Honorables Jueces
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José
Costa Rica
REF: Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Amicus Curiae
Presentado por IAFL
De conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Corte, la International
Academy of Family Lawyers ( IAFL por sus siglas en inglés) presenta este escrito
de amicus curiae, con el fin de contribuir respetuosamente y de manera
independiente e imparcial con sus consideraciones jurídicas a la decisión que la
Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos habrá de tomar en el Caso
Manuela y otros Vs. El Salvador.
I. INTERÉS DE LA IAFL INTERNATIONAL ACADEMY OF FAMILY LAWYERS(ACADEMIA INTERNACIONAL E ABOGADOS DE FAMILIA)
La Academia Internacional de Abogados de Familia, IAFL (por sus siglas en inglés
y que antes fuera conocida como Academia Internacional de Abogados
Matrimoniales hasta 2015), se formó en 1986 para mejorar la práctica del derechoy la administración de justicia en las áreas de derecho de familia y divorcio en todo
el mundo. Es una asociación internacional sin fines de lucro que está legalmente
constituida en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente, IAFL cuenta con
más de 860 socios y socias (“Fellows”) de 59 países, todos ellos reconocidos por
los tribunales y los colegios de abogados de sus respectivos países como expertos
y experimentados litigantes en derecho de familia.
Los miembros de IAFL han hecho presentaciones en Europa, Norteamérica,
Australia y Asia relacionados con reformas legales. IAFL ha enviado representantes
a importantes conferencias internacionales, muchas veces en calidad de expertos
no gubernamentales (ONG), y tiene el status de entidad observadora de lasComisiones Especiales sobre la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores (en adelante: la Convención sobre
Sustracción), a todas cuyas reuniones ha enviado representantes. Además, losmiembros de IAFL han escrito ampliamente e impartido muchas conferencias sobre
la Convención sobre Sustracción y otros temas relacionados, como la relocalización
transfronteriza de niños.
El sitio web de IAFL (www.iafl.com) contiene, entre otras cosas, un listado de sus
asociados.
IAFL ha presentado amicus curiae ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en
los casos de Cahue v. Martinez, 137 S. Ct. 1329 (2016); Lozano v. Montoya, 134 S.
Ct. 1224 (2014) y Monasky v. Taglieri, No. 18-935 (2019). También lo ha hecho ante

la Corte Suprema del Reino Unido en los casos In the Matter of AR, (Children)(Scotland) UKSC 2015/0048; In the Matter of NY, (A Child) UKSC 2019/0145, y antela Corte de Casación de Francia, en Bowie v. Gaslain (No. T 15-26.664). También
se han hecho otras presentaciones de amicus curiae ante tribunales inferiores enotras diversas jurisdicciones.
A los miembros de la IAFL, que son abogados con experiencia que ejercen en
países de todo el mundo, se les solicitó que resumieran la ley relevante en su
jurisdicción para los propósitos de esta presentación como Amicus. A continuación
exponemos un resumen de sus respuestas.
II. LA LEY PERTINENTE DE LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOSHUMANOS
1. El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ("CEDH" o "elConvenio") establece lo siguiente:“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
2. El artículo 6, apartado 1, del CEDH establece lo siguiente:“1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente ydentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido
por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civilo sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.
La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala deaudiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o partedel proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacionalen una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protecciónde la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que
sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias
especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia".
3. El artículo 8 del CEDH establece lo siguiente:“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia.”“2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derechosino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad
nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden
y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral,o la protección de los derechos y las libertades de los demás”

