ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
28 de enero de 2009 
 
 (09-0397) 
Comité de Prácticas Antidumping Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias 
Comité de Salvaguardias Original:   español 
 
  
NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD 
CON EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 18 Y EL PÁRRAFO 6 DEL 
ARTÍCULO 32 DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES 
NOTIFICACIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS 
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN 
MATERIA DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 
 
PANAMÁ 
 
Suplemento
 
   La siguiente comunicación, de fecha 16 de en ero de 2009, se distribuye a petición de la 
delegación de Panamá. 
 
_______________ 
 
 
 La República de Panamá, de conformidad c on el párrafo 5 del artículo 18 del Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuer do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (Acuerdo Antidumping), el párrafo 6 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias y el párrafo 6 del artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias, así como la 
decisión conexa adoptada por el Comité de Sa lvaguardias (G/SG/N/1), notifica sus leyes y 
reglamentos relativos a los procedimientos antidum ping, derechos compensatorios, y salvaguardias. 
  En tal sentido, se remite copia del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 8 de enero de 2009 "Que reglamenta el Decreto Ley 7 de 15 de febrero de 2006, que establece normas para la protección y 
defensa de la producción nacional y dicta otr as disposiciones", publicado en la Gaceta 
Oficial Nº 26201 de 14 de enero de 2009. G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
 
DECRETO EJECUTIVO No.  1 
 
(de 8 de enero de 2009) 
 
"Que reglamenta el Decreto Ley 7 de 15 de  febrero de 2006, que establece normas para  
la protección y defensa de la producción nacional y dicta otras disposiciones"  
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
en uso de sus facultades constitucionales y legales,  
 
CONSIDERANDO: 
  Que mediante Decreto de Ley 7 de 2006 se est ablecen las normas, los procedimientos de 
investigación y las medidas aplicables para la prot ección y defensa de la producción nacional contra 
las prácticas de comercio desleal y contra situacione s de mercado que requieran medidas de urgencia, 
para contrarrestar el daño importante o daño grave ocasionado a la producción nacional;  de 
conformidad con las disposiciones relevantes de  la Organización Mundial del Comercio, los 
Acuerdos, Convenios o Tratados  Comerciales Internacionales y la legislación nacional.   
 
 Que es necesario reglamentar el Decreto Ley 7 de 2006 para garantizar la aplicación eficaz y 
oportuna de los instrumentos de defensa comercia l, coadyuvar al desarrollo de los sectores de la 
producción nacional, fomentar la competitividad y la modernización de la industria panameña y 
preservar un clima estable para los negocios y la competencia leal.     Que el Decreto Ley 7 de 2006, establece en su artículo 102, que el Órgano Ejecutivo, por 
conducto del Ministerio de Comercio e Industrias,  expedirá las normas reglamentarias del mismo y 
adoptará las disposiciones que considere m ás adecuadas para su cumplimiento.   
  Que el artículo 184, numeral 14, de la Constitución Política establece como atribución del Presidente de la República, con el Ministro del ramo , reglamentar las leyes que lo requieran para su 
mejor cumplimiento, sin apartarse de su texto ni de su espíritu.   
 
DECRETA: 
 
TÍTULO I 
 
MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL 
 
CAPÍTULO I 
 
DEL RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 1.  Objeto y finalidad.  El presente Decreto Ejecutivo tiene por objeto establecer los 
mecanismos y procedimientos de defensa comercia l contra prácticas de comercio desleal y contra 
situaciones de mercado que requieran la aplicaci ón de medidas de salvaguardia.  En los casos de 
prácticas desleales, estos mecanismos y procedimie ntos permitirán contrarrestar el dumping o la  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  subvención que causa el daño importante o amenaza  de daño importante a la rama de producción 
nacional de productos similares.  En el caso de  salvaguardias, deben pe rmitir contrarrestar las 
importaciones de bienes en tal cantidad o condicione s que causan o amenazan causar daño grave a la 
rama de producción nacional de productos si milares o directamente competidores.   
 Artículo 2.  Ámbito de aplicación.  En aplicación del artículo 2 del Decreto Ley 7 de 2006, quedan sujetas a las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo, todas las importaciones de mercancías originarias y/o procedentes de países miembros de  la Organización Mundial del Comercio y países no 
miembros, realizadas por personas naturales o jurídi cas, públicas o privadas, de hecho o de derecho, 
cuando tales importaciones generen o pueden generar afectación o consecuencias en la República de 
Panamá.    Artículo 3.  Normas aplicables y legislación supletoria .  Todos los aspectos sustantivos y procesales 
no regulados en el presente Decreto Ejecutivo re lacionados con las investigaciones para aplicar 
medidas contra prácticas desleales de comercio  o para imponer medidas de salvaguardia, serán 
determinados conforme con lo dispuesto en el artículo 95 del Decreto Ley 7 del 2006;  y las 
disposiciones relevantes contenidas en la Ley 23 de 1997.    Artículo 4.  Acuerdos, Convenios o Tratados Comerciales Internacionales.  Cuando las importaciones 
objeto de investigación sean originarias de un país con el cual existan disposiciones específicas sobre 
la materia, derivadas de un Acuerdo, Convenio o Tratado Comercial Internacional vigente, la 
aplicación de las medidas reguladas en este Decreto Ejecutivo se hará en concordancia con lo dispuesto en ese Tratado.  
Artículo 5.  Competencia.  La ejecución de las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo, según su 
intervención, corresponde a:    a) La Dirección General de De fensa Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias.  
Autoridad Investigadora, encargada de la tramitaci ón e instrucción de la investigación, y la realización 
de cualquier diligencia necesari a para asegurar el curso adecuado de los procedimientos 
administrativos establecidos en el presente Decreto Ejecutivo.  Para tal fin podrá dictar las 
providencias y/o actos de mero trámite que sean necesarios.  Asimismo se encargara de preparar y presentar los informes técnicos, determinaciones,  conclusiones y recomendaciones que fundamenten 
las resoluciones de la Autoridad competente.    
b) La Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y de 
Defensa Comercial, del Ministerio de Comercio e Industrias.  Autoridad competente para recibir 
solicitudes de inicio de investigaciones administra tivas reguladas en el presente Decreto Ejecutivo.  
Asimismo, y conforme a las recomendaciones de la Autoridad Investigadora es responsable de emitir 
las resoluciones dispositivas del procedimiento en primera instancia, entre las que se incluyen la 
resolución de inicio del procedimiento, la resolu ción preliminar, la aceptación de compromisos de 
precios, resolución final, y otras de igual carácter.   
 c) Ministro(a) de Comercio e Industrias.  Le  corresponde conocer en segunda instancia, los 
recursos contra las resoluciones de la Dirección Nacional de Administración de Tratados y Defensa 
Comercial;  así como, remitir las recomendaciones al Consejo de Gabinete relacionadas con la 
imposición de medidas, su modificación, terminaci ón y cualquier otra decisión relacionada con éstas, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 7 de 2006.    d) Consejo de Gabinete.  Ente  facultado para, con base en la recomendación del Ministerio de 
Comercio e Industrias, considerar la imposición de medidas, su modificación, terminación y cualquier G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  otra decisión relacionada con éstas;  teniendo en cuenta los aspectos técn icos, sustantivos y de 
procedimiento de las investigaciones administrativas establecidas en el Decreto Ley 7 de 2006.   
 
Artículo 6.  Jurisdicción territorial.  Las disposic iones de este Decreto Ejecutivo son de orden público 
y de aplicación en toda la República de Panamá.  La ejecución de estas disposiciones corresponde, 
para efectos administrativos, al Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Comercio e 
Industrias.    
Artículo 7.  Impulso procesal y plazo de la investigación.  Conforme con lo dispuesto en los 
artículos 25 y 63 del Decreto Ley 7 de 2006, la inv estigación administrativa se impulsará de oficio en 
todos sus trámites, ajustándose, entre otros princi pios procesales, a los de celeridad, eficiencia, 
publicidad, imparcialidad y ausencia de formalismo.    
 Las investigaciones aquí reguladas, tanto sobr e prácticas de comercio desleal, como sobre 
salvaguardias, deberán haber conclu ido antes de que transcurra un año desde la fecha de la resolución 
de inicio de la investigación.  No obstante en ci rcunstancias excepcionales, será posible extenderlas 
hasta por un plazo máximo de dieciocho meses, me diante resolución razonada de la Autoridad 
Investigadora que será agregada al expediente y notificada a las partes previo al vencimiento del plazo 
original.   
 
TÍTULO II 
 
NORMAS SUSTANTIVAS COMUNES SOBRE PRÁCTICAS  
DE COMERCIO DESLEAL 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 Artículo 8.  Definiciones y términos.  Para los efectos del presente Decreto Ejecutivo se establecen las 
siguientes definiciones:   
 a) Daño.  Se entenderá como tal un daño importa nte causado a una rama de producción nacional, 
o la amenaza de daño importante a una rama de producción nacional, o un retraso importante en la 
creación de esta rama de producción;  y dicho térm ino deberá interpretarse de conformidad con las 
disposiciones del presente Decreto Ejec utivo y de la Ley 23 de 1997.   
 b) Dumping.  Se considerará que un producto  es objeto de dumping cuando se introduzca en el 
mercado nacional, tal y como señala el artículo 4 numeral 8 del Decreto Ley 7 de 2006, a un precio 
inferior a su valor normal.  Se considerará que ello sucede cuando el precio de exportación de dicho 
producto, al exportarse hacia el mercado nacional, es menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto sim ilar destinado al consumo en el país exportador, 
teniendo en cuenta las alternativas planteadas en la Le y 23 de 1997 en cuanto a la determinación de la 
existencia de dumping.    c) Economía no de mercado o en transición.  Aq uella economía nacional en la que el Gobierno 
trata de determinar la actividad económica principa lmente a través de un mecanismo de planificación 
central, en contraste con una economía de merca do que depende fundamentalmente de las fuerzas del 
mercado para la asignación de lo s recursos productivos.  En una  economía "no de mercado", los 
objetivos de producción, los precios, los costos, la as ignación de las inversiones, las materias primas, 
la mano de obra, el comercio internacional y la mayor parte de los demás agregados económicos son  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  distorsionados en el marco de un plan económ ico nacional elaborado por una autoridad de 
planificación central;  en la cual normalmente el sector público toma las decisiones más importantes 
que afectan a la oferta y la demanda de la ec onomía nacional.  Igualmen te podrá ser considerada 
como una economía que no es de mercado, aquella s que responden a un esquema tradicionalmente 
conocido como "economías en transición".    d) Empresas relacionadas.  Aquellas personas o entidades, independientes o no, entre las cuales se dan o existen vinculaciones o relaciones de negoc ios o intereses comunes, contractuales o no, 
societarias o no, relacionadas por aspectos tales co mo capital, administración, parentesco, u otros, y 
que permite a una o más de esas personas ejercer influencias significativas en las decisiones de los otros.  La relación o vinculación puede existir  entre productores naci onales o extranjeros, 
exportadores, importadores, y cualquier otro agente  económico.  Se podrá considerar que existe 
vinculación o relación cuando a) uno de ellos controla directa o indirectamente al otro;  b) si ambos 
están directa o indirectamente controlados por una te rcera persona;  o c) si juntos controlan directa o 
indirectamente a una tercera persona, siempre que existan razones para creer o sospechar que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiv a de parte del agente económico considerado un 
comportamiento diferente al de los empresarios no vinculados.  A los efectos de esta definición, se considerará que una persona controla a otra cua ndo la primera esté jurídica u operativamente en 
situación de imponer limitaciones o de dirigir a la segunda.   
 
e) Empresas vinculadas o relacionadas con fines elusivos.  La Autoridad Investigadora podrá 
considerar igualmente relacionad as o vinculadas aquellas empresas que a efectos de lograr eludir la 
aplicación de medidas contra prácticas de comercio desleal actúan mediante nuevas figuras empresariales, siendo así que se considerará que existe vinculación entre éstas y las primeras.   
 
f) Hechos de que se tenga conocimiento.  Conf orme con el artículo 4 numeral 10 del Decreto 
Ley 7 de 2006, se entenderá que son aquellos he chos acreditados mediante  las pruebas y datos 
aportados en tiempo y forma por las partes inte resadas o sus coadyuvantes, así como por la 
información obtenida por la Autoridad Investigadora en el transcurso de la investigación y que se 
encuentre en el expediente administrativo.   
 
g) Partes Interesadas.  Este término abarca lo siguiente:    
i) el gobierno del país o el territorio adua nero de exportación del producto objeto de 
investigación, o el gobierno del país o el te rritorio aduanero de origen del producto 
objeto de investigación;   
ii) el productor nacional o la asociación comercia l, industrial o agrícola en la cual la 
mayoría de los miembros sean productores nacionales, referidos a productos similares 
en el caso de investigaciones por dumping o subvenciones, y ampliado a los productos directamente competidores si se tr ata de investigaciones para la aplicación 
de salvaguardias;   
iii) el productor y/o exportador extranjero y el  importador interno del producto objeto de 
investigación y la asociación comercial, industria l o agrícola en la cual la mayoría de 
los miembros sean importadores internos, productores extranjeros o exportadores 
extranjeros;   
iv) otras partes interesadas que determine la au toridad competente, para lo cual tomará en 
cuenta la existencia de un interés legíti mo o un derecho subje tivo que pueda resultar G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  directamente afectado, lesionado o satisfecho, como resultado de la investigación 
administrativa.   
h) Período de investigación.  Se entenderá el perí odo de tiempo respecto del cual se recopilen y 
ofrezcan datos para la correspondiente evaluación en  la investigación en cada uno de sus diferentes 
aspectos.  Sin menoscabo que la Autoridad Investigad ora tome en cuenta circunstancias particulares y 
fije un período de investigación distinto, se procede a fijar los siguientes períodos de recopilación de 
datos:    
i) Período de investigación de daño.  El período de recopilación de datos en las 
investigaciones a efectos de establecer la ex istencia de daño debe rá ser normalmente 
de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de  la cual se recopilan datos 
exista desde hace menos tiempo, y deberá  incluir la totalidad del período de 
recopilación de datos para la investigación de dumping o subvención. 
ii) Período de investigación de dumping o subve nción.  El período de recopilación de 
datos para las investigaciones de la existe ncia de dumping o subve nciones deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso menor a seis meses, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de inicio de la investigación.   
i) Productor extranjero.  Toda persona física, en tidad de hecho o de derecho, pública o privada, 
partícipe de cualquier forma de actividad ec onómica productiva que actúa en nombre propio o por 
cuenta ajena, como fabricante extranjero del produc to similar al producto objeto de investigación.   
 j) Productor nacional.  Toda persona física, entid ad de hecho o de derecho, pública o privada, 
partícipe de cualquier forma de actividad ec onómica productiva que actúa en nombre propio o por 
cuenta ajena, como fabricante panameño de los bi enes similares al producto objeto de investigación. 
 
k) Subvaloración de precios.  Se entenderá la cu antía en que el precio del producto importado es 
inferior al precio del producto similar producido po r la rama de producción, medidos en un punto de 
comparación adecuado.    Artículo 9.  Rama de producción nacional.  Cons iste en el conjunto de todos los productores 
nacionales de productos similares, o aquellos cu ya producción conjunta constituya una proporción 
importante de la producción naciona l total de dichos productos.   
  Cuando la Autoridad Investigadora determin e que algún o algunos productores se encuentren 
vinculados a los exportadores o a los importador es, o sean ellos mismos importadores del producto 
objeto de la solicitud de investigación, este término podrá interpretarse en el sentido de referirse al 
resto de los productores, sin cuantificar aquello s vinculados en los términos expresados.   
  En circunstancias excepcionales, el concep to de Rama de Producción Nacional podrá ser 
limitado a una parte del territorio de la República de Panamá, y podrá ser dividido, a los efectos de la 
producción de que se trate, en dos o más mercados  competidores y los productores de cada mercado 
podrán ser considerados como una rama de producción  distinta si:  a) los productores de ese mercado 
venden la totalidad o la casi totalidad de su produ cción del producto de que se trate en ese mercado, y 
b) en ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustancial por productores del producto de 
que se trate situados en otro lugar del territorio.   En estas circunstancias, se podrá considerar que 
existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una porción importante de la rama de producción 
nacional total siempre que haya una concentración de  importaciones objeto de la práctica de comercio  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  desleal en ese mercado aislado y que, además, l as importaciones objeto de la práctica desleal causen 
daño a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en ese mercado.   
 
 Cuando se haya interpretado que "rama de prod ucción nacional" se refiere a los productores 
de una determinada zona en el te rritorio nacional, la imposición de medidas será aplicada a todas las 
importaciones sin distingo de su destino final, hasta tanto no existan me canismos internos que 
permitan distinguir con precisión si los productos im portados estarán dirigidos o no a dicha zona.  En 
este caso la aplicación de medidas serán únicamente posible si se ha dado a los exportadores la 
oportunidad de dejar de exportar a precios distorsiona dos a la zona de que se trate o de dar seguridad 
con respecto al cumplimiento de compromisos de  precios, y si las medidas no se pueden percibir 
únicamente sobre los productos de productores determ inados que abastezcan la zona en cuestión.   
 Artículo 10.  Producto objeto de investigación.  Se entenderá por producto objeto de investigación el 
producto exportado para el cuál se alega la existe ncia de una práctica desleal que ocasiona daño a la 
rama de producción nacional.    Artículo 11.  Producto Similar.  De conformidad c on lo establecido en el artículo 4, numeral 16) del 
Decreto Ley 7 de 2006, se entende rá un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los 
aspectos al producto objeto de investigación.  Si al realizar el análisis de similitud se llegase a 
determinar que no existe un producto idéntico se pro cederá a considerar como similar, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
objeto de investigación.  La Autoridad Investigadora al realizar el examen de similitud podrá tener en 
cuenta:    
a) las materias primas y demás insumos utili zados en la obtención de los productos;   
 b) el procedimiento de producción;    c) las características materiales y la apariencia del producto;    
d) el uso final del producto;   
 e) la posibilidad de sustituir el producto por el producto objeto de investigación;   
 f) la clasificación arancelaria;  y/o  
 
g) cualquier otro factor que la Autorida d Investigadora considere pertinente.   
  Ninguno de esos factores ni el conjunto de varios de ellos constituirán necesariamente un 
criterio decisivo.  
Artículo 12.  Examen de similitud.  El producto objeto de investigación será sometido a dos exámenes 
individuales de comparación de similitud, los cuales se realizarán con base en los criterios definidos 
en el artículo anterior.  El primer examen se realizará a efectos de establecer el margen de dumping, y consistirá en una comparación entre el producto obj eto de investigación y el producto similar en el 
mercado del país exportador.  El  segundo examen establecerá una comparación entre el producto 
objeto de investigación y el producto nacional similar.   Este examen de similitud servirá para, además 
de cualquier fin contenido en el presente Decret o Ejecutivo, delimitar el concepto de partes 
interesadas.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  CAPÍTULO II 
 
DAÑO 
 
Artículo 13.  Determinación de Exis tencia de Daño Importante.  La de terminación de la existencia de 
daño importante, se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo de:  1) el 
comportamiento del volumen de las importaciones objet o de prácticas de comercio desleal y su efecto 
en los precios de productos similares en el merca do interno;  y 2) de los efectos de esas importaciones 
sobre los productores nacionales de tales productos, para lo cual se tomará en cuenta lo ordenado en el 
artículo anterior.    a) Con la finalidad de llevar a cabo el examen objetivo del comportamiento del volumen de las 
importaciones, la Autoridad Investigadora debe rá considerar si ha habido o no un aumento 
significativo absoluto en las importaciones sujeta s a comercio desleal, así como si ha existido 
aumento en las importaciones sujetas a comercio  desleal en comparación con la producción o el 
consumo nacional.  Al analizar el efecto de las importaciones objeto de práctica desleal sobre los 
precios, la Autoridad Investigadora tendrá en cuen ta si ha habido una significativa subvaloración de 
precios de las importaciones objeto de práctica de sleal en comparación con el precio de un producto 
similar nacional, o bien si el efecto de tales impor taciones es hacer bajar de otro modo los precios en 
medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera 
producido.    b) Al establecer el efecto de las importaciones objeto de práctica desleal sobre la rama de producción nacional, se realizará una evaluación  de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan, durante el período de inv estigación de daño descrito en el artículo 8 literal h) 
de este Decreto Ejecutivo, en el estado de esa rama de producción, incluidos al menos los siguientes:     i. la disminución real y potencial de:    
1) las ventas,  
2) los beneficios,  
3) el volumen de producción,  4) la participación en el mercado,  5) la productividad,  6) el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad;   
 
 ii. los factores que afecten a los precios internos;    iii. los efectos negativos reales o potenciales en:    
1) el flujo de caja,  
2) las existencias,  
3) el empleo,  4) los salarios,  5) el crecimiento,  6) la capacidad de reunir capital o la inversión;   
 
iv. cualquier otro factor relevante sometido a consideración de la Autoridad 
Investigadora.   
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 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  v. En el caso particular de dumping, se debe rá además tomar en cuenta la magnitud del 
margen de éste.   
 
vi. En el caso particular de subvenciones a la  agricultura se podrá tomar en cuenta si ha 
habido un aumento del costo de los programas de ayuda del gobierno.   
 vii. En la medida de las posibilidades la Auto ridad Investigadora realizará el análisis de 
estos factores a partir de la informaci ón sobre el producto similar nacional cuando 
esto sea posible.  No obstante, cuando no es posible tal identificación en forma 
separada, la Autoridad Investigadora podr á evaluar los efectos de las importaciones 
objeto de práctica desleal examinando los datos concernientes al grupo o gama más 
restringida de productos que incluye al producto similar nacional y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria.   
 
 Esta enumeración no es taxativa y ninguno de est os factores aisladamente ni varios de ellos 
juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.  Artículo 14.  Determinación de Existencia de Amenaza de Daño Importante.  A los efectos del presente Decreto Ejecutivo, sólo se considerará que el dumping o la subvención constituyen una 
amenaza de daño importante cuando la modificación de las circunstancias que daría lugar a una 
situación en la cual el dumping o la subvención causaría un daño importante sea claramente previsible 
e inminente.  La determinación de la existencia  de una amenaza de daño importante se basará en 
hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas.  Para determinar si el 
dumping o la subvención amenazan causar un daño im portante, se tendrán en cuenta los factores que 
se enumeran a continuación, además de evaluar la pertinencia de considerar los factores necesarios 
para establecer la existenc ia de daño dispuesto en el artículo anterior:   
 a) si ha habido una tasa significativa de incremento de las importaciones al mercado nacional de las mercancías objeto de dumping o subvencionadas que indique la probabilidad de que aumente 
sustancialmente la importación de tales mercancías;   
 
b) si existe suficiente capacidad libremente di sponible del exportador o un aumento inminente y 
sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento sustancial del volumen de las mercancías objeto de dumping o subvencionadas, tenie ndo en cuenta la existencia de otros mercados 
de exportación que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones;   
 
c) el hecho de que las importaciones al mercado nacional se realicen a precios que tendrán el efecto de reducir los precios del producto similar, o contener su subida de manera significativa, y que 
probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas importaciones de esas mercancías;    d) las existencias o inventarios del producto objeto de investigación;   
 
e) las pruebas de que las autoridades de un país extranjero le están imponiendo medidas 
antidumping o derechos compensatorios a mercancí as similares a las que se están investigando y la 
probabilidad de que estas mercancías se d esvíen hacia el mercado panameño;   
 
f) para el caso específico de las subvenciones, su naturaleza y los efectos probables en el 
comercio;  a efectos de valorar la naturaleza se podr á tomar en cuenta aspectos tales como su plazo de 
vigencia, su cuantía o el grupo de e xportadores cubiertos por la misma.   
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   Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de  estos factores aisladamente ni varios de 
ellos juntos bastarán necesariamente pa ra obtener una orientación decisiva.   
 
Artículo 15.  Determinación de Re traso en la creación de la Rama  de Producción Nacional.  Para 
determinar el retraso importante del establecimiento  de una rama de producción en la República de 
Panamá se examinará entre otros, los siguientes factores:    a) Los estudios de factibilidad, empréstitos negociados y/o contratos de adquisición de 
maquinaria, conducentes a nuevos proyectos de invers ión o a ensanches de plantas ya existentes.   
 b) La existencia de importaciones objeto de dumpi ng o subvencionadas, y el nexo causal entre la 
existencia de la práctica desleal y el retraso impor tante en la creación de una rama de la producción 
nacional.   
 
c) El adecuado y suficiente abastecimiento de l mercado, considerando el volumen de las 
importaciones con precios distorsionados, el volumen  de las demás importaciones y el volumen de 
producción potencial del proyecto.    d) Cualquier otro factor que sea pertinente, habida  cuenta de las circunstancias, entre los que se 
puede contemplar un plan comercial general pr opio del sector privado o del sector público, que 
evidencie el retraso en la creación de la Rama de Producción Nacional.     Esta enumeración no es exhaustiva y ninguno de estos factores por sí solo bastará 
necesariamente para obtener una orientación decisiva.   
 
Artículo 16.  Evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones.  Con la finalidad de realizar una correcta aplicación de los artículos 3.3 del Acuerdo Antidumping y 15.3 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Derechos Compensatorios, la Autoridad Investigadora sólo podrá evaluar 
acumulativamente los efectos de las importaciones de un producto procedentes de más de un país y 
que sean objeto simultáneamente de investigaciones por prácticas de comercio desleal, si determina 
que a) el margen de dumping o la cuantía de la subvención establecida  en relación con las 
importaciones de cada país proveedor es más que de minimis , y el volumen de las importaciones 
procedentes de cada país no es insignificante y b) procede la evaluación acumulativa de los efectos de 
las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el 
producto nacional similar.   
 
CAPÍTULO III
 
 
CAUSALIDAD 
 
Artículo 17.  Determinación de Ex istencia del Nexo Causal.  Ha brá de demostrarse que, por los 
efectos de la práctica desleal (dumping o subvenc iones), las importaciones objeto de dicha práctica 
desleal causan daño importante.  La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de práctica desleal y el daño importante a la rama de producción nacional se basará en un 
examen de todas las pruebas pertinentes de que  disponga la Autoridad Investigadora.   
 Artículo 18.  No atribución.  La Autoridad Inves tigadora deberá examinar también cualesquiera otros 
factores de que tengan conocimiento, distintos de la s importaciones objeto de práctica desleal, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros 
factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de práctica desleal.  Entre los factores que 
pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  vendidas bajo condiciones de práctica desleal, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, la evolución de la tecnología y los resultados de  la actividad exportadora de la 
rama de producción nacional.   
 
 Si evaluado el impacto de estos otros factores no atribuibles, y eliminado dicho impacto en el daño, a criterio de la Autoridad Investigadora l as importaciones del producto objeto de investigación 
siguen siendo una causa del daño, se podr á concluir que existe nexo causal.   
 
