ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS87/15 
WT/DS110/14 23 de mayo de 2000 
 
(00-2075) 
  
 
CHILE - IMPUESTOS A LAS 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias  
Laudo del Árbitro 
Florentino Feliciano WT/DS87/15 
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 I. Remisión al arbitraje  
1. El 12 de enero de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD ") adoptó el informe 
del Órgano de Apelación1 y el informe del Grupo Especial2, modificado por el informe del Órgano de 
Apelación, en el asunto Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas  ("Chile - Bebidas alcohólicas ").  
El 1º de febrero de 2000, Chile informó al OSD, de conformidad con el pá rrafo 3 del artículo 21 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos  por los que se rige la solución de diferencias  
(el "ESD"), que aplicaría las recomendaciones y r esoluciones del OSD en esta diferencia pero que 
solicitaría un "plazo prudencial" para hacerlo, de c onformidad con lo previsto en el párrafo 3 del 
artículo 21 del ESD. 
2. Las consultas entre Chile y las Comunidades Europeas con respecto a la duración del plazo 
prudencial para la aplicación tuvier on lugar en Ginebra el 22 de fe brero de 2000, y posteriormente 
mediante conferencia telefónica, pero no dieron lugar a un acuerdo. 
3. Mediante carta conjunta de 27 de marzo de  2000, Chile y las Comunidades Europeas 
notificaron al OSD que habían acordado que la du ración del plazo prudencial para la aplicación 
debería determinarse mediante arbitraje vinculante , conforme a los términos  del párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD, y que yo debería actuar como ár bitro.  Las partes también indicaron en esa carta 
que habían acordado prorrogar el plazo para el pro cedimiento de arbitraje, fijado en 90 días por el 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, por otros 51 días, es decir hasta el 31 de mayo de 2000.  A pesar de esta prórroga del plazo para el procedimient o de arbitraje, las partes declararon que el laudo 
arbitral debía considerarse un laudo pronunciado en  virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD.  
Mi aceptación de esta designación como árbitro fue transmitida a las partes mediante carta de 28 de 
marzo de 2000. 
4. El 10 de abril de 2000 se recibieron comunica ciones escritas de Chile y las Comunidades 
Europeas, y la audiencia se celebró el 25 de abril de 2000. 
                                                     
 
1 WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R. 
 
2 WT/DS87/R, WT/DS110/R. 
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 II. Argumentos de las partes  
 A. Chile  
5. Chile comienza su comunicación indicando que, en virtud de la Constitución Política de la 
República de Chile (la "Constitución"), las materias re lativas a los tributos deben regirse por las leyes 
adoptadas por el Congreso Nacional de Chile.
3  La Constitución también consagra el "principio de 
legalidad tributaria", que requiere "la igual repartici ón de los tributos en proporción a las rentas o en la 
progresión o forma que fije la ley".4  La aplicación de las recome ndaciones y resoluciones del OSD 
solamente puede efectuarse mediante la adopción de  una ley que modifique el Impuesto Adicional a 
las Bebidas Alcohólicas (el "ILA") por el Congreso Nacional.  La aplicación no puede ser llevada a cabo, mediante el ejercicio de facultades delega das, por el Poder Ejecutivo del Gobierno chileno. 
6. Chile analiza detalladamente el proceso legisla tivo que deberá seguirse para la promulgación 
de una ley destinada a aplicar las recomendaci ones y resoluciones del OSD en este asunto. 
7. El proceso legislativo comprende una etapa "p relegislativa" que no está regulada por ningún 
texto constitucional ni legal.  Esta  etapa requiere un análisis técnico, político y jurídico del proyecto 
de ley propuesto.  Una Comisión Interministerial, in tegrada por representantes de los Ministerios de 
Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores, está ex aminando actualmente las cuestiones relativas a 
la aplicación y presentará un proyecto de ley para que lo examine el Presidente de la República.  Tras 
una breve interrupción, la Comisión continuó su  labor después de las elecciones nacionales que 
tuvieron lugar el 11 de marzo de 2000 y del cambio de Gobierno en Chile.  La labor de la Comisión 
podría llevar unas semanas más. 
8. Las etapas formales del proceso legislativo son las siguientes:  inicio, discusión, aprobación, 
sanción, promulgación y publicación.  En materia tributaria, corresponde al Presidente de la 
República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley
5, y es el Presidente quien debe presentar el 
proyecto a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.6 
                                                      
3 Artículos 19 y 60, Nº 2, de la Constitución;  la traducción al inglés figura en Constitutions of the 
Countries of the World , Blaustein and Flanz (eds.) (Oceana Publi cations, 1991), con suplemento de 1997. 
 
