ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  RESTRICTED  
 WT/CTE/M/15  
20 de noviembre de 1997  
 (97-5117)  
  Comité de Comercio y Medio Ambiente   
 
 
 
INFORME DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS  
DÍAS 22 A 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997  
 
Nota de la Secretaría  
 
1. El Comité de Come rcio y Medio Ambiente (CCMA) se reunió los días 22 a 24 de septiembre 
bajo la dirección del Embajador Björn Ekblom, de Finlandia.  Se aprobó el orden del día de la 
reunión, reproducido en el aerograma WT O/AIR/632 y WT O/AIR/632/Add.1.  
2. El Presidente  recordó que el Comité había acordado presentar al Consejo General un breve 
informe fáctico sobre su labor en 1997 y dijo que antes de la reunión del Comité de los días 24 a 26  de 
noviembre de 1997 presentaría un proyecto de informe para que los Miembros lo examina ran. 
3. Se decidió  otorgar la condición de observador al Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA).  
Las vinculaciones entre los programas multilaterales medioambientales y comerciales  
4. Con el fin de ampliar los conocimientos del Comité sobre los vínculos entre los programas 
multilaterales medioambientales y comerciales se invitó a participar a las secretarías de diversos 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA) y de mecanismos financieros multilaterales.  
5. Los representantes de las secretarías  que se mencionan a continuación contribuyeron a los 
debates presentando exposiciones y preparando documentos de antecedentes:  Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
(WT/CTE/W/63);  Convenio d e Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación (WT/CTE/W/55);  Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono (WT/CTE/W/57);  Convención de las Naciones  Unidas sobre 
el Derecho del Mar (WT/CTE/W/62);  Convenio sobre la Diversidad Biológica (WT/CTE/W/64);  
Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) del PNUMA 
(WT/CTE/W/59);  Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal (WT/CTE/W/60);  
y Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) (WT/CTE/W/58).  La Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones  Unidas sobre el Cambio Climático no pudo participar en la 
reunión, pero pidió que se distribuyera su declaración (WT/CTE/W/61 ).   
6. Los Miembros agradecieron las contribuciones de los AMUMA y de las secretarías e hicieron 
observaciones sobre los aspectos comerciales de los acuerdos que figuraban en sus documentos de 
antecedentes y exposiciones.   
7. En respuesta a una solicitud  del Gobierno de los Países Bajos, se presentó y distribuyó un 
informe de la Conferencia sobre la Aplicación de los AMUMA , celebrada en La Haya los días 15 y 
16 de septiembre de 1997.  
8. El observador del PNUMA  presentó una Nota Informativa, que se había d istribuido a los 
Miembros, sobre las actividades del PNUMA en la esfera del comercio y el medio ambiente.  WT/CTE/M/15  
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Puntos 1 y 5  La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las medidas 
comerciales adoptadas con fines ambientales, en pa rticular en virtud de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente, y la relación entre los mecanismos de solución 
de diferencias del sistema multilateral de comercio y los previstos en los AMUMA  
9. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que la s exposiciones presentadas por las 
secretarías de los AMUMA habían contribuido a un mejor conocimiento de la utilización de las 
medidas comerciales en el marco de esos acuerdos.  La utilización de medidas comerciales formaba 
parte generalmente de un conjun to que incluía medidas positivas y que respondía a las necesidades de 
los países en desarrollo.  Una cuestión que se había planteado en los debates era la necesidad de una 
mejor coordinación nacional entre los expertos en comercio y los expertos en medio a mbiente;  
mejorar la coordinación interna era la forma más eficaz de evitar conflictos.  Era preciso también 
fortalecer la cooperación y el diálogo entre los AMUMA y la  OMC;  la Secretaría de la  OMC tenía 
una importante función que desempeñar a este respec to.  El CCMA había realizado en 1996 un 
volumen de trabajo impresionante, en particular sobre la relación entre las medidas comerciales 
adoptadas en aplicación de los AMUMA y las normas de la  OMC.  La CE estaba comprometida con 
los principios defendidos en  su documento no oficial de fecha 19 de febrero de 1996 y con la 
necesidad de encontrar soluciones para dar cabida en la  OMC a las medidas comerciales adoptadas en 
aplicación de los AMUMA.  En el preámbulo al artículo  XX figuraban ya las salvaguardias 
necesarias, en particular para los Estados que no fueran Parte en un AMUMA, y se excluía el uso de 
medidas comerciales con finalidad proteccionista así como su aplicación arbitraria o discriminatoria.  
La CE no aceptaría el establecimiento de un marco relativo  a la utilización de medidas comerciales en 
los AMUMA más restrictivo que las normas actuales de la  OMC, pues ello enviaría una señal 
equívoca a la comunidad internacional, y supondría posiblemente un incentivo para la aplicación de 
restricciones comercial es unilaterales.   
10. No era adecuado sacar conclusiones del documento WT/CTE/W/53, ya que la práctica de 
solución de diferencias de la  OMC seguía evolucionando.  Sin embargo, aunque la protección del 
medio ambiente no se mencionara de modo explícito en e l artículo  XX, las medidas ambientales 
podían justificarse en virtud de los apartados  b) y g) del artículo  XX.  En varios informes de Grupos 
Especiales del GATT se reconocía que el concepto de recursos naturales agotables incluía los recursos 
vivos.  Más r ecientemente, el Informe del Órgano de Apelación sobre la gasolina reformulada 
reconoció que el aire puro era un recurso natural agotable.  A diferencia del apartado  b) del 
artículo  XX, el párrafo  g) del mismo artículo  no incluía el concepto de necesidad y  las medidas que 
correspondían a esa excepción no estaban, en principio, sujetas al criterio de la necesidad.  El alcance 
del apartado  g) era más amplio que el del apartado  b), de modo que el preámbulo al artículo  XX podía 
ser un importante factor determin ante de las posibilidades de dar cabida en la  OMC a las medidas 
comerciales relativas al medio ambiente.  Tal como se reconoció en el Informe del Órgano de 
Apelación sobre la gasolina reformulada, lo que debe examinarse en virtud del apartado  g) del 
artícu lo XX es la medida y no la conclusión jurídica de un trato menos favorable.  Eso significaba que 
si una medida estaba incluida en el apartado  g) del artículo  XX, el criterio definitivo consistía en saber 
si en la aplicación de dicha medida se habían cumpli do los requisitos del preámbulo.  El Grupo 
Especial encargado del segundo asunto sobre el Atún reconoció que no había razón válida para 
concluir que el apartado  b) o el apartado  g) del artículo  XX se aplicaban solamente a medidas 
relativas a cosas situadas  en la jurisdicción de la parte que adoptaba la medida o a acciones que se 
producían en ella.  Por consiguiente, estas excepciones podían justificar algunas medidas adoptadas 
para proteger el patrimonio natural de la humanidad.  El concepto contenido en el  Informe del Órgano 
de Apelación sobre la gasolina reformulada de que los Acuerdos de la  OMC no debían interpretarse 
aislados clínicamente del derecho internacional público era también pertinente.  
11. La práctica de la solución de diferencias ha confirmado , como se señaló en el párrafo  175 del 
Informe de 1996 del Comité de Comercio y Medio Ambiente, que algunas de las excepciones 
recogidas en el artículo  XX dan posibilidades para las medidas ambientales relacionadas con el 
comercio.  El preámbulo del artícu lo XX no permitía imponer unilateralmente medidas comerciales  WT/CTE/M/15  
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para desligar a otros Estados a adoptar determinadas acciones o modificar su legislación.  La práctica 
de la solución de diferencias había determinado que el artículo  XX era una excepción limita da y 
condicional de las obligaciones de la  OMC, sujeta a la interpretación de un Miembro.  Correspondía a 
la parte que invocara el artículo  XX demostrar que la medida en cuestión cumplía las condiciones 
pertinentes.  Quizá debía precisarse más el alcance d e los requisitos del preámbulo del artículo  XX.  
El procedimiento de solución de diferencias desempeñaba la función de encontrar posibilidades de dar 
cabida en la  OMC a las medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente, pero los Miembros 
debían ab ordar esta cuestión directamente.  No se trataba solamente de aspectos jurídicos técnicos, 
sino que era preciso además tomar decisiones políticas.  
12. El representante del Japón  propuso que la labor sobre la relación entre la  OMC y las medidas 
comerciales de los AMUMA se basara en un enfoque diferenciado, teniendo en cuenta que los 
AMUMA eran la forma de cooperación más conveniente para abordar las cuestiones 
medioambientales de alcance transfronterizo o mundial.  La OMC, al dotar de cierta previsibilidad e l 
recurso a las medidas comerciales en aplicación de los AMUMA, alentaría ese método y evitaría 
restricciones comerciales unilaterales.  Los AMUMA se negociaron con fines de protección 
ambiental, y en el proceso de su negociación las Partes aplicaron la co mpetencia técnica necesaria y 
acordaron las medidas comerciales.  Los objetivos de los AMUMA deberían difundirse de modo 
amplio y todos los países interesados deberían poder participar en ellos.  El Japón apoyaba la 
observación que figuraba en el documento  WT/CTE/W/53 según la cual la compatibilidad de las 
medidas con la  OMC debería examinarse a la luz del artículo  XX y no sobre la base de objetivos 
políticos de protección ambiental, salud pública o conservación.  Un grupo especial debería examinar 
la natur aleza discriminatoria o la repercusión comercial de la aplicación de una medida.  
La interpretación del artículo  XX no debería circunscribirse al procedimiento de solución de 
diferencias.  El Comité debería establecer un marco de procedimiento, posiblement e mejorando 
el ESD, para dar cabida a los AMUMA y hacerlos previsibles.  El Comité debería aclarar el concepto 
de "especificidad" en el método diferenciado: era preciso determinar si la medida comercial debía 
estipularse en una disposición del AMUMA, o pre verse mediante una decisión de las Partes en el 
AMUMA, o si cada Parte debía darle carácter obligatorio o autorizarla.  El Japón confiaba en que los 
Miembros de la  OMC, que fueran parte en un AMUMA contribuirían al debate para lograr una 
política de comerc io y medio ambiente favorable para todos.  
13. El representante de Suiza  dijo que un mayor número de reuniones con las secretarías de los 
AMUMA consolidaría el diálogo entre los AMUMA y el Comité.  El documento WT/CTE/W/53 
hacía hincapié en que el artículo  XX se había interpretado caso por caso, lo cual había producido 
cierta incertidumbre jurídica, aunque hasta la fecha ninguna Parte había invocado con éxito el 
artículo  XX.  El párrafo  5 recordaba que los grupos especiales habían señalado que el artículo  XX era 
"una excepción limitada y condicional a las obligaciones impuestas por las demás disposiciones del 
Acuerdo General y, a diferencia de las disposiciones positivas del Acuerdo General, no establece por 
sí mismo obligaciones".  Esta constatación no tenía  un fundamento jurídico.  Las excepciones del 
artículo  XX podían invocarse como un derecho, y el titular del derecho debía garantizar que no se 
aplicarían de un modo contrario a las obligaciones del preámbulo, opinión confirmada en la página 25 
del Informe  del Órgano de Apelación sobre la gasolina reformulada.  En opinión de Suiza, el objetivo 
de los grupos especiales no era examinar las excepciones del artículo  XX que no habían sido 
invocadas por el demandado debido al carácter limitado y condicional de la s excepciones, sino debido 
al principio general de economía judicial del derecho, cuya aplicabilidad había confirmado el Informe 
del Órgano de Apelación sobre las medidas que afectan las importaciones de camisas y blusas de lana 
tejida.  
14. Suiza expresó s us reservas acerca de la interpretación que dieron los grupos especiales a la 
idea de que las medidas de conformidad con el apartado  b) del artículo  XX solamente eran necesarias 
si no podían aplicarse otras medidas menos incompatibles con el Acuerdo Genera l para conseguir los 
resultados deseados (las medidas menos restrictivas del comercio).  Esta interpretación del 
artículo  XX no se adecuaba a la sintaxis del apartado  b) del artículo  XX, en donde la palabra WT/CTE/M/15  
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"necesarias" calificaba el objetivo de la protecc ión y no el grado de compatibilidad con la  OMC.  Esta 
interpretación podría introducir también una extraña jerarquía entre las medidas aplicadas al amparo 
del apartado  b) del artículo  XX y las aplicadas al amparo del apartado  g), pues el requisito de la 
menor restrictividad del comercio era aplicable a las medidas de protección de la vida y la salud y no 
a las medidas de conservación de los recursos naturales no renovables.  Además, tal interpretación 
privaría de sentido al preámbulo del artículo  XX, cuando  de hecho el artículo  31 de la Convención de 
Viena y el principio general del "efecto útil" exigían que un tratado se interpretara de modo que se dé 
significado a todos sus términos.  El documento WT/CTE/W/53 se refería correctamente a la 
aplicación "juris diccional" de los apartados b) y g) del artículo  XX y no a su aplicación "territorial";  
el subtítulo siguiente al párrafo  29 debería referirse explícitamente al "unilateralismo", ya que los 
problemas examinados trataban de esta cuestión.  Suiza compartía la interpretación del artículo  XX 
hecha en el Informe del Órgano de Apelación sobre la gasolina reformulada, que era un método en 
dos etapas, para determinar si la medida en cuestión quedaba comprendida en la lista de excepciones 
del artículo  XX y si, en t al caso, su aplicación era compatible con el preámbulo.  A este respecto, era 
importante asegurarse de que las medidas no eran contrarias al objetivo y finalidad del artículo  XX, 
para evitar el abuso de las excepciones en él enumeradas.  El representante s e refirió al documento no 
oficial de Suiza de fecha 20 de mayo de 1996 sobre este asunto y dijo que su delegación estaba 
dispuesta a examinar otras propuestas.  
15. El representante de Noruega  dijo que el diálogo con las secretarías de los AMUMA había 
contr ibuido a aumentar el conocimiento de las cuestiones y a evitar diferencias.  El reto consistía en 
definir la relación entre la utilización de las medidas comerciales en los AMUMA y en la  OMC, tarea 
que no se planteaba por primera vez en la historia del sis tema de comercio.  Un ejemplo de ello era 
cómo los negociadores habían abordado la cuestión de las normas internacionales.  Se habían 
introducido en los Acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fito sanitarias (MSF) principios para que los Miembros utilizaran normas 
internacionales elaboradas en organizaciones de normalización competentes;  y si esas normas se 
seguían, se daba por supuesto que las medidas eran compatibles con las normas pertinentes de  
la OMC.  Los acuerdos internacionales sobre problemas relativos a productos básicos eran otro 
ejemplo mencionado en el artículo  XX.  La relación entre los AMUMA y la  OMC era más compleja.  
Eran necesarias más aclaraciones para asegurar a los responsables de las decisiones comerciales y 
ambientales la previsibilidad de la utilización de medidas comerciales en los AMUMA.   
16. Era importante mantener la flexibilidad en la aplicación de las políticas de medio ambiente.  
Noruega planteó las siguientes pregunta s:  a) en cuanto a la relación entre las Partes y los Estados que 
no son parte a los efectos del principio de NMF, ¿debía tratarse a un Miembro de la  OMC que no 
fuera parte en un AMUMA del mismo modo que a otro que fuera Parte, siempre que hubiera actuado 
de conformidad con las disposiciones del AMUMA;  b)  respecto a la solución de diferencias, las 
pruebas del artículo  XX, como la prueba de la necesidad, ¿deberían llevarse a cabo en la  OMC o en el 
AMUMA, una vez seleccionada la medida?  Si la  OMC efectuase la prueba de la necesidad, podría 
decirse que los Miembros aceptaban que la  OMC podía anular un AMUMA en las medidas 
ambientales relacionadas con el comercio.  Sin embargo, si el AMUMA efectuase las pruebas 
específicas al seleccionar y aplicar las medidas,  sería preciso convenir nuevas disciplinas en el marco 
de la  OMC.  La esencia de la cuestión era cómo proteger a los Estados que no eran parte en un 
AMUMA;  c)  había que aclarar en qué manera se abordarían en la  OMC las medidas comerciales 
adoptadas en los  AMUMA sobre la base de métodos de elaboración y de producción no referidos a los 
productos;  y d)  si se establecía un régimen especial en la  OMC, había que determinar qué AMUMA 
reunían las condiciones necesarias para el trato especial, teniendo en cuenta las cuestiones de 
especificidad de las medidas comerciales, y la participación y apertura de los AMUMA.  Noruega 
pidió la orientación del Presidente para aclarar la relación entre los AMUMA y la  OMC.   
