PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

Mandatos del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y deasociación, de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad deopinión y de expresión y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos
humanos
Ref.: OL ARG 3/2024(por favor, utilice esta referencia en su respuesta)

23 de enero de 2024
Excelencia,
Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Relator Especial
sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Relatora Especial
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión yRelatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, deconformidad con las resoluciones 50/17, 52/9 y 52/4 del Consejo de Derechos
Humanos.
En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su
Excelencia la información que hemos recibido en relación con la aplicación de la
Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación 943/2023 (RESOL-2023-943APN-MSG), en conjunto con la Resolución 949/2023 (RESOL-2023-949-APNMSG) del mismo Ministerio, y los riesgos que podría conllevar al ejercicio de losderechos humanos la aprobación del proyecto de ley denominado Ley de Bases y
Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (INLEG-2023-153324710APN-PTE). En este sentido, deseamos formular a su Excelencia, las siguientes
observaciones:
Sobre la Resolución 943/2003:
Artículo 1º.- En el marco del presente PROTOCOLO PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE
CIRCULACIÓN, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán
frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes
parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a lajurisdicción federal. También podrán intervenir en territorios provinciales o dela CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo las condiciones
establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior Nº24.059.
La justificación que emplea el artículo 1° de la Resolución para habilitar la
actuación de las fuerzas policiales y de seguridad (impedimentos al tránsito de personas
o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías decirculación) no sería conforme a lo que señala el estándar internacional, cuyo contenido
y alcance está determinado principalmente por la Observación General N°37 delComité de Derechos Humanos relativa al derecho de reunión pacífica. Esta observación
prescribe que las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos polémicos que
pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones ola actividad económica (párr. 7).

Por tanto, y primeramente, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado
de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos - el cual ha sido ratificado por Argentina y tiene jerarquía
constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución de la Nación Argentina) - reconoce
que las afectaciones a la libertada de circulación, intencionadas o no, pueden ocurrir y
por lo mismo, no ponen en entredicho la protección de la que gozan esas reuniones porparte del derecho internacional.
Segundo, el párrafo 15 de la misma Observación reconoce que la interrupcióndel tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye 'violencia';
esto significa que la verificación de estas circunstancias no habilita por sí solas ladispersión ni la actuación de las fuerzas de seguridad. Al contrario, "solo en casos
excepcionales se puede dispersar una reunión. Se puede recurrir a la dispersión si lareunión como tal ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminentede violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más
proporcionadas, como las detenciones selectivas" (párr. 85).
Por tanto, observamos que este artículo no parece conforme con el estándar
señalado, pues faculta la intervención de las fuerzas de seguridad frente a circunstancias
que por sí solas no habilitan su actuación.
Finalmente, la misma Observación General recuerda la regla esencial paraabordar la dicotomía entre la libertad de circulación y el derecho a la reunión pacífica
y demás derechos; "las reuniones entrañan un uso legítimo de los espacios públicos yde otros lugares, y dado que pueden causar, por su propia naturaleza, cierto grado deperturbación de la normalidad, se deben permitir esos trastornos, a menos que impongan
una carga desproporcionada, en cuyo caso las autoridades deben poder justificar
detalladamente las restricciones" (párr. 47).
A este respecto, quisiéramos señalar la importancia de promover y proteger loselementos de la naturaleza intrínsecos a la formación de las reuniones pacificas (y sus
distintas formas, como las protestas) ya que los estándares internacionales prevén quela sociedad toda pueda enterarse de las demandas de quienes ejercen este derecho; ysubrayan que la libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio(A/HRC/31/66 párr. 21).
Artículo 2º.- La intervención a la que se refiere el artículo anterior se producirá
sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito
flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación
Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal
competente.
Asimismo, quisiéramos señalar a la atención del Gobierno de Su Excelencia elartículo 2 de la resolución. Al respecto, si bien el tipo penal descrito podría aplicarse alcontexto de manifestaciones según la ley del país, de acuerdo con el derecho
internacional de los derechos humanos, podríamos estar en presencia del fenómeno decriminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal.
Igualmente, la aplicación de esta norma frente a protestas sociales podría
resultar discriminatoria, toda vez que a otras actividades que también pueden impedir2