4 Comunicación de Chile, párrafo 7, donde cita  el artículo 19, Nº 20, de la Constitución. 
 
5 Artículo 62, Nº 1, de la Constitución. 
 
6 Artículo 62 de la Constitución. 
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 9. Cuando se propone un proyecto de ley en materi a tributaria, se envía, tras determinadas 
formalidades preliminares, a una Comisión permanente  de la Cámara de Diputados, en este caso la 
Comisión de Hacienda, a fin de que examine las características generales del proyecto.7  La Cámara 
de Diputados puede, en ejercicio de facultades discrecionales, encargar el examen del proyecto a más de una Comisión permanente, a dos o más Comisiones unidas, o nombrar Comisiones especiales.
8  
Las comisiones podrán aprobar o rechazar el proyect o o introducir modificaciones en el mismo. 
10. El proyecto de ley destinado a modificar el ILA podría ser tratado por las siguientes 
Comisiones:  de Hacienda (por tratarse de un im puesto que incide en la recaudación fiscal);  de 
Relaciones Exteriores (por tratarse de una materia relacionada con el cumplimiento de un tratado internacional);  de Agricultura (por tratarse de una ma teria que incide en la producción agrícola);  de 
Economía (por tratarse de una cuesti ón que afecta al sector industrial)  y de Salud (por tratarse de la 
regulación de un producto, el alcohol, que incide en la salud pública). 
11. Las Comisiones informan de sus conclusiones a la Cámara de Diputados.  La Cámara de 
Diputados discute entonces el proyecto en sus aspectos  generales y vota si, en principio, lo aprueba o 
lo rechaza.  Esto se conoce como "discusión general".  Si se aprueba el proyecto en general, se remite 
a la Comisión o Comisiones para que se proceda al estudio de los aspectos particulares, esto es, cada 
una de las disposiciones que lo conforman.  Des pués del examen en las Comisiones, la Cámara de 
Diputados procede a la "discusión particular" de l proyecto.  Esta Cámara podrá aprobar algunas 
modificaciones del texto del proyecto y también podrá devolverlo a la Comisión o a las Comisiones para que continúen su estudio y presenten un segundo informe. 
12. Si un proyecto es aprobado por la Cámara de Diputados, pasa al Senado, que actúa como 
"Cámara Revisora", y que procede de la misma forma que la Cámara de  Diputados.  Aprobado un 
proyecto por ambas Cámaras, es remitido al Presidente de la República, para su aprobación (o rechazo).  Si el Presidente de la República rechaza el proyecto, lo devuelve al Congreso Nacional con 
las observaciones pertinentes, dentro del térmi no de 30 días.  El Congreso Nacional podrá entonces 
aprobar las observaciones o, por mayoría especial, desechar todas o algunas de ellas.  También podrá 
rechazar el proyecto en su totalidad.  En caso de que  sea aprobado, el proyecto vuelve al Presidente de 
la República para su promulgación.
9 
                                                      
