ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  IP/N/6/VNM/1 
1º de febrero de 2008 
 
 (08-0475) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio Original:   inglés 
 
 
 
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
 
Respuestas de Viet Nam  
 
 
Procedimientos y recursos civiles y administrativos 
  a) Procedimientos y recursos judiciales civiles  
 
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los 
derechos de propiedad intelectual. 
 
 Las diferencias relativas a infracciones de los derechos de prop iedad intelectual son 
competencia de los tribunales populares (tribunales civiles), a nivel provincial y de distrito.  Los tribunales populares pueden fallar casos de presuntos a busos de los derechos de propiedad industrial, 
diferencias sobre el pago de cánones o remuneración, reclamaciones relativas al derecho de registro y 
el derecho de autor, y diferencias sobre contrato s de concesión del derecho de titular y contratos de 
licencia del derecho de uso de obj etos de propiedad industrial. 
 
2. ¿Qué personas están legitimadas para ha cer valer derechos de propiedad intelectual?  
¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  ¿Hay disposiciones que prescriban 
la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal? 
 
 ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de pr opiedad intelectual
? 
  De conformidad con el artícul o 198 de la Ley de Propiedad Intelectual, los titulares de 
derechos de propiedad intelectual estan facultados a aplicar ciertas medidas para proteger estos 
derechos, entre ellas la de presentar una demanda  ante un tribunal competente o un árbitro para 
proteger sus derechos e intereses legítimos.  Por otro lado, en el párrafo 6 del artículo 4 y el 
artículo 203 de la misma Ley se define a los titulares de derechos de propiedad intelectual como los 
propietarios y derechohabientes (entre los que se incluyen los cesionarios y los licenciatarios de 
derechos) de esos derechos.  Por consiguiente, los titu lares, cesionarios o licenciatarios de derechos de 
propiedad intelectual están legitimados para hacer  valer estos derechos y, en particular, pueden 
ejercitar acciones civiles para obtener las siguien tes medidas:  cese de los actos de infracción;  
presentación pública de excusas y rectificación pública;  cumplimiento de las obligaciones contraídas 
conforme al ordenamiento civil;  pago de los daños  y perjuicios causados;  destrucción, distribución o 
uso para fines no comerciales de los productos, materias primas, material es y medios en general 
empleados para la producción y comercio de mer cancías infractoras de derechos de propiedad 
intelectual, cuando tal destrucción, distribución o us o no afecte a la explotación de los derechos de 
propiedad intelectual por su titular.  
                                                     
 
1 Documento IP/C/5. IP/N/6/VNM/1 
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   ¿Cómo pueden estar representadas esas personas
? 
  De conformidad con el Código de Procedimie nto Civil, todas las personas, organismos y 
organizaciones con capacidad jurídica para interven ir en un procedimiento civil tienen derecho a 
solicitar de los tribunales la protección de sus derechos e intereses legítimos. 
 
 En el caso de las personas físicas, es la propia persona la que puede ej ercitar los derechos y 
obligaciones en el curso del procedimiento civil, o autorizar a un representante para que lo haga. 
  En el caso de los organismos u organizaciones, es su representante autorizado quien 
interviene en su nombre en el procedimiento. 
  ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecen cia obligatoria del titular del derecho ante el 
tribunal ? 
 
 De conformidad con el Código de Procedimie nto Civil, la comparecencia personal del titular 
del derecho ante el tribunal es una de las oblig aciones que incumben al titular del derecho de 
propiedad intelectual en un procedimiento civil.  En  el caso de que el titular del derecho autorice a un 
representante a comparecer ante un tribunal, el representante comparecerá en nombre del titular. 
 
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades j udiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte contra ria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control? 
 
 Por regla general, el litigante, al participar  en un procedimiento, tiene el derecho y la 
obligación de aportar pruebas o fundamentar sus aleg aciones para proteger sus derechos e intereses 
legítimos.  No obstante, cuando una parte interesada no pueda obtener por sí misma las pruebas, pese 
a haber tomado las medidas necesarias para ello, pue de solicitar del tribunal que aporte las pruebas 
que faciliten la correcta resolución del litigio civil.  Formulada esa petición, el tribunal puede ordenar 
a cualquier persona física o jurídica, directamente o por escrito, que presente las pruebas que estén bajo su control u obren en su poder.  
 Cuando se estén destruyendo pruebas, o haya pe ligro de que se destruyan, o en lo casos en 
que sea difícil obtener pruebas en el futuro, cualqui er parte interesada puede elevar una petición al 
tribunal para que arbitre las medidas necesarias con objeto de preservarlas.  El tribunal puede decidir la adopción de una o varias medidas como el precint o, la custodia, la fotografía, la grabación de 
sonido, la grabación de imágenes, la restauración, el examen, el registro documental, y otras.  
 
 Además, con arreglo a la Ley de Propiedad Inte lectual, las partes interesadas tienen derecho a 
solicitar del tribunal que aplique medidas provisi onales urgentes para proteger sus derechos e 
intereses legítimos.  En particular, en el moment o de presentar la demanda, o después de haberlo 
hecho, el titular del derecho de propiedad intelect ual está facultado a solicitar del tribunal que aplique 
medidas provisionales en los siguientes casos: 
 
 - cuando exista peligro de que se cause un  daño o perjuicio irreparables al titular del 
derecho de propiedad intelectual; 
  - cuando haya probabilidad de que las mercancías presuntamente infractoras del 
derecho de propiedad industrial, o las prue bas de la infracción de dicho derecho, se 
dispersen o sean destruidas si no son protegidas oportunamente. 
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   El tribunal decidirá la aplicación de las medidas provisionales urgentes a petición del titular 
del derecho de propiedad industria l, según lo indicado anteriormente, antes de oír a la parte que sea 
objeto de tales medidas.  
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada 
como prueba?  
 
 Por regla general, todos los elementos de pr ueba se divulgarán y utilizarán públicamente sin 
distinción.  No obstante, en respuesta a la solicit ud legítima de las partes interesadas, el tribunal no 
divulgará públicamente pruebas que puedan afectar  a secretos de Estado, las buenas costumbres, 
secretos profesionales, secretos comerciales, o secretos personales. 
  La ley prescribe que quienes conducen el procedimie nto o participan en él han de mantener la 
confidencialidad de las pruebas que puedan afectar a secretos de Estado, las buenas costumbres, o 
secretos profesionales, comerciales o personales,  cuya divulgación pública no esté permitida.  
 
