La Uruca, San José, Costa Rica, jueves 13 de octubre del 2005
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AÑO CXXVII

Nº 197 - 4 Páginas

PODER LEGISLATIVO
LEYES
Nº 8454
LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE LA REPÚBLICA DE COSTA RICADECRETA:LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALESY DOCUMENTOS ELECTRÓNICOSCAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición
legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del acto o negocio concretos resulten incompatibles.
El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certiﬁcados, las ﬁrmas digitales y los documentos
electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 2º—Principios. En materia de certiﬁcados, ﬁrmas digitales y documentos electrónicos, la implementación, interpretación y aplicación deesta Ley deberán observar los siguientes principios:a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites.
b) Autonomía de la voluntad de los particulares para reglar sus relaciones.
c) Utilización, con las limitaciones legales, de reglamentos autónomos por la Administración Pública para desarrollar la organización y el servicio,
interno o externo.
d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de generación, proceso o almacenamiento involucradas.
CAPÍTULO II
Documentos
Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada otransmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por
medios físicos.
En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera
tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el
cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.
Artículo 4º—Caliﬁcación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se caliﬁcarán como públicos o privados, y se les reconocerá
fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos.
Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve la exclusión de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilizaciónde documentos electrónicos es válida para lo siguiente:a) La formación, formalización y ejecución de los contratos.
b) El señalamiento para notiﬁcaciones conforme a la Ley de notiﬁcaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales.
c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos; asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba,
incluida la recibida por archivos y medios electrónicos. De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la actualización de certiﬁcaciones
y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples impresiones de los documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las
impresiones de dichos documentos en línea, aportadas por la parte interesada y certiﬁcadas notarialmente.
d) La emisión de certiﬁcaciones, constancias y otros documentos.
e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el Registro Nacional.
f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales, incluso la manifestación del consentimiento y la ﬁrma de las partes.
No se podrán consignar en documentos electrónicos:a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la ﬁjación física resulte consustancial.
b) Las disposiciones por causa de muerte.
c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia.
d) Los actos personalísimos en general.
Artículo 6º—Gestión y conservación de documentos electrónicos. Cuando legalmente se requiera que un documento sea conservado para futura
referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte electrónico, siempre que se apliquen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad,
se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve, además, la información relativa a su origen y otras características básicas.
La transición o migración a soporte electrónico, cuando se trate de registros, archivos o respaldos que por ley deban ser conservados, deberá contar,
previamente, con la autorización de la autoridad competente.
En lo relativo al Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202, de 24 de octubre de 1990. La Dirección
General del Archivo Nacional dictará las regulaciones necesarias para asegurar la gestión debida y conservación de los documentos, mensajes o archivos
electrónicos.
Artículo 7º—Satisfacción de los requisitos ﬁscales. Cuando la emisión de un acto o la celebración de un negocio jurídico en soporte electrónico conlleve
el pago de requisitos ﬁscales, el obligado al pago deberá conservar el comprobante respectivo y exhibirlo cuando una autoridad competente lo requiera.

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CAPÍTULO III
Firmas digitales
Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndese por ﬁrma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documentoelectrónico, que permita veriﬁcar su integridad, así como identiﬁcar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico.
Una ﬁrma digital se considerará certiﬁcada cuando sea emitida al amparo de un certiﬁcado digital vigente, expedido por un certiﬁcador registrado.
Artículo 9º—Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante ﬁrma digital, tendrán el mismo valor y la eﬁcacia
probatoria de su equivalente ﬁrmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una ﬁrma, se reconocerá de igual manera
tanto la digital como la manuscrita.
Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la ﬁrma digital certiﬁcada.
Artículo 10.—Presunción de autoría y responsabilidad. Todo documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una ﬁrma digital
certiﬁcada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y responsabilidad del titular del correspondiente certiﬁcado digital, vigente en el momentode su emisión.
No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formalidades adicionales de autenticación, certiﬁcación o registro que, desde elpunto de vista jurídico, exija la ley para un acto o negocio determinado.
CAPÍTULO IV
Certiﬁcación digital
SECCIÓN I
Los certiﬁcados
Artículo 11.—Alcance. Entiéndese por certiﬁcado digital el mecanismo electrónico o digital mediante el que se pueda garantizar, conﬁrmar ovalidar técnicamente:a) La vinculación jurídica entre un documento, una ﬁrma digital y una persona.
b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, así como la ﬁrma digital asociada.
c) La autenticación o certiﬁcación del documento y la ﬁrma digital asociada, únicamente en el supuesto del ejercicio de potestades públicas
certiﬁcadoras.
d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.