7 Artículos 17 y 21 de la Ley Orgánica Constituci onal del Congreso Nacional (la "Ley Orgánica"). 
 
8 Artículo 18 de la Ley Orgánica. 
 
9 Artículo 70 de la Constitución. WT/DS87/15 
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 13. El Presidente aprueba un proyecto, en su calidad  de autoridad co-legisladora, mediante la 
sanción.  Sin embargo, si el Presidente no anuncia la decisión de aprobarlo dentro de 30 días, se 
considera que lo ha aprobado.  La siguiente etap a es la promulgación.  Un decreto promulgatorio, 
emitido por el Presidente, certifica la existencia y el texto definitivo de la nueva  ley.  La promulgación 
se efectúa dentro del plazo fijado por la Constitución.
10 
14. El decreto de promulgación de la nueva ley se despacha para su tramitación a la Contraloría 
General de la República, la que registra la ley y to ma razón del decreto.  No se ha fijado ningún plazo 
para este proceso.  El acto de registro por parte de la Contraloría General constituye un control de 
legalidad y constitucionalidad del decreto promulgatorio. 
15. La publicación perfecciona la ley, poniéndola en vi gor.  La publicación debe realizarse en el 
Diario Oficial dentro de los cinco días hábiles sigui entes a la fecha en que quede totalmente tramitado 
el decreto promulgatorio.  La fecha de la ley es la fecha de su publicación, sin perjuicio de que en la 
misma ley se establezca una regla diferente sobre la fecha en que haya de entrar en vigor.11 
16. La "urgencia" es el mecanismo mediante el cual  el Presidente de la República, en su carácter 
de co-legislador, establece las prioridades de la agenda legislativa del Congreso Nacional e impulsa el 
avance de la tramitación de un proyecto de ley.  En virtud del artículo 71 de la Constitución, el 
Presidente podrá solicitar al Congreso Nacional que se pronuncie con respecto a un proyecto de ley 
dentro de un lapso limitado.  Las normas pormenoriz adas que regulan la aplicación del procedimiento 
de urgencia figuran en la Ley Orgánica.  En vi rtud de estas disposiciones, existen tres distintos 
procedimientos de urgencia.  En  el procedimiento de "simple ur gencia", la Cámara del Congreso 
requerida deberá discutir y votar el proyecto en un plazo de 30 días;  en el procedimiento de "suma 
urgencia" el plazo es de 10 días, y en el procedimiento de "discusión inmediata" el plazo es de 3 días.
12  El Presidente determina, en ejercicio de sus facultades discrecionales, cuál de los tres 
procedimientos invocará.  Podrá requerirse el proced imiento de urgencia en una o en todas las etapas 
del proceso legislativo.  Sin embargo, la Cáma ra de Diputados o el Senado pueden, y a menudo lo 
hacen, desestimar el plazo de urgencia. 
17. Chile señala que considerando 38 proyectos de ley relevantes sobre diversas materias, y que 
fueron aprobados por el Congreso Nacional durante  el pasado decenio, es posible apreciar una 
                                                      
10 Artículos 69, 70 y 72 de la Constitución. 
 
11 Artículos 7 y 8 del Código Civil. 
 
12 Artículo 27 de la Ley Orgánica.  WT/DS87/15 
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 considerable divergencia en los tiempos de tramitaci ón parlamentaria, que varían entre un mínimo de 
3 meses y un máximo de 97 meses.  La duración pr omedio del trámite para estos proyectos fue de 
33 meses.  Chile añade que, en cualquier etapa del proceso legislativo, un proyecto de ley puede ser 
impugnado ante el Tribunal Constitu cional.  Durante la impugnación, el proyecto no puede 
convertirse en ley. 
18. Habiendo examinado su procedimiento legislati vo nacional, Chile destaca ciertas particulares 
"circunstancias del caso" que estima pertinentes, c onforme al párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, 
para determinar el plazo prudencial para la aplicaci ón.  En primer lugar, Chile rechaza el argumento 
de que el "pronto cumplimiento", requerido por el ES D, signifique que el Miembro que debe aplicar la 
recomendación deba emplear un procedimiento extraord inario, tal como el proc edimiento de  urgencia, 
en lugar de su procedimiento legislativo hab itual.  La razonabilidad del plazo no puede ser 
determinada teniendo exclusivamente en cuenta los intereses de la parte reclamante, dado que el ESD 
también ha sido concebido para permitir que el Miembro afecta do cuente con un tiempo que le 
permita llevar a efecto la aplicación dentro de lo s cauces jurídicos internos en que objetivamente 
pueda cumplir. 
19. Chile se remite a la declaración del árbitro en el asunto Corea - Impuestos a las bebidas 
alcohólicas  ("Corea - Bebidas alcohólicas ") en el sentido de que "aunque  el plazo prude ncial debe ser 
el plazo más breve posible, en el marco del ordena miento jurídico del Miembro, para aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD, ello, en mi opinión, no obliga a un Miembro a recurrir en 
todos los casos a un procedimiento legislativo extraordinario  en vez de seguir el procedimiento 
legislativo normal  …".13  Además, Chile recuerda que la elección de la forma de la aplicación 
corresponde al Miembro que ha de proceder a ella. 
20. Chile también señala que, en virtud del párrafo 2 del artículo 21 del ESD, "[s]e prestará 
especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los países en desarrollo 
Miembros …".  Esta disposici ón constituye un mandato a la "c onsideración", como un elemento 
dentro del principio del pronto cumplimiento, de la realidad interna del país en desarrollo Miembro.  
Al intentar excluir las consecuencias políticas,  económicas y sociales de la aplicación, las 
Comunidades Europeas pasan por alto la importancia  del párrafo 2 del artículo 21.  Chile, por otra 
parte, cree que deben tenerse en cuenta los inte reses específicos del país en desarrollo Miembro de 
que se trate. 
                                                      
