RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/330/Rev.1*
19 de febrero de 2002
(02-0852)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  español
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas del Uruguay a las preguntas formuladas por el Canadá, las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, los Estados Unidos, el Japón y Suiza
Revisión
Mediante una comunicación de la Misión Permanente del Uruguay, de fecha 26 de noviembre
de 2001, la Secretaría ha recibido las respuestas siguientes a preguntas formuladas por el Canadá, las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los Es tados Unidos, el Japón y Suiza, distribuidas en
los documentos IP/C/W/314, 320, 316, 322 y 315, respectivamente.
_______________
CANADÁ
1. Explique cómo las obligaciones de observancia y cumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual (artículos 41 a 61 del Acuerdo sobre los ADPIC) son implementadas.
Artículo 41 - Contra cualquier acción infractora existen acciones administrativas y judiciales ágiles y
disuasivas:
Desde el punto de vista administrativo tanto la Ley de Marcas Nº 17.011, y su Decreto
reglamentario Nº 34/99 y la Ley de Patentes Nº 17.164, y su Decreto reglamentario Nº 11/00, prevén
procedimientos administrativos especiales, teniendo en cuenta los criterios más modernos en la
materia.
Desde el punto de vista judicial las Leyes Nos 17.011 y 17.164 establecen en sus artículos 81
a 85 y 106 y 107 respectivamente los delitos y las penas para aquellos que violen derechos de
propiedad industrial:  marcas y denominaciones de origen en la primera y patentes de invención,
modelos de utilidad o diseños industriales en la segunda.
Asimismo en los artículos 87 y 88 de la Ley Nº 17.011 y 99 a 105 de la Ley Nº 17.164 se
prevén las acciones civiles por infracciones a la normativa marcaria y de patentes.
Todos los procedimientos tanto los administrativos como los judiciales civiles o penales se
encuentran reglados en base al principio constitucional del debido proceso.  El procedimiento
administrativo está estipulado en las leyes y decretos especiales así como en el Decreto Nº 500/91
general para toda la administración pública en el Uruguay.  Los procedimientos civiles se encuentran
regulados en el Código General del Proceso y los penales en el Código del Proceso Penal.
                                                     
* En español solamente.IP/C/W/330/Rev.1
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Las decisiones administrativas se toman mediante actos administrativos, siempre motivados y
obviamente por escrito, dentro de un expediente que siempre es escrito, por la autoridad
administrativa correspondiente.  Las decisiones judiciales (sentencias) también son escritas y
debidamente fundadas, dictadas por Jueces integrantes del Poder Judicial.  Estas decisiones son
obligatoriamente notificadas a las partes en forma personal y en caso de imposibilidad material a
través de medios que garantizan la toma de conocimiento por el interesado.
En cuanto a la prueba, todas las partes involucradas tienen oportunidad de producir prueba, de
controlar la prueba producida por la otra parte y de alegar acerca de la prueba producida.  Los plazos
para producir prueba, la forma de presentar la prueba, los medios idóneos de prueba, todo se
encuentra reglado, así como los plazos para diligenciarla y para alegar.
En relación a la revisión de las decisiones existe en el ámbito administrativo la posibilidad
de revisión por un órgano especializado integrado por cinco miembros (el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo) de naturaleza jurisdiccional.  Las resoluciones judiciales tomadas por los Jueces que
entienden en primera instancia, ya sea civil (jueces civiles o de paz según la cuantía) o penal son
siempre revisables por los Tribunales de Apelaciones especializados en la materia.  En estos casos, las
resoluciones, de acuerdo a la cuantía, pueden ser casadas por la Suprema Corte de Justicia, máximo
órgano judicial compuesto de cinco miembros.
Artículo 42 - Los procedimientos judiciales para lograr la observancia están estipulados en los
artículos 87 y 88 de la Ley de Marcas Nº 17.011 que permite accionar por daños y perjuicios y la
prohibición de uso de marcas en contravención y en los artículos 99 a 105 de la Ley de Patentes
Nº 17.164 que permite entablar acciones contra quien realice actos en violación de los derechos
emergentes de las mismas.  En estos casos los interesados pueden hacer uso del procedimiento deljuicio ordinario estipulado en los artículos 337 y siguientes del CGP y del proceso cautelar estipulado
en los artículos 311 y siguientes del mismo cuerpo normativo.  Todas las demandas son notificadas
personalmente con copia del escrito.  El artículo 44 del mencionado Código permite a las partes ser
representadas por el abogado firmante, salvo en la audiencia preliminar del proceso donde deben
comparecer personalmente acompañados de abogado.  Los tributos judiciales son las tasas y los
impuestos establecidos por las leyes de presupuesto vigentes, siendo de bajo costo.  Cada parte con la
demanda o la contestación debe agregar la prueba en que funda sus alegaciones (artículos 117 y 131
del CGP), diligenciándose la misma por el Juzgado:  se agrega la prueba documental con noticia de la
contraparte, se diligencian los oficios y se interroga a los testigos propuestos (artículos 341 y 343
del CGP).  Sobre la prueba producida alegan ambas partes (artículo 343 del CGP) y finalmente el Juez
dicta sentencia (resolución), debidamente fundada (artículo 343 del CGP), la que puede ser apelada
por cualquiera de las partes (artículos 248 a 261), remitiéndose -en este caso- el expediente ante unJuez o Tribunal tripartito superior (artículo 344 del CGP).  En cuanto a la identificación y protección
de la información confidencial si la parte que debe suministrarla, fundamenta su solicitud de reserva,
el Juez de la causa puede tomar las medidas necesarias para su protección.  Asimismo, la Ley lo prevé
expresamente para el presumario penal en el CPP y en las medidas cautelares reservadas previstas en
el CGP, etc.).
Artículo 43 - El artículo 168 del CGP establece la posibilidad al demandante de pedir que se intime a
la contraparte a que entregue la documentación en su poder de que quiera servirse.  En caso de
negativa el mismo artículo establece que ésta podrá ser estimada como reconocimiento del contenido.
Artículo 44 - No existe esta potestad legal en materia de protección de derechos de propiedad
intelectual.  Está expresamente prevista para los casos de infracción aduanera a saber:  defraudación,diferencia y contrabando estipulados por el artículo 245 de la Ley N° 13.318.IP/C/W/330/Rev.1
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Artículo 45 - El artículo 87 de la Ley de Marcas Nº 17.011 y los artículos 99, 100 y 102 de la Ley de
Patentes Nº 17.164 facultan a la justicia ordinaria a condenar a los infractores de derechos de
propiedad industrial en daños y perjuicios cuando exista culpa o dolo.  La condena en costas y costos
se puede producir sólo en caso de mala fe o ligereza culpable.  El Código Civil en sus artículos 1.319,
1.323 y 1.324 prevé en general la responsabilidad y el resarcimiento de los daños y perjuicios en casosde culpa o dolo.
Artículo 46 - En los casos de delito, el artículo 84 de la Ley de Marcas Nº 17.011 prevé que las
marcas y los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados y las mercaderías
en infracción decomisadas y destruidas, salvo que puedan ser adjudicadas a instituciones de
beneficencia pública o privada.  El artículo 106 de la Ley de Patentes Nº 17.164 prevé el decomiso de
los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados para su elaboración y sus
destinos se decidirán en consultas con la DNPI.
Artículo 47 - Está dentro de las potestades del Juez instructor, siempre contemplando las garantías del
debido proceso.
Artículo 48 - Esta posibilidad siempre existe en la medida en que se prueben los daños y perjuicios
como consecuencia del abuso de las vías procesales.  Y en caso de probarse la malicia temeraria
puede ser condenado en costas y costos.
Artículo 49 - Toda clase de juicio civil, ya sea a consecuencia de un acto administrativo o por
infracción de particulares ofrece las mismas garantías del debido proceso y se rige por el Código
General del Proceso.
Artículo 50.1 - El artículo 103 de la Ley de Patentes Nº 17.164 permite la posibilidad de la adopción
de medidas provisionales o cautelares siguiendo el procedimiento del CGP.  Éste regula las medidasprovisionales en el artículo 317, estableciéndose el mismo procedimiento que para las medidas
cautelares (artículos 311 a 316).  A efectos de la preservación de pruebas, además de estos artículos es
de aplicación el artículo 309.6 sobre medidas preliminares.
Artículo 50.2 - El artículo 315 del CGP prevé que esta clase de medidas pueden decretarse sin
conocimiento ni intervención de la otra parte.
Artículo 50.3 - Los artículos 314.2 y 314.3 del CGP exigen la presentación de prueba sumaria y
contracautela y recién una vez diligenciada la prueba se resuelve la adopción de la medida.
Artículo 50.4 - El artículo 315 del CGP prevé la notificación de la medida en forma inmediata a su
cumplimiento, teniendo tanto el afectado como el demandante posibilidad de recurrir la decisión.
Artículo 50.5 - El Juez siempre tiene posibilidad de pedir ampliación de la prueba del derecho a
efectos de mejor proveer.  Es un principio general de procedimiento consagrado en el CGP.
Artículo 50.6 - El artículo 311.2 del CGP establece que las medidas cautelares caducarán de pleno
derecho si no se presentare la demanda dentro de los 30 días de cumplidas, condenándose al
peticionario al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios causados.
Artículo 50.7 - Como ya se dijo con relación al artículo anterior el resarcimiento de los daños y
perjuicios está previsto en el artículo 311.2 del CGP.
Artículo 50.8 - En el procedimiento administrativo se podrán ordenar medidas provisionales, ya que el
Decreto Nº 500/91 de procedimiento administrativo permite la aplicación del CGP en todo lo
pertinente.IP/C/W/330/Rev.1
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Artículo 51 - Existe posibilidad de suspensión de un despacho de mercaderías por las autoridades
judiciales (Juez de Aduana) o administrativas (receptores de aduana) cuando se realiza una denuncia
fundada de que se prepara la importación de mercaderías en violación de derechos de propiedad
intelectual.  Una vez que se comprueba que la infracción no se encuentra dentro de las tres previstas
en la Ley de Contencioso Aduanero (N° 13.318:  contrabando, diferencia y defraudación), la justiciaaduanera da cuenta al Juzgado Penal.
Artículo 52 - Las características de la demanda ya sea en Sede Judicial como en Sede Administrativa
son comunes, o sea que de acuerdo al artículo 117 del CGP siempre se debe acompañar la prueba de
lo afirmado.
Artículo 53 - La posibilidad de pedir fianza se encuentra prevista exclusivamente para los casos de
infracción aduanera:  diferencia, contrabando y defraudación en el artículo 163 de la Ley Nº 17.296 y
el Decreto Nº 67/2001.
Artículo 54 - Siempre se notifica cuando se toman las medidas previstas por el artículo 51.
Artículo 55 - Si la suspensión se decide por la autoridad administrativa ésta tiene 24 horas para dar
cuenta al Juez y un plazo de 5 días para remitir todos los antecedentes a la Justicia Aduanera
(Ley Nº 13.318).  Si se decide por la autoridad judicial no existe plazo previsto.
Artículo 56 - La indemnización al importador o al propietario de las mercaderías prevista debe
diligenciarse ante las autoridades judiciales civiles, aplicándose las normas generales sobre daños y
perjuicios ya mencionadas del Código Ci vil, debiendo siempre probarse éstos.
Artículo 57 - Siempre se concede tanto por las autoridades administrativas (aduaneras) como
judiciales competentes.
Artículo 58 - La actuación de oficio no está prevista, sin embargo, a través de la Cancillería y a
solicitud de la Embajada de otro Estado miembro se han iniciado procedimientos en Sede Aduanera
Administrativa.
Artículo 59 - Sólo lo puede ordenar el Juez Penal una vez que pasa a su jurisdicción.
Artículo 60 - No hay previsión al respecto.
Artículo 61 - La Ley de Marcas Nº 17.011 establece en los artículos 81 a 83 los delitos y las penas en
materia de marcas, así como el comiso y la destrucción de las mercaderías (artículo 84), extendiendo
dicha protección a las denominaciones de origen (artículo 85).
La Ley de Patentes Nº 17.164 establece en los artículos 106 y 107 los delitos y las penas en
materia de patentes, tipificándolos de la siguiente manera:
El artículo 106 establece una pena de entre 6 meses a 3 años para todo aquel que defraudare
alguno de los derechos protegidos por patentes.  Prevé además el decomiso de los objetos elaborados
en infracción o utilizados en su fabricación.
El artículo 107 aumenta dicha pena entre 15 meses y 4 años cuando ocurran dos tipos de
circunstancias agravantes:  el haber sido trabajador dependiente del titular de la patente o de un
licenciatario (literal A));  o haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de
realización del objeto patentado (literal B)).IP/C/W/330/Rev.1
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2. ¿Que protección otorga la legislación uruguaya en materia de derecho de autor a las
obras extranjeras?
Nuestra Ley vigente de Derecho de Autor (Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937) establece en
su artículo 4 que "La protección legal de este derecho (refiriéndose al derecho del autor) será acordada
en todos los casos en la misma medida cualquiera sea la naturaleza o procedencia de la obra o lanacionalidad de su autor, y sin distinción de escuela, secta o tendencia filosófica, política o
económica".
De esta manera nuestro sistema de derecho positivo ya consagraba desde muy temprano el
principio del trato nacional.  La obra extranjera goza en nuestro país, en consecuencia, de idéntica
protección que la nacional.  Esta protección se extiende y se hace efectiva a través de la consagración
de derechos morales y patrimoniales a favor del autor, estableciéndose asimismo un régimen de
infracciones tanto referido al ámbito civil como penal.
Nuestro país, por otra parte, ha aprobado el Convenio de Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 1971) a través de la Ley Nº 14.910 de 24 de julio
de 1971.
De igual forma se han aprobado los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT
(ADPIC) a través de la Ley Nº 16.671.
LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. P
REVISIONES GENERALES
1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud
pública y la nutrición de la población, y para promover el interés público en sectores deimportancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el
artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas son
conformes a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 55 de la nueva Ley de Patentes Nº 17.164 de 2 de septiembre de 1999, establece
situaciones especiales que pudieran afectar el interés general, las que se incluyen el desarrolloeconómico, social y tecnológico de determinados sectores estratégicos para el país, así como en casos
de emergencia sanitaria u otras circunstancias de interés público, el Poder Ejecutivo, por resolución
expresa, podrá conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorización del titular de la patente,
cuyo alcance y duración deberá adecuarse al fin para que fueron concedidos.  Estableciendo en los
artículos 56 a 59 las condiciones y alcances específicos para dichos usos, y en los artículos 71 a 80 las
condiciones generales.
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula  la protección de los derechos exclusivos de
los autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del
Acuerdo sobre los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del
Convenio de Berna y el Apéndice del mismo (1971).
El Uruguay aprobó el Convenio de Berna por la Ley Nº 14.910 de 19 de julio de 1979.
Han existido decisiones jurisprudenciales respecto de su aplicación en nuestro país.IP/C/W/330/Rev.1
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Nuestra Ley de Derecho de Autor, por otra pa rte, establece una protección amplia a favor de
los autores, reconociéndoles derechos exclusivos respecto de las diversas modalidades de explotación
de sus obras (Ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937).
La aplicación del Convenio de Berna ha determinado la autoaplicación de sus normas, tales
como la derogación de la exigencia del registro obligatorio consagrada en la Ley de 1937, laampliación del plazo de protección post mortem  a 50 años, la presunción de autoría, el concepto
amplio de comunicación al público, entre otros aspectos.  Ha existido una pacífica y armónica
convivencia entre el Convenio de Berna y la ley nacional, reflejada expresamente en repetidas
decisiones jurisprudenciales.
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador,
bases de datos o compilaciones de datos.
Si bien los programas de ordenador y las bases de datos no han sido incluidos en forma
expresa en la Ley de Derecho de Autor vigente, los mismos han recibidos de parte del Poder
Ejecutivo, doctrina y jurisprudencia, su tratamiento como obras protegidas por el derecho de autor
desde hace muchos años en nuestro país.
Nuestra Ley de 1937, establece una lista a vía de ejemplo de obras protegidas, señalando en
su párrafo final que la protección se extiende a "toda producción del dominio de la inteligencia"(artículo 5, Ley Nº 9.739).
Las enumeraciones de obras tienen un alcance simplemente ejemplificativo.
La enumeración ejemplificativa del artículo 5 resulta totalmente coherente por ello, con el
derecho comparado y especialmente con la Convención de Berna.
Las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la nominativa autoral, han
coincidido -a pesar de falta de mención legislativa expresa, dado el carácter meramente
ejemplificativo de la misma-, en la protección de los programas de computación a través del sistema
de derecho de autor.  Tal es el caso del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 154/989 de 11 de abril
de 1989, donde se admitió la inscripción de los programas de ordenador como obras, es decir dentro
del marco de la legislación autoral.
Tratándose de obras protegidas, los programas de ordenador siguen el régimen general de las
infracciones a los derechos de autor, tanto en el ámbito civil como en el penal.
Calificada doctrina nacional y decisiones jurisprudenciales han entendido que, no obstante no
encontrarse incluidos en forma expresa en la Ley de Derecho de Autor los programas de ordenador,
los mismos se encuentran bajo el manto de protección civil y penal que ofrece la Ley Nº 9.739.
La primera decisión jurisprudencial provino del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
reconociendo a los programas de ordenador su calidad de producciones del dominio de la inteligencia,y como tales, incluidos en la Ley Nº 9.739.  Por otra parte, en el ámbito civil y penal han existido
sentencias de condena en igual sentido.  Hoy día se halla reforzada, más aún la situación, por las
disposiciones emergentes del Acue rdo sobre los ADPIC (Ley Nº 16.671).
4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso
afirmativo, las obras abarcadas por éste.IP/C/W/330/Rev.1
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Este derecho no se halla consagrado a texto expreso en la legislación nacional.  En el proyecto
de Ley aprobado por la Cámara de Representantes, que se encuentra actualmente para su
consideración en el Senado de la República, el mismo se halla incorporado.
En tal sentido, dentro del concepto de distribución al público, se incluye el derecho de
alquiler.  El mismo ha sido consagrado a favor de los autores en general y los productores defonogramas.
5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de so nido) y organismos de radiodifusión en virtud de
su legislación.
Los intérpretes cuentan con los derechos consagrados en la Ley de Derecho de Autor de 1937.
Básicamente estos derechos comprenden:  el derecho de exigir una retribución por su interpretación
difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobredisco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o
visual.  No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario
por la autoridad judicial competente (artículo 36).  El intérprete de una obra literaria o musical está
facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea
hecha en forma que pueda producir grave o injusto perjuicio a sus intereses artísticos (artículo 37).
Asimismo el Uruguay ha aprobado el Convenio de Roma, a través de la Ley Nº 14.587 de
19 de octubre de 1976, reconociéndose en consecuencia a cada uno de los titulares allí descriptos, los
derechos emergentes.
Asimismo es de señalar, que a través de la Ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 se creó una
figura penal que protege a los productores de fonogramas y/o videogramas contra las reproduccionesno autorizadas, incluyéndose asimismo una protección a favor de los artistas intérpretes.
El artículo 1 establece que "El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de lucro
y sin autorización escrita de su productor, así como el que distribuyere al público o almacenare con tal
fin las reproducciones así obtenidas, será castigado con la pena prevista por el artículo 46 de la
Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.  Igual pena se aplicará al que fijare la interpretación envivo de una obra literaria o artística por cualquier medio y cuando fuere manifiesta la finalidad
señalada en el inciso precedente, sin autorización escrita del autor y del artista;  así como el que
distribuyere al público o almacenare con tal fin las versiones así obtenidas."
