ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  IP/N/6/FIN/1/Add.1 
6 de febrero de 2007 
 
 (07-0507) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio Original:   inglés 
 
 
 
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
 
Respuestas de Finlandia  
 
Addendum  
  
Procedimientos y recursos civiles y administrativos 
 
 a) Procedimientos y recursos judiciales civiles 
 1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
 El Tribunal de Distrito de Helsinki (Helsingi n käräjäoikeus) tiene jurisdicción en los litigios 
sobre infracción de derechos de propiedad industrial.   En los casos de infracción de patentes, modelos 
de utilidad o derechos respecto de esquemas de tra zado de circuitos integrados, el Tribunal actúa 
asistido por dos peritos.  Las sentencias del Tribunal  de Distrito de Helsinki en los asuntos sobre 
infracción de derechos de propiedad intelectual son apelables ante el Tribunal de Apelaciones de 
Helsinki, y posteriormente ante el Tribunal Suprem o, de conformidad con el  procedimiento judicial 
civil ordinario. 
  El Tribunal de Mercado resuelve los asuntos que corresponden a su competencia de conformidad con la Ley sobre las Prácticas Mercantil es Desleales, incluidos los casos sobre imitación 
servil.  Ello comprende los mandamientos judiciales en casos de infracción de derechos sobre la protección de la información no divulgada.  El procedimiento ordinario de apelación no es aplicable a 
las sentencias del Tribunal de Mercado.  Sin emba rgo, la parte a la que se ha impuesto una multa 
condicional puede apelar la sentencia ante el Tribuna l Supremo en lo que respecta a la cuantía de la 
multa.  Si se concede la petición correspondiente, pu ede apelarse contra las sentencias del Tribunal de 
Mercado ante el Tribunal Supremo.  Son aplicabl es cuando procede las dispos iciones en materia de 
apelaciones extraordinarias del capítulo  31 del Código de Procedimiento. 
 
 En los juicios en materia de derecho de autor, el tribunal de primera instancia es el Tribunal 
de Distrito del domicilio habitual del demandado.  En consecuencia, la competencia se rige por las 
disposiciones generales del Código de  Procedimiento acerca de la jurisdicción en los juicios civiles.  
Se admite la prórroga de jurisdicción en los asunt os civiles sobre derecho de autor.  El Código de 
Procedimiento establece también ciertas disposici ones que complementan el principio del fuero del 
domicilio del demandado.  El artícul o 61 de la Ley de Derecho de Autor determina una competencia 
especial en razón de materia, por la que el Tribunal de Distrito de Helsinki tiene jurisdicción en los 
asuntos referentes a emisiones de ra dio o televisión violatorias de la Ley de Derecho de Autor.  El 
régimen de las apelaciones es el ordinario y comprende  dos instancias superiores (ante el Tribunal de 
                                                     
 
1 Documento IP/C/5. 
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  Apelaciones y el Tribunal Supremo;  aunque para este último se requiere una autorización de 
apelación como condición previa).  
2. ¿Qué personas están legitimadas para ha cer valer derechos de propiedad intelectual?  
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban la 
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal? 
 
 Los procedimientos fundados en que se ha otorgado un derecho a una persona que no es la 
habilitada para ello sólo pueden promoverse por la  persona que afirma tener mejor derecho.  En los 
demás casos, la declarac ión de nulidad puede promoverse por cu alquier persona perjudicada por el 
otorgamiento del derecho o, por razone s de interés público, por el fiscal. 
  El titular de un derecho, o cualquier persona que pueda explotar el derecho protegido en 
virtud de una licencia, puede promover una acción decl aratoria a fin de que se establezca que disfruta 
de protección contra terceros cuando exista incerti dumbre al respecto.  También es posible promover 
una acción declaratoria a fin de que se establezca si determinado registro impide al interesado realizar 
una actividad comercial.  Igualm ente pueden promoverse procedimie ntos por el solicitante de una 
licencia obligatoria, o para que se determinen nueva s condiciones de una licencia obligatoria.  En los 
asuntos referentes a infracción de de rechos de propiedad intelectua l, el titular registrado y el 
licenciatario están legitimados para hacer valer esos derechos.  
 En los asuntos civiles las partes pueden actuar ante el Tribunal por sí mismas o representadas 
por un abogado u otro agente.  El Tribunal, si n embargo, puede disponer que una parte o su 
representante comparezca personalmente si lo estima necesario para la instrucción del caso.  
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte contra ria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control?  
 
