ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/DS285/18 
7 de julio de 2006 
 
 (06-3316) 
 Original:   inglés 
  
 
ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS QUE AFECTAN AL SUMINISTRO 
TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS DE 
JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 
 
Recurso de Antigua y Barbuda al  párrafo 5 del artículo 21 del ESD
 
 
Solicitud de establecimiento de un grupo especial 
 
 
 La siguiente comunicación, de fecha 6 de julio de 2006, dirigida por la delegación de Antigua 
y Barbuda al Presidente del Órgano de Solución de Di ferencias, se distribuye  de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD.  
_______________ 
  
 Antigua y Barbuda se complace en presentar es ta solicitud de establecimiento de un grupo 
especial al Presidente del Órgano de Solución de Di ferencias y a los Estados Unidos de América de 
conformidad con el párrafo  5 del artículo 21 del Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias  de la Organización Mundial del 
Comercio con respecto a la diferencia titulada Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro 
transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas  (WT/DS285). 
 
Antecedentes 
 
 El 21 de julio de 2003 el Ór gano de Solución de Diferencias (el "OSD") de la Organización 
Mundial del Comercio (la "OMC") estableció un grupo especial en respuesta a la solicitud de Antigua 
y Barbuda en esta diferencia ("DS285").  El Grupo Especial y el Órgano de Apelación constataron en 
esta diferencia que determinadas medidas de los Es tados Unidos eran incompatibles con algunas de 
las obligaciones que corresponden a ese país en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios  (el "AGCS") de la OMC.  El 20 de abril de 2005, el OSD adoptó el informe del Grupo 
Especial modificado por el informe del Órga no de Apelación.  Entre las consiguientes 
recomendaciones y resoluciones del OSD figura, entre otras, la recomendación de que los Estados 
Unidos pusieran en conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del AGCS las medidas declaradas incompatibles con dicho Acuerdo.
1 
  El 6 de junio de 2005 Antigua y Barbuda solicitó  al OSD que el plazo prudencial para que los 
Estados Unidos cumplieran las recomendaciones y resoluciones del OSD se determinara mediante 
arbitraje vinculante, de conformidad c on el párrafo 3 c) del artículo 21 del Entendimiento relativo a 
las normas y procedimientos por los que  se rige la solución de diferencias  (el "ESD") de la OMC.  
El 30 de junio de 2005 el Director General de la OMC designó un árbitro.  
                                                     
 
1 WT/DS285/AB/R, párrafo 374. WT/DS285/18 
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   Durante el curso del procedimiento ante el ár bitro, los Estados Unidos alegaron que "la forma 
jurídica de la aplicación y la complejidad técnica de las medidas contempladas requieren un plazo prudencial no inferior a 15 meses".
2  Durante el arbitraje los Estados Unidos sostuvieron que se 
proponían cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD a través de la legislación.3 
 
 El 19 de agosto de 2005 el Árbitro determinó en su laudo que el plazo prudencial para que los 
Estados Unidos aplicaran las recomendaciones y re soluciones del OSD en la diferencia DS285 era 
de 11 meses y dos semanas contados a partir del 20 de  abril de 2005.  Este plazo expiró el 3 de abril 
de 2006 sin que los Estados Unidos adoptaran ninguna medida.  
 El 10 de abril de 2006 los Estados Unidos  presentaron al OSD un informe de situación 
relativo a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD.
4 Los Estados Unidos 
comunicaron al OSD que, a su juicio, habían cu mplido las recomendaciones y resoluciones del OSD 
sobre la base de la declaración (la "declaración de l Departamento de Justic ia") que había formulado 
un representante del Departamento de Justicia de lo s Estados Unidos ante un subcomité de la Cámara 
de Representantes estadounidense el 5 de abril de 2006 en los siguientes términos: 
 
"El Departamento de Justicia considera que las leyes penales vigentes prohíben la 
transmisión interestatal de envites o apuestas, incluidas las apuestas sobre carreras de caballos.  El Departamento está realiza ndo actualmente una investigación civil sobre 
una posible infracción de la ley relacionada con esta actividad.  Hemos declarado 
anteriormente que no consideramos que la Ley sobre apuestas hípicas interestatales, 
15 U.S.C. §§ 3001-3007, haya modificado las leyes penales vigentes.  Habida cuenta de estas circunstancias, los Estados Unidos se ajustan a las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia." 
 
