ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS265/33 
WT/DS266/33 
WT/DS283/14 
28 de octubre de 2005 
 (05-4990) 
 Original:   inglés 
  
 
     
 
    
 
  
 
COMUNIDADES EUROPEAS  - SUBVENCIONES A 
LA EXPORTACIÓN DE AZÚCAR 
 
 
 
ARB-2005-3/20 
    
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos 
por los que se rige la solución de diferencias 
 
 
 
    
 
Laudo del Árbitro 
A.V. Ganesan  WT/DS265/33 
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 Página i 
  
 Índice  
Página
 
I. Introducción................................................................................................................... .............1  
II. Argumentos de las partes....................................................................................................... .....3 
A. Comunidades Europeas .................................................................................................3  
B. Partes Reclamantes ........................................................................................................9  
1. Australia ............................................................................................................9  
2. Brasil ...............................................................................................................15  
3. Tailandia..........................................................................................................20  
III. Plazo prudencial............................................................................................................... .........25  
 
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 ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE LAUDO 
Título abreviado Título y referencia completos 
Argentina - Pieles y cueros  Laudo del Árbitro, Argentina - Medidas que afectan a la exportación de 
pieles de bovino y a la importación de cueros acabados - Arbitraje de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS155/10, 
31 de agosto de 2001  
Canadá - Patentes para 
productos farmacéuticos Laudo del Árbitro, Canadá - Protección mediante patente de los 
productos farmacéuticos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) 
del artículo 21 del ESD , WT/DS114/13, 18 de agosto de 2000 
Canadá - Período de protección 
mediante patente Laudo del Árbitro, Canadá - Período de protección mediante patente - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS170/10, 28 de febrero de 2001 
CE - Banano III Laudo del Árbitro, Comunidades Europeas - Régimen para la 
importación, venta y distribución de bananos - Arbitraje de conformidad 
con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS27/15, 7 de enero 
de 1998 
CE - Hormonas Laudo del Árbitro, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la 
carne y los productos cárnicos (hormonas) - Arbitraje de conformidad 
con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS26/15, WT/DS48/13, 
29 de mayo de 1998 
CE - Preferencias arancelarias Laudo del Árbitro, Comunidades Europeas - Condiciones para la 
concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS246/14, 20 de septiembre de 2004 
CE - Subvenciones a la exportación de azúcar Informe del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas - 
Subvenciones a la exportación de azúcar , WT/DS265/AB/R, 
WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R, adoptado el 19 de mayo de 2005 
CE - Subvenciones a la 
exportación de azúcar Informes del Grupo Especial, Comunidades Europeas - Subvenciones a 
la exportación de azúcar , WT/DS265/R ( Australia ), WT/DS266/R 
(Brasil ), WT/DS283/R ( Tailandia ), adoptados el 19 de mayo de 2005, 
modificados por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS265/AB/R, 
WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R 
Chile - Bebidas alcohólicas Laudo del Árbitro, Chile - Impuestos a las bebidas alcohólicas - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS87/15, WT/DS110/14, 23 de mayo de 2000 
Chile - Sistema de bandas de 
precios Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de 
salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas - Arbitraje 
de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS207/13, 17 de marzo de 2003 
Corea - Bebidas alcohólicas Laudo del Árbitro, Corea - Impuestos a las bebidas alcohólicas - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS75/16, WT/DS84/14, 4 de junio de 1999 
Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de 
Derecho de Autor de los Estados Unidos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS160/12, 15 de enero 
de 2001  WT/DS265/33 
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 Título abreviado Título y referencia completos 
Estados Unidos - Exámenes 
por extinción respecto de los 
artículos tubulares para 
campos petrolíferos Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Exámenes por extinción de las 
medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos 
petrolíferos procedentes de la Argentina - Arbitraje de conformidad 
con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS268/12, 7 de junio 
de 2005 
Estados Unidos - Juegos de azar Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro 
transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas - Arbitraje de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS285/13, 
19 de agosto de 2005 
Estados Unidos - Ley de 1916 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 - 
Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS136/11, WT/DS162/14, 28 de febrero de 2001 
Estados Unidos - Ley de 
compensación (Enmienda Byrd) Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación por 
continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , 
WT/DS217/14, WT/DS234/22, 13 de junio de 2003 
Indonesia - Automóviles Laudo del Árbitro, Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la 
industria del automóvil - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD , WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, 
WT/DS64/12, 7 de diciembre de 1998 
 
 
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 O
RGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO  
ÓRGANO DE APELACIÓN  
Comunidades Europeas - Subvenciones 
a la exportación de azúcar 
 
Partes:  
Australia 
Brasil Comunidades Europeas 
Tailandia  ARB-2005-3/20 
 
Árbitros:  A.V. Ganesan 
  
I. Introducción 
1. El 19 de mayo de 2005, el Órgano de Solución de  Diferencias (el "OSD ") adoptó el informe 
del Órgano de Apelación
1 y el informe del Grupo Especial2, modificado por el informe del Órgano de 
apelación, en el asunto Comunidades Europeas - Subvenciones a la exportación de azúcar .3  En una 
reunión del OSD celebrada el 13 de junio de 2005,  las Comunidades Europeas declararon que tenían 
el propósito de cumplir las recomendaciones y r esoluciones del OSD en esta diferencia y que 
necesitarían un plazo prudencial para hacerlo.4 
2. El 9 de agosto de 2005, Australia, el Brasil y Tailandia (las "Partes Reclamantes") informaron 
al OSD de que las consultas celebradas con l as Comunidades Europeas no habían dado lugar a un 
acuerdo sobre el plazo prudencial para la aplicación.  Por lo tanto, las Partes reclamantes solicitaron 
que ese período se determinara mediante arbitraje vinc ulante, de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21 del Entendimiento  relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución 
de diferencias (el "ESD").5 
3. El 30 de agosto de 2005, las Partes Reclaman tes y las Comunidades Europeas me pidieron 
que actuara como árbitro, de conformidad con el  párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, a fin de 
                                                      
1 Informe del Órgano de apelación, WT/DS2 65/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R. 
 
2 Informe del Grupo Especial, WT/DS265/R, WT/DS266/R, WT/DS283/R. 
 
3 WT/DS265/29, WT/DS266/29, WT/DS283/10. 
 
4 WT/DSB/M/191, párrafo 19. 
 
5 WT/DS265/30, WT/DS266/30, WT/DS283/11. 
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 determinar el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
la presente diferencia.  Acepté la designación el 5 de septiembre de 2005
6 y me comprometí a emitir 
mi laudo a más tardar el 1º de noviembre de 2005, fecha que había sido convenida entre las partes. 
4. En una carta dirigida a mí de fecha 6 de septiembre de 2005, las Comunidades Europeas 
formularon determinadas peticiones acerca del orden de presentación de las comunicaciones por las partes;  la asignación de tiempo para la declarac ión inicial de las Comunidades Europeas en la 
audiencia;  y la fecha de distribución del laudo ar bitral.  En una carta de fecha 7 de septiembre 
de 2005
7, se invitó a Australia, el Brasil y Tailandia a presentar sus opiniones sobre las solicitudes de 
las Comunidades Europeas, opiniones que recibí el 12 de septiembre de 2005.8  Respondí a esas 
solicitudes en una carta de fecha 13 de septiembre de 2005, en la que me comprometí a emitir mi 
laudo a más tardar el 28 de octubre de 2005. 
5. El plazo de 90 días a partir de la adopción de los informes del Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación expiró el 17 de agosto de 2005.  Las partes han confirmado que se considerará que mi 
laudo, que se distribuirá a más tardar el 28 de octubr e de 2005, es el laudo del árbitro a los efectos del 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, pese a la e xpiración del plazo de 90 días estipulado en ese 
párrafo. 
6. Las Comunidades Europeas presentaron su comuni cación escrita el 21 de septiembre de 2005;  
las Partes Reclamantes presentaron sus respectivas comunicaciones escritas el 28 de septiembre del 
mismo año.  En una carta de fecha 4 de octubr e de 2005, Tailandia solicitó que se la autorizara a 
introducir una "corrección tipográfica" en su comunicación, añadiendo las palabras "relacionados 
con" a la quinta oración del párrafo 77, en la pági na 23 de su comunicación, para que ésta dijera 
"... 1,5 millones de familias de cultivadores y trabajadores relacionados  con el azúcar".  (sin subrayar 
en el original)  En una carta de fecha 5 de oc tubre de 2005, invité a l as demás partes a formular 
observaciones sobre la solicitud de Tailandia.  Ni nguna de ellas puso objeciones a esa solicitud.  En 
una carta de fecha 7 de octubre de 2005, autori cé a Tailandia a introducir la corrección solicitada en 
su comunicación. 
                                                      
6 WT/DS265/31, WT/DS266/31, WT/DS283/12. 
 
7 Carta del Director de la Secretaría del Órgano de Apelación a las partes, de fecha 7 de septiembre 
de 2005. 
 
8 Carta conjunta de Australia, el Brasil y Tailandia, de fecha 12 de septiembre de 2005. 
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 7. El 10 de octubre de 2005 se celebró una audiencia.  Las partes presentaron argumentos orales 
y respondieron a las preguntas formuladas por mí.  Du rante la audiencia, el Brasil presentó una prueba 
documental adicional, y las Comunidades Europeas presentaron dos.  Australia solicitó que no tuviera 
en cuenta las pruebas documentales adicionales de  las Comunidades Europeas.  Di a las partes la 
oportunidad de que, si lo deseaban, presentaran por escrito observaciones sobre las pruebas documentales en cuestión.  El Brasil y las Com unidades Europeas presentaron sus observaciones el 
día siguiente a la audiencia y facilitaron una copia a las demás partes. 
II. Argumentos de las partes 
A. Comunidades Europeas  
8. Las Comunidades Europeas solicitan que determ ine que el "plazo prudencial" para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia es de 19 meses 
y 12 días contados desde el 19 de mayo de 2005, f echa de la adopción de los informes del Grupo 
Especial y el Órgano de Apelación por el OSD, es decir, un plazo que expirará el 1º de enero 
de 2007.
9 
9. Como principio general fundamental, las Com unidades Europeas ponen de relieve que "el 
Miembro que ha de proceder a la aplicación tiene la  prerrogativa de elegir los medios de aplicación 
[de las recomendaciones y resoluciones de l OSD] que considere más apropiados"10, que "el Miembro 
que ha de proceder a la aplicación tiene derecho a escoger el método que considere más apropiado"11, 
y que "un árbitro no puede prescribir  un método de aplicación determinado"12 ya que "la elección de 
la medida de aplicación ... es prerrogativa del Mi embro que ha de proceder a la aplicación".13 
10. La estimación por las Comunidades Europeas de l "plazo prudencial" necesario para la 
aplicación se basa en los siete conjuntos de "circ unstancias del caso" que se exponen a continuación. 
                                                      
9 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 95. 
 
10 Ibid., párrafos 22 y 36. 
 
11 Declaración de las Comunidades Europeas en la audiencia. 
 
12 Ibid. 
 
13 Ibid. 
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Página 4 
  
 11. En primer lugar, las Comunidades Europeas so stienen que "[l]as medidas que fueron objeto 
del procedimiento del Grupo Especial en que  se basan estas actuaciones figuraban en el 
Reglamento 1260/2001 del Consejo y en los inst rumentos de aplicación de éste e instrumentos 
conexos"
14, y que, por lo tanto, la aplicación en el pr esente asunto exige la adopción de un reglamento 
por el Consejo de la Unión Europea (el "Consej o"), seguida de la adopción de disposiciones 
reglamentarias de aplicación por la Comisión Eur opea (la "Comisión").  Con arreglo al actual 
Reglamento 1260/2001 del Consejo, la Comisión no posee facultades jurídicas para "limitar las 
exportaciones de azúcar C basándose en que esa s exportaciones superan los compromisos de 
reducción".15  Por consiguiente, según la Comunidades Eur opeas, "en la medida en que la Comisión 
no controla las exportaciones de azúcar C, no puede garantizar el cumplimiento de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD".16  Las Comunidades Europeas aducen también que, si se 
negaran a conceder licencias para la exportación de azúcar C, actuarían en forma incompatible con el 
artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 .17 
12. Las Comunidades Europeas sostienen que, incluso si la Comisión tuviera la facultad de 
limitar las exportaciones de azúcar C, esta circuns tancia no sería determin ante a los efectos del 
establecimiento del "plazo prudencial" en la presente  diferencia.  Esto se debe a que las Comunidades 
Europeas, como Miembro que ha de proceder a la aplicación, tienen derecho a elegir el medio de 
aplicación que consideren más apropiado.  Entre lo s "numerosos medios distintos" que tienen a su 
disposición para asegurarse del cumplimiento de  sus compromisos de reducción, las Comunidades 
Europeas pueden escoger legítimamente un método que "actúe sobre los factores subyacentes que, en 
el marco del régimen actual, son causa de las exportaciones subvencionadas, como el nivel de los 
                                                      
14 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 30. 
 
15 Ibid., párrafo 33.  (no se reproduce la nota de pie de página)  El régimen del azúcar de las 
Comunidades Europeas distingue entre el azúcar comprendido en las cuotas y el azúcar no comprendido en las 
cuotas.  El azúcar comprendido en las cuotas se compon e del azúcar A comprendido en las cuotas y el azúcar B 
comprendido en las cuotas.  El azúcar  comprendido en las cuotas es la cantidad máxima de azúcar que tiene 
derecho a la ayuda a los precios internos y a las subvenciones directas a la exportación.  Las cuotas se distribuyen anualmente entre los distintos Estados miembros de las Comunidades Europeas que, a su vez, 
asignan partes de sus cuotas nacionales a diversas empr esas.  El azúcar producido por encima de las cuotas A 
y B se denomina azúcar C;  este azúcar no puede venderse en el mercado interno sino que debe ser exportado.  Sin embargo, una empresa puede decidir "trasladar" el azú car C a la campaña de comercialización siguiente.  En 
ese caso, la empresa no necesita exportar el azúcar C y puede venderlo en el mercado interno durante la 
siguiente campaña de comercialización como azúcar compre ndido en las cuotas.  No obstante, ese traslado del 
azúcar C está sujeto a un límite cuantitativo, que es actualmente del 20 por ciento de la cuota A. 
 
16 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 35. 
 