 Los artículos 11 b) a 17 del capítulo 17 del C ódigo de Procedimiento contienen disposiciones 
generales sobre la obligación de las partes de presentar pruebas escritas a petición de la parte contraria.  Además, en el año 2000 entró en vigor  la Ley de salvaguardia de las pruebas en los 
procesos civiles relativos a los derechos de propied ad intelectual.  El artículo 12 del capítulo 17 del 
Código de Procedimiento establece que toda persona que tenga en su poder un documento del que se 
suponga que tiene eficacia probatoria en el juicio está obligada a presentar esa prueba.  La obligación, 
sin embargo, no se extiende a las personas sospechosas en asuntos penales ni a las personas vinculadas con ellas.  En los asuntos penales se apli can las disposiciones en materia de confiscación y 
de registro domiciliario de la Ley sobre Medidas Coercitivas.  De conformidad con el artículo 1 del 
capítulo 4 de dicha Ley, un producto puede ser conf iscado si se presume que tiene eficacia probatoria 
en un asunto penal.  Con arreglo al artículo 1 del capítulo 5 de la citada Ley, un domicilio puede ser 
registrado en determinadas circunstancias, por ejempl o, con objeto de encontrar un producto que ha 
de confiscarse.  
 Cuando una parte está obligada a presentar un documento, el tribunal puede ordenarle que lo 
haga bajo pena de multa o pue de ordenar que lo presente un embargante.  La obligación puede 
imponerse a solicitud de la parte contraria.  Tamb ién existen normas sobre un procedimiento por el 
cual cada parte está obligada a anunciar, a solicitud de la parte contraria, si está o no en posesión de determinado documento.   IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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  4. ¿Qué medios se prevén para identificar y pr oteger la información confidencial aportada 
como prueba?  
 
 El testigo o parte en un juicio puede negars e a prestar declaración si ésta puede revelar un 
secreto mercantil o profesional, a menos que sea preciso divulgar la información por razones de suma 
importancia o cuando se trate de un delito gr ave (artículo 24 del capítulo 17 del Código de 
Procedimiento).   Si se presentan al tribunal informaciones conf idenciales relativas a las actividades mercantiles 
o conocimientos técnicos de otra parte, ésta puede  pedir que tal información se declare confidencial. 
 
 De conformidad con la Ley sobr e la Publicidad de la Administ ración de Justicia, el tribunal 
puede disponer en determin ados casos que las audiencias se celebren a puerta cerrada.  Si en tales 
audiencias se revelan informaciones a cuyo respecto se  solicita al tribunal que las declare secretas, el 
tribunal puede disponer que la información se ma ntenga con carácter secr eto durante determinado 
período de tiempo.  (Artícul os 5, 5b y 9 de la Ley sobr e la Publicidad de los Procedimientos Judiciales, y 
el párrafo 20 del artículo 24 de la Ley sobre la apertura de las actividades gubernamentales.)   La Ley sobre la apertura de las actividad es gubernamentales (capítulo 6) establece normas 
sobre el carácter secreto de los documentos y la pr ohibición del uso de informaciones secretas en el 
caso de un experto a que se hace referencia en la Ley de salvaguardia de las pruebas en los procesos 
civiles relativos a los derechos de propiedad intel ectual, o de un solicitante que, debido a su posición 
como una de las partes, ha adquirido información que queda abarcada por la obligación de secreto. 
 
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopci ón puede ser ordenada por las autoridades 
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización: 
 
 - mandamientos judiciales;   - órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación 
por concepto de beneficios y los gasto s, comprendidos los honorarios de los 
abogados; 
 
 - destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales 
de las mercancías infractoras y de los ma teriales e instrumentos utilizados para 
su producción; 
 
 - otras medidas.  
 Mandamientos judiciales
 
  Conforme a las normas legales ap licables en materia de derechos de propiedad intelectual, el 
tribunal puede dictar una orden qu e prohíbe a la persona que incurre  en infracción de derechos de 
propiedad intelectual que continúe o repita la infracción.  El mandam iento judicial puede ser objeto de 
una acción independiente.  Las solicitudes de tales mandamientos pueden formularse en juicios civiles, así como en procedimientos penales.   Resarcimiento de daños y perjuicios
 
 
 Toda persona que deliberadamente o por neglig encia incurre en infracción de un derecho de 
propiedad industrial es responsable del pago de una indemnización razonable de los perjuicios causados 
por la infracción.  En caso de negligencia leve, la  indemnización puede ajustarse en consecuencia.  
Cuando la infracción no es intenc ional ni se debe a negligencia,  el infractor debe pagar una IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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  indemnización por la explotación de la invención si así se considera r azonable y en la medida en que lo 
sea.   En los juicios sobre derecho de autor, el demandado no puede eximirse de la responsabilidad 
de indemnizar al titular del derecho por el uso r ealizado con infracción (responsabilidad estricta).  En 
caso de conducta dolosa o negligente, además de proporcionar una indemnización equitativa, el 
infractor debe resarcir todos los perjuicios incluso por  cualquier otra pérdida, el eventual daño moral y 
cualquier otro perjuicio causado por la infracción.   La Ley sobre la Responsabilidad por Daños y Pe rjuicios contiene dispos iciones generales sobre 
la indemnización por responsabilidad extracontractua l.  Los daños resarcibles comprenden cualquier 
clase de perjuicio material susceptible de evaluación, incluidos los gastos procesales.  La cuantía de la indemnización se basa en la evaluación del tribunal, en la que se tienen en cuenta a la vez el objetivo del 
resarcimiento material y también las circunstancias particulares.  La jurisprudencia ha establecido reglas para la determinación de los perjuicios en todas las esferas de lo s derechos de propiedad intelectual.  La 
demanda puede entablarse tanto en juicio ci vil como en los procedimientos penales. 
 