 En una reunión del OSD celebrada el 21 de ab ril de 2006, los Estados Unidos informaron al 
OSD que a la luz de la declaración del Depa rtamento de Justicia habían cumplido las 
recomendaciones y resoluciones del OSD.  En la  misma reunión, Antigua y Barbuda expresó su 
desacuerdo con la afirmación de cumplimiento de lo s Estados Unidos y señaló que la declaración del 
Departamento de Justicia era de hecho una reafir mación de uno de los argumentos expuestos por los 
Estados Unidos al Grupo Especial y al Órgano de  Apelación durante el curso del procedimiento. 
  El 23 de mayo de 2006 Antigua y Bar buda y los Estados Unidos concertaron un 
"Procedimiento convenido de conf ormidad con los artículos 21 y 22 del Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias aplicable a la difere ncia planteada en la OMC sobre el asunto Estados Unidos 
- Medidas que afectan al suministro transfronteri zo de servicios de juegos de azar y apuestas  
(WT/DS285)" (el "procedimiento convenido"). 
  El 8 de junio de 2006, Antigua y Barbuda inic ió un procedimiento en virtud del párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD solicitando la celebración de cons ultas con los Estados Unidos.  Estas consultas 
se celebraron el 26 de junio de 2006 en Washington, D.C., pero no dieron lugar a una solución de la 
diferencia.  En consecuencia, hay un desacuerdo entre las partes en cuanto a la existencia de medidas 
destinadas a cumplir las recomendaciones y resolu ciones del OSD en la diferencia DS285 o a la 
                                                     
 
2 Estados Unidos - Juegos de azar , Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del 
ESD, Comunicación de los Estados Unidos de América, párrafo 9. 
 
3 Ibid. 
 
4 WT/DS285/15/Add.1.  WT/DS285/18 
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  compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarca do, en el sentido del párrafo 5 del artículo 21 
del ESD.  
Los Estados Unidos no han cumplido la s recomendaciones y resoluciones del OSD 
  Antigua y Barbuda no está de acuerdo en que los Estados Unidos hayan cumplido las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en la  diferencia DS285 y considera que siguen 
incumpliendo las obligaciones que les corresponden en virtud del AGCS con respecto al suministro de 
servicios de juegos de azar y apuestas desd e Antigua y Barbuda a consumidores en los 
Estados Unidos. 
 
