ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  G/SPS/GEN/802 
9 de octubre de 2007 
 
 (07-4327) 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   inglés 
  
 
LAS NORMAS PRIVADAS VOLUNTARIAS EN EL MARCO  
MULTILATERAL DE LA OMC 
 
Comunicación del Reino Unido
 
 
 
 La siguiente comunicación, recibida el 1º de octubre de 2007, se distribuye a petición de la 
delegación del Reino Unido.  
_______________ 
 
 
El Departamento de Desarrollo Internaciona l (DDI) del Gobierno del Reino Unido, en 
colaboración con el servicio de información sobre medidas sanitarias y fitosanitarias del Reino Unido, 
se complace en presentar un estudio reciente titula do "Las normas privadas voluntarias en el marco 
multilateral de la OMC".  Este trabajo ha sido prep arado por el Sr. Digby Gascoine en colaboración 
con O'Connor and Company, un estudio jurídico con sede en Bruselas.  
Este trabajo forma parte de una iniciativa m ás amplia acerca de la influencia que las 
reclamaciones y las normas públicas y privadas sobre productos agrícolas tienen para fomentar o 
entorpecer el acceso de los países  en desarrollo a los mercados internacionales.  El Reino Unido 
quiere poner en marcha un proceso público-privado qu e haga que las compras de los supermercados 
tengan una repercusión más positiva en  términos de desarrollo sobre los pequeños productores y la 
población rural pobre.  También se prevé ejecutar proy ectos de investigación sobre el rastreo de los 
movimientos de los productos frescos, fomentar el diálogo entre los organismos públicos reguladores y las instituciones de normalización privadas, y colaborar  con éstas para ayudarles a tener en cuenta la 
repercusión en términos de desarro llo de la adopción de normas nuevas y la revisión de las existentes. 
Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes: 
• investigar la posición que las normas de las instituciones no gubernamentales ocupan 
en los Acuerdos de la OMC sobre la  Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) y sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC);   
• determinar cómo las delegaciones en los Comités OTC y MSF recogen en sus 
posiciones las opiniones de la industria o de las instituciones de normalización privadas; 
• examinar las ventajas e inconvenientes de definir mejor la posición que las normas de 
las instituciones no gubernamentales ocupan en los Acuerdos MSF y OTC (con la 
posible inclusión de los aspectos de dich as normas no relacionados con la inocuidad 
de los alimentos, por ejemplo, el tamaño de los productos); G/SPS/GEN/802 
Página 2  
 
  • hacer sugerencias sobre la posible manera de mejorar la relación entre el Acuerdo 
MSF y las normas de las instituciones no gubernamentales, por ejemplo adoptando 
una decisión o directrices sobre el modo de aplicar el artículo 13. 
Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las del Departamento de Desarrollo 
Internacional, del Reino Unido o de las Com unidades Europeas, pero aportan información y 
aclaraciones acerca de las cuestiones relacionadas con el debate sobre las normas privadas y los 
procesos de elaboración de normas en el marco de la OMC.  El informe no contiene recomendaciones 
sobre futuras actividades.  G/SPS/GEN/802 
 Página 3 
 
 
  LAS NORMAS PRIVADAS VOLUNTARIAS EN EL MARCO  
MULTILATERAL DE LA OMC 
 
  
 
Informe preparado por 
 
Digby Gascoine 
 
y 
 
O'Connor and Company 
  
para el Departamento de Desarrollo Inte rnacional del Reino Unido en el marco  
del Programa de Servicios de Asesoramiento y Apoyo al DDI,  
administrado por HPSTE Limited 
   
 
  
Abril de 2007 
  
 
    
 
    El presente informe ha sido redactado por Digby  Gascoine, en calidad de consultor principal, 
y por Paolo Vergano e Ignacio Carreño, de O'C onnor and Company, European Lawyers, que han 
elaborado los informes jurídicos de los anexos 5 y 6.   Las opiniones expresadas no son necesariamente las del Departamento de Desarrollo Internacional.  
 Se agradecen las contribuciones de las person as entrevistadas durante la elaboración de este 
informe, así como la orientación r ecibida de Tim Leyland, del DDI. G/SPS/GEN/802 
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  Índice
 
 
   
Abreviaturas y acrónimos 5 Resumen 6 
Informe principal 15 
Mandato 15 
Metodología 16 
Antecedentes 16 
Comentarios y estudios empíricos 18 Historia de las negociaciones sobre los Acuerdos GATT, MSF y OTC 22 La OMC y las instituciones privadas 25 
Los Miembros de la OMC y las instituciones de normalización privadas 26 
Definir la función de las instituci ones de normalización no gubernamentales 
en el marco del Acuerdo MSF 27 
Mejora del Acuerdo MSF 32 
Instituciones gubernamentales y no gube rnamentales en el Acuerdo OTC 35 
Anexo 1:  Mandato 40 Anexo 2:  Mandato relativo a los aspectos jurídicos de la consultoría 46 Anexo 3:  Personas consultadas 52 Anexo 4:  Referencias 54 
Anexo 5:  Informes jurídicos 1 y 2 56 
Anexo 6:  Informe jurídico 3 99 
  G/SPS/GEN/802 
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  Abreviaturas y acrónimos  
 
 
Alianza 
ISEAL Alianza Internacional de Acreditación y Etiquetado Social y Ambiental 
BRC British Retail Consortium  (Consorcio británico del comercio minorista) 
CIES Comité International d' Entreprises à Succursales (Comité Internacional de Cadenas 
Minoristas de Alimentación) 
Comité MSF Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
Comité OTC Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
DDI Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido) 
EurepGAP Asociación Global para una Agricultura Segura y Sostenible 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
GFSI Iniciativa Mundial de Inocuidad de los Alimentos 
HACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control 
ISO Organización Internacional de Normalización 
MSF Medidas sanitarias y fitosanitarias 
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OMC Organización Mundial del Comercio 
OTC Obstáculos técnicos al comercio 
PMP Procesos y métodos de producción 
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
 
 G/SPS/GEN/802 
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  I. RESUMEN  
1. El presente informe responde a una iniciativa del Departamento de Desarrollo Internacional 
del Reino Unido encaminada a sacar, de la apli cación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Acuerdo OTC), conclusiones acerca de có mo colaborar con los or ganismos privados de 
normalización y aclarar la posición que dichos orga nismos ocupan en el Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF).  Se basa en un estudio selectivo de los 
trabajados publicados, en entrevistas con represen tantes de varias organizaciones internacionales, 
instituciones de normalización y el sector privado y en un análisis jurídico efectuado por O'Connor 
and Company.  
2. A escala nacional no hay al parecer obstáculo s legales que impidan a los compradores 
establecer y aplicar requisitos técnicos específi cos a los productos que adquieren y, para los 
mayoristas y minoristas de productos alimenticios, ha y muchas razones de peso que justifican la 
aplicación de esos requisitos con ob jeto de controlar el riesgo comercial.  No obstante, los 
proveedores, en particular los de los países en desarrollo exportadores, cada vez están más 
preocupados por la proliferación y el carácter cada vez más riguroso de las normas privadas.  En una 
lista de los posibles motivos de preocupación sobr e las normas privadas voluntarias habría que incluir 
los siguientes: 
• Aunque las normas privadas voluntarias pueden en muchos casos suponer un 
estímulo para mejorar las prácticas y el re ndimiento de la producción en los países 
exportadores y dar una ventaja competitiv a a los productores que las cumplen, 
también pueden convertirse en importantes obst áculos al acceso a los mercados para 
algunas industrias en algunos países, en esp ecial en los países menos adelantados;  
asimismo, puede representar una desventa ja proporcionalmente mayor para los 
productores más pequeños. 
• Esos obstáculos al comercio tienen que ver con varios factores, entre ellos la 
disponibilidad de capital desde el comienzo mismo de las operaciones, la financiación 
de gastos iniciales y periódicos por concepto de certificación por terceros, costos de explotación más elevados para los produc tores y márgenes de beneficio menores.  
• La carga para los exportadores es más pesada cuando, por ejemplo: 
- las normas privadas voluntarias se formulan sin consultar a los proveedores; - deben cumplirse diferentes prescripciones privadas para distintos mercados y 
para diferentes compradores en el  mismo mercado de exportación;   
- la certificación por terceros sólo puede obtenerse a precios propios de los 
países desarrollados;   
- los compradores no ofrecen contratos de compra a largo plazo para reducir la 
incertidumbre de los proveedores dispuestos a cumplir las prescripciones, que deben hacer inversiones para cumplir las normas privadas voluntarias.  
 Los productores también pueden considerarse pe rjudicados si se imponen normas privadas 
ostensiblemente más estrictas que no estén jus tificadas objetivamente, o si es difícil conciliar 
exigencias de los importadores no relacionadas con las características del producto con las 
circunstancias, los valores y las prácticas locales.  G/SPS/GEN/802 
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  3. La incorporación en las normas privadas voluntarias de las preocupaciones de los 
consumidores sobre la protección de los animales y las características de los alimentos relacionadas 
con el medio ambiente, la seguridad e higiene en  el trabajo y la seguridad del consumidor, por 
ejemplo, es un fenómeno muy posterior a la negociación de los Acuerdos MSF y OTC, y es un proceso que coincide con un aumento rápido de la penetración del mercado por parte de las grandes 
cadenas de supermercados.  En ningún momento se pr evió que el Acuerdo MSF pudiera aplicarse a la 
adopción de normas privadas voluntarias o a la eval uación de la conformidad con arreglo a dichas 
normas.  Por el contrario, el Acuerdo OTC se refiere no sólo a la elaboración y aplicación (con 
inclusión de la "evaluación de la conformidad") de reglamentos técnic os obligatorios por parte de los 
gobiernos, sino también, de manera explícita, a l as actividades privadas de formulación y adopción de 
normas y de evaluación de la conformidad.  En  el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio no se prevé ninguna función para las instituciones no gubernamentales. 
A. I
NTERACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NORMALIZACIÓN PRIVADAS CON LA OMC  Y SUS 
MIEMBROS  
4. Dado que los Miembros de la OMC son gobie rnos nacionales y dado que las disciplinas 
impuestas por los acuerdos abarcados se refieren a los actos de los Miembros, por lo general las 
relaciones entre la OMC y las ins tituciones privadas (en la medida limitada en que se producen de vez 
en cuando) conciernen en su mayor parte sólo al intercambio mutuamente provechoso de información.  
En los países que disponen de mecanismos de consu lta entre el gobierno y las partes interesadas sobre 
las cuestiones que se suscitan en el Comité MSF o en el Comité OTC, lo normal sería que se produjera un intercambio de in formación con las instituciones de normalización privadas con 
antelación a toda reunión en que pudieran tratarse las normas privadas voluntarias.  Sin embargo, los 
Miembros de la OMC no están obligados a represen tar a las instituciones privadas en las actuaciones 
de los Comités de la OMC.  Los Comités pueden organizar consultas ad hoc  e intercambios de 
información con las instituciones de normalización priv adas, proceso que el Comité MSF ha puesto en 
marcha. 
B. E
MPLEO DE LOS CÓDIGOS DE PRÁCTICAS  
5. Hay varios códigos de prácticas de normalizaci ón y evaluación de la conformidad que pueden 
ser empleados como guías por los organismos de el aboración de normas privadas y los encargados de 
su aplicación, por ejemplo el Código de Buena Conducta para adopt ar normas ambientales y sociales  
de la Alianza Internacional de Acreditación y Etiq uetado Social y Ambiental (Alianza ISEAL) y el 
Código de Buena Conducta para la Elabor ación, Adopción y Aplicación de Normas  del Acuerdo 
OTC.  Es discutible que la observancia general de estos códigos modifique sustancialmente las 
circunstancias en que están los exportadores de lo s países en desarrollo en relación con las normas 
privadas voluntarias.  Sería necesario analizar en  un estudio una muestra de las normas ambientales, 
laborales y de otro tipo pertinentes, identifi car cuáles de sus características presentarían 
inconvenientes para los exportadores y juzgar si un proceso mejor estructurado de formulación de las 
normas podría haber producido un resultado mutuamen te más satisfactorio.  Es tentador suponer que 
la conclusión de dicho estudio ser ía que un mejor proceso de establecimiento de normas resolvería 
algunas o todas las quejas relativas al procedimiento  (notificación previa, consulta, etc.), pero que en 
última instancia no supondría una gran diferencia en lo referente a la carga que su cumplimiento 
impone a los exportadores.  Un punto importante de desacuerdo entre quienes elaboran las normas y quienes han de cumplirlas sería muy probablemente la justificación de la necesidad de la norma y la 
especificación clara de sus objetivos.  Pueden hacer se consideraciones similares en relación con los 
códigos de prácticas de evaluaci ón de la conformidad, donde el pr oblema esencial puede ser que en 
los países en desarrollo exportadores hay muy pocos organismos locales fiables de evaluación de la 
conformidad que cobren honorarios locales en  lugar de tarifas a nivel internacional. G/SPS/GEN/802 
Página 8  
 
  C. M
EJORA DEL ACUERDO MSF 
6. La disposición fundamental del Acuerdo MSF figura en su artículo 13, que obliga a los 
Miembros a tomar las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que las entidades no gubernamentales existentes en su territorio cu mplan las disposiciones pertinentes de dicho 
Acuerdo.  Hay dudas jurídicas acerca del alcance de  la expresión "medidas razonables" y sobre si las 
"entidades no gubernamentales" incluyen a las distin tas instituciones privadas que elaboran normas y 
que se encargan de su cumplimiento.  Parece mu y poco probable que los Miembros de la OMC 
modifiquen el artículo 13 del Acuerdo MSF para est ablecer la obligación clara de aplicar el Acuerdo 
al elaborar y utilizar normas privadas voluntarias, aunque sólo sea con arreglo al criterio del máximo 
empeño.  Entre otras cosas, ello plantearía el pr oblema de conseguir el acuerdo de unos 100 países 
con la redacción de cualquier enmienda que se propus iera.  Sea como fuere, todavía no se percibe que 
el problema sea tan grave como para justificar un p aso tan importante y, tanto en el marco de la OMC 
como por parte de las instituciones privadas inte resadas, se podrían emprender otras iniciativas que 
podrían servir para resolver dificultades concretas de una manera más idónea. 
7. Un enfoque alternativo es estudiar la viabilidad de elaborar directrices sobre la aplicación del 
artículo 13 del Acuerdo.  Los países desarrollados y lo s países en desarrollo deberían coincidir en que 
evidentemente se necesita una inic iativa semejante y tendría que habe r un amplio consenso sobre lo 
que debería hacerse.  Cualquier propuesta de que los Miembros de la OMC se comprometieran moralmente, sobre la base de una interpretación c onvenida del Acuerdo MSF, a condicionar o limitar 
la aplicación de las normas sanitarias privadas volun tarias estaría seguramente condenada al fracaso, 
porque en muchos países desarrollados las empresas que formulan y aplican normas privadas 
voluntarias (por los beneficios que ello reporta a sus intereses comerciales) no verían en dicha 
iniciativa ninguna ventaja y sí inconvenientes importa ntes para sus intereses, por lo que convencerían 
a sus gobiernos de que se opusieran a ella. 
8. Si no fuese posible que todos los Miembros de la  OMC coincidieran en una interpretación del 
Acuerdo MSF en este ámbito, otra  opción teóricamente sería que un grupo de Miembros que tuviesen 
la misma posición concertaran voluntariamente un acuerdo entre ellos para comportarse de 
determinada forma en relación con las normas priv adas voluntarias.  Los precedentes de este enfoque 
son el Código de Normas del GATT, al que se adhi rieron varios signatarios del GATT, y los cuatro 
acuerdos plurilaterales negociados en  la Ronda Uruguay.  Sin embargo, como la práctica es que estos 
acuerdos se negocien como parte de una ronda de  negociaciones, y la negociación suele ser un 
proceso prolongado, no es probable que se alcance ningún acuerdo plurilateral nuevo en el futuro 
próximo. 
9. El Acuerdo OTC podría ofrecer un procedimiento más práctico.  El Acuerdo MSF sólo abarca 
las medidas definidas en su Anexo A;  todas las demás reglamentaciones técnicas y normas sanitarias 
y fitosanitarias están comprendidas en el Acuerdo OTC, de conformidad con las definiciones que figuran en su Anexo A.  En lugar de tratar de m odificar el Acuerdo MSF para  usarlo con fines que no 
son aquellos para los que fue adoptado, mejor serí a considerar de qué manera las disciplinas en 
materia de OTC, tal como están establecidas, podrían emplearse para responder a las preocupaciones 
que han surgido en relación con las normas privadas voluntarias. 
D. U
SO DEL ACUERDO OTC 
10. Pese a que el Acuerdo OTC se refiere específicamente a las actividades de establecimiento de 
normas privadas y evaluación de la conformidad, su bsisten problemas para su aplicación efectiva en 
este ámbito.  Los Miembros están obligados a adopt ar las medidas razonables que estén a su alcance 
para lograr que las instituciones no gubernamenta les cumplan las disposiciones del artículo 2 del 
Acuerdo, pero también en este caso se plantea el  problema del alcance de las "medidas razonables".  
Muchos países en desarrollo creen que las prescr ipciones sobre etiquetado ecológico referentes a  G/SPS/GEN/802 
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  cuestiones distintas de las sustancias incorporad as a los productos (por ejemplo, los residuos de 
plaguicidas) están proscritas en virtud de las normas de la OMC;  otros Miembros discrepan.  
O'Connor and Company cree que, tomando como base el  texto del Acuerdo OT C, hay motivos para 
dudar que el Acuerdo sea aplicable a procesos y mé todos de producción que "no están relacionados 
con el producto".  En el informe jurídico se afir ma además que no hay jurisprudencia que ayude a 
entender en qué medida el Acuerdo OTC es aplicable a las normas voluntarias que no están 
relacionadas con los productos.  Y, como se ha di cho anteriormente, es posib le que una conformidad 
generalizada con el Código de Buena Conducta  del Acuerdo OTC no suponga una diferencia 
significativa en las circunstancias en que los exporta dores de los países en desar rollo están en relación 
con las normas privadas voluntarias.    
11. Sin embargo, hay muchas iniciativas que los go biernos podrían adoptar para fomentar la 
observancia de las disposiciones de l Acuerdo OTC sobre el establecimiento de normas y la evaluación 
de la conformidad: 
• divulgar información sobre el Acuerdo OTC y sus disposiciones aplicables al 
establecimiento de normas privadas; 
• formular y dar a conocer una política n acional sobre el cumplimiento de esas 
disposiciones, ya sea como recomendación o como norma de aplicación obligatoria; 
• dialogar con las organizaciones privadas co mpetentes para fomentar una conducta 
compatible con las disposiciones del Acuerdo OTC; 
• suscribir memorandos de entendimiento con las organizaciones privadas; 
• otorgar incentivos financieros para prom over el cumplimiento por parte de las 
organizaciones privadas. 
 Estas iniciativas no dependen de  ninguna interpretación jurídica específica de las obligaciones 
impuestas por el Acuerdo OTC.  
E. OTROS ENFOQUES POSIBLES  
12. Los representantes de las grandes cadenas de supermercados reconocen que hay un riesgo 
comercial asociado a la reacción negativa de los pa íses en desarrollo frente a sus normas privadas 
voluntarias.  La OMC constituye un foro en el  que se puede hacer frente a esta tensión entre 
importadores y exportadores en torno a las normas privadas voluntarias y donde es posible compartir 
información y buscar soluciones mutuamente acepta bles.  En los Comités MSF y OTC se podrían 
tomar distintas medidas para mantener esta cuestió n a consideración de los gobiernos de los países 
Miembros, que son quienes asegurar el contacto con los sectores interesados a nivel nacional.  Por 
ejemplo: 
• Podría proponerse a los Comités MSF y OTC que se invitara a los Miembros a 
presentar informes sobre la experiencia de sus países acerca del funcionamiento de las normas privadas como obstáculos al come rcio, incluidas cuestiones como las 
oportunidades de participación en el establecimiento de normas privadas, otras 
consultas, equivalencia, evaluación de la  conformidad, auditoría, acceso a los 
mercados obtenido o preservado, etc. 
• Podría solicitarse a los Miembros que dieran a conocer a los Comités ejemplos de 
medidas razonables que hayan aplicado de  conformidad con el artículo 13 del 
Acuerdo MSF y los artículos 3, 8 y 9 del Acuerdo OTC. G/SPS/GEN/802 
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  • El Comité MSF podría celebrar un debate útil sobre la forma en que, al establecer o 
revisar sus medidas sanitarias y fitosanitarias of iciales, los Miembros tienen en cuenta 
la contribución al control del riesgo que  hacen las iniciativas voluntarias de los 
productores y minoristas privados. 
• Podrían celebrarse periódicamente reuniones conjuntas informales entre los 
delegados de los Comités MSF y OTC y las instituciones de normalización privadas 
para que los delegados de los países en  desarrollo pudieran manifestar sus 
preocupaciones y quizás autorizar a las in stituciones de normalización privadas a 
informar sobre las medidas que hayan adoptado. 
• Podría invitarse a los Miembros a poner en conocimiento de los Comités las 
iniciativas que hayan adoptado para prestar asistencia técnica en relación con el cumplimiento de las normas privadas. 
 A corto plazo, las actividades de este tipo cons tituyen sin duda el medio más importante que 
brinda el marco de la OMC para la acción en el ám bito de las normas privadas.  Si los Comités MSF y 
OTC mantienen la cuestión de las normas privadas en sus programas de trabajo durante cierto tiempo, es posible que algunos donantes consideren apropi ado facilitar la participación de los países en 
desarrollo que tengan experiencias pertinentes que compartir.   
13. Simultáneamente podrían proseguirse otras activid ades de asistencia técnica referentes a las 
normas privadas.  En esta materia, ha habido diversos  tipos principales de asistencia técnica:  estudios 
para identificar y evaluar la incidencia y los efect os de las normas privadas y apoyo sobre el terreno a 
las actividades de producción y comercialización en caminadas a facilitar el cumplimiento de las 
normas privadas en los países en desarrollo.  En relación con los estudios nuevos que se lleven a cabo sobre esta cuestión, sería conveniente abrir una nu eva línea de trabajo consistente en someter las 
normas privadas a un examen detallado de aspectos co mo su fundamento científico, su relación con 
las normas oficiales que se aplican en mercados clave, su eficacia en términos de protección de la salud humana y la protección del consumidor, etc.  Esos estudios ayudarían a las organizaciones del 
sector privado a aumentar la utilidad y precisión de sus normas.  También permitirían que se hiciese un análisis mejor fundamentado de estas cuestiones en tre los Miembros de la OMC, en las ONG y en 
otros lugares.  En el momento oportuno quizás sea útil patrocinar una conferencia internacional para 
congregar a las numerosas partes interesadas, con objeto de que examinen el panorama general y 
analicen las posibilidades de cooperar en la  concepción y aplicación de normas privadas.  
Conclusiones jurídicas 
14. El estudio jurídico O'Connor and Company ha si do contratado para preparar un informe sobre 
tres cuestiones: 
 a) Examen y análisis jurídico de l as disposiciones pertinentes de la OMC, 
principalmente (pero no de forma exclusiv a) las de los Acuerdos MSF y OTC.   
 b) Jurisprudencia pertinente de la OMC y orientaciones interpretativas en forma de 
decisiones ad hoc  o trabajos preparatorios de los Acuerdos MSF y OTC.   
 c) Opciones jurídicas y posibles propuestas de modificación de las disposiciones del 
Acuerdo MSF y/o del Acuerdo OTC.    
 El informe sobre los dos primeros puntos figura en  el anexo 5;  el relativo al tercer punto está 
en el anexo 6.  G/SPS/GEN/802 
 Página 11 
 
 
  15. Sus conclusiones en relación con el primer punto son las siguientes: 
 i) La aplicación de las disposiciones del Acuerdo MSF a las entidades no 
gubernamentales que formulan y que aplican normas a la luz del artículo 13 del 
Acuerdo MSF  depende en gran medida de la  definición de "institución no 
gubernamental". 
 ii) Puede afirmarse que sólo las entid ades privadas a las que el gobierno ha 
encomendado la ejecución de determinadas ta reas o que tienen por otros motivos una 
condición jurídica especial caen dentro de la definición de entidad no gubernamental 
con arreglo al Acuerdo MSF. 
 iii) Por el contrario, también puede a ducirse que la definición de "entidad no 
gubernamental" en el Acuerdo MSF es más amplia e incluye también a otras 
instituciones privadas a las que el Gobier no no ha encomendado determinadas tareas, 
pero que funcionan en el territori o de un Miembro de la OMC .  
 iv) La interpretación literal del artículo 13 de l Acuerdo MSF indica que la cuestión de la 
definición de "entidad no gubernamental" no está resuelta. 
 v) Aunque las disposiciones del Acuerd o MSF no se refieran directamente a las 
entidades no gubernamentales, a la luz del artículo 13 del Acuerdo MSF , los 
Miembros de la OMC tienen la responsabilidad  de velar por que las actividades de las 
entidades no gubernamentales se ajusten al Acuerdo.   
 vi) De conformidad con el artículo 4 de l Acuerdo OTC, los Miembros de la OMC 
tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las 
instituciones no gubernamentales con activ idades de normalización existentes en su 
territorio acepten y cumplan el Código de  Buena Conducta.  Además, los Miembros 
no adoptarán medidas que tengan por efecto ob ligar o alentar directa o indirectamente 
a dichas instituciones con actividades de normalización a actuar de manera incompatible con el Código de Buena Conducta. 
 vii) El artículo 8 del Acuerdo OTC se refiere directamente a las obligaciones de los 
Miembros de la OMC en relación con las actividades de las instituciones no gubernamentales que aplican procedimientos  de evaluación de la conformidad. 
 viii) Otros Acuerdos de la OMC, como el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios, el Anexo sobre Telecomunicaciones, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición son 
útiles para distinguir entre las actividades  no gubernamentales y las gubernamentales. 
16. Las conclusiones referentes al segundo punto son las siguientes: 
 i) No hay jurisprudencia de la OMC en  relación con las entidades no gubernamentales y 
el artículo 13 del Acuerdo MSF.  Sin embargo, el informe de un grupo especial que no se refería a las instituciones no gube rnamentales permite sacar algunas 
deducciones sobre la forma en que un grupo especial podría analizar una posible 
vulneración del Acuerdo MSF por una ins titución no gubernamental.  En primer 
lugar, se remitiría al artículo 13 del Acuerdo MSF para de terminar si hay 
"responsabilidad" de un Miembro de la OMC;   luego, "examinando el caso a la luz 
del párrafo 1 del artículo 1 de l Acuerdo MSF", establecería si la medida impugnada es G/SPS/GEN/802 
Página 12  
 
  una medida sanitaria o fitosanitaria y, por último, decidiría si se ha producido una 
infracción del Acuerdo MSF. 
 ii) De conformidad con otra jurisprudencia de la OMC, es necesario que haya cierto 
grado de intervención del gobi erno para que una medida pue da ser examinada a la luz 
de los Acuerdos de la OMC.  Además, en la jurisprudencia  relativa a las disposiciones 
del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias referentes a los actos de 
"encomendar" u "ordenar" se ha llegado a la conclusión de que el significado 
corriente de las palabras "encomiende" y "ordene" presupone una "acción explícita y 
afirmativa de delegación o de mando".  
 iii) Otros datos interpretativos, como los tr abajos preparatorios de los Acuerdos OTC y 
MSF o la labor de los correspondientes Com ités de la OMC, no añaden demasiados 
elementos interpretativos sobre las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales de elaboración de normas y las encargadas de su aplicación.  La 
distinción entre instituciones privadas y en tidades no gubernamentales parece ser una 
actividad crucial que quizá deba em prenderse a nivel de la OMC. 
 iv) De la historia de la negociación del Acuerdo MSF se desprende  que ninguna persona 
ni país propuso que dicho Acuerdo se aplicara a las actividades de las organizaciones del sector privado. 
 v) Además, hasta la fecha no se ha realizado ningún otro examen de esta cuestión con 
arreglo a las normas de la OMC en el marco del Comité MSF ni en la OMC en general. 
17. Las conclusiones relativas al tercer punto son las siguientes:  
 i) En lo referente a los sistemas constitucionales de los Miembros de la OMC y al efecto 
directo de las normas de la OMC: 
- La imposición de normas de la OMC a entidades privadas sin intervención 
pública o gubernamental de los Miembros  de la OMC que tengan jurisdicción 
sobre dichas entidades privadas exigiría que las normas de la OMC tuvieran 
un efecto directo.  
- Los Acuerdos de la OMC no se pronuncia n sobre la cuestión de si sus normas 
deberían tener un efecto directo, y es competencia de cada Miembro de la OMC decidir cómo incorporar la norma tiva de la OMC a su ordenamiento 
jurídico interno. 
- Algunas partes contratantes, considera ndo el objeto y la finalidad de los 
Acuerdos de la OMC, han concluido que dichos Acuerdos no figuran entre 
las normas aplicables por sus órganos  judiciales cuando examinan la 
legalidad de las normas de su legislación interna. 
 ii) Las normas privadas pueden plantear un problema de competencia interna (por 
ejemplo, el abuso de posición dominante o la colusión entre minoristas) que quizá 
convenga estudiar y analizar con más deteni miento como posible modo de progresar. 
 iii) La cuestión de las normas privadas o de instituciones no gubernamentales también 
podría abordarse pidiendo orientaciones interp retativas, por ejemplo en forma de una 
decisión ad hoc  en el marco del sistema de la OMC y, en particular, de los Acuerdos  G/SPS/GEN/802 
 Página 13 
 
 
  MSF y OTC.  Aunque se trata de un enfoque que es teóricamente posible y que quizá 
haya que alentar, parece que en la práctica será difícil debatir y adoptar una decisión ad hoc de ese tipo, debido a lo difícil que será poner en marcha los mecanismos de 
procedimiento necesarios en el sistema de  la OMC, a la complejidad de las 
deliberaciones y las negociaciones, a la previsible falta de acuerdo entre los Miembros 
de la OMC acerca de la necesidad de da r ese paso y a la probable oposición de 
poderosos grupos de presión a tal iniciativa. 
 iv) Podrían adoptarse medidas para crear un fo ro institucionalizado para el debate en la 
OMC sobre la cuestión de las normas privad as o de instituciones no gubernamentales 
y su relación con el comercio.  Para que ello ocurriera, los Miembros de la OMC 
deberían ponerse de acuerdo sobre el texto que habría que añadir al Acuerdo MSF y/o 
al Acuerdo OTC (en forma de enmienda o mediante un instrumento jurídico independiente).  Esta opción parece posib le pero probablemente no sea realista. 
 v) Una opción similar podría consistir en tr atar de llegar a un acuerdo sobre la cuestión 
de las normas privadas o de instituciones no gubernamentales y su relación con el 
comercio en un grupo escogido de Miembros de la OMC, que redactarían, adoptarían 
y se comprometerían a respet ar determinadas obligaciones ad hoc  por medio de un 
"instrumento plurilateral".  Un ejemplo de una  iniciativa plurilateral de este tipo en el 
sistema de la OMC es el Documento de referencia sobre las telecomunicaciones .  
Este instrumento jurídico brindaría la oportunidad de regular algunos aspectos fundamentales de las normas privadas o de instituciones no gubernamentales sin 
imponerlas a todos los Miembros de la OMC, pero permitiéndoles adoptar 
voluntariamente esos compromisos adicional es.  También en este caso la viabilidad 
práctica de este enfoque parece escasa. 
 vi) El mecanismo formal de solución de  diferencias de la OMC también podría 
considerarse una opción jurídica posible con la  que abordar la cuestión de las normas 
privadas.  Aunque esto no sea muy probable , un país en desarrollo podría iniciar un 
procedimiento de solución de diferencias c ontra otro Miembro de la OMC en relación 
con una norma privada que presumiblemente  no tuviera una justificación científica, 
que fuera utilizada ampliamente por vari os minoristas y que constituyera una 
condición de facto  para el acceso a los mercados de ese Miembro de la OMC.  El 
mecanismo de solución de diferencias de la OMC es oneroso, delicado desde el punto 
de vista político y a menudo no puede dar los resultados esperados.  
 vii) Podría establecerse en el sistema de la OMC un comité especializado que abordara la 
cuestión de las normas de las institucion es no gubernamentales (y otras cuestiones 
referentes a las organizaciones no gubernamen tales), como instrumento de consulta y 
cooperación con las organizaciones de esa na turaleza dedicadas a las cuestiones de 
que se ocupa la OMC.  Resulta difícil imag inar que se pueda identificar y organizar a 
una ONG para que se haga eco del descontento de los comerciantes de los países en desarrollo en relación con las normas privad as o de instituciones no gubernamentales.  
Además, los grupos de presión que tienen intereses y programas opuestos probablemente establecerían ONG similares para hacer oír su voz discrepante en el debate. 
 viii) Una enmienda formal de uno o más de  los Acuerdos abarcados (MSF, OTC) podría 
ser otra forma de abordar la cuestión de  las normas privadas y la posición de las 
normas de las instituciones no gubernamentales en  el sistema de la OMC.  En esencia, 
una propuesta de modificación de los Acue rdos de la OMC como el Acuerdo MSF o 
el Acuerdo OTC tendría que ser presentada a una Conferencia Ministerial de la OMC, G/SPS/GEN/802 
Página 14  
 
  que luego transmitiría la enmienda propuest a a los Miembros de la OMC para su 
examen y posible aceptación.  El artículo X de la Carta de la OMC establece la 
mayoría necesaria para una enmienda formal.  En la práctica, el procedimiento que habría que seguir y las mayorías que habría  que conseguir indican claramente que 
sería particularmente difícil introducir enmiendas a los Acuerdos de la OMC.   G/SPS/GEN/802 
 Página 15 
 
 
  II. INFORME PRINCIPAL 
A. MANDATO  
1. El mandato de este proyecto (expuesto íntegramen te en el anexo 1) comporta las tareas 
siguientes, con el fin de presentar un informe a la División de Políticas del DDI y a sus asociados: 
• examinar cómo han evolucionado los Acue rdos OTC, MSF y GATT con respecto a la 
inclusión y definición de la función de las instituciones no gubernamentales;  
• examinar brevemente cómo se enfocan en la OMC otras relaciones pertinentes con 
instituciones privadas, así como las po siciones y acuerdos a que han llegado los 
Miembros sobre esta cuestión;  
• analizar la relación entre las instituci ones gubernamentales y no gubernamentales en 
el marco del Acuerdo OTC, aportando ejempl os jurídicos y prácticos (sobre la base 
de conversaciones con participantes importantes y estudios del texto);  
• analizar brevemente cómo los Miembros de la OMC representan los intereses de las 
instituciones de normalización privadas en los Comités OTC y MSF de la OMC;  
• examinar cómo las instituciones no gubern amentales emplean el "Código de Buena 
Conducta" del Acuerdo OTC y otros sistemas no gubernamentales como el de la Alianza ISEAL, y estudiar la conveniencia de un mecanismo sim ilar para sistemas 
privados de inocuidad de los alim entos en el marco del Acuerdo MSF;  
• investigar las ventajas e inconvenient es de definir mejor la función de las 
instituciones no gubernamentales de norma lización en el marco del Acuerdo MSF 
(sobre la base de conversaciones con participantes importantes, incluidas 
instituciones de normalización privadas)  
- considerando algunas de las cuestiones de política planteadas en el reciente 
informe de la OCDE
1 sobre este tema, entre ellas:  
 ¿cuáles son las cuestiones cuya determinación debe confiarse al sector 
privado y cuáles requieren una supervisión o intervención de los 
gobiernos? 
 ¿en qué esferas hace falta colaboración para satisfacer las necesidades 
de la industria y los minoristas de productos alimenticios y las responsabilidades del gobierno ante la sociedad? 
• extraer conclusiones sobre cualquier pro ceso posible de mejora del Acuerdo MSF 
destinado a aumentar la interacción c on las instituciones de normalización privadas.  
2. También se necesita un análisis jurídico.  El  mandato relativo a esta parte del proyecto 
incluye: 
 a) un examen y análisis jurídico de l as disposiciones pertinentes de la OMC, 
principalmente (pero no de forma exclus iva) las de los Acuerdos MSF y OTC; 
                                                     
 
1 OCDE 2006. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 16  
 
   b) una relación de la jurisprudencia pertinente de la OMC y las orientaciones 
interpretativas en forma de decisiones ad hoc  o trabajos preparatorios de los Acuerdos 
MSF y OTC; 
 c) la formulación de opciones jurídicas y posibles propuestas de modificación de las 
disposiciones del Acuerdo MSF y/o del Acuerdo OTC.    
 El texto completo del mandato del equipo jurídico figura en el anexo 2. 
B. M
ETODOLOGÍA  
3. El presente informe está basado en  tres fuentes principales:  
• entrevistas con las personas enumeradas en el anexo 3; 
• las obras de referencia mencionadas en el anexo 4; 
• el análisis jurídico hecho por Paolo Vergano e Ignacio Carreño, de O'Connor and 
Company (anexos 5 y 6). 
C. ANTECEDENTES  
4. Los antecedentes de este proyecto se explican en el mandato, que figura en el anexo 1.  En 
pocas palabras, el proyecto responde a las preocupaciones manifestadas por algunos países en desarrollo acerca del costo y la dificultad crecien te del acceso de sus productos agrícolas a los 
mercados de los países desarrollados, debido a la imposición de condiciones estrictas por los 
compradores, en particular las grandes cadenas de supermercados de los países importadores.  Esas 
condiciones pueden referirse a los métodos de produ cción y a las características propiamente dichas 
de los productos, y pueden abarcar no sólo la inocui dad de los alimentos (que habitualmente ha sido 
función de las autoridades públicas en los países  importadores), sino también la calidad de los 
alimentos, los piensos, la protecci ón de los animales y del medio ambiente, las prácticas laborales y la 
seguridad e higiene en el trabajo.  Incluso en relaci ón con la inocuidad de los a limentos, respecto de la 
cual cabe esperar que los organismos de reglamentación de los países importadores insistan en que las 
prescripciones oficiales son perfectamente adecuadas para proteger la salud de los consumidores, las 
normas impuestas por los compradores pueden ser todavía más rigurosas.  Por su parte, los intereses privados en los países importadores afirman que sus normas privadas voluntarias
2 son necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las prescripciones ofic iales, complementar o reforzar el control oficial 
de las importaciones, responder a las inquietudes de los consumidores y (lo más importante) proteger 
el valor de las marcas privadas y la reputación de los minoristas.   
5. Como reacción a la tendencia de la última década a establecer normas privadas voluntarias 
cada vez más estrictas y de más alcance, los países en desarrollo han recurrido a la Organización Mundial del Comercio para determinar si las disposiciones de los acuerdos abarcados 
correspondientes, en particular el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
                                                     
 
2 En los trabajos sobre el tema se emplean in distintamente las expresiones "normas privadas" y 
"normas privadas voluntarias".  Ambas se refieren a prescripciones a las que está supeditada la compra de 
mercancías y que son establecidas por compradores privad os.  Dichas prescripciones son voluntarias en el 
sentido de que no las impone la ley;  sin embargo, al propio tiempo puede ocurrir que en la práctica un 
proveedor no tenga más opción que cumplir las normas para poder vender a los principales compradores de 
determinados productos en algunos mercados concretos.  Como se observa en el mandato de este proyecto, en este último aspecto, el cu mplimiento de las normas privadas puede ser obligatorio de facto .  En este informe, se 
emplean las denominaciones "normas privadas" y "normas privadas voluntarias" con el mismo significado. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 17 
 
 
  (Acuerdo MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos T écnicos al Comercio (Acuerdo OTC), ayudan a 
contrarrestar esa tendencia.  Los representantes de  las grandes cadenas de supermercados reconocen 
que hay un riesgo comercial asociado a la reacción negativa de los países en desarrollo frente a sus 
normas privadas voluntarias. 
1. Algunos ejemplos de normas privadas voluntarias 
6. El documento de antecedentes elaborado por la Secretaría de la OMC3 para la reunión del 
Comité MSF de febrero de 2007 incluye un cuadro donde se mencionan algunos de los sistemas de 
normas privadas voluntarias más destacados: 
Sistemas de empresas  
específicas Sistemas colectivos  
nacionales Sistemas colectivos 
internacionales 
o Tesco Nature's Choice 
o Carrefour Filière Qualité 
  o Assured Food Standards 
o British Retail Consortium 
Global Standard - Food (Norma alimentaria global 
del Consorcio británico del 
comercio minorista - 
Productos alimenticios) 
o QS Qualitat Sicherheit  
o Label Rouge 
o Norma técnica de la 
Federación de la industria de la alimentación y la bebida 
(Food and Drink Federation) 
y del Consorcio británico del comercio minorista (BRC) 
para el suministro de 
ingredientes y productos alimenticios no modificados 
genéticamente de identidad 
preservada o EurepGAP 
o International Food Standard 
(Norma alimentaria internacional) 
o Global Food Safety Initiative 
(Iniciativa Mundial de 
Inocuidad de los Alimentos) 
o ISO 22000: Food safety 
management systems 
(Sistemas de gestión de la 
inocuidad de los alimentos) 
o Safe Quality Food (SQF) 
(Productos alimenticios 
inocuos y de calidad) 1000 y 2000 
o ISO 22005: Trazabilidad 
(rastreabilidad) en la cadena de alimentación animal y 
humana 
 