17. El representante de Hong Kong, China  dijo que el d ocumento WT/CTE/W/53 ilustraba los 
requisitos de la prueba de la necesidad, estipulada en el párrafo  b) del artículo  XX, según los informes 
de los grupos especiales.  La pertinencia de los informes no adoptados era asunto de los Miembros.   WT/CTE/M/15  
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El documento WT/ CTE/W/53 no abarcaba algunos aspectos jurídicos de las excepciones 
medioambientales, ya que los grupos especiales aún no se habían pronunciado al respecto.  Por 
ejemplo, Hong Kong, China opinaba que los apartados b) y g) del artículo  XX se excluían 
mutuame nte pues establecían diferentes normas jurídicas.  El apartado  b) establecía el requisito de la 
"necesidad", mientras que el apartado  g) estipulaba que una medida estuviera "relacionada con" un 
objetivo expuesto.  Si hubiera un solapamiento en el alcance d e ambos, el apartado  b) habría caído en 
desuso puesto que los Miembros que quisieran invocar el artículo  XX preferirían la norma menos 
estricta del apartado  g).  La expresión "recursos naturales agotables" del apartado  g) del artículo  XX 
apoyaba esta opini ón.  "Agotable" significaba "no reproducible", mientras que la vida de las personas 
y de los animales a que se refería el párrafo  b) podía "reproducirse".  Esta interpretación se adecuaba 
al principio de la interpretación efectiva de un tratado con arreglo  a la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados:  en la interpretación de un Acuerdo, ningún término debe ser  superfluo.  
Una interpretación que aceptase un solapamiento del ámbito de aplicación de los apartados b) y g) del 
artículo  XX sería co ntraria a ese principio.  El representante propuso que el documento 
WT/CTE/W/53 se actualizara periódicamente.   
18. El representante de Nueva Zelandia  celebró la participación de las secretarías de los 
AMUMA, cuyas actividades eran esenciales para el deba te de este Punto: el intercambio de opiniones 
entre el Comité y las secretarías de los AMUMA servía para conocer mejor las cuestiones.  
Los debates previos a la Conferencia Ministerial de 1996 indicaron que llevaría tiempo llegar a un 
consenso sobre el pri mer Punto, sin embargo, el Informe de 1996 del CCMA facilitó una base sobre la 
que seguir trabajando.  La labor de este Comité debería centrarse en comprender mejor las cuestiones 
para preparar el terreno para llegar a las conclusiones.  Nueva Zelandia opi naba que en los próximos 
trabajos del CCMA deberían tenerse presentes los conceptos que orientaron su propuesta 
(WT/CTE/W/20) y la metodología del "método diferenciado" para el análisis de las cuestiones.  En la 
propuesta de Nueva Zelandia se apuntaban cin co categorías de medidas comerciales relacionada con 
el medio ambiente: a)  medidas entre Partes en un AMUMA, específicamente impuestas por éste; 
b) medidas entre partes en un AMUMA adoptadas de conformidad con éste, pero no específicamente 
impuestas por él ;  c) medidas aplicadas a países que no son partes en el AMUMA, de conformidad 
con éste pero no impuestas específicamente por él;  y d)  medidas aplicadas por los distintos países 
fuera del contexto de un AMUMA.  Probablemente surgirían discrepancias de opi nión sobre la forma 
de tratar estas categorías, sin embargo centrarse en ellas aclararía el camino a seguir.  Algunas 
categorías, en particular las medidas entre Partes en un AMUMA impuestas específicamente, podrían 
tratarse con más facilidad que otras.  L as medidas no específicas aplicadas en virtud de un AMUMA, 
y las medidas aplicadas a quienes no eran parte en un AMUMA, suscitaban cuestiones de mayor 
complejidad.  
19. Las medidas unilaterales deberían tratarse sobre la base de las disposiciones existentes  de 
la OMC.  A este respecto, el  documento WT/CTE/W/53 constituía un resumen útil de la 
interpretación que dieron los grupos especiales y el Órgano de Apelación a las disposiciones de 
la OMC.  Hasta la fecha, ni los grupos especiales ni el Órgano de Apela ción habían tenido que tratar 
una diferencia en la que interviniera una medida adoptada en aplicación de un AMUMA.  No había 
garantías de que seguiría siendo así, y sería útil explorar la manera de evitar conflictos.  Hubo casos, 
como el de la Convención d e las Naciones  Unidas sobre el Derecho del Mar, en que se evitaron las 
causas de conflictos potenciales.  Sin embargo, en la concertación de varios AMUMA no se habían 
tenido presentes las disposiciones de la  OMC.  Por lo tanto, una Parte en un AMUMA quizá no podría 
cumplir a la vez sus obligaciones contraídas en la  OMC y en el AMUMA.  Eran también causa de 
preocupaciones, los Miembros de la  OMC que no eran parte en un AMUMA, pero a los que afectaba 
la aplicación de medidas comerciales en el marco de un AMUM A.  Una mejor coordinación entre los 
sectores interesados en el comercio y en el medio ambiente en todos los planos mediante un diálogo 
abierto, como la reunión del CCMA con las secretarías de los AMUMA, ampliaría la comprensión de 
las cuestiones. Fomentar  un mejor entendimiento de los vínculos existentes entre las disposiciones 
comerciales de los AMUMA y las normas de la  OMC redundaría en el interés común de la  OMC y 
del sistema internacional de adopción de políticas ambientales.   WT/CTE/M/15  
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20. El representante de Singapur, hablando en nombre de la ASEAN , dijo que el diálogo con las 
secretarías de los AMUMA, además de ayudar a los Miembros a seguir de cerca la evolución de estos 
acuerdos, había facilitado la coordinación entre la  OMC y los funcionarios de las capita les.  
Para conseguir los objetivos de los AMUMA era necesaria una combinación equilibrada de medidas 
comerciales y positivas. La ASEAN sacaba varias conclusiones del documento WT/CTE/W/53:  
a) el alcance del artículo  XX no permitía la utilización de medida s comerciales extrajurisdiccionales o 
unilaterales para proteger los recursos ambientales extrajurisdiccionales;  b)   el artículo  XX exigía que 
los Miembros adoptaran las medidas menos restrictivas del comercio que tuvieran a su alcance, y que 
las aplicara n de manera no discriminatoria;  c)  el criterio de la necesidad estipulada en el apartado  b) 
del artículo  XX establecía límites a la utilización de medidas comerciales con objetivos de política 
general pública;  y d)  la jurisprudencia de la  OMC no permitía  restricciones a la importación basadas 
en las diferencias de las políticas medioambientales o de los procesos y métodos de producción.   
21. El representante del Canadá  dijo que los AMUMA eran la cuestión institucional fundamental 
planteada ante el Comité .  Como se había demostrado en la reunión con las secretarías de los 
AMUMA, el programa de medio ambiente era tan amplio, variado y dinámico como el programa de 
comercio.  Tanto si negociaban asuntos de medio ambiente como asuntos de comercio, los delegado s 
tenían el mismo interés en lograr que los dos conjuntos de acuerdos y obligaciones internacionales se 
complementasen y no estuvieran en conflicto.  Canadá acogía con satisfacción la distribución de la 
declaración del Primer Ministro de Singapur en la Asa mblea General de las Naciones  Unidas 
(WT/CTE/W/54).  El Comité debería centrarse en esta etapa del debate en un análisis adicional de los 
enfoques y propuestas presentados.  Los Miembros tenían un interés común en tratar la interrelación 
entre la  OMC y los  AMUMA.  Aunque muchos delegados del Comité planteaban esta cuestión desde 
una perspectiva comercial, también debían considerarse objetivos más amplios.  Del mismo modo que 
en la labor de la  OMC participaban funcionarios de medio ambiente, también particip aban en las 
negociaciones de los AMUMA funcionarios de comercio.  El resultado de los debates del Comité 
debería ser una mayor conciencia de las políticas ambientales en la  OMC, y una mayor conciencia de 
las políticas comerciales en las negociaciones medio ambientales.  La reunión informativa con las 
secretarías de los AMUMA había elevado el nivel de esa conciencia, pero no lo suficiente.  En el 
Canadá, funcionarios de medio ambiente contribuían al desarrollo de los debates sobre cuestiones 
medioambientales en el presente Comité, en el Comité de Obstáculos al Comercio y en otros Comités 
de la  OMC;  y funcionarios del Departamento de Industria contribuían asimismo a la definición de las 
posiciones en las negociaciones de los AMUMA.  También tuvo lugar un proce so de consulta paralelo 
en el plano nacional con las ONG y con las provincias.  Este proceso tuvo como resultado una mayor 
comprensión por los funcionarios de asuntos comerciales y medioambientales del mejor modo de 
alcanzar los objetivos políticos de una manera complementaria.   
22. El análisis de la situación actual en el documento WT/CTE/W/53 contribuyó al progreso de 
los debates.  La jurisprudencia de la  OMC evolucionaría siempre que cada diferencia fuera juzgada 
por sus propios méritos y sin sentar pre cedentes formales.  Los Miembros deberían considerar si para 
tratar la cuestión de los AMUMA era mejor aplicar una jurisprudencia en evolución, o si el Comité 
debía dar una orientación de política general.  El Canadá, habida cuenta de que la cuestión de lo s 
AMUMA afectaba a muchas cuestiones, prefería que los Miembros se inclinaran por la segunda 
opción y no por la primera.  Los elementos del punto 8 (ADPIC) y del punto 7 (mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen) estaban relacionados con l a cuestión de los AMUMA, por lo tanto 
el análisis de éstos tendría repercusiones en el debate de ambos puntos.   
23. El representante de Nigeria  dijo que el diálogo con las secretarías de los AMUMA debía 
repetirse.  Nigeria había observado la diferencia en tre los mecanismos de solución de diferencias en 
los AMUMA y en la  OMC.  El Comité había actuado basándose en la suposición de que la  OMC 
primaría sobre la legislación medioambiental, por ejemplo en los AMUMA, pero las exposiciones de 
las secretarías de lo s AMUMA habían demostrado que no necesariamente era así.  Era posible que un 
AMUMA tuviera un sólido mecanismo de solución de diferencias, como en el caso de la Convención 
de las Naciones  Unidas sobre el Derecho del Mar.  En opinión del orador,  WT/CTE/M/15  
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el document o WT/CTE/W/53 había contribuido a entender mejor la interpretación dada por los grupos 
especiales a las medidas adoptadas al amparo del artículo  XX.  En ninguna de las diferencias relativas 
al artículo  XX se había puesto en tela de juicio el objetivo de la  política medioambiental del país que 
aplicaba las medidas.  En los seis casos examinados, los grupos especiales habían determinado que las 
disposiciones del artículo  XX eran excepciones limitadas y condicionales de las obligaciones 
contraídas en la  OMC.  El representante estaba de acuerdo en que basarse en el proceso de solución de 
diferencias no sustituía la formulación de políticas multilaterales sobre comercio y medio ambiente.  
En el marco del Punto 1 se habían presentado nueve propuestas, y todas ella s se referían a medidas 
comerciales de los AMUMA;  el objetivo era conseguir la previsibilidad y tratar con los Estados que 
no eran Partes en los AMUMA.   
24.  Para seguir debatiendo la mejor forma de dar cabida a las medidas comerciales de los 
AMUMA era p reciso tratar las medidas positivas, aunque el debate parecía superar el mandato del 
Comité.  En cuanto a la propuesta de que el Comité determinara qué AMUMA deberían examinarse 
en cuanto a su utilización de medidas comerciales, el representante preguntó c ómo pensaba el Comité 
decidir la cuestión.  En el párrafo  174 del Informe de 1996 del Comité figuraban varias posibilidades 
sobre las que podría basarse el debate.  La forma adecuada de proceder era hallar un equilibrio entre 
los asuntos del orden del día del Comité, comprendidas las medidas positivas.  El Comité había 
llegado a una situación en que los Miembros deberían abandonar las  declaraciones formales y la 
consideración de argumentos jurídicos.  En relación con los AMUMA, las cuestiones no eran 
exclu sivamente jurídicas:  era preciso adoptar decisiones políticas.   
25. El representante de Corea  dijo que el "enfoque diferenciado" propuesto por Nueva Zelandia y 
Corea era una base útil para progresar en los debates.  Las medidas comerciales, aplicadas con  
prudencia, eran necesarias para alcanzar los objetivos de los AMUMA.  Era preciso definir 
claramente la especificidad de las medidas comerciales, de modo que no supusieran proteccionismo 
encubierto.  El representante de la secretaría del Protocolo de Mont real había dicho que en los casos 
de incumplimiento entre las Partes, era preciso determinar ante todo las razones de él y contribuir al 
cumplimiento.  Corea confiaba en que el mismo espíritu se aplicaría a los Estados que no eran Parte.   
26. El represent ante de Australia  dijo que la reunión con las secretarías de los AMUMA había 
ofrecido una base para comprender mejor la utilización de las medidas comerciales en los AMUMA.  
El debate ilustraba las dificultades de sacar conclusiones sobre el motivo y la fo rma de utilizar dichas 
medidas;  los AMUMA aplicaban diferentes enfoques para tratar las diferentes preocupaciones 
medioambientales y la utilización de medidas comerciales era en ellos diferente.  La  experiencia con 
los AMUMA  planteaba cuestiones sobre la  función del comercio en la promoción del desarrollo 
sostenible, y sobre cómo conseguir que se tuvieran en cuenta las consideraciones ambientales y 
comerciales.  En las negociaciones de un AMUMA podían plantearse intereses comerciales y 
económicos importan tes, lo cual podría repercutir en la evaluación de las prioridades ambientales por 
la OMC, o suscitar diferencias de opinión sobre la naturaleza de un problema ambiental o sobre los 
medios adecuados de resolverlo.  El diálogo con las secretarías de los AMU MA contribuía a 
conseguir la compatibilidad de los objetivos ambientales con un sistema de comercio abierto, 
equitativo y no discriminatorio.  Para que el comercio fuera sostenible, era preciso que la gestión 
ambiental fuera eficaz.  La cooperación interna cional era vital para asegurar que las preocupaciones 
ambientales se abordaran adecuadamente, por ejemplo, mediante la responsabilidad compartida de 
países importadores y exportadores frente a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, 
el com ercio de productos químicos potencialmente peligrosos o el de especies amenazadas o en 
peligro.  La responsabilidad compartida podía suponer intercambio de información, consentimiento 
fundamentado previo o sistemas de permisos, como en las negociaciones de  la CITES, el Convenio de 
Basilea o el Convenio sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP).  En algunos casos, el 
comercio podía ser una parte importante del problema del medio ambiente, al ofrecer incentivos para 
la excesiva explotación de especies  en peligro.  En esos casos, las iniciativas de vigilancia y 
regulación o prohibición del comercio podían desempeñar una función, como las prohibiciones 
limitaciones transitorias del comercio de algunas especies de valor económico, hasta que éstas se WT/CTE/M/15  
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hubie ran recuperado y existiera una gestión eficaz.  En otros casos, el comercio podía ser sólo un 
elemento menor del problema;  la pérdida del hábitat y la explotación nacional de la vida silvestre 
podían ser una mayor amenaza para ésta.  
27. En algunos casos, las medidas comerciales podían contribuir a una estrategia de respuestas 
eficaces, pero debían complementarse con otras iniciativas en los planos nacional, regional o 
multilateral.  El comercio podía contribuir positivamente a la consecución de los objetiv os 
medioambientales.  Por ejemplo, el comercio dirigido de modo sostenible podría aportar incentivos y 
los medios financieros para que las comunidades locales participaran en la conservación de las 
especies silvestres y su hábitat.  El comercio podría cont ribuir a promover los objetivos del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, facilitando el acceso a productos sustitutivos de sustancias cuya 
producción y consumo debían eliminarse progresivamente, contribuyendo a la transferencia de 
tecnología que facilit e procesos de producción más limpios y la difusión de tecnologías de reciclado 
ambientalmente racionales.  En los casos en que el comercio conducía a una explotación excesiva de 
los recursos, la única manera de asegurar un comercio sostenible sin efectos p erjudiciales era 
mediante una gestión apropiada de los recursos.  Así pues, la  OMC y los AMUMA ofrecían un marco 
para el comercio sostenible beneficioso para el comercio y el medio ambiente al mismo tiempo.   
