ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS393/1 
G/L/887 
G/ADP/D78/1 
19 de mayo de 2009 
 
 (09-2434) 
 Original:   español 
 
 
 
CHILE - MEDIDAS ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES 
DE HARINA DE TRIGO PROC EDENTES DE LA ARGENTINA 
 
Solicitud de celebración de consu ltas presentada por la Argentina  
 
  La siguiente comunicación, de fecha 14 de mayo de 2009, dirigida por la delegación de la Argentina a la delegación de Chile y al President e del Órgano de Solución de Diferencias, se 
distribuye de conformidad con el  párrafo 4 del artículo 4 del ESD. 
 
_______________ 
 
  Las autoridades de mi país me han encomenda do que solicite la celebración de consultas con 
el Gobierno de Chile de conf ormidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias , el párrafo 1 del artículo XXIII del 
Acuerdo General sobre Ar anceles Aduaneros y Comercio  de 1994  ("GATT de 1994") y el artículo 17 
del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI  del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio  de 1994  ("Acuerdo Antidumping" o AD) con respecto a las medidas antidumping de la 
República de Chile en relación a las importaciones de ha rina de trigo procedentes de la Argentina, así 
como sus modificaciones o prórrogas
1 y cualquier medida conexa;  y también con respecto a 
determinadas disposiciones de la Ley Nº 18.5252 cuyo texto fuera refundido, coordinado y 
sistematizado por el Decreto c on Fuerza de Ley N° 31 de 20053, y del Decreto Supremo del 
Ministerio de Hacienda Nº 575.4 
 
Antecedentes  
  El 11 de abril de 2008, la Asociación de Molin eros del Centro A.G. presentó una solicitud de 
iniciación de investigación por supuesto dumpi ng y la aplicación de un derecho antidumping 
provisional respecto de las importaciones de harina de tr igo originarias de la Argentina.  El 18 de abril 
de 2008, en su sesión Nº 302
5, la Comisión Nacional Encargada de  Investigar la Existencia de 
Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas ("la Comisión") resolvió iniciar una 
investigación por eventual dumping en las importaciones de harina de trigo originarias de la Argentina.  
                                                     
 
1 Incluidas las nuevas determinaciones formuladas de conformidad con una orden o un reenvío judicial. 
2 Publicada en el Diario Oficial del 30 de junio de 1986. 
3 Publicado en el Boletín Oficial de la República de Chile el 22 de abril de 2005. 
4 Publicado en el Boletín Oficial de la República de Chile el 20 de agosto de 1993. 
5 Acta de la Sesión N° 302, publicada en el Boletín  Oficial de la República de Chile el 25 de abril 
de 2008. WT/DS393/1 
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   El 3 de julio de 2008, el Ministro de Hacienda , por orden de la Presidenta, mediante Decreto 
N° 737 Exento
6, y vista el Acta Nº 3037 de la Comisión, dispuso el establecimiento de un derecho 
antidumping provisional de 30,3 por ciento a las impor taciones de harina de trigo originarias de la 
Argentina, clasificadas en la Partida Arancelaria 1101.0000 del Arancel Aduanero. 
  Finalmente, el 2 de enero de 2009, el Minist ro de Hacienda, por orden de la Presidenta, 
mediante Decreto N° 1 Exento
8, y vista el Acta Nº 3079 de la Comisión, resolvió dar por finalizada la 
investigación con el establecimiento de un derecho an tidumping definitivo de 30,3 por ciento respecto 
de las importaciones de harina de trigo origin arias de Argentina, clasificadas en la Partida 
Arancelaria 1101.0000 del Arancel Aduanero.  Marco Legal
 
 1. Investigación realizada, determinaciones formuladas y derechos impuestos 
 La Argentina considera que la investigación realizada por las autoridades chilenas, las 
determinaciones formuladas y los derechos impuest os incumplen las obligaciones que corresponden a 
Chile en virtud de las disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping.  En particular, la 
Argentina considera que las medidas antidumping sobr e la harina de trigo procedentes de Argentina 
son inconsistentes, al menos, con los artículos 1, 2,  3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 18 del Acuerdo Antidumping 
y su Anexo II;  el artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio ("Acuerdo sobre la OMC");  y el artículo VI del GATT de 1994, por las 
razones que a continuación se detallan:   Artículo 1  del Acuerdo Antidumping: 
 