el normal funcionamiento del transporte por tierra, y consisten en el ejercicio de lalibertad de reunión, no se les aplicaría este protocolo; por ejemplo, decisiones
administrativas de cortes de calles por un evento deportivo, un espectáculo artístico,
entre otras circunstancias. Además, al subsumir la protesta pacífica al artículo 194 delCódigo Penal (aun cuando existan vías alternativas), el ejecutivo estaría asumiendo
facultades excesivas que son propias del poder judicial, criminalizando el derecho a laprotesta que es un derecho humano fundamental.
Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
ratificado por el Estado de Argentina, reconoce el derecho a la reunión pacífica, el
artículo 21 dispone: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal
derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que seannecesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de laseguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas olos derechos y libertades de los demás.”
Por lo tanto, quisiéramos destacar que el derecho a la reunión pacifica, junto con
otros derechos conexos, constituye el fundamento mismo de un sistema de gobierno
participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y elpluralismo. Las reuniones pacíficas pueden desempeñar un papel fundamental al
permitir a los participantes presentar ideas y metas a las que aspirar en la esfera pública
y determinar el grado de apoyo u oposición a esas ideas y objetivos. Este derecho esesencial para hacer efectivos otros derechos humanos como el derecho a la libertad deopinión y de expresión. La manifestación pacífica de quejas permite crear
oportunidades para la solución inclusiva, participativa y pacífica de las diferencias.
Artículo 3º.- Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte,
cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación debe
entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros
obstáculos que disminuyeren, para la circulación de vehículos, el ancho de lascalles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando
no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas alugares públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hechode que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación.
Nos gustaría mencionar que aplican también los argumentos anteriores alartículo 3 de la Resolución. Además, quisiéramos prevenir que el párrafo final podría
encontrarse en contradicción con los estándares internacionales. Las obligaciones delos estados de respeto, protección y garantía del derecho a la reunión pacífica y otros
derechos que en el ejercicio de este derecho convergen se reducen a la facilitación delas reuniones. De acuerdo con los estándares internacionales, subrayamos que laobligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste
primariamente en controlarla o reestablecer el orden; su obligación inicial y principal
es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen(A/HRC/50/42, párr. 27).
Toda restricción de la participación en reuniones pacíficas se debería basar en
una evaluación diferenciada, o individualizada, y de toda forma proporcionada yobjetiva, de la conducta de los participantes y la reunión de que se trate, con el objetivode facilitar la protesta pacífica. Por tanto, se puede presumir que las restricciones
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generales de las reuniones pacíficas son desproporcionadas y, por tanto, contrarias alestándar internacional.
Este artículo facultaría la intervención de las policías para restringir un derecho
aun en una circunstancia que permite el ejercicio de la libertad de reunión y decirculación, nos referimos a cuando existen "vías alternativas de circulación". Si hay
vías alternativas, no podría configurarse una carga desproporcionada para laciudadanía, por tanto y de acuerdo con los estándares ya señalados, no deberían
adoptarse medidas restrictivas a la libertad de reunión pacífica.
Nuevamente, la Observación General N°37 prescribe que "La imposición decualquier restricción se debería guiar por el objetivo de facilitar el derecho, en vez deintentar limitarlo innecesaria y desproporcionadamente. Las restricciones no deben ser
discriminatorias, comprometer la esencia del derecho o tener por objeto desalentar laparticipación en las reuniones o provocar un efecto disuasorio".
Efectivamente, el párrafo antes mencionado se aplica a esta Resolución
Ministerial, toda vez que las vías alternativas son las medidas que debería establecer elestado para poder garantizar el derecho a la reunión pacífica en armonía con la libertadde circulación.
Artículo 4º.- La acción de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, antetales situaciones delictivas, estará orientada a despejar los accesos y las víasde comunicación o de transporte, en el marco de la ley y en cumplimiento desus fines hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulación.
Respecto del artículo 4, quisiéramos reiterar que las alteraciones al orden en lavía pública o a la circulación normal del tránsito, no representan por sí mismas razones
que justifiquen la restricción del derecho a la reunión pacífica y por lo tanto noconvierten automáticamente la reunión en violenta. Se entiende que las reuniones
naturalmente usen el espacio público y que este se vea alterado por ello. Es
perfectamente posible concebir la interrupción del tránsito, por ejemplo, como una
forma legítima de manifestación o una consecuencia natural de ella. Si además existenvías o rutas alternativas de paso, son además inocuas.
Esto significa, que estas circunstancias no habilitan la dispersión ni la actuaciónde las fuerzas de seguridad automáticamente. Al contrario, "Solo en casos
excepcionales se puede dispersar una reunión. Se puede recurrir a la dispersión si lareunión como tal ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminentede violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más
proporcionadas, como las detenciones selectivas" (párr. 85).
Además, los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos (PIDCP) tienen la obligación de respetar y garantizar las reuniones pacíficas
impone a los Estados deberes negativos y positivos antes, durante y después de su
celebración. El deber negativo implica que no haya injerencias injustificadas en las
reuniones pacíficas. Los Estados tienen la obligación, por ejemplo, de no prohibir,
restringir, bloquear, dispersar o perturbar las reuniones pacíficas sin una justificación
imperiosa ni sancionar a los participantes o los organizadores sin una causa legítima.

