Sentencia  T-343/22 
 
 
Referencia:  Expediente T -8.522.455  
 
Acción de tutela instaurada por Luis 
Domingo Gómez Maldonado (en 
representación de su hija, Valeria Gómez 
del Río) y como agente oficioso de las niñas 
y niños del territorio colombiano; en contra 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y otros  
 
Magistrado ponente:  
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS  
 
 
Bogotá D.C., cinco  (5) de octubre  de dos mil veintidós (2022).  
 
 
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por 
las magistradas Natalia Ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera y el magistrado 
José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus 
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:  
 
SENTENCIA  
 
1. Dentro del trámite de revisión de  los fallos del 3 de septiembre de 2021 
y del 13 de octubre de 2021, proferidos por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Bogotá que, en primera y segunda instancia, respectivamente , 
declararo n improcedente  la acción de tutela que instauró  el señor Luis Domingo 
Gómez Maldonado (en representación de su hija, Valeria Gómez del Río) y 
como agente oficioso de las niñas y niños del territorio colombiano; en contra 
del Ministerio de Ambiente y Desarr ollo Sostenible y otros.  
 
2. Con el objetivo de estudiar la solicitud de amparo formulada, en la 
sección primera de esta sentencia, la Sala Octava mencionará los antecedentes 
del caso. En primer lugar, la Corte realizará una síntesis de los fundamentos de 
la acción. En segundo y tercer lugar,  hará referencia al trámite de instancia, 
para lo cual indicará las contestaciones de la demanda  y las pruebas aportadas . 
Luego , efectuará  una síntesis de la s decisi ones que se revisa n. En quinto lugar, 
este Tribunal prese ntará cuatro tablas  que contiene n el resumen de las 
intervenciones recibidas  en revisión. En la sección segunda  de este fallo, esta 
Corporación delimitará el caso bajo estudio y planteará el problema jurídico a 
resolver. En segundo lugar, hará alusió n al derecho a la salud y la aplicación 
concreta del principio de precaución. En tercer lugar, la Sala abordará el estudio 
del clorpirifós  (en adelante , CPF1), los riesgos que representa para la salud 
pública  y la prohibición de este en otros países . En cuarto lugar, la Sala 
                                                 
1 En la Tabla 10  anexa a esta providencia se encuentra la lista de abreviaturas.   
 abordará la regulación de los productos químicos  de uso agrícola  en Colombia . 
Con base en lo anterior, finalmente, resolverá el caso concreto.  En este punto, 
primero estudiará la procedencia de la acción y, si hubiere lugar a ello, la 
presunta vulneración de los derechos que se reclaman.  
 
I. ANTECEDENTES  
 
3. El señor  Luis Domingo Gómez Maldonado, quien dice actuar tanto en  
representación de su hija, Valeria Gómez del Río,  como agente oficioso de las 
niñas y niños del territorio colombiano  (en adelante , NNA ) y de las 
generaciones futuras , instauró esta acción de tutela en contra de los Ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección Social; el Instituto 
Colombiano Agropecuario (en adelante , ICA), la Autoridad Naciona l de 
Licencias Ambientales (en adelante , ANLA ) y el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en adelante Invima). Para sustentar 
la solicitud de amparo, el accionante narró los siguientes:  
 
1. Hechos  
 
4. El actor refirió que, en noviembre de 2016, el portal www.earthjustice.org 
publicó  que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (en 
adelante , EPA) publicó una evaluación del riesgo d el CPF para la salud 
humana2. Según el accionante, la EPA conc luyó que el uso del CPF no era 
seguro  por los niveles de toxicidad . Esto porque causa graves daños 
neurológicos, principalmente, en los NNA . El ciudadano afirmó que, por esas 
razones, se prohibió el CPF en la Unión Europea  y en Estados Unidos3. 
 
5. El actor s eñaló que en Colombia este pesticida se comercializa y se utiliza 
tanto en cultivos4 como en el levante y el engorde de animales5, pese a que 
existen numerosos  estudios que evidencian qu e el CPF  causa daño neurológico 
en los NNA . 
 
6. Por lo anterior,  el actor acudió a la acción de tutela con el objetivo de 
obtener la protección de los derechos fundamentales a la vida y la salud tanto 
de su hija como de los NNA  y de las generaciones futuras. En consecuencia, el 
ciudadano solicitó  que, en primer lugar, se le ordenara a las accionadas que 
adelantaran las gestiones administrativas para suspender de manera inmediata 
los trámites para registrar plaguicidas  con CPF. En segundo lugar, el 
peticionario pidió  que se les ordenara a las autoridades que, en el térmi no de 
seis meses, adelantaran los procedimientos administrativos pertinentes para 
cancelar los registros autorizados a los productos que contengan CPF. En tercer 
lugar, el demandante solicit ó que se les ordenara a las entidades que, dentro de 
un plazo de s eis meses, adoptaran un plan de contingencia para identificar los 
                                                 
2 El actor refirió que la información que mencionó está disponible en: https://earthjustice.org/features/lo -que-
debes -saber -del-clorpirifos   
3 El actor refirió que la información que mencionó está disponible en: 
https://www.washingtonpo st.com/climateenvironment/2021/08/18/chlorpyrifos/   
4 Banano, arroz, sorgo, maíz, café, algodón, papa, yuca, cacao, papaya, naranja, plátano, eucalipto, piña, 
habichuela y tomate, entre otros.  
5 Bovinos, porcinos, caninos, equinos, ovinos y caprinos, entre  otros.   
 productos sustitutos del  CPF que sean amigables con el medio ambiente y 
prote jan la vida, la salud, la seguridad alimentaria y el interés superior de los 
NNA  tanto de las generaciones presentes como de las  futuras. En cuarto lugar, 
pidió que se le s ordenara a las autoridades que, dentro de un plazo de seis meses, 
rindieran un informe sobre la viabilidad de mantener el uso del CPF  en animales 
domésticos  y se determin ara su continuidad y las condiciones o la necesidad de 
prohibirlo de manera definitiva, para lo cual tendrían que  adoptar las medidas 
pertinentes.  
 
2. Respuesta s de la s accionada s 
 
7. Mediante  auto del 23 de agosto de 2021, el juez tercero penal del circuito 
con función de conocimiento de Bogotá avocó el conocimiento de la presente 
acción y le dio traslado de esta a las autoridades.  Las respuestas se sintetizan en 
la Tabla 1 .  
Tabla 1  
Respuesta  de las accionadas en el trámite de instancia  
Autoridad  Síntesis de la respuesta  
Jefe de la oficina 
asesora jurídica 
del Invima  Informó que las pretensiones del accionante son competencia del ICA.  
Jefe de la oficina 
jurídica del ICA  Se opuso a las pretensiones del amparo y refirió que estas se deben proponer a 
través de la acción popular. El representante de la entidad afirmó que la acción se 
basa en apreciaciones subjetivas del accionante. Esto es así por cuanto existen 
conceptos téc nicos que avalan el uso del plaguicida : la Decisión Andina 804 de 
2016 y la Resolución 2075 de 2019, ambas expedidas por la Secretaría de la 
Comunidad Andina  de Naciones (en adelante , CAN ). El jefe jurídico añadió que 
las autorizaciones para el uso del CPF  se basaron en el concepto favorable del 
Instituto Nacional de Salud (en adelante , INS). Para finalizar, el representante 
sostuvo que el actor pretende homologar los estándares colombianos a los que se 
aplican en la Unión Europea en relación con el CPF , sin tener en cuenta el impacto 
negativo que podría tener en la producción agropecuaria del país.  
Apoderada de la 
ANLA  Señaló que no es competencia de la entidad evaluar los riesgos del uso de 
plaguicidas en la salud de las personas.  
Representante del 
Ministerio de 
Salud y 
Protección Social  Explicó que el ICA es la entidad competente para pronunciarse sobre las 
pretensiones del actor. El apoderado refirió que el accionante no acreditó la 
legitimación en la causa por activa como agente oficioso de las ni ñas y niños que 
habitan en el territorio nacional. Además, aquel tampoco demostró la afectación 
de los derechos fundamentales invocados.  
Apoderado 
judicial del 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  Se opuso al amparo por cuanto no tiene injerenci a en los hechos y pretensiones 
reclamadas por el actor. En este sentido, el representante de esa cartera advirtió 
que el I CA es la autoridad competente en materia de control y vigilancia de 
productos plaguicidas.  
 
 
3. Pruebas aportadas en instancia  
 
8. Como anexos de la demanda, e l accionante aportó, en primer lugar, la 
lista de aproximadamente dos mil novecientos plaguicidas autorizados en 
Colombia por el ICA , a julio de 2021.  Dentro de esa lista, se encuentran 
productos con CPF como componente activo.  En se gundo lugar, allegó  el 
Reglamento 2020/17 del 10 de enero de 2020, por medio del cual la Comisión 
Europea decidió no renovar la aprobación de l CPF como sustancia activa en 
productos fitosanitarios. En tercer lugar, adjuntó el Reglamento de Ejecución  
 2020/1 8 de la Comisión Europea que dio cumplimiento a  la determinación de 
no renovar la aprobación de la sustancia activa CPF.  
 
4. Sentencias que se revisan  
 
9. Decisión de primera instancia . En Sentencia del 3 de septiembre de 2021, 
el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá 
declaró la improcedencia de la acción. Para el juez, el actor tenía a su alcance 
las actuaciones administrativas ante las entidades o la acción popular para 
reclamar en ese escenario judicial las pretensiones que formuló. De otra parte, 
consideró que el peticionario no acreditó un perjuicio irremediable que 
habilitara el estudio de fondo de la presente acción. Además, la autoridad 
judicial manifestó que no se aportaron las pruebas que acreditaran la afectación 
de los derechos fundamentales  cuyo amparo reclamó . 
 
10. Impugnación.  La anterior decisión fue impugnada por el actor. Aquel 
manifestó que aportó las pruebas que evidenciaban la necesidad de adoptar las 
medidas para proteger los derechos fundamentales de l os NNA. Para el 
ciudadano , existen estudios que respaldan sus afirmaciones . Advirtió que las 
autoridades accionadas tampoco demostraron que el CPF no tuviera efectos 
nocivos en la salud de los seres humanos, principalmente de los NNA . 
Finalmente, el demandante afirmó  que acudió a la acción de tutela en 
representación de su hija y, en general, de los NNA  colombianos  porque se 
encuentran en riesgo por el consumo de alimentos que contienen  CPF. 
 
11. Decisión de segunda instancia . En Sentencia del 13 de octubre de 2021, 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión impugnada . 
En criterio de  la segunda instancia , no se logró establecer con certeza los 
derechos a proteger ni la titularidad de estos . Para el Tribunal, el actor accionó 
en contra de distintas entidades sin que fuera posible determinar l os 
responsables de la vulneración de los derechos invocados. En consecuencia , la 
Sala Penal concluyó que no se pudo verificar el cumplimiento de los requisitos 
de inmediatez y la subsidiariedad .  
 
5. Actuaciones en sede de revisión  
 
12. Mediante Auto  del 28 de febrero de 20226, el magistrado sustanciador 
decretó pruebas. En primer lugar, le solicitó al actor  que acreditara la  
legitimación en la causa por activa para agenciar los inter eses de los NNA . En 
segundo lugar, le pidió al ICA y  al INS que le rindieran un informe que explicara 
las razones por las cuales se avaló el uso del CPF. Además , el despacho le 
solicitó al ICA que  le informara las condiciones de producción, 
comercialización y utilización de pesticidas con CPF. Asimismo , se le requirió 
para que remitiera con destino a este proceso la lista de los productos que 
contienen esta molécula como componente activo y sus nom bres comerciales. 
En tercer lugar, el magistrado sustanciador invitó a participar en el trámite de 
revisión, mediante un concepto sobre la materia en estudio, a instituciones 
                                                 
6 Notificado mediante el Oficio OPTC -056/22 del 1 de marzo de 2022 de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional.   
 académicas y asociaciones gremiales. Las respuestas a este auto se sintetizaron 
en la tabla 2 (partes e instituciones) y  la tabla  3 (conceptos).  
 
Tabla  2 
Respuesta de las partes e instituciones  
Partes  Síntesis de la respuesta  
El 
accionante  
 Explicó que actúa en representación de su hija. Asimismo, señaló que agencia los derechos 
de los NNA . De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución y la jurisprudencia de la 
Corte , cualquier persona  puede  exigir la protección de los derechos fundamental es de los 
NNA7. Agregó que los alimentos tratados con CPF  tienen la potencialidad de causar graves 
daños neurológicos en los NNA  (i.e. coeficiente intelectual reducido, pérdida de la 
memoria y trastornos por déficit de atención).  
El INS  
 El jefe de la Of icina Asesora Jurídica informó sobre el trámite de autorización de uso de 
plaguicidas químicos . Se refirió al dictamen toxicológico establecido  en la Decisión 804 
de 2015 y en la Resolución 2075 de 2019  de la CAN . Este dictamen se basa en lo siguiente. 
Primero, contiene la clasificación de peligros de los productos conforme al sistema 
globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Segundo, en 
la información que el solicitante entrega sobre la composición toxicológica del ingredi ente 
activo y la formulación ( tiene en cuenta los criterios toxicológicos de riesgos para la salud 
humana). La información que aporta el peticionario debe basarse en las fuentes científicas 
universalmente aceptadas (i.e. EPA, EFSA y JMPR)  y además debe describirse la toxicidad 
aguda, crónica, subcrónica, carcinogenicidad, efectos en la reproducción y estudios 
especiales (i.e. neurotoxicidad). De otra parte, el jefe de la Oficina Asesora explicó que, 
para emitir el concepto toxicológico, debe  aplicarse el procedimiento y los requisitos 
establecidos en el Decreto 184 de 1991 y en la Resolución 10834 de 1992. Añadió que 
tanto el dictamen como el concepto toxicológico dependen de cada ingrediente activo y de 
cada producto.  
El ICA  
 El jefe de la Oficina Asesora Jurídica explicó que el ICA ejerce el control técnico a la 
producción y comercialización de insumos agrícolas. Añadió que la decisión de evaluación, 
control y seguimiento para el registro de plaguicidas químicos  se hace confor me a la 
Decisión 804 de 2015 y  la Resolución 2079 de 2019 de la CAN . Explicó el proceso de 
registro de un plaguicida químico de uso agríc ola. Para ello, se realiza la revisión de la 
relación riesgo/beneficio de los componentes de la evaluación ambiental, t oxicológica y 
agronómica. Agregó que el ICA otorga el permiso de  comercialización y uso, pero está 
condicionado  al concepto positivo de la evaluación de riesgo realizado por el INS (en el 
componente toxicológico) y al concepto favorable emitido por la ANLA  (en el componente 
ambiental). El otorgamiento del registro implica el cumplimiento de una serie de deberes 
denominados “obligaciones pos -licenciamiento” . Estas  constituyen el marco de la 
inspección, la vigilancia y el control que en materia ambiental desa rrolla la autoridad 
ambiental. Esto se conoce como Planes de Manejo Ambiental, cuyo contenido se enfoca 
principalmente en medidas de protección ambiental derivadas de la utilización del pesticida 
dentro de las condiciones de uso que le fueron autorizadas. Por último, el jefe de la Oficina 
Asesora señaló que las condiciones de uso están en el etiquetado del producto  y sobre las 
cuales se presume un riesgo aceptable o mitigable al medio ambiente, los animales o las 
personas  (i.e. cultivos autorizados, dosis de uso, equipos de protección obligatorios, épocas 
de aplicación y restricciones, tiempos de carencia entre otras). En consecuencia, cualquier 
uso diferente al plasmado en esas instrucciones debe entenderse como un uso inadecuado 
o inapropiado del producto , lo que presuntamente generar á afectaciones al medio ambiente, 
las personas o a la producción de alimentos inocuos.  Se adjuntó la lista de los productos 
con componente activo CPF.  
 
