ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  IP/C/W/421 
8 de marzo de 2004 
 
 (04-0999) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio Original:   inglés 
 
 
 
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN 
 
Respuestas de la Ex República Yugoslava de Macedonia  
a las preguntas formuladas por Suiza  
 
 
 La siguiente comunicación, de fecha 4 de ma rzo de 2004, se distribuye a petición de la 
delegación de la Ex Repúbli ca Yugoslava de Macedonia. 
 
_______________ 
 
 A. P
REGUNTA GENERAL  
1. ¿Son directamente aplicables en el ordenamien to jurídico de su país las disposiciones del 
Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que no se hayan incorporado a su legislación 
nacional? 
 De conformidad con el artíc ulo 118 de la Constitución de la Ex República Yugoslava de 
Macedonia, los acuerdos internacionales ratificados  por la Ex República Yugoslava de Macedonia se 
consideran parte del ordenamiento jurídico interno y no pueden modificarse por la ley. 
B. PATENTES  
2. ¿Otorga su legislación protección mediante  patente a las invenciones relacionadas con 
productos o procesos en todos los campos de la  tecnología, o hay excepciones?  De ser así, 
sírvanse indicar cuáles son esas excepciones y cómo se ajustan a lo dispuesto en el artículo 27 del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  
 En virtud de los apartados 1 y 7 del artículo 2 y del párrafo 1 del ar tículo 19 de la Ley de 
Propiedad Industrial, se protegerán mediante patent e las invenciones realizadas en todos los campos 
de la tecnología que sean nuevas, entrañen una ac tividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial.  Esta definición está también en confor midad con el párrafo 1 de l artículo 27 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
 De conformidad con el artículo 72, las pate ntes otorgadas en relación con un procedimiento 
serán también aplicables a los productos y sust ancias obtenidos mediante ese procedimiento. 
 En el artículo 20 de la Ley de Propiedad Indu strial se prevén excepciones que están en plena 
conformidad con las previstas en los párrafos 2 y 3 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.  
Esas excepciones se refieren a las nuevas especies  animales y obtenciones vegetales, los métodos 
quirúrgicos y de diagnóstico y las invenciones cuya publicación o aplicación sea contraria al orden público y la moralidad.  En la antigua Ley de Propie dad Industrial, las variedades e híbridos vegetales 
podían protegerse mediante patente, pero con la adopción de la Ley de Semillas y Material de IP/C/W/421 
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 Siembra se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en  el apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 del 
Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé la exclusión de esos materiales de la patentabilidad y la 
protección mediante un sistema eficaz sui generis . 
3. ¿Considera su legislación, de conformidad co n el párrafo 1 del artículo 27 en el contexto 
del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importación es una forma de "explotación" 
de una patente y excluye por tanto el otorgamient o de una licencia obligatoria, si se importa un 
producto?  
 El artículo 76 de la Ley de Propiedad Industr ial establece que, si el titular de la patente no 
explota la invención protegida o la explota de form a insuficiente para satisfacer las necesidades del 
mercado de Macedonia y se niega a suscribir un contrato de licencia o establece condiciones no 
comerciales para la suscripción de tal contrato, el derecho de explotación de la invención podrá 
otorgarse a otra persona, con obligación de pagar una  remuneración al titular de la patente.  No se 
concederán licencias obligatorias si el titular de la patente demuestra la existencia de razones 
legítimas que justifican la no explotación o explot ación insuficiente de la invención protegida. 
 Por satisfacción de las necesidades del merc ado se entenderá la satisfacción de esas 
necesidades con productos nacionales o extranjeros. 
4. ¿Están las licencias obligatorias sujetas en  su legislación a las condiciones enumeradas 
en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse indicar las disposiciones 
correspondientes de la ley.  
 En los artículos 76 a 81 de la Ley de Propi edad Industrial se reglamenta el régimen de 
licencias obligatorias, que está en conformidad con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 De conformidad con el párrafo 1 del artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial, las 
licencias obligatorias se conceden con la finalid ad de satisfacer las necesidades del mercado de 
Macedonia en los casos en que el titular de la patent e no explote la invención protegida, se niegue a 
suscribir un contrato de licencia o establezca condi ciones no comerciales para la suscripción de tal 
contrato.  Estas disposiciones están en plena confor midad con lo prescrito en los párrafos b) c) y d) 
del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En  el párrafo 2 del artículo 76 se enuncian las 
condiciones que determinarán la denegación de una  licencia obligatoria de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo a) del artículo 31 del Acuerdo. 
 Los tribunales decidirán mediante procedimient o judicial si se concede o no una licencia 
obligatoria solicitada (artículo 77 de la Ley de Pr opiedad Industrial), lo que está en conformidad con 
el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.  La re muneración se reglamenta en el artículo 79 de la 
Ley de Propiedad Industrial con arre glo a lo dispuesto en el aparta do e) del párrafo 3 del artículo 31 
del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 El período de validez de la licencia obligatoria  está supeditado exclusivamente a la vigencia 
de los motivos que hayan determinado su concesión (a rtículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, de 
conformidad con el párrafo i) del artíc ulo 31 de Acuerdo sobre los ADPIC).  