4. El principio del margen de apreciación se aplica a la interpretación de losderechos calificados (Art. 8-11) enumerados en la Convención por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ("TEDH") y los tribunales de los Estados miembros
al evaluar si existen ha sido una violación ilegal de los derechos de la Convención,a la luz de las tradiciones legales y culturales divergentes de los Estados miembros:Handyside contra el Reino Unido (Solicitud núm. 5493/72).
III. DERECHOS DE ABORTO Y CONVENCIÓN. JURISPRUDENCIA DEL TEDH
5. A continuación se presenta un breve resumen de la jurisprudencia del TEDH en
relación con el acceso al aborto.
6. Tysiac c. Polonia (Solicitud nº 5410/03): A la demandante se le negó un aborto
terapéutico, después de que se le advirtiera que su miopía ya grave podría
empeorar si llevaba a término su embarazo. Tras el nacimiento de su hijo, sufrió una
hemorragia en la retina y posteriormente se la registró como gravemente
discapacitada. El TEDH aceptó la denuncia de la solicitante en virtud del art. 8(rechazando su denuncia en virtud del artículo 3) y sostuvo que no existía un
mecanismo eficaz en Polonia para decidir si un aborto era legal y apropiado, y para
permitir que la demandante conociera su posición, exponiéndola así a una
incertidumbre prolongada, una angustia severa y zozobra.
7. No obstante, el TEDH solo sostuvo que hubo una violación del art. 8. La denunciadel solicitante en virtud del art. 3 fue rechazada, alegando que los malos tratos noalcanzaron el nivel mínimo de severidad requerido para que ese trato equivaliera a“trato inhumano o degradante”.
8. A., B. y C. c. Irlanda (Solicitud núm. 25579/05): La Corte determinó que Irlanda
no había implementado el derecho constitucional al aborto legal garantizado por laconstitución irlandesa. Por lo tanto, hubo una violación del artículo 8 de laConvención con respecto a la demandante en remisión por cáncer que entendió que
el embarazo podía provocar una recaída potencialmente mortal (el TEDH sostuvo
que no había habido violación del artículo 8 con respecto a las otras dos
demandantes), porque no pudo acceder efectivamente a su derecho a un aborto
legal ni a través de los tribunales ni de los servicios médicos disponibles en Irlanda(lo cual fue una violación de la obligación positiva del Estado de garantizar el respetoefectivo de su vida privada) en circunstancias en las que tener o ayudar a alguien atener un aborto era un delito en Irlanda.
9. El TEDH señaló en particular la incertidumbre que rodeaba el proceso deestablecer si el embarazo de una mujer representaba un riesgo para su vida y quela amenaza de enjuiciamiento penal tenía un efecto "paralizador significativo" tantopara los médicos como para las mujeres involucrados.
10. RR c. Polonia (solicitud núm. 27617/04): a una madre embarazada de dos hijos,
que llevaba un niño que se creía que padecía una anomalía genética grave, se lenegó deliberadamente el acceso oportuno a las pruebas genéticas a las que tenía