 ● porque no se aplicaron las medidas antidumping en las circunstancias previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de una investigación iniciada y realizada de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping. 
  Artículo 2  del Acuerdo Antidumping;  en par ticular y de manera no excluyente: 
 
 ● artículo 2.1  del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no 
determinaron la existencia de dumping mediante la comparación del precio de 
exportación de harina de trigo a Chile con el valor normal del producto similar 
destinado al consumo interno en la Argentina; 
 
 ● artículo 2.2  del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no llegaron a 
una conclusión razonada, basada en una evaluación imparcial y objetiva de los 
hechos, cuando determinaron que las vent as domésticas de harina de trigo en 
Argentina no se efectuaron en el curso de operaciones comerciales normales; 
 
 ● artículo 2.2.1  del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas 
determinaron que las ventas dom ésticas de harina de trigo en  el mercado interno de la 
Argentina no se realizaron en el curso de operaciones comerciales normales y que dichas ventas no podían tomarse en cuenta pa ra el cálculo del valor normal, sin haber 
                                                     
 
6 Publicado en el Boletín Oficial de la República de Chile el 7 de julio de 2008. 
7 Sesión Nº 303, celebrada el 27 de junio de 2008. 
8 Publicado en el Boletín Oficial de la República de Chile el 7 de enero de 2009. 
9 Sesión Nº 307, celebrada el 29 de diciembre de 2008.  WT/DS393/1 
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  determinado previamente que:  a) esas  ventas se efectuaron durante un período 
prolongado, b) en cantidades sustanciales y c) a precios que no permitieron recuperar 
todos los costos dentro de un plazo razonable; 
 
 ● artículo 2.2.2  del Acuerdo Antidumping, porque al  reconstruir el valor normal las 
autoridades chilenas no basaron su determ inación respecto de las cantidades por 
concepto de gastos administrativos, de ve nta y de carácter general, así como por 
concepto de beneficios, en datos reales relacionados con la producción y ventas del 
producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el 
exportador o el productor objeto de investig ación;  y aún en el supuesto de que la 
autoridad investigadora hubiera estimado que esas cantidades no podían determinarse 
sobre la base del curso de operaciones co merciales normales, no se reconstruyó el 
valor normal siguiendo los métodos establecidos  en la lista de esta disposición;  y 
 
 ● artículo 2.4  del Acuerdo Antidumping, porque no se realizó una comparación 
equitativa entre el precio de exportaci ón y el valor normal;  no se hizo esta 
comparación en el mismo nivel comercial, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.  Las autoridades chilenas no tuvieron debidamente en cuenta, según las circunstancias particulares del caso, las diferencias que influyen en 
la comparabilidad de los precios, según la  lista indicativa que menciona esta 
disposición. 
  Artículo VI  del GATT de 1994 y artículo 3  del Acuerdo Antidumping;  en particular y de 
manera no excluyente: 
 
 ● artículo 3.1  del Acuerdo Antidumping, porque las au toridades chilenas al realizar la 
determinación de amenaza de daño importa nte no se basaron en pruebas positivas ni 
en un examen objetivo de:  a) el volumen  de las importaciones objeto de dumping y 
su efecto en los precios de los productos si milares en el mercado interno;  y b) la 
consiguiente repercusión de esas import aciones sobre los productores nacionales de 
tales productos; 
  ● artículo 3.2  del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no tuvieron 
en cuenta durante la investigación, que no hubo un aumento significativo de las importaciones argentinas de harina de trigo ni  en términos absolutos, ni en relación 
con la producción, ni en relación con el consumo interno chileno;  tampoco tuvieron 
en cuenta que no hubo una significativa subvaloración de precios de las importaciones, ni que dichas importaciones no tuvieron por efecto hacer bajar los precios significativamente ni tampoco impedi r en manera significativa la subida que 
en otro caso se hubiera producido; 
 
 ● artículo 3.4  del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no realizaron 
un examen de la repercusión de las import aciones argentinas de harina de trigo sobre 
la rama de la producción nacional chilena, que incluyera una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes que influyeran en el estado de esa rama de producción, incluidos aquellos que confor man la lista del propio artículo 3.4; 
 
