RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  TN/IP/M/15 
20 de febrero de 2006 
 
 (06-0713) 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio  en Sesión Extraordinaria  
 
  
ACTA DE LA REUNIÓN 
 
celebrada en el Centro William Rappard
 
el 27 de octubre de 2005  
 
Presidente:  Embajador M anzoor Ahmad (Pakistán) 
 
 
Asuntos tratados  Página  
A. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ..................................................................................................1  
B. NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENT O DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE 
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICA CIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS ..............................................................................................................................1  
C. OTROS ASUNTOS .......................................................................................................................21  
 
_______________ 
  A. A
DOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
1. El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordin aria, en su decimoquinta reunión, acuerda 
adoptar el orden del día que figura en el aerograma WTO/AIR/2694. 
2. El Presidente sugiere que el Consejo en Sesión Ex traordinaria invite a la Oficina Internacional 
de la OMPI a hacerse representar en calidad de expert o, sin perjuicio de la cuestión de la condición de 
observador de las organizaciones intergubernamentales. 
3. Así queda acordado. 
B. NEGOCIACIÓN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MULTILATERAL DE 
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS INDICACI ONES GEOGRÁFICAS DE VINOS Y BEBIDAS 
ESPIRITUOSAS  
4. El Presidente  recuerda que en su reunión del 16 de septiembre de 2005 el Consejo en Sesión 
Extraordinaria celebró un pormenorizado y provechos o debate sobre las tres propuestas planteadas 
que se habían presentado paralelamente en un documento  elaborado por la Secretaría (TN/IP/W/12).  
Sugiere que las delegaciones se ocupen primero de los epígrafes que no fueron abordados en la 
reunión de septiembre por premuras de tiempo y que a continuación vuelvan a ocuparse, si así lo desean, de los que ya se trataron en esa reunión.  Sugiere además que los epígrafes restantes se 
agrupen en tres bloques, a saber:  1) duración y ren ovación de los registros, modificaciones y retiros 
de notificaciones y registros, y fin de la participación en el sistema;  2) tasas y costos;  y 3) examen, TN/IP/M/15 
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  punto de contacto, organismo administrador y otros or ganismos y fecha de entrada en funcionamiento.  
Recuerda que en estos grupos de epígrafes, alguna s cuestiones, como las tasas y los costos y el 
organismo administrador y otros organismos, fu eron abordadas por algunas delegaciones en la 
reunión de septiembre. 
5. Así queda acordado
. 
Continuación del debate de las propuestas presenta das paralelamente en el documento TN/IP/W/12 
- Duración y renovación de los registros;   modificaciones y retiros de las 
notificaciones y los registros;  fin de la participación en el sistema 
6. La representante de la Argentina  dice que no tiene nada específico que observar sobre la 
cuestión de la duración y la renovación de los regist ros, pero desea comentar tanto la cuestión de las 
modificaciones y retiros de las notificaciones y los regi stros como la del fin de la participación en el 
sistema.  La propuesta conjunta prevé un mecanismo sencillo, claro y transparente para las modificaciones y retiros de las notificaciones a la S ecretaría de la OMC, en su función de organismo 
administrador del sistema.  En contraste, la propuesta de las CE no es clara sobre la cuestión de los retiros.  Por ejemplo, la segunda cl áusula del párrafo 8.1 de la propuesta de las CE prevé que, si la 
indicación geográfica cesa de cumplir las condiciones requeridas para la protección, el Miembro 
notificante deberá retirar la notificación pertinente .  En la propuesta de las CE no existe ninguna 
disposición que se ocupe del caso en que un Miembr o notificante no haya hecho ninguna notificación 
de retiro.  Si, por ejemplo, una indicación geográfica  ha caído en desuso o ya no está protegida en su 
país de origen, ¿qué sucedería si ese Miembro no hiciera tal notificación? La oradora plantea esta preocupación teniendo presentes los rigurosos efect os jurídicos de la propuesta de las CE.  Una 
situación así podría ser lesiva para los productores de terceros países, pues podría crear una gran 
incertidumbre.  Por ejemplo, si al cabo de un año se retirara una indicación geográfica notificada por haber caído en desuso, ¿qué sucedería con las pérdid as sufridas por los productores de terceros países 
durante ese período debido a los efectos jurídico s producidos por esa notificación, esto es, la 
prohibición de usar ese nombre o registro como ma rca de fábrica o de come rcio?  Ello muestra que, 
en lo que respecta a los efectos jurídicos, la propuesta de las CE crearía incertidumbres.   
7. Con respecto al fin de la participación en el sistema, dice que la propuesta conjunta es bien 
clara y transparente.  En el marco del párrafo 9 de la propuesta, un Miembro puede sencillamente 
notificar cuándo no desea ya participar en el sistema.  Por el contrario, el párrafo 13 de la propuesta de 
las CE sólo contiene las palabras "[r]etiros del sistema" entre corchetes.  Es necesario que los 
Miembros sepan si la propuesta de las CE contempl a o no el retiro del sistema.  En todo caso, dados 
los efectos jurídicos del sistema de las CE en lo s Miembros participantes y no participantes, los 
Miembros necesitan saber exactamente cuál sería el  contenido del párrafo 13 de la propuesta de 
las CE. 
8. El representante de las Comunidades Europeas
, refiriéndose a la propuesta de Hong Kong, 
China relativa a la duración de la protección, dice que el Acuerdo sobre los ADPIC nada dice acerca 
de la duración de la protección de las indicaciones geográficas (IG), por lo que su delegación se 
pregunta si tal límite de tiempo estaría  en conformidad con el Acuerdo. 
9. Dice además que, debido a que según la propu esta de las CE incluso los Miembros no 
participantes tendrían algunas obligaciones jurídicas, pr ever el fin de la participación no encajaría en 
el concepto de "sistema multilateral" tal co mo lo entienden las Comunidades Europeas.   
10. Respondiendo a la Argentina en relación con el funcionamiento del párrafo 9 del artículo 24 
del Acuerdo sobre los ADPIC según figura en el pá rrafo 8.1 de la propuesta de las CE, dice que, 
suponiendo que la propuesta de las CE se anexara al Acuerdo sobre los ADPIC, se infringiría el  TN/IP/M/15 
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  Acuerdo si un Miembro no hiciera una notificación de  retiro con arreglo a esa disposición.  Cada 
Miembro tendría la obligación de notificar que una  indicación geográfica ha cesado de estar protegida 
en ese Miembro.  Los efectos que tendría este re tiro para los productores de terceros países 
dependerían de cada país.  Dice que en el derecho de propiedad intelectual no es inhabitual que, por 
ejemplo, una marca de fábrica o de comercio expi re después de algún tiempo, y que los países tratan 
de diferentes maneras esta situación.  De igual ma nera, corresponderá al ordenamiento jurídico de 
cada Miembro de la OMC decidir qué sucedería en una situación similar con respecto a las indicaciones geográficas.  En particular, esto depe nderá de cómo hayan los Miembros aplicado el 
párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que les permite no proteger una indicación 
geográfica que no esté protegida en el país de origen (aunque no los obliga a ello).  Por tanto, los 
Miembros todavía son libres de se guir protegiendo esa indicación geográfica particular incluso en el 
caso de que ya no esté protegida en el país de orig en.  Por estos motivos, es difícil dar una respuesta 
definitiva a la pregunta formulada por la Argentina,  debido a que las disposic iones del Acuerdo sobre 
los ADPIC son bastante flexibles por lo que respecta a la aplicación.   
11. Señala además el orador que, si bien es verd ad que la propuesta de las CE nada dice con 
respecto a los retiros del sistema, su delegación estaría dispuesta a proponer alguna redacción.  En 
todo caso, desea que quede constancia de que para su delegación el retiro del sistema sólo significaría 
pasar de la condición de Miembro participante a la de Miembro no participante, a menos que ese 
Miembro pasara a ser un PMA, y por tanto estuvier a acogido al beneficio del período de transición 
prolongado, o que abandonara la OMC. 
12. El representante de Hong Kong, China
, respondiendo al representante de las Comunidades 
Europeas sobre la duración de la protección, dice que la finalidad del párrafo C.1 de la propuesta de 
su delegación es la de mantener el registro al día.   Si los detalles relativos a la indicación geográfica 
no han cambiado, la renovación será automática, a reserv a del pago de las tasas exigidas.  Además, la 
propuesta no impone ninguna limitación al número de renovaciones. 
13. El representante de Chile  dice que no se opone al enfoque de Hong Kong, China sobre la 
duración de los registros, aunque es verdad que el  Acuerdo sobre los ADPIC no impone ningún límite 
temporal a las indicaciones geográficas.  Recuerda que en otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC se contempla una duración mínima de la protección.  Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo prevé 10 años como mínimo para los di bujos y modelos industriales.  Los Miembros son 
libres de sobrepasar ese período y determinar el modo de cálculo de ese período, por ejemplo dividiéndolo en diferentes plazos renovables. 
14. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que el hecho de que el Acuerdo sobre los 
ADPIC haya establecido plazos de protección sólo  para determinados de rechos de propiedad 
intelectual, como las marcas de fábrica o de comercio, y no para las indicaciones geográficas, tiene algún significado.  Si los negociadores hubieran des eado un plazo de protección en el ámbito de las 
indicaciones geográficas, habrían negociado una di sposición específica en el texto del Acuerdo. 
15. El representante de los Estados Unidos
 dice que la aclaración hecha por el representante de 
las Comunidades Europeas en relación con los retiros  del sistema es inquietante, y pone de manifiesto 
una diferencia fundamental entre la propuesta conjunt a y la propuesta de las CE en lo que respecta al 
entendimiento de "participación".  Para los Miembr os que no son productores ni de vinos ni de 
bebidas espirituosas, lo que las Comunidades Eur opeas han dicho en la presente reunión no debería 
dejar dudas en cuanto a la propuesta que hay que evitar.  La propuesta de las CE parece estar fuera del 
mandato del párrafo 4 del artícul o 23 del Acuerdo sobre los ADPIC , dado que privaría de todo 
significado a la referencia a "los Miembros partic ipantes en ese sistema".  Y algo más fundamental:  
su delegación no llega a entender los beneficios de  ser un Miembro no participante en el marco del 
sistema de las CE.  Más bien parece que el r esultado serían costos sustanciales en concepto de 
examen, protección y litigios con respecto a las i ndicaciones geográficas registradas pero sin las TN/IP/M/15 
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  ventajas correspondientes.  Los Miembros deben cent rarse en la propuesta conjunta, que contiene un 
proceso muy claro y transparente con respecto tanto a las modificaciones como a los retiros de indicaciones geográficas particulares.  De manera similar, con respecto al fin de la participación, en llamativo contraste con la propuesta de las CE, la propuesta conjunta prevé, en armonía con sus principios fundamentales y con el párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, un sistema 
verdaderamente voluntario en el que algunos Miembr os podrían optar por participar.  Los Miembros 
participantes también podrían optar voluntariamente por no segui r participando incluso aunque 
pudieran haber hecho notificaciones en un momento anterior. 
