ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS302/AB/R 
25 de abril de 2005 
 (05-1669) 
 Original:   inglés 
  
 
     
 
    
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA - MEDIDAS QUE AFECTAN 
A LA IMPORTACIÓN Y VENTA INTERNA 
DE CIGARRILLOS 
 
 
 
AB-2005-3 
  
     
 
    
 
 
Informe del Órgano de Apelación 
  WT/DS302/AB/R 
 Página i 
 
 
 ÍNDICE 
 
Página  
 
I. Introducción................................................................................................................... .............1  
II. Argumentos de los participantes y los terceros participantes .....................................................3  
A. Alegaciones de error formuladas por la República Dominicana - Apelante .................3  
1. El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del 
artículo XX del GATT de 1994 en relación con el requisito de estampillado ......................................................................................................3
 
2. La cuestión de completar el aná lisis en el marco del artículo XX 
del GATT de 1994 ............................................................................................7  
3. La conformidad con el artículo 11 del ESD del examen realizado por 
el Grupo Especial de las Pruebas documentales 8 y 29 de la República Dominicana ......................................................................................7
 
B. Argumentos de Honduras - Apelado ..............................................................................9  
1. El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del 
artículo XX del GATT de 1994 en relación con el requisito de estampillado ......................................................................................................9
 
2. La cuestión de completar el aná lisis en el marco del artículo XX 
del GATT de 1994 ..........................................................................................11  
3. La conformidad con el artículo 11 del ESD del examen de las Pruebas documentales 8 y 29 de la República Dominicana............................12
 
C. Alegaciones de error formuladas por Honduras - Apelante ........................................13  
1. El párrafo 4 del artículo III del GATT de  1994 y el requisito de fianza .........13  
2. El apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 y el requisito de 
fianza...............................................................................................................14  
3. El artículo 11 del ESD y la consideración por el Grupo Especial del 
requisito de fianza "en sí mismo"....................................................................15  
4. El momento del pago del Impuest o Selectivo al Consumo y el 
mandato del Grupo Especial ...........................................................................15  
D. Argumentos de la República Dominicana - Apelado ...................................................16  
1. El párrafo 4 del artículo III del GATT de  1994 y el requisito de fianza .........16  
2. El apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 y el requisito de 
fianza...............................................................................................................17  
3. El artículo 11 del ESD y la consideración por el Grupo Especial del requisito de fianza "en sí mismo"....................................................................18
 
4. El momento del pago del Impuest o Selectivo al Consumo y el 
mandato del Grupo Especial ...........................................................................20  
E. Argumentos de los terceros participantes ....................................................................20  
1. China ...............................................................................................................20  
2. Comunidades Europeas...................................................................................21  
3. Estados Unidos................................................................................................23  
III. Cuestiones planteadas en esta apelación...................................................................................24  
IV. El análisis de la necesidad en el marc o del apartado d) del artículo XX del GATT 
de 1994 en relación con el requisito de estampillado ...............................................................24  WT/DS302/AB/R 
Página ii  
 
 Página
 
 
V. La conformidad con el artículo 11 de l ESD del examen de las Pruebas 
documentales 8 y 29 de la República Dominicana ...................................................................33  
VI. El párrafo 4 del artículo III del GATT de  1994 y el requisito de fianza...................................39  
VII. El artículo 11 del ESD y la consideración por el Grupo Especial del requisito de 
fianza "en sí mismo" ........................................................................................................... ......47  
VIII. El trato dado por el Grupo Especial a las afirmaciones de Honduras con respecto al 
momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo ...........................................................53  
IX. Constataciones y conclusiones.................................................................................................. 58 
Anexo 1  Notificación de la apelación de la República Dominicana de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 16 y el artículo 17 del Entendimiento relativo a 
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD), y de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los 
Procedimientos de trabajo para el examen en apelación
 
Anexo 2  Notificación de otra apelación de Honduras de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 16 y el artíc ulo 17 del Entendimiento relativo a 
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD), y de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los 
Procedimientos de trabajo para el examen en apelación
 
 
  WT/DS302/AB/R 
 Página iii 
 
 
 CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME 
 
Título abreviado Título completo y referencia 
Australia - Salmón  Informe del Órgano de Apelación,  Australia - Medidas que afectan a la 
importación de salmón , WT/DS18/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998 
Canadá - Automóviles  Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Determinadas medidas que afectan a 
la industria del automóvil , WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adoptado el 19 de 
junio de 2000 
Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Medidas relativas a las exportaciones 
de trigo y al grano importado , WT/DS276/AB/R, adoptado el 27 de septiembre 
de 2004 
Canadá - Patentes para 
productos farmacéuticos  Informe del Grupo Especial, Canadá - Protección mediant e patente de los 
productos farmacéuticos , WT/DS114/R, adoptado el 7 de abril de 2000 
Canadá - Publicaciones  Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Determinadas medidas que afectan a 
las publicaciones , WT/DS31/AB/R, adoptado el 30 de julio de 1997 
CE - Accesorios de tubería Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Derechos antidumping 
sobre los accesorios de tubería de f undición maleable procedentes del Brasil , 
WT/DS219/AB/R, adoptado el 18 de agosto de 2003 
CE - Amianto Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas que afectan 
al amianto y a los productos que contienen amianto , WT/DS135/AB/R, adoptado 
el 5 de abril de 2001 
CE - Banano III Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Régimen para la 
importación , venta y distribución de bananos , WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de 
septiembre de 1997 
CE - Banano III   
(párrafo 5 del artículo 21 - Ecuador)  Informe del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Régimen para la 
importación , venta y distribución de bananos - Recurso del Ecuador al párrafo 5 
del artículo 21 del ESD , WT/DS27/RW/ECU, adoptado el 6 de mayo de 1999 
CE - Hormonas  Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a 
la carne y los productos cárnicos (Hormonas) , WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 
adoptado el 13 de febrero de 1998 
CE - Productos avícolas Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a 
la importación de determinados productos avícolas , WT/DS69/AB/R, adoptado 
el 23 de julio de 1998 
CE - Ropa de cama  (párrafo 5 del artículo 21 - India)  Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Derechos antidumping 
sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India - Recurso de la India al párrafo 5 del artículo 21 del ESD , WT/DS141/AB/RW, 
adoptado el 24 de abril de 2003  
CE - Sardinas  Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - Denominación 
comercial de sardinas , WT/DS231/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002 
Chile - Bebidas alcohólicas  Informe del Órgano de Apelación, Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas , 
WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000 
Chile - Sistema de bandas de precios  Informe del Órgano de Apelación, Chile - Sistema de bandas de precios y medidas 
de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas , WT/DS207/AB/R, 
adoptado el 23 de octubre de 2002 
Corea - Bebidas alcohólicas  Informe del Órgano de Apelación, Corea - Impuestos a las bebidas alcohólicas , 
WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, adoptado el 17 de febrero de 1999 
Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna  Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medidas que afectan a las 
importaciones de carne vacuna fresca , refrigerada y congelada , WT/DS161/AB/R, 
WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001 WT/DS302/AB/R 
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 Título abreviado Título completo y referencia 
Corea - Productos lácteos Informe del Órgano de Apelación, Corea - Medida de salvaguardia definitiva 
impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos , WT/DS98/AB/R, 
adoptado el 12 de enero de 2000 
Estados Unidos - Acero al 
carbono  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Derechos compensatorios 
sobre determinados productos planos de a cero al carbono resistente a la corrosión 
procedentes de Alemania , WT/DS213/AB/R, adoptado el 19 de diciembre de 2002 
Estados Unidos - Acero 
laminado en caliente Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas antidumping sobre 
determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón , 
WT/DS184/AB/R, adoptado el 23 de agosto de 2001 
Estados Unidos - Artículo 301 de 
la Ley de Comercio Exterior  Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de 
Comercio Exterior de 1974 , WT/DS152/R, adoptado el 27 de enero de 2000 
Estados Unidos - Artículo 337 Informe del Grupo Especial del GATT, Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley 
Arancelaria de 1930 , adoptado el 7 de noviembre de 1989 
Estados Unidos - Camisas y 
blusas Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medida que afecta a las 
importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India , 
WT/DS33/AB/R y Corr.1, adoptado el 23 de mayo de 1997 
Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Examen por extinción de los 
derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón , WT/DS244/AB/R, adoptado el 9 de enero 
de 2004  
Estados Unidos - Gasolina  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Pautas para la gasolina 
reformulada y convencional , WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996 
Estados Unidos - Gluten de 
trigo Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas de salvaguardia 
definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas , WT/DS166/AB/R, adoptado el 19 de enero de 2001 
Estados Unidos - Juegos de 
azar Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas que afectan al 
suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas , 
WT/DS285/AB/R, 7 de abril de 2005 
Estados Unidos - Ley de 1916  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 , 
WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000 
Guatemala - Cemento I  Informe del Órgano de Apelación, Guatemala - Investigación antidumping sobre el 
cemento Portland procedente de México , WT/DS60/AB/R, adoptado el 25 de 
noviembre de 1998 
India - Patentes (EE.UU.)  Informe del Órgano de Apelación, India - Protección mediante patente de los 
productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura , 
WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998 
India - Patentes (EE.UU.)  Informe del Grupo Especial, India - Protección mediante patente de los productos 
farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura , reclamación de los 
Estados Unidos , WT/DS50/R, adoptado el 16 de enero de 1998, modificado por el 
informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R 
Japón - Películas  Informe del Grupo Especial, Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel 
fotográficos de consumo , WT/DS44/R, adoptado el 22 de abril de 1998 
Japón - Productos agrícolas II  Informe del Órgano de Apelación, Japón - Medidas que afectan a los productos 
agrícolas , WT/DS76/AB/R, adoptado el 19 de marzo de 1999 
República Dominicana - 
Importación y venta de 
cigarrillos Informe del Grupo Especial, República Dominicana - Medidas que afectan a la 
importación y venta interna de cigarrillos , WT/DS302/R, 26 de noviembre 
de 2004 
  WT/DS302/AB/R 
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 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  
ÓRGANO DE APELACIÓN  
  
República Dominicana - Medidas que afectan a 
la importación y venta interna de cigarrillos  
 
República Dominicana, Apelante/Apelado  
Honduras, Apelante/Apelado  
 
China, Tercero participante  
El Salvador, Tercero participante 
Comunidades Europeas, Tercero participante  
Guatemala, Tercero participante  
Estados Unidos, Tercero participante 
  AB-2005-3 
 
 Actuantes:   Baptista, Presidente de la Sección  Lockhart, Miembro 
 Sacerdoti, Miembro 
 
  
I. Introducción 
1. La República Dominicana y Honduras apelan cad a una contra determinadas cuestiones de 
derecho tratadas en el informe del Grupo Especial que examinó el asunto República Dominicana - 
Medidas que afectan a la importación y venta interna de cigarrillos  (el "informe del Grupo Especial" 
y determinadas interpretaciones jurídicas formuladas en él).
1  El Grupo Especial fue establecido el 
9 de enero de 2004 para examinar las alegaci ones presentadas por Honduras con respecto a cinco 
medidas adoptadas por la República Dominicana relativas a la importación y venta interna de cigarrillos.  Honduras formuló alegaciones sobre estas medidas en el marco de diversas disposiciones de los artículos II, III, X y XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(el "GATT de 1994").  La República Dominicana pi dió al Grupo Especial que desestimara todas las 
alegaciones de Honduras, y sostuvo además que algunas de sus medidas se podían justificar al amparo del apartado d) del artículo XX y el párra fo 9 a) del artículo XV del GATT de 1994. 
2. El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros de la Organización Mundial del 
Comercio (la "OMC") el 26 de noviembre de 2004.  El Grupo Especial consta tó que:  la imposición 
por la República Dominicana de un recargo transitorio del 2 por ciento para la estabilización 
económica es uno de los "demás derechos o cargas" que es incompatible con el párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994
2;  la imposición de una comisi ón de cambio por la República 
Dominicana constituye uno de los "demás derechos o cargas" que es incompatible con el párrafo 1 b) 
del artículo II del GATT de 1994 y que no se puede justificar como una restricción cambiaria en el 
                                                      
1 WT/DS302/R, 26 de noviembre de 2004. 
 
2 Informe del Grupo Especial, párrafo 8.1 b). 
 WT/DS302/AB/R 
Página 2  
 
 sentido del párrafo 9 a) del artículo XV del GATT de 1994
3;  y el requisito de la República 
Dominicana de que se adhiera una estampilla fiscal a todos los paquetes de cigarrillos en su territorio, 
bajo la supervisión de las autoridades fiscales local es, es incompatible con el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994 y no está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.  
El Grupo Especial recomendó que el Órgano de Solu ción de Diferencias (el "OSD") pidiera a la 
República Dominicana que pusiera estas medidas en conformidad con las obligaciones que le 
correspondían en virtud del GATT de 1994.4 
3. El Grupo Especial formuló constataciones adic ionales de incompatibilidad con respecto a 
ciertas normas y prácticas administrativas utilizadas por la República Dominicana para determinar la base imponible a efectos de aplicar a los cigarrillos el Impuesto Selectivo al Consumo, que ya no estaban en vigor en el momento del informe del Grupo Especial.
5  Sin embargo, el Grupo Especial se 
abstuvo de formular recomendaciones al OSD acerca de estas medidas porque ya no estaban en 
vigor.6 
4. El Grupo Especial constató que Honduras no había demostrado que el requisito de la 
República Dominicana de que los importadores y productores nacionales de cigarrillos depositaran 
una fianza de 5 millones de pesos dominicanos era in compatible con el párrafo 1 del artículo XI o, 
subsidiariamente, con el párrafo  4 del artículo III del GATT de 1994.7 
5. El 24 de enero de 2004, la República Dominicana notificó al OSD su intención de apelar con 
respecto a determinadas cuestiones de derecho tratadas en el inform e del Grupo Especial y 
determinadas interpretaciones ju rídicas formuladas por el Grupo Especial, de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo 16 del Entendimiento relativo a las normas y pr ocedimientos por los que se rige 
la solución de diferencias (el "ESD"), y presentó un anuncio de apelación8 de conformidad con la 
Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación  (los " Procedimientos de 
                                                      
3 Ibid. , párrafos 8.1 c) y 8.1 d). 
 
4 Ibid., párrafo 8.2. 
 
5 Ibid., párrafos 8.1 b) a 8.1 d). 
 
6 Ibid., párrafo 8.3.  El Grupo Especial constató además que Honduras no había demostrado que la 
legislación de la República Dominicana aplicable a la determinación de la base imponible del Impuesto 
Selectivo al Consumo sometía a los cigarrillos importados a impuestos superiores a los aplicados a los productos nacionales similares.  ( Ibid., párrafo 8.3 a)) 
 
7 Ibid., párrafo 8.1 f). 
 
8 WT/DS302/8, 24 de enero de 2005 (contenido en el anexo 1 del presente informe). 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 3 
 
 
 trabajo ").9  El 31 de enero de 2005, la República Domi nicana presentó su comunicación de apelante.10  
El 7 de febrero de 2005, Honduras notificó al OSD su  intención de apelar con respecto a determinadas 
cuestiones de derecho tratadas en el informe de l Grupo Especial y determinadas interpretaciones 
jurídicas formuladas por el Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 16 y el artículo 17 del ESD, y presentó un anuncio de otra apelación
11 de conformidad con la Regla 23 1) de 
los Procedimientos de trabajo .  El 8 de febrero de 2005, Honduras presentó su comunicación en 
calidad de otro apelante.12  El 18 de febrero de 2005, la República Dominicana y Honduras 
presentaron sendas comunicaciones de apelado.13  Ese mismo día, China, las Comunidades Europeas 
y los Estados Unidos presentaron sendas comunicaciones de tercero participante.14  También el 18 de 
febrero de 2005, Guatemala notificó su intención de comparecer en la audiencia como tercero 
participante.15  El Salvador notificó el 7 de marzo de  2005 su intención de comparecer en la 
audiencia.16 
6. La audiencia de la presente apelación tuvo lugar el 9 de marzo de 2005.  Los participantes y 
los terceros participantes presentaron argumen tos orales y respondieron a las preguntas que les 
formularon los Miembros de la Sección que entendía en la apelación. 
II. Argumentos de los participantes y los terceros participantes 
A. Alegaciones de error formuladas por la República Dominicana - Apelante  
1. El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994 en relación c on el requisito de estampillado  
7. La República Dominicana sostiene que, al examinar si la medida de estampillado fiscal de la 
República Dominicana estaba justificada en virtud de l apartado d) del artículo XX del GATT de 1994, 
el Grupo Especial estaba "examinando el proceso de a dopción de decisiones" de las autoridades de la 
                                                      
9 WT/AB/WP/5, 4 de enero de 2005. 
 
10 De conformidad con la Regla 21 1) de los Procedimientos de trabajo . 
 
11 WT/DS302/9, 7 de febrero de 2005 (contenido en el anexo 2 del presente informe). 
 
12 De conformidad con la Regla 23 3) de los Procedimientos de trabajo . 
 
13 De conformidad con la Regla 22 de los Procedimientos de trabajo. 
 
14 De conformidad con la Regla 24 1) de los Procedimientos de trabajo . 
 
15 De conformidad con la Regla 24 2) de los Procedimientos de trabajo . 
 
16 De conformidad con la Regla 24 4) de los Procedimientos de trabajo . 
 WT/DS302/AB/R 
Página 4  
 
 República Dominicana.
17  Por tanto, el Grupo Especial de bería haber concedido a la República 
Dominicana un margen de discrecionalidad y debe ría haber evaluado si la República Dominicana 
tenía un fundamento razonable para su medida. 
8. La República Dominicana alega que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar y 
aplicar el término "necesarias" del apartado d)  del artículo XX del GATT de 1994.  La República 
Dominicana hace referencia a los informes del Órgano de Apelación sobre los asuntos C orea - 
Diversas medidas que afectan a la carne vacuna  y CE - Amianto y mantiene que la determinación de 
si una medida es "necesaria" de conformidad con el  apartado d) del artículo XX entraña en cada caso 
un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores.  Según la República Dominicana, los grupos especiales deben sopesar y confrontar:  la repercusión de la medida en el comercio;  la 
importancia de los intereses protegidos por la medida ;  la contribución de la medida a la realización 
del fin perseguido;  y la existe ncia de otras medidas posibles cuya utilización pueda razonablemente 
esperarse de un Miembro.  El Grupo Es pecial incurrió en e rror al analizar solame nte la existencia de 
alternativas razonablemente disponibles a la medida de estampillado fiscal, y al no analizar, sopesar y 
confrontar los demás factores pertinentes.  La República Dominicana señala que es poco probable que 
cada factor "indique el mismo grado de necesidad".
18  Por consiguiente, cada grupo especial debe 
determinar el peso colectivo de los factores.  Pa ra poder hacerlo, el grupo especial tiene que analizar 
el peso de cada factor y confrontar sus pesos rela tivos, a fin de determinar si, en conjunto, hacen que 
la medida sea necesaria. 
9. Según la República Dominicana, si se sopesan y confrontan debidamente los factores 
pertinentes, se llega a la conclusión de que el requi sito de estampillado es "necesario" en el sentido del 
apartado d) del artículo XX del GATT  de 1994.  Por lo que se refiere al primer factor, es decir, la 
repercusión de la medida en el comercio, la República Dominicana subraya que el Grupo Especial 
reconoció que la repercus ión del requisito de estampillado en el  comercio es mínima.  La República 
Dominicana afirma que el Órgano de Apelaci ón ha indicado que una medida que tuviese 
"relativamente poca repercusión en los productos importados podría más fá cilmente considerarse 
'necesaria' que una medida con efectos restrictivos intensos o más amplios".19  Según la República 
Dominicana, las constataciones del Grupo Especial a este respecto hacen que, en el proceso general de 
                                                      
17 Comunicación del apelante presentada po r la República Dominicana, párrafo 27. 
 
18 Ibid., párrafo 32. 
 
19 Ibid., párrafo 34 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que 
afectan a la carne vacuna , párrafo 163). 
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 Página 5 
 
 
 sopesar y confrontar todos los fact ores pertinentes, el requisito de estampillado pueda más fácilmente 
considerarse "necesario". 
10. En cuanto al segundo factor -la importancia de  los intereses protegidos por la medida- la 
República Dominicana reitera que el requisito de estampillado tiene por objeto lograr la observancia 
de las obligaciones fiscales y prevenir prácticas que  puedan inducir a error, y que estos intereses son 
importantes.  La República Dominicana observa que el Grupo Especial reconoció que la prevención 
de la evasión fiscal es un interés importante y recuer da la opinión del Órgano de Apelación de que 
"cuanto más vitales o importantes sean esos interese s o valores comunes, más fácil será aceptar como 
'necesaria' una medida concebida como in strumento para lograr la observancia".20  L a  R e p ú b l i c a  
Dominicana añade que la relación entre el contrabando de cigarrillos y la salud pública está bien establecida;  en consecuencia, dado que el requi sito de estampillado está dirigido a evitar el 
contrabando de cigarrillos, tambié n contribuye a la protección de la salud y el bienestar de los 
ciudadanos, "dos intereses que son de importancia fundamental y decisiva".
21  L a  R e p ú b l i c a  
Dominicana alega que, en el proceso general de s opesar y confrontar, debería ser más fácil aceptar 
que el requisito de estampillado es un instrumento "n ecesario" para lograr la observancia debido al 
valor y la importancia de los intereses que protege. 
11. El tercer factor a que se refiere la República Dominicana es la contribución de la medida a la 
realización de los fines perseguidos.  La Repúb lica Dominicana mantiene que la adhesión de 
estampillas fiscales en presencia de un inspector fisca l contribuye en mayor medida a la prevención de 
la evasión fiscal que la adhesión de las mismas en ot ros países, sin la presencia de un inspector fiscal.  
Subraya que el hecho de adherir las estampillas en otros países haría posible que los cigarrillos 
introducidos de contrabando en la República Domi nicana se vendieran estampillados, pero sin pagar 
los impuestos de importación.  Esta situación se evita  mediante el requisito de adherir las estampillas 
en la República Dominicana en presencia de un inspector fiscal, salvo en los casos en que la 
estampilla es falsificada.  De este modo, según la  República Dominicana, el requisito de estampillado 
no sólo busca garantizar la autenticidad de las est ampillas fiscales, sino que también "contribuye de 
forma importante a reducir el volumen de cigarr illos introducidos de contrabando y a aumentar el 
volumen de cigarrillos que ostentan 'estampillas fiscales auténticas'".22 
                                                      