TÍTULO III 
 
NORMAS SUSTANTIVAS ESPECÍFICAS SOBRE 
PRÁCTICAS DE COMERCIO DESLEAL 
 
CAPÍTULO I 
 
DUMPING 
 Artículo 19.  Valor normal.  Como primera opción el valor normal se determinará en base al precio del producto o bien similar destina do al consumo en el pa ís de exportación, en el curso de operaciones 
comerciales normales.   
  En forma alternativa, cuando el producto si milar no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país e xportador, o cuando, a causa de una 
situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país 
exportador, tales ventas no permitan una compar ación adecuada, el valor normal se determinará 
siguiendo cualquiera de los siguientes métodos:    a) Mediante una reconstrucción de precio, basa do en el costo de producción del producto en el 
país de origen, más un suplemento razonable para cubrir los gastos administrativos, de venta y de 
carácter general, y la utilidad o beneficio;  o  
 
b) Mediante comparación con un precio comparable  del producto similar, cuando éste se exporte 
a un tercer país apropiado, a condición de  que este precio sea representativo.   
 Parágrafo:  Normalmente se considerarán una cantidad  suficiente para determinar el valor normal las 
ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del pa ís exportador si dichas 
ventas representan el cinco por ciento (5%) o más de las ventas del producto considerado al Miembro 
importador;  no obstante, ha de ser aceptable una  proporción menor cuando existan pruebas que 
demuestren que las ventas en el mercado inter no, aunque representen esa menor proporción, son de 
magnitud suficiente para permitir una comparación adecuada.  
Artículo 20.  Curso de operaciones comerciales norma les.  Se entenderá por operaciones comerciales 
normales aquellas transacciones que reflejen condici ones de mercado en el país de origen o de 
exportación de la mercancía que se hayan rea lizado habitualmente y dentro de un período 
representativo, entre compradores y vendedores inde pendientes, tomando en cuenta los ajustes 
correspondientes en los precios por razones de nivel comercial de venta, descuentos u otros similares 
conforme con lo dispuesto en el artículo 25 de  este Decreto Ejecutivo.  Las ventas del producto 
similar en el mercado interno del país exportador o las ventas a un ter cer país a precios inferiores a los 
costos unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, de venta y de 
carácter general podrán considerarse no realizadas en  el curso de operaciones comerciales normales 
por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta  en el cálculo del valor normal únicamente si la G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Autoridad Investigadora determina que esas vent as se han efectuado durante un período prolongado 
en cantidades sustanciales y a precios que no permit en recuperar todos los costos dentro de un plazo 
razonable.  Si los precios inferiores a los costos un itarios en el momento de la venta son superiores a 
los costos unitarios medios ponderados correspondi entes al período objeto de investigación, se 
considerará que esos precios permiten recuperar lo s costos dentro de un plazo razonable.   
 Parágrafo:  a) El período prolongado de tiempo de berá ser normalmente de un año, y nunca inferior a 
seis meses.  b) Se habrán efectuado ventas a precio s inferiores a los costos unitarios en cantidades 
sustanciales cuando las autoridades establezcan que la  media ponderada de los precios de venta de las 
operaciones consideradas para la determinación del va lor normal es inferior a la media ponderada de 
los costos unitarios o que el volumen de las ventas efectuadas a precios inferiores a los costos unitarios no representa menos del veinte por ci ento (20%) del volumen vendido en las operaciones 
consideradas para el cálculo del valor normal. 
 
Artículo 21.  Método alternativo de  fijación del valor normal:  La reconstrucción de precio.  A los 
efectos del artículo 19 de este Decreto Ejecutivo, en el cálculo del valor normal mediante la reconstrucción de precio, los costos se calcularán nor malmente sobre la base de los registros que lleve 
el exportador o productor objeto de investigación, si empre que tales registros estén en conformidad 
con los principios de contabilid ad generalmente aceptados de l país exportador y reflejen 
razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto consid erado.  La Autoridad 
Investigadora tomará en consideración todas las pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incl uidas las que presente el exportador  o productor en el curso de la 
investigación, siempre que esas imputaciones hayan si do utilizadas tradicionalmente por el exportador 
o productor, sobre todo en relación con el estableci miento de períodos de amortización y depreciación 
adecuados y deducciones por concepto de gastos de capital y otros costos de desarrollo.  A menos que 
se reflejen ya en las imputaciones de los costos a que  se refiere este apartado, los costos se ajustarán 
debidamente para tener en cuenta las partidas de g astos no recurrentes que beneficien a la producción 
futura y/o actual, o para tener en cuenta las ci rcunstancias en que los costos correspondientes al 
período objeto de investigación han resultado afectad os por operaciones de puesta en marcha.   
 
 En la determinación del valor normal las cantid ades por concepto de gastos administrativos, 
de venta y de carácter general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de  operaciones comerciales 
normales, realizadas por el exportador o el productor objeto de investigación.    
 Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobr e esta base, podrán determinarse sobre la 
base de:    a) Las cantidades reales gast adas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en 
relación con la producción y las ventas en el mercado in terno del país de origen  de la misma categoría 
general de productos.   
 
b) La media ponderada de las cantidades reales  gastadas y obtenidas por otros exportadores o 
productores sometidos a investigación en relación co n la producción y las ventas del producto similar 
en el mercado interno del país de origen.    
c) Cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios 
establecida de este modo no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado interno del país 
de origen.     G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Parágrafo:  El ajuste que se efectúe por las operaciones de puesta en marcha reflejará los costos al 
final del período de puesta en marcha o, si és te se prolonga más allá del período objeto de 
investigación, los costos más recientes que las au toridades puedan razonablemente tener en cuenta 
durante la investigación.   
 Artículo 22.  Método alternativo de fijación del valor normal:  Ventas a un tercer mercado.  En 
aquellos casos en los que no se pueda fijar el valo r normal conforme con el primer párrafo del 
artículo 19 anterior y se decida utilizar como mét odo alternativo las ventas realizadas a un tercer 
mercado extranjero, la Autoridad Investigadora debe rá descartar que dichas ventas no se realizan en el 
curso de operaciones comerciales normales y que las mismas no son objeto de dumping.     Criterios de selección.  El proceso de selección del tercer mercado estará a cargo de la Autoridad Investigadora sin menoscabo de las sugere ncias que para ello puedan realizar las partes 
interesadas.  A los efectos de esta selección la Au toridad Investigadora podrá utilizar entre otros 
criterios orientadores aspectos tales como:  las dimens iones del mercado, la existencia de una rama de 
producción nacional en ese país, la similitud de los pr oductos exportados al terc er país con el producto 
objeto de investigación, las cantidades exportada s, y otros factores que igualmente permitan 
establecer que existe un grado de similitud sufici ente como para considerar que dichas ventas 
permitirán una comparación equitativa.   
 
Artículo 23.  Precio de Exportación.  El precio de  exportación será el precio realmente pagado o por 
pagar por el bien o producto, cuando sea vendido o d estinado al territorio nacional.  De no existir 
precio de exportación, o si la Autoridad Investig adora considera que el precio de exportación no es 
fiable por existir una asociación, o un arreglo comp ensatorio entre el exportador y el importador o un 
tercero, el precio de exportación podrá reconstrui rse sobre la base del precio en que los productos 
importados se revenden por primer a vez a un importador independiente;  o si los productos no se 
revendiesen a un importador independiente, o no lo fu eran en el mismo estado en que se importaron, 
sobre una base razonable.  Esta reconstrucción se llevará a cabo realizando los ajustes que permitan 
establecer el precio de exportación como si las transacciones anteriores se hubiesen llevado a cabo en 
condición de operaciones comerciales normales, c onforme con las reglas que se disponen en los 
artículos siguientes.   
 Artículo 24.  Margen de dumping.  Para la de terminación del margen de dumping, la Autoridad 
Investigadora realizará una comparación equitativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Ley 7 de 2006 estableciendo la  diferencia entre el valor normal del producto similar en el país 
exportador en el curso de operaciones comercia les normales, y el precio de exportación, en 
proporción con el precio de exportación.  Cuando ex ista más de un producto objeto de investigación 
que no sean productos similares entre sí, y que af ecten a la misma Rama de Producción Nacional, se 
deberá realizar cálculos independientes y establ ecer márgenes individuales de dumping para cada uno 
de los productos, a pesar de que se tramiten como parte de una misma investigación.  
Parágrafo:  La investigación administrativa en la que se hayan denunciado  varios productos no 
similares podrá tramitarse bajo un mismo procedim iento administrativo únicamente si la rama de 
producción en ambos casos está formada por las mi smas empresas para ambos productos.  De lo 
contrario, se deberán realizar pro cedimientos independientes, lo cual  podrá ser ordenado de oficio en 
la resolución de inicio de la investigación, o bi en gestionado a solicitud de parte interesada.   
 
Artículo 25.  Comparación equitativa entre el Valor Normal y el Precio de Exportación.  Para los efectos de determinar el margen de dumping, la Autoridad Investigadora realizará una comparación 
equitativa tomando en cuenta lo estipulado en el Decreto Ley 7 de 2006, con especial atención a los 
artículos 10, 11 y 12, y este Decreto Ejecutivo, estab leciendo la diferencia entre el valor normal del G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  producto similar en el país exportador en el curso de operaciones comerciales normales, y el precio de 
exportación lo cual se hará tomando en cuenta los siguientes parámetros de comparación:   
 
a) sobre ventas efectuadas en el mismo nivel come rcial, el cual será, en principio, el nivel 
ex fábrica;  y   b) sobre la base de ventas efectuadas en f echas lo más próximas posible, utilizando el mismo 
tipo de cambio vigente en dichas fechas.   
 
 Con el propósito de garantizar una comparaci ón equitativa, y cuando ello sea factible, se 
realizarán los ajustes apropiados al valor normal y al precio de exportación sobre la base de una diferenciación en modelos o tipos de productos.  La Autoridad Investigadora tendrá en cuenta entre 
otros los siguientes aspectos para realizar los ajustes:   
 
a) Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de  los precios, entre otras las diferencias en las 
condiciones de venta, las de tributación, las diferenc ias en los niveles comerc iales, en las cantidades y 
en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.  A los efectos de realizar esta comparación se 
establecerá una base común, que permita compensar las diferencias entre los productos usados en la 
fijación del valor normal y el precio de exportación.    b) En los casos previstos en el artículo 23 ante rior, se deberán tener en cuenta también los 
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en  que se incurra entre la importación y la reventa, 
así como la ganancia o utilidad razonable.   
 c) Cuando la comparación exija una conversión de monedas, ésta deberá efectuarse utilizando el 
tipo de cambio de la fecha de venta, con la sal vedad de que cuando una venta de divisas en los 
mercados a plazo esté directamente relacionada c on la venta de exportación de que se trate, se 
utilizará el tipo de cambio de la venta a plazo.  No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos 
de cambio y, en una investigación, las autoridad es concederán a los exportadores un plazo de 60 días, 
como mínimo, para que ajusten sus precios de exportación de manera que reflejen movimientos 
sostenidos de los tipos de cambio durante  el período objeto de investigación.   
  A reserva de las disposiciones anteriores, la  existencia de márgenes de dumping durante la 
etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un 
promedio ponderado del valor normal y un promed io ponderado de los precios de todas las 
transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción.  Un valor normal establecido sobre la base del promedio ponderado podrá compararse con los preci os de transacciones de exportación individuales si 
las autoridades constatan una pauta de precios de  exportación significativamente diferentes según los 
distintos compradores, regiones o períodos, y si  se presenta una explicación de por qué esas 
diferencias no pueden ser tomadas debidamente en cuenta mediante una comparación entre promedios 
ponderados o transacción por transacción.    Artículo 26.  Determinación del Ma rgen de Dumping.  En cumplimi ento del artículo 6.10 del Acuerdo 
Antidumping, como regla general se establece que en el proceso de i nvestigación y para efectos de la 
determinación final se deberá fijar el margen relativo de dumping que corresponda a cada exportador 
o productor interesado del producto sujeto a invest igación de que se tenga conocimiento.  Dicha 
fijación individual se realizará con base en lo señalado en el artículo 24 de este Decreto Ejecutivo.     G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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   En los casos en que el número de exporta dores, productores, importadores o tipos de 
productos sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación, se podrá limitar el examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando muestras que sean 
estadísticamente válidas sobre la base de la info rmación de que dispongan en el momento de la 
selección, o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del país en cuestión que pueda 
razonablemente investigarse.     Cualquier selección de exportadores, productor es, importadores o tipos de productos con 
arreglo al presente artículo se hará de preferenci a en consulta con los exportadores, productores o 
importadores de que se trate y con su consentimiento.     En los casos en que hayan limitado su examen de  conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo, las autoridades determinarán, no obstant e, el margen de dumping correspondiente a todo 
exportador o productor no seleccionado inicialmente  que presente la información necesaria a tiempo 
para que sea considerada en el curso de la i nvestigación, salvo que el número de exportadores o 
productores sea tan grande que los exámenes indivi duales resulten excesivamente gravosos e impidan 
concluir oportunamente la investigación.  La Auto ridad Investigadora recibirá la presentación de 
respuestas voluntarias.  
Artículo 27.  Establecimiento de medidas antidum ping en casos de márgenes globales.  Cuando la 
determinación de márgenes individuales a todos lo s exportadores no haya sido posible, la Autoridad 
Investigadora en aplicación del artículo 9.4 del Ac uerdo Antidumping, se asegurará que los derechos 
que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o productores no abarcados por el examen no serán superiores:   
 
a) Al promedio ponderado del margen de dumping establecido con respecto a los exportadores o productores seleccionados, o   b) cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antidumping se 
calculen sobre la base del valor nor mal prospectivo, a la diferencia  entre el promedio ponderado del 
valor normal correspondiente a los exportadores o productores seleccionados y los precios de 
exportación de los exportadores o productores que  no hayan sido examinados individualmente,  
  La Autoridad Investigadora no tomará en cu enta a los efectos del presente artículo los 
márgenes nulos y de minimis , ni los márgenes establecidos en aq uellos casos en que ante la negativa 
de cooperación del exportador  hubo que recurrir a los hechos de  que se tuviese conocimiento.  Las 
autoridades aplicarán derechos o valores normales individuales a las importaciones procedentes de los 
exportadores o productores no incluidos en el examen y que hayan proporcionado la información necesaria en el curso de la investigación, de acuer do con lo dispuesto en el artículo anterior.   
 
CAPÍTULO II  
 
SUBVENCIONES 
 Artículo 28.  Definición de subvención.  Se  considerará que existe subvención:   
 
a) Cuando haya una contribución financiera de  un gobierno o de cualquier organismo público en 
el territorio de un país, es decir:    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  i) cuando la práctica de un gobierno implique  una transferencia directa de fondos (por 
ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por ej emplo, garantías de préstamos);   
 
ii) cuando se condonen o no se recauden ingr esos públicos que en otro caso se 
percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales);  en este caso teniendo en cuenta las salvedades efectuadas en la nota al pie Nº 1 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias;   
 
iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de infraestructura 
general- o compre bienes;   
 iv) cuando un gobierno realice pagos a un m ecanismo de financiación, o encomiende a 
una entidad privada una o varias de las funci ones descritas en los incisos i) a iii) supra 
que normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la 
práctica no difiera, en ningún sentido real, de  las prácticas normalmente seguidas por 
los gobiernos.   
 b) También, cuando haya alguna forma de sostenim iento de los ingresos o de los precios en el 
sentido del artículo XVI del GATT de 1994.   
 c) Para la configuración de la subvención será n ecesario que en el caso de los incisos "a" o "b" 
de este artículo, con ello se otorgue un beneficio.    
Artículo 29.  Especificidad.   
 a) Una subvención se considerará específica pa ra una empresa o rama de producción o un grupo 
de empresas o ramas de producción, conforme con lo  dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley 7 
de 2006 y cuando se produzca mediando alguna de las siguientes circunstancias:   
 
i) El Estado o la autoridad otorgante, o la le gislación en virtud de la cual actúe el Estado 
o autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la subve nción a determinadas 
empresas, actividades o ramas de producción; 
 ii) El Estado o la autoridad otorgante, o la le gislación en virtud de la cual actúe, destina 
la subvención a productos exportados o a lo s productos que utilizan materia prima o 
insumos nacionales, con preferencia a los importados; 
 iii) Cuando a pesar de existir criterios o c ondiciones objetivos establecidos en una ley, 
Decreto Ejecutivo, u otra norma jurídica ve rificable, que rijan el derecho a obtener la 
subvención y su cuantía, el derecho a recibirla no sea automático o se logre 
determinar que la autoridad otorgante no respeta tales criterios o condiciones 
objetivos.   
 iv) La subvención se limite a determinadas empresas, situadas en una región geográfica 
designada de la jurisdicción de l Estado o autoridad otorgante. 
 
b) Aun cuando una subvención pueda ser específi ca, pero no se encuentre tipificada en los 
términos arriba descritos, la Autoridad Investig adora podrá determinar que la subvención es específica 
en función de los siguientes elementos:  la ut ilización exclusiva de la subvención por un número 
limitado de empresas o por una rama de producción;  la utilización predominante  de la subvención por  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  empresas o ramas de producción determinadas;  la concesión de cantidades desproporcionadamente 
elevadas de subvenciones a determin adas empresas;  o el hecho de que  la forma en que la autoridad 
otorgante haya ejercido facultades discrecionale s ponga de manifiesto que la subvención no es de 
disponibilidad general.   
 c) No obstante lo establecido en los párrafo s anteriores, no se considerará específica una 
subvención cuando los criterios o condiciones que rija n el derecho para obtener la subvención y/o su 
cuantía sean objetivos, imparciales y de apli cación horizontal, de forma que no favorezcan a una 
empresa o rama de la producción determinada, ni limite la subvención a una empresa o rama de 
producción determinada, y que el derecho para obtener  la subvención y su cuantía sean automáticos.   
  Las determinaciones de especificidad que se fo rmulen de conformidad con las disposiciones 
del presente artículo y con las contempladas en el Artículo 2 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias, deberán estar claram ente fundamentadas en pruebas positivas.   
 Artículo 30.  Condiciones para la aplicación de De rechos Compensatorios.  Sólo podrán imponerse 
derechos compensatorios en virtud de una investig ación iniciada y realizada de conformidad con las 
disposiciones del presente Decreto Ejecutivo, en esp ecial de las normas indicadas en su artículo 2, y 
cuando corresponda, con base en el Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial del 
Comercio.  En dicha investigación se deberá estable cer que la subvención objeto de investigación es 
específica, y que la misma causa daño en los términos del presente Decreto Ejecutivo, así como que entre las importaciones subvencionadas y el daño ex iste un nexo causal.  La determinación de la 
existencia de subvención, del da ño, de su relación causal y la recomendación del establecimiento de 
derechos compensatorios, se realizará por la Auto ridad Investigadora, conf orme al procedimiento 
administrativo previsto en el presente Decreto Ejecutivo.   
 Artículo 31.  Elementos para establecer la cuan tía de una subvención en  función del beneficio 
obtenido por el receptor.  La cuantía de la s ubvención se calculará en unidades monetarias o en 
porcentaje ad valorem , por unidad del producto subvencionado que se importe al territorio nacional.   
 
a) A efectos de la determinación de la cuantía de  la subvención la Autoridad Investigadora podrá 
tener en cuenta lo siguiente:  
i) Donaciones.  Las donaciones pueden conced erse en diferentes formas, incluidas, 
aunque no exclusivamente, las aportaciones de  capital, la conversión de préstamos en 
capital o la condonación de una deuda a raíz de un acuerdo.  La determinación de la 
cuantía de las subvenciones susceptibles de compensación en un año dado tendrá en 
cuenta el valor temporal del dinero y hará referencia a la cuantía pagada 
originalmente, el número de años transcurridos  desde el pago de la donación, la vida 
útil media de la instalación o el equipo y el tipo de interés que se paga en el país de origen.   
 No se considerará que la aportación de cap ital social por el gobierno confiera un 
beneficio, a menos que la decisión de inve rsión pueda considerarse incompatible con 
la práctica habitual en materia de inversi ones (inclusive para la aportación de capital 
de riesgo) de los inversores privados en dicho país.   
ii) Préstamos.  Los préstamos concedidos por el gobierno a tipos equivalentes a los del 
mercado no se considerarán s ubvenciones, pero las ventaj as resultantes de préstamos 
concedidos en circunstancias en las que normalmente no se concederían, y la menor 
cuantía de intereses pagados o pagaderos en el caso de los préstamos concedidos a G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  tipos preferenciales sí se considerarán s ubvenciones.  En la determinación de la 
cuantía de la subvención susceptible de comp ensación en un año dado, la Autoridad 
Investigadora considerará el valor temporal del dinero e incluirá una referencia a la 
cuantía original del préstamo, el número de años transcurridos, el tipo de interés 
pagadero sobre el préstamo y el tipo de inte rés del mercado aplicable en el país de 
origen.   
iii) Condonación de ingresos públicos.  En la determinación de la cuantía de la 
subvención susceptible de compensación en un año dado, la Autoridad Investigadora 
tendrá en cuenta cualquier ingreso exigib le por el gobierno del país exportador que 
ese gobierno haya condonado y los productos a que esos ingresos correspondan.   
iv) Exoneraciones temporales y reducciones de impuestos.  El no pago del impuesto 
sobre las sociedades en concepto de ingresos de exportación es una subvención prohibida y recurrible, excepto lo que corresponda en el caso de los países en 
desarrollo que figuran en el Anexo VII del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias.  En su determinación de l margen de subvención, la Autoridad 
Investigadora considerará los ingresos de e xportación de la empresa para el período 
objeto de examen y el tipo del impuesto sobre las sociedades en ese país.  En la determinación del margen de subvención para  el caso de una exoneración temporal de 
impuestos, la Autoridad Investigadora te ndrá en cuenta la cuantía del impuesto 
pagado frente a la cuantía pagadera en ausen cia de tal moratoria, y los productos a los 
que ésta se aplica. 
v) Subvenciones a los insumos.  La subvenc ión a los insumos es una subvención pagada 
sobre el costo de los insumos de un producto  que posteriormente se exporta.  En su 
determinación del margen de subvención, la  Autoridad Investigadora considerará el 
efecto de la subvención a los insumos sobre el costo o el precio del producto objeto 
de investigación.   
vi) Reembolso excesivo de los derechos de  aduana.  El reembolso excesivo de los 
derechos de aduana se produce cuando el  fabricante importa materias primas 
destinadas a la elaboración de producto s acabados que se exportan y el derecho 
pagado sobre la importación se reembolsa en exceso, o cuando el exportador no 
puede aportar la prueba de que  el producto importado, respec to del cual se solicitó el 
reembolso, está efectivamente incorpora do en el producto exportado.  En la 
determinación del margen de subvención, la  Autoridad Investigadora considerará la 
cuantía de los derechos de aduana pagaderos y la suma  reducida o reembolsada.   
vii) Tipos de interés preferenciales con fi nes de exportación.  Se considerará que hay 
subvención cuando el gobierno o un orga nismo público a instancias del gobierno 
ofrezca a una empresa tipos de interés inferiores a los vigentes en el mercado.  En su determinación del margen de subvención la  Autoridad Investigadora considerará el 
tipo de interés que se paga en el mercado interno y los mercados de exportación, la 
cuantía original del préstamo y el valor del producto exportado.   
viii) Otras subvenciones.  La Autoridad Inves tigadora determinará el margen o la cuantía 
de cualquier subvención que no sea una de las indicadas en los párrafos anteriores 
con referencia a los hechos relativos a ca da subvención, teniendo en cuenta:   
1. el valor temporal del dinero;    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  2.   la duración de la subvención;   
3. si la subvención está vinculada a las exportaciones o al conjunto de las ventas 
o la producción;  y  
4. cualquier otra información pertin ente de que disponga la Autoridad 
Investigadora.   
 La Autoridad Investigadora tendrá derecho a tomar en cuenta y sumar algunas o todas las 
subvenciones cuya existencia se haya constatado en el curso de la investigación, incluso cuando la 
rama de producción no haya alegado su existencia.   
b) Además de lo dispuesto en las reglas contenidas en el numeral a) del presente artículo al 
establecerse la cuantía de la s ubvención se deducirán los siguientes elementos de la subvención total: 
 
i) Cualquier gasto en que necesariamente se ha ya tenido que incurrir para tener derecho 
a la subvención o para benefi ciarse de la misma.   
ii) Los tributos a la exportación, los derechos y otros gravámenes a que se haya sometido 
la exportación del producto a Panamá, des tinados especialmente a neutralizar la 
subvención.   
 Cuando un interviniente dentro de la inves tigación solicite tal deducción, deberá aportar la 
prueba de que la solicitud está justificada.   
c) Adicionalmente la Autoridad Investigadora tendrá en cuenta los siguientes criterios de 
exclusión de subvenciones: 
 
i) No se considerará que una garantía creditic ia facilitada por el gobierno confiere un 
beneficio, a menos que haya una diferenc ia entre la cantidad que paga por un 
préstamo garantizado por el gobierno la empr esa que recibe la garantía y la cantidad 
que esa empresa pagaría por un préstamo comercial comparable sin la garantía del 
gobierno.  En este caso el beneficio será la diferencia entre esas dos cantidades, ajustada para tener en cuenta cualquier diferencia en concepto de comisiones; 
ii) No se considerará que el suministro de bienes o servicios o la compra de bienes por el 
gobierno confiere un beneficio, a menos que el suministro se haga por una remuneración inferior a la adecuada, o la compra se realice por una remuneración 
superior a la adecuada.  La adecuación de la remuneración se determinará en relación 
con las condiciones reinantes en el mercado para el bien o servicio de que se trate, en el país de suministro o de compra (incluidas las de precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás c ondiciones de compra o de venta).   
TÍTULO IV 
 
NORMAS SUSTANTIVAS SOBRE SALVAGUARDIAS 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 32.  Definiciones y términos.  Para los efectos del presente Decreto Ejecutivo se establecen 
las siguientes definiciones:   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  a) Daño.  El presente concepto abarca el daño grave causado a una rama de producción nacional, 
o la amenaza de daño grave a una rama de producción  nacional, y dicho térmi no deberá interpretarse 
de conformidad con las di sposiciones del presente Decreto Ejecutivo, del artículo 52 del Decreto 
Ley 7 de 2006, y del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.   
 b) Hechos de que se tenga c onocimiento.  Hechos acreditados mediante las pruebas y datos 
aportados en tiempo y forma por las partes inte resadas o sus coadyuvantes, así como por la 
información obtenida por la Autoridad Investigadora en el transcurso de la investigación y que se 
encuentre en el expediente administrativo.   
 c) Interés público.  La Autoridad Investigador a en aplicación del artículo 3.1 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias y cuando así lo considere oportuno s opesará los diferentes intereses que puedan resultar 
de la imposición de una medida de  salvaguardia.  En estos casos se podrá tomar en cuenta entre otros 
elementos algunos como los que se incluyen en la siguiente lista ilustrativa: 
 
i) El efecto que ha tenido o es probable que tenga la imposición de una medida sobre la 
competencia en el mercado interno.   
ii) El efecto que la medida ha tenido o es probable que tenga sobre los productores 
nacionales que utilizan esas mercancías como  insumos para la producción de otras 
mercancías y para la prestación de servicios.   
iii) El efecto que la imposición de una medida  ha tenido o es probable que tenga sobre la 
competencia al limitar el acceso a mercancí as que se utilizan como insumos para la 
producción de otras mercancías y para la prestación de servicios, o al limitar el acceso a la tecnología.   
iv) El efecto que la imposición de una medida  ha tenido o es probable que tenga sobre la 
oferta o disponibilidad de mercancías a preci os competitivos para los consumidores, y  
v) El efecto que la no imposici ón de la medida, o la no imposic ión de la medida en toda 
la cuantía, es probable que tenga sobre los productores nacionales de los insumos, 
incluidos los productos primarios básicos,  que se utilizan para la producción de 
mercancías similares.   
d) Partes Interesadas.  En el presente Decreto Ejecutivo este término abarca lo siguiente: 
 
i) El productor y/o exportador extranjero y el  importador interno del producto objeto de 
investigación y la asociación comercial, industria l o agrícola en la cual la mayoría de 
los miembros sean importadores internos, productores extranjeros o exportadores 
extranjeros.   
ii) El gobierno del país o el territorio adua nero de exportación del producto objeto de 
investigación, o el gobierno del país o el te rritorio aduanero de origen del producto 
objeto de investigación.   
iii) El productor nacional o la asociación comerc ial, industrial o agrícola en la cual la 
mayoría de los miembros sean productores nacionales de los productos similares o 
directamente competidores.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  iv) Otras partes interesadas que determine la  Autoridad Investigadora, para lo cual 
tomará en cuenta la existencia de un interés legítimo o un derecho subjetivo que 
pueda resultar directamente afectado, lesi onado o satisfecho, como resultado de la 
investigación administrativa.   
e) Período de investigación.  A los efectos del Capítulo IV del Decreto Ley 7 de 2006, se 
entenderá por período de investigación como el pe ríodo de tiempo respecto del cual se recopilen y 
ofrezcan datos para la correspondiente evaluación en  la investigación en cada uno de sus diferentes 
aspectos.  Sin menoscabo de que la Autoridad I nvestigadora tome en cuenta circunstancias 
particulares y fije un período de investigación dis tinto, se procede a fijar los siguientes períodos de 
recopilación de datos:  
i) Período de investigación del aumento de importaciones.  El período de recopilación 
de datos sobre aumento en las importacion es para las investigaciones de salvaguardia 
deberá ser normalmente de 3 años, y en ningún caso de menos de 12 meses, y 
terminará en la fecha más cercana posible  a la fecha de la iniciación de la 
investigación.   
ii) Período de investigación de daño.  El período de recopilación de datos en las 
investigaciones a efectos de establecer la existencia de daño deberá ser normalmente de tres años como mínimo, a menos que la pa rte respecto de la cual se recopilan datos 
exista desde hace menos tiempo, y debe rá incluir la totalidad del período de 
recopilación de datos para la investig ación del aumento de importaciones.   
f) Producto Directamente Competidor.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 52, 
numeral 7) del Decreto Ley 7 de 2006, se entenderá un producto que no sea un producto similar, pero 
compite directamente con el prod ucto objeto de investigación. 
 
g) Producto Similar.  De conf ormidad con lo establecido en el artículo 52, numeral 8) del 
Decreto Ley 7 de 2006, se entende rá un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos sus 
aspectos al producto con el cual se compara.  Si al realizar el análisis de similitud se llegase a 
determinar que no existe un producto idéntico se pro cederá a considerar como similar, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
objeto de investigación.  La Autoridad Investigadora al realizar el examen de similitud podrá tener en 
cuenta:  
i) las materias primas y demás insumos util izados en la obtención de los productos; 
ii) el procedimiento de producción; 
iii) las características materiales y la apariencia del producto; 
iv) el uso final del producto;   v) la posibilidad de sustituir el producto por el producto objeto de investigación;   
vi) la clasificación arancelaria;  y/o  vii) cualquier otro factor que la Autori dad Investigadora considere pertinente.   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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   Ninguno de los factores anteriores ni el conj unto de varios de ellos pueden constituir 
necesariamente un criterio decisivo.   
h) Productor extranjero.  Toda persona física, en tidad de hecho o de derecho, pública o privada, 
partícipe de cualquier forma de actividad ec onómica productiva que actúa en nombre propio o por 
cuenta ajena, como fabricante extranjero  del producto objeto de investigación.   
 i) Productor nacional.  A efectos de clarificar los alcances del artículo 52.4 del Decreto Ley 7 
de 2006, se considera productor nacional a toda persona  física, entidad de hec ho o de derecho, pública 
o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica productiva que actúa en nombre 
propio o por cuenta ajena, como fabricante de lo s bienes objeto de investigación, y que hayan sido 
ofrecidos por él o por un tercero.    j) Salvaguardia Bilateral y Mecanismos Especial es de Activación.  Se incluyen dentro de esta 
definición las medidas llamadas Salvaguardias de Tr ansición, Salvaguardias Bilaterales, y cualquier 
otra sin menoscabo del nombre dado por la norma pertinente, que puedan ser aplicadas por la 
República de Panamá en virtud de la existencia  de Acuerdos, Convenios o Tratados Comerciales 
Internacionales que así lo hubiesen previsto, y que resulten diferentes a las medidas de urgencia 
autorizadas con fundamento exclusivo en el Artíc ulo XIX del GATT de 1994,  y del Acuerdo sobre 
Salvaguardias.   
 
k) Subvaloración de precios.  Se entenderá la cu antía en que el precio del producto importado es 
inferior al precio del producto similar o directamente competidor producido por la rama de producción, medidos en el punto de comparación adecuado.    
Artículo 33.  Producto objeto de investigación.  Se entenderá por producto objeto de investigación a 
los efectos del artículo 2 del Acuerdo sobre Salva guardias, el producto exportado que se alega causa 
daño grave a la rama de producción nacional.    Artículo 34.  Examen de similitud.   El producto objeto de investigación será sometido a un examen de 
similitud o competencia, el cual consistirá en una comparación entre el producto objeto de 
investigación y el producto nacional similar o dir ectamente competidor.  Esta comparación servirá 
para delimitar el concepto de partes interesadas, así como realizar el análisis de aumento de importaciones, daño y relación causal que deba  llevarse a cabo, según las disposiciones 
correspondientes.   
 