16. El representante de Australia
 dice que su delegación comparte las inquietudes expresadas por 
la Argentina, Chile y los Estados Unidos.  El or ador no entiende en absoluto la respuesta de las 
Comunidades Europeas a la pregunta de qué sucedería, en particular a los terceros países, cuando una 
indicación geográfica hubiera caído en desuso en su  país de origen y no se hubiera hecho ninguna 
notificación de retiro de ese término.  Como han indicado otras delegaciones, las preocupaciones manifestadas se deben a la cuestión fundamental de los efectos jurídicos que impone la propuesta de 
las CE a los Miembros participantes y no participan tes.  Le preocupa especialmente la observación 
formulada por las CE de que todos los Miembros de la OMC tendrían que asumir algunas 
obligaciones onerosas y gravosas para que el si stema fuera verdaderamente multilateral y no 
plurilateral.  La delegación austra liana reitera la opinión que ha mani festado en reuniones anteriores:  
en la actualidad hay vigente en la OMC un sistema que es multilateral y que no requiere la participación de todos los Miembros de la OM C, a saber, el Código de Buena Conducta del 
Acuerdo OTC.   
17. En respuesta a las declaraciones de los Estados Unidos y de Australia, el representante de las 
Comunidades Europeas
 dice que el objeto de la propuesta de las CE es el de establecer un sistema que 
mejore las condiciones de acceso a los mercados en terceros países.  Aunque su delegación se 
mantiene abierta a cualquier otra propuesta que vaya  en esa dirección, tiene serias dudas con respecto 
a las posibles ventajas de la propuesta conjunta.   
18. En respuesta a una pregunta planteada por el Taipei Chino , el representante de Hong Kong, 
China  dice que en el marco de su propuesta un Miembro podrá poner fin a su participación en el 
sistema en cualquier momento. 
19. La representante de la Argentina  dice que lo que el Acuerdo sobre los ADPIC ha 
encomendado negociar es un sistema que facilite la protección de las indicaciones geográficas y no que la aumente.  A este respecto, dice que las Co munidades Europeas han formulado una observación 
válida en relación con la propuesta de Hong Kong, China de un plazo límite de 10 años para las 
indicaciones geográficas registradas.  Se trataría de una limitación a la protección que no está prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Al igual que otros aspectos de la propuesta de las CE, este aspecto que propone Hong Kong, China es motivo de preocupación. 
 - Tasas y costos 
20. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que la propuesta de las CE, que se inspira 
en el Protocolo de Madrid, se ocupa de las cues tiones de cómo financiar el registro haciendo 
esencialmente recaer el costo del sistema en el Miembro notificante.  La propuesta se basa en el 
principio, respaldado en numerosas ocasiones por las Comunidades Europeas, de que el costo del 
sistema se debe repartir de manera proporcional entre los países que más se benefician de él.  La propuesta de las CE permite que los Miembros de la OMC recuperen los costos ocasionados por el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con l as marcas de fábrica o de comercio mediante un 
sistema de tasas que ha de pagar el Miembro de la  OMC notificante.  El mecanismo, que se propone 
en los párrafos 9.4 y siguientes de la propuesta de las CE, se explica por sí mismo y se inspira en gran medida en el sistema vigente plasmado en el Protocol o de Madrid.  El mecanismo divide las tasas en:   TN/IP/M/15 
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  1) una tasa básica que cubre los costos administrativos  y de funcionamiento del sistema, incluidos los 
costos de establecimiento, y 2) una tasa individual  para cubrir la obligación de vigilar las marcas 
anteriores o futuras.  Los Miembros deben notif icar a la OMC los costos relacionados con el 
funcionamiento de este sistema.  La Secretaría de la OMC, la Oficina Internacional de la OMPI o el organismo que convengan los Miembros de la OMC de bería ser el órgano gestor.  Estaría encargado 
de establecer las tasas sobre la base de las contri buciones de los Miembros de la OMC.  Fijaría las 
tasas pertinentes, las percibiría de los Miembros notificantes y las redistribuiría a los Miembros pertinentes de la OMC, siguiendo el modelo bien conocido del Protocolo de Madrid.  Su delegación 
estima que esta propuesta establecería un equilibrio y daría satisfacción a quienes han manifestado inquietudes acerca de la cuestión del costo.  El sistema propuesto permitiría a todos los Miembros de 
la OMC intervenir, en calidad de Miembros partic ipantes o no participantes, sin que ello supusiera 
una carga para sus administraciones.  Muchas  administraciones verían en este sistema una 
oportunidad de optimizar los actuales sistemas de registro de indicaciones geográficas que han sido 
poco utilizados hasta la fecha y recuperar ciertos costos en que pudieran haber incurrido al poner en 
vigor dicho sistema.   
21. La representante de Australia
 dice que en la propuesta conjunta no hay disposiciones sobre 
tasas y costos porque el sistema propuesto no impone ninguna carga administrativa y jurídica significativa a los Miembros participantes, para no habl ar de los no participantes.  La parte central de 
la propuesta conjunta consiste en una base de dato s, dotada de un mecanismo de búsqueda libre, de 
todas las indicaciones geográficas de vinos y be bidas espirituosas notificadas por los Miembros 
participantes.  Señala que las Comunidades Eur opeas han intentado ocuparse de la cuestión de los 
costos mediante la inclusión de un mecanismo de tasas para financiar el sistema.  Aunque es necesario 
ocuparse de los costos, aún hay algunos malentendidos  en torno a la idea de que la propuesta de las 
CE consiste en una especie de "ventanilla única"  que sería más barata que los actuales sistemas 
nacionales.  Su delegación entiende que en el ma rco de la propuesta de las CE cada oficina de 
patentes y de marcas puede cobrar, además de una tasa básica, una tasa individual para cubrir los 
costos de sus exámenes.  El párrafo 9.8 de la propuesta de las CE establece que los Miembros de la 
OMC tendrán que notificar el componente nacional de la tasa individual que deseen percibir, cuya 
cuantía podrá modificarse posteriormente, sin que pued a exceder del equivalente de la cuantía que la 
administración pertinente del Miembro de la OMC tendría derecho a recibir de un solicitante nacional 
en el marco de un procedimiento interno en el que  deba satisfacerse dicha tasa individual.  Esto 
significa que las tasas no pueden ser superiores, pero  al menos pueden ser iguales, a las vigentes en 
virtud de los actuales procedimientos nacionales.  Por tanto, no está claro cuál sería en realidad el 
ahorro de costos en comparación, por ejemplo, con el hecho de solicitar una marca de certificación en 
un Miembro en el marco de los sistemas existentes.  De hecho, los costos ocasionados en virtud del 
sistema de tasas que proponen las CE podrían ser su periores debido a la obligación de pagar una tasa 
individual además de la tasa básica.  Al menos en el marco de los actuales sistemas nacionales los 
Miembros sólo tratarán de obtener la protección en  mercados en los que efectivamente vendan sus 
productos.  Señala además que la propuesta de l as CE conlleva otros muchos costos que no serían 
recuperables mediante el mecanism o de tasas propuesto.  Por ejempl o, los Miembros deberán aplicar 
nuevos regímenes para la protección de las indicacion es geográficas, lo que no será una tarea sencilla 
para muchos Miembros que en la actualidad l as están protegiendo median te disposiciones sobre 
competencia desleal o sistemas de marcas.  Además, en el marco de la propuesta de las CE los 
Miembros que hayan optado por no pa rticipar tendrán igualmente que formular reservas y entablar 
negociaciones obligatorias a fin de conservar el derecho a valerse de las excepciones existentes.  ¿Quién correrá con los gastos relacionados con estas obligaciones?  
22. La representante de Nueva Zelandia
 declara que su delegación se suma a las observaciones de 
Australia sobre el sistema de tasas que proponen las CE.  Frente a la propuesta de las CE, la propuesta 
conjunta supone la opción menos costosa que se ha  presentado, pues contempla costos mínimos para 
los Miembros participantes y costos nulos para lo s no participantes.  Su delegación aprecia que las 
Comunidades Europeas acepten que el costo genera do por su sistema deben soportarlo en gran TN/IP/M/15 
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  medida aquellos Miembros partic ipantes que han notificado indicaciones geográficas al sistema.  Con 
respecto a la observación hecha por las Comunidad es Europeas de que el sistema de tasas propuesto 
permitiría a los Miembros de la OMC recuperar los costos ocasionados por el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a marcas de fábrica o de comercio, dice que el costo real del sistema de las CE sería mucho mayor que los relacionados con las mar cas de fábrica o de comercio, pues habría costos 
resultantes para los consumidores, los productores y lo s gobiernos.  Está claro que la propuesta de las 
CE exigiría un nivel de supervisión y administración,  incluso una orden de formular reservas, lo que 
plantearía serias exigencias de burocracia, in cluso en un país Miembro desarrollado como Nueva 
Zelandia, que tiene una pequeña of icina de propiedad intelectual.  El problema sería incluso más 
grave para pequeños países en desarrollo con oficin as de propiedad intelectual más pequeñas.  La 
oradora se pregunta si estos países tendrían la necesaria  infraestructura para realizar tales tareas.   
23. Coincide con las observaciones formuladas por Au stralia y Malasia en la reunión de marzo 
de 2005 de que el principio de imputación de los ga stos al usuario debería aplicarse igualmente a la 
administración general de un sistema, incluido el tratamiento de las oposiciones.  Se pregunta si los Miembros notificantes estarían dispuestos a asumir los nuevos costos que se plantearan en el plano 
nacional para otros Miembros de la OMC.  De he cho, lo que la propuesta de las CE exige a los 
gobiernos de los Miembros es esencialmente que fi rmen un enorme cheque en blanco para los 
Miembros tanto participantes como no participantes,  a los que se exigiría que supervisaran todas las 
indicaciones geográficas registradas y decidieran si  formulaban o no una reserva.  Tendrían dos 
alternativas:  aceptar una indicación geográfica si n reservas, comprometiéndose así a asumir nuevas 
obligaciones como la supervisión constante de todas las indicaciones geográficas registradas 
cotejándolas con las marcas de fábrica o de comerc io registradas en el país, perdiendo al mismo 
tiempo ciertos derechos y flexibilidades existentes in corporados en el artíc ulo 24 del Acuerdo sobre 
los ADPIC;  o formular una reserva, comprometiéndo se así a una serie de negociaciones bilaterales.  
Tales alternativas, aplicables tanto a los Miembros pa rticipantes como a los no participantes, eran las 
únicas presentadas y entrañarían costos administrativos  reales y significativos sin equivalente alguno 
en el derecho internacional.   