20 Ibid., párrafo 37 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que 
afectan a la carne vacuna , párrafo 162). 
 
21 Ibid., párrafo 40. 
 
22 Ibid., párrafo 45. 
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 12. Por lo que respecta a la cuestión de la existe ncia de otras medidas posibles cuya utilización 
pudiera razonablemente esperarse de un Miembro en lugar de la medida incompatible con el GATT, 
la República Dominicana sostiene que el Grupo Es pecial concluyó erróneamente que existe otra 
medida posible razonablemente a su alcance en este asunto.  Según la República Dominicana, la 
medida a la que aludió el Grupo Especial -pr oporcionar a los exportadores extranjeros estampillas 
fiscales difíciles de falsificar y permitir que las est ampillas se adhieran en otros países, quizás bajo la 
supervisión de una empresa de buena reputación que efectúe inspecciones y certificaciones antes del 
embarque- no es una alternativa razonablemente a su alcance porque aumentaría el riesgo de contrabando y evasión de impuestos, en  comparación con el requisito de estampillado, y, por lo tanto, 
tendría menos probabilidades de garantizar los objeti vos perseguidos por el re quisito de estampillado.  
La República Dominicana hace referencia a prueb as de que los productores de cigarrillos colaboran 
activamente en el contrabando de cigarrillos.  Tamb ién se remite a pruebas de una mayor prevalencia 
del contrabando de bebidas alc ohólicas, que, según la República Dominicana, es consecuencia de 
permitir la adhesión de estampillas fiscales fuera de su territorio. 
13. Sobre esta base, la República Dominicana sostiene  que el Grupo Especial incurrió en error al 
constatar que su requisito de estampillado no es "necesario" en el sentido del apartado d) del 
artículo XX del GATT de 1994, y pide al Órgano de  Apelación que revoque la  constatación del Grupo 
Especial a este respecto. 
14. En respuesta a información relativa a la recien te modificación de la medida de estampillado 
fiscal a la que se refirió Honduras en su  declaración inicial en la audiencia
23, la República Dominicana 
confirmó que se había promulgado un nuevo decreto que alteraba la aplicación del requisito de 
estampillado y permitía que las estampillas fiscales se adhirieran en otros países.24  L a  R e p ú b l i c a  
Dominicana considera, sin embargo, que la nueva medi da refleja un cambio en el nivel de observancia 
                                                      
23 El párrafo 7 de la declaración inicial de Honduras dice así: 
 A Honduras le sorprende que la República Dominicana adopte [la posición de que la adhesión 
de estampillas fiscales en otros países no es otra  medida posible razonabl emente a su alcance].  
En octubre de 2004, la República Dominicana promulgó el Decreto Nº 1360-04 por el que se modificó el artículo 37 del Decreto 79-03 con la finalidad de permitir que los importadores 
colocaran la estampilla fiscal en otros países en el momento de la producción.  En 
conformidad con este reglamento, Honduras  envió hace dos semanas un embarque de 
cigarrillos al que se le colocaro n las estampillas fiscales en el punto de producción.  Honduras 
supone que la República Dominican a aún mantiene su interés en  seguir recaudando impuestos 
y evitar el contrabando y la falsificación.  Por c onsiguiente, al permitir que las estampillas se 
adhieran en otros países, la República Dominicana ha reconocido que esta medida alternativa 
está razonablemente a su alcance y puede contribu ir a la realización de los fines perseguidos.  
...  (no se reproducen las notas de pie de página) 
 
24 Respuesta de la República Dominicana a preguntas formuladas en la audiencia. 
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 Página 7 
 
 
 que pretende lograr.  Por lo tanto, sigue sostenie ndo que sólo mediante la adhesión de estampillas en 
el territorio de la República Dominicana, bajo la supervisión de sus autoridades fiscales, se puede 
alcanzar el nivel de observancia deseado fre nte al contrabando y la evasión de impuestos. 
2. La cuestión de completar el análisis en el marco del ar tículo XX del GATT 
de 1994  
15. En caso de que el Órgano de Apelación acepte  la opinión de la República Dominicana y 
revoque la constatación del Grupo Esp ecial de que el requisito de estampillado no es "necesario" en el 
sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de  1994, la República Dominicana pide al Órgano 
de Apelación que complete el análisis jurídico de su defensa de conformidad con el artículo XX 
del GATT de 1994 y constate que el requisito de estampillado no es incompatible con el GATT 
de 1994. 
16. La República Dominicana sostiene que su requis ito de estampillado es necesario para lograr 
la observancia de su Código Tributario.  Lo hace al  avisar a las autoridades fiscales de la República 
Dominicana de que se han cobrado los impuestos aplicables, con lo cual evita la evasión de 
impuestos.  El requisito de estampillado evita adem ás el contrabando de cigarrillos porque éstos se 
introducen de contrabando específicamente para evad ir los impuestos y otras leyes aplicables.  
La República Dominicana observa que Honduras no ha  impugnado la compatibilidad de su Código 
Tributario con el GATT y que la propia Hondur as observó que la República Dominicana tiene 
derecho a percibir derechos e impuestos sobre los cigarrillos.  Sobre esta base, la República 
Dominicana sostiene que su medida de estamp illado fiscal está debidamente comprendida en el 
ámbito del apartado d) del artículo XX. 
17. La República Dominicana sostiene  también que el requisito de estampillado se aplica de 
manera acorde con el preámbulo del artículo XX del GATT de 1994.  El requisito de estampillado no 
se aplica de una manera que discrimine entre di stintos países proveedores o entre proveedores 
nacionales y extranjeros de cigarrillos.  De hecho, Honduras no ha formulado alegaciones en 
contrario.  Además, incluso si el Órgano de Apel ación constatara que la me dida se aplica de manera 
discriminatoria, nada indica que una discriminación como esa sea arbitraria o injustificable.  Tampoco hay nada que indique que el requisito de est ampillado se aplica de manera que constituya una 
restricción encubierta al comercio internacional. 
3. La conformidad con el artículo 11 del ESD del examen realizado por el Grupo 
Especial de las Pruebas documentales 8 y 29 de la República Dominicana  
18. La República Dominicana sostiene que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva de 
los hechos, en contra de lo dispuesto en el ar tículo 11 del ESD, porque inte rpretó erróneamente los WT/DS302/AB/R 
Página 8  
 
 elementos probatorios presentados en las Prueb as documentales 8 y 29 de la República Dominicana y 
entendió mal la tesis en apoyo de la cual se presen taron estas Pruebas documentales.  Si bien reconoce 
que los grupos especiales gozan de un margen de di screcionalidad en su valoración de las pruebas que 
se les presenten, en este asunto, según la Repúbli ca Dominicana, el Grupo Especial sobrepasó los 
límites de su discrecionalidad porque un evaluador objetivo de los hechos no habría llegado a la 
conclusión a que llegó el Grupo Especial sobre la base de las pruebas presentadas. 
19. La República Dominicana intentó demostrar por  medio de sus Pruebas documentales 8 y 29 
"que, en el caso del alcohol, un producto respecto del cual las estampillas fiscales se pueden adherir 
en otros países:  a) hay contrabando dirigido al territorio de la República Dominicana;  y b) se falsifican las estampillas fiscales".
25  Sin embargo, el Grupo Especial cometió un error de lectura de la 
carta incorporada a la Prueba documental 8 de  la República Dominicana (Memorando DAT-Nº 46) y 
se equivocó al llegar a la conclusi ón de que no demostraba la falsif icación de estampillas fiscales.  
El Grupo Especial interpretó erróneamente además la tesis en apoyo de la cual se presentó la Prueba 
documental 8.  La Prueba documental se presentó como  indicación de la existencia, por una parte, de 
la falsificación de estampillas fiscales y, por otra , del contrabando de productos.  No obstante, el 
Grupo Especial se centró incorrectamente en la re lación entre el contrabando y la falsificación.  
La Prueba documental 29 de la República Dominicana , por su parte, fue presentada por su valor 
probatorio en relación con el cont rabando de alcohol hacia la Repúbli ca Dominicana.  Sin embargo, el 
Grupo Especial simplemente hizo caso omiso de los elementos probatorios contenidos en la Prueba 
documental 29 y los tomó erróneamente como prueba de falsificación de estampillas fiscales.  
La Prueba documental 29 de la República Dominicana no se presentó como prueba de la falsificación 
de estampillas fiscales.  El Grupo Especial conclu yó además que estas dos Pruebas documentales no 
establecían la existencia de una relación causal entre la autorización de que las estampillas sean 
colocadas en el extranjero y la falsificación de estampillas fiscales .  No obstante, según la República 
Dominicana, hay en el expediente pruebas irrefutables que demuestran que, si bien las bebidas 
alcohólicas -que se pueden estampillar fuera de la  República Dominicana- pasan de contrabando con 
estampillas fiscales falsificadas, esto prácticamente nunca sucede con los cigarrillos.  El Grupo Especial tampoco valoró estos hechos.  La Repúb lica Dominicana concluye que las constataciones del 
Grupo Especial, supuestamente basadas en las Pruebas documentales 8 y 29 de la República 
Dominicana, son erróneas y no podía haber llegado a ellas un evaluador objetivo de los hechos.  En 
consecuencia, el Grupo Especial no cumplió la obligación que le impone el artículo 11 del ESD. 
                                                     
 
25 Comunicación del apelante presentada po r la República Dominicana, párrafo 79. 
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 B. Argumentos de Honduras - Apelado  
1. El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994 en relación c on el requisito de estampillado  
20. Honduras alega que la República Dominicana ha caracterizado erróneamente su apelación 
diciendo que tiene que ver con la interpretación y la aplicación del apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994 al requisito de est ampillado, cuando, en realidad, la  República Dominicana pide al 
Órgano de Apelación que evalúe de nuevo las prueb as que el Grupo Especial tuvo ante sí y llegue a 
una conclusión diferente.  Según Honduras, la República Dominicana no ha demostrado que el Grupo 
Especial haya interpretado o aplicado erróneamen te la prueba de "necesidad" en el marco del 
apartado d) del artículo XX.  Honduras sostiene  además que la República Dominicana no ha 
demostrado la existencia de ni ngún error jurídico en las constataciones del Grupo Especial;  
en cambio, la República Dominicana trata de hacer  una nueva argumentación sobre los hechos y sobre 
las conclusiones que, a su juicio, se deben extraer. 
21. Por otra parte, según Honduras, la República Dominicana está tratando de introducir nuevos 
elementos de hecho al alegar que los productores de  cigarrillos colaboran en el contrabando y que, por 
consiguiente, no sería procedente ceder a los productores ningún control sobre el proceso de 
estampillado.  Honduras observa que no hay pruebas no controvertidas en que basar esta aseveración 
e insta al Órgano de Apelación a que desestime estas alegaciones.  La República Dominicana está tratando además de introducir la protección de la  salud de las personas como objetivo que se 
conseguiría mediante los aspectos discriminatorios de l requisito de estampillado.  No obstante, la 
República Dominicana no ha demostrado por qué su  medida protege la salud de las personas.  
Honduras observa que la protección de la salud de las personas se trata en el apartado b) del 
artículo XX, no en el apartado d), y que no se presentaron al Grupo Especial argumentos relacionados con la salud de las personas.  Por consiguiente, no existe ninguna cons tatación fáctica que respalde los 
argumentos de la República Dominicana acerca de la salud de las personas, y el Órgano de Apelación 
no debería atribuirles "ninguna credibilidad".
26 
22. En cuanto a la cuestión sustantiva de si el  requisito de estampillado es "necesario" en el 
sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de  1994, Honduras discrepa de la alegación de la 
República Dominicana de que el Grupo Especial no sopesó ni confrontó los factores que el Órgano de 
Apelación, en el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , identificó como 
pertinentes a la evaluación de la necesidad con arregl o al apartado d) del artículo XX.  A juicio de 
Honduras, el Grupo Especial examinó adecuadamente  la importancia relativa del interés al que 
                                                      
26 Comunicación del apelado presen tada por Honduras, párrafo 22. 
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 responde la medida en cuestión.  Honduras pone  en entredicho la afirmación de la República 
Dominicana, que no se expuso ante el Grupo Especial, de que la medida tiene por objeto proteger la 
vida o la salud de las personas.  El requisito de estampillado cumple esencialmente un objetivo fiscal 
que, si bien es importante, no es equiparable a la pr otección de la vida o la salud de las personas.  
Según Honduras, el Grupo Especial examinó también hasta qué punto el requisito de estampillado contribuye a lograr la observancia de las leyes y reglamentos tributarios de la República Dominicana.  
El Grupo Especial constató que la República Dominicana no había demostrado que la aplicación 
discriminatoria del requisito de estampillado fac ilitara la prevención de la evasión fiscal y el 
contrabando.  Además, la República Dominicana no proporcionó el texto de ninguna legislación 
destinada a combatir el contrabando cuya obser vancia se lograría mediante el requisito de 
estampillado.  El Grupo Especial examinó asimismo si el requisito de estampillado tenía efectos 
restrictivos en el comercio internacional.  Aunque , a este respecto, el Grupo Especial consideró que 
podía suponer que la medida no tenía un "ef ecto restrictivo intenso en el comercio"
27, el hecho de que 
haya pasado a examinar alternativas menos restrictivas del comercio demuestra que consideró que la medida tenía al menos algún efecto desfavorable  sobre el comercio.  A juicio de Honduras, 
contrariamente a lo aducido por la República Do minicana, el Grupo Especial sopesó y confrontó 
debidamente estas consideraciones. 
23. El Grupo Especial también identificó debidame nte una alternativa menos restrictiva del 
comercio al requisito de estampillado impuesto por la República Dominicana, de conformidad con el 
criterio aplicable para evaluar si una medida es "necesaria" en el sentido del apartado d) del 
artículo XX.  El Grupo Especial constató corr ectamente que permitiendo que las estampillas se 
adhirieran en otros países, junto con inspecciones y certificaciones previas al embarque, se lograría el 
mismo nivel de observancia.  Honduras rechaza los dos factores planteados por la República 
Dominicana al tratar de rebatir la constatación del Gr upo Especial a este respecto.  En primer lugar, en 
cuanto al argumento de la República Dominicana de que los productores de cigarrillos practican 
activamente la connivencia en el contrabando de cigarrillos, H onduras sostiene que esta es una 
justificación ex post facto  de la medida que, en todo caso, no es más que una afirmación no 
demostrada.  Lo mismo puede decirse del segundo ar gumento de la República Dominicana, es decir, 
el supuesto aumento del nivel de contrabando en relación con el alcohol a consecuencia de la 
adhesión de estampillas fuera de su territorio.  La República Dominicana dispone de pocos elementos 
de hecho para afirmar que hay una mayor prevalenci a de contrabando en relación con el alcohol y que 
no hay pruebas de una relación causal entre el requis ito de estampillado aplicable a los cigarrillos y el 
nivel supuestamente menor de contrabando.  Ante  esta situación, el Grupo Especial constató 
                                                     
 
27 Ibid., párrafo 51 (donde se cita el informe del Grupo Especial, párrafo 7.215). 
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 correctamente que permitir que los importadores adhi rieran las estampillas en otros países durante el 
proceso de producción lograría el mismo nivel de observancia que la medida existente;  que esta 
medida alternativa sería administrativamente viable  para la República Dominicana;  y que sería menos 
restrictiva del comercio que la medida actual. 
24. En vista de que la República Dominicana no ha demostrado por qué el Grupo Especial 
incurrió en error en su aplicación de la prueba  de necesidad a los efectos del apartado d) del 
artículo XX, el Órgano de Apelación debería confirmar el análisis del Grupo Especial. 
25. En la audiencia, Honduras llamó la atención s obre el hecho de que, en octubre de 2004, la 
República Dominicana promulgó un nuevo Decret o por el que se modificó el requisito de 
estampillado a fin de permitir que los importadores adhi rieran las estampillas fiscales en otros países, 
en el momento de la producción.28  De conformidad con esta nueva medida, Honduras exportó 
recientemente a la República Dominicana un embarque  de cigarrillos estampillados en la fábrica.  
Teniendo en cuenta estos hechos, Honduras se mostró  sorprendida de que la República Dominicana 
insistiera en que la única medida que tenía razona blemente a su alcance era colocar las estampillas 
fiscales dentro del territorio de la República Domi nicana, bajo la supervis ión de las autoridades 
fiscales.  No obstante, Honduras confirmó que solic ita al Órgano de Apelación que se pronuncie sobre 
la compatibilidad con la OMC de la medida in icial por la que se estableció el requisito de 
estampillado, y pidió que el Órgano de Apelación,  en virtud del párrafo 1 del artículo 19 del ESD, 
recomiende a la República Dominicana que ponga su medida en conformidad con las obligaciones 
contraídas en virtud del GATT de 1994. 
2. La cuestión de completar el análisis en el marco del ar tículo XX del GATT 
de 1994  
26. Honduras mantiene que, incluso si el Órgano de Apelación revocara la constatación del 
Grupo Especial acerca de la interpretación y aplicaci ón de la prueba de "n ecesidad" de conformidad 
con el apartado d) del artículo XX del GATT de 19 94, tendría que constatar, en todo caso, que la 
República Dominicana no demostró que la medida en litigio cumplía lo prescrito en el preámbulo del 
artículo XX.  Honduras observa que para un análisis en el marco del preámbulo se requeriría que el 
Órgano de Apelación se centrara en "la aplicación de la medida [de estampillado fiscal] y no en la 
medida en sí misma ".29  La carga de la prueba en un aná lisis de este tipo recae sobre la parte 
demandada.  Según sostiene Honduras,  la República Dominicana no satisfizo ante el Grupo Especial 
                                                      
28 Véase supra  el párrafo 7 de la Declaración inicial de Honduras, nota 23. 
 
29 Comunicación del apelado presentada por Honduras, pá rrafo 75.  (las cursivas figuran en el original) 
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 ni ante el Órgano de Apelación la carga de la pr ueba que le correspondía en virtud del preámbulo.  
La República Dominicana no ha presentado ninguna pr ueba que demuestre sus afirmaciones de que el 
requisito de estampillado se aplica de manera comp atible con el preámbulo.  De hecho, no hay 
constataciones fácticas del Grupo Especial sobre la  aplicación del preámbulo.  Tampoco hay hechos 
no controvertidos en el expediente.  En consecuen cia, no es posible desde el punto de vista jurídico 
que el Órgano de Apelación complete el análisis en el presente asunto. 
27. Honduras sostiene además que, incluso si el Órga no de Apelación completara el análisis en el 
marco del preámbulo del artícul o XX del GATT de 1994, debería c onstatar que el requisito de 
estampillado se aplica en forma que constituye una di scriminación arbitraria o injustificable entre 
países en que prevalecen las mismas condiciones.  Honduras se refiere a elementos de la Prueba 
documental 3 de la República Dominicana que indican  que, en la práctica, la República Dominicana 
permite que los productores nacionales deduzcan el costo de las estampillas fiscales de la suma que 
ulteriormente deben pagar por con cepto del Impuesto Selectivo al C onsumo.  Esta deducción no está 
autorizada según los términos de la legislación por la que se rige la aplicación del requisito de 
estampillado y no está a disposición de los importadores.   Esta diferencia en el trato aplicado a los 
importadores y a los productores nacionales constitu ye una discriminación a la vez arbitraria e 
injustificable y es, por lo tanto, incomp atible con el preámbulo del artículo XX. 
3. La conformidad con el artículo 11 de l ESD del examen de las Pruebas 
documentales 8 y 29 de la República Dominicana  
28. Honduras sostiene que el Grupo Especial hizo una evaluación objetiva de los hechos y no 
sobrepasó los límites de su discrecionalidad en su  consideración de las Pruebas documentales 8 y 29 
de la República Dominicana.  Honduras observa que la República Dominicana, en su Primera 
comunicación escrita al Grupo Especial, adujo que en su Prueba documental 8 se presentaban pruebas 
relativas al contrabando y la  evasión de impuestos, " así como de la falsificación de estampillas 
fiscales".30  Además, la República Dominicana tituló  su Prueba documental 8 "Pruebas de 
falsificación, contrabando y evasión de impuestos".   Por esas razones, la República Dominicana se 
equivoca en su apelación al censurar al Grupo Especial por haber constatado que la Prueba 
documental 8 de la República Dominicana no facilitaba elementos probatorios de la relación existente 
entre el contrabando y la falsificación de estampilla s fiscales.  Cualquier evaluador razonable de los 
hechos podría haber interpretado las pruebas como  lo hizo el Grupo Especial, es decir, como 
referentes a un único caso en el que se introdujer on productos alcohólicos de contrabando en la 
                                                      
30 Ibid., párrafo 101 (donde se cita la Primera co municación escrita de la República Dominicana al 
Grupo Especial, párrafo 61).  (l as cursivas son de Honduras) 
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 República Dominicana con estampillas fiscales falsifi cadas.  Es más, el Grupo Especial constató 
correctamente que los elementos probatorios conten idos en la Prueba documental 8 de la República 
Dominicana no guardaban ninguna relación con ningún problema de falsificación y que el 
memorando DAT-Nº 46, incluido en la Prueba do cumental 8 de la República Dominicana, no 
demostraba que hubiera habido falsificación en l as estampillas.  Honduras no cree que ciertos errores 
de poca importancia cometidos por el Grupo Especial en su caracterización de las pruebas sean algo 
más que un lapsus sin consecuencias.  Estos e rrores de poca importancia no constituyen errores 
flagrantes del Grupo Especial que justifiquen una constatación de que éste no cumplió las 
obligaciones dimanantes del artículo 11 del ESD. 
29. Con respecto a la Prueba documental 29 de la  República Dominicana, Honduras recuerda que 
los grupos especiales gozan de amplias facultades discrecionales para seleccionar las pruebas que han 
de utilizar en la formulación de constataciones y que no están obligados a atribuir a las pruebas 
fácticas el mismo peso que les atribuyen las partes.   Habida cuenta de ello, el Grupo Especial no 
cometió ningún error al decidir que no considerar ía la Prueba documenta l 29 de la República 
Dominicana.  El Grupo Especial no estaba obligado a extraer de esta prueba la conclusión que la 
República Dominicana deseaba que extrajera. 
C. Alegaciones de error formuladas por Honduras - Apelante  
1. El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y el requisito de fianza  
30. Honduras impugna la conclusión del Grupo Especial de que el requisito de fianza no concede 
un trato menos favorable a los cigarrillos importados  en el sentido del párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994.  Sostiene que el Grupo Especial  no reconoció que el requisito de fianza impone 
una "carga adicional" a los productos importados en comparación con los productos nacionales.  
Según Honduras, el requisito de fianza sólo asegur a el pago del Impuesto Selectivo al Consumo.  
Mientras que el importador tiene que pagar la cuantía  adecuada en concepto de este impuesto antes de 
la importación y tiene que depositar una fianza para garantizar una obligación fiscal que ya se ha 
satisfecho, el productor nacional dispone de los prim eros 20 días del mes siguiente a la fecha de la 
transacción imponible para pagar el Impuesto Selectivo al Consumo.31  Honduras sostiene que esta 
asimetría entre las obligaciones que garantiza la fian za constituye un "obstáculo  suplementario" o una 
"carga adicional" para los productos importados.32  Honduras aduce además que el Grupo Especial 
incurrió en error al constatar que la República Dominicana ha demostrado que sus autoridades 
                                                      