Destrucción o apartamiento por cualquier otro  medio de los circuitos comerciales de las 
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción  
 
 En los juicios por infracción de derechos de pr opiedad intelectual, el tribunal puede disponer 
a solicitud de la parte perjudicada que los materi ales infractores (copias producidas, materiales o 
artefactos para su fabricación, etc.) se destruyan o alteren o que esos bienes se entreguen a la parte 
perjudicada mediante una compensación que cubra los gastos de fabric ación a menos que el 
adquirente del objeto infractor respectivo haya act uado de buena fe.  Las demandas fundadas en una 
infracción pueden entablarse en juicio civil,  así como en procedimientos penales. 
 
 La Ley de salvaguardia de las pruebas en lo s procesos civiles relativos a los derechos de 
propiedad intelectual (artículo 2) establece que un tribunal competente podrá disponer la confiscación 
de material que se supone que tiene  relevancia probatoria con el fin de salvaguardar la presentación de 
pruebas.  
 Otras medidas
 
  Véase el punto 10:  medidas provisionales.  
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trat a de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución?  
 
 En un caso civil, una parte puede ser oída a efectos probatorios.  Ésta dirá la verdad cuando 
preste declaración sobre la s circunstancias que haya invocado en el caso, cuando formule observaciones 
acerca de las circunstancias invoc adas por la parte contraria, y cu ando responda a las preguntas que le 
sean planteadas (artícul o 1 del capítulo 14 del Código de Procedimiento). 
  En un caso penal, cualquier persona de la  que se supone que posee información sobre el 
delito, está obligada, mediante una citación del tribunal, a comparecer en una instrucción de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley sobre la In strucción Penal.  Con arreglo al artículo 18 de la 
citada Ley, si esa persona no comparece en una instrucción sin una justificación aceptable, podrá ser 
obligada a ello.  Una persona sospechosa de habe r cometido un delito también podrá ser arrestada o  IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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  detenida conforme a las condiciones establecida s en el capítulo 1 de la Ley sobre Medidas 
Coercitivas.  
7. Sírvanse describir las disposiciones relativas  a la indemnización a los demandados a los 
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables 
las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son 
aplicables?  
 
 La Ley sobre la Responsabilidad por Daños y Perjuicios contiene di sposiciones generales 
sobre las obligaciones de indemnización de las au toridades (entidades administrativas y empresas 
públicas).  Las autoridades responden de los perjui cios causados por el ejercicio erróneo de sus 
facultades, por dolo o negligencia.  En genera l, la responsabilidad pue de extenderse total o 
parcialmente a los funcionarios sobre la base de la responsabilidad indirect a, salvo en los casos de 
negligencia leve.  Los actos administrativos rea lizados de buena fe no generan responsabilidad. 
 
 En el capítulo 10 del Código Penal se establecen  normas sobre el decomiso.  Las ganancias de 
origen delictivo son decomisadas por el Estado.  El decomiso se ordena con respecto al infractor, un 
participante o una persona en cuya representación o en cuyo beneficio se haya cometido el delito 
cuando se haya beneficiado de él (artículo 2 del cap ítulo 10).  En el capítulo se establecen asimismo 
normas sobre el decomiso prolongado de las gananc ias de origen delictivo y el decomiso de algunos 
otros bienes.  Si un objeto o bien no puede ser decomisado porque, por ejemplo, ha sido ocultado o no 
puede accederse a él, podrá ordenarse un decomiso to tal o parcial del valor del objeto o bien del 
infractor, del participante o de la persona en cuya representación o en cuyo beneficio se haya 
cometido el delito.  
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
 
