ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  TN/RL/W/228 
11 de abril de 2008 
 
 (08-1640) 
Grupo de Negociación sobre las Normas Original:   inglés 
  
 
DOCUMENTO NO OFICIAL EN EL QUE SE OFRECE UNA VISIÓN 
GENERAL DE LOS PRINCIPALES PUNTOS PLANTEADOS EN 
LAS SESIONES INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL 
GRUPO DE GINEBRA DE PAÍSES EN DESARROLLO DEL 
COMMONWEALTH Y EL GRUPO DE ESTADOS ACP 
SOBRE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIONES 
DEL ACUERDO ANTIDUMPING  
 
Comunicación de Trinidad y Tabago
 
 
 
 La siguiente comunicación, de fecha 5 de ma rzo de 2008, se distribuye a petición de la 
delegación de Trinidad y Tabago en nombre de lo s Miembros del Grupo de Ginebra de países en 
desarrollo del Commonwealth.    
_______________ 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 El Grupo de Ginebra de países en desarrollo del Commonwealth y el Grupo de Estados ACP, 
a petición de las delegaciones de sus países Miembros, organizaron c onjuntamente reuniones 
especiales para informar a esas delegaciones sobre las propuestas de modificación del Acuerdo 
Antidumping que había sugerido el Presidente de l Grupo de Negociación sobre las Normas en los 
proyectos de textos jurídicos distribuidos por él  (TN/RL/W/213, 30 de noviembre de 2007).  El 
principal objetivo de estas reuniones, celebradas los días 18 de enero y 8 de febrero de 2008, era 
lograr que las delegaciones de lo s Miembros comprendieran mejor las cuestiones objeto de examen en 
el Grupo de Negociación, en particular las delegaciones que hasta entonces no habían podido 
participar activamente en las negociaciones en esta esfera, explicándoles en los términos más sencillos 
posibles las complejas normas del Acuerdo, las razones por las que algunas delegaciones habían 
sugerido que se modificaran las normas, la posición que otras delegaciones habían adoptado sobre las 
modificaciones propuestas y la repercusión que la aceptación de las modificaciones podía tener en la 
aplicación de las normas.  Estas sesiones informativ as fueron impartidas por el Asesor Multilateral del 
Commonwealth y por especialistas
1 procedentes de las delegaciones de países Miembros de ambos 
Grupos que participan activamente en las negociaciones que se cel ebran en esta esfera.2  Tras las 
exposiciones de los especialista s hubo un breve debate e intercambi o de opiniones sobre el enfoque 
que podían adoptar los Miembros de los dos Grupos respecto de las siguientes propuestas de modificaciones, que en la primera sesión habían sido identificadas como importantes para los 
                                                     
 
1 En las sesiones informativas, los especialistas expresaron sus opiniones a título personal. 
2 Los especialistas que impartieron las sesiones info rmativas fueron el Sr. Vinod Rege, Asesor de 
Comercio Multilateral, Grupo de Ginebra de países en desarrollo del Commonwealth;  el Dr. Krishna Gupta, 
Consejero de la Misión de la India;  la Sra. Anne Kamau, Primera Secretaria, Misión de Kenya;  y el 
Sr. Desmond Tay, Primer Secr etario, Misión de Singapur. TN/RL/W/228 
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  intereses comerciales de los países Miembros y para la aplicación por ellos de las normas del 
Acuerdo:   
• ampliación del trato especial y diferen ciado para los países en desarrollo;   
 • utilización de la reducción a cero en el cálculo de los márgenes de dumping;   
 • norma del derecho inferior e interés público;   
 • antielusión;  y 
 • duración de los derechos antidumping.   
 Además, los debates se celebraron teniendo presente  la conveniencia de  añadir al Acuerdo 
una disposición que previera un examen general de  éste una vez transcurrido un período de cinco 
años desde la entrada en vigor de las disposiciones modificadas.  