 
7. Los sistemas de normas privadas voluntarias por lo común empezaron ocupándose de las 
cuestiones relacionadas con la integridad de lo s productos (antes y después de la salida de la 
explotación agrícola) y han ido cambiando progresiva mente, hasta abarcar cuestiones relacionadas 
con la procedencia (ambientales, laborales, de higiene y seguridad en el trabajo, etc.).  Algunos sistemas (como EurepGAP) se refieren de manera especial a las buenas prácticas agrícolas, por lo que 
se ocupan principalmente de las actividades en la  explotación, mientras que otros (como la Norma 
alimentaria global del Consorcio británico del comercio minorista, BRC) se ocupan de las fases 
ulteriores de la cadena de producción y distribuc ión de los alimentos.  Muchos sistemas hacen 
hincapié en el control de los procesos usando mecanis mos para verificar la inocuidad de los alimentos 
basados en el análisis de peligro s y puntos críticos de control (HACCP) u otros métodos.  La finalidad 
principal de algunos sistemas (como la Iniciativ a Mundial de Inocuidad de los Alimentos) es 
armonizar varios sistemas diferentes o compararlo s entre sí;  otros se utilizan a sí mismos como 
puntos de referencia.  Algunos si stemas (como Tesco Nature's Choice) han sido desarrollados y son 
aplicados por una empresa exclusivamente para us o propio;  otros (ISO 22000) están pensados para 
una aplicación general.  La mayor parte de los si stemas depende para su aplicación de auditorías de 
terceros efectuadas por organismos de certificaci ón acreditados.  A pesar de que hay infinidad de 
diferencias (de mayor y menor importancia) entre los distintos sistemas, a efectos del presente estudio 
                                                     
 
3 OMC:  Las normas privadas y el Acuerdo MSF  (G/SPS/GEN/746). 
 G/SPS/GEN/802 
Página 18  
 
  no se distinguirá entre las tres categorías de sistemas identificadas en el cuadro anterior, a menos que 
dicha distinción sea significativa en relación con la respuesta apropiada al mandato del estudio. 
D. C
OMENTARIOS Y ESTUDIOS EMPÍRICOS  
8. En los últimos años se han publicado muchos tr abajos sobre el tema de las normas privadas 
voluntarias, incluidos varios estudios empíricos s obre industrias y países concretos.  El presente 
informe no tiene la finalidad de examinar y sint etizar esas obras;  en cualquier caso, hay varios 
comentarios recientes que ofrecen excelentes reseñas.4  Con todo, el análisis efectuado en este informe 
ha de basarse en una descripción de la naturale za del problema (si existe), sus características 
particulares y su magnitud. 
9. En un estudio de la OCDE5 basado en entrevistas con representantes de destacados minoristas 
de productos alimenticios, titulares de normas y fabri cantes, así como en encu estas de asociaciones de 
agricultores se señala lo siguiente:  
"Garantizar la inocuidad de los alimentos se c onsidera un requisito básico para comerciar en 
el sector de los alimentos.  Más del 85 por ciento de los minoristas dijeron que las normas que imponían eran más rigurosas que las del gobierno y aproximadamente la mitad de ellos 
dijeron que eran notablemente más rigurosas ...  Este resultado se explica por los protocolos 
de control de la inocuidad y la  calidad adoptados y por los requisitos adicionales propios de 
cada empresa.  Estos pueden incluir listas ampl iadas de posibles alérgenos y contaminantes, 
materiales de embalaje y atención especial  en los procedimientos de transporte, 
almacenamiento y distribución." 
 En resumen: 
"En líneas generales, el estudio concluye que los sistemas de normas privadas voluntarias 
pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema alimentario y generar y garantizar 
características específicas de los producto s y procesos a un costo razonable para los 
consumidores.  Sin embargo, estas normas tambié n pueden dar por resultado la exclusión de 
algunos productores.  La observancia de lo s sistemas de normas privadas voluntarias puede 
excluir a los productores que, por no poder ap rovechar economías de escala o por otros 
motivos, tienen dificultades para cumplir las prescripciones impuestas por las normas y preservar su viabilidad económica.  El estudio también indica que esta cuestión podría tener mayor importancia para los agricultores peque ños de los países en desarrollo, que a menudo 
deben enfrentarse además a la falta de servici os institucionales y de infraestructura física 
eficientes.  Sin embargo, este hecho no se debe exclusivamente a los sistemas de normas 
privadas, sino que probablemente se enmarca en las tendencias generales de organización de 
la industria (por ejemplo, la concentración, la búsqueda de economías de escala o de nuevas 
formas de comerciar) que se están desarrollando en todos los sectores de la economía." 
 En el estudio también se llegó a la siguiente conclusión: 
"Los resultados de la encuesta de asociaciones de agricultores confirmaron la gran 
importancia atribuida a la inocui dad de los alimentos, pero también a otras características del 
                                                     
 
4 Véanse, por ejemplo, Jaffee y Henson 2004, OCDE 2006, Chia-Hui Li 2006. 
 
5 Comité de Agricultura: Final report on private standards and the shaping of the agro-food system , 
Dirección de Alimentación, Ag ricultura y Pesca de la OCDE, París, 2006 .  Lisa Fulponi fue la funcionaria de 
contacto para este estudio. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 19 
 
 
  proceso de producción, en especial las práctic as agroambientales.  Se consideró que el 
cumplimiento de las normas privadas era una condición previa para concertar transacciones tanto con los fabricantes como con los minoristas.  Sin embargo, en muchas respuestas se indicó que las prescripciones de las distintas normas se superponían y se manifestó el deseo 
de que las normas se armonizaran.  Los efectos  señalados de las normas sobre los ingresos y 
el medio ambiente eran ambiguos." 
10. Spencer Henson (documento del Consorcio de Investigación Comercial Agrícola 
Internacional, 2006) señala: 
"Examinando en primer lugar la posibilidad de que las normas privadas sobre inocuidad y 
calidad de los alimentos creen obstáculos al comercio, resulta evidente que los sistemas 
reforzados conexos de control de  la inocuidad y la calidad de los alimentos, que en muchos 
casos van mucho más allá de las prescripcion es reglamentarias, pueden imponer importantes 
costos de cumplimiento a los exportadores.  Además, es probable que estos costos sean más 
elevados para los exportadores de los países donde las normas públicas y/o privadas sobre inocuidad de los alimentos están menos desarrolla das.  ... Al mismo tiempo, sin embargo, en 
muchos mercados de productos agrícolas y alim enticios, las normas públicas siguen siendo la 
forma predominante de gestión (por ejemplo, en los cereales a granel, las legumbres y hortalizas y frutas para elaboración, etc.), de modo que es poco probable que en la actualidad 
las normas interempresariales y colectivas pr ivadas sobre inocuidad y calidad de los 
alimentos constituyan un obstáculo importante al  comercio.  Asimismo, en muchos países del 
mundo las normas privadas están menos desarro lladas (en el Japón, por ejemplo) y los 
reglamentos públicos son la influencia  predominante en el comercio." 
 En otro trabajo, Henson y Reardon
6 hacen la siguiente observación: 
"Comunicar al consumidor urbano o de los países desarrollados que las normas privadas 
exceden en rigor y/o en grado de aplicación a las normas públicas alienta a los consumidores a comprar productos procedentes de países que  en otro caso considerarían que tienen 
reglamentaciones poco exigentes en materia de calidad e inocuidad." 
11. Según un importante estudio del Banco Mundial
7: 
"Aunque las normas nuevas o más estrictas puede n constituir un obstáculo al comercio, más 
a menudo sirven como elemento cataliz ador de un cambio paulatino.  Unas normas más 
rigurosas pueden estimular a la inversión en la  modernización de la cadena de la oferta, 
aportar mayores incentivos para la adopción de mejores prácticas de control de la inocuidad y 
la calidad en la agricultura y la fabricación de  alimentos y contribuir a aclarar las funciones 
convenientes y necesarias del gobierno en la vigila ncia de la inocuidad de los alimentos y la 
sanidad agropecuaria.  En lugar de mermar  la ventajas comparativa de los países en 
desarrollo, el proceso de cumplimiento puede generar nuevas formas de ventajas comparativas y contribuir a un comercio más sostenible y rentable a largo plazo, como 
demuestran los estudios monográficos sobre la  horticultura de Tailandia y Kenya, los 
camarones de Tailandia y Nicaragua y las especias de la India." 
 Además: 
                                                     
 
6 Henson y Reardon 2005. 
 
7 Banco Mundial 2005. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 20  
 
  "Los países en desarrollo como grupo no son perjudicados por el endurecimiento de las 
normas sanitarias y fitosanitarias.  Sin embargo, los diferentes métodos usados para asegurar el cumplimiento y las dificultades técnicas y administrativas que ello supone afectan a la 
competitividad relativa de algunos países en los mercados de productos alimenticios de alto 
valor.  Los proveedores más grandes y más ac tivos tienden a tener una  ventaja especial, 
porque pueden aprovechar economías de escala,  tienen más acceso a la información y se 
benefician de una sólida reputación (por ejempl o, entre los inspectores extranjeros).  Con 
todo, la adopción de medidas eficaces puede ser decisiva.  Hay ejemplos de industrias bien 
organizadas y de empresas y cadenas de suminist ro bien administradas en países de bajos 
ingresos (como Kenya) que han mantenido o incluso mejorado su competitividad y su 
participación en el mercado durante este período de aplicación de normas más rigurosas." 
12. Los autores del trabajo del Banco Mundial advierten que el entorno en que se aplican las 
normas es complejo y dinámico, por lo que no es f ácil generalizar:  el equilibrio entre las normas 
como obstáculos y las normas como catalizador es es específico para cada producto y en cada 
mercado.   
13. Un importante estudio hecho para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)
8 acerca de la relación de la certificación por terceros con las medidas 
sanitarias y fitosanitarias y el comercio agroalimen tario internacional incluyó tres monografías sobre 
países.  En el informe del estudio (en el anexo 4,  sobre la relación entre los minoristas de productos 
alimenticios de los Estados Unidos y la certificación por terceros) se observa que: 
"La pregunta de quién paga la certificación por  terceros tiene una respuesta fácil:  el 
proveedor.  Todos los participantes [representa ntes de minoristas de los Estados Unidos] 
explicaron que se espera de los proveedores que sufraguen el costo íntegro de la certificación por terceros y los gastos complementarios ulteri ores de las auditorías anuales.  Se dijo que 
normalmente esos costos se transferirían a fases posteriores de la cadena de suministro pero que, en un entorno tan competitivo, en el  que hay tantos proveedores y tan pocos 
compradores, a los proveedores les resulta muy difícil transferir dichos costos.  Los 
minoristas eran conscientes de que no es raro que los proveedores de los países en desarrollo 
tengan que pagar los viajes por avión de a uditores a lugares donde no hay empresas de 
auditoría por terceros.  Reconociendo que la certificación por terceros podía ser sumamente 
cara y que esto suponía una carga enorme para los proveedores, algunos participantes trataron de encontrar alternativas que no impusieran a los proveedores la necesidad de pagar más 
gastos innecesarios.  Esa fue una de las principales razones de que se promoviera la 
formulación de normas de auditoría y de que se aplicaran normas de auditores en lugar de las 
normas de cada minorista, de modo que los pr oveedores sólo tuvieran que recurrir a una 
auditoría, y no a varias, para satisfacer de manera económica los requisitos de todos sus 
compradores.   
Por lo general, sin embargo, los participantes opinaron que los beneficios de la certificación 
por terceros superan a su costo.  En primer lugar, la certificación por terceros puede emplearse como un instrumento de comercializ ación para promover los productos (aunque 
ningún participante dijo que respondía a es as campañas de comercialización).  En segundo 
lugar, la certificación por terceros permite a los compradores acceder a las cadenas minoristas más grandes.  Por lo tanto, si los comprador es desean participar en esos mercados, no tienen 
más alternativa que recurrir a la certificación por terceros." 
                                                     
 
8 Véase Development Alternatives, Inc . 2005. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 21 
 
 
  1. Cuestiones que suscitan inquietud 
14. Una muestra pequeña9 de opiniones incluidas en la literatura pertinente ha permitido 
confeccionar la siguiente lista breve de cu estiones que pueden suscitar preocupación: 
• Aunque las normas privadas voluntarias pueden en muchos casos suponer un 
estímulo para mejorar las prácticas y el re ndimiento de la producción en los países 
exportadores y dar una ventaja competitiv a a los productores que las cumplen, 
también pueden convertirse en importantes obst áculos al acceso a los mercados para 
algunas industrias en algunos países, en esp ecial en los países menos adelantados.  
Asimismo pueden representar una desventa ja proporcionalmente mayor para los 
productores más pequeños.  
• Esos obstáculos al comercio tienen que ver c on varios factores, entre los que figuran: 
- los costos iniciales de capital para nuevos edificios e instalaciones de otro 
tipo, para los HACCP en las empresas y otros sistemas de inocuidad de los 
alimentos, etc.; 
- los gastos iniciales y periódicos por concepto de certificación por terceros; - costos de explotación más elevados para los productores; - la reducción de los márgenes de beneficio.   
• La carga para los exportadores es más pesada cuando, por ejemplo: 
- las normas privadas voluntarias se formulan sin consultar a los proveedores; - deben cumplirse diferentes prescripciones privadas para distintos mercados y 
para diferentes compradores en el  mismo mercado de exportación;   
- la certificación por terceros sólo puede obtenerse a precios propios de los 
países desarrollados;   
- los compradores no ofrecen contratos de compra a largo plazo para reducir la 
incertidumbre de los proveedores dispuestos a cumplir las prescripciones, que deben hacer inversiones para cumplir las normas privadas voluntarias.   
 Los productores también pueden considerarse pe rjudicados si se imponen normas privadas 
ostensiblemente más estrictas que no estén justificadas objetivamente, por ejemplo en el caso de una cadena de supermercados europea que insistió en que  los residuos de plaguicidas no fueran de más de 
un tercio del nivel prescrito oficialmente.
10  También puede ocurrir que a los productores les resulte 
                                                      
9 De ninguna manera se quiere dar a entender que la muestra sea representativa. 
 
10 Véase Chia-Liu (2006), p. 27.  Esta iniciativa significa, o bien que el minorista desconocía el 
fundamento técnico con que normalmente se fijan los límites máximos de residuos -a saber, tan por debajo del nivel que científicamente se considera inocuo como lo pe rmiten las buenas prácticas agrícolas-, o bien que el 
minorista tenía la intención de engañar a los consumidores afirmando que las mercaderías que vendía eran más 
seguras porque se les aplicaran normas privadas más estrictas, o ambas cosas.  Otro importante minorista europeo dice que, "si a nuestros clientes no les gusta", simplemente no permitirá que un determinado producto 
químico de uso agrícola se aplique a los productos que adquiere, aunque ese producto químico sea inocuo 
cuando se emplea correctamente. G/SPS/GEN/802 
Página 22  
 
  difícil conciliar exigencias de los importadores no relacionadas con las car acterísticas del producto 
(por ejemplo, prescripciones sobre protección de los animales o el medio ambiente, es decir, las llamadas "características de confianza") con las circ unstancias, los valores y las prácticas locales. 
15. La lista de cuestiones precedente no pretende ser exhaustiva;  su finalidad es simplemente 
ayudar a delimitar el tratamiento que se hace a continuación del problema general de las normas 
privadas voluntarias en el contexto de la Organización Mundial del Comercio. 
E. H
ISTORIA DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE LOS ACUERDOS GATT,  MSF  Y OTC 
• Examinar cómo han evolucionado los Acu erdos OTC, MSF y GATT con respecto a 
la inclusión y definición de la funció n de las instituciones no gubernamentales11 
1. Sinopsis del Acuerdo MSF 
16. El Acuerdo MSF se negoció durante la Ronda Uruguay para establecer disciplinas sobre el 
empleo posible de medidas técnicas (normas alimentarias, controles de cuarentena, etc.) con objeto de 
impedir su utilización injustificada o arbitraria como  obstáculos al comercio.  Objetivos similares tuvo 
la elaboración del Acuerdo OTC en sustitución de l Código de Normas del GATT, de aplicación 
voluntaria, negociado en la Ronda de Tokio y adoptado en 1979. 
17. El Acuerdo MSF confirma el derecho de los Mi embros de la OMC a aplicar las medidas que 
consideren necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales contra determinados ries gos específicos.  Al propio tiempo, impone a los 
Miembros de la OMC la obligación de lograr el ni vel apropiado de protección de una manera que no 
dé por resultado restricciones arbitrarias o injustificadas del comercio.  Por consiguiente, las medidas sanitarias y fitosanitarias (leyes, reglamentos, nor mas, prescripciones oficiales en materia de 
inspección, certificación, muestreo, prueba, etc.) só lo deben aplicarse en cuanto sean necesarias y no 
pueden mantenerse sin testimonios científicos sufi cientes.  Tampoco pueden mantenerse medidas de 
una manera discriminatoria, teniendo en cuenta los riesgos relativos.  Se considera que las medidas 
basadas en las normas, directrices y recomendacion es internacionales cumplen estas prescripciones, y 
los Miembros están obligados a basar sus medida s en normas internacionales, cuando existan, a 
menos que haya una justificación científica para a doptar un enfoque más estricto, o que dicho enfoque 
sea necesario para alcanzar el nivel adecuado de protección.  Las medidas no basadas en normas 
internacionales deben basarse en una evaluación de l riesgo apropiada a las circunstancias y deben 
reflejar un enfoque coherente para alcanzar el nive l aceptable de protección contra el riesgo.   Pueden 
adoptarse medidas a título provisional cuando los testim onios científicos pertinentes sean insuficientes 
para efectuar una evaluación adecuada del riesgo, pero se debe tratar de obtener la información adicional necesaria para una evaluación más objetiv a del riesgo, y las medidas provisionales deben 
revisarse en un plazo razonable.   
18. Hay disposiciones especiales sobre el r econocimiento de zonas libres de plagas y 
enfermedades o en las que su incidencia es reducida, así como sobre la aceptación por el país importador de las medidas aplicadas por el país ex portador que difieran de las del país importador, 
pero que logren el mismo nivel de protección que las de este último (y que por lo tanto son 
equivalentes ). 
19. El Acuerdo MSF contiene dis posiciones detalladas sobre la transparencia  para garantizar que 
todos los Miembros puedan acceder a información acerca de las medidas sanitarias y fitosanitarias 
                                                     
 
11 Para facilitar la lectura, la parte pertinente del ma ndato del presente proyecto se cita de esta forma al 
comienzo de las secciones correspondientes. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 23 
 
 
  que afectan o pueden afectar a su comercio con ot ros Miembros de la OMC.  En particular, cada 
Miembro deberá tener un servicio de información a disposición de lo s demás Miembros de la OMC, y 
las medidas nuevas que no estén basadas en normas internacionales deberán notificarse con antelación 
a los demás Miembros, para que puedan tenerse en  cuenta las observaciones que formulen.  A este 
último efecto, se designará un solo organismo nacional de notificación.  
20. Las normas, directrices y recomendaciones internacionales mencionadas en el Acuerdo MSF 
son las normas pertinentes promulga das por la Comisión del Codex Alim entarius (en lo referente a la 
inocuidad de los alimentos) y la Oficina Inte rnacional de Epizootias (u Organización Mundial de 
Sanidad Animal), así como en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.  
Cabe señalar que en est e contexto el término norma  no tiene el mismo significado que en el texto del 
Acuerdo paralelo de la OMC sobre Obstáculos Técn icos al Comercio.  En el Acuerdo MSF, una 
norma es una especificación prescriptiva de apli cación obligatoria;  en el Acuerdo OTC, es una 
especificación prescriptiva de aplicación voluntaria;  en este último Acuerdo las normas obligatorias 
-ya sean oficiales o privadas- reciben el nombre de reglamentos técnicos . 
21. La disposición del Acuerdo MSF que al parecer puede estar más directamente relacionada con 
la cuestión del establecimiento y la aplicación de  normas privadas es el artículo 13, relativo a la 
aplicación: 
En virtud del presente Acuerdo, los Miem bros son plenamente  responsables de la 
observancia de todas las obligaciones en él  estipuladas.  Los Miembros elaborarán y 
aplicarán medidas y mecanismos positivos  que favorezcan la observancia de las 
disposiciones del presente Acuerdo por las instituciones que no sean del Gobierno central.  
Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de 
que las entidades no gubernamentales  [sin negritas en el original]  existentes en su territorio, 
así como las instituciones regionales de que  sean miembros las entidades competentes 
existentes en su territorio, cu mplan las disposiciones pertin entes del presente Acuerdo.  
Además, los Miembros no adoptarán medidas que  tengan por efecto obligar o alentar directa 
o indirectamente a esas instituciones regionales o entidades no gubernamentales , o a las 
instituciones públicas locales, a actuar de m anera incompatible con las disposiciones del 
presente Acuerdo.  Los Miembros se asegurarán de que sólo se recurra para la aplicación de 
las medidas sanitarias o fitosanitarias a los servicios de entidades no gubernamentales  si 
éstas se atienen a las disposiciones del presente Acuerdo.   
 La posibilidad de aplicar esta disposición al establecimiento y la aplicación de normas 
privadas depende de si se considera que la expresión "entidades no gubernamentales" abarca las 
instituciones privadas. 
2. Sinopsis del Acuerdo OTC 
22. De conformidad con el Acuerdo OTC, los Miembr os de la OMC han de basar los reglamentos 
técnicos que aplican a los productos importados (c omo prescripciones en materia de calidad de los 
productos o normas relativas a los equipos de com unicaciones) en normas internacionales, cuando las 
haya y sean pertinentes.  Si los reglamentos técn icos no se basan en normas internacionales pero si 
pueden afectar significativamente al comercio, deben elaborarse de una manera transparente y debe 
darse a los demás países la posibilidad de formular  observaciones, que se tendr án en cuenta antes de 
su ultimación.  Los reglamentos técnicos han de  tener un objetivo legítimo y no deben ser más 
restrictivos del comercio que lo que sea necesario pa ra alcanzar dicho objetivo, teniendo en cuenta la 
posibilidad de que su incumplimiento acarree c onsecuencias negativas.  Las medidas aplicadas no 
deben constituir una discriminación en  favor de las mercancías de producción nacional, ni de las 
mercancías procedentes de un país exportador con respecto a mercancías similares procedentes de 
otro país exportador.  Hay dispos iciones paralelas en relación con los procedimientos de evaluación G/SPS/GEN/802 
Página 24  
 
  de la conformidad (mecanismos im puestos por un país importador pa ra verificar que un producto se 
ajusta a las prescripciones nacionales pertinentes).  El Acuerdo OTC contiene disposiciones sobre 
transparencia similares en líneas generales a las del Acuerdo MSF. 
23. El artículo 3 del Acuerdo OTC se refiere a la elaboración, adopción y aplicación de 
reglamentos técnicos por instituciones públicas locales y por instituciones no gubernamentales 
(definidas, aunque no en forma exhaustiva, como las instituciones no gubernamentales legalmente 
habilitadas para hacer respetar un reglamento técn ico).  En líneas generales, los Miembros están 
obligados en virtud de este artículo a tomar las medid as razonables que estén a su alcance para lograr 
que las organizaciones no gubernamentales cumplan l as disposiciones del artículo 2 del Acuerdo (a 
excepción de la obligación de notificar), es decir, garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
señaladas en el párrafo anterior.  Además, el artículo 8 establece que los Miembros pondrán el 
máximo empeño en asegurarse de que las in stituciones no gubernamentales que apliquen 
procedimientos de evaluación de la conformidad cu mplan las disposiciones del Acuerdo relativas a la 
evaluación de la conformidad por parte de las ins tituciones gubernamentales.  El artículo 4 prevé la 
misma obligación de poner el máximo empeño para  que las instituciones no gubernamentales con 
actividades de normalización cumplan el Código de  Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, que figura en un anexo al Acue rdo.  (El artículo 4 obliga a las instituciones del 
Gobierno central con actividades de normalización a aceptar y cumplir el Código de Buena Conducta.) 
24. El Código de Buena Conducta dispone que las instituciones de normalización deberán 
atenerse a los principios de no discriminaci ón, evitar obstáculos innecesarios al comercio 
internacional, respetar las normas internacionales existentes, colaborar con las instituciones de 
normalización internacionales pertinentes, evitar la duplicación del trabajo realizado por otras 
instituciones de normalización, definir las normas sobr e las características de los productos en función 
de las propiedades de uso y empleo de los produc tos más que en función de su diseño o de sus 
características descriptivas, velar por la transpar encia y consultar a las partes interesadas.  Las 
instituciones con actividades de normalización que ha yan aceptado el Código notificarán este hecho al 
Centro de Información de la ISO/CEI, que publicará regularmente la lista de dichas instituciones.  En 
la lista publicada en enero de 2006 figuraban instituciones de normalización de 113 países, así como organizaciones europeas y de Hong Kong, China.
12  La mayor parte de las instituciones que aparecen 
en la lista son instituciones de normalización del Gobierno central y el resto son en su mayoría 
instituciones de normalización nacionales de base amplia, cuyas actividades no se limitan a un solo 
sector de actividad.  Figuran unas pocas instituci ones pertenecientes a sectores específicos de la 
industria, por ejemplo en Australia, Corea y el Jap ón, que se ocupan principalmente de normas sobre 
electricidad, electrónica y telecomunicaciones.  En la lista de enero de 2006 no figuraba ninguna institución de normalización no gubernamental dedicada  a las normas sanitarias o fitosanitarias, ni a 
las normas alimentarias específicamente. 
3. Consideración de las normas privadas y la función de las instituciones no 
gubernamentales 
25. Los Acuerdos MSF y OTC se negociaron en la  Ronda Uruguay, entre 1986 y 1994.  Si bien 
las normas privadas voluntarias se emplearon ampliamente antes y durante ese período, las normas sobre inocuidad eran consideradas por lo común co mo una esfera de acción de los gobiernos, que se 
plasmaba en reglamentos técnicos (según la term inología del Acuerdo OTC) o en medidas sanitarias 
(según la terminología del Acuerdo MSF).  La incorporación en las normas privadas voluntarias de las 
preocupaciones de los consumidores acerca de las características de los alimentos referentes a la protección de los animales, el medio ambiente, la segur idad e higiene en el trabajo y la seguridad del 
                                                     
 
12 ISO/CEI 2006. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 25 
 
 
  consumidor, por ejemplo, es un fenómeno posterior a la negociación de los Acuerdos MSF y OTC y 
que coincidió con el rápido aument o de la penetración en el mercado de las cadenas de supermercados 
muy grandes (" multiples ", según la terminología británica).  Según lo que recuerdan dos personas que 
participaron directamente en las negociaciones que desembocaron en el Acuerdo MSF13, la 
posibilidad de aplicar el Acuerdo a las normas privadas voluntarias no se mencionó nunca en las 
reuniones formales de negociación ni en los debates informales.  Como se comenta con más detalle 
más adelante, la referencia a las "entidades no g ubernamentales" en el artículo 13 del Acuerdo no 
contemplaba por lo tanto específicamente la aplic ación del Acuerdo MSF a la elaboración de normas 
privadas voluntarias ni la evaluación de la conformidad a la luz de dichas normas.   
26. Por el contrario, el Acuerdo OTC aborda no so lamente la elaboración y aplicación (incluida la 
"evaluación de la conformidad") de reglamentos técn icos obligatorios por parte de los gobiernos, sino 
también, de manera explícita, las actividades privadas de elaboración y adopción de normas y de 
evaluación de la conformidad.  Existían anteceden tes de estas obligaciones establecidas en el marco 
de la OMC en relación con las actividades privadas en el Código de Normas del GATT, que contenía 
disposiciones sobre la elaboración, adopción y apli cación de reglamentos técnicos y normas por parte 
de instituciones no gubernamentales, así como s obre los procedimientos de evaluación de la 
conformidad por parte de dichas instituciones.  En el Acuerdo OTC se hicieron adiciones importantes, a saber el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas y las 
disposiciones mucho más extensas sobre la evalu ación de la conformidad.  Estas últimas podrían 
considerarse una respuesta directa a casos anteriores notorios, por ejemplo el de un país europeo que 
imponía la evaluación de la conformidad de de terminados aparatos electrónicos de consumo 
importados después de su llegada, pero limitaba la  posibilidad de efectuar dicha evaluación a un solo 
emplazamiento alejado de los pue rtos de entrada, lo que significaba que se producían importantes 
demoras en el procedimiento de evaluación.  (En la  sección 2.1.1 del informe jurídico contenido en el 
anexo 5 y en el documento de la Secretaría  de la OMC de 1995 figura información más 
pormenorizada sobre la historia de  la negociación del Acuerdo OTC.) 
4. GATT 
27. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio no prevé una función para las 
instituciones no gubernamentales. 
F. L
A OMC  Y LAS INSTITUCIONES PRIVADAS  
• Examinar brevemente cómo se enfocan en la OMC otras relaciones pertinentes con 
instituciones privadas, así como las po siciones y acuerdos a que han llegado los 
Miembros sobre esta cuestión 
28. Por lo general, las relaciones entre la OMC y l as instituciones privadas (en la limitada medida 
en que se producen de vez en cuando) conciernen en su mayor parte al intercambio mutuamente 
beneficioso de información, lo cual se debe a que  los Miembros de la OMC son gobiernos nacionales 
y a que las disciplinas impuestas por los Acuerdos  abarcados se refieren a la conducta de los 
Miembros.  Los Miembros de la OMC, en virtud de una decisión adoptada por el Consejo General 
hace unos 10 años, decidieron no dar a las organizaciones no gubernamentales la condición de 
observadoras en los distintos Comités de la OMC;  una excepción es la ISO (que está compuesta por 
                                                      
13 Gretchen Stanton, que presidió casi todas las re uniones de negociación, y el autor principal del 
presente informe (Digby Gascoine), quien representó a Australia en las negociaciones. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 26  
 
  una combinación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales), que participa en calidad de 
observadora en los Comités MSF y OTC.
14 
G. LOS MIEMBROS DE LA OMC  Y LAS INSTITUCIONES DE NORMALIZACIÓN PRIVADAS  
• Analizar brevemente cómo los Miembros de la OMC representan los intereses de 
las instituciones de normalización privadas en los Comités OTC y MSF de la OMC 
29. Dado que el Acuerdo MSF no c ontiene ninguna mención directa de las instituciones de 
normalización privadas, no resulta extraño que no hubiera ninguna referencia a esas organizaciones en 
las actuaciones del Comité MSF antes de las interv enciones de San Vicente y las Granadinas y otros 
países15 en junio de 2005 en relación con EurepGAP  y las exportaciones de bananos (y otros 
productos).  La reacción de la Unión Europea en esa ocasión se resumió como sigue: 
"La representante de las Comunidades Europeas aclaró que EurepGAP no era un órgano de 
las CE ni de ninguno de sus Estados miembros .  Era un consorcio del sector privado que 
representaba los intereses de los principales minoristas.  En ningún caso podían las 
prescripciones de EurepGAP ser presentadas co mo prescripciones de las CE.  Aun cuando 
esas normas, en ciertos casos, excedieran de las prescripciones establecidas en las normas 
sanitarias y fitosanitarias de las CE, éstas no podían oponerse a ellas porque no estaban en 
contradicción con la legislación comunitaria.  Esta era una cuestión que las CE deseaban 
debatir en el seminario informativo que se celebra ría el 19 de julio [de 2005] en Bruselas.  La 
representante de las Comunidades Europeas alentó a los países en desarrollo, y en particular a 
los PMA, a examinar esta cuestión junto con las organizaciones no gubernamentales, puesto que, en muchos aspectos, las prescripcion es de EurepGAP se hacían eco de las 
preocupaciones de éstas.  La actual acumulación de normas de este tipo ofrecía una 
oportunidad para hacer hincapié en el valor de las normas oficiales, ya que las normas 
privadas eran a menudo mucho más estrictas."
16  
 Posteriormente se organizó una sesión de info rmación, paralelamente a la reunión del Comité 
MSF de octubre de 2006, con representa ntes de EurepGAP y la UNCTAD.   
30. En febrero de 2007 los miembros del Comité MSF volvieron a tratar la cuestión.  La 
Secretaría, San Vicente y las Granadinas, las Baha mas, la UNCTAD, la ISO y la OCDE presentaron 
documentos.  En el debate, la mayor parte de las delegaciones que intervinieron opinaron que las 
normas privadas tenían ventajas e inconvenientes:   a quienes podían cumplirlas, les proporcionaban 
algunos beneficios en términos de un mejor acceso a los mercados, pero también suscitaban 
considerable preocupación en relación con los costos  adicionales de certificación, la ausencia de 
mecanismos de rendición de cuentas, la falta de  participación de los países en desarrollo en la 
elaboración de las normas, etc.  No obstante, las normas privadas no iban a desaparecer, y a los 
exportadores más grandes les resultaría más fáci l cumplirlas que a los más pequeños.  Por 
consiguiente, era necesario centrarse en ayudar a los productores más pequeños y en lograr una mayor 
participación de los países en desarrollo en el esta blecimiento de normas priv adas.  Se acordó volver a 
debatir la cuestión en la reuni ón de junio del Comité, que sería  precedida por una nueva reunión 
informal en la que participarían represe ntantes de EurepGAP y del Comité OTC. 
                                                      
14 La ISO tenía una condición similar en re lación con el antiguo Código de Normas. 
 
15 Jamaica, el Perú, el Ecuador y la Argentina. 
 
16 OMC:  G/SPS/R/37. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 27 
 
 
  31. En los países que disponen de mecanismos de consulta entre el gobierno y las partes 
interesadas sobre las cuestiones que se plantean en  los Comités MSF y OTC, sería normal que se 
procediera a un intercambio de información c on las instituciones de normalización privadas con 
antelación a reuniones como la prevista para el próximo  mes de junio.  Así tendría que ser en la mayor 
parte de los países desarrollados y probablemente en  muchos países en desarrollo cuyas industrias de 
exportación pueden resultar afectadas por las normas privadas.  Sin embargo, los Miembros de la 
OMC no están obligados a representar a las instituci ones privadas en las actuaciones de los Comités 
de la OMC.  Por otra parte, en caso de que los Mi embros decidieran que las disposiciones de uno de 
los Acuerdos, o de ambos, exigen un enfoque pro activo del gobierno para someter a disciplinas las 
actividades de los organismos de normalización priv ados, dichos organismos desearían sin duda que 
sus opiniones se pusieran en conocimiento de los Com ités y los gobiernos de los Miembros, de modo 
que habría que considerar cómo podría hacerse esto.  Al mismo tiempo, por analogía con las 
disposiciones de los Acuerdos MSF y OTC que prevén  que los Miembros participen en la medida de 
sus posibilidades en las actividades de las instituciones competentes de normalización internacionales, 
los Miembros quizá consideren necesario participar más activamente en el establecimiento de normas 
privadas.  Todas estas propuestas hipotéticas son problemáticas. 
H. DEFINIR LA FUNCIÓN DE LAS INSTITUCIONE S DE NORMALIZACIÓN NO GUBERNAMENTALES EN 
EL MARCO DEL ACUERDO MSF,  INCLUIDA LA POSIBLE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE BUENA 
CONDUCTA DEL ACUERDO OTC   
• Investigar las ventajas e inconvenientes de definir mejor la función de las 
instituciones no gubernamentales de norm alización en el marco del Acuerdo MSF 
(sobre la base de conversaciones con participantes importantes, incluidas 
instituciones de normalización privadas); 
- considerando algunas de las cuestiones de política planteadas en el reciente 
informe de la OCDE17 sobre este tema, entre ellas: 
 ¿cuáles son las cuestiones cuya determinación debe confiarse al 
sector privado y cuáles requieren una supervisión o intervención de 
los gobiernos?; 
 ¿en qué esferas hace falta co laboración para satisfacer las 
necesidades de la industria y los minoristas de productos alimenticios y las responsabilidades del gobierno ante la sociedad?; 
• examinar cómo las instituciones no gubernamentales emplean el "Código de 
Buena Conducta " del Acuerdo OTC y otros sistemas no gubernamentales como el 
de la Alianza ISEAL, y estudiar la con veniencia de un mecanismo similar para 
sistemas privados de inocuidad de los a limentos en el marco del Acuerdo MSF. 
1. Alcance de la cuestión 
32. Para examinar este aspecto del mandato, se deja de lado la cuestión práctica de si el Acuerdo 
MSF puede
 modificarse de alguna forma para definir mejor la función de las instituciones de 
normalización no gubernamentales, cuestión que se trata en la sección siguiente.  El asunto central 
que se trata aquí es si, en conjunto, sería deseable  introducir algún tipo de disciplina, limitación o 
directriz para la elaboración y aplicación de nor mas privadas voluntarias relacionadas con cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias abarcadas por el Acuerdo MSF.   El análisis abarcará no sólo las instituciones 
                                                      