 ● artículo 3.1
, artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping y párrafo 1 del artículo VI 
del GATT , porque las autoridades chilenas no demostraron que, por los efectos del 
supuesto dumping, las importaciones objeto de investigación causaban o amenazaban 
causar daño a la rama de producción naci onal chilena;  no basaron su determinación WT/DS393/1 
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  de la existencia de una relación causal entre las importaciones supuestamente objeto 
de dumping y el daño a la rama de la producción nacional en pruebas positivas ni en un examen objetivo de todas las pruebas per tinentes;  no examinaron otros factores de 
que tenían conocimiento, dis tintos de las importaciones argentinas objeto del supuesto 
dumping, que al mismo tiempo podrían habe r perjudicado a la rama de producción 
nacional, y porque atribuyeron los daños causados por esos otros factores a las importaciones de harina de trigo originarias de la Argentina; 
 
 ● artículo 3.7  del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no basaron su 
determinación de existencia de amen aza de daño importante en hechos, sino 
simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas;  no realizaron examen alguno para demostrar que tal amen aza de daño importante era claramente 
prevista e inminente;  y porque al realizar  la determinación de ex istencia de amenaza 
de daño importante las autoridades chile nas no consideraron ni los factores 
enumerados en la lista del artículo 3. 7, ni otros factores de los que tenía 
conocimiento;  y 
  ● artículo 3.8  del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no tuvieron el 
especial cuidado que se exige al examin ar y decidir la aplicación de medidas 
antidumping para los casos de amenaza de daño importante. 
  Artículo 5 del Acuerdo Antidumping, en partic ular y de manera no excluyente: 
  ● artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping, porque en la solicitud a que se hace referencia 
en el párrafo 1 del artículo 5 del AD no se in cluyeron pruebas de la existencia de:  
a) dumping;  b) un daño en el sentido de l artículo VI del GATT de 1994 según se 
interpreta en el Acuerdo Antidumping y c)  una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el supuesto daño;  la solicitud de iniciación presentada se basó 
en simples afirmaciones no apoyadas en prue bas pertinentes;  y finalmente, porque la 
solicitud no contenía toda la informaci ón que razonablemente el solicitante pudo 
haber tenido a su alcance conforme la lis ta indicativa del propio artículo 5.2; 
  ● artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no 
examinaron la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas en la solicitud para determinar si existían pruebas suficientes que justificaran la iniciación de una 
investigación; 
  ● artículo 5.3 y artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas, 
al determinar que la solicitud había sido hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional, no examinaron la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas, ni se basaron en un examen del grado de apoyo o de oposición a la 
solicitud expresado por los productores nacionales del producto similar;  y 
  ● artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no se 
cercioraron de que no existían pruebas su ficientes del dumping o del daño que 
justificaran la continuación del procedimiento respectivo y por lo tanto no rechazaron 
la solicitud presentada con arreglo al artículo 5.1 del AD, poniendo fin a la 
investigación sin demora. 
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   Artículo 6 y el  Anexo II  del Acuerdo Antidumping, en partic ular y de manera no excluyente: 
  ● artículo 6.1, artículo 6.1.3 y artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping, porque las 
autoridades chilenas omitieron dar a t odas las partes interesadas aviso de la 
información exigida y amplia oportunidad pa ra presentar por escrito todas las pruebas 
pertinentes;  no facilitaron a los exportador es que conocían el texto completo de la 
solicitud de inicio de investigación;  y no dieron a todas las partes interesadas plena 
oportunidad de defender sus intereses; 
 
 ● artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no se 
cercioraron de la exactitud de la información presentada por los solicitantes antes de basar en ellas sus conclusiones; 
 
 ● artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas 
formularon determinaciones, preliminares y definitivas, sobre la base de los hechos de los que tenía conocimiento sin haber dado la  posibilidad a todos los exportadores o 
productores de harina de trigo de Argentin a de suministrar la información necesaria o 
proporcionarla dentro del plazo pr udencial;  y porque al interpretar el párrafo 8 del 
artículo 6 del AD no se observó lo dispuesto por el Anexo II del Acuerdo 
mencionado;  y 
  ● artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping porque las autoridades chilenas no 
determinaron el margen de dumping correspondi ente a cada exportador de harina de 
trigo sujeto a investigación de los cuales tuvieron conocimiento;  no siendo el número 
de exportadores y productores tan grande como para que resu lte imposible efectuar tal 
determinación, las autoridades no debieron limitar su examen a ciertas partes interesadas. 
  Artículo 7  del Acuerdo Antidumping, en partic ular y de manera no excluyente: 
 
 ● artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping, porque al aplicarse la medida provisional a 
las importaciones argentinas de harina de tr igo:  i) no se lo hizo en virtud de una 
investigación iniciada de conf ormidad con las disposiciones del artículo 5, ni se dio 
aviso a todas las partes interesadas ni oportunidades adecuadas de presentar 
información y hacer observaciones;  ii) no se llegó a una determinación preliminar 
razonada, basada en pruebas positivas y en un  examen objetivo e imparcial de todas 
las pruebas pertinentes de la existencia de  dumping y al consiguiente daño a una rama 
de la producción nacional;  y iii) se juzgó in correctamente que la medida provisional 
aplicada al efecto era necesaria para impedir que se cause daño durante la investigación;  y 
 
 ● artículo 7.5 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no siguieron 
las disposiciones pertinentes del artículo 9, conforme lo preceptúa esta disposición. 
  Artículo 9  del Acuerdo Antidumping, en partic ular y de manera no excluyente: 
 
 
● artículo 9.2 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas establecieron 
un derecho antidumping respecto de las import aciones de harina de trigo originarias 
de Argentina sin percibir ese derecho en la cuantía apropiada;  y designaron al país 
proveedor del producto, la Argentina, a p esar de que no resultaba imposible en la 
práctica designar al proveedor o proveedores implicados;  y WT/DS393/1 
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   ● Artículo 9.3 del Acuerdo antidumping, porque las autoridades chilenas se excedieron 
al aplicar el margen de dumping al no observar las disposiciones del artículo 2. 
 
 Artículo 12  del Acuerdo Antidumping, en partic ular y de manera no excluyente: 
  ● artículo 12.1 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas no se 
cercioraron de la existencia de pruebas sufici entes para justificar la iniciación de una 
investigación antidumping con arreglo al ar tículo 5 del AD;  y porque no notificaron a 
todas las partes interesadas; 
  ● artículo 12.1.1 del Acuerdo Antidumping, porque en los avisos públicos de iniciación 
de la investigación no figuró, ni se hizo constar de otro modo mediante un informe 
separado, la debida información confor me la lista del propio artículo 12.1.1; 
 
 ● artículo 12.2 del Acuerdo Antidumping, porque en lo s avisos públicos relativos a las 
determinaciones preliminares y definitivas no figuraron, ni se hizo constar de otro modo mediante un informe separado, con suficiente detalle, las constataciones y 
conclusiones a que llegaron las autoridad es chilenas sobre todas las cuestiones de 
hecho y de derecho;  y 
 
 ● artículo 12.2.1 del Acuerdo Antidumping, porque en los avisos públicos de 
imposición de medidas provisionales no figur aron ni se hicieron constar mediante 
informe separado, explicaciones suficiente mente detalladas de las determinaciones 
preliminares de existencia de dumping y de  daño;  y porque en dichos avisos o 
informes no se indicó la información reque rida en la lista del artículo 12.2.1. 
  Artículo 18  del Acuerdo Antidumping: 
  ● artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, porque las autoridades chilenas adoptaron 
medidas específicas contra el supuesto dumping de las importaciones de harina de 
trigo originarias de la Argentina de mane ra incompatible con el GATT de 1994 y con 
el Acuerdo Antidumping;  y 
  ● artículo 18.3 del Acuerdo Antidumping, porque no se aplicaron las disposiciones del 
Acuerdo Antidumping a la presente investig ación, la cual fuera iniciada como 
consecuencia de una solicitud presentada con posterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo de la OMC para Chile. 
 
2. Legislación chilena aplicable a procedimientos en materia antidumping 
 Además de la investigación y las medidas particulares reseñadas supra , la Argentina desea 
extender sus consultas respecto de las sigui entes disposiciones de la Ley Nº 18.525
10 cuyo texto fuera 
refundido, coordinado y sistematizado por el  Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de 200511, ("Ley 
Nº 18.525"), y el Decreto Supremo del Ministerio de  Hacienda Nº 575, publicad o en el Boletín Oficial 
de la República de Chile el 20 de agosto de 1993 ("Decreto Nº 575").  Dichas disposiciones parecen 
ser incompatibles con las obligaciones que corres ponden a Chile en virtud del Acuerdo Antidumping, 
el GATT de 1994 y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio ("Acuerdo sobre la OMC"). 
                                                      