 Compartieron la presidencia de estas reuniones el Sr. Dennis Francis, Embajador de Trinidad 
y Tabago, Presidente del Grupo de Ginebra de países  en desarrollo del Commonwealth, y la Sra. Gail 
Mathurin, Embajadora de Jamaica, Pres identa del Grupo de Estados ACP.   
 El presente documento no oficial ofrece en la  siguiente sección una visión general de los 
principales puntos planteados en los debates que tuvieron lugar en las dos reuniones y de las 
sugerencias provisionales que se hicieron con respecto  al enfoque frente a las cuestiones enumeradas 
supra  cuya adopción podían considerar los Miembros de los dos Grupos.   
 Es preciso hacer hincapié en que este documento  no oficial tan sólo ofrece una sinopsis de 
los puntos planteados en los documentos de ant ecedentes preparados para las reuniones y de las 
opiniones expresadas por los especialistas y los pa rticipantes.  Aunque estas opiniones parecen 
contar con un amplio apoyo por par te de las delegaciones de los países Miembros de los dos Grupos 
que participaron en las dos reuniones, de ningún modo debería interpretarse que limitan el derecho 
de esas delegaciones o el de otras delegaciones Mi embros que integran los dos grupos a adoptar, si 
así lo desean, cualquier posición negociadora difere nte de la expuesta en el presente documento no 
oficial.   
II. VISIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPALES PUNTOS EXAMINADOS Y DE LAS 
OPINIONES EXPRESADAS EN LAS DOS REUNIONES ESPECIALES 
 La presente sección está organizada del siguiente modo.  En primer lugar se facilita, respecto 
de cada una de las propuestas de modificaciones de las normas enumeradas supra , una breve 
descripción de las modificaciones que se proponen.  A continuación se describen las sugerencias 
provisionales consideradas en relación con el enf oque que podría adoptarse en las negociaciones sobre 
las propuestas de modificaciones, que fueron examinadas en las dos reuniones.  
1. Ampliación del trato especial y difere nciado para los pa íses en desarrollo 
 La propuesta de Kenya sobre la ampliación del trato especial y diferenciado, presentada al 
Grupo de Negociación sobre las Normas el 27 de j unio de 2007, cuenta en la actualidad con un 
amplio grado de apoyo por parte de los países en desarrollo pertenecientes al Grupo de Ginebra de 
países en desarrollo del Commonwealth y de los pert enecientes al Grupo ACP y al Grupo Africano.  
Tras la celebración de las sesiones informativas , se presentó al Grupo de Negociación sobre las 
Normas una propuesta revisada que contenía un texto de carácter jurídico en el se que proponía la aclaración de las normas del artículo 15, sobre los "países en desarrollo", del Acuerdo Antidumping.  
La propuesta sugiere, entre otras cosas, lo siguiente:   
 • Las disposiciones del párrafo 6 del artícu lo 5 del Acuerdo Antidumping, que prevén, 
"en circunstancias especiales", la posibilidad de apartarse de la norma del Acuerdo en  TN/RL/W/228 
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  virtud de la cual la solicitud de percep ción de derechos antidumping debe ser hecha 
por la rama de producción o en nombre de ella, y que autoriza a los gobiernos a solicitar a las autoridades investigadoras que inicien investigaciones, se aplican en los 
países en desarrollo cuando las ramas de  producción afectadas tropiezan con graves 
dificultades para:   
  - reunir información sobre el volumen de las importaciones y sus precios, los 
precios de exportación y los precios apli cados en los mercados internos del 
país exportador;  y 
  - establecer la "legitimación" para so licitar investigaciones demostrando, entre 
otras cosas, que la solicitud cuenta con el apoyo de los productores que 
representan al menos el 25 por ciento de la producción total.   
 • Habida cuenta de estas circunstancias y para ayudar a las ramas de producción que 
aleguen que el aumento de las importaci ones causa daño a la rama de producción 
nacional a reunir información sobre el volumen de las importaciones y sus precios, 
debería reconocerse a los gobiernos de estos países la facultad de someter a vigilancia 
las importaciones de los productos que supuestamente sean objeto de dumping.   
