ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  RESTRICTED 
S/WPDR/W/48 
13 de junio de 2012 
 (12-3116) 
Grupo de Trabajo sobre la 
Reglamentación Nacional  
 
 
 
CUESTIONES DE REGLAMENTACIÓN POR SECTORES  
Y MODOS DE SUMINISTRO  
 
Nota de la Secretaría1 
 
 1. A petición del Grupo de Trabajo sobre la Regl amentación Nacional, la presente nota de la 
Secretaría se basa en el análisis de las cuesti ones de reglamentación que figuran en las notas de 
antecedentes sobre los sectores de servicios y los modos  de suministro elaboradas para el Consejo del 
Comercio de Servicios, y debe leerse junto con ellas.
2  Su propósito básico es aportar antecedentes 
sobre prácticas y cuestiones de reglamentación en di versos sectores y modos de suministro.  Así es 
que se espera que los Miembros empleen la presente nota para aportar al análisis sus propias 
experiencias concretas o nuevas cuestion es de reglamentación, según corresponda. 
2. Las cuestiones analizadas en la presente nota in cluyen, no exclusivamente, las consideradas 
en las negociaciones sobre las disciplinas de reglam entación nacional en el marco del párrafo 4 del 
artículo VI.  También se consideran cuestiones que pueden ser objeto de consignaciones en el marco 
del artículo XVIII (Compromisos adicionales).  Del mismo modo debe advertirse que las secciones 
siguientes no tratan las reglamentaciones comprendidas en el ámbito del artículo XVI ni del XVII, o 
que puedan ser incompatibles con el artículo II de l AGCS.  En algunos casos, no obstante, las  
descripciones del marco normativo pueden incl uir medidas que podrían considerarse como 
limitaciones al acceso a los mercados.  Estas me didas se agregaron a efectos de completar la 
información y de ello no debe deducirse que estén comprendidas en  el ámbito del párrafo 4 del 
artículo VI ni que puedan considerar se en el marco del artículo XVIII.  
3. Esta nota no tiene por objeto entrar en el deta lle de todas las cuestiones de reglamentación 
que pueden surgir en los distintos sectores y modos de suministro sino, conforme a lo solicitado por 
los Miembros, analizar en forma general el marco y las tendencias de reglamentación que afectan a los sectores y los modos de suministro, y destacar, cuando corresponde, las cuestiones que pueden afectar particularmente al comercio de servicios.  Dado que el tema central, el propósito y el alcance 
de la reglamentación pueden variar en función de los sectores, las cuestiones se consideran 
específicamente respecto de cada uno. 
4. La nota se divide en cuatro secciones.  La primera de ellas, a modo de introducción, recuerda 
la función que desempeña la reglam entación de los servicios y la im portancia del marco reglamentario 
nacional respecto del comercio de servicios.  Ta mbién pone a consideración de los Miembros algunas 
preguntas de carácter general.  A continuación, en  la segunda sección, se analizan las cuestiones de 
reglamentación por sector.  La tercera sección, sobre modos de suministro, se refiere a cuestiones de 
carácter horizontal, no específicas de ningún sector dete rminado.  En los casos pertinentes se destacan 
ejemplos o iniciativas importantes de cooperación re glamentaria en sectores o modos de suministro 
                                                      
1 El presente documento ha sido elaborado bajo la resp onsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las 
posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC. 
2 Las notas de antecedentes se enumeran en el anexo I de la presenta nota.    S/WPDR/W/48 
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  que pueden contribuir a minimizar los efectos en el comercio de servicios.  La cuarta sección 
concluye con algunas observaciones. 
5. Cabe señalar que no se pretende expresar juic ios sobre lo que constituye restricciones, 
problemas u obstáculos incompatibles con las disposiciones del AGCS.  El análisis realizado en la presente nota tampoco supone emitir una opinión direct a ni indirecta sobre la necesidad de ninguna 
reglamentación, norma, procedimiento o medida administrativa, ni sobre su contenido.   S/WPDR/W/48 
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  ÍNDICE 
 
I.  LA FUNCIÓN DE LA REGLAMENTA CIÓN DE LOS SERVICIOS ............................... 4  
A.  EL CONTEXTO DEL AGCS ........................................................................................................... 6  
B.  PREGUNTAS GENERALES  ............................................................................................................. 8  
II.  SECTORES ...................................................................................................................... ......... 8 
A.  SERVICIOS JURÍDICOS  .................................................................................................................. 8  
B.  CONTABILIDAD  ......................................................................................................................... 12  
C.  ARQUITECTURA ......................................................................................................................... 16  
D.  SERVICIOS DE INGENIERÍA  ........................................................................................................ 19  
E.  SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS  ............................................................... 21  
F.  SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJEROS  .................................................................................. 23  
G.  TELECOMUNICACIONES  ............................................................................................................ 27  
H.  SERVICIOS AUDIOVISUALES  ...................................................................................................... 32  
I.  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SE RVICIOS DE INGENIERÍA CONEXOS  .................................... 35  
J.  SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN  .................................................................................................... 41  
K.  SERVICIOS DE ENSEÑANZA  ........................................................................................................ 45  
L.  SERVICIOS DE ENERGÍA  ............................................................................................................. 49  
M.  SERVICIOS AMBIENTALES  ......................................................................................................... 50  
N.  SERVICIOS FINANCIEROS  ........................................................................................................... 52  
O.  TURISMO  .............................................................................................................................. ..... 57 
P.  TRANSPORTE MARÍTIMO  ........................................................................................................... 62  
Q.  SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA  ........................................................................... 67  
R.  SERVICIOS DE LOGÍSTICA  .......................................................................................................... 72  
III. MODOS DE SUMINISTRO .................................................................................................. 75  
A.  SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO (MODOS 1 Y 2) ...................................................................... 75  
B.  PRESENCIA COMERCIAL (MODO 3) ............................................................................................ 77  
C.  PRESENCIA DE PERSONAS FÍSICAS (MODO 4) ............................................................................ 80  
IV.  OBSERVACIONES FINALES .............................................................................................. 85  
ANEXO I:  NOTAS DE ANTECEDENTES PREPARADAS POR  LA SECRETARÍA 
DE LA OMC, PO R SECTORES ....................................................................................................... . 88 S/WPDR/W/48 
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I. LA FUNCIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
6. El preámbulo del AGCS, al tiempo que afirma el papel de la liberalización progresiva como 
medio de promover el crecimiento económico de todo s los interlocutores comerciales y el desarrollo 
de los países en desarrollo, reconoce el derecho de  los Miembros a reglamentar el suministro de 
servicios en su territorio con el fin de realizar  los objetivos de su política nacional.  Dadas las 
características específicas de los mercados de servicios, el recurso a la reglamentación es 
especialmente importante.  En general, se considera que los servicios son intangibles y no 
almacenables, y su suministro requiere a menudo una interacción entre el provee dor de servicios y el 
consumidor, por lo que, con frecuencia, los consum idores no pueden apreciar la calidad del servicio 
mientras no lo han consumido.  Mediante la reglamentación, los gobiernos tratan de evitar que los 
proveedores de servicios se aprovechen de estas asimetrías de información.  Por ejemplo, la reglamentación puede imponer prescripciones en mate ria de información previa al consumidor, 
prescripciones en materia de títulos de aptitud pa ra profesionales o prescripciones en materia de 
licencias, con el fin de asegurar la competencia de l proveedor de servicios y, por consiguiente, la 
calidad de los servicios suministrados.  
7. Los gobiernos pueden proponerse garantizar que  ciertos servicios, incluso cuando son 
suministrados por entidades comerciales privadas, como  ocurre con la enseñanza o la sanidad, estén al 
alcance de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, independientemente de dónde se 
encuentren y de sus ingresos.  La reglamentaci ón nacional puede utilizarse también en algunos casos 
para llevar adelante determinados objetivos de política, como la cr eación de empleo en determinadas 
regiones o promover el acceso al mercado laboral de  personas desfavorecidas.  En otros casos, los 
gobiernos adoptan reglamentaciones para prevenir el fraude y la evasión fiscal o impedir que los 
proveedores de servicios incurran en prácticas an ticompetitivas, por ejemplo para aprovechar una 
posición dominante en el mercado. 
8. El suministro de determinados servicios puede  originar externalidades negativas, con costos 
que las propias partes no asumen en suficiente medi da.  Por ejemplo, el medio ambiente puede verse 
profundamente afectado por el transporte pesado por carretera o el turismo intensivo.  Asimismo, una 
asunción de riesgos excesiva por parte de las instit uciones financieras puede socavar la estabilidad 
financiera de los países y producir tensiones m acroeconómicas en todo el mundo, tal y como ha 
puesto sobradamente de manifiesto la reciente crisis financiera. 
9. La reglamentación efectiva -o su modificación- suele ser necesaria para generar los beneficios 
previstos en cuanto a eficacia sin poner en peligro la  calidad ni los demás objetivos.  El proceso de 
liberalización a menudo implica tener que hacer frente a las limitaciones de la capacidad de 
reglamentación y la debilidad del marco institucional.   La apertura de un mercado antes restringido 
también puede requerir mecanismos de concesión de licencias y obligaciones de servicio público por 
razones de política social.  Como muchos c ontratos de servicios se refieren a productos 
personalizados (actos médicos, asesoramiento jurídico , productos financieros, etc.), la necesidad de 
una protección reglamentaria es especialmente evidente. 
10. Muchos países desarrollados y en desarrollo  han llevado a cabo amplios programas de 
reforma para abrir sus mercados de servicios.  Estas reformas han comportado la modernización de 
los marcos jurídicos, en particular, a través de  instrumentos de reglamentación administrativa 
destinados a aumentar la transparencia, la aplicación de prácticas óptimas para mejorar la eficiencia y 
la reducción de los obstáculos administrativos median te la racionalización de los procedimientos.  En 
el recuadro 1 se presentan ejemplos  de situaciones en las que se u tilizan reglamentaciones específicas 
para conseguir determinados obje tivos de política.  Cabe señalar que estos ejemplos se proporcionan 
exclusivamente para ilustrar el abanico de reglamen taciones que suelen encontrarse en estos sectores, 
y no con el propósito de proponer o recomendar determ inadas políticas o medidas, ni en función de su 
compatibilidad con el AGCS.   S/WPDR/W/48 
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  Recuadro 1:  Ejemplos de reglamentaciones específica s en materia de servicios para lograr objetivos de 
política pública 
Acceso equitativo 
Sectores:  En los sectores del transporte o de las telecomunicaciones, los gobier nos desean a menudo que las 
regiones remotas estén cubiertas por esos servicios i ndependientemente de su rentabilidad.  Los objetivos 
básicos de equidad pueden impulsar a los gobiernos a garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la 
educación y a la atención sanitaria esencial a un costo bajo o nulo. 
 
Medidas:  Planes de subvenciones cruzadas para garantiz ar que los ingresos en esferas rentables se reinviertan 
en favor de regiones subdesarrolladas o personas en difi cultades económicas;  condiciones para la concesión de 
licencias que incluyen 'obligaciones de servicio universal' (por ejemplo, exigir a los hospitales privados que 
atiendan a cierto porcentaje de pacientes de forma gratu ita;  o que los servicios postales o de telecomunicaciones 
se suministren en las mismas condiciones en todo el país, independientemente de consideraciones de 
rentabilidad). 
 
Protección de los consumidores 
Sectores:  Con respecto a los servicios profesionales, financieros o de salud, a los consumidores les resulta muy 
difícil valorar la calidad o seguridad del servicio suministrado antes de su consumo, debido a su complejidad.  
Los proveedores de servicios pueden aprovecharse de estas asimetrías de información. 
 
Medidas:  Normas cautelares y otras normas técnicas que deben cumplir los proveedores de servicios;  
prescripciones sobre transparencia en materia de publicaci ón de los costos, riesgos, efectos secundarios, etc., 
para que el consumidor pueda tomar decisiones con conocimiento de causa;  prescripciones en materia de 
educación y formación para garantizar  la idoneidad;  seguro de resp onsabilidad profes ional obligatorio. 
 
Reducción del impacto ambiental y otras externalidades negativas 
Sectores:  El transporte aéreo y por carretera produ ce contaminación y ruido;  el turismo puede provocar 
tensiones ambientales y perturbar hábitat naturales, etc. 
 
Medidas:  Restricciones del tráfico los fines de semana, por  las noches o en zonas sensibles;  leyes de urbanismo 
y códigos de construcción;  planes fiscales o de subven ciones para movilizar fondos de stinados a la preservación 
del patrimonio cultural. 
 
Estabilidad macroeconómica 
Sectores:  Las instituciones financieras pueden conceder  préstamos imprudentes o idear complejos instrumentos 
financieros de difícil comprensión.  Como consecuencia de ello, los depositantes pueden perder la confianza y 
retirar su dinero, los préstamos interbancarios pueden re sentirse, la oferta crediticia a la economía real puede 
verse obstaculizada, etc. 
 
Medidas:  Para garantizar la estabilidad, las institucion es financieras deben cumplir medidas como los requisitos 
de capital mínimo;  mayores reservas de capital cuando se ofrecen nuevos instrumentos financieros;  diversificar 
activos para limitar la exposición al riesgo de determ inados clientes;  e informar sobre sus actividades. 
 
Prevención del dominio del mercado y de las conductas anticompetitivas 
Sectores:  Las preocupaciones por las conductas anticom petitivas surgen en sectores que se prestan a la 
concentración de mercados, incluido s los servicios con efectos de red y necesidades de interconexión 
(transporte, telecomunicaciones) y en lo s antiguos monopolios liberalizados (s ervicios postales y de mensajería, 
educación y energía). 
 
Medidas:  Limitaciones de las partes de mercado, introducción de la vigilancia de precios o limitación 
obligatoria de los precios, garantías de interconexión, normas técnicas impuestas por los gobiernos que 
reemplacen a las prescripciones impue stas a empresas determinadas. 
 
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  11. Así es que en general se entiende necesario adoptar medidas reglamentarias dirigidas a  
aumentar el bienestar mediante la corrección de las distorsiones del mercado, la garantía del  suministro y acceso adecuado a los servicios o la atención de las desigualdades relativas a los 
ingresos.  Las diferencias entre las reglamen taciones nacionales y las complejidades de su 
procedimiento de aplicación pueden, sin embargo, obs taculizar el comercio.  Independientemente de 
las prescripciones de fondo, es frecuente que los proveedores de servicios nacionales y extranjeros 
deban cumplir procedimientos administrativos de obtención de autorizaciones y permisos para 
ingresar y actuar en el mercado.  Las reglamen taciones nacionales engorrosas y poco claras sobre 
procedimientos en materia de licencias y de título s de aptitud, los criterios no transparentes, las 
prescripciones excesivamente gravosas y superfluas y la burocracia administrativa pueden trabar el 
comercio de servicios aunque no tengan ese propósito.  Las mejoras de la eficiencia administrativa a 
través de la reducción de los obstáculos administrati vos y la simplificación y la coordinación de los 
procedimientos puede contribuir a mejorar el entor no empresarial interno y, a su vez, fomentar el 
comercio de servicios. 
12. La mera diversidad de los sistemas y normas de reglamentación de los mercados en el plano 
internacional también puede aumentar sensiblemente lo s costos de su observancia para el proveedor 
de servicios y obstaculizar el comercio, aun en situaciones en las que no existan restricciones de 
acceso a los mercados ni medidas discriminatoria s en vigor.  Los procedimientos dilatados y 
complejos de evaluación de una solicitud de auto rización para prestar un servicio también pueden 
desalentar el propósito de los proveedores de procur ar el acceso a un país Miembro anfitrión.  La 
complejidad de las tramitaciones también puede en cubrir propósitos intervencionistas y plantear 
cuestiones relativas a la buena gestión de gobierno.  Igualmente pueden surgir interrogantes sobre si la 
reglamentación sirve para proteger el interés públic o o intereses privados, y sobre si pueden existir 
medios más eficaces y eficientes de lograr determinado objetivo de política. 
A. E
L CONTEXTO DEL AGCS 
13. Además de reconocer que las medidas que afectan  al comercio de servicios pueden adoptar la 
forma de ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión o disposici ón administrativa, o cualquier otra 
forma, el AGCS no prescribe ningún sistema o criteri o de reglamentación en particular.  El Acuerdo 
se ocupa de las reglamentaciones sólo en la medida en que pueden tener efectos en el comercio.  Así 
es que, debido a la importancia de la reglamentación nacional para el comercio, el párrafo 4 del 
artículo VI del AGCS y la Decisión relativa a la  Reglamentación Nacional (S/L/70) asignan a los 
Miembros un mandato de negociaci ón particular.  Conforme a este mandato, el Grupo de Trabajo 
elaborará disciplinas de aplicación general, inclusiv e respecto de los servicios profesionales, y podrá 
elaborar disciplinas relativas a sectores o grupos de  sectores particulares.  Cabe señalar que las 
disciplinas sobre la reglamentación nacional no se aplicarían a todas las posibles reglamentaciones 
que afectan al comercio de servicios, sino a un su bconjunto de medidas concretas que se identifican 
en el párrafo 4 del artículo VI del AGCS y en la  posterior Decisión relativa a la Reglamentación 
Nacional como cinco tipos de medidas, a saber, las relacionadas con:  prescripciones en materia de 
licencias;  procedimientos en materia de licencias ;  prescripciones en materia de títulos de aptitud;  
procedimientos en materia de título s de aptitud;  y normas técnicas.  
14. El párrafo 4 del artículo VI dispone que las disci plinas están previstas para garantizar que las 
reglamentaciones nacionales, entre otras cosas: 
a) se basen en criterios objetivos y transparent es, como la competencia y la capacidad de 
suministrar el servicio; 
b) no sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio; S/WPDR/W/48 
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  c) en el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por sí una 
restricción al suministro del servicio. 
15.  Hasta la entrada en vigor de dichas disciplinas,  en virtud del párrafo 5 del artículo VI, los 
Miembros no podrán aplicar su reglamentación nacional de manera que anule o menoscabe los 
compromisos específicos;  que sea incompatible c on los tres criterios expuestos;  y que no pudiera 
razonablemente haberse esperado en  el momento en que se contrajeron los compromisos pertinentes.  
16. El párrafo 2 del artículo VI dispone como  obligación general que cada Miembro deberá 
mantener o establecer tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos a los que puedan recurrir los proveedores de servicios afectados  para solicitar una revisión de las decisiones 
administrativas y, cuando esté justificado, la aplicación de remedios apropiados.  Cuando tales 
procedimientos no sean independientes del organism o encargado de la decisión administrativa de que 
se trate, el Miembro se asegurará de que permitan una revisión objetiva e imparcial. 
17. Los Miembros también deben observar varias di sciplinas en vigor sobre sectores en los que 
contraigan compromisos específicos.  El párrafo 1 del artículo VI exige que todas las medidas de 
aplicación general que afecten al comercio de servicios sean administradas de manera razonable, 
objetiva e imparcial.  El párrafo 3 del artículo VI  exige que, a petición del solicitante, se facilite sin 
demoras información referente a la situación de las solicitudes de autorización para suministrar un servicio.  También exige que, en un plazo prudencial,  la autoridad competente informe al solicitante 
de la decisión relativa a su solicitud.  En virtud  del párrafo 6 del artículo VI se deben establecer 
procedimientos adecuados para verificar la competencia de los profesionales de otros Miembros en los sectores en los que se han contraído compro misos específicos respecto de los servicios 
profesionales.  
18. Además de las obligaciones dispuestas en el artículo VI, en el AGCS ya figuran ciertas 
normas sobre transparencia.  En virtud del artíc ulo III, cada Miembro tiene la obligación de publicar 
con prontitud "todas las medidas pertinentes de aplic ación general" que afecten al funcionamiento del 
Acuerdo.  Los Miembros deben notificar asimismo al  Consejo del Comercio de Servicios las leyes, 
reglamentos o directrices administrativas nuevos o modificados que afecten significativamente al 
comercio en sectores sujetos a compromisos especí ficos.  Los Miembros también tienen la obligación 
general de establecer un servicio de información para  responder a las peticiones de otros Miembros.  
Además, conforme al párrafo 2 del artículo IV, los pa íses desarrollados (y en la medida de lo posible 
los demás Miembros) deben establecer puntos de  contacto a los cuales puedan dirigirse los 
proveedores de servicios de los países en desa rrollo para solicitar información pertinente. 
19. Debe tenerse presente que los Miembros tamb ién pueden asumir los compromisos adicionales 
previstos en el artículo XVIII con respecto a medidas que afecten al comercio de servicios pero no estén sujetas a consignación en listas en virtud de los artículos XVI o XVII, incluidas las que se 
refieran a títulos de aptitud, normas o licencias.  El artículo XVIII tiene un ámbito de aplicación más 
amplio que el del párrafo 4 del artículo VI, ya que  establece la posibilidad de contraer compromisos 
en materias no enumeradas.  Ya que el artículo XVIII no contiene en  sí una obligación jurídica, los 
compromisos inscritos en la columna de compromisos adicionales de las listas deben adoptar la forma 
de compromisos, e incluir una descripción completa  de las obligaciones asumidas.  Estas obligaciones 
deben aplicarse en régimen NMF.  El Docu mento de Referencia correspondiente a las 
telecomunicaciones es el ejemplo más prominente de la forma en que los compromisos adicionales se 
han utilizado para garantizar la obser vancia de ciertos principios de reglamentación.  Estos principios 
se refieren a cuestiones tales como las salvaguardias a la competencia, la interconexión, la publicidad 
de los criterios de expedición de licencias, el ser vicio universal, la existe ncia de un organismo de 
reglamentación independiente y la asignaci ón y el uso de recursos escasos.   S/WPDR/W/48 
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  B. PREGUNTAS GENERALES  
20. Al examinar la información aportada en la presente Nota, los Miembros tal vez deseen tener 
presentes las siguientes preguntas generales, que se aplican a todos los sectores y modos:   
a) ¿Hay otras cuestiones de reglamentación en los sectores y modos de suministro, 
además de las analizadas, que también pueden afectar al comercio de servicios? 
b) ¿En qué medida los problemas de reglamentación vinculados al comercio en los 
sectores o modos de suministro pueden quedar comprendidos en el ámbito de aplicación de las disciplinas de reglamentación nacional y abordarse mediante las disciplinas del párrafo 4 del artículo VI proyectadas? 
c) ¿Sería la consignación de los compromisos adicionales del artículo XVIII una forma 
complementaria o diferente de abordar esos problemas?  ¿Sería útil en este caso 
aplicar el método del "Doc umento de Referencia"? 
21. Además de estas preguntas generales, para cier tos sectores y modos de suministro también se 
han determinado varias interrogantes específicas , que se enumeran al final de las secciones 
respectivas.  Ni las preguntas generales ni las esp ecíficas deben considerarse exhaustivas, y no se 
pretende que la consideración se limite sólo a e llas, sino que se han incorporado para estimular un 
análisis más a fondo que los Miembros deseen realizar. 
II. SECTORES 
A. S
ERVICIOS JURÍDICOS  
22. En las últimas dos décadas, el sector de los servicios jurídicos ha experimentado un rápido 
crecimiento.  Este fenómeno se ha vinculado al aume nto del comercio internacional y la consiguiente 
demanda de los exportadores de asesoramiento jurí dico sobre los mercados exteriores.  Este 
crecimiento ha sido secundado por la reducción que han hecho los Miembros de los obstáculos existentes en diversos mercados a los servici os ofrecidos por abogados y estudios jurídicos 
extranjeros.  A su vez, esta tendencia ha puesto de  relieve las repercusiones de las reglamentaciones 
nacionales en el comercio de servicios jurídicos.   
1. Contexto reglamentario  
23. La naturaleza de los servicios jurídicos da or igen a varios objetivos reglamentarios.  El 
primero, que es común con otros servicios profesiona les, es la necesidad de garantizar que el 
consumidor reciba un servicio de alta calidad técnica .  Dado que el cliente no suele estar en 
condiciones de evaluar la calidad de un servicio jurí dico antes de que se le preste (y puede no estarlo 
tampoco después), las reglamentaciones procuran habitualmente protegerlo garantizando que el 
abogado tenga la idoneidad y la form ación requeridas.  Para cumplir las prescripciones en materia  de 
títulos de aptitud impuestas por el órgano de reglam entación, los abogados de ben haber concluido sus 
estudios del derecho aplicable, aprobado los ex ámenes correspondientes y acumulado suficiente 
experiencia forense. 
24. Un segundo objetivo común en materia de reglam entación es la necesidad de garantizar un 
alto nivel de comportamiento ético  del abogado con respecto al cliente.  Los servicios jurídicos se 
refieren a la creación, la modificación y la interpre tación de derechos y obligaciones y a la imposición 
de su cumplimiento por personas, empresas y autorida des.  Estos servicios suelen ser contenciosos:  
hacer valer el derecho de un cliente significa invo car obligaciones de otra persona, lo que suele dar 
origen a controversias o litigios.  Dada esta oposic ión de intereses, los clientes necesitan de los S/WPDR/W/48 
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  abogados que los asesoran y representan no sólo experi encia técnica en materi a jurídica, sino también 
un grado muy alto de confianza e integridad.  De ahí que las reglamentaciones procuren garantizar 
una elevada responsabilidad ética de los abogados, r espetando la confidencialidad de su relación con 
el cliente, evitando los conflictos de intereses y manteniendo total independencia respecto de 
cualquier influencia externa, ya sea profesional, política o económica.3  Este tipo de reglamentación se 
consagra por lo general en códigos vinculantes de  ética o "deontología", que también sirven para 
fortalecer el funcionamiento global del sistema judicial.  
25. La importancia de que el aboga do y su actividad gocen de cier ta independencia  contra la 
influencia gubernamental se ha señalado como un as pecto importante del imperio del derecho.  Este 
criterio ha llevado en muchos casos a que se otorga ran facultades de reglamentación a asociaciones 
profesionales de abogados.  En términos más gene rales, la independencia de los abogados se ha 
invocado para justificar normas que les prohíben compartir honorarios con quienes no sean abogados, 
o exigen que los estudios de abogados se constitu yan como sociedades colectivas u otro tipo de 
personas jurídicas.  Cabe señalar que ciertas prescripciones, como las referentes a la estructura jurídica, ya están sujetas a las obligaciones que figuran en el artículo XVI del AGCS (Acceso a los 
mercados). 
26. Un tercer objetivo de reglamentación que se encuentra con frecuencia respecto de los 
servicios jurídicos es la necesidad de garantizar que se atienda el interés público  a través de una 
administración de justicia eficaz y del imperio de la ley.
4  De este objetivo derivan, en parte, códigos 
de ética detallados destinados a proteger al client e, incluso en su derecho de recurrir al sistema 
judicial a costo razonable.5  Pero el interés público en los servi cios jurídicos puede ser más amplio, y 
también puede justificar en determinados paí ses la necesidad de que las leyes y prácticas sobre 
diversas materias, desde el derecho de familia hasta el  de los contratos, el régimen de los bienes y las 
libertades civiles fundamentales, tomen en cuenta las costumbres y los valores locales.  Este 
'localismo' está fundado en que los servicios jurídi cos, a diferencia de otros servicios profesionales 
como la medicina o la ingeniería, no se basan pr incipalmente en una tecnología o ciencia que se 
transfiere fácilmente a través de las fronteras naci onales.  Esta particularidad nacional puede dar 
origen a diferentes conjuntos de leyes, reglamento s y prácticas que, a su vez, pueden complicar el 
comercio de servicios. 
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación  
27. Durante los últimos años, varios países han reduc ido los obstáculos al comercio de servicios 
jurídicos.  En muchos casos, la prohibición genera l del ejercicio de la abogacía por extranjeros ha 
dado paso a posibilidades nuevas o mejores de acc eso.  No obstante, la eliminación de obstáculos 
explícitos ha servido para destacar la función que desempeñan las reglament aciones nacionales en el 
fomento o la traba del comercio.  Se ha vuelto funda mental determinar si los objetivos que procuran 
esas reglamentaciones pueden lograrse de forma menos gravosa.  A continuación se consideran algunas de las estrategias utilizadas en el plano n acional para reformar la reglamentación de los 
                                                      
3 Asociación Internacional de Ab ogados (1998), resolución sobre la liberalización de la profesión 
jurídica. 
4 Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados en el Noveno congreso de las 
Naciones Unidas sobre prevención de l delito y tratamiento del delincuente, La Habana, 1990.  Véanse también 
las opiniones expresadas por la Asoci ación Internacional de Abogados en su  resolución sobre la liberalización 
de la profesión jurídica, 1998;  y las Normas y criterios de reconocimiento de los títulos de aptitud de los abogados, 2001. 
5 Véase por ejemplo:  Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Carta de principios fundamentales de 
la profesión jurídica europea (2006) y Código de conducta de los abogados europeos (1988).  Las Normas modelo de conducta profesional del Colegio de Aboga dos de los Estados Unidos (ABA) son un ejemplo en el 
plano nacional (2002). S/WPDR/W/48 
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  servicios jurídicos, antes de pasar a examinar l as estrategias internacionales que pueden contribuir a 
reafirmar la reforma. 
a) Estrategias nacionales de reforma de la reglamentación de los servicios jurídicos  
28. Ya sea que la reforma de las reglamentaciones que afectan al comercio de servicios jurídicos 
surja de la cooperación internacional o de un acuerdo internacional, en última instancia debe recogerla 
el propio marco normativo del Miembro.  En el plano nacional es posible trazar varias estrategias. 
29. En primer lugar, una vez que algunos o todos los servicios jurídicos se abren a los abogados 
extranjeros, puede ser preciso exam inar las prescripciones en materia de títulos de aptitud y adaptarlas 
a los objetivos de reglamentación que se persiguen.  Por ejemplo, una nueva serie de prescripciones 
en materia de títulos puede centrarse más en la calidad  del servicio para servir mejor al cliente y 
contribuir al interés público general de una administr ación de justicia eficient e.  De este modo, la 
prohibición de prestar servicios jurídicos progresi vamente ha dado paso a un acceso fundado en una 
evaluación objetiva y no discriminatoria de los títul os de aptitud en materia jurídica de los abogados 
extranjeros. 
30. Al establecer estas prescripciones, las autori dades han distinguido cada vez más entre los 
diferentes campos del derecho en que se prestan los servicios jurídicos, reconociendo que algunos 
pueden requerir una reglamentación más rigurosa o dife rente.  En particular, en muchos países se 
admite un mayor interés en reglamentar el ejerci cio profesional en materias regidas por el derecho 
nacional del propio país que en materias regidas por  derecho extranjero (del país de origen del 
abogado o de un tercer país), o por el derecho inte rnacional.  Esta idea sirve de base a propuestas de 
redefinición de la clasificación de los servicios jurídicos.6  Así, en algunos países se ha creado la 
categoría de "consultor jurídico extranjero" en  cuyo marco los abogados extranjeros pueden asesorar 
sobre el derecho de otro país, o ejercer su pr ofesión en asuntos regidos por ese derecho, en 
condiciones menos rigurosas.7  Aun en el caso de que el abogado extranjero aspire a ejercer su 
profesión en asuntos regidos  por el derecho del país anfitrión, las prescripciones en materia de 
revalidación de títulos pueden reorientarse para tomar en cuenta la formación y la experiencia práctica 
que ya haya adquirido. 
31. También se ha propuesto ajustar el nivel de la  reglamentación de los servicios jurídicos al 
nivel de conocimientos especializados del cliente .  Cuando cabe suponer que el cliente cuenta con 
conocimientos y calificaciones especiales (por ejemplo, si se trata de una empresa importante con asesores propios), la posibilidad de una asimetría de  información entre el abogado y el cliente sería 
menor.  En tales casos, ese cliente experto estaría en mejores condiciones de evaluar las credenciales 
del abogado y la calidad del servicio y asumir res ponsabilidad al respecto.  Por consiguiente, las 
reglamentaciones que rigen el ejercicio profesional en esas situaciones podrían ser un tanto más laxas.  
32. Aunque esté bien preparado en materia de conoc imientos y calificación técnica, es frecuente 
que un abogado extranjero deba satis facer el interés del cliente y de l público mediante la adhesión a 
los códigos de ética locales.  Dado que los códigos de  las distintas jurisdicciones difieren o incluso se 
contradicen con las reglamentaciones modificadas, puede procurarse dar solución a los problemas que 
surgen de la obligación del abogado de ajustarse tanto al código de su pa ís de origen como al del país 
anfitrión.  Pueden plantearse diferencias importantes entre los códigos con respecto al derecho de hacer publicidad, las estructuras empr esariales autorizadas y los honorario s.  Si bien normalmente el 
                                                      
6 Comunicación de Australia, Propuesta de negociaci ón:  Clasificación de los servicios jurídicos - 
Suplemento.  Documento S/CSS/W/67/Suppl.2;  véase también la Resolución del Consejo de la Asociación Internacional de Abogados, 2003.  
7 Norma modelo de la ABA, 1993. S/WPDR/W/48 
 Página 11 
 
 
  cumplimiento del código local tendrá precedencia, pue de tenerse en cuenta el código del país de 
origen. 
33. En algunas oportunidades, al reformar la re glamentación nacional en materia de servicios 
jurídicos se ha tratado de aplicar los principios de la competencia .  Esta estrategia examina la función 
económica de los servicios jurídicos, particularment e como un insumo importante de otras actividades 
empresariales, y la función que desempeñan en la mejora de la competitividad global de la economía.8  
Con esta perspectiva importan en particular la fijación de precios, los precios recomendados, las 
reglamentación de la publicidad, las prescripciones re lativas a la admisión y los derechos reservados, 
las restricciones en materia de nombre, las reglamentaciones sobre la estructura empresarial y las prácticas multidisciplinarias.  Con este criterio se ha propuesto evaluar los efectos restrictivos de la 
reglamentación en relación con su objetivo de interés público.
9  En el contexto del AGCS, algunas de 
las medidas que se sustentan en principios de comp etencia, si establecen límites cuantitativos o son 
discriminatorias, ya estarían sujetas a las obligaciones relativas al acceso a los mercados 
(artículo XVI) y al trato nacional (artículo XVII). 
34. Por último, un mayor grado de transparencia de las prescripciones y procedimientos en 
materia de licencias y títulos de aptitud es una fo rma elemental, pero eficaz, de mejorar la 
reglamentación nacional de los servicios jurídicos.  Un  paso inicial, pero importante, en el suministro 
de los servicios jurídicos es conocer claramente cuál es son las normas y procedimientos aplicables.   
b) Estrategias internacionales que respaldan o exigen reformas de la reglamentación  
35. La reforma de la reglamentación de los servicios jurídicos puede estimularse mediante la 
cooperación internacional en la materia o, en definitiva, exigirse en virtud de acuerdos 
internacionales.  Como se mencionó en la sección 1 de la presenta nota, el AGCS dispone normas 
básicas sobre determinados aspectos de la regl amentación nacional, como la transparencia 
(artículo III) y la administración de las medida s de manera razonable, objetiva e imparcial 
(artículo VI).  El AGCS también contempla, a efectos de autorizar a los proveedores de servicios, el reconocimiento de la educación o experiencia obten idas, los requisitos cumplidos o las licencias o 
certificados otorgados en un determ inado país.  Es importante seña lar que este reconocimiento puede 
adoptar la forma de un acuerdo que permite a los Miembros reconocer a los proveedores provenientes 
de ciertos países sin excluir necesariamente a los provenientes de otros (artículo VII).
10  Este elemento 
de reciprocidad puede ofrecer un incentivo para reconocer la capacitación jurídica, la formación u 
otras credenciales obtenidas en otro país.  Muchos  países cuentan con acuerdos  de reconocimiento en 
materia de servicios jurídicos, pero su alcance es muy fragmentario y su aplicación se funda en la 
reciprocidad.11  Por otra parte, la Unión Europea brinda un ejemplo de un sistema plenamente 
desarrollado de reconocimiento mutuo de los servici os jurídicos entre los Estados que la componen.12 
36. Los acuerdos comerciales regionales también pueden establecer normas que rijan el comercio 
de servicios jurídicos.  Por ejemplo, en virtud de l Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) las partes deben permitir que los consultore s jurídicos extranjeros ejerzan o presten asesoría 
                                                      
8 Véase por ejemplo el "Informe sobre la competenci a en los servicios profesionales" de la Comisión 
Europea, COM(2004) 83 final. 
9 Ibid.  Véase también Terry, L (2008), "The Future Regulation of the Legal Profession:  The Impact of 
Treating the Legal Profession as 'Service Providers'", Journal of the Professional Lawyer, página 209. 
10 Se encuentran ideas sobre los posibles criteri os convenientes respecto del reconocimiento en 
Standards and Critieria for the Recognition of the Professional Qualifications of Lawyers  (adoptado en 2001) 
de la Asociación Internacional de Abogados. 
11 OCDE (2007a), "Sectoral Study on the Impact of Domestic Regulation on Trade in Legal Services", 
París.  
12 OCDE (2003), "Managing Request-Offer Negotiations under the GATS:  The Case of Legal 
Services" (TD/TC/WP(2003)40/FINAL). S/WPDR/W/48 
Página 12  
 
  sobre la legislación de su país de origen.13  El acuerdo también dispone consultas obligatorias entre 
los órganos profesionales en los temas que afecten al ejercicio de la abogacía. 
37. Las asociaciones profesionales internacional es también han propuesto nuevos enfoques para 
la reglamentación de los servicios jurídicos.  La  Asociación Internacional de Abogados, por ejemplo, 
ha adoptado el  "Statement on General Principles for the Establishment and Regulation of Foreign 
Lawyers" (Declaración de principios generales sobre el establecimiento y el régimen reglamentario de 
los abogados extranjeros), que dispone los principios para la admisión de los abogados extranjeros, en 
función de que deseen ejercer en la aplicación del derecho de su país de origen (en calidad de 
consultor jurídico extranjero, mediante una licenci a limitada), o del país anfitrión (mediante una 
licencia plena, sujeta a los requisitos locales en materia de títulos de aptitud).14 
B. CONTABILIDAD  
38. La contabilidad es un servicio profesional esencial en la producción tanto de mercancías 
físicas como de otros servicios.  El principal objetivo de las reglamentaciones en materia de contabilidad suele ser proteger al público y fomentar  la calidad del servicio.  Quizás su aporte más 
importante sea el relacionado con la aplicación y la observancia de las prescripciones cautelares y 
otras medidas de reglamentación financiera.  A pe sar del amplio alcance de las redes internacionales 
de las empresas más grandes, se si gue considerando que los mercados geográficos de los servicios de 
contabilidad son nacionales, o incluso subnacional es, debido a la reglamentación generalizada en 
materia de admisión y conducta, que varía consider ablemente entre las jurisdicciones reguladoras.   
1. Marco normativo 
39. La reglamentación de los servicios de contab ilidad entraña la imposición de determinadas 
restricciones aplicables a la admisión y la conducta profesional.  Aunque algunas restricciones pueden 
constituir un remedio de las deficiencias de l mercado, otras pueden estar motivadas por 
consideraciones paternalistas o de distribución, que pueden responder a intereses privados más que 
públicos.  Con respecto a la corrección de las asimetrías de información entre los contadores y sus clientes, y a la prevención de externalidades negativ as que afecten a inversores, bancos y acreedores, 
es necesario regular los requisitos de admisión y formación de los auditores, así como establecer 
prohibiciones más generales, por ejemplo c on respecto a la publicidad falsa o engañosa.
15   
40. En general, la gama de marcos  reglamentarios de los servicios  de contabilidad va desde una 
ausencia prácticamente total de supervisión a la autorreglamentación o a la existencia de múltiples 
organismos de reglamentación.  Aunque la auto rreglamentación puede ser un instrumento útil, junto 
con la reglamentación pública, existe el riesgo de comportamientos de obtención de rentas.  Las 
reglamentaciones varían de un país a otro e incluso dentro de un mismo país (debido a su división en 
entidades territoriales).  En con secuencia, las estructuras de las "cuatro grandes" empresas de 
contabilidad que quedan, a diferencia  de lo que ocurre en el caso de la mayoría de sus clientes 
multinacionales, se parecen más a las de las redes de franquicias.  Además, los clientes se reglamentan 
según el tipo de servicios que deben recibir o que  pueden elegir.  La existencia de sensibles 
diferencias entre los países puede entorpecer la comerc ialización de los servicios y la movilidad de los 
profesionales a través de las fronteras.  Las solucion es para esas incoherencias transfronterizas suelen 
                                                      
13 TLCAN, Anexo 1210 (capítulo 12). 
14 Asociación Internacional de Abogados (1998), op. cit.  
15Para controlar comportamientos como el de los cárteles y el abuso de la posición dominante en el 
mercado puede ser necesaria legislación en materia de co mpetencia.  No obstante, la OCDE aconseja que la 
reglamentación no exceda de lo necesario  para abordar las deficiencias del mercado existentes.  OCDE (2009a), 
la principal fuente de este párrafo y de los tres siguientes es "Policy Roundtables, Competition and Regulation in 
Auditing and Related Professions ", París.  S/WPDR/W/48 
 Página 13 
 
 
  incluir la adopción de normas internacionales a fin de mejorar la movilidad, así como el 
reconocimiento mutuo (y la cooperación) en tre los organismos de reglamentación. 
41. Las formas más comunes de reglamentación de la profesión contable incluyen normas de 
calidad y derechos exclusivos, restricciones cu antitativas, restricciones en  materia de publicidad, 
regulación de precios, y normas sobre cooperación inte rprofesional y estructura empresarial.  Algunas 
de estas medidas, en caso de que fijen límites cuan titativos o sean discriminatorias, ya estarían sujetas 
en el AGCS a las obligaciones relativas al acceso a los mercados (artículo XVI) y al trato nacional 
(artículo XVII).  
42.  En todos los Estados miembros de la UE, por ejemplo, la auditoría legal es un derecho 
exclusivo de uno o varios grupos pr ofesionales, pero la reglamentación en materia de entrada en los 
mercados de otros tipos de servicios de contabilidad difiere de un país a otro.  En varios miembros de 
la UE, los derechos exclusivos de los contador es son mucho más amplios que en otros.  En los 
Estados Unidos, todas las jurisdicciones tienen leyes por las que se rige la concesión de licencias de 
contador público autorizado, que incluyen re quisitos en materia de formación, exámenes y 
experiencia.  No obstante, aunque la utilización de l título de "contador público autorizado" en cada 
jurisdicción está limitada a las personas registradas en el organismo estatal de reglamentación 
respectivo, las demás prescripciones en materia de  licencias no son uniformes.  Además, con arreglo a 
las leyes de todos los Estados, las empresas de co ntabilidad deben ser propiedad mayoritaria de 
contadores públicos autorizados, y los demás propietario s deben participar activamente en ellas.  El 
objetivo de esas normas es limitar las posibilidades de  conflictos de intereses.  No obstante, prohibir 
ciertos tipos de estructuras empresariales dificu ltando el ingreso al mercado de servicios de 
contabilidad beneficia a las empresas ya presentes, in cluidas las "cuatro grandes" redes de servicios 
contables.   
43. Las reglamentaciones, aunque a menudo son necesa rias para garantizar la calidad, también 
pueden tener el efecto de restringir involuntariamente la competencia económica y el comercio.  Será necesario alcanzar un equilibrio entre los intereses prot egidos por la reglamentación y la competencia.  
Las restricciones cuantitativas de la  entrada en el mercado, la pr ohibición de la publicidad y la 
regulación de los precios (incluidos los baremos de honorarios recomendados), los derechos exclusivos para ofrecer asesoramiento y representación en materia tributaria son ejemplos de cuestiones de reglamentación que pueden limitar la co mpetencia más de lo necesario.  La complejidad 
de las normas de contabilidad;  la necesidad de más orientación sobre su aplicación práctica (por ejemplo, en la valoración de los instrument os financieros);  la adecuación de las normas 
internacionales de contabilidad a las pequeñas y me dianas empresas, y cuestiones técnicas como la 
medición del valor razonable son otras cuestiones de reglamentación que ta mbién pueden repercutir 
en el comercio.   
44. No obstante, tal como afirmó la OCDE, "resulta incuestionable que las normas éticas o 
códigos de conducta son necesarios  y que el establecimiento de normas estrictas de competencia 
profesional es conveniente para asegur ar la integridad y la confianza del público.  Por otro lado, los 
dos objetivos de promover la competencia y mantener las normas profesionales no son 
necesariamente contradictorios".
16 
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación  
45. En 1997, los Miembros de la OMC adoptaron l as Directrices para los acuerdos o convenios 
de reconocimiento mutuo en el sector de la cont abilidad, a las que siguieron en 1998 las Disciplinas 
                                                      
16 OCDE (1999a), "Policy Roundtables, Competition in Professional Services ", París, página 17;  y 
OCDE (2007b), "Policy Roundtable:  Trade Associations",  París. S/WPDR/W/48 
Página 14  
 
  sobre la reglamentación nacional en el sector de la contabilidad.17  Las disciplinas sobre contabilidad 
procuran asegurar que no se elaboren, a dopten ni apliquen medidas relativas a  licencias que no estén 
sujetas a consignación en listas en virtud de lo s artículos XVI o XVII, y que tengan por objeto o 
efecto crear obstáculos innecesarios al comercio de servicios.  También se exige que tales medidas no 
restrinjan el comercio más de lo necesario pa ra alcanzar un objetivo legítimo.  Sin embargo, 
jurídicamente, estas disciplinas aún no están en vigor y deben integrarse al AGCS no más tarde de la 
conclusión de la actual ronda de negociaciones sobre los servicios .  
46. Desde la adopción de ambos instrumentos de l AGCS, el marco normativo aplicable a la 
contabilidad ha seguido desarrollándose en todo el mundo.  Las crisis financieras ocurridas a partir del 
año 2000, en particular, pusieron de manifiesto la necesidad de seguir reforzando el marco 
institucional y la gobernanza de los procesos mundi ales de establecimiento de normas contables y 
mejorando la calidad de la inform ación financiera internacional.  Además, se ha producido otro 
cambio en la gestión del establecimiento de nor mas internacionales de contabilidad, que incluye la 
aparición de organismos independientes de supe rvisión externa.  Las redes internacionales de 
empresas de auditoría también han seguido desarro llando sus modelos y estructuras empresariales.  
En el recuadro 2 se resumen algunos de los prin cipales hechos que han afectado al contexto 
reglamentario de los servicios de contabilidad. 
Recuadro 2:  Algunos hechos fundamentales que afectan al entorno reglamentario del sector de los 
servicios de contabilidad  
Informes sobre la iniciativa relativa a la  Observancia de los Códigos y Normas 
En 1999, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dieron inicio a la elaboración conjunta de 
Informes sobre la iniciativa relativa a la Observancia de los Códigos y Normas, que abarcan la difusión de datos, 
la transparencia fiscal, la transparencia de las políticas monetarias y financieras, la supervisión bancaria, la 
regulación del mercado de valores, la supervisión de los seguros, los pagos y liquidaciones, la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, la gestión, la contabilidad y la auditoría de empresas, la 
insolvencia y los derechos de los acreedores.  Este progr ama tiene, entre otros, los siguientes objetivos:  analizar 
la comparabilidad de las normas nacionales en materia de contabilidad y auditoría con las normas internacionales;  determinar en qué grado se cumplen las normas de contabilidad y auditoría aplicables y evaluar 
los puntos fuertes y débiles del marco institucional para facilitar una información financiera de gran calidad.  
Otra función importante de la iniciativ a consiste en ayudar a los países a elaborar y aplicar un plan de acción 
para mejorar la capacidad institucional, con el objetivo de fortalecer el régi men de información financiera de las 
empresas.  
 