31 Comunicación presentada por Honduras en calidad de otro apelante, párrafo 63. 
 
32 Ibid. 
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Página 14  
 
 tributarias tienen facultades legales para reliqui dar y reajustar las obligaciones fiscales aplicables 
durante un período de hasta tres años. 
31. Honduras sostiene que el requisito de fian za crea situaciones en que se otorgan a los 
productos importados condiciones de competenci a menos favorables que las concedidas a los 
productos nacionales.  En particular, Honduras subraya que como en 2003 "la cuantía del Impuesto Selectivo al Consumo que gravaba a los cigarrillos nacionales ... era aproximadamente tres veces 
superior  a la cuantía que gravaba a los cigarrillos im portados ... el costo unitario del requisito de 
fianza en el caso de los cigarrillos importados era ... tres veces mayor que en el caso de los productos 
nacionales".
33  A juicio de Honduras, esto pone de manifiesto que el requisito de fianza crea 
situaciones en que se otorgan a los productos importados condiciones de competencia menos favorables que las concedidas a los productos nacionales. 
32. Honduras también considera que el Grupo Especial  incurrió en error en su evaluación del 
costo unitario de la fianza.  Según Honduras, el  Grupo Especial debería haber examinado las 
condiciones de competencia establecidas por la legisl ación, y no la situación de mercado en la que se 
aplicó el requisito de fianza.  En todo caso, Hondur as observa que el requisito de fianza se introdujo 
en marzo de 2003 y alega que el costo unitario de terminado por el Grupo Especial era incorrecto 
porque se basaba en el volumen de las importaciones de los años 2000-2002, y en el importe cobrado 
por las instituciones financieras por la comisión correspondiente a la fianza en 2004.
34  Honduras 
añade que, como el Grupo Especial no determinó el costo unitario para los productores nacionales, no 
podía comparar los costos unitarios entre lo s productos importados y los productos nacionales 
similares.  En consecuencia, aduce Honduras, el Gr upo Especial carecía de fundamento para concluir 
que no se concedía un trato menos favorable a las importaciones.  Por último, Honduras sostiene que 
el Grupo Especial incurrió en error porque declaró que el hecho de que un gasto fijo (es decir, un gasto que no está relacionado con el volumen de producción) puede dar lugar a distintos costos 
unitarios entre empresas proveedoras no basta de por sí  mismo para concluir que el gasto crea un trato 
menos favorable para los productos importados. 
2. El apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 y el requisito de fianza
 
33. En la audiencia, Honduras respondió a la alegación formulada por la República Dominicana 
de que, incluso si el Órgano de Apelación acepta la  apelación de Honduras al amparo del párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994 contra el requisito de fi anza, la medida de todos  modos está justificada 
                                                      
33 Comunicación presentada por Honduras en calidad de ot ro apelante, párrafo 70.  (las cursivas figuran 
en el original) 
 
34 Ibid., párrafo 44.  WT/DS302/AB/R 
 Página 15 
 
 
 con arreglo al apartado d) del artículo XX del GAT T de 1994.  Honduras sos tiene que la República 
Dominicana debe tener en vigor otras medidas en  relación con productos que no son los cigarrillos y 
el alcohol y que también están sujetos al Impuesto Selectivo al Consumo.  Esas otras medidas también 
estarían razonablemente disponibles para lograr la ob servancia de las leyes tributarias en el caso de 
los cigarrillos.  A juicio de Honduras, el Órga no de Apelación debería c onstatar que la República 
Dominicana no ha demostrado que su requisito de fian za es necesario para lograr la observancia de 
sus leyes tributarias. 
3. El artículo 11 del ESD y la consideraci ón por el Grupo Especial del requisito 
de fianza "en sí mismo " 
34. Honduras alega que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto que tenía 
ante sí, en contra de lo dispuesto en el artículo 11  del ESD, cuando constató que el requisito de fianza 
garantizaba obligaciones distintas del Impuesto Sele ctivo al Consumo.  Honduras hace hincapié en 
que sus alegaciones se refieren al requisito de fianza en sí mismo, independientemente de la 
aplicación de esa legislación en circunstancias específicas.  Sin embargo, según Honduras, el Grupo 
Especial no examinó el fundamento legislativo del requisito de fianza en sí mismo, sino que, en 
cambio, se basó en una carta del Director General de Impuestos Internos de la República Dominicana 
(a la que se hace referencia como Prueba documen tal 12 de la República Dominicana) que contradecía 
los términos de la legislación de base.  Honduras  aduce que, al analizar su alegación contra el 
requisito de fianza en sí mismo, el Grupo Esp ecial "debería haber examinado como correspondía 
solamente ... los términos de la legislación y no [debería] haberse basado en las opiniones no 
justificadas de un funcionario de un or ganismo de la República Dominicana".35  Honduras encuentra 
apoyo para esta opinión en el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto India - Patentes 
(EE.UU.) , donde el Órgano de Apelación constató que determinadas "instrucciones administrativas" 
relativas a la aplicación de la Ley de Patentes de la India eran insuficientes para modificar el carácter 
incompatible con la OMC de esa legislación porque al parecer contradecían los términos de esa 
legislación. 
4. El momento del pago del Impuesto Sel ectivo al Consumo y el mandato del 
Grupo Especial  
35. Honduras sostiene que el Grupo Especial incurrió en  error al tratar determinadas afirmaciones 
acerca del momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo como una alegación separada que no estaba comprendida en el mandato del Grupo Esp ecial.  Honduras sostiene que estas afirmaciones 
eran simplemente argumentos en apoyo de su aleg ación de que el requisito de fianza infringía el 
                                                     
 
35 Ibid., párrafo 22. 
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 párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.  Honduras pide al Ór gano de Apelación que revoque la 
constatación del Grupo Especial de que estas afir maciones no estaban comprendidas en el mandato 
del Grupo Especial. 
D. Argumentos de la República Dominicana - Apelado  
1. El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y el requisito de fianza
 
36. La República Dominicana sostiene que el Gr upo Especial interpretó correctamente la 
expresión "trato no menos favorable" contenida en  el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y 
pide al Órgano de Apelación que desestime la apelación de Honduras contra esta constatación.  La República Dominicana sostiene que Honduras defi ende una interpretación errónea del párrafo 4 
del artículo III. 
37. Según la República Dominicana, el Grupo Especi al llegó a su conclusión con respecto a la 
aplicación del párrafo 4 del artículo III después de haber identificado acertadamente que el párrafo 4 
del artículo III exige un análisis de las condi ciones de competencia pr evalecientes entre las 
importaciones y los productos nacionales similares y de haber examinado la re percusión del requisito 
de fianza en las condiciones de competencia en el  mercado pertinente.  La República Dominicana 
sostiene que la principal crítica de Honduras consis te en que el Grupo Especial examinó el mercado 
pertinente para determinar si el requisito de fi anza concedía un trato menos favorable a los cigarrillos 
importados.  Sin embargo, a juicio de la República Dominicana, el examen de si una medida concede 
un trato menos favorable a las importaciones requiere que los grupos especiales analicen el "sentido y 
el efecto" de la medida sobre las condicion es de competencia en el mercado pertinente.
36  Esto 
significa que la existencia de un trato formalment e diferente no basta para demostrar una infracción 
del párrafo 4 del artículo III.  Análogamente, la neces idad de un análisis detalla do del "efecto" de una 
medida significa que el trato formalmente idéntico no es necesariamente compatible con el párrafo 4 
del artículo III.  En cambio, la aplicación del párrafo  4 del artículo III depende de si la medida en 
cuestión modifica las condiciones de competencia en de trimento de los importadores.  Por lo tanto, la 
cuestión que deben plantearse los grupos especial es es si la medida otorga a los productores 
nacionales una ventaja competitiva en el mercado pertinente. 
38. Según la República Dominicana, la objeción de  Honduras al enfoque adoptado por el Grupo 
Especial se basa en la premisa insostenible de que, en los casos en que un Miembro impugne una 
medida "en sí misma", alegando un trato menos favorable de facto, los grupos especiales no pueden 
                                                      
36 Comunicación del apelado presentada por la Rep ública Dominicana, párrafo 46 (donde se hace 
referencia al informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , 
párrafo 142). 
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 mirar más allá del texto mismo de la medida para examinar las pr uebas fácticas que podrían demostrar 
la discriminación de facto .  La República Dominicana observa que, si bien Honduras reconoce que el 
requisito de fianza impone un trato formalmente igual, Honduras se opondría a que se examinaran 
pruebas distintas del texto de la legislación para de terminar si el trato formalmente igual con arreglo a 
la ley establece de todos modos una discriminación de facto.  
39. La República Dominicana alega que la posición de Honduras es contraria a la jurisprudencia 
de la OMC sobre el trato nacional, en la que  los grupos especiales y el Órgano de Apelación han 
examinado reiteradamente la aplicación de la medida en cuestión, su funcionamiento y sus efectos sobre las condiciones de competenci a en el mercado pertinente.  La  República Dominicana señala el 
enfoque adoptado en el aná lisis de la discriminación de facto  por el Órgano de Apelación en el asunto 
Canadá - Automóviles  y en Chile - Bebidas alcohólicas  y por los Grupos Especiales en los asuntos 
CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - Ecuador) , Canadá - Patentes para productos 
farmacéuticos , y Japón - Películas, en apoyo de su argumento de que es incorrecto que Honduras 
alegue en apelación que el Grupo Especial debía habe r examinado el efecto del requisito de fianza sin 
tener en cuenta el mercado pertinente o la aplic ación de la medida, y sin considerar pruebas no 
comprendidas dentro de los límites de la legislación de la República Dominicana. 
40. La República Dominicana observa que el Grupo Especial examinó las pruebas aportadas por 
la República Dominicana para refuta r las alegaciones plant eadas por Honduras de que el requisito de 
fianza era incompatible con el párrafo 4 de l artículo III del GATT de 1994.  La República 
Dominicana sostiene que Honduras no presentó ninguna prueba que demostrara que el requisito de 
fianza realmente alteraba l as condiciones de competencia en el mer cado pertinente.  Por lo tanto, el 
Grupo Especial constató correctamente que Honduras no había demostrado que el requisito de fianza 
concede un trato menos favorable a los cigarrill os importados.  El Gru po Especial constató 
acertadamente que el requisito de fianza no crea un desincentivo a la importación de cigarrillos;  que 
el requisito de fianza garantiza el pago de oblig aciones tributarias relacionadas con los cigarrillos 
importados;  y que una fianza por una suma fija puede  garantizar el pago de una obligación tributaria 
variable e igualmente ser compatible con el  párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 
2. El apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 y el requisito de fianza
 
41. En caso de que el Órgano de Apelación revoque  la constatación del Grupo Especial con 
respecto al requisito de fianza en el marco del párrafo 4 del artículo III de l GATT de 1994 y constate 
que el requisito de fianza concede un trato menos favorable a los cigarrillos importados, la República 
Dominicana pide al Órgano de Apelación que constate  que el requisito de fianza está de todos modos WT/DS302/AB/R 
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 justificado porque es necesario para lograr la ob servancia de leyes y reglamentos compatibles con 
el GATT de conformidad con el aparta do d) del artículo XX del GATT de 1994. 
42. La República Dominicana sostiene que el apartado d) del artículo XX exige un análisis en dos 
etapas.  En primer lugar, la medida tiene que estar justificada provisiona lmente al amparo del 
apartado d) del artículo XX.  En segundo lugar, tiene que cumplir los requisitos que establece el preámbulo del artículo XX.  La República Dominicana dice que con su medida se logra la observancia 
de sus leyes y reglamentos tributarios y que estas leyes y reglamentos son compatibles con el GATT 
de 1994.  La República Dominicana se remite a de terminadas constataciones del Grupo Especial que, 
según alega, fundamentan estas afirmaciones.  La República Dominicana aduce además que el 
requisito de fianza es "necesario" para lograr la ob servancia de las leyes y reglamentos tributarios del 
país, en el sentido de que es "indi spensable".  Asimismo, incluso si el Órgano de Apelación constatara 
que el requisito de fianza no es indispensable, al sopesar y confrontar debidamente los cuatro factores 
identificados en relación con el análisis de la necesidad en el asunto Corea - Diversas medidas que 
afectan a la carne vacuna  se comprueba que la medida en cuestión sigue siendo necesaria en el 
sentido del apartado d) del artículo XX.  Por consi guiente, la medida cumple las prescripciones del 
apartado d) del artículo XX y está justificada provi sionalmente al amparo de esa disposición. 
43. Por otra parte, la República Dominicana sostie ne que su medida no se aplica de manera que 
discrimine entre distintos países en que prevalec en las mismas condiciones y que ninguna supuesta 
discriminación es arbitraria ni injustificable.  La República Dominicana sostiene también que el 
requisito de fianza no se aplica de manera que c onstituya una restricción encubierta al comercio 
internacional.  Por consiguiente, además de estar  justificado provisionalmente al amparo del 
apartado d) del artículo XX, el requisito de fian za también satisface las condiciones del preámbulo del 
artículo XX.  En consecuencia, cumple las prescripciones del artículo XX del GATT de 1994 y está por ende comprendido en la excepción ge neral establecida por esa disposición. 
3. El artículo 11 del ESD y la consideraci ón por el Grupo Especial del requisito 
de fianza "en sí mismo " 
44. La República Dominicana sostiene que el Grupo Especial hizo una evaluación objetiva de los 
hechos al examinar la alegación de Honduras cont ra el requisito de fianza "en sí mismo".  
Por consiguiente, pide al Órgano de Apelación que desestime la apelación de Honduras a este 
respecto. 
45. La República Dominicana sostiene que el Órgano de Apelación ha dicho que sólo interferirá 
con la valoración de las pruebas presentadas a un grupo especial si está seguro de que el grupo 
especial "se excedió de los límites de sus facultad es discrecionales" y que, de hecho cometió un "error  WT/DS302/AB/R 
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 monumental".37  Observa que Honduras ha presentado una  alegación contra las disposiciones 
legislativas por las que se estableció el requisito de fianza "en sí mismas".  La alegación de Honduras 
se centra, por lo tanto, en el sentido de una legislación interna de la República Dominicana.  
Al analizar el sentido de la legislación interna, los grupos especiales deben examinar la legislación 
como cuestión de hecho, teniendo en cuenta las pruebas presentad as por las partes con respecto al 
sentido de la legislación.  Para determinar el senti do de una legislación intern a, nada impide que los 
grupos especiales consideren las declaraciones fo rmuladas por los representantes del Miembro 
demandado acerca de esa ley;  de hecho, los grupos especiales (por ejemplo, en el asunto Estados 
Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior ) y el Órgano de Apelación (por ejemplo, en el 
asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente ) se han basado en esas declaraciones en el 
pasado. 
46. En el presente asunto, el Grupo Especial c onsideró correctamente que el sentido de la 
legislación interna de la República Dominicana se debería demostrar mediante pruebas.  El Grupo Especial examinó, por consiguiente, el texto de la propia legislación, así como una carta del Director 
General de Impuestos Internos, el  alto funcionario de la Repúbli ca Dominicana responsable de la 
administración del asunto correspondiente a nive l interno.  Honduras no hizo ningún intento por 
rebatir el contenido de la carta, salvo alegar que era inadmisible como prueba. 
47. La República Dominicana pone en entredicho la afirmación de Honduras de que la carta del 
Director General de Impuestos Internos es inco mpatible con el texto del artículo 376 del Código 
Tributario.  En los términos de la legislación no hay nada que impida que la fianza se aplique a 
obligaciones fiscales distintas del Impuesto Selectivo al Consumo.  La República Dominicana tampoco está de acuerdo con la posición de Hond uras de que la carta se debió haber desestimado 
porque estaba de algún modo viciada por el hecho de  que provenía de un func ionario de la República 
Dominicana.  La República Dominicana dice que, con arreglo al párrafo 10 de l artículo 3 del ESD, los 
Miembros están obligados a entablar el procedimie nto de solución de diferencias "de buena fe".  
Por lo tanto, no se puede suponer que las repr esentaciones formuladas por un Miembro durante 
procedimientos de solución de diferencias están  viciadas simplemente por haber sido formuladas en 
procedimientos de solución de diferencias. 
                                                     
 
37 Ibid., párrafo 23 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Canadá - Exportaciones de trigo 
e importaciones de grano , párrafo 186). 
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 4. El momento del pago del Impuesto Sel ectivo al Consumo y el mandato del 
Grupo Especial  
48. La República Dominicana aduce que el Grupo Especial concluyó correctamente que el 
momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo, como alegación separada, estaba fuera del mandato del Grupo Especial.  La República Domi nicana observa que el momento del pago del 
Impuesto Selectivo al Consumo no fue abordado en  la solicitud de establecimiento de un grupo 
especial presentada por Honduras ni en la Primera comunicación escrita de Honduras al Grupo Especial.  Se menciona por primera vez en un párrafo de la Segunda comunicación escrita de 
Honduras al Grupo Especial.  Según la República Dominicana, el Grupo Especial no pasó por alto la distinción entre alegaciones y argumentos.  El Grup o Especial era plenamente consciente de ésta e 
hizo correctamente la distinción entre el ar gumento presentado por Honduras en apoyo de su 
alegación jurídica de que el requisito de fianza er a incompatible con el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994 y su alegación velada de que la diferencia en cuanto al momento del pago del 
Impuesto Selectivo al Consumo concedía un trato menos favorable a los importadores. 
E. Argumentos de los terceros participantes  
1. China
 
a) El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994 en relación c on el requisito de estampillado 
49. China observa que una parte que invoque el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 
tiene que demostrar que su medida es "necesaria" para  lograr la observancia de leyes y reglamentos 
compatibles con el GATT.  China sintetiza la ju risprudencia del Órgano de Apelación al respecto 
diciendo que ésta da a entender que el término "nec esario" en este contexto debería significar "casi 
indispensable".38  China observa asimismo que el Órgano de  Apelación ha enumerado varios factores 
que deben considerarse al evaluar si una medida es "necesaria".  Entre ellos figuran tres factores indicados en Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna :  la contribución de la medida a 
la realización de los fines perseguidos;  la importancia  de los intereses protegidos;  y la repercusión de 
la medida en el comercio.  Hay también otro factor  de la jurisprudencia an terior que, según el Órgano 
de Apelación, "recoge" estos tres factores, a saber , la existencia de alternativas razonablemente 
disponibles a la medida impugnada que sean comp atibles, o menos incompatibles, con otras 
disposiciones del GATT.  A juicio de China, los tres factores indicados en el asunto Corea - Diversas 
medidas que afectan a la carne vacuna  no han reemplazado al criterio tr adicional.  No obstante, la 
aplicación de todos los factores pertinentes puede te ner consecuencias respecto de la carga de la 
                                                     
 
38 Comunicación de tercero participante  presentada por China, párrafo 6. 
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 prueba:  si la parte que invoca el  apartado d) del artículo XX demuestra  que su medida cumple los tres 
primeros factores, ha establecido entonces prima facie  una presunción de que se aplica el apartado d) 
del artículo XX, y la carga se desplaza a la otra parte,  la cual debe refutar es ta presunción.  Esto se 
podría lograr demostrando la exis tencia de otra medida posib le, compatible con el GATT. 
b) El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y el requisito de fianza 
50. Con respecto a la apelación de Honduras sobr e la aplicación del párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994 al requisito de fianza, China sostie ne que el trato menos fa vorable en el sentido del 
párrafo 4 del artículo III se juzga por referencia a la  modificación de las condiciones de competencia.  
La expresión "no menos favorable" no tiene salvedades y, por lo tanto, no está sujeta a una excepción 
de minimis;  todo trato menos favorable es incompatible c on el párrafo 4 del artículo III.  China 
observa además que la igualdad formal de trato no es  prueba suficiente de trato igualmente favorable 
si se demuestra que, en la práctica, el trato resultante es menos favorable. 
2. Comunidades Europeas  
a) El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994 en relación c on el requisito de estampillado 
51. Las Comunidades Europeas consideran que el Grupo Especial constató correctamente que el 
requisito de estampillado no estaba justificado por la s disposiciones del apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994.  Las Comunidades Europeas sostienen que el Grupo Especial aplicó 
adecuadamente el criterio enunciado por el Órgano de Apelación en el asunto Corea - Diversas 
medidas que afectan a la carne vacuna para determinar si una medida es "necesaria" en el sentido del 
apartado d) del artículo XX.  Las Comunidades Europeas estiman que el Grupo Especial tuvo en cuenta correctamente la importancia del interés co mún al que responde el re quisito de estampillado y 
la contribución del requisito de estampillado a la realizaci ón del objetivo perseguido.  
Las Comunidades Europeas ponen en duda la hipótesi s del Grupo Especial de que la medida no tuvo 
ningún "efecto restrictivo intenso en el comercio"
39;  no obstante, dado que el Grupo Especial sopesó 
debidamente las demás consideraciones pertinentes -e n particular la existencia de otras medidas 
posibles- las Comunidades Europeas consideran que est a hipótesis no influyó en la ulterior conclusión 
del Grupo Especial.  Las Comunidades Europeas están de acuerdo con la constatación del Grupo 
Especial de que la República Dominicana tenía a su alcance alternativas al requisito de estampillado 
menos restrictivas del comercio.  Observan que la ve nta de estampillas fiscales en el extranjero es una 
práctica muy extendida.  Dicen que el riesgo de falsificación es mínimo y que la aplicación de esta 
                                                      
