Propuestas para avanzar la Integración Regional

La “Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos” constituye un
momento de retomada de la unidad de los pueblos de “Nuestra América”, de movilización yacción para remarcar apuestas y propuestas frente la ofensiva de las diversas estrategias
de dominación colonial, neocolonial e imperialistas impulsadas por el gran capital e
implementadas a través de golpes de Estado, mecanismos de desestabilización,
endeudamientos y dependencia perpetua, saqueo de bienes comunes y una guerra por elcontrol y la homogeneización de nuestra diversidad cultural. Una guerra por los sentidos queorientan la vida, por las emociones y los sueños, por la idea de futuro.
En tiempos en que nos enfrentamos a una escalada de la violencia material y simbólica, se
hacen necesarios nuevos impulsos y esfuerzos de unidad de nuestros pueblos.
Desde los derechos a la soberanía y la autodeterminación de los países, desde la alegría, ladiversidad de expresiones sociales, organizativas, culturales, partidos políticas, ideológicas,
nacionales y desde los territoriales, proponemos esta agenda común que nos permita
retomar el camino cooperación e integración entre los países de América Latina y el Caribe.
1. Democracia e Integración Regional
La democracia es un valor central y transversal de cualquier formulación para la integración
regional. Históricamente, los procesos de integración regional han servido a la defensa de la
democracia frente a los ataques e intentos desestabilizadores, bélicos y golpistas. La
integración regional debe fortalecer y desarrollar más y mejor institucionalidad democrática
con mecanismos claros de participación de los pueblos en las políticas públicas, contransparencia y procesos de rendición de cuentas de los gobiernos. Rediseñar lainstitucionalidad actual es una tarea urgente. Nuestros pueblos deben ser parte de la tomade decisiones sobre un futuro que les pertenece.
La integración regional también necesita ser parte de los presupuestos nacionales, de losproyectos de cooperación entre los gobiernos y grupos de gobiernos y muy especialmente
de los organismos internacionales que canalizan recursos de la cooperación internacional yque por lo general han respondido a las agendas e intereses de las empresas y entidades denaturaleza privada.
Las instancias para la participación social en la integración regional deberán ser construidas
y definidas en consulta con los movimientos sociales, campesinos, sindicales, por la justicia
ambiental, de los pueblos originarios y demás actores comprometidos y actuantes en la
integración. Deberán ser los propios movimientos sociales los que determinen
autónomamente sus formas de representación y participación en las instituciones de laintegración existentes y que se puedan crear en el futuro. La participación social en la
integración deberá contar con recursos asignados y asegurar el diálogo e intercambio conlas instancias de los gobiernos.

Si los pueblos no son protagonistas de la integración, no habrá integración posible. Debemos
pensar una estrategia de integración que tenga como eje central la cultura. Construir una
integración a partir de programas educativos comunes, de medios de comunicación que
dialoguen con toda la región, de materiales comunicativos orientados para a las infancias ylas juventudes sobre la historia de integración entre nuestros pueblos desde sus luchas porla independencia y otros ejemplos de construcción de nuestra comunidad latinoamericana ycaribeña. Crear condiciones para potenciar intercambios y diálogos culturales entre lasinstituciones científicas, culturales y académicas que favorezcan que la ciencia y el talentode nuestros pueblos sirva en primer lugar a nuestros países y que el conocimiento no seconvierta en mercancía y otra forma de saqueo.
2.