derecho, por médicos que se oponían al aborto. Transcurrieron seis semanas entre
la primera ecografía que indicaba la posibilidad de que el feto podría ser deforme ylos resultados de la amniocentesis, que fue demasiado tarde para que ella tomara
una decisión informada sobre si continuar con el embarazo o solicitar un aborto
legal, considerando que para entonces ya había expirado el plazo legal establecido
en la legislación nacional polaca. Posteriormente, su hija nació con el síndrome deTurner (provocando cromosomas anormales).
11. El TEDH encontró una violación del art. 3 ya que la demandante, que se
encontraba en una posición muy vulnerable, había sido “humillada” y “maltratada”
por los médicos que se ocupaban de su caso. La determinación de si debiera habertenido acceso a las pruebas genéticas, según lo recomendado por los médicos, se
vio empañada por la postergación, la confusión y la falta de asesoramiento e
información adecuada. El TEDH también encontró una violación del art. 8 porque laley polaca no incluía ningún mecanismo efectivo que hubiera permitido a lasolicitante haber tenido acceso a los servicios de diagnóstico disponibles y habertomado, a la luz de sus resultados, una decisión informada sobre si buscar o no un
aborto. Dado que la legislación nacional polaca permite el aborto en casos demalformación fetal, debe existir un marco jurídico y procesal adecuado paragarantizar que las mujeres embarazadas dispongan de una información pertinente,completa y fiable sobre la salud del feto.
12. P. y S. c. Polonia (Demanda núm. 57375/08): Este caso se refería a las
dificultades que encontró una adolescente, que había quedado embarazada como
resultado de una violación, para obtener acceso a un aborto, en particular debido ala falta de un marco legal claro, la procrastinación del personal médico y también
como resultado del acoso.
13. El TEDH sostuvo que había habido una violación del art. 8 y, en particular, quelos demandantes habían recibido información engañosa y contradictoria y no habían
recibido asesoramiento médico objetivo; y el hecho de que el acceso al aborto fuera
un tema de acalorado debate en Polonia no eximía al personal médico de sus
obligaciones profesionales con respecto al secreto médico.
IV. REGULACIONES EN DIVERSOS PAÍSES
14. Reino Unido
En el asunto de una solicitud de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda delNorte para la Revisión Judicial (Irlanda del Norte) y la referencia del Tribunal de
Apelación de Irlanda del Norte de conformidad con el párrafo 33 del anexo 10 dela Ley de Irlanda del Norte de 1998 (aborto) ( Irlanda del Norte) [2018] UKSC 27,
la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte impugnó la compatibilidad
de la ley de Irlanda del Norte, que penalizaba el aborto en Irlanda del Norte en
todas las circunstancias, salvo en las que exista un riesgo para la vida de la mujer
embarazada o de riesgo a plazo o daño permanente a su salud física o mental (verpárrafos 58 y 59 de the Offences Against the Person Act 1861) por violar el art. 3,