39 Comunicación de tercero participante presentada por las Comunidades Euro peas, párrafo 22 (donde 
se cita el informe del Grupo  Especial, párrafo 7.215). 
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Página 22  
 
 medida no entrañaría dificultades relacionadas con la aplicación.  Además, una medida de ese tipo 
sería inevitablemente menos restrictiva del comerc io.  Por consiguiente, las Comunidades Europeas 
sostienen que el Grupo Especial no incurrió en error en  su análisis del requisito de estampillado en el 
marco del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. 
b) El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y el requisito de fianza 
52. Las Comunidades Europeas sostienen también que  el Grupo Especial constató correctamente 
que los derechos aplicables como resultado del requisito de fianza  no redundaron en un "trato menos 
favorable" para los importadores en el sentido de l párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.  
Las Comunidades Europeas observan que la cuantía fija de la fianza supone un trato formalmente 
igual de los importadores y los productores nacional es.  Para evaluar si tiene, no obstante, como 
resultado una discriminación de facto  se requiere un análisis de los hechos a fin de determinar si la 
medida altera las condiciones de competencia.  Las Comunidades Europeas recuerdan que el Grupo 
Especial observó que los costos ocasionados por el requisito de fianza eran tan bajos que sería poco 
probable que influyeran desfavorablemente en las condiciones de competenci a prevalecientes en el 
mercado.  Como cuestión de principio, las Comunidades Europeas están de acuerdo con este análisis;  las condiciones de competencia no se ven afectadas por una diferencia marginal e insignificante en los 
costos.  Las Comunidades Europeas se remiten tambié n al principio enunciado en el párrafo 1 del 
artículo III, según el cual las medidas internas no de berían aplicarse de manera que se proteja la 
producción nacional.  Es poco probable que una medi da que otorgue trato formalmente igual y tenga 
consecuencias prácticas mínimas o insignificant es se aplique de manera que conceda protección. 
c) El artículo 11 del ESD y la valoración por el Grupo Especial del 
requisito de fianza "en sí mismo" 
53. Las Comunidades Europeas sostienen que el Gr upo Especial hizo una evaluación objetiva de 
las alegaciones de Honduras a cerca del requisito de fianza, en c onsonancia con las prescripciones del 
artículo 11 del ESD.  Según las Comunidades Europeas, el asunto que el Grupo Especial tenía ante sí 
estaba definido, en primer lugar, por la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada 
por Honduras.  En esa solicitud, Honduras no sólo hi zo referencia a la legislación por la que se 
estableció el requisito de fianza, sino a "prácticas" en  el marco del requisito de fianza.  Por lo tanto, 
era procedente que el Grupo Especial tomara en consideración esas prácticas al examinar las 
alegaciones de Honduras contra el requisito de fian za.  En consecuencia, l as Comunidades Europeas 
están en desacuerdo con la posición de H onduras acerca de la pertinencia del asunto India - Patentes 
(EE.UU.) .  Contrariamente a lo que sostiene Honduras, el asunto India  - Patentes (EE.UU.) , en el cual 
el Grupo Especial examinó las prácticas además de la legislación de base, tiende a confirmar el 
enfoque del Grupo Especial en este asunto.  Más a ún, es acorde con el objeto y fin del ESD que los  WT/DS302/AB/R 
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 grupos especiales tengan en cuenta todos los elemento s pertinentes para formular sus determinaciones 
con respecto a los asuntos que se les someten. 
3. Estados Unidos  
a) El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994 en relación c on el requisito de estampillado 
54. Los Estados Unidos aducen que la interpret ación del Grupo Especial del término "necesarias" 
que figura en el apartado d) del artículo XX aumenta y disminuye los derechos y obligaciones de los 
Miembros de la OMC en el marco del GATT de  1994.  Los Estados Unidos plantean tres 
preocupaciones con respecto a la interpretación de l Grupo Especial.  En primer lugar, consideran 
incorrecta la idea de que el apartado d) del artícul o XX exige que los Miembros elijan una alternativa 
menos incompatible con el GATT en los casos en que  no se dispone de una alternativa compatible con 
él.  Nada justifica la utilización de un concepto de grados de incompatibilidad en la aplicación del 
apartado d) del artículo XX.  Además, este concepto sería difícil de administrar y adolece de 
incoherencia lógica.  En el presente asunto, el Gr upo Especial caracteriza como "menos incompatibles 
con el GATT" las otras medidas posibles que sean "menos restrictivas del comercio".40  De este modo, 
el Grupo Especial introduce de manera inadmisible en  el apartado d) del artículo XX la exigencia de 
que los Miembros utilicen una medida menos restric tiva del comercio, en caso de haberla.  No hay 
base alguna para ello en el GATT de 1994.  En se gundo lugar, los Estados Un idos sostienen que el 
Grupo Especial ha distorsionado el sentido del térm ino "necesarias" empleado en el apartado d) del 
artículo XX al equipararlo a "suficientes", lo cual implica que una medida que no consiga lograr la 
observancia del nivel de protección deseado por el Mi embro no es "necesaria".  En tercer lugar, los 
Estados Unidos aducen que una medida que entr añe la continuación de un riesgo que un Miembro 
trata de evitar no puede ser una alternativa raz onablemente disponible a una medida impugnada.  
Los Estados Unidos hacen hincapié en el derecho de  los Miembros a determinar el nivel de protección 
que deseen. 
b) El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y el requisito de fianza 
55. Los Estados Unidos sugieren además que, en su apelación relativa a la aplicación del 
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 al requi sito de fianza, Honduras caracteriza erróneamente 
el criterio aplicable para constatar un "trato no  menos favorable" a lo efectos del párrafo 4 del 
artículo III.  Los Estados Unidos sostienen que el Grupo Especial enunció de forma adecuada el 
criterio pertinente, a saber, un criterio basado en la s condiciones de competenci a prevalecientes en el 
mercado, y constató correctamente  que las diferencias en los costos unitarios de la fianza no son 
                                                      
40 Comunicación de tercero participante pres entada por los Estados Unidos, párrafo 7. WT/DS302/AB/R 
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 suficientes en sí mismas para demostrar que los importadores han recibido un trato menos favorable.  
Además, según los Estados Unidos, Honduras alega en toda su apelación que el Grupo Especial aplicó 
inadecuadamente el párrafo 4 del artículo III porque consideró como elemento decisivo los resultados 
de mercado de los importadores en los últimos años, en lugar de la fianza misma.  Sin embargo, si 
bien Honduras critica al Grupo Especial por haber examinado los resultados de mercado de los 
importadores, los Estados Unidos consideran que  Honduras es la que trata inadecuadamente de 
obtener una constatación de trato menos favorable sobre esta base. 
III. Cuestiones planteadas en esta apelación 
56. En esta apelación se plantean las siguientes cuestiones: 
a) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el requisito de estampillado no 
está justificado con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT de 1994, sobre la 
base de su interpretación y aplicación del té rmino "necesarias" de esa disposición;   
b) si el Grupo Especial no hizo una evalu ación objetiva de los hechos, como exige el 
artículo 11 del ESD, en su examen de las Pruebas documentales 8 y 29 de la 
República Dominicana; 
c) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que Honduras no había demostrado 
que el requisito de fianza concede a los cigarrillos importados un trato menos 
favorable que el concedido a los produc tos nacionales similares, de manera 
incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994; 
d) si el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto que se le había 
sometido, como exige el artículo 11 del ESD , en su examen de la alegación formulada 
por Honduras contra el requisito de fianza "en sí mismo";  y 
e) si el Grupo Especial incurrió en error al constatar que las af irmaciones de Honduras 
acerca del momento del pago del Impuesto Se lectivo al Consumo representaban una 
alegación separada que no estaba comprendida en el mandato del Grupo Especial. 
IV. El análisis de la necesidad en el marco del apartado d) del artículo XX del GATT 
de 1994 en relación con el requisito de estampillado 
57. La República Dominicana exige que las estamp illas fiscales se adhieran a los paquetes de 
cigarrillos en su territorio bajo la supervisión de  las autoridades fiscales de la República Dominicana 
(el "requisito de estampillado").  El Grupo Especi al constató que el requisito de estampillado es  WT/DS302/AB/R 
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 incompatible con la obligación de trato nacional est ablecida en el párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994.41  Según el Grupo Especial, si bien el re quisito de estampillado se aplica de manera 
formalmente igual a los cigarrillos nacionales y a los importados, modifica las condiciones de 
competencia en el mercado en detrimento de las importaciones.  El Grupo Especial constató que el 
requisito de estampillado da lugar a procesos y co stos adicionales para los productos importados, y 
hace que la presentación de los cigarrillos importados sea menos atractiva para el consumidor final.  
Habiendo constatado que el requisito de estampillado era incompa tible con el párrafo  4 del artículo III 
del GATT de 1994, el Grupo Especial examinó a continuación el argumento esgrimido por la 
República Dominicana, al amparo del apartado d)  del artículo XX del GATT de 1994, de que el 
requisito de estampillado es necesario para lograr la  observancia de las leyes y reglamentos tributarios 
de la República Dominicana, combatir la evasión fiscal e impedir el contrabando de cigarrillos.  
El  Grupo Especial concluyó que la República Domi nicana no había demostrado que el requisito de 
estampillado está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.42 
58. En la apelación, la República Dominicana lim ita su impugnación a la constatación del Grupo 
Especial de que el requisito de estampillado no está justificado en virtud del apartado d) del 
artículo XX del GATT de 1994.  La República Domini cana no apela contra la constatación del Grupo 
Especial de que el requisito de estampillado es in compatible con la obligación de trato nacional 
establecida en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.  En consecuencia, no es necesario que 
expresemos ninguna opinión sobre la constatación en el marco del párrafo 4 del artículo III. 
59. Al considerar el argumento de la Repúbli ca Dominicana basado en el apartado d) del 
artículo XX, el Grupo Especial comenzó su anális is dando por supuesto que las leyes y reglamentos 
tributarios que se harían cumplir mediante el requi sito de estampillado no eran incompatibles con las 
disposiciones del GATT de 1994.  El Grupo Especi al examinó a continuación si el requisito de 
estampillado era "necesario" para lograr la observa ncia de esas leyes y reglamentos.  El Grupo 
Especial reconoció que "la recaudación de ingresos tri butarios (y, a la inversa, la prevención de la 
evasión de impuestos) es una cuestión de inte rés primordial" para la República Dominicana.43  
El Grupo Especial dijo también que "la medida no ha tenido ningún efecto restrictivo intenso en el 
comercio".44  Sin embargo, no encontró ninguna prueba justificativa "de que existe un vínculo causal 
                                                      
41 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.198 y 8.1 e). 
 
42 Ibid., párrafos 7.232, 7.233 y 8.1 e). 
 
43 Ibid., párrafo 7.215. 
 
44 Ibid. 
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Página 26  
 
 entre el hecho de permitir que las estampillas sean colocadas en el extranjero y la falsificación de 
dichas estampillas".
45  Según el Grupo Especial, el requisito  de adherir estampillas fiscales en la 
República Dominicana y bajo la supervisión de las autoridades de la República Dominicana "sólo 
serviría para garantizar que los productos de taba co que entran legalmente en el país y fueran 
sometidos a los correspondientes procedimientos de aduana llevaran adheridas estampillas auténticas 
como prueba de que se ha pagado el impuesto debido".46  El Grupo Especial añadió que el requisito de 
estampillado, "en sí y por sí mismo, no impediría la falsificación de estampillas,  el contrabando, ni la 
evasión de impuestos".47  En opinión del Grupo Especial, la República Dominicana no cumplió su 
obligación de probar por qué otras medidas compatib les o menos incompatible s con las disposiciones 
del GATT que estuvieran razonablemente a su alcance no podrían lograr, con respecto a la recaudación de impuestos y el contrabando de cigarr illos, el nivel de observancia que la República 
Dominicana deseaba alcanzar median te el requisito de estampillado.
48  A juicio del Grupo Especial, 
una alternativa razonablemente disponible al re quisito de estampillado sería proporcionar a los 
exportadores extranjeros estampillas fiscales difíciles de falsificar.49  Teniendo esto en cuenta, el 
Grupo Especial concluyó que el requisito de estampi llado no es "necesario" para lograr la observancia 
de las leyes y reglamentos tributarios de la República Dominicana.  En consecuencia, el Grupo 
Especial constató que el requisito  de estampillado no está justifica do en virtud del apartado d) del 
artículo XX del GATT de 1994.50 
60. La República Dominicana alega que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar y 
aplicar el término "necesarias" del apartado d)  del artículo XX del GATT de 1994.  La República 
Dominicana se basa principalmente en el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Corea - 
Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , y argumenta que la determ inación de si una medida 
es "necesaria" de conformidad con el apartado d) del artículo XX entraña en cada caso un proceso de 
                                                      
45 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.226. 
 
46 Ibid. 
 
47 Ibid. 
 
48 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.228. 
 
49 De este modo, las estampillas fiscales se adherirían a las cajetillas de cigarrillos durante el proceso de 
producción por el fabricante extranjero y antes de su importación en la República Dominicana. 
 
50 Dada su conclusión de que el requisito de estampillado no es "necesario" de conformidad con el 
apartado d) del artículo XX, el Grupo Especial consideró que no necesitaba analizar la compatibilidad de la 
medida con el preámbulo del artículo XX. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 27 
 
 
 sopesar y confrontar una serie de factores.51  Según la República Dominicana, los grupos especiales 
deben sopesar y confrontar los cuatro factores siguientes como parte del análisis de la necesidad:  1) la 
repercusión de la medida en el comercio;  2) la im portancia de los intereses protegidos por la medida;  
3) la contribución de la medida a la realización del fi n perseguido;  y 4) la existencia de otras medidas 
posibles cuya utilización pueda razonablemente esperarse de un Miembro.52  En consecuencia, 
"el  Grupo Especial interpretó y aplicó incorrectam ente el término 'necesarias' porque no examinó 
plenamente todos los factores pertinentes para dete rminar si una medida es 'necesaria' de conformidad 
con el apartado d) del artículo XX, y no los sopesó  y confrontó, como exige el apartado d) del 
artículo XX".53  La República Dominicana añade que, si se sopesan y confrontan debidamente los 
factores pertinentes, se llega a la conclusión de que  el requisito de estampillado es "necesario" en el 
sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994.  En particular, la República Dominicana 
afirma que la adhesión de estampillas fiscales en pr esencia de un inspector fiscal contribuye en mayor 
medida a la prevención de la evasión fiscal que la adhesión de las mismas en otros países, sin la 
presencia de un inspector fiscal.  Subraya que el hec ho de adherir las estampillas en otros países haría 
posible que los cigarrillos introducidos de c ontrabando en la República Dominicana se vendieran 
estampillados, pero sin pagar los impuestos de impor tación.  Esta situación se evitaría mediante el 
requisito de adherir las estampillas en la Repúbli ca Dominicana en presencia de un inspector fiscal, a 
menos que la estampilla sea falsificada.  De est e modo, según la República Dominicana, el requisito 
de estampillado no sólo busca garantizar la autentic idad de las estampillas fiscales, sino que también 
"contribuye de forma importante a reducir el vol umen de cigarrillos introducidos de contrabando y a 
aumentar el volumen de cigarrillos que os tentan 'estampillas fiscales auténticas'".54 
61. Por lo que respecta a la cuestión de la existe ncia de otras medidas posibles cuya utilización 
pudiera razonablemente esperarse de un Miembro en lugar de la medida incompatible con el GATT, 
la República Dominicana sostiene que el Grupo Especial  incurrió en error al concluir que existe otra 
medida posible razonablemente a su alcance.  Según la República Dominicana, la posibilidad 
identificada por el Grupo Especial -proporcionar a los exportadores extranje ros estampillas fiscales 
difíciles de falsificar- no es una alternativa razonablemente a su alcance porque aumentaría el riesgo 
                                                      
51 Comunicación del apelante presentada por la Re pública Dominicana, párra fo 30 (donde se hace 
referencia al informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , 
párrafo 164). 
 
52 Ibid., párrafo 31. 
 
53 Ibid., párrafo 30. 
 
54 Ibid., párrafo 45. 
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Página 28  
 
 de contrabando y evasión fiscal, en comparación con el requisito de estampillado, y, por lo tanto, sería 
menos probable que permitiese alcanzar los objetivos  perseguidos por el requisito de estampillado. 
62. A juicio de Honduras, la afirmación de la Repúb lica Dominicana de que el Grupo Especial no 
sopesó y confrontó debidamente los factores pertinent es en su análisis en el marco del apartado d) del 
artículo XX debería ser rechazada.  Honduras man tiene que "el Grupo Especial enunció y aplicó 
debidamente los factores pertinentes en su evaluación de la medida en el marco del apartado d) del 
artículo XX".
55  Honduras añade que "lo cierto es que el Grupo Especial examinó los factores 
pertinentes en su evaluación de si existían otras medidas posibles menos restrictivas del comercio que 
la República Dominicana podía haber utilizado".56 
63. En la audiencia, Honduras llamó la atención sobr e el hecho de que, el 25 de octubre de 2004, 
la República Dominicana promulgó un nuevo decret o por el que se modificaba el requisito de 
estampillado a fin de permitir que se adhirieran las estampillas fiscales en otros países en el momento 
de la producción.57  La República Dominicana confirmó que había promulgado el nuevo decreto.  
Honduras indicó que, de conformidad con esta nueva  medida, había exportado recientemente a la 
República Dominicana un embarque de cigarrillos es tampillados en la fábrica.  Honduras se mostró 
sorprendida de que, en esas circunstancia, la Repúbli ca Dominicana insistiera en que la única medida 
que tenía razonablemente a su alcance era colocar la s estampillas fiscales dentro del territorio de la 
República Dominicana, bajo la s upervisión de las autoridades fiscales.  No obstante, ambos 
participantes solicitaron al Órgano de Apelación que se pronunciara sobre la cuestión de si la medida 
inicial está justificada en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. 
64. Iniciamos nuestro examen del apartado d) del artículo XX observando que el análisis de una 
medida con arreglo al artículo XX es doble: 
Para que a la medida de que se trate pueda hacerse extensiva la protección del 
artículo XX que la justifique, dicha medida  no sólo debe estar comprendida en el 
ámbito de una u otra de las excepciones par ticulares -párrafos a) a j)- recogidas en el 
artículo XX;  debe además satisfacer las prescripciones exigidas por las cláusulas 
iniciales del artículo XX.  En otras palabras, el análisis es doble:  primero, la 
justificación provisional de la medida por su  carácter de medida comprendida en el 
                                                      
55 Comunicación del apelado presen tada por Honduras, párrafo 37. 
 
56 Ibid., párrafo 65. 
 
57 El nuevo decreto fue promulgado después de habe rse dado traslado del informe del Grupo Especial a 
las partes el 20 de octubre de 2004.  También nos hemos referido a la promulgación del nuevo decreto en el 
párrafo 14 del presente informe. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 29 
 
 
 apartado g) del artículo XX;  segundo, nueva evaluación de la misma medida a la luz 
de las cláusulas introductorias del artículo XX.58 
65. En el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna,  el Órgano de 
Apelación explicó el análisis que había de realizarse  al examinar la justificación de una medida en 
virtud del apartado d) del artículo XX: 
Para que una medida … se justifique provi sionalmente al amparo del apartado d) del 
artículo XX, deben demostrarse dos elemento s.  Primero, la medida debe estar 
destinada a "lograr la observancia" de leyes o reglamentos que no sean en sí 
incompatibles con alguna disposición del GATT de 1994.  Segundo, la medida debe 
ser "necesaria" para lograr esa observancia.59 
66. El Órgano de Apelación explicó también que  la determinación de si una medida es 
"necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX: 
… entraña en cada caso un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de 
factores entre los que figuran principalmente la contribución de la medida para lograr 
la observancia a hacer cumplir la ley o regl amento en cuestión, la importancia de los 
intereses o valores comunes protegidos por esa ley o reglamento y la repercusión 
concomitante de la ley o reglamento  en las importaciones o exportaciones.60 
67. El Órgano de Apelación también se refirió al informe del Grupo Especial del GATT que 
entendió en el asunto Estados Unidos - Artículo 337 , en particular a la declaración de que una medida 
incompatible de un Miembro no puede ser c onsiderada necesaria "si [ese Miembro] tiene 
razonablemente a su alcance otra medida que no sea incompatible [con otras disposiciones del 
Acuerdo General]".61 
68. En el asunto CE - Amianto,  el Órgano de Apelación consideró si la medida impugnada en ese 
procedimiento era "necesaria" para proteger la salud pública en el sentido del apartado b) del 
artículo XX del GATT de 1994.  El Órgano de Apelaci ón afirmó que "para determinar si una medida 
propuesta es una alternativa 'razonablemente disponib le', hay que tener en cuenta varios factores, 
aparte de la dificultad de su aplicación".62  Apoyándose en su informe sobre el asunto Corea - 
                                                      
58 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gasolina , página 25. 
 
59 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , 
párrafo 157. 
 
60 Ibid., párrafo 164. 
 
61 Ibid., párrafo 165 (donde se cita el in forme del Grupo Especial del GATT, Estados Unidos - 
Artículo 337 , párrafo 5.26). 
 
62 Informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto , párrafo 170. 
 WT/DS302/AB/R 
Página 30  
 
 Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , el Órgano de Apelación reiteró, en el contexto del 
apartado b) del artículo XX, que "uno de los asp ectos del 'proceso de sopesar y confrontar […] 
comprendido en la determinación de si el Miembro in teresado 'tiene razonablemente a su alcance' otra 
medida posible que sea compatible  con la OMC' es el grado en que la medida 'contribuye a la 
realización del fin perseguido'".
63  Otro factor que debe tenerse en cuenta para determinar si hay otra 
medida razonablemente disponible es la importancia de los intereses o valores perseguidos:  "'[c]uanto 
más vitales o importantes sean esos intereses o valores comunes', más fácil será aceptar como 
'necesarias' unas medidas encaminadas a lograr esos objetivos".64 
69. En el asunto Estados Unidos - Juegos de azar , el Órgano de Apelación examinó la prueba de 
la "necesidad" en el contexto del artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios .  
Confirmó que una evaluación de la "necesidad" de  una medida entraña un proceso de sopesar y 
confrontar "la 'importancia relativa' de los inte reses o valores promovidos por la medida impugnada", 
así como otros factores, que normalmente incluirán "l a contribución de la medida al logro de los fines 
que persigue y … la repercusión restrictiva de  la medida en el comercio internacional".65  El Órgano 
de Apelación explicó después lo siguiente: 
A continuación deberá realizarse una comparación entre la medida impugnada y 
posibles alternativas, y los resultados de esa comparación deberán analizarse teniendo 
en cuenta la importancia de los intereses en cuestión.  Es sobre la base de este proceso 
de "sopesar y confrontar" y de comparaci ón de medidas, teniendo en cuenta los 
intereses o valores en juego, como un grupo especial determina si una medida es "necesaria" o, subsidiariamente, si existe "razonablemente a su  alcance[del Miembro interesado]" otra medida compatible con las normas de la OMC.
66 
70. Los informes del Órgano de Apelación en Corea - Diversas medidas que afectan a la carne 
vacuna , CE - Amianto y Estados Unidos - Juegos de azar indican que, al evaluar si una alternativa 
propuesta a la medida impugnada está razonablemente disponible, se deberían tener en cuenta en el 
análisis factores como la repercus ión de la medida en el comercio , la importancia de los intereses 
protegidos por la medida, o la contribución de la medida a la realización del fin perseguido.  
El  proceso de sopesar y confrontar estos tres fact ores también influye en la determinación de si el 
Miembro interesado tiene razonablemente a su alca nce otra medida posible que sea compatible con 
                                                      
63 Ibid., párrafo 172 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que 
afectan a la carne vacuna , párrafos 166 y 163). 
 