28. Había muchas posibilidades para mejorar la función que desempeña el comercio de incentivar 
la gestión sostenible de los recursos, la transferencia de tecnología y los productos más ecológicos.  
Era de fundamental importancia asegurar que las preocupaciones ambientales se abordaban de un 
modo eficie nte mientras se seguían obteniendo beneficios comerciales.  El intercambio de 
información entre importadores y exportadores, y la utilización del procedimiento del CFP 
contribuirían a compartir las responsabilidades.  Había que diseñar cuidadosamente los c ontroles 
administrativos comerciales y dirigir sus objetivos sin inhibir el comercio de un modo innecesario.  
Ésta podía ser una esfera donde seguir trabajando.  La flexibilidad se ponía de manifiesto en los 
instrumentos utilizados en aplicación de la CITE S, como los  contingentes, la crianza y clasificación 
de las especies en listas separadas con arreglo a sus apéndices, para garantizar que las medidas 
utilizadas fuesen las más apropiadas en situaciones específicas.  El Convenio de Basilea establecía 
que l as Partes podían concertar acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales sobre los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos, con Partes o Estados que no fueran parte, siempre que dichos 
acuerdos estuvieran basados en normas cuya racionalidad  ambiental no fuera inferior a la de las 
previstas en el Convenio.  La previsibilidad, la certeza y la transparencia de las condiciones aplicadas 
al comercio eran importantes, como en el caso de la labor del Convenio de Basilea en la clasificación 
de desec hos peligrosos.   
29. Otra cuestión era la función que cumplían los AMUMA en la elaboración de directrices 
técnicas, la prestación de asistencia técnica, la facilitación de transferencia de tecnología y el 
mejoramiento de las capacidades nacionales para ge stionar los intereses ambientales, como el 
comercio de productos químicos peligrosos, los desechos peligrosos o la eliminación progresiva de 
sustancias destructoras de la capa de ozono.  Si el comercio internacional fuera solamente un aspecto 
de un problem a ambiental, esas medidas serían esenciales para garantizar el progreso de los objetivos 
ambientales.  También la asistencia al desarrollo debía promover una interacción positiva entre los 
AMUMA y la  OMC y ayudar a los países en desarrollo a cumplir las ob ligaciones internacionales 
medioambientales, además de facilitar el comercio y de reducir la pobreza.  Un mayor diálogo entre 
las comunidades del comercio y del medio ambiente era esencial para crear un consenso y hallar 
soluciones ambientalmente eficaces.   Las normas de la  OMC debían contribuir al progreso de los 
objetivos ambientales y, al mismo tiempo, a la conservación de los beneficios comerciales.  
El documento WT/CTE/W/53 servía por lo tanto de punto de referencia para los debates.  El proceso 
nacion al de coordinación de Australia era semejante al del Canadá.  
30. El representante de la India  dijo que los países en desarrollo consideraban importantes las 
medidas positivas de los AMUMA y les tranquilizaba la opinión unánime del Comité de que las 
medidas  comerciales no eran la mejor manera de abordar los problemas del medio ambiente.   WT/CTE/M/15  
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Las medidas comerciales eran solamente parte del conjunto de medidas de un AMUMA.  
No correspondía al mandato del Comité entrar en los objetivos ambientales que debía tratar  ese 
conjunto negociado.  Si el Comité se centraba exclusivamente en las medidas comerciales, se 
distorsionaría la esencia de los AMUMA.  Incluso si el Comité abordaba la naturaleza de las medidas 
comerciales de los AMUMA, se plantearían interrogantes sobr e su necesidad, efectividad y 
proporción.  Las medidas comerciales, que en los AMUMA eran por definición restrictivas, debían 
respetar las normas de la  OMC;  su utilización para perseguir objetivos de medio ambiente, incluso en 
aplicación de un AMUMA, debí a plantearse en el marco del artículo  XX para garantizar que no se 
socavaran los cimientos de la  OMC.  Dado que en el artículo  XX podían abordarse las preocupaciones 
ambientales legítimas, no era necesario conceder un "trato especial" a las medidas comerci ales 
adoptadas de conformidad con disposiciones específicas de determinados AMUMA.  La idea del 
"trato especial" podría tener graves consecuencias si algunos Miembros de la  OMC solicitaban un 
"trato especial" en otros asuntos no comerciales.  Quizá fuera n ecesario reiterar el alcance del 
artículo  XX para que sirviera como guía en la solución de diferencias.   
31. En el documento WT/CTE/W/53 se indicaba que solamente en una de las siete diferencias 
sobre medio ambiente planteadas en el GATT/OMC, el Grupo Esp ecial había puesto en tela de juicio 
las opciones de política ambiental que justificaban las medidas de que se trataba.  Como se afirmó en 
el Informe de 1996 del Comité, la competencia de la  OMC se limitaba a las políticas comerciales y a 
los aspectos come rciales de políticas de medio ambiente que tuvieran efectos importantes en el 
comercio.  El párrafo  17 del documento WT/CTE/W/53 se refería al Informe del Órgano de 
Apelación sobre la gasolina reformulada, según el cual la prohibición de que las medidas se  apliquen 
en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable en el comercio 
internacional, establecida en el preámbulo del artículo  XX, debía entenderse como un tipo de no 
discriminación distinta y sui generis , que no se solapab a con lo establecido en los artículos I y III.  
En cuanto a la prueba de la necesidad, los grupos especiales no habían aceptado la necesidad de 
medidas que, de lo contrario, serían incompatibles con otras disposiciones de la  OMC.  
Los párrafos  27 a 31, sob re la aplicación jurisdiccional del apartado  b) del artículo  XX eran 
importantes.  No se había aprobado ninguno de los informes de los dos grupos especiales que se 
ocuparon del asunto Atún, por lo cual la cuestión seguía sin resolverse.  En el documento 
WT/CTE/W/53 se hacía hincapié en la diferencia de enfoques entre los dos grupos especiales.  
El Grupo Especial encargado del asunto Atún  I había señalado que las preocupaciones de los 
redactores del párrafo  b) del artículo  XX se centraban en la utilización d e las medidas sanitarias para 
salvaguardar la vida o la salud de las personas y de los animales y la protección de las plantas en la 
jurisdicción del país importador.  En el asunto Atún II, el Grupo Especial observó que "el texto del 
apartado  b) del artícu lo XX no estipulaba explícitamente ninguna limitación en cuanto a la ubicación 
de los seres vivos que van a protegerse".  Sin embargo, el Grupo Especial constató que la política de 
protección de la vida y salud de los delfines en el Océano Pacífico tropica l oriental que los 
Estados  Unidos aplicaban dentro de su jurisdicción a sus nacionales y a sus embarcaciones formaba 
parte de las políticas abarcadas por el apartado  b) del artículo  XX.  Era preciso comprender el enfoque 
matizado del Grupo Especial del asu nto Atún II sobre la aplicación jurisdiccional del apartado  b) del 
artículo  XX.  La India estaba convencida de que la historia de la negociación contribuiría a aplicar un 
enfoque correcto.   
32. En el asunto Atún I, el Grupo Especial rechazó la aplicación extrajurisdiccional del 
apartado  g) del artículo  XX sobre la base de la historia de la negociación.  En relación con el 
apartado  g) del artículo  XX, el enfoque del Grupo Especial en el asunto Atún  II fue similar al 
adoptado en relación con el apartado  b) del artículo  XX, y se hizo hincapié en que los Estados  Unidos 
habían aplicado su política dentro de su jurisdicción a sus nacionales y a sus embarcaciones.  
El Grupo Especial afirmó claramente que el artículo  XX, debía interpretarse estrictamente y constató  
que "si el artículo  XX se interpretaba de manera que permitiera a las partes contratantes adoptar 
medidas comerciales para obligar a otras partes contratantes a modificar sus políticas dentro de su 
jurisdicción, incluidas sus políticas de conservación, se  vería gravemente menoscabado el equilibrio 
de los derechos y obligaciones entre las partes contratantes, en particular el derecho de acceso a los WT/CTE/M/15  
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mercados.  El Grupo Especial llegó a la conclusión de que "las medidas adoptadas para obligar a otros 
países a modificar sus políticas y que son efectivas únicamente si se producen tales modificaciones, 
no pueden estar principalmente destinadas ni a la conservación de un recurso natural agotable ni a 
hacer efectivas las restricciones a la producción o el consumo nacionales, en el sentido del apartado  g) 
del artículo  XX".  El documento WT/CTE/W/53 ponía de relieve que la  OMC podía tratar las 
medidas comerciales derivadas de preocupaciones ambientales.  La experiencia hasta la fecha había 
demostrado que las medidas comerciales adoptadas por motivos presuntamente ambientales no 
cumplían lo establecido en el artículo  XX.  El trato de estas cuestiones en el documento 
WT/CTE/W/53 confirmaba la posición de la India de que no era preciso modificar el artículo  XX y 
que las medidas comerciales adoptadas por objetivos ambientales tenían que superar el escrutinio del 
artículo  XX.  La India participaría en cualquier trabajo posterior del Comité sobre la base de las 
posiciones que figuraban en su documento no oficial de 23 de jul io de 1996.   
33. El representante de México  agradeció el intercambio de impresiones con las secretarías de los 
AMUMA, que confirmaba las conclusiones del Informe de 1996 del Comité sobre la importancia de 
promover la cooperación entre las autoridades de m edio ambiente y de comercio y entre las 
Secretarías de la  OMC y los AMUMA.  A este respecto, la Conferencia organizada en los 
Países  Bajos había permitido hacer un análisis más profundo de las cuestiones planteadas por la 
intersección AMUMA/OMC.  La negoci ación y aplicación de medidas comerciales en los AMUMA 
suscitaba una diversidad de cuestiones que iban más allá de las consideraciones jurídicas, sin embargo 
el Comité a menudo había limitado el debate a los aspectos jurídicos.  Al tomar decisiones relativ as al 
medio ambiente habían surgido factores políticos, económicos y de desarrollo, como cuál era el 
momento adecuado para introducir medidas comerciales en los AMUMA.  Algunos intereses 
económicos estaban especialmente en juego,  como se había visto en lo s debates sobre el cambio 
climático.  Los países tenían poderes diferentes para actuar sobre los mercados y utilizar las medidas 
comerciales previstas en los AMUMA;  para algunos se trataba de no abusar de la utilización de 
medidas comerciales.  Debería ex aminarse la función de las medidas positivas previstas en los 
AMUMA, pues en ellos intervenían cuestiones que no se resolvían siempre mediante arreglos 
jurídicos o una asignación de jurisdicción.  Habida cuenta de la complejidad existente de los casos, no 
debería darse por sentado a priori que la reordenación del aspecto jurídico de las medidas comerciales 
en la  OMC resolvería los problemas esenciales con los AMUMA.  México apoyaba la referencia de 
Noruega a la pertinencia del Acuerdo OTC.  La OMC había enc ontrado un lugar para determinadas 
normas internacionales en el Acuerdo  MSF y en el Acuerdo  OTC.  Sin embargo, el proceso del primer 
examen trienal del Acuerdo  OTC había mostrado que era importante determinar qué constituía una 
norma internacional;  del mi smo modo, era preciso definir qué se entendía por un AMUMA.  México 
consideraba que deberían abordarse los conceptos de necesidad, efectividad y proporcionalidad de las 
medidas comerciales para encontrar una solución.  El documento  WT/CTE/W/53 constituía u na base 
para comprender esos conceptos.   
34. El representante de Egipto  dijo que el artículo  XX no abarcaba acciones unilaterales 
tendientes a conseguir objetivos de medio ambiente, y que la carga de la prueba recaía en el Miembro 
que invocaba tales medid as.  En cuanto al concepto de necesidad, eran válidas las observaciones de 
Suiza sobre la importancia de diferenciar entre excepciones en virtud del artículo.  En este contexto, el 
representante se refirió al Informe de 1996 del Comité y a la importancia d e las medidas positivas 
para que los países en desarrollo aumentaran su capacidad de alcanzar objetivos ambientales.  
Era preciso evitar acciones unilaterales relativas a problemas de medio ambiente fuera de la 
jurisdicción del país importador.  Las medida s comerciales aplicadas a problemas ambientales 
transfronterizos o mundiales deberían basarse, en la medida de lo posible, en la cooperación 
internacional.   
35. El representante de Marruecos  dijo que, en la aplicación de medidas comerciales, los 
AMUMA deb erían tener en cuenta el principio de que las medidas comerciales aplicadas fueran 
proporcionales a la necesidad de imponer restricciones comerciales compatibles con la  OMC.  
Las medidas comerciales debían combinarse con medidas positivas para ayudar a los  países en  WT/CTE/M/15  
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desarrollo a conseguir un desarrollo sostenible.  La reunión con las secretarías de los AMUMA había 
ampliado los conocimientos del Comité sobre los mecanismos de solución de diferencias de los 
AMUMA.  El artículo  XX no permitía medidas discrimin atorias, extrajurisdiccionales o unilaterales.  
A fin de fomentar el diálogo entre la  OMC y los AMUMA, Marruecos proponía que el Comité 
examinara la transparencia de las medidas comerciales en los AMUMA.  Para poder preparar las 
reuniones del Comité, Marru ecos agradecería recibir los documentos del Comité traducidos a todos 
los idiomas oficiales de la  OMC.  
36. El representante de los Estados  Unidos  dijo que las exposiciones de las secretarías de los 
AMUMA habían contribuido a la labor del Comité.  El debate  había subrayado la importante función 
que las medidas comerciales podían desempeñar para conseguir los objetivos de un AMUMA.  
Esto no significaba que las medidas comerciales fueran siempre necesarias en los AMUMA, sino que 
eran un instrumento del que deb ía disponerse cuando fuese necesario.  A este respecto, los 
Estados  Unidos estaban perplejos ante la referencia de la India a un acuerdo amplio en el sentido de 
que las medidas comerciales no eran la mejor manera de tratar las cuestiones planteadas en los 
AMUMA.  India había apoyado las medidas comerciales de varios acuerdos, como el Convenio de 
Basilea y las actuales negociaciones sobre el CFP y la seguridad biológica.  La experiencia había 
demostrado que, en algunos casos, las medidas comerciales eran el mejor instrumento comercial para 
alcanzar los objetivos de los AMUMA;  pero esto debería decidirse en cada caso concreto.  
Los AMUMA abarcaban diversas cuestiones, y las medidas comerciales comprendidas en cada 
AMUMA reflejaban las particularidades de ese AMUMA determinado.  Este hecho hacía más difícil 
que el Comité llegara a un acuerdo sobre el enfoque de la cuestión.  El debate había demostrado que 
los AMUMA no aplicaban medidas comerciales a los Estados que no eran Parte si éstos actuaban de 
conformidad  con el AMUMA;  el artículo  11 del Convenio de Basilea permitía el comercio con los 
Estados que no fueran Parte si trataban los desechos de un modo ambientalmente racional.  
Varias  secretarías de AMUMA han observado la ausencia de una dicotomía entre medid as 
comerciales y medidas positivas, como en las negociaciones del Convenio sobre el CFP y en el 
Convenio de Basilea.  Existía un amplio acuerdo sobre la importancia de la coordinación entre 
funcionarios de comercio y medio ambiente.  La Secretaría de la  OMC había desempeñado una 
importante función al cooperar con las secretarías de los AMUMA y facilitar información al Comité 
sobre los acontecimientos de carácter comercial en los AMUMA.  Los Estados  Unidos alentaban a la 
Secretaría a que prosiguiera su labor  y observaban con decepción que la  OMC no había estado 
representada en la Asamblea General de las Naciones  Unidas.  
