RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  TN/IP/M/16 
19 de mayo de 2006 
 
 (06-2475) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio en Sesión Extraordinaria  
 
  
ACTA DE LA REUNIÓN 
 
celebrada en el Centro William Rappard
 
los días 16 y 17 de marzo de 2006  
 
Presidente:  Embajador M anzoor Ahmad (Pakistán)  
 
 
Asuntos tratados : Página  
 
A. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE ........................................................................................................1  
B. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ..................................................................................................1  
C. NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENT O DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE 
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS I NDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y  
BEBIDAS ESPIRITUOSAS ...............................................................................................................2  
D. OTROS ASUNTOS .......................................................................................................................42  
 
 
_______________ 
 
 A. E
LECCIÓN DEL PRESIDENTE  
1. El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordin aria confirma la reelección del Embajador 
Manzoor Ahmad (Pakistán) como Presidente. 
B. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
2. El Consejo de los ADPIC en Sesión Extrao rdinaria, en su decimosexta reunión, acuerda  
adoptar el orden del día que figura en el aerograma WTO/AIR/2769. 
3. El Presidente propone que el Consejo en S esión Extraordinaria invite a la Oficina 
Internacional de la OMPI a hacerse representar en calidad  de experto, sin perjuicio de la cuestión de la 
condición de observador de las organizaciones intergubernamentales. 
4. Así queda acordado . TN/IP/M/16 
Página 2  
 
  C. N
EGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE 
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACI ONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS  
5. El Presidente  recuerda que los Ministros convinieron en Hong Kong en que se intensificaran 
las negociaciones del Consejo en Sesión Extraordinar ia con el propósito de finalizarlas dentro del 
calendario general para la conclu sión de las negociaciones previstas en la Declaración Ministerial de 
Doha.  Dice que, en la reunión del Comité de Negoc iaciones Comerciales (CNC) del 6 de febrero, el 
Presidente del CNC observó que parecía haber una in tención compartida por todos los Miembros de 
sacar adelante la totalidad del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), avanzando en todas las 
cuestiones, y un deseo de hacerlo "de manera concer tada".  El Presidente del CNC también señaló que 
era necesario y urgente pasar a negociar elementos de los textos.  El Presidente del Consejo en Sesión 
Extraordinaria señala el docum ento titulado "Plazos para 2006", distribuido con la signatura 
JOB(06)/13, en el que se indica que para julio de 2006 ha de presentarse un documento de trabajo del 
Consejo en Sesión Extraordinaria.  Esto refleja plenamente su propia evaluación de que, teniendo 
presente el plazo de final de año para las negociaci ones de Doha en su conj unto, habría que contar 
antes del receso del verano con un documento de  trabajo que pudiera utilizarse como base del 
producto final y respecto del cual hubiera un buen gra do de entendimiento entre los Miembros acerca 
de dónde radican las principales dificultades restan tes que han de resolverse.  No cabe duda de que, 
para conseguir esto en julio, sería conveniente ha ber hecho progresos para desbloquear con bastante 
antelación a esa fecha las dificultades fundamental es que han obstaculizado la labor hasta ahora. 
6. Asimismo, el Presidente recuerda que en su informe al CNC (TN/IP/14), del que se tomó nota 
en la Declaración Ministerial de Hong Kong, se hace referencia a que persisten importantes 
diferencias sobre dos cuestiones clave, a saber, los efectos jurídicos y la participación.  Además, el 
informe reconoce que será necesario  seguir trabajando sobre otros diversos aspectos, como las 
cuestiones de los costos y las cargas administrativas pa ra los Miembros de la OMC, en particular para 
los países en desarrollo.  En el informe se indi ca que será difícil lograr avances importantes sobre 
estas cuestiones, y sobre otros detalles del mecanismo que se ha de establecer, si no existe una mayor 
convergencia sobre las dos cuestiones clave. 
7. El Presidente informa a los Miembros de que, sobre la base de lo acordado en Hong Kong y 
de las orientaciones proporcionadas en la reuni ón del CNC, ha celebrado consultas con las 
delegaciones sobre la mejor manera de organizar lo s trabajos del Consejo en Sesión Extraordinaria.  
Es importante encontrar la manera de acelerar l as negociaciones para poder avanzar en cuestiones que 
necesitan aclaración y así poder presentar el documento  necesario en julio.  Como resultado de las 
consultas, ha distribuido a las delegaciones, por fa x y bajo su propia responsabilidad, una lista de las 
preocupaciones prioritarias planteadas por las delegaciones para que se debatan en la presente 
reunión.  El documento recoge cinc o de esas preocupaciones prioritarias, en el orden en que aparecen 
en el documento que expone las propuestas en parale lo (TN/IP/W/12), a saber:  la participación;  la 
notificación;  el registro;  los efectos o consecuencias  jurídicos del registro;  y las tasas y los costos.  
El Presidente propone que el Consejo en Sesión Ex traordinaria aborde cada uno de dichos temas de 
manera sucesiva.  El documento señala asimismo que se ha sugerido que, al debatir cada área de preocupación prioritaria, se aborden explícitamente,  cuando proceda, las siguientes cuestiones:  la 
repercusión de las propuestas en el principio de terri torialidad;  su repercusión en el equilibrio actual 
de derechos y obligaciones;  su repercusión en los pa íses en desarrollo;  su repercusión en los sistemas 
o jurisdicciones nacionales;  y la cuestión de las cargas administrativas.  Añade que el debate sobre las 
preocupaciones prioritarias y las cu estiones incluidas en la lista no impedirá discutir otros aspectos.  
Propone al Consejo en Sesión Extraordinaria organizar el trabajo sobre esa base. 
8. Así queda acordado
.  TN/IP/M/16 
 Página 3 
 
 
  Observaciones generales 
9. Los representantes de la India , Guatemala  y Filipinas  dicen que las cuestiones relativas a los 
costos y las cargas revisten una gran importancia y siempre las tienen muy presentes a la hora de debatir las diversas propuestas. 
10. El Presidente
 dice, en respuesta a una cuestión de procedimiento planteada por la India  y 
apoyada por Guatemala , que las cuestiones de los costos y l as cargas podrán plantearse en cualquier 
momento, incluso durante los debates sobre la partic ipación, la notificación, el registro y los efectos 
jurídicos. 
11. Los representantes de las Comunidades Europeas , los Estados Unidos  y Nueva Zelandia  dicen 
que la lista del Presidente será una útil cont ribución a los esfuerzos del Consejo en Sesión 
Extraordinaria por avanzar de manera constructiva.   
12. El representante de Suiza  dice que decepciona a su delegación el hecho de que la lista de 
preocupaciones prioritarias haya aumentado en comparación con las dos cuestiones clave mencionadas originalmente por el Presidente, a saber, la participación y los efectos jurídicos.  No será 
muy útil debatir en profundidad cuestiones relaci onadas con la notificación y el registro si no se 
cuenta con una imagen más clar a en esas dos cuestiones clave. 
13. El representante de Costa Rica
 solicita que se incluya a su país, que ya copatrocinó el 
documento TN/IP/W/5, en la lista de patrocina dores de la propuesta conjunta que figura en el 
documento TN/IP/W/10.  Dice que la propuesta conjunta cuenta con los elementos necesarios y suficientes para cumplir el párrafo 4 del artícul o 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Mandato de 
Doha, y que su delegación apoya los siete principios  básicos incluidos en dicha propuesta:  primero, 
que la participación sea voluntaria;  segundo, que el sistema que se establezca no tenga efectos 
jurídicos para los Miembros no participantes, un rasgo compatible con todos los sistemas jurídicos 
existentes en el derecho internacional;  tercero, que el sistema siga manteniendo el actual equilibrio de 
derechos y obligaciones del Acuerdo, principio de especial importancia para su delegación, ya que 
muchos Miembros de la OMC, entre ellos Costa Rica, no son productores ni exportadores de vinos y 
bebidas espirituosas y por tanto no tienen un inter és económico en dichas negociaciones, sino que les 
mueve un interés puramente sistémico;  cuarto, que el  futuro sistema no suponga costos sustantivos, ni 
para los Miembros participantes ni para el organi smo que los administre;  quinto, que dicho sistema 
respete el principio de territorialidad;  sexto, que respete el derecho de los Miembros a establecer el 
método adecuado para aplicar las disposiciones de l Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de sus 
propios sistemas jurídicos y prácticas jurídicas;  y, séptimo, que el sistema en cuestión se limite 
exclusivamente a los vinos y las bebidas espirituosas. 
14. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que su delegación sigue plenamente 
comprometida con el proceso y considera que estas negociaciones son un elemento esencial en el equilibrio general del PDD.  La e volución de la propuesta de las CE desde su contenido inicial hasta 
lo que actualmente está sobre la mesa constituye una buena prueba de la actitud permanentemente 
constructiva de su delegación.  Las Comunidad es Europeas han retocado su propuesta procurando 
responder a las preocupaciones expresadas por otr as delegaciones durante los últimos años, en 
particular algunos de los principios que acaba de mencionar Costa Rica y que, en realidad, constituyen 
un punto de encuentro.  Todos los Miembros ya se han puesto de acuer do en que la definición 
aplicable de indicación geográfica es la que se establece en el párrafo 1 del artículo 22, en que el propósito del sistema debería ser facilitar la obt ención del nivel de protección de las indicaciones 
geográficas establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, en que el sistema sea útil y fiable, en que las 
excepciones que figuran en el artículo 24 del Acuer do sigan siendo válidas y pertinentes, y en que se 
conceda un trato diferente a los Miembros que pa rticipen y a los demás.  Los nuevos elementos 
añadidos a la propuesta de las CE presentada en junio de 2005 (TN/IP/W/11) incluyen disposiciones TN/IP/M/16 
Página 4  
 
  sobre las marcas de fábrica o de comercio y un sist ema de tasas concebido para garantizar que quienes 
más se beneficien del sistema contribuyan a sus cost os de funcionamiento.  Aparte de estas mejoras 
recogidas por escrito, su delegación ha señalado, en reuniones anteriores, que estaría dispuesta, como 
muestra de flexibilidad, a considerar otras posibl es modificaciones si los Miembros considerasen que 
son útiles para mejorar el texto.  Un ejemplo es la disposición de su delegaci ón a debatir la ampliación 
del plazo para la formulación de reservas o la lim itación del número anual de indicaciones geográficas 
que puedan notificarse.  Sin embargo, señala que la disposición de su delegación a actuar con 
flexibilidad no significa que renuncie a proponer un  sistema de carácter multilateral y con efectos 
jurídicos en todos los Miembros.  El Consejo en Sesión Extraordinaria debería centrar sus esfuerzos 
en esas dos cuestiones clave, los efectos jurídicos y la participación.  El progreso en otras cuestiones 
depende de que se avance en esas dos cuestiones clave. 
15. El representante del Brasil
 dice que su delegación está dispuesta a participar en un trabajo 
sustantivo en relación con estas negociaciones, siempre que también exista un compromiso de tratar de manera similar otras cuestiones de aplicación re lacionadas con el Acuerdo sobre los ADPIC, como 
la propuesta que el Brasil, la India y otros países en desarrollo presentaron en el contexto de los 
debates sobre la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 
16. En lo que se refiere a la sustancia de las negociaciones, dice que cualquier sistema 
multilateral de notificación y registro de indicaci ones geográficas para los vinos y las bebidas 
espirituosas tendrá que ser de naturaleza estrictamente voluntaria, no deberá tener efectos extraterritoriales, no deberá crear cargas adicional es para los países en desarrollo, deberá limitarse a 
los vinos y las bebidas espirituosas y deberá evitar la  introducción de compromisos adicionales en el 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
17. La representante de Guatemala
 dice que será esencial tener en cuenta, de manera horizontal, 
la repercusión que pueda te ner cada elemento del futuro sistema en términos de costos y cargas para 
los países en desarrollo, un factor esencial y prim ordial en estas negociaciones.  Recuerda que 
Guatemala copatrocina propuestas anteriores, en particular la propuesta conjunta distribuida en 
octubre de 2002 con la signatura TN/IP/W/5.  Su de legación suscribe los siete principios expuestos 
por Costa Rica. 
18. La representante de los Estados Unidos  dice que la propuesta conjunta es la única que respeta 
el mandato y los principios expuestos por Costa Rica.  El objetivo del Consejo en Sesión Extraordinaria debe ser establecer un sistema multila teral de notificación y registro de indicaciones 
geográficas para vinos y bebidas espirituosas que sea compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y 
cumpla el mandato, esto es:  debe ser voluntario, ha  de ser sencillo y barato, debe mantener entre los 
derechos y las obligaciones el equilibrio que actualm ente hay en el Acuerdo sobre los ADPIC, tiene 
que respetar la territorialidad y debe permitir a lo s Miembros de la OMC seguir estableciendo por sí 
mismos el modo adecuado de aplicar las disposicio nes del Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de 
su propio sistema jurídico y su práctica jurídica.  La propuesta conjunta es la única opción que cumple 
con el mandato, al facilitar la protección de l as indicaciones geográficas de los vinos y bebidas 
espirituosas sin imponer cargas adicionales a los Miembros. 
19. El representante de Corea
 dice que su delegación consider a que estas negociaciones deben 
tener lugar dentro del mandato establecido en el  párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los 
ADPIC y el párrafo 18 de la Declaración de Doha , lo que significa que el sistema que se establezca 
debe ser no vinculante y la participación en él debe ser voluntaria.  Además, el sistema no debe 
imponer cargas financieras u otro tipo de cargas ad ministrativas indebidas, ni a los Miembros 
participantes ni a los que decidan no participar, y debe permitir a los Miembr os que sigan decidiendo 
por sí mismos la manera adecuada de aplicar las disposiciones del Acuerdo dentro de sus propios 
sistemas jurídicos y su práctica jurídica.    TN/IP/M/16 
 Página 5 
 
 
  20. El representante de Nicaragua  dice que su delegación considera que la propuesta conjunta 
constituye un sistema sencillo, efectivo y eficaz de notificación y registro de las indicaciones geográficas, y que su naturaleza voluntaria es una característica especialmente importante.  Su delegación apoya las declaraciones de Chile, Costra  Rica y Guatemala y solicita que se incluya a 
Nicaragua en la lista de patrocinadores de la  propuesta conjunta distribuida en el documento 
TN/IP/W/10.  Informa al Consejo de que el 15 de  marzo de 2006 Nicaragua depositó en la OMPI su 
instrumento de adhesión al Arreglo de Lisboa rela tivo a la protección de las denominaciones de origen 
y su registro internacional, lo cual demuestra la  importancia que concede su país a las disciplinas 
multilaterales. 
21. La representante de Singapur
 dice que, aunque su país no produce vino y no tiene 
indicaciones geográficas de ese tipo, ha seguido los debates de cerca, dadas las repercusiones que 
tendría su resultado para los Miembros que no s on productores de vino.  En este sentido, su 
delegación está de acuerdo con los elementos de la  propuesta conjunta, tal como aparecen expuestos 
en el documento TN/IP/W/10.  Todo sistema multila teral de notificación y registro cuyo objeto sea 
facilitar la protección de las indicaciones geográficas  de los vinos y las bebidas espirituosas debe 
respetar los siguientes principios:  participación vo luntaria;  mantenimiento del actual equilibrio entre 
los derechos y las obligaciones de los Miembros;  inex istencia de efectos jurí dicos para los Miembros 
que decidan no participar en el sistema;  inexiste ncia de costos sustanciales, sobre todo para los 
Miembros que no participen;  respeto del principi o de territorialidad;  y compatibilidad con el 
párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC .  Independientemente del sistema que acuerde al 
final el Consejo en Sesión Extraordinaria, dic ho sistema no deberá perjudicar los intereses de los 
Miembros que no producen vino.  Su delegación c onsidera positiva la disposición de las Comunidades 
Europeas a ser flexibles y responder a las preocup aciones planteadas.  Singapur desea un sistema que 
sea sencillo, sin complicaciones, eficiente y, sobre todo, que mantenga el principio de que la protección de las indicaciones geográficas se lleve a cabo de conformidad con la legislación nacional 
de cada Miembro de la OMC, en consonancia con las obligaciones vigentes en el marco del Acuerdo 
sobre los ADPIC.  En otras palabras, no deberá relegar las decisiones que se adopten a nivel nacional 
en materia de protección de las indicaciones geográficas. 
22. La representante de Malasia
 dice que, en línea con lo que han expuesto otras delegaciones, su 
delegación espera que se cumpla el mandato en lo relativo al establecimiento de un sistema multilateral de registro y notificación de indicaci ones geográficas para los vinos y las bebidas 
espirituosas que sea mínimamente gravoso y oneroso para los países en desarrollo. 
23. El representante de Tailandia
 recuerda que su país no es demandeur  en estas negociaciones y 
expresa la preocupación de su delegación en lo re lativo a las cuestiones de las consecuencias o los 
efectos jurídicos del registro, las tasas y los costos y otras cargas. 
24. El representante de Turquía  dice que su delegación tiene intereses más amplios que estas 
negociaciones y por tanto no es demandeur  de un registro limitado únicamente a las indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas espirituosas.  Turquí a ha registrado sólo dos indicaciones geográficas, 
una de una bebida espirituosa y otra de un licor, y considera que si se crea un registro de indicaciones 
geográficas limitado a los vinos y las bebidas esp irituosas se volverá a caer en el error cometido 
durante la Ronda Uruguay, que lim itó la debida protección de las indicaciones geográficas en el 
marco del Acuerdo sobre los ADPIC a esas dos categorías de productos. 
Participación 
25. El representante de las Comunidades Europeas  recuerda que el mandato de los Miembros 
estableció la creación de un sistema multilateral de no tificación y registro.  Dice que, en el contexto 
de la OMC, ello supone un acuerdo que sea vinculante  para todos los Miembros de la Organización.  
Por tanto, el entendimiento de que el futuro si stema debe tener efectos jurídicos en todos los TN/IP/M/16 
Página 6  
 
  Miembros está totalmente en c onsonancia con el párrafo 4 del ar tículo 23 del Acuerdo sobre los 
ADPIC, en particular con su referencia a las indicaciones geográficas "que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema".  Este texto significa que los Miembros participantes serán los que quieran que sus indi caciones geográficas gocen de los beneficios del 
registro al notificarlas al sistema.  La difere ncia entre los Miembros participantes y los no 
participantes estriba precisamente en la libertad que ti enen los Miembros para decidir si incluyen o no 
sus indicaciones geográficas en el sistema.  Sin embargo, una vez incluida en el sistema una 
indicación geográfica, la protección debe ser "facilitada"  en todos los Miembros, ya que el sistema se 
supone que es multilateral.  Por tanto, la propuest a de las CE logra un equilibrio justo al prever 
determinados efectos para los Miembr os participantes y otros efectos para los no participantes.  Por el 
contrario, el enfoque adoptado por la propuesta conj unta en lo que respecta a la participación no se 
justifica, precisamente porque niega el principio b ásico de que cualquier instrumento "multilateral" de 
la OMC debe tener efectos en todos los Miembros. 
26. El representante de Guatemala
 expresa su preocupación por el impacto negativo que el futuro 
sistema tendría en los países en desarrollo, en particul ar los que decidan no participar en el sistema.  
La propuesta conjunta cumple plenamente el mandato  de las negociaciones y atiende las necesidades 
de los países en desarrollo.  La participación en el sistema debe ser estrictamente voluntaria.  Por 
tanto, el sistema no debe entrañar consecuencias para los Miembros que no participen.  Proponer algo 
distinto sería contrario a las normas del Acuerdo sobre los ADPIC y al derecho internacional público, 
conforme al cual los tratados no son vincul antes para los países que no acepten expresamente 
participar en ellos.  Un sistema obligatorio de ese tipo crearía cargas adicionales, sobre todo para los 
países en desarrollo, que ya están obligados a cu mplir onerosas obligaciones en virtud del Acuerdo 
sobre los ADPIC y que adolecen de falta de recursos humanos y financieros. 
27. El representante de Costa Rica  destaca que el mandato expresa claramente que la 
participación tiene que ser voluntaria .  Se trata de un elemento clav e, sobre todo para los Miembros 
que no producen vino ni bebidas espirituosas.  La propuesta conjunta establece claramente que cada 
Miembro podrá optar por participar o no en el si stema y participará, si lo desea, notificando sus 
indicaciones geográficas nacionales.  El sistema de la propuesta conjunta sería multilateral del mismo modo que el Código de Buena Conducta  del Acuerdo OTC.  La delegación de Costa Rica no 
comparte la interpretación que hacen las CE del térm ino "multilateral", que figu ra en el párrafo 4 del 
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
28. La representante de los Estados Unidos
 dice que tal como está re dactado el párrafo 4 del 
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, que hace  referencia a "las indicaciones geográficas que 
sean susceptibles de protección en los Miembros partic ipantes en ese sistema", deja de manifiesto que 
los Miembros de la OMC deben poder decidir libremente su participación en el sistema y, por consiguiente, facilitar la protección de sus indicaciones geográficas en su marco.  De conformidad con 
los términos claros del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobr e los ADPIC, la participación debe 
ser verdaderamente voluntaria, y las propuestas, como  la de las CE, que procuran una participación 
obligatoria están fuera del mandato de las negoci aciones.  Con arreglo a esa propuesta, aunque todos 
los Miembros participantes y no participant es tendrían nuevas obligaciones sustantivas y nuevos 
costos, sus derechos respectivos variarían, ya que  los Miembros que no participasen no obtendrían las 
ventajas correspondientes.  Por ejemplo, de acuerdo  con dicho sistema todos los Miembros tendrían 
que examinar las indicaciones geográficas notificadas , celebrar negociaciones bilaterales obligatorias 
si hay una objeción a la protección, proteger probablemente decenas de miles de indicaciones 
geográficas que culminen con éxito su proceso de regi stro y dedicar más recursos para que las partes 
interesadas realicen la interposición o la defensa de impugnaciones del uso de términos notificados en 
sus mercados.  No están claros los beneficios que  puedan derivarse del sistema propuesto por las CE 
para los Miembros no participantes, pero están claros sus costos y sus gravosas obligaciones.  
Además, la propuesta de las CE parece indicar que los Miembros tienen que participar en el sistema 
para obtener los beneficios de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en lo relativo a las  TN/IP/M/16 
 Página 7 
 