13 Laudo del árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, Corea - Bebidas 
alcohólicas , WT/DS75/16, WT/DS84/14, 4 de junio de 1992, párrafo 42. 
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 21. A ese efecto, Chile subraya la sensibilidad pol ítica que caracteriza a la adecuación legal que 
requiere la aplicación en el presente caso.  La nueva ley afectará a la recaudación fiscal, la salud 
pública y la situación social y económica de los pr oductores de pisco.  La opinión pública, y algunos 
parlamentarios, consideran que el sector del pisco ya  ha experimentado un aj uste considerable cuando 
se promulgó la ley del ILA, y les resulta difícil co mprender por qué dicho sector debería hacer ajustes 
adicionales, especialmente teniendo en cuenta su gran importancia para la  economía de las regiones 
productoras de pisco.  La medida que se adopte para  la aplicación probablemente también resultará en 
una disminución del impuesto que grava el whisky, bebida que es considerada por la opinión pública 
como un producto suntuario y que no genera empleos directos en Chile.  Por otra parte, la discusión 
parlamentaria sobre la ley destinada a la aplicación se centrará también en los efectos que tienen sobre 
la salud el alcohol y el consumo excesivo de alcohol, que constituyen un problema en Chile.  
Cualquier reducción de los tipos impositivos aplicabl es al alcohol podrá, por consiguiente, dar lugar a 
cuestionamiento. 
22. Estas consideraciones revelan la complejidad y sensibilidad política del proceso de aplicación 
e indican que tendrá que dedicarse al proceso legisl ativo un período considerable de tiempo.  No se 
trata simplemente de asignar la máxima urgencia posible a la tramitación legislativa del proyecto de 
ley.  En vista de esto, Chile considera que el plazo prudencial mínimo necesario para efectuar la 
aplicación es de 18 meses. 
 B.  Comunidades Europeas  
23. Las Comunidades Europeas recuerdan que, conforme  al párrafo 3 del artículo 21 del ESD, un 
Miembro debería cumplir inmediatamente las resolu ciones y recomendaciones del OSD.  En virtud de 
la misma disposición, solamente en caso de que ello no sea factible se concede al Miembro afectado 
un plazo prudencial para la aplicación.  En virtud del párrafo 3 c) del artíc ulo 21, la referencia a 
15 meses es una "directriz" para el árbitro en la determinación de la duración del plazo prudencial.  No es un derecho.  Como lo aclaró el árbitro en el asunto CE - Medidas que afectan a la carne y los 
productos cárnicos (Hormonas ) ("Comunidades Europeas - Hormonas ")
14, y lo reiteró en el asunto 
Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil  ("Indonesia - Industria 
del automóvil ")15, en Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón  ("Australia - 
                                                      
14 Laudo del árbitro de conformidad con el párr afo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS26/15, 
WT/DS48/13, 29 de mayo de 1998, párrafo 26. 
 
15 Laudo del árbitro de conformidad con el párr afo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS54/15, 
WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12, 7 de diciembre de 1998, párrafo 22. 
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 Salmón ")16 y en Corea - Bebidas alcohólicas17, "el plazo prudencial debe ser el plazo más breve 
posible, en el marco del ordenamiento jurídico del Miembro, para aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD" (itálicas añadidas). 
24. Al determinar lo que es "razonablemente factible ", el árbitro sólo debería tener en cuenta: 
 - la naturaleza de las medidas de aplicación necesarias (por ejemplo si se requieren 
medidas legislativas o simplemente administrativas); 
 - el procedimiento que debe seguirse, de conformidad con el ordenamiento jurídico 
interno del Miembro afectado, para  adoptar ese tipo de medida;  y 
 - el grado de complejidad de las medi das que han de adoptarse, que resulta en 
particular del contenido de esas medidas. 
25. Las consecuencias políticas, económicas o sociales de las medidas de aplicación no son, por 
sí solas, factores pertinentes que el árbitro pueda tener en cuenta al fijar la duración del plazo 
prudencial.  Como afirmó el árbitro en el asunto  Indonesia - Industria del automóvil , la necesidad de 
introducir en una rama de producción reajustes est ructurales a fin de que pueda hacer frente a la 
competencia de las importaciones no constituye una "circunstancia del caso" que pueda tenerse en 
cuenta al determinar el plazo prudencial de c onformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21.18 
26. Las Comunidades Europeas observan que la medida en cuestión en el asunto Chile - Bebidas 
alcohólicas , el ILA, constituye una ley adoptada por el Congreso Nacional de Chile.19  Chile ha 
indicado que en este caso la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD exigirá la 
modificación de esa ley lo que, a su vez, implicar á la promulgación por el Congreso Nacional de una 
nueva ley. 
27. Las Comunidades Europeas resumen el proceso legislativo chileno reiterando gran parte de lo 
declarado por Chile.  También recuerdan que el C ongreso Nacional se reúne en legislatura ordinaria 
                                                      