6. Sírvanse especificar si su legislación esti pula alguna limitación o excepción en relación
con cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio de Berna y la Convenci ón de Roma y a la luz del artículo 13 y del
párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las limitaciones y excepciones referidas a derecho de autor son las que resultan del
artículo 45 de la Ley Nº 9.739.  Estas se entienden, asimismo, extendidas al régimen de los derechos
de autor.
7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
En cuanto al término de protección la única referencia surge de los plazos otorgados por el
Convenio de Roma.IP/C/W/330/Rev.1
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En el proyecto del Poder Ejecutivo, aprobado por la Cámara de Representantes, que se
encuentra actualmente bajo la consideración de la Cámara de Senadores el plazo de protección se
ubica en 50 años.
8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva
de conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en elartículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.
El proyecto de Ley de derecho de autor, ya referido, ha mantenido el plazo de protección
en 50 años.  Dicho Proyecto en su artículo 152 expresa que "Los derechos sobre las obras y demás
producciones protegidas de conformidad con la Le y anterior, que no hubieren ingresado al dominio
público, gozarán de los plazos de protección más largos reconocidos en la presente Ley."
En nuestro país se ha entendido que desde la aprobación del Convenio de Berna el plazo de
protección establecido en la Ley de Derecho de Autor (40 años) se ha extendido a 50 años.
De aprobarse legislativamente dicho proyecto, quienes extienden el plazo de protección
establecido en la Convención de Roma son los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de
fonogramas y organismos de radiodifusión, que también se ubicarían en el plazo de 50 años.
9. Sírvanse explicar si el droit de suite  previsto en el artículo 14 ter del Convenio de Berna
está protegido en su legislación.
Nuestra Ley Nº 9.739, en su artículo 9, ha consagrado el droit de suite  en forma general.
El mismo establece que "En toda enajenación se entenderá reservado, en beneficio del autor
enajenante, el derecho a participar en la plusvalía de la obra, sobre los beneficios que obtengan los
sucesivos adquirentes.  Es nulo todo pacto en contrario.  El porcentaje de utilidad en cada caso será
del 25 por ciento.  Cuando exista colaboración o pluralidad de autores, dicho porcentaje se repartirápor partes iguales entre los interesados, salvo pacto en contrario.  A la muerte del autor sus herederos
o legatarios conservarán el mismo derecho hasta el momento en que la obra pase al dominio público."
C.
MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
10. Se ruega proporcionar la definición de un signo de conformidad con su legislación
nacional y explicar en qué condiciones es objeto de protección.
El artículo 1 de la Ley N° 17.011 de fecha 25 de septiembre de 1998 de la Ley de Marcas y
demás signos distintivos dispone que "se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los
productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra", incluyendo en el artículo 2 a los
signos no visibles, en el artículo 3 a las frases publicitarias, en los artículos 38 a 43 a las marcas
colectivas y en los artículos 44 a 56 a las marcas de certificación.
11. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puedeotorgarse protección a signos tales como los nombres comerciales.  Se ruega indicar si puede
otorgarse protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
Tal como se dijo en el párrafo anterior, las marcas de servicios se encuentran protegidas por la
Ley.  Asimismo los artículos 67 a 72 protegen los nombres comerciales sin registro.  Con relación a
los signos no visibles, como ya se dijo están protegidos por el artículo 2 de la Ley y porDecreto Nº 146/01 del Poder Ejecutivo se reglamentó el registro de las marcas sonoras.IP/C/W/330/Rev.1
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12. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la
definición de utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
De acuerdo al artículo 19 de la Ley, el uso de las marcas es facultativo.  Podrá ser obligatorio
cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del PoderEjecutivo.
13. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
El artículo 18 establece la protección por 10 años, pudiendo renovarse indefinidamente.
14. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de
su país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
Tal como ya se manifestó, el Uruguay no requiere el uso.
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
15. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o
no una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.
La Ley Nº 17.011 prohíbe el registro como marcas de las denominaciones de origen, las
indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que o sea suficientemente original ydistintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de
crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o
servicios para los cuales se use la marca (artículo 4 numeral 4).  Asimismo el capítulo XII de la Ley
establece la protección especial de las indicaciones geográficas manifestando que constituyen
indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen(artículo 73).  Indicación de procedencia es el  uso de un nombre geográfico sobre un producto o
servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o
prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia, estableciendo que gozarán de
protección sin necesidad de registro (artículo 74).  En el artículo 75 se define a la denominación de
origen como el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa unproducto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico, incluidos factores naturales o humanos, creando su Registro (artículo 76) y
estableciéndose los requisitos para su protección (artículo 77).
16. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la
legislación de su país.
Véase la respuesta a la pregunta 15.
17. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece
un vínculo, en caso existente, entre las caracterís ticas de una indicación y su origen geográfico.
Véase la respuesta a la pregunta 15.
18. Se ruega explicar cómo se otorga protección adicional en la legislación de su país para
los vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que
existan, abarcados por esa protección adicional.IP/C/W/330/Rev.1
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La protección adicional requerida por el Acuerdo sobre los ADPIC en su artículo 23 se
encuentra comprendido en la protección otorgada por la normativa mencionada en el numeral
anterior.
19. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de lasexcepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
Las excepciones previstas por el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, dado el alcance de
la protección establecido por nuestra legislación no han sido utilizadas.
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
20. Sírvanse explicar si su legislación abarca  la protección a los dibujos y modelos guiándose
básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se
protegen los dibujos y modelos textiles.
No existe en la Ley de Patentes un procedimiento especial para la protección de textiles.
Sin embargo el procedimiento previsto en la nueva Ley (artículos 92 a 97), por sus plazos, la opción
de publicación anticipada y por el carácter facultativo del examen de los requisitos de fondo a realizar
por la DNPI, hace posible la obtención de protección en corto plazo, según lo previsto en el párrafo 2
del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.
(Por otra parte debe tenerse en cuenta que el artículo 87 de la Ley establece que la protección
conferida a los diseños por patentes de acuerdo a la Ley Nº 17.164, no excluye ni afecta la protección
que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de propiedad
industrial.  Lo que incluiría la obtención paralela del mismo diseño por derechos de autor, cuando el
mismo reúna los respectivos requisitos.)
21. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
El artículo 88 de la Ley Nº 17.164 establece que el titular de la patente de diseño industrial
posee el derecho de impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender;
ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseño quereproduzca el suyo o diseños similares al suyo;  incorpore ese diseño o sólo presente diferencias
menores con él.
22. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.
El artículo 98 establece que regirán para los diseños industriales las disposiciones sobre
patentes de invención en la medida que ellas fueren aplicables.  En consecuencia las regulaciones
sobre licencias obligatorias y otros usos contenidas en los artículos 54 a 88, habilitan en principio laconcesión de licencias obligatorias sobre patentes de diseños industriales, siempre que se pudieran
configurar a su respecto algunas de las causales previstas.
23. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga
protección a los dibujos y modelos industriales.
De acuerdo al artículo 97 de la Ley, el plazo de protección de los diseños industriales es de
10 años, contados a partir de la presentación de la solicitud;  el que podrá extenderse por 5 años más a
solicitud del titular de la patente.IP/C/W/330/Rev.1
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F. P ATENTES
24. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad,
invención y aplicación industrial.
El artículo 9 de la Ley Nº 17.164 define en su párrafo 1 que la invención se considerará
novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica.  El párrafo 2 establece que por estado dela técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de
la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante
una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o
información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados.  El párrafo 3 establece
que también deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una
solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior
a la de la solicitud bajo examen, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anteriorcuando ella fuese publicada.
El artículo 11 establece que una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención
no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.
El artículo 12 dispone que una invención se considera susceptible de aplicación industrial
cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.
25. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente
se otorgan sin ningún tipo de exclusión.  En caso de que existan exclusiones, descríbase
detalladamente la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos.
El artículo 39 de la Ley de Patentes establece que el derecho conferido por una patente no
alcanzará a los siguientes actos:  los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales ycomerciales, siempre que no provoquen un perjuicio para el titular de la patente (literal A));  la
preparación de un medicamento para un paciente in dividual, bajo receta médica y elaborado con la
dirección de un profesional habilitado (literal B));   los realizados con fines de experimentación,
incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al
vencimiento de la patente (literal D));  los realizados con fines de enseñanza o investigación científicao académica (literal E));  la importación de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter
comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas
(literal F)).  Esos usos, en consecuencia, podrán realizarse por terceros, sin autorización del titular de
la patente.
El artículo 41 de la Ley de Patentes prevé que el titular de la patente no podrá impedir los
actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de la
solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaren el procedimientoobjeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o
explotación.  Dichos actos están limitados a las necesidades de la empresa que los explotare, y el
derecho a ejecutarlos no puede transferirse aisladamente, sino conjuntamente con el establecimiento
que realiza la explotación.
Siguiendo las previsiones de la Constitución y otras leyes especiales, los artículos 42 y 43 de
la Ley de Patentes, disponen que las invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del
Estado o de particulares, son patentables, pero su explotación comercial o industrial requiere el
acuerdo del titular del monopolio o luego de que éste cesare.  De la misma forma que todo derecho de
propiedad, de acuerdo a la Constitución, los derechos de patente pueden ser expropiados por el
Estado, requiriéndose una ley especial, y otorgando a su titular la debida compensación, mediante unproceso judicial con todas las garantías.IP/C/W/330/Rev.1
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De acuerdo a la información disponible no existen casos en que las normas comentadas se
hayan aplicado en la práctica.
26. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la
patentabilidad basándose en el orden público o la moralidad.  En ese caso, les rogamos
expliquen el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.  Desearíamostambién saber si éste se ha aplicado en la práctica.
El artículo 14 de la mencionada Ley de Patentes Nº 17.164 de 2 de septiembre de 1999,
establece en su párrafo B), en concordancia con el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que no son patentables las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres,
la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.
No existen tampoco situaciones de aplicación práctica de esta disposición.
27. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están
excluidos de la patentabilidad en su legislación.  Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente
de su legislación así como su formulación.
E1 mismo artículo 14, en su párrafo A), siguiendo ahora lo dispuesto en el apartado a) del
párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, dispone que no son patentables los métodos
de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
28. Sírvanse explicar si las plantas, los anim ales y esencialmente los procesos biológicos
están o no excluidos de la patentabilidad en su  legislación.  En caso afirmativo, les rogamos
aclaren el artículo pertinente de su legislación así como su formulación.
La Ley de Patentes establece en su artículo 13 A), en concordancia con el apartado b) del
párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no se considerarán invenciones a losefectos de la Ley las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, con excepción de los
procedimientos no biológicos o microbiológicos.  A su vez el literal G) del mismo artículo 13,
establece que tampoco se considerarán invenciones el material biológico y genético como existe en la
naturaleza.
De dicha disposición surge claramente que los microorganismo y los procesos no
esencialmente biológicos son patentables de acuerdo a la legislación.
Las variedades vegetales son protegidas por una legislación especial que sigue las pautas de
la UPOV, del que Uruguay es parte.  Dicho tratado, en su revisión de 1978, fue aprobado por la
Ley Nº 16.580 de 21 de septiembre de 1994.  Y la Ley Nº 16.811 de 21 de febrero de 1997 contiene la
legislación nacional sobre protección de cultivar es.  En consecuencia el Uruguay posee un sistema
sui generis eficaz para la protección de las obtenciones vegetales.
29. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los
microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y las
obtenciones vegetales están protegidos en su legislación.  Sírvanse explicar a este respecto los
artículos pertinentes de su legislación.
Véase la respuesta a la pregunta 28.IP/C/W/330/Rev.1
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30. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de
derechos de patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una
invención patentada.
Según el artículo 34 de la Ley, de acuerdo al artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, la
patente confiere a su titular el derecho a impedir que terceros realicen sin autorización cualquiera delos siguientes actos:  A) cuando la patente se ha concedido para un producto:  fabricarlo, ofrecerlo en
venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de esos fines;  B) cuando la patente
se ha concedido para un procedimiento:  usar el mismo, así como ejecutar cualquiera de los actos
indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento.
31. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente
de productos químicos farmacéuticos y agrícolas.  Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar
la referencia jurídica.
El artículo 8 de la Ley establece que son patentables las invenciones nuevas de productos o de
procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
A su vez el artículo 127 establece que no serán patentables las invenciones de productos
farmacéuticos y químicos agrícolas hasta el 1º de noviembre de 2001.
Es decir que el Uruguay, que de acuerdo a su legislación de patentes anterior (Ley Nº 10.089
de 12 de diciembre de 1941 artículo 3 literal C)), excluía del patentamiento a dichos sectores, ha
hecho uso de un plazo menor al previsto en el párrafo 4 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC
para ampliar la protección por patentes a dichos productos.
32. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en
su legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.
Como surge de la respuesta a la pregunta 30, según el artículo 34 literal B) de la Ley de
Patentes, la protección concedida por una patente de procedimiento alcanza a los productos obtenidos
por medio de dicho procedimiento.
33. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 delAcuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de  justificación en lo que respecta al acceso a
material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas condiciones adicionales
existen, indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionales
detalladamente.
Ni la Ley de Patentes Nº 17.164, ni tampoco otras normas, exigen condiciones adicionales del
tipo de la mencionada, además de las previstas en el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre la
divulgación completa de la invención y la información relativa a otras solicitudes y patentesconcedidas al solicitante las que se encuentran previstas en los artículos 22, 25 y 32 de la Ley.
34. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos
exclusivos concedidos por una patente.  Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la
legislación pertinente.
El artículo 39 de la Ley de Patentes establece que el derecho conferido por una patente no
alcanzará a los siguientes actos: los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales y
comerciales, siempre que no provoquen un perjuicio para el titular de la patente (literal A));  la
preparación de un medicamento para un paciente individual, bajo receta médica y elaborado con la
dirección de un profesional habilitado (literal B));   los realizados con fines de experimentación,IP/C/W/330/Rev.1
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incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al
vencimiento de la patente (literal D));  los realizados con fines de enseñanza o investigación científica
o académica (literal E));  la importación de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter
comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas
(literal F)).  Esos usos, en consecuencia, podrán realizarse por terceros, sin autorización del titular dela patente.
El artículo 41 de la Ley de Patentes prevé que el titular de la patente no podrá impedir los
actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de la
solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaren el procedimiento
objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o
explotación.  Dichos actos están limitados a las necesidades de la empresa que los explotare, y el
derecho a ejecutarlos no puede transferirse aisladamente, sino conjuntamente con el establecimientoque realiza la explotación.
Siguiendo las previsiones de la Constitución y otras leyes especiales, los artículos 42 y 43 de
la Ley de Patentes, disponen que las invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del
Estado o de particulares, son patentables, pero su explotación comercial o industrial requiere el
acuerdo del titular del monopolio o luego de que éste cesare.  De la misma forma que todo derecho depropiedad, de acuerdo a la Constitución, los derechos de patente pueden ser expropiados por el
Estado, requiriéndose una ley especial, y otorgando a su titular la debida compensación, mediante un
proceso judicial con todas las garantías.
35. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de
licencias obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega explicar exhaustivamente las condiciones enlas cuales puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de qué
forma su legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa
utilización.
La Ley de Patentes (también citada como LP), en sus artículos 54 a 80 establece licencias
obligatorias por diversas causales:  falta de explotación (artículo 54), razones de interés público(artículos 55 a 59), prácticas anticompetitivas (artículos 60 a 63), negativa injustificada al
otorgamiento de una licencia convencional (artículos 64 a 68), dependencia de patentes (artículos 69
y 70).  La Ley contiene también un capítulo dedicado a disposiciones generales y de procedimiento
(artículos 71 a 80) sobre licencias obligatorias.  Las normas mencionadas establecen las condiciones
para el otorgamiento de licencias obligatorias conforme al artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
A continuación se indican en detalle las correspondientes disposiciones de la Ley de Patentes
siguiendo el orden de los párrafos del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
a) El artículo 54 de la Ley de Patentes define las circunstancias y requisitos en que
pueden otorgarse licencias por falta de explotación, el artículo 55 por razones de
interés publico, los artículos 60 y 61 por prácticas anticompetitivas, el artículo 64 por
negativa infundada a conceder licencias convencionales y los artículos 69 y 70 por
dependencia de patentes.
b) El artículo 71 de la Ley de Patentes establece los requisitos que el interesado en
obtener una licencia obligatoria deberá acreditar:  haber solicitado al titular de la
patente una licencia contractual y que no haya podido obtenerla en condiciones
comercialmente razonables y adecuadas al país dentro del plazo de 90 días siguientes
a su requerimiento.  El mismo artículo 71 en su inciso 2 establece que podráprescindirse de ese requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema
urgencia y en casos de uso público no comercial y de prácticas anticompetitivas.IP/C/W/330/Rev.1
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c) De las disposiciones del artículo 77 de la Ley de Patentes literales A) y C), así como
de las normas mencionadas en a), y las que regulan los diversos tipos de licencias
obligatorias (por ejemplo el artículo 58 que regula aquellas licencias por razones de
interés público), surge claramente que el alcance y duración de las mismas se
encuentra limitado a los fines para las que fueron otorgadas.
d) El artículo 73 literal A) de la Ley de Patentes establece claramente que las licencias
obligatorias no podrán concederse con carácter exclusivo.
e) El artículo 73 literal D) de la LP establece que las licencias obligatorias no podrán
cederse salvo con aquella parte de la empresa o el establecimiento o de su activo
intangible que explote el objeto de la licencia.
f) El artículo 56 de la LP establece que en caso de licencias obligatorias por razones de
interés público, el abastecimiento será exclusivamente para cubrir las necesidades delmercado interno.
g) El artículo 59 de la LP establece que los usos concedidos como consecuencia de una
licencia obligatoria podrán retirarse a reserva de la protección adecuada de los
intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las
circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvana surgir.  Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa
petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.
h) El artículo 77 literal B) establece con alcance general el carácter remunerado de las
licencias y que el mismo se determinará teniendo en cuenta las circunstancias propias
de cada caso, el valor económico de la explotación de la invención objeto de lalicencia;  además de otros factores como el promedio de regalías para el sector en
contratos de licencias convencionales.
i) Las resoluciones que conceden licencias obligatorias son expedidas por la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial, y por el Poder Ejecutivo en el caso de licencias
por razones de interés público.  Ambas resoluciones pueden ser revisadas medianterecursos administrativos de revocación y jerárquico en el caso de la DNPI que es un
organismo sometido a la jerarquía del Poder Ejecutivo.  Cumplida esa instancia, de
acuerdo a la Constitución y a las leyes especiales en la materia, todas las resoluciones
definitivas del Estado, pueden ser anuladas por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, órgano judicial especializado, integrado por cinco miembros, cuyas
decisiones son de naturaleza jurisdiccional.
j) El artículo 74 de la LP, establece que en caso de falta de acuerdo entre las partes,
tanto sobre la adecuada remuneración, como acerca de las demás condiciones para la
concesión de una licencia obligatoria, se nombrará un tribunal arbitral que decidirá al
respecto.  Esa decisión será adoptada por la resolución de la DNPI (artículo 75) que
concede la licencia.  En consecuencia, formando parte la fijación de la remuneración
de la decisión de la DNPI que otorga la licencia, ella es revisable de la misma formaque ésta, es decir mediante los recursos administrativos correspondientes y luego la
acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como se
expresara en el párrafo anterior.
k) El artículo 71, inciso 2 de la LP establece que en el caso de licencias obligatorias por
prácticas anticompetitivas (artículos 60 a 63 de la LP), el interesado, potencialIP/C/W/330/Rev.1
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usuario, podrá prescindir de los requisitos exigidos por el inciso 1° para los demás
casos.
a. El artículo 60 de la LP establece que se podrá conceder una licencia
obligatoria por prácticas anticompetitivas cuando la autoridad competente en
la materia, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confieraal titular de la patente el derecho de defensa y demás garantías, haya
determinado previamente que éste ha incurrido en prácticas consideradas
anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la
posición dominante en el mercado.
b. Si bien no se encuentra específicamente contemplada en la LP la corrección
de prácticas anticompetitivas como factor a tener en cuenta en el importe de
la remuneración, al otorgarle la Ley a las autoridades competentes facultadespara determinar dicho importe y para denegar la revocación de la
autorización si resulta probable que las condiciones que le dieron lugar se
repitan;  surge del conjunto de normas al respecto, que dicha autoridad debe
tener ese factor en cuenta.  Así por ejemplo el artículo 62 de la LP establece
que si el titular de la patente persistiere en los actos o las prácticas que dieranorigen a una calificación de práctica anticompetitiva o abuso de los derechos
conferidos por la patente, el derecho a ésta podrá ser revocado de oficio o a
solicitud de la parte interesada, previa vista al titular por un plazo
determinado.
l) Los artículos 69 y 70 de la LP, como se ha dicho, regulan las que denomina "patentes
dependientes".  El artículo 69 establece que cuando una invención o modelo de
utilidad patentados, no pudieran explotarse sin infringir una patente anterior, el titular
o un licenciatario, podrán solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto
de la otra patente, en la medida que ello fuese necesario para explotarla y evitar su
infracción.  El artículo 70 establece las condiciones para la concesión de este tipo delicencia obligatoria.  Ellas son:  que la invención reivindicada en la segunda patente
suponga un avance técnico significativo y que posea una importancia económica
considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente
(párrafo A));  que el titular de la primera patente tendrá derecho a obtener una
licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en
la segunda patente (párrafo B));  y que la cesión del uso autorizado de la primera
patente incluirá el de la segunda (párrafo C)).