17 OCDE 2006. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 28  
 
  privadas de normalización, sino también las institu ciones privadas que aplican dichas normas.  (En 
algunas ocasiones, como ocurre con algunas grand es cadenas de supermercados, quien establece las 
normas es también quien las aplica.) 
2. Principios 
33. La intervención reglamentaria o de otro tipo de los gobiernos en las actividades económicas 
del sector privado responde a objetivos como la me jora de la eficiencia en la utilización de los 
recursos (por ejemplo, facilitando la competencia en  los mercados) o la reducción de las disparidades 
entre los beneficios y costos privados y los benefi cios y costos sociales (estos últimos incluyen 
externalidades como los daños al medio ambiente).  Los gobiernos también intervienen para corregir 
las desigualdades en la distribución de los ingreso s o la riqueza.  Los argumentos a favor de la 
intervención dependen de que ésta pueda hacerse de una manera práctica y eficiente y constituya una 
respuesta efectiva a un problema importante.   
34. En el marco de la OMC, el objetivo principa l es reducir, contener o impedir la creación de 
obstáculos injustificados al comercio.  En este c ontexto, los problemas de desigualdad no tienen que 
ver con los individuos, sino con el desequilibri o entre los países más ricos y los más pobres, 
reconocido de distintas formas en los acuerdos abar cados con las disposicion es sobre la asistencia 
técnica, el trato especial y diferenciado, etc. 
3. Características positivas de las normas privadas voluntarias 
35. ¿Crean las normas privadas voluntarias obstáculos arbitrarios o injustificados al comercio?  
Los representantes de las cadenas de supermercados que aplican normas privadas sostienen ante todo 
que su participación es necesaria para garantizar el cumplimiento de las prescripciones oficiales.  Al 
menos en algunos países, es indiscutible que lo s comerciantes en productos alimenticios son 
jurídicamente responsables de garantizar la inocui dad de los productos y deben dar muestra de la 
debida diligencia para garantizar la conformidad c on las normas oficiales.  Ocasionalmente se observa 
que las medidas oficiales pueden no ser efectivas siempre, de modo que está justificado que los 
mayoristas y minoristas de alimentos apliquen medidas de inocuidad apropiadas.  Sea como fuere, los 
principios que rigen en la actualidad el contro l de los alimentos suponen que la responsabilidad 
primordial de garantizar la inocuidad de los alimentos corresponde a los productores, los 
distribuidores y los vendedores de productos alimen ticios, y no a los organismos reguladores públicos, 
cuya función se reduce cada vez más a hacer aud itorías de la conducta del sector privado a este 
respecto.  En la medida en que las normas privadas  tienen la finalidad de cumplir las prescripciones 
oficiales, resulta difícil ver cómo se podría defende r una intervención cuyo propósito fuera limitar la 
actuación de las instituciones privadas competentes.  
36. En segundo lugar, se aduce que los consumidores quieren que los alimentos ofrezcan un nivel 
de seguridad mayor que el previsto en los si stemas oficiales de control.  Algunas cadenas de 
supermercados y otros representantes de la industr ia dicen que sus normas privadas constituyen una 
respuesta legítima a esa demanda.  Aunque los or ganismos gubernamentales tienden a ver con malos 
ojos que los minoristas usen argumentos sobre la inocuidad de los productos para promover su venta 
(porque al hacerlo dan a entender que los alimento s vendidos por otros son menos seguros o incluso 
no lo son en absoluto), es difícil refutar de mane ra concluyente la posición de la industria si ésta 
respeta debidamente la soberanía del consumidor y en  la medida en que las disposiciones de seguridad 
que se adoptan no son excesivamente onerosas en rela ción con los resultados efectivos.  Puede incluso 
ocurrir que las instituciones privadas dedicadas a la  producción, distribución y venta de alimentos 
conozcan mejor que los organismos gubernamentales lo s riesgos que pueden crear los alimentos.  No 
hay pruebas claras de que las normas privadas volun tarias actúen significativamente en perjuicio de 
los consumidores, especialmente si los mayores co stos asociados a las medidas adicionales de  G/SPS/GEN/802 
 Página 29 
 
 
  inocuidad que exigen los minoristas pueden comp ensarse con reducciones en otros costos o los 
márgenes de beneficio de los diferentes componentes de la cadena de suministro.  
37. En tercer lugar, los minoristas aducen que su  elevado nivel de inversión en la creación y 
comercialización de sus marcas de distribuidores justifica la adopción de medidas muy rigurosas para prevenir el daño que causaría a sus marcas una crisis  en la inocuidad de los alimentos.  Aunque se 
trata de un argumento interesado, resulta difícil ver cómo se podría defender una intervención de los 
gobiernos por conducto de la OMC que antepusie ra efectivamente la opinión del gobierno a este 
respecto a la de los titulares de las marcas.  
38. En cuarto lugar, se argumenta que la impos ición de prescripciones privadas estrictas a los 
productores tiene efectos positivos porque estimula la  capacitación técnica y la inversión de capital e 
incrementa la calidad de los productos.  Eso puede  ser beneficioso para el proveedor, no sólo en 
términos de acceso a los mercados en los que el cumplimiento de las normas privadas es una 
condición previa, sino también por que puede facilitar el acceso a una variedad mucho mayor de 
mercados.  Aunque esta línea de argumentación pue de ser convincente para algunos proveedores y 
algunos países, otros posibles proveedores pueden seguir descontentos porque no se han beneficiado 
en el mismo grado, o porque sus productos ha n tenido un menor acceso a los mercados o una 
demanda menor. 
4. Características negativas 
39. Desde el punto de vista negativo, se plantea toda  una gama de cuestiones.  Una es si el 
gobierno debería intervenir de alguna forma cua ndo una iniciativa del sector privado distorsiona 
manifiestamente el comercio sin una justificación adecuada.  Otra se refiere al carácter abierto e 
inclusivo del proceso de elaboración y aplicación de las normas.  Una tercera preocupación es si 
quienes aplican las normas privadas voluntarias han h echo todo lo posible para  garantizar que las 
prescripciones se puedan cumplir al menor bajo, por ejemplo armonizándolas con otras normas en la medida en que ello es factible, asegurando un alto grado de competencia en el suministro de servicios de auditoría y certificación, y así sucesivamente.    
5. Opiniones de las organizaciones privadas 
40. Ninguna organización privada de las consultadas por el autor vio justificación alguna para 
someter el establecimiento de normas privadas a ningu na disciplina basada en la OMC.  Sin embargo, 
al mismo tiempo ha quedado claro que los intereses privados son sensibles a las críticas contra sus 
normas privadas voluntarias y están dispuestos a res ponder a ellas, naturalmente dentro de los límites 
de su situación competitiva.  
6. Otras consideraciones 
41. De conformidad con el modelo implícito en el Acuerdo MSF, los gobiernos de los países 
importadores adoptan medidas para controlar los riesgos  para la inocuidad alimentaria asociados a los 
alimentos importados;  y estas medidas deben ser no más rigurosas que lo necesario para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, es decir, debe n bastar para lograr el nivel de protección 
considerado adecuado por el país  importador.  De ello se desp rende que, a igualdad de otras 
condiciones, si el sector privado introduce medid as nuevas que reducen significativamente los riesgos 
para la inocuidad alimentaria, el gobierno debería poder modificar sus medidas en consonancia, para 
que éstas fueran apropiadas en las nuevas circunsta ncias creadas por la iniciativa privada.  Por 
ejemplo, si los importadores privados introducen pa ra sus propios fines nuevas prescripciones para las 
pruebas de laboratorio u obligan a hacerlas para  garantizar que los productos se ajustan a sus 
especificaciones de inocuidad, la frecuencia de l as pruebas oficiales efectuadas por los organismos 
públicos de reglamentación o en su  nombre podría reducirse sin por e llo disminuir el nivel apropiado G/SPS/GEN/802 
Página 30  
 
  de protección nacional.  En realidad, podría aducir se que, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo 
MSF, los gobiernos están obligados a hacer ese ajuste para evitar aplicar medidas más rigurosas de lo necesario para alcanzar el nivel apropiado de protecc ión.  Los Miembros de la OMC deben mantener 
sus medidas sanitarias y fitosanitari as en examen y actualizarlas en respuesta a los cambios en las 
circunstancias.   
7. Utilización de los códigos de prácticas 
42. La Alianza Internacional de Acreditación y E tiquetado Social y Ambiental (Alianza ISEAL) 
dice que es "una asociación de organizaciones in ternacionales líderes de desarrollo de normas, 
certificación y acreditación que centra sus esfuerzos en asuntos sociales y ambientales [y que] apoya normas y sistemas de evaluación de la conformi dad fiables elaborando medios de creación de 
capacidad para reforzar las activ idades de los miembros y fomentando una certificación social y 
ambiental voluntaria y fiable como instrumento le gítimo de política en el comercio y el desarrollo 
mundiales".  Su Código de Buena Conducta para adoptar normas ambientales y sociales  tiene la 
finalidad de servir como referencia para ayudar a las organizaciones de normalización a mejorar la formulación de normas sociales y ambientales.  Uno de sus objetivos es evitar la creación de 
obstáculos innecesarios al comercio internacional.  Ese código se inspira en la Guía 59 de la ISO/CEI 
Código de buena conducta para la normalización  y en el Código de Buena Conducta  del Acuerdo 
OTC, al que complementa. 
43. El Código ISEAL establece que las organizaciones de normalización deben: 
• tener procedimientos documentados sobre el  proceso de formulación de cada norma, 
incluida la "participación activa de un grupo equilibrado de partes interesadas"; 
• disponer de un mecanismo de solución de reclamaciones;   
• publicar un programa de trabajo al menos cada seis meses; 
• publicar una justificación de la necesidad de la norma y especificar claramente los 
objetivos que dicha norma se propone alcanzar; 
• velar por que las normas sean pertinentes;  se basen en conocimientos científicos y 
técnicos actualizados;  comporten criter ios, indicadores y puntos de referencia 
objetivos y verificables;  puedan adapta rse a las condiciones económicas, sociales, 
ambientales y reglamentarias locales;  se expresen en forma de una combinación de criterios sobre procesos, gestión y resultados, y no en función del diseño o de características descriptivas;  y que no restrinj an el comercio más de lo necesario para 
cumplir sus objetivos legítimos; 
• permitir como mínimo dos rondas de presentación de observaciones por las partes 
interesadas, tener en cuenta dichas obser vaciones y explicar la respuesta dada; 
• adoptar decisiones por consenso, de modo que "ningún grupo de partes interesadas 
pueda dominar ni ser dominado en el proceso de adopción de decisiones" 
- con un mecanismo alternativo para el caso de que no pueda alcanzarse el 
consenso; 
• publicar las normas sin demora y distribuirlas a un costo mínimo; 
• revisar las normas periódicamente;  G/SPS/GEN/802 
 Página 31 
 
 
  • promover activamente la armonización de las normas y/o los acuerdos de 
equivalencia técnica entre normas; 
• participar en la medida de sus posi bilidades en la elaboración de normas 
internacionales pertinentes conformes con la concepción y los objetivos de la 
organización de normalización. 
44. Obviamente, el Código está en consonancia con las prioridades del Código de Buena 
Conducta del Acuerdo OTC (com entado en el párrafo 24 supra ) y no se pueden oponer objeciones a 
sus propósitos.18  La cuestión es si la observancia ge neralizada de dicho Código modificaría 
significativamente las circunstancias en las que se ha llan los exportadores de lo s países en desarrollo.  
Para dar una respuesta convincente a esta pregunta haría falta analizar una muestra de las normas 
ambientales, laborales y de otro tipo pertinentes, identificar sus características objetables desde el 
punto de vista de los exportadores y valorar si un  proceso mejor estructurado de formulación de las 
normas podría haber producido un resultado más satisfact orio para todas las partes.  Resulta tentador 
imaginar que la conclusión de dicho estudio sería que un mejor proceso de establecimiento de normas 
eliminaría algunas o todas las quejas relacionadas con el procedimiento (aviso previo, consulta, etc.), 
pero que en último térmi no no supondría una gran diferencia en la carga que el cumplimiento supone 
para los exportadores.  Un punto importante de de sacuerdo entre quienes elaboran normas y quienes 
las aplican sería casi seguramente la justificación de la necesidad de una norma y la especificación 
clara de sus objetivos.  Muy probablemente las mismas conclusiones se podrían extraer en relación 
con la aplicación del Código del Acuerdo OTC a la elaboración de normas privadas voluntarias. 
45. Un problema especial es el costo de la evaluación de la conformidad respecto de las normas 
sobre procesos y métodos de producción (PMP), que para los pequeños e xportadores puede ser muy 
elevado en relación con su volumen de negocios y sus beneficios de exportación.19  El artículo 8 del 
Acuerdo OTC establece que los Miembros tomarán las medidas razonables para asegurarse de que las 
instituciones no gubernamentales cumplan las disposic iones de los artículos 5 y 6 (sobre la evaluación 
de la conformidad y el reconocimiento de esa evalu ación).  Si el artículo 8 se aplicara efectivamente, 
el artículo 5 proporcionaría orientaciones acerca de  los procedimientos de evaluación de la 
conformidad con las normas privadas, y el artículo 6 daría orientaciones sobre el reconocimiento de la 
evaluación de la conformidad.  El artículo 6 alie nta a los Miembros a aceptar los procedimientos de 
evaluación de la conformidad de los demás Miem bros siempre que, en opinión de los Miembros 
(importadores), garanticen la c onformidad.  Por analogía, esto parece exigir a las instituciones 
privadas que prescriben la evaluación de la confor midad a los exportadores que acepten la evaluación 
de la conformidad realizada por una instituci ón designada por el exportador, siempre que el 
importador esté convencido de "la competencia técni ca suficiente y continuada de las instituciones 
pertinentes de evaluación de la conformidad".20  Es muy probable que la aplicación de dicha 
disposición influya poco o nada en la situación actua l concreta imperante en los países en desarrollo 
                                                      
18 Sin embargo, en algunos detalles es discutible que las disposiciones del Código de la ISEAL sean 
correctas.  Como ejemplos cabe citar:  el hecho de qu e el párrafo 5 del artículo 5 no establezca la obligación de 
explicar por qué es necesario desviarse de las normas internacionales pertinentes;  la disposición del párrafo 6 
del artículo 5 de que los procedimientos que han de guiar la adopción de decisiones en ausencia de consenso 
garantizarán que ningún grupo de partes interesadas pueda dominar ni ser dominado en el proceso de adopción de decisiones;  y la disposición del párrafo 5 del artículo 6 de que las normas se expresarán en forma de 
combinación de criterios sobre procesos, gestión y resultados, y no en función del diseño o de características 
descriptivas.   
 
19 Véanse, por ejemplo, el estudi o efectuado para la USAID por Development Alternatives, Inc. , y las 
dos referencias de Andrew Graffham y otros. 
 
20 Párrafo 1.1 del artículo 6 del Acuerdo OTC.  G/SPS/GEN/802 
Página 32  
 
  exportadores, donde puede haber muy pocos especia listas locales fiables de evaluación de la 
conformidad que cobren tarifas locales en lugar de tarifas de nivel internacional. 
I. M
EJORA DEL ACUERDO MSF 
• Extraer conclusiones sobre cualquier pro ceso posible de mejora del Acuerdo MSF 
destinado a aumentar la interacción con las instituciones de normalización 
privadas 
46. En el mandato correspondiente se piden conclu siones sobre "cualquier proceso posible de 
mejora del Acuerdo MSF destinado a aumentar la  interacción con las instituciones de normalización 
privadas".  En este informe se interpreta de manera  muy amplia este enunciado y se considera no sólo 
la posibilidad de enmendar el Acuerdo en sí, sino también si es práctico y útil desarrollar interpretaciones operativas de las disposiciones pert inentes del Acuerdo;  por otro lado, se entiende 
que "aumentar la interacción con las instituciones de normalización privadas" incluye la posibilidad 
de utilizar el Acuerdo para influir o incluso, en casos extremos, imponer disciplinas sobre el uso de las 
normas privadas.   
47. Para facilitar el análisis de las opciones jurídicas y de procedimiento en los párrafos 
siguientes, hay que saber con qué fi n deberían emplearse estas opciones.  Como se ha dicho antes y en 
el informe jurídico contenido en el anexo 5, el Acuerdo MSF no se redactó pensando en su aplicación 
a las instituciones del sector privado.  Para incorpor ar plenamente en las disposiciones principales del 
texto del Acuerdo prescripciones aplicables a las actividades relacionadas con las normas privadas 
voluntarias sería necesario introducir cambios sustan ciales que, según el análisis anterior, no parecen 
estar justificados.  Por consiguiente, la cuestión en  torno a la cual se examina la mejora del Acuerdo 
MSF es la aclaración del artículo 13 y, dentro de di cha disposición, las palabras que volvemos a citar: 
… Los Miembros tomarán las medidas razonables  que estén a su alcance  para asegurarse de 
que las entidades no gubernamentales existentes en su terr itorio ... cumplan las 
disposiciones pertinentes  del presente Acuerdo.  ... Los Miembros se asegurarán de que sólo 
se recurra  para la aplicación de las medi das sanitarias o fitosanitarias a los servicios de 
entidades no gubernamentales  si éstas se atienen a las dispos iciones del presente Acuerdo.   
 Las palabras reproducidas en negritas son los té rminos y las frases cuyo significado concreto 
debería aclararse. 
2. Enmienda del Acuerdo 
48. En el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo MSF se establece que: 
El Comité [MSF]  examinará el funcionamiento y aplic ación del presente Acuerdo a los tres 
años de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y posteriormente cuando 
surja la necesidad.  Cuando proceda, el Comité  podrá someter al Consejo del Comercio de 
Mercancías propuestas de modificación del text o del presente Acuerdo teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, la experiencia adquirida con su aplicación.    
49. De conformidad con el artículo X del Acuer do de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, el Consejo del Co mercio de Mercancías (o el Consejo General, 
o cualquier Miembro) podrá promover una propuesta de enmienda de las disposiciones del Acuerdo a 
la Conferencia Ministerial.  Posteriormente se abren varias vías pero, en términos generales, la Conferencia Ministerial decide por mayoría de dos  tercios de los Miembros si somete o no una 
enmienda a la aceptación de los Miembros.  Las enmiendas surten efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para cada uno de los  G/SPS/GEN/802 
 Página 33 
 
 
  demás Miembros, tras su aceptación por él.  (Las enmiendas que no alteran los derechos y 
obligaciones de los Miembros surten efecto para todos los Miembros tras su aceptación por dos 
tercios de éstos.)21 
50. En los 12 primeros años de vigencia del Ac uerdo no se han presentado propuestas de ese tipo;  
se han hecho llegar al Comité MSF varios proyectos de propuestas sobre el trato especial y 
diferenciado, pero no se espera que se conviertan en propuestas formales de enmienda del Acuerdo.   
51. El Acuerdo MSF fue negociado en el contexto de la Ronda Uruguay, al mismo tiempo en que 
se elaboraban muchos otros Acue rdos importantes.  Las partes contratantes del GATT negociaron 
según el principio de que "nada quedaba acordado ha sta que se acordase todo";  los diversos Acuerdos 
se consideraban parte de un conjunto en el que cada país tendría ventajas y desventajas para sus 
intereses.  La enmienda de uno cualquiera de los Ac uerdos abarcados de la OMC plantea por lo tanto 
la pregunta de si con ella se perturbaría el equ ilibrio general entre beneficios e inconvenientes tal 
como lo ven uno o más Miembros de la OMC, por lo  que podrían entrar en juego más de un Acuerdo. 
52. Al mismo tiempo, "reabrir" el Acuerdo MSF para permitir la negociación de enmiendas 
relacionadas con la elaboración y aplicación de nor mas privadas podría hacer que los Miembros 
perjudicados por uno u otro motivo por el funciona miento del Acuerdo desde su entrada en vigor 
en 1995 plantearan otras cuestiones.  Dado que la gran mayoría de los Miembros de la OMC consideran que se trata de un Acuerdo sólido y ef icaz, muchos se opondrían probablemente a volver a 
negociarlo para evitar el debilitamiento de sus disciplinas. 
53. Aunque sólo fuera por estas razones parece muy improbable que el artículo 13 del Acuerdo 
MSF sea enmendado por los Miembros de la OMC, lo  cual, sin duda, no sucederá fuera del marco de 
una ronda completa de negociaciones comerciales.  Además, se plantearía el problema de lograr que 
unos 100 países prestaran su acuerdo
22 al texto de cualquier enmienda que se propusiese. 
3. Interpretación del Acuerdo 
54. El Acuerdo MSF no faculta expresamente al Comité MSF para interpretar el Acuerdo.23  En 
sentido formal, sólo están facultados para interpreta r jurídicamente uno de los Acuerdos abarcados de 
la OMC el Órgano de Apelación establecido en el marco del Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias y el Órgano de  Solución de Diferencias 
de la OMC, y solamente respecto de los asuntos  específicos que plantean ante esos órganos los 
                                                      
21 Véase una descripción más completa de las disposiciones sobre las enmiendas en el informe jurídico 
de los anexos 5 y 6. 
 
22 La OMC tiene actualmente 150 Miembros, de modo que los dos tercios mencionados en el 
párrafo 49 equivale a 100 países. 
 
23 En el párrafo 5 del artículo 5 de l Acuerdo se establece que los Miembros colaborarán en el Comité 
para elaborar directrices que foment en la aplicación práctica de dicha di sposición, con ob jeto de lograr 
coherencia en la aplicación del concepto de nivel adecua do de protección.  Por inicia tiva propia, el Comité ha 
elaborado directrices sobre la  aplicación del artículo 7, relativo a la tran sparencia, y el artículo 4, relativo a la 
equivalencia (en este último caso, la Conferencia Ministerial de Doha le confió tardíamente el mandato de 
"elabor[ar] rápidamente el programa específico para fomentar la aplicaci ón del artículo 4").  También se ha 
debatido la cuestión de la elaboración por el Comité de di rectrices sobre la aplicación del artículo 6, relativo a la 
adaptación de las medidas a las condiciones regionales.  
 G/SPS/GEN/802 
Página 34  
 
  Miembros que recurren contra una decisión de un grupo especial de solución de diferencias.
24  Como 
se indica en el informe jurídico contenido en el anexo 5, 
"Existe poca jurisprudencia de la OMC acerca  de la interpretación del artículo 13 del 
Acuerdo MSF y, en concreto, no hay juri sprudencia alguna en relación con las entidades no 
gubernamentales  y el artículo 13 del Acuerdo MSF." 
 Sería posible que uno o más países perjudica dos por la cuestión de las normas privadas 
voluntarias iniciasen un proceso de solución de difere ncias contra un país importador y que, después 
de que un grupo especial adoptase una decisión al resp ecto, se solicitase al Órgano de Apelación una 
interpretación autorizada del Acuerdo MSF o del Ac uerdo OTC en lo concerniente a su aplicación a 
las normas privadas voluntarias.  Ello es posible, pero es muy poco probable por varias razones.  Una 
razón fundamental es que, hasta la fecha, los Miem bros de la OMC que plantean esta cuestión en el 
Comité MSF normalmente son países en desarrollo, para  los cuales las dificulta des técnicas y el costo 
de incoar un caso de solución de diferencias en la OMC son muy grandes en relación con sus 
recursos. 
55. Como alternativa a una interpretación jurídi ca formal, el artículo IX del Acuerdo de 
Marrakech dispone que la Conferencia Minister ial y el Consejo General tendrán la facultad 
(exclusiva) de adoptar, por mayoría de tres cuarto s de los Miembros, interpretaciones del Acuerdo 
MSF sobre la base de una recomendación del Consejo del Comercio de Mercancías.  Esta disposición 
no puede emplearse como alternativa a los procedim ientos formales de enmienda.  Probablemente 
este procedimiento permitiese adoptar interpretacion es no controvertidas de una disposición, como el 
artículo 13 del Acuerdo MSF, pero un Miembro que se opusiese firmemente a esa interpretación 
probablemente alegaría que ésta afecta a los derechos  y/u obligaciones y, que, por lo tanto, en lugar de 
hacer la interpretación debería proponerse una enmienda formal. 
56. Las directrices sobre la aplicación de una dis posición del Acuerdo MSF no tienen la misma 
fuerza jurídica que la propia disposición.  Sin duda, cuando brindan su respaldo a esas directrices los Miembros de la OMC les atribuyen un ascende nte moral y un grupo especial sobre solución de 
diferencias las tendría indudablemente en cuenta si la cuestión se planteara en el contexto de un 
litigio, pero los Miembros de la OMC no están obligados a seguirlas.   
57. Los últimos años el Comité MSF ha negociado con éxito las directrices sobre la aplicación del 
artículo 4 del Acuerdo, relativo a la  equivalencia (es decir, la posi bilidad de que un país exportador 
aplique medidas diferentes de las especificadas por  el país importador, siempre que el exportador 
pueda demostrar que sus medidas tienen el mism o efecto que las del importador).  En este caso, 
fueron los países en desarrollo los que dieron un fuerte impulso a la elaboración de las directrices, 
pero también hubo algunos países desarrollados que , por motivos propios, querían que se conviniera 
en un enfoque práctico para la aplicación del artícul o 4.  Algunos años de esfuerzos preparatorios por 
parte de un pequeño grupo de países desarrollados, tant o de manera informal como bajo los auspicios 
del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones 
de Alimentos, sirvieron de base para el acuerdo al que finalmente se llegó en el Comité MSF. 
                                                     
 
24 Los informes del Órgano de Apelación no tienen valor jurídico hasta que los adopta el Órgano de 
Solución de Diferencias.  No pueden ser considerados en  forma aislada, sino que ha n de leerse conjuntamente 
con los informes de los grupos especiales, que son confirmados, modificados o anulados por ellos.  Por 
consiguiente, desde el punto de vista formal, sólo el Órgano de Solución de Diferencias puede realizar una interpretación jurídica en el contexto  de su adopción de determinados informes de grupos especiales y del 
Órgano de Apelación.   
  G/SPS/GEN/802 
 Página 35 
 
 
  58. La viabilidad de elaborar orientaciones de est e tipo sobre la aplicación del artículo 13 está por 
determinarse.  Los países desarrollados y los pa íses en desarrollo deberían coincidir en que 
evidentemente se nece sita una iniciativa en este sentido.  Ante todo, tendría que haber un amplio 
consenso sobre lo que debería hacerse.  Cualquier  propuesta de que los Miembros de la OMC se 
comprometieran moralmente, sobre la base de una  interpretación convenida  del Acuerdo MSF, a 
condicionar o limitar la aplicación de las normas sanitarias privadas voluntarias estaría seguramente 
condenada al fracaso.  Parece probable que, en  muchos países desarrollados, las empresas que 
formulan y aplican normas privadas voluntarias (por los beneficios que ello reporta a sus intereses 
comerciales) no verían en dicha iniciativa ninguna  ventaja y sí inconvenientes importantes para sus 
intereses, por lo que convencerían a sus gobierno s de que se opusieran a ella.  Como se dice 
sucintamente en el informe jurídico del anexo 6: 
"Aunque se trata de un enfoque que es teóricamen te posible y que quizá haya que alentar, 
parece que en la práctica será difícil debatir y adoptar una decisión ad hoc  de este tipo, debido 
a lo difícil que será poner en marcha los mecanismos de procedimiento necesarios en el sistema de la OMC, a la complejidad de las de liberaciones y las negociaciones, a la previsible 
falta de acuerdo entre los Miembros de la OMC acerca de la necesidad de dar ese paso y a la 
probable oposición de poderosos gr upos de presión a tal iniciativa." 
4. Otras opciones 
59. Si no fuese posible que todos los Miembros de la  OMC coincidieran en una interpretación del 
Acuerdo MSF en este ámbito, otra  opción teóricamente sería que un grupo de Miembros que tuviesen 
la misma posición concertaran voluntariamente un acuerdo entre ellos para comportarse de 
determinada forma en relación con las normas priv adas voluntarias.  Los precedentes de este enfoque 
son el Código de Normas del GATT, al que se adhi rieron varios signatarios del GATT, y los cuatro 
Acuerdos plurilaterales negociados  en la Ronda Uruguay (de los cuales siguen vigentes el Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles y el Ac uerdo sobre Contratación Pública).  Sin embargo, 
como la práctica es que estos acuerdos se negocien co mo parte de una ronda de negociaciones, no es 
probable que se alcance ningún acuerdo plurilateral nuevo en el futuro próximo.   
60. El Acuerdo OTC podría ofrecer un procedimiento alternativo más práctico.  El Acuerdo MSF 
sólo abarca las medidas definidas en su Anexo A;  todas las demás reglamentaciones técnicas y 
normas sanitarias y fitosanitarias están comprendidas en el Acuerdo OTC, de conformidad con las definiciones que figuran en su Anexo A.  Es dudoso que el Acuerdo MSF haya tenido la finalidad de 
aplicarse a las normas privadas voluntarias y el intento de hacer que sí se aplique a ellas se toparía con 
las diferentes dificultades reseñadas anteriormente.   Por consiguiente, sería mejor aceptar esta idea y 
considerar de qué manera las disciplinas en mate ria de OTC, tal como están establecidas, podrían 
emplearse para responder a las preocupaciones que han surgido en relación con las normas privadas 
voluntarias.  
J. I
NSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN EL ACUERDO OTC 
• Analizar la relación entre las instituci ones gubernamentales y no gubernamentales 
en el marco del Acuerdo OTC, aportando ej emplos jurídicos y prácticos (sobre la 
base de conversaciones con participant es importantes y estudios del texto) 
61. ¿Qué implicaciones tienen las disposiciones de l Acuerdo OTC para las instituciones privadas 
que formulan y aplican normas privadas voluntarias?  Como se ha dicho en forma resumida en los 
párrafos 23 y 24 supra : G/SPS/GEN/802 
Página 36  
 
  • en el artículo 3 se establece que los Miembros tomarán las medidas razonables que 
estén a su alcance para lograr que las or ganizaciones no gubernamentales cumplan las 
disposiciones del artículo 2 del Acuerdo (a  excepción de la obligación de notificar); 
• en el artículo 8 se estipula que los Miembros tomarán las medidas razonables que 
estén a su alcance para asegurarse de qu e las instituciones no gubernamentales que 
apliquen procedimientos de evaluación de la conformidad cumplan las disposiciones 
del Acuerdo relativas a la evaluación de la conformidad por parte de las instituciones 
gubernamentales; 
• en el artículo 4 se establece la misma obligación de poner el máximo empeño para 
que las instituciones no gubernamentales c on actividades de normalización existentes 
cumplan el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación 
de Normas, de forma que 
- apliquen los principios de no discriminación,  
- eviten obstáculos innecesarios al comercio internacional,  
- respeten las normas internacionales existentes,  
- colaboren con las instituciones de nor malización internacionales pertinentes,  
- eviten la duplicación del trabajo realizado por otras instituciones de 
normalización, 
- definan las normas sobre las características de los productos en función de las 
propiedades de uso y empleo de los productos más que en función de su diseño o de sus características descriptivas, 
- velen por la transparencia y por consultar a las partes interesadas.    
62. No obstante, no está claro hasta qué punto el  Acuerdo se aplica a las normas privadas 
voluntarias.  Ejemplo de ello son las norma s sobre el etiquetado de productos con fines 
medioambientales ("etiquetado ecológico").  Bajo el epígrafe  Comercio y medio ambiente , en la 
Declaración Ministerial de Doha de noviembre de 2001 se encomendó al Comité de Comercio y 
Medio Ambiente que prestara particular atención a las prescripciones relativas al etiquetado para fines 
medioambientales.  (El CCMA había tratado cuestion es afines en ocasiones anteriores.)  Igualmente, 
durante varios años el Comité OTC ha celebra do una serie de debates acerca de los PMP y en 
particular sobre etiquetado ecológico.  De esas deliberaciones se desprende que muchos países en 
desarrollo creen que las prescripciones en materia de etiquetado ecológico referentes a cuestiones 
distintas de las características inco rporadas en los productos (por ejempl o, los residuos de plaguicidas) 
están prohibidas por las normas de la OMC.  Al mismo tiempo se dice que la mayoría de los Miembros creen que el Acuerdo OTC es el instrume nto reglamentario pertinente y que el equilibrio 
entre derechos y obligaciones en dicho Acuerdo sigue  siendo apropiado para tratar los sistemas de 
etiquetado ecológico voluntarios y obligatorios. 
63. Según el informe jurídico del anexo 5 (véase 1.2.2): 
"El Acuerdo OTC, en el párrafo 2 de su Anexo 1,  contiene la siguiente definición de 'norma':  
'Documento aprobado por una institución rec onocida, que prevé, para un uso común 
y repetido, reglas, directrices o caracterís ticas para los productos o los procesos y  G/SPS/GEN/802 
 Página 37 
 
 
  métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria.  También 
puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado aplicables a un producto , proceso o método de producción, o 
tratar exclusivamente de ellas.' 
Por consiguiente, el texto del Acuerdo OTC pa rece indicar que el Acuerdo no es aplicable a 
los procesos y métodos de producción (en lo sucesivo, PMP) 'no relacionados con los 
productos'.    
En este caso, el Acuerdo OTC, incluso si se aplicase a las instituci ones no gubernamentales, 
no podría imponer restricciones, por ejemplo,  a las normas voluntarias sobre los PMP no 
relacionadas con productos (como algunas norma s sociales y ambientales), incluidas las que 
se basen en normas internacionales existentes.  Sin embargo, en ese caso estas normas 
podrían caer dentro del alcance del GATT, en pa rticular su artículo III, que recoge la 
obligación del trato nacional e impone el principio de no discriminación entre los productos de fabricación nacional y los productos importados 'similares'." 
 En el informe jurídico se afirma también que no hay jurisprudencia que ayude a entender en 
qué medida el Acuerdo OTC es aplicable a las normas voluntarias no relacionadas con productos.  
Tampoco ayuda realmente la nota de la Secretaría sobre las negociaciones que dieron por resultado el Acuerdo, aunque en ella se deja  constancia de un intento falli do en una fase tardía de las 
negociaciones por eliminar una ambigüedad de tectada en el Acuerdo sobre esta cuestión.
25 
2. "Medidas razonables" para lograr que las ON G cumplan las disposiciones del artículo 2 
64. Una medida razonable , tal como se usa la expresión en los artículos 3, 4 y 8 del Acuerdo, 
podría ser del siguiente tenor: 
"Standards Australia aplica la política de basar  'en la medida de lo posible' las normas 
australianas en normas internacionales y emplear el Acuerdo OTC de la OMC como referencia.  El Consejo de Acreditación de Normas de Standards Australia impone una 
obligación similar a las organizaciones de normalización acreditadas.  Lo que se espera por lo 
tanto es que las normas australianas sean norma s internacionales adoptadas en dicho país, a 
menos que existan razones de peso para que no sea así.  Así se asegura también que se 
                                                     
 
 25 Documento WT/CTE/W/10-G/TBT/W/11 de la OMC, de 29 de agosto de 1995:  " Nota de la 
Secretaría sobre la historia de la negociación del alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
en lo que respecta a los requisitos de etiquetado, las normas de aplicación voluntaria y los procesos y métodos de producción no relacionados con las características de productos. "  Entre otras cosas, en ella se dice: 
 
"No cabe duda de que el Acuerdo sobre Obstáculos Té cnicos al Comercio acepta las normas basadas en 
procesos y métodos de producción relacionados con las características de un producto, siempre que se 
apliquen de conformidad con sus disciplinas sustantivas.  De la historia de la negociación se desprende 
que muchos participantes eran de la opinión de que las normas basadas, entre otras cosas, en procesos y métodos de producción no relacionados con las características de un producto, no podían ser 
consideradas normas conformes al Acuerd o sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 
 En la etapa final de las negociaciones, algunas delegaciones propusieron que se modificara el texto de 
las 'definiciones' del Anexo 1 del Acuerdo para dejar claramente sentado que éste sólo abarcaba los 
procesos y métodos de producción relacionados con las características de prod uctos, pero aunque no 
consta que ningún participante se opusiera a ese ob jetivo, en esta etapa avan zada de las negociaciones 
no fue posible llegar a un co nsenso sobre esa propuesta." 
 G/SPS/GEN/802 
Página 38  
 
  cumplirán las obligaciones del Gobierno australiano en el marco de la OMC si una 
organización gubernamental adopta una de esas norm as en calidad de reglamento técnico.  
Además, Standards Australia se ha comprometi do a cumplir el Anexo 3 del Acuerdo OTC de 
la OMC, el Código de Buena Conducta para la El aboración, Adopción y Aplicación de 
Normas , que es aplicable a instituciones de  normalización no gubernamentales como 
Standards Australia ... Standards Australia ha  notificado a la OMC que se ha adherido 
voluntariamente tanto al Acuerdo OTC de la  OMC como al Código de Buena Conducta.  
De conformidad con las políticas de Standards Australia, el [Memorando de Entendimiento] 
entre Standards Australia y el Gobierno aust raliano (párrafo 3 del artículo 3) obliga a 
Standards Australia a: 
"… velar por que sus prácticas se ajusten al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización Mundial del Co mercio y al Código de Buena Conducta 
del Anexo 3 de dicho Acuerdo, a los que Standards Australia ha declarado que se 
adhiere."
26 
65. No cabe duda de que muchos otros Miembros de la OMC han tenido iniciativas similares.  Lo 
que no está claro es dónde está la línea divisoria entre las medidas razonables  y las medidas que se 
considerarían no razonables, es decir, medidas que  no cabría esperar razonablemente que un Miembro 
adoptara.  En la OMC no hay una jurisprudencia pe rtinente sobre este punto, al menos en relación con 
el Acuerdo OTC, ni existe consenso en el Com ité OTC (que, en honor a la verdad, no ha tratado 
todavía de alcanzarlo).  Una dificultad evidente es que lo que es razonable para un país, por ejemplo porque el Gobierno central está facultado legalmen te para imponer obligaciones a las organizaciones 
privadas de elaboración de normas, puede no serlo para  otro país que tenga un ordenamiento jurídico 
y constitucional distinto.  Sea como fuere, las opiniones sobre qué es razonable suelen tener un componente subjetivo. 
66. En relación específicamente con el estableci miento y la aplicación de normas privadas 
voluntarias, por ejemplo como los llevan a cabo las cadenas de superm ercados, también pueden 
identificarse algunas medidas que los gobiernos podrían adoptar: 
 - divulgar información sobre el Acuerdo OTC y sus disposiciones aplicables al 
establecimiento de normas privadas; 
 - formular y dar a conocer una política nacional sobre el cumplimiento de esas 
disposiciones, ya sea como recomendación o como norma de aplicación obligatoria; 
 - dialogar con las organizaciones privadas competentes para fomentar una conducta 
compatible con las disposiciones del Acuerdo OTC; 
 - suscribir memorandos de entendimiento con las organizaciones privadas;  - otorgar incentivos financieros para pr omover el cumplimiento por parte de las 
organizaciones privadas; 
y así sucesivamente.  Pero ¿llega una medida razonable a abarcar incluso la redacción de una nueva 
ley para imponer la observancia del Acuerdo OTC a las organizaciones privadas, cuando el gobierno 
                                                     
 
26 Informe de investigación de la Comisión de Productividad del Gobierno de Australia:  Standard 
Setting and Laboratory Accreditation , 2 de noviembre de 2006. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 39 
 
 
  de un país Miembro está facultado legalmente para  hacerlo?  Y ¿qué podrían hacer los distintos 
Miembros acerca de las organizaciones privadas que  son consorcios multinacionales?  Resultaría 
notablemente difícil determinar hasta dónde p odrían llegar las medidas razonables que podrían 
adoptar los gobiernos nacionales.   
67. Como se ha dicho antes, los organismos de normalización que aceptan el Código de Buena 
Conducta deben notificarlo al Centro de Informaci ón de la ISO/CEI.  En la lista publicada por la 
ISO/CEI en enero de 2006 figuraban instituciones de normalización de 113 países, así como organizaciones europeas y de Hong Kong, China.
27  La mayor parte de las instituciones que aparecen 
en la lista son instituciones de normalización del Gobierno central y el resto son en su mayoría 
instituciones de normalización nacionales de base amplia, cuyas actividades no se limitan a un solo 
sector de actividad.  Figuran unas pocas instituci ones pertenecientes a sectores específicos de la 
industria, por ejemplo en Australia, Corea y el Jap ón, que se ocupan principalmente de normas sobre 
electricidad, electrónica y telecomunicaciones.  En la lista de enero de 2006 (y en el addendum de la 
Secretaría, que incluye las adiciones realizad as durante 2006) no figuraba ninguna institución de 
normalización no gubernamental dedicada a las norma s sanitarias o fitosanitarias, ni a las normas 
alimentarias específicamente, aunque se cree que hay varios centenares de instituciones privadas que 
actúan en este ámbito. 
 