 En casos especiales en que, con arreglo a la ley, sea necesario para mantener secretos de Estado, proteger las buenas costumbres y la moral, guardar secretos profesionales, secretos de carácter laboral, secretos comerciales o proteger la privacida d de las personas, el tribunal, a petición legítima 
de las partes interesadas, celebrará las vistas a pue rta cerrada, aunque la sente ncia deberá dictarse 
públicamente. 
 
 En casos especiales en que sea necesario para proteger secretos de Estado, velar por las buenas costumbres, o proteger secretos profesionales, comerciales o personales, el Consejo de la Judicatura, a petición de la parte interesada, no divulgará los documentos obrantes en autos. 
 5. Sírvanse describir las medidas cuya adopci ón puede ser ordenada por las autoridades 
judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización: 
 
- mandamientos judiciales; 
- órdenes de resarcimiento de daños y p erjuicios, con inclusión de la reparación 
por concepto de beneficios y los gast os, comprendidos los honorarios de los 
abogados; 
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos 
comerciales de las mercancías infracto ras y de los materiales e instrumentos 
utilizados para su producción; 
- otras medidas. 
  Mandamientos judiciales
 
  El mandamiento judicial es una de las medidas previstas en el ordenamiento civil que los 
tribunales aplican a las personas físicas o jurídicas que han cometido actos de infracción de derechos 
de propiedad intelectual.  A petición por escrito del titular del derecho, el tribunal decide si procede 
dictar un mandamiento judicial sobre la base de las pruebas, argumentos, etc. aducidos por el 
demandante.   Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios , con inclusión de la reparación por concepto 
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados  
 
 El pago de daños y perjuicios es una de las medi das previstas en el ordenamiento civil que los 
tribunales aplican a las personas físicas o jurídicas que cometen actos de infracción de derechos de 
propiedad intelectual. IP/N/6/VNM/1 
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   De conformidad con el artícul o 204 de la Ley de Propiedad In telectual, la determinación de 
los daños y perjuicios causados por la infracción de derechos de propiedad intelectual se basa en los 
siguientes principios:   - Daños y perjuicios causados por actos de infracción de dere chos de propiedad 
industrial:  i) daños y perjuicios mate riales, con inclusión de las pérdidas 
patrimoniales, la disminución de ingresos y beneficios, la pérdida de oportunidades de 
negocio, los gastos justificados de pr evención y reparación de dichos daños y 
perjuicios;  ii) daños y perjuicios morales,  con inclusión de los atentados contra el 
honor, la dignidad, el prestigio, la reputaci ón, y otros daños y perjuicios morales 
causados a los autores de obras literarias, ar tísticas y científicas, a los intérpretes o 
ejecutantes, a los autores de invenciones,  dibujos o modelos industriales y esquemas 
de trazado, y a los obtentores de variedades vegetales. 
  - La cuantía de los daños y perjuicios se determina en función de las pérdidas sufridas 
efectivamente por el titular del derecho de propiedad intelectual a causa de la 
infracción. 
  De conformidad con el artícul o 205 de la Ley de Propiedad Intelectual, las bases para 
determinar la indemnización por lo s daños y perjuicios causados por la infracción de los derechos de 
propiedad intelectual son las siguientes:  
 
 - Cuando el demandante pueda demostrar que  un acto de infracción de derechos de 
propiedad intelectual le ha causado daños o perjuicios materiales, tendrá derecho a 
solicitar del tribunal que determine la cuan tía de la compensación con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 
 - el importe total de los daños y pe rjuicios materiales causados, expresado 
como la suma del efectivo y los réditos obtenidos por el demandado como consecuencia del acto de infracción del derecho de propiedad intelectual, cuando la pérdida de beneficios del demandante no se haya incluido todavía 
en el cálculo de la cuantía total de los daños y perjuicios causados; 
 
 - el precio de la licencia concedida para un objeto protegido por derechos de 
propiedad intelectual, cuando el act o de infracción consista en un uso 
indebido de la licencia concedida al demandado por el demandante; 
 
 - cuando sea imposible determinar la cuantía de la compensación por los daños 
materiales ocasionados con arreglo a los dos subpárrafos precedentes, el 
tribunal la determinará en función de la cuantía de los daños y perjuicios, 
hasta un máximo de 500 millones de dong vietnamitas (VND). 
  - Si el demandante puede probar que un act o de infracción de der echos de propiedad 
intelectual le ha causado daños o perjuici os morales, tiene derecho a solicitar del 
tribunal que determine una compensación de entre 5 y 50 millones de VND, según la cuantía de los daños y perjuicios. 
  - Además de las indemnizaciones previstas en los párrafos 1 y 2 supra , el titular del 
derecho de propiedad intelectual puede  solicitar al tribunal que imponga a las 
personas físicas o jurídicas que hayan cometido el acto de infracción del derecho de propiedad intelectual el pago de honorarios de abogado en una proporción razonable. 
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   Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las 
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción  
  Una de las medidas previstas en el ordena miento civil que los tribunales imponen a las 
personas físicas o jurídicas que cometen actos de infr acción de derechos de propiedad intelectual es la 
destrucción de los productos, materias primas, mate riales y medios en general empleados para la 
producción y comercio de mercancías infractoras de  derechos de propiedad intelectual, o su 
distribución o uso con fines no comerciales, cuando tal destrucción, distribución o uso no afecte a la explotación de los derechos de propi edad intelectual por su titular. 
 
 Otras medidas
 
  Además de las medidas previstas en el orde namiento civil antes indicadas, los tribunales 
pueden aplicar otras medidas a las personas físicas o jurídicas que hayan cometido actos de infracción de derechos de propiedad intelectual, entre ellas las siguientes: 
 
 - petición de excusas y rectificación públicas;   - cumplimiento de las obligaciones pr evistas en el ordenamiento civil. 
 