Ley Sarbanes-Oxley (SOX) 
La Ley SOX, promulgada en los Estados Unidos en julio de 2002, supuso una modificación significativa del 
control y la reglamentación de la profes ión contable en ese país, en particular  mediante el fortalecimiento de las 
prescripciones en materia de gestión de empresas y la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas.  Esta 
Ley obligó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) a aplicar una serie de normas nuevas,  
inclusive en materia de independencia, para abordar esfe ras como los servicios prohibidos distintos de los de 
auditoría, la rotación de los socios auditores y los conflictos de intereses.  La Ley SOX dispuso también la 
creación del Consejo de Supervisión de la Contabilidad  de las Empresas que Cotizan en Bolsa (PCAOB), 
organismo encargado de supervisar las auditorías de esas empresas.  Aunque las normas establecidas por la Ley 
SOX se consideran necesarias e importantes, podrían limit ar el número de empresas de contabilidad a las que 
una gran empresa cotizada en bolsa podr ía recurrir en caso de que quisiera cambiar de auditores.  Con respecto a 
los servicios multidisciplinarios, la Ley SOX limitó en  cierta medida las posibilidades de que se produjeran 
conflictos de intereses, al igual que la Directiva de 2006  sobre las auditorías legales en la Unión Europea.  En 
algunos países existen prohibiciones con respecto a los servicios multidisciplinarios prestados por contables y otros profesionales, como los abogados.  Uno de los po sibles motivos de conflictos de intereses podría ser la 
obligación de los abogados de proteger los intereses de los clientes, que puede ser incompatible con las 
prescripciones de transparencia aplicables a los servicios de contabilidad.  
                                                      
17 Documentos de la OMC S/L/38 y S/L/64. S/WPDR/W/48 
 Página 15 
 
 
   
Grupo de los Veinte 
En su declaración de abril de 2009, el G-20 dispuso que,  para fines de ese año, lo s órganos de normalización 
contable debían adoptar medidas para:  a) reducir la complejidad de las normas contables en lo que respecta a 
los instrumentos financieros;  b) potenciar el reconoci miento contable de las reservas para créditos fallidos 
mediante la incorporación de un espectro más amplio de información crediticia;  c) mejorar las normas 
contables en relación con la constitución de reservas, los riesgos que no se reflejan en el balance y la 
incertidumbre de la valoración;  d) conseguir claridad y coherencia en la aplicación de las normas de valoración 
a nivel internacional en colaboración con los supervisores;  e) realizar avances importantes en pos de un 
conjunto único de normas contables mundiales de gran calidad, y f) en el marco del proceso independiente de 
fijación de normas contables, mejorar la participación de las partes interesadas, incluidas las entidades de regulación cautelar y los mer cados emergentes, a través de la revisión de los estatutos de la Junta Internacional 
de Normas de Contabilidad (IASB). 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Desde 2001, casi 120 países han impuesto o autorizado el uso de las NIIF.  Están firmemente establecidas en 
Australasia y Europa, así como en el Canadá, Core a del Sur, Rusia, Sudáfrica, y Turquía, y pronto  habrán sido 
adoptadas en el Japón y otros países.  Los Estados Unidos están reduciendo las diferencias entre los principios 
de contabilidad federales generalmente aceptados y las NIIF,  con la expectativa de alcanzar la convergencia en 
el futuro próximo.  Como consecuencia de la actual crisis económica y financiera se han sumado nuevas 
cuestiones a los debates, ya de por sí amplios, sobre la  aplicación de las NIIF, especialmente las referentes a la 
información financiera en una situación de grandes dificu ltades económicas.  Se trata de problemas como:  la 
medición en los mercados en que hay falta de liquidez;  el carácter procíclico de las NIIF, los aspectos de la 
constitución de reservas y la gestión del riesgo y los as pectos conexos de divulgación y auditoría.  Una de las 
nuevas cuestiones más importantes es la de cómo lograr que el sistema de información financiera no sólo refleje de manera justa y objetiva la situación y los resultados financieros de una empresa, sino que también envíe 
señales de alerta temprana que permitan evitar gra ndes catástrofes financieras.  Estas nuevas cuestiones 
representan especialmente un reto para los países cuyos mercados financieros e infraestructura contable están 
menos desarrollados.   
 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
Más de 100 países ya están utilizando las Normas Inte rnacionales de Auditoría (NIA), están en proceso de 
adoptarlas o incorporarlas en las normas nacionales en la materia o las utilizan como base para elaborar esas normas nacionales.  Las NIA son apli cables a todas las auditorías:  empresas que cotizan en bolsa, empresas 
privadas de todos los tamaños y entidades gubernamentales a todos los niveles.  Las NIA son emitidas por la 
Junta Internacional de Normas de Auditoría y Comprobación (IAASB), que es un órgano de normalización que elabora normas de manera independiente, bajo los auspicios de la FIC.  Los objetivos de la IAASB son, entre 
otros, definir normas de gran calidad en materia de auditoría, aseguramiento, control de calidad y servicios 
conexos, y facilitar la convergencia de las normas internacionales y nacionales con el fin de mejorar la calidad y la uniformidad de la práctica en todo el mundo y fortalecer la confianza pública en los profesionales 
especializados en labores de  auditoría y aseguramiento. 
Fuentes : Información compilada de Hegarty, J. y Gielen, F., y otros (2004), "Implementation of International 
Accounting and Auditing Standards:  Lessons Learned from the World Bank's Accounting and Auditing ROSC 
Program" (Aplicación de normas internacionales de c ontabilidad y auditoría:  experiencia obtenida del 
Programa ROSC del Banco Mundial relativo a la contabilidad  y la auditoría);  sitio Web de las NIIC, que puede 
consultarse en www.ifrs.org  (consultado el  7 de marzo de 2012);  y OCDE (2009a), "Policy Roundtables:  
Competition and Regulation in Auditing and Related Professions" (Competencia y reglamentación en la esfera 
de la auditoría y las profesiones conexas), París.
 
47. Si bien desde 1998, año en que se negociaron las disciplinas sobre contabilidad, el entorno 
reglamentario del sector de servicios de contabilid ad ha evolucionado, la reglamentación del sector 
aún se centra principalmente en el plano nacional y los organismos profesionales desempeñan en ella 
una función importante.  Dada la in tegración mundial de los mercados financieros, existe la tendencia 
hacia una mayor convergencia en materia de normas y prácticas éticas, técnicas y profesionales, para S/WPDR/W/48 
Página 16  
 
  asegurar la eficiencia y la compatibilidad internacion al.  El aumento de la convergencia también ha 
exigido una mayor labor de colaboración entre lo s organismos profesionales y los organismos 
gubernamentales de reglamentación en las distintas jurisdicciones.  
C. ARQUITECTURA  
48. Los servicios de arquitectura  pertenecen al grupo de servicios profesionales "acreditados", en 
contraposición a los servicios prestados a las empresas no acreditados, como los de comercialización, 
publicidad y consultoría.18  Si se comparan con otros servicios profesionales acreditados, como los 
servicios jurídicos o contables, los servicios de arquitectura parecen estar sujetos a un menor número 
de reglamentaciones restrictivas . 
1. Contexto reglamentario 
49. Como sucede con otros servicios profesionales, las reglamentaciones aplicadas a los servicios 
de arquitectura normalmente están previstas para gara ntizar y mantener la calidad de los servicios y, 
por consiguiente, proteger a los consumidores.  D esde 1998, el Colegio de Arquitectos de Cataluña 
(COAC), que publica Architectural Practice around the World, ha realizado investigaciones sobre la 
reglamentación del sector de la arquitectura bajo los auspicios de la Comisión del Ejercicio de la 
Profesión de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).19  La información está organizada 
conforme a las principales secciones del cuestionario enviado a todas las entidades miembros de la UIA.  El cuestionario se ocupa, entre otros temas, del acceso a la profesión, incluidas la capacitación y las prácticas;  el ejercicio de profesión, incluso in formación sobre diversos aspectos de la profesión en 
cada país;  y el ejercicio transnacional de la profesión, es decir, en otros países. 
50. En cuanto a la reglamentación de la arquitectura, el ejercicio de la profesión está 
reglamentado en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones.
20  Aparentemente, la mayoría de 
los países permiten que los arquitectos extranjero s ejerzan de manera independiente, siempre que 
cumplan determinados requisitos, tales como las pr uebas de sus calificaciones profesionales.  En el 
caso de los países que no lo permiten suele estipularse la colaboración con un arquitecto local.  En aproximadamente una tercera parte de los países en que existe ese requisito, la asociación entre el 
arquitecto local y el extranjero se establece medi ante un acuerdo mutuo entre las partes, sin otras 
condiciones;  en los demás se han establecido requisito s obligatorios.  En las jurisdicciones en que la 
arquitectura no está reglamentada no suelen existir requisitos específicos para el ejercicio de la 
profesión por arquitectos extranjeros. 
51. Se ha dicho que "la cuestión primordial para los arquitectos, en lo que a restricciones se 
refiere, es la posibilidad de obtener una licencia que les permita ejercer su profesión en un país 
extranjero".
21  Entre las cuestiones conexas de más peso está la importancia creciente de contar con un 
título de arquitecto otorgado por una institución acreditada, así como la documentación adecuada que 
                                                      
18 La diferencia entre servicios profesionales acreditados y no acreditados se debatió en el Grupo de 
Trabajo sobre los Servicios Profes ionales en el marco de la Ronda Uruguay.  Véase el documento  de la OMC 
MTN.GNS/PROF/W/1. 
19 La UIA, fundada en 1948, es el organismo profesional de la  arquitectura a nivel mundial.  
Comprende las organizaciones relacionadas con la arquitect ura de 124 países y territorios y representa a más 
de 1,3 millones de arquitectos de todo el mundo. 
20 Según el COAC, entre ellos están Bélgica, Finlandi a, Irlanda, Macedonia, los Países Bajos, el Reino 
Unido, Suecia y Suiza.  La legislación belga, por ejemplo, reglamenta el acces o a la profesión (es decir, quiénes 
pueden ejercerla), pero no la profesión en sí misma;  en el Reino Unido, el uso del título de arquitecto está 
protegido, pero no su función. 
21 Presentación de Russell Keune, Reunión de la OCDE  sobre índices de restricción del comercio de 
servicios, julio de 2009.  Puede consultarse en línea en:  http://www. oecd.org/dataoecd/5 7/54/43231867.ppt 
(consultada el 5 de marzo de 2012). S/WPDR/W/48 
 Página 17 
 
 
  acredite la experiencia adquirida en  las prácticas realizadas después de  la obtención del título, a fin de 
tener derecho a presentarse a los exámenes que autorizan a ejercer la profesión. 
52. Es práctica común que un estudio de arquitectos  extranjero se asocie contractualmente con 
una empresa nacional registrada para realizar un proy ecto en otro país.  Esto hace innecesario que el 
arquitecto extranjero obtenga una licencia para ejer cer su profesión en el país en que se ejecuta la 
obra.  La finalidad es proporcionar al arquitecto extr anjero un socio con experiencia y muy versado en 
las características generales de los códigos de edificación del país en cuestión, así como los reglamentos, las prácticas de licitación y la supervis ión de las obras.  Sin embargo, pueden plantearse 
situaciones en que los órganos profesionales y de re glamentación del país anfitrión deseen asegurarse, 
con justificada razón, de que el ar quitecto local participa plenamente en el proceso y no se limita a dar 
el visto bueno a los planos del arquitecto extranje ro para que el proyecto sea aceptado y aprobado por 
las autoridades locales.
22 
53. Si bien ciertas soluciones, como la colaboración con un arquitecto local, pueden contribuir a 
superar determinadas restricciones reglamentarias, lo s trámites lentos y las dificultades relacionadas 
con el reconocimiento de los títulos de aptitud ex tranjeros continúan obstaculizando el comercio 
internacional en el sector.  La ampliación de los acu erdos de reconocimiento mutuo parece la solución 
adecuada;  sin embargo, su negociación puede r esultar onerosa y requerir mucho tiempo y recursos.  
De ahí la insistencia cada vez mayor de los profesionales en una mayor cooperación entre los 
organismos de reglamentación y las instituciones académicas, así como una mayor aplicación de las normas internacionales.  
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación  
54. La creciente preocupación por el medio ambi ente ha hecho que se preste más atención a los 
diseños arquitectónicos que incorporan la conservaci ón de la energía, la sostenibilidad y técnicas de 
construcción ecológicamente aceptables.  Al amplia r sus actividades profesionales e ingresar en los 
mercados extranjeros, los arquitectos deben atener se a normas y códigos de construcción relativos al 
medio ambiente, la sostenibilidad y la facilidad de acceso para las personas con discapacidad, que 
cambian rápidamente y a menudo tienen gran diferencia con lo que rige en sus países de origen.  En 
varios países los organismos de reglamentación n acionales (y los estatales, cuando es pertinente) se 
ven presionados por los arquitectos y asociaciones pr ofesionales de sus respectivas jurisdicciones para 
que modifiquen las leyes y reglamentaciones y adopten prácticas mundiales para poder mantener su competitividad a nivel internacional.
23   
55. Entre los cambios más importantes que ha habi do en las normas y reglamentos de diversos 
órganos profesionales nacionales figura la eliminaci ón de las tarifas de honorarios obligatorias, así 
como de la prohibición de la publicidad y del ofr ecimiento de servicios profesionales de otro tipo, 
como los servicios integrados de diseño y construcción.24  Por otra parte, se han establecido nuevos 
requisitos reglamentarios que exigen la capacitaci ón profesional continua para conservar la afiliación 
a un órgano profesional y, cada vez más, para mantener la licencia para ejercer la profesión.  En el 
recuadro 3 se presentan algunos ejemplos regional es de cooperación en materia reglamentaria para 
facilitar el reconocimiento y el registro de los arquitectos.      
                                                      
22 Russell Keune (2009), op. cit ., páginas 6-11. 
23 Russell Keune (2009), op. cit ., página 14. 
24 Se trata de un sistema de rea lización de proyectos en el que una persona que no es arquitecto firma 
un contrato para prestar, por una suma fija, un servic io integrado que comprende tanto el diseño como la 
construcción de un edificio. S/WPDR/W/48 
Página 18  
 
  Recuadro 3:  Algunos ejemplos de iniciativas regi onales dirigidas a facilitar el reconocimiento y el 
registro de los arquitectos  
Unión Europea  
Como parte de la integración económica regional, la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo 
establecieron el principio de libre movimiento de los profesionales y reconocimiento mutuo de los títulos de aptitud.  En virtud de la Directiva 85/384/CE, de 10 de junio de 1985, la "Directiva de los arquitectos", 
modificada después, cada Estado miembro de las UE reconoce los títulos, certificados y demás pruebas de 
estudios formales otorgados en la esfera de la arquitectura por los demás Estados miembros a nacionales de 
Estados miembros.  La "Directiva de los arquitectos" fue derogada y reemplazada por la Directiva 2005/36/CE 
el 20 de octubre de 2007.  La nueva Directiva es la respuesta a las recomendaciones del Consejo Europeo celebrado en Estocolmo en 2001, en las que se pedía a la Comisión que concibiera un régimen más uniforme, 
transparente y flexible con el fin de cumplir los objetivos  de la Estrategia de Lisboa.  La Directiva combinó en 
un solo texto las tres Directivas sobre el régimen gene ral para el reconocimiento de  cualificaciones profesionales 
(reconocimiento de títulos, certifi cados y otras pruebas de educación  superior de larga duración;  
reconocimiento de otros títulos, certificados y otras pruebas de formación y capacitación profesionales;  y 
mecanismo para el reconocimiento de la preparación para  ejercer un oficio y presta r determinados servicios). 
TLCAN 
El Tratado de Libre Comercio de Am érica del Norte (TLCAN) contiene dete rminadas disciplinas, por ejemplo, 
en materia de objetividad y transparencia, relativas  al otorgamiento de licencias y certificados a los 
profesionales, y el compromiso de eliminar toda prescripción en materia de nacionalidad o residencia 
permanente que cualquier parte mantenga con respecto al otorgamiento de licencias o certificados a los 
proveedores de servicios profesionales de las demás partes.  Cuando una parte no cumpla esa obligación, 
cualquiera de las partes podrá manten er una prescripción equivalente.  En el TLCAN se anima también a los 
organismos competentes de los países parte a elaborar normas y criterios mutuamente aceptables en relación con 
el otorgamiento de licencias y certificad os a los proveedores de servicios profesionales.  En 1994, sobre la base 
del Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Canadá, los arquitectos estadounidenses ya habían 
concluido un acuerdo con sus colegas canadienses sobre una serie de prescripciones en materia de certificación 
aplicables a los arquitectos de uno y otro país.  Se tratab a de un acuerdo entre el Consejo Nacional de Juntas de 
Registro de Arquitectos (NCARB, una federación nacional no gubernamental de las juntas oficiales de registro existentes en 55 jurisdicciones de los Estados Unidos) y el Comité de Consejos de Arquitectos del Canadá 
(CCAC, integrado por todas las asociaciones provinciales de arquitectos del Canadá).  Lo aplican los Estados y 
provincias que lo ratificaron, que son la mayor parte de ellos.  
APEC 
En el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pací fico (APEC) se ha progresado en la preparación de 
directorios sobre las prescripciones para el suministro de servicios profesionales, dando prioridad a los sectores 
de la contabilidad, la ingeniería y la arquitectura.  En el sistema de arquitectos del APEC, los países 
participantes pueden negoci ar acuerdos bilaterales que aceleran el registro de los arquitectos que desean 
registrarse en otros países miembros del APEC.  Un ejemplo es el acuerdo concertado recientemente entre 
Nueva Zelandia y el Japón por el cual  los arquitectos de Nueva Zelandia registrados en el APEC tienen derecho 
a registrarse en el Japón;  para ello sólo tienen qu e aprobar un examen que demu estre sus conocimientos de 
determinados aspectos del proceso arquitectónico en el Japón que son exclusivos de ese país.  Ocurre lo mismo 
con los arquitectos japoneses registrados en el APEC que desean registrarse en Nueva Zelandia.  Como se 
señala en el manual del arquitecto del APEC, los candidatos que desean registrarse como arquitectos del Foro deben estar registrados o habilitados, o bien reconocidos profesionalmente como arquitectos de alguna otra 
forma en el país que mantiene la sección del Registro de  Arquitectos del APEC en la que deseen ser admitidos.  
Los arquitectos deben presentar al Comité de Supervisión respectivo documentos que demuestren que han cursado un programa acreditado de formación en arquitect ura, cumplido los requisitos de experiencia previos al 
registro, ejercido durante al menos siete años como  arquitectos registrados o habilitados y cumplido otros 
requisitos, todo ello de conformidad con los criterios determinados por el Consejo Central.  Los arquitectos sólo 
pueden registrarse en la sección del Regi stro de Arquitectos del APEC que corre sponda a su país de origen.  En 
el Registro de Arquitectos del APEC sólo pueden inscribirse personas;  no pueden hacerlo las sociedades o estudios de arquitectos. 
Fuente :  Sitios Web del TLCAN;  el APEC;  la UE y la Junta de Arquitectos Acreditados de Nueva ZelandiaS/WPDR/W/48 
 Página 19 
 
 
  56. En vista de lo expuesto, los Miembros podrían considerar las pregunt as específicas siguientes: 
a) ¿Cómo podría mejorarse la cooperación entr e las autoridades de reglamentación, 
tanto en el plano internacional como en el nacional, inclusive con respecto a los 
trámites lentos y las dificultades relacionad as con el reconocimiento de los títulos de 
aptitud extranjeros? 
b) ¿En qué medida podrían quedar comprendid as en el ámbito de aplicación del 
párrafo 4 del artículo VI cuestiones tales co mo las tarifas de honorarios obligatorias, 
la prohibición de la publicidad y del ofrecimiento de servicios profesionales de otro tipo, como los servicios integr ados de diseño y construcción? 
D. S
ERVICIOS DE INGENIERÍA  
57. La asimetría de la información entre proveedor es y consumidores de servicios es una razón  
importante para la regulación económica de los servicios  profesionales y, por lo tanto, de los servicios 
de ingeniería.  Éstos, y en general los servicios  profesionales, son considerados en las publicaciones 
económicas como "productos de confianza", cuya cal idad sólo se puede comprobar con cierto costo 
después de haberlos adquirido y co nsumido y en definitiva pueden no ser evaluados cabalmente.  En 
esencia, suponen elevados costos por lo que se refier e a la determinación de su calidad, tanto en la 
fase anterior a su adquisición como después de e lla.  En última instancia, los consumidores deben 
tener confianza en los profesionales que prestan el servicio, o en el proceso que regula la profesión.  
1. Contexto reglamentario 
58. En la asimetría de la información hay dos elementos que pueden ser perjudiciales:  la 
selección adversa y el riesgo moral.25  La selección adversa, por  una parte, puede ser una 
consecuencia de la disminución de la calidad de los servicios.  La falta de información sobre la 
calidad del producto (que puede pone rse de manifiesto sólo después de la compra, si es que llega a 
manifestarse) puede dar lugar a que los clientes estén  dispuestos a pagar sólo un precio medio por una 
calidad que se desconoce (mediana presuntamente);  esto lleva a los productores de servicios de 
mayor calidad a abandonar el mercado, con la consig uiente reducción de la ca lidad media que ofrecen 
los restantes.  Por otra parte, los profesionales pueden encontrarse ante una  situación de riesgo moral 
cuando sus propios objetivos en materia de ingresos se contraponen a los de los clientes, y cuando la 
asimetría de la información en lo que se refier e a la relación calidad-precio interfiere con la 
negociación justa.  En este tipo de situación existe el riesgo de que el prof esional cobre demasiado por 
sus servicios o brinde una calidad superior a la n ecesaria para satisfacer las necesidades del cliente. 
59. Las medidas reglamentarias suelen estar motivadas por problemas vinculados a la 
información.  Para asegurar cierta calidad de los servicios de ingeniería, se recurre a la adopción de 
determinadas prescripciones en materia de títulos de  aptitud y trámite de licencias, como mecanismos 
de control previo de la calidad.  En la mayoría de  los países, la ingeniería se considera una profesión 
"regulada".  Existen leyes o reglamentos que exig en a los proveedores haber cursado un mínimo de 
años de estudio y obtenido la correspondiente licenci a antes de poder prestar servicios de ingeniería, o 
incluso utilizar el título de "ingeniero".  Por lo general, los requisitos en cuanto a experiencia y 
preparación incluyen:  título universitario u otro diploma de educación superior, formación práctica 
adicional y aprobación de un examen profesional.  Va rios países exigen esos tres tipos de requisitos 
antes de conceder la licencia que permite el ejercicio de la profesión.  Asimismo, los requisitos de acreditación habitualmente incluyen otras condicion es como el conocimiento de la lengua local, la 
                                                      
25 Paterson, I., M. Fink, A. Ogus, y otros (2003), "Economic Impact of Regulation in the Field of 
Liberal Professions in Different Member States" (i nforme encargado por la Comisión Europea - Dirección 
General de la Competencia), Instituto de Estudios Avanzados, Viena. S/WPDR/W/48 
Página 20  
 
  buena reputación y la residencia o nacionalidad.  En el  caso de los servicios de ingeniería, la afiliación 
a asociaciones profesionales es generalmente voluntaria. 
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación 
60. En el ámbito de los servicios de ingeniería, el  problema de la asimetrí a de la información ha 
servido para justificar la adopción de la fijaci ón de honorarios o de controles de precios (fijos o 
recomendados), restricciones a la publicidad, el segur o de responsabilidad civil, y la exigencia de 
formas jurídicas específicas para las empresas.  Al gunas de estas reglamentaciones, por ejemplo, las 
relativas a determinados tipos de entidades jurídica s, estarían disciplinadas en el artículo XVI del 
AGCS.  Por lo general, las empresas de ingeniería  deben acatar algunas disposiciones reglamentarias 
adicionales a las que se aplican a los profesionales.   Entre otras cabe destacar:  los requisitos de 
presencia local para ciertos trabajos de ingeniería;  las limitaciones a la propiedad extranjera;  el 
número mínimo de directores o de empleados nacional es;  los requisitos relativos a la constitución de 
la empresa en forma de sociedad colectiva, asoci ación o empresa conjunta, y las restricciones a la 
contratación de profesionales nacionales.  También en este caso, algunas de esas prescripciones, en caso de ser discriminatorias, pueden estar sujetas a consignación en las listas en el marco del AGCS.  
Sin embargo, otras prescripciones, aunque constitu yan trabas al comercio, pueden estar más allá del 
ámbito de la consignación en listas.  
61. Como se ha mencionado, en muchos casos las reglamentaciones sobre servicios de  ingeniería  
tienen la finalidad de garantizar  la calidad del servicio, la integridad de sus proveedores y la 
protección de los consumidores.  Por ejemplo, lo s requisitos en materia de nacionalidad pueden 
contribuir a asegurar la familiaridad con las nor mas locales y ayudar a los consumidores a obtener 
indemnización en caso de responsabilidad por mal ejercicio profesional.  También pueden fomentar el 
cumplimiento por los proveedores de las disciplinas y códigos profesionales.  Las restricciones en cuanto a la forma de constitución pueden limitar la utilización de estructuras societarias para eludir la responsabilidad personal de los profesionales.  Las prescripciones en materia de licencias y de títulos 
de aptitud están destinadas a garantizar el resp eto de las normas de competencia, desempeño y 
rendición de cuentas.  Las restricciones en materi a de honorarios y de publicidad, por ejemplo, se 
justifican a veces sobre la base de que la competen cia en los costos puede menoscabar la calidad de 
los servicios.
26  Sin perjuicio de ello, el exceso de  reglamentación también puede asfixiar los 
mercados y tener en definitiva efectos negativos  en el precio y la calidad de los servicios.27   
62. Las respuestas a las encuestas de la OCDE revelan datos interesantes sobre las prácticas 
efectivamente observadas en materia de reglamentación.28  Las reglamentaciones sobre precios, 
publicidad y comercialización tienen escasa aplicación.  Las prescripciones en materia de títulos de 
aptitud varían de un país a otro.  En  términos generales, para poder ejercer, los ingenieros deben haber 
cursado un mínimo de años de estudi os universitarios o de nivel superi or (en la mayoría de los casos, 
cuatro a cinco años, aunque puede llegar a exigirse ocho o diez años);  a menudo se exige también un período adicional de experiencia profesional obligat oria (que varía entre seis meses y un máximo de 
cinco años) y/o un examen profesional.  Además del requisito inicial de estudios (por ejemplo, el 
título universitario), en algunos países es obligator io también un período de práctica profesional, y en 
otros se exige aprobar un examen profesional después de obtener el título universitario o diploma de 
                                                      
26 OCDE (1996), "International trade in professional services:  Assessing Barriers and Encouraging 
Reform", París. 
 27 OECD (2000), " Competition in Professional Services", Dir ección de Asuntos Fina ncieros, Fiscales 
y Empresariales, Comité de Derecho y Política de la Competencia, DAFFE/CLP(2000)2, París.  
 28 Paterson y otros (2003), op. cit. ;  y Conway y Nicoletti (2006),  "Product Market Regulation in the 
Non-Manufacturing Sectors of OECD Countries:  Measurement and Highlights", Documentos de trabajo del 
Departamento de Economía de la OCDE , Nº 530.   S/WPDR/W/48 
 Página 21 
 
 
  enseñanza superior.  En otros regímenes se aplican c onjuntamente los tres tipos de requisitos:  años de 
estudio, período de práctica y examen profesional. 
63. Diversos estudios destinados a cuantificar el ef ecto de las reglamentaciones que afectan a los 
servicios de ingeniería tienden a c onfirmar que, en términos generales,  el sector es objeto de un menor 
grado de reglamentación que otras profesiones.29  
64. En vista de lo expuesto, los Miembros tal vez deseen considerar las preguntas específicas 
siguientes: 
a) ¿Podría la cooperación entre las autorida des de reglamentación (incluidos los 
organismos no gubernamentales) complementar el desarrollo de las disciplinas del párrafo 4 del artículo VI?  Si así fuera, ¿deberían las disciplinas tomar en 
consideración las iniciativas del sector, en particular con respecto a la elaboración de 
normas sobre enseñanza y ejercicio profesional? 
b) ¿Comparten los Miembros la opinión de que, en  términos generales,  la ingeniería es 
objeto de un menor grado de reglament ación que otras profesiones?  En todo caso, 
¿dónde radican los problemas de mayor im portancia desde el punto de vista del 
comercio y cómo podrían abordarse en el marco de las disciplinas del párrafo 4 del 
artículo VI?  
E. S
ERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS  
65. Diversas medidas reglamentarias de los gobier nos influyen sobre el crecimiento y el 
desarrollo de los servicios de informática y servici os conexos.  Entre los asuntos principales figuran 
las disposiciones laborales (permisos de trabajo y visados, enseñanza, capacitación), el apoyo a la 
investigación y desarrollo, la protección de los derechos  de propiedad intelectual, las normas técnicas, 
los aranceles aplicados a equipos informáticos y la contratación pública. 
1. Contexto reglamentario 
66. Muchos gobiernos están preparando políticas e inicia tivas para alentar la difusión de servicios 
de telecomunicaciones nuevos y de banda ancha.  La s consecuencias para las empresas y la rama de 
los servicios informáticos son considerables.  En consecuencia, el sector es actualmente más 
vulnerable a diversas reglamentaciones que afectan a las telecomunicaciones, citadas en la sección 
respectiva de la presente nota.  Como sucede con otros servicios a las empresas que hace posible la informática, el aumento del comercio en este sect or de servicios se basa en una mayor inversión 
transnacional, en la facilidad para subcontratar a es cala mundial, en la idoneidad y la productividad 
del personal y en la disponibili dad de infraestructuras de comunicaciones modernas y asequibles.  
Otras esferas de reglamentación fundamentales que infl uyen cada vez más en el sector son, además de 
las ya citadas, las relacionadas con la propiedad in telectual, la privacidad, la censura, la seguridad 
nacional y los delitos informáticos.  En un sector que antes fue objeto de escasa reglamentación directa en la mayoría de los países, la necesidad que se advierte de reglamentar estas cuestiones ha planteado problemas tanto a los gobiernos como a las empresas. 
                                                      
 29 Golub, S.S. (2003), "Measures of Restrictions  on Inward Foreign Direct Investment for 
OECD Countries", Documento de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE  Nº 357;  Koyama, T., y 
S.S. Golub (1996), "OECD's FDI Regu latory Restrictiveness Index:  Revision and Extension to More 
Economies", Documento de trabajo del Departamento de Economía de la OCDE  Nº 525.   S/WPDR/W/48 
Página 22  
 
  2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación 
67. Las reglamentaciones que fomentan la competenci a de precios en la banda ancha, las líneas 
alquiladas y los servicios móviles y vía satélite, es decir, los medios de prestar los servicios de 
informática y servicios conexos, serán un factor clav e de la competitividad de los países que tienen 
intereses en el sector.  La tendencia a proporcionar servicios y programas de informática en línea 
continuará creciendo a medida que vaya aument ando la penetración de las tecnologías de banda 
ancha.  Esta tendencia también contribuye a aume ntar las posibilidades de contratar los servicios de 
informática y servicios conexos en el exterior, te ma planteado en la sección de la presente nota sobre 
suministro transfronterizo.  Por consiguiente, las nuevas tendencias en la reglamentación de Internet y 
los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la superv isión de la actividad transfronteriza pueden tener 
un efecto ineludible en el comercio de serv icios de informática y servicios conexos. 
68. Se ha acrecentado la importancia de otras esfer as de reglamentación para el suministro de 
servicios y programas informáticos a medida que se tie nde a un entorno en línea.  Entre ellas están las 
normas de propiedad intelectual, la intervención re glamentaria dirigida a aumentar la inversión en 
infraestructura, en particular en la banda ancha, y la seguridad y privacidad de las transmisiones en 
línea.  La disponibilidad de un mayor ancho de banda ofrece, por ejemplo, la posibilidad de apoyar el 
nuevo modelo comercial de la "inf ormática en nube", mediante el cual un proveedor de servicios 
puede alojar no sólo datos, sino también aplicaciones de programas y servidores.30  Al apuntalar una 
tendencia que permite a las empresas y los consum idores prescindir de una infraestructura informática 
propia, el suministro de servicios de programas y de  informática en nube acentúa la importancia de las 
reglamentaciones vinculadas a la seguridad y la priv acidad de la información.  Al mismo tiempo, la 
tendencia al aumento de la reglamentación de In ternet y sus servicios puede tener repercusiones 
importantes en el suministro de los servici os de informática y servicios conexos.   
69. En cuanto a la propiedad intelectual, como ta mbién se examina en la sección sobre servicios 
audiovisuales de la presente nota, el uso de Internet  y otras formas de prestación de servicios en línea 
ha hecho más difícil que en el pasado proteger el  derecho de autor y las patentes que han ayudado a 
promover una cultura innovadora en las empresas de ser vicios de informática y de programas.  Estas 
preocupaciones han llevado a las asociaciones de empresas a concentrarse cada vez más en la 
ciberseguridad, la gobernanza de Internet y la pr otección de los derechos de propiedad intelectual.31  
También cabe señalar, como se indica en la sección sobre el sector audiovisual, las dificultades que atraviesan las empresas que suministran servicios tr ansfronterizos cuando el derecho de autor y las 
patentes permanecen en la esfera de la jurisdicción nacional. 
70. Cabe destacar que el comercio y la competitivid ad de los servicios de informática y servicios 
conexos están influidos por reglamentaciones más ge nerales, como las aplicables al comercio de 
equipo y los aranceles, la enseñanza (tanto en genera l como en relación con la informática), la política 
en materia de competencia y la liberalización de lo s mercados para los servi cios que dependen de la 
informática y las empresas que son sus usuarias im portantes.  Las reglamentaciones sobre fusiones y 
adquisiciones, por ejemplo, y otros aspectos de las leyes sobre la competencia tienen una importancia 
creciente en la medida en que el sector y muc hos de sus protagonistas más destacados crecen y 
maduran y superan la etapa inicial de empresas pequeñas e incipientes.  Las disposiciones y 
reglamentaciones que afectan a la investigación y el desarrollo también conserva n su importancia para 
el sector, ya que es considerable el empleo de ser vicios de informática y de programación vinculados 
a la investigación y el desarrollo.  
                                                      
30 Weber, Jonathan (5 de mayo de 2008), "Cloud Computing", Times Online . 
31 Véase por ejemplo el Libro Blanco de la Business Software Alliance  (2008), "Necessary Elements 
for Technology Growth". S/WPDR/W/48 
 Página 23 
 
 
  71. Muchas de las tendencias más nuevas en la reglamentación de los servicios de informática y 
servicios conexos se relacionan con la seguridad , la privacidad y los derechos de propiedad 
intelectual.  Tales cuestiones no se vinculan direct amente a la labor desarrollada en el marco del 
Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Naciona l y, en algunos casos, pueden relacionarse con 
cuestiones más amplias abarcadas por las exoneraciones previstas en el artículo XIV.  Cada tanto, 
estas cuestiones se han planteado en cierta medida en el marco del programa de trabajo sobre 
comercio electrónico de la OMC, pero sin que se llegaran a adoptar conclusiones al respecto.  
72. En vista de lo expuesto, los Miembros tal vez deseen considerar las preguntas específicas 
siguientes:   
a) ¿Cuál sería el foro adecuado para examinar  los efectos comerciales en los servicios 
informáticos y servicios conexos de las nuevas reglamentaciones sobre estas 
materias?  
b) ¿Vale la pena examinar la posibilidad de adoptar directrices sobre la aplicación del 
artículo XIV a los servicios informáticos y servicios conexos y otros sectores de servicios afectados, como los de telecomunicaciones, los audiovisuales u otros 
servicios transfronterizos? 
F. S
ERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJEROS  
73. Los servicios postales y de mensajeros son un  componente fundamental de la infraestructura 
mundial de comunicaciones y tienen una gran importancia económica y social.32  En los últimos 
decenios, los servicios postales han experimenta do una transformación radical en todo el mundo 
desde los puntos de vista reglamentario, operacional y tecnológico.  El sector de los servicios postales 
se ha caracterizado tradicionalmente por monopolios estatales que prestaban servicios postales básicos 
y empresas privadas de servicios de mensajeros que prestaban servicios de entrega urgente .   
74. En la actualidad, los drásticos cambios que ha experimentado y si gue experimentando el 
sector ponen en tela de juicio esa distinción.  Lo s proveedores convencionales de servicios postales y 
las empresas privadas de servicios de entrega urgente que suministran esos servicios, incluidas las 
empresas mundiales, compiten en un nuevo ento rno comercial utilizando nuevas tecnologías y 
ampliando sus operaciones para abarcar  nuevos segmentos comerciales.  Si bien muchas iniciativas de 
liberalización han tenido éxito, también han puesto de relieve la importancia de abordar correctamente 
ciertas cuestiones básicas de reglamentación. 
1. Contexto reglamentario 
75. En la mayoría de los países se han introducido,  en diferentes medidas, reformas del sector 
postal orientadas al mercado:  los proveedores públic os de servicios postal es se han convertido en 
sociedades o han sido privatizados;  el alcance de los monopolios postales se ha reducido o incluso, en 
algunos casos, los monopolios han sido eliminados.  Co mo resultado de ello, la clásica línea divisoria 
entre los proveedores públicos y privados se ha  vuelto mucho menos nítida.  Las principales 
características de las reformas c on orientación de mercado en los ser vicios postales consisten, por un 
lado, en la conversión de las entidades proveedoras de  servicios en sociedades o su privatización, y 
por otro, en la liberalización de los mercados  postales y la correspondiente adaptación de la 
reglamentación.   
                                                      