Canberra, Abril de 2007  
 
    
                                                     
 
27 ISO/CEI 2006. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 40  
 
  Anexo 1
 
 Mandato
 
 
Título:  Propuesta de un proyecto de consultoría para estudiar la posición que  
las normas privadas ocupan en el marco multilateral de la  
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
 
Finalidad 
• Extraer enseñanzas del Acuerdo sobre Obstácu los Técnicos al Comercio (OTC) sobre 
cómo trabajar con los organismos de nor malización privados.  Aclarar cuál es la 
posición de los organismos de normalización privados en el marco del Acuerdo MSF 
(a la luz de las observaciones formuladas por San Vicente y las Granadinas y otros en 
las reuniones del Comité MSF de junio de 2005 y posteriores).  El propósito perseguido no es modificar las disposicion es del Acuerdo MSF, sino informar a la 
División de Políticas del DDI y a sus asociados.  
Objetivos 
• Investigar la posición que las normas de las instituciones no gubernamentales ocupan 
en los Acuerdos MSF y OTC de la OMC.  
• Determinar cómo las delegaciones en los Comités OTC y MSF recogen en sus 
posiciones las opiniones de la industria o de las instituciones de normalización privadas.  
• Examinar las ventajas e inconvenientes de de finir mejor la posición que las normas de 
las instituciones no gubernamentales ocupan en los Acuerdos MSF y OTC (con la 
posible inclusión de los aspectos de dich as normas no relacionados con la inocuidad 
de los alimentos, por ejemplo, el tamaño de los productos).  
• Hacer sugerencias sobre la posible manera de mejorar la relación entre el Acuerdo 
MSF y las normas de las instituciones no gubernamentales, por ejemplo adoptando 
una decisión o directrices sobre el modo de aplicar el artículo 13.  
 Esta propuesta complementa el compromiso  expresado en el documento sobre política 
agrícola del DDI de: 
• centrarse en la creación de mercados eficaces fomentando la participación del sector 
privado mediante la adopción de normas ef icaces de cuantificación y clasificación de 
productos;  
• trabajar en asociación con las organizaciones internacionales de normalización para 
asegurar que las nuevas normas sobre productos se basen en la evaluación del riesgo y no constituyan intentos de  proteger los mercados.  
 El DDI reconoce que las normas del sector privado tienen tanto ventajas como inconvenientes 
y ha acordado colaborar con las organizaciones de no rmalización del sector privado, como lo hacemos 
con los organismos públicos de re glamentación, para dar a los agricultores en pequeña escala y pobres 
más oportunidades de cumplir sus normas.    G/SPS/GEN/802 
 Página 41 
 
 
   Las reglamentaciones públicas en materia de  MSF están supeditadas a determinadas 
disciplinas en virtud del Acuerdo MSF de la OMC;  por ejemplo, deben ser transparentes, basarse en 
la evaluación del riesgo y notificarse.  El Acuer do OTC dispone de mecanismos para la participación 
de las organizaciones privadas de normalización;  por  ejemplo, en muchos países las instituciones 
privadas de elaboración de normas o de evaluación de  la conformidad tienen servicios de información 
separados, donde los posibles importadores pueden in formarse sobre las normas.  El Acuerdo OTC 
tiene asimismo un "Código de Buena Conducta" abiert o a todos los organismos de normalización.  
Antecedentes 
 Tradicionalmente la inocuidad de los alimentos era controlada por instituciones 
gubernamentales.  Sin embargo, a partir del d ecenio de 1990 se han establecido normas privadas sobre 
inocuidad alimentaria, como las de la Iniciativ a Mundial de Inocuidad de los Alimentos y la 
Asociación Global para una Agricultura Segura y So stenible (EurepGAP), que siguen evolucionando.  
Estas normas se introdujeron para: 
• responder a la falta de confianza de los c onsumidores en los reglamentos nacionales a 
raíz de varios incidentes de gran not oriedad relacionados con la inocuidad 
alimentaria, como la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o la salmonela; 
• responder a la creciente responsabilidad de los minoristas por la inocuidad de sus 
productos; 
• dar a los minoristas un margen de diferenciación entre empresas y productos sobre la 
base de la inocuidad y la calidad de los alimentos; 
• incluir otras características que pueden ser  de interés para los consumidores, por 
ejemplo en relación con el medio ambiente, que las reglamentaciones no incluyen o no pueden incluir. 
 Estas normas se basan frecuentemente en reglamen tos públicos, pero van más allá de ellos por 
su mayor rigor o por incluir criterios adicionales, por ejemplo la utilización sostenible del agua o la 
higiene.  Pese a que las normas privadas son voluntari as, el hecho de que los supermercados controlen 
unas cuotas tan grandes del mercado ha dado lugar a que algunas normas hayan pasado a ser 
obligatorias de facto .  Las normas privadas han sido criticadas por los países en desarrollo por ser 
demasiado rigurosas y confusas.  Sin embargo, pueden reportar ciertos beneficios, como ofrecer garantías de calidad y servicios de extensión agrí cola mediante programas de apoyo a los agricultores 
por contrata.  Otros beneficios importantes son una mayor seguridad en el trabajo, beneficios 
ambientales y un menor costo de los productos químicos para la agricultura gracias a una mejor gestión de los insumos.   
 El Acuerdo sobre la Aplicación de Medid as Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC
28 se refiere 
a las medidas públicas sobre la inocuidad de los alimentos, como las que adoptan los gobiernos 
nacionales.  El Acuerdo trata de asegurar que  las medidas sanitarias y fitosanitarias tengan 
fundamentos científicos sólidos, sean equitativas y transparentes y no creen obstáculos innecesarios al 
comercio.  El Acuerdo MSF asegura que todas la s medidas sanitarias y fitosanitarias nuevas se 
notifiquen y da a los demás Miembros de la OMC la  posibilidad de formular observaciones y, si es 
necesario, manifestar sus preocup aciones acerca de dichas medidas.   
                                                      
28 Para más información sobre el Acuerdo MSF, véase http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/ 
sps_agreement_cbt_ s/intro1_s.htm.  
 G/SPS/GEN/802 
Página 42  
 
   Hasta la fecha no se ha considerado que el Acuerdo MSF abarque los sistemas privados de 
inocuidad alimentaria.  En juni o de 2005, San Vicente y las Gran adinas, Jamaica, el Perú y la 
Argentina manifestaron su desacuerdo con ello en la reunión del Comité MSF.  Adujeron que el 
artículo 13
29 obligaba a los Miembros a velar por que las instituciones no gubernamentales existentes 
en su territorio actuaran de una manera compatible  con el Acuerdo MSF.  La Comisión Europea (CE) 
respondió afirmando que EurepGAP era una institución pr ivada y que, por lo tanto, no estaba sujeta al 
control del gobierno.  En otros análisis de la CE se alega que en el Acuerdo OTC se define una 
institución no gubernamental como una institución le galmente habilitada para  hacer respetar un 
reglamento técnico.  Por lo tanto, según la opinión de la CE la expresión "instituciones no 
gubernamentales" no se refiere a agentes económic os individuales, como EurepGAP u otras 
instituciones de normalización privadas.  Sin embar go, esta interpretación no es aceptada por todos y 
en el presente proyecto se examinará este asunto más detenidamente.   
 El texto del Acuerdo OTC30 define mejor la función de las instituciones no gubernamentales;  
por ejemplo, el "Código de Buena Conducta" del Ac uerdo OTC está abierto a cualquier institución de 
normalización en el territorio de un Miembro de la OMC.31  Esta mejor definición32 podría deberse a 
la participación históricamente intensa de la industr ia privada en el establecimiento de reglamentos 
técnicos, por ejemplo del Instituto Británico de Norm as (BSI) y la ISO.  Por lo tanto, sería útil 
examinar cómo la posición de las instituciones no  gubernamentales se refleja en el Acuerdo OTC, 
cómo éste se aplica en la práctica y cómo el Comité OTC hace frente al cambio rápido de las normas privadas.  Las enseñanzas extraíd as de este análisis podrían ser aplicables al Acuerdo MSF. 
 Algunas organizaciones de elaboración de normas voluntarias ya se han inspirado en el 
"Código de Buena Conducta" del Acuerdo OTC.
33  La Alianza Internacional de Acreditación y 
Etiquetado Social y Ambiental (Alianza ISEAL), por  ejemplo, tiene un "Código de Buena Conducta 
para adoptar normas ambientales y sociales", que se formuló a partir del Código de Buena Conducta 
del Acuerdo OTC y la Guía 59 de la ISO/CEI.34  ¿Deberían otras organizaciones de elaboración de 
normas privadas, en particular las que se ocupan de cuestiones relacionadas con las MSF, adoptar 
disposiciones similares y adherirse a códigos de buena conducta?  ¿Podría el Comité MSF dar su 
respaldo a dichos códigos?  
 A medida que la integración mundial confi gura los mercados, las normas privadas adquieren 
progresivamente proyección internacional y los impo rtadores de alimentos las utilizan cada vez más 
como prueba de que sus importaciones se ajustan a las reglamentaciones públicas.  Eso tiene tanto 
ventajas (por ejemplo, en cuanto a la reglamentación conjunta y una mayor utilización de las buenas 
                                                      
29 Extracto del artículo 13 del Acuerdo MSF:  "… Los Miembros tomarán las medidas razonables que 
estén a su alcance para asegurarse de que las entidades no gubernamentales existentes en su territorio, así como 
las instituciones regionales de que sean miembros las entidades competentes existentes en su territorio, cumplan las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo …". 
 
30 Para más información sobre el Acuerdo OTC, véase http://www.wto.org/s panish/tratop_s/tbt_s/ 
tbt_s.htm. 
 
31 El Código de Buena Conducta del Acuerdo OTC se refiere en general al esta blecimiento de normas y 
puede ser aplicable al establecimiento de normas en el ámbito de la inocuidad alimentaria.  
 
32 Del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT de 1979 (el llamado "Código de 
Normas"). 
 
33 Anexo 3 del Acuerdo OTC. 
 
34 Código de Buena Conducta para la Elab oración, Adopción y Aplicación de Normas. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 43 
 
 
  prácticas agrícolas) como inconvenientes (por ejemplo, el costo creciente de la certificación).  Una de 
las posibles formas de atender las preocupaciones suscitadas al respecto es mejorar la interacción 
entre los organismos de normalización privados y lo s Acuerdos de la OMC si n reducir la capacidad de 
los sistemas privados para dar una respuesta rápida  a sus mercados.  Ante el crecimiento del número y 
el alcance de los sistemas privados de inocuidad a limentaria, el DDI y sus asociados creen que merece 
la pena investigar las opciones disponibles y las respuestas posibles.  
Contexto 
 Esta línea de trabajo forma parte de un proy ecto más amplio acerca de la influencia que las 
reglamentaciones y las normas públicas y privadas s obre productos agrícolas tienen para fomentar o 
entorpecer el acceso de los países en desarrollo a los mercados internacionales.  El DDI quiere poner 
en marcha un proceso público-privado que haga que las compras de los supermercados tengan una 
repercusión más positivas en térm inos de desarrollo sobre los productores más pobres en África.  
También se prevé ejecutar proyectos de investigación sobre el rastreo de los movimientos de los productos frescos, fomentar el diálogo entre los or ganismos públicos reguladores y las instituciones 
de normalización privadas, y colaborar con éstas para  ayudarles a tener en cuenta la repercusión en 
términos de desarrollo de la adopción de normas nuevas y la revisión de las existentes. 
Tareas específicas 
• Examinar cómo han evolucionado los Ac uerdos OTC, MSF y GATT con respecto a 
la inclusión y definición de la funci ón de las instituciones no gubernamentales.  
• Examinar brevemente cómo se enfocan en la OMC otras relaciones pertinentes con 
instituciones privadas
35, así como las posiciones y acuerdos a que han llegado los 
Miembros sobre esta cuestión.  
• Analizar la relación entre las institucion es gubernamentales y no gubernamentales en 
el marco del Acuerdo OTC, aportando ejempl os jurídicos y prácticos (sobre la base 
de conversaciones con participantes importantes y estudios de texto).  
• Sobre la base del examen y análisis in icial, redactar un mandato relativo a la 
contribución de los juristas a este estudio , especificando las esfer as concretas en que 
se necesitarán sus aportaciones y los resultados esperados.  Dicho mandato debe atenerse al presupuesto propuesto.  
• Analizar brevemente cómo los Miembros de la OMC representan los intereses de las 
instituciones de normalización privadas en los Comités OTC y MSF de la OMC.  
• Examinar cómo las instituciones no gubernamentales emplean el "Código de Buena 
Conducta" del Acuerdo OTC y otros sistemas no gubernamentales como el de la Alianza ISEAL, y estudiar la conveniencia de un mecanismo sim ilar para sistemas 
privados de inocuidad de los alim entos en el marco del Acuerdo MSF.  
• Investigar las ventajas e inconvenient es de definir mejor la función de las 
instituciones no gubernamentales de norma lización en el marco del Acuerdo MSF 
(sobre la base de conversaciones con participantes importantes, incluidas 
instituciones de normalización privadas).  
                                                     
 
35 Por ejemplo, en la OMC hay un Grupo de Trabajo sobre la Interacción entr e Comercio y Política de 
Competencia que examina las cuestiones relativas a las empresas privadas. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 44  
 
  o También deberían considerarse al gunas de las cuestiones de política 
planteadas en el reciente informe de la OCDE
36 sobre este tema, entre ellas:  
 ¿cuáles son las cuestiones cuya determinación debe confiarse al sector 
privado y cuáles requieren una supervisión o intervención de los gobiernos? 
 ¿en qué esferas hace falta colaboración para satisfacer las necesidades 
de la industria y los minoristas de productos alimenticios y las responsabilidades del gobierno ante la sociedad?  
• Extraer conclusiones sobre cualquier pro ceso posible de mejora del Acuerdo MSF
37 
destinado a aumentar la interacción c on las instituciones de normalización privadas.  
Resultados esperados 
  1. Proyecto del mandato del jurista. 
 2. Proyecto de informe para que el DDI haga sus observaciones.  2. Informe final de un máximo de 25 páginas.  Asociados 
 
Secretarías de los Comités MSF y OTC de la OMC (Gretchen Stanton y Vivien Liu) Abogados del Departamento de l Medio Ambiente, Alimentaci ón y Asuntos Rurales y del 
Departamento de Comercio e Industria Comisión Europea 
Servicios de información sobre OTC y MSF en el Reino Unido  
Instituciones de normalización privadas, como EurepGAP, la Alianza ISEAL y supermercados 
 
Recursos 
 Acuerdo MSF (http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/15-sps.doc
) 
Acuerdo OTC (http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.doc ) 
Documento de la Dirección General de Comercio:  "Private Food Standards and their Impacts on 
Developing Countries" (http://trade.ec.europa .eu/doclib/docs/2006/j une/tradoc_127969.pdf ) 
Informe de la OMC sobre el comercio mundial, 2005 (http://www.wto.org/spanish/news_s/pres05_s/pr411_s.htm
) 
Exposición de la UNCTAD sobre las normas: 
(http://www.unctad.org/trade_env/test1/meeti ngs/ctf3/TBT%20-%20standards.pdf#search=%22  
UNCTAD%20WTO%20rules%20a nd%20transparency%22 ) 
Documento de la OCDE (http://www.regoverningmarkets.org/en/resources/ policy_makers/oecd_final_report_on_private_
 
standards_and_the_shapin g_of_the_agro_food_system ) 
 
                                                      
36 Informe de la OCDE sobre las normas privadas y la configuración del sist ema agroalimentario;  
véanse los datos completos en "Recursos". 
 
37 El Comité no puede modificar el texto del Acuerdo.  En el marco del próximo examen del Acuerdo 
MSF (en 2009), teóricamente podría presentar una pr opuesta de modificación de l Acuerdo al Consejo del 
Comercio de Mercancías (véase el párrafo 7 del artículo 12).  De lo contrario, adoptaría una decisión similar a la 
recogida en los documentos G/SPS/15, sobre c oherencia, o G/SPS/19/Rev.2,  sobre equivalencia. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 45 
 
 
  Personas de contacto 
 
Programa de Servicios de Asesoramiento y Apoyo (PASS): Kate Nutt Gerente del Programa 
HTSPE Ltd 
Innovation House 39 Mark Road Hemel Hempstead HP2 7DN 
Reino Unido 
Tel.:  +44 (0)1442 202400 Correo electrónico:  kate.nutt@passlivelihoods.org.uk
 
 DDI : 
Tim Leyland 
1 Palace Street Londres SW1E 5HE Reino Unido Tel.:  +44 (0)20 7023 0904 
Correo electrónico:  t-leyland@dfid.gov.uk
 
  G/SPS/GEN/802 
Página 46  
 
  Anexo 2
 
 
Mandato relativo a los aspectos jurídi cos de la consultoría sobre normas  
e instituciones de normalización no gubernamentales en el  
contexto de la OMC  
 
 Objetivos 
 Los objetivos fijados para el proyecto son: 
 a) investigar la posición que las normas de  las instituciones no gubernamentales ocupan 
en los Acuerdos MSF y OTC de la OMC;  
 b) determinar cómo las delegaciones en los Comités OTC y MSF recogen en sus 
posiciones las opiniones de la industria o de las instituciones de normalización privadas;  
 c) examinar las ventajas e inconvenientes de  definir mejor la posición que las normas de 
las instituciones no gubernamentales ocupa n en los Acuerdos MSF y OTC (con la 
posible inclusión de los aspectos de dich as normas no relacionados con la inocuidad 
de los alimentos, por ejemplo, el tamaño de los productos);  
 d) hacer sugerencias sobre la posible manera  de mejorar la relación entre el Acuerdo 
MSF y las normas de las instituciones no gubernamentales, por ejemplo adoptando 
una decisión o directrices sobre el modo de aplicar el artículo 13.
 38 
 Obsérvese que tres de estos objetivos se refieren a las normas de las instituciones no 
gubernamentales y no a las instituciones mismas. 
 Esta propuesta complementa el compromiso  expresado en el documento sobre política 
agrícola del DDI de: 
• centrarse en la creación de mercados eficaces fomentando la participación del sector 
privado mediante la adopción de normas ef icaces de cuantificación y clasificación de 
productos;  
                                                      
38 El artículo 13 del Acuerdo MSF, relativo a la aplicación , dice lo siguiente: 
  En virtud del presente Acuerdo, los Miembros son plenamente responsables de la observancia de todas 
las obligaciones en él estipuladas.  Los Miembros elab orarán y aplicarán medidas y mecanismos positivos que 
favorezcan la observancia de las di sposiciones del presente Acuerdo por las instituciones que no sean del 
Gobierno central.  Los Miembros tomarán las medidas raz onables que estén a su alcance para asegurarse de que 
las entidades no gubernamentales existentes en su territo rio, así como las instituciones regionales de que sean 
miembros las entidades competentes ex istentes en su territorio, cumplan las disposiciones pertinentes del 
presente Acuerdo.  Además, los Miembros no adoptarán medidas que tengan por efect o obligar o alentar directa 
o indirectamente a esas instituciones regionales o entidad es no gubernamentales, o a las instituciones públicas 
locales, a actuar de manera incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo.  Los Miembros se asegurarán de que sólo se recurra para la aplicación de la s medidas sanitarias o fitosanitarias a los servicios de 
entidades no gubernamentales si éstas se atienen a las disposiciones del presente Acuerdo.  
  G/SPS/GEN/802 
 Página 47 
 
 
  • trabajar en asociación con las organizaciones internacionales de normalización para 
asegurar que las nuevas normas sobre productos se basen en la evaluación del riesgo y no constituyan intentos de  proteger los mercados.  
 El DDI reconoce que las normas del sector privado tienen tanto ventajas como inconvenientes 
y ha acordado colaborar con las organizaciones de no rmalización del sector privado, como lo hacemos 
con los organismos públicos de re glamentación, para dar a los agricultores en pequeña escala y pobres 
más oportunidades de cumplir sus normas.   
 Las reglamentaciones públicas en materia de  MSF están supeditadas a determinadas 
disciplinas en virtud del Acuerdo MSF de la OMC;  por ejemplo, deben ser transparentes, basarse en 
la evaluación del riesgo y notificarse.  El Acuer do OTC dispone de mecanismos para la participación 
de las organizaciones privadas de normalización;  por  ejemplo, en muchos países las instituciones 
privadas de elaboración de normas o de evaluación de  la conformidad tienen servicios de información 
separados, donde los posibles importadores pueden in formarse sobre las normas.  El Acuerdo OTC 
tiene asimismo un "Código de Buena Conducta" abiert o a todos los organismos de normalización.  
Antecedentes 
 Tradicionalmente la inocuidad de los alimentos era controlada por instituciones 
gubernamentales.  Sin embargo, a partir del d ecenio de 1990 se han establecido normas privadas sobre 
inocuidad alimentaria, como las de la Iniciativ a Mundial de Inocuidad de los Alimentos y la 
Asociación Global para una Agricultura Segura y So stenible (EurepGAP), que siguen evolucionando.  
Estas normas se introdujeron para: 
• responder a la falta de confianza de los c onsumidores en los reglamentos nacionales a 
raíz de varios incidentes de gran not oriedad relacionados con la inocuidad 
alimentaria, como la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o la salmonela; 
• responder a la creciente responsabilidad de los minoristas por la inocuidad de sus 
productos; 
• dar a los minoristas un margen de diferenciación entre empresas y productos sobre la 
base de la inocuidad y la calidad de los alimentos; 
• incluir otras características que pueden ser  de interés para los consumidores, por 
ejemplo en relación con el medio ambiente, que las reglamentaciones no incluyen o no pueden incluir. 
 Estas normas se basan frecuentemente en reglamen tos públicos, pero van más allá de ellos por 
su mayor rigor o por incluir criterios adicionales, por ejemplo la utilización sostenible del agua o la 
higiene.  Pese a que las normas privadas son voluntari as, el hecho de que los supermercados controlen 
unas cuotas tan grandes del mercado ha dado lugar a que algunas normas hayan pasado a ser 
obligatorias de facto .  Las normas privadas han sido criticadas por los países en desarrollo por ser 
demasiado rigurosas y confusas.  Sin embargo, pueden reportar ciertos beneficios, como ofrecer 
garantías de calidad y servicios de extensión agrí cola mediante programas de apoyo a los agricultores 
por contrata.  Otros beneficios importantes son una mayor seguridad en el trabajo, beneficios 
ambientales y un menor costo de los productos químicos para la agricultura gracias a una mejor gestión de los insumos.   G/SPS/GEN/802 
Página 48  
 
   El Acuerdo sobre la Aplicación de Medid as Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC
39 se refiere 
a las medidas públicas sobre la inocuidad de los alimentos, como las que adoptan los gobiernos 
nacionales.  El Acuerdo trata de asegurar que  las medidas sanitarias y fitosanitarias tengan 
fundamentos científicos sólidos, sean equitativas y transparentes y no creen obstáculos innecesarios al 
comercio.  El Acuerdo MSF asegura que todas la s medidas sanitarias y fitosanitarias nuevas se 
notifiquen y da a los demás Miembros de la OMC la  posibilidad de formular observaciones y, si es 
necesario, manifestar sus preocup aciones acerca de dichas medidas.   
 Hasta la fecha no se ha considerado que el Acuerdo MSF abarque los sistemas privados de 
inocuidad alimentaria.  En juni o de 2005, San Vicente y las Gran adinas, Jamaica, el Perú y la 
Argentina manifestaron su desacuerdo con ello en la reunión del Comité MSF.  Adujeron que el 
artículo 1340 obligaba a los Miembros a velar por que las instituciones no gubernamentales existentes 
en su territorio actuaran de una manera compatible  con el Acuerdo MSF.  La Comisión Europea (CE) 
respondió afirmando que EurepGAP era una institución pr ivada y que, por lo tanto, no estaba sujeta al 
control del gobierno.  En otros análisis de la CE se alega que en el Acuerdo OTC se define una 
institución no gubernamental como una institución le galmente habilitada para  hacer respetar un 
reglamento técnico.  Por lo tanto, según la opinión de la CE la expresión "instituciones no 
gubernamentales" no se refiere a agentes económic os individuales, como EurepGAP u otras 
instituciones de normalización privadas.  Sin embar go, esta interpretación no es aceptada por todos y 
en el presente proyecto se examinará este asunto más detenidamente.   
 El texto del Acuerdo OTC41 define mejor la función de las instituciones no gubernamentales;  
por ejemplo, el "Código de Buena Conducta" del Ac uerdo OTC está abierto a cualquier institución de 
normalización en el territorio de un Miembro de la OMC.42  Esta mejor definición43 podría deberse a 
la participación históricamente intensa de la industr ia privada en el establecimiento de reglamentos 
técnicos, por ejemplo del Instituto Británico de Norm as (BSI) y la ISO.  Por lo tanto, sería útil 
examinar cómo la posición de las instituciones no  gubernamentales se refleja en el Acuerdo OTC, 
cómo éste se aplica en la práctica y cómo el Comité OTC hace frente al cambio rápido de las normas 
privadas.  Las enseñanzas extraíd as de este análisis podrían ser aplicables al Acuerdo MSF. 
 Algunas organizaciones de elaboración de normas voluntarias ya se han inspirado en el 
"Código de Buena Conducta" del Acuerdo OTC.44  La Alianza Internacional de Acreditación y 
Etiquetado Social y Ambiental (Alianza ISEAL), por  ejemplo, tiene un "Código de Buena Conducta 
para adoptar normas ambientales y sociales", que se formuló a partir del Código de Buena Conducta 
                                                      
39 Para más información sobre el Acuerdo MSF, véase http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/  
sps_agreement_cb t_s/intro1_s.htm . 
 
40 Extracto del artículo 13 del Acuerdo MSF:  "… Los Miembros tomarán las medidas razonables que 
estén a su alcance para asegurarse de que las entidades no gubernamentales existentes en su territorio, así como 
las instituciones regionales de que sean miembros las entidades competentes existentes en su territorio, cumplan 
las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo …".  
 
41 Para más información sobre el Acuerdo OTC, véase http://www.wto.org/s panish/tratop_s/tbt_s/ 
tbt_s.htm. 
 
42 El Código de Buena Conducta del Acuerdo OTC se refiere en general al esta blecimiento de normas y 
puede ser aplicable al establecimiento de normas en el ámbito de la inocuidad alimentaria.  
 
43 Del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio del GATT de 1979 (el llamado "Código de 
Normas"). 
 
44 Anexo 3 del Acuerdo OTC. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 49 
 
 
  del Acuerdo OTC y la Guía 59 de la ISO/CEI.45  ¿Deberían otras organizaciones de elaboración de 
normas privadas, en particular las que se ocupan de cuestiones relacionadas con las MSF, adoptar 
disposiciones similares y adherirse a códigos de buena conducta?  ¿Podría el Comité MSF dar su 
respaldo a dichos códigos?  
 A medida que la integración mundial confi gura los mercados, las normas privadas adquieren 
progresivamente proyección internacional y los impo rtadores de alimentos las utilizan cada vez más 
como prueba de que sus importaciones se ajustan a las reglamentaciones públicas.  Eso tiene tanto 
ventajas (por ejemplo, en cuanto a la reglamentación conjunta y una mayor utilización de las buenas prácticas agrícolas) como inconvenientes (por ejemplo, el costo creciente de la certificación).  Una de las posibles formas de atender las preocupaciones suscitadas al respecto es mejorar la interacción 
entre los organismos de normalización privados y lo s Acuerdos de la OMC si n reducir la capacidad de 
los sistemas privados para dar una respuesta rápida  a sus mercados.  Ante el crecimiento del número y 
el alcance de los sistemas privados de inocuidad a limentaria, el DDI y sus asociados creen que merece 
la pena investigar las opciones disponibles y las respuestas posibles.  
Contexto 
 Esta línea de trabajo forma parte de un proy ecto más amplio acerca de la influencia que las 
reglamentaciones y las normas públicas y privadas s obre productos agrícolas tienen para fomentar o 
entorpecer el acceso de los países en desarrollo a los mercados internacionales.  El DDI quiere poner 
en marcha un proceso público-privado que haga que las compras de los supermercados tengan una 
repercusión más positivas en térm inos de desarrollo sobre los productores más pobres en África.  
También se prevé ejecutar proyectos de investigación sobre el rastreo de los movimientos de los 
productos frescos, fomentar el diálogo entre los or ganismos públicos reguladores y las instituciones 
de normalización privadas, y colaborar con éstas para  ayudarles a tener en cuenta la repercusión en 
términos de desarrollo de la adopción de normas nuevas y la revisión de las existentes. 
Cuestiones sobre las que se pide una opinión jurídica 
 La cuestión jurídica fundamental es el significa do de los textos pertinentes de los Acuerdos 
abarcados de la OMC, y en particular los Acuer dos MSF y OTC.  Por "pertinentes" se entiende la 
medida en que se refieren: 
 a) directamente a las actividades de or ganizaciones no gubernamentales de elaboración 
de normas y de aplicación de normas; 
 b) directamente a las obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a las 
actividades de las organizaciones no gubernam entales de elaboración de normas y de 
aplicación de normas; 
 c) indirectamente a las obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a las 
actividades de las organizaciones no gubernam entales de elaboración de normas y de 
aplicación de normas. 
 Por consiguiente, será necesario identificar t odos los textos potencialmente pertinentes y 
explicar su significado tanto desde el punto de vista teórico como (en la medida de lo posible) en la 
práctica.  La interpretación autorizada de los textos  de la OMC sólo figura en las resoluciones del 
Órgano de Apelación de esta Organización, de modo que habrá que encontrar todas las decisiones que 
sean pertinentes.  La OMC mantiene un compendio de  esas resoluciones, que será de gran ayuda.   
                                                     
 
45 Código de Buena Conducta para la Elab oración, Adopción y Aplicación de Normas. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 50  
 
   Al examinar los textos existentes, debe rá prestarse especial atención a las posibles 
interpretaciones del artículo 13 del Acuerdo MSF y, en  particular, a la frase que dice:  "Los Miembros 
tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que las entidades no gubernamentales existentes en su territorio ... cump lan las disposiciones pertinentes del presente 
Acuerdo."  Una consideración importante en este sentido puede ser que las medidas razonables al 
alcance de cada Miembro pueden dife rir de un país Miembro a otro. 
 En caso de que este análisis no demuestre que puede haber disciplinas eficaces para hacer 
frente a las consecuencias potencialmente negativ as de las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales de elaboración de normas y de ap licación de normas, será necesario identificar y 
analizar las opciones disponibles para poner remedio a esta situación en el marco de la OMC.  Lo 
deseable sería que dichas opciones se presentaran de manera gradual, desde las menos sustantivas (en 
términos jurídicos) hasta la enmienda form al de uno o más de los Acuerdos abarcados. 
Resultados que se esperan de los juristas 
 Los juristas prepararán los siguientes informes  con los resultados de la investigación y el 
análisis hechos sobre las cuestiones anteriores: 
 a) " Examen y análisis jurídico de las di sposiciones pertinentes de la OMC, 
principalmente (pero no de forma exclus iva) las de los Acuerdos MSF y OTC. "  En 
este informe se examinarán y analizarán  todas las disposiciones de la OMC 
relacionadas directa o indirectamente con las cuestiones mencionadas en el párrafo 7.  
Se efectuarán el examen y el análisis previstos en el párrafo 8 supra , que pueden 
incluir consideraciones generales, a unque complejas, sobre los sistemas 
constitucionales de los países y su capacidad para "imponer" directrices o criterios de 
trabajo a las entidades priv adas en su jurisdicción. 
 b) " Jurisprudencia pertinente de la OMC y or ientaciones interpretativas en forma de 
decisiones ad hoc o trabajos preparatorios de los Acuerdos MSF y OTC. "  En este 
informe se examinará, agrupará y referenc iará, según proceda, toda la información 
interpretativa pertinente, tanto la resultant e del proceso de negociación y redacción de 
los Acuerdos MSF y OTC como la producid a después de su entrada en vigor, en 
forma de jurisprudencia de la OMC y de d ecisiones (si las hay) de los Comités MSF y 
OTC.  El examen de la jurisprudencia aplicable de la OMC no se limitará a los asuntos sometidos al procedimiento de solución de diferencias en que se hayan 
planteado directamente cuestiones sobre MSF u OTC.  
 c) " Opciones jurídicas y posibles propuestas de modificación de las disposiciones del 
Acuerdo MSF y/o del Acuerdo OTC. "  En este informe, que tomará como punto de 
partida los dos análisis jurídicos anteriores y el estudio dirigido por el consultor principal, se presentarán y tratarán las opciones jurídicas pertinentes, las posibles sugerencias y vías de acción (según proceda) para resolver la cuestión de las normas 
privadas y la posición que las normas de las instituciones no gubernamentales ocupan 
en el sistema de la OMC y, en particular, en los Acuerdos MSF y OTC.   
Plazos para la presentación de los informes 
 Los juristas deben entregar los borradores de los informes previstos en los apartados a) y b) 
del epígrafe anterior, "Resultados que se esperan de los juristas", el 26 de enero de 2007 a más tardar, 
con la condición de que, para el 22 de diciembr e de 2006, se haya llegado a un acuerdo con el DDI 
sobre los términos y condiciones del contrato.  Lo s informes finales, incluido el previsto en el 
apartado c) del epígrafe anterior, "Resultados que se esperan de los juristas", deben entregarse a  G/SPS/GEN/802 
 Página 51 
 
 
  finales de febrero, de acuerdo con un calendari o de ejecución que se acordará con el consultor 
principal después de la presentación de los dos borradores.  
 En relación con los resultados esperados, se permite un total de 10 días laborables. 
 Los juristas trabajarán manteniendo estrecho cont acto con el consultor principal, que les dará 
la orientación que se necesite. 
 
 G/SPS/GEN/802 
Página 52  
 
  Anexo 3
 
 
Personas consultadas 
 
 
Chris Anstey Gerente de Integridad de los 
Productos, Legislación y Técnica Comercial, TESCO Welwyn Garden City, Reino 
Unido 44 1 707 678 772 chris.anstey@uk.tesco.com
 
Ignacio Carreño O'Connor and Company Bruselas 
32 2 2854685 
i.carreno@oconnor.be  
Sasha Courville Director Ejecutivo, ISEAL Londres 
44 20 3246 0066 sasha@isealalliance.org
 
Catherine François Gerente Principal, Programas de 
inocuidad alimentaria, CIES París 
33 1 44 69 99 21 c.francois@ciesnet.com
 
Nigel Garbutt Presidente, EurepGAP York, Reino Unido 
44 781 010 4168 garbutt@foodplus.org
 
Ulrich Hoffmann Jefe, Sección de Comercio y 
Desarrollo Sostenible, División de Comercio Internacional, UNCTAD Ginebra 
41 22 907 5780 ulrich.hoffmann@unctad.org
 
Steve Homer Flamingo Holdings Stevenage, Reino Unido 
44 1438 375107 
steve.homer@f-h.biz  
Pauline Jones Gerente de Programas, Técnicos, 
Organización Internacional de Normalización  Ginebra 
41 22 749 0111 jones@iso.org
 
Tim Leyland Departamento de Desarrollo 
Internacional Reino Unido 
44 20 7023 0000 
T-Leyland@dfid.gov.uk  
Brian Marchant Comisión Europea Bruselas 
brian.marchant@cec.eu.int  
Kevin McKinley Secretario General Adjunto, 
Organización Internacional de 
Normalización Ginebra 
41 22 749 0111 
mckinley@iso.org  
Mark Pickup Director de Programas de 
Inocuidad Alimentaria, CIES París 
33 1 44 69 99 21 m.pickup@ciesnet.com
 
Michael Roberts Secretaría de la OMC Ginebra 
41 22 7395747 
michael.roberts@wto.org  
Michael Scannell Jefe de Unidad, Cuestiones 
multilaterales sobre inocuidad alimentaria, veterinaria y 
comercio, Comisión Europea Bruselas 
32 2 299 3364 michael.scannell@wto.org
 
Nadene Smith Gerente comercial, Calidad, 
Woolworths Ltd., Australia Baulkham Hills, Australia 
612 8885 2306 nasmith@woolworths.com.au
  G/SPS/GEN/802 
 Página 53 
 
 
  Gretchen Stanton Secretaria, Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, OMC Ginebra 
41 22 7395086 gretchen.stanton@wto.org
 
Guy Stinglhamber Director, COLEACP-PIP Bruselas 
32 2 5081090 
guy.stinglhamber@coleacp.org  
Kevin Swoffer Consultor de British Retailers 
Consortium Larkfield, Reino Unido 
44 1732 849230 
Roland Vaxelaire Director de Calidad, 
Responsabilidad y Gestión de los 
Riesgos, Carrefour  París 
33 1 55 63 40 86 
roland_vaxelaire@carrefour.com  
Paolo Vergano O'Connor and Company Bruselas 
32 2 2854685 p.vergano@oconnor.be
 
Morag Webb Creación de capacidad, 
COLEACP-PIP Bruselas 
44 1490 430615 
Erik Wijkstrom Secretario, Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio, OMC Ginebra 
41 22 739 5729 Erik.Wijkstrom@wto.org
 
 G/SPS/GEN/802 
Página 54  
 
  Anexo 4
 
 
Referencias  
 
 
Gobierno de Australia, Productivity Commission , Informe de investigación:  Standard Setting and 
Laboratory Accreditation , 2 de noviembre de 2006. 
Banco Mundial, Informe Nº 31207 (enero de 2005):  Food Safety and Agricultural Health Standards:  
Challenges and Opportunities for Developing Country Exports , Unidad de Reducción de la Pobreza y 
Gestión Económica y Departamento de  Agricultura y Desarrollo Rural. 
Development Alternatives, Inc. (2005):  The relationship of third-party certification to 
sanitary/phytosanitary measures and the international agri-food trade , Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Samir R. Gandhi:  Regulating the use of voluntary environmental standards within the World Trade 
Organisation legal regime:  making a case for developing countries , Journal of World Trade , vol. 39 
Nº 5, octubre de 2005. 
Andrew Graffham y James MacGregor:  Impact of EurepGap on small-scale growers of fruits and 
vegetables in Zambia , International Institute for Environmen t and Development, septiembre de 2006. 
Andrew Graffham, Esther Karehu y James MacGregor:  Impact of EurepGap on small-scale growers 
of fruits and vegetables in Kenya  (borrador), International In stitute for Environment and 
Development, diciembre de 2006. 
Spencer Henson:  The Role of Public and Private Standards in Regulating International Food 
Markets, documento elaborado para el simposio de ve rano del Consorcio de Investigación Comercial 
Agrícola Internacional (IATRC) sobre "La reglamen tación de los alimentos y el comercio:  marco 
institucional, conceptos de análisis y datos empí ricos", Bonn, Alemania, 28-30 de mayo de 2006. 
Spencer Henson y Tom Reardon:  Private agri-food standards:  Imp lications for food policy and the 
agri-food system  (Food Policy  30, 2005). 
ISO/CEI:  Repertorio del Código de Normas OTC de la OMC , undécima edición, enero de 2006, 
Ginebra. 
Stephen Jaffee y Spencer Henson:  Standards and Agri-Food Exports from Developing 
Countries:  Rebalancing the Debate , Policy Research Working Paper 3348, Banco Mundial, 
Washington DC, 2004.  
Grace Chia-Hui Lee (2006):  Private food standards and their impacts on developing countries , 
Comisión Europea, Dirección General de Comercio, Unidad G2. 
OCDE, Comité de Agricultura (2006):  Final report on private standards and the shaping of the 
agro-food system , Dirección de Alimentación, Agricultura y Pesca, París. 
OMC:  Nota de la Secretaría sobre la historia de  la negociación del alc ance del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio en lo que respect a a los requisitos de etiquetado, las normas de 
aplicación voluntaria y los procesos y métodos de  producción no relacionados con las características 
de productos  (WT/CTE/W/10-G/TBT/W/11), 29 de agosto de 1995.  G/SPS/GEN/802 
 Página 55 
 
 
  OMC, Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias:  Resumen de la reunión celebrada los días 29 y 
30 de junio de 2005  (G/SPS/R/37), junio de 2005. 
OMC:  Las normas privadas y el Acuerdo MSF  (G/SPS/GEN/746), febrero de 2007. 
OMC:  Las normas privadas voluntarias y el acceso a los mercados para los países en desarrollo:  
resultados preliminares  (comunicación de Linda Fulponi presentada por la OCDE)  
(G/SPS/GEN/763), febrero de 2007.  
OMC:  Normas del sector privado y exportaciones de países en desarrollo de frutas y hortalizas 
frescas  (comunicación de la UNCTAD)  (G/SPS/GEN/761), febrero de 2007.  
UNCTAD:  Food Safety and Environmental Requirements  in Export Markets - Friend or Foe for 
Producers of Fruit and Vegetables in Asian Developing Countries?  (de próxima aparición). 
www.agrifoodstandards.net  
www.regoverningmarkets.org  G/SPS/GEN/802 
Página 56  
 
  Anexo 5
 
 
 
O ' C O N N O R   A N D   C O M P A N Y 
E  U  R  O  P  E  A  N     L  A  W  Y  E  R  S 
 
  
 
 
 
  
Las normas privadas en el marco  
multilateral de la OMC 
Informes 1 y 2 
 
 
por 
 
  
Ignacio Carreño y Paolo R. Vergano 
 
 
     
 
   
O'CONNOR AND COMPANY 
European Lawyers 
 
Rue de Spa, 30 
B 1000 Bruselas, Bélgica 
Teléfono:  (32+2) 285 4685 
Fax:  (32+2) 285 4690  G/SPS/GEN/802 
 Página 57 
 
 
   
Índice  Página 
 
Informe 1:  "Examen y análisis jurídico de  las disposiciones pertinentes de la OMC, 
principalmente (pero no de forma exclus iva) las de los Acuerdos MSF y OTC" 
 
1.  Disposiciones de la OMC ................................................................................................  59 
1.1  Acuerdo MSF ..............................................................................................................  60 
1.1.1  Disposiciones del Acuerdo MSF directamente relacionadas con las 
actividades de las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y 
de aplicación de normas...........................................................................................   
 
60 
1.1.2  Disposiciones del Acuerdo MSF directamente relacionadas con las obligaciones de los Miembros de la OMC referentes a las actividades de  
las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de  aplicación de normas - Artículo 13 del Acuerdo MSF ............................................   
 
 
60 
1.1.2.1  Definición de "entidades no gubernamentales".................................  60 
1.1.2.2  Interpretación literal del artículo 13 del Acuerdo MSF ....................  62 
1.1.3.  Disposiciones del Acuerdo M SF indirectamente relacionadas con las 
obligaciones de los Miembros de la OMC referentes a las actividades de las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de  
aplicación de normas................................................................................................   
  
63 
1.1.3.1  Definición de "medida sanitaria o fitosanitaria" ...............................  63 
1.1.3.2  Derechos y obligaciones básicos en el marco del Acuerdo MSF......  65 
1.1.3.3  Armonización....................................................................................  66 
1.1.3.4  Equivalencia......................................................................................  68 
1.1.3.5  Evaluación del riesgo ........................................................................  68 
1.1.3.6  Condiciones regionales .....................................................................  69 
1.1.3.7  Transparencia - notificación de las medidas sanitarias y fitosanitarias ...................................................................................................  69 
1.1.3.8  Procedimientos de control, inspección y aprobación ........................  70 
1.1.3.9  Trato especial y diferenciado ............................................................  70 
1.2.  Acuerdo OTC ............................................................................................................. .  70 
1.2.1  Disposiciones del Acuerdo OTC directamente relacionadas con las 
obligaciones de los Miembros de la OMC referentes a las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación  
de normas ..............................................................................................................   
 
