A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tienen el honor de dirigirse a la Mesa,
al amparo del artículo 124 y siguientes del Reglamento vigente, para presentar
la siguiente Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización
institucional, política y social en Cataluña.
Asimismo, se solicita que se tramite por el procedimiento de urgencia, al amparodel artículo 93 del vigente Reglamento.
En el Congreso de los Diputados, a 13 de Noviembre de 2023.

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la
aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido
declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo
de responsabilidad se han producido en un contexto concreto.
Esta facultad legislativa se configura en el ordenamiento como un medio
adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales que, en el senode un Estado de derecho, persigue la consecución de un interés general, comopuede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales
arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social,así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas.
Es, por tanto, una institución que articula una decisión política mediante una ley
aprobada por el Parlamento como expresión del papel otorgado por laConstitución a las Cortes Generales, que se erigen como el órgano encargado
de representar a la soberanía popular en los poderes constituidos y configurar
libremente la voluntad general a través del ejercicio de la potestad legislativa por
los cauces preestablecidos.
La amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición
jurídica. No es una vía novedosa, cuenta con numerosos precedentes en
España. El más importante, pero no el único, es la Ley de Amnistía de 1977 (Ley46/1977, de 15 de octubre).
Además, se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los países denuestro entorno geográfico e influencia jurídica. Así, está prevista expresamente
en los textos constitucionales de Italia, Francia o Portugal, que han aplicado esta
medida en diversas ocasiones, siendo la más reciente la Ley 38-A/2023, de 2 deagosto, de Portugal, que amnistía a todos los jóvenes de entre dieciséis y treinta
años por la comisión de determinados delitos, con motivo de la visita del papa
Francisco a dicho país.
También existen otras normas constitucionales de países europeos que, si bien
no mencionan expresamente la amnistía, como en el caso de Alemania, Austria,
Bélgica, Irlanda o Suecia, ello no ha impedido que se afirmara su
constitucionalidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se han promulgado másde medio centenar de estas leyes en los citados países, considerando la propia
doctrina que una amnistía es aplicable en el Estado constitucional en
circunstancias de especial crisis política.
Desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la institución de laamnistía está perfectamente homologada. Destacan en este sentido, por
ejemplo, la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a laorden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados
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miembros, cuyo artículo 3 prevé que cuando el delito esté cubierto por la amnistía
en el Estado miembro de ejecución se denegará la orden de detención europea.
Más recientemente, también el Acuerdo de comercio y cooperación entre la
Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, yel Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo artículo 600 contiene
una previsión similar a la mencionada anteriormente.
Coherentemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia
de 29 de abril de 2021, dictada en el asunto C-665/20 PPU, no solo reconoce laposibilidad de la existencia de amnistías sino que, además, establece que lamisma “tiene por finalidad despojar de su carácter delictivo a los hechos a losque se aplica, de tal modo que el delito ya no pueda dar lugar al ejercicio deacciones penales y, en caso de que ya se haya impuesto una condena, que se
ponga fin a su ejecución, implica por tanto, en principio, que la sanción impuesta
ya no pueda ejecutarse”. Y más recientemente, en su sentencia de 16 dediciembre de 2021, dictada en el asunto C-203/20, el mismo tribunal haestablecido la posibilidad de archivar diligencias penales y de poner fin a las
penas, basándose en resoluciones judiciales dictadas al amparo de una amnistía
resultante de un procedimiento de índole legislativa.
En esa misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido
la validez y oportunidad política de la amnistía, fijando como límite las graves
violaciones de los derechos humanos, por tratarse de hechos que no pueden
quedar al margen de la obligación de los Estados de enjuiciarlos y sancionarlos(entre otras, la sentencia de 27 de mayo 2014 de la Gran Sala, dictada en el caso
Marguš contra Croacia).
Y, por su parte, la Comisión Europea para la Democracia mediante el Derecho(Comisión de Venecia) también ha dejado clara la validez de medidas como laamnistía y su compatibilidad con las decisiones judiciales, tanto en su
Recomendación CM/Rec (2010)12, como en su sesión plenaria del 8 y 9 demarzo del año 2013.
II
La presente ley orgánica amnistía los actos que hayan sido declarados oestuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes deresponsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en
Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum de 1 de octubre de 2017(declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal
Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que sehubiesen realizado entre el 1 de enero de 2012, año en el que comenzaron adesarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de2023. La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta yel referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda
conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos
preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración omostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo3

también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación decualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos losactos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social einstitucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades quela Constitución confiere a las Cortes Generales.
Los hechos enmarcados en el denominado proceso independentista, impulsado
por las fuerzas políticas al frente de las instituciones de la Generalitat deCatalunya (President, Parlament y Govern) y apoyados por parte de la sociedad
civil, así como los representantes políticos al frente de un buen número de losayuntamientos de Catalunya, tuvieron como precedente el intenso debate sobre
el futuro político de Catalunya abierto a raíz de la sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010, de 28 de junio. Además, desembocaron en una serie demovilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo, así como en mayoríasparlamentarias independentistas.
Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a laintervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó ladesafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia lasinstituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada deforma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que
siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal.
En este tiempo, las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a lahora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso
independentista. Un papel que esta ley orgánica reafirma al reconocer su
competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política ypromover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, deacuerdo con el interés general.
Así, con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a
un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una
respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso
independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de lacrisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro.
De esta manera, al asumir las Cortes Generales esta decisión de política
legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en
uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar,
desde la política, un conflicto político.
La aprobación de esta ley orgánica se entiende, por tanto, como un paso
necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de lascircunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de lasinstituciones estatales a una parte de la población. Unas consecuencias,
además, que podrían agravarse en los próximos años a medida que sesustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes de aquel
proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanose incluso a empleados públicos que ejercen funciones esenciales en la4