5. ¿Prevé su legislación el principio de la inv ersión de la carga de la prueba en los litigios 
relativos a patentes de procedimie ntos?  Sírvanse indicar las disposiciones correspondientes de 
la ley.  
 En los procedimientos civiles iniciados por infracción de derechos de patente (artículos 201 
a 211 de la Ley de Propiedad Industrial), el tribun al podrá, de conformidad con el artículo 72 de esa 
Ley, solicitar pruebas en caso de que existan indi cios razonables de que el producto se ha producido  IP/C/W/421 
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 mediante un procedimiento protegido, lo que est á en conformidad con el artículo 34 del Acuerdo 
sobre los ADPIC.  La carga de la prueba recaerá en  el supuesto infractor (párrafo 4 del artículo 72 de 
la Ley de Propiedad Industrial), de conformidad co n lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 34 del 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
 En lo que respecta a las medidas de seguridad, ex iste la posibilidad de que el titular de los 
derechos pida a las personas relacionadas con la infracción de esos derechos que presenten, para su 
inspección, los datos y documentos relacionados c on la infracción (párrafo 1 del artículo 214 de la 
Ley de Propiedad Industrial).  Tal posibilidad se pr evé en el párrafo 5 del artículo 50 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
 En los procedimientos civiles, los jueces podrán, si el procedimiento lo requiere, ordenar la 
comparecencia de expertos para testificar, así como solicitar la presentación de otros elementos de 
prueba (artículos 204 a 261 de la Ley de Procedimiento Judicial ) en los procedimientos penales 
(artículos 198 a 252 de la Ley de Enjuiciamiento  Criminal) y procedimientos administrativos 
(artículos 159 a 201 de la Ley del Pr ocedimiento Administrativo General). 
 En los procedimientos administrativos en que se  solicite la anulación de decisiones, la parte 
solicitante estará obligada a presentar las pruebas necesar ias (párrafos 3 y 4 del artículo 225 de la Ley 
del Procedimiento Ejecutivo). 
 En todos los procedimientos se prevé la presentación de pruebas a la parte contraria que 
solicite una respuesta. 
C. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA  
6. Sírvanse indicar de forma detallada si su legislación garantiza que los datos de pruebas 
u otros datos no divulgados presen tados por un solicitante al organismo oficial competente en el 
marco del procedimiento prescrito para autori zar la comercialización de un producto 
farmacéutico o de un producto químico para la agricultura quedan protegidos contra toda 
divulgación y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo mediante la prohibición impuesta a un segundo solicitante de basarse en los datos originales del primer 
solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorización de 
comercialización de su propio producto. 
¿Establece su legislación excepciones a tal respecto?  De ser así, ¿con sujeción a qué 
condiciones resultarían éstas aplicables?  
 ¿Establece su legislación un plazo concreto de protección de esos datos de pruebas no 
divulgados?  
 La protección de la información confidencial se prevé principalmente en las disposiciones 
sobre competencia d esleal de la Ley de Soci edades Mercantiles (artículos 176 a 178b) y la Ley de 
Comercio (artículos 31 a 37). 
 La protección de la información confidencial  de las investigaciones y demás información 
presentada en el procedimiento para la autori zación de la venta y comercialización de productos 
farmacéuticos y productos químicos agrícolas (previ sta en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo 
sobre los ADPIC) se otorga en virtud de las disposiciones sobre competencia desleal de los artículos 31, 34 y 37 de la Ley de Comercio (Gaceta Oficial N
os 23/95, 30/96, 43/95 y 43/99), la Ley 
contra la Competencia Desleal (Gaceta Oficial Nº 80/ 99) y los artículos 23 y 24 de la Ley contra la 
Limitación de la Competencia (Gaceta Oficial Nº 80/ 99).  Además de esas disposiciones, la Ley de IP/C/W/421 
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 Medicamentos, Sustancias Farmacéuticas y Aparatos Médicos (Gaceta Oficial Nº 21/98) prevé la 
protección de la información confidencial y los registros de productos farmacéuticos. 
 La divulgación y la adquisición no autorizada de secretos comerciales se tipifican como actos 
delictivos en el artículo 281 del Código Penal.  Lo s funcionarios están obligados a mantener secreta 
esa información con arreglo al artículo 20 de la Ley de Funcionarios Civi les.  La información 
confidencial revelada en el curso de actuaciones y procedimientos judiciales públicos se protege en 
virtud de la Ley del Procedimiento Administrativo General (artículo 150), la  Ley de Procedimiento 
Judicial (artículo 292), la Ley de Procedimie nto Penal (artículo 280) y la Ley de Faltas. 
