Observatorio Laboral de las Américas

DERECHOS LABORALES EN LAS AMÉRICAS:TENDENCIAS GENERALES DESDE
EL INICIO DE LA PANDEMIA
BOLETÍN 1 - OCTUBRE 2020

Ocupación de congreso en el marco de manifestaciones de la revuelta popular. Chile · Crédito: CUT ChileConfederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas - CSA
SECRETARIADO EJECUTIVO CSA
Hassan Yussuff - Presidente
Francisca Jiménez - Presidenta adjunta
Toni Moore - Presidenta adjunta
Rafael Freire Neto - Secretario General
Jordania Ureña Lora - Secretaria de Política Sindical y Educación
Cícero Pereira da Silva - Secretario de Políticas Sociales
Bárbara Figueroa - Secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable.
Contenido y Redacción
Equipo CSA
Corrección de estilo
María Lila Ltaif
Diseño gráfico y diagramación
María Eugenia Salas.
Todos los derechos reservados © 2020,
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Buenos Aires 404/406, CP 11000, Montevideo, Uruguay, www.csa-csi.org
Octubre 2020

Introducción
En la coyuntura generada por el COVID-19 se está instalando con mayor
velocidad una realidad dominada por características sumamente regresivas.
En la región, esta situación dinamizó los procesos y tendencias de deterioro
de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso: las condiciones
laborales, la estabilidad del empleo, los derechos laborales y sindicales, lacapacidad de sostener un salario digno, los propios sistemas de protección
social, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis
en la mayoría de los países de las Américas.
Las medidas adoptadas por los gobiernos para atender y contener laexpansión del COVID-19, junto a las respuestas de empleadores, no han
atenuado esta situación y en muchos casos la agravaron. A esto se lesuman la desigualdad estructural, el racismo, el autoritarismo y la violencia
sistemática y sistémica con rasgos diferenciales de género, larecarga de tareas de cuidados en las mujeres, niñas y adolescentes
y la misma explotación laboral.
Este Boletín n.° 1 Derechos laborales en las Américas: Tendencias generales
desde el inicio de la pandemia, de octubre de 2020, elaborado en el marcodel Observatorio Laboral de las Américas, se propone recoger estasreflexiones y ofrecer herramientas para el análisis y la acción sindical de laConferederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas - CSA
y sus organizaciones afiliadas y fraternas, así como de las organizaciones aliadas,a fin de examinar estas tendencias de deterioro desde la visión del sindicalismo
regional, problematizando las respuestas a la crisis y visibilizando los impactos
generados. Las visiones de la realidad no son universales, representan
intereses y perspectivas desde los cuales se analiza. La mirada de las trabajadoras y
los trabajadores debe ocupar un lugar central en las respuestas a la crisis,tanto por haber sido afectadas/os profundamente como por ser un actor
fundamental en la posibilidad de construir salidas estables y que contribuyan
a condiciones más dignas para la población trabajadora.
No se trata de propuestas nuevas; por el contrario, la elaboración que hahecho el sindicalismo sociopolítico de las Américas es aún más vigente
frente a esta pandemia.
Las reflexiones sobre el modelo económico como causante de la desigualdad y
explotación, así como la necesidad de apostar por un modelo de desarrollo
sustentable que ponga en el centro a las y los trabajadores son hoy urgentes yconstituyen una herramienta fundamental a la hora de analizar los impactos
sobre la clase trabajadora y pensar salidas a la crisis.

02

TENDENCIAS GENERALES EN LA REGIÓN
Las medidas tomadas para la contencióndel virus han tenido un gran impacto en elmundo del trabajo. Ahora más que nunca sereconoce la centralidad del trabajo en larealización de cualquier actividad productiva.
Sin embargo, las medidas adoptadas por
los gobiernos no han puesto en el centro ladignificación de la vida de las y los trabajadores.
La suspensión de actividades y la consecuentedesaceleración económica están ocasionando
un incremento sin precedentes del desempleo;de acuerdo con estimaciones de la CEPAL dejulio de 2020, el año cerraría con una tasa dedesocupación regional de alrededor del 13,5 %,que representaría 44,1 millones de personas
desempleadas1.