CAPÍTULO II 
 
DAÑO 
 
Artículo 35.  Determinación de Daño Grave.  Para determinar si las import aciones de un producto han 
aumentado en tal cantidad o condiciones que ha n causado daño grave a una rama de la producción 
nacional conforme con los artículos 53 y 54 del D ecreto Ley 7 de 2006, la Autoridad Investigadora 
evaluará todos los factores de car ácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de 
esa rama de producción, a efectos de establecer si de  los siguientes elementos se puede concluir que 
existe un menoscabo general significat ivo de la situación de la rama  de producción nacional con base 
en los siguientes criterios:   
 
a) Comportamiento de las importaciones:  Se analizará el ritmo y cuantía del aumento de las importaciones tanto en términos absolutos como en  relación con la producción nacional y el consumo 
nacional aparente, a efectos de establecer si los ca mbios han sido súbitos e inesperados.  Asimismo,  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  tendrá en cuenta el precio de las importaciones, l as condiciones en que se realizaron, y la parte del 
mercado interno absorbida por éstas.  
b) Situación de la rama de producción nacional:  Se analizará la evolución de los indicadores que 
se mencionan a continuación y el comportamiento que razonablemente se habría podido esperar de 
cada uno, de acuerdo con el comportamiento de la economía:  
i) Comportamiento de los volúmenes de producción en términos absolutos y en relación 
con las ventas y el consumo nacional.   
ii) Comportamiento de los volúmenes de l as ventas en el mercado nacional y de los 
ingresos netos por ventas y relaciones entre los dos.   
iii) Comportamiento de la utilización de la capacidad instalada.   iv) Comportamiento de la productividad.   
v) Estado de resultados.  
vi) Empleo.   vii) Comportamiento de los precios y efectos ocasionados por las importaciones:  Se 
analizará la evolución de los precios de ve nta en el mercado nacional del producto, así 
como el comportamiento que razonablemente se hubiera podido esperar de acuerdo con el comportamiento del índice de precios  en la economía, para determinar si las 
importaciones han causado una reducción de preci os o han contenido la subida en los 
mismos, alzas que se producirían en circunstancias diferentes.   
viii) El comportamiento de los volúmenes de lo s inventarios, en términos absolutos y en 
relación con las ventas y la producción nacional, en el sentido de establecer si ha existido un deterioro de las ventas y de la producción que refleje un efecto 
cuantificable en el nivel de inventarios.   
ix) Los estados financieros, tanto de la empresa productora como de la línea de 
producción del producto investigado.  Cua ndo no sea posible contar con información 
sobre la línea, el efecto deberá medirs e sobre la producción del grupo o gama más 
restringido de productos que incluya el produc to similar o directamente competidor 
nacional.  El efecto en los estados fina ncieros se medirá tomando en cuenta la 
evolución del sector económico al cual pert enece la rama de producción nacional.   
x) La mano de obra directa o indirecta utilizad a en la línea de producción o en el grupo o 
gama más restringido, cuantificada en númer o de operarios y montos salariales.   
 La ausencia de tendencias negativas o la pr esencia de tendencias positivas en alguno o varios 
de los factores de que trata esta disposici ón no constituyen un criterio decisivo.   
 
Artículo 36.  Determinación de Amenaza de Daño Grave.   Para lograr determin ar la amenaza de daño 
grave de las importaciones y en aplicación del artícul o 4.1.b) del Acuerdo sobre Salvaguardias, se 
considerarán además de los efectos inminentes en lo s factores contemplados en el artículo anterior, los 
siguientes:    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  a) La posibilidad de un aumento de las importacion es debido, entre otros factores, a la existencia 
de un contrato de suministro o de venta, la adj udicación de una licitación, una oferta irrevocable u 
otro contrato equiparable.   
 
b) Un aumento en la capacidad exportadora de l país de origen, debido a un aumento en la 
utilización de la capacidad instalada del producto  objeto de investigación o a un aumento en los 
inventarios de éstos.    
c) La probabilidad de que las exportaciones re sultantes de esa mayor capacidad potencial del 
país exportador se destinen al mercado panameño.  A efectos de este análisis se puede tomar en 
cuenta el menoscabo de precios, proyecciones estadísticamente válidas, u otras circunstancias que puedan promover estas exportaciones.    
d) La existencia de cartas de crédito para pagos al exterior por importaciones del producto 
investigado.     La ausencia de tendencias negativas o la pr esencia de tendencias positivas en alguno o varios 
de los factores de que trata esta disposici ón no constituyen un criterio decisivo.   
 
CAPÍTULO III 
 
CAUSALIDAD 
 Artículo 37.  Determinación de Existe ncia del Nexo Causal.  Habrá de  demostrarse la existencia de 
una relación causal entre las importaciones del producto objeto de investigación y el daño a la rama de 
producción nacional la cual se basará en un examen de  todas las pruebas pertinentes de que disponga 
la Autoridad Investigadora, tal y como lo exige el artículo 55 del Decreto Ley 7 de 2006. 
 Artículo 38.  No atribución.  De conformidad con el  artículo 4.2.b del Acuerdo sobre Salvaguardias, la 
Autoridad Investigadora deberá examinar tamb ién cualesquiera otros factores de que tengan 
conocimiento, distintos de las importaciones del producto objeto de investigación, que tengan un 
impacto en la rama de producción nacional que co nstituyan o participen en el daño causado a ésta, y 
los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de investigación.  Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran la contracción de la demanda o variaciones de la estr uctura del consumo, la  evolución de la tecnología y los resultados 
de la actividad exportadora de la  rama de producción nacional.  
  Si evaluado el impacto de estos otros factores no atribuibles, y eliminado dicho impacto en el daño, a criterio de la Autoridad Investigadora l as importaciones del producto objeto de investigación 
siguen siendo una causa del daño se podrá concluir que existe nexo causal.   
 
CAPÍTULO IV 
 
SALVAGUARDIA GENERAL 
 Artículo 39.  Condiciones de aplicación.  De acuerdo con el artícul o 2 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias, sólo puede imponer se una medida de salvaguardia en respuesta a un aumento rápido y 
significativo de las importaciones de un producto como  consecuencia de una evolución imprevista de 
las circunstancias, si ese aumento de las importaciones causa o amenaza causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce producto s similares o directamente competidores.   
  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Artículo 40.  Forma de las salvaguardias.  Al im ponerse medidas de salvaguardia, se deberá observar 
lo indicado por el artículo 5 del Acuerdo sobre Salv aguardias en el sentido de  que la salvaguardia 
puede aplicarse en forma de derec ho aduanero o de restricción cuantitativa a la importación, en el 
nivel necesario para prevenir o reparar el daño y fac ilitar el reajuste.  La selección del tipo de medida 
a aplicar es discrecional de la Autoridad Investig adora, el cual podrá tomar en consideración las 
solicitudes que sobre este particular r ealicen las partes interesadas.   
 a) Modificaciones arancelarias.  La aplicación de una  medida de salvaguardia en la forma de una 
modificación arancelaria buscará aumentar el arancel en el nivel que logre prevenir o reparar el daño.  
A estos efectos la Autoridad Investigadora podrá, como un criterio orientador, tomar en consideración 
el diferencial de precios existente entre el pr ecio promedio ponderado de  importación del producto 
objeto de investigación y el precio más alto del prod ucto nacional similar o directamente competidor 
para consumo local.  Igualmente, la  Autoridad Investigadora podría utilizar cualquier otro método que 
considere razonable y que justifique adecuadamente al determinar el tipo de medida a aplicar.   
 b) Restricciones cuantitativas.  Si se utiliza una restricción cuantitativa, esta medida no reducirá 
la cuantía de las importaciones por debajo del nivel de un período reciente, que será el promedio de 
las importaciones realizadas en los tres últimos años representativos sobre los cuales se disponga de 
estadísticas, a menos que se dé una justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente para 
prevenir o reparar el daño, tomados en cuenta en  la fecha más reciente posible al momento de 
establecimiento de la medida.    
i) En los casos en que se utilicen rest ricciones cuantitativas y se distribuya el 
contingente entre países proveedores, se podrá tratar de llegar a un acuerdo con 
respecto a la distribución de las partes de l contingente con los países exportadores que 
tengan un interés sustancial en el sumini stro del producto de que se trate.   
 
ii) En los casos en que ese método no sea razonablemente viable, se asignará a los países 
exportadores que tengan un interés sustancial en el suministro del producto, cuotas basadas en las proporciones de la cantidad o el valor totales de las importaciones del 
producto suministradas por dichos países dur ante un período representativo anterior, 
teniendo debidamente en cuenta los fact ores especiales que puedan haber afectado o 
estar afectando al comercio de ese producto.   
 
iii) La Autoridad Investigadora podrá apartarse de  lo dispuesto en el párrafo b.ii) de este 
artículo a condición de celebrar consult as con los países exportadores, bajo los 
auspicios del Comité de Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio, 
debiendo demostrar que:   
 
1. Se ha determinado la presencia de un daño grave y no sólo de la amenaza de 
daño grave.   
 
2. Se establezca que las importaciones procedentes de determinados países han 
aumentado en un porcentaje desproporcionado en relación con el incremento total de las importaciones del producto objeto de investigación en el período 
de recopilación de datos sobre aumento en las importaciones.   
 
3. Existen motivos justificad os para apartarse de lo dispuesto en el párrafo b.ii) 
de este artículo, y que las condiciones en  que esto se ha hecho son equitativas 
para todos los proveedores del producto en cuestión;  o bien que los proveedores no han cooperado en la investigación.   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Artículo 41.  Plan de ajuste de la Rama de Pr oducción Nacional.  En los casos en que la Autoridad 
Investigadora lo estime necesario, y de acuerdo con el  artículo 66 del Decreto Ley 7 de 2006, ya sea 
por investigación iniciada de oficio o por solic itud de parte, podrá requerir al solicitante la 
presentación de un plan de reconversión o un plan pa ra sobreponer las circunstancias alegadas como 
causa del daño.  La presentación de este plan de ajus te por parte de la Rama de Producción Nacional 
podrá ser requerida por la Autoridad Investigadora durante la investigación o una vez finalizada la 
misma, al momento de recomendar la aplicación de l as medidas al Consejo de Gabinete, sin perjuicio 
que dicho plan de ajuste pueda ser presentado junto con la solicitud de inicio de la investigación.   
 
 Todo plan de ajuste deberá incluir como míni mo la identificación de las circunstancias que se 
sobrepondrán, el estado actual de éstas de forma que pueda ser cuantificable su evolución, la 
proyección de un escenario con circunstancias sobrepuestas, y un programa con su correspondiente cronograma de ejecución de las acciones que se lle varán a cabo para lograr la transformación 
necesaria.  Adicionalmente el plan deberá demostra r que es financieramente viable y que la Rama de 
Producción Nacional cuenta con los recursos económ icos o crediticios necesarios para ponerlo en 
práctica.  Finalmente, el plan deberá identificar lo s indicadores de desempeño que a juicio de la rama 
son idóneos para medir la ejecución del plan de ajuste.     La Autoridad Investigadora analizará el plan de ajuste y evaluará si dicha propuesta es realista 
y suficiente.  Si considera que el mismo no lo es,  podrá darle oportunidad a la Rama de Producción 
Nacional para que modifique el plan, en cuyo caso concederá un plazo no mayor de 15 días calendario.  La correcta ejecución de estos planes será revisada y/o verificada periódicamente por la Autoridad Investigadora, dentro del plazo de  aplicación de la medida de salvaguardia.   
 
 El incumplimiento de la ejecución de los menc ionados planes por parte de la rama de la 
producción nacional afectada, podrá conllevar, previa  evaluación y recomendación de la Autoridad 
Investigadora, la inmediata liberalización o suspensión de la aplicación de una medida de salvaguardia, excepto en los casos en que el incumplimiento de dichos planes no sea imputable a la 
rama de la producción nacional.  Cuando se prese nte un incumplimiento parcial del plan que sea 
imputable a la rama de producción nacional se valo rará el efecto que tendría la liberalización o 
suspensión de la medida en la rama de producci ón nacional que si ha cumplido con el plan.   
 Artículo 42.  Negociación de concesiones y compensaci ones.  Al momento de aplicar o prorrogar una 
medida de salvaguardia se procurará,  de conformidad con las disposic iones del párrafo 1 del artículo 8 
del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organizaci ón Mundial del Comercio, mantener un nivel de 
concesiones y otras obligaciones sustancialmente eq uivalente a las existentes en virtud del GATT de 
1994 con los Miembros exportadores que se verían af ectados por la medida.  Para conseguir este 
objetivo, se podrá acordar cualquier medio adecu ado de compensación comercial de los efectos 
desfavorables de la medida sobre el comercio.    Artículo 43.  Exclusión de países en la aplicac ión de medidas.  Según dispone el artículo 60 del 
Decreto Ley 7 de 2006, no se aplicarán medidas de salvaguardia contra un producto originario de un 
país en desarrollo, Miembro de la Organizaci ón Mundial del Comercio, cuando las importaciones 
realizadas del producto considerado no excedan del tres por ciento (3%) del total de las 
importaciones, a condición de que los países en  desarrollo, Miembros de la OMC, con una 
participación en las importaciones menor del tres por ciento (3%), no representen, en conjunto, más 
del nueve por ciento (9%) del total de l as importaciones del producto en cuestión.   
  La condición de exclusión podrá ser revisada si  posterior a la imposición de medidas un país 
que haya sido excluido, de conformidad con el párrafo anterior, se convierta en un abastecedor 
importante justamente por estar excluido de la aplicación de la medida.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  TÍTULO V 
 
NORMAS PROCESALES COMUNES 
 
CAPÍTULO I  
 
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 44.  Conformación del expediente.  Toda actuación administrativa deberá constar por escrito 
y deberá agregarse al expediente respectivo, con excepción de aquélla de carácter verbal autorizada 
por la ley.  Lo propio se aplica a las gestiones escritas de las partes y a su intervención en el proceso.   
  En los procedimientos de investigación a que se refiere este Decreto Ejecutivo se integrará un 
expediente administrativo, en el cual se incluirá  toda la documentación apor tada por las partes, así 
como la recopilada de oficio por la Autoridad In vestigadora, la cual será archivada cronológicamente 
según sea recibida.  Toda la documenta ción deberá ser incluida de manera inmediata en el expediente 
administrativo y foliada con numeración corrida medi ante tinta u otro medio seguro.  El expediente 
estará dividido en dos legajos, uno de los cuales contendrá la información pública y el otro la 
confidencial, ambos estarán desde su inicio bajo  la custodia y responsabilidad de la Autoridad 
Investigadora.   
 Artículo 45.  Acceso del expediente.  Al expedien te sólo tienen acceso, además de los funcionarios 
encargados de su tramitación, las partes intere sadas, sus apoderados y los pasantes de éstos, 
debidamente acreditados por escrito ante el despacho, sin perjuicio del derecho de terceros interesados 
en obtener copias autenticadas o certificaciones de la autoridad respectiva, siempre que no se trate de 
información confidencial.   Los expedientes sólo podrán salir del despac ho en los casos en que se requieran para la 
práctica de pruebas, a solicitud de un superior que  deba conocer y decidir algún proceso relacionado 
con los hechos sobre los que versa su contenido, una autoridad del Ministerio Público o del Órgano 
Judicial;  y en el supuesto de solicitud de copi as, cuando el despacho no cuente con los medios 
idóneos para este propósito.    Artículo 46.  Trámite en la gestión de copias.  Las partes podrán solicitar copias del expediente para lo 
cual deberán acreditarse debidamente ante la Autori dad Investigadora y señalar los folios objeto de la 
solicitud de copia.  Esta gestión podrá realizarse de  manera verbal directamente ante la Autoridad 
Investigadora y los costos recaerá n sobre la parte solicitante.   
 
CAPÍTULO II 
 
LEGITIMACIÓN PROCESAL 
 
Artículo 47.  Legitimación procesal.  Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, todo aquel 
que ostente la condición de parte interesada según se define en el artículo 8 literal g) del presente 
Decreto Ejecutivo.    
Artículo 48.  Terceros interesados.  Adicionalmente a la condición de parte interesada, la Autoridad 
Investigadora podrá conceder la categoría de part e a un tercero quien esté indirectamente interesado 
en el acto final, o en su denegación o reforma, aunqu e su interés sea derivado, o no actual, en relación 
con el que es propio de una parte in teresada.  Dicho sujeto actuará en  condición de coadyuvante.  Este 
tercero participará en el proceso, pero no podrá pedir nada para sí ni podrá cambiar la pretensión a la G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  que coadyuva, pero podrá hacer todas las alegaciones de hecho y derecho para hacer valer su interés, 
no podrá interponer recursos pero si pronunciarse a favor o en contra y aportar argumentos sobre 
aquellos interpuestos por las partes interesadas.   
 
 Podrán ser considerados en esta categoría lo s usuarios industriales del producto objeto de 
investigación y/o el producto similar nacional, y las organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el producto se venda normalmen te al por menor.  Estos terceros además de lo 
indicado en el párrafo anterior, se les brindará la oportunidad de facilitar cualquier información que 
sea pertinente para la investigación en rel ación con los hechos que se investigan.   
 Artículo 49.  Representación profesional.  De confor midad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 38 de 2000, toda actuación de las partes en el procedimiento administrativo que investiga asuntos de defensa comercial, deberá rea lizarse por medio de un abogado idóneo, en especial la presentación 
de la solicitud de investigación, de acuerdo a lo di spuesto en los artículos 28 y 62 del Decreto Ley 7 
de 2006.  Se excluyen de este requisito aquellas actuaciones simples de las partes como lo son la 
solicitud de copias, la revisión de un expediente , certificaciones y otros actos de igual o similar 
naturaleza.    
CAPÍTULO III 
 
PRUEBAS 
 Artículo 50.  Requerimientos de información.  La Autoridad Investigadora podrá, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículo 35 y 71 del Decreto Ley 7 de 2006, requerir a todas las partes en el 
proceso los elementos probatorios, información y dato s que estime pertinentes, para lo cual se podrá 
valer de formularios.  La Autoridad Investigador a deberá comunicar a las partes interesadas en una 
investigación de la información que exija y dar ampl ia oportunidad para presentar por escrito todas las 
pruebas que consideren pertinentes.  A pesar de la facultad investigativa de la Autoridad 
Investigadora, tanto el solicitante como las demá s partes interesadas, tendrán la responsabilidad 
primaria de probar lo alegado en defensa de sus intereses.   
 
 Adicionalmente la Autorida d Investigadora podrá requerir a los productores, distribuidores o 
comerciantes nacionales del producto o mercancía de que se trate, así como a los agentes aduanales, 
apoderados o consignatarios de los importadores, a cualquier persona, entidad jurídica, o entidad 
gubernamental que estime conveniente, la informac ión y datos que tengan a su disposición.   
 
Artículo 51.  Tipos de pruebas.  Sirven como pr uebas los documentos, el testimonio, la inspección 
oficial, las acciones exhibitorias, los dictámenes pe riciales, los informes, los indicios, los medios 
científicos, las fotocopias o las reproducciones mecánicas y los documentos enviados mediante 
facsímil y cualquier otro elemento racional que sirv a a la formación de la convicción del funcionario, 
siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni sean contrarios a la moral o al orden 
público.  En el caso de la prueba de facsímil y las copias, la entidad pública respectiva deberá 
asegurarse de su autenticidad, confrontándolas con su  original en un periodo razonable después de su 
recepción, por medio de autenticación notarial o por cu alquier otro medio que considere apropiado.   
  La Autoridad Investigadora deberá evaluar la admisibilidad de las pruebas que las partes han 
propuesto y presentado, en orden a su conducencia o no, respecto de los hechos que deben ser 
comprobados, al igual que deberá tomar en cons ideración las normas legales que rigen la materia 
probatoria.  En materia de pruebas se tomarán en cu enta las disposiciones que se listan a continuación. 
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  a) Documentos.  Son documentos los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, 
las fotografías, las fotocopias, las radiografías, la s cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones 
magnetofónicas y, en general, todo objeto que tenga ca rácter representativo o declarativo.  En relación 
con los documentos se aplicarán las siguientes reglas: 
 
i) Son documentos públicos todos aquéllos que hayan sido redactados o extendidos por 
funcionarios públicos, según las formas re queridas y dentro del límite de sus 
atribuciones.  Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter que 
este artículo establece, si el funcionario que las autoriza certifica en ellas la razón de 
que son copias fieles de los originales.  Es  instrumento público la escritura otorgada 
ante un notario público, así como cualquier otro documento al cual la ley le dé expresamente ese carácter.   
ii) Los documentos o instrumentos públicos, mientras no sean argüidos de falsos, hacen 
plena prueba de la existencia material de los hechos que el oficial público afirme en 
ellos haber realizado él mismo, o haber pasado en su presencia, en el ejercicio de sus funciones.   
iii) Los documentos públicos otorgados en el extranjero se equipararán a los públicos del 
país, si reúnen los siguientes requisitos:  1) Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y las solemnidades est ablecidas en el país donde se hayan 
verificado los actos y los contratos;  y 2) Que la firma del funcionario expedidor esté 
debidamente autenticada.   
iv) Los documentos privados emitidos en el  país o en el extranjero y que sean 
reconocidos por las partes o declarados como  reconocidos conforme con la ley, hacen 
fe entre las partes y con relación a terceros , en cuanto a las declaraciones en ellos 
contenidas, salvo prueba en contrario.  Igual valor tendrán las publicaciones 
realizadas en el Internet, de las cuales será necesario que la parte que la ofrezca 
presente una copia impresa para incluir en  el expediente indicando con precisión la 
dirección electrónica de origen, así como la fecha y hora en que se realiza la impresión para determinar que en esas coordenadas la información existió tal y como fue impresa.   
v) Los documentos privados emitidos en el extranjero podrán ser sometidos al proceso 
de consularización o apostilla a consideración de la parte que aporte el documento.  
Este trámite no hará prueba sobre la validez de su contenido, el cual será sometido al 
rigor normal de un documento privado.   
vi) A todo documento redactado en cualquier  idioma que no sea el español, se le 
acompañarán su traducción y la copia de aquél y de ésta.  Dicha traducción se hará 
mediante un traductor oficial con cargo a la parte que ofrezca el documento.   
b) Testimonial.  La prueba testimonial será viab le para la probanza o aclaración de hechos que 
sean de relevancia en la investigación, y que la  persona llamada en esta condición ha conocido de 
forma directa.  El testigo debe poseer solvencia moral y no poseer interés en el asunto.  Aquellas personas que posean algún tipo de interés directo o derivado de lo que se pueda resolver en la 
investigación, se le podrá tomar testimonio, pero sus manifestaciones serán valoradas al tenor de 
dicha condición.  Es por lo anterior que antes de  declarar, los testigos deben prestar juramento o 
afirmación de no faltar a la verdad, bajo pena de fals o testimonio;  para ello, debe el encargado de la G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  diligencia leer y explicar, de manera comprensible al testigo, las consecuencias que por razón de falso 
testimonio podría sufrir si faltase a la verdad.    
c) Pericial o técnica.  Procederá la prueba pericial o técnica cuando haya que apreciar hechos o 
circunstancias que exijan conocimientos especiales extra ños al Derecho.  La pa rte que tenga interés en 
rendir una prueba pericial expresará, al ofrecerla, c on claridad y precisión, los puntos sobre los cuales 
debe versar el dictamen, y formará, al mismo tiem po, el interrogatorio a que deba dar respuesta el 
perito.   
 
