DIRECTRICES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOINTERNACIONAL PRIVADO*(Directrices ILA / Kyoto)

RESOLUCIÓN 6/2020

COMITÉ SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOINTERNACIONAL PRIVADO

La 79ª Conferencia de la International Law Association, celebrada en Kyoto,
Japón, del 29 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2020.

RECONOCIENDO que el respeto de los derechos de propiedad intelectual en elcontexto de la sociedad de la información plantea nuevos retos a los modelos
tradicionales de ordenación de las transacciones y la resolución de controversias
internacionales;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN la importancia y las ventajas deproporcionar seguridad jurídica con respecto a la determinación de los tribunales
competentes y la ley aplicable, así como de promover el reconocimiento y laejecución transfronterizos de resoluciones en materia civil y mercantil relativas ala propiedad intelectual;

ESTIMANDO que la adopción de disposiciones modelo sobre los aspectos dederecho internacional privado de la propiedad intelectual, susceptibles de guiar
la interpretación y la reforma de las legislaciones nacionales y de losinstrumentos internacionales, contribuye al establecimiento de un marco jurídico
más adecuado y previsible;

TOMANDO EN CUENTA la evolución de las normas internacionales,
regionales y nacionales, así como los trabajos previos de elaboración de normas
modelo en este ámbito, especialmente los llevados a cabo por el American Law
Institut, el European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual*

Traducción al español por Pedro A. De Miguel Asensio, Co‐rapporteur del Comité de la ILA sobre
Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado y Catedrático de Derecho Internacional Privado dela Univesidad Complutense de Madrid.

Property, el Japanese Transparency Project y los miembros de la Asociación de
Derecho Internacional Privado de Corea y Japón;

HABIENDO CONSIDERADO los informes del Comité sobre Propiedad
Intelectual y Derecho Internacional Privado

ADOPTA las Directrices de Kyoto sobre Propiedad Intelectual y Derecho
Internacional Privado anexas a la presente Resolución;

RECOMIENDA las Directrices a las organizaciones, los Estados y los grupos
interesados que trabajan en iniciativas nacionales, regionales o internacionales,
con vistas a favorecer la cooperación internacional, lograr mayor seguridad
jurídica y un equilibrio adecuado de todos los intereses implicados;

SOLICITA al Secretario General de la International Law Association quetransmita un ejemplar de la presente Resolución y de su anexo a lasorganizaciones internacionales adecuadas, en particular la Conferencia de La
Haya de Derecho internacional privado y la OMPI;RECOMIENDA al Consejo ejecutivo la disolución del Comité sobre la propiedad
intelectual y el Derecho internacional privado al haber cumplido con su mandato.

ANEXODIRECTRICES SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUALY EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO(“DIRECTRICES DE KYOTO”)
DISPOSICIONES GENERALES

1. Ámbito de aplicación de las directrices(1) Estas Directrices se aplican en materia civil y mercantil cuando se trata desituaciones vinculadas con más de un Estado relativas a derechos de propiedad
intelectual.
(2) Estas Directrices pueden ser aplicadas mutatis mutandis a acciones fundadas
en la competencia desleal, si derivan del mismo conjunto de hechos que
reclamaciones conexas relativas a derechos de propiedad intelectual, así como ala protección de información no divulgada.

2. Definiciones(1)“Derecho de propiedad intelectual” significa los derechos de autor yderechos afines, las patentes, los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales,
los derechos sobre diseños industriales, las topografías de los productos
semiconductores, las marcas y los derecho similares.
(2) “Resolución” significa cualquier decisión adoptada por un tribunal de un
Estado con independencia de la denominación que recibiere el procedimiento delque deriva la resolución o la resolución misma, tal como providencia, auto,
sentencia, o mandamiento de ejecución. Incluye asimismo las transacciones
aprobadas por un tribunal, las medidas provisionales o las medidas cautelares
así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.

COMPETENCIA

Fuero principal

3. Fuero del demandado
Salvo cuando estas Directrices lo prevean, las personas estarán sometidas a losórganos judiciales del Estado de su residencia habitual. La competencia de estos
tribunales no está limitada territorialmente.