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular de l derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y di stribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución? 
  De conformidad con la legislación de Viet Nam,  en los procedimientos civiles las autoridades 
judiciales no están facultadas para ordenar al infr actor que informe al titular del derecho sobre la 
identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes y 
servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.  7. Sírvanse describir las disposiciones relati vas a la indemnización a los demandados a los 
que se haya impuesto indebidamente una obligación.  ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables? 
  Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que 
se haya impuesto indebidamente una obligación  
  Cuando el titular del derecho solicita al tri bunal que aplique medidas provisionales urgentes, 
viene obligado a pagar una compensación por los da ños y perjuicios causados a las personas que sean 
objeto de dichas medidas, en caso de que se determ ine que no han infringido derechos de propiedad 
industrial.  Para garantizar el cumplimiento de  esa obligación, el titular del derecho ha de depositar 
una fianza en una de las formas siguientes:   - suma de dinero equivalente al 20 por cien to de valor de las mercancías que son objeto 
de la solicitud de medidas provisional es urgentes, o un mínimo de 20 millones 
de VND cuando sea imposible valorar dichas mercancías; 
  - aval proporcionado por un banco u otra institución de crédito.  IP/N/6/VNM/1 
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  8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que  dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
 
 Sírvanse describir las disposiciones que regulan  la duración y el costo de los procedimientos
 
 
 Duración de los procedimientos:  según el Código de Procedimiento Civil, los plazos 
previstos del procedimiento son los siguientes:  plazo para la aport ación de pruebas, plazo para el 
examen de la solicitud de inicio del procedimiento, preparativos para el juicio en primera instancia, 
procedimiento en apelación, examen judicial, nuevo juicio;  plazo para la presentación de apelaciones 
y objeciones contra el fallo o las decisiones del tribunal;  plazo para la tramitación, traslado y 
notificación del procedimiento, y plazo para la presentación de recursos y su resolución en el procedimiento civil.  Por lo tanto, la duración de l procedimiento depende del grado de complejidad de 
la causa. 
 
 Costo de los procedimientos:  de conformidad con la legislación de Viet Nam, los tribunales 
tramitan y resuelven con cargo al presupuesto del Es tado los procedimientos civiles originados por 
infracciones de los particulares, o para la defensa de sus intereses.  No obstante, las partes han de 
sufragar determinados costos (tasas y costas).    Las tasas y costas pueden ser de diversa índole,  como el depósito de costas judiciales, el 
depósito de tasas, el pago de costas y tasas judiciales, y otros gastos judiciales, como el depósito de 
gastos de examen, los gastos de examen, etc.  Ad emás, las partes han de sufragar otros costos del 
procedimiento, como los costos de evaluación y de interpretación.  Por lo tanto, el costo total del 
procedimiento depende de muchos factores, como la duración del procedimiento, la calidad del 
letrado, cuál es la parte vencedora en el pleito, etc. 
 
 Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobr e la duración real de los procedimientos y su 
costo  
  Las diferencias en la duración y costo de lo s procedimientos, y el pequeño número de litigios 
por infracción de derechos de propiedad intelectua l sustanciados ante los tribunales del Viet Nam, 
hacen que por el momento no sea posible facilitar datos significativos a este respecto. 
 
 b) Procedimientos y remedios administrativos  
 
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las respuestas anteriores en relación con los 
procedimientos administrativos referentes al  fondo de un caso y con los remedios que 
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos. 
 
 Las entidades competentes para aplicar medidas de carácter administrativo en relación con infracciones de los derechos de propiedad intelectual son los organismos de control del mercado de la 
administración comercial (Departamento de Cont rol del Mercado y dependencias de control del 
mercado), los organismos de aduana (Departamento de Aduanas;  oficinas de aduanas;  Oficina de 
Inspección contra el contrabando), las distintas autoridades de inspección especializadas, como el Departamento de Inspección de Cultura e In formación a nivel nacional y provincial y el 
Departamento de Inspección de Ciencia y Tecnol ogía a nivel nacional y provincial, los Comités 
Populares a nivel provincial y de distrito, y los organi smos de seguridad pública (Policía de Distrito;  
Policía Provincial;  y Policía Económica). 
  La actuación administrativa de oficio en el  caso de infracción de derechos de propiedad 
intelectual está limitada a los casos de falsificación, piratería, infracciones intencionadas e infracciones con marcadas repercusiones sociales (artículo 211 de la Ley de Propiedad Intelectual).  IP/N/6/VNM/1 
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   Las responsabilidades de cada organismo de penden de su esfera de administración y 
jurisdicción, conforme a lo que es tablece el artículo 200 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2005.  
Los servicios de control de los mercados puede n imponer sanciones administrativas y otras medidas 
contra las infracciones de los derechos de propiedad  industrial y del comercio de productos y servicios 
culturales e informativos que tengan lugar en el pa ís.  Los organismos de aduanas están facultados 
para imponer sanciones administrativas contra las infracciones de los derechos de propiedad 
intelectual en la importación o exportación;  los Departamentos de In spección de Ciencia y 
Tecnología, contra las infracciones de los derechos de propiedad industrial;  los Departamentos de 
Inspección de Cultura e Información, contra las in fracciones del derecho de autor, y los comités 
populares contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cometidas en su 
jurisdicción.  En cuanto a los organismos de la  seguridad pública, éstos  actúan en los casos de 
infracción de los derechos de propiedad intelectua l en el proceso de producción o comercio.  La 
Policía Económica (integrada por los jefes de la Poli cía de Distrito y la Divi sión de Policía Económica, 
el Director de la Policía Provincial y el Director General del Departamento de Policía Económica) está 
facultada para investigar y examinar las infracciones de los derechos de propied ad intelectual en todas 
las esferas empresariales y de pr oducción.  La policía económica puede  registrar las viviendas de las 
personas que se considere esconden instrumentos utilizados para comete r la infracción o pruebas de la 
misma, y suspender licencias empresariales en caso de  infracción grave de las disposiciones que regulan 
el uso de licencias em presariales y puede también imponer sa nciones administrativas contra las 
infracciones de los derechos de propiedad industri al relacionadas con actividades comerciales y de 
producción y las infracciones del derecho de autor que atenten contra el orden y la seguridad públicos. 
 