 En la legislación finlandesa no existen dispos iciones específicas que regulen la duración de 
los procedimientos.  
 En los asuntos civiles, las actuaciones judiciales se inician con audiencias preliminares.  Éstas 
deben completarse sin demora;  en lo posible, en una sola sesión.  Las partes deben prepararse para la 
audiencia adecuadamente, de modo que no haya nece sidad de aplazar los procedimientos debido a su 
negligencia.  A veces, el asunto puede quedar resuelto  en la etapa preliminar.  En otros casos, puede 
pasar a una audiencia principal.  Ésta, por regla ge neral, prosigue sin interr upción hasta que el asunto 
queda concluido para la sentencia del tribunal. 
  La duración de los procedimient os depende del control del tri bunal y, por tanto, varía según 
los casos.  En 2004, la duración media de los procedimientos de todos los asuntos civiles resueltos en la audiencia principal fue de unos 10 meses.  
 La regla general en materia de costo de los pr ocedimientos civiles, conforme al artículo 1 del 
capítulo 21 del Código de Procedimiento, es que la  parte perdedora será r esponsable de todos los 
gastos razonables ocasionados por las medidas que ha ya necesitado tomar la parte contraria, salvo que 
la Ley disponga otra cosa.  Con arreglo al ar tículo 8 del capítulo 21, esa compensación debe cubrir 
íntegramente las costas de preparación del juicio y de participación en el procedimiento, así como los 
honorarios de los abogados o asesores, en la medida en que puedan justificarse  razonablemente para 
la protección del interés de la parte.  IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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   En la legislación finlandesa existen disposici ones que regulan las tasas judiciales que, por lo 
general, suelen ser bajas en Finlandia.  Por ejem plo, las tasas judiciales de un asunto civil resuelto 
mediante plena avenencia ascienden a 160 euros.  Los demás costos judiciales pueden ser ocasionados 
por los honorarios del abogado que éste haya acordado con la parte.  En 2004, los costos judiciales medios fueron de 6.600 euros y la cuantía mediana de los asuntos civiles resueltos en la audiencia 
principal fue de 3.800 euros.  En cuanto a las reclamaciones de los demandantes, la media fue 
de 6.900 euros y la cuantía mediana de 4.900 euros.   Por lo que se refiere a las reclamaciones de los 
demandados, la media ascendió a 7.300 euros y la cuantía mediana a 4.300 euros.   La Ley sobre Asistencia Jurídica establece las normas para determinar los gastos y los 
honorarios de los abogados en los casos en que la asistencia jurídica se concede a cargo del Estado a 
una persona que la necesita o que carece de medios para sufragar los gastos (capítulo 3 de la Ley 
sobre Asistencia Jurídica).  
 b) Procedimientos y remedios administrativos 
 
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las respuestas anteriores en relación con los 
procedimientos administrativos referentes al  fondo de un caso y con los remedios que 
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos. 
 
 Con excepción de algunas medidas provisiona les limitadas, no exis ten procedimientos 
judiciales administrativos aplicables en lo que respecta a los recursos en esta materia.  En cuanto a los 
procedimientos administrativos que pueden aplicar los órganos de ejecuc ión, los medios se limitan a las 
medidas provisionales específicas que se examinarán más adelante.  
Medidas provisionales
 
 
 a) Medidas judiciales  
 
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada 
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.  
  Con arreglo a las respectivas leyes sobre propi edad industrial, cuando cabe presumir la 
existencia de una infracción puede ordenarse la conf iscación y el depósito de las mercancías infractoras 
para evitar que continúe la infracción.  En la Ley de Derecho de Autor no existen disposiciones 
específicas sobre medidas provisionales.  
 El capítulo 7 del Código de Procedimiento y la  Ley de salvaguardia de las pruebas en los 
procesos civiles relativos a los derechos de propied ad intelectual contienen disposiciones generales 
sobre medidas judiciales cautelares en los asuntos civiles.   Si el demandante puede demostrar la probabilid ad de que ha contraído una deuda que podría 
pagarse conforme a lo prescrito en la Ley de Ap licación, y que existe el riesgo de que la parte 
contraria oculte, destruya o traspase sus bienes o tome  otra medida que ponga en  peligro el pago de la 
deuda, el tribunal podrá disponer el embargo de los bienes inmuebles o muebles de la parte contraria 
con sujeción a una cantidad que garantice la deuda.   El tribunal también puede, con iguales requis itos, prohibir que la parte contraria realice 
determinada actividad, u ordenarle que realice determinado acto, autorizar al demandante para realizar 
ese acto, poner bienes de la parte contraria bajo la administración o el cu idado de un depositario o 
adoptar otras medidas neces arias para asegurar los derechos del demandante. 
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   Las disposiciones sobre la confiscación en los procedimientos penales figuran en los 
capítulos 3 y 4 de la Ley sobre Medidas Coerciti vas.  Un objeto o una mercancía determinada, 
incluyendo los materiales documentales, puede ser  objeto de confiscación o incautación si existen 
motivos para suponer que puede servi r como prueba o que el tribuna l habrá de disponer después su 
decomiso.  A petición del demandante, el Tribunal también puede dictar una interdicción del uso de 
las mercancías denunciadas como infractoras.  La pr ohibición permanece en vigor hasta la sentencia 
definitiva sobre el fondo, salvo que se decida otra  cosa.  Los mandamientos interlocutorios pueden 
dictarse asimismo en los asuntos relativos a la revelación de secretos comerciales, en cuyo caso los dispone el Tribunal de Mercado.  11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera 
parte ? 
 
 Si así se solicita, un tribunal ordinario puede disponer la adopción de medidas cautelares en 
virtud del capítulo 7 del Código de Procedimiento.  De conformidad con el artículo 5 del capítulo 7 
del Código de Procedimiento y los artículos 4 y 5 de  la Ley de salvaguardia  de las pruebas en los 
procesos civiles relativos a los derechos de propied ad intelectual, no se dispondrán medidas cautelares 
sin reservar a la parte contraria la oportunidad de ser  escuchada.  No obstante, cuando la finalidad de 
las medidas cautelares puede verse de otro modo comprometida, el tribunal puede, a petición del 
solicitante, dictar una disposición provisional sobre me didas cautelares sin reservar a la parte contraria 
dicha oportunidad.  En ese caso, el mandamiento  permanecerá en vigor hasta nueva orden. 
 