16 Laudo del árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS18/9, 23 de 
febrero de 1999,  párrafo 38. 
 
17 Supra , nota 13, párrafos 36 y 37. 
 
18 Supra , nota 15, párrafo 23. 
 
19 El ILA inicial fue introducido mediante Decreto Ley Nº 825/1974.  El ILA fue modificado en 1997 
mediante Ley Nº 19.534.  Fue este sistema tribut ario modificado el objeto de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en el asunto Chile - Bebidas alcohólicas . WT/DS87/15 
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 entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre.  L as Comunidades Europeas señalan que, además de sus 
sesiones ordinarias, el Congreso Nacional puede ser convocado por el Presidente de la República, o 
autoconvocarse, a legisl atura extraordinaria.
20  Las Comunidades Europeas dan a entender que en 
Chile se convoca "regularmente" a legislatura extraordinaria.21 
28. Las Comunidades Europeas sostienen que, en la práctica, todo el proceso legislativo, desde el 
momento en que el Presidente de la República enví a un proyecto de ley al Congreso Nacional, lleva, 
por lo general, de dos a cinco meses. 
29. Las Comunidades Europeas añaden también que en caso de urgencia pueden adoptarse leyes 
sobre cualquier materia dentro de un período muc ho más breve, aplicando los procedimientos de 
urgencia especiales descritos en la Constitución y en  la Ley Orgánica.  Sostienen que, si se aplican 
dichos procedimientos de urgencia, puede adoptar se un proyecto de ley dentro de un mes o incluso 
menos.  Según las Comunidades Europeas, en Chile se  ha utilizado "regularmente" el procedimiento 
urgente para la legislación tributaria.22 
30. Las Comunidades Europeas alegan que la apr obación de algunas modificaciones legislativas 
anteriores, incluso de leyes tributarias, a menudo se ha llevado a cabo en no más de unos pocos meses, 
y las modificaciones han tenido efecto inmediatamente.  Por ejemplo, según las Comunidades 
Europeas, en el marco de un procedimiento no urge nte, la promulgación de la Ley Nº 19.633/1999, 
que puso en práctica una disminución del impuesto aplicable a los automóviles de lujo, llevó solamente dos meses y medio.  Otro ejemplo lo o frece la Ley Nº 19.642/1999, sobre la concesión del 
carácter de "exportador" a las empresas que explotan puertos de uso público, que llevó cuatro meses y 
medio. 
31. Incluso la modificación más reciente del propio ILA, que dio lugar a la medida en cuestión en 
el asunto Chile - Bebidas alcohólicas , no llevó más de seis meses desde el momento en que fue 
propuesta por el Presidente hasta su promulgación;  y entró en vigor sólo un mes después.  Las 
Comunidades Europeas ponen de relieve que esta modificación entrañaba la introducción de un 
sistema tributario completamente nuevo para l as bebidas espirituosas destiladas y exigía una 
cuidadosa consideración y explicación de sus repercusiones económicas. 
                                                     