 De conformidad con el nuevo marco normativo, las medidas y recursos administrativos se 
rigen por el Decreto del Gobierno Nº 106/2006/ND -CP, de 22 de septiembre de 2006, sobre la 
tramitación de las infracciones administrativas en la esf era de la propiedad industrial, y el Decreto del 
Gobierno Nº 106/2006/ND-CP, de 22 de septiembre de 2006, sobre el establecimiento de 
disposiciones detalladas y directrices para la apli cación de determinados artículos de la Ley de 
Propiedad Intelectual de 2005 relativos a la protección  de los derechos de propiedad intelectual y a la 
gestión pública de la propiedad intelectual.  De conformidad con la  Ley de Reclamaciones y 
Denuncias de 1998, modificada en 2005, toda persona fí sica o jurídica, incluidos los extranjeros no 
residentes o las entidades jurídicas extranjeras que no  tengan representación en Viet Nam, tienen el 
derecho y la obligación de denunciar las infraccione s informando a las autoridades competentes por 
escrito, o por otros medios. 
  De conformidad con el artículo 214 de la  Ley de Propiedad Intelectual de 2005, las 
principales medidas administrativas son las advert encias y las sanciones pecuniarias por una cuantía 
de entre una y cinco veces el valor de los productos infractores descubiertos.  Las medidas adicionales 
incluyen la suspensión de las actividades económica s por un tiempo determinado y, en el caso de los 
productos falsificados y pirateados y de los material es y herramientas utilizados para la fabricación de 
dichos productos o para comerciar con ellos, la confiscación, destrucción, distribución, uso para fines 
no comerciales o bien la entrega obligatoria de los productos en tránsito fuera del territorio de 
Viet Nam o la reexportación, una vez se hayan eliminado los elementos infractores.  El efecto acumulativo de esas medidas disuadir á de cometer nuevas infracciones. 
 
 Los trámites aduaneros relacionados con las importaciones y las exportaciones pueden 
suspenderse a fin de proteger los derechos de  propiedad intelectual de conformidad con los 
artículos 57, 58 y 59 de la Ley de Aduanas de  29 de junio de 2001, modificada y complementada 
en 2005 por la Ley Nº 42/2005/QH11, el Decreto Nº  154/2005/ND-CP, de 15 de  diciembre de 2005, y 
el artículo 218 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2005. 
  Las decisiones de imposición de sanciones administrativas se transmiten por escrito dentro de los 10 días siguientes a la denuncia de la infracción, o los 30 días siguientes cuando el asunto es complejo.  Los procedimientos en apelación están regulados por la  Orden de 1996 sobre IP/N/6/VNM/1 
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  procedimientos para el enjuiciamiento de los casos administrativos, y la Ley de Reclamaciones y 
Denuncias de 1998, modificada por la Ley Nº 58/2005 /QH11 (párrafo 19 del ar tículo 1 y párrafo 2 del 
artículo 2).  Una y otra parte pueden recurrir las de cisiones administrativas, en primer lugar ante la 
autoridad que haya adoptado la decisión, y posterior mente ante el Tribunal Administrativo o ante un 
órgano administrativo superior.  Las decisiones de l órgano administrativo superior pueden ser objeto 
de apelación ante el Tribunal Administrativo. 
 
Medidas provisionales
 
 
 a) Medidas judiciales  
 
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada 
por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad. 
 
 Los tribunales que gozan de jurisdicción en ma teria de infracciones y diferencias con respecto 
a los derechos de propiedad intelectual pueden or denar la aplicación de medidas provisionales.  Las 
disposiciones detalladas sobre las medidas provi sionales urgentes que pueden adoptarse con respecto 
a los derechos previstos en el ordenamiento civil en general, así como a los derechos de propiedad 
intelectual en particular, se encuentran en el Códi go de Procedimiento Civil de 2004 y en la Ley de 
Propiedad Intelectual de 2005, respectivamente.    
 De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual, el tribunal puede aplicar a las 
mercancías de las que se sospeche que infringen derec hos de propiedad intelectual, o las materias 
primas, materiales o medios empleados para la pr oducción o el comercio de dichas mercancías, las 
siguientes medidas provisionales urgentes:  
- confiscación; 
- embargo; - precinto:  prohibición de alterar su est ado original;  prohibición de movimiento; 
- prohibición de transmisión de la propiedad; - otras medidas provisionales urgentes de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Civil. 
 
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita altera 
parte ? 
 