Artículo 12.—Mecanismos. Con las limitaciones de este capítulo, el Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas y privadas, laspersonas jurídicas y los particulares, en general, en sus diversas relaciones, estarán facultados para establecer los mecanismos de certiﬁcación o validación
que convengan a sus intereses.
Para tales efectos podrán:a) Utilizar mecanismos de certiﬁcación o validación máquina a máquina, persona a persona, programa a programa y sus interrelaciones, incluso
sistemas de llave pública y llave privada, ﬁrma digital y otros mecanismos digitales que ofrezcan una óptima seguridad.
b) Establecer mecanismos de adscripción voluntaria para la emisión, la percepción y el intercambio de documentos electrónicos y ﬁrmas asociadas, en
función de las competencias, los intereses y el giro comercial.
c) De consuno, instituir mecanismos de certiﬁcación para la emisión, la recepción y el intercambio de documentos electrónicos y ﬁrmas asociadas,para relaciones jurídicas concretas.
d) Instaurar, en el caso de dependencias públicas, sistemas de certiﬁcación por intermedio de particulares, quienes deberán cumplir los trámites de la
Ley de contratación administrativa.
e) Fungir como un certiﬁcador respecto de sus despachos y funcionarios, o de otras dependencias públicas, en el caso del Estado y las demás
instituciones públicas.
f) Ofrecer, en el caso de las empresas públicas cuyo giro lo admita, servicios comerciales de certiﬁcación en condiciones de igualdad con las empresasde carácter privado.
g) Implantar mecanismos de certiﬁcación para la tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos.
Artículo 13.—Homologación de certiﬁcados extranjeros. Se conferirá pleno valor y eﬁcacia jurídica a un certiﬁcado digital emitido en el
extranjero, en cualesquiera de los siguientes casos:a) Cuando esté respaldado por un certiﬁcador registrado en el país, en virtud de existir una relación de corresponsalía en los términos del artículo 20
de esta Ley.
b) Cuando cumpla todos los requisitos enunciados en el artículo 19 de esta Ley y exista un acuerdo recíproco en este sentido entre Costa Rica y el paísde origen del certiﬁcador extranjero.
Artículo 14.—Suspensión de certiﬁcados digitales. Se podrá suspender un certiﬁcado digital en los siguientes casos:a) Por petición del propio usuario a favor de quien se expidió.
b) Como medida cautelar, cuando el certiﬁcador que lo emitió tenga sospechas fundadas de que el propio usuario haya comprometido su conﬁabilidad,
desatendido los lineamientos de seguridad establecidos, suplido información falsa al certiﬁcador u omitido cualquier otra información relevante,para obtener o renovar el certiﬁcado. En este caso, la suspensión podrá ser recurrida ante la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital regulada
en la siguiente sección, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública.
c) Si contra el usuario se ha dictado auto de apertura a juicio, por delitos en cuya comisión se haya utilizado la ﬁrma digital.
d) Por orden judicial o de la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital. En este último caso, cuando esta lo determine o cuando el Ente Costarricensede Acreditación (ECA) acredite que el usuario incumple las obligaciones que le imponen esta Ley y su Reglamento.
e) Por no cancelar oportunamente el costo del servicio.
Artículo 15.—Revocación de certiﬁcados digitales. El certiﬁcado digital será revocado en los siguientes supuestos:a) A petición del usuario, en favor de quien se expidió.
b) Cuando se conﬁrme que el usuario ha comprometido su conﬁabilidad, desatendido los lineamientos de seguridad establecidos, suplido información
falsa al certiﬁcador u omitido otra información relevante, con el propósito de obtener o renovar el certiﬁcado.
c) Por fallecimiento, ausencia legalmente declarada, interdicción o insolvencia del usuario persona física, o por cese de actividades, quiebra oliquidación, en el caso de las personas jurídicas.
d) Por orden de la autoridad judicial o cuando recaiga condena ﬁrme contra el usuario, por delitos en cuya comisión se haya utilizado la ﬁrma
digital.
Artículo 16.—Revocación por el cese de actividades del certiﬁcador. El cese de actividades del certiﬁcador implicará la revocatoria de todos loscertiﬁcados que haya expedido, salvo que anteriormente hayan sido traspasados a otro certiﬁcador, previo consentimiento del usuario.
