. /.   ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  G/SPS/GEN/766 
28 de febrero de 2007 
 
 (07-0864) 
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Original:   inglés 
 
  
NORMAS DEL SECTOR PRIVADO 
 
Comunicación de San Vicente y las Granadinas
 
 
  La siguiente comunicación, recibida el 27 de febrero de 2007, se distribuye a petición de San 
Vicente y las Granadinas. 
 
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 1. San Vicente y las Granadinas, que forma parte de las Islas de Barlovento, así como otros 
territorios caribeños del Grupo de Estados de África,  el Caribe y el Pacífico (ACP), son proveedores 
tradicionales de una serie de productos agrícola s a las Comunidades Europeas (CE), y hacen un 
importante aporte a estas pequeñas economías.  Sa n Vicente y las Granadinas exporta mensualmente 
productos agropecuarios por valor de más de un millón de dólares (1.000.000 de dólares EE.UU.) a 
las Comunidades Europeas (Dependencia Central de Estadística, 2006).  Ninguno de nuestros interlocutores comerciales dentro de las Comunida des Europeas ha planteado preocupaciones sobre 
efectos negativos en la salud o inocuidad de los alimentos en relación con estos productos.  Sin 
embargo, recientemente estas exportaciones se han vi sto sometidas a un conjunto de normas privadas 
que están afectando desfavorableme nte a los pequeños agricultores. 
2. No cabe duda de que existen cientos de normas privadas, ni de que éstas pueden desempeñar 
un papel importante a la hora de garantizar que los productores centren su interés en esferas tales 
como las buenas prácticas agropecuarias y la rastreabilidad, además de haber dado lugar a una mayor 
concienciación respecto de los problemas medioambientales. 
3. Los organismos internacionales de normalización (OIE, Codex Alimentarius y CIPF) son los 
únicos cuya facultad para establecer normas sanita rias y fitosanitarias se reconoce en el Acuerdo 
MSF.  Sin embargo, la proliferación de normas elaboradas por grupos de intereses privados sin 
ninguna referencia al Acuerdo MSF ni consulta c on las autoridades nacionales resulta preocupante y 
plantea numerosos desafíos a las economías pequeñas  y vulnerables.  Se considera que estas normas 
están en conflicto con la letra y el espíritu del Ac uerdo MSF, son verdaderos obstáculos al comercio 
(lo que el propio Acuerdo desalienta) y pueden crear confusión, desigualdad y falta de transparencia. 
4. En consecuencia, San Vicente y las Granadinas  considera que algunas normas industriales y 
privadas no son compatibles con la s disposiciones del Acuerdo MSF. 
5. A continuación se exponen algunos factores que pueden ser pertinentes para el debate: 
• Hay estudios que han demostrado que las normas privadas tienden a marginar a los 
pequeños agricultores (UNCTAD, 2006).  En circunstancias en que más del 95 por 
ciento de la comunidad agropecuaria está  constituido por pequeños agricultores, el 
resultado es un incremento de la pobreza rural y las distorsiones sociales. G/SPS/GEN/766 
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  • Otra cuestión es la relacionada con la objetividad del sistema de auditoría.  En 
algunos casos, distintos auditores interpreta n de manera diferente la aplicación de los 
procedimientos.  Por ejemplo, en las Isla s de Barlovento, los auditores externos 
consideran que los manguitos tratados que se utilizan en la rama de producción de 
bananos son plaguicidas y, en consecuencia, exigen su almacenamiento en 
condiciones específicas.  Sin embargo, en  la República Dominicana los manguitos no 
se consideran plaguicidas y por consiguiente no existen requisitos específicos de 
almacenamiento (Lipper, 2007). 
• El cumplimiento de estas normas supone unos costos elevados.  Resulta oneroso 
establecer la infraestructura necesaria en las explotaciones agrícolas y a nivel 
industrial.  Es necesaria una formación exhaustiva de los agricultores y del personal 
de divulgación.  (Dependencia de Comercio Justo, 2006;  Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca, San  Vicente, 20 06 .)  Por ejemplo , en  un  año d eterm in ado , los costos conexos son los siguientes: 
 Costo inicial para los agricultores (m ás de 3.000):  3.000.000 de dólares 
EE.UU. 
 Recursos humanos (supervisión):  45.865,00 dólares EE.UU. 
 Formación y material para los agricultores:  5.000,00 dólares EE.UU. 
 Auditoría externa:  8.560,00 dólares EE.UU. 
 Costo total:  3.059.425 de dólares EE.UU. 
 
• El cultivo en terrenos en pendiente es car acterístico de muchas de nuestras islas, y 
este tipo de terreno es el único disponible para una gran mayoría de pequeños agricultores.  En San Vicente y las Granadinas , la superficie de tierra cultivable es de 
7,2 km
2, y más del 60 por ciento de la misma está formado por terrenos en pendiente 
(Censo Agropecuario de San Vicente, 2000).  Esto supone un notable incremento de 
los costos de producción.  
6. Con el fin de hacer frente a algunas de las preocupaciones planteadas supra , podría 
considerarse lo siguiente: 
a) Las empresas y corporaciones que establecen estas normas deberían poner un servicio 
de apoyo a disposición de los productores de las economías pequeñas y vulnerables. 
b) Las normas deberían ser más flexibles y tene r en cuenta las cosechas y situaciones 
nacionales específicas. 
c) Los productores deberían participar en la ma yor medida posible en la elaboración de 
las normas. 
d) Al elaborar las normas, debería considerar se la compatibilidad con el Acuerdo MSF y 
solicitarse la colaboración de los organism os internacionales de normalización. 
 
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