 No existe legislación federal 
 
 En primer lugar, Antigua y Barbuda consider a que los Estados Unidos no han adoptado 
medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD.  En la diferencia DS285 
Antigua y Barbuda estableció la existencia de tres leyes federales que sirven para prohibir que las 
empresas de Antigua y Barbuda suministren servicios transfronterizos de juegos de azar y apuestas a 
consumidores que se encuentran en los Estados  Unidos, en violación de las obligaciones que 
incumben a los Estados Unidos en virtud del AGCS.  Las tres leyes federales son:  i) la Ley de 
Comunicaciones por Cable de 1961, 18 U.S.C. § 1084;  ii) la Ley de Viajes, 18 U.S.C. § 1952;  y 
iii) la Ley sobre actividades ilícitas de juegos de  azar, 18 U.S.C. § 1955, (la "IGBA").  El OSD 
recomendó que los Estados Unidos pusieran estas tr es medidas en conformidad con las obligaciones 
que les corresponden en virtud del AGCS.   Ni durante el plazo prudencial ni hasta la f echa los Estados Unidos han introducido, y mucho 
menos aprobado, ninguna disposición legislativ a que modifique o ponga en vigor la Ley de 
Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes o la IGBA de tal manera que esas leyes sean compatibles 
con las normas de la OMC.  Además, dos proy ectos de ley que se han presentado en la actual 
legislatura del Congreso estadounidense -H.R. 4777 y H.R. 4411- son expresamente contrarios a las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en la  diferencia DS285 ya que ambos seguirían 
institucionalizando los efectos discriminatorios de  las tres leyes de los Estados Unidos.  Por 
consiguiente, los Estados Unidos no han puesto est as tres leyes federales en conformidad con sus 
obligaciones frente a Antigua y Barbuda en virtud del AGCS y cada ley sigue siendo contraria al 
artículo XVI del AGCS y no cumple las prescripciones del artículo XIV del AGCS.    
 La declaración del Departamento de Justic ia no es una "medida" a efectos del ESD  
  En segundo lugar , a pesar de haber insistido ante el Árbitro designado de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 en que los Estados Unidos procurarían obtener una medida correctiva 
legislativa para poner sus medidas en conformida d con las recomendaciones y resoluciones del OSD 
en la diferencia DS285, el 10 de abril de 2006 los Estados Un idos afirmaron, remitiéndose a la 
declaración del Departamento de Justicia, que habían cumplido.  Sin embargo, esa declaración no constituye una "medida" a efectos del ESD.  La de claración del Departamento de Justicia no es más 
que una declaración de un funcionario público que carec e de todo efecto jurídico independiente en el 
marco de la legislación de los Estados Unidos o del AGCS, el ESD o cualquier otro Acuerdo de 
la OMC.  
 No es una "medida destinada a cumplir" 
  En tercer lugar , la declaración del Departamento de Justicia no es más que una reafirmación 
de la posición que adoptaron los Estados Unidos en  el curso de la diferencia DS285 y que el Grupo 
Especial y el Órgano de Apelación constataron fi nalmente que no era convincente.  Suponiendo, a 
efectos de argumentación, que una declaración de un funcionario público pueda constituir una WT/DS285/18 
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  "medida" a efectos del ESD, Antigua y Barbuda no considera que una simple reafirmación de una 
posición jurídica adoptada por una parte en una diferencia durante su curso normal pueda ser 
considerada una "medida destinada a cumplir  las recomendaciones y resoluciones" del OSD en el 
sentido del párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
 
Los Estados Unidos siguen incumpliendo la s obligaciones que les corresponden en virtud 
del AGCS 
 
 En cuarto lugar, con independencia de que la declar ación del Departamento de Justicia 
constituya una "medida" a efectos del ESD o pueda ser considerada una "medida destinada a cumplir" 
en el sentido del párrafo 5 del artículo 21 del ESD, no por haber formulado esa declaración los 
Estados Unidos cumplen las recomendaciones y resolu ciones del OSD en la diferencia DS285.  A este 
respecto, Antigua y Barbuda señala, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1) Como Antigua y Barbuda señaló al Grupo Especial y al Órgano de Apelación, los 
Estados Unidos disponen razona blemente de varias medidas alternativas distintas de la 
prohibición para atender sus preocupaciones con respecto al suministro a distancia de 
servicios de juegos de azar y apuestas.  Desde que el OSD adoptó los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación existen incl uso más alternativas.  Irónicamente, como se 
observa con más detalle infra , cada uno de los dos proyectos de ley que están pendientes en el 
Congreso de los Estados Unidos reconoce exp lícitamente que es posible hacer frente a los 
riesgos que suponen los juegos de azar a distanci a con la tecnología existente, lo que socava 
esencialmente la defensa invocada por los Es tados Unidos al amparo del artículo XIV 
del AGCS. 
 