Fueros alternativos

4. Contratos
En los litigios relativos a contratos de licencia o cesión de derechos de propiedad
intelectual, las personas podrán ser demandadas ante los tribunales del Estado
para el que se concede la licencia o se transfiere el derecho. La competencia deltribunal se limita al territorio del Estado en el que está situado.

5. Infracciones
En materia de infracción las personas pueden ser demandadas:(a)
En los tribunales de los Estados donde el supuesto infractor hubiera
actuado para iniciar o proseguir la supuesta infracción, sin que su competencia
para adoptar medidas derivadas de tales actos esté limitada territorialmente; o(b) En los tribunales de los Estados donde la infracción haya podido causar un
daño directo y significativo, salvo que no hubiera podido preverse que la
infracción causaría daño en ese lugar. La competencia del tribunal se limita al
territorio del Estado en el que se está situado.

6. Remuneración legal por el uso de obras o prestaciones
En reclamaciones relativas a la remuneración legal por el uso lícito de obras oprestaciones, las personas pueden ser demandadas en los tribunales del Estadodel que deriva el derecho de remuneración. La competencia del tribunal se limita
al territorio del Estado en el que está situado.

7. Pluralidad de demandados
Un demandante que ejercita su acción ante un tribunal del Estado en el que eldemandado tenga su residencia habitual de conformidad con la Directriz 3 puede
demandar ante ese mismo tribunal a personas que no tengan su residencia
habitual en ese Estado si:(a) El litigio se refiere a los mismos derechos de propiedad intelectual o aderechos estrechamente relacionados relativos a uno o más Estados, y(b) Las demandas frente al demandado con residencia habitual en ese Estado ylos otros demandados se encuentran vinculadas entre sí por una relación tan
estrecha que sería oportuno juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar
resoluciones que podrían ser incompatibles, y(c) Existe con respecto a cada demandado cuya residencia habitual no seencuentra en ese Estado una conexión significativa entre los derechos depropiedad intelectual implicados y la controversia relativa a ese demandado.

8. Título y titularidad
En los supuestos relativos únicamente al título y la titularidad, tendrán
competencia los tribunales del Estado en el que el derecho de propiedad
intelectual existe o respecto del que la solicitud está pendiente.

Otros fueros

9. Elección del tribunal
Las partes de una relación jurídica pueden acordar que un tribunal sea
competente para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere
surgir con ocasión de esa relación. El tribunal designado será competente paradecidir las controversias contractuales y no contractuales y todas las demás
demandas derivadas de esa relación jurídica, sal que las partes hayan expresado
su voluntad de restringir el alcance de la competencia del tribunal. Esta
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes

10. Comparecencia del demandado
Un tribunal será competente si el demandado comparece y no impugna lacompetencia con anterioridad a cualquier defensa.

11. Demandas en materia de validez y acciones conexas(1) En los litigios que tengan por objeto principal la concesión, el registro, lavalidez, el abandono o la caducidad de un derecho de propiedad intelectual
sometido a registro, serán exclusivamente competentes los tribunales del Estado
de registro.
(2) Cualquier otro tribunal que tenga competencia podrá pronunciarse sobre esas
cuestiones cuando se plantean en procedimientos distintos de los contempladosen el apartado 1. No obstante, la decisión que adopten no producirá efectos frentea terceros.

12. Acciones declarativas
Un tribunal competente para conocer de una acción relativa a la reparación de
un derecho lo es también con base en el mismo criterio para conocer de una
declarativa negativa o positiva.

13. Medidas provisionales y cautelares(1) Un tribunal que sea competente para conocer del fondo del asunto lo también
será para adoptar medidas provisionales y cautelares.
(2) Los demás tribunales podrán tener competencia para adoptar medidas
provisionales y cautelares respecto de su territorio.

14. Alcance de los mandamientos judiciales
El alcance de los mandamientos judiciales está limitado por la extensión de lacompetencia del tribunal. Además, el alcance del mandamiento no será más
amplio de lo necesario para proteger los derechos de propiedad intelectual
tutelados.

