RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/331/Add.1
28 de marzo de 2002
(02–1594)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  francés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas de Túnez a las preguntas formuladas por las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
los Estados Unidos, el Japón y Suiza
Addendum
Mediante una comunicación de la Delegación Permanente de Túnez, de fecha 4 de marzo
de 2002, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros , los Estados Unidos y el Japón, que fueron
distribuidas con las signaturas IP/C/W/320, 316 y 322, respectivamente, así como las respuestas a las
preguntas complementarias formuladas por Suiza y distribuidas con la signatura IP/C/W/315/Add.1.
_______________
LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Se ruega explicar si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública
y la nutrición de la población, y para promover el  interés público en sectores de importancia vital
para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo sobre
los ADPIC.  En caso positivo, se ruega explicar si esas medidas son conformes a las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y con miras a
proteger la salud pública y la nutrición, y promover  el interés público, el capítulo XI de la Ley
N° 2000–84 de 24 de agosto de 2000 relativa a las patentes de invención, ha previsto el régimen de
licencias de oficio.
En efecto, a tenor del párrafo 4 del artículo 78 de la citada Ley, "si el interés de la salud
pública lo exigiere, las patentes concedidas en relación con medicamentos y productos necesarios para
su elaboración, o con procedimientos de fabricación de medicamentos, podrán someterse, a petición
del Ministro encargado de la salud pública y previo decreto del Ministro de Industrias, al régimen de
licencias de oficio en caso de que el público sólo disponga de medicamentos en cantidad o de calidadinsuficientes, o a precios anormalmente elevados".
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Se ruega indicar cómo su legislación estipula la protección de los derechos exclusivos de los
autores en relación con sus obras literarias y artísticas, en el sentido del artículo 9 del Acuerdo sobreIP/C/W/331/Add.1
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los ADPIC que exige a los Miembros que observen los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y el
apéndice del mismo (1971).
La legislación tunecina protege los derechos exclusivos de los autores sobre sus obras
literarias y artísticas .  Por ejemplo, la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad
literaria y artística, consagra derechos patrimoniales y morales.
En cuanto a los derechos patrimoniales, el artículo 2 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero
de 1994 prevé que:  "El derecho de autor comprende el derecho exclusivo de realizar o autorizar que
se realice cualquiera de los actos siguientes:
a) Reproducir la obra en cualquier forma material, con inclusión del fonograma, el
medio audiovisual y otras formas.
b) Comunicar la obra al público por todos los medios y en particular a través de
representaciones públicas, tales como las que se efectúan en hoteles y restaurantes
mediante:
– medios de difusión de obras grabadas;
– medios de radiodifusión;– la transmisión por cable o por satélite.
c) Comunicar al público la obra radiodifundida :
– por medios alámbricos, por altoparlante o por cualquier otro instrumento
transmisor de signos, sonidos o imágenes.
d) Hacer cualquier traducción o adaptación de la obra."
Este artículo será modificado y completado con el fin de aclarar más algunos conceptos,
adaptarlo mejor a la evolución del derecho de auto r y, en especial, al Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor (WCT), de diciembr e de 1996, y al Acuerdo sobre los ADPIC.
El proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994 prevé
en su artículo 9–1 que "los derechos patrimoniales del autor son los derechos exclusivos que se le
reconocen para explotar su obra o autorizar su explotación por un tercero, mediante la realización decualquiera de los actos siguientes:
a) Reproducir la obra mediante toda clase de procedimientos y en particular mediante la
imprenta, el dibujo, la grabación sonora o audiovisual en banda magnética, discos,
discos compactos o mediante cualquier sistema informático o de otra índole.
b) Comunicar la obra mediante toda clase de procedimientos y en particular mediante:
– la representación en lugares públicos como hoteles, restaurantes, medios de
transporte terrestre, marítimo y aéreo, así como festivales y salas de
espectáculos;
– la representación dramática o ejecución pública;
– medios de difusión por medios alámbricos o inalámbricos de obras grabadas;IP/C/W/331/Add.1
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– los medios de transmisión y recepción de radiodifusión y otros;  altoparlantes
y todos los demás instrumentos transmisores de signos, sonidos o imágenes;
satélites, cables, redes informáticas o por otros medios similares.
c) Cualquier forma de explotación material de la obra en general, con inclusión del
arrendamiento del original y sus copias.
d) La traducción, adaptación, arreglo y demás transformaciones de la obra consideradas
como obras derivadas en virtud de la presente Ley.
En lo que se refiere a los derechos morales, el artículo 9 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, dispone que los derechos morales del autor
comprenden en particular:
a) el derecho de paternidad de la obra;
b) el derecho de conservar el anonimato;
c) el derecho de adoptar un seudónimo;
d) el derecho de oponerse a cualquier modificación, deformación o mutilación de la
obra;
e) el derecho de presentar su obra al público por cualquier medio;
f) el derecho de retirar su obra de la circulación."
Las disposiciones del citado artículo serán enmendadas en el proyecto de ley que modifica y
completa la Ley N° 94–36, de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, a finde aportar más precisiones sobre algunas cuestiones de carácter práctico, como las siguientes:
– la indicación del nombre del autor de conformidad con las prácticas usuales cada vez
que la obra se comunique al público y en cualquier ejemplar que reproduzca el
contenido de la obra sobre una base material;
– la exigencia del consentimiento escrito del autor para efectuar cualquier
modificación, añadido, transformación o mutilación en una obra o cualquier otro
cambio en la misma que sea perjudicial al honor o la reputación del autor;
– la indemnización del empresario autorizado en el caso de que el retiro de la obra de la
circulación le hubiera causado un perjuicio.
3. Sírvanse describir la protección concedida a los autores de programas de ordenador, bases
de datos o compilaciones de datos.
En lo que concierne a la protección de programas de ordenador:
El artículo 1 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, cita los "soportes lógicos" (que se han de interpretar como programas de ordenador según lo
establecen los trabajos preparatorios de la Ley) entre las obras comprendidas por el derecho de autor.IP/C/W/331/Add.1
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De ese modo, todas las disposiciones de carácter general relativas al derecho de autor, a las
prerrogativas que éste confiere, a las obligaciones que genera, a los procedimientos de comprobación
de infracciones y sus respectivas sanciones son aplicables a los programas de ordenador en la medida
en que ellas no sean contrarias a las disposiciones del capítulo VII de la Ley especial sobre los
"soportes lógicos".
A ese respecto, se puede mencionar a título indicativo que el derecho de autor se ejerce en
relación con los programas de ordenador tanto en su forma original como en su forma derivada.  El
presunto autor del programa de ordenador es aquel en cuyo nombre se ha divulgado el programa.  El
programa elaborado en el ejercicio de sus funci ones por los asalariados de un organismo empleador le
pertenece a este último.
En lo que concierne a los asalariados del sector público, la ley relativa a la investigación
científica (Ley N° 96–6 de 31 de enero de 1996, modificada por la Ley 2000–68 de 17 de julio
de 2000 y sus textos de aplicación), permite a los asalariados beneficiarse de algunas ventajas y
estímulos durante la explotación de los resultados de sus investigaciones.
El programa de ordenador y su documentaci ón pertenecen al productor.  El autor del
programa de ordenador goza del derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir ciertos actos que
atañen a su obra (su reproducción, su comunicación al público, su transmisión y su adaptación).  El
programa de ordenador confiere a su autor los derechos patrimoniales y morales vinculados al
derecho de autor.  La autorización concedida por el autor debe adoptar la forma de un contrato escritoque comprenda algunas estipulaciones obligatorias.  Los derechos patrimoniales pueden cederse en
todo o en parte.  La cesión de obras que aún no se han realizado es nula.
La adaptación de los programas de ordenador sólo puede efectuarse dentro del límite de los
derechos cedidos por el autor.
Salvo autorización expresa y con excepción de una copia de salvaguardia, el usuario de un
programa adquirido lícitamente no puede producir copias del mismo.
La duración de la protección de los programas de ordenador establecida en la Ley N° 94–36
de 24 de febrero de 1994 es de 25 años.  De conf ormidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre
los ADPIC, ratificado por la Ley N° 95–6 de 23 de enero de 1995, el proyecto de ley que modifica laLey N° 94–36 ha ampliado ese plazo a 50 años.
En lo referente a la protección de las compilaciones de datos (o bases de datos), la Ley
N° 94-36 de 24 de febrero de 1994 (en sus artículos 1 y 6) protege implícitamente las compilaciones
de datos.  En el proyecto de ley, modificatorio de esa Ley, se han previsto expresamente disposicionessobre esta materia en virtud de la enmienda al párrafo 2 del artículo 6 que ahora establece que los
autores de obras, tales como enciclopedias o antologías, colecciones de expresiones del folklore o
bases de datos, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones
de carácter intelectual, gozarán de la protección sin perjuicio de los derechos del autor de la obra
original.
4. Se ruega especificar si su legislación estipula el derecho de arrendamiento y, en caso
afirmativo, las obras abarcadas por éste.
El artículo 9–1 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero
de 1994, artículo que se aplica a todos los autores de obras protegidas, prevé que "los derechos
patrimoniales del autor son los derechos exclusivos que se le reconocen para explotar su obra o
autorizar su explotación por un tercero, mediante la realización de cualquiera de los actos siguientes:IP/C/W/331/Add.1
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1) reproducir la obra;
2) comunicar la obra al público;3) explotar materialmente, en cualquier forma, la obra en general con inclusión del
arrendamiento del original y sus copias.
5. Se ruega describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y organismos de radiodifusión en virtud de su
legislación.
La Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994 no ha regulado los derechos conexos.  Túnez se ha
adherido a la protección de esos derechos al ratificar el Acuerdo sobre los ADPIC (Ley N° 95–6
de 23 de enero de 1995 que ratifica los Acuerdos de la Ronda Uruguay).  El proyecto de ley que
modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, ha dedicado el capítulo 7 bis (nuevo) a los derechos conexos (derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión) deconformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.
Los derechos reconocidos a los titulares de los derechos conexos son los siguientes:A los artistas intérpretes o ejecutantes (párrafo 3 del artículo 47):
Los derechos morales:
1) El derecho de ser mencionados, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones
sonoras o audiovisuales en vivo o fijadas en fonogramas, como artistas intérpretes oejecutantes, salvo cuando la forma de utilización de la interpretación o de la ejecución
imponga que se prescinda de esa mención.
2) El derecho de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de
sus interpretaciones o ejecuciones que resulte perjudicial para su reputación.
Esos derechos son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables.
Los derechos patrimoniales:
1) El derecho de radiodifundir y comunicar al público sus interpretaciones o ejecuciones
no fijadas, excepto cuando la interpretación o la ejecución ya sea una interpretación oejecución radiodifundida.
2) El derecho de fijar sus ejecuciones no fijadas.
3) El derecho de reproducir directa o indirectamente sus interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas o videogramas de cualquier manera y en la forma que sea.
4) El derecho de distribuir al público el original y las copias de sus interpretaciones o
ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas mediante la venta o cualquier otra
forma de transferir la propiedad.
5) El derecho de arrendar comercialmente al público el original o las copias de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, aun después de
la distribución de éstos por los propios artistas o con su autorización.IP/C/W/331/Add.1
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6) El derecho de poner a disposición del públic o, por medios alámbricos o inalámbricos,
sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas de modo que
cualquiera pueda tener acceso a ellas en el lugar y el momento que elija
individualmente.
Esos derechos patrimoniales constituyen derechos exclusivos reconocidos a los artistas
intérpretes o ejecutantes para autorizar la explotación parcial de sus interpretaciones o ejecuciones.
Derechos de los productores de fonogramas o videogramas (párrafo 5 del artículo 47):– el derecho de reproducir directa o indirectamente sus fonogramas o videogramas de
cualquier manera y en la forma que sea;
– el derecho de distribuir al público el original y las copias de sus fonogramas o
videogramas mediante la venta o cualquier otra forma de transferir la propiedad;
– el derecho de arrendar comercialmente al público el original y las copias de sus
fonogramas o videogramas, aun después de la distribución de éstos por los propios
productores o con su autorización;
– el derecho de poner a disposición del público, por medios alámbricos o inalámbricos,
sus fonogramas o videogramas de modo que cualquiera pueda tener acceso a ellos en
el lugar y el momento que elija individualmente.
Esos derechos, reconocidos a los productores de fonogramas o videogramas, constituyen
derechos exclusivos para autorizar la explotación en todo o en parte de sus fonogramas ovideogramas.
Derechos de los organismos de radiodifusión (párrafo 8 del artículo 47):
– el derecho de fijar o de grabar sobre una base material sus emisiones o la
reproducción de estas grabaciones;
– el derecho de retransmitir sus emisiones;
– el derecho de comunicar al público sus emisiones cuando la comunicación se efectúe
en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada.
Esos derechos constituyen derechos exclusivos reconocidos a los organismos de radiodifusión
para autorizar la explotación en todo o en parte de sus emisiones.
6. Sírvanse especificar si su legislación estipula alguna limitación o excepción en relación con
cada uno de los derechos descritos anteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentesdel Convenio de Berna y la Convención de Roma y a la luz del artículo 13 y del párrafo 6 del
artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El artículo 47–10 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, prevé que las limitaciones y excepcionesen relación con los derechos de autor son aplicables a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los
productores de fonogramas o videogramas y a los organismos de radiodifusión, consisten en la
utilización de la obra sin la autorización del autor en los casos siguientes:IP/C/W/331/Add.1
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– a título personal y privado;
– con fines educativos y escolares;– a título de información,
siempre que en esos casos no se atente contra la e xplotación normal de la obra ni se cause un perjuicio
injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho.
7. Les rogamos indiquen la duración de la protección en lo concerniente a cada derecho
descrito anteriormente y la obra o materia a las que éste se aplica.
En lo concerniente a los derechos de autor:
El proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94–36 de 24 de febrero de 1994,
relativa a la propiedad literaria y artística, ha unificado el plazo de la protección en materia de derecho
de autor.  Su duración es de 50 años.
El nuevo artículo 18 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36, de 24 de
febrero de 1994, prevé que "la protección de los derechos patrimoniales del autor dura toda su vida y
50 años después, a contar del 1º de enero del año siguiente al de su fallecimiento o, en caso de
ausencia o desaparición, desde la fecha establecida en la sentencia declarativa de su deceso".
En lo que atañe a las obras realizadas en colaboración, la protección dura 50 años a contar del
1º de enero del año siguiente al del fallecimiento del último autor sobreviviente o, en caso de ausencia
o desaparición, desde la fecha establecida en la sentencia declarativa de su deceso.
En cuanto a las obras anónimas o seudónimas, la protección dura 50 años a contar del 1º de
enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En ese caso el derecho de autor lo
ejerce el editor o el distribuidor de la obra.
Si el seudónimo no oculta al público la identidad del autor o si el autor de una obra anónima o
seudónima revela su verdadera identidad, la duración de la protección es la prevista en el párrafo 2 del
citado artículo.
Con respecto a las obras publicadas después de la muerte de su autor, la protección dura
50 años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En tal caso,
el derecho de autor es ejercido sucesivamente por el albacea testamentario, los descendientes, el
cónyuge o cualquier otro heredero a quien corresponda el derecho.
En lo concerniente a las obras fotográficas, el nuevo artículo 19 estipula una protección de
50 años a contar de la fecha de la realización de la obra.  La misma duración se prevé para los
soportes lógicos (nuevo artículo 47).
En cuanto a las obras cinematográficas o audiovisuales, la protección también dura 50 años a
contar de la primera representación pública lícita de la obra.
A falta de representación, la protección es de 50 años a contar de la fecha de realización de la
primera copia de referencia (párrafo 1 del artículo 42 del proyecto de ley que modifica y completa la
Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística).IP/C/W/331/Add.1
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En lo concerniente a los derechos conexos:
El plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes es de 50 años a
contar del 1º de enero del año siguiente al de la fijación de la interpretación o la ejecución en un
fonograma o en un videograma.
La duración de la protección de los derechos de los productores de fonogramas o videogramas
es de 50 años a contar del año siguiente al de la publicación del fonograma o el videograma o, a falta
de dicha publicación, un plazo de 50 años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la fijación
del fonograma o del videograma.
La protección de los derechos de los organismos de radiodifusión dura 20 años a contar del
1º de enero del año siguiente al de:
– la fijación, respecto de los fonogramas o los videogramas y las ejecuciones fijadas en
ellos;
– la ejecución, respecto de las ejecuciones no fijadas en fonogramas o videogramas;– la emisión, respecto de las emisiones de radiodifusión.
8. Se ruega describir en qué forma la legislación de su país otorga protección retroactiva de
conformidad con el artículo 18 del Convenio de Berna (obligación que tiene su origen en el artículo 9
del Acuerdo sobre los ADPIC) y el párrafo 6 del artículo 14 del mencionado Acuerdo.
El artículo 18 del Convenio de Berna prevé un efecto retroactivo en favor de las obras que
existan al momento de la entrada en vigor del Convenio, las cuales podrán ser protegidas cuando los
plazos de protección no haya expirado aún en su país de origen (párrafo 1).
El párrafo 2 del mismo artículo dispone una excepción a ese principio, pues estipula que:  "si
una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido hubiese
pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí
de nuevo".
En la legislación tunecina el principio de la no retroactividad de las leyes constituye un
principio general de derecho que regula el problema de los conflictos de leyes en el tiempo.  El
principio significa que la ley nueva no se aplica a los actos y hechos que estaban regidos por una ley
anterior.
La Constitución de Túnez menciona ese principio en materia penal.  En efecto, el artículo 13
de la Constitución prevé que la sanción es personal y que sólo es aplicable en virtud de una ley
anterior.
Asimismo, el artículo 1 del Código Penal prescribe que "nadie puede ser condenado si no es
en virtud de una ley anterior.  Si, después de los hechos, pero antes de la sentencia definitiva, sedictara una ley más favorable para el inculpado, sólo se aplicará esta ley".
El principio de la no retroactividad de las leyes admite excepciones en materia civil y, entre
estas excepciones, la existencia de un texto que prevea expresamente la retroactividad, es decir, un
texto que permita su aplicación en el pasado.  Por ello, cabe considerar que el artículo 18 delConvenio de Berna (párrafo 1), debidamente ratificado por Túnez (que forma parte de los 10 países
fundadores del Convenio de Berna), constituye una de esas excepciones en que se ha admitido la
retroactividad (en materia civil).IP/C/W/331/Add.1
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9. Sírvanse explicar si el "droit de suite" previsto en el artículo 14 ter del Convenio de Berna
está protegido en su legislación.
El artículo 25 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, prevé el droit de suite concedido a los autores de manuscritos y obras plásticas.
Ese artículo dispone que "los autores de manuscritos y de obras plásticas gozarán, no obstante
cualquier cesión de la obra original, de un derecho inalienable a participar en el producto de cualquier
venta de esa obra efectuada en subastas públicas o por intermedio de un comerciante.
Después del fallecimiento del autor persiste el droit de suite durante el año civil en curso y los
50 años siguientes, en los que se deduce el 5 por ciento del producto de la venta en beneficio del autor
o de sus herederos."
C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
10. Se ruega proporcionar la definición de un si gno de conformidad con su legislación nacional
y explicar en qué condiciones es objeto de protección.
En virtud de las disposiciones del artículo 2 de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001,
relativa a la protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, la marca es un signo
visible que permite distinguir los productos ofrecidos en venta o los servicios prestados por unapersona física o jurídica.