17 Ibid., párrafo 33;  declaración de las Comunidades Europeas en la audiencia. 
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 precios internos, el volumen de las cuotas de pro ducción o la disponibilidad de otros posibles usos del 
azúcar, en lugar de establecer restricciones sobre las propias exportaciones".
18 
13. El segundo conjunto de circunstancias del caso , según las Comunidades Europeas es que, 
como su régimen del azúcar es "complejo" y "todos sus componentes están ... estrechamente 
relacionados entre sí y son interdependientes"19, consideran que "u[n] método de aplicación que 
abordara las causas estructurales de las exportacion es de azúcar subvencionadas sería el mejor modo 
de alcanzar los objetivos del Acuerdo sobre la Agricultura ... "20, incluso si exigiera un plazo de 
aplicación más largo.  Teniendo esto presente, des pués de una estimación cuidadosa de todas las 
opciones disponibles, la Comisión presentó al Consej o, el 22 de junio de 200 5, una propuesta de un 
nuevo reglamento del Consejo, basado en un enfoque  que tiene la finalidad  de "conservar cierta 
medida de ayuda para los cultivadores de remolacha y los productores de azúcar y reducir al mínimo 
al mismo tiempo la producción de excedentes exportables".21 Según las Comunidades Europeas, el 
legislador comunitario tendrá que concebir un "sistema jurídico completo y coherente"22, pero, 
independientemente de cuál sea la opción concreta que se elija en último término, es "probable" que 
las medidas de aplicación "sean técnicamente complej[as]".23 
14. En tercer lugar, las Comunidades Europeas so stienen que un reglamento  del Consejo por el 
que se revoque, se modifique o se sustituya el actua l Reglamento 1260/2001 del Consejo tendría que 
basarse en los artículos 36 y 37 del Tratado cons titutivo de la Comunidad Europea (el "Tratado de 
la CE").  Por consiguiente, son necesarios los siguientes trámites procesales:  presentación de una propuesta de la Comisión al Consejo;  dictámenes del Parlamento Europeo y del Comité Económico y 
Social Europeo (el "CESE") al Consejo;  consultas c on los países de África, El Caribe y el Pacífico 
(países "ACP") y, por último, adopción del reglamento por el Consejo. 
                                                     
 
18 Ibid., párrafo 36. 
 
19 Ibid., párrafo 40. 
 
20 Ibid., párrafo 41. 
 
21 Ibid., párrafo 43. 
 
22 Ibid., párrafo 45. 
 
23 Ibid. 
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 15. Con arreglo al procedimiento normal, la propuest a de la Comisión de 22 de junio de 2005 será 
examinada por varias comisiones del Parlamento Europeo
24 cuyos informes serán objeto de debate en 
una o varias sesiones plenarias del Parlamento.  Las Comunidades Europeas estiman que el 
Parlamento Europeo tardará en emitir su dictamen por  lo menos seis meses a partir de la recepción de 
la propuesta, es decir, hasta enero de 2006.  Ad emás, aunque los artículos 36 y 37 del Tratado de 
la CE no exigen que se consulte al CESE, este ser á consultado, no obstante,  de conformidad con un 
Protocolo de Cooperación de 2001 que la Comisión y el CESE acordaron aplicar como práctica sistemática en esas cuestiones.  Las Comunidades Europeas calculan que el CESE tardará seis meses 
en emitir su dictamen, es decir, hasta enero de 2006. 
16. Además, en virtud del artículo 12 del Acuerdo de Cotonou entre las Comunidades Europeas y 
los países ACP, las Comunidades Europeas están obligadas a consultar a dichos países cuando se 
proponen adoptar medidas "que puedan afectar  a los intereses de los Estados ACP".
25  P o r  
consiguiente, las Comunidades Europeas han info rmado a los países ACP de la propuesta formulada 
por la Comisión al Consejo y han inic iado un "amplio proceso de consulta".26  Este proceso 
"aumentará la complejidad del debate de las distintas instituciones [comunitarias] interesadas y 
exigirá tiempo adicional".27 
17. En cuanto a la adopción del reglamento por el  Consejo, las Comunidades Europeas sostienen 
que, aunque el Consejo puede iniciar sus deliberaci ones sobre una propuesta de la Comisión mientras 
la están examinando el Parlamento Europeo y el CESE, necesitará tiempo adicional para tomar en 
consideración los dictámenes de esos órganos.  Refiri éndose a la "posible complejidad de las medidas 
de aplicación" y a "precedentes recientes relati vos a legislación agropecuaria similar", las 
Comunidades Europeas estiman que el Consejo neces itará nueve meses para adoptar formalmente el 
reglamento de que se trata, es decir, hasta el final de marzo de 2006.28 
18. Por lo que se refiere a las disposiciones reglamentarias de aplicación, las Comunidades 
Europeas ponen de relieve que la Comisión tendr á que promulgar "un conjunto completo de 
                                                      
24 La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (COMAGRI);  la Comisión de Presupuestos 
(BUDG);  la Comisión de Comercio Internaciona l (INTA) y la Comisión de Desarrollo (DEVE). 
 
25 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 61. 
 
26 Ibid., párrafo 63. 
 
27 Ibid. 
 
28 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 68. 
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 Página 7 
  
 disposiciones reglamentarias [de aplicación] detalladas".
29  Al hacerlo, deberá aplicar un 
"procedimiento[...] basado[...] en la comitología", con arreglo al cual le prestará asistencia un "Comité 
de Gestión" integrado por representantes de los Es tados miembros y presidido por un representante de 
la Comisión.30  Con arreglo a este procedimiento, la Comisión presenta sus propuestas al Comité de 
Gestión, que a su vez emite su dictamen;  si el Comité de Gestión no emite un dictamen o si éste es favorable, la Comisión adopta el reglamento propuesto.  Si el Comité de Gestión emite un dictamen desfavorable, la Comisión adopta, no obstante, el reglamento pero el Consejo puede adoptar una 
decisión distinta de la adoptada por la Comisión dentro de un plazo determinado. 
19. Las Comunidades Europeas sostienen que, aunq ue el personal de la Comisión puede 
comenzar a preparar la legislación de aplicación ante s de que se adopte el reglamento del Consejo, no 
puede finalizar los textos e iniciar el "procedimient o basado en la comitología" hasta que el Consejo 
haya adoptado una decisión definitiva.  Según las Co munidades Europeas, la Comisión necesitará tres 
meses para promulgar las disposiciones reglamentari as de aplicación, es decir, hasta el final de junio 
de 2006.
31 
20. El cuarto conjunto de "circunstancias del caso" que existen en la presente diferencia, según 
las Comunidades Europeas, son las prescripciones re lativas a la publicación y la entrada en vigor de 
las disposiciones reglamentarias de que se trata.  Todos los reglamentos deben publicarse en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.  Aunque el Tratado de  la CE no lo exige expresamente, es una "práctica 
legislativa establecida" que los reglamentos que de ben aplicar las autoridades aduaneras se publican 
"por lo menos seis semanas antes de su entrada en vi gor y surten efectos a partir del 1º de enero o, 
excepcionalmente, a partir del 1º de julio".32  Esta práctica se basa en una Resolución del Consejo 
de 27 de junio de 1974.  Las Comunidades Europ eas afirman que en anteriores laudos arbitrales se ha 
reconocido la pertinencia de esta práctica para la determinación del plazo prudencial.33  Además, es 
también una "práctica legislativa bien establecida" que las "modificaciones significativas de las normas de una organización común de mercados" surten efectos al comienzo de la campaña de 
                                                     
 
29 Ibid., párrafo 69. 
 
30 Ibid., párrafos 71 y 72. 
 
31 Ibid., párrafo 75. 
 
32 Ibid., párrafo 77. 
 
33 Ibid., párrafo 77, en el que se hace referenc ia al Laudo del Árbitro en el asunto CE - Banano III , 
párrafo 3, y al Laudo del  Árbitro en el asunto CE - Preferencias arancelarias , párrafos 50 y 51. 
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 comercialización siguiente "para tener en cuenta la producción en curso y evitar desorganizar el 
mercado".
34  La campaña de comercialización 2005/2006 de las Comunidades Europeas irá del 1º de 
julio de 2005 al 30 de junio de 2006. 
21. Como quinto conjunto de "cir cunstancias del caso", las Comunidades Europeas señalan la 
"permanencia a lo largo del tiempo" del régimen de l azúcar, que existe desde principios de los años 
setenta, y está "esencialmente integrado" en las políticas comunitarias.35  Como consecuencia, la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD tendrá "una importante repercusión" sobre la sociedad europea y no sólo sobre la rama de producción del azúcar.
36  Es, por lo tanto, "inevitable" 
que las Comunidades Europeas tomen en consider ación el "mantenimiento de la viabilidad" del 
régimen del azúcar en su conjunto.37  En este contexto, las Comunida des Europeas hacen referencia a 
las "numerosas y muy distintas opciones en materia de aplicación"38 con que cuentan, a la importancia 
del azúcar como un "componente esencial del régimen alimenticio de la población europea"39, a las 
políticas de energía y medio ambiente y a la relación entre las Comunidades Europeas y los 
países ACP.  Estos factores diversos demostrarán que la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD requiere un "serio debate", ta nto en el órgano legislativo de las Comunidades 
Europeas como fuera de él.
40 
22. Como sexto conjunto de "circunstancias de l caso", las Comunidades Europeas hacen 
referencia a la producción de remolacha azucarera ya iniciada antes de que el Órgano de Apelación 
adoptara una decisión sobre la presente diferencia en abril de 2005.  En Europa, la remolacha se 
siembra en febrero y marzo y se cosecha en ot oño.  Como consecuencia, los cultivadores y los 
productores de azúcar habían llegado a un acuerdo  sobre las decisiones relativas al volumen de 
remolacha y de azúcar que había de producirse dur ante la campaña de comercialización 2005/2006 
antes de que el OSD formulara sus recomendaciones y resoluciones.  Invertir sus decisiones acerca de 
                                                      
34 Ibid., párrafo 78. 
 
35 Ibid., párrafo 81. 
 
36 Ibid. 
 
37 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 82. 
 
38 Ibid., párrafo 83. 
 
39 Ibid., párrafo 84. 
 
40 Ibid., párrafo 87. 
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 Página 9 
  
 la producción sería "muy costoso y con frecuencia imposible en la práctica".
41  Las Comunidades 
Europeas señalan que la propuesta de la Comisión de 22 de junio de 2005 prevé la imposición de 
gravámenes sobre la producción de "azúcar excedentario", con objeto de evitar la acumulación de 
azúcar;  sin embargo, no sería apropiado aplicar esos gravámenes al azúcar producido a partir de 
remolacha sembrada antes de que se decidiera la presente diferencia.42  En cualquier caso, incluso si 
no se permitieran esas exportaciones después del 31 de julio de 2006, la cons ecuencia podría ser que 
los productores europeos "se verían obligados a efectuar todas sus exportaciones en un período de 
tiempo más breve", lo cual "agravaría los efectos de esas importaciones", en detrimento de todos los 
países exportadores de azúcar.43 
23. En cuanto al séptimo y último conjunto de "circunstancias del caso", las Comunidades 
Europeas afirman que el plazo prudencial que propon en está "en armonía en términos generales" con 
los plazos que les concedieron anteriores laudos arbitrales relativos a medidas legislativas 
"similares".44  Las Comunidades Europeas se refieren a los laudos emitidos en los asuntos 
CE - Bananos III  y CE - Preferencias arancelarias , en los que el plazo prudencial fue de 15 meses 
y 6 días y de 14 meses y 11 días, respectivamente.  El plazo prudencial más largo en el presente asunto es necesario para "no penalizar la producción ya iniciada" antes de la decisión del Órgano de 
Apelación en abril de 2005.
45 
B. Partes Reclamantes  
1. Australia  
24. Australia no está de acuerdo con el plazo  prudencial que proponen las Comunidades 
Europeas.  Australia contempla tres supuestos dis tintos para decidir cómo podrían las Comunidades 
Europeas ponerse en conformidad con las ob ligaciones que les imponen las normas de la 
Organización Mundial del Comercio ("OMC") y con las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
el "más breve plazo posible dentro del sistema jurídico" del Miembro que ha de proceder a la 
aplicación.  Con arreglo al primer supuesto, las Comunidades Europeas pueden aplicar las 
                                                      
41 Ibid., párrafo 88. 
 
42 Ibid., párrafo 90. 
 
43 Ibid., párrafo 91. 
 
44 Ibid., párrafo 92. 
 
45 Ibid., párrafo 94. 
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Página 10 
  
 recomendaciones y resoluciones de l OSD haciendo tres cosas:  adoptando un reglamento de la 
Comisión que limite las licencias de exportación de manera que no se superen los niveles de compromiso pertinentes;  adoptando un segundo reglamento de la Comisión que aumente el traslado 
de azúcar C permitido;  y adoptando un tercer reglamento de la Co misión para reducir el nivel del 
azúcar disponible para la exportación.  De acuerdo con este supuesto, el plazo prudencial requerido no 
sería superior a 6 meses y 6 días a partir de la  fecha de la adopción del informe del Órgano de 
Apelación y del informe del Grupo Especial por el OSD, es decir, expiraría el 25 de noviembre de 2005.
46 
25. Con arreglo al segundo supuesto, si el Árbitro c onstata que, contrariamente a lo que afirma 
Australia, pueden utilizarse reglamentos de la Comisión para reglamentar  la exportación de azúcar C 
pero no para limitarla  por medio de licencias de exportación, las Comunidades Europeas pueden 
adoptar y aplicar un conjunto distinto de reglamen tos de la Comisión, distribuyendo las exportaciones 
de azúcar C entre los compromisos en materia de cantidades correspondientes a las campañas de 
comercialización 2005/2006 y 2006/2007;  limitando las licencias para la exportación del azúcar 
comprendido en las cuotas;  aumentando el trasla do permitido de azúcar C, y reduciendo el nivel del 
azúcar disponible para la exportación.47  En este supuesto, el plazo prudencial no sería superior 
a 6 meses y 6 días, es decir, expiraría el 25 de noviembre de 2005.48 
26. El tercer supuesto que propone Australia es apli cable "[s]i el Árbitro constata ... que no se 
puede utilizar en absoluto un reglamento de la Co misión para controlar la exportación de azúcar C"49;  
con arreglo a este supuesto, las Comunidades Eu ropeas pueden llevar a cabo la aplicación adoptando 
un reglamento de la Comisión por el que se lim iten las licencias para la exportación del azúcar 
comprendido en las cuotas y adoptando un reglamen to del Consejo por el que se conceda a la 
Comisión la facultad de controlar la exportación  de azúcar C;  la Comisión podría adoptar 
                                                      
46 Comunicación escrita de Australia, párrafo 201. 
 
47 Ibid., párrafo 166. 
 
48 Ibid., párrafo 203. 
 
49 Ibid., párrafo 163. 
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 posteriormente un reglamento de aplicación para imponer esos controles.
50  En este tercer supuesto, el 
plazo prudencial no sería superior a 220 días y expiraría el 27 de diciembre de 2005.51 
27. Por último, con independencia de los tres supu estos que propone, Australia aduce que, incluso 
sobre la base de la idea de las Comunidades Europeas de que es necesario un reglamento del Consejo 
relativo a una nueva organización común de mercados ("OCM") en el sector del azúcar -base que Australia considera "incorrecta"
52- el plazo prudencial debería se r menor de lo que solicitan las 
Comunidades Europeas;  no debería ser superior a 11 meses y 2 días y debería expirar el 21 de abril 
de 2006. 
28. Pasando a examinar sus argumentos específicos en el marco de estos diversos supuestos, 
Australia declara que las Comunidades Europeas no e xplican por qué puede justificarse una fecha que 
"supera considerablemente" la orientación de los 15 meses contenida en el párrafo 3 c) del 
artículo 21.53  Australia pone de relieve que, en la pr esente diferencia, el plazo prudencial debe 
determinarse por referencia a las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones y resoluciones 
de que se trata y no por referencia a "cualquier reforma más amplia" que las Comunidades Europeas 
puedan optar por emprender en respuesta a una resolución de la OMC.54 
29. Australia sostiene que, de conf ormidad con su régimen vigente, las Comunidades Europeas 
tienen "plenas facultades jurídicas" para reglamentar los niveles de las restituciones, determinar la 
cantidad de "azúcar C ... disponible para la exportación" y reglamentar esas exportaciones.55  
Contrariamente a lo que afirman las Comunidades Europeas, con arreglo al régimen del azúcar vigente, la Comisión posee la facultad de suspende r la concesión de licencias para la exportación de 
cualquier azúcar, incluido el azúcar C .  La prescripción del artículo 13 del Reglamento 1260/2001 del 
Consejo según la cual el azúcar C debe exportar se no es un impedimento a esta facultad porque la 
disposición pertinente no se aplica a todo el azúcar C sino únicamente al azúcar C que no se traslada a 
                                                     
 
50 Ibid., párrafos 165 a 167. 
 
51 Ibid., párrafo 205.  El plazo prudencial expiraría el 25 de diciembre;  el día laborable siguiente a esa 
fecha es el 27 de diciembre de 2005. 
 