 De conformidad con los artículos 99 y 119 del Código de Procedimiento Civil de 2004, en los 
casos urgentes en que sea necesario proteger de inmediato las pruebas o evitar posibles consecuencias 
graves, cualquier persona, organismo u organización tie ne derecho a presentar al tribunal competente 
una solicitud para que adopte la decisión de apli car esas medidas, en el mismo momento en que 
presente ante dicho tribunal la demanda que inicia el proceso. 
  El tribunal también puede decidir de oficio la  aplicación de las medidas provisionales en los 
casos en que la parte afectada no solicite la aplicación de esa medida cautelar.  
  De conformidad con el párrafo 2 del artículo 206 de la Ley de  Propiedad Intelectual de 2005, 
los tribunales pueden, antes de oír la opinión de la parte susceptible de verse sometida a medidas provisionales, adoptar inmediatamente una decisión, que se hará efectiva también de forma inmediata.  
La decisión puede ser apelada ante el Presidente del Tribunal por ambas partes, en cuyo caso el 
ministerio público tendrá derecho a hacer una propuesta al Presidente del Tribunal, quien está obligado a responder en el plazo de tres días (ar tículos 124 y 125 del Código de Procedimiento Civil 
de 2004).   IP/N/6/VNM/1 
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  12. Sírvanse describir el procedimiento principa l para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las me didas de salvaguardia para proteger los 
intereses legítimos del demandado. 
  Para reclamar la aplicación o concesión de medidas provisionales, debe presentarse una 
solicitud al tribunal competente.  Los principales datos que deben figurar en la solicitud son los 
siguientes:   
- fecha de la solicitud;  
- nombre y dirección del solicitante;  
- nombre y dirección de la persona objeto de la medida cautelar;  
- resumen de la diferencia o el acto de in fracción de los derechos e intereses legítimos 
del solicitante;  
- razones para la solicitud de la medida cautelar;  
- medida cautelar que se solicita y requisitos específicos.  
  Una vez presentada la solicitud de aplicación de  medidas provisionales, el solicitante ha de 
aportar al tribunal pruebas que demuestren la necesidad de conceder dicha medida cautelar.  
  En el plazo de tres días a contar desde la fecha de la solicitud cuando el solicitante no deba 
depositar una garantía o, si debe hacerlo, inmediatam ente después de que la haya depositado, el juez 
ha de dictar una decisión respecto de la concesión de  la medida cautelar.  Si la solicitud es denegada, 
el juez deberá comunicar por escrito al solicitante las razones de su decisión.    En caso de urgencia, una vez recibida la so licitud de medidas provisionales, junto con la 
demanda civil y las pruebas correspondientes, el pr esidente del tribunal deberá nombrar a un juez para 
que resuelva sobre la solicitud y, en su caso, la tram ite.  El juez debe considerar la cuestión y dictar 
una resolución respecto de la concesión de la medi da cautelar en las 48 horas siguientes a la fecha de 
recepción de la solicitud.  Si la solicitud es de negada, el juez deberá comunicar por escrito al 
solicitante las razones de su decisión.   
 Los organismos u organizaciones que inicien procedimientos judiciales para proteger los 
derechos e intereses de terceros también pue den presentar una petición escrita al tribunal de 
aplicación de medidas cautelares, indicando las razon es que la justifican, la medida cautelar que se 
solicita, el nombre y la dirección de la persona cuyos derechos e intereses  legítimos es necesario 
proteger, el nombre y la dirección de la persona que debe ser objeto de la medida cautelar, un resumen 
de la diferencia o los actos de infracción de los dere chos e intereses legítimos de las partes afectadas, 
y pruebas que acrediten que la petición está justificada y es conforme a derecho.  
  Quienes soliciten al tribunal la concesión de una medida provisi onal deben depositar una 
suma en efectivo, metales preciosos, piedras precio sas o valores, cuya cuantía, determinada por el 
tribunal, ha de ser equivalente al valor de la oblig ación patrimonial que debe ejecutar el obligado, con 
el fin de proteger los intereses de la persona que es objeto de la medida provisional y evitar cualquier 
abuso del derecho de so licitud de aplicación de medidas cautelares que asiste al solicitante. 
  La Ley de Propiedad Intelectual de 2005 dis pone que el solicitante de medidas provisionales 
está obligado a pagar una compensación por las pé rdidas ocasionadas a la persona que sea objeto de 
dichas medidas, si se determina que ésta no ha infringi do derechos de propiedad industrial.  Con el fin 
de garantizar el cumplimiento de esta obligación,  el solicitante de medidas provisionales urgentes 
debe depositar una fianza en forma, bien de una suma  en efectivo equivalente al 20 por ciento de valor 
de las mercancías que son objeto de la solicitud de medidas provisionales urgentes (o un mínimo IP/N/6/VNM/1 
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  de 20 millones de dong, cuando sea imposible valo rar dichas mercancías), o bien de un aval 
proporcionado por un banco u ot ra institución de crédito. 
 
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  Sírvanse facilitar 
los datos de que dispongan sobre la duración  real de los procedimientos y su costo. 
 
 Duración del procedimiento
 
  Cualquier parte interesada tiene derecho a presen tar, ante el Presidente del Tribunal que se 
ocupe del caso, un recurso contra la decisión de  conceder, modificar o anular las medidas 
provisionales urgentes, o contra la desestimación  por el juez de la solicitud de concesión, 
modificación o anulación de las medidas cautelares, y el departamento de inspección tiene la facultad 
de interponer una objeción contra dichas decisiones ante esa misma instancia.  Dichos recursos u 
objeciones deben presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
recibido la decisión la decisión de conceder, modificar o anular las medidas cautelares, o la respuesta 
del juez sobre su decisión de no conceder, modificar o anular las medidas cautelares. 
  El Presidente del Tribunal examinará -y decidi rá al respecto- los recursos u objeciones del 
párrafo precedente dentro de los tres días hábiles si guientes a la recepción del recurso u objeción.  
  Costo de los procedimientos
 
 
 Además de las costas y tasas, que comprenden el depósito de tasas judiciales, el depósito de 
costas, y el pago de las costas y tasas judiciales, el  costo total del procedimiento depende de otros 
muchos factores, por lo que varía según el grado de complejidad del caso.  
 Sírvanse facilitar los datos de que dispongan sobr e la duración real de los procedimientos y su 
costo  
  No se dispone de datos sobre la duración real de los procedimientos y su costo porque, en realidad, no hay muchas decisiones judiciales de concesión de medidas provisionales urgentes que sean objeto de apelación. 
  
 b) Medidas administrativas 
 
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las preguntas anteriores en relación con las 
medidas provisionales administrativas. 
 
 La Ley de Propiedad Intelectual establece medi das preventivas y medidas para garantizar la 
imposición de medidas administrativas.  En partic ular, el artículo 215 de dicha Ley dispone lo 
siguiente:  
- Las personas físicas o jurídicas tendrán derecho a solicitar del organismo competente 
que aplique medidas preventivas y medidas pa ra garantizar la im posición de medidas 
administrativas, de conformidad con lo previsto  en el párrafo 2 de este artículo, en los 
siguientes casos:  
 
 - actos de infracción de de rechos de propiedad intel ectual que puedan causar un 
perjuicio grave a los consumidores o la sociedad; 
 
 - cuando exista la amenaza de que lo s medios por los que se ha cometido la 
infracción se dispersen, o de que el infractor eluda su responsabilidad;  IP/N/6/VNM/1 
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   - para garantizar la aplicación de decisiones relativas a infracciones 
administrativas. 
 