 Una vez aceptada la solicitud de la prueba pericial, se notificará de inmediato a las demás partes interesadas.  Cualquier parte interesada contra ria a la proponente podrá, en un plazo sumario y 
que fijará prudencialmente la Auto ridad Investigadora, solicitar que di cha prueba se amplíe en cuanto 
a los puntos del dictamen, los cuales expresará concretamente, o podrá impugnar todos o algunos 
puntos.  Los honorarios del perito serán cubiertos pr oporcionalmente por cada parte en función de lo 
que cada una solicite sea informado por éste.    Artículo 52.  Obligación de colaboración y obstrucción a la labor investigativa.  Las partes y sus 
apoderados tienen la obligación de colaborar en la práctica de las pruebas decretadas.  La Autoridad 
Investigadora comunicará a los interesados, con antel ación suficiente, el lugar, fecha y hora en que se 
practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado pueda nombrar apoderado o 
peritos para que le asistan.     En los casos en que una parte interesada nie gue el acceso a la información necesaria, no 
permita su verificación, no la facilite dentro de un plazo prudencial, o entorpezca significativamente 
la investigación, la Autoridad Investigador a podrá formular determinaciones preliminares o 
definitivas, positivas o negativas, sobre la base de lo s hechos de que se tenga conocimiento y la mejor 
información disponible.  Al aplicar el presente párr afo se observará lo dispuesto en el Anexo II, que 
forma parte del presente Decreto Ejecutivo.    Artículo 53.  Información confidencial.  Para los fi nes de este Decreto Ejecutivo y de los artículos 6.5 
del Acuerdo Antidumping, 12.4 de l Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, y 3.2 
del Acuerdo sobre Salvaguardias, toda información que, por su naturaleza, sea confidencial o que las 
partes en una investigación faciliten con carácter confid encial será, previa justificación suficiente al 
respecto, tratada como tal por las autoridades.  La  información que sea aportada en estas condiciones 
deberá estar identificada claramente como confidencial, de lo contrario no se tendrá como tal.  Dicha 
información no será revelada sin autorización expr esa de la parte que la haya facilitado.   
  Se podrá considerar información confidencial o de acceso restringido, aquélla que por razones 
de interés público o particular no puede ser dif undida, porque su divulgación implicaría una ventaja 
significativa para un competidor o tendría un efecto significativamente desfavorable para la persona 
que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido, igualmente aquella 
información cuya divulgación podría ocasionar graves perjuicios a la sociedad, al Estado o a la 
persona respectiva, como es el caso concerniente a las negociaciones de tratados y convenios internacionales, seguridad nacional, ideas políticas, estado civil, antecedentes penales y policivos, 
cuentas bancarias y otras de naturaleza simila r, que tengan ese carácter de acuerdo con una 
disposición legal.   
 
 Corresponderá a la Autoridad Investigadora valo rar si la justificación sobre el carácter de 
confidencial es suficiente.  Cuando ello no lo sea se deberá prevenir a la parte que esta información no 
será tomada en cuenta a menos que demuestre de ma nera convincente y de fuente apropiada, que la 
información es correcta, para lo cual se le con cederá un plazo perentorio que podrá ser entre 5 y  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  10 días.  Si las explicaciones no son satisfactorias la información será devuelta a la parte que la 
proporcionó a menos que autorice hacerla pública y permitir su divulgación.    
 De conformidad con el último párrafo del ar tículo 86 del Decreto Le y 7 de 2006 cuando se 
trate de obtener copias de documentos o certificaciones que versen sobre información confidencial, aquéllas se emitirán únicamente a solicitud del Minister io Público o de autoridad judicial en la forma 
que dispongan las normas pertinentes, en cuyo caso dicha autoridad debe cuidar que la información se 
maneje con igual carácter.   
 
Artículo 54.  Resúmenes no confidenciales.  La Au toridad Investigadora exigirá, con base en el 
artículo 86 del Decreto Ley 7 de 2006, a quien fac ilite información confidencial que junto con ésta 
suministre adecuadamente resúmenes no confidenciales de la misma.  El resumen no confidencial equivaldrá al documento confidencial con la i ndicación en cada caso de la información que se ha 
omitido y las razones para ello.  Estos resúmenes deberán ser suficientemente explícitos como para 
que el resto de las partes interesadas tengan conocimie nto claro de la información suministrada para lo 
cual se podrán usar entre otros medios explicativos:  gráficos de datos en términos porcentuales, una 
explicación genérica de los datos aportados, etc.  En circunstancias excepcionales, esas partes podrán 
señalar que dicha información no puede ser resumida .  En tales circunstancias excepcionales, deberán 
exponer las razones por las que no es posible resumirla.   
 
 Si la Autoridad Investigadora concluye  que los resúmenes no son suficientemente 
explicativos o que las razones que justifican la  imposibilidad de resumir la información no son 
aceptables podrá hacer caso omiso de esa información y la regresará a la parte que la proporcionó para 
que en un plazo perentorio de 5 a 10 días subsane la deficiencia, desista de su presentación o autorice 
su incorporación al expediente como información no confidencial o demuestre de manera convincente 
y de fuente apropiada, que la información es correcta.    Artículo 55.  Verificaciones in situ .  La Autoridad Investigadora, en el curso de la investigación, se 
cerciorará de la exactitud de la información present ada por las partes interesadas, para lo cual y 
cuando lo considere conveniente podrá realizar verificaciones in situ de las informaciones aportadas 
por las partes, en las que base sus conclusiones, di rectamente en las empresas tanto nacionales como 
extranjeras.  Se informará a las empresas con anterior idad a la visita, sobre la naturaleza general de la 
información que se trata de verificar, sin que esto im pida que durante la visita, y a la luz de la 
información obtenida, se soliciten más detalles.    
 Cuando se requiera realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros se deberá 
obtener la conformidad de las empresas interesad as y notificarlo a los representantes del gobierno del 
país de que se trate, a condición de que dic ho gobierno no se oponga a la investigación.   
  En las investigaciones realizadas en el territori o de otros países se seguirá el procedimiento 
descrito en el Anexo I del artículo 211 del presente Decreto Ejecutivo.  A reserva de lo prescrito en 
cuanto a la protección de la información confid encial, la Autoridad Investigadora pondrá los 
resultados de esas investigaciones a disposición de las empr esas a las que se refieran, o les facilitarán 
información sobre ellos, y podrán ponerlos  a disposición de los solicitantes.   
 Artículo 56.  Pruebas a costo de las partes interesad as.  La Autoridad Investigadora podrá solicitar de 
oficio, a las partes interesadas y a costa de éstas , cuestionarios, peritajes, dictámenes o criterios 
técnicos, y realizar todo tipo de diligencias admini strativas conducentes a la verificación de los hechos 
alegados.  Igualmente las partes podrán ofrecer que las diligencias probatorias que propongan sean 
realizadas a su costo, cuando la realización de las mismas no pueda ser sufragada por el Estado.   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
Página 32 
  
  Artículo 57.  Sobre la valoración de la prueba.  L as pruebas se apreciarán según las reglas de la sana 
crítica, sin que esto excluya la so lemnidad documental que la ley establezca para la existencia o 
validez de ciertos actos o contratos.   
 
CAPÍTULO IV 
 
RESOLUCIONES Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 58.  De las decisiones administrativas.  Las decisiones de las autoridades en los procesos 
regulados en este Decreto Ejecutivo se clasificarán conf orme con lo dispuesto en el artículo 201 de la 
Ley 38 de 2000, y deberán ser claras, precisas y c ongruentes.  Conforme c on el contenido de las 
resoluciones, éstas se denominarán:    
a) Resolución.  Acto administrativo debidame nte motivado y fundamentado en derecho, que 
decide el mérito de una petición, pone término a una instancia o decide un incidente o recurso en la 
vía gubernativa.  Toda resolución deberá contener  un número, fecha de expedición, nombre de la 
autoridad que la emite y un considerando en el cual  se expliquen los criterios que la justifican.  La 
parte resolutiva contendrá la decisión, así como los recursos gubernativos que proceden en su contra, 
el fundamento de derecho y la firm a del funcionario responsable.   
 
b) Resolución de mero obedecimiento.  Corr esponde al acto administrativo de inmediato 
cumplimiento y que no admiten ser impugnadas, como  lo son entre otras, las que resuelven una 
solicitud de copias, el envío del expediente al superior, cierre de tomos, etc.   
 
c) Resolución de mero trámite.  Es aquella que resuelve sobre la admisión o rechazo de pruebas, 
sobre la condición de confidencialidad de la inform ación, y cualquier otro asunto interlocutorio que 
dispone sobre el curso normal de la tramitaci ón y que no decide el fondo de la causa.   
 d) Resolución de fondo.  Se considerarán en est a categoría las resoluciones que resuelvan sobre 
el inicio, la imposición de medi das provisionales, y que pongan fin al  procedimiento, ya sea con la 
imposición o no de medidas definitivas, y en general las que decidan el mérito de la petición.   
  La autoridad competente que corresponda, se asegurará de cumplir con el principio de 
transparencia y con su obligación de dar aviso públic o en los términos del presente Decreto Ejecutivo 
y de la Ley 23 de 1997.   
 
Artículo 59.  Contenido y Forma de las Resoluci ones de Fondo.  Las Resoluciones de fondo deberán 
resolver todos y cada uno de los puntos que haya n sido objeto de la investigación.  Además de 
cumplir con los requisitos generales ordenados por la Ley 38  de 2000, la autoridad competente tomará 
en cuenta las siguientes consideraciones sobre contenido y forma:    
a) Los párrafos deberán seguir una  numeración continua del primer o al último en todo el cuerpo 
de la resolución.    b) En el análisis de fondo se deberán incluir lo s siguientes aspectos, así como cualquier otro que 
la autoridad competente considere necesario, en par ticular aquellos indicados en la Ley 23 de 1997: 
 
i) Una valoración sobre la falta de cooper ación u obstaculización de las partes en la 
evacuación de las pruebas, y la decisión de  recurrir a hechos de los que se tenga 
conocimiento y de la mejor información disponible.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  ii) Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de las excepciones 
opuestas, con las razones que se consideran aplicables.  En especial deberá analizar las condiciones o requisitos para la deci sión de imponer o no medidas de defensa 
comercial, indicando en forma separada lo relativo a la práctica desleal o el 
incremento de las importaciones, el daño, y la relación causal.   
iii) Se deberá analizar sobre si deben o no confirmarse las medidas provisionales en caso 
de que se hubiesen impuesto, así como cualquier tema relacionado con la retroactividad de las medidas definitivas.   
c) En su decisión la autoridad competente incl uirá mención de los siguientes aspectos así como 
cualquier otro que considere necesario:  
i) Aceptación o rechazo de ofertas de compromisos de precios, y exclusión de 
exportadores del proceso.   
ii) Establecer si se demostró o no la existencia  de la práctica desleal o el incremento de 
las importaciones, del daño, y del nexo causal.   
iii) Recomendación al Consejo de Gabinete relativa a la imposición de medidas 
definitivas, su plazo y magnitud, o rechazo de la solicitud.   
iv) Recomendación al Consejo de Gabinete re lativas a la confirmación o liberación de las 
medidas provisionales, y aplicación retroactiva de las medidas definitivas.   
CAPÍTULO V 
 
COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
 Artículo 60.  Notificaciones.  Las resoluciones serán notificadas conforme con este Decreto Ejecutivo, 
y demás normas que regulan el procedimiento administrativo.  Las resoluciones de mero 
obedecimiento o de mero trámite deberán ser notific adas dentro de los dos días siguientes a la fecha 
en que fueron proferidas.  Cuando se trate de las re soluciones de fondo las diligencias tendientes a la 
notificación deben iniciarse, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su emisión, sin perjuicio de que la Autoridad Investigadora pue da decidir que para efectos de transparencia se 
ordene publicar un extracto de éstas en la Gaceta Oficial.   
 
 Las notificaciones que deban efectuarse en el  territorio nacional se podrán realizar:  de 
manera personal, a través de correo certificado, medi ante edicto en puerta, mediante publicación en la 
Gaceta Oficial o en un diario de reconocida circulaci ón nacional, o por cualquier otro medio directo, 
como el de mensajería especializada, o por medio electrónico.  Las notificaciones realizadas en alguna 
de las formas antes señaladas, surtir án sus efectos el día hábil siguiente de aquél en que fueren hechas, 
salvo que se disponga otra cosa.     La primera notificación que deba realizarse a partes interesadas que se encuentran en el extranjero y no han señalado lugar para notificaciones en el territorio nacional podrá hacerse por medio de correo, o mediante entrega al repr esentante diplomático competente del Miembro 
exportador acreditado en Panamá o en caso cont rario a un representante oficial del territorio 
exportador acreditado preferiblemente ante la Orga nización Mundial del Comercio u otro organismo 
análogo.  A los efectos de este artículo se consider ará recibida la notificación una semana después de 
la fecha en que haya sido enviado al destinatario .  Las partes que hayan sido notificadas conforme con G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  las disposiciones de este artículo, deberán señ alar lugar o mecanismo idóneo para recibir 
notificaciones.  La parte interesada que no realice este señalamiento se tendrá por notificada de los siguientes actos procesales por el sólo transcurso de  las siguientes veinticuatro (24) horas siguientes a 
la notificación de la última de las partes que ha yan señalado debidamente lugar para ello.   
  La Autoridad Investigadora podrá informar de ma nera directa al gobierno del país de origen o 
de exportación del producto investigado, de a quellos actos del procedimiento que así requiera este 
Decreto Ejecutivo.  Estas notificaciones podrán reali zarse por cualquiera de los medios previstos en 
este artículo a la representación diplomática en la República de Panamá, o en su defecto a la 
representación ante la Organización Mundial del Comercio.     De conformidad con el principio de transpar encia de la Organización Mundial del Comercio, 
se dará aviso público de las resoluciones de fond o que se tome en el curso del procedimiento, 
mediante publicación en el sitio Web de la Autorida d Investigadora y además un extracto en la Gaceta 
Oficial o en un diario de reconocida circulación n acional.  Estos avisos públicos nunca incluirán 
aquella información que haya sido considerada como confidencial.    Artículo 61.  Aviso y comunicaciones a la Organi zación Mundial del Comercio.  El Ministro de 
Comercio e Industrias enviará prontamente las comu nicaciones y/ o notificaciones por conducto de la 
Misión Permanente de Panamá en Ginebra, Suiza, al  Comité de Prácticas Antidumping, al Comité de 
Subvenciones, o al Comité de Salvaguardias según sea el caso.  Estas com unicaciones serán las que 
deba realizar la República de Panamá por su c ondición de Miembro de la Organización Mundial del 
Comercio, y que en términos generales son al menos las siguientes:  a) las relativas al inicio de una investigación, b) la imposición de medidas pr ovisionales o definitivas, c) la aceptación de 
compromisos de precios, y d) la suspensión,  eliminación, o prórroga de medidas.   
 
CAPÍTULO VI 
 
RECURSOS 
 
Artículo 62.  Actos recurribles.  Las resolucion es de fondo serán susceptibles de ser impugnadas por 
las partes afectadas por ellas.  En los casos anteri ores y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto Ley 7 de 2006, únicamente será  posible interponer el recurso de apelación, el 
cual será concedido en el efecto devolutivo.    
Artículo 63.  Recurso de apelación.  El recurso de apelación será interpuesto o propuesto ante la 
autoridad de primera instancia en el acto de notificación, o por escrito dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir de la fech a de notificación de la resolución o acto impugnado 
conforme con lo dispuesto en el Título XI, Capítu lo I y III de la Ley 38 del 2000.  A los efectos del 
trámite de este recurso, se seguirá lo dispuesto en los artículos 171 y siguientes de la Ley 38 de 2000.   
 
Artículo 64.  Resolución del Recurso de Apelación.  Cuando no se han anunciado pruebas para ser 
practicadas en esta instancia, la decisión deberá ser adoptada en un término no mayor de quince días 
hábiles, contado a partir de la sustentación cua ndo ésta sea presentada directamente al Despacho del 
superior o desde el ingreso del expediente al mismo si la sustentación se realiza ante la autoridad de 
primera instancia.   
 
Artículo 65.  Agotamiento de la vía gubernativa.  Transcurrido el plazo para resolver el recurso sin 
que el funcionario competente se haya pronunciado, el recurso se considerará negado y agotada la vía 
gubernativa.  Igual efecto tendrá el rechazo del recurso.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 Página 35 
  
  CAPÍTULO VII 
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Artículo 66.  Terminación de la investigación.  Cu ando la Autoridad Investigadora determine en las 
investigaciones por prácticas de comercio desleal, que  el margen de dumping o la cuantía de la 
subvención son de minimis pondrá inmediatamente fin a la i nvestigación según lo dispone el 
artículo 16 del Decreto Ley 7 de 2006.  Igual cons ecuencia tendrá que la Autoridad Investigadora 
determine que el volumen de las importacione s reales o potenciales objeto de dumping o 
subvencionadas son insignificantes.    Artículo 67.  Margen de minimis .  Se considerará que existe un margen de minimis en las 
investigaciones de prácticas de comercio  desleal en los siguientes casos:   
 
a) En las investigaciones por dumping se considerará de minimis cuando el margen de éste sea 
inferior al dos por ciento (2%), expresado co mo porcentaje del precio de exportación.   
 b) En las investigaciones por subvenciones, se considerará de minimis la cuantía de la 
subvención cuando sea inferior al uno por ciento (1%) ad valorem .  Cuando el país exportador sea un 
país en desarrollo, se considerará que el nivel gl obal de las subvenciones concedidas por el producto 
en cuestión es de minimis si no excede del dos por ciento (2%) de  su valor, calculado sobre una base 
unitaria.    c) Los cálculos anteriores podrán realizarse en fo rma global por país y en forma individual por 
exportador, en el caso de existir márgenes globales inferiores a los niveles establecidos se deberá 
poner fin a la investigación conforme con lo indicado en el artículo anterior.  En el caso de que se 
establezca la existencia de márgenes individuales de minimis para algunos exportadores se dará fin a 
la investigación para ellos y se continuará para los que tengan márgenes superiores.   
 Artículo 68.  Insignificancia de importaciones.   Se considerará que las importaciones son 
insignificantes en los siguientes casos:   
 a) En las investigaciones por dumping cuando el volumen de las importaciones objeto de dumping procedentes de un determinado país repr esentan menos del tres por ciento (3%) de las 
importaciones del producto similar en el mercado nacional, salvo que los países que individualmente 
representan menos del tres por ciento (3%) de l as importaciones del producto similar en el mercado 
nacional representen en conjunto más del siete por ciento (7%) de esas importaciones.    b) En las investigaciones por subvenciones, cuando los productos subvencionados provengan de 
países en desarrollo y el volumen de las dichas im portaciones representa menos del cuatro por ciento 
(4%) de las importaciones totales del producto si milar en el mercado nacional, a menos que las 
importaciones procedentes de países en desarrollo  Miembros cuya proporción individual de las 
importaciones totales represente menos del cuatro por ciento (4%) constituyan en conjunto más del 
nueve por ciento (9%) de las importaciones totales del producto similar en el mercado nacional.  
 c) En las investigaciones de salvaguardias gene rales no se aplicarán medidas de salvaguardia 
contra un producto originario de un país en de sarrollo Miembro cuando la  parte que corresponda a 
éste en las importaciones realizadas por el Miembr o importador del producto considerado no exceda 
del tres por ciento (3%), a condición de que los pa íses en desarrollo Miembros con una participación 
en las importaciones menor del tres por ciento (3%) no representen en conjunto más del nueve por 
ciento (9%) de las importaciones totales del producto en cuestión.   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
Página 36 
  
  d) Cuando las exportaciones objeto de la inv estigación provengan de más de un país, la 
investigación podrá proseguir contra aquellos paí ses cuyas exportaciones no sean insignificantes.   
 
Artículo 69.  Desistimiento.  El solicitante podrá en  cualquier momento desistir de la investigación, 
por escrito debidamente motivado, ante lo cual la  Autoridad Investigadora dará por terminada la 
investigación.  Si la solicitud ha  sido presentada por varias empresas, el desistimiento de algunas de 
ellas no producirá la conclusión de la investigaci ón, siempre y cuando continúe con la misma una 
proporción importante de la rama de producción nacional.   
 
TÍTULO VI 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE PRÁCTICAS DE COMERCIO DESLEAL 
 
CAPÍTULO I 
 
FASE PREVIA A LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 Artículo 70.  La solicitud.  Las investigaciones encami nadas a determinar la existencia, el grado y los 
requisitos, necesarios para imponer alguna medida de las reguladas en el presente Decreto Ejecutivo 
se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la ra ma de producción nacional o en nombre de ella, 
salvo aquellos casos en los que, existiendo circunstanci as especiales se justifique el inicio de una 
investigación de oficio.    Artículo 71.  Legitimación activa.  Gozará de esta condición el conjunto de productores nacionales de 
productos similares, según la definición contenida en el artículo 9 de este Decreto Ejecutivo y lo 
dispuesto en los artículos 26 y 27 del Decreto Ley 7 de 2006, que al presentar la solicitud de inicio de 
una investigación administrativa cuenten con al me nos el apoyo de quienes cuya producción conjunta 
represente más del cincuenta por ciento (50%) de la  producción total del producto o bien similar, de 
entre quienes se hayan manifestado ante la Autoridad I nvestigadora a favor o en c ontra del inicio de la 
investigación.  Adicionalmente será necesario que, pa ra considerar que existe legitimación suficiente 
para el inicio la investigación los productores n acionales que apoyen expresamente la solicitud junto 
con los peticionantes, representen al menos el veintic inco por ciento (25%), de la producción total del 
producto o bien similar producido por la i ndustria o rama de la producción nacional. 
  La Autoridad Investigadora podrá determinar  el cumplimiento de los dos parámetros 
señalados en el párrafo anterior, mediante la utilizaci ón de técnicas estadísticas.  En caso de ramas de 
producción fragmentadas, que supongan un númer o excesivamente alto de productores, se podrán 
utilizar técnicas de muestreo estadístico.  Para verificar el cumplimiento de este requisito, la 
Autoridad Investigadora podrá solicitar la acredit ación correspondiente de cada una de las personas 
que actúan en nombre de la industria  o rama de la producción nacional. 
 
Artículo 72.  Contenido mínimo de la solicitud.  La solicitud deberá ser formulada por un abogado 
idóneo, en la cual deberán manifestarse los argumen tos y los motivos de hecho y de derecho, que la 
fundamentan.  La solicitud contendr á además de lo señalado en el artículo 28 del Decreto Ley 7 de 
2006, como mínimo, lo siguiente:    
a) Generales del solicitante;   
 b) Descripción detallada del pr oducto objeto de investigación, incluyendo la clasificación 
arancelaria, características y demás datos que lo individualice;     G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  c) Descripción y datos de la industria o rama de la producción nacional a la que pertenece el 
solicitante;    
d) Descripción detallada del producto o bien simi lar de la industria o rama de la producción 
nacional y demás datos que lo individualice;   
e) Participación porcentual del producto o bien si milar del solicitante en relación con el total de 
la producción nacional de dicho producto, en el sen tido de probar que se cumple con los requisitos de 
legitimación;   
 
f) Nombre y domicilio de los importadores y de quie nes realizan la exportación, si se conocen;   
 g) El volumen y precios de las importaciones obj eto de la solicitud de investigación, y demás 
hechos y datos que hagan presumible la existencia de la práctica de comercio desleal, así como el 
margen de dumping o la cuantía de la subvención, que se alegue.   
 h) País de origen y de procedencia de las importaciones;  y   i) Análisis, factores, datos o documentos que re flejen el daño y el nexo causal según se han 
definido en este Decreto Ejecutivo, como con secuencia de las importaciones realizadas en 
condiciones de práctica de comercio desleal.   
  La información y pruebas que se presenten como confidenciales deberán ser claramente identificadas como tales, a efectos de que así se califiquen.  La solicitud deberá cumplir con lo dispuesto sobre resúmenes no confidenciales.   
 
 Aquella información o datos que el solicitante tenga que presentar junto con la solicitud, y 
que deba ser suministrada por instituciones públicas,  conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante la Autoridad competente, si el so licitante demuestra, con pruebas fehacientes, las 
gestiones realizadas para su obtención.    
 El solicitante deberá entregar copia electróni ca de la solicitud completa incluyendo todos los 
anexos.  El peticionante deberá dar fe de que la copia electróni ca que entrega contiene la misma 
información que la solicitud y adicionalmente será responsable que dicha información se encuentre en 
su versión pública.    
 La Autoridad Investigadora evitará toda pub licidad sobre la solicitud de inicio de una 
investigación, hasta tanto ésta se inicie oficialmente.    Artículo 73.  Revisión inicial:  requi sitos de forma.  Recibida la so licitud, la Autoridad Investigadora 
procederá a examinar el contenido de la misma a fin de establecer si se ha incluido toda la información requerida de conformi dad con el artículo anterior de este Decreto Ejecutivo y el 28 del 
Decreto Ley 7 de 2006.   
 Artículo 74.  Prevención y prórroga al solicitante.  Si la solicitud no cump le con los requisitos de 
forma que establece el Decreto Ley No.7 de 2006 o este Decreto Ejecutivo la Autoridad Investigadora 
podrá requerir el cumplimiento de los requisitos fa ltantes.  Igualmente, aún cuando se cumpla con 
todos los requisitos de forma, pero no se aporta toda la información requerida, o si la misma es 
inexacta o no es clara, la Autoridad Investig adora podrá requerir la corrección, aclaración o 
ampliación de la información que se entrega con la so licitud a fin de darle el trámite dispuesto en el 
artículo 29 del Decreto Ley 7 de 2006.  Esta revisión inicial deberá realizarse dentro de cinco (5) días G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  hábiles, contados a partir de la fecha de presentaci ón de la solicitud.  Al ve ncimiento de ese plazo, si 
corresponde hacer una prevención en los términos de  este artículo, el requerimiento de corrección, 
aclaración o ampliación concederá un plazo de di ez (10) días hábiles, contado a partir de la 
comunicación, a fin de que subsane lo ordenado por la Autoridad Investigadora.   
 Artículo 75.  Rechazo de la solicitud.  Transcurrido el  término fijado en el artículo anterior, sin que el 
solicitante cumpla con el requerimiento de informac ión adicional, se procederá al rechazo y archivo 
de la solicitud a través de una resolución mo tivada.  Este término podrá ser prorrogado 
prudencialmente por la Autori dad Investigadora, a solicitud motivada de parte o cuando las 
circunstancias lo ameriten.   De igual forma, la Autoridad Investigadora podrá rechazar la solicitud cuando la información 
presentada sea falsa o inconducente, o cuando se tr ate de solicitudes temerarias, improcedentes o 
injustificadas.   
 Artículo 76.  Comunicaciones de la solicitud.  Hasta tanto no se haya emitido la resolución de inicio 
en la investigación, las autoridades en respeto a lo ordenado en el artículo 28 del Decreto Ley 7 
de 2006, evitarán toda publicidad acerca de la so licitud de iniciación de una investigación.  No 
obstante, después de recibir una solicitud que se encuentra debidamente documentada y que cumple 
con los requisitos de forma y antes de proceder a in iciar la investigación, la Autoridad Investigadora 
notificará en forma directa al gobierno del país exportador del producto objeto de investigación, 
mediante las vías contempladas en el presente Decr eto Ejecutivo.  A los efectos de realizar estas 
comunicaciones la Autoridad Investigadora actuará de  forma expedita, inmediata, y directa conforme 
con lo dispuesto en el artículo 60 y el artículo 61 de este Decreto.   
 
Artículo 77.  Invitación a consultas.  En el caso  específico de investigaciones sobre subvenciones, 
junto con la comunicación que se señala en el artículo anterior y conforme con el artículo 13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensa torias, se invitará al gobierno exportador o 
gobiernos exportadores del producto objeto de inve stigación a celebrar consultas con el objeto de 
dilucidar la situación respecto de las cuestiones a que se refiere el párrafo 2 del artículo 11 de dicho 
Acuerdo y llegar a una solu ción mutuamente convenida. 
  Asimismo, durante todo el período de la investigación se dará a los Miembros cuyos 
productos sean objeto de ésta una oportunidad raz onable de proseguir las consultas, con miras a 
dilucidar los hechos del caso.  Sin perjuicio de la obligación de dar oportuni dad razonable para la 
celebración de consultas, las presentes disposici ones en materia de consultas no impedirán a la 
Autoridad competente proceder con prontitud a la iniciación de una investigación, o a la formulación 
de determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, ni impedir aplicar medidas 
provisionales o definitivas, de conformidad con l as disposiciones del artíc ulo 13 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Derechos Compensatorios.    
Parágrafo:  De conformidad con lo dispuesto en este Artículo, es especialmente importante que no se 
formule ninguna determinación positiva, ya sea prel iminar o definitiva, sin haber brindado una 
oportunidad razonable para la celeb ración de consultas.  Tales consultas pueden sentar la base para 
proceder con arreglo a lo dispuesto en las Pa rtes II, III o X, del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la OMC.   
  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  CAPÍTULO II 
 
APERTURA E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 78.  Revisión de la solicitud:   análisis de fondo.  Una vez que se ha realizado la revisión de 
forma, y luego de que se haya establecido que la so licitud de investigación recibida está completa, la 
Autoridad Investigadora procederá a realizar el anális is de fondo, para lo cual contará con un plazo de 
quince (15) días hábiles y así evaluar el mérito de la solicitud y declarar, bajo resolución motivada de 
la autoridad competente, el inicio o rechazo de la  investigación administrativa.  En esta revisión la 
Autoridad Investigadora deberá determinar, si exis ten o no, pruebas suficientes que justifiquen la 
iniciación de una investigación administrativa, y si la solicitud ha sido presentada en nombre de la 
rama de la producción nacional, de forma tal que se  cumple con los requisitos de legitimación, según 
se dispone en el artículo 71 de este Decreto Ejecutivo.   
 