 • Dicha vigilancia podría ejercerse intr oduciendo un régimen de licencias automáticas 
con arreglo al cual los importadores estuvieran obligados a declarar, en su solicitud de licencia, el precio de importación y el  precio de venta del exportador en su 
mercado interno.   
 • Estas licencias se expedirían automática mente dentro de un plazo de 15 días de 
conformidad con lo dispuesto en el Acue rdo sobre Licencias de Importación y no se 
utilizarán con fines restrictivos.   
 • El texto de carácter jurídico identifi ca además las esferas en que los países en 
desarrollo necesitarían asistencia técnica.   
 • Asimismo sugiere que, transcurrido un pl azo convenido especificado de cinco años, 
deberían examinarse las disposiciones del ar tículo con el fin de considerar si es 
necesario introducir mejoras en ellas, teniendo en cuenta la experiencia de los países 
en desarrollo en la aplicación del Acuerdo.   
2. Utilización de la reducción a cero en el cálculo de los márgenes de dumping 
 El Acuerdo Antidumping establece que el margen de dumping sobre cuya base se determina 
la cuantía del derecho antidumping que ha de pa gar un exportador debe calcularse comparando el 
precio de exportación del producto objeto de dumping investigado con el precio de dicho producto en 
el mercado interno.  Algunos países desarrollados qu e han hecho un uso consider able de los derechos 
antidumping han recurrido tradicionalmente a la práctica conocida como "reducción a cero" al calcular los márgenes de dumping. 
 La reducción a cero es la práctica con arreglo a la cual las autoridades investigadoras, a pesar 
de realizar múltiples comparaciones del precio de exportación con el precio en el mercado interno, 
tienen en cuenta sólo las transacciones cuyo margen  es positivo (es decir, las transacciones en las que 
el precio de exportación es menor que el precio en el mercado interno) e ignoran o tratan como cero las transacciones cuyo margen es negativo (es d ecir, las transacciones en las que el precio de 
exportación es superior al precio en el mercado inte rno).  La práctica de la reducción a cero lleva a TN/RL/W/228 
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  determinar márgenes de dumping más elevados y, en consecuencia, a imponer cuantías de derechos 
antidumping más elevadas.   
 El Órgano de Apelación ha declarado que las disposiciones del Acuerdo no permiten la 
práctica de la reducción a cero ni en las investigaci ones iniciales ni en los exámenes posteriores.  Sin 
embargo, el texto del Presidente prohíbe la utiliz ación de la reducción a cero en las investigaciones 
iniciales únicamente si el margen de dumping se calcula comparando el precio de exportación y el 
precio en el mercado interno sobre la base de una  comparación entre promedios ponderados, y no si se 
hace mediante los otros dos métodos previstos en  el Acuerdo para determinar los márgenes de 
dumping.  También permite utilizar la reducci ón a cero en los exámenes que se realizan 
posteriormente, con indepe ndencia del método de comparación que se emplee.   
 Alrededor de 20 países desarrollados y en d esarrollo han indicado hasta la fecha que el 
proyecto de texto no es equilibrado, fundamentalmente  porque legaliza la práctica de la "reducción a 
cero".  Además, éstos y otros Miembros han pro puesto textos alternativos al propuesto por el 
Presidente sobre la cuestión de la reducción a cero.   
 Los únicos que se oponen constantemente a la a dopción de la norma por la que se prohíbe la 
utilización de la reducción a cero son los Estados Uni dos, que han sostenido que  no podrían acordar la 
modificación de sus prácticas de reducción a cero en esta ronda de negociaciones.  El Congreso de los 
Estados Unidos también se ha opu esto firmemente a que se ponga fin a la aplicación de la reducción a 
cero en la determinación de los márgenes de dumping.   