administración autonómica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e
inhabilitación produciría un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios
en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social.
Con la aprobación de esta ley orgánica, por tanto, lo que el legislador pretende
es excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos enel contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general,consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar
un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica
y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España,
sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político.
Además, y en relación directa con lo anterior, debe tenerse presente que ennuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia
militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino laadhesión positiva al ordenamiento. Las metas a perseguir dentro del marco
constitucional son plurales. No obstante, todos los caminos deben transitar
dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Así, esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco
legal. Muy al contrario, es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro,devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las
costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del ius puniendi por
razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interéssuperior: la convivencia democrática.
Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente yreconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicaciónde la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver
un conflicto político sostenido en el tiempo. Por tanto, esta amnistía constituye
una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento deque los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben
ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de lasociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad deactualizarse adaptándose al contexto de cada momento.
III
El contexto jurídico y político en el que se aprueba esta amnistía es muy diferente
de aquel en el que se aprobaron las dos últimas normas que implementaron esta
medida en nuestro país: el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, y la Ley
46/1977, de 15 de octubre. En ese momento, formaban parte del conjunto deactos con los que se pretendía poner fin a una larga dictadura para iniciar laconstrucción de un Estado social y democrático de derecho en el marco de la
Unión Europea, presidido por el reconocimiento de un amplio elenco de derechos
fundamentales y por la división de poderes. Hoy, en el año 2023, España secaracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio
5

de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales
se configuran como pilares esenciales.
Desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable alde los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales
individualmente considerados y preserva los derechos ideológicos y políticos detodos, y que establece para los poderes públicos la obligación de interpretar las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales ratificados, tal y como reconoce la propia Constitución.
De acuerdo con este marco, una ley de amnistía solo puede fundamentarse enla solidez del sistema democrático, que demuestra así su capacidad deconciliación a través de un acto soberano de las Cortes Generales, cuya
legitimidad encuentra fundamento en dos pilares de distinta naturaleza: por un
lado, la constitucionalidad de la medida y, por otro, la necesidad de abordar una
situación excepcional en pro del interés general, apostando por un futuro deentendimiento, diálogo y negociación entre las distintas sensibilidades políticas,
ideológicas y nacionales. Una sociedad que pretende avanzar desde un puntode vista democrático debe tener la capacidad de favorecer y ubicar entre sus
prioridades la convivencia, el diálogo, el respeto y el eventual entendimiento
entre las diferentes posiciones y reivindicaciones políticas democráticas.
Y es que, en coherencia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con
la Carta Europea de Derechos Fundamentales, es necesario recordar que laConstitución española de 1978 consagra el pluralismo político como uno de losvalores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1), configura lospartidos políticos como cauce de expresión de la voluntad popular y como
instrumento fundamental para la participación política (artículo 6), el principio delegalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos (artículo 9) y garantiza el derecho fundamental a la libertad ideológica
(artículo 16), así como los derechos a la libertad de expresión y de información(artículo 20), el derecho de reunión y manifestación pacífica y sin armas (artículo
21) y el derecho de asociación (artículo 22). A partir de estos presupuestos, seda una adecuada articulación con los principios y valores generales del texto
constitucional, especialmente teniendo en cuenta que la Constitución de 1978 se
integra en la tradición liberal-democrática que ha alumbrado los Estados sociales
y democráticos de derecho contemporáneos. Ello exige que valores como elpluralismo político, la justicia y la igualdad presidan el fundamento, la finalidad,
el ámbito y las condiciones de una ley de amnistía.
Este es el marco jurídico general en el que se concibe la presente ley deamnistía, en el claro entendimiento de que, si bien no hay democracia fuera delEstado de derecho, es necesario crear las condiciones para que la política, el
diálogo y los cauces parlamentarios sean los protagonistas en la búsqueda desoluciones a una cuestión política con una presencia recurrente en nuestra
historia. Se trata, pues, de utilizar cuantos instrumentos estén en manos del6