24. Las CE sostienen que su sistema de tasas re dunda en interés de los países en desarrollo, 
afirmación completamente infundada, sobre todo teni endo en cuenta el hecho de que, mientras sobre 
estos países recaería la carga de proteger miles de indicaciones geográficas registradas de otros Miembros, pocas de sus indicaciones geográficas podrían acogerse a protección en mercados de terceros países, incluso si figuraran en el registro.   
25. Las Comunidades Europeas también se han referi do a la posibilidad de que las delegaciones 
optimicen los sistemas nacionale s actuales de registro de indi caciones geográficas partiendo del 
supuesto de que todos los demás Miem bros hayan adoptado un sistema de registro como el de las CE, 
a pesar del hecho de que el párrafo 1 del ar tículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC permite 
expresamente a los Miembros decidir la mejor ma nera de cumplir sus obligaciones.  De hecho, 
muchos Miembros no han optado por dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de indicaciones 
geográficas mediante un sistema de registro de dichas indicaciones.   
26. Por último, hay otro costo que tal vez sea el más elevado en relación con la propuesta de las 
CE:  el hecho de que modificará seriamente el equilibrio de derechos y obligaciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC a favor de los titulares de de rechos sobre indicaciones geográficas imponiendo 
nuevas obligaciones a todos los Miembros y al mism o tiempo privándolos de algunos de sus actuales 
derechos.  Esto sucedería en un momento en que mu chos Miembros aún están tratando de aplicar el 
actual nivel de obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC .  A diferencia de la propuesta de las CE, la 
propuesta conjunta establecería un sistema verdaderamente voluntario con un mínimo de costos y cargas.  TN/IP/M/15 
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  27. La representante de la Argentina  dice, a modo de observación general, que es necesario 
aclarar que no todos los costos están abarcados bajo el epígrafe "tasas y costos" de la propuesta de las 
CE.  Ésta se refiere solamente a costos "declarados ", "evidentes" o "de nivel internacional", pero no a 
costos "nacionales".  Es pues importante recordar que  también entrañarán costos otras características 
del sistema propuesto.  Por ejemplo, están los "cos tos ocultos", esto es, los costos que tendrán que 
asumir a nivel nacional las administraciones nacionales de los Miembros.  Todo el sistema, 
comprendidas las fases de notificación y registro y -s i los Miembros siguieran la propuesta de las CE- 
los procedimientos de reserva y examen, entrañar ían costos considerables a nivel nacional.  En 
cambio, la columna del documento paralelo (TN/IP /W/12) reservada para la propuesta conjunta bajo 
este epígrafe está en blanco, lo que se debe a que la propuesta conjunta no conllevará costos 
sustanciales;  esos costos recaerán en la OMC de  la misma manera que otros procedimientos de 
notificación. 
28. Dice la oradora que la propuesta de las CE contiene elementos que dan lugar a muchas 
incertidumbres.  Por ejemplo, en los párrafos 9.2 y 9.3 no hay ninguna estimac ión de la cuantía del 
presupuesto básico de este organismo administrador.  Ello significa que tal organismo comenzaría su 
labor dependiendo de un crédito que sólo se devolvería más tarde.  Es necesario que los Miembros 
despejen esta incertidumbre y cuenten, antes de  comenzar su labor, con una estimación del 
presupuesto inicial de tal sistema. 
29. Pregunta además por el motivo de la inclus ión de un nuevo elemento que aparece entre 
corchetes en el párrafo 9.4, a saber, la "renovación del registro multilateral". 
30. Dice que las CE están proponiendo un sistema complejo con una "tasa básica" y una "tasa 
individual".  Recordando una observación anterior que ha hecho en relación con el párrafo 3.3 de la 
propuesta de las CE en el sentido de que no hay ju stificación para las "tasas individuales", dice que, si 
se lee junto con el párrafo 9.7, esa disposición, donde se afirma que la notificación de marcas de 
fábrica o de comercio es "[s]olamente a efectos info rmativos", sería de hecho un requisito previo para 
los Miembros a los cuales se solicita esta notificación.  Además, a diferencia del párrafo 9.7 a), en el 
que se hace referencia expresa a la información a que  se refiere el párrafo 3.3, la "supervisión" 
mencionada en el párrafo 9.7 b) no se refleja en  ninguna otra parte de la propuesta de las CE.  
¿Significa esto que habría una obligación de presen tar una notificación y luego otra obligación de 
supervisar de manera permanente las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio que 
estén en conflicto? La oradora no ve cómo aplicar ían los Miembros en la práctica tal obligación. 
31. Respecto del párrafo 9.8 de la propuesta de l as CE, la oradora se suma a lo dicho por 
Australia sobre este punto. 
32. En cuanto al párrafo 9.9, que prevé que la Secr etaría de la OMC calcule la suma de las dos 
tasas y la indique al solicitante, la oradora pregunta có mo calcularía la Secretaría esta tasa individual.  
El mecanismo designado crearía obligaciones que no están en la parte de la propuesta dedicada a las 
notificaciones.  Por ejemplo, de acuerdo con el párrafo  3.3 de la propuesta de las CE, cada vez que un 
Miembro notifique una indicación geográfica tambié n tiene que presentar información sobre marcas 
de fábrica o de comercio, con el pago anticipado de la tasa.  ¿Cómo calcularía la Secretaría de la 
OMC las tasas individuales sin saber los gastos o casionados a los Miembros por  la supervisión y la 
búsqueda de marcas de fábrica o de comercio? 
33. El representante del Canadá  dice que entre los costos adicionales que implica el sistema 
propuesto por las CE podrían mencionarse los siguientes:  una tasa por la formulación de una reserva, 
costos de examen, costos de entablar negociaci ones para el gobierno y tasas por búsquedas de marcas 
de fábrica o de comercio a los efectos de la notif icación de registro de una marca, que normalmente 
realizan los abogados o los profesionales del sistem a de marcas de fábrica o de comercio.  Los 
gobiernos también tendrían que afrontar otros costos  por establecer un sistema que se ocupara de la TN/IP/M/15 
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  avalancha de solicitudes:  los que conllevan lo s recursos humanos y equipos adicionales y los 
relacionados con las oposiciones a las notificaciones y con la observancia.  Además, los productores y 
los minoristas tendrían costos relacionados con la nueva denominación de marca, y recaerían costos 
en los titulares de las marcas que contienen indicaciones geográficas.  Por este motivo, el Canadá cree 
que los costos son un elemento importante que de be ser examinado en estas negociaciones.  Añade 
que debido a que la oficina de la propiedad in telectual del Canadá f unciona en régimen de 
recuperación de costos, la mayoría de los costos del sistema necesariamente tendrían que trasladarse a los solicitantes.  En virtud de las normas aplicabl es en el Canadá en materia de vinos y bebidas 
espirituosas, el costo actual de una solicitud de indicaciones geográficas se eleva a 450 dólares canadienses.  La experiencia del Canadá indica que est a suma es insuficiente para cubrir los costos 
relacionados con tales procedimientos y esto va a re visarse en un futuro próximo.  Si el Canadá 
participara en un sistema como el que proponen las CE, para la notificación de una indicación 
geográfica habría una tasa de tipo canadiense pa ra una solicitud multilateral multiplicada por el 
número que fuera de otros Miembros participantes.  No obstante, si el Canadá no participara, no 
podría en ese caso fijar ni recaudar ninguna tasa,  aun cuando siguiera teniendo gastos.  A este 
respecto, le preocupan especialmente los pequeños  productores y las PYME que podrían afrontar 
costos en todo el mundo, en lugar de los costos de rivados del objetivo de registrarse solamente en un 
país que fuese un mercado importante.  Como ejemplo de la cuantía de los recursos necesarios para 
ocuparse de las solicitudes de indicaciones geográficas,  recuerda que en las negociaciones bilaterales 
entre las CE y el Canadá sobre los vinos y las bebidas espirituosas el Canadá se encontró con una 
propuesta inicial de 10.000 nombres de las CE, posteri ormente reducidos a 1.500.  En la actualidad el 
Canadá está tratando en torno a 490 solicitudes de indicaciones geográficas que se presentaron más o 
menos al mismo tiempo.  Si el Canadá, que se c onsidera un importante país desarrollado con recursos 
significativos, se ha visto abrumado con sólo 490 solic itudes, ¿cómo harían países con menos recursos 
para tratar miles o decenas de miles de solicitud es similares de indicaciones geográficas, presentadas 
todas de una vez? 
34. A diferencia de la propuesta de las CE, la  propuesta conjunta, como han dicho otras 
delegaciones, propone un sistema voluntario de bajo costo pues, en efecto, sólo conllevaría costos 
nominales para que el organismo ad ministrador cubriera el mantenimie nto del sistema.  Lo que es más 
importante, el costo sería nulo para los Miembros no participantes, y para los que participaran en el 
sistema serían pocos los elementos a contabilizar a la  hora de considerar los recursos.  Además, la 
propuesta conjunta no requiere la revisión sistemá tica y costosa de todas las indicaciones geográficas 
notificadas. 
35. El representante del Japón
 dice que, como principio general, el nuevo sistema no debe 
imponer costos indebidos a la Secretaría y los Miem bros de la OMC.  A este respecto, la propuesta 
conjunta contiene un sistema mucho mejor.  En lo  que respecta a las "tasas individuales", el Japón 
cree que, si bien la cuantía de cada tasa puede no ser  elevada, el monto agregado de las mismas puede 
serlo, lo que puede encarecer el sistema.   
36. La representante del Taipei Chino  dice que su delegación se suma a las intervenciones de 
Nueva Zelandia, la Argentina, Australia, el Canadá  y el Japón.  El sistema debe reconocer que los 
derechos de propiedad intelectual son derechos privados y que los Miembros que se benefician de 
ellos deben correr con los gastos de su protección.   Para que las indicaciones geográficas registradas 
surtan efectos legales en todos los países Miembros, la  carga de lograr la observancia de los derechos 
de las indicaciones geográficas debe pasar de sus titulares a los gobiernos.  Como resultado de ello, 
habrá un aumento de los costos administrativos y una  modificación del equilibrio actual de derechos y 
obligaciones en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
37. La representante de Colombia  dice que su delegación se plantea serias interrogantes con 
respecto a los costos administrativos, en particular los ocultos, que tendrían que soportar las oficinas 
nacionales de registro.  Pide a Hong Kong, Chin a y a las Comunidades Europeas que aclaren qué  TN/IP/M/15 
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  costos administrativos tendrían que soportar las of icinas nacionales de registro como consecuencia de 
las notificaciones.  ¿Habrá una diferencia entre Miem bros participantes y no participantes en el caso 
de la propuesta de las CE?  Parece que en los primeros años del sistema propuesto por las Comunidades Europeas puede haber un elevado nú mero de notificaciones en un breve espacio de 
tiempo.  De modo que los gastos administrativos por registro a los que se refiere el párrafo 9.2 de la 
propuesta de las CE podrían ser relativamente bajos.   No obstante, los países que en la actualidad 
carecen de un sistema desarrollado de indicaciones geográficas y que estuvieran interesados en registrar algunas indicaciones geográficas en un plazo de entre 5 y 10 años tendrían que hacer frente a 
los amplios costos administrativos fijos del sistema.  De modo que, a la postre, el costo unitario de un 
solo registro puede ser bastante elevado.  Ello puede generar un desequilibri o entre los Miembros que 
en la actualidad cuentan con un sistema desarrolla do de indicaciones geográficas y los que carecen de 
él. 
38. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que es cierto que su delegación está 
proponiendo un sistema que no está inscrito en el Acuerdo sobre los ADPIC y que requiere ciertas 
medidas de procedimiento que implican algunos cost os.  Precisamente por eso, las CE han propuesto 
un sistema que permita la recuperación de los cost os.  Observa que la propuesta conjunta prevé un 
sistema con algunas obligaciones que también implican  costos, como la de que a nivel nacional los 
tribunales y las administraciones consulten la base de datos cuando adopten decisiones relativas a la 
protección de marcas de fábrica o de comercio y de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.  Esto tiene una especial pertinencia para los países en desarrollo, que podrían carecer de 
los medios para consultar la base de datos que estar ía disponible en Internet.  ¿Cuáles serían para los 
países en desarrollo los costos de mantener capacida des de Internet a fin de tener acceso a la última 
lista actualizada de indicaciones geográficas? A dife rencia de la propuesta de las CE, la propuesta 
conjunta no se ocupa de la cuestión de la recuperaci ón de los costos.  Por tanto, es justo afirmar que 
todas las propuestas presentadas implican algunos cost os.  En contraste, lo que preconiza la propuesta 
de las CE es simplemente un proceso de examen en el que las administraciones públicas continúen 
haciendo lo que ya hacen al recibir una solicitud de un productor local. 
39. Respondiendo a la observación hecha por Australia de que la propuesta de las CE no 
entrañará ahorro alguno para los titulares de los der echos de indicaciones geogr áficas, dice que eso no 
es verdad porque, de hecho, la mayor dificultad act ual para esos titulares es que si quieren obtener 
protección en todos los países Miembros de la OMC tendrán que contra tar abogados para que 
presenten solicitudes en cada país Miembro.  Esto hace que sea muy difícil lograr la protección 
general y, lo que es más importante, una verdad era estrategia comercial global de exportaciones, 
porque los titulares de derechos no saben dónde van a est ar protegidos y dónde no.  Por esa razón, su 
delegación estima que el hecho mismo de que un Miembro pueda presentar una solicitud única que 
seguidamente se convierta en multitud de solicitudes e nviadas a las oficinas nacionales de otros países 
Miembros de la OMC cons tituye un valor añadido. 
40. Acerca de las observaciones formuladas por Aust ralia y Nueva Zelandia en el sentido de que 
la propuesta de las CE entrañará nuevas obligaciones más allá del mandato y de las normas actuales 
del Acuerdo sobre los ADPIC, dice que esta propuest a contiene obligaciones de procedimiento que no 
modifican el nivel sustantivo de protección estable cido en los artículos 22 y 23 del Acuerdo.  Por 
tanto, la propuesta de las CE puede ser aplicada apropiadamente por los sistemas existentes según lo 
que ya dispone el Acuerdo.  Por ejemplo, la Cor poración Australiana del Vino y el Brandy, que en la 
actualidad se encarga de la protección de las i ndicaciones geográficas en Australia, tiene un sistema 
que sin duda será adecuado para recibir solicitudes del futuro registro. 
41. En cuanto a la preocupación expresada por Austra lia acerca de los costos relacionados con las 
negociaciones bilaterales en el marco del sistema pr opuesto por las CE, recuerda que el párrafo 1 del 
artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC ya incorp ora la obligación de negociar un acuerdo bilateral 
o multilateral encaminado a aumentar la protección de  indicaciones geográficas determinadas.  Esta TN/IP/M/15 
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  obligación está relacionada con una protección que ha  de facilitar este registro.  Puesto que los 
Miembros ya están sujetos a esta obligación, el he cho de que la propuesta de las CE incluya un 
mecanismo que active estas obligaciones existentes no añadirá ningún gasto nuevo a los que ya hayan 
tenido los Miembros. 
42. En cuanto a las preocupaciones de Nueva Zelandi a por la carga que puedan suponer los costos 
para una pequeña oficina de propiedad intelectua l, dice que en las Comunidades Europeas, que son 
titulares del 80 por ciento de las indicaciones geográf icas del mundo, sólo ocho funcionarios trabajan 
en el examen de las solicitudes.  El examen es un proceso mucho más complicado de lo que supondría 
tramitar una solicitud de dos páginas que llegarí a por el sistema multilateral propuesto.  Las 
solicitudes que se tramitan en Bruselas llegan a tener un espesor de 10 centímetros.  De modo que si 
las Comunidades Europeas pueden llevar a cabo su la bor con un reducido personal, está seguro de que 
incluso la oficina de la propiedad intelectual de Nu eva Zelandia será capaz de habérselas con el futuro 
sistema.  Lo mismo vale para la preocupación del Canadá con respecto a cómo afrontar la avalancha de solicitudes en el marco de su acuerdo bilateral con las Comunidades Europeas.  Tras señalar que en 
la página 19 del acta de la reunión del Consejo en Sesión Extraord inaria celebrada el 16 de septiembre 
de 2005 (TN/IP/M/14) la delegación canadiense ya ha bía planteado la misma observación, dice que de 
todos es sabido que las Comunidades Europeas son el Miembro que más interés tiene en contar con un 
sistema efectivo.  Si las Comunidades Europeas fueran a notificar de golpe diez o quince mil indicaciones geográficas, sin duda el sistema caería en colapso, por lo que se mostrarán dispuestas a 
ejercer la moderación de muchas maneras.  Por ejemplo, la tasa de registro propuesta restringirá el número de indicaciones geográficas porque no todos los titulares de derechos de indicaciones 
geográficas estarán interesados en participar en el sistema.  Recuerda además que en ocasiones 
anteriores las Comunidades Europeas han indicado su disposición a negociar la posibilidad de limitar 
el número de indicaciones geográficas que se han de notificar anualmente. 
43. Disiente de la observación formulada por Nueva Zelandia de que la propuesta de las CE no es 
un instrumento que pueda redundar en favor de los países en desarrollo .  Diez años después de la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas no han recibido más que 
una solicitud de indicación geográfica extranjera de  todo el mundo.  No existen muchos productores 
que puedan ir país por país busca ndo la protección de sus indicaciones geográficas.  La razón de ello 
es que la mayoría de los usuarios de i ndicaciones geográficas son cooperativas o pequeños 
productores con recursos limitados y no empresas mu ltinacionales que pueden inve rtir sumas ingentes 
de dinero en los procedimientos contenciosos naciona les.  Si esto es así para los productores europeos, 
¿cómo no ha de serlo para los de los países en desar rollo? Su delegación mantiene la firme opinión de 
que el sistema debe servir para materializar la protección que en la actualidad los Miembros están obligados a proporcionar en virtud del Acuerdo s obre los ADPIC y que todos los países tienen que 
poner a disposición de los titulares de derechos .  El sistema propuesto será particularmente 
beneficioso para los productores carentes de recurs os, más probablemente localizados en un país en 
desarrollo que en uno desarrollado. 
44. En cuanto a la pregunta de la Argentina acerca de  si el párrafo 9.7 b) de la propuesta de las 
CE implica la supervisión de solicitudes de ma rcas de fábrica o de comercio, incluidas las 
indicaciones geográficas, confirma que habrá alguna supe rvisión.  Sin embargo, se hará contra el pago 
de una tasa y no debería causar problemas.  En este contexto, dice que una manera posible de asegurar 
la supervisión sería la de encomendar esa tarea, como  ha indicado por ejemplo el Canadá en la esfera 
de las marcas de fábrica o de comercio, a empresa s privadas.  Cualquier país puede poner ese tipo de 
información a disposición del país notificante por la vía de su propia administración o de una empresa 
privada subcontratada. 
45. En cuanto a la preocupación de la Argentin a acerca del cálculo de las tasas, dice que el 
sistema propuesto por las CE se inspira básicamente en  el Protocolo de Madrid, cuyas disposiciones, 
efectivamente, se han utilizado con cambios menores en el proyecto de texto de las CE.  TN/IP/M/15 
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  46. Con respecto a la observación del Canadá de que los Miembros no participantes no tendrían 
derecho a reclamar tasas en el marco de la propuest a de las CE, dice que ésta, en su párrafo 9.8, se 
refiere claramente a "los Miembros de la OMC", por los que se entiende los Miembros tanto participantes como no participantes. 
47. En cuanto a la preocupación del Japón de que el  monto agregado de las tasas individuales será 
elevado, dice que el sistema de Madrid de registro  de marcas se basa en un mecanismo similar que ha 
resultado muy satisfactorio.   
48. Por último, con respecto a la observación plan teada por Colombia acerca de las cargas 
administrativas internas, dice que para la admini stración nacional de Colombia los costos serán 
idénticos a los que ya tiene sobre la base del sistema actual de Colombia, que permite el registro 
nacional de indicaciones geográficas, como la recientemente registrada "Café de Colombia".  En 
opinión del orador, el sistema propuesto por las CE  puede encajar en el marco normativo nacional de 
Colombia.  Por ejemplo, bastaría con que las soli citudes se enviaran directamente a la oficina de 
propiedad intelectual de Colombia, por ejemplo mediante correo electrónico desde Ginebra.   
49. En relación con las observaciones formuladas por Colombia, el representante de Hong Kong, 
China  dice que no habrá ningún costo directo para los Miembros no participantes porque para ellos no 
habrá ningún efecto jurídico.  Con respecto a los cost os indirectos relacionados  con la supervisión de 
terceros mercados, la situación no será diferente de la situación actual, en la que las indicaciones 
geográficas están protegidas como marcas de certificación.  En el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, esto es, sin el sistema multilateral, un productor local de Hong Kong, China tendrá que vigilar si se presentan solicitudes de marcas de ce rtificación que puedan tener repercusión en su 
propio producto y, en caso necesario, tendrá que pr esentar oposiciones en la oficina de propiedad 
intelectual de Hong Kong, China, de confor midad con el marco jurídico interno.   
50. La representante de Australia
 dice que la propuesta de las CE es claramente más costosa que 
la propuesta conjunta por toda una serie de razon es.  Una diferencia crucial es el tema de la 
participación.  A diferencia de la propuesta de las CE, la propuesta conjunta es totalmente voluntaria.  