32 A los efectos de la presente Nota, los servicios postales y de mensajeros incluyen los servicios de 
entrega urgente.  S/WPDR/W/48 
Página 24  
 
  76. Aunque son cada vez más los países que han abierto el mercado de los servicios postales y de 
mensajeros, el problema fundamental que deben resolv er es la forma de reglamentar este sector en un 
contexto de liberalización.  De hecho, esta también es la principal inquietud de los países que vacilan 
en llevar adelante un proceso de liberalización del sector, sobre todo porque la experiencia de algunos 
países no siempre dio lugar a una mejora de los resultados. 
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación 
77. A este respecto deben abordarse varias cues tiones específicas, y a veces interrelacionadas, 
que afectan al comercio en este sector. 
a) Servicio postal universal 
78. La primera cuestión fundamental que debe tratar se relativa a la reglamentación de este sector 
se vincula al suministro de un servicio postal uni versal.  Este es un concepto generalmente 
reconocido, ya que los servicios postales son funda mentales para el desarrollo económico y social de 
los países.  También es una obligación que el derec ho internacional impone a la mayoría de los países, 
de asegurar el suministro de servicios postales bási cos de buena calidad en todo su territorio a precios 
accesibles.33  En un ámbito liberalizado en el que existe competencia la forma de administrar el 
servicio universal es importante, ya que puede tener efectos en el acceso a los mercados y la 
competencia.  En principio, cada país debe de finir claramente el servicio universal que desea 
mantener, calcular los costos de suministrar un servicio universal y asegurar que esos costos se 
financien de manera transparente y no discriminat oria y con neutralidad en la competencia.  No 
obstante, en la práctica no siempre es fácil logr arlo.  La determinación del costo efectivo de la 
prestación del servicio universal se considera una de  las cuestiones más importantes y problemáticas 
en materia de reglamentación postal.  En particular, la dificultad consiste en determinar la  diferencia 
entre los costos de suministro de un servicio universal y la renta que genera.34 
79. Si bien ya no se considera al monopolio como la única forma de sustentar el suministro 
universal del servicio, la mayoría de los países,  particularmente los países en desarrollo, siguen 
optando por conceder a los proveedores del servici o universal, generalmente empresas postales del 
Estado, determinados derechos excl usivos sobre lo que se denomina "sector reservado".  Quizás esto 
se deba a que a los gobiernos les resulta difícil fi nanciar de otra manera los servicios universales35 o a 
que las empresas postales ya presentes en el mercad o no están dispuestas a renunciar a los derechos 
exclusivos y privilegios conexos que gozan. 
80. Un estudio del Banco Mundial señala que quienes formulan las políticas dirigidas al sector 
postal, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, buscan continuamente conciliar el 
objetivo de implantar la competencia y desmantelar lo s obstáculos a la entrada con el de garantizar la 
estabilidad financiera de los monopolios tradicionale s a los que se encomendó el mandato de servicio 
universal.36  Debe señalarse que, aun cuando se mantenga un sector reservado, el organismo de 
reglamentación tiene que definir clar amente su ámbito para trazar un límite claro entre las actividades 
competencia y las que no lo son.  La falta de cl aridad respecto de los sectores reservados deja margen 
                                                      
33 Véase el artículo 1 del Convenio de la Unión Postal  Universal (UPU).  En la actualidad, la UPU está 
integrada por 191 países. 
34 UPU (2004), "Postal Regulation:  Principles and Orientation", Berna, página 18. 
35 Algunos estudios indican que en los mercados postales liberalizados no es posible dar por sentado el 
suministro de un servicio universal en todas las circunsta ncias, ni siquiera en los países desarrollados.  Véase 
Vincenzo Visco Comandini (2002), "The Provision and Funding of Universal Service Obligation in a 
Liberalized Environment", en Damien Geradin (ed.), The Liberalization of Postal Services in the European 
Union , Kluwer Law International, Gran Bretaña, páginas 221-234. 
36 Boutheina Guermazi e Isabelle Segni (2005), "Postal Policy and Regulatory Reform in Developing 
Countries", en The Postal Sector in Devel oping and Transition Countries , Banco Mundial, página 47. S/WPDR/W/48 
 Página 25 
 
 
  para la discrecionalidad.  Por ejemplo, algunos paí ses definen los servicios reservados simplemente en 
términos de las actividades del proveedor público;  mientras en otros casos incluyen una referencia 
general a cartas y/o paquetes, pero sin indicar el peso , el precio o el nivel de servicio previsto (por 
ejemplo, no se aclara si el monopolio se aplica a lo s servicios postales básicos o a los servicios de 
entrega urgente) y los derechos monopolísticos se definen en términos excesivamente amplios en 
relación con los objetivos del servicio universal.  Dado que el propósito del monopolio es generar los 
recursos necesarios para cubrir los mayores costos  del servicio universal, es conveniente definir el 
sector reservado en función de esos costos para aume ntar la competencia en los mercados postales.  
Obviamente, cuanto más limitado sea el sector re servado, mayores serán las posibilidades de acceso 
de las empresas a los mercados, especialmente las recién  llegadas.  No obstante, al aclarar el ámbito 
reservado como parte de su reforma del sector postal,  algunos países en realidad redujeron el ámbito 
de la competencia de facto.37 
81. En vista de la experiencia en el sector de las telecomunicaciones, algunos países están 
considerando la posibilidad de crear un fondo destinado al servicio universal como opción o 
complemento del sector reservado para sustentar dichos  servicios en los mercados liberalizados.  Sin 
embargo, parece más difícil definir la base imponible y la tasa tributaria en el sector de los servicios 
postales que en el de las telecomunicaciones.  La mayoría de las empresas postales han desarrollado actividades no postales (por ejemplo, bancarias, de seguros, de comercio minorista, etc.) y las grandes 
empresas postales y de servicios de entrega, denom inadas "integradoras", han combinado los servicios 
de entrega con los de transporte, envío de carga, corre taje aduanero y logísticos .  Esto plantea varias 
interrogantes, tales como la de los requisitos que deben reunir las empresas para contribuir al fondo y 
los parámetros aplicables al impuesto (por ejemplo, el volumen de correo o el ingreso total).  El temor 
es que el fondo destinado al servicio universal pue da aumentar los costos  de transacción de las 
empresas de servicios de entrega y otros servicios, y distorsionar la competencia.
38 
b) Competencia 
82. Otra cuestión fundamental respecto de la re glamentación de este sector es la forma de 
prevenir las prácticas anticompetitivas en los mer cados liberalizados.  Esto se convierte en un 
problema porque las empresas postales ya presentes en el mercado, particularmente las que siguen gozando de un monopolio, pueden abusar  de su posición dominante al competir con otras empresas.  
Las subvenciones cruzadas constituyen una de la s principales prácticas anticompetitivas de este 
sector.  A menudo vinculadas al monopolio de los servic ios postales, consisten en la financiación de 
servicios competitivos con recursos obtenidos de servicios no competitivos por las empresas postales 
ya presentes.  Estas prácticas ya han dado origen a varios litigios en los ámbitos de la Unión Europea 
y del TLCAN.
39 
83. Por ejemplo, muchos países europeos (en cumplimiento de la directiva sobre servicios 
postales de la UE) exigen separar la contabilid ad de las actividades competitivas y la de las no 
competitivas, como mecanismo para detectar la exis tencia de subvenciones cruzadas.  Algunos países 
exigen que sea una filial financieramente independien te de la empresa postal ya presente la que preste 
                                                      
37 OMC (2010a), "Servicios postales y de mensaj eros", Nota de antecedentes de la Secretaría, 
documento S/C/W/319, página 69 y nota 76. 
38 Vincenzo Visco Comandini (2002), op. cit ., páginas 229 y 230.  Una de las principales inquietudes 
que ha suscitado el proyecto de ley sobre servicios postales de China es su disposición acerca del fondo 
destinado a un servicio universal.  Véase OMC (2007), "Comunicación de los Estados Unidos - Mecanismo de 
Examen de Transición de conformida d con la sección 18 del Protocolo de  Adhesión de la República Popular 
China ("China") - Preguntas formuladas por los Estados Unidos a China", documento S/C/W/289, 5 de 
noviembre de 2007. 
39 Por ejemplo, en 1994, UPS entabló una reclamación ante la Comisión Europea contra Deustche Post 
y, en 2000, ante el Gobierno del Canadá en el ma rco del TLCAN con respecto a las prácticas anticompetitivas 
de Canada Post.   S/WPDR/W/48 
Página 26  
 
  los servicios competitivos.  Se sugiere privatizar  las empresas postales de propiedad del Estado o 
eliminar el sector reservado como estrategia estru ctural para prevenir las subvenciones cruzadas que 
atentan contra la competencia.40  La tercera directiva sobre servicios postales de la UE exige que la 
mayoría de los Estados miembros (el 95 por ciento de  los mercados de servicios postales de la UE en 
función del volumen) eliminen los derechos exclusivos  a más tardar el 1º de  enero de 2011 y, en el 
caso de los demás, el 1º de enero de 2013.  Al emania (2008), Finlandia (1991), Suecia (1992), el 
Reino Unido (2006), Estonia (2009) y los Países Bajo s (2009) han eliminado los servicios reservados 
antes de la fecha prevista en la Directiva.  Los pa íses candidatos a la adhesión a la UE se encuentran 
en distintas etapas de incorporación del acervo comunitario relativo a los servicios postales . 
c) Prescripciones en materia de licencias y organismo independiente de reglamentación  
84. Suscita preocupaciones la posibilidad de que las licencias se utilicen para restringir la entrada 
en el mercado tras la liberalización, especialmente en  algunos países en los que, hasta la fecha o hace 
poco tiempo, no se necesitaban licencias especiales para prestar algunos servicios, en particular, los de entrega urgente.  Según un estudio del Banco Mundial , algunos países han reglamentado el mercado e 
impuesto a los competidores elevados derechos de  licencia como contribución a los costos del 
proveedor del servicio universal;  en la mayoría de los casos, los derechos se calculan sin estudios 
pormenorizados del costo efectivo de lo que se considera una obligación de suministrar un servicio universal.
41  Los gobiernos deben sopesar la función de reglamentación indispensable que puede 
cumplir un sistema de licencias con la carga que puede imponer a las empresas. 
85. En los mercados postales liberalizados se plantea como problema la ausencia de un organismo 
de reglamentación independiente.  En muchos países, se solía confiar a las empresas postales públicas 
funciones administrativas como la expedición de licencias, la fijación de precios, la vigilancia del 
mercado, etc.  Incluso cuando se transforman en sociedades comerciales y se les quitan las funciones 
administrativas, siguen siendo de propiedad pública y por lo tanto mantienen un vínculo estrecho con 
los gobiernos.  Para evitar los conflictos de interé s y garantizar la neutralidad frente a todas las 
empresas del mercado, debe garan tizarse la independencia del orga nismo de reglamentación.  No 
existe un único modelo para los organismos de reglamentación postal.  Al gunos países han creado un 
organismo de reglamentación postal aparte, mientras que en otros este organismo está en la órbita del Ministerio de Comunicaciones o el organismo de reglamentación de las telecomunicaciones.  
d) Procedimientos en frontera y prescripciones en materia de envío 
86. Los procedimientos engorrosos y no transpar entes de despacho e inspección aduanera pueden 
dar origen a demoras indebidas en las aduanas con efectos negativos, particul armente en las empresas 
de servicios de entrega urgente que deben garanti zar una entrega a tiempo.  En algunos países, las 
restricciones del peso o el valor de los envíos también afectan a esas empresas;  esto ocurre, por ejemplo, si sólo pueden enviar artículos de peso  inferior a determinado límite o no tienen acceso a 
trámites de aduana acelerados.  Frente a estos pr oblemas, en sus capítulos sobre gestión aduanera, 
algunos arreglos comerciales preferenciales contie nen una disposición específica sobre los envíos 
urgentes cuyo objeto es facilitar el despacho aduanero en  esos servicios.  Esta disposición suele exigir 
que las partes tramiten la información antes del arri bo de la mercadería, permite la presentación de un 
documento único, minimiza la documentación exigida para el despacho y hace  posible que un envío 
de entrega rápida pueda ser despachado dentro de un plazo de seis horas a partir de la presentación de 
la documentación aduanera necesaria.  En algunos acuerdos comerciales preferenciales, las partes 
deben realizar además un procedimiento aduanero independiente y acelerado para el envío urgente, 
con independencia del peso y el  valor aduanero, y no imponer der echos o impuestos aduaneros ni 
exigir documentos oficiales de entrada a los envíos urgentes de valor reducido. 
                                                      
40 OCDE (1999b), "Promoting Competition in the Postal Sector", París.   
41 Boutheina Guermazi e Isabelle Segni (2005), op. cit.  S/WPDR/W/48 
 Página 27 
 
 
  87. A medida que muchos países avanzan en la refo rma de su sector postal con el fin de seguir 
liberalizando y aumentando la competencia de sus me rcados, quizás deba atribuirse más importancia a 
las cuestiones de reglamentación, tanto en el plano nacional como en el internacional.  En este último, 
algunos acuerdos comerciales preferenciales dispone n más disciplinas o compro misos en materia de 
reglamentación, particularmente vinc ulados a los servicios de entrega urgente;  en las negociaciones 
del PDD, las propuestas de negociación y las ofertas de algunos Miembros con respecto a los 
servicios postales y de mensajeros sugieren que la consignación en listas de observaciones 
complementarias en el marco del AGCS podría ser  un instrumento para abordar estas cuestiones 
G. TELECOMUNICACIONES  
88. El entorno mundial en el que se comercia lizan en la actualidad los servicios de 
telecomunicaciones es sobre todo competitivo y se caracteriza por un comercio transfronterizo más 
abierto e inversiones extranjeras directas.  El comercio transfronterizo puede abarcar cada vez más no sólo el suministro transfronterizo tradicional de servicios a los que se aporta la terminación, sino 
también la adquisición de nuevos clientes en mercados  extranjeros situados lejos del lugar en que está 
ubicado físicamente el proveedor.  La combinación de l rápido crecimiento y la liberalización de los 
mercados de telecomunicación ha planteado a lo s organismos de reglam entación tanto problemas 
como oportunidades.   
1. Contexto reglamentario 
89. El Documento de Referencia sobre los principi os reglamentarios de las telecomunicaciones ha 
contribuido a conformar el entorno reglamentario en este sector durante el pasado decenio (véase el 
recuadro 4).  Ha servido de pauta para la reforma del sector en los Miembros de la OMC y en los 
países que desean adherirse a la Organización.  Incl uso los gobiernos Miembros de la OMC que aún 
no han contraído un compromiso respecto de sus di sposiciones han aceptado principios similares, 
tomándolos directamente de él o adoptando las mejo res prácticas compatibles con el Documento de 
Referencia.   
Recuadro 4:  Documento de Referen cia sobre los principios reglamentarios de las telecomunicaciones  
 
El Documento de Referencia es un conjunto de principios reglamentarios aplicables al comercio de servicios de 
telecomunicaciones.  Es jurídicament e vinculante respecto de aquellos g obiernos Miembro de la OMC que se 
han obligado mediante la anexión a sus listas de compromisos de todo o parte del Documento como 
compromiso adicional en el marco de lo dispuesto por el artículo XVIII del AGCS.    
 En dicho documento figuran una serie de  definiciones y principios para prevenir las prácticas anticompetitivas.  
También contiene principios relativos a la interconexión, el  servicio universal, la tran sparencia, los criterios en 
materia de licencias, la independencia de los organismos de reglamentación, la asignación y el uso de recursos 
escasos.   
 Más de 82 países Miembros han anexado el Documento de Referencia a su lista de compromisos específicos.
42  
Otros siete gobiernos, aproximadamente, han contraído compromisos respecto de algunas de las disposiciones 
del Documento de Referencia pero no respecto de toda s, o han adjuntado sus propias versiones.  Todos los 
gobiernos que se han adherido a la  OMC desde que se celebraron las negociaciones sobre telecomunicaciones 
básicas han aceptado también esas disciplinas.  En las ne gociaciones en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo, algunos gobiernos han hecho ofertas que contenían por primera vez compromisos sobre servicios de telecomunicaciones y que incluían las disciplinas  incluidas en el Documento de Referencia. 
Fuente :  OMC (2009a), "Servicios de telecomunicaciones", nota de anteceden tes elaborada por la Secretaría, 
S/C/W/299. 
 
 
                                                      
42 Los distintos Estados miembros de la CE se cuentan por separado. S/WPDR/W/48 
Página 28  
 
  90. No obstante, los organismos de reglament ación siguen enfrentándose a muchas dificultades 
nuevas a medida que tiene lugar la transición a la competencia y se imponen las nuevas tecnologías y 
la convergencia de distintos servicios y sectores con las telecomunicaciones tradicionales.  Con 
frecuencia, las autoridades regula doras se encuentran en un territori o relativamente poco explorado, 
especialmente en el caso de los países en desarrollo en que las soluciones reglamentarias utilizadas 
por los gobiernos de los países industrializados pue den ser difíciles de adaptar o menos apropiadas a 
las circunstancias.  No obstante, en algunos casos las nuevas autoridades reguladoras que han 
adoptado relativamente pocas normas pueden elegir a hora entre una amplia diversidad de mejores 
prácticas que otros han elaborado, y evitar desde un principio la adopción de prácticas reglamentarias 
obsoletas.  
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación 
91. En la última década las prácticas reglamentarias han evolucionado, principalmente en un 
sentido positivo, en cuanto a la facilitación del co mercio de servicios de telecomunicaciones, a 
medida que los gobiernos han reconsiderado las pr ácticas tradicionales prefiriendo la flexibilización 
de los regímenes.  La reglamentación de los servicios tradicionales de telecomunicaciones está 
experimentando una tendencia hacia criterios menos rigurosos.  No obstante, pese a la espectacular 
apertura de los mercados durante el último decenio , las empresas de explotación titulares (es decir, los 
antiguos monopolios) continúan tenien do una posición dominante en la  mayor parte de los países.  
Por esta razón, el mantenimiento de salvaguardias pa ra la competencia como las previstas en el Anexo 
sobre Telecomunicaciones y el Documento de Referencia ha seguido siendo una característica 
importante de las reformas en el sector de las telecomunicaciones.  Al mismo tiempo, los servicios de 
Internet parecen estar pasando de una situación apenas reglamentada o no reglamentada a una 
acentuación de intervención reglamentaria más inte nsa, lo que se debe a menudo a que se considera 
necesario hacer frente a diversos problemas de política más general.  
92. En cuanto a la convergencia, resulta cada ve z más claro que es difícil hacer una distinción 
precisa entre los servicios de telecomunicaciones y los informáticos y, en algunos aspectos, los 
servicios audiovisuales prestados a través de redes de telecomunicaciones.  Hoy en día es más 
frecuente que un único proveedor pueda suministra r los servicios de todos estos sectores a través de 
plataformas de una misma red.  Sin embargo, puede n surgir problemas derivados de las tradiciones 
jurídicas muy diferentes que regían los servicios  que ahora convergen.  Además, esto significa que, 
cada vez más, los sectores de los servicios info rmáticos, de telecomunicaciones y audiovisuales 
afrontan problemas de reglamentación que les son comunes.  Algunos de ellos se señalarán 
brevemente a continuación.  
a) Prácticas en materia de licencias  
93. En los últimos años, las prácticas en materia de licencias han evolucionado y ahora incluyen 
regímenes más flexibles, así como la reducci ón o eliminación de prescripciones en materia de 
licencias respecto de ciertos servicios.  Algunos Miembros han establecido licencias unificadas que 
son neutrales respecto de los servicios y permiten que los proveedores suministren diferentes servicios 
(por ejemplo, fijos y móviles) en virtud de una misma licencia.  Algunos ejemplos de gobiernos que ofrecen licencias unificadas son la Arabia Saudita; Botswana;  China; Hong Kong, China; la India;  y 
Nigeria.  Otros Miembros han establecido licencias neutrales respecto de la tecnología que permiten a las empresas elegir la tecnología que utilizarán pa ra suministrar servicios o pasar a adoptar nuevas 
tecnologías sin necesidad de obtener nuevas licencias.   Algunos de los Gobiernos que ahora expiden 
licencias neutrales en cuanto a la tecnología para  el suministro de determinados servicios, 
generalmente inalámbricos, son los Estados Unidos, Estonia, Níger, Nigeria, el Reino Unido, Suecia y 
el Taipei Chino.  En Bahrein, todas las licencias s on neutrales respecto de la tecnología, y el Pakistán 
ha anunciado planes para ofrecer en 2012 licencias neut rales respecto de la tecnología para servicios 
móviles.  Esas licencias supusieron a la vez una po lítica más flexible en materia de espectro (véase a S/WPDR/W/48 
 Página 29 
 
 
  continuación), como la asignación de frecuencias con un criterio de neutralidad respecto de la 
tecnología.  También se ha vuelto más corriente que no se exijan licencias para muchas formas de 
servicios de telecomunicaciones de valor añadido y que no utilizan instalaciones. 
b) Gestión del espectro  
94. En comparación con otras reformas que han teni do lugar en el sector, las políticas relativas al 
espectro han cambiado con lentitud, debido quizá a la complejidad del tema.  Sin embargo, más 
recientemente, hay indicios de un replanteo de  las prácticas, encaminado a adaptar mejor las 
decisiones técnicas, de atribución y asignación a entornos competitivos.43  Las subastas de espectro ya 
son habituales en muchos mercados y, en un pe queño número de casos, se han iniciado experimentos 
en la comercialización del espectro o se contempla su posibilidad.44  Actualmente algunos gobiernos 
alientan a las empresas a compartir  el espectro  y es más común que asignen frecuencias neutrales con 
respecto a la tecnología, lo que constituye otras form as de aumentar la flexibilidad.  No obstante, las 
dificultades pueden ser considerables.  En algunos casos, los titulares actuales deben desplazarse de 
los espacios de frecuencia que ocupaban y deben resolverse daños técnicos o problemas de 
interferencia.  No obstante, la creciente demanda de recursos de  frecuencia, a medida que las 
tecnologías móviles se vuelven una forma predominan te de prestación y los servicios satelitales son 
más accesibles, exige adoptar soluciones innovadoras.   La mayor demanda de frecuencias también 
adquiere importancia a medida que el sector audi ovisual sigue ampliándose y la tecnología de las 
telecomunicaciones de banda ancha se reorienta hacia la prestación de servicios de vídeo, Internet y 
televisión.  En una era de comercio mundial de las telecomunicaciones, también se debe garantizar 
que las soluciones no perjudiquen la competencia. 
c) Precios de acceso:  Interconexión, terminación para servicios móviles y servicios móviles 
itinerantes 
95. Indudablemente, la reglamentación de la in terconexión tradicional, que implica el 
establecimiento de enlaces con las redes fijas ya existentes, sigue teniendo una importancia decisiva para los mercados competitivos.  No obstante, están surgiendo nuevas cuestiones a medida que 
cambian las tecnologías y que otras empresas de e xplotación asumen papeles más importantes.  En 
algunos mercados, las empresas de explotación de las telecomunicaciones fijas están transformando 
sus instalaciones en las denominadas redes de la  próxima generación, basadas en protocolos de 
Internet.  Esta perspectiva est á dando lugar a nuevos de bates sobre la reglamentación.  Algunos 
observadores aducen que ni los regímenes de inte rconexión no desarrollados para Internet (por 
ejemplo, de comunicación directa) ni las redes de  telefonía tradicionales pueden ser lo más adecuado 
para las redes de la próxima ge neración.  Además, a medida que es más común que los servicios de 
contenido audiovisual se presten a través de la  infraestructura de telecomunicaciones, pueden 
plantearse problemas sobre los derechos de acceso  o interconexión en el tramo final hasta el 
establecimiento del cliente para los proveedores  de servicios audiovisuales, que entran en 
competencia con otras empresas respecto de los mismos  servicios.  Sin embargo, en lo que respecta a 
las obligaciones de ofrecer un acceso razonable y sin discriminaciones, los servicios audiovisuales no 
están alcanzados por el Anexo sobre Telecomunicaciones.   
96. En la última década, con el aumento de la popul aridad de los teléfonos móviles, han surgido 
problemas sobre la interconexión de servicios móvile s y las tarifas de terminación de llamadas en el 
mercado nacional.  Los expertos han plant eado y siguen examinado por qué los mercados 
supuestamente competitivos no han bastado para reducir el precio de los servicios de telefonía móvil.  
                                                      
43 Véase, por ejemplo, Wellenius, B., e I. Neto (2008), "Managing the Radio Spectrum:  Framework for 
Reform in Developing Countries", Policy Research Working Paper  N° 4549, Banco Mundial. 
44 Véase, por ejemplo, Ibarguen, Giancarlo (2003) , "Liberating the Radio Spectrum in Guatemala", 
Telecommunications Policy , volumen 27, páginas 543-664.   S/WPDR/W/48 
Página 30  
 
  Durante 2010-2011, entre los gobiernos que se esforzab an por reducir las tarifas de terminación de 
telefonía móvil estaban los de Bahrein, Egipto, Francia, Italia, Kenya (para los SMS), México, 
Polonia, Portugal, el Reino Unido, Sudáfrica y Su ecia.  En algunos casos (Bahrein y Turquía), los 
organismos de reglamentación han hecho determinaciones sobre posición dominante respecto de los 
mercados de terminación de telefonía móvil.  
97. Las tarifas de los servicios móviles itineran tes también se han convertido en una cuestión 
problemática debido a los precios excesivamente alto s que se cobran a los clientes que utilizan sus 
teléfonos en el exterior.  Como en el caso de la  interconexión de telefonía móvil, las autoridades de 
reglamentación se preguntan por qué un mercado su puestamente competitivo puede mantener niveles 
de precios tan elevados.  La mayor parte de los in strumentos reglamentarios que permiten hacer frente 
a las imperfecciones del mercado, si este fenómeno  puede considerarse como tal, se basan en el 
control o la posición dominante.  Algunas autoridade s reguladoras estiman que el problema está más 
relacionado con la falta de normas transparentes,  mientras que otros lo atribuyen a falta de 
condiciones de competencia.     
98. Por último, el debate sobre la denominada neutra lidad de las redes, instalado en los Estados 
Unidos y en cierta medida en Europa, se refiere a la equidad en las condiciones de acceso.  Si bien 
suele considerarse principalmente como un problema de los consumidores, el debate también tiene 
repercusiones para las empresas que utilizan o prestan  sus servicios a través de Internet.  Sobre todo, 
este debate contribuye a reorientar la perspectiva sobre la forma en que los proveedores de servicios 
de Internet podrían ser objeto en el futuro de reglamentaciones más rigurosas.  
d) El servicio universal en un nuevo entorno 
99. Según un observador, a medida que tiene lugar la sustitución por servicios móviles, el 
paradigma tradicional de las líneas fijas como obligaci ón de servicio universal de ja de ser válido, y las 
normas deben modificarse.45  Ya existen algunos gobiernos que complementan sus obligaciones de 
servicio universal con criterios adicionales, como la  extensión del acceso a Internet, en general o a los 
servicios de banda ancha en particular.  Muchos  expertos ven en esto el mejor incentivo para 
garantizar que florezca la competencia en los nue vos entornos tecnológicos.  Los gobiernos estiman 
ahora que el suministro de acceso a determin ados sectores de población que disponen de menos 
servicios o de menores recursos económicos a precios que estén a su alcance no es simplemente una 
manera de superar la "brecha digital", sino también una forma de contribuir a los medios de vida de 
esas personas y al carácter sostenible de sus comunidad es.  Con el fin de obtener más ingresos para la 
creación de redes y aumentar el grado de penetr ación, en algunos mercados se está imponiendo a los 
proveedores de servicios diversos nuevos gravámenes  o impuestos, como por ejemplo derechos sobre 
el tráfico internacional entrante.  En los caso s en que parece necesario imponer obligaciones o 
contribuciones específicas a las empresas para realizar el objetivo de un servicio universal, los gobiernos deben tener presentes los principios rec ogidos en el Documento de Referencia, según los 
cuales las obligaciones deben administrarse "de ma nera transparente y no discriminatoria y con 
neutralidad".  Estos principios siguen siendo tan im portantes para los mecanis mos de aplicación en los 
nuevos entornos como lo eran para los sistemas de servicio universal vinculados  con la telefonía fija. 
e) Subvenciones y otros incentivos a la banda ancha  
100. En lo que se ha convertido en una carrera para adoptar las tecnologías de banda ancha y 
difundir su utilización, varios gobiernos se han senti do frustrados ante el lento despliegue por las 
empresas y la limitada aceptación por los clientes.  Dado que  las tecnologías de banda ancha pueden 
proporcionar más y mejores servicios de teleco municaciones y una amplia diversidad de otros 
                                                      
45 Chun-Mei, C., Hsiang-Chih, T y Chi-Kuo, M. (2008), "Income, affordable and threshold effects on 
FMS in the developed and developing economies", Telecommunications Policy , volumen 32, Nos 9-10. S/WPDR/W/48 
 Página 31 
 
 
  servicios de información, ocupan un lugar central  en muchas iniciativas de "gobierno electrónico" y 
estímulo económico.  Se estima que los servicios  de banda ancha son decisivos para que una 
economía pueda seguir siendo competitiva en los me rcados mundiales de bienes y servicios.  Algunos 
gobiernos, como ya se ha dicho, han incluido la band a ancha en la política sobre el servicio universal 
mientras que otros han dedicado fondos especiales a im pulsar su crecimiento y desarrollo.  Otros, por 
último, han adoptado un criterio de ab stención, que se remite al mercado.46  Algunos sistemas 
recientemente establecidos o que están en cons ideración se parecen más a planes de subvención 
directa a empresas de explotación seleccionadas para el despliegue comercial de ofertas de banda ancha.  Si no se aplica con prudencia, esa política crea el riesgo de alterar el equilibrio de la 
competencia entre los participantes en el mercado.  
f) Seguridad, privacidad y reglamentación de la pira tería frente al libre flujo de la información y 
el comercio  
101. Con el desarrollo de Internet como un servicio mundial omnipresente, ha pasado a primer 
plano la creciente preocupación por los delitos y la se guridad en el ámbito informático, la privacidad 
personal, la infracción del derecho de autor y los contenidos inapropiados.  Aunque se consideran 
legítimas e importantes, han surgido tensiones respecto  de las formas de proceder de los diferentes 
gobiernos para afrontar estos problemas.  Preoc upan particularmente los posibles efectos de las 
reglamentaciones en la libre circulación de la información.  Pueden verse afectados no sólo las telecomunicaciones, sino también los servicios inform áticos y audiovisuales.  Una de las principales 
preocupaciones del sector de las telecomunicaciones ha sido la responsabilidad de los proveedores de 
acceso a Internet, que habitualmente deben cargar c on la responsabilidad de aplicar y hacer cumplir 
las nuevas iniciativas reglamentarias.  Hay en el sector quienes sostienen que ciertas reglamentaciones 
nuevas pueden no establecer un equilibrio conveniente , sino que exceden sus objetivos imponiendo a 
los proveedores de servicios normas engo rrosas que obstaculizan el comercio.  
g) Otras cuestiones en materia de reglamentación  
102. En los últimos años han surgido otras cuestione s en materia de reglam entación, entre las que 
están la desagregación del bucle local, el establec imiento conjunto de instalaciones, la portabilidad 
numérica y la paridad de discado.  En las disp osiciones sobre telecomunicaciones de los acuerdos 
comerciales preferenciales tambié n se observa una tendencia a apli car algunos de los beneficios 
incluidos en el Documento de Referencia de la OMC a los proveedores de servicios de valor agregado.  
Por último, debido al crecimiento y el desarrollo de  las empresas de servicios móviles, ha cobrado  
creciente importancia la vigilancia de las fusiones y adquisiciones en este subsector, que pueden tener 
efectos anticompetitivos.  
103. En gran medida, las actuales disposiciones del Anexo sobre Telecomunicaciones y el 
Documento de Referencia sobre principios de reglamentación de las telecomunicaciones contribuyen a tratar las cuestiones de reglamentación en el sector, tanto respecto de las medidas del tipo de las previstas en el párrafo 4 del artículo VI como de la política de competencia.  Los problemas en 
materia de interconexión, y la terminación para  la telefonía móvil y la utilización itinerante 
internacional son ejemplos de aspectos que estas disciplinas pueden abordar adecuadamente. 
104. La gestión del espectro e Internet son dos de las esferas en que se imponen las nuevas 
tendencias de reglamentación, y que las actuales disciplinas sólo abordan mínimamente.  También 
surgen nuevas políticas y mecanismos de servicio universal, a medida que los servicios de 
                                                      
46 Véase, por ejemplo, Huigen, J., y Cave, M. (2008), "Regulation and the promotion of investment in 
next generation networks - A European dilemma".  Telecommunications Policy , volumen 32, N° 11.  Entre otras 
cosas, los autores sugieren que los incentivos a la inversión son más débiles en los mercados que sólo cuentan 
con una red fija.  S/WPDR/W/48 
Página 32  
 
  comunicación adquieren creciente importancia para lograr objetivos económicos y sociales.  Sin 
embargo, en algunos casos esto ha dado origen a un aumento de las tarifas o gravámenes que se aplican a determinados servicios o proveedores y no a otros.  Asimismo, en algunos casos, se han 
instituido programas de subvenciones que van más allá  de los mecanismos ya existentes en materia de 
servicios universales, por ejemplo, para fome ntar el desarrollo de la banda ancha.  
105. En vista de lo expuesto, los Miembros tal vez deseen considerar las preguntas específicas 
siguientes: 
a) ¿Existe necesidad de examinar más deteni damente las nuevas reglamentaciones sobre 
Internet o de adoptar iniciativas que ayud en a garantizar que las nuevas políticas en 
materia de espectro sean a la vez convenien tes para la competencia y compatibles con 
el AGCS? 
b) ¿Podría ser ventajoso intercambiar info rmación sobre algunas de las prácticas nuevas 
e incipientes a este respecto y examinar sus posibles repercusiones respecto del 
AGCS? 
H. S
ERVICIOS AUDIOVISUALES  
106. La importancia del sector audiovisual resu lta del hecho de que tiene al mismo tiempo 
aspectos económicos y también sociales y culturales.   El sector hace gran utilización de aptitudes 
técnicas.  También es un sector de vanguardia en la utilización de nuevas tecnologías, por lo que impulsa las inversiones en la infraestructura de re des.  La política oficial desempeña muchas veces un 
papel importante en este sector, ya sea para promover el contenido cultural nacional o asegurar la diversidad y el pluralismo, proteger  los derechos de propiedad intelect ual, reglamentar las prácticas en 
materia de publicidad o prohibir contenidos ilícitos.   
1. Contexto reglamentario 
107. Los servicios audiovisuales suelen ser objeto de numerosas reglamentaciones 
gubernamentales debido a la gran  importancia social, cultural y económica del sector.  Las 
reglamentaciones pueden referirse, por ejemplo, a la protección de la propiedad intelectual, la 
competencia, la protección contra los contenidos ilícitos u ofensivos, la publicidad, prescripciones en 
materia de idiomas respecto  de los subtítulos o el doblaje.  Vari as de las cuestion es analizadas en la 
sección anterior sobre los servicios de telecomunicaciones (por ejemplo, las de interconexión y gestión del espectro) pueden ser de interés para los servicios audiovisuales, si bien no se mencionarán 
ahora para evitar la repetición.
47  
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación 
108. El sector ha tenido -y habrá de seguir teniendo- cambios importantes como consecuencia de 
adelantos tecnológicos.  Entre otros efectos, facilitan, desde el punto de vista de los costos, la calidad 
y el tiempo, la transmisión de mayores volúmenes de contenidos dentro de fronteras y a través de 
ellas;  permiten que se los distribuya a través de múltiples plataformas y dispositivos por operadores variados;  y dan a los consumidores un mayor contro l respecto de lo que desean oír o ver, cuándo, 
dónde y cómo.  Esto tiene naturalmente consecuencias para los operadores económicos, como 
también para las autoridades de reglamentación. 
                                                      
47 Entre los servicios audiovisuales incluidos en la Lista de Clasifi cación Sectorial de los Servicios  
(MTN.GNS/W/120) está la radiodifusión, tal como se define en la CPC Provisional 7524.  Varias de las cuestiones mencionadas en esta sección también pue den ser de interés respecto de los servicios de 
telecomunicaciones.  S/WPDR/W/48 
 Página 33 
 
 
  a) Cuestiones de reglamentación relativas a la convergencia  
109. La convergencia plantea a los gobiernos el probl ema de conciliar marcos  reglamentarios que 
anteriormente eran independientes.  En el pasado, cada tipo de contenido estaba destinado a determinada red.  El contenido de la televisión se transmitía mediante una sola tecnología;  pero 
ahora, además de las emisoras tradicionales de ra diodifusión, el mismo contenido puede transmitirse 
por cable, por empresas de telefonía móvil y fija o por proveedores de acceso a Internet.  Mientras que 
las estaciones de radiodifusión habitualmente eran ob jeto de más reglamentaciones, incluso respecto 
del contenido, los servicios de telecomunicaciones tienden a estar sujetos a menos normas reglamentarias, haciéndose mayor hincapié en la  reglamentación de la transmisión y en la 
competencia que en el contenido.  La convergencia y la llegada de nuevos sistemas, como la 
televisión por Internet (IPTV) o la televisión mó vil, plantean problemas para los marcos de 
reglamentación basados en las distinciones tradici onales.  En consecuencia, en los últimos años, 
muchos países han adopt ado o prevén adoptar nuevas políticas respecto de la convergencia de las 
telecomunicaciones, la tecnología de  la información y la radiodifusión.
48  
110. Los nuevos sistemas de reglamentación tienden a aportar un entorno normativo propicio para 
facilitar la convergencia.  Según indican investigaci ones recientes, de lo contrario se pueden crear 
obstáculos a la competencia y frenar el desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en detrimento de los usuarios  (como respecto de la ampliación del alcance, la 
variedad de los servicios y la reducción del precio) y de los proveedores de servicios (por ejemplo, en 
la capacidad de aprovechar la infraestructura exis tente para suministrar una gama más amplia de 
servicios a menor costo).
49 
111. Un tema en que quizás se deban volver a examinar los marcos reglamentarios es el relativo a 
las autorizaciones y las licencias.  Para empezar,  los regímenes de licencia quizás deban adaptarse 
para reflejar el hecho de que los titulares de las licencias pueden ofrecer servicios similares utilizando redes diferentes.  En general, los países sólo permitían que se prestaran determinados servicios a 
través de una red, y muchos de ellos siguen tenien do regímenes reglamentarios basados en esa idea.  
Estos marcos reglamentarios puede n impedir que los propietarios de las redes suministren servicios 
que ahora están en condiciones de prestar (por ejemplo, programación televisiva a través de la línea telefónica;  o bien, en el campo de las telecomunicaciones, que las empresas de cable puedan prestar servicios de telefonía).  Actualme nte, diversos países están reorie ntándose hacia criterios que se basan 
en los servicios que se suministran, interesándose menos  en la tecnología utilizada para ello.  De todas 
maneras, la falta de claridad o la excesiva comple jidad de los procedimientos de obtención de licencia 
respecto de tales servicios 'convergentes' aument aría los costos de entrada de los proveedores.
50  
112. Otro objetivo importante de la reglamentación en  el nuevo entorno es garantizar la igualdad 
de condiciones.  En el pasado, los proveedores de servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones y 
de Internet han estado regidos por diferentes marcos  normativos y, en consecuencia, diferentes reglas 
y prescripciones.  En la actualidad, para fomentar la competencia y evitar la creación de distorsiones, 
será necesario reducir la asimetría entre las normas que  se aplican a servicios similares.  Por ejemplo, 
puede ser preciso que los gobiernos evalúen si se de ben conservar las diferencias entre las empresas 
de telecomunicaciones y las de radiodifusión en lo que respecta a las normas sobre requisitos de contenido, límites a la concentración o fusiones y adquisiciones.  Al mismo tiempo, puede que sea 
                                                      
48 Banco Mundial (2007a), "Regulatory Trends in Service Convergence", Documento de trabajo del 
Banco Mundial , Washington;   OCDE (2007c), "Policy Considerations for Audio-Visual Content Distribution in 
a Multiplatform Environment", París. 
49 Singh, Rajendra, y Siddhartha Raja (2010), "Convergence in Information and Communication 
Technology", Banco Mundial, Washington D.C.  
50 Ibid.;  OCDE (2004a), "The Implications of Convergence for Regulation of Electronic 
Communications", París.   S/WPDR/W/48 
Página 34  
 
  importantes que el régimen reglamentario establezca distinciones, como la aplicación de normas más 
estrictas a las empresas con una posición dominante pa ra garantizar que no abusen de su poder de 
mercado. 
113. La convergencia ha tenido efectos no sólo en  las reglamentaciones, sino también en los 
organismos de reglamentación.  Era habitual que existieran diferentes autoridades de reglamentación 
u organismos de supervisi ón para distintas materias, como la radiodifusión y las telecomunicaciones.  
Si bien en algunos casos han surgido organismos de reglamentación unificados, cabe afirmar que lo 
más importante es la coordinación entre los diferent es organismos, o en el seno del organismo en que 
convergen las distintas materias, para establece r y aplicar un marco normativo mejor adaptado a la 
convergencia.  De hecho, los conflictos de comp etencia entre organismos de reglamentación pueden 
demorar decisiones importantes (como ocurrió con el  suministro de servicios de televisión por 
Internet en Corea).51 
114. Paralelamente, los avances tecnológicos, en pa rticular, el crecimiento del vídeo a petición, 
han dado origen a modificaciones de los regímenes re glamentarios.  Como se señala en el documento 
S/C/W/310, en la Unión Europea la reciente Directiva de servicios de comunicación audiovisual se 
aplica a todos los servicios de comunicación, no só lo de radiodifusión tradicional, sino también de 
contenido audiovisual en línea y a petición.  Esta blece una distinción entre los servicios lineales (con 
un horario de programación como en la televi sión convencional) y los servicios no lineales 
(transmisión televisiva a petición).  Estos último s servicios están sujetos a diversas normas (por 
ejemplo, sobre publicidad, la protección de los menor es y la prohibición de contenidos ilícitos) en las 
mismas condiciones que los servicios lineales tradic ionales (por ejemplo, respecto de las normas 
sobre la publicidad) a fin de asegurar un trato simila r.  A veces, sin embargo, los servicios no lineales 
están sujetos a normas menos rigurosas, con lo que se reconoce que el consumidor ejerce mayor control y tiene más opciones.   
b) Competencia y otras cuestiones de reglamentación 
115. Como sucede en otros sectores, el buen funcionamiento del mercado audiovisual requiere que 
exista una reglamentación apropiada de los cárteles y las prácticas anticompetitivas, por ejemplo, para 
vigilar la medida y los efectos de la integraci ón vertical.  Si bien pue de generar eficiencias 
económicas que beneficien a los consumidores, la integración vertical también puede plantear  
problemas de competencia.  Por ejemplo, el cont rol por parte de una entidad de los derechos de 
programación y la plataforma de distribución tele visiva puede propiciar una  discriminación de los 
competidores que estén en una fase posterior de la  cadena de mercado, y reducir indebidamente su 
acceso a los contenidos.  También puede existir di scriminación cuando en las etapas posteriores de la 
cadena de comercialización rigen condiciones an ticompetitivas que impiden indebidamente el acceso 
de los productores de contenidos a las plataformas de distribución.
52  
116. Varios países han adoptado medid as para garantizar la pluralidad  de opiniones o de fuentes de 
información en las comunicaciones.  A menudo, estos objetivos se han aplicado a través de 
limitaciones a la propiedad cruzada.  En vista de los cambios tecnológicos que permiten a los 
consumidores acceder a los contenidos a través de diferentes medios, los gobiernos quizás deban considerar si los límites vigentes a la propiedad  de diferentes medios de comunicación no se han 
vuelto demasiado gravosos en un contexto empresarial modificado.  De hecho, muchas 
reglamentaciones que siguen estando en vigor d esconocen los nuevos medios de comunicación.  
                                                      