Las restantes previsiones del artículo 31 Acuerdo sobre los ADPIC sobre notificación al
titular de la patente en cuanto sea razonablemente posible en casos de licencias obligatorias por
situaciones de emergencia nacional (literal b));  la información al titular en caso de uso público no
comercial;  así como la restricción de las licencias obligatorias referidas a tecnologías de
semiconductores o el uso público no comercial para rectificar prácticas anticompetitivas (literal c));  yen parte la finalidad principal de abastecimiento del mercado interno, no se encuentran contempladas
específicamente en la LP.  Sin embargo ellas son obligatorias por aplicación de los principios
generales de la legislación, como la notificación o la información al titular de la patente, o porque así
lo disponen las propias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que como se ha manifestado
reiteradamente, se han incorporado a la legislación nacional formando parte del derecho interno comoLey Nº 16.671 de 13 de diciembre de 1994, respecto a las tecnologías de semiconductores.
En cuanto a las condiciones que debe reunir el licenciatario, el artículo 72 establece con
carácter general, que el interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos no autorizadosIP/C/W/330/Rev.1
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deberá poseer capacidad técnica y económica y contar con la infraestructura adecuada para iniciar la
explotación.
36. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario
propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y
condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstosen un período de tiempo razonable.  En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo
razonable"?  Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de una
licencia obligatoria será autorizado principalmente  en lo que respecta al suministro del mercado
interno del Miembro que autoriza ese uso.
Como se ha expresado en la respuesta a la pregunta anterior, el artículo 71, en concordancia
con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, dispone que el interesado en obtener una licencia
obligatoria u otros usos, deberá acreditar que ha solicitado al titular de la patente una licenciacontractual y que no ha podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al
país, dentro de los 90 días siguientes a su requerimiento.  Y que podrá prescindirse de este requisito
en circunstancias de emergencia, en casos de uso público no comercial y de prácticas
anticompetitivas.
Si bien la condición del artículo 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC de que las licencias
obligatorias y otros usos se destinen principalmente al abastecimiento del mercado interno, no se
encuentra específicamente previsto en la Ley, como se ha manifestado también en la respuesta a la
pregunta anterior, el mismo formaría parte de la normativa nacional por la incorporación de las
disposiciones del Acuerdo a la legislación interna.  Por otra parte la propia naturaleza, condiciones y
requisitos establecidos en la Ley para el otorgamiento de licencias obligatorias, está suponiendo quesu finalidad principal apunta al abastecimiento del mercado interno;  con la excepción de las licencias
para poner remedio a prácticas anticompetitivas prevista en el artículo 31 k).
37. Se ruega indicar si su legislación otorga pr otección adicional a las innovaciones una vez
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.
El artículo 21 de la Ley, de acuerdo al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece
que la patente de invención tendrá un plazo de duración de 20 años, contados a partir de la fecha de la
solicitud;  no previéndose extensiones a dicho plazo.
38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la revocación de la carga de la
prueba en lo que respecta a las patentes de procesos.
En concordancia con el artículo 34 del Acuer do sobre los ADPIC, el artículo 101 de la LP
establece que en los juicios civiles cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener
un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe queel procedimiento para obtener el producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho
producto sea nuevo.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
39. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.
Como se ha expresado reiteradamente, la ratificación por el país del Acuerdo sobre
los ADPIC, ha incorporado a su legislación interna sus disposiciones, especialmente las de los
artículos 35 a 38 referidas a circuitos integrados.IP/C/W/330/Rev.1
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A su vez la remisión del artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC los artículos 2 a 7 (salvo el
párrafo 3 del artículo 6), 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual
respecto a los Circuitos Integrados, incorpora también esas disposiciones al derecho interno,
volviéndolas obligatorias.  Por lo que, sin perjuicio de las posibilidades de aplicación directa de
alguna de ellas, las mismas constituyen una fuente cierta de integración e interpretación, que se sumaa las regulaciones específicas de las normas sobre patentes de invención, de diseños industriales, de
derecho de autor, o de competencia desleal, adoptadas para lograr la protección de los trazados de
circuitos integrados según el caso, o prevenir los actos de competencia desleal que afecten a los
creadores de los mismos.
Según lo anterior y de acuerdo al artículo 4 del Tratado sobre Circuitos Integrados, los
esquemas de trazado que reúnan los respectivos requisitos para la adquisición de cada tipo de derecho,
pueden adquirir protección mediante patentes de invención, diseños industriales, o mediante derechosde autor, o aun a través de las normas sobre competencia desleal.
40. Sírvanse explicar qué protección otorga la  legislación de su país a los titulares de
derechos frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de
topografías comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito
integrado en el sentido del artícu lo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Tanto la protección por patentes de invención o diseños industriales, como la de derechos de
autor;  así como también las normas generales del derecho civil y procesal, por aplicación de los
principios generales o como resultado de las normas sobre competencia desleal, confieren al titular de
los derechos y creador de la topografía, acciones civiles y medidas provisionales que protegen su
derecho.
El tipo de protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados, dependerá del tipo
de derecho de propiedad industrial a cuya protección accedan:  patentes de invención, diseños
industriales o derechos de autor;  o mediante las acciones que protegen al creador del circuito contra
las prácticas competitivas desleales o, en general, contra todo accionar ilegítimo de un tercero que le
produzca un daño.
41. Se ruega explicar cómo prevé su legislació n la derogación del artículo 36 del Acuerdo
sobre los ADPIC como se especifica en el artí culo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que
realice esos actos no supiera o no tuviera motivos  razonables para saber, al adquirir el circuito
integrado o el artículo que incorpora tal ci rcuito integrado, que incorporaba un esquema de
trazado reproducido ilícitamente.
Como se ha dicho las disposiciones de los artículos 36 y 37 del Acuerdo sobre los ADPIC
forman parte de la legislación interna del Uruguay.
42. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las
topografías.
De acuerdo a lo expuesto en la respuesta a la pregunta 40, el término de protección de los
esquemas de trazado de circuitos integrados, dependerá del tipo de derecho de propiedad industrial a
cuya protección accedan:  patentes de invención, diseños industriales o derechos de autor.  Siendo entodos los casos dicho término superior al mínimo de 10 años previsto en el artículo 38 del Acuerdo
sobre los ADPIC.IP/C/W/330/Rev.1
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H. P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
43. Sírvanse explicar si su le gislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.
De la misma forma como ocurre con las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC,
las normas del Convenio de París, y especialmente las disposiciones de su artículo 10 bis sobre
competencia desleal, han sido incorporadas a la legislación interna del Uruguay, en su revisión de
Estocolmo de 14 de julio de 1967, al haber sido ratificado por Decreto-Ley Nº 14.910 de 10 de julio
de 1979.
En consecuencia, y por aplicación de esas disposiciones y también de las normas y principios
generales del Derecho Civil, las personas que tengan legítimamente bajo su control información que
reúna las características previstas en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, podrán
impedir que la misma se divulgue a terceros o sea adquirida o usada por éstos de acuerdo a prácticascontrarias a los usos comerciales honestos.
En cuanto a los datos de prueba u otros no divulgados, que se proporcionen a la autoridad
competente para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y químicos para la
agricultura, siempre que cumplan las condiciones previstas en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo
sobre los ADPIC, se encontrarán protegidos contra todo uso comercial desleal.  Asimismo, elartículo 197 de la Ley Nº 17.296 establece que los funcionarios del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, que en razón del ejercicio de sus funciones de contralor obtuvieran
informaciones, están obligados a guardar secreto acerca de las mismas, debiendo mantener reserva de
las actuaciones administrativas o judiciales de las que tengan conocimiento.
Por otra parte, la reglamentación sobre aprobación de comercialización de productos
farmacéuticos, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 324/999 de 12 de octubre de 1999, en su artículo 6
dispone que el solicitante deberá declarar el carácter de información no divulgada de los datos
proporcionados con el fin de obtener la autorización.
44. Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.
Véase la respuesta a la pregunta 43.
45. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u
organismos gubernamentales.
Véase la respuesta a la pregunta 43.
I. O
BSERVANCIA
46. Sírvanse exponer qué medidas eficaces prescribe su legislación contra la infracción de
los derechos de propiedad intelectual.
Derecho de autor y derechos conexos
En primer lugar el artículo 46 de la Ley Nº 9.739, Ley de Derecho de Autor, en la redacción dada por
el artículo 23 de la Ley Nº 15.913 de 17 de noviembre de 1987 establece que:  "El que edite, venda,
reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento, total o parcialmente, una obra
inédita o publicada sin autorización escrita de su autor o causahabiente o de su adquirente a cualquier
título o la atribuya a autor distinto, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente Ley,será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría."IP/C/W/330/Rev.1
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En segundo lugar, a través de la Ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 se creó una figura
penal que protege a los productores de fonogramas y/o videogramas contra las reproducciones no
autorizadas.
El artículo 1 establece que "El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de lucro
y sin autorización escrita de su productor, así como el que distribuyere al público o almacenare con talfin las reproducciones así obtenidas, será castigado con la pena prevista por el artículo 46 de la Ley
Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.  Igual pena se aplicará al que fijare la interpretación en vivo de
una obra literaria o artística por cualquier medio y cuando fuere manifiesta la finalidad señalada en el
inciso precedente, sin autorización escrita del autor y del artista;  así como el que distribuyere al
público o almacenare con tal fin las versiones así obtenidas."
El artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la
redacción dada por el artículo 328 de la Ley Nº 16.170 de 27 de diciembre de 1987, establece que:"Los ejemplares reproducidos ilícitamente y el material empleado para la reproducción, comunicación
o ejecución pública serán decomisados.
El interesado podrá solicitar, como diligencia preparatoria, el secuestro de aquellos, quedando
el Juez facultado para eximirle de contracautela cuando existan motivos fundados para ello.
La sentencia condenatoria deberá ordenar en todo caso la destrucción o inutilización de los
ejemplares y el material decomisado cuando ellos sean susceptibles de utilización y en la medida
necesaria para impedir la explotación ilícita.
No se destruirán aquellos ejemplares que hayan sido adquiridos por terceros de buena fe, para
su uso personal."
Propiedad industrial
Contra cualquier acción infractora existen acciones administrativas y judiciales ágiles y
disuasivas:
Desde el punto de vista administrativo tanto la Ley de Marcas Nº 17.011, y su Decreto
reglamentario Nº 34/99 y la Ley de Patentes Nº 17.164, y su Decreto reglamentario Nº 11/00, prevén
procedimientos administrativos especiales, teniendo en cuenta los criterios más modernos en lamateria.
Desde el punto de vista judicial las Leyes N
os 17.011 y 17.164 establecen en sus artículos 81
a 85 y 106 y 107 respectivamente los delitos y las penas para aquellos que violen derechos de
propiedad industrial:  marcas y denominaciones de origen en la primera y patentes de invención,
modelos de utilidad o diseños industriales en la segunda.
Asimismo en los artículos 87 y 88 de la Ley Nº 17.011 y 99 a 105 de la Ley Nº 17.164 se
prevén las acciones civiles por infracciones a la normativa marcaria y de patentes.
Todos los procedimientos tanto los administrativos como los judiciales civiles o penales se
encuentran reglados en base al principio constitucional del debido proceso.  El procedimiento
administrativo está estipulado en las leyes y decretos especiales así como en el Decreto Nº 500/91
general para toda la administración pública en el Uruguay.  Los procedimientos civiles se encuentran
regulados en el Código General del Proceso y los penales en el Código del Proceso Penal.
47. Sírvanse explicar si su legislación contempla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.IP/C/W/330/Rev.1
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Derecho de autor y derechos conexos
Tanto en el ámbito judicial como en el ad ministrativo se encuentran previstos mecanismos
que consagran la posibilidad de apelar las decisiones tomadas por los respectivos órganos
intervinientes.
Propiedad industrial
En relación a la revisión de las decisiones en el ámbito administrativo existe la posibilidad de
revisión por un órgano especializado integrado por cinco miembros (el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo) de naturaleza jurisdiccional.
48. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen la presentación
de pruebas por la parte contraria. Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas
que se adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
Derecho de autor y derechos conexos
A través de las normas procesales generales y particulares puede entenderse comprendida tal
facultad judicial.
Así, el artículo 168 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982 de 18 de octubre de 1988,
relativo a documentos en poder del adversario establece:  "La parte que quiera servirse de un
documento que según su manifestación se halla en p oder de su adversario, podrá pedir al tribunal que
intime a aquél su presentación en el plazo que se determine.
Cuando por otros elementos del juicio, la existencia y contenido del documento resultare
manifiestamente verosímil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada como reconocimiento de ese
contenido."
En igual sentido podría señalarse el artículo 189, de dicho Código, titulado "Colaboración
para la práctica de la medida probatoria".  En el numeral 3 de dicho artículo se expresa que:  "Si quien
debiera prestar colaboración fuera una de las partes y se negara injustificadamente a suministrarla, el
tribunal le intimará a que la preste.  Si a pesar de ello se persistiera en la resistencia, el tribunal
dispondrá que deje sin efecto la diligencia, debiéndose interpretar la negativa a colaborar en la prueba
como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto del hechoque se quiere probar salvo prueba en contrario."
Propiedad industrial
El artículo 168 del CGP establece la posibilidad al demandante de pedir que se intime a la
contraparte a que entregue la documentación en su poder de que quiera servirse.  En caso de negativa
el mismo artículo establece que ésta podrá ser estimada como reconocimiento del contenido.
En cuanto a la identificación y protección de la información confidencial si la parte que debe
suministrarla, fundamenta su solicitud de reserva, el Juez de la causa puede tomar las medidasnecesarias para su protección.  Asimismo, la Ley lo prevé expresamente para el presumario penal en
el CPP y en las medidas cautelares reservadas previstas en el CGP, etc.).
49. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a
un demandado que desista de una infracción.IP/C/W/330/Rev.1
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Derecho de autor y derechos conexos
En materia de derecho de autor no existe una disposición concreta que disponga la suspensión
de la actividad infractora o la prohibición de reanudarla.  Esta disposición se halla prevista en el
proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes (artículo 139), que actualmente se
encuentra en el ámbito de la Cámara de Senadores para su consideración.
No obstante ello, tomando en cuenta el Código General del Proceso se estima que dicho tipo
de medidas podrían plantearse tanto como medidas cautelares o bien en el proceso de conocimiento.
Propiedad industrial
El artículo 87 de la Ley de Marcas Nº 17.011 y los artículos 99, 100 y 102 de la Ley de
Patentes Nº 17.164 facultan a la Justicia ordinaria a condenar a los infractores de derechos de
propiedad industrial en daños y perjuicios cuando exista culpa o dolo.  La condena en costas y costos
se puede producir sólo en caso de mala fe o ligereza culpable.  El Código Civil en sus artículos 1.319,1.323 y 1.324 prevé en general la responsabilidad y el resarcimiento de los daños y perjuicios en casos
de culpa o dolo.
50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago al titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el
perjuicio sufrido.
Derecho de autor y derechos conexos
El artículo 51 de la Ley Nº 9.739 confiere acción civil por daños y perjuicios, así como la
aplicación de una penal civil consistente en los beneficios o ingresos indebidamente percibidos, contra
los contraventores.  De esta manera, de acuerdo a la Ley vigente, reflejada en nuestra doctrina y
jurisprudencia, el infractor no sólo debe los daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante), sinotodos los beneficios o ingresos recibidos indebidamente por la explotación ilícita de la obra.
Propiedad industrial
Véase la respuesta a la pregunta 49.
51. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el
pago de los gastos al titular del derecho por parte del infractor.
Derecho de autor y derechos conexos
Este punto se regula por las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil
(artículos 56 y siguientes).
El artículo 56 de dicho Código, relativo a condenaciones en la sentencia definitiva, establece
que en la misma se impondrá condenación en costas, en costas y costos o declarará no hacer especial
condenación, según corresponda, con arreglo a lo di spuesto por el artículo 688 del Código Civil.
Se consideran costas todos los tributos, incluido el  del pago de la vicésima, así como los honorarios de
los peritos, depositarios, tasadores y demás auxiliares del tribunal.  Se consideran costos, los
honorarios de los abogados y de los procuradores.
Propiedad industrial
La condena en costas y costos se puede producir sólo en caso de mala fe o ligereza culpable.IP/C/W/330/Rev.1
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52. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las
mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.
Derecho de autor y derechos conexos
El artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la
redacción dada por el artículo 328 de la Ley Nº 16.170 de 27 de diciembre de 1987, establece que:"Los ejemplares reproducidos ilícitamente y el material empleado para la reproducción, comunicación
o ejecución pública serán decomisados.
El interesado podrá solicitar, como diligencia preparatoria, el secuestro de aquellos, quedando
el Juez facultado para eximirle de contracautela cuando existan motivos fundados para ello.
La sentencia condenatoria deberá ordenar en todo caso la destrucción o inutilización de los
ejemplares y el material decomisado cuando ellos sean susceptibles de utilización y en la medida
necesaria para impedir la explotación ilícita.
No se destruirán aquellos ejemplares que hayan sido adquiridos por terceros de buena fe, para
su uso personal."
Propiedad industrial
En los casos de delito, el artículo 84 de la Ley de Marcas Nº 17.011 prevé que las marcas y
los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados y las mercaderías eninfracción decomisadas y destruidas, salvo que puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia
pública o privada.  El artículo 106 de la Ley de Patentes Nº 17.164 prevé el decomiso de los objetos
elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados para su elaboración y sus destinos se
decidirán en consulta con la DNPI.
