BOE núm. 304

Sábado 20 diciembre 2003

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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
23399 LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSIEl Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica, fue aprobado con el objetivo
de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos
y las Administraciones públicas. De este modo, se coadyuvaba a potenciar el crecimiento y la competitividad
de la economía española mediante el rápido establecimiento de un marco jurídico para la utilización de una
herramienta que aporta confianza en la realización detransacciones electrónicas en redes abiertas como es
el caso de Internet. El citado real decreto ley incorporó al ordenamiento público español la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece
un marco comunitario para la firma electrónica, incluso
antes de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Tras su ratificación por el Congreso de los Diputados,
se acordó la tramitación del Real Decreto Ley 14/1999
como proyecto de ley, con el fin de someterlo a una
más amplia consulta pública y al posterior debate parlamentario para perfeccionar su texto. No obstante, esta
iniciativa decayó al expirar el mandato de las Cámarasen marzo de 2000. Esta ley, por tanto, es el resultado
del compromiso asumido en la VI Legislatura, actualizando a la vez el marco establecido en el Real Decreto
Ley 14/1999 mediante la incorporación de las modificaciones que aconseja la experiencia acumulada desdesu entrada en vigor tanto en nuestro país como en elámbito internacional.
IIEl desarrollo de la sociedad de la información y ladifusión de los efectos positivos que de ella se derivan
exige la generalización de la confianza de la ciudadanía

en las comunicaciones telemáticas. No obstante, losdatos más recientes señalan que aún existe desconfianza
por parte de los intervinientes en las transacciones telemáticas y, en general, en las comunicaciones que lasnuevas tecnologías permiten a la hora de transmitir información, constituyendo esta falta de confianza un frenopara el desarrollo de la sociedad de la información, en
particular, la Administración y el comercio electrónicos.
Como respuesta a esta necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por internet surge, entre
otros, la firma electrónica. La firma electrónica constituye
un instrumento capaz de permitir una comprobación dela procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones,
ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan
las medidas oportunas basándose en fechas electrónicas.
Los sujetos que hacen posible el empleo de la firma
electrónica son los denominados prestadores de servicios de certificación. Para ello expiden certificados electrónicos, que son documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma electrónica en poder decada usuario con su identidad personal, dándole así aconocer en el ámbito telemático como firmante.
La ley obliga a los prestadores de servicios de certificación a efectuar una tutela y gestión permanente
de los certificados electrónicos que expiden. Los detalles
de esta gestión deben recogerse en la llamada declaración de prácticas de certificación, donde se especificanlas condiciones aplicables a la solicitud, expedición, uso,
suspensión y extinción de la vigencia de los certificados
electrónicos. Además, estos prestadores están obligadosa mantener accesible un servicio de consulta sobre elestado de vigencia de los certificados en el que debe
indicarse de manera actualizada si éstos están vigentes
o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida.
Asimismo, debe destacarse que la ley define una clase
particular de certificados electrónicos denominados certificados reconocidos, que son los certificados electrónicosque se han expedido cumpliendo requisitos cualificados
en lo que se refiere a su contenido, a los procedimientos
de comprobación de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantías de la actividad de certificación electrónica.
Los certificados reconocidos constituyen una piezafundamental de la llamada firma electrónica reconocida,que se define siguiendo las pautas impuestas en la Directiva 1999/93/CE como la firma electrónica avanzada
basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. A la firma
electrónica reconocida le otorga la ley la equivalencia
funcional con la firma manuscrita respecto de los datos
consignados en forma electrónica.
Por otra parte, la ley contiene las garantías que deben
ser cumplidas por los dispositivos de creación de firma
para que puedan ser considerados como dispositivos
seguros y conformar así una firma electrónica reconocida.

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La certificación técnica de los dispositivos seguros
de creación de firma electrónica se basa en el marco
establecido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en sus disposiciones de desarrollo. Para esta certificación se utilizarán las normas técnicas publicadasa tales efectos en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» o, excepcionalmente, las aprobadas por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Adicionalmente, la ley establece un marco de obligaciones aplicables a los prestadores de servicios decertificación, en función de si éstos emiten certificados
reconocidos o no, y determina su régimen de responsabilidad, teniendo en cuenta los deberes de diligencia
que incumben a los firmantes y a los terceros destinatarios de documentos firmados electrónicamente.
III
Esta ley se promulga para reforzar el marco jurídico
existente incorporando a su texto algunas novedades
respecto del Real Decreto Ley 14/1999 que contribuirán
a dinamizar el mercado de la prestación de servicios
de certificación.
Así, se revisa la terminología, se modifica la sistemática y se simplifica el texto facilitando su comprensión
y dotándolo de una estructura más acorde con nuestra
técnica legislativa.
Una de las novedades que la ley ofrece respecto delReal Decreto Ley 14/1999, es la denominación comofirma electrónica reconocida de la firma electrónica que
se equipara funcionalmente a la firma manuscrita. Se
trata simplemente de la creación de un concepto nuevo
demandado por el sector, sin que ello implique modificación alguna de los requisitos sustantivos que tantola Directiva 1999/93/CE como el propio Real Decreto
Ley 14/1999 venían exigiendo. Con ello se aclara que
no basta con la firma electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la firma
electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro
de creación.
Asimismo, es de destacar de manera particular, laeliminación del registro de prestadores de servicios decertificación, que ha dado paso al establecimiento deun mero servicio de difusión de información sobre losprestadores que operan en el mercado, las certificaciones de calidad y las características de los productos yservicios con que cuentan para el desarrollo de su actividad.
Por otra parte, la ley modifica el concepto de certificación de prestadores de servicios de certificaciónpara otorgarle mayor grado de libertad y dar un mayor
protagonismo a la participación del sector privado en
los sistemas de certificación y eliminando las presunciones legales asociadas a la misma, adaptándose demanera más precisa a lo establecido en la directiva. Así,se favorece la autorregulación de la industria, de manera
que sea ésta quien diseñe y gestione, de acuerdo con
sus propias necesidades, sistemas voluntarios de acreditación destinados a mejorar los niveles técnicos y decalidad en la prestación de servicios de certificación.
El nuevo régimen nace desde el convencimiento de quelos sellos de calidad son un instrumento eficaz para convencer a los usuarios de las ventajas de los productos
y servicios de certificación electrónica, resultando
imprescindible facilitar y agilizar la obtención de estos
símbolos externos para quienes los ofrecen al público.
Si bien se recogen fielmente en la ley los conceptosde «acreditación» de prestadores de servicios de certificación y de «conformidad» de los dispositivos seguros
de creación de firma electrónica contenidos en la directiva, la terminología se ha adaptado a la más

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comúnmente empleada y conocida recogida en la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Otra modificación relevante es que la ley clarifica la
obligación de constitución de una garantía económica
por parte de los prestadores de servicios de certificación
que emitan certificados reconocidos, estableciendo una
cuantía mínima única de tres millones de euros, flexibilizando además la combinación de los diferentes instrumentos para constituir la garantía.
Por otra parte, dado que la prestación de servicios
de certificación no está sujeta a autorización previa, resulta importante destacar que la ley refuerza las capacidades de inspección y control del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, señalando que este departamento podrá
ser asistido de entidades independientes y técnicamente
cualificadas para efectuar las labores de supervisión ycontrol sobre los prestadores de servicios de certificación.
También ha de destacarse la regulación que la ley
contiene respecto del documento nacional de identidad
electrónico, que se erige en un certificado electrónico
reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos
seguros de comunicación electrónica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a través de medios
físicos. La ley se limita a fijar el marco normativo básico
del nuevo DNI electrónico poniendo de manifiesto sus
dos notas más características —acredita la identidad desu titular en cualquier procedimiento administrativo ypermite la firma electrónica de documentos— remitiéndose a la normativa específica en cuanto a las particularidades de su régimen jurídico.
Asimismo, otra novedad es el establecimiento en laley del régimen aplicable a la actuación de personas
jurídicas como firmantes, a efectos de integrar a estas
entidades en el tráfico telemático. Se va así más alládel Real Decreto Ley de 1999, que sólo permitía a laspersonas jurídicas ser titulares de certificados electrónicos en el ámbito de la gestión de los tributos. Precisamente, la enorme expansión que han tenido estos
certificados en dicho ámbito en los últimos años, sin
que ello haya representado aumento alguno de la litigiosidad ni de inseguridad jurídica en las transacciones,
aconsejan la generalización de la titularidad de certificados por personas morales.
En todo caso, los certificados electrónicos de personas jurídicas no alteran la legislación civil y mercantil
en cuanto a la figura del representante orgánico o voluntario y no sustituyen a los certificados electrónicos quese expidan a personas físicas en los que se reflejen dichas
relaciones de representación.
Como resortes de seguridad jurídica, la ley exige, por
un lado, una especial legitimación para que las personas
físicas soliciten la expedición de certificados; por otrolado, obliga a los solicitantes a responsabilizarse de lacustodia de los datos de creación de firma electrónica
asociados a dichos certificados, todo ello sin perjuicio
de que puedan ser utilizados por otras personas físicas
vinculadas a la entidad. Por último, de cara a terceros,
limita el uso de estos certificados a los actos que integren
la relación entre la persona jurídica y las Administraciones públicas y a las cosas o servicios que constituyen
el giro o tráfico ordinario de la entidad, sin perjuicio
de los posibles límites cuantitativos o cualitativos que
puedan añadirse. Se trata de conjugar el dinamismo quedebe presidir el uso de estos certificados en el tráfico
con las necesarias dosis de prudencia y seguridad paraevitar que puedan nacer obligaciones incontrolables frente a terceros debido a un uso inadecuado de los datos
de creación de firma. El equilibrio entre uno y otro principio se ha establecido sobre las cosas y servicios queconstituyen el giro o tráfico ordinario de la empresa deBOE núm. 304