15. Reconvención
Un tribunal competente para conocer de una demanda conforme a estas
Directrices será también competente para conocer de una reconvención derivadadel hecho en que se fundamentare la demanda principal.

16. Criterios de competencia insuficientes
Se consideran criterios insuficientes para atribuir competencia a un tribunal, en
particular:(a) la localización de activos, materiales o inmateriales o de un crédito deldemandado en ese Estado, excepto si la controversia se encuentra directamente
relacionada con ese activo;(b) la nacionalidad del demandante o del demandado;(c) la mera residencia del demandante;(d) el simple ejercicio de actividades comerciales o de otro tipo por el demandado
en ese Estado, salvo que la controversia se encuentre relacionada con esas
actividades;(e) la mera presencia del demandado o la notificación al mismo de la cédula deemplazamiento en ese Estado;(f) la realización en ese Estado de las formalidades necesarias para la conclusión
de un contrato

Coordinación y cooperación

17. Demandas entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa(1)
Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa
entre las mismas partes ante tribunales de Estados distintos, esos tribunalesconsiderarán la coordinación de los procedimientos en los términos siguientes:(a) Cuando el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posteriortenga la facultad de suspender el procedimiento con base en la litispendencia, lo
suspenderá hasta que el tribunal ante el que se hubiere formulado la primera
demanda decida conocer del asunto, poniendo fin seguidamente alprocedimiento. Podrá poner fin a la suspensión de su procedimiento cuando elprocedimiento ante el tribunal ante el que se hubiere formulado la primera
demanda no se desarrolla en un periodo razonable, o si este tribunal estableceque no es el foro apropiado para conocer del asunto.
(b) Cuando el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posteriortenga la facultad de rechazar conocer del asunto con base en el forum nonconveniens o mediante su reenvío a un foro más apropiado, valorará qué tribunal
constituye el foro más adecuado, tomado en consideración los intereses
particulares de los litigantes, los intereses públicos y la buena administración dejusticia. Si el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda es

más conveniente, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda
posterior pondrá fin al procedimiento o lo reenviará a menos que el tribunal anteel que se hubiere presentado la primera demanda la haya desestimado o hayareenviado el asunto.
(2) Esta Directriz no se aplica si:(a)se trata de un asunto sobre el que tiene competencia exclusiva el tribunal
ante el que se hubiera presentado la demanda posterior;(b) se trata de un procedimiento relativo a medidas provisionales o cautelares(c) la parte que invoca la competencia del tribunal ante el que se ha presentado
la demanda posterior acredita que una resolución del tribunal ante el que se hapresentado la primera demanda no será reconocida en el Estado en el que se hapresentado la demanda posterior.

18. Conexidad
Cuando dos demandas conexas se encuentren pendientes ante tribunales de másde un Estado, cualquier tribunal podrá adoptar todas las medidas admitidas por
su legislación procesal que favorezca la equidad y la eficacia de la resolución delas demandas conexas consideradas en su conjunto. El alcance de esta directriz
incluye tanto la acumulación de demandas ante un tribunal como la coordinaciónde la tramitación de los procedimientos en distintos tribunales.

DERECHO APLICABLE

Reglas generales

19. Existencia, alcance y transmisibilidad (lex loci protectionis)
La ley aplicable a la existencia, validez, registro, duración, transmisibilidad yalcance de un derecho de propiedad intelectual y todas las demás materias
relativas al derecho como tal será la ley del Estado para el que se reclama laprotección.