- Las medidas preventivas y las medidas para  garantizar la imposición de medidas 
administrativas que pueden adoptarse en el marco de los procedimientos 
administrativos relativos a actos de infracci ón de derechos de propiedad intelectual 
son las siguientes: 
 
 - detención temporal de las personas físicas relacionadas con la infracción; 
 
 - retención temporal de las mercancías, medios e instrumentos utilizados en la 
infracción; 
 
 - registro de las personas físicas relacionadas con la infracción; 
 
 - registro de medios de transporte y ob jetos;  registro de lugares en que estén 
ocultas mercancías infractoras, materiales  y medios utilizados cometer para la 
infracción, y pruebas de la infracción;  
 
 - otras medidas preventivas de carácter administrativo, de conformidad con las 
leyes y reglamentos vigentes. 
 
Prescripciones especiales relacionada s con las medidas en frontera  
 
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancía s puede solicitarse la suspensión por las 
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en  relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad inte lectual distintas de las que entrañan las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio  falsificadas o las mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51).  Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese pr ocedimiento (mercancías de otro Miembro, 
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ).  ¿Es aplicable 
el procedimiento a las importaciones de mercanc ías colocadas en el mercado de otro país 
por el titular del derecho o con su consenti miento y a las mercancías destinadas a la 
exportación?  
  De conformidad con la legislación de Viet Nam, todas las importaciones y exportaciones de 
las que sospeche que infringen derechos de propiedad intelectual (no sólo las mercancías de marca de 
fábrica o comercio falsificadas o las mercancías pi rata que lesionan el derecho de autor) pueden ser 
objeto de la suspensión de su despacho para libre circulación por las autoridades aduaneras, a petición 
del titular del derecho.   
 Sin embargo, la suspensión de oficio por las autoridades aduaneras sólo está prevista en el 
caso de las mercancías de marca de fábrica o de comercio, o indicación geográfica, falsificadas, y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.    No hay excepciones para las mercancías de otro miembro de una unión aduanera o las 
mercancías en tránsito.  Se considera que las importaciones de minimis  son para uso personal o no 
comercial y, por lo tanto, quedan excluidas de estos procedimientos. 
  Los procedimientos de suspensión no se apli can a las importaciones de mercancías colocadas 
en el mercado de otro país por el titular del der echo o con su consentimiento, sino a las mercancías IP/N/6/VNM/1 
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  destinadas a la exportación, cuando haya un fundamen to razonable para sospechar que la preparación 
de dichas mercancías (fabricación, almacenamiento , puesta en venta, comercio, etc.) entraña una 
infracción efectiva de derechos de propiedad intelectual protegidos en Viet Nam.  
 
16. Sírvanse describir los principales elemento s del procedimiento relativo a la suspensión 
del despacho de aduana de las merca ncías por las autori dades aduaneras, 
particularmente en lo que respecta a las au toridades competentes (artículo 51), los 
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas 
prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55).  ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al 
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e 
información)?   
 
 De conformidad con el Decreto del Gobier no Nº 105/2006/ND-CP, que formula directrices 
para la aplicación de varios artícul os de la Ley de Propiedad Intelectual en lo que respecta a la 
protección de los derechos de propiedad intelectual y a la gestión pública de la propiedad intelectual, 
las oficinas de aduanas están facultadas para recibi r solicitudes en los puestos fronterizos que estén 
bajo su autoridad.  Los departamentos de aduanas de las provincias y las ciudades dependientes de la 
autoridad central están facultados para recibir solicit udes en los puestos fronterizos que están bajo su 
autoridad administrativa.  El titular del derecho de  propiedad intelectual puede presentar la solicitud a 
la respectiva oficina o departamento, según correspo nda.  El Departamento General de Aduanas está 
facultado para recibir solicitudes de suspensión en lo s puestos fronterizos que están bajo la autoridad 
de dos o más departamentos provinciales de aduanas.   En las solicitudes de suspensión de be constar la siguiente información
: 
 
- fecha de la solicitud; 
 
- nombre y dirección del solicitante;  nombre completo del representante del solicitante 
(cuando la solicitud la realice un representante); 
 
- nombre del organismo que recibe la solicitud; 
 
- nombre y dirección del infractor;  nombr e y dirección del objeto presuntamente 
infractor; 
 
- nombre y dirección de las entidades que tenga n derechos e intereses relacionados con 
la solicitud, de haberlas; 
 
- nombre y dirección de los testigos, de haberlos; 
 
- información concisa sobre el derecho de  propiedad intelectual infringido (tipo de 
derecho, justificación del derecho) y sobre el objeto del derecho; 
 
- información concisa sobre el acto de infracción (lugar y fecha del acto, breve 
descripción de los productos infractores y del acto de infracción, y cualquier otra información pertinente).  
 
 La solicitud también debe contener informaci ón sobre el modo de importación o exportación, 
el país al que se exportarán las mercancías, el pr ocedimiento de embalaje, el importador o exportador 
legales, las características especiales de las me rcancías importadas o exporta das legalmente que las 
distinguen de las mercancías infractoras, el ries go de que, en determinadas circunstancias, sea  IP/N/6/VNM/1 
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  necesario aplicar medidas preventivas para imponer una sanción administrativa, y cualquier otra 
información;  
- contenido de la solicitud de aplicación de medidas para hacer frente a la infracción; 
 
- lista de los datos y pruebas que acompañan a la solicitud; 
 
- firma y sello, en su caso, del solicitante. 
  El solicitante de suspensión tiene las siguientes obligaciones
:  
 
- probar que es titular de un derecho de propiedad intelectual, aportando la 
documentación y las pruebas pertinentes;  
 
- facilitar información suficiente para identif icar las mercancías de las que sospecha 
que infringen derechos de propiedad intelect ual, o para reconocer las características 
de las mercancías que infringen derechos de propiedad intelectual;  
 
- presentar una petición por escrito a la oficina de aduanas y pagar las tasas y cargos 
estipulados por la ley;  
 