51 Singh, Rajendra, y Siddhartha Raja (2010), op.cit . páginas 94 y 95;  OCDE (2007c), op. cit. , 
página 21. 
52 UIT (2008), "IPTV and Mobile TV:  New Regulatory Challenges for Regulators", capítulo 9, en 
Trends in Telecommunication Reform:  Six Degrees of Sharing , Ginebra.  Puede consultarse en 
http://www.itu.int/ITU-D/tr eg/publications/trends08.html (consultado el 12 de febrero de 2012). S/WPDR/W/48 
 Página 35 
 
 
  Tradicionalmente, cuando predominaba la radiodifusi ón terrestre, se partía del supuesto de que sólo 
existían unas pocas empresas de radiodifusión y debía limitarse su influencia.53 
117. La transmisión obligatoria (o la inclusión obligatoria en la programación en el caso de las 
guías de programación electrónica) son un tema ha bitual de reglamentación en el sector.  
Normalmente implican obligar a que se ofrezcan ciertos canales locales, regionales o de servicio 
público o, en la versión tradicional, obligar a l as redes a transmitir aquellos canales de TV que, en 
tiempos de escasez de distribución, el público consid eraba los principales.  Con la mayor abundancia 
de redes y de contenidos, la reglamentación adecuada de estas obligaciones es importante para 
asegurar la igualdad de condiciones, por ejemplo, al garantizar que la cantidad de canales sujetos a 
transmisión u oferta obligatorias no sea excesiva, que los criterios de selección de los canales sean 
claros y públicos y que cualquier norma sobre comp ensación sea transparente y justa.  Como ya se 
mencionó en referencia a otras materias de reglamentación, el surgimiento de nuevas formas de 
transmisión de programas televisivos  (por ejemplo, la TV móvil) plantea la cuestión de si las normas 
en vigor sobre transmisión obligatoria deben impone rse a los nuevos participantes del mercado (por 
ejemplo, la TV móvil), o deberían atenuarse para todos.  Algunas investigaciones también han 
sugerido que, para garantizar la igualdad de condiciones, todas las emisoras de radiodifusión con 
obligaciones de transmisión deberían estar sujetas a la obligación de oferta, conforme a la cual 
ofrecerían sus programas a todos los proveedores de plataformas en condiciones no discriminatorias.54 
118.  Un obstáculo que reduce la oferta transfront eriza de contenidos audiovisuales en línea se 
vincula a la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y los obstáculos a las licencias y la 
concesión de derechos para múltiples territorios.  C on respecto al sector de la música, la Comisión 
Europea concluyó que el suministro en línea de servi cios musicales en toda la UE exigía mejorar las 
licencias paneuropeas para tales servicios, lo que a su vez obligaba a crear nuevas estructuras para las 
sociedades de gestión colectiva.55  Los gobiernos pueden facilitar la adaptación de la gestión colectiva 
de derechos en el entorno digital alentando a las sociedades recaudadoras a que establezcan nuevos 
sistemas, o perfeccionen los existentes, para atende r el otorgamiento de licencias para la explotación 
de nuevos medios de difusión o perfeccionar sus mé todos para facilitar las licencias de derechos 
digitales en múltiples territorios. 
119. Otras medidas de reglamentación que pueden perjudicar el comercio en este sector son la 
insuficiente protección de los derechos de propiedad intelectual, la falta de transparencia con respecto 
a los procedimientos y las prescripciones en materia de expedición de licencias, los procedimientos 
inadecuados de apelación, la falta de un organi smo de reglamentación independiente, el trato 
preferencial otorgado a las empresas públicas (por ejemplo, de televisión), las limitaciones restrictivas 
de la publicidad, la retención excesiva de impu estos y las normas demasiado gravosas o confusas 
sobre censura o examen de los contenidos.  
I. SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y SERV ICIOS DE INGENIERÍA CONEXOS  
120. Los gobiernos, incluidas las administraciones regionales y locales, tienen una importante 
función en la reglamentación del sector de los servi cios de construcción y en  la supervisión de la 
calidad y seguridad de las estructuras, las obras de i ngeniería civil y las viviendas.  Por ejemplo, las 
reglamentaciones sobre utilización de la tierra y cons trucción tienen por objeto proteger la salud 
                                                      
53 OCDE (2004a), op. cit.  
54 Cullen International (2006), "Study on the Regulation of Broadcasting Issues under the New 
Regulatory Framework", estudio preparado para la Co misión Europea (Dirección General, Sociedad de la 
Información y Medios de Comunicación ), 22 de diciembre de 2006, pá ginas 77-89;  OCDE (2007c), op. cit. ;  
Observatorio Europeo del Sector Audiovisual (2005), "To Have or Not to Have:  Must-Carry Rules", de la serie 
Iris Special , Estrasburgo.   
55 Comisión Europea (2005), "Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective 
Management of Copyright", documento de los servicios de la Comisión, Bruselas. S/WPDR/W/48 
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  pública, la seguridad y el bienestar general vincul ados a la construcción y ocupación de edificios y 
estructuras y propiciar un entorno habitacional qu e sea socialmente funcional, sostenible en lo 
ambiental y estéticamente armonioso.  
121. Las empresas que desean participar en los mercados de servicios de construcción están sujetas 
a reglamentaciones nacionales en muchos aspectos .  Deben obtener permis os de construcción y 
cumplir los requisitos locales sobre utilización de la tierra y urbanismo56, las reglamentaciones de 
planificación urbana y ambientales, así como las demás normas y prescripciones técnicas impuestas por códigos de construcción locales, nacionales o intern acionales.  Se suele requerir el registro de los 
contratistas y de todos los profesionales asignados a cualquier proyecto.  Cuando se considera que 
integran una "profesión reglamentada", los trabaja dores calificados y artesanos de la construcción a 
menudo deben registrarse o acreditarse ante los orga nismos profesionales o registros nacionales de 
artesanos del país en que prestan servicios.  Se de be verificar su idoneidad personal, o bien reconocer 
oficialmente sus títulos de aptitud, la enseñanza que  han recibido o su especialización.  En algunos 
países, las empresas de construcción deben hacer una declaración previa si desean destinar personal al exterior (modo de suministro 4), aunque sea durante un plazo muy breve.  Con frecuencia se somete a 
las empresas a verificaciones in situ  sistemáticas en caso de circulación temporal de personas físicas.  
También deben cumplir las reglamentaciones en materia de seguridad social, inclusive sobre honorarios y remuneraciones, y  sobre salud y segurid ad y los regímenes de responsabilidad y seguros 
de indemnización profesional del país anfitrión.  Por último, a veces están sujetas a procedimientos complejos y poco claros de adjudicación de los contratos o las concesiones públicas, así como a restricciones sobre el uso de equipo y materiales de construcción.  
122. Estas medidas reglamentarias pueden afectar a uno o varios modos de suministro.  Además, 
un obstáculo que ponga trabas al suministro del servicio en una cualquiera de las diferentes etapas del 
proceso de construcción, desde el envío de una cu adrilla sólo por el plazo de una obra hasta el 
establecimiento de una presencia comercial 'debidam ente constituida' más permanente;  y desde la 
utilización de insumos necesarios para suministra r el servicio hasta la fase post-venta y de 
mantenimiento y reparación, puede  perjudicar todo el suministro transnacional de servicios.   
1. Contexto reglamentario 
123. El de la construcción es un sector relativament e propicio para la reglamentación nacional o 
local al menos por cuatro razones.  En primer l ugar, dado que el proceso de  construcción supone una 
importante combinación de mano de obra
57, materiales, maquinaria y equipo, implica la aplicación de 
una amplia gama de medidas reglamentarias de lo s Miembros.  Los obstáculos a la circulación de 
cualquier factor de producción pueden afectar cons iderablemente al comercio de servicios de 
construcción.  La mano de obra, por ejemplo (esto es, el movimiento de personas físicas extranjeras 
que prestan servicios), a veces está sujeta a prescr ipciones en materia de autorización, registro o 
declaración previa, incluso para los trabajos re lacionados con obras de corta duración.  En algunos 
casos están prohibidos los contratos de corta duraci ón para los trabajadores de la construcción.  
Muchas de estas cuestiones son similares a las analizad as en la sección de la presente nota referente al 
modo 4.  El no reconocimie nto de los títulos de aptitud o la impos ición de requisitos y procedimientos 
excesivamente gravosos u onerosos para la obten ción de dicho reconocimie nto puede constituir un 
problema.  Suele suceder que las empresas que desean traer sus propios materiales, maquinaria y 
                                                      
56 En la mayoría de los países desarrollados y en de sarrollo, las leyes sobre zonificación impuestas por 
las entidades de gobierno local (municipios) se ocupan de  la utilización de la tierra, el tamaño de las parcelas, la 
altura de las edificaciones, la densidad, los contratiempos  y otros aspectos de la utilización de los inmuebles.  
Normalmente, primero debe obtenerse un permiso que autoriza a construir o alterar la estructura con arreglo a 
las ordenanzas de zonificación  específicas de la zona.  
57 Particularmente, la mano de obra de calificación baja a mediana en la fase de ejecución del proyecto 
(es decir, de construcción). S/WPDR/W/48 
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  equipo deben cumplir en el país anfitrión diversas especificaciones y normas técnicas nacionales.  En 
algunos casos están sujetas a restricciones expresas;  o los bienes importados con carácter temporal, 
como la maquinaria y el equipo especializado, no están exentos del pago de derechos e impuestos de 
importación.58  
124. En segundo lugar, la construcción es una actividad  relativamente localizada y, a diferencia de 
muchos otros sectores de servicios, los resultados del sector son de naturaleza física.  Lo que se 
exporta es el proceso de producción;  el resultado final se encuentra en el país receptor.  Por lo tanto, 
suele regir la lex rei sitae59, es decir, la legislación nacional del lugar en que se encuentra la obra es la 
que rige la actividad.  En consecuencia, un provee dor de servicios que desee desarrollar su actividad 
en varios países debe cumplir diferentes regíme nes normativos al mismo tiempo.  Esto resulta 
especialmente problemático para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que predominan en el 
sector de la construcción.  Están expuestas a verse más afectadas que sus rivales más grandes por los 
costos fijos que conlleva la reglamentación y qu e no son proporcionales al tamaño del proyecto.  
Como resultado, las PYME pueden estar en desventa ja competitiva que hasta las disuada totalmente 
de llevar a cabo actividades internacionales.60 
125. En tercer lugar, como proveedor de obras de infraestructura, el sector está conectado con 
muchos y muy diversos mercados y actividades:  minería, petróleo y productos petroquímicos, 
generación de energía eléctrica, incluida la pro cedente de fuentes renovables, manufacturas, redes de 
abastecimiento de agua y prestación de servicios  públicos, alcantarillado y desechos, transporte, 
telecomunicaciones y salud pública, para citar sólo algunos.61  Algunos de estos sectores de 
infraestructuras fundamentales, y de gran intensidad  de capital, son de por sí objeto de un grado 
considerable de reglamentación.  Según el tipo de infraestructura que construya el contratista (edificio 
comercial, hospital, etc.) o la obra o instalación de ingeniería civil (por ejemplo, central eléctrica, puerto), deberá someterse a las diferentes normas y reglamentaciones que sean propias del sector.  
126. En cuarto lugar, en un sector altamente competitivo y de márgenes bastante reducidos 
(excepto en los segmentos especializados), las empr esas de construcción tratan de agregar más valor a 
sus servicios.  Eso implica que deben colaborar más estrechamente con el cliente y asumir la 
responsabilidad no sólo del componente de los materi ales utilizados, sino del proyecto en su totalidad, 
así como examinar los costos de la vida completa del bien construido.  En consecuencia, tanto en los 
contratos privados como en los del sector públic o adquiere cada vez más importancia el "diseño y 
construcción", un sistema de ejecuci ón de proyectos que cons iste en contratar los aspectos de diseño y 
construcción a un solo proveedor, conocido como "diseñador-constructor".
62  Por ejemplo, un 
promotor inmobiliario que desee construir un edif icio de oficinas buscará un contratista que pueda 
hacerse cargo de toda la gama de tareas que supon e la construcción de un edificio, lo que incluye 
elaborar el proyecto, preparar y solicitar permisos de construcción, garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, preparar el terreno, supervisar y llevar a cabo la obra y la labor de seguimiento.  
La preparación del terreno puede implicar la excav ación y eliminación en forma segura de la tierra 
contaminada, lo que supone cumplir más requisitos en  materia de licencias y calificación.  A medida 
                                                      
58 Debe señalarse, no obstante, que el AGCS no estipula que deba consignarse una limitación con 
objeto de imponer derechos de aduana u otras cargas administrativas al movimiento transfronterizo de mercancías en relación con el suministro de un servicio.  Tales medidas están sujetas a las disciplinas del GATT  
(véase OMC (2001) "Directrices para la consignación en listas de los compro misos específicos en el marco del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)", documento S/L/92, de 28 marzo de 2001, párrafo 7). 
59 En latín, "la ley del lugar donde están los bienes".  
60 Comisión Europea (2002), Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el 
estado del mercado interior de servicios, presentado en el marco de la primera fase de la estrategia para el 
mercado interior de servicios, COM(2002) 441, in fine , página 8. 
61 OMC (2009b), "Servicios de construcción y servic ios de ingeniería conexos", nota de antecedentes 
de la Secretaría, documento S/C/W/302, párrafo 4. 
62 Ibid., párrafo 22. S/WPDR/W/48 
Página 38  
 
  que los contratistas ofrecen soluciones cada vez má s integradas, pueden tener que cumplir con una 
amplia gama de reglamentaciones. 
2. Novedades y cuestiones en materia de reglamentación 
127. Las dificultades para los proveedores extran jeros de servicios de construcción pueden 
provenir no sólo de la naturaleza de la reglament ación, sino también del hecho que los permisos y 
licencias que se exigen pueden expedirse por dive rsas autoridades gubernamentales de diferentes 
planos (nacional, regional y a menudo local) o hasta por asociaciones del sector.  Éstas no siempre ven de buen grado la competencia extranjera en su mercado y pueden no perturbarles los efectos de la 
reglamentación sobre el comercio.  La falta de transparencia acerca de las normas que se aplican, así como algunas prácticas comerciales informales y, en  ocasiones, la colusión entre los proveedores 
establecidos y las autoridades locales pueden obstaculi zar el acceso a los mercados.  La política de 
competencia tiene importancia a este respecto,  pues a menudo se han producido comportamientos y 
prácticas anticompetitivos en este sector.  
a) Licencias, autorizaciones, regi stros y declaraciones previas 
128. La concesión de licencias es una práctica generalizada y, en particular en el caso de los 
proyectos de mayor complejidad, las empresas de construcción tienen que cumplir normas de 
precalificación, también llamadas sistemas de evaluación de las calificaciones.  Estos sistemas circunscriben la posibilidad de participar en lic itaciones -normalmente cuando se trata de contratos 
que requieren capitales importantes o son de gran complejidad técnica- a las empresas con determinados antecedentes y capacidad financiera o técnica.  Los sistemas de evaluación de las 
calificaciones normalmente comportan prescripciones en materia de inversión mínima de capital y se 
aplican en forma no discriminatoria, en función de criterios objetivos, ya que su finalidad es asegurar 
la capacidad técnica y financiera del contratista y la calidad del servicio.  Sin embargo, no puede 
descartarse que algunos de estos sistemas se utilicen para limitar de facto  la entrada de nuevos 
competidores extranjeros. 
129. En ciertos países, los proveedores de servici os deben registrarse ante una autoridad 
administrativa, un organismo profesional, una cáma ra de oficios o una asociación gremial.  Por 
ejemplo, las empresas de construcción pueden tener que registrarse ante un organismo profesional o la 
asociación nacional correspondiente a su profesión .  Quienes desempeñan un oficio (como los 
carpinteros, electricistas, albañiles, etc.) deben figur ar en el registro nacional de artesanos aunque el 
servicio que se trata de suministrar sea de duraci ón limitada;  y las profesiones reglamentadas pueden 
ser objeto del requisito de registro ante un orga nismo profesional o asociación gremial.  Esto puede 
resultar oneroso para los proveedores que desean  prestar sus servicios en varios países, 
particularmente debido a las contribuciones anuales que deben pagarse.  Los requisitos ya cumplidos 
por un proveedor de servicios en su país de origen  no suelen reconocerse ni tenerse en cuenta, lo que 
obliga a una duplicación de formalidades ad ministrativas que puede ser costosa.  
130. Las empresas de construcción que desean enviar a su propio personal para realizar obras en el 
exterior (los "proveedores de servicios por contra to" en la terminología del modo 4) deben presentar a 
veces una declaración previa correspondiente a cada obra y cada trabajador.  Suele suceder que un 
proveedor de servicios que desea enviar proveedor es de servicios por contrato en forma regular y 
durante plazos breves no pueda obtener una autori zación válida, por ejemplo, por un año.  Por 
ejemplo, como se expuso en el informe de 2002 de la Comisión Europea sobre la situación de los servicios de construcción en el mercado interno de la UE:  "La carga y la complejidad de las 
formalidades administrativas, los controles riguros os y casi sistemáticos que algunos trabajadores 
destinados en otros países pueden tener que s oportar, los trámites excesivos y las demoras 
consiguientes (interrupción del trabajo), podrían ge nerar dificultades en caso de que el personal se S/WPDR/W/48 
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  destine en forma regular y durante corto tiempo.".63  Por último, la aplicación de las disposiciones 
laborales del país anfitrión a los proveedores extranjero s de servicios por contrato, sin tener en cuenta 
las obligaciones y cargas ya cumplidas por el empl eador en su país de origen, también pueden 
dificultar el suministro de servicios en otros países, particularmente en el caso de las PYME. 
b) Prescripciones sobre títulos de aptitud y experiencia profesional  
131. Las diferencias entre los países en cuanto a las "actividades reglamentad as" y las disparidades 
entre las prescripciones nacionales sobre los título s de aptitud necesarios su elen dificultar que los 
proveedores suministren servicios en el extranje ro utilizando su título profesional original.  En 
algunos países, determinadas actividades relacionadas c on la construcción, como las de los ingenieros, 
consultores en ingeniería, agrimensores y quienes d esempeñan oficios (carpinteros, electricistas, etc.) 
se consideran "profesiones reglamentadas", mientras que en otros no lo están.  Cuando un proveedor 
de servicios de un Miembro que no exige títulos profesionales desea establecer una presencia comercial o prestar servicios en forma transfronteriz a en otro Miembro que sí impone dicha exigencia, 
no siempre le resulta fácil que se reconozcan sus títu los de aptitud profesional, la enseñanza recibida o 
las calificaciones.  
c) Normas técnicas, de salud y de seguridad 
132. Al ser una actividad con importantes efectos  en la salud y la seguridad pública (de los 
trabajadores y los futuros ocupantes) y en el medio ambiente, el sector de la construcción suele ser 
objeto de normas mínimas de salud y seguridad.  Suel en incluirse en los códigos de construcción que 
se aplican a los productos de la construcción y tamb ién al diseño de edificios y otras estructuras de 
ingeniería civil.  
133. La práctica de elaborar, aprobar y aplicar c ódigos de construcción varía considerablemente 
entre los distintos Miembros.  En algunas jurisd icciones, la elaboración de los códigos de 
construcción está a cargo de organismos de norma lización gubernamentales o cuasigubernamentales y 
luego el gobierno central los aplica en todo el territorio.   En otras, en que la facultad de reglamentar la 
seguridad en materia de construcción e incendios  recae en las autoridades locales, se utiliza un 
sistema de códigos de construcción modelo.
64 
134. Los eurocódigos (normas técnicas europeas sobre diseño de estructuras), por ejemplo, 
constituyen un código de constru cción paneuropeo obligatorio para las obras públicas y son la norma 
aplicada de facto  en el sector privado en la Unión Europea.   Los eurocódigos reemplazan los códigos 
de construcción publicados por los organismos de normalización nacionales, si bien muchos países 
han observado un período de coexistencia.  Adem ás cada miembro de la UE debe expedir un anexo 
nacional de los eurocódigos, que debe hacer referenc ia al país determinado (por ejemplo, el Anexo 
Nacional del Reino Unido). 
135. Otro ejemplo es el Código Nacional de la Construcción de la India, que establece 
lineamientos para reglamentar las actividades de c onstrucción de edificios en todo el país.  Sirve 
como código modelo para todos lo s organismos que intervienen en la  construcción de edificios, ya 
sean los departamentos de obras públicas, otros depa rtamentos gubernamentales de construcción, los 
municipios o los organismos priva dos de construcción.  El Código Nacional de la Construcción de la 
India contiene normas administrativas, reglas sobre control del desarrollo y requisitos generales de 
                                                      
63 Comisión Europea (2002), op. cit ., página 23 (se omitió la nota de pie de página). 
64 Por ejemplo, muchos municipios de los Estados Unidos tienen códigos modelo que se adaptan a sus 
propias necesidades.  Véase por ejemplo la Ordenanza de  Nueva York sobre utilización de la tierra o el Código 
Municipal de Chicago (Illinois) (en http://www.amlegal.com/library, consultado el 5 de marzo de 2012). S/WPDR/W/48 
Página 40  
 
  construcción;  requisitos de seguridad contra in cendios;  y estipulaciones s obre materiales, diseño y 
construcción de estructuras, y seguridad. 
136. Los productos de la construcción también son objeto de diversas autorizaciones nacionales (y 
regionales, por ejemplo, en la UE) y otras especific aciones de desempeño técnico.  Si bien pertenecen 
al sector de los bienes, pueden tener efectos en la prestación transfronteriza de servicios de 
construcción.  
d) Otras medidas de reglamentación 
137. Además de las medidas ya mencionadas, apli cadas a sectores específicos, los proveedores de 
servicios de construcción y servicios de ingeniería  conexos también suelen verse afectados por otras 
diversas medidas reglamentarias en el país anfitri ón, inclusive reglamentaciones del mercado laboral;  
en materia ambiental y sobre eficiencia energé tica;  y reglamentaciones sobre responsabilidad 
profesional.  También puede utilizarse la política sobr e contratación pública para respaldar objetivos 
particulares de reglamentación.    
138. En vista de lo expuesto, los Miembros tal vez deseen considerar las preguntas específicas 
siguientes: 
a) Las empresas de construcción deben cumplir una gran variedad de exigencias 
reglamentarias nacionales y de entidades te rritoriales (locales), que pueden dar origen 
a falta de transparencia y hasta incertidum bre respecto de las normas aplicables y los 
requisitos y procedimientos que deben cump lirse.  ¿En qué medida podrían resolverse 
estos problemas de transparencia mediante l as disciplinas del párrafo 4 del artículo VI 
o los compromisos adicionales del artículo XVIII?  ¿Estarían dispuestos a compartir 
sus experiencias los Miembros que han instalado plataformas electrónicas 
("ventanillas únicas") donde los proveedores n acionales y extranjeros pueden recabar 
toda la información disponible sobre la legislación aplicable, autorizaciones obligatorias, etc.?
65 
b) ¿Sería útil que los Miembros examinaran principios y procedimientos comunes de 
reconocimiento de los títulos de aptitud profesional de los trabajadores y oficiales de 
la construcción calificados (incluido el r econocimiento de la experiencia profesional 
como sustituto de un título oficial)?  ¿Podr ían elaborarse principios rectores para 
resolver las situaciones en que los trabajadores u oficiales de la construcción provienen de jurisdicciones donde esas prof esiones no están reglamentadas (es decir, 
donde no es obligatorio obtener un título profesional)? ¿Cómo tratan esta cuestión, en 
caso de que lo hagan, los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio y de 
reconocimiento mutuo?  ¿Podría el AGC S facilitar esa cooperación en materia de 
reglamentaciones a través de los compro misos adicionales previstos en el 
artículo XVIII? 
c) ¿Podrían flexibilizarse los requisitos de regi stro (que obligan a los proveedores de 
servicios a registrarse ante una autorida d administrativa, organismo profesional, 
cámara de oficios o asociación gremial), o incl uso renunciarse a ellos, si el servicio se 
presta durante un tiempo limitado?  ¿Podría establecerse que los derechos pagaderos 
a esos organismos fueran proporcionales a la duración de la estadía (por ejemplo, que 
                                                      
65 Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia ha creado una página Web sobre 
"reglamentación de la construcción" y proyecta implantar servicios a través de Internet para vivienda y construcción;  véase http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4076&lan=en (consultado el 25 de abril 
de 2012). S/WPDR/W/48 
 Página 41 
 
 
  un proveedor de servicios por dos meses no debiera pagar la contribución anual 
íntegra)? 
d) ¿Sería ventajoso intercambiar información sobre las prácticas de los Miembros con 
respecto a las normas de precalificación o sistemas de evaluación de las calificaciones (generalmente, exigencias mínimas  sobre la capacidad financiera o técnica y los 
antecedentes del contratista que limitan la posibilidad de presentar ofertas) y 
examinar algunas de las posibles repercusiones respecto del AGCS?  
e) ¿Sería útil que los Miembros examinaran qué medidas de simplificación o facilitación 
de las reglamentaciones podrían adoptarse, en particular respecto de las empresas de construcción pequeñas y medianas? 
J. S
ERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN  
139. El sector de los servicios de distribución es muy dinámico.  Si bien en el pasado se ha 
considerado a los distribuidores como meros expe ndedores de mercancías cuyo valor añadido es muy 
reducido, la modernización del sector ha favoreci do la contribución de los distribuidores a la 
satisfacción de los consumidores al ofrecer una gama  más amplia de productos y servicios de valor 
añadido (por ejemplo, entregas a domicilio y servici os de posventa).  Los resultados del sector son 
clave para una asignación eficaz de los recursos y contribuyen al bienestar de los consumidores al facilitar el acceso a una amplia variedad de bi enes a precios competitivos.  Los servicios de 
distribución ineficientes limitan el grado en que los consumidores aprovechan los beneficios de la 
liberalización del comercio de mercancías a través de precios más bajos y mayores posibilidades de elección.  La exposición a la competencia es un estím ulo para que los proveedores locales mejoren sus 
métodos y normas de producción, la disposición de sus cadenas de suministro y el modo en que 
emplean la tecnología. 
1. Contexto normativo 
140. Los servicios de distribución son muy diversos, en  cuanto a su forma (tiendas en lugares fijos, 
comercio electrónico, venta puerta a puerta, mercados al aire libre), su formato (hipermercados, 
supermercados, grandes almacenes, tiendas de comp ra rápida, pequeños comercios tradicionales), su 
oferta de productos (alimenticios y no alimenticios, múltiples productos y bienes especializados, etc.), 
y su estructura jurídica (independientes, grupos integrados, franquicias).  Los distribuidores también interactúan con los productores en las etapas iniciale s de la cadena de producción, incluso a través de 
las fronteras, y con otros agentes económicos, como los proveedores de servicios de logística y transporte, los sistemas de pago, los administradores de inmuebles comerciales o las agencias de 
publicidad.  A menudo, la reglamentación del sector se centra en la protección del consumidor y del 
medio ambiente y en asegurar el cumplimiento de las prescripciones en materia de salud y seguridad, así como en la prevención del abuso del pode r de mercado por las empresas dominantes.  
2. Tendencias y problemas de la reglamentación  
141. El papel fundamental que desempeñan los servicios de distribución en la circulación de 
mercancías entre productores y consumidores hace apli cables al comercio en este sector numerosas 
cuestiones normativas.  En la presente sección trataremos de poner de manifiesto algunas de las cuestiones clave, pero sin pretender una enumer ación exhaustiva:  por ejemplo, no se abordarán 
determinados obstáculos a la circulación de mer cancías (como los procedimientos de despacho de 
aduanas) que, naturalmente, tambié n afectan a los distribuidores.  Tampoco se tratarán los obstáculos 
normativos en otros sectores de servicios que afect an a los minoristas y lo s mayoristas, como los 
servicios financieros, de transporte y de logística.   S/WPDR/W/48 
Página 42  
 
  a) Zonificación y planificación urbanística 
142. La mayor parte del comercio de los servicios de distribución se realiza a través de la presencia 
comercial, por lo que los distribuidores pueden ve rse afectados negativamen te por determinadas 
prácticas de zonificación y planificación urbanística.  Es habitual que, a escala local o regional, las normas en esas materias procuren lograr objetivos generales, como facilitar un desarrollo urbano 
ordenado, hacer el mejor uso posible de las in stalaciones existentes y del suelo, promover el 
desarrollo económico de las comunidades locales o l as regiones, evaluar la repercusión de las nuevas 
construcciones en el medio ambiente y en el tráfic o o facilitar el acceso de los ciudadanos a una serie 
de servicios comerciales.  El grado de priori dad asignado a cada uno de esos objetivos varía de una 
región a otra y de un país a otro.  Además, en dive rsos países la apertura de grandes centros de 
distribución requiere otras autorizaciones y se le aplican normas especiales.  
143. Pese a los objetivos que persiguen con la re glamentación, los sistemas de zonificación y 
planificación urbana pueden funcionar a veces con len titud, sin suficiente transparencia o de manera 
aparentemente incoherente.  En esos casos, los costos  aumentan para los interesados, y los inversores 
y promotores pueden ver frustradas algunas oportunida des de mercado.  Un sistema ineficaz puede 
impedir que los nuevos operadores in tensifiquen la competencia, lo que a su vez quita provecho a los 
consumidores.  En algunos casos, los distribuidores ya establecidos tienen part icipación en el proceso 
de planificación de las decisiones, lo que puede inclinar la balanza en contra de los nuevos 
operadores.
66 
144. La aplicación de procedimientos claros y tr ansparentes, una evaluación objetiva de las 
solicitudes, la limitación de los solapamiento s y duplicaciones entre los diferentes niveles de 
gobierno, la aplicación de principios generales de proporcionalidad y razonabilidad entre las 
obligaciones de planificación impuestas y los objeti vos perseguidos, la facilitación de información 
motivada que justifique las decisiones adoptadas y la  existencia de recursos contra las decisiones 
adoptadas mediante un procedimiento rápido y eficaz  podrían ayudar a limitar los efectos negativos, 
así como a lograr un equilibrio adecuado entre los fines de la reglamentación y la libertad de 
establecimiento de los distribuidores.  Como se ha indicado en el caso de la UE, a veces no hay planes 
de zonificación y las autoridades adoptan decision es caso por caso sobre la base de procedimientos 
carentes de transparencia.67 
145. A menudo, los permisos de uso del suelo forman parte de procesos más amplios de 
zonificación y planificación urbanística, aunque en algunos casos están sujetos a reglamentos 
específicos.  La OCDE hizo un examen de las expe riencias nacionales y, basándose en él, señaló que 
algunos proyectos eran objeto de una importante eval uación cualitativa y que en muchos casos podían 
rechazarse sin necesidad de exponer fundamentos adecuados.  Señaló que esas situaciones no 
entrañaban necesariament e casos de corrupción, pero ésta se facilitaba cuando no se imponían 
criterios claros para rechazar una solicitud.68 
                                                      
66 OMC (2010b), "Servicios de distribución", Nota documental de la Secretaría, documento 
S/C/W/326, de 29 de octubre de 2010, páginas 24-30;  Comisión Europea (2010a), "Commission Staff Working Document on Retail Services in the Internal Market", Accompanying document to the Report on Retail Market 
Monitoring , SEC(2010) 807, 5 de julio de 2010;  Comisión Europea (2010b), "Hacia un mercado interior del 
comercio y de la distribución más justo y eficaz en la  perspectiva de 2020", In forme de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
COM(2010)355, 5 de julio de 2010;  Boylaud, Olivier,  y Giuseppe Nicoletti (2001), "Regulatory Reform in 
Retail Distribution", OECD Economic Studies Nº 32;  véase igualmente UNCTAD (2005), "Informe de la 
reunión de expertos en servicios de distribución", 15 de diciembre de 2005, páginas 9-11. 
67  Comisión Europea (2010a), op. cit ., páginas 24-26 y 61-62. 
68 OCDE (2008a), "Land Use Restrictions as Barriers to Entry", Directorate for Financial and 
Enterprise Affairs, Competition Committee , París.  Véase igualmente:  Autorité de la concurrence  (Francia) S/WPDR/W/48 
 Página 43 
 
 
  146. Aunque algunos regímenes de zonificación y plan ificación urbanística tienen en cuenta la 
repercusión en los distribuidores ya establecidos cua ndo se trata de conceder permisos o licencias, ello 
representa una especie de "prueba de necesidades ec onómicas" sujeta a consignación en las listas.  
Figuran precisiones de este tipo en varios de lo s compromisos consignados por los Miembros en 
materia de servicios de distribución, en especial en lo que se refiere a los puntos de distribución 
mayorista y minorista.  La OCDE recomienda que l as autoridades de planificación no utilicen pruebas 
de efectos desfavorables, en las que se examinan los efectos en las empresas competidoras o si hay demanda suficiente para nuevas instalaciones,  porque esos criterios pueden obstaculizar la 
competencia y perjudicar a los consumidores.
69   
147. La duplicación y la complejidad de las licen cias exigidas para abrir nuevos puntos de 
distribución al por menor también pueden aumentar  los costos.  Más allá de los permisos de 
zonificación y planificación, a menudo hacen falta licen cias especiales para explotar un comercio al 
por menor.  Además, a veces se exige al comerciante minorista que obtenga otras autorizaciones o permisos para poder vender dete rminados tipos de productos.  Cuanto mayor sea el número de 
permisos que se deben obtener (a veces expedi dos por diferentes órganos  reguladores o distintos 
niveles de gobierno), mayores son los costos y los posibles obstáculos para los nuevos operadores, lo 
que limita la competencia.
70 
b) Competencia 
148. En el sector de la distribución se plantean va rias cuestiones relacionadas con la competencia 
cuando los gobiernos tratan de evitar el abuso de poder de los principales distribuidores y prácticas 
similares de los principales proveedores, que pueden afectar a los distribuidores.71  Una cuestión 
importante se refiere a las posibles consecuencias contrarias a la competencia de la vinculación 
vertical entre distribuidores y proveedores (fabrican tes, elaboradores de alimentos).  Aunque la 
integración puede mejorar la eficiencia y en genera l aumentar el nivel de bienestar, algunas prácticas 
también pueden tener efectos contrarios a la comp etencia.  Hay diferentes opiniones sobre cómo se 
deben regular tales efectos.  Son prácticas que han generado inquietudes la distribución selectiva, los 
acuerdos de comercialización exclusiva, la exclusividad territorial72 y el mantenimiento de los precios 
de reventa.73  Esto último está prohibido por la legislación de competencia de diversos países, 
mientras que otros no lo prohíben directamente pe ro lo restringen de algún modo (por ejemplo, 
cuando afecta a empresas con gran poder de mercado).74 
                                                                                                                                                                     
(2010), "Réponse à la consultation publique européenne relative au fonctionnement du  secteur du commerce et 
de la distribution", en:  http://www.autoritedelac oncurrence.fr/doc/contributi on_ce_distrib_sept10.pdf 
(consultado el 6 de junio de 2012). 
69 OCDE (2008a), op. cit. , página 9. 
70 Boylaud, Olivier y Giuseppe Nicoletti (2001), op. cit. , página 261. 
71 OMC (1998), "Servicios de distribución", Nota documental de la Secretaría, documento S/C/W/37, 
10 de junio de 1998;  OMC (2010b), "Servicios de distribución", Nota documental de la Secretaría, documento S/C/W/326, 29 de octubre de 2010;  Arkell, Julian (2010), "Market Structure, Liberalization, and Trade:  The 
Case of Distribution Services", en Cattaneo, Engman, Sáez y Stern (eds.), International Trade in Services;  New 
Trends and Opportunities for Developing Countries , Banco Mundial, Washington  DC, página 161. 
72 Por ejemplo, CE (2010a), op. cit ., páginas 41 y 50-51, donde se señala que en determinados casos, 
los mayoristas y las filiales de fabricantes se niegan a vender sus productos a minoristas establecidos en el 
extranjero que pretenden realizar activ idades comerciales paralelas lícitas.  
73 El mantenimiento de los precios de reventa suele hacer referencia a un acuerdo entre el distribuidor y 
el proveedor que especifica el precio mínimo o fijo que el minorista debe cobrar a los consumidores por el 
producto.   
74 Con el fin de facilitar la relación entre los minoris tas y los proveedores, varios países han elaborado 
códigos de conducta -que en muchos casos no son vinc ulantes, o un conjunto de sistemas de autorregulación y 
sistemas jurídicos de reglamentación- para regir la relación entre el comprador y el proveedor y ayudar a 
prevenir y resolver conflictos.  Véase OMC (2010b), documento S/C/W/326, op. cit. , página 30.  S/WPDR/W/48 
Página 44  
 
  c) Otras cuestiones relacionadas con la reglamentación 
149. Además de las disposiciones de zonificación y planificación, que tienden a afectar más a los 
grandes centros de distribución, también hay c ondiciones generales para establecer nuevas empresas 
de distribución minorista que es preciso tener en cuenta.  Esas condiciones tienen importantes efectos 
en las pequeñas y medianas empresas (PYME) que, en  cuanto al número de establecimientos, son 
predominantes en el sector.  Los procedimientos admi nistrativos complejos y costosos para la apertura 
de nuevas empresas son una limitación especialmente importante para las PYME, gran parte de las cuales trabaja en el sector de la distribución. 
150. Aunque este factor afecta a todos los distri buidores, a las PYME también les perjudican 
mucho determinadas prácticas que dificultan la venta electrónica al por menor transfronteriza.  Son 
varios los factores que contribuyen a ello y muchos  de ellos se relacionan con las percepciones de los 
consumidores o proveedores (por ejemplo, problem as de idioma, dudas sobre el servicio posventa, 
preocupaciones por las perspectivas de indemnización en caso de problemas) o con otros sectores de servicios (como los costos de entrega elevados u obs táculos al comercio de mercancías).  Más allá de 
tales impresiones, las limitaciones del comercio minorista electrónico transfronterizo también pueden 
relacionarse con las diferencias normativas a que están sujetos los comerciantes.  Dentro de la UE, por 
ejemplo, además de los impuestos sobre el valor añ adido, las diferencias en la legislación sobre los 
consumidores quitan atractivo a la venta en línea transfronteriza de mercancías.  Fortalecer la observancia de las normas en las operaciones en  línea y transfronterizas y establecer mecanismos 
eficientes de solución de diferencias ayudar ía a generar confianza en esas transacciones.
75 
151. Otras disposiciones reglamentarias importantes que afectan al funcionamiento del sector se 
refieren a los horarios de apertura, la libertad para  fijar precios (incluidas las medidas que limitan la 
posibilidad de ofrecer descuentos) y las rest ricciones en materia de publicidad (como la 
reglamentación de la comercializaci ón por teléfono y por medios electr ónicos, o la prohibición de que 
los proveedores de servicios ofrezcan incentivos, pr emios u otros programas de promoción).  Pese a 
obedecer a objetivos generales de carácter no come rcial (como la protección del consumidor, en el 
caso de los reglamentos que afectan a las promoc iones o la publicidad), estas reglamentaciones 
pueden limitar considerablemente la competen cia si son demasiado restrictivas u onerosas.76  P o r  
ejemplo, determinadas restricciones a la publicidad pueden hacer más difícil que los operadores nuevos amplíen su parte de mercado. 
152. Por último, los sistemas de reglamentación que regulan las franquicias también pueden 
facilitar o dificultar el desarrollo de este segmento de la distribución en rápido crecimiento.  En 
particular, es importante adoptar una ley sobre franq uicias -que aborde, por ejemplo, la divulgación 
obligatoria de información-, así como una ley sobr e marcas de fábrica o de comercio y derecho de 
autor, a fin de proteger eficazmente los derechos de las partes en las franquicias.
77  Como la franquicia 
se basa en una relación contractual, el grado de cl aridad y estabilidad de las leyes y reglamentos que 
rigen esos contratos (por ejemplo, los procedimie ntos aplicables en caso de diferencias) pueden 
                                                      