52 Comunicación escrita de Australia, párrafo 206. 
 
53 Ibid., párrafo 11. 
 
54 Ibid., párrafo 174. 
 
55 Ibid., párrafo 21. 
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 la campaña de comercialización siguiente.  El límite  actual de ese traslado, que representa el 20 por 
ciento de la cuota A
56, ha sido establecido por la Comisión y podría elevarse o "eliminarse por 
completo", sin que ello exigiera una mo dificación del Reglamento 1260/2001 del Consejo.57 
30. Si el Árbitro constatara que, contrariamente a lo que afirma Australia, las facultades actuales 
de la Comisión no pueden utilizarse para evitar o limitar la exportación de azúcar C, Australia 
sostiene que ello "no actuaría como obstáculo" al cumplimiento por las Comunidades Europeas 
mediante reglamentos de la Comisión.58  Las facultades de la Comisión en el marco del régimen 
vigente pueden, sin embargo, utilizarse para reglamentar esas exportaciones.  Aunque el azúcar C no 
trasladado debe exportarse en un plazo determinado, no hay ni nguna obligación de exportar el 
azúcar C dentro del año de su producción .  Con arreglo al régimen vigente, los productores disponen 
del período comprendido entre el final de la campaña de comercialización y el 31 de diciembre para exportar el azúcar C no trasladado;  en caso de que  la producción de azúcar C en cualquier año dado 
superara el nivel de compromiso en materia de  cantidades de las Comunida des Europeas, éstas poseen 
facultades jurídicas para limitar las licencias de e xportación a ese nivel de compromiso en materia de 
cantidades;  en ese caso, el resto de la producción de azúcar C no trasladado podría exportarse durante 
el período del 1º de octubre al 31 de diciembr e de la campaña de co mercialización siguiente. 
31. Según Australia, la Comisión puede adoptar todas las medidas mencionadas recurriendo al 
"procedimiento del comité de gestión".  El tiempo que ha necesitado la Comi sión en el pasado para 
adoptar medidas en el sector del azúcar por me dio de este procedimiento ha sido "muy breve".
59  Con 
arreglo a este procedimiento, la Comisión presenta propuestas al Comité de Gestión que, a su vez, emite un dictamen;  si el Comité de Gestión no emite un dictamen o si éste es favorable, la Comisión 
adopta el reglamento propuesto.  Si el Comité de Gestión emite un dictamen desfavorable, la 
Comisión adopta, no obstante, el regl amento pero el Consej o puede adoptar una deci sión distinta de la 
adoptada por la Comisión dentro de un plazo determina do.  Australia afirma que, si se toma una gama 
de reglamentos adoptados por la Comisión en el se ctor del azúcar con arregl o al "procedimiento del 
comité de gestión", se obtiene una duración media y mediana del procedimiento de 23 días.  Por lo 
tanto, aunque las Comunidades Europeas podría n haber aplicado ya las recomendaciones y 
                                                     
 
56 Véase una descripción del azúcar A, B y C en la nota 15, supra . 
 
57 Comunicación escrita de Australia, párrafo 122. 
 
58 Ibid., párrafo 125. 
 
59 Ibid., párrafo 142. 
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 resoluciones del OSD, Australia propone que, "e xcepcionalmente y como un gesto hacia las 
[Comunidades Europeas]", el plazo prudencial term ine cuatro semanas después de la fecha de 
distribución del Laudo del Árbitro.
60  De ese modo, el plazo prudencial expiraría el 25 de noviembre 
de 2005.  Este plazo prudencial es aplicable tanto en  el caso del primer supuesto de aplicación que se 
expone en la comunicación escrita de Australia como en el del segundo. 
32. En caso de que el Árbitro cons iderara "necesario calcular ... plazos"61 para la adopción de un 
nuevo reglamento del Consejo por el que se modifiquen las OCM en el sector del azúcar, así como para la adopción subsiguiente de disposiciones reglamentarias de aplicación por la Comisión, 
Australia se remite a un "estudio de los [r]eglam entos del Consejo adoptados por las [Comunidades 
Europeas] entre el 1º de enero de 1998 y el 31  de julio de 2005 que modificaron las organizaciones 
comunes de mercados existentes pa ra los productos agropecuarios".
62  Sobre la base de las "cifra[s] 
mediana[s]" obtenidas a partir de esta muestra, Australia sostiene que la adopción de un nuevo 
reglamento del Consejo debería tener lugar a más ta rdar el 27 de noviembre de 2005 y la entrada en 
vigor de ese reglamento, el 2 de diciembre de ese año.63  Posteriormente, cuando se adoptaran normas 
reglamentarias de aplicación, deberían conceder se a la Comisión 23 días más para completar el 
procedimiento del comité de gestión.  Según este s upuesto, el plazo prudencial debería expirar, pues, 
el 27 de diciembre de 2005.64 
33. Como se dijo anteriormente, a juicio de Aust ralia, en contra de los argumentos de las 
Comunidades Europeas, no es necesario, a efectos de  aplicación, adoptar un reglamento del Consejo 
por el que se cree  una OCM totalmente nueva  para el azúcar;  en lugar de ello, según Australia, basta 
con adoptar un reglamento del Consejo por el que se modifique  la OCM existente .  No obstante, 
incluso si el plazo prudencial se calculara sobre la base de la adopción de un reglamento del Consejo 
por el que se creara  una nueva  OCM, dicho plazo debería ser más breve de lo que sugieren las 
Comunidades Europeas.  Utilizando una cifra mediana obtenida a partir de una muestra de anteriores 
reglamentos del Consejo que crearon nuevas OCM, Au stralia sostiene que el nuevo reglamento del 
                                                      
60 Ibid., párrafo 144. 
 
61 Ibid., párrafo 146. 
 
62 Ibid., párrafo 147. 
 
63 Ibid., párrafo 149. 
 
64 Ibid., párrafo 205.  El plazo prudencial expiraría el 25 de diciembre;  el día laborable siguiente a esa 
fecha es el 27 de diciembre de 2005. 
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 Consejo podría adoptarse a más tardar el 7 de marzo de 2006 y entrar en vigor el 29 de marzo de ese 
año.  Posteriormente, la Comisión no deberí a necesitar más de 23 días para completar el 
"procedimiento del comité de gestión" con miras a la adopción de disposiciones reglamentarias de 
aplicación.  Por lo tanto, según este supuesto, el plazo prudencial debería expirar el 21 de abril 
de 2006. 
34. Además, Australia cuestiona que determina dos factores que invocan las Comunidades 
Europeas constituyan "circunstancias del caso" en el  sentido del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, 
que justifiquen un plazo prudencial más largo.  Au stralia señala que los argumentos relacionados con 
la probable repercusión sobre la  rama de producción nacional fueron rechazados en anteriores 
arbitrajes.  La corrección de posibles "desequilibri os estructurales del mercado" tampoco debería 
tenerse en cuenta para determinar el plazo prudencial.
65  Además, en la presente diferencia no hay 
circunstancias comparables a las que se daban en el asunto Chile - Sistema de bandas de precios ;  esto 
se debe a que las subvenciones a la exportación concedidas en el marco del régimen del azúcar 
comunitario no tienen una "función singular y ... re percusión" en la sociedad, no constituyen uno de 
los "pilares" de la política agropecuaria de l as Comunidades Europeas ni están "esencialmente 
integradas" en las "políticas agrícolas f undamentales" de las Comunidades Europeas.66  Por último, el 
plazo de aplicación propuesto por las Comunidades Europeas no está, como sostienen éstas, 
"en armonía en términos generales"67 con anteriores laudos emitidos  de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 en relación con medidas legislativas comunitarias;  los plazos prudenciales concedidos en los asuntos CE - Banano III  y CE - Preferencias arancelarias  fueron "sólo, como 
mucho, aproximadamente la mitad" del "plazo pr udencial efectivo" solicitado por las Comunidades 
Europeas en este arbitraje.
68 
                                                      
65 Comunicación escrita de Australia, párrafo 185, en  el que se hace referencia a la comunicación 
escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 41. 
 
66 Ibid., párrafo 192, en el que se hace refere ncia al Laudo del Árbitro en el asunto Chile - Sistema de 
bandas de precios , párrafos 46 y 48. 
 
67 Ibid., párrafo 197, en el que se hace referencia  a la comunicación escrita de las Comunidades 
Europeas, párrafo 92. 
 
68 Ibid., párrafo 197. 
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 2. Brasil
 
35. El Brasil solicita que el Árbitro determine que el plazo prudencial debe ser de 6 meses 
y 6 días, es decir, hasta el 25 de  noviembre de 2005, si la aplicaci ón se realiza mediante medidas 
administrativas.  En cambio, si la aplicación exig e medidas legislativas, el Brasil solicita que el 
Árbitro determine que el plazo prudencial ha de se r de 7 meses y 8 días, es decir, hasta el 27 de 
diciembre de 2005. 
36. El Brasil recuerda que las Comunidades Europeas están obligadas a llevar a cabo el 
cumplimiento "en el plazo más breve legalmente posible"69 y rechaza el argumento de las 
Comunidades Europeas de que el plazo para la aplicación debe ser el período que necesitarán las 
Comunidades Europeas para reformar su régimen gl obal del azúcar.  La aplicación sólo requiere, en 
cambio, la adopción de medidas que garanticen que  las Comunidades Europeas  respeten sus niveles 
de compromiso de reducción de las subvenciones a la exportación. 
37. El Brasil sostiene que el marco legal vigente de l régimen del azúcar co munitario permite a las 
Comunidades Europeas efectuar el cumplimiento en un plazo de cuatro semanas.  Hay tres principios 
de la legislación comunitaria que son pertinentes a este respecto:  en primer lugar, los acuerdos internacionales son vinculantes para las institucion es de las Comunidades Europeas y para sus Estados 
miembros;  en segundo lugar, la legislación se cundaria de las Comunidades Europeas debe 
interpretarse, en la medida de lo posible, en forma compatible con esos acuerdos;  y en tercer lugar, la 
gestión de la política agropecuaria se deja "en muy gran medida" a cargo de la Comisión, que actúa en 
virtud de las facultades de aplicación delegadas en ella por el Consejo.
70  A este respecto, el Brasil 
afirma que la Comisión posee la facultad de suspen der la concesión de licencias para la exportación 
del azúcar, "por la razón expresa de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que impone a las 
[Comunidades Europeas] el Acuerdo sobre la Agricultura "71;  la Comisión también tiene la facultad 
de modificar las normas vigentes a fin de permitir a los productores trasladar a la campaña de comercialización siguiente cualquier azúcar C que  no pueda exportarse en un año determinado. 
38. Por lo que se refiere a las licencias de export ación, el Brasil sostiene que el artículo 22 del 
Reglamento 1260/2001 del Consejo  actualmente vigente "somete todas las exportaciones de azúcar ... 
                                                     
 
69 Comunicación escrita del Brasil, sección IV.A. 
 
70 Comunicación escrita del Brasil, párrafo 28. 
 
71 Ibid., párrafo 33.  (las cursiv as figuran en el original) 
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 a una licencia de exportación y no distingue entre el azúcar A, B y C".
72  Además, la Comisión está 
autorizada a establecer normas detalladas de aplic ación que reglamenten las condiciones para la 
concesión de licencias de exportación en el caso de  todas las exportaciones de azúcar, incluido el 
azúcar C.  En 1995, la Comisión adoptó normas que reglamentaban las licencias de importación y 
exportación "entre otras razones, para permitir a l as [Comunidades Europeas] controlar el nivel de sus 
exportaciones de azúcar subvencionado".73  Estas normas siguen estando en vigor y contienen 
disposiciones que reglamentan la concesión de licenci as para la exportación de azúcar A, B y C.  La 
Comisión no necesita una autorización expresa para c ontrolar las exportaciones de azúcar C, siempre 
que esos controles no estén prohibidos por el Regl amento 1260/2001 del Consejo o por disposiciones 
reglamentarias de aplicación, lo cual no es el ca so.  A este respecto, el Brasil rechaza también el 
argumento de las Comunidades Europeas de  que el Reglamento 1260/2001 del Consejo exige que se 
exporte el azúcar C;  el azúcar  C puede también trasladarse a la campaña de comercialización 
siguiente. 
39. En cuanto a las normas por las que se rige el traslado del azúcar C a la campaña de 
comercialización siguiente, el Brasil sostiene que, de conformidad con el Reglamento 1260/2001 del 
Consejo, todo el azúcar C podría trasladarse.  Las normas de aplicación de esta disposición están 
contenidas en un Reglamento de la Comisión que limita el traslado al 20 por ciento de la cuota A;  sin 
embargo, si lo desea, la Comisión puede "aumenta r la cantidad de azúcar C que puede trasladarse, 
dejando de aplicar el límite actual del 20 [por ciento] [o] eliminar por completo la actual restricción ... 
del traslado".74  En efecto, anteriormente, las normas de aplicación pertinentes permitían a los 
productores trasladar el 100 por ciento de su prod ucción de azúcar.  Si la Comisión permitiera el 
traslado completo del azúcar C, suspendiendo al mi smo tiempo las licencias de exportación, podría 
asegurarse de que el azúcar subvencionado por encima  de sus niveles de comp romiso en materia de 
cantidades no entrara en el mercado mundial;  en l ugar de ello, este azúcar quedaría dentro de la 
Comunidad y sería "absorbido en el mercado inte rno en la campaña de comercialización siguiente".75 
40. Ninguna de estas dos medidas -suspender la con cesión de licencias para la exportación de 
azúcar A, B y C y elevar o eliminar el límite del 20 por ciento aplicado al traslado del azúcar C- es, a 
                                                      
72 Ibid., párrafo 34 (véase una descripción del azúcar A, B y C en la nota 15, supra ). 
 
73 Ibid., párrafo 38. 
 
74 Ibid., párrafo 62.  (las cursiv as figuran en el original) 
 
75 Ibid., párrafo 64. 
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 juicio del Brasil, especialmente compleja, y amba s son similares a medidas anteriormente adoptadas 
por la Comisión.  Ambas podrían adoptarse de c onformidad con el "procedimiento del comité de 
gestión" y podrían adoptarse en "sólo cuatro semanas".
76  El Brasil señala que, en una gama de 
27 reglamentos adoptados por la Comisión en el sector del azúcar de conformidad con este 
procedimiento, la duración del mismo ha oscilado entre 14 y 43 días, con una media y una mediana 
de 23 días. 
41. El Brasil llega a la conclusión de que, sobre la base de las facultades que posee actualmente la 
Comisión, las Comunidades Europeas podrían asegurarse del cumplimiento en un plazo de 28 días, 
contados a partir de la fecha de la adopción por el  OSD de los informes del Órgano de Apelación y el 
Grupo Especial.  El Brasil señala que, de hecho, las Comunidades Europeas "no adoptaron las medidas necesarias para llevar a cabo el cumplimiento en el plazo más breve posible".
77  Por lo tanto, 
el Brasil propone que, "excepcionalmente y como un g esto" hacia las Comunidades Europeas, el plazo 
prudencial termine a los 28 días de la fecha de di stribución del Laudo del Árbitro, es decir, el 25 de 
noviembre de 2005.78 
42. En caso de que el Árbitro decida que las facultades que posee actualmente la Comisión en 
virtud del Reglamento 1260/2001 del Consejo no permiten que las Comunidades Europeas se aseguren del cumplimiento, el Brasil sostiene, s ubsidiariamente, que una modificación limitada del 
Reglamento 1260/2001 del Consejo permitiría que las Comunidades Europeas llevaran a cabo el 
cumplimiento en siete meses.  En este supuesto,  las Comunidades Europeas tendrían que "ampliar el 
actual sistema [de control] para aplicarlo expresame nte al azúcar C", lo cual no implicaría "más que 
una sencilla modificación del Reglamento ... [1260/2001]".
79 
43. Aunque el Brasil "está de acuerdo en genera l" con la explicación de las Comunidades 
Europeas sobre los trámites procesal es necesarios para la adopción de  un reglamento del Consejo, 
discrepa de lo que éstas afirman sobre la duración de este procedimiento.80  Al proporcionar su 
estimación basándose en procedimientos legislativos  anteriores, las Comunidades Europeas sólo se 
                                                      