 
  indicaciones geográficas.  Si un Miembro participa en el sistema propuesto por las CE, podrá notificar 
indicaciones geográficas y obtener protección en otros pa íses;  pero si no participa en él no podrá 
notificar sus indicaciones geográficas y por tanto no obtendrá protección en los demás países.  No es éste el modelo que debe seguirse para obtener la  protección de las indicaciones geográficas en otros 
países.   
29. La oradora señala que, actualmente, cualquier Miembro de la OMC que desee proteger sus 
indicaciones geográficas en otro país puede hacerlo a unque no haya un registro multilateral.  La plena 
aplicación de las obligaciones existentes en el ma rco del Acuerdo sobre los ADPIC proporciona dicha 
protección, cosa que no pueden aportar mecanismos extraterritoriales.  Los Miembros también deben evitar la creación de un sistema que haga necesaria la participación obligatoria para que los Miembros 
se beneficien de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las indicaciones 
geográficas.  Ello contrasta con la posibilidad  de opción que la propuesta conjunta ofrece a los 
Miembros en cuanto a participar en el sistema pr esentando, si lo desean, una notificación escrita de tal 
propósito.  Esta característica esta blece un equilibrio adecuado entre los Miembros participantes y los 
no participantes:  los primeros te ndrían derechos y obligaciones y los últimos, ni lo uno ni lo otro.  
Los Miembros participantes se comprometerían a garantizar que sus procedimientos nacionales 
incluyan la disposición de consulta r la base de datos a la hora de tomar decisiones sobre el registro de 
indicaciones geográficas y de marcas de fábrica o de comercio de acuerdo con la legislación nacional.  Los Miembros no participantes, a su vez, podr ían consultar dichos datos y utilizarlos para 
fundamentar sus decisiones en lo relativo al registro de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas de conformidad con su legislación nacional.   
30. La delegación de los Estados Unidos tiene  algunas preocupaciones en relación con la 
propuesta de Hong Kong, China.  Aunque también pr evé la participación voluntaria de los Miembros, 
establece que dicha participación voluntaria debe revisarse cuatro años después de establecerse el sistema.  Cualquier cambio en el alcance de la participación estaría fuera del mandato del Consejo en Sesión Extraordinaria. 
31. El representante de Chile
 dice que, a pesar de la afirmación de las Comunidades Europeas de 
que su propuesta también sigue los principios esboza dos por Costa Rica, en realidad no es así, por las 
siguientes razones:  la participación no sería volunta ria;  también tendría efectos jurídicos para los 
Miembros no participantes;  el equilibrio de derechos y deberes del Acuerdo sobre los ADPIC 
quedaría alterado, ya que afectaría al disfrute de  las excepciones del artículo 24;  habría costos 
sustanciales tanto para los Miembros participantes como para los no participantes;  el principio de 
territorialidad quedaría afectado como consecuencia de  las negociaciones bilaterales obligatorias;  la 
libertad de que actualmente gozan los Miembros pa ra elegir la manera adecuada de aplicar sus 
obligaciones quedaría reducida;  y el registro no se limitaría únicamente a los vinos y las bebidas espirituosas, sino que incluiría todos los productos.  El orador está de acuerdo con las Comunidades 
Europeas en que el sistema debería mantener sin cambios la definición de indicación geográfica que 
figura en el párrafo 1 del artículo 22 y en que de bería facilitar su protección y no acentuarla.  La 
redacción utilizada en el párrafo 4 del artículo 23 de l Acuerdo, "para facilitar la protección", tiene un 
significado diferente de "mejorar la protección", qu e es la expresión utilizada en el párrafo 1 del 
artículo 24 del Acuerdo.  Por tanto, "facilitar" no qu iere decir "mejorar" y "multilateral" significa la 
adopción de una solución multilateral, esto es, un sistema cuya gestación sea multilateral, pero que 
deje a los Miembros la opción de decidir libremente si desean participar o no en él.  Como ha 
señalado Costa Rica, un ejemplo de sistema de ese tipo es el Código de Buena Conducta  del Acuerdo 
OTC, de carácter multilateral. 
32. El representante de Filipinas
 dice que la posición de su delegación en lo que se refiere a la 
participación aparece reflejada en el párrafo 48 del acta de la reunión del Consejo en Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2005 (TN/IP/M/14).  Como copatrocinador de la 
anterior propuesta conjunta que figura en el docum ento TN/IP/W/5, su delegación también apoya la TN/IP/M/16 
Página 8  
 
  propuesta más reciente, que figura en el documento  TN/IP/W/10, principalm ente porque aporta un 
sistema sencillo y eficaz sin cargas adicionales para  los Miembros.  Su delegación sigue examinando 
la posibilidad de copatrocinar  el documento TN/IP/W/10. 
33. Otra cuestión importante para su delegación es el principio de territorialidad.  Expresa su 
preocupación por el hecho de que la propuesta de las CE también tendría efectos para los Miembros 
no participantes, en especial los países en desarrollo  Miembros.  De conformidad con dicho sistema, 
si un país en desarrollo Miembro no puede ejercer el derecho de plantear una re serva, ello podría tener 
para él importantes consecuencias negativas en térm inos de territorialidad.  Aunque su delegación 
acoge positivamente la flexibilidad de la que han dado muestras las Comunidades Europeas al aceptar 
que se limite el número de notificaciones anuales o ampliar el plazo para las reservas, a pesar de todo 
duda de que dichas flexibilidades basten para re sponder a las preocupaciones que tienen numerosos 
países en desarrollo en relación con este punto.  Po r tanto, insta a las Comunidades Europeas a que 
consideren, por ejemplo, la posibilidad de basarse en las propuestas relativas a una base de datos 
voluntaria en la OMC o acaso actuar con mayor flex ibilidad en otros aspectos, teniendo en cuenta las 
posiciones que han tomado los Miembros, en particul ar los países en desarrollo Miembros, en relación 
con la cuestión de la participación. 
34. El representante del Canadá
 dice que la redacción del párrafo  4 del artículo 23 del Acuerdo 
sobre los ADPIC muestra claramente que la intención de los negociadores fue tener un sistema de registro no obligatorio.  Puede haber diversas razon es para que un Miembro decida no participar.  Es 
probable que los Miembros que no producen vino ni  bebidas espirituosas no vean ninguna ventaja en 
la participación en el sistema, mientras que otros Miembros puedan optar por no participar en razón 
de los costos.  Sería injusto y simplemente inacep table imponer obligaciones y costos considerables a 
una gran mayoría de Miembros no productores de vino ni de bebidas espirituosas que no obtendrían 
nada del sistema ni podrían hacer uso práctico de él.  Por tanto, el Canadá ve con gran preocupación el 
aspecto de la participación de la propuesta de la s CE, ya que no sólo los participantes tendrían 
obligaciones onerosas, sino también los no participantes. 
35. El Canadá también tiene preocupaciones en re lación con la propuesta de Hong Kong, China, 
que prevé una revisión del carácter voluntario de la participación. 
36. Por todas estas razones, la propuesta conjunta es la única que verdaderamente respeta el 
concepto de participación voluntaria.  De hecho, va  incluso más lejos al proponer que se establezca la 
necesidad de notificar por escrito la intención de pa rticipar en el registro y al permitir que los no 
participantes consulten el registro. 
37. El representante de Hong Kong, China
, dice que la disposición de su propuesta en la que se 
prevé una revisión a los cuatro años incluye todos  los aspectos de la propuesta y no únicamente la 
participación.  Si en la revisión no hay consenso, el  sistema seguiría siendo el mismo.  En cualquier 
caso, la obligación de realizar exámenes con posterioridad a la aplicación de un sistema o acuerdo es una práctica habitual en la OMC. 
38. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que, al contrario de lo que han afirmado 
algunas delegaciones, la propuesta de las CE respeta pl enamente el principio de territorialidad, ya que 
dejaría las decisiones relativas a la protección de  las indicaciones geográficas en manos de las 
autoridades y los tribunales nacionales.  Hay algunos  malentendidos en relación con el significado de 
"efecto extraterritorial".  Un efecto es extraterrito rial cuando un país toma una decisión por su cuenta 
y sin consultar a los demás, y esa decisión surte efect os jurídicos en otras jurisdicciones.  Esto se 
diferencia de los efectos internacionales o multilate rales, que se dan cuando todos los países acuerdan 
tomar una decisión y los efectos que derivan de ella  se producen en todos esos países.  Su delegación 
se refiere a la segunda situación como correspondie nte al significado de "sistema multilateral".  
Pensar lo contrario, esto es, que las Comuni dades Europeas proponen un sistema con efectos  TN/IP/M/16 
 Página 9 
 
 
  extraterritoriales, equivaldría a decir que el GATT u otros Acuerdos de la OMC también son 
extraterritoriales porque tienen efectos en otros Miembros.  Siguiendo esa misma lógica, los acuerdos administrados por la OMPI, que determinan efecto s de la protección de la propiedad intelectual 
concedida en un país determinado, también podr ían considerarse acuerdos extraterritoriales.  
Naturalmente, ninguno de esos acuerdos es extraterri torial:  son multilaterales o internacionales.  Por 
tanto, el orador solicita a los Miembros que  utilicen con más prudencia el concepto de 
extraterritorialidad. 
39. En relación con la cuestión de las cargas administrativas, dice que su delegación ya ha 
aceptado la inclusión de notificaciones en el si stema y añade que las indicaciones geográficas 
notificadas tendrían que ser analizadas por los Miembr os y es natural que las CE, en su propuesta, no 
sepan a ciencia cierta cuántas notif icaciones atraería el registro.  Ad emás, el establecimiento de un 
plazo para el procedimiento de examen, y por  tanto para impugnar las indicaciones geográficas 
notificadas, exigiría que los Miembros aplicasen sus correspondientes procedimientos de examen 
nacionales.  Este proceso exigiría que los Miembr os destinasen algunos recursos a determinar si las 
indicaciones geográficas notificadas son, por ejemplo, genéricas, de acuerdo con la interpretación 
aplicada en dicho Miembro y sobre la base de la  información facilitada a través del registro 
multilateral.  Por tanto, su delegación es consci ente de que la propuesta generará algún trabajo 
administrativo y que probablemente en su fase inic ial el sistema recibirá más solicitudes.  En 
consecuencia, las Comunidades Europeas están di spuestas a estudiar el modo de responder a esas 
preocupaciones para garantizar que todos lo s Miembros puedan hacer frente a las cargas 
administrativas relacionadas con el procedimiento de examen.  Hay dos maneras posibles de hacerlo:  
limitar el número de indicaciones geográficas que pue dan notificarse anualmente y ampliar el plazo 
de examen.  El objetivo es establecer un registro  que funcione correctamente y que no tenga que 
quedar bloqueado por el elevado número de indicaciones geográficas notificadas.  En cualquier caso, 
probablemente no habrá tantas indicaciones geográficas como los miles y miles de marcas de fábrica o de comercio que anualmente se incluyen en el sistema de Madrid. 
40. Por otra parte, el sistema que proponen las CE  podrá aplicarse fácilmente a través de los 
procedimientos administrativos con que ya cuentan los Miembros, ya que la notificación al registro equivaldrá a una serie de notificaciones a los divers os Miembros y el procedimiento subsiguiente a 
nivel nacional será el mismo que si la indicación geográfica se notificase directamente en esos Miembros.  Por todo ello, su delegación considera que su propuesta no generaría nuevos costos por la 
organización de estructuras o sistemas diferentes.  Aunque en el plano del procedimiento el Miembro 
examinaría la notificación que llegara a través del registro de manera similar a otras solicitudes 
nacionales, eso no quiere decir, sin embargo, que sus efectos jurídicos sean los mismos.  En las solicitudes referentes a indicaciones geográficas puramente  nacionales, el resultado sería su registro o 
su rechazo.  En el caso de las notificaciones que procedan del registro multilateral propuesto por la 
delegación de las CE, la indicación geográfica, en cas o de que no haya reservas, quedaría incluida en 
el registro multilateral con determin ados efectos jurídicos, ya que en los Miembros participantes se 
presumiría que las indicaciones geográficas no tificadas y no impugnadas son susceptibles de 
protección.  En los Miembros, en particular en los participantes, las indicaciones geográficas notificadas y no impugnadas no podrían rechazarse en el  futuro por incumplimiento de la definición 
del párrafo 1 del artículo 22, la di sposición del párrafo 4 del artícul o 22 sobre el uso amparado en la 
cláusula de anterioridad o la disposición del párrafo  6 del artículo 24 sobre el carácter genérico.  Esos 
efectos jurídicos sólo se aplicarían una vez que el Miembro hubiese examinado la notificación, lo que 
significa que tiene la última palabra sobre esta cu estión.  Por tanto, el procedimiento estaría 
totalmente en conformidad con el  principio de territorialidad. 
41. El sistema también facilitaría el funcionamiento o la aplicación de las obligaciones 
correspondientes al Acuerdo sobre los ADPIC en todos  los Miembros y, al mejorar la tramitación de 
las indicaciones geográficas, ayudaría en especial a los Miembros que pueden dedicar menos recursos 
administrativos a ese propósito. TN/IP/M/16 
Página 10  
 
  42. Con respecto a la cuestión de la participación,  dice que, en opinión de su delegación, un 
registro voluntario no cumpliría el mandato del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los 
ADPIC, cuyo texto es claro.  Cuando esta disposición hace referencia a "las indicaciones geográficas que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema", quiere decir que 
tendrán que participar si quieren que sus indicaciones gocen de los beneficios del registro multilateral.  
Sin embargo, al dejar a los Miembros la decisión de incluir o no sus indicaciones geográficas en el 
registro, la propuesta de las CE no niega a los Miembros que decidan no participar, como creen erróneamente algunos Miembros, los beneficios de las dispos iciones del Acuerdo sobre las 
indicaciones geográficas.  Ese no es el objetivo de la propuesta de las CE:  quienes no deseen notificar una indicación geográfica al sistema simplemente re nunciarán a los beneficios del registro, pero no a 
los beneficios de que ya disfrutan en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. 
43. En relación con una cuestión que han plant eado algunos Miembros reiteradas veces, y que 
está relacionada con el carácter voluntario o no voluntario del registro, a saber, el significado de la palabra "multilateral", el orador señala que el pá rrafo 2 del artículo II del Acuerdo de Marrakech por 
el que se establece la Organización Mundial del Co mercio establece que "[l]os acuerdos y los 
instrumentos jurídicos conexos incl uidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante "Acuerdos 
Comerciales Multilaterales") forman parte integran te del presente Acuerdo y son vinculantes para 
todos sus Miembros".  Esto define claramente  los "acuerdos comerciales multilaterales" como 
aquellos que son vinculantes para "todos los Miembros".  El Anexo 3 del Acuerdo OTC, esto es, el 
Código de Buena Conducta, es un instrumento muy di stinto del que se negocia en la presente Sesión 
Extraordinaria, a saber, un sistema multilateral para  la notificación y el registro de indicaciones 
geográficas que facilite la obtención de la protecci ón que brinda el Acuerdo sobre los ADPIC para 
dichas indicaciones.  El Código de Buena Conducta est á abierto, previa aceptación, a los organismos 
de normalización tanto gubernamentales como no gube rnamentales, pero está perfectamente claro que 
todos los Miembros de la OMC son partes del An exo 3, dado que forma parte del Acuerdo OTC, 
como indica el párrafo 5 de su artículo 15.  Todo lo que proponen las Comunidades Europeas es un 
registro multilateral de indicaciones geográficas a tr avés de un Anexo del que serían partes todos los 
Miembros y que les obligaría a facilitar la protección de las indicaciones geográficas.  Ello implicaría efectos jurídicos en todos los Miembros, ya que el sistema será forzosamente multilateral.  El orador 
recuerda una exposición hecha ante el Consejo en Sesión Extraordinaria por un experto de la OMPI 
sobre los sistemas de notificación y registro de dere chos de propiedad intelectual que administra dicha 
organización, que el propio experto describió como de carácter multilateral y cuyo objeto es facilitar 
la protección pertinente.  Todos esos sistemas de la  OMPI tienen en la práctica efectos jurídicos, 
algunos incluso de mayor alcance que los que propone la delegación de las CE. 
44. En cuanto a las negociaciones bilaterales previst as en la propuesta de las CE, el orador dice 
que el párrafo 1 del artículo 24 de l Acuerdo sobre los ADPIC ofrece un medio eficaz para resolver los 
problemas a través de la negociación y constituye una obligación aceptada por los Miembros en la 
Ronda Uruguay.  Los Miembros están vinculados por  dicha obligación, independientemente de que se 
incluya o no en la propuesta de las CE. 
45. El representante del Japón
 dice que la participación en el sistema propuesto debería ser 
voluntaria y que por tanto debe exis tir una diferencia clara entre los Miembros participantes y los no 
participantes, sobre todo en lo que se refiere a la  carga que soporten, que no debe ser excesiva.  Por 
estas razones, su delegación considera que la propue sta conjunta es la mejor que hay sobre la mesa. 
46. El representante de Jordania  dice que, de acuerdo con el mandato, el sistema debe ser 
voluntario y por tanto no debe supone r ninguna carga administrativa ni de otro tipo para los países en 
desarrollo ni entrar en conflicto con los compro misos de los Miembros de conformidad con el 
Acuerdo sobre los ADPIC.  Destaca que es importante comprender cómo puede ser eficaz el sistema para los países en desarrollo, teniendo en cuenta las cargas que ya soportan y el hecho de que la 
Ronda de Doha es una ronda para los países en desarrollo.  TN/IP/M/16 
 Página 11 
 
 
  47. El representante del Taipei Chino dice que, a primera vista, las tres propuestas presentadas 
permiten a cada Miembro decidir si desea participar o no, y la principal diferencia estriba en las consecuencias para los países no participantes.  Según la propuesta de las CE, el sistema tendría 
importantes efectos jurídicos, incluso para los Miem bros no participantes, un rasgo que inspira a su 
delegación las mismas preocupaciones que han planteado el Canadá, Corea, Costa Rica, Chile, los 
Estados Unidos, Guatemala, el Japón y Nicaragua.  Po r tanto, la propuesta conjunta es la que se ajusta 
al mandato al abordar adecuadamente las preocup aciones sobre las consecuencias para los Miembros 
no participantes. 
48. El representante de Suiza
 dice que, cualquiera que sea el sistema que se acuerde, debe dar 
sentido al texto del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El significado de la 
palabra "multilateral" sólo puede est ablecerse por contraste con "plurilateral".  En el contexto de la 
OMC se entiende por "plurilateral" un sistema en el que la participación es totalmente voluntaria, 
como sucede, por ejemplo, en el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles o el Acuerdo sobre 
Contratación Pública.  En cambio, por "sistemas multilaterales" se entienden los instrumentos que 
obligan u obligarían a todos los Miembros.  De la expresión "que sean susceptibles de protección en 
los Miembros participantes en ese sistema" se despre nde que se deja a los Miembros elegir libremente 
si desean beneficiarse del sistema multilateral notificando y registrando sus indicaciones geográficas 
y, así, "participar en el sistema".  El futuro sistema multilateral no debe crear nuevos derechos ni 
obligaciones.  La delegación de Suiza entiende que  la propuesta de las CE establece una presunción 
de validez para las indicaciones geográficas registradas, a saber, las que se notifiquen y no sean impugnadas en determinado plazo.  De este modo, la propuesta de las CE "facilitaría la protección de 
las indicaciones geográficas".  En este sentido, señala que cuando su delegación hace referencia a la 
"protección de las indicaciones geográficas" alude a las indicaciones geográficas que gocen 
actualmente y en el futuro de la protección que brinda el actual Acuerdo sobre los ADPIC, esto es, estén registradas o no. 
49. Si los Miembros quieren contar con un sistema significativo que mejore la situación actual, 
esto es, un sistema que facilite realmente la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito de 
la OMC, la delegación de Suiza estima evidente que  el registro de una indicación geográfica en el 
sistema -proceso que da lugar a una presunción relativ a- tiene que tener efectos jurídicos en todos los 
Miembros de la OMC.  Su delegación no ve ningún progreso en ese sentido en un sistema como el que figura en la propuesta conjunta, y no advierte  cómo facilitaría ese sistema la protección de las 
indicaciones geográficas, ni qué incentivos tendrían los Miembros para notificar sus indicaciones 
geográficas en un sistema no multilateral y carente de efectos jurídicos. 
50. El representante de Nueva Zelandia
 dice que la propuesta conjunta tiene un carácter 
verdaderamente voluntario en el sentido de que deja to talmente al arbitrio de los Miembros la decisión 
de participar o no en el sistema.  Su delegación apoya el enfoque voluntario por tres razones:  primero, porque es coherente con el mandato;  segund o, porque es el criterio que prefiere la mayoría 
de los Miembros;  y tercero, porque es el mejor mo do de garantizar que no se altere el equilibrio de 
derechos y deberes del Acuerdo sobre los ADPIC. 
51. En cuanto al Código de Buena Conducta  del Acuerdo OTC como posible buen precedente del 
tipo de enfoque adoptado en la propuesta conjunt a, el orador señala que dicho instrumento es 
multilateral en el sentido de que fue negociado y concertado por todos los Miembros, del mismo 
modo en que lo sería la propuesta conjunta de regist ro, pero sus efectos jurídi cos sólo se aplican a los 
Miembros que han optado expresamente por aceptar sus términos.  Por tanto, si los Miembros no 
aceptan las condiciones del Código, no aceptan sus ef ectos jurídicos, y ese es el criterio sencillo y 
eficaz adoptado por la propuesta conjunta. TN/IP/M/16 
Página 12  
 