Artículo 17.—Conservación de efectos. La suspensión o revocación de un certiﬁcado digital no producirá, por sí sola, la invalidez de los actos onegocios realizados con anterioridad al amparo de dicho certiﬁcado.
SECCIÓN II
Certiﬁcadores
Artículo 18.—Deﬁnición y reconocimiento jurídico. Se entenderá como certiﬁcador la persona jurídica pública o privada, nacional o extranjera,
que emite certiﬁcados digitales y está debidamente autorizada según esta Ley o su Reglamento; asimismo, que haya rendido la debida garantía deﬁdelidad. El monto de la garantía será ﬁjado por la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital y podrá ser hipoteca, ﬁanza o póliza de ﬁdelidad de unente asegurador, o bien, un depósito en efectivo.

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Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3º, 9º y 19 de esta Ley, los certiﬁcados digitales expedidos por certiﬁcadores registrados ante la
Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital, solo tendrán pleno efecto legal frente a terceros, así como respecto del Estado y sus instituciones.
Artículo 19.—Requisitos, trámites y funciones. La Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital será la encargada de establecer, vía reglamento,
todos los requisitos, el trámite y las funciones de las personas que soliciten su registro ante esta Dirección; para ello, el ECA, a solicitud del Ministeriode Ciencia y Tecnología, deberá ﬁjar los requerimientos técnicos para el estudio, de acuerdo con la Ley Nº 8279, de 2 de mayo de 2002, y las prácticas ylos estándares internacionales.
Artículo 20.—Corresponsalía. Los certiﬁcadores registrados podrán concertar relaciones de corresponsalía con entidades similares del extranjero,para efectos de homologar los certiﬁcados digitales expedidos por estas entidades o que estas hagan lo propio en el exterior con los emitidos por loscertiﬁcadores registrados.
Se deberá informar a la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital, acerca del establecimiento de relaciones de esta clase, de previo a ofrecer ese
servicio al público.
Artículo 21.—Auditorías. Todo certiﬁcador registrado estará sujeto a los procedimientos de evaluación y auditoría que acuerde efectuar la
Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital o el ECA.
Artículo 22.—Cesación voluntaria de funciones. Los certiﬁcadores registrados de carácter privado podrán cesar en sus funciones, siempre ycuando avisen, a los usuarios, con un mes de anticipación como mínimo, y con dos meses a la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital.
SECCIÓN III
Administración del Sistema de Certiﬁcación
Artículo 23.—Dirección. La Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital, perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, será el órgano
administrador y supervisor del Sistema de Certiﬁcación.
Artículo 24.—Funciones. La Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital tendrá las siguientes funciones:a) Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de inscripción de los certiﬁcadores.
b) Llevar un registro de los certiﬁcadores y certiﬁcados digitales.
c) Suspender o revocar la inscripción de los certiﬁcadores y de certiﬁcados, así como ejercer el régimen disciplinario en los casos y en la forma
previstos en esta Ley y su Reglamento.
d) Expedir claves y certiﬁcados a favor de los certiﬁcadores registrados, y mantener el correspondiente repositorio de acceso público, con las
características técnicas que indique el Reglamento.
e) Fiscalizar el funcionamiento de los certiﬁcadores registrados, para asegurar su conﬁabilidad, eﬁciencia y el cabal cumplimiento de la normativa
aplicable, imponiendo, en caso necesario, las sanciones previstas en esta Ley. La supervisión podrá ser ejercida por medio del ECA, en el ámbito
de su competencia.
f) Mantener una página electrónica en la red Internet, a ﬁn de divulgar, permanentemente, información relativa a las actividades de la Dirección deCertiﬁcadores de Firma Digital y el registro correspondiente de certiﬁcadores.
g) Señalar las medidas que estime necesarias para proteger los derechos, los intereses y la conﬁdencialidad de los usuarios, así como la continuidad yeﬁciencia del servicio, y velar por la ejecución de tales disposiciones.
h) Dictar el Reglamento respectivo para el registro de certiﬁcadores.
i) Las demás funciones que esta Ley o su Reglamento le señalen.
Artículo 25.—Jefatura. El superior administrativo de la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital será el director, quien será nombrado por
el ministro de Ciencia y Tecnología y será un funcionario de conﬁanza, de conformidad con el inciso g) del artículo 4, del Estatuto de Servicio Civil. El
director deberá declarar sus bienes oportunamente, de acuerdo con la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
CAPÍTULO V
Sanciones
Artículo 26.—Sanciones a certiﬁcadores. Previa oportunidad de defensa, la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital podrá imponerles, a loscertiﬁcadores, las siguientes sanciones:a) Amonestación.
b) Multa hasta por el equivalente a cien salarios base; para la denominación salario base se considerará lo indicado en el artículo 2º de la Ley Nº 7337,
de 5 de mayo de 1993.
c) Suspensión hasta por un año.
d) Revocatoria de la inscripción.