 
20 Artículo 52 de la Constitución. 
 
21 Comunicación de las Comuni dades Europeas, párrafo 23. 
 
22 Comunicación de las Comuni dades Europeas, párrafo 29. 
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 32. Sobre la base de estos antecedentes, las Com unidades Europeas sostienen que en la actual 
diferencia el procedimiento de aplicación de las resoluciones y recomendaciones del OSD puede ser 
ultimado en unos "pocos meses" y, por lo tanto, en un plazo "muy inferior" al que Chile solicita.23  La 
legislación necesaria podría ser introducida en la le gislatura extraordinaria del Congreso Nacional.  
No obstante, incluso si se esperara hasta la próxima legislatura ordinaria, el "18 de mayo de 2000", la 
nueva ley podría ser promulgada para la clausura de esa legislatura, el "21 de septiembre de 2000" 24, 
es decir, solamente ocho meses después de la fech a de la adopción.  Las Comunidades Europeas 
observan, además, que el "plazo más breve posible en el marco del ordenamiento jurídico" de Chile 
requeriría el recurso a procedimientos de urgencia, como se ha hecho en el caso de otras leyes en 
materia tributaria. 
33. Las Comunidades Europeas sugieren que la fo rma de aplicación prevista, descrita en las 
consultas con Chile, mantendrá pr obablemente la base impositiva   ad valorem existente.  Por lo tanto, 
la modificación tendrá un carácter fundamental mente técnico y no requerirá "ningún tiempo 
considerable".25 
34. Por estos motivos, las Comunidades Europeas piden al árbitro que determine que el plazo 
prudencial para que Chile aplique las recomendaciones y resoluciones del OSD sea, como máximo, de 
ocho meses y nueve días26 contados a partir de la fecha de adopción de los informes del Órgano de 
Apelación y del Grupo Especial por el OSD. 
III. Plazo prudencial 
35. La única cuestión que se ha de resolver en el presente arbitraje es la siguiente:  cuál es 
"el plazo prudencial", en el sentido del párrafo 3 del artículo 21 del ESD, para la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto Chile - Bebidas alcohólicas . 
36. Ninguna de las partes en este arbitraje objeta que "la aplicación" en el asunto   Chile - Bebidas 
alcohólicas  entraña la modificación del ILA para hacerlo compatible con el párrafo 2 del artículo III 
del  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994  (el "GATT de 1994").  Habida 
                                                      
