ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  TN/RL/W/194 
17 de noviembre de 2005 
 
 (05-5437) 
Grupo de Negociación sobre las Normas Original:   inglés 
  
 
NUEVA EXPLICACIÓN SOBRE LA PROPUESTA  
REFERENTE AL INTERÉS PÚBLICO 
Documento presentado por Hong Kong, China
 
 La siguiente comunicación, recibida el 16 de noviembre de 2005, se distribuye a petición de 
la delegación de Hong Kong, China. 
_______________ 
 En los documentos TN/RL/W/174/Rev.1 y TN/R L/GEN/53 (JOB(05)/136), los patrocinantes 
propusieron incluir en el Acuerdo Antidumping una di sposición referente al interés público.  Desde 
entonces, esos documentos han sido examinados en reuniones plenarias del Grupo de Negociación sobre las Normas, así como en forma bilateral y pl urilateral.  Hong Kong, China aprecia el interés 
manifestado y las preguntas y observaciones formuladas por los Miembros acerca de la propuesta.  
A fin de que los Miembros puedan comprender mejo r sus objetivos y consecuencias, en el presente 
documento se exponen los puntos de  vista de Hong Kong, China, sobre las principales cuestiones y 
observaciones planteadas por los Miembros respect o de la propuesta.  También corresponde hacer 
referencia al proyecto de disposición que figura en el documento TN/RL/GEN/53. 
A. Objetivo y alcance de la propuesta
 
Objetivo - Buen gobierno  
 Como se indica en los documentos TN/RL/W/174/Rev.1 y TN/RL/GEN/53, las medidas 
antidumping afectan a las corrientes comerciales entre el Miembro importador y los Miembros de los que proceden o por los que transitan los productos afect ados por la medida.  En el plano interno, los 
efectos de una medida antidumping no se limitan a la rama de producción nacional, sino que se 
extienden a otros sectores de la ec onomía.  Las consecuencias para esos sectores pueden ser bastante 
graves.  
 De conformidad con los principios de equidad y debidas garantías procesales , la propuesta 
exige que se dé a las personas que pueden resultar afectadas por una medida antidumping una oportunidad adecuada para formular observaciones s obre los efectos de esa medida antes de su 
imposición, y que esas observaciones sean tomadas en consideración debidamente. 
 Al mismo tiempo, al requerir que el gobier no importador considere los efectos que puede 
tener una medida antidumping en di versos sectores de la economía de ese país, la propuesta ayuda a 
alertar a la administración respecto de los casos en que los efectos negativos de una medida antidumping son de mayor peso que sus beneficios , contribuyendo así a evitar el uso de medidas 
antidumping que resulten contraproducentes para la economía de l país importador. TN/RL/W/194 
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  La inclusión de la disposición propuesta en el Acuerdo Antidumping también contribuye al 
fomento de la transparencia  en el régimen antidumping, al crear conciencia en el público acerca de 
los beneficios y los costos de las medidas antidumping. 
 En síntesis, la propuesta está en conformidad con lo que debería hacer una administración 
justa y responsable desde el punto de vista del buen gobierno . 
Conformidad con el marco actual del Acuerdo Antidumping  
 El Acuerdo Antidumping reconoce implícita mente que la imposic ión de derechos 
antidumping puede no ser siempre la mejor opción.  El párrafo 1 del artículo 9 promueve cierta 
flexibilidad en la aplicación de medidas antidumping.  Esa norma dispone lo siguiente:  "[l]a decisión 
de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos 
para su establecimiento ... habrán de [adoptarla ] las autoridades del Miembro importador";  y la 
disposición añade que "[e]s deseable que el establ ecimiento del derecho sea facultativo en el territorio 
de todos los Miembros ...". 
 Al requerir que el Miembro importador tome en consideración las observaciones sobre los 
efectos de una medida antidumping antes de impone rla, la propuesta da una orientación concreta 
sobre la forma de poner en práctica el principio del párrafo 1 del artículo 9. 
Relación con la legislación antidumping 
 Algunos Miembros han señalado que la promul gación de leyes antidumping por un Miembro 
ya refleja una decisión de "interés público".  No vemos contradicción alguna entre ese punto de vista y la propuesta misma.  Por el contrario, la propuest a complementa esa tesis al precisar el concepto de 
"interés público" que se ha de tener en cuenta.  C on la propuesta, el Miembro importador no se limita 
a suponer que la aplicación de una medida antidum ping será beneficiosa para él, sino que considera 
realmente si tal suposición es exacta en los casos que tiene ante sí.  En efecto, el examen realizado 
caso por caso da lugar a una evaluación más pertinente  acerca de si el establecimiento de una medida 
antidumping redunda o no en el interés público (econó mico) del Miembro, y es más eficaz para evitar 
que las medidas antidumping resulten contraproducen tes para la economía de l Miembro importador.  
No cabe duda de que esto representa un criterio más prudente desde el punto de vista de la 
administración pública. 
Consideraciones "no económicas"  
 Como la propuesta se refiere a los efectos de una medida antidumping en diversos sectores de 
la economía del país importador, se desprende de ello que en la propuesta se entiende por "interés 
público" el "interés económic o" del Miembro importador.
1 
 Algunos Miembros han preguntado si no debería ampliarse el concepto de "interés público" 
para incluir la consideración del interés "no económi co".  Otros también consideran que la propuesta 
debería dar a los Miembros la flexibilidad necesar ia para aplicar una medida "antidumping" por 
razones "no económicas".2  En las deliberaciones del Grupo de Negociación sobre las Normas, 
algunos Miembros han planteado observaciones análogas. 
                                                      