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Por lo tanto, el referido artículo, asumiría como delito una conducta que elestándar internacional reconoce como una circunstancia que puede verificarse en lasprotestas sociales y que no pone en entredicho su protección. Además, esta disposición
tendría como objetivo único el solo resguardo del ejercicio del derecho a la libertad decirculación y no del derecho a la reunión pacífica, cuando dicho conflicto de derechos
debería ser zanjado con medidas menos gravosas para su ejercicio, como elofrecimiento de vías alternativas para la circulación de las personas (opción que no seencuentra reflejada en este protocolo).
Por último, queremos subrayar que el estándar internacional señala que incluso
en un caso hipotético, pero factible, en que existan hechos delictivos en el contexto deuna reunión de algunos participantes, éstos no se deberían atribuir a otros, a losorganizadores o a la reunión como tal. Por lo tanto, algunos participantes en una reunión
podrían estar protegidos por el artículo, mientras que otros no. Considerar a toda lareunión como violenta o delictiva ex ante es una decisión contraria al estándar
internacional. Como sostiene el Comité de Derechos Humanos, "La cuestión de si una
reunión es pacífica o no se debe responder con referencia a la violencia causada por losparticipantes. [...] La conducta de determinados participantes en una reunión se puede
considerar violenta si las autoridades pueden presentar pruebas creíbles de que, antesdel acto o durante su celebración, esos participantes están incitando a otros a utilizar laviolencia y es probable que esas acciones causen violencia; los participantes tienen
intenciones violentas y tienen previsto obrar en consecuencia; o la violencia por su partees inminente" (párr. 19).
Solamente bajo las circunstancias antes mencionadas, se podría permitir ladispersión de una manifestación de acuerdo con los estándares internacionales, mientras
que la sola restricción de la libertad de circulación de las demás personas, como lo
propone la actual Resolución, podría contradecir los mismos.
Artículo 5º.- En los procedimientos destinados a alcanzar los objetivos previstos
en el artículo anterior, los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria ysuficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres
embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a laresistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo dearmas no letales.
Deseamos realizar algunas precisiones sobre el artículo 5 de la Resolución,
consideramos que el calificativo “no letal” utilizado para mencionar a ciertas armas odispositivos para el empleo de la fuerza no sería adecuado a los estándares. Además,puede ser riesgoso la utilización de este término, máxime cuando podría constituir una
errónea percepción de que estos medios no tendrían consecuencias letales en ninguna
circunstancia. La experiencia internacional, y principalmente regional, han demostrado
que todo dispositivo para el empleo de la fuerza puede ser letal si se utiliza de forma
indebida. Este tipo de armas deben ser denominadas como "menos letales", toda vez
que su uso puede ser potencialmente letal.
Artículo 6º.- En la medida de lo posible, deberán ser identificados los autores,
cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales omanuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización5con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así
corresponda legalmente.
Artículo 7º.- También serán identificados los vehículos con los cuales losmanifestantes hubieran sido transportados. Si se registrare una infracción a lasreglas vigentes para los vehículos de los cuales se trate y el tipo de actividad
para la que estuvieran habilitados, o bien de los conductores, se comunicará
esa circunstancia a las autoridades de contralor correspondientes. Si de loshechos surgiere claramente que los conductores de esas unidades hubieren sidopartícipes del delito, en cualquier grado, en orden a las prescripciones delCódigo Penal de la Nación Argentina, se procederá de acuerdo con la orden dela autoridad judicial.
Artículo 8º.- Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores
que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad
Federales ¬–ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin
personería jurídica, gremios o partidos políticos– serán remitidos al
MINISTERIO DE SEGURIDAD para su comunicación a la autoridad deaplicación correspondiente, a los efectos de la adopción de las medidas
administrativas que corresponda.
Quisiéramos también destacar las disposiciones incluidas en los artículos 6, 7 y
8 de la Resolución, que en relación con el artículo 2, podrían afectar la garantía procesal
de presunción de inocencia, principio fundamental del derecho penal, al reafirmar que
los manifestantes, por el solo hecho de estar ejerciendo su derecho a la reunión pacífica
y demás derechos que ahí converjan como libertad de expresión y participación asuntos
públicos, podrían configurar una conducta penal, revirtiendo el mencionado principio
fundamental.
Asimismo, nos permitimos recordar que el registro y el uso de la información
personal de las personas reunidas, que puede ser recogida por personal policial debe
estar sujeta a los límites constitucionales y legales que impone el derecho interno, y no
violar la privacidad de los manifestantes. La Observación General N°37 explicita que
se debería permitir el anonimato de los participantes, a menos que su conducta ofrezca
motivos razonables para su detención (párr. 60).
También, quisiéramos llamar a la atención del Gobierno de Su Excelencia lafrase "adopción de medidas administrativas que corresponda", del artículo 8, pues que
es tan amplia que permite interpretar que se podrán asignar consecuencias negativas ocastigos extrajudiciales a quienes se reúnan en la vía pública por el simple hecho dehaber sido identificado como participante en una manifestación; constituyendo otra
forma ilegítima de restricción del derecho a la manifestación pacífica. Este artículo
también parece contrario a la normativa vigente ya que habilita actividades deinteligencia interior prohibidas y también es contraria a la ley de protección de datos.
La Ley de Inteligencia Nacional N°25.520 en su art. 4 inc. 2 establece que no se pueden
almacenar imágenes por realizar actividades lícitas como una protesta pacífica.
Las normas aplicables a la libertad de expresión, tal como se establece en el
artículo 19 del PIDCP, se deberían cumplir en lo que respecta a los elementos
expresivos de las reuniones. Por consiguiente, y de acuerdo con la Observación6