 
71 
1.2.2 Aplicabilidad del Acuerdo OTC a determinadas normas no 
gubernamentales no relacionadas con los productos ...............................................   
75 
1.3  Otros Acuerdos de la OMC............................................................................................  75 
1.3.1  Acuerdo General sobre el  Comercio de Servicios .........................................  75 
1.3.2  Anexo sobre Telecomunicaciones .................................................................  76 
1.3.3  Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.............................  76 
1.3.4  Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición.........................................  77 
1.4  Conclusiones ............................................................................................................. .  78 
 
Informe 2:  "Jurisprudencia pertinente de la  OMC y orientaciones interpretativas en forma 
de decisiones ad hoc  o trabajos preparatorios de los Acuerdos MSF y OTC" 
 
1.  Consideración de la juri sprudencia de la OMC ...............................................................  80 
1.1  Jurisprudencia relativa al artículo 13 del Acuerdo MSF................................................  80 G/SPS/GEN/802 
Página 58  
 
  1.2  Otra jurisprudencia ...................................................................................................... ..  81 
1.2.1  Jurisprudencia sobre las di sposiciones del Acuerdo SMC acerca de 
"ordenar" y "encomendar" .......................................................................................   
83 
1.3  Aplicación de la jurisprudencia a las MSF ....................................................................  84 
2.  Información interpretativa................................................................................................  86 
2.1  Información interpretativa en el cont exto de la negociación y redacción de los 
Acuerdos MSF y OTC ..........................................................................................................   
86 
2.1.1  Trabajos preparatorios del Acuerdo OTC......................................................  86 
2.1.1.1  Definiciones ......................................................................................  86 
2.1.1.2  Disciplinas sobre la elaboración, la adopción y la aplicación  
 de normas .......................................................................................................  88 
2.1.2  Trabajos preparatorios del Acuerdo MSF......................................................  91 
2.2  Información interpretativa procedente de los Comités de la OMC................................  91 
2.2.1  Comité MSF...................................................................................................  91 
2.2.2  Comité OTC...................................................................................................  92 
2.2.3  Otros comités .................................................................................................  93 
2.3  Interpretaciones expu estas en la literatura .....................................................................  94 
2.3.1  Interpretación del artíc ulo 13 del Acuerdo MSF............................................  94 
2.3.2  Aplicabilidad de los Acuerdos de la OMC a las normas privadas.................  95 
2.3.3  Definición de "medida"..................................................................................  96 
2.3.4  Aplicación del Acuerdo OTC ........................................................................  97 
2.4  Conclusiones ............................................................................................................. .  97 
 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 59 
 
 
  Informe 1  
   "Examen y análisis jurídico de las disposic iones pertinentes de la OMC, principalmente 
(pero no de forma exclusiva) las de los Acuerdos MSF y OTC" 
 Como se establece en el mandato, en el pr esente informe se examinan y analizan las 
disposiciones de la OMC relativas directa o indirectamente a las siguientes cuestiones: 
La cuestión jurídica fundamental es el signi ficado de los textos pertinentes de los 
Acuerdos abarcados de la OMC y en par ticular los Acuerdos MSF y OTC.  Por 
"pertinentes" se entiende la medida en que se refieren: 
a) directamente a las actividades de organizaciones no gubernamentales de 
elaboración de normas y de aplicación de normas; 
b) directamente a las obligaciones de lo s Miembros de la OMC con respecto a 
las actividades de las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas; 
c) indirectamente a las obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a 
las actividades de las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas. 
Por consiguiente, será necesario identificar todos los textos potencialmente 
pertinentes y explicar su significado tanto desde el punto de vista teórico como (en la medida de lo posible) en la práctica.  
Al examinar los textos existentes, deberá  prestarse especial atención a las posibles 
interpretaciones del artículo 13 del Acuerdo MSF y, en particular, a la frase que dice:  
"Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para 
asegurarse de que las entidades no gubernam entales existentes en su territorio ... 
cumplan las disposiciones per tinentes del presente Acuerdo. "  Una consideración 
importante en este sentido puede ser que las medidas razonables al alcance de cada 
Miembro pueden diferir de un país Miembro a otro. 
1. Disposiciones de la OMC 
 Hemos examinado en primer lugar las dis posiciones del Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (en adelante, Acuerdo MSF) y del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (en adelante, Acuerdo OTC) y por último las de las demás Acuerdos de la 
OMC. 
 Los Acuerdos OTC y MSF sustituyeron al Códi go de Normas de 1979, formulado durante la 
Ronda de Tokio, que abarcaba las especificaciones técnicas obligatorias y voluntarias, los reglamentos técnicos obligatorios y las normas voluntar ias para productos industriales y agrícolas.  El 
Acuerdo OTC se introdujo con el objetivo de asegurar  que los "reglamentos técnicos" obligatorios y 
las "normas" voluntarias (así como los procedimientos de prueba y certificación) empleados por los 
países no crearan obstáculos innecesarios al comercio.  El Acuerdo MSF se estableció como un marco multilateral de normas y disciplinas que sirvieran de guía en la elaboración, adopción y observancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias para reducir al mínimo sus efectos negativos en el comercio, 
utilizando medidas sanitarias y fitosanitarias armoni zadas entre los Miembros, sobre la base de G/SPS/GEN/802 
Página 60  
 
  normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas por las organizaciones 
internacionales competentes. 
1.1 Acuerdo MSF 
 Las disposiciones del Acuerdo MSF se han ex aminado con el fin de comprobar si son 
pertinentes para las actividades de las organizaci ones no gubernamentales de elaboración de normas y 
de aplicación de normas. 
1.1.1 Disposiciones del Acuerdo MSF directamente relacionadas con las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales de elaborac ión de normas y de aplicación de normas 
 El Acuerdo MSF no contiene disposiciones dirigidas a las organizaciones no gubernamentales 
de elaboración y de aplicación de normas.  En genera l, las disposiciones van dirigidas a los Miembros 
de la OMC. 
1.1.2 Disposiciones del Acuerdo MSF directamente  relacionadas con las obligaciones de los 
Miembros de la OMC referentes a las actividades de las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas - Artículo 13 del 
Acuerdo MSF 
 El artículo 13 del Acuerdo MSF se refiere, entre otras cosas, a la relación entre los gobiernos 
nacionales y las instituciones no gubernamentales en lo referente a las medidas sanitarias y 
fitosanitarias y posiblemente las obligaciones de los Miembros de la OMC respecto de las 
organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas. 
 El artículo 13 del Acuerdo MSF dispone lo siguiente: 
"En virtud del presente Acuerdo, los Miem bros son plenamente responsables de la 
observancia de todas las obligaciones en él estipuladas.  Los Miembros elaborarán y 
aplicarán medidas y mecani smos positivos que favorezc an la observancia de las 
disposiciones del presente Acuerdo por las instituciones que no sean del Gobierno 
central.  Los Miembros tomarán las medidas  razonables que estén a su alcance para 
asegurarse de que las entidades no gubernamen tales existentes en su territorio, así 
como las instituciones regionales de que sean miembros las entidades competentes 
existentes en su territorio, cumplan las disposiciones pertinentes del presente 
Acuerdo.  Además, los Miembros no adoptarán medidas que tengan por efecto 
obligar o alentar directa o indirectamente a esas instituciones regionales o entidades no gubernamentales, o a las instituciones púb licas locales, a actuar de manera 
incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo.  Los Miembros se 
asegurarán de que sólo se recurra para la aplicación de las medidas sanitarias o 
fitosanitarias a los servicios de entidades no gubernamentales si éstas se atienen a 
las disposiciones del presente Acuerdo. " 
1.1.2.1 Definición de "entidades no gubernamentales" 
 En la tercera frase del artículo 13 del Acuerdo MSF se establece que " [l]os Miembros 
tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse de que las entidades no 
gubernamentales existentes en su territorio ... cu mplan las disposiciones pertinentes del presente 
Acuerdo ".  
 La expresión "entidades no gubernamentales" no se define en el Acuerdo MSF.  G/SPS/GEN/802 
 Página 61 
 
 
   El Acuerdo sobre la OMC es un acuerdo único y las partes que lo componen -los acuerdos 
adjuntos a él en sus anexos- debe n interpretarse como un todo integr ado.  Las disposiciones de los 
Acuerdos de la OMC se aplican acumulativamente y han de interpretarse de una manera coherente.46  
Por consiguiente, las disposiciones de los demás Ac uerdos de la OMC pueden emplearse a efectos de 
interpretación. 
 En el punto 8 del Anexo 1 ("Términos y su defi nición a los efectos del presente Acuerdo") del 
Acuerdo OTC "institución no gubernam ental" se define como sigue:  
"Institución que no sea del Gobierno centr al ni institución pública local, con 
inclusión de cualquier institución no  gubernamental legalmente habilitada para 
hacer respetar un reglamento técnico. " 
 Se ha dicho que, a los fines del Acuerdo MSF, es posible emplear la de finición de institución 
no gubernamental del Acuerdo OTC:  
"El concepto de 'entidades no gubernamenta les' no está suficientemente definido en 
el Acuerdo MSF.  El Acuerdo OTC, que también es aplicable a los productos 
agrícolas, contiene una definición más preci sa de 'entidades no gubernamentales'.  
En el párrafo 1 de su artículo 4, en un esp íritu similar al del artículo 13 del Acuerdo 
MSF, se habla de 'instituciones no gubernamentales con actividades de normalización'.  En este caso, 'entidad no gubernamental' significa claramente 
'organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas'. 
En el mismo sentido, en el punto 8 del Anexo 1 del Acuerdo OTC hay una definición 
de 'institución no gubernamental' que dice lo siguiente:  'Institución que no sea del 
Gobierno central ni institución pública local,  con inclusión de cualquier institución 
no gubernamental legalmente habilitada para hacer respetar un reglamento técnico'.  
Aunque se trata de una definición bastante vaga y abierta, puede aducirse que, a la 
luz del contexto y el objeto de los Ac uerdos MSF y OTC, las 'entidades no 
gubernamentales' NO son agentes económicos individuales (o asociaciones de 
agentes), sino más bien entidades privadas a las que los gobiernos han confiado la 
realización de determinadas tareas o que por otros motivos tienen una condición 
jurídica especial en relación con la elaboración y aplicaci ón de normas sobre 
MSF/OTC […]. "
47 
 Por consiguiente, de acuerdo con una interpret ación restrictiva de la definición del Acuerdo 
OTC, se afirma que sólo las entid ades privadas a las que el gobierno ha confiado la realización de 
                                                      
46 E n  e l  a s u n t o  Corea - Productos lácteos , el Órgano de Apelación afirmó:  "Actualmente está 
firmemente arraigado el concepto de que el Acuerdo sobre la OMC constituye un 'todo único' y que, por tanto, todas la obligaciones dimanantes de la OMC son en general acumulativas, y los Miembros deben cumplirlas 
simultáneamente.  [...] El párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC establece lo siguiente:  'Los 
Acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante 'Acuerdos Comerciales Multilaterales') forman parte inte grante del presente Acuerdo y son vinculantes para 
todos sus Miembros'...".  (Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medida de salvaguardia definitiva 
impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos  ("Productos lácteos"), WT/DS98/AB/R, 
adoptado el 12 de enero de 2000, párrafo 74.) 
 
47 Grace Chia-Hui Lee, Comisión Europea, Di rección General de Comercio, Unidad G2, Private Food 
Standards and their Impacts  on Developing Countries , parte VIII. Legality of Private Food Schemes in the 
WTO, páginas 34 y 35. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 62  
 
  determinadas tareas o que por otros motivos tienen una condición jurídica especial caen dentro de la 
definición de entidad no gubernamenta l en el marco del Acuerdo MSF.  
 No obstante, también se puede alegar que no  es necesario que el gobierno haya encomendado 
la realización de determinadas tareas a las "institu ciones no gubernamentales" para que éstas queden 
abarcadas por la definición de entidad no gubernam ental que figura en el Acuerdo OTC.  En lo 
referente al Acuerdo MSF y el  texto de su artículo 13 (" existentes en su territorio "), puede afirmarse 
que, con arreglo al Acuerdo MSF, el significado de "entidad no gubernamental" es más amplio e 
incluye también otras instituciones privadas a las que el gobierno no ha confia do determinadas tareas 
pero que operan o se han establecido en el territorio de un Miembro.  
 Los demás Acuerdos de la OMC no con tienen ninguna definición de "entidad no 
gubernamental".  
 En conclusión, es posible sostener que las in stituciones privadas de elaboración de normas 
son entidades no gubernamentales en el sentido del ar tículo 13 del Acuerdo MSF.  No obstante, las 
instituciones privadas de elaboración de nor mas y las entidades no gubernamentales no son 
necesariamente lo mismo.  En este estudio se trata de desarrollar ideas sobre una definición de 
"entidades no gubernamentales" con arreglo al ar tículo 13 del Acuerdo MSF y sobre su posible 
distinción de las "instituciones privadas". 
1.1.2.2 Interpretación literal del artículo 13 del Acuerdo MSF 
 Aunque las organizaciones no gubernamentales no estén directamente contempladas en las 
disposiciones del Acuerdo MSF, los Miembros de la OMC tienen la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento del Acuerdo, incluso hasta el extrem o de adoptar medidas y mecanismos positivos para 
lograr su observancia.  
 En la primera frase del artículo 13 del Acue rdo MSF se impone una obligación absoluta para 
los Miembros de la OMC: 
"En virtud del presente Acuerdo, los Miem bros son plenamente responsables de la 
observancia de todas las obli gaciones en él estipuladas. " 
 En la segunda frase, se establece la obligación de actuar de forma proactiva tomando medidas 
positivas en relación con las instituciones no gubernamentales:  
"Los Miembros elaborarán y aplicarán me didas y mecanismos positivos que 
favorezcan la observancia de las dispos iciones del presente Acuerdo por las 
instituciones que no sean del Gobierno central ".   
 Esta disposición se refiere a las " instituciones que no sean del Gobierno central ".  La cuestión 
que hay que dilucidar es si las " instituciones que no sean del Gobierno central " incluyen a las 
instituciones no gubernamentales.  El artículo 13 de l Acuerdo MSF trata tres tipos de organizaciones: 
• instituciones regionales; 
• entidades no gubernamentales; 
• instituciones públicas locales. 
 Puede afirmarse que las " instituciones que no sean del Gobierno central " incluyen los tres 
tipos de instituciones, incluidas las no gubernamentales.   G/SPS/GEN/802 
 Página 63 
 
 
   En la tercera frase del artículo 13 del Acuerdo MSF se establece una obligación ligeramente 
menor pero de todos modos positiva con resp ecto a las instituciones no gubernamentales: 
"Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para 
asegurarse de que las entidades no gubernamen tales existentes en su territorio, así 
como las instituciones regionales de que sean miembros las entidades competentes 
existentes en su territorio, cumplan las disposiciones pertinentes del presente 
Acuerdo. " 
 En la cuarta frase se establece la obligación de que los Miembros de la OMC no alienten a las 
organizaciones no gubernamentales a vulnerar el Acuerdo MSF: 
"Además, los Miembros no adoptarán me didas que tengan por efecto obligar o 
alentar directa o indirectamente a esas instituciones regionales o entidades no gubernamentales, o a las instituciones públicas locales, a actuar de manera 
incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo. " 
 Por último, la quinta frase establece otra oblig ación positiva para los Miembros de la OMC: 
"Los Miembros se asegurarán de que sólo  se recurra para la aplicación de las 
medidas sanitarias o fitosanitarias a los servicios de entidades no gubernamentales si 
éstas se atienen a las disposiciones del presente Acuerdo. " 
 La conclusión de este análisis textual del ar tículo 13 del Acuerdo MSF es que los Miembros 
de la OMC parecen tener obligaciones positivas consistentes en asegurar que los agentes no 
gubernamentales no actúen de manera inco mpatible con el Acuerdo MSF.   
1.1.3 Disposiciones del Acuerdo MSF indirectamente relacionadas con las obligaciones de los 
Miembros de la OMC referentes a las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas 
 Varias disposiciones del Ac uerdo MSF pueden estar relaciona das indirectamente con las 
obligaciones de los Miembros de la OMC refe rentes a las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas. 
 Como se ha dicho antes, aunque las entid ades no gubernamentales no estén directamente 
contempladas en las disposiciones del Acuerdo MSF, a la luz del artículo 13 , los Miembros de la 
OMC son responsables de asegurar que las activid ades de las entidades no gubernamentales se 
atengan a lo dispuesto en el Acuerdo.  Por lo tanto, esta obligación quizá abarque a las organizaciones 
de elaboración de normas y de aplicación de normas, siempre que caigan dentro de la definición de 
"entidades no gubernamentales" en el marco del Acuerdo MSF. 
1.1.3.1 Definición de "medida sanitaria o fitosanitaria" 
 En el Acuerdo MSF se estipula que no debe impedirse a ningún Miembro de la OMC adoptar 
ni aplicar las medidas necesarias para proteger la vi da y la salud de las personas y los animales o para 
preservar los vegetales.  Al mismo tiempo, esa s medidas no deben aplicarse de una manera que 
constituya una discriminación comercial arbitraria o in justificable.  En el párrafo 1 del artículo 1 del 
Acuerdo MSF el ámbito de dicho Acuerdo se define como sigue:  
"El presente Acuerdo es aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que 
puedan afectar, directa o indirectamente, al comercio internacional.  Tales medidas G/SPS/GEN/802 
Página 64  
 
  se elaborarán y aplicarán de conformidad con las disposiciones del presente 
Acuerdo. " 
 En el párrafo 1 del anexo A se define "medida sanitaria o fitosanitaria" como: 
"Toda medida aplicada : 
a) para proteger la salud y la vida  de los animales o para preservar los 
vegetales en el territorio del Miembro de  los riesgos resultantes de la entrada, 
radicación o propagación de plagas, en fermedades y organismos patógenos o 
portadores de enfermedades; 
b) para proteger la vida y la salud de  las personas y de los animales en el 
territorio del Miembro de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, 
contaminantes, toxinas u organismos patóge nos en los productos alimenticios, las 
bebidas o los piensos; 
c) para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio del Miembro 
de los riesgos resultantes de enfermed ades propagadas por animales, vegetales o 
productos de ellos derivados, o de la en trada, radicación o propagación de plagas;  
o 
d) para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del Miembro 
resultantes de la entrada, radica ción o propagación de plagas.   
Las medidas sanitarias o fitosanitarias  comprenden todas las leyes, decretos, 
reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes , con inclusión, entre otras 
cosas, de:  criterios relativos al producto final;  procesos y métodos de producción;  
procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación;  regímenes de 
cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de 
animales o vegetales, o a los materiales necesa rios para su subsistencia en el curso 
de tal transporte;  disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos 
de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes;  y prescripciones en 
materia de embalaje y etiquetado directamente  relacionadas con la  inocuidad de los 
alimentos. " [sin negritas en el original] 
 Una parte pertinente de la definición (a efectos del presente informe) es que " las medidas 
sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones y 
procedimientos pertinentes ". 
 Desde el punto de vista textual, las "leyes", los "decretos" y los "reglamentos" son por 
naturaleza "gubernamentales".  Al parecer, las "prescripciones" y los "procedimientos" también 
pueden ser "no gubernamentales".  Sin embargo, en  los "Principios para la inspección y certificación 
de importaciones y exportaciones de alimentos" del Codex Alimentarius
48, las prescripciones, que acá 
se denominan "requisitos", se definen como gubernamentales (" establecidos por las autoridades 
competentes "): 
"Se entiende por requisitos los criterios establecidos por las autoridades competentes 
en relación con el comercio de produc tos alimenticios y que comprenden la 
                                                      
48 Documento CAC/GL 20-1995. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 65 
 
 
  protección de la salud pública, la protecci ón de los consumidores y las condiciones 
para unas prácticas comerciales leales. "  
 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (en adelante, AGCS) determina cuándo 
una medida que afecta al comercio  de servicios se considera una medida adoptada por un Miembro de 
la OMC.  Según el párrafo 3 del artículo I, a los efectos del AGCS: 
 "[…] se entenderá por 'medidas adoptadas por  los Miembros' las medidas adoptadas por: 
i) gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales;  y 
ii) instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas 
delegadas por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales. 
En cumplimiento de sus obligaciones y comp romisos en el marco del Acuerdo, cada 
Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su 
observancia por los gobiernos y autor idades regionales y locales y por las 
instituciones no gubernamentales existentes en su territorio. " [sin negritas en el 
original] 
 Por consiguiente, las medidas adoptadas por instituciones no gubernamentales solamente 
entran en el ámbito de aplicación del AGCS si se adoptan " en ejercicio de facultades en ellas 
delegadas por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales ". 
 En conclusión, sobre la base del análisis  textual del Acuerdo MSF y el AGCS puede 
afirmarse tanto que una medida sanitaria o fitosan itaria necesita una intervención del gobierno como 
que no la necesita (véanse más referencias a la juri sprudencia y a documentos interpretativos en el 
informe 2 del presente estudio).   
 La segunda cuestión de importancia  acerca de la definición de " medida " es que se refiere a 
"toda medida aplicada ".  Podría alegarse que normalmente las instituciones no gubernamentales de 
elaboración de normas no aplican  medidas y que, al menos en ese sentido, no están abarcadas por las 
disposiciones del Acuerdo MSF relativas a la aplicación  de medidas.  En apoyo de esta tesis podría 
argumentarse que las organizaciones internacionales de  elaboración de normas, tal como se definen en 
el Acuerdo MSF, no están sometidas a ninguna di sciplina en virtud de dicho Acuerdo y que la 
posición de las instituciones no gubernamentales de elaboración de normas debería ser congruente con 
este hecho.  Por lo tanto, el presente análisis ju rídico se centrará principa lmente en las entidades no 
gubernamentales que se ocupan de la aplicación de normas privadas ( por oposición a la adopción  de 
medidas ), sobre la base de que lo que está sujeto a disciplinas con arreglo al Acuerdo MSF es la 
aplicación de normas. 
 De acuerdo con esta línea de argumentación, en  las siguientes secciones 1.1.3.2 a 1.1.3.9 se 
indica, para cada una de las disposiciones del Ac uerdo MSF, a qué estarían obligados los Miembros 
de la OMC partiendo del supuesto de que la dis posición se refiere a instituciones no gubernamentales 
que aplican  MSF.  Este proceso de interpretación sist emática conduce en general a la conclusión de 
que daría lugar a una serie de requisitos absur dos y desproporcionados para las instituciones no 
gubernamentales (en caso de que entre ell as se incluyera a los agentes privados). 
1.1.3.2 Derechos y obligaciones bási cos en el marco del Acuerdo MSF 
 En el artículo 2 del Acuerdo MSF se establecen  los "Derechos y obligaciones básicos".  En 
pocas palabras, los Miembros de la OMC tienen dere cho a adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias 
siempre que estén basadas en principios científicos y no sean arbitrarias.  Las medidas no deben G/SPS/GEN/802 
Página 66  
 
  discriminar entre los Miembros de la OMC ni constituir una restricción encubierta del comercio 
internacional: 
"1. Los Miembros tienen derecho a a doptar las medidas sanitarias y 
fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los 
animales o para preservar los vegetales, siempre que tales medidas no sean 
incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo. 
2. Los Miembros se asegurarán de  que cualquier medida sanitaria o 
fitosanitaria sólo se aplique  en cuanto sea necesaria para proteger la salud y la vida 
de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, de que esté basada en principios científicos y de que no se mantenga sin testimonios científicos 
suficientes, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5. 
3. Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias 
no discriminen de manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que 
prevalezcan condiciones idénticas o similares, ni entre su propio territorio y el de otros Miembros.  Las medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán  de manera 
que constituyan una restricción encubi erta del comercio internacional. " [sin negritas 
en el original] 
 A la luz del artículo 13 del Acuerdo MSF, estas disposiciones pueden estar relacionadas 
indirectamente con las obligaciones de los Miembros de la OMC referentes a las " medidas " de las 
organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas. 
 A continuación indicamos cuál será la obligación implícita para los Miembros de la OMC en 
relación con cada una de las obligaciones impuestas por el Acuerdo MSF si las instituciones no 
gubernamentales que aplican medidas estuvieran abar cadas por el artículo 13 del Acuerdo MSF.  Así, 
por ejemplo, la interpretación del párrafo 2 del artículo 2 tal como podría aplicarse a las medidas 
sanitarias o fitosanitarias de las instituciones no gubernamentales sería del siguiente tenor: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio cualquier medida sanitaria o fitosanitaria aplicada por entidades no 
gubernamentales sólo se aplique en cuanto sea necesaria para proteger la salud y la 
vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, esté basada en 
principios científicos y no se mantenga si n testimonios científicos suficientes, a 
reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5. " 
 De igual manera, la interpretación ampliada im plícita del párrafo 3 de l artículo 2 del Acuerdo 
MSF sería la siguiente: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio cualquier medida sanitaria o fitosanitaria aplicada por entidades no 
gubernamentales no discrimine de manera arb itraria o injustificable entre Miembros 
en que prevalezcan condiciones idénticas o si milares, ni entre su propio territorio y 
el de otros Miembros.  Las medidas san itarias y fitosanitarias no se aplicarán de 
manera que constituyan una restricción en cubierta del comercio internacional. "  G/SPS/GEN/802 
 Página 67 
 
 
  1.1.3.3 Armonización 
 El artículo 3 del Acuerdo MSF establece el principio de la armonización, lo que significa que 
las medidas han de estar basadas en normas internac ionales (cuando existan), aunque los Miembros de 
la OMC tienen libertad para formular medidas más rigurosas si hay una justificación científica o si ello es consecuencia del nivel de protección sanitaria o fitosanitaria: 
"1. Para armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, los Miembros basarán sus medidas sanitarias o fitosanitarias en 
normas, directrices o recomendaciones in ternacionales, cuando existan, salvo 
disposición en contrario en el presente Ac uerdo y en particular en el párrafo 3. 
[…] 
3. Los Miembros podrán establecer o mantener medidas sanitarias o 
fitosanitarias que representen un nivel de protección sanitaria o fitosanitaria más 
elevado que el que se lograría mediante me didas basadas en las normas, directrices 
o recomendaciones internacionales pertinentes, si existe una justificación científica o si ello es consecuencia del nivel de pr otección sanitaria o fitosanitaria que el 
Miembro de que se trate determine adec uado de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de los párrafos 1 a 8 del artícul o 5.  Ello no obstante, las medidas que 
representen un nivel de protección sanitari a o fitosanitaria diferente del que se 
lograría mediante medidas basadas en normas, directrices o recomendaciones 
internacionales no habrán de ser incompatib les con ninguna otra disposición del 
presente Acuerdo. " 
 A la luz del artículo 13 del Acuerdo MSF,  esta disposición podría estar relacionada 
indirectamente con las obligaciones de los Miembros de la OMC acerca del cumplimiento de las medidas aplicadas por las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas.  La interpretación ampliada implícita del párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo 
MSF, a la luz de su artículo 13, sería la siguiente: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio las medidas sanitarias y fito sanitarias aplicadas por entidades no 
gubernamentales y que representen un nivel de protección sanitaria o fitosanitaria 
más elevado que el que se lograría medi ante medidas basadas en las normas, 
directrices o recomendaciones internaci onales pertinentes tengan una justificación 
científica. " 
 No obstante, no está claro cómo el artículo 3 del Acuerdo MSF puede guardar alguna relación 
con las normas privadas o su aplicación, a menos que -lo que es improbable- dichas normas hayan sido reconocidas mediante el procedimiento establecido en el apartado d) de la definición reproducida 
a continuación.  El Acuerdo MSF define la expresión "normas, directrices y recomendaciones 
internacionales" como sigue: 
a) "en materia de inocuidad de los alimentos, las normas, directrices y 
recomendaciones establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius sobre 
aditivos alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, contaminantes, métodos de análisis y muestreo, y códigos y directrices sobre prácticas en materia de higiene;   G/SPS/GEN/802 
Página 68  
 
  b) en materia de sanidad animal y zoonosis, las normas, directrices y 
recomendaciones elaboradas bajo los auspici os de la Oficina Internacional 
de Epizootias;   
c) en materia de preservación de lo s vegetales, las normas, directrices y 
recomendaciones internacionales elaboradas bajo los auspicios de la 
Secretaría de la Convención Internac ional de Protección Fitosanitaria en 
colaboración con las organizaciones re gionales que operan en el marco de 
dicha Convención Internacional;  y 
d) en lo que se refiere a cuestiones no abarcadas por las organizaciones 
mencionadas supra , las normas, recomendaciones y directrices apropiadas 
promulgadas por otras organizaciones internacionales competentes, en las 
que puedan participar todos los Mi embros, identificadas por el Comité ". 
1.1.3.4 Equivalencia 
 El artículo 4 del Acuerdo MSF se refiere a la equivalencia: 
"1. Los Miembros aceptarán como e quivalentes las medidas sanitarias o 
fitosanitarias de otros Miembros, aun cuando difieran de las suyas propias o de las 
utilizadas por otros Miembros que comercien  con el mismo producto, si el Miembro 
exportador demuestra objetivamente al Mi embro importador que sus medidas logran 
el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria del Miembro importador.  A 
tales efectos, se facilitará al Miembro impor tador que lo solicite un acceso razonable 
para inspecciones, pruebas y demás procedimientos pertinentes. 
2. Los Miembros entablarán, cuand o reciban una solicitud a tales efectos, 
consultas encaminadas a la conclusión de acuerdos bilaterales y multilaterales de 
reconocimiento de la equivale ncia de medidas sanitarias  o fitosanitarias concretas. " 
 La interpretación ampliada implícita del ar tículo 4 del Acuerdo MSF, a la luz de su 
artículo 13, sería del siguiente tenor: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio, al aplicar medidas sanita rias y fitosanitarias, las entidades no 
gubernamentales acepten como equivalentes la s medidas sanitarias o fitosanitarias 
de otros Miembros, aun cuando difieran de las suyas propias o de las utilizadas por 
otros Miembros que comercien con el mi smo producto, si el Miembro exportador 
demuestra objetivamente que sus medidas  logran el nivel adecuado de protección 
sanitaria o fitosanitaria del Miembro importador. " 
1.1.3.5 Evaluación del riesgo 
 De conformidad con el artícul o 5 del Acuerdo MSF, las medida s se basarán en una evaluación 
del riesgo: 
"1. Los Miembros se asegurarán de que su s medidas sanitarias o fitosanitarias 
se basen en una evaluación, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes 
para la vida y la salud de las personas y de los animales o para la preservación de 
los vegetales, teniendo en cuenta las té cnicas de evaluación del riesgo elaboradas 
por las organizaciones internacionales competentes. "  G/SPS/GEN/802 
 Página 69 
 
 
   La obligación establecida en virtud del ar tículo 5 del Acuerdo MSF podría aplicarse a las 
organizaciones no gubernamentales de elaboración de  normas y de aplicación de normas a la luz del 
artículo 13 de dicho Acuerdo.  En caso de que lo s Miembros de la OMC tuvieran obligaciones en 
relación con la aplicación de las medidas sanitarias o fitosanitarias por parte de entidades no gubernamentales, el significado implícito de esta disposición sería el siguiente: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio las medidas sanitarias y fito sanitarias aplicadas por entidades no 
gubernamentales se basen en una evaluación, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los animales o para la 
preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del 
riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes. " 
1.1.3.6 Condiciones regionales 
 El párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo M SF se refiere a la adaptación a las condiciones 
regionales, con inclusión de las zonas libres de  plagas o enfermedades y las zonas de escasa 
prevalencia de plagas o enfermedades: 
"Los Miembros se asegurarán de que sus me didas sanitarias o fitosanitarias se 
adapten a las características sanitarias o fito sanitarias de las zonas de origen y de 
destino del producto, ya se trate de todo un país,  de parte de un país o de la totalidad 
o partes de varios países.  Al evaluar las ca racterísticas sanitarias o fitosanitarias de 
una región, los Miembros tendrán en cuenta, entre otras cosas, el nivel de 
prevalencia de enfermedades o plagas c oncretas, la existencia de programas de 
erradicación o de control, y los criterios o directrices adecuados que puedan 
elaborar las organizaciones internacionales competentes. " 
 La interpretación ampliada implícita del párrafo  1 del artículo 6 del Acuerdo MSF, a la luz de 
su artículo 13, sería del siguiente tenor: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio las medidas sanitarias y fito sanitarias aplicadas por entidades no 
gubernamentales se adapten a las características  sanitarias o fitosanitarias de las 
zonas de origen y de destino del producto, ya se trate de todo un país, de parte de un 
país o de la totalidad o partes de varios países. " 
1.1.3.7 Transparencia - notificación de las medidas sanitarias y fitosanitarias 
 Al parecer, las obligaciones en materia de transparencia (artículo 7 y Anexo B del Acuerdo 
MSF) sólo se aplican a las "medidas sanitarias y f itosanitarias tales como leyes, decretos u órdenes 
que sean de aplicación general " (véanse el párrafo 1 y la nota 5 del Anexo B del Acuerdo MSF): 
"Los Miembros se asegurarán de que t odas las reglamentaciones sanitarias y 
fitosanitarias ( nota 5:   Medidas sanitarias y fitosanita rias tales como leyes, decretos 
u órdenes que sean de aplicación general ) que hayan sido adoptadas se publiquen 
prontamente de manera que los Miembr os interesados puedan conocer su contenido. " 
[sin negritas en el original]  
 Por lo tanto, no parecen aplicables a las normas voluntarias establecidas por entidades no 
gubernamentales.  Por otra parte, dado que la nota de pie de página se refi ere explícitamente a las G/SPS/GEN/802 
Página 70  
 
  medidas que sean de aplicación general , esta disposición también parece indicar que hay otras 
medidas sanitarias y fitosanitarias además de las que sean de aplicación general .  Podría tratarse de 
una referencia a normas adoptadas por entid ades gubernamentales y no gubernamentales. 
1.1.3.8 Procedimientos de control, inspección y aprobación 
 Los procedimientos de control, inspección y aprobación se abordan en el artículo 8 del 
Acuerdo MSF: 
"Los Miembros observarán las disposiciones del Anexo C al aplicar procedimientos 
de control, inspección y aprobación, con in clusión de los sistemas nacionales de 
aprobación del uso de aditivos o de estableci miento de tolerancias de contaminantes 
en los productos alimenticios, en las bebidas  o en los piensos, y se asegurarán en lo 
demás de que sus procedimientos no sean incompatibles con las disposiciones del 
presente Acuerdo. " 
 La interpretación ampliada implícita del ar tículo 8 del Acuerdo MSF, a la luz de su 
artículo 13, sería del siguiente tenor: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio las entidades no gubernamentales observen las disposiciones del Anexo C 
al aplicar procedimientos de control, inspección y aprobación, con inclusión de los 
sistemas nacionales de aprobación del us o de aditivos o de establecimiento de 
tolerancias de contaminantes en los producto s alimenticios, en las bebidas o en los 
piensos, y se aseguren en lo  demás de que sus procedimientos no sean incompatibles 
con las disposiciones del presente Acuerdo. " 
1.1.3.9 Trato especial y diferenciado 
 El párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo MSF se refiere al trato especial y diferenciado: 
"Al elaborar y aplicar las medidas sanitari as o fitosanitarias, los Miembros tendrán 
en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo Miembros, y en 
particular las de los países menos adelantados Miembros. " 
 La interpretación ampliada implícita del ar tículo 10 del Acuerdo MSF, a la luz de su 
artículo 13, sería del siguiente tenor: 
"Los Miembros elaborarán y aplicarán medi das y mecanismos positivos y tomarán 
las medidas razonables que estén a su al cance para asegurarse de que en su 
territorio las medidas sanitarias y fitos anitarias elaboradas y aplicadas por  
entidades no gubernamentales tengan en cuen ta las necesidades especiales de los 
países en desarrollo Miembros, y en partic ular las de los países menos adelantados 
Miembros. " 
1.2 Acuerdo OTC 
 La finalidad principal del Acuerdo OTC es someter a disciplinas la aplicación de reglamentos 
técnicos por los Miembros de la OMC, con obj eto de que no constituyan obstáculos arbitrarios o 
injustificados al comercio.  El Acuerdo OTC trat a de la elaboración de nor mas para fomentar el 
comercio internacional como una finalida d subordinada a este objetivo central.    G/SPS/GEN/802 
 Página 71 
 
 
  1.2.1 Disposiciones del Acuerdo OTC directamen te relacionadas con las obligaciones de los 
Miembros de la OMC referentes a las actividades de las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y de aplicación de normas 
 El artículo 2 es la norma fundamental del Acue rdo OTC e incluye, entre otras, las siguientes 
disposiciones.  En el párrafo 1 del artículo 2 de l Acuerdo OTC se recogen las obligaciones sobre el 
principio de la nación más favorecida y el trato nacional y se estipula que " con respecto a los 
reglamentos técnicos, se dé a los productos importa dos del territorio de cualquiera de los Miembros 
un trato no menos favorable que el otorgado a produc tos similares de origen nacional y a productos 
similares originarios de cualquier otro país ".  Con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo 
OTC, los Miembros de la OMC " se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen 
reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio 
internacional.  A tal fin, los reglamentos técnic os no restringirán el comercio más de lo necesario 
para alcanzar un objetivo legítimo [los ejemplos se enumeran en  el párrafo 2 del artículo 2],  teniendo 
en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo ".  
 El Acuerdo OTC alienta a los Miembros de  la OMC a utilizar las normas internacionales 
existentes para sus reglamentos nacionales, o para part e de ellos, salvo en el caso de que su utilización 
"sea [...] un medio ineficaz o inapropiado " para el logro de determina dos objetivos de política, por 
ejemplo " a causa de factores climáticos o geográfic os fundamentales o problemas tecnológicos 
fundamentales " (párrafo 4 del artículo 2).  El Acuer do OTC anima a los Miembros de la OMC a 
"participar [...], dentro de los límites de sus recursos, en la elaboración [de normas] por las 
instituciones internaciona les competentes con actividades de normalización " (párrafo 6 del 
artículo 2).  De conformidad con el párrafo 7 del artículo 2 del Acuerdo OTC,  los Miembros de la 
OMC considerarán favorablemente la posibilidad de  aceptar como equivalentes reglamentos técnicos 
de otros Miembros aun cuando difieran de los su yos, siempre que tengan la convicción de que esos 
reglamentos cumplen adecuadamente los obj etivos de sus propios reglamentos. 
 El artículo 2 del Acuerdo OTC se aplica por conduc to de las disposiciones del artículo 3 a la 
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones públicas locales y por 
instituciones no gubernamentales: 
"En lo que se refiere a sus instituciones púb licas locales y a las instituciones no 
gubernamentales existentes en su territorio: 
3.1 Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para 
lograr que dichas instituciones cumplan la s disposiciones del artículo 2, a excepción 
de la obligación de notificar estipulada en los apartados 9.2 y 10.1 del artículo 2. 
3.4 Los Miembros no adoptarán medidas que obliguen o alienten a las 
instituciones públicas locales o a las ins tituciones no gubernamentales existentes en 
su territorio a actuar de manera incompa tible con las disposiciones del artículo 2. 
3.5 En virtud del presente Acuerdo, lo s Miembros son plenamente responsables 
de la observancia de todas las disposic iones del artículo 2.  Los Miembros 
elaborarán y aplicarán medidas y mec anismos positivos que favorezcan la 
observancia de las disposiciones del artíc ulo 2 por las instituciones que no sean del 
Gobierno central. " 
 El párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo OTC tr ata de la "Elaboración, adopción y aplicación 
de normas" por las instituciones del Gobierno central con actividades de normalización, las 
instituciones públicas locales y las institucion es no gubernamentales con actividades de 
normalización, así como las instituciones regi onales con actividades de normalización: G/SPS/GEN/802 
Página 72  
 
  "Los Miembros se asegurarán de que las in stituciones de su Gobierno central con 
actividades de normalización acepten y cump lan el Código de Buena Conducta para 
la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas (denominado en el presente 
Acuerdo 'Código de Buena Conducta') que figura en el Anexo 3 del presente 
Acuerdo.  También tomarán las medidas  razonables que estén a su alcance para 
lograr que las instituciones públicas loca les y las instituciones no gubernamentales 
con actividades de normalización existentes en su territorio, así como las instituciones regionales con actividades de normalización de las que sean miembros 
ellos mismos o una o varias instituciones de su territorio, acepten y cumplan el 
Código de Buena Conducta.  Además, los Miembros no adoptarán medidas que 
tengan por efecto obligar o alentar directa o indirectamente a dichas instituciones 
con actividades de normalización a actuar de manera incompatible con el Código de 
Buena Conducta.  Las obligaciones de los Miembros con respecto al cumplimiento de 
las disposiciones del Código de Buena C onducta por las instituciones con actividades 
de normalización se aplicar án con independencia de que una institución con 
actividades de normalización haya acept ado o no el Código de Buena Conducta. " 
 En esencia, los Miembros de la OMC tomarán las medidas razonables que estén a su alcance 
para lograr que las instituciones de normalizaci ón no gubernamentales existentes en su territorio 
acepten y cumplan el Código de Buena Conducta.  Además, los Miembros de la OMC no adoptarán 
medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa o indirectamente a dichas instituciones con actividades de normalización a actuar de manera in compatible con el Código de Buena Conducta. 
 El Código de Buena Conducta para la El aboración, Adopción y Aplicación de Normas se 
establece en el Anexo 3 del Acuerdo OTC.  En té rminos generales, el C ódigo dispone que las normas 
no serán discriminatorias entre los productos originar ios de diferentes países y no crearán obstáculos 
innecesarios al comercio;  que las normas nacionale s o de otro tipo se basarán, cuando sea oportuno, 
en las normas internacionales pertinentes;  que  las instituciones de normalización evitarán la 
duplicación del trabajo de otras instituciones con act ividades de normalización;  que las normas se 
basarán en las propiedades de uso y empleo de  los productos más que en su diseño o sus 
características descriptivas;  y que las normas se ela borarán de manera transparente y las instituciones 
de normalización darán a los interesados la posibilid ad de formular observaciones y las tendrán en 
cuenta durante el proceso de elaboración. 
 De conformidad con el párrafo B de las Dis posiciones generales, el  Código también está 
abierto a la aceptación por parte de las instituciones no gubernamentales: 
"El presente Código está abierto a la acep tación por todas las instituciones con 
actividades de normalización del territorio de los Miembros de la OMC, tanto si se 
trata de instituciones del Gobierno central  como de instituciones públicas locales o 
instituciones no gubernamentales;  por todas las instituciones regionales 
gubernamentales con actividades de normalización, de las que uno o más miembros 
sean Miembros de la OMC;  y por todas las instituciones regionales no gubernamentales con actividades de normalización, de las que uno o más miembros estén situados en el territorio de un Mi embro de la OMC (denominadas en el 
presente Código colectivamente 'instituci ones con actividades de normalización' e 
individualmente 'la institución c on actividades de normalización'). " 
 Como se ha mencionado antes, en el párrafo 8 del Anexo 1 ("Términos y su definición a los 
efectos del presente Acuerdo") "institución no gubernamental" se define como:   G/SPS/GEN/802 
 Página 73 
 