Las marcas constituidas por las denominaciones en todas sus formas, los signos figurativos y
los signos sonoros pueden ser objeto de protección (artículo 2).
Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la referida Ley,
quedan excluidos de la protección los signos que carezcan de un carácter distintivo, los signos que
infrinjan los derechos anteriores y las marcas notoriamente conocidas, o que sean contrarios al orden
público y las buenas costumbres.
Por otra parte, el artículo 6 de la misma Ley precisa que la propiedad de la marca se adquiere
mediante el registro que ha de efectuarse en el Organismo encargado de la propiedad industrial.
11. Se ruega confirmar si los servicios constituyen una materia objeto de protección en la
legislación sobre marcas de su país.  Agradeceríamos que confirmasen también si puede otorgarse
protección a signos tales como los nombres come rciales.  Se ruega indicar si puede otorgarse
protección a elementos tales como sonidos, perfumes y envases.
En Túnez, la Ley Nº 2001–36 de 17 de abril de 2001 protege a las marcas de servicios, del
mismo modo que a las marcas de fábrica y de comercio.  Además, el artículo 1 prevé que "la presente
Ley tiene por objeto fijar las normas relativas a la protección de las marcas de fábrica, de comercio y
de servicios".
En virtud de la Ley relativa al registro de comercio, en Túnez el nombre comercial goza de
protección y también puede depositarse en calidad de marca de fábrica o de comercio si el titular lo
utiliza como marca.
Por otra parte, en el apartado c) del artículo 5 de la Ley de 17 de abril 2001 sobre marcas se
dispone que un signo que infrinja un nombre comercial no podrá adoptarse como marca si se corre el
riesgo de provocar confusión en el público.IP/C/W/331/Add.1
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A tenor de la Ley antes citada, sólo los sonidos (apartado c) del artículo 2) y las formas de los
productos (apartado b) del artículo 2) podrán gozar de protección en calidad de marcas.
12. Les rogamos expliquen si existen prescripciones de utilización como condición para el
registro de una marca de fábrica o de comercio.  Agradeceríamos que nos facilitasen la definición de
utilización y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.
Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, el titular de
una marca puede ser privado de sus derechos cuando, sin motivo justo y durante un período
ininterrumpido de cinco años, no haya utilizado seriamente al menos uno de los productos o servicios
comprendidos en el registro.
No obstante, la utilización no constituye una condición necesaria para el registro de una
marca.
En cuanto a la definición de utilización, el párrafo 2 del referido artículo señala que "se
considerarán como utilizaciones serias de una marca, entre otras:
– la colocación de la marca en los productos, en sus envases o embalajes destinados a
su comercialización;
– la utilización de la marca en una forma modificada que no altere su carácter
distintivo;
– la utilización de la marca con el consentimiento del titular o por cualquier persona
facultada para utilizar una marca colectiva."
13. Sírvanse confirmar si la legislación de su país permite o no que el registro de marcas de
fábrica o de comercio sea renovable indefinidamente.
El registro de una marca de fábrica, de comercio o de servicios podrá renovarse
indefinidamente después de la expiración del plazo de protección de 10 años, a contar del día en que
se presentó la solicitud de registro (artículo 16 de la Ley de 17 de abril de 2001).
14. Describan, en caso afirmativo, las prescripciones especiales existentes en la legislación de su
país en lo concerniente al uso de una marca de fábrica o de comercio.
Las prescripciones especiales concernientes al uso de una marca de fabrica o de comercio
son:
Según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, no podrá
invocarse la caducidad de los derechos del titular de la marca si, entre la expiración del plazo de cinco
años y la presentación de la demanda de caducidad, se comenzó o requirió la utilización seria de lamarca.
Sin embargo, esa utilización seria no impide pedir la caducidad si se ha emprendido en los
tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad y después de que el titular haya
tenido conocimiento de su eventual presentación.  La prueba de la explotación de la marca incumbe altitular de la marca cuya caducidad se ha solicitado.IP/C/W/331/Add.1
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D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS
15. Se ruega indicar si el organismo encargado del registro de marcas de su país rechaza o no
una solicitud de marcas en caso de que ésta contenga una indicación geográfica.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 20 de la Ley N° 99–57 de 28 de junio de 1999,
relativa a las denominaciones de origen controladas y a las indicaciones de procedencia de los
productos agrícolas, el Organismo encargado de la propiedad industrial no podrá conceder ninguna
marca de fábrica, de comercio o de servicios a una denominación de origen controlada o a una
indicación de procedencia cuando la solicitud de la marca se presente después de publicarse la
delimitación de la denominación de origen controlada o de la indicación de procedencia.
Si la marca se ha presentado antes de publicarse la delimitación de la denominación de origen
controlada o de la indicación de procedencia, el Ministerio de Agricultura podrá oponerse al registro
de esa marca en virtud de las disposiciones de la Ley N° 2001–36, de 17 de abril de 2001, relativa a la
protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios.
16. Les rogamos que proporcionen la definición de indicación geográfica a tenor de la
legislación de su país.
La Ley N° 99–57 de 28 de junio de 1999, relativa a la protección de las denominaciones de
origen, define la denominación de origen controlada como el nombre de un país, de una región natural
o de parte de la región de donde procede cualquier producto, que adquiere su valor y susparticularidades en relación con su entorno geográfico constituido por elementos naturales y humanos.
Los elementos naturales comprenden de modo general el medio geográfico de procedencia
del producto y sus particularidades relacionadas con el suelo, el agua, la cobertura vegetal y el clima.
Los elementos humanos abarcan en particular los métodos de producción, de fabricación o de
transformación, y las técnicas específicas adquiridas por los productores o fabricantes en la respectiva
región.
Los métodos de producción han de emanar de tradiciones locales, antiguas, estables y
notorias.
El artículo 3 de la Ley citada define la indicación de procedencia como la que designa el
nombre del país, de una región natural o de partes de regiones de los que el producto extrae su
particularidad y su prestigio y donde se produce, transforma o fabrica.
17. Sírvanse describir y explicar las disposiciones de su legislación por las que se establece un
vínculo, en caso existente, entre las características de una indicación y su origen geográfico.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 99–57 de 28 de junio de 1999, relativa a
las denominaciones de origen controladas y a las indicaciones de procedencia de los productos
agrícolas, el vínculo que existe entre las características de una indicación geográfica y su origengeográfico consiste en que el producto procedente de una determinada región adquiere su valor y sus
particularidades en relación con su entorno geográfico constituido por elementos naturales y humanos.
18. Se ruega explicar cómo se otorga protección adi cional en la legislación de su país para los
vinos y bebidas espirituosas.  Sírvanse mencionar otros tipos de productos, en caso de que existan,
abarcados por esa protección adicional.IP/C/W/331/Add.1
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En Túnez se protege a los vinos y bebidas espirituosas en virtud de la Ley N° 99–57 de 28 de
junio de 1999, relativa a las denominaciones de origen controladas y a las indicaciones de procedencia
de los productos agrícolas.  Dicha Ley no prevé una protección adicional para los vinos y bebidas
espirituosas.
19. Les rogamos expliquen de qué forma las excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre
los ADPIC son utilizadas en su jurisdicción.  Sírvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicción.
Las excepciones previstas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se contemplan en el
artículo 20 de la de la Ley N° 99–57 de 28 de juni o de 1999.  En efecto, ese artículo dispone que el
Organismo encargado de la propiedad industrial no puede conceder ninguna marca de fábrica o decomercio similar a una indicación de procedencia cuando la solicitud de la marca se presente después
de publicarse la delimitación de la denominación de origen controlada o de la indicación de
procedencia.
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
20. Sírvanse explicar si su legislación abarca la  protección a los dibujos y modelos guiándose
básicamente por consideraciones técnicas o funcionales.  Se ruega explicar de qué modo se protegen
los dibujos y modelos textiles.
La Ley N° 2001–21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección de los dibujos y modelos
industriales, precisa en su artículo 2 que se aplica a "cualquier dibujo nuevo, a cualquier forma
plástica nueva, a cualquier producto industrial que se diferencie de sus similares, ya sea por una
configuración distinta y reconocible que le confiera un carácter de novedad, o por uno o varios efectos
exteriores que le den un fisonomía propia y nueva".
Ese mismo artículo estipula en su párrafo 2 que "si un mismo objeto se considera a la vez
como un dibujo o modelo industrial nuevo y como una invención patentable, y si los elementos
constitutivos de la novedad del dibujo o del modelo son inseparables de los de la invención, dicho
objeto sólo puede protegerse de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre las patentes de
invención".
Los dibujos y modelos textiles gozan de la misma protección que los demás productos, pero
tienen además las ventajas previstas en:
– el artículo 15:  la posibilidad de postergar la publicación;– el artículo 10:  el plazo de protección es de libre elección del solicitante, ya sea de
cinco, 10 ó 15 años;
– el depósito colectivo.
21. Sírvanse explicar cómo protege su legislación a los titulares de derechos de un dibujo o
modelo frente a la importación de artículos con un dibujo o diseño incorporado o copiado.
El artículo 4 de la Ley N° 2001–21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección de los
dibujos y modelos industriales, dispone que todo creador de un dibujo o modelo industrial o sus
derechohabientes tienen la facultad exclusiva de explotar o de vender ese dibujo o modelo industrial,sin perjuicio de los derechos que les corresponderían en virtud de otras disposiciones legales, en
particular de la legislación relativa a la propiedad literaria y artística.IP/C/W/331/Add.1
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Se prohíbe a los terceros, que actúen sin el consentimiento del titular de un dibujo o de un
modelo industrial o de sus derechohabientes, fabricar, vender o importar mercancías con un dibujo o
un modelo industrial que sea, en todo o en parte, una copia del dibujo o del modelo protegido, cuando
esos actos se emprendan con fines comerciales.
A fin de facilitar la aplicación de esos derechos, la Ley dedica todo un capítulo (capítulo V) a
las medidas en frontera a fin de suspender la libre circulación de los dibujos y modelos industriales
falsificados.
22. Se ruega indicar si la legislación de su país proporciona o no el derecho a otorgar una
licencia obligatoria en lo que respecta a los dibujos y diseños industriales.
La Ley N° 2000–21 de 6 de febrero de 2000, relativa a la protección de los dibujos y modelos
industriales, no contempla el derecho a otorgar una licencia obligatoria para los dibujos y modelos
industriales.
23. Se ruega indicar durante qué período de tiempo la legislación de su país otorga protección a
los dibujos y modelos industriales.
Conforme al artículo 10 de la Ley antes citada, el plazo de protección de un dibujo o de un
modelo industrial es, según la opción del solicitante, de cinco, 10 ó 15 años como máximo.
F. PATENTES
24. Se ruega explicar cómo define la legislación de su país los conceptos de:  novedad, invención
y aplicación industrial.
Con arreglo a las disposiciones del artículo 4 de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto de 2000,
relativa a la protección de las patentes de invención, "es nueva la invención que no se encuentra
comprendida en el estado de la técnica".
El estado de la técnica está constituido por todo lo que ha pasado a ser accesible al público,
desde antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad
válidamente reivindicada respecto de esa solicitud, mediante una descripción escrita u oral, una
utilización o por cualquier otro medio.
A tenor del artículo 5 de la Ley relativa a la protección de las patentes, la invención debe
implicar también una actividad inventiva;  es decir, que ésta no debe derivarse, para la persona
capacitada en la técnica de que se trate, de manera evidente del estado de la técnica en la fecha de
presentación de la solicitud de patente.
Según el artículo 6 de la Ley antes citada, se considera que una invención es susceptible de
aplicación industrial si su objeto puede fabricarse o utilizarse en toda clase de industrias o en la
agricultura.
25. Sírvanse especificar si en la legislación de su país las patentes o los derechos de patente se
otorgan sin ningún tipo de exclusión.  En caso de que existan exclusiones, descríbase detalladamente
la forma en que éstas se aplican en términos legales y prácticos .
La Ley N° 2000–84 de 24 de agosto de 2000, relativa a la protección de las invenciones,
prevé la existencia de exclusiones que se aplican a la posibilidad de gozar de derechos sobre las
patentes.  Esas exclusiones se mencionan en los artículos 47, 48, 49 y 50 de esa Ley.  Los derechos
exclusivos otorgados por una patente no se hacen extensivos a:IP/C/W/331/Add.1
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– los actos efectuados en un marco privado y con fines no comerciales;
– los actos realizados a título experimental referentes a la materia de la invención
patentada;
– la preparación de medicamentos efectuada en el acto y por unidades en el laboratorio
de una farmacia, según una prescripción facultativa, ni a los hechos que conciernen a
los medicamentos así preparados.
– a la oferta, la importación, la tenencia o la utilización del producto patentado o del
producto obtenido mediante un procedimiento patentado en el territorio tunecino,después de que ese producto se haya comercializado de manera lícita en cualquier
país, por el titular de la patente o con su consentimiento expreso;
– los actos necesarios para la fabricación de medicamentos genéricos.  Sin embargo, la
explotación de los productos derivados de esas actividades con fines comerciales sólose podrán llevar a cabo después de expirado el plazo de protección de la patente;
– la utilización de objetos a bordo de aeronaves, vehículos terrestres o buques
extranjeros que penetren temporal o accidentalmente en el espacio aéreo, el territorio
o las aguas territoriales de la República de Túnez.
26. Sírvanse explicar si su legislación estipula la exclusión de invenciones de la patentabilidad
basándose en el orden público o la moralidad.  En ese caso, les rogamos expliquen el artículo
pertinente de su legislación así como su formulación.  Desearíamos también saber si éste se ha
aplicado en la práctica.
El párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de 24 de agosto de 2000, relativo a la protección de las
invenciones, prevé que:  "no puede concederse una patente de invención cuya publicación o
aplicación sea contraria a las buenas costumbres, el orden público, la salud pública o la protección del
medio ambiente".
Sin embargo, cabe precisar que ese mismo artículo estipula que "la aplicación de la patente no
podrá considerarse como tal por el solo hecho de estar limitada por una disposición legal o
reglamentaria".
A título de ejemplo, y en la práctica, se prohíbe a cualquiera fabricar cigarrillos o vinos.  No
obstante, cualquiera puede solicitar patentes en esas esferas.
27. Les rogamos expliquen si los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos están
excluidos de la patentabilidad en su legislación.  Si es así, sírvanse explicar la sección pertinente de
su legislación así como su formulación.
Conforme al apartado d) del artículo 2 de la Ley de 24 de agosto de 2000, los métodos de
diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos del cuerpo humano y animal están excluidos de la
patentabilidad.
No obstante, cabe indicar que esas disposiciones no se aplican a las preparaciones y sobre
todo a los productos y pruebas utilizados con fines de aplicación de algunos de esos métodos.IP/C/W/331/Add.1
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28. Sírvanse explicar si las plantas, los animales y los procesos esencialmente biológicos están o
no excluidos de la patentabilidad en su legislación.  En caso afirmativo, les rogamos aclaren el
artículo pertinente de su legislación así como su formulación.
Según el artículo 3 de la Ley, las plantas, los animales y los procesos esencialmente
biológicos de producción de animales y plantas están excluidos de la patentabilidad.
Sin embargo, esa disposición no se aplica a los procedimientos biológicos médicos ni a los
productos obtenidos mediante esos procedimientos.
29. Les rogamos que describan de qué forma y en virtud de qué disposiciones los
microorganismos, los procesos no esencialmente biológicos, los procesos microbiológicos y lasobtenciones vegetales están protegidos en su legislación.  Sírvanse explicar a este respecto los
artículos pertinentes de su legislación.
Los procedimientos biológicos médicos, con inclusión de los microorganismos y los
productos obtenidos mediante esos procedimientos son susceptibles de protección mediante patente
(artículo 3 de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto de 2000 relativa a las invenciones).
Por otra parte, las obtenciones vegetales están protegidas en Túnez por la Ley N° 99–42 de
10 de mayo de 1999, relativa a las semillas, plantas y obtenciones vegetales.
30. Les rogamos que expliquen de qué forma su legislación protege a los titulares de derechos de
patentes frente a la importación y frente al ofrecimiento para la venta de una invención patentada.
El artículo 46 de la Ley N° 2000–84, de 24 de agosto de 2000, dispone que la patente confiere
a su titular o a sus derechohabientes un derecho exclusivo de explotación, lo que implica prohibir aterceros, sin el consentimiento del titular de la patente o de sus derechohabientes:
– la fabricación, la oferta, la comercialización, la utilización, o bien la importación o la
tenencia para los fines antes citados del producto objeto de la patente;
– la utilización del procedimiento de fabricación que es objeto de la patente;
– la oferta, la comercialización o la utilización, o bien la importación o la tenencia para
los fines antes citados del producto obtenido directamente mediante el procedimiento
que es objeto de la patente.
Para la aplicación de esos derechos, la Ley dedica todo un capítulo, a saber, el capítulo XIII
relativo a las medidas en frontera destinadas a suspender la libre circulación de los productos
falsificados.
31. Les rogamos indiquen si la legislación de su país estipula la protección mediante patente de
productos químicos farmacéuticos y agrícolas.  Si su respuesta es afirmativa, sírvanse indicar lareferencia jurídica.
A tenor del artículo 1 de la Ley relativa a las patentes, cualquier invención de un producto o
de un procedimiento de fabricación podrá protegerse mediante la patente de invención.  Por
consiguiente, los productos químicos farmacéuticos y agrícolas pueden ser objeto de protecciónmediante patente.
32. Les rogamos aclaren si la protección de patentes de un proceso, según está estipulado en su
legislación, abarca el producto obtenido directamente mediante ese proceso.IP/C/W/331/Add.1
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Según el artículo 1 de la Ley relativa a las patentes de invención "toda invención de un
producto o de un procedimiento de fabricación puede  ser protegida por un título, denominado patente
de invención".
Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 85 estipula que:  "si la patente tiene por objeto el
procedimiento de fabricación de un producto, el tribunal estará facultado para ordenar al demandado
que pruebe que el procedimiento utilizado para obtener un producto idéntico es diferente del
procedimiento patentado.  Si el demandado no aporta esa prueba, se presumirá que cualquier producto
idéntico, fabricado sin el consentimiento del titular de la patente, se ha obtenido mediante el
procedimiento patentado en el caso en que ese producto sea nuevo".
33. Les rogamos que expliquen las condiciones adicionales, si las hay, existentes en su
legislación además de la divulgación suficiente de la invención contenida en el artículo 29 del
Acuerdo sobre los ADPIC (a saber, presentación de justificación en lo que respecta al acceso a
material genético o consentimiento previo a su utilización).  Si esas condiciones adicionales existen,
indíquese la legislación pertinente y descríbanse las condiciones adicionales detalladamente.
La legislación tunecina no prevé condiciones adicionales, además de la divulgación
suficientemente clara y completa de la invención para que las personas capacitadas en la tecnología de
que se trate puedan llevar a efecto la invención (artículo 21 de la Ley de patentes).
34. Se ruega describir si su legislación estipula excepciones limitadas a los derechos exclusivos
concedidos por una patente.  Si su respuesta es afirmativa, se ruega mencionar la legislación
pertinente.
La legislación de Túnez prevé excepciones a los derechos exclusivos concedidos por una
patente.  Esas excepciones se definen en los artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley relativa a las patentes
de invención.
En efecto, los derechos exclusivos otorgados por una patente no se hacen extensivos a:– los actos efectuados en un marco privado y con fines no comerciales;
– los actos realizados a título experimental referente a la materia de la invención
patentada;
– la preparación de medicamentos efectuada en el acto y por unidades en el laboratorio
de una farmacia, según una prescripción facultativa, ni a los hechos que conciernen alos medicamentos así preparados.