General N°37, las restricciones a las reuniones pacíficas no se deben utilizar, explícita
o implícitamente, para reprimir la expresión de la oposición política a un gobierno, losdesafíos a la autoridad, incluidos los llamamientos en favor de cambios democráticosde gobierno, la constitución o el régimen político, o la búsqueda de la libre
determinación (párr. 49).
Artículo 9°- Cuando se observare la comisión de actos que presumiblementepudieran ocasionar daño ambiental en los términos de la Ley N°25.675, su
reglamentación y normas complementarias, se dará aviso al juez competente ya la autoridad ambiental correspondiente.
Respecto del artículo 9, nos permitimos señalar que nuevamente se podría estar
en presencia de criminalización de la protesta social mediante el uso indebido delderecho penal. El comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad sobre este
protocolo, de fecha 14 de diciembre de 2023, señaló en su punto 9, que la quema deneumáticos constituye daño ambiental y, por tanto, se podría configurar una conducta
típica que debería ser puesta en aviso al juez competente. Al respecto, la Ley Nacionalde Ambiente a la que se refiere este artículo, reconoce la posibilidad de que se genere
responsabilidad civil o penal por daño ambiental, pero la ley es clara sobre qué
constituye ese tipo de daño y señala en su artículo 27 que: "[...] Se define el daño
ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente,
sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos." Unaquema de neumáticos, en principio no debería estar alcanzado por este concepto.
Artículo 10.- Los datos a los que se refiere el artículo precedente serán también
comunicados a la autoridad a cargo de la protección de los menores cuando secomprobare que se ha llevado a niños o adolescentes a la concentración, conriesgo de su integridad física y en detrimento de su concurrencia a losestablecimientos educacionales.
También, quisiéramos subrayar el artículo 10 de la Resolución, en conjunto conel comunicado supra mencionado y que señala: "10. En el caso de participación de niños
y adolescentes se dará aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos
y se procederá a sancionar a aquellos que lleven niños a los piquetes".
Al respecto, nos permitimos recordar que el artículo 15.1 de la Convención
sobre los derechos del Niño señala: "Los Estados Parte reconocen los derechos del niño
a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas". Este derecho
también está garantizado por el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, asícomo en la ley N°26.061 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas yadolescentes. Por tanto, el Estado de Argentina no sólo debe permitir que los niños,
niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho a reunirse pacíficamente, sino que deacuerdo con la Observación General N°37, el estado tiene la obligación de concienciara los funcionarios sobre las necesidades específicas de las personas o los grupos ensituaciones de vulnerabilidad, que pueden incluir a niños cuando participan enreuniones pacíficas (párr. 80).
Artículo 11.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios
jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que serefiere el artículo 8, así como a las personas individuales que resultaren
7responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para
hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se remitirán los datos a lajurisdicción pertinente, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan
iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido
ocasionados contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse
de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán
sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines
pertinentes.
En conjunto con el artículo 1° de la Resolución 949/2023:ARTÍCULO 1º.- Instruyese a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, a la
GENDARMERÍA NACIONAL, a la POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al SERVICIOPENITENCIARIO FEDERAL, a determinar los gastos en los que hayan
incurrido a causa de los Operativos de Seguridad Federales llevados a cabo en
el marco de la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N°943/2023.
Nos gustaría hacer referencia también a lo dispuesto por el artículo 11 de la
Resolución, en conjunto con el artículo 1° de la Resolución 949 del mismo Ministerio.
En primer lugar, la Observación General N°37 es clara en señalar que los actos deviolencia aislados de algunos participantes no se deberían atribuir a otros, a losorganizadores o a la reunión como tal. Y es más claro aún; "Por lo general, los requisitos