Muchos Miembros, incluidos algunos  que no han copatrocinado la pr opuesta conjunta, opinan que la 
participación debe ser voluntaria, lo que significa que no debe haber ninguna obligación jurídica para 
los Miembros no participantes.  Co mo se ha dicho con anterioridad y han sostenido muy bien el Brasil 
y Filipinas en la reunión de septiembre, carece de  objeto debatir una propuesta que sólo atribuya 
obligaciones sin los correspondientes derechos a lo s no participantes y que imponga cargas y costos 
indebidos a los países en desarrollo, muchos de  los cuales no tienen ningún interés económico en 
participar en el sistema porque o no tienen indicaciones geográficas de vinos o bebidas espirituosas 
que proteger o tienen pocas, cosa que acaban de confirmar las Comunidades Europeas, que han dicho 
que el 80 por ciento de las indicaciones geográfic as del mundo son probablemente europeas.  Por 
tanto, los Miembros deben fijarse en esas estadístic as cuando consideren los costos y beneficios de las 
diversas propuestas.  Pide a aquellas delegaciones que hasta el momento no han intervenido en estas 
negociaciones y cuyas opiniones sobre este tema particular no estén claras que consideren 
detenidamente si están dispuestas a asumir, y si pueden hacerlo, la carga inherente a la propuesta de las CE.  Como ha manifestado Nueva Zelandia, los Miembros no participantes tienen esencialmente 
dos opciones:  o bien formular reservas y entablar  negociaciones con el fin de ejercer sus actuales 
derechos a negar la protección sobr e la base de determinadas excepci ones, o bien proteger todas las 
indicaciones geográficas de las CE por no habe r podido rehusar la protección por los motivos 
expuestos en los apartados a) a c) del párrafo 3.2 de la propuesta de las CE. 
51. En cuanto al argumento de las Comunidades Europeas de que su propuesta entrañaría el 
ahorro de costos al ayudar a los titulares de los dere chos a hacerlos valer en distintas jurisdicciones, 
pregunta cuál sería la diferencia con las marcas de fá brica o de comercio o las patentes.  Señala que el 
Protocolo de Madrid, que parece haber sido el m odelo utilizado por las Comunidades Europeas, es un TN/IP/M/15 
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  tratado voluntario, y que hasta la fecha en el marco de la OMPI no ha  habido ningún registro 
internacional de patentes ni progreso alguno en la esfera de la armonización del derecho de patentes. 
52. Dice además que a su delegación le plantea problemas la afirmación hecha por las 
Comunidades Europeas de que la Corporación Australi ana del Vino y el Brandy no tendría problemas 
en asumir las cargas impuestas por la propuesta de las CE.  En primer lugar, sería improbable que 
cada Miembro de la OMC tuviera un organismo si milar que estuviera en situación de asumir las 
obligaciones propuestas.  En segundo lugar, no se trata de si la Corporación Australiana del Vino y el Brandy tendría la capacidad de asumir las obligaciones, sino de si tendría que hacerlo y si los actuales 
derechos que asisten a Australia de valerse de l as excepciones del artículo 24 del Acuerdo sobre los 
ADPIC deberían limitarse del modo que proponen l as Comunidades Europeas.  Según el sistema 
propuesto, si Australia opta por no participar, form ular reservas o entablar negociaciones, entonces 
tendría que proteger todas las indicaciones geográficas notificadas salvo, por supuesto, que pueda aplicar las excepciones de los párrafos 4 y 5 del ar tículo 24 que, en todo caso, no son las únicas que se 
ofrecen en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. 
53. Por último, acerca de la observación de que el requisito de negociaciones obligatorias previsto 
en la propuesta de las CE ya ha sido establecido por el Acuerdo sobre los ADPIC, dice que si en la 
Ronda Uruguay la intención de los Miembros hubiera sido aumentar la protección de indicaciones 
geográficas determinadas mediante un registro de  las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas, tanto el párrafo 4 del artículo 23 como el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo se habrían 
inscrito en el mismo artículo. 
54. El representante de los Estados Unidos
 dice que hay terceros, de otros Miembros de la OMC, 
que tienen dificultades para utilizar el actual si stema de indicaciones geográficas de las CE porque 
durante algún tiempo las Comunidades Europeas han estado haciendo ver que pa ra esos terceros no 
era posible presentar solicitudes de protección en ese sistema a menos que los otros Miembros tuvieran un sistema equivalente.  Sólo cuando se hubo modificado esa postura se presentó al fin la primera solicitud extranjera mencionada por el represe ntante de las CE, en concreto la de Colombia. 
55. Dice que cierto número de indicaciones geográfi cas de terceros países han recibido protección 
en el sistema de marcas de certificación de los Estados Unidos, lo que prueba la bondad de tal 
sistema, que, además, es compatible con el objetivo establecido en la propuesta conjunta de facilitar la 
protección de las indicaciones geográficas. 
56. En cuanto a la cuestión específica de las tasa s y los costos, su delegación comparte las 
preocupaciones expresadas por la Argentina, Au stralia, el Canadá, Colombia, el Japón, Nueva 
Zelandia y el Taipei Chino de que el sistema pr opuesto por las CE es complejo, costoso, gravoso y 
excesivo.  La experiencia habida con otros instrume ntos internacionales de propiedad intelectual que 
tienen propuestas detalladas sobre sistemas de tasa s enseña que estas cuestiones tienden a dificultar y 
prolongar mucho más las negociaciones. 
57. Su delegación disiente de la declaración de las Comunidades Europeas según la cual no hay 
ninguna ventaja en la propuesta conjunta.  El si stema propuesto sin duda satisfaría el mandato de 
facilitar la protección mediante una base de datos in ternacional que han de consultar los Miembros.  
Esta base de datos no tiene paralelo en los sist emas internacionales de propiedad intelectual y no 
tendría precedentes en términos de interacción y de transparencia.  La objeción de las Comunidades 
Europeas a la propuesta conjunta parece venir del hecho mismo de que esta propuesta puede sin duda 
satisfacer el mandato sin imponer nuevas obligaciones sustantivas y sin perjuicio de los derechos u 
obligaciones actualmente previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
58. Su delegación no llega a entender cómo no se pue de considerar la propuesta de las CE de 
negociaciones obligatorias como una nueva obligación sustantiva.  La forma en que su delegación  TN/IP/M/15 
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  entiende el párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que el representante de las CE 
describe como una obligación actual, es que un nom bre tiene que ser una indicación geográfica con 
arreglo al párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo antes de que se pueda invocar dicha disposición.  A 
diferencia del párrafo 1 del artículo 24 del Acuerdo, la propuest a de negociaciones bilaterales de las 
Comunidades Europeas parece abarcar cualquier objeción, incluida la objeción de que un nombre no 
sea una indicación geográfica en el territorio en que se busca la protección.   
59. La representante de la Argentina  dice que el hecho de que pequeños productores europeos 
tuvieran que hacer frente a costas procesales en la  defensa de sus derechos en materia de indicaciones 
geográficas no puede ser una justificación válida para brindar una protección supranacional sin 
precedentes a través de la OMC sólo a los derec hos de dichas indicaciones.  Tales productores son 
libres de utilizar o no las indicaciones geográficas lo mismo que cualquier otra persona tiene la 
libertad de proteger sus invenciones o creaciones al  amparo de diversos derechos de propiedad 
intelectual.  Cada tipo de protección puede aportar no sólo beneficios, sino también costos y riesgos, 
incluidas los costas procesales en  otros países.  Los productores europeos escogerían la protección 
basándose en sus propios intereses comerciales.  En general optarían por  la protección de las 
indicaciones geográficas porque obtendrían beneficios  inmediatos, tales como subvenciones.  Las 
dificultades mencionadas por la delegación de l as CE no se pueden comparar con las que enfrentan 
los pequeños productores de los países en desarroll o, que tienen otras dificultades de acceso a los 
mercados.  La oradora no entiende por qué los prob lemas que encuentran los productores europeos en 
la esfera de las indicaciones geográficas deben ser objeto de un trato mejor que los problemas que enfrentan los productores de los paí ses en desarrollo en otras esferas de la propiedad intelectual, como 
por ejemplo las patentes. 
60. En respuesta a las observaciones hechas por l as Comunidades Europeas acerca de los gastos 
en que incurrirían los países en desarrollo con la s upervisión de las marcas de fábrica o de comercio 
en virtud de la propuesta de las CE, se pregunta cu ántos de estos países podrían pagar tales servicios 
en un país desarrollado.  Con arreglo al Prot ocolo de Madrid, cada miembro de la OMPI es 
plenamente libre de ratificarlo o no, decisión que dependerá de sus intereses comerciales.  Por el 
contrario, el sistema que proponen las CE sería ob ligatorio para todos los Miembros de la OMC, 
cualesquiera que sean sus intereses en los sectores de lo s vinos y las bebidas espirituosas.  El modelo 
del Protocolo de Madrid que las Comunidades Euro peas afirman haber utilizado para el sistema de 
tasas que proponen no es pertinente en el contexto de la OMC.  La dinámica de las marcas de fábrica 
o de comercio es completamente diferente a la de las indicaciones geográficas.  Añade que el sistema 
de Madrid lo administra la OMPI, el 90 por ciento  de cuyo presupuesto procede del sistema del PCT.  
Aunque el Arreglo de Lisboa, que se aplica a toda clase de indicaciones geográficas, no rinde ningún 
ingreso, la OMPI puede sin embargo seguir administrándolo gracias a los recursos provenientes de otros acuerdos administrados, como el PCT.  Por tanto, se pregunta durante cuánto tiempo sería sostenible la estructura administrativa supran acional que proponen las Comunidades Europeas. 
61. El representante del Canadá
 dice que su delegación seguirá recurriendo a la experiencia que 
tiene en sus negociaciones bilaterales con las Com unidades Europeas en el ámbito de las indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas espirituosas porque la considera útil para que otros Miembros lleguen 
a entender las experiencias del Canadá en esta esfera. 
62. Dice además que, con arreglo al sistem a que proponen las CE, tanto los Miembros 
participantes como los no participantes van a soporta r determinados gastos significativos relacionados 
con el examen de las solicitudes, en particular el  examen de si esas solicitudes reúnen las condiciones 
para acogerse a las excepciones aplic ables y pueden utilizarse en el proceso de reservas durante el 
plazo de 18 meses.  Un punto que hay que aclarar es el de si se trata de las excepciones actuales en el 
marco del Acuerdo sobre los ADPIC o de las excepciones modificadas por la propuesta de las CE. TN/IP/M/15 
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  63. La representante de Colombia
 dice que lamentablemente la respuesta de las Comunidades 
Europeas no es lo bastante concreta y que su pregunt a no se refería al sistema colombiano de registro 
de indicaciones geográficas.  ¿Cuáles son los costos administrativos en que incurrirían los Miembros tanto participantes como no participantes en el ma rco del párrafo 9 de la propuesta de las CE? ¿Serían 
estos costos diferentes para los Miembros pa rticipantes y para los no participantes? 
64. El representante del Japón
 afirma que, en contra de lo que dicen las Comunidades Europeas, 
el sistema del Protocolo de Madrid y el propuesto por las CE son muy distintos.  Mientras que el sistema de Madrid tiene un númer o limitado de Miembros, el sistem a propuesto por las CE sería 
vinculante para todos los Miembros de la OMC. 