37. El párrafo  23 del documento WT/CTE/W/53 abordaba de modo inadecuado la cuestión de la 
jurisprudencia al referirse a las constataciones de  los grupos especiales en el sentido de que la prueba 
de la necesidad era el criterio "menos restrictivo del comercio".  Este término no se había empleado en 
ningún informe.  Existían interpretaciones de si la jurisprudencia había creado un criterio menos 
restrictivo del comercio.  No correspondía al Comité interpretar las normas de la  OMC;  el valor de 
las opiniones sobre la interpretación de los artículos de la  OMC era limitado, y carecía de peso 
jurídico.  Hong Kong, China, había observado que los aparta dos b) y g) del artículo  XX se excluían 
mutuamente y contenían criterios diferentes, y que la aplicación del apartado  g) del artículo  XX a una 
cuestión abarcada por el apartado  b) del mismo artículo  dejaría sin sentido a este último, puesto que 
los criteri os contenidos en el apartado  g) eran menos estrictos.  Esto planteaba el interrogante de Suiza 
sobre la interpretación adecuada del artículo  XX y sobre si cabía suponer que los redactores 
del GATT habían pensado que sería más fácil tomar medidas para conse rvar los minerales que para 
proteger la vida y la salud.  El apartado  g) del artículo  XX tenía sus propios requisitos y no cabía 
suponer que eran más fáciles de cumplir que los del apartado  b) del artículo  XX.  La Convención de 
Viena estipulaba que los tér minos de un tratado deben interpretarse conforme al "sentido corriente que 
haya de atribuirse a los términos en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin".  No hay 
nada en el texto o en el contexto que limite el apartado  g) del artículo  XX a las medidas relativas a la 
conservación de los minerales.   WT/CTE/M/15  
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38. Los Estados  Unidos disintieron de que el artículo  XX no pueda utilizarse para medidas que 
traten problemas ambientales situados fuera del territorio o la jurisdicción de un país.  El asunto 
Atún II había indicado lo contrario.  La India parecía indicar que el Grupo Especial encargado del 
asunto Atún  I había examinado la historia de la negociación más cabalmente que el del asunto 
Atún  II.  El expediente demostraba que era cierto lo contrario.  Si bien ambos grupos especiales 
habían tratado esta cuestión, solamente en el asunto Atún  II había habido un prolongado debate sobre 
la historia de la negociación.  Estas cuestiones se debatían en otros foros, por consiguiente los 
Estados  Unidos se absten ían de responder con mayor amplitud.   
39. El representante de la Argentina  opinó que el análisis de este punto se había simplificado en 
exceso, y se había concedido demasiada atención a la compatibilidad entre las medidas comerciales en 
los AMUMA y la  OMC .  Los debates deberían reflejar los logros del Comité durante 1996 y 
considerar en qué contexto se adoptarían medidas comerciales en los AMUMA.  Éstas no eran un fin 
en sí mismas y debían contemplarse paralelamente a las medidas positivas, como la coopera ción 
técnica y la transferencia financiera y tecnológica.  Las medidas comerciales eran importantes en un 
conjunto negociado de medidas destinadas a promover los objetivos de un AMUMA;  y no sería útil 
seguir limitando el debate a un solo elemento, por eje mplo, las medidas comerciales.  El representante 
estaba de acuerdo con las observaciones del Canadá sobre la evolución de la jurisprudencia de 
la OMC, y sobre la necesidad de una voluntad política para que el proceso siguiera adelante.  
El Comité debía pod er hacer algunas recomendaciones sobre la relación existente entre las normas de 
la OMC y los AMUMA, teniendo en cuenta los principios del derecho internacional.   
40. El representante del Brasil  dijo que los AMUMA eran el mejor foro para abordar problemas  
de medio ambiente a escala mundial;  la cooperación multilateral en cuestiones de medio ambiente 
evitaría las acciones unilaterales e impediría la aplicación de medidas proteccionistas y 
discriminatorias.  Tal vez las medidas comerciales eran necesarias p ara tratar las preocupaciones 
ambientales, pero también podrían resultar perjudiciales para los intereses del medio ambiente.  A este 
respecto, el ámbito jurídico de la  OMC podía ser suficiente para tratar las cuestiones ambientales 
relacionadas con el com ercio.  El Comité debería analizar la compatibilidad con la  OMC de las 
medidas comerciales tomadas con fines medioambientales.  En este contexto, el Brasil estaba 
dispuesto a examinar las propuestas que se habían presentado.  El Comité debería celebrar más  
reuniones con las secretarías de los AMUMA, lo que contribuiría a comprender los motivos 
subyacentes de las negociaciones ambientales y afianzar la comprensión del marco jurídico sobre el 
cual se fundamentaban las deliberaciones del Comité.  El documento  WT/CTE/W/53 debía 
modificarse a medida que la jurisprudencia evolucionaba.  
Punto 7  La cuestión de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en  
el país de origen  
41. El representante de Nigeria  recordó la Decisión del GATT de 1982 (IBDD 29S/20 ), 
reafirmada en 1984 (IBDD 31S/15) de que las partes contratantes notifiquen al GATT las mercancías 
cuya venta esté prohibida en el país de origen.  Estas decisiones seguían siendo válidas.  Nigeria 
estaba de acuerdo con el análisis presentado en el docum ento WT/CTE/W/43 donde se indicaba que 
las notificaciones de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, así como el 
sistema de notificaciones sobre restricciones cuantitativas, no contenían mucha información sobre las 
mercancías  cuya venta está prohibida en el país de origen.  Las notificaciones de obstáculos técnicos 
al comercio pocas veces se ocupaban de las exportaciones y el Acuerdo OTC no estaba concebido 
para facilitar información sobre la producción interna destinada a la exportación.  Los Miembros 
tenían la obligación de notificar las ventas en el mercado interno o las restricciones de la utilización 
de esos productos, sin embargo no tenían la obligación de tratar la producción ni las exportaciones.  
En el marco del Acuerd o OTC, los Miembros debían notificar los reglamentos técnicos o las 
prohibiciones internas;  pero no era preciso que facilitaran información sobre otras restricciones 
aplicadas a los productos.  En relación con el interrogante formulado en el Informe de 19 96 del 
Comité sobre qué información existía en la  OMC referente a medidas ambientales relativas al  WT/CTE/M/15  
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comercio de mercancías cuya venta está  prohibida en el país de origen, la respuesta ofrecida en el 
documento WT/CTE/W/43 era que las notificaciones existent es de la  OMC no servían de mucho.   
42. El Comité debería pedir a los Miembros que reanudaran la notificación de las mercancías 
cuya venta está prohibida en el país de origen, con arreglo a la Decisión del GATT de 1982.  
El Comité debería también abordar l a conclusión sobre los productos de venta prohibida en el país de 
origen a los que se refiere el párrafo  27 del documento WT/CTE/W/43.  Los productores y 
exportadores de esas mercancías sabían bien cuáles se producían y se exportaban a pesar de estar 
prohi bidas en el mercado nacional.  Las exportaciones de esas mercancías debían notificarse a 
la OMC, si no se habían notificado ya en virtud de otros instrumentos.  La propuesta de Nigeria 
(WT/CTE/W/32) contenía una lista indicativa de esos instrumentos.  Aunq ue no era esencial definir 
las notificaciones de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, 
las 50 notificaciones presentadas de conformidad con las Decisiones del GATT de 1982 y 1984 
ponían de manifiesto la necesidad de un formato más breve y normalizado.  Las notificaciones 
deberían incluir los motivos por los que se considera que un producto es una mercancía cuya venta 
está prohibida en el país de origen y por los que se permite su exportación.  
43. El representante de los Estados  Unid os puso en duda que sean débiles las prescripciones de 
notificación de dichas mercancías, recogidas en el documento WT/CTE/W/43, y el hecho de que las 
notificaciones de obstáculos técnicos al comercio y de restricciones cuantitativas no faciliten 
informaci ón sobre si el país notificante prohíbe las exportaciones.  Lo importante era que los países 
supieran si un Miembro había descubierto que un producto suponía un grave riesgo para la salud o la 
seguridad.  Aunque un país hubiera prohibido la exportación de ese producto, era posible que otros 
países exportadores consideraran que los riesgos detectados no suponían el mismo peligro y 
permitieran su venta en el mercado interno y la exportación.  Por lo tanto, la utilidad de saber que un 
país notificante había pr ohibido un producto era limitada puesto que ese producto podía también 
proceder de otros países y podía crear una falsa sensación de seguridad.  En cuanto al hecho de que el 
Acuerdo  OTC no requería la notificación de medidas ya abarcadas en las normas inte rnacionales, 
pocas ventajas podía aportar una información de la que ya se disponía mediante los órganos 
internacionales de normalización.  El documento WT/CTE/W/43 hubiera mejorado tras un debate de 
Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, ya que  éste abarcaba un conjunto más amplio de 
medidas, comprendidas de modo específico las prohibiciones.  Los Estados  Unidos estaban de 
acuerdo en que, si bien los instrumentos de notificación podían ser una valiosa fuente de información, 
la existencia de norm as nacionales y su aplicación efectiva era la forma más importante de protección 
de los países en desarrollo contra productos no deseables.  
44. El representante del Canadá  dijo que la cuestión de las mercancías cuya venta está prohibida 
en el país de orige n debía contemplarse también en el contexto de los AMUMA, puesto que se había 
negociado o estaba en proceso de negociación un elevado número de AMUMA donde se abordarían 
cuestiones relativas a esas mercancías.  La sesión de información con las secretarías de los AMUMA 
indicaba en qué medida la comunidad internacional estaba abordando cuestiones relacionadas con 
dichas mercancías.  El documento  WT/CTE/W/43 había señalado que no se notificarían tales 
mercancías si no se basaban en normas internacionales o si no afectaban al comercio.  La repercusión 
práctica de estas excepciones era limitada.  La preparación de normas internacionales se basaba en la 
creación de un consenso y en el intercambio de información.  El resultado era que este tipo de 
mercancías "multi laterales" mediante este proceso y que una notificación paralela en virtud del 
Acuerdo OTC supondría una duplicación.  En el contexto de una mayor globalización y de mayores 
corrientes comerciales era menos probable que surgieran mercancías de venta prohib ida en el país de 
origen que no afectasen al comercio.  Con arreglo a los reglamentos técnicos canadienses en esta 
esfera, parecería que prácticamente todas las mercancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen tienen repercusión en el comercio y e ntrarían en las notificaciones de obstáculos técnicos al 
comercio o de medidas sanitarias y fitosanitarias.  Era pertinente la cuestión de la definición de los 
productos, que figuraba en los párrafos 29 y 30, especialmente habida cuenta de lo polémica que 
había sido la falta de definición de productos en la enmienda del Convenio de Basilea.  Sin una WT/CTE/M/15  
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definición de los productos, aumentarían las posibilidades de litigios.  El Canadá apoyaba la 
insistencia del párrafo  32 en la necesidad de crear capacidades pa ra preparar eficazmente y aplicar 
normas nacionales, como la forma más importante de protección para los países en desarrollo.  Si no 
mejoraba el respeto de las normas, una mayor información no permitiría tratar de un modo efectivo 
las preocupaciones plant eadas por muchos países en desarrollo.  
45. El representante de las Comunidades Europeas  reconoció la importancia que tenía para los 
países en desarrollo realizar progresos en este Punto;  el establecimiento de un sistema de 
notificaciones de la  OMC contrib uiría a conseguir los objetivos previstos en el preámbulo del 
Acuerdo sobre la  OMC.  La CE desempeñaría una función constructiva en el debate del Punto 7, si 
bien era consciente de los obstáculos prácticos y políticos que debían superarse para hallar soluc iones.  
Si había que reactivar el sistema vigente de notificación de las mercancías cuya venta está prohibida 
en el país de origen, era preciso definir los productos comprendidos;  un sistema de notificaciones que 
no tuviera una definición precisa no podrí a cumplirse y tendría una respuesta limitada por parte de los 
Miembros.  Algunas categorías de productos cuya venta está prohibida en el país de origen estaban 
sujetas ya a disciplinas internacionales, como los desechos peligrosos, los productos químicos y  los 
plaguicidas, sin embargo un sistema de notificaciones de la  OMC podía actuar como una "red de 
seguridad" para las exportaciones de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen 
procedentes de Miembros de la  OMC que no eran partes en otros acuerdos relativos a esas 
mercancías.  La Secretaría podía explorar esta cuestión en cooperación con los instrumentos 
internacionales pertinentes para evitar la duplicación.  
46. En el párrafo  32 del documento WT/CTE/W/43 se señalaba que si bien era esencia l que los 
Miembros importadores de la  OMC elaboraran normas internas sobre salud y medio ambiente para 
tratar la cuestión de la exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, sin 
duda eran necesarios también los esfuerzos de coop eración entre los países importadores y 
exportadores.  Por este motivo se estaban elaborando regímenes de control internacional.  
Debía  considerarse la función de la asistencia técnica que ayudara a los países en desarrollo a 
establecer y cumplir las regla mentaciones internas para proteger la vida y la salud de las personas y 
los animales y la preservación de las plantas y del medio ambiente.  Este aspecto se abordaba en 
varios acuerdos internacionales y podía tomarse en cuenta también en la aplicación de l as 
disposiciones existentes de la  OMC sobre asistencia técnica, especialmente el artículo  11 del 
Acuerdo  OTC.  
47. El representante de Egipto  recordó que la Decisión del GATT de 1982 todavía estaba en 
vigor.  Egipto estaba de acuerdo con las conclusiones fo rmuladas en el documento WT/CTE/W/53 
sobre la necesidad de una definición precisa de los productos incluidos.  A este respecto, era 
importante reactivar el Sistema de Notificaciones de las mercancías cuya venta está prohibida en el 
país de origen, para fac ilitar información suficiente y oportuna sobre la cuestión.  La Secretaría debía 
cooperar con las organizaciones intergubernamentales para ayudar a definir los productos 
comprendidos en la definición de mercancías cuya venta está prohibida en el país de or igen, prestar 
asistencia técnica a los países en desarrollo y ayudar a aumentar y fortalecer su capacidad de control 
de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  
48. El representante de la India  dijo que era preciso continuar el trabaj o iniciado sobre la 
necesidad de facilitar la información adecuada, comprendido el formato de las notificaciones y la 
asistencia técnica.  Dado que la CE se había referido al artículo  11 del Acuerdo OTC, el orador  
proponía que se informara al Comité sobre  Obstáculos Técnicos al Comercio del debate habido en el 
Comité, de modo que la cuestión pudiera reflejarse en el examen trienal previsto en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio.  
49. El representante del Japón  dijo que la notificación sobre mer cancías cuya venta está prohibida 
en el país de origen debía basarse en un formato diseñado especialmente para esas mercancías, pero la 
definición inadecuada de los productos comprendidos no lo permitía.  Japón proponía que se  WT/CTE/M/15  
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utilizaran las categorías que  figuraban en el documento WT/CTE/W/43 para ayudar a definir las 
mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  Los Miembros podían decidir notificar los 
productos en la categoría  a) de productos cuya exportación no se contemplaba en las leyes  y 
reglamentos internos;  y en la categoría  b) de productos que se podían exportar siempre que 
cumplieran las normas del país importador y que se notificara a éste la transacción y la aprobara.  
La notificación de las categorías c) y d) contribuiría tambié n a aumentar la transparencia.  Para tener 
un sistema de notificaciones amplio de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, 
era preciso que los Miembros que notificaban supieran qué información deseaban conocer los países 
importadores sobre esas mercancías.  Los ejemplos de problemas reales relativos a dichas mercancías 
podrían ayudar a los Miembros a notificar información útil.  Además de la comunicación de 
información sobre las exportaciones de las mencionadas mercancías mediante un s istema de 
notificaciones, el Comité había debatido también la prestación de asistencia técnica a los países 
importadores de dichas mercancías, aunque esta asistencia no se había solicitado.  Era necesaria la 
elaboración y el cumplimiento de las normas inte rnas de salud y medio ambiente, la creación de 
capacidades y la asistencia técnica.  Además, los países importadores de mercancías cuya venta está 
prohibida en el país de origen podían, por ejemplo, solicitar información al país exportador de que se 
tratar a. 
50. El representante de Nigeria  dijo que se habían planteado cuestiones sobre la necesidad de que 
los países importadores identificaran el tipo de información que sería útil en relación con las 
mercancías de venta prohibida en el país de origen.  No era  útil trasladar la responsabilidad de los 
Miembros que producían y exportaban esas mercancías a los países importadores, que ignoraban que 
esas importaciones fueran mercancías de venta prohibida en el país de origen.  Sobre la cuestión de la 
definición de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen, algunas de ellas se habían 
reconocido actualmente debido a progresos tecnológicos y científicos.  La responsabilidad de notificar 
a la OMC las exportaciones de tales mercancías debía recaer en los Miembros que las producían y 
exportaban, si no las habían notificado mediante otro instrumento.  En el Protocolo de Montreal se 
recomendaba que se concedieran licencias para productos que podían contener clorofluorocarbonos 
(CFC), para aumentar así la vigilancia y perseguir el comercio ilícito.  Teniendo presentes estas 
sugerencias, la propuesta de Nigeria de que se notificaran las exportaciones de mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen era una solicitud menor.  Nigeria preguntaba de qué podía servir la 
asistencia técnica.  En esta etapa, lo único que se necesitaba para aumentar la transparencia eran 
notificaciones.  Como ilustraba el problema del comercio ilícito de sustancias que agotaban el ozono 
en el Protocolo de Montreal, el come rcio de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen 
era una cuestión de interés común que afectaba a los países desarrollados y en desarrollo.  