 
Tabla 3  
Respuesta de las instituciones académicas y  las asociaciones gremiales  
Interviniente  Síntesis de la intervención  
Facultad de 
Ciencias de 
la El decano  informó que en el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas de esa 
institución se analizaron residuos de plaguicidas en alimentos. Desde el año 2018 se ha 
encontrado CPF en 8 de 245 muestras. Según inform ó, las concentraciones han estado 
encima del límite máximo permitido.  
                                                 
7 Sentencia T -306 de 2011.   
 Universidad 
Nacional  
Fedegan  
 El director técnico m anifestó que no existe una lista única universal para establecer el 
uso y los límites máximos de residualidad  de los plaguicidas para los alimentos de 
consumo humano o animales. Añadió que estos obedecen al análisis de riesgo que 
realizan las autoridades sanitarias de cada país, conforme a los diferentes sistemas de 
producción pecuaria y a las condiciones particu lares de sus ecosistemas.  
Agrosavia  
 El representante legal informó que se adelantó el proyecto “Evaluación de causas de 
mortalidad de abejas en Colombia” y refirió que , de 64 casos de mortandad de abejas 
reportados al ICA y evaluados por ellos, en el 42.2% se encontró CPF. Explicó que el 
CPF podría entrar en contacto con las abejas cuando estas visitan cultivos agrícolas o 
sus alrededores en busca de recursos , como el po len y el néctar. Además, informó que, 
como consecuencia de la Decisión 2021/592 de 7 de abril de 2021 del Consejo de la 
Unión Europea, el  CPF fue incluido en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes. Añadió que , en lo s registros de plaguicidas en la 
base de datos publicada por el ICA, el  CPF está registrado para cerca de 29 productos 
agrícolas ( i.e. el aguacate, algodón, arroz, banano, cacao, café, ciprés, eucalipto, frutales, 
habichuela, hortalizas, lima, limón, maíz,  mandarina, naranja, ornamentales, papa, 
papaya, pastos, pino, plátano, pompón, rosa, sorgo, tangelo, tomate, toronja y yuca). 
Finalmente, anotó que el piriproxifen podría sustituir el  CPF en algunos cultivos (i.e. 
aguacate, algodón arroz, banano, habichue la, limón, mandarina , naranja, papa, rosa, 
tangelo, tomate y toronja). Sin embargo, explicó que otros productos de alta importancia 
económica (i.e. cacao, café y hortalizas) no cuentan con este registro.  
Asohofrucol  
 El representante legal explicó que la entidad ha diseñado un modelo de agricultura 
tropical para reducir el impacto ambiental. Este promueve cuatro criterios 
fundamentales: i) la protección y manejo del suelo, ii) la gestión del agua; iii) la 
protección y manejo de la fauna y la flora; y iv) la nutrición natural de las plantas. Esto 
implica que generan productos sin trazas químicas y nutren realmente a sus 
consumidores. Añadió que tanto la Unión Europea como Estados Unidos prohibieron e l 
CPF por el nivel de  toxicidad que genera. Con base en lo anterior, señal ó que debería 
eliminarse la comercialización de este producto. Consideró que permitir estas 
aplicaciones podría poner en riesgo la estabilidad de productos hortifrutícolas 
exportables en los mercados int ernacionales.  
Clínica 
Sociojurídica 
de Interés 
Público de la 
Universidad 
de Caldas  
 La Clínica Sociojurídica refirió diferentes estudios en revistas científicas demuestran el 
daño irreparable del uso del  CPF en la salud humana (i.e. en el sistema nervioso central, 
el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio), en el ambiente y en diferentes 
animales. Resaltó que los NNA  se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad 
debido a que transitan por pe ríodos críticos del desarrollo humano (organogénesis e 
histogénesis del cerebro). Esto quiere decir que plaguicidas , como el CPF , pueden 
generar consecuencias severas a nivel neurológico (i.e. trastornos motores, cognitivos, 
psicológicos, sensoriales o de comunicación que se manifiestan en algún momento del 
crecimiento). La Universidad refirió que la Unión Europea adelantó estudios sobre los 
efectos de l CPF  y concluyó que causaba daños en la salud humana. Con base en lo 
anterior, le pidió a la Corte que apl ique el principio de precaución  y, en consecuencia, 
se emita  un fallo con efectos inter comunis . Asimismo, les ordene a las autoridades que 
adopten las medidas necesarias para evitar los daños ambientales y a la salud humana. 
En ese contexto, sugirió que, pese a que la acción popular sería el mecanismo idóneo, la 
Corte debería intervenir para evitar un perjuicio irremediable y prohibir el uso del  CPF.  
ANDI  El vicepresidente de Asuntos Jurídicos señaló que esta controversia podría resolverse a 
través de ot ros mecanismos : la acción popular y el medio de control de nulidad. Agregó 
que el  CPF ha mostrado ser muy efectivo para la protección de varios cultivos (i.e. café, 
papa y maíz). Para finalizar, afirmó que los productos sustitutos son sustancialmente 
más c ostosos. De ahí que la prohibición de esta tendría un impacto directo, tanto en los 
agricultores (primer eslabón en la cadena de producción ) como en los consumidores.  
 
13. Mediante Auto 541 del 8 de abril de 20228, la Sala Octava de Revisión, 
en primer lugar, decretó la suspensión de los términos con el propósito de 
recaudar pruebas . En segundo lugar, la Corte le solicitó al ICA, al INS y la 
                                                 
8 Notificado mediante Oficio OPTC -123/22 del 17 de mayo de 2022 de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional.   
 ANLA que le informaran sobre el trámite administrativo para el otorgamient o 
del permiso de plaguicida s con componente activo  CPF. En tercer lugar, la Sala 
les solicitó a las entidades, las instituciones académicas y las asociaciones 
gremiales que le informaran sobre los efectos y las consecuencias que tendría 
el no uso del CPF. Las respuestas de las entidades se sintetizaron en la tabla 4  
y los conceptos rendidos por  las instituciones académicas y las asociaciones 
gremiales en la tabla 5 . 
 
Tabla 4  
Respuestas institucionales  
Partes  Síntesis de la respuesta  
ICA y 
el INS9  
 Informaron  que la base regulatoria para el registro de plaguicidas químicos de uso agrícola se 
encuentra señalad a en la Decisión 804 de la CAN , el Manual Técnico Andino y la Resolución 
3759 de 2009 del ICA. En cuanto al procedimiento de registro de comerci alización, señal aron 
que es necesario el concepto previo favorable de la ANLA (en el componente ambiental) y el 
INS (en el componente toxicológico). El proceso se inicia con la solicitud de registro en el 
ICA (el componente agronómico), que remite la docum entación a la ANLA y al INS. 
Paralelamente, informó que el solicitante debe presentarle al ICA los estudios de eficacia 
agronómica que son aprobados y verificados por esa entidad. Las entidades afirmaron  que, si 
alguno de los tres componentes fundamentales  (ambiental, agronómico y toxicológico) no 
obtiene concepto favorable, se niega el registro10. Según las instituciones , cuando se obtienen 
los tres conceptos favorables, se expide el registro nacional cuya identificación es un número 
consecutivo. Para final izar, el jefe explicó que el etiquetado es una parte fundamental del 
registro y se constituye como el elemento único de la comunicación del riesgo al consumidor 
final. Explic aron que el ICA aprueba el contenido de la información que hará parte de la 
etiqueta del producto. En esta se recopilan todos los elementos de precaución y advertencia 
sugeridos al usuario final de los productos11. 
ANLA  
 El abogado de la ANLA se refirió al trá mite administrativo para obtener el permiso para el 
uso de  plaguicidas químicos de uso agrícola.  Refirió que el Grupo de Evaluación de 
Agroquímicos y Proyectos Especiales de la Subdirección de Evaluación de Trámites 
Ambientales de la ANLA  tiene a su cargo dos tipos de trámites como instrumentos de manejo 
y control ambiental. El primero , el otorgamiento de la licencia ambiental para la actividad de 
importación de plaguicidas de uso veterinario, en salud pública, industrial y doméstico. El 
segundo, la emisión  del Dictamen Técnico Ambiental como instrumento de manejo y control 
ambiental, para la actividad de importación de  plaguicidas químicos de uso agrícola . Respecto 
del procedimiento para el registro de  plaguicidas químicos de uso agrícola , señaló que debe 
cumplir lo siguiente: 1. La obtención del dictamen técnico ambiental que inicia con la solicitud 
en el ICA. 2. El solicitante debe cumplir los requisitos del artículo 3 de la Resolución 1442 
del 14 de agosto de 200812. 3. La viabilidad del Dictamen Técnico A mbiental para plaguicidas  
químicos de uso agrícola  se fundamenta en dos aspectos relevantes: el primero, la Evaluación 
de Riesgo Ambiental y, segundo, el plan de manejo ambiental . 4. Los requerimientos mínimos 
de información, procedimientos y criterios de evaluación están establecidos en el Manual 
Técnico Andino. 5. El plan de manejo ambiental  deben contener , como mínimo , los siguientes 
aspectos: objetivos, metas, etapa s, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar 
(específicas), lugar de aplicación, personal requerido, indicadores de seguimiento 
(cualificables y cuantificables), responsable de la ejecución, cronograma y presupuesto. 6. Los 
indicadores de seguimiento deben permitir evaluar cuantitativamente tanto el cumplimiento 
de la meta (indicador de cumplimiento) como la efectividad o impacto de las acciones para 
                                                 
9 La Sala Octava sintetizó en una sola casilla las intervenciones que individualmente presentaron estas dos 
entidades por cuanto guardaban similitud.  
10 El jefe de la Oficina Asesora Jurídica explicó que, de acuerdo con el literal 2 del artí culo 15 del Decisión 
804, no se registra un  plaguicida químico de uso agrícola cuando: a. El producto no apruebe la evaluación 
riesgo/beneficio; b. El nombre del producto corresponda a un plaguicida ya registrado por otra persona natural 
o jurídica. c. Al guno de los componentes presentes en la formulación de un plaguicida se encuentren prohibidos 
por los convenios internacionales ratificados por el país miembro que confiere el registro.  
11 Manual Técnico Andino 2075 de la CAN.  
12 “Por la cual se establece e l procedimiento para la expedición del dictamen técnico -ambiental al que alude la 
Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, Decisión 436, de la 
Comisión de la Comunidad Andina”.   
 lograr la meta (indicador de efectividad). En consecuencia, se debe verificar el logro del 
objetivo propuesto. Ahora bien, si se trata de medidas que no están relacionadas direc tamente 
con un impacto sino con un riesgo, se debe tener en cuenta que no aplica el indicador de 
efectividad, dado que este último solo podría establecerse después de atendida la contingencia 
o eventualidad.  
 
Tabla 5  
Conceptos académicos y de agremiacion es 
Interviniente  Síntesis de la intervención  
El 
Departamento 
de Producción 
Agropecuaria 
de la 
Universidad 
de Caldas  
 El director del departamento explicó que el  CPF es un organofosforado de amplio 
espectro, utilizado  para el control de plaga s en la producción agrícola. Este constituye 
el ingrediente activo de treinta y un productos comerciales registrados en Colombia 
(bien sea solo o junto otras moléculas químicas). La Universidad consideró que es 
posible suspender el uso del  CPF porque este pued e reemplazarse con otras alternativas 
menos tóxicas y amigables con el medio ambiente. Al respecto refirió el polisulfuro de 
calcio . Este producto es muy eficiente para el control de plagas que controla el CPF, es 
muy poco residual y es aceptado por certif icadoras orgánicas. También señaló los 
biocontroladores , como los nemátodos entomopatógenos. Así como el uso de hongos 
entomopatógenos, parasitoides y depredadores de plagas.  
Agrosavia  Contestó en similares términos  a los que se sintetiza ron en la tabla 3 . 
Universidad 
de Antioquia  La decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias allegó un manuscrito  mediante el 
cual inform ó sobre los impactos del CPF en la salud humana. En aquel  se advierte que 
el CPF es un plaguicida de amplio espectro  que fue prohibido en Estados Unidos y en 
la Unión Europea porque causa graves daños a la salud y al medio ambiente . Los 
estudios recientes de la EPA y EFSA indica ron las consecuencias que tiene  para las 
personas  la exposición crónica al CPF  (i.e. genera d éficit de atención, disminución del 
coeficiente intelectual, cáncer de mama, párkinson, entre otras enfermedades ). 
Asimismo, resaltó la incidencia de este producto en los NNA . En est os el CPF se 
absorbe más rápido y los estudios clínicos indican que genera n daños neurológicos 
(relacionados con el crecimiento  y alteraciones neurológicas, e incluso autismo) . Con 
base en lo anterior, consideró que debería eliminarse el uso del CPF.   
Asohofrucol  
 Además de reiterar lo que expresó en la primera intervención , Asohofrucol explicó que 
las intoxicaciones causadas por plaguicidas agrotóxicos son un problema central en 
salud pública, esto se debe a la abundancia de químicos que los constituyen. Ello ocurre 
con a quellos que se usan diariamente en forma simultánea o s ecuencial en la misma 
zona, con una prolongada persistencia en el medio ambiente, por esta razón son una 
fuente importante de contaminación. Asegu ró que, e n general, la población se 
encuentra en contacto con estos compuestos tóxicos que están presentes en el suelo, el 
aire, el agua o los alimentos. Asohofrucol consideró que el Estado debe revisar la 
política de control y manejo de los plaguicidas . Es decir, que se actualice y replantee 
la clasificación de toxicidad. Esto con el objetivo de que los productor es, importadores 
y distribuidores desarrollen nuevas tecnologías que disminuyan el riesgo a la salud 
humana y el ambiente. En este sentido, el representante de la asociación explicó que en 
Estados Unidos y la Unión Europea se prohibió el uso del CPF por lo s altos niveles de 
toxicidad.  
Asociación de 
Bananeros de 
Colombia  El presidente de la Asociación explicó que el portafolio para reducir las amenazas de 
propagación de plagas es reducido. Por lo tanto, consideró que es necesario mantener 
el uso de moléculas , como el CPF, mientras se desarrollan alternativas que reemplacen  
y aseguren la sanidad de los cultivos. Para el presidente, esto es importante porque 
podría afectarse la exportación de banano  y porque hay mercados que exigen cero 
plagas (de aque llas consideradas cuarentenarias), por lo que, si se encuentra un insecto 
en el producto, el embarque es inmediatamente rechazado. Esto tiene un impacto 
económico en la cadena de producción.  El presidente explicó que , entre  los años  1970 
y 2022, el CPF fue la molécula más utilizada para el control de plagas  en los cultivos 
de bananos (el fruto se cubre con una bolsa tratada con el insecticida )13. Sin embargo, 
desde el año 2020, la Unión Europea (principal destino de exportación de los  bananos) 
estableció un límite máximo de residuos de 0.01 mg/kg. Esto implicó una reducción en 
el uso del CPF. Como consecuencia, se está utilizando la bolsa plástica con otros 
productos, aunque no ofrecen el control amplio de plagas que ejercía el CFP (i. e. 
piriproxifen, bifentrina y azufre). Por lo anterior, se ha desarrollado un manejo 
                                                 
13 Plagas como colapsis, cochinilla hari nosa, trips, mosca guarera, mapaitero, entre otras.   
 integrado de plagas como práctica de monitoreo (i.e. eliminación de guascas, lavado 
con agua a presión) que ha generado el incremento de costos de producción y la pérdida 
de producto.  
 
14. Mediante Autos del 13 de junio y del 8 de agosto de 2022, este despacho 
le solicitó a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales de la 
Procuraduría General de la Nación que rindiera un concepto dentro del asunto 
de la referencia . El 30 de agosto del año en curso, la Procuraduría Delegada 
con Funciones Mixtas 3 para Asuntos Ambientales y Agrarios le solicitó al 
magistrado sustanciador que le habilitara el acceso al expediente de la 
referencia. Mediante Auto del 2 de septiembre de 2022, el suscrito magistrado 
atendió esta petición en forma favorable.  
 
15. Los días  2 y 7 de septiembre de 2022, el procurador delegado con 
funciones mixtas para asuntos ambientales y agrarios rindió el concepto 
solicitado. El delegado se refirió a los aspectos técnicos desarrollados por la 
EPA y la EFSA, según los cuales, el CPF es una sustancia tóxica que genera 
afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. Agregó que el 
ordenamiento jurídico prevé los mecanismos admi nistrativos que permitirían 
evaluar nuevamente el registro del CPF14. Lo anterior debe servir de base para 
que se aplique el principio de precaución y, en consecuencia, se replantee la 
viabilidad de utilizar plaguicidas con este componente activo.  
 
16. Mediante Auto del 9 de septiembre  de 2022, el despacho dio traslado de 
las pruebas recibidas en sede de revisión a las partes e intervinientes en este 
asunto. Lo anterior, con el objetivo de que aquellos ejer ciera n el derecho de 
defensa y contradicción.  No se recibió ninguna respuesta.  
 
II. CONSIDERACIONES  
 
17. La Corte procede a definir su competencia, a delimitar el problema 
jurídico y a exponer la metodología de la decisión. Posteriormente , este tribunal 
estudiará los ejes temáticos que le servirán de base para resolver el caso concreto.  
 
1. Competencia  
 
18. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para 
revisar la s decisi ones proferida s dentro de la acción de tutela de la referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución 
Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.  
 
19.  En esta segunda sección de la Sentencia, la Sala Octava de Revisión  
delimitará el caso bajo estudio y planteará el problema jurídico a resolver 
(secci ón 2 ). En segundo lugar, hará alusión al derecho a la salud y  a la 
aplicación concreta del principio de precaución  (sección 3 ). En tercer lugar, 
este Tribunal se referirá a  la prohibición de l uso del CPF por riesgos en la salud 
humana  (sección 4 ). En cuarto lugar, esta Corporación estudiará la  
reglamentación colombiana para plaguicidas químicos de uso agrícola  (sección 
5). Luego, la Corte se ocupará del caso concreto. Para esto último, se verificará 
                                                 
14 Resoluciones 2915 de 2008 y 3497 de 2014 del ICA.   
 que la acción formulada cumpla los requisitos form ales de procedencia. En el 
evento de que estos se satisfagan, la Sala  estudiará si las autoridades accionadas 
vulner aron los derechos fundamentales de la parte actora  (sección 6). 
 
2. Delimitación del caso, formulación del problema jurídico y esquema de la 
decisión  
 
20. Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, la Corte delimitará  la 
controversia constitucional. En esa dirección, el estudio por parte de este 
Tribunal se circunscribirá a establecer si, por razones de salud pública y en 
aplicación del princip io de precaución, le corresponde a  la ANC  adoptar las 
medidas para prohibir el uso de pesticidas con componente activo CPF. Esto a 
partir de las determinaciones que en el ámbito internacional se ha n adoptado con 
el propósito de proteger a las personas y, en concreto, a los NNA  de los efectos 
adversos en la salud por la exposición  a esta molécula. Lo anterior, s egún la 
evidencia científica recopilada tanto por la EPA y la EFSA  como por  numerosos  
estudios académicos y clínicos disponibles . 
 