– la oferta, la importación, la tenencia o la utilización del producto patentado o del
producto obtenido mediante un procedimiento patentado en el territorio tunecino,
después de que ese producto se haya comercializado de manera lícita en cualquierpaís, por el titular de la patente o con su consentimiento expreso;
– los actos necesarios para la fabricación de medicamentos genéricos.  Sin embargo, la
explotación de los productos derivados de esas actividades con fines comerciales sólo
se podrán llevar a cabo después de expirado el plazo de protección de la patente;
– la utilización de objetos a bordo de aeronaves, vehículos terrestres o buques
extranjeros que penetren temporal o accidentalmente en el espacio aéreo, el territorio
o las aguas territoriales de la República de Túnez.IP/C/W/331/Add.1
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35. Se ruega explicar si la legislación de su país tiene o no previsto el otorgamiento de licencias
obligatorias.  En caso afirmativo, se ruega expli car exhaustivamente las condiciones en las cuales
puede concederse una licencia obligatoria.  Especialmente, sírvanse indicar de qué forma su
legislación nacional considera los méritos individuales en la autorización de esa utilización.
La legislación tunecina prevé un régimen de licencias obligatorias en materia de patentes de
invención.  Conforme al artículo 69 de la Ley relativa a las patentes, después de expirado el plazo de
cuatro años contado desde la presentación de la solicitud o de tres años contado desde la concesión de
la patente, si este último plazo es más largo, sin que el titular de la patente proceda a explotarla,
cualquier persona interesada podrá obtener, en todo momento, una licencia obligatoria si la invención
que es materia de la patente no se ha comenzado a explotar industrialmente o no ha sido objeto depreparativos efectivos y serios con miras a su explotación en Túnez en el plazo antes citado.
La licencia obligatoria puede concederse también cuando el producto materia de la invención
no se ha comercializado en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del mercado tunecino y
cuando la explotación industrial o comercial de la invención objeto de la patente se ha abandonadodurante más de tres años en Túnez.
Las licencias obligatorias sólo pueden concederse previa presentación de una solicitud ante el
tribunal competente, que debe ir acompañada de la prueba de la solicitud de una licencia contractual
al titular de la patente, licencia que no pudo obtenerse en condiciones y plazos razonables.
El solicitante también debe aportar la prueba de que está en condiciones de explotar la
invención en forma efectiva y seria (artículo 70).
Por lo demás, el tribunal debe examinar las circunstancias invocadas con el fin de autorizar la
utilización, de conformidad con las disposiciones de los artículos 74, 75 y 76 de la Ley antes citada.
36. Se ruega explicar de qué forma su legislación asegura explícitamente que un usuario
propuesto ha realizado esfuerzos para obtener autorización del titular del derecho en términos y
condiciones comerciales razonables y que esos esfuerzos no han logrado los resultados previstos en
un período de tiempo razonable.  En ese contexto, ¿cómo definen ustedes "período de tiempo
razonable"?  Sírvanse también explicar de qué forma su legislación garantiza que el uso de unalicencia obligatoria será autorizado principalmente en lo que respecta al suministro del mercado
interno del Miembro que autoriza ese uso.
Conforme al artículo 70 de la Ley N° 2000–84 relativa a las patentes de invención, el
solicitante de una licencia obligatoria debe aportar la prueba de que previamente envió una cartacertificada con aviso de recepción al titular de la patente, solicitándole una licencia contractual, pero
que no la pudo obtener en términos y condiciones comerciales razonables y en un plazo prudencial.
Para acreditar esos hechos, se admiten todos los medios de prueba y los jueces competentes
en cuanto al fondo tienen facultades soberanas para apreciar los elementos de prueba aportados comofundamento de una solicitud de licencia obligatoria.
Según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley antes citada, cualquier persona interesada
podrá, después de expirado el plazo de cuatro años contado desde la presentación de la solicitud o de
tres años contado desde la concesión de la patente, obtener en todo momento una licencia obligatoriaen alguno de los casos siguientes:IP/C/W/331/Add.1
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– cuando la invención que es materia de la patente no se ha comenzado a explotar
industrialmente o no ha sido objeto de preparativos efectivos y serios con miras a su
explotación en Túnez, en el plazo previsto en el artículo 51;
– cuando el producto materia de la invención no se ha comercializado en cantidad
suficiente para satisfacer las necesidades del mercado tunecino;
– cuando la explotación industrial o comercial de la invención materia de la patente se
ha abandonado durante más de tres años en Túnez;
– con esos antecedentes, el tribunal se pronuncia sobre la solicitud de licencia
obligatoria después de haber oído a las partes (artículo 73 de la Ley de patentes) y fija
las condiciones de la licencia y sobre todo su vigencia, su ámbito de aplicación y el
importe que se ha de pagar al titular, que debe estar en relación con la importancia dela explotación de la invención (artículo 74 de la Ley de patentes).
Las licencias destinadas únicamente al suministro del mercado interno se rigen por el
capítulo XI, titulado "Licencias de oficio".  Además, el artículo 78 de la Ley de patentes estipula que
"El Ministro encargado de la industria podrá requerir a los titulares de patentes de invención queemprendan su explotación a fin de satisfacer las necesidades de la economía nacional o de
salvaguardar el medio ambiente."
37. Se ruega indicar si su legislación otorga protección adicional a las innovaciones una vez
transcurrido el período de 20 años otorgado por la patente.
La legislación tunecina no otorga protección adicional a las innovaciones una vez transcurrido
el plazo de 20 años concedido por la patente.
38. Sírvanse explicar de qué forma su legislación prevé la inversión de la carga de la prueba en
lo que respecta a las patentes de procedimientos.
Según se dispone en el artículo 85 de la Ley relativa a la protección de las invenciones,
cuando la materia de la patente es el procedimiento de fabricación del producto, el tribunal estará
facultado para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento utilizado para obtener un
producto idéntico es diferente del procedimiento patentado.
No obstante, si el demandado no aporta esa prueba, se presumirá que cualquier producto
idéntico, fabricado sin el consentimiento del titular de la patente, se ha obtenido por el procedimiento
patentado en el caso en que el producto sea nuevo.
G. E
SQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
39. Se ruega describir cómo protege la legislación de su país las topografías.
La Ley Nº 2001–20 de 6 de febrero de 2001 protege los esquemas de trazado de los circuitos
integrados en la medida en que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean
corrientes en el momento de su creación en el sector de los circuitos integrados (artículo 3 de la Ley).
Por otra parte, la solicitud de los esquemas de trazado de los circuitos integrados debe
presentarse en el Organismo encargado de la propiedad industrial (artículo 8).
40. Sírvanse explicar qué protección otorga la legislación de su país a los titulares de derechos
frente a la importación ilícita, la venta o la distribución para fines comerciales de topografíasIP/C/W/331/Add.1
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comprendidos los circuitos integrados o un artículo que incorpore un circuito integrado en el sentido
del artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 17 de la
Ley N° 2001–20 relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integradosprohíbe a los terceros "explotar comercialmente una reproducción de un esquema de trazado de los
circuitos integrados o importar, con ese propósito, una reproducción de cualquier producto que
incorpore dicho esquema".
Por otra parte, la Ley dedica todo un capítulo, el capítulo VII, a las medidas en frontera, a fin
de suspender la libre circulación de los productos que incorporen esquemas de trazado de los circuitos
integrados reproducidos.
41. Se ruega explicar cómo prevé su legislación la derogación del artículo 36 del Acuerdo sobre
los ADPIC como se especifica en el artículo 37 de dicho Acuerdo cuando la persona que realice esos
actos no supiera o no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el
artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducidoilícitamente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC que estipula
la derogación del artículo 36 de dicho Acuerdo, la prohibición prevista en el artículo 17 de la Ley
N° 2001–20 relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados no puedeaplicarse a la persona que haya adquirido de buena fe un circuito integrado;  sin embargo, esta última
deberá una indemnización adecuada si desea proseguir la explotación comercial del circuito de que se
trate.
42. Se ruega indicar la duración de la protección otorgada por su legislación a las topografías.
La protección de un esquema de trazado de los circuitos integrados rige desde el día de la
presentación de la solicitud o desde la fecha de su primera explotación comercial, siempre que esta
explotación no exceda el plazo de dos años cuando ella  sea anterior a la presentación de la solicitud.
No obstante, la duración de la protección otorgada a las topografías se extingue al término del
segundo año civil que siga a la fecha de su entrada en vigor (artículo 18).
H. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
43. Sírvanse explicar si su legislación otorga o no un período de tiempo definido para la
protección de la información no divulgada.  En caso afirmativo, se ruega especificar la duración.
La legislación de Túnez prevé un procedimiento para identificar y proteger las informaciones
confidenciales.
44. Sírvanse explicar cómo define su legislación la información no divulgada.
Según el artículo 168 del Código del Trabajo, la información no divulgada es una información
de carácter confidencial sobre materias que se relacionan con los procedimientos de fabricación
adquiridos durante el ejercicio de funciones laborales.
Asimismo, de conformidad con el artículo 61 del Código Penal, esa información puede
referirse a una invención que interese a la defensa nacional o a informaciones, estudios oprocedimientos de fabricación relacionados con una invención de interés para la defensa.IP/C/W/331/Add.1
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45. Se ruega explicar cómo define su legislación los datos presentados a gobiernos u organismos
gubernamentales.
Los productos farmacéuticos se rigen por las Leyes 73–55 de 3 de agosto de 1973 y 85–91
de 22 de noviembre de 1985.  Se han promulgado textos de aplicación de esas Leyes, entre otros:
– el Decreto 90–1400 de 3 de septiembre de 1990, que fija normas respecto de las
prácticas adecuadas de fabricación de los medicamentos destinados a seres humanos,
del control de su calidad, su acondicionamiento, su etiquetado, su denominación y la
publicidad correspondiente;
– el Decreto 90–1401 de 3 de septiembre de 1990 que fija las modalidades de la
experimentación médica o científica relativa a los medicamentos destinados seres
humanos;
– la Resolución del Ministro de Salud Pública de 10 de septiembre de 1996 que fija las
modalidades para otorgar una autorización de comercialización de medicamentosdestinados a seres humanos, su renovación y su transferencia.
Esos textos, en conformidad con las leyes que les dieron origen, comprenden sanciones
disciplinarias, civiles y penales, contra cualquier persona que los transgreda.
La tramitación de los expedientes de medicamentos se rige por procedimientos y
disposiciones que garantizan la seguridad de las informaciones que contienen y se puede detallar en la
forma siguiente:
Recepción de expedientes:  Un inspector farmacéutico atiende en forma directa la recepción
del expediente que le presenta la persona designada para ello por el respectivo laboratorio.  A
continuación, el inspector envía una copia refrendada al interesado, quien obtiene así constancia de la
fecha de presentación de su expediente.
Evaluación de los expedientes:  Al inspector farmacéutico le corresponde la responsabilidad
de conservar los expedientes.  El expediente farmacéutico se remite al Laboratorio Nacional de
Control de Medicamentos a fin de que se pronuncie sobre la conformidad del producto con suexpediente según el estado de los conocimientos de farmacia.  El expediente clínico se confía a un
perito designado por resolución del Ministro para que elabore un informe detallado que se somete a
una comisión especializada.
Evaluación de productos similares a los registrados:  En esta evaluación la  confidencialidad
de los datos es fundamental  para evitar la utilización de los elementos contenidos en otro expediente.
El procedimiento establecido en Túnez, al igual que en la mayor parte de los países que tienen
un sistema de registro fiable, se basa en los siguientes elementos:
– no se exigen los datos clínicos de la molécula que es objeto de la segunda solicitud
porque la molécula ya se ha evaluado;
– la reglamentación exige que el producto haya obtenido en su país de origen un
derecho de comercialización (Autorización para comercializar el producto).  Cuandose trate de un país signatario de los Acuerdos de la OMC, la responsabilidad por la
observancia de las patentes incumbe al país de origen, pero, si no se ha solicitado una
patente específica, corresponderá a otro país.  Si el país no es signatario de losIP/C/W/331/Add.1
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Acuerdos de la OMC, la observancia de las disposiciones relativas a la propiedad
intelectual incumbe a Túnez;
– el solicitante de una autorización para comercializar un producto debe proporcionar
un expediente farmacéutico que comprenda métodos de análisis que deben insertarseen alguno de los criterios siguientes:
a) si el producto se describe en el marco de una farmacopea internacional, la
referencia a ésta equivale a la validación de sus métodos;
b) a falta de ese dato, el proveedor debe proporcionar, por sus propios medios,
un método válido sin que pueda remitirse a los datos del primer titular de laAutorización para comercializar el producto.
Sin embargo, cabe señalar que pueden utilizarse las publicaciones científicas, ya que la
Administración considera que los resultados que figuran en ellas han pasado al dominio público por
iniciativa del titular de la patente o de la comunidad científica internacional.
El procedimiento adoptado por Túnez está vigente desde hace más de dos décadas y ha
permitido evitar los conflictos de intereses y asegurar la confidencialidad de los datos.  Gracias a ese
procedimiento, la Administración ha adquirido el estatuto de Centro Colaborador de la OMS en
materia de registro de medicamentos y reglamentación farmacéutica.
En cuanto a la aplicación de la Ley Nº 2000–84 de 24 de agosto de 2000, relativa a los
productos farmacéuticos, se ha previsto una disposición en el artículo 103 para diferir su aplicación en
consonancia con el período de gracia fijado por la OMC.
Sin embargo, Túnez garantiza la admisibilidad de las solicitudes de patente según el mismo
acuerdo internacional.
Todos los datos antes citados y las referencias relativas a la reglamentación se publican en el
sitio Web:  www.dpm.tn .
I. OBSERVANCIA
46. Sírvanse exponer qué medidas eficaces prescribe su legislación contra la infracción de los
derechos de propiedad intelectual.
En cuanto a los actos que infringen los derechos de autor, la Ley N° 94–36 de 24 de febrero
de 1994 dispone una multa de 500 a 5.000 dinares, que se duplica en caso de reincidencia, además dela posibilidad de que se imponga al reincidente una pena de prisión de uno a seis meses.
El artículo 52 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, ha incrementado la multa que ahora
fluctúa entre 1.000 y 50.000 dinares.  Esa multa se duplica en caso de reincidencia, además de laposibilidad de que se imponga al reincidente una pena de prisión no mayor de 12 meses.
Esas sanciones pueden ir acompañadas de la confiscación de los bienes objeto de la
infracción, de su destrucción y del cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se cometió
la infracción.
En lo que respecta a las autoridades públicas encargadas de comprobar las infracciones y de
incoar el procedimiento penal, cabe precisar lo siguiente:IP/C/W/331/Add.1
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El artículo 54 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, dispone en su párrafo 1 que "el atestado de las infracciones a la presente Ley, así como la
redacción de las actas, estará a cargo de las autoridades de la policía judicial y de los funcionarios del
Ministerio de la Cultura juramentados y autorizados para esos efectos."
El artículo 54 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 ha
ampliado esas mismas prerrogativas a los funcionarios de aduanas, del control económico y de la
reglamentación municipal.
Las autoridades públicas pueden entablar acciones penales por iniciativa propia.  De este
modo, el artículo 54 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 defebrero de 1994 prevé en sus párrafos 2 y 3 que "los funcionarios antes citados pueden, previo
comprobante, incautarse de los documentos necesarios y sacar muestras de los productos falsificados
de acuerdo a las necesidades de la investigación y para establecer la prueba de la infracción.  También
pueden incautarse, a título preventivo, de los productos de los que se sospecha ser resultado de
falsificación y no ser conformes a las reglas vigentes."
La legislación de Túnez relativa a la propiedad industrial permite iniciar una acción eficaz
contra las infracciones de los derechos de propiedad industrial, entre ellas las que constituyan un
delito de falsificación que comprometa la responsabilidad civil y penal de su autor.
Además, existen sanciones adicionales, ya que el tribunal puede ordenar, por cuenta del
condenado, la fijación mediante carteles del fallo en los lugares que determine y su inserción íntegra o
resumida en los diarios que designe, así como la destrucción y la confiscación de los productos
falsificados.
47. Sírvanse explicar si su legislación contem pla o no un mecanismo para recurrir contra
decisiones administrativas finales ante órganos judiciales.
La legislación de Túnez relativa a la propiedad industrial prevé un mecanismo para apelar
contra decisiones administrativas finales ante los tribunales competentes.  El recurso consiste en una
solicitud por escrito dirigida o remitida a la secretaría del tribunal competente dentro del plazo legal.
El recurso de apelación contra decisiones administrativas finales ante los órganos judiciales se
prescribe en los artículos 27 a 33 de la Ley relativa a los esquemas de trazado de los circuitos
integrados, en los artículos 37 a 43 de la Ley relativa a las marcas de fábrica, de comercio y de
servicios, en los artículos 17 a 23 de la Ley re lativa a los dibujos y modelos industriales y en los
artículos 39 a 45 de la Ley relativa a las patentes de invención.
48. Sírvanse describir cómo autoriza su legislación a que los jueces ordenen la presentación de
pruebas por la parte contraria.  Se ruega faciliten información precisa acerca de las medidas que se
adoptan para garantizar la protección de la información confidencial.
La legislación de Túnez faculta a las autoridades judiciales para ordenar, a solicitud de una de
las partes, que la parte contraria en el litigio aporte pruebas que se encuentren bajo su control.
En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el
Presidente del tribunal está facultado para dictar providencias, a instancia de cualquiera de las partesen el litigio, con el fin de permitir la salvaguardia de los derechos e intereses que no se pueden dejar
sin protección.IP/C/W/331/Add.1
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En caso de extrema urgencia, el juez puede resolver en su domicilio las peticiones que se le
formulen.  La ejecución de las providencias así dictadas no requiere la formalidad de estampar el sello
del tribunal ni la inscripción en el registro ad hoc .  Esas formalidades se cumplen ulteriormente.
Según el artículo 101 del mismo Código, "si es necesario proceder a un peritaje y no existe
acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, éste será designado por el juez".  En la legislación
tunecina se contempla el procedimiento siguiente para proteger las informaciones confidenciales:
El artículo 253 del Código Penal dispone que "el que sin estar autorizado para ello divulgue el
contenido de una carta, un telegrama o cualquier otro documento que pertenezca a otra persona será
condenado a pena de prisión de tres meses".
El artículo 254 del Código Penal dispone que "los médicos, cirujanos y miembros de la
profesión médica, así como los farmacéuticos, las matronas y todas las demás personas que sean
depositarias, por su situación o profesión, de secretos que les fueren confiados, que, fuera de los casos
en que la ley los obliga o autoriza a formular denuncias, revelen esos secretos, serán sancionados con
pena de prisión de seis meses y multa de 500 francos."
Los diversos estatutos generales del personal del sector público someten a éste a la obligación
del secreto y la discreción profesional;  entre ellos cabe citar:
– el estatuto general del personal del Estado, de las colectividades públicas locales y de
los establecimientos públicos de carácter administrativo;
– el estatuto general de los funcionarios públicos, de los funcionarios de
establecimientos públicos de carácter industrial y comercial y de las sociedades cuyo
capital pertenece directa y totalmente al Estado o a las colectividades públicas;
– el estatuto general de los magistrados ;– el estatuto general del personal de aduanas;– el estatuto general del personal de las fuerzas de seguridad interior.