53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a
un demandado en caso de abuso por parte del demandante.
Derecho de autor y derechos conexos
Esta situación debería estudiarse por la vía de las situaciones relacionadas con el abuso de
derecho o de utilización de las vías procesales.
Concretamente dentro de la Ley de Derecho de Autor no existe previsión alguna.
Propiedad industrial
Esta posibilidad siempre existe en la medida en que se prueben los daños y perjuicios como
consecuencia del abuso de las vías procesales.  Y en caso de probarse la malicia temeraria puede ser
condenado en costas y costos.
54. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Derecho de autor y derechos conexos
Las disposiciones del artículo 50 pueden considerarse normas autoejecutivas, desde que
facultan a las autoridades judiciales a ordenar las medidas provisionales que allí se establecen.IP/C/W/330/Rev.1
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Sin perjuicio de ello, también podría agregarse, que el Código General del Proceso en sus
artículos 306 y siguientes consagra un conjunto de "diligencias preparatorias", aplicables a todos los
procesos señalando que:
"En todo proceso podrá realizarse una etapa preliminar, por iniciativa de parte y con finalidad
de:
1) determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro
proceso;
2) anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse si se espera a otra etapa;
3) practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el
proceso, tales como documentos, datos contables y otros similares;
4) practicar medidas cautelares o de garantía, relacionadas con el proceso ulterior.
Los artículos 311 y siguientes consagra asimismo medidas cautelares."
Propiedad industrial
El artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC se encuentra implementado de la siguiente
manera:  para el párrafo 1 del artículo 50, el artículo 103 de la Ley de Patentes Nº 17.164 permite la
posibilidad de la adopción de medidas provisionale s o cautelares siguiendo el procedimiento del CGP.
Éste regula las medidas provisionales en el artículo 317, estableciéndose el mismo procedimiento quepara las medidas cautelares (artículos 311 a 316).  A efectos de la preservación de pruebas, además de
estos artículos es de aplicación el artículo 309.6 sobre medidas preliminares.  Para el párrafo 2 del
artículo 50, el artículo 315 del CGP prevé que esta clase de medidas pueden decretarse sin
conocimiento ni intervención de la otra parte.  Para el párrafo 3 del artículo 50, el artículo 314.2 y el
artículo 314.3 del CGP exigen la presentación de prueba sumaria y contracautela y recién una vezdiligenciada la prueba se resuelve la adopción de la medida.  Para el párrafo 4 del artículo 50, el
artículo 315 del CGP prevé la notificación de la medida en forma inmediata a su cumplimiento,
teniendo tanto el afectado como el demandante posibilidad de recurrir la decisión.  Para el párrafo 5
del artículo 50, el Juez siempre tiene posibilidad de pedir ampliación de la prueba del derecho a
efectos de mejor proveer.  Es un principio general de procedimiento consagrado en el CGP.  Para elpárrafo 6 del artículo 50, el artículo 311.2 del CGP establece que las medidas cautelares caducarán de
pleno derecho si no se presentare la demanda dentro de los 30 días de cumplidas, condenándose al
peticionario al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios causados.  Para el
párrafo 7 del artículo 50, como ya se dijo con relación al artículo anterior el resarcimiento de los
daños y perjuicios está previsto en el artículo 311.2 del CGP.  Para el párrafo 8 del artículo 50, en el
procedimiento administrativo se podrán ordenar medidas provisionales, ya que el Decreto Nº 500/91
de procedimiento administrativo permite la aplicación del CGP en todo lo pertinente.
55. Sírvanse exponer las autoridades competente s en su jurisdicción que reciben de los
titulares de derechos solicitudes de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras
de mercancías falsificadas.
Derecho de autor y derechos conexos
De acuerdo a nuestro sistema legal, la parte afectada, podrá solicitar en vía judicial la
aplicación de medidas cautelares frente al hecho de que pudieran ingresar al país mercancías
falsificadas o reproducidas ilícitamente.IP/C/W/330/Rev.1
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La Dirección Nacional de Aduanas ha venido actuando de oficio en varios procedimientos
relacionados con mercancías reproducidas ilícitamente.
En lo que se refiere a nuestra Ley de Derecho de Autor vigente la misma no contiene
previsiones expresas.  El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, aprobado con modificaciones en la
Cámara de Representantes, que se encuentra actualmente en la órbita de la Comisión de Cultura de laCámara de Senadores, consagró en el artículo 137 la siguiente disposición:
"Los titulares de los derechos de propiedad intelectual que tengan motivos válidos para
sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo
a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén
destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán
requerir ante las autoridades aduaneras o judiciales competentes, que se dispongan medidas especiales
de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria delrespectivo derecho aduanero.  Deberán presentar las pruebas y otros elementos de juicio que den
mérito a la sospecha.
Cuando el requerimiento se solicita ante la Dirección Nacional de Aduanas, la misma, luego
de haber decretado las medidas de carácter precautorio solicitadas, notificará en forma inmediata al
importador y al promotor.  Si transcurridos 10 días  hábiles contados a partir de la notificación al
titular del derecho o su representante, no se acredite que se hayan iniciado las acciones civiles o
penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho de
las mercaderías, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el solicitante, que a
sabiendas haya formulado una denuncia infundada."
Propiedad industrial
Los Juzgados de Aduana.
56. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de
mercancías falsificadas.
Derecho de autor y derechos conexos
De acuerdo a nuestra sistema legal, la parte afectada, podrá solicitar en vía judicial la
aplicación de medidas cautelares frente al hecho de que pudieran exportarse mercancías falsificadas o
reproducidas ilícitamente.
Propiedad industrial
No existen normas al respecto.
57. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones
de minimis .
Derecho de autor y derechos conexos
Esta disposición no ha sido implementada.
Propiedad industrial
No existen normas al respecto.IP/C/W/330/Rev.1
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58. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
Derecho de autor y derechos conexos
Existen dos normas o disposiciones en materia penal referidas a derecho de autor y derechos
conexos.
En primer lugar el artículo 46 de la Ley Nº 9.739, Ley de Derecho de Autor, en la redacción
dada por el artículo 23 de la Ley Nº 15.913 de 17 de noviembre de 1987 establece que:  "El que edite,
venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento, total o parcialmente, una
obra inédita o publicada sin autorización escrita de su autor o causahabiente o de su adquirente a
cualquier título o la atribuya a autor distinto, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la
presente Ley, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría."
En segundo lugar, a través de la Ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 se creó una figura
penal que protege a los productores de fonogramas y/o videogramas contra las reproducciones no
autorizadas.
El artículo 1 establece que "El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de lucro
y sin autorización escrita de su productor, así como el que distribuyere al público o almacenare con tal
fin las reproducciones así obtenidas, será castigado con la pena prevista por el artículo 46 de la LeyNº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.  Igual pena se aplicará al que fijare la interpretación en vivo de
una obra literaria o artística por cualquier medio y cuando fuere manifiesta la finalidad señalada en el
inciso precedente, sin autorización escrita del autor y del artista;  así como el que distribuyere al
público o almacenare con tal fin las versiones así obtenidas."
Las denuncias por infracciones a los derechos de autor se persiguen de oficio o acción
pública.
Por otra parte, es de señalar, que en nuestro país existe un proyecto de Ley referido al nuevo
marco normativo de derecho de autor que ha merecido la aprobación de la Cámara de Representantes,
ubicándose en la actualidad en el seno de la Cámara de Senadores para su consideración.  En el
mismo se estaría consagrando una nueva figura penal (artículo 146 del proyecto), a través de la cualse establece que "El que, sin la autorización de su autor o respectivo titular protegido por la presente
Ley, introduzca obras, interpretaciones, fonogramas o emisiones en un sistema de almacenamiento de
datos destinado a reproducir o distribuir las mismas, será castigado con 3 a 24 meses de prisión."
Propiedad industrial
El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se encuentra implementado de la siguiente
manera:
La Ley de Marcas Nº 17.011 establece en los artículos 81 a 83 los delitos y las penas en
materia de marcas, así como el decomiso y la destrucción de las mercaderías (artículo 84),
extendiendo dicha protección a las denominaciones de origen (artículo 85).
La Ley de Patentes Nº 17.164 establece en los artículos 106 y 107 los delitos y las penas en
materia de patentes, tipificándolos de la siguiente manera:
El artículo 106 establece una pena de entre 6 meses a 3 años para todo aquel que defraudare
alguno de los derechos protegidos por patentes.  Prevé además el decomiso de los objetos elaborados
en infracción o utilizados en su fabricación.IP/C/W/330/Rev.1
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El artículo 107 aumenta dicha pena entre 15 meses y 4 años cuando ocurran dos tipos de
circunstancias agravantes:  el haber sido trabajador dependiente del titular de la patente o de un
licenciatario (literal A));  o haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de
realización del objeto patentado (literal B)).
ESTADOS UNIDOS
A. G ENERALIDADES
1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones
vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los
nacionales de los otros Miembros de la OMC.
El Uruguay, por Ley N° 16.671 de 17 de dici embre de 1995, ratificó el Acuerdo sobre
los ADPIC, incorporándose sus disposiciones a la legislación nacional y pasando a formar parte de suderecho interno.  En consecuencia, los artículos 3 y 4 del Acuerdo que recogen las reglas de trato
nacional y nación más favorecida son de aplicación en el país.
A su vez, anteriormente, por Decreto-Ley Nº 14.910 de 10 de julio de 1979, el Uruguay
ratificó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su revisión del Acta de
Estocolmo de 1967.  El mismo en su artículo 2 también incluye el principio de trato nacional a losnacionales de los países de la Unión de París.
Es decir que dichas reglas son de aplicación general para toda la materia de propiedad
intelectual comprendida en el ámbito de dichos tratados.
Por otra parte, la legislación interna específica que regula cada tipo de los derechos no
establece distingos entre nacionales y extranjeros.
En cuanto al principio de trato de la nación más favorecida, el Uruguay cumple con su
aplicación de acuerdo con el alcance y según las excepciones contenidas en los artículos 4 y 5 del
Acuerdo.
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derecho de autor del Uruguay cumple y en qué
forma lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula que los Miembros
observarán los artículos 1 a 21 del Convenio  de Berna (1971), excepto el artículo 6 bis, ya que
ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto del referido artículo en el marco del
Acuerdo sobre los ADPIC.
El Uruguay aprobó el Convenio de Berna por la Ley Nº 14.910 de 19 de julio de 1979.
Han existido decisiones jurisprudenciales respecto de su aplicación en nuestro país.
Nuestra Ley de Derecho de Autor, por otra pa rte, establece una protección amplia a favor de
los autores, reconociéndoles derechos exclusivos respecto de las diversas modalidades de explotación
de sus obras (Ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937).IP/C/W/330/Rev.1
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La aplicación del Convenio de Berna ha determinado la autoaplicación de sus normas, tales
como la derogación de la exigencia del registro obligatorio consagrada en la Ley de 1937, la
ampliación del plazo de protección post mortem a 50 años, la presunción de autoría, el concepto
amplio de comunicación al público, entre otros aspectos.  Ha existido una pacífica y armónica
convivencia entre el Convenio de Berna y la Ley nacional, reflejada expresamente en repetidasdecisiones jurisprudenciales.
3. Sírvanse explicar cómo la legislación sobre derecho de autor del Uruguay protege los
programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos tal como lo exige el
artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
A través de la Ley Nº 16.671 nuestro país aprobó los Acuerdos resultantes de la Ronda
Uruguay del GATT, entre los cuales se encuentra precisamente el denominado Acuerdo sobre
los ADPIC referido a propiedad intelectual.
En función del texto del artículo 10 de dicho Acuerdo, no existirían dudas de que los
programas de ordenador y las compilaciones de datos están protegidos como "obras literarias", es
decir dentro de las disposiciones relativas a la Ley de Propiedad Literaria y Artística (Ley de Derecho
de Autor) Nº 9.739.
El Poder Ejecutivo, nuestra doctrina y jurisprudencia desde muy temprano reconocieron
protección a los programas de ordenador bajo las normas relativas a derecho de autor.
A través del Decreto Nº 154/989 de 11 de abril de 1989 se realiza el primer reconocimiento
normativo en relación a los programas de ordenador bajo la Ley de Derecho de Autor.  Este decreto
modifica el artículo del decreto reglamentario señalando la forma en que los programas podrían
registrarse.
El artículo 19 establece:  "Para el registro de fotografías ... y programas de ordenador, se
depositarán dos copias de los mismos.  Las copias de los programas de ordenador podrán depositarse
enteras o trechos de las mismas suficientes para caracterizar la creación del programa.  Las
informaciones que fundamenten el registro de programas de ordenador tendrán carácter secreto, no
pudiendo revelarse sino para su examen, por el Consejo de Derecho de Autor, a requerimiento delpropio titular o por orden judicial."
También existió un muy importante pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo reconociendo la calidad de producciones del dominio de la inteligencia a los
programas de ordenador, y como tal, amparados bajo la legislación relativa a derecho de autor
(propiedad literaria y artística).
En el ámbito penal han existido hasta el  momento diversos procesamientos, así como
sentencias de condena, amparadas en las normas referidas a derecho de autor.  De igual forma, enmateria civil se han aplicado las normas contenidas en la Ley de Derecho de Autor y en el Convenio
de Berna, disponiéndose condenas en daños y perj uicios y beneficios o ingresos indebidamente
percibidos por los contraventores.
4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas.Sírvanse citar la correspondiente disposición de la legislación sobre derecho de autor del
Uruguay.
Este derecho no se halla consagrado a texto expreso en la legislación nacional.IP/C/W/330/Rev.1
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En el proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes, que se encuentra
actualmente para su consideración en el Senado de la República, el mismo se halla incorporado.
En tal sentido, dentro del concepto de distribución al público, se incluye el derecho de
alquiler.  El mismo ha sido consagrado a favor de los autores en general y los productores de
fonogramas.
5. Sírvanse indicar la duración y las condiciones de protección que se prevén en la
legislación sobre derecho de autor del Uruguay para una obra que no sea fotográfica o de arte
aplicado y citar la disposición jurídica pertinente.
El artículo 14 de la Ley de Derecho de Autor establece el plazo de protección general de
obras, ubicándolo en la vida del autor y 40 años después de su muerte.
A partir de la aprobación legislativa del Convenio de Berna (Ley Nº 14.910 de 1979) se ha
entendido, en general, que el plazo de protección se ha extendido a 50 años post mortem , aplicándose
en consecuencia las normas contenidas en aquel Convenio.  Es decir, se ha aceptado la derogación
tácita de la Ley Nº 9.739 (Ley de Derecho de Autor) en este punto, así como en otros de interés.
El proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes, que se encuentra actualmente
en el seno de la Cámara de Senadores, ha elevado dicho término a 50 años.
6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor del
Uruguay a los artistas intérpretes o ejecutantes y el plazo de la protección.
Los intérpretes cuentan con los derechos consagrados en la Ley de Derecho de Autor de 1937.
Básicamente estos derechos comprenden:  el derecho de exigir una retribución por su interpretación
difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre
disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora ovisual.  No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio sumario
por la autoridad judicial competente (artículo 36).  El intérprete de una obra literaria o musical está
facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma sea
hecha en forma que pueda producir grave o injusto perjuicio a sus intereses artísticos (artículo 37).
Por otra parte, el Uruguay ha aprobado el Convenio de Roma, a través de la Ley Nº 14.587 de
19 de octubre de 1976, reconociéndose en consecuencia a cada uno de los titulares allí descriptos, los
derechos emergentes.
Es de señalar, que a través de la Ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 se creó una figura
penal que protege a los productores de fonogramas y/o videogramas contra las reproducciones no
autorizadas, incluyéndose asimismo una protección a favor de los artistas intérpretes.
El artículo 1 establece que "El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de lucro
y sin autorización escrita de su productor, así como el que distribuyere al público o almacenare con talfin las reproducciones así obtenidas, será castigado con la pena prevista por el artículo 46 de la Ley
Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.  Igual pena se aplicará al que fijare la interpretación en vivo de
una obra literaria o artística por cualquier medio y cuando fuere manifiesta la finalidad señalada en el
inciso precedente, sin autorización escrita del autor y del artista;  así como el que distribuyere al
público o almacenare con tal fin las versiones así obtenidas."
En cuanto al término de protección la única referencia surge de los plazos otorgados por el
Convenio de Roma.IP/C/W/330/Rev.1
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En el proyecto del Poder Ejecutivo, aprobado por la Cámara de Representantes, que se
encuentra actualmente bajo la consideración de la Cámara de Senadores el plazo de protección se
ubica en 50 años.
7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores
de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de
sus fonogramas.  El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias
de sus fonogramas.  Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor del Uruguay
da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de protección.
El derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas se
halla reconocido en función de la aprobación legislativa del Convenio de Roma.
En cuanto al derecho de arrendamiento, este derecho no ha sido consagrado a texto expreso.
En materia judicial ha existido algún caso en el que se ha interpretado que a través del derecho de
distribución conferido en el artículo 1 de la Ley Nº  15.289, ya referida, se hallaría incluido el derecho
de arrendamiento.
C. M ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
8. Sírvanse describir las materias comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio de
conformidad con la respectiva legislación uruguaya.
El artículo 1 de la Ley N° 17.011 de fecha 25 de septiembre de 1998 de la Ley de Marcas y
demás signos distintivos dispone que "se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los
productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra", incluyendo en el artículo 2 a los
signos no visibles, en el artículo 3 a las frases publicitarias, en los artículos 38 a 43 a las marcascolectivas y en los artículos 44 a 56 a las marcas de certificación.
9. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en el Uruguay para registrar
una marca de fábrica o de comercio, citar las disposiciones pertinentes de la ley y describir los
derechos que puede ejercer el titular de una marca registrada de fábrica o de comercio.
El procedimiento de registro de marcas se encuentra establecido en los artículos 29 a 37 de la
Ley Nº 17.011 así como en las normas establecidas en el Decreto reglamentario Nº 34/99.
El procedimiento consiste en la presentación de un formulario que contiene la solicitud de marca
(que puede ser multiclase), acompañado de los documentos exigidos por la normativa:  carta poder en
caso de actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial o poder en forma, recaudo de haber
abonado la tasa correspondiente y documento de prelación si lo hubiere.  Una vez presentada la
solicitud se le asigna un número, realizándose un primer examen formal, teniendo un plazo de 30 días
para subsanar la falta de algún requisito.  Ese plazo se extiende a 90 días cuando se trata deldocumento de prioridad.  Pasado dicho examen, se realiza una publicación de la solicitud en el BOPI.
Dentro de los 30 días contados a partir de la publicación los terceros pueden interponer las
oposiciones que estimen pertinentes.  A su vez, la DNPI hará un nuevo examen formal, concediendo
un plazo de 10 días para efectuar las subsanaciones y un examen de fondo, pudiendo a su vez,
oponerse de oficio ya sea por antecedentes o por cualquiera de las causales de nulidad absoluta.En caso de no existir oposiciones, se concederá la marca.  Cuando existan oposiciones de particulares
o de oficio o de ambos tipos se dará traslado por el plazo de 30 días al solicitante.  Ambas partes
tienen el derecho de producir prueba la DNPI, si lo estimara necesario, puede también abrir el
expediente a prueba.  Una vez diligenciada la oposición, la DNPI resolverá concediendo o denegando
la marca.  Contra dicha resolución caben los recursos de revocación y jerárquico en subsidio ante elPoder Ejecutivo por ser la DNPI un órgano desconcentrado sometido a jerarquía.  Posteriormente, laIP/C/W/330/Rev.1
Página 31
decisión puede ser revisada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano especializado
integrado por cinco miembros de naturaleza jurisdiccional.  Los terceros, por las razones que la Ley
autoriza pueden solicitar también la anulación ante la DNPI de aquellas marcas concedidas en
contravención de las nulidades absolutas (artículo 4) o de la protección que se brinda a las marcas
notorias, a los nombres comerciales o cuando el registro se realizó por competencia desleal(artículo 5, numerales 6 y 7).