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modo paralelo a cómo nuestro más que centenario Código de Comercio regula la vinculación frente a terceros
de los actos de comercio realizados por el factor delestablecimiento.
Con la expresión «giro o tráfico ordinario» de una
entidad se actualiza a un vocabulario más acorde con
nuestros días lo que en la legislación mercantil española
se denomina «establecimiento fabril o mercantil». Con
ello se comprenden las transacciones efectuadas mediata o inmediatamente para la realización del núcleo deactividad de la entidad y las actividades de gestión oadministrativas necesarias para el desarrollo de la misma,como la contratación de suministros tangibles e intangibles o de servicios auxiliares. Por último, debe recalcarse que, aunque el «giro o tráfico ordinario» sea untérmino acuñado por el derecho mercantil, la regulación
sobre los certificados de personas jurídicas no sólo se
aplica a las sociedades mercantiles, sino a cualquier tipode persona jurídica que quiera hacer uso de la firma
electrónica en su actividad.
Adicionalmente, se añade un régimen especial parala expedición de certificados electrónicos a entidades
sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a los solos efectosde su utilización en el ámbito tributario, en los términos
que establezca el Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, siguiendo la pauta marcada por la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, se incluye
dentro de la modalidad de prueba documental el soporte
en el que figuran los datos firmados electrónicamente,
dando mayor seguridad jurídica al empleo de la firma
electrónica al someterla a las reglas de eficacia en juicio
de la prueba documental.
Además, debe resaltarse que otro aspecto novedosode la ley es el acogimiento explícito que se efectúa delas relaciones de representación que pueden subyacer
en el empleo de la firma electrónica. No cabe duda que
el instituto de la representación está ampliamente generalizado en el tráfico económico, de ahí la conveniencia
de dotar de seguridad jurídica la imputación a la esfera
jurídica del representado las declaraciones que se cursan
por el representante a través de la firma electrónica.
Para ello, se establece como novedad que en la expedición de certificados reconocidos que admitan entre
sus atributos relaciones de representación, ésta debe
estar amparada en un documento público que acredite
fehacientemente dicha relación de representación así
como la suficiencia e idoneidad de los poderes conferidos al representante. Asimismo, se prevén mecanismospara asegurar el mantenimiento de las facultades derepresentación durante toda la vigencia del certificado
reconocido.
Por último, debe destacarse que la ley permite quelos prestadores de servicios de certificación podrán, conel objetivo de mejorar la confianza en sus servicios, establecer mecanismos de coordinación con los datos que
preceptivamente deban obrar en los Registros públicos,
en particular, mediante conexiones telemáticas, a losefectos de verificar los datos que figuran en los certificados en el momento de la expedición de éstos.
Dichos mecanismos de coordinación también podrán
contemplar la notificación telemática por parte de losregistros a los prestadores de servicios de certificaciónde las variaciones registrales posteriores.
IV
La ley consta de 36 artículos agrupados en seis títulos, 10 disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones
finales.

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El título I contiene los principios generales que delimitan los ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación dela ley, los efectos de la firma electrónica y el régimen
de empleo ante las Administraciones públicas y de acceso a la actividad de prestación de servicios de certificación.
El régimen aplicable a los certificados electrónicos
se contiene en el título II, que dedica su primer capítulo
a determinar quiénes pueden ser sus titulares y a regularlas vicisitudes que afectan a su vigencia. El capítulo II regula los certificados reconocidos y el tercero eldocumento nacional de identidad electrónico.
El título III regula la actividad de prestación deservicios de certificación estableciendo las obligaciones
a que están sujetos los prestadores —distinguiendo con
nitidez las que solamente afectan a los que expiden certificados reconocidos—, y el régimen de responsabilidad
aplicable.
El título IV establece los requisitos que deben reunir
los dispositivos de verificación y creación de firma electrónica y el procedimiento que ha de seguirse para obtener sellos de calidad en la actividad de prestación deservicios de certificación.
Los títulos V y VI dedican su contenido, respectivamente, a fijar los regímenes de supervisión y sanciónde los prestadores de servicios de certificación.
Por último, cierran el texto las disposiciones adicionales —que aluden a los regímenes especiales que resultan de aplicación preferente—, las disposiciones transitorias —que incorporan seguridad jurídica a la actividad
desplegada al amparo de la normativa anterior—, la disposición derogatoria y las disposiciones finales relativas
al fundamento constitucional, la habilitación para eldesarrollo reglamentario y la entrada en vigor.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento
de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998,
por la que se establece un procedimiento de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas,
modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el quese regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos
a los servicios de la sociedad de la información.

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia
jurídica y la prestación de servicios de certificación.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a la celebración, formalización,
validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros
actos jurídicos ni las relativas a los documentos en que
unos y otros consten.
Artículo 2. Prestadores de servicios de certificación
sujetos a la ley.
1. Esta ley se aplicará a los prestadores de servicios
de certificación establecidos en España y a los servicios
de certificación que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España.
2. Se denomina prestador de servicios de certificación la persona física o jurídica que expide certificados

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electrónicos o presta otros servicios en relación con la
firma electrónica.
3. Se entenderá que un prestador de servicios decertificación está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se halle en territorio español,
siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté
efectivamente centralizada la gestión administrativa yla dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá
al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.
4. Se considerará que un prestador opera mediante
un establecimiento permanente situado en territorio
español cuando disponga en él, de forma continuada
o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en losque realice toda o parte de su actividad.
5. Se presumirá que un prestador de servicios decertificación está establecido en España cuando dichoprestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito
en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.
La mera utilización de medios tecnológicos situados
en España para la prestación o el acceso al servicio no
implicará, por sí sola, el establecimiento del prestador
en España.
Artículo 3. Firma electrónica, y documentos firmados
electrónicamente.
1. La firma electrónica es el conjunto de datos enforma electrónica, consignados junto a otros o asociados
con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está
vinculada al firmante de manera única y a los datos
a que se refiere y que ha sido creada por medios que
el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
3. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro decreación de firma.
4. La firma electrónica reconocida tendrá respecto
de los datos consignados en forma electrónica el mismo
valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.
5. Se considera documento electrónico el redactado
en soporte electrónico que incorpore datos que esténfirmados electrónicamente.
6. El documento electrónico será soporte de:a) Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente
atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarialo administrativa, siempre que actúen en el ámbito desus competencias con los requisitos exigidos por la ley
en cada caso.
b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación
específica.
c) Documentos privados.
7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el valor y la eficacia jurídica que correspondaa su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.
8. El soporte en que se hallen los datos firmados
electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma
electrónica reconocida, con la que se hayan firmado losdatos incorporados al documento electrónico, se procederá a comprobar que por el prestador de servicios