2) Desde la adopción de las recomendaciones y resoluciones del OSD en la diferencia 
DS285, no sólo no ha habido enjuiciamientos ni acciones represivas contra proveedores 
nacionales de servicios de juegos de azar y apuestas a distancia que actúan al amparo de la Ley sobre Apuestas Hípicas Interestatales, sino que de hecho ha habido en general en los 
Estados Unidos un aumento significativo y una expansión de los servicios nacionales de 
juegos de azar y apuestas a distancia.  
3) La posición de los Estados  Unidos reproducida en la declaración del Departamento de 
Justicia no está avalada por la mayor parte de  las fuentes legales de los Estados Unidos. 
 4) Suponiendo que la parte de la declaración de l Departamento de Justicia en la que se 
dice que "[e]l Departamento está realizando act ualmente una investigación civil sobre una 
posible infracción de la ley relacionada con est a actividad" sea exacta, la referencia a una 
investigación civil es prueba de la aplicación discriminatoria que hacen los Estados Unidos de 
sus leyes, puesto que proveedores de servicios tran sfronterizos de juegos de azar y apuestas 
desde Antigua y Barbuda a los Estados Unidos que actúan al amparo de licencias y de conformidad con la reglamentación sigue n estando sometidos a enjuiciamiento penal por las 
autoridades de los Estados Unidos
5, en contra de las obligaciones que corresponden a los 
Estados Unidos en virtud del AGCS. 
 
                                                      
5 El 17 de mayo de 2006 se dio a conocer un auto de  acusación en el que el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos acusaba a varias empresas y particul ares, entre ellos al antiguo titular de una licencia de 
servicios de juegos de azar y apuestas  expedida por Antigua y Barbuda, de varias supuestas infracciones de las 
leyes de los Estados Unidos, incluida la Ley de Comunicaciones por Cable, simplemente por el suministro de 
esos servicios a consumidores en los Estados Unidos.  WT/DS285/18 
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   La legislación pendiente en el Congreso de  los Estados Unidos infringiría el AGCS 
 