El certiﬁcador a quien se le haya revocado su inscripción, no podrá volver a registrarse durante los siguientes cinco años, ya sea como tal o por
medio de otra persona jurídica en la que ﬁguren las mismas personas como representantes legales, propietarias o dueñas de más de un veinticinco por
ciento (25%) del capital.
Artículo 27.—Amonestación. Se aplicará la amonestación, a los certiﬁcadores, en los siguientes casos:a) Por la emisión de certiﬁcados digitales que no incluyan la totalidad de los datos requeridos por esta Ley o su Reglamento, cuando la infracción norequiera una sanción mayor.
b) Por no suministrar a tiempo los datos requeridos por la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital, en ejercicio de sus funciones.
c) Por cualquier otra infracción a la presente Ley que no tenga prevista una sanción mayor.
Artículo 28.—Multa. Se aplicará la multa, a los certiﬁcadores, en los siguientes casos:a) Cuando se emita un certiﬁcado y no se observen las políticas de seguridad o de certiﬁcación previamente divulgadas, de modo que cause perjuicio
a los usuarios o a terceros.
b) Cuando no se suspenda o revoque, oportunamente, un certiﬁcado, estando obligados a hacerlo.
c) Por cualquier impedimento u obstrucción a las inspecciones o auditorías por parte de la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital o del ECA.
d) Por el incumplimiento de los lineamientos técnicos o de seguridad impartidos por la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital.
e) Por la reincidencia en la comisión de infracciones, que hayan dado lugar a la sanción de amonestación, dentro de los dos años siguientes.
Artículo 29º—Suspensión. Se suspenderá al certiﬁcador que:a) No renueve oportunamente la caución que respalde su funcionamiento o la rinda en forma indebida.
b) Reincida en cualesquiera de las infracciones que le hayan merecido una sanción de multa, dentro de los siguientes dos años.
Artículo 30.—Revocatoria de la inscripción. Se podrá revocar la inscripción de un certiﬁcador cuando:a) Se compruebe la expedición de certiﬁcados falsos.
b) Se compruebe que el certiﬁcador suministró información o presentó documentos falsos, con el ﬁn de obtener el registro.
c) Reincida en cualesquiera de las infracciones que le hayan merecido una sanción de suspensión, dentro de los cinco años siguientes.
Artículo 31.—Procedimiento. Todas las sanciones serán impuestas mediante el procedimiento administrativo ordinario, previsto en la Ley Generalde la Administración Pública, salvo en el caso de amonestación, en que podrá aplicarse el procedimiento sumario.
Artículo 32.—Publicidad. Excepto el caso de amonestación, todas las sanciones administrativas impuestas serán publicadas por medio de reseña otrascripción íntegra en La Gaceta, sin perjuicio de que, en atención al caso concreto, se disponga, además, publicarlas en uno o más medios de circulacióno difusión nacional.
Asimismo, la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital dispondrá la publicación electrónica en su página de información en Internet.

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CAPÍTULO VI
Disposiciones ﬁnales y transitorias
Artículo 33.—Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro de los seis meses siguientes a su publicación.
Además, para el trámite eﬁciente de sus asuntos, cada dependencia pública podrá adoptar las medidas particulares de aplicación de esta Ley deacuerdo con sus necesidades.
Transitorio único.—Los rubros presupuestarios requeridos para que la Dirección de Certiﬁcadores de Firma Digital entre en funcionamiento,
deberán ser incluidos por el Ministerio de Hacienda, a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el primer presupuesto remitido a la Asamblea
Legislativa, después de promulgada esta Ley.
Rige a partir de su publicación.
Comunícase al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa.—San José, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil cinco.—Gerardo González Esquivel, Presidente.—Daysi
Serrano Vargas, Primera Secretaria.—Luis Paulino Rodríguez Mena, Segundo Secretario.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los treinta días del mes de agosto del dos mil cinco.
Ejecútese y publíquese
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Ciencia y Tecnología, Fernando Gutiérrez Ortiz.—1 vez.—(Solicitud Nº 063).—C160200.—(L8454-83130).