  52. El representante de la India
 dice que, aunque su país no es demandeur  respecto de ningún 
registro de indicaciones geográficas de vinos y bebi das espirituosas ni, en realidad, de ningún otro 
producto, respeta el programa incorporado de la Ronda Uruguay, así como el párrafo 18 de la 
Declaración de Doha y las posteriores decisiones, en particular la última reafirmación del mandato en 
la Declaración Ministerial de Hong Kong.  Para su delegación, contar con un entendimiento común 
del significado de los dos conceptos del párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, a 
saber, el "sistema multilateral" y los "Miembros par ticipantes en ese sistema" , constituye un requisito 
previo para que el Consejo en S esión Extraordinaria establezca lo que  significa la participación, en 
particular para los países en desarrollo.  La siguien te cuestión en lo que se refiere a dichos países 
consiste en los costos y las cargas que resultarían de su participación en el sistema.  Como en la 
actualidad los Miembros aún no tienen un ente ndimiento común del significado de esos dos 
conceptos, la India, como país en desarrollo, no está en condiciones de realizar ninguna evaluación de 
los costos y cargas derivados de su participación en  cualquier sistema futuro.  De lo dicho en la 
presente reunión por las Comunidades Europeas y, de  manera más explícita, por Suiza, se desprende 
que la participación en un sistema multilateral añad iría forzosamente nuevas obligaciones y las cargas 
consiguientes.  Si, por ejemplo, un Miembro de  la OMC tiene una política consistente en no 
administrar un régimen antidumping, ello no impli ca que sus exportadores no tengan que hacer frente, 
en otros Miembros, a derechos antidumping aplicados  lícitamente conforme a la s normas de la OMC.  
Del mismo modo, si un Miembro de la OMC no tuvi era ninguna marca de fábrica o de comercio que 
proteger, no por ello quedaría eximido de su obligación de establecer un sistema administrativo y judicial para proteger las marcas de fábrica o de comercio de los ciudadanos de otros países Miembros 
de la OMC.  El orador pregunta si alguno de estos ejemplos implica participación.  A juzgar por el 
texto del párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, citado por Suiza, el orador cree que sí, lo 
que significa que sería preciso contar con detalles de los costos resultantes.  Por otro lado, si no fuera 
así, la palabra "multilateral" del párrafo 4 del ar tículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC podría quizá 
considerarse superflua. 
53. El orador dice que le desconciertan las af irmaciones del grupo que presenta la propuesta 
conjunta cuando dice que el sistema debe ser vol untario, no debe modificar los derechos y 
obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC ni el alcance y el nivel de la protección que otorga para los vinos y las bebidas espirituosas, y que esos pr incipios resultan del texto del párrafo 4 del 
artículo 23 del Acuerdo.  En opi nión de su delegación, la expr esión "para facilitar la protección" 
supone implícitamente que la protección de las indicaciones geográficas no está adecuadamente 
facilitada.  Por tanto, insta a que se establezca un sistema de registro de indicaciones geográficas, con 
lo cual se modificarán necesariamente algunos derechos y obligaciones.  Corresponderá a los 
Miembros determinar entonces en qué medida habrá que modificar esos derechos y obligaciones y a qué costo, en particular para los países en desar rollo.  Por consiguiente, el problema consiste en 
encontrar el punto de equilibrio para cumplir el ma ndato del PDD y, al mismo tiempo, ser justo con 
todos los Miembros de la OMC. 
54. La India procura todavía establecer cuál debe ser el resultado de estas negociaciones.  Cuenta 
con un sistema nacional de indicaciones geográficas con algunos costos y cargas.  Pero ese sistema 
tiene por objeto proteger sus propias indicaciones geogr áficas.  Por tanto, las autoridades de su país 
tienen toda la responsabilidad y la obligación de ap robar el presupuesto para crear un sistema de ese 
tipo.  Las primeras solicitudes presentadas al sistema de protección de las indicaciones geográficas de 
la India se recibieron en octubre de 2003.  Ha habido 27 solicitudes desde entonces hasta 2006.  El 
tiempo medio de tramitación se sitúa entre diez meses y un año.  Sobre la base de este ejemplo de la India, el orador pregunta si los Miembros buscan  un sistema que les obligue a tramitar unas nueve 
solicitudes por año o un número mayor.  Este tip o de pregunta permitiría a los Miembros decidir 
cuáles serían los costos administrativos y las carga s adicionales a los que deberían hacer frente sus 
sistemas.  Precisamente por ese motivo planteó la cu estión de procedimiento relativa a la necesidad de 
que los Miembros tengan en cuenta los aspectos de desarrollo al tratar cada una de las preocupaciones 
prioritarias.  Toda decisión en cada una de ellas de penderá de los costos y las cargas administrativas  TN/IP/M/16 
 Página 13 
 
 
  que implique.  Para los Miembros no se trata simplemente de establecer tasas, sino de una decisión 
política sobre cuáles serán dichas carga s antes de adoptar, en función de ello, cualquier decisión en 
estas negociaciones. 
55. La representante de la Argentina  dice que las disposiciones de la propuesta conjunta sobre la 
participación respetan el mandato del párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC al 
proponer un sistema voluntario, opinión que compar ten numerosos Miembros, entre ellos los que no 
tienen indicaciones geográficas.  Además, la prescrip ción de la propuesta conjunta de que se notifique 
el propósito de participar daría como resultado una mayor seguridad jurídica para todo el sistema, al 
evitar cualquier malentendido sobre si un Miembro tiene o no obligaciones en virtud de él.  Ninguna de las Declaraciones Minist eriales adoptadas tras la entrada en vigor del párrafo 4 del artículo 23 del 
Acuerdo sobre los ADPIC contiene modificación alguna  del mandato de dicha disposición, sino que 
todas lo confirman. 
56. En cuanto al principio de territorialidad, la oradora discrepa del argumento presentado por las 
Comunidades Europeas al señalar que, si su propuesta es "extraterritorial", como alegan algunos Miembros, entonces los Acuerdos de la OMC y de la OMPI también deben incluirse en esa categoría.  
Señala que los acuerdos de la OMPI sólo crean obligaciones internacionales para los países que los 
han ratificado, al contrario de lo que figura en la propuesta de las CE.  Un ejemplo del efecto 
extraterritorial de la propuesta de las CE es el  hecho de que un Miembro no participante que no 
hubiera formulado una reserva frente a una indicación geográfica notificada y que no hubiera entablado negociaciones bilaterales estaría sujeto ig ualmente a los efectos de esa notificación en su 
territorio.  Ese Miembro, que puede no haber fo rmulado una reserva por motivos de capacidad, 
presupuestarios o administrativos, tendría que pr oteger la indicación geográfica aunque de acuerdo 
con su propia legislación no pudiese beneficiarse de protección, por ejemplo por no cumplir la 
definición del párrafo 1 del artículo 22.  Ya no podr ía invocar el párrafo 1 del artículo 22, ni los 
párrafos 4 y 6 del artículo 24.  En otras palabr as, la propuesta cancelaría el derecho a invocar 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  Esto ilustra  el efecto extraterritorial de la legislación del 
país que realiza la notificación en el territorio del Miembro no participante.  Con respecto a las 
modificaciones realizadas por las Comunidades Eur opeas a su propuesta para minimizar los costos, 
como la limitación del número de notificaciones o la ampliación del plazo para la presentación de 
reservas, dice que probablemente no disipen todas las preocupaciones porque hay otros costos, como 
los relacionados con el examen de las indicacion es geográficas notificadas.  Aunque se minimizasen 
los costos y las cargas como proponen las Com unidades Europeas, seguirían siendo demasiado 
gravosos para los países en desarrollo Miembros.  Por el contrario, la propuesta conjunta no crearía 
ningún costo ni carga adicional. 
57. El representante de México
 dice que el término "multilateral"  debe interpretarse de acuerdo 
con su significado literal y en comparación con los térm inos "regional" y "bilateral".  El párrafo 4 del 
artículo 23 contiene la puntualización "Miembros participantes en ese sistema".  En lugar de debatir si 
la propuesta conjunta se ajusta o no al mandato, los Miembros deberían tratar el contenido de la 
propuesta de las CE, en particular el hecho de  que no atiende las preocupaciones planteadas por 
numerosos Miembros.  Para la delegación de México, la propuest a conjunta tiene en cuenta las 
preocupaciones planteadas y por consiguiente fac ilita la protección de las indicaciones geográficas. 
58. El representante de Malasia  dice que es necesario establecer un sistema sencillo, sin 
complicaciones y eficaz, como el que ofrece la propuest a conjunta.  El hecho de que el sistema de la 
propuesta conjunta sea estrictamente voluntario y no lleve aparejados efectos jurídicos en los 
Miembros no participantes hace que sea el único que  satisface a Malasia, un país en desarrollo que no 
produce vino. TN/IP/M/16 
Página 14  
 
  59. El representante de Colombia
 dice que su país aún no ha deci dido qué propuesta ha de apoyar.  
Sin embargo, recuerda que su delegación ha señal ado en el pasado que la participación debe ser 
voluntaria y que no debe haber efectos jurídicos para  los países no participantes.  Tanto la propuesta 
de Hong Kong, China, como la propuesta conjunta son claras en lo que se refiere al  carácter 
voluntario de la participación.  Sin embargo, la pr opuesta conjunta es más transparente, ya que exige 
que todo Miembro que desee participar en el sistema realice una notificación en ese sentido. 
60. El representante del Ecuador  dice que su delegación, como las de otros oradores anteriores, 
no puede comprometerse con un sistema que genera ría más costos y obligaciones jurídicas para los 
Miembros y cuyos efectos en relación con el principio de territorialidad no están claros. 
61. La representante de Australia  dice que las intervenciones en la presente reunión ponen de 
manifiesto que hay un Miembro que está aislado y que si las negociaciones se prolongan no es por 
responsabilidad de los copatrocinadores de la pr opuesta conjunta ni de las demás delegaciones que 
apoyan la participación voluntaria.  Por tanto, es hora de que ese Miembro aislado aborde la propuesta 
conjunta y preste oídos a la abrumadora oposición que suscita la idea de establecer una participación 
obligatoria.  Hay otro Miembro que ha prestado cier to apoyo al Miembro aislado, pero la oradora 
tiene la impresión de que ese otro Miembro se muestr a dispuesto al menos a acercarse al grupo de la 
propuesta conjunta. 
62. La oradora rechaza el argumento de las Comunidades Europeas sobre la existencia de una 
tensión, en el párrafo 4 del artículo 23 del Acue rdo sobre los ADPIC, entre las expresiones "sistema 
multilateral" y "los Miembros participantes en ese sist ema" y de que la propuesta de las CE cumple el 
mandato al abordar esa tensión y establecer disposici ones tanto para los Miembros participantes como 
para los no participantes.  La única distinción que se hace en la propuesta de las CE entre esas dos 
categorías de países es que, mientras los Miembros participantes pueden beneficiarse del sistema notificando sus propios términos, los no participantes no pueden beneficiarse de él, a pesar de lo cual 
tienen que proteger los términos incluidos en el regi stro.  En otras palabras, se da la posibilidad de no 
participar en las ventajas, pero no hay elección alguna en cuanto a la participación en las obligaciones.  
La delegación de Australia considera que se trata de  un extraño modo de estructurar el sistema.  La 
principal razón por la que se obliga a los Miembros  no participantes a participar y proteger los 
términos es que, si no participan formulando r eservas y entablando negociaciones obligatorias, no 
podrán negar protección nacional a las indicaciones geográficas notificadas aduciendo que el producto es genérico en su territorio o que el término no co nstituye una indicación geográfica.  Por tanto, la 
propuesta de las CE no sólo obliga a los Miembros a participar, sino que debilita  el derecho que tienen 
actualmente de recurrir a las excepciones del artículo 24. 
63. La oradora dice que la definición de extrat erritorialidad expuesta por las Comunidades 
Europeas no es la habitual, conforme a la cual la extr aterritorialidad consiste en dar a actos nacionales 
la capacidad de surtir efectos jurídicos en otros pa íses.  Esto no tiene nada que ver con los tratados 
multilaterales que todos los Miem bros han negociado y acordado en la OMC.  Al someter a 
negociaciones bilaterales la determ inación de si un término puede o no beneficiarse de protección en 
un Miembro, la propuesta de las CE desconoce el prin cipio de territorialidad y la norma, firmemente 
establecida y reconocida expresamente en el Acue rdo sobre los ADPIC, de que los derechos de 
propiedad intelectual son derec hos privados que debe n determinarse y hacerse cumplir a nivel 
nacional.  Además, la propuesta de las CE daría a las indicaciones geográficas notificadas al registro una presunción de protección en todos los Miembros , independientemente de que participaran o no, 
característica que va mucho más allá de cualquier  protección concedida a otros titulares de derechos 
de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.  ¿Por qué habría de 
beneficiar tal presunción a unos titu lares de derechos de propiedad in telectual y no a otros?  El lugar 
más adecuado para el instrumento propuesto por  las Comunidades Europeas sería quizá la OMPI, 
donde se han negociado otros registros internacionales, co mo el sistema de Madrid para las marcas de 
fábrica o de comercio internacionales o el Arreglo de  Lisboa sobre las denomin aciones de origen.  Las  TN/IP/M/16 
 Página 15 
 
 
  Comunidades Europeas han argumentado que su propuesta respeta el principio de territorialidad 
porque los Miembros podrían formular reservas a los términos notificados.  Pero lo que cuenta no es 
que los Miembros tengan o no esa posibilidad, ya que ese  proceso de interposición de reservas en sí 
mismo erosiona el principio de territorialidad al  obligar a los Miembros a proceder activamente a 
negar los derechos de propiedad intelectual a lo s titulares de indicaciones geográficas en lugar de 
establecer, como dispone el Acuerdo sobre lo s ADPIC, un marco de normas mínimas para la 
adquisición de tales derechos en sus territorios. 
64. Respondiendo a una observación de la India, de que el establecimiento de cualquier sistema 
implica alguna modificación de los derechos y las obligaciones en vigor, la oradora dice que hay cierto malentendido.  Los términos a que alude ex actamente el grupo de la propuesta conjunta en lo 
relativo a esta cuestión se refieren a la repercus ión de las propuestas en el equilibrio actual de 
derechos y obligaciones, y no a los derechos y oblig aciones en sí mismos.  Ello se debe a que uno de 
los aspectos que inspiran gran preocupación al gr upo respecto de la presunción establecida en el 
sistema propuesto por las CE consiste en que la  protección concedida en un país daría lugar a 
presunciones de protección en otros países.  Aunque toma nota del argumento de Suiza, de que esas 
presunciones son necesarias para facilitar la protección,  la oradora señala que van en detrimento del 
productor australiano y de otros productores, lo cu al es inaceptable y cae fuera del mandato.  Lo que 
hace la propuesta de las CE no es facilitar la protecci ón, sino aumentarla.  Estos son los motivos por 
los que Australia y otros Miembros tienen reparos r especto de las presunciones que establecen tanto la 
propuesta de las CE como la de Hong Kong, China. 
65. El representante de las Comunidades Europeas
, recordando que habla en nombre de 
25 Miembros de la OMC, dice que la cuestión de l número de Miembros que apoyen una propuesta 
concreta no es necesariamente un factor pertinente en la Organización, en la que los Miembros tienden a trabajar y decidir sobre otras bases.  En la OMC, en lugar de mirar el número de apoyos de una propuesta, los Miembros deben atender a su sustancia y procurar entenderla con objeto de 
encontrar una fórmula de transacción mediante la búsqueda de un terreno común.  Con este propósito, 
su delegación está prestando atención a todas las observaciones realizadas en estas negociaciones e 
intenta adaptar su propuesta en consonancia con ella s.  Ejemplo de esa flexibilidad es la inclusión en 
la propuesta de las CE de disposiciones que cubren las cuestiones de los costos y las marcas de fábrica 
o de comercio.  Las Comunidades Europeas también han mencionado expresamente que están dispuestas a considerar otras flexibilidades, co mo la limitación del número de indicaciones 
geográficas que puedan notificarse, la ampliación del plazo de presentación de reservas y la 
posibilidad de que los productores realicen las notificaciones directamente.  De este modo, su 
delegación no hace más que aplicar el método que  considera adecuado para estas negociaciones:  
tratar de encontrar puntos de contacto y, a contin uación, buscar fórmulas de transacción.  En cambio, 
el grupo de la propuesta conjunta no ha mostra do ni un solo cambio que permita tender puentes con 
otras propuestas que hay sobre la mesa, lo que no resulta muy alentador. 
66. El representante de Chile
 hace referencia a un documento de la OMPI (SCT/9/5, de octubre 
de 2002) que señala que una de las maneras en que pue de verse afectado el principio de territorialidad 
es a través de la firma de acuerdos internacionales.   Tanto la propuesta de las CE como la propuesta 
conjunta pueden considerarse acuerdos internacionales,  si bien la última no supone los importantes 
efectos jurídicos que proponen las Comunidades Europeas.  Con respecto al argumento de las Comunidades Europeas según el cual los sistemas de Lisboa y Madrid de la OMPI establecen efectos 
jurídicos que en realidad son mayores que los de su  propuesta, el orador señala que la propuesta de las 
CE lleva aparejados efectos que van mucho más allá  de los que establece cualquier sistema en vigor 
de la OMPI.  Ninguno de ellos ha previsto, por ejemplo, un mecanismo de reservas como el que 
proponen las CE.  De conformidad con los sistem as de la OMPI, cada Miembro puede decidir qué 
cosas protege o no protege, y no tiene obligación algu na de participar en negociaciones bilaterales. TN/IP/M/16 
Página 16  
 
  Notificación 
67. El representante de los Estados Unidos
 dice que la propuesta de las CE sobre los elementos 
obligatorios de su apartado relativo a la notifi cación inspira preocupaciones importantes y no debe 
considerarse de manera aislada respecto de los efec tos jurídicos del sistema, ya que dichos elementos 
repercuten negativamente en el principio de territorialidad y podrían dar lugar a un trato 
discriminatorio de determinadas indicaciones geográficas notificadas. 
68. En relación con las traducciones, la propuesta de las CE establece que es el país de origen el 
que tiene que notificar la traducción de una indi cación geográfica notificada al idioma del Miembro 
cuya protección se pide.  Esto plantea problemas en re lación con la territorialidad de los derechos de 
protección intelectual, ya que las decisiones rela tivas a la protección de las traducciones deben 
adoptarse por el sistema nacional y deben ser cohere ntes con la percepción que tiene el consumidor 
del país cuya protección se busca.  En la propu esta de las CE, el alcance de los derechos 
correspondientes a las indicaciones geográficas, incluidos los derechos referentes a la traducción, parece depender exclusivamente del país que reali za la notificación, lo cual constituye un modelo 
totalmente distinto y elimina la posibilidad de que  el país cuya protección se busca defina el derecho 
de conformidad con su sistema nacional. 
69. En las propuestas de las CE y de Hong Kong, Chin a, se requiere una referencia al instrumento 
jurídico mediante el cual está protegida la indicaci ón geográfica en el Miembro notificante o, en el 
caso de Hong Kong, China, una declaración a tal efecto con el sello del gobierno del Miembro notificante.  Cumplir cualquiera de estos requisitos es difícil, si no imposible, para los Miembros que 
protegen las indicaciones geográficas mediante dispos iciones sobre la competencia desleal, en que los 
derechos se adquieren a través del uso.  Por el c ontrario, las traducciones previstas en la propuesta 
conjunta no formarían parte de las notificacion es y el Miembro cuya protección se desee podría 
definir por sí mismo el derecho a un término traduc ido de conformidad con su sistema nacional, lo 
que concuerda con los derechos y obligaciones en vigor conforme al Acuerdo sobre los ADPIC.  
Además, los elementos de notificación que se so licitarían de acuerdo con la propuesta conjunta 
reflejarían información que puede proporcionarse con arreglo a los diversos sistemas de protección, 
en particular el derecho consuetudinario y juri sprudencial, las disposiciones sobre competencia 
desleal, los sistemas de marcas de fábrica o de come rcio, incluidas las marcas de certificación y las 
colectivas, y sistemas específicos de registro de las indicaciones geográficas.  La notificación incluiría 
los siguientes elementos:  i) la identificación del Miembro notificante;  ii) la indicación geográfica tal 
como aparece en el vino o la bebida espirituosa en el territorio de ese Miembro;  iii) la identificación 
del territorio, región o localidad del Miembro notificante de los que se indica que es originario el vino 
o la bebida espirituosa;  iv) una transliteración, a efectos de información;  y v) la especificación de si 
la indicación se refiere a un vino o a una bebida espirituosa.  Ese es el tipo de información que todos los Miembros participantes podrán aportar, independie ntemente de sus sistemas, lo cual garantiza la 
participación igualitaria en el sistema. 
70. El representante de Hong Kong, China
, en respuesta a la observación realizada por los 
Estados Unidos sobre la exigencia de una referencia al instrumento jurídico mediante el cual está 
protegida la indicación geográfica en el Miembro notificante, dice que para Miembros como Hong Kong, China, en los que las indicaciones geográf icas se protegen como marcas de certificación, 
cumplir esa prescripción no sería un problema porque existe una lista en la que figuran dichos 
términos.  Sin embargo, reconoce que, como señal an los Estados Unidos, en otros casos no sería 
posible, por ejemplo si no hay lista de nombres porque los derechos se adquieren mediante el uso.  El 
orador asegura al Consejo en Sesión Extraordinaria que su delegación analizará este punto. 
71. El representante de Chile
 dice que la notificación es una de las cuestiones en las que hay 
muchos puntos de convergencia entre las diversas propuestas planteadas.  Señala que, tanto en la 
propuesta de Hong Kong, China, como en la de las CE, los Miembros participantes notificarían todas  TN/IP/M/16 
 Página 17 
 
 
  las indicaciones geográficas protegidas en sus territori os sin distinguir, como se hace en la propuesta 
conjunta, entre términos protegidos originarios del territorio del Miembro notificante y términos 
protegidos originarios de los territorios de terceros países. 
72. El representante de Hong Kong, China , dice, en respuesta a Chile, que efectivamente sería 
posible interpretar que la disposición propuesta permite a los Miembros notificar una indicación 
geográfica protegida en su territorio pero originaria  de otro país.  Sin embargo, no es ése el propósito 
de su delegación.  La propuesta de Hong Kong, Ch ina, tal como aparece en la página 4 del documento 
(TN/IP/W/12), hace referencia a "cualquier in dicación geográfica nacional de vinos y bebidas 
espirituosas que esté protegida en el marco de su legislación, sus decisiones judiciales o sus medidas 
administrativas internas".  Eso significa que la pr opuesta se centra en las indicaciones geográficas 
"nacionales" originarias del Miembro notificante.  Por tanto, un país A no podría notificar una 
indicación geográfica originaria de un país B. 
73. El representante de las Comunidades Europeas  dice que la última intervención de Chile 
adopta la actitud conveniente, de buscar los puntos de  contacto y utilizarlos como base para construir 
un enfoque común sobre el sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas.  
De conformidad con el párrafo 2.1 a) de la propuesta de las CE, el primer elemento esencial es que las 
indicaciones geográficas notificadas deben respetar la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Además, el párrafo 2.1 b) de la propuesta de las CE refleja el párrafo 9 del 
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estab lece que un Miembro de la OMC no está obligado 
a proteger una indicación geográfica de otro Miembro de la OMC si dicha indicación no está protegida en su país de origen.  Aclara que la inte nción de la propuesta de las CE es que los Miembros 
sólo notifiquen indicaciones geográficas que correspondan a su propio territorio y dice que su 
delegación está dispuesta a hacer más explícita est a prescripción en su propuesta.  Además, dice que 
las notificaciones tienen que aportar la información pertinente necesaria para confirmar que las indicaciones geográficas notificadas cumplen la defi nición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo 
sobre los ADPIC y pueden incluir, entre otras cosas,  las normas y decisiones en que se fundamenta la 
protección.  A este respecto hay varias diferenc ias en la propuesta conjunta que quizá puedan 
adaptarse a lo que propone su delegación.  Según la  propuesta conjunta, la participación en el sistema 
no se determina por una notificación.  Los Miembros que deseen participar en el sistema tendrán que notificar su intención de hacerlo, pero en rea lidad pueden optar por notificar o no sus indicaciones 
geográficas.  En cambio, el elemento determinante de la propuesta de las CE es que la participación 
queda definida por la notificación que hace cada Miembro de sus indicaciones geográficas al sistema.  
La propuesta conjunta seguía al principio el mism o criterio para definir la participación que la 
propuesta de las CE, pero la versión actua lmente planteada ya no sigue ese criterio. 
74. En cuanto al contenido de la notificación en la  propuesta conjunta, el orador dice que pueden 
no ser suficientes las prescripciones relativas a la necesidad de indicar el Miembro notificante, el nombre de la indicación geográfica, una referencia al territorio o región de la indicación geográfica y 
una transliteración de la indicación geográfica en car acteres latinos, en lugar de una referencia a las 
traducciones.  La propuesta conjunta distingue en tre elementos obligatorios y facultativos de las 
notificaciones.  En el caso de que sólo se notifiq uen los elementos obligatorios, seguirá faltando un 
elemento importante, a saber, el fundamento de la pr otección en el país de origen.  Esa prescripción es 
importante porque la protección en el país de orig en es, precisamente, el fundamento que permite 
solicitar protección a nivel internacional.  Lo mismo cabe decir de la fecha de protección, un dato 
pertinente que la propuesta conjunta incluye sólo  como elemento facultativo y no obligatorio. 
75. En cuanto a la cuestión de las traducciones, el orador dice que la propuesta de las CE que 
figura en el documento TN/IP/W/11 se basa en docum entos anteriores y el enfoque adoptado consiste 
en utilizar, en la medida de lo posible, los elem entos de convergencia establecidos en el momento en 
que se presentó la propuesta.  Uno de esos elementos figura en el anterior documento de la 
Presidencia, JOB(03)/75, que incluía un proyecto de in strumento jurídico para establecer el registro TN/IP/M/16 
Página 18  
 
  con diversas opciones basadas en las diferentes propuestas de los Miembros, así como temas que 
requerirían más deliberación.  Ese documento ta mbién incluía un único conjunto de proyectos de 
disposición que, aunque no implicaban necesariament e la aceptación, indicaban la existencia de un 
grado sustancial de convergencia en algunos temas, como  el de las traducciones.  Por tanto, el orador 
pide que los Miembros expongan co n más detalle sus reparos respect o de la parte del documento 
JOB(03)/75 que antes se consideraba casi aceptable.  La cuestión de la traducción es un elemento 
pertinente que hay que mantener, ya que se ajusta a la idea de que, de conformi dad con el principio de 
territorialidad, corresponde a las autoridades n acionales tomar las decisiones o realizar las 
determinaciones, también en lo relativo a las traducciones.  La propuesta de las CE, en particular su párrafo 2.2 b), no debe interpretarse como vinculante  respecto de cuál sería la traducción adecuada de 
un término notificado ofrecida por los Miembros.  El orador recuerda que el párrafo 1 del artículo 23 
del Acuerdo sobre los ADPIC prohíbe expresament e el uso en las traducciones de una indicación 
geográfica que identifique vinos o bebidas espir ituosas para productos de ese género que no sean 
originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate.  La propuesta de las CE de que el propio país notificante aporte las tra ducciones de las indicaciones geográficas podría ser útil 
para las oficinas nacionales encargadas de apli car las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC 
conforme a su artículo 23. 
76. El representante de Colombia
 dice que los Miembros deberían tener derecho a notificar las 
indicaciones geográficas originarias de su territorio y protegidas en él.  En cuanto a la información 
obligatoria que debe incluirse en la notificación, su scribe la posición de Nueva Zelandia en la última 
reunión de octubre de 2005, según la  cual la necesidad de contar con un procedimiento de notificación 
mínimo o detallado dependerá del alcance de los efect os jurídicos del sistema que se establezca.  En 
cuanto al formato de la notificación, es fundamental aclarar que, una vez adoptado un formato, éste no debe modificarse.  En este sentido, la propuesta de Hong Kong, China, de realizar un examen generaría incertidumbre.  Por último, establ ecer un número máximo de notificaciones que puedan 
presentarse cada año es una buena idea y puede im pedir el bloqueo del sistema por una avalancha de 
notificaciones. 
77. El representante de Turquía
 dice que los proponentes tienen un argumento muy sólido para 
sostener que el registro debe ser "multilateral", ya que el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre 
los ADPIC menciona específicamente ese término.  A título de comparación, el Acuerdo sobre 
Contratación Pública  no se califica como "multilateral". 
Registro 
 