10 Publicada en el Diario Oficial del 30 de junio de 1986. 
11 Publicado en el Boletín Oficial de la República de Chile el 22 de abril de 2005.  WT/DS393/1 
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  i) De las atribuciones de las autoridades chile nas para el establecimiento de derechos 
antidumping 
 De los artículos 8 y 9 de la Ley 18.525 y los artículos 1 y 16 del Decreto N° 575 parecen 
desprenderse las siguientes conclusiones:  a)  en lo que respecta a la aplicación de medidas 
antidumping, la legislación chilena no establece plazo s para la decisión final, dejando a las partes 
interesadas durante una investigación en una situación de  incertidumbre respecto de la misma y;  b) la 
autoridad chilena, en su decisión final relativa a la aplicación de medidas antidumping, no parece estar 
obligada a basar sus conclusiones en antecedentes fácticos y jurídicos. 
 
 En particular, pero de manera no excluyente  estas disposiciones parecen ser incompatibles 
con:   ● el artículo 1 del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder con 
prontitud a la formulación de determinacion es preliminares o definitivas, positivas o 
negativas, y aplicar medidas provisionales o definitivas, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping, que estab lece que las investigaciones 
deberán haber concluido dent ro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, 
contados a partir de su iniciación; 
  ● el artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
 
 ● el artículo 18.3 del Acuerdo Antidumping, que establece que las disposiciones del 
Acuerdo Antidumping serán aplicables a las i nvestigaciones iniciadas en la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo de la OMC para el miembro de que se trate o con 
posterioridad a esa fecha; 
 
 ● el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping;  y 
 
 ● el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
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  ii) De la definición de dumping y de las c ausales para el establecimiento de derechos 
antidumping 
 Del artículo 8 de la Ley 18.525 y los párra fos segundo y tercero del artículo 1 del Decreto 
N° 575, parecen desprenderse las siguientes conclusiones:  a) que la definición de dumping 
proporcionada por la legislación chilena no resulta consistente con lo dispuesto por el Acuerdo 
Antidumping y el GATT de 1994, y que las causales para el establecimiento de un derecho antidumping incluyen un espectro de posibilidades sumamente amplio e impreciso, excediendo las 
causales de imposición de derechos prescriptas por el GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping. 
 
 En particular, y de manera no excluyente, estas disposiciones parecen ser incompatibles con:   ● el artículo 1  del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 2.1  del Acuerdo Antidumping, que establece que se considerará que un 
producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a 
un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de 
un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones 
comerciales normales, de un producto sim ilar destinado al consumo en el país 
exportador; 
  ● el artículo 18.1  del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 18.3  del Acuerdo Antidumping, que establece que las disposiciones del 
Acuerdo Antidumping serán aplicables a las i nvestigaciones iniciadas en la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo de la OMC para el miembro de que se trate o con 
posterioridad a esa fecha; 
  ● el artículo 18.4  del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, 
a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus 
leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping;  y 
  ● el párrafo 4 del artículo XVI  del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
 
iii) De quienes pueden iniciar procedimientos en materia antidumping 
 Del artículo 10 del Decreto N° 575, parecen desp renderse las siguientes conclusiones:  a) que 
las investigaciones encaminadas a determinar la ex istencia, grado y los efectos del supuesto dumping 
podrán iniciarse a solicitud de sujetos distintos de los que autoriza el Acuerdo Antidumping y sin 
cumplir con el grado de apoyo necesario por parte de los productores nacionales del producto similar 
que permita a la autoridad concluir que la solic itud se considera hecha por la rama de producción  WT/DS393/1 
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  nacional o en nombre de ella;  y b) que los requis itos exigidos por el artículo 10 del Decreto N° 575, 
para que la solicitud de iniciación sea procedente , no son consistentes con los requisitos establecidos 
por el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping. 
 