21. Le corresponde a esta Corporación verificar si la acción de tutela satisface 
los requisitos formales de procedencia. En segundo lugar, la Corte debe 
establecer si : ¿el ICA  vulneró el derecho fundamental a la salud del señor  Luis 
Domingo Gómez Maldonado y de  su hija Valeria Gómez del Río, así como de 
los NNA  que habitan el territorio colombiano al no adoptar las medidas 
administrativas necesarias para eliminar  el uso de pesticidas con componente 
activo clorpirifós ? En tercer lugar, la Sala Octava debe determinar si ¿en 
aplicación del principio de precaución en salud, e l ICA tenía el deber de 
mantener actualizados sus estándares frente al uso de pesticidas  con componente 
activo clorpirifós ? 
 
22. Para resolver la cuestión  formulada, la Sala  se referirá, en primer lugar, 
al derecho fundamental a la salud y la aplicación concreta del principio de 
precaución en la jurisprudencia constitucional. En segundo lugar, la Corte 
aludirá a  la prohibición del uso del CPF por las afecta ciones a la salud humana . 
En tercer lugar, esta Corporación  estudiará  el uso del CPF en Colombia y las 
normas bajo las cuales se autoriza su distribución comercial . Finalmente , se 
resolverá el caso concreto. Para ello, primero estudiará los aspectos formales y, 
finalmente, el fondo del problema constitucional planteado.  
 
3. El derecho fundamental a la salud y la aplicación concreta del  
principio de precaución en la jurisprudencia de la Corte Constitucional  
 
23. En esta sección, la Sala Octava, en primer lugar, realizará una 
aproximación al derecho fundamental a la salud en un sentido amplio. En 
segundo lugar, hará alusión a los instrumentos internacionales en materia de 
protección a la salud frente a la exposición a susta ncias tóxicas , como los 
plaguicidas. Finalmente, se referirá a la aplicación concreta del principio de 
precaución en salud en la jurisprudencia de la Corte.  
 
3.1. El derecho fundamental a la salud  
  
 24. En los artículos 48 y 49, la Constitución establece que la salud es un 
servicio público a cargo del Estado y está ubicado dentro del catálogo de los 
derechos sociales, económicos y culturales. En Colombia , la categorización de 
la salud como derecho fundamental es el resultado de un reconocimiento 
progresivo que  la Corte Constitucional inició en la década de los noventa15. 
 
25. Inicialmente, la salud se concebía como un dere cho susceptible de 
protección en conexidad con otras garantías , como la vida o la dignidad 
humana. Sin embargo, la aproximación al mismo evolucion ó, no solamente por 
vía de decisiones judiciales (i.e. la Sentencia T -760 de 2008) sino con la 
expedición de la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria en Salud) y la aplicación 
de instrumentos internacionales (i.e. la Observación General 14 del Comité de 
Derech os Económicos, Sociales y Culturales -en adelante , CDESC -). Esto 
permitió que , a partir del concepto de Estado social de derecho y la construcción 
de la idea de que la dignidad humana es el eje sobre el que se soporta el 
desarrollo de las demás garantías , se entendiera este derecho como un fin en sí 
mismo. Desde entonces, la salud es un derecho fundamental autónomo y 
justiciable de manera directa ante los jueces constitucionales16. 
 
26. Actualmente  se entiende que este derecho es de rango fundamental y su 
faceta  prestacional, como servicio público, está cargo del Estado. En virtud de 
ello, a este último le corresponde garantizarles  a las personas tanto preservar, 
recuperar o mejorar su salud física y mental como la posibilidad de hacerlo 
exigible por vía de los mecanismos judiciales. Todo con el objetivo de 
asegurarle s a los individuos el desarrollo pleno y digno de su proyecto de v ida17. 
 
27. La protección de esta garantía en el ámbito internacional está reconocida 
en diversos instrumentos que elevan la salud al rango de un derecho humano. 
En el artículo 12, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales18 (en adelan te, PIDESC) establece el derecho “al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental”19. En la Observación General 14 del 
CDESC, se afirma que : “es un derecho humano fundamental e indispensable 
para el ejercicio de los demás derechos humanos”20. Asimismo, esa 
Observación establece que es necesario que exista un sistema de protección que 
les ofrezca a las personas los mecanismos para poder disfrutar de aquel en 
igualdad de oportunidades. Esto porque debe ser : “un derecho al disfrute de toda 
una ga ma de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para 
alcanzar el más alto nivel posible de salud”21. 
 
28. La Observación 14 del CDESC establece que el nivel de protección al 
que se refiere el artículo 13 del PIDESC va más allá de la atención básic a en 
                                                 
15 Sentencias T -406 de 1992, T -102 de 1993, T -227 de 2003, C -463 de 2008, T -760 de 2008, T -875 de 2008, 
T-921 de 2008, T -053 de 2009 y T -120 de 2009, ent re otras.  
16 Sentencias T -016 de 2007, T -760 de 2008, T -062 de 2017 y T -171 de 2018.  
17 Sentencias T -671 de 2009, T -104 de 2010, T -062 de 2017 y T -171 de 2018.  
18 Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.  
19 PIDESC (artículo 12).  
20 Naciones Unidas. C omité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 14, El 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Noviembre de 2002.  
21 Ibíd.   
 salud. Esto, porque la salud es definida como “el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social” (Protocolo de San Salvador, art. 10.1 y 
Observación 14 CDESC, párr. 4). Esto implica que, para garantizar dicho 
derecho, se deben tener  en cuenta múltiples factores, como los económicos, 
sociales, personales y ambientales, que son conocidos como determinantes de 
la salud (término de la OMS). Es así como, en atención a los determinantes 
ambientales de la salud, el pleno ejercicio del señal ado derecho exige “la 
prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas 
tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores 
ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los 
seres humanos” 22. 
 
29. En suma, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales 
protegen el derecho a la salud entendido en un sentido amplio, esto es, la 
posibilidad de  que las personas  lleven una vida que asegure el disfrute del más 
alto nivel de bienestar físico, mental y social . Lo cual implica esfuerzos estatales 
que apuntan a la concurrencia de otros factores para satisfacerlo de manera 
adecuada. Además, el alcance de esta garantía fundamental  incluye la 
protección preventiva frente a sustancias que puedan afectar la salud humana.  
 
30. En complemento  a lo anterior, la Sala Octava estima necesario mencionar 
que tratándose de asuntos que involucran la afectación de la salud de la 
población en general , es necesario que las autoridades adopten medidas 
integrales para garantizarla.  Este aspecto fue abordado por la OMS que se refirió 
a este concepto como  “el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a 
través de sus instituciones de carácter públi co, para mejorar, promover, proteger 
y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance 
colectivo”23.  
 
31. El artículo 32 de la Ley 1122 de 200724, define la salud pública como “el 
conjunto de políticas que buscan garantizar de una mane ra integrada, la salud 
de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera 
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores 
de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país” . Seguido, la no rma 
en mención señala que le corresponde al Estado implementar dichas políticas y 
promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad.   
 
32. La Corte ha entendido que la salud pública constituye una extensión del 
derecho a la salud.  Esto porque “incorpora un servicio público a cargo del 
Estado, encaminado a proteger la salud de los integrantes de la sociedad desde 
una perspectiva integral que asume los desafíos que presenta la necesidad de 
garantizar la salud colectiva como medio par a garantizar la salud individual de 
las personas”25. 
 
                                                 
22 Ibíd. 
23 Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. “La salud pública en las 
Américas. Nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción.”  Publicación Científica y Técnica 
No. 589. Pág. 47. Ver : http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf   
24 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones”  
25 Sentencia C -248 de 2019.   
 33. Teniendo en cuenta lo descrito, la Sala Octava de Revisión encuentra que 
en asuntos que comprometan el goce del derecho a la salud desde una dimensión 
colectiva, es preciso que las autoridades adopten me didas para garantizarlo no 
solamente a las partes de la controversia,  sino que su remedio tenga un alcance 
mayor, de manera que se garantice esta faceta del derecho.  
 
3.2. El ámbito de protección a la salud frente a los plaguicidas  
 
34. En este título, la Cort e enunciará las normas y declaraciones que protegen 
la salud humana frente a las sustancias tóxicas. Esto servirá de base para el 
análisis de fondo que realizará la Sala.  
 
35. La Organización Mundial de la Salud (en adelante , OMS) ha identificado 
que algunos derechos pueden verse comprometidos con la utilización de 
plaguicidas (i.e. la salud, la alimentación, al agua, al medio ambiente sano, a la 
información y los derechos de la infancia )26. Al tiempo, ese organismo ha 
expresad o que en el mundo se utilizan más de mil plaguicidas, algunos de ellos 
progresivamente se han incluido en la lista de sustancias prohibidas  (Anexo A)  
del Convenio de Estocolmo27. Esto por razón de los efectos adversos que tienen 
en la salud humana, el medio  ambiente y la vida animal.  
 
36. En relación con la salud y las sustancias tóxicas, el r elator especial sobre 
Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos insistió en que la satisfacción del 
derecho a la salud está íntimamente relacionada con el acceso a la 
información sobre las sustancias peligrosas28. En concreto, el relator se 
refirió al derecho de las personas a conocer si están expuestas a sustancias 
peligrosas. Esto quiere decir que la información sobre aquellas  debe ser 
actualizada, fidedigna, pertinente, funcional  y acces ible en condiciones de 
igualdad. Esto porque el conocimiento sobre las sustancias tóxicas  les 
permite a las personas adoptar decisiones y prevenir los riesgos. Además, la 
divulgación sobre los riesgos  permite  que se aúnen  esfuerzos para mitigar los 
perjuicios; adelantar investigaciones sobre alternativas más seguras; 
proporcionar tratamientos y remedios; y asegurar la transparencia, la 
participación y el consentimiento en los procesos de adopció n de las decisiones 
y de formulación de las políticas públicas29. 
 
37. En cuanto a los derechos de los NNA , es preciso mencionar que la 
Observación General 16 del Comité de los Derechos del Niño establece que es 
una obligación de los Estados adoptar  un marco jurídico e institucional para 
garantizar el goce efectivo de los derechos de los NNA  frente a : “la exposición 
(…) a productos peligrosos o riesgos medioambientales, pueden tener 
                                                 
26 Declaración de la OMS, disponible en: https://www.who.int/es/news -room/fact -sheets/detail/pesticide -
residues -in-food  
27 La inclusión del CPF en el Anexo A del C onvenio de Estocolmo como sustancia prohibida se encuentra en 
revisión a partir de la solicitud que hizo la Unión Europea el 3 de junio de 2021. Disponible en: 
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Chemicals/tabid/243/Default.aspx  
28 En el Informe sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la Gestión y Eliminación 
Ecológicamente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic -reports/a76207 -implications -human -rights -environmentally -
sound -management -and  
29 Ibíd.  
 consecuencias permanentes, irreversibles e incluso transgeneracionales”30. 
Sobre este punto, el relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos 
Humanos también advirtió que la exposición a estas sustancias de los NNA  
representa un riesgo de daños irreparables a la salud y a su desarrollo31. Por 
lo tanto, los NNA  requieren d e una protección reforzada que recae en cabeza 
de los Estados32. 
 
38. Además de las  normas sobre la protección a la salud humana, es preciso 
rememorar que en el principio 1, la Declaración de Río Sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo33 establece que: “[l]os se res humanos constituyen el 
centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 
derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”34. 
Luego, el principio 10 se refiere a los derechos a la información y la 
participación medioambiental en asuntos que les afecten, por ejemplo, los 
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades. Más 
adelante, el principio 15 establece el principio de precaución, según  el cual: 
“[c]uando haya peligro de daño gr ave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente”35. 
 
39. Siguiendo la misma línea, el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes  (en adelante, COP)36 señala que estos : 
“tienen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y 
son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las 
fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, 
acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos”37. En el artículo 1, el 
Convenio señala que: “[t]eniendo presente el principio de precaución 
consagrado en el principio 15 de la Decla ración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud 
humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos 
persistentes”38. 
 
40. El Convenio de Estocolmo tiene como propósito (entr e otros) d eterminar 
las existencias y los residuos que contienen COP para gestionarlos de manera 
segura, eficiente y ambientalmente racional. A esos efectos , el instrumento 
refiere que es necesario contar con herramientas  de investigación y mecanismos 
                                                 
30 Observación General 16 del Comité de los Derechos del Niño. Di sponible en: 
https://www.ohchr.org/es/treaty -bodies/crc   
31 En el Informe sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la Gestión y Eliminación 
Ecológicamente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic -reports/a76207 -implications -human -rights -environmentally -
sound -management -and 
32 Esto también en aplicación del principio del interés superior del menor. Constitución (artículo 44).  
33 Incorporada mediante la Ley 99 de 1993.  
34 Declaración de Río (principio 1).  
35 Declaración de Río (principio  15). 
36 Incorporado mediante la Ley 1196 de 2008.  
37 Convenio de Estocolmo.  
38 Convenio de Estocolmo (artículo 1).   
 de intercambio de información  con el fin de  reducir o eliminar la producción y 
utilización de COP y lograr la sustitución  de aquellos. Para ello, el Convenio 
cuenta con un comité de evaluación de los COP que son estudiados a petición 
de los Estados parte para la inclusión e n los anexos del Convenio. El Anexo A 
está conformado por los COP eliminados  y el Anexo B por lo s que debe 
restringirse la producción39. 
 
41. En la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos 
se adoptó la Declaración de Dubái sobre la Gest ión de los Productos Químicos 
a Nivel Internacional40. En esta se hizo una aproximación a la gestión racional 
de los productos químicos en clave de los derechos humanos41. En este sentido, 
se reconoció que la gestión es básica para alcanzar el desarrollo sos tenible, lo 
cual comprende avances en materia de salud. La Declaración reconoce que los 
avances en la gestión de estos productos y la protección a la salud pública se 
deben tanto a los esfuerzos del sector privado como de la sociedad civil y los 
sindicatos . Sin embargo, se advierte  que esto ha sido insuficiente  porque la 
contaminación persiste y cada día se usan más productos químicos, lo cual 
impacta la salud y el bienestar de las personas, por lo que es urgente adoptar 
medidas para proteger a las personas  y al medio ambiente de los daños que 
causa la exposición a aquellos (i.e. los plaguicidas). En ese contexto, la 
Declaración de Dubái  establece compromisos relacionados con el respeto de los 
derechos humanos en la gestión de los productos químicos para pro mover la 
salud pública y la seguridad humana42. 
 
42. En el año 2013 , la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (en adelante , FAO) dictó el Código Internacional 
de Conducta para la Gestión de Plaguicidas43. En este se estableció como 
objetivo, entre otros, adoptar normas de conducta voluntarias para el manejo de 
plaguicidas, para proteger la salud pública. En el artículo 5, el Código establece 
que los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para inve stigar y hacer 
seguimiento a los posibles efectos adversos que causen los plaguicidas a las 
personas expuestas a aquellos.  
 
                                                 
39 En relación con el acceso a la información sobre los COP y la protección sobre los posibles riesgos a la salud 
humana, en el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
Previo a Ciertos plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional se adoptan 
medidas sobre la materia. Al efecto, retoma lo establecido en los instrumentos internacionales como la 
Declaración de Río y el Convenio de Estocolmo. El Convenio de Rotterdam fue aprobado en C olombia 
mediante la Ley 1159 de 2007.  
40 Declaración de Dubái, disponible en: https://rds.org.co/apc -aa-
files/ba03645a7c069b5ed406f13122a6 1c07/anexo_i_declaracion_de_dubai_2006.pdf   
41 En este sentido, desde el año 1989 se adoptaron las Directrices de Londres para el Intercambio de Información 
acerca de Productos Químicos Objeto de Comercio Internacional. En estas directrices se fijaron las b ases de 
colaboración en el intercambio de información sobre productos químicos entre los Estados con el objetivo de 
proteger la salud de la población y el medio ambiente. Disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30156/London_Guidelines1989_SP.pdf?sequence=5
&isAllowed=y   
42 En el mismo sentido, desde la década de los noventa, la Agenda 21 aprobada en la Co nferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, junio de 1992), se habla de la 
necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos adopten medidas para lograr el desarrollo 
sostenible y, en ese conte xto, “reducir al mínimo los riesgos y mantener el medio ambiente en un nivel tal que 
no se afecten ni se pongan en peligro la salud y la seguridad humanas y que se siga fomentando el desarrollo” 
(cfr. Agenda 21, numeral 6.40). Disponible en : https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm .  
43 El Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas. Disponible en: 
https://www.fao.org/3/I3604S/i3604s.pdf    
 43. De lo expuesto, la Corte concluye que, por virtud de los instrumentos 
internacionales aplicables  y las distintas declaraciones aludi das, los Estados 
tienen obligaciones en materia de protección del derecho a la salud de las 
personas y, especialmente de los NNA , frente a riesgos por la exposición a 
sustancias tóxicas. Todo lo cual implica que los gobiernos adopten medidas 
de prevención y mitigación tanto de los riesgos potenciales que podrían 
generarse para evitar un perjuicio irreparable como de los daños causados.  
 