78. La representante de la Argentina  dice que, en la propuesta conjunta, la fase del registro es 
bastante simple:  la Secretaría simplemente re gistraría todas las notificaciones presentadas.  Su 
delegación no puede aceptar los procedimientos prop uestos por las Comunidades Europeas, como los 
relacionados con las reservas, en los que partic iparían todos los Miembros de la OMC y que 
excluirían de las jurisdicciones nacionales dete rminadas excepciones que actualmente admite el 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
79. El representante de las Comunidades Europeas  observa que el interés aparentemente limitado 
en discutir el registro es una indicación de que las dos cuestiones realmente fundamentales son los efectos jurídicos y la participación.  Como ha dic ho la India, para evaluar con más precisión otras 
consecuencias de las propuestas, los Miembros  deben llegar primero a un acuerdo sobre esas dos 
cuestiones principales. 
80. Añade que, como bien ha señalado la Argentin a, la propuesta de las CE tiene un contenido 
más sustantivo con respecto al registro que la propue sta conjunta.  Por ejemplo, en la propuesta de las 
CE, el paso inicial para el registro es que el orga nismo administrador transmita y publique en Internet 
la indicación geográfica notificada.  Una vez distri buida y publicada la notificación, correría un plazo  TN/IP/M/16 
 Página 19 
 
 
  de 18 meses en el cual los Miembros podrían form ular sus reservas.  Aunque  este plazo es el más 
largo que puede hallarse en los sistemas multilateral es de registro de propiedad intelectual, su 
delegación estaría dispuesta a examinar si aún crea dificultades para otros Miembros.  De conformidad con la propuesta de las CE, las reservas presentadas por los Miembros deben estar debidamente fundamentadas y basadas en uno de los motivos mencionados en el párrafo 3.2 de la 
propuesta:  i) que la indicación geográfica notificada no sea conforme a la definición contenida en el 
párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADP IC;  ii) que la indicación geográfica en cuestión 
no cumpla la prescripción contenida en el párrafo  4 del artículo 22 del Acuerdo;  y iii) que la 
indicación geográfica sea genérica en el territorio del Miembro examinador.  Por consiguiente, correspondería al Miembro examinador llevar a cabo el  análisis pertinente, lo que está en perfecta 
conformidad con el principio de territorialidad. 
81. El orador dice que tal procedimiento de reservas se justifica por muchas razones.  En primer 
lugar, dado que el sistema que se ha de estable cer debe tener efectos jurídicos y dar lugar a 
presunciones en todos los Miembros para que se cumpla el mandato, también es lógico abrir los 
procedimientos de impugnación a todos los Miembr os y darles la oportunidad de examinar las 
notificaciones presentadas dentro del plazo de 18 me ses.  Ello permitiría a los Miembros impedir que 
se generen determinados efectos jurídicos en su s territorios formulando una reserva basada, por 
ejemplo, en que el término notificado no es una indicación geográfica con arreglo a la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Ello estaría en conformidad con el principio 
de territorialidad y aseguraría también que el regist ro contenga información fiable y útil.  Además de 
los tres motivos para la reserva mencionados antes, la delegación de las CE presentó, en su 
comunicación de junio de 2005 (TN/ IP/W/11), una nueva disposición, a saber, el párrafo 3.3, que da 
al Miembro notificante la posibilidad de solicitar a otros Miembros que sumini stren información sobre 
las marcas de fábrica o de comercio que contenga n o consistan en la indicación geográfica.  En ese 
caso, el Miembro de la OMC que hubiera recibido la so licitud debería notificar la existencia de esas 
marcas de fábrica o de comercio. 
82. Otro elemento importante de la  propuesta de las CE es la forma de resolver las diferencias 
resultantes de la formulación de reservas.  La so lución propuesta por las Comunidades Europeas, a 
saber, negociaciones bilaterales, se basa en el pá rrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, 
que ya es una obligación aceptada por los Miembros.  Además, las negociaciones serían el modo más 
eficaz y el método más habitual en el sistema de la OMC para resolver las diferencias. 
83. Al finalizar el plazo de 18 meses, el organismo administrador registraría la indicación 
geográfica notificada e incluiría anotaciones relacionadas con cualquier reserva que se hubiera 
formulado.  Por consiguiente, el contenido del regist ro incluiría no sólo los diversos elementos de la 
notificación, sino también esas anotaciones.  Si la reserva se hubiera aceptado, la anotación respectiva 
implicaría que no habría efectos jurídicos para el  Miembro impugnante.  Este es otro ejemplo de la 
conformidad de la propuesta de las CE c on el principio de territorialidad.   
84. El orador dice que, en comparación con la propuest a de las CE, la fase de registro de la 
propuesta conjunta es relativamente simple.  En rea lidad, las fases de registro y notificación son casi 
una fase única porque el registro consiste básicame nte en que el organismo administrador registre 
simplemente las indicaciones geográficas notificadas en una base de datos e inserte la información 
conexa.  El automatismo de un sistema de regi stro de esa índole, en que todas las indicaciones 
geográficas notificadas se registrarían automáticamente, es problemático, ya que no prevé ningún 
estudio de las indicaciones geográficas ni suministra información útil alguna, como los fundamentos 
jurídicos por los cuales la indicación geográfica está pr otegida en su país de origen, o si el término 
notificado cumple realmente la definición de indicación geográfica.  Dado que se registrarían todos los nombres notificados al sistema, se deriva rían los mismos efectos de todos ellos, 
independientemente de que fueran o no realmente indicaciones geográficas e incluso 
independientemente de que estuvieran o no protegidos en sus países de origen.  La misma observación TN/IP/M/16 
Página 20  
 
  se aplica al hecho de que la propuesta conjunta no re quiera información en lo referente a las fechas en 
las cuales se empezaron a proteger las indicaciones geográficas o dejó de existir la protección.  En consecuencia, en el marco de la propuesta c onjunta, las oficinas nacionales encargadas de la 
propiedad intelectual tendrían la obligación, en el caso  de los Miembros participantes, de consultar la 
base de datos independientemente del tipo de indi cación geográfica, incluso en el caso en que el 
término no fuera realmente una indicación geográfica.  Como consecuencia del automatismo del 
registro y la falta de información suficiente en las notificaciones, se cargaría la base de datos con 
información no fidedigna, lo que no sería una cont ribución adecuada a la certidumbre jurídica que 
constituye la base para facilitar la protección.   
85. En conclusión, el orador dice que, dado que es importante asegurar que sólo se registre 
información fiable en el registro de indi caciones geográficas, es conveniente disponer de 
procedimientos sustantivos de notificación y registro que  incluyan la posibilidad de formular reservas.   
86. La representante de Australia
 dice que su delegación se encuentra entre las que están 
interesadas en incluir el registro como una de l as esferas prioritarias para el debate en la Sesión 
Extraordinaria.  El motivo de ello no es evitar el examen de las consecuenci as o los efectos jurídicos 
del registro, que todos los Miembros considerab an esencial en este debate, sino asegurar que los 
Miembros tengan oportunidad de exam inar el procedimiento de reservas de la propuesta de las CE, 
que se incluye bajo el epígrafe "registro" y es f undamental para comprender las consecuencias de esa 
propuesta en relación con varios puntos:  en primer lugar, las cargas que haría recaer en los Miembros;  segundo, las limitaciones que impondría a los actuales derechos que tienen los Miembros 
en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, incluso en re lación con las excepciones del artículo 24;  y, en 
tercer lugar, sus consecuencias para el derecho de la  propiedad intelectual, en particular el principio 
de territorialidad. 
87. Con respecto a las cargas para los Miembros, el párrafo 3.2 de la propuesta de las CE exige 
que los Miembros formulen reservas y entablen negociaciones obligatorias en nombre de todos los 
intereses privados de su territorio que puedan ve rse afectados por el registro de una indicación 
geográfica extranjera.  Si un Miembro no cumple es te procedimiento de reservas costoso y gravoso, 
no podrá denegar la protección del término registra do sobre la base de determinados fundamentos, 
como que el término no es una indicación geográfica o es un término genérico en el territorio de ese Miembro.  En otras palabras, el Miembro estaría oblig ado a proteger el término registrado.  Ello sería 
gravoso para los Miembros, tanto en desarrollo  como desarrollados, y no se justifica.   
88. En cuanto a la limitación de las excepciones ex istentes, la propuesta de las CE limita los 
derechos actuales de los Miembros en relación con el artículo 22 y el párrafo 6 del artículo 24 del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  Actualmente se exige a los Miembros que protejan en su territorio las 
indicaciones geográficas que se ajusten a la definici ón del artículo 22.  El artículo 23 del Acuerdo 
establece la obligación general de asegurar un ni vel más elevado de protección para las indicaciones 
geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, mien tras que el artículo 24 dispone excepciones a esta 
norma general.  Una de esas excepciones, que es m uy apreciada por la delegación de Australia, es el 
párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo:  esa excep ción estipula que los Miembros no están obligados a 
proteger la indicación geográfica de otro Miembro cu ando el término sea genérico en sus territorios.  
Sin embargo, conforme a la propuesta de las CE, la posibilidad de los Miembros de utilizar esta 
excepción queda limitada porque tendr ían que formular reservas para va lerse del derec ho a denegar la 
protección sobre la base del carácter genérico del té rmino.  Tendrían que sustanciar debidamente los 
fundamentos de esas reservas y entablar después ne gociaciones bilaterales obligatorias con la parte 
notificante, si así se les solicita, para resolver cualquier desacuerdo.  Más importante aún es que esas 
negociaciones estarían amañadas en favor de una mayor protección debido a la vinculación establecida con el párrafo 1 del artículo 24 del Acue rdo sobre los ADPIC.  A este respecto, la oradora 
recuerda que su delegación aún no ha recibido respuesta de las Comunidades Europeas a su 
preocupación de que la propuesta de las CE perjudicaría el acceso a las excepciones del artículo 24.   TN/IP/M/16 
 Página 21 
 
 
  En realidad, la única respuesta recibida hasta ahor a es que la obligación de negociar no es nueva.  Esa 
no es una respuesta satisfactoria, ya que el derecho de los Miembros de invocar las excepciones del artículo 24 no está condicionado a las negociaciones que  menciona el párrafo 1 de ese artículo, ni a 
que el Miembro justifique su decisión ante ningún otro , ni a ningún plazo.  Aunque el representante de 
las CE ha hecho referencia a un plazo de 18 me ses, la oradora dice que lo que cuenta no es la 
amplitud del plazo, sino su existencia misma.  Una limitación de esa índole a las excepciones alteraría 
el actual equilibrio de derechos y obligaciones de  los Miembros en el Acuerdo sobre los ADPIC, 
aumentando los derechos de unos y haciendo mermar lo s de otros.  Por consiguiente, preocupa a la 
delegación de Australia que un sistema de ese tipo daría lugar de facto  a una protección casi universal 
de todas las indicaciones geográficas notificadas al registro.  Éste puede ser el objetivo de las 
Comunidades Europeas en las presentes negociaciones y,  de ser así, ello debería manifestarse a todos 
los Miembros porque es incompatible con la finalidad  del sistema, de facilitar el nivel actual de 
protección de las indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas. 
89. En cuanto a la observación de las Comunidades Europeas de que el procedimiento de 
impugnación tiene sentido y está en conformidad con el  principio de territorialidad, la oradora dice 
que la cuestión no consiste en que  los Miembros tengan o no la opci ón de formular reservas frente a 
una indicación geográfica.  Las reservas erosionarían el principio de territorialidad al obligar a los 
Miembros a cumplir un papel activo negando los derechos de propiedad intelectual a los titulares de 
indicaciones geográficas en lugar de proporcionar un marco de normas mínimas en que puedan adquirirse los derechos de propiedad intelectual en  relación con sus territorios.  No es otra cosa el 
Acuerdo sobre los ADPIC:  un acuerdo sobre normas mínimas.  Además, el hecho de que otros 
tratados sobre propiedad intelectual de la OMPI siga n o no un criterio distinto no viene al caso en esta 
deliberación, que se realiza en el ámbito de la OM C.  De cualquier modo, los Miembros pueden optar 
por suscribir o no los tratados de la OMPI, mientras que la propuesta de las CE no les daría esa opción. 
90. La representante del Canadá
 dice que, a diferencia de las Comunidades Europeas, el tema del 
registro es de gran interés para su delegación.  El  párrafo 4 del artículo 23 re quiere la aplicación de un 
sistema con dos fases, compuesto de una fase de notificación y una fase de registro.  Sin embargo, la propuesta de las CE establece tres fases más:  las de  examen, reservas y negociaciones bilaterales, lo 
que cambiaría sustancialmente las obligaciones exis tentes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.  
En cambio, el sistema voluntario de la pr opuesta conjunta no incluye ninguna de esas fases 
adicionales y lo hace para respetar el mandato.  En el marco de la propuesta conjunta, tanto el 
procedimiento de examen como el de oposició n permanecerían en el plano nacional y, en 
consecuencia, no se alteraría el equilibrio de der echos y obligaciones cuidados amente negociado en el 
Acuerdo sobre los ADPIC.  La primera fase consistir ía, para un Miembro, en notificar al organismo 
administrador una indicación geográfica de un vino o bebida espirituosa protegido en su propio 
territorio.  La segunda fase es el registro, que se cumple cuando el órgano administrador incorpora la 
indicación geográfica notificada en una base de dato s dotada de un mecanismo de búsqueda.  Todos 
los Miembros tendrían entonces acceso a la lista de indicaciones geográficas registradas, a través del 
sitio Web de la OMC. 
91. Con respecto a la explicación dada por las CE de que, según su propuesta, si un Miembro no 
notificara ninguna indicación geográfica no le se consid eraría un Miembro participante y sin embargo 
tendría obligaciones, la delegación del Canadá no comprende que los Miembros no participantes no 
reciban ningún beneficio pero contraigan todas las nuevas obligaciones.  En cambio, la propuesta 
conjunta sería más equitativa:  sólo quienes presentasen una notificación estarían obligados a consultar el registro.  Aunque admite que, según la propuesta conjunta, las partes pueden manifestar 
su propósito de participar en el sistema pero no notificar ninguna indicación geográfica, la oradora no 
advierte que tal hipótesis dé lugar a problema alg uno.  Para concluir, dice que el sistema de la 
propuesta conjunta es transparente, flexible, no gravos o, y recibe el apoyo de la mayoría de los 
Miembros. TN/IP/M/16 
Página 22  
 
  92. El representante de Filipinas
 apoya las observaciones formuladas por Australia sobre las 
cargas que crearía la propuesta de las CE, así como sobre sus consecuencias para el principio de territorialidad.  Toma nota de las aclaraciones proporcionadas por las Comunidades Europeas con 
respecto a la territorialidad y las seguridades que ha n dado de que los Miembros  seguirían teniendo la 
prerrogativa y el derecho de efectuar su propi a evaluación respecto de la protección de las 
indicaciones geográficas.  La delegación de Filipinas, aun admitiendo que la propuesta de las CE no 
menoscaba directamente el principio de territoria lidad, ve sin embargo con preocupación que la 
propuesta, tal como está formulada, haría recaer sobre todos los Miembros, en particular los países en desarrollo, la carga de preservar el principio de te rritorialidad en cuanto ellos mismos tendrían que 
asegurarse de formular las reservas dentro del plazo de 18 meses.  El ofrecimiento de las CE de dar 
más flexibilidad a la propuesta ampliando ese plazo o limitando el número de notificaciones anuales 
no bastaría para atender esas preocupaciones. 
93. Añade el orador que el sistema propuesto por las CE sería gravoso, en particular para los 
países en desarrollo, en varios aspectos.  El primero se relaciona con el plazo de 18 meses.  Como indicó antes, el orador no ve de qué modo la flexib ilidad ofrecida por las CE aliviaría esa carga.  La 
segunda se relaciona con el requisito de la propue sta de las CE de que los Miembros supervisen 
constantemente las solicitudes de marcas de fábri ca o de comercio en relación con las indicaciones 
geográficas notificadas y presenten las notificaciones co rrespondientes, si así lo solicita el Miembro 
que ha notificado la indicación geográfica a ese orga nismo administrador.  Todo ello haría recaer una 
gran presión sobre los Miembros, en particular lo s países en desarrollo, para reunir un equipo de 
examinadores apropiado a fin de asegurarse de que  puedan formular las reservas dentro del plazo 
de 18 meses o cumplir los efectos jurídicos del regi stro si no se han formulado reservas en ese plazo.  
Por consiguiente, lo que procuran Filipinas y muc hos otros países en desarrollo en estas negociaciones 
es un sistema que sea a la vez sencillo y eficaz.   
94. La representante de la Argentina
 dice que es importante entender los procedimientos de 
registro propuestos por las CE para el examen de  las dos cuestiones fundamentales de la participación 
y los efectos jurídicos, porque es en este aspecto que los Miembros sentirían más los efectos de esa 
propuesta en materia jurídica, administrativa y de  costos.  Aún no le convencen las explicaciones 
suministradas por las Comunidades Europeas para justificar los procedimientos de registro que proponen.  Pueden estar basados en una interpre tación errónea de la sección 3 de la parte II del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  El Acuerdo exige que  los Miembros apliquen esta sección de tal modo 
que las partes dispongan de medios para evitar determinadas utilizaciones, pero no exige ninguna 
protección automática de las indicaciones geográficas en  el territorio de los Miembros.  Al igual que 
cualquier titular de derechos de propiedad intelect ual, los titulares de indicaciones geográficas tienen 
que dirigirse a cada país y reivindicar sus derech os, que se les otorgarán de conformidad con la 
legislación nacional de cada país.  Tras recordar que las negociaciones sobre el registro no pueden 
llevarse a cabo en el vacío, sino en el marco de los derechos y obligaciones existentes en virtud del 
Acuerdo sobre los ADPIC, la oradora expresa la pr eocupación de que, a través de una disposición 
procesal, la propuesta de las CE procura modificar el actual equilibrio de derechos y obligaciones. 
95. La representante de la Argentina está de acuerdo con el Canadá en que la propuesta de las CE 
añade nuevas fases al procedimiento de notificación y registro que dispone el Acuerdo.  Estas nuevas 
fases de examen, reservas y nego ciaciones bilaterales obligatorias son fundamentalmente perjudiciales 
para los países en desarrollo.  No coincide c on el argumento formulado por las Comunidades 
Europeas de que, en la OMC, las negociaciones b ilaterales son un método habitual para resolver 
diferencias.  En la OMC, las diferencias debe n abordarse mediante el sistema de solución de 
diferencias, que ha sido creado precisamente para impedir medidas unilaterales o presiones políticas.  
La propuesta de las CE reemplazaría ese modo neutra l de resolver las diferencias por un mecanismo 
políticamente orientado, lo que en ningún caso puede estar justificado por el artículo 1 del párrafo 24 
del Acuerdo sobre los ADPIC.  El sistema de negoci aciones bilaterales sería perjudicial para todos los  TN/IP/M/16 
 Página 23 
 