Artículo 79.  Rechazo y archivo de la solicitud.  La autoridad competente rechazará la solicitud 
presentada y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen 
pruebas suficientes del dumping o de la subvención,  y/o del daño que justifiquen la continuación del 
procedimiento relativo al caso, tal y como se ha di spuesto para cada caso en los artículos 5.8 del 
Acuerdo Antidumping y 11.9 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.   
 
 Igualmente, y conforme con lo dispuesto en  el artículo 66 de este Decreto Ejecutivo la 
solicitud será rechazada si se determina que el vo lumen de las importaciones es insignificante, y 
adicionalmente en el caso de prácticas de comercio desleal, si dichas prácticas son consideradas "de minimis ".   
 
Artículo 80.  Presupuestos para la apertura de la i nvestigación.  La Autoridad competente determinará, 
mediante resolución motivada, el inicio de la  investigación administrativa una vez que se ha 
verificado el cumplimiento de los requisitos de fo rma y fondo, y en especial que las pruebas aportadas 
junto con la solicitud poseen un grado de exactit ud, certeza y credibilidad en relación con el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para la imposición de medid as, en un nivel tal que 
justifiquen el inicio de la investigación.   
 Artículo 81.  Requisitos en la apertura de oficio de  la investigación.  En circunstancias especiales, la 
Autoridad competente puede decidir iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita 
hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella para que se inicie dicha investigación.  
A efectos de poder iniciar de oficio, la Autori dad competente sólo procederá a iniciar una 
investigación, cuando tenga pruebas suficientes s obre el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para la imposición de medidas, en un nivel tal que justifiquen el inicio de la investigación. 
 Artículo 82.  Resolución de Inicio de la investigaci ón.  Si de la revisión de la solicitud resulta que 
existen los elementos de prueba suficiente que justif iquen la apertura de la investigación, la autoridad 
competente emitirá resolución mediante la cual de  por iniciado el respectivo procedimiento de 
investigación.  La resolución deberá c ontener como mínimo lo siguiente:   
 a) Identificación de quien emite la resolución, así como el lugar y la fecha en que se emite la misma.   
 
b) Identificación de los datos de contacto de la  Autoridad Investigadora que tendrá a su cargo 
dirigir la investigación.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  c) Indicación de que se tiene por aceptada la so licitud y descripción detallada de los documentos 
presentados con ésta.    
d) La descripción detallada del producto objeto de investigación que se haya importado o se esté 
importando incluyendo la clasificación arancelaria, car acterísticas y demás datos que lo individualice.   
 e) Las generales que identifiquen al solicitante y la participación porcentual de su producción 
del producto similar en relación con el total de la producción nacional de dicho producto. 
 
f) Descripción y datos de la industria o rama de la producción nacional, incluyendo para cada 
productor el nombre o razón social, domicilio, y demás datos del productor o productores nacionales 
del producto similar que han sido identificados como integrantes de la Rama de Producción Nacional.   
 
g) El país o países de origen o proceden cia del producto objeto de investigación que 
presumiblemente sea objeto de prácticas desleales de comercio.    h) Nombre, domicilio, y demás datos de los importadores locales, exportadores, y productores 
extranjeros del producto objeto de investigación;  
i) Descripción, identificación, y datos de otras partes interesadas que deberán ser consideradas 
como tales en la investigación.    j) La motivación y fundamentación que sustente la resolución, incluyendo la información sobre 
la existencia de los requisitos y condiciones necesarias para la imposición de medidas.   
 
k) Plazo que se otorga a las partes interesadas  y, en su caso, al o los gobiernos extranjeros 
señalados, para aportar las pruebas que consideren  oportunas, así como el lugar en donde pueden 
presentar sus alegatos.    l) Se deberá fijar y comunicar los períodos de  investigación.  Estos períodos de tiempo podrán 
ser modificados en situaciones debidamente justificad as a criterio de la autoridad investigadora luego 
del inicio y antes de dictada de la resolución pr eliminar, siempre y cuando se brinde nuevamente un 
plazo suficiente a las partes interesadas para la  presentación de datos ejerciendo una adecuada defensa 
de sus intereses.    
Artículo 83.  Notificación y aviso público de la resolución.   La resolución de inicio de la investigación 
se notificará al país o países cuyos productos sean objeto de investigación así como también a las 
demás partes interesadas de cuyo interés tenga c onocimiento la Autoridad Investigadora dándoles el 
traslado de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, para lo cual la Autoridad 
Investigadora contará con un plazo de diez (10) dí as calendario.  Adicionalmente se dará el aviso 
público de inicio de la investigación conforme con lo establecido en el artículo 60 de este Decreto 
Ejecutivo.   
 Artículo 84.  Traslado.  Al notificarse la resolución de inicio de investigación administrativa se deberá 
cumplir con lo estipulado en el artículo 33 del D ecreto Ley 7 de 2006, dando traslado a la parte o 
partes interesadas de la resolución de inicio para que  procedan a la defensa de sus intereses, por el 
término de treinta (30) días calendario, contado a pa rtir del recibo del traslado,  o para los exportadores 
desde los siete (7) días calendario siguientes a la fecha de envío al destinatario o transmitido al 
representante diplomático competente del país o pa íses exportadores.  Se deberá atender debidamente 
toda solicitud de prórroga del plazo de treinta (30)  días calendario y, sobre la base de la justificación  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  aducida la cual deberá ser adecuada y razonable, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea 
factible.    
 Al realizar el traslado que ordena el presen te artículo a los exportadores que se conozcan, se 
deberá adjuntar la copia de la solicitud presentada y de los anexos que la acompañen, y en el caso de 
una investigación a gestión de oficio se acompañ arán los documentos que han servido de base para 
este efecto.  En todos los casos la documentación a entregar se limitará a la información que no tenga 
la condición de confidencial de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo.   
 
 La documentación citada en este artículo se remitirá a las autoridades del gobierno del país 
exportador, mediante notificación directa a la repres entación diplomática o consular acreditada en el 
país conforme con lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo y según dispongan los acuerdos 
internacionales de los que Panamá forme parte.  En  caso de no existir una representación diplomática 
o consular acreditada en el país, esta comunicaci ón podrá ser realizada a través de la representación 
comercial de la República de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio a la autoridad 
acreditada del país exportador  ante dicha organización. 
 
CAPÍTULO III 
 
INSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE PRUEBAS 
 Artículo 85.  Requerimiento de información.  La Autoridad Investigadora podrá requerir a las partes 
interesadas, a las entidades gubernamentales y a los terceros no parte en el proceso, los elementos 
probatorios, información y datos que estime pertinent es, para lo cual se podrá valer de formularios. 
 
a) A las partes interesadas:  envío de cuestionari os.  En el caso de los productores extranjeros, 
exportadores, importadores, y productores nacionales e nviará un cuestionario con el requerimiento de 
información.  A efectos de responder los cuestionari os se concederá a las partes interesadas un plazo 
de treinta (30) días calendario para responderlos.  Se deberá atender debidamente toda solicitud de 
prórroga del plazo para lo cual se podrá otorgar un plazo adicional de hasta treinta días calendario y, 
sobre la base de la justificación aducida.   
 b) A entidades gubernamentales.  La Autori dad Investigadora podrá solicitar en cualquier 
momento, a todas las entidades de la administraci ón pública, todo tipo de información o de criterios 
técnicos, las cuales quedan obligadas a suministrarl o en un término no mayor de treinta (30) días 
calendario.   
 c) A terceros no parte en el proceso.  La Au toridad Investigadora podrá requerir en cualquier 
momento a los productores, distribuidores o comerc iantes nacionales del produc to o mercancía de que 
se trate, así como a los agente s aduanales, mandatarios, apodera dos o consignatarios de los 
importadores, o a cualquier otra pe rsona que estime conveniente, la información y datos que tengan a 
su disposición y que resulten relevantes a los efectos de la investigación.   
 Parágrafo:  Con relación al párrafo a) de este ar tículo, por regla general, los plazos dados a los 
exportadores se contarán a partir de la fecha de recibo del cuestionario, el cual, a tal efecto, se considerará recibido siete días calendario después de la  fecha en que haya sido enviado al destinatario 
o transmitido al representante diplomático competente  del Miembro exportador o, en el caso de un 
territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, a un representante oficial del territorio exportador.   
 Artículo 86.  Ofrecimiento de pruebas.  De confor midad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 
Ley 7 de 2006, las partes podrán realizar su ofrecimi ento de pruebas durante el plazo de traslado del G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  artículo 84 de este Decreto Ejecutivo o al realizar la contestación de los cuestionarios.  En aquellos 
casos en los que se solicite una prórroga de este pl azo y la misma se haya concedido, el período de 
ofrecimiento de prueba será igualmente ampliado.   
 
Artículo 87.  Admisión y rechazo de pruebas.  La Autoridad Investigadora, a los efectos de decidir 
cuáles pruebas son admisibles y cuáles no lo son, de berá valorar la conducencia o no de cada una de 
ellas respecto de los hechos que deben ser co mprobados;  en este proceso deberá tomar en 
consideración las normas legales que rigen la materia probatoria.   
 
 El proceso de admisión y rechazo de pruebas se hará atendiendo el ofrecimiento de las partes, 
las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo y de l Decreto Ley 7 de 2006, luego de transcurrido el 
último vencimiento del plazo de traslado, incluida  la prórroga que eventualmente se otorgue.  No 
obstante nada impedirá que la Au toridad Investigadora admita y ordene la evacuación de pruebas 
ofrecidas por las partes antes de que venza este plazo.   
 Artículo 88.  Plazo de evacuación.  Una vez que se ha  decidido cuales pruebas se admiten, se ordenará 
su práctica en un término no mayor de treinta (30) días calendario contados a partir del vencimiento 
del plazo de traslado, conforme se indica en el artíc ulo 36 del Decreto Ley 7 de 2006.  Estos términos 
podrán ser prorrogados por la Autoridad Investiga dora, atendiendo las necesidades de cada caso.   
 
 Para mejor proveer, la Autoridad Inves tigadora también podrá solicitar en cualquier 
momento, a todas las entidades de la administraci ón pública, todo tipo de información o de criterios 
técnicos, las cuales quedan obligadas a suministrarl o en un término no mayor de treinta (30) días 
calendario.   
 
 A reserva de lo prescrito en cuanto a la prot ección de la información de carácter confidencial, 
las pruebas presentadas se pondrán en el expediente a disposición de las demás partes interesadas que 
intervengan en la investigación y que así lo soliciten.    Artículo 89.  Prueba para mejor proveer.  La Au toridad Investigadora podrá ordenar para mejor 
proveer, la práctica de cualquier medio probatorio de los previstos en este Decreto Ejecutivo en su 
artículo 51, o la ampliación de las pruebas ya r ecibidas.  La prueba para mejor proveer podrá 
comprender además de las pruebas ya existentes, otr as enteramente nuevas.  En la misma resolución 
que ordena la practica de esta prue ba, se fijará el plazo dentro del cual deberá ejecutarse lo ordenado, 
y si no fuere posible determinarlo, se procurará que  se ejecute sin demora.  La evacuación de este tipo 
de pruebas no podrá llevarse a cabo si con ello se  comprometería el plazo máximo disponible para 
poder concluir la investigación, en los términos  permitidos por este Decreto Ejecutivo.   
 Artículo 90.  Sesiones de evacuación de pruebas.  Las pruebas ofrecidas por las partes interesadas y 
que han sido debidamente admitidas, así como las ordenadas por iniciativa de la administración, serán evacuadas mediante sesiones debida mente convocadas al efecto.  Las partes y sus apoderados tienen 
la obligación de colaborar en la práctica de las pr uebas decretadas tal y co mo ordena la Ley 38 de 
2000 en su artículo 144.  Artículo 91.  Presencia y participación de las part es interesadas.  La Autoridad Investigadora 
comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el lugar, fecha y hora en que se practicará la 
prueba, con la advertencia, en su caso, de que el  interesado pueda nombrar apoderado o peritos para 
que le asistan.  Al practicarse las pruebas, se tomará en cuenta, si la información que vaya a ser expuesta en la sesión, es o no confidencial, para decidir si se limita o no el acceso de las otras partes interesadas en dicha sesión.  A efectos de realizar esta determinación la parte que solicite la calificación de confidencial deberá haber jus tificado tal calificación según está dispuesto en el  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  artículo 53 anterior, la Autoridad Investigadora po drá elaborar un resumen no confidencial de la 
práctica de la prueba a efectos de in cluirlo en el expediente público.   
 
Artículo 92.  Práctica de la prueba testimonial.  La  prueba testimonial será practicada de forma oral 
ante la Autoridad Investigadora.  La Autoridad Investigadora podrá limitar la recepción de prueba 
testimonial ofrecida por cada parte a la que consid ere útil y necesaria conforme con los hechos que se 
investigan.  Si al momento de la práctica de la prueba el testigo no se presenta por causa justificada, podrá realizarse únicamente una segunda convocatoria para  estos efectos, caso contrario la prueba se 
tendrá por abandonada.   
 La práctica de una prueba testimonial que  no logre completarse en la sesión que fue 
convocada a este efecto, podrá continuarse en fecha posterior que fijará de forma prudencial el 
funcionario a cargo de la diligencia.    
Artículo 93.  Informe técnico sobr e la prueba.  La Autoridad Investigadora preparará un informe 
técnico preliminar y un informe técnico definitiv o en el que valore las pruebas que han sido 
presentadas y evacuadas en la investigación.  En  dichos informes se incluirán según corresponda los 
cálculos financieros, económicos, contables y de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios 
para analizar la información recopilada  sobre los hechos que se investigan.   
 
 Estos informes técnicos serán presentados a efect os de que se pueda realizar la determinación 
preliminar y la determinación final.  El informe preliminar será preparado con base en la información 
que conste en la solicitud y podrá tomar en cuenta las respuestas a los cuestionarios enviados por la 
Autoridad Investigadora.  El informe final será prep arado luego de evacuadas todas las pruebas, cuya 
práctica se haya ordenado.  Cada uno de estos info rmes será preparado en dos versiones, una pública y 
una confidencial.  La versión pública será inclui da en el expediente público y los datos serán 
expresados en términos tales que respeten la c onfidencialidad de la información que haya sido 
declarada en tal condición, la versión confiden cial no podrá ser divulgada y se mantendrá en el 
expediente confidencial.    
CAPÍTULO IV 
 
DETERMINACIÓN PRELIMINAR 
 
Artículo 94.  Fundamentos para la determinación.  Una vez hecho el aviso público de inicio de la 
investigación, y luego de haberse dado oportunidad a las partes para pronunciarse sobre este inicio, y 
haya transcurrido el plazo mínimo de 60 días desde el inicio de la investigación, se podrá proceder a 
emitir una determinación preliminar.    Artículo 95.  Contenido de la de terminación preliminar.  En concor dancia con los artículos 12.2 del 
Acuerdo Antidumping y 22.3 del Acuerdo sobre S ubvenciones y Medidas Compensatorias, en la 
determinación preliminar la Autoridad Investiga dora deberá mencionar todas las constataciones y 
conclusiones a que se haya llegado sobre todas las cu estiones de hecho y de derecho que se considere 
pertinentes, para lo cual realizará una valoración de las argumentaciones presentadas en el proceso y 
las pruebas aportadas.  Al realizarse la determin ación preliminar se deberá decidir si se recomienda 
imponer o no medidas provisionales de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto 
Ejecutivo.   
 
Artículo 96.  Evaluación de nivel de certeza reque rido.  El nivel de certeza requerido para la 
comprobación de los hechos que se investigan será proporcional al avance de la investigación.  La G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  evacuación de las pruebas ofrecidas por las partes no será requisito para poder emitir esta 
determinación preliminar.    
CAPÍTULO V 
 
MEDIDAS PROVISIONALES 
 Artículo 97.  Condiciones y requisitos.  Durante el período de investigación, y una vez emitida la 
determinación preliminar, la autoridad competente  mediante resolución motivada de acuerdo con el 
artículo 45 del Decreto Ley 7 de 2006, podrá recomend ar al Consejo de Gabinete que adopte este tipo 
de medidas.   
 En las investigaciones sobre pr ácticas de comercio desleal sólo podrán aplicarse medidas 
provisionales si:   
 
a) Se ha iniciado una investigación de confor midad con las disposiciones de este Decreto 
Ejecutivo y demás normas aplicables, se ha dado un aviso público a tal efecto y se ha dado a los 
Países Miembros de la OMC interesados y a l as partes interesadas oportunidades adecuadas de 
presentar información y hacer observaciones;    
b) se ha emitido una determinación preliminar de que existe una práctica de comercio desleal, y 
de que hay un daño a una rama de producción naciona l a causa de las importaciones objeto de práctica 
desleal;  
 
 
c) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause 
daño durante la investigación.    d) No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días calendario, 
contados desde la fecha de la resolución que da  inicio a la investigación administrativa.   
 Artículo 98.  Plazo de las medidas.  Las medidas provisionales deberán aplicarse por el período más breve posible, de conformidad con las siguientes disposiciones:    
a) En las investigaciones sobre dumping el plazo  se fijará en respeto a lo dispuesto en el 
artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping, el cual no podrá exceder de cuatro meses;  sin embargo, cuando exista petición de los e xportadores que representen un porcenta je significativo del comercio 
de que se trate, este plazo podrá ser ampliado hasta seis meses.  Adicionalmente, cuando la Autoridad 
Investigadora examine si bastaría un derecho inferior  al margen de dumping para eliminar el daño, 
esos períodos podrán ser de seis y nueve meses respectivamente.   
 
b) En las investigaciones sobre subvenciones, se  estará a lo señalado por el artículo 17.4 del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatori as en relación con el plazo de las medidas el 
cual no podrá exceder de cuatro meses.    
Artículo 99.  Valoración para la aplicación de un de recho inferior.  La Autoridad Investigadora podrá 
a los efectos del artículo anterior, y a solicitud de parte o de oficio, valorar el uso de un derecho 
inferior, siempre que las circunstancias se lo permit an, especialmente a la luz de las pruebas existentes 
en el momento de haberse emitido la determinación preliminar.   
  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Artículo 100.  Solicitud de prórroga.  Toda petic ión de prórroga de las medidas provisionales 
antidumping por parte de los exportadores presentad a conforme con el artículo 98 deberá ser 
presentada en el curso de aplicación de la medida y hasta diez (10) días hábiles antes de su expiración.   
 
Artículo 101.  Restricciones.  No podrán a doptarse o imponerse derechos compensatorios 
provisionales o antidumping provisionales en forma simultánea, para solucionar una misma situación 
resultante de investigaciones por subvención y por dumping.    
CAPÍTULO VI 
 
COMPROMISOS 
 
Artículo 102.  Presupuestos previos.  En las investigaciones por dumping o subvenciones, los 
exportadores podrán ofrecer compromisos, según lo disponen el artículo 8 del Acuerdo Antidumping 
y el artículo 18 del Acuerdo sobre Subvenciones y Me didas Compensatorias.  No se recabarán ni se 
aceptarán tales compromisos a menos que se haya emitido una determinación preliminar positiva de la 
existencia de la práctica de comercio d esleal, y del daño causado por la misma.   
 Artículo 103.  Comunicación, oferta, y contenido de compromisos.  Los compromisos podrán 
consistir en poner fin a las exportaciones a pr ecios de dumping o subvencionados, o revisar y 
aumentar los precios de exportación.  Dichos au mentos no serán superiores  a lo necesario para 
compensar la práctica de co mercio desleal, en referencia a la cu antía de la subvención o del margen 
de dumping según corresponda.  Es deseable que los au mentos de precios sean inferiores a la cuantía 
de la subvención o del margen de dumping, si así  bastan para eliminar el daño a la rama de 
producción nacional.   
 a) Oferta de exportadores.  La oferta de lo s exportadores podrá realizarse en forma individual o 
conjunta;  en dicha oferta se deberá comunicar que se desea asumir voluntariamente los compromisos 
propuestos.    
b) Oferta del gobierno exportador.  En el caso pa rticular de las investigaciones de subvenciones, 
el gobierno exportador podrá ofrecer compromisos en el sentido de eliminar o limitar la subvención, o 
adoptar otras medidas para eliminar los ef ectos perjudiciales de la subvención.   
 c) Sugerencias de compromisos.  La Autorida d Investigadora podrá sugerir compromisos en 
materia de precios, pero no se obligará a ningún e xportador a aceptarlos.  El hecho de que un 
exportador no ofrezca tales compromisos o no acepte la invitación a hacerlo no prejuzgará en modo 
alguno el examen del asunto.    Artículo 104.  Consulta a la Rama de Producción Nacional.  Una vez recibido el compromiso la Autoridad Investigadora comunicará a la Rama de  Producción Nacional la presentación del mismo.  
En esta comunicación se indicará en términos general es el contenido de la oferta, y concederá a los 
productores nacionales un plazo de diez días (10) hábiles para que hagan las manifestaciones que consideren oportunas en defensa de sus intereses individuales o colectivos.    Artículo 105.  Aceptación o rechazo de compromi sos.  La Autoridad Investigadora mediante 
resolución motivada aceptará la oferta de compromisos cuando exista el convencimiento que 
mediante la implementación del mismo se elim ina el efecto perjudicial del dumping o de la 
subvención según corresponda.  No obstante y de  acuerdo con los artículos 8.3 del Acuerdo 
Antidumping y 18.3 del Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, no será necesario 
aceptar los compromisos ofrecidos si la Autoridad Investigadora considera que no sería realista tal G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  aceptación, por ejemplo, porque el número de los exportadores reales o potenciales sea demasiado 
grande, o por otros motivos, entre ellos se pueden toma r en cuenta aspectos de política general.  En tal 
caso, y siempre que sea factible, se expondrá al exportador los motivos que hayan inducido a 
considerar inadecuada la aceptación de un compromiso  y, en la medida de lo posible, se dará al 
exportador la oportunidad de formular observaciones al respecto.    Artículo 106.  Suspensión o terminación de la invest igación.  La investigación se podrá suspender o se 
dará por terminada sin imposición de medidas provisi onales o definitivas, si la Autoridad competente 
acepta la oferta de compromisos satisfactorios re lativos a los precios.  Cuando los compromisos no 
abarquen la totalidad de los exportadores y producto res, la investigación continuará para quienes no 
hayan asumido compromisos.    Parágrafo:  La palabra "podrá" no se interpreta rá en el sentido de que se permite continuar los 
procedimientos simultáneamente con la aplicación de los compromisos relativos a los precios, salvo 
en los casos previstos en este Decreto Ejecutivo.    Artículo 107.  Continuación de la investigación.  La  investigación de la existencia de la práctica de 
comercio desleal y daño se llevará a término cuando así lo desee el exportador o así lo decida la 
Autoridad Investigadora según lo establecido en lo s artículos 8.4 del Acuerdo Antidumping y 18.4 del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.  En tal caso, si se formula una 
determinación negativa de la pr áctica de comercio desleal o de daño, el compromiso quedará 
extinguido automáticamente.  En caso de que se form ule una determinación positiva de la existencia 
de la práctica de comercio desleal y de daño, el compromiso se mantendrá conforme a sus términos y 
a las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo.   
 
Artículo 108.  Información periódica.  La Autorida d Investigadora podrá solicitar a las entidades de la 
administración pública y a cualquier exportador del que se haya aceptado un compromiso, quienes tendrán la obligación de ofrecer la información periódica relativa al cumplimiento del mismo y que permita la verificación de los datos pertinentes.    
Artículo 109.  Incumplimiento del compromiso.  En  caso de incumplimiento de un compromiso, la 
Autoridad competente podrá proceder conforme c on los artículos 8.6 del Acuerdo Antidumping o el 
artículo 18.6 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias según corresponda, y 
recomendar al Consejo de Gabinete adoptar con pr ontitud disposiciones que podrán consistir en la 
aplicación inmediata de medidas provisionales sobre la  base de la mejor información disponible.  En 
tales casos podrán percibirse derechos definitivos al amparo del presente Decreto Ejecutivo sobre los 
productos declarados a consumo 90 días como máxi mo antes de la aplicación de tales medidas 
provisionales, con la salvedad de que esa retro actividad no será aplicable a las importaciones 
declaradas antes del incumplimiento del compromiso.    
CAPÍTULO VII 
 
AUDIENCIA FINAL 
 Artículo 110.  Objeto y finalidad de la audiencia.  El objeto y finalidad de la audiencia es informar y 
oír a las partes en el proceso, sobre los hechos ese nciales considerados, que sirvan de base para la 
decisión de recomendar o no, la aplicación de medidas definitivas.   
 Artículo 111.  Convocatoria a la audiencia final.  Terminada la práctica de pruebas y antes de la 
resolución que pone fin a la investigación administra tiva, la Autoridad Inves tigadora de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Ley 7 de 2006, citará a todas las partes interesadas a una  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  audiencia.  Esta convocatoria se realizará a las pa rtes interesadas que haya n señalado un lugar para 
recibir notificaciones de conformidad con el artícul o 60 de este Decreto Ejecutivo, con no menos de 
siete (7) días calendario antes de la fecha en que se celebrará dicha audiencia final con la finalidad de 
que éstas puedan realizar una defensa efectiva de sus intereses.   
 Artículo 112.  Comunicación de hechos esenciales.  A efectos de garantizar los fines del artículo 41 
del Decreto Ley 7 de 2006, la Autoridad Inves tigadora confeccionará un informe sobre los hechos 
esenciales que sirvan de base para la decisión de recomendar o no medidas definitivas el cual hará 
llegar a todas las partes interesadas al momento de ha cer la convocatoria que se ordena en el artículo 
anterior.    Artículo 113.  Participación en la audiencia.  En la s investigaciones por prácticas  de comercio desleal, 
se llevará a cabo una audiencia privada a la cual só lo podrán participar aquellos sujetos que hayan 
sido admitidos como partes interesadas o terceros in teresados, de conformidad con lo dispuesto por la 
Autoridad Investigadora.  De acuerdo con lo disp uesto en el artículo 41 del Decreto Ley, también 
podrán participar de esta audiencia representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y del Ministerio de Comercio e Industrias.    Artículo 114.  Administración de la audiencia.  En esta audiencia el funcionario que sea designado 
para este efecto, iniciará la audiencia verificando la identidad de las partes, las cuales podrán 
representarse a si mismas o por medio de abogado idón eo.  El orden y tiempo de participación de cada 
una de ellas serán determinados con anterioridad por la Autoridad Investigadora, de acuerdo a la 
cantidad de partes que deseen participar, pudiendo c ontemplar el derecho de réplica para las partes 
interesadas.  La ausencia de una o más partes in teresadas u otras personas llamadas a comparecer en 
este acto no impedirá su realización.  Al organizar los tiempos de participación de los asistentes a la 
audiencia, el funcionario deberá tomar en consid eración que se logre garantizar una adecuada defensa 
de los intereses involucrados en la investigación.  La audiencia será grabada, transcrita e incorporada 
al expediente.    Artículo 115.  Presentación de argumentos finales.  Concluida la audiencia e incorporada la grabación 
señalada en el artículo anterior se concederá a las part es interesadas el término de tres (3) días hábiles 
estipulado en el artículo 41 del Decreto Ley 7 de 2006, para que presenten sus argumentos finales en 
defensa de sus intereses y expongan sus opiniones.  Estos argumentos finales deberán ser presentados 
por escrito y también por medios electrónicos.    
CAPÍTULO VIII 
 
DETERMINACIÓN DEFINITIVA 
 
Artículo 116.  Determinación definitiva.  Recibidos  los alegatos, la Autoridad competente tendrá 
conforme con el artículo 42 del Decreto Ley 7 de 2006 diez (10) días hábiles para emitir resolución 
motivada que pone fin a la investigación administrativ a.  En dicha resolución se deberá incluir la 
determinación definitiva y cuando proceda se emitirá recomendación al Consejo de Gabinete sobre la 
aplicación de medidas definitivas.  El presente pl azo podrá ser prorrogado por disposición de la 
Autoridad competente, conforme con las c ondiciones especiales que se presenten en cada 
investigación, a efectos de presentar en forma adecuada su decisión.   
 