76 Ibid., párrafo 68. 
 
77 Ibid., párrafo 78. 
 
78 Ibid. 
 
79 Comunicación escrita del Brasil, párrafo 79. 
 
80 Ibid., párrafo 83. 
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Página 18 
  
 refieren a la duración de los procedimientos de adopción de nuevas  OCM y no de modificación  
de OCM existentes .  La mediana del período necesario pa ra la adopción de una nueva OCM es 
de 9,2 meses mientras que, en el caso de la modificación de una OCM existente, es de 5,4 meses.  Así 
pues, la adopción de un reglamento que intr oduzca una modificación es "considerablemente más 
rápida" que la adopci ón de una nueva OCM.
81  Aunque el plazo prudencial debería ser el plazo más 
breve posible en el que un Miembro pueda llevar a cabo la aplicación en su legislación interna, el 
Brasil declara que no formularía objeciones si el  Árbitro utilizara esta mediana a efectos de la 
determinación del plazo prudencial.  Este período qu e corresponde a la mediana va de la fecha de la 
propuesta de la Comisión a la entrada en vigor de l reglamento del Consejo y, por consiguiente, 
debería expirar el 2 de diciembre de 2005. 
44. Además, el Brasil rechaza los argumentos de las Comunidades Europeas relativos a la 
publicación y la entrada en vigor del reglamento.  La supuesta práctica comunitaria de publicar los 
reglamentos que deben aplicar las autoridades aduane ras seis semanas antes de su entrada en vigor y 
aplicarlos únicamente a partir del 1º de enero o el 1º de julio "no está tan generalizada" como afirman las Comunidades Europeas
82;  el Brasil enumera 33 reglamentos de las Comunidades Europeas cuya 
aplicación no se ajustó a esa práctica.  Además, sostie ne que el documento del Consejo en el que se 
establece esta supuesta práctica no indica que se apli que a las medidas que reglamentan las licencias 
de importación y exportación.  El Brasil rechaza también el argumento de que las "modificaciones 
significativas de las normas de una organización com ún de mercados deben surtir efectos, como muy 
pronto, al comienzo de la campaña de comerciali zación siguiente para tener en cuenta la producción 
en curso y evitar desorganizar el mercado".83  El Brasil hace referencia a 10 modificaciones de OCM 
existentes efectuadas por el Consejo que no surtieron efectos al comienzo de la campaña de 
comercialización.  En cualquier caso, las modificaciones que implicaría la aplicación no son "significativas", como parecen indicar las Comunidades Europeas, porque la Comisión ya posee facultades significativas para cont rolar las exportaciones de azúcar.
84 
                                                      
81 Ibid., párrafo 88. 
 
82 Ibid., párrafo 94. 
 
83 Ibid., párrafo 98, en el que se hace referencia a la comunicación escrita de las Comunidades 
Europeas, párrafo 78. 
 
84 Ibid., párrafo 102, en el que se hace referencia  a la comunicación escrita de las Comunidades 
Europeas, párrafo 78. 
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 45. El Brasil admite que, cuando el Consejo modifi que su Reglamento 1260/2001, la Comisión 
"tendrá probablemente que adoptar" un reglamento de aplicación.
85  La Comisión podría, como 
reconocen las Comunidades Europeas, "comenzar a pr eparar el reglamento de aplicación antes de la 
adopción del reglamento del Consejo", de modo que  este segundo reglamento entrara en vigor ocho 
días después de la modificación del primero por el Consejo.86  No obstante, "excepcionalmente y 
como un gesto hacia las [Comunidades Europeas]", el Brasil pide que el Árbitro conceda a éstas la "media o mediana completa" de 23 días para llevar a término el procedimiento del comité de gestión, 
de manera que el plazo prudencial expire el 27 de diciembre de 2005.
87 
46. El Brasil no está de acuerdo en que otros cuat ro factores invocados por las Comunidades 
Europeas constituyan "circunstancias del caso" pertinen tes a la determinación del plazo prudencial en 
el presente asunto.  En primer lugar, por lo que se refiere a la necesidad de consultas con los países ACP, el Brasil afirma que las Comunidades Europeas no demuestran cómo serán afectados por 
la aplicación esos países.  Esto se debe a que l as obligaciones de las Comunidades Europeas respecto 
de los países ACP consisten en importar  determinadas cantidades de azúcar ACP, mientras que las 
obligaciones de las Comunidades Europeas en la presente diferencia se refieren a las exportaciones  
del propio azúcar subvencionado co munitario.  En segundo lugar, en lo relativo a la supuesta 
necesidad de un debate en la sociedad europea, el  Brasil aduce que anteriores árbitros se han negado a 
aceptar que la "conflictividad" interna y la "sen sibilidad política" sean circunstancias del caso 
pertinentes de conformidad con el  párrafo 3 c) del artículo 21.
88  En tercer lugar, no existe "ninguna 
justificación" para conceder a la rama de pr oducción de las [Comunidades Europeas] un período 
adicional para el ajuste estructural.89  El Brasil sostiene que, hasta el momento, ningún árbitro ha 
concedido a un Miembro tiempo adicional para perm itir que su rama de producción nacional efectúe 
ajustes estructurales que faciliten la transición a un ré gimen compatible con la OMC;  el derecho a ese 
período de transición no existe siquiera en la legislaci ón comunitaria.  En cuarto lugar, la duración de 
                                                      
85 Ibid., párrafo 104. 
 
86 Ibid., párrafo 106, en el que se hace referencia  a la comunicación escrita de las Comunidades 
Europeas, párrafo 74. 
 
87 Ibid., párrafo 110.  El plazo prudencial expiraría el 25 de diciembre;  el día laborable siguiente a esa 
fecha es el 27 de diciembre de 2005. 
 
88 Ibid., párrafo 118, en el que se hace referencia al Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para 
productos farmacéuticos , párrafo 60;  el Laudo del Árbitro, Canadá - Período de pr otección mediante patente , 
párrafo 58;  y el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) , párrafo 61. 
 
89 Ibid., sección IV.D 3). 
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 los plazos prudenciales en asuntos anteriores en que las Comunidades Europeas fueron el Miembro 
que había de proceder a la aplicación es "irrelevante".
90 
47. Por último, el Brasil solicita que, como es un país en desarrollo Miembro, el Árbitro preste 
especial atención a la importancia de un pronto cu mplimiento para sus objetivos de desarrollo, de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 21 del ESD.   La rama brasileña de producción del azúcar es 
una parte importante de la economía del Brasil.   Las exportaciones subvencionadas de azúcar 
incompatibles con las normas de la OMC que reali zan las Comunidades Europeas "cuestan al Brasil 
494 millones de dólares EE.UU. al año".91 
3. Tailandia  
48. Tailandia solicita que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en el presente asunto se fije en 6 meses y 6 días, es decir, que dure hasta el 
25 de noviembre de 2005, si la aplicación se efectúa mediante medidas administrativas.  Como 
alternativa, si fueran necesarias medidas legislativ as, Tailandia sostiene que el plazo prudencial debe 
ser de 7 meses y 8 días, es decir, debe expirar el 27 de diciembre de 2005. 
49. Tailandia sostiene que recae sobre las Comunidades Europeas la carga de demostrar que el 
plazo que proponen para la aplicación constituye  un plazo prudencial y que las Comunidades 
Europeas no han asumido esta carga.  Las Comunidades Europeas están obligadas a llevar a cabo la 
aplicación en el "más breve plazo posible ... dentro [de su] sistema jurídico" introduciendo cambios 
en los aspectos de su régimen del azúcar objet o de las recomendaciones y resoluciones del OSD.92  
Las Comunidades Europeas "no deben retrasar el cumplimiento de su obligación inmediata de aplicación ... para facilitar cualquier examen más amplio de su política agropecuaria".
93  Según 
Tailandia, las circunstancias pertin entes en este asunto "[abogan] todas ellas en favor de una rápida 
aplicación por las [Comunidades Europeas]".94 
                                                      
90 Ibid., sección IV.D 4). 
 
91 Ibid., párrafo 140, en el que se hace referencia a un estudio r ealizado por Oxfam International. 
 
92 Comunicación escrita de Tailandia, sección IV.A 2). 
 
93 Ibid., párrafo 24. 
 
94 Ibid., párrafo 28. 
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 50. Tailandia sostiene además que las Comunidades Europeas no necesitan más tiempo para 
considerar sus opciones en materia de aplicación.  Cuestiona también el argumento de las Comunidades Europeas de que, debido a la complejid ad del régimen del azúcar, disponen de muchas 
opciones diferentes para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD.  El hecho de que las 
Comunidades Europeas se hayan decidido ya por un medio de aplicación propuesto "parece indicar" que ya han celebrado consultas con la rama de pr oducción comunitaria, los países ACP y otras partes 
interesadas, por lo que no hay ninguna razón para  permitir que sigan examinando posibles opciones.
95  
Análogamente, el hecho de que la aplicación quizá dé lugar a un debate político no es un factor que 
pueda influir en la determinación de l plazo prudencial.  Además, contra riamente a lo que ocurría en el 
asunto Chile - Sistema de bandas de precios , la medida de las Comunidades Europeas no es una 
medida de "aplicación horizontal, que afecte a varios  productos agrícolas y a sus precios" sino que, en 
cambio, se refiere exclusivamente a la política co munitaria respecto del azúcar y no exige ningún 
cambio de la política relativa a otros productos agropecuarios.96 
51. Tailandia pone de relieve que las obligaciones de las Comunidades Europeas en materia de 
aplicación se refieren únicamente a la medida cuya incompatibilidad con las normas de la OMC se ha 
constatado y pueden cumplirse prontamente por medi os administrativos.  Tailandia declara que el 
único punto en que existe desacuerdo entre las partes es "si las [Comunidades Europeas] pueden 
controlar las exportaciones de azúcar C por medios administrativos".97  "Suspendiendo las licencias de 
importación y permitiendo a los productores trasladar [el azúcar C] que no pudieran exportar en una 
determinada campaña a la campaña siguiente",  las Comunidades Europeas podrían lograr un 
"cumplimiento pronto y rápido".98 
52. Tailandia sostiene que, contrariamente a lo que afirman las Comunidades Europeas, la 
Comisión sí posee, en virtud del reglamento vigent e, facultades para controlar la exportación de 
azúcar C de manera que le permitiría cumplir su s compromisos de reducción.  El Reglamento 
1260/2001 del Consejo permite que todas las exportaci ones de azúcar C se trasladen a la campaña 
siguiente.  Las decisiones sobre los límites aplicable s al traslado del azúcar C -como el límite actual 
                                                      
95 Ibid., párrafo 34. 
 
96 Ibid., párrafo 36. 
 
97 Ibid., párrafo 39. 
 
98 Ibid. 
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 del 20 por ciento de la cuota A- dependen de  la Comisión, son "puramente discrecionales"
99 y 
actualmente figuran en un reglamento distinto de la Comisión.100  Esto demuestra que la Comisión 
posee "plenas facultades" en virtud del Reglamen to 1260/2001 del Consejo para no restringir el 
traslado del azúcar C o bien para aumentar la cantidad de ese azúcar que puede trasladarse por encima 
del límite actual del 20 por ciento de la cuota A.101  Según Tailandia, la Comisión puede hacer esto 
aplicando el procedimiento del comité de gesti ón de conformidad con el  Reglamento 1260/2001 del 
Consejo.  Análogamente, según Tailandia, la  Comisión podría controlar las exportaciones 
suspendiendo la emisión de licencias para la e xportación de azúcar A, B y C.  La afirmación 
comunitaria de que las facultades de la Comisión pa ra suspender las licencias en el caso del azúcar A 
y B no abarcan el azúcar C carece de fundamento jurídico.  Exigir que el azúcar C se traslade y suspender las licencias de exportación "constituye c onjuntamente el medio más flexible y eficiente 
por el que las [Comunidades Europeas] pueden reducir el nivel de sus exportaciones 
subvencionadas".
102 
53. A juicio de Tailandia, el plazo más breve pos ible para la adopción de las mencionadas 
medidas administrativas es el que requiere el "pro cedimiento del comité de gestión" en virtud del 
Reglamento 1260/2001 del Consejo, es decir, un mes.  Con arreglo a este procedimiento, la Comisión 
presenta una propuesta de reglamento al Comité de Gestión, que debe emitir un dictamen dentro del 
plazo fijado por su Presidente.  Si el dictamen del Comité es favorable, el reglamento de la Comisión 
se adopta inmediatamente.  Si el dictamen es de sfavorable, la Comisión adopta, no obstante, el 
reglamento pero éste se remite también al Consej o, que puede adoptar una decisión distinta en el 
plazo de un mes.  No ha habido dictámenes desfavor ables en el marco del procedimiento del comité 
de gestión, y la media y mediana del período que se ha  tardado en completar el procedimiento ha sido 
de 23 días.  Tailandia considera que el procedimie nto del comité de gesti ón podría "indudablemente" 
completarse en un plazo de 28 días.103  Por consiguiente, Tailandia opina que las Comunidades 
Europeas podrían haber aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD incluso antes de la iniciación del presente arbitraje.  No obstante, "[c]omo cuestión práctica", dado que las Comunidades 
                                                     
 
99 Comunicación escrita de  Tailandia, párrafo 43. 
 
100 Reglamento (CEE) Nº 65/82 de la Comisión de 13 de enero de 1982. 
 
101 Comunicación escrita de  Tailandia, párrafo 44. 
 
102 Ibid., párrafo 49. 
 
103 Ibid., párrafo 58. 
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 Europeas no han adoptado estas medidas, Tailandia pr opone que el plazo prudencial termine 28 días 
después de la fecha de distribución del Laudo de l Árbitro, es decir, el 25 de noviembre de 2005.
104 
54. A juicio de Tailandia, las Comunidades Europeas no han demostrado que se tardaría 12 meses 
en promulgar una medida legislativa encaminada a la aplicación.  Sin embargo, en caso de que el 
Árbitro considere que las Comunidades Europeas neces itan adoptar medidas legislativas para permitir 
que se traslade a otra campaña una mayor proporción  del azúcar C, Tailandia sostiene que esto puede 
lograrse mediante una simple modificación del ac tual Reglamento 1260/2001 del Consejo.  La 
decisión de un Miembro que ha de proceder a la aplicación de "realizar amplias reformas sistémicas" 
no justifica un plazo más largo para la aplicación.105  Además, Tailandia afirma que las Comunidades 
Europeas han exagerado "significativamente" el tiempo necesario para la aplicación por medios 
legislativos.106  Tailandia se remite a un cuadro presentado como prueba documental adjunta a las 
comunicaciones de Australia, el Brasil y Tailandia, y aduce que los reglamentos por los que se 
modifican las OCM existentes pueden adoptarse en plazos considerablemente inferiores a la cifra 
mediana de 5,4 meses.  No obstante, Tailandia declara que no tendría objeciones a que el Árbitro utilizara esta cifra mediana como base para  fijar la duración del plazo prudencial. 
55. A juicio de Tailandia, si se aplicara el plazo de  5,4 meses a la fecha de la propuesta de la 
Comisión, es decir, al 22 de junio de 2005, la modi ficación del Consejo podría entrar en vigor el 2 de 
diciembre de ese año.  Si se prevén otros 23 días para la adopción por la Comisión de disposiciones 
reglamentarias de aplicación, el plazo prude ncial debería expirar el 27 de diciembre.
107  Tailandia 
señala también que varios reglamentos que habían de aplicar las autoridades aduaneras entraron en 
vigor en el pasado en fechas distintas del 1º de ener o o el 1º de julio, por lo que esta petición de las 
Comunidades Europeas no tiene validez. 
56. Por último, Tailandia sostiene que las circuns tancias del presente caso favorecen una pronta 
aplicación.  Refiriéndose a las disposiciones especiales de los párrafos 2 y 8 del artículo 21 del ESD relativas a los países en desarrollo Miembros, Taila ndia afirma que la aplicación de las resoluciones 
                                                     