1 Véase el párrafo x.5 del texto de la propuesta, en el documento TN/RL/GEN/53. 
 
2 Véase, por ejemplo, la comunicación de  Jamaica en el documento TN/RL/W/188. 
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  Recordamos que el Acuerdo Antidumping es un instrumento económico.  El Acuerdo permite 
establecer una medida antidumping únicamente cu ando se cumplan determinadas condiciones, es 
decir, cuando existe un dumping que causa daño a la  rama de producción nacional.  Conforme al 
Acuerdo, el "dumping" se refiere a un acto económic o privado, y el "daño" es un concepto definido 
por parámetros económicos.  Las medidas antidum ping actúan a través de sus efectos económicos.  
La propuesta se apoya simplemente en la estructur a actual del Acuerdo Antidumping y requiere que 
también se tomen en consideración los efectos de las medidas antidumping en otros sectores de la economía.  Conforme al Acuerdo, los Miembros no pueden aplicar medidas antidumping por razones 
"no económicas".  La propuesta no altera, ni debe alte rar, esa posición básica.  En la medida en que 
existan consideraciones legítimas de interés público "no económicas", entendemos que están 
abarcadas adecuadamente por los artículos XX y XXI del GATT.  
No discriminación 
 Algunos Miembros han formulado preguntas acerca  de la relación entre la propuesta y el 
principio de no discriminación que figura en el párr afo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping.  
La propuesta no hace referencia a esta última disposición.  Tampoco afecta a su funcionamiento.  
En realidad, conforme al Acuerdo en vigor, el párra fo 1 del artículo 9 ya se refiere a la conveniencia 
de que la aplicación de una medida antidumping sea facultativa, aunque se cumplan las condiciones 
para su imposición conforme al Acuerdo.  La co existencia de los párrafos 1 y 2 del artículo 9 no 
parece haber causado problemas.
3 
B. Funcionamiento de la disposición  
Autonomía para decidir lo que redunda en interé s económico de un Miembro, y consecuencias 
respecto de la solución de diferencias 
 De conformidad con el objetivo de la propuesta,  el párrafo [x.2] del proyecto de disposición 
establece una lista de factores (referentes a los efectos económicos de una medida antidumping) sobre los cuales las personas pertinentes pueden formul ar observaciones.  La lista de factores del 
párrafo [x.2] está desarrollada sobre la base de un examen de las prácticas actuales, así como de 
comunicaciones anteriores de los Miembros sobre el  tema del interés público, presentadas en el Grupo 
de Trabajo sobre la Aplicación, del Comité de Pr ácticas Antidumping.  La lista no es exhaustiva, sino 
que procura dar orientación a las personas en la preparación de sus observaciones. 
 Sin embargo, con arreglo a la propuesta, corresponde al Miembro importador decidir qué 
redunda en su interés económico y si ello ocurre o no con la imposición de la medida antidumping de 
que se trata.  Por consiguiente, la expresión "inter és económico", del párrafo [x.5] del proyecto de 
disposición, no está definida.  Del mismo modo, la propuesta no prescribe en qué forma debe el 
Miembro importador extraer sus conclusiones sobre la  base del examen de los diversos factores del 
párrafo [x.2]. 
 Varios Miembros han pr eguntado si la propuesta significaría que la decisión acerca de si una 
medida redunda o no en interés económ ico del Miembro estaría sujeta al procedimiento de solución 
de diferencias, y cuáles serían las consecuencias. 
                                                     