 
  Miembros, en particular los Miembros en d esarrollo, que tienen menos recursos y poder de 
negociación que las Comunidades Europeas o cu alquier otro país desarrollado Miembro. 
96. La representante de los Estados Unidos  dice que su delegación apoya plenamente las 
declaraciones formuladas por las delegaciones de la Argentina, Australia, el Canadá y Filipinas y 
abriga graves preocupaciones por los procedimientos de registro onerosos y de masiado gravosos de la 
propuesta de las CE.  El procedimiento de r eservas propuesto para las indicaciones geográficas 
notificadas es problemático y tendría repercusi ones negativas en los derechos y obligaciones 
existentes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC para las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, ya que sólo da a los Miembros una única oportunidad de oponerse a una indicación geográfica en el nivel internacional de ntro del plazo de 18 meses, por fundamentos 
limitados.  Ello eliminaría claramente el derecho de los países de acogerse a excepciones previstas en 
el Acuerdo sobre los ADPIC desde hace largo tiempo.  Su delegación ya ha explicado lo que ocurriría 
conforme a tal propuesta si un Miembro de la OMC no objetara cada una de las indicaciones 
geográficas notificadas dentro del plazo de 18 meses.  Sin embargo, el Miembro que se opusiera a la notificación se vería obligado a entablar negociaciones bilaterales con la parte notificante, en las que 
habría una gran presión para que la parte que fo rmuló la objeción llegara a algún tipo de transacción 
en relación con esa indicación geográfica.  Un régi men de negociaciones bilaterales sobre derechos 
privados generaría una menor certidumbre jurídica y una menor transparencia en los sistemas nacionales de protección.  Además, precisarían de muchos recursos, y las Comunidades Europeas insistirían en obtener protección en el territorio de l país que hubiera formulado las objeciones.  Es 
bastante perturbador que las Comunidades Eu ropeas hayan vinculado indebidamente estas 
negociaciones con la disposici ón del párrafo 1 del artículo 24  del Acuerdo sobre los ADPIC, 
identificando de ese modo el objetivo de las negoc iaciones de la Sesión Extraordinaria con el de 
"mejorar la protección de las indicaciones geográficas ".  Todos los procedimientos propuestos por las 
Comunidades Europeas, tanto en el plano nacional como en el internacional, podrían permitir que un 
país impusiera la protección de indicaciones ge ográficas en otros países, devaluando con ello 
derechos anteriores de marcas de fábrica o de comercio y desconociendo los regímenes jurídicos 
nacionales de los Miembros.  La propuesta de las CE tendría consecuencias negativas para el actual equilibrio de derechos y obligaciones en relación c on las marcas de fábrica o de comercio y las 
indicaciones geográficas e impondría importantes cargas procesales a los sistemas nacionales de todos 
los Miembros.  Este sistema proporcionaría mayor protección a las indicaciones geográficas de las CE, pero tendría efectos negativos para los titular es nacionales de marcas de fábrica o de comercio y 
para otros sistemas nacionales de todo el mundo.  En cambio, la propuesta conjunta se centra, con 
deferencia, en los sistemas nacionales de los Miembr os de la OMC participantes.  Se centra en los 
sistemas nacionales al suministrarles información para que adopten decisiones más precisas respecto 
del registro, facilitando así eficazmente la protección de las indicaciones geográficas de los vinos y 
bebidas espirituosas.  Una mayor información para las oficinas nacionales sobrecargadas de trabajo y 
con problemas de financiación sólo puede ayudarl as a adoptar mejores decisiones fomentando la 
certidumbre jurídica para las empresas nacionales y extranjeras. 
97. El representante de Nueva Zelandia
 dice que su delegación reconoce que las dos cuestiones 
de los efectos jurídicos y la participación son f undamentales, pero no desea pasar por alto los otros 
aspectos, como el registro.  Como ha indicado Australia, el registro es un tema importante, pues está estrechamente vinculado con la cuestión de los ef ectos jurídicos.  La propuesta conjunta implica un 
proceso de registro directo, que simplemente asegura que la indicación geográfica notificada se 
inscriba debidamente en el registro.  El registro en  sí mismo no tiene repercusiones en los derechos y 
obligaciones de los Miembros en cuanto a la condición jurídica de cada indicación geográfica.  En conformidad con el principio de territorialidad, todas las decisiones sobre indicaciones geográficas, incluida la aplicabilidad de las excepciones del artículo 24, se dejan, por consiguiente, a los 
responsables de las oficinas de propiedad intelectual.   Ello contrasta con la propuesta de las CE, en 
cuyo marco el proceso de registro tiene importa ntes repercusiones en los actuales derechos y 
obligaciones de todos los Miembros, incluidos los no participantes.  Todos los Miembros quedarían TN/IP/M/16 
Página 24  
 
  comprometidos a formular una reserva, o de lo contrario perderían dete rminados derechos y 
flexibilidades.  Cuando los Miembros hubieran form ulado una reserva, estarían obligados a entablar 
negociaciones bilaterales encaminadas a "resolver las diferencias".  El uso de las palabras "resolver las diferencias" por la delegación de las CE parece significar que las Comunidades Europeas esencialmente estarían buscando encontrar diferenci as y cuestionar las decisiones adoptadas por los 
tribunales y autoridades nacionales.  La deleg ación de Nueva Zelandia no entiende cómo podría una 
prescripción de ese tipo ser compatible con el principio de territorialidad. 
98. La delegación de Nueva Zelandia está en d esacuerdo con el argumento formulado por la 
delegación de las CE de que el párrafo 1 de l artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es el 
fundamento jurídico en virtud del cual está justif icada la propuesta de las CE de que se celebren 
negociaciones bilaterales obligatorias.  A fin de ente nder lo que realmente significa la prescripción de 
las CE, el orador presenta un ejemplo hipotético.  Suponiendo que el registro propuesto por las CE se aplicara a todos los productos -a lo que su dele gación se opone firmemente- y que las Comunidades 
Europeas notificaran a la OMC la indicación geográfica "Feta", algunos Miembros formularían reservas dentro del plazo prescrito de 18 meses a duciendo que el término es genérico, en el sentido 
del párrafo 6 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADP IC, en sus propios territorios.  Sería razonable 
suponer que las Comunidades Europeas procurar ían entonces negociar con esos Miembros el 
resultado de la decisión judicial o administrativa referi da al carácter genérico de "feta".  El orador no 
percibe cómo la negociación por un tercer país de la decisión adoptada por un tribunal o autoridad 
nacional puede ser compatible con el principio de te rritorialidad.  Invita a las Comunidades Europeas 
a que consideren su propia situación con respecto a este tipo de prescripción.  Por ejemplo, el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas se ha pr onunciado recientemente sobre "Feta", pero Nueva 
Zelandia no ha intentado negociar con las Comunidades Europeas para cambiar el resultado de esa 
decisión a fin de conseguir que el término se cons idere genérico.  La resolución de las CE y sus 
consecuencias pueden no haber agradado a Nueva Ze landia, pero así funciona el principio de 
territorialidad. 
99. El representante de Guatemala
 dice que, si países desarrollados como Australia o el Canadá 
han expresado preocupaciones sobre el sistema propu esto de las CE, los países en desarrollo como 
Guatemala estarían en dificultades aún mayores, dado que no podrían responder adecuadamente a las 
notificaciones en el marco de ese sistema.  La única  alternativa válida para los países en desarrollo 
sería entonces el sistema de la propuesta conjunta, qu e es fácil de utilizar, accesible, simple, eficaz, no 
costoso y no gravoso. 
100. El representante de Sudáfrica  dice que el ejemplo hipotético presentado por Nueva Zelandia 
es un caso real en su país.  Sudáfrica produce y expo rta "feta", un término que en su territorio es 
genérico.  Actualmente las Comunidades Europeas, que han sido su principal mercado de exportación 
hasta hace poco tiempo, están bloqueando esas  exportaciones y enviando a los productores 
sudafricanos cartas amenazadoras.  En virtud de l Acuerdo sobre los ADPIC, los productores 
sudafricanos tienen derecho a utilizar el térmi no genérico "feta" y exportar este queso a las 
Comunidades Europeas.  Por consiguiente, si se acep tara este sistema de registro propuesto por las 
CE, en realidad se fortalecerían aún más los fundame ntos para impedir que el  queso feta sudafricano 
ingrese al mercado de las CE, situación que lleva a su delegación a considerar que la propuesta es 
inaceptable. 
101. La representante de la Argentina  ofrece el ejemplo de una indicación geográfica homónima 
para el vino, que hace referencia a una región de Es paña y a otra de la Argentina.  No sólo se ha 
impedido a la Argentina exportar su vino a las Comunidades Europeas con ese nombre homónimo, sino que sus productores han sido tildados allí de  piratas de indicaciones geográficas de productos 
alimenticios.  Este y otros ejemplos demuestran que las posiciones adoptadas por las delegaciones no 
se basan en especulaciones teóricas, sino en ejempl os prácticos con consecuencias comerciales.    TN/IP/M/16 
 Página 25 
 
 
  102. Con respecto a la observación formulada por la de legación de las CE de que el sistema de la 
propuesta conjunta no requiere la mención de la fecha de protección, la oradora señala que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC sólo rigen para los Miembros a pa rtir de determinadas 
fechas, por ejemplo el 1 ˚ de enero de 1996 para los países desarrollados, y se pregunta qué ocurriría, 
en el marco de la propuesta de las CE, con las in dicaciones geográficas registradas muchos años antes 
de esa fecha. 
103. El representante de Chile
 dice que, con arreglo a la propuesta conjunta, las notificaciones se 
presentarían por los gobiernos de los Miembros y no por entidades privadas.  Contrariamente a lo que 
han dicho las Comunidades Europeas, esas notificaciones pueden ser perfectamente detalladas y fiables.  Recuerda que la propuesta conjunta prev é información como la transliteración de las 
indicaciones geográficas y que los Miembros tendrían libertad para añadir cualquier otro dato que 
considerasen conveniente.  Chile, por ejemplo, pr obablemente notificaría también la fecha y el 
fundamento jurídico de la protección de la indicación geográfica, así como el sitio en que puede obtenerse información adicional. 
104. El representante de las Comunidades Europeas
 dice, en respuesta a la observación formulada 
por Chile, que la finalidad del registro no es constit uir un punto de partida para la protección de las 
indicaciones geográficas, pues de lo contrario el manda to contenido en el párrafo 4 del artículo 23 del 
Acuerdo sobre los ADPIC habría establecido que lo s Miembros deben crear una base de datos sobre 
indicaciones geográficas con fines exclusivamente in formativos.  Claramente no es así porque el 
mandato es el de establecer un sistema multilatera l de registro y notificación de las indicaciones 
geográficas "para facilitar" su protección. 
105. A la observación formulada en el sentido de que los acuerdos bilaterales basados en el 
párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC constituyen una prescripción que no es 
compatible con el principio de territorialidad, res ponde que, si así fuera, entonces todos los Miembros 
que han negociado en forma bilateral la protecci ón de términos genéricos habrían violado ese 
principio. 
106. En cuanto a los ejemplos prácticos mencionados  por la Argentina y Sudáfrica, el orador dice 
que es precisamente sobre la base del principio de territorialidad que su delegación ha adoptado esas 
decisiones.  Con respecto al caso particular de "Feta", explica que el término fue registrado, y confirmado judicialmente, como una indicación ge ográfica en el territorio de las Comunidades 
Europeas.  Por consiguiente, sobre la base del princi pio de territorialidad, se adoptó la decisión de que 
"Feta" es una indicación geográfica y, por consiguiente, es un nombre que sólo puede utilizarse para 
los productos que tienen el origen que indica, en Gr ecia.  Por lo tanto, un producto procedente de 
Sudáfrica, que obviamente no tiene el origen necesario, de Grecia, no debe utilizar el término "Feta" en las CE.  Sin embargo, esa decisión no pone en tela  de juicio el derecho de Sudáfrica de utilizar 
"feta" como un término genérico en su propio territo rio.  El mismo razonamiento vale para el ejemplo 
citado por la Argentina, que se basa en una excepci ón distinta del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, 
la que figura en el párrafo 3 del artículo 23 respecto de las indicaciones geográficas homónimas. 
107. El orador pregunta a las delegaciones que ha n argumentado que las obligaciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC son gravosas por qué piensan que só lo existe una carga de ese tipo en relación con 
las indicaciones geográficas, y no con otros derechos de propiedad intelectual.  Las actuales obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC, así como l as que fija cualquier otro Acuerdo de la OMC, 
implican cargas.  Sin embargo, todos los Miembros  han adoptado la decisión de participar en esos 
acuerdos, y, por consiguiente, de asumir esas obligacion es, sobre la base de que el saldo general de 
sus resultados les es favorable.  Una de las oblig aciones que todos los Miembros han contraído es 
precisamente la del párrafo 1 del artículo 24 del Ac uerdo sobre los ADPIC, que indica claramente que 
"los Miembros convienen en entablar negociaci ones encaminadas a mejorar la protección de las 
indicaciones geográficas determinadas".  Contrariamen te a lo que ha dicho Australia, esta obligación TN/IP/M/16 
Página 26  
 
  no significa un deber de negociar en beneficio de in tereses privados de las Comunidades Europeas.  
Esta disposición se refiere a la protección de indicaciones geográficas específicas, que, en este caso, serían las resultantes de la aplicación del registro multilateral propuesto por las CE. 
108. Con respecto a la referencia hecha en la propu esta de las CE a la excepción que figura en el 
párrafo 6 del artículo 24 del Acuer do sobre los ADPIC acerca de los términos genéricos, el orador 
confirma que las delegaciones están en lo cierto al decir que, conforme a esa propuesta, si no se 
manifiesta oposición a una solicitud, se renuncia a invocar esa excepción creándose una presunción 
absoluta.  Tal posibilidad no debe causar sorpresa.   Ha sido una práctica normal de los Miembros 
negociar acerca de los términos genéricos sobre la  base del párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo 
sobre los ADPIC.  Por consiguiente, lo que hace la propuesta de las CE no es más que aplicar esa 
disposición.   
109. En respuesta a la observación de que la propuesta de las CE procura una protección 
"universal" de sus indicaciones geográficas, el orador dice que el Acuerdo sobre los ADPIC ya dispone lo que podría denominarse una protección "universal".  Por c onsiguiente, dado que el sistema 
propuesto por las CE procura simplemente facilitar la obtención de una protección de ese tipo, no 
crearía nuevas obligaciones sustantivas y, por tanto, se encuentra comprendido en el mandato.  Pero la 
protección de las indicaciones geográficas en el marco del sistema de las CE no sería en realidad tan "universal" porque el objetivo de los procedimient os de oposición es precisam ente asegurar que los 
Miembros puedan garantizar que el sistema tenga en  cuenta las particularidades nacionales de cada 
uno en lo que respecta a la protección.   
110. En cuanto a la observación de que, en el caso de  los tratados de la OMPI, los Miembros optan 
por suscribir los efectos de esos tratados, el ora dor dice que, en el caso del Acuerdo sobre los ADPIC, 
los Miembros han optado por suscribir el párrafo 4 de su artículo 23, que estipula claramente que el 
sistema debe ser "multilateral" y, por consiguiente , abarcar a todos los Miembros de la OMC y tener 
efectos en ellos.   
111. El representante de las CE rechaza las obser vaciones formuladas en el sentido de que su 
propuesta pretende imponer determinados resultados  a los Miembros al establecer una vinculación 
con el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo s obre los ADPIC y negociar las excepciones.  La 
propuesta de las CE es perfectamente clara en cuanto a que la única obligación es entablar 
negociaciones, como se establece en el artículo 24 del Acuerdo.  Por consiguiente, el hecho de que la 
obligación que dispone ese artículo se aplicaría inclus o sin la Ronda de Doha demuestra que las CE 
no pretenden imponer a los Miembros  ningún resultado.  El único obje tivo de la propuesta es disponer 
que, después del procedimiento de registro, lo s Miembros que no hayan retirado sus reservas 
obtengan una  anotación que acompañe a la indicación geográ fica, con la consecuencia de que no 
habría efectos jurídicos en sus territorios. 
112. La representante de la Argentina
 discrepa de la interpretación hecha por las Comunidades 
Europeas del texto del párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Esa disposición figura 
en el artículo 24 y no en el artículo 23, en particular  en su párrafo 4.  Si quienes elaboraron el Acuerdo 
sobre los ADPIC hubieran tenido otra intención, habr ían incluido el texto del párrafo 1 del artículo 24 
en un párrafo 5 del artículo 23.  La oradora consider a extraño que la propuesta de las CE atribuya gran 
importancia a la aplicación del párrafo 1 del artí culo 24 y, por otra parte, haga mermar las 
salvaguardias que tienen otros Miembros, a saber, el derecho de invocar a nivel nacional las 
excepciones establecidas en el artículo 24. 
113. La representante de Australia  dice que la delegación de las CE ha estado en lo cierto al 
afirmar que, de conformidad con el principio de territorialidad, corresponde a las Comunidades 
Europeas determinar lo que es una indicación geográfi ca o un término genérico en su territorio, y que 
no cuestiona el derecho de otros Miembros de u tilizar, por ejemplo, términos genéricos en sus  TN/IP/M/16 
 Página 27 
 
 
  territorios.  Pero no entiende cómo es posible afirmar que las Comunidades Europeas no cuestionan 
esos derechos si en su propuesta exigen que los Miembros negocien el aumento de la protección de 
esos nombres de productos sobre la base del párrafo  1 del artículo 24.  Con respecto a la observación 
de las Comunidades Europeas de que el párrafo 1 del artículo 24 es una disposición clara en cuyo 
marco muchos Miembros ya han negociado acuerdos bilaterales en los que han desistido de algunos 
de sus términos genéricos, dice que es precisamente la experiencia de Australia en la negociación de 
tales acuerdos lo que le ha inspirado una extrema preocupación ante la idea de dar carácter multilateral a ese tipo de proceso bilateral añadie ndo la posibilidad de verse obligado a ceder los 
restantes usos genéricos que aún no han sido afectados. 
114. Si bien toma nota de la referencia hecha por las Comunidades Europeas al párrafo 1 del 
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC para justif icar el modo en que su propuesta aborda las 
excepciones, la oradora dice que la delegación de las CE no ha respondido aún a su argumento de que 
ninguna disposición de la sección 3 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC condiciona el derecho 
de los Miembros de invocar las excepciones referent es a los términos genéricos a que se entablen las 
negociaciones bilaterales previstas en el párrafo 1 del artículo 24. 
115. Australia disiente de la declaración de las Com unidades Europeas de que el Acuerdo sobre los 
ADPIC establece una protección "universal", ya que las disposiciones de ese Acuerdo en materia de propiedad industrial se basan en el principio de te rritorialidad y no en el de universalidad.  Por 
consiguiente, parece que las Comunidades Europeas proponen que el registro facilite la protección 
universal de las indicaciones geográficas, lo que confirma que su propuesta es una ampliación del Acuerdo sobre los ADPIC y, como tal, sería má s adecuada en la OMPI.  Es una ampliación del 
Acuerdo sobre los ADPIC porque conferiría a las indicaciones geográficas notificadas al registro una 
presunción de protección en todos los Miembros, efect o que modificaría el equilibrio de derechos y 
obligaciones existente en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
116. El representante del Canadá
 dice que su país ha entabla do negociaciones bilaterales sobre 
vinos y bebidas espirituosas con las Comunidad es Europeas en una oportunidad mutuamente 
conveniente, determinada y acordada por ambas part es y no en el marco de ningún plazo obligatorio 
de 18 meses, como el que se exige en la propuesta de las CE.   
117. El representante de los Estados Unidos  dice que cuanto más escucha su delegación las 
observaciones formuladas, en particular las opini ones y preocupaciones de las delegaciones de la 
Argentina y Australia, más se convence de que la pr opuesta conjunta es la única opción que cumple el 
mandato.  Facilita la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas sin 
modificar los derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.   
118. En el marco de la propuesta de las CE, si se formulara una reserva basada en que la indicación 
geográfica notificada no cumple la definición del párrafo 1 del artículo 22, ese Miembro estaría sujeto a negociaciones bilaterales, que las Comunidad es Europeas han vinculado con el párrafo 1 del 
artículo 24 del Acuerdo.  Sin embargo, si ese término no cumpliera la definición de indicación 
geográfica de conformidad con el Acuerdo, el párra fo 1 del artículo 24 sería simplemente inaplicable, 
puesto que no habría ninguna indicación geográfica que negociar.  Este no es más que uno de los 
claros ejemplos que demuestran que las Comunida des Europeas procuran, mediante su propuesta, 
modificar el actual equilibrio de derechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.   
119. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que el párrafo 4 del artículo 23 del 
Acuerdo sobre los ADPIC es perfectamente claro al  establecer que lo que se debe facilitar es la 
protección de las indicaciones geográficas conforme al Acuerdo, lo que abarca los artículos 22, 23 
y 24, todos los cuales tienen elementos pertinentes al registro.  Por ejemplo, en virtud del párrafo 9 del 
artículo 24, los Miembros no tienen obligación de proteger las indicaciones geográficas que no estén TN/IP/M/16 
Página 28  
 
  protegidas en su país de origen o que hayan caído en desuso en ese país.  Por consiguiente, no sería 
posible excluir del ámbito del regi stro las excepciones del artículo 24. 
120. En cuanto al párrafo 1 del artículo 24, dice que  esa disposición es explícita respecto de su 
aplicabilidad a los acuerdos tanto bilaterales como  multilaterales y es simplemente un instrumento a 
disposición de los Miembros con respecto a las indicaciones geográficas y también una obligación 
que todos los Miembros han aceptado.  Es eviden te que no modifica el equilibrio de derechos y 
obligaciones, precisamente porque ya está en el Acuerdo sobre los ADPIC y, como tal, forma parte de las obligaciones que los Miembros han contraído. 
121. Por último, el orador recuerda que el párrafo 1 del artículo 24 menciona, en su primera parte, 
la obligación de entablar, si así se solicita, negoci aciones encaminadas a mejorar la protección de las 
indicaciones geográficas determinadas, pero la se gunda parte sólo dice que los Miembros "no se 
valdrán" de las excepciones previstas en los párrafo s 2 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a 
concertar acuerdos bilaterales o multilaterales.  El texto del párrafo 1 del artículo 24, que no abarca el 
párrafo 9, no excluye la posibilidad de examinar  una reserva sobre la base de que el término 
notificado cumple la definición del párrafo 1 del artículo 22. 
122. El representante de Chile
 dice que, mientras que el párrafo  1 del artículo 24 del Acuerdo 
sobre los ADPIC se refiere a negociaciones encaminadas a "mejorar" la protección, el párrafo 4 del artículo 23 utiliza las palabras "para facilitar" la protección.  "Mejorar" y "facilitar" son términos 
utilizados intencionalmente por los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC para situaciones 
diferentes.   
Efectos jurídicos y consecuencias jurídicas del registro 
 