 
104 Ibid., párrafo 60. 
 
105 Ibid., párrafo 63. 
 
106 Ibid., párrafo 64. 
 
107 Ibid., párrafo 68.  El plazo prudencial  expiraría el 25 de diciembre;  el día laborable siguiente a esa 
fecha es el 27 de diciembre de 2005. 
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 en la presente diferencia es "crucial" para los objetivos de desarrollo tailandeses.
108  Tailandia afirma 
que las subvenciones a la exportación del azúcar  incompatibles con las normas de la OMC que 
mantienen las Comunidades Europeas representan pa ra Tailandia una pérdid a anual de 151 millones 
de dólares EE.UU., afectan aproximadamente a millón y medio de familias de cultivadores y 
trabajadores relacionados con el azúcar y tienen "consecuencias muy graves para la rama de producción del azúcar tailandesa".
109  En cuanto a los intereses de los países ACP, Tailandia declara 
que las Comunidades Europeas deben respetar pl enamente sus compromisos con esos países pero 
afirma que dichos intereses " no pueden tener prioridad sobre la  obligación de las [Comunidades 
Europeas] de efectuar una pronta aplicación".110  Tailandia señala también que no ha cuestionado "en 
modo alguno" el acceso preferencial al mercado co munitario de que gozan los países ACP y la 
India.111  Además, no se debería permitir a las Co munidades Europeas que utilicen los supuestos 
efectos de la reforma de su régimen del azúcar  sobre los países ACP para "no hacer nada"112;  debe 
suponerse que las Comunidades Europeas tuvieron en cuenta los intereses de los países ACP cuando 
anunciaron su propuesta el 22 de  junio de 2005;  por consiguiente, no es necesario prever tiempo 
adicional para que puedan celebrarse nuevas consultas con los países ACP. 
57. Tailandia sostiene también que el plazo prudencia l no debe incluir un plazo de adaptación en 
el que se permita a los productores de azúcar de l as Comunidades Europeas exportar fuera de la cuota 
hasta el 1º de enero de 2007.  Anteriores laudos  arbitrales adoptados de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 han establecido que el hecho de que la aplicación pueda requerir ciertos 
ajustes estructurales por parte de la rama de producción nacional no constituy e una "circunstancia[] 
del caso" en el sentido de esa disposición.  Además,  el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha resuelto que los receptores de una  subvención no tienen derecho a un período de 
transición cuando esa subvención se elimina;  así pu es, incluso con arreglo a la legislación de las 
propias Comunidades Europeas, no existe ninguna pr escripción según la cual se deba establecer un 
período de transición antes de que entren en vigor modificaciones de un programa de subvenciones.  
Tailandia sostiene que, al solicitar un plazo de ad aptación, las Comunidades Europeas solicitan de 
                                                      
108 Ibid., sección IV.E.1. 
 
109 Ibid., párrafo 77. 
 
110 Ibid., párrafo 81. 
 
111 Ibid., párrafo 80. 
 
112 Ibid., párrafo 82. 
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 hecho una exención de sus obligaciones, de  conformidad con el artículo IX del Acuerdo de 
Marrakech  por el que se establece la Organización Mundial del Comercio  (el "Acuerdo sobre 
la OMC "). 
III. Plazo prudencial 
58. De conformidad con el párrafo 3 c) del artícul o 21 del ESD, mi función como árbitro en el 
presente caso es determinar el "plazo prudencial"  para que las Comunidades Europeas apliquen las 
recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solu ción de Diferencias (el "OSD") en el asunto 
CE - Subvenciones a la exportación de azúcar .
113  El "plazo prudencial" se calculará a partir del 19 de 
mayo de 2005, fecha en la que se adoptaron lo s informes del Grupo Especial y del Órgano de 
Apelación relativos a esta diferencia. 
59. El párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD es tipula que, cuando el "plazo prudencial" se 
determine mediante arbitraje: 
... una directriz para el árbitro ha de ser que el plazo prudencial para 
la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del Órgano 
de Apelación no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de 
adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación.  Ese plazo podrá, no obstante, ser más corto o más largo, según las circunstancias del caso.  (no se repr oduce la nota de pie de página) 
A este respecto, señalaría, como han hecho antes otros árbitros, que, en los arbitrajes realizados de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21, corresponde al Miembro que ha de proceder a la 
aplicación la carga de demostrar que el plazo que  propone es un plazo prudencial en el sentido del 
párrafo 3 del artículo 21 del ESD. 
60. Antes de proceder a determinar el plazo pr udencial para que las Comunidades Europeas 
apliquen las recomendaciones y resoluciones del OS D en esta diferencia, expondré las opiniones de 
las partes sobre determinados principios general es, formulados en laudos  arbitrales anteriores, 
aplicables a la determinación del pl azo prudencial de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD. 
                                                     
 
113 Véase el documento WT/DS265/29, WT/DS266/29, WT/DS283/10. 
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 61. Los principios rectores en cuestión son los siguientes: 
- el plazo prudencial debe ser el más breve pl azo posible dentro del sistema jurídico del 
Miembro que ha de proceder a la aplicación
114; 
- el Miembro al que incumbe la aplicación de be aprovechar toda la flexibilidad y todas 
las facultades discrecionales que ofrece su sistema jurídico y administrativo para aplicar las recomendaciones y resoluciones de l OSD en el plazo más breve posible;  y 
- al determinar el plazo prudencial es preciso  tener en cuenta las "circunstancias del 
caso". 
62. Las partes están de acuerdo con el primer princi pio, pero manifiestan profundas diferencias en 
cuanto a la medida de aplicación con respecto a la cual ha de determinarse el "más breve plazo posible".  Las Comunidades Europeas hacen considerab le hincapié en la tesis de que "el Miembro que 
ha de proceder a la aplicación tiene la prerrogativa  de elegir los medios de aplicación que considere 
más apropiados"
115, y por tanto, el "más breve plazo posible" debe determinarse con respecto al 
método de aplicación elegido por dicho Miembro.  Las Comunidades Europeas sostienen que no corresponde al árbitro, ni a las partes reclamant es, imponer al Miembro que ha de proceder a la 
aplicación un método determinado alegando que éste da ría lugar a la aplicación más rápida de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  Según las Comunidades Europeas, "[c]uando Árbitros 
anteriores han señalado que el 'plazo prudencial' es  el 'más breve plazo posible' dentro del sistema 
jurídico del Miembro que ha de proceder a la aplicac ión, se referían al proced imiento para la adopción 
de la medida de aplicación y no a la elección de dicha medida, que es prerrogativa de ese 
Miembro".
116  Por tanto, a juicio de las Comunidades Europeas, no corresponde al árbitro elegir un 
método de aplicación concreto y determinar el plaz o prudencial sobre la base de esa elección.  En 
                                                      
114 Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 34 (en el que se cita el Laudo del 
Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916 , párrafo 32).  Véanse también el Laudo del Árbitro, CE - Hormonas , 
párrafo 26;  el Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 47;  el Laudo del 
Árbitro, CE - Preferencias arancelarias , párrafo 26;  y el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Exámenes por 
extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos , párrafo 25. 
 
115 Comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 22, en el que se hace referencia al 
Laudo del Árbitro, Corea - Bebidas alcohólicas , párrafo 45;  el Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para 
productos farmacéuticos , párrafo 43;  el Laudo del Árbitro,  Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 32;  el 
Laudo del Árbitro,  Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) , párrafos 48 y 53;  el Laudo del 
Árbitro,  CE - Preferencias arancelarias , párrafo 30;  y el Laudo del Árbitro,  Estados Unidos - Exámenes por 
extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos , párrafo 26.  (sin cursivas en el original) 
 
116 Declaración formulada por las Comuni dades Europeas en la audiencia. 
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 cambio, la función del árbitro de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 es determinar el 
"más breve plazo posible"
117 en que el Miembro puede llevar a ca bo la aplicación mediante el método 
que ha elegido, teniendo en cuenta el tiempo requerido para adoptar las medidas legislativas, 
reglamentarias y administrativas necesarias. 
63. En cambio, Australia, el Brasil y Tailandia (las "Partes Reclamantes") alegan que el "pronto 
cumplimiento" de las recomendaciones y resoluciones del OSD exigido por el párrafo 1 del artículo 21 del ESD, es fundamental para el funciona miento del sistema de solución de diferencias
118;  
por consiguiente, sólo en el caso de que "no sea fac tible" el "pronto cumplimiento", tendrá derecho el 
Miembro que ha de proceder a la aplicación a un "p lazo prudencial" para ésta de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 21 del ESD.  Por tanto, el pl azo más breve posible para la aplicación -la norma 
formulada por anteriores árbitros, que se deriva  de la prescripción fundamental de "pronto 
cumplimiento" establecida en el párrafo 1 del ar tículo 21- debe determinar se sobre la base de un 
método al que pueda recurrir el Miembro que ha de  proceder a la aplicación y que sea compatible con 
su sistema jurídico y tenga como resultado la aplic ación en el plazo más breve posible.  Además, el 
alcance del método de aplicación debe limitarse al  necesario para aplicar las recomendaciones y 
resoluciones del OSD y no debe ampliarse para incluir objetivos sin relación con éstas que el 
Miembro que ha de proceder a la aplicación pueda tr atar de incorporar.  En opinión de las Partes 
Reclamantes, el derecho de un Miembro a elegir el medio de aplicación no es ilimitado, y no debería 
permitirse que el Miembro que ha de proceder a la  aplicación lo utilice como forma de conseguir un 
plazo más largo para ésta. 
64. En cuanto al segundo principio que rige la  determinación del plazo prudencial de 
conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21, las Comunidades Europeas sostienen que la 
prescripción de que un Miembro aproveche toda la fl exibilidad que le ofrece su  sistema jurídico no 
debería interpretarse en el sentido de que un Miem bro que ha de proceder a la aplicación está obligado 
a "recurrir a un procedimiento extraordinario  en lugar del procedimiento normal ".119  A d e m á s ,  l a s  
                                                      
117 Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 34 (en el que se cita el Laudo del 
Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916 , párrafo 32).  Véanse también el Laudo del Árbitro, CE - Hormonas , 
párrafo 26;  el Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 47;  el Laudo del 
Árbitro, CE - Preferencias arancelarias , párrafo 26;  y el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Exámenes por 
extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos , párrafo 25. 
 
118 Comunicación escrita de Australia, párrafo 4;  comunicación escrita del Brasil, párrafo 13;  
comunicación escrita de Tailandia, párrafo 20. 
 
119 Comunicación escrita de las Comunidades Europeas , párrafo 23.  (sin curs ivas en el original) 
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 Comunidades Europeas señalan que, como han declara do árbitros anteriores, el plazo prudencial debe 
incluir el tiempo necesario no sólo para los trámites procesales impuestos explícitamente por instrumentos jurídicos, sino también para los trámites procesales que constituyen las prácticas 
legislativas o administrativas normales y "sistemáti ca[s]" del Miembro que ha de proceder a la 
aplicación.
120 
65. Por el contrario, las Partes Reclamantes a ducen que, incluso cuando se requieren trámites 
legislativos y reglamentarios para la aplicación,  incumbe al Miembro que ha de proceder a ésta 
aprovechar todas las facultades discr ecionales y la flexibilidad que le o frece su sistema para garantizar 
la rápida aplicación de sus obligaciones internacionales. 
66. Con respecto al tercer principio, relativo a las "circunstancias del caso" en el sentido del 
párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, las Comuni dades Europeas y las Partes Reclamantes están de 
acuerdo en que las "circunstancias del caso" son un f actor pertinente que el árbitro ha de tener en 
cuenta al determinar el plazo prudencial.  Sin embargo, las partes discrepan con respecto a qué 
constituye esas "circunstancias del caso" a los efectos de la presen te diferencia.  Las Comunidades 
Europeas solicitan que tenga en cuenta siete "circunstancias del caso"121;  las Partes Reclamantes no 
están de acuerdo.  Además, el Brasil y Tailandia so stienen que el árbitro debe prestar "especial 
atención" a sus respectivos intereses en materia de  desarrollo, de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 21 del ESD.  La divergencia de opiniones es especialmente acentuada con respecto a tres 
cuestiones:  en primer lugar, el alcance del me dio de aplicación propuesto por la Comisión Europea 
(la "Comisión"), contenido en su propuesta al Con sejo de la Unión Europea (el "Consejo"), de fecha 
22 de junio de 2005;  en segundo lugar, la necesida d de un "serio debate" en la sociedad de las 
Comunidades Europeas con respecto a las medidas de aplicación, así como la necesidad de celebrar 
                                                      
120 Ibid., párrafos 58 y 59.  Las Comunidades Europeas se basan en la declaración formulada por el 
Árbitro en el asunto CE - Preferencias arancelarias , párrafo 42. 
 
121 Las siete "circunstancias del caso" señaladas por las Comunidades Europeas son las siguientes:  i) la 
aplicación exige la adopción de un reglamento por el Co nsejo y de disposiciones reglamentarias de aplicación 
por la Comisión;  ii) las medidas de aplicación son comp lejas;  iii) el proceso de  aplicación conlleva varios 
trámites procesales establecidos por documentos jurí dicos o por la práctica constitucional;  iv) existen 
prescripciones relativas a la publicación y la entrada en vigor de las disposicione s reglamentarias de que se trata;  
v) la repercusión de las medidas sobre la sociedad europea exige un serio debate;  vi) se deberá tener en cuenta 
la producción iniciada o planificada antes de la adopción de la decisión en la diferencia subyacente;  y, por último, vii) los plazos prudenciales concedidos en anteriores laudos relativos a medidas legislativas de las 
Comunidades Europeas. 
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 consultas con los países de África, el Caribe y el Pacífico (países "ACP")
122;  y, en tercer lugar, la 
necesidad de un período de transición con r especto a la producción nacional ya iniciada. 
67. Las partes discrepan acusadamente con respect o al alcance de la medida de aplicación 
necesaria en esta diferencia.  La esencia de este desacuerdo consiste en que, según las Partes 
Reclamantes, la única obligación que las Comunidades Europeas deben aplicar en esta diferencia consiste en limitar los desembolsos presupuestarios para las subvenciones a la exportación de azúcar a 
499,1 millones de euros, y la cantidad de exportaciones de azúcar subvencionadas a 1.273.500 toneladas en cualquier campaña de comercialización.  Al ser éste el caso, las Comunidades 
Europeas pueden simplemente utilizar un sistema de licencias de exportación para limitar la cantidad 
de exportaciones en cualquier campaña de comerc ialización a 1.273.500 toneladas.  Las Partes 
Reclamantes aducen que la Comisión posee las facult ades legales y delegadas necesarias para hacerlo 
con arreglo al vigente Reglamento  1260/2001 del Consejo.  Además, incluso si la Comisión todavía 
no posee facultades jurídicas para controlar la expor tación de azúcar C, puede simplemente adquirir 
esas facultades mediante una modificación del Reglamento 1260/2001 del Consejo.
123 
68. Las Comunidades Europeas observan que sólo  tienen a su disposición dos opciones 
"extremas" como medio de aplicación, a saber, "i mpon[er] restricciones directas a las exportaciones 
de azúcar"124, "manten[iendo] invariable el  nivel de ayuda [interna]"125, como propugnan las Partes 
Reclamantes, en un extremo, y "desmantelar el  sistema de ayuda al azúcar o ... liberalizar 
completamente las importaciones de azúcar en el mercado de las [Comunidades Europeas]", en el 
otro.126  Entre estos dos extremos, después de una "estimación cuidadosa de todas las opciones 
disponibles"127, las Comunidades Europeas, en su propuesta de 22 de junio de 20 05, han escogido una 
opción intermedia que está "encamin[ada] a conservar cierta medida de ayuda para los cultivadores de 
remolacha y los productores de azúcar y reducir  al mínimo al mismo tiempo la producción de 
                                                      
122 Comunicación escrita de las Comuni dades Europeas, párrafos 28 y 80. 
 
123 Las partes en este procedimiento están de acuerdo en que la Comisión posee facultades para 
controlar las exportaciones de azúcar A y B. 
 
124 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 41. 
 
125 Ibid. 
 
126 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 42. 
 