art. 8 y art. 14 del Convenio (la prohibición de la discriminación junto con otro
derecho del CEDH).
La apelación fue desestimada por motivos técnicos, pero una mayoría de la Corte
Suprema consideró que la ley en Irlanda del Norte era desproporcionada e
incompatible con el art. 8 de la CEDH en la medida en que dicha ley prohíbe elaborto en casos de (a) anomalía fetal fatal, (b) embarazo como resultado deviolación y (c) embarazo como resultado de incesto.
Ver párrafos 58 y 59 de the Offences Against the Person Act 1861
15. Francia
En Francia, la ley permite el aborto en dos situaciones:••

hasta el fin de la duodécima semana de embarazo (artículo L.2212-1 del código dela salud pública);
durante todo el embarazo cuando el embarazo pone en peligro la salud de la madreo existe una alta probabilidad que el niño sea afectado por una enfermedad de una
especial gravedad reconocida incurable en el momento del diagnóstico (artículo
L.2213-1).
Los gastos médicos corren totalmente a cargo de la seguridad social.
Cuando el aborto no respecta las condiciones legales, la ley no sanciona la persona
embarazada sino la persona que practica el aborto (artículo L.2222-2) o que da losmedios para hacerlo (artículo L.2222-4).
Los médicos, como todos los profesionales médicos, deben mantener el secreto
profesional sobre todo lo que han conocido debido a su profesión, es decir, todo loque han oído, visto y entendido (artículos L.1110-4 y R.4127-4).
La revelación de una información secreta es castigada con pena de prisión de un
año y una multa de 15 000 € (artículo 226-13 del código penal).
El medico solo debe por ley (artículo 226-14), revelar informaciones relacionadas aabusos y mutilaciones genital, violencias físicas, sexuales o psicológicas de unmenor o una persona que no puede defenderse o violencias que ponen en peligro
la vida de una persona mayor que no puede defenderse debido a coacción moral
imputable a la influencia del agresor.
Así, salvo de estas circunstancias, el medico no debe relevar la existencia de un
aborto ilícito. Al contrario, no debe revelarlo bajo pena de ser sancionado
penalmente.
16. IsraelLa ley que controla el aborto en Israel se encuentra en los párrafos 314 a 321 delCódigo Penal y en el Reglamento sobre la interrupción del embarazo, 5738-1978.
El Código Penal define lo que se considera un acto lícito para interrumpir unembarazo. Una mujer que desee interrumpir su embarazo debe recibir la aprobaciónde un panel compuesto de tres miembros.
El Reglamento establece que el panel está formado por tres miembros, al menos
uno de los cuales debe ser mujer e incluye médicos y una trabajadora social. El
Reglamento establece que una mujer puede solicitar la interrupción de su embarazo
hasta la semana 24 por las siguientes razones:
A. La mujer es menor de 18 años o mayor de 40 años.
B. La mujer no está casada o está embarazada de un hombre que no sea su marido.
C. El embarazo es el resultado de un acto delictivo.
D. El embarazo puede poner en peligro la salud física o mental de la mujer.
Si el embarazo ha entrado en la semana 24 o más, entonces la solicitud se remite
a un comité especial en uno de los trece hospitales autorizados que incluirá a losexpertos médicos pertinentes. Si se aprueba, el aborto ocurrirá en el hospital en elque se encuentra el comité especial.
Por lo general, los tres paneles de miembros aprueban las solicitudes parainterrumpir el embarazo sin ninguna carga particular de prueba.
La ley de Israel garantiza la igualdad de derechos a las mujeres en virtud de la Ley
de Igualdad de Derechos para la Mujer (1951-5711). El párrafo sexto de esta ley
establece que toda mujer tiene plenos derechos sobre su propio cuerpo. Por lotanto, cualquier ley que interfiera con ese derecho, si no se tipifica específicamentecomo delito, sería discriminatoria y contraria a esta ley.
17. Nueva YorkLa Ley de Salud Reproductiva de 2019 es el estatuto de control con respecto al
aborto en Nueva York. La ley eliminó el aborto del código penal y lo incluyó en la ley
de salud pública. Ya no es un delito la interrupción voluntaria de un embarazo.
Según la RHA, todos los abortos hasta las 24 semanas de gestación son legales.
Más allá de las 24 semanas, el aborto se considera legal si la salud o la vida de lamujer están en riesgo o si el feto no es viable. Los términos "salud" y "en riesgo" noestán definidos en la RHA. Depende del proveedor médico de la mujer y de la mujer
determinar si su salud está en riesgo. El médico determina si el feto es viable.
La RHA otorga a las mujeres el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo sin lainterferencia del estado.

18. Argentina
En enero 2021 se sanciona en Argentina a través de la ley 27610 El Acceso a La
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley regula el acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de loscompromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de salud pública yderechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género
con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad ymortalidad prevenible.
Así las mujeres y las personas con otras identidades de género con capacidad degestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo. Requerir y acceder ala atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud.
Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, yprevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información,
educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.
Las disposiciones se enmarcan especialmente dentro de Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, laConvención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, laConvención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contrala Mujer “Convención de Belém do Pará”, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales yreproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, ala integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidadétnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la
información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad realde oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias.
La interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana catorce (14), inclusive,del proceso gestacional. Fuera de este plazo, la persona gestante puede abortar
en caso de violación, y solo requiere una declaración jurada de la víctima. En los
casos de menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no es requerida.
También se puede abortar si estuviere en peligro la vida o la salud integral de lapersona gestante.
Hay un plazo perentorio de 10 días dentro de los cuales las instituciones de salud
deben proceder al aborto contados a partir de su requerimiento. La confidencialidad
es regla en este tipo de proceso.

Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados deconsideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal desalud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad;
Las personas mayores de dieciséis (16) años de edad tienen plena capacidad por
sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga lapresente ley. En los casos de personas menores de dieciséis (16) años de edad,se requerirá su consentimiento informado de quienes tengan la responsabilidad
parental. En caso de personas con capacidad restringida.
Si existiera una restricción a la capacidad que impida prestar el consentimiento lo
presta su representante legal o, a falta o ausencia de este o esta, la de una persona
allegada.
El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupcióndel embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Pero no podrá
negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida osalud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e
impostergable. Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse aprestar atención sanitaria postaborto.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo dará lugara las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
El costo de la interrupción del embarazo debe estar cubierto por el Estado y lasobras sociales y medicinas prepagas.
En cuanto a las sanciones de la ley penal, se sanciona con prisión de tres (3) meses
a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el
funcionario o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, o personal desalud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, un aborto en los
casos legalmente autorizados.
Es reprimido o reprimida con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, el o la quecon violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si elestado del embarazo de la persona gestante fuere notorio o le constare.
Es reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año, la persona gestante que,luego de la semana catorce (14) de gestación y siempre que no mediaren lossupuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera queotro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren
excusable la conducta.
La tentativa de la persona gestante no es punible.
19. UruguayEn el año 2012 a través de la ley 18.987, Uruguay adopta el aborto. Así habilita la
práctica del aborto en el sistema de salud, a pedido de la mujer hasta la semana
doce de la gestación, y luego de la semana doce bajo ciertas condiciones.
Uruguay es el primer país de América del Sur que reconoce legalmente este
derecho de las mujeres. ero le exige que comparezca previamente ante una
comisión asesora compuesta por un ginecólogo, un trabajador social y unprofesional de salud mental. Tras esa cita y cinco días de "reflexión", la embarazada
decide si va a abortar. El plazo no es requerido cuando este en juego la salud de lamujer. En estos casos de deberá tratar de salvar la vida del embrión/feto sin poneren peligro la de la mujer.
En caso de malformaciones, incompatibles con la vida extrauterina, en caso deviolación con denuncia judicial dentro de las 14 semanas de la gestación.
En caso de mujeres menores de 18 años se requiere consentimiento de sus padres,o del juez en su defecto quien tiene solo 3 días para decidir.
El sistema de gratuidad para estos casos prevalece.
Las penas de aborto para la mujer gestante son de aborto fuera de este contexto
tiene una pena de 3 a 9 meses conforme artículo 325 del Código penal de dicho
país.
20. Guyana Francesa
La Guyana francesa está permitido el embarazo dentro de la semana 12 degestación. Pasado este plazo solo con consejo médico de dos profesionales y para
prevenir la salud física o mental de la mujer embarazada o un peligro para el feto.
No hay ningún periodo de espera para el aborto. El mismo puede ser realizado en
cualquier institución pública o privada. En cuando a sanciones penales, remite al
Código Penal de Francia y al Código de la Salud Pública Francesa.
21. Guyana
En Guyana, el aborto está permitido dentro de las primeros 8 semanas Luego solo
es permitido en caso de riego para la salud de la mujer o del feto. Entre 8 y 12
semanas si el embarazo se produjo a pesar del uso de anticonceptivos. Entre las
12 y las 16 semanas, un aborto todavía se puede realizar legalmente, pero solo si
la salud de la mujer o el feto está en peligro. Después de las 16 semanas, solo es
posible realizar un aborto en el caso de circunstancias graves relacionadas con lasalud. Se rige por el Medical Termination of Pregnancy Act. Conforme artículo 100
del Criminal Law Act de Guyana propone una condena perpetua luego de las 28
semanas que establece que el bebe tenía posibilidades de vivir prima facie.
V. POSICIÓN DE LA IAFL

La Academia Internacional de Abogados de Familia apoya el derecho de las mujeres
a tener control sobre sus propios cuerpos. La Academia cree que es un derecho
fundamental de cada individuo elegir la naturaleza de su vida familiar. Nuestra
posición es que una autoridad pública no debe interferir con este derecho básico.
Además, creemos que la interrupción del embarazo debe estar regulada por leyesde Salud y no por Códigos Penales.
Comité Amicus Curiae de la Academia Internacional de Abrogados deFamilia y miembros contribuyentes.
25 Marzo, 2021
Edwin Freedman
58 Harakevet Street
Tel Aviv ,6777016
Israelwww.edfreedman.com
Tim Amos
LondonTim ScottLondonJacqueline Renton
LondonAlice Meier Bourdeau
Paris
Isabelle Rein Lescastereyres
ParisCharlotte Butruille Cardew
Paris
Ian Kennedy
Melbourne
Dana Prescott
Maine, USA
Richard Min
New York
Fabiana Quaini
Buenos Aires

Daniela Horwitz
Vitacura, Metropolitana de Santiago
Chile215\2\34