Por otra parte, el artículo 168 del Código del Trabajo dispone que:
"Los miembros de la comisión consultiva de empresa y los delegados del personal están
obligados a guardar el secreto profesional con respecto a todas las informaciones de carácter
confidencial que conozcan durante el desempeño de sus funciones y con respecto a todas lascuestiones relacionadas con los procedimientos de fabricación.
En caso de infracción, esas personas incurren en las sanciones previstas en los artículos 138
y 254 del Código Penal."
El artículo 138 del Código Penal prevé "además de una multa, una pena de prisión de dos
años para sancionar al director, al empleado o al obrero de una fábrica que divulgue o comunique los
secretos de fabricación.  La tentativa de cometer ese delito es igualmente punible".
El artículo 254, tal como se indicó supra, sanciona a los depositarios de documentos
pertenecientes a terceros que no respeten su carácter secreto con pena de prisión de seis meses y
multa.IP/C/W/331/Add.1
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A tenor del artículo 85 de la Ley Nº 2000–84 de 24 de agosto de 2000, relativa a la protección
de las invenciones, los jueces están facultados para ordenar que la parte contraria en el litigio presente
los elementos de prueba cuando el objeto de la patente sea el procedimiento de fabricación del
producto.
En efecto, en ese caso el tribunal está facultado para ordenar al demandado que pruebe que el
procedimiento utilizado para obtener un producto idéntico es distinto del procedimiento patentado.
De ese modo, y en caso en que se aporte la prueba en contrario, el artículo 85 de la Ley antes
citada prevé en su párrafo 3 que "se tomarán en consideración los intereses legítimos del demandado a
fin de proteger sus secretos de fabricación y de comercio".
49. Sírvanse citar las disposiciones de su legislación que autorizan a los jueces a ordenar a un
demandado que desista de una infracción.
La legislación de Túnez prevé que las autoridades judiciales están facultadas para ordenar al
demandado que desista de infringir un derecho mediante distintos tipos de resoluciones, a saber, losautos provisionales, mandamientos de pago y sentencias definitivas.
Según el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, "el tribunal podrá, si lo
estima necesario, disponer que el juez informante proceda a efectuar cualquier diligencia de
instrucción, como la indagatoria, la inspección ocular, el peritaje, la tacha de falsedad o cualquier otradiligencia útil para poner en evidencia la verdad."
El juez informante puede, durante la vista y en presencia de las partes, fijar la fecha de la
diligencia de instrucción prescrita, y precisar el día y la hora de la comparecencia de las partes en su
despacho o en el lugar del litigio o en cualquier otro lugar.
El artículo 225 del mismo Código dispone qu e "el tribunal podrá ordenar de oficio, en
cualquier caso, la intervención de un tercero en el procedimiento cuando juzgue que la presencia de
éste es indispensable para la apreciación del litigio".
Si es necesario proceder a un peritaje y no existe acuerdo entre las partes sobre la elección del
perito, éste será designado por el juez.
El procedimiento de urgencia:El artículo 201 del Código de Procedimiento Civil y Comercial (CPCC) dispone:
"En todos los casos urgentes se adoptarán medidas precautorias, sin prejuzgar en cuanto a lo
principal.
El Presidente del Tribunal de primera instancia o su delegado, así como el juez cantonal
cuando sea competente con arreglo a la Ley, están facultados para dictar medidas precautorias(artículo 202 del Código de Procedimiento Civil y Comercial).
Las providencias de urgencia se hacen ejecutorias transcurridas 24 horas de su notificación
personal, excepto en el caso en que el juez conceda un plazo de gracia.
La ejecución se lleva a cabo sin garantía, a menos que el juez haya ordenado que se
constituya una (artículo 207 del Código de Procedimiento Civil y Comercial)."IP/C/W/331/Add.1
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El mandamiento de pago
Con arreglo a lo previsto en el artículo 59 del CPCC, toda demanda de pago de un crédito
puede tramitarse según el procedimiento del mandamiento de pago cuando ésta, con independencia de
su naturaleza, sea de una cuantía determinada y tenga una causa contractual.
La sentencia
(La Ley prevé tres grados de jurisdicción:  la primera instancia, la apelación y la casación.)La sentencia no tiene carácter definitivo si es apelable.  No obstante, siempre puede ordenarse
su cumplimiento provisional con o sin depósito de fianza, según las circunstancias de la causa(artículos 126 y 286 del CPCC).
La sentencia definitiva
La sentencia definitiva (después de que se agotan los recursos y se extinguen los plazos para
entablar recursos) pone fin a la acción al resolver la cuestión controvertida que ha sido objeto del
litigio.
Los jueces están facultados para ordenar a un demandado que desista de infringir un derecho
dictando un auto provisional.
En efecto, y debido a la urgencia que reviste cualquier dificultad relativa al cumplimiento de
las resoluciones dictadas o de un título ejecutivo, el Presidente del tribunal competente o su delegado,
que resuelve en calidad de juez de recursos de urgencia, pueden adoptar medidas de conformidad con
las disposiciones de los artículos 201 y 210 del Código de Procedimiento Civil y Comercial (CPCC).
Asimismo, el artículo 87 de la Ley Nº 2000–84 relativa a las patentes dispone especialmente
que "cuando el tribunal conoce una acción por falsificación de una invención materia de una patente,
su Presidente, al conocer y resolver recursos de urgencia, puede prohibir, a título provisional y
obligatorio, la continuación de los presuntos actos de falsificación, o supeditar su continuación a la
constitución de garantías con el fin de asegurar la indemnización del titular de la patente".  Esta
disposición existe también en la Ley relativa a las marcas, en especial en su artículo 49.
50. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al
titular del derecho del resarcimiento adecuado de daños para compensarle por el perjuicio sufrido.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 82 y 83 del Código de las Obligaciones y de los
Contratos (COC), cualquier perjuicio material o mo ral, causado intencional o voluntariamente a otro,
obliga a su autor a compensar dicho perjuicio, cuando quede establecido que ese hecho es su causa
directa.
Con ese espíritu, en los artículos 82 de la Ley relativa a las patentes, 34 de la Ley relativa a la
protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, 24 de la Ley relativa a la protección
de los dibujos y modelos industriales y 44 de la Ley relativa a la protección de las marcas de fábrica,
de comercio y de servicios se dispone que la falsificación compromete la responsabilidad civil de su
autor.
51. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago de
los gastos al titular del derecho por parte del infractor.IP/C/W/331/Add.1
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Por regla general, el derecho común (el Código de las Obligaciones y de los Contratos)
permite el resarcimiento de los perjuicios sufridos, incluidos por ejemplo los honorarios de los
abogados.
Asimismo, conforme al artículo 191 del Código de Procedimiento Penal (CPP) "el condenado
debe pagar las costas procesales."
52. Sírvanse explicar si los jueces tienen, y de qué modo, la competencia de ordenar que las
mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas.
El artículo 55 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, faculta a la jurisdicción competente para ordenar de oficio o a instancia de parte laconfiscación o la destrucción de las copias fraudulentas y el cierre temporal o definitivo del
establecimiento en el que se cometió la infracción.
En lo que concierne a la propiedad industrial, y además del decomiso, los jueces están
facultados para ordenar que las mercancías infractoras se aparten de los circuitos comerciales, seandestruidas o confiscadas.  Esas medidas se prevén en el artículo 26 de la Ley de 6 de febrero de 2001,
relativa a la protección de los dibujos y modelos industriales;  el artículo 36 de la Ley de 6 de febrero
de 2001, relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, y el
artículo 55 de la Ley de 17 de abril de 2001, relativa a la protección de las marcas de fábrica, de
comercio y de servicios.
53. Sírvanse citar qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a indemnizar a un
demandado en caso de abuso por parte del demandante.
Corresponde al demandado entablar una acción de resarcimiento por todos los perjuicios que
le habría causado un procedimiento abusivo e injustificado incoado en su contra.  El derecho común
faculta al demandado para ejercer esa acción ante las autoridades judiciales.
Por otra parte, el artículo 50–4 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36,
de 24 de febrero de 1994, dispone que:  "A reserva del cumplimiento de todas las formalidades
aduaneras, queda anulada de pleno derecho la medida de retención de los productos si el autor, el
titular de los derechos conexos o su representante no justifican ante los servicios aduaneros, en elplazo de 10 días contado desde la notificación de la retención de los productos que:  "es el tribunal
competente quien fija el depósito de fianza"."
Se trata de consignar un depósito de fianza suficiente para cubrir su responsabilidad frente a
las personas afectadas, en el caso en que se estableciera más tarde que los productos de que se trate noinfringen el derecho de autor o los derechos conexos.  Esa fianza sirve para garantizar, al menos
parcialmente, la indemnización del demandado fijada por los tribunales en virtud del derecho común y
tiene por propósito desalentar a priori los recursos abusivos e injustificados.
En materia de propiedad industrial, la legislación tunecina faculta a los jueces para ordenar
que se indemnice a un demandado en caso de uso abusivo de los procedimientos de observancia de los
derechos del demandante.  Esa facultad se contempla en los artículos 86 y 87 de la Ley relativa a las
patentes de invención, el artículo 38 de la Ley relativa a la protección de los esquemas de trazado de
los circuitos integrados, el artículo 28 de la Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos
industriales, y el artículo 50 de la Ley relativa a la protección de las marcas.
Esos artículos prevén que cuando el tribunal conoce de una acción por falsificación, el juez
puede prohibir, a título provisional y bajo pena de multa, la continuación de los presuntos actos de
falsificación, o supeditar su continuación a la constitución de garantías destinadas a asegurar laIP/C/W/331/Add.1
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eventual indemnización por los daños y perjuicios que sufra el demandado si, con posterioridad, la
acción incoada por falsificación se considera infundada.
54. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
De conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, en particular su
artículo 50, que faculta a las autoridades judiciales para ordenar la adopción de medidas provisionales,
rápidas y eficaces, la legislación general (el derecho común) permite actuar por la vía del
procedimiento de urgencia y mediante resoluciones dictadas a instancia de parte, como antes se ha
indicado, a los efectos de adoptar las medidas provisionales adecuadas.
Para impedir que se cometa un acto que infrinja un derecho de propiedad intelectual, los
artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civil y Comercial facultan al Presidente del tribunal
para dictar providencias, a instancia de cualquiera de las partes en el litigio, con el fin de permitir la
salvaguardia de los derechos e intereses que no se pueden dejar sin protección.
En caso de extrema urgencia, el juez puede resolver en su domicilio las peticiones que se le
formulen.  La ejecución de las providencias así dictadas no requiere la formalidad de estampar el sello
del tribunal ni a la inscripción en el registro ad hoc .  Esas formalidades se cumplen ulteriormente.
Las providencias que se dictan a petición de parte quedan dispensadas de la formalidad de
registro y los fedatarios–notarios las ejecutan de inmediato.  La solicitud de revocación de la
providencia no suspende su ejecución.
Para salvaguardar los elementos de prueba pertinentes, el artículo 86 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial (CPCC) dispone que "el tribunal podrá, si lo estima necesario,disponer que el juez informante proceda a efectu ar cualquier diligencia de instrucción, como la
indagatoria, la inspección ocular, el peritaje, la tacha de falsedad o cualquier otra diligencia útil para
poner en evidencia la verdad".  Las autoridades están facultadas para adoptar medidas provisionales
sin oír a la otra parte en los casos que juzguen apropiados.  Por consiguiente, el artículo 207 del CPCC
prevé que:  "en caso de extrema urgencia, el juez podrá ordenar la ejecución de la medida con base en
la minuta y antes de su registro.  Asimismo, podrá ordenar esa ejecución sin previa notificación
personal".  Las autoridades judiciales también tienen atribuciones para exigir al demandante queaporte todos los elementos probatorios de que pueda razonablemente disponer.
El artículo 12 del CPCC dispone además que "el tribunal no está obligado a constituir,
completar o aducir los medios de prueba que sirvan de apoyo a las pretensiones de las partes".  Esa
obligación incumbe al demandante que debe aportar todos los elementos probatorios.
Las autoridades judiciales pueden ordenar que se constituya previamente una caución para
proteger al demandado contra cualquier abuso.  El  artículo 54–1 del proyecto de ley que modifica y
completa la Ley N° 94–36, de 24 febrero de 1994, prevé en su párrafo 5 que "el Presidente del
tribunal competente podrá, en virtud de una resolución dictada a instancia de parte, ordenar que eldemandante constituya previamente una caución."
En caso de que se hayan adoptado las medidas provisionales sin oír a la otra parte, se
procederá a notificar a las partes afectadas.  Esas medidas podrán revocarse si no se dicta, en un plazo
razonable, una resolución sobre el fondo en el sentido previsto en el artículo 54 (nuevo) del proyectode ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad
literaria y artística, que dispone:  "el atestado debe comprender la fecha y el lugar del acta de
comprobación o de la incautación, y de la información del contraventor o su representante acerca delIP/C/W/331/Add.1
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objeto de la infracción comprobada o de la incautación si se encontrare presente, o se le ha de enviar
una copia del atestado por carta certificada en caso de ausencia".
Los atestados del acta de comprobación y de la incautación se envían en un plazo de siete días
al Procurador de la República, quien los transmite al tribunal competente para que resuelva sobre laaprobación o el alzamiento de la incautación en un plazo que no debe exceder de un mes contado
desde la fecha en que se efectúe la incautación.  En el caso en que el tribunal no disponga la
incautación en los plazos prescritos, la incautación se alza de pleno derecho."
En caso de que se compruebe posteriormente que no hubo infracción o amenaza de infracción
de un derecho, el derecho común permite, por regla general, la indemnización de los perjuicios
morales y materiales sufridos y se puede entablar una acción para exigir el resarcimiento del perjuicioconsecutivo a una acción abusiva e injustificada.
El tribunal que conoce de una acción por falsificación de una invención materia de una
patente puede prohibir, a título provisional y bajo pena de multa, la continuación de los presuntos
actos de falsificación, o supeditar su continuación a la constitución de garantías con el fin de asegurarla indemnización del titular de la patente (artículo 87 de la Ley relativa a las patentes).  Esta
disposición existe también en la Ley relativa a la protección de las marcas de fábrica y de comercio
(artículo 49).
Además, la demanda de prohibición o de constitución de garantías antes citada sólo se admite
si la acción aparece revestida de seriedad en cuanto al fondo y se entabla en un plazo de un mes
contado desde el día en que el titular de un derecho de propiedad industrial tuvo conocimiento de los
hechos que sirven de fundamento a la acción.
El juez también puede supeditar la prohibición a la constitución de garantías por el
querellante destinadas a asegurar la eventual indemnización de perjuicios sufridos por el querellado si
posteriormente se juzga infundada la acción por falsificación.
55. Sírvanse exponer las autoridades competentes en su jurisdicción que reciben de los titulares
de derechos solicitudes de que se suspenda el despacho por las autoridades aduaneras de mercancías
falsificadas.
Según la legislación tunecina sobre la propiedad industrial relacionada con las medidas en
frontera, los titulares de derechos pueden presentar a las autoridades aduaneras una solicitud para que
suspendan el despacho de mercancías falsificadas.  (De conformidad con el artículo 39 de la Ley
relativa a las topografías, el artículo 91 de la Ley relativa a las patentes, el artículo 56 de la Ley
relativa a las marcas y el artículo 31 de la Ley relativa a los dibujos y modelos industriales.)
En la resolución del Ministro de Finanzas de 3 de diciembre de 2001, que fija la forma de la
solicitud por escrito de que se suspenda el despacho de aduana de la importación de los productos que
comprendan une marca de fábrica, de comercio y de servicios falsificada y las modalidades de su
presentación a los servicios de aduanas, se precisa que la solicitud debe presentarse en la sede de laDirección General de Aduanas de Túnez.
No obstante, la medida de retención de los productos se levanta de pleno derecho si el
demandante no justifica ante la Administración de Aduanas, en el plazo de 10 días hábiles contado
desde la notificación de la retención de los productos, que recurrió por la vía civil o correccional altribunal competente, que el Presidente de ese tribunal dictó medidas precautorias y que consignó una
caución suficiente para cubrir su responsabilidad respecto de las personas afectadas.IP/C/W/331/Add.1
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56. Sírvanse indicar si existen o no procedimientos para suspender la exportación de mercancías
falsificadas.
Las disposiciones relativas a las medidas en frontera contempladas en todas las leyes
tunecinas que versan sobre propiedad industrial no prevén procedimientos para suspender laexportación de mercancías falsificadas.
57. Sírvanse indicar si su legislación contempla o no una excepción para las importaciones
de minimis .
La legislación de Túnez relativa a la propiedad industrial, en particular los artículos 99 de la
Ley de patentes, 47 de la Ley relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitosintegrados, 39 de la Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos industriales y 64 de la Ley
relativa a la protección de las marcas, prevé expresamente que las disposiciones relativas a las
medidas en frontera no se aplican a las mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte
del equipaje personal de los viajeros, siempre que no excedan las cantidades fijadas por las leyes y los
reglamentos vigentes.
58. Sírvanse explicar cómo se aplica en su legislación el artículo 61 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
En lo que concierne a los derechos de autor, fuera de la indemnización por daños y perjuicios
en materia civil, el artículo 52 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994 dispone una multa de 500
a 5.000 dinares, que se duplica en caso de reincidencia, además de la posibilidad de que se aplique al
reincidente una pena de prisión de uno a seis meses.
El artículo 52 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, ha aumentado la multa y la ha fijado entre
1.000 y 50.000 dinares.  En caso de reincidencia, la multa se duplica, además de la posibilidad de
aplicar al reincidente una pena de prisión de uno a 12 meses.  Además de estas sanciones, se puede
ordenar la incautación de los bienes infractores, su destrucción y el cierre temporal o definitivo del
establecimiento en que se cometió la infracción.
El párrafo 1 del artículo 54 de la Ley Nº 94–36 del 24 de febrero de 1994, relativa a la
propiedad literaria y artística, señala las autoridades públicas encargadas de verificar las infracciones
e incoar el procedimiento penal, al disponer que:  "el atestado de las infracciones a la presente Ley, así
como la redacción de la actas, estará a cargo de las autoridades de la policía judicial y de los
funcionarios del Ministerio de la Cultura juramentados y autorizados para esos efectos".
El artículo 54 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 ha
conferido esas mismas prerrogativas a los funcionarios encargados de las aduanas, la fiscalización
económica y la reglamentación municipal.
Las autoridades públicas pueden entablar procedimientos penales de iniciativa propia.  Al
respecto, los párrafos 2 y 3 del artículo 54 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la
Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, estipulan que:  "los
funcionarios antes citados pueden, previo comprobante, incautarse de los documentos necesarios y
sacar muestras de los productos falsificados de acuerdo a las exigencias de la investigación y para
establecer la prueba de la infracción.  También pueden incautarse, a título preventivo, de losproductos de los que se sospeche ser resultado de falsificación y no ser conformes a las reglas
vigentes".IP/C/W/331/Add.1
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Todo el que infrinja los derechos comprendidos en la esfera de la propiedad industrial será
sometido a proceso e incurrirá en sanciones civiles y penales.
El delito de falsificación se sanciona con una multa de 5.000 a 50.000 dinares (artículo 51 de
la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, relativa a la protección de las marcas de fábrica, decomercio y de servicios;  artículo 24 de la Ley N° 2001–21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la
protección de los dibujos y modelos industriales;  artículo 83 de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto
de 2000, relativa a las patentes de invención) y una multa de 1.000 a 50.000 dinares (artículo 34 de la
Ley N° 2001–20 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección de los esquemas de trazado de los
circuitos integrados), además de una multa de 500 a 2.000 dinares que se aplicará a cualquiera que
haga figurar en sus documentos comerciales, sus anuncios o sus productos una mención destinada a
hacer creer que se ha presentado una solicitud de esquema de trazado de los circuitos integrados.