Los derechos que confiere el registro están estipulados en los artículos 9 a 19 de la Ley
N° 17.011.  El registro tiene carácter constitutivo ya que el derecho a la marca se adquiere una vez
efectuado el mismo, importando la presunción de legítima propiedad (artículo 9).  La propiedad se
adquiere exclusivamente para los productos o servicios que se solicitaron proteger (artículo 11).
Asimismo no se podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos
legítimamente en el comercio por el titular o con su autorización (artículo 12).  Asimismo adquierepor el registro el derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca igual o similar por parte de
terceros (artículo 14).  El derecho de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida
(artículo 16).  El uso de la marca es facultativo (artículo 19).  También le confiere las acciones
marcarias ante el Poder Judicial (civiles y penales) para evitar que se continúe usando marcas de su
propiedad.
10. Sírvanse indicar la duración y los plazos de la protección que la legislación sobre marcas
de fábrica y de comercio del Uruguay prevé para una marca de fábrica o de comercio.
La protección es por 10 años, pudiendo renovarse indefinidamente (artículo 18).
D. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
11. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legi slación uruguaya dispone el reconocimiento y
la protección de las indicaciones geográficas previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar
ejemplos de indicaciones geográficas así protegidas.
La Ley Nº 17.011 prohíbe el registro como marcas de las denominaciones de origen, las
indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que o sea suficientemente original ydistintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de
crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o
servicios para los cuales se use la marca (artículo 4 numeral 4).  Asimismo el capítulo XII de la Ley
establece la protección especial de las indicaciones geográficas estableciendo que las indicaciones de
procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro (artículo 74) y creando el Registro de
Denominaciones de Origen (artículo 76), estableciéndose los requisitos para su protección
(artículo 77).  Ejemplos de protección de las indicaciones geográficas fue la anulación de la marcaFRANCIA CORTA solicitada para vinos por un productor uruguayo, actualmente solicitada como
denominación de origen por los productores vitivinícolas de la región italiana.  Asimismo se impidió
el registro como marca de FRONTIGNAC, solicitada también por un bodeguero nacional, a la cual se
opuso el organismo regulador de las denominaciones de origen francesas.
12. Sírvanse describir, en detalle, la forma en que se aplica el nivel superior de protección
requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los
reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos.
El párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se encuentra comprendido en la
protección otorgada por la normativa mencionada en el numeral anterior.IP/C/W/330/Rev.1
Página 32
E. D IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
13. Sírvanse describir el procedimiento que se ha  de seguir para obtener la protección de los
dibujos y modelos industriales, citar las disposiciones de la legislación uruguaya y describir la
naturaleza de la protección acordada.
La nueva Ley uruguaya de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, y Diseños
Industriales Nº 17.164 de 2 de septiembre de 1999, establece y regula en sus artículos 86 a 92 la
protección para los diseños industriales.  Las normas de la Ley se complementan con las de su
Decreto reglamentario Nº 11/000 de fecha 13 de enero de 2000 que en sus artículos 29 a 33
reglamenta las normas de la Ley sobre Diseños Industriales.
El procedimiento para la concesión de una solicitud de diseño industrial comienza con la
presentación de la solicitud;  su publicación dentro de los 12 meses de la fecha de presentación o
prioridad, la que puede ser adelantada a requerimiento del solicitante;  la presentación deobservaciones por terceros dentro de un plazo de 30 días desde la publicación;  la DNPI dispone de la
opción, de carácter facultativo, de presentar también sus observaciones.  De todas las observaciones,
presentadas por terceros y de oficio, se debe dar traslado por 30 días al solicitante;  emitiéndose
finalmente la resolución que concede o desestima la solicitud (artículos 92 a 96 de la Ley y 29 a 32
del Decreto reglamentario).
Los diseños poseen la protección de patentes, siempre que se trate de creaciones originales de
carácter ornamental incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal (artículo 86).  El
derecho de patente otorga a su titular el derecho de impedir que personas no autorizadas puedan
fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, productos que
incorporen el diseño protegido (artículo 88).
14. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los
dibujos y modelos textiles, y citar las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.
No existe en la Ley de Patentes un procedimiento especial para la protección de textiles.  Sin
embargo el procedimiento previsto en la nueva Ley, por sus plazos, por la opción de publicación
anticipada y por el carácter facultativo del examen de los requisitos de fondo a realizar por la DNPI,hace posible la obtención de protección en corto plazo, según lo previsto en el párrafo 2 del
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por otra parte debe tenerse en cuenta que el artículo 87 de la Ley establece que la protección
conferida a los diseños por patentes de acuerdo a la Ley Nº 17.164, no excluye ni afecta la protección
que pudiere corresponder al mismo diseño en virtud de otros regímenes de protección de propiedad
intelectual, lo que supone la posibilidad de protección paralela del mismo diseño por derechos de
autor, cuando el mismo reúna los respectivos requisitos o por marcas.
F. P
ATENTES
15. Sírvanse describir, en detalle, la forma en  que la legislación de patentes del Uruguay
aplica el artículo 27 del Acuerdo sobre los AD PIC, indicar las excepciones previstas e incluir
detalles sobre la protección de los microorganismos y los procedimientos no biológicos y
microbiológicos, y las obtenciones vegetales.  Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de laley.
La mencionada Ley de Patentes Nº 17.164 de 2 de septiembre de 1999, establece en su
artículo 13 A), en concordancia con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que no se considerarán invenciones a los efectos de la Ley las plantas y los animales,IP/C/W/330/Rev.1
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excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales, con excepción de los procedimie ntos no biológicos o microbiológicos.  A su vez,
el literal G) del mismo artículo 13, establece que tampoco se considerarán invenciones el material
biológico y genético como existe en la naturaleza.
16. Sírvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con
arreglo a la legislación de patentes del Uruguay y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
Según el artículo 34 de la Ley, de acuerdo al artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, la
patente confiere a su titular el derecho a impedir que terceros realicen sin autorización cualquiera de
los siguientes actos:  A) cuando la patente se ha concedido para un producto:  fabricarlo, ofrecerlo en
venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de esos fines;  B) cuando la patente
se ha concedido para un procedimiento:  usar el mismo, así como ejecutar cualquiera de los actos
indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento.
17. Sírvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislación uruguaya que permitan
el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y describir, en
detalle, la condiciones en que ese uso pueda ocurrir.
La Ley de Patentes (también citada como LP), en sus artículos 54 a 80 establece licencias
obligatorias por diversas causales:  falta de explotación (artículo 54), razones de interés público(artículos 55 a 59), prácticas anticompetitivas (artículos 60 a 63), negativa injustificada al
otorgamiento de una licencia convencional (artículos 64 a 68), dependencia de patentes (artículos 69
y 70).  La Ley contiene también un capítulo dedicado a disposiciones generales y de procedimiento
(artículos 71 a 80) sobre licencias obligatorias.  Las normas mencionadas establecen las condiciones
para el otorgamiento de licencias obligatorias conforme al artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
A continuación se indican en detalle las correspondientes disposiciones de la Ley de Patentes
siguiendo el orden de los párrafos del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
a) El artículo 54 de la Ley de Patentes define las circunstancias y requisitos en que
pueden otorgarse licencias por falta de explotación, el artículo 55 por razones de
interés publico, los artículos 60 y 61 por prácticas anticompetitivas, el artículo 64 pornegativa infundada a conceder licencias convencionales y los artículos 69 y 70 por
dependencia de patentes.
b) El artículo 71 de la Ley de Patentes establece los requisitos que el interesado en
obtener una licencia obligatoria deberá acreditar:  haber solicitado al titular de la
patente una licencia contractual y que no haya podido obtenerla en condiciones
comercialmente razonables y adecuadas al país dentro del plazo de 90 días siguientes
a su requerimiento.  El mismo artículo 71 en su inciso 2 establece que podráprescindirse de ese requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema
urgencia y en casos de uso público no comercial y de prácticas anticompetitivas.
c) De las disposiciones del artículo 77 de la Ley de Patentes literales A) y C), así como
de las normas mencionadas en a), y las que regulan los diversos tipos de licencias
obligatorias (por ejemplo el artículo 58 que regula aquellas licencias por razones deinterés público), surge claramente que el alcance y duración de las mismas se
encuentra limitado a los fines para las que fueron otorgadas.
d) El artículo 73 literal A) de la Ley de Patentes establece claramente que las licencias
obligatorias no podrán concederse con carácter exclusivo.IP/C/W/330/Rev.1
Página 34
e) El artículo 73 literal D) de la LP establece que las licencias obligatorias no podrán
cederse salvo con aquella parte de la empresa o el establecimiento o de su activo
intangible que explote el objeto de la licencia.
f) El artículo 56 de la LP establece que en caso de licencias obligatorias por razones de
interés público, el abastecimiento será exclusivamente para cubrir las necesidades delmercado interno.
g) El artículo 59 de la LP establece que los usos concedidos como consecuencia de una
licencia obligatoria podrán retirarse a reserva de la protección adecuada de los
intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las
circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan
a surgir.  Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa
petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.
h) El artículo 77 literal B) establece con alcance general el carácter remunerado de las
licencias y que el mismo se determinará teniendo en cuenta las circunstancias propias
de cada caso, el valor económico de la explotación de la invención objeto de la
licencia;  además de otros factores como el promedio de regalías para el sector en
contratos de licencias convencionales.
i) Las resoluciones que conceden licencias obligatorias son expedidas por la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial, y por el Poder Ejecutivo en el caso de licencias
por razones de interés público.  Ambas resoluciones pueden ser revisadas mediante
recursos administrativos de revocación y jerárquico en el caso de la DNPI que es un
organismo sometido a la jerarquía del Poder Ejecutivo.  Cumplida esa instancia, deacuerdo a la Constitución y a las leyes especiales en la materia, todas las resoluciones
definitivas del Estado, pueden ser anuladas por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, órgano judicial especializado, integrado por cinco miembros, cuyas
decisiones son de naturaleza jurisdiccional.
j) El artículo 74 de la LP establece que en caso de falta de acuerdo entre las partes, tanto
sobre la adecuada remuneración, como acerca de las demás condiciones para la
concesión de una licencia obligatoria, se nombrará un tribunal arbitral que decidirá al
respecto.  Esa decisión será adoptada por la resolución de la DNPI (artículo 75) que
concede la licencia.  En consecuencia, formando parte la fijación de la remuneración
de la decisión de la DNPI que otorga la licencia, ella es revisable de la misma forma
que ésta, es decir mediante los recursos administrativos correspondientes y luego la
acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como seexpresara en el párrafo anterior.
k) El artículo 71, inciso 2 de la LP establece que en el caso de licencias obligatorias por
prácticas anticompetitivas (artículos 60 a 63 de la LP), el interesado, potencial
usuario, podrá prescindir de los requisitos exigidos por el inciso 1 para los demás
casos.
a. El artículo 60 de la LP establece que se podrá conceder una licencia
obligatoria por prácticas anticompetitivas cuando la autoridad competente en
la materia, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera
al titular de la patente el derecho de defensa y demás garantías, haya
determinado previamente que éste ha incurrido en prácticas consideradasanticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la
posición dominante en el mercado.IP/C/W/330/Rev.1
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b. Si bien no se encuentra específicamente contemplada en la LP la corrección
de prácticas anticompetitivas como factor a tener en cuenta en el importe de
la remuneración, al otorgarle la Ley a las autoridades competentes facultades
para determinar dicho importe y para denegar la revocación de la
autorización si resulta probable que las condiciones que le dieron lugar serepitan;  surge del conjunto de normas al respecto, que dicha autoridad debe
tener ese factor en cuenta.  Así por ejemplo el artículo 62 de la LP, establece
que si el titular de la patente persistiere en los actos o las prácticas que dieran
origen a una calificación de práctica anticompetitiva o abuso de los derechos
conferidos por la patente, el derecho a ésta podrá ser revocado de oficio o a
solicitud de la parte interesada, previa vista al titular por un plazo
determinado.
l) Los artículos 69 y 70 de la LP, como se ha dicho, regulan las que denomina "patentes
dependientes".  El artículo 69 establece que cuando una invención o modelo de
utilidad patentados, no pudieran explotarse sin infringir una patente anterior, el titular
o un licenciatario, podrán solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto
de la otra patente, en la medida que ello fuese necesario para explotarla y evitar suinfracción.  El artículo 70 establece las condiciones para la concesión de este tipo de
licencia obligatoria.  Ellas son:  que la invención reivindicada en la segunda patente
suponga un avance técnico significativo y que posea una importancia económica
considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente
(párrafo A));  que el titular de la primera patente tendrá derecho a obtener unalicencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en
la segunda patente (párrafo B));  y que la cesión del uso autorizado de la primera
patente incluirá el de la segunda (párrafo C)).
Las restantes previsiones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre notificación al
titular de la patente en cuanto sea razonablemente posible en casos de licencias obligatorias porsituaciones de emergencia nacional (literal b));  la información al titular en caso de uso público no
comercial;  así como la restricción de las licencias obligatorias referidas a tecnologías de
semiconductores o el uso público no comercial para rectificar prácticas anticompetitivas (literal c));  y
en parte la finalidad principal de abastecimiento del mercado interno, no se encuentran contempladas
específicamente en la LP.  Sin embargo ellas son obligatorias por aplicación de los principios
generales de la legislación, como la notificación o la información al titular de la patente, o porque así
lo disponen las propias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que como se ha manifestadoreiteradamente, se han incorporado a la legislación nacional formando parte del derecho interno como
Ley Nº 16.671 de 13 de diciembre de 1994, respecto a las tecnologías de semiconductores.
18. ¿Qué plazo de protección para las patentes prevé la legislación de patentes del Uruguay?
Sírvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de protección y citar
las normas pertinentes de la ley.
El artículo 21 de la Ley, de acuerdo al artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece
que la patente de invención tendrá un plazo de duración de 20 años, contados a partir de la fecha de la
solicitud;  no previéndose extensiones a dicho plazo.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
19. Sírvanse describir, en detalle, la protección de los esquemas de trazado de los circuitos
integrados prevista en la legislación uruguaya, incluido el plazo de protección, y citar las
disposiciones pertinentes de la ley.IP/C/W/330/Rev.1
Página 36
Como se ha expresado reiteradamente, la ratificación por el país del Acuerdo sobre
los ADPIC, ha incorporado a su legislación interna sus disposiciones, especialmente las de los
artículos 35 a 38 referidas a circuitos integrados.
A su vez la remisión del artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, los artículos 2 a 7 (salvo el
párrafo 3 del artículo 6), 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectualrespecto a los Circuitos Integrados, incorpora también esas disposiciones al derecho interno,
volviéndolas obligatorias.  Por lo que, sin perjuicio de las posibilidades de aplicación directa de
alguna de ellas, las mismas constituyen una fuente cierta de integración e interpretación, que se suma
a las regulaciones específicas de las normas sobre patentes de invención, de diseños industriales, de
derecho de autor, o de competencia desleal, adoptadas para lograr la protección de los trazados de
circuitos integrados según el caso, o prevenir los actos de competencia desleal que afecten a los
creadores de los mismos.
Según lo anterior y de acuerdo al artículo 4 del Tratado sobre Circuitos Integrados, los
esquemas de trazado que reúnan los respectivos requisitos para la adquisición de cada tipo de derecho,
pueden adquirir protección mediante patentes de invención, diseños industriales, o mediante derechos
de autor, o aun a través de las normas sobre competencia desleal.
Tanto la protección por patentes de invención o diseños industriales, como la de derechos de
autor;  así como también las normas generales del derecho civil y procesal, por aplicación de los
principios generales o como resultado de las normas sobre competencia desleal, confieren al titular de
los derechos y creador de la topografía, acciones civiles y medidas provisionales que protegen su
derecho.
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
20. Sírvanse describir, en detalle, cómo la legislación uruguaya establece la protección de la
información no divulgada como lo exige el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los
ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
De la misma forma como ocurre con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, las
normas del Convenio de París, y especialmente las disposiciones de su artículo 10 bis sobre
competencia desleal, han sido incorporadas a la legislación interna del Uruguay, en su revisión de
Estocolmo de 14 de julio de 1967, al haber sido ratificado por Decreto-Ley Nº 14.910 de 10 de julio
de 1979.  En consecuencia, y por aplicación de esas disposiciones y también de las normas y
principios generales del Derecho Civil, las personas que tengan legítimamente bajo su control
información que reúna las características previstas en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC, podrán impedir que la misma se divulgue a terceros o sea adquirida o usada por éstos de
acuerdo a prácticas contrarias a los usos comerciales honestos.
21. Sírvanse describir, en detalle, cómo se protegen los datos de prueba relativos a
productos farmacéuticos y químicos agrícolas presentados al Gobierno a fin de aprobar la
comercialización de esos productos en el Uruguay y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
En cuanto a los datos de prueba u otros no divulgados, que se proporcionen a la autoridad
competente para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y químicos para laagricultura, siempre que cumplan las condiciones previstas en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo
sobre los ADPIC, se encontrarán protegidos contra todo uso comercial desleal.  Asimismo, el
artículo 197 de la Ley Nº 17.296 establece que los funcionarios del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, que en razón del ejercicio de sus funciones de contralor obtuvieran
informaciones, están obligados a guardar secreto acerca de las mismas.IP/C/W/330/Rev.1
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Asimismo, deberán mantener reserva de las actuaciones administrativas o judiciales de las
que tengan conocimiento.
Por otra parte, la reglamentación sobre aprobación de comercialización de productos
farmacéuticos, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 324/999 de 12 de octubre de 1999, en su artículo 6,
dispone que el solicitante deberá declarar el carácter de información no divulgada de los datosproporcionados con el fin de obtener la autorización.
22. ¿Se faculta a solicitantes posteriores, que tratan de aprobar la comercialización de sus
propias versiones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas aprobados con anterioridad,
para depender de datos presentados por el solicitante anterior?  En caso afirmativo, qué plazo
de exclusividad se otorga al solicitante anterior sin que se faculte a los terceros para depender
de sus datos.
Más allá de la anotada protección conferida contra los usos desleales de acuerdo al párrafo 3
del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el país no hay normas que prevean el no uso por la
autoridad encargada de la aprobación de comercialización sanitaria de los datos de prueba a los que
haya tenido acceso para expedir con anterioridad una autorización para una versión del mismo
producto.  Sin embargo, dicha autoridad y sus func ionarios, tienen la obligación de mantener en
secreto la información presentada para el estudio de la aprobación de comercialización.
I. O
BSERVANCIA
23. Sírvanse describir, en detalle, de qué modo la legislación uruguaya prescribe medidas
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual como lo
dispone el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Derecho de autor y derechos conexos
Nuestra Ley de Derecho de Autor (Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937), así como nuestros
Códigos de Procedimiento Civil y Penal contienen disposiciones que se han venido aplicando en
debida forma, permitiendo la observancia de los derechos de autor.