127 Ibid., párrafo 44. 
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 excedentes exportables".
128  Según las Comunidades Europeas, a menos que se aborden las "causas 
estructurales de las exportaciones de azúcar subvencionadas"129 modificando el nivel de ayuda 
otorgada a los cultivadores de remolacha y los pro ductores de azúcar, no se puede evitar ni controlar 
la producción excedentaria de azúcar en las Comuni dades Europeas.  Por lo tanto, las Comunidades 
Europeas consideran que el medio de aplicación expu esto en su propuesta de 22 de junio de 2005 es el 
medio más adecuado desde un punto de vista a largo plazo.  A este respecto, las Comunidades 
Europeas sostienen que, como han reconocido tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación 
en la diferencia subyacente, el régimen del azúcar de las Comunidades Europeas es "muy 
complejo"130 y sus diversos componentes están "estrechamente relacionados entre sí y son 
interdependientes".131  Y, lo que es más importante, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación 
habían constatado que es el funcionamiento del ré gimen del azúcar de las Comunidades Europeas en 
su conjunto el que ha conducido a las subvenciones a las exportaciones de azúcar C en el sentido del 
párrafo 1 c) del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura .  Por lo tanto, a juicio de las Comunidades 
Europeas, el medio de aplicación que han elegido se  deducen lógicamente de los informes del Grupo 
Especial y del Órgano de Apelación.132 
69. Habiendo examinado los argumentos de las part es sobre el principio general del "más breve 
plazo posible" para la aplicación, procedo a exp oner mis opiniones a este respecto.  Coincido con 
árbitros anteriores en que la "función de un árbitro de conformidad con el párra fo 3 c) del artículo 21 
no es identificar [o elegir] un método de aplicación en  concreto y determinar el 'plazo prudencial' 
basándose en ese método".133  En lugar de ello, la elección del método de aplicación corresponde al 
Miembro que ha de proceder a ésta.  Sin embargo,  el Miembro al que incumbe la aplicación no tiene 
un derecho irrestricto a elegir cualquier método de aplicación.  Además de ser compatible con las 
                                                      
128 Ibid., párrafo 43. 
 
129 Ibid., párrafo 41. 
 
130 Ibid., párrafo 37. 
 
131 Ibid., párrafo 40. 
 
132 Respuesta de las Comunidades Europeas a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
133 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Juegos de azar , párrafo 33.  Véase también el Laudo del 
Árbitro, Corea - Bebidas alcohólicas , párrafo 45.  A este respecto, observo también, y las partes están de 
acuerdo en esto, que la cuestión de si una medida de stinada a cumplir adoptada por el Miembro que ha de 
proceder a la aplicación está en conformidad con la s obligaciones que correspond en a ese Miembro es una 
cuestión que está comprendida en el ámbito del párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  Observo además que con arreglo al apartado a) del pá rrafo 3 del artículo 21, es el Miembro qu e ha de proceder a la aplicación el que 
propone el plazo prudencial que necesita para la aplicación mediante la me dida que elija adoptar. 
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 obligaciones que corresponden al Miembro en el marc o de la OMC, el método elegido debe ser tal 
que se pueda aplicar en un plazo prudencial de conformidad con las directrices que figuran en el párrafo 3 c) del artículo 21.  No se pueden in cluir en el método objetivos ajenos a las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en la di ferencia de que se trate cuando tal inclusión 
prolongue el plazo de aplicación.  Sobre todo, se da  por supuesto que el Miembro que ha de proceder 
a la aplicación actuará de "buena fe" en la sele cción del método que considere más apropiado para la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
70. Pasando a referirme a la diferencia que suby ace a este arbitraje, observo que el Órgano de 
Apelación confirmó "como consecuencia de las constataciones ... la constatación del Grupo 
Especial ... de que las Comunidades Europeas, por  medio de su régimen del azúcar, actuaron de 
manera incompatible con las obligaciones que les co rresponden en virtud del pá rrafo 3 del artículo 3 y 
el artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura ".
134  Con arreglo al párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo 
sobre la Agricultura , las Comunidades Europeas tienen la obligación, entre otras cosas, de no 
"otorgar[] subvenciones a la exportación ... por enci ma de los niveles de co mpromiso en materia de 
desembolsos presupuestarios y cantidad es especificados [en su Lista]".135  Con respecto al azúcar C, 
como se ha indicado anteriormente, la subvención a la  exportación cuya existenc ia se constató fue una 
subvención en el sentido del pá rrafo 1 c) del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura , cuyo origen 
era la ayuda interna otorgada, en el marco del complejo e integrado régi men del azúcar de las 
Comunidades Europeas, a los cultivadores de  remolacha y los productores de azúcar. 
71. Examinaré en primer término el argumento de  las Partes Reclamantes de que limitar o 
prohibir las exportaciones de azúcar o, más concretamente, de azúcar C136 por medio de la suspensión 
de la concesión de licencias de exportación es la  única opción de que disponen las Comunidades 
Europeas para cumplir las recomendaciones y resolu ciones del OSD en esta diferencia.  Las Partes 
Reclamantes no han logrado refutar los argumento s de las Comunidades Europeas de que estas 
últimas podrían, además de limitar sus e xportaciones de azúcar, optar por cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD "retira ndo o reduciendo las subvenc iones";  "derogando las 
                                                      
134 Informe del Órgano de Apelación, CE - Subvenciones a la exportación de azúcar , párrafo 346 f). 
 
135 El artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura  establece que "[c]ada Miembro se compromete a no 
conceder subvenciones a la exportación más que de conformidad con el presente Acuerdo y con los 
compromisos especificados en su Lista". 
 
136 En el marco del régimen del azúcar vigente de las Comunidades Europeas, las exportaciones de 
azúcar C no gozan del beneficio de las restituciones por exportación. 
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 prescripciones que supeditan las subvenciones a las exportaciones";  o "adoptando medidas para 
neutralizar las subvenciones (por ejemplo,  en forma de derechos de exportación)".
137  Por lo tanto, no 
estoy de acuerdo en que limitar o prohibir las ex portaciones de azúcar o, más concretamente, de 
azúcar C sea la única opción disponible, o la más ef icaz, para la aplicación en esta diferencia o sea 
necesariamente la mejor disponible. 
72. Habida cuenta de esta conclusión, no tengo n ecesidad de decidir aquí si las facultades 
jurídicas de la Comisión en el marco del de recho comunitario con arreglo al vigente 
Reglamento 1260/2001 del Con sejo comprenden la de suspender la concesión de licencias de 
exportación con respecto al azúcar C.  De manera an áloga, no es preciso que aborde el argumento de 
las Comunidades Europeas de que, al suspender las li cencias de exportación con respecto al azúcar C, 
las Comunidades Europeas actuarían de forma incompatible con el artículo XI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 . 
73. Como he afirmado anteriormente con respecto al principio rector, la elección del método de 
aplicación corresponde al Miembro que ha de proceder a la aplicación.  Habida cuenta de los hechos 
de la diferencia que subyace a este arbitraje, est oy persuadido de que las Comunidades Europeas no 
están persiguiendo objetivos ajenos al abordar "l as causas estructurales de las exportaciones de azúcar 
subvencionadas".138  Por lo tanto, procedo a determinar  el plazo prudencial que necesitan las 
Comunidades Europeas con respecto a su  propuesta de 22 de junio de 2005. 
74. Abordaré en primer lugar los argumentos de l as partes con respecto a los trámites que supone 
el proceso legislativo europeo.  Las Partes Recl amantes están de acuerdo, en principio, con las 
Comunidades Europeas sobre los trámites fundament ales que conlleva el proceso legislativo con 
arreglo a los artículos 36 y 37 del Tratado cons titutivo de la Comunidad Europea (el "Tratado de 
la CE"), a saber:  la elaboración por la Comisión de una propuesta y su presentación al Consejo;  la 
obtención de los dictámenes del Parlamento Eu ropeo y del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE);  la adopción de un reglamento por el Consej o;  y, por último, la adopción de disposiciones 
reglamentarias de aplicación por la Comisión.139  La adopción de dispos iciones reglamentarias de 
aplicación por la Comisión se rige por el denomin ado "procedimiento del comité de gestión".140 
                                                      
137 Declaración de las Comunidades Europeas en la audiencia. 
 
138 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 41. 
 
139 Comunicación escrita de Australia, párrafos 145 a 156;  comunicación escrita del Brasil, párrafo 82;  
comunicación escrita de Tailandia, párrafos 61 a 70.  La s Partes Reclamantes no están de acuerdo con el  WT/DS265/33 
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 75. Sin embargo, existe un desacuerdo con respecto a si, con arreglo al denominado 
"procedimiento del comité de gestión", la Comisi ón puede comenzar a preparar las disposiciones 
reglamentarias de aplicación antes de que se adopte el reglamento del Consejo.  Las Comunidades 
Europeas reconocen que la Comisión puede comenzar  a preparar esas disposiciones reglamentarias 
antes de que el Consejo haya adoptado formalme nte su reglamento;  sin embargo, la Comisión 
"no puede finalizar los textos e iniciar el proced imiento formal interservi cios y el procedimiento 
basado en la comitología hasta que el Consejo haya adoptado una decisión definitiva".
141  Por el 
contrario, el Brasil aduce que una propuesta de la  Comisión puede ser finalizada por la Comisión, y 
aprobada por el Comité de Gestión, antes de que se adopte el reglamento del Consejo.142 
76. El sistema legislativo de las Comunidades Europeas se caracteriza por una "flexibilidad 
considerable", en el sentido de que no se impone n plazos mínimos obligatorios para ningún trámite 
concreto en el proceso legislativo que  han esbozado las Comunidades Europeas.143  Además, como 
han reconocido las Comunidades Europeas, es pos ible que determinados trámites del proceso 
legislativo puedan proceder en paralelo.  Así,  por ejemplo, las Comunidades Europeas están de 
acuerdo en que el Consejo puede iniciar sus delib eraciones sobre una propuesta de la Comisión que 
todavía estén examinando el Parlamento Europe o y el CESE.  Sin embargo, las Comunidades 
Europeas aducen, a este respecto, que el Consejo "e n cualquier caso necesitará tiempo adicional para 
tomar debidamente en consideración los dictámenes de esos órganos".144 
                                                                                                                                                                     
argumento de las Comunidades Europeas de que se requiere tiempo adicional a efectos de celebrar consultas con 
los países ACP.  Abordaré este punto en los párrafos 80 y 81, infra . 
 
140 Con arreglo al "procedimiento del comité de gestión" o "procedimiento basado en la comitología", 
presta asistencia a la Comisión un "Comité de Gestión" integrado por representantes de los Estados miembros y 
presidido por un representante de la Comisión.  Con arreglo a este procedimiento, la Comisión presenta sus propuestas al Comité de Gestión, que a su vez emite su dictamen sobre la propuesta.  En caso de que el Comité 
de Gestión no emita un dictamen o de que éste sea favora ble, la Comisión adopta el  reglamento propuesto.  En 
caso de que el Comité de Gestión emita un dictamen desfavorable, la Comisión adopta, no obstante, el reglamento pero el Consejo puede adoptar una decisión distinta de la adoptada por la Comisión dentro de un 
plazo determinado. 
 
141 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 74. 
 
142 Comunicación escrita del Brasil, párrafo 108. 
 
143 La misma observación fue formulad a por el Árbitro en el asunto CE - Preferencias arancelarias , 
párrafo 36. 
 
144 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 67. 
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 77. Tomo nota de la "flexibilidad" que permite que el Consejo comience a examinar la propuesta 
de la Comisión de 22 de junio de 2005 antes de  recibir los dictámenes del Parlamento Europeo y 
del CESE.
145  Con esto se ahorraría algo de tiempo en comparación con la alternativa de que el 
Consejo no examine la propuesta de la Comisión hast a después de recibir el dictamen del Parlamento 
Europeo y del CESE.146  Estoy de acuerdo, sin embargo, con las Comunidades Europeas en que, 
aunque el Consejo comience a examinar la propuesta de la Comisión antes de recibir los dictámenes 
del Parlamento Europeo y del CESE, seguirá n ecesitando tiempo para examinar estos dictámenes, 
después de recibirlos.  Como observó el Árbitro en el asunto CE - Preferencias arancelarias , "[s]i no 
se concediera ese tiempo para esto, se frustraría  la finalidad de solicitar los dictámenes".147 
78. Observo también que las Comunidades Europeas están de acuerdo en que, con arreglo al 
"procedimiento del comité de gestión", la Comisi ón podría comenzar a prep arar sus disposiciones 
reglamentarias de aplicación antes de que  se adopte un reglamento del Consejo.148  Las Comunidades 
Europeas señalan que el personal de la Comisión "puede comenzar a preparar las disposiciones 
reglamentarias de aplicación antes de la adopción del reglamento del Consejo"149;  sin embargo, la 
Comisión no puede finalizar el texto y presentarlo al Comité de Gestión, a efectos de obtener el dictamen de ese Comité, "hasta que el Con sejo haya adoptado una decisión definitiva".
150  A este 
respecto, las Partes Reclamantes presentaron una prue ba documental en que se señalan tres casos en 
que el Comité de Gestión emitió su dictamen antes  de que el Consejo adoptara el reglamento 
pertinente.  Las Comunidades Europeas responden qu e, aunque la Comisión puede solicitar al Comité 
de Gestión que emita su dictamen  antes de que se adopte el reglam ento del Consejo, esto constituye, 
sin embargo, un procedimiento extraordinario en la  práctica de las instituciones de las Comunidades 
Europeas.151 
                                                      
145 Esta flexibilidad también fue señalada por el Árbitro en el asunto CE - Preferencias arancelarias , 
párrafo 43. 
 
146 Observo que, según el plazo propuesto por las Comunidades Europeas, el Consejo dispondrá de 
estos dos dictámenes aproxima damente en el mismo momento, a saber, enero de 2006. 
 
147 Laudo del Árbitro, CE - Preferencias arancelarias , párrafo 43. 
 
148 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 74. 
 
149 Ibid. 
 
150 Ibid. 
 
151 Respuesta de las Comunidades Europeas a preguntas formuladas en la audiencia. 
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 79. Coincido con árbitros anteriores en que un Miembro que ha de proceder a la aplicación no 
está obligado a adoptar "procedimientos legisl ativos extraordinario s" en todos los casos.
152  A este 
respecto, no me parece convincente el argumento de  las Partes Reclamantes de que, aunque los casos 
que citan son pocos, la flexibilidad que se deduce de ellos no debe considerarse "extraordinaria".  A 
este respecto, tomo nota de la prescripción de que tendría que solicitarse de nuevo el dictamen del 
Comité de Gestión en caso de que el Consejo, al a doptar el reglamento, modificara la propuesta inicial 
de la Comisión.153 
80. Otro aspecto del procedimiento legislativo de las Comunidades Europeas sobre el que están 
en desacuerdo las partes se refiere a la necesidad de celebrar consultas con a los países ACP.  Las 
Comunidades Europeas alegan que, en virtud de l Acuerdo de Cotonou entre las Comunidades 
Europeas y los países ACP, están obligadas a celebrar consultas con éstos acerca de las medidas que 
puedan "afectar a los intereses" de esos países.154  Según las Comunidades Europeas, esta prescripción 
de celebrar consultas con los países ACP "a lo lar go de todo el proceso legislativo", así como la 
necesidad de "examinar sus comunicaciones y res ponder a ellas", "aumentará la complejidad del 
debate ... y exigirá tiempo adicional".155 
81. No cuestiono la necesidad de que, en virt ud del Acuerdo de Cotonou, las Comunidades 
Europeas celebren consultas con los países ACP acerca de las "medidas que puedan afectar a los 
intereses de los Estados ACP".156  Sin embargo, las Comunidades Europeas no han demostrado por 
qué esto debería tener una repercus ión que exija tiempo adicional para  que las Comunidades Europeas 
apliquen las recomendaciones y resoluciones del OSD.  Señalaré, en primer lugar, que la aplicación de las Comunidades Europeas en esta diferencia se refiere a sus compromisos en materia de 
subvenciones a la exportación  de conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura , mientras que los 
                                                     
 
152 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor, párrafo 32;  
Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) , párrafo 74;  Laudo del Árbitro, 
CE - Preferencias arancelarias , párrafo 42. 
 
153 En la audiencia, las Comunidades Europeas afirmaron que el dictamen emitido por el Comité de 
Gestión antes de la adopción de un reglamento del Cons ejo estaría "supeditado" a que  el Consejo adopte la 
propuesta de la Comi sión sin modificaciones. 
 
154 Comunicación escrita de las Comunidades Europ eas, párrafo 61.  El Acuerdo de Cotonou es un 
acuerdo de asociación entre, por una pa rte, las Comunidades Europeas y, por otra, los países ACP;  se refiere a 
cuestiones políticas, comerciales y de desarrollo. 
 