3.3. El principio de precaución como regla de interpretación aplicable 
por los jueces  
 
44. Como se enunció en el título anterior, en el artículo 15, la Declaración de 
Río establece el principio de precaución. Inicialmente, la Corte se limitó a 
aplicar este principio a asuntos relacionados con la protección del medio 
ambiente . Esto a partir del entendimiento de que Colombia adoptó lo que se ha 
denominado una Constitución Ecológica44. Sin embargo, la evolución 
jurisprudencial ha derivado en que también se aplique este principio precautelar 
ante la existencia de una amenaza a la salud humana45. Esto a tono con lo 
expresado por la  Comisión Europea que ha reconocido que, en la práctica, el 
principio de precaución tiene un ámbito de aplicación  “mucho más vasto, y 
especialmente cuando la evaluación científica preliminar objetiva indica que 
hay motivos razonables para temer que los efe ctos potencialmente peligrosos 
para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal puedan ser 
incompatibles con el alto nivel de protección elegido para la Comunidad”46. 
 
45. En este sentido, la Corte ha expresado que el objetivo de aplicar este 
mandato es: “actuar sin que se encuentre la prueba absoluta de causa a efecto, a 
fin de evitar que la generación de daños potenciales ten [ga] consecuencias 
irreversibles para el ambiente o la salud, todo esto originado por una sustancia 
o actividad”47. La jurisprudencia ha establecido que este mandato se compone 
de cinco factores. El primero, la existencia del riesgo. El segundo, el grado de 
certeza sobre el riesgo y la confiabilidad de la evidencia científica asociada. 
Tercero, la magnitud del riesgo. Cua rto, la respuesta regulatoria adoptada por 
las autoridades competente s. Quinto, el cumplimiento de las regulaciones 
existentes y otras consideraciones de relevancia constitucional48. 
 
46. La Corte ha identificado que el principio de precaución ha sido aplicado 
en distintos escenarios de protección49. Aquel  se ha empleado por los jueces 
                                                 
44 Sentencias C -148 de 2022, C -614 de 2019, T -236 de 2017, C -644 de 2017, T -622 de 2016, C -595 de 2010, 
C-258 de 1994 y T -411 de 1992, entre muchas otras.  
45 Sente ncias T -614 de 2019, T -733 de 2017, T -236 de 2017, T -088 de 2017 y T -154 de 2013, entre otras.  
46 EUR -LEX. Europa Unión lLw. Comunicado de la Comisión Europea sobre el recurso al principio de 
precaución. Disponible en: https://eur -lex.europa.eu/ES/legal -content/summary/the -precautionary -
principle.html   
47 Sentencia T -733 de 2017.  
48 Sentencias T -614 de 2019 y T -236 de 2017.  
49 En la Sentencia C -300 de 2021, la Corte señaló que de la revisión de la jurisprudencia, se identifican cinco 
líneas que reconocen al principio de precaución como: “(i) norma compatible con el derecho nacional 
colombiano; (ii) norma que faculta a las autor idades para actuar; (iii) norma aplicable por los jueces para 
imponer deberes a las autoridades y a los particulares; (iv) regla interpretativa; y, (v) regla de apreciación 
probatoria”. Para efectos de esta decisión, la Corte se concentrará únicamente en a quella  línea que ha 
desarrollado este principio como regla interpretativa.   
 constitucionales para ordenarle a las autoridades o particulares que se abstengan 
de ejecutar actividades respecto de las cuales existe una duda razonable,  pero 
sin la certeza abso luta de que pueda causar un daño al medio ambiente y a la 
salud humana50. La consecuencia que se deriva de este entendimiento es que, 
una vez verificado el potencial riesgo , se activa para las autoridades estatales la 
obligación de adoptar las medidas suficientes que prevengan su ocurrencia antes 
de que se produzca un perjuicio irreparable.   
 
47. A continuación, la Sala se referirá a algunos casos en los que se ha dado 
aplicación al principio de precaución como regla de interpretación para proteger 
el derec ho a la salud en los casos de explotación minera, de aspersión  aérea con 
glifosato a  cultivos ilícitos  y por exposición a ondas electromagnéticas de 
antenas de comunicaciones (ver tablas  6, 7 y 8 ): 
 
Tabla 6 
Aplicación  del principio de precaución en salud en casos de explotación minera  
Sentencia  Caso  
T-614 de 
2019  La Corte estudió la acción de tutela promovida por los integrantes de un resguardo indígena 
ubicado en la Guajira, en cercanías del área de explotación minera del Cerrejón Limited . Los 
accionantes denunciaron que la explotación de carbón a cielo abierto ocasionaba que el material 
particulado se esparciera en el ambiente, lo que afectaba su salud. Además, del ruido y olores 
constantes. Este Tribunal analizó  los distintos estudios y conceptos allegados al proceso. Todos 
daban cuenta de la contaminación en las aguas, el aire y el ruido en la zona. Esto indicaba que 
habitantes del lugar  habían desarrollado algunas enfermedades pulmonares y cutáneas por la 
exposición a estos materiales. En suma, la Corte verificó que existía una situación de riesgo para 
la comunidad accionante, por lo que se aplicó el principio de precaución  por riesgo de daño  
ambi ental y a la salud humana. Esto para evitar que se presentara un perjuicio  irreparable. En 
consecuencia, esta Corporación adoptó medidas para disminuir de manera urgente la 
contaminación,  así como el control de las emisiones de material particulado. También se dictaron 
órdenes para  mitigar y compensar la contaminación causada.  
T-733 de 
2017  La C orte estudió la acción de tutela promovida por los  miembros del Resguardo Zanú del Alto San 
Jorge y del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré. Los demandantes 
reclamaban la protección de sus derechos fundamentales, vulnerados a propó sito de la explotación 
minera de la empresa Cerro Matoso. Según los actores, esta actividad les producía enfermedades 
además de la contaminación y el daño al medio ambiente. Este Tribunal concluyó que existían 
pruebas de la contaminación ambiental y del da ño a la salud a algunos integrantes de las 
comunidades aledañas como consecuencia del material particulado que quedaba en la zona. En 
consecuencia, la Corte  ordenó la adopción de medidas para compensar a la comunidad y mitigar 
los daños causados. También s e dictaron órdenes en materia de atención en salud a las personas 
afectadas.  
T-154 de 
2013  La Corte estudió la acción de tutela promovida por una familia que vivía en cercanías de la mina 
de carbón  “Pribbenow” de la empresa Drummond Ltda. Según los accio nantes, la mina era 
explotada  sin ningún control ambiental durante las 24 horas del día. Esto generaba ruido y material 
particulado disperso en el aire, lo que les producía tos, dificultad respiratoria, dolor de oídos  e 
irritaciones oculares. La Corte aplicó el principio de precaución ante el riesgo del deterioro a la 
salud. En consecuencia, esta Corporación le ordenó a la accionada que instalara  maquinaria de 
última generación técnica, amortiguadores, lavadores, cubie rtas y recuperadores de carbón y sus 
partículas para contrarrestar el ruido y la dispersión del polvillo residual.  
T-046 de 
1999  La Corte estudió la acción de tutela promovida en representación de habitantes de la bahía de Santa 
Marta que  reclamaban la protección de sus derechos, afectados con el cargue y descargue de 
carbón en el puerto aledaño.  Este Tribunal verificó la existencia de distintas enfermedades 
respiratorias y pulmonares que comprometían la salud de las personas. Por lo tanto, esta 
Corporac ión protegió el derecho a la salud e impartió órdenes encaminadas a que se garantizara el 
control de contaminación ambiental.  
 
Tabla 7 
Aplicación  del principio de precaución en salud en casos de aspersiones  aéreas de cultivos ilícitos  
con glifosato  
                                                 
50 Sentencia T -021 de 2019.   
 Sentencia  Caso  
T-236 de 
2017  La Corte estudió la acción de tutela promovida por la comunidad de Novita que reclamaba la 
afectación de sus derechos fundamentales. Esto porque se realizaban aspersiones con glifosato sin 
que se les hubiere consultado . Además, los accionantes referenciaron que existían riesgos para la 
salud humana. En lo atinente a la aplicación del principio de precaución, la Corte determinó que 
los programas de aspersión con glifosato plantean riesgos significativos para la salud humana . 
Según este Tribunal, la regulación existente no era adecuada , de ahí que fuese necesario suspender 
la aspersión para evitar un daño irreversible a la salud humana. En consecuencia, est a Corporación  
protegió los derechos fundamentales  y suspendió las aspe rsiones con glifosato hasta que no se 
diseñ ara y pusiera  en marcha un marco regulatorio que eval uara el riesgo a la salud por la 
erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, entre otras medidas.  
T-080 de 
2017  La Corte estudió la acción de tutela promo vida por la comunidad de Carrijona en Puerto Nare. Los 
demandantes denunciaban la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, sin que se hubiere 
adelantado la consulta previa ni se tuviese en cuenta los posibles daños que la fumigación podría 
causarles a  la salud.  Respecto de la aplicación del principio de precaución, la Corte estableció que 
la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato tenía la potencialidad de causar graves daños a 
la salud. Específicamente, este Tribunal se refirió a los potenc iales efectos cancerígenos que 
pondrían en riesgo la salud de la comunidad. En consecuencia, se exhortó al Gobierno Nacional 
para que examinara la posibilidad de reglamentar el programa de erradicación de cultivos ilícitos 
con un enfoque que asegur ara la salud y el medio ambiente.  
 
Tabla 8 
Aplicación del  principio de precaución en salud en casos de exposiciones a ondas 
electromagnéticas  
Sentencia  Caso  
T-397 de 
2014   La Corte estudió la acción de tutela promovida por  los residentes de un apartamento en la ciudad 
de Bogotá, incluidos varios adultos y un menor de 20 meses de edad (que presentaba afectaciones 
en su salud porque constantemente se alteraba y lloraba) . Los accionantes  denunciaron que la 
antena monopolo inst alada a un metro del inmueble producía  un ruido excesivo y representaba  un 
peligro para la  salud . Este Tribunal aplicó el principio de precaución medioambiental y, 
específicamente, en salud para el niño.  En consecuencia, esta Corporación ordenó el desmonte  de 
la antena y que se regulara la distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las viviendas, 
instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos.  
T-1077  de 
2012  La Corte estudió la acción de tutela promovida por una adolescente que  reclamaba la protección 
de sus derechos fundamentales , vulnerados con la instalación de una antena de comunicaciones 
cerca de su viviend a. La accionante  padecía cáncer y  su médico tratante le había ordenado evitar 
al m áximo la exposición a las ondas electrom agnéticas. Este Tribunal aplicó el principio de 
precaución reforzado en salud por tratarse de una niña, en virtud de la aplicación del principio del 
interés superior del menor. Determinó que, ante la posibilidad de ocasionarle un perjuicio a la 
salud de la  actora , era necesario que se adoptara n medidas encaminadas a regular la distancia que 
debe existir entre torres de telefonía y las viviendas, instituciones educativas  y hospitales . 
T-104 de 
2012  La Corte estudió la acción de tutela que promovió una ciudadana en representación de su hijo 
menor de edad. La actora reclamaba la protección de los derechos fundamentales, vulnerados a 
propósito de la instalación de antenas de radiofrecuencia ubicadas cer ca del hogar infantil donde 
estudiaba el niño. Según la demandante, la exposición a esa radiación le generaba grip a y defensas  
bajas . Este Tribunal señaló que , ante la falta de certeza científica , debía aplicarse el principio de 
precaución y, pese a que no  se había causado una afectación a la salud del niño o de otros niños  a 
causa de  las antenas parabólicas cerca del hogar infantil, debía prevenirse la ocurrencia del daño. 
En consecuencia, esta Corporación protegió  el derecho a la salud y, por lo tanto, ordenó que se 
retiraran  las antenas objeto de la controversia.   
En suma,  la Corte  ha empleado  el principio  de precaución  como  regla  de 
interpretación . En este contexto,  se ha acudido  a este mandato  para proteger  la 
salud  de las personas  ante la evidencia  de que existe  el potencial  riesgo  de daños  
irreparables,  pese a que no exista  la certeza  científica  sobre  ese aspecto51. 
 
4. La prohibición del uso del CPF por las afectaciones a la salud 
humana  
 
                                                 
51 Por el contrario, la Corte negó laprotección de los derechos fundamentales cuando no existía prueba de una 
posible relación entre la afectación de la sa lud de las personas y la cercanía de una estación radioeléctrica (cfr. 
Sentencias T -360 de 2010,  T-332 de 2011, T-517 de 2011, T -701 de 2014 y T -149 de 2015).   
 48. Para desarrollar este núcleo temático, primero, la Corte hará referencia a 
la molécula del CPF y la función que cumple como componente activo de los 
pesticidas. Segundo, este Tribunal aludirá al derecho comparado que 
recientemente ha prohibido el uso de pe sticidas cuyo componente activo sea el 
CPF. Tercero, la Sala mencionará algunos estudios que indican los riesgos que 
el uso del CPF genera en la salud humana.  
 
4.1. El clorpirifós  
 
49. El CPF es una molécula que pertenece al grupo de los organofosforados: 
plaguicidas creados en Alemania en 1938, cuyo componente principal es el 
ácido fosfónico, el ácido fosfínico o el ácido fosfórico (i.e. el clorpirifós, el 
malatión, el paratión, el meti lparatión, el fenitrotion, el diazinón y el 
diclorvos)52. El CPF es un plaguicida, insecticida, acaricida, nematocida y 
parasiticida  de amplio espectro que fue introducido en el mercado en el año 
196553. 
 
50. El CPF es de aspecto sólido blanco, no muy soluble en  el agua, por lo que  
comúnmente  se utiliza mezclado con líquidos aceitosos, en forma de 
microcápsulas u otros disolventes orgánicos54. Desde su introducción a los 
mercados, ha sido utilizado para prevenir, destruir, incapacitar, modificar o 
inhibir el creci miento de las plagas en uso veterinario, doméstico y agrícola55. 
Para ello, se ha  utilizado el CPF  como componente activo de  fungicidas, 
herbicidas, insecticidas, entre otros56. En cuanto al mecanismo de acción, el 
CPF es absorbido por los insectos o plagas y actúa sobre el sistema nervioso 
central, provocándoles a estos: desorientación, parálisis, coma o la muerte, 
según el nivel de exposición  (crónica si es prolongado o aguda si es en altas 
dosis)57.  
 
51. El CPF es uno de los pesticidas de uso agrícola más util izado en el 
mercado en cultivos de cereales (i.e. trigo, maíz  y soya), frutas (i.e. pomelo, 
manzanas, nara njas, fresa, plátanos) y verduras (i.e. espárragos)58. Aunque 
también se ha usado en campos de golf, en mascotas como desparasitante y en 
ambientes res idenciales (i.e. control de plagas como cucarachas)59. 
                                                 
52 Jaga, K., & Dharmani, C. (2003). Sources of exposure to and public health implications of organ ophosphate 
pesticides. Revista panamericana de salud publica = Pan American journal of public health, 14 3 , 171 -85.  
53 De acuerdo con lo que report a la EPA. Disponible en: https://www.epa.gov/ingredients -used-pesticide -
products/chlorpyrifos  
54 De acuerdo con lo que reporta la EPA. Disponible e n: https://www.epa.gov/ingredients -used-pesticide -
products/chlorpyrifos  
55 Gómez Beltrán, D. (2022). Historia de la regulación del clorpirifós en Estados Unidos: situación en Colombia. 
Universidad de Antioquia.  Jaga, K., & Dharmani, C. (2003). Sources of exposure to and public health 
implications of organ ophosphate pesticides. Revista panamericana de salud publica = Pan American journal 
of public health, 14 3 , 171 -85. 
56 Kamel, F., & Hoppin, J.A. (2004). Association of Pesticide Exposure with Neurologic Dysfunction and 
Disease. Environmental Health Perspectives, 112 , 950 - 958. 
57 Gómez Beltrán, D. (2022). Historia de la regulación del clorpirifós en Estados Unidos: situación en Colombia. 
Universidad de Antioquia.  
58 Conceptos remitidos por las Universidades de Caldas y de Antioquia.  
59 Estas dos última s utilizaciones fueron prohibidas en Estados Unidos en la primera década del siglo XXI 
porque representaban un riesgo para la salud . De acuerdo con lo que reporta la EPA. Disponible en: 
https://www.epa.gov/ingredients -used-pesticide -products/chlorpyrifos   
  
4.2. La prohibición del CPF en el derecho comparado  
 
52. El 20 de octubre de 2019, el Comité Nacional de Sustancias Peligrosas 
de Tailandia votó a favor de restringir , desde el 1 de diciembre de ese año, el 
uso del CPF para proteger la salud humana60. Por su parte, el Gobierno de 
Canadá , a través de la Agencia Reguladora del Manejo de Plagas, en 
cumplimiento de los estándares ambientales y de salud actuales, canceló el u so 
del clorpirifós  en usos al aire libre (con algunas excepciones)61. 
 
53. El 21 de abril de 2021, dentro de la petición presentada por  Pesticide 
Action Network North America  y Natural Resources Defense Council  contra la 
EPA , el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos 
(San Francisco, California) le ordenó a esta última suspender el uso del CPF en 
todos los alimentos. Esto para proteger a las personas de las consecuencias 
potencialmente peligrosas por la exposición a este pesticida . Principalmente , de 
los NNA  y los trabajadores agrícolas. En ese contexto, la EPA afirmó que la 
eliminación de los permisos para uso y comercialización del CPF es  un asunto 
de salud pública. Esto porque, según los estudios, el CPF inhibe una enzima que 
genera neurotoxicidad y graves efectos neurológicos en los NNA . En 
cumplimiento de lo anterior, el 18 de agosto de 2021, la EPA emitió una regla 
por medio de la cual revocó la tolerancia al CPF. Es decir, eliminó las cantidades 
de pesticida autorizadas en los cultivos de alimentos porque estas no cumplen 
un estándar de certeza razonable de que no produce n daño a la salud62. 
 