Asimismo, cabe señalar que la reincidencia en todas esas infracciones se sanciona con una
pena de prisión de uno a seis meses, además de la multa que se duplica.
Además, el tribunal puede, en caso de dictar condena, ordenar la destrucción, la eliminación
de los circuitos comerciales y la confiscación de los productos incriminados (artículo 36 de la Ley
relativa a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, artículo 26 de la Ley relativa a los
dibujos y modelos industriales, artículo 55 de la Ley relativa a las marcas de fábrica, de comercio y de
servicios).
La legislación de Túnez también contempla la incautación de los productos falsificados
(artículo 86 de la Ley relativa a las patentes, artículo 38 de la Ley relativa a los esquemas de trazado
de los circuitos integrados, artículo 28 de la Ley relativa a los dibujos y modelos industriales y
artículo 50 de la Ley relativa a las marcas de fábrica, de comercio y de servicios).
ESTADOS UNIDOS
A. D
ISPOSICIONES GENERALES
1. Sírvanse describir, en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la protección de las obtenciones vegetales, de
qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de losotros Miembros de la OMC.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 de la Ley de patentes, 17 y 18 de la Ley
de Marcas, 5 de la Ley de dibujos y modelos industriales y 6 de la Ley relativa a los esquemas de
trazado de los circuitos integrados, los extranjeros, al igual que los nacionales, pueden exigir laprotección de todos los aspectos de la propiedad industrial, siempre que se aplique el principio de la
reciprocidad.
Esas mismas disposiciones figuran también en el párrafo 2 del artículo 15 de la Ley N° 99–42
de 10 mayo de 1999, relativa a las semillas, plantas y obtenciones vegetales.
El artículo 57 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística, dispone que "las obras extranjeras podrán gozar de protección siempre que los respectivos
países acuerden una protección equivalente a las obras de los nacionales tunecinos".
En ese sentido, se señala igualmente que el último párrafo del artículo 56 (nuevo) del
proyecto de ley que modifica y complementa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la
propiedad literaria y artística, prescribe que "las disposiciones de la presente Ley sobre derecho deIP/C/W/331/Add.1
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autor se aplican a las obras que gozan de protección en virtud de una convención internacional en la
que el Estado de Túnez sea parte".
Asimismo, el último párrafo del artículo 57 (nuevo) del proyecto de ley antes citado estipula
que "las disposiciones de la presente Ley se aplican también a las interpretaciones o ejecuciones, a losfonogramas o videogramas y a las emisiones de radiodifusión protegidos en virtud de una convención
internacional en la que el Estado de Túnez sea parte".
B. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Sírvanse explicar si la legislación sobre derecho de autor de Túnez cumple y en qué forma lo
dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que los Miembros observarán
los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971), excepto el artículo 6 bis, ya que ningún Miembro
tiene derechos ni obligaciones respecto de este último en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.
Túnez forma parte de los 10 países fundadores del Convenio de Berna de 1886 y también es
miembro de la OMC.  El artículo 9 del Acue rdo sobre los ADPIC dispone:  "Los Miembros
observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el apéndice del mismo.
No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones
respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 bis de dicho Convenio ni respecto de los
derechos que se derivan del mismo."
El artículo 6 bis del Convenio de Berna versa sobre los derechos morales del autor (derecho
de reivindicar la paternidad de la obra;  derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a
otros atentados a la misma;  duración de la protección;  medios procesales para la defensa de sus
derechos).  Ahora bien, el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que:
"Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligacionesque los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la
Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados."
De este modo, un Miembro de la OMC que no sea parte del Convenio de Berna no está
obligado a observar las disposiciones de éste sobre los derechos morales, en tanto que un Miembro de
la OMC que también sea parte del Convenio de Berna (como es el caso de Túnez) está obligado aaplicar esas disposiciones concernientes a los derechos morales.
3. Sírvanse explicar cómo protege la legislación sobre derecho de autor de Túnez los
programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos, tal como lo exige el
artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En lo que respecta a la protección de los programas de ordenador:
El artículo 1 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y
artística cita los "soportes lógicos" (que se han de interpretar como programas de ordenador según lo
establecen los trabajos preparatorios de la Ley) entre las obras comprendidas por el derecho de autor.De este modo, todas las disposiciones de carácter general relativas al derecho de autor, a las
prerrogativas que éste confiere, a las obligaciones que genera, a los procedimientos de comprobación
de infracciones y sus respectivas sanciones son aplicables a los programas de ordenador en la medida
en que ellas no se contrapongan a las disposiciones del capítulo VII de la Ley especial sobre los
"soportes lógicos".  A este respecto, se puede mencionar a título indicativo que:IP/C/W/331/Add.1
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1) El derecho de autor se ejerce en relación con los programas de ordenador tanto en su
forma original como en su forma derivada.
El autor presunto del programa de ordenador es aquel en cuyo nombre se ha
divulgado el programa.
2) El programa elaborado en el ejercicio de sus funciones por los asalariados de un
organismo empleador pertenece a este último.  En lo que concierne a los asalariados
del sector público, la Ley relativa a la investigación científica (Ley N° 96–6 de 31 de
enero de 1996, modificada por la Ley Nº 2000–68 de 17 de julio de 2000 y sus textos
de aplicación), permite a los asalariados beneficiarse de algunas ventajas y estímulos
durante la explotación de los resultados de sus investigaciones.
3) El programa de ordenador realizado por encargo y su documentación pertenecen al
productor.
4) El autor del programa de ordenador goza del derecho exclusivo de realizar, autorizar
o prohibir ciertos actos que atañen a su obra (su reproducción, su comunicación al
público, su transmisión y su adaptación).
5) El programa de ordenador confiere a su autor los derechos patrimoniales y morales
vinculados al derecho de autor.
6) La autorización concedida por el autor debe adoptar la forma de un contrato escrito
que comprenda algunas estipulaciones obligatorias.
7) Los derechos patrimoniales pueden cederse en todo o en parte.  La cesión de las obras
que aún no se han realizado es nula.
8) La adaptación de los programas de ordenador sólo puede efectuarse dentro del límite
de los derechos cedidos por el autor.
9) Salvo autorización expresa y con excepción de una copia de salvaguardia, el usuario
de un programa adquirido lícitamente no puede producir copias del mismo.
10) La duración de la protección de los programas de ordenador establecida en la Ley
N° 94–36, de 24 de febrero de 1994 es de 25 a ños.  De conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo sobre los ADPIC, ratificado por la Ley N° 95–6 de 23 de enero
de 1995, el proyecto de ley que modifica la Ley N° 94–36 ha ampliado ese plazo a50 años.
En lo referente a la protección de las compilaciones de datos (o bases de datos):
La Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994 (en sus artículos 1 y 6) protege implícitamente las
compilaciones de datos.  En el proyecto de enmienda de esa Ley, se han previsto expresamente
disposiciones sobre esta materia en virtud de la enmienda al párrafo 2 del artículo 6 que ahora
establece que los autores de obras, tales como enciclopedias o antologías, colecciones de expresiones
del folklore o bases de datos, que, por razones de la selección o la disposición de sus contenidos
constituyan creaciones de carácter intelectual, gozarán de la protección sin perjuicio de los derechosdel autor de la obra original.IP/C/W/331/Add.1
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4. El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirán derechos de
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas.  Sírvanse
citar la correspondiente disposición de la legislación sobre derecho de autor de Túnez.
La Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, rige esa
materia.  No obstante, esa Ley no se refiere en forma expresa al derecho de arrendamiento, pero sin
que por ello éste quede excluido.
En virtud de la legislación general de Túnez, el "derecho de arrendamiento forma parte de los
derechos conferidos al titular del derecho de propiedad de una cosa, quien tiene el derecho exclusivo
de usar, gozar y disponer de ella" (artículo 17 del Código de Derechos Reales).  En consecuencia, "el
propietario" del programa de ordenador o de la obra cinematográfica está facultado para arrendarlos.Esa disposición fue expresamente contemplada en el marco de la legislación especial relativa al
derecho de autor y los derechos conexos.  En efecto, el párrafo 1 del artículo 9 del proyecto de ley que
modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, que se aplica a todas las obras
protegidas, reconoce al autor el derecho exclusivo de explotar su obra o de autorizar a terceros para
hacerlo, mediante la realización de cualquiera de los siguientes actos:
a) reproducir la obra;b) comunicar la obra al público;
c) explotar materialmente la obra en general y en cualquiera de sus formas, con
inclusión del arrendamiento del original y de sus copias.
5.  Sírvanse indicar la duración y las condiciones de la protección que establece la legislación
sobre derecho de autor de Túnez para una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado y citar ladisposición legal pertinente.
El artículo 18 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994 protege el derecho de autor
durante toda la vida del autor y 50 años contados del 1º de enero del año siguiente al de su
fallecimiento o de la sentencia declarativa de su deceso o desaparición.
En cuanto a las obras anónimas, ese plazo se cuenta a partir de la fecha de divulgación de la
obra.  El plazo de protección es de 25 años para las obras fotográficas y los programas de ordenador a
contar de la creación de la obra.
El proyecto de ley que modifica y comple ta la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994,
relativa a la propiedad literaria y artística, ha unificado el plazo de protección en materia de derechode autor.  Su duración es de 50 años.  El artículo 18 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y
completa la Ley N° 94–36, de 24 de febrero de 1994, prevé que "la protección de los derechos
patrimoniales del autor dura toda su vida y 50 años después, a contar del 1º de enero del año siguiente
al de su fallecimiento o, en caso de ausencia o desaparición, desde la fecha establecida en la sentencia
declarativa de su deceso".
En lo que atañe a las obras realizadas en colaboración, la protección dura 50 años a contar del
1º de enero del año siguiente al del fallecimiento del último autor sobreviviente o, en caso de ausencia
o desaparición, desde la fecha establecida en la sentencia declarativa de su deceso.
En cuanto a las obras anónimas o seudónimas, la protección dura 50 años a contar del 1º de
enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En ese caso el derecho de autor lo
ejerce el editor o el distribuidor de la obra si el seudónimo no oculta al público la identidad del autor oIP/C/W/331/Add.1
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cuando el autor de una obra anónima o seudónima revele su verdadera identidad.  Durante el período
ya indicado, la duración de la protección es la prevista en el párrafo 2 del citado artículo.
Con respecto a las obras publicadas después de la muerte de su autor, la protección dura
50 años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la primera publicación de la obra.  En tal casoel derecho de autor se ejercerá sucesivamente por el albacea testamentario, los descendientes, el
cónyuge o cualquier otro heredero a quien corresponda el derecho.
En lo concerniente a las obras fotográficas, el nuevo artículo 19 estipula una protección de
50 años a contar de la fecha de la realización de la obra.  La misma duración se prevé para los
soportes lógicos (programas de ordenador) (nuevo artículo 47).  En cuanto a las obras
cinematográficas o audiovisuales, la protección también dura 50 años a contar de la primerarepresentación pública lícita de la obra.  A falta de representación, la protección es de 50 años a contar
de la fecha de realización de la primera copia de referencia (párrafo 1 del artículo 42 del proyecto de
ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad
literaria y artística).
6. Sírvanse describir la protección que otorga la legislación sobre derecho de autor de Túnez a
los artistas intérpretes o ejecutantes y la duración de la protección.
Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan de la protección que les brindan la legislación
general de Túnez y los Acuerdos de la Ronda Uruguay ratificados por la Ley N° 95–6 de 23 de enerode 1995.
El proyecto de ley que modifica y completa la Ley Nº 94–36 de 24 de febrero de 1994,
relativa a la propiedad literaria y artística, ha previsto disposiciones especiales en materia de
protección para los artistas intérpretes o ejecutantes.  Por consiguiente, en el párrafo 3 del artículo 47del proyecto de ley se dispone que "los artistas intérpretes o ejecutantes gozan de los siguientes
derechos morales y patrimoniales:
Los derechos morales:
El derecho de ser mencionados, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones sonoras o
audiovisuales en vivo o fijadas en fonogramas, como artistas intérpretes o ejecutantes, salvo cuando laforma de utilización de la interpretación o de la ejecución imponga que se prescinda de esa mención.
El derecho de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus
interpretaciones o ejecuciones que resulte perjudicial a su reputación.  Esos derechos son inalienables,
imprescriptibles e irrenunciables.
Los derechos patrimoniales:
– El derecho de radiodifundir y comunicar al público sus interpretaciones o ejecuciones
no fijadas, excepto cuando la interpretación o la ejecución ya sea una interpretación o
ejecución radiodifundida;
– el derecho de fijar sus ejecuciones no fijadas;– el derecho de reproducir directa o indirectamente sus interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas o videogramas de cualquier manera y en la forma que sea;
– el derecho de distribuir al público el original y las copias de sus interpretaciones o
ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas mediante la venta y todas las otras
formas de transferir la propiedad:IP/C/W/331/Add.1
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– el derecho de arrendar comercialmente al público el original y las copias de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas, aun después de
la distribución de éstos por los propios artistas o con su autorización;
– el derecho de poner a disposición del público, por medios alámbricos o inalámbricos,
sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o videogramas de modo que
cualquiera pueda tener acceso a ellas en el lugar y en el momento que elija
individualmente."
Esos derechos patrimoniales constituyen derechos exclusivos reconocidos a los artistas
intérpretes o ejecutantes para autorizar la explotación integral o parcial de sus interpretaciones oejecuciones.
El plazo de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes
es de 50 años a contar del 1º de enero del año siguiente a aquél en que quedó fijada la interpretación o
la ejecución en un fonograma o en un videograma.
7. El párrafo 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores de
fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus
fonogramas.  El referido párrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el derecho de
autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus
fonogramas.  Sírvanse describir cómo la legislación sobre derecho de autor de Túnez da
cumplimiento a esas obligaciones e indicar la duración de la protección.
Además de lo que ya se ha dicho respecto del derecho de arrendamiento consagrado en la
legislación general para los programas de ordenador y que también es válido para los productores defonogramas, procede señalar que el párrafo 5 del artículo 47 del proyecto de ley, que modifica y
completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, ha reconocido a los productores de fonogramas o
de videogramas los siguientes derechos:
– El derecho de reproducir directa o indirectamente sus fonogramas o videogramas de
cualquier manera y en la forma que sea;
– el derecho de distribuir al público el original y las copias de sus fonogramas o
videogramas mediante la venta o cualquier otra forma de transferir la propiedad;
– el derecho de arrendar comercialmente al público el original y las copias de sus
fonogramas o videogramas, aun después de la distribución de éstos por los propiosproductores o con su autorización;
– el derecho de poner a disposición del público, por medios alámbricos o inalámbricos,
sus fonogramas o videogramas de modo que cualquiera pueda tener acceso a ellos en
el lugar y en el momento que elija individualmente.
Esos derechos, reconocidos a los productores de fonogramas o videogramas, constituyen
derechos exclusivos para autorizar la explotación en todo o en parte de sus fonogramas o
videogramas.
El plazo de la protección de los derechos de los productores de fonogramas o videogramas es
de 50 años a contar del año siguiente al de la publicación del fonograma o el videograma o, a falta de
dicha publicación, un plazo de 50 años a contar del 1º de enero del año siguiente al de la fijación del
fonograma o del videograma.IP/C/W/331/Add.1
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C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
8. Sírvanse describir las materias que pueden constituir marca de fábrica o de comercio de
conformidad con la legislación tunecina sobre marcas.
De conformidad con las disposiciones del artículo 2 de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril
de 2001, relativa a la protección de las marcas de fabrica, de comercio y de servicios, los signos
susceptibles de ser registrados como marcas de fábrica o de comercio son:
– las denominaciones en todas sus formas, como las palabras, los conjuntos de palabras,
los patronímicos, los nombres geográficos, los seudónimos, las letras, las cifras y las
siglas;
– los signos figurativos, tales como los dibujos, los relieves, las formas, en especial las
del producto o de su envase o embalaje, o las que caracterizan a los servicios, las
disposiciones, las combinaciones o los matices de los colores;
– los signos sonoros, como los sonidos y las frases musicales.
9. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Túnez para registrar una marca
de fábrica o de comercio citando las disposiciones pertinentes de la ley, y describir los derechos que
puede ejercer el titular de una marca registrada.
Según el artículo 7 de la Ley de marcas, la solicitud de registro de una marca se presenta al
Organismo encargado de la propiedad industrial.  Esta solicitud debe ir acompañada de un expediente
que contenga diversos documentos e indicaciones (artículo 1 del Decreto N° 2001–1603 de 11 de julio
de 2001).
Una vez que se reúnan todos los documentos exigidos, se procede a admitir, validar y publicar
el expediente de presentación en un plazo máximo de 12 meses, a contar de la fecha de su
presentación en el boletín oficial del Organismo (artículo 9 de la Ley).
En los dos meses posteriores a la publicación, el interesado puede oponerse a la solicitud de
registro de una marca.  Como consecuencia de su oposición, se inicia un procedimiento deconciliación.
Si no se presenta oposición, la marca será registrada y publicada en un plazo máximo de
12 meses a contar desde la fecha del registro (artículo 13).
En virtud de los artículos 6, 21, 22 y 23 de la citada Ley, el registro de la marca confiere a su
titular el derecho de propiedad de la misma.  Como corolario de ese derecho, el titular de la marca
podrá prohibir a terceros los siguientes actos:
– la reproducción, el uso o la fijación de la marca protegida;– la supresión o la modificación de la marca protegida;– la imitación y el uso de una marca imitada para productos o servicios idénticos o
similares a los designados en el registro.
10. Sírvanse indicar la duración y las modalidades de la protección que prevé la legislación
sobre marcas de fábrica y de comercio de Túnez para una marca de fábrica o de comercio.IP/C/W/331/Add.1
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Con arreglo a las disposiciones del artículo 6 de la Ley de Marcas, el registro de la marca
surte efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud, que se extiende por un plazo de
10 años renovable en forma indefinida.
D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS
11. Sírvanse describir en detalle cómo dispone la legislación tunecina el reconocimiento y la
protección de las indicaciones geográficas exigidos por el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC, citando las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, y dar ejemplos de
indicaciones geográficas así protegidas.
El artículo 4 de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, relativa a la protección de las
marcas de fábrica, de comercio y de servicios prev é, como lo exige el párrafo 2 del artículo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que no podrá adoptarse como marca o elemento de una marca cualquier
signo que induzca al público a error, sobre todo en cuanto a la calidad o el origen geográfico del
producto o servicio.
El artículo 5 de la Ley antes citada dispone también que no podrá adoptarse como marca un
signo que infrinja derechos anteriores y, en especial, una denominación de origen protegida.
Asimismo, el artículo 20 de la Ley N° 99–57 de 28 de junio de 1999, relativa a las
denominaciones de origen, prevé que los organismos de propiedad industrial no podrán concederninguna marca de fábrica o de comercio a una denominación de origen controlada o a una indicación
de procedencia cuando la solicitud de la marca se presente después de publicarse la delimitación de la
denominación de origen controlada o de la indicación de procedencia.
12. Sírvanse describir en detalle la forma en que se aplica el nivel superior de protección
requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 23
del Acuerdo sobre los ADPIC, citando las disposici ones pertinentes de las leyes y reglamentos, y dar
ejemplos de indicaciones geográficas para dichos productos.