 Los países desarrollados que practican la reducción a cero en circunstancias muy limitadas, 
como los países de la UE y el Canadá, parecen dispuestos a acabar con dicha práctica si hubiera un 
consenso general sobre la necesidad de prohibirla.   
 Dado que la mayoría de los países en desa rrollo que participaban activamente en las 
negociaciones en esta esfera insistían en la prohibici ón de la práctica de la reducción a cero, y que la 
mayoría de los países desarrollados estaban dispuestos a llevar adelante la propuesta, los participantes parecían apoyar en general la opinión de que quizá fuera deseable que los Miembros 
del Grupo ACP, los países en desarrollo del Co mmonwealth y las economías pequeñas y vulnerables 
consideraran la posibilidad de expresar también su  apoyo a la inclusión en el Acuerdo de la 
disposición por la que se prohíbe la utilización de la práctica de la reducción a cero tanto en las 
investigaciones iniciales como en  los exámenes posteriores.   
3. Aplicación de las normas del derecho inferior 
 El Acuerdo Antidumping dispone que el establ ecimiento de derechos antidumping debería ser 
facultativo y recomienda que, una vez recibido el info rme de las autoridades investigadoras, los países 
examinen a "nivel político" si deben o no percibirse derechos antidumping, y, en caso afirmativo, si 
debe imponerse un derecho inferior al recomendado por las autoridades investigadoras en caso de que 
sea suficiente para hacer frente al daño a la rama de producción nacional.   
 Estas disposiciones sobre la aplicación del de recho inferior tienen actualmente carácter 
recomendatorio.  La India, el Brasil y el Japón ha n propuesto, conjuntamente y por separado, que la 
norma pase a ser obligatoria.  Hay división de opiniones entre los participantes en cuanto a si la norma 
debería convertirse en obligatoria.  Los Estados Unidos  en particular han expresado fuertes reservas.   
 El texto del Presidente elimina las disposiciones con arreglo a las cuales los países deben 
considerar la posibilidad de aplicar el derecho inferior  si basta para hacer frente al daño a la rama de 
producción nacional, por lo que ni siquiera existiría  una disposición recomendatoria o no vinculante 
con arreglo a la cual debería aplicarse el derecho inferior a los efectos de estas consideraciones.   TN/RL/W/228 
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  Al mismo tiempo, el texto trata de imponer la obligación de aplicar el derecho inferior si su aplicación 
se considera necesaria para proteger el interés público (por ejemplo, el interés de los consumidores y los usuarios industriales del producto de que se trate).  Sin embargo, la obligación de aplicar el criterio 
del interés público está sujeta a la salvedad de que  ninguna decisión adoptada en cumplimiento de esa 
obligación podría ser objeto de un procedimiento de  solución de diferencias de la OMC ni podría 
siquiera ser impugnada ante tribunales nacionales.   
 Hay varios países que en general no se han mostrado partidarios de la introducción de las 
disposiciones sobre "interés público" en los términos sugeridos por el Presidente.   
 Los participantes en las sesiones señalaron en  este contexto que actualmente el Acuerdo 
obliga a las autoridades investigadoras a tener en cu enta el interés de los consumidores y de los 
usuarios nacionales (esto es, el interés público) en  la etapa de investigación.  El párrafo 12 del 
artículo 6 del Acuerdo Antidumping obliga concretame nte a las autoridades investigadoras a dar "a 
los usuarios industriales … y a las organizaciones de  consumidores representativas en los casos en los 
que el producto se venda … al por menor, la opor tunidad de facilitar cualquier información que sea 
pertinente para la investigación en relación con el dumping, el daño y la relación de causalidad entre 
uno y otro".   