de que los participantes u organizadores se ocupen de la seguridad, la asistencia médica,la limpieza u otros servicios públicos relacionados con las reuniones pacíficas oparticipen en esos gastos no son compatibles con el artículo 21" (párr. 64).
A los organizadores sólo se les pueden exigir responsabilidades únicamente por
su propia conducta ilícita, incluida la incitación a los demás, regla general en materia
de hechos de violencia en reuniones. Si, en circunstancias excepcionales, losorganizadores son considerados responsables de daños o lesiones de los que no fueron
autores, ello debe limitarse a los casos en que las pruebas demuestren que losorganizadores podrían haber previsto y prevenido razonablemente esos daños olesiones.
Desde este punto, quisiéramos llamar a la atención del Gobierno de Su
Excelencia este artículo cuando se aplica junto con lo dispuesto por la Resolución949/2023 del mismo Ministerio y que establece la necesidad de determinar los costos
operativos en los que se haya incurrido a causa de los Operativos de Seguridad
Federales llevados a cabo en el marco de la Resolución 943/2023. Estos costos seránluego objeto de demandas en contra de las organizaciones a las que se refiere el artículo
8º de la misma, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por
los costos que se hayan determinado; lo que claramente podría implicar una restricción
al derecho a la protesta y/o amedrantamiento para su limitación.
Respecto a la última parte de este artículo 11, la misma Observación prescribeque: "Todos tienen el derecho a reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como losno ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, losmigrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y
los apátridas". Este mismo derecho está reconocido en el artículo 26 de la Convención
8internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por tanto, la aplicación de la medida descrita con respecto a las personas
migrantes que se manifiesten y corten la circulación, resultaría discriminatoria por
aplicarse en base a la condición misma de migrante.
Artículo 12.- Por vía de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLITICACRIMINAL, o el área que en el futuro la remplace, de este Ministerio, se creará
un registro de las organizaciones que participan de las acciones referidas en el
artículo 1º, así como del número de infractores identificados de cada una deesas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no
exista resolución judicial sobre ellas.
También, nos permitimos resaltar el artículo 12 de la Resolución que crea unregistro de organizaciones participantes en reuniones de la forma descrita por el mismo
artículo 1° del texto. El objetivo de este listado no es claro, inclusive con respecto al
derecho a la privacidad de los manifestantes, y podría ser considerado para inhibir odesincentivar la participación de organizaciones en el ejercicio de sus derechos areunirse y expresar su opinión a través de las reuniones. Recordamos al Gobierno de su
Excelencia que las medidas que se imponga a organizaciones y sus participantes, seanadministrativas o penales, proceden únicamente cuando existan conductas ilícitas. El
párrafo 67 de la Observación General señala que "esas sanciones deben ser
proporcionadas y no discriminatorias y no se deben basar en delitos ambiguos odefinidos de manera excesivamente amplia ni reprimir conductas protegidas por el
Pacto".
Finalmente, quisiéramos subrayar que la única forma que proceden sanciones
específicas a organizadores es respecto de su propia conducta ilícita, no siendoresponsables de las conductas de los demás. A este respecto, quisiéramos destacar que
el derecho de reunión pacífica protege la reunión no violenta de personas con fines
específicos, principalmente expresivos. Es un derecho individual que se ejerce
colectivamente. Inherente a este derecho es, por lo tanto, un elemento asociativo.
Sobre el Título IV, Capítulo I, Sección I del Proyecto de ley de “Bases y Puntos
de Partida para la Libertad de los Argentinos”, quisiéramos llamar la atención delGobierno de su Excelencia sobre ciertos aspectos del proyecto de ley ya
individualizado, en línea con los argumentos plasmados arriba, y que competen a losmandatos que tenemos el honor de representar.
ARTÍCULO 326.- Modificación del Código Penal de la Nación. Sustitúyese el
artículo 194 del Código Penal de la Nación, por el siguiente:“ARTÍCULO 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere,
estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra,agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, deelectricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1)a tres (3) años y seis (6) meses.

9Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transportepúblico portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad
física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión,
siempre que no constituyere un delito más severamente penado.
Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que
impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público oprivado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad seránreprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la
manifestación o acampe.
Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres (3) a seis (6) años aquienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden dela autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o deasignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otroa asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
Primeramente, el artículo 326 del proyecto, que pretende modificar el artículo
el artículo 194 del código penal, se erigiría como una manifiesta forma de criminalizar
el ejercicio del derecho a la reunión pacífica. Nos permitimos reiterar los argumentosdel Comité de Derechos Humanos ya señalados al principio de esta carta: las reuniones
pacíficas a veces se pueden utilizar para promover ideas u objetivos polémicos que porsu escala o naturaleza puede causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación devehículos o peatones o la actividad económica (párr. 7). Por tanto, las afectaciones a lalibertad de circulación, intencionadas o no, pueden ocurrir y por lo mismo, no ponen en
entredicho la protección de la que gozan esas reuniones por parte del derecho
internacional (párr. 7).
Este artículo pretende endurecer las penas y crear nuevos tipos penales que seaplicarían a las personas que intenten ejercer su derecho a reunirse pacíficamente,
derecho que puede tomar la forma de manifestación, protesta o sentada, tal como lo
señala la Observación General N°37 (párr. 6).
En definitiva, se estaría utilizando el derecho penal para sancionar un elementode la naturaleza de las reuniones; el elemento disruptivo de la cotidianeidad para hacer
pública la expresión de ideas. En el mismo problema incurre el inciso que pretendesancionar a los organizadores de reuniones que puedan, nuevamente, causar
perturbaciones que no ponen en entredicho el ejercicio del derecho. Nos permitimos
reiterar el argumento supra mencionado respecto a la responsabilidad de organizadores;
sólo se les pueden exigir responsabilidades únicamente por su propia conducta ilícita,
incluida la incitación a los demás, no por organizar o coordinar una reunión que tenga
como consecuencia estas perturbaciones.
ARTÍCULO 328.- Los organizadores de las reuniones o manifestaciones, seránsolidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren
a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión omanifestación. La responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo
no los exime de responsabilidades emergentes de posibles acciones quepudieran corresponder ni de las multas establecidas en la presente Sección.