51. El representante de Marruecos  dijo que era preciso definir claramente las mercancías cuya 
venta  está prohibida en el país de origen.  Estaba de acuerdo con Nigeria en la importancia cada vez 
mayor del comercio ilícito de esas mercancías.  Algunos estudios habían demostrado que en Africa se 
habían pagado en un año más de 6 millones de francos frances es por productos farmacéuticos 
caducados.  La responsabilidad de las exportaciones de dichas mercancías recaía sobre el país 
exportador.  Esta responsabilidad estaba ya prevista en varios instrumentos internacionales, como el 
Convenio de Basilea y las nego ciaciones sobre el Convenio sobre Consentimiento Fundamentado 
Previo (CFP).  El Comité debía analizar cuestiones como el comercio ilícito de mercancías cuya venta 
está prohibida en el país de origen, la responsabilidad y obligaciones.  Era necesario crear en los 
países en desarrollo las capacidades necesarias para ocuparse de las exportaciones de dichas 
mercancías, identificar esas mercancías, y alentar su notificación a la  OMC.  Marruecos propuso que 
las secretarías preparasen un documento sobre el comerci o ilícito.  
52. El representante de los Estados  Unidos  dijo que en la OMS se estaban llevando a cabo 
trabajos sobre productos farmacéuticos, como explicaba la Nota Informativa sobre actividades de 
la OMS relacionadas con la cuestión de las mercancías cuya v enta está prohibida en el país de origen, 
distribuida a los Miembros, y que estos trabajos no deberían duplicarse.  Se había debatido en el 
Comité si había que abordar las categorías de tales productos que no estuvieran relacionadas con el WT/CTE/M/15  
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medio ambiente, como los alimentos por ejemplo, y tendría que reflexionar sobre cómo dar cabida en 
el mandato del Comité a una definición de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de 
origen.  
53. El representante de Nigeria  dijo que deberían notificarse esas m ercancías para facilitar así 
información suficiente y oportuna.  La notificación podía ser un punto de partida, o el final del 
proceso.  La función adicional del Comité podría basarse en el examen de las notificaciones.  
54. El representante de las Comunida des Europeas  manifestó también su interés por el comienzo 
de trabajos sobre el comercio ilícito.  
Punto 8  Las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio  
55. El representante  de la India  presentó la comunicación de su delegación (WT/CTE/W/65), que 
abordaba la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (AMUMA)  que preveían obligaciones relacionadas con los derechos de propied ad 
intelectual (DPI), en concreto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que contenía varias 
de esas obligaciones.  En el documento se tenía en cuenta el Informe de 1996 del Comité, en 
particular el párrafo  208.  El CDB y el Acuerdo sobre los ADP IC estaban estrechamente relacionados, 
por consiguiente deberían debatirse en el Comité los dos aspectos siguientes: a)  la relación entre las 
disposiciones del CDB y el Acuerdo sobre los ADPIC, y b)  la forma de armonizar cualquier 
discrepancia que hubiera,  con el CDB, o con el objetivo de la conservación de los recursos biológicos.  
La India consideraba que el Acuerdo sobre los ADPIC podría incluir la obligación de que los titulares 
de las patentes concierten acuerdos de transferencia de materiales y de tra nsferencia de información 
en el caso de conocimientos tradicionales que sean de dominio público o formen parte de 
conocimientos accesibles al público, como forma específica de propiedad intelectual.  Se configuraría 
de este modo el objetivo del CDB de comp artir los beneficios.  El Comité podría examinar también un 
sistema de protección mediante patente de los conocimientos autóctonos y de las innovaciones locales 
contemporáneas de los grupos tradicionales.   
56. El representante de Colombia  estimó que la re lación entre el Acuerdo de los ADPIC y el 
medio ambiente era importante, en particular su compatibilidad con el CDB y su relación con la 
transferencia de tecnología y la protección de los conocimientos adquiridos por las comunidades 
tradicionales.  Es deci r, conocimientos adquiridos por grupos autóctonos cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas los distinguían de otros estratos de la comunidad nacional.  Tras dos años de 
negociaciones, el Grupo Andino constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador, P erú y Venezuela 
aprobó en julio de 1996 la Decisión Andina 396 sobre el acceso a los recursos genéticos.  La Decisión 
consideraba necesario reconocer la contribución histórica de las comunidades autóctonas a la 
diversidad biológica, a su conservación y des arrollo y a su utilización sostenible y a los beneficios de 
sus componentes intangibles.  Existía un estrecho vínculo entre las comunidades tradicionales y los 
recursos biológicos, que era preciso fortalecer a fin de conservar la diversidad biológica y par a el 
desarrollo económico y social de esas comunidades de los países andinos.   
57. La Decisión tenía por objetivo facilitar las condiciones para la participación equitativa y 
activa en los beneficios resultantes del acceso a los recursos genéticos en los países andinos;  
establecer una base para el reconocimiento y la valoración de los recursos genéticos y sus 
componentes intangibles, especialmente respecto a la participación de las comunidades autóctonas o 
afroamericanas, y fomentar la conservación y la u tilización sostenible de la diversidad biológica que 
contenía recursos genéticos.  Componente intangible era todo conocimiento, innovación y práctica 
individual o colectiva, protegidos o no por regímenes de propiedad intelectual, que tuvieran un valor 
real o potencial asociado con los recursos genéticos. La Decisión daba a las comunidades 
tradicionales el derecho a decidir sobre sus propios conocimientos, innovaciones y prácticas asociados 
con los recursos genéticos y las producciones.  Cuando las compañías  farmacéuticas y  WT/CTE/M/15  
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agroindustriales desean tener acceso en los países andinos a recursos genéticos, a productos derivados 
o a conocimientos asociados, las condiciones generales que deberían aplicar se establecerían en 
colaboración con las comunidades tradici onales y serían aprobadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente de Colombia.  Cuando se solicitara acceso a recursos de diversidad biológica, a recursos 
genéticos o a sus componentes intangibles, los contratos tendrían un anexo que establecería una 
distribuc ión justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de tales componentes.  
No se reconocerían derechos, ni siquiera los DPI, para los recursos genéticos derivados o sintetizados 
a partir de productos de diversidad biológica que no cumpli eran lo estipulado en la Decisión.  
Colombia estaba en proceso de aplicar esta Decisión y de determinar las condiciones del primer 
contrato de acceso a los recursos genéticos.   
58. El representante de los Estados  Unidos  recordó que el párrafo  5 del artícu lo 16 del CDB, 
donde se pide a las Partes que cooperen para velar por que esos derechos apoyen los objetivos del 
Convenio y no se opongan a ellos, se había negociado en la CNUMAD en 1992.  El Acuerdo sobre 
los ADPIC, negociado posteriormente, había tomado en consideración las obligaciones del párrafo  5 
del artículo  16 del CDB y había abarcado ampliamente todos los tipos de DPI.  El documento de la 
India señalaba la necesidad de armonizar el Acuerdo sobre los ADPIC con el CDB y mencionaba 
discrepancias entre  ellos, sin embargo los Estados  Unidos no veían que hubiera ninguna discrepancia.  
La India había indicado que el Acuerdo sobre los ADPIC podía modificarse para contribuir a la 
consecución de los objetivos del CDB, pero no había mencionado que ninguna disp osición de aquel 
Acuerdo fuera contraria a estos objetivos. Era éste un planteamiento interesante. La India había 
declarado en el marco del Punto  1 que no era preciso efectuar cambios en la  OMC para dar cabida a 
los AMUMA; sin embargo, en el documento que presentó sobre el Punto  8 afirmaba que estaba 
dispuesta a examinar si el Acuerdo sobre los ADPIC podía modificarse para favorecer los objetivos 
del CDB.  A este respecto, cabía considerar qué cambios en los Acuerdos de la  OMC favorecerían a la 
Convención d el Cambio Climático o al Convenio sobre el CFP.  Esto introducía una nueva dimensión 
en el debate.  Ayudaría a entender la propuesta de la India acerca de los conocimientos autóctonos si 
hubiera una indicación como, la de Colombia, de los mecanismos vigent es para asegurar la protección 
y recompensa de los conocimientos autóctonos.  El Acuerdo sobre los ADPIC se basaba en los 
planteamientos nacionales de las cuestiones relativas a los DPI.  
59. El representante de Malasia, en nombre de la ASEAN , hizo suya la opinión expuesta en el 
párrafo  7 del documento de la India, de que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se trataba la necesidad 
de compartir en forma justa y equitativa los beneficios de la protección mediante patente y la 
explotación comercial de los recursos  genéticos.  Esto resultaba pertinente para el Comité, en 
particular a la luz del apartado  j) del artículo  8 del CDB.  La ASEAN también sostenía que era 
necesario que el Comité examinase las cuestiones relacionadas con el párrafo  5 del artículo  16 
del CDB y la insistencia del CDB en la necesidad de compartir con los países en desarrollo los 
beneficios de la utilización de la diversidad biológica, incluidos la transferencia y desarrollo de 
tecnología.  
60. El representante del Canadá  acogió con agrado el docu mento de la secretaría del CDB 
(WT/CTE/W/64), que contribuía a orientar la exposición por el Canadá de las cuestiones relacionadas 
con los ADPIC.  Los DPI cumplían varias funciones, entre ellas estimular  las innovaciones y 
creaciones artísticas y difundir información sobre inventos.  La leyes sobre la propiedad intelectual 
reflejaban la necesidad de equilibrar los derechos a la explotación de iniciativas creativas con el 
principio del libre intercambio y uso de la información para cumplir los objetivos soci oeconómicos.  
El CDB era el AMUMA que se ocupaba de la intersección entre los DPI y el desarrollo sostenible y 
en nada disminuía al Acuerdo sobre los ADPIC.  La secretaría del CDB y la Conferencia de las Partes 
debían colaborar con la  OMC y la OMPI en las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.  
Complacía al Canadá la decisión de conceder la condición de observador a la secretaría del CDB y los 
esfuerzos para aumentar el intercambio de información entre la  OMC el CDB.  Muchas de las 
cuestiones  de propiedad intelectual relacionadas con los objetivos del CDB podían abordarse 
mediante mecanismos existentes en el Acuerdo sobre los ADPIC, la OMPI y la legislación nacional.  WT/CTE/M/15  
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Se estaban llevando a cabo conversaciones entre el Gobierno del Canadá y gru pos autóctonos sobre 
cuestiones como: a)  la idoneidad de regímenes de DPI en vigor para proteger los conocimientos 
tradicionales;  b)  mecanismos alternativos a los sistemas de propiedad intelectual, como los códigos 
de conducta relacionados con el acceso a  los conocimientos tradicionales, y c)  la distribución 
equitativa de los beneficios resultantes de su utilización.  El Canadá había observado la pertinencia de 
dicho diálogo en el contexto de los bosques, lo que influiría en la evolución de su posición en esas 
cuestiones.  Debían conseguirse pruebas empíricas de las consecuencias de los DPI en la conservación 
de la diversidad biológica y debían distribuirse mediante el mecanismo de intercambio de información 
del CDB los resultados de la investigación nacion al sobre cuestiones relativas a la PI.  
61. El Canadá acogía con satisfacción el establecimiento por parte de varias compañías de un 
código de conducta sobre la prospección biológica y la etnobotánica.  En una reunión reciente del 
Órgano Subsidiario de Ases oramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CDB, el Canadá había 
insistido en la importancia de la colaboración con la Secretaría de la  OMC y de las contribuciones 
gubernamentales a esa iniciativa.  Las contribuciones de los Miembros de la  OMC y la coo peración 
entre las secretarías del CDB y la  OMC ayudarían a identificar aspectos relacionados con esa última 
cuestión y la liberalización del comercio y la diversidad biológica agrícola.  La secretaría del CDB 
debía facilitar más aclaraciones sobre el proc eso, el resultado esperado y el calendario previsto para 
este ejercicio.  La secretaría del CDB, en su calidad de observador, podía aportar al Comité una 
actualización periódica de su labor.  Los posibles temas de debate en el Comité eran: a)   la 
internali zación de los costos de la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en 
la agricultura, b)  subvenciones para prácticas agrícolas que respeten la diversidad biológica, y 
c) liberalización comercial y erosión genética.  
62. En lo relati vo a la biotecnología y a la seguridad de la biotecnología, la política normativa del 
Canadá no distinguía entre productos obtenidos por medios convencionales o por biotecnología;  lo 
importante era la incidencia del producto final en los objetivos reglame ntarios.  El Canadá tenía una 
activa industria de biotecnología que seguía desarrollando productos innovadores.  Algunos productos 
agrícolas necesitaban menos plaguicidas y, por consiguiente, eran más respetuosos con el medio 
ambiente que los cultivos conv encionales.  A este respecto, era importante que las Partes en las 
negociaciones sobre la seguridad de la biotecnología reflexionaran sobre los DPI, y sobre 
consideraciones de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias (por ejemp lo, 
evaluaciones científicas del riesgo).  El Canadá, entre otros  países, había notificado reglamentos 
técnicos relacionados con los organismos genéticamente modificados, en el marco del Acuerdo OTC.  
Las restricciones científicamente injustificadas contr a productos genéticamente modificados podían 
no solamente repercutir en las oportunidades existentes de acceso a los mercados sino perjudicar la 
capacidad de ejercer los DPI.  El Canadá había tomado nota de la solicitud de la secretaría del CDB 
de mecanism os eficientes para entender mejor los acontecimientos ocurridos en el marco del CDB 
que repercutan en la  OMC, mediante un intercambio de información entre las Secretarías de la  OMC 
y del CDB.  
63. El representante de Noruega  dijo que el punto de encuentro d el Acuerdo sobre los ADPIC con 
las cuestiones del medio ambiente se estaba debatiendo en varios foros, entre ellos el CDB y la FAO.  
Era importante la coherencia entre la elaboración y la interpretación de los diferentes instrumentos 
relacionados con los D PI;  la interpretación y aplicación de un acuerdo no debía socavar la 
interpretación de otros.  Los documentos WT/CTE/W/64 y WT/CTE/W/50, y el Informe de 1996 del 
Comité trataban cuestiones complejas relacionadas con la vinculación entre el Acuerdo sobre 
los ADPIC y cuestiones de diversidad biológica;  las opiniones sobre su alcance y sustancia variaban, 
y había que seguir trabajando sobre la mejor forma de abordarlas.  Eso no debería impedir otros 
debates y análisis empíricos.  Mientras tanto, era esencial  mantener la flexibilidad que ofrecía el 
Acuerdo sobre los ADPIC para la legislación sobre DPI relativos a la vida y al material biológico.  
Cualquier interpretación que limitara esta flexibilidad sería errónea, especialmente porque la 
conservación y la ut ilización sostenible de la diversidad biológica y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios resultantes de su utilización se consideraba uno de los principales desafíos.   WT/CTE/M/15  
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El documento de la secretaría del CDB (WT/CTE/W/64) presentaba las cuestio nes de estudio del 
Comité, entre otras la necesidad de cooperación entre la  OMC y el CDB.  Las cuestiones planteadas 
en el documento de la India (WT/CTE/W/65) eran también pertinentes para el debate.  
64. El representante de las Comunidades Europeas  recordó  que en el párrafo  208 del Informe 
de 1996 del Comité se señalaba la necesidad de abordar la relación existente entre el Acuerdo sobre 
los ADPIC y otras cuestiones diversas.  La Secretaría podía determinar la relación entre el Acuerdo 
sobre los ADPIC y la protección del medio ambiente, incluidos los objetivos pertinentes en los 
AMUMA, como la conservación de la diversidad biológica, su utilización sostenible y la distribución 
equitativa de los beneficios derivados de su utilización.  Los Estados que eran Pa rte a la vez en el 
Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB deberían aplicarlos de modo compatible con ambos Acuerdos 
para evitar conflictos.  El CDB pedía a las Partes que cooperaran con la  OMC para lograr que las 
patentes y los derechos de propiedad intelectual apoyaran sus objetivos y se estipulase al mismo 
tiempo que, en el caso de la tecnología estaba sujeta a la concesión de patentes y a otros DPI, el 
acceso a la tecnología y su transferencia a los países en desarrollo se concediesen en condiciones que 
recono cieran la protección adecuada y efectiva de los DPI y fueran compatibles con ella.  La relación 
entre ambos Acuerdos debería seguir examinándose en el Comité, de ser posible en cooperación con 
la secretaría del CDB y teniendo en cuenta su labor sobre el ac ceso a los recursos genéticos y sobre la 
aplicación del apartado  j) del artículo  8.  La Decisión III/17 del CDB proporcionaba ideas para 
estudios posteriores.  