 En una situación en la que se impusiera a lo s países la obligación de seguir una vez más el 
procedimiento para tener en cuenta el interés púb lico, cuando se examinara a nivel político el informe 
de las autoridades investigadoras podría producir se una duplicación innecesaria y, en opinión de 
muchos analistas, politizarse el proceso de adopci ón de decisiones.  También en la práctica podría 
darse más importancia a los intereses de los consum idores que a los de la rama de producción afectada 
que sufriera pérdidas y a los de los trabajadores que  perdieran su empleo como consecuencia del daño 
causado por las importaciones objeto de dumping.   
 En este contexto, se consideró que quizá fuera deseable que los Miembros de los dos Grupos 
consideraran si podrían adoptar  una posición contraria
 a la inclusión en el Acuerdo de disposiciones 
que obligaran a los países a tener en cuenta c onsideraciones de "interés público" cuando se tomaran 
a nivel político decisiones sobre la aplicación de derechos antidumping y sus niveles.   
 Al mismo tiempo sería deseable que los países Mi embros de ambos Grupos  insistieran en la 
reintroducción de las disposiciones suprimidas por el Presidente en las que se recomienda la 
aplicación de la norma del derec ho inferior cuando se considere que éste basta para hacer frente al 
daño a la rama de producción.  Sin embargo, la decisi ón de si la disposición relativa a la aplicación 
de la norma del derecho inferior debe o no pas ar a ser obligatoria debería ser adoptada por cada 
país Miembro teniendo en cuenta si actualmente te ndría la capacidad para calcular por separado, al 
calcular los márgenes de dumping a fin de determinar  el derecho definitivo, el derecho inferior que 
podría aplicarse sobre la base de los "crit erios" que pueden adoptarse a tal efecto.   
4. Inclusión de disposiciones antielusión en el Acuerdo Antidumping 
 Los exportadores cuyas exportaciones estén suje tas a derechos antidumping pueden eludir el 
pago de esos derechos expidiendo el producto en part es, expidiendo las partes a un tercer país para su 
montaje o exportando el producto en una forma ligeramente modificada.   
 La propuesta de que se incluyan en el Acuerdo disposiciones que impidan a los países eludir 
con esas prácticas la aplicación de derechos antidum ping fue examinada en la Ronda Uruguay y, tras 
su conclusión, en el marco de la labor del Com ité de Prácticas Antidumping.  Sin embargo, estas 
negociaciones no produjeron resultados concluyentes.   TN/RL/W/228 
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   El texto del Presidente sugiere que se añad a al Acuerdo una nueva disposición:  el 
artículo 9 bis, contra la elusión.  El texto sugerido contiene disposiciones muy similares a las 
propuestas en el texto Dunkel durante la R onda Uruguay de negociaciones y que entonces no 
pudieron concitar consenso porque había una  gran diferencia de opiniones.   
 Las opiniones de los participantes en el Grupo de Negociación siguen estando muy divididas 
por lo que respecta a la conveniencia de incluir esas disposiciones.  Un gran número de países, entre 
ellos muchos países en desarrollo, consideran que la incorporación al Acuerdo Antidumping de las 
disposiciones antielusión podría llevar a un acoso innecesario a los exportadores.  También en la 
práctica, sería difícil distinguir entre las situacion es en que la empresa exportadora se encargara de la 
producción, pero el montaje se realizara en un tercer país con el fin de eludir el pago de derechos 
antidumping y las situaciones en que la empresa adopt ara la decisión de deslocalizar la producción a 
otro país por razones económicas y comerciales, por ejemplo costos de producción o transporte 
inferiores.  La introducción de una disposición de esta índole, dado que  entrañaría la amenaza de que 
los derechos antidumping se impusieran también a los productos de esas empresas, también podría 
afectar a largo plazo al flujo de las corrientes de inversión hacia los países en desarrollo.   
 Se indicó que, por estas razones, vari as delegaciones estaban presionando para que se 
eliminara del texto del Presidente el artículo anti elusión propuesto.  Recientemente, China, el 
Pakistán y Hong Kong han presentado un documento en  el Grupo de Negociación sobre las Normas 
por el que solicitan al Presidente que elimine el ar tículo de su texto.  Los participantes en las dos 
sesiones consideraron que, teniendo en cuenta estas  preocupaciones -expresadas por muchos países, 
en desarrollo y otros países-, qui zá fuera conveniente que analizar an si debían apoyar también la 
solicitud de que no
 se incluyeran las disposiciones antielusión.   