Se hallan consagradas en tal concepto, normas de alcance procesal que permiten realizar
inspecciones judiciales sin conocimiento de la contraparte o presunto infractor, con el objeto deconstatar ilicitudes;  también se encuentran disposiciones relativas a secuestro de ejemplares y
equipos en infracción, consagrándose sanciones civiles y penales.
Propiedad industrial
En relación al párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC corresponde manifestar
que contra cualquier acción infractora existen acciones administrativas y judiciales ágiles y
disuasivas:
Desde el punto de vista administrativo tanto la Ley de Marcas Nº 17.011, y su Decreto
reglamentario Nº 34/99 y la Ley de Patentes Nº 17.164, y su Decreto reglamentario Nº 11/00, prevén
procedimientos administrativos especiales, teniendo en cuenta los criterios más modernos en la
materia.
Desde el punto de vista judicial las Leyes Nos 17.011 y 17.164 establecen en sus artículos 81
a 85 y 106 y 107 respectivamente los delitos y las penas para aquellos que violen derechos depropiedad industrial:  marcas y denominaciones de origen en la primera y patentes de invención,
modelos de utilidad o diseños industriales en la segunda.IP/C/W/330/Rev.1
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Asimismo en los artículos 87 y 88 de la Ley Nº 17.011 y 99 a 105 de la Ley Nº 17.164 se
prevén las acciones civiles por infracciones a la normativa marcaria y de patentes.
Todos los procedimientos tanto los administrativos como los judiciales civiles o penales se
encuentran reglados en base al principio constitucional del debido proceso.  El procedimiento
administrativo está estipulado en las leyes y decretos especiales así como en el Decreto Nº 500/91general para toda la administración pública en el Uruguay.  Los procedimientos civiles se encuentran
regulados en el Código General del Proceso y los penales en el Código del Proceso Penal.
24. El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces
estarán facultados para ordenar que se aporte la prueba necesaria para sustanciar las
alegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esa prueba por encontrarse bajo
el control de la parte contraria.  Sírvanse describir cómo las leyes o reglamentos del Uruguay
otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes.
Derecho de autor y derechos conexos
El tenor de dicha disposición no se halla incluida en forma expresa en las disposiciones
relativas a derecho de autor.
Sin perjuicio de que a través de las normas procesales generales y particulares puede
entenderse comprendida tal facultad judicial.
Así, el artículo 168 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982 de 18 de octubre de 1988,
relativo a documentos en poder del adversario establece:  "La parte que quiera servirse de un
documento que según su manifestación se halla en p oder de su adversario, podrá pedir al tribunal que
intime a aquél su presentación en el plazo que se determine.
Cuando por otros elementos del juicio, la existencia y contenido del documento resultare
manifiestamente verosímil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada como reconocimiento de ese
contenido."
En igual sentido podría señalarse el artículo 189, de dicho Código, titulado "Colaboración
para la práctica de la medida probatoria".  En el numeral 3 de dicho artículo se expresa que:  "Si quien
debiera prestar colaboración fuera una de las partes y se negara injustificadamente a suministrarla, eltribunal le intimará a que la preste.  Si a pesar de ello se persistiera en la resistencia, el tribunal
dispondrá que deje sin efecto la diligencia, debiéndose interpretar la negativa a colaborar en la prueba
como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto del hecho
que se quiere probar salvo prueba en contrario."
Por otra parte, el tenor del artículo 43.1 permitiría concluir que se trata de una disposición con
autoejecutoriedad, desde que establece que "Las autoridades judiciales estarán facultadas para
ordenar ...".
Propiedad industrial
En relación al párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 168 del CGP
establece la posibilidad al demandante de pedir que se intime a la contraparte a que entregue la
documentación en su poder de que quiera servirse.  En caso de negativa el mismo artículo establece
que ésta podrá ser estimada como reconocimiento del contenido.IP/C/W/330/Rev.1
Página 39
25. Sírvanse describir, en detalle, todos los recu rsos civiles de que disponen los titulares de
derechos en el contexto de la legislación uruguaya, y citar las disposiciones legales o
reglamentarias pertinentes.
Derecho de autor y derechos conexos
En primer lugar debería citarse el Código General del Proceso ya referido.  Los artículos 306
y siguientes consagra un conjunto de "diligencias preparatorias", aplicables a todos los procesos
señalando que:
"En todo proceso podrá realizarse una etapa preliminar, por iniciativa de parte y con finalidad
de:
1) determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro
proceso;
2) anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse si se espera a otra etapa;3) practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el
proceso, tales como documentos, datos contables y otros similares;
4) practicar medidas cautelares o de garantía, relacionadas con el proceso ulterior.
Los artículos 311 y siguientes consagra asimismo medidas cautelares."
En segundo lugar, la Ley de Derecho de Autor en su artículo 47, en la redacción dada por el
artículo 328 de la Ley Nº 16.170 de 27 de diciembre de 1987, establece que:  "Los ejemplares
reproducidos ilícitamente y el material empleado para la reproducción, comunicación o ejecución
pública serán decomisados.
El interesado podrá solicitar, como diligencia preparatoria, el secuestro de aquellos, quedando
el Juez facultado para eximirle de contracautela cuando existan motivos fundados para ello.
La sentencia condenatoria deberá ordenar en todo caso la destrucción o inutilización de los
ejemplares y el material decomisado cuando ellos sean susceptibles de utilización y en la medida
necesaria para impedir la explotación ilícita.
No se destruirán aquellos ejemplares que hayan sido adquiridos por terceros de buena fe, para
su uso personal."
Por su parte en cuanto al tema de la responsabilidad civil, el artículo 51 de la Ley Nº 9.739
confiere acción civil por daños y perjuicios, así como la aplicación de una penal civil consistente en
los beneficios o ingresos indebidamente percibidos , contra los contraventores.  De esta manera, de
acuerdo a la Ley vigente, reflejada en nuestra doctrina y jurisprudencia, el infractor no sólo debe los
daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante), sino todos los beneficios o ingresos recibidos
indebidamente por la explotación ilícita de la obra.
Propiedad industrial
Los procedimientos judiciales para lograr la observancia están estipulados en los artículos 87
y 88 de la Ley de Marcas Nº 17.011 que permite accionar por daños y perjuicios y la prohibición de
uso de marcas en contravención y en los artículos 99 a 105 de la Ley de Patentes Nº 17.164 que
permite entablar acciones contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de lasIP/C/W/330/Rev.1
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mismas.  En estos casos los interesados pueden hacer uso del procedimiento del juicio ordinario
estipulado en los artículos 337 y siguientes del CGP y del proceso cautelar estipulado en los
artículos 311 y siguientes del mismo cuerpo normativo.  Todas las demandas son notificadas
personalmente con copia del escrito.  El artículo 44 del mencionado Código permite a las partes ser
representadas por el abogado firmante, salvo en la audiencia preliminar del proceso donde debencomparecer personalmente acompañados de abogado.  Los tributos judiciales son las tasas y los
impuestos establecidos por las leyes de presupuesto vigentes, siendo de bajo costo.  Cada parte con la
demanda o la contestación debe agregar la prueba en que funda sus alegaciones (artículos 117 y 131
del CGP), diligenciándose la misma por el Juzgado:  se agrega la prueba documental con noticia de la
contraparte, se diligencian los oficios y se interroga a los testigos propuestos (artículos 341 y 343
del CGP).  Sobre la prueba producida alegan ambas partes (artículo 343 del CGP) y finalmente el Juez
dicta sentencia (resolución), debidamente fundada (artículo 343 del CGP), la que puede ser apeladapor cualquiera de las partes (artículos 248 a 261), remitiéndose -en este caso- el expediente ante un
Juez o Tribunal tripartito superior (artículo 344 del CGP).
26. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de
los titulares de derechos en conformidad con la legislación uruguaya, citar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes e indicar cual quier condición en virtud de la cual el titular
del derecho podrá valerse de esos procedimientos y recursos.
El artículo 103 de la Ley de Patentes Nº 17.164 permite la posibilidad de la adopción de
medidas provisionales o cautelares siguiendo el procedimiento del CGP.  Éste regula las medidas
provisionales en el artículo 317, estableciéndose el mismo procedimiento que para las medidas
cautelares (artículos 311 a 316).  A efectos de la preservación de pruebas, además de estos artículos esde aplicación el artículo 309.6 sobre medidas preliminares.  El artículo 315 del CGP prevé que esta
clase de medidas pueden decretarse sin conocimiento ni intervención de la otra parte.
Los artículos 314.2 y 314.3 del CGP exigen la presentación de prueba sumaria y contracautela y
recién una vez diligenciada la prueba se resuelve la adopción de la medida.  El artículo 315 del CGP
prevé la notificación de la medida en forma inmediata a su cumplimiento, teniendo tanto el afectadocomo el demandante posibilidad de recurrir la decisión.  El artículo 311.2 del CGP establece que las
medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda dentro de los 30 días
de cumplidas, condenándose al peticionario al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y
perjuicios causados.
J. P
RESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA
27. Sírvanse describir, en detalle, los procedimientos contemplados en la legislación
uruguaya que establezcan prescripciones especial es en frontera para reprimir, al menos, la
falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor,
identificar la autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el
reglamento.
Derecho de autor y derechos conexos
De acuerdo a nuestra sistema legal, la parte afectada, podrá solicitar en vía judicial la
aplicación de medidas cautelares frente al hecho de que pudieran ingresar al país mercancías
falsificadas o reproducidas ilícitamente.
En lo que se refiere a nuestra Ley de Derecho de Autor vigente la misma no contiene
previsiones expresas.  El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, aprobado con modificaciones en la
Cámara de Representantes, que se encuentra actualmente en la órbita de la Comisión de Cultura de laCámara de Senadores, consagró en el artículo 137 la siguiente disposición:IP/C/W/330/Rev.1
Página 41
"Los titulares de los derechos de propiedad intelectual que tengan motivos válidos para
sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo
a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén
destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán
requerir ante las autoridades aduaneras o judiciales competentes, que se dispongan medidas especialesde contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del
respectivo derecho aduanero.  Deberán presentar las pruebas y otros elementos de juicio que den
mérito a la sospecha.
Cuando el requerimiento se solicita ante la Dirección Nacional de Aduanas, la misma, luego
de haber decretado las medidas de carácter precautorio solicitadas, notificará en forma inmediata al
importador y al promotor.  Si transcurridos 10 días  hábiles contados a partir de la notificación al
titular del derecho o su representante, no se acredite que se hayan iniciado las acciones civiles openales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho de
las mercaderías, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el solicitante, que a
sabiendas haya formulado una denuncia infundada."
Propiedad industrial
Existe posibilidad de suspensión de un despacho de mercaderías por las autoridades judiciales
(Juez de Aduana) o administrativas (receptores de aduana) cuando se realiza una denuncia fundada de
que se prepara la importación de mercaderías en viol ación de derechos de propiedad intelectual.  Una
vez que se comprueba que la infracción no se encuentra dentro de las tres previstas en la Ley de
Contencioso Aduanero (N° 13.318:  contrabando, difere ncia y defraudación), la justicia aduanera da
cuenta al Juzgado Penal.
28. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir
a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los
procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad
intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.
Derecho de autor y derechos conexos
En relación al tema de derecho de autor nos remitimos a lo ya señalado.
Propiedad industrial
Las disposiciones mencionadas en el numeral anterior son aplicables a los propietarios de
otras formas de propiedad intelectual, tales como patentes, modelos de utilidad, etc.
29. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de
seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las
autoridades competentes del Uruguay están facultadas para actuar de oficio y, en casoafirmativo, sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de
oficio.
Derecho de autor y derechos conexos
Sin perjuicio de lo ya señalado, en materia de derecho de autor puede señalarse que la
Dirección Nacional de Aduanas ha actuado de oficio en algunas situaciones frente a la presunción quese trataría de mercancías presuntamente ilícitas o sospechosas.IP/C/W/330/Rev.1
Página 42
Propiedad industrial
La actuación de oficio estipulada por el artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC no está
prevista expresamente en nuestra legislación.  Sin embargo, a través de la Cancillería y a solicitud de
la Embajada de otro Estado miembro se han iniciado procedimientos en Sede Aduanera
Administrativa.
K. P ROCEDIMIENTOS PENALES
30. Sírvanse describir, en detalle, cómo las leyes del Uruguay aplican el artículo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC que prescribe que lo s Miembros establecerán procedimientos y
sanciones penales, que comprenderán penas de prisión y/o la imposición de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de
marcas de fábrica o de comercio y de infracción de derechos de propiedad intelectual a escala
comercial.  Sírvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Derecho de autor y derechos conexos
Existen dos normas o disposiciones en materia penal referidas a Derecho de autor y derechos
conexos.
En primer lugar el artículo 46 de la Ley Nº 9.739, Ley de Derecho de Autor, en la redacción
dada por el artículo 23 de la Ley Nº 15.913 de 17 de noviembre de 1987 establece que:  "E1 que edite,venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento, total o parcialmente, una
obra inédita o publicada sin autorización escrita de su autor o causahabiente o de su adquirente a
cualquier título o la atribuya a autor distinto, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la
presente Ley, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría."
En segundo lugar, a través de la Ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 se creó una figura
penal que protege a los productores de fonogramas y/o videogramas contra las reproducciones no
autorizadas.  El artículo 1 establece que "El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de
lucro y sin autorización escrita de su productor, as í como el que distribuyere al público o almacenare
con tal fin las reproducciones así obtenidas, será castigado con la pena prevista por el artículo 46 de la
Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.  Igual pena se aplicará al que fijare la interpretación envivo de una obra literaria o artística por cualquier medio y cuando fuere manifiesta la finalidad
señalada en el inciso precedente, sin autorización escrita del autor y del artista;  así como el que
distribuyere al público o almacenare con tal fin las versiones así obtenidas."
Por otra parte, es de señalar, que en nuestro país existe un proyecto de Ley referido al nuevo
marco normativo de derecho de autor que ha merecido la aprobación de la Cámara de Representantes,
ubicándose en la actualidad en el seno de la Cámara de Senadores para su consideración.
En el mismo se estaría consagrando una nueva figura penal (artículo 146 del proyecto), a
través de la cual se establece que "El que, sin la autorización de su autor o respectivo titular protegido
por la presente Ley, introduzca obras, interpretaciones, fonogramas o emisiones en un sistema de
almacenamiento de datos destinado a reproducir o distribuir las mismas, será castigado con 3 a
24 meses de prisión."
El artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la
redacción dada por el artículo 328 de la Ley Nº 16.170 de 27 de diciembre de 1987, establece que:
"Los ejemplares reproducidos ilícitamente y el material empleado para la reproducción, comunicación
o ejecución pública serán decomisados.IP/C/W/330/Rev.1
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El interesado podrá solicitar, como diligencia preparatoria, el secuestro de aquellos, quedando
el Juez facultado para eximirle de contracautela cuando existan motivos fundados para ello.
La sentencia condenatoria deberá ordenar en todo caso la destrucción o inutilización de los
ejemplares y el material decomisado cuando ellos sean susceptibles de utilización y en la medida
necesaria para impedir la explotación ilícita.
No se destruirán aquellos ejemplares que hayan sido adquiridos por terceros de buena fe, para
su uso personal."
Propiedad industrial
El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC se encuentra implementado de la siguiente
manera:  la Ley de Marcas Nº 17.011 establece en los artículos 81 a 83 los delitos y las penas en
materia de marcas, así como el decomiso y la destrucción de las mercaderías (artículo 84),
extendiendo dicha protección a las denominaciones de origen (artículo 85).  La Ley de PatentesNº 17.164 los establece en los artículos 106 y 107.
El artículo 106 establece una pena de entre 6 meses a 3 años para todo aquel que defraudare
alguno de los derechos protegidos por patentes.  Prevé además el decomiso de los objetos elaborados
en infracción o utilizados en su fabricación.
El artículo 107 aumenta dicha pena entre 15 meses y 4 años cuando ocurran dos tipos de
circunstancias agravantes:  el haber sido trabajador dependiente del titular de la patente o de un
licenciatario (literal A));  o haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de
realización del objeto patentado (literal B)).
31. El artículo 61 estipula que, cuando pro ceda, entre los recursos disponibles figurará
también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todoslos materiales y accesorios utilizados predominan temente para la comisión del delito.  Sírvanse
describir las disposiciones de la legislación uruguaya que prevén tales recursos y señalar las
circunstancias en que éstos se aplicarían, y ci tar las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.
Derecho de autor y derechos conexos
La respuesta a esta pregunta quedaría comprendida en la anterior.
Propiedad industrial
Como se ha venido mostrando, las nuevas Leyes de Marcas y demás signos distintivos
Nº 17.011 de 25 de septiembre de 1998, y Nº 17.164 de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y
Diseños Industriales de 2 de septiembre de 1999 poseen numerosas e importantes disposiciones sobre
observancia de los respectivos derechos de propiedad intelectual, que complementan y ratifican las
medidas de carácter general derivadas del derecho común en materia civil y procesal.
Las disposiciones penales en materia de patentes, contenidas en los artículos 106 y 107 de
la LP, son las siguientes:
El artículo 106 establece una pena de entre 6 meses a 3 años para todo aquel que defraudare
alguno de los derechos protegidos por patentes.  Prevé además el decomiso de los objetos elaborados
en infracción o utilizados en su fabricación.IP/C/W/330/Rev.1
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El artículo 107 aumenta dicha pena entre 15 meses y 4 años cuando ocurran dos tipos de
circunstancias agravantes:  el haber sido trabajador dependiente del titular de la patente o de un
licenciatario (literal A));  o haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de
realización del objeto patentado (literal B)).
Las respuestas a las preguntas 23 a 25 se formulan a continuación siguiendo el orden de los
artículos 41 a 50 de la Parte III (Observancia de los derechos de propiedad intelectual), Secciones 1,
2 y 3, del Acuerdo sobre los ADPIC.
32. Asimismo, el artículo 61 indica que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de otras formas de la
propiedad intelectual.  Sírvanse describir las disposiciones de la legislación uruguaya que
establezcan esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.
Derecho de autor y derechos conexos
Las disposiciones legales son las referidas anteriormente.
L. I NFORMACIÓN ESTADÍSTICA
33. Sírvanse proporcionar información estadística referente a derechos civiles de autor,
marcas de fábrica y de comercio, indicaciones  geográficas, dibujos y modelos industriales,
patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales
compilados durante el año 2000, incluyendo el número de casos presentados;  los mandamientos
expedidos;  las mercancías infractoras confiscadas;  los equipos infractores confiscados;  los
casos resueltos (incluidos los arreglos);  y el importe de los perjuicios indemnizados.
Derecho de autor y derechos conexos
En materia de derecho de autor no se cuenta con dicha información.  El Consejo de Derecho
de Autor procurará implementar los mecanismos para contar con dicha información.
34. Sírvanse proporcionar información estadística referente a la observancia penal en la
esfera de la piratería lesiva del derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de
comercio compilados durante el año 2000, incluyendo el número de operativos, procesos,condenas, el importe de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de las multas pagadas y
de las penas de prisión realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra información que
establezca que el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la piratería lesiva del
derecho de autor y la infracción de marcas de fábrica y de comercio.