 
3 Además del párrafo 2 del artículo 9, observamos  que el artículo XX del GATT prohíbe expresamente 
la aplicación de medidas basadas en es e artículo "en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario 
o injustificable entre los países en  que prevalezcan las mismas condiciones,  o una restricción encubierta al 
comercio internacional". 
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  Reconocemos que la cuestión de si el establ ecimiento de la medida antidumping redunda o no 
en interés económico del Miembro importador debe ser  resuelta por el propio Miembro.  Al mismo 
tiempo, consideramos importante que  los Miembros no apoyen sólo de palabra la nueva disposición.  
El proyecto procura establecer un equilibrio disp oniendo que el Miembro importador evalúe las 
observaciones en forma objetiva e imparcial.  La nor ma de objetividad e imparcialidad ya constituye 
el criterio conforme al cual las autoridades r azonables llevan a cabo las investigaciones antidumping 
previstas en el Acuerdo.  Cabe establecer una dis tinción entre la averiguación de los hechos, por una 
parte, que debe efectuarse sobre la base de su evaluación justa y objetiva, y la conclusión que el 
Miembro importador extrae luego sobre la base de las c onstataciones fácticas, por otra;  es decir, si en 
vista de las constataciones sobre los hechos el Miembro importador estima que la medida propuesta 
no redunda en su interés económico.  Esto último debe ser decidido exclusivamente por el Miembro 
importador. 
 Nos proponemos seguir reflexionando sobre el proy ecto de disposición para asegurar que se 
tengan en cuenta las preocupaciones válidas. 
Autoridades que han de participar en  la aplicación de la disposición  
 El proyecto de disposición se refiere a las "autoridades", lo que con arreglo al Acuerdo 
Antidumping significa "autoridades de un nivel adecuado" .  La disposición deja al arbitrio de los 
Miembros la decisión acerca de las autoridades que  han de intervenir en la aplicación de la 
disposición. 
Métodos que corresponde emplear para el análisis de la información  
 La propuesta no prescribe métodos concretos que los Miembros deban emplear para el 
análisis de los factores indicados en el párra fo [x.2] y no vemos razón alguna para exigir 
necesariamente que el Miembro importador elabore modelos económicos o realice análisis econométricos complejos.  Sin embargo, como part e de la información presentada a los Miembros 
importadores puede ser de naturaleza cuantitativa (por ej emplo, el aumento de costo para los usuarios 
industriales o los consumidores), los Miembros puede n emplear métodos cuantitati vos para el análisis 
de la información.  Otros factores pueden prestarse me jor para un análisis cualitativo (por ejemplo, la 
posibilidad de elección). 
 Recibimos con agrado las exhortaciones de los Miembros a compartir experiencias, y 
recordamos también que en 1999-2001 hubo amplia s deliberaciones sobre este tema y otros conexos 
en el Comité de Prácticas Antidumping (Grupo ad hoc  sobre la Aplicación).  Las comunicaciones de 
los Miembros que actualmente efectúan análisis sobre el "interés público" han resultado de especial 
utilidad para comprender los sistemas de esos Miembros.
4 
 Al mismo tiempo, lo que corresponde al inter és económico de un Miembro,  y si la imposición 
de una medida antidumping redundaría o no en interés del Miembro importador, son apreciaciones 
que debe hacer cada Miembro importador.  Si bien no  puede haber ninguna respuesta universal a tales 
preguntas, cabe esperar que cuando un Miembro c onsidere tales cuestiones entren en juego los 
principios de buen gobierno, responsabilidad pública y proporcionalidad. 
                                                      