23 Comunicación de las Comuni dades Europeas, párrafo 43. 
 
24 Ibid., párrafos 44 y 45. 
 
25 Ibid., párrafo 47. 
 
26 En la audiencia celebrada el 25 de abril de 2000, las Comunidades Europeas declararon que 
concederían otros nueve días a Chile, es decir que el plazo prudencial debería expirar el 30 de septiembre 
de 2000. WT/DS87/15 
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 cuenta de los requisitos establecidos en la C onstitución y la legislación de Chile se requiere la 
promulgación por el Congreso Nacional de Chile de una ley modificatoria;  la modificación requerida 
no puede ser efectuada en la esfera ejecutiva ni admi nistrativa.  Por consiguiente, la cuestión que ha 
de resolverse se traduce en determinar cuál es "e l plazo prudencial" para pr omulgar y poner en vigor 
una ley modificatoria que ponga al ILA existe nte en conformidad con el GATT de 1994. 
 A. Consideraciones generales 
37. Siempre es conveniente recordar la prescrip ción básica del párrafo 1 del artículo 21 del ESD 
en el sentido de que "[p]ara asegurar la eficaz so lución de las diferencias en beneficio de todos los 
Miembros, es esencial el ' pronto cumplimiento ' de las recomendaciones o resoluciones del OSD".  
Dos párrafos después, en el párrafo 3 del mismo ar tículo, se reconoce que exigir al Miembro afectado 
"cumplir inmediatamente " las recomendaciones y resoluciones del OSD puede, en algunas 
situaciones, no ser " factible ".  En ese caso, el Miembro afectado "dispondrá de un plazo prudencial 
para hacerlo". 
38. El ESD subrayó claramente el interés sistémico de todos los Miembros de la OMC en que el 
Miembro afectado cumpla "inmediatamente" las recomendaciones y resoluciones del OSD.  De la lectura conjunta de los párrafos 1 y 3 del artículo 21  se deduce que el "pronto" cumplimiento es, en 
principio, el cumplimiento "inmediato".  Al mismo tiempo, sin embargo, en caso de que el 
cumplimiento "inmediato" no sea "factible" -cabe señalar que el ESD no utiliza el término "imposible", que es mucho más estricto- el Miembro afectado adquiere el derecho a un "plazo prudencial" para ponerse en una situación de conformidad c on las obligaciones que le corresponden 
en el marco de la OMC.  Evidentemente, se ha  introducido determinado el emento de flexibilidad 
temporal en el concepto de cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Ese 
elemento parece esencial para que el "pronto" cumplimiento, en un mundo de  Estados soberanos, sea 
un concepto equilibrado y objetivo. 
39. El concepto de razonabilidad, que está, por supuesto, incorporado a la idea de "plazo 
prudencial" para la aplicación, implica intrínse camente la necesidad de tener en cuenta las 
circunstancias pertinentes.  En algunos casos puede tr atarse de una sola circunstancia o de unas pocas, 
pero en otros las circunstancias pueden ser múltiples.   La determinación de un "plazo prudencial" no 
se lleva a cabo, en principio, en forma adecuada asi gnando una importancia decisiva o exclusiva a un 
único factor, ni siquiera a unos pocos factores a priori , y absteniéndose de considerar cualquier otro 
por no pertinente.  Por lo tanto, el plazo más breve teóricamente  posible para completar el proceso 
legislativo, aun suponiendo que el proyecto goce de la mayoría parlamentaria necesaria desde el  WT/DS87/15 
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 principio y no sea nunca objeto de una seria confrontación, no constituye el  único criterio que yo 
debería tener en cuenta para determinar el plazo prudencial.  Lo que establece el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del ESD no es una orden rígida, en el  sentido de que el plazo prudencial no debe ser 
superior a 15 meses a partir de la fecha de adopc ión por el OSD de los informes pertinentes del Grupo 
Especial y del Órgano de Apelación, sino una " directriz ".  El párrafo 3 c) del artículo 21 prevé 
evidentemente un enfoque específico para cada caso y autoriza la consideración de las "circunstancias 
del caso", que pueden justificar un plazo más largo o más corto. 
40. Al determinar la duración del plazo prudencial merecen también considerarse las 
disposiciones del artículo 22 del ESD.  En virtud del párrafo 1 de dicho artículo, aunque haya 
transcurrido un "plazo prudencial" sin que se haya n cumplido las recomendaciones y resoluciones del 
OSD, ni la compensación ni la suspensión de concesiones u otr as obligaciones "son preferibles a la 
aplicación plena", que ponga la medida de que se tr ate en conformidad con las obligaciones contraídas 
en la OMC.  Por lo tanto, al fijar el plazo prude ncial, deberé tener en cuenta el hecho de que se 
"prefiere" la aplicación plena y eficaz. 
 B. Circunstancias del caso 
41. Paso a examinar las "circunstancias del caso" que una parte o la otra han presentado como 
pertinentes para determinar un "p lazo prudencial" para cumplir las recomendaciones y resoluciones 
del OSD.  Dado que en este caso el cumplimiento significa la  adopción de una ley  que modifique en 
forma adecuada el ILA, la referencia que se hace es a las circunstancias que racionalmente influyen en 
el tiempo necesario para la  promulgación  de esa ley.  En su comunicación escrita, las Comunidades 
Europeas habían alegado que Chile no estaba facultado a incorporar en la idea de plazo prudencial 
para cumplir las recomendaciones y resoluciones el  tiempo necesario para introducir un reajuste 
estructural en la rama de producción chilena de  pisco.  En la audiencia, Chile aclaró que  no estaba 
pidiendo tiempo para que su industria  pisquera se adaptara a los requisitos de un sistema tributario 
compatible con la OMC antes de promulgar la legisl ación modificatoria necesaria.  Por lo tanto, no es 