Libre Circulación. Ciudadanía Regional. Derechos de las personas migrantes

Todas las personas tienen derecho a migrar, a no migrar y a retornar a sus países de origen.
La migración es un fenómeno económico, social, cultural y político que hace parte de losprocesos de conformación de las sociedades y las naciones. Hay que erradicar lacriminalización de las migraciones y favorecer que las personas que migran puedan
insertarse económica, social, cultural y políticamente en los países de acogida. Rechazamos
la xenofobia, el racismo y los discursos de odio contra las personas migrantes, refugiadas yasiladas.
Proponemos la creación de mecanismos de coordinación, monitoreo y respuesta alasdinámicas migratorias causadas por la violencia política y el crimen organizado, lascrisis económicas, sociales y climáticas. Una institucionalidad que esté anclada en losEstados y en la integración regional que desarrolle una mirada y respuestas regionales para
esta realidad que crece aceleradamente en la región. Las políticas y respuestas para la libre
circulación de las personas migrantes deben basarse en un enfoque de derechos, considerara las personas y sus familias y responder a las múltiples necesidades (vivienda, trabajo,
alimentación, educación, salud y bienestar general). El tratamiento de estas necesidades yel abordaje a las personas migrantes y sus familias no son temáticas para ser tratadas comoparte de las doctrinas nacionales de seguridad y defensa. Las personas migrantes
constituyen una fuerza económica, social y cultural que enriquece a todos los países y deben
ser considerados como sujetos de desarrollo y ciudadanas/os de derechos y, por tanto,
deben ser sujetos de políticas concretas para mejorar su realidad.
Proponemos la creación de un estatus de ciudadanía latinoamericana ycaribeña que garantice la igualdad de derechos para cualquier persona, independientemente
de su origen nacional, permitiendo su libre tránsito, reconociendo sus títulos y validando sus
conocimientos, competencias y habilidades laborales, asegurando la complementariedad delos sistemas de protección social, reduciendo las limitaciones que impiden el pleno ejerciciode los derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

3.

Trabajo y derechos para todas y todos en tiempos de transformaciones aceleradas.

Proponemos la elaboración de un modelo o plataforma laboral con un piso mínimo deprotección de los derechos fundamentales del trabajo. Este debe ser democrático, cuyo
criterio fundamental esté orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos
fundamentales del trabajo y enfrentar paulatinamente los efectos de las transformaciones
económicas y los efectos perversos de los procesos de reforma laboral que atienden alinterés del capital.
La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (DSLM), instrumento sindical construido por la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), define el conjunto de derechos
y procedimientos que establece un cuerpo normativo adecuado con foco en las personasque trabajan en los países de la región. La DSLM es una referencia para la construcción deinstrumentos y mecanismos regionales y/o continentales para incluirse en lainstitucionalidad de la integración regional, como por ejemplo en la UNASUR y la CELAC, asícomo otros procesos de integración en las subregiones, donde reclamamos una efectiva
participación de las organizaciones sindicales.
Una contribución también para este desafío es la propuesta sindical regional denominada“Lineamientos para un modelo de código de trabajo en América Latina y el Caribe”
documento que caracteriza el actual contexto del mundo del trabajo en la región y ofrece
una estructura normativa para su superación. Los principales aspectos que deberíancontemplarse en un proceso de reforma laboral, entre otros, son los siguientes: una
definición actualizada de “relación laboral” o “contrato de trabajo” que dé cuenta de lastransformaciones en el mundo del trabajo; limitación de la duración de la jornada de trabajo;
condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo; libertad sindical y reconocimientode la efectiva autonomía de las organizaciones de trabajadores en todos los niveles; derecho
a la negociación colectiva con mayor peso de la que pueda realizarse a nivel sectorial,
inclusive de carácter suprarregional y transnacional; derecho de huelga a cargo de la decisión
autónoma de las y los trabajadores.
Adoptamos la perspectiva de una economía diferente que invierta la lógica perversa delsistema para poner la vida en el centro, que garantice la autodeterminación de los cuerpos yel territorio: la economía feminista es un claro ejemplo de esto, constituyendo su principio
orientador poner en el centro el trabajo de reproducción de la vida, donde el valor generado
por el trabajo pertenezca a quienes lo producen, a quienes sostienen este sistema y viven
del trabajo. Esta perspectiva requiere cambiar la forma de consumir, producir y reproducir lavida y el intercambio para su sostenimiento: visibilizar, reconocer y, sobre todo, reorganizar
el trabajo doméstico y de cuidados, con corresponsabilidad entre varones, comunidades,
Estado y mujeres; concebir sistemas de justicia que no refuercen la opresión y reconozcan
la ciudadanía de migrantes y de la diversidad de identidades sexuales; servicios públicos que
garanticen la reproducción social y Estados que construyan desde lo común elreconocimiento de valores comunitarios como la autogestión; desmercantilización de la vida
y el fin del poder de las transnacionales; enfrentar la financiarización de la vida y elendeudamiento, fortalecer la economía real, al servicio de la humanidad, en armonía con elplaneta y el resto de sus habitantes.