 En los asuntos penales, la confiscación puede se r dispuesta por la autoridad que tiene facultades 
para efectuar una detención, o por el tribunal durante los procedimientos .  Si la persona en cuyos locales 
se confiscan los bienes no se encuentra presente, debe ser informada al respecto de inmediato (artículos 5 y 7 del capítulo 4 de la Ley sobre Medidas Coercitivas). 
 
12. Sírvanse describir el procedimiento principa l para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las me didas de salvaguardia para proteger los 
intereses legítimos del demandado.  
  Si así se solicita, el tribunal podrá imponer medida s cautelares en asuntos civiles en virtud del 
capítulo 7 del Código de Procedimiento y los artículos  4 y 5 de la Ley de salvaguardia de las pruebas 
en los procesos civiles relativos a los derechos de  propiedad intelectual.  No se dispondrán medidas 
cautelares sin reservar a la parte contraria la oport unidad de ser escuchada.  No obstante, cuando la 
finalidad de las medidas cautelares puede verse de otro modo comprometida, el tribunal puede, a 
petición del solicitante, dictar una  disposición provisional sobre medidas cautelares sin reservar a la 
parte contraria dicha oportunidad.  En ese caso, el  mandamiento permanecerá en vigor hasta nueva 
orden.   Las acciones sobre la cuestión principal deben ejercerse en un plazo de un mes a partir de la disposición sobre las medidas cautelares.  Cuando el  tribunal adopta una resolución sobre la cuestión 
principal, determina, a un tiempo, el período de vige ncia de las medidas cautelares.  Si la acción es 
desestimada o declarada inadmisible, el tribunal pue de disponer, al mismo tiempo, que las medidas 
cautelares permanezcan en vigor hasta que la decisión sea definitiva.  En caso de desistimiento de la 
acción, las medidas cautelares son anuladas.  Si un solicitante ha recurrido a medidas cautelares de forma innecesaria, debe resarcir los gastos ocasi onados.  Puede apelarse por separado contra un 
mandamiento judicial sobre medidas cautelares. 
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   Con respecto a la iniciación de los procedimientos penales, véase el punto 11.  La 
confiscación puede cancelarse por la misma autoridad que  la dispuso.  La cancelación debe efectuarse 
tan pronto como deje de ser necesaria la confiscaci ón, o transcurren cuatro meses sin que se formulen 
cargos por el delito que le dio motivo.  El trib unal puede prorrogar este plazo a solicitud de la 
autoridad competente.  A petición del interesado, el tribunal debe resolver acerca de la validez de la 
confiscación.  Si la petición se formula antes de que el tribunal haya comenzado a ocuparse de la 
acusación, debe ser examinada en un plazo de una semana.  El tribunal debe dar a las partes interesadas la oportunidad de ser escuchadas, pero la ausencia de una de las partes no le impide 
adoptar una resolución.  Las apelaciones contra la  decisión referente a la confiscación, así como 
contra la decisión que prohíbe a una persona co ntinuar o repetir la in fracción de derechos de 
propiedad intelectual, pueden interponerse en fo rma separada.  La apelación, sin embargo, no 
suspende la medida.  En ciertos casos el apelante puede estar obligado a constituir garantía por los 
perjuicios y desventajas que pueda causar la medida.   El capítulo 7 de la Ley de Aplicación con tiene disposiciones sobre la aplicación de las 
medidas cautelares.  La medida no puede ponerse en práctica, y debe suspenderse la ejecución, si la 
parte contraria otorga al oficial de  justicia una garantía que ha sido  aceptada por la parte que solicitó 
la medida, o que se considera proporcionada a la necesi dad de protección de los derechos de esa parte.  
Por regla general, no puede ponerse en práctica un a medida cautelar a menos que el solicitante 
constituya una garantía por los perj uicios que la medida puede causar.  Si así se solicita, el tribunal 
puede eximir al solicitante de la obligación de proporci onar la garantía a que se hace referencia en el 
artículo 16 del capítulo 7 de la Ley de Aplicación si se considera que éste carece de medios para 
hacerlo y se estima que su derecho está manifiestamente bien fundado.  
13. ¿Cuáles son normalmente la durac ión y el costo del procedimiento?  
  La duración y el costo del procedimiento varían según los casos.  En un caso evidente, las 
medidas cautelares pueden disponerse con prontitud.  La cantidad definitiva para resarcir los gastos 
ocasionados por la solicitud y la aplicación de las medidas cautelares se determina al abordar la 
cuestión principal.  
 b) Procedimientos  administrativos 
 
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las preguntas anteriores en relación con las 
medidas provisionales administrativas. 
 