4 Por ejemplo:  documentos G/ADP/AHG/W/76, W/105 y W/116 (comunicaciones del Canadá);  
G/ADP/AHG/W/114 (comunicación de las Comunidade s Europeas);  y G/AD P/AHG/73 (comunicación 
de Israel). 
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 Relación con la competencia  
 Algunos Miembros han planteado si la propuest a llevaría el régimen antidumping al ámbito 
del derecho en materia de competencia. 
 Observamos que uno de los objetivos del ré gimen antidumping que suscitan aprobación 
general es, en realidad, la reparación de lo que se percibe como "competencia desleal".  Sin perjuicio 
de ello, la propuesta no requiere que los Miembros r ealicen un "análisis de la competencia" en sí 
mismo.  Los factores mencionados en el párrafo  [x.2] son de naturaleza similar a los que las 
autoridades ya consideran en el contexto de las i nvestigaciones antidumping:  por ejemplo, el costo, la 
disponibilidad del producto en el me rcado, la rentabilidad y la comp etitividad.  La referencia a la 
"competencia", en realidad, no es algo nuevo en el Acuerdo Antidumping.  Por ejemplo, el párrafo 5 
del artículo 3 dispone que se examinen los factor es concurrentes que cau san daño a la rama de 
producción nacional, y entre ellos, en particular, las prácticas comerciales restrictivas y la competencia entre los producto res extranjeros y nacionales. 
 Parecería, por lo tanto, que en la actualid ad las autoridades investigadoras ya tienen los 
conocimientos y experiencia necesarios para tratar esas cuestiones, o ya han creado mecanismos para 
recabar los puntos de vista de otras autoridades co mpetentes.  Además, como ya se ha indicado, la 
propuesta deja al arbitrio del Miembro importador la  elección de las autoridades que han de intervenir 
en la aplicación de la disposición.  No impide que los Miembros encomienden dicha aplicación a una autoridad distinta de las que investigan el dumpi ng y el daño.  Tampoco im pide que la autoridad 
encargada de aplicar la disposición recabe la opinión de órganos competentes.   
C. Recursos y dimensión de desarrollo
 
Efectos en el calendario de la investigación  
 Algunos Miembros han objetado los posibles efect os de la disposición en la duración de las 
investigaciones.  
 Reconocemos que las autoridades tienen que c onsiderar adecuadamente las observaciones que 
reciban y que esta propuesta, como otras, puede tene r repercusiones en el período de investigación.  
En el curso de las negociaciones será preciso exam inar el efecto global de todas las propuestas en 
dicho período. 
 El procedimiento previsto en la propuesta tiene varias etapas fundamentales, que comienzan 
con la publicación de un aviso por el que se invita a presentar observaciones;  después, la recepción de 
las observaciones y la comprobación o análisis de la  información pertinente;  sigue una información a 
las partes del tipo de la prevista en el párrafo 9 de l artículo 6, antes de adoptarse la decisión definitiva 
sobre si se aplica la medida antidumping.  En la práctica, la carga más importante del trabajo sólo 
comienza después de recibirse las observaciones.  La  propuesta, en su estado actual, requiere que el 
procedimiento se complete antes de establecer una medida antidumping definitiva (párrafo [x.1] del 
proyecto de disposición), pero deja suficiente fl exibilidad al Miembro importador para decidir la 
secuencia de las etapas del procedimiento.5  El objetivo es que los Miembros puedan diseñar su propio 
sistema del modo que mejor les permita aprovechar el tiempo. 
                                                      
