidenses, de losbarones de la droga colombiana y de las fuerzas de seguridad peruanas.
13

Quedan preguntas sin respuestas: ¿Dado el hecho de que la estrategia peruanacontrainsurgente ha resultado en una de las peores situaciones de derechos humanosen el hemisferio, están las fuerzas de policía entrenados por los Estados Unidos,vigiladas por los abusos que cometen?

14¿A qué se debe el fracaso de los programas de erradicación e interdicción hasta elmomento? ¿corre los Estados Unidos el riesgo de ser empujado en una guerra civilsucia, dado el aumento de la ayuda militar estadounidense?

15

En términos más generales, una pregunta adicional surge en relación con los programas
antinarcóticos de Estados Unidos: ¿Está Estados Unidos fortaleciendo la mano de losmilitares a costa de gobiernos civiles débiles, y en consecuencia socavando otros
objetivos políticos estadounidenses? En Perú. Bolivia y Ecuador, los gobiernos civiles
apenas han regresado al poder después de años de dictaduras militares y las relaciones
civiles-militares son tenues, cuando más. En Colombia, más de 40 años de un régimen
de estado de sitio ha llevado a un control creciente de los militares sobre aspectos de lavida civil.

16

La asistencia antinarcóticos que suministra los EE.UU. a las fuerzas militares y de lapolicía en América Latina son objetos de menor escrutinio que otros programas deayuda militar. De esta forma hay preguntas serias que quedan en el aire en relación conlas posibles consecuencias negativas que genera el involucramiento militar
estadounidense en el extranjero, así como los peligros de fortalecer el poder militar a
costa de instituciones civiles recién constituidas en América Latina.

17A pesar de que el debate en torno a la problemática de los narcóticos continuará
intensificándose, no hay todavía señales de una ruptura en el consenso entre losformuladores de política de Estados Unidos en relación con los programas
antinarcóticos actuales en los Andes. La renuencia de los militares estadounidenses deinvolucrarse en actividades de interdicción a lo largo de la frontera de Estados Unidos,
no obstante, la utilidad de la asistencia militar para programas antinarcóticos en el
extranjero o el involucramiento militar en actividades de entrenamiento y maniobras,
son aplaudidas de un lado al otro del espectro político. Sin una reevaluación franca ysensible sobre los presupuestos que existen detrás de la política actual, la tendencia
hacia una militarización de los esfuerzos estadounidenses antinarcóticos en elextranjero, no se reducirá en el futuro cercano.

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