La Ley N° 99–57 de 28 de junio de 1999, relativa a las denominaciones de origen controladas
y a las indicaciones de procedencia de los productos agrícolas, así como la Ley Nº 2001–36 de 17 de
abril de 2001, relativa a la protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios noestipulan expresamente una protección adicional para las indicaciones geográficas de los vinos y
bebidas espirituosas.
No obstante, el artículo 5 de la Ley de marcas dispone que "no podrá adoptarse como marca
un signo que infrinja derechos anteriores y, en especial, una denominación de origen protegida".
E. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
13. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los
dibujos y modelos industriales, citando las disposic iones de la legislación tunecina, y describir la
naturaleza de la protección acordada.
Según el artículo 9 de la Ley N° 2001–21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección de
los dibujos y modelos industriales, la presentación de un dibujo o modelo industrial debe efectuarse
ante el Organismo encargado de la propiedad industrial.
De este modo, todo dibujo o modelo industrial presentado regularmente ha de inscribirse en el
Registro nacional de dibujos y modelos industriales y publicarse en el boletín oficial del OrganismoIP/C/W/331/Add.1
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encargado de la propiedad industrial en un plazo que no exceda de nueve meses contados desde la
fecha de la presentación.
Por otra parte, en virtud del artículo 15, el solicitante podrá pedir que se postergue la
publicación de sus dibujos y modelos industriales durante un plazo de 12 meses contados a partir deldía siguiente a la fecha de la presentación.
En definitiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley, la propiedad de
los dibujos o modelos industriales pertenece a su creador, es decir, la presentación sólo constituye una
presunción de la propiedad que se puede impugnar mediante prueba en contrario.
14. Sírvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la protección de los
dibujos y modelos textiles, citando las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.
Los dibujos y modelos textiles no gozan de disposiciones especiales de protección.  No
obstante, la legislación de Túnez prevé la postergación de la publicación de las solicitudes
correspondientes a todos los dibujos y modelos industriales, entre ellos los relativos a la industriatextil, postergación que dura 12 meses, a contar del día siguiente a la fecha de la presentación.  Esta
misma legislación prevé el sistema de presentación colectiva que se aplica tanto a los dibujos como a
los modelos textiles.
F. P
ATENTES
15. Sírvanse describir en detalle la forma en que la legislación de patentes de Túnez aplica el
artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicando, en su caso, las excepciones previstas e
incluyendo detalles sobre la protección de los microorganismos, los procedimientos no biológicos y
microbiológicos y las obtenciones vegetales.  Sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.
Las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto
de 2000, relativa a las patentes de invención, concuerdan con las normas del artículo 27 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
El artículo 1 estipula que cualquier invención de un producto o de un procedimiento de
fabricación podrá protegerse mediante un título, denominado patente de invención, expedido por el
Organismo encargado de la propiedad industrial.
Según el artículo 2, no se consideran invenciones los métodos de tratamiento terapéutico y
quirúrgico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o
animal.
Por lo demás, a tenor del artículo 3 de la Ley antes citada, no podrán concederse patentes para
las obtenciones vegetales, las razas animales o los procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de plantas o animales;  con excepción, sin embargo, de los procedimientos biológicos
médicos, comprendidos los microorganismos, y los productos obtenidos por estos procedimientos que
podrán gozar de la protección conferida por las patentes.
Quedan también excluidas de la protección mediante patentes las invenciones cuya
publicación o aplicación sean contrarias a las buenas costumbres, al orden público, a la salud pública
o a la protección del medio ambiente.
16. Sírvanse describir en detalle los derechos conferidos a los titulares de patentes con arreglo a
la legislación de patentes de Túnez y citar las disposiciones legales pertinentes.IP/C/W/331/Add.1
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En virtud del artículo 46 de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto de 2000, relativa a las
patentes de invención, la patente confiere a su titular o a sus derechohabientes un derecho exclusivo
de explotarla.  Como corolario de ese derecho, el titular de la patente puede prohibir a terceros los
siguientes actos:
– la fabricación, la oferta, la comercialización, la utilización, o bien la importación o la
tenencia, para los fines antes citados, del producto objeto de la patente;
– la utilización del procedimiento de fabricación que es objeto de la patente;– la oferta, la comercialización o la utilización, o bien la importación o la tenencia, para
los fines antes citados, del producto obtenido directamente mediante el procedimientoobjeto de la patente.
17. Sírvanse describir en detalle las disposiciones de la legislación tunecina que permitan el uso
no autorizado de una patente, citando las disposiciones pertinentes de la ley, y describir en detalle la
condiciones en que ese uso pueda ocurrir.
Según el artículo 47 de la Ley relativa a las patentes de invención, los derechos otorgados por
la patente no se hacen extensivos a:
– los actos efectuados en un marco privado y con fines no comerciales;– los actos realizados a título experimental referentes a la materia de la invención
patentada;
– la preparación de medicamentos efectuada en el acto y por unidades en el laboratorio
de una farmacia, según una prescripción facultativa, ni a los hechos que conciernen a
los medicamentos así preparados;
– la oferta, la importación, la tenencia o la utilización del producto patentado o del
producto obtenido mediante un procedimiento patentado en el territorio tunecino,
después de que ese producto se haya comercializado de manera lícita en cualquier
país, por el titular de la patente o con su consentimiento expreso;
– los actos necesarios para la fabricación de medicamentos genéricos.  Sin embargo, la
explotación de los productos derivados de esas actividades con fines comerciales sólo
se podrán llevar a cabo después de expirado el plazo de protección de la patente;
– la utilización de objetos a bordo de aeronaves, de vehículos terrestres o de buques
extranjeros que penetren temporal o accidentalmente en el espacio aéreo, en el
territorio o en las aguas territoriales de la República de Túnez.
18. ¿Qué duración de la protección prevé para las patentes la legislación de patentes de Túnez?
Sírvanse describir las disposiciones contempladas par a prorrogar el plazo de protección y citar las
disposiciones legales pertinentes.
En virtud del artículo 36 de la Ley de patentes, la duración de la protección para las patentes
de invención es de 20 años a contar de la fecha de presentación de la solicitud.
Por otra parte, la legislación de Túnez no prevé ninguna prórroga del plazo de protección para
las patentes de invención.IP/C/W/331/Add.1
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G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS ) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
19. Sírvanse describir en detalle la protección de los esquemas de trazado de los circuitos
integrados prevista en la legislación tunecina, incluida la duración de la protección, y citar las
disposiciones pertinentes de la ley.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 2001–20 de 6 de febrero de 2001, los esquemas de
trazado de los circuitos integrados pueden presentarse en el Organismo encargado de la propiedad
industrial.
Se concede la protección si la topografía es el resultado del esfuerzo intelectual de su creador
y no es corriente en el momento de su creación en el sector de los circuitos integrados (artículo 3 de
la Ley).
La presentación de una solicitud de topografía confiere a su titular el derecho exclusivo de
explotación y le permite prohibir a terceros, sa lvo autorización, su reproducción, explotación o
importación (artículo 17 de la Ley).
La protección concedida a un esquema de trazado de los circuitos integrados rige desde el día
de la presentación de la solicitud, o desde la fecha de la primera explotación comercial de los circuitos
integrados cuando dicha explotación sea anterior a la presentación.
El plazo de protección de una topografía, previsto en el artículo 18 de la Ley, es de 10 años, a
contar desde el día de la presentación de la solicitud o de la fecha de la primera explotación comercial
de los circuitos integrados cuando dicha explotación sea anterior a la presentación.
H. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
20. Sírvanse describir en detalle cómo establecen las leyes tunecinas la protección de la
información no divulgada exigida por el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, y
citar las disposiciones legales pertinentes.
Las siguientes disposiciones garantizan dicha protección:El artículo 168 del Código del Trabajo, que dispone que los miembros de la Comisión
Consultiva de empresa y los delegados del personal están obligados a guardar el secreto profesionalcon respecto a todas las informaciones de carácter confidencial que conozcan durante el desempeño
de sus funciones y con respecto a todas las cuestiones relacionadas con los procedimientos de
fabricación.  En caso de infracción, esas personas incurren en las sanciones previstas en los
artículos 138 y 254 del Código Penal.
El artículo 138 del Código Penal prevé, además de una multa, una pena de prisión de dos años
para sancionar al director, al empleado o al obrero de una fábrica que divulgue o comunique los
secretos de fabricación.  La tentativa de cometer ese delito resulta igualmente punible.
El artículo 61 ter del Código Penal dispone que:  "Será culpable de atentar contra la seguridad
exterior del Estado el tunecino o extranjero que, sin previa autorización de la autoridad competente,
entregue o comunique a una persona que actúe por cuenta de una potencia o una empresa extranjera
una invención de interés para la defensa nacional, o informaciones, estudios o procedimientos de
fabricación relacionados con una invención de interés para la defensa."
21. Sírvanse describir en detalle cómo protege la legislación tunecina los datos de prueba
relativos a productos farmacéuticos y a productos químicos agrícolas presentados al Gobierno a finIP/C/W/331/Add.1
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de aprobar la comercialización de esos productos en Túnez, y citar las disposiciones legales
pertinentes.
Los productos farmacéuticos se rigen por las Leyes 73–55 de 3 de agosto de 1973 y 85–91 de
22 de noviembre de 1985.  Se han promulgado textos de aplicación de esas Leyes, entre otros:
– el Decreto 90–1400 de 3 de septiembre de 1990, que fija normas respecto de las
prácticas adecuadas de fabricación de los medicamentos destinados a seres humanos,
el control de su calidad, su acondicionamiento, su etiquetado, su denominación y la
publicidad correspondiente;
– el Decreto 90–1401 de 3 de septiembre de 1990 que fija las modalidades de la
experimentación médica o científica relativa a los medicamentos destinados a seres
humanos;
– la Resolución del Ministro de Salud Pública de 10 de septiembre de 1996 que fija las
modalidades para otorgar una autorización de comercialización de medicamentosdestinados a seres humanos, su renovación y su transferencia.
Esos textos, en conformidad con las leyes que les dieron origen, comprenden sanciones
disciplinarias, civiles y penales, contra cualquier persona que los transgreda.
La tramitación de los expedientes de medicamentos se rige por procedimientos y
disposiciones que garantizan la seguridad de las informaciones que contienen y que se puede detallar
en la forma siguiente:
Recepción de los expedientes
Un inspector farmacéutico atiende en forma directa la recepción del expediente que le
presenta la persona designada para ello por el respectivo laboratorio.  A continuación, el inspector
envía una copia refrendada al interesado, quien obtiene así constancia de la fecha de presentación de
su expediente.
Evaluación de los expedientes
Al inspector farmacéutico le corresponde la responsabilidad de conservar los expedientes.  El
expediente farmacéutico se remite al Laboratorio Nacional de Control de Medicamentos a fin de que
se pronuncie sobre la conformidad del producto con su expediente según el estado de los
conocimientos de farmacia.  El expediente clínico se confía a un perito designado por resolución delMinistro para que elabore un informe detallado que se somete a una comisión especializada.
Evaluación de productos similares a los registrados
En esta evaluación la  confidencialidad de los datos es fundamental  para evitar la utilización
de los elementos contenidos en otro expediente.
El procedimiento establecido en Túnez, al igual que en la mayor parte de los países que tienen
un sistema de registro fiable, se basa en los siguientes elementos:
– no se exigen los datos clínicos de la molécula que es objeto de la segunda solicitud
porque la molécula ya se ha evaluado;IP/C/W/331/Add.1
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– la reglamentación exige que el producto haya obtenido en su país de origen un
derecho de comercialización (Autorización para comercializar el producto).  Cuando
se trate de un país signatario de los Acuerdos de la OMC, la responsabilidad por la
observancia de las patentes incumbe al país de origen, pero, si no se ha solicitado una
patente específica, corresponderá a otro país.  Si el país no es signatario de losAcuerdos de la OMC, la observancia de las disposiciones relativas a la propiedad
intelectual incumbe a Túnez;
– el solicitante de una autorización para comercializar un producto debe proporcionar
un expediente farmacéutico que comprenda métodos de análisis que deben insertarse
en alguno de los criterios siguientes:
a) si el producto se describe en el marco de una farmacopea internacional, la
referencia a ésta equivale a la validación de sus métodos;
b) a falta de ese dato, el proveedor debe proporcionar, por sus propios medios,
un método válido sin que pueda remitirse a los datos del primer titular de laAutorización para comercializar el producto.
Sin embargo, cabe señalar que pueden utilizarse las publicaciones científicas, ya que la
Administración considera que los resultados que figuran en ellas han pasado al dominio público por
iniciativa del titular de la patente o de la comunidad científica internacional.
El procedimiento adoptado por Túnez está vigente desde hace más de dos décadas y ha
permitido evitar los conflictos de intereses y asegurar la confidencialidad de los datos.  Gracias a ese
procedimiento, la Administración ha adquirido el estatuto de Centro Colaborador de la OMS en
materia de registro de medicamentos y reglamentación farmacéutica.
Todos los datos antes citados y las referencias relativas a la reglamentación se publican en el
sitio Web:  www.dpm.tn .
22. ¿Se faculta a quienes soliciten posteriormente la aprobación de la comercialización de sus
propias versiones de productos farmacéuticos y de productos químicos agrícolas aprobados con
anterioridad, para que utilicen datos presentados por el solicitante anterior?  En caso afirmativo,¿qué plazo de exclusividad se otorga al solicitante anterior antes de que sea posible la utilización de
sus datos?
Los expedientes presentados son distintos si se trata de un producto original o genérico.  Sólo
en el caso del primer producto (original) necesario presentar todos los datos clínicos exigidos porla ley.
Esos datos son evaluados por peritos obligados por ley al secreto profesional.  La propia
administración queda obligada a guardar secreto y ninguna documentación presentada puede ser
comunicada o utilizada con ocasión de la presentación de una segunda solicitud.
Los productos genéricos pueden quedar exonerados de la documentación clínica y
farmacotoxicológica si la administración considera que existe perspectiva suficiente y que la patente
ha expirado.  Si la administración considera necesaria esa documentación, el laboratorio interesado
está obligado a reconstruir personalmente todos los datos requeridos, sin poder remitirse a ladocumentación del producto original.IP/C/W/331/Add.1
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No obstante, cabe señalar que, por tradición, las publicaciones científicas aparecidas en
revistas pueden utilizarse en la documentación de un primer o segundo producto, ya que esos
elementos se han hecho públicos por iniciativa del titular del producto original.
I. OBSERVANCIA
23. Sírvanse describir en detalle de qué modo la legislación tunecina prevé medidas eficaces
contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual como lo exige el
párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Existen procedimientos y sanciones civiles y penales para reprimir a todo aquel que infrinja
los derechos de propiedad industrial.
El delito de falsificación se sanciona con una multa de 5.000 a 50.000 dinares (artículo 51 de
la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, relativa a la protección de las marcas de fábrica, de
comercio y de servicios;  artículo 24 de la Ley N° 2001–21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la
protección de los dibujos y modelos industriales;  artículo 83 de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto
de 2000, relativa a las patentes de invención) y multa de 1.000 a 50.000 dinares cuando el delitoafecta a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, de conformidad con el artículo 34 de la
Ley N° 2001–20 de 6 de febrero de 2001;  además de aplicarse una multa de 500 a 2.000 dinares a
cualquiera que haya hecho figurar en sus documentos de comercio, sus anuncios o sus productos una
mención destinada a hacer creer que se ha presentado un esquema de trazado de los circuitos
integrados.
Por otra parte, cabe señalar que toda reincidencia en esas infracciones se sanciona con pena
de prisión de uno a seis meses, además de duplicarse la multa.
En caso de dictar una condena, el tribunal también está facultado para ordenar la destrucción,
el apartamiento de los circuitos comerciales y la incautación de los productos infractores (artículo 36
de la Ley relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, artículo 26 de
la Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos industriales, y artículo 55 de la Ley relativa a
la protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios).
Asimismo, se prevé la incautación de los productos falsificados (artículo 86 de la Ley relativa
a las patentes de invención, artículo 38 de la Ley relativa a la protección de los esquemas de trazadode los circuitos integrados, artículo 28 de la Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos
industriales, y artículo 50 de la Ley relativa a la protección de las marcas de fábrica, de comercio y de
servicios).
En Túnez, el aspecto literario y artístico de la propiedad intelectual (derecho de autor y
derechos conexos) está protegido por:
– el derecho común:  la legislación general civil y penal (Código de las Obligaciones y
los Contratos, Código de Comercio, Ley relativa a la competencia y a los precios,
Código de Procedimiento Civil y Comercial,  Código Penal, Código de Procedimiento
Penal y Código de Aduanas);
– la legislación especial ( sui generis ), en este caso, la Ley N° 94–36 de 24 de febrero
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, que prevé especialmente:
Se presume la infracción desde que el usuario de la obra no justifica poseer una autorización
idónea.  El infractor del derecho de autor está obligado a pagar una indemnización por daños yIP/C/W/331/Add.1
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perjuicios fijada por el tribunal competente, además de incurrir en sanciones penales (multa y prisión
en caso de reincidencia).
La jurisdicción competente puede ordenar de oficio o a solicitud del autor, la incautación de
las copias ilícitas de las obras y su destrucción, así como el cierre temporal o definitivo delestablecimiento donde se cometió la infracción.
Se considerará que el propietario del establecimiento abierto al público donde se haya
cometido una infracción (representación pública, venta, arrendamiento de ejemplares), si actuaba con
conocimiento de causa, es solidariamente responsable del resarcimiento de los perjuicios materiales y
morales derivados de la explotación de las obras ilícitas.
La verificación de las infracciones corresponde a los funcionarios de la policía judicial y los
agentes jurados del Ministerio de la Cultura autorizados para estos efectos por el Ministro.
El proyecto de ley se propone fundamentalmente reforzar los medios y procedimientos que se
han de aplicar para luchar contra las infracciones de los derechos de autor y los derechos conexos, enconformidad con la letra y el espíritu del Acuerdo sobre los ADPIC y los dos tratados de la OMPI
(WCT y WPPT) de diciembre de 1996.  Entre esos medios y procedimientos cabe señalar:
– La adopción de medidas concretas en frontera y el establecimiento de procedimientos
que garanticen los derechos de las partes interesadas.
– La ampliación de la facultad de levantar atestados a otros órganos de la
Administración.
– El aumento de las sanciones penales.En lo que respecta a la observancia, la legislación general de Túnez comprende disposiciones
destinadas a permitir una acción eficaz contra cualquier acto que infrinja los derechos y a garantizar
los derechos de la defensa.
En efecto, la legislación tunecina dispone que las autoridades judiciales están facultadas para
dictar distintos tipos de decisiones, a saber:  me didas precautorias, mandamientos de pago, sentencias
definitivas y otros fallos.
Según el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, "el tribunal podrá, si lo
estima necesario, disponer que el juez informante proceda a efectuar cualquier diligencia de
instrucción, como la indagatoria, la inspección ocular, el peritaje, la tacha de falsedad o cualquier otradiligencia útil para poner en evidencia la verdad.  El juez informante puede, durante la vista y en
presencia de las partes, fijar la fecha de la diligencia de instrucción prescrita, y precisar el día y la
hora de la comparecencia de las partes en su despacho o en el lugar del litigio o en cualquier otro
lugar".
El artículo 225 del mismo Código dispone qu e "el tribunal podrá ordenar de oficio, en
cualquier caso, la intervención de un tercero en el procedimiento cuando juzgue que la presencia de
éste es indispensable para la apreciación del litigio".