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de certificación, que expide los certificados electrónicos,
se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley
en cuanto a la garantía de los servicios que presta enla comprobación de la eficacia de la firma electrónica,
y en especial, las obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso así como la autenticidad, conservación e integridad de la información generada y laidentidad de los firmantes. Si se impugna la autenticidad
de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan
firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 delartículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9. No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica
reconocida en relación a los datos a los que esté asociada
por el mero hecho de presentarse en forma electrónica.
10. A los efectos de lo dispuesto en este artículo,
cuando una firma electrónica se utilice conforme a lascondiciones acordadas por las partes para relacionarse
entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas.
Artículo 4. Empleo de la firma electrónica en el ámbito
de las Administraciones públicas.
1. Esta ley se aplicará al uso de la firma electrónica
en el seno de las Administraciones públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan
aquéllas y éstos entre sí o con los particulares.
Las Administraciones públicas, con el objeto de salvaguardar las garantías de cada procedimiento, podrán
establecer condiciones adicionales a la utilización de la
firma electrónica en los procedimientos. Dichas condiciones podrán incluir, entre otras, la imposición de fechas
electrónicas sobre los documentos electrónicos integrados en un expediente administrativo. Se entiende por
fecha electrónica el conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros
datos electrónicos a los que están asociados.
2. Las condiciones adicionales a las que se refiereel apartado anterior sólo podrán hacer referencia a las
características específicas de la aplicación de que se
trate y deberán garantizar el cumplimiento de lo previsto
en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Estas condiciones serán objetivas, proporcionadas, transparentes
y no discriminatorias y no deberán obstaculizar la prestación de servicios de certificación al ciudadano cuandointervengan distintas Administraciones públicas nacionales o del Espacio Económico Europeo.
3. Las normas que establezcan condiciones generales
adicionales para el uso de la firma electrónica ante laAdministración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se dictarán a propuesta conjunta de los Ministeriosde Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología
y previo informe del Consejo Superior de Informática ypara el impulso de la Administración Electrónica.
4. La utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten a la información clasificada, ala seguridad pública o a la defensa nacional se regirá
por su normativa específica.
Artículo 5. Régimen de prestación de los servicios decertificación.
1. La prestación de servicios de certificación no estásujeta a autorización previa y se realizará en régimen
de libre competencia. No podrán establecerse restricciones para los servicios de certificación que procedande otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

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2. Los órganos de defensa de la competencia velarán por el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios de certificación
al público mediante el ejercicio de las funciones que
tengan legalmente atribuidas.
3. La prestación al público de servicios de certificación por las Administraciones públicas, sus organismos públicos o las entidades dependientes o vinculadasa las mismas se realizará con arreglo a los principios
de objetividad, transparencia y no discriminación.

TÍTULO II
Certificados electrónicosCAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 6. Concepto de certificado electrónico y defirmante.
1. Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios
de certificación que vincula unos datos de verificaciónde firma a un firmante y confirma su identidad.
2. El firmante es la persona que posee un dispositivode creación de firma y que actúa en nombre propio oen nombre de una persona física o jurídica a la que
representa.
Artículo 7. Certificados electrónicos de personas jurídicas.
1. Podrán solicitar certificados electrónicos de personas jurídicas sus administradores, representantes legales y voluntarios con poder bastante a estos efectos.
Los certificados electrónicos de personas jurídicas no
podrán afectar al régimen de representación orgánica
o voluntaria regulado por la legislación civil o mercantil
aplicable a cada persona jurídica.
2. La custodia de los datos de creación de firma
asociados a cada certificado electrónico de persona jurídica será responsabilidad de la persona física solicitante,cuya identificación se incluirá en el certificado electrónico.
3. Los datos de creación de firma sólo podrán serutilizados cuando se admita en las relaciones que mantenga la persona jurídica con las Administraciones públicas o en la contratación de bienes o servicios que sean
propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario.
Asimismo, la persona jurídica podrá imponer límites adicionales, por razón de la cuantía o de la materia, parael uso de dichos datos que, en todo caso, deberán figuraren el certificado electrónico.
4. Se entenderán hechos por la persona jurídica losactos o contratos en los que su firma se hubiera empleado dentro de los límites previstos en el apartado anterior.
Si la firma se utiliza transgrediendo los límites mencionados, la persona jurídica quedará vinculada frentea terceros sólo si los asume como propios o se hubiesen
celebrado en su interés. En caso contrario, los efectosde dichos actos recaerán sobre la persona física responsable de la custodia de los datos de creación defirma, quien podrá repetir, en su caso, contra quien loshubiera utilizado.
5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los certificados que sirvan para verificar la firma
electrónica del prestador de servicios de certificación
con la que firme los certificados electrónicos que expida.
6. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los certificados que se expidan a favor de lasAdministraciones públicas, que estarán sujetos a su normativa específica.

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Artículo 8. Extinción de la vigencia de los certificados
electrónicos.
1. Son causas de extinción de la vigencia de un
certificado electrónico:a) Expiración del período de validez que figura enel certificado.
b) Revocación formulada por el firmante, la persona
física o jurídica representada por éste, un tercero autorizado o la persona física solicitante de un certificado
electrónico de persona jurídica.
c) Violación o puesta en peligro del secreto de losdatos de creación de firma del firmante o del prestador
de servicios de certificación o utilización indebida dedichos datos por un tercero.
d) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
e) Fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del firmante; fallecimiento, o extinción de la personalidad jurídica del representado; incapacidad sobrevenida, total o parcial, del firmante o de su representado;
terminación de la representación; disolución de la persona jurídica representada o alteración de las condiciones de custodia o uso de los datos de creación de firma
que estén reflejadas en los certificados expedidos a una
persona jurídica.
f) Cese en la actividad del prestador de servicios
de certificación salvo que, previo consentimiento expresodel firmante, la gestión de los certificados electrónicos
expedidos por aquél sean transferidos a otro prestador
de servicios de certificación.
g) Alteración de los datos aportados para la obtención del certificado o modificación de las circunstancias
verificadas para la expedición del certificado, como lasrelativas al cargo o a las facultades de representación,de manera que éste ya no fuera conforme a la realidad.
h) Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas de certificación.
2. El período de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología
empleada para generar los datos de creación de firma.
En el caso de los certificados reconocidos este período
no podrá ser superior a cuatro años.
3. La extinción de la vigencia de un certificado electrónico surtirá efectos frente a terceros, en los supuestos
de expiración de su período de validez, desde que se
produzca esta circunstancia y, en los demás casos, desdeque la indicación de dicha extinción se incluya en el
servicio de consulta sobre la vigencia de los certificadosdel prestador de servicios de certificación.
Artículo 9. Suspensión de la vigencia de los certificados
electrónicos.
1. Los prestadores de servicios de certificación suspenderán la vigencia de los certificados electrónicos
expedidos si concurre alguna de las siguientes causas:a) Solicitud del firmante, la persona física o jurídica
representada por éste, un tercero autorizado o la persona
física solicitante de un certificado electrónico de persona
jurídica.
b) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
c) La existencia de dudas fundadas acerca de laconcurrencia de las causas de extinción de la vigencia
de los certificados contempladas en los párrafos c)y g) del artículo 8.1.
d) Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas de certificación.
2. La suspensión de la vigencia de un certificado
electrónico surtirá efectos desde que se incluya en el
servicio de consulta sobre la vigencia de los certificadosdel prestador de servicios de certificación.

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Artículo 10. Disposiciones comunes a la extinción ysuspensión de la vigencia de certificados electrónicos.
1. El prestador de servicios de certificación haráconstar inmediatamente, de manera clara e indubitada,la extinción o suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos en el servicio de consulta sobre la
vigencia de los certificados en cuanto tenga conocimiento fundado de cualquiera de los hechos determinantes
de la extinción o suspensión de su vigencia.
2. El prestador de servicios de certificación informará al firmante acerca de esta circunstancia de manera
previa o simultánea a la extinción o suspensión de lavigencia del certificado electrónico, especificando losmotivos y la fecha y la hora en que el certificado quedarásin efecto. En los casos de suspensión, indicará, además,su duración máxima, extinguiéndose la vigencia del certificado si transcurrido dicho plazo no se hubiera levantado la suspensión.
3. La extinción o suspensión de la vigencia de un
certificado electrónico no tendrá efectos retroactivos.
4. La extinción o suspensión de la vigencia de un
certificado electrónico se mantendrá accesible en el
servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados
al menos hasta la fecha en que hubiera finalizado su
período inicial de validez.
CAPÍTULO II
Certificados reconocidos
Artículo 11. Concepto y contenido de los certificados
reconocidos.
1. Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta
ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás
circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las
garantías de los servicios de certificación que presten.
2. Los certificados reconocidos incluirán, al menos,
los siguientes datos:a) La indicación de que se expiden como tales.
b) El código identificativo único del certificado.
c) La identificación del prestador de servicios de certificación que expide el certificado y su domicilio.
d) La firma electrónica avanzada del prestador deservicios de certificación que expide el certificado.
e) La identificación del firmante, en el supuesto depersonas físicas, por su nombre y apellidos y su número
de documento nacional de identidad o a través de un
seudónimo que conste como tal de manera inequívoca
y, en el supuesto de personas jurídicas, por su denominación o razón social y su código de identificación
fiscal.
f) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma que se encuentren
bajo el control del firmante.
g) El comienzo y el fin del período de validez delcertificado.
h) Los límites de uso del certificado, si se establecen.
i) Los límites del valor de las transacciones paralas que puede utilizarse el certificado, si se establecen.
3. Los certificados reconocidos podrán asimismo
contener cualquier otra circunstancia o atributo específico del firmante en caso de que sea significativo en
función del fin propio del certificado y siempre que aquél
lo solicite.
4. Si los certificados reconocidos admiten una relación de representación incluirán una indicación del docu-