75 Comisión Europea (2009), "Report on Cross-Border E-Commerce in the EU", Commission Staff 
Working Document, Bruselas, SEC(2009)283 final;  Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) (2010), "BEUC Response to the Retail Market Mon itoring Report", 10 de septiembre de 2010, 
https://circabc.europa.eu/d/d/work space/SpacesStore/6e4dc0aa-006b-41 3b-8acb-5c8da4fa2 392/BEUC-en.pdf 
(consultado el 11 de febrero de 2012). 
76 OCDE (2009b), "Reform of Product Market Regulation in OECD countries:  1998-2009", capítulo 7 
de Economic Policy Reforms 2009:  Going for Growth , París, páginas 179-192. 
77 La UNCTAD señala que a menudo la franquicia está  insuficientemente regulada en los países en 
desarrollo.  Por ejemplo, en algunos casos, los franquiciados ignoran los derechos y obligaciones que les 
corresponden y los franqui ciadores están sujetos a una escasa re glamentación.  Vé ase UNCTAD (2011a), 
"World Investment Report 2011:  Non-Equity Modes of  International Production and Development", Ginebra, 
páginas 8-9. S/WPDR/W/48 
 Página 45 
 
 
  constituir obstáculos o incentivos importan tes para ese tipo de acuerdos empresariales.78  Más en 
general -aunque no sea una cuestión directamente relacionada con el marco normativo de la 
distribución-, una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual tiende a beneficiar a los comerciantes minoristas y a los cedentes de franquicias que dependen de marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales.  
K. S
ERVICIOS DE ENSEÑANZA  
153. Debido a su importancia social y económica, las medidas de reglamentación en el sector de la 
educación abarcan una amplia serie de cuestiones, que incluyen la promoción de valores éticos y 
sociales;  el idioma y la cultura nacionales;  y el  acceso universal a la educación básica.  El presente 
texto no tiene por objeto abordar todas esas cuestion es en detalle, sino poner de relieve determinadas 
esferas de reglamentación que en principio guardan una relación más directa con el comercio de 
servicios de enseñanza.  En particular, nos centraremos  en la enseñanza superior privada, ya que es el 
segmento del sector en el que el comercio de servicios de enseñanza ha sido más dinámico.  
Históricamente, el suministro de servicios de ense ñanza con carácter no comercial ha sido la norma en 
la mayor parte del mundo.  Sin embargo, una serie de cambios importantes en la estructura, la gestión 
y la financiación de las instituciones del sector pú blico ha hecho que la enseñanza privada creciera 
con fuerza, en particular en el segmento de la  enseñanza superior.  Un rasgo importante de ese 
crecimiento ha sido el surgimiento de proveedores privados de servicios de enseñanza con fines de 
lucro, ya se trate de empresas individuales, franquicias o cadenas nacionales o internacionales.79   
1. Contexto normativo 
154. La expansión y ampliación del papel del sector  privado en la prestación de servicios de 
enseñanza, así como el gran aumento del número de estudiantes, programas e instituciones 
internacionales, han hecho de la regulación del sector un problema fundamental.  Con la 
intensificación de los intercambios, sobre todo por los modos 1 y 3, se plantea a las autoridades 
nacionales el problema de aplicar a los servici os y los proveedores extranjeros los regímenes 
normativos en vigor para la enseñanza privada, o bi en crear reglamentos y marcos de garantía de 
calidad totalmente nuevos.   
155. Habitualmente, los marcos norma tivos de la enseñanza persiguen, entre otros, los siguiente 
objetivos:  garantizar la calidad del servicio (inclu idas la protección de los consumidores (estudiantes) 
y medidas para asegurar la equivalencia internaciona l de títulos y diplomas);  mantener el carácter 
particular del sector de la enseñanza (por ejemplo,  la condición de entidades financiadas con fondos 
públicos de que gozan las instituciones educativ as);  promover valores éticos y sociales, el 
entendimiento entre culturas diferentes y el idioma y la  historia nacionales;  velar por la igualdad de 
género;  promover la identidad cultural y el uso del idioma nacional;  y el acceso universal a la 
educación.  Se trata de objetivos que repercuten no sólo en los proveedores extranjeros de servicios de 
enseñanza, sino también en los nacionales.  Al mism o tiempo, los proveedores extranjeros, al no estar 
familiarizados con el régimen nacional, pueden neces itar seguridades de que los sistemas de garantía 
de calidad, acreditación y reconocimiento se basen en  criterios objetivos y que haya procedimientos 
de verificación adecuados.   
                                                      
78 UNCTAD (2011a), op. cit. , páginas 169-170. 
79 Véase Lim, Aik Hoe y Saner, Raymond (2011), "Rethinking Trade in Education Services:  A 
wake-up call for trade negotiators", Journal of World Trade , volumen  45, Nº 5, octubre de 2011, 
páginas 993-1034.  S/WPDR/W/48 
Página 46  
 
  2. Tendencias y problemas de la reglamentación 
156. A continuación examinaremos algunas de las principales cuestiones relacionadas con la 
reglamentación que afectan al comercio de servicios de enseñanza. 
a) Concesión de licencias y registro 
157. Normalmente, la reglamentación del sector de la enseñanza procura garantizar que los 
estudiantes reciban un servicio de buena calidad y de que su suministro esté a cargo de proveedores 
competentes.  Esto suele implicar la adopción de medidas normativas para vigilar y controlar al 
personal docente, las instalaciones, los equipos, los pl anes de estudios, los materiales y los métodos de 
evaluación de los estudiantes.  En última instancia, el objetivo es prot eger los intereses del estudiante 
y la integridad del sistema de enseñanza. 
158. Los regímenes normativos tienden a estar más desarrollados en lo que se refiere al 
establecimiento comercial en fo rma de filiales universitarias.80  Las instituciones educativas 
extranjeras reciben a menudo el mismo trato que los proveedores privados locales y tienen que pasar 
por los mismos procedimientos de registro u obt ención de licencias.  Normalmente, esto implica 
valorar si el proveedor tiene la competencia básica para prestar el servicio y la capacidad financiera 
para llevar adelante el proyecto.  Hay una gran vari edad de prácticas en materia de licencias, y excede 
del alcance de la presente sección describirlas todas.81  En términos muy generales cabe decir que 
algunos regímenes conceden una licencia inicial de funcionamiento, y la autorización definitiva sólo 
se otorga después de realizar una segunda evaluación tr as varios años de ejercicio de la actividad.  En 
otros casos la licencia se concede en  una sola etapa y una vez obtenida la autorización ya no hacen 
falta más aprobaciones.  En ambos casos puede ha ber una vigilancia perman ente de los programas 
ofrecidos, la cualificación del personal y el número de estudiantes.  
159. El registro ante una autoridad nacional suele ser  obligatorio para los proveedores de servicios 
de enseñanza, como única manera de que se recono zcan sus programas.  Aunque los reglamentos no 
sean discriminatorios, si los trámites de registro son ineficientes o muy engorrosos pueden afectar al 
comercio.  Esto puede originarse en procedim ientos múltiples o reiterativos y prescripciones 
administrativas no del todo transparentes, que deja n al proveedor de servicios en la incertidumbre 
sobre la documentación que debe presentar o la auto ridad a la que debe presentarla.  Además de las 
cuestiones relacionadas con el procedimiento, la imposición de criterios opacos y subjetivos o de 
normas obsoletas puede hacer que la toma de decisiones se tiña de incertidumbre y arbitrariedad.82 
160. En algunos casos, la dificultad de obtener au torización para prestar servicios de enseñanza se 
puede ver exacerbada por una política nacional poco clar a en relación con el papel del sector privado 
en el sistema educativo, o cuando no hay suficien te capacidad administrativa para aplicar normas y 
criterios de calidad adecuados y actualizados.  A los proveedores de servicios de enseñanza les puede 
resultar difícil obtener la autorización para ejercer su s actividades en otro país simplemente porque no 
existe información sobre las leyes o reglamentos aplicables o porque tal información es incompleta.  
Otras cuestiones relacionadas con el registro s on las normas especiales sobre la utilización de 
determinados títulos, como "universidad", y las co rrespondientes restricciones a su posibilidad de fijar 
                                                      
80 UNESCO (2007), "Cross-border higher education:  re gulation, quality assurance and impact - Chile, 
Oman, Philippines, South Africa".  Disponible en http://www.iiep.unesco.org/ (consultado el 5 de marzo 
de 2012). 
81 Para un análisis de diversos modelos de marcos normativos nacionales, véase Verbik, L., y Jokivirta, 
L. (2005), "National regulatory frameworks for transnational higher education:  Models and trends", parte 1, 
nota informativa 22, febrero de 2005, Observat ory on Borderless Higher Education (OBHE). 
82 Véase Fielding, J. y LaRocque, N. (2008), "The Evolving Regulatory Context for Private Education 
in Emerging Countries, Education", serie de documentos de trabajo, Nº 14, Corporación Financiera 
Internacional (IFC), Banco Mundial, Washington. S/WPDR/W/48 
 Página 47 
 
 
  tasas a precios de mercado y funcionar como entidades con fines de lucro, fijar el contenido de los 
programas de estudios y determinar el  tipo de títulos que se pueden ofrecer.83 
b) Garantía de calidad y acreditación 
161. Una característica fundamental de prácticamente  todos los sistemas de enseñanza es la 
existencia de mecanismos de garantía de la calid ad para asegurar que se alcancen los niveles de 
calidad de la enseñanza.  La evalu ación de la calidad varía considerablemente de un país a otro en lo 
que se refiere al enfoque y al grado de exigencia.   Sin embargo, en general suele entrañar una 
evaluación de las bases -como la cualificación del pe rsonal docente- y de los procesos:  por ejemplo, 
la evaluación de la investigación y de los estudian tes.  También puede incluir una valoración de los 
resultados, por ejemplo el número de graduados, las publicaciones y los resultados de investigación.  
La acreditación es un concepto relacionado con la evaluación de la calidad, en que un organismo 
competente certifica que el proveedor de servicios cumple determinados crite rios de calidad, con lo 
que queda habilitado para ofrecer programas de enseñanza en esa esfera.  
162. Desde el punto de vista del comercio de servi cios de enseñanza, es importante que los 
regímenes de evaluación de la calidad sean transp arentes y pertinentes para sus objetivos, y que las 
normas se basen en determin ados criterios objetivos.84 El reconocimiento de los títulos académicos y 
profesionales está estrechamente relacionado con la cuestión de la garantía de la calidad y la 
acreditación.  Los sistemas nacionales de concesión de  títulos, así como la naturaleza de éstos, varían 
considerablemente de un país a otro, de modo que cuando los estudiantes o empleados van a un país 
extranjero, es habitual que se vean  obligados a cumplir de nuevo las mismas exigencias de titulación 
que ya cumplieron en su país de origen.  La me jora del comercio de servicios de enseñanza y la 
creciente movilidad profesional han acentuado la importancia del r econocimiento académico y 
profesional de los títulos.85  No obstante, la mera diversidad de lo s sistemas de garantía de la calidad y 
acreditación, así como el hecho de que no haya re des globales que permitan coordinar diferentes 
iniciativas a nivel internacional, puede n constituir un freno al comercio.  
c) Regulación de los intercambios transfronterizos 
163. La existencia de procedimientos de registro y trámite de licencias onerosos y engorrosos para 
el establecimiento comercial ha dado lugar en cierta  forma a una gran variedad de acuerdos de trabajo 
entre proveedores de servicios de enseñanza extran jeros y proveedores locales ya establecidos.  El 
modelo más importante es el de los acuerdos de franquicia y de hermanamiento.  Tales acuerdos 
suelen estar sujetos a una reglamentación meno s rigurosa que el establecimiento de filiales 
universitarias.  Como los acuerdos  de franquicia y de hermanamiento suelen afectar a todos los modos 
de suministro, la responsabilidad de regular la activ idad recae tanto en el país proveedor como en el 
receptor.  El "país proveedor" es el país del que proceden el programa, los títulos y demás elementos 
intelectuales (por ejemplo, el contenido de los planes de estudios)86, mientras que el "país receptor" es 
el país de destino, en el que los estudiantes reciben el programa, los títulos y demás elementos 
intelectuales procedentes del extranjero.  
164. Genera especiales preocupaciones el hecho de que estas formas de comercio de servicios de 
enseñanza puedan suponer dificultades para los países con escasa capacidad administrativa y que 
                                                      
83 Véase APEC (2009), "Measures affecting cross-bord er exchange and investment in higher education 
in the APEC region", Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de los Recursos Humanos del APEC. 
84 Véase OCDE (2004b), "Quality and Recognition in Higher Education:  The Cross-Border 
Challenge", París. 
85 Ibid.  
86 Las definiciones de "proveedor" y "receptor" se basan en la guía "UNESCO-Asia Pacific Quality 
Network Toolkit:  Regulating the Quality of Cross-Border Education", disponible en 
http://www2.unescobkk.org/elib/publica tions/087/APQN_Toolkit.pdf (consultado el 5 de marzo de 2012).  S/WPDR/W/48 
Página 48  
 
  carecen de sistemas eficaces de garantía de la calidad.  Pueden plantearse problemas ligados a la 
existencia de instituciones de enseñanza superior  no reconocidas ni reguladas que no estén sujetas a 
sistemas de control de la calidad en el país de origen  ni en el de destino.  A las autoridades educativas 
les interesa cooperar para proteger a los consum idores, por ejemplo identificando y vigilando a los 
proveedores de servicios inescrupulosos.  También ha y margen para proporcionar asistencia técnica a 
las autoridades que carezcan de los medios para examinar y evaluar la calidad de determinados 
programas educativos o determinados pr oveedores de servicios de enseñanza.  
d) Cooperación y reconocimiento en  materia de reglamentación 
165. Frente a estos problemas han surgido diversas iniciativas a nivel nacional e internacional.  A 
modo de ejemplo cabe mencionar la Red Internacional de Organismos de Garan tía de Calidad en la 
Enseñanza Superior (INQAAHE), que ha publicado di rectrices sobre prácticas convenientes basadas 
en 10 principios generales.87  En 2005, la UNESCO y la OCDE, de spués de celebrar consultas con sus 
respectivos miembros, prepararon un conjunto de "Directrices para la calidad en la enseñanza superior transfronteriza".  Esas Directrices, publicadas por la OCDE, recomiendan prácticas convenientes para 
diversos interesados y en ellas se insta a los gobier nos, tanto de los países de origen como de los 
países de destino, a que establezcan mecanismos para la acreditación y la garantía de calidad de todas 
las instituciones que actúen en su territorio.  
166. La UNESCO y la Red de Calidad de Asia y el  Pacífico (APQN), una asociación regional de 
profesionales de la garantía de calidad, han preparado un conjunto de consideraciones normativas, con 
ejemplos de criterios adopt ados en el plano nacional.88  Los criterios de reglamentación varían desde 
los sistemas de registro u otorgamiento de licen cias, en que no se fijan normas académicas, hasta 
sistemas de acreditación que estipulan normas y prescri pciones académicas y de otro tipo.  La garantía 
de calidad también puede interesar al país de orig en de la entidad que presta los servicios en el 
extranjero, para preservar el prestigio de su sistem a de enseñanza y los títulos que otorga, en especial 
porque puede repercutir en la situación y el r econocimiento de títulos otorgados a los estudiantes 
nacionales.  
167. Los Convenios Regionales de la UNESCO s obre reconocimiento de títulos han sido los 
principales instrumentos internacionales sobre re conocimiento de títulos académicos con fines de 
enseñanza y a veces desemp eñan una función en el reconocimiento de diplomas con fines 
profesionales.89  Actualmente hay seis convenios regiona les sobre el reconocimiento de títulos 
(África, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Améric a Latina y el Caribe y dos convenios europeos), 
así como otro interregional (el Convenio Mediterrá neo).  El Proceso de Bolonia, aunque en un 
principio centrado exclusivamente en Europa, también constituye un instrumento internacional 
importante sobre la cuestión de la armonización y comparabilidad de programas y títulos.  Ese 
proceso, con el objetivo de dar una mayor libertad de circulación a través de fronteras nacionales a estudiantes, docentes y graduados, se inició con 29 países y actualmente comprende a más de 40, al haberse incorporado muchos países en desarrollo.
90  
168. Hay también otros procesos que pueden tener repercusiones positivas en el comercio de 
servicios de enseñanza, como la concertación de acuerdos de reconocim iento mutuo, que son 
comparativamente más fáciles de realizar que los de  armonización.  En términos generales, una mayor 
cooperación entre los organismos nacionales de ga rantía de calidad y el desarrollo de normas 
                                                      
87 La INQAAHE fue establecida en 1991 como una asociación profesional de apoyo a los organismos 
de garantía de calidad.  Véase http://www.unqaahe.org (consultado el 7 de marzo de 2012). 
88 UNESCO (2006), "Global Education Digest 2006", París. 
89 Los convenios en cuestión pueden consultarse en http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=13880&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consultado el 5 de marzo de 2012). 
90 Hopper, R (2007), "Building the Capacity in Quality Assurance:  The Challenge of Context", en 
OCDE, Cross-Border Tertiary Education:  A way towards capacity development , París. S/WPDR/W/48 
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  comunes habrán de ser factores importantes en la futura internacionalización de los servicios de 
enseñanza. 
169. Habida cuenta de lo expuesto, los Miembr os tal vez deseen considerar las siguientes 
cuestiones específicas: 
a) ¿Sería útil contar con compromisos adiciona les en el marco del artículo XVIII para 
respaldar o complementar la cooperaci ón en materia de reglamentación sobre 
principios de garantía de la calidad y acreditación aceptados a escala internacional? 
b) ¿En qué otras formas podría el AGCS fac ilitar los acuerdos de reconocimiento de los 
títulos extranjeros, incluido s los sistemas de transferencia de créditos de estudios 
completados, entre países de origen y de destino?  
L. SERVICIOS DE ENERGÍA  
170. Aunque en los mercados del petróleo hay un a larga tradición de participación del sector 
privado, en los mercados del gas y la electrici dad han predominado los monopolios públicos.  Hasta 
finales del decenio de 1980, la electricidad y el g as eran suministrados principalmente por monopolios 
de propiedad estatal integrados verticalmente.  Da dos los elevados costos de capital necesarios para 
construir y mantener la infraestructura, y teniendo  en cuenta la situación de monopolio característica 
del segmento del transporte en esos sectores, se cons ideraba que la participación directa del Estado 
era la mejor opción para cumplir las obligaciones de servicio público.  Entre los factores que han impulsado la liberalización de los mercados del gas y la electricidad están el aumento de la demanda 
de energía debido al desarrollo económico y el cr ecimiento demográfico, que  ha coincidido con la 
restricción de los presupuestos públicos.  Los avances tecnológicos -que permitieron que fuesen 
competitivas las unidades de generación de el ectricidad más pequeñas y que mejorasen las 
prestaciones de las redes eléctricas-, así como la preocupación pública por la eficiencia de los monopolios, también han contribuido a la liberalizac ión del sector.  Por otra parte, el sector del 
petróleo ha seguido una tendencia diferente, pues las empresas petrolíferas nacionales de propiedad 
estatal han ido ganando peso, especialmente en l as etapas iniciales del proceso de producción.   
1. Contexto normativo 
171. La cadena de suministro de energía está su jeta a muy diversas normas gubernamentales que 
persiguen varios objetivos, entre ellos garan tizar un acceso fiable y asequible a los productos y 
servicios de energía, mitigar los efectos negativos de la producción y el consumo de energía en la 
salud pública y el medio ambiente y promover la divers ificación de fuentes de energía para garantizar 
la seguridad del suministro a largo plazo.  Las subvenciones están muy extendidas en el sector y 
afectan a todas las fuentes de energía.  Los progr amas respectivos persiguen objetivos diversos, como 
garantizar el acceso de las personas sin recursos, fomentar el desarrollo de fuentes de energía 
alternativas o facilitar un consumo más sostenible de la energía.  Pueden estar dirigidos a los 
consumidores o a los productores y adoptar diver sas formas (donaciones, préstamos preferenciales o a 
bajo interés, desgravaciones o boni ficaciones fiscales, tarifas de r ecompra, apoyo a la investigación y 
el desarrollo, etc.).  
172. Una preocupación importante para los gobiernos es garantizar un acceso fiable y asequible a 
los productos y servicios de energía.  Las medid as de reglamentación incluyen las obligaciones de 
servicio universal, que suelen existir en la distri bución de gas y electricidad.  Además, cuando son 
empresas privadas las que suministran esos servicios al público, pueden aplicarse varias medidas para proteger a los consumidores de los riesgos del mercado, especialmente a los sectores de bajos 
ingresos.  Para ello, los gobiernos recurren a dive rsos instrumentos de reglamentación, como los S/WPDR/W/48 
Página 50  
 
  precios máximos, niveles mínimos de servicios al  cliente, subvenciones de los precios y otros 
programas de ayuda para el pago de facturas.  
2. Tendencias y problemas de la reglamentación 
173. La reglamentación gubernamental ta mbién tiene por objeto mitigar los efectos negativos en la 
salud pública y el medio ambiente que resultan de la  producción y el consumo de energía.  Puede 
tratarse de efectos muy diversos, en función de la fu ente de energía y el tipo de actividad de que se 
trate, por lo que hay diversas medidas dirigidas ta nto a los proveedores como a los consumidores.  Se 
trata, por ejemplo, de la exigencia de realizar  evaluaciones del impacto ambiental como requisito 
previo para iniciar obras energéticas;  o de normas técnicas, prescripciones en materia de etiquetado e instrumentos económicos:  por ejemplo, regímenes fiscales o incentivos financieros.  Puede haber 
prescripciones obligatorias en materia de licencias en varios puntos de la cadena de suministro de 
energía (construcción y explotación de plantas energéticas, compraventa de energía, etc.).  Los regímenes de licencias permiten a las autoridades gubernamentales, entre otras cosas, asegurarse de que los licenciatarios cumplan la legislación vi gente en lo que se refiere a normas técnicas y 
prescripciones sobre protección de los consumidores y del medio ambiente. 
174. La falta de marcos normativos adecuados es otro problema del sector de la energía.  Una 
preocupación manifestada en repetidas ocasiones por  las empresas energéticas, especialmente las que 
suministran servicios relacionados con la explotación de yacimientos de petróleo y gas, se refiere a la 
opacidad de los marcos y sistemas administrativos.  Al parecer, la escasa transparencia normativa deja 
margen para la corrupción y la arbitrariedad en las prácticas mercantiles y de concesión de licencias, y 
deja la puerta abierta a cambios impredecibles de po lítica, por ejemplo en el régimen impositivo.  Los 
proveedores de servicios de energía consideran que la posibilidad de presentar observaciones sobre 
los nuevos reglamentos, procedimientos y demás me didas que pueden afectar a sus intereses es clave 
para la transparencia en la aplicación de las normas. 
175. La política de competencia es un aspecto importante de la reglamentación gubernamental en 
los mercados reestructurados.  Las prácticas contrarias a la competencia por parte de servicios 
públicos fusionados recientemente constituyen obstáculo s al comercio en los servicios de energía, 
especialmente en el caso de las ac tividades basadas en redes, como lo s segmentos de la transmisión y 
la distribución de gas y electricidad.  Después de la desconcentración y la privatización, puede darse 
el caso de que los antiguos proveedores en régi men de monopolio mantenga n una posición dominante 
en el mercado, pongan obstáculos a los nuevos operadores o los discriminen y desvirtúen la 
competencia.  De ahí la necesidad de que las reformas del mercado cuenten con el respaldo de un 
marco normativo que tenga, entre otros, los siguient es objetivos:  i) promover la transparencia en la 
adopción y aplicación de reglas, reglamentos y normas técnicas;  ii) garantizar un acceso no discriminatorio de terceros a las redes y otras infraestructuras esenciales y la interconexión con ellas;  iii) establecer una autoridad reguladora independien te;  iv) garantizar información rápida y no 
discriminatoria sobre los datos pertinentes para el transporte y la transmisión de energía, como los 
precios, la capacidad de transmisión, etc.;  y v) en términos más generales, impedir las prácticas 
anticompetitivas.  
M. S
ERVICIOS AMBIENTALES  
176. El sector de los servicios ambientales ha sufrido importantes cambios en los últimos 20 años.  
La industrialización, la urbanización y el crecimiento  demográfico, pero también la presión de los 
consumidores por unos productos me nos contaminantes, han contribuido al crecimiento de la 
demanda de bienes y servicios ambientales.  Han aparecido muchos productos nuevos, que se sitúan al 
margen de los servicios tradicionales ligados a infraestructuras.  Los problemas ambientales 
mundiales, como el cambio climático, y las mayo res necesidades de los países en desarrollo, están 
alentando la demanda de nuevos servicios. S/WPDR/W/48 
 Página 51 
 
 
  1. Contexto normativo 
177. Los servicios ambientales pueden dividirse en dos  grandes categorías.  La primera acepción 
del término -que durante mucho tie mpo ha sido la más común- engloba servicios como el tratamiento 
de aguas residuales, la recogida y eliminación de  desechos o la limpieza de calles, normalmente 
prestados por las autoridades públicas a las comunidad es locales.  El suministro de estos servicios, 
también denominados "servicios ambientales liga dos a infraestructuras", suele entrañar elevados 
costos de capital (de construcción y mantenimiento de  una red de tuberías para el tratamiento de aguas 
residuales, por ejemplo), que pueden dar lugar a la  aparición de monopolios naturales.  Servicios 
como la limpieza de calles tienen el carácter de bienes públicos91, lo que significa que los proveedores 
privados carecen de suficientes incentivos para prest arlos.  Además, esos servicios tienen importantes 
aspectos sociales, de salud pública y ambientales.  Por estos motivos, las autoridades públicas suelen 
ser los principales proveedores y las empresas privadas operan fundamentalmente cuando se les delegan tareas o se les ceden activos.  Por sus re percusiones sociales y políticas, los programas de 
reforma estructural no están exentos de aspectos c ontrovertidos.  La liberalización de los sectores de 
carácter monopolista normalmente requiere un sólido marco reglamentario y una  vigilancia continua 
para proteger a los consumidores y asegurar la calidad de los servicios.  
178. La segunda categoría de servicio s ambientales apareció a raíz  de las iniciativas de política 
ambiental aplicadas en los países desarrollados en los decenios de 1960 y 1970, y respondían a nuevas 
exigencias en materia de prevención y mitigación de la contaminación atmosférica, amortiguamiento 
de ruidos y descontaminación de terrenos contaminados, entre otras.  Estos servicios -también 
denominados "servicios ambienta les no ligados a infraestructuras"- se suministran fundamentalmente 
entre empresas, puesto que los principales client es son empresas privadas obligadas a cumplir la 
reglamentación ambiental.  Los servicios ambientales no ligados a infraestructuras no plantean tantos problemas como los ligados a infraestructuras en lo tocante a la liberalización y, de hecho, ya se 
prestan mayoritariamente en régimen de competencia. 
2. Tendencias y problemas de la reglamentación 
179. Por tanto, a la hora de examinar cuestiones re lacionadas con la reglamentación, se debe hacer 
una distinción entre los servicios ambiental es ligados a infraestructuras y los no ligados a 
infraestructuras.  Los primeros, como el tratamiento de aguas residuales y la recogida y eliminación de desechos, responden a important es objetivos de política pública relacionados, entre otras cosas, con 
la protección de la salud y el medio ambiente.  Cuando los gobiernos deciden recurrir a empresas privadas, a menudo establecen diversas medidas de re glamentación para garantizar el cumplimiento 
de esos objetivos, por ejemplo reglamentos para garan tizar el acceso universal, fijar tarifas y velar por 
el cumplimiento de diversas normas (como las relativas a la calidad del servicio, los efectos en el medio ambiente, la atención a los usuarios, etc.).  
180. Como los servicios ambientales ligados a infr aestructuras suelen dar lugar a monopolios, la 
competencia en el mercado es limitada, cuando la hay,  aunque puede que haya margen para ella.  Al 
delegar el suministro de servicios ambientales ligados a infraestructuras (por ejemplo, la explotación 
de una planta de tratamiento de aguas residuales o la recogida y tratamiento de residuos sólidos), los 
gobiernos pueden optar entre varias modalidades de c ontrato, en función del tipo de tarea que deseen 
externalizar y del grado de responsabilidad que se va ya a delegar (por ejemplo, concesiones, contratos 
de servicios, contratos de gestión, contratos de c onstrucción, explotación y transferencia, etc.).  Una 
                                                      
91 Un bien público puede definirse como un "artículo cuyo consumo no es decidido por los 
consumidores, sino por el conjunto de la sociedad, y que se financia mediante impuestos.  Un bien (o servicio) público puede consumirse sin mermar la cuantía disponible para los demás, y no puede negarse a quienes no 
pagan por él".  Véase http://www.businessdictionary.com/ (consultado el 12 de julio de 2010). S/WPDR/W/48 
Página 52  
 
  legislación adecuada puede contribuir a garantizar un proceso de licitación y selección justo y 
transparente. 
181. Los servicios ambientales no ligados a infraestructuras, como los de descontaminación, se 
suministran fundamentalmente entre empresas, y los principales clientes son empresas privadas 
obligadas a cumplir normas ambientales.  Como qui enes contaminan no siempre están dispuestos a 
ocuparse voluntariamente de la limpieza de la c ontaminación causada por sus actividades, la demanda 
de servicios ambientales no ligados a infraestruct uras está relacionada con el desarrollo de la 
legislación ambiental:  cuanto más exigente sea su nivel, mayor es la demanda.  Por ejemplo, la aplicación de normas que obligan a la limpieza de  suelos industriales genera una demanda de 
servicios de descontaminación.  
182. El régimen reglamentario de los sectores cone xos (en particular, de los servicios de 
arquitectura, los servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería, los de ensayos y análisis 
técnicos y los de construcción) afectan directamente  a los proveedores de servicios ambientales, sobre 
todo en el caso de los no ligados a infraestructuras. 
183. Los proveedores de servicios ambientales no sólo  se ven afectados por la  falta de un adecuado 
marco normativo, sino también por la  ineficiencia de los procedimientos administrativos.  Entre los 
problemas más habituales están la falta de info rmación suficiente sobre los procedimientos de 
obtención de licencias y de certificación o los procedimientos de licitación;  las demoras innecesarias en la tramitación de las solicitudes y en la comunicación de información a los solicitantes;  y las deficiencias y disparidades en la aplicación de la  reglamentación sobre el medio ambiente.   
184. Habida cuenta de lo expuesto, los Miembr os tal vez deseen considerar las siguientes 
cuestiones específicas: 
a) ¿Sería conveniente que hubiese disciplinas de  reglamentación interna relativas a las 
prescripciones y procedimientos en materia de  títulos de aptitud y trámite de licencias 
también para este sector, en particular para los servicios ambientales no ligados a infraestructuras? 
b) ¿Hace falta un enfoque más específico sobre los problemas en la esfera de la 
reglamentación de los servicios ambientales ligados a infraestructuras, por ejemplo los que se plantean en relación con los pro cedimientos de licitación y adjudicación de 
contratos? 
N. S
ERVICIOS FINANCIEROS  
185. El sector de los servicios financieros tiene car acterísticas singulares que han motivado que se 
les dé un trato especial en la reglamentación y en los acuerdos comerciales.92  Es fundamental 
entender esos rasgos para comprender los objetivos y la justificación de la reglamentación nacional de 
este sector.  En primer lugar, los servicios financ ieros desempeñan funciones esenciales para la 
economía moderna, como facilitar las transacciones, m ovilizar los ahorros, dar destino a los capitales, 
vigilar a los prestamistas y gestores, reducir el riesgo, hacer posibles los pagos y proporcionar 
liquidez.93  En segundo lugar, los servicios financieros están omnipresentes, en el sentido de que los 
                                                      
92 Al igual que sucede en el AGCS, es muy habitual encontrar en los acuerdos comerciales anexos 
específicos -o incluso capítulos separados- relativos a los servicios financieros en los que se recogen 
disposiciones adicionales o salvaguardias para tener en cu enta la naturaleza especial del sector (por ejemplo, 
disposiciones que aclaran el alcance del sect or, la denominada "excepción cautelar").  
93  Banco Mundial (2001), "Finanzas para el crecimiento económico:  Opciones de política en un 
mundo volátil", Washington. S/WPDR/W/48 
 Página 53 
 
 
  necesitan todos los agentes económicos (empresas, gobiernos e individuos).94  En tercer lugar, los 
servicios financieros están en la ba se del funcionamiento de los sistem as monetarios y de pago de toda 
economía moderna, lo que hace que sean fundamental es para el funcionamiento de todos los demás 
sectores económicos.  
1. Contexto normativo 
186. Los servicios financieros son extremadamente variados e incluyen tipos muy diferentes de 
productos y servicios, como los seguros, la recepción  de depósitos, el arrendamiento financiero, los 
pagos y transferencias de dinero, la compraventa de valores, la elaboración de calificaciones de 
crédito y la facilitación y transferencia de información financiera.  El sector se caracteriza por contar 
con muy diversos proveedores de servicios con r asgos especiales, como los bancos, compañías 
fiduciarias y crediticias, cooperativas de crédito, co mpañías de seguros de vida y de enfermedad, 
compañías de seguros generales, agentes y bolsas de  valores, compañías de fondos de inversión, 
fondos de pensiones, sociedades financieras, agen tes y corredores de seguros y una multiplicidad de 
proveedores de servicios auxiliares (por ejemplo,  asesores financieros independientes, actuarios, 
empresas de información financiera o agencias de calificación crediticia).  Esta diversidad de 
servicios y de sus proveedores implica que el fundamento de la reglamentación -y, por tanto, los 
aspectos a los que prestará más atención- también de penda de la naturaleza de cada producto, servicio 
o proveedor de servicios. 
187. Se suele hacer una distinción entre los motivos de la reglamentación (que justifican su 
existencia) y los objetivos que pers igue (los resultados que se procura alcanzar mediante ella).  Como 
se indicó en la sección I de la presente nota, a menudo la reglamentación obedece a una necesidad de 
impedir o minimizar diversas disfunciones del mercado.95  Si se deja sin regular, el sector financiero 
podría dar resultados que no serían los óptimos y no se evitarían las disfunciones del mercado.  
También se utiliza la reglamentación algunas veces con objetivos no económicos, por ejemplo para 
mejorar el acceso a los servicios financieros de segmentos de la población que de otro modo no lo 
tendrían adecuadamente.  
188. En lo que se refiere a las disfunciones del mercado en la esfera de los servicios financieros, la 
principal de ellas se debe a asimetrías de la in formación:  por ejemplo cuando una parte en una 
transacción cuenta con información sobre sí misma o sus actuaciones de la que no dispone la otra 
parte.  La información asimétrica está muy ex tendida en todas las esferas de las finanzas.96  Si el 
prestatario sabe más que el prestamista sobre sus propias posibilidades de efectuar el reembolso, el 
segundo queda en situación de desventaja;  si una persona asegurada sabe más sobre los riesgos que el 
asegurador, éste último se halla en  situación de desventaja;  si el gestor de una empresa sabe más 
sobre su capacidad y sobre su verdadero compromiso  con la empresa que un accionista o un eventual 
inversor, éstos últimos están en situación de desv entaja.  La información asimétrica puede adoptar, 
básicamente, dos formas:  la selección negativa y el riesgo moral.  La selección negativa se origina en que una parte cuenta con información útil de la que carece la otra parte, lo que puede dar lugar a 
decisiones inconvenientes, como la elección de un pr oyecto de inversión, de un gestor de una empresa 
o de un asegurado más riesgosos y menos convenientes de  lo que se cree.  El riesgo moral se refiere a 
situaciones en que una parte bien in formada en una transacción (por ejemplo, el prestatario, el gestor 
de la empresa o el asegurado) asume riesgos i ndebidos porque, al asignars e a esos riesgos un valor 
                                                      
94 White, Lawrence (2010), contribución a la Mesa redonda sobre políticas organizada por la OCDE 
con el título "Competition, Concentration and Stability in the Banking Sector". 
95 Llewellyn, David (1999), "The Economic Rationale for Financial Regulation", FSA Occasional 
Paper # 1  (abril). 
96 Ibid.;  Stiglitz, Joseph E., Jaime Jaramillo-Vallejo y Yung Chal Park (1993), "The role of the state in 
financial markets", en World Bank Research Observer , Annual Conference on Development Economics 
Supplement:  19-61. S/WPDR/W/48 
Página 54  
 
  inferior al que les correspondería, el costo de sus actos  recaerá en la otra part e.  En las situaciones de 
información asimétrica es muy oneroso detectar si una parte se está aprovechando de su mejor 
información.  La existencia de estas asimetrías puede dar lugar a un colaps o parcial o total de los 
mercados.97 
189. Las externalidades negativas también están muy ex tendidas en los servicios financieros.  Se 
dan cuando un individuo o una em presa que adopta una decisión no tiene que cargar con todos los 
costos de sus actos.  Como las decisiones que adoptan los agentes económicos se basan en la 
equiparación de los costos marginales y los benefici os marginales privados, con lo que no se tiene en 
cuenta el costo para los terceros o para el conj unto de la sociedad, las externalidades negativas dan 
lugar a ineficiencias del mercado si no se adoptan ad ecuadas medidas de reglamen tación.  En el caso 
de los servicios financieros, esas externalidades negativas pueden ser perjudiciales para el sistema 
financiero y la economía.  Las retiradas masiva s de fondos constituyen el ejemplo típico de 
externalidad negativa en las finan zas.  La insolvencia de un banco puede generar nerviosidad en los 
depositantes de otros bancos, que no tengan información adecuada, y un pánico que los lleve a retirar 
sus depósitos, lo que puede causar la quiebra de ot ros bancos y multiplicar el efecto de contagio. 
190. Al contrario de lo que sucede en otros sectores de la economía, en los que la quiebra de una 
empresa tiende a beneficiar a las demás, que pueden hacerse con la cuota de mercado de la empresa fallida, la quiebra de un banco en realidad puede perjudicar no sólo a sus competidores, sino al resto 
de la economía.
98  Cuando quiebra un banco, el público puede perder confianza en todo el sistema, y 
la interconexión entre las entidades financieras y los mercados hace que pueda desencadenarse -como 
se observó en 2007 y 2008- una crisis de propor ciones imprevisibles.  En otros sectores no 
financieros, durante una crisis las empresas se suel en enfrentar a problemas de falta de demanda.  En 
las crisis bancarias, en cambio, los bancos se en frentan al problema contra rio, al no poder o no querer 
suministrar crédito a las empresas, ni a los consumidores, ni prestarse entre sí.  Si los bancos pierden la confianza necesaria para prestarse los unos a los otros, esto acaba socavando la estabilidad y la 
confianza en el sistema.  Durante la reciente cr isis financiera, las pérdidas causadas por las hipotecas 
de alto riesgo hicieron que los bancos reevalua sen de manera radical los riesgos que estaban 
dispuestos a asumir, lo que dio lugar a una radical disminución del crédito disponible, fenómeno conocido como "contracción del crédito".  Los banc os no sólo dejaron de prestar a particulares y 
empresas, sino que también dejaron de prestarse entre sí, lo que provocó el colapso del mercado 
interbancario y empujó la economía a la recesión.  Es to, a su vez, socavó la confianza en el sistema 
bancario y en la economía en general, agrava ndo aún más la situación y las perspectivas de 
recuperación.
99 
191. Aunque determinadas autoridades reguladoras pue dan establecer marcos más detallados, en 
definitiva los tres objetivos principales de la regulaci ón financiera son los siguientes:  1) respaldar la 
integridad y estabilidad del sistema financiero;  2)  mantener la seguridad y solidez de las entidades 
financieras;  y 3) proteger al consumidor.100  La repercusión de la quieb ra de entidades financieras en 
la estabilidad sistémica y los intereses de los c onsumidores significa que las autoridades reguladoras 
estén casi forzosamente obligadas a cuidar la liqui dez, la solvencia y los riesgos de las entidades 
financieras.  Los dos primeros objetivos menci onados apuntan necesariamente a cada una de las 
entidades y al sistema mismo.  La reciente crisis financiera ha hecho que se haga hincapié en la 
                                                      
97 Una versión ampliada del problema de la información asimétrica es el caso que podría denominarse 
"de las viudas y los huérfanos", que se da cuando algunos participantes en el mercado (como los depositantes, 
prestatarios o inversores) no son capaces de velar por sus propios intereses y no extraen las enseñanzas de sus 
errores.  White, Lawrence (2010),  op. cit .  
98 OCDE (2010a) "Policy Roundtable on Competition, Concentration and Stability in the Banking 
Sector", París. 
99 Para un análisis de los orígenes y la evolución de la reciente crisis fi nanciera, véase OMC (2010c), 
"Servicios financieros", Nota de antecedentes de la S ecretaría, documento S/FIN/W/ 73, 3 de febrero de 2010. 
100  Llewellyn (1999), op. cit.  S/WPDR/W/48 
 Página 55 
 
 
  regulación cautelar a nivel micro y macroeconómic o.  Los enfoques centrados en los aspectos 
microeconómicos tienen por objeto impedir la quiebra de entidades financieras concretas, que entraña 
grandes costos, mientras que los centrados en los aspectos macroeconómicos apuntan al riesgo global 
derivado del comportamiento colectivo de las entidades financieras.101  El objetivo es salvaguardar el 
sistema financiero en su conjunto haciéndolo má s disciplinado y menos procíclico y que respalde 
mejor un crecimiento equilibrado y sostenible.102  El tercer objetivo, de protección del consumidor, 
procura generalmente proteger a los clientes frente a comportamientos empresariales indebidos.  
2. Tendencias y problemas de la reglamentación 
192. Las modalidades y el alcance de la reglamentación financiera tienden a cambiar con el tiempo 
en función de los acontecimientos.  Por ejemplo, la innovación financiera y el surgimiento de nuevos 
productos y mercados financieros han acentuado la co mplejidad de las características de riesgo de las 
entidades financieras y del sistema financiero en general.103  En particular, como ha puesto de 
manifiesto la reciente crisis financiera, la dimens ión sistémica de la reglamentación y la supervisión 
debe dejar de aplicarse exclusivamente a la banca,  dada la estrecha interconexión entre los bancos y 
los demás tipos de entidades financieras, que hace que  los bancos no sean la única fuente posible de 
contagio financiero.  El "perímetro de la regl amentación" se ha ampliado y abarca esferas que antes 
no estaban reguladas o lo estaban sólo ligeramente (c omo los fondos de inversión libre y sus gestores 
y las agencias de calificación de crédito), con obje to de garantizar que todas las actividades de 
importancia sistémica estén sujetas a una supervisión y reglamentación adecuadas.104  
193. Como se indicó en la sección precedente, en mu chos casos las autoridades reguladoras erigen 
obstáculos a la entrada en los servicios financie ros.  Por ejemplo, las normas que impiden que se 
establezcan y desarrollen su actividad los banc os que no estén suficientemente capitalizados, no 
cuenten con la suficiente liquidez o no estén gesti onados por personas idóneas procuran proteger a los 
depositantes y mantener la confianza en el sistem a bancario.  Análogamente, las normas que impiden 
que se establezcan y desarrollen su actividad las aseguradoras que no estén suficientemente capitalizadas para proteger a los asegurados.  Las exigencias en materia de divulgación son necesarias 
en los mercados de capitales para salvaguardar lo s intereses de los inversores.  Las normas sobre el 
apalancamiento tienen por objeto garantizar que los bancos no asuman riesgos excesivos.  
194. Aunque las normas cautelares son necesarias para  promover la estabilidad financiera, es 
importante garantizar que no socaven en exceso la  competencia y contribuyan a la estabilidad y 
solidez del sistema financiero.  En ocasiones, la s prescripciones y procedimientos en materia de 
títulos de aptitud y trámite de licencias, así como las normas, pueden distorsionar la competencia si 
son demasiado gravosas.  La combinación conveniente de normas reglamentarias y su administración 
depende de las circunstancias de cada país, en par ticular del desarrollo y la complejidad del sector 
financiero y la calidad de la supervisión. 
195. La bibliografía sobre la liberalización de los servicios financieros sugiere que las siguientes 
situaciones o medidas pueden ser especialmente  gravosas y obstaculizar el comercio:   
                                                      