123. La representante de los Estados Unidos
 dice que en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC 
hay relaciones cuidadosamente negociadas entre las marcas de fábrica o de comercio y las 
indicaciones geográficas, sin que tengan preferencia las unas ni las otras.  La propuesta de las CE altera este equilibrio creando la  presunción de que un término notificado debe ser protegido 
automáticamente en todos los Miembros de la OMC, se lo considere o no una indicación geográfica 
en esos Miembros.  Esta presunción de prueba resulta nte del registro pondría en tela de juicio la 
validez de las marcas de fábrica o de comercio an teriores y los términos genéricos, obligando a los 
titulares de marcas y a los usuarios de términos genéricos a probar su derecho a continuar utilizando 
esos términos.  En las deliberaciones sobre el procedimiento de registro se ha planteado el caso de "feta", y la delegación de las CE ha confirmado que el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas declaró que se trata de una indicación geográfica en el territorio de las CE, a pesar de que 
varios otros Miembros de las CE han indicado que "feta" es un término genérico en sus territorios.  En 
el marco de la propuesta de las CE, si las Com unidades Europeas notificaran "feta" como indicación 
geográfica, se crearía la presunción de que ese término es susceptible de protección en todos los 
Miembros de la OMC, independientemente de que sean  Miembros participantes o no participantes en 
el sistema multilateral.  Por consi guiente, la propuesta obligaría a t odos aquellos Miembros en que el 
término es genérico a defender esa determinación contra  la presunción que se derivaría del registro.  
Para la delegación de los Estados Unidos, esto constituye claramente una obligación jurídica 
sustantiva sin precedentes que se impondría a todos los Miembros de la OMC.  Le preocupa que las 
Comunidades Europeas deseen basarse en el párrafo  1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC 
para eliminar la excepción del párrafo 6 del ar tículo 24 referente a los términos genéricos. 
124. Como han señalado antes otras delegaciones, las consecuencias del registro en el marco de las 
propuestas de las CE y de Hong Kong, China son moti vo de especial preocupación para la delegación 
de los Estados Unidos, ya que ambas se basan en presunciones que, en lo esencial, otorgarían los 
derechos correspondientes a las indicaciones geográficas en cada Miembro de la OMC sin examen nacional.  Por ejemplo, en los Estados Unidos se requiere un examen y un plazo para la presentación  TN/IP/M/16 
 Página 29 
 
 
  de objeciones por parte de terceros antes de que se conceda una presunción de validez.  La presunción 
de prueba de las propuestas de Hong Kong, China y las CE parece otorgar la misma condición a las 
indicaciones geográficas extranjeras sin examen de los criterios de la legislación nacional ni de los derechos anteriores.  Ello obligaría a los titulares de  marcas de fábrica o de comercio y a los usuarios 
de términos genéricos, como ha demostrado el caso  de "feta", a probar su derecho a seguir utilizando 
su marca de fábrica o de comercio o un término genérico si se notifica una indicación geográfica en 
fecha posterior.  El registro de indicaciones geográfi cas en el marco de los sistemas propuestos tendría 
repercusiones en cuestiones fundamentales que preo cupan a su delegación, como el principio de 
territorialidad;  la necesidad de mantener el equ ilibrio de derechos y obligaciones entre las marcas de 
fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas;  y los efectos en los sistemas nacionales y las 
cargas administrativas.  Sería extraordinario que la decisión de un Miembro de proteger un derecho de 
propiedad intelectual en su territorio imponer di rectamente una presunción en el derecho y los 
procedimientos judiciales nacionales de muchos otros Miembros.  Esencialmente, las propuestas de Hong Kong, China y las CE permitirían a un país notifican te utilizar la protección de su país de origen 
como base para recibir protección en otro país sin tener que cumplir las disposiciones legislativas de 
éste.  Se desconoce así el principio de territorialidad, conforme al cual la protección de la propiedad 
intelectual sólo tiene efectos normalmente en el  territorio del Miembro que la ha otorgado.   
125. Si se adoptara la propuesta de las CE, se estable cerían por presunción los derechos de las 
indicaciones geográficas en países cuyos consumidores ni siquiera consideraran que se trata de una indicación geográfica, lo que sería un sistema sin precedentes.  Una propuest a basada en presunciones 
tendría repercusiones negativas para los titulares de  marcas de fábrica o de comercio y nombres de 
productos de apariencia similar, en todo el mundo, aun cuando esos términos, en realidad, se hubieran 
utilizado antes.  También existe la posibilidad muy re al de que los titulares de derechos anteriores se 
vean obligados a defender sus marcas de fábrica o de comercio en un territorio debido a que una 
indicación geográfica notificada posteriormente se presume válida allí.  Al reivindicar automáticamente un amplio conjunto de términos en todos los Miembros de la OMC, la propuesta de 
las CE podría hacer que los titulares de marcas de fábrica o de comercio en un mercado no pudieran 
ingresar con ellas en un nuevo mercado, y también impediría a las pequeñas y medianas empresas establecer nuevas marcas que pudieran tener incorp orados esos términos.  Podría haber empresas que 
hubieran vendido durante mucho tiempo productos en un territorio con nombres genéricos o como 
marcas de fábrica o de comercio con apariencia similar a una indicación geográfica notificada, que 
tendrían que hallar un nuevo nombre pa ra sus productos, y otro tanto ocurriría con las indicaciones 
geográficas locales que resultasen similares a otra indicación geográfica notificada.  Todo esto 
ocurriría como resultado de que los Miembros só lo tuvieran una única oportunidad para oponerse a 
una indicación geográfica en el plano internacional, por fundamentos limitados y dentro de un plazo 
de 18 meses.  Otro resultado sería que nada podr ía impedir a las Comunidades Europeas o a otros 
Miembros registrar simplemente en forma preventiv a los nombres de todas sus ciudades, regiones y 
otras indicaciones geográficas nacionales indepe ndientemente de cualquier propósito de exportar 
productos de ese origen.  Sólo en las Comunidades Europeas, esto podría significar decenas de miles 
de términos. 
126. En cambio, la propuesta conjunta no confer iría ningún derecho con respecto a las 
indicaciones geográficas registradas en el sistema ni alteraría el equilibrio de  derechos y obligaciones 
de los Miembros de la OMC que actualmente establece el Acuerdo sobre los ADPIC.  A este respecto, 
la propuesta conjunta es muy distinta de las demás, ya que no tiene efectos jurídicos directos en 
ningún Miembro de la OMC.  Correspondería a cada Mi embro consultar la base de datos para decidir, 
de conformidad con las disposiciones de su legislación nacional y sus prescripciones en materia de registro, qué valor probatorio habrá de dar a l as indicaciones geográficas comprendidas en la base de 
datos al determinar si debe registrarse o no una marca de fábrica o de comercio o una indicación 
geográfica.  Los nacionales de los Miembros que deseen obtener protección podrán seguir 
presentando sus solicitudes directamente en las ofic inas nacionales.  Un Miembro participante no 
estaría obligado a negociar sobre cada término que no considere que deba protegerse como indicación TN/IP/M/16 
Página 30  
 
  geográfica, ya que el uso del registro sería discrec ional y sin efectos jurídicos.  Aunque la propuesta 
conjunta no tendría efectos jurídicos en los Miembros  de la OMC, facilitaría ciertamente la protección 
de las indicaciones geográficas en ellos.  De hecho, crearía un instrumento para ayudar a los Miembros de la OMC que tendría un alcance sin pr ecedentes, creando una base de datos mundial por 
primera vez para una categoría de derechos de propi edad intelectual.  Los Miembros consultarían esa 
base de datos al adoptar decisiones sobre problemas relativos a las indicaciones geográficas en el 
marco de su legislación nacional, lo que les facilitarí a en gran medida el suministro de protección para 
las indicaciones geográficas.  Por último, la propuesta conjunta ayudaría a los Miembros a proteger las indicaciones geográficas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC sin añadir cargas adicionales ni modificar los derechos y obligaciones existentes en el Acuerdo. 
127. El representante de Hong Kong, China
, en respuesta a las preguntas acerca de si las 
presunciones refutables creadas en el marco de su propuesta afectarían al equilibrio de derechos y 
obligaciones existente en el Acuerdo sobre los ADP IC y si la propuesta sería compatible con la 
naturaleza territorial de los derechos de propied ad intelectual, dice que el sistema propuesto es 
voluntario y, por consiguiente, crearía ciertos efec tos jurídicos refutables sólo en los Miembros que 
participasen en el sistema.  Por consiguiente, si un Miembro adopta la decisión fundada de no 
participar en el sistema, entonces no habría efectos  jurídicos y, en consecuencia, no se plantearía la 
cuestión de la compatibilidad con la naturaleza territo rial de los derechos de propiedad intelectual.  
Incluso para los Miembros participantes habría una  presunción únicamente sobre tres aspectos:  la 
definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuer do sobre los ADPIC;  la titu laridad de la indicación 
geográfica;  y la protección de la indicación geográf ica en el país notificante, de modo que no se 
plantearía la excepción establecida en el párrafo  9 del artículo 24.  Todas estas presunciones serían 
refutables.  Tendrían efectos en los tribunales n acionales de los Miembros, de conformidad con su 
jurisprudencia y las normas procesales locales.  Cualquiera que fuese la decisión de un tribunal 
nacional sobre una indicación geográfica, sólo tendría  efectos en esa jurisdicción, sin consecuencias 
para otros Miembros.  De este modo se preservarí a la naturaleza territorial de los derechos de 
propiedad intelectual. 
128. El orador añade que, con arreglo a la propuest a de Hong Kong, China, salvo en relación con 
el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, todas las demás disposiciones del 
artículo 24 sobre excepciones quedarían intactas y se regirían por las normas de los sistemas 
nacionales de los Miembros.  A diferencia de la  propuesta de las CE, no habría ningún plazo.  La 
delegación de Hong Kong, China, comparte la pr eocupación planteada por algunas delegaciones de 
que la propuesta de las CE afectaría a la dispos ición del artículo 24 sobre las excepciones en el 
sentido de que, si determinado Miembro no formular a una reserva en el plazo estipulado, ciertas 
presunciones relativas establecidas en la propuesta pasaría n a ser absolutas.  El orador confirma que la 
propuesta de Hong Kong, China no establece ningún plazo  de este tipo, ni contiene disposición alguna 
sobre impugnaciones en el plano multilateral. 
129. La representante de Australia  recuerda que Hong Kong, China ha dicho que, en el marco de 
su propuesta, habría una presunción refutable en relación con la definición de indicación geográfica 
que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Ac uerdo sobre los ADPIC y que las excepciones del 
artículo 24 no se verían afectadas.  Pregunta si la carga de la prueba respecto de si una indicación 
geográfica es o no genérica recaería en los pr oductores o en los titulares de las indicaciones 
geográficas.  La razón por la que formula esta pre gunta es que supone que, si un nombre de producto 
es genérico en un territorio, entonces no es una indicación geográfica.  Pregunta si con la propuesta de 
Hong Kong, China existiría, aun en ese caso, la presunción de que el término es una indicación 
geográfica. 
130. El representante de Hong Kong, China , en respuesta a la observación formulada por Australia 
con respecto a la excepción del párrafo 6 del artíc ulo 24 del Acuerdo sobre lo s ADPIC relativa a los 
términos genéricos, dice que la propuesta de Hong Kong, China no establece presunción alguna  TN/IP/M/16 
 Página 31 
 
 
  vinculada con esa disposición.  Por lo tanto, respecto de esta cuestión la carga de la prueba no se vería 
afectada.  Esta es precisamente una de las características principales que distinguen la propuesta de su delegación de la propuesta de las CE.  Su dele gación considera que un tribunal nacional de un 
Miembro es el que estaría en mejores condiciones de establecer si un término es genérico o no en el territorio de ese Miembro.  Este criterio sería pr eferible a dejar la cues tión librada a negociaciones 
bilaterales o cualquier arbitraje en el plano multilateral. 
131. El representante de las Comunidades Europeas
 señala que las tres propuestas presentadas 
tienen, todas, ciertos efectos jurídicos.  Si bi en es positivo que la propuesta conjunta esté sobre la 
mesa, es sólo un punto de partida y, por consiguien te, no cumple el mandato de establecer un registro 
"multilateral".  El efecto jurídico de la propuesta c onjunta consiste sólo en la obligación de consultar 
el registro, lo que no basta para "facilitar" verdaderamente la protección de las indicaciones 
geográficas, como exige el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.   
132. Con respecto a la comparación del registro de indicaciones geográficas propuesto con los 
sistemas de registro administrados por las OMPI, los documentos fácticos de antecedentes elaborados por la Secretaría de la OMC sobre los sistemas internacionales de notificación y registro en el nivel 
multilateral (TN/IP/W/4 y TN/IP/W/4/Add.1/Rev.1)  han explicado claramente que esos sistemas 
administrados por la OMPI tienen por finalidad fa cilitar la adquisición de protección para diferentes 
derechos de propiedad intelectual.  La conclusi ón que el orador extrae de esos documentos es que la 
totalidad de esos sistemas acarrea efectos jurídicos de  diversos grados.  Por ejemplo, en el caso del 
sistema de Madrid, el registro internacional de una  marca de fábrica o de comercio conforme a ese 
sistema da lugar al otorgamiento de protección para la marca en cada Estado miembro del mismo 
modo que si fuera objeto de una solicitud directa ante  su respectiva oficina nacional, a menos que esa 
oficina la haya rechazado.  Algunos de los patroc inadores de la propuesta conjunta, como Australia y 
los Estados Unidos, son partes en el sistema de Madrid, que acarrea efectos importantes y jurídicamente vinculantes.  La diferencia con los si stemas de la OMPI es que, en virtud del párrafo 4 
del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, el si stema propuesto se está negociando en el marco de 
la OMC, donde la palabra "multilateral" significa que  deben estar abarcados todos los Miembros de la 
OMC y que, por tanto, el sistema debe producir efectos jurídicos en la totalidad de ellos.  A la luz de 
esto, la propuesta de las CE es la única que cumple el mandato. 
133. La idea fundamental de la propuesta de las CE  con respecto a los Miembros participantes es 
disponer la presunción de que las indicaciones geográficas no impugnadas son susceptibles de 
protección.  Esto no es una obligación sustantiva,  sino simplemente una forma de facilitar la 
protección de las indicaciones geográficas.  En otras palabras, facilitaría para sus titulares la obtención 
de la protección de las indicaciones geográficas que ya brinda el Acuerdo sobre los ADPIC, dejando 
al mismo tiempo, de conformidad con el princi pio de territorialidad, que los tribunales y las 
autoridades nacionales examinen y decidan libremente cada caso según sus circunstancias 
particulares. 
134. El orador explica que, con la propuesta de la s CE, el procedimiento de impugnación, que se 
basa en los diferentes fundamentos mencionados en la propuesta, permite a los Miembros tener en 
cuenta y revindicar sus especificida des territoriales.  Todo ello garan tizaría la confiabilidad de la 
información que se registraría.  Las excepciones establecidas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC seguirían aplicándose.  Algunas de ellas debe rían hacerse valer dentro del plazo de 18 meses 
para formular reservas, mientras que otras, que no se mencionaron específicamente en la propuesta 
inicial de las CE pero se incluyeron expresame nte a petición de determ inados Miembros, pueden 
invocarse a nivel nacional en cualquier momento. 
135. La delegación de las CE rechaza el argumento presentado, de que su propuesta tiene por 
objeto en realidad eliminar del Acuerdo sobre los ADP IC el párrafo 6 del artículo 24.  No es así, dado 
que esa disposición simplemente sería la base pa ra una oposición si un Mi embro considerara que un TN/IP/M/16 
Página 32  
 
  término es genérico en su territorio, en cuyo caso la indicación geográfica se registraría con una 
anotación que excluiría sus efectos jurídicos en el Miembro que formulara la oposición.  En consecuencia, no sólo se preservaría el párrafo 6 del artículo 24, sino que el sistema garantizaría también el respeto del principio de territorialidad. 
136. En cuanto a las referencias a "Feta", en par ticular las observaciones en el sentido de que ese 
término es genérico en la mayoría de los países, esas observaciones son contrarias al principio de 
territorialidad porque sólo un Miembro puede decidir lo  que es genérico en su territorio.  Por ejemplo, 
un Miembro no puede exportar queso con el término "Feta" a las Comunidades Europeas porque este término es una indicación geográfica registrada en el territorio de las Comunidades Europeas, pero 
eso no quita que pueda exportar el queso con ese nombr e a los Miembros que decidan, sobre la base 
del principio de territorialidad, que se trata de un nom bre genérico en sus territorios.  La idea que el 
orador desea transmitir con este ejemplo es que la propuesta de las CE asegura que la decisión sobre 
la protección de los términos permanezca en manos de las autoridades nacionales. 
137. El orador no está de acuerdo con una observaci ón formulada por los Estados Unidos en el 
sentido de que la propuesta de las CE obligaría a lo s usuarios de nombres de indicaciones geográficas 
a encontrar nuevos nombres para sus productos.  No ocurriría tal cosa precisamente porque, en el 
marco de la propuesta de las CE, las excepciones, co mo las basadas en el carácter genérico, seguirían 
siendo aplicables.  Además, podrían invocarse otras excepciones a nivel nacional, como las contempladas en los párrafos 4 y 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, para asegurar que 
los usuarios anteriores puedan permanecer en esos me rcados en los casos en que sean aplicables esas 
excepciones. 
138. El orador discrepa de la observación de que podr ían registrarse miles de nombres de lugares 
en el marco de la propuesta de las CE porque ésta permitiría registrar cualquier nombre geográfico.  
No todos los nombres geográficos pueden pasar  a ser indicaciones geográficas.  "Indicaciones 
geográficas" son sólo los nombres que se refieren a un origen geográfico en que las calidades, características y reputación del pr oducto tienen vinculación con ese or igen geográfico.  Este no es un 
obstáculo fácil de superar.   
139. Para concluir, dice que la propuesta conj unta establece un sistema que no necesariamente 
facilitaría la protección de las indicaciones geográficas, dado que se organizaría de tal modo que la base de datos, compuesta simplemente de una lista de indicaciones geográficas, no contendría información fiable.  Según la propuesta conjunta, l as autoridades nacionales co nsultarían esa lista de 
indicaciones geográficas notificadas, pero no hay ni ngún mecanismo para asegurar que se respete tal 
obligación.  En cualquier caso, al saber que la in formación disponible en la base de datos no sería 
fiable, las autoridades nacionales probablemente pr eferirían no tener en cuenta su contenido.  
Además, debido a la limitada participación, la base de datos contendría información incompleta, y por 
tanto poco fiable.  La propuesta conjunta, que no aporta ninguna ventaja con respecto a los efectos 
jurídicos, no cumple, por consiguiente, el mandato.   
140. La representante de Australia
 dice que "feta" es un término genérico en su país y que, de 
hecho, hay más personas de origen griego en Me lbourne que en cualquier otra ciudad del mundo, 
salvo en Atenas, y que se elabora más queso Feta  en Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica o los 
Estados Unidos que en Grecia.   
141. Con respecto a la observación hecha por las Comu nidades Europeas de que los efectos de la 
propuesta conjunta no son "suficientes", dice que serí a importante determinar lo que se entiende por 
"suficiente".  No cabe duda de que es  suficiente si facilita la protecci ón.  Todos los Miembros están de 
acuerdo en que esta es la finalidad del sistema que se está negociando.  Sin embargo, parece haber interpretaciones diferentes de lo que significa "fac ilitar".  Una de las preocupaciones principales de 
los demandeurs , que ha llevado al programa incorporado que figura en el párrafo 4 del artículo 23 del  TN/IP/M/16 
 Página 33 
 
 
  Acuerdo, parece ser asegurar que las marcas de fá brica o de comercio que contengan o consistan en 
indicaciones geográficas no se registren en mercados de terceros países, para que esas marcas no puedan impedir que los titulares de indicaciones geogr áficas vendan sus productos en esos mercados.  
El mandato recoge también la preocupación de  algunos Miembros de que, como no todos los 
Miembros protegen las indicaciones geográficas mediante un sistema de registro, la falta de 
información pondría en desventaja a los titulares de  indicaciones geográficas frente a los titulares de 
marcas de fábrica o de comercio con respecto a la  protección y la observancia de sus derechos.  
Teniendo en cuenta estos antece dentes, "facilitación" da la idea de una fuente basada en la 
información que, a diferencia de otras propuestas, no sería en sí misma la fuente de la protección, ni daría lugar a una presunción de protección en los te rritorios de los Miembros.  La base de datos 
prevista en la propuesta conjunta abordaría su ficientemente las preocupaciones enumeradas al 
proporcionar a las oficinas nacionales de propieda d intelectual información sobre las indicaciones 
geográficas reivindicadas por los productores en el te rritorio de otro Miembro de la OMC.  Esta 
información podría utilizarse por las oficinas nacional es de propiedad intelectual al adoptar decisiones 
respecto del registro y protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones 
geográficas de los vinos y las bebidas espirituo sas de conformidad con su legislación nacional, 
facilitando así la protección de las indicaciones geogr áficas y reduciendo el riesgo de que se registren 
indebidamente marcas de fábrica o de comercio.  Para las Comunidades Europeas, la palabra "suficiente" parece tener otro signi ficado:  que debe invertirse la car ga de la prueba a favor de los 
titulares de indicaciones geográficas en los procedimie ntos de los tribunales nacionales mediante una 
presunción, aspecto que también está presente en la  propuesta de Hong Kong, China.  La oradora 
discrepa firmemente de la explicación de las Co munidades Europeas según la cual esa presunción no 
es una obligación sustantiva, porque tal inversión de la carga de la prueba aumentaría esencialmente 
los derechos de un Miembro frente a los de otro.  E llo no sería equivalente a "facilitar" simplemente el 
ejercicio de los actuales derechos de los Miembros.  Si bien coincide en que puede considerarse que 
todas las propuestas presentadas tienen efectos jurídicos, la oradora dice que las presunciones 
propuestas son un tipo de efecto jurídico que su delegación no puede aceptar porque en lugar de 
"facilitar" la protección de las indicaciones geográficas, la "mejoraría" a expensas de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y los produc tores de artículos con nombres genéricos. 
142. Para concluir, dice que la cuestión de los efectos jurídicos, la más importante para su 
delegación, no puede plantearse en forma simplista como  si consistiera en que el sistema que se ha de 
establecer debiera tener o no efectos jurídicos.  La  posición de su delegación no es dogmática, sino 
que refleja preocupaciones reales.  Por consiguien te, el problema consiste en hallar un modo de 
facilitar la protección de las indicaciones geográficas con arreglo al párrafo 23 del Acuerdo sobre los 
ADPIC sin afectar negativamente a los intereses de  los sectores de su país.  La propuesta conjunta 
lograría este objetivo.  La delegación de Australia  está dispuesta, sin embargo, a considerar otras 
posibilidades y recibirá con interés cualquier propu esta sobre el modo de mejorar el texto de la 
propuesta conjunta, teniendo en cuenta las preoc upaciones fundamentales planteadas con respecto a la 
cuestión de las presunciones y sus efectos en los derechos existentes. 
143. La representante de Suiza
 dice que la participación y los efectos jurídicos parecen ser las 
cuestiones fundamentales que se han de abordar en pr imer lugar antes de examinar en mayor  otras 
cuestiones secundarias, como las notificaciones y el registro.  Sólo sobre la base de los efectos 
jurídicos que se conferirían al registro podrán determinar los Miembros qué puede notificarse y 
registrarse y con arreglo a qué procedimiento. 
144. Teniendo en cuenta que el mandato dispone el est ablecimiento de un sistema "para facilitar la 
protección" de las indicaciones geográficas que actualmente otorga el Acuerdo sobre los ADPIC, será necesario introducir algún elemento que vaya más allá .  La delegación de Suiza estima que el objetivo 
de "facilitar" la protección no puede lograrse sin disponer, como lo hacen las propuestas de las CE y 
Hong Kong, China, que el registro tenga como efecto jurídico una presunción de validez de la 
indicación geográfica registrada, en todos los Miembros que no se hayan opuesto a ella.  Esa TN/IP/M/16 
Página 34  
 