65. La representante de Nueva Zelandia
 disiente de la declaración de las Comunidades Europeas 
según la cual la propuesta conjunta también enuncia  nuevos efectos jurídicos que darían lugar a 
nuevas cargas, onerosas y sustanciales.  Aunque está de acuerdo en que, según la propuesta conjunta, 
todos los Miembros participantes han de consultar la base de datos, eso se debe únicamente a que se 
ha encomendado a los Miembros que negocien un sistema que facilite la protección de las 
indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.  Es precisamente para dar cumplimiento a 
ese mandato que la propuesta conjunta contempla un  proceso sencillo de examen, según el cual las 
oficinas nacionales han de consultar una base de datos sobre indicaciones geográficas.  El sistema propuesto contrasta con el enfoque complejo y polifacético que proponen las Comunidades Europeas 
y con otras propuestas presentadas.   
66. Asimismo, discrepa de las objeciones de las Com unidades Europeas a las observaciones de su 
delegación en relación con la amp litud de las nuevas obligaciones sustantivas que implica el sistema 
propuesto por las CE.  Las Comunidades Europeas han dicho que, con arreglo a su propuesta, no 
habría ningún cambio en el nive l actual de protección concedido de conformidad con los artículos 22 
y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.  No obstante,  las Comunidades Europeas no han mencionado en 
ningún momento el artículo 24, que establece un cont rapeso a la protección conferida con arreglo a 
los artículos 22 y 23.  De hecho, según la propuesta de las CE, la mayor part e de las flexibilidades 
estipuladas en el artículo 24 se desvanecería por completo después de 18 meses, a menos que el 
Miembro tuviera los recursos y la capacidad de realizar actividades de supervisión y formular reservas. 
67. En cuanto a la observación acerca de las dimens iones de la ofic ina de propiedad intelectual de 
Nueva Zelandia en comparación con la de las CE y la insinuación de que la oficina neozelandesa no 
tendría problemas de supervisión de las indicaci ones geográficas, la representante dice que esta 
conclusión presupone que la oficina esté dedicada ín tegramente a estas indicaciones.  El número de 
personas que trabaja exclusivamente con las indi caciones geográficas en las Comunidades Europeas 
equivale de hecho a un poco menos de la mitad de  todo el personal de la oficina neozelandesa de 
propiedad intelectual, que se ocupa de todas las otra s formas de derechos de propiedad intelectual, la 
mayoría de las cuales supera numéricamente a l as indicaciones geográficas.  Nueva Zelandia no tiene 
la intención de establecer una oficina exclusiv amente dedicada a las indicaciones geográficas y se 
pregunta cuántos otros Miembros estarían interesados  en crear una oficina especializada de ese tipo. 
68. La representante dice que es un hecho que la mayoría de las indicaciones geográficas del 
mundo son europeas, algo que ni las propias Comunidades Europeas pondrán en entredicho.  Por consiguiente, huelga precisar que la mayoría de lo s beneficios de las presentes negociaciones irán a 
las Comunidades Europeas.  Dado que estas indicaciones ya están protegidas en las Comunidades 
Europeas y que, por lo tanto, se busca una mayor protección fuera de las Comunidades Europeas, la 
mayoría de los costos deberán ser sufragados de h echo por los demás Miembros.  Además, en relación 
con las indicaciones geográficas que los demás Miembros  desean incluir en el registro, y que son una 
o dos, no hay garantías de que vayan a estar prot egidas en los mercados de terceros países.  TN/IP/M/15 
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  69. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la dele gación de Hong Kong, China, por detallar los 
costos del sistema que propone y, en particular, las seguridades que da de que no se impondrán nuevas 
cargas, como se indica en el anexo B de la propuesta.  Sin embargo, lamenta que en la estimación de los costos presentada en dicho anexo solamente se te nga en cuenta una pequeña parte de los costos 
reales que se están debatiendo.  En realidad, de lo s debates se desprende claramente que el tipo de 
costos que preocupa a los Miembros  supera con creces los costos reflejados en el anexo B e incluye, 
entre otros, los costos adicionales para los sist emas, los consumidores y los productores nacionales. 
70. Por último, al igual que el Canadá, cree que en  los debates ha quedado claro que, de todas las 
propuestas presentadas, la propuesta conjunta es la que  contiene los costos más bajos y la opción 
menos gravosa.  Por encima de todo, la propuest a conjunta contiene un sistema que no entraña ningún 
costo en absoluto para los Miembros que no partic ipen, lo que reflejaría su carácter genuinamente 
voluntario. 
71. El representante de las Comunidades Europeas
, en respuesta a Australia, dice que en realidad 
nunca ha sugerido que la propuesta conjunta fuera la más onerosa.  Lo que ha querido decir es que no 
está seguro de las consecuencias de esa propuesta en  materia de costos.  Por lo tanto, desea saber 
cuánto les costaría a las administraciones nacionale s ajustarse a los efectos jurídicos inherentes a la 
propuesta conjunta.  Por ejemplo, ¿cuánto les costaría a los tribunales y a la Administración australianos consultar una base de datos cada vez que tomen una decisión sobre indicaciones 
geográficas y marcas de fábrica o de comercio? 
72. En cuanto a la observación formulada por Australia acerca de la proporción de las 
indicaciones geográficas de las CE, dice que, de hecho,  la cifra estimada del 80 por ciento que dio en 
una reunión anterior quizá deba ser corregida.  El  mero hecho de que Australia tenga por sí sola 
aproximadamente 300 indicaciones geográficas sugiere que hay que actualizar esa estimación.  Pero, sobre todo, la protección de las indicaciones geográficas es un proceso dinámico y los países que están descubriendo ahora estas indicaciones podrían querer proteger las propias en el futuro.  
Recuerda que, en un simposio organizado por la  OMPI en Parma (Italia) en junio de 2005, el 
representante de Australia citó un ej emplo aducido por el representant e indio, según el cual la India 
tendría más de 100 indicaciones geográficas sólo para  los "saris".  Por consiguiente, el tema del 
número de las indicaciones geográficas evolucionará en el futuro, de modo que su importancia para 
estas negociaciones es relativa.   
73. Sobre las consecuencias de las negociaciones b ilaterales en materia de costos cuando se 
formulen reservas, recuerda que el Acuerdo sobre los ADPIC simplemente establece la obligación de 
que los Miembros negocien cuando lo solicite otro  Miembro.  Eso no significa necesariamente que 
vaya a haber costos suplementarios.  Es sólo cu estión de voluntad y de llegar a un acuerdo sobre las 
modalidades. 
74. Dice que la pregunta de por qué un Miembro ha de proteger una indicación geográfica si no 
desea participar en el sistema es en buena medida hipotética para países como Australia, que ya 
protege, de conformidad con un acuerdo bilateral,  las indicaciones geográficas de vinos de las CE, 
que constituyen la mayor parte de las indicaciones ge ográficas de las Comunidades.  Sea como fuere, 
las Comunidades Europeas creen que, de conformidad con el mandato, el sistema debería ser un sistema multilateral de la OMC y que los Miembros  no están debatiendo en el Consejo de los ADPIC 
en Sesión Extraordinaria las indicaciones geográficas en general, sino la manera de cumplir el mandato. 
75. En cuanto a las negociaciones bilaterales previst as en los párrafos 3.2 a 3.4 de la propuesta de 
las CE, dice que, aunque concuerda con Australia en que el párrafo 1 del artíc ulo 24 y el párrafo 4 del 
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC son dispos iciones diferentes, no ve en el segundo de esos 
párrafos nada que excluya al primero de la sección sobre indicaciones geográficas, en la que se TN/IP/M/15 
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  establece el nivel completo de protección de las indicaciones geográficas.  La protección que una 
indicación geográfica determinada recibe en un tercer  país es una combinación de los artículos 22 
y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, que al propio tiem po pueden ser anulados en  virtud de una de las 
disposiciones sobre excepciones del artículo 24.  Po r consiguiente, lo que habría que facilitar es el 
funcionamiento integral de la secci ón 3 de la Parte II del Acuerdo sobr e los ADPIC y, en la medida en 
que el párrafo 1 del artículo 23 forma parte integran te de esa sección, nada indica que esta disposición 
no deba incluirse en la propuesta de las CE. 
76. En respuesta a una observación del representante de los Estados Unidos sobre la indicación 
"Café de Colombia", el representante de las CE dice que, tras la distribución de los informes de solución de diferencias de la OMC relacionados con el Reglamento de las CE relativo a las 
indicaciones geográficas de los productos alimentic ios, las Comunidades Europeas están aclarando 
algunos aspectos del Reglamento, en particular los re lacionados con la reciprocidad.  El hecho de que 
un tercer país haya presentado recientemente una so licitud con arreglo al sistema actual demuestra 
que este sistema puede dar cabida a las indicaciones geográficas de terceros países.  Añade que si Colombia sólo ha solicitado recientemente la indicación "Café de Colombia" en las Comunidades 
Europeas, ello se debe simplemente a que este nombre  sólo se ha registrado recientemente en ese país. 
77. En cuanto al argumento presentado por la Ar gentina de que no está justificado tener un 
sistema de registro en la OMC para las indicaciones geográficas y no para otros derechos de propiedad intelectual, dice que los Miembros están  en un foro de negociación que cumple un mandato 
establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC y en la Declaración Ministerial de Doha.  Por lo tanto, se trata de una cuestión política, lo que resulta difícil de explicar desde un punto de vista lógico.  Con 
todo, toma nota de este argumento acerca de dife rencias no justificadas, una cuestión que su 
delegación ya ha planteado en relación con la exte nsión de las indicaciones geográficas y en la OMPI, 
donde ha defendido que, bajo el punt o del orden del día relativo a las normas de arbitraje en materia 
de nombres de dominio, se traten también las indicaciones geográficas.   
78. Refuta la observación de la Argentina de que  los productores de las CE que han registrado 
indicaciones geográficas reciban automáticamente subvenciones.  Ciertamente, no existe un 
mecanismo que contemple la concesión de una subvención en el momento en que un productor 
registra una indicación geográfica. 
79. En cuanto a la referencia del Canadá al párrafo 4 del artículo 9 de la propuesta de las CE, dice 
que, en efecto, se refiere a los Miembros participantes, por oposición a los Miembros de la OMC.  Esta disposición simplemente permite que los Mi embros de la OMC cobren a sus productores los 
costos que les suponga participar y notificar y re gistrar una indicación geográfica.  Dado que, según la 
propuesta de las CE, sólo los Miembros participantes pueden notificar indicaciones geográficas y cobrar a sus productores por las indicaciones geográf icas que deseen notificar al sistema, sólo se 
mencionan en esa disposición los Miembros particip antes.  No obstante, eso no significa que la 
disposición excluya la posibilidad de que cualquier  otro Miembro de la OMC indique los costos que 
le supondría participar en el sistema y que los r ecupere más adelante, tras  la notificación de la 
indicación geográfica. 