65. El representante de la India  agradeció a Colombia su exposición;  los contratos de reparto de  
los beneficios relativos a los recursos genéticos con las comunidades indígenas en la Decisión Andina 
mostraba que la propuesta presentada por la India en el documento WT/CTE/W/65 sobre los acuerdos 
de transferencia de materiales y de transferencia de inf ormación ya se había llevado a la práctica.  
Sería de gran utilidad que el Comité examinara modelos de esos acuerdos.  La India estaba dispuesta a 
compartir su sistema nacional y proponía que el Comité solicitara a la secretaría del CDB que 
facilitara info rmación sobre el funcionamiento de los sistemas nacionales.  
66. El representante de la Argentina  dijo que había dos cuestiones que el Comité podía examinar 
sin tener que debatir cambios en el Acuerdo sobre los ADPIC.  En primer lugar, el Comité podía 
traba jar sobre la base de los párrafos 3 y 4 del artículo  16 del CDB, donde se establecía que las Partes 
introducirían reglamentos en sus legislaciones nacionales.  El Artículo  63 del Acuerdo sobre 
los ADPIC establecía que se notificaran las legislaciones relac ionadas con los DPI.  Por consiguiente, 
la Secretaría podía examinar las notificaciones hechas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC para 
comprobar si la legislación se había notificado de conformidad con el artículo  16 del CDB.  
En segundo lugar, el Comit é podía considerar el programa incorporado del Acuerdo sobre los ADPIC, 
según el cual el párrafo  3 b) del artículo  27 será examinado en 1999.  En este contexto, el Consejo de 
los ADPIC podía considerar las cuestiones relativas al medio ambiente que se deba tieran en el Comité 
y podría pedir a éste orientación.  
Otros asuntos  
Punto 6  El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo 
relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los 
benefi cios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio  
67. El representante de Noruega  propuso que una forma de reconciliar las políticas de comercio y 
medio ambiente era identificar situaciones favorable s para todos en las que la liberalización comercial 
cumpliera objetivos económicos y ecológicos a la vez.  Una política agrícola más liberal podría tener 
repercusiones ambientales negativas en países cuya producción agraria aumentaba debido, por 
ejemplo, a  un uso más elevado de fertilizantes en la producción.  Sin embargo, el sector agrícola 
contribuía también a los beneficios ambientales, como la conservación del paisaje cultural, el WT/CTE/M/15  
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afianzamiento de la diversidad biológica y el uso sostenible de los  recu rsos.  Una reducción de la 
producción agrícola podría conducir a una reducción de esos beneficios  ambientales.  A este respecto, 
la labor de la OCDE había ampliado el alcance del debate sobre esas cuestiones.  En el análisis 
deberían incluirse todos los a spectos ecológicos, teniendo en cuenta el papel multifuncional de la 
agricultura, y las condiciones socioeconómicas y las consideradas específicas de cada país.  En lo 
relativo al sector pesquero, algunas subvenciones contribuían a mantener o a aumentar un  exceso de 
capacidad de las flotas pesqueras.  Desde una perspectiva mundial, éste no era solamente un problema 
de gestión del sector pesquero, sino un problema ambiental.  Noruega apoyaba las observaciones de 
los Estados  Unidos y Nueva Zelandia en sus exp osiciones sobre el sector pesquero.  La Asamblea 
General de las Naciones  Unidas había convenido en que debían estudiarse todos los aspectos de las 
subvenciones al sector pesquero antes de llegar a conclusiones sobre sus efectos.  Era importante 
determinar si la liberalización comercial afectaba o no a ese sector.  Noruega apoyaba los resultados 
de los estudios de la OCDE, según los cuales la liberalización comercial tenía pocas repercusiones en 
este sector: los efectos ambientales eran el resultado de una g estión sostenible de los recursos.  
La OCDE distinguía entre la explotación excesiva de las pesquerías y la gestión eficiente de las 
mismas.  La gestión de los recursos no correspondía al ámbito de la  OMC, sin embargo los obstáculos 
arancelarios y no aranc elarios (como los contingentes, la prohibición de importaciones, los requisitos 
de licencias, las normas sanitarias) influían en el comercio de los productos pesqueros y deberían 
evaluarse los efectos en el medio ambiente de su eliminación.  
68. En cuanto a  las políticas energéticas que podrían resultar ecológicamente perjudiciales, era 
probable que las medidas de esa clase que interferían con los mecanismos del mercado hubieran 
provocado un consumo mundial de energía que no resultaba óptimo desde una perspe ctiva económica 
y medioambiental.  El Banco Mundial había llegado a la conclusión de que era necesario modificar 
los precios del sector de la energía.  En la aplicación de la reforma de los precios, las fuentes de 
energía ambientalmente racionales estarían  menos gravadas que las fuentes de energía contaminantes, 
y la reducción y eliminación de las subvenciones a las fuentes de energía contaminantes debería 
constituir un objetivo político.  El Banco Mundial había confirmado que las subvenciones a la energía 
fósil habían disminuido en un 50 por ciento en los últimos cinco años, sin embargo los índices de 
subvención seguían siendo elevados en varios países.  
69. El representante de Suiza  preguntó si en los estudios mencionados en la sección sobre la 
agricultura,  del documento informal de la Secretaría se había tenido en cuenta la intensificación del 
comercio de mercancías que acompañaba a ese comercio y sus efectos en el medio ambiente.  
El representante se refirió al gráfico que figuraba en el documento informal  de la Secretaría, obtenido 
del informe del examen de las políticas comerciales de Suiza, de 1996, y dijo que el equivalente en 
subvenciones al productor (ESP), en la nota a pie de página, era inexacto y que la correlación 
establecida entre la cifra del ES P y el uso de fertilizantes debía demostrarse científicamente.  
La experiencia había demostrado que en las regiones suizas que se beneficiaban de un nivel de ayuda 
más elevado, por ejemplo las regiones montañosas, los fertilizantes se utilizaban menos que en otras 
regiones;  los datos sobre el uso de fertilizantes por acre no eran comparables entre países.  Aunque no 
podían negarse los beneficios ecológicos derivados de la eliminación de algunas formas de ayuda a la 
agricultura, en muchos países las polític as se dirigían a alentar los métodos de producción 
ambientalmente racionales, que tenían en cuenta los beneficios de la agricultura, especialmente en la 
conservación del paisaje y de la diversidad biológica.  
70. El representante del Brasil  dijo que en el I nforme de 1996 del Comité se reconocía que 
la OMC podía contribuir a que las políticas de comercio y medio ambiente fuesen entre sí 
complementarias, mediante la liberalización comercial acompañada de medidas ambientales y de 
desarrollo adecuadas determinad as en el plano nacional.  Para fomentar el desarrollo sostenible era 
esencial un sistema de comercio multilateral abierto, equitativo y no discriminatorio y la protección 
del medio ambiente.  El Informe de 1996 del Comité se refería asimismo a la relación entre la 
mitigación de la pobreza y una mejor calidad del medio ambiente y a la función que desempeñan a 
este respecto el aumento del comercio y unas mayores oportunidades de acceso a los mercados.  En el  WT/CTE/M/15  
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párrafo  198 los Miembros habían acordado ampliar y profundizar el debate sobre el acceso a los 
mercados mediante un análisis sectorial más centrado.  La labor sectorial en Brasil ponía de 
manifiesto que causaban preocupación los efectos de algunas medidas ambientales sobre las 
oportunidades de acceso a los  mercados para las exportaciones brasileñas.  Muchas medidas 
medioambientales, a pesar de su carácter voluntario, podían limitar el acceso a los mercados.  Para las 
industrias de los países en desarrollo, especialmente las PYME, era imposible cumplir con 
determinadas medidas del mercado importador.  Por ejemplo, en los sectores de calzado y cuero, los 
costos de tal cumplimiento podían ser tan elevados que desalentaban la participación de las empresas 
en los programas de medio ambiente.  En los textiles, el aumento de los costos debido a ese 
cumplimiento podía ser superior a los beneficios.  En el sector del papel y pasta de papel, algunas 
medidas tendían a recompensar las estructuras de producción prevalecientes en los países 
importadores, aunque fueran indi ferentes o tuvieran una incidencia perjudicial para los métodos de 
producción ambientalmente racionales de los países en desarrollo.  Para las empresas de países en 
desarrollo, especialmente las PYME, el cumplimiento era difícil a causa de la falta de fond os para la 
innovación tecnológica.  
71. Para que las medidas ambientales con efectos comerciales fueran menos perjudiciales para los 
países en desarrollo deberían ser transparentes, estar basadas en el consenso y no ser ni unilaterales ni 
discriminatorias.  La elaboración y aplicación de normas ambientales debería observar determinadas 
normas multilaterales, como el Acuerdo OTC y su Código de Buena Conducta, tener flexibilidad 
suficiente para dar cabida a diferentes formas y calendarios de aplicación, y tene r en cuenta el 
principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas".  Como se reconocía en el Informe 
de 1996 del Comité, el trabajo posterior debería centrarse en los beneficios ambientales que reportaría 
dar a los países en desarrollo mayores opor tunidades de acceso a los mercados;  los beneficios 
ambientales de la eliminación de las subvenciones, la progresividad arancelaria y otras restricciones o 
distorsiones comerciales.  Las subvenciones influían negativamente en el comercio y podían también 
perjudicar al medio ambiente.  La progresividad arancelaria imponía también obstáculos a la 
diversificación económica y a la producción de mercancías con valor añadido.  Eso reforzaba la 
dependencia económica en unos cuantos productos básicos y debilitaba l a capacidad de los países en 
desarrollo de aumentar los ingresos en divisas.  La eliminación de las distorsiones comerciales, como 
las subvenciones y la progresividad arancelaria, contribuiría a lograr los objetivos del desarrollo 
sostenible.  Un análisis sectorial debería incluir el cuero, los textiles, la silvicultura y la agricultura.  
72. El representante de Australia  dijo que en la Reunión Ministerial de Singapur se había insistido 
en que el Comité debía continuar examinando los aspectos complementarios  entre la liberalización 
comercial, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, de todo lo cual era parte 
esencial la labor sobre el Punto 6.  El Comité, en su Informe de 1996, había acordado ampliar y 
profundizar su análisis de este Punto,  inclusive para la agricultura, los productos obtenidos de 
recursos naturales, los textiles y el vestido, la pesca y los metales no ferrosos.  En cuanto a la 
utilización de subvenciones en el sector pesquero, en 1994 la FAO había indicado que se habían 
gastado en el mundo 124.000  millones de dólares anuales para obtener capturas por un valor 
de 70.000 millones de dólares.  La mayor parte de los 54.000 millones de dólares de diferencia era 
sufragada al parecer por los gobiernos mediante medidas como préstamo s de bajo interés y 
subvenciones directas para buques y operaciones pesqueras.  Habida cuenta de ello, los documentos 
presentados por los Estados  Unidos y Nueva Zelandia eran una buena contribución a la labor del 
Comité, pues señalaban a su atención la fun ción que podían desempeñar las subvenciones en el 
exceso de capacidad de las flotas pesqueras industriales.  Había una serie de problemas que 
amenazaban las pesquerías del mundo, entre ellos la degradación del entorno acuático y costero 
debido a la contami nación y a la destrucción del hábitat, las prácticas pesqueras de derroche y el 
exceso de capturas.  El volumen de las capturas en muchas pesquerías probablemente superaba sus 
niveles sostenibles a largo plazo.  Como eran necesarios los mecanismos para red ucir el exceso de 
capacidad de las flotas pesqueras, el Comité podía subrayar la importancia de reducir las 
subvenciones que creaban distorsiones en el comercio y el medio ambiente.  WT/CTE/M/15  
Página 22 
 
 
73. El sector pesquero ofrecía la oportunidad de promover reformas que sup usieran beneficios 
para el comercio y el medio ambiente.  La labor adicional del Comité en el sector pesquero podría 
consistir en lo siguiente: a)  examinar la información existente sobre la concesión y utilización de 
subvenciones;  b)  examinar las normas d e la OMC y su capacidad de disciplinar estas subvenciones;  
c) examinar estudios existentes sobre la utilización de otras medidas comerciales y relativas al 
comercio (por ejemplo, aranceles elevados, progresividad arancelaria, obstáculos no arancelarios al  
acceso);  d)  examinar la información sobre los efectos ambientales de las subvenciones y de otras 
medidas comerciales;  y  e) proponer reformas comerciales favorables para el medio ambiente.  Sería 
de gran utilidad que el PNUMA facilitara más información e n la próxima reunión del Comité sobre su 
seminario acerca de La función de las políticas comerciales en el sector pesquero , los estudios 
monográficos examinados acerca de la repercusión de las subvenciones a la pesca, y sus 
recomendaciones de políticas sob re la eliminación progresiva de las subvenciones.  La labor del 
Comité en esta esfera debería reconocer las complejidades que entrañaba investigar los vínculos entre 
la reforma comercial y los cambios medioambientales.  La reforma comercial podría contribu ir a 
fortalecer la función de la  OMC en la promoción del desarrollo sostenible, especialmente en relación 
con las subvenciones a la pesca y la agricultura, y los  aranceles elevados, la progresividad arancelaria 
y los obstáculos no arancelarios aplicados a  productos de interés para países de bajos ingresos y 
dependientes de productos básicos.  Un examen de estas características pondría de manifiesto también 
que para conseguir los mayores beneficios de la reforma comercial era preciso aplicar políticas 
ambie ntales adecuadas y diseñadas a escala nacional.  
74. La secretaría del CDB había señalado a la atención la Decisión III/11 adoptada en la tercera 
reunión de la Conferencia de las Partes, relativa a la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica  agrícola;  esta Decisión merecería ser estudiada por el Comité en el marco del Punto 6 y 
también del Punto 8.  La decisión ponía de manifiesto la repercusión de la diversidad biológica en la 
agricultura, incluida la función de las comunidades autóctonas y  locales, así como la repercusión de la 
agricultura en la diversidad biológica.  La Decisión identificaba además actividades necesarias para 
promover una producción agrícola sostenible, entre ellas actividades para reorientar las medidas de 
apoyo contraria s a los objetivos del CDB sobre diversidad biológica agrícola.  La Decisión subrayaba 
la necesidad de que el Comité estudiara la vinculación entre las medidas comerciales y el medio 
ambiente y propusiera iniciativas concretas que pudiesen resultar benefici osas para el medio 
ambiente.  Si bien algunas subvenciones podían ser favorables para el medio ambiente, las cuestiones 
de esta índole no podían limitarse a considerar los efectos ambientales directos de las subvenciones o 
de otras medidas en los países qu e las aplicaban.  Era preciso tener en cuenta también los efectos 
indirectos, como las oportunidades comerciales de otros países.  Una cuestión esencial era saber en 
qué medida la reforma del comercio y de las políticas relativas al comercio podría reducir  las 
subvenciones y otras formas de ayuda a sectores como la pesca y la agricultura y en qué medida 
podría modificar las formas de ayuda.  
75. Se había hecho referencia a subvenciones que podían resultar favorables al medio ambiente, 
especialmente en los se ctores pesquero y agrícola, sin embargo el Comité debería distinguir entre lo 
que podrían ser objetivos políticos válidos y los instrumentos políticos concretos utilizados para lograr 
tales objetivos.  Quizá pudiera haber instrumentos de política más efica ces para prestar asistencia a los 
ingresos de los agricultores o alcanzar otros objetivos políticos con menos efectos secundarios 
negativos, tanto directamente en el país implicado como en sus interlocutores comerciales.  
Era preciso identificar las políti cas de distorsión del comercio que podían resultar contrarias a los 
objetivos medioambientales y las oportunidades para promover el desarrollo.  La reforma de estas 
políticas podía contribuir a diseñar políticas nacionales ambientalmente más racionales y a l mismo 
tiempo aportar las ventajas de una política comercial más abierta.  
76. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que el debate sobre el acceso a los 
mercados era una oportunidad para examinar situaciones potencialmente favorables para todos , en las 
que la liberalización comercial pudiera aportar beneficios tanto para el comercio como para el medio 
ambiente.  Un análisis sectorial podría abordar asimismo los servicios relativos al medio ambiente, el  WT/CTE/M/15  
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único sector enumerado en el párrafo  198 de l Informe de 1996 del Comité que aún no se había 
tratado.  La eliminación de las restricciones y distorsiones comerciales aumentaría la eficacia del 
sistema económico mundial y reduciría los incentivos para emprender actividades ambientalmente 
dañinas.  La  liberalización comercial no producía de un modo automático resultados ambientalmente 
favorables, por consiguiente era necesario desplegar mayores esfuerzos para aplicar políticas 
ambientales eficaces y estrategias de desarrollo sostenible que garantizaran  una liberalización 
comercial favorable desde el punto de vista del medio ambiente.  Las externalidades adversas de la 
producción y del consumo deberían integrarse en el proceso de toma de decisiones, y quedar 
reflejadas en el precio de los bienes y servic ios.  Los países desarrollados deberían facilitar el acceso a 
sus mercados, especialmente para los países menos adelantados.  Aunque las normas ambientales no 
eran necesariamente obstáculos para el acceso a los mercados, la aplicación del desarrollo sosten ible 
exigía dar prioridad a las necesidades de los países en desarrollo.  En este contexto, la transparencia, 
la asistencia técnica y los programas diferenciados para la progresiva eliminación de los requisitos 
contribuirían en gran medida a esta finalidad .  Era preciso también estudiar la forma de conseguir que 
las exportaciones de los países en desarrollo con una ventaja ambiental correctamente evaluada en 
relación con otros productos aprovecharan en su beneficio las condiciones resultantes de las pautas de 
consumo ecológicas de los países desarrollados.  Un informe del Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (IIMAD) titulado Unlocking Trade Opportunities  ilustraba que las políticas 
y conocimientos sobre medio ambiente en los países desarrollados podían contribuir a aumentar sus 
oportunidades de exportación.  
77. Las subvenciones no dañaban de un modo automático el medio ambiente ni eran 
automáticamente una perturbación del comercio;  algunas subvenciones tenían por objeto superar los 
fallos del mercado y beneficiar al medio ambiente.  Las subvenciones bien diseñadas podían 
desempeñar una función en las políticas de medio ambiente aportando incentivos positivos que 
alentasen la producción y el consumo sostenibles.  La liberalización del  comercio del sector agrícola 
suponía una modificación de la intensidad de la utilización de los recursos y el medio ambiente en la 
agricultura, sin embargo esta vinculación no era automática.  En determinadas circunstancias, la 
liberalización podía conduc ir a un aumento de esa intensidad.  La agricultura sostenible requería un 
enfoque integrado que combinara factores ambientales, sociales y económicos en un marco que 
correspondiese a las diversas funciones de la agricultura.  Las políticas combinadas no só lo debían 
integrar externalidades ambientales sino que también podían compensar los fallos del mercado, 
incorporar mejor las cuestiones ambientales en las políticas agrícolas y prestar apoyo a las prácticas 
agrícolas ambientalmente racionales.  Sin un apoy o combinado, la liberalización podría tener efectos 
perjudiciales para el medio ambiente a causa del abandono de las tierras en regiones marginales.  
En las regiones dedicadas durante siglos a la agricultura, la diversidad biológica estaba a menudo 
vincula da con las prácticas tradicionales y, como se dijo en el Seminario de la OCDE de 1996 sobre 
los beneficios ambientales de la agricultura sostenible, en muchos países la agricultura era un valor 
medioambiental.  Era preciso hacer una distinción entre las su bvenciones agrícolas que distorsionaban 
el mercado y las que, mediante la compensación de los fallos del mercado, tenían por objetivo 
conservar los bienes ecológicos comunes.  
78. Al analizar el sector de la silvicultura debería considerarse la labor del Gr upo 
Intergubernamental ad hoc sobre los bosques.  El comercio en sí mismo no era la cuestión esencial de 
la deforestación;  la quema de madera para la obtención de combustible tenía una mayor importancia.  
Deberían subrayarse las ventajas de mercado que po drían obtenerse mediante la certificación.  
El estudio del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo era una referencia útil.  
En cuanto a la pesca, últimamente se había producido a escala mundial una espectacular reducción de 
las pobl aciones de peces debido principalmente al exceso de capturas.  Los esfuerzos nacionales e 
internacionales para invertir esta tendencia no habían tenido un éxito rotundo.  La CE preguntó si el 
Comité no debería abordar de modo pormenorizado cuestiones relat ivas a la gestión de los recursos, 
como se estaba haciendo ya en otros foros, como la FAO, la OCDE y el PNUMA, y si esta cuestión 
no estaba comprendida en el mandato del Comité.  La CE acogía con satisfacción la declaración de la 
Tercera Conferencia de Min istros de la Pesca, celebrada en septiembre, que hizo un llamamiento a las WT/CTE/M/15  
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organizaciones internacionales competentes en la pesca y el comercio para que hallaran soluciones en 
favor de un comercio pesquero que fuese un complemento de la pesca responsable.  El Comité debería 
centrarse en los aspectos relacionados con el comercio, entre ellos si las normas de la  OMC apoyaban 
las iniciativas para lograr una gestión sostenible de la pesca.  
79. No existía una relación directa entra las subvenciones y el exceso d e pesca.  Como se decía en 
el documento presentado por los Estados  Unidos, las subvenciones podían tener repercusiones tanto 
positivas como negativas en la gestión sostenible del sector pesquero y podían ser un instrumento 
político para adoptar medidas fav orables al medio ambiente.  Como se reconoció en la Asamblea 
General de las Naciones  Unidas, también podían apoyar la gestión sostenible de la pesca, 
la acuicultura y los métodos de pesca tradicionales.  Era preciso obtener información sobre la labor 
que o tros foros estaban realizando acerca de las subvenciones, antes de que el Comité decidiera 
emprender un análisis en profundidad,  para evitar de este modo las duplicaciones y determinar las 
oportunidades de cooperación.  La CE apoyaba la propuesta de Nueva  Zelandia de que la Secretaría 
preparase un documento fáctico sobre los artículos de la  OMC donde se abordasen las subvenciones a 
la pesca.  Este análisis debería ampliarse a otros sectores, especialmente al sector de la energía.  
La propuesta de Nueva Zel andia de que el Comité examinara en qué medida las normas de la  OMC 
regulaban de modo adecuado las subvenciones superaba el mandato del Comité.   
80. La energía era un sector importante, en opinión de la Asamblea General de las 
Naciones  Unidas y de la Conf erencia de las Partes en la Convención sobre el Cambio Climático, 
celebrada en diciembre de 1997.  En algunos casos los efectos negativos sobre la competencia podían 
considerarse una consecuencia natural de las prioridades nacionales, mientras que en otros  casos las 
prioridades ecológicas respondían a objetivos acordados de forma multilateral, como la lucha contra 
el cambio climático.  Una cuestión importante era determinar si la  OMC debía elaborar mecanismos 
que trataran problemas de competencia relacionad os con la introducción de medidas para promover la 
internalización de las externalidades ambientales mundiales y transfronterizas.  Mientras las 
externalidades ambientales no se internalizaran de modo efectivo, el precio de las fuentes de energía 
renovable s era desventajoso comparado con las fuentes de energía convencionales.  Era necesario 
fomentar incentivos que promovieran el desarrollo de fuentes de energía renovables.  La cooperación 
internacional en el establecimiento de impuestos ecológicos, especial mente para abordar problemas 
mundiales de medio ambiente, reduciría el riesgo de que hubiera distorsiones y la necesidad de 
superar los efectos de los impuestos ecológicos sobre la competencia mediante el ajuste de impuestos 
en frontera.  El ámbito de la i nternalización era diferente en los diversos sectores.  La CE presentaría a 
la Secretaría sugerencias adicionales sobre todos los sectores durante la preparación del documento 
sobre el Punto 6.  
81. El representante de la Argentina  dijo que, si bien su dele gación se había centrado en los 
beneficios ambientales que la eliminación de distorsiones aportaba al comercio agrícola, su país 
estaba dispuesto a ampliar el análisis a los sectores enumerados en el Informe de 1996 del Comité.  
En una economía de mercado,  los precios eran el árbitro entre los factores que intervenían en la 
producción y la indicación de su escasez o abundancia.  Si los precios estaban distorsionados por 
subvenciones, no podían reflejar la escasez de un factor determinado y en consecuencia e se factor 
podía explotarse de modo excesivo.  En ese sistema de mercado, los factores ambientales podían estar 
subvalorados o no aparecer reflejados.  En el caso de los factores ambientales, como la tierra, el aire, 
el agua, o los recursos naturales, los e fectos podían ser irreversibles.  Las intervenciones de los 
gobiernos, como las subvenciones o la ayuda interna, y los precios de mercado distorsionados tenían 
efectos ambientales negativos.  Por el contrario, su eliminación podía aportar beneficios ambien tales.  
La Argentina no quería decir con eso que la liberalización comercial aportara de por sí y de modo 
automático beneficios ambientales.  Sin embargo, si las intervenciones en el mercado provocaban 
distorsiones de precios en el plano internacional, la responsabilidad de las consecuencias ambientales 
que pudieran producirse en otros lugares recaía sobre el gobierno que hubiera adoptado las medidas.  
Por ejemplo, la Argentina concedía un gran valor al paisaje rural, pero no veía que existiera 
vinculación entre la protección del paisaje rural y las prácticas de distorsión, como las subvenciones a  WT/CTE/M/15  
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la exportación.  De hecho, las prácticas comerciales de distorsión podían provocar pobreza rural y 
migración urbana, contribuyendo así al empeoramiento del medio a mbiente y del paisaje.  En la 
propuesta de la Argentina sobre los beneficios ambientales resultantes de la liberalización comercial 
agrícola (WT/CTE/W/24) se expusieron prácticas de distorsión comercial ya sujetas a reducciones 
cuando afectaban a la produc ción;  y se excluyeron otras medidas, como las correspondientes al 
"compartimento verde", cuando no afectaban ni a la producción ni al comercio.  Sería una aportación 
útil a los debates del Comité que el PNUMA celebrara seminarios parecidos al de La funció n de las 
políticas comerciales en el sector pesquero , en particular para el sector agrícola.  
82. El representante de la India  presentó la contribución de su delegación (WT/CTE/W/66) sobre 
la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y la transferencia de t ecnologías y productos 
ecológicamente racionales (TPER) y el acceso a los mismos.  La cuestión de la facilitación del acceso 
a los TPER patentados y su amplia difusión mediante la transferencia de esas tecnologías y la venta de 
esos productos en "condicion es justas y en los términos más favorables" revestía particular interés 
para los países en desarrollo.  En el documento sólo se examinaban tres situaciones: a) cuando un 
AMUMA prescribía la introducción obligatoria por etapas de TPER patentados, ya fuera d e forma 
directa o indirecta (un AMUMA debía interpretarse con arreglo a la definición del marco del 
Punto  1);  b) cuando los TPER patentados estaban relacionados con normas ambientales o con 
medidas nacionales que afectaban a las importaciones a un país qu e tuviera tales normas, en particular 
las importaciones provenientes de países en desarrollo;  y c) cuando los TPER patentados estaban 
relacionados con normas ambientales o medidas convenidas multilateralmente que afectaban a las 
importaciones a un país qu e tuviera tales normas, en particular las importaciones provenientes de los 
países en desarrollo, aunque fueran de aplicación voluntaria.  La propuesta había puesto de relieve la 
relación entre las disposiciones de la  OMC sobre los derechos de propiedad in telectual y el medio 
ambiente, y abordaba la necesidad de que el Comité examinara y recomendara medidas positivas a fin 
de lograr el objetivo ambiental de alentar la utilización en todo el mundo de tecnologías y productos 
ecológicamente racionales que bene ficiaran o protegieran el medio ambiente, al menos en los 
limitados casos en que su utilización era obligatoria en aplicación de un AMUMA.  
83. El representante de Marruecos  estimó que un debate sobre el efecto de las medidas 
ambientales en el acceso a los mercados debería tener en cuenta diferentes condiciones naturales y 
socioeconómicas específicas de cada país y referirse también a la vinculación entre la pobreza y la 
degradación del medio ambiente.  Los Estados  Unidos y Nueva Zelandia habían planteado ya  la 
cuestión de la pesca, pero había otros sectores y asuntos que merecían también atención.  Había que 
considerar las necesidades de los países que dependían de los productos básicos y que eran 
importadores netos de alimentos, así como las condiciones par a lograr que las PYMES se beneficiaran 
de las oportunidades de mercado favorables al medio ambiente en el sector de los productos textiles, 
el cuero y la silvicultura.  Los países en desarrollo no estaban, en general, en condiciones de cargar 
con los costo s de la protección del medio ambiente.  La eliminación de la progresividad arancelaria 
facilitaría un aumento de los ingresos de los países en desarrollo al incrementar el componente de 
valor añadido de sus exportaciones.  Marruecos apoyaba un análisis sec torial de los diferentes casos 
para determinar en qué sectores la eliminación de restricciones y distorsiones comerciales podía 
aportar beneficios económicos y ambientales a la vez.  
84. El representante del Canadá  apoyó la propuesta de Nueva Zelandia de re alizar un estudio 
sobre la repercusión de las subvenciones en la conservación de las pesquerías renovables, que podría 
ampliarse hasta incluir los aranceles y las medidas no arancelarias.  Las restricciones comerciales 
podían impedir la conservación de los  recursos pesqueros y aumentar de modo artificial los precios 
del pescado en el plano nacional, lo cual provocaría un exceso de pesca y obstaculizaría el proceso de 
adaptación necesario para la conservación de la pesca.  La eliminación de los aranceles, la s medidas 
no arancelarias y las subvenciones podían ayudar a la conservación de los recursos pesqueros al 
reducir tanto los precios del pescado como los incentivos para invertir excesivamente en la industria 
pesquera.  Por ejemplo, la reforma del mercado c ontribuiría a la reducción del 25 por ciento de pesca 
mundial actualmente desperdiciada.  WT/CTE/M/15  
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85. El representante del Japón  dijo que los efectos ambientales que podían provocar las medidas 
comerciales variaban con arreglo a las condiciones naturales y socioeco nómicas de cada país.  Por 
consiguiente, era inaceptable la reivindicación de eliminar todas las medidas comerciales que 
impidieran la liberalización comercial.  Las políticas agrarias deberían basarse en una combinación de 
objetivos socioeconómicos y de m edio ambiente.  Era esencial aplicar políticas ambientales 
adecuadas, sin las cuales la liberalización comercial podría resultar perjudicial para el medio 
ambiente.  También era preciso considerar medidas comerciales diseñadas para estimular beneficios 
ambientales.  En las exposiciones de los Estados  Unidos y de Nueva Zelandia se afirmaba que la 
eliminación de subvenciones en el sector pesquero aportaría beneficios para el medio ambiente, 
basándose en la creencia de que las subvenciones contribuían al exces o de pesca.  El exceso de pesca 
era el resultado de una mala gestión de la conservación, y no cabía afirmar que fuera el resultado 
directo de las subvenciones.  Este asunto debía aclararse mediante un análisis de casos concretos del 
sector pesquero.  
86. El representante de México  dijo que la estructura del documento presentado por los 
Estados  Unidos servía como guía para el documento sectorial de la Secretaría sobre el Punto 6.  
En principio, México apoyaba la propuesta de Nueva Zelandia de que se estudiara n los artículos de 
la OMC relacionados con las subvenciones al sector pesquero, lo que podría incluir cuestiones 
relativas al acceso a los mercados y tener en cuenta la labor realizada en otros foros, como la OCDE.  
87. El representante de los Estados  Unido s dijo que en otros foros se estaban debatiendo también 
las subvenciones al sector pesquero, y que por lo tanto el Comité no debería duplicar esas iniciativas 
ni exceder los límites de su mandato.  La atención que se concedía a las medidas de distorsión de l 
comercio en el sector pesquero, incluidas las subvenciones, indicaba claramente la importancia de la 
cuestión.  En respuesta al Japón, el representante dijo que los Estados  Unidos no habían indicado que 
las subvenciones fueran la única cuestión del secto r pesquero;  el Comité debía examinar esta cuestión 
en la medida en que la reforma del comercio pudiese contribuir a lograr objetivos de medio ambiente.  