Estado para procurar la normalización institucional tras un periodo de grave
perturbación, así como seguir favoreciendo el diálogo, el entendimiento y laconvivencia. Este proceso está inspirado, además, por la interpretación que
ofrece el Tribunal Constitucional sobre las obligaciones políticas de los poderes
públicos al decir que “la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente
todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional […]. Porello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que
conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver
mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en esteámbito” (sentencia 42/2014, de 24 de marzo).
IV
La constitucionalidad de la amnistía fue declarada por el Tribunal Constitucional,en su sentencia 147/1986, de 25 de noviembre, a propósito precisamente de laaplicación de la Ley 46/1977. En este pronunciamiento, se afirma taxativamenteque “no hay restricción constitucional directa sobre esta materia”.
La Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo una
manifestación concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales,
que cuentan con una naturaleza jurídica muy diferente a la que es propia de una
ley orgánica de amnistía, al ser el indulto una prerrogativa del Poder Ejecutivo.
La propia sentencia 147/1986 abunda en esta cuestión al afirmar que “es erróneo
razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente
cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa”.
Parece razonable entender que el constituyente de 1978 no prohibió la institución
de la amnistía porque, entre otras razones, ello hubiera implicado la derogacióndel ya mencionado Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, y la Ley 46/1977,de 15 de octubre, que constituyeron el punto de partida del pacto constitucional
y sin las cuales no hubiera sido posible la Transición Democrática ni el amplio
consenso parlamentario y social que avalaron e hicieron posible que laConstitución española de 1978 viera la luz. Esta circunstancia se revela evidenteen la jurisprudencia, toda vez que el Tribunal Supremo ha afirmado de forma
taxativa que la Ley 46/1977 es “una ley vigente cuya eventual derogación
correspondería, en exclusiva, al Parlamento” (sentencia 101/2012, de 27 defebrero).
Todo ello nos permite inferir que la amnistía, lejos de ser una figura
inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española yse presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está
representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional. De esta
manera, a quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada
conducta se le reconoce, en lógica consecuencia, la facultad de amnistiar esos
mismos hechos sin otros límites que los que directamente dimanen de laConstitución.

7Cabe subrayar que la amnistía no afecta al principio de separación de poderes
ni a la exclusividad de la jurisdicción previsto en el artículo 117 de la Constitución
porque, como reza su propio texto, el Poder Judicial está sometido al imperio dela ley y es precisamente una ley con valor de orgánica la que, dentro de losparámetros antes expuestos, prevé los supuestos de exención de la
responsabilidad, correspondiendo a los jueces y tribunales, así como al Tribunal
de Cuentas o a las autoridades administrativas que sigan o hubieran seguido las
diligencias, procesos, expedientes y causas a las que afecten los actos
amnistiados, su aplicación a cada caso concreto.
Lo anterior es así tal cual se ha venido reconociendo implícitamente en nuestro
ordenamiento jurídico que, con normalidad, incorpora en distintos preceptos lafigura de la amnistía.
Entre la legislación estatal cabría destacar, por ejemplo, el artículo 666.4ª delReal Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, donde se prevé la amnistía como una de las causas que
obligan al sobreseimiento. Así como toda una serie de normas que han sido
aprobadas desde los años 80, como (i) el artículo 16 del Real Decreto 796/2005,de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen
disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia; (ii) el artículo
163 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales; (iii) el artículo 108
del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales; (iv) el artículo 88 del Real
Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Cuerpos Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración deJusticia;; y (v) el artículo 19 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de laAdministración del Estado, en los que se prevé que la responsabilidad
disciplinaria de los integrantes de estos cuerpos puede extinguirse, entre otras
causas, por la amnistía. O la exposición de motivos y el artículo 2 de la másreciente Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, donde sereconoce que la Ley de 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, forma parte delas leyes plenamente vigentes del Estado español.
En la normativa autonómica también encontramos referencias a la amnistíacomo causa de extinción de responsabilidad disciplinaria en normas aprobadas
desde los años 90, por ejemplo, (i) el artículo 144 del Decreto Legislativo 1/2020,de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía delPaís Vasco; (ii) el artículo 57.4 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las
Policías Navarra; (iii) el artículo 89.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función
Pública Vasca; (iv) el artículo 64 de la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinaciónde las Policías Locales de las Illes Balears; (v) el artículo 78.1 de la Ley delParlament de Cataluña 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat; o(vi) el artículo 58.1 de la Ley del Parlament de Cataluña 16/1991, de 10 de julio,
de las Policías Locales.
8Por último, cabe destacar que la amnistía se contempla en más de treinta
acuerdos internacionales suscritos por España en materia de traslado depersonas condenadas o extradiciones, teniendo más de veinte de ellos rango detratado o convenio internacional, lo que implica una revisión previa sobre su
plena constitucionalidad.
V
El Tribunal Constitucional no solo ha dejado clara la constitucionalidad de lasleyes de amnistía con carácter general, sino que, con ocasión de la amnistía
aprobada en 1977, ha establecido los requisitos para que una ley de estas
características pueda ser válida en nuestro ordenamiento jurídico. En este
sentido, ha insistido en que este tipo de normas, como el resto del ordenamiento
jurídico, han de ajustarse a los principios constitucionales (sentencias 28/1982,de 26 de mayo; 63/1983, de 20 de julio; 116/1987, de 7 de julio, entre otras).
En este mismo sentido, cabe destacar que el Consejo de Estado, cuyo cometido
es también el examen de la constitucionalidad de los proyectos de disposiciones
generales, en su Dictamen 895/2005, emitido con ocasión de la tramitación delya citado Real Decreto 796/2005, por el que se aprueba el Reglamento
disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, no efectuó
reproche alguno a la inclusión de la amnistía como causa de extinción de la
responsabilidad disciplinaria (art. 16).
Pues bien, declarada su constitucionalidad, solo cabe entender esta opción
legislativa en el marco de las leyes singulares, respecto de las que el Tribunal
Constitucional ha venido sosteniendo su excepcionalidad, pero también su
conformidad con el texto constitucional al afirmar que “el dogma de lageneralidad de la Ley no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar,
con valor de Ley, preceptos específicos para supuestos únicos o sujetos
concretos” (sentencia 166/1986, de 19 de diciembre). Esta jurisprudencia se ha
mantenido en el tiempo y, décadas después, nuestro intérprete supremo ha
seguido afirmando que “el concepto de ley presente en la Constitución no impide
la existencia de leyes singulares” (sentencia 129/2013, de 4 de junio).
Ahora bien, la regulación ad casum que supone toda ley singular, solo supera elcanon constitucional de igualdad cuando se trata de normas “dictadas en
atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido yeficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante
ese supuesto de hecho, aislado en la Ley singular” (sentencia del Tribunal
Constitucional 129/2013, de 4 de junio). Este es precisamente el parámetro deconstitucionalidad que cumple la presente ley orgánica de amnistía, toda vez que
su objeto y ámbito se dirige a un grupo concreto de destinatarios y agota su
contenido en la adopción de la medida para un supuesto de hecho singular, eneste caso el conjunto de actos vinculados, de diversas formas, al ya mencionado
proceso independentista, que quedan acotados material y temporalmente.