54. Desde el 31 de enero de 2020, la Unión Europea  prohibió el uso del CPF 
en productos fitosanitarios. Esto con fundamento en la evidencia 
epidemiológica que respalda la hipótesis de que el CPF es neurotóxico para el 
desarrollo cerebral y puede causar déficits cognitivos y de conducta tras una 
exposición prenatal  y durante los primeros años de vida de los NNA63. 
 
55. Posteriormente, en la Decisión 2021/592 del 7 de abril de 2021, el 
Consejo de la Unión Europea  reconoció que, si bien el CPF se ha eliminado 
progresivamente en la Comunidad, continúa utilizándose como plaguicida y 
dispersándose en el medio ambiente fuera d e la Unión Europea . Debido al 
potencial de propagación a larga distancia en el medio ambiente, el Consejo 
consideró que las medidas adoptadas a nivel nacional o de la Unión Europea  no 
bastaban para salvaguardar un alto nivel de protección del medio ambient e y de 
                                                 
60 Disponible en: https://www.icex.es/icex/es/navegacion -principal/todos -nuestros -servicios/informacion -de-
mercados/paises/nav egacion -principal/noticias/tailandia -prohibe -uso-pesticidas -paraquat -chlorpyrifos -
new2020853628.html?idPais=TH   
61 Health Canada. Decisión de reevaluación de clorpirifós y productos de uso final asociados. Diciembre de 
2020. Disponible en: https://www.canad a.ca/en/health -canada/services/consumer -product -safety/reports -
publications/pesticides -pest-management/decisions -updates/reevaluation -decision/2020/chlorpyrifos.html  
62 Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos (San Francisco, CAL). Petición de revisión 
de una orden de la Agencia de Protección Ambiental Opinión 29 de abril de 2021. Disponible en: 
https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2021/04 /29/19 -71979.pdf  y Publicación de la EPA. Disponible 
en: https://www.regulations.gov/document/EPA -HQ-OPP-2021 -0523 -0001 . Esta regla final entró en vigencia 
el 29 de octubre de 2021. Las tolerancias para todos los productos venció el 28 de febrero de 2022.  
63 EFSA 2019. Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the 
pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2019;17(8):5809, 23 pp.   
 la salud humana. Por lo anterior, el Consejo de la Unión Europea  propuso incluir 
el CPF en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre COP64. 
 
56. El 4 de agosto de 2021, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria de Argentina emitió la Res olución 414/2021. En este acto , el 
gobierno argentino explicó que existe nueva evidencia de riesgos a la salud 
humana por la exposición al CPF. En consecuencia, dispuso que quedaría 
prohibida la comerciali zación y uso de este pesticida, cuatrocientos  cincuenta y 
cinco días después de la entrada en vigencia de esa norma65. 
 
57. Lo expuesto indica la tendencia mundial de los últimos dos años de 
eliminar el uso del CPF en productos fitosanitarios por el grave riesgo que la 
exposición crónica representa en la salud de las personas , principalmente en  los 
NNA . 
 
4.3. Los riesgos del clorpirifós  en la salud humana  
 
58. Desde que se comercializa el CPF, en Estados Unidos, la EPA ha 
realizado estudios para verificar si el uso de este pesticida es seguro para la 
salud y el medio ambiente, principalmente en California  que es uno de los  
Estado s de mayor extensión agrícola aprovechable66. Inicialmente, el CPF en 
los plaguicidas químicos de uso agrícola  estaba dentro de los niveles aceptables 
de toxicidad. Es decir, que la exp osición (crónica) al producto no demostraba 
un riesgo evidente y grave para la salud67. 
 
59. Sin embargo, estudios realizados desde la primera década del siglo XXI  
hasta ahora , han evidenciado los riesgos que la exposición al CPF genera en la 
salud de los human os68. Principalmente, se ha detectado la incidencia en los 
NNA e, incluso, en la etapa prenatal69. Al tiempo, estudios científic os y de 
institutos de salud en América evidenciaron nuevas valoraciones sobre los 
riesgos del consumo de alimentos cultivados con CPF. También se identificaron 
afectaciones por  la exposición crónica por parte de los agricultores y sus 
familias70. Por su parte, la Autoridad Europea para la Seguridad de Alimentos 
(en adelante , EFSA) comenzó una revisión a resultados de exposiciones 
                                                 
64Actualmente se encuentra en estudio la aceptación de incluir el CPF en el Anexo A del Convenio de 
Estocolmo. Disponible en: https://eur -lex.europa.eu/legal -
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0592&from=ES  
65Disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247780/2021080 6#:~:text=Prohibici%C3%B3n%20de
%20comercializaci%C3%B3n%20y%20uso.,en%20todo%20el%20Territorio%20Nacional . 
66 Conceptos remitidos por las Universidades de Caldas y de Antioquia.  
67 De acuerdo con lo que reporta la EPA. Disponible en: https://www.epa.gov/ingredients -used-pesticide -
products/chlorpyrifos  
68 Campbell T. (2005) Performing a basic examination in fish. Veterinary medicine [en línea]. 
http://veterinarymedicine.dvm360.com/performing -basic -examination -fish 06/08/2017.  
69 Chlorpyrifos. The toxic pesticide harming our children and environment. Disponible en: 
https://earthjustice.org/features/chlorpyrifos -what -you-need -to-know   
70 Grandjean P, Landrigan PJ. Efectos neuroconductuales de la toxicidad del desarrollo. Lancet Neurol. 2014; 
13 (3): 330 –8.  
 prolongadas de animales (i.e. ratas y vacunos) al CPF con el propósito de 
extrapolar dichos resultados a la salud humana71. 
 
60. A partir del año 2006, la EPA introdujo medidas para mitigar el riesgo 
por la exposición al CPF. Dentro de aquellas, se decidió:  
 
“a) establecer zonas “ buffer ” para mitigar el riesgo ecológico en cursos de agua, 
peces, y vida salvaje en general, b) reducir las tasas de aplicación en cada estación 
para numerosos cultivos como el maíz y frutos cítricos, así como aumentar los 
intervalos ent re aplicaciones, y c) mejorar los equipos de protección personal para 
disminuir el riesgo de exposición en trabajadores agrícolas”72. 
 
61. Con esto se pretendía también detener la liberación excesiva del CPF en 
el ecosistema (i.e. contaminación del agua, el air e y el suelo) y evitar que llegara 
a los animales (i.e. aves, mamíferos y animales acuáticos a través de la ingesta 
de agua o la inhalación)73. Los estudios realizados los últimos veinte años 
evidenciaron que la exposición al CPF durante el embarazo producía peso bajo 
en los bebés  y formaciones cerebrales con algunas variaciones. Además, esto 
derivaba en  NNA con menor coeficiente intelectual, trastornos psicomotores, 
déficit cognitivo relacionado con la capacidad de aprendizaje, atención y 
memoria de trabajo y alteraciones morfológicas del cerebro74. 
 
62. Recientemente,  en la solicitud que presentó la Comisión Europea con el 
objetivo de que el CPF fuera incluido  en el  Anexo A del Convenio de 
Estocolmo75, se recogieron distintos  estudios sobre la bioacumulación de esa 
molécula en el agua, en el aire y en el suelo y su relación con las afectaciones a 
la salud y la vida humana. De aquellos se extrae que  la exposición al CPF en 
dosis suficientemente altas puede causar inhibición de la colinesterasa en los 
humanos . Esto  sobre  estimula  el sistema nervioso , por lo que  causa náuseas, 
mareos  y confusión . En exposiciones muy altas genera  accidentes 
cerebrovascu lares , parálisis respiratoria e, incluso, la  muerte. Tratándose de la 
                                                 
71 Conceptos de las Universidades de Caldas y de Antioquia.  
72 Universidad de Antioquia. Historia de la regulación del clorpirifos en Estados Unidos: situación en Colombia. 
Remitido por la Universidad de Antioquia al expediente de la referencia.  
73 Pinilla -Monsalve, G. D., Manrique -Hernández, E. F., Caballero -Carvajal , A. J., Gómez -Rodríguez, E., 
Marín -Hernández, L. R., Portilla -Portilla, Álvaro, Sierra -Avendaño, J. A., Prieto -Serrano, H. J., Oviedo -
Pastrana, D. F., & Gamboa -Toloza, N. (2014). Neurotoxicología de plaguicidas prevalentes en la región Andina 
Colombiana. Médicas UIS , 27(3), 57 –67. Recuperado a partir de 
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis/article/view/4885 ; Chlorpyrifos. The toxic pesticide 
harming  our children and environment. Disponible en: https://earthjustice.org/features/chlorpyrifos -what -you-
need -to-know  Ruggirello, Rachel M. et al. “Current use and legacy pesticide deposition to ice caps on Svalbard, 
Norway”. Journal of Geophysical Research, September 2010. Volume 115 y U.S. EPA, 2011. Chlorpyrifos: 
preliminary human health risk assessment for registrati on. Office of Chemical Safety and Pollution Prevention. 
Washington, D.C. June, 2011.  
74 U.S. EPA. Cholrpyrifos: Preliminary Human Risk Assesment for Registration Review. Office of Chemical 
Safety and Pollution Prevention. Washington, D.C. June, 2011 . Citado  por la Universidad de Antioquia. Rauh 
VA, Garfinkel R, Perera FP, Andrews HF, Hoepner L, Barr DB, Whitehead R, Tang D, Whyatt RW. Impact of 
prenatal chlorpyrifos exposure on neurodevelopment in the first 3 years of life among inner -city children. 
Pediatri cs 2006; 118 (6) e1845 -e1859; Rauh VA, Perera FP, Horton MK, Whyatt RM, Bansal R, Hao X, Liu J, 
Barr DB, Slotkin TA, Peterson BS. Brain anomalies in children exposed prenatally to a common 
organophosphate pesticide. PNAS May 15, 2012; 109(20): 7871 -7876 y Agencia para Sustancias Tóxicas y el 
Registro de Enfermedades. Resumenes de Salud Pública – Clorpirifós. 2016.  
75 Propuesta de inclusión del CPF en el Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes. Presentado por la Unión Eur opea al Comité de Exámenes de los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes. Presentado el 3 de junio de 2021.Disponible en: 
http://chm.pops.int/Convention/POPsReviewCommittee/Chemicals/tabid/243/Default.aspx   
 exposición prenatal , perinatal y posnatal, los estudios que citó la UE indicaron 
que se presentan resultados adversos en el desarrollo neurológico de los NNA , 
por ejemplo, cambios en la morfología cerebral, retrasos en las funciones 
cognitivas y motoras, déficit de  atención y temblores.   
 
63. Para la UE, el potencial de bioacumulación del CPF genera toxicidad en 
los seres humanos y en el medio ambiente, por lo que se considera probable que 
el uso de aquel  produzca efectos adversos significativos para la salud . A partir 
de esta afirmación , se sustentó la solicitud de que se elimin ara el uso del CPF a 
nivel mundial  y fuera  incluido en el Anexo A del Convenio de Estocolmo76. 
 
64. En sum a, según los documentos citados,  la exposición al CPF genera 
afectaciones a la salud humana. El CPF interfiere con la acción de la enzima 
colinesterasa, lo cual incide en un neurotransmisor cerebral. Esto genera daños 
a nivel neurológico y contribuye al desarrollo de enfermedades como : cáncer 
de mama, párkinson, diabetes, disminución del coeficiente intelectual, déficit 
de atención, entre otros. Además,  la absorción del CPF es más rápida en los 
NNA, caus ándoles graves perjuicios en la formación del cerebr o y el  desarrollo  
neurológico . Todo lo anterior, para la Corte es indicador de que  existe ev idencia 
relevante de que  la exposición al CPF , aun en  bajas cantidades , pero de manera 
permanente o reiterada, tiene efectos adversos en la salud  humana . 
 
5. El CPF en  Colombia y la reglamentación de  su uso, comercialización y 
distribución  
 
65. En Colombia, el CPF es uno de los principales plaguicidas utilizados en 
la agricultura y la ganadería. Según la información que entregó el ICA, en la 
actualidad están registrados 28 productos comerciales con componente activo 
CPF para uso agrícola. En los listados remitidos , se observa que el ICA otorga 
el permiso con base en los conceptos del INS y la ANLA. Además, clasifica los 
productos en categorías II (moderadamente) y III (ligeramente) tóxicos.  El CPF 
se encuentra dentro de aquellas, por eso su utiliz ación en los plaguicidas 
químicos de uso agrícola está autorizada en el territorio nacional.  No obstante, 
según la Universidad de Antioquia, esa clasificación está basada en estudios de 
toxicidad aguda, por lo que no es aplicable a los efectos del CPF en e xposiciones 
crónicas y en los niveles que se encuentran en los residuos que persisten en los 
alimentos77. 
 
66. En todo caso, en Colombia, el ICA es la autoridad nacional competente 
en materia de plaguicidas químicos de uso agrícola. Para autorizar la 
comerciali zación y uso de pesticidas , como el CPF, el ICA debe agotar un 
procedimiento establecido en instrumentos internacionales y en el reglamento 
interno. Para desarrollar este capítulo, la Sala se referirá, en primer lugar, a las 
normas comunitarias que rigen e l registro y control de plaguicidas químicos de 
uso agropecuario. En segundo lugar, la Corte aludirá a la reglamentación que 
existe a nivel interno sobre la materia.  
                                                 
76 Además de lo expuesto, la Sala revisó numerosos estudios que indican el grave riesgo de la exposición crónica 
y aguda al CPF en la salud humana y su incidencia en el desarrollo de múltiples enfermedades. Algunos de 
ellos se refieren a manera de ejemplo en la Tabla 9 que se anexa a la presente providencia.  
77 Universidad de Antioquia. Historia de la regulación del clorpirifós en Estados Unidos: situación en Colombia. 
Remitido por la Universidad de Antioquia al expediente de la referencia.   
  
5.1 . Las normas de la CAN sobre el registro y control de plaguicidas 
químicos de uso agrícola  
 
67. En cuanto al control de  plaguicidas químicos de uso agrícola , Colombia 
se rige por las disposiciones de la Decisión 804 del 28 de abril de 2015 de la 
Comisión de la CAN78. En esta se establecen las normas para el registro y 
control de  plaguicidas químicos de uso agrícola 79. En Colombia el CPF es un 
plaguicida permitido de riesgo moderado según las cantidades de concentración 
de utilización del producto conforme los reglamentos de la CAN adoptados por 
el ICA80. 
 
68. En este instrumento se prevé  que el Ministerio de Agricultura de cada 
Estado miembro design e a la autoridad nacional competente (en adelante , ANC) 
y que cada país adopte  las medidas legales necesarias para cumplir los objetivos 
de la Decisión. Asimismo, dispone  que los fabricantes, f ormuladores, 
importadores  generales , importadores para consumo propio, exportadores, 
envasadores, comercializadores y distribuidores de productos químicos de uso 
agropecuario  deben estar previamente autorizados por la ANC.  
 
69. De acuerdo con la Decisión 804, a la ANC le correspond e verificar que 
los plaguicidas químicos de uso agrícola que se comercialicen y utilicen estén 
precedidos de un informe técnico favorable, que garantice el cumplimiento de 
los requisitos o condiciones que se exijan en cada país y, principalmente , que 
estén orientados  a minimizar los riesgos  que el producto representa  para la salud 
y el medio ambiente. Para esto, es preciso que el peticionario  del registro o 
autorización cuente con el aval  del organismo nacional de salud o de ambient e, 
conforme lo disponga la legislación de cada Estado81.  
 
70. Una vez concedido el permiso , este tendrá una vigencia indefinida y 
estará sujet o a evaluaciones periódicas por parte de la ANC . Este  podrá 
                                                 
78 Las determinacione s de la Comisión de la CAN son vinculantes y de aplicación directa para Colombia en 
virtud de los dispuesto en los artículos 2 y 3 del Acuerdo de Cartagena y sus protocolos modificatorios. Cfr. 
Sentencias C -227 de 1999 y C -231 de 1997.  
79 De acuerdo con los  anexos de la Decisión 804 de la CAN, se entiende como producto químico de uso 
agropecuario “ cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier 
plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan p erjuicio o que interfiere de cualquier otra 
forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos 
agrícolas, madera y productos de madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse en el 
crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes y a las sustancias o mezclas de sustancias aplicadas a los 
cultivos antes o después de las cosechas para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento 
y transporte. Este término no in cluye los agentes biológicos para el control de plagas (los agentes bioquímicos 
y los agentes microbianos)”.  
80 Esto lo refirieron las universidades de Caldas y de Antioquia en su intervención.  
81 De acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 804, para que un plaguicida químico de uso agrícola  pueda 
registrarse debe, en primer lugar, contar con los dictámenes técnicos favorables de salud, ambiente y 
agronómico (estos conceptos favorables deben ajustarse a los criterios establecidos en el Manual Técnico 
Andin o para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, adoptado mediante la Resolución 
3709 de 2 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la CAN. Segundo, la ANC, en un plazo que no excederá 
de 180 días hábiles, luego de recibidos los dictámenes mencionados, evaluará el riesgo/beneficio del plaguicida. 
Tercero, en un plazo que no exceda 15 días hábiles, la ANC registrará el  plaguicida químico de uso agrícola  
una vez se establezca que los beneficios de su uso superan los riesgos. Por el  contrario, no se registrará un 
plaguicida  cuando: a. El producto no apruebe la evaluación riesgo/beneficio; b. el nombre del producto 
corresponda a un plaguicida ya registrado por otra persona natural o jurídica; o, c. alguno de los componentes 
presentes en la formulación de un plaguicida se encuentren prohibidos por los convenios internacionales 
ratificados por el país miembro que confiere el registro.   
 suspender se, modificar se o cancelar se cuando se incumplan o cambien las 
condiciones que dieron lugar al otorgamiento de aquel. En cualquier caso,  tanto 
para obtener el permiso como para mantener su vigencia es preciso que el 
producto cumpla con los criterios, métodos y protocolos exigidos en cada 
Estado . Además, se requiere que aquel se ajuste  a los estándares mundialmente 
aceptados por los organismos internacionales de referencia (i.e. la FAO, la 
OMS, la EPA, la EFSA, entre otras )82. 
 