101 Borio, Claudio (2009), "The macroprudential approach to regulation and supervision", VoxEu.org, 
14 de abril;  Financial Stability Board, FMI, y Banco de Pagos Internacionales (2011) "Macroprudential policy 
tools and frameworks - Update to G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors" (14 de febrero 
de 2011). 
102  Financial Stability Forum (2009a), "Addressing Procyclicality in the Financial System" (abril). 
103 OMC (2010c), documento S/FIN/W/73, op. cit. ;  y documento S/FIN/W/74 de la OMC, 
"Repercusiones de los adelantos tecnol ógicos en los aspectos de reglament ación y cumplimiento de los servicios 
bancarios y demás servicios financieros en el marco de l AGCS", Nota de antecedentes de la Secretaría, 21 de 
septiembre. 
104 Financial Stability Board (2009b), "Improving Financial Regulation - Report of the Financial 
Stability Board to G-20 Leaders" (25 de septiembre);  y OMC (2010c), documento S/FIN/W/73,  op. cit . S/WPDR/W/48 
Página 56  
 
  a) La falta de transparencia de las dispos iciones reglamentarias.  Los reglamentos 
aplicables, tantos los vigentes como los nuevos, no siempre son públicos.  Los períodos de notificación son insuficientes.   
b) El hecho de que el público no pueda presentar observaciones previas sobre los 
proyectos de reglamento o no se consid eren adecuadamente las observaciones 
formuladas por los proveedores de servicios financieros.  Los proyectos de 
reglamentos no se someten a la valoración del público para que éste presente sus 
observaciones en un plazo razonable antes de su aprobación.  Los proveedores de 
servicios que presentan observaciones y recomendaciones no reciben respuesta de la autoridad supervisora. 
c) Plazos inadecuados para aplicar los nuevos reglamentos.  No se da a los proveedores 
de servicios financieros tiempo suficiente  para familiarizarse con los reglamentos 
nuevos o revisados y para prepararse a apli carlos antes de que entren en vigor. 
d) No se facilita información por escrito sobre la  situación de las solicitudes de licencia. 
e) Prescripciones gravosas para los nuevos productos, formularios, tarifas y servicios 
(por ejemplo, en los seguros).  Por ejemplo, pueden llegar a hacer falta entre 6 y 
12 meses para la aprobación de nuevos pr oductos.  No hay disposiciones sobre 
aprobación tácita de los productos nuevos en  determinado plazo (por ejemplo, entre 
30 y 90 días) si la autoridad de superv isión no ha adoptado ninguna medida en 
sentido contrario.  Además, cuando es necesa rio presentar un producto y obtener su 
aprobación, la autoridad reguladora no hace públicas las razones que justifican tal 
requisito. 
f) La autoridad reguladora no utiliza normas de  contabilidad, de auditoría y actuariales 
internacionalmente reconocidas.   
g) La obligación de las compañías de seguros de emplear a actuarios habilitados en el 
país respectivo para poder introducir producto s nuevos.  No se acepta a los actuarios 
habilitados en el extranjero que trabajan  en grupos aseguradores, lo que traba el 
desarrollo de la empresa en el mercado de destino.  
h) Límites indebidos que se imponen al suministro de líneas de productos.  Por ejemplo, 
en algunos mercados el suministro de segur os personales de accidente y de salud se 
permite únicamente a las compañías de segur os de vida, mientras que en la mayoría 
de los mercados las de seguros generales pueden ofrecer ese tipo de pólizas.  
i) Normas estrictas sobre la distribución de pr oductos de seguros (es decir, restricciones 
al derecho de otras entidades de servicios financieros de vender productos de seguros 
en régimen de venta libre).  Por ej emplo, a veces se exige que todos los 
procedimientos administrativos relaciona dos con una póliza de seguros se lleven a 
cabo en la oficina del asegurador y en cada caso se firmen los formularios de 
propuesta.  Esto restringe los acuerdos de distribución del tipo bancaseguros (es decir, 
la venta de seguros y otros produc tos conexos a través de un banco). 
j) Las restricciones a la publicidad de lo s productos financieros, que pueden hacer 
especialmente difícil para las empresas llevar a cabo su actividad a través de Internet.  
k) Niveles elevados más allá de lo razonable (según criterios internac ionales) de capital 
registrado mínimo, por ejemplo para abrir un banco. S/WPDR/W/48 
 Página 57 
 
 
  l) Trámites de aprobación gravosos y prolongados.  Por ejemplo, a veces los 
proveedores de servicios financieros tienen  que pasar por dilata dos procedimientos 
preparatorios para lograr la aprobación, seguidos por un trámite formal de aprobación, y después de eso incluso deben obtener todavía una licencia de la autoridad reguladora regional.  
m) Existencia de múltiples autoridades regul adoras, lo que dilata y complica la 
autorización.  
n) Necesidad de que todos los documentos del banco matriz estén certificados por un 
notario del país de origen y autenticados  por la embajada o consulado del país 
receptor.  
o) Necesidad de que todo el personal reciba la  aprobación de la autoridad reguladora.  
En ocasiones, ésta debe aprobar el nombramiento de todas las personas con puestos de responsabilidad en un banco, lo cual va má s allá de la prueba tradicional sobre la 
idoneidad de los principales accionistas y directores. 
O. T
URISMO  
196. Las vinculaciones multisectoriales del turism o representan tanto una ventaja como una 
posible fuente de problemas.  Aunque ofrecen impor tantes oportunidades para el alivio de la pobreza 
y la diversificación económica, una reglamentación ineficiente o inadecuada de ciertos sectores puede 
reducir la competitividad global.  Los reglamentos de inmigración o de control de entradas y salidas 
de viajeros tienen una influencia directa en el  turismo internacional, y el sector es vulnerable a 
perturbaciones transitorias como el terrorismo o las crisis sanitarias y las respuestas reglamentarias 
conexas.  La reglamentación de otras cuestiones ambientales, o su ausencia, así como las 
preocupaciones de índole sociocultural, también pueden tener repercusione s significativas en el 
sector. 
1. Contexto reglamentario 
197. De conformidad con la Lista de Clasificaci ón Sectorial de los Servicios de la OMC 
(documento MTN.GNS/W/120), el alcance de la categoría "Servicios de turismo y servicios 
relacionados con los viajes" está muy bien defini do, y se limita a los subsectores de los hoteles y 
restaurantes, servicios de agencias de viajes y organización de viajes en grupo y servicios de guías de turismo (complementados por la cate goría residual "Otros").  Hay muc hos otros servicios de turismo, 
como los sistemas informatizados de reservas, los barcos de crucero y otros numerosos servicios de 
transporte, la construcción de hoteles, el alquiler de  automóviles, ciertos servicios de distribución, 
servicios prestados a las empresas y servicios financieros, así como la mayor parte de los servicios 
recreativos, culturales y deportivos, que se han incluido en otras categorías sectoriales definidas en el documento W/120.
105  Aunque este criterio hace más compleja la negociación de los compromisos 
relacionados con el turismo en el marco del AGCS,  a menudo tiene sentido desde el punto de vista de 
la reglamentación (por ejemplo, determina que el Mi nisterio de Transporte sea  el que debe establecer 
y administrar las normas de seguridad aplicables a los autobuses de turismo).  Significa también que 
la forma en que se regulen los distintos segmentos de  la cadena de suministro del turismo puede tener 
repercusiones en la compet itividad global del sector.   
                                                      
105 Véase, por ejemplo, OMC (20 00), "Comunicación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
la República Dominicana - El bloque de industrias de turismo", documento S/CSS/W/19, de 5 de diciembre 
de 2000. S/WPDR/W/48 
Página 58  
 
  2. Cambios y cuestiones en materia de reglamentación  
a) Alertas para viajeros 
198. Las alertas para viajeros, que suelen emitirse an te catástrofes naturales, problemas sanitarios o 
episodios terroristas, pueden tener un efecto devastador  en el turismo.  En consecuencia, en 2005 la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) adoptó las Directrices sobre recomendaciones a los 
viajeros, que se refieren a los procedimientos utiliza dos para formular y administrar las alertas para 
viajeros, destacando la necesidad de transparencia, la exactitud, etc.106  El crecimiento del sector 
turístico, con inclusión de los desplazamientos cada vez más frecu entes de las personas físicas, 
también se ha traducido en un incremento de la demanda de nuevas normas internacionales.  La OMT 
ha trabajado para formular diversas normas de calidad, empezando por las que deben aplicarse a los 
destinos turísticos.  La Organización Internaciona l de Normalización (ISO) ha creado asimismo un 
comité técnico para examinar las normas sobre la terminología aplicable al turismo y servicios conexos.
107 
199. Las alertas para viajeros pueden causar a corto plazo graves perturbaciones en el nivel de 
empleo y en los ingresos.  Al mismo tiempo, es evidente que los gobiernos tienen derecho (y 
posiblemente la obligación) de ayudar a proteger el bienestar de sus ciudadanos que viajan al 
extranjero.  En consecuencia, lo importante es, evid entemente, asegurar que las alertas para viajeros 
sean objetivas e imparciales y no tengan efectos negativos innecesarios.  
200. Además de emitirse ante catástrofes naturales, problemas sanitarios o episodios terroristas, las 
advertencias, recomendaciones y alertas para viaj eros a menudo incluyen advertencias sobre altos 
niveles de delincuencia u otros problemas pertinentes para el turismo.108  Aunque la mayoría de los 
gobiernos actúan con cautela y comedimiento cuando emiten alertas para vi ajeros, no existen, al 
parecer, definiciones acordadas de los términos utilizados, lo que significa que pueden indicar 
diferentes grados de riesgo.  En los Estados Unidos , por ejemplo, las advertencias para viajeros se 
emiten cuando el Departamento de  Estado, basándose en información pertinente, decide recomendar a 
los estadounidenses que eviten viajar a determinado país.109  Respecto de los países a los que se 
recomienda no viajar se hacen advertencias para viajeros, que se complementan con información 
específica sobre el país.  En contraposición, las alertas para viajeros son un medio para difundir 
información sobre amenazas terroristas y otras s ituaciones de carácter relativamente inmediato o 
transnacionales que suponen riesgos importantes para la seguridad de los viajeros estadounidenses.  
Las alertas se publican cuando exis te una amenaza concreta a la que no se puede hacer frente y hasta 
la fecha han estado relacionadas con golpes de Estado inmediatos, violencia terrorista, fechas 
conmemorativas de actos terroristas concretos, et c.  Existe también una "cautela mundial" para 
actualizar la información sobre la amenaza constante de atentados terroristas y actos violentos contra ciudadanos e intereses estadounidenses en todo el mundo.
110 
                                                      
106 Adoptado mediante la resolución A/RE S/508(XVI) en la decimosexta Asamblea  General de la 
Organización Mundial del Turismo, celebrada en Dakar (Senegal) del 28 de noviem bre al 2 de diciembre 
de 2005.  Véase también el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, disponible en el sitio Web de la OMT http://www.unwto.org (consultado el 8 de marzo de  2012).  La Secretaría no tiene conocimiento de 
fuentes que enumeren todas las alertas pa ra viajeros actualmente en vigor.   
107 Véase el sitio Web de la ISO, en http://www .iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=375396 
(consultado el 8 de marzo de 2012).  
108 Por lo que se refiere a las fuertes consecuencias ne gativas de la delincuencia sobre el turismo, véase 
OMT (1996), "Seguridad en turismo:  medidas prácticas para los destinos", Madrid. 
109 Véase http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/ci s_pa_tw_1168.html (consultado el 5 de marzo 
de 2012). 
110 Disponible en http://travel.state .gov/travel/cis_pa_tw/pa/pa_4787.html (consultado el 5 de marzo 
de 2012). S/WPDR/W/48 
 Página 59 
 
 
  201. En otros países, como el Reino Unido, las al ertas y recomendaciones a los viajeros indican 
categorías específicas de riesgo;  por ejemplo, países  a los que se desaconseja viajar (o a ciertas partes 
de su territorio);  países a los que se desaconseja viajar salvo cuando sea esencial hacerlo;  y países en 
los que se desaconseja viajar a ciertas partes de  su territorio salvo cuando sea esencial hacerlo.111  
Otros países describen de forma más explícita lo s peligros existentes y no especifican categorías de 
riesgo bien definidas.  La contundencia de las e xpresiones utilizadas para describir los problemas de 
seguridad es una indicación del grado de peligro exis tente.  En cuanto a los riesgos sanitarios y 
ambientales, la clasificación es algo más sencilla y menos controvertida, ya que la evaluación del riesgo es objeto de seguimiento a nivel internacional.
112  En consecuencia, l as recomendaciones a los 
viajeros contienen a menudo información publi cada por organizaciones internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud. 
202. Las Directrices sobre recomendaciones a los viajeros de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) se refieren a los procedimientos u tilizados para formular y administrar las alertas 
para viajeros.  De todos modos, siguen existiendo amplias diferencias en cuanto a su aplicación y son 
escasos los sitios Web oficiales referentes a las alertas para viajeros que se refieren a las Directrices 
de la OMT.  Hay que decir que en algunos casos la s diferencias en la aplicación de las alertas, por 
ejemplo respecto de su duración y nivel de gravedad , pueden explicarse porque los niveles de riesgo 
que se perciben en una determinada situación para los ciudadanos de algunos países son más elevados 
que para los de otros.   
203. El predecesor de las Directrices de la OMT es el Código Ético Mundial para el Turismo, que 
se adoptó en 1999.113  El Código Ético Mundial para el Turismo y las Directrices sobre 
recomendaciones a los viajeros son instrumentos no vi nculantes con arreglo al derecho internacional.  
La OMT llevó a cabo tres encuestas entre sus Esta dos miembros (en 2000, 2004 y 2008/2009) para 
supervisar la aplicación del Código por parte de los gobiernos y su incorporación a la legislación interna.  Un nutrido grupo de países expresó su compro miso institucional y jurídico en relación con la 
aplicación del Código;  de hecho, 49 de los Estados encuestados señalaron que habían incorporado sus 
principios a sus textos legislativos y 48 se habían  basado en él para formular leyes y reglamentos 
nacionales o diseñar políticas y planes generale s que asegurasen un desarrollo sostenible y 
responsable del turismo.
114  En octubre de 2009, la Asamblea General de la OMT aprobó una nueva 
iniciativa:  la Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos de la OMT.115  Por lo 
que se refiere a las alertas para viajeros, la Declaración insta a los Estados miembros de la OMT a que emitan recomendaciones a los viajeros con respecto a países terceros, a comprometerse a consultar de 
la forma más extensa posible a los gobiernos de esos países y destinos, especialmente con respecto a 
la seguridad de cada región turística del país, y a actualizar la información de interés a intervalos 
regulares (es decir, al menos cada seis meses). 
                                                      
111 Para más detalles, véase http://www.fco.gov. uk/en/travel-and-living- abroad/travel-advice-by-
country/ (consultado el 5 de marzo de 2012), as í como http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-
abroad/travel-advice-by-country/how-we-advise/ (consultado el 5 de marzo de 2012). 
112 Nueva Zelandia utiliza la distinción entre riesgo extremo, situación en la que desaconseja todo tipo 
de viajes (a todo un país o a zonas del mismo);  riesgo  elevado, es decir, que debe n posponerse los viajes que no 
sean esenciales, incluidos los turísticos;  y cierto ries go, que significa un nivel de riesgo que exige actuar con 
prudencia (véase http://www.safetrave l.govt.nz/advisories/aboutadvisories.shtml, consultado el 5 de marzo 
de 2012).  El Canadá utiliza un sistema en el que existen cuatro niveles (véase 
http://www.voyage.gc.ca/faq/tip_prv-eng, consultado el 5 de marzo de 2012). 
113 Resolución A/RES/406(XIII) adoptada por la Asamblea General de la OMT (1999), Santiago de 
Chile, 27 de septiembre a 1º de octubre de 1999. 
114 Asamblea General de las Naciones Unidas (2010) , "Aplicación del Código Ético Mundial para el 
Turismo", documento A/65/275, Nueva York, 10 de agosto de 2010, párrafos 11 y 13. 
115 Resolución A/RES/578(XVIII) adoptada por la Asamblea General de la OMT (2009), Astana 
(Kazajstán), 5 a 8 de octubre de 2009. S/WPDR/W/48 
Página 60  
 
  b) Prácticas anticompetitivas 
204. Pese a que no suelen documentarse con frecuenci a, sobre todo en relación con los destinos 
situados en países en desarrollo, las prácticas anticompetitivas (como las de las aerolíneas o las 
empresas de organización de viajes en grupo) tambié n pueden tener una influencia importante en el 
turismo.116  Esas prácticas se pueden presentar en difere ntes etapas de la cadena de valor añadido del 
turismo, según el tipo de servicio prestado, y puede ser necesario abordarlas mediante una 
reglamentación orientada al mercado.  
205. En ciertas investigaciones preliminares se ha n identificado algunas prácticas anticompetitivas 
básicas, entre las que figuran los cárteles, el abus o de posición dominante y de poder adquisitivo y los 
intentos de establecer monopolios.  La relación vert ical entre los proveedores de paquetes turísticos, 
los minoristas y los proveedores de servicios de tu rismo pueden constituir una fuente importante de 
comportamiento anticompetitivo.  Las empresas internacionales de organización de viajes en grupo actúan como mayoristas de productos del turismo tales como el transporte, el alojamiento o las excursiones organizadas que los pr oveedores locales proporcionan en los países de destino, en tanto 
que los agentes de viajes en los mercados de origen actúan como minoristas.  El segmento de la 
industria formado por las empresas de organización de viajes en grupo está dominado por unas pocas 
firmas internacionales de gran envergadura y en los últimos años viene exhibiendo una creciente 
integración vertical.  Otros segmentos, particularmente los proveedores locales, como los hoteles, restaurantes y servicios de guías de turismo independientes, se caracterizan por la presencia de un gran número de PYME.  En las actividades conexas también hay margen para las prácticas anticompetitivas.  Por ejemplo, en algunos casos se ha  acusado a las grandes aerolíneas de abusar de 
su poder de mercado en detrimento de los proveedores locales.  
206. Al parecer, son muy raros los estudios de ca sos documentados de prácticas anticompetitivas 
que afectan al turismo, especialmente por lo que resp ecta a los destinos de países en desarrollo, y ello 
es un obstáculo para organizar respuestas apropiadas.
117  Las prácticas anticompetitivas pueden 
manifestarse tanto entre países como dentro de cad a uno y pueden entrañar abusos de proveedores de 
países desarrollados o en desarrollo.118  Por ejemplo, un estudio de la OCDE sostiene que las grandes 
compañías aéreas occidentales han sido acusadas, en o casiones, de abusar de su poder en el mercado 
en detrimento de los proveedores locales119, en tanto que otra publicación ofrece pruebas de prácticas 
similares por parte de algunas compañías aéreas de países en desarrollo.120 
207. Existen asimismo ejemplos de prácticas anticompetitivas en otros sectores que afectan 
directamente al turismo.  Se trata de sectores como el del cemento (esencial para la construcción de 
hoteles), el combustible para aviones de retropropulsión,  el transporte de mercancías, la televisión por 
cable, las telecomunicaciones, los servicios bancario s, los programas informáticos, la navegación 
                                                      
116 Geloso Grosso, M. Lesher, M. y Pinali. E (2007), "Services Trade Liberalization and Tourism 
Development", OECD Trade Policy Working Paper , Nº 57, páginas 25 a 27. 
117 La información más completa sobre el alcance real y los tipos de prácticas anticompetitivas 
relacionadas con el turismo sería, sin duda, de ámbito nacional.  Lamentablemente, los Miembros de la OMC no 
han presentado hasta la fecha comunicaciones en el contexto de las negociaciones sobre servicios. 
118 A.E. Rodríguez y James Murdy (2006), "Anti-Comp etitive Practices in the Tourism Industry:  The 
case of small economies", en Journal of Business & Economics Research , octubre de 2006. 
119 Geloso Grosso, M. Lesher, M. y Pinali. E (2007), op. cit ., página 26.  Véase también OCDE 
(2008b), "Tourism in OECD Countries 2008:  Trends and Policies,", página 73, donde se presenta un ejemplo de 
prácticas anticompetitivas referentes a la gestión de los lugares de destino en el Caribe. 
120 Banco Mundial (2007b),  "Services Trade and Development:  The Experience of Zambia", A. Mattoo 
y L. Payton, Washington D.C.,  página 197. S/WPDR/W/48 
 Página 61 
 
 
  marítima y los fletes aéreos.121  En cuanto a los sistemas de reserva informatizados y el Sistema de 
Distribución Mundial, en cambio, los cambios tecnológi cos y en la propiedad de las empresas parecen 
haber reducido las posibilidad es de prácticas anticompetitivas.122 
c) Movimientos de los profesionales del turismo 
208. Los movimientos de los profesionales del turismo también se ven afectados por una amplia 
gama de medidas que afectan al modo 4, como las restricciones cuantitativas y prescripciones conexas 
en materia de títulos de aptitud.  Los criterios de admisibilidad suelen ser es trictos, y muestran una 
preferencia por las categorías de personas altament e calificadas y con una buena formación, y los 
trámites de solicitud son a menudo engorrosos, co stosos y complejos desde el punto de vista 
administrativo.  Con frecuencia se imponen restricc iones cuantitativas a los visados y permisos de 
trabajo, expresadas como cuotas numéricas o pruebas de necesidades económicas.  Estas medidas ya 
están sujetas a consignación en listas de conformi dad con el artículo XVI del AGCS.  Sin embargo, 
existen otras medidas reglamentarias no incluidas en las listas, como por ejemplo las que determinan que en la evaluación de la trayectoria profesional de un solicitante sólo se tengan en cuenta los títulos 
de aptitud formales, sin considerar la capacidad y la experiencia.
123  En la sección dedicada al modo 4 
de la presente Nota también se examinan algun as de estas cuestiones, que no son específicas del 
sector del turismo.  
209. El artículo 9 del Código Ético Mundial para  el Turismo se refiere a los trabajadores y 
empresarios del sector del turismo.  En cuanto a los procedimientos de visado, la Declaración sobre la 
facilitación de los desplazamientos turísticos de  la OMT señalaba que se podrían facilitar en gran 
medida los desplazamientos turísticos mediante  medidas que pueden aplicarse fácilmente y sin 
perjuicio para ese poder discrecional.  En consecuen cia, la Asamblea General de la OMT instó a los 
Estados miembros a adoptar, cuando fuera posible y teniendo en cuenta sus respectivas legislaciones, 
medidas para simplificar los trámites de solicitud y procesamiento de visados y reducir los plazos de expedición de los visados.  
210. En vista de las consideraciones anteriores, lo s Miembros tal vez deseen examinar algunas de 
las siguientes cuestiones específicas: 
a) ¿Sería útil que los Miembros examinasen  específicamente los procedimientos 
relativos al reconocimiento de las cualificaciones profesionales relacionadas con el turismo (por ejemplo, las de los gerentes de hotel o los chefs  de restaurantes), con 
inclusión del reconocimiento de la experi encia profesional como alternativa a los 
títulos de aptitud formales? 
b) ¿En qué medida pueden las disciplinas en materia de reglamentación nacional  
abordar las prácticas anticompetitivas en la cadena de valor del turismo?  
c) ¿Deberían los Miembros debatir los procedimientos para el establecimiento y la 
eliminación de las alertas para viajeros, especialmente en lo que se refiere a las consultas con las partes afectadas? 
                                                      
121 Presentación en PowerPoint de Simon Evenett y Frédéric Jenny, Anticompetitive Practices in 
Sub-saharan Africa :  Myth, Reality and Perspectives , CRC 3rd International Conference:  Pro-Poor Regulation 
and Competition:  Issues, Policies and Practices, Ciudad del Cabo, 7 a 9 de septiembre de 2004. 
122 Véase OMC (2006), Segun do examen del Anexo sobre Transporte Aéreo, Evolución del sector del 
transporte aéreo (Primera Parte), Nota de la Secretaría, documento S/C/W/270, de 18 de julio de 2006, 
páginas 20 a 42. 
123 Colombia distribuyó al Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacion al (GTRN) un documento 
informal anterior sobre los procedimientos administrativos para la obtención de visados y permisos de trabajo 
(documento de la OMC JOB(04)/84, de 1º de julio de 2004). S/WPDR/W/48 
Página 62  
 
  P. TRANSPORTE MARÍTIMO  
1. Contexto reglamentario 
211. El sector del transporte marítimo está estrechamente relacionado con el comercio 
internacional:  su crecimiento depende del comercio, a la vez que contribuye a su expansión.  El 
sector abarca varios segmentos diferenciados, desde los servicios de línea regular, el transporte de 
carga a granel y diferentes formas de transporte de pasajeros (por ejemplo, transbordadores, cruceros), 
hasta los servicios de explotación portuaria.  En el s ector se aplican diversos reglamentos, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional, que re flejan las especificidades de cada segmento.  El 
objetivo de los reglamentos es, entre otras cosas, ga rantizar la seguridad marítima, proteger el medio 
ambiente, prevenir las prácticas anticompetitivas, promover la seguridad y cumplir ciertas normas 
laborales.  
2. Cambios y cuestiones en materia de reglamentación 
212. La presente sección se referirá a las cuestiones reglamentarias relacionadas con los servicios, 
la política de competencia y la seguridad en el sector portuario.  Queda fuera del alcance de la 
presente Nota examinar en detalle los problemas ambi entales, de seguridad y sociales que afectan al 
sector.124 
a) Cuestiones reglamentarias relacionadas con los servicios portuarios 
213. Durante los diez últimos años se han adopt ado importantes medidas destinadas a la 
privatización y la apertura a la particip ación extranjera en el sector portuario.125  Esto ha generado 
numerosas iniciativas reglamentarias.  Dado que son cada vez más los puertos gestionados por actores 
privados o en cuya propiedad participa el sector privado en mayor o menor grado, lograr un acceso a 
los servicios portuarios y una utilización de los mismos de manera no discriminatoria y en 
condiciones razonables ha sido muy importante para  los proveedores de servicios de transporte 
marítimo, así como un objetivo fu ndamental de diversos gobiernos.126 
214. La actividad reglamentaria en el sector portuario ha estado estrechamente relacionada con la 
transformación de los puertos de servicios en pue rtos "arrendadores", es decir, en el pase de una 
situación en que el puerto presta todos los servicios por tuarios, en particular los de manipulación de la 
carga, a una situación en que se limita a proporciona r y administrar la infra estructura pesada.  La 
infraestructura ligera, como las grúas o las carretillas de horquilla elevadora, quedan a cargo de concesionarios u operadores privados.  
215. Las reformas portuarias pueden ser de varios  tipos, pero todas ellas suponen importantes 
cambios institucionales que modifican las funci ones y las responsabilidades de los sectores público y 
privado.  Al emprender una reforma, los gobi ernos deben elegir entre distintas opciones de 
participación del sector privado, elaborar leyes y contratos y desarrollar instituciones a fin de regular 
                                                      
124 Esta sección se basa fundamentalmente en el ex amen exhaustivo de las cuestiones reglamentarias 
llevado a cabo en la OMC (2010d) "Servicios de transporte marítimo", Nota de antecedentes de la Secretaría, 
documento S/C/W/315, de 7 de junio de 2010, así como en las observaciones de los Miembros sobre la citada 
Nota (JOB/SERV/119).  Al igual que la Nota de anteced entes, la presente sección no trata los servicios de 
transporte de pasajeros.   
125 Los servicios portuarios incluyen servicios como los de practicaje, remolque, gestión del tráfico 
marítimo, recogida de basuras, aprovisionamiento de víveres, combustible y agua, etc. 
126 Los compromisos adicionales previstos en el modelo  de lista sobre el transporte marítimo reflejan 
estos principios.  Algunos acuerdos de integración económica incorporan también disciplinas similares. S/WPDR/W/48 
 Página 63 
 
 
  la participación del sector privado.   El número de países con experiencia en reformas portuarias es 
considerable y ha crecido rápidamente.127 
216. En este sentido, el inventario de buenas prácticas del Banco Mundial sugiere que los 
reglamentos portuarios definan claramente los requisitos necesarios para la manipulación y el 
almacenamiento de cargas peligrosas, así como la reglamentación técnica de las operaciones a fin de 
garantizar el cumplimiento de las normas de seg uridad, laborales y de pr otección ambiental.  La 
reglamentación económica también es  necesaria cuando la competencia es escasa o inexistente.  Son 
iniciativas importantes a ese respecto las prescripci ones que obligan a publicar las tarifas, la 
prohibición de discriminar indebidamente a usuarios  de similares características de los puertos y el 
establecimiento de mecanismos que permitan a lo s gobiernos supervisar la competitividad del 
mercado e investigar cualquier práctica anticom petitiva.  Los puertos que se enfrentan a una 
competencia mayor (interportuaria o intraportuar ia) exigen menos reglamentación económica que los 
demás.128  El objetivo principal de un organismo de re glamentación independiente sería asegurar una 
competencia efectiva entre los distintos operadores del puerto, controlar los monopolios y las fusiones 
y prevenir prácticas tales como el abuso de posición dominante, la fijación de precios o las 
subvenciones cruzadas entre los servicios prestados en régimen de monopolio y los servicios 
competitivos. 
217. Para iniciar y llevar a cabo reformas en el sector portuario puede ser necesario introducir 
cambios importantes en el marco institucional.  A unque las reformas pueden a doptar muchas formas y 
tener distintos objetivos, la garantía del éxito (por  ejemplo, atraer compromisos de los inversores) 
pasa por un marco jurídico sólido y claro que defina las asociaciones público-privadas.  Por ejemplo, 
los acuerdos de construcción, explotación y re trocesión deberían acompañarse de normas que 
determinaran las responsabilidades de las partes y de  reglamentaciones que describieran cómo se va a 
aplicar en la práctica la ley que rige las concesiones (por ejemplo, un procedimiento claro y transparente de adjudicación de los contratos).  Debería especificarse cuál será el organismo 
encargado de supervisar la participación privada co rrespondiente en las actividades portuarias y la ley 
debería establecer claramente los criterios en que se basará la concesión de licencias.
129  Otra práctica 
reglamentaria adecuada podría consistir en el uso de  procesos de licitación competitivos para elegir al 
inversor que ofrezca las mejores condiciones, servicios  portuarios o niveles de precios.  Un proceso de 
licitación eficiente supone limitar los obstáculos que  podrían restringir el número de oferentes (por 
ejemplo, requisitos y procedimientos costosos desd e el punto de vista administrativo) y hacer que la 
transparencia prevalezca en las di ferentes fases del procedimiento.130 
218. Los contratos de concesión c ontienen condiciones económicas.  Es importante destacar que la 
autoridad portuaria puede exigir al operador concesi onario el cumplimiento de ciertos requisitos de 
servicio público, tales como la continuidad del servici o y la igualdad de acceso y trato de los usuarios, 
con inclusión de la no discriminación en materia de precios, prioridades o niveles de servicio.  Como 
se indica en el documento del BIRF y del Banco Mundial (2007), el principio de no discriminación 
entre los usuarios no impide una gestión comercial prudente de las actividades, como por ejemplo la 
aplicación de tarifas, prioridades o niveles de servi cio diferenciados, siempre que se basen en criterios 
objetivos (como el tráfico anual o las característi cas de la embarcación) que se apliquen de manera 
uniforme a todos los usuarios de características similares. 
                                                      
127 UNCTAD (2011b), "El transporte marítimo 2011", Ginebra;  Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2007), "Port Reform Toolkit", 2ª edición, Washington, D.C., 
disponible en:  http://siteresour ces.worldbank.org/INTPRAL/Resource s/338897-1117197012403/mod1.pdf 
(consultado el 12 de junio de 2012). 
128 BIRF/Banco Mundial (2007), op.cit . 
129 Ibid. 
130 UNCTAD (2011c), "How to Utilize FDI to Improve Tr ansport Infrastructure - Ports:  Lessons from 
Nigeria", Best Practices in Investment for D evelopment:  Case Studies in FDI , Ginebra. S/WPDR/W/48 
Página 64  
 
  219. En vista de las dificultades con que tropiezan en algunos países los operadores portuarios 
extranjeros (falta de precalificación para la present ación de ofertas, obligación de revender los activos 
adquiridos a raíz de una operación de fusión o a dquisición), parece que este sector seguirá siendo 
delicado desde los puntos de vista político y económico.131 
b) Política de competencia  
220. Otra de las cuestiones reglamentarias importantes en el sector del transporte marítimo es la 
política de competencia.  Durante muchas décadas se ha debatido la práctica de los transportistas de 
fijar conjuntamente los precios y de regular la capacidad (es decir, de controlar la oferta).  
Históricamente, la forma más antigua de cooperaci ón entre armadores son las conferencias marítimas, 
grupos de armadores que fijan la frecuencia de la s salidas y unos precios comunes para una zona 
geográfica determinada.  Cuando empezaron a formul arse las primeras leyes de competencia, las 
conferencias se beneficiaron de la inmunidad an timonopolio, que solía justificarse aduciendo que 
garantizaban la estabilidad de los precios y redu cían la incertidumbre con respecto al tonelaje 
disponible.132 
221. El final del decenio de 1990 marca la pérdida gradual de influencia de las conferencias 
marítimas, al menos en los mercados mayores.  Los Estados Unidos introdujeron un sistema de 
"contratos de servicios" confidenciales, negociados libremente entre cada armador y cada cargador (Ley de reforma de la navegación de altura, de  1998).  La Ley seguía concediendo inmunidad a las 
conferencias marítimas, pero introducía una serie  de condiciones para evitar la colusión efectiva, 
como la eliminación del requisito de presentar las tarifas, la posibilidad de que cargadores y 
transportistas negociasen acuerdos confidenciales y no revelaran los términos del contrato a otros 
operadores o el derecho de fijar tarifas al margen de  las conferencias en múltiples rutas comerciales.  
Al reducir la transparencia de las tarifas de car ga y otorgar a los miembros de las conferencias 
derechos contractuales independientes se difi cultaba el funcionamiento de los cárteles.
133 
222. Entretanto, en la Unión Europea una serie de enjuiciamientos por abuso de posición 
dominante redujo gradualmente la capacidad de las conferencias de fijar las tarifas y regular la 
capacidad, lo que obligó a los armadores europeos a recurrir también a contratos de servicios 
individuales.  En 2003, la Comisión Europea comenz ó a reexaminar su política y, en particular, la 
exención por categoría.  Este examen no identificó ningún vínculo causal entre la fijación de precios y 
la fiabilidad de los servicios de líneas regulares, y estimó que una derogación de la exención mejoraría 
la calidad del servicio y provocaría una caída mode rada de los precios, así como una disminución 
considerable de las tasas y sobretasas.134  En 2006, el Consejo de las Comunidades Europeas, en 
virtud del Reglamento Nº 1419/2006, abolió la exen ción por categoría y el sistema de conferencias 
marítimas a partir del 31 de octubre de 2008.  En la actualidad es ilegal toda actividad de fijación 
conjunta de precios por los servicios prestados hacia o desde la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.  
                                                      
131 OMC (2010d), documento S/C/W/315, op.cit .  
132 Dichas exenciones eran muy amplias en los "p aíses propietarios de los buques" (Japón, Unión 
Europea, etc.) y estuvieron supeditada s a más condiciones en el caso de los "países  propietarios de la carga" 
(Australia, Canadá, los Estados Unidos), con obligaciones de registrar los acuerdos, de admitir en las conferencias a todos los armadores intere sados en participar y de conceder igualdad de trato a los propietarios de 
la carga, así como el derecho de fijar tarifas al margen de las conferencias (Independent Rate Action). 
133 Phang, Sock-Yong (2009), "Competition Law and the International Transport Sectors", Competition 
Law Review  5 (2) , páginas 193 a 213. 
134 Ibid. S/WPDR/W/48 
 Página 65 
 
 
  223. Otros países autorizan las conferencias, pero con diversas condiciones, cada vez más estrictas, 
cuyo objetivo suele ser proteger los derechos de los cargadores (exportadores e importadores).135  A 
pesar de la inmunidad concedida a las conferencias marítimas y otras formas similares de colaboración, los reglamentos pueden ayudar a limitar lo s efectos negativos sobre la competencia.  En 
primer lugar, los gobiernos pueden otorgar a cada mi embro de la conferencia el derecho de ofrecer 
tarifas o servicios distintos de los fijados por la conferencia;  los cargadores y transportistas deberían 
tener la posibilidad de negociar libremente las tarifa s, los recargos y las condiciones del transporte, así 
como libertad para negociar sin estar restringidos por terceros.  En segundo lugar, debe protegerse 
firmemente la confidencialidad de las citadas ne gociaciones y acuerdos, incluidos los relativos a las 
tarifas.  Por último, los gobiernos pueden establecer  un mecanismo para conocer en las reclamaciones 
de las empresas de transporte marítimo afectadas.
136 
224. En los Estados Unidos, las conferencias reciben el mismo trato que cualquier otro grupo de 
armadores, aunque en la práctica han desapareci do las que operaban en rutas hacia y desde los 
Estados Unidos.137  En Australia, en las dos últimas revisiones de la parte X de la Ley de prácticas 
comerciales (Trade Practices Act) (1999 y 2005) se ha mantenido la exención de las disposiciones 
antimonopolio para las conferencias.  Sin embargo, para tener en cuenta las recomendaciones de la 
Comisión de Productividad (Productivity Commission) , el Gobierno prohibió a todos los grupos de 
armadores (y, por lo tanto, a las conferencias) que  obstaculizaran de ningún modo la capacidad de sus 
miembros para concertar contrato s de servicios.  Se han reforzado las sanciones y las disposiciones 
sobre la presentación de reclamaciones por los cargadores y se ha introducido la obligación de 
demostrar un beneficio público neto. 
225. En septiembre de 2007, la Comisión de De fensa de la Competencia de la India dio 
instrucciones a las compañías marítimas para que desistieran de sus comportamientos 
anticompetitivos.  Hay un proyecto de ley para reforzar  las facultades de esa Co misión.  En China, la 
legislación de defensa de la competencia en la esfera  marítima obliga a registrar en la Bolsa Marítima 
de Shanghái, que ha sido nombrada la autoridad delegada a tal efec to, los acuerdos de conferencia y 
cualquier otro acuerdo entre armadores.  La Bolsa prohíbe otorgar rebajas no declaradas a los 
cargadores, sanciona el abuso de posición dominante , estipula que las empresas navieras deben tener 
un representante legal en China e impone condiciones respecto de las consultas entre cargadores.138   
226. En Singapur, la Comisión de Competencia con cedió en 2006 una exención por categorías de 
cinco años (posteriormente ampliada hasta el 31 de diciembre de 2015) a todos los acuerdos de  
                                                      
135 En 2002, un estudio de la OCDE recomendó no permitir que las exenciones limitadas de la 
legislación antimonopolio se aplicaran a los procedimientos de fijación de precios y negociación de las tarifas.  
Instó a que se examinaran cuidadosamen te los acuerdos sobre capacidad a fin de asegurar que no distorsionaran 
los mercados en los que se aplicaban.  El estudio no halló pruebas convincentes de que los beneficios que los 
transportistas extraían de la  negociación o fijación de las tarifas fu eran superiores al costo impuesto a los 
cargadores y a los consumidores.  Recomendaba a los pa íses considerar seriamente la eliminación de las 
exenciones de la legislación antimonopolio para los procedimientos de fijación de precios y negociación de 
tarifas;  las exenciones relativas a otros acuerdos opera tivos podían mantenerse siempre que no se tradujeran en 
un excesivo poder de mercado.  Véase OCDE (2002), "Competition Policy in Liner Shipping", informe final, París. 
136 OCDE (2002), op.cit . 
137 La última, el Acuerdo de la Conferencia Transa tlántica (TACA), que abarcaba el tráfico con Europa, 
se disolvió el 1º de octubre de 2008 al entrar en vigor el Reglamento (CE) Nº 1419/2006 del Consejo.  En 1998, 
la Comisión de las CE impuso al Acuerdo de la Conferencia Transatlántica una multa de 314 millones de dólares EE.UU. por fijar precios no sólo de los servicio s de transporte marítimo, sino también del transporte 
interior por camiones o ferrocarril.  Véase Fink, Carste n, Aaditya Mattoo e Ileana Cr istina Neagu (2002), "Trade 
in International Maritime Services:  How Much Does Policy Matter?" World Bank Economic Review 16 (1) , 
páginas 81 a 108. 
138 Véase Containerisation International, noviembre de 2009, página 21. S/WPDR/W/48 
Página 66  
 
  empresas de servicios de transporte mar ítimo, sujeta a una serie de condiciones.139  En algunos países 
puede preocupar que la decisión de no conceder exenciones desvíe la carga a puertos de países 
vecinos en que no exista un régimen jurídico en ma teria de competencia o en que rijan exenciones de 
la legislación antimonopolio.140 
227. La situación jurídica de los acuerdos de "estab ilización" o de "discusión", distintos de las 
conferencias marítimas, varía notablemente de un país a otro.141  En particular, los acuerdos de 
estabilización de la capacidad siempre han estado prohi bidos en el tráfico desde y hacia la Comunidad 
Europea, y en la actualidad también lo están en Au stralia.  En otros países están autorizados, pero en 
condiciones por lo general cada vez más estrictas. 
c) Seguridad 
228. Desde los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, las medidas de seguridad 
han aumentado tanto a nivel nacional como en el in ternacional.  Como la mayoría de las medidas han 
sido adoptadas unilateralmente, ha sido necesario incr ementar la cooperación internacional para evitar 
los conflictos de leyes, la acumulación de norm as operacionalmente incompatibles y los costos 
conexos.  A tal fin, tanto la Organización Ma rítima Internacional (OMI) como la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) desarrollaron má s detalladamente las normas multilaterales 
fundamentales.  Además, las reglamentaciones están siendo revisadas para tener más en cuenta las 
necesidades de los operadores y el riesgo de conflictos de leyes.   
229. Las medidas de seguridad pueden dividirse en cuatro categorías según su contenido.  La 
primera categoría tiene por finalidad impedir, en el  puerto de llegada, que el buque y su carga sean 
utilizados con fines terroristas o que entre la tripul ación se oculte un terrorista.  Esas medidas pueden 
consistir en poner guardias en los puertos, reali zar auditorías de seguridad, imponer requisitos en 
materia de iluminación y vallado, instalar sist emas de detección -incluidos los radiológicos y 
nucleares- y procedimientos de selección e identificaci ón de los trabajadores portuarios.  En el ámbito 
multilateral, el régimen internacional está representa do principalmente por el Código Internacional de 
Seguridad de Barcos e Instalaciones de Puertos de  la OMI ("Código ISPS"), de diciembre de 2002, 
que entró en vigor el 1º de julio de 2004. 
230. La segunda categoría de medidas se refiere al buque y su tripulación:  proyectos piloto de 
sellado electrónico y de seguimiento  geográfico de los contenedores142;  introducción de un sistema de 
identificación del tipo de las "cajas negras" (sistema de identificación automática de la OMI);  imposición de auditorías y planes de seguridad de  los buques, con inclusión del nombramiento y la 
capacitación de oficiales de seguridad, homol ogación por las autoridades administrativas, 
introducción de un sistema de alerta y supervisión general por el Estado en el que haga escala el 
buque (Código ISPS de la OMI), y obl igación de facilitar detalles completos del contenido de la carga 
del buque antes de su llegada al puerto de des tino (Japón) o de su salida del puerto de origen.
143 
                                                      