Derecho de autor y derechos conexos
En materia de derecho de autor resulta conocida la circunstancia de que existen
procesamientos por piraterías de fonogramas, videogramas y programas de ordenador.  También queexisten sentencias de condena con prisión.  No se cuenta con la información estadística solicitada.  Al
igual que en el caso anterior se procurará a través del Consejo de Derecho de Autor implementar
mecanismos para contar con dicha información.IP/C/W/330/Rev.1
Página 45
JAPÓN
A. D ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
1. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de
la nación más favorecida que puedan existir en la legislación sobre Derecho de autor y derechos
conexos, tal como lo admiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Nuestro país tiene consagrado el trato nacional en su Ley de Derecho de Autor Nº 9.739 de
17 de diciembre de 1937.  En concreto, el artículo 4, establece que "La protección legal de este
derecho será acordada en todos los casos y en la misma medida cualquiera sea la naturaleza o
procedencia de la obra, o la nacionalidad de su autor, y sin distinción de escuela, secta o tendencia
filosófica, política o económica."
En relación al "trato de la nación más favorecida", no se han aprobado acuerdos con
posterioridad a la vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC que supongan la aplicación del mismo.
B. M ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
2. Con respecto a las "marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas", sírvanse
explicar de qué modo la legislación de su país da aplicación a los párrafos 2 y 3 del artículo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC, según las cuales el artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará
mutatis mutandis a ellas.  Sírvanse citar las disposiciones pertinentes de la legislación de su país.
Nuestra legislación (Ley Nº 17.011 de 25 de septiembre de 1998) sobre marcas protege las
marcas notorias previendo la nulidad de los signos o las palabras que constituyan la reproducción, la
imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida.
C. P ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
3. Sírvanse explicar cómo la legislación de su país establece la protección de la
"información no divulgada" como lo exigen lo s párrafos 1 y 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC.  Sírvanse explicar detalladamente y citar las disposiciones pertinentes de la
legislación de su país.
De la misma forma como ocurre con las demás disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC,
las normas del Convenio de París, y especialmente las disposiciones de su artículo 10 bis sobre
competencia desleal, han sido incorporadas a la legislación interna del Uruguay, en su revisión de
Estocolmo de 14 de julio de 1967, al haber sido ratificado por Decreto-Ley Nº 14.910 de 10 de julio
de 1979.  En consecuencia, y por aplicación de esas disposiciones y también de las normas y
principios generales del Derecho Civil, las personas que tengan legítimamente bajo su control
información que reúna las características previstas en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC, podrán impedir que la misma se divulgue a terceros o sea adquirida o usada por éstos de
acuerdo a prácticas contrarias a los usos comerciales honestos.
4. Sírvanse indicar de forma detallada cómo, en su caso, garantiza la legislación de su país
que los datos de pruebas u otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo
oficial competente en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización
de un producto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos
contra toda divulgación y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplomediante la prohibición impuesta a un segundo solicitante de un producto similar de fundarse
en los datos originales del primer solicitante en el marco de su posterior solicitud deIP/C/W/330/Rev.1
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autorización de comercialización de un producto similar.  ¿Establece la legislación de su país
excepciones a tal respecto?  ¿Establece la legislación de su país un plazo concreto de protección
por el organismo oficial competente de los datos de pruebas u otros no divulgados por el primer
solicitante?  De ser así, sírvanse explicar en forma detallada tal plazo, indicando las
disposiciones pertinentes de la legislación.
Con relación a los datos de prueba u otros no divulgados, que se proporcionen a la autoridad
competente para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y químicos para la
agricultura, siempre que cumplan las condiciones previstas en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo
sobre los ADPIC, se encontrarán protegidos contra todo uso comercial desleal.  Asimismo, el
artículo 197 de la Ley Nº 17.296 establece que los funcionarios del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, que en razón del ejercicio de sus funciones de contralor obtuvieran
informaciones, están obligados a guardar secreto acerca de las mismas, debiendo mantener reserva delas actuaciones administrativas o judiciales de las que tengan conocimiento.
Por otra parte, la reglamentación sobre aprobación de comercialización de productos
farmacéuticos, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 324/999 de 12 de octubre de 1999, en su artículo 6,
dispone que el solicitante deberá declarar el carácter de información no divulgada de los datos
proporcionados con el fin de obtener la autorización.
D. O
BSERVANCIA
5. Sírvanse indicar los recursos que ordenan la s autoridades judiciales con respecto a cada
uno de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos
los mandamientos judiciales, daños y perjuicios, gastos, destrucción o eliminación de las
mercancías infractoras y de los materiales o instrumentos para su producción.  Sírvanseexplicar cuáles son los criterios y el método de cálculo para decidir el importe de los perjuicios
que las autoridades judiciales ordenan que pague el infractor al titular de los derechos.
Derecho de autor y derechos conexos
Las autoridades judiciales disponen, en base a la legislación vigente en nuestro país, medidas
judiciales tendientes a constatar ilicitudes, tanto en  el ámbito civil como penal.  Normalmente dichas
medidas se realizan a través de diligencias preparatorias o preliminares.
El artículo 47 de la Ley de Derecho de Autor Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en la
redacción dada por el artículo 328 de la Ley Nº 16.170 de 27 de diciembre de 1987, establece que:
"Los ejemplares reproducidos ilícitamente y el material empleado para la reproducción, comunicación
o ejecución pública serán decomisados.
El interesado podrá solicitar, como diligencia preparatoria, el secuestro de aquellos, quedando
el Juez facultado para eximirle de contracautela cuando existan motivos fundados para ello.
La sentencia condenatoria deberá ordenar en todo caso la destrucción o inutilización de los
ejemplares y el material decomisado cuando ellos sean susceptibles de utilización y en la medida
necesaria para impedir la explotación ilícita.
No se destruirán aquellos ejemplares que hayan sido adquiridos por terceros de buena fe, para
su uso personal."IP/C/W/330/Rev.1
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El artículo 51 de la Ley Nº 9.739 confiere acción civil por daños y perjuicios, así como la
aplicación de una penal civil consistente en los beneficios o ingresos indebidamente percibidos, contra
los contraventores.  De esta manera, de acuerdo a la Ley vigente, reflejada en nuestra doctrina y
jurisprudencia, el infractor no sólo debe los daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante), sino
todos los beneficios o ingresos recibidos indebidamente por la explotación ilícita de la obra.
Propiedad industrial
En el Uruguay, existen acciones administrativas y judiciales contra cualquier acción
infractora que tienen las características de ser ágiles y disuasivas.
Todos los procedimientos, tanto los administrativos como los judiciales civiles o penales, se
encuentran reglados en base al principio constitucional del debido proceso.
El procedimiento administrativo está estipulado en las leyes y decretos especiales, así como,
en el Decreto Nº 500/91 general para toda  la Administración pública en el Uruguay.
En el procedimiento administrativo se podrán ordenar medidas provisionales, ya que el
Decreto Nº 500/91 de procedimiento administrativo permite la aplicación del CGP en todo lo
pertinente.
Los procedimientos civiles se encuentran regulados en el Código General del Proceso y los
penales en el Código del Proceso Penal.
Las decisiones administrativas se toman mediante actos administrativos, siempre motivados y
por escrito, dentro de un expediente que siempre es escrito, por la autoridad administrativa
correspondiente.
En cuanto a la prueba, todas las partes involucradas tienen oportunidad de producir prueba, de
controlar la prueba producida por la otra parte y de alegar acerca de la prueba producida.  Los plazospara producir prueba, la forma de presentar la prueba, los medios idóneos de prueba, todo se
encuentra reglado, así como los plazos para diligenciarla y para alegar.
En relación a la revisión de las decisiones existe en el ámbito administrativo la posibilidad de
revisión por un órgano especializado integrado por cinco miembros (el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo) de naturaleza jurisdiccional.
Las decisiones judiciales (sentencias) también son escritas y debidamente fundadas, dictadas
por Jueces integrantes del Poder Judicial.  Estas decisiones son obligatoriamente notificadas a las
partes en forma personal y en caso de imposibilidad material a través de medios que garantizan la
toma de conocimiento por el interesado.
Las resoluciones judiciales tomadas por los Jueces que entienden en primera instancia, ya sea
civil (jueces civiles o de paz según la cuantía) o penal son siempre revisables por los Tribunales de
Apelaciones especializados en la materia.  En estos casos, las resoluciones, de acuerdo a la cuantía,pueden ser casadas por la Suprema Corte de Justic ia, máximo órgano judicial compuesto de cinco
miembros.
Por la Ley de Marcas y por la Ley de Patentes se facultan a la Justicia ordinaria a condenar a
los infractores de derechos de propiedad industrial en daños y perjuicios cuando exista culpa o dolo.
La condena en costas y costos se puede producir sólo en caso de mala fe o ligereza culpable.IP/C/W/330/Rev.1
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El Código Civil prevé en general, la responsabilidad y el resarcimiento de los daños y
perjuicios en casos de culpa o dolo.
6. Sírvanse explicar el tipo y la cuantía de las sanciones penales, incluidas la pena de
prisión y las sanciones pecuniarias, relativas a lo s derechos de propiedad intelectual, citando las
disposiciones pertinentes de la legislación de su  país.  En particular, ¿se persiguen los delitos
sólo cuando la parte perjudicada haya presentado una denuncia formal?  Sírvanse explicar si
las sanciones son compatibles con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige que las
sanciones sean suficientemente disuasorias, coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas
por delitos de gravedad correspondiente.
Derecho de autor y derechos conexos
Existen dos normas o disposiciones en materia penal referidas a Derecho de autor y derechos
conexos.
En primer lugar el artículo 46 de la Ley Nº 9.739, Ley de Derecho de Autor, en la redacción
dada por el artículo 23 de la Ley Nº 15.913 de 17 de noviembre de 1987 establece que:  "El que edite,
venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento, total o parcialmente, una
obra inédita o publicada sin autorización escrita de su autor o causahabiente o de su adquirente a
cualquier título o la atribuya a autor distinto, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en lapresente Ley, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría."  En segundo
lugar, a través de la Ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 se creó una figura penal que protege a los
productores de fonogramas y/o videogramas contra las reproducciones no autorizadas.  El artículo 1
establece que "El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de lucro y sin autorización
escrita de su productor, así como el que distribuyere al público o almacenare con tal fin lasreproducciones así obtenidas, será castigado con la pena prevista por el artículo 46 de la Ley Nº 9.739,
de 17 de diciembre de 1937.  Igual pena se aplicará al que fijare la interpretación en vivo de una obra
literaria o artística por cualquier medio y cuando fuere manifiesta la finalidad señalada en el inciso
precedente, sin autorización escrita del autor y del ar tista;  así como el que distribuyere al público o
almacenare con tal fin las versiones así obtenidas."
Las denuncias por infracciones a los derechos de autor se persiguen de oficio o acción
pública.
Por otra parte, es de señalar, que en nuestro país existe un proyecto de Ley referido al nuevo
marco normativo de derecho de autor que ha merecido la aprobación de la Cámara de Representantes,
ubicándose en la actualidad en el seno de la Cámara de Senadores para su consideración.
En el mismo se estaría consagrando una nueva figura penal (artículo 146 del proyecto), a
través de la cual se establece que "El que, sin la autorización de su autor o respectivo titular protegidopor la presente Ley, introduzca obras, interpretaciones, fonogramas o emisiones en un sistema de
almacenamiento de datos destinado a reproducir o distribuir las mismas, será castigado con 3 a
24 meses de prisión."
Propiedad industrial
En concordancia con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Ley de Marcas
Nº 17.011 establece los delitos y las penas en materia de marcas, así como el decomiso y la
destrucción de las mercaderías, extendiendo dicha protección a las denominaciones de origen.IP/C/W/330/Rev.1
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En materia de marcas, en los casos de delitos, prevé que éstas y los instrumentos usados para
su ejecución, serán destruidos o inutilizados y las mercaderías en infracción decomisadas y destruidas,
salvo que puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.
En materia de patentes, se establece una pena de entre 6 meses a 3 años para todo aquel que
defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes.  Prevé además el decomiso de los objetoselaborados en infracción o utilizados en su fabricación.
En la misma Ley se establece que se podrá aumentar dicha pena entre 15 meses y 4 años
cuando ocurran dos tipos de circunstancias agravantes:  el haber sido trabajador dependiente del
titular de la patente o de un licenciatario (literal A));  o haber obtenido de éstos el conocimiento de las
formas especiales de realización del objeto patentado (literal B)).
También se prevé el decomiso de los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos
utilizados para su elaboración y sus destinos se decidirán en consulta con la DNPI.
7. Sírvanse indicar títulos de leyes y reglamentos y las disposiciones de los mismos en que
se prescriba la suspensión del despacho de mercancías de marca de fábrica o de comercio
falsificadas o mercancías piratas que lesionan el derecho de autor, como se estipula en el
artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Derecho de autor y derechos conexos
De acuerdo a nuestra sistema legal, la parte afectada, podrá solicitar en vía judicial la
aplicación de medidas cautelares frente al hecho de que pudieran ingresar al país mercancías
falsificadas o reproducidas ilícitamente.
Puede señalarse asimismo que la Dirección Nacional de Aduana, de oficio, ha venido
realizando procedimientos en relación a mercancías reproducidas ilícitamente.  En lo que se refiere anuestra Ley de Derecho de Autor vigente la misma no contiene previsiones expresas.  El proyecto de
Ley del Poder Ejecutivo, aprobado con modificaciones en la Cámara de Representantes, que se
encuentra actualmente en la órbita de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, consagró en
el artículo 137 la siguiente disposición:
"Los titulares de los derechos de propiedad intelectual que tengan motivos válidos para
sospechar que se realiza o prepara la importación al territorio nacional de mercancías que, de acuerdo
a los términos de la legislación aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estén
destinadas a distribuirse, sin autorización del titular del derecho de propiedad intelectual, podrán
requerir ante las autoridades aduaneras o judiciales competentes, que se dispongan medidas especiales
de contralor respecto de tales mercancías, secuestro preventivo o la suspensión precautoria del
respectivo derecho aduanero.  Deberán presentar las pruebas y otros elementos de juicio que den
mérito a la sospecha.
Cuando el requerimiento se solicita ante la Dirección Nacional de Aduanas, la misma, luego
de haber decretado las medidas de carácter precautorio solicitadas, notificará en forma inmediata al
importador y al promotor.  Si transcurridos 10 días  hábiles contados a partir de la notificación al
titular del derecho o su representante, no se acredite que se hayan iniciado las acciones civiles o
penales correspondientes, se dejarán sin efecto las medidas preventivas, disponiéndose el despacho delas mercaderías, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el solicitante, que a
sabiendas haya formulado una denuncia infundada."IP/C/W/330/Rev.1
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Propiedad industrial
Existe posibilidad de suspensión de un despacho de mercaderías por las autoridades judiciales
(Juez de Aduana) o administrativas (receptores de aduana) cuando se realiza una denuncia fundada de
que se prepara la importación de mercaderías en violación de derechos de propiedad intelectual.  Una
vez que se comprueba que la infracción no se encuentra dentro de las tres previstas en la Ley deContencioso Aduanero (N° 13.318:  contrabando, difere ncia y defraudación), la justicia aduanera da
cuenta al Juzgado Penal.
En concordancia con el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Ley de Marcas
Nº 17.011 establece en los artículos 81 a 83 los delitos y las penas en materia de marcas, así como el
decomiso y la destrucción de las mercaderías (artículo 84), extendiendo dicha protección a las
denominaciones de origen (artículo 85).
Las disposiciones penales en materia de patentes, establece una pena de entre 6 meses a
3 años para todo aquel que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes.  Prevé además
el decomiso de los objetos elaborados en infracción o utilizados en su fabricación.
Se aumenta dicha pena entre 15 meses y 4 años cuando ocurran dos tipos de circunstancias
agravantes:  el haber sido trabajador dependiente del titular de la patente o de un licenciatario
(literal A));  o haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de realización delobjeto patentado (literal B)).
SUIZA
A. P
ATENTES
Marco legal del Uruguay en materia de patentes
El Uruguay dispone de una nueva legislación sobre patentes de invención, modelos de
utilidad y diseños industriales, la Ley N° 17.164 ap robada el 2 de septiembre de 1999, que entró en
vigencia el 18 de enero de 2000 (citada a partir de ahora como LP).
Con dicha Ley Uruguay ha completado el proceso de adaptación de su legislación en la
materia conforme a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, habiendo puesto al día
la normativa sobre patentes, siguiendo las pautas de las legislaciones modernas.
Por otra parte, el Uruguay, por Ley N° 16.671 de 17 de diciembre de 1995, ratificó el
Acuerdo sobre los ADPIC, incorporándose sus disposiciones a la legislación nacional y pasando a
formar parte de nuestro derecho interno.
En materia de observancia, además de las normas específicas contenidas en la nueva Ley, las
modernas normas del Código General del Proceso, establecen procedimientos ágiles y flexibles que
permiten la adopción de una amplia gama de medidas provisionales y cautelares, en el marco del
respeto a los principios de defensa e igualdad de partes.
1. ¿Otorga su legislación protección mediante patente a las invenciones relacionadas con
productos o procesos en todos los campos de la tecnología?  Sírvanse dar detalles sobre la
protección otorgada a los microorganismos y a los procesos no biológicos y microbiológicos.
¿Hay excepciones?  De ser así, sírvanse explicar cuáles son las excepciones y en qué forma seIP/C/W/330/Rev.1
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ajustan a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.  ¿En qué forma protege su
legislación a las obtenciones vegetales?
Artículo 27.1 - El artículo 8 de la Ley de Patentes dispone que son patentables las invenciones nuevas
de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicación industrial.  Es decir que dicha norma de principio comprende a todos los campos de latecnología, no efectuando ninguna discriminación por el lugar, sector tecnológico u origen de los
productos o procedimientos patentados.
El artículo 13 de la Ley de Patentes en sus literales A), C), D) y E), especifica y enumera,
siguiendo la tradición de la mayoría de las legislaciones modernas, una serie de materias que no
constituyen invenciones patentables por no reunir alguno de los requisitos de patentabilidad.  Así
establece que no se considerarán invenciones a los efectos de la Ley:  los descubrimientos, teorías
científicas y métodos matemáticos (literal A));  los esquemas, los planes, las reglas de juego, losmétodos comerciales, contables financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o fiscalización
(literal C));  las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, y las obras científicas
(literal D));  los programas de computación considerados aisladamente (literal E));  y las diferentes
formas de reproducir informaciones (literal F)).
Artículo 27.2  - El artículo 14 B) de la Ley de Patentes establece que no son patentables las
invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la
población, la seguridad o el medio ambiente.
Artículo 27.3 a) - El artículo 14 A) de la Ley de Patentes establece que no son patentables los métodos
de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales.
Artículo 27.3 b) - El artículo 13 B) establece que no se considerarán invenciones, las plantas y los
animales, excepto los microorganismos, y los pro cedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos y
microbiológicos.
El artículo 13 G) de la Ley de Patentes dispone que no se considerarán invenciones el
material biológico y genético, como existe en la naturaleza.
Las variedades vegetales son protegidas por una legislación especial que sigue las pautas de
la UPOV, del que el Uruguay es parte.  Dicho tratado, en su revisión de 1978, fue aprobado por la
Ley Nº 16.580 de 21 de septiembre de 1994.  Y la Ley Nº 16.811 de 21 de febrero de 1997 contiene la
legislación nacional sobre protección de cultivar es.  En consecuencia el Uruguay posee un sistema
sui generis eficaz para la protección de las obtenciones vegetales.
2. Sírvanse describir de forma detallada cual esquiera disposiciones de su legislación que
permitan el uso de una patente sin autorización del titular del derecho.  Sírvanse citar lasdisposiciones pertinentes de la legislación y describir en detalle las condiciones en que se puede
hacer uso de ella.