 En particular, y de manera no excluyente, esta disposición parece ser incompatible con: 
  ● el artículo 1 del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 5.1 del Acuerdo Antidumping, que exige que las investigaciones 
encaminadas a determinar la existencia , el grado y los efectos de un supuesto 
dumping se inicien previa solicitud escrita h echa por la rama de producción nacional 
o en nombre de ella, con la salvedad de el caso  previsto en el párrafo 6 del artículo 5; 
  ● el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping, que exig e que la solicitud contenga la 
información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los puntos de 
la lista indicativa menciona da por esta disposición; 
 
 ● el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping, que exige que la solicitud cuente con el 
grado de apoyo necesario por parte de los productores nacionales del producto similar 
que permita a la autoridad de terminar que la solicitud se considera hecha por la rama 
de producción nacional o en nombre de ella; 
 
 ● el artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
 
 ● el artículo 18.3 que establece que las disposiciones del Acuerdo Antidumping serán 
aplicables a las investigaciones iniciadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
de la OMC para el miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha; 
  ● el artículo 18.4 del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, 
a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
 
iv) 
De las medidas provisionales 
1. Del artículo 22 del Decreto N° 575 parecen desprenderse las siguientes conclusiones:  a) que 
en el evento de que la Comisión resuelva que no ex iste dumping en el precio de las mercancías bajo 
investigación o que no existe daño o amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, la 
Comisión no está obligada a solicitar al Presidente de la República que las medidas provisionales establecidas sean dejadas sin efecto;  b) que no existe  previsión alguna que obligue al Presidente, ante WT/DS393/1 
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  solicitud de la Comisión, a dejar sin efecto la s medidas provisionales en las circunstancias 
mencionadas en el inciso anterior;  c) que no existe previsión alguna que , en las circunstancias 
descriptas en el inciso a) de este párrafo, obli gue al Presidente a dejar sin efecto los derechos 
provisionales inmediatamente. 
 En particular, y de manera no excluyente, esta disposición parece ser incompatible con: 
  ● el artículo 1  del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 7.1.ii)  que establece que sólo podrán ap licarse medidas provisionales si se 
ha llegado a una determinación positiva de la existencia de dumping y del 
consiguiente daño a una rama  de la producción nacional; 
  ● el artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
 
 ● el artículo 18.3 que establece que las disposiciones del Acuerdo Antidumping serán 
aplicables a las investigaciones iniciadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
de la OMC para el miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha; 
 
 ● el artículo 18.4  del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
 
 ● el párrafo 4 del artículo XVI  del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
 2. De los artículos 16, 19 y 20 del Decreto N° 575 parecen desprenderse las siguientes 
conclusiones:  a) la autoridad de aplicación chilena está facultada para imponer derechos 
provisionales aún antes de transcurridos sesenta días desd e la fecha de iniciación de la investigación;  
y b) los derechos provisionales pueden aplicarse por un período que exceda del establecido en el 
artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping, debido a que  las medidas provisionales pueden aplicarse hasta 
la fecha en que se efectúe la decisión final y a que la autoridad investigadora no se encuentra limitada 
por plazo alguno para efectuar dicha decisión. 
 En particular, y de manera no excluyente, estas disposiciones parecen ser incompatibles con: 
  ● el artículo 1  del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
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 G/L/887 
 G/ADP/D78/1 
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   ● el artículo 7.3  del Acuerdo Antidumping, que establece que no se aplicarán medidas 
provisionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha de iniciación de la investigación. 
 
 ● el artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping, que exige que las medidas provisionales se 
apliquen por el período más breve posible, el  que no podrá exceder de cuatro meses o, 
por decisión de la autoridad competente y a petición de exportadores que representen 
un porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no 
excederá de seis meses.  Cuando las au toridades, en el transcurso de una 
investigación, examinen si bastaría un der echo inferior al margen de dumping para 
eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses respectivamente. 
  ● el artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 18.3 que establece que las disposiciones del Acuerdo Antidumping serán 
aplicables a las investigaciones iniciadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
de la OMC para el miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha; 
  ● el artículo 18.4  del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus 
leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el párrafo 4 del artículo XVI  del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
 
3. De los artículos 19 y 21 del Decreto N° 575 parece desprenderse que la autoridad de 
aplicación chilena estaría facultada para imponer derechos provisionales sin haberse iniciado una 
investigación de conformidad con las disposici ones del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y sin 
haber dado a todas las partes interesadas oportuni dades adecuadas de presen tar información y hacer 
observaciones. 
 En particular, y de manera no excluyente, estas disposiciones parecen ser incompatibles con: 
  ● el artículo 1  del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 7.1 i) del Acuerdo Antidumping, que establece que sólo podrán aplicarse 
medidas provisionales si se ha iniciado una investigación de conformidad con las 
disposiciones del artículo 5 y se han da do a las partes interesadas oportunidades 
adecuadas de presentar inform ación y hacer observaciones. 
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   ● el artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 18.3  que establece que las disposiciones del Acuerdo Antidumping serán 
aplicables a las investigaciones iniciadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
de la OMC para el miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha; 
 