20. Titularidad originaria y atribución de derechos(1)(a) La titularidad originaria de los derechos de propiedad intelectual, marcas noregistradas y diseños no registrados se regirá por la ley del Estado para el que sereclama la protección.
(b) En el marco de una relación contractual, en particular un contrato de trabajoo un contrato de investigación y desarrollo, la ley aplicable al derecho a obtenerel registro de un derecho sometido a registro se determinará de conformidad conlas Directrices 21 a 23.
(2)(a) La titularidad originaria de un derecho de autor se regirá por la ley del Estadoque presente los vínculos más estrechos con la creación de la obra. Se presumirá
que ese Estado es aquel en el que la persona que creó el objeto tenía su residencia
habitual al tiempo de la creación. Si el objeto protegido ha sido creado por másde una persona, ellas podrán elegir la ley de la residencia habitual de cualquierade ellas como la aplicable a la titularidad originaria. Este párrafo se aplicará
mutatis mutandis a los derechos afines.
(b) La atribución de derechos que no pueden ser objeto de cesión ni de renuncia
se regirá por la ley del del Estado para el que se reclama cuando sus políticas
legislativas exijan la aplicación de tales disposiciones incluso en situaciones
internacionales.

Contratos

21. Libertad de elección(1) Las partes pueden elegir la ley que regirá su relación contractual.
(2) No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al creadoro intérprete de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden
excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido
aplicable de conformidad con la Directriz 22.

22. Ley aplicable a falta de elección(1) A falta de elección de la ley del por las partes de conformidad con la Directriz
21, un contrato que no sea un contrato de trabajo, se regirá,(a) si el contrato va referido a derechos de propiedad intelectual de un único
Estado, por la ley de dicho Estado, a menos que resulte claro del conjunto de lascircunstancias del caso que el contrato presenta vínculos manifiestamente más
estrechos con otro Estado, lo que requerirá la aplicación de la ley de ese Estado.
(b) si el contrato va referido a derechos de propiedad intelectual otorgados porvarios Estados, se aplicará la ley del Estado con el que el contrato presente losvínculos más estrechos. Para determinar ese Estado el tribunal tomará enconsideración, en particular:- la residencia habitual común de las partes.
- la residencia habitual de la parte que realiza la prestación característica delcontrato.
- la residencia habitual de una de las partes en el contrato cuando esté situada en
uno de los Estados a los que va referido el contrato.
(2) A los efectos de la aplicación de esta disposición, la residencia habitual de una
parte se determina en el momento de la celebración del contrato.

23. Contratos de trabajo(1) Un empleador y su trabajador cuyos esfuerzos dan lugar a una derecho depropiedad intelectual pueden elegir la ley aplicable a su relación de conformidad
con la Directriz 21.
No obstante, dicha elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador
de la protección que le aseguren las disposiciones que no pueden excluirse
mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido
aplicables en virtud de los apartados 2 y 3.
(2) A falta de elección por las partes, la relación contractual entre el empleador yel trabajador se regirá por la ley del Estado en el cual o, en su defecto, a partir delcual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente.
No se considerará que cambia el Estado de realización habitual del trabajo
cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro Estado.
(3) Si del conjunto de circunstancias resulta claro que el contrato presenta
vínculos más estrechos con un Estado distinto del indicado en los apartado 2, se
aplicará la ley de ese otro Estado.

24. Validez formal(1) Todo contrato relativo a derechos de propiedad intelectual se considerará
válido en cuanto a la forma si satisface los requisitos de forma:(a) de la ley del Estado que rige el contrato conforme a las Directrices 21 a 23, o(b) la ley del Estado en el que cualquiera de las partes tuviera su residencia
habitual en el momento de la celebración del contrato, o(c) la ley de cualquier otro Estado con el que contrato presenta vínculos.
(2) Esta disposición no privará a los creadores, intérpretes y empleados de laprotección que deriva de la Directriz 21 apartado 2 y de la Directriz 23 apartado
1.

Infracción

25. Regla general en materia de infracción(1) La ley aplicable a la infracción de un derecho de propiedad intelectual es laley de cada Estado para el que se reclama la protección.
(2) La ley aplicable a los remedios frente a la infracción puede ser elegida por laspartes.