Proponemos el diseño e implementación de políticas públicas de financiamiento, subsidios,
estrategias de inversión colectivas y creación de fondos regionales y nacionales específicospara proyectos de la economía popular que prioricen la infraestructura, la asistencia técnica
para planeamiento, gerencia y mercadeo de los productos y servicios, así como el apoyo alas etapas iniciales de estos emprendimientos. Las organizaciones de la economía
cooperativa, popular y solidaria deben mantener un acceso paritario en las compras públicas
estatales, en todos los niveles, especialmente para programas y proyectos localizados en
regiones fronterizas o que se articulan a través de las cadenas de producción que involucran
diversos países. Esta sería parte de las respuestas en regiones sometidas a proyectos
extractivistas y de economías productivistas y depredadoras.
4.

Transición Justa y soberanía energética para la Integración

América Latina y el Caribe poseen una diversidad enorme en materia de biodiversidad,
territorios y bienes comunes: es vista y vendida como fuente inagotable de “recursos” alservicio del capital. La finalidad de una transición justa, popular y feminista se entiende en
un marco de transformación más amplio del modelo de producción y consumo donde debe
cambiar radicalmente la relación con la naturaleza. El sistema energético se encuentra en el
centro del debate sobre lo que significa la transición justa y la democratización de la energía.
Entendemos la energía como un bien común que hace parte de los derechos colectivos yestá en congruencia con la justicia ambiental. Como derecho colectivo, la energía debe salirde la órbita del mercado transnacional, regional y nacional lo que implica desmercantilizar elsector energético y democratizarlo a través de la revisión de los marcos normativos vigentes
que regulan el sector, repensar los regímenes de propiedad y de gestión para fortalecer lopúblico y reorientar el papel de las empresas públicas para una gestión democrática,
explorando experiencias asociativas de provisión de servicios públicos de energía.
La
transición justa debe contribuir al logro de la justicia social, ambiental, económica y degénero, tanto productivo como reproductivo, y la responsabilidad del Estado y del conjunto
de la sociedad de proveer los cuidados necesarios para la vida.
Los derechos de la clase trabajadora, de los Pueblos Indígenas, comunidades campesinas yafrodescendientes, y de las mujeres deben estar en el centro de cualquier propuesta detransición justa y se debe respetar la participación y voz de sus organizaciones,
especialmente cuando están en juego el empleo, los medios de vida o los territorios de lasmismas.
Proponemos políticas que expandan el control y regulación del capital transnacional ya que
será uno de los principales obstáculos para la transición justa, que incorpore la perspectiva
popular y feminista. La cooperación y complementariedad entre las empresas públicas deenergía y el acceso a fondos internacionales disponibles para este tipo de proyectos pueden
ser un camino para avanzar en pasos concretos, involucrando a las comunidades yorganizaciones sociales en los territorios.

5.

Soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria reafirma el derecho de los pueblos a definir sus propias estrategias,
políticas y sistemas agroecológicos de producción, distribución y consumo de alimentos, enbase a la producción campesina y de pequeña escala, reconociendo el papel central de las
mujeres. Es un pilar fundamental en la lucha contra la crisis climática, alimentaria, de labiodiversidad y del agua.
Otra apuesta central de la soberanía alimentaria es la integración de una perspectiva
feminista que reconoce y reafirma el papel central de las mujeres como productoras dealimentos y sujetos políticos, así como la importancia de sus múltiples y valiosos saberes
acumulados en el desarrollo de la agricultura. Asimismo, exige la realización del derecho delas mujeres al territorio, a la tierra y a los medios de producción para asegurar su autonomía
económica. Otro elemento clave es la retribución justa por su trabajo en la producción dealimentos y en el desarrollo de sistemas diversificados y justos de producción, distribución
y consumo de la alimentación.
En el contexto de la crisis climática y de la crisis global de la salud, resulta insoslayable poner
freno a la agricultura industrial y al agronegocio, distribuir la tierra y aumentar la producciónde alimentos agroecológicos de la producción campesina, familiar y la agricultura urbana.
Ello conlleva la adopción de políticas públicas que garanticen el derecho a la tierra, la gestión
comunitaria del agua, semillas, el derecho a la tierra y el acceso a los medios de producción,
particularmente para jóvenes y mujeres, a la lucha para acabar con los latifundios – la lucha
por la reforma agraria. La política pública debe garantizar las compras públicas directas a laproducción campesina agroecológica, con especial énfasis en los alimentos producidos por
mujeres, para atender las necesidades alimentarias de la población que lo requiere y el
consumo de las instituciones del Estado, y así garantizar un mercado seguro que contribuya
a la sustentabilidad de los sistemas agroecológicos. El actual escenario de disputa ante elagronegocio y el poder corporativo, por la soberanía alimentaria es un proceso de resistencia,
ofreciendo otros paradigmas posibles para la soberanía de los pueblos y la construcción delsocialismo o las sociedades post capitalistas.
La integración debe aprovechar el potencial y la experiencia de la producción agroecológica
en los países de la región, fortalecer las experiencias organizativas, de producción ycomercialización para atender los graves problemas de hambre, desnutrición y subnutrición
en la región. La producción e intercambio de semillas, la formación en prácticas
agroecológicas, las escuelas y universidades campesinas son experiencias probadas que
están a disposición de los gobiernos y que requieren del impulso financiero y deinfraestructura para enfrentar en corto y mediano plazo problemas que afectan a millones
de personas del campo y la ciudad