Si es necesario proceder a un peritaje y no existe acuerdo entre las partes sobre la elección del
perito, éste será designado por el juez.IP/C/W/331/Add.1
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El procedimiento de urgencia
En virtud de lo dispuesto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
(CPCC), "en todos los casos urgentes se adoptarán medidas precautorias, sin prejuzgar en cuanto a lo
principal".  "El Presidente del Tribunal de primera instancia o su delegado, así como el juez cantonalcuando sea competente con arreglo a la Ley, están facultados para dictar medidas precautorias"
(artículo 202 del Código de Procedimiento Civil y Comercial).  "Las providencias de urgencia se
hacen ejecutorias transcurridas 24 horas después de su notificación personal, excepto en el caso en
que el juez conceda un plazo de gracia.  La ejecución se lleva a cabo sin garantía, a menos que el juez
haya ordenado que se constituya una" (artículo 207 del Código de Procedimiento Civil y Comercial).
El mandamiento de pago
Con arreglo a lo previsto en el artículo 59 del CPCC, toda demanda de pago de un crédito
puede tramitarse según el procedimiento del mandamiento de pago cuando ésta, con independencia de
su naturaleza, sea de una cuantía determinada y tenga una causa contractual.
La sentencia
La Ley prevé tres grados de jurisdicción:  la primera instancia, la apelación y la casación.  La
sentencia no tiene carácter definitivo si es apelable.  No obstante, siempre puede ordenarse su
cumplimiento provisional con o sin depósito de fianza, según las circunstancias de la causa(artículos 126 y 286 del CPCC).
La sentencia definitiva
La sentencia definitiva, después de que se agotan los recursos y se extinguen los plazos para
entablar recursos, pone fin a la acción al resolver la cuestión controvertida que ha sido objeto del
litigio.
24.  El párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces estarán
facultados para ordenar que se aporten las pruebas necesarias para justificar las alegaciones de una
parte cuando ésta no haya podido obtener esa prueba de la parte contraria.  Sírvanse describir cómo
otorgan esa facultad las leyes o reglamentos de Túnez, y citar las disposiciones legales oreglamentarias pertinentes.
La legislación de Túnez, de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 43 del Acuerdo sobre
los ADPIC en relación con los elementos de prueba, faculta a las autoridades judiciales para ordenar,
a solicitud de una de las partes, que la parte contraria en el litigio aporte las pruebas que se encuentrenbajo su control.
En virtud de los artículos 213 a 223 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, el
Presidente del Tribunal está facultado para dictar providencias, a instancia de cualquiera de las partes
en el litigio, con el fin de permitir la salvaguardia de los derechos e intereses que no se pueden dejarsin protección.
En caso de extrema urgencia, el juez puede resolver en su domicilio las peticiones que se le
formulen.  La ejecución de las providencias así dictadas no requiere la formalidad de estampar el sello
del tribunal ni la inscripción en el registro ad hoc .  Esas formalidades se cumplirán ulteriormente.
Las providencias que se dictan a petición de parte quedan dispensadas de la formalidad de
registro y los fedatarios–notarios las ejecutan de inmediato.  La solicitud de revocación de la
providencia no suspende su ejecución.IP/C/W/331/Add.1
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Según el artículo 101 del mismo Código, "si es necesario proceder a un peritaje y no existe
acuerdo entre las partes sobre la elección del perito, éste será designado por el juez".
25. Sírvanse describir en detalle todos los recursos civiles de que disponen los titulares de
derechos en el contexto de la legislación tunecina, y citar las disposiciones legales o reglamentarias
pertinentes.
Las disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de las Obligaciones y los Contratos
(COC) obligan al autor de cualquier perjuicio material o moral, causado intencional o voluntariamente
a otro, a repararlo cuando se establezca que ese hecho es la causa directa del mismo.
Con ese mismo criterio, el artículo 51 de la Ley Nº 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a
la propiedad literaria y artística, dispone que "cualquiera que infrinja el derecho de autor previsto en la
presente Ley estará obligado a abonar al titular de dicho derecho un resarcimiento por los daños y
perjuicios materiales y morales causados, cuyo importe será determinado por la jurisdicción
competente".  El proyecto de ley que modifica y completa la referida Ley Nº 94–36 ha ampliado estasmismas normas a los derechos conexos.
Asimismo, los recursos civiles que las leyes de Túnez estipulan para proteger a los titulares de
derechos son las siguientes:
– los mandamientos judiciales;
– las órdenes de resarcimiento de daños y pe rjuicios, con inclusión de la reparación por
concepto de beneficios y los gastos, co mprendidos los honorarios de los abogados;
– la destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de
las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su
producción;
- las otras medidas.
Los mandamientos judiciales
Las autoridades judiciales pueden dictar distintos tipos de resoluciones, entre ellas, autos
provisionales, mandamientos de pago y sentencias.
El procedimiento de urgencia
En virtud de lo dispuesto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
(CPCC), "en todos los casos urgentes se dictan medidas precautorias, sin prejuzgar en cuanto a lo
principal".
El Presidente del Tribunal de primera instancia o su delegado, así como el juez cantonal
cuando sea competente con arreglo a la Ley, están facultados para dictar autos provisionales
(artículo 202 del CPCC ).
Las medidas precautorias se hacen ejecutorias transcurridas 24 horas después de su
notificación personal, excepto en el caso en que el juez conceda un plazo de gracia.
La ejecución se lleva a cabo sin garantía, a menos que el juez haya ordenado que se
constituya una (artículo 207 del CPCC).IP/C/W/331/Add.1
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El mandamiento de pago
Con arreglo a lo previsto en el artículo 59 del CPCC, toda demanda de pago de un crédito
puede tramitarse según el procedimiento del mandamiento de pago cuando ésta, con independencia desu naturaleza, sea de una cuantía determinada y tenga una causa contractual.
La sentencia
La sentencia no tiene carácter definitivo si es apelable.  No obstante, siempre puede ordenarse
su cumplimiento provisional con o sin depósito de fianza, según las circunstancias de la causa
(artículos 126 y 286 del CPCC).
La sentencia definitiva
La sentencia definitiva pone fin a la acción al resolver la cuestión controvertida que ha sido
objeto del litigio.
Las órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios , con inclusión de la reparación por concepto de
beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados
De conformidad con las disposiciones de los artículos 82 y 83 del Código de las Obligaciones
y los Contratos (COC), cualquier perjuicio material  o moral, causado intencional o voluntariamente a
otro, obliga a su autor a reparar dicho perjuicio, cuando quede establecido que ese hecho es causa
directa del mismo.
Por otra parte, con ese mismo criterio el artículo 82 de la Ley relativa a las patentes, el
artículo 34 de la Ley relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, el
artículo 24 de la Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos industriales y el artículo 44 de
la Ley relativa a la protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios disponen que la
falsificación compromete la responsabilidad civil de su autor.
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medi o de los circuitos comerciales de las mercancías
infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción
Según el artículo 55 de la Ley relativa a la protección de las marcas, el artículo 36 de la Ley
relativa a la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados y el artículo 26 de la
Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos industriales, el tribunal puede, en la sentencia
condenatoria, ordenar la destrucción o el apartamiento de los circuitos comerciales de los productos ymercancías infractores, así como la confiscación de los instrumentos utilizados para su fabricación.
Otras medidas
En virtud del artículo 34 de la Ley relativa a la protección de los esquemas de trazado de los
circuitos integrados, el artículo 24 de la Ley relativa a la protección de los dibujos y modelos
industriales y el artículo 54 de la Ley relativa a la protección de las marcas, el tribunal podrá ordenar
en todos los casos pertinentes, a expensas de la parte vencida en el juicio, la publicación en todo o en
parte del fallo en los diarios que designe, como asimismo su fijación en carteles en los lugares que
determine, sobre todo en las puertas principales de las fábricas y talleres de la parte vencida, y en elescaparate de sus tiendas.
26. Sírvanse describir en detalle los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los
titulares de derechos en conformidad con la legislación tunecina, citando las disposiciones legales yIP/C/W/331/Add.1
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reglamentarias pertinentes, e indicar cualquier condición establecida para que el titular del derecho
pueda valerse de esos procedimientos y recursos.
En lo que respecta a los derechos de autor, el derecho común permite actuar conforme al
procedimiento de urgencia y dictar providencias a petición de parte, como ya se indicó (en larespuesta a la pregunta sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual), a fin de adoptar
las medidas provisionales adecuadas.
El artículo 55 de la Ley N° 94–36, de 24 de febrero de 1994, faculta a la jurisdicción
competente para actuar de oficio o a solicitud del autor.  Asimismo, puede ordenar el decomiso o la
destrucción de las copias o el cierre temporal o definitivo del establecimiento donde se cometió la
infracción.
El artículo 54–1 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, dispone que "el titular del derecho o su
representante podrá, a título preventivo, en virtud de una resolución dictada a petición de parte por el
Presidente del tribunal competente, hacer que el fedatario–notario, asistido por un perito, proceda a la
descripción detallada, con o sin confiscación real, de los productos presuntamente falsificados y que
constituyan una violación del derecho de autor o de los derechos conexos".
Se podrán ordenar las medidas antes citadas "en todos los casos de urgencia, de manera
precautoria y sin perjuicio de lo que se resuelva en lo principal" (artículo 201 del Código deProcedimiento Civil y Comercial).
En lo que concierne a los derechos de propiedad industrial, la Ley N° 2000–84 de 24 de
agosto de 2000, relativa a las patentes de invención, estipula que, en virtud de una resolución dictada
a instancia de parte por el Presidente del tribunal competente, un fedatario–notario, asistido por unperito, procederá a la descripción detallada, con o sin confiscación real, de los productos o
procedimientos presuntamente falsificados.  Cuando se lleve a cabo una confiscación real, la
resolución puede imponer al solicitante que consigne, antes de la incautación, una fianza.
Medidas similares a las reseñadas se contemplan también en:– la Ley N° 2001–20 de 6 de febrero 2001 relativa a la protección de los esquemas de
trazado de los circuitos integrados (artículo 38);
– la Ley N° 2001–21 de 6 de febrero de 2001 relativa a la protección de los dibujos y
modelos industriales (artículo 28);
– la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001 relativa a la protección de las marcas de
fábrica, de comercio y de servicios (artículo 50).
Por otra parte, se pueden ordenar esas medidas debido a la urgencia que reviste cualquier
dificultad relativa al cumplimiento de las resoluciones dictadas o de un título ejecutivo.  La adopciónde esas medidas corresponde al Presidente del tribunal competente o su delegado, que resuelve en
calidad de juez de recursos de urgencia (artículos 201 y 210 del CPCC).
En el aspecto procesal, la acción se entabla mediante una demanda ante el Presidente del
tribunal competente quien, conforme al procedimiento de urgencia, puede impedir a título provisionaly coercitivo la prosecución de los actos tipificados de falsificación o subordinarla a la constitución de
garantías, que se destinen a asegurar la indemnización del titular de la marca o de un derecho
exclusivo (artículo 49 de la Ley relativa a las marcas).IP/C/W/331/Add.1
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Esa disposición existe también en los textos relativos a las patentes de invención (artículo 87),
a los esquemas de trazado de los circuitos integrados (artículo 38) y a los dibujos y modelos
industriales (artículo 28).
J. PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA
27. Sírvanse describir en detalle los procedimientos establecidos en la legislación tunecina que
prevean medidas en frontera para lograr la observancia, por lo menos, con respecto a la falsificación
de marcas de fábrica o de comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, identificando la
autoridad competente y citando las disposiciones pertinentes de leyes o reglamentos.
Formas de propiedad intelectual protegidas mediante las medidas en frontera
La demanda interpuesta con objeto de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho
para libre circulación de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, además
de abarcar los productos de marca de fábrica, de comercio o de servicios protegida que hayan sido
falsificados y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (hay un proyecto de ley en curso
de aprobación), también abarcará:
– las mercancías infractoras de una patente;– las mercancías que incorporen un dibujo o un modelo industrial falsificado;
– las mercancías que incorporen un esquema de trazado de un circuito integrado que se
haya copiado.
Autoridades competentes
El titular de una patente, el creador de un esquema de trazado de circuitos integrados, el
titular de un dibujo o de un modelo industrial protegido, el titular de una marca registrada y sus
derechohabientes podrán, si tienen motivos fundados para sospechar que se prepara una importación
de mercancías lesiva para sus derechos, presentar a los servicios de aduanas una solicitud por escrito
con el objeto de que suspendan el despacho de la importación de esos productos.
Prescripciones que rigen la presentación de la solicitud
A tenor de las disposiciones legislativas vigentes, la solicitud debe contener:
– el nombre y apellidos o la razón social del solicitante, su domicilio o su sede social;
– una acreditación que establezca que el solicitante es titular de un derecho sobre los
productos que son objeto del litigio;
– una descripción de los productos suficientemente precisa para que los servicios de
aduanas los puedan reconocer.
El solicitante debe proporcionar además todas las demás informaciones útiles de que disponga
para que los servicios aduaneros puedan adoptar una decisión con conocimiento de causa, sin que la
presentación de esas informaciones constituya una condición para la admisibilidad de la demanda.
Dichas informaciones versan, entre otras cosas, sobre:– el lugar en donde se encuentren los productos o su lugar de destino previsto;IP/C/W/331/Add.1
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– la identificación del envío o de los bultos;
– la fecha de llegada o de depósito prevista de los productos;
– el medio de transporte utilizado;
– la identificación del importador, del exportador o del tenedor de los productos.La demanda debe contener además el compromiso del solicitante de asumir su
responsabilidad con respecto al importador si se prueba formalmente que los productos retenidos por
los servicios de aduanas no constituyen una infracción del derecho de propiedad industrial protegido.
El solicitante está obligado a informar a los servicios aduaneros cuando su derecho ya no se
encuentre válidamente registrado o haya vencido.
Una resolución del Ministro de Finanzas de 3 de diciembre de 2001 (texto reglamentario)
contiene disposiciones precisas sobre el lugar de la presentación de la solicitud (la sede de la
Dirección General de Aduanas), el momento de su presentación (antes de la llegada de los productos
en cuestión a la Oficina de Aduanas o antes de que sean retirados de ésta) y las personas facultadas
para presentar la solicitud (el titular del derecho o sus derechohabientes).  El solicitante domiciliado
en el extranjero debe designar un mandatario establecido en Túnez.
Esa resolución determina asimismo el formulario impreso de la solicitud.  El plazo de validez
de la solicitud es de un año, a contar de la fecha de la notificación de la aceptación de la solicitud por
la aduana.
Además de las informaciones antes citadas, la solicitud debe comprender, en la medida de lo
posible, una descripción detallada de los productos que son objeto del litigio, acompañada de una
fotografía de los productos o cualquier otra reproducción gráfica de ellos y una muestra de los
mismos.
La resolución estipula que, en caso de retención de los productos objeto de la solicitud, los
servicios de aduanas informarán de ello al solicitante por vía postal, fax o cualquier otro medio detelecomunicación.
Diversas prescripciones sobre el plazo de la suspensión
Cuando los servicios de aduanas verifiquen, según el caso y después de consultar al
solicitante, que las mercancías corresponden a las indicadas en la demanda, procederán a su retención.
Los servicios de aduanas comunican de inmediato la retención al solicitante y al importador y
les ofrecen la posibilidad de examinar las mercancías retenidas y obtener las muestras necesarias a fin
de efectuar análisis y pruebas que permitan pronunciarse sobre la efectividad de la falsificación.  Todoello se efectuará de conformidad con las disposiciones del Código de Aduanas y sin infringir el
principio de la confidencialidad de la información.
Sin perjuicio del cumplimiento de todas las formalidades aduaneras, se procede a levantar de
pleno derecho la medida de retención de las mercancías si el solicitante no justifica ante los serviciosaduaneros, en el plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de dicha retención, que
recurrió por la vía civil o correccional ante el tribunal competente, que el Presidente del tribunal dictó
medidas precautorias y que él consignó una caución suficiente para cubrir su responsabilidad respecto
de las personas afectadas.IP/C/W/331/Add.1
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El tribunal fija la cuantía de esa caución.
En los casos que proceda, el plazo inicial antes citado puede prorrogarse, como máximo, otros
10 días hábiles.
Por otra parte, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías están
facultados para lograr que se levante la retención de las respectivas mercancías mediante la
consignación de una garantía, cuyo importe fija el tribunal y que debe ser suficiente para proteger los
intereses del solicitante, a condición de que se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras.
Los servicios de aduana deben informar, sin demora, al propietario, al importador o al
destinatario, así como al solicitante, el levantamiento de la retención de las mercancías.
Caución o garantía equivalente e indemnización al importador y al propietario de las mercancías
Se procede a levantar de pleno derecho la medida de retención de los productos si el
solicitante no justifica ante los servicios aduaneros, en el plazo de 10 días hábiles contado desde la
notificación de dicha retención, que recurrió por la vía civil o correccional ante el tribunal
competente, el cual dictó medidas precautorias, y que él consignó una caución suficiente para cubrir
su responsabilidad respecto de las personas afectadas.  El tribunal fija la cuantía de esa caución.
El propietario, el importador o el destinatario de los productos están facultados para obtener
que se levante la retención de los respectivos productos mediante la consignación de una garantía,
cuyo importe fija el tribunal y que ha de ser suficiente para proteger los intereses del solicitante, a
condición de que se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras.
Los servicios de aduanas pueden exigir además al solicitante, cuando su demanda haya sido
acogida o cuando se hayan adoptado medidas de retención, que consigne una caución a fin de
garantizar el pago de los gastos ocasionados por el mantenimiento de los productos bajo control
aduanero.
Derechos de inspección y de información
Los servicios de aduanas, que conocen de una solicitud presentada de conformidad con las
disposiciones que la rigen, proceden a examinarla y de inmediato informan por escrito al solicitante la
resolución adoptada, que debe estar debidamente fundada.
En el caso en que los servicios aduaneros comprueben, después de una consulta con el
solicitante, que los productos corresponden a los indicados en la solicitud, proceden a su retención.
Los servicios de aduanas comunican de inmediato la retención al solicitante y al importador y
les otorgan la posibilidad de examinar los productos retenidos y sacar de ellos las muestras necesarias
para efectuar análisis y pruebas que permitan pronunciarse sobre la efectividad de la falsificación.Todo ello se efectuará de conformidad con las disposiciones del Código de Aduanas y sin infringir el
principio de la confidencialidad de la información.
Los servicios de aduanas informan al solicitante, a los efectos de que pueda solicitar que se
dicte una resolución a instancia de parte y entablar acciones judiciales, los nombres, apellidos ydirecciones del exportador, el importador y el destinatario de los productos si obran en su
conocimiento, además de la cantidad de los productos que sean objeto de la demanda.IP/C/W/331/Add.1
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28. Sírvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir a
medidas para lograr la observancia en frontera y, en caso afirmativo, sírvanse describir los
procedimientos y recursos con que cuentan en relación con cada una de las formas de propiedad
intelectual, citando las disposiciones legales pertinentes.
La solicitud presentada con objeto de que las autoridades aduaneras suspendan el despacho
para libre circulación de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, además
de abarcar los productos de marca de fábrica, de comercio o de servicios protegida que hayan sido
falsificados y de las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor (en el Parlamento hay un
proyecto de ley en curso de aprobación), abarcará también:
– las mercancías infractoras de una patente;– las mercancías que incorporen un dibujo o un modelo industrial falsificado;– las mercancías que incorporen un esquema de trazado de un circuito integrado que se
haya copiado.
Los procedimientos relativos a las medidas en frontera, descritos en la respuesta a la
pregunta 27, se aplican integralmente a las distintas formas de propiedad intelectual.