D. M
EDIDAS PROVISIONALES  
7. ¿Están las autoridades judiciales de su país  facultadas para adoptar, a solicitud de un 
titular de derechos, una medida provisional sin ha ber oído a la otra parte antes de que se haya 
presentado una acción conducente a una decisión sobre el fondo del asunto?  Sírvanse citar las 
disposiciones legales pertinentes.  
 Los artículos 263 a 276 de la Ley de Procedimie nto Ejecutivo y las disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Penal autorizan a los jueces a di ctar prohibiciones y medidas de asistencia 
provisionales para prevenir infracciones y preserva r pruebas.  La Ley de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos (artículos 159, 162 y 168), el Código Penal (artíc ulo 157) y la Ley de Propiedad 
Industrial (artículo 213) prevén ta mbién la adopción de medidas provisionales por decisión judicial.  
En los casos relativos al derecho autor, las medid as provisionales pueden adoptarse sin oír a la otra 
parte, de conformidad con el párrafo 2 del artíc ulo 162 de la Ley de Derecho Autor y Derechos 
Conexos.  En los casos relacionados con la propiedad  intelectual se permite la adopción de medidas 
provisionales en virtud de los artículos 263 a 27 5 de la Ley de Procedimiento Ejecutivo y los 
artículos 257 y 260 de la Ley de  Procedimiento Judicial.  Con arreglo a esas disposiciones, las 
medidas provisionales podrán adoptarse sin oír a la otra parte. 
8. ¿Prevé su legislación alguna restricción para  obtener medidas provisionales?  De ser así, 
¿cuáles son?  Sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.  
 No existen restricciones en cuanto al plazo de adopción de medidas provisionales. 
 De conformidad con el artículo 264 de  la Ley de Procedimiento Ejecutivo: 
 "Podrán adoptarse medidas provisionales antes de iniciarse un procedimiento judicial o 
administrativo, durante su desarrollo y después de su terminación, siempre que sea antes de la 
ejecución efectiva de la decisión." 
 Según el artículo 265 de la Le y de Procedimiento Ejecutivo: 
 "No podrá dictarse una medida provisional si hay motivos [condiciones]  para adoptar antes 
otras medidas con las que puedan conseguirse los mismos objetivos." 
 Con arreglo al artículo 266 de la  Ley de Procedimiento Ejecutivo: 
 "Podrá adoptarse una medida provisional para garantizar una reclamación monetaria si el 
acreedor demuestra la existencia de la recl amación y el riesgo de que, si no se adopta tal 
medida, el deudor impida o haga mucho más difí cil el cobro de la reclamación transfiriendo u 
ocultando todos sus recursos o propiedades, o deshaciéndose de ellos por cualquier otro medio.  IP/C/W/421 
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  El acreedor no necesita demostrar la existencia de riesgo si prueba que el deudor sólo sufriría 
daños y perjuicios insignificantes. 
 Se presume que existe riesgo si la suma reclamada se debe en el extranjero.  Podrá adoptarse una medida provisional para impe dir el pago contra una orden de aceptación 
si la propuesta para adoptar tal me dida se presenta en la demanda." 
 De conformidad con el artículo 268 de  la Ley de Procedimiento Ejecutivo: 
 "Podrá adoptarse una medida provisional para ga rantizar una reclamación no monetaria si el 
acreedor demuestra la existencia de la recl amación y el riesgo de que, si no se adopta tal 
medida, el deudor impida o haga mucho más di fícil la recuperación de lo reclamado. 
 Podrá adoptarse también una medida provisional si el acreedor demuestra que es necesaria 
para evitar el uso de la fuerza o para indemn izar por los daños que pudieran ocasionarse. 
 Las disposiciones correspondientes a los párrafos 2 y 3 del artículo 266 de esta Ley serán 
también aplicables a las medidas provisionales para garantizar las reclamaciones no monetarias." 
9. Sírvanse describir las medidas provisionales previstas en su legislación, incluidas 
aquellas que son útiles para combatir la falsific ación y la piratería.  Sírvanse describir los 
procedimientos que deben observarse y ci tar las disposiciones legales pertinentes.  
 El artículo 162 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos prevé las medidas 
siguientes:  confiscación, retirada de la circulaci ón y salvaguardia de copias,  dispositivos, equipo y 
documentos;  prohibición de posibles actividades infractoras o de su reanudación y otras medidas 
similares de carácter provisional.  Si existen mo tivos fundados para sospechar que esas medidas de 
protección no podrán aplicarse más adelante, el tri bunal podrá dictar y ejecutar tales medidas sin 
notificarlas ni oír previamente a la parte contrari a.  El procedimiento de obtención de pruebas será 
sumario. 