Artículo 117.  Nivel de imposición de medidas.  Al momento de emitirse la recomendación de 
imposición de medidas definitivas, la Autoridad I nvestigadora deberá indicar el nivel en el que 
considera debe imponerse las medidas definitivas se gún cada investigación.  De conformidad con el G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  artículo 19 del Decreto Ley 7 de 2006, la medida que  se recomiende no podrá ser superior al margen 
de dumping o al de la cuantía de la subvención establecida en  la determinación final.   
 
 En las investigaciones por dumping y cuando e llo sea posible conforme con las condiciones 
particulares de cada investigación, se deberán fija r medidas individuales a los exportadores según sus 
condiciones particulares, y cuando ello corresponda se señalarán las exclusi ones procedentes a la 
aplicación de tales medidas.  En estas investigaciones de conformidad con el artículo 9.5 del Acuerdo 
Antidumping, se impondrá medidas residuales a las importaciones procedentes del país o los países 
investigados, a efectos de evitar la elusión de las medi das.  La medida residual deberá ser fijada en un 
nivel ubicado entre la medida más gravosa y la menos gravosa;  sin embargo al hacerlo se podrá tomar en consideración si existió o no cooperaci ón por parte de los exportadores a quienes deba 
aplicárseles esta medida residual.   
 En las investigaciones por subvenciones, se est ablecerá una cuantía global de subvención por 
país, de forma tal que si así se llegase a decidir, se fije un derecho compensatorio sin discriminación 
sobre las importaciones de ese producto, cualqui era que sea su procedencia, declaradas 
subvencionadas y causantes de daño, a excepción de  las importaciones procedentes de fuentes que 
hayan renunciado a la concesión de  las subvenciones en cuestión o de las que se hayan aceptado 
compromisos en virtud de lo establecido en el presente Decreto Ejecutivo.    
Artículo 118.  Análisis de aplicación de un nivel infe rior.  La Autoridad Investigadora podrá analizar 
el uso de un derecho inferior, siempre que las ci rcunstancias se lo permitan y tomando en cuenta 
criterios que considere oportunos y convenientes.    Artículo 119.  Contenido de la determinación final.  En la resolución final de la autoridad competente, 
se deberá incluir una determinación final la cual c ontendrá, además de los aspectos señalados en el 
artículo 59 de este Decreto Ejecutivo, como mínimo la siguiente información:    a) La información que identifica al solicitante y un resumen de los argumentos incluidos en la 
solicitud.    
b) La descripción completa del producto objeto de investigación.   
 c) Los datos relacionados con la fecha de inicio y la prórroga, en caso de  haberse dado, del plazo 
de la investigación.    
d) Un breve resumen de los principales hechos que se tuvieron como comprobados y sirvieron 
de base en la determinación preliminar.    e) Si se impusieron medidas provisionales, y los detalles sobre dicha aplicación.    f) Un resumen sobre los resultados de la práctica de pruebas;  así como la identificación de las 
pruebas que fueron rechazadas y las razones para ello.   
 g) En caso de que se hayan ofrecido compromisos, una breve mención de ello, así como de si los mismos fueron aceptados o rechazados.    
h) Un breve resumen de los argumentos final es de las partes sobre los hechos base de la 
investigación.     G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 Página 49 
  
  i) Las principales constataciones que realizó la  Autoridad Investigadora en el curso de la 
investigación sobre la existencia de las condicion es para la imposición de medidas definitivas según 
se trate de una investigación por dumping o subvención, según se regula en este Decreto Ejecutivo y 
las normas aplicables. 
 j) Mención y valoración de los argumentos sobre la existencia o inexis tencia de un interés 
público en la aplicación o no de las medidas.    
k) De haberse realizado un análisis sobre el  uso de un derecho inferior, se explicará la 
metodología utilizada y las conclusiones a las que se haya llegado.    l) La recomendación al Consejo de Gabine te para imponer o no de rechos antidumping o 
compensatorios definitivos.   
 
Artículo 120.  Recomendación final.  La recomend ación mencionada en el inciso l del artículo 
anterior será remitida al Consejo de Gabinete tal y como se ordena en el artículo 43 del Decreto Ley 7 
de 2006, e indicará si se debe impone r medidas definitivas y la forma que  deberán tomar, así como los 
detalles necesarios para su correcta aplicación.   En caso de que se hayan aplicado medidas 
provisionales, se deberá recomendar si se confirma  o no su aplicación y lo que corresponda en materia 
de retroactividad de las medidas definitivas.   
  Luego de recibida la resolución de la au toridad competente por parte del Consejo de 
Gabinete, éste deberá decidir si acepta o rechaza la  recomendación, para lo cual emitirá el decreto 
respectivo.   
 
TÍTULO VII 
 
PROCESOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS  
CONTRA PRÁCTICAS DE COMERCIO DESLEAL 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 121.  Tipos de procesos.  Se consideran procesos especiales de  ejecución el examen de nuevo 
exportador, las revisiones intermedias y los exámenes  de prorroga.  Estos procesos son especiales y 
todos se tramitarán en forma abreviada conforme con las disposiciones del presente capítulo.   
 Artículo 122.  Inicio a solicitud de parte o de ofic io.  El examen de nuevo exportador, sólo podrá ser 
iniciado por gestión de parte, mientras que la revi sión de medidas así como el examen de prórroga 
podrán ser tramitados a gestión de parte o por in iciativa de la Autoridad Investigadora.   
 
Artículo 123.  Sobre la solicitud.  Cuando la solicitu d sea presentada por una parte interesada, deberá 
ser formulada por un abogado idóneo, en la cual deberán manifestarse los argumentos y los motivos 
de hecho y de derecho, que la f undamentan.  Para los datos numéricos  se requiere utilizar los formatos 
propuestos por la Autoridad Investigadora, y fac ilitar su presentación en medios computarizados 
compatibles indicados por dicha Autoridad.   
 Artículo 124.  Trámite y procedimiento.  Los procesos  previstos en el presente  título serán tramitados 
mediante expediente iniciado al efecto en condic ión de legajo separado pero como parte de la G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  investigación en la cual se hayan impuesto medidas que sirven de base a alguno de los procesos aquí 
contemplados.    
 Recibida la solicitud, la Autoridad Investiga dora procederá a examinar su contenido a fin de 
establecer si se ha incluido toda la información reque rida de conformidad con este Título para cada 
diferente proceso.  Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma se le podrá prevenir al 
peticionante que cumpla con aque llo que falte.  Igualmente, aún cuando se cumpla con todos los 
requisitos de forma, pero no se aporta toda la info rmación requerida, o si la misma es inexacta o no es 
clara, la Autoridad Investigadora podrá preven ir la corrección, aclaración o ampliación de la 
información que se entrega con la solicitud.  Esta  revisión inicial deberá realizarse dentro de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fech a de presentación de la solicitud.  Al vencimiento de 
ese plazo, si corresponde hacer una prevención en los términos de este artículo, la prevención o requerimiento de corrección, aclaración o ampliaci ón concederá un plazo de diez (10) días hábiles, 
contado a partir de la comunicación, a fin de que solvente lo ordenado por la Autoridad Investigadora.  
Si no se cumple con la prevención que se haga en el plazo estipulado se procederá el rechazo y archivo de la solicitud sin más trámite.  Este té rmino podrá ser prorrogado prudencialmente por la 
Autoridad Investigadora, a solicitud motivada de pa rte o cuando las circunstancias lo ameriten.   
  De igual forma, se rechazará la solicitud cuando la información presentada sea falsa o 
inconducente, o cuando se trate de solicitudes teme rarias, improcedentes o injustificadas.   
 Artículo 125.  Inicio y convocatoria de las partes interesadas.  Una vez que se ha realizado la revisión 
de forma, y luego de que se haya establecido que la petición está completa de conformidad con el 
artículo anterior, la Autoridad Investigadora proceder á a realizar el análisis de fondo, para lo cual 
contará con un plazo de treinta (30) días hábiles y así evaluar el mérito de la solicitud y declarar, bajo 
resolución motivada, el inicio o rechazo de la investigación administrativa.   
  Cuando la Autoridad competente haya inicia do un procedimiento especial de ejecución, ya 
sea en virtud de petición o por inic iativa propia, la Autoridad Investigadora deberá comunicarlo a las 
partes interesadas que corresponda según el tipo de  investigación, cuyos datos consten en el 
expediente administrativo de la investigación en la  cual se impuso la medida y que hayan señalado 
lugar para recibir notificaciones.  Al momento de comunicar el inicio se le concederá a las partes interesadas un plazo de quince (15) días calendario para que procedan a su contestación, ofrezcan 
pruebas, y hagan la defensa que cons ideren pertinente a sus intereses.  Contra la resolución que inicia 
la investigación cabe el recurso de apelación confor me con los términos indicados en este Decreto 
Ejecutivo.   
 Artículo 126.  Requerimiento de información.  La Autoridad Investigadora podrá requerir a las partes 
interesadas que corresponda, a las entidades gubernamen tales y a los terceros no parte en el proceso, 
los elementos probatorios, información y datos que est ime pertinentes, para lo cual se podrá valer de 
cuestionarios o formularios cuando lo considere pertinen te.  Lo dispuesto en el Título VI.  Capítulo III 
sobre instrucción y recepción de pruebas será aplicab le en lo que corresponda, a los procedimientos 
especiales de ejecución.    Artículo 127.  Práctica de pruebas.  Una vez venci do el plazo para el ofrecimiento de pruebas, y 
habiéndose tomado decisión sobre cuales pruebas serían admisibles, las que lo requieran serán 
practicadas en un plazo que no podrá exceder de los treinta (30) días calendario a partir del 
vencimiento del traslado.  Este plazo podría ser pr orrogado por la Autoridad Investigadora en aquellos 
casos que haya existido dificultad para completar las diligencias probatorias.  Las partes llamadas a 
participar en este proceso y sus apoderados tienen la obligación de colaborar en la práctica de las 
pruebas decretadas.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 Página 51 
  
  Artículo 128.  Verificación de la Información.  Las pruebas suministradas con la solicitud u ofrecidas 
en la contestación deberán indicar con claridad las fuentes empleadas:  identificación de los libros de 
contabilidad, bases de datos, nombre de las publi caciones y toda aquella información relevante que 
facilite su verificación.  La Autoridad Investiga dora escogerá el medio adecuado para la verificación 
de la información cuando lo c onsidere necesario y conveniente. 
 Artículo 129.  Alegatos finales.  Habiéndose evacuado todas las pruebas, cuya práctica ha sido ordenada, el expediente será puesto a disposici ón de las partes, mediante resolución que será 
debidamente comunicada, dando un plazo de cinco (5) días hábiles para la revisión del expediente y 
las pruebas que en él consten.  Vencido dicho pl azo, las partes tendrán la oportunidad de presentar un 
alegato final por escrito en el cual harán sus ar gumentaciones, a quienes se les concederá un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles.  En casos excep cionales la Autoridad Investigadora podrá recibir 
estos alegatos en forma oral en una audiencia c onvocada al efecto;  no obstante los mismos deberán 
ser transcritos e incorporados al expediente.   
Artículo 130.  Resolución.  Si como resultado de  la investigación se llegase a determinar que no 
existen las condiciones necesarias para modificar la aplicación de las medidas, prorrogarlas, 
establecer nuevas condiciones para un nuevo exporta dor, o dar por terminada su aplicación, se 
procederá al rechazo y archivo de la solicitud.  Si por el contrario, existiese el mérito suficiente la 
autoridad competente emitirá una resolución en la cual recomendará al Consejo de Gabinete, 
modificar la aplicación de las medidas, prorrogarlas, establecer nuevas condiciones para un nuevo 
exportador, o dar por terminada su aplicación.    Artículo 131.  Recursos.  Contra la resolución indicad a en el artículo anterior  procederá únicamente el 
recurso de apelación, de conformidad con el artículo 93 del Decreto Ley 7 de 2006.   
 
CAPÍTULO II 
 
EXAMEN DE NUEVO EXPORTADOR 
 Artículo 132.  Objeto del proceso.  Este proceso  tiene como finalidad brindar la oportunidad a 
exportadores que no participaron en la investigación de  prácticas de comercio desleal que originó la 
medida, debido a que no exportaron productos similares durante el período de investigación y que no 
están ni han estado vinculados con ninguna de las partes a las que se haya aplicado medidas, para que 
se examinen sus exportaciones y se establezca si se aplica o no una  medida especial y diferente 
para sí.   
 
Artículo 133.  Admisibilidad.  De conformidad co n el artículo 23 del Decreto Ley 7 de 2006, el 
artículo 9.5 del Acuerdo Antidumping y el artículo  19.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias aquellos exportadores que demuestren  que no exportaron productos similares durante 
el período de investigación de dumping o subven ción y que no están ni han estado vinculados a 
ninguna de las partes a las que se haya aplicado podr án solicitar el inicio de este examen.  No se 
aceptarán solicitudes de nuevo exportador hasta ta nto no se haya impuesto medidas definitivas.   
 Artículo 134.  Contenido de la solicitud.  La so licitud del exportador contendrá, como mínimo, lo 
siguiente:    
a) Generales del solicitante, incluyendo nombre y cédula de identidad personal o razón social y 
número de registro, domicilio, dirección postal si fuer a diferente al domicilio, número de fax, correo 
electrónico o sitio Web.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  b) Especificar si es una empresa fabricante, comercializadora o si realiza ambas actividades, e 
indicar el tipo de estructura jurídica utilizada por la empresa solicitante según sea designado en el lugar de inscripción y registro de la misma.  Por ejemplo indicar si se trata de una sociedad anónima, 
sociedad de responsabilidad limitada, partnership , etc.  Indicar si existe alguna relación con otras 
empresas que exporten mercancías hacia Panamá.  c) Giro o actividad principal, con identificaci ón de todos los productos que comercializa y/o 
fabrica.  En el caso de los productos similares a los que se les haya impuesto la aplicación de medidas 
afectados por la medida impuesta, deberá desc ribir con el mayor detalle posibles el proceso 
productivo y diagrama ilustrativo, las características fí sicas, químicas, técnicas y usos del producto, si 
es posible incluir el catálogo ilustrativo, los insu mos utilizados, las normas técnicas que cumplen los 
productos objeto de investigación.    
 Aquella información o datos que el solicitante tenga que presentar junto con la solicitud, y 
que deba ser suministrada por instituciones públicas,  conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante la Autoridad Investigadora, si el solicitante demuestra, con pruebas fehacientes, las 
gestiones realizadas para su obtención.     Cuando la información que se presente contenga  datos confidenciales, la misma se debe 
presentar en dos versiones:  confidencial y pública.  Estas serán idénticas, con la salvedad de que en la 
versión pública se deberá ofrecer un resumen no c onfidencial de la información que está siendo 
omitida.  Dicho resumen deberá de una manera clar a expresar los datos considerados confidenciales 
de forma que permitan un entendimiento de lo omitido, por ejemplo podrían utilizarse gráficas sin 
números, explicaciones en porcentajes u otras formas.   La información pública estará disponible para 
las demás partes involucradas en la investigación.  La  calificación de informac ión confidencial que así 
haya sido solicitada, será otorgada de acuerdo con l as disposiciones sobre la materia contenidas en el 
presente Decreto Ejecutivo.    Artículo 135.  Traslado a las partes interesadas.  Si la  solicitud se encuentra completa se ordenará el 
inicio del examen.  De la orden de inicio únicame nte se dará traslado a los productores nacionales que 
solicitaron la imposición de las medidas que se someterán a examen para que se pronuncien en 
defensa de sus intereses y aporten la prueba que estimen pertinentes.   
 Artículo 136.  Suspensión de me didas durante el examen.  En aplicación de lo ordenado por el 
artículo 9.5 del Acuerdo Antidumping, mientras se esté procediendo al examen no se percibirán 
medidas sobre las importaciones procedentes de lo s exportadores o productores que hayan solicitado 
el examen.  No obstante, la autoridad competente  podrá autorizar que se suspenda la valoración en 
aduana y/o que se solicite garantías para asegurarse de que, si el examen conduzca a la imposición de 
medidas con respecto a tales productores o exporta dores, podrán percibirse derechos con efecto 
retroactivo desde la fecha de iniciación del examen.    
Artículo 137.  Imposición de medidas o exclusión.  Si conforme con el mérito de lo investigado se 
llega a la conclusión de que el exportador cumple con los requisitos necesario s, se procederá a ordenar 
la imposición de una medida individual o la  no aplicación de medidas a favor del exportador 
solicitante.   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  CAPÍTULO III 
 
REVISIÓN DE MEDIDAS 
 
Artículo 138.  Requisitos para una revisión de medidas.  Con fundame nto en el artículo 20 del Decreto 
Ley 7 de 2006, el artículo 11.2 del Acuerdo An tidumping o el artículo 21.2 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, cualquier pa rte interesada podrá solicitar la revisión de las 
medidas para lo cual deberá presentar informacion es positivas probatorias de la necesidad del examen 
y a condición de que ha transcurrido un tiempo prude ncial desde el establecimiento de la medida 
definitiva.     Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables a la revisión de los compromisos de 
precios.   
 
Artículo 139.  Contenido de la solicitud.  La so licitud de revisión contendrá, como mínimo, lo 
siguiente:    a) Generales del solicitante, incluyendo nombre y cédula de identidad personal o razón social y 
número de registro, domicilio, dirección postal si fuer a diferente al domicilio, número de fax, correo 
electrónico o sitio Web y su condición de parte in teresada de conformidad con las disposiciones del 
presente.  b) Indicar con claridad cuál es la medida que so licita se revise, el plazo que ha estado vigente, y 
cuáles son las circunstancias que considera justifican  la revisión de la medida o el compromiso de 
precios, determinando en que sentido de sea que se lleve a cabo la revisión. 
 c) Aportar pruebas suficientes que amparen la información sobre el supuesto cambio de circunstancias o condiciones que originalmente habr ían justificado la imposición de medidas.   
  Para facilitar la presentación de la solicit ud la Autoridad Investigadora podrá preparar 
formularios que guíen u orienten al solicitante, en cu anto al tipo, cantidad, y detalle de la información 
que será requerida.     Aquella información o datos que el solicitante tenga que presentar junto con la solicitud, y 
que deba ser suministrada por instituciones públicas,  conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante la Autoridad Investigadora, si el solicitante demuestra, con pruebas fehacientes, las 
gestiones realizadas para su obtención.   Cuando la información que se presente contenga  datos confidenciales, la misma se debe 
presentar en dos versiones:  confidencial y pública.  Estas serán idénticas, con la salvedad de que en la 
versión pública se deberá ofrecer un resumen no c onfidencial de la información que está siendo 
omitida.  Dicho resumen deberá de una manera clar a expresar los datos considerados confidenciales 
de forma que permitan un entendimiento de lo omitido, por ejemplo podrían utilizarse gráficas sin 
números, explicaciones en porcentajes u otras formas.   La información pública estará disponible para 
las demás partes involucradas en la investigación.  La  calificación de informac ión confidencial que así 
haya sido solicitada, será otorgada de acuerdo con l as disposiciones sobre la materia contenidas en el 
presente Decreto Ejecutivo.   
 Artículo 140.  Traslado a las partes interesadas.  Si la  solicitud se encuentra completa se ordenará el 
inicio del examen, dándole traslado a todas las partes  interesadas que consten en el expediente para 
que se pronuncien en defensa de sus intereses y aporten las pruebas que estimen pertinente.  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
Página 54 
  
  Igualmente podrán participar aquellas empresas que a pesar de no haber gozado antes de la revisión, 
de la condición de parte interesada, la haya n adquirido al momento de iniciar ésta.   
 
Artículo 141.  Revisión de las medidas.  Cuan do se solicite una revisión de las medidas con 
fundamento en la existencia de los requisitos señalad os en el artículo 138 de este Decreto Ejecutivo, la 
Autoridad Investigadora examinará y determinará si  es necesario o no mantener el derecho para 
neutralizar el dumping o la subvención, o si será probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fu era suprimido o modificado, o ambos supuestos.   
 
 Si, como consecuencia de esta revisión, se determina que la medida ya no se justifica y debe ser revocada, suprimida o al menos modificada, remiti rá informe al Consejo de Gabinete, a fin de que 
éste considere la supresión o revocatoria inme diata de dicho derecho o la correspondiente 
modificación, según sea el caso.   
 
 Para poder solicitar esta revisión deberá habe r transcurrido al menos un año desde que el 
Consejo de Gabinete ordenara la im posición de medidas definitivas.   
 
CAPÍTULO IV 
 
EXAMEN DE PRÓRROGA 
 
Artículo 142.  Requisitos de presentación.  De c onformidad con lo indica do en el artículo 19 del 
Decreto Ley 7 y el artículo 122 anterior, es posible  prorrogar las medidas de prácticas de comercio 
desleal por iniciativa de parte o de oficio.  Cuando  el examen de prórroga se inicie a petición, ésta 
deberá estar suficientemente fundamentada y ser prese ntada con no menos de ciento veinte (120) días 
calendario antes de la fecha de vencimiento de la medida.  De acuerdo con el artículo 11.3 del 
Acuerdo Antidumping y 21.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.     En cumplimiento del artículo 11.3 del Acuer do Antidumping el peticionante deberá demostrar 
que posee la condición de parte interesada confor me con las disposiciones del presente Decreto 
Ejecutivo en su artículo 8 literal g).     El hecho de no haber sido parte interesada en la investigación originaria  que haya generado la 
imposición de medidas, en nada  impedirá que un nuevo productor pueda gozar de tal condición y 
llegar, si se cumple los requisitos de representativid ad, tener la suficiente legitimación activa para 
gestionar como peticionante.     La solicitud de prórroga se tramitará por la  Autoridad Investigadora, apegándose a lo 
dispuesto en el presente Capítulo y el Título III Procesos Especiales de Ejecución de Medidas Contra 
Prácticas de Comercio Desleal.   
 
Artículo 143.  Participación de las partes interesad as.  Si la solicitud se encuentra completa, se 
ordenará el inicio del examen.  De esta actuación se dará traslado a todas las partes interesadas que 
consten en el expediente , para que se pronuncien en defensa de su s intereses y aporten las pruebas que 
estimen pertinente.  Igualmente, podrán particip ar aquellas empresas que, a pesar de no haber gozado 
de la condición de parte interesada al momento de la petición, la hayan a dquirido al momento de 
iniciar el examen.    Artículo 144.  Contenido de la solicitud.  La so licitud contendrá, como mínimo, lo siguiente:   
  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  a) Generales del solicitante, incluyendo nombre y cédula de identidad personal o razón social y 
número de registro, domicilio, dirección postal si fuer a diferente al domicilio, número de fax, correo 
electrónico o sitio Web.   
 
b) Indicar con claridad cual es la medida que  solicita se prorrogue, el plazo que ha estado 
vigente, y cuales son las circunstancias que consid era justifican la prórroga de la medida.   
 c) Aportar pruebas suficientes que amparen la solicitud de prórroga de medidas.   
 
 Para facilitar la presentación de la solicit ud la Autoridad Investigadora podrá preparar 
formularios que guíen u orienten al solicitante, en cu anto al tipo, cantidad, y detalle de la información 
que será requerida.  
 Aquella información o datos que el solicitante tenga que presentar junto con la solicitud, y 
que deba ser suministrada por instituciones públicas,  conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante la Autoridad Investigadora, si el solicitante demuestra, con pruebas fehacientes, las 
gestiones realizadas para su obtención.   
 Cuando la información que se presente contenga  datos confidenciales, la misma se debe 
presentar en dos versiones:  confidencial y pública.  Estas serán idénticas, con la salvedad de que en la 
versión pública se deberá ofrecer un resumen no c onfidencial de la información que está siendo 
omitida.  Dicho resumen deberá de una manera clar a expresar los datos considerados confidenciales 
de forma que permitan un entendimiento de lo omitido, por ejemplo podrían utilizarse gráficas sin 
números, explicaciones en porcentajes u otras formas.   La información pública estará disponible para 
las demás partes involucradas en la investigación.  La  calificación de informac ión confidencial que así 
haya sido solicitada, será otorgada de acuerdo con l as disposiciones sobre la materia contenidas en el 
presente Decreto Ejecutivo.    Artículo 145.  Requisitos y plazo de prórroga.  Cu ando se determine que la supresión de la medida 
daría lugar a la continuación o la repetición del da ño y de las condiciones que lo originaron, se podrá 
recomendar al Consejo de Gabinete que se conced a la prórroga hasta por cinco (5) años.   
 
TÍTULO VIII 
 
PROCEDIMIENTO DE SALVAGUARDIA GENERAL 
 
CAPÍTULO I 
 
FASE PREVIA A LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 Artículo 146.  La solicitud.  Las investigaciones encam inadas a determinar la existencia, el grado y los 
requisitos necesarios para imponer una medida de  salvaguardia se iniciarán de acuerdo con el 
artículo 61 del Decreto Ley 7 de 2006, previa solicitud escrita hecha por la rama de producción 
nacional o en nombre de ella, salvo aquellos casos en los que, existiendo circunstancias especiales se 
justifique el inicio de una investigación de oficio.    Artículo 147.  Legitimación activa.  Gozará de est a condición el conjunto de productores nacionales 
de productos similares o directamente competidores,  según la definición contenida en el artículo 52.4 
del Decreto Ley 7 de 2006, que al presentar la so licitud de inicio de una investigación administrativa 
representen al menos el veinticinco por ciento (25% ), de la producción total del producto similar o 
directamente competidor producido por la indus tria o rama de la producción nacional.   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
Página 56 
  
   La Autoridad Investigadora podrá determinar el cumplimiento del parámetro señalado en el 
párrafo anterior, mediante la utilización de técni cas estadísticas.  En caso de ramas de producción 
fragmentadas, que supongan un número excesivamente alto  de productores, se podrán utilizar técnicas 
de muestreo estadístico.  Para verificar el cumplimi ento de este requisito, la Autoridad Investigadora 
podrá solicitar la acreditación correspondi ente de cada una de las person as que actúan en nombre de la 
industria o rama de la producción nacional.  Artículo 148.  Contenido mínimo de la solicitud.  La solicitud deberá ser formulada por un abogado 
idóneo y cumplir con los requisitos señalados en el artículo 65 del Decreto Ley 7 de 2006, en la cual 
deberán manifestarse los argumentos y los motivos de hecho y de derecho, que la fundamentan.   
  Toda información o datos que el solicitante te nga que presentar junto con la solicitud, y que 
deba ser suministrada por instituciones públicas, conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante la Autoridad Investigadora, si el solicitante demuestra, con pruebas fehacientes, las 
gestiones realizadas para su obtención.     El solicitante deberá entregar copia electróni ca de la solicitud completa incluyendo todos los 
anexos.  El peticionante deberá dar fe de que la copia electróni ca que entrega contiene la misma 
información que la solicitud y adicionalmente será responsable que dicha información se encuentre en 
su versión pública.   
  Para facilitar la presentación de la solicit ud la Autoridad Investigadora podrá preparar 
formularios que guíen u orienten al solicitante, en cu anto al tipo, cantidad, y detalle de la información 
que será requerida.  La solicitud contendrá como mínimo, lo siguiente:   
 
a) Generales del solicitante;    b) Descripción detallada de l producto importado objeto de investigación, incluyendo la 
clasificación arancelaria, características y demás datos que lo individualice;    
c) Descripción y datos de la industria o rama de la producción nacional a la que pertenece el 
solicitante;    d) Descripción detallada del produc to o bien similar o directamente competidor de la industria o 
rama de la producción nacional y demás datos que lo individualice;   
 
e) Participación porcentual del producto o bien si milar o directamente competidor del solicitante 
en relación con el total de la produ cción nacional de dicho producto,  
 f) Nombre y domicilio de los importadores, si se conocen;    
g) El volumen y precios de las importaciones objeto de la solicitud de investigación;   
 h) País de origen y de procedencia de las importaciones;  y   i) Análisis, factores, datos o documentos que re flejen el daño grave y el nexo causal según se 
han definido en este Decreto Ejecutivo, como con secuencia del aumento de las importaciones.   
  La información y pruebas que se presenten como confidenciales deberán ser claramente identificadas como tales, a efectos de que así se califiquen.  La solicitud deberá cumplir con lo dispuesto sobre resúmenes no confidenciales.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 Página 57 
  
   La Autoridad Investigadora evitará toda pub licidad sobre la solicitud de inicio de una 
investigación, hasta tanto ésta se inicie oficialmente.    
Artículo 149.  Revisión inicial:  requi sitos de forma.  Recibida la so licitud, la Autoridad Investigadora 
procederá de acuerdo con lo estipulado en el artíc ulo 67 del Decreto Ley 7 de 2006 y examinará el 
contenido de la solicitud a fin de establecer si se ha incluido toda la información.     Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma que establece el Decreto Ley o este 
Decreto Ejecutivo la Autoridad Investigadora podr á requerir el cumplimiento de los requisitos 
faltantes.  Igualmente, aún cuando se cumpla con todos los requisitos de  forma, pero no se aporta toda 
la información requerida, o si la misma es inexact a o no es clara, la Autoridad Investigadora podrá 
requerir la corrección, aclaración o ampliación de la in formación que se entrega con la solicitud.  Esta 
revisión inicial deberá realizarse dentro de cinco (5 ) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud.   
  Al vencimiento del plazo indicado anteriorment e, si corresponde hacer una prevención en los 
términos de este artículo, el requerimiento de corrección, aclaración o ampliación se concederá un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir de la comunicación, a fin de que solvente lo ordenado 
por la Autoridad Investigadora.   
 