5. Duración de las medidas antidumping 
 El Acuerdo Antidumping dispone  que todo derecho antidumping debe suprimirse cinco años 
después de la fecha de su imposición, salvo que en  un examen realizado antes de que expire ese plazo 
se determine que la supresión del derecho daría lugar a la continu ación o la repetición del daño o del 
dumping.   
 En la práctica, estos exámenes, conocidos como exámenes por extinción, se utilizan a menudo 
para asegurar el mantenimiento de los derechos  por un período adicional.  En algunos países estos 
derechos se han aplicado durante más de 20 años.   
 El texto del Presidente pretende reforzar la di sciplina aplicable a la iniciación y realización de 
los exámenes por extinción y establece que los dere chos antidumping deben supr imirse dentro de un 
plazo de 10 años contados desde la fecha de su imposición.   
 Hay división de opiniones en cuanto a si de bería fijarse un plazo pa ra la supresión de los 
derechos antidumping.  También ha y diferentes opiniones por lo que se refiere a la duración de ese 
plazo.  Algunos preferirían plazos más breves, de 5 a 8 años, en lugar de 10 años.  Sin embargo, 
parece que la mayoría de los países en desarrollo está a favor de que se especifique un plazo para la 
supresión de esos derechos.   
 La opinión general de los participantes en las sesiones fue que sería conveniente que los 
Miembros de ambos Grupos cons ideraran si deseaban expresar su apoyo a la propuesta recogida en 
el texto del Presidente de que se acuerde un pl azo respecto de la duración de tales medidas.    TN/RL/W/228 
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  6. Inclusión en el Acuerdo de disposiciones que prevean un examen general de sus normas 
al cabo de cinco años 
 Se señaló que era obligado reconocer que un gran número de países en desarrollo y menos 
adelantados y de pequeñas economías hasta la fecha no  había podido participar de manera efectiva en 
las negociaciones de esta Ronda en las esferas de elaboración de normas.  Aun cuando ahora, en la 
última etapa, podrían hacer esfuerzos por mostra r un interés activo en la evolución de las 
negociaciones, era previsible que en la mayoría de las esferas de elaboración de normas, como las medidas antidumping y otras medidas correctivas comerciales, su participación distara mucho de ser efectiva ya que, debido a limitaciones financieras, no habían podido incluir en sus delegaciones a 
funcionarios con conocimientos especi alizados y experiencia en esas esfe ras.  Varios de estos países 
también carecían de experiencia en la aplicación de las normas en esferas tales como las medidas 
antidumping y compensatorias, por cuanto hasta la fecha no habían podido establecer el marco 
jurídico e institucional necesario para la imposición de medidas antidumping.   
 Esto planteaba la cuestión de si redundaría en el interés de estos países, y en el interés general 
del sistema de la OMC en su conjunto, sugerir que el Acuerdo propuesto previera que sería objeto de 
un examen general cinco años después de que entrar a en vigor.  A este respecto, en la reunión se 
indicó que, al analizar más a fondo esta cuestión, habr ía que tener en cuenta los siguientes factores.   
 • Algunos Acuerdos de la OMC contenían dis posiciones que preveían la realización de 
un examen general sobre la base de la expe riencia adquirida en su aplicación.  El 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al  Comercio, por ejemplo, prevé que, 
transcurridos los cinco primeros años, será objeto de un examen general con miras a 
evaluar la necesidad de introducir cambios en sus normas.   
 • Cada vez estaba más extendida  entre los economistas y expertos jurídicos la opinión 
de que varios de los Acuerdos de la OMC negociados en la Ronda Uruguay 
planteaban problemas de aplicación a los pa íses en desarrollo porque habían sido 
adoptados sin la participación efectiva de esos países.   