- pagar los daños, perjuicios y otros gast os ocasionados a las personas que sean objeto 
de las medidas de control en caso de que se determine que las mercancías controladas no han infringido derechos de propiedad intelectual. 
  Cuando el solicitante de la suspensión ha cump lido estas obligaciones, la oficina de aduanas 
dicta una decisión suspendiendo el despacho de adua na de las mercancías de la partida afectada. 
  La duración de la suspensión del despacho de a duana es de diez (10) días hábiles desde la 
fecha en que se dicte la decisión de suspensión.  Si el solicitante aduce causas justificadas, la duración 
puede prorrogarse, sin superar los veinte (20) dí as hábiles, a condición de que el solicitante deposite 
una fianza, que puede consistir bien en una suma en  efectivo equivalente al 20 por ciento de valor de 
las mercancías que son objeto de la solicitud de su spensión de despacho de aduana (o un mínimo de 
20 millones (20.000.000) de dong, cuando sea imposible  valorar dichas mercancías), o bien en un aval 
proporcionado por un banco u ot ra institución de crédito.  
  Vencido dicho plazo, si el solicitante no inicia un procedimiento civil y la oficina de aduanas 
no dicta una decisión asumiendo la jurisdicción administrativa sobre el caso por tratarse de una 
infracción administrativa del importador o exportador de las mercancías, la oficina de aduanas deberá:  
continuar el despacho de aduana de la partida de mercancías afectada;  obligar al solicitante a 
compensar todas las pérdidas, daños y perjuicios cau sados al propietario de la partida de bienes 
afectada por la petición injustificada de suspensi ón del despacho de aduana, así como a pagar los 
gastos de almacenaje y conservación de las mercan cías y los demás gastos que hayan debido costear 
la oficina de aduanas y cualquier otro organismo o persona física o jurídica,  de conformidad con la 
legislación aduanera, y restituir al solicitante el importe restante de la fianza después de haber 
satisfecho la obligación de pagar la compensación y los gastos.  
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que  dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  ¿Cuál es el p eríodo de validez de las decisiones de las 
autoridades competentes por las que se suspe nde el despacho de las mercancías para 
libre circulación? 
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   A tenor del artículo 36 del Decreto Nº 105/2006/ ND-CP sobre la observancia de los derechos 
de propiedad intelectual, la autoridad aduanera, en el plazo de 24 horas hábiles desde la recepción de 
la solicitud de suspensión temporal del despacho de aduana, deberá considerar  y publicar un aviso de 
aceptación de la solicitud, si el solicitante ha satisfe cho los requisitos establecidos en los apartados a), 
b) y c) del párrafo 1 del artículo 217 y el párrafo  2 del mismo artículo de la Ley de Propiedad 
Intelectual.  En caso de que se deniegue la petici ón, la autoridad aduanera  debe responder por escrito 
al solicitante, dando las razones de su desestimación.    Además de las costas y tasas, que comprenden el depósito de tasas judiciales, el depósito de 
costas, y el pago de las costas y tasas judiciales, el  costo total del procedimiento depende de otros 
muchos factores, por lo que varía según el grado de complejidad del caso. 
  El período de validez de las decisiones de las autoridades competentes sobre la suspensión del 
despacho de las mercancías para libre circulación es de diez (10) días hábiles desde la fecha en que se dicte la decisión de suspensión.  Si el solic itante aduce causas justificadas, ese período puede 
prorrogarse, como máximo, a los veinte (20) días hábiles. 
  La duración real de los procedimientos y su co sto son los mismos que prevé la legislación.  
Por el momento no se dispone de datos sobre la duración real de los procedimientos y su costo.  
18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal 
caso, en qué circunstancias?  ¿Hay disposicio nes especiales aplicables a la actuación de 
oficio? 
 
 De conformidad con el artícul o 200 de la Ley de Propiedad Intelectual, las oficinas de 
aduanas están facultadas para actuar de oficio en lo que respecta a las infracciones administrativas 
relacionadas con la importación y exportación de me rcancías protegidas por derechos de propiedad 
intelectual.  En particular, las mercancías importadas o exportadas que  pueden ser objeto de 
actuaciones de oficio por parte de las oficinas de a duanas son las siguientes:  mercancías falsificadas 
que infrinjan derechos de propiedad intelectual (es decir, mercancías de marca de fábrica o de 
comercio, o indicación geográfica, falsificadas, y las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor) y artículos provistos de una marca de fábr ica o de comercio, o una indicación geográfica, que 
sea idéntica a una marca de fábrica o de comercio, o indicación geográfica, protegidas, o similar a 
ellas hasta el punto de inducir a error.  Cuando de tectan estas mercancías o ar tículos, las oficinas de 
aduanas están facultadas para imponer las medid as administrativas a que hacen referencia los 
artículos 214 y 215 de dicha Ley.  19. Sírvanse describir las medidas cuya adopci ón puede ser ordenada por las autoridades 
competentes y los criterios que regulen su aplicación.   
 
 En los casos indicados en la respuesta a la  pregunta 18, las oficinas de aduanas están 
facultadas para ordenar las siguientes medidas:  
- cese del acto de infracción;  
 
- advertencia; 
 
- imposición de una sanción pecuniaria; 
 
- confiscación de las mercancías falsificadas infractoras de derechos de propiedad 
intelectual y los materiales, materias primas e instrumentos utilizados principalmente para la fabricación o comercio de dichas mercancías; 
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  - destrucción de las mercancías falsificadas infractoras de derechos de propiedad 
intelectual o distribución o uso de las mismas  para fines no comerciales, así como de 
los materiales, materias primas e instrumentos utilizados principalmente para la fabricación o comercialización de estas mercancías, siempre que dicha distribución o uso no afecte al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por su titular; 
 
- entrega de las mercancías en tránsito fuer a del territorio de Viet Nam, o reexportación 
de las mercancías falsificadas infractoras de derechos de propiedad intelectual, así como de los instrumentos y materiales impor tados principalmente para la fabricación 
o comercialización de dichas mercancías, después de haber retirado los artículos 
infractores. 
  Asimismo, la oficina de aduanas está autori zada a adoptar las medidas preventivas y medidas 
para garantizar la imposición de medidas administrativas que se indican en la respuesta a la pregunta 14 supra .  
 