1 Reforma laboral de facto.
El escenario de la pandemia ha permitido
adoptar medidas que configurarían una
reforma laboral por la vía de los hechos,con el argumento de que se buscan lareactivación de la economía y la reducciónde los costos laborales. Aun con medidas
de restricción de despidos en estos meses,
se denuncian despidos masivos, reducciónde salarios y jornadas laborales, negativa adeclarar el COVID-19 como enfermedadlaboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones
obligatorias y sin pago, cancelación orenegociación de contratos, reformas
legislativas para eliminar la negociación
colectiva y un desconocimiento generalde los sindicatos.
Por ejemplo, LATAM efectuó dos despidos
masivos en Perú, Colombia, Chile, Ecuador,
uno de 1400 personas en mayo y el segundode más de 1000 en junio de 2020. Por su
parte, Avianca solo en Colombia se haplanteado reducir 15.000 empleos e inició
un proceso de «llamado voluntario alicencias no remuneradas» cuyas condiciones
incluyen que la empresa no se hará cargode la seguridad social de sus trabajadores/as ni
abonará los beneficios extras que poseíany que estos deberán estar a disposición dela empresa durante el término pactado enla licencia. Además, COPA obligó atrabajadores/as a f irmar suspensiones
de contratos o «retiros volunta ri o s »y p o s te r i o r m e n te l e s a s i g n ó v u e l o spagándoles solamente las horas de trabajo
en estos.
Las reformas legislativas en Brasil (medida
provisoria 936, convertida en ley n.° 14.020,
del 1 de abril de 2020) y Chile (Ley deProtección del Empleo n.° 21.227, del 6
de abril de 2020) han sido utilizadas para
desmontar la obligatoriedad de la negociación
colectiva y flexibilizar los contratos. En Chile
empresas transnacionales del sector
alimentario como Starbucks y Burger King
aprovecharon esta ley para suspender loscontratos de miles de trabajadores/as.
También en Honduras (Ley de Auxilio al
Sector Productivo y a los Trabajadores
ante Efectos de la Pandemia provocada
por COVID-19, contenida en el decreto
3320, del 3 de abril de 2020), Guatemala(acuerdo ministerial 140-2020, del 23 demarzo de 2020) y Colombia (circulares 33,
del 17 de abril de 2020, y 21, del 17 de marzo
de 2020, del Ministerio de Trabajo, decreto
legislativo 558, del 15 de abril de 2020)
autorizaron suspensiones de contratos,
vacaciones obligatorias y despidos por
COVID-19.
Las centrales sindicales de la mayoría de lospaíses han denunciado a sus gobiernos
por ignorar sus propuestas y demandas almomento de reglamentar la emergencia
sanitaria y las salidas a la crisis.

03

2 Protección de la actividad
económica, desprotecciónde trabajadores/as.
La respuesta inicial a la pandemia, que obligó
a la mayoría de los gobiernos a decretar
condiciones de mayor o menor confinamiento,
estuvo acompañada por la decisión demantener la actividad en aquellos sectoresconsiderados básicos o fundamentales.
Sin embargo, las contradicciones se hicieron
evidentes, por ejemplo, en los criterios usados
para determinar cuáles son los sectoresbásicos, que fueron cuestionados por algunos
sindicatos pues respondían más a la importancia
económica o a la presión empresarial que asu relevancia para el sostenimiento de lascondiciones de vida básicas de la población
durante el periodo de pandemia. Por ejemplo,
sectores como la construcción, la producciónde bebidas alcohólicas, textiles y calzado, entre
otros.
Ni siquiera las condiciones de trabajo o lasalud y seguridad de los/as trabajadores/as
están siendo garantizadas en estos sectores.
La ausencia de equipos de protección individual,
las condiciones de distanciamiento en ellugar de trabajo o en los medios de transporte,la dif icultad de acceder a agua potable
son algunas de las denuncias reiteradas
por trabajadoras y trabajadores de esos
sectores.

3 ¿Gasto público para quién?
Los anuncios de paquetes de ayuda, muchos
de ellos f inanciados con endeudamiento
solicitado a las Instituciones Financieras
Internacionales y, en algunos casos, conimpuestos o reducciones de salario aempleadas/os públicos, incluían ayudas
monetarias a la población de menores ingresos,
mayores plazos para el pago de impuestos,
subsidios, líneas de crédito especiales yexenciones de impuestos a pequeñas ymedianas empresas (pymes), con el fin demantener el empleo generado por estas