  presunción debe ser refutable en cualquier moment o y por cualquier fundamento aplicable.  No está 
destinada a crear nuevos derechos ni obligacion es, sino a poner a los titulares de indicaciones 
geográficas en mejores condiciones que las actuales para defender sus derechos.  Al establecer este tipo de efecto jurídico limitado o restringido, los Miembros cumplirían el mandato de "facilitar" la 
protección.  Si bien queda claro que el artícul o 24 del Acuerdo sobre lo s ADPIC dispone algunas 
excepciones a la norma general de protección, como l as referentes a los términos genéricos o los usos 
amparados en la cláusula de anterioridad, la or adora tiene la impresión de  que algunas delegaciones 
están tratando de convertir esas excepciones en una  norma general, lo que, por supuesto, es 
inaceptable. 
145. Una presunción refutable es un efecto jurídico que respeta plenamente el principio de 
territorialidad porque la decisión sobre la validez de la presunción se adoptaría por los tribunales 
nacionales de cada Miembro.  Como ocurre con cualqui er tipo de derecho de propiedad intelectual, las 
indicaciones geográficas tienen que respetar el principio de territorialidad.  Cada Miembro debe conservar la facultad de resolver si un término es o no una indicación geográfica en su territorio y, en 
consecuencia, si da lugar a protección.  Dado que el principio de territorialidad también se aplica a las 
determinaciones relativas al carácter genérico de los términos, no sería lógico dar carácter 
extraterritorial a esas determinaciones.  Así pues, como ha confirmado Australia, el principio de territorialidad se aplica en ambos sentidos.   
146. La delegación de Suiza estima muy benefici oso que los procedimient os de examen y las 
reservas puedan referirse a diversos elementos, como  la definición de las indicaciones geográficas, el 
carácter genérico o la homonimia.  Ello daría clar idad al registro en una etapa temprana, antes de 
cualquier proceso judicial a nivel nacional.  En ese sentido, se facilitaría la protección. 
147. Con respecto a la propuesta conjunta, la  oradora pregunta de qué modo facilitaría 
efectivamente la protección si la única obligación que dispone para los Miembros es consultar, entre 
otras fuentes de información, una base de datos que simplemente recopila información nacional.  
Chile ha explicado, a ese respecto, que la base de datos recopilaría informaciones proporcionadas por 
los Miembros.  A juicio de la delegación de Suiza, tal cosa no sería más que una fuente de 
información.  ¿Dónde podrían encontrar enton ces los titulares de indicaciones geográficas una 
facilitación efectiva de la protección de sus derec hos en la propuesta conjunta?  ¿Consistiría esa 
facilitación únicamente en que los titulares de derec hos supieran que están protegidos en su propio 
país de origen?  ¿Es ése el alcance de las ambicion es de los Miembros en estas negociaciones?  ¿Es de 
este modo que los Miembros se proponen cumplir el mandato del párrafo 4 del artículo 23 del 
Acuerdo sobre los ADPIC?  La delegación de Suiza simplemente no está convencida de que pueda ser 
así.  La finalidad del registro multilateral es fac ilitar la protección de las indicaciones geográficas en 
otros Miembros.  De lo contrario, ¿qué razón tendría un país  para ser parte en un acuerdo multilateral?  
Esa razón no puede ser, ciertamente, el deseo de proteger a nivel nacional las indicaciones geográficas situadas en su propio territorio.  Los titulares suiz os de indicaciones geográficas ya saben que gozan 
de protección en Suiza;  lo que realmente desean  es que se facilite la protección de sus indicaciones 
geográficas en otros Miembros de la OMC.  Por co nsiguiente, a la luz de las propuestas presentadas, 
su delegación opina que dar a las indicaciones geográficas registradas y no impugnadas ciertos efectos jurídicos mínimos que puedan invocarse en todos los Miembros de la OMC es el único modo de facilitar efectivamente la protección de las indi caciones geográficas en relación con la situación 
actual.   
148. El representante de Nueva Zelandia
 coincide con Suiza en que el objetivo del registro, tal 
como está expresado en el mandato, debe ser "facilita r la protección" de las indicaciones geográficas.  
Por consiguiente, la propuesta conjunta es la única que cumpliría ese objetivo sin ampliar los derechos 
correspondientes a las indicaciones geográficas ni su protección.  El orador apoya las observaciones 
formuladas por Australia sobre el valor de los efectos jurídicos de la propuesta conjunta.  La 
obligación de consultar la base de datos de in dicaciones geográficas es un nuevo compromiso serio y  TN/IP/M/16 
 Página 35 
 
 
  significativo que no alteraría el equilibrio de de rechos y obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.  
Esta nueva obligación de procedimie nto tendría que incorporarse en los sistemas y procedimientos de 
los Miembros, y los Miembros participantes tendría n que cumplirla.  En realidad, muchas oficinas de 
propiedad intelectual probablemente recibirían con satisfacción el acceso a ese recurso unificado.  Nueva Zelandia asume con seriedad las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo sobre 
los ADPIC y considera que la propuesta puede ser un instrumento útil para ayudar a las oficinas de 
propiedad intelectual a evitar posibles conflictos entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas.  Por último, aunque la pr opuesta conjunta no entrañaría nuevas obligaciones 
para los Miembros no participantes, éstos tendrían, sin embargo, acceso al registro si así lo desean.  De este modo, el número total de Miembros que c onsultarían la base de datos sería probablemente 
superior al número de Miembros obligados a hacerlo. 
149. El representante de Chile
, en respuesta a Suiza, dice que la propuesta conjunta daría una 
protección efectiva mediante un sistema que no tendría precedentes en la esfera de la propiedad intelectual.  Los acuerdos actuales en materia de propiedad intelectual, como el Arreglo de 
Estrasburgo, el Arreglo de Lisboa, el Protocolo de Madrid o el PCT, son sólo esquemas para facilitar 
la protección de derechos de propiedad intelectual,  algunos mediante sistemas de registro que tienen 
un número limitado de participantes, inferior al número  de Miembros de la OMC.   En el marco de la 
propuesta conjunta, sería probable que muchos Miembr os, incluido Chile, utilizaran el registro de 
indicaciones geográficas y notificaran todas sus indi caciones geográficas.  Sus oficinas de propiedad 
intelectual consultarían sin duda esa base de  datos al adoptar decisiones sobre indicaciones 
geográficas y marcas de fábrica o de comercio, porque ser ía obligatorio hacerlo.  Se trata, por lo tanto, 
de un efecto jurídico.  La información incluida en esa base de datos sería fidedigna porque habría sido 
enviada por los Miembros de la OMC.  Pensar otra cosa equivaldría a admitir que los Miembros 
desconfían entre sí. 
150. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que se desprende claramente del texto del 
párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPI C que el objetivo del sistema no es simplemente 
informar a los Miembros.  Los Acuerdos de la OM C, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC, contienen 
disposiciones en materia de notificaciones que indican expresa y claramente que la obligación de notificar sólo tiene por objeto el intercambio de información o la respuesta a consultas relativas a la 
legislación de los Miembros.  En cambio, el párra fo 4 del artículo 23 contiene obligaciones que van 
más allá de las obligaciones que establecen esas otras disposiciones. 
151. Con respecto a la comparación efectuada por Chile con otros sistemas de registro de la OMPI, 
esos sistemas entrañan efectos jurídicos important es.  Las Comunidades Europeas, como también ha 
observado Chile, proponen un sistema diferente por que estas negociaciones se están llevando a cabo 
en el marco de la OMC.  Por consiguiente, l as Comunidades Europeas proponen efectos jurídicos 
distintos, que serían menores que, por ejemplo, los de l Arreglo de Lisboa o el sistema de Madrid, en 
que el registro tiene exactamente el mismo efecto que  el registro nacional.  El motivo para establecer 
un efecto jurídico de menor grado es que el si stema está encaminado simplemente a facilitar la 
protección que suministra el Acuerdo sobre los ADPIC.  Otra característica importante, propia del carácter multilateral de la OMC, es que los efectos jurídicos deben abarcar a todos sus Miembros.   
152. La representante de Australia
 dice que los Miembros pueden seguir deliberando sobre lo que 
significa la facilitación, o la facilitación efectiva,  pero nunca han discutido realmente el fundamento 
de la propuesta de las CE.  Con este fin, y también en respuesta a la observación formulada por Suiza 
sobre la certidumbre que procuran los productores suizos al pedir protección en otros países, la 
oradora pregunta por qué los titulares de indicaci ones geográficas de un país han de tener ese 
beneficio en los procedimientos nacionales de otros países, mientras que otros titulares de derechos de 
propiedad intelectual, ya sean marcas de fábrica o de comercio o patentes, seguirían teniendo que 
pedir el otorgamiento y la observancia de sus der echos en esos otros países.  ¿Por qué, desde el punto TN/IP/M/16 
Página 36  
 
  de vista del régimen normativo, habrían de ser diferentes las indicaciones geográficas de esos otros 
derechos de propiedad intelectual? 
153. Con respecto a la importante cuestión del equilib rio de derechos y obligaciones, la idea de 
facilitar la protección es completamente distinta de proporcionarla a expensas de otros, lo que 
modificaría el equilibrio de derechos y obligaci ones del Acuerdo sobre los ADPIC con perjuicio 
comercial para los países no europeos.  Eso es una cuestión fundamental para la delegación de 
Australia:  ¿por qué debería recaer en los productor es de Australia la carga de probar que un término 
es genérico? 
154. El representante de Chile
 dice que "facilitar" claramente no significa lo mismo que "mejorar", 
y así lo confirma el hecho de que, mientras que en  el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los 
ADPIC se utiliza este último término, en el párrafo 4 del artículo 23 se utiliza el primero.  Si los 
participantes en la Ronda Uruguay hubieran tenido la  intención de establecer un sistema que mejorase 
la protección, habrían utilizado expresamente ese término. 
155. Contrariamente a lo que han señalado las Co munidades Europeas, la  propuesta de las CE 
tendría mayores efectos jurídicos que los que actualm ente producen el sistema de Madrid o el Arreglo 
de Lisboa.  En virtud del sistema de Madrid, en  el cual supuestamente las Comunidades Europeas 
basan su propuesta, si un miembro notifica una marca de fábrica o de comercio registrada, se la envía 
a un país designado, por ejemplo Chile.  Si las auto ridades chilenas deciden no otorgar protección a la 
marca, cualquiera que sea la razón, allí termina el proceso del sistema de Madrid.  Si el titular 
extranjero de la marca se considera perjudicado por la decisión, aún puede dirigirse a Chile para pedir 
un registro nacional.  Si las autoridades chilenas de ciden aceptar el registro de la marca de fábrica o 
de comercio notificada mediante el sistema de Madr id, ese registro surte efecto entonces en Chile.  El 
sistema de Madrid, al igual que otros sistemas  de la OMPI, es muy diferente de lo que las 
Comunidades Europeas proponen en la Sesión Extraordinaria.  Para tomar el mismo ejemplo, si Chile se rehusara a otorgar protección a una indicación geográfica notificada, aún tendría que negociar con las Comunidades Europeas en el plazo de 18 meses.  En resumen, a diferencia de la propuesta de las 
CE, los importantes efectos jurídicos de los sistemas de registro de la OMPI sólo serían aplicables si 
un miembro decidiera aceptar la solicitud de pr otección notificada, o el título de protección. 
156. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que las dos intervenciones precedentes 
han demostrado simplemente que la cuestión contr overtida en realidad con respecto a los efectos 
jurídicos es el significado de la palabra "facilitar".  A la última intervención de Chile, referida a los 
efectos, responde que es cierto que la propuesta de la s CE incluye efectos en todos los Miembros, por 
la simple razón de que estas negociaciones se llevan a cabo en la OMC y no en la OMPI. 
Tasas y costos 
 
157. La representante de la Argentina  recuerda que en la última reunión, de octubre de 2005, su 
delegación indicó que, en la columna reservada para la propuesta conjunta en el documento que 
presenta las propuestas en paralelo (TN/IP/W/12), este epígrafe estaba en blanco , lo que significa que 
no supondría costos sustanciales ni sería necesario fijar ninguna tasa.  Eso sería beneficioso para la 
mayoría de los Miembros de la OMC, que son países en desarrollo y países menos adelantados.  En cambio, el correspondiente epígrafe de la colu mna del documento mencionado reservada para la 
propuesta de las CE muestra la complejidad de esa propuesta al respecto, hasta el punto de que crearía incertidumbres.  Por ejemplo, los párrafos 9.2 y siguientes no especifican con claridad a cuánto 
ascenderían los costos del sistema.  Ni siquiera se ha presentado una estimación.  Hay incertidumbre 
sobre si el párrafo 9.3 de la propuesta de las CE tiene por objeto establecer que los costos del sistema se sufragarían en un primer momento por el pr esupuesto principal de la OMC y se reembolsarían 
después.  Además, habría importantes costos admini strativos y financieros a cargo de los países en 
desarrollo, ya que el sistema de las CE establece un régimen doble de tasas:  una tasa básica y una tasa  TN/IP/M/16 
 Página 37 
 
 
  individual.  La oradora reitera la  perplejidad de su delegación ante el establecimiento de una tasa 
individual.  Al parecer, estaría vinculada con la  obligación de muchos Miem bros de efectuar una 
supervisión permanente de las indicaciones geográficas.  Las Comunidades Europeas han asegurado que los costos correspondientes se reembolsarían, pero todavía no está claro cómo funcionaría el 
sistema en la práctica.  La compleja estructura de las tasas según la propuesta de las CE no es más que 
un elemento de todo un complejo sistema.  Por esta razón es importante analizar y comprender mejor 
la amplia gama de costos y cargas que implica esa propuesta.   
158. El representante de Filipinas
 expresa su preocupación por esta cuestión, en particular por su 
repercusión en los países en desarrollo, como usuarios potenciales o Miembros participantes y 
también como países obligados a aplicar los efectos jurídicos del sistema aunque no participen en él.  
Con respecto a la repercusión para su país en ta nto que posible usuario, dice que su delegación 
todavía no ha hecho cálculos matemáticos, por lo que no está en condiciones de criticar ni respaldar el 
sistema propuesto por las CE.  No obstante, hay una preocupación fundamental para los países en 
desarrollo:  en caso de que alguno de ellos, como Filipinas, tuviera indicaciones geográficas de vinos 
o bebidas espirituosas que proteger en el futuro, el minucioso y complejo sistema propuesto por las 
CE le impondría unas tasas tan prohibitivas que  no podría participar, aunque tuviera interés 
económico en hacerlo.  La otra preocupación, más acu ciante, de su delegación guarda relación con las 
cargas y los costos que el sistema obligatorio de las CE impondría muy probablemente a los Miembros, en particular los países en desarrollo, in cluso aunque hubieran optado por no participar en 
el sistema.  La propuesta de las CE entrañaría co stos adicionales para algunos Miembros, debido a la 
obligación de supervisar las marcas de fábrica o de  comercio y a la necesidad de organizar la 
capacitación de los examinadores y el personal de las oficinas de propiedad intelectual de los 
Miembros para garantizar que pudieran formular las reservas necesarias dentro del plazo de 18 meses.  
También habría costos de notificación gravosos para  los Miembros, así como los mayores costos de 
los procedimientos de reserva y el requisito de en tablar negociaciones bilaterales obligatorias.  Otra 
preocupación es la posibilidad de que la propuesta de las CE tenga consecuencias sobre los controles 
en frontera aplicados por su país.  En caso de que así fuera, constituiría una carga y generaría mayores 
costos para muchos Miembros, en particular lo s países en desarrollo.  Además de los costos que 
supondría para esos países, tambié n conllevaría costos para su s exportadores, que podrían verse 
obligados a reetiquetar y cambiar la denominación de sus productos.  Por estas razones, la propuesta 
de las CE parece suponer un cambio fundamental en  la forma en que se concedería protección a las 
indicaciones geográficas, al menos para los vinos y las bebidas espirituosas.  Los costos y las cargas 
recaen por el momento mayoritariamente en el sector privado, o al menos en los productores y 
fabricantes, pero pasarían a recaer sobre los gobier nos.  Esto crearía un problema para los gobiernos 
de muchos países en desarrollo en términos de fi nanciación y prioridades presupuestarias.  Aunque no 
afecte directamente al tema tratado, el estableci miento de marcas mundiales también es un corolario 
que los países tienen presente, en particular los países en desarrollo. 
159. Por último, desde el punto de vista de un país en desarrollo sería preferible que el sistema 
fuera de participación voluntaria.  La participación obligatoria, en especial para los países que no 
estén interesados en el sistema, sería injusta y muy probablemente impondría cargas financieras y 
administrativas a los Miembros, especialmente los pa íses en desarrollo, lo que resulta inaceptable. 
160. La representante del Taipei Chino
 recuerda que en la última reunión, de octubre de 2005, se 
plantearon dos cuestiones.  La primera, por las Comunidades Europeas, era si la propuesta de 
Hong Kong, China, sobre la duración de los registros estaría en conformidad con el Acuerdo sobre los 
ADPIC.  La otra, planteada por la Argentina, se  refería al motivo de la inclusión de un nuevo 
elemento entre corchetes en el párrafo 9.4 de la  propuesta de las CE, a saber, la "renovación del 
registro multilateral", a lo cual las Comunidades Europeas se habían limitado a contestar que su 
propuesta se inspiraba básicamente en el Protocolo de Madrid.  La oradora pregunta a las 
Comunidades Europeas si su propuesta prevé un pl azo de protección de las indicaciones geográficas TN/IP/M/16 
Página 38  
 
  registradas;  de ser así, en qué forma se ajusta al Acuerdo sobre los ADPIC;  y en caso contrario, por 
qué el párrafo 9.4 de la propuest a contiene una disposición sobre tasas de renovación entre corchetes. 
161. Preocupa a la oradora la tasa individual es tipulada en la propuesta de las CE.  Según el 
párrafo 9.7 de dicha propuesta, la tasa individual cubriría los costos de búsqueda de las marcas de 
fábrica o de comercio que conte ngan o consistan en una indicación geográfica notificada, antes del 
registro, así como los costos de vigilancia de l as marcas de fábrica o de comercio coincidentes con 
indicaciones geográficas.  Esto haría recaer en lo s gobiernos una carga que deberían sufragar los 
titulares de indicaciones geográficas.  Dado que los der echos de propiedad intel ectual son derechos de 
orden privado, deberían ser sus titulares quienes ll evaran esa carga.  Además, de acuerdo con el 
párrafo 9.8 de la propuesta, "los Miembros de la OMC notificarán el componente nacional de la tasa 
individual que deseen percibir", con la condición de que no puede "exceder del equivalente de la 
cuantía que la administración pertinente del Miem bro de la OMC tendría derecho a recibir de un 
solicitante nacional en el marco de un procedimiento nacional en el que deba satisfacerse dicha tasa 
individual".  Dado que no todos los Miembros de la  OMC son signatarios del Arreglo de Lisboa y el 
Protocolo de Madrid, ¿cómo podrían decidir los Miem bros qué procedimiento interno utilizar al fijar 
la tasa individual?  En caso de que otros Miembros  protestaran porque la tasa individual es demasiado 
elevada, ¿cómo lo resolvería el sistema?  En camb io, en el sistema de la propuesta conjunta no existen 
tales tasas. 
162. La oradora expresa serias dudas acerca de la afirmación de las Comunidades Europeas de que, 
de conformidad con su propuesta, todos los costos  serían plenamente recuperables.  Hay muchos 
costos ocultos que no quedarían incluidos en las tasas estipuladas en el párrafo 9.5 de la propuesta, 
como el costo de las reservas y las negociaciones ob ligatorias para conservar el derecho de acogerse a 
las excepciones previstas, así como los costos que supondrían para los productores y minoristas los 
cambios de denominación de los productos.   
163. Por último, preocupa a la oradora que el sistema propuesto por las CE sería oneroso.  En 
cambio, el sistema previsto en la propuesta c onjunta parece económico, por la forma en que está 
concebido, y sobre todo porque respeta plenamente el  principio de territorialidad y el carácter privado 
de los derechos de propiedad intelectual. 
164. El representante de Turquía
 recuerda la detallada explicación de las CE acerca de su 
propuesta en relación con los costos.  Aunque el sist ema se basaría en el principio del pago por los 
usuarios, la cuestión de los costos debería detalla rse mejor para atender las preocupaciones de los 
países en desarrollo.  En este sentido, acoge con sat isfacción la propuesta de las CE sobre la asistencia 
técnica a los PMA y los países en desarrollo, con mi ras a que utilicen en el sistema y participen 
activamente en él.  Por consiguiente, quizás sea n ecesario prever la inclusión en el sistema de 
elementos relacionados con el trato especial y diferenciado. 
165. En cuanto a las cargas y los co stos administrativos, el orador se hace eco de algunos pasajes 
de la declaración de la India y añade que, desde 1995, Turquía ha hecho grandes inversiones en su 
infraestructura de propiedad intelectual, a fin de amp liar y mejorar su oficina de propiedad intelectual, 
y ha ampliado las estructuras judiciales y de  observancia con un personal capacitado 
convenientemente, instalaciones y equipo.  Estos s on costos reales que los contribuyentes turcos, 
incluidas las empresas, han asumido para la protección de los derechos de propiedad intelectual de terceros como parte del cumplimiento de sus compro misos internacionales.  Lo que Turquía espera de 
la presente ronda en materia de pr otección de la propiedad intelectua l es que también arroje resultados 
beneficiosos para el país. 
166. El representante de Jordania
 recuerda una declaración anterior en la que expresó la 
preocupación de su país acerca de la carga que el sistema propuesto por las CE podría suponer para 
los países en desarrollo.  Considera que ese sistem a es complejo, también en relación con las tasas,  TN/IP/M/16 
 Página 39 
 