155 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 63. 
 
156 Ibid., párrafo 61. 
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 países ACP gozan de acceso preferencial  al mercado comunitario.  En segundo lugar, las 
Comunidades Europeas no facilitaron información sufici ente sobre qué consultas han tenido lugar con 
los países ACP, ni sobre la manera en que las consultas celebradas en el pasado con esos países 
tuvieron una repercusión en el proceso legislati vo de las Comunidades Europeas.  Éstas no me han 
proporcionado información suficiente para justific ar su afirmación de que las consultas con los 
países ACP exigirán tiempo adicional para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 
del OSD.
157 
82. Paso ahora a examinar el desacuerdo existente entre las partes en relación con el tiempo 
necesario para el procedimiento legislativo en el presente caso.  A este respecto, señalo que las 
Comunidades Europeas estiman que el Consejo adopta rá un reglamento al final de marzo de 2006 y 
que, posteriormente, la Comisión necesitará tr es meses para promulgar las disposiciones 
reglamentarias de aplicación necesarias, es decir, hasta el final de junio de 2006.158  En cambio, las 
Partes Reclamantes alegan que el Consejo podría adoptar un reglamento para el 2 de diciembre 
de 2005 y que la Comisión podría ad optar las disposiciones reglamenta rias de aplicación para el 27 de 
diciembre de 2005.  Las Partes Reclamantes basan su estimación en la adopción de una "modificación ... sencilla"
159 y "limitada"160 del régimen del azúcar vigente en las Comunidades 
Europeas161, en lugar de basarla en una reforma más amplia de ese régimen, como proponen las 
Comunidades Europeas.  Australia162 y el Brasil163 han alegado también que, incluso sobre la base de 
una reforma más amplia de las Comunidades Eur opeas, el Consejo debería adoptar un reglamento 
para el 29 de marzo de 2006 y la Comisión debería ad optar disposiciones reglamentarias de aplicación 
para el 21 de abril de 2006. 
                                                      
157 En el párrafo 102 infra , examino la pertinencia, con arreglo al párrafo 2 del artículo 21 del ESD, de 
los intereses de los países ACP. 
 
158 El plazo comprendido entre la fecha de adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano 
de Apelación -es decir, el 19 de mayo de 2005- y el 30 de junio de 2006 es de 13 meses y 11 días. 
 
159 Comunicación escrita del Brasil, párrafo 81. 
 
160 Comunicación escrita de  Tailandia, párrafo 65. 
 
161 Según las Partes Reclamantes, esta modificaci ón debería limitarse a otorgar a la Comisión 
facultades jurídicas para limitar las exportaciones de azúcar C mediante la suspensión de la concesión de 
licencias de exportación. 
 
162 Comunicación escrita de Australia, párrafo 206. 
 
163 En la audiencia, el Brasil declaró que esta ba de acuerdo con Australia a este respecto. 
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 83. Las Partes Reclamantes han presentado varios cuadros con información relativa a la duración 
de procedimientos legislativos anteriores de l as Comunidades Europeas basados en los artículos 36 
y 37 del Tratado de la CE.  Sobre la base de una muestra de reglamentos anteriores por los que se 
modificó  una organización común de mercados ("OCM") existente  para productos agropecuarios, y 
sobre la base de otra muestra de reglamentos anteriores por los que se adoptó una nueva  OCM para 
dichos productos, las Partes Reclamantes alegan que las medianas de los períodos pertinentes son 
de 5,4 meses en el caso de la modificación  de una OCM existente  y de 9,2 meses en el caso de la 
adopción  de una nueva  OCM. 
84. Como he señalado antes, la limitación o prohibición de las exportaciones de azúcar C 
mediante la suspensión de la concesión de licenci as de exportación no es la única opción de la que 
disponen las Comunidades Europeas para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
esta diferencia.  Por consiguiente, no baso mi de terminación del plazo prudencial exclusivamente en 
el procedimiento para la adopción de ese reglamento que introduzca una modificación , como 
proponen las Partes Reclamantes, ni en las pruebas relativas a la duración del proceso de adopción de 
los mencionados reglamentos por los que se introdujeron modificaciones. 
85. Al mismo tiempo, observó que la información presentada por las Partes Reclamantes 
demuestra que el período medio para la adopción de  un reglamento del Cons ejo y de disposiciones 
reglamentarias de aplicación de la Comisión por los que se establece una nueva OCM para productos 
agropecuarios es de 11,4 meses, y la cifra median a es de 9,2 meses.  Las Comunidades Europeas no 
han cuestionado la validez de estos da tos, pero ponen de relieve el car ácter complejo y delicado de la 
presente diferencia.  Señalo que esos plazos son má s breves que los propuestos en este procedimiento 
de arbitraje por las Comunidades Europeas para finalizar su proceso legislativo.
164  También estoy de 
acuerdo con Tailandia en que una cifra media o me diana "representa[] intrínsecamente un período 
más largo que el más breve plazo posible necesario dentro del sistema jurídico de[l Miembro que ha 
de proceder a la aplicación]".165  Aun suponiendo que las circunstancias de adopción de anteriores 
reglamentos del Consejo puedan ha ber sido diferentes y que la propuesta en cuestión en este caso 
pueda entrañar un grado de complejidad distin to, parece que las Comunidades Europeas pueden 
                                                      
164 El período comprendido entre el 22 de junio de 2005, fecha en la que la Comisión presentó su 
propuesta al Consejo, y el 30 de junio de 2006, fecha propuesta por las Comunidades Europeas para la finalización de su proceso legislativo,  es de 12 meses y 8 días.  Además, un proceso legislativo que termine el 
30 de junio de 2006 representa un plazo de 13 meses y 11 días desde la fecha de adopción de los informes del 
Grupo Especial y del Órgano de Apelación en esta diferencia, es decir, el 19 de mayo de 2005. 
 
165 Comunicación escrita de  Tailandia, párrafo 70. 
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 aprovechar la flexibilidad y l as facultades discrecionales que ofr ece su sistema jurídico para 
asegurarse de que el reglamento pertinente de l Consejo y las disposiciones reglamentarias de 
aplicación de la Comisión se promulguen en un plazo más corto que el que han propuesto.  De hecho, 
dado que el proceso legislativo en cuestión está destinado a poner a las Comunidades Europeas en 
conformidad con sus obligaciones internacionales, se  refuerza la necesidad de que las Comunidades 
Europeas aprovechen toda la flexibilidad y todas l as facultades discrecionales que les pueda ofrecer su 
sistema jurídico. 
86. Paso ahora a examinar las demás  "circunstancias del caso"
166 alegadas por las Comunidades 
Europeas:  en primer lugar, la supuesta complejidad  de las medidas de aplicación;  en segundo lugar, 
la necesidad de un serio debate en la sociedad europ ea;  en tercer lugar, que sería "apropiado" permitir 
a los productores de azúcar de las Comunidades Eu ropeas exportar azúcar C hasta el 1º de enero 
de 2007;  en cuarto lugar, las prescripciones rela tivas a la publicación y la entrada en vigor de las 
disposiciones reglamentarias;  y en quinto lugar, los plazos prudenciales determinados en anteriores 
laudos arbitrales relativos a medidas legi slativas de las Comunidades Europeas. 
87. Las Comunidades Europeas sostienen que el pl azo prudencial debe dete rminarse teniendo en 
cuenta que las medidas de aplicación son "complej[as]".167  Las Comunidades Europeas alegan que su 
régimen del azúcar es "un régimen reglamentario muy complejo, compuesto de muchos mecanismos 
de ayuda diferentes"168 que están "estrechamente relacionados entre sí y son interdependientes"169;  
como consecuencia, las Comunidades Europeas tiene n "muchas opciones diferentes para aplicar las 
recomendaciones y resoluciones del OSD".170  Independientemente de cuál  sea la opción concreta que 
se elija en último término, "es probable que el contenido de las medidas de aplicación sea 
técnicamente complejo".171 
88. Como han señalado árbitros anteriores, la complejidad de las medidas de aplicación puede ser 
un factor pertinente para la determinación del plazo  prudencial de conformidad con el párrafo 3 c) del 
                                                      
166 Véase la nota 121, supra . 
 
167 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 45. 
 
168 Ibid., párrafo 37. 
 
169 Ibid., párrafo 40. 
 
170 Ibid. 
 
171 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 45. 
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 artículo 21 del ESD.
172  No obstante, el grado de complejidad  de una medida de aplicación depende de 
los hechos.  No estoy convencido de que el crite rio de la "complejidad" se cumpla, como parecen 
sugerir las Comunidades Europeas, cada vez que la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 
del OSD exige hacer algo más que "simplemente volve r a redactar una disposición jurídica aislada o 
revocar sin más toda la medida en cuestión".173  Como ejemplo de la "com plejidad" de una medida de 
aplicación, me remito al criterio propuesto por el Árbitro en el asunto Canadá - Patentes para 
productos farmacéuticos , a saber, si "la aplicación se logra mediante una multitud de reglamentos 
nuevos que afectan a muchos sectores de la actividad económica".174  Aunque reconozco que el 
régimen del azúcar de las Comunidades Eur opeas tiene muchos componentes que están 
interrelacionados, no estoy convencid o de que la propuesta de la Comisión de 22 de junio de 2005 
presente un nivel de "complejidad" tan elevado que ju stifique la concesión de tiempo adicional para la 
aplicación. 
89. El siguiente argumento de las Comunidades Eur opeas es que la repercusión de las medidas de 
aplicación sobre la sociedad europea exige un "serio debate" porque el régimen del azúcar de las Comunidades Europeas se caracteriza por la "permanencia a lo largo del tiempo", está "esencialmente integrado" en las políticas comunitarias y, en al gunos aspectos, "se remonta ... a la época de las 
guerras napoleónicas de principios del siglo XIX".
175  Las Comunidades Europeas se basan en una 
constatación del Árbitro en el asunto Chile - Sistema de bandas de precios  para sostener que esta 
"circunstancia[] del caso" debería influir en la  determinación del plazo prudencial.  Las Partes 
Reclamantes responden que la necesidad de un "serio  debate" o la "sensibilidad política" del asunto 
no pueden considerarse una "circunsta ncia[] del caso" a efectos de la  prorroga del plazo prudencial 
necesario para la aplicación176;  ello es tanto más así, según las Partes Reclamantes, habida cuenta de 
que la aplicación necesaria en esta diferencia consiste sólo en evita r que las exportaciones 
subvencionadas superen los compromisos de  reducción de las Comunidades Europeas. 
                                                      
172 Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 50;  Laudo del 
Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) , párrafo 60. 
 
173 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 45. 
 
174 Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos , párrafo 50;  véase también el 
Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) , nota 67 al párrafo 60. 
 
175 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 81. 
 
176 Comunicación escrita de Australia, párrafo 196;   comunicación escrita del Brasil, párrafos 118 
y 122;  comunicación escrita de Tailandia, párrafo 33. 
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 90. Según han constatado sist emáticamente anteriores árb itros, la "conflictividad" y la 
"sensibilidad política" de la medida que ha de aplicarse no son "circunstancias del caso" pertinentes 
de conformidad con el pá rrafo 3 c) del artículo 21.
177  En cualquier caso, no estoy convencido de que 
las subvenciones de las Comunidades Europeas a la  exportación de azúcar se caractericen por un 
grado de conflictividad política que diferencie esen cialmente estas medidas de cualquier otra que 
pueda ser objeto de una diferencia en el marco de la OMC.  No considero que las medidas en cuestión 
en esta diferencia susciten preocupaciones comparab les a las reconocidas por el  Árbitro en el asunto 
Chile - Sistema de bandas de precios .  Por tanto, a mi juicio, la invocación por las Comunidades 
Europeas del Laudo del Árbitro en el asunto Chile - Sistema de bandas de precios  está fuera de lugar;  
la medida objeto de esa diferencia tenía una "fun ción singular y ... repercusión en la sociedad 
chilena", estaba "integra[da] esencial[mente] ... en  las políticas agrícolas fundamentales de Chile" y 
tenía una "posición reguladora de la determinación de los precios en la política agrícola chilena".178 
91. Paso ahora a examinar la aseveración de las Comunidades Europeas de que la producción ya 
iniciada antes de que se decidi era la diferencia en al asunto CE - Subvenciones a la exportación de 
azúcar debería tomarse en consideración como una "circ unstancia[] del caso".  Más concretamente, 
las Comunidades Europeas alegan que "sería apropiado permitir a los exportadores de las 
Comunidades Europeas seguir exportando azúcar no co mprendido en las cuotas hasta el 1º de enero 
de 2007 sin quedar sujetos al pago de los gravámenes por 'cantidades excedentarias' previstos en la 
propuesta de la Comisión".179  Las Partes Reclamantes consideran injustificada la concesión de seis 
meses adicionales como período de transición para  permitir que la rama de producción comunitaria 
exporte el azúcar que ya ha producido.  Las Partes Reclamantes sostienen que anteriores árbitros han 
rechazado los argumentos de que debería concederse tiempo adicional para el "ajuste estructural" de 
la rama de producción nacional.180  El Brasil y Tailandia alegan también que, incluso con arreglo a la 
                                                      
177 Véanse el Laudo del Árbitro, Canadá - Período de pr otección mediante patente , párrafo 58;  y el 
Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) , párrafo 61. 
 
178 Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios , párrafo 48. 
 
179 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 90. 
 
180 Comunicación escrita de Australia, párrafos 181 a 191;  comunicación escrita del Brasil, 
párrafo 124;  comunicación escrita  de Tailandia, párrafos 87 y 88. 
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 legislación de las propias Comunidades Europeas, las subvenciones pueden suspenderse sin previo 
aviso a la rama de producción afectada.
181 
92. Estoy de acuerdo con las opiniones expresadas por las Partes Reclamantes.  A mi juicio, las 
Comunidades Europeas efectivamente solicitan un período de transición después  de la retirada o 
modificación de una medida incompatible con las nor mas de la OMC para que la rama de producción 
nacional pueda adaptarse a esa retirada o modificación.  Como han declarado árbitros anteriores, la necesidad percibida de un "reajuste estructural" o de plazos de adaptación para los productores 
nacionales no constituye una "circuns tancia del caso" en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 21 y, 
por lo tanto, no puede tener una re percusión en la determinación de l plazo prudencial de conformidad 
con esa disposición.
182  En mi opinión, la concesión de ese período de transición en realidad tendría el 
efecto de incluir en el plazo prudencial medid as ajenas a la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 
93. Paso a abordar ahora el argumento de las Comunidades Europeas relativo a la entrada en 
vigor de sus medidas de aplicación.  Las Comuni dades Europeas aducen que el reglamento del 
Consejo de que se trata debe entrar en vigor el 1º de julio de 2006 porque "es una práctica legislativa 
establecida que los reglamentos que deben aplicar las autoridades aduanera s deben publicarse por lo 
menos seis semanas antes de su entrada en vigor y surten efectos a partir del 1º de enero o, 
excepcionalmente, a partir del 1º de julio".183  Esta práctica se basa en una Resolución del Consejo 
de 1974.  Además, las Comunidades Europeas aducen  también que es una "práctica legislativa bien 
establecida" que las modificaciones significativas de las normas de una OCM deben surtir efectos al comienzo de la campaña de comercialización siguiente.
184 
94. En respuesta, las Partes Reclamantes han presentado dos cuadros en los que figuran 
33 reglamentos del Consejo y de la Comisión que , según las Partes Reclaman tes, "parecen estar 
comprendidos en la descripción [que hacen las Com unidades Europeas] de la práctica de larga data 
                                                      
181 El Brasil y Tailandia basan esta aseveración en la sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en el Asunto C-14/01, Molkerei Wagenfeld Karl Niemann .  (Véanse la comunicación 
escrita del Brasil, párrafo 99;  y la comunicación escrita de Tailandia, párrafo 89.) 
 
182 Laudo del Árbitro, Indonesia - Automóviles , párrafo 23;  Laudo del Árbitro, Argentina - Pieles y 
cueros , párrafo 41. 
 
183 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 77. 
 