necesario seguir examinando el argumento de las Comunidades Europeas salvo para señalar que el 
tiempo que una industria nacional puede necesita r para adaptarse a nuevos tipos impositivos no 
guarda relación, en sí mismo, con el tiempo necesario o adecuado para la promulgación de la 
legislación modificatoria necesaria  en este caso concreto. 
42. Al sostener que ocho meses y nueve días c ontados a partir del 12 de enero de 2000 
constituyen un "plazo prudencial" para que Ch ile aplique las recomendaciones y resoluciones 
del OSD, las Comunidades Europeas alegan que el proyecto modificatorio podría ser introducido por WT/DS87/15 
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 el Presidente de Chile convocando a una legislat ura extraordinaria del Congreso Nacional para 
tramitar específicamente ese proyecto y tal vez otros proyectos de ley.  Las Comunidades Europeas 
también sugieren que el Presidente podría recurrir a los procedimientos de urgencia previstos en la 
Constitución.  Sin embargo, c onsidero que el Miembro afecta do tiene la prerrogativa y la 
responsabilidad soberanas de determinar por sí so lo el método más apropiado, y probablemente más 
eficaz, de aplicar las recomendaciones y resoluci ones del OSD asegurando la aprobación de la ley 
modificatoria.  La elección de las medidas concret as para tramitar la promulgación de una nueva ley, 
así como la fijación de los plazos de esas medida s, corresponde al Miembro afectado.  Chile se 
ocupará de que tenga lugar la promulgación satisfactoria  de la ley que modificará el ILA existente, 
habida cuenta de las estructuras objetivas, las normas constitucionales y las prácticas que constituyen 
efectivamente el proceso legislativo de varias etapas vigente en Chile. 
43. Tal vez sea conveniente señalar dos aspectos del proceso legislativo chileno.  Uno es el 
conjunto de prácticas denominadas la etapa "prelegisl ativa" del proceso de elaboración de las leyes en 
Chile, durante la cual se desarrolla y propone un plan tributario específico revisado sobre la base de 
consultas y de evaluaciones técnicas.  Estas c onsultas incluirán debates encaminados a crear y 
organizar el amplio apoyo necesario para la adopción del proyecto de ley propuesto por ambas 
Cámaras del Congreso Nacional.  La duración de est a etapa "prelegislativa" puede diferir según el 
proyecto;  la legislación no establece ningún plazo má ximo pero evidentemente se trata de una etapa 
importante cuando el éxito del esfuerzo legislativo ta mbién lo es.  El otro aspecto es la ausencia  
de plazos en la Constitución para iniciar y co mpletar cada etapa del proceso legislativo, con 
anterioridad  al momento en que el proyecto se remite al  Presidente (como la autoridad co-legisladora) 
para su aprobación y promulgación.  Solamente la aprobación (o desaprobación) y promulgación 
presidenciales de la ley aprobada están sujet as a plazos máximos prescritos por la Constitución. 
44. Chile también se ha referido al párrafo 2 del ar tículo 21, en el que el ESD, inmediatamente 
después de subrayar que el "pronto cumplimiento"  de las recomendaciones y resoluciones del OSD es 
esencial para el sistema de solución de dife rencias de la OMC, dispone lo siguiente: 
Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los países 
en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución 
de diferencias. 
Chile ha sostenido que deben tenerse en cuenta lo s intereses específicos de Chile en su carácter de 
país en desarrollo Miembro cuya medida ha sido objet o del procedimiento de solución de diferencias.  
Sin embargo, Chile no ha sido ni muy específico ni muy concreto con respecto a sus intereses particulares como país en desarrollo Miembro ni  sobre la forma en que esos intereses podrían  WT/DS87/15 
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 efectivamente influir en la duración del "plazo prude ncial" para promulgar la legislación modificatoria 
necesaria. 
45. No es necesario suponer que la aplicación de l párrafo 2 del artículo 21 dará lugar 
fundamentalmente a la aplicación de "criterios" para  la determinación del "plazo prudencial" -en el 
sentido de los tipos  de consideraciones que pueden tenerse en  cuenta- "cualitativamente" diferentes 
para los países desarrollados Miembros y para los pa íses en desarrollo Miembros.  No creo que Chile 
esté formulando tal hipótesis.  Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 21, aunque esté expresado en 
términos bastante generales, no ha de pasarse si mplemente por alto, porque es una disposición que se 
encuentra en el ESD.  Conforme a mi interpretación,  el párrafo 2 del artículo 21, independientemente 
de los otros significados que pueda tener, cumple la función de exigir al árbitro que actúa en virtud del 
párrafo 3 c) del mismo artículo, entre otras co sas, que tenga presentes en general las grandes 
dificultades que puede enfrentar un país en desarro llo Miembro, en determinado caso, cuando procede 
a aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
IV. El laudo 
46. Habida cuenta de, entre otras cosas, las co municaciones escritas y orales de ambas partes, las 
consideraciones generales y particulares indicadas supra , y las circunstancias que constituyen el 
presente caso, determino que el plazo prudencia l para que Chile aplique las recomendaciones y 
resoluciones adoptadas por el OSD en el asunto Chile - Bebidas alcohólicas , mediante la 
promulgación y puesta en vigor de una ley que modifique en forma adecuada su ILA, será de no más de 14 meses y 9 días contados a partir del 12 de ener o de 2000, es decir, hasta el 21 de marzo de 2001. 
 
Firmado en el original, en Ginebra, el decimonoveno día de mayo de 2000 por:  
 
Florentino Feliciano 
Árbitro