80. En lo referente a la pregunta de  Colombia sobre los costos administrativos en que se incurriría 
en virtud del funcionamiento del sistema propuesto por las CE, el representante de las Comunidades 
Europeas dice que dependerá de cómo se aplique el sistema en cada Miembro de la OMC.  En cualquier caso, la primera tarea consistirá en recibir la notificación y, si es necesario, traducirla.  
Colombia no tendrá costos de traducción, ya que el español es uno de los idiomas oficiales de la 
OMC.  Cuando se haya recibido la notificación se pondrá en marcha el procedimiento de examen, que varía de un país a otro.  Así como algunos países quizás efectúen un examen sustantivo y apliquen procedimientos de oposición, otros, en cambio no lo harán.  No sabe con exactitud cómo funciona el 
sistema colombiano, pero el proceso llevará sin duda  aparejados algunos costos.  Si, una vez ultimado  TN/IP/M/15 
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  este proceso de examen, el resultado fuera que persisten dudas o hay algún problema acerca de la 
posibilidad de registrar esta indicación geográfi ca en Colombia, las autoridades colombianas 
enviarían una nota a la Secretaría de la OMC en la que le comunicarían su deseo de formular una reserva en relación con dicha indicación geográfica en Colombia.  En su reserva, Colombia podría por 
ejemplo aportar pruebas del carácter genérico del nombre, de que no se ajusta a la definición de 
indicación geográfica establecida en el párrafo 1 del artículo 22 u otra informac ión adicional, de modo 
que el Miembro notificante supiera cuál es el problema.  El proceso de examen sería idéntico para los Miembros participantes y los no participantes, con la única diferencia de los efectos jurídicos que 
tendría a nivel nacional.  Sin emba rgo, estos efectos jurídicos a nivel nacional serían presunciones que 
invocaría el propio titular del derecho sobre la indic ación geográfica ante la administración, la oficina 
de marcas de fábrica o de comercio o los tribunales, y la administración no estaría obligada a 
plantearlas de oficio.  He ahí la razón de que estos efectos jurídicos no vayan a comportar costos administrativos excesivos. 
81. En cuanto al argumento del Japón de que compar ar el Protocolo de Madrid con el sistema 
propuesto por las CE no quiere decir nada, porque el  sistema de Madrid tiene menos Miembros, el 
representante señala que, aunque admite que el sistema multilateral de la OMC por establecer se 
aplicaría a todos los Miembros de la OMC (149), el hecho de que no afectaría a los PMA Miembros 
significa que en realidad sólo participarían 110 Miem bros en el sistema propuesto por las CE, apenas 
una treintena más que en el Protocolo de Madrid. 
82. Por último, sobre la cuestión de las dimension es de la oficina de propiedad intelectual de 
Nueva Zelandia, el representante dice que el tamaño relativo y el número de indicaciones geográficas 
de este país, en comparación con las CE, justifica que las Comunidades Europeas hayan nombrado a 
ocho personas para que se ocupen exclusivamente  de las indicaciones geográficas.  El tema 
importante no es tanto el número de personas, sino el hecho de que, cuando un país actúa sobre la 
base de la recuperación de tasas, en el fondo no importa cuántas indicaciones geográficas tenga, porque podrá hacer que los solicitantes paguen por e llas y sufragar con esos pagos los costos de su 
oficina de propiedad intelectual, e incluso ampliar su plantilla. 
83. Refiriéndose a la observación de Nueva Zelandia de  que, con arreglo a la propuesta de las CE, 
no se podría aplicar ninguna excepción después de 18 m eses, el representante de las CE dice que no es 
correcta.  El carácter genérico es una excepción que puede invocarse durante un plazo de 18 meses, un período largo, y las demás excepciones contempladas  en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, 
como la referente a la anterioridad de las marcas de fábrica o de comercio, el uso amparado en la 
cláusula de anterioridad o el uso de nombr es personales, podrán seguir invocándose después. 
84. El representante de Chile
 pone en entredicho la declaración de las Comunidades Europeas de 
que la propuesta conjunta conllevaría costos elevados  para las administraciones y los tribunales de los 
Miembros, porque, con arreglo a ésta, lo único que te ndrían que hacer sería consultar la base de datos 
al tomar decisiones referentes a las indicaciones geogr áficas y las marcas de fábrica o de comercio.  
Este sistema facilitaría verdaderamente la la bor del reducido número de  tribunales u órganos 
administrativos implicados, por lo que no resultarí a oneroso.  En cambio, con arreglo a la propuesta 
de las CE, los Miembros tendrían que entablar ne gociaciones bilaterales obligatorias, una obligación 
que no existe en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en  el sistema de Madrid y que entrañaría costos 
elevados. 
85. El representante de Australia  dice que la propuesta conjunta no supondría costo alguno para 
los Miembros no participantes, lo que significa que  los Miembros que no producen vino ni bebidas 
espirituosas o que no tienen nada que ganar con este si stema no tendrían que soportar costos.  Por otra 
parte, los costos que supondría la propuesta conjunt a para los Miembros participantes variarían, ya 
que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC da a los Miembros la libertad de 
determinar el método adecuado para aplicar esta pr opuesta en el marco de su propio ordenamiento y TN/IP/M/15 
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  práctica jurídicos.  De conformida d con la legislación australiana, por ejemplo, las decisiones relativas 
al registro y la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas las toman dos organism os, a saber, la Oficina de Propiedad Intelectual 
de Australia, responsable de la administración de la Ley de marcas de fábrica y de comercio de Australia, y la Corporación Australiana del Vino y el  Brandy (AWBC) que administra la Ley de la 
AWBC.  Estos organismos podrían aplicar la propuest a conjunta de una manera sencilla, es decir, por 
conducto de reglamentos de aplicaci ón de la legislación ya vigente, y no sería necesario un cambio de 
la legislación sustantiva ni emplear nuevo personal.  Por encima de todo, no sería necesario revisar el registro, formular reservas ni emprender negoc iaciones en nombre de cada una de las partes 
interesadas en Australia que pudieran verse afect adas por el registro de una indicación geográfica 
extranjera.  Se trata de diferencias significativas con respecto a la propuesta de las CE, que tiene 
efectos jurídicos tanto para los Miembros partic ipantes como para los no participantes y que, por 
consiguiente, impondría una pesada carga a los Mi embros que no se beneficiaran del sistema. 
86. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que, con arreglo a la propuesta de las CE, 
los Miembros no participantes no habrían de sufra gar al final ningún costo, puesto que todos los 
costos serían plenamente recuperables.  Pide además a las delegaciones que han afirmado que la 
propuesta de las CE sería más onerosa que la suya que aporten cifras, para ser más creíbles. 
87. El representante de los Estados Unidos  dice que, para que el párrafo 1 del artículo 24 sea 
aplicable, es preciso ante todo que el nombre se c onsidere una indicación geográfica en el país en el 
que se busca la protección.  Si ese país ha formulado una reserva motivada en que el nombre no es una indicación geográfica, el vínculo con el párrafo  1 del artículo 24 suscitaría la inquietud de que 
podría alterarse el equilibrio de derechos y oblig aciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. 
88. En relación con la observación del delegado de las Comunidades Europeas sobre los costos de 
ambas propuestas, dice que el propósito de la pr opuesta conjunta es únicamente facilitar eficazmente 
la protección y al mismo tiempo ser de efecto neutro sobre los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Por consiguien te, generaría costos muy reducidos para los 
organismos administrativos que tuvieran que aplicar la propuesta a escala nacional.  Más 
concretamente, establecer un sistema no comportaría realmente costos adicionales, ya que bastaría con utilizar los sistemas existentes y asumir lo s costos ordinarios vigentes para solicitar la 
información pertinente de conformi dad con la legislación interna de lo s Miembros participantes.  Eso 
no equivale a decir que la propuesta conjunta no entrañaría algunos costos mínimos a la hora de 
establecer una base de datos a escala internacional.  Po r otra parte, la propuesta de las CE daría lugar a 
cargas y costos elevados, debido a la necesidad de modificar los sistemas actuales de los Miembros y 
de reeducar profesionalmente al personal, así como  al aumento de los costos de impugnación para las 
partes interesadas. 
89. La representante de la Argentina
 dice que la propuesta de las CE de que los costos se 
sufraguen en un primer momento con cargo al pr esupuesto de la OMC y sean luego reembolsados 
implica que las CE ya han efectuado algunos cálculos.   El argumento de que con arreglo al sistema 
propuesto por las CE se podrían recuperar todos los costos no es válido.  La Argentina no desea incurrir en ningún costo adicional.  La OMC tiene ot ros ejemplos de sistemas de notificación, como el 
establecido en el marco del Acuerdo MSF, que no en trañan costos elevados.  Por lo tanto, no hay 
ninguna razón para que el sistema de notificación de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas sea más oneroso.  La Argentina todavía se halla en la fase inicial de establecimiento de un 
registro de indicaciones geográficas, que ya ha supu esto unos costos elevados para la administración 
nacional.  Por lo tanto, es impensable que el Gobi erno argentino amplíe su actual sistema incipiente a 
un sistema universal de examen de un número masivo de notificaciones de indicaciones geográficas.  El sistema complejo que proponen las Comunidades Europeas responde simplemente a la estructura 
de protección que ha prevalecido en los Estados mi embros de la UE durante muchos años.  Esos  TN/IP/M/15 
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  Estados tienen la ventaja de dis poner de estructuras administrativas, tanto a nivel comunitario como 
nacional, que van mucho más allá de las que tiene la Argentina. 
- Examen;  punto de contacto;  organismo admin istrador/otros org anismos;  fecha de 
entrada en funcionamiento. 
90. El representante de las Comunidades Europeas  dice que el funcionamiento del sistema supone 
dos tipos de tareas:  tareas de elaboración de normas y tareas administrativas.  Las Comunidades 
Europeas creen que el registro multilateral debería se r un instrumento de la OMC y que, por lo tanto, 
debería haber un organismo que estableciera las di ferentes normas administrativas que permitieran el 
funcionamiento del sistema.  Este organismo sería probablemente el Consejo de los ADPIC y, por lo 
tanto, todas las normas administrativas necesarias de berían ser acordadas por todos los Miembros de 
la OMC.  No obstante, en cuanto a la admini stración cotidiana del sistema, como recibir las 
solicitudes y traducirlas, su delegación se muestra abierta acerca del organismo que podría encargarse 
de esa tarea.  Podría tratarse de  la Secretaría de la OMC, pero  también podría ocuparse de ella 
cualquier otro organismo que tenga c onocimientos técnicos en la esfera de la propiedad intelectual, en 
particular la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
91. El representante del Canadá , secundado por los representantes de Australia  y los Estados 
Unidos , expresa su inquietud acerca de la segunda frase de la disposición relativa al examen que 
aparece en al sección F de la propuesta de Hong Kong, China, en la que se afirma que "[e]n particular, en el marco del examen volverá a plantearse la cu estión del ámbito de la participación".  Eso pondría 
en entredicho el carácter voluntario del sistema.  En este sentido, recuerda a los Miembros que su mandato, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 23 del Ac uerdo sobre los ADPIC, es negociar 
un sistema que facilite la protección de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas 
que sean susceptibles de protección "en los Miembros participantes en ese sistema". 