El artículo 39 de la Ley de Patentes establece que el derecho conferido por una patente no
alcanzará a los siguientes actos:  los realizados en el ámbito privado y con fines no industriales y
comerciales, siempre que no provoquen un perjuicio para el titular de la patente (literal A));la preparación de un medicamento para un paciente individual, bajo receta médica y elaborado con la
dirección de un profesional habilitado (literal B));   los realizados con fines de experimentación,
incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año anterior al
vencimiento de la patente (literal D));  los realizados con fines de enseñanza o investigación científica
o académica (literal E));  la importación de pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácterIP/C/W/330/Rev.1
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comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas
(literal F)).  Esos usos, en consecuencia, podrán realizarse por terceros, sin autorización del titular de
la patente.
El artículo 41 de la Ley de Patentes prevé que el titular de la patente no podrá impedir los
actos realizados, incluso sin divulgación, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentación de lasolicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el país tal producto o utilizaren el procedimiento
objeto de la invención, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricación, uso o
explotación.  Dichos actos están limitados a las necesidades de la empresa que los explotare, y el
derecho a ejecutarlos no puede transferirse aisladamente, sino conjuntamente con el establecimiento
que realiza la explotación.
Siguiendo las previsiones de la Constitución y otras leyes especiales, los artículos 42 y 43 de
la Ley de Patentes, disponen que las invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor delEstado o de particulares, son patentables, pero su explotación comercial o industrial requiere el
acuerdo del titular del monopolio o luego de que éste cesare.  De la misma forma que todo derecho de
propiedad, de acuerdo a la Constitución, los derechos de patente pueden ser expropiados por el
Estado, requiriéndose una ley especial, y otorgando a su titular la debida compensación, mediante un
proceso judicial con todas las garantías.
3. ¿Considera su legislación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto
del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación"
de una patente (y excluye por tanto el otorgamiento de una licencia obligatoria, si se importa un
producto)?
El artículo 54 de la Ley de Patentes, en su inciso 3 establece claramente que la explotación de
una patente comprende la importación de su objeto, además del uso y de cualquier otra actividad de
tipo comercial realizada sobre el mismo.
4. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en  su legislación a las condiciones enumeradas
en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADP IC?  Sírvanse indicar las disposiciones
correspondientes de la ley.
La Ley de Patentes (también citada como LP), en sus artículos 54 a 80 establece licencias
obligatorias por diversas causales:  falta de explotación (artículo 54), razones de interés público
(artículos 55 a 59), prácticas anticompetitivas (artículos 60 a 63), negativa injustificada al
otorgamiento de una licencia convencional (artículos  64 a 68), dependencia de patentes (artículos 69
y 70).  La Ley contiene también un capítulo dedicado a disposiciones generales y de procedimiento
(artículos 71 a 80) sobre licencias obligatorias.  Las normas mencionadas establecen las condiciones
para el otorgamiento de licencias obligatorias conforme al artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
A continuación se indican en detalle las correspondientes disposiciones de la Ley de Patentes
siguiendo el orden de los párrafos del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
a) El artículo 54 de la Ley de Patentes define las circunstancias y requisitos en que
pueden otorgarse licencias por falta de explotación, el artículo 55 por razones de
interés publico, los artículos 60 y 61 por prácticas anticompetitivas, el artículo 64 pornegativa infundada a conceder licencias convencionales y los artículos 69 y 70 por
dependencia de patentes.
b) El artículo 71 de la Ley de Patentes establece los requisitos que el interesado en
obtener una licencia obligatoria deberá acreditar:  haber solicitado al titular de la
patente una licencia contractual y que no haya podido obtenerla en condicionesIP/C/W/330/Rev.1
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comercialmente razonables y adecuadas al país dentro del plazo de 90 días siguientes
a su requerimiento.  El mismo artículo 71 en su inciso 2 establece que podrá
prescindirse de ese requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema
urgencia y en casos de uso público no comercial y de prácticas anticompetitivas.
c) De las disposiciones del artículo 77 de la Ley de Patentes literales A) y C), así como
de las normas mencionadas en a), y las que regulan los diversos tipos de licencias
obligatorias (por ejemplo el artículo 58 que regula aquellas licencias por razones de
interés público), surge claramente que el alcance y duración de las mismas se
encuentra limitado a los fines para las que fueron otorgadas.
d) El artículo 73 literal A) de la Ley de Patentes establece claramente que las licencias
obligatorias no podrán concederse con carácter exclusivo.
e) El artículo 73 literal D) de la LP establece que las licencias obligatorias no podrán
cederse salvo con aquella parte de la empresa o el establecimiento o de su activo
intangible que explote el objeto de la licencia.
f) El artículo 56 de la LP establece que en caso de licencias obligatorias por razones de
interés público, el abastecimiento será exclusivamente para cubrir las necesidades del
mercado interno.
g) El artículo 59 de la LP establece que los usos concedidos como consecuencia de una
licencia obligatoria podrán retirarse a reserva de la protección adecuada de los
intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las
circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan
a surgir.  Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previapetición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.
h) El artículo 77 literal B) establece con alcance general el carácter remunerado de las
licencias y que el mismo se determinará teniendo en cuenta las circunstancias propias
de cada caso, el valor económico de la explotación de la invención objeto de la
licencia;  además de otros factores como el promedio de regalías para el sector encontratos de licencias convencionales.
i) Las resoluciones que conceden licencias obligatorias son expedidas por la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial, y por el Poder Ejecutivo en el caso de licencias
por razones de interés público.  Ambas resoluciones pueden ser revisadas mediante
recursos administrativos de revocación y jerárquico en el caso de la DNPI que es un
organismo sometido a la jerarquía del Poder Ejecutivo.  Cumplida esa instancia, de
acuerdo a la Constitución y a las leyes especiales en la materia, todas las resolucionesdefinitivas del Estado, pueden ser anuladas por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, órgano judicial especializado, integrado por cinco miembros, cuyas
decisiones son de naturaleza jurisdiccional.
j) El artículo 74 de la LP, establece que en caso de falta de acuerdo entre las partes,
tanto sobre la adecuada remuneración, como acerca de las demás condiciones para laconcesión de una licencia obligatoria, se nombrará un tribunal arbitral que decidirá al
respecto.  Esa decisión será adoptada por la resolución de la DNPI (artículo 75) que
concede la licencia.  En consecuencia, formando parte la fijación de la remuneración
de la decisión de la DNPI que otorga la licencia, ella es revisable de la misma forma
que ésta, es decir mediante los recursos administrativos correspondientes y luego laIP/C/W/330/Rev.1
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acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como se
expresara en el párrafo anterior.
k) El artículo 71, inciso 2 de la LP establece que en el caso de licencias obligatorias por
prácticas anticompetitivas (artículos 60 a 63 de la LP), el interesado, potencial
usuario, podrá prescindir de los requisitos exigidos por el inciso 1 para los demáscasos.
a. El artículo 60 de la LP establece que se podrá conceder una licencia
obligatoria por prácticas anticompetitivas cuando la autoridad competente en
la materia, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera
al titular de la patente el derecho de defensa y demás garantías, haya
determinado previamente que éste ha incurrido en prácticas consideradas
anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de laposición dominante en el mercado.
b. Si bien no se encuentra específicamente contemplada en la LP la corrección
de prácticas anticompetitivas como factor a tener en cuenta en el importe de
la remuneración, al otorgarle la Ley a las autoridades competentes facultades
para determinar dicho importe y para denegar la revocación de laautorización si resulta probable que las condiciones que le dieron lugar se
repitan;  surge del conjunto de normas al respecto, que dicha autoridad debe
tener ese factor en cuenta.  Así por ejemplo el artículo 62 de la LP, establece
que si el titular de la patente persistiere en los actos o las prácticas que dieran
origen a una calificación de práctica anticompetitiva o abuso de los derechosconferidos por la patente, el derecho a ésta podrá ser revocado de oficio o a
solicitud de la parte interesada, previa vista al titular por un plazo
determinado.
l) Los artículos 69 y 70 de la LP, como se ha dicho, regulan las que denomina "patentes
dependientes".  El artículo 69 establece que cuando una invención o modelo deutilidad patentados, no pudieran explotarse sin infringir una patente anterior, el titular
o un licenciatario, podrán solicitar la concesión de una licencia obligatoria respecto
de la otra patente, en la medida que ello fuese necesario para explotarla y evitar su
infracción.  El artículo 70 establece las condiciones para la concesión de este tipo de
licencia obligatoria.  Ellas son:  que la invención reivindicada en la segunda patente
suponga un avance técnico significativo y que posea una importancia económica
considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente(párrafo A));  que el titular de la primera patente tendrá derecho a obtener una
licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en
la segunda patente (párrafo B));  y que la cesión del uso autorizado de la primera
patente incluirá el de la segunda (párrafo C)).
Las restantes previsiones del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC sobre notificación al
titular de la patente en cuanto sea razonablemente posible en casos de licencias obligatorias por
situaciones de emergencia nacional (literal b));  la información al titular en caso de uso público no
comercial;  así como la restricción de las licencias obligatorias referidas a tecnologías de
semiconductores o el uso público no comercial para rectificar prácticas anticompetitivas (literal c));  y
en parte la finalidad principal de abastecimiento del mercado interno, no se encuentran contempladasespecíficamente en la LP.  Sin embargo ellas son obligatorias por aplicación de los principios
generales de la legislación, como la notificación o la información al titular de la patente, o porque así
lo disponen las propias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que como se ha manifestadoIP/C/W/330/Rev.1
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reiteradamente, se han incorporado a la legislación nacional formando parte del derecho interno como
Ley Nº 16.671 de 13 de diciembre de 1994, respecto a las tecnologías de semiconductores.
5. Sírvanse indicar el plazo de protección acordado a las patentes en su legislación.
¿Permite su legislación el uso de una invención patentada a los efectos del procedimiento de
autorización de la comercialización de un producto  que es una copia antes de que expire el plazo
de protección de la patente?  De ser así, sírvanse indicar el alcance y la naturaleza exactos de tal
uso.  Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de su legislación.
El artículo 21 de la LP establece que la patente de invención tendrá un plazo de duración de
20 años, contados a partir de la fecha de la solicitud.
Dicho uso se encontraría dentro del ámbito del artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC que
faculta a los Estados miembros a prever excepciones limitadas a los derechos de patentes.
No existe en la LP previsión expresa en ese sentido.Entre las excepciones previstas a los derechos conferidos por la patente, el artículo 39
párrafo D) de la LP incluye solamente los actos realizados exclusivamente con fines de
experimentación, incluso preparatorios de una futura explotación comercial, realizados dentro del año
anterior al vencimiento de la patente.
6. ¿Prevé su legislación el principio de la inversión de la carga de la prueba en los litigios
relativos a patentes de procedimientos?  Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de
la ley.
En concordancia con el artículo 34 del Acuer do sobre los ADPIC, el artículo 101 de la LP
establece que en los juicios civiles cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener
un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe queel procedimiento para obtener el producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho
producto sea nuevo.
B. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
7. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas
u otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo oficial competente en elmarco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de un producto
farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda
divulgación y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo mediante la
prohibición impuesta a un segundo solicitante de fundarse en los datos originales del primer
solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de
comercialización de su propio producto.  ¿Estab lece su legislación excepciones a tal respecto?
De ser así, ¿con sujeción a qué condiciones resultarían éstas aplicables?  ¿Establece sulegislación un plazo concreto de protección de los datos de pruebas u otros no divulgados del
primer solicitante?
La información no divulgada se protege conforme lo habilita el párrafo 1 del artículo 39 del
Acuerdo sobre los ADPIC a través de la figura de la competencia desleal (artículo 10 bis del Convenio
de París).  En cuanto a los datos de prueba u otros no divulgados, que se proporcionen a la autoridadcompetente para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y químicos para la
agricultura, siempre que cumplan las condiciones previstas en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo
sobre los ADPIC, se encontrarán protegidos contra todo uso comercial desleal.  Asimismo, el
artículo 197 de la Ley Nº 17.296 establece que los funcionarios del Ministerio de Ganadería,IP/C/W/330/Rev.1
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Agricultura y Pesca, que en razón del ejercicio de sus funciones de contralor obtuvieran
informaciones, están obligados a guardar secreto acerca de las mismas, debiendo mantener reserva de
las actuaciones administrativas o judiciales de las que tengan conocimiento.
Por otra parte, la reglamentación sobre aprobación de comercialización de productos
farmacéuticos, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 324/999 de 12 de octubre de 1999, en su artículo 6,dispone que el solicitante deberá declarar el carácter de información no divulgada de los datos
proporcionados con el fin de obtener la autorización.
C. O
BSERVANCIA
8. Sírvanse indicar los recursos de su legislación que constituyen medios eficaces de
disuasión de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.
Los artículos 99 a 102 de la Ley de Patentes dictan disposiciones específicas en la materia, las
que se suman a las normas comunes en materia civil y procesal, para crear un entramado legislativoque provee un nivel de protección adecuado a las previsiones de la Parte III del Acuerdo sobre
los ADPIC.
El artículo 99 ratifica que el titular de una patente, o cualquiera de ellos cuando fueren varios,
podrá entablar acciones civiles contra quien realice actos en violación de sus derechos.
El artículo 99 establece también, que el titular de la patente podrá reclamar una
indemnización por aquellas infracciones cometidas en el período transcurrido entre la publicación de
la solicitud y la concesión de la patente.  Y también por los actos ocurridos antes de la publicación si
el infractor tuvo conocimiento del contenido de la misma antes de la publicación.
El artículo 100 responsabiliza de los perjuicios causados, a quienes comercializaren o
distribuyeren los productos en infracción, cuando existan indicios ciertos de su conocimiento de quelos mismos violaban derechos de patentes.
El artículo 101 establece la antes comentada inversión de la carga de la prueba en la
infracción de patentes de procedimiento.
El artículo 102 otorga al licenciatario la legitimación para ejercer las acciones para la defensa
de los derechos de la patente.
El artículo 103 ratifica las facultades de la autoridad judicial para adoptar, de oficio o a
pedido de parte, la totalidad de las medidas provisionales o cautelares que con gran amplitud recoge el
Código General del Proceso.
El artículo 104 fija el plazo de prescripción de las acciones civiles por reparación del daño en
un plazo de 4 años contados desde que el titular de la patente tuvo conocimiento de la infracción.
El artículo 105 establece una acción de reivindicación a favor del verdadero inventor, cuando
la solicitud fue presentada por quien no lo era;  pudiendo aquél solicitar la transferencia de la misma asu favor.  Dicha acción prescribe a los 5 años desde la fecha de concesión de la patente o a los 2 años
desde el comienzo de su explotación en el país.
Los artículos 87 y 88 de la Ley de Marcas Nº 17.011 permiten accionar por daños y perjuicios
y prohíben el uso de marcas en contravención, estipulando los procedimientos judiciales para lograr la
observancia en esta materia.IP/C/W/330/Rev.1
Página 57
9. Sírvanse describir toda nueva iniciativa que esté prevista a fin de mejorar la
observancia de los derechos de propiedad intelect ual en su país, en particular las iniciativas
relacionadas con la observancia de las disposiciones penales.
Derecho de autor y derechos conexos
Nuestro país cuenta, en materia de derecho de autor, con un régimen de infracciones civiles y
penales.
En relación al ámbito civil, puede señalarse que el artículo 51 de la Ley de Derecho de Autor
vigente (Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937) establece (tanto se trate de obra nacional como
extranjera) que "La parte lesionada, autor o causahabiente tiene acción civil para conseguir
indemnización por daños y perjuicios, así como la entrega de todos los beneficios o ingresos
indebidamente percibidos por el contraventor.  Cabrá en todos los casos el ejercicio de acción
subrogatoria, de acuerdo a lo establecido con el artículo 1.295 del Código Civil .  ..."
A través del artículo 47 de la referida Ley, en la redacción dada por el artículo 328 de la
Ley Nº 16.170 de 27 de diciembre de 1990, se es tableció que "Los ejemplares reproducidos
ilícitamente y el material empleado para la reproducción, comunicación o ejecución pública, serán
decomisados.  El interesado podrá solicitar, como diligencia preparatoria, el secuestro de aquellos,
quedando el Juez facultado para eximirle de contracautela cuando existan motivos fundados para ello.La sentencia condenatoria deberá ordenar en todo caso la destrucción o inutilización de los ejemplares
y material decomisado cuando ellos sean susceptibles de utilización y en la medida necesaria para
impedir la explotación ilícita.  No se destruirán aquellos ejemplares que hayan sido adquiridos por
terceros de buena fe, para su uso personal."
En relación al ámbito penal el artículo 46 de la Ley Nº 9.739 de 17 de diciembre de 1937, en
la redacción dada por el artículo 23 de la Ley Nº 15.913 (Ley del libro) de 17 de noviembre de 1987
señala que:
"El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento, total
o parcialmente, una obra inédita o publicada sin autorización escrita de su autor o causahabiente o de
su adquirente a cualquier título o la atribuya a autor distinto, contraviniendo en cualquier forma lodispuesto en la presente Ley, será castigado con pena de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría."
Por su parte a través de la Ley Nº 15.289 de 14 de julio de 1982 se creó una figura penal que
protege a los productores de fonogramas y/o videogramas contra las reproducciones no autorizadas.
El artículo 1 establece que "El que reprodujere un fonograma o videograma con fines de lucro y sin
autorización escrita de su productor, así como el que distribuyere al público o almacenare con tal fin
las reproducciones así obtenidas, será castigado con la pena prevista por el artículo 46 de la Ley
Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.  Igual pena se aplicará al que fijare la interpretación en vivo deuna obra literaria o artística por cualquier medio y cuando fuere manifiesta la finalidad señalada en el
inciso precedente, sin autorización escrita del autor y del artista;  así como el que distribuyere al
público o almacenare con tal fin las versiones así obtenidas".
En relación al ámbito penal, en nuestro país existe un proyecto de Ley referido al nuevo
marco normativo de derecho de autor que ha merecido la aprobación de la Cámara de Representantes,ubicándose en la actualidad en el seno de la Cámara de Senadores para su consideración.
Podría decirse que básicamente la nueva modalidad que se estaría creando en el ámbito penal
es la establecida en el artículo 146 del proyecto, a través de la cual se establece que "El que, sin la
autorización de su autor o respectivo titular protegido por la presente Ley, introduzca obras,IP/C/W/330/Rev.1
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interpretaciones, fonogramas o emisiones en un sistema de almacenamiento de datos destinado a
reproducir o distribuir las mismas, será castigado con 3 a 24 meses de prisión."
Propiedad industrial
Como se ha venido mostrando, las nuevas Leyes de Marcas y demás signos distintivos
Nº 17.011 de 25 de septiembre de 1998, y Nº 17.164 de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad yDiseños Industriales de 2 de septiembre de 1999 poseen numerosas e importantes disposiciones sobre
observancia de los respectivos derechos de propiedad intelectual, que complementan y ratifican las
medidas de carácter general derivadas del derecho común en materia civil y procesal.
Las disposiciones penales en materia de patentes, contenidas en los artículos 106 y 107 de la
Ley de Patentes, son las siguientes:
El artículo 106 establece una pena de entre 6 meses a 3 años para todo aquel que defraudare
alguno de los derechos protegidos por patentes.  Prevé además el decomiso de los objetos elaboradosen infracción o utilizados en su fabricación.
El artículo 107 aumenta dicha pena entre 15 meses y 4 años cuando ocurran dos tipos de
circunstancias agravantes:  el haber sido trabajador dependiente del titular de la patente o de un
licenciatario (literal A));  o haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de
realización del objeto patentado (literal B)).
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