 
  "Institución que no sea del Gobierno centr al ni institución pública local, con 
inclusión de cualquier institución no  gubernamental legalmente habilitada para 
hacer respetar un reglamento técnico. " 
 En esta definición parece reconocerse de manera implícita la existencia de instituciones no 
gubernamentales que no están legalmente habilitadas para hacer  respetar un reglamento técnico, ya 
que se define "institución no gubernamental" como " institución [...] con inclusión de cualquier 
institución no gubernamental legalmente habilitada  para hacer respetar un reglamento técnico ".  
Esta definición parece referirse a dos tipos difere ntes de instituciones no gubernamentales.  Podría 
aducirse que si hay instituciones no gubernamental es que están legalmente habilitadas para hacer 
respetar un reglamento técnico, también debe haber instituciones no gube rnamentales que no están 
legalmente habilitadas para hacer respetar un re glamento técnico y que adoptan o aplican normas 
voluntarias.  Queda por resolver la cuestión de si el Acuerdo OTC se aplica a ambos tipos de instituciones no gubernamentales. 
 Las reglas básicas para la realización y el r econocimiento de la evalu ación de la conformidad 
por las instituciones del Gobierno central figuran en los artículos 5 y 6 del Acuerdo OTC.  El 
artículo 8 aplica esas reglas, con ligeras modificaciones, a las instituciones no gubernamentales. 
 En el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo OTC ("Procedimientos de evaluación de la 
conformidad aplicados por las instituciones del Gobierno central") se establece lo siguiente: 
"En los casos en que se exija una declar ación positiva de conformidad con los 
reglamentos técnicos o las normas, los Miembros se asegurarán de que las 
instituciones de su Gobierno central apli quen a los productos originarios de los 
territorios de otros Miembros las disposiciones siguientes:  […]. " 
 Según un especialista de la OMC, " la situación típica en que se aplica el artículo 5 es cuando 
una institución del Gobierno central debe evaluar la  conformidad de un producto con un reglamento 
o una norma.  Sin embargo, puede ocurrir que, in cluso cuando las reglas hayan sido dictadas por el 
Gobierno central, la tarea de evaluar la conformidad  se confíe a una institución de la administración 
local o a una institución no gubernamental.  Es a iniciativa constituye una forma de acreditación y 
por lo tanto cae dentro de la definición de 'eva luación de la conformidad ' del Acuerdo OTC.  El 
artículo 5 impone obligaciones a los gobiernos central es en materia de evaluación de la conformidad, 
pero las actividades que regula sugieren que su ámb ito de aplicación no incluye las acreditaciones.  
Sea como fuere, esta forma de delegación de respon sabilidad constituye un buen ejemplo del caso en 
que un Gobierno central 'se atiene' al pro cedimiento de evaluaci ón de una institución no 
gubernamental y, por lo tanto, estaría a barcada por el artículo 8 del Acuerdo OTC ".
49  
 El artículo 8 del Acuerdo OTC se refiere dir ectamente a las obligaciones de los Miembros de 
la OMC en relación con las actividades de la s instituciones no gubernamentales que aplican 
procedimientos de evaluación de la confor midad.  En su párrafo 1 se dispone que: 
"Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para 
asegurarse de que las instituciones no gub ernamentales existentes en su territorio 
que apliquen procedimientos de eval uación de la conformidad cumplan las 
disposiciones de los artículos 5 y 6, a excepción de la obligación de notificar los 
procedimientos de evaluación de la confor midad en proyecto.  Además, los Miembros 
no adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa o 
                                                      
49 Edmond Mc Govern, International Trade Regulation , Globefield Press (hojas amovibles, edición 
del 20 de mayo de 2006), párrafo 7.244. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 74  
 
  indirectamente a esas instituciones a act uar de manera incompatible con las 
disposiciones de los artículos 5 y 6. " 
 En el párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo OTC se estipula lo siguiente: 
"Los Miembros se asegurarán de que las ins tituciones de su Gobierno central sólo se 
atengan a los procedimientos de eval uación de la conformidad aplicados por 
instituciones no gubernamentales si éstas cump len las disposiciones de los artículos 5 
y 6, a excepción de la obligación de notificar los procedimientos de evaluación de la 
conformidad en proyecto. " 
 En el artículo 10 del Acuerdo OTC se establecen las obligaciones de los Miembros de la 
OMC en relación con la "Información sobre los reglamentos técnicos, las normas y los 
procedimientos de evaluación de la  conformidad".  Allí se incluye, por ejemplo, la información sobre 
las normas que hayan adoptado o que proyecten adoptar las instituciones no gubernamentales con 
actividades de normalización en su territorio: 
"10.3 Cada Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para 
asegurarse de que existan uno o varios servicios que puedan responder a todas las 
peticiones razonables de información form uladas por otros Miembros y por partes 
interesadas de los demás Miembros así como facilitar o indicar dónde pueden 
obtenerse los documentos p ertinentes referentes a: 
10.3.1 las normas que hayan adoptado o pro yecten adoptar dentro de su territorio 
las instituciones no gubernamentales c on actividades de normalización o las 
instituciones regionales con actividades de normalización de las que aquellas 
instituciones sean miembros o participantes;  y 
10.3.2 los procedimientos de evaluación de  la conformidad existentes o en proyecto 
que sean aplicados dentro de su territorio por instituciones no gubernamentales, o 
por instituciones regionales de las qu e aquellas instituciones sean miembros o 
participantes; 
10.3.3 la condición de integrante o participante de las instituciones no 
gubernamentales pertinentes dentro de su territorio en instituciones internacionales y 
regionales con actividades de normalización y en sistemas de evaluación de la 
conformidad, así como en acuerdos bilat erales y multilaterales dentro del alcance 
del presente Acuerdo;  dichos servici os también habrán de poder facilitar la 
información que razonablemente pueda esp erarse sobre las disposiciones de esos 
sistemas y acuerdos. " 
 Los párrafos 1.1 y 1.3 del artículo 10 del Acuerdo OTC se refieren a las obligaciones de los 
Miembros de la OMC relativas a determinadas act ividades de las instituciones no gubernamentales 
legalmente habilitadas para hacer aplicar un reglamento técnico.  
 Por último, en el párrafo 5 del artículo 11 (Asistencia técnica a los demás Miembros) se 
establece que los Miembros de la OMC asesorarán a los demás Miembros acerca de los sistemas de 
evaluación de la conformidad aplicados por in stituciones no gubernamentales existentes en el 
territorio del Miembro de que se trate.   
"11.5 De recibir una petición a tal efecto,  los Miembros asesorarán a los demás 
Miembros, en particular a los países en desarrollo Miembros, y les prestarán 
asistencia técnica, según las modalidades y en las condiciones que se decidan de  G/SPS/GEN/802 
 Página 75 
 
 
  común acuerdo, en lo referente a las medidas que sus productores tengan que 
adoptar si quieren tener acceso a los sist emas de evaluación de la conformidad 
aplicados por instituciones gubernamentales o no gubernamentales existentes en el 
territorio del Miembro al que se dirija la petición. " 
 El Acuerdo OTC no contiene ni nguna disposición acerca del sumini stro de asistencia técnica 
a los demás Miembros de la OMC en relación con la adopción o elaboración de normas (voluntarias).  
1.2.2 Aplicabilidad del Acuerdo OTC a determinadas normas no gubernamentales no 
relacionadas con los productos 
 El Acuerdo OTC, en el párrafo 2 de su Anexo 1,  contiene la siguiente definición de "norma":  
"Documento aprobado por una institución rec onocida, que prevé, para un uso común 
y repetido, reglas, directrices o caracterís ticas para los productos o los procesos y 
métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria.  También 
puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado aplicables a un producto , proceso o método de producción, o 
tratar exclusivamente de ellas. " 
 Por consiguiente, el texto del Acuerdo OTC pa rece indicar que el Acuerdo no es aplicable a 
los procesos y métodos de producción (en lo su cesivo, PMP) que no están "relacionados con los 
productos".    
 En ese caso, el Acuerdo OTC, incluso si se aplicase a las instituciones no gubernamentales, 
no podría imponer restricciones, por ejemplo, a la s normas voluntarias sobre los PMP no relacionadas 
con productos (como algunas normas sociales y ambi entales), incluidas las que se basen en normas 
internacionales existentes.  Sin embargo, en ese caso estas normas podrían caer dentro del alcance del 
GATT, en particular su artículo III, que recoge la obligación del trato nacional e impone el principio 
de no discriminación entre los productos de fabricación nacional y los productos importados "similares" importados.  
1.3 Otros Acuerdos de la OMC 
 A los fines del presente estudio también hemo s analizado otros Acuerdos de la OMC y 
examinado en particular si contienen definicion es o menciones de los siguientes términos:  "no 
gubernamental", "gubernamental" (por oposic ión a "no gubernamental"), "instituciones", 
"organizaciones", "empresas", "entidades", "pri vado", "público" (por oposición a "privado"), 
"normas" y "medidas".  
 En los siguientes Acuerdos no se ha hallado ni nguna referencia a dic hos términos:  GATT, 
Acuerdo sobre la Agricultura, Acuerdo sobre los Asp ectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADP IC), Acuerdo sobre Procedimientos  para el Trámite de Licencias 
de Importación, Acuerdo sobre los Textiles y el V estido, Acuerdo sobre las Medidas en materia de 
Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC), Acuerdo Antidumping y Acuerdo sobre 
Salvaguardias.  
1.3.1 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
 Como se ha dicho antes, el párrafo 3 del artículo I ("Alcance y definición") del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (en adel ante, AGCS) determina cuándo se considera que una 
medida que afecta al comercio de servicios es una medida adoptada por un Miembro de la OMC.  
Según el párrafo 3 del artículo I, a los efectos del AGCS: G/SPS/GEN/802 
Página 76  
 
  "[…] se entenderá por 'medidas adoptadas po r los Miembros' las medidas adoptadas 
por: 
i) gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales;  y ii) instituciones no gubernamentales en  ejercicio de facultades en ellas 
delegadas por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales . 
En cumplimiento de sus obligaciones y comp romisos en el marco del Acuerdo, cada 
Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia por los gobiernos y autor idades regionales y locales y por las 
instituciones no gubernamentales existentes en su territorio. " [sin negritas en el 
original]  
 Por consiguiente, las medidas adoptadas por  las instituciones no gu bernamentales están 
comprendidas en el ámbito de aplicación del AGCS, pero sólo si se adoptan " en ejercicio de 
facultades en ellas delegadas por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales ". 
 En el párrafo 5 del artículo VII del AGCS también se mencionan las "organizaciones no 
gubernamentales" en relación con el reconocimiento de certificados, licencias, estudios, etc.  De 
conformidad con dicho párrafo, "... los Miembros trabajarán en colaboración con las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes  con miras al 
establecimiento y adopción de normas y criteri os internacionales comunes en materia de 
reconocimiento y normas internacionales comunes pa ra el ejercicio de las actividades y profesiones 
pertinentes en la esfera de los servicios ".  [sin negritas en el original] 
1.3.2 Anexo sobre Telecomunicaciones  
 En el párrafo 7 del Anexo sobre Telecomuni caciones se establece que los Miembros de la 
OMC consultarán a las organizaciones intergubernam entales y no gubernamentales sobre cuestiones 
derivadas de la aplicación del Anexo:  
"Los Miembros reconocen la función que desempeñan las organizaciones y los 
acuerdos intergubernamentales y no gubernamentales para el logro del 
funcionamiento eficiente de los servicios nacionales y mundiales de 
telecomunicaciones, en particular la Uni ón Internacional de Telecomunicaciones.  
Cuando proceda, los Miembros adoptarán las disposiciones adecuadas para la 
celebración de consultas  con esas organizaciones sobre cuestiones derivadas de la 
aplicación del presente Anexo. " [sin negritas en el original]  
1.3.3 Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  
 El Acuerdo sobre Subvenciones y Medid as Compensatorias (Acuerdo SMC) contiene 
disposiciones sobre los actos de "encomendar" y "ordenar" (párrafo 1 a) iv) del artículo 1) que 
abarcan las subvenciones otorgadas en el territorio de un Miembro de la OMC por entidades privadas 
pero consideradas medidas de los gobiernos: 
"Artículo 1  
Definición de subvención 1.1 A los efectos del presente Acuerdo,  se considerará que existe subvención:  G/SPS/GEN/802 
 Página 77 
 
 
  a) 1) cuando haya una contribución financ iera de un gobierno o de cualquier 
organismo público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente 
Acuerdo 'gobierno'), es decir: 
i) cuando la práctica de un gobierno im plique una transferencia directa de 
fondos (por ejemplo, donaciones, préstamo s y aportaciones de capital) o posibles 
transferencias directas de fondos o de pasi vos (por ejemplo, garantías de préstamos); 
ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se 
percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales); 
iii) cuando un gobierno proporcione bien es o servicios -que no sean de 
infraestructura general- o compre bienes; 
iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o 
encomiende a una entidad privada una o vari as de las funciones descritas en los 
incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al  gobierno, o le ordene que 
las lleve a cabo, y la práctica no difiera,  en ningún sentido real, de las prácticas 
normalmente seguidas por los gobiernos; 
o 
a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios 
en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; 
y 
b) con ello se otorgue un beneficio. "  [sin negritas en el original]  
1.3.4 Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición 
 En su artículo 1 (Alcance - Definiciones), el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición 
de la OMC dispone que las actividades de inspecci ón previa a la expedición podrán realizarlas las 
entidades (privadas) de inspección previa a la expedición bajo contrato o por prescripción del 
gobierno o de un órgano gubernamental de un Miembro de la OMC: 
"1. El presente Acuerdo será aplicable a todas las actividades de inspección 
previa a la expedición realizadas en el territo rio de los Miembros, ya se realicen bajo 
contrato o por prescripción del gobierno o de un órgano gubernamental del Miembro 
de que se trate. 
2. Por 'Miembro usuario' se entiende  un Miembro cuyo gobierno o cualquier 
órgano gubernamental contrate actividades de inspección previa a la expedición o 
prescriba su uso. 
3. Las actividades de inspección previ a a la expedición son todas las 
actividades relacionadas con la verificación de  la calidad, la cantidad, el precio 
-incluidos el tipo de cambio de la moneda correspondiente y las condiciones financieras- y/o la clasificación aduanera de las mercancías que  vayan a exportarse 
al territorio del Miembro usuario. G/SPS/GEN/802 
Página 78  
 
  4. Se entiende por 'entidad de inspecci ón previa a la expedición' toda entidad 
encargada, bajo contrato o por prescripci ón de un Miembro, de realizar actividades 
de inspección previa a la expedición. " 
 En el artículo 2 se establecen las obligaciones de los Miembros usuarios de velar por el 
respeto de principios como la no discr iminación (párrafo 1 del artículo 2):  " Se asegurarán [...] de que 
todos los inspectores de las enti dades de inspección previa a la expe dición cuyos servicios contraten 
o cuya utilización prescriban realicen la inspección de manera uniforme ", o la transparencia 
(párrafo 6 del artículo 2) en las actividades de  inspección realizadas por entidades (privadas) de 
inspección previa a la expedición:  " Los Miembros usuarios se asegurarán de que las entidades de 
inspección previa a la expedición, cuando los exp ortadores se pongan en contacto con ellas por 
primera vez, suministren a éstos una lista de toda la información que les es precisa para cumplir las 
prescripciones relativas a la inspección.  Las entidades de inspección previa a la expedición 
suministrarán la información propiamente dicha cu ando la pidan los exportado res.  Esta información 
comprenderá una referencia a las leyes y reglamento s de los Miembros usuarios relativos a las 
actividades de inspección previa a la expedición, así como los procedimientos y criterios utilizados a 
efectos de la inspección y de la verificación de los precios y del tipo de cambio de la moneda 
correspondiente, los derechos de los exportadores c on respecto a las entidades de inspección, y los 
procedimientos de recurso establecidos en el párrafo 21 [...]. " 
1.4 Conclusiones 
 Del análisis del texto del Acuerdo MSF, el  Acuerdo OTC y otros Acuerdos de la OMC 
pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
 La aplicación de las disposiciones del Acue rdo MSF a las entidades no gubernamentales que 
formulan y que aplican normas a la luz del artículo 13 del Acuerdo MSF  depende en gran medida de 
la definición de "institución no gubernamental". 
 Puede afirmarse que sólo l as entidades privadas a las que el gobierno ha encomendado la 
ejecución de determinadas tareas o que tienen por otros motivos una condición jurídica especial caen 
dentro de la definición de "entidad no gube rnamental" con arreglo al Acuerdo MSF.   
 Por el contrario, también puede aducirse que la definición de "entidad no gubernamental" en 
el Acuerdo MSF es más amplia e incluye también a otras instituciones privadas a las que el gobierno 
no ha encomendado determinadas tareas, pero que funcionan en el territori o de un Miembro de la 
OMC.  
 La interpretación literal del artículo 13 del Acuerdo MSF indica que la cuestión de la 
definición de "entidad no gubernamental" no está resuelta.  
 Aunque las disposiciones del Acuerdo MSF no se refieran directamente a las entidades no 
gubernamentales, a la luz del artículo 13 del Acuerdo MSF , los Miembros de la OMC tienen la 
responsabilidad de velar por que las actividades de  las entidades no gubernam entales se ajusten al 
Acuerdo.   
 De conformidad con el artícul o 4 del Acuerdo OTC, los Miem bros de la OMC tomarán las 
medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las instituciones no gubernamentales con 
actividades de normalización existentes en su te rritorio acepten y cumplan el Código de Buena 
Conducta.  Además, los Miembros de la OMC no a doptarán medidas que tengan por efecto obligar o 
alentar directa o indirectamente a dichas institu ciones con actividades de normalización a actuar de 
manera incompatible con el Código de Buena Conducta.  G/SPS/GEN/802 
 Página 79 
 
 
   El artículo 8 del Acuerdo OTC se refiere dir ectamente a las obligaciones de los Miembros de 
la OMC en relación con las actividades de la s instituciones no gubernamentales que aplican 
procedimientos de evaluación de la conformidad. 
 Otros Acuerdos de la OMC, como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el 
Anexo sobre Telecomunicaciones, el Acuerdo sobr e Subvenciones y Medidas Compensatorias y el 
Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición so n útiles para distinguir entre las actividades no 
gubernamentales y las gubernamentales.  G/SPS/GEN/802 
Página 80  
 
  Informe 2
 
   "Jurisprudencia pertinente de la OMC y orientaciones interpretativas en forma de 
decisiones ad hoc  o trabajos preparatorios de los Acuerdos MSF y OTC" 
 Como se previó en el mandato, en el presente  informe se examina, agrupa y referencia, según 
proceda, toda la información interpretativa pertinen te, tanto la resultante del proceso de negociación y 
redacción de los Acuerdos MSF y OTC como la produc ida después de su entrada en vigor, en forma 
de jurisprudencia de la OMC y de decisiones (si l as hay) de los Comités MSF y OTC.  El examen de 
la jurisprudencia aplicable de la OMC no se ha li mitado a los asuntos sometidos al procedimiento de 
solución de diferencias en que se hayan plant eado directamente cuestiones sobre MSF u OTC. 
1. Consideración de la jurisprudencia de la OMC 
1.1 Jurisprudencia relativa al artículo 13 del Acuerdo MSF 
 Existe escasa jurisprudencia de la OMC acer ca de la interpretación del artículo 13 del 
Acuerdo MSF y, en concreto, no hay jurisprudencia alguna sobre las entidades no gubernamentales  y 
el artículo 13 del Acuerdo MSF.  
 En el informe del Grupo Especial sobre el asunto Australia - Medidas que afectan a la 
importación de salmón - Recurso al párrafo 5 del artículo 21 por el Canadá
50, el Canadá alegó que 
Australia era jurídicamente responsable de la prohi bición impuesta por Tasmania (a la importación de 
salmón canadiense) con arreglo al artículo 13 del Ac uerdo MSF y el artículo 27 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
 El Grupo Especial afirmó lo siguiente: 
68. "[…] creemos que hay que considerar que la prohibición de Tasmania 
constituye una medida adoptada por Australia, en el sentido de que se trata de una 
medida de la que Australia es responsable t anto con arreglo al derecho internacional 
general como en virtud de las dis posiciones pertinentes de la OMC.51  Señalamos, 
además, que la medida de Tasmania es una medida sanitaria aplicada dentro del 
territorio de Australia que afecta directamente al comercio internacional y, por consiguiente, con arreglo al párrafo 1 del anexo A, y al párrafo 1 del artículo 1 del 
Acuerdo MSF, está sujeta a ese Acuerdo. 
69. Como ha reconocido Australia en su carta de 9 de diciembre de 1999, las 
medidas de Tasmania podrían considerarse me didas adoptadas por  'instituciones' 
que no son 'del Gobierno central' en el sentido del artículo 13 del Acuerdo MSF y 
                                                     
 
50 Informe del Grupo Especial, Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón - Recurso 
al párrafo 5 del artículo 21 por el Canadá , WT/DS18/RW, de 18 de febrero de 2000. 
 
51 En relación con el derecho internacional general, véase el artículo 27 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados ("Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimi ento de un tratado.") y el artículo 6 del Proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad de los Estados de la Comisión de Derecho Internacional.  ("El comportamiento de un órgano del 
Estado se considerará un acto de ese Estado según el derecho internacional, tanto si ese órgano pertenece al 
poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a otro poder, como si sus funciones son de carácter internacional o interno y cualquiera que sea su posición, su perior o subordinada, en el marco de la organización 
del Estado", Anuario de la CDI, 1996, capítulo III.) 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 81 
 
 
  constituirían medidas 'adoptadas por un gobi erno regional' dentro del territorio de 
Australia en el sentido del párrafo 9 del artículo 22 del ESD.  El artículo 13 del Acuerdo MSF establece de forma inequívoca que :  1) 'los Miembros son plenamente 
responsables de la observancia de todas la s obligaciones […] estipuladas [en el 
Acuerdo MSF];  y ii) los Miembros el aborarán y aplicarán medidas y mecanismos 
positivos que favorezcan la observancia de las disposiciones del presente Acuerdo 
por las instituciones que no sean del Gobi erno central'.  Analizando conjuntamente 
esas dos obligaciones, a la luz del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo MSF al que antes hemos hecho referencia, consideramo s que las medidas sanitarias adoptadas 
por el Gobierno de Tasmania, al ser medidas de una institución que no es del 
Gobierno central, como ha reconocido Australia, están sujetas al Acuerdo MSF, y 
Australia en cuanto Miembro de la OMC es r esponsable de ellas en lo que afecta a la 
observancia por ese país de las obligacion es estipuladas en el Acuerdo MSF.  
Además, como establece claramente el pá rrafo 9 del artículo 22 del ESD 'podrán 
invocarse las disposiciones de los acuerdos abarcados [incluido el propio ESD] en 
materia de solución de diferencias con respecto a medidas que afecten a la 
observancia de los mismos y hayan sido ado ptadas por los gobiernos o autoridades 
regionales o locales dentro del territorio de un Miembro', incluidas, como ha 
reconocido Australia, las medidas adoptadas por Tasmania de las que nos ocupamos 
ahora.  En consecuencia, en nuestra ca lidad de Grupo Especial que desarrolla su 
actuación con arreglo a esas disposiciones en materia de solución de diferencias, 
estamos facultados para examinar si las me didas de Tasmania respetan lo dispuesto 
en el Acuerdo MSF. "
52 
 En resumen, el Grupo Especial constató que la  medida de Tasmania er a incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 5 y el párrafo 2 del artíc ulo 2 del Acuerdo MSF y no examinó ninguna otra 
alegación del Canadá a este respecto;  en particul ar, el Grupo Especial constató que el Canadá no 
había fundamentado una alegación re lacionada con el artículo 13 del Acuerdo MSF, que obliga a los 
Miembros a elaborar y aplicar medidas y mecanism os positivos que favorezcan la observancia de las 
disposiciones de dicho Acuerdo por las in stituciones que no sean del Gobierno central. 
 Por consiguiente, el Grupo Especial no decidió si Australia había cumplido o no esa 
obligación.  No obstante, ello no le impidió remitir se al artículo 13 para respaldar la constatación de 
que la medida de Tasmania estaba sujeta al Acuerdo MSF y era responsabilidad de Australia.53 
 Aunque este informe del Grupo Especial no se re fería a las institucion es no gubernamentales, 
permite sacar algunas conclusiones sobre la form a en que un grupo especial podría analizar una 
posible vulneración del Acuerdo M SF por una institución no gubernamental.  En primer lugar, el 
grupo especial examinaría el artículo 13 para dete rminar si un Miembro de la OMC es "responsable";  
luego, "considerando el caso a la luz del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo MSF", establecería si la 
medida impugnada es una medida sanitaria o fitosanita ria y, por último, decidiría si se ha producido 
una infracción del Acuerdo MSF. 
1.2 Otra jurisprudencia 
 No existe jurisprudencia pertinente en el marco del Acuerdo OTC en relación con las 
instituciones no gubernamentales. 
                                                      
52 Informe del Grupo Especial, WT/DS18/RW, párrafos 7.12 y 7.13. 
 
53 Informe del Grupo Especial, WT/DS18/RW, párrafo 7.162. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 82  
 
   La cuestión de los actos del gobierno frente a las acciones privadas se ha analizado en el 
informe del Grupo Especial en la diferencia Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel 
fotográficos de consumo
54: 
"Del hecho de que el Acuerdo sobre la OMC es un Acuerdo Internacional, que sólo 
obliga directamente a los gobiernos nacionales y los territorios aduaneros distintos, 
se desprende que el término medida utilizado en el párrafo 1 b) del artículo XXIII y 
en el párrafo 1 del artículo 26 del ESD, así como en otros artículos del Acuerdo 
sobre la OMC, se refiere exclusivamente a las políticas o actos de los gobiernos y no 
de los particulares.  Pero aunque no que pan dudas sobre ese 'hecho', en varias 
diferencias comerciales los grupos especial es se han visto enfrentados a la necesidad 
de adoptar una decisión, a veces difícil, acerca del grado en que acciones que a 
primera vista parecen acciones de particulares pueden ser imputables al gobierno por razón de la conexión del gobierno con esas acciones o el apoyo prestado a 
ellas. "
55 
 El Grupo Especial presentó a título de ejem plo el informe de 1989 del Grupo Especial sobre 
el asunto CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa.56  Ese Grupo Especial había 
hecho la siguiente observación: 
"El régimen interno de la CEE en lo re lativo a las manzanas era un régimen híbrido 
que combinaba elementos de responsabilid ad pública y responsabilidad privada.  
Desde el punto de vista de la legislación, había dos sistemas posibles, la compra directa de manzanas por las autoridades de los Estados Miembros y la retirada de 
fruta por grupos de productores. " 
 El Grupo Especial constató que se podía considerar que tanto el sistema de compra como el de 
retiro establecidos para las manzanas en virt ud del Reglamento de la CEE constituían medidas 
gubernamentales a los efectos del pá rrafo 2 c) i) del artículo XI. 
 En el asunto Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo
57, el 
Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión:  
"asuntos sustanciados anteriormente en el  GATT demuestran que el hecho de que 
una determinada acción sea realizada por par ticulares no excluye la posibilidad de 
que pueda considerarse una medida gu bernamental si hay una intervención 
suficiente del gobierno en ella.   No ob stante es difícil establecer reglas claras al 
respecto, por lo que esa posibilidad habrá de ser examinada caso por caso ". 
 Por consiguiente, parece que es necesario cier to grado de intervenci ón gubernamental para 
que una medida pueda ser examinada a la luz de los Acuerdos de la OMC.  "Cierto grado de 
intervención gubernamental" podría ser un crit erio útil para diferenciar las "instituciones no 
gubernamentales" de las "instituciones privadas".  
                                                      
54 Informe del Grupo Especial, Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de 
consumo , WT/DS44/R, de 31 de marzo de 1998. 
 
55 Informe del Grupo Especial, WT/DS44/R, párrafo 10.52. 
 
56 Informe del Grupo Especial, CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa  
(reclamación de Chile), adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD 36S/104, página 143. 
 
57 Informe del Grupo Especial, WT/DS44/R, párrafo 10.56. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 83 
 
 
  1.2.1 Jurisprudencia sobre las disposicio nes del Acuerdo SMC acerca de "ordenar" y 
"encomendar" 
 En el asunto CE - Medidas compensatorias sobre las microplaquetas para DRAM58, el Grupo 
Especial afirmó que "[c]ompart[ía] el entendimiento básico [acerca de la limitación de las exportaciones] de ese Grupo Especial de los términ os 'encomiende' u 'ordene' en el sentido de que 
requieren una actuación gubernamental que obliga a una entidad privada a actuar en una forma 
determinada y que en general atañe a una situaci ón en la que el gobierno ejecuta una política en 
particular actuando por medio de una entidad privada" ;  y dijo que "la autoridad investigadora tendrá 
que asegurarse de que la demostración de encomi enda u orden es probatoria e inequívoca, lo que 
evidentemente variará de un caso a otro".  
 En la diferencia Estados Unidos - Investigación en ma teria de derechos compensatorios 
sobre los DRAM
59, el Órgano de Apelación concluyó que "la 'encomienda' tiene lugar cuando un 
gobierno asigna responsabilidad a una entidad privada y la 'orden' se refiere a si tuaciones en las que el 
gobierno ejerce su autoridad sobre una entidad privada"  y modificó por lo tanto la interpretación que 
había hecho el Grupo Especial del párrafo 1 a) 1)  iv) del artículo 1 "en la medida en que pueda 
entenderse que limita los términos 'encomiende' y 'ordene' a actos de 'delegación" y 'mando'". 
 En el mismo asunto, Estados Unidos - Investigación en materia de derechos compensatorios 
sobre los DRAM60, el Grupo Especial había concluido que "como cuestión de derecho, no 
consideramos que el sentido claro del párrafo 1 a) 1) iv) del artículo 1 del Acuerdo SMC exija que una 
autoridad investigadora demuestre la existencia de una acción explícita del gobierno dirigida a una 
entidad determinada, por la que se encomiende  u ordene una tarea u obligación determinada". 
 En la diferencia Corea - Embarcaciones comerciales61, el Grupo Especial deliberó en el 
contexto del artículo 1 del Acuerdo SMC, relativo a la existencia de  subvenciones, y observó que de 
los términos "encomendar" y "ordenar" se despre nde que la acción del gobierno debe incluir una 
noción de delegación (en lo relati vo a "encomendar") o de mando (en lo  referente a "ordenar"), pero 
afirmó que el acto de encomendar o de ordenar no tiene por qué ser "explícito". 
 En el asunto Estados Unidos - Limitaciones de las exportaciones62, el Grupo Especial rechazó 
el argumento de que una limitación de las expor taciones fuera "funcionalmente equivalente" a 
encomendar u ordenar a una entidad privada que sumi nistrara bienes al mercado nacional y concluyó 
                                                      
58 Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Medidas compensatorias sobre las 
microplaquetas para memorias dinámicas de acceso aleatorio procedentes de Corea , WT/DS299/R, de 3 de 
agosto de 2005;  véanse los párrafos 7.18-146. 
 
59 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Investigación en materia de derechos 
compensatorios sobre los semiconductores para memori as dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) procedentes 
de Corea , WT/DS296/AB/R;  véanse los párrafos 102-197. 
 
60 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Investigación en materia de derechos compensatorios 
sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) procedentes de Corea , 
WT/DS296/R, de 20 de julio de 2005;  véanse los párrafos 7.10-178. 
 
61 Informe del Grupo Especial, Corea - Medidas que afectan al comercio de embarcaciones 
comerciales , WT/DS273/R, de 7 de marzo de 2005;  véanse los párrafos 7.350-426. 
 
62 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Medidas que tratan como subvenciones las 
limitaciones de las exportaciones , WT/DS194/R, de 29 de junio de 2001;  véanse los párrafos 8.15-75. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 84  
 
  que, en su significado corriente, los términos "enc omienda" y "ordena" connotan una "acción explícita 
y afirmativa de delegación o de mando".  
 En consonancia con esta jurisprudencia, los cr iterios de "encomendar"  u "ordenar" podrían ser 
útiles para diferenciar a las "instituciones no g ubernamentales" de las "instituciones privadas". 
1.3 Aplicación de la jurisprudencia a las MSF 
 La cuestión es si esa jurisprudencia es aplicable  a las medidas sanitarias y fitosanitarias.  En el 
artículo 13 del Acuerdo MSF se establece que los " Miembros tomarán las medidas razonables que 
estén a su alcance para asegurarse de que las entidades no gubernamentales existentes en su 
territorio [...] cumplan las disposici ones pertinentes del presente Acuerdo ". 
 En el Anexo A del Acuerdo MSF se define "medida sanitaria o fitosanitaria" como 
"Toda medida aplicada: 
a) para proteger la salud y la vida  de los animales o para preservar los 
vegetales en el territorio del Miembro de  los riesgos resultantes de la entrada, 
radicación o propagación de plagas, en fermedades y organismos patógenos o 
portadores de enfermedades; 
b) para proteger la vida y la salud de  las personas y de los animales en el 
territorio del Miembro de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, 
contaminantes, toxinas u organismos patóge nos en los productos alimenticios, las 
bebidas o los piensos; 
c) para proteger la vida y la salud de las personas en el territorio del Miembro 
de los riesgos resultantes de enfermed ades propagadas por animales, vegetales o 
productos de ellos derivados, o de la en trada, radicación o propagación de plagas;  
o 
d) para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del Miembro 
resultantes de la entrada, radi cación o propagación de plagas.  
Las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden todas las leyes, decretos, 
reglamentos, prescripciones y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre otras 
cosas, de:  criterios relativos al producto final;  procesos y métodos de producción;  procedimientos de prueba, inspección, certificación y aprobación;  regímenes de 
cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes asociadas al transporte de 
animales o vegetales, o a los materiales necesa rios para su subsistencia en el curso 
de tal transporte;  disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos 
de muestreo y métodos de evaluación del riesgo pertinentes;  y prescripciones en 
materia de embalaje y etiquetado directamente  relacionadas con la  inocuidad de los 
alimentos. " 
 Una vez más se hace hincapié en " medida aplicada en el territorio del Miembro ".  Por último, 
en relación con el tipo de medida, además de "toda s las leyes, decretos, reglamentos ... pertinentes", 
en el Acuerdo MSF las medidas sanitarias o fitosanitarias comprenden "prescripciones y 
procedimientos", que pueden no ser necesariamente medidas gubernamentales como leyes, decretos o 
reglamentos.    G/SPS/GEN/802 
 Página 85 
 
 
   Para determinar el alcance del concepto de "medida" un estudio de los demás Acuerdos de la 
OMC puede brindar una orientación interpretativa. 
 El párrafo 3 del artículo I del Acuerdo Gene ral sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
define "medidas adoptadas por los Miembros" como: 
"... las medidas adoptadas por: 
i) gobiernos y autoridades centrales, regionales o locales;  y ii) instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas 
delegadas por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales. 
En cumplimiento de sus obligaciones y comp romisos en el marco del Acuerdo, cada 
Miembro tomará las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su 
observancia por los gobiernos y autor idades regionales y locales y por las 
instituciones no gubernamentales existentes en su territorio. " 
 Por consiguiente, las medidas adoptadas por in stituciones no gubernamentales entran en el 
ámbito de aplicación del AGCS, aunque sólo si se adoptan " en ejercicio de facultades en ellas 
delegadas por gobiernos o autoridades centrales, regionales o locales ". 
 El Acuerdo MSF no se refiere explícitamente a medidas adoptadas por instituciones no 
gubernamentales " en ejercicio de facultades en ellas delegadas por gobiernos o autoridades 
centrales, regionales o locales ".  Se limita a establecer que " las entidades no gubernamentales 
existentes en su territorio [...] cumpl[irán] las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo " y que 
las medidas sanitarias o fitosanitarias pueden co mprender medidas que no formen parte de la 
legislación adoptada por el gobierno (por ejemplo, en forma de " prescripciones " y "procedimientos ").  
 En conclusión, también hay argumentos para de fender la posibilidad de analizar las normas 
privadas, establecidas por entidades no gubernamental es, de acuerdo con las reglas de la OMC, en 
especial el Acuerdo MSF. 
 No obstante, en el asunto CE - Aprobación y comerc ialización de productos 
biotecnológicos
63, el Grupo Especial estableció que una "med ida sanitaria o fitosanitaria" consta de 
tres elementos:  "la finalidad de la me dida, su forma jurídica y su naturaleza": 
"El párrafo 1 del Anexo A indica que para determinar si una medida en particular es 
una 'medida sanitaria o fitosanitaria' deber án tenerse en cuenta elementos como la 
finalidad de la medida, su forma jurídica y su naturaleza.  El elemento de finalidad se aborda en los apartados a) a d), inclusive, del párrafo 1 del Anexo A ('toda medida 
aplicada').  Al elemento de forma se hace referencia en la segunda parte del 
párrafo 1 del Anexo A ('leyes, decretos, reglamentos').  Por último, a la naturaleza de 
las medidas que pueden considerarse MSF se hace también referencia en la segunda 
parte del párrafo 1 del Anexo A ('prescripci ones y procedimientos pertinentes, con 
inclusión, entre otras cosas, de:  criterios  relativos al producto final;  procesos y 
                                                     
 
63 Informe del Grupo Especial sobre el asunto Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la 
aprobación y comercialización de productos biotecnológicos , adoptado el 29 de septiembre de 2006 
[WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R], párrafo 7.149.  Además, en el párrafo 7. 162, el Grupo Especial 
da un ejemplo y afirma que una medida " debería considerarse [...] una MSF, ya que satisface los elementos de 
forma (ley), naturaleza (prescripción) y finalidad (una de las finalidades enumeradas) de la definición de la 
expresión 'medida sanitaria o fitosanitaria ' que figura en el párrafo 1 del Anexo A ".   
 G/SPS/GEN/802 
Página 86  
 
  métodos de producción;  procedimientos  de prueba, inspección, certificación y 
aprobación;  [etc.]'). " 
 Por lo tanto, según este informe muy reciente  de un grupo especial, parece que, para que 
satisfagan el segundo requisito (el elemento de form a), las MSF sólo pueden tener la forma de una 
ley, decreto o reglamento, mientras que las "prescripciones y procedimientos" son únicamente un 
"elemento de naturaleza" adicional. 
 Sin embargo, en una nota reciente de la Secretaría presentada al Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias titulada "L as normas privadas y el Acuerdo MSF"
64 se contradice la 
interpretación de ese Grupo Especial.  La Secretaría afirma que "[…] la definición de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que figura en el párra fo 1 del Anexo A y la lista ilustrativa que la 
acompaña no las limitan explícitamente a las medidas oficiales ". 
 Por consiguiente, un Grupo Es pecial de la OMC y la Secretaría de la Organización han 
expresado opiniones distintas acerca de si las medidas que no han sido adoptadas por un gobierno pueden definirse como medidas sanitarias o fitosanitarias. 
2. Información interpretativa 
2.1 Información interpretativa en el contexto de  la negociación y redacción de los Acuerdos 
MSF y OTC 
2.1.1 Trabajos preparatorios del Acuerdo OTC 
 El 29 de agosto de 1995, el Comité de Comercio y Medio Ambiente (Comité de Obstáculos 
Técnicos al Comercio) recibió un documento sobre la "Historia de la negociación del alcance del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en lo que respecta a los requi sitos de etiquetado, las 
normas de aplicación voluntaria y los procesos y métodos de producción no relacionados con las 
características de productos".
65  Dicho documento se centra en esas cuestiones concretas y su propósito 
no es hacer un examen exhaustivo de la historia de la negociación de todas las disciplinas en la Ronda 
de Tokio y el Acuerdo OTC.  
 A los efectos del presente estudio tienen especi al interés las consideraciones relacionadas con 
la historia de la negociación de la definici ón de "norma" e "institución con actividades de 
normalización", así como con las disciplinas para la elaboración, adopción y aplicación de normas por las instituciones no gubernamentales. 
2.1.1.1 Definiciones 
 Inicialmente, en las negociaciones de la Ronda de Tokio, el término "norma" se utilizó para 
designar tanto a las normas obligatorias como voluntarias y las diversas obligaciones sobre la 
elaboración, adopción y aplicación de normas se examinaron respecto de tres categorías de normas:  
normas obligatorias de las instituci ones del Gobierno central, normas  obligatorias de instituciones 
públicas locales y normas de aplicación voluntaria.  
 En lo referente a las normas obligatorias de la s instituciones del Gobierno central, el proyecto 
de Código de Normas imponía a los signatarios oblig aciones de primer nivel (es decir, obligaciones 
                                                     