 En el artículo 163 de la Ley de Derecho de Au tor y Derechos Conexos se prevé, como medida 
provisional, la presentación de pruebas;  en los caso s en que conste que las pruebas se destruirán o 
serán imposibles de obtener en un momento posterior, el tribunal podrá también obtenerlas sin 
notificarlo ni oír previamente a la parte contrari a.  El procedimiento de obtención de pruebas será 
sumario. 
 De conformidad con el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial: 
 "El titular de los derechos que pueda inicia r una acción por infracción de sus derechos con 
arreglo a la presente Ley, podrá también so licitar al tribunal la adopción de medidas 
provisionales en las condiciones y la forma prev ista por la Ley de Procedimiento Ejecutivo." 
 En el artículo 214 de la Ley de Propied ad Industrial se establece lo siguiente: 
 "1) El titular de los derechos podrá solicita r que las personas vinculadas de algún modo 
con la infracción de derechos a dquiridos en virtud de la presente Ley (productores, editores, 
importadores, distribuidores, expedidores, propietarios, vendedores, propietarios de muestras, 
artículos o medios utilizados en la infracción de  esos derechos, y otras personas) presenten sin 
demora los datos y documentos relativos a la infracción. IP/C/W/421 
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  2) Si las personas a que se hace referencia del párrafo 1) del presente artículo omiten la 
presentación de los datos o documentos de  que dispongan, serán responsables del 
resarcimiento de los daños y perjuicios causados por su omisión. 
 3) El titular de los derechos mencionado en el párrafo 1) del presente artículo que haga 
un uso indebido de los datos o documentos pr oporcionados por las personas a que se hace 
referencia en ese párrafo, con resultado de da ños y perjuicios para esas personas, estará 
obligado a indemnizar a esas personas con arreglo a las disposiciones generales sobre resarcimiento de daños y perjuicios." 
10. Sírvanse describir las medidas previstas en su  legislación para combatir la falsificación y 
la piratería en la frontera.  Sírvanse explicar  si las autoridades competentes están facultadas 
para actuar de oficio y, en caso afirmativo,  sírvanse indicar las medidas de observancia que 
pueden adoptarse.  Sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.  
 De conformidad con el artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial: 
 "1) Si el titular de los derechos presenta una reclamación según la cual la importación de 
determinadas mercancías en la República de Ma cedonia infringe los derechos que le confiere 
la presente Ley, las autoridades aduaneras podrán, a petición de ese titular, ordenar la 
adopción de las siguientes medidas en frontera: 
1. Que un funcionario de aduanas autori zado, acompañado por el titular de los 
derechos o de su representante, inspeccione las mercancías objeto de importación y las excluya del comercio  o las deposite en lugar seguro, a 
menos que el importador tenga pruebas fehacientes relativas a la producción 
de esas mercancías. 
 2) A petición de las autoridades aduaneras o del importador, el titular de los derechos 
estará obligado a depositar una fianza para cubrir  los posibles daños y perjuicios causados por 
las medidas adoptadas en virtud del párrafo 1) del presente artículo. 
 3) Las autoridades aduaneras notificarán  inmediatamente las medidas adoptadas al 
importador y al destinatario de las mercancías. 
 4) Las autoridades aduaneras suspenderán l as medidas adoptadas en virtud del párrafo 1) 
del presente artículo si el titular de los derec hos no entabla una acción judicial por infracción 
de sus derechos ante el tribuna l competente en el plazo de lo s 8 días siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud." 
 El artículo 165 de la Ley de Derecho de Au tor y Derechos Conexos establece lo siguiente: 
 "Si el titular de los derechos notifica que el de recho exclusivo que le confiere la presente Ley 
ha sido infringido por la importación de determin adas mercancías en el país, las autoridades 
de aduanas podrán, a petición de ese titular, ordenar las siguientes medidas aduaneras: 
 - la inspección de las mercancías por el titular de los derechos o su agente;  y  - la confiscación, supresión de la circulac ión o almacenamiento en lugar seguro de las 
mercancías. 
 Junto con la demanda con arregl o al párrafo 1 del presente artículo, el titular de los derechos 
estará obligado a proporcionar a las autoridad es aduaneras una descripción detallada de las  IP/C/W/421 
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 mercancías, y las pruebas necesar ias de sus derechos exclusivos y de la supuesta infracción de 
esos derechos.  Si las autoridades aduaneras lo  ordenan, el titular de los derechos estará 
obligado a depositar una fianza para cubrir los daños y perjuicios que tales medidas puedan 
causar. 
 Las autoridades aduaneras est arán obligadas a notificar con prontitud las medidas adoptadas 
al importador y al destinatario de las mercancías , y anularán tales medidas si el titular de los 
derechos no entabla una acción judicial o inicia algún otro procedimiento de ejecución de las 
medidas adoptadas en el plazo de diez días." 