71. De acuerdo con el artículo 28 de la Decisión, la ANC, de oficio o a 
solicitud de las autoridades de salud o de ambiente, sustentada en un informe 
técnico, puede suspender la vigencia del registro de plaguicidas químicos de 
uso agrícola cuando:  
 
“a. Exista n razones fundamentadas en criterios técnicos y científicos de índole 
agrícola, ambiental o de salud. b. Se demuestre mediante evidencias técnico -
científicas que el producto es ineficaz o perjudicial para alguno de los usos agrícolas 
aprobados. c. La ANC a sí lo determine, en cumplimiento de los requisitos, 
condiciones y procedimientos administrativos establecidos en la legislación de cada 
País Miembro. d. Por orden judicial ”83. 
 
72. A cada país le corresponde fijar e l plazo de la suspensión  y las 
condiciones par a levantar dicha medida. Asimismo, la ANC puede modificar o 
cancelar el permiso . 
 
73. El artículo 32  de la Decisión  dispone que, por solicitud de las autoridades 
de salud, de ambiente, de agricultura, de la parte interesada o de oficio, la ANC 
puede cancelar el permiso, cuando:  
 
“a. Se compruebe que el ingrediente activo y/o producto formulado no corresponde 
al declarado en su registro. b. Se confirme la falta de veracidad de la información 
sustantiva que motivó el registro. c. La ANC, las autor idades de salud o de ambiente, 
o la parte interesada lo sustenten técnicamente. d. Las causales que dieron origen a la 
suspensión del registro sean insubsanables. e. Alguno de los componentes presentes 
en la formulación de un plaguicida se prohíba por el E stado parte, sustentado en 
evidencias técnico -científicas. f. Alguno de los componentes presentes en la 
formulación de un plaguicida se prohíba por los convenios internacionales ratificados 
por el país miembro ”84. 
 
74. En cuanto a los efectos de la cancelación del registro de un producto, el 
artículo 33 de la Decisión 804 dispone que esto implica que queda prohibida la 
importación, fabricación, formulación, distribución, comercialización y 
cualquier otra actividad que permita el uso del producto cuyo permiso  fue 
cancelado. Para el efecto, la ANC debe concederle al titular del registro un plazo 
para retirarlo del mercado  e informar les a los usuarios sobre la prohibición de  
uso. Todo lo anterior para que se proceda a  la disposición final  del plaguicida 
químico de u so agrícola . Asimismo, se establece que el beneficiario del permiso 
es el responsable de ejecutar las acciones y medidas que la ANC determine con 
motivo de la cancelación  e, incluso, los costos que est o genere. De lo anterior, 
                                                 
82 Decisión 804 de la CAN (artículos 13 y 15).  
83 Decisión 804 de la CAN (artículo 28).  
84 Decisión 804 de la CAN (artículo 32).   
 la ANC debe comunicarle a la Secretaría General de la CAN, para que lo 
conozcan los demás países miembros de la comunidad.  
 
75. Cuando un Estado prohíba o limite  severamente el uso de un plaguicida 
por riesgos a la salud humana o al ambiente, debe  inform árselo a los demás 
países de la CAN  y a la Secretaría General de la Comunidad,  dentro d e un plazo 
de treinta días hábiles contados a partir de la adopción de la medida . Además,  
no podrá exportar el producto  sin el consentimiento previo del país miembro 
importado r.  
 
76. Finalmente, la Decisión de la CAN establece que las autoridades de cada 
país ejecutarán las actividades de inspección, vigilancia y control de los 
plaguicidas químicos de uso agrícola . En ejercicio de lo anterior, aquellas  
pueden  adoptar las medidas correspondientes para efectos de gestionar los 
riesgos o daños a la salud o al ambiente y determinar los responsables . Incluso, 
las autoridades nacionales pueden imponer  las sanciones previstas en la 
respectiva legislación  interna . Además, l e corresponde a cada país establecer las 
infracciones y las sanciones aplicables a quienes no cumplan lo previsto en la 
Decisión o que causen daño a la salud o al ambiente . Lo anterior,  sin perjuicio 
de las acciones comunitarias a que hubiere lugar.  
 
5.2. La reglamentación interna sobre el registro y comercialización de los 
plaguicidas químicos de uso agrícola  
 
77. Como se explicó al inicio de este capítulo, en Colombia el ICA es la 
autoridad competente  en materia de  los plaguicidas químicos de uso agrícola.  
En ejercicio de tal función, ha expedido los reglamentos que rigen en el sector, 
por ejemplo, las Resoluciones  2915 de 2008 y 3497 de 2014 del ICA . 
Recientemente, la Resolución 1580 de 9 de febrero de 2022, el gerente g eneral 
del ICA estableció los requisitos y el procedimiento de registro de los  
plaguicidas químicos de uso agrícola85. El trámite inicia con la solicitud según 
la actividad a realizar (fabricante, formulador, envasador, importador, 
exportador o distribuidor) a través del diligenciamiento del formato de la 
aplicación simplifICA . Para ello, es preciso que el solicitante  cumpla los 
requisitos establecidos en la Decisión 804 y en la Resolución 2075 de 2019 de 
la CAN. En la Resolución 1580 de 2022, el ICA estableció que , en aplicación 
de las normas de la CAN, se establece que el ICA ejerce las facultades de 
inspección, vigilan cia y control de estos productos. En virtud de aquello, puede 
suspender  y cancelar los registros de plaguicidas de uso químicos e, incluso, 
sancionar a quienes incumplan las normas comunitarias y nacionales86. 
 
78. En síntesis, para que el ICA expida el registr o de comercialización del 
CPF, es necesario que se presente la respectiva solicitud ante la entidad . Esta  
verifica que se cumplan los requisitos técnicos establecidos por la CAN  y 
expide e l acto administrativo que acredita el cumplimiento del componente 
técnico . El ICA  se encarga de remitir  la información reportada  a la ANLA y al 
INS con el objetivo de que esas entidades expidan los actos administrativos 
                                                 
85 El ICA publica los productos cuya producción, importación, comercialización y uso está prohibidos en 
Colombia. Al respecto, consultar: https://www.ica.gov.co/getdoc/b2e5ff99 -bd80 -45e8 -aa7a-
e55f0b5b42dc/plaguicidas -prohibidos.aspx   
86 Resolución 1580 de 2022 (artículos 25, 26, 27, 28 , 31, 32, 33 y 34).   
 que dan visto bueno al componente ambiental y al componente toxicológico 
del producto  cuyo registro se solicitó . Para que se expida el registro es 
necesario que exista el concepto favorable de los tres componentes descritos  
(ambiental, agronómico y toxicológico) . Una vez se obtiene esto último, e l ICA  
expide el registro nacional que es un número consecutivo  que permite 
identificar el producto . Finalmente, se lleva a cabo el proceso de  etiquetado, 
que también aprueba  el ICA . En la etiqueta consta  la información de uso y 
advertencias del producto para el usuario final, conforme al Manual Técn ico 
de la CAN . 
 
6. Caso concreto  
 
79.  Con el objetivo de resolver el caso concreto, la Sala Octava, en primer 
lugar, verificará la procedencia de la acción, para esto estudiará si se cumplen 
los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, la 
subsidiariedad y la inmediatez. En caso de que  se acredite la procedencia, en 
segundo lugar, se resolverá el problema jurídico planteado. Es decir, la Corte 
estudiará si en el asunto se presenta la vulneración reclamada por la parte 
actora.  
 
6.1. Requisitos formales de procedencia87 
 
80. Legitimación por activa . El artículo 86 de la Constitución establece a 
favor de toda persona la posibilidad de instaurar la acción de tutela para solicitar 
la protección de sus derechos fundamentales. Este dispositivo p uede activarse 
directamente por quien se considera afectado o por quien actúe a su nombre. En 
ese orden, este presupuesto de l a legitimación en la causa por activa se acredita 
cuando la acción es promovida por quien es el titular de los derechos 
fundamenta les. También se admiten tres posibilidades adicionales. La primera, 
cuando se acude al juez constitucional por medio de los representantes legales 
en el caso de los NNA, las personas jurídicas y las personas en situación de 
discapacidad  que no cuenten con otras formas u apoyos que les permitan acudir 
directamente al juez de tutela en ejercicio de su derecho a la capacidad jurídica 
(Ley 1996 de 2019) . La segunda, a través de apoderado judicial. La tercera, 
mediante la agencia oficiosa.   
 
81. En primer lugar, en el presente caso, el señor  Luis Domingo Gómez 
Maldonado  formuló la acción en representación de su hija menor de edad. Al 
efecto, el peticionario presentó el registro civil de nacimiento de la niña. En este 
se acredita que aquel es el pa dre de Valeria Gómez del Río. Esto significa que el 
demandante accionó en calidad de representante legal de su hija, por lo que se 
acredita este requisito.  
 
82. En segundo lugar , la Sala Octava de Revisión toma nota de que, en el 
escrito de tutela, el accionante manifestó que actúa también en representación de 
los NNA . Esto, según el actor , por dos razones. Primero, los NNA  son los que 
más se afectan con la exposición al CPF . Segundo, porque tanto las generaciones 
presentes como las futuras se alimen tan y se alimentarán con productos que 
                                                 
87 El análisis de procedencia sigue la estructura del esquema realizado en la Sentencia T -200 de 2022.   
 contienen CPF.  Al respecto, la Corte concluye que  se acredita el presupuesto de 
la legitimación en la causa por activa respecto de aquellos, por las razones que se 
exponen a continuación.  
 
83. En relación con la legitimación e interés para promover la acción de tutela 
a través de la agencia oficiosa, tanto el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 
como la jurisprudencia de la Corte identificaron los dos requisitos que se deben 
cumplir para que aquella se acredite88. El primero está referido a que la persona 
que pretenda actuar como agente oficioso manifieste en el escrito de tutela que 
actúa en esa calidad. El segundo, que se demuestre que la persona cuyos 
derechos se agencian no se encuentra en condiciones de promove r su defensa y 
que conste por escrito89. 
 
84. En el caso de la representación legal de los NNA , la Corte ha señalado 
que, de manera general y preferente, la representación legal de los niños y niñas 
les corresponde a la madre y al padre  o a quien ejerza la potestad parental. Las 
personas descritas son las llamadas a ejercer las acciones legales pertinentes 
(i.e. la acción de tutela) cuando resulte necesario proteger sus derechos 
mediante la actividad de las autoridades estatales90. Esto q uiere decir que existe 
una legitimación prevalente para los padres o las personas que ejercen la 
potestad parental.  
 
85. Por el contrario, el ejercicio de la agencia oficiosa por parte de personas 
distintas a aquellas impone un deber mínimo de justificación. Este se ha 
entendido acreditado en dos situaciones. La primera, cuando se demuestra que 
los padres o la persona que ejerce la potestad parental está formal o 
materialmente inhabilitada para acudir ante los jueces. La segunda, cuando 
habiendo concurrido aqu ellos, existe evidencia de que omiten actuaciones que 
afectan gravemente los derechos de los NNA . Adicionalmente, de manera 
excepcional, se ha admitido la agencia oficiosa cuando se demuestre que se está 
ante un perjuicio irremediable. En los demás casos, “la agencia oficiosa 
resultaría en una extralimitación contraria a las facultades que confiere la 
potestad parental”91. 
 
86. En el presente caso, el accionante  advirtió la presunta vulneración de los 
derechos fundamentales a la vida y la salud de los  NNA  del territorio nacional . 
Para la Corte, esta agencia encaja dentro del presupuesto excepcional admitido.  
Es decir, el actor o cualquier otra persona podrían agenciar los derechos de los 
NNA  debido a que aquellos  están expuestos a un riesgo de daño irrepar able por 
la exposición al CPF , cuyos residuos  consumen en los alimentos.  En este caso, la 
Sala observa que los estudios analizados, principalmente los que realizó la EPA y 
                                                 
88 Sentencia SU -055 de 2015.  
89 Como lo ha señalado la jurisprudencia, este segundo requisito tiene una excepción, que se presenta cuand o 
la persona sí estaba en condiciones de acudir a la administración de justicia, pero una vez radicada la acción de 
tutela ratifica la actuación del agente oficioso. Adicionalmente, de acuerdo con esta misma norma, no es 
necesario que exista una relación f ormal entre quien actúa como agente y aquel cuyos derechos se agencian 
Sentencias T -044 de 1996 y T -351 de 2018.  
90 Sentencia T -736 de 2017.  
91 Sentencias T -736 de 2017 y T -351 de 2018.   
 el EFSA , dan cuenta del grave riesgo que existe para la salud de los NNA  la 
exposición crónica y aguda al CPF.  
 
87. En ese orden, p ara la Corte, se acreditan los elementos del  perjuicio 
irremediable . Primero, se está en presencia de una amenaza que se cierne sobre 
los derechos a la salud y la vida de los NNA , quienes diariamente están 
expuestos a consumir productos que se encuentran contaminados con CPF. 
Segundo, los estudios consultados por este Tribunal dan cuenta de que en los 
NNA  el CPF produce graves daños neurológicos, es decir, se trata de un 
menoscabo  de gran intensidad en la salud de los NNA . Tercero, es urgente que 
se adopten medidas para impedir que se configure el daño advertido por las 
agencias de salud internacionales descritas. Cuarto, la adopción de medidas en 
el caso bajo estudio es imposterga ble debido al riesgo que existe para la salud y 
la vida.  Esto quiere decir que el actor  demostró el interés para actuar  en 
representación de los NNA . 
 
88. Finalmente, la Sala Octava toma nota de que el accionante le solicitó a la 
Corte proteger los derechos de las generaciones futuras. Sobre el particular, se 
observa que, cuando se ha estudiado la protección al medio ambiente y el 
relacionamiento con la vida humana, este Tribunal ha i nsistido en que la 
protección de biodiversidad -como entorno vital del ser humano - es indispensable 
para su supervivencia y la de las generaciones futuras92. A partir de lo anterior, se 
ha entendido la importancia del desarrollo sostenible como mecanismo de  
protección del medio ambiente también para las generaciones futuras93.  
 
89. Teniendo en cuenta esta premisa, esta Corporación estima que las 
decisiones que se adopten en este caso necesariamente impactarán las 
generaciones futuras. Esto en la medida que el an álisis que efectuará la Sala de 
Revisión se encaminará a estudiar la aplicación del principio de precaución en 
salud para proteger a la población y, particularmente, a los NNA, del consumo de 
sustancias tóxicas , como el CPF. En todo caso, l as determinaciones que se adopten 
sobre la materia tendrán en cuenta la protección tanto de las generaciones 
presentes como de las futuras.  
 
90. Legitimación por pasiva . El artículo 86 constitucional señala que la 
acción de amparo procede en contra de cualquier a utoridad o de los 
“particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta 
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el 
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”94. En 
                                                 
92 Sentencias T -622 de 2016 y T -389 de 2016.  
93 En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que: “[e]l derecho humano a un medio ambiente sano se 
ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión 
colectiva, el derecho a un medio ambiente sano co nstituye un interés universal, que se debe tanto a las 
generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión 
individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirecta s sobre las personas 
debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, 
entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo 
cual un medio amb iente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”. Cfr. Corte 
Interamericana de Derechos humanos, Opinión Consultiva OC -23/17 del 15 de noviembre de 2017. Disponible 
en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf  
94 Constitución Política de Colombia (artículo 86).   
 consecuencia, la legitimación por pasiva se entiende como la aptitud procesal 
que tiene la entidad, la autoridad o la persona contra la que se dirige la acción y 
quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza del derecho 
fundamental.  
 
91. En el presente caso, la acción está dirigida contra los Ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud y Protección Social; el ICA, la 
ANLA y el Invima. Revisadas las competencias en la materia, se observa que , 
de conformidad con el Decreto 476 5 de 2018, el ICA es la autoridad nacional 
del sector agropecuario. En concreto, el ICA tiene como funciones legales: (i) 
planificar y ejecutar acciones para proteger la producción agropecuaria de 
plagas y enfermedades que afecten o puedan afectar las espe cies animales o 
vegetales del país. (ii) Ejercer el control técnico de la producción y 
comercialización de los insumos agropecuarios. (iii) Conceder, suspender o 
cancelar licencias, registros, permisos de funcionamiento, comercialización, 
movilización, imp ortación o exportación de animales, plantas, insumos, 
productos y subproductos agropecuarios, directamente o a través de los entes 
territoriales o de terceros, en los asuntos propios de su competencia .  
 
92. Lo expuesto quiere decir que, si la Corte concediera las pretensiones del 
accionante, el ICA sería la autoridad llamada a cumplirlas. Esto por razón de las 
funciones que tiene asignadas. Igualmente, se constata que el Ministerio de Salud 
es la autoridad encargada de direccionar e impleme ntar la política del sector salud. 
Teniendo en consideración que en este asunto se discute un asunto relacionado 
con posibles afectaciones en la salud pública y en la salud humana por la 
permisión del uso del CPF, esta cartera eventualmente podría resultar  vinculada a 
las órdenes que adoptara esta corporación.  
 