64 Ibid., párrafo 172 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que 
afectan a la carne vacuna , párrafos 162). 
 
65 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Juegos de azar , párrafo 306. 
 
66 Ibid., párrafo 307.  WT/DS302/AB/R 
 Página 31 
 
 
 la OMC, o si hay una medida menos incompatible con la OMC que esté razonablemente a su alcance.  
Además, en Estados Unidos - Juegos de azar , el Órgano de Apelación indicó: 
No obstante, puede consider arse que una medida altern ativa no está "razonablemente 
al alcance" cuando es simplemente de natu raleza teórica, por ejemplo cuando el 
Miembro demandado no puede adoptarla, o cuando la medida impone una carga 
indebida a ese Miembro, tales como cost os prohibitivos o dificultades técnicas 
importantes.  Además, una medida alternativ a que esté "razonablemente al alcance" 
debe ser una medida que mant enga para el Miembro demanda do el derecho a lograr el 
nivel de protección que desee con resp ecto al objetivo perseguido ... .67 
71. Para determinar si había una medida compa tible con la OMC que estuviera razonablemente 
disponible, el Grupo Especial que se ocupó del presen te asunto analizó los factores identificados por 
el Órgano de Apelación en apelaciones anteriores, a saber, la importancia de los intereses protegidos 
por el requisito de estampillado, su repercusión en el comercio y su contribución a la realización del 
fin perseguido.  En cuanto al primer factor, "el Grupo Especial no est[uvo ] en desacuerdo con el 
argumento de la República Dominicana de que las estampillas fiscales pueden ser un instrumento útil 
para vigilar la recaudación de impuestos sobre los cigarrillos y, a la inversa, evitar la evasión fiscal".68  
El Grupo Especial reconoció además que "la recaudaci ón de ingresos tributarios (y, a la inversa, la 
prevención de la evasión de impuestos) es una cuestión de interés primordial para cualquier país y en 
particular para un país en desarrollo como la República Dominicana".69  Con respecto a la repercusión 
de la medida en el comercio, el Grupo Especial  observó que el requisito de estampillado no impidió 
que Honduras exportara cigarrillos a la Repúbli ca Dominicana, y que sus exportaciones habían 
aumentado significativamente en años recientes.70  En consecuencia, el Grupo Especial supuso "que la 
medida no ha tenido ningún efecto rest rictivo intenso en el comercio".71  Por lo que se refiere al tercer 
factor, el Grupo Especial tomó nota de la alegaci ón de la República Dominicana de que "el requisito 
de la estampilla fiscal permite lograr la observancia  de sus leyes y reglamentos tributarios en general 
y, más concretamente, de las disposiciones que  regulan el Impuesto Selectivo al Consumo".72  
No  obstante, el Grupo Especial estimó que el requisito de estampillado tiene una eficacia limitada 
para prevenir la evasión fiscal y el contrabando de cigarrillos.  Según el Grupo Especial, el requisito 
                                                      
67 Ibid., párrafo 308. 
 
68 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.217. 
 
69 Ibid., párrafo 7.215. 
 
70 Ibid. 
 
71 Ibid. 
 
72 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.210. 
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Página 32  
 
 de que las estampillas fiscales se coloquen en la República Dominicana bajo la supervisión de las 
autoridades fiscales "en sí y por sí mismo, no impedi ría la falsificación de est ampillas, el contrabando, 
ni la evasión de impuestos".
73  A este respecto, el Grupo Especial indicó que otros factores, como los 
elementos de seguridad incorporados en las estampillas  fiscales o el control policial en las carreteras y 
a distintos niveles de la actividad comercial, ser ían más importantes para im pedir la falsificación de 
estampillas, la evasión de impuestos y el contrabando de productos de tabaco.74  Tras haber 
examinado la importancia de los intereses protegidos  por el requisito de estampillado, su repercusión 
en el comercio y su contribución a la realizac ión del fin perseguido, co nsideramos que el Grupo 
Especial realizó un análisis adecuado, siguiendo el  enfoque expuesto en los informes del Órgano de 
Apelación en Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna  y CE - Amianto , y confirmado 
en Estados Unidos - Ju egos de azar.  No vemos ningún error en el enfoque adoptado por el Grupo 
Especial ni en los resultados de su análisis.  Observ amos que, en este caso pa rticular, la conclusión del 
Grupo Especial acerca de la contribución de la me dida a la realización del fin perseguido se basa en 
constataciones fácticas (eficacia lim itada del requisito de estampillado pa ra impedir la falsificación, el 
contrabando y la evasión fiscal;  mayor eficacia y eficiencia de medidas como los elementos de 
seguridad incorporados en las estampillas fiscales  o el control policial) que no han sido impugnadas 
con arreglo al artículo 11 del ESD  y, por consiguiente, quedan fu era del ámbito del examen en 
apelación. 
72. Habiendo evaluado la importancia de los intereses protegidos por el requisito de estampillado, 
su repercusión en el comercio y su contribución a la realización del fin per seguido, el Grupo Especial 
también consideró si la República Dominicana tiene r azonablemente a su alcance otra medida posible 
que sea compatible con la OMC para lograr una ob servancia de sus leyes y reglamentos tributarios 
adecuada al nivel de observancia que busca.  A la luz de su análisis de los factores pertinentes, 
especialmente la contribución de la medida a la realización del fin perseguido, el Grupo Especial 
opinó que la alternativa de proporcionar a los e xportadores extranjeros estampillas fiscales difíciles de 
falsificar para que éstos las adhirieran a los paque tes de cigarrillos durante sus propios procesos de 
producción, antes de su importación, sería equiva lente al requisito de estampillado en cuanto a 
permitir que la República Dominicana lograse el alto  nivel de observancia que busca con respecto a 
las leyes sobre recaudación de impuestos y la prevención del contrabando de cigarrillos.75  El Grupo 
Especial atribuyó un peso sustancial a su consta tación de que el requisito  de estampillado tiene una 
                                                      
73 Ibid., párrafo 7.226. 
 
74 Ibid. 
 
75 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.228. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 33 
 
 
 eficacia limitada para prevenir la evasión fiscal y el  contrabando de cigarrillos;  en particular, constató 
que "no existe ninguna prueba que le permita lle gar a la conclusión de que, con el requisito de 
estampillado, la República Dominicana puede lograr un nivel de observancia absoluta con respecto a 
la recaudación de impuestos y la pr evención del contrabando de cigarrillos".76  Consideramos que el 
Grupo Especial realizó un análisis adecuado, si guiendo el enfoque expuesto en los asuntos Corea - 
Diversas medidas que afectan a la carne vacuna  y CE - Amianto , y confirmado en Estados Unidos - 
Juegos de azar .  No vemos ningún motivo para alterar las conclusiones del Grupo Especial con 
respecto a la existencia de otra medida razonablem ente disponible como alternativa al requisito de 
estampillado. 
73. A la luz de estas consideraciones, confirmamos  la constatación del Grupo Especial, formulada 
en los párrafos 7.232, 7.233 y 8.1 e) de su info rme, de que el requisito de estampillado no es 
"necesario" en el sentido del apartado d) del artíc ulo XX del GATT de 1994 y, en consecuencia, no 
está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. 
74. La República Dominicana nos pide que completemo s el análisis jurídico  de conformidad con 
el artículo XX del GATT de 1994 si constatamo s que el Grupo Especial interpretó o aplicó 
incorrectamente el término "necesarias" del aparta do d) del artículo XX del GATT de 1994.  En vista 
de que coincidimos con la interpretación que hace el Grupo Especial del término "necesarias" y confirmamos la constatación del Grupo Especial de que el requisito de estampillado no es "necesario" 
en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994, no se da la condición en que se basa 
la solicitud de la República Dominicana y, por lo ta nto, no es necesario que completemos el análisis 
jurídico de conformidad con el artículo XX del GATT de 1994. 
V. La conformidad con el artículo 11 del ESD del examen de las Pruebas documentales 8 
y 29 de la República Dominicana 
75. Pasamos ahora a examinar la alegación hecha en apelación por la República Dominicana de 
que el Grupo Especial incurrió en error en su apr eciación de los elementos probatorios contenidos en 
las Pruebas documentales 8 y 29 de la República Dominicana, en el sentido de que no hizo una 
evaluación objetiva de los hechos como exig e el artículo 11 del ESD.  Según la República 
Dominicana, estas pruebas se refieren a "evasión de impuestos, contrabando y falsificación de 
estampillas fiscales con respecto a productos del alcohol".
77  La República Dominicana intentó 
demostrar por medio de sus Pruebas documentales 8 y 29 "que, en el caso del alcohol, un producto 
                                                      
76 Ibid., párrafo 7.229. 
 
77 Comunicación del apelante presentada po r la República Dominicana, párrafo 79. 
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Página 34  
 
 respecto del cual las estampillas fiscales se puede n adherir en otros países:  a) hay contrabando 
dirigido al territorio de la República Dominicana;  y b) se falsifican las estampillas fiscales".
78 
76. El artículo 11 del ESD requiere de cada grupo especial, entre otras cosas: 
... hacer una evaluación objetiva del asunto que  se le haya sometido, que incluya una 
evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados 
pertinentes y de la conformidad con ésto s y formular otras conclusiones que ayuden 
al OSD a hacer las recomendaciones o dict ar las resoluciones previstas en los 
acuerdos abarcados. 
77. En el asunto  CE - Hormonas , la primera apelación en la que se impugnó al amparo del 
artículo 11 la constatación de hechos por un Grupo Especial79, el Órgano de Apelación señaló que el 
"deber de hacer una evaluación objetiva del asunto que le haya sido sometido es, entre otras cosas, 
una obligación de examinar las pruebas presentadas a un grupo especial y de llegar a conclusiones de 
hecho a base de esas pruebas".80  El Órgano de Apelación observó además en esa apelación que: 
[l]a determinación de la credibilidad y del peso que, por ejemplo, se debe atribuir 
propiamente a la apreciación de una determinada prueba, forma parte esencial del proceso de investigación y, en principio, se deja a la discreción del grupo especial que 
decide sobre los hechos.
81 
78. El Órgano de Apelación ha subrayad o sistemáticamente, desde el asunto CE - Hormonas , 
que, dentro de los límites de la obligación que l es impone el artículo 11 de hacer una evaluación 
objetiva de los hechos, los grupos especiales gozan  de un "margen de discrecionalidad" por ser los 
que deciden sobre los hechos.82  En consecuencia, los grupos especiales "no están obligados a atribuir 
                                                      
78 Ibid. 
 
79 Antes de CE - Hormonas , se planteó en apelación una alegación al amparo del artículo 11 en Estados 
Unidos - Camisas y blusas , pero esa alegación se refería ún icamente a "si el artículo 11 del ESD da a una parte 
reclamante el derecho a que se adopte una conclusión sobre cada una de las cuestiones jurídicas que ha 
planteado ante un grupo especial".  (Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camisas y blusas , 
página 20, WT/DS33/AB/R).  Como tal, la alegación no impugnaba la "evaluación de los hechos" efectuada por el Grupo Especial.  Asimismo, en Canadá - Publicaciones , el apelante invocó el artículo 11 al impugnar el 
hecho de que el Grupo Especial se basara en un "ejemp lo hipotético" para formular una determinación sobre los 
"productos similares" con arreglo al párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994.  (Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Publicaciones , WT/DS31/AB/R, página 6.)  Sin embargo, el Órgano de Apelación no 
formuló ninguna resolución con respecto al cumplimiento del artículo 11 por el Grupo Especial.  ( Ibid., 
páginas 26 a 29.) 
 
80 Informe del Órgano de Apelación, CE - Hormonas , párrafo 133. 
 
81 Ibid., párrafo 132. 
 
82 Informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto , párrafo 161.  Véanse también, por ejemplo, 
informe del Órgano de Apelación, CE - Accesorios de tubería , párrafo 125;  informe del Órgano de Apelación, 
CE - Ropa de cama (párrafo 5 del artículo 21 - India) , párrafos 170, 177 y 181;  informe del Órgano de 
Apelación, CE - Sardinas , párrafo 299;  informe del Órgano de Apelación, Corea - Bebidas alcohólicas ,  WT/DS302/AB/R 
 Página 35 
 
 
 a las pruebas fácticas presentadas por las partes el mismo sentido y peso que éstas" 83 y pueden 
legítimamente "determinar que deb[ e] atribuirse más peso a ciertos elementos de las pruebas que a 
otros".84 
79. El Órgano de Apelación, coherente con ese ma rgen de discrecionalidad, ha reconocido que 
"no todos los errores en la evaluación de las pruebas (aunque eso también puede dar lugar a una 
cuestión de derecho) se pueden calificar de incump limiento de la obligación de hacer una evaluación 
objetiva de los hechos".85  Al examinar alegaciones formuladas al amparo del artículo 11 del ESD, el 
Órgano de Apelación no va "más allá que el Grupo Esp ecial en la evaluación del valor probatorio de 
… estudios o de las consecuencias, en su caso, de los presuntos defectos de [las pruebas]".86  
En efecto: 
[a]l evaluar la apreciación por el Grupo Especial de las pruebas presentadas, no 
podemos basar una constatación de incompa tibilidad en relación con el artículo 11 
simplemente en la conclusión de que p odríamos haber llegado a una constatación 
fáctica diferente de aquella a la que lle gó el Grupo Especial.  En cambio, debemos 
asegurarnos de que el Grupo Especial se ha excedido de los límites de sus facultades 
discrecionales, en cuanto ha de decidir sobre los hechos, en su apreciación de las 
pruebas.87 
En los casos en que los participantes que impugnan la  determinación de los hechos efectuada por un 
grupo especial en el marco del artículo 11 no han logrado establecer que el grupo especial se ha 
excedido de los límites de sus facultades discrecionales para decidir sobre los hechos, el Órgano de 
Apelación no ha interferido en las constataciones del grupo especial.88 
                                                                                                                                                                     
párrafos 161 y 162;  informe del Órgano de Apelación, Japón - Productos agrícolas II , párrafos 141 y 142;  
informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gluten de trigo , párrafo 151;  informe del Órgano de 
Apelación, Australia - Salmón , párrafo 266;  e informe del Órgano de Apelación, Corea - Productos lácteos , 
párrafo 138. 
 
83 Informe del Órgano de Apelación, Australia - Salmón , párrafo 267. 
 
84 Informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto , párrafo 161. 
 
85 Informe del Órgano de Apelación, CE - Hormonas , párrafo 133. 
 
86 Informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto , párrafo 177 (donde se cita el  informe del Órgano 
de Apelación, Corea - Bebidas alcohólicas , párrafo 161). 
 
87 Ibid., párrafo 159 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gluten de 
trigo , párrafo 151). 
 
88 Véanse, por ejemplo, inform e del Órgano de Apelación, CE - Ropa de cama (párrafo 5 del 
artículo 21 - India) , párrafo 170;  e informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero al carbono , 
párrafo 142 (donde se cita el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Gluten de trigo , párrafo 151). 
 WT/DS302/AB/R 
Página 36  
 
 80. La República Dominicana alega que el Grupo Esp ecial incurrió en error en su apreciación de 
las Pruebas documentales 8 y 29 de la República Dominicana porque:  1) el Grupo Especial cometió 
un "error de lectura"
89 de una carta de la Dirección General de Impuestos Internos ("DGII") de fecha 6 
de abril de 2004 ("Memorando DAT-Nº 46", incluido en la Prueba documental 8 de la República 
Dominicana)90 pues confundió las estampillas de medio centa vo (que están fuera de  circulación) con 
las estampillas actuales de 0,50 pesos dominicanos al atribuir a las estampillas de medio centavo los 
motivos por los cuales se falsifican las estampillas de  0,50 pesos dominicanos;  2) el Grupo Especial 
"interpretó erróneamente la tesis en apoyo de la cual se presentó la Prueba documental 8"91;  3) el 
Grupo Especial "hizo caso omiso"92 de los elementos probatorios contenidos en la Prueba 
documental 2993;  y 4) el Grupo Especial incurrió en error al concluir "que las Pruebas documentales 8 
y 29 de la República Dominicana no establecen una relación causal entre la autorización de que las 
estampillas sean colocadas en el  extranjero y la falsificación de estampillas fiscales".94 
81. En lo que respecta a la primera alegación de la República Dominicana (el error de lectura del 
Memorando DAT-Nº 46), no vemos en el trato dado por el Grupo Especial al Memorando DAT-Nº 46 
ningún error que constituya una in fracción del artículo 11 del ESD.  El Grupo Especial no atribuyó un 
peso "concluyente"95 al Memorando DAT-Nº 46 al examinar si era posible falsificar las estampillas 
fiscales, justificando su posición con dos razones:   en primer lugar, el Memorando DAT-Nº 46 no 
demuestra claramente que las estampillas fiscales mencionadas en el mismo fueran falsificadas porque, en esa carta, "el Departamento de Alcoholes y Tabaco de la DGII declara explícitamente que 
sólo la Tesorería Nacional estaría en condiciones de  confirmar si una serie de estampillas fiscales ha 
sido falsificada"
96;  en segundo lugar, la incautación a que se refiere la Prueba documental 8 de la 
República Dominicana ocurrió en el año 200 1, mientras que, en el Memorando DAT-Nº 46, 
                                                      
89 Comunicación del apelante presentada por la República Dominicana, párrafo 83.  Véase también 
ibid., párrafos 84 y 85. 
 
90 Aparte del Memorando DAT-Nº 46, la Prueba documental 8 presentada por la República 
Dominicana al Grupo Especial contiene una compilación de documentos en los que se facilita información sobre 
un lote de bebidas alcohólicas incautado en un establecimiento comercial en julio de 2001. 
 
91 Comunicación del apelante presentada po r la República Dominicana, párrafo 87. 
 
92 Ibid., párrafo 89. 
 
93 La Prueba documental 29 presentada por la República Dominicana al Grupo Especial contiene 
información sobre un cargamento de ajo y bebidas alcohólicas incautado en marzo de 2002. 
 
94 Comunicación del apelante presentada po r la República Dominicana, párrafo 91. 
 
95 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.223. 
 
96 Ibid. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 37 
 
 
 "las  dudas acerca de las estampillas se refieren al  formato de las estampillas utilizadas a partir 
de  2002".97  A nuestro juicio, el criterio adoptado por el Grupo Especial y su decisión de no atribuir 
un peso "concluyente" al Memorando DAT-Nº 46 están dentro de su margen de discrecionalidad 
como evaluador de los hechos y, por consiguiente , son compatibles con las obligaciones de los grupos 
especiales establecidas en el artículo 11 del ESD.  Reconocemos que el Grupo Especial, en su 
descripción del Memorando DAT-Nº 46, parece haber confundido las estampillas de medio centavo 
(que están fuera de circulación) con las estampilla s actuales de 0,50 pesos dominicanos al atribuir, a 
las estampillas de medio centavo, detalles que sugieren la falsificación de las estampillas de 0,50 pesos dominicanos.  Sin embargo, esto no influyó en el razonamiento que llevó al Grupo Especial a no dar un peso concluyente al Memora ndo DAT-Nº 46.  En consecuencia, consideramos 
que, en la evaluación de las prue bas, el Grupo Especial no cometió ningún error que se pueda calificar 
de "incumplimiento de la obligación de h acer una evaluación objetiva de los hechos".
98 
82. La República Dominicana sostiene también que el  Grupo Especial "interpretó erróneamente la 
tesis en apoyo de la cual se presentó la Prueba documental 8"99, porque "[e]l Grupo Especial ... se 
centró incorrectamente en la relación en tre el contrabando y la falsificación"100, mientras que 
"la  Prueba documental 8 se presentó como indicación de a) contrabando y, separadamente, 
b)  falsificación de estampillas fiscales de un pr oducto respecto del cual la República Dominicana 
permite la adhesión de estampillas fuera de su territorio".101  A nuestro juicio, el Grupo Especial no 
actuó de manera incompatible con el ar tículo 11 del ESD al no constatar que el 
Memorando  DAT-Nº  46 "añada ningún elemento c oncluyente con respecto a la relación entre la 
incautación de bebidas alcohólicas y la posible falsificación de estampillas".102  Un grupo especial no 
actúa de manera incompatible con el artículo 11 del ESD simplemente porque extraiga, de algunas de 
las pruebas, inferencias que no coincidan con las razones por las que la parte en cuestión ha presentado dichas pruebas.
103 
                                                      
97 Ibid. 
 
98 Informe del Órgano de Apelación, CE - Hormonas , párrafo 133. 
 
99 Comunicación del apelante presentada po r la República Dominicana, párrafo 87. 
 
100 Ibid., párrafo 88. 
 
101 Ibid. 
 
102 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.223. 
 