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mento público que acredite de forma fehaciente las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona
o entidad a la que represente y, en caso de ser obligatoria
la inscripción, de los datos registrales, de conformidadcon el apartado 2 del artículo 13.
Artículo 12. Obligaciones previas a la expedición decertificados reconocidos.
Antes de la expedición de un certificado reconocido,
los prestadores de servicios de certificación deberán
cumplir las siguientes obligaciones:a) Comprobar la identidad y circunstancias personales de los solicitantes de certificados con arreglo a
lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Verificar que la información contenida en el certificado es exacta y que incluye toda la información prescrita para un certificado reconocido.
c) Asegurarse de que el firmante está en posesiónde los datos de creación de firma correspondientes alos de verificación que constan en el certificado.
d) Garantizar la complementariedad de los datos decreación y verificación de firma, siempre que ambos sean
generados por el prestador de servicios de certificación.
Artículo 13. Comprobación de la identidad y otras circunstancias personales de los solicitantes de un certificado reconocido.
1. La identificación de la persona física que solicite
un certificado reconocido exigirá su personación ante
los encargados de verificarla y se acreditará mediante
el documento nacional de identidad, pasaporte u otros
medios admitidos en derecho. Podrá prescindirse de lapersonación si su firma en la solicitud de expedición
de un certificado reconocido ha sido legitimada en presencia notarial.
El régimen de personación en la solicitud de certificados que se expidan previa identificación del solicitante ante las Administraciones públicas se regirá porlo establecido en la normativa administrativa.
2. En el caso de certificados reconocidos de personas jurídicas, los prestadores de servicios de certificación comprobarán, además, los datos relativos a laconstitución y personalidad jurídica y a la extensión yvigencia de las facultades de representación del solicitante, bien mediante consulta en el registro público
en el que estén inscritos los documentos de constitución
y de apoderamiento, bien mediante los documentos
públicos que sirvan para acreditar los extremos citadosde manera fehaciente, cuando aquéllos no sean de inscripción obligatoria.
3. Si los certificados reconocidos reflejan una relación de representación voluntaria, los prestadores deservicios de certificación comprobarán, los datos relativos a la personalidad jurídica del representado y a laextensión y vigencia de las facultades del representante,bien mediante consulta en el registro público en el queestén inscritas, bien mediante los documentos públicosque sirvan para acreditar los extremos citados de manera
fehaciente, cuando aquéllos no sean de inscripción obligatoria. Si los certificados reconocidos admiten otros
supuestos de representación, los prestadores de servicios de certificación deberán exigir la acreditación delas circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma prevista anteriormente.
Cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales o atributos del solicitante, comosu condición de titular de un cargo público, su pertenencia a un colegio profesional o su titulación, éstas
deberán comprobarse mediante los documentos oficia-

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les que las acrediten, de conformidad con su normativa
específica.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores podrá
no ser exigible en los siguientes casos:a) Cuando la identidad u otras circunstancias permanentes de los solicitantes de los certificados constaran ya al prestador de servicios de certificación en
virtud de una relación preexistente, en la que, para laidentificación del interesado, se hubieran empleado losmedios señalados en este artículo y el período de tiempo
transcurrido desde la identificación es menor de cinco
años.
b) Cuando para solicitar un certificado se utilice otro
vigente para cuya expedición se hubiera identificado al
firmante en la forma prescrita en este artículo y le conste
al prestador de servicios de certificación que el períodode tiempo transcurrido desde la identificación es menorde cinco años.
5. Los prestadores de servicios de certificación
podrán realizar las actuaciones de comprobación previstas en este artículo por sí o por medio de otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siendo responsable, en todo caso, el prestador de servicios decertificación.
Artículo 14. Equivalencia internacional de certificados
reconocidos.
Los certificados electrónicos que los prestadores deservicios de certificación establecidos en un Estado queno sea miembro del Espacio Económico Europeo expidan
al público como certificados reconocidos de acuerdo conla legislación aplicable en dicho Estado se considerarán
equivalentes a los expedidos por los establecidos en
España, siempre que se cumpla alguna de las siguientes
condiciones:a) Que el prestador de servicios de certificación reúna los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expedición de certificados reconocidos y haya sido certificado conforme
a un sistema voluntario de certificación establecido en
un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.
b) Que el certificado esté garantizado por un prestador de servicios de certificación establecido en el Espacio
Económico Europeo que cumpla los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica
para la expedición de certificados reconocidos.
c) Que el certificado o el prestador de servicios decertificación estén reconocidos en virtud de un acuerdo
bilateral o multilateral entre la Comunidad Europea yterceros países u organizaciones internacionales.
CAPÍTULO III
El documento nacional de identidad electrónico
Artículo 15. Documento nacional de identidad electrónico.
1. El documento nacional de identidad electrónico
es el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite
la firma electrónica de documentos.
2. Todas la personas físicas o jurídicas, públicas oprivadas, reconocerán la eficacia del documento nacionalde identidad electrónico para acreditar la identidad ylos demás datos personales del titular que consten enel mismo, y para acreditar la identidad del firmante yla integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica en él incluidos.

45335

Artículo 16. Requisitos y características del documento
nacional de identidad electrónico.
1. Los órganos competentes del Ministerio del Interiorpara la expedición del documento nacional de identidad
electrónico cumplirán las obligaciones que la presente Ley
impone a los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados reconocidos con excepción de la relativa a la constitución de la garantía a la que se refiereel apartado 2 del artículo 20.
2. La Administración General del Estado empleará,en la medida de lo posible, sistemas que garanticen lacompatibilidad de los instrumentos de firma electrónica
incluidos en el documento nacional de identidad electrónico con los distintos dispositivos y productos de firma
electrónica generalmente aceptados.

TÍTULO III
Prestación de servicios de certificaciónCAPÍTULO I
Obligaciones
Artículo 17. Protección de los datos personales.
1. El tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores de servicios de certificación parael desarrollo de su actividad y los órganos administrativospara el ejercicio de las funciones atribuidas por esta ley
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en sus normas de desarrollo.
2. Para la expedición de certificados electrónicos
al público, los prestadores de servicios de certificaciónúnicamente podrán recabar datos personales directamente de los firmantes o previo consentimiento expresode éstos.
Los datos requeridos serán exclusivamente los necesarios para la expedición y el mantenimiento del certificado electrónico y la prestación de otros servicios en
relación con la firma electrónica, no pudiendo tratarse
con fines distintos sin el consentimiento expreso delfirmante.
3. Los prestadores de servicios de certificación que
consignen un seudónimo en el certificado electrónico
a solicitud del firmante deberán constatar su verdadera
identidad y conservar la documentación que la acredite.
Dichos prestadores de servicios de certificación estarán obligados a revelar la identidad de los firmantes cuando lo soliciten los órganos judiciales en el ejercicio delas funciones que tienen atribuidas y en los demássupuestos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal en que
así se requiera.
4. En cualquier caso, los prestadores de servicios
de certificación no incluirán en los certificados electrónicos que expidan, los datos a los que se hace referencia
en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 18. Obligaciones de los prestadores deservicios de certificación que expidan certificados
electrónicos.
Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados electrónicos deberán cumplir las siguientes obligaciones:a) No almacenar ni copiar los datos de creación defirma de la persona a la que hayan prestado sus servicios.