9En efecto, el principio de igualdad no implica la necesidad de dar un alcance
universal a los efectos de la amnistía, sino a que no existan discriminaciones
entre personas que se encuentren comprendidas en el supuesto habilitante dela norma (en este caso, los actos determinantes de distintos tipos deresponsabilidad en relación con el proceso independentista). Y ello porque, comoha dejado claro el máximo intérprete de la Constitución, el principio de igualdaddebe aplicarse cuando exista “identidad sustancial de las situaciones jurídicas”,
sin que se pueda “trabar comparación […] entre situaciones jurídicas que en
origen no han sido equiparadas por las propias normas que las crean” (sentencia
194/1999, de 25 de octubre), atendiendo para ello al principio de justificación yrazonabilidad (sentencias 62/1982, de 15 de octubre; 112/1996, de 24 de junio;
102/1999, de 31 de mayo). Esta ley orgánica respeta, por tanto, el principio de
igualdad en la medida en que el ámbito de aplicación se identifica de forma
objetiva y justificada, de acuerdo a valores constitucionales, y sin que
arbitrariamente se excluyan de la misma supuestos con una identidad sustancial.
Enmarcada la presente ley orgánica de amnistía en la categoría de ley singulary definida la situación excepcional a la que pretende dar respuesta, su se inspira,como no puede ser de otra manera, en los principios de razonabilidad,
proporcionalidad y adecuación.
La razonabilidad de la misma se vincula a la justificación objetiva y razonable desu singularidad, que se enmarca en la necesidad de superar, como ya se hapuesto de manifiesto, la situación de alta tensión política que vivió la sociedad
catalana de forma especialmente intensa desde 2012. Se consagra asílegalmente la voluntad de avanzar en el camino del diálogo político y social
necesario para la cohesión y el progreso de la sociedad catalana, en el
entendimiento de que el refuerzo de la convivencia justifica la presente ley deamnistía, que supone un punto de inflexión, con la finalidad de superar
obstáculos y mejorar la convivencia avanzando hacia la plena normalización deuna sociedad plural que aborda los principales debates sobre su futuro mediante
el diálogo, la negociación, y los acuerdos democráticos. De esta manera, sedevuelve la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política.
La proporcionalidad de la ley deriva de la concreción del elenco de actos que
hayan sido declarados o estén tipificados como delitos y conductas que seamnistían y de su necesaria vinculación con los actos realizados en un periodo
de tiempo acotado por la ley. De este modo, se elude una referencia genérica e
imprecisa, evitando que la amnistía pueda abarcar otro tipo de actos noconectados directamente con el proceso independentista y las consecuencias deeste, cuya exoneración no tendría cabida dentro del fundamento sobre el que seerige esta medida.
Todo ello conecta con el principio de adecuación y con la finalidad que pretende
la norma, vinculada al mandato de optimización que se deriva del artículo 9 dela Constitución y que se dirige a todos los poderes públicos, pero particularmente
al legislador, que es quien configura los tipos penales, quien los deroga y quien10aprueba, como es el caso, una ley de amnistía con una finalidad legítima yconstitucional. Finalidad, además, que, debido a su naturaleza jurídica o a ladiversidad de situaciones procesales vigentes en el momento de la promulgaciónde esta norma, no podría lograrse con otro tipo de figuras legales como laconcesión de indultos o la reforma del Código Penal.
Por otra parte, el carácter de ley singular que excepciona la aplicación de normas
vigentes a los hechos acontecidos en un determinado contexto en aras delinterés general deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas
cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar elplanteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la
finalización de la ejecución de las penas impuestas.
VI
Esta ley consta de 16 artículos, divididos en tres títulos, dos disposiciones
adicionales y una disposición final.
El Título I delimita el ámbito objetivo de la amnistía. A estos efectos, primerodescribe los actos tipificados como delito o determinantes de responsabilidad
administrativa o contable vinculados, de una u otra forma, a la consulta del 9 denoviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos
inconstitucionales, que quedan exonerados, delimitando el período marco
temporal en el que deben haberse producido desde el 1 de enero de 2012 hasta
el 13 de noviembre de 2023.
Después identifica los actos delictivos a los que, en todo caso, no resultará deaplicación esta amnistía, en el entendido de que no todo hecho ni delito puede
ni merece ser amnistiado. Como sucede con los hechos previstos en el artículo
3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Conejo de 15 demarzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, o con el artículo 3 delConvenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y las penas otratos inhumanos o degradantes, que se supone a la par que un límite
infranqueable, un claro ejemplo de ello. No obstante, conviene recordar que notodo acto degradante tiene encaje en dicho precepto, pues para ello se precisa
que la acción, además de ser ilícita, alcance un nivel mínimo de gravedad. Así,de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,para que el acto sea considerado degradante con arreglo al artículo 3 delmencionado convenio, usualmente será preciso que las lesiones corporales
ocasionadas o el sufrimiento experimentado por la víctima revistan cierta
intensidad o, en todo caso, sean capaces de quebrar la resistencia moral o física
de una persona. Se opta por un criterio restrictivo de exclusiones en la aplicaciónde la presente ley, debido a que determinadas conductas podrían generar
confusión con otros delitos, lo que sucedería en algunas acciones comprendidas
en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal.
Sobre el artículo 1.1, conviene precisar que el hecho de que la presente ley
extienda la amnistía a las acciones delictivas que pudieran haberse ejecutado en11