103 Informe del Órgano de Apelación, Australia - Salmón , párrafo 267. 
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Página 38  
 
 83. En tercer lugar, la República Dominicana afirma que, "[c]on respecto a la Prueba 
documental 29, el Grupo Especial simplemente hizo caso omiso de los elementos probatorios 
contenidos en ella"
104, pero no aporta ninguna razón en apoyo de esta afirmación.  No tenemos ningún 
motivo para concluir que el Grupo Especial no ex aminó la Prueba documen tal 29 de la República 
Dominicana.  Al contrario, el Grupo Especial  observó que la Prueba documental 29 contiene 
"información sobre un cargamento de ajo y be bidas alcohólicas incautado en marzo de 2002"105, lo 
que da a entender que el Grupo Especial sí examinó los elementos probatorios contenidos en ella.  
La República Dominicana puede impugnar el hecho de que el Grupo Especial no haya atribuido a la Prueba documental 29 todo el peso que la Repúbl ica Dominicana hubiera deseado, pero esto no se 
puede calificar de incumplimiento de la obligación,  impuesta por el artículo 11 del ESD, de hacer una 
evaluación objetiva de los hechos.  En cuanto a la aseveración de la República Dominicana de que el 
Grupo Especial se remitió a la Prueba documental 29 en el contexto de una declaración que formuló 
sobre la falsificación de estampillas fiscales, cua ndo el propósito de la Prueba documental 29 era 
demostrar la existencia de cont rabando de bebidas alcohólicas, observamos que los grupos especiales 
no actúan de manera incompatible con el artículo 11  del ESD si, al examinar algunas de las pruebas, 
extraen inferencias que no coinciden con las raz ones por las que la parte en cuestión ha presentado 
dichas pruebas. 
84. La República Dominicana no está de acuerdo con la posición del Grupo Especial de que las 
Pruebas documentales 8 y 29 de la República Domi nicana no establecen una relación causal entre la 
autorización de que las estampillas sean colocadas en el extranjero y la falsificación de estampillas 
fiscales.  Sostiene que esa relación causal existe, y basa su afirmación en una inferencia que extrae de las pruebas de contrabando y falsificación de est ampillas fiscales con respecto a productos del 
alcohol.
106  Sin embargo, una mera divergencia de opi niones entre una parte y un grupo especial sobre 
las inferencias que se han de extraer de los elemen tos probatorios no constitu ye fundamento suficiente 
para concluir que el Grupo Especial no hizo "una evaluación objetiva de los hechos".  La República 
Dominicana no ha explicado por qué su divergencia de opinión con el Grupo Especial sobre las inferencias que se han de extraer de las Prueba s documentales 8 y 29 de la República Dominicana 
equivaldría a no haber hecho "una evaluación objetiv a de los hechos".  Por consiguiente, opinamos 
                                                     
 
104 Comunicación del apelante presentada po r la República Dominicana, párrafo 89. 
 
105 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.224. 
 
106 La República Dominicana hizo esta aclaración en re spuesta a nuestras preguntas  en la audiencia.  
Según la República Dominicana, las Pruebas documentales 8 y 29 se refieren a "evasión de impuestos, contrabando y falsificación de estampillas fiscales co n respecto a productos del al cohol".  (Comunicación del 
apelante presentada por la Repú blica Dominicana, párrafo 79.) 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 39 
 
 
 que el Grupo Especial no actuó de manera incompatib le con el artículo 11 del ESD al afirmar que "no 
constata la existencia de ningu na prueba, en las Pruebas documen tales 8 y 29, que justifique la 
afirmación de la República Dominicana de que existe una relación causal entre la autorización de que 
las estampillas sean colo cadas en el extranjero y la falsificación de estampillas fiscales".107 
85. En resumen, concluimos que el Grupo Especial  no incumplió las obligaciones establecidas en 
el artículo 11 del ESD con respecto a las Pruebas doc umentales 8 y 29 de la República Dominicana.  
En consecuencia, constatamos  que el Grupo Especial no incumplió la obligación, impuesta por el 
artículo 11 del ESD, de hacer una evaluación obje tiva de los hechos en su apreciación de los 
elementos probatorios contenidos en las Pruebas documentales 8 y 29 de la República Dominicana. 
VI. El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y el requisito de fianza 
86. Pasamos ahora a examinar la apelación de Honduras con respecto a la aplicación del párrafo 4 
del artículo III del GATT de 1994 al requisito, impuesto por la República Dominicana, de que los 
importadores y los productores nacionales de cigarrillos  depositen una fianza para garantizar el pago 
de los impuestos (el "requisito de fianza").  El Gr upo Especial constató que "el requisito de fianza se 
aplica por igual, tanto formalmente como en la práctica, a los cigarrillos nacionales y a los importados"
108, y que "Honduras no ha demostrado que el requisito de fianza … conceda un trato 
menos favorable a los cigarrillos im portados que el concedido a los pr oductos nacionales similares, de 
manera incompatible con el párrafo  4 del artículo III del GATT de 1994".109 
87. Al llegar a esa conclusión, el Grupo Especial observó que la legislación tributaria de la 
República Dominicana impone el re quisito de depositar una fianza tanto a los importadores como a 
los productores nacionales de cigarrillos.110  El Grupo Especial desestimó el argumento de Honduras 
de que el requisito de fianza crea un desincentivo contra la importación de cigarrillos.  El Grupo 
Especial razonó que una empresa local que se propo ne vender cigarrillos en la República Dominicana 
tiene dos opciones:  comprarlos a un productor n acional o a un importador.  En ninguno de los dos 
                                                      
107 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.226. 
 
108 Ibid., párrafo 7.310. 
 
109 Ibid., párrafo 7.311. 
 
110 Ibid., párrafo 7.234;  la cuantía de la fianza es de 5 millones de pesos dominicanos tanto para los 
importadores como para los productores nacionales:  artículo 14 del Decreto Nº 79 03, Prueba documental 4 
presentada por Honduras al Grupo Especial. El Grupo Especial observó que "[d]e acuerdo con las pruebas que 
ha presentado Honduras, en el caso específico del im portador de cigarrillos de ese país, la comisión anual 
cobrada por la compañía de seguro que emitió la fian za fue de 84.000 pesos dominicanos (aproximadamente 
1.873 dólares EE.UU.)".  (Informe del Grupo Especial, párrafo 7.299.) 
 WT/DS302/AB/R 
Página 40  
 
 casos la empresa local tendría que depositar una fianza, porque ese depósito sólo se pide a los 
fabricantes e importadores.
111  Honduras también argumentó que el requisito de fianza se traduce en 
un trato menos favorable para los cigarrillos importa dos porque sirve para garantizar el pago de un 
impuesto (el "Impuesto Selectivo al Consumo") que se recauda íntegramente en el momento de la 
importación.  Esto contrasta con el caso de los cigarrillos nacionales, en el que el pago del Impuesto Selectivo al Consumo no vence hasta el vigésimo dí a del mes siguiente a aquél en que se venden los 
cigarrillos.  El Grupo Especial descartó este argu mento, y constató que "las pruebas disponibles no 
respaldan la afirmación de Honduras de que no exis te ninguna obligación fiscal que el requisito de 
fianza podría servir para garantizar".
112  Para el Grupo Especial, "la República Dominicana … 
demostr[ó] que las autoridades tributarias de su pa ís tienen facultades legales para reliquidar y en su 
caso reajustar las obligaciones fiscales aplicab les durante un período de hasta tres años".113  
Por  consiguiente, se puede pedi r al importador que realice un nuevo pago como consecuencia de la 
reliquidación, y la fianza serviría para garantizar este pago.114  Además, el Grupo Especial se basó en 
una declaración escrita del Director General de Impuestos Internos115 para constatar que, en el 
ejercicio de sus facultades de aplicación, las auto ridades tributarias de la República Dominicana 
consideran la fianza como una garantía del cump limiento de obligaciones fiscales internas distintas 
del Impuesto Selectivo al Consumo.116  Por último, el Grupo Especial concluyó que "Honduras no ha 
presentado pruebas para apoyar su argumento de que  el distinto costo unitario generado por el 
cumplimiento del requisito de fianza tiene un efect o perjudicial en las condiciones de competencia 
para los productos importados en relación con los productos nacionales en el mercado de cigarrillos 
de la República Dominicana".117 
88. En la apelación, Honduras impugna la conclusi ón del Grupo Especial de que el requisito de 
fianza no concede un trato menos favorable en los términos del párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994.  Sostiene que el Grupo Especial no reconoc ió que el requisito de fianza impone una "carga 
adicional" a los productos importados en comp aración con los productos nacionales.  Según 
                                                      
111 Ibid., párrafo 7.282. 
 
112 Ibid., párrafo 7.292. 
 
113 Ibid. 
 
114 Ibid. 
 
115 Carta del Director General de Impuestos Internos, Prueba documental 12 presentada por la 
República Dominicana al Grupo Especial. 
 
116 Informe del Grupo Especial, párrafos 7.291 y 7.293. 
 
117 Ibid., párrafo 7.301. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 41 
 
 
 Honduras, el requisito de fianza sólo asegur a el pago del Impuesto Selectivo al Consumo118;  mientras 
que "un importador tiene que pagar la cuantía adeu dada en concepto de este impuesto antes de la 
importación y tiene que depositar una fianza para garantizar una obligación fiscal que ya se ha 
satisfecho", "el productor nacional dispone de h asta 20 días después del mes en que se efectuó la 
transacción para pagar el Impuesto Selectivo al Consumo".119  Honduras sostiene que "esta asimetría 
entre las obligaciones que garantiza la fianza … constitu ye un 'obstáculo suplementario' o una 'carga 
adicional' para los productos importados".120 
89. Honduras sostiene también que el Grupo Especial  incurrió en error porque evaluó el costo 
unitario actual de la comisión correspondiente a la fi anza para un importador específico a la luz de su 
volumen de importaciones de los años 2001-2003.121  A juicio de Honduras, el Grupo Especial debería 
haber examinado las condiciones de competencia esta blecidas por la legislación y no la situación de 
mercado en la que se aplicó el requisito de fianza.122  En todo caso, Honduras observa que el requisito 
de fianza se introdujo en marzo de 2003 y alega que el costo unitario determinado por el Grupo 
Especial era incorrecto porque se basaba en el vol umen de las importaciones de los años 2000-2002, y 
en el importe cobrado por las instituciones financ ieras por la comisión correspondiente a la fianza 
en 2004.123  Honduras añade que, como el Grupo Especial  no determinó el costo unitario para los 
productores nacionales, no podía comparar los costos unitarios entre los productos importados y los productos nacionales similares.  En consecuencia,  aduce Honduras, el Grupo Especial "carecía de 
fundamento para concluir que no se concedía un trato menos favorable a las importaciones".
124  
Por último, Honduras sostiene que el Grupo Especial incurrió en error porque declaró que el hecho de 
que un gasto fijo (es decir, un gasto que no está relacionado con el volumen de producción) puede dar lugar a distintos costos unitarios entre empresas pr oveedoras no basta "por sí mismo para concluir que 
el gasto crea un trato menos favorab le para los productos importados".
125 
                                                      
118 Comunicación presentada por Honduras en calidad de otro apelante, párrafo 60. 
 
119 Ibid., párrafo 63. 
 
120 Ibid. 
 
121 Comunicación presentada por Honduras en calidad de  otro apelante, párrafo 33;  informe del Grupo 
Especial, párrafos 7.299-7.300. 
 
122 Comunicación presentada por Honduras en ca lidad de otro apelan te, párrafos 30-42. 
 
123 Ibid., párrafo 44. 
 
124 Ibid., párrafo 45. 
 
125 Informe del Grupo Especial, párr afo 7.300;  comunicación presentada  por Honduras en calidad de 
otro apelante, párrafos 48-54. WT/DS302/AB/R 
Página 42  
 
 90. La República Dominicana impugna la apelación de Honduras contra las constataciones del 
Grupo Especial respecto del requisito de fianza co n arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994.  La República Dominicana sostiene que el  Grupo Especial concluyó correctamente que el 
requisito de fianza no modifica las condiciones de competencia en detrimen to de los cigarrillos 
importados, y que no debe presumirse que cualquier diferencia en el costo unitario de la fianza 
modifica las condiciones de competencia y es incompa tible con el párrafo 4 del artículo III.  También 
sostiene que el Órgano de Apelación, en caso de  que revoque la constatación del Grupo Especial 
respecto del requisito de fianza con arreglo al párra fo 4 del artículo III, debe ría no obstante constatar 
que el requisito de fianza está justificado con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT 
de 1994. 
91. En el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , el Órgano de 
Apelación declaró que, en relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994: 
... se debería evaluar si se ha dado o no a los productos importados un trato "menos 
favorable" que a los productos nacionales similares examinando si una medida 
modifica las condiciones de competencia  en el mercado pertinente en detrimento de 
los productos importados.
126 
92. En el asunto CE - Amianto , el Órgano de Apelación dijo lo siguiente acerca de la expresión 
"trato menos favorable" que figura en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994: 
La expresión "trato menos favorable" expresa el principio general, enunciado en el 
párrafo 1 del artículo III, de que los reglam entos interiores "no deberían aplicarse … 
de manera que se proteja la producción nacional".  Si existe un "trato menos favorable" del grupo de productos impor tados "similares", "se protege", 
inversamente, al grupo de producto s "similares" de origen nacional.
127 
93. Por lo tanto, la pregunta a la que un grupo especi al debe responder en un análisis en el marco 
del párrafo 4 del artículo III es si la medida en litigio modifica las condiciones de competencia en el 
mercado pertinente en detrimento de los produc tos importados.  En otras palabras, una medida 
concede un trato menos favorable si da a los pr oductos similares de origen nacional una ventaja 
competitiva en el mercado frente a los productos simi lares importados.  Observamos, a este respecto, 
que el requisito de fianza se aplica por igual a los importadores y a los productores nacionales, y que 
                                                      
126 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , 
párrafo 137.  (las cursivas figuran en el original) 
 
127 Informe del Órgano de Apelación, CE - Amianto , párrafo 100. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 43 
 
 
 está fijado en 5 millones de pesos dominicanos (indexados por inflación)128 tanto para los 
importadores como para los productores nacionales.129 
94. Honduras reconoce que el requisito de fianza se impone por igual a los importadores y a los 
productores nacionales, pero alega no obstante que  éste concede un trato menos favorable a los 
cigarrillos importados.  Aduce que el requisito de fianza impone una "carga adicional" a los productos 
importados en comparación con los productos nacionales porque, en lo que respecta a los 
importadores, la obligación tributaria garantizada es  inexistente o menor que la de los productores 
nacionales.  Reconocemos que una medida que se aplica por igual a los importadores y a los 
productores nacionales podría ser, a pesar de ello, en  algunas circunstancias, incompatible con el 
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.130  No obstante, en este asunto el Grupo Especial no se 
basó para su razonamiento exclusivamente en la  aplicación del requisito de fianza a los importadores 
y a los productores nacionales por igual.  El Grupo Especial rechazó el argumento de Honduras 
"de que el requisito de fianza se traduce en un tr ato menos favorable para los cigarrillos importados 
porque en el caso de esos cigarrillos no existe una ob ligación que el requisito de fianza serviría para 
garantizar".131  El Grupo Especial lo hizo sobre la base de dos constataciones de hecho.  En primer 
lugar, el Grupo Especial constató que las autori dades tributarias de la República Dominicana tienen 
facultades legales para reliquidar y en su caso aj ustar las obligaciones fiscales relacionadas con el 
pago del Impuesto Selectivo al Consumo durante un período de hasta tres años, y que la fianza 
serviría para garantizar cualquier pago resultante de la reliquidación.132  Honduras no formula una 
alegación en relación con el artículo 11 del ESD contra  esta constatación de hecho.  Por consiguiente, 
no la alteramos. 
                                                      
128 La fianza de 5 millones de pesos dominicanos representa aproximadamente 110.000 dólares EE.UU. 
 
129 Artículo 14 del Decreto Nº 79-03, Prueba documental 4 presentada por Honduras al Grupo Especial. 
 
130 Observamos que en el asunto Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , el Órgano 
de Apelación declaró lo siguiente: 
 
Una diferencia formal de trato entre los productos importados y los productos nacionales 
similares no es … ni necesaria ni suficiente para demostrar una infracción del párrafo 4 del 
artículo III. 
 
(Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , 
párrafo 137.) 
 
131 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.294. 
 
132 Ibid., párrafo 7.292. 
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Página 44  
 
 95. En segundo lugar, el Grupo Especial  constató que, en el ejercici o de sus amplias facultades de 
aplicación, las autoridades tributarias de la Repúb lica Dominicana pueden usar la fianza para hacer 
cumplir obligaciones fiscales distintas del Impuesto Selectivo al Consumo.
133  Honduras impugna esta 
constatación de hecho al amparo del artículo 11 del ESD.  En la siguiente sección del presente 
informe, explicamos por qué rechazamos esta al egación.  Como no vemos ninguna razón para poner 
en entredicho las constataciones de hecho del Grupo Especial con respecto a la reliquidación del 
Impuesto Selectivo al Consumo y los posibles usos de  la fianza, consideramos que el Grupo Especial 
no desestimó indebidamente el argumento de Honduras "d e que el requisito de fianza se traduce en un 
trato menos favorable para los cigarrillos importados  porque en el caso de esos cigarrillos no existe 
una obligación que el requisito de fianza serviría para garantizar".134 
96. Tampoco aceptamos el argumento de Honduras de  que el requisito de fianza concede un 
"trato menos favorable" a los cigarrillos importados  porque, como las ventas de cigarrillos nacionales 
son mayores que las de cigarrillos importados en el  mercado de la República Dominicana, el costo 
unitario del requisito de fianza en el caso de los cigarrillos importados es superior que en el de los 
productos nacionales.135  El Órgano de Apelación indicó en el asunto Corea - Diversas medias que 
afectan a la carne vacuna  que se da a los productos importados un trato menos favorable que a los 
productos similares si una medida modifica las condi ciones de competencia en el mercado pertinente 
en detrimento de los productos importados .136  No obstante, la existencia de efectos perjudiciales 
sobre un determinado producto im portado resultantes de una medida no implica necesariamente que 
esa medida otorgue un trato menos favorable a las importaciones si los efectos perjudiciales se 
explican por factores o circunstancias que no guardan  relación con el origen extranjero del producto, 
como, en este caso, la cuota de mercado de los importadores.  En este caso concreto, la sola demostración de que el costo unitario del requis ito de fianza para los cigarrillos importados fue 
superior que para algunos cigarrillos nacionales durante un determinado período no es, a nuestro 
juicio, suficiente  para establecer "un trato menos favorable" con arreglo al párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994.  En realidad, la diferencia entre los costos unitarios del requisito de fianza alegada 
por Honduras se explica por el hecho de que el im portador de cigarrillos hond ureños tiene una cuota 
                                                     
 
133 Ibid., párrafo 7.293. 
 
134 Ibid., párrafo 7.294. 
 
135 Comunicación presentada por Honduras en calidad de otro apelante, párrafo 70. 
 
136 Informe del Órgano de Apelación, Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna , 
párrafo 137. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 45 
 
 
 de mercado menor que la de los dos productores nacionales137 (el costo unitario del requisito de fianza 
es el resultado de dividir el costo de la fianza por el número de cigarrillos vendidos en el mercado de 
la República Dominicana).  En este caso, la diferencia  entre el costo unitario del requisito de fianza, 
alegada por Honduras, no depende del origen extranjero  de los cigarrillos importados.  Por lo tanto, a 
nuestro juicio, el Grupo Especial actuó correctamente al desestimar el argume nto de que el requisito 
de fianza concede un trato menos favorable a los ci garrillos importados porque el costo unitario de la 
fianza fue superior para el importador de ci garrillos hondureños que para los dos productores 
nacionales. 
97. Honduras sostiene también que el Grupo Especial  incurrió en error porque evaluó el costo 
unitario actual de la comisión correspondiente a la fianza para el importador de cigarrillos hondureños 
a la luz del volumen de las importaciones de los años 2001-2003.138  Honduras considera que el 
cálculo del Grupo Especial es incorrecto y que, en cualquier caso, debería haber calculado también el 
costo unitario para los productores nacionales.  A nuestro juicio, el Grupo Especial no incurrió en 
error al tratar de hacer una evaluación ilustrativa de l costo unitario de la comisión correspondiente a la 
fianza con respecto al importador de cigarrillos ho ndureños.  En primer lugar, observamos que el 
Grupo Especial realizó este ejercicio en respuesta al argumento de Honduras de que el costo unitario 
de la fianza sería superior para  el importador de cigarrillos hondur eños que para los dos productores 
nacionales, porque cada uno de esos fabricantes naci onales tiene una cuota de mercado mayor que la 
del importador de cigarrillos hondureños.139  En segundo lugar, el cálculo tuvo un carácter meramente 
ilustrativo:  el Grupo Especial quería una estimación ap roximada de lo que significaba el requisito de 
fianza para el importador de cigarrillos hondureños en cuanto al costo.  El Grupo Especial no trataba 
de comparar ese costo con el costo unitario de la fianza para los dos productores nacionales, ya que 
suponía, desde el comienzo de su análisis, que el co sto unitario de la fianza sería superior para el 
importador como resultado de su cuota de merca do más pequeña.  Aunque metodologías distintas de 
la que siguió el Grupo Especial podrían haber produci do resultados más exactos del costo unitario, el 
Grupo Especial trataba simplemente de llegar a una estimación aproximada del costo del requisito de 
fianza para el importador, por lo que su enfoque fue adecuado para sus objetivos.  El cálculo que llevó 
a cabo el Grupo Especial muestra que el requisito de fianza representa un costo muy pequeño para el 
                                                      
137 Ante el Grupo Especial, Honduras sugirió que "puesto que dos fabricantes nacionales tienen una 
cuota de mercado mayor que el importador de cigarrillos hondureños, el costo unitario de la fianza (el resultado 
de dividir el costo de la fianza por el número de ciga rrillos vendidos) sería mayor para los cigarrillos importados 
que para los nacionales".  (Informe del Grupo Especial, párrafo 7.295.) 
 
138 Comunicación presentada por Honduras en calidad de  otro apelante, párrafo 33;  informe del Grupo 
Especial, párrafos 7.299 y 7.300. 
 