 • Algunas propuestas de que se examinaran determinados aspectos de las normas ya 
figuraban en el texto del Presidente o habían sido hechas con miras a su inclusión en 
el Acuerdo Antidumping.  El Anexo III, que  el Presidente ha propuesto que se añada 
al Acuerdo y que establece procedimientos pa ra la realización de exámenes separados 
de los sistemas y prácticas antidumping de los distintos países, prevé el examen de 
esos procedimientos al cabo de cinco años, con el fin de determinar la necesidad de 
introducir cambios o modificaciones en ellos.  Del mismo modo, los países pertenecientes al Grupo ACP y al Grupo Africano que han sugerido una profunda 
revisión del artículo 15 relativo a los "países en desarrollo" han propuesto que, 
transcurridos cinco años, se examinen sus disposiciones con miras a evaluar la 
necesidad de introducir cambios en las normas relativas a la ampliación del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y en la prestación de asistencia técnica.   
 • Las publicaciones que analizan la evolución de las normas de la OMC en la esfera de 
las prácticas antidumping han puesto de manifiesto que el Acuerdo Antidumping, adoptado en la Ronda Urugua y, supuso principalmente la armonización de las 
prácticas seguidas por los países desarrollados que entonces eran los principales 
usuarios de las medidas antidumping, en par ticular los Estados Unidos y los países de 
la UE.  La participación de los demás países en las negociaciones, principalmente la de los países en desarrollo, fue mínima y distó mucho de ser efectiva, porque entonces no tenían experiencia en la aplicación de las medidas antidumping.  En la TN/RL/W/228 
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  Ronda actual, además de los países desa rrollados, algunos de los países en desarrollo 
que ya han llegado a un nivel superior de desarrollo y han pasado a ser importantes 
usuarios de los derechos antidumping par ticipan activamente en las negociaciones y 
han podido formular propuestas concretas pa ra introducir en las normas mejoras que 
tienen en cuenta las dificultades prácticas con que tropiezan en su aplicación.  Sin 
embargo, debido a la falta de  conocimientos especializados  y de experiencia en la 
aplicación de las medidas antidumping y otras medidas correctivas comerciales, la gran mayoría de los restantes países en d esarrollo no ha podido participar de manera 
efectiva en la actual ronda de negociaciones.   
 • No obstante, en el período posterior a la Ronda de Doha, la mayor ía de estos países 
tendría que recurrir a la aplicación de medidas antidumping u otras medidas 
correctivas comerciales, dado que la flexib ilidad de que disponen para otorgar una 
mayor protección a las industrias afectadas por el aumento de las importaciones se vería considerablemente mermada, porque est arían obligados a consolidar todos sus 
aranceles, tanto en el sector industrial como en el agropecuario.  La mayoría de ellos 
tampoco podría aplicar restricciones cuantita tivas a las importaciones habida cuenta 
de la disciplina del GATT que prohíbe la utilización de restricciones cuantitativas y que tendrían que acatar progresivamente en r azón de su integración gradual en el 
sistema de la OMC.   
 • En consecuencia, un examen del Acuerdo que fuera global (no sólo de las 
disposiciones relativas a los países en desarrollo del artículo 15 revisado, sino 
también de otras disposiciones del Acuerdo)  les permitiría tratar de lograr que se 
introdujeran modificaciones o cambios en  las normas teniendo en cuenta su 
experiencia en la aplicación.   
 • Al examinar más a fondo esta cuestión, debe  tenerse presente que la experiencia en 
relación con la aplicación del Acuerdo An tidumping y otros Acuerdos que se ocupan 
de las medidas correctivas comerciales, como el Acuerdo sobre Salvaguardias, ha puesto de manifiesto que, a falta de un proced imiento para el examen de las normas, 
los países a menudo tratan de lograr mejoras en las normas recurriendo a la 
interpretación jurisdiccional de los grup os especiales y del Órgano de Apelación. 