la defensa de la legalidad y del orden constitucional no supone demérito oreproche alguno para los colectivos concernidos. En ningún caso implica lacriminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden
público, pues la presunción de inocencia es un principio básico de nuestro
ordenamiento jurídico. Lejos de ello, persigue aliviar la situación procesal de losencausados y con ello las tensiones derivadas de unos hechos que seenmarcaron en un determinado momento y como consecuencia de las tensiones
existentes entonces y a lo largo de más de diez años. Asimismo, la presente ley
aspira a sentar unas sólidas bases para, de una vez por todas, continuar
mitigando las consecuencias de un conflicto que jamás debió producirse y que,a pesar de los pasos de los últimos años, aún sigue latente.
El Título II describe los efectos de la exoneración de responsabilidad que supone
la aprobación de esta medida en el ámbito penal, administrativo y contable.
Asimismo, dedica un artículo a concretar las consecuencias que se derivan dedicha exoneración para los empleados públicos. Y, por último, determina que laamnistía no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a larestitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni
exonerará la responsabilidad civil frente a particulares.
Y, por último, el Título III identifica la competencia para aplicar esta amnistía acada caso concreto y describe el procedimiento en el orden penal y contenciosoadministrativo, así como en el ámbito administrativo y contable, estableciendo unplazo de prescripción de 5 años para que los afectados puedan solicitar laamnistía aquí reconocida. Adicionalmente, se reconoce la posibilidad deinterponer los recursos que en Derecho procedan contra las resoluciones que sedicten en aplicación de esta ley.
Por su parte, la disposición adicional primera tiene por objeto modificar el artículo
130 del Código Penal para incluir expresamente la amnistía como un supuesto
de extinción de responsabilidad criminal, en línea con las previsiones que yacontiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La disposición adicional segunda
tiene por objeto modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 demayo, del Tribunal de Cuentas, para adaptarlo a la entrada en vigor de lapresente Ley. Y la disposición final determina que esta ley entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por todo lo expuesto, y atendiendo al ámbito penal de esta regulación (artículo
149.1.6ª CE) y a su afección a derechos fundamentales (artículo 81.1 CE), lasCortes Generales aprueban la siguiente proposición de ley orgánica.

12TÍTULO I
Ámbito objetivo y exclusiones
Artículo 1. Ámbito objetivo
1. Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad
penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas
celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, desu preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados
entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023, así como lassiguientes acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren
directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas
con posterioridad a su respectiva celebración:a) Los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar lasecesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran
contribuido a la consecución de tales propósitos.
En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos
tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o demalversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización decualesquiera de las conductas descritas en el primer párrafo de esta letra,
directamente o a través de cualquier entidad pública o privada, así como
cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad.
También se entenderán comprendidas en este supuesto aquellasactuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin dedivulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir
conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades
públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia
de Cataluña.
Asimismo, se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa oindirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en
Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por
quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia,
colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección oseguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer
párrafo de esta letra, o hubieran recabado información a estos efectos.
b) Los actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar lacelebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 denoviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 por quien careciera decompetencias para ello o cuya convocatoria o celebración haya sido
declarada ilícita, así como aquellos que hubieran contribuido a su
consecución.
En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos
tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o demalversación dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realización de13