139 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.295. 
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 importador, "equivalente al 0,2 por ciento del valo r de las importaciones de cigarrillos efectuadas por 
el importador en el año 2003".
140 
98. En cualquier caso, el cálculo en el que Honduras se centra no es lo principal del razonamiento 
del Grupo Especial.  Para el Grupo Especial, un gasto fijo, como la comisión anual por la fianza, necesariamente da lugar a distintos costos unitarios  entre las empresas proveedoras, en la medida en 
que esas empresas tengan volúmenes de producción o volúmenes de ventas diferentes.  El Grupo 
Especial estimó que "[m]ientras la  diferencia en los costos no alte re las condiciones de competencia 
en el mercado correspondiente en detrimento de  los productos importados, ese hecho no debería 
bastar por sí mismo para concluir que el gast o crea un trato menos favorable para los productos 
importados".
141  Estamos de acuerdo con el Grupo Especial, por las razones anteriormente 
explicadas.142 
99. Por consiguiente, Honduras no ha  demostrado que el Grupo Especial haya incurrido en error 
al constatar que el requisito de fianza no c oncede un trato menos favorable a los cigarrillos 
importados en el sentido del párrafo 4 del ar tículo III del GATT de 1994.  Por lo tanto, confirmamos  
la constatación del Grupo Especial, que figura en los párrafos 7.311, 7.316 y 8.1 f) de su informe, de 
que Honduras no demostró que el requisito de fianza concede un trato menos favorable a los 
cigarrillos importados que el concedido a los producto s nacionales similares, de manera incompatible 
con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 
100. Por último, observamos que la República Do minicana ha aducido que, en caso de que 
revoquemos la constatación del Grupo Especial con respecto al requisito de fianza en el marco del 
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, deberíam os no obstante constatar que el requisito de 
fianza está justificado como necesario para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos 
compatibles con el GATT con arreglo al aparta do d) del artículo XX del GATT de 1994.  Como 
estimamos que el Grupo Especial no incurrió en erro r al llegar a su constatación en relación con el 
párrafo 4 del artículo III, no es necesario que realicem os un análisis de la defensa invocada por la 
República Dominicana al amparo del apartado d) del artículo XX. 
                                                      
140 Ibid., párrafo 7.299. 
 
141 Ibid., párrafo 7.300. 
 
142 Supra , párrafo 96 del presente informe. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 47 
 
 
 VII. El artículo 11 del ESD y la consideración po r el Grupo Especial del requisito de fianza 
"en sí mismo" 
101. Examinaremos a continuación la apelación form ulada por Honduras al amparo del artículo 11 
del ESD con respecto a la evaluación por el Grupo Especial de la alegación de Honduras contra el 
requisito de fianza.  Como se analizó en la sección pr ecedente de este informe, un argumento clave de 
Honduras con respecto a la incompatibilidad del requis ito de fianza con el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994 fue que dicho requisito servía para garantizar la obligación únicamente por lo que 
respecta al Impuesto Selectivo al Consumo y que tal obligación no existía en el caso de los importadores, que deben pagar ese impuesto íntegr amente en el momento de la importación.
143  
La República Dominicana respondió que, a pesar del pago del Impuesto Selectivo al Consumo en el 
momento de la importación, la fianza servía, no obsta nte, para garantizar el pago de ese impuesto en 
caso de un ajuste de la obligación total de los contribuyentes en algún momento del futuro.  
La República Dominicana adujo también que: 
... si bien el Artículo 376 del Código Tri butario parece referirse únicamente al 
Impuesto Selectivo al Consumo, en la práctica la autoridad tributaria de [la República Dominicana] considera la fianza como una garantía de cumplimiento de otras obligaciones fiscales internas que corresponden al productor nacional y al importador de cigarrillos, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y 
Servicios ("ITBIS") (Artículos 335 a 360 del Código Tributario de la República 
Dominicana) y el Impuesto sobre la Renta (Artículos 267 a 334 del Código Tributario de la República Dominicana).
144 
En apoyo de este segundo argumento, la República Dominicana "present[ó] una copia de una 
declaración escrita en ese sentido del Di rector General de Impuestos Internos".145 
102. El Grupo Especial aceptó los argumentos de la República Dominicana y constató "que las 
pruebas disponibles no respaldan la afirmación de Honduras de que no existe ninguna obligación 
fiscal que el requisito de fianza podría servir para garantizar".146  Con respecto a la afirmación de la 
República Dominicana de que la fianza servía para  garantizar obligaciones distintas del Impuesto 
Selectivo al Consumo, el Grupo Especial declaró lo siguiente: 
Si bien la República Dominicana ha reconoc ido que no existe una disposición legal 
explícita que autorice el uso de la fian za como garantía del cumplimiento de 
obligaciones fiscales internas distintas del Impuesto Selectivo al Consumo, el Grupo 
                                                      
143 Véase el informe del Grupo  Especial, párrafo 7.284. 
 
144 Ibid., párrafo 7.285. 
 
145 Ibid., párrafo 7.291. 
 
146 Ibid., párrafo 7.292. 
 WT/DS302/AB/R 
Página 48  
 
 Especial considera que no hay motivo para pone r en tela de juicio su aseveración de 
que, en la práctica y en el ejercicio de sus facultades de aplicación, las autoridades tributarias de la República Dominicana consideran la fianza como una garantía del cumplimiento de obligaciones fiscales intern as como el Impuesto a la Transferencia 
de Bienes Industrializados y Servicios ("ITBIS") y el Impuesto sobre la Renta.
147 
103. Sobre esta base el Grupo Especial concluyó lo siguiente: 
Por las razones expuestas supra , el Grupo Especial no considera convincente el 
argumento de Honduras de que el requisito de fianza se traduce en un trato menos 
favorable para los cigarrillos importados porque en el caso de esos cigarrillos no existe una obligación que el requisito de fianza serviría para garantizar.
148 
104. En la apelación, Honduras alega que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del 
asunto que se le había sometido, contrariamente a lo  dispuesto en el artículo 11 del ESD, al constatar 
que el requisito de fianza garantizaba obligacion es distintas del Impuesto Selectivo al Consumo.  
Honduras hace hincapié en que sus alegacion es se refieren al requisito de fianza en sí mismo , 
independientemente de la aplicación de esa legislación en circunstancias específicas.149  Sin embargo, 
según Honduras, el Grupo Especial no examinó el funda mento legislativo del requisito de fianza en sí 
mismo, sino que, en cambio, se basó en una carta de l Director General de Im puestos Internos de la 
República Dominicana (a la que se hace referenc ia como Prueba documental 12 de la República 
Dominicana) que contradecía los términos de la le gislación de base.  Honduras aduce que, al analizar 
su alegación contra el requisito de fianza en sí mismo, el Grupo Especial "debería haber examinado 
como correspondía solamente … los términos de la  legislación y no [debería] haberse basado en las 
opiniones no justificadas de un funcionario de un organismo de la República Dominicana".150 
105. El artículo 11 del ESD dispone que cada grupo esp ecial "deberá hacer una evaluación objetiva 
del asunto que se le haya sometido, que incluya una evaluación objetiva de los hechos, de la 
aplicabilidad de los acuerdos abarca dos pertinentes y de la conformi dad con éstos".  El Órgano de 
Apelación subrayó en el asunto Chile - Sistema de bandas de precios  que "[e]l artículo 11 del ESD 
obliga a los grupos especiales a hacer no sólo 'una evaluación objetiva de los hechos', sino también 
'una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido'".151  El "asunto" está constituido tanto por 
                                                      
147 Ibid., párrafo 7.293. 
 
148 Ibid., párrafo 7.294. 
 
149 Comunicación presentada por Hondur as en calidad de otro apelante, párrafo 14 (con referencia al 
informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la 
corrosión , párrafo 82). 
 
150 Ibid., párrafo 22. 
 
151 Informe del Órgano de Apelación, Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 172.  WT/DS302/AB/R 
 Página 49 
 
 
 los hechos (y, en particular, las medidas concre tas en litigio) como por la s alegaciones de derecho 
planteadas.152  El corolario es que un grupo especial no est á facultado para hacer una evaluación de un 
asunto que no se le haya sometido, por ejemplo, formulando constataciones sobre una alegación no 
planteada por el reclamante.153 
106. La apelación de Honduras aborda ambas dime nsiones del deber que corresponde al Grupo 
Especial con arreglo al artículo 11 del ESD.  H onduras afirma que el Grupo Especial no hizo una 
evaluación objetiva del asunto  que se le había sometido al no considerar sus alegaciones contra el 
requisito de fianza en sí mismo .  Además, Honduras impugna la forma en que el Grupo Especial trató 
las pruebas  que se le habían presentado y sostiene que  el Grupo Especial incurrió en error al 
considerar pruebas que contradecían los términos de  la legislación por la que se establece el requisito 
de fianza.  Estas dos dimensiones de la apelación de Honduras en relación con el artículo 11 del ESD 
se entrecruzan.  El concepto central de la apel ación de Honduras es que las pruebas pertinentes a su 
alegación contra el requisito de fianza "en sí mi smo" se limitan a los términos expresos de la 
legislación por la que se establece ese requisito. 
107. Al considerar la primera de las dos dimension es del artículo 11 planteadas en la apelación por 
Honduras, observamos que el Órgano de Apelación ha afirmado sistemáticamente el derecho de los 
Miembros de la OMC a impugnar la legislación qu e establece normas o reglas "en sí misma", así 
como su derecho a presentar alegaciones contra la  aplicación de tales medidas en casos concretos.154  
A nuestro juicio, la alegación formulada por H onduras ante el Grupo Especial con respecto al 
requisito de fianza tenía claramente el carácter de una alegación relativa a una medida "en sí misma".  
De hecho, como Honduras pone de relieve en la ap elación, el requisito de fianza no se había aplicado 
al exportador de cigarrillos de ese país en el momento en que se estableció el Grupo Especial.155  
Habiendo reconocido esto, no encontramos, no obstant e, en el informe del Grupo Especial ninguna 
indicación que apoye la opinión de que el Grupo Esp ecial no consideró el requisito de fianza en sí 
mismo y de que en lugar de ello llevó a cabo un an álisis de una determinada aplicación o aplicaciones 
de la ley. 
                                                      
152 Informe del Órgano de Apelación, Guatemala - Cemento I , párrafo 73. 
 
153 Informe del Órgano de Apelación, Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 173. 
 
154 Véase por ejemplo el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos  - Ley de 1916 , 
párrafos 60 61;  y el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero 
resistente a la corrosión , párrafo 82. 
 
155 Véase la comunicación presentada por Honduras en calidad de otro apelante, párrafos 3 y 14. 
 WT/DS302/AB/R 
Página 50  
 
 108. Observamos a ese respecto que el Grupo Especial dijo que: 
... examinar[ía] el argumento esgrimido por Honduras en el sentido de que no hay 
ninguna obligación fiscal a la que el requisito de fianza serviría para garantizar, así como las dos respuestas de la República Do minicana:  i) que la fianza sirve como 
garantía de obligaciones fiscales en el caso  de reliquidaciones y ajustes posteriores de 
la obligación fiscal de los contribuyentes;   y, ii) que sirve como garantía del 
cumplimiento de obligaciones fiscales internas distintas del Impuesto Selectivo al 
Consumo.
156 
Esta declaración muestra que el Grupo Especial  se proponía emprender un examen general del 
requisito de fianza y, en particular, de los tipos de  obligaciones fiscales que éste sirve para garantizar.  
En esta declaración, el Grupo Especial prefigura un an álisis de las característic as de la medida en sí 
misma.  No hay en esta declaración ninguna indicación de que el Grupo Especial tuviese alguna intención de examinar aplicaciones concretas de la medida. 
109. Tras examinar la cuestión, el Grupo Especial cons tató que el requisito de fianza "serviría para 
garantizar" el pago del Impuesto Selectivo al Co nsumo no pagado por un importador en el momento 
de la importación, en caso de que el impu esto fuera reliquidado y ajustado después de la 
importación.
157  Además, el Grupo Especial no encontró  ninguna razón para poner en duda la 
afirmación de las autoridades de la República Do minicana de que "consideran la fianza como una 
garantía del cumplimiento de obligaciones fiscales in ternas como el Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Industrializados y Servicios ('IT BIS') y el Impuesto sobre la Renta".158  Ninguna de estas 
constataciones se refiere a una aplicación concreta del requisito de fianza;  más bien, cada una es, por 
naturaleza, una constatación general con respecto a l as obligaciones que el requisito de fianza, en sí 
mismo, garantiza.  Por lo tanto, rechazamos el argumento de Honduras en la medida en que afirma 
que el Grupo Especial no examinó el requisito de  fianza en sí mismo, en contraste con las 
aplicaciones concretas del requisito de fianza. 
110. Pasamos a la segunda dimensión planteada en la  apelación formulada por Honduras al amparo 
del artículo 11 y observamos que buena parte del argumento de Honduras no se centra en la distinción 
entre alegaciones sobre la medida "en sí misma" y alegaciones sobre la medida "en su aplicación", 
sino más bien en el tipo de prueba que será pertinente a la "evaluación objetiva" de una alegación 
sobre la medida "en sí misma".  Por consiguiente , Honduras sostiene que, dado que "en el requisito de 
fianza se manifestaba inequívocamente que la ob ligación fiscal que la fianza garantizaba era el 
                                                      
156 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.286. 
 
157 Ibid., párrafo 7.292. 
 
158 Ibid., párrafo 7.293. 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 51 
 
 
 Impuesto Selectivo al Consumo, y nada más", el  "Grupo Especial deberí a haber examinado ... 
solamente … los términos de la legislación y no  [debería] haberse basado en las opiniones no 
justificadas de un funcionario de un organismo de la República Dominicana".159  De esta forma, un 
fundamento clave de la afirmación de Honduras de que el Grupo Especial no llevó a cabo la 
evaluación objetiva exigida por el artículo 11 de l ESD es que "el Grupo Especial no llevó a cabo un 
análisis de la legislación únicamente ".160 
111. El argumento de Honduras a este respecto pone en  tela de juicio el trato dado por el Grupo 
Especial a las pruebas que tenía ante sí.  El Órga no de Apelación ha destac ado repetidamente que en 
general queda a discreción del Grupo Especial deci dir qué pruebas elige para utilizarlas en sus 
conclusiones y que el Órgano de Apelación "no in terferir[á] sin motivos bien fundados con el 
ejercicio de las facultades discrecionales que corresponden al Grupo Especial".161  Observamos 
también que, en el asunto Estados Unidos - Acero al carbono , el Órgano de Apelación señaló que el 
análisis de la legislación interna de un Miembro (como el requisito de fianza en cuestión en la 
presente diferencia) exige que el grupo especial exam ine y sopese las pruebas aportadas por las partes: 
La parte que sostenga que la legislación interna de otra parte, en sí misma, es 
incompatible con obligaciones pertinentes dima nantes de un tratado tiene sobre sí la 
carga de presentar pruebas acerca del alcan ce y el sentido de esa ley para fundamentar 
tal aseveración.  La forma característica de aportar esa prueba es el texto de la legislación o instrumentos jurídicos pertin entes, que puede apoyarse, según proceda, 
con pruebas sobre la aplicación sistemática de esas leyes, los pronunciamientos de los 
tribunales nacionales acerca de su sentido, las opiniones de juristas especializados y 
las publicaciones de estudiosos de prestigio.  La naturaleza y el alcance de las pruebas necesarias para cumplir la carga de la prue ba habrán de variar entre un caso y otro.
162 
112. En este contexto, y en consonancia con la opi nión formulada por el Órgano de Apelación en 
el asunto Estados Unidos - Acero al carbono , estamos de acuerdo con Honduras en que el examen del 
texto expreso de la legislación por la que se estab lece una medida es un elemento fundamental de una 
evaluación de esa legislación.  Dicho esto, consid eramos, no obstante, que no se justifica la tesis 
formulada por Honduras de que un grupo especial, al examinar una alegación dirigida contra la 
legislación en sí misma, debe limitarse exclusivamente al texto de la propia legislación.  En el asunto 
Estados Unidos - Acero al carbono , el Órgano de Apelación reconoció incluso que diferentes tipos de 
                                                      
159 Comunicación presentada por Honduras en calidad de otro apelante, párrafo 22. 
 
160 Ibid., párrafo 23.  (sin cursivas en el original) 
 
161 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos  - Gluten de trigo , párrafo 151. 
 
162 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero al carbono , párrafo 157.  (no se 
reproduce la nota de pie de página) 
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Página 52  
 
 pruebas pueden apoyar afirmaciones con respecto al sentido y alcance de una medida impugnada.  
Al sopesar esas pruebas, los grupos especiales go zan de un margen de discrecionalidad proporcional a 
su función de decidir sobre los hechos. 
113. En este caso, el Grupo Especial tuvo en cuenta la disposición legal por la que se establecía el 
requisito de fianza, así como una prueba suplem entaria, aportada por la República Dominicana, 
consistente en una carta del Dir ector General de Impuestos Inte rnos de la República Dominicana.
163  
En la carta del Director General de Impuestos Internos se señala que, en el ejercicio de sus amplias 
facultades para aplicar las leyes fiscales, las au toridades tributarias de la República Dominicana 
pueden asignar el producto de la fianza al pago de impuestos distintos del Impuesto Selectivo al 
Consumo.164  La posición adoptada por el Director Genera l de Impuestos Internos en la carta guarda 
relación con el alcance de sus facultades de aplicación con respecto a los usos a los que se puede 
destinar la fianza;  no es una declaración inte rpretativa del artículo 376 del Código Tributario.  
Honduras no parece haber aportado prue bas que pongan en tela de juic io o refuten de otro modo las 
declaraciones formuladas en la carta del Director General de Impuesto Internos con respecto al alcance de las facultades de aplicaci ón de las autoridades tributarias de la República Dominicana.  
Dado que la cuestión de los usos posibles a los que podía destinarse la fianza era una cuestión 
contenciosa sometida al Grupo Especial, y habida cuenta de que la Prue ba documental 12 de la 
República Dominicana proporcionaba información pertin ente a esta cuestión, no consideramos que el 
Grupo Especial haya sobrepasado los límites de su ma rgen de discrecionalidad al examinar esa carta y 
asignarle cierto peso.  Por consiguiente, rechaz amos la alegación de Honduras de que el Grupo 
Especial no cumplió las obligaciones impuestas por el artículo 11 del ESD en su examen de esta 
cuestión. 
114. Por último, observamos que la situación en esta ap elación es diferente de la que existía en el 
asunto India - Patentes (EE.UU.) , en el que se basa Honduras.  India - Patentes (EE.UU.)  fue un 
asunto en el que se sostuvo que determinadas "instrucciones administrativas" eran pruebas 
insuficientes del cumplimiento por la India de l as obligaciones que le imponían las prescripciones en 
materia de "protección anticipada" del  Acuerdo sobre los ADPIC , al tiempo que determinadas 
disposiciones legislativas eran claramente inco mpatibles con esas obligaciones.  En el asunto India - 
Patentes (EE.UU.) , el Grupo Especial y el Órgano de Apelación no estaban obligados a interpretar los 
términos de la legislación pertinente únicamente , aisladamente de otras pruebas, como Honduras 
                                                     
 
163 Prueba documental 12 presentada por la  República Dominicana al Grupo Especial. 
 
164 Véase el informe del Grupo Es pecial, párrafo 7.291 (donde se hace referencia a la Prueba 
documental 12 presentada por la Rep ública Dominicana al Grupo Especial). 
  WT/DS302/AB/R 
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 hubiera querido que hiciera el Grupo Especial en el presente asunto.  Es más:  en el asunto India - 
Patentes (EE.UU.) , había una cantidad considerable de pr uebas con respecto a la interpretación 
adecuada de los términos expresos de la Ley de Patent es de la India, que incluían el texto de la propia 
legislación, pero no se limitaban al mismo.  Por consiguiente, en ese caso el Grupo Especial pudo 
contrastar la afirmación de la India de que sus "instrucciones administrativas" -que exigían que los 
funcionarios prescindieran de determinadas disposic iones obligatorias de la Ley de Patentes- eran 
suficientes para aplicar las obligaciones de la Indi a en el marco de la OMC con pruebas de que el 
propio Gobierno de la India consideraba que era necesar io modificar la legislación.  Por consiguiente, 
en el asunto India - Patentes (EE.UU.) , el Grupo Especial hizo pleno uso del expediente que tenía 
ante sí.  Aunque el expediente en ese asunto pa rece haber sido considerablemente más nutrido que el 
existente en las presentes actuaciones (que al parecer está constituido únicamente por el texto de la 
medida y la carta del Director Ge neral de Impuestos Inte rnos), consideramos que en este asunto el 
Grupo Especial también examinó todas las pruebas que te nía ante sí.  Por lo tanto, aunque los hechos 
de este asunto difieren de los del asunto India - Patentes (EE.UU.) , los Grupos Especiales en cada 
caso siguieron el mismo enfoque -correcto- al tene r en cuenta la informac ión fáctica pertinente 
presentada por las partes. 
115. Por todas esas razones, constatamos  que el Grupo Especial hizo una evaluación objetiva de 
las alegaciones de Honduras con respecto al requisito  de fianza en sí mismo, en consonancia con el 
artículo 11 del ESD. 
VIII.  El trato dado por el Grupo Especial a las afirmaciones de Honduras con respecto al 
momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo 
116. Por último, pasamos a ocuparnos de la apelaci ón de Honduras respecto del trato dado por el 
Grupo Especial a sus afirmaciones sobre el moment o del pago del Impuesto Selectivo al Consumo. 
117. Ante el Grupo Especial, Honduras alegó que el re quisito de fianza otorgaba a los cigarrillos 
importados un trato menos favorable que a los cigarri llos nacionales contrariamente a lo dispuesto en 
el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.  Ello  se debía a que, según Honduras, la fianza servía 
para garantizar el pago de l Impuesto Selectivo al Consumo únicament e.  En el caso de los productores 
nacionales, el Impuesto Selectivo al Consumo es exigib le el vigésimo día del mes siguiente a aquél en 
que se realizó la transacción imponible.  Por el contrario, en el caso de las importaciones, el Impuesto 
Selectivo al Consumo es pagadero inmediatam ente en el momento de la importación.  
Por consiguiente, en el caso de un importador, tras la importación simplemente no existe ninguna WT/DS302/AB/R 
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 obligación fiscal que la fianza garantice.
165  Honduras sostuvo que de ese modo se concedía a los 
cigarrillos importados un trato menos favorable en  comparación con la producción nacional porque: 
[e]sto brinda a los productores nacionales la oportunidad de obtener ingresos por 
concepto de intereses correspondientes al Impuesto Selectivo al Consumo durante un 
período de 20 a 50 días.  Por otra part e, los importadores tienen que pagar el 
Impuesto Selectivo al Consumo por adelantado.   Esto entraña costos financieros o de 
oportunidad a cargo de los importadores.166 
118. El Grupo Especial rechazó finalmente la aleg ación de Honduras fundada en el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994 respecto del requisito de  fianza por varias razones.  Se ocupó de dos 
formas de las afirmaciones de Honduras con resp ecto a la falta de obligaciones fiscales de los 
importadores garantizadas por la fianza.  En prim er lugar, aceptó las aseveraciones de la República 
Dominicana de que, a pesar del pago del Impuesto Selectivo al Consumo en el momento de la 
importación, la fianza servía para garantizar obligaciones fiscales, que incluían el pago del Impuesto Selectivo al Consumo en caso de reliquidación y ajus te.  El Grupo Especial también aceptó que las 
autoridades tributarias de la República Dominicana c onsideran la fianza como una garantía del pago 
de impuestos distintos del Impuesto Selectivo al Consumo.
167  En segundo lugar, con respecto a la 
posibilidad de que los productores nacionales obt uvieran ingresos por concepto de intereses 
correspondientes al valor de la obligación fiscal durante el período comprendido entre la fecha de la transacción imponible y el momento en que el pago del impuesto era exigible, mientras que los importadores estaban obligados a soportar costos fi nancieros por el impuesto pagado en el momento 
de la importación, el Grupo Especial constató que esta cuestión era diferent e de las alegaciones de 
Honduras respecto del requisito de fianza.
168  Razonó que, aunque la "ale gación sobre el requisito de 
fianza forma parte del mandato del Grupo Especial", no había "nada en la solicitud de establecimiento 
del Grupo Especial que lleve a la conclusión de  que se le pueda pedir a éste que formule una 
constatación respecto a la diferencia en el mome nto del pago del Impuesto Selectivo al Consumo 
entre los productores nacionales y los importadores".169  Por consiguiente, el Grupo Especial llegó a la 
conclusión de que: 
... la alegación de Honduras respecto a lo s distintos costos correspondientes a los 
productores nacionales y a los importadores como consecuencia del momento del 
                                                      