Artículo 150.  Rechazo de la solicitud por la form a.  Transcurrido el término fijado en el artículo 
anterior, sin que el solicitante cumpla con el reque rimiento de información adicional, se procederá al 
rechazo y archivo de la solicitud a través de una  resolución motivada.  Este término podrá ser 
prorrogado prudencialmente por la  Autoridad Investigadora, a solicitud motivada de parte o cuando 
las circunstancias lo ameriten.   
  De igual forma, la Autoridad Investigadora podrá rechazar la solicitud cuando la información 
presentada sea falsa o inconducente, o cuando se tr ate de solicitudes temerarias, improcedentes o 
injustificadas.    
CAPÍTULO II 
 
APERTURA E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 Artículo 151.  Revisión de la solicitud:  análisis de  fondo.  Una vez que se ha realizado la revisión de 
forma, y luego de que se haya establecido que la so licitud de investigación recibida está completa, la 
Autoridad Investigadora procederá a realizar el anális is de fondo, para lo cual contará con un plazo de 
quince (15) días y así evaluar el mérito de la so licitud y declarar, bajo resolución motivada de la 
Autoridad competente, el inicio o rechazo de la investigación administrativa.  En esta revisión la 
Autoridad Investigadora deberá determinar, si exis ten o no, pruebas suficientes que justifiquen la 
iniciación de una investigación administrativa, y si la solicitud ha sido presentada en nombre de la 
rama de la producción nacional, de forma tal que se  cumple con los requisitos de legitimación, según 
se dispone en el artículo 147 anterior.    Artículo 152.  Rechazo y archivo de la solicitud.  La autoridad competente rechazará la solicitud 
presentada y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen 
pruebas suficientes de las condiciones necesarias para la imposición de medidas.   
 Artículo 153.  Presupuestos para la  apertura de la investigación.  La Autoridad competente 
determinará, mediante resolución motivada, el inic io de la investigación administrativa una vez que se 
ha verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo, y en especial que las pruebas G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  aportadas junto con la solicitud poseen un grado de exactitud, certeza y credibilidad en relación con el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para la imposición de medid as, en un nivel tal que 
justifiquen el inicio de la investigación.   
 
Artículo 154.  Requisitos en la apertura de oficio de  la investigación.  En circunstancias especiales, la 
Autoridad competente puede decidir iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita 
hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella para que se inicie dicha investigación.  
La Autoridad competente sólo iniciará una investig ación de oficio, cuando tenga pruebas suficientes 
sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios pa ra la imposición de medi das, en un nivel tal que 
justifiquen el inicio de la investigación.  Artículo 155.  Resolución de Inicio de la investigaci ón.  Si de la revisión de la solicitud resulta que 
existen los elementos de prueba suficiente que justif iquen la apertura de la investigación, la Autoridad 
competente emitirá resolución mediante la cual de  por iniciado el respectivo procedimiento de 
investigación.  La resolución deberá c ontener como mínimo lo siguiente:   
a) Identificación de quien emite la resolución, así como el lugar y fecha en que se emite la 
resolución.    b) Identificación de los datos de contacto de la  Autoridad Investigadora que tendrá a su cargo 
dirigir la investigación.   
 c) Indicación de que se tiene por aceptada la so licitud y descripción detallada de los documentos 
presentados con ésta.    
d) La descripción detallada del producto objeto de investigación que se haya importado o se esté 
importando incluyendo la clasificación arancelaria, ca racterísticas y demás datos que lo individualice. 
 e) Las generales que identifiquen al solicitante y la participación porcentual de su producción de 
productos similares o directamente competidores, en relación con el total de la producción nacional de 
dichos productos.   
 
f) Descripción y datos de la industria o rama de la producción nacional, incluyendo para cada 
productor el nombre o razón social, domicilio, y demás datos del productor o productores nacionales 
de productos similares o directamente competidores que  han sido identificados como integrantes de la 
Rama de Producción Nacional.   
 
g) El país o países de origen o procedencia de l producto objeto de investigación por medidas de 
salvaguardia.    h) Nombre, domicilio, y demás datos de los importadores locales, exportadores, y productores 
extranjeros del producto objeto de investigación; 
 
i) Descripción, identificación, y datos de las demás partes interesadas que deberán ser consideradas como tales en la investigación.    j) La motivación y fundamentación que sustente la resolución, incluyendo la información sobre 
la existencia de los requisitos y condiciones necesarias para la imposición de medidas.   
  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  k) Plazo que se otorga a las partes interesadas  y, en su caso, al o los gobiernos extranjeros 
señalados, para aportar las pruebas que consideren  oportunas, así como el lugar en donde pueden 
presentar sus alegatos.   
 
l) Se deberá fijar y comunicar los períodos de  investigación.  Estos períodos de tiempo podrán 
ser modificados en situaciones debidamente justificad as a criterio de la Autoridad Investigadora luego 
del inicio y antes del dictado de la resolución pr eliminar, siempre y cuando se brinde nuevamente un 
plazo suficiente a las partes interesadas para la  presentación de datos ejerciendo una adecuada defensa 
de sus intereses.   
 Artículo 156.  Notificación y aviso público de la resolución.  Hasta tanto no se haya emitido la 
resolución de inicio en la investigación, las autori dades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud 
de iniciación de una investigación.  Una vez que és ta haya sido proferida la Autoridad Investigadora 
deberá publicar un extracto de dicha resolución en la Gaceta Oficial o en un diario de reconocida 
circulación nacional.  En dicho extracto deberá figu rar la dirección de la página Web donde se pueda 
acceder a la resolución completa.     La resolución de inicio de la investigación se notificará al país o países cuyos productos sean 
objeto de investigación así como también a las de más partes interesadas de cuyo interés tenga 
conocimiento la Autoridad Investigadora, y al Co mité de Salvaguardias de la Organización Mundial 
del Comercio.    Artículo 157.  Traslado.  Al notificarse la resoluci ón de inicio de investigación administrativa se dará 
traslado a la parte o partes interesadas de la resoluci ón de inicio para que procedan a su contestación, 
por el término señalado en el artículo 69 del Decret o Ley 7 de 2006, de treinta (30) días calendario, 
contado a partir del recibo del traslado, o para  los exportadores desde los siete (7) días calendario 
siguientes a la fecha de envío al destinatario o transmitido al representante diplomático competente del país o países exportadores.  Se deberá atender debidamente toda so licitud de prórroga del plazo de 
treinta (30) días calendario y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha 
prórroga cada vez que sea factible.   
 
 Se deberá adjuntar en los casos en que se inicie  por gestión de parte, la copia de la solicitud 
presentada y de los anexos que la acompañen;  en el  caso de una investigación a gestión de oficio se 
acompañarán los documentos que han servido de b ase para este efecto.  En todos los casos la 
documentación a entregar se limitará a la informaci ón que no tenga la condición de confidencial de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo.   
  La documentación citada en este artículo se rem itirá a las autoridades de los gobiernos de los 
países exportadores, mediante notificación direct a a la representación diplomática o consular 
acreditada en el país conforme con lo dispu esto en este Decreto Ejecutivo y según dispongan los 
acuerdos internacionales de los que Panamá forme pa rte.  En caso de no existir una representación 
diplomática o consular acreditada  en el país, esta comunicación podrá ser realizada a través de la 
representación comercial de la República de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio a la 
autoridad acreditada del país expor tador ante dicha organización.   
 
CAPÍTULO III 
 
INSTRUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE PRUEBAS 
 Artículo 158.  Requerimiento de información.  La  Autoridad Investigadora podrá en uso de las 
facultades otorgadas por el artículo 71 del Decreto Ley 7 de 2006 requerir a las partes interesadas, a G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  las entidades gubernamentales y a los terceros coa dyuvantes en el proceso, los elementos probatorios, 
información y datos que estime pertinentes, pa ra lo cual se podrá valer de formularios.   
 
a) A las partes interesadas:  envío de cuestionari os.  En el caso de los productores extranjeros, 
exportadores, importadores, y productores nacionales e nviará un cuestionario con el requerimiento de 
información.  A efectos de responder los cuestionari os se concederá a las partes interesadas un plazo 
de treinta (30) días calendario para responderlos.  Se deberá atender debidamente toda solicitud de 
prórroga del plazo para lo cual se podrá otorgar un plazo adicional de hasta treinta días calendario y, 
sobre la base de la justificación aducida.  Siempr e que sea factible se deberá conceder la prórroga 
solicitada.    b) A entidades de la administración pública.  La Autoridad Investigadora podrá solicitar en 
cualquier momento, a todas las entidades de la ad ministración pública, todo tipo de información o de 
criterios técnicos, las cuales quedan obligadas a suministrarlo en un término no mayor de 
treinta (30) días calendario.    c) A terceros no parte en el proceso.  La Au toridad Investigadora podrá requerir en cualquier 
momento a los productores, distribuidores o comerc iantes nacionales del produc to o mercancía de que 
se trate, así como a los agente s aduanales, mandatarios, apodera dos o consignatarios de los 
importadores, o a cualquier otra pe rsona que estime conveniente, la información y datos que tengan a 
su disposición y que resulten relevantes a los efectos de la investigación.   
 Parágrafo:  Con relación al párrafo a) de este ar tículo, por regla general, los plazos dados a los 
exportadores se contarán a partir de la fecha de recibo del cuestionario, el cual, a tal efecto, se 
considerará recibido siete días calendario después de la  fecha en que haya sido enviado al destinatario 
o transmitido al representante diplomático competente  del Miembro exportador o, en el caso de un 
territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, a un representante oficial del territorio exportador.   
 Artículo 159.  Ofrecimiento de pruebas.  Las part es podrán realizar su o frecimiento de pruebas 
durante el plazo concedido en la comunicación a las pa rtes interesadas de la resolución de inicio.  En 
aquellos casos en los que se solicite una prórroga de este plazo y la misma se haya concedido, el 
período de ofrecimiento de prueba  será igualmente ampliado.   
 Artículo 160.  Admisión y rechazo de pruebas.  La Autoridad Investigadora, a los efectos de decidir 
cuáles pruebas son admisibles y cuáles no lo son, de berá valorar la conducencia o no de cada una de 
ellas respecto de los hechos que deben ser co mprobados;  en este proceso deberá tomar en 
consideración las normas legales que rigen la materia probatoria.     El proceso de admisión y rechazo de pruebas se hará atendiendo el ofrecimiento de las partes 
y las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo luego de transcurrido el último vencimiento del 
plazo de traslado, incluida la prórroga que eventu almente se otorgue.  No obstante nada impedirá que 
la Autoridad Investigadora admita y ordene la evac uación de pruebas ofrecidas por las partes antes de 
que venza este plazo.    Artículo 161.  Plazo de evacuación.  Una vez que se ha decidido cuáles pruebas son admitidas, se 
ordenará su práctica en un término no mayor de quin ce (15) días contados a partir del vencimiento del 
plazo de traslado.  Estos términos podrán ser pro rrogados por la Autoridad Investigadora, atendiendo 
las particularidades de cada caso.     Para mejor proveer, la Autoridad Inves tigadora también podrá solicitar en cualquier 
momento, a todas las entidades de la administraci ón pública, todo tipo de información o de criterios  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  técnicos, las cuales quedan obligadas a suministrarl o en un término no mayor de treinta (30) días 
calendario.    
 A reserva de lo prescrito en cuanto a la prot ección de la información de carácter confidencial, 
las pruebas presentadas se pondrán en el expediente a disposición de las demás partes interesadas que 
intervengan en la investigación y que así lo soliciten.    Artículo 162.  Prueba para mejor proveer.  La Autoridad Investigadora podrá ordenar para mejor 
proveer, la práctica de cualquier medio probatorio de los previstos en este Decreto Ejecutivo en su 
artículo 51, o la ampliación de las pruebas ya r ecibidas.  La prueba para mejor proveer podrá 
comprender además de las pruebas ya existentes, otr as enteramente nuevas.  En la misma resolución 
que ordena la práctica de esta clase de pruebas, se f ijará el plazo dentro del cual deberá ejecutarse lo 
ordenado, y si no fuere posible determinarlo, se pr ocurará que se ejecute sin demora.  La evacuación 
de este tipo de pruebas no podrá llevarse a cabo si c on ello compromete el plazo máximo disponible 
para poder concluir la investigación, en los términos permitidos por este Decreto Ejecutivo. 
 Artículo 163.  Sesiones de práctica de pruebas.  L as pruebas ofrecidas por las partes interesadas y que 
han sido debidamente admitidas, así como las ordena das por iniciativa de la administración, serán 
practicadas mediante sesiones debidamente convocadas al efecto.  Las partes y sus apoderados tienen 
la obligación de colaborar en la práctica de las pruebas decretadas.   
 Artículo 164.  Presencia y participación de las part es interesadas.  La Autoridad Investigadora 
comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el  interesado pueda nombrar apoderado o peritos para 
que le asistan.  Al practicarse las pruebas, se tomará en cuenta, si la información que vaya a ser 
expuesta en la sesión, es o no confidencial, para decidir si se limita o no el acceso de las otras partes interesadas en dicha sesión.  A efectos de realizar esta determinación la parte que solicite la calificación de confidencial deberá haber justifica do tal calificación según se dispone en el artículo 53 
de este Decreto Ejecutivo, la Autoridad Investigador a podrá elaborar un resumen no confidencial de la 
práctica de la prueba a efectos de in cluirlo en el expediente público.   
 
Artículo 165.  Práctica de la prueba testimonial.  La  prueba testimonial será practicada de forma oral 
ante la Autoridad Investigadora.  La Autoridad Investigadora podrá limitar la recepción de prueba 
testimonial ofrecida por cada parte a la que consid ere útil y necesaria conforme con los hechos que se 
investigan.  Si al momento de la evacuación de  la prueba el testigo no se presenta por causa 
justificada, podrá realizarse únicamente una segunda c onvocatoria para estos efectos, caso contrario la 
prueba se tendrá por abandonada.     La evacuación de prueba test imonial que no logre completarse en la sesión que fue convocada 
a este efecto, podrá continuarse en fecha posterior que fijará de fo rma prudencial el funcionario a 
cargo de la diligencia.   
 
Artículo 166.  Informe técnico sobre la prueba.  La Autoridad Investigadora preparará un informe 
técnico preliminar y un informe técnico definitiv o en el que valore las pruebas que han sido 
presentadas y practicadas en la investigación.  En  dichos informes se incluirán según corresponda los 
cálculos financieros, económicos, contables y de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios 
para analizar la información recopilada  sobre los hechos que se investigan.   
  Estos informes técnicos serán presentados a efect os de que se pueda realizar la determinación 
preliminar y la determinación final.  El informe preliminar será preparado con base en la información 
que conste en la solicitud y podrá tomar en cuenta las respuestas a los cuestionarios enviados por la G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Autoridad Investigadora.  El informe final será preparado luego de que se hayan evacuado todas las 
pruebas.  Cada uno de estos informes será prepara do en dos versiones, una públ ica y una confidencial.  
La versión pública será incluida en el expediente  público y los datos serán expresados en términos 
tales que respeten la confidencialidad de la info rmación que haya sido declarada en tal condición, la 
versión confidencial no podrá ser divulgada y se mantendrá en el expediente confidencial.   
 
CAPÍTULO IV 
 
DETERMINACIÓN PRELIMINAR 
 
Artículo 167.  Fundamentos para la determinación.  Una vez hecho el aviso público de inicio de la 
investigación, se podrá proceder a emitir una determ inación preliminar, con base en la información y 
pruebas contenidas en la solicitud, y aquellas de que disponga la Autoridad Investigadora hasta ese 
momento.   
 Artículo 168.  Contenido de la dete rminación preliminar.  En la determinación preliminar prevista en 
el artículo 79 del Decreto Ley 7 de 2006, la Auto ridad Investigadora debe rá mencionar todas las 
constataciones y conclusiones a que se haya llegado sobre todas las cu estiones de hecho y de derecho 
que considere pertinentes, para lo cual realizará una valoración de las argumentaciones presentadas en 
el proceso y las pruebas aportadas.  Al realizarse la determinación preliminar se deberá decidir si se 
recomienda imponer o no medidas provisionales de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Decreto Ejecutivo.    Artículo 169.  Evaluación de nivel de certeza reque rido.  El nivel de certeza requerido para la 
comprobación de los hechos que se investigan será proporcional al avance de la investigación.  La 
evacuación de las pruebas no será requisito para poder emitir esta determinación preliminar.   
 
CAPÍTULO V 
 
MEDIDAS PROVISIONALES 
 
Artículo 170.  Condiciones y requisitos.  Durante el  período de investigación, y una vez emitida la 
determinación preliminar, la Autoridad competen te mediante resolución motivada, podrá recomendar 
al Consejo de Gabinete que adopte este tipo de medidas si:    
a) Se ha iniciado una investigación de confor midad con las disposiciones de este Decreto 
Ejecutivo y demás normas aplicables, se ha dado un aviso público a tal efecto;  b) se ha emitido una determinación preliminar de la existencia de pruebas claras de que el 
aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave;    
c) la autoridad competente juzga que existen ci rcunstancias críticas en las que cualquier demora 
entrañaría un perjuicio a la rama de produ cción nacional, difícilmente reparable.   
  Un extracto de la medida provisional de salvaguardia adoptada se publicará en la Gaceta 
Oficial o en un diario de reconocida circulación nacional.   
 
Artículo 171.  Plazo de las medidas.  Las medidas provisionales deberán aplicarse, conforme a lo previsto en el artículo 80 del Decreto Ley 7 de 20 06, sin exceder en ningún caso doscientos (200) días 
calendario.     G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Artículo 172.  Forma de las medidas.  Restriccione s.  Las medidas provisionales deberán adoptar la 
forma de incrementos arancelarios, que podrán ser garantizados por depósitos en efectivo o fianzas de 
importe igual a la cuantía provisionalm ente establecida de la medida.   
 
 Cuando la Autoridad Investigadora, luego de cumplir con el procedimiento legal establecido 
para determinar la aplicación o no de una medida  de salvaguardia definitiva, determine que el 
aumento de las importaciones no han causado o no han amenazado causar un daño grave a una rama de la producción nacional, los incrementos arancelar ios temporales, impuestos a través de medidas de 
salvaguardia provisionales, serán reembolsados a los importadores.  
 
Artículo  173.  Valoración para la aplicación.  A efect os de llevar a cabo la valoración para la 
aplicación de medidas provisionales, la Autoridad Investigadora podrá tener en cuenta entre otros 
elementos los siguientes.  El nivel y ritmo del aumento en las importaciones y el grado de 
subvaloración de los precios, u otros criterios  que considere oportunos y convenientes."  
 
CAPÍTULO VI 
 
AUDIENCIA FINAL 
 
Artículo 174.  Objeto y finalidad de la audiencia.  El objeto y finalidad de la audiencia es informar y 
oír a las partes en el proceso, sobre los hechos ese nciales considerados, que sirvan de base para la 
decisión de recomendar o no, la aplicación de medidas definitivas.    Artículo 175.  Convocatoria a la audiencia final.  Terminada la práctica de pruebas y antes de la 
resolución que pone fin a la investigación administra tiva, la Autoridad Investigadora en uso de las 
facultades establecidas en el artículo 73 del Decreto Ley de 2006 citará a todas las partes interesadas a 
una audiencia pública.  Esta convocatoria se reali zará a las partes interesadas que hayan señalado un 
lugar para recibir notificaciones de conformidad co n el artículo 60 de este Decreto Ejecutivo, con no 
menos de siete (7) días calendario antes de la fech a en que se celebrará dicha audiencia final con la 
finalidad de que éstas puedan realizar una defensa efectiva de sus intereses.   
 
 Adicionalmente la Autoridad Investigadora orde nará la publicación, por una sola vez y en un 
diario de circulación nacional, de una convocatoria p ública.  En esta convocatoria se hará saber a los 
interesados en presenciar o participar en la audi encia que el espacio es limitado y deberán solicitar por 
escrito a la Autoridad Investigadora autorización prev ia para poder asistir.  En esta solicitud se deberá 
explicar los motivos que la persona tiene para c oncurrir a este acto.  La asignación de espacios será 
hecha a discreción de la Autoridad Investigadora ap licando criterios de representatividad y conforme 
con el orden de presentación de la solicitud.  Quiene s no siendo parte en el proceso soliciten participar 
en esta audiencia, les será permitido hacer una exposición oral que verse únicamente sobre si la aplicación de la medida de salvaguardia  sería o no de interés público.   
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Ley 7 de 2006, también podrán 
participar de esta audiencia representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y del 
Ministerio de Economía y Finanzas.    Artículo 176.  Comunicación de hechos esenciales.  A efectos de garantizar los fines del artículo 41 
del Decreto Ley 7 de 2006, la Autoridad Inves tigadora confeccionará un informe sobre los hechos 
esenciales que sirvan de base para la decisión de recomendar o no medidas definitivas el cual hará 
llegar a todas las partes interesadas al momento de ha cer la convocatoria que se ordena en el artículo 
anterior.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  Artículo 177.  Administración de la audiencia.  En esta audiencia el funcionario que sea designado 
para este efecto, iniciará la audiencia verificando la identidad de las partes, las cuales podrán 
representarse a si mismas o por medio de abogado idóneo.  La au sencia de una o más partes 
interesadas u otras personas llamadas a comparecer en este acto no impedirá su realización.  Al 
organizar los tiempos de participación de los asistent es a la audiencia, el funcionario deberá tomar en 
consideración que se logre garantizar una adecuad a defensa de los intereses involucrados en la 
investigación.  La audiencia será grabada,  transcrita e incorporada al expediente. 
 
Artículo 178.  Presentación de argumentos finales.  Concluida la audiencia e incorporada la grabación 
señalada en el artículo anterior se concederá a las part es interesadas el término de tres (3) días hábiles 
estipulado en el artículo 73 del Decreto Ley 7 de 2006, para que presenten sus argumentos finales en 
defensa de sus intereses y expongan sus opiniones.  Estos argumentos finales deberán ser presentados 
por escrito y también por medios electrónicos.   
 
CAPÍTULO VII 
 
DETERMINACIÓN DEFINITIVA 
 Artículo 179.  Determinación definitiva.  Recibidos  los alegatos, la Autoridad competente tendrá 
diez (10) días hábiles para emitir resolución motivad a que pone fin a la investigación administrativa.  
En dicha resolución se deberá incluir la dete rminación definitiva y cuando proceda se emitirá 
recomendación al Consejo de Gabinete sobre la apli cación de medidas definitivas.  El presente plazo 
podrá ser prorrogado por disposición del Director  Nacional de Aplicación de Tratados y Defensa 
Comercial a solicitud del Director de Defensa Co mercial, conforme con las condiciones especiales 
que se presente en cada investigación a efectos de pr esentar en forma adecuada su informe final.   
 Artículo 180.  Aplicación de medidas o rechazo de la solicitud.  Al emitir la resolución final, la autoridad competente deberá valorar si existen las condiciones necesarias para que se puedan imponer 
medidas definitivas según los requerimientos de est e Decreto Ejecutivo y demás normas aplicables.  
En el caso de que no existan tales condiciones la autoridad competente rechazará la solicitud y pondrá 
fin a la investigación.   
 Artículo 181.  Nivel de imposición y plazo de medidas.  Al momento de emitirse la recomendación de 
imposición de medidas definitivas, la Autoridad co mpetente deberá indicar el nivel en el que 
considera debe imponerse las medidas definitivas y su plazo de aplicación.   
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artíc ulo 58 del Decreto Ley 7 de 2006, el plazo de 
aplicación inicial de las medidas de salvaguardia no podrá ser superior a cuatro (4) años.  Este plazo 
podrá ser prorrogado por una única vez conforme con lo dispuesto en el artículo 188 del presente 
Decreto Ejecutivo.    
 Las medidas definitivas podrán consistir en aumentos arancelarios o restricciones 
cuantitativas.  A efectos de llevar a cabo el análisis  para fijar el aumento arancelario, la Autoridad 
Investigadora podrá tener en cuenta el nivel de  aumento en las importaciones y el grado de 
subvaloración de los precios, como criterios entre otros que considere oportunos y convenientes.   
 
Artículo 182.  Valoración del interés público.  La Autoridad Investigadora al momento de recomendar 
la imposición o no de medidas dentro de su dete rminación final podrá con base en el artículo 3.1 del 
Acuerdo sobre Salvaguardias incluir mención de aquellos argumentos relaci onados con el interés 
público y que hayan sido expresados por las partes inte resadas o por el público en general, dentro del 
plazo concedido en el aviso público de la determinación preliminar.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 Página 65 
  
  Artículo 183.  Contenido de la determinación final.  En la resolución final de la autoridad competente, 
se deberá incluir una determinación final, la cu al deberá incluir como mínimo la siguiente 
información:   
 
a) La información que identifica al solicitante y un resumen de los argumentos incluidos en la 
solicitud.    b) La descripción completa del producto objeto de investigación.   
 
c) Los datos relacionados con la fecha de inicio y la prórroga, en caso de  haberse dado, del plazo 
de la investigación.    d) Un breve resumen de los principales hechos que se tuvieron como comprobados y sirvieron 
de base en la determinación preliminar.   
 e) Si se impusieron medidas provisionales, los detalles sobre dicha aplicación.    f) Un resumen sobre los resultados de la evacuación de las pruebas;  así como la identificación de las pruebas que fueron rechazadas y los argumentos para ello.   
 
g) Un breve resumen de los argumentos final es de las partes sobre los hechos base de la 
investigación.    h) Las principales constataciones que realizó la  Autoridad Investigadora en el curso de la 
investigación sobre la existencia de las condiciones para la imposi ción de medidas de salvaguardia 
definitivas, según se regula en este Decreto Ejecutivo y las normas aplicables.    i) Mención y valoración de los argumentos sobre la existencia o inexis tencia de un interés 
público en la aplicación o no de las medidas.    
j) La recomendación al Consejo de Gabinete cuando ello sea pertinente. 
 Artículo 184.  Recomendación final.  La recomendaci ón señalada en el literal j) del artículo anterior 
indicará si se debe imponer medidas definitivas y la  forma que deberán tomar, así como los detalles 
necesarios para su correcta aplicación.  En caso de  que se hayan aplicado medidas provisionales, se 
deberá recomendar si se confirma o no su aplicación y lo que corresponda en materia de 
retroactividad de las medidas definitivas.     Luego de recibida la resolución de la au toridad competente por parte del Consejo de 
Gabinete, éste deberá decidir si acepta o rechaza la  recomendación, para lo cual emitirá el decreto 
respectivo.   
 