 
  cuya aplicación y funcionamiento le cuesta para comprender.  Tiene el temor de que los costos y las 
cargas que crearía la propuesta, incluso por los gr avámenes y cargas generados por los cambios de 
denominación y el reetiquetado de los productos, repercutan negativamente en el precio de los 
productos.  En otras palabras, la propuesta de las CE tendría efectos perjudiciales.   
167. El representante de Singapur  expresa la preocupación de su delegación por los efectos de las 
obligaciones previstas en la propuesta de las CE para los Miembros con pocas indicaciones 
geográficas de vinos, o ninguna, como en el caso de  Singapur, puesto que podrían no extraer beneficio 
alguno.  De hecho, está claro que la versión actua l de la propuesta de las CE generaría sin duda 
mayores costos y cargas para los países no productores de vino. 
168. Basándose en los comentarios de F ilipinas y el Taipei Chino al respecto, el orador dice que el 
funcionamiento del sistema de reservas incluido en la propuesta de las CE suscitaría de inmediato la 
cuestión de los costos y las cargas administrativas debi do a que, aparte de supervisar los sistemas de 
marcas de fábrica o de comercio, los Miembros también tendrían la obligación de establecer procesos eficientes para compulsar las exposiciones de sus co merciantes, con objeto de formular las reservas en 
el plazo de 18 meses que, en cualquier caso, es bastante exiguo.  También generaría costos la 
necesidad de mantener un contacto estrecho con los comerciantes y las empresas para realizar con 
eficacia las negociaciones bilaterales en su nombre .  Aunque el establecimiento de esos procesos 
tendría costos considerables, todavía no está cl aro qué provecho obtendría del sistema un país sin 
indicaciones geográficas, como Singapur.  Por todas estas razones, su delegación es partidaria de un sistema sencillo, sin complicaciones, que no entrañ e costos y cargas administrativas importantes. 
169. El representante de Costa Rica
 dice que los costos y tasas son una cuestión fundamental para 
los países en desarrollo y, en particular, como ha mencionado Filipinas, para los países en desarrollo 
Miembros que no son productores ni exportadores de vinos ni bebidas espirituosas.  La propuesta 
conjunta no incluye disposiciones sobre tasas y costos precisamente porque el sistema que propone no impondría cargas administrativas de ningún tipo a los Mi embros participantes, y ninguna en absoluto 
a los que no participaran.  En cambio, de conf ormidad con el sistema propuesto por las CE, los 
Miembros que hubieran optado por no participar, además de los costos mencionados por Filipinas 
tendrían que formular reservas y entablar negociaci ones obligatorias para preservar sus derechos y 
hacer valer las excepciones establecidas por el Acuerdo sobre los ADPIC.  ¿Quién sufragaría esos costos?  Por consiguiente, la propuesta de las CE es  onerosa para los países en desarrollo, incluso para 
aquellos que decidieran no participar en el sistema. 
170. El orador acoge con satisfa cción el compromiso de proporcionar asistencia técnica 
relacionada con el comercio a los países en desarro llo y los PMA, incluido en el párrafo 9.10 de la 
propuesta de las CE.  Es una fórmula positiva, que podría utilizarse en otras esferas de negociación de 
la Ronda.  No obstante, expresa dudas acerca del pasaje de ese párrafo en que se afirma que dicha asistencia se proporcionaría a fin de que los países  en desarrollo y los PMA puedan beneficiarse del 
sistema y participar activamente en él.  Se pre gunta si eso significa que los países sin indicaciones 
geográficas, como Costa Rica, tendrían que modificar sus sistemas de producción y comercialización 
para poder utilizar el sistema de la s CE.  Si así fuera, se generarían  grandes costos y constituiría una 
forma de neocolonialismo de normas y reglas. 
171. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que la cuestión de los costos y las tasas 
dependería de lo que se acordara sobre otras cuestion es, como los efectos jurídicos, la participación o 
el número de indicaciones geográficas notificadas, teniendo en cuenta la flexibilidad que su 
delegación ha ofrecido a este respecto.  Recuerda que, en un principio, su delegación no tenía la 
intención de incluir en su propuesta disposicion es relacionadas con los costos y las tasas.  Se 
incluyeron más tarde, únicamente a petición de otro s Miembros y para atender sus preocupaciones.  
Al tratar las preocupaciones de los Miembros, esta parte de la propuesta de las CE sigue el principio de que deben ser los beneficiarios del sistema qu ienes paguen principalmente los gastos de su TN/IP/M/16 
Página 40  
 
  funcionamiento.  No obstante, su delegación está dispuesta a atender nuevas preocupaciones que los 
Miembros tengan al respecto.   
172. El orador explica que, con arreglo a la propuesta de las CE, hay dos clases de costos:  los de 
administración del sistema y los costos de lo s Miembros.  Los primeros son básicamente los 
generados por el organismo administrador, y ser ían mínimos.  Procederían de la recepción, 
tramitación y distribución a los Miembros de las notificaciones, la anotación de las impugnaciones y 
la actualización del sistema, y serían esencialme nte los mismos que en las demás propuestas 
presentadas.  La segunda categoría correspondería a lo s costos de los Miembros y se relaciona con el 
examen de las notificaciones.  El orador recuerda la  declaración anterior de su delegación, de que esos 
exámenes se realizarían en el marco de las estructuras administrativas y legislativas que los 
Miembros, como ha indicado Turquía, ya han estab lecido al aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC.  
Esto significa que los Miembros ya han sufragado la mayor parte de esos costos administrativos. 
173. Sobre la base del principio de que los benefi ciarios del sistema deberían ser quienes llevaran 
la carga principal de pagar por su funcionamiento, en la propuesta de l as CE se divide en dos la tasa 
que debería pagarse cuando un Miembro realizara una notificación:  una tasa básica y una tasa 
individual.  La tasa básica tendría la finalidad de cubrir el funcionamiento administrativo del sistema, 
es decir, la primera clase de costos descritos antes.   La tasa individual cubriría los gastos de los 
Miembros al supervisar las marcas de fábrica o de comercio pasadas y futuras. 
174. En cuanto a los comentarios de que la propu esta de las CE sobre las tasas es compleja, fue 
precisamente para atender una preo cupación similar que su delegación decidió inspirarse en el sistema 
de tasas del Protocolo de Madrid, que ha resultado viable. 
175. Con respecto a la observación de que, con arreglo a la propuesta de las CE, los costos 
pasarían de los beneficiarios a los gobiernos, es por esa razón que la propuesta incluye la posibilidad 
de que los Miembros hagan recaer o perciban las ta sas de los beneficiarios, es decir, los titulares de 
indicaciones geográficas. 
176. El párrafo 9.10 de la propuesta de las CE tiene  por objeto ayudar a los países en desarrollo a 
beneficiarse del establecimiento del sistema.  De conformidad con esa disposición, los Miembros de 
la OMC se comprometerían a proporcionar asistencia técnica relacionada con el  comercio para velar 
por que los países en desarrollo Miembros pudieran pa rticipar activamente en el sistema o, en otras 
palabras, pudieran notificar sus indicaciones geográf icas al sistema, lo que constituye el criterio 
principal del sistema de las CE para definir a los Miembros participantes. 
177. La representante de Australia
 pregunta a las Comunidades Europeas si admiten que su 
propuesta da lugar a muchos costos que no se recupera rían mediante el mecanismo de tasas propuesto, 
sobre todo los derivados del proceso de reservas.   
178. El representante de las Comunidades Europeas  dice que ya se ha referido a esa cuestión al 
decir que los Miembros no tendrían que crear nuev as estructuras para realizar los exámenes, pues 
podrían utilizar sus sistemas administrativos actuale s.  En cuanto a los nuevos costos que podrían 
surgir, la propuesta de las CE sólo menciona e xplícitamente la tasa individual para cubrir la 
obligación de supervisar las marcas de fábrica o de co mercio pasadas o futuras.  No obstante, si los 
Miembros consideran que hay otros costos que p odrían cubrirse, su delegación está dispuesta a dar 
muestras de flexibilidad al respecto. 
179. La representante de la Argentina  expresa su apoyo a las observaciones formuladas por los 
oradores anteriores.  Dice que las intervenciones precedentes, en particular las de Costa Rica, 
Filipinas y Singapur, han mostrado que cualquier de bate sobre los costos del sistema no puede 
limitarse a los costos o tasas administrativas multilaterales.  Se han manifestado preocupaciones  TN/IP/M/16 
 Página 41 
 
 
  acerca de las tasas básicas e individual es desde el punto de vista de los países no productores de vino.  
La Argentina, en su calidad de país productor de vino, tampoco está convencida del motivo y la 
justificación de que el sistema que se establezca  genere costos para su Gobierno o para sus 
productores.  Como han indicado otras delegaciones,  las preocupaciones de la Argentina también se 
refieren a una gama más amplia de cuestiones, como la observancia, el examen o las negociaciones 
bilaterales, todas las cuales llevan mucho tiempo y entrañan el empleo de recursos financieros y 
humanos. 
180. La oradora manifiesta su extrañeza ante la af irmación de las Comunidades Europeas de que 
los costos se reducirían al mínimo por el hecho de que el sistema utilizaría las estructuras nacionales 
actuales, creadas para cumplir las normas actuales del Acuerdo sobre los ADPIC.  Para su delegación, 
el Acuerdo sobre los ADPIC no impone absolutamente ninguna obligación de crear estructuras de 
clase alguna para examinar indicaciones geográficas.  Si n embargo, si así fuera, ¿qué ocurriría con los 
Miembros, que constituyen la mayoría de esta Organización, que no disponen de esas costosas 
estructuras ni de recursos para establecerlas?  Si algunos Estados  miembros de las Comunidades 
Europeas cuentan con tales sistemas, no se debe al Acuerdo sobre los ADPIC, sino a que los 
instauraron hace más de un siglo. 
181. La representante de los Estados Unidos  dice que hay una relación directa entre la estructura 
del sistema y las tasas y costos que conlleva.  Cu anto más complejo sea el sistema, más elevados 
serán los costos.  El sistema de las CE es más co mplejo que el propuesto por Hong Kong, China, pero 
ambos son más costosos que la propuesta conjunta.  Con respecto a las tasas, el sistema estipulado en 
la propuesta conjunta es fácil de administrar y no supo ndría el cobro de ninguna tasa.  En la propuesta 
de las CE no está claro si los Miembros que no partic ipen podrán percibir tasas por el examen de las 
indicaciones geográficas notificadas.  Asimismo, la pr opuesta de las CE también daría lugar a muchos 
costos que no podrían recuperarse mediante el me canismo de tasas propuesto, como los costos para 
los gobiernos, los productores, los consumidores y el organismo administrador. 
182. El representante de Filipinas  dice que, aunque ha tomado nota de la respuesta de las 
Comunidades Europeas a la observación de algunas delegaciones de que, con arreglo a la propuesta 
de las CE, algunos costos no podrían recuperarse, su delegación todavía no está convencida de que la 
propuesta atienda las principales preocupaciones expresadas por muchos Miembros en esta reunión. 
183. El orador toma nota asimismo de la observación de las Comunidades Europeas de que, de 
acuerdo con su propuesta, los Miembros no tendría n que reestructurar sus sistemas nacionales de 
administración de la propiedad intelectual para  proteger las indicaciones geográficas.  Aunque su 
delegación no está en condiciones de discutir cabalme nte esa afirmación, sus autoridades siempre han 
mantenido la posición de que la aplicación de la propuesta de las CE  requeriría cambios que tendrían 
importantes repercusiones en el modo en que su país habría de administrar el sistema.  Por 
consiguiente, su delegación no est á del todo convencida de que esta  cuestión sea tan sencilla como 
afirma la delegación de las CE. 
184. El representante de Filipinas concuerda en principio con la India en que hay ciertas 
preocupaciones sistémicas básicas, como los efectos jurídicos y la participación, sobre las que debe 
haber cierta convergencia para que los Miembros pue dan lograr progresos en otras cuestiones.  Pero 
desde el punto de vista de los países en desarrollo  los costos y las cargas también son cuestiones 
básicas.  Muchos países en desarrollo ya tienen di ficultades para aplicar muchas de las obligaciones 
creadas por los diferentes Acuerdos de la OMC,  que les imponen mayores costos y cargas.  Por 
consiguiente, les resultaría difícil explicar y ju stificar ante su opinión pública y sus sectores 
interesados que deban comprometerse a aplicar un sistema obligatorio con nuevos costos y cargas 
para los gobiernos sin que ofrezca ningún beneficio económico. TN/IP/M/16 
Página 42  
 
  Observaciones del Presidente 
 
185. El Presidente
 dice que el debate se ha centrado en l as preocupaciones prioritarias y, por lo 
tanto, ha resultado útil.  Espera que los coment arios formulados hayan ayudado a los Miembros a 
comprender mejor las preocupaciones mutuas y les invita a seguir reflexionando sobre la forma de 
disipar algunas inquietudes o temores.  Observa que, aunque en algunos temas, como los efectos 
jurídicos y las consecuencias del registro y la par ticipación, las posiciones de los Miembros todavía 
están muy alejadas, en otras, como la notificaci ón, parece haber un mayor entendimiento.  En su 
opinión, en algunos temas como las tasas y los cost os es necesario seguir trabajando para aclarar las 
cuestiones y las discrepancias. 
D. OTROS ASUNTOS  
186. El Presidente  informa a los Miembros de que la próxima reunión formal del Consejo en 
Sesión Extraordinaria está prevista para los días 12 y 13 de junio de 2006, coincidiendo con la 
próxima reunión ordinaria del Consejo de los ADPIC.  Dice que, en el ínterin, debe preverse un proceso intensivo de trabajo en reuniones más info rmales con objeto de lograr progresos significativos 
para esa fecha y para que los Miembros puedan ela borar el documento de trabajo requerido para julio 
del año en curso.  También tiene  presente la indicación que lo s Miembros han recibido del CNC 
acerca de la necesidad de celebrar negociaciones sobr e todas las esferas del PDD para avanzar de 
manera concertada.  Por consiguien te, tiene previsto organizar cons ultas de diversos tipos en el 
período que media entre la presente reunión y la de j unio.  Es evidente que las delegaciones han de 
intensificar también sus contactos mut uos para hallar una forma de progresar. 
187. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que las sugerencias del Presidente 
parecen indicar una forma razonable de avanzar.  Su delegación seguirá colaborando informalmente 
con otros Miembros para tratar de realizar progresos.   Añade que sería útil preparar para la reunión de 
junio un proyecto del documento que se ha de presentar en julio de 2006.  Recuerda que, en el pasado, 
su delegación pidió a la Presidencia que elabor ara la propuesta de una fórmula de transacción con 
diversas alternativas.  Sería útil, sin duda, que  se elaborara dicha propuesta con el apoyo y las 
contribuciones que puedan surgir del trabajo realizado en las consultas. 
188. La representante de la Argentina  dice que su delegación no tiene objeciones acerca de las 
sugerencias del Presidente sobre el camino a seguir.  Los Miembros tienen que tomar en 
consideración todos los argumentos debatidos y formul ados en la Sesión Extraordinaria, incluidas las 
observaciones generales realizadas en esta reunión.   En ese sentido señala que, en sus observaciones 
finales, el Presidente ha identificado cuestiones s obre las cuales las delegaciones siguen alejadas, una 
cuestión sobre la que podría haber cierto entendimi ento y otras que requieren más aclaraciones.  Su 
delegación cree que, en la situación actual, los Mi embros no pueden emplear más documentos que el 
que les ha servido de marco para sus negociaciones, es decir, el que presenta las propuestas en paralelo (TN/IP/W/12).  Por lo tanto, las cons ultas futuras deberían b asarse en ese documento y 
parece probable que esta situación no cambie antes de la reunión formal de junio.  Otra cosa habría 
sido de haber existido un consenso entre los Miembr os que les permitiera progresar.  En principio, 
cualquier documento de trabajo que se atenga a las orientaciones del CNC tendría que ser un documento de consenso, es decir, un documento que emanara de los propios Miembros.  Por lo tanto, 
las consultas que se celebren deberán partir de la base de lo que ya tienen los Miembros sobre la 
mesa, por lo que no es momento oportuno para so licitar una propuesta de transacción.  En este 
sentido, la oradora recuerda que el Presidente ante rior intentó presentar el texto de una fórmula de 
transacción con alternativas, lo que motivó objeciones por parte de su delegación.  Observando que el 
documento que presenta en paralelo las propuestas ya  indica las alternativas, la oradora sugiere que, 
ante el apoyo expresado a la propuesta conjunta en la  presente reunión, la delegación de las CE traiga 
a las consultas y a la reunión de junio una propuesta revisada que tenga más en cuenta los intereses de 
todos los Miembros.  TN/IP/M/16 
 Página 43 
 
 
  189. La representante de Australia  dice que su delegación también está de acuerdo con el método 
propuesto por el Presidente.  Las deliberaciones han sido muy útiles y han suscitado una participación mayor de lo habitual.  Aunque estas negociacion es a veces puedan parecer tortuosas, los Miembros 
han logrado discernir poco a poco cuáles son las verd aderas cuestiones.  La oradora concuerda con el 
Presidente en que los Miembros deben seguir de batiendo las cuestiones y tratar de atender 
mutuamente las preocupaciones expresadas.  Apoy a la observación de la Argentina de que sería 
positivo que las Comunidades Europeas traigan a la próxima reunión en Sesión Extraordinaria algunas respuestas a las preguntas y preocupaciones plant eadas por numerosas delegaciones en la presente 
reunión.  Su delegación también reflexionará sobre ciertas cuestiones, entre otras algunas 
preocupaciones expresadas por las Comunidades Eur opeas y Suiza, con objeto de poder tratarlas en la 
próxima reunión.  Entre estas observaciones o pr eocupaciones figuran, por ejemplo, las que se 
refieren a la eficacia o suficiencia de la prop uesta conjunta o las relacionadas con el modo de 
garantizar en ella la integridad de la  información sobre los términos geográficos. 
190. En cuanto al documento de trabajo para julio, la oradora está de acuerdo con la Argentina en 
que debería tratarse de un documento de consenso  de los Miembros.  No advierte cómo podría 
funcionar el documento de transacción que sugieren las Comunidades Europeas.  Por ejemplo:  ¿qué 
transacción podría haber entre un registro voluntario y un registro obligatorio, si las únicas opciones posibles son participar o no?  ¿Se basaría esa transacc ión en la compleja idea acerca de los Miembros 
participantes y no participantes que figura en la pr opuesta de las CE?  La misma inquietud suscitan los 
efectos jurídicos, acerca de los cuales la cuesti ón de las presunciones y sus consecuencias en el 
equilibrio de derechos y obligaciones es un aspecto esenci al para su delegación y para muchas otras.  
¿Consistiría la transacción en reducir los derechos  de los Miembros ligeramente menos de lo que 
proponen las Comunidades Europeas?  Ni siquiera es seguro que tal idea fuera aceptable para la propia delegación de Australia.  Por lo tanto, el mejor modo de proceder es intensificar las 
negociaciones celebrando consultas informales con la  esperanza de que permitan a los Miembros 
asistir a la próxima reunión en Sesión Extraordinar ia con algunas respuestas a las preocupaciones de 
los demás y les ayuden a progresar en estas negociaciones. 
191. El representante de Filipinas
 dice que las deliberaciones de la reunión han sido interesantes e 
ilustrativas y han suscitado, como ha observado Aust ralia, una participación mayor que la habitual.  
Aunque su delegación reconoce la importancia de  esta cuestión para las Comunidades Europeas, 
Suiza y tal vez unas pocas delegaciones más, así como el derecho de las Comunidades Europeas a 
presentar una propuesta que algunos Miembros consid eran excesivamente ambiciosa también debe 
reconocerse que un número importante de Miembros han planteado las preocupaciones legítimas que 
les han llevado, como a Filipinas, a expresar su preferencia por la propuesta conjunta. 
192. En cuanto al camino a seguir, su delegaci ón concuerda con las observaciones finales del 
Presidente de que quizá sea demasiado tarde si los Miembros esperan hasta la reunión formal en Sesión Extraordinaria de junio de 2006.  Por lo tanto, sería necesario intensificar los contactos 
bilaterales y plurilaterales informal es, patrocinados o no por la Pr esidencia.  El Presidente debería 
convocar una reunión informal de participación abie rta entre esta reunión y la reunión formal de 
junio, con objeto de garantizar que el proceso de consultas sea tran sparente y sin exclusiones, porque 
en última instancia cualquier acuerdo tendría que adop tarse por todos los Miembros por consenso.  En 
esta reunión se ha apreciado con claridad que los demandeurs  y los proponentes no son las únicas 
partes interesadas en la negociación.  También hay muchas otras delegaciones, como la de Filipinas, 
que quizá no hayan participado o intervenido muy ac tivamente en los debates, pero que abrigan 
preocupaciones sistémicas legítimas.  El camino a seguir propuesto por el Presidente es la mejor 
posibilidad, y el orador insta a los Miembros que  se encuentran a uno y otro lado de la valla a 
intensificar realmente las discusiones y recibir con interés las preocupaciones legítimas que se han 
formulado desde ambos lados a lo largo de  numerosos años de negociaciones.   TN/IP/M/16 
Página 44  
 
  193. La representante de los Estados Unidos
 dice que el breve resumen del Presidente es exacto y 
que su delegación concuerda con el camino que pr opone.  Su delegación se suma a las observaciones 
hechas por la Argentina y Australia en relación con el documento de trabajo para julio y la 
prosecución de los trabajos de la Sesión Extraordin aria y, por consiguiente, apoya su observación de 
que no se justifica a esta altura un documento de transacción. 
194. La representante de Suiza  dice que su delegación está de acuerdo con la propuesta del 
Presidente en relación con el camino a seguir.  Una intensificación de las consultas de diverso tipo permitiría a los Miembros progresar en estas negociaci ones.  En cuanto a las consultas, los Miembros 
se encuentran tan sólo en el inicio de un proceso  y sus posiciones divergen.  Si aspiran a alcanzar 
resultados concretos, habrán de tener en cuenta lo s intereses mutuos y realizar concesiones.  La 
oradora espera que las consultas permitan a los Miembros alcanzar este objetivo. 
195. En cuanto al documento que ha de elaborarse, la representante de Suiza también cree que 
sería prematuro decidir en este momento si los Miembros necesitan un documento de ese tipo o deberían seguir con el documento que expone las propuestas en paralelo.  De cualquier modo, los 
Miembros necesitan un texto que les permita determinar  su margen de maniobra y cuál podría ser el 
resultado final.  Aunque es útil que Hong Kong, Chin a, lo haya intentado, si los Miembros no 
elaboran un texto, el Presidente podría tener que pr eparar un documento que presente las alternativas, 
para que los Miembros pueda n ver hacia dónde se dirigen. 
196. El representante de las Comunidades Europeas
 expresa su sorpresa ante la propuesta de la 
Argentina y Australia de que, para progresar, las Comunidades Europeas modifiquen su propuesta 
para tener en cuenta las preocupaciones que han expresado pero que no se atie nden debidamente en la 
propuesta de las CE.  Su delegación podría decir exactamente lo mismo:  que sus preocupaciones 
acerca de la propuesta conjunta no se han atendi do debidamente, y que la forma adecuada de 
progresar sería, por lo tanto, que el grupo que form uló la propuesta conjunta la modifique antes de 
acudir a la reunión de junio.   
197. En relación con la declaración de Suiza de que  los Miembros necesitan iniciar de inmediato 
un proceso informal para comprender las preocup aciones mutuas y poder avanzar hacia una fórmula 
de transacción, el orador expresa la esperanza de que para la reunión de junio los Miembros hayan 
podido crear una base suficiente para elaborar ese texto que, como también ha dicho Suiza, podría 
proceder en algún momento de la Presidencia. 
198. El representante de Chile  está de acuerdo con el resumen de los debates efectuado por el 
Presidente y con su propuesta sobre el camino a seguir.  Dice que el documento que presenta las 
propuestas en paralelo es positivo y debería seguir si endo la base de las deliberaciones de la reunión 
en Sesión Extraordinaria.  Con respecto a la indi cación del CNC de que estas negociaciones deberían 
seguir adelante de manera concertada con otras esferas del PDD, dice que, en comparación con otros grupos de negociación, la reunión en Sesión Ex traordinaria parece haber hecho adelantos 
considerables, ya que cuenta con un documento en que se exponen las diversas propuestas que las 
delegaciones han presentado en forma de borrador de texto jurídico. 
199. El Presidente
 toma nota de todas las observaciones realizadas.  En su opinión es demasiado 
pronto para decir si está en condiciones de elaborar un documento.  Eso dependerá del modo en que progresen las consultas bilaterales y sus propias cons ultas, así como de la evolución que se produzca 
en otras esferas de la OMC.  Por consiguiente, inst a a todos los Miembros a hacer gala de flexibilidad 
para que estas negociaciones pue dan alcanzar algunos resultados. 
 
__________