 De conformidad con el artículo 11 a) del capítulo 7 de la Ley de Aplicación, en caso de que el 
propósito de las medidas cautelares indicadas en los artículos 1 a 3 del capítulo 7 del Código de 
Procedimiento pueda correr peligro de otro modo, tales medidas pueden otorgarse por el oficial de 
justicia si la parte solicitante tiene fundamentos le gales para su solicitud y ésta no puede atenderse de 
inmediato por el tribunal.  El plazo máximo de vigenc ia de tales decisiones y me didas es de seis meses, 
a menos que el oficial de justicia  las renueve por fundamentos especi ales.  En lo que respecta a las 
medidas provisionales de las autoridades admini strativas adoptadas dura nte las investigaciones 
criminales, véanse los puntos 11 y 12 (capítulo  4 de la Ley sobre Medidas Coercitivas). 
 
Prescripciones especiales relacionada s con las medidas en frontera
 
 15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancía s puede solicitarse la suspensión por las 
autoridades aduaneras de su despacho para  libre circulación, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en  relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las 
mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de  IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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  página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las 
importaciones a las que no es aplicable ese pr ocedimiento (mercancías de otro Miembro, 
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis) .  ¿Es aplicable 
el procedimiento a las importaciones de mercanc ías colocadas en el me rcado de otro país 
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la 
exportación?  
 
 Como Estado miembro de las Comunidades Europeas (CE), Finlandia aplica la legislación comunitaria pertinente, como sigue:  
 De conformidad con el Reglamento Nº 3295/94 (CE) del Consejo, la suspensión del despacho 
para libre circulación puede aplicarse a mercancías falsificadas, es decir, a mercancías, con inclusión de sus embalajes, que lleven sin autorización una marc a de fábrica o de comercio idéntica a la marca 
registrada validamente respecto del mismo tipo de productos,  o que no puedan distinguirse en sus 
aspectos esenciales de tal marca, y que en consec uencia infrinjan derechos del titular de la marca 
respectiva.  También se aplica el procedimie nto a cualquier símbolo de marca, presentado 
separadamente o no, así como a los materiales de embalaje y que llevan las marcas de mercancías falsificadas presentados sepa radamente (apartado a) del párrafo 2) del artículo 1). 
  El procedimiento de suspensión también pue de aplicarse a mercancías que son o contienen 
copias realizadas sin el consentimiento del titular de l derecho de autor o de derechos conexos, o del 
titular de los derechos sobre un dibuj o o modelo industrial, registrado o no con arreglo a la legislación 
nacional, o de una persona debidamente autorizada por  el titular en el país de producción (apartado b) 
del párrafo 2) del artículo 1).   El procedimiento se aplica igualmente a las me rcancías que infringen una patente con arreglo 
a la legislación de ese Estado miembro o un certificado complementario de protección según lo 
dispuesto en el Reglamento del Consejo (CEE) Nº 1768/92 o en el Reglamento (CE) Nº 1610/96 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.   El procedimiento de suspensión no se aplica  a las mercancías de naturaleza no comercial 
incluidas en el equipaje personal de los viajeros (artículo 10) ni a las mercancías que llevan una marca o 
están protegidas por un derecho de autor o por de rechos conexos o derechos relativos a dibujos o 
modelos industriales y que han sido fabricadas con el consentimiento del titular de ese derecho, pero se 
despachan para libre circulación, se exportan, se reexportan o son objeto de un procedimiento de 
suspensión sin el consentimiento del titular (párrafo 4) del artículo 1).  
 El ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº  3295/94 se amplió el 1º de julio de 2004 con 
la entrada en vigor del Reglamento del Consej o (CE) Nº 1383/03 y ahora abarca también a las 
indicaciones geográficas y al derecho de obtentor. 
 
16. Sírvanse describir los principales elemento s del procedimiento relativo a la suspensión 
del despacho de aduana de las merca ncías por las autori dades aduaneras, 
particularmente en lo que respecta a las au toridades competentes (artículo 51), los 
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e 
información)?  
 
 De conformidad con el Reglamento del Consejo (CE) Nº 3295/94, el titular de un derecho puede solicitar la suspensión del despacho de las me rcancías ante cualquier oficina de la autoridad IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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  aduanera.  La decisión sobre la inic iación del procedimiento se adopta  por la dependencia de control e 
inspección de la Junta Nacional de Aduanas.   La solicitud debe incluir una descripción suficientemente detallada de las mercancías y la prueba de que el peticionante es titular del derecho correspondientes a las mercancías en cuestión.  La 
solicitud también debe especificar por qué plazo se pide a las autoridades aduaneras que adopten 
medidas (párrafos 2) y 3) del artículo 3).   Si en un plazo de diez (10) días hábiles cont ados desde la notificación de la suspensión del 
despacho o la detención no se info rma a la oficina de aduanas de que el asunto ha sido sometido al 
tribunal, las mercancías deben despacharse siempre que se hayan cumplido las formalidades aduaneras y 
se haya dejado sin efecto la orden de detención.  Este plazo puede am pliarse por un máximo de diez (10) 
días hábiles en los casos en que corr esponda (párrafo 1) del artículo 7). 
  No se requieren del solicitante garantías ni pagos administrativos.  El propietario de las 
mercancías puede instaurar demanda por los daños y perjuicios que le haya causado la detención 
infundada de las mercancías.   Las autoridades aduaneras deben notificar al titula r del derecho, a solicitud de éste, el nombre y 
domicilio del declarante y, si se conocen, el nomb re y domicilio del consig natario (párrafo 1) del 
artículo 6).  Las autoridades aduaneras también inform an al titular del derecho, a solicitud de éste, del 
nombre y domicilio del remitente, el importador o exportador y el fabricante de las mercancías 
falsificadas o piratas y la cantid ad de las mercancías respectivas (párrafo 3) del artículo 8). 
  Las autoridades aduaneras deben dar oportu nidad al solicitante para inspeccionar las 
mercancías cuyo despacho ha sido suspendido (párrafo 1) del artículo 6). 
 