165 Ibid., párrafos 7.268 y 7.284. 
 
166 Ibid., párrafo 7.268. 
 
167 Ibid., párrafo 7.293. 
 
168 Ibid., párrafos 7.307-7.308. 
 
169 Ibid., párrafo 7.308.  WT/DS302/AB/R 
 Página 55 
 
 
 pago del Impuesto Selectivo al Consumo no está directamente relacionada con el 
requisito de fianza y no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.170 
119. En la apelación, Honduras sostiene que el Grupo Especial incurrió en error al tratar sus 
afirmaciones acerca del momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo como una alegación separada que no estaba comprendida en el mandato del Grupo Especial.  Honduras sostiene que esas 
afirmaciones eran simplemente argumentos en apoyo de su alegación de que el requisito de fianza 
infringía el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.
171 
120. Comenzaremos nuestro análisis de esta cues tión observando que el párrafo 2 del artículo 6 
del ESD se ocupa de la solicitud de establecimien to de un grupo especial y dispone, en la parte 
pertinente, lo siguiente: 
Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito.  
En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se identificarán las medidas 
concretas en litigio y se hará una breve e xposición de los fundame ntos de derecho de 
la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. 
En el asunto Estados Unidos - Acero al carbono , el Órgano de Apelación observó que el párrafo 2 del 
artículo 6 establece: 
... dos requisitos independientes, a saber, la identificación de las medidas concretas 
en litigio  y la presentación de una breve exposición de los fundamentos de derecho de 
la reclamación (o alegaciones ).  En conjunto comprenden "el asunto sometido 
al OSD", que constituye la base del ma ndato del Grupo Especial conforme al 
párrafo 1 del artículo 7 del ESD.172 
El Órgano de Apelación ha sostenido constantemente  que, cuando una solicitud de establecimiento de 
un grupo especial no identifica adecuadamente me didas concretas o no especifica una alegación 
concreta, esas medidas o alegaciones no formarán pa rte del asunto abarcado por el mandato del grupo 
especial.173 
121. También observamos que el Órgano de Apelación ha distinguido siempre entre las  
alegaciones  de un Miembro con respecto a la aplicación de las diversas disposiciones del Acuerdo 
sobre la OMC  y los argumentos presentados en apoyo de esas alegaciones.  Las alegaciones, que se 
                                                      
170 Ibid. 
 
171 Comunicación presentada por Honduras en ca lidad de otro apelan te, párrafos 76-81. 
 
172 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero al carbono , párrafo 125.  (las cursivas 
figuran en el original;  no se reproduce la nota de pie de página) 
 
173 Véase, ibid., Estados Unidos - Acero al carbono , párrafo 171. 
 WT/DS302/AB/R 
Página 56  
 
 caracterizan por aducir la violaci ón de disposiciones sustantivas del Acuerdo sobre la OMC , deben 
exponerse con claridad en la solicitud de establecimi ento de un grupo especial.  Por el contrario, los 
argumentos son el medio por el cual una parte prog resivamente desarrolla y ju stifica sus alegaciones;  
no es necesario exponerlos pormenorizadamente en la  solicitud de establecimiento del grupo especial, 
y más bien pueden explicarse en las comunicaciones presentadas al grupo especial.
174 
122. En este contexto, las afirmaciones de Honduras con respecto al momento del pago del 
Impuesto Selectivo al Consumo pueden caracterizarse de dos formas.  En  primer lugar, en la medida 
en que las afirmaciones con respecto al momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo se 
formularon en apoyo de la aseveración de H onduras de que los importadores no tenían ninguna 
obligación fiscal que fuera a ser garantizada por el requisito de fianza, las afirmaciones -como sostiene Honduras en la apelaci ón- efectivamente contienen argumentos en apoyo de sus alegaciones 
con respecto al requisito de fianza.  Nada impedía a Honduras plantear esos argumentos ante el Grupo 
Especial, aunque no hubieran sido expuestos en la  solicitud de establecimiento del Grupo Especial.
175  
En segundo lugar, en la medida en que las af irmaciones de Honduras representan una aseveración de 
que el momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo tiene de por sí como resultado una 
violación del párrafo 4 del artículo III del GA TT de 1994, esas afirmaciones constituían una 
alegación separada que no estaba incluida en la solicit ud de establecimiento de un grupo especial.  
Sin embargo, por las razones que siguen, i ndependientemente de cómo se caractericen las 
afirmaciones de Honduras a este respecto, no vemo s error alguno en la manera en que el Grupo 
Especial se ocupó de las mismas. 
123. Al examinar la alegación de Honduras fundada  en el párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994 con respecto al requisito de fianza, la cu estión presentada por Honduras al Grupo Especial era 
si el requisito de fianza garantizaba alguna oblig ación de los importadores y si la falta de esa 
obligación creaba un desequilibrio en las condiciones de competencia entre los cigarrillos importados 
y los nacionales.  Al abordar esta cuestión, el Gr upo Especial observó, en el párrafo 7.284 de su 
informe, el argumento de Honduras de que, con respecto a los cigarrillos importados, el Impuesto 
Selectivo al Consumo se recauda en el momento de  la importación, mientras que, si se trata de 
cigarrillos nacionales, el impuesto se puede pagar h asta el vigésimo día del mes siguiente a aquél en 
que se realiza la venta.  A continu ación, el Grupo Especial señaló que: 
... examinar[ía] el argumento esgrimido por Honduras en el sentido de que no hay 
ninguna obligación fiscal a la que el requisito de fianza serviría para garantizar, así 
                                                      
174 Informe del Órgano de Apelación, CE - Banano III , párrafo 141. 
 
175 Véase la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Honduras, WT/DS302/5, 
9 de diciembre de 2003.  WT/DS302/AB/R 
 Página 57 
 
 
 como las dos respuestas de la República Do minicana:  i) que la fianza sirve como 
garantía de obligaciones fiscales en el caso  de reliquidaciones y ajustes posteriores de 
la obligación fiscal de los contribuyentes;   y, ii) que sirve como garantía del 
cumplimiento de obligaciones fiscales internas distintas del Impuesto Selectivo al Consumo.
176 
124. De ese modo, el informe del Grupo Especial  muestra que el Grupo Especial abordó el 
argumento de Honduras con respecto al momento de l pago del Impuesto Selectivo al Consumo y las 
dos respuestas de la República Dominicana conjuntam ente.  Finalmente, el Grupo Especial constató 
que efectivamente recaen en los importadores obl igaciones que son garantizadas por la fianza.  
Por consiguiente, aunque el Grupo Especial no examinó específicamente y con detenimiento las 
afirmaciones de Honduras con respecto al momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo en 
su análisis del requisito de fianza, se formó una  opinión sobre los hechos que era suficiente para 
rechazar la teoría de Honduras de que la fi anza no garantizaba ninguna obligación de los 
importadores.  Desde ese punto de vista, no creemos que el Grupo Especial incurriera en ningún error en el modo en que se ocupó del momento del pago de l Impuesto Selectivo al Consumo, en la medida 
en que éste era pertinente a la cuestión de si la fianza garantiza obligaciones fiscales de los 
importadores.  El Grupo Especial no pasó por alto  las afirmaciones formuladas por Honduras sobre 
este punto ni hizo caso omiso de ellas.  Más bien, el informe del Grupo Especial pone de manifiesto que el Grupo Especial tuvo en cuenta estas consideraci ones en el contexto de un análisis global de la 
cuestión de si la fianza garantiza obligaciones fiscales de los importadores. 
125. En cualquier caso, observamos que un grupo especial no tiene la obligación de examinar 
todos y cada uno de los argumentos formulados por l as partes en apoyo de sus respectivos puntos de 
vista, siempre que lleve a cabo una evaluación obj etiva del asunto que se le haya sometido, de 
conformidad con el artículo 11 del ESD.
177 
126. Tampoco consideramos que exista error alguno en  la constatación del Grupo Especial según 
la cual, en la medida en que las afirmaciones de Honduras repres entaban una alegación separada de 
incompatibilidad con el párrafo 4 del artícul o III del GATT de 1994, esas afirmaciones constituían 
alegaciones respecto de una medida no especificada en la solicitud de establecimiento del Grupo 
Especial.  Observamos también que, como señaló la República Dominicana178, la cuestión del 
momento del pago del Impuesto Sel ectivo al Consumo no se aborda en las disposiciones legislativas 
                                                      
176 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.286. 
 
177 Informe del Órgano de Apelación, CE - Productos avícolas , párrafo 135. 
 
178 Comunicación del apelado presentada po r la República Dominicana, párrafo 79. 
 WT/DS302/AB/R 
Página 58  
 
 identificadas por Honduras en relación con sus alegacion es contra el requisito de fianza.  Teniendo en 
cuenta lo expuesto, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que: 
[l]a cuestión de si los cigarrillos importa dos pueden recibir un trato menos favorable 
que los productos nacionales similares debido a la diferencia en el momento del pago 
del Impuesto Selectivo al Consumo es ... di ferente del requisito de fianza, aunque 
puede tener con éste una relaci ón tangencial.  Si bien la fianza podría servir como 
garantía del pago del Impuest o Selectivo al Consumo y de otras obligaciones, si 
hubiera alguna impugnación contra las condiciones relativas al pago del impuesto, esa impugnación no tendría que ver con el re quisito de fianza sino, con las normas 
relativas al propio impuesto.  El mome nto del pago del Impuesto Selectivo al 
Consumo no forma parte del requisito de fianza.
179 
127. Por consiguiente, dado que no se incluyó una impugnación de esa índole en la solicitud de 
establecimiento de un grupo especial, no consideramos  que exista error alguno en la constatación del 
Grupo Especial de que esa cuestión no estaba compre ndida en su mandato.  Por estas razones, no 
constatamos error alguno  en el trato dado por el Grupo Especial a las afirmaciones de Honduras con 
respecto al momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo. 
IX. Constataciones y conclusiones 
128. Por las razones expuestas en el presente  informe, el Órgano de Apelación: 
a) no constata error alguno  en la interpretación y aplicación por el Grupo Especial del 
término "necesarias" que figura en el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994;  
constata que es innecesario  completar el análisis de la defensa formulada por la 
República Dominicana al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT de 1994;  y, en consecuencia, confirma  la constatación del Grupo Especial, expuesta en los 
párrafos 7.232, 7.233 y 8.1 e) de su inform e, de que el requisito de estampillado no 
está justificado con arreglo al aparta do d) del artículo XX del GATT de 1994; 
b) constata  que el Grupo Especial hizo una evaluación objetiva de los hechos, como 
exige el artículo 11 del ESD, en su exam en de las Pruebas documentales 8 y 29 
presentadas por la República Dominicana; 
c) confirma  la constatación del Grupo Especial, expuesta en los párrafos 7.311, 7.316 
y 8.1 f) de su informe, de que Honduras no demostró que el requisito de fianza 
conceda un trato menos favorable a los ciga rrillos importados que el concedido a los 
productos nacionales similares, de manera  incompatible con el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994; 
                                                     
 
179 Informe del Grupo Esp ecial, párrafo 7.307.  WT/DS302/AB/R 
 Página 59 
 
 
 d) constata  que el Grupo Especial hizo una evaluación objetiva del asunto que se le 
había sometido, como exige el artículo 11 del ESD, en su examen de la alegación de 
Honduras contra el requisito de fianza "en sí mismo";  y 
e) no constata error alguno  en el trato dado por el Grupo Especial a las afirmaciones de 
Honduras con respecto al momento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo. 
129. En la audiencia, los participantes estuvieron de acuerdo en que el régimen de estampillas 
fiscales en su conjunto había sido modifica do por un nuevo decreto en octubre de 2004.180  
Sin embargo, ambos participantes solicitaron al  Órgano de Apelación que se pronunciara sobre la 
compatibilidad de la medida inicial con las normas de la OMC.  En vista de lo expuesto, el Órgano de 
Apelación recomienda  que el Órgano de Solución de Diferencias pida a la República Dominicana que 
ponga el requisito de estampillado, declarado incomp atible con el GATT de 1994 en el informe del 
Grupo Especial modificado por el presente informe, en conformidad con las obligaciones que le 
corresponden en virtud de dicho Acuerdo, si no lo ha n hecho ya, y en la medida en que no lo hayan 
hecho, las mencionadas modificaciones del régimen de estampillas fiscales. 
130. El Órgano de Apelación también recomienda  que el Órgano de Solución de Diferencias pida 
a la República Dominicana que ponga en conformidad con las obligaciones que le corresponden en 
virtud del GATT de 1994 las demás medidas declar adas incompatibles con dicho Acuerdo en el 
informe del Grupo Especial modificado por el presente informe. 
                                                      
180 Supra , párrafos 14 y 63 del presente informe. WT/DS302/AB/R 
Página 60  
 
 Firmado en el original en Ginebra el 7 de abril de 2005 por:  
    
 
_________________________ 
Luiz Olavo Baptista 
Presidente 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 John Lockhart Giorgio Sacerdoti 
 Miembro Miembro 
 
  WT/DS302/AB/R 
 Página 61 
 
 
 ANEXO 1 
 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS302/8 
24 de enero de 2005 
 (05-0297) 
 Original:   inglés 
   
REPÚBLICA DOMINICANA - MEDIDAS QUE AFECTAN A LA 
IMPORTACIÓN Y VENTA INTERNA DE CIGARRILLOS 
 
Notificación de la apelación de la República Do minicana de conformidad con el párrafo 4
 
del artículo 16 y el artículo 17 del Entendim iento relativo a las normas y procedimientos  
por los que se rige la solución de diferenci as (ESD), y de conformidad con el párrafo 1  
de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación   
   Se distribuye a los Miembros la siguiente  notificación de la delegación de la República 
Dominicana, de fecha 24 de enero de 2005. 
 
_______________ 
  
 De conformidad con el párrafo 4 del artíc ulo 16 y el párrafo 4 del artículo 17 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos  por los que se rige la solución de diferencias 
("ESD") y la Regla 20 de los Procedimientos de tr abajo para el examen en apelación, la República 
Dominicana apela contra determinadas cuestiones de derecho tratadas e interpretaciones jurídicas 
formuladas en el informe del Grupo Especial  República Dominicana - Medidas que afectan a la 
importación y venta interna de cigarrillos  (WT/DS302/R). 
 
1. La República Dominicana considera que el Grupo Especial incurrió en un error de derecho en 
los párrafos 7.232, 7.233 y en el apartado e) del párrafo 8.1 de su informe al concluir que el 
"requisito de estampillado" de la República Domi nicana (artículo 37 del Decreto Nº 79-03 de 
4 de febrero de 2003 y Decreto Nº 130-02 de 11 de febrero de 2002) no está justificado con 
arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT de 1994. 
 
a. El Grupo Especial incurrió en error al in terpretar y aplicar el término "necesarias" del 
apartado d) del artículo XX.  A este respecto, la República Dominicana se propone 
formular argumentos en relación con el raz onamiento del Grupo Especial, entre otros, 
en los párrafos 7.213 a 7.230 del informe del Grupo Especial. 
 
b. El Grupo Especial no hizo una evaluación obj etiva de los hechos del asunto, de forma 
incompatible con su obligación de confor midad con el artículo 11 del ESD, al 
excederse de los límites de sus facultades discrecionales en el examen de las pruebas presentadas por la República Dominicana con respecto a la evasión fiscal, el 
contrabando y la falsificaci ón de estampillas fiscales.  El Grupo Especial tampoco 
hizo una evaluación objetiva de los hec hos con respecto a la falta de otros 
instrumentos razonablemente disponibles.  A este respecto, la República Dominicana WT/DS302/AB/R 
Página 62  
 
 se propone formular argumentos en relación con el razonamiento del Grupo Especial, 
entre otros, en los párrafos 7.221 a 7.226, 7.228 y 7.229 del informe del Grupo Especial. 
 
2. En caso de que el Órgano de Apelación revoque  la conclusión del Grupo Especial de que el 
requisito de estampillado no está justificado c on arreglo al apartado d) del artículo XX del 
GATT de 1994, la República Dominicana solicita  que el Órgano de Apelación complete el 
análisis jurídico de conformidad con el artículo XX del GATT de 1994. 
 Las disposiciones de los acuerdos  abarcados que la República Domi nicana considera que han sido 
interpretados o aplicados erróneamen te por el Grupo Especial incluyen el apartado d) del artículo XX 
del GATT de 1994 y el artículo 11 del ESD.  
 
_______________  WT/DS302/AB/R 
 Página 63 
 
 
 ANEXO 2 
 
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS302/9 
7 de febrero de 2005  
 
(05-0517) 
 Original:   inglés 
   
REPÚBLICA DOMINICANA - MEDIDAS QUE AFECTAN A LA 
IMPORTACIÓN Y VENTA INTERNA DE CIGARRILLOS 
 
Notificación de otra apelación de Hondur as de conformidad con el párrafo 4 del
 
artículo 16 y el artículo 17 del Entendimiento relativo a las normas y  
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD),  
y de conformidad con el párra fo 1 de la Regla 23 de los  
Procedimientos de trabajo para el examen en apelación  
 
 Se distribuye a los Miembros la siguiente no tificación de la delegación de Honduras, de fecha 
7 de febrero de 2005. 
 
_______________ 
 
  De conformidad con la Regla 23 de los Pro cedimientos de trabajo para el examen en 
apelación del Órgano de Apelación, Honduras notifica por la presente su decisi ón de apelar ante el 
Órgano de Apelación con respecto a ciertas cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto República Dominicana - Medidas que afectan a la importación y 
venta interna de cigarrillos , WT/DS302/R, (el "informe del Grupo Especial") y con respecto a 
determinadas interpretaciones jurídicas formuladas  por el Grupo Especial en ese informe.   
 
 Honduras solicita el examen en apelación de lo siguiente:   
 
a) las constataciones y la conclusión del Gr upo Especial, expuestas en los párrafos 7.291 
a 7.294, de que existen obligaciones fiscales distintas del Impuesto Selectivo al Consumo que el requisito de fianza garantiza;   
b) las constataciones y la conclusión del Gr upo Especial, expuestas en los párrafos 7.297 
a 7.301 del informe del Grupo Especial, de que  no se demostró que la cuantía fija de 
la fianza otorga a los cigarrillos importados un trato menos favorable que el otorgado 
a los cigarrillos nacionales; 
c) las constataciones y la conclusión del Gr upo Especial, expuestas en los párrafos 7.306 
a 7.308 del informe del Grupo Especial, de que  la diferencia en el momento del pago 
del Impuesto Selectivo al Consumo en tre los productores nacionales y los 
importadores en relación con la fianza no es una cuestión comprendida en el mandato del Grupo Especial;  y  WT/DS302/AB/R 
Página 64  
 
 d) la conclusión del Grupo Especial, expu esta en los párrafos 7.310 y 7.311, de que 
Honduras no había demostrado que el requi sito de fianza conceda un trato menos 
favorable a los cigarrillos importados que el concedido a los productos nacionales 
similares. 
 Las constataciones y las conclusiones mencionadas supra se basan en los siguientes errores de 
derecho: 
  - el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto que se le sometió, a 
saber, la impugnación por Honduras del requisito  de fianza en sus propios términos, 
dado que examinó la "aplicación" del requisito de fianza, en contra de lo dispuesto en 
el artículo 11 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se 
rige la solución de diferencias  ("ESD") (párrafos 7.291 a 7.294 del informe del Grupo 
Especial); 
 - el Grupo Especial incurrió en error al examinar las condiciones del mercado en la 
República Dominicana para determinar la co mpatibilidad del requisito de fianza con 
el párrafo 4 del artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994  ("GATT") (párrafos 7.297 a 7.301 del informe del Grupo 
Especial); 
 - el error del Grupo Especial se agravó por el  hecho de que el Grupo Especial formuló 
hipótesis infundadas con respecto al costo unitario para los importadores de la comisión correspondiente a la fianza, no determinó el costo unitario para los 
productores nacionales de la comisión correspondiente a la fianza y no estableció una 
comparación entre los costos unitarios para los importadores y para los productores nacionales (párrafos 7.297 a 7.301 del informe del Grupo Especial); 
 - el Grupo Especial incurrió en error en su  constatación de que una diferencia en los 
costos que supone el depósito de la fi anza para los importadores no altera las 
condiciones de competencia en el mercado de la República Dominicana y, por lo 
tanto, no da lugar a un trato menos favorab le para los productos importados en el 
sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT (párrafos 7.297 a 7.301 del informe del Grupo Especial); 
 - el Grupo Especial no formuló una consta tación de que los importadores soportan un 
gravamen adicional en comparación con los productores nacionales, aunque sólo los 
importadores tienen que depositar la fianza y pagar el Impuesto Selectivo al Consumo 
en el momento de la importación, lo que es contrario a lo prescrito en el párrafo 4 del 
artículo III del GATT, (párrafos 7.292 a 7.29 4 del informe del Grupo Especial);  y 
 - el Grupo Especial incurrió en error al car acterizar la diferencia  en el momento del 
pago del Impuesto Selectivo al Consumo en relación con el depósito de la fianza 
como una alegación separada que no estaba comprendida en el mandato del Grupo 
Especial (párrafos 7.306 a 7.308 del informe del Grupo Especial). 
 Honduras solicita al Órgano de Apelación que revoque o modifique, cuando proceda, las 
constataciones o las conclusiones del Grupo Especial .  Las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC 
que Honduras considera que el Grupo Especial ha interpretado o aplicado erróneamente son el 
párrafo 4 del artículo III del GATT y el artículo 11 del ESD. 
 
 
__________