 • Se calcula que aproximadamente la mitad de los casos planteados ante el Órgano de 
Solución de Diferencias desde que se estableció la OMC están relacionados con 
medidas correctivas comerciales y otras cues tiones referidas a normas.  Al resolver 
estos casos, el Órgano de Apelación, según algunos eminentes expertos juristas, ha rebasado sus funciones y ha creado derecho.
3  El sistema de solución de diferencias 
                                                      
3 Un ejemplo de ello lo ofrece la decisión del Órgano de Apelación en el caso de la reducción a cero.  
La práctica de la reducción a cero, o de ignorar los márg enes negativos, al calcular los márgenes para determinar 
el derecho antidumping definitivo era seguida por los Estados Unidos, la UE y el Canadá incluso antes de la 
Ronda Uruguay.  En la Ronda algunos de los países exportadores habían propuesto que el Acuerdo prohibiera la 
utilización de esta práctica.  Sin em bargo, la propue sta no fue aceptada.  En consecuencia, los países que 
seguían esta práctica supusieron con razón que no estaba prohibido utilizarla, y que el  Acuerdo que se adoptaba 
les permitía aplicarla, si así lo deseaban.  En estas ci rcunstancias, según algunos em inentes juristas, cuando se 
planteó ante el Órgano de Apelación la cuestión de la compatibilidad de esta práctica, lo adecuado habría sido que el Órgano, si consideraba que las normas vigentes no  eran justas y era necesario modificarlas, remitiera la 
cuestión a los órganos legislativos de la OMC, a saber, el Consejo General o la Conferencia Ministerial, para 
que la examinaran.  En cambio, los grupos especiales y el Órgano de Apelación parecen haber hecho caso omiso de la historia de la redacción y haber recurrido a la creación de nuevas normas resolviendo que, a su juicio, el 
Acuerdo no permitía la práctica de la reducción a cero.  [Véase Terence P. Stewart, Amy S. Dwyer y Elisabeth 
H. Hein:  Trends in the Last Decade of Trade Remedy D ecisions:  Problems and Opportunities for the WTO  TN/RL/W/228 
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  de la OMC no atribuye al Órgano de Apel ación el cometido de crear nuevas normas, 
sino que le exige limitarse a interpretar las normas adoptadas por los países Miembros de la OMC en las negociaciones.  Como más del 90 por ciento de los casos planteados en la OMC relacionados con medidas correctivas comerciales se ha resuelto a favor de los reclamantes, en la  actualidad se hace caso omiso del hecho de 
que el Órgano de Apelación rebasa sus funciones.  Desde el punto de vista de los 
países en desarrollo, el procedimiento de obtener reparación, recurriendo a la interpretación jurisdiccional, cuando se considera que las normas no responden a las necesidades tiene también otra grave limit ación:  el costo de plantear un caso en 
la OMC, que a menudo es extremadamente elevado.   
 En esta situación, se consideró que la incl usión de una disposic ión que previera la 
realización de un examen general del Acuerdo Antid umping transcurridos los cinco primeros años y, 
posteriormente, cada cinco años, con miras a analiz ar la necesidad de introducir modificaciones en 
las normas podría en gran medida garantizar que  el sistema siguiera respondiendo a las necesidades 
de todos los países y reducir las fricciones comercial es que en la actualidad generan las diferencias 
planteadas en la OMC.   
 Sin embargo, se consideró que sería necesario asegurar que ninguna propuesta de que se 
realizara un examen tuviera como resultado, en lo s países que actualmente se niegan a modificar sus 
prácticas, el aplazamiento de las negociaciones s obre esas prácticas hasta que se realice el examen 
una vez transcurridos los cinco primeros años.   
__________ 
 
   
                                                                                                                                                                    
 
Dispute Settlement System, Arizona Journal of International and Comparative Law , volumen 24, 1º de 
noviembre de 2007.]