5 Consideramos que la disposición deja suficiente flexibilidad para que los Miembros puedan 
considerar las observaciones acerca del interés público en fo rma paralela con los análisis sobre el dumping y el 
daño, o bien sucesivamente después de esos análisis.  Ad emás, si el Miembro encomienda total o parcialmente a 
otro órgano el procedimiento referente al interés público, ello podría atenuar las presiones de tiempo que pesan 
sobre las autoridades investigadoras del dumping y el daño. 
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  El párrafo [x.3] del proyecto de disposición establece dos principios básicos:  1) que la 
oportunidad de formular observaciones debe br indarse lo antes posible, cuando las personas 
pertinentes estén en condiciones de formular obser vaciones significativas;  y 2) cuando se brinde 
oportunidad de formular observaciones antes de  que se conozcan los detalles de la medida 
antidumping definitiva propuesta, debe darse a las personas pertinentes una oportunidad para 
actualizar las observaciones.  Consideramos que estos principios pueden ser útiles para que los 
Miembros los consideren al diseñar sus sistemas. 
 Se ha sugerido que, si se pe rmitiera desarrollar el procedimie nto después del establecimiento 
de una medida antidumping, el pro cedimiento quedaría fuera del calenda rio de la investigación, lo que 
daría mayor flexibilidad procesal a las autoridade s.  Aunque comprendemos las razones de esta 
sugerencia, si se recuerda la idea básica de que no debería aplicarse, en primer lugar, una medida 
antidumping que no redundara en interés económ ico del Miembro impor tador, la estructura 
actualmente propuesta sería una solución mejor para evitar que se cause daño a los sectores económicos pertinentes.  Si se otorga flexibilid ad, y el procedimiento se desarrolla después del 
establecimiento de un derecho definitivo, por lo me nos debería suspenderse ese derecho hasta que el 
Miembro importador conclu ya el procedimiento. 
 De cualquier modo, aunque la duración máxi ma de una investigación está sujeta a nuevas 
negociaciones, la adopción de una disposición referente al interés público y de otras propuestas no 
significa necesariamente que no pueda abreviarse la  duración máxima.  En la práctica actual, las 
distintas autoridades completan su s investigaciones en plazos diferentes, que oscilan por lo general 
entre 6 y 15 meses.  Es indudable que existen otro s factores que afectan al período de investigación, y 
la economía de tiempo puede lograrse por otros me dios;  por ejemplo, una gestión del tiempo más 
eficaz.  Consideramos que en este aspecto sería útil que se comunicaran algunas experiencias.  
Labores administrativas  
 Preocupa a algunos Miembros que la propuesta acrecentaría la carga ad ministrativa que pesa 
sobre las autoridades investigadoras. 
 Como ya se ha indicado, reconocemos que esta propuesta, como otras, obliga a los Miembros 
importadores a asumir nuevas obligaciones.  Sin embargo, no creemos que la carga sea excesiva, como lo demuestran los Miembros que ya toman en consideración el "interés público" al adoptar la decisión de establecer una medida antidumping. 
 Además, los Miembros deberían ponderar la s preocupaciones referentes a la "carga 
administrativa" relacionándola con las ventajas resp ectivas.  En última instancia, la propuesta se 
refiere al buen gobierno:  las debidas garantías procesales, la equidad del procedimiento, la 
proporcionalidad y la responsabilidad pública.  Es tos objetivos deberían tenerse debidamente en 
cuenta. 
Dimensión de desarrollo  
 Consideramos que la propuesta sería particularmente beneficiosa para los países en 
desarrollo, tanto en su condición de exportadores como en la de usuarios del instrumento 
antidumping.  En el primer caso, un entorno mundial  más favorable para el comercio y el desarrollo 
económico permitiría a los países en desarrollo  impulsar sus ramas de producción exportadoras 
mediante la expansión y diversifi cación de exportaciones.  Para empezar, desde la perspectiva de los 
usuarios, las investigaciones antidumping absorben mu chos recursos, y más aún en términos relativos 
para los países en desarrollo debido a la limitaci ón de sus recursos.  Este instrumento debería 
utilizarse con especial cuidado para evitar que una medida antidumping resulte contraproducente para  TN/RL/W/194 
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 la economía del propio país.  Esto es especialmente aplicable a los países en desarrollo, para los que 
un buen desarrollo económico es esencial para mejo rar el bienestar nacional y atenuar la pobreza. 
 Consideramos que la inclusión de una disposición referente al  interés público en el Acuerdo 
Antidumping debería beneficiar a todos los Miembros de la OMC .  Seguiremos participando junto 
con los demás Miembros en el examen del proyecto de  disposición en el curso de las negociaciones.  
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