92. El representante de Hong Kong, China,
 señala a la atención de los Miembros el párrafo 59 del 
acta de la reunión de septiembre (TN/IP/M/14), en  la que su delegación explicó el objetivo del 
mecanismo de examen previsto en la sección F de su  propuesta.  Su delegación es consciente de que 
la cuestión de la participación es importante en este debate, pero  al mismo tiempo es improbable que 
los Miembros alcancen un consenso al respecto en un futuro próximo.  Ésa es la razón que explica que 
en la propuesta de su delegación se sugiera efectua r un examen del sistema algunos años después de 
su introducción.  Sin embargo, este examen no se refi ere solamente a la cuestión de la participación.  
Está destinado a tomar en consideración la experi encia real de funcionamiento del sistema para 
comprobar si puede mejorarse.  En este contexto , la participación podría ser uno de los aspectos 
tratados en el examen. 
93. El representante de Australia  dice que, aunque resulta prematur o comenzar los debates sobre 
el organismo administrador, su delegación opina que  el Consejo de los ADPIC podría desempeñar esa 
función, lo que no significa que  no esté abierta a examinar la  posibilidad de recurrir a otras 
organizaciones, como la OMPI.  En cualquier caso, con arreglo a la propuesta conjunta no se 
impondría una carga onerosa a ningún organismo administrador. 
94. La representante de Suiza  dice que el organismo administrador debería ser un intermediario 
entre los Miembros en la administración del sistema.  Por consiguiente, sus tareas deberían ser recibir las notificaciones y reservas de los Miembros, comunicarlas a los demás Miembros o publicarlas en línea o en la forma que se decidiera.  Otra importa nte tarea del organismo administrador debería ser, 
como ha sugerido Hong Kong, China, efectuar un ex amen formal de las notificaciones para velar por 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por los Miembros.  No obstante, el organismo 
administrador no debería decidir la validez de una not ificación en el territorio de los Miembros.  Esto 
debería ser competencia exclusiva de cada Miembr o, que seguiría teniendo plena competencia para 
realizar esta determinación a nivel nacional y cu mplir sus obligaciones internacionales.  Pero el TN/IP/M/15 
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  examen formal que debería reali zar el organismo administrador ser viría para aliviar la carga de 
trabajo de los Miembros.  El organismo administ rador debería encargarse de la administración 
cotidiana del sistema y actualizar periódicamente la in formación contenida en el registro para recoger 
las nuevas notificaciones, las modificaciones y los retiros o eliminaciones de las indicaciones geográficas, y comunicar esta información a los Miembros.   
95. Por último, dice que es importante decidir cuál será el organismo administrador.  Podría 
tratarse de la Secretaría de la OMC o de otra organización internacional que tenga la capacidad y los 
conocimientos técnicos precisos para  llevar a cabo esta tarea, como la Oficina Internacional de la 
OMPI, que tiene los conocimientos técnicos derivados de administra r el Protocolo de Madrid y el 
Arreglo de Lisboa.  Su delegación está abierta a las propuestas que puedan presentarse en este sentido, como sugiere Hong Kong, China en la parte de su propuesta que figura en la página 24 del documento 
de la Secretaría que expone de manera  paralela los textos (TN/IP/W/12). 
96. El representante de las Comunidades Europeas
 dice que uno de los elementos clave del 
mandato es el término "multilateral" que, en la te rminología de la OMC, implica la participación de 
todos los Miembros de la Organización.  Es una de las piedras angulares del sistema de la OMC.  No 
se trata sólo de una cuestión formal, sino de un aspecto que el Presidente anterior calificó de importante en definitiva para determinar el valor que los Miembros atribuyen a este instrumento 
concreto sobre la mesa de negociaci ón.  Está claro, por lo tanto, que un registro multilateral en el que 
sólo participaran uno o dos Miembros y otro que ab arcara la totalidad o la mayor parte del comercio 
mundial no tendrían el mismo valor.  Manifiest a su preocupación por el hecho de que algunas 
delegaciones parecen tener en este órgano en Sesión  Extraordinaria un enfoque de las negociaciones 
distinto del que adoptan en la agricultura o en  el AMNA, es decir, negociar un instrumento y 
posteriormente decidir si participan o no en el resultado. 
97. El representante de Chile
 pregunta a las Comunidades Europeas cómo interpretan la frase "los 
Miembros participantes en ese sistema", que figura en el párrafo 1 del artíc ulo 23 del Acuerdo sobre 
los ADPIC. 
98. El representante de las Comunidades Europeas  dice que de hecho hay cierta contradicción 
entre la palabra "multilateral" y el concepto de "Miembros participantes en ese sistema".  
Precisamente por ello la propuesta de las CE tr ata de dar sentido a ambos aspectos proponiendo dos 
series distintas de obligaciones jurídicas para los Miem bros participantes y los no participantes.  Este 
tipo de interpretación surge de la consideración de que el propio Acuerdo sobre los ADPIC se basó en 
la idea de que los Miembros de la OMC deben ofr ecer mecanismos de protección de los derechos de 
propiedad intelectual a los nacionales de otros Miembros, incluidas las indicaciones geográficas, 
independientemente de que tengan o no derechos de propiedad intel ectual que hayan de beneficiarse 
de protección en los demás Miembros.  Por consigui ente, el término "multilateral" no puede significar 
sino que todos los Miembros de la OMC que tienen que conceder protección a las indicaciones 
geográficas y aplicar la sección 3 de la Parte II de l Acuerdo sobre los ADPIC deberán participar de 
una manera u otra en el sistema, y que algunos tendrán menos obligaciones que otros. 
99. El representante de los Estados Unidos  dice que el mandato con arreglo al cual trabajan los 
Miembros contempla un sistema exclusivamente vol untario y que cualquier otra interpretación del 
mandato privaría de significado la frase "los Miembr os participantes en ese sistema" del párrafo 4 del 
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC. 
100. Con respecto al organismo administrador, dice que  su delegación no tiene ninguna preferencia 
marcada por el organismo que habría de asumir esa responsabilidad.  No obstante, sería prematuro 
decidir esta cuestión en la fase actual de las ne gociaciones.  Sea como fuere, con arreglo a la 
propuesta conjunta, que propugna un sistema fácil de administrar, la administración podría llevarse a 
cabo de manera similar a como lo hace actualmente la Secretaría de la OMC con el Registro Central 
de Notificaciones.  Por consiguiente, la propuesta conjunta parece inclinarse más hacia la Secretaría  TN/IP/M/15 
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  de la OMC para encargarse de esta labor, debido  a que el sistema propuesto conllevaría gastos 
generales reducidos. 
101. La representante de la Argentina , asocia su delegación a la op inión expresada por Australia, el 
Canadá y los Estados Unidos de que  el mandato contenido en el párra fo 4 del artículo 23 del Acuerdo 
encomienda la negociación de un sistema voluntar io.  Dice que el intento de las Comunidades 
Europeas de compaginar el término "multilateral" con el concepto de "los Miembros participantes en 
ese sistema" explicando que, con arreglo a su propuest a, los efectos jurídicos para los Miembros no 
participantes serían menores ilustra cuán difícil es conciliar lo que se establece en el párrafo 4 del 
artículo 23 del Acuerdo con la propuesta de las CE .  De hecho, lo que hace esa propuesta es equiparar 
el concepto de "participación" al de "notificación"  al decir que un Miembro no participante es aquel 
que no realiza notificaciones.  No lo entiende así el grupo que ha formulado la propuesta conjunta, 
según la cual sólo quienes participan realizarán  notificaciones pues, a través de ese acto voluntario, 
dan su consentimiento a determin ados derechos y obligaciones.  No está de acuerdo con las 
Comunidades Europeas en que la idea de que todo s los Miembros deberían participar surja del 
concepto de que los Miembros de la OMC tienen la  obligación general de proteger los derechos de 
propiedad intelectual de los nacionales de otros Mi embros.  Lo contradice el artículo 23 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, que no contiene ninguna obligaci ón firme de conceder protección y se limita a 
afirmar que los Miembros establecerán los medios legales para que las partes interesadas puedan 
impedir ciertos usos de las indicaciones geográficas.  Por lo tanto, resulta obvio que las diferencias de 
posición en este Consejo en Sesión Extraordinaria no radican sólo en el mandato establecido en el 
párrafo 4 del artículo 23 del Acuerdo, sino también en lo que establece el Acuerdo sobre los ADPIC 
en la esfera de las indicaciones geográficas.  Po r consiguiente, lo que las Comunidades Europeas 
buscan, es decir, la protección directa, no est á previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
102. La representante de Australia  recuerda que, en una decisión reciente de un Grupo Especial de 
la OMC, se determina que las Comunidades Europeas  no han respetado el principio del trato nacional 
en la esfera de las indicaciones geográficas de los productos alimenticios y que disponen de un plazo determinado para aplicar la resolución del Grupo Especial.  La delegación australiana opina que, 
mientras no se haya aplicado la resolución no se podr á tomar en serio ninguna declaración de las 
Comunidades Europeas sobre la obligación de que un Miembro proteja los derechos de propiedad 
intelectual de los nacionales de otros Miembros. 
103. El representante de las Comunidades Europeas
 está de acuerdo con la representante de la 
Argentina en que el Acuerdo sobre los ADPIC no exige la protección directa y en que esta protección 
no debería derivarse del registro multilateral propu esto por las CE.  Aunque la propuesta contempla 
un sistema de presunciones, son los propios titular es los que deben hacer valer estas presunciones, y 
no directamente las administraciones de los terceros países interesados.  Por lo tanto, corrige su observación anterior diciendo que los Miembros tienen la obligación de dar a las partes interesadas los 
medios jurídicos para impedir la utilizaci ón indebida de las indicaciones geográficas. 
104. Con respecto a la observación de Australia sobre la resolución del Grupo Especial, lamenta 
que no se haya solicitado el registro de "Café de Co lombia" en la Unión Europea antes, porque ello 
habría demostrado claramente que el sistema de l as CE siempre ha permitido el registro de las 
indicaciones geográficas de terceros países.   
C. O
TROS ASUNTOS  
105. El Presidente  dice que celebrará consultas sobre el proyecto de informe que tendrá que 
presentar al CNC.  Señala además que en 2006 está pr evista la celebración de tres reuniones formales 
coincidiendo con las reuniones ordinarias del Consejo de los ADPIC:  los días 16 y 17 de marzo, 12 y 13 de junio y 27 de octubre. 
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