184 Ibid., párrafo 78. 
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 del Consejo"
185;  sin embargo, en el caso de estos reglam entos, no se siguió la supuesta práctica de las 
Comunidades Europeas, por cuanto los reglamentos no entraron en vigor ni el 1º de enero ni el 1º de 
julio, y no fueron publicados seis semanas antes de su entrada en vigor.  Las Comunidades Europeas 
no cuestionan los datos presentados por las Partes Recl amantes;  no obstante, aducen que esta práctica 
ha existido desde 1974 y que, como consecuencia,  cabe esperar que haya una larga lista de 
excepciones.186 
95. A mi juicio, la información estadística presentada por las Partes Reclamantes sugiere que 
existe un cierto grado de flexibilidad con respecto a la práctica alegada por las Comunidades 
Europeas.  Soy consciente de que el Árbitro en el asunto CE - Preferencias arancelarias  consideró 
que esta práctica administrativa de las Comunidades Europeas era un factor pertinente para determinar el plazo prudencial para la aplicación.
187  Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en esa 
diferencia, las Partes Reclamantes han presentado prue bas claras de que ha habido varios casos en los 
que no se ha seguido la práctica.  Las Comunida des Europeas no han explicado por qué, en este caso 
concreto, no pueden hacer uso de la flexibilidad  que parecen tener con respecto a esta práctica 
administrativa concreta. 
96. Por lo que respecta al argumento de las Comunidades Europeas de que existe una "práctica 
legislativa bien establecida"188 con arreglo a la cual las modificaciones significativas de las normas de 
una OCM deben surtir efectos al comienzo de la campaña de comercialización siguiente, observo que 
las Comunidades Europeas no han señalado a mi at ención ninguna prueba fáctica en apoyo de esa 
alegación.  En cambio, las Partes Reclamant es han presentado pruebas que ponen en duda la 
existencia de la "práctica legislativa" bajo la  forma de un cuadro que muestra 10 modificaciones 
introducidas por el Consejo en OCM existentes que, según las Partes Reclamantes, no surtieron 
efectos al comienzo de la campaña de comercialización.  Por consiguiente, opino que las Comunidades Europeas no han satisfecho su carga probatoria con respecto a esta cuestión.  En consecuencia, la supuesta "práctica legislativa" c on arreglo a la cual "las modificaciones significativas 
de las normas de una organización común de mercados  deben surtir efectos ... al comienzo de la 
                                                     
 
185 Comunicación escrita del Brasil, párrafo 96. 
 
186 Respuesta de las Comunidades Europeas a preguntas formuladas en la audiencia. 
 
187 Laudo del Árbitro, CE - Preferencias arancelarias , párrafo 50. 
 
188 Comunicación escrita de las Co munidades Europeas, párrafo 96. 
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 campaña de comercialización siguiente"
189 no es una "circunstancia de l caso" que me proponga tener 
en cuenta para determinar el plazo prudencial. 
97. Paso ahora a la quinta "circunstancia de l caso" que, según sugieren las Comunidades 
Europeas, influye en la determinación del plazo prude ncial para el cumplimiento, a saber, los plazos 
concedidos en anteriores laudos arbitrales relati vos a medidas legislativas de las Comunidades 
Europeas.  A mi juicio, el párrafo 3 c) del artícul o 21 exige a los árbitros que tengan en cuenta las 
"circunstancias del caso" que les ha sido someti do.  Aunque los árbitros podrían extraer alguna 
orientación útil de anteriores laudos arbitrales a est e respecto, los hechos y circunstancias de la 
aplicación en una diferencia pueden diferir, y la ma yoría de las veces diferirán, de los hechos y las 
circunstancias de la aplicación en otra diferencia.  En consecuencia, me abstengo de considerar aquí 
que los plazos prudenciales concedidos en anteriores laudos arbitrales relativos a medidas legislativas 
de las Comunidades Europeas son una "circunstanc ia del caso" exclusivamente porque el presente 
arbitraje también se refiere a la aplicación por las Comunidades Europeas mediante una medida 
legislativa. 
98. Por último, paso a ocuparme de los argumentos de  las partes en relación con el párrafo 2 del 
artículo 21 del ESD.  El Brasil y Tailandia aducen que  debo prestar "especial atención", en el sentido 
de esa disposición, a sus respectivos intereses como países en desarrollo Miembros de la OMC, y han 
presentado abundantes pruebas con el fin de demost rar esos intereses.  La s Comunidades Europeas 
están de acuerdo en que el ámbito del párrafo 2 de l artículo 21 del ESD no se limita a los países en 
desarrollo Miembros en tanto que partes a las que incumbe la aplicación  y no partes reclamantes  en 
una diferencia.  Más exactamente, las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 2 del artículo 21 
es también aplicable a los países en desarrollo Miembros que no son partes en una diferencia.190  Las 
Comunidades Europeas no parecen cuestionar los inter eses de desarrollo del Brasil y Tailandia ni las 
pruebas presentadas por esos países.  En cambio, aducen que una consecuencia de un plazo de 
aplicación más breve, combinado con la suspensión de la exportación del azúcar C propugnada por las 
Partes Reclamantes, "podría ser" un aumento del precio del azúcar en el mercado mundial191, lo cual 
                                                      
189 Ibid., párrafo 78. 
 
190 Declaración de las Comunidades Europeas en la audiencia y respuesta de las Comunidades 
Europeas a preguntas formuladas en ella. 
 
191 Las Comunidades Europeas han presentado un es tudio según el cual las Partes Reclamantes no 
tienen la capacidad de producción necesaria para r eemplazarlas como proveedor de azúcar en el mercado 
mundial en diciembre de 2005, en caso de que las Comunidades Europeas suspendieran sus exportaciones de 
azúcar C.  Según las Comunidades Europeas, esta circun stancia daría lugar a un aumento del precio del azúcar 
en el mercado mundial, que a su vez afectaría desfavorablemente a los países en desarrollo importadores de WT/DS265/33 
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 afectaría desfavorablemente a los intereses de los países en desarrollo importadores de azúcar.  Las 
Comunidades Europeas aducen también que estos inte reses, así como los de los países ACP, también 
son intereses en el sentido del párrafo 2 del artículo 21 a los que debo prestar "especial atención". 
99. Considero que los árbitros anteriores no han r esuelto explícitamente la cuestión de si la 
expresión "países en desarrollo Miembros" que figura en el párrafo 2 del artículo 21 hace referencia 
exclusivamente al Miembro que ha de proceder a la aplicación  o también se refiere a los países en 
desarrollo Miembros distintos  del que ha de proceder a la aplicación como, por ejemplo, el Miembro 
reclamante, los terceros en la diferencia o cu alquier país en desarrollo Miembro de la OMC.
192  A mi 
juicio, tiene que interpretarse que  el párrafo 2 del artículo 21 prescribe que los árbitros presten 
"especial atención" a "las cuestiones que afecten a lo s intereses" tanto del país o países en desarrollo 
Miembros que han de proceder a la aplicación  como del país o países en desarrollo Miembros 
reclamantes .193  Observo que el Brasil, las Comunidades Europeas y Tailandia están explícitamente de 
acuerdo sobre este punto.194  Al llegar a esta conclusión, coincido con el Árbitro que se ocupó del 
asunto Estados Unidos - Juegos de azar  en que el texto del párrafo 2 del artículo 21 no limita su 
ámbito de aplicación a los países en desarrollo  Miembros a los que incumbe la aplicación.195  Observo 
también que los párrafos 7 y 8 del artículo 21 hacen re ferencia a circunstancias en las que los "asuntos 
[han sido] planteados por países en desarrollo Miembros" o "el caso ha sido promovido por un país en 
desarrollo Miembro";  esto indica que, cuando los re dactores del ESD quisieron limitar el ámbito de 
                                                                                                                                                                     
azúcar.  (Declaración de las Comunidades Europeas en la audiencia y respuesta de las Comunidades Europeas a 
preguntas formuladas en ella.) 
 
192 Árbitros anteriores han considerado que los intereses de un país en desarrollo Miembro de la OMC 
que ha de proceder a la aplicación  están comprendidos en el ámbito del párrafo 2 del artículo 21.  (Laudo del 
Árbitro, Indonesia - Automóviles , párrafo 24;  Laudo del Árbitro, Chile - Bebidas alcohólicas , párrafo 45;  y 
Laudo del Árbitro, Argentina - Pieles y cueros , párrafo 51.)  El Árbitro en el asunto CE - Preferencias 
arancelarias  declaró explícitamente que no era necesario que resolviera la cuestión de si el párrafo 2 del 
artículo 21 también se aplicaba a los intereses de los país es en desarrollo Miembros que no eran partes en el 
arbitraje.  (Laudo del Árbitro, CE - Preferencias arancelarias , párrafo 59.)  El Árbitro en el asunto Estados 
Unidos - Juegos de azar dijo explícitamente que no era necesario que re solviera la cuestión de si el párrafo 2 del 
artículo 21 se aplicaba a un país en desarrollo Miembro  reclamante .  (Laudo del Árbitro, Estados Unidos - 
Juegos de azar , párrafo 62.) 
 
193 Como se indica en el párrafo 104, infra , no es necesario que decida si el párrafo 2 del artículo 21 es 
aplicable a los países en desarrollo que no son partes en el procedimiento de arbitraje. 
 
194 Comunicación escrita del Brasil, párrafo 137;  d eclaración de las Comunidades Europeas en la 
audiencia y respuesta de las Comunidades Europeas a pr eguntas formuladas en ella;  comunicación escrita de 
Tailandia, párrafo 74. 
 
195 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Juegos de azar , párrafo 59. 
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 una disposición a un determinado gr upo o categoría de países en desarrollo Miembros, lo hicieron 
expresamente.
196 
100. Habiendo concluido que estoy obligado por el pá rrafo 2 del artículo 21 a prestar "especial 
atención" a las cuestiones que afectan a los interese s del Brasil y Tailandia en su calidad de partes 
reclamantes en la presente diferencia, procedo a examinar los argumentos específicos del Brasil y 
Tailandia a este respecto.  El Brasil aduce que su rama de producción del azú car genera más de la 
quinta parte del producto interior bruto total de su  agroindustria;  que un estudio concluyó en 1997 
que la rama de producción del azúcar "había crea do más de 654.000 puestos de trabajo directos 
y 937.000 puestos indirectos en el Brasil" y empleaba directamente a 764.593 personas en ese país197;  
que la rama de producción del azúcar tiene una im portancia añadida porque a menudo está ubicada en 
zonas rurales y tiene una tradición de fuente de empleo responsable desde el punto de vista social;  y 
que las exportaciones de azúcar subvencionado pro cedentes de las Comunidades Europeas ejercen un 
"efecto perjudicial sobre los precios en el mercado de exportación".198  Tailandia aduce que las 
exportaciones de azúcar procedentes de las Comunidades Europeas tienen el "efecto de ha cer bajar ...  
el precio del azúcar en el mercado mundial".199  Tailandia también hace re ferencia a las consecuencias 
desfavorables que se derivan de la continuación de  las exportaciones subvencionadas procedentes de 
las Comunidades Europeas para "1,5 millones de familias de cultivadores y trabajadores relacionados 
con el azúcar".200  Aduce también que una gran parte de su s zonas productoras de azúcar se encuentra 
en partes de su territorio cuyos ingresos anuales son inferiores a los ingresos anuales medios de 
Tailandia.  Tanto el Brasil como Tailandia presentan pruebas en apoyo de sus respectivos argumentos. 
101. Tras examinar las pruebas, estoy convencido, en términos generales, de que el Brasil y 
Tailandia han demostrado sus intereses como paí ses en desarrollo Miembros a los efectos del 
párrafo 2 del artículo 21 y de que esos intereses son pertinentes para mi determinación del plazo 
prudencial en el presente arbitraje. 
                                                      
196 Por ejemplo, el párrafo 12 del artículo 3 tambié n hace explícitamente referencia a una situación en 
la que "un país en desarrollo Miembro presenta contra un país desarrollado Miembro una reclamación basada en 
cualquiera de los acuerdos abarcados" .  El párrafo 10 del artículo 12 hace referencia a las "consultas que se 
refieran a una medida adoptada por un país en desarrollo Miembro" y a una "reclamación presentada contra un país en desarrollo Miembro". 
 
197 Comunicación escrita del Brasil, párrafo 138. 
 
198 Ibid., párrafo 140. 
 
199 Comunicación escrita de  Tailandia, párrafo 75. 
 
200 Ibid., párrafo 77. WT/DS265/33 
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 102. Por lo que respecta a los intereses de desarrollo de los países ACP
201, soy consciente del 
acceso preferencial al mercado comunitario de que gozan los países ACP en virtud del Acuerdo de Cotonou.  Sin embargo, las pruebas bastante lim itadas que tengo ante mí no me permiten deducir de 
qué manera específica los países ACP se verán afectados por la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en esta diferencia.  Por lo ta nto, carezco de una base precisa de la que valerme 
para prestar "especial atención" a los intereses de lo s países ACP al determinar el plazo prudencial en 
el presente arbitraje. 
103. Análogamente, no tengo ante mí pruebas suficien tes de si los intereses de otros países en 
desarrollo Miembros que son exportadores o importador es de azúcar serían afectados por la aplicación 
de las recomendaciones y resoluciones del OSD, ni  del modo en que lo serían.  Las Comunidades 
Europeas no han identificado específicamente a esos ot ros países en desarrollo Miembros ni en su 
comunicación ni en la audiencia. 
104. En consecuencia, no es necesario que, en las circ unstancias específicas del presente arbitraje, 
decida si el párrafo 2 del artículo 21 es también aplicable a los países en desarrollo Miembros que no 
son partes en el procedimiento de arbitraje iniciado de  conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21. 
105. Por último, observo que las partes han expresado diversas opiniones acerca de una cuestión 
que planteé durante la audiencia:  si el plazo pr udencial expirara en el curso de una campaña de 
comercialización, ¿cómo afectaría esta circunstancia  a los compromisos presupuestarios y en materia 
de limitación de cantidades del Mi embro que ha de proceder a la aplicación en esa campaña de 
comercialización, suponiendo que los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo sobre la 
Agricultura se apliquen a la totalidad de una campaña de comercialización?  El Brasil y las 
Comunidades Europeas declararon expresamente que la resolución de esta cuestión no está 
comprendida en el mandato de un árbitro del pá rrafo 3 c) del artículo 21 del ESD y carece de 
                                                     
 
201 Por lo que respecta a los países ACP que participar on en la diferencia en calidad de terceros con 
derechos ampliados y que son países menos adelantado s, las Comunidades Europeas hacen referencia al 
párrafo 1 del artículo 24 del ESD.  Dicho párrafo dispone que "[e]n todas las etapas de ... los procedimientos de solución de diferencias en que intervenga un país menos adelantado Miembro se prestará particular 
consideración a la situación especial  de los países menos adelantados Miembros".  Concretamente, los 
Miembros han de ejercer la "debida moderación" al plantear con arreglo a los procedimientos de solución de diferencias casos en que intervenga un país menos adelantado Miembro;  cuando se constate que existe 
anulación o menoscabo como consecuencia de una medida adoptada por un país menos adelantado Miembro, las 
partes reclamantes "ejercerán la debida moderación al pedir compensación o recabar autorización para 
suspender la aplicación de concesione s o del cumplimiento de otras oblig aciones de conformidad con [los] 
procedimientos [de solución de diferencias]". 
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 pertinencia para la determinación del plazo prude ncial de conformidad con dicho párrafo.  No 
considero necesario abordar esta cuestión. 
106. Sobre la base de las anteriores consideraciones, determino que el "plazo  prudencial" para que 
las Comunidades Europeas apliquen las recomend aciones y resoluciones del OSD en la presente 
diferencia es de 12 meses y 3 días contados a partir  del 19 de mayo de 2005, fecha en la que el OSD 
adoptó los informes del Grupo Especial y del Órga no de Apelación.  Por consiguiente, el plazo 
prudencial expirará el 22 de mayo de 2006. 
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 Firmado en el original, en Ginebra, el 18 de octubre de 2005 por: 
  
 
   
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A.V. Ganesan 
Árbitro