45336

Sábado 20 diciembre 2003b) Proporcionar al solicitante antes de la expedición
del certificado la siguiente información mínima, que
deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por
vía electrónica:
1.o Las obligaciones del firmante, la forma en que
han de custodiarse los datos de creación de firma, el
procedimiento que haya de seguirse para comunicar lapérdida o posible utilización indebida de dichos datos
y determinados dispositivos de creación y de verificaciónde firma electrónica que sean compatibles con los datosde firma y con el certificado expedido.
2.o Los mecanismos para garantizar la fiabilidad dela firma electrónica de un documento a lo largo deltiempo.
3.o El método utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros datos que figuren
en el certificado.
4.o Las condiciones precisas de utilización del certificado, sus posibles límites de uso y la forma en que
el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial.
5.o Las certificaciones que haya obtenido, en su
caso, el prestador de servicios de certificación y los procedimientos aplicables para la resolución extrajudicial
de los conflictos que pudieran surgir por el ejercicio desu actividad.
6.o Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas de certificación.
La información citada anteriormente que sea relevante para terceros afectados por los certificados deberá
estar disponible a instancia de éstos.
c) Mantener un directorio actualizado de certificados en el que se indicarán los certificados expedidos
y si están vigentes o si su vigencia ha sido suspendidao extinguida. La integridad del directorio se protegerá
mediante la utilización de los mecanismos de seguridad
adecuados.
d) Garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados rápido y seguro.
Artículo 19. Declaración de prácticas de certificación.
1. Todos los prestadores de servicios de certificación formularán una declaración de prácticas de certificación en la que detallarán, en el marco de esta ley
y de sus disposiciones de desarrollo, las obligaciones
que se comprometen a cumplir en relación con la gestiónde los datos de creación y verificación de firma y delos certificados electrónicos, las condiciones aplicables
a la solicitud, expedición, uso, suspensión y extinción
de la vigencia de los certificados las medidas de seguridad técnicas y organizativas, los perfiles y los mecanismos de información sobre la vigencia de los certificados y, en su caso la existencia de procedimientos
de coordinación con los Registros públicos correspondientes que permitan el intercambio de información demanera inmediata sobre la vigencia de los poderes indicados en los certificados y que deban figurar preceptivamente inscritos en dichos registros.
2. La declaración de prácticas de certificación decada prestador estará disponible al público de manera
fácilmente accesible, al menos por vía electrónica y deforma gratuita.
3. La declaración de prácticas de certificación tendrá la consideración de documento de seguridad a losefectos previstos en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y deberá contenertodos los requisitos exigidos para dicho documento en
la mencionada legislación.

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Artículo 20. Obligaciones de los prestadores deservicios de certificación que expidan certificados
reconocidos.
1. Además de las obligaciones establecidas en este
capítulo, los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados reconocidos deberán cumplir lassiguientes obligaciones:a) Demostrar la fiabilidad necesaria para prestar
servicios de certificación.
b) Garantizar que pueda determinarse con precisión
la fecha y la hora en las que se expidió un certificado
o se extinguió o suspendió su vigencia.
c) Emplear personal con la cualificación, conocimientos y experiencia necesarios para la prestación delos servicios de certificación ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados en el ámbito
de la firma electrónica.
d) Utilizar sistemas y productos fiables que estén
protegidos contra toda alteración y que garanticen la
seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.
e) Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso de que el prestador de servicios
de certificación genere datos de creación de firma, garantizar su confidencialidad durante el proceso de generación y su entrega por un procedimiento seguro al
firmante.
f) Conservar registrada por cualquier medio seguro
toda la información y documentación relativa a un certificado reconocido y las declaraciones de prácticas decertificación vigentes en cada momento, al menos durante 15 años contados desde el momento de su expedición,de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas
con el mismo.
g) Utilizar sistemas fiables para almacenar certificados reconocidos que permitan comprobar su autenticidad e impedir que personas no autorizadas alteren
los datos, restrinjan su accesibilidad en los supuestos
o a las personas que el firmante haya indicado y permitan
detectar cualquier cambio que afecte a estas condiciones
de seguridad.
2. Los prestadores de servicios de certificación
que expidan certificados reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil por importe
de al menos 3.000.000 de euros para afrontar el riesgo
de la responsabilidad por los daños y perjuicios que
pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan.
La citada garantía podrá ser sustituida total o parcialmente por una garantía mediante aval bancario oseguro de caución, de manera que la suma de las cantidades aseguradas sea al menos de 3.000.000 de euros.
Las cuantías y los medios de aseguramiento y garantía establecidos en los dos párrafos anteriores podrán
ser modificados mediante real decreto.
Artículo 21. Cese de la actividad de un prestador deservicios de certificación.
1. El prestador de servicios de certificación que vaya
a cesar en su actividad deberá comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados electrónicos quehaya expedido así como a los solicitantes de certificados
expedidos a favor de personas jurídicas; y podrá transferir, con su consentimiento expreso, la gestión de losque sigan siendo válidos en la fecha en que el cese
se produzca a otro prestador de servicios de certificación
que los asuma o, en caso contrario, extinguir su vigencia.
La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de dos meses al cese efectivo de la actividad e informará, en su caso, sobre las características

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del prestador al que se propone la transferencia de lagestión de los certificados.
2. El prestador de servicios de certificación que expida certificados electrónicos al público deberá comunicar
al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la antelación
indicada en el anterior apartado, el cese de su actividad
y el destino que vaya a dar a los certificados, especificando, en su caso, si va a transferir la gestión y a quiéno si extinguirá su vigencia.
Igualmente, comunicará cualquier otra circunstancia
relevante que pueda impedir la continuación de su actividad. En especial, deberá comunicar, en cuanto tenga
conocimiento de ello, la apertura de cualquier proceso
concursal que se siga contra él.
3. Los prestadores de servicios de certificación remitirán al Ministerio de Ciencia y Tecnología con carácter
previo al cese definitivo de su actividad la información
relativa a los certificados electrónicos cuya vigencia hayasido extinguida para que éste se haga cargo de su custodia a efectos de lo previsto en el artículo 20.1.f). Este
ministerio mantendrá accesible al público un servicio deconsulta específico donde figure una indicación sobre
los citados certificados durante un período que considere
suficiente en función de las consultas efectuadas al
mismo.
CAPÍTULO II
Responsabilidad
Artículo 22. Responsabilidad de los prestadores deservicios de certificación.
1. Los prestadores de servicios de certificación responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su actividad cuando
incumplan las obligaciones que les impone esta ley.
La responsabilidad del prestador de servicios de certificación regulada en esta ley será exigible conforme
a las normas generales sobre la culpa contractual o extracontractual, según proceda, si bien corresponderá alprestador de servicios de certificación demostrar que
actuó con la diligencia profesional que le es exigible.
2. Si el prestador de servicios de certificación nocumpliera las obligaciones señaladas en los párrafos b)al d) del artículo 12 al garantizar un certificado electrónico expedido por un prestador de servicios de certificación establecido en un Estado no perteneciente al
Espacio Económico Europeo, será responsable por los
daños y perjuicios causados por el uso de dicho certificado.
3. De manera particular, el prestador de servicios
de certificación responderá de los perjuicios que se causen al firmante o a terceros de buena fe por la falta
o el retraso en la inclusión en el servicio de consulta
sobre la vigencia de los certificados de la extinción osuspensión de la vigencia del certificado electrónico.
4. Los prestadores de servicios de certificación asumirán toda la responsabilidad frente a terceros por la
actuación de las personas en las que deleguen la ejecución de alguna o algunas de las funciones necesarias
para la prestación de servicios de certificación.
5. La regulación contenida en esta ley sobre la responsabilidad del prestador de servicios de certificación
se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados
con consumidores.
Artículo 23. Limitaciones de responsabilidad de losprestadores de servicios de certificación.
1. El prestador de servicios de certificación no será
responsable de los daños y perjuicios ocasionados al45337