Procedimientos penales
 
 
20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen co mpetencia en casos de infracción penal de 
los derechos de propiedad intelectual. 
  Las salas de lo penal de los tribunales populares provinciales y de distrito tienen jurisdicción 
sobre los delitos relacionados con los de rechos de propiedad intelectual. 
  De conformidad con el artículo 170 del Códi go de Procedimiento Penal, modificado en 2004, 
los tribunales populares de distrito tienen jurisdicción  de primera instancia para conocer de los delitos 
castigados con pena no mayor de siete años de pr isión, a excepción de los que atentan contra la 
seguridad nacional y la paz, los crímenes de gu erra, crímenes de lesa humanidad y otros casos 
específicos determinados por la ley.  Por consi guiente, los tribunales populares de distrito tienen 
jurisdicción para juzgar en primera instancia las infracciones relacionadas con los derechos de 
propiedad intelectual.  21. ¿En relación con qué infracciones de los de rechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la ap licación de procedimientos y sanciones 
penales? 
 
 El Código Penal de 1999 con tiene disposiciones sobre la infracción del derecho de autor 
(artículo 131), la producción y el comercio de falsificaciones (artículos 156 a 158), las prácticas 
dolosas (artículo 162), la publicidad falsa (artícul o 168), y la infracción de derechos de propiedad 
industrial (artículo 171).  Los artículos 156 a 158 de l Código Penal y el artículo 213 de la Ley de 
Propiedad Intelectual de 2005 tipifican como delitos la  falsificación dolosa de marcas de fábrica o de 
comercio y la piratería de derecho de autor a escala comercial.  (En la respuesta a la pregunta 24 se ofrece información adicional.) 
 
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competen tes para la iniciación de procedimientos 
penales?  ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones? 
 
 Las agencias de investigación (la policía), l as fiscalías populares (Ministerio Fiscal Popular) y 
los tribunales tienen competencia para iniciar los pr ocedimientos penales y están obligados a hacerlo 
de oficio o a consecuencia de una denuncia.  De hecho, el procedimiento penal para los casos de 
infracción de la propiedad intelectual es el mismo que para los demás casos penales, e incluye la denuncia del delito ante la policía competente, la  investigación, el traslado del expediente al IP/N/6/VNM/1 
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  organismo encargado del procesamiento (Ministeri o Fiscal Popular Supremo), la iniciación del 
procedimiento penal ante los tribunales competent es, la sentencia y la ejecución de la sentencia. 
 
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para  entablar procedimientos penales y, de ser 
así, quiénes están legitimados para hacerlo? 
 
 La legislación de Viet Nam establece que los particulares no están legitimados para entablar 
procedimientos penales.  No obstante, todo partic ular que tenga conocimient o de un delito tiene el 
derecho y la obligación de denunciarlo ante las autori dades competentes para iniciar el procedimiento 
penal, que normalmente son las agen cias de investigación (la policía). 
 
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categor ías de derechos de propiedad intelectual y 
tipos de infracción, las sanciones y otra s medidas correctivas que pueden imponerse: 
 
- prisión; 
- sanciones pecuniarias; 
- confiscación, decomiso y destrucción de  las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción; 
- otras medidas. 
 
 De conformidad con el Código Penal de 1999, toda persona que  se apropie de derechos de 
autor, usurpe el nombre del autor o modifique, publique o divulgue de forma ilegal obras protegidas 
por el derecho de autor, puede ser objeto de una sanción comprendida entre 20 y 200 millones de dong o una pena de reeducación sin prisión de h asta dos años (artículo 131).  Las infracciones 
cometidas por grupos organizados o que tengan consecuencias muy graves, así como la reincidencia, 
pueden ser sancionadas con una pena de prisión de seis meses a tres años.  También se prevén 
sanciones de 10 a 100 millones de dong, así como la inhabilitación cívica o profesional parcial por 
una duración de uno a cinco años.   Las personas que produzcan o intercambien fa lsificaciones por un valor de hasta 150 millones 
de dong pueden incurrir en una pena  de prisión de seis meses a cinco años, o de 3 a 10 años en caso 
de falsificación organizada o profesional, reincidenc ia, abuso de posición, us o indebido de nombres 
de organizaciones, falsificaciones por valor de en tre 150 y 500 millones de dong, grandes beneficios 
ilícitos, y actos de consecuencias muy graves (artíc ulo 156).  En caso de falsificaciones por un valor 
superior a 500 millones de dong, de beneficios ilícitos de gran  cuantía y de consecuencias 
extremadamente graves, la pena se incrementa de 7 a 15 años de prisión.  Adem ás, los reos pueden ser 
objeto de una sanción pecuniaria comprendida entre 5 y 50 millones de dong, de una posible 
confiscación de sus bienes, y de la inhabilitación cívica o profesional parcial por una duración de uno 
a cinco años.   Las personas que hagan una publicidad fraudulen ta de bienes o servicios pueden ser objeto de 
una sanción pecuniaria de 10 a 100 millones de dong, reeducación sin prisión por un período de hasta 
tres años, o prisión por un período de seis meses y tr es años (artículo 168).  Otras penas previstas son 
multas de 5 a 50 millones de dong y la inhabilitaci ón profesional parcial por una duración de uno a 
cinco años.    Según el artículo 171, las infracciones de der echos de propiedad industrial que constituyan 
actos penales están sujetas a una sanción de 20 a 200 millones de dong o a la pena de reeducación sin 
prisión por un período de hasta dos años.  Las infracciones que tengan carácter organizado o 
consecuencias muy graves, y las infracciones reiterad as, se castigan con penas de prisión de seis 
meses a tres años.  Otras penas previstas son mu ltas de 10 a 100 millones de dong y la inhabilitación 
cívica o profesional parcial por un  período de uno a cinco años.  IP/N/6/VNM/1 
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   El artículo 41 del Código Penal prevé la  confiscación, decomiso y destrucción de los 
materiales y accesorios utilizados para cometer el  acto delictivo, entre los que se incluyen los 
instrumentos empleados para producir las mercancías infractoras.  
25. Sírvanse describir las disposiciones que regul an la duración y el costo del procedimiento 
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del 
procedimiento y su costo. 
 
 La duración del procedimiento de pende del grado de complejidad de la causa penal.  Existe 
un plazo diferente para cada etapa del proceso, por lo que no hay una disposición que regule 
específicamente la duración del procedimiento. 
  Además de las costas y tasas, el costo del procedimiento depende de diversos factores, como la complejidad de la causa penal, la duración del procedimiento, etc. 
 
 Por el momento no se dispone de datos sobre la duración real de los procedimientos y su 
costo.  
  
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