6.

Enfrentar la crisis climática con justicia ambiental

Defendemos la integración regional como una herramienta para enfrentar la crisis climática
y realizar la justicia ambiental. En los últimos años, las amenazas y ataques a la democracia
en la región han estado fuertemente asociados a conflictos territoriales y disputas sobre lacuestión ambiental.
Con el fortalecimiento de la integración regional y la integración de los pueblos, fortalecemos
experiencias de territorios comunes con músculo para una construcción realmente colectiva(programática y práctica) sobre aspectos esenciales para la vida de nuestros pueblos. La
gestión y protección de nuestros bienes comunes (agua, biodiversidad, minerales, energía,
territorio, ecosistemas) tiene que ser parte de una estrategia regional y colectiva que
involucre financiamiento, equipos técnicos, inversión pública y participación real deorganizaciones y pueblos.
En la base de la crisis climática y ambiental está el modelo de muerte y desigualdad que
impone el capital. Transformar este modelo se vuelve una tarea urgente para dar lugar a
políticas públicas que reparen territorios y comunidades, protejan nuestra agua, semillas ybiodiversidad. Los gobiernos de la región deben avanzar en sistemas de respuesta pronta
frente a lo que ya son cotidianos efectos del cambio climático en todos los países de laregión. Son las comunidades pobres, las mujeres, la pequeña producción del campo, lascomunidades urbanas de bajos recursos, las principales víctimas del sistema económico
que destruye el planeta. Sequias extremas, inundaciones, incendios, altas temperaturas,
heladas y otros fenómenos están generando un nuevo tipo de exclusión, sumada a las ya
estructurales. Existe conocimiento científico y de las propias comunidades para actuar
frente a los efectos de estos eventos extremos. Las instituciones de la integración regional
deben actuar prioritariamente y de forma coordinada frente a la crisis climática.
La gobernanza multilateral donde se discuten las acciones de los países para frenar elcambio climático está fracasando estrepitosamente y restringen cada vez más el margen demaniobra de países del Sur global para enfrentar la crisis climática a pesar de ser los paísesmenos responsables y más afectados por la misma. Coordinar las acciones en estos
espacios debe ser parte de la institucionalidad de la integración regional. Nuestras voces en
unidad serán claves para poder presionar por un financiamiento apropiado.
Avanzar en una estrategia regional para la protección y aprovechamiento sustentable de laAmazonía y otros biomas estratégicos para la sobrevivencia del planeta y también de lascomunidades es un imperativo de la integración regional. Se hace necesario construir una
plataforma que involucre a los gobiernos, comunidades y organizaciones sociales que
desarrollan prácticas para la preservación y aprovechamiento sustentable de estos
territorios, como forma de enfrentar la presión de la grandes empresas transnacionales ygobiernos del norte global que se apropian de nuestros bienes comunes y trasladan al sur
sus pasivos ambientales.

Estás líneas de prioridad han sido parte de una síntesis compartida por las organizaciones
que impulsamos la “Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos”.
Creemos y proponemos un dialogo concreto con las instituciones de gobiernos,
parlamentarios, partidos políticos, organismos para el desarrollo latinoamericano y caribeño,
universidades y con todas las entidades comprometidas con el futuro de justicia y dignidad
plenas que merecen nuestros pueblos.

¡¡¡¡Es hora de avanzar en la Integración para los pueblos!!!!
Foz de Iguazú, 22 y 23 de febrero 2024