139 Véase http://www.ccs.gov.sg/content/ccs/en/Legisl ation/Block-Exemption-Order.html (consultado 
el 5 de marzo de 2012). 
140 Véase Phang, Sock-Yong (2009), op.cit ., páginas 203 y 204, en referencia a los debates habidos en 
el Canadá sobre la revisión de la Ley de Excepciones de las Conferencias Marítimas. 
141 La finalidad de estos acuerdos es establecer un modus vivendi  entre los miembros de conferencia y 
los armadores independientes mediante la coordinación de la capacidad y de los precios. 
142 Programas estadounidenses de rutas comerciales rápidas y seguras (" Smart and Secure Trade 
Lanes ") y de comercio seguro (" Operation  Safe Commerce "), proyecto del APEC de seguimiento electrónico de 
contenedores, base de datos de la ASEAN sobre los m ovimientos de los buques, y normas ISO de 2008 sobre 
sellado electrónico. 
143 "24-Hour Rule " y " 10+2 Rule " de los Estados Unidos;  Reglamento (CE) de la Comisión 
Nº 312/2009, de 16 de abril de 2009.  Desde el 1º de enero de 2011, la declaración anticipada ha dejado de ser S/WPDR/W/48 
 Página 67 
 
 
  231. La tercera categoría de medidas está compu esta por las obligaciones de seguridad que los 
Miembros "exportan" al puerto de origen:  progr ama específico o general de inspección previa a la 
expedición, aplicado por los agentes de aduanas del país de destino en colaboración con los agentes de 
aduanas del país de origen.144 
232. La cuarta categoría de medidas ve la por la seguridad de toda la cadena de transporte, desde la 
fábrica de producción del país de origen hasta la salida del puerto del país de destino, y de hacer 
recaer la responsabilidad del pr oceso en los agentes privados de la cadena que, a cambio, se 
beneficiarán de un despacho "acelerado" de la carga .  En el ámbito multilateral, el Marco Normativo 
SAFE de la OMA contiene un conjunto de normas  y principios mínimos que las administraciones 
aduaneras nacionales deben aplicar.  Los cuatro pr incipios fundamentales es tán relacionados con la 
información electrónica avanzada, la gestión del riesgo, las inspecciones externas y las asociaciones 
comerciales.  Los acuerdos entre redes de admi nistraciones aduaneras y las asociaciones entre 
administraciones aduaneras y empresas fomentan estos principios.   
d) Otras cuestiones reglamentarias 
233. Existen otras cuestiones reglamentarias par ticularmente importantes para el sector del 
transporte marítimo, aunque su e xposición detallada va más allá de l alcance de la presente Nota.  
Entre ellas cabe citar las reglamentaciones en materia de medio ambiente, seguridad marítima y 
legislación social marítima.145   
234. Por lo que se refiere a la protección del medio ambiente, la OMI adoptó en julio de 2011 un 
nuevo paquete de medidas técnicas y operativas pa ra reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) causadas por el transporte ma rítimo internacional.  Estas medidas tienen por 
objetivo aumentar la eficiencia energética de las embarcaciones mediante mejores técnicas de 
propulsión y diseño, así como a través de práctic as operativas.  La OMI también ha debatido la 
introducción de instrumentos de mercado para reduc ir las emisiones, pero hasta el momento no ha 
habido ningún acuerdo sobre este tipo de instrumentos.146   
Q. SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA  
235. Los proveedores de servicios de transporte de carga por carretera no sólo compiten entre sí 
por el tráfico, sino también con los oper adores de otras formas de transporte.147  Esta competencia 
intermodal, particularmente en el transporte terrest re, ha influido considerablemente en el régimen 
reglamentario por el que se rige el sector del transp orte de carga.  En comparación con el transporte 
marítimo, la carretera y el ferrocarril transporta n actualmente cantidades relativamente pequeñas de 
carga en el comercio internacional, sobre todo entre distintos continentes.  Algo menos de una cuarta 
parte del comercio mundial (en términos de valor) tiene lugar entre países que comparten una frontera 
terrestre, donde se supone que predominan las moda lidades de superficie.  Como el transporte 
                                                                                                                                                                     
optativa para los comerciantes y es una obligación, lo qu e significa que la información de seguridad pertinente 
debe remitirse antes de la llegada de las mercancías a la UE.  Véase UNCTAD (2011b), op.cit ., página 122. 
144 El programa específico Iniciativa para la seguridad de los contenedores (" Container Security 
Initiative ") de los Estados Unidos;  cinco proyectos piloto estadounidenses ejecutados en el marco de la Ley de 
seguridad portuaria de 2006 en el Reino Unido; el Pakistán; Omán; Honduras; y Hong Kong, China;  y la Ley 
estadounidense llamada "100 per cent scanning", de julio de 2007, que debe entrar en vigor el 1º de julio 
de 2012. 
145 Sobre estas cuestiones, véase OMC (2010d), documento S/C/W/315, op.cit ., páginas 27 a 30. 
146 Véase Organización Marítima Intern acional (2011), "Main events in  IMO's work on limitation and 
reduction of greenhouse gas emissions from international shipping", en:  
http://www.imo.org/MediaCentre/r esources/Documents/Main%20ev ents%20IMO%20GHG%20work%20-
%20October%202011%20final_1.pdf (consultado el 5 de marzo de 2012).   
147 Véase asimismo OCDE (2010b) , "Globalisation, Transport and the Environment", París. S/WPDR/W/48 
Página 68  
 
  terrestre cuenta con una ventaja relativa en térm inos de costo por tiempo de tránsito frente al 
transporte por vía acuática o aérea, se prevé que este  factor dé lugar a un aumento de la demanda de 
desplazamientos internacionales por esta modalidad. 
1. Contexto reglamentario 
236. El transporte por carretera está muy reglamentado.  Las medidas reglamentarias abarcan 
numerosos ámbitos, que van desde el acceso a los merc ados hasta la seguridad, la seguridad vial, el 
régimen impositivo de los vehículos, de los combustibles y de las infraestructuras, la legislación social (horarios de conducción y de descanso, normas sal ariales y cobertura de la seguridad social), el 
tráfico por carretera (prohibiciones y restricciones), las normas ambientales y las normas técnicas (peso y dimensiones, sobre todo).  
237. Aunque la reglamentación del transporte por  carretera corresponde fundamentalmente a las 
autoridades nacionales, en los Estados de estructur a federal puede haber facu ltades de reglamentación 
descentralizadas.  En el ámbito internacional (s obre todo regional), la reglamentación tiende a 
centrarse en la armonización de las condiciones de funcionamiento, como el peso y las dimensiones, 
las normas ambientales, los horarios de conducción y descanso y la armonización fiscal. 
2. Cambios y cuestiones en materia de reglamentación 
238. Al examinar las cuestiones reglamentarias es útil establecer una distinción entre los 
reglamentos que se aplican en la frontera y que, por lo tanto, sólo afectan al tráfico internacional, y los 
que se aplican más allá de la frontera, que por consig uiente afectan al tráfico con independencia de su 
origen.  
a) Reglamentos en frontera  
239. Los operadores del sector consideran las cuestione s reglamentarias relacionadas con el cruce 
de fronteras como algunas de las más importantes.  Estas cuestiones giran en torno a dos ejes principales. 
240. En primer lugar, las iniciativas de armonización y facilitación destinadas a facilitar el cruce de 
fronteras.  El sector del transporte por carretera sigue con gran interés las negociaciones de la OMC 
sobre la facilitación del comercio, en particular en  lo que respecta a las cuestiones de tránsito.  Los 
convenios sobre armonización y facilitación de la  Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE), cuyo ámbito de aplicación supera  con mucho el del continente europeo, han 
desempeñado ya un papel esencial.  De los 57 convenio s, al menos 5 son de fundamental importancia.  
El recuadro 5 ofrece un resumen de ellos. 
 
Recuadro 5 :  Ejemplos de los principales conven ios de armonización y facilitación de la CEPE 
 
El Acuerdo europeo sobre las principale s arterias de tráfico internacional , de 15 de noviembre de 1975 
(37 partes contratantes en enero de  2012) establece un marco jurídico un iforme para la construcción y el 
desarrollo de una red internacional de carreteras coherent e en todos los países y territorios miembros de la 
CEPE, en particular por lo que respecta a las grandes arteri as (la denominada red de carreteras "E").  Define las 
grandes arterias y los parámetros de construcción que deben respetarse.  El acuerdo, que se actualiza 
periódicamente, ha sido objeto de una importante revisión, que supuso la integración de la red de carreteras de 
los países del Cáucaso y de Asia Central.  Ha servid o de modelo a varias iniciativas similares en Asia 
(emprendidas por la ASEAN y por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico) y en 
el Oriente Medio (Comisión Económica y Social de las N aciones Unidas para Asia Occi dental).  El Acuerdo fue 
refundido en 2006.  
 S/WPDR/W/48 
 Página 69 
 
 
  El Acuerdo europeo sobre el trabajo del personal de los vehículos que se dedican al transporte 
internacional por carretera  (AETR ), de 1º de julio de 1970 (51 partes contratantes en enero de 2012) 
establece condiciones de trabajo unifo rmes para los conductores de vehí culos empleados en el transporte 
internacional por carretera de acuerdo con las dispos iciones pertinentes establ ecidas por la Organización 
Internacional del Trabajo.  Estas disposiciones se refieren a los horarios de conducción y de descanso, a las 
normas de composición del personal así como a condiciones uniformes que se aplican a los conductores.  Este 
acuerdo se armoniza periódicamente con las directivas de la Unión Europea correspondientes.  La versión 
refundida del AETR actualmente en vigor data de 2006.  
El Convenio aduanero relativo al transporte intern acional de mercancías al ampa ro de los cuadernos TIR 
(Convenio TIR),  de 14 de noviembre de 1975 (68 partes contratantes en enero de 2012, de las cuales 15 se 
encuentran fuera de la zona abarcada por la CEPE), pe rmite el transporte internaci onal de mercancías pasando 
por todos los países de tránsito qu e sea necesario sin inspecciones aduane ras intermedias.  El sistema se 
completa con el uso de precintos y la introducción de la cadena internacional de garantías para garantizar el pago de los derechos e impuestos adeudados y evitar fraudes.  La expedición de los cuadernos TIR y la 
administración de la garantía son comp etencia de la Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU).  La 
aplicación del Convenio TIR se extiend e ya más allá de Europa hasta el Oriente Medio (el Líbano, Kuwait, los 
Emiratos Árabes Unidos, Siria, el Irán), África del Norte (Argelia, Ma rruecos, Túnez), África Occidental 
(Liberia), Asia (Indonesia, Mongolia, la República de Corea), América del Norte (los Estados Unidos) y 
América Latina (Chile, el Uruguay).    
El Acuerdo relativo a la adopción de prescripciones uniformes para las inspecciones técnicas periódicas 
de vehículos de ruedas y el reconocimi ento recíproco de esas inspecciones , de 13 de noviembre de 1997, 
define el marco jurídico y los procedimientos para la adopción de normas uniformes para proceder a las 
inspecciones técnicas y para el reconocimiento mutuo de los certificados expedidos tras esas inspecciones.  En 
enero de 2012 el Acuerdo contab a con 12 partes contratantes.  
 
El Convenio Internacional sobre la Armonización de los Controle s de Mercancías en las Fronteras , de 
21 de octubre de 1982 (56 partes contratantes en enero de 2012), tiene como finalidad reducir los trámites, así 
como el número y la duración de todos los tipos de controles (médico-sanitarios, veterinarios, fitosanitarios, 
etc.) relacionados con el cumplimiento de las normas técnicas o los controles de calidad.  Este Convenio se aplica a las mercancías importada s, exportadas o en tránsito.
 
 
241. Además de los convenios enumerados en el recuadro 4, muchas más organizaciones 
regionales especializadas y de carácter general han formulado también convenios  y otros instrumentos 
destinados a promover la armoni zación de las condiciones de co mpetencia en el transporte 
internacional por carretera y la facilitación del comercio en el sector.148  
242. En segundo lugar, existen problemas  derivados de la forma en que se aplican los reglamentos 
relativos al cruce de fronteras.  Según la IRU y el Banco Mundial, esos problemas son especialmente 
agudos en algunas zonas geográficas como África Occi dental o las fronteras orientales de la Unión 
Europea.149  Existe una cantidad considerable de información del Banco Mundial, de diversas 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unid as, de los bancos regionales de desarrollo y 
de la UNCTAD, por ejemplo, sobre los costos y lo s retrasos generados por esos problemas.  La IRU, 
por su parte, ha establecido el "observatori o de los plazos de espera en las fronteras".   
                                                      
148 Para una reseña de estas actividades, véase IRU (2004), "TRANSLex -IRU Handbook on Road 
Transport Facilitation, Legislation and Practices", página s 12 a 20 para Europa, 21 a 38 para África, 40 a 70 
para Asia y el Pacífico, 71 a 81 para Oriente Medio y 82 a 102 para América Latina.  Este documento contiene 
asimismo las direcciones de Internet en qu e se puede obtener in formación actualizada. 
149 Véase, por ejemplo, OIT (2006), "Cuestiones laborales y sociales surgidas de los problemas de 
movilidad transfronteriza de los conductores internacionales  en el sector del transporte por carretera - Informe 
para el debate de la Reunión tripartita sobre las cuestio nes laborales y sociales surgidas de los problemas de 
movilidad transfronteriza de los conductores internacionales en el sector del transporte por carretera", Ginebra;  
Arvis, J.F., G. Raballand y J.F. Marteau (2007), "The co st of being landlocked:  logistics costs and supply chain 
reliability", World Bank Policy Research Working Paper , Nº 4258.  S/WPDR/W/48 
Página 70  
 
  243. Estas dificultades están relacionadas por lo general con problemas referentes a las 
infraestructuras, los recursos humanos o la gobernanza más que con las propias medidas reglamentarias.  Se están realiza ndo esfuerzos para mitigar o acabar con estos problemas en el marco 
de numerosos proyectos bilaterales y multilaterale s de asistencia técnica, que a menudo incluyen 
reformas reglamentarias.  Entre las iniciativas recien tes cabe citar el Puesto  fronterizo de ventanilla 
única de Chirundu  (OSBP) entre Zambia y Zimbabwe .  El OSBP comenzó a funcionar en diciembre 
de 2009 en el marco del Programa Piloto de Ayuda para el Comercio del Corredor Norte-Sur, una 
iniciativa del COMESA, la Comunidad del África Or iental (CAO) y la SADC para resolver los 
problemas de uno de los pasos fronterizos más activos  de la región, en que los transportistas sufrían 
importantes retrasos.  Gracias al establecimiento del OSBP, los transportistas de carga se detienen una 
sola vez para realizar los trámites aduaneros de lo s dos países, y los plazos de espera se han reducido 
de aproximadamente cuatro o cinco días a un máximo de dos días y, a menudo, a sólo unas horas.
150 
b) Reglamentos más allá de la frontera  
244. Muchos reglamentos que rigen el tráfico interno se aplican también a los camiones 
extranjeros "visitantes" mediante el principio de te rritorialidad.  Los vehículos matriculados en el 
extranjero están sujetos a toda la legislación de l país anfitrión en lo que respecta a pesos y 
dimensiones, normas de circulación, pago de peajes, etc.  Las principales excepciones a este principio 
son la tributación de la empresa de transportes (e n ausencia de un acuerdo sobre doble tributación), el 
régimen impositivo del vehículo referente a su ma triculación y el sueldo y las contribuciones de 
seguridad social del conductor, que sigu en siendo las del país de origen.  
245. Los regímenes nacionales suelen tener un contenido bastante parecido, al menos entre países 
con el mismo nivel de desarrollo, con algunas excepciones.  Los convenios internacionales y 
regionales tratan a menudo de establecer el mínimo  común denominador de los regímenes nacionales 
en su ámbito de aplicación.  Dichos convenios  pueden haber sido elaborados por organizaciones 
internacionales con un ámbito geográfico muy amplio  (normalmente, los convenios de la CEPE antes 
mencionados) o por organizaciones regionales con manda tos específicos o generales (por ejemplo, la 
ASEAN).  
246. La descripción general del régimen reglamentario de los transportes por carretera va más allá 
del alcance del presente documento.  Además, serí a una labor imposible por la falta de datos 
pertinentes, en particular en materia fiscal y de política social.151  En consecuencia, sólo se 
examinarán las normas ambientales y la reglamen tación relativa a los pesos y las dimensiones. 
c) Reglamentos ambientales 
247. A diferencia del transporte marítimo y aéreo, en el sector del transporte de carga por carretera 
no hay una norma universal en materia de emisiones.   La multiplicidad de normas se explica no sólo 
por la naturaleza regional, o como mucho continenta l, del transporte de carga por carretera, sino 
también por las características físicas y fiscales de los mercados.  Así, en los Estados Unidos se prefieren vehículos con motores de gran potencia y un elevado par de rotación, que tienen por tanto 
un perfil particular de emisión, mientras que en Europa la gama de vehículos disponibles es más 
variada en lo que respecta a la potencia del motor.  Los vehículos producidos y utilizados en los países 
emergentes suelen estar prepar ados para unas condiciones viarias más difíciles, que exigen 
                                                      
150 Véase Banco Mundial (2012), "De-Fragmenting Afri ca:  Deepening Regional Trade Integration in 
Goods and Services", Washington. 
151 El Centro de Información de la IRU (http://www.iru .org/index/en_services_infocentre) recopila gran 
cantidad de información sobre la reglam entación del transporte por carretera;   pero está concebido como un 
instrumento para facilitar información operacional concreta  a los profesionales y, como reconocen sus propios 
autores, la información dista mucho de ser exhaustiva, sobre todo en lo que respecta a la zona geográfica que 
abarca. S/WPDR/W/48 
 Página 71 
 
 
  características mecánicas que pue den generar proporcionalmente más emisiones.  No obstante, en 
último término hay muy pocas normas concurrentes sobre emisiones:  tres en total, de las que dos se aceptan a menudo simultáneamente.   
248. Según datos del Grupo Intergubernam ental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el 
sector de los transportes representa en conjunto (con  inclusión del transporte de pasajeros por vía 
marítima y aérea, por autobús o automóvil particular y el transporte de carga) el 23 por ciento de las 
emisiones de CO
2.152  El transporte de carga por carretera representa el 25 por ciento del consumo de 
energía del sector de los transportes (16 por ciento, camiones pesados;  9 por ciento, camiones de tamaño mediano), cifra que es directamente pr oporcional a la emisión de dióxido de carbono.
153 
249. El volumen de dióxido de carbono emitido por el sector está claramente destinado a aumentar 
en los próximos decenios.  No obstante, no se ha ll egado a ningún consenso en las previsiones.  La 
demanda de transporte por carretera es históricamente casi paralela al crecimiento del PIB, pero se prevé que su intensidad energética (consumo de en ergía por tonelada-km) disminuya en una tercera 
parte hasta el año 2030 gracias a los progresos t ecnológicos (el concepto de "desacoplamiento 
ambiental").  No obstante, es probable que esos pr ogresos no basten para estabilizar el volumen total 
de las emisiones en su nivel actual, sino que contribuyan únicamente a frenar su crecimiento.  
250. Los transportistas por carretera suelen apoyar la reglamentación de las normas de emisión de 
CO
2 ya que la reducción de esas emisiones implica ipso facto  una reducción del consumo de 
combustible, que constituye uno de sus principales gastos.154  Las innovaciones tecnológicas, la 
formación de los conductores para que conduzcan de  forma económica y los conceptos logísticos 
innovadores, como los sistemas de transporte in teligentes y dimensiones y pesos "optimizados" (es 
decir, incrementados), contribuirían asimismo a reducir  las emisiones.  La propuesta de aumentar los 
pesos y dimensiones ha tropezado con la oposició n de las organizaciones ecologistas debido a los 
mayores daños que los camiones más pesados cau sarían en las redes de carreteras y en las 
infraestructuras en general.  
251. Las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera (concepto que 
comprende a la vez las emisiones contaminantes y las de dióxido de carbono) se incluyen en las metas 
de reducción del Convenio de Kyoto.   Sin embargo, hasta ahora el sector no está sujeto a programas 
de comercio de derechos de emisi ón.  No obstante, al menos en el Hemisferio Norte, han proliferado 
los impuestos ambientales que gravan la circulaci ón de vehículos pesados, con inclusión de los que 
tratan de reducir la congestión y el deterioro de las redes viarias y de las infraestructuras en general.   
d) Reglamentación de los pesos y dimensiones 
252. Las normas que rigen los pesos y las dimension es suelen mostrar considerables diferencias, 
incluso entre países vecinos y de niveles de desa rrollo comparables.  Esas diferencias pueden tener 
consecuencias negativas importantes en el acceso efectivo a los mercados hasta el punto, en algunos 
casos, de eliminar o limitar seriamente la competencia de los países vecinos.  Los estudios del Banco Mundial sobre los corredores de carga c ontienen varios ejemplos pertinentes.
155  Los consiguientes 
efectos (de protección) son quizá una de las razones por las que los representantes del sector, al menos 
en el plano nacional, no parecen exigir la armonización. 
                                                      
152 IPCC (2007), Working Group III Fourth Assessm ent Report "Mitigation of Climate Change", 
B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds.) Cambridge University Press, Cambridge, 
Reino Unido, y Nueva York, NY, Estados Unidos;  véase también Foro Internacional de Transporte, 2008, "Forum highlights, transport and energy , the challenge of climate change". 
153 No obstante, los profesionales del transporte por carretera rebaten estas cifras.  
154 Las últimas normas sobre emisiones tóxicas se tradujeron, por el contrario, en un ligero aumento del 
consumo de combustible por tonelada-km. 
155 Arvis, J.F., G. Raballand y J.F. Jean-Francois (2007), op.cit .  S/WPDR/W/48 
Página 72  
 
  253. El debate sobre los pesos y dimensiones parece  haberse desplazado, al menos en los países 
desarrollados, hacia el frente interno.  En él se opone n, por una parte, los proveedores y usuarios del 
transporte por carretera, que son partidarios de conjuntos más la rgos y pesados, más eficientes 
económicamente y en proporción menos contaminant es por emisiones de gases de efecto invernadero, 
y, por la otra, los ecologistas, que se preocupan por la congestión de las carreteras y las consecuencias 
en las infraestructuras (construcción y mantenimiento).  
R. SERVICIOS DE LOGÍSTICA  
254. El surgimiento de cadenas mundiales de abastec imiento, el crecimiento del comercio mundial 
de bienes y servicios y la aplicación de nuevas tec nologías han permitido que los servicios de logística 
florezcan como rama de producción.  Además, existe  una tendencia creciente entre los fabricantes y 
proveedores de bienes y servicios a subcontratar con especialistas las actividades relacionadas con la 
logística, lo que les permite centrarse en su actividad empresarial principal y, al mismo tiempo, asegurar una gestión eficiente de las cadenas de suministro.   
1. Contexto reglamentario 
255. Impulsadas por la demanda cada vez más sofisticad a de los clientes y por la competencia en 
el mercado, un número cada vez mayor de empre sas que antes se ocupaban de uno o dos elementos de 
la cadena logística se han transf ormado en operadores integrados.  Est as empresas suelen participar en 
actividades de servicios a lo largo de toda la cadena logística, desde la preproducción hasta el 
consumo final, incluidos, entre otros, el asesoramiento sobre cadenas de suministro, el almacenamiento y la distribución, los servicios de transitarios aéreos y ma rítimos, el despacho de 
aduanas, la gestión del trans porte, la manipulación de cargas, la entrega a domicilio, etc.   
256. En la actualidad, todos los transitarios tradici onales y las empresas de transporte internacional 
se presentan como operadores logísticos capaces de prestar servicios adaptados a las necesidades de sus clientes.  Las ventajas organizativas y económic as que derivan de la integración y el control de 
toda la cadena logística han sido ampliamente rec onocidas.  La disponibilidad de unos servicios de 
logística eficaces es crucial para la competitividad  global, ya que facilita la participación en las 
cadenas mundiales de suministro y en la globalizaci ón económica.  La eficiencia del sector depende 
del acceso a una infraestructura logística de calidad y fiable, así como de un entorno reglamentario 
que facilite la competencia y el tráfico fluido de los bienes y servicios a lo largo de la cadena logística.   
2. Cambios y cuestiones en materia de reglamentación 
257. Las cuestiones reglamentarias que pueden tener consecuencias importantes para los servicios 
de logística están relacionadas a menudo con el acceso  a la infraestructura logística, las prescripciones 
y procedimientos en materia de licencias, la política de competencia, las normas técnicas, los 
procedimientos aduaneros y de inspección, etc.  En  la medida en que el transporte es un componente 
de la cadena logística, las cuestiones reglamentarias  relacionadas con el transporte de carga a través 
de diversos medios (transporte aér eo, marítimo, ferroviario y por carretera) influyen en los servicios 
de logística.
156  En la presente Nota ya se han examinado varios de esos sectores.  En consecuencia, 
                                                      
156 Por ejemplo, reglamentos sobre la asignación de turnos de despegue y at errizaje de las compañías 
aéreas, restricciones medioambientales sobre el hor ario de funcionamiento de las compañías aéreas, 
reglamentaciones sobre el cabotaje en el transporte aéreo  y marítimo, reglamentos sobre el tamaño de la flota y 
los horarios de funcionamiento del transporte por carretera, etc. S/WPDR/W/48 
 Página 73 
 
 
  las observaciones que siguen se referirán a las cuestiones reglamentarias que son más importantes 
para la logística contractual, es decir, los servicios de logística a terceros.157  
a) Acceso a la infraestructura logística 
258. El acceso fácil a una infraestructura logística de calidad y fiable (por ejemplo, a puertos, 
terminales ferroviarias, carretera s, redes informáticas, etc.) c ontribuye a un mejor desempeño y 
competitividad de los proveedores de servicios de logística.  Este acceso no significa simplemente 
disponer de la infraestructura física, sino también la  posibilidad de acceder a ella en condiciones no 
discriminatorias y razonables.  Además, en la medi da en que los servicios de logística utilizan a 
menudo el transporte multimodal, un acceso fácil a la  infraestructura requiere también asegurar la 
conectividad entre los diferentes modos de transporte .  En la actualidad, los servicios de logística no 
pueden funcionar sin el apoyo de tecnologías informáticas avanzadas en  cada una de las fases, desde 
la planificación, la gestión de existencias y el rast reo y seguimiento, hasta el transporte y la entrega 
puntual.  Por lo tanto, también es importante asegur ar que los operadores logísticos tengan acceso a 
las redes informáticas existentes y puedan introducir  nuevos sistemas.  Las restricciones al acceso a 
las infraestructuras afectan a la eficiencia de los servicios de logística y pueden provocar retrasos, una 
mala calidad de los servicios o incluso la interrupc ión de la cadena logística.  Por ejemplo, algunos 
países obligan a los proveedores de servicios de l ogística a utilizar empresas designadas para la 
manipulación de la carga en aeropuertos y puertos y les prohíben ocuparse ellos mismos de su carga;  
el acceso a las instalaciones de almacenamiento en aeropuertos y puertos está limitado o se condiciona 
a la inversión financiera en infraestructuras.   
b) Competencia 
259. El acceso a la infraestructura logística plan tea a menudo preocupaciones relacionadas con la 
competencia.  En muchos países, los propietarios de la infraestructura logística (por ejemplo, ferrocarriles, puertos, etc.) han emprendido directa o indirectamente servicios de logística con el fin 
de diversificar o ampliar su actividad empresari al.  Esto puede provocar distorsiones de la 
competencia que no es fácil resolver.  Por ejemplo, con una separación meramente contable entre las 
actividades relacionadas con la infraestructura ferroviaria y los servicios ferroviarios es difícil 
garantizar la ausencia de discriminación entre el propietario de la red y los competidores en la 
asignación y la fijación de precios para el acceso a la red viaria y la prestación de los servicios accesorios.
158  La separación completa sería una forma de  asegurar la neutralidad y evitar que la 
financiación pública de las infraestructuras se emplee para apoyar indirectamente otras actividades.159  
                                                      
157 OMC (2010e), "Servicios de l ogística", Nota de antecedentes de la Secretaría, documento 
S/C/W/317, de 10 de junio de 2010.  La Nota examinaba los tres principales subsectores de la cadena logística:  el del almacenamiento, el del tránsito y el de la logís tica contractual, e indicaba que no siempre es fácil separar 
los servicios prestados.  La  actual clasificación del AGCS no contiene una categoría diferenciada.  Durante las 
negociaciones del PDD, un grupo de Miembros propuso una lista a efectos de la consignación en listas de compromisos específicos sustanciales y significativos en sectores (TN/S/W/20).  Aunque se considera que todos 
los servicios incluidos en la lista pertenecen de una forma u otra a la cadena logí stica, se clasifican en 
tres categorías:  1) servicios básicos de logística de carga, 2) servicios de logística de carga conexos y 3) servicios de logística de carga no básicos.  En la definición que la Comisión de Comercio Internacional de los 
Estados Unidos (USITC) hizo en su encuesta de 2005 s obre los servicios de logística, el asesoramiento sobre 
cadenas de suministro y los servicios de gestión del transporte son los principales servicios ofrecidos por la 
mayoría de los proveedores de servicios de logística.  Los servicios de asesoramiento sobre cadenas de 
suministro ofrecen estrategias globales  de diseño de redes y de distribución, mientras que los servicios de 
gestión del transporte incluyen el almacenamiento, la ma nipulación de la carga, los servicios de agencias de 
transporte y el despacho de aduana. 
158 OCDE y Foro de Transporte Internacional (2010 ), "Integration and Competition Between Transport 
and Logistics Businesses" página 23. 
159 Ibid.  S/WPDR/W/48 
Página 74  
 
  En algunos países en que los operadores postales ya  establecidos han ampliado su actividad a los 
servicios de logística también se han planteado cu estiones relacionadas con la competencia, debido a 
la posible existencia de subvenciones cruzadas por parte de esos operadores a través de sus empresas 
en los servicios reservados.  El hecho de que la integración se haya convertido en una forma de 
incrementar la competitividad (por ejemplo, una empresa de transporte marítimo integra en sus 
actividades las funciones de consignatario, empresa  de manipulación de cargas, agente expedidor y 
proveedor de servicios de transporte terrestre) pue de traducirse en un abuso del poder de mercado.  
Una concentración excesiva en los mercados podría  perjudicar a los competidores pequeños o a los 
nuevos participantes en el mercado.  Por ejemplo, cuando los servicios ferroviarios y portuarios están 
en manos de un mismo propietario, el operador por tuario tiene un incentivo claro para favorecer el 
acceso ferroviario frente al transporte por carretera.   
c) Prescripciones en materia de licencias 
260. En la medida en que los servicios de logística se suministran cada vez más de forma 
integrada, los operadores pueden tener que obtener va rias licencias de muchos organismos diferentes 
responsables de distintos segmentos de la cadena l ogística (por ejemplo, organismos encargados de 
las aduanas, la inspección, los puertos, los aeropuertos , los ferrocarriles, las carreteras, los servicios 
postales, etc.).  Casi todos los países exigen una li cencia para la prestación de servicios de transporte.  
Muchos países exigen también licencias diferentes  para los servicios de almacenamiento, de 
transitarios, entrega urgente, transporte marítimo, etc.  En algunos casos, las administraciones provinciales o locales mantienen requisitos y procedimie ntos contradictorios en materia de licencias.  
La necesidad de múltiples licencias eleva el costo de  transacción, en particular en el caso de los 
operadores integrados, que tienen que optar entre solic itar todas las licencias, un proceso que lleva un 
tiempo considerable, o subcontratar a proveedores n acionales.  Dado que los servicios de logística 
están cada vez más adaptados a las necesidades de  los clientes, los operadores integrados a menudo 
deben prestar directamente una amplia gama de servi cios o controlar toda la cadena logística a fin de 
asegurar una elevada calidad de los servicios.  En caso de subcontratar, es pos ible que los proveedores 
nacionales carezcan de los conocimientos especializ ados necesarios para entregar las mercancías "en 
el lugar apropiado, el momento apropiado, al precio apropiado y con la calidad apropiada".  Las prescripciones gravosas en materia de licencias suelen acompañarse de una falta de transparencia.  A 
este respecto se ha propuesto que se permita a los pr oveedores de servicios prestar conjuntamente los 
que integran toda la cadena logística, desde los de carga y descarga, almacenamiento y de transitarios 
hasta el transporte, la distribución y la entrega.
160 
d) Procedimientos en frontera 
261. Según una encuesta llevada a cabo en 2005 por la  Comisión de Comercio Internacional de los 
Estados Unidos (USITC) sobre los servicios de logí stica, los procedimientos  de despacho de aduana, 
incluidos los aduaneros y de inspección, representan el mayor obstáculo al suministro de servicios 
globales de logística.  En una encuesta llevada a cabo por el Banco Mundial, la eficiencia en el 
procedimiento de despacho de a duana es uno de los seis indica dores utilizados para evaluar el 
desempeño logístico de una economía.161  Dado que el principal objetivo de los servicios de logística 
es trasladar mercancías de forma rápida, segura y ba rata, los procedimientos fronterizos engorrosos y 
que requieren mucho tiempo perjudican considerableme nte la eficiencia del sector.  Algunos de los 
factores que dificultan una entrega puntual por parte de los proveedores de servicios de logística son 
la excesiva documentación que acompaña el despacho de aduanas, los horarios de funcionamiento 
                                                      
160 OMC (2004), "Comunicación de Australia; Hong Kong, China; Liechtenst ein; Mauricio; Nueva 
Zelandia; Nicaragua; Suiza; y el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu  - Servicios 
de logística ", documento TN/S/W/20, de 25 de junio de 2004. 
161 Banco Mundial (2010), "Connecting to Compete 2010 - Trade Logistics in the Global Economy:  
The Logistics Performance Index and Its Indicators", Washington. S/WPDR/W/48 
 Página 75 
 
 
  limitados de los servicios aduaneros, el trato pr eferente dispensado a los transportistas nacionales y 
los retrasos en las inspecciones por motivos de segur idad.  Además, en ciertos países la aplicación de 
las leyes y reglamentos aduaneros varía a veces de un puesto aduanero a otro.162  Esto aumenta la 
incertidumbre y la imprevisibilidad de la ac tividad empresarial y puede imponer costos 
extraordinarios a los proveedores de servicios de lo gística.  En las negociaciones del PDD y en las 
negociaciones para la conclusión de acuerdos comerciales preferenciales se ha propuesto elaborar 
disciplinas reglamentarias que abarquen proced imientos y trámites como los requisitos de 
documentación, el despacho de aduanas, la inspección aduanera y la tramitación electrónica.  Una propuesta concreta es que los Miembros acepten doc umentos de administración del comercio en 
formato electrónico.
163  En algunos acuerdos comerciales pr eferenciales, las partes han asumido 
compromisos en materia de reglamentación para fac ilitar el despacho de aduanas y los procedimientos 
de inspección. 
III. MODOS DE SUMINISTRO 
A. SUMINISTRO TRANSFRONTERIZO (MODOS 1 Y 2) 
1. Contexto reglamentario 
262. Gracias a los avances en las tecnologías de la  información y las comunicaciones, en la 
actualidad casi todos los servicios se prestan al comercio transfronter izo.  Sin embargo, el reciente 
aumento de las posibilidades del comercio transfront erizo ha afectado sobre todo a ciertos sectores, 
como los servicios informáticos y servicios conexos, algunos servicios de apoyo a las empresas y muchos servicios auxiliares que se suministran a otros sectores.  Esta tendencia se denomina a 
menudo "deslocalización".  Por lo tanto, estos servicios y un número creciente de otros que se 
consideran posibilitados por los progresos informátic os están sujetos, en principio, a cualquier 
reglamentación aplicable a esos sectores.  Algunos factores fundamentales que promueven el 
comercio transfronterizo, en particular de servicios  auxiliares, son no sólo los menores costos de la 
mano de obra, tanto respecto de los trabajadores como del personal directivo, sino también una 
combinación de factores relacionados con el nivel de calificación y formación, el costo y la calidad de 
la infraestructura (por ejemplo, de telecomunicaciones, Internet o electricidad), y el conocimiento de 
idiomas.  El grado de contratación externa en mate ria de informática y la dependencia del comercio 
transfronterizo respecto de ella hacen que adquieran especial importancia las cuestiones 
reglamentarias mencionadas en las secciones de la presente Nota referentes a los servicios de informática y servicios conexos y a las telecomunicaciones.  No obstante, existen ciertos aspectos particulares de la reglamentación que derivan de  que los proveedores de servicios no tienen ni 
necesitan tener presencia comercial en el territorio al que exportan.  En consecu encia, la aplicación de 
medidas reglamentarias al comercio tran sfronterizo plantea diversas cuestiones. 
2. Cambios y cuestiones en materia de reglamentación 
263. La primera de ellas es la capacidad del país im portador de aplicar a un proveedor de servicios 
que se halla fuera de su jurisdicción ciertas reglamentaciones, como normas técnicas o de calidad, 
requisitos de certificación o normas relacionadas con la protección de los consumidores.  Se plantea 
también la cuestión de si algunos aspectos de la reglamentación afectan de forma diferente a los 
servicios objeto de suministro transfronterizo, en  línea, frente a los suministrados por proveedores que 
se hallan presentes en el territorio del Miembro (modos 3 y 4).  En el caso de los servicios cuya prestación está supeditada a la obtención de una lic encia, ¿es posible que el suministro electrónico 
requiera enfoques nuevos o diferentes de los regímenes de licencias?  ¿Cómo se aplican las 
                                                      