y garantizar ingresos mínimos a la
población trabajadora.
Sin embargo, el alcance real de estos
paquetes de ayuda ha sido bastante limitado
en la mayoría de los países. En los intercambios
sostenidos por la CSA y en la encuesta
circulada con las afiliadas sobre la efectividad
de las medidas aplicadas por los gobiernos
durante todo el periodo de pandemia,
se han presentado denuncias por las
dif icultades para acceder a las ayudas
anunciadas debido a los requisitos, trámites
y limitaciones de los montos, que, además,solo fueron pensados para los tres meses
iniciales de la emergencia sanitaria. En
algunos países, como Perú, Panamá oColombia, las ayudas gubernamentales se
han destinado a salvar a las grandes empresas,
incluso transnacionales, como es el caso delpréstamo para salvar a la aerolínea Avianca,
que además se recuerda por su comportamiento
antisindical frente al sindicato de pilotos
y trabajadores/as en la huelga histórica dehace unos años, por el que fue condenada apagar una compensación de COP 500
millones al sindicato. El préstamo desalvamento fue suspendido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca hasta
que n o se evalúe la legalida d d e l o s
procedimientos de adjudicación.

4 Informalidad y precariedad:
trabajadoras/es por aplicativo.

Las/os trabajadoras/es en condiciones deinformalidad se han visto más afectadas/os
en esta pandemia por la pérdida de ingresos
aún más abrupta y por la mayor dificultad
para acceder a mecanismos de ayuda osubsidios como el seguro de desempleo(donde existe). Las/os trabajadoras/es deentrega de pedidos a domicilio a travésde aplicaciones de plataforma fueron
consideradas/os esenciales, pues su labor
permitió que la mayoría de la población
quedara en aislamiento. Las condiciones
de trabajo, ya precarias,empeoraron aún
más con la declaración de la emergencia

04sanitaria y el aislamiento. Su labor se
promociona como trabajo independiente
y autónomo, lo que implica que los pagossean muy bajos (por kilómetro recorrido)
y los costos de transporte, protección ymantenimiento sean asumidos por estas
personas que, en la mayoría de los casos,
se movilizan en bicicleta, exponiéndosea accidentes o al contagio. Frente a esta
situación, los colectivos de trabajadoras/es
de aplicativos (apps) han convocado avarias jornadas de protesta regionales einternacionales en los últimos meses.
Mientras tanto, las empresas transnacionales
propietarias de los aplicativos han visto crecer
sus ganancias de manera exponencial.
Muy pocos países destacan por sus medidas
de contención efectiva a la clase trabajadora. Losesfuerzos realizados en Argentina en, almenos, dos medidas son notorios. Por un
lado, fue el primer país en declarar el COVID-19
como enfermedad de carácter profesional(decreto presidencial 367, del 13 de abril de2020), lo que permitió la aplicación de seguros
y licencias por enfermedad para trabajadoras/es
contagiados o considerados población deriesgo. Por otro lado, la aprobación de una
ley integral que regula el teletrabajo y que
incluye diversas demandas de los sindicatos
como el derecho a la desconexión, la compensacióny la responsabilidad del empleador por elequipamiento y herramientas necesarios,
el mutuo acuerdo para implementar lamodalidad, la equiparación en derechos
con la modalidad presencial y la consideraciónde la compatibilización con los cuidados.
Además, destaca el refuerzo de lasacciones y dispositivos nacionales deatención a la violencia de género en el marco
de la pandemia en 10 medidas detalladas
anunciadas en marzo de 20202.

05

RESPUESTAS SINDICALES:

la clase trabajadora no debe pagar la crisis
Desde el inicio de la pandemia, el sindicalismo
de la región ha planteado que estamos frentea una crisis del sistema económico neoliberal.
El fracaso de sus políticas de reducción delEstado, privatizaciones, precarización deltrabajo y de los derechos sociales queda
aún más en evidencia con el COVID-19. Esta
posición ha sido sostenida por la CSA y susorganizaciones afiliadas en todos los espacios
de debate en los que han participado
gobiernos y empleadores, especialmente losforos convocados por la OIT - Organización
Internacional del Trabajo - con ocasión depromover salidas a la crisis.
La verdadera respuesta a la crisis tiene que
enfocarse en medidas de emergencia demediano y largo plazo y no puede seguir
imponiendo soluciones falsas como hasta
ahora. Los sindicatos de la región han
subrayado que se necesitan cambios
urgentes y han propuesto una serie demedidas en diferentes áreas. Algunas deellas se reiteran en más de un país y en
algunos han tomado la fuerza de iniciativas
legislativas. La fuerza que toman algunas
demandas está relacionada con las extremas
tensiones que están generando las políticas
regresivas, que en este contexto profundizan
las vulnerabilidades propias de la región.
Estas propuestas tienen un horizonte demediano y largo plazo y se inscriben en la
Plataforma de Desarrollo de las Américas
elaborada por el sindicalismo de la región.
Los sindicatos vienen denunciando laineficiencia de las respuestas para atendera las/os trabajadoras/es. Proponen medidas
estructurales coyunturales y de largo plazo
para que los trabajadores y trabajadoras nosigan pagando los costos de las crisis:

1 El Estado tiene el deber degarantizar la estabilidaddel empleo y el ingresode trabajadores/as.
Se debe exigir a las empresas el cumplimiento
de los pagos a trabajadores/as que nopueden asistir a sus trabajos por restricciones
de la actividad económica, por estar cursandola enfermedad o por ser población de riesgo.
Se proponen transferencias emergenciales
para esta población, coberturas especiales
de seguros por enfermedad, rentas transitorias
y de emergencia y la atención especial a
trabajadores/as en condiciones de informalidad.

2 Garantizar la salud de la

población afectada y protegera la población en riesgo también
es responsabilidad del Estado.

La inversión en salud, equipos de protección
personal, insumos y productos médicos
es prioritaria y debe establecerse de ese
modo en la relación del gasto público y lospresupuestos nacionales. Las restricciones ala inversión y el gasto social, así como lasreformas fiscales regresivas son medidas
que ponen en riesgo la salud de la población.

3 El financiamiento público es
fundamental y debe estar
garantizado para todos lospaíses.

El financiamiento a partir de préstamos deinstituciones financieras no debe condicionarlas políticas a aplicar ni las decisiones públicas
que definen el gasto público. Todos los países
deben poder acceder a financiamiento especial.

06

4 La contracara de los Estados

6 Los sistemas de protección
social deben poder contenerlos efectos de la crisis sobrela población.

La necesidad de contar con impuestos directos
y progresivos que graven las ganancias yeviten o reduzcan la evasión de grandes
capitales es cada vez más urgente. Lossindicatos han propuesto la implementaciónde impuestos a los grandes capitales,
empresas transnacionales y superricosen varios países. Esta medida ataca uno
de los problemas históricos en la región entérminos de redistribución del ingreso y los
excedentes.

En muchos países son frágiles o inexistentes.
Los sindicatos proponen adoptar, restablecero ampliar los regímenes de seguridad social,así como otros mecanismos de protección
social para garantizar el sostenimiento
de toda la clase trabajadora independientemente
de su vínculo laboral.

desfinanciados es la ausencia
de impuestos a las grandes
fortunas y ganancias.

El eco que ha tenido en los sistemas políticos
demuestra lo necesaria que empieza a
ser incluso en términos de justicia social
y económica. En países como Brasil, Perú,
Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador el debate
está instalado en la opinión pública, existe
una demanda social fuerte de avanzar enese sentido e incluso han llegado apresentarse algunos proyectos de ley3.

5 Ni la pandemia ni otras crisis

pueden habilitar, eliminar osuspender los mecanismos dediálogo social y, sobre todo, no
pueden ser una excusa paraeliminar la negociación colectiva
o la libertad sindical.

Estos derechos constituyen premisas
fundamentales de la democracia. Los sindicatos
proponen reforzar y/o activar estos instrumentos
esenciales de la clase trabajadora, garantizar
la ultractividad de la negociación colectiva
hasta que la crisis sea superada, utilizar almáximo las políticas públicas existentes paragarantizar la estabilidad del empleo y el ingresode trabajadores/as, incluyendo a quienes trabajan
en condiciones de informalidad.

7 Las respuestas deben

construirse a partir de laacción y solidaridad de losdiferentes sectores sociales.

En este momento de crisis resulta urgente
profundizar la construcción de unidad y
alianzas con los diferentes movimientos yorganizaciones sociales que hacen partede la clase trabajadora y que se encuentran
en la Jornada Continental por la Democracia
y contra el Neoliberalismo desde la cual
proponemos respuestas estructurales alas crisis que enfrentamos.

1 CEPAL, “«Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación
con igualdad: nuevas proyecciones”», Informe Especial COVID-19 No. 5, 15 de julio de2020. 2 Ver medidas aquí 3 En el informe “El impuesto a los ricos como sentido
común” publicado por CELAG en junio 2020 se presentan los resultados de una
encuesta sobre impuestos a las grandes fortunas. Frente a la pregunta ¿Ud estaríade acuerdo con que se cobren impuestos extras a las grandes fortunas del paíscomo posible medida del gobierno frente a la pandemia? las respuestas afirmativas
alcanzan los siguientes porcentajes: 76,2% en Argentina, 75,6% en Ecuador, 72,8% en
Chile, 64,1% en Bolivia y 67,4% en México.

07