 En cuanto a la posibilidad de que las autoridad es aduaneras actúen de oficio, el Ministerio de 
Hacienda y la Administración de Aduanas prepar arán, en 2004, la Ley de Medidas Aduaneras 
para la Protección de la Propiedad Intelectua l.  Esa Ley forma parte del Plan de Leyes y 
Actividades que los departamentos de organización del Ministerio de Hacienda prepararán y 
propondrán, o llevarán a cabo, en el año 2004.   La Ley permitirá a la Administración de 
Aduanas actuar de oficio en los procedimientos  de protección de la propiedad intelectual. 
E. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS  DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
11. Sírvanse describir de qué forma su legisl ación da cumplimiento a las prescripciones del 
artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Sír vanse citar las disposiciones legales pertinentes.  
Párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC  
 De conformidad con la Ley de Derecho de Autor y otras disposiciones legales, los autores y 
demás titulares de derechos de autor y derechos c onexos, el cuerpo de inspectores del Ministerio de 
Cultura y los demás organismos públicos compet entes (administrativos y judiciales) estarán 
facultados para iniciar y/o adoptar medidas para  impedir el uso incorrecto de estos derechos. 
 La persona cuyos derechos c on arreglo a esta Ley hayan sido violados podrá exigir la 
protección de sus derechos y reclamar una inde mnización, salvo que en la Ley se disponga lo 
contrario.  El titular de los derec hos podrá también reclamar la protección prevista en el párrafo 1 de 
este artículo cuando exista amenaza grave de infr acción de los derechos reconocidos en esta Ley 
(artículo 156).  
 Cuando existan varios titulares de  los derechos conforme a esta  Ley, cada uno de ellos podrá 
exigir la protección del derecho en su integridad.  Si son varios los infractores de los derechos, cada 
uno de ellos responderá totalmente de la infracción (artículo 157). 
 Se considerará que una persona infringe los derechos exclusivos reconocidos en esta Ley 
cuando fabrique, importe, posea con fines comerciales,  distribuya, alquile o utilice de otra manera 
cualquier medio con el único o principal propósito de  retirar sin autorización o dañar el equipo técnico 
o un programa de ordenador que se utiliza como pr otección lícita frente al uso no autorizado;  y que, 
sin autorización, haga posible que el público reci ba señales portadoras de programas codificados, o 
que contribuya a dicho fin (artículo 158).  
 Los autores y demás titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán entablar, de 
manera independiente o a través de un representante i ndividual o colectivo, procedimientos ante los 
tribunales (en los procedimientos judiciales, como únicos iniciadores del procedimiento, en los procedimientos de faltas o delitos el cuerpo de insp ectores del Ministerio de Cultura podrá también 
figurar como iniciador).  Las entidades anteriores podrán presentar cargos penales ante el Ministerio 
Fiscal para la iniciación de un procedimiento pena l por actuación delictiva y, si hay pruebas de la 
realización del acto delictivo que, según el artícul o 157 del Código Penal (Gaceta Oficial de la IP/C/W/421 
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 República de Macedonia Nº 37/96), deba perseguirse de  oficio, el Ministerio Fiscal presentará los 
cargos.  Al mismo tiempo, podrá exigirse la adopción de medidas de protección.  En la Ley de Derecho de Autor se prevé también la infracción de los derechos de autor y derechos conexos, y está 
sujeta a las sanciones correspondientes.  
 El cuerpo de inspectores del Ministerio de Cultura efectuará inspecciones y controles 
ordinarios y extraordinarios, y estudiará cada caso por separado.  Si considera que se han infringido 
determinados derechos de auto r y derechos conexos, adoptará las medidas prescritas y formulará 
cargos de faltas.  Simultáneamente a la presentación de los cargos de faltas, se adoptarán medidas de 
protección. 
 Cuando la persona competente (en adelante el inspector), en el curso de su actividad de 
supervisión, tenga sospechas fundadas de que  se ha cometido una infracción, confiscará 
temporalmente los objetos que hayan sido utilizados  o estén destinados a ser utilizados para la 
comisión de la misma, o bien que hayan sido creados mediante dicha infracción.  El inspector presentará dichos objetos, junto con un escrito de iniciación de un procedimiento de faltas, a la 
autoridad competente en los procedimientos de faltas (párrafos 2 y 3 del artículo 170).  
 La protección a través de la jurisdicción civil se establece en los artículos 159 a 163 de la Ley 
de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 
 La Ley de Propiedad Industrial prevé la protección eficaz contra las infracciones de los 
derechos de propiedad industrial mediante: 
 - un procedimiento basado en la solicitud de anulación de una decisión (artículos 224 
y 225); 
 - medidas provisionales (artículo 213); 
 - aportación de datos y documentos (artículo 214);  - protección judicial (artículos 201 a 212);  - medidas aduaneras (artículo 215);  - procedimientos penales por faltas (artículo 228). 