162 USITC (2005), "Logistics Services:  An Overview of the Global Market and Potential Effects of 
Removing Trade Impediments", Investigación Nº  332-4623, publicación 3770 de la USITC. 
163 Documento de la OMC TN/S/W/20, op.cit . S/WPDR/W/48 
Página 76  
 
  prescripciones en materia de títulos de aptitud o l as prescripciones técnicas a los proveedores que no 
se hallan en el territorio del país importador?  En ocasiones, esta preocupación puede explicar en parte 
por qué algunos gobiernos siguen exigiendo la presencia co mercial para el suministro transfronterizo.  
En algunos casos, además, la presencia del proveedor  en el territorio del Miembro que otorga la 
autorización es uno de los presupuestos del régimen de licencias. 
264. La experiencia de los gobiernos en mate ria de reglamentación de las transacciones 
transfronterizas es relativamente limitada, aunque algunos sectores, como el de los servicios financieros, tienen en este sentido un historial signifi cativo.  En el sector financiero, la colaboración 
entre organismos de reglamentación ha sido fr ecuente, y algunos otros sectores están estudiando 
formas de realizarla.  Sin embargo, dado que esa co laboración no siempre existe, o aunque exista es 
poco práctica, es corriente que las reglamentaci ones u otras formas de control consideradas 
prioritarias se apliquen a través de medidas destinad as a asegurar el derec ho o la posibilidad de los 
consumidores de adquirir ciertos servicios en el extranjero. 
265. En muchos casos, los regímenes reglamenta rios nacionales no han evolucionado al mismo 
ritmo que las tecnologías, que están simplificando el suministro transfronterizo de numerosos 
servicios.  Las llamadas leyes sobre el comerc io electrónico a menudo sólo abordan cuestiones 
específicas, como la firma electrónica y la admi sibilidad de los documentos electrónicos en los 
procedimientos judiciales.  La dificultad de segui r el ritmo de los acontecimientos se da en muchos 
tipos de reglamentación, no sólo en las posibles rest ricciones al comercio.  Para afrontar de manera 
efectiva el suministro transfronterizo, lo s gobiernos pueden estimar necesario que sus 
reglamentaciones tengan cierto alcance más allá de sus fronteras nacionales, para intensificar la 
coordinación con las autoridades nacionales del país de  los proveedores.  Otro criterio es el de confiar 
en que los proveedores de servicios de fuera de fronter as acaten la legislación del país de sus clientes;  
pero en este caso importa establecer sanciones efic aces y medios para su aplicación a fin de asegurar 
que tal cosa ocurra. 
266. Como ocurre con los servicios de informáti ca en general, otras esferas de la actividad 
reglamentaria pública importantes para el suministro  transfronterizo son la política de investigación y 
desarrollo, las normas que rigen la privacidad y segur idad de la información, la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y el régime n de contratación pública.  Los servicios de 
investigación y desarrollo no sólo pueden prestarse cada vez más a tr avés de las fronteras, sino que 
también sustentan muchas de las tecnologías y aplicaciones empleadas para realizar suministros transfronterizos.  Dado que gran parte de esos suministros suponen transferencia de información y 
servicios auxiliares prestados a las empresas, servicios  financieros auxiliares, servicios en materia de 
personal y servicios de salud que son objeto de contratación externa, esa información puede ser 
delicada y confidencial.  En consecuencia, lo s reglamentos que protegen la privacidad y 
confidencialidad de la información también son im portantes para el comercio transfronterizo.   
267. En vista de las consideraciones anteriores, lo s Miembros tal vez deseen examinar algunas de 
las siguientes cuestiones específicas: 
a) Las consideraciones planteadas en relaci ón con los servicios de informática y 
telecomunicaciones a menudo pueden influir en el suministro transfronterizo de 
servicios en general.  Sin embargo, pueden plantearse otras cuestiones propias 
exclusivamente del suministro transfronter izo de servicios que guardan relación con 
la reglamentación nacional (por ejemplo, la cuestión de la jurisdicción y la aplicación 
extraterritorial de los reglamentos).  Algunas de estas preocupaciones ya se han 
planteado antes en relación con el programa de trabajo sobre el comercio electrónico.  ¿Se debería seguir estudiando estas preocupaciones, ya sea en ese ámbito o en los órganos ordinarios del AGCS?  S/WPDR/W/48 
 Página 77 
 
 
  b) Además, aun en el caso de los países que  no imponen requisitos relativos a la 
presencia comercial, las prescripciones en materia de licencias y certificación pueden implicar o imponer involuntariamente cierto grado de presencia comercial para que puedan suministrarse servicios.  En los casos en que se exige alguna forma de 
autorización, ciertos organismos han establecido en relación con determinados 
servicios procedimientos de solicitud en línea para facilitar la participación en el 
mercado de los proveedores no residentes.  ¿Podría ser útil estudiar este y otros 
posibles mecanismos reglamentarios que fac ilitarían el suministro transfronterizo? 
c) Otro posible problema al que puede enfrentarse el suministro transfronterizo es la 
ausencia de mecanismos para  facilitar la cooperación de los organismos de 
reglamentación de distintos países.  En  la actualidad sólo están reconocidos 
formalmente en el Anexo sobre Servicios Fi nancieros los esfuerzos  conjuntos de las 
autoridades encargadas de la supervisión financiera.  ¿Existen formas mejores 
mediante las que los órganos del AGCS  podrían intervenir para promover esta 
cooperación entre los organismos de re glamentación, por ejemplo a través del 
intercambio de información, consultas, notificaciones u otros medios? 
B. P
RESENCIA COMERCIAL (MODO 3) 
268. En esta sección se expondrán algunas de las cu estiones reglamentari as que afectan al 
comercio mediante el establecimiento de una prese ncia comercial en los términos definidos en el 
apartado c) del párrafo 2 del artículo I del AGCS (modo 3).  Se hará referencia a los elementos 
aplicables a nivel horizontal, es decir, a todo o la mayor parte del comercio en el modo 3, dejando el 
examen de las cuestiones relacionadas con sectores específicos para las secciones sectoriales 
correspondientes.   
1. Contexto reglamentario 
269. En el caso de muchos servicios, el comercio  internacional se lleva a cabo principalmente 
mediante el establecimiento de una presencia comerc ial en un país o territorio.  Se estima que el 
modo 3 de suministro representa aproximadamente un 55-60 por ciento de todo el comercio de 
servicios comprendidos en el AGCS.  Por su parte, la inversión extranjera directa (IED) en servicios representa cerca de dos tercios de las entradas de  IED en el mundo y aproximadamente el 55 por 
ciento de las entradas de IED en los países en desarrollo.
164  El establecimiento de una presencia en el 
país receptor, que permite una in teracción directa con los clientes (así como con las autoridades 
nacionales encargadas de la supervisión y la regl amentación) es a menudo la forma preferida de llevar 
a cabo actividades empresariales, incluso cuando el su ministro transfronterizo es técnicamente viable.  
Facilita la adaptación a las preferencias de los consumidores, que dependen de factores como la 
cultura y el idioma pero también, en buena medida , del entorno reglamentario.  Algunos ejemplos son 
las desgravaciones fiscales, la tran sferibilidad de los seguros de salud, las becas y subsidios en el 
ámbito de la enseñanza y la fijación de tarifas en relación con servicios públicos como los de agua o 
electricidad.  
270. En muchos casos, las prescripciones reglamenta rias obligan a los proveedores de servicios a 
establecer una presencia comercial y constituirse como  un tipo particular de entidad jurídica.  Por 
ejemplo, cuando las autoridades del país anfitrión ex igen el establecimiento de una filial plenamente 
capitalizada y constituida en el país a menudo lo que quieren es asegurar que la entidad bajo control 
extranjero esté sometida a su ámbito y el al cance efectivo de sus reglamentaciones y de su 
supervisión.  En la sección anterior, referente al  suministro transfronterizo, se examinaron algunas de 
                                                      
164 UNCTAD (2006), "Measuring Restrictions on FDI in Services in Developing Countries and 
Transition Economies", Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, página 1. S/WPDR/W/48 
Página 78  
 
  las razones que llevan a insistir en la presencia co mercial, en particular en aquellos sectores que se 
consideran sensibles, como las infraestructuras, los servicios financieros y ciertos servicios sociales y 
culturales. 
271. En la sección 1 de la presente Nota ya se examinaron las principales razones de la 
reglamentación.  En concreto, otros objetivos de  política pública o motivos primordiales de interés 
público para reglamentar el modo 3 pueden ser los siguientes:  cons ideraciones de seguridad nacional 
(por ejemplo, mecanismos nacionales de control de las inversiones extranjeras para evaluar los efectos de éstas sobre las infraestructuras o tecnologías esenciales)
165;  consideraciones de salud pública;  
seguridad;  protección de los consumidores contra el  fraude o la violación de la privacidad, o para 
asegurar la calidad del servicio (reglamentación de muchos servicios profesionales mediante 
prescripciones en materia de títulos de aptitud y licencias);  protección de los depositantes y los 
inversores (normas cautelares en el sector financie ro);  desarrollo u otras preocupaciones económicas;  
acceso fiable y asequible (por ejemplo, los sector es de la salud, la educación y la energía);  y 
protección de la integridad de los datos y la segur idad en línea (comercio electrónico, sector de la 
información y las comunicaciones). 
2. Cambios y cuestiones en materia de reglamentación 
272. En muchos países, desarrollados, en desarrollo y menos adelantados, ha habido una tendencia 
creciente a la introducción de la competencia en las actividades de servicios.  Los países han adoptado 
medidas encaminadas a eliminar monopolios públicos y abrir a la competencia privada (con inclusión 
de la extranjera) importantes servicios de infraestru cturas, tales como los servicios financieros, de 
telecomunicaciones, de energía, ferroviarios y de otros modos de transporte.  Todos estos ejemplos 
muestran la estrecha interrelación existente entre el modo 3 y la inversión, la reforma de la 
reglamentación nacional166, la competencia y la política comercial.  En esta sección se expondrán 
brevemente tres cuestiones reglamentarias que afectan  al modo 3, relacionadas con la transparencia, 
las prescripciones y procedimientos en materia de licencias y títulos de aptitud, y la cooperación en 
materia reglamentaria. 
a) Transparencia  
273. Los proveedores extranjeros de servicios tienen con frecuencia dificultades considerables para 
obtener información precisa sobre las normas n acionales aplicables y su interpretación, las 
autoridades competentes a nivel nacional y de las entidades territoriales, y los procedimientos que 
deben seguirse para establecer una presencia comerc ial en el territorio de otro Miembro.  La 
acumulación de trámites y procedimientos, junto co n la falta de información (sobre los permisos 
necesarios, los requisitos en materia de títulos de aptitud y otras condiciones, la legislación laboral, 
los reglamentos técnicos relativos al equipo y materi al que debe emplear el proveedor de un servicio, 
etc.) pueden desalentar a los proveedor es de servicios de otros Miembros. 
b) Complejidad de las prescripciones en materia de licencias (con inclusión de las autorizaciones 
y declaraciones previas) y de títulos de aptitud 
274. La complejidad de la reglamentación de los servi cios, unida al hecho de  que la calidad de un 
servicio depende directamente de las características y la capacidad de quien lo suministra, genera una 
serie de prescripciones en materia de licenci as, autorizaciones y títulos de aptitud que no se 
                                                      
165 Véase por ejemplo Clark, H.L. y Wang, L.W. (2008), "Foreign Investment and National Security - 
New Approaches to National Security Screening of Fore ign Investments in the United States and China could 
subject Deals to Closer Scrutiny", China Business Review , enero y febrero 2008, páginas 51 y ss. 
166 La reforma de la reglamentación nacional puede in cluir, entre otros aspectos, la separación de las 
competencias reglamentarias, el aumento de la responsa bilidad y la eficacia, la mejora de la competencia y 
disposiciones sobre el acceso de terceros. S/WPDR/W/48 
 Página 79 
 
 
  encuentran en los reglamentos que rigen el come rcio de bienes.  Además de las restricciones 
cuantitativas y territoriales, así como de los requisi tos en materia de nacionalidad y residencia que 
imponen algunos Miembros a las actividades de servici os (que guardan relación con los artículos XVI 
y XVII del AGCS y, por lo tanto, no forman parte del alcance de esta Nota), el acceso a numerosas 
actividades de prestación de servicios está sujeto  a procedimientos de licencia, autorización o 
declaración previa.  Están particularmente extendi dos en esferas como los servicios profesionales 
(sobre todo en las llamadas "profesion es reglamentadas"), los servicios de ensayos y análisis técnicos, 
los servicios relacionados con la minería, los servici os de oferta y colocación de personal, así como en 
los servicios de seguridad privada, telecomunicacion es, ambientales, financieros y de transporte.   
275. Además, cuando no se tienen en cuenta los requi sitos ya cumplidos por los proveedores de 
servicios en su país de origen (por ejemplo, fi anzas o garantías ya depositadas, pólizas de seguros de 
responsabilidad civil y profesional ya suscritas) pue den duplicarse y acentuarse las restricciones a las 
que se enfrentan los proveedores de servicios que  quieren establecer una presencia comercial en 
varios mercados.   
c) Procedimientos múltiples 
276. Con frecuencia, lo que resulta especialmente e ngorroso para los proveedores extranjeros de 
servicios es la cantidad misma de diferentes au torizaciones o licencias nacionales y locales que se 
exigen para ciertas actividades (ya que implic a tener que comunicarse con más autoridades 
administrativas, cumplimentar más formularios y presentar más certificados).  Por ejemplo, los proveedores de servicios de distribución minorist as necesitan a menudo una licencia de construcción, 
un certificado de impacto ambiental y un certificado de impacto socioeconómic o, además de tener que 
cumplir complejos reglamentos sobre zonificación.  Esta multiplicidad de permisos puede resultar 
particularmente gravosa para los proveedores extran jeros de servicios, menos  familiarizados con las 
autoridades y el modus operandi  del país.  Los trámites y las condiciones de tales permisos y 
reglamentaciones pueden tener en los hechos efectos restrictivos o incluso di scriminatorios para los 
proveedores extranjeros de servicios, particularmente si en los procedimientos intervienen organismos 
en que participan competidores nacionales. 
277. La complejidad burocrática de ciertos procedimientos de autorización y registro, las grandes 
demoras de su tramitación, la carga de la prueba, la certificación de las traducciones, las tasas administrativas, la actitud poco constructiva de algun as autoridades y las dificultades para interponer 
recursos administrativos imponen costos de cump limiento importantes que pueden desalentar la 
presencia comercial de los proveedores extranjeros de servicios, particularmente en el caso de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas incipientes. 
278. Para potenciar las oportunidades comerciale s, los gobiernos han adoptado una serie de 
medidas de facilitación de la activid ad empresarial que incluyen, entr e otras, plataformas de gobierno 
electrónico y ventanillas únicas para las solicitudes a fin de orientar a los inversores nacionales y extranjeros en el cumplimiento de la miríada de  procedimientos administrativos necesarios para 
establecer una presencia comercial.  Estas medid as gubernamentales no se aplican exclusivamente a 
los proveedores de servicios;  no obstante, constituye n buenos ejemplos de iniciativas de fomento del 
comercio a las que tienen acceso los proveedores de servicios.  Son ejemplos las ventanillas únicas de 
la UE
167, el Centro de Inversiones de Ventanilla Única (OSIC) de Nigeria168, la plataforma de 
                                                      
167 Directiva 2006/123/CE de la UE relativa a los servicios del mercado interior, de 12 de diciembre 
de 2006, artículo 6. 
168 La Comisión de Promoción de las Inversione s de Nigeria (NIPC) estableció un Centro de 
Inversiones de Ventanilla Única (OSIC) a fin de reunir a f uncionarios de 16 ministerios y organismos diferentes 
con el objetivo de facilitar la entrada y el establecimiento  de inversores.  Véase el sitio Web de la Comisión de 
Promoción de las Inversiones de Nigeria (NIPC), en http://www.nipc.gov.ng/onestop.html (consultado el 6 de 
marzo de 2012). S/WPDR/W/48 
Página 80  
 
  reglamentación electrónica de Rwanda y la Ofic ina Nacional de Inversiones de El Salvador.169  Estos 
servicios son cada vez más frecuentes y se los encuentra en muchos otros países.170 
d) Independencia de la toma de decisiones 
279. Además de los obstáculos normativos que resulta n de la legislación y la reglamentación 
nacional, regional y local, también pueden surgir im pedimentos derivados del comportamiento de las 
administraciones, como el uso de facultades discrecionales o de procedimientos costosos y no 
transparentes que favorecen a los proveedores nacionales.  Otra dificultad que mencionan 
frecuentemente las empresas es la imprevisibilidad  derivada de requisitos poco claros que las 
autoridades nacionales apli can de forma casuística.  
280. En vista de las consideraciones anteriores, lo s Miembros tal vez deseen examinar algunas de 
las siguientes cuestiones específicas: 
a) ¿Existen cuestiones reglamentarias es pecíficas relacionadas con el modo 3 que no 
hayan sido tratadas en los respectivos sectores?  
b) ¿Sería útil intercambiar información sobr e los tipos de iniciativas horizontales que 
podrían ayudar a los proveedores de servicios a cumplir los procedimientos 
administrativos necesarios para establecer una presencia comercial? 
C. PRESENCIA DE PERSONAS FÍSICAS (MODO 4) 
281. En la presente sección se destacarán las principa les cuestiones reglamentarias que afectan al 
comercio a través de la presencia de personas física s (modo 4).  Se tratarán los elementos de interés a 
nivel horizontal, es decir, aplicables a todo o la ma yor parte del comercio que se lleva a cabo por este 
modo.  
1. Contexto reglamentario 
282. El comercio en el modo 4 tiene lugar en un ré gimen fuertemente reglamentado.  Esto se debe 
en buena medida a que el movimiento de las pers onas físicas para prestar un servicio tiene a la vez un 
componente de "comercio" y tamb ién un componente "migratorio".  
283. La prestación de un servicio a través del modo 4 requiere necesariamente que la persona en 
cuestión entre y se halle físicamente presente en el te rritorio de otro Miembro.  Por lo tanto, además 
de la reglamentación que proviene de la naturaleza de  la persona como proveedor de servicios, existe 
todo un conjunto de medidas que influyen en el modo  4 y que resultan del hec ho de que la persona es 
al mismo tiempo un "inmigrante", aunque con un perfil temporal, económic o y vinculado con la 
prestación de un servicio.   
2. Cuestiones reglamentarias y cooperación 
284. El modo 4 plantea diversos problemas para la reglamentación, la mayoría de los cuales giran 
en torno a cuatro tipos de cuestiones que s on ilustrativas del entrecruzamiento de cuestiones 
                                                      
169 El Ministerio de Economía creó la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) para facilitar las 
inversiones nacionales y extranjeras en el país.  Véase el  sitio Web del Ministerio de Economía de El Salvador, 
en http://servicios.minec.gob.sv/oni/main.html (consultado el 6 de marzo de 2012). 
170 Para un examen general de las medidas de facilitación de la actividad empresarial, véase UNCTAD 
(2011a), op.cit. , y las soluciones ingeniosas de la UNCTAD para la facilitación de la actividad empresarial, 
disponibles en http://businessfacilitation.org/ (consultado el 9 de marzo de 2012).  S/WPDR/W/48 
 Página 81 
 
 
  comerciales y migratorias a que da lugar el modo 4.   Aunque algunas de las cuestiones se refieren 
principalmente a uno solo de esos aspec tos, otras pueden extenderse a ambos. 
285. Las principales cuestiones están relacionadas con la transparencia, los procedimientos 
relativos a la admisión y estancia, la verificación de la competencia y los mecanismos para asegurar el regreso de la persona.  En lo que queda de est a sección se examinará cada una de estas cuestiones, 
destacando los casos en que los gobiernos han respondido a los problemas organizando mecanismos 
de cooperación en materia de reglamentación.  
a) Transparencia 
286. Una de las principales dificultades del comercio  en el modo 4 se relaciona con los distintos 
requisitos que deben cumplirse para poder prestar un servicio mediante este modo de suministro.  
Según la categoría a que corresponda  cada persona, el modo 4 puede suponer el cumplimiento de 
requisitos y procedimientos relacionados con la en trada, el permiso de trabajo, el permiso de 
residencia y la verificación de la competencia.  Por ejemplo, es probable que las personas que viajan por motivos de negocios sólo deban cumplir los requ isitos de entrada, mientras que los especialistas 
trasladados dentro de las empresas pueden verse obligados a cumplir los cuatro.  
287. Además, la naturaleza no permanente de los m ovimientos en el modo 4 puede determinar que 
sea necesario cumplir estos requisitos varias veces para  prestar servicios en un mismo mercado.  El 
cumplimiento de estos requisitos, además, cuesta más a un individuo que a una persona jurídica.  
Pueden resultar particularmente engorrosos si  el solicitante es un profesional independiente
171, pero 
también son considerables para los proveedores de servicios por contrato.172  Ninguna de estas 
categorías de personas puede contar  con el apoyo de una entidad come rcial establecida en el mercado 
de destino, que dispondría de más recursos y estaría mejor in formada sobre los requisitos y 
procedimientos del país.  
288. Los problemas de transparencia que inspiran preocupaciones importantes en el modo 4 son 
los siguientes:  que no todas las medidas regl amentarias aplicables se publiquen y sean de fácil 
acceso, por ejemplo por vía electrónica;  que la información sobre los permisos de entrada, de trabajo 
y de residencia no esté disponible a través de una sola fuente o las medidas relativas a la presencia 
temporal y la permanente estén agrupadas;  que las autoridades nacionales competentes para recibir 
las solicitudes relacionadas con diferentes permisos  y autorizaciones no estén definidas claramente;  
que no se disponga de información sobre los documen tos o pruebas que hay que remitir o sobre el 
procedimiento aplicable;  que no se estipulen plazo s indicativos de tramitación de los visados y 
solicitudes;  que no se disponga de información sobre cómo se administran las pruebas de necesidades 
económicas;  que no se informe sobre las razones por  las que se rechaza una solicitud;  que no haya 
recursos contra los vicios de procedimiento;  y que no se den a conocer con prontitud las nuevas 
medidas o las modificaciones de las que están en vigor. 
                                                      
171 Por "profesionales independientes" suele entender se trabajadores autónomos que están presentes en 
un mercado extranjero para suministrar un servicio a un cliente local de conformidad con un contrato de servicios. 
172 Por lo general, la expresión "proveedores de se rvicios por contrato" hace referencia a los empleados 
del proveedor de un servicio que carece de presencia co mercial en el país receptor, y que se hallan en ese 
mercado para prestar un servicio de conformidad con el contrato de servicios firmado entre su empleador y un 
cliente local. S/WPDR/W/48 
Página 82  
 
  b) Procedimientos relativos a la admisión y estancia 
289. Los procedimientos relativos a los visados y los permisos de trabaj o y residencia pueden 
convertirse en un freno importante al comercio realizado a través del modo 4.173  Los procedimientos 
de solicitud suelen ser engorrosos, costosos y comp lejos desde el punto de vista administrativo, los 
plazos de tramitación suelen ser largos, los porcentajes de denegación pueden ser elevados y los 
costos de volver a presentar una solicitud, importa ntes.  A menudo, los solicitantes se ven obligados a 
seguir dos procedimientos distintos para la obten ción de un visado de entrada y de un permiso de 
trabajo y residencia.  Los trámites de prórroga o renovación de los permisos no siempre son más 
simples que los de la solicitud inicial.  Los proced imientos, en particular lo s ligados al permiso de 
trabajo, no suelen distinguir entre los movimi entos de personal según su carácter temporal o 
permanente, y por tanto corresponden mal para el ti po de movimiento temporal que supone el modo 4, 
en que los plazos suelen ser importantes.  El carácter  opaco y arbitrario de los procedimientos puede 
agravar estos problemas. 
290. Para tratar de dar una respuesta a las preocupaciones de esta naturaleza, se han puesto en 
marcha diversas iniciativas de ámbito regional.  Algunos ejemplos destacados son el sistema de 
tarjetas de viajes de negocios del APEC y, más recientemente, la tarjeta azul de la UE.   
291. El sistema de tarjetas de viajes de negoc ios del APEC comenzó a funcionar de forma 
permanente en marzo de 1999.  A unque no reconoce ningún derecho de entrada, el sistema simplifica 
la entrada de empresarios a la región de Asia y el  Pacífico.  Permite que lo s profesionales acreditados 
obtengan, a través de un solo formulario de solicit ud, una tarjeta de viajes para realizar visitas 
múltiples de corta duración a otros países del APEC dur ante un período de tres años.  El titular de una 
tarjeta de viajes de negocios del APEC tiene derecho a estancias de dos o tres meses en los países del 
APEC que sean miembros de pleno derecho del sistema sin necesidad de  solicitar visados ni permisos 
de entrada en cada caso.174  Los titulares de tarjetas también tienen derecho a utilizar vías rápidas para 
tramitar los procedimientos de inmigración en  los principales aeropuertos de la región.175  
292. El sistema de la tarjeta azul de la UE es mucho más reciente.176  Entró en vigor el 19 de junio 
de 2009 y se incorporó a la legislación de los Estados mi embros de la UE el 19 de junio de 2011.  El 
objetivo del sistema es facilitar las condiciones de entr ada y residencia en la UE para los ciudadanos 
altamente calificados de terceros países, e incluye un procedimiento acelerado para la expedición de la 
tarjeta azul de la UE y un permis o especial de residencia y trabajo. 
293. Los solicitantes deben cumplir una serie de condi ciones para obtener la tarjeta, cuyo plazo 
ordinario de validez es de uno a cuatro años, con po sibilidad de renovación.  La tarjeta azul puede 
expedirse o renovarse por períodos más cortos que ab arquen la duración del contrato de trabajo más 
tres meses.  La decisión sobre la solicitud se co munica en un plazo de 90 días contados desde su 
presentación y, en caso de ser positiva, el solicitant e goza de todas las facilidades para obtener los 
visados necesarios.  Los titulares de la tarjeta y sus familiares tienen derecho a entrar, regresar y 
permanecer en el Estado miembro emisor y a atravesar otros Estados miembros, a trabajar en el sector 
respectivo y a recibir el mismo trato que los ciudada nos del país en relación, por ejemplo, con las 
                                                      
173 Por ejemplo, se ha estimado que entre julio de 2002 y marzo de 2004 los problemas administrativos 
de gestión de los visados para los visitantes extranjeros que viajan por motivos de negocios costaron a las 
empresas estadounidenses más de 30.000 millones de dólares EE.UU. en concepto de lucro cesante y costos 
indirectos (The Santangelo Group (2004) "Do Visa Delays Hurt US Businesses?", Washington). 
174 Dieciocho de los 21 países del APEC han adoptado plenamente el sistema de tarjetas de viajes de 
negocios.  Los restantes (es decir, el Canadá, la Federación de Rusia y los Estados Unidos) son miembros 
provisionales, por lo que sólo proporcionan vías rápidas para tramitar los procedimientos de inmigración.  
175 Se encuentra más información sobre los rasgos principales del sistema de tarjetas de viajes de 
negocios del APEC en http://www.businessmobility.org/key/ABTCArrangementsMarch2008.html. 
176 Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009. S/WPDR/W/48 
 Página 83 
 
 
  condiciones laborales, la seguridad social, las pensio nes, la homologación de títulos, la enseñanza y la 
formación profesional.  
c) Verificación de la competencia 
294. No todo el comercio realizado mediante el m odo 4 requiere la verificación de la competencia 
de la persona o el reconocimiento formal de las calificaciones, la formación o las aptitudes.  Cuando 
se trata de profesiones no reglamentadas, por ejempl o, un visado de entrada, complementado en su 
caso por un permiso de trabajo, puede ser todo lo que se necesite para prestar un servicio. 
295. Sin embargo, sobre todo cuando se trata de servicios profesionales, el comercio en el modo 4 
requiere la verificación y el reconocimiento de la co mpetencia y las credenciales de los profesionales 
en cuestión.  Cuando se evalúan las credenciales de un solicitante, el principal elemento que se tiene 
en cuenta, cuando no el único, son sus títulos de aptit ud formales.  No obstante,  en ciertos sectores la 
capacitación y la experiencia pueden ser igualmente pe rtinentes, o aún más.  Incluso en los casos en 
que se tiene en cuenta la experiencia y la famili aridad práctica con el trabajo, los criterios de 
evaluación pueden estar orientados a los conocimientos y las normas nacionales.   
296. Los títulos de aptitud obtenidos en el extranjero  no suelen ser reconocidos plenamente en los 
países anfitriones.177  Los efectos de la falta de reconocimie nto tienden a variar en función del tipo de 
movimiento en el modo 4 (los profesionales independientes se ven probablemente más afectados que el personal trasladado dentro de la misma empresa ), el tamaño del proveedor (las empresas pequeñas 
afrontan más dificultades que las de mayor tamaño), el sector (los servicios regulados suelen verse considerablemente más afectados que los no regula dos), la posibilidad de sustitución modal (los 
proveedores de servicios que pueden prestarse medi ante otros modos de suministro se ven menos 
perjudicados) y el país de que se trate (en funció n de las diferencias relativas de los regímenes 
normativos aplicables). 
297. La mayoría de los acuerdos de  reconocimiento mutuo suelen c oncertarse para profesiones que 
requieren una licencia y que cuentan con normas y prácticas internacionales asentadas.  Pueden no 
resultar una opción viable para ocupaciones en que las aptitudes y la experiencia se evalúan 
principalmente mediante una demostración práctica o tras un período de servicio.  En muchos de esos 
acuerdos participan países limítrofes (principalme nte, países desarrollados), países asociados en el 
marco de iniciativas de integración más amplias o pa íses con antiguos vínculos coloniales o con lazos 
lingüísticos.  Es poco habitual que los acu erdos de reconocimiento mutuo concedan un 
reconocimiento "puro";  en su mayoría exigen un alto grado de cooperación normativa y a menudo la 
adaptación de normas.
178  Dado que, en general, su negociación es un proceso complejo que requiere 
mucho tiempo y muchos recursos, estos acuerdos suel en concluirse sólo en esferas atractivas desde 
una perspectiva comercial, con miras a aprovech ar oportunidades de mercado favorables en el 
extranjero o colmar un déficit de  conocimientos en el país.   
298. El párrafo 4 del artículo VII del AGCS exige que los Miembros notifiquen al Consejo del 
Comercio de Servicios (CCS) sus me didas de reconocimiento en el pl azo de 12 meses a partir de la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.  En  febrero de 2012 se habían presentado 49 de estas 
notificaciones al CCS.  Aunque probablemente no se hayan notificado todas las medidas de 
                                                      
177 Véase, por ejemplo, Chanda, R, (1999), "Movement of natural persons and trade in services:  
Liberalising temporary movement under the GATS", ICRIER Working Paper , Nº 51. 
178 Como se describe, por ejemplo, en Chaitoo, R. (2008), "Services liberalisation and domestic 
regulation:  Why is it important?".  Documento elaborado para la "Conferencia sobre una Asociación Mundial 
para el Desarrollo. ¿Cuál es nuestra posición y hacia dónde nos dirigimos?" del CUTS y la FICCI. S/WPDR/W/48 
Página 84  
 
  reconocimiento actualmente en vigor179, el dato es ilustrativo de lo poco frecuente que ha sido el 
reconocimiento de las cualificaciones y la e xperiencia adquiridas en el extranjero.  
299. En ausencia de acuerdos de reconocimiento mut uo, los mecanismos para  evaluar y reconocer 
la competencia van desde las evaluaciones caso por caso de las cualificaciones anteriores hasta la 
superación de exámenes en centros autorizados para  demostrar la equivalencia con los títulos de 
aptitud nacionales.  Los procedimientos pueden ser discriminatorios, particularmente cuando se basan 
en criterios no especificados, imponen retrasos y costos  importantes e implican a múltiples niveles de 
gobierno y organismos.  Para suplir cualquier carenci a comprobada en sus estudios, su formación o su 
experiencia, puede exigirse a los interesados extran jeros que sigan cursos esp eciales de formación que 
pueden reproducir, al menos en parte, sus estudios y su preparación anteriores, o que adquieran 
experiencia nueva independientemen te de la práctica que ya tengan.180  
d) Mecanismos para asegurar el regreso 
300. La mayor parte de los movimientos en el marc o del modo 4 son de naturaleza no permanente.  
En este sentido, puede sostenerse que el modo 4 plan tea básicamente los mismos problemas que otros 
tipos de inmigración temporal, es decir, el riesgo de que quienes entran superen la duración de su 
estancia autorizada.  
301. Para hacer frente a este riesgo se han puesto en aplicación, especialmente a través de acuerdos 
laborales bilaterales, mecanismos de colaboración entr e las autoridades de los países de origen y de 
los países receptores.  Los países de origen han asumido obligaciones que incluyen el examen y 
selección, enseñanza y formación anteriores a la partid a, la facilitación del regreso y la reintegración 
de sus ciudadanos y medidas para luchar contra la em igración ilegal al país receptor.  Por su parte, los 
países de destino han permitido el regreso del mism o inmigrante con carácter prioritario a fin de 
facilitar el movimiento circular, y han ofrecido ayud a a los gobiernos de los países de origen para 
aplicar estos procedimientos de regreso.  
302. Estos mecanismos de colaboración han venido adem ás acompañados de medidas unilaterales.  
Para evitar la prolongación de la estancia, los países de destino han impuesto obligaciones tanto a los 
empleadores como a los trabajadores.  Son ejemplos de las primeras exigir a las empresas o a las 
personas el depósito de una fianza que se pierde en caso de permanencia en el país, o sancionar a la 
empresa patrocinadora nacional por los trabajadores que  no abandonan el país y retirarle el derecho a 
patrocinar trabajadores en el futuro.  En este último caso, algunas de las medidas adoptadas han 
consistido en la retención de part e de la retribución de los proveedores de servicios hasta que ellos o 
sus trabajadores abandonen el país.  Muchos de est os mecanismos son más fáciles de aplicar a las 
empresas que a las personas.  No es de extrañar que las dificultades para imponer la observancia 
hayan sido menores en el caso de los trabajadores tr asladados dentro una misma empresa, cuando es 
posible sancionar a la empresa local, que en el caso de los proveedores de servicios autónomos.181   
303. En vista de las consideraciones anteriores, lo s Miembros tal vez deseen examinar algunas de 
las siguientes cuestiones específicas: 
                                                      
179 Por ejemplo, es posible que se hayan negociado algunas de las medidas de reconocimiento en el 
marco de acuerdos de integración económica. 
180 Véase, por ejemplo, Ganguly, D. (2005), "Barriers to movement of natural persons.  A study of 
federal, states and sector-speci fic restrictions to mode 4 in the United States of America", ICRIER Working 
Paper , Nº 169, o Mattoo, A. y D. Mishra (2009), "Foreign professionals in the United States:  Regulatory 
impediments to trade", Journal of International Economic Law , volumen 12, Nº 2. 
181 Véase Banco Mundial, OIM y OCDE (2004), "Comercio y migraciones:  tender puentes para 
garantizar la movilidad laboral mundial", París. S/WPDR/W/48 
 Página 85 
 
 
  a) ¿Requiere la naturaleza temporal de una parte importante de los movimientos en el 
marco del modo 4 soluciones específicas para los problemas relacionados con la transparencia?  
b) ¿Ofrecen los elementos del sistema de tarjetas de viajes de negocios del APEC y de 
los mecanismos basados en la tarjeta azul de la UE un modelo viable para otras 
iniciativas de cooperación similares, acaso  con inclusión de las multilaterales? 
c) ¿Bastan las disposiciones del párrafo 4 del artículo VII para garantizar una 
transparencia adecuada en relación con los acuerdos y las medidas de reconocimiento 
mutuo en vigor o en proyecto, negociados por los Miembros? 
d) ¿Podría ser útil que algunas de  las características de lo s mecanismos de cooperación 
establecidos entre países de origen y de destino se incorporasen en algunos acuerdos 
laborales bilaterales de conformidad con el AGCS y de forma acorde con el principio 
NMF?  
IV. OBSERVACIONES FINALES 
304. El objetivo de la presente Nota ha sido proporci onar información general sobre las cuestiones 
reglamentarias que pueden surgir en distintos sect ores y modos de suministro.  De acuerdo con la 
petición de los Miembros, el enfoque  ha consistido en examinar en té rminos generales el entorno y los 
cambios reglamentarios que afectan a diferentes sectores y modos y destacar, cuando procedía, las 
cuestiones que pueden tener una par ticular influencia en el comercio de servicios.  Las cuestiones 
planteadas en la Nota no son exhaustivas y los Mi embros tal vez deseen complementarlas con sus 
propias experiencias particulares o aportar otras cuestiones reglamentarias a los debates, según 
proceda.  Por lo tanto, cualquier conclusión que haya de extraerse dependerá de los debates que 
mantengan los Miembros en el futuro.  
305. No obstante, para facilitar el examen de la Nota en el Grupo de Trabajo sobre la 
Reglamentación Nacional, parece pertinente  destacar algunos puntos generales: 
a) Aunque existen diferencias considerables en tre los sectores de servicios y los modos 
de suministro, la reglamentación suele res ponder a la necesidad de resolver lo que se 
considera fallas de mercado  o de alcanzar ciertos objetivos de equidad social .  Las 
fallas de mercado (para más información, véase la sección I) pueden presentarse en diferentes grados, según los sectores y los modos de suministro.  Por ejemplo, en los servicios de redes (es decir, los de telecomunicaciones, transporte, logística y energía), la reglamentación está a menudo est rechamente relacionada con la política 
de competencia, ya que el organismo de reglamentación trata de asegurar que la 
empresa dominante en el mercado, a menudo un antiguo monopolio, no abuse de su posición mediante su control de la infraestr uctura básica.  En otros sectores, como los 
servicios profesionales, la reglamentación puede estar más dirigida a compensar las asimetrías de información y proteger a los consumidores de los profesionales no 
cualificados.  En otros sectores, como los servicios financieros, también pueden 
surgir problemas de información asimétr ica que pueden impedir las opciones 
financieras y las evaluaciones del riesgo óptimas y generar desequilibrios en los 
mercados.  Una falla de mercado que se menc iona en prácticamente todos los sectores 
son las externalidades negativas, como las re percusiones en el medio ambiente.  De 
hecho, en ciertos sectores, como el turismo, la distribución y el transporte, predomina 
la reglamentación relacionada con las exte rnalidades.  Por lo que se refiere a los 
objetivos de equidad social, el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal S/WPDR/W/48 
Página 86  
 
  y el acceso a los servicios esenciales es una cuestión que afecta a diversos sectores, 
como la educación, las telecomunicaciones y los servicios de correos y mensajería.  
b) Aunque las prácticas reales en materia de reglamentación varían, también en este 
punto parecen existir algunos rasgos comunes.   Los reglamentos suelen aplicarse a la 
admisión o autorización para suministrar el servicio o a la prestación de éste.  En 
consecuencia, los estudios sobre reglam entación distinguen en ocasiones estas 
dos categorías.  Las reglamentaciones relacionadas con la admisión  pueden 
establecer condiciones que restringen la entrada en el mercado para suministrar un servicio determinado (por ejemplo, prescripciones en materia de licencias o de títulos de aptitud, límites cuantitativos al número de proveedores de servicios profesionales, 
estructura de las empresas y derechos exclusivos concedidos a los proveedores en 
ciertas esferas).  Las reglamentaciones relacionadas con la prestación  rigen la forma 
en que se suministra el servicio, e incluy en las restricciones sobre los precios y las 
tasas, y la publicidad.
182  Las categorías relacionadas con la admisión y la prestación  
no aparecen directamente reflejadas en las disposiciones del AGCS sobre el acceso a 
los mercados (artículo XVI), el trato n acional (artículo XVII) y la reglamentación 
nacional (artículo VI), aunque algunas de estas medidas ya están sujetas a esas disciplinas.  A los efectos de la presente No ta, lo que cuenta es la distinción entre las 
que están comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 4 del artículo VI y las que van más allá de él.  Entre estas últimas cabe mencionar las cuestiones reglamentarias citadas en relación con determinados sectores, como las normas sobre 
propiedad intelectual, la política de co mpetencia, la contratación pública, la 
protección de la privacidad y la confidencialidad.  
c) En el caso de la política de  competencia, según el sector y el enfoque reglamentario 
que se haya adoptado, muchas de las cuesti ones planteadas en esta Nota sugieren una 
estrecha relación entre la competencia y la reglamentación.  Las intervenciones 
relacionadas con la competencia suelen incluir medidas como la prohibición o la 
restricción de los acuerdos entre empresas que tienen por objeto fijar precios o cuotas de mercado, así como las medidas para pr evenir los abusos de posición dominante, 
las fusiones y adquisiciones anticompetitivas, y la fijación de precios predatorios.  
Por lo tanto, cuando se considera que la promoción de la competencia responde a un 
interés público, la reglamentación se utiliza a veces para lograr o apoyar el desarrollo 
de estructuras competitivas.  Por otro lado, unas prescripciones o unos 
procedimientos en materia de licenci as y títulos de aptitud complejos o 
excesivamente onerosos, al elevar los cost os de entrada y de transacción, pueden 
dificultar la libre competencia en los mercados.  La política de competencia plantea también a menudo cuestiones relacionadas con las estructuras institucionales 
adecuadas. 
d) La promoción de buenas prácticas reglam entarias, mediante la reducción de las 
cargas administrativas y la mejora de la tran sparencia, es otra de las cuestiones que en 
mayor o menor grado parece ser común a casi  todos los sectores.  En ciertos sectores 
y modos, los procedimientos de solicit ud pueden ser engorrosos, excesivamente 
costosos y complejos desde el punto de vista administrativo;  los plazos de 
tramitación pueden ser largos;  los porcenta jes de denegación pueden ser elevados;  y 
el costo de volver a presentar una solicitud, importante.  El tratamiento de las cargas 
administrativas es una cuestión distinta , independientemente de los requisitos 
                                                      
182 Paterson y otros (2003) op. cit ., y Conway y Nicoletti (2006) "Product Market Regulation in the 
Non-Manufacturing Sectors of OECD Co untries:  Measurement and Highlights", OECD Economics Department 
Working Papers , Nº 530. S/WPDR/W/48 
 Página 87 
 
 
  sustantivos.  A este respecto es útil record ar que algunas de las disposiciones del 
AGCS (el artículo III y ciertas disposicion es de los artículos IV y VI) tienen por 
objeto asegurar y promover la transparencia del proceso reglamentario y de las normas resultantes.  Un aspecto particular es el requisito de establecer puntos de contacto, de conformidad con el párrafo 2 del artículo IV, en que los proveedores de 
servicios de los países en desarrollo pued an obtener información sobre los aspectos 
comerciales y técnicos relacionados con la prestación de los servicios, así como sobre el registro, el reconocimiento y la obtención de las cualificaciones profesionales.  
e) Otra de las cuestiones transversales es el r econocimiento de los est udios cursados y la 
experiencia profesional y las aptitudes técni cas adquiridas en el extranjero.  Para 
asegurar que los proveedores extranjeros de servicios cumplan las normas impuestas 
a los proveedores de origen nacional, a menudo se pide a los organismos de 
reglamentación que evalúen la equivalencia entre las cualificaciones nacionales y las extranjeras.  El reconocimiento es posib lemente una de las esferas en que la 
cooperación en materia de reglamentación ha sido más intensa, en particular a través 
del trabajo de los órganos profesionales,  para aceptar la equivalencia de las 
cualificaciones obtenidas en otros paí ses o reconocerla unilateralmente.  El 
reconocimiento se halla vinculado con el uso de normas intern acionales, que parece 
ser más común en ciertos sectores que en otros (a menudo por efecto de las fuerzas del mercado).  
306. Como se ha señalado en la sección I de la presen te Nota, puede resultar útil que los Miembros 
consideren si las cuestiones reglamentarias examinad as pueden tener alguna infl uencia en el comercio 
de servicios y, en ese caso, en qué medida podría n abordarse los posibles efectos negativos mediante 
las disciplinas que se negocien en el marco del párrafo 4 del artículo VI, o podría recurrirse a otras 
posibles vías de interés, tales como los compromisos adicionales del artículo XVIII.  Dada la variedad 
de cuestiones, sectores y modos de suministro ex aminados, la Nota podría servir también como 
documento de referencia en cualqui er debate futuro sobre la reglamentación de cuestiones sectoriales 
o transversales. S/WPDR/W/48 
Página 88  
 
  ANEXO I 
NOTAS DE ANTECEDENTES PREPARADAS POR  
LA SECRETARÍA DE LA OMC, POR SECTORES 
2009-2011 
  
Signatura Título Fecha 
S/C/W/298 y 
S/C/W/298/Add.1 Servicios de turismo 8.6.2009 
S/C/W/299 y 
S/C/W/299/Corr.1 Servicios de telecomunicaciones 10.6.2009 
S/C/W/300 Servicios de informática y servicios conexos 22.6.2009 
S/C/W/301 Presencia de personas físicas (modo 4) 15.9.2009 
S/C/W/302 Servicios de construcción y servicios de ingeniería 
conexos 18.9.2009 
S/C/W/303 Servicios de arquitectura 17.9.2009 
S/C/W/304 Suministro transfronterizo (modos 1 y 2) 18.9.2009 
S/C/W/310 y 
S/C/W/310/Corr.1 Servicios audiovisuales 12.1.2010 
S/C/W/311 Servicios de energía 12.1.2010 
S/C/W/312 Servicios financieros  3.2.2010 
S/C/W/313 Servicios de enseñanza 1.4.2010 
S/C/W/314 Modo 3 7.4.2010 
S/C/W/315 Servicios de transporte marítimo 7.6.2010 
S/C/W/316 Servicios de contabilidad 7.6.2010 
S/C/W/317 Servicios de logística 10.6.2010 
S/C/W/318 Servicios jurídicos 14.6.2010 
S/C/W/319 Servicios postales y de mensajeros 6.8.2010 
S/C/W/320 Servicios relacionados con el medio ambiente 20.8.2010 
S/C/W/324 Servicios de transporte de carga por carretera 29.10.2010 
S/C/W/326 Servicios de distribución 29.10.2010 
S/C/W/334 Servicios de ingeniería 22.2.2011 
 
 
__________