 
64 G/SPS/GEN/746, de 24 de enero de 2007. 
 
65 WT/CTE/W/10;  G/TBT/W/11, de 29 de agosto de 1995. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 87 
 
 
  vinculantes).  Para las otras dos categorías de normas se estipulaba el  segundo nivel de obligaciones (los 
signatarios estaban obligados a toma r todas las medidas razonables a su alcance para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones pertinentes).  Una de las princi pales preocupaciones durante las 
negociaciones fue el equilibrio de de rechos y obligaciones entre los signa tarios, por ejemplo, en relación 
con la posible desigualdad de obligaciones entre los países en los que las actividades de normalización 
correspondían en gran part e a instituciones del sector privado que elaboraban normas de aplicación 
voluntaria y los países en los que to das las normas eran obligatorias.  
 Después de varios años  de negociaciones, el texto final de l Anexo 1 ("Términos y su definición 
para las finalidades concretas del presente Acuerdo") del Acuerdo OTC de la Ronda de Tokio contenía 
las siguientes definiciones: 
Norma: 
"Especificación técnica aprobada por una institución reconocida para su aplicación 
repetida o continua y cuya observancia no es obligatoria. " 
Nota explicativa de la definición de 'norma': 
"La definición correspondiente de la CEPE/IS O contiene varios elementos normativos 
que no se incluyen en ésta.  Así pues, el  Código abarca las especificaciones técnicas 
que no se basan en un consenso.  Esta definición no abarca las especificaciones 
técnicas elaboradas por una determinada compañía a los efec tos de su propia 
producción o consumo.  El término 'ins titución' comprende también un sistema 
nacional de normalización. " 
 Institución con actividad es de normalización: 
"Institución gubernamental o no gubernamental una de cuyas actividades reconocidas 
pertenece a la esfera de la normalización. " 
 Las definiciones del Acuerdo OTC de la Ronda  de Tokio diferían de las empleadas por la 
Comisión Económica para Europa (CEPE) y la Or ganización Internacional de Normalización (ISO) 
en las normas CEPE/ISO. 
 La definición de "norma" que aparece en el te xto final del Acuerdo OTC de la OMC, después 
de las negociaciones de la Ronda Uruguay, dice lo siguiente: 
 Norma: 
"Documento aprobado por una institución rec onocida, que prevé, para un uso común y 
repetido, reglas, directrice s o características para lo s productos o los procesos y 
métodos de producción conexos, y cuya observ ancia no es obligatoria.  También puede 
incluir prescripciones en materia de te rminología, símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado aplicables a un producto, pr oceso o método de producción, o tratar 
exclusivamente de ellas. 
Nota explicativa: Los términos definidos en la Guía 2 de la  ISO/CEI abarcan los productos, procesos y 
servicios.  El presente Acuerdo sólo trata de los reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos para la eval uación de la conformidad relacionados con los productos o 
los procesos y métodos de producción.  La s normas definidas en la Guía 2 de la G/SPS/GEN/802 
Página 88  
 
  ISO/CEI pueden ser obligatorias o de aplicación voluntaria.  A los efectos del presente 
Acuerdo, las normas se definen como documentos de aplicación voluntaria, y los reglamentos técnicos, como documentos ob ligatorios.  Las normas elaboradas por la 
comunidad internacional de normalización se basan en el consenso.  El presente 
Acuerdo abarca asimismo documentos que no están basados en un consenso. " 
 En el Anexo 1 revisado del Acue rdo de la OMC sobre Obstáculos  Técnicos al Comercio no se 
daba ninguna definición espe cífica de "institución con actividades de normalización".  No obstante, en 
dicho Anexo hay una declarac ión según la cual "cuando se  utilicen en el presente  Acuerdo, los términos 
presentados en la sexta edición de la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1 991, sobre términos generales y sus 
definiciones en relación con la normalización y las actividades conexas, tendr án el mismo significado 
que se les da en las definiciones recogidas en la me ncionada Guía teniendo en cuenta que los servicios 
están excluidos del alcance del presente Acuerdo" .  En la Guía 2 de la ISO/CEI de 1991 no se ha 
modificado la definición de "institu ción con actividades de normalizaci ón" de la versión anterior (es 
decir, de la quinta edición de la Guía, que es la siguiente:  "instituci ón que tenga actividades reconocidas 
en materia de normalización"). 
2.1.1.2 Disciplinas sobre la elaboración, la adopción y la aplicación de normas 
 Durante las negociaciones de la Ronda de Tokio, el artículo 4 del proyecto de Código de 
Normas prescribía disciplinas en relación con la el aboración, adopción y aplicación de normas 
voluntarias.  Los objetivos principales de esas di sciplinas eran impedir que las normas de aplicación 
voluntaria se convirtieran en obstáculos al comercio  internacional, fomentar  la cooperación en la 
elaboración de normas internaciona les y la utilización de normas internacionales, establecer 
obligaciones de notificación y prestar atención a las observaciones formuladas cuando el contenido de 
las normas voluntarias no fuera en sustancia el mi smo que el de las normas internacionales, con la 
excepción de determinadas disciplinas en caso de pr oblemas urgentes, y lograr el cumplimiento por las 
instituciones regionales de normaliza ción de las disciplinas pertinentes.  Estas disciplinas implicaban 
una "obligación de máximo empeño" u obligación del segundo nivel.  Por ej emplo, según el primer 
párrafo del artículo 4: 
"Los adherentes utilizarán todos  los medios razonables a su  alcance para hacer que las 
normas no sean elaboradas, adoptadas o aplicadas con el fin de crear obstáculos al 
comercio internacional.  También utilizarán todos los medios razonables a su alcance 
para hacer que ni las reglamentaciones técnic as propiamente dichas ni su aplicación 
tengan por efecto la creación de un obstácul o injustificado al comercio internacional. " 
 En la Ronda Uruguay, varias de legaciones hicieron patente su de seo de reforzar las disciplinas 
del Acuerdo de la Ronda de Tokio sobre Obstáculos Té cnicos al Comercio relativas a la elaboración, 
adopción y aplicación de normas.  Se presentaron vari as propuestas referentes al aumento del grado de 
transparencia y participación en las actividades realizadas en la esfera de la normalización por los diversos tipos de instituciones con actividades de  normalización (instituciones del Gobierno central, 
instituciones públicas locales o instituciones regi onales o no gubernamentales con actividades de 
normalización). 
 La India propuso
66 que se notificaran los proyectos de normas (o las normas previstas) de 
aplicación voluntaria, incluidos aquellos casos en qu e, aunque no se tratara de proyectos de normas 
nacionales, su amplia adopción por la industria del país elevara a esas norma s a una condición similar a 
la de las normas nacionales;  que se notificaran la s normas de aplicación vol untaria que se convirtieran 
en obligatorias por ley o en virtud de órdenes dict adas en el marco de un texto legal;  y que se 
                                                      
66 MTN.GNG/NG8/W/9, 45. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 89 
 
 
  proporcionara información y se lograra la compat ibilidad entre las normas formuladas por las 
instituciones nacionales con activid ades de normalización y las formul adas por las demás instituciones 
reconocidas con actividades de normalizaci ón dentro del territorio de una Parte.  
 La India aclaró que muchas Partes en el Ac uerdo no notificaban los proyectos de normas de 
aplicación voluntaria aunque se  tratara de normas nacionales, ni en caso de que su amplia adopción por 
la industria del país las elevara a una condición similar a la de las normas nacionales.  Además era difícil 
obtener información acerca de las normas que se ha bían convertido en obligatorias en virtud de una 
disposición legislativa o de las normas formuladas por diferentes instituciones dentro del país.  La India 
proponía que se notificaran las norma s elaboradas por las instituciones locales y que se encargara a una 
institución nacional que proporcionara informació n y lograra la compatibilidad de las normas 
promulgadas por las demás instituciones reconocidas del país. 
 La CEE propuso67 que se reforzaran, tanto a nivel naciona l como a nivel local, las disciplinas 
del Acuerdo relativas a las instit uciones no gubernamentales con activ idades de normalización.  A tal 
fin, proponía que se incluyera, como anexo al Acuerdo, un Código de Bu ena Conducta para las 
instituciones no gubernamentales de normalización.68  Según la CEE, su propuesta res pondía al objetivo 
de "formular en forma más concreta las obligaciones ya  enunciadas en los artículos 4, 6 y 8 del Acuerdo, 
y [...] establecer ciertas pautas  que permitan calibrar la actu ación de las Partes y de las instituciones 
privadas " [sin negritas en el original].  Las disciplinas  recogidas en la propuesta inicial de la CEE en 
relación con el Acuerdo abarcaban la transparencia,  el trato no discriminatorio, la posibilidad de 
presentar observaciones por escrito, y la necesidad de  basarse en la mayor medida posible en normas 
internacionales para adoptar regl amentos técnicos y normas, determ inar la conformidad y aplicar 
sistemas de certificación. 
                                                      
67 MTN.GNG/NG8/W/8. 
 
 68 TBT/W/110, de 7 de julio de 1988.  La CEE estimó conveniente mejorar estas disposiciones por los 
siguientes motivos: 
 a) "Las normas (y reglamentos técnicos) elab orados por instituciones no gubernamentales 
pueden, si se aplican en el ámbito nacional, crear en la práctica obst áculos al comercio tan 
graves como los que crearían los reglamentos t écnicos elaborados por las instituciones del 
Gobierno central; 
 b) al parecer, en todo el mundo se tiende a una mayor utilización de normas (y reglamentos 
técnicos) elaborados por instituciones no gubernamentales y un empleo menos frecuente de reglamentos técnicos elaborados por institucione s del Gobierno central.  Esto se aplica a la 
CEE.  [...]; 
 c) con las disposiciones vigentes del Acuerdo no se han logrado garantizar la transparencia de las 
actividades de las instituciones no gubernamen tales de normalización o certificación, ni el 
acceso a dichas actividades, ni influencia alguna sobre las mismas.  Tampoco esas 
disposiciones han contribuido a que las Partes obtengan, en relación con las instituciones no 
gubernamentales, unos resultados como si dichas instituciones fuesen Partes; 
 d) esta ausencia de resultados puede deberse a tres factores: 
i) pueden ser insuficientes los incentivos para que las instituciones no gubernamentales y 
las Partes cumplan plenamente  sus obligaciones sustantivas; 
ii) las propias obligaciones sustantivas pueden  no ser bastante precisas o detalladas; 
iii) las obligaciones sustantivas incumben a la s Partes, pero se aplican luego a las 
instituciones no gubernamentales.  No s on forzosamente muy indicadas, eficaces o 
incluso pertinentes para las instituciones no gubernamentales." 
 G/SPS/GEN/802 
Página 90  
 
   Posteriormente, la CEE pr esentó una propuesta más de tallada sobre el Código.
69  H i z o  l a  
siguiente declaración: "El Acuerdo sobre Obstácul os Técnicos al Comercio impone obligaciones 
jurídicas directas solamente a las instituciones del Gobierno central.  Las acti vidades de normalización, 
verificación y certificación que realizan las instituciones públicas locales y las instituciones no 
gubernamentales  [...] están sometidas a obligaciones, si acaso, sólo indirectamente, a través del 
compromiso asumido por las Partes de tomar 'todas las medidas razonables que estén a su alcance' para 
lograr que esas otras instituciones cumplan ciertas disposiciones del Acuerdo a las cuales se hace referencia.  Este compromiso de las Partes ha reci bido el nombre de obligación del 'máximo esfuerzo' o 
de 'segundo nivel'.  Así pues, no se  habla directamente de las in stituciones que no son del Gobierno 
central, y muy pocas de ellas saben que, en cierta medida, ya están comprendidas en el alcance del 
Acuerdo.  Y en el caso de que lo sepan, les result a difícil deducir del Acuer do qué normas operacionales 
concretas se supone que deben seguir" (sin negritas en el original). 
 La CEE aclaró que la aceptación del Código por las instituciones no gubernamentales sería 
voluntaria, a condición de que las Pa rtes tomasen todas las medidas a su alcance para lograr que las 
instituciones no gubernamentales de  reglamentación y certificación de sus respectivos territorios 
aceptasen el Código y se adhirieran a él.  No obstante, aunque la adhe sión al Código sería voluntaria, el 
prestigio que ello conllevaría supondría un estímulo.  El Código se aplicaría de  manera automática, al 
denegar ciertos beneficios a quienes no lo hubieran su scrito.  También se autorregularía, al conceder a 
las demás partes el derecho a formular observaciones y reclamaciones.  La CEE sugería además que en el Código de Buena Conducta para las instituciones  no gubernamentales de norma lización se recogieran 
los siguientes aspectos en relación con la transparencia:  
"1) Cada año debería ponerse a disposició n la información sobre el programa de 
normas o reglamentos técnicos que toda institu ción prevé adoptar en el año siguiente, y 
sobre las normas internacionales que haya adoptado en el año anterior;   
2) debería ponerse a disposición, por lo  menos con una antelación de 60 días, la 
información sobre toda norma o reglamento técnico específicos que vayan a adoptarse 
y no sean sustancialmente idénticos a una norma internacional, así como sobre todo 
sistema de certificación que se prevea introducir;   
3) se estudiará más adelante si esta in formación debería ponerse a disposición en 
un servicio nacional de información, facili tarse a pedido de las Partes interesadas o 
notificarse a las otras Partes por conducto de  un servicio internacional centralizado 
(como ISONET);   
4) previa petición, debería ponerse a di sposición el texto completo de todo 
proyecto de reglamento técnico, nor ma o sistema de certificación;   
5) los reglamentos técnicos y normas qu e se hayan adoptado deberían publicarse 
prontamente, para que las Partes interes adas puedan tomar conocimientos de los 
mismos.  Previa petición, de berían ponerse a disposición con arreglo a los términos y 
condiciones comerciales normales. " 
 En los debates que se mantuvieron en el Comi té OTC se expusieron di versas opiniones sobre 
las propuestas.
70  Sobre la base de esos debates, la India presentó una propuesta revisada71 sobre 
                                                      
69 TBT/W/124, de 27 de julio de 1989. 
 
70 MTN.GNG/NG8/W 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 y 18. 
 
71 MTN.GNG/NG8/W/45.  G/SPS/GEN/802 
 Página 91 
 
 
  proyectos de normas de aplicación voluntaria y la CEE72 hizo lo mismo sobre el Código de Buena 
Conducta.  Según declaró el represen tante de la CEE, el Código de Buena Conducta propuesto por la 
delegación de los Estados Unidos para las inst ituciones no gubernamentales de normalización se 
aplicaría exclusivamente a las instituciones nacionales y no preveí a ningún vínculo real con el Acuerdo.  
Las instituciones privadas negociarí an entre sí directrices voluntarias.   Estas directrices podrían tener o 
no relación con los objetivos del GATT.  El respeto de esas directrices por las instituciones se daría por 
supuesto.  Por consiguiente, no habría ni ngún tipo de transparencia o vigilancia.73 
 En su primera revisión de la propuesta de Códi go de Buena Conducta para las instituciones no 
gubernamentales de normalización, la CEE propuso  que en el alcance del Código estuvieran 
comprendidas las instituciones no gubernamenta les a nivel regional, nacional y local. 
 En octubre de 1990 los debates abocaron a un acue rdo sobre el texto del artículo 4 y el Código 
de Buena Conducta, que se reflejó en un proyecto de Acuerdo.  Este texto del artículo 4 y del Código de 
Buena Conducta era el mismo que figura en el  texto final del Acuerdo OTC de la OMC. 
2.1.2 Trabajos preparatorios del Acuerdo MSF 
 No tenemos conocimiento de la existencia de ningún documento en el que se aborden 
exhaustivamente los trabajos preparatorios del Acuerdo MSF en general o la historia de la 
negociación del artículo 13 de di cho Acuerdo en particular. 
 De las entrevistas realizadas a testigos directos de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
que se prolongaron durante cinco años, se desprende que no hay indicios de que ninguna persona o 
país propusieran en ningún momento durante di chas negociaciones que el Acuerdo MSF fuera 
aplicable a las actividades de las organizacion es del sector privado que imponen prescripciones 
sanitarias o fitosanitarias con fines propios.  Al parecer no hubo ningún debate sustantivo sobre 
ninguna propuesta de ese tipo.74  Esto parece quedar confirmado por la falta de observaciones al 
respecto en los trabajos preparatorios y las actas de las negociaciones que se han examinado. 
 Por consiguiente, de la historia de la negoc iación parece desprenderse que no se previó en 
modo alguno que el Acuerdo MSF sería aplicado por lo s gobiernos de los Miembros de la OMC para 
limitar las prácticas de las empresas comerciales (p uede aducirse que, de lo  contrario, el Acuerdo 
MSF se hubiera enfrentado a una amplia oposición por pa rte de los intereses comerciales de los países 
desarrollados, oposición que no existió). 
2.2 Información interpretativa procedente de los Comités de la OMC 
2.2.1 Comité MSF 
 En la reunión del Comité MSF de la OMC celebrada los días 29 y 30 de junio de 2005, 
San Vicente y las Granadinas objetó las normas privadas que los supermercados o los minoristas 
privados de la CE habían impu esto a los bananos y otros productos agrícolas.  San Vicente y las 
Granadinas contó con el respaldo de Jamaica, el Pe rú, el Ecuador y la Argentina.  Creemos que ésa 
fue la primera ocasión en que esta cuest ión se planteó en el Comité MSF. 
                                                      
 
72 MTN.GNG/NG8/W/49 y 71. 
 
73 TBT/M/39, de 13 de noviembre de 1990, párrafo 13. 
 
74 Entrevistas con Gretchen Stanton, Secretaria del Comité MSF, y Digby Gascoine, que dirigió la 
delegación australiana durante la negociación del Acuerdo MSF en la Ronda Uruguay. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 92  
 
   Las preocupaciones de San Vicente y las Gran adinas se debían a las normas o prescripciones 
aplicadas por el sector privado a los productos agrícolas e impuestas por organizaciones europeas 
como EurepGAP.  En particular, su delegación im pugnaba la llamada norma de las buenas prácticas 
agrícolas establecida por EurepGAP, por ser más est ricta que cualquier norma aplicada, en su caso, 
por la Comunidad Europea.  Los reclamantes pidi eron que se aclarara el artículo 13 del Acuerdo 
MSF, que establece que los gobiernos se asegur arán de que las entidades no gubernamentales 
existentes en su territorio cumplan las dis posiciones pertinentes de dicho Acuerdo. 
 En respuesta a esas objeciones, la Comunidad Europea adujo en el Comité MSF que esas 
organizaciones de elaboración de normas son entid ades privadas y responden a las exigencias de los 
consumidores.  Además, la Comunidad Europea alegó que EurepGAP no es la única institución que 
elabora normas.  La Comunidad Europea dijo que, si se consideraba que esas normas eran normas 
gubernamentales formales o de la CE, los Miembros  de la OMC debían plantear la cuestión a la 
Comunidad Europea y, que, si los reclamantes no alegaban que las normas fueran oficiales, sus 
preocupaciones debían presentarse a las orga nizaciones no gubernamentales correspondientes. 
 En respuesta a la posición de la Co munidad Europea, se ha dicho que:  " las normas privadas 
no parecen ser impulsadas meramente por la demanda.  Eso plantea la cuestión de en qué medida las 
normas privadas son compatibles con los principios del Acuerdo MSF.  Hoy en día la CE (y otros 
países desarrollados) no parecen demasiado dispuestos a analizar más de cerca  los procedimientos 
de elaboración de normas privadas ni a cuestionar las razones esgr imidas por los comercializadores 
que dominan sectores como el de la fruta y las legumbres y hortalizas ".
75 
 Las normas del sector privado en la Comunida d Europea se volvieron a discutir en la reunión 
celebrada por el Comité MSF los días 1 y 2 de febr ero de 2006.  Sin embargo, no nos consta que se 
haya hecho ningún otro examen de esta cuestión a la  luz de la normativa de la OMC ni en el Comité 
MSF ni en la OMC en general, aparte de la nota de la Secretaría de enero de 2007.76 
2.2.2 Comité OTC 
 En su Segundo examen trienal del funcionamiento y aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio77, el Comité OTC señaló que en la elaboración de normas internacionales 
intervenían diversas instituciones (es decir, ins tituciones intergubernamentale s o no gubernamentales;  
instituciones especializadas en la elaboración de normas o involucrada s también en otras actividades 
conexas), las cuales adoptaban enfoques y pro cedimientos diferentes en sus actividades de 
normalización.  El examen se centra exclusiv amente en las instituci ones internacionales de 
elaboración de normas y no hace ninguna mención a las normas voluntarias elaboradas por 
instituciones no gubernamentales.  
 En la reunión del Comité OTC cele brada el 15 de marzo de 200278, la CE señaló a la atención 
de los Miembros de la OMC la cuestión del "e tiquetado voluntario".  Observó que algunos regímenes 
de etiquetado eran elaborados y aplicados por or ganismos no gubernamentale s sujetos al Código de 
Buena Conducta (Anexo 3 del Acuerdo OTC).  El C ódigo establecía disciplinas para la transparencia 
de estos sistemas y, según el representante de la CE, mantener en examen los sistemas de etiquetado 
                                                      
75 Gideon Rabinowitz, SPS Standards and Developing Countries - The Skeleton in the Closet for the 
Doha Round , CUTS International Briefing Paper 1/2006. 
 
76 G/SPS/GEN/746, de 24 de enero de 2007. 
 
77 G/TBT/9, de 13 de noviembre de 2000, párrafos 19 y 27. 
 
78 G/TBT/M/26, de 6 de mayo de 2002, párrafo 127. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 93 
 
 
  era una cuestión muy importante.  Sin embargo, en el Acuerdo esa obligación ún icamente se establece 
con respecto al etiquetado obligatorio y no existe ni nguna disposición similar en el Código de Buena 
Conducta con respecto al etiquetado voluntario.  La CE instó al Comité OTC a estudiar la conveniencia de ocuparse de esas cuestiones.  
 En la reunión del Comité OTC celebra da el 4 de noviembre de 2004
79, el representante de la 
OCDE informó de la labor sobre las buenas prácticas  de reglamentación y la apertura del mercado en 
la OCDE.  Señaló que había habido una tendencia  general a abandonar las medidas obligatorias en 
favor de normas y procedimientos conexos de  evaluación de la conformidad adoptados 
voluntariamente por iniciativa de las distintas ramas de producción.  Esa tendencia se basaba en la 
convicción de que las normas de carácter voluntario, al ser impulsadas por el mercado, eran 
económicamente más eficientes, su elaboración re quería menos tiempo y se podían aplicar con más 
flexibilidad.  Observó que cabía prever una excepción a esta tendencia en el caso de ciertos productos 
destinados al consumo que entrañaban riesgos para  la salud y la seguridad o que podían caracterizarse 
por la asimetría de la información.  También subr ayó la necesidad de que las autoridades centrales y 
subcentrales coordinaran la labor de reglamentación  entre sí y con entidades no gubernamentales, a 
fin de reforzar la calidad de los reglamentos pe rmitiendo que participaran expertos en la materia. 
 En la reunión del Comité OTC celebrada los días 22 y 23 de marzo de 200580, la 
representante de Granada reiteró las dificultades c on que se enfrentaban los países en desarrollo para 
participar en el trabajo de las instituciones in ternacionales con actividades de normalización, debido a 
que el alto costo de esa participación era un obstácu lo potencial al comercio internacional en la 
medida en que dificultaba el reconocimiento de la  evaluación de la conformidad.  La representante 
instó al Comité OTC a encontrar una forma de solucionar esta cuestión porque, de hecho, para 
beneficiarse del sistema había que ser miembro de él .  El representante de Antigua y Barbuda añadió 
que la norma de la ISO/CEI sobre la declaración de conformidad del proveedor parecía seguir el 
mismo camino que la norma ISO 9000:  aunque supuest amente era voluntaria, las fuerzas del mercado 
hacían que de hecho fuera obligatoria.  
 En la reunión del Comité OTC celebra da el 2 de noviembre de 200581, la representante de los 
Estados Unidos señaló que, en el Informe sobre el  Comercio Mundial 2005 de la OMC, la expresión 
"normas" se utilizaba en sentido amplio para refe rirse a prescripciones voluntarias impulsadas por el 
mercado y a reglamentos gubernamentales.  Los Es tados Unidos expresaron su preocupación por el 
hecho de que el informe diera la impresión de que la OMC reconocía las normas elaboradas por la ISO y la CEI y les otorgaba una importancia primordi al.  Hizo hincapié en que, si bien el Acuerdo 
MSF reconocía tres órganos de normalización específi cos, no existía una identificación análoga en el 
Acuerdo OTC. 
2.2.3 Otros comités 
 La cuestión de las etiquetas ecológicas volunta rias también se ha tratado en el Comité de 
Comercio y Medio Ambiente (CCMA);  véase, por ejemplo, el documento presentado por Colombia 
el 9 de marzo de 1998 al CCMA y al Comité OTC
82, en el que dicho país expresó la opinión de que 
algunos elementos de los planes/programas y criteri os de etiquetado ecológico voluntario estaban 
abarcados por las disposiciones del Acuerdo OTC y el Código de  Buena Conducta, incluidas las 
                                                      
79 G/TBT/M/34, de 5 de enero de 2005, párrafos 124-127. 
 
80 G/TBT/M/35, de 24 de mayo de 2005, párrafos 49-52. 
 
81 G/TBT/M/37, de 22 de diciembre de 2005, párrafo 148. 
 
82 WT/CTE/W/76, de 9 de marzo de 1998. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 94  
 
  relativas a la transparencia.  Además, Colombia reiteró la importancia de aplicar el artículo 4 del 
Acuerdo OTC, que establece que los Miembros de la  OMC tomarán las medidas razonables que estén 
a su alcance para lograr que las instituciones no gubernamentales con actividades de normalización 
existentes en su territorio acepten y cumplan el C ódigo de Buena Conducta.  En este caso, no se tomó 
ninguna otra medida en respuesta a la cuestión planteada por Colombia. 
2.3 Interpretaciones expuestas en la literatura 2.3.1 Interpretación del artículo 13 del Acuerdo MSF 
 Sobre la base del texto del artículo 13, Luff afirma que el Acuerdo MSF añade a lo prescrito 
por el párrafo 12 del artículo XXIV del GA TT "que los Miembros hayan transferido 
responsabilidades específicas a las entidades no gubernamentales":  
"En vertu de l'article 13 de l'Accord SPS, les mesures SPS visées sont celles que sont 
adoptées aussi bien par les gouvernements centraux des Membres que par les 
institutions régionales ou locales et les entités non-gouvernementales auxquelles les Membres ont confie des taches de mise en œuvre d'une politique SPS. 
Cette disposition reprend partiellement les termes de l'Article XXIV :12 du GATT. 
Pour rappel, cet article engage les Memb res de l'OMC a prendre 'toutes les mesures 
raisonnables en [leur] pouvoir pour que sur [leur] territoire, les gouvernements et 
administrations régionaux et locaux observant le dispositions' [du GATT]. L'Accord 
SPS y ajoute la responsabilité du fait des entités non-gouvernementales auxquelles 
les Membres ont confié des responsabilités particulières. "
83 
 El párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1947 ("Aplicación territorial - Tráfico 
fronterizo - Uniones aduaneras y zonas de libre comercio") establece lo siguiente: 
"Cada parte contratante deberá tomar las medidas razonables que estén a su alcance 
para lograr que, dentro de su territori o, los gobiernos y autoridades regionales y 
locales observen las disposic iones del presente Acuerdo. " 
 Por consiguiente, el párrafo 12 del artículo XXIV parece constituir el origen del artículo 13 
del Acuerdo MSF.  
 En el capítulo titulado "Repercusión del Ac uerdo sobre las relaciones entre el Gobierno 
federal y los estados", Marsha A. Echols dice: 
"Los exportadores a un sistema federal puede n encontrarse frente a varios niveles de 
prescripciones divergentes en los que, por ejemplo, las normas internacionales sean 
las menos rigurosas, las normas federal es sean de nivel medio y las normas 
                                                      
83 David Luff, Le droit de l'OMC - Analyse critique , Bruylant, 2004, página 269.  Traducción al 
español:  " De conformidad con el artículo 13 del Acuerdo MSF,  las medidas sanitarias o fitosanitarias previstas 
son las que adoptan los gobiernos centrales de los Miembros, las instituciones regionales y locales y las 
entidades no gubernamentales a las que los Miembros han confiado tareas relacionadas con la creación de una 
política en materia de MSF.  Esta disposición retoma en parte el texto del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.  Recordemos que ese artículo obliga a los Miembr os de la OMC a tomar 'las medidas razonables que 
estén a su alcance para lograr que, dentro de su territorio, los gobiernos y autoridades regionales y locales 
observen las disposiciones del presente Acuerdo'.  El Acuerdo MSF añade a estas prescripciones la responsabilidad de las entidades no gubernamentales a las que los Miembros han otorgado competencias 
específicas. " 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 95 
 
 
  subfederales sean las más rigurosas.  Mientr as que el Código de Normas se aplicaba 
únicamente a las administraciones federales,  las obligaciones del Acuerdo MSF (por 
ejemplo, fundamento científico, nivel lim itado de armonización, definición de 
necesidad, utilización del nivel adecuado de protección, transparencia) se aplican al 
nivel subfederal cuando una medida local afect a al comercio internacional.  Aunque 
los gobiernos estatales y locales -al igual que los gobiernos nacionales- tienen 
libertad para establecer el nivel de protección que consideren adecuado, el Acuerdo es aplicable a dichos gobiernos.  (Como se establece en el Acuerdo MSF, los gobiernos nacionales son 'plenamente respons ables' de la observancia del Acuerdo 
por los gobiernos subnacionales.  Esto rep resenta un cambio con respecto al GATT, 
que solamente exige 'medidas razonables'  para garantizar la observancia del GATT 
por los gobiernos subfederales, por lo menos en el contexto de las uniones aduaneras (párrafo 12 del artículo XXIV).  El Có digo de Normas empleaba la misma expresión 
de 'medidas razonables'.  Véase por ejemplo el párrafo 1 del artículo 3 (relativo a la 
elaboración, adopción y aplicación de reg lamentos técnicos por instituciones 
públicas locales).)  Sin embargo, el Acu erdo MSF no obliga a los gobiernos federales 
a imponer normas internacionales a una in stitución de un gobierno subfederal y no 
contiene ninguna disposici ón que obligue a un gobierno estatal o local a aceptar o 
cumplir una medida sanitaria o fitosanitaria fe deral.  Las medidas deben 'favorecer' 
la observancia del Acuerdo MSF por los gobiernos estatales y locales. 
Además, debe tomar las medidas razonables que estén a su alcance para asegurarse 
de que las entidades no gubernamentales exist entes en su territorio y las instituciones 
regionales cumplan el Acuerdo y no debe adoptar medidas que favorezcan el incumplimiento del Acuerdo por parte de dichas entidades.  Los Miembros sólo 
pueden recurrir para la aplicación de las me didas sanitarias o fitosanitarias a los 
servicios de entidades no gubernamentales si éstas se atienen a las disposiciones del 
Acuerdo. "
84  
2.3.2 Aplicabilidad de los Acuerdos de la OMC a las normas privadas 
 Se ha dicho que " si bien el proceso de notificación en el marco del Acuerdo MSF ha 
aumentado la transparencia de las medidas o ficiales de inocuidad alimentaria y sanidad 
agropecuaria, dicho proceso ha ido acompañado por la prolif eración de normas privadas que 
quedan fuera del ámbito de la OMC ".85 
 Desde el punto de vista de su naturaleza ju rídica, las normas naciona les abarcadas por el 
Acuerdo MSF incluyen los reglamentos técnicos y sus procedimientos de evaluación de la 
conformidad, pero probablemente no las normas elaboradas por instituciones no gubernamentales.86 
 Aunque gran parte de las preocupaciones acerca  de la repercusión de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias sobre el comercio se ha concentrado en las prescripciones oficiales obligatorias, cada 
vez se observa que las normas voluntarias también pueden entorpecer el comercio.  En primer lugar, 
el cumplimiento de las normas voluntarias est ablecidas puede ser indispensable porque los 
                                                      
84 Terence P. Stewart (editor), The World Trade Organisation, The multilateral trade framework for the 
21st century and U.S. implementing legislation , Marsha A. Echols, Sanitary and Phytosanitary measures , 
página 208. 
 
85 Steven M. Jaffee y Spencer Henson, Standards and Agro-Food Export s from Developing Countries: 
Rebalancing the Debate , World Bank Policy Research Working Paper 3348, junio de 2004, página 9. 
 
86 Mc Govern, International Trade Regulation , párrafo 14.41. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 96  
 
  consumidores exigen la compatibilidad con produc tos o servicios complementarios (por ejemplo, 
contenedores de plástico y hornos de microondas).  En segundo lugar, las normas voluntarias pueden 
estar estrechamente relacionadas con las preferencias de los consumidores (por ejemplo, las marcas de 
seguridad, que para los consumidores son una garant ía esencial de que el producto tiene una calidad 
mínima).  En tercer lugar, las normas voluntarias pueden considerarse fundamentales para el 
cumplimiento de las normas obligatorias (por ejemplo, la norma ISO 9000 como un medio de 
satisfacer las prescripciones de la reglamentación sobre inocuidad alimentaria).  Si dichas normas se aplican de una manera tan amplia que se convierte n de hecho en obligatorias, en la práctica los 
proveedores extranjeros no tendrán más opción que cumplirlas.
87 
En un documento reciente, el Banco Mundial ha estudiado el efecto a dverso que pueden tener 
las normas tanto "públicas" como "privadas" sobre las exportaciones de alimentos de los países en 
desarrollo.88  En el Informe sobre el Comercio Mundial 2005 de la OMC se dice que " aun cuando no 
busquen el proteccionismo, [esas] normas ... pueden tener consecuencias discriminatorias para los 
interlocutores comerciales ".89 
2.3.3 Definición de "medida" 
 Bajo el epígrafe "Medidas", Mc Govern90 dice lo siguiente:  
"Los Acuerdos de la OMC emplean frecuentemente el término 'medida' para referirse 
a la conducta de la que los Miembr os pueden ser considerados responsables en 
procedimientos de solución de diferencias .  Esta práctica refuerza un concepto que 
parece implícito en la jurisprudencia de los grupos especiales y el Órgano de 
Apelación:  que los principios comun es de responsabilidad se aplican en todo el 
sistema de normas de la OMC.  El Órgano de Apelación ha dicho que una medida 
puede ser 'cualquier acto de un Miembro, legalmente vinculante o no, incluida la 
orientación administrativa no vinculante de un gobierno', así como una omisión o 
inacción por parte de un Miembro.  De hec ho, cualquier acto u omisión atribuible a 
un Miembro puede ser una 'medida'.91  El término designa no sólo las disposiciones 
normativas (es decir, las medidas de aplicación general), sino también actos 
ejecutivos como la imposición de aranceles,  así como la aplicación práctica de las 
leyes por un Miembro. " 
                                                      
87 Spencer Henson, Sanitary and phytosanitary measures in a global context: trade liberalization 
versus domestic protection , en: Negotiating the future of agricultural policies - Agricultural trade and the 
millennium WTO round  [2000], editado por Sanoussi Bilal y Pavlos Pezaros. 
 
88 Steven Jaffee y otros (2005), Food Safety and Agricultural Health Standards: Challenges and 
Opportunities for Devel oping Country Exports , Informe Nº 31207, de 10 de enero de 2005, Unidad de 
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica y Departam ento de Agricultura y De sarrollo Rural, Banco 
Mundial. 
 
89 Patrick Low y otros (2005), Informe sobre el Comercio Mundial 2005, parte II, El comercio, las 
normas comerciales y la OMC .  Puede consultarse en:  http://www.wto.org/ 
spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report05_s.pdf 
 
90 Mc Govern,  International Trade Regulation , párrafo 1.1332;  informe del Órgano de Apelación 
sobre el asunto Guatemala - Cemento , párrafo 69, nota 47. 
 
91 Mc Govern, International Trade Regulation, párrafo 1.1332, donde se cita el informe del Órgano de 
Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión , 
párrafo 81. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 97 
 
 
   En el WTO Dictionary of Trade Policy Terms  se define "medida" como sigue:  
"Normally any law, rule, regulation, po licy, practice or action carried out by 
government or on behalf of a government " (en líneas generales, cualquier ley, regla, 
reglamento, política, práctica o acto ejecutados por un gobierno o en su nombre).92 
2.3.4 Aplicación del Acuerdo OTC 
 Los Miembros se asegurarán de que las institu ciones de su Gobierno central con actividades 
de normalización93 acepten y cumplan el Código de Buena Conducta.  Tomarán medidas razonables 
para asegurar la misma respuesta por parte de  sus gobiernos locales y de las instituciones no 
gubernamentales con actividades de  normalización, así como de las instituciones regionales con 
actividades de normalización de las que sean miembros  ellos mismos o una o varias instituciones de 
su territorio.  Además, los Miembros no adoptarán  medidas que tengan por efecto obligar o alentar 
directa o indirectamente a dichas instituciones a actuar  de manera incompatible  con el Código.  Estas 
obligaciones se aplicarán con independencia de que  una institución con actividades de normalización 
haya aceptado o no el Código. 
 Las consecuencias jurídicas de la aceptación son indirectas.  La OMC no ofrece ningún medio 
de incoar un procedimiento contra las institucion es que hayan actuado de manera incompatible con el 
Código y las únicas obligaciones de los Miembros de la OMC son las mencionadas anteriormente. 
 La posición de las instituciones no gubernamen tales con respecto a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad se rige por el artícul o 8.  La obligación de los Miembros de la OMC 
consiste esencialmente en tomar medidas razonables para asegurar el cumplimiento de las disposiciones básicas (con la excepción de las notificaciones y los procedimientos propuestos).  
Además, no deben imponer ni alentar una conducta incompatible con las normas.
94 
2.4 Conclusiones 
 En conclusión, no hay jurisprudencia de  la OMC en relación con las entidades no 
gubernamentales y el artículo 13 del Acuerdo MSF.   Sin embargo, el informe de un grupo especial 
que no se refería a las instituciones no gubernamen tales permite sacar algunas deducciones sobre la 
forma en que un grupo especial podría analizar una posible vulneración del Acuerdo MSF por una 
institución no gubernamental.  En primer lugar,  se remitiría al artículo 13 del Acuerdo MSF para 
determinar si hay "responsabilidad" de un Miembro de  la OMC;  luego, "examinando el caso a la luz 
del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo MSF", estab lecería si la medida impugnada es una medida 
sanitaria o fitosanitaria y, por último, decidiría si se ha producido una infracción del Acuerdo MSF. 
 De conformidad con otra jurisp rudencia de la OMC, es necesa rio que haya cierto grado de 
intervención del gobierno para que una medida pueda ser examinada a la luz de los Acuerdos de la 
OMC.  Además, en la jurisprudencia relativa a las disposiciones del Acue rdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias referentes a los actos de  "encomendar" u "ordenar" se ha llegado a la 
                                                      
92 Walter Goode, WTO Dictionary of Trade Policy Terms , cuarta edición, [2003]. 
 
93 No existe una definición de "institución con activ idades de normalización".  Sin embargo, cuando se 
utilicen en el Acuerdo, los términos presentados en la sexta edición de la Guía 2 de la ISO/CEI, de 1991, sobre términos generales y sus definiciones en relación con la normalización y las actividades conexas, tendrán el 
mismo significado que se les da en las definiciones recogidas en la mencionada Guía teniendo en cuenta que los 
servicios están excluidos del alcance del Acuerdo (Anexo 1 del Acuerdo OTC). 
 