 El Código Penal prevé la sanción de actos de lictivos tales como el uso no autorizado del 
nombre comercial de otro (artículo 385) o de l as invenciones ajenas (artículo 286).  En caso de 
demanda, se confiscarán los objetos  producidos mediante los actos delictivos mencionados y se 
emprenderá la correspondiente acción judicial. 
 Los procedimientos de protección mediante la jurisdicción civil, o la jurisdicción penal por 
faltas o delitos, se rigen por los artículos pertinent es de las normas siguientes:  Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley de Procedimiento Judicial, Ley de Obligaciones (Compensación de 
Daños y Perjuicios), Ley de Faltas, Código Penal, Ley de Procedimiento Penal, Ley del 
Procedimiento Ejecutivo, etc. 
Párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
 Las siguientes disposiciones se refieren a la ap licación de procedimientos justos, equitativos y 
no gravosos:  IP/C/W/421 
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  En la Ley de Enjuiciamiento Criminal se con tienen los siguientes principios básicos:  el 
acusado de un acto delictivo será considerado inocente mientras no se demuestre su culpa, en función 
del hecho de que el tribunal resuelve de manera favorable para el acusado:  presunción de inocencia 
(artículo 2);  deberá notificarse al acusado la razón por la que se le incoa procedimiento en un idioma 
que comprenda (artículo 3);  el acusado tendrá derecho a un juicio justo y público en un plazo 
razonable (artículo 4);  está prohibido y es objeto de  sanción provocar la confesión (artículo 10);  el 
procedimiento deberá llevarse a cabo sin demora (artículo 13);  los tribunales y demás órganos 
estatales tienen la obligación de determinar los hechos  de forma veraz y completa (artículo 14);  la 
evaluación de las pruebas no podrá restringirse ni de pender de normas de carácter especial y formal 
(artículo 15). 
 Las disposiciones relativas a los procedimientos penales serán también aplicables a los 
procedimientos de faltas. 
 En la Ley de Procedimiento Judicial se c ontienen los siguientes principios básicos:  
determinación de los límites de la  demanda (artículo 2);  las partes  podrán disponer libremente de las 
demandas (artículo 3);  el tribunal decidirá de fo rma oral, inmediata y pública sobre la solicitud de 
reclamación (artículo 4);  posibilidad de que cada pa rte exprese su opinión ante las demandas de la 
parte contraria (artículo 5);  el tribunal tiene la obligación de determinar los hechos controvertidos y 
de evaluar las pruebas completa y honestamente (a rtículo 7);  el tribunal está obligado a llevar a cabo 
el procedimiento sin dilación y con el menor g asto posible (artículo 10);  se informará de las 
posibilidades de entablar procedimientos judici ales a la parte que lo desconozca (artículo 11). 
 En la Ley del Procedimiento Administrativo General se contienen los principios básicos 
siguientes:  solución de las diferencias de confor midad con las leyes (artículo 4);  protección de los 
ciudadanos y del interés público (artículo 5);  obser vancia efectiva de los derechos (artículo 6);  
determinación de las condiciones reales mediante el an álisis de todos los hechos (artículo 7);  garantía 
de que las partes puedan expresar su  opinión sobre los hechos y circuns tancias (artículo 8);  desarrollo 
del procedimiento con el menor gasto posible (a rtículo 13);  prestación de ayuda a las partes 
desconocedoras de sus derechos para la protección de aquellos que les corr espondan con arreglo a la 
ley (artículo 14). 
Párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC  
 Las decisiones de los órganos competentes fo rmuladas por escrito, razonadas y basadas en las 
pruebas presentadas por las partes en el procedimiento se rigen por las disposiciones siguientes: 
 De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento  Criminal, el veredicto se dictará y se hará 
público (artículo 337), el tribunal sólo fundamentará el veredicto en los hechos y pruebas presentados 
en la vista principal (artículo 339), el veredicto publicado se formulará por escrito en un plazo de ocho 
días contados a partir de la fecha de su publicaci ón o, si es más complejo, en el término de 15 días 
(artículo 347), y deberá contener una introdu cción, la declaración o parte dispositiva y el 
razonamiento (artículo 348). 
 De conformidad con la Ley de  Procedimiento Judicial, el veredicto se dictará y se hará 
público (artículo 321), el veredi cto publicado se formulará por escrito en un plazo de ocho días 
contados a partir de la fecha de su publicación, plazo que será excepcionalmente de 15 días en el caso de procedimientos más complejos (artículo 323), y deberá contener una introducción, la declaración 
(parte dispositiva) y el razonamiento (artículo 324). 
 De conformidad con la Ley del Procedimient o Administrativo General, el órgano autorizado 
dictará una decisión (artículo 202), que deberá form ularse por escrito y contener una introducción, la 
declaración (parte dispositiva) y el razonamiento (a rtículo 206).  El procedimiento se llevará a cabo y IP/C/W/421 
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 se adoptará y presentará la decisión a la parte en un plazo de 60 días, salvo que la ley disponga lo 
contrario. 
Párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC
 
 Interposición de recursos contra decisiones administrativas finales y decisiones judiciales de 
primera instancia. 
 Contra las decisiones dictadas en primera inst ancia podrá interponerse una apelación ante el 
Comité de Segunda Instancia del Gobierno (artícul o 14 de la Ley de Procedimiento Ejecutivo y 
artículos 144 y 145 de la Ley de Der echo de Autor y Derechos Conexos). 
 Mediante la presentación de una reclamación, podrá iniciarse un procedimiento 
administrativo contra una decisión adoptada en el  marco de un procedimiento administrativo de 
segunda instancia (Ley del Procedimiento Administrativo General). 
 Podrá iniciarse un procedimiento administrativo en el plazo de los 30 días siguientes a la 
recepción de la decisión adoptada en segunda instancia (artículos 23 y 24 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General).  El recurso se interpondr á ante el Tribunal Supremo de la Ex República 
Yugoslava de Macedonia (párrafo 1 del artículo 3 de la Ley de l Procedimiento Administrativo 
General). 
 En el artículo 350 de la Ley de Enjuiciamiento  Criminal se prevé el derecho de apelación 
dentro de un plazo de 15 días desde la comunicación del veredicto;  sobre esta apelación decidirá el 
tribunal de segunda instancia (Tribunal de Apelación). 
 Existe también la posibilidad de presentar r ecursos legales extraordinarios una vez que la 
sentencia sea firme, como la repetición del pro cedimiento penal (artículos 388-398), cuya decisión 
recae en el tribunal de primera instancia;  la mitigación con carácter extraordinario de la pena 
(artículos 399-402), que resuelve el Tribunal Supremo;   el recurso de amparo  (artículos 403-410), 
sobre el que dictará resolución el Tribunal Supremo;  y el recurso extraordinario de revisión de la 
sentencia firme (artículos 411-415), sobre el que decidirá el Tribunal Supremo. 
 De conformidad con el artículo 75 de la Le y de Faltas podrá interponerse un recurso ante un 
tribunal de segunda instancia (Tribunal de Apelación) contra los veredictos y decisiones dictadas en 
primera instancia.  Los recursos legales extr aordinarios son los siguientes:  repetición del 
procedimiento de faltas y recurso de amparo. 
 De conformidad con el artículo 334 de la Le y de Procedimiento Judicial se prevé un derecho 
de apelación en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de comunicación del veredicto, sobre 
el que decidirá el tribunal de segunda instancia (Tribunal de Apelación). 
 Los recursos extraordinarios son:  recurso de  revisión (artículos 368-386), que resuelve el 
Tribunal Supremo;  recurso de am paro (artículos 387-394), que resu elve el Tribunal Supremo;  y 
repetición del procedimiento (artícul os 395-402), en el que decide el tribunal de primera instancia. 
 De conformidad con la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, podrá recurrirse la 
decisión de expedición o revocación de una licencia para  la gestión colectiva de los derechos de autor 
y derechos conexos, mediante la presentación de un recurso ante el Gobierno de la Ex República 
Yugoslava de Macedonia en un plazo de 15 días desde la comunicación de la decisión.  Frente a las 
actuaciones en segunda instancia podrá interponerse un procedimiento administrativo.  IP/C/W/421 
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 12. Sírvanse indicar cuáles son las autoridades responsables de la aplicación de las medidas 
previstas en la legislación de su país para comb atir la falsificación y la piratería.  Sírvanse 
explicar si las autoridades competentes están fa cultadas para actuar de oficio y, en caso 
afirmativo, sírvanse indicar las medidas de observancia que pueden adoptarse.  Sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes.  
 El Ministerio de Cultura supervisa la aplicaci ón de la Ley de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos a través de la Junta Administrativa de Asociaciones para el Ejercicio Colectivo de los Derechos de Autor y Derechos Conexos y la Vigila ncia e Inspección.  La inspección se lleva cabo de 
oficio y a petición de los titulares de derechos .  Las autoridades de inspección pueden iniciar 
procedimientos por faltas y estan también facultada s para confiscar objetos  y equipo -como medida 
provisional-, siendo, en tal caso, obligatoria la  iniciación de un procedimiento por faltas. 
 El Ministerio de Economía -a través del Serv icio Estatal de Inspección del Mercado- lleva a 
cabo inspecciones de oficio para velar por el cumpli miento de las normas comerciales sobre origen de 
las mercancías, protección de los consumidores y aspectos similares. 
 El Ministerio de Asuntos Exteriores lleva cabo inspecciones de oficio en los casos en que el 
uso no autorizado de obras y objetos protegidos por la Ley de Derecho de Au tor y Derechos Conexos 
alcanza el nivel de crimen organizado. 