CAPÍTULO VIII 
 
EXAMEN DE LIBERACIÓN Y EXAMEN DE PRÓRROGA 
 
Artículo 185.  Examen de Liberación.  Con fundame nto en el artículo 59 del Decreto Ley 7 de 2006, 
cuando la medida de salvaguardia  tenga una duración superior a un  (1) año, deberá liberarse 
progresivamente por períodos o intervalos regulares du rante el período de aplicación, conforme con lo 
estipulado en el artículo 7.4 del Acuerdo sobre Salv aguardias.  Si una medida de salvaguardia fuera G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  prorrogada, no podrá ser más restrictiva de lo que era al final del período in icial y deberá continuar 
liberándose progresivamente a partir de dicho nivel.    
 Con la finalidad de no dificultar la ap licación de una prorr oga conforme con las 
estipulaciones de este capítulo, del Decreto Ley 7 de  2006 y del Acuerdo sobre Salvaguardias, el 
proceso de liberación de la medida se realizará con base en una proyección lineal del proceso de 
liberación tal y como si se llegase a aplicar la medida durante el plazo máximo posible.    
 Si la duración de la medida de salvaguardia excede tres (3) años, la Autoridad Investigadora 
examinará la situación a más tardar al promediar el  período de aplicación de la misma y, si procede, 
recomendará al Consejo de Gabinete la revocación o aceleración del ritmo de liberación de la medida.   
  Igualmente, la medida de salvaguardia podrá ser  liberada o suspendida, cuando la rama de la 
producción nacional no cumpla con el plan para sobr eponer las circunstancias alegadas, o con el plan 
de reconversión en aquellos casos en que la reso lución final establezca el cumplimiento de los 
referidos planes, excepto en los casos en que el incumplimiento de dichos planes no sea imputable a la rama de la producción nacional.    Artículo 186.  Examen de Prórroga de Medidas.  De  conformidad con lo indicado en el artículo 58 del 
Decreto Ley 7 de 2006, es posible prorrogar las me didas de salvaguardia por iniciativa de parte o de 
oficio.  Cuando el examen de prórroga se inicie  a petición de parte, la  solicitud deberá estar 
suficientemente fundamentada para cumplir con los requerimientos del artículo 7.2 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias y ser presentada al menos ciento ve inte (120) días calendario antes de la fecha de 
vencimiento de la medida.  El  peticionante deberá demostrar que posee la condición de parte 
interesada de conformidad con el artículo 8 literal g)  del presente Decreto Ejecutivo y que ostenta la 
legitimación activa necesaria para actuar en nombre de la rama de producción nacional en condiciones 
equivalentes a las requeridas para poder solicitar el inicio de una investigación administrativa 
ordinaria.  La Medida podrá seguir aplicándose a la  espera del resultado del examen aun luego de la 
expiración del plazo, pero en dicho caso y si no se c oncede la prórroga los derechos percibidos luego 
del vencimiento deberán ser r estituidos con prontitud.   
 
 El hecho de no haber sido parte interesada en  la investigación originaria que generó la 
imposición de medidas, en nada  impedirá que un nuevo productor pueda gozar de tal condición y 
llegar, si cumple con los requisitos de representativ idad, a tener la suficiente legitimación activa para 
gestionar como peticionante de una solicitud de prórroga.   
 
 La solicitud de prórroga se tramitará en fo rma acelerada, para lo cual la Autoridad 
Investigadora se apegará a lo dispuesto en el presen te capítulo y en lo que sea necesario y aplicable 
seguirá las normas procesales dispuestas para el trám ite ordinario de la Salv aguardia General.   
 Artículo 187.  Contenido de la solicitud.  La so licitud contendrá, como mínimo, lo siguiente:   
 
a) Generales del solicitante, incluyendo nombre y cédula de identidad personal o razón social y 
número de registro, domicilio, dirección postal si fuer a diferente al domicilio, número de fax, correo 
electrónico o sitio Web.    
b) Indicar con claridad cual es la medida que  solicita se prorrogue, el plazo que ha estado 
vigente, y cuales son las circunstancias que consid era justifican la prórroga de la medida.   
 c) Aportar pruebas suficientes que amparen la solicitud de prórroga de medidas.   
  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  d) Aquella información o datos que el solicitant e tenga que presentar junto con la solicitud, y 
que deba ser suministrada por instituciones públicas,  conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante la Autoridad Investigadora, si el solicitante demuestra, con pruebas fehacientes, las 
gestiones realizadas para su obtención. 
 e) Si es necesario, se debe presentar toda documentación en dos versiones:  confidencial y pública.  Estas serán idénticas, con la salvedad de  que en la versión pública se deberá ofrecer un 
resumen no confidencial de la información que est á siendo omitida.  Dicho resumen deberá de una 
manera clara expresar los datos considerados confid enciales de forma que permitan un entendimiento 
de lo omitido, por ejemplo podrían utilizarse gráficas sin números, explicaciones en porcentajes u otras formas.  La información pública estará disponi ble para las demás partes involucradas en la 
investigación.  La calificación de información confiden cial que así haya sido solicitada, será otorgada 
de acuerdo con las disposiciones sobre la materi a contenidas en el presente Decreto Ejecutivo. 
 
Artículo 188.  Resolución y plazo de prórroga.  Si se determina que la supr esión de la medida daría 
lugar a la continuación o la repetición del daño y de las condiciones que lo originaron, se podrá 
recomendar al Consejo de Gabinete que se conceda la  prórroga de la medida de salvaguardia.  Esta 
medida podrá ser prorrogada por una única vez hasta por un máximo de seis (6) años, a condición que 
se determine conforme con el artículo 7.2 del Ac uerdo sobre Salvaguardias que tal medida sigue 
siendo necesaria para prevenir o reparar el daño o la  amenaza de daño grave y que hay pruebas de que 
la rama de producción está en proceso de reajuste.   Si como resultado de la investigación se lleg ase a determinar que no existen las condiciones 
necesarias para modificar la aplicación de las medi das, o prorrogarlas, se procederá al rechazo y 
archivo de la solicitud.   
 Artículo 189.  Recursos.  Contra la resolución indi cada en el artículo ante rior procede únicamente 
recurso de apelación.    
TÍTULO IX 
 
APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS ESPECIALES 
 
CAPÍTULO I 
 
SALVAGUARDIA BILATERAL 
 Artículo 190.  Concepto.  Se incluyen dentro de esta definición las medidas llamadas Salvaguardias de 
Transición, Salvaguardias Bilaterales, y cualquier  otra sin menoscabo del nombre dado por la norma 
de derecho internacional pertinen te, que puedan ser aplicadas por la  República de Panamá en virtud 
de la existencia de Tratados Internacionales de Integración Económica que así lo hubiesen previsto;  
distintas a las medidas de urgencia autorizadas con fundamento exclusivo en el artículo XIX del 
GATT de 1994, y del Acuerdo de Salvaguardias.   
 Artículo 191.  Condiciones de aplicación.  Las condi ciones y requisitos para la aplicación de estas 
Salvaguardias o Mecanismos estarán definidas se gún el Acuerdo, Convenio o Tratado Comercial 
Internacional aplicable.   
  En el caso de Salvaguardias Bilaterales la va loración de las condiciones del daño, el aumento 
de las importaciones y el nexo de causalidad se realizara conforme lo establezca dicho acuerdo y con las disposiciones del presente Decreto Ejecutivo cuando ello sea necesario.   G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
Página 68 
  
   Cuando el proceso administrativo esté dirigido al uso de Mecanismos Especiales de 
Activación, se requerirá únicamente la confirmación de hechos y condiciones objetivas en el mercado 
internacional referidas normalmente a un precio o un volumen de importaciones de activación.  Estas 
condiciones de aplicación no incluyen un análisis de  daño de la rama de producción nacional, por lo 
que no se requiere un estudio sobre la situación de quienes la integran. 
  La aplicación de estas medidas resulta de compet encia exclusiva y directa del Ministerio de 
Comercio e Industrias en el ejercicio ordinario de su s funciones, razón por la cual su uso no requiere 
de presentar una recomendación para aprobación del Consejo de Gabinete.  En los casos que las 
normas internacionales que autoricen el uso de la medi da así lo hayan previsto, se invitará a los países 
afectados a la realización de consultas acerca de  las condiciones de aplicación de las mismas.   
 Artículo 192.  Procedimiento aplicable.  La aplic ación de las medidas reguladas en el presente 
capítulo se llevará a cabo con apego a lo dispuesto en los Tratados Internacionales particulares para 
cada caso, y en lo no previsto se seguirán las nor mas procesales dispuestas en el presente Decreto 
Ejecutivo.    Artículo 193.  Integración normativa.  En forma s upletoria, y para lo no previsto en el Tratado 
correspondiente se aplicará lo dis puesto en el Artículo XIX del GATT de 1994, el Acuerdo sobre 
Salvaguardias y la legislación nacional en especial el presente Decreto Ejecutivo.   
 
CAPÍTULO II 
 
OTROS MECANISMOS ESPECIALES DE ACTIVACIÓN 
 
Artículo 194.  Concepto.  Se incluye en la presen te categoría aquellas medidas derivadas de normas 
internacionales que tienen previsto un trámite expe dito y diferente al proceso previsto para las 
salvaguardias generales y bilaterales.  Entre tal es situaciones se contempla la salvaguardia especial 
agrícola regulada en el artículo 5 del Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial del 
Comercio, así como cualquier otra medida de natu raleza similar, indistintamente del nombre con el 
que se le identifique. 
 Artículo 195.  Naturaleza del procedimiento de  activación automática.  El procedimiento de 
aplicación de este mecanismo es excepcional y automá tico, por lo cual en principio no prevé la 
participación de partes interesadas, sin menoscabo que la Autoridad Investigadora decida algo 
distinto.  Nada impedirá que el uso de este mecan ismo sea el resultado de una solicitud de productores 
nacionales.  Este proceso se deriva de los derechos  conferidos a la República de Panamá por tratados 
internacionales, conforme con los cuales puede utilizar mecanismos especial es de corta duración para 
proteger la economía nacional en las condici ones específicas previs tas en dichas normas 
internacionales.    
Artículo 196.  Forma del procedimiento.  El presen te procedimiento será conducido en forma sumaria 
y acelerada.  Su objetivo es la confirmación de hechos concretos y objetivos que autoricen la 
aplicación de una medida unilateral y por un pl azo muy breve.  A menos que la Autoridad 
Investigadora disponga otra cosa, la tramitación será llevada a cabo sin la participación de quien 
pudiese considerarse parte interesada.   
 
Artículo 197.  Trámite.  Este proced imiento puede ser inicia do de oficio o por solicitud de parte.  En 
este segundo caso, la solicitud será presentada por cualqui er persona que logre demostrar la existencia 
de un derecho subjetivo lesionado.  Esta solicitud indicará con claridad el producto que debe ser 
objeto de medidas de salvaguardia automática, y las razones que considera se cumplen para justificar  G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  la imposición de la medida.  Cuando la solicitud sea presentada por una parte, deberá ser formulada 
por un abogado idóneo, en la cual deberán manifest arse los argumentos y los motivos de hecho y de 
derecho, que la fundamentan.   
 
 Recibida la solicitud, la Autoridad Investiga dora procederá a examinar su contenido a fin de 
establecer si se ha incluido toda la información re querida de conformidad con este Decreto Ejecutivo, 
y en caso que lo considere pertinente ordenará el inicio de la investigación.  De igual forma, se 
rechazará la solicitud cuando la información presenta da sea falsa o inconducente, o cuando se trate de 
solicitudes temerarias, improced entes o injustificadas.   
 Artículo 198.  Distribución de Competencias.  La Autoridad Investigadora conducirá el proceso por 
encargo de la Dirección Nacional de Administración de  Tratados y Defensa Comercial.  Esta segunda 
tendrá a su cargo ordenar el inicio de la investig ación y resolver sobre la imposición de medidas en 
este proceso.   
 Artículo 199.  Participación en este proceso.  La co ndición de parte interesada en este proceso sólo 
podrá ser concedida por el Director Nacional de Ad ministración de Tratados y Defensa Comercial, 
decisión la cual será hecha bajo su plena discrecion alidad tomando en cuenta el aporte que la parte 
pueda brindar a la investigación.  A estos efect os, la condición de parte interesada deberá ser 
solicitada expresamente, indicando las razones que  considera justifican dicha declaración.   
 Artículo 200.  Convocatoria y participación de partes interesadas.  Sólo en aquellos casos en los que 
en forma excepcional se haya otorgado a algún sujeto la  condición de parte interesada, se le invitará a 
participar en el proceso, a quien se le dará l as oportunidades correspondientes para ofrecer prueba, 
participar en su evacuación, y presentar alegatos finales. 
 Artículo 201.  Sobre las pruebas.  La Autorida d Investigadora podrá requerir a cualquier sujeto 
público o privado, de hecho o de derecho, los el ementos probatorios, información y datos que estime 
pertinentes, para lo cual se podrá valer de cuestiona rios o formularios cuando lo considere pertinente.  
Lo dispuesto en el Título VI, Capítulo III sobre in strucción y recepción de pruebas será aplicable en lo 
que corresponda a los procedimientos de aplicación automática.  Las pruebas deberán ser presentadas 
por quien le sean requeridas en un plazo máximo de  cinco (5) días hábiles, no obstante dicho plazo 
podrá ser reducido ante circunstancias especiales a cr iterio de la Dirección de Defensa Comercial.   
 Artículo 202.  Resolución.  La Autoridad compet ente emitirá resolución indicando si se imponen o no 
las medidas de activación, en función de si cump len los presupuestos de hecho necesarios para la 
imposición de las mismas.  Contra esta resolución pr ocede únicamente el recurs o de apelación en los 
términos del presente Decreto Ejecutivo.  La imposic ión de medidas se deberá hacer conforme con las 
normas internacionales que han autorizado el uso de este mecanismo.    Artículo 203.  Aviso Público.  En este tipo de inv estigaciones se dará aviso público del inicio de la 
investigación y de su resolución final;  para lo cual  se aplicará en lo que corresponda lo dispuesto en 
este Decreto Ejecutivo sobre los avisos públicos  de inicio y determinación definitiva.   
 Artículo 204.  Consultas y negociación de compensaciones.  En los casos en que las normas internacionales requieran en forma adicional que se lleven a cabo consultas, o cualquier tipo de 
negociación, y el presente Decreto Ejecutivo resulte omiso sobre aspectos procesales se estará a lo 
dispuesto en dichas normas.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1 G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  TÍTULO X 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
CAPÍTULO I 
 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 
Artículo 205.  Asistencia y cooperaci ón Técnica.  El Ministerio de Comercio e Industrias en la medida 
de sus posibilidades y por medio de la Dirección  de Defensa Comercial brindará asistencia y 
cooperación técnica a las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de explicarles el uso de los 
instrumentos que se regulan en el presente Decreto Ejecutivo.  Así mismo, el Ministerio podrá requerir el apoyo de otras instituciones públicas, pr ivadas, nacionales o extranjeras que con su ayuda 
puedan mejorar el entendimiento de los pro cesos de defensa comercial internacional.   
  Como parte de la asistencia y cooperación técnica a todos los sectores productivos del país, con especial atención a las pequeñas y medianas empr esas, el Ministerio de Comercio e Industrias 
podrá preparar manuales de procedimientos, form ularios y guías que ilustren a estas empresas la 
forma de proceder en la preparación y defensa de  sus intereses en el marco de una investigación 
regulada por el presente Decreto Ejecutivo.   
 
CAPÍTULO II 
 
EJECUCIÓN DE MEDIDAS 
 
Artículo 206.  Aplicación de medidas.  Las medidas definitivas o provisionales impuestas de conformidad con las disposiciones de este Decret o Ejecutivo, se aplicarán a partir del día hábil 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial o en  un diario de reconocida de circulación nacional.   
 Artículo 207.  Elusión.  Se considera elusión de derechos compensatorios, antidumping o medidas de 
salvaguardia, cualquiera de las siguientes conductas:   
 a) La introducción a territorio nacional de insumos, piezas o componentes con objeto de producir o realizar operaciones de montaje de la  mercancía sujeta a de rechos compensatorios, 
antidumping o medidas de salvaguardia.   
 
b) La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a derechos compensatorios, antidumping o medidas de salvaguardia con insumo s, piezas o componentes integrados o ensamblados 
en un tercer país.    c) La introducción a territorio nacional de me rcancías del mismo país de origen que la 
mercancía sujeta a derechos compensatorios, anti dumping o medidas de salva guardia, con diferencias 
relativamente menores con respecto a éstas.    d) La introducción a territorio nacional de merc ancías sujetas a derechos compensatorios o 
antidumping, importadas con un preci o menor al que le corresponde.   
 
e) Cualquier otra conducta que tenga como resulta do el incumplimiento del pago de los derechos 
compensatorios, antidumping o medidas de salvaguard ia, como por ejemplo realizar una declaración 
inexacta del valor o volumen del producto, el origen  del producto;  o la naturaleza o clasificación del 
producto.    G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
 G/SCM/N/1/PAN/2/Suppl.1  G/SG/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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   Las mercancías que se importen en estas condi ciones pagarán los derechos compensatorios, 
antidumping o se sujetarán a la medida de salvagua rdia correspondiente.  La elusión de derechos 
compensatorios, antidumping o medidas de salvaguar dia, preliminares o definitivas, se determinará 
mediante un procedimiento iniciado de oficio o a so licitud de parte interesada, según se dispone en el 
Anexo III del presente Decreto Ejecutivo.    Artículo 208.  Revisión judicial de medidas.  La decisión del Consejo de Gabinete podrá ser sometida 
a revisión judicial, de conformidad con las dispos iciones que rijan la materia.  Igualmente, en 
cualquier caso que se haya agotado la vía gubernativ a, la parte inconforme podrá recurrir a la vía 
judicial según las normas que regulan la ju risdicción contencioso administrativa.   
 
CAPÍTULO III 
 
ANEXOS 
 Artículo 209.  Anexos:  Forman parte integral de l presente Decreto Ejecutivo los Anexos I, II y III, 
cuyo texto indica:    
ANEXO I 
 
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN LAS INVESTIGACIONES  
IN SITU REALIZADAS EN EL EXTRANJERO 
 1.   Al iniciarse una investigación, se deberá info rmar a las autoridades del País exportador y a las 
empresas de las que se sepa están interesadas de la in tención de realizar investigaciones in situ.   
 2.   En el equipo investigador sólo podrán participar servidores públicos o expertos designados 
por la Autoridad Investigadora.  Se deberá inform ar de la conformación del equipo a las empresas y 
autoridades del País exportador.    
3.   Se deberá considerar pr áctica normal la obtención del consentimiento expreso de las empresas 
interesadas del País exportador antes de programar defi nitivamente la visita.  Se  deberá advertir de la 
visita a las empresas de que se trate con suficiente antelación.  4.   En cuanto se haya obtenido el consentimie nto de las empresas interesadas, la autoridad 
investigadora deberá comunicar a las autoridades del País exportador los nombres y direcciones de las 
empresas que han de visitarse y las fechas convenidas.  Tal visita sólo podrá realizarse si la Autoridad 
Investigadora lo notifica a los representantes del País de que se trate y éstos no se oponen a la visita.   
 5.   Como la finalidad principal de la investig ación in situ es verificar la información recibida u 
obtener más detalles, esa investigación se deberá rea lizar después de haberse recibido la respuesta al 
cuestionario, a menos que la empresa esté de acuer do en lo contrario y la Autoridad Investigadora 
informe de la visita prevista al gobierno del País  exportador y éste no se oponga a ella;  además, se 
deberá considerar práctica normal indicar a las empr esas interesadas, con anterioridad a la visita, la 
naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la información 
obtenida, se soliciten más detalles.   
 6.   Siempre que sea posible, las respuestas a la s peticiones de información o a las preguntas que 
hagan las autoridades o las empresas de los Países exportadores y que sean esenciales para el buen resultado de la investigación in situ deberán dar se antes de que se efectúe la visita.  El equipo G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  investigador podrá contactar a tercer os relacionados con el fin de co rroborar la información objeto de 
la visita, para estos efectos se informará a la empresa de las personas que serán contactadas.    
7.   Durante las diligencias de verificación in situ  el equipo investigador levantará un acta en el 
cual se consignará las firmas de los que participen  y un resumen de los hechos relevantes acontecidos 
durante la visita.  Posteriormente, el equipo inves tigador deberá preparar un informe de la verificación 
en el que se incorporarán todas las constat aciones, las preguntas rea lizadas y las respuestas 
suministradas, así como las verificaciones llevadas a cabo.  Este informe será preparado en dos 
versiones, una versión confidencial de la cual se su ministrará copia a la empresa visitada y el original 
será incorporado en el expediente confidencial, y una versión no confidencial la cual se pondrá a 
disposición de todas las demás partes interesadas.   
ANEXO II 
 
MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 1.   Lo antes posible después de haber inicia do la investigación, La Autoridad Investigadora 
deberá especificar en detalle la in formación requerida de cualquier part e y la manera en que ésta deba 
estructurarla en su respuesta.  Deberá además ase gurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa 
información en un plazo prudencial, La Autoridad Investigadora quedará en libertad para basar sus 
decisiones en los hechos de que tenga conocimiento,  incluidos los que figuren en la solicitud de 
iniciación de una investigación presentada por la rama de producción nacional.   
 2.   La Autoridad Investigadora podrá pedir ad emás que una parte facilite su respuesta en un 
medio determinado (por ejemplo,  en formato de computadora) o en un lenguaje informático 
determinado.  Cuando haga esa petición, La Autoridad Investigadora deberá tener en cuenta si la parte 
tiene razonablemente la posibilidad de responder en el medio o en el lenguaje informático preferidos y 
no deberá pedir a la parte que, para dar su respuest a, utilice un sistema de computadora distinto del 
usado por ella.  La Autoridad Investigadora no  deberá mantener una petición de respuesta 
informatizada si la parte no lleva una contabilidad informatizada y si la presentación de la respuesta 
en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adici onal fuera de razón para la parte, como puede ser 
un aumento desproporcionado de los costos y moles tias.  La Autoridad Investigadora no deberá 
mantener una petición de respuesta en un determ inado medio o lenguaje in formático si la parte 
interesada no lleva una contabilidad informatizada en ese medio o lenguaje informático y si la 
presentación de la respuesta en la forma pedida fuese a dar lugar a una carga adicional fuera de razón para la parte interesada, como puede ser un aument o desproporcionado de los costos y molestias.   
 
3.   Al formular las determinaciones deberá te nerse en cuenta toda la información verificable, 
presentada adecuadamente de modo que pueda u tilizarse en la investigación sin dificultades 
excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda,  en un medio o lenguaje informático que hayan 
solicitado las autoridades.  Cuando una parte no  responda en el medio o lenguaje informático 
preferidos pero la Autoridad Investigadora est ime que concurren las circunstancias a que hace 
referencia el párrafo 2 supra, no deberá considerarse que el hecho de  que no se haya respondido en el 
medio o lenguaje informático preferidos ento rpezca significativamente la investigación.   
 4.   Cuando la Autoridad Investigadora no pueda procesar la información si ésta viene facilitada 
en un medio determinado (por ejemplo, en formato de computadora), la info rmación deberá facilitarse 
en forma de material escrito o en cualqu ier otra forma aceptable por las mismas.   
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  5.   Aunque la información que se facilite no sea óptima en todos los aspectos, ese hecho no será 
justificación para que la Autoridad Investigadora la  descarte, siempre que la parte interesada haya 
procedido en toda la medida de sus posibilidades.   
 
6.  Si no se aceptan pruebas o informaciones, la pa rte que las haya facilitado deberá ser informada 
inmediatamente de las razones que hayan induci do a ello y deberá tener oportunidad de presentar 
nuevas explicaciones dentro de un plazo prudencia l, teniendo debidamente en cuenta los plazos 
fijados para la investigación.  Si la Autoridad Investigadora considera que las explicaciones no son 
satisfactorias, en cualesquiera determinaciones que  se publiquen se expondrán las razones por las que 
se hayan rechazado las pruebas o las informaciones.  7.   Si la Autoridad Investigadora tiene que b asar sus conclusiones, entre ellas las relativas al 
valor normal, en información proced ente de una fuente secundaria, incluida la información que figure 
en la solicitud de iniciación de la investigación,  deberán actuar con especial  prudencia.  En tales 
casos, y siempre que sea posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de 
otras fuentes independientes de que dispongan -tales como listas de precios publicadas, estadísticas 
oficiales de importación y estadísticas de aduanas-  y de la información obtenida de otras partes 
interesadas durante la investigación.  Como quiera que  sea, es evidente que si una parte no coopera, y 
en consecuencia dejan de comunicar a la Autorida d Investigadora informaciones pertinentes, ello 
podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado.   
 
ANEXO III 
 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN POR ELUSIÓN 
 
1.   El proceso por elusión podrá ser iniciado de  oficio o a solicitud de parte.  La solicitud de 
inicio deberá ser presentada ante la Autoridad Competente por abogado idóneo, cuya parte que 
representa posea un derecho o interés legítimo susceptible de afectación.    2.   Cualquier solicitud de examen relativo a la elusión comprenderá información del tipo 
específico de elusión que, supuestamente, está te niendo lugar.  Adicionalmente la Autoridad 
Investigadora podrá, en uso de las facultades ot orgadas por el Decreto Ley 7 de 2006, requerir a 
cualquier importador, exportador, productor naciona l o extranjero, a las entidades gubernamentales y 
a los terceros no parte en el proceso, los elem entos probatorios, información y datos que estime 
pertinentes a los fines de la investigación por elusión.   
 
3.   Si se considera que existe mérito para in iciar una investigación por elusión, la Autoridad 
competente emitirá resolución motivada de inicio en la  cual hará el requerimiento de información que 
considere necesario, establecerá si se tramitará medi ante una sola fase de investigación, o mediante 
una preliminar y una final, para los cual tomará en  cuenta la complejidad de la investigación y las 
pruebas que requieran ser evacuadas.  En esta reso lución concederá un plazo prudencial para que las 
partes investigadas puedan ofrecer prueba y reali zar una adecuada defensa de sus intereses.   
 4.   Contra la presente resolución se podrá inter poner el recurso de apelación en los términos del 
artículo 171 y siguientes de la Ley 38 de 2000.    
5.   En caso de que las partes a quienes se les ha ya solicitado información no les resulte posible 
responder en el plazo concedido podrán solicita r prórroga por un periodo igual al otorgado 
inicialmente.  Una vez vencido el plazo para presenta r y ofrecer la prueba requerida por la Autoridad 
Investigadora, se procederá de inmediato a practicar  la que resulte oportuna.  Una vez concluido el 
plazo para recibir la información solicitada, o practicar  la prueba, se dará por concluida dicha fase y se G/ADP/N/1/PAN/2/Suppl.1 
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  podrá adoptar la determinación preliminar o de finitiva que corresponda, sobre la base de la 
información y pruebas de que se disponga.    
6.   En la investigación por elusión será pos ible utilizar la información establecida con 
anterioridad en el expediente administrativo en el cual se tramitó la imposici ón de la medida, en la 
medida que no se haya introducido de oficio o por gestión de las partes información más reciente.   
 7.   En caso de determinación preliminar adver sa, formulada con arreglo a lo previsto en el 
numeral 3, y siempre que la parte interesada pertinente haya presentado, como mínimo, una respuesta 
sustancial, aunque deficiente, dentro del plazo con cedido, esa parte tendrá oportunidad de subsanar las 
deficiencias en un plazo de siete (7) días, y la Autoridad Investigadora tendrá en cuenta, en su 
conclusión definitiva, la información adicional así facilitada.    
8.   La Autoridad Investigadora podrá llevar a cabo las verificaciones que considere necesarias 
para confirmar la exactitud e idoneidad de los da tos facilitados por cualquier parte interesada.   
 9.   Si La Autoridad Investigadora determina que ha habido elusión, su resolución definitiva 
podrá dar por resultado:    
a) el incremento de aranceles para remediar la absorción de tales derechos por las 
prácticas elusivas;   
 
b) La ampliación del ámbito de aplicación de las medidas a las piezas, los componentes 
o los productos sustitutivos similares, lo s modelos nuevos y otros productos de ese 
tipo, que dan origen a la práctica elusiva.   
 10.   El proceso de elusión requerirá presentar una recomendación para la aprobación del Consejo 
de Gabinete, en vista que se imponen nuevas medidas o se modifican las existentes.   
 
CAPÍTULO IV 
 
DEROGACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA 
 Artículo 210.  Derogatoria.  Este Decreto Ejecutivo deroga toda disposición que le sea contraria.   
 
Artículo 211.  Entrada en vigencia.  El presente D ecreto Ejecutivo entrará en vigencia al momento de 
su promulgación en la Gaceta Oficial.    COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,   Dado en la ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de enero del año dos mil nueve (2009).   
 
 
MARTÍN TORRIJOS ESPINO 
Presidente de la República 
 
 
GISELA ÁLVAREZ DE PORRAS Ministra de Comercio e Industrias  
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