93. Esto descarta la posibilidad de que autoridades como la ANLA o el INS, 
que participan en el trámite de registro de los plaguicidas -a través de los 
conceptos ambientales y de toxicología , respectivam ente-, deban permanecer 
vinculadas como accionadas dentro de este trámite, toda vez que su intervención 
no es autónoma, sino que se activa a partir del trámite administrativo que inicia el 
ICA. Lo anterior, no quiere decir que el INS y la ANLA no estén obligadas al 
cumplimiento de la sentencia que se adopta se, puesto que las órdenes que , 
eventualmente  se dictarán en este asunto, son vinculantes para el ICA y  
necesariamente tendrán efectos sobre las funciones que aquellas cumplen  en ese 
trámite administra tivo concreto .  
 
94. De otra parte, el Invima no hace parte del trámite de registro de plaguicidas 
ni sus funciones están relacionadas de manera directa con el asunto que se revisa, 
por lo que respecto de aquella no se acredita la legitimación en la causa por pasiva. 
 
95. En relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Sala 
revisó las funciones asignadas a esa cartera mediante el Decreto 3570 de 2011. Se 
constató que esa autoridad dirige la política pública en materia  ambiental. Sin 
embargo, el análisis que ocupa a la Sala Octava de Revisión se circunscribe a los 
riesgos del uso del CPF en la salud humana, por lo que sus funciones no están 
directamente relacionadas con el asunto. En consecuencia, tampoco estaría 
legiti mado en la causa por pasiva.   
  
96. Por lo anterior , la legitimación en la causa por pasiva se acredita respecto 
del ICA y el Ministerio de Salud . Por el contrario, no se cumple respecto de las 
demás autoridades accionadas.  
 
97. Inmediatez : la Corte ha señalado que la acción de tutela se debe 
interponer dentro de un término oportuno, razonable y justo, a partir del 
momento en el que ocurre la presunta vulneración o amenaza del derecho 
fundamental95. Esto porque la acción de tutela es un meca nismo de protección 
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. En ese orden, al juez 
constitucional le corresponde determinar en cada caso concreto la oportunidad 
en la presentación de la acción96. A pesar de no contar con un término preciso 
para i nvocar la acción de amparo, por mandato expreso del artículo 86 de la 
Constitución: “debe existir necesariamente una correspondencia entre la 
naturaleza expedita de la tutela y su interposición justa y oportuna”97. 
 
98. En el presente caso,  los hechos que relat a el accionante se encuentran 
vigentes  porque los cultivos de los alimentos (i.e. frutas y verduras) que se 
consumen en Colombia son tratados con CPF . Esto es indicador de que se trata 
de una amenaza actual sobre los derechos a la salud y la vida invocados . Según 
se extrae de los hechos de la tutela, el  demandante acudió al sistema de justicia 
de manera inmediata cuando  conoció los hechos que identificó como 
vulneradores de sus derechos fundamentales  y los de sus agenciados98. Esto es, 
cuando se enteró de que en Estados Unidos y en la UE se había prohibido el uso 
del CPF por los riesgos para la salud humana, especialmente en los NNA . En 
consecuencia, la Corte considera que se cumple el requisito de la inmediatez.  
 
99. Subsidiariedad : conforme  al artículo  86 de la Constitución,  el principio  
de subsidiariedad  implica  que la acción  de tutela  solo procederá  cuando  el 
afectado  no disponga  de otro medio  de defensa.  Lo anterior,  salvo  que se utilice  
como  mecanismo  transitorio  para evitar  un perjuicio  irremediable.  Por ende, los 
accionantes  deben  hacer  uso de todos  los recursos  ordinarios  y extraordinarios  
disponibles  para conjurar  la situación  que amenaza  o lesiona  sus derechos.  De 
este modo,  se impide  el uso indebido  de este mecanismo  constitucional  como  
vía preferente  o instancia  judicial  adicional  de protección99. 
 
100. Con fundamento  en los artículos  86 de la Constitución  y 6 del Decreto  
2591  de 1991,  este tribunal  ha determinado  que, cuando  existan  otros  medios  
de defensa,  operan  dos excepciones  que justifican  la procedibilidad  del 
amparo100. Por una parte,  “cuando  el medio  de defensa  dispuesto  por la ley para 
resolver  las controversias  no es idóneo  y eficaz  conforme  a las especiales  
                                                 
95 Sentencias T -834 de 2005, T -887 de 2009 y T -427 de 2019.  
96 La Sentencia SU -961 de 1999 estimó que: “la inexistencia de un término de caducidad no puede significar 
que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está 
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto”. En ese mismo 
sentido se pronunció la Sentencia SU -108 de 2018.  
97 Sentencia SU -108 de 2018.  
98 Sentencias SU -961 de 1999, SU -298 de 2015, SU -391 de 2016 y SU -108 de 2018.  
99 Sentencia T -046 de 2019.  
100 Sentencia T -662 de 2016 y T -046 de 2019.   
 circunstancias  del caso que se estudia”101. En estos  casos,  el amparo  procede  
como  mecanismo  definitivo102. Por otra parte,  “cuando,  a pesar  de existir  un 
medio  de defensa  idóneo,  este no impide  la ocurrencia  de un perjuicio  
irremediable”103. En estos  supuestos,  la acción  de tutela  procede  como  
mecanismo  transitorio . 
 
101. La Sala Octava  de Revisión  observa  que el actor  solicitó  la protección  de 
derechos  de rango  fundamental.  En efecto,  sus pretensiones  están  relacionadas  
con la protección  de garantías  para las cuales  fue diseñada  esta acción.  Lo 
pretendido  por el demandante  no podría  ser susceptible  de discusión  en otros  
escenarios  judiciales  porque  su solicitud  encaja  dentro  de las competencias  del 
juez de tutela.  En otras  palabras,  el accionante  no cuenta  con otro medio  judicial  
distinto  al amparo.  
 
102. Ahora  bien,  el argumento de los jueces de instancia e, incluso de l a 
ANDI , es que la acción  no es procedente porque busca proteger derechos 
colectivos . Adicionalmente , se indica que las pretensiones podrían plantearse 
ante la misma autoridad administrativa o los jueces  de lo contencioso 
administrativo a través de la acción de simple nulidad  o la acción popular . 
 
103. Para la Sala Octava , la acción popular no es el mecanismo idóneo y 
eficaz. Esto al menos por dos razones. La primera porque los derechos que el 
accionante invocó son de rango fundamental . Aunque  la satisfacción de aquellos  
pueda tener  un impacto colectivo, no por esta razón debe entenderse que procede 
otra acción. Además,  el riesgo en la salud, que eventualmente podría derivarse 
del uso agrícola del CPF, gen eraría una afectación subjetiva  en los derechos de 
toda la población que consume los productos agrícolas. Tal circunstancia 
evidencia la necesidad de que este tribunal intervenga de manera urgente la 
materia .  
 
104. En segundo lugar, los estudios que consultó la Corte, evidencian  que el 
riesgo para la salud tendría mayor impacto en los niños y niñas, quienes gozan 
de especial protección constitucional.  Esta condición  activa la procedencia del 
recurso de amparo  porque implica flexibiliz ar el estudio de la subsidiariedad 
teniendo en consideración el peligro de contaminar con CPF a sujetos 
vulnerables como los NNA . Esto indica que, si bien el juez popular cuenta con 
amplias facultades, lo cierto es que, por la naturaleza de los intereses e n conflicto  
y, en aplicación del principio del interés superior del menor , el juez de tutela 
debe intervenir la problemática planteada para asegurar la satisfacción  
inmediata  de las garantías iusfundamentales  que se reclaman.  
 
105. Para esta Corporación, tampoc o es admisible exigirle al demandante que 
agote la actuación administrativa  ante el ICA . Es decir, que el accionante eleve 
una petición y busque obtener un pronunciamiento por parte de la ANC en 
cuanto a la posibilidad de prohibir el CPF  y que , solo ante la eventual respuesta 
                                                 
101 Sentencia T -046 de 2019.  
102 “Un mecanismo judicial es idóneo, si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y 
producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Por su parte, es eficaz, cuando permite brindar una 
protección oportuna a los derechos am enazados o vulnerados”. Sentencias T - 531 de 2019 y T -080 de 2021.  
103 Sentencia T -046 de 2019.   
 negativa, inicie una acción de simple nulidad. Esto porque no es clara la causal 
del artículo 138 del CPACA que aquel podría invocar para encausar sus 
pretensiones . Esencialmente , estas  persiguen la satisfacción de derechos 
fundamentales frente a la amenaza que se cierne sobre los titulares de esos 
derechos debido a la omisión del ICA de adoptar medidas para proteger la salud 
y la vida de las personas.  
 
106. La Corte observa que  la discusión propuesta por  el actor no tiene que ver 
con el cumplimiento de las normas legales en que debería fundarse  el 
pronunciamiento de la administración , ni se discute una falsa motivación ni una 
desviación de poder. Como lo señaló el ICA, en principio, sus actuaciones se 
ajustan al marco legal. Sin embar go, los efectos de aquellas inciden en el goce 
de los derechos fundamentales. Esto último únicamente podría ser estudiado por 
el juez constitucional  porque trasciende el análisis de legalidad y sus efectos 
superan la anulación de un pronunciamiento  de la a dministración . Las 
pretensiones que estudiará la Corte  deben ser analizadas bajo el tamiz de la 
protección constitucional del derecho a la salud y la vida en condiciones dignas.  
 
107. En consecuencia, la acción de tutela es el mecanismo principal e idóneo 
para estudiar la solicitud de amparo.  
 
6.2. Análisis de fondo del asunto  
 
108. Para resolver el caso concreto, la Sala Octava realizará una síntesis del 
caso. Luego establecerá el alcance del pronunciamiento. En tercer lugar, la 
Corte determinará las omisiones en las que incurrió el ICA como ANC y el 
impacto de aquellas en los derechos fundamentales de la parte actora  y de los 
NNA . Esto servirá de base para que, en cuarto lugar, esta Corporación en 
aplicación del principio de precaución en salud, adopte los correctivos 
necesarios para impedir que se materialice una vulneración grave de los 
derechos fundamentales a la vida digna y la salud de los NNA  y, en general , 
de toda la población expuesta a los alimentos contaminados con el plaguicida 
CPF. Finalmente, este Tribunal d ictará las medidas a adoptar para intervenir la 
problemática identificada.  
 
Síntesis del caso  
 
109. La Sala toma nota de que el actor acudió a la acción de tutela, en 
representación de su hija menor de edad y, en general, de los NNA  del territorio 
nacional. Según el peticionario, existe una grave amenaza sobre los derechos 
de aquellos debido a la exposición a los productos agrícolas fumigados con la 
molécula CPF. Para sustentar sus afirmaciones, el accionante refirió que  tanto  
en Estados Unidos como en  la UE se prohibió el uso de esta sustancia por la 
toxicidad y los riesgos que representa para la vida humana, especialmente de 
los NNA . Según los estudios de la EPA y la EFSA que el actor refirió, el CPF 
causa estragos graves en el neurodesarrollo  de los NNA . 
 
110. Las entidades se opusieron a las peticiones de amparo. El ICA señaló 
que la acción era improcedente porque sus pretensiones deberían ventilarse 
ante el juez popular. Además, esa autoridad señaló que lo denunciado por el 
accionante se basó en apreciaciones subjetivas. En contraste, la entidad explicó  
 que el uso de los plaguicidas químicos de uso agrícola con componente activo 
CPF se basa en conceptos técnicos expedidos conforme a la Decisión 804 de 
2016 y la Resolución 2075 de  2019 de la CAN. Finalmente, el representante 
del ICA afirmó que el actor pretende homologar los estándares colombianos a 
los que se aplican en la Unión Europea en relación con el CPF, sin tener en 
cuenta el impacto negativo que podría tener en la producci ón agropecuaria del 
país. 
 
111. Los jueces de instancia declararon la improcedencia de la acción porque 
no se acreditaron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Además, la 
segunda instancia consideró que no era posible identificar los derechos 
vulnerado s ni las autoridades implicadas.  
 
112. El asunto fue seleccionado por la Corte para revisión. En esta instancia 
procesal, tanto el magistrado sustanciador como la Sala Octava de Revisión 
dictaron autos de pruebas con el objetivo de conocer el trámite de obtenci ón 
del registro de  los plaguicidas químicos de uso agrícola . Además, se pidió el 
concepto de instituciones académicas y asociaciones gremiales. Todo lo 
anterior, con el fin de que este Tribunal contara con la ilustración e información 
suficiente para emiti r un pronunciamiento de fondo. Para la Corte , la 
intervención institucional y de expertos enriquece la deliberación que se realiza 
y dota de legitimidad las decisiones que se adoptan  en esta providencia . 
 
113. A partir de las intervenciones recibidas y los estu dios consultados, la 
Sala Octava de Revisión constató que el consumo de los alimentos tratados con 
CPF representa un grave riesgo para la vida digna y la salud humana. La Corte 
concuerda con lo expresado por el demandante , el Ministerio Público  y la 
mayorí a de  los intervinientes, quienes resaltaron la evidencia de que la 
exposición al CPF afecta la salud de las personas y, especialmente, el 
desarrollo neurológico de los NNA . Además, la Sala comprobó que existe una 
tendencia comparada a la prohibición del CP F debido a los riesgos probados 
para la salud humana.  Por lo tanto, este Tribunal aplicará el principio de 
precaución en salud y dictará las órdenes necesarias para evitar que continúe 
la amenaza a los derechos fundamentales de las personas y, especialment e, de 
los NNA . 
 
Alcance de la decisión  
 
114. En sede de revisión, la Corte recibió información acerca del trámite que 
adelanta el ICA para el registro de los  plaguicidas químicos de uso agrícola . 
Esa autoridad explicó que su actuación se rige por las normas de la CAN y los 
reglamentos internos que las desarrollan. Al efecto, la entidad refirió que el 
acto administrativo de registro se sustenta en el concepto agronómico que la 
misma entidad otorga y viene acompañado tanto de la evaluación ambiental 
como del conce pto toxicológico, que entregan la ANLA y el INS, 
respectivamente. En resumen, el ICA explicó el trámite administrativo que 
deben cumplir los interesados en obtener el registro del  plaguicida químico de 
uso agrícola , el cual está fijado en reglamentos. Adem ás, el ICA entregó una 
lista de los productos con componente activo de CPF que actualmente circulan 
en el mercado.   
  
115. Frente a lo anterior, la Sala Octava precisa que el estudio que realizará 
se hará en clave de derechos fundamentales, su ámbito de protecció n y su 
vulneración por el incumplimiento de los deberes de garantía que se encuentran 
en cabeza del Estado, en este caso , representado por el ICA  como la  autoridad 
encargada de tramitar los registros de los plaguicidas químicos de uso agrícola . 
 
116. Desde esta  perspectiva , la Corte determinará las omisiones en que 
incurrió esta autoridad en materia de protección de los derechos fundamentales 
y que derivaron en la afectación de la vida digna y la salud de los habitantes 
del territorio nacional y, especialmente, de los NNA . En contraste, este 
Tribunal no efectuará ninguna consideración relacionada con el reglamento 
bajo el cual se tramitan los permisos de registro de los plaguicidas químicos de 
uso agrícola  porque ese no es el propósito de esta instancia procesal.  Tampoco 
se realizará ningún pronunciamiento respecto de los productos que contienen 
CPF como componente activo porque el objeto de esta acción no es el caso 
particular de alguno de ellos, sino la omisión del Estado en materia de la 
protección de sus habit antes frente a sustancias tóxicas contaminantes.  
 
Las omisiones del ICA dieron lugar a la puesta en peligro de la vida digna 
y la salud de las personas que habitan en Colombia y, especialmente , de los 
NNA  
 
117. De acuerdo con la Constitución, Colombia es un Est ado social de 
derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia del 
interés general. El andamiaje estatal fue instituido para asegurarle a los 
habitantes del territorio nacional la vigencia de los derechos fundamentales y 
un orden socia l justo.  
 
118. Según  la Constitución , las autoridades  funcionan para proteger la vida y 
los demás derechos de los asociados. Esto significa que sus actuaciones deben 
circunscribirse a la Constitución, cuyos valores, principios y derechos irradian 
todo el ordenamiento jurídico. Para la Corte, esto se traduce en que cada 
autoridad debe ejercer sus funciones conforme a las facultades asignadas en la 
Ley y los reglamentos, pero en todo caso, aquellas tienen el deber de cumplir 
la Constitución.  
 
119. Aun cuando  las actuaciones administrativas  sigan los reglamentos,  
también  están vinculadas por las normas constitucionales y los instrumentos 
internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, 
principalmente, aquello que tiene que ver con la satisfacción  de los derechos 
fundamentales de las personas. Para la Corte es inadmisible que treinta años 
después de promulgada la Constitución y pese a la pedagogía que este Tribunal 
ha hecho a través de una solvente jurisprudencia, sea necesario insistir en la 
vincu latoriedad de los postulados superiores a las actuaciones del poder 
público. La Corte rechaza la idea de un relacionamiento  lejan o de la 
administración pública con la ciudadanía. Este Tribunal hace un llamado a 
abandonar la idea de que las instituciones ac túan ajenas e insensibles a aquellos 
a los que sirven y que, a fin de cuentas, son la razón por la que existen.   
  