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El artículo 328 del proyecto de ley podría constituir también una forma derestricción al ejercicio del derecho a reunión respecto de los organizadores. Reiteramoslas disposiciones del Comité de Derechos Humanos, que establece que: "Por lo general,los requisitos de que los participantes u organizadores se ocupen de la seguridad, laasistencia médica, la limpieza u otros servicios públicos relacionados con las reuniones
pacíficas o participen en esos gastos no son compatibles con el artículo 21" (párr. 64).
Es deber del estado garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y demás
derechos conexos que se ejercen en contextos de manifestaciones. Intentar hacerlos
responsables solidariamente de los daños de actores violentos, sólo tendrá como efecto
la inhibición del ejercicio de este derecho.
Al respecto, quisiéramos reiterar una noción clave en el contexto del ejerciciodel derecho a reunión; éste es un derecho individual que se ejerce colectivamente. Poresta sencilla razón es que es contrario al estándar internacional intentar responsabilizar
pecuniariamente, administrativa o penalmente a los organizadores de la reunión, conlas excepciones ya expuestas arriba.
ARTÍCULO 333.- Notificación. Toda reunión o manifestación deberá ser
notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, conuna antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas.
En dicha notificación deberán detallar las características de la manifestación,los datos de la persona humana o jurídica que la organiza detallando nombres
propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades,
independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; elobjeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad
estimada de convocados.
ARTÍCULO 335.- Obligación y facultad del Ministerio de Seguridad. Recibida
la notificación establecida en los artículos precedentes, el Ministerio deSeguridad de la Nación deberá otorgar un comprobante en el cual conste su
correcta presentación.
Nos permitimos hacer referencia también a los artículos 333 y 335 del proyecto
de ley, sobre notificaciones. El estándar internacional propuesto por la Observación
General N°37 es claro en señalar que los sistemas de notificación que obligan a quienes
tengan intención de organizar una reunión pacífica a informar a las autoridades con
antelación facilitando algunos detalles importantes, son permisibles en la medida enque sean necesarios únicamente para ayudar a las autoridades a facilitar el buen
desarrollo de las reuniones pacíficas y proteger los derechos de los demás (párr. 70). En
palabras sencillas, la notificación tiene como objetivo la facilitación de la reunión y nodebe utilizarse de facto como un sistema de autorización o como una forma de inhibirel ejercicio mediante la exigencia de requisitos de difícil cumplimiento, como el tiempode duración y cantidad estimada de convocados -como lo propone el artículo delproyecto-.
ARTÍCULO 334.- Manifestación espontánea. En caso de que la reunión omanifestación fuera espontánea, la notificación establecida en el artículo
anterior deberá cursarse con la mayor antelación posible debiéndose respetar
el contenido establecido en dicho artículo.
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En referencia al artículo 334 del proyecto, quisiéramos recordar la disposición
que señala la misma Observación General, que destaca que las notificaciones no sedeben requerir para las reuniones espontáneas, en las que no hay tiempo suficiente para
avisar (párr. 72). Esto pareciera ser obvio, puesto que muchas veces las manifestaciones
espontáneas no cuentan con un organizador o representante a quien se le pueda exigir
el cumplimiento de esta notificación.
En conclusión, los Estados no deberían exigir una autorización para permitir quese realice una reunión. Es importante que haya una notificación si la marcha no es
espontanea, en la cual, los organizadores de la protesta o marcha notifiquen a las
autoridades respectivas para que se facilite la marcha y se proteja a los participantes.
Las reuniones espontaneas también deberían gozar de la misma protección. Además, sedebería tener en consideración que estas reuniones no deben suponerse a priori comode carácter violento. En tal sentido, no se puede prohibir simplemente porque exista unpotencial peligro de que ocurran o pueda ocurrir desórdenes. Para que esa prohibición
sea necesaria, tienen que existir indicios suficientemente claros de que van a ocurrir
hechos de violencia generalizada.
De acuerdo con el derecho internacional, las reuniones constituyen un uso
legítimo del espacio público y una prohibición general no puede ser aceptada. Al
contrario, el estado debería encontrar la forma para facilitar las reuniones pacíficas ypara promover el derecho a reunirse pacíficamente como forma de expresión
democrática.
En cualquier caso, los regímenes de notificación no deberían equivaler en la
práctica a sistemas de autorización previa para el ejercicio del derecho.
De acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de
Derechos Humanos, estaríamos muy agradecidos/as de tener su cooperación y sus
observaciones sobre los asuntos siguientes:
1.

Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en
relación con la información mencionada arriba.

2.

Sírvase proporcionar información adicional sobre los fundamentos
jurídicos considerados para adoptar las restricciones al derecho dereunión pacífica que emanan de la Resolución 943/2003, indicando enqué medida son compatibles con las normas internacionales de derechos
humanos.

3.

Sírvase proporcionar información relativa a la aplicación de esta
Resolución, en particular durante las manifestaciones llevadas a cabo
desde la entrada en vigor de la misma.

4.

Sírvase proporcionar información adicional sobre los fundamentos
jurídicos de las restricciones al derecho de reunión pacífica propuestas
en el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad delos Argentinos, indicando en qué medida son compatibles con las
normas internacionales de derechos humanos.

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5.

Sírvase proporcionar información sobre las medidas que considera
adoptar para garantizar y facilitar el ejercicio del derecho a la reunión
pacífica, incluido de los miembros de la sociedad civil y de losdefensores de los derechos humanos, así como los demás derechos queconvergen en el ejercicio de este derecho.

A la espera de la respuesta de su Excelencia, quisiéramos instar a su Gobierno
a que adopte todas las medidas necesarias para revisar la resolución y el proyecto deley mencionados a fin de garantizar que sea compatible con las normas internacionales
de derechos humanos y no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad
reunión pacífica, a la luz de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales
de derechos humanos.
En particular, solicitamos al Gobierno de su Excelencia que garantice que esta
revisión se lleve a cabo en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos
humanos y mecanismos internacionales. Para este ejercicio se debería tener en cuenta
toda la gama de obligaciones internacionales que el Estado de Argentina ha asumido al
ratificar los distintos tratados internacionales de derechos humanos.
También nos gustaría confirmar nuestra disponibilidad para proporcionar
cualquier tipo de asistencia técnica que el Gobierno de su Excelencia pueda necesitaren este asunto, y para fomentar el diálogo y la cooperación con las autoridades
pertinentes.
Esta comunicación, como un comentario sobre la legislación, reglamentos opolíticas pendientes o recientemente adoptadas, y toda respuesta recibida del Gobierno
de su Excelencia se harán públicas a través del sitio web de comunicaciones en un plazode 48 horas. También estarán disponibles posteriormente en el informe que se
presentará al Consejo de Derechos Humanos.
Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.
Clement Nyaletsossi Voule
Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
Irene Khan
Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión
y de expresión
Mary Lawlor
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

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