Las disposiciones legislativas correspondientes a las medidas en frontera se prevén en:– El capítulo VII de la Ley N° 2001–20 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección
de los esquemas de trazado de los circuitos integrados (artículos 39 a 48).
– El capítulo V de la Ley N° 2001–21 de 6 febrero de 2001, relativa a la protección de
los dibujos y modelos industriales (artículos 31 a 40).
– El capítulo XIII de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto de 2000, relativa a las patentes
de invención (artículos 91 a 99).
– El capítulo VII de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, relativa a la protección
de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios (artículos 56 a 65).
29. El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC especifica los procedimientos que se han de
seguir cuando las autoridades competentes pueden actuar de oficio.  Sírvanse explicar si las
autoridades competentes de Túnez están facultadas para actuar de oficio y, en caso afirmativo,
sírvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de oficio.
Los servicios de aduanas podrán, por iniciativa propia, suspender el despacho de aduana de
las mercancías que infrinjan un derecho de propiedad industrial protegido.
En tal caso:Los servicios de aduanas informan de inmediato al titular del derecho o a sus
derechohabientes que deben presentar una solicitud de conformidad con las prescripciones antes
mencionadas, en un plazo de tres días contado desde la fecha de la notificación efectuada por dichos
servicios.  Cumplidos esos requisitos, la suspensión se aplica de pleno derecho.
La medida de retención de las mercancías, realizada en el marco de una acción efectuada de
oficio por los servicios de aduanas, queda alzada de pleno derecho si el titular del derecho deIP/C/W/331/Add.1
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propiedad industrial protegido o sus derechohabientes no presentan una solicitud, conforme a las
normas pertinentes, en el plazo de tres días contado desde la notificación efectuada por esos servicios.
Las esferas de propiedad intelectual, que pueden ser objeto de una acción de oficio incoada
con respecto a las mercancías presuntamente falsificadas, son las siguientes:
– las patentes (artículo 97) de la Ley N° 2000–84 de 24 de agosto de 2000 relativa a las
patentes de invención;
– las marcas de fábrica, de comercio o de servicios (artículo 62) de la Ley N° 2001–36
de 17 de abril de 2001, relativa a la protección de las marcas de fábrica, de comercio
o de servicios;
– los esquemas de trazado de los circuitos integrados (artículo 45) de la Ley
N° 2001-20 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección de los esquemas de
trazado de los circuitos integrados;
– los dibujos y modelos industriales (artículo 37) de la Ley N° 2001–21 de 6 de febrero
de 2001, relativa a la protección de los dibujos y modelos industriales.
K. PROCEDIMIENTOS PENALES
30. Sírvanse describir en detalle cómo aplican las leyes de Túnez el artículo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC que prescribe que los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales
que comprendan penas de prisión y/o la imposic ión de sanciones pecuniarias suficientemente
disuasorias, al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio y de
infracción de derechos de propiedad intelectual a escala comercial.  Sírvanse citar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes.
En cuanto a los derechos de autor, además de la indemnización por daños y perjuicios en
materia civil, el artículo 52 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994 dispone una multa de 500 a
5.000 dinares, que se duplica en caso de reincidencia, además de la posibilidad de que se imponga al
reincidente una pena de prisión de uno a seis meses.
El artículo 52 (nuevo) del proyecto de Ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de
febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, ha incrementado la multa que ahora
fluctúa de 1.000 a 50.000 dinares.  Esa multa se duplica en caso de reincidencia, además de la
posibilidad de que se imponga al reincidente una pena de prisión que ahora es de 12 meses.
En lo que respecta a las autoridades públicas encargadas de comprobar las infracciones y de
incoar el procedimiento penal, el artículo 54 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a
la propiedad literaria y artística, dispone en su párrafo 1 que "la comprobación de las infracciones a la
presente Ley, así como la redacción de los atestados estarán a cargo de las autoridades de la policía
judicial y de los funcionarios jurados del Ministerio de la Cultura y habilitados a tal fin".  El nuevo
artículo 54 del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 ha ampliado esas mismasprerrogativas a los funcionarios de aduanas, del control económico y de la reglamentación municipal.
Las autoridades públicas pueden entablar acciones penales por iniciativa propia.  El
artículo 54 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley N° 94–36 de 24 de febrero
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, prevé en sus párrafos 2 y 3 que "los funcionariosantes citados pueden, previa entrega de un comprobante, incautarse de los documentos necesarios y
sacar muestras de los productos falsificados de acuerdo a las necesidades de la investigación y para
establecer la prueba de la infracción.  También pueden incautarse, a título preventivo, de losIP/C/W/331/Add.1
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productos de los que se sospeche que son falsificados y que no guardan conformidad con las reglas
vigentes".
Incurren asimismo en procedimientos y sanciones penales todos los que infrinjan los derechos
del titular de la marca legalmente depositada.
Por otra parte, el artículo 51 de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, relativa a la
protección de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, prevé que se puede imponer una
multa de 5.000 a 50.000 dinares, que pueden duplicarse en caso de reincidencia, además de una pena
de prisión de uno a seis meses (artículo 53 de la Ley).
31. El artículo 61 estipula que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará la
confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y
accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito.  Sírvanse describir las
disposiciones de la legislación tunecina que prevén tales recursos y señalar las circunstancias en que
éstos se aplicarían, citando las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Con respecto de los derechos de autor, el artículo 55 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero
de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, faculta a la jurisdicción competente para ordenar
de oficio o a petición de parte el decomiso o la destrucción de las copias fraudulentas y el cierre
temporal o definitivo del establecimiento en el que se cometió la infracción.  El propietario de ese
establecimiento se considerará, para los efectos de la indemnización de perjuicios, solidariamenteresponsable del autor principal de la infracción.
Las infracciones de los derechos de propiedad industrial se sancionan con penas que
comprenden también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías de que se trate,
así como de los materiales y accesorios utilizados en su producción.
Disposiciones relativas a los esquemas de trazado de los circuitos integrados
Según el artículo 36 de la Ley de 6 de febrero de 2001, el tribunal podrá ordenar, en caso de
condena, la destrucción o el apartamiento de los circuitos comerciales de los productos incriminados y
el decomiso de los accesorios utilizados para su fabricación.  La parte perjudicada podrá pedir, incluso
antes de la publicación de la solicitud, que se proceda a efectuar la descripción detallada, ya sea con osin confiscación de los objetos o accesorios incriminados, en virtud de una resolución dictada por el
Presidente del tribunal competente, previa presentación de una solicitud y de un certificado de registro
(artículo 38).
Disposiciones relativas a los dibujos y modelos industriales:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 6 de febrero de 2001, en caso
de condena, el tribunal podrá ordenar el decomiso de los accesorios utilizados para la fabricación de
los objetos incriminados.
La parte perjudicada podrá pedir que un fedatario–notario proceda a efectuar la descripción
detallada, ya sea con o sin incautación de los objetos o accesorios incriminados, en virtud de una
resolución dictada por el Presidente del tribunal competente, previa presentación de una solicitud y de
la prueba del registro (artículo 28).
Disposiciones relativas a las marcas de fábrica, de comercio y de servicios
Cualquier persona que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 17 de
febrero de 2001, entable una acción por falsificación tiene derecho a solicitar que un fedatario–IP/C/W/331/Add.1
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notario, asistido por un perito, en virtud de una resolución dictada a petición de parte por el Presidente
del tribunal competente, proceda, en cualquier lugar, a la incautación efectiva de los productos o
servicios que considere marcados, ofrecidos en venta, entregados o suministrados en perjuicio suyo o
en violación de sus derechos.
Cuando se autorice la incautación efectiva, ésta debe limitarse a poner a disposición de los
funcionarios judiciales sólo las muestras necesarias  para probar la falsificación.  El Presidente del
tribunal podrá supeditar la incautación efectiva a la constitución de garantías por parte del
demandante para asegurar una eventual indemnización por los daños y perjuicios que sufra el
demandado si, con posterioridad, la acción incoada por falsificación se considera infundada
(artículo 50).
El tribunal podrá ordenar el decomiso de los productos y los accesorios que sirvieron para
cometer el delito.  También está facultado para disponer la destrucción de esos productos
(artículo 55).
Disposiciones relativas a las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen
Los funcionarios encargados de controlar las denominaciones de origen y las indicaciones de
procedencia podrán incautarse de los productos puestos en venta con denominaciones de origen
controladas o de indicaciones de procedencia, de las que se presume que no provienen del lugar
geográfico de la denominación o de la indicación.
Esos funcionarios podrán asimismo incautarse de los productos procedentes de la zona
geográfica de la denominación o de la indicación, pero que no respondan a las condiciones técnicas de
producción fijadas en el pliego de condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley N° 99–57 de 28 de junio de 1999.
Disposiciones relativas a las patentes de invención
Las personas facultadas para iniciar una acción por falsificación podrán, en virtud de una
resolución dictada por el Presidente del tribunal a instancia de parte, solicitar que un receptor judicial
asistido por un perito efectúe la descripción detallada, con o sin incautación efectiva, de los productos
o de los procedimientos presuntamente falsificados.
Cuando se autorice la incautación efectiva, ésta debe limitarse a poner a disposición de los
funcionarios judiciales sólo las muestras necesarias  para probar la falsificación.  Cuando haya lugar a
esa incautación, el auto podrá imponer al demandante una caución que éste habrá de consignar antes
de que se efectúe dicha incautación (artículo 86 de la Ley de 24 de agosto de 2000).
32. El artículo 61 indica asimismo que los Miembros podrán prever la aplicación de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción dolosa de otras formas de la
propiedad intelectual.  Sírvanse describir las disposic iones de la legislación tunecina que establezcan
esa aplicación de procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentariaspertinentes.
En lo referente al derecho de autor y los derechos conexos, se aplican los mismos
procedimientos y sanciones que se mencionan en la respuesta a la pregunta N° 30, de la letra K
intitulada "Procedimientos penales".
La Ley tunecina prevé, para todos los aspectos de la propiedad industrial, a saber, las patentes
de invención, las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, los dibujos y modelos industriales, y
los esquemas de trazado de los circuitos integrados, que el tribunal podrá ordenar que la parte vencidaIP/C/W/331/Add.1
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en el juicio publique, a su propia costa y mediante carteles, el respectivo fallo en determinados lugares
y su inserción íntegra o extractada en los diarios que el tribunal designe.  Estas disposiciones figuran
en los siguientes textos legislativos:
– El artículo 34 de la Ley N° 2001–20 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección
de los esquemas de trazado de los circuitos integrados.
– El artículo 24 de la Ley N° 2001–21 de 6 de febrero de 2001, relativa a la protección
de los dibujos y modelos industriales.
– El artículo 54 de la Ley N° 2001–36 de 17 de abril de 2001, relativa a la protección
de las marcas de fábrica, de comercio y de servicios.
L. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
33. Sírvanse proporcionar información estadística correspondiente al año 2000 relativa a los
procedimientos civiles para lograr la observancia de derechos de autor, las marcas de fábrica y de
comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas
de trazado de circuitos integrados y los secretos comerciales con indicación del número de casos
promovidos;  mandamientos pronunciados;  mercancías infractoras incautadas;  equipos infractores
incautados;  y casos resueltos (incluidos los arreglos), y el importe de los daños y perjuicios
indemnizados.
Se ha constituido una comisión, integrada por las diversas administraciones interesadas en el
tema, para coordinar las acciones que se han de llevar a cabo en la esfera del derecho de autor
(Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Comercio y Ministerio de Cultura).  Se
han elaborado modelos de contratos de explotación de las obras.
Se ha llevado a cabo, por conducto de la prensa, una campaña de sensibilización dirigida a los
empresarios.
Muchos litigios se han resuelto mediante arreglos.  Se han entablado diversos procedimientos
en materia de derecho de autor, acerca de los cuales no se dispone aún de cifras.
No se dispone de estadísticas relativas a las medidas civiles adoptadas en el curso del
año 2000.
34. Sírvanse proporcionar información estadística correspondiente al año 2000 relativa a los
procedimientos penales para lograr la observancia en la esfera de la piratería lesiva del derecho de
autor y la infracción de marcas de fábrica o de  comercio, incluido el número de allanamientos,
procesamientos y condenas, el importe de las multas y/o las penas de prisión (indicando si las multas
fueron pagadas y si las penas de prisión se cumplieron realmente o fueron suspendidas) y cualquier
otra información que demuestre que el sistema pe nal funciona eficazmente como disuasivo de la
piratería lesiva del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.
No se dispone de estadísticas relativas a las sanciones penales impuestas durante el año 2000.IP/C/W/331/Add.1
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JAPÓN
A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
1. Sírvanse explicar cuáles son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de la
nación más favorecida que puedan existir en la legislación sobre derecho de autor y derechosconexos, tal como lo admiten los artí culos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Túnez aplica esos principios, respeta sus compromisos internacionales y vela, en la práctica,
por la observancia de esos principios, teniendo en cuenta el principio de reciprocidad prescrito en el
artículo 32 de su Constitución, que prevé que las convenciones legalmente ratificadas son superiores a
las leyes nacionales, siempre que la otra parte las aplique.  Ese mismo principio se ha ratificado en el
marco del artículo 57 de la Ley N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria yartística que dispone:  "las obras extranjeras pueden gozar de protección siempre que el país
respectivo acuerde una protección equivalente a las obras de los nacionales de Túnez".
El último párrafo del artículo 56 (nuevo) del proyecto de ley que modifica y completa la Ley
N° 94–36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística, prevé asimismo que"las disposiciones de la presente Ley relativas al derecho de autor se aplican a las obras que gocen de
protección en virtud de una convención internacional en la que el Estado de Túnez sea parte".
Asimismo, el último párrafo del artículo 57 (nuevo) del mismo proyecto de ley estipula que
"las disposiciones de la presente Ley se aplican también a las interpretaciones o ejecuciones, a losfonogramas o videogramas y a las emisiones de radiodifusión protegidas en virtud de una convención
internacional en la que el Estado de Túnez sea parte".
SUIZA
1
A. PATENTES
Ampliación de la respuesta a la pregunta 1:
Ustedes dicen que su legislación excluirá de la protección mediante patente las obtenciones
vegetales.  Sírvanse explicar cómo prevé su legislación la protección de las obtenciones vegetales.
¿Lo hace mediante un sistema sui generis de protección como el que se menciona en el párrafo 3 b)
del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC?
En relación a esta materia, Túnez ha promulgado la Ley N° 99–42 del 10 de mayo de 1999
relativa a las semillas, plantones y obtenciones vegetales.
Dicha Ley establece un sistema sui generis  de protección de las obtenciones vegetales que
está en consonancia con la Ley tipo de la UPOV.
                                                     
1 Las respuestas de Túnez a las preguntas iniciales formuladas por Suiza se distribuyeron en el
documento IP/C/W/331.IP/C/W/331/Add.1
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B. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
Ampliación de la respuesta a la pregunta 5:
Con respecto al uso comercial desleal de datos facilitados por un solicitante al organismo
oficial competente en el marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercialización de unproducto farmacéutico o de un producto químico para la agricultura, sírvanse especificar si su
legislación establece un plazo concreto de protección de los datos de pruebas u otros no divulgados
del primer solicitante.
Los productos farmacéuticos se rigen por las leyes 73–55 de 3 de agosto de 1973 y 85–91 de
22 de noviembre de 1985.  Se han promulgado textos de aplicación de esas leyes, entre otros:
– el Decreto 90–1400 de 3 de septiembre de 1990, que fija normas respecto de las
prácticas adecuadas de fabricación de los medicamentos destinados a seres humanos,
el control de su calidad, acondicionamiento, etiquetado, denominación y la publicidad
correspondiente;
– el Decreto 90–1401 de 3 de septiembre de 1990 que fija las modalidades de la
experimentación médica o científica relativa a los medicamentos destinados a seres
humanos;
– la Resolución del Ministro de Salud Pública de 10 de septiembre de 1996 que fija las
modalidades para otorgar una autorización a fin de comercializar medicamentos
destinados a seres humanos, su renovación y su transferencia.
Esos textos, en conformidad con las leyes que les dieron origen, comprenden sanciones
disciplinarias, civiles y penales, contra cualquier persona que los transgreda.
La tramitación de los expedientes de medicamentos se rige por procedimientos y
disposiciones que garantizan la seguridad de las informaciones que contienen y se pueden detallar en
la forma siguiente:
Recepción de los expedientes:  Un inspector farmacéutico atiende en forma directa la
recepción del expediente que le presenta la persona designada para ello por el respectivo laboratorio.
A continuación, el inspector envía una copia refrendada al interesado, quien obtiene así constancia de
la fecha de presentación de su expediente.
Evaluación de los expedientes:  Al inspector farmacéutico le corresponde la responsabilidad
de conservar los expedientes.  El expediente farmacéutico se remite al Laboratorio Nacional de
Control de Medicamentos a fin de que se pronuncie sobre la conformidad del producto con su
expediente según el estado de los conocimientos de farmacia.  El expediente clínico se confía a un
perito designado por el Ministro para que elabore un informe detallado que se somete a una comisión
especializada.
Evaluación de productos similares a los registrados:  En esta evaluación la  confidencialidad
de los datos es fundamental  para evitar la utilización de los elementos contenidos en otro expediente.
El procedimiento establecido en Túnez, al igual que en la mayor parte de los países que tienen
un sistema de registro fiable, se basa en los siguientes elementos:
– No se exigen los datos clínicos de la molécula que es objeto de la segunda solicitud
porque la molécula ya se ha evaluado.IP/C/W/331/Add.1
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– La reglamentación exige que el producto haya obtenido en su país de origen un
derecho de comercialización (Autorización para comercializar el producto).  Cuando
se trate de un país signatario de los Acuerdos de la OMC, la responsabilidad por la
observancia de las patentes incumbe al país de origen, pero, si no se ha solicitado unapatente específica, corresponderá a otro país.  Si el país no es signatario de los
Acuerdos de la OMC, la observancia de las disposiciones relativas a la propiedad
intelectual incumbe a Túnez.
– El solicitante de una autorización para comercializar un producto debe proporcionar
un expediente farmacéutico que comprenda métodos de análisis que deben insertarse
en alguno de los criterios siguientes:
a) si el producto se describe en el marco de una farmacopea internacional, la
referencia a ésta equivale a la validación de sus métodos;
b) a falta de ese dato, el proveedor debe proporcionar, por sus propios medios,
un método válido sin que pueda remitirse a los datos del primer titular de la
Autorización para comercializar el producto.
Sin embargo, cabe señalar que pueden utilizarse las publicaciones científicas, ya que la
Administración considera que los resultados que figuran en ellas han pasado al dominio público poriniciativa del titular de la patente o de la comunidad científica internacional.
El procedimiento adoptado por Túnez está vigente desde hace más de dos décadas y ha
permitido evitar los conflictos de intereses y asegurar la confidencialidad de los datos.  Gracias a ese
procedimiento, la Administración ha adquirido el estatuto de Centro Colaborador de la OMS enmateria de registro de medicamentos y reglamentación farmacéutica.
En cuanto a la aplicación de la Ley Nº 2000–84 de 24 de agosto de 2000, relativa a los
productos farmacéuticos, se ha previsto una disposición en el artículo 103 para diferir su aplicación en
consonancia con el período de gracia fijado por la OMC.
Sin embargo, Túnez garantiza la admisibilidad de las solicitudes de patente según el mismo
acuerdo internacional.
Todos los datos antes citados y las referencias relativas a la reglamentación se publican en el
sitio Web:  www.dpm.tn .
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