 ● el artículo 18.4  del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el párrafo 4 del artículo XVI  del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
 v) De la ausencia de un mecanismo de revisión judicial 
 Del análisis de la Ley 18.525 y el Decreto N° 575 se concluye que no existirían disposiciones 
que prevean mecanismos internos para la revi sión de las medidas administrativas vinculadas a 
resoluciones administrativas o exámenes en materi a antidumping por medio de instancia judicial, 
arbitral o administrativa, que sea independiente de la autoridad que toma la determinación o realiza el 
examen. 
  La ausencia de un proceso de revisión indepe ndiente, en el sentido analizado, podría ser 
inconsistente en particular, y de manera no excluyente, con la siguiente normativa: 
  ● el artículo 1  del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el artículo 13  del Acuerdo Antidumping, que exige a cada Miembro, en cuya 
legislación nacional existan disposiciones sobre medidas antidumping, a mantener 
tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las determinaciones en el sentido del 
artículo 11;  preceptuándose que dichos tr ibunales o procedimientos deberán ser 
independientes de las autoridades encargadas de la determinación o examen de que se 
trate; 
  ● el artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
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 G/L/887 
 G/ADP/D78/1 
 Página 13 
  
   ● el artículo 18.3  que establece que las disposiciones del Acuerdo Antidumping serán 
aplicables a las investigaciones iniciadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
de la OMC para el miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha; 
 
 ● el artículo 18.4  del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
  ● el párrafo 4 del artículo XVI  del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
 
vi) De la falta de adecuación de la normativ a antidumping chilena con posterioridad a la 
entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC 
 Del análisis de las inconsistencias de la normativa chilena hasta aquí desarrolladas y del 
hecho que el Decreto N° 575 de 1993 es previo a la  fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC para Chile, se puede concluir lo siguiente:  a)  que Chile no adoptó las medidas necesarias para 
asegurarse que su normativa en materia antidumpi ng esté en conformidad con las disposiciones del 
GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping y, por lo tanto,  b) que las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, en su totalidad, no se aplican a las investigaciones y a los exámenes de medidas 
existentes.  
 En particular, y de manera no excluyente, estas disposiciones parecen ser incompatibles con: 
  ● el artículo 1  del Acuerdo Antidumping, que obliga a los Miembros a proceder a la 
aplicación de medidas antidumping sólo en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
 
 ● el artículo 18.1 del Acuerdo Antidumping, que exige a los Miembros que no se 
adopten medidas específicas contra el dumpi ng de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposic iones del GATT de 1994, según se interpretan 
en el Acuerdo Antidumping; 
 
 ● el artículo 18.3  que establece que las disposiciones del Acuerdo Antidumping serán 
aplicables a las investigaciones iniciadas en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
de la OMC para el miembro de que se trate o con posterioridad a esa fecha; 
  ● el artículo 18.4  del Acuerdo Antidumping, que obliga a cada Miembro a adoptar 
todas las medidas necesarias, de carácter general o particular, para asegurarse de que, 
a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos admi nistrativos estén en conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping; 
 
 ● el párrafo 4 del artículo XVI  del Acuerdo sobre la OMC, que obliga a los Miembros 
a asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos con las obligaciones que  les impongan los Acuerdos anexos. 
 WT/DS393/1 
G/L/887 G/ADP/D78/1 
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   Las medidas de Chile identificadas en la presente solicitud también parecen anular o 
menoscabar ventajas resultantes para la Argentina di recta o indirectamente de los Acuerdos citados. 
 
 Con respecto a cada una de las medidas antes mencionadas, la presente solicitud abarca 
también cualesquiera modificaciones, medidas sustit utivas, prórrogas, medidas de aplicación u otras 
medidas conexas.   El Gobierno de la Argentina se reserva el der echo de plantear otras alegaciones de hecho y 
cuestiones de derecho durante el transcurso de las co nsultas.  Esperamos con interés su respuesta a la 
presente solicitud y la fijación de una fecha y un lugar mutuamente convenientes para la celebración de las consultas.   
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