 Se introdujeron algunas modificaciones en el procedimiento a raíz de la entrada en vigor del Reglamento (CE) Nº 1383/03, el 1º de julio de 2004.  Por ejemplo, el titular de un derecho debe 
facilitar información más detallada en la solicit ud, que ha de presentarse mediante un único 
formulario normalizado en todos los Estados miembros de la Unión Europea.  Las tasas y garantías de 
la solicitud han sido suprimidas y reemplazadas por una  declaración normalizada mediante la cual el 
solicitante se compromete a cubrir todos los gastos  en que se incurra para mantener las mercancías 
bajo control aduanero (artículo 6). 
 
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las 
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para 
libre circulación?  
 
 La tramitación de las solicitudes se atiende normalmente ante la Junta Nacional de Aduanas en un día hábil.  Salvo en pocos casos excepcionales,  los asuntos se han sometido al tribunal dentro de 
los diez (10) días hábiles.  Al prorrogar el plazo, la Junta de Aduanas ha examinado cuidadosamente 
los fundamentos de la solicitud.  Las prórrogas otorgadas han sido de 10 días hábiles.   De conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1383/03, cuando concede una solicitud de 
demanda, el departamento de aduanas competente debe indicar el período durante el cual las 
autoridades aduaneras han de tomar medid as.  Dicho período no excederá de un año. 
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  18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal 
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio? 
 
 Si resulta evidente en la oficina de aduanas que las mercancías son falsificadas o piratas, las 
autoridades aduaneras pueden informar al titular del de recho acerca del peligro de infracción (artículo 25 
del Código de Aduanas).  En este caso, las autorida des aduaneras pueden suspender el despacho de las 
mercancías o retenerlas durante tres días hábiles, a fin de que el titular del derecho pueda formular una 
solicitud de las medidas del caso.  En el Regl amento (CE) Nº 1383/03 fi guran disposiciones más 
detalladas al respecto.  19. Sírvanse describir las medidas cuya adopci ón puede ser ordenada por las autoridades 
competentes y los criterios que regulen su aplicación.  
 
 La decisión negativa de la Junta Nacional de Aduanas sobre la solicitud puede ser objeto de 
apelación ante el Tribunal Administrativo Supremo.  La  decisión de la oficina aduanera de distrito por 
la que se suspende el despacho de las mercancías pa ra libre circulación puede ser apelada ante la Junta 
Nacional de Aduanas, y posteriormente ante el Tribunal Administrativo Supremo.  
Procedimientos penales
 
 
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen co mpetencia en casos de infracción penal de 
los derechos de propiedad intelectual.  
 
 El Tribunal de Distrito de Helsinki tiene ju risdicción sobre los actos criminales de infracción 
de derechos de propiedad industrial. 
 
 La jurisdicción en los casos de divulgación de información confidencial previstos en la Ley 
sobre Prácticas Mercantiles Desleales corresponde al tr ibunal de primera instancia del distrito en que 
se cometió el delito.   En los asuntos relativos al derecho de autor, la autoridad competente en primera instancia es el 
tribunal de distrito del lugar en que se cometió el delito.  La única disposición que complementa el 
régimen de competencia es el artículo 61 de la Ley de Derecho de Autor, que establece una jurisdicción especial en razón de materia para el Tribunal de Distrito de Helsinki en los asuntos referentes a 
emisiones de radio o televi sión violatorias de la Ley de Derecho de Autor. 
 
 Las apelaciones, en los asuntos mencionados, si guen el régimen ordinario de dos instancias 
superiores (el Tribunal de Apelaciones y el Tribuna l Supremo, este último mediante autorización para 
la apelación).  
21. ¿En relación con qué infracciones de der echos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplic ación de procedimientos y sanciones penales?  
 
 Se siguen procedimientos penales y se aplica n sanciones conforme a la s vías ordinarias de 
apelación respecto de la infracción intencional de to dos los derechos de propiedad intelectual incluidos 
en el Acuerdo sobre los ADPIC.  
 En ciertos asuntos relativos al derecho de  autor, puede constituir infracción incluso la 
negligencia grave (delito de derec ho de autor), pasible de sanción con arreglo a la Ley de Derecho de 
Autor (artículos 56 a 56 d)).  IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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  22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competen tes para la iniciación de procedimientos 
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos po r propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?  
 