cualesquiera de las conductas descritas en el párrafo anterior, así como
cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad.
c) Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes
públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicoso resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir lacelebración de las consultas populares a que se refiere la letra b) del presenteartículo o sus consecuencias, así como cualesquiera otros actos tipificadoscomo delitos realizados con idéntica intención.
En todo caso, se entenderán comprendidos en este supuesto los actos
tipificados como delitos de prevaricación o cualesquiera otros actos quehubieran consistido en la aprobación o ejecución de leyes, normas oresoluciones por autoridades o funcionarios públicos que hayan sido
realizados con el propósito de permitir, favorecer o coadyuvar a la celebraciónde las consultas populares a que se refiere la letra b) del presente artículo.
También quedarán amnistiados los actos de desconsideración o crítica
vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, los entes einstituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, en el curso demanifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas u otras de similar
naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Cataluña
o la celebración de las consultas a las que se refiere la letra b) o prestar
público apoyo a quienes hubieran ejecutado los actos amnistiados con
arreglo a esta ley.
d) Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes
públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios
públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública quehubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos yfines descritos en las letras precedentes o a los encausados o condenados
por la ejecución de cualesquiera de los delitos comprendidos en el presenteartículo.
e) Las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a
dificultar o impedir la realización de los actos determinantes deresponsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo.
f)

Los actos cometidos con el propósito de favorecer, procurar o facilitar
cualesquiera de las acciones determinantes de responsabilidad penal,
administrativa o contable contempladas en los apartados anteriores delpresente artículo, así como cualesquiera otros que fueran materialmente
conexos con tales acciones.

2. Los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contableamnistiados en virtud del apartado 1 de este artículo lo serán cualquiera que
sea su grado de ejecución, incluidos los actos preparatorios, y cualquiera que
fuera la forma de autoría o participación.

143. Los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 1 de enero de2012 únicamente se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación dela presente ley cuando su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha.
Los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembrede 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación dela presente ley aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha.
Artículo 2. Exclusiones
En todo caso, quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el
artículo 1:a) Los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un
resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad deun órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia,
la esterilidad o una grave deformidad.
b) Los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos odegradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección delos Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que
superen un umbral mínimo de gravedad.
c) Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo
VII del Título XXII del Libro II del Código Penal siempre y cuando hayarecaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna delas conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 delParlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017.
d) Los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado yrelativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código
Penal.
e) Los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea.
f)

Los delitos en cuya ejecución hubieran sido apreciadas motivaciones
racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referentea la religión y creencias de la víctima, su etnia o raza, su sexo, edad,orientación o identidad sexual o de género, razones de género, deaporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su
discapacidad, con independencia de que tales condiciones ocircunstancias concurrieran de forma efectiva en la persona sobre la que
recayó la conducta.

15TÍTULO II
Efectos
Artículo 3. Extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable
La amnistía declarada en virtud de la presente ley produce la extinción de la
responsabilidad penal, administrativa o contable, en los términos previstos
en este Título.
Artículo 4. Efectos sobre la responsabilidad penal
1. El órgano judicial competente ordenará la inmediata puesta en libertad delas personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión.
Las penas privativas de libertad total o parcialmente cumplidas no podrán serabonadas en otros procedimientos penales para el caso de que los actos que
motivaron la condena ejecutada resulten amnistiados en aplicación de esta
ley. Idéntica regla se aplicará en relación con los periodos de prisión
preventiva no seguidos de condena a causa de la entrada en vigor de lapresente ley.
2. Se procederá a la eliminación de antecedentes penales derivados de lacondena por el acto delictivo amnistiado.
3. Quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisiónde las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como lasórdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.
4. La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de lasmedidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones uomisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por laamnistía, con la única salvedad de las medidas de carácter civil a las que serefiere el artículo 8.2. Asimismo, supondrá la finalización de la ejecución delas penas impuestas por aquellas acciones u omisiones que hubieran sido
amnistiadas.
En todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando
tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión deinconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones.
Artículo 5. Efectos sobre la responsabilidad administrativa
1. El órgano administrativo competente acordará el archivo definitivo de todo
procedimiento administrativo incoado al objeto de hacer efectivas las
responsabilidades administrativas en que se hubiera incurrido.
2. Se procederá al alzamiento de las medidas cautelares de cualquier tipo
adoptadas en el procedimiento administrativo, sin perjuicio de aquellas
medidas que deban mantenerse a efectos de satisfacer la responsabilidad
16

civil prevista en el artículo 8.2 de esta ley, devolviéndose, en su caso, lascantidades que hayan sido consignadas.
Artículo 6. Efectos sobre los empleados públicos
1. Se procederá a la reintegración en la plenitud de sus derechos activos ypasivos de los empleados públicos sancionados o condenados, así como ala reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, si hubieran sido
separados.
2. Los empleados públicos no tendrán derecho a recibir ningún haber por eltiempo en que no hubieran prestado un servicio efectivo, pero seráreconocida su antigüedad como si no hubiera habido interrupción en laprestación de los servicios.
3. Se procederá a la eliminación de las notas desfavorables en las hojas deservicio por cualquier otra razón que no fuera la sanción, incluso cuando lapersona sancionada hubiera fallecido o causado baja por enfermedad.
Artículo 7. Efectos sobre indemnizaciones y restituciones
1. La amnistía de un acto determinante de responsabilidad penal,
administrativa o contable no dará derecho a percibir indemnización deninguna clase ni generará derechos económicos de ningún tipo en favor depersona alguna.
2. Tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas enconcepto de multa.
Artículo 8. Efectos sobre la responsabilidad civil y contable
1. Quedarán extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadasde los actos descritos en el artículo 1.1 de esta ley, incluidas las que estén
siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas,
salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia oresolución administrativa firme y ejecutada.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la amnistía otorgada
dejará siempre a salvo la responsabilidad civil que pudiera corresponder por
los daños sufridos por los particulares, que no se sustanciará ante lajurisdicción penal.
3. Se procederá al alzamiento de las medidas cautelares acordadas en fasede actuaciones previas o de primera instancia previstas en los artículos 47 y
67 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal deCuentas.