 El Ministerio Fiscal inicia de oficio los procedimientos penales.  La Administración de Aduanas adopta medidas de inspección en la frontera para proteger los 
derechos de los titulares. 
 Los tribunales adoptan las decisiones pertinent es de los procedimientos civiles, por faltas y 
penales.  Los procedimientos civiles pueden inic iarse únicamente a instancias de los titulares de 
derechos;  los procedimientos por faltas, a instancias  de las autoridades de inspección, los titulares de 
derechos o el Ministerio Fiscal;  y los procedimient os penales, únicamente a instancias del Ministerio 
Fiscal. 
 Las asociaciones para el ejercicio colectivo de  los derechos y los titulares de derechos pueden 
iniciar, a título individual, procedimientos civ iles y por faltas, mientras que, para iniciar un 
procedimiento penal, deben presentar una solicitud al Ministerio Fiscal. 
 De conformidad con el artículo 215 de la  Ley de Propiedad Industrial (Gaceta Oficial 
Nº 47/02), la Administración de Aduanas está facultada para actuar como se describe continuación.  El titular de derechos de propiedad intelectual que tenga sospechas de que determinada empresa 
realizará o realiza ya importaciones de mercancías pirata y falsificadas podrá solicitar la intervención 
de la Administración de Aduanas. 
 Un funcionario autorizado de la Administraci ón de Aduanas, acompañado por el titular de los 
derechos o de su representante, podrá inspeccionar l as mercancías objeto de importación y prohibir su 
salida al mercado o depositarlas en lugar seguro, en caso de que el importador no tenga pruebas 
fehacientes relativas a la producción de esas mercancías.  En tal caso, la Administración de Aduanas 
tiene derecho a retener el envío y prohibir la importación de tales mercancías pirata o falsificadas. 
13. Sírvanse describir toda nueva iniciativa p revista para mejorar la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual en su país, en  particular las iniciativas para combatir la 
falsificación y la piratería.  ¿Está en vigor algún plan de acción determinado? IP/C/W/421 
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  De conformidad con la expresa voluntad del Gobierno de dar cumplimiento a las 
prescripciones del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, de proteger con más eficacia los derechos de autor y derechos cone xos sobre la base del programa Información para el Ejercicio y la 
Protección del Derecho de Autor y los Derechos  Conexos, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
 1) Se ha establecido un órgano de coordi nación en materia de derecho de autor y 
derechos conexos, a cuyo frente se encuentra el Mini stro de Cultura.  En la labor de ese órgano 
participan representantes de los ministerios e inst ituciones siguientes:  Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Hacienda, Administración de Aduan as de la Ex República Yugoslava de Macedonia, 
Ministerio de Economía, Servicio Estatal de In spección del Mercado, Ministerio de Interior, 
Ministerio de Educación y Ciencia y Departamento  de Integración Europea del Gobierno de la 
Ex República Yugoslava de Macedonia. 
 2) El Gobierno de la Ex República Y ugoslava de Macedonia adoptará las medidas 
siguientes:  un programa para mejorar y aplicar el régimen de ejercicio y protección del derecho de 
autor y los derechos conexos y de formación y sensib ilización mediante el análisis de la situación y la 
propuesta de medidas y actividades a corto y largo plazo;  y un plan de acción para la protección 
eficaz del derecho de autor y los derechos cone xos en la Ex República Yugoslava de Macedonia, 
sobre la base de documentos estratégicos y de desarrollo. 
 3) Actualmente se está modificando la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
para ponerla en conformidad con las directivas de  la UE.  Las modificaciones que se introduzcan 
proporcionarán un nivel de protección mayor que el pr evisto en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Las 
modificaciones más significativas son las siguientes:  disposiciones relativas a una protección 
sui generis  de las bases de datos, disposiciones relativ as al programa de tecnología de la información 
para proteger el derecho de puesta a disposici ón del público, medidas tecnológicas, e información 
para la gestión de los derechos. 
 4) Se adoptará la legislación siguiente, conf orme con las disposiciones de la legislación 
pertinente de la Unión Europea:  Ley de Medi das Aduaneras para la Importación, Exportación y 
Reexportación y Procedimientos de Suspensión de Mer cancías Falsificadas y Pirata.  Esta Ley prevé 
también la protección aduanera de oficio. 
 La Ex República Yugoslava de Macedonia par ticipa en el programa regional CARDS para la 
protección de la propiedad intelectual y el progr ama TEMPUS, destinado a todas las instituciones 
competentes en materia de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.  
Estimamos que esos proyectos, en cuyo marco está previsto llevar a cabo numerosos seminarios, 
actividades de formación y planes para la interc onexión de todas las instituciones interesadas, 
contribuirán a nuestros esfuerzos por mejorar la prot ección de los derechos de propiedad intelectual. 
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