26. Ley aplicable a las infracciones ubicuas o plurilocalizadas(1) Cuando la infracción en múltiples Estados se alega en relación con el uso demedios ubicuos o multiterritoriales, el tribunal podrá aplicar a la infracción en su
conjunto la ley del Estado (o las leyes de los Estados) que presente(n) una
vinculación especialmente estrecha con la infracción en su conjunto. Entre losfactores relevantes para determinar la ley (o las leyes) aplicables en tales
situaciones, se incluyen:- el lugar donde el daño causado por la infracción es significativo en relación con
la infracción en su conjunto;- los lugares de residencia habitual o establecimiento principal de las partes;- el lugar donde se hayan llevado a cabo actividades significativas para provocar
la infracción.
(2) En las situaciones en las que resulte aplicable el apartado 1, cualquier partepodrá probar con respecto a Estados en concreto cubiertos por la acción, que larespuesta prevista por la legislación de cualquiera de esos Estados difiere de la
de la ley o las leyes seleccionadas para ser aplicables al caso en su conjunto. El
tribunal tomará en consideración tales divergencias al configurar el remedio.

(3) Los apartados 1 y 2 precedentes pueden ser de aplicación mutatis mutandis
en situaciones relativas a infracciones secundarias o indirectas de derechos depropiedad intelectul

27. Gestión colectiva de derechos en materia de derechos de autor y de derechos
afines(1) La ley del Estado en el que la entidad de gestión colectiva de derechos tienesu administración central regirá:(a) los requisitos relativos a la estructura organizativa específica de las entidadesde gestión colectiva de derechos;(b) los derechos, condiciones y principios relativos a las relaciones del titular dederechos, así como de otras entidades de gestión colectiva representativas detitulares de derechos, con respecto a la entidad de gestión, en particular:(i) el derecho y los requisitos para poder ser miembro de la entidad;(ii) el derecho y los requisitos para encomendar derechos a la entidad;(iii) el derecho y los requisitos para retirar la gestión de derechos de la entidad;(iv) los requisitos relativos al cálculo y distribución de los ingresos de la entidad
entre los titulares de derechos y otras entidades de gestión colectiva de derechos;y(v) los derechos y los requisitos para tener acceso a los mecanismos alternativos
de solución de controversias ofrecidos por la entidad de gestión colectiva dederechos; y(c) a falta de elección por las partes, el contrato en virtud del cual el titular dederechos encomienda la gestión de derechos a la entidad.
(2) La ley del Estado para el que se reclama la protección regirá:(a) la presunción según la cual una entidad de gestión colectiva de derechos seencuentra legitimada para reclamar la protección de ciertas obras o prestaciones;(b) la gestión colectiva obligatoria de derechos;(c) la facultad de una concreta entidad de gestión colectiva de derechos para
otorgar licencias o recaudar remuneraciones legales sin el consentimiento previodel titular de derechos;(d) la determinación de si y bajo qué condiciones una entidad de gestión colectiva
de derechos debe otorgar a los usuarios licencias de derechos; y(e) los requisitos relativos al cálculo de las tarifas y las remuneraciones legales.

(3) La ley del foro regirá la capacidad jurídica de la entidad de gestión colectiva
de derechos ante el tribunal.
(4) Esta Directriz se aplica sin perjuicio de las disposiciones de Derecho de lacompetencia que resulten aplicables.

Otras disposiciones

28. Orden público
Solo podrá excluirse la aplicación de la ley designada por las presentes
Directrices en la medida en que sus efectos resulten manifiestamente
incompatibles con el orden público del foro.

29. Leyes de policía
Las disposiciones de las presentes Directrices no restringirán la aplicación de lasleyes de policía de la ley del foro.
Cuando en virtud de las presentes Directrices se aplique la ley de un Estado a uncontrato, el tribunal podrá dar efecto a la ley de otro Estado en que las
obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas.

30. Reenvío
Cuando las presentes Directrices establecen la aplicación de la ley de un país, seentenderá por tal las normas jurídicas materiales en vigor en ese país, conexclusión de las normas de Derecho internacional privado.

31. Arbitrabilidad
Para determinar la arbitrabilidad de las controversias relativas a derechos depropiedad intelectual, los tribunales estatales y arbitrales tomarán enconsideración la ley del arbitraje, en la medida en que los derechos controvertidospresenten vínculos estrechos con ella, así como la del Estado de protección, en
especial en la medida en que el laudo deba ser reconocido o ejecutado en ese
Estado.