firmante o terceros de buena fe, si el firmante incurre
en alguno de los siguientes supuestos:a) No haber proporcionado al prestador de servicios
de certificación información veraz, completa y exacta
sobre los datos que deban constar en el certificado electrónico o que sean necesarios para su expedición o parala extinción o suspensión de su vigencia, cuando su
inexactitud no haya podido ser detectada por el prestador de servicios de certificación.
b) La falta de comunicación sin demora al prestador
de servicios de certificación de cualquier modificaciónde las circunstancias reflejadas en el certificado electrónico.
c) Negligencia en la conservación de sus datos decreación de firma, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación.
d) No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de sus datos de creación de firma.
e) Utilizar los datos de creación de firma cuando
haya expirado el período de validez del certificado electrónico o el prestador de servicios de certificación lenotifique la extinción o suspensión de su vigencia.
f) Superar los límites que figuren en el certificado
electrónico en cuanto a sus posibles usos y al importe
individualizado de las transacciones que puedan realizarse con él o no utilizarlo conforme a las condiciones
establecidas y comunicadas al firmante por el prestador
de servicios de certificación.
2. En el caso de los certificados electrónicos que
recojan un poder de representación del firmante, tantoéste como la persona o entidad representada, cuandoésta tenga conocimiento de la existencia del certificado,
están obligados a solicitar la revocación o suspensiónde la vigencia del certificado en los términos previstos
en esta ley.
3. Cuando el firmante sea una persona jurídica, el
solicitante del certificado electrónico asumirá las obligaciones indicadas en el apartado 1.
4. El prestador de servicios de certificación tampoco
será responsable por los daños y perjuicios ocasionados
al firmante o a terceros de buena fe si el destinatario
de los documentos firmados electrónicamente actúa deforma negligente. Se entenderá, en particular, que eldestinatario actúa de forma negligente en los siguientes
casos:
a) Cuando no compruebe y tenga en cuenta las restricciones que figuren en el certificado electrónico en
cuanto a sus posibles usos y al importe individualizado
de las transacciones que puedan realizarse con él.
b) Cuando no tenga en cuenta la suspensión o pérdida de vigencia del certificado electrónico publicada
en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados o cuando no verifique la firma electrónica.
5. El prestador de servicios de certificación no será
responsable de los daños y perjuicios ocasionados alfirmante o terceros de buena fe por la inexactitud delos datos que consten en el certificado electrónico, siéstos le han sido acreditados mediante documento público. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos
en un registro público, el prestador de servicios de certificación deberá comprobarlos en el citado registro enel momento inmediato anterior a la expedición del certificado, pudiendo emplear, en su caso, medios telemáticos.
6. La exención de responsabilidad frente a terceros
obliga al prestador de servicios de certificación a probar
que actuó en todo caso con la debida diligencia.

45338

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TÍTULO IV
Dispositivos de firma electrónica y sistemas decertificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica
CAPÍTULO I
Dispositivos de firma electrónica
Artículo 24. Dispositivos de creación de firma electrónica.
1. Los datos de creación de firma son los datosúnicos, como códigos o claves criptográficas privadas,
que el firmante utiliza para crear la firma electrónica.
2. Un dispositivo de creación de firma es un programa o sistema informático que sirve para aplicar losdatos de creación de firma.
3. Un dispositivo seguro de creación de firma es
un dispositivo de creación de firma que ofrece, al menos,
las siguientes garantías:a) Que los datos utilizados para la generación defirma pueden producirse sólo una vez y asegura razonablemente su secreto.
b) Que existe una seguridad razonable de que losdatos utilizados para la generación de firma no pueden
ser derivados de los de verificación de firma o de lapropia firma y de que la firma está protegida contra
la falsificación con la tecnología existente en cada
momento.
c) Que los datos de creación de firma pueden serprotegidos de forma fiable por el firmante contra su utilización por terceros.
d) Que el dispositivo utilizado no altera los datos
o el documento que deba firmarse ni impide que éstese muestre al firmante antes del proceso de firma.
Artículo 25. Dispositivos de verificación de firma electrónica.
1. Los datos de verificación de firma son los datos,como códigos o claves criptográficas públicas, que seutilizan para verificar la firma electrónica.
2. Un dispositivo de verificación de firma es un programa o sistema informático que sirve para aplicar losdatos de verificación de firma.
3. Los dispositivos de verificación de firma electrónica garantizarán, siempre que sea técnicamente posible,
que el proceso de verificación de una firma electrónica
satisfaga, al menos, los siguientes requisitos:a) Que los datos utilizados para verificar la firma
correspondan a los datos mostrados a la persona queverifica la firma.
b) Que la firma se verifique de forma fiable y el
resultado de esa verificación se presente correctamente.
c) Que la persona que verifica la firma electrónica
pueda, en caso necesario, establecer de forma fiable
el contenido de los datos firmados y detectar si han
sido modificados.
d) Que se muestren correctamente tanto la identidad del firmante o, en su caso, conste claramente lautilización de un seudónimo, como el resultado de laverificación.
e) Que se verifiquen de forma fiable la autenticidad
y la validez del certificado electrónico correspondiente.
f) Que pueda detectarse cualquier cambio relativo
a su seguridad.
4. Asimismo, los datos referentes a la verificaciónde la firma, tales como el momento en que ésta se produce o una constatación de la validez del certificado
electrónico en ese momento, podrán ser almacenados
por la persona que verifica la firma electrónica o por
terceros de confianza.

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CAPÍTULO II
Certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de creación de firma electrónica
Artículo 26. Certificación de prestadores de servicios
de certificación.
1. La certificación de un prestador de servicios decertificación es el procedimiento voluntario por el que
una entidad cualificada pública o privada emite una
declaración a favor de un prestador de servicios de certificación, que implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la prestación de losservicios que se ofrecen al público.
2. La certificación de un prestador de servicios decertificación podrá ser solicitada por éste y podrá llevarsea cabo, entre otras, por entidades de certificación reconocidas por una entidad de acreditación designada deacuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16
de julio, de Industria, y en sus disposiciones de desarrollo.
3. En los procedimientos de certificación podrán utilizarse normas técnicas u otros criterios de certificación
adecuados. En caso de utilizarse normas técnicas, seemplearán preferentemente aquellas que gocen deamplio reconocimiento aprobadas por organismos denormalización europeos y, en su defecto, otras normas
internacionales o españolas.
4. La certificación de un prestador de servicios decertificación no será necesaria para reconocer eficacia
jurídica a una firma electrónica.
Artículo 27. Certificación de dispositivos seguros decreación de firma electrónica.
1. La certificación de dispositivos seguros de creación de firma electrónica es el procedimiento por el quese comprueba que un dispositivo cumple los requisitos
establecidos en esta ley para su consideración como
dispositivo seguro de creación de firma.
2. La certificación podrá ser solicitada por los fabricantes o importadores de dispositivos de creación defirma y se llevará a cabo por las entidades de certificación
reconocidas por una entidad de acreditación designada
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria y en sus disposiciones dedesarrollo.
3. En los procedimientos de certificación se utilizarán las normas técnicas cuyos números de referencia
hayan sido publicados en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» y, excepcionalmente, las aprobadas por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología que se publicaránen la dirección de Internet de este Ministerio.
4. Los certificados de conformidad de los dispositivos seguros de creación de firma serán modificadoso, en su caso, revocados cuando se dejen de cumplir
las condiciones establecidas para su obtención.
Los organismos de certificación asegurarán la difusión de las decisiones de revocación de certificados dedispositivos de creación de firma.
Artículo 28. Reconocimiento de la conformidad con lanormativa aplicable a los productos de firma electrónica.
1. Se presumirá que los productos de firma electrónica aludidos en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 20 y en el apartado 3 del artículo 24 son conformes
con los requisitos previstos en dichos artículos si se ajustan a las normas técnicas correspondientes cuyos números de referencia hayan sido publicados en el «Diario
Oficial de la Unión Europea».

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2. Se reconocerá eficacia a los certificados de conformidad sobre dispositivos seguros de creación de firma
que hayan sido otorgados por los organismos designados para ello en cualquier Estado miembro del Espacio
Económico Europeo.

TÍTULO V
Supervisión y control
Artículo 29. Supervisión y control.
1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará
el cumplimiento por los prestadores de servicios de certificación que expidan al público certificados electrónicosde las obligaciones establecidas en esta ley y en sus
disposiciones de desarrollo. Asimismo, supervisará el
funcionamiento del sistema y de los organismos de certificación de dispositivos seguros de creación de firma
electrónica.
2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología realizará
las actuaciones inspectoras que sean precisas para elejercicio de su función de control.
Los funcionarios adscritos al Ministerio de Ciencia
y Tecnología que realicen la inspección a que se refiereel apartado anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.
3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá acordar las medidas apropiadas para el cumplimiento de esta
ley y sus disposiciones de desarrollo.
4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá
recurrir a entidades independientes y técnicamente cualificadas para que le asistan en las labores de supervisión
y control sobre los prestadores de servicios de certificación que le asigna esta ley.
Artículo 30. Deber de información y colaboración.
1. Los prestadores de servicios de certificación, la
entidad independiente de acreditación y los organismosde certificación tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología toda la información y colaboración precisas para el ejercicio de sus funciones.
En particular, deberán permitir a sus agentes o al
personal inspector el acceso a sus instalaciones y laconsulta de cualquier documentación relevante para lainspección de que se trate, siendo de aplicación, en su
caso, lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 29/1998,de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En sus inspecciones podrán ir
acompañados de expertos o peritos en las materias sobrelas que versen aquéllas.
2. Los prestadores de servicios de certificación
deberán comunicar al Ministerio de Ciencia y Tecnología
el inicio de su actividad, sus datos de identificación, incluyendo la identificación fiscal y registral, en su caso, losdatos que permitan establecer comunicación con el prestador, incluidos el nombre de dominio de internet, losdatos de atención al público, las características de losservicios que vayan a prestar, las certificaciones obtenidas para sus servicios y las certificaciones de los dispositivos que utilicen. Esta información deberá ser convenientemente actualizada por los prestadores y seráobjeto de publicación en la dirección de internet delcitado ministerio con la finalidad de otorgarle la máxima
difusión y conocimiento.
3. Cuando, como consecuencia de una actuación
inspectora, se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras
leyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos uorganismos competentes para su supervisión y sanción.