Con respecto al documento presentado por la India (WT/CTE/W/65), el representante preguntó si la 
refer encia a que los AMUMA imponían el uso de determinadas tecnologías respondía a la experiencia 
práctica.  Aunque algunos AMUMA prohibían el uso de determinadas tecnologías que perjudicaban el 
medio ambiente, no era corriente que los AMUMA exigieran una tecno logía patentada concreta.  Los 
Estados  Unidos no podían apoyar las soluciones que la India había propuesto.  En cuanto a la 
obtención obligatoria de licencias y la reducción de la duración de una patente para productos 
ambientalmente racionales, era necesa rio actuar con cautela a la hora de hallar soluciones.  Si se 
creaba una situación que desalentara la producción de tecnologías ecológicamente racionales, como 
podía ser reducir la duración de una patente o introducir un régimen de licencias obligatorias, el sector 
privado invertiría en otros ámbitos.  Y eso no aportaría beneficios al medio ambiente.  
El representante no comprendía la vinculación que establecía la India entre el acceso a los mercados y 
la transferencia de tecnología.  
88. Los Estados  Unidos tenían el propósito de presentar un documento sobre el acceso a los 
mercados de los servicios relacionados con el medio ambiente.  Estos servicios comprendían la 
aplicación de sistemas nuevos o existentes para descontaminar el medio ambiente, la prevención  de la 
contaminación, la reducción o vigilancia de las fuentes de contaminación, la aplicación de un control 
de calidad del medio ambiente;  servicios para la reducción de la contaminación, el  mantenimiento y 
reparación de sistemas relacionados con el med io ambiente, las investigaciones ambientales sobre el 
terreno, el control de la evaluación;  y servicios de consultoría en relación con cada uno de estos 
sectores.  Se calculaba que el comercio en este sector aumentaría pasando de aproximadamente 
420.000 m illones de dólares a 600.000 millones de dólares en el año 2010.  Las encuestas realizadas 
indicaban que, aparte de un número reducido de grandes empresas que intervenían en algunos 
segmentos del mercado, la industria de servicios relacionados con el medio  ambiente estaba formada 
principalmente por PYMES, que se beneficiarían de la liberalización de este sector.  El acceso a los 
mercados de servicios relacionados con el medio ambiente podía aumentar la disponibilidad de esos 
servicios y aportar en consecuen cia beneficios ambientales.  Todos los países, especialmente los  WT/CTE/M/15  
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países en desarrollo, se beneficiarían si los servicios relacionados con el medio ambiente fueran más 
eficientes y baratos.  La liberalización comercial de este sector alentaría también corri entes de 
tecnología que ayudarían a crear capacidades internas para mejorar los resultados ambientales.  En la 
reunión con las secretarías de los AMUMA, el FMAM había comprobado una falta de conocimiento 
de la disponibilidad de tecnologías ambientalmente r acionales.  A este respecto, la liberalización del 
comercio de servicios sobre medio ambiente aportaría beneficios tanto al comercio como al medio 
ambiente.  
89. El representante de Nueva Zelandia  consideró que una mayor información sobre el seminario 
del P NUMA dedicado a La función de las políticas comerciales en el sector pesquero  contribuiría a 
que el Comité comprendiera mejor las cuestiones de interés.  No era obvio que pudiera trazarse una 
distinción entre subvenciones positivas y negativas en el sector  pesquero.  Y no era probable que los 
pagos positivos a la industria pesquera tuvieran resultados favorables para el medio ambiente.  
Por ejemplo los programas de compra de buques para reducir la capacidad pesquera y la explotación 
excesiva de los recursos  pesqueros podría tener como consecuencia la sustitución de buques viejos e 
ineficientes por otros nuevos y eficientes.  Las opiniones diferían y no debería llegarse a ninguna 
conclusión sobre si las subvenciones positivas al sector pesquero contribuyen a la conservación de la 
pesca.  Desde la celebración de la CNUMAD, se habían negociado varios mecanismos 
internacionales, como el Código de Conducta de la FAO sobre Pesca Responsable, y el acuerdo de las  
Naciones  Unidas sobre las poblaciones de peces transz onales y las poblaciones de peces altamente 
migratorias.  Si bien estos instrumentos establecían normas para ayudar a la conservación y gestión de 
la pesca, ninguno abordó directamente las subvenciones y las normas de la  OMC.  Era útil la 
propuesta de Méxi co y del Canadá de ampliar el alcance del estudio de la Secretaría propuesto por 
Nueva Zelandia.  Tal como había observado la CE, solamente los Miembros podían determinar si las 
normas de la  OMC ayudaban a regular las subvenciones al sector pesquero.  Este  asunto podría 
examinarse cuando la Secretaría hubiera expuesto la cuestión en un documento de antecedentes.  
La Argentina había tenido dificultades para ver la vinculación entre políticas distorsionadoras del 
comercio y conservación del paisaje;  no había  que buscar razones ecológicas para lo que, en muchos 
casos, parecían ser distorsiones del comercio o medidas restrictivas.  El orador acogió con interés la 
propuesta de los Estados  Unidos de presentar un documento sobre servicios relacionados con el medio  
ambiente.  
Punto 2    La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas 
ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del 
sistema multilateral de comercio   
90. El representante de los Estados Unidos  dijo que la experiencia de su país debería considerarse 
un ejemplo de los enfoques adoptados para estudiar los efectos ambientales de los acuerdos 
comerciales.  En los estudios el marco del TLCAN y de la  OMC se habían utilizado para el análisis  
recursos existentes del gobierno.  Ambos estudios habían utilizado análisis publicados por el sector 
privado sobre los posibles efectos ambientales del comercio liberalizado y aportaciones públicas, sin 
embargo la mayor parte del análisis se había basado en la competencia del Gobierno de los 
Estados  Unidos.  El estudio del TLCAN se realizó en dos etapas, mientras que el de la  OMC se llevó 
a cabo en una sola etapa.  En el caso del TLCAN, se había realizado un estudio inicial al comienzo de 
las negociaciones  para determinar las cuestiones ambientales planteadas, evaluar los posibles efectos 
ambientales y elaborar recomendaciones a los negociadores de los Estados  Unidos sobre posibles 
formas de abordar las cuestiones.  El estudio de la  OMC se efectuó al final de las negociaciones y se 
centró en los posibles efectos ambientales de los Acuerdos de la  OMC.  
91. Un estudio en dos etapas requería más recursos que un estudio de una sola etapa.  
Los recursos requeridos estaban vinculados a varias y complejas cuestiones  ambientales planteadas.  
La mayoría de los recursos para el estudio de dos etapas estaban relacionados con el estudio inicial 
donde se definían las cuestiones y las propuestas para abordarlas.  La segunda etapa precisaba menos 
recursos, puesto que suponía  una evaluación del acuerdo a la luz de las cuestiones planteadas WT/CTE/M/15  
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inicialmente.  Eso había ocurrido en el caso del estudio del TLCAN:  el estudio inicial había durado 
ocho meses, y el seguimiento ocho semanas.  La realización de un estudio inicial en los p rimeros 
momentos del proceso negociador del TLCAN hizo posible que los Estados  Unidos respondieran a 
cuestiones ambientales de gran importancia y que abordaran las inquietudes del público en una etapa 
temprana.  
92. En los estudios del TLCAN y de la  OMC se habían llevado a cabo análisis jurídicos de las 
repercusiones de los acuerdos en las legislación de los Estados  Unidos relativa a la salud, seguridad y 
medio ambiente, sin embargo esto no había requerido importantes recursos adicionales ya que los 
negociad ores de los Estados  Unidos habían efectuado el análisis para determinar las posiciones 
negociadoras.  El estudio del TLCAN había precisado un análisis más a fondo de los efectos 
ambientales potenciales de los cambios en las corrientes comerciales de factor es ambientales (como la 
calidad del aire y del agua, y la conservación de las especies), de un modo especial en la frontera de 
México y los Estados  Unidos.  El estudio de la  OMC examinaba también determinados sectores que 
afectaban al medio ambiente, sin e mbargo el análisis era más general.  
93. El estudio del TLCAN había utilizado un modelo con dos situaciones ("TLCAN" y 
"no TLCAN").  Se habían empleado análisis existentes del sector privado para predecir los efectos 
potenciales.  Este modelo no había reque rido recursos adicionales importantes.  La amplitud de las 
contribuciones públicas había influido mucho en el costo de los estudios.  En el caso del estudio 
del TLCAN, se habían solicitado observaciones del público sobre los efectos ambientales potenciales  
(mediante una notificación publicada en el Federal Register y audiencias públicas), y en octubre 
de 1991 se había presentado a la atención del público un proyecto del estudio inicial.  La versión 
definitiva de ese estudio se había publicado en febrero de 1992.  Al iniciarse el estudio de la  OMC se 
habían solicitado observaciones por escrito del público (mediante una notificación en el Federal 
Register).  Las observaciones recibidas del público habían resultado útiles para abordar los efectos 
ambientales po tenciales.  
94. La duración del estudio inicial del TLCAN fue de ocho meses (desde junio de 1991 hasta 
febrero de 1992), mientras que el seguimiento duró dos meses (de septiembre a noviembre de 1993).  
La duración del estudio de la  OMC fue de seis meses (de  febrero a agosto de 1994).  Si bien era más 
difícil calcular el número de horas de trabajo dedicadas a la preparación de los informes, el 
Representante de los Estados  Unidos para las Cuestiones Comerciales y la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente hab ían contribuido respectivamente con 3/4 y 1 1/2 persona/año a la elaboración de 
los estudios del TLCAN, mientras que más de una docena de otros organismos habían contribuido con 
un total de dos personas/año.  El estudio de la  OMC había precisado solamente unas dos 
personas/año, ya que el análisis no era tan complicado como el del TLCAN y el gobierno había 
realizado el análisis esencial.  En el caso del TLCAN, la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
había contratado la impresión de ambos estudios, por cu antía de 60.000 dólares para el estudio inicial 
y de 17.000 dólares para el estudio de seguimiento.  El estudio de la  OMC no había acarreado costos 
adicionales, puesto que su producción se había realizado dentro de la organización.  
95. El representante de Noruega  preguntó a los Estados  Unidos cómo habían tratado la cuestión 
de la confidencialidad de las negociaciones al consultar al público durante la celebración de las 
mismas.  
96. El representante de los Estados  Unidos  respondió que los estudios requerían la contribución 
del público para establecer las posiciones negociadoras de los Estados  Unidos y determinar cuestiones 
ambientales.  Los estudios de seguimiento facilitaban una explicación al público sobre la forma en 
que se habían incorporado sus observaci ones a las posiciones adoptadas en las negociaciones y la 
forma de abordar las cuestiones ambientales.   WT/CTE/M/15  
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Punto 3 a ) La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las cargas e 
impuestos aplicados con fines ambientales  
97. El rep resentante de la Oficina Federal del Medio Ambiente de Suiza  hizo una exposición del 
impuesto suizo de incentivación aplicado a los componentes orgánicos volátiles, ejemplo del progreso 
de las políticas ecológicas centradas en instrumentos económicos.  El objetivo del impuesto era lograr 
una protección eficaz del medio ambiente ofreciendo incentivos financieros basados en los precios y 
complementando los instrumentos de control y reglamentación convencionales.  Se distribuyó a los 
Miembros un resumen de la exposición con diapositivas y una explicación del impuesto sobre los 
componentes orgánicos volátiles.  
98. El representante del Canadá  pidió a Suiza que aclarara cómo se calculaba el impuesto y que 
facilitara ejemplos de los productos que contenían componen tes orgánicos volátiles.  
99. El representante de Suiza  respondió que el impuesto se gravaba con arreglo al contenido de 
componentes orgánicos volátiles de un producto, calculando el porcentaje de componentes orgánicos 
volátiles en la masa total del product o.  Por ejemplo, si un producto de 100  kg contenía un 
20 por ciento de componentes orgánicos volátiles, se gravaba un impuesto correspondiente a 20 kg.  
Los principales productos que contenían componentes orgánicos volátiles eran los solventes 
orgánicos, c omo pinturas, barnices y muchos productos de limpieza.  Los cosméticos también tenían 
un contenido mínimo de componentes orgánicos volátiles inferior al 1  por ciento.  No se imponía el 
gravamen a productos con un contenido de componentes orgánicos volátile s inferior al 3  por ciento, 
para simplificar así su aplicación en frontera.   
100. El representante de las Comunidades Europeas  dijo que el impuesto ecológico era una 
cuestión de importancia creciente, tal como había reconocido la Asamblea General de las 
Naciones  Unidas, y vista su amplia utilización en los países de la OCDE.  Se trataba de una tendencia 
positiva, puesto que los impuestos ecológicos eran menos restrictivos para el comercio, más 
favorables al mercado y su aplicación era más transparente que los instrumentos convencionales de 
control y reglamentación.  La relación entre los impuestos ecológicos y la  OMC planteaba cuestiones 
complejas, en particular en los ajustes fiscales en frontera.  Las normas de la  OMC sobre cargas 
fiscales se aplicaban a los instrumentos con independencia de su objetivo político.  Era difícil diseñar 
e imponer disciplinas específicas a una categoría determinada de impuestos y cargas, como las 
correspondientes al medio ambiente, puesto que los impuestos respondían a una div ersidad de 
objetivos.  Como se señalaba en el informe de la OCDE titulado Environmental Taxes and Green Tax 
Reform  no se había llegado a un acuerdo sobre la definición de qué constituía un impuesto ecológico.  
Otro asunto que merecía atención era la relaci ón entre los impuestos ecológicos y la competitividad.  
Si bien las opciones políticas en la imposición de gravámenes ecológicos no deberían estar 
determinadas indebidamente por motivos de competitividad, ése era un factor que repercutía en los 
debates, ta nto en el plano nacional como internacional.  La utilización de instrumentos económicos se 
basaba en el hecho de que eran más eficaces y menos costosos que otros instrumentos, sin embargo la 
industria se había opuesto a la introducción de impuestos ecológi cos alegando razones de 
competitividad.  El análisis presentado en el documento WT/CTE/W/47 era útil, pero algunas partes 
podrían mejorarse, como la afirmación del párrafo  19 según la cual por razones de competitividad los 
gobiernos podían tropezar con dif icultades para abordar la contaminación debida a la producción.  
La experiencia de la CE había demostrado que las políticas de medio ambiente habían abordado con 
resultados satisfactorios la contaminación debida a la producción industrial.  
101. La necesida d de abordar otros problemas de medio ambiente desempeñaba una función 
importante en la aplicación de impuestos ecológicos, por ejemplo la utilización de los recursos, el 
consumo, la eliminación de los desechos y la internalización de los costos ambientale s.  La aplicación 
paralela de los instrumentos basados en los precios podía ofrecer beneficios económicos al reducir el 
riesgo de la doble imposición de gravámenes y al abordar las preocupaciones suscitadas por la 
competitividad.  En el informe de la OCDE se señalaba que la coordinación internacional podría WT/CTE/M/15  
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minimizar el riesgo de los efectos de la competitividad en algunos sectores.  El Comité podía 
recomendar una mayor coordinación de los impuestos ecológicos en los foros internacionales 
adecuados.  La pro puesta del párrafo  22 del documento WT/CTE/W/47 de considerar el 
establecimiento de normas y principios para normalizar las políticas fiscales ecológicas semejantes a 
los del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio tal vez superaba los límites del ma ndato del 
Comité.  
102. El representante de los Estados  Unidos  dijo que la CE había planteado algunas cuestiones 
interesantes relativas a los ajustes fiscales en frontera.  Sin embargo, eso era solamente una parte de 
un debate que se estaba llevando a cabo en otro foro.  Otra cuestión era determinar en qué medida los 
acuerdos multilaterales podían coordinar políticas y medidas como la imposición fiscal.  
La coordinación de los impuestos era un proceso complejo, tanto dentro de un país como entre varios 
paíse s.  Los Estados  Unidos no creían que el Comité pudiera alcanzar un consenso sobre la 
recomendación propuesta por la CE.  
Punto 3 b )  La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las 
prescripciones aplicadas con fines ambientale s a los productos, con inclusión de 
normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, 
etiquetado y reciclado.  
103. El representante del Canadá  recibió con agrado la notificación del Japón sobre su programa 
de etiquetado ecológ ico.  El Canadá opinaba que tales notificaciones correspondían al ámbito del 
mandato del párrafo  185 del Informe de 1996 del Comité.  
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