17TÍTULO III
Competencia y procedimiento
Artículo 9. Competencia para la aplicación de la amnistía
1. La amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos
judiciales determinados en el artículo 11 de esta ley, de oficio o a instancia
de parte o del Ministerio Fiscal y, en todo caso, previa audiencia del Ministerio
Fiscal y de las partes.
2. La amnistía de las conductas que constituyan infracciones de naturalezaadministrativa o que sean determinantes de responsabilidad contablecorresponderá aplicarla a los órganos competentes para el inicio, tramitacióno resolución de los procedimientos que se sigan por tales conductas, segúnel estado en que se encuentren, previa audiencia del interesado.
3. Solo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad
penal, administrativa o contable concreto cuando así haya sido declarado por
resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los
preceptos de esta ley.
Artículo 10. Tramitación preferente y urgente
La aplicación de la amnistía en cada caso corresponderá a los órganos
judiciales, administrativos o contables determinados en la presente ley,quienes adoptarán, con carácter preferente y urgente, las decisiones
pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado detramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contablede que se trate.
Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio
de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos.
Artículo 11. Procedimiento en el ámbito penal
1. La amnistía se aplicará por los órganos judiciales en cualquier fase delproceso penal.
2. De aplicarse durante la fase de instrucción o la fase intermedia sedecretará el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y delas partes, por el órgano judicial competente con arreglo al art. 637.3.º de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. De aplicarse durante la fase de juicio oral el órgano judicial que estuviera
conociendo del enjuiciamiento dictará auto de sobreseimiento libre o, en su
caso, sentencia absolutoria, previo cumplimiento de los siguientes trámites:a) Las partes y el Ministerio Fiscal podrán proponer la aplicación de laamnistía como artículo de previo pronunciamiento de acuerdo con lo
18

dispuesto en el artículo 666.4.ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
con arreglo a lo establecido en el Título II del Libro III de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o, en su caso, en el artículo 786 de la misma
ley.
b) También podrán las partes y el Ministerio Fiscal interesar su aplicación
al momento de formular sus conclusiones definitivas.
c) Cuando las partes o el Ministerio Fiscal no interesaran la aplicación dela amnistía, el órgano judicial deberá hacerlo de oficio, previa audienciadel Ministerio Fiscal y de las partes, si concurrieran los presupuestospara ello, dictando a tal efecto auto de sobreseimiento libre o, en su
caso, sentencia absolutoria.
4. En el caso de sentencias que no hubieran adquirido firmeza, se observarán
las siguientes reglas:a) Si el recurso contra la sentencia aún no se hubiera sustanciado, laspartes y el Ministerio Fiscal podrán invocar al interponerlo los preceptos
de la presente ley e interesar que los delitos atribuidos a la persona
encausada se declaren amnistiados.
b) Si el recurso contra la sentencia se estuviera sustanciando, el tribunal,
de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, les dará audiencia
por un plazo de cinco días para que se pronuncien sobre si consideran
amnistiados todos o alguno de los delitos que constituyen objeto delprocedimiento con arreglo a los preceptos de la presente ley.
c) En todo caso, al resolver el recurso contra la sentencia, el tribunal
declarará de oficio que los actos tipificados como delitos cometidos porla persona encausada quedan amnistiados cuando concurran lospresupuestos para ello en aplicación de la presente ley.
5. De aplicarse durante la fase de ejecución de las penas, los órganos
judiciales a los que correspondió el enjuiciamiento en primera instancia
revisarán las sentencias firmes en aplicación de la presente ley, incluso en elsupuesto de que la pena impuesta estuviera suspendida o la persona
condenada se hallara en libertad condicional.
6. La concesión de un indulto total o parcial con anterioridad a la entrada envigor de la presente ley no impedirá la revisión de la sentencia firme.
7. No se revisarán las resoluciones judiciales firmes que hubieran
apreciado la extinción de la responsabilidad criminal a causa de laprescripción del delito con arreglo al artículo 130.1.6.º del Código Penal.
Artículo 12. Procedimiento en el ámbito contencioso-administrativo
1. En los procedimientos tramitados ante la jurisdicción contenciosoadministrativa que tengan por objeto la revisión de resoluciones
administrativas de imposición de sanciones por actos determinantes deresponsabilidad administrativa o contable, la aplicación de la amnistía,
19cuando concurran los presupuestos establecidos para ello en la presente ley,corresponderá a los órganos judiciales ante los cuales se esté tramitando elrecurso contencioso-administrativo, en cualquier fase del proceso.
2. Una vez recibido el expediente administrativo y en cualquier momento
previo al del dictado de la sentencia, el Juzgado o Sala, de oficio o a instancia
de parte, aplicará la amnistía previa audiencia de las partes y dictará
sentencia declarando la nulidad sobrevenida del acto administrativo
impugnado.
3. Cuando el procedimiento ya haya sido resuelto por sentencia que nohubiera adquirido firmeza, se observarán las siguientes reglas:a) Si el recurso aún no se hubiera interpuesto, las partes podrán invocar al
formularlo los preceptos de la presente ley e interesar que se aplique laamnistía y se declare la nulidad sobrevenida del acto administrativo.
b) Si el recurso estuviera pendiente de resolución, el tribunal competentepara resolverlo, de oficio o a instancia de parte, dará audiencia por un plazode cinco días para que las partes se pronuncien sobre si consideran deaplicación la amnistía y la consiguiente declaración de nulidad sobrevenidadel acto.
c) En todo caso, al resolver el recurso, el tribunal aplicará la amnistía ydeclarará la nulidad sobrevenida del acto impugnado cuando concurran lospresupuestos de la presente ley.
4. Si al tiempo en que hubiera de aplicarse la amnistía hubiera recaído
sentencia firme se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 102 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 13. Procedimiento en el ámbito contable
1. La amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase delproceso.
2. En las actuaciones previas previstas en los artículos 45,46 y 47 de la Ley
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se dictaránlas correspondientes resoluciones declarando el archivo de las actuaciones,
previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público
perjudicadas por el menoscabo de los caudales o efectos públicos
relacionados con los hechos amnistiados, cuando estas no se hayan
opuesto.
3. Si el proceso de exigencia de responsabilidad contable tramitado por el
Tribunal de Cuentas se hallara en fase de primera instancia o de apelación,los órganos competentes de dicho Tribunal, previa audiencia del Ministerio
Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas por el menoscabo
de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados,
dictarán resolución absolviendo de responsabilidad contable a las personas20