45339TÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Artículo 31. Infracciones.
1. Las infracciones de los preceptos de esta ley seclasifican en muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:a) El incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en los artículos 18 y 20 en la expedición
de certificados reconocidos, siempre que se hayan causado daños graves a los usuarios o la seguridad de losservicios de certificación se haya visto gravemente afectada.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación
respecto al incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía económica prevista en el apartado
2 del artículo 20.
b) La expedición de certificados reconocidos sin realizar todas las comprobaciones previas señaladas en el
artículo 12, cuando ello afecte a la mayoría de los certificados reconocidos expedidos en los tres años anteriores al inicio del procedimiento sancionador o desdeel inicio de la actividad del prestador si este período
es menor.
3. Son infracciones graves:a) El incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en los artículos 18 y 20 en la expedición
de certificados reconocidos, excepto de la obligaciónde constitución de la garantía prevista en el apartado
2 del artículo 20, cuando no constituya infracción muy
grave.
b) La falta de constitución por los prestadores que
expidan certificados reconocidos de la garantía económica
contemplada en el apartado 2 del artículo 20.
c) La expedición de certificados reconocidos sin realizar todas las comprobaciones previas indicadas en el
artículo 12, en los casos en que no constituya infracción
muy grave.
d) El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones señaladas en el artículo 18,
si se hubieran causado daños graves a los usuarios ola seguridad de los servicios de certificación se hubiera
visto gravemente afectada.
e) El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación de las obligaciones establecidas enel artículo 21 respecto al cese de actividad de los mismos
o la producción de circunstancias que impidan la continuación de su actividad, cuando las mismas no seansancionables de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecciónde Datos de Carácter Personal.
f) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa
injustificada a la actuación inspectora de los órganos
facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta ley
y la falta o deficiente presentación de la información
solicitada por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología en su función de inspección y control.
g) El incumplimiento de las resoluciones dictadas
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para asegurar
que el prestador de servicios de certificación se ajustea esta ley.
4. Constituyen infracciones leves:
El incumplimiento por los prestadores de servicios
de certificación que no expidan certificados reconocidos,de las obligaciones señaladas en el artículo 18 y las
restantes de esta ley, cuando no constituya infracción
grave o muy grave, excepto las contenidas en el apartado 2 del artículo 30.

45340Sábado 20 diciembre 2003

Artículo 32. Sanciones.
1. Por la comisión de infracciones recogidas en el
artículo anterior, se impondrán las siguientes sanciones:a) Por la comisión de infracciones muy graves, se
impondrá al infractor multa de 150.001 a 600.000
euros.
La comisión de dos o más infracciones muy graves
en el plazo de tres años, podrá dar lugar, en funciónde los criterios de graduación del artículo siguiente, ala sanción de prohibición de actuación en España durante
un plazo máximo de dos años.
b) Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa de 30.001 a 150.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 30.000
euros.
2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada, a costa del sancionado, la publicaciónde la resolución sancionadora en el «Boletín Oficial delEstado» y en dos periódicos de difusión nacional o enla página de inicio del sitio de internet del prestadory, en su caso, en el sitio de internet del Ministerio deCiencia y Tecnología, una vez que aquélla tenga carácter
firme.
Para la imposición de esta sanción, se considerarála repercusión social de la infracción cometida, el número
de usuarios afectados y la gravedad del ilícito.
Artículo 33. Graduación de la cuantía de las sanciones.
La cuantía de las multas que se impongan, dentro
de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta
lo siguiente:a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La reincidencia, por comisión de infracciones dela misma naturaleza, sancionadas mediante resolución
firme.
c) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
d) Plazo de tiempo durante el que se haya venido
cometiendo la infraccióne) El beneficio que haya reportado al infractor la
comisión de la infracción.
f) Volumen de la facturación a que afecte la infracción cometida.
Artículo 34. Medidas provisionales.
1. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves el Ministerio de Ciencia yTecnología podrá adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter provisional que se estimen necesarias para asegurarla eficacia de la resolución que definitivamente se dicte,
el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento
de los efectos de la infracción y las exigencias de losintereses generales.
En particular, podrán acordarse las siguientes:a) Suspensión temporal de la actividad del prestador
de servicios de certificación y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.
b) Precinto, depósito o incautación de registros,
soportes y archivos informáticos y de documentos engeneral, así como de aparatos y equipos informáticosde todo tipo.
c) Advertencia al público de la existencia de posibles
conductas infractoras y de la incoación del expediente

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sancionador de que se trate, así como de las medidas
adoptadas para el cese de dichas conductas.
En la adopción y cumplimiento de las medidas derestricción a que alude este apartado se respetarán, en
todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y a la protección de losdatos personales, cuando éstos pudieran resultar afectados.
2. En los supuestos de daños de excepcional gravedad en la seguridad de los sistemas empleados por
el prestador de servicios de certificación que menoscaben seriamente la confianza de los usuarios en losservicios ofrecidos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
podrá acordar la suspensión o pérdida de vigencia delos certificados afectados, incluso con carácter definitivo.
3. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la medida a adoptar con los objetivos
que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas provisionales previstas en este artículo podrán ser acordadas
antes de la iniciación del expediente sancionador.
Las medidas deberán ser confirmadas, modificadaso levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto delrecurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto
si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho
plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga
un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 35. Multa coercitiva.
El órgano administrativo competente para resolver
el procedimiento sancionador podrá imponer multas
coercitivas por importe que no exceda de 6.000 euros
por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
Artículo 36. Competencia y procedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones por el incumplimiento
de lo previsto en esta ley corresponderá, en el caso deinfracciones muy graves, al Ministro de Ciencia y Tecnología y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
No obstante, el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 17 será sancionado por la
Agencia de Protección de Datos con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley
se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común yen sus normas de desarrollo.
Disposición adicional primera. Fe pública y uso de firma
electrónica.
1. Lo dispuesto en esta ley no sustituye ni modifica
las normas que regulan las funciones que correspondena los funcionarios que tengan legalmente la facultad dedar fe en documentos en lo que se refiere al ámbito
de sus competencias siempre que actúen con los requisitos exigidos en la ley.

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Sábado 20 diciembre 2003

2. En el ámbito de la documentación electrónica,
corresponderá a las entidades prestadoras de servicios
de certificación acreditar la existencia de los servicios
prestados en el ejercicio de su actividad de certificación
electrónica, a solicitud del usuario, o de una autoridad
judicial o administrativa.
Disposición adicional segunda. Ejercicio de la potestad
sancionadora sobre la entidad de acreditación y losorganismos de certificación de dispositivos de creación de firma electrónica.
1. En el ámbito de la certificación de dispositivosde creación de firma, corresponderá al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología la imposición de sanciones por la comisión, por los organismosde certificación de dispositivos seguros de creación defirma electrónica o por la entidad que los acredite, delas infracciones graves previstas en los párrafos e), f) y g)
del apartado segundo del artículo 31 de la Ley 21/1992,de 16 de julio, de Industria, y de las infracciones levesindicadas en el párrafo a) del apartado 3 del artículo 31 de la citada ley que cometan en el ejercicio deactividades relacionadas con la certificación de firma
electrónica.
2. Cuando dichas infracciones merezcan la calificación de infracciones muy graves, serán sancionadas por
el Ministro de Ciencia y Tecnología.
Disposición adicional tercera. Expedición de certificados electrónicos a entidades sin personalidad jurídica
para el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Podrán expedirse certificados electrónicos a las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a los solos efectosde su utilización en el ámbito tributario, en los términos
que establezca el Ministro de Hacienda.
Disposición adicional cuarta. Prestación de servicios
por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 81 de la Ley 66/1997,de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social.
Disposición adicional quinta. Modificación del artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, demedidas fiscales, administrativas y del orden social.
Se añaden apartado doce al artículo 81 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, con la siguiente redacción.
«Doce. En el ejercicio de las funciones que leatribuye el presente artículo, la Fábrica Nacionalde Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda estará
exenta de la constitución de la garantía a la quese refiere el apartado 2 del artículo 20 de la
Ley 59/2003, de Firma Electrónica.»
Disposición adicional sexta. Régimen jurídico del documento nacional de identidad electrónico.
1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa
vigente en materia del documento nacional de identidad