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN

32. Objeto del reconocimiento y ejecución(1) Una resolución extranjera podrá ser reconocida y ejecutada de conformidad
con las siguientes disposiciones de las Directrices.
(2) Si una resolución extranjera ha sido objeto de recurso en el Estado de origeno si el plazo para interponer un recurso ordinario no hubiese expirado, el tribunal
requerido podrá suspender el reconocimiento y ejecución hasta que el recurso
haya sido decidido o el plazo haya expirado, o podrá subordinar elreconocimiento y ejecución al otorgamiento de una garantía por el solicitante.
(3) Las medidas provisionales y cautelares adoptadas sin haber dado audiencia ala otra parte y ejecutorias sin necesidad de notificación previa a esa parte no seránsusceptibles de reconocimiento y ejecución.

33. Efectos de una resolución extranjera
Los efectos de una resolución extranjera, incluida su fuerza ejecutiva, en el Estado
requerido serán en tanto sea posible los mismos, y en ningún caso, mayores, que
en el Etado de origen.

34. Motivos de denegación del reconocimiento y ejecución(1)

Un tribunal no reconocerá o ejecutará una resolución extranjera si:(a) el reconocimiento o la ejecución resultaran manifiestamente incompatibles
con el orden público del Estado requerido;(b) el procedimiento concreto que condujo a la resolución resultó
manifiestamente incompatible con los principios fundamentales de justicia
procesal del Estado requerido;(c) la resolución fue adoptada sin que el demandado compareciera cuando(i) el demandado no ha sido emplazado al procedimiento de forma regular y con
tiempo suficiente, o(ii) el demandado ha sido privado de la posibilidad real y efectiva de hacer valer
sus medios de defensa ante el tribunal de origen;(d) la resolución fuere inconciliable con otra anterior otorgada en el Estado deorigen que excluya un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto;(e) la resolución fuere inconciliable con otra anterior dictada en otro Estado entre
las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa,
cuando esa resolución anterior reuniere las condiciones necesarias para su
reconocimiento en el Estado requerido;(f) el tribunal de origen hubiere conocido del asunto vulnerando las normas sobre
competencia de las presentes Directrices.
(2) Un tribunal podrá rechazar el reconocimiento y ejecución de una resolución
extranjera cuando el tribunal de origen hubiere determinado la ley aplicablevulnerando las disposiciones de las Directrices 20-24 relativas a la protección delos creadores, intérpretes o ejecutantes y trabajadores.
(3) En la apreciación de la competencia del tribunal de origen, el tribunal
requerido quedará vinculado por los antecedentes de hecho establecidos en el
procedimiento inicial por el tribunal de origen.
(4) Sin perjuicio del examen que resulte necesario para la aplicación de las
Directrices 33 y 34, el tribunal requerido no revisará la resolución extranjera en
cuanto al fondo.

35. Reconocimiento parcial y limitado y adaptación(1) Cuando la resolución extranjera incluya partes que sean separables del resto,
una o más de ellas serán susceptibles de ser reconocidas o ejecutadas por
separado.
(2) Si una resolución extranjera concede daños no compensatorios, incluyendo
daños ejemplares o punitivos, que no están previstos en la ley del Estado
requerido, el reconocimiento y ejecución será denegado si, y solo en la medida
en que, la resolución conceda daños que no reparen a una parte por la pérdida oel perjuicio real sufrido y exceda de la cantidad de daños y perjuicios quehubieran podido conceder los tribunales del Estado requerido.
(3)
Si una resolución contiene una medida que no es conocida en la legislacióndel Estado requerido, la medida se adaptará, en lo posible, a una medidaconocida en la legislación del Estado requerido que tenga efectos equivalentes ypersiga una finalidad e intereses similares.
(4) Si una resolución extranjera incluye un pronunciamiento relativo a la validez
de un derecho de propiedad intelectual sometido a registro y el tribunal de origen
no pertenece al Estado de registro, la resolución sobre la validez solo producirá
efectos entre las partes en el procedimiento relativo a la resolución extranjera.