94 Mc Govern, International Trade Regulation , párrafo 7.243. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 98  
 
  conclusión de que el significado corriente de l as palabras "encomiende" y "ordene" presupone una 
"acción explícita y afirmativa de delegación o de mando".  
 Otros datos interpretativos, como los trabajos preparatorios de los Acuerdos OTC y MSF o la 
labor de los correspondientes Comités de la OMC, no añaden demasiados elementos interpretativos 
sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales de elaboración de normas y las 
encargadas de su aplicación.  La distinción entre instituciones privadas y entidades no 
gubernamentales parece ser una actividad crucial que quizá deba emprenderse a nivel de la OMC.  En 
este contexto, la historia de la negociación de l Acuerdo OTC revela que, en sus propuestas, las 
Comunidades Europeas pasaron de emplear el térmi no "entidades privadas" al de "instituciones no 
gubernamentales".
95 
 De la historia de la negociación del Acuer do MSF se desprende que ninguna persona ni país 
propuso que dicho Acuerdo se aplicara a las actividades de las organizaciones del sector privado. 
 Además, según la información con que contamos , hasta la fecha no se ha realizado ningún 
otro examen de esta cuestión con arreglo a las normas de la OMC en el marco del Comité MSF ni en la OMC en general, aparte de la nota recien te de la Secretaría de 24 de enero de 2007.
96 
 
  
                                                     
 
95 Véanse las propuestas de la CEE de 7 de julio de 1988 (TBT/W/110) y de 27 de julio de 1989 
(TBT/W/124). 
 
96 G/SPS/GEN/746, de 24 de enero de 2007. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 99 
 
 
  Anexo 6  
 
O ' C O N N O R   A N D   C O M P A N Y 
E  U  R  O  P  E  A  N     L  A  W  Y  E  R  S 
 
   
 
   
 
 
 
Las normas privadas en el marco  
multilateral de la OMC 
Informe 3 
 
 
por 
   
Ignacio Carreño y Paolo R. Vergano 
     
 
    
 
 
O'CONNOR AND COMPANY 
European Lawyers 
 
Rue de Spa, 30 
B 1000 Bruselas, Bélgica 
Teléfono:  (32+2) 285 4685 
Fax:  (32+2) 285 4690 G/SPS/GEN/802 
Página 100  
 
   
Índice
 Página 
 
Informe 3:  Opciones jurídicas y posibles suge rencias o vías de acción para resolver la  
cuestión de las normas privadas y la posici ón que las normas de las instituciones  
no gubernamentales ocupan en el sistema de la OMC 
 
Introducción   ............................................................................................................ .101 
1.  ¿Cómo pueden los gobiernos imponer normas a las ONG? .......................................... .103 
1.1  Consideraciones sobre los sistemas c onstitucionales de los Miembros de la  
OMC y el efecto directo de  las normas de la OMC ............................................... . 
103 
1.2  La legislación sobre la competencia como instrumento interno............................ .106 
2.  Orientaciones interpretativas ......................................................................................... .107 
3.  Otras soluciones posibles .............................................................................................. .108 
4.  Solución de diferencias .................................................................................................. .109 
5.  Creación de un comité ad hoc  ....................................................................................... .109 
6.  Enmienda formal de los Acuerdos ................................................................................. .110 
 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 101 
 
 
  Informe 3  
 
 
 "Opciones jurídicas y posibles sugerencias o ví as de acción para revolver la cuestión de 
las normas privadas y la posición que las no rmas de las instituciones no gubernamentales 
ocupan en el sistema de la OMC" 
Introducción 
 La conclusión general de los informes 1 y 2 es que el Acuerdo MSF no da a sus intérpretes 
una definición de instituciones no gubernamentales.   Tampoco hay jurisprudencia acerca de esta 
denominación en el marco del Acuerdo MSF. 
 Pueden seguirse dos líneas de argumentación.  La primera consiste en  alegar que, para que 
una institución no gubernamental es té sujeta al Acuerdo MSF, es necesario cierto grado de 
intervención del gobierno.  Con arreglo a la segun da línea de argumentación, una institución no 
gubernamental no tiene que contar con la intervenci ón del gobierno para quedar comprendida en el 
ámbito del Acuerdo MSF.  Según ambos enfoques ar gumentales, hay que tener en cuenta que una 
institución no gubernamental no es necesariamente lo mismo que una institución privada. 
 Para definir institución no gubernamental,  podría ser útil contraponer ese nombre al de 
"institución gubernamental".  Una institución gube rnamental sería cualquier entidad legalmente 
habilitada para hacer respetar reglamentos (es decir, leyes, decretos u órdenes).  El aspecto esencial en 
este caso es que la facultad de la entidad se deriva de la ley.  La forma y naturaleza de las medidas de 
observancia (adopción de legislación secundaria, apli cación de procedimientos jurídicos, etc.) no 
afectan a la cuestión de si la me dida ha sido adoptada por  una institución gubern amental, siempre que, 
en cada caso específico, la  institución en cuestión actúe dentro de  los límites de las facultades que le 
han sido delegadas.  
 En circunstancias normales, una institución no gubernamental no estaría habilitada para hacer 
respetar reglamentos, a menos que hubiera sido facu ltada explícitamente para ello por una institución 
gubernamental.  Por consiguiente, una institución  no gubernamental parece ser cualquier entidad 
jurídica reconocida como tal por la legislaci ón nacional de un Miembro de la OMC.  
 Podría aducirse que, con arreglo al Acuerdo MSF, una institución no gubernamental sólo 
puede ser una institución legalmen te habilitada para hacer respetar un reglamento técnico.  Esta 
conclusión se basa en la definición de institución no gubernamental que figura en el párrafo 8 del 
Anexo 1 del Acuerdo OTC, que establece que una institución no gubernamental es una "institución 
que no sea del Gobierno central ni institución públic a local, con inclusión de cualquier institución no 
gubernamental legalmente habilitada para h acer respetar un reglamento técnico".  
 Esta disposición plantea dos preguntas principales:  1) ¿Qué alcance tiene la designación "ins titución no gubernamental" según el Acuerdo 
OTC? 
 2) ¿Puede la definición proporcionada en  el Acuerdo OTC aplicarse por analogía al 
Acuerdo MSF?  
 De la interpretación literal de la disposic ión, puede concluirse que una institución no 
gubernamental es cualquier entidad que no sea del Gobi erno central ni una institución pública local.  
La disposición incluye a las entidades legalmente ha bilitadas para hacer respetar reglamentos.  Las 
demás instituciones, que no están habilitadas legalmen te, también parecen caer en el ámbito de la G/SPS/GEN/802 
Página 102  
 
  definición.  No hay duda de que la definición de institución no gubernamen tal abarca también las 
instituciones legalmente habilitadas para hacer respetar reglamentos (por una institución del Gobierno 
central o regional, no por la ley), puesto que la disposición establece expresamente que caen en el 
ámbito de la definición ("con inclusión de cualquier institución no gubernamental legalmente 
habilitada para hacer respetar  un reglamento técnico").  
 Puede defenderse un enfoque diferente toma ndo como base el AGCS, aunque este Acuerdo 
no proporciona una definición de institución no gube rnamental.  No obstante, al determinar su 
alcance, el AGCS dispone que se considerará que la s medidas han sido adoptadas por Miembros de la 
OMC cuando han sido adoptadas por gobiernos y autori dades centrales, regional es o locales (es decir, 
instituciones legalmente habilitadas para hacer respetar reglamentos) o por instituciones no 
gubernamentales en ejercicio de facultades en ell as delegadas por gobiernos o autoridades centrales, 
regionales o locales.  Por consiguiente, no todas las medidas adoptadas por cualquier institución no 
gubernamental caen en el ámbito del AGCS.  Tienen  que haber sido adoptadas por una institución en 
la que se han delegado facultades específicas. 
 La cuestión es si el enfoque del AGCS puede aplicarse por analogía a los demás Acuerdos de 
la OMC (y, específicamente, a los Acuerdos OTC y MSF).  ¿O debería hacerse un argumento 
"a contrario " para llegar a la conclusión  de que los Acuerdos OTC y MSF comportan una definición 
más amplia de la denominación "institución no gubern amental" y no la limitan a las instituciones que 
actúan en ejercicio de facultades delegadas?  
 Parece haber buenos argumentos para defender el segundo enfoque (" a contrario ").  Si las 
Partes hubieran querido hacer más "restrictivo" el alcance del concepto lo habrían indicado 
explícitamente.  Como ya se ha dicho, el Acue rdo OTC contiene una definición muy amplia de 
institución no gubernamental.  El Acuerdo MSF no proporciona una definición y puede concluirse que 
la denominación debería definirse de conformidad con su significado corriente, que abarcaría todas 
las entidades legales distintas de las instituciones gubern amentales.  Sin embargo, de la historia de la 
negociación del Acuerdo MSF se desprende que no se había previsto en modo alguno que el Acuerdo 
MSF fuera a ser aplicado por los gobiernos de los Miembros de la OMC para poner límites a las 
prácticas de las instituciones privadas. 
 Por consiguiente, parece que, después de analizar  el significado literal de las disposiciones, 
estudiar la jurisprudencia y considerar la historia de la negociación, la cuestión de cómo definir una 
entidad no gubernamental en el marco del Acuerdo M SF no ha sido resuelta.  En este tercer informe, 
que se basa en los dos informes jurídicos anteriores y en el trabajo del consultor principal (como se 
trató en la reunión de coordinación celebrada el 5 de febrero de 2007 en Bruselas, Bélgica), se 
presentan y analizan las opciones jurídicas pertinen tes y las posibles sugerencias o vías de acción (en 
su caso) para tratar la cuestión de las normas privad as y la posición que las normas de las instituciones 
no gubernamentales ocupan en el sistema de la OM C y, en especial, los Acuerdos MSF y OTC.   
 En la primera parte del informe se examina cómo los gobiernos pueden imponer normas a las 
organizaciones no gubernamentales.  Se abordan los sistemas constitucionales de los Miembros de la 
OMC y los efectos directos de las normas de la OMC y se estudia si la legislación sobre la competencia podría servir como instrumento interno pa ra resolver el problema.  En la segunda parte 
se trata la opción de una orientación interpretativa y en la tercera parte del informe se proponen 
enfoques plurilaterales para resolver la cuestión.  Po r último, la cuarta parte se refiere a la solución de 
diferencias, la quinta parte a la creación de un comité ad hoc  para tratar las cuestiones relacionadas 
con las ONG y la sexta a la enmienda formal de los Acuerdos.  G/SPS/GEN/802 
 Página 103 
 
 
  1. ¿Cómo pueden los gobiernos imponer normas a las ONG? 
1.1 Consideraciones sobre los sistemas constitu cionales de los Miembros de la OMC y el 
efecto directo de las normas de la OMC 
 La idea de que los Acuerdos de  la OMC puedan "imponer" direct rices o criterios de trabajo a 
las entidades privadas parece ser un supuesto trascendent al y controvertido.  La pregunta en tal caso 
sería ¿qué relación guardarían con los sistemas cons titucionales de los Miembros de la OMC?  Con 
arreglo a los sistemas constitucionales de la mayor pa rte de los Miembros de la OMC, los Acuerdos 
de la OMC no tienen efectos directos.   
 Algunas normas de la OMC (en particular los Acuerdos sobre los ADPIC, MSF y OTC) 
establecen con detalle derechos individuales y obligaciones públicas, aunque eso no significa 
necesariamente que las normas de la OMC sean directamente aplicables.97  Para imponer 
disposiciones de la normativa de la OMC a en tidades privadas sin intervención pública o del gobierno 
por parte del Miembro de la OMC que tenga juri sdicción sobre esas entidades privadas sería necesario 
que las normas de la OMC surtieran efecto directo. 
 ¿Qué significa "efecto directo"?  En la Com unidad Europea, "efecto directo" o "aplicabilidad 
directa" significa que una disposición comunitaria " no sólo impone obligaciones a los particulares, 
sino que tiene por objeto conferirles derechos que pasan a formar parte de su patrimonio jurídico ".  
Eso es lo que suele ocurrir si una disposición contiene una " obligación clara e incondicional ".98 
 Los Acuerdos de la OMC no se pronuncian sobre la cuestión de si sus normas deberían tener 
un efecto directo, y es competencia de CADA Miembro decidir cómo incorporar la normativa de la OMC a su ordenamiento jurídico interno.
99  Los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la 
OMC han mantenido invariablemente esta posición en sus informes, afirmando que " [n]i las normas 
del GATT ni las normas de la OMC han sido interp retadas hasta la fecha por las instituciones del 
GATT y de la OMC como un ordenamient o jurídico que surta efectos directos ".100  En tales 
circunstancias, la legislación directamente aplicable  prevalece sobre la legislación nacional, lo que 
significa que dichas disposiciones "no sólo hacen au tomáticamente inaplicable cualquier disposición 
contraria de la legislación nacional en vigor, sino que ... también impide n la adopción de nuevas 
medidas legislativas nacionales".101 
 En la diferencia Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior 
de 1974 , el Grupo Especial observó que el GATT y la OMC no han creado un nuevo ordenamiento 
jurídico que se aplique tanto a las partes cont ratantes o Miembros como a sus nacionales: 
                                                      
97 Véase, por ejemplo:  Markus Kr ajewski, Democratic Legitimacy and Constitutional Perspectives of 
WTO law, Journal of World Trade 35(1), páginas 167-186 [2001]. 
 
98 Cita tomada del asunto 26/62 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Van Gend & 
Loos [1963], ECR, 1 (11-12). 
 
99 Alberto Alemanno, Judicial enforcement of the WTO hormones ruling within the European 
Community: toward EC liability for the non-implementation of WTO dispute settlement decisions?, Harvard 
International Law Journal, volumen 45, Nº 2, verano de 2004. 
 
100 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior 
de 1974 , WT/DS152/R, de 22 de diciembre de 1999, párrafo 7.72. 
 
101 TJCE, asunto 106/77, Simmenthal [1978], ECR [629], párrafo 17. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 104  
 
  "Conforme a la doctrina del efecto directo, que se ha constatado que existe en 
particular en el ordenamiento ju rídico de las CE pero también en ciertos acuerdos de 
libre comercio, las obligaciones impuestas a los Estados se interpretan en el sentido 
de que crean derechos y obligaciones jurídicamente exigibles para los particulares.  Ni las normas del GATT ni las normas de  la OMC han sido interpretadas hasta la 
fecha por las instituciones del GATT y de la OMC como un ordenamiento jurídico 
que surta efectos directos.[661]  Con arreglo a este enfoque, el GATT y la OMC no han creado un nuevo ordenamiento jurídico  que se aplique tanto a las partes 
contratantes o Miembros como a sus nacionales. "
102 
Nota 661:   "Hacemos esta afirmación como cons tatación de un hecho, sin emitir 
juicio alguno al respecto.  Señalamos que la  cuestión de si hay circunstancias en que 
las obligaciones impuestas a los Miembros por cualquiera de los Acuerdos de la 
OMC confieran a los particulares unos derechos  que hayan de ser protegidos por los 
tribunales nacionales continúa siendo una cu estión controvertida, particularmente en 
lo que se refiere a las obligaciones c onsiguientes a la conclusión de los 
procedimientos del ESD en una diferencia concreta.103  El hecho de que las 
instituciones de la OMC no hayan interp retado hasta la fecha ninguna obligación en 
el sentido de que surte efectos directos no impide necesariamente que en el ordenamiento jurídico de cualquier Mi embro dado, siguiendo sus principios 
constitucionales internos, se estime que al gunas obligaciones confieren derechos a 
los particulares.  Nuestra constatación de  hecho no prejuzga ninguna decisión de los 
tribunales nacionales sobre esta cuestión. " 
 Por consiguiente, en principio los Miembros de la OMC tienen libertad para decidir si los 
Acuerdos de la OMC han de surtir efectos directos en su jurisdicción.  Por ello, como resultado de la 
Ronda Uruguay, la CE y los Estados Unidos impidi eron que se invocaran las normas de la OMC ante 
los tribunales nacionales negándoles expresamente t odo efecto directo en sus respectivas leyes de 
ratificación. 
 En la Comunidad Europea, la Decisión de l Consejo Nº 94/800/CE, de 22 de diciembre de 
1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas 
de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda 
Uruguay
104, establece lo siguiente: 
"Considerando que por su pr opia naturaleza el Acuerdo por el que se crea la 
Organización Mundial del Comercio, incl uidos sus Anexos, no puede ser invocado 
directamente ante los Tribunales comun itarios y de los Estados miembros  [...]" 
 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) históricamente ha demostrado 
mayor disposición a pronunciarse al respecto cuando consideró si había que reconocer o no el efecto 
directo de esas normas en el ordenamiento jurídico de  las CE.  La jurisprudencia temprana del TJCE 
en la que se rechazaba el efecto directo de las normas del GATT se basó principalmente en dos 
argumentos:  1) el GATT debía considerarse un instrumento comercial/diplomático, más que judicial;  
                                                      
102 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior 
de 1974 , WT/DS152/R, de 22 de septiembre de 1999, párrafo 7.72. 
 
103 Véase Eeckhout, P. , The Domestic Legal Status of the WTO Agreement:  Interconnecting Legal 
Systems, Common Mar ket Law Review, 1997,  página 11;  Berkey, J.,  The European Court of Justice and Direct 
Effect for the GATT:  A Question Worth Revisiting, European Journal of International Law, 1998,  página 626. 
 
104 Diario Oficial de la Unión Europea, L 336, 23/12/1994, página 1. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 105 
 
 
  y 2) un acuerdo flexible e impreciso no podía conf erir derechos comunitarios que los ciudadanos 
pudieran invocar ante los tribunales nacionales.105  Después del establecimiento de la OMC, el TJCE 
reevaluó sus argumentos anteriores a la luz de la ex istencia de la nueva Or ganización, más orientada 
hacia las normas.  Sin embargo, teniendo en cuen ta preocupaciones por la falta de reciprocidad, 
confirmó su jurisprudencia anterior por la que se rechazaba el efecto directo.106  
 De conformidad con el "argumento  de la reciprocidad", los tri bunales de la CE han constatado 
que ninguno de los principales interlocutores come rciales de la CE ha dado efecto directo a las 
normas de la OMC.  Por ese motivo, los tribunales denegaron un efecto directo a dichas normas.  En 
su sentencia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto República Portuguesa contra Consejo de la 
Unión Europea107, el TJCE resolvió lo siguiente: 
"En lo que atañe, más concretamente, a la ap licación de los Acuerdos de la OMC en 
el ordenamiento jurídico comunitario,  es importante señalar que, a tenor del 
preámbulo del Acuerdo por el que se establece la OMC, este Acuerdo, incluidos sus Anexos, sigue estando basado, como lo estuvo el GATT de 1947, en el principio de 
negociaciones llevadas a cabo 'sobre la base de la reciprocidad y de mutuas 
ventajas', y se distingue así, en lo que at añe a la Comunidad, de aquellos acuerdos 
celebrados por ésta con países terceros que  establecen cierta asimetría de las 
obligaciones o crean relaciones especiales de integración con la Comunidad, tales 
como el Acuerdo cuya interpretación fue objeto de la sentencia Kupferberg. "
108 
 Por lo general se considera que reconociendo el efecto directo o la existencia de derechos para 
los particulares se menoscaba la capacidad de los Miembros de la  OMC de defender sus intereses 
nacionales atentando contra la flexibilidad en que  se basa el conjunto del sistema multilateral de 
comercio.109 
 Por otro lado, consta que algunas de las pa rtes contratantes, que desde el punto de vista 
comercial se incluyen entre los socios más importantes  de la Comunidad, llegaron a la conclusión, a la 
luz del objeto y de la finalidad de los Acuerdos de la OMC, de que tales Acuerdos no se incluyen 
entre las normas con respecto a las cuales los órganos  jurisdiccionales controlan la legalidad de sus 
normas jurídicas internas. 
 Es cierto que la circunstancia de que los órga nos jurisdiccionales de una de las partes estimen 
que determinadas estipulaciones de un acuerdo ce lebrado por la Comunidad son directamente 
aplicables, mientras que los órganos jurisdiccional es de la otra parte no admitan esta aplicabilidad 
                                                      
105 TJCE, asunto C-21/72, International Fruit Co. cont ra Produktschap voor Groenten en Fruit, [1972] 
ECR [1219], 1224. 
 
106 TJCE, asunto C-149/96, República Portuguesa contra Consejo de la Unión Europea, ECR [1999] 
I-8395. 
 
107 TJCE, asunto C-149/96, ECR [1999], página I-8395. 
 
108 Sentencia del TJCE de 26 de octubre de 1982, Hauptzollamt Mainz contra C.A. Kupferberg & Cie 
KG a.A. Petición de decisión prejudicial:  Bundesfinanzhof - Alemania, asunto C-104/81, ECR [1982], página 3641. 
 
109 Alberto Alemanno, Judicial enforcement of the WTO hormones ruling within the European 
Community: toward EC liability for the non-implementation of WTO dispute settlement decisions? Harvard 
International Law Journal, volumen 45, Nº 2, verano de 2004. 
 G/SPS/GEN/802 
Página 106  
 
  directa, no constituye, en sí misma y por sí sola, una falta de reciprocidad en la aplicación del 
acuerdo.
110 
 No obstante, la falta de reciprocidad a este r especto, por parte de terceros que han celebrado 
acuerdos comerciales con la Comunidad, en relación con los Acuerdos de la OMC, que se basan en el 
principio de "reciprocidad y mutuas ventajas" y que se distinguen, por ello, de los Acuerdos 
celebrados por la Comunidad mencionados en el apartado 42 de la presente sentencia, entraña el 
riesgo de que se produzca un desequilibrio  en la aplicación de las normas de la OMC.111 
 Se está debatiendo si las normas de la OMC son directamente aplicables en algunos países 
asiáticos como China.112 
1.2. La legislación sobre la comp etencia como instrumento interno 
 En este caso la cuestión es si el asunto que  nos ocupa debe ana lizarse y debatirse 
exclusivamente en el marco de la OMC o si hay otros instrumentos jurídicos nacionales o 
internacionales que permitan abordar el problema de  las normas privadas y la posición que ocupan las 
normas de las entidades no gubernamentales.  Creemos que la legislación sobre la competencia (legislación antitrust) puede representar un instrume nto interno de este tipo y ya ha sido mencionada 
como una posible opción. 
 En el documento de consulta de la Comi sión Europea de 18 de mayo de 2006 sobre una 
posible reforma de la organización del mercado común de los sectores de las frutas y legumbres y hortalizas frescas y elaboradas
113, se afirma lo siguiente:  
"La tendencia a la concentración en la industria agroalimentaria es cada vez mayor, 
especialmente en la venta al por menor en  gran escala.  El número de cadenas de 
supermercados está disminuyendo, con el  consiguiente incremento de su poder 
adquisitivo en el mercado y de su capacidad de  ejercer influencia en la cadena de la 
oferta.  Por ser capaces de adquirir enorm es volúmenes a precios muy competitivos, 
están ahora en condiciones de imponer espec ificaciones cuyo costo a menudo recae 
sobre el productor. " 
 En relación con la pregunta "¿por qué se aplic an normas sobre calidad e inocuidad de los 
alimentos?", el informe del Banco Mundial sobr e "Normas de inocuidad alimentaria y sanidad 
agropecuaria"114 se llega a la siguiente conclusión:  
                                                      
110 Kupferberg, párrafo 18.  
 
111 TJCE, asunto C-149/96, ECR [1999], página I-8395, párrafos 42-45. 
 
112 Véase el artículo de Qinggjia ng Kong, Enforcement of WTO Agre ements in China - Illusion or 
Reality?, Journal of World Trade (2001), páginas 1181-1214. 
 
113 Documento de consulta de la Comisión Europea sobre evaluación del impacto, de 18 de mayo 
de 2006, "Towards a reform of the common market organisation for the fresh and processed fruit and vegetable 
sectors". 
 
114 S. Jaffee y otros (2005), "Food Safety and Agricultural Health Standards: Challenges 
and Opportunities for Developing Country Exports", Informe Nº 31207, de 10 de enero de 2005, 
Unidad de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica y Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Banco Mundial, capítulo 1, página 9.  Puede cons ultarse en http://www-wds.worldbank.org/servlet/ 
WDSContentServer/WDSP/IB/2005/01/25/000160016_20050125093841/Rendered/PDF/31207.pdf .   G/SPS/GEN/802 
 Página 107 
 
 
  "Las normas privadas son aplic adas de manera individual o colectiva por empresas y 
otras entidades.  Dichas normas evolucionan por razones muy variadas.  
Frecuentemente se formulan para aumentar la eficiencia económica, facilitando la 
comunicación entre compradores y vendedo res o garantizando la compatibilidad de 
los componentes de los productos o de los productos que se consumen 
conjuntamente.  También pueden ser la base de  las estrategias de competencia de las 
empresas, un medio de comunicarse con los consumidores y mejorar su reputación.  
Las señales del mercado son suficientes por sí solas para impulsar la adopción de 
normas privadas.  La función del gobi erno es asegurar que dichas normas no 
constituyan prácticas anticom petitivas o las encubran. " 
 En su nota de 27 de enero de 2007, "Las normas privadas y el Acuerdo MSF"115, la Secretaría 
de la OMC también ha hecho hincapié en que la consolidación del comercio minorista de la 
alimentación es un factor esencial que se ha de te ner en cuenta y en que, cuando un pequeño número 
de minoristas de la alimentación representa una  fuerte proporción de las ventas de productos 
alimenticios, se reducen considerablemente las opci ones de los proveedores que no participan en un 
sistema individual o colectivo de normas aplicables a los minoristas: 
"Las normas privadas no son obligatorias.   Los proveedores no están obligados por 
ley a acatarlas.  Para el proveedor, su cumplimiento es facultativo.  Sin embargo, 
cuando en determinado sector se impone la normativa privada, el margen de opción 
es limitado.  En este contexto puede ser esencial tener en cuenta la consolidación del comercio minorista de la alimentación.   Cuando un pequeño número de minoristas de 
la alimentación representa una fuerte pr oporción de las ventas de productos 
alimenticios, se reducen considerablemente  las opciones de los proveedores que no 
participan en un sistema individual o colectiv o de normas aplicables a los minoristas.  
Además, el sistema de minoristas puede ser aplicado de facto  como norma del sector 
por todos los actores de la cadena de suminist ro.  En tal caso, elegir si se acata o no 
una norma voluntaria equivale a elegir en tre cumplir la norma o quedar fuera del 
mercado.  De esta forma, la distinción entre normas privadas voluntarias y 
prescripciones 'oficiales' o 'públicas' puede desdibujarse. " 
 Junto a la concentración de algunos mercados minoristas, que se produce por ejemplo en los 
Estados miembros de la Comunidad Europea, l as normas privadas parecen plantear un problema de 
competencia interna (por ejemplo, el abuso de pos ición dominante o la colusión entre minoristas) que 
quizá convenga estudiar y analizar con más de tenimiento como posible modo de progresar. 
2. Orientaciones interpretativas 
 La cuestión de las normas privadas o de instituciones no gubernamentales también podría 
abordarse pidiendo orientaciones interpretativ as, por ejemplo en forma de una decisión ad hoc  en el 
marco del sistema de la OMC y, en part icular, de los Acuerdos MSF y OTC.   
 Una decisión de este tipo del Comité MSF, por ejemplo, serviría de orientación para 
interpretar el artículo 13 del Acuerdo MSF.  Ta mbién podrían definirse términos como "medidas", 
"medidas aplicadas" y "entidad no gubernamental" en  el sentido del Acuerdo MSF.  Asimismo, dicha 
decisión podría servir de orientación acerca del nive l de intervención gubernamental que es necesario 
o de los parámetros que han de emplearse para que una medida c on arreglo al Acuerdo MSF pueda 
definirse como "gubernamental". 
                                                     
 
115 G/SPS/GEN/746, de 24 de enero de 2007.  
 G/SPS/GEN/802 
Página 108  
 
   Aunque se trata de un enfoque que es teóricam ente posible y que quizá haya que alentar, 
parece que en la práctica será difícil debatir y adoptar una decisión ad hoc de este tipo, debido a lo 
difícil que será poner en marcha los mecanismos de procedimiento necesarios en el sistema de la 
OMC, a la complejidad de las deliberaciones y las ne gociaciones, a la previsible falta de acuerdo entre 
los Miembros de la OMC acerca de la necesidad de dar ese paso y a la probable oposición de 
poderosos grupos de presión a tal iniciativa. 
3. Otras soluciones posibles 
 En el sistema de la OMC puede haber otras opciones para tratar la cuestión de las normas 
privadas de instituciones no gubernamentales.  En el sistema de la OMC hay ejemplos útiles en 
referencias de los textos del AGCS, el Ane xo sobre Telecomunicaciones y el Acuerdo sobre 
Inspección Previa a la Expedición. 
 El párrafo 5 del artículo VII del AGCS establece que: 
"… los Miembros trabajarán en colaboración  con las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamen tales competentes con miras al 
establecimiento y adopción de normas y criterios internacionales comunes en 
materia de reconocimiento y normas internac ionales comunes para el ejercicio de las 
actividades y profesiones pertinent es en la esfera de los servicios ".  [sin negritas en el 
original]   
 En el párrafo 7 del Anexo sobre Telecom unicaciones se dispone que los Miembros de la 
OMC consultarán a las organizaciones intergubernam entales y no gubernamentales sobre cuestiones 
derivadas de la aplicación del Anexo:  
"Los Miembros reconocen la función que desempeñan las organizaciones y los 
acuerdos intergubernamentales y no gubernamentales para el logro del 
funcionamiento eficiente de los servicios nacionales y mundiales de telecomunicaciones, en particular la Uni ón Internacional de Telecomunicaciones.  
Cuando proceda, los Miembros adoptarán las disposiciones adecuadas para la 
celebración de consultas  con esas organizaciones  sobre cuestiones derivadas de la 
aplicación del presente Anexo. "  [sin negritas en el original]  
 El Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedi ción también contempla una función para las 
ONG y en su artículo 4 estipula el establecimiento de una "entidad independiente" encargada de 
administrar el proceso de arbitraje vinculante en tre los exportadores y las entidades de inspección.  
En 1995 la OMC estableció esa entidad independi ente gracias a un acuerdo con la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) y la Federación Inte rnacional de Organismos de Inspección (FIOI).  
Además, esas dos ONG han ayudado a la OMC en su labor operacional sobre inspección previa a la expedición.  Por ejemplo, en 1998 el Grupo de Trabajo de la OMC sobre Inspección Previa a la 
Expedición celebró reuniones informales con las or ganizaciones internacionales competentes, la FIOI 
y la CCI.
116 
 Estos ejemplos indican medidas que podrían adoptarse para crear un foro institucionalizado 
para el debate en la OMC sobre la cuesti ón de las normas privadas o de instituciones no 
gubernamentales y su relación con el comercio.  Obvi amente, para que ello ocurriera, los Miembros 
de la OMC deberían ponerse de acuerdo sobre el te xto que habría que añadir al Acuerdo MSF y/o al 
                                                      
116 Steve Charnovitz, Trade Law and Governance, Cameron May [2002], capítulo 16, Opening the 
WTO to nongovernmental interests, páginas 495 y 503. 
  G/SPS/GEN/802 
 Página 109 
 
 
  Acuerdo OTC (en forma de enmienda o mediante un instrumento jurídico independiente).  Como se 
ha visto en la sección anterior, esta opción par ece posible pero probablemente no sea realista. 
 Una opción similar podría consistir en tratar de llegar a un acuerdo sobre la cuestión de las 
normas privadas o de instituciones no gubernamentales y su relación con el comercio en un grupo 
escogido de Miembros de la OMC, que redactaría n, adoptarían y se comprometerían a respetar 
determinadas obligaciones ad hoc  por medio de un "instrumento pl urilateral".  Un ejemplo de una 
iniciativa plurilateral de este tipo en el sistema de la OMC es el Documento de referencia sobre las 
telecomunicaciones.   Este instrumento jurídico brindaría la oportunidad de regular algunos aspectos 
fundamentales de las normas privadas o de ins tituciones no gubernamentales sin imponerlas a todos 
los Miembros de la OMC, pero permitiéndol es adoptar voluntariamente esos compromisos 
adicionales.  También en este caso la vi abilidad práctica de este enfoque parece escasa. 
4. Solución de diferencias 
 El mecanismo de solución de diferencias de  la OMC también podría considerarse una opción 
jurídica posible con la que abordar la cuestión de las normas privadas.  Aunque esto no sea muy 
probable, un país en desarrollo podr ía iniciar un procedimiento de solu ción de diferencias contra otro 
Miembro de la OMC en relación con una norma  privada que presumiblemente no tuviera una 
justificación científica, que fuera utilizada ampliame nte por varios minorista s y que constituyera una 
condición de facto  para el acceso a los mercados de ese Miembro de la OMC. 
 Esta opción jurídica no parece una solución sencilla  ni eficaz.  El mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC es oneroso, es delicado desde el punto de vista político y a menudo no puede 
dar los resultados esperados.  En cualquier caso, un problema interesante con que se enfrentaría un 
hipotético reclamante es de qué manera interpreta ría un grupo especial de la OMC la obligación de 
basar las medidas en principios científicos  a la luz del  artículo 13 del Acuerdo MSF. 
 En el asunto Australia - Salmón, el Grupo Especial mencionó el artículo 13 para respaldar la 
constatación de que la medida de Tasmania estab a sujeta al Acuerdo MSF y era responsabilidad de 
Australia.117  Aunque el informe del Grupo Especial no se refería a las instituciones no 
gubernamentales, permite sacar algunas conclusiones sobre la forma en que un grupo especial podría 
analizar una posible vulneración del Acuer do MSF por una institución no gubernamental. 
 En primer lugar, el grupo especial examin aría el artículo 13 del Acuerdo MSF para 
determinar si un Miembro de la OMC es "responsable ";  luego, "considerando el caso a la luz del 
párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo MSF", establ ecería si la medida impugnada es una medida 
sanitaria o fitosanitaria y, por último, decidirí a si se ha producido una infracción específica del 
Acuerdo MSF, por ejemplo de la obligación de basar las medidas en principios científicos.  Por las 
razones expuestas en los informes 1 y 2, este pro ceso jurídico parece una opción muy compleja y 
difícil que un reclamante dudaría en usar cuando se tratase de normas privadas o de instituciones no 
gubernamentales y su relación con el comercio. 
5. Creación de un comité ad hoc  
 Para tratar la cuestión de las normas de in stituciones no gubernamentales (y otras cuestiones 
relativas a las ONG) podría establecerse un comité especializado en el sistema de la OMC. 
 En el párrafo 2 del artículo V ("Relaciones c on otras organizaciones") del Acuerdo por el que 
se establece la Organización Mundial del Comercio (" Carta de la OMC") se sugieren determinadas 
formas de relación con las ONG: 
                                                      
117 WT/DS18/RW, de 18 de febrero de 2000, párrafo 7.162. G/SPS/GEN/802 
Página 110  
 
  "El Consejo General podrá adoptar disposic iones apropiadas para la celebración de 
consultas y la cooperación con organizaci ones no gubernamentales que se ocupen de 
cuestiones afines a las de la OMC. " 
 En estudios sobre este tema también aparece la sugerencia de crear un "grupo directivo" o un 
"Comité de Asesoramiento Económico y Social"
118: 
"La OMC es considerada una organización 'd e gobierno a gobierno'.  Eso implica 
que las ONG no tienen ninguna función en  ella.  Un grupo directivo, un grupo 
pequeño de algún tipo en la organización pu ede ayudar al Director General.  La 
OMC está muy rezagada en su forma de tratar a las ONG con respecto a la mayor parte de las organizaciones internacionales.  Otras organizaciones tienen métodos 
muy elaborados de acreditación de las ONG,  por ejemplo las Naciones Unidas, la 
OIT y la OMPI. "
119 
 En relación con esta opción, resulta difícil im aginar que se pueda identificar y organizar una 
ONG para que se haga eco del descontento de los co merciantes de los países en desarrollo en relación 
con las normas privadas o de instituciones no gubern amentales.  Además, los grupos de presión que 
tienen intereses y programas opuestos probablemente tr abajarían para establecer ONG similares para 
hacer oír su voz discrepante en el debate. 
6. Enmienda formal de los Acuerdos 
 Una enmienda formal de uno o más de los Ac uerdos abarcados (MSF, OTC) podría ser otra 
forma de abordar la cuestión de las normas privadas  y la posición de las normas de las instituciones 
no gubernamentales en el sistema de la OMC. 
 El artículo X del Acuerdo por el que se est ablece la Organización Mundial del Comercio 
("Carta de la OMC") se refiere al procedimiento de enmienda de, por ejemplo, los Acuerdos MSF y 
OTC, contenidos en el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la OMC: 
"1. Todo Miembro de la OMC podrá pr omover una propuesta de enmienda de 
las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales 
del Anexo 1 presentándola a la Conferencia Ministerial. Los Consejos enumerados 
en el párrafo 5 del artículo IV podrán ta mbién presentar a la Conferencia Ministerial 
propuestas de enmienda de las disposic iones de los correspondientes Acuerdos 
Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo funcionamiento supervisen.  Salvo que la Conferencia Ministerial decida un período más extenso, durante un período de 90 días contados a partir de la presenta ción formal de la propuesta en la 
Conferencia Ministerial toda decisión de la Conferencia Ministerial de someter a la 
aceptación de los Miembros la enmienda propuesta se adoptará por consenso.  A menos que sean aplicables las disposiciones de  los párrafos 2, 5 ó 6, en esa decisión 
se especificará si se aplicarán las disposici ones de los párrafos 3 ó 4.  Si se llega a 
un consenso, la Conferencia Ministerial someterá de inmediato a la aceptación de los 
Miembros la enmienda propuesta.  De no llegarse a un consenso en una reunión 
celebrada por la Conferencia Ministerial dentro del período establecido, la Conferencia Ministerial decidirá por mayoría de dos tercios de los Miembros si 
                                                     
 
118 Julio A. Lacarte, Transparency, Public Debate a nd Participation by NGOs in the WTO, Journal of 
International Economic Law 7(3), 683-686 [2003]. 
 
119 John H. Jackson, The WTO "Constitution" and Proposed Reforms, Journal of International 
Economic Law 2001, 67 (75-77).   G/SPS/GEN/802 
 Página 111 
 
 
  someterá o no a la aceptación de los Miembr os la enmienda propuesta.  A reserva de 
lo dispuesto en los párrafos 2, 5 y 6,  serán aplicables a la enmienda propuesta las 
disposiciones del párrafo 3, a menos que la Conferencia Ministerial decida por mayoría de tres cuartos de los Miembros  que se aplicarán las disposiciones del 
párrafo 4. 
2. Las enmiendas de las disposiciones del presente artículo y de las 
disposiciones de los artículos que se enumeran a continuación surtirán efecto 
únicamente tras su aceptación por todos los Miembros: 
Artículo IX del presente Acuerdo; Artículos I y II del GATT de 1994; 
Artículo II, párrafo 1, del AGCS; 
Artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. 3. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales de los Anexo s 1A y 1C no comprendidas entre las 
enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por  su naturaleza puedan alterar los derechos 
y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para los Miembros que las hayan 
aceptado tras su aceptación por dos tercios  de los Miembros, y después, para cada 
uno de los demás Miembros, tras su acepta ción por él.  La Conferencia Ministerial 
podrá decidir, por mayoría de tres cuarto s de los Miembros, que una enmienda 
hecha efectiva en virtud del presente párra fo es de tal naturaleza que todo Miembro 
que no la haya aceptado dentro del plaz o fijado en cada caso por la Conferencia 
Ministerial podrá retirarse de la OM C o seguir siendo Miembro con el 
consentimiento de la Conferencia Ministerial. 
4. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales de los Anexo s 1A y 1C no comprendidas entre las 
enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza no puedan alterar los 
derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto para todos los Miembros 
tras su aceptación por dos tercios de éstos. 
[…] 7. Todo Miembro que acepte una enmi enda del presente Acuerdo o de un 
Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo  1 depositará un instrumento de 
aceptación en poder del Director General de la OMC dentro del plazo de aceptación 
fijado por la Conferencia Ministerial. 
[…]" 
 En esencia, una propuesta de enmienda de los Acuerdos de la OMC como los Acuerdos MSF 
o el Acuerdo OTC tendría que ser presentada a la Conferencia Ministerial de la OMC, que luego transmitiría la enmienda propuesta a los Miembros de  la OMC para su examen y posible aceptación.  
El artículo X de la Carta de la OMC establece las mayorías necesarias para una enmienda formal.  En 
la práctica, el procedimiento que habría que segui r y las mayorías que habría que conseguir indican 
claramente que sería particularmente difícil in troducir enmiendas a los Acuerdos de la OMC. 
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