45341

en todo aquello que se adecue a sus características particulares, el documento nacional de identidad electrónico
se regirá por su normativa específica.
2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá dirigirse al Ministerio del Interior para que por parte deéste se adopten las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que le incumban
como prestador de servicios de certificación en relación
con el documento nacional de identidad electrónico.
Disposición adicional séptima. Emisión de facturas por
vía electrónica.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio
de las exigencias derivadas de las normas tributarias
en materia de emisión de facturas por vía electrónica.
Disposición adicional octava. Modificaciones de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Uno. Adición de un nuevo apartado 3 al artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Se añade un apartado 3 con el siguiente texto:«3. Cuando se haya atribuido un rango denumeración telefónica a servicios de tarificación
adicional en el que se permita el acceso a servicios
de la sociedad de la información y se requiera su
utilización por parte del prestador de servicios, esta
utilización y la descarga de programas informáticosque efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, informado y
expreso del usuario.
A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente información:a) Las características del servicio que se va a
proporcionar.
b) Las funciones que efectuarán los programas
informáticos que se descarguen, incluyendo elnúmero telefónico que se marcará.
c) El procedimiento para dar fin a la conexiónde tarificación adicional, incluyendo una explicación del momento concreto en que se producirá
dicho fin, yd) El procedimiento necesario para restablecer
el número de conexión previo a la conexión detarificación adicional.
La información anterior deberá estar disponible
de manera claramente visible e identificable.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin
perjuicio de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones, en especial, en relación con losrequisitos aplicables para el acceso por parte delos usuarios a los rangos de numeración telefónica,
en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación
adicional.»
Dos. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 38 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico se redactan
en los siguientes términos:«2. Son infracciones muy graves:a) El incumplimiento de las órdenes dictadas
en virtud del artículo 8 en aquellos supuestos enque hayan sido dictadas por un órgano administrativo.

45342

Sábado 20 diciembre 2003b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, elacceso a la red o la prestación de cualquier otro
servicio equivalente de intermediación, cuando unórgano administrativo competente lo ordene, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 11.
c) El incumplimiento significativo de la obligación de retener los datos de tráfico generados porlas comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en el artículo 12.
d) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento del artículo 12, para fines distintos delos señalados en él.
3. Son infracciones graves:a) El incumplimiento de la obligación de retenerlos datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista en
el artículo 12, salvo que deba ser considerado como
infracción muy grave.
b) El incumplimiento significativo de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1.
c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en elplazo de un año, de más de tres comunicaciones
comerciales por los medios aludidos a un mismo
destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21.
d) El incumplimiento significativo de la obligación del prestador de servicios establecida en elapartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios.
e) No poner a disposición del destinatario delservicio las condiciones generales a que, en su caso,
se sujete el contrato, en la forma prevista en el
artículo 27.
f) El incumplimiento habitual de la obligaciónde confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato
se haya celebrado con un consumidor.
g) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta ley.
h) El incumplimiento significativo de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10.
i) El incumplimiento significativo de las obligaciones de información o de establecimiento deun procedimiento de rechazo del tratamiento dedatos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22.
4. Son infracciones leves:a) La falta de comunicación al registro público
en que estén inscritos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, del nombre o nombres dedominio o direcciones de Internet que empleenpara la prestación de servicios de la sociedad dela información.
b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en lospárrafos b), c), d), e) y g) del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya infracción grave.
c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas
promocionales y concursos.
d) El envío de comunicaciones comerciales por
correo electrónico u otro medio de comunicación

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electrónica equivalente cuando en dichos envíos
no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave.
e) No facilitar la información a que se refiere
el artículo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.
f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición en los términos
establecidos en el artículo 28, cuando no se hayapactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor, salvo que constituya
infracción grave.
g) El incumplimiento de las obligaciones deinformación o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22, cuando
no constituya una infracción grave.
h) El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el apartado 1 delartículo 22, en relación con los procedimientos para
revocar el consentimiento prestado por los destinatarios cuando no constituya infracción grave.
i) El incumplimiento de lo establecido en elapartado 3 del artículo 10, cuando no constituya
infracción grave.»
Tres. Modificación del artículo 43, apartado 1,
segundo párrafo de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 43
queda redactado como sigue:«No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos competentes en función dela materia o entidad de que se trate a que se refieren
los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de esta ley
corresponderá al órgano que dictó la resolución
incumplida. Igualmente, corresponderá a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d),g) y h) de esta ley.»Cuatro. Modificación del artículo 43, apartado 2 dela Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
El apartado 2 del artículo 43 queda redactado comosigue:«2. La potestad sancionadora regulada en esta
ley se ejercerá de conformidad con lo establecido
al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en sus normas de desarrollo. No obstante,
el plazo máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.»
Disposición adicional novena. Garantía de accesibilidad
para las personas con discapacidad y de la tercera
edad.
Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivosde firma electrónica deberán ser plenamente accesibles
a las personas con discapacidad y de la tercera edad,las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas
en el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos
en esta ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.

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Sábado 20 diciembre 2003

Disposición adicional décima. Modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Se añade un apartado tres al artículo 326 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil con el siguiente tenor:«Cuando la parte a quien interese la eficacia de
un documento electrónico lo pida o se impugne
su autenticidad, se procederá con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica.»
Disposición transitoria primera. Validez de los certificados electrónicos expedidos previamente a la entrada en vigor de esta ley.
Los certificados electrónicos que hayan sido expedidos por prestadores de servicios de certificación enel marco del Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, mantendrán su validez.
Disposición transitoria segunda. Prestadores de servicios de certificación establecidos en España antes
de la entrada en vigor de esta ley.
Los prestadores de servicios de certificación establecidos en España antes de la entrada en vigor de esta
ley deberán comunicar al Ministerio de Ciencia y Tecnología su actividad y las características de los servicios
que presten en el plazo de un mes desde la referida
entrada en vigor. Esta información será objeto de publicación en la dirección de internet del citado ministerio
con la finalidad de otorgarle la máxima difusión y conocimiento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto Ley 14/1999, de
17 de septiembre, sobre firma electrónica y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Fundamento constitucional.
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.8.a,
18.a, 21.a y 29.a de la Constitución.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno adaptará la regulación reglamentariadel documento nacional de identidad a las previsiones
de esta ley.
2. Así mismo, se habilita al Gobierno para dictar
las demás disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres mesesde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 19 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

45343

MINISTERIO DE HACIENDA
23400 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto895/2003, de 11 de julio, por el que sedesarrolla la disposición adicional segunda dela Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,sobre beneficios fiscales aplicables al «Año
Santo Jacobeo 2004».

Advertido error en el Real Decreto 895/2003, de 11
de julio, por el que se desarrolla la disposición adicional
segunda de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, demedidas fiscales, administrativas y del orden social,sobre beneficios fiscales aplicables al «Año Santo Jacobeo 2004», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 177, de 25 de julio de 2003 y en su correcciónde errores publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 206, de 28 de agosto de 2003, se procedea efectuar la oportuna rectificación:
En la página 32945 del anexo, deben insertarse lossiguientes términos municipales:
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Provincia de Burgos:
A continuación de «Redecilla del Camino», debe figurar «Redecilla del Campo».
Provincia de Palencia:
A continuación de «Población de Campos», debe figurar «Pozo de Urama» y a continuación de Villalcázar deSirga», deben insertarse «Villalcón» y «Villalumbroso».

MINISTERIO DE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
23401 REAL DECRETO 1539/2003, de 5 de diciem-bre, por el que se establecen coeficientes
reductores de la edad de jubilación a favorde los trabajadores que acreditan un grado
importante de minusvalía.

El artículo 161.2, párrafo segundo, del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, enla redacción incorporada por la disposición adicional primera de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas
para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, prevé que la edad ordinaria de acceso
a la pensión de jubilación, establecida en 65 años, podrá
ser reducida en el caso de trabajadores minusválidos
que acrediten un grado de minusvalía igual o superioral 65 por ciento, en los términos contenidos en el correspondiente real decreto, acordado a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
La previsión normativa anterior tiene como fundamento el mayor esfuerzo y la penosidad que ocasiona para
un trabajador minusválido la realización de una actividad
profesional, circunstancia ésta que puede posibilitar la
reducción ordinaria de la edad de jubilación, de acuerdo
con los condicionantes establecidos en el mencionado