120. Por lo anterior, la Corte encuentra que, en este caso, el ICA incurrió en 
una serie de omisiones que evidencian un funcionamiento ajustado al m ínimo 
cumplimiento de los reglamentos, pero ajeno a la satisfacción de los máximos 
postulados constitucionales. En síntesis, el Estado, representado por el ICA, no 
fue diligente en la protección del derecho a la salud de las personas. Para este 
Tribunal es  inadmisible que el ICA , como ANC en materia de  los plaguicidas 
químicos de uso agrícola , considere que su actuación se limita a la expedición 
de conceptos técnicos para autorizar el uso de un  plaguicida , de modo que, en 
el trámite judicial, las entidades no hicieran más que eludir sus 
responsabilidades atribuyéndoselas a las autoridades restantes (esto es el INS 
y la ANLA).  
 
121. Es más, la Corte reprocha que aun conociendo la advertencia que hizo 
el accionante, la entidad desestimara los argumentos de aquel ba jo la idea de 
que se trataba de apreciaciones subjetivas , compara ciones  con los estándares 
europeos o la pretensión de extrapolarlos al contexto nacional. Esto evidencia 
que la entidad encargada de autorizar el uso de plaguicidas y velar porque el 
sector a grícola funcione en condiciones adecuadas, ni siquiera evaluó el riesgo 
que, eventualmente, podría recaer sobre la población colombiana derivado del 
consum o de los  productos con sustancias peligrosas para la vida y la salud. 
Con todo, el ICA incumplió la C onstitución, su objeto y las normas que le 
rigen.  Por ejemplo, e n el artículo 5  del Decreto 4765 de 2008 , se establece que 
el ICA tiene como objeto : 
 
“(…) contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 
mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 
químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 
administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, 
con el fin de prote ger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar 
las condiciones del comercio”104. 
 
122. Asimismo, la Decisión 804 de la CAN dispone que a la ANC le 
corresponde verificar que los plaguicidas químicos de uso agrícola autorizados 
representen un r iesgo mínimo para la salud y el medio ambiente. Según esa 
normativa, el ejercicio de las atribuciones del ICA como ANC está circunscrito 
al constante monitoreo y evaluación de que los productos cumplan con los 
criterios, métodos y protocolos exigidos en ca da Estado . Además, debe 
verificar que aquellos se ajusten a los estándares mundialmente aceptados por 
los organismos internacionales de referencia (i.e. la FAO, la OMS, la EPA, la 
EFSA, entre otras ) según los  artículos 13 y 15 de la Decisión 804 de la CAN.  
 
123. La Decisión 804 autoriza al ICA a suspender de oficio la vigencia de un 
registro cuando existan razones fundadas en criterios técnicos y científicos de 
índole agrícola, ambiental o de salud . También  cuando exista evidencia 
técnico -científica de que el pr oducto es ineficaz o perjudicial para alguno de 
los usos agrícolas aprobados.  
 
                                                 
104 Decreto 4765 de 2008 (artículo 5).   
 124. Lo anterior indica que el ICA tenía el deber mínimo de diligencia que 
consiste en permanecer vigilante frente al desempeño de los  plaguicidas 
químicos de uso agrícola , principal mente cuando aquellas podrían suponer un 
riesgo para la salud. Esto quiere decir que , en ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y monitoreo que le fueron asignadas, al ICA le 
correspondía consultar los estándares mundiales y los criterios ace ptados por 
los organismos internacionales para actualizar la política en la materia. Sin 
embargo, omitió hacerlo. No lo hizo de oficio y tampoco cuando inició el 
trámite de esta actuación judicial, pese a que el actor señaló que la EPA y la 
EFSA prohibiero n el uso del CPF . Estas últimas son las autoridades guía en la 
materia, según la Decisión 804 de la CAN.  
 
125. Por el contrario , el ICA reprochó el reclamo del ciudadano. En este 
sentido, señaló que su pretensión de prohibición del CPF no observaba el 
impacto n egativo que podría tener en la producción agropecuaria del país. Esta 
apreciación es equivocada, al menos por dos razones. En primer lugar, la Corte 
no desconoce el impacto que inicialmente podría tener la prohibición del CPF 
en la producción agrícola, per o ello no puede servir de justificación para eludir 
la protección de los derechos fundamentales de la población que se alimenta 
de productos con residuos de CPF. Ante una tensión entre aquellos, en 
aplicación de las normas constitucionales, le correspondía  a la entidad 
inclinarse por la adopción de medidas que satisficieran las garantías superiores. 
Esto significa que el ICA , como ANC, en ejercicio de las funciones asignadas, 
debía emprender acciones para redirigir su política en materia de plaguicidas 
quím icos de uso agrícola y, al meno s, evaluar la posibilidad de sustituir el uso 
del CPF por sustancias menos tóxicas y que respondieran a las necesidades de 
los productores agrícolas.  
 
126. En segundo lugar, el ICA no tuvo en cuenta que , ante el panorama 
mundial d e prohibición de uso del CPF, cerrar la posibilidad de buscar 
sustitutos para los cultivos representaría una limitación para las exportaciones 
de los frutos y vegetales nacionales a lugares como Estados Unidos y la UE. 
Sin lugar a duda , negarse a buscar un a alternativa al uso del CPF tendría como 
consecuencia que esos países se abst uvieran  de importar los productos 
colombianos por no ajustarse a sus estándares, lo cual necesariamente 
impactaría negativamente  en la actividad agrícola, cuya promoción también se 
encuentra a cargo  del ICA.  
 
127. Para la Corte, el ICA incumplió su objeto, las funciones asignadas por 
la norma que le rige como institución y el reglamento comunitario que le aplica 
como ANC en materia de los plaguicidas químicos de uso agrícola . La 
inobservancia de lo que ocurría en el escenario internacional en materia de 
prohibiciones al uso del pesticida CPF, también evidencia el incumplimiento 
de la Constitución, en concreto, del deber de cumplir su misión funcional de 
proteger los derechos fundamentales de los habitantes del territorio nacional.  
 
128. En este punto, este Tribunal encuentra pertinente recordarle a la ANC 
que la salud es un derecho fundamental y que existen instrumentos 
internacionales , como el PIDESC, la Declaración de Río, el Con venio de 
Estocolmo y la Observación 14 de CIDESC, que vinculan su actuación. En  
 virtud de ello, el ICA debía evaluar los riesgos que el uso del CPF tendría para 
la salud humana, especialmente en los NNA . Esto ante el panorama mundial, 
cuya tendencia es la eliminación de las autorizaciones de uso del CPF por los 
graves riesgos que representa para la vida humana.  
 
129. En concreto, la Sala no pasa por alto que los estudios consultados 
evidencian el riesgo del uso del CPF en la salud de los niños y niñas. Esto 
indica que el reproche es aún mayor bajo la perspectiva del principio 
constitucional del interés superior del menor.  
 
130. Las omisiones del ICA autorizan la intervención de esta corporación 
para que, en aplicación del principio de precaución en salud, se adopten  los 
correctivos necesarios para salvaguardar la salud de los NNA  y, en general, de 
las personas que habitan en el territorio nacional.  
 
La Corte aplicará el principio de precaución en salud y concederá el 
amparo de los derechos a la vida digna y la salud de los NNA  y de la 
población colombiana  
 
131. Según se constató en sede de revisión, el CPF está registrado para cerca 
de veintinueve productos agrícolas (i.e. el aguacate, algodón, arroz, banano, 
cacao, café, ciprés, eucalipto, habichuela, hortalizas, lima, limón, maíz, 
mandarina, naranja, papa, papa ya, pastos, pino, plátano, pompón, rosa, sorgo, 
tangelo, tomate, toronja y yuca, entre otros). Para la Corte, esto significa que 
todas las personas (adultos y NNA ) están expuestas al consumo de productos 
con residuos de CPF.  
 
132. La Corte revisó los estudios d e la EPA y la EFSA . Según estos, la 
bioacumulación del CPF en el agua, en el aire y en el suelo ha evidenciado la 
afectación a la salud y la vida humana. De acuerdo con aquellos estudios, la 
exposición crónica al CPF puede causar la inhibición de la coline sterasa en los 
humanos. En consecuencia, se genera una sobreestimulación en el sistema 
nervioso causando malestares (i.e. náuseas, mareos y confusión). También  se 
han reseñado la incidencia en el  desarrollo de enfermedades como cáncer, 
diabetes o párkinson . Según la EFSA y la EPA, la exposición aguda al CPF 
puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria e, incluso, 
la muerte. La exposición prenatal , perinatal y posnatal, según la EFSA y la 
EPA, presenta resultados adversos en el desarro llo neurológico de los NNA  
(i.e. cambios en la morfología cerebral, retrasos en las funciones cognitivas y 
motoras, déficit de atención y temblores). Esto porque , según las 
investigaciones consultadas por la Corte, los NNA  absorben rápidamente la 
molécula y esto impacta en su crecimiento y desarrollo.  
 
133. Para la UE, el potencial de bioacumulación del CPF genera toxicidad en 
los seres humanos y en el medio ambiente, por lo que se considera probable 
que el uso de este  produzca efectos adversos significativos pa ra la salud. Por 
ello, se encuentra en trámite la inclusión de este pesticida en la lista de 
sustancias prohibidas del Convenio de Estocolmo.  
  
 134. En suma, aun cuando no existe la certeza científica, la Corte cuenta con 
un alto estándar para concluir que la exposición al CPF genera afectaciones a 
la salud y la vida humana, principalmente, en los NNA. Por lo anterior, es 
necesario que la Corte adopte medidas encaminadas a proteger a los 
ciudadanos de los riesgos que genera el uso de este p esticida. Esto de 
conformidad con los estándares internacionales de protección de la salud como 
derecho humano y, especialmente, del deber de protección reforzada de los 
NNA  ante el riesgo por la exposición a agentes tóxicos  que fueron indicados 
en esta pr ovidencia . 
 
135. Este Tribunal encuentra que la autorización de uso del CPF amenaza la 
salud de las personas en un sentido amplio, es decir, el derecho de los 
individuos a llevar una vida saludable para lograr su proyecto de vida. Para la 
Corte , es necesario ad optar medidas para proteger a las personas del riesgo de 
consumir sustancias tóxicas que pueden disminuir su calidad de vida.  
 
136. En consecuencia, la Corte dará aplicación al principio de precaución en 
salud. Para ello, agotará los pasos establecidos por la j urisprudencia 
constitucional. Estos están referidos a, primero, la existencia del riesgo. 
Segundo, el grado de certeza sobre el riesgo y la confiabilidad de la evidencia 
científica asociada. Tercero, la magnitud del riesgo. Cuarto, la respuesta 
regulatoria  adoptada por las autoridades competentes. Quinto, el cumplimiento 
de las regulaciones existentes y otras consideraciones de relevancia 
constitucional105.  
 
137. En primer lugar, en esta providencia quedó constatada la existencia del 
riesgo. Esto porque hay evidencia de que la exposición de las personas y, 
principalmente, de los NNA  al CPF, supone un riesgo para la salud y la vida 
humana.  Según los estudios mencion ados, el CFP es un COP persistente, por 
lo que permanece en los productos tratados con la molécula y, además, se aloja 
en las aguas y los suelos durante periodos largos ; lo que hace que , aun cuando 
su uso esté reservado para ciertos lugares, las concentrac iones del mismo están 
presentes en el ambiente . Esto  deriva en que las personas están en un riesgo 
permanente de exposición crónica o aguda, con las implicaciones que ello tiene 
para la salud.  
 
138. En segundo lugar, este Tribunal cuenta con un grado de certeza  sobre el 
riesgo . Tal como se referenció líneas atrás, existen estudios que indican que la 
exposición crónica y aguda al CPF genera afectaciones neurológicas en los 
NNA  y en los adultos. La evidencia científica es confiable  porque se trata de 
organismos , como la OMS, la EPA y la EFSA, todos ellos autorizados en la 
materia según la decisión Andina 804 de la CAN.  
 
139. En tercer lugar, la Corte encuentra que se acreditó la magnitud del 
riesgo. Los estudios consultados evidencian que el CPF no solo se encuentra 
en los productos tratados con esa molécula, sino que sus residuos tóxicos 
permanecen en el ambiente. Todo lo anterior favorece que las personas y, 
                                                 
105 Sentencias T -614 de 2019 y T -236 de 2017.   
 especialmente, los NNA , estén expuestos a esta sustancia  y a los graves 
impactos que se han evidenciado en la vi da y salud humana.  
 
140. En cuarto y quinto lugar, este Tribunal observa que la respuesta 
regulatoria adoptada por las autoridades competentes no se ha actualizado a los 
nuevos estándares internacionales, sino que se limita a continuar tramitando 
los registros de plaguicidas químicos de uso agrícola bajo los reglamentos 
existentes . Estos  admiten el CPF como una sustancia tolerable y no altamente 
tóxica. Es decir, el ICA se guía por los conceptos toxicológicos y ambientales 
que expiden el INS y la ANLA bajo los e stándares del Manual Técnico de la 
CAN, sin consultar lo que se ha decidido en otros escenarios , como la UE y los 
Estados Unidos  y en clara omisión de la evidencia científica sobre la materia . 
 
141. Ante este panorama, se activa para el ICA la obligación de ado ptar las 
medidas suficientes que prevengan que ocurra un daño irreparable en la salud y 
vida de las personas y los NNA . Esto último en atención al deber de protección 
reforzada que existe sobre el derecho a la salud de los NNA , en aplicación del 
principio de interés superior del menor.  
 
142. En consecuencia, la Sala Octava concederá el amparo de los derechos a 
de la  parte actora y de los NNA  del territorio nacional, en aplicación del 
principio de precaución en salud, frente a la amenaza de causar un grave 
perjuicio en la salud de aquellos.  
 
Órdenes a impartir  
 
143. En atención a las reglas expuestas en la Decisión 80 4 de la CAN, la Sala 
Octava de Revisión le ordenará al ICA (como ANC en materia agropecuaria ), 
en primer lugar,  que adopte las medidas administrativas necesarias para 
suspender de manera inmediata la comercialización de productos químicos 
agropecuarios con el componente activo  clorpirifós.  En segundo lugar, la Corte 
le ordenara al ICA que, en el plazo máximo de seis meses, adopte las medidas 
administrativas necesarias para eliminar de manera definitiva el  uso del CPF. 
Para cumplir estas órdenes, el ICA tend rá que implementar las acciones que 
permitan una transición hacia la sustitución del pesticida. Esto con el fin de 
disminuir el impacto negativo que la prohibición inmediata de uso podría tener 
en la economía.  
 
144. El cumplimiento de las órdenes dictadas tendrá el acompañamiento del 
Ministerio de Salud , en aplicación de los principios de coordinación y 
concurrencia . Lo anterior,  teniendo en cuenta las funciones legales asignadas a 
esa cartera en materia de dirección de la política pública del sector  salud,  
conforme  a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y el Decreto 4107 de 2011.  Al 
tiempo, la Corte dispondrá que la Procuraduría General de la Nación  y la 
Defensoría del Pueblo  vigile n el cumplimiento de esta s órdenes y le rindan 
informes semestrales al juez de  primera instancia . 
 
VI. DECISIÓN  
  
 En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución 
Política,  
 
RESUELVE  
 
 
Primero. LEVANTAR  la suspensión de términos decretada mediante Auto 
541 de 2022.  
 
Segundo. REVOCAR  las Sentencia s del 3 de septiembre de 2021 y del 13 de 
octubre de 2021, proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con 
Función de Conocimiento de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Bogotá que, en primera y segunda instancia, respectivamente, que declar aron 
improcedente la acción de tutela que instauró el señor Luis Domingo Gómez 
Maldonado, en representación de su hija, Valeria Gómez del Río, y como 
agente oficioso de las niñas y niños del territorio colombiano. En su lugar, 
CONCEDER la protección de l derecho fundamental a la salud de l accionante, 
de la niña Valeria Gómez del Río y de las niñas y niños del territorio 
colombiano . 
 
Tercero . ORDENARLE al Instituto Colombiano Agropecuario  (ICA) que: (i) 
una vez sea notificada de esta decisión, adopte las medidas administrativas 
necesarias para suspender de manera inmediata  la comercialización de 
productos químicos agropecuarios con el componente activo  clorpirifós.  (ii) 
En el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de esta 
provide ncia, adopte las medidas administrativas necesarias para eliminar de 
manera definitiva el uso del clorpirifós . Para cumplir estas órdenes, el ICA 
tendrá que implementar las acciones que permitan una transición hacia la 
sustitución del pesticida. Esto con e l fin de disminuir el impacto negativo que 
la prohibición inmediata de uso podría tener en la economía.  
 
Cuarto . ORDENARLE al Ministerio de Salud que, en aplicación de los 
principios de coordinación y concurrencia, acompañe al  Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) en el cumplimiento de las órdenes dictadas en este fallo.  
Sobre lo anterior, tendrá que rendirle informes semestrales al juez de primera 
instancia.  
 
Quinto . SOLICITARLE a la Procuraduría General de la Nación y a la 
Defensoría del Pueblo que vigile n el cumplimiento de esta sentencia.  Sobre lo 
anterior, tendrán que rendirle informes semestrales al juez de primera instancia.  
 
Sexto . LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones de que trata el 
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase . 
  
 
 
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS  
Magistrado  
  
  
 
NATALIA ÁNGEL CABO  
Magistrada  
 
 
 
DIANA FAJARDO RIVERA  
Magistrada  
 
 
 
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ  
Secretaria General