 En Finlandia, la policía y las aduanas s on los investigadores responsables de iniciar 
procedimientos penales.  Las infracciones de los de rechos de propiedad industrial y del derecho de 
autor se denominan delitos a petición de parte, lo cual significa que la "víctima" debe denunciar el 
delito antes de que puedan iniciarse los procedimie ntos.  En casos excepcionales, los procedimientos 
pueden iniciarse sin que el titular del der echo/reclamante haya denunciado el delito. 
  Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del cap ítulo 1 de la Ley de Procedimiento Penal, el 
reclamante tiene la posibilidad de interponer una denuncia con respecto a un delito sólo en caso de 
que el fiscal decida no iniciar una acción o que el investigador o el fiscal decidan no efectuar la investigación o que una investigación en curso será suspendida o concluida. 
  En los casos de delitos previstos en el capítu lo 49 del Código Penal, el fiscal puede iniciar 
procedimientos penales si la parte lesionada denuncia un delito de propi edad intelectual, y puede hacerlo 
por su propia iniciativa por razones importantes de interés público (artíc ulo 3 del capítulo 49 y 
artículo 12 del capítulo 30 del Código Penal).   En los casos de delitos contra derechos de propi edad intelectual definidos en las respectivas 
leyes de fondo, el fiscal no presentará cargos por de litos contra un derecho de propiedad intelectual, a 
menos que la parte lesionada lo denuncie con objeto de presentar cargos o que sea necesario por 
razones sumamente importantes de interés público.  (D isposiciones:  véase el punto 21, así como el 
artículo 11 de la Ley sobre Prácticas Mercantiles Desl eales.)  La Ley de Derecho de Autor establece 
algunas excepciones de menor importancia a la regl a general de la acción a petición de parte, al 
regular las violaciones de los derechos morales de l autor y la salvaguardia del interés público en 
ciertos casos especiales (artículo 62 de la Ley de Derecho de Autor). 
 
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para  entablar procedimientos penales y, de ser 
así, quiénes están legitimados para hacerlo?  
 De conformidad con el artículo 14 del capítulo  1 de la Ley de Procedimiento Penal, el 
reclamante tiene la posibilidad de presentar cargos  con respecto a un delito sólo en caso de que el 
fiscal decida no iniciar una acción o que el investiga dor o el fiscal decidan no efectuar la investigación 
o que una investigación en curso será suspendida o concluida.   El fiscal está obligado a prom over el enjuiciamiento a menos que ello resulte inconducente por 
insuficiencia de pruebas.  Si el fiscal ha prom ovido una acción, la parte lesionada tiene derecho a 
incorporarse en el proceso penal. 
  Conforme al artículo 3 del capítulo 49 de l Código Penal, el fiscal puede iniciar 
procedimientos penales si la parte lesionada den uncia un delito de propiedad intelectual, y puede 
hacerlo por su propia iniciativa por razones importantes de interés público. 
 
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categor ías de derechos de propiedad intelectual y 
tipos de infracción, las sanciones y otra s medidas correctivas que pueden imponerse: 
 - prisión;  - sanciones pecuniarias;  - confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción; 
 - otras medidas.  IP/N/6/FIN/1/Add.1 
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   Prisión y sanciones pecuniarias : 
  Por los delitos contra la propiedad intelectual que figuran en los capítulos 49 y 30 del Código Penal pueden aplicarse como sanciones multas y penas de prisión con un máximo de dos años.  En los delitos contra la propiedad intelectual fundados en la s disposiciones de las respectivas leyes de fondo, 
así como en las disposiciones de la Ley sobre Prácticas Mercantiles Desleales acerca de la divulgación 
de secretos comerciales, pueden aplicarse sanci ones de multa (disposiciones:  véase el punto 21). 
 
Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y 
accesorios utilizados para su producción : 
 
 Puede ordenarse que las mercancías infractor as sean confiscadas, destruidas, alteradas, 
entregadas al titular del derecho a cambio de de terminado valor o puestas en depósito.  También 
puede disponerse la confiscación provisional por la duración de los procedimientos (véanse también 
los puntos 5 y 10).  En los asuntos penales, la conf iscación se rige por las disposiciones del capítulo 4 
de la Ley sobre Medidas Coercitivas). 
 
25. Sírvanse describir las disposiciones que regul an la duración y el costo del procedimiento 
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del 
procedimiento y su costo.  
  La duración y el costo del procedimiento varían según los casos.  En los asuntos penales 
iniciados por el fiscal no se aplican tasas judicial es del tribunal de primer a instancia.  Según las 
estadísticas de 2004, el 56 por ciento de los asuntos penales vistos en los tribunales de distrito fueron concluidos en menos de dos meses.  El procedimient o sólo dura más de seis meses en el 8 por ciento 
de los casos. 
 
 
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