físicas o jurídicas demandadas, cuando dichas entidades no se hayan
opuesto.
Artículo 14. Procedimiento en el ámbito administrativo
1. En los procedimientos que estén en la fase de instrucción en relación con
la comisión de infracciones administrativas, la apreciación de la amnistía serealizará de oficio o a instancia de parte por el órgano administrativo
competente, si concurrieran los presupuestos para ello, dictando a tal efecto
la resolución de finalización del procedimiento y el archivo de las
actuaciones.
2. De apreciarse la amnistía frente a actos administrativos firmes o durante
la fase de ejecución de las sanciones, los órganos administrativos
competentes procederán a revisar de oficio o a instancia de parte, lasresoluciones correspondientes.
3. En el caso de resoluciones que no hubieran adquirido firmeza por habersido recurridas, el órgano competente para la resolución del recurso
administrativo correspondiente, declarará, de oficio o a instancia de parte,que los hechos objeto del procedimiento quedan amnistiados cuando
concurran los presupuestos para ello en aplicación de la presente ley.
Artículo 15. Plazo para
comprendidos en esta ley

elreconocimiento

de

los

derechosLas acciones para el reconocimiento de los derechos establecidos en esta
ley estarán sujetas a un plazo de prescripción de cinco años.
Artículo 16. Recursos
1. Contra las resoluciones que resuelvan sobre la extinción de la
responsabilidad criminal o de las infracciones administrativas y contables en
aplicación de la presente ley cabrá interponer los recursos previstos en elordenamiento jurídico.
2. Frente a las resoluciones que resuelvan la revisión de sentencias o deresoluciones administrativas firmes cabrá interponer los mismos recursos
que, en su caso, hubieran procedido contra la sentencia dictada en primera
instancia.
Disposición adicional primera
Se modifica el apartado 1 del artículo 130 del Código Penal, que queda
redactado con el siguiente tenor:«1. La responsabilidad criminal se extingue:
1.º Por la muerte del reo.
21

2.º Por el cumplimiento de la condena.
3.º Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en losapartados 1 y 2 del artículo 87.
4.º Por la amnistía o el indulto.
5.º Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves
perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El
perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado
sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a lapersona ofendida por el delito antes de dictarla.
En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes
jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no
extingue la responsabilidad criminal.
6.º Por la prescripción del delito.
7.º Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.»
Disposición adicional segunda
Se modifica el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, delTribunal de Cuentas, que queda redactado con el siguiente tenor:«Artículo treinta y nueve.
Uno. Quedarán exentos de responsabilidad quienes actuaren en virtud deobediencia debida, siempre que hubieren advertido por escrito la
imprudencia o legalidad de la correspondiente orden, con las razones en que
se funden.
Dos. Tampoco se exigirá responsabilidad cuando el retraso en la rendición,
justificación o examen de las cuentas y en la solvencia de los reparos sea
debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones específicas, siempre
que el responsable así lo haya hecho constar por escrito.
Tres. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hubiesen cometido
actos que hayan sido amnistiados en los términos en los que se establezcaen la ley. »Disposición final
La presente ley entrará en vigor el mismo día de publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

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ANTECEDENTES
Constitución Española.
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

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