 Como se señaló supra , actualmente hay dos proyectos de le y pendientes en el Congreso de los 
Estados Unidos que aborda n explícitamente el suministro de servicios de juegos de azar y apuestas a 
distancia.  Uno de los proyectos se presentó al Congreso de los Estados Unidos el 16 de febrero 
de 2006 como H.R. 4777 y se titula "Ley de Proh ibición de los Juegos de Azar por Internet" 
(el "proyecto de ley Goodlatte") y otro se presentó  el 18 de noviembre de 2005 como H.R. 4411 y se 
cita como "Ley sobre la aplicación de las disposic iones sobre juegos de azar ilícitos por Internet 
de 2005" (el "proyecto de ley Leach ", y junto con el proyecto de ley Goodlatte, los "proyectos").  
Cada uno de los proyectos es contrario expresamente a las recomendaciones y resoluciones del OSD 
en aspectos clave. 
  Cada proyecto de ley no sólo no atiende a las recomendaciones y resoluciones del OSD sino que de hecho es directamente contrario a las recome ndaciones y resoluciones en varios aspectos clave.  
El proyecto de ley Goodlatte está formulado como modificación de la Ley de Comunicaciones por 
Cable y tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación de dicha Ley de modo que abarque la 
mayoría de los tipos de servicios de juegos de azar que se ofrecen en Internet, mientras que el 
proyecto de ley Leach no pretende expresamente pr ohibir ningún tipo de juego de azar y apuestas a 
distancia ni tipificar como delito más grave las a puestas a distancia en sí mismas.  Más bien, el 
proyecto de ley Leach tiene el propósito de tipi ficar como delito la facilitación de determinadas 
transacciones financieras relacionadas con lo que la  legislación define como "juegos de azar ilícitos 
por Internet", o la participación en ellas.  El pr oyecto de ley Goodlatte también incluye prohibiciones 
de determinadas transacciones financieras similares a las que figuran en el proyecto de ley Leach en las modificaciones de la Ley de Comunicaciones por Cable, que propone.   Aunque se abordan en forma ligeramente distinta , el proyecto de ley Goodlatte y el proyecto 
de ley Leach contienen tres excepciones significativas con respecto a su ámbito de aplicación.  
En primer lugar , ambos proyectos de ley excluyen de su ámbito de aplicación las transacciones 
efectuadas de conformidad con la Ley sobre Apuestas Hípicas Interestatales, eliminando efectivamente las apuestas y los juegos de azar a distancia en conformidad con dicha Ley del ámbito 
de aplicación de la legislación.  En segundo lugar , ambos proyectos de ley excluyen específicamente 
de su ámbito de aplicación las transacciones a las que el proyecto de ley Leach se refiere como 
"transacciones interestatales", sancionando efectivam ente los juegos de azar a distancia que se 
efectúen íntegramente dentro de las fronteras de un Estado estadounidense.  En tercer lugar , ambos 
proyectos de ley excluyen de su ámbito de aplicac ión los juegos de azar realizados por las tribus 
indígenas de los Estados Unidos de conformidad co n la legislación federal existente aplicable a los 
juegos de azar de los indígenas de los Estados Un idos.  Ninguno de los dos proyectos de ley da a los 
operadores de servicios de juegos de azar y apuest as situados en Antigua y Barbuda ningún acceso a 
los consumidores situados en los Estados Unidos, ni atiende de manera alguna a las recomendaciones 
y resoluciones formuladas por el OSD en la diferencia DS285.   La defensa de los Estados Unidos al amparo  del artículo XIV del AGCS en la diferencia 
DS285 se basó en la idea de que los juegos de azar "a distancia", que los Estados Unidos definieron 
como juegos de azar en los que quien efectúa la apue sta y el proveedor de servicios de juegos de azar 
o un agente no están físicamente en presencia uno del otro cuando se hace una apuesta, plantean 
determinados "riesgos" que no exis ten o que no existen en un grado si milar cuando los juegos de azar 
no son "a distancia".  Si bien los juegos de azar por Internet pueden ser a distancia, ese no es el modo exclusivo de practicar juegos de azar a distanci a.  Ninguna de las leyes federales que Antigua y 
Barbuda impugnó prohíbe los juegos de azar a distan cia.  Lo que prohíben son determinadas formas 
de juegos de azar transfronterizos .  Los Estados Unidos nunca aleg aron que los juegos de azar 
transfronterizos  plantearan algún "riesgo" especial que pudiera estar comprendido en el ámbito del 
artículo XIV del AGCS y ni el Grupo Especial ni el Órgano de Apelación constataron ello.  Por tanto, 
si bien los juegos de azar "trans fronterizos" pueden ser "a distancia" en la mayoría de los casos, no es WT/DS285/18 
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  cierto, sin embargo, que todos los juegos de azar "a distancia" sean "transfronterizos".  Si bien el 
Órgano de Apelación decidió que los Estados Unidos habían establecido que las tres leyes federales 
de que se trata eran "necesarias" para protegerse cont ra los "riesgos" asociados con los juegos de azar 
a distancia, el hecho de que los Estados Unidos  no hayan satisfecho la carga de la prueba de 
conformidad con el preámbulo del artículo XIV di o por resultado que la de fensa al amparo del 
artículo XIV en general no prosperara.  Las tres ex cepciones con respecto al ámbito de aplicación del 
proyecto de ley Goodlatte y del proyecto de ley Leach mencionadas supra  sólo sirven para subrayar el 
fracaso de la defensa  al amparo del preámbulo y la aplicación discriminatoria y restrictiva del 
comercio de las tres leyes federales por  el Gobierno de los Estados Unidos. 
 Solicitud de establecimiento de un grupo especial  
 
 Debido a que en la diferencia DS285 hay un desacuerdo entre las partes con respecto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD o a la compatibilidad de dichas medidas con un acuerdo abarca do, en el sentido del párrafo 5 del artículo 21 
del ESD, Antigua y Barbuda solicita el establecimien to de un grupo especial de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD, y solicita adem ás que este asunto sea sometido al Grupo Especial 
que entendió inicialmente en la diferencia DS285 con el mandato uniforme previsto en el artículo 7 
del ESD.     Antigua y Barbuda además solicita respet uosamente al Grupo Especial lo siguiente: 
 
 1) que constate que los Estados Unidos no han adoptado medidas destinadas a cumplir 
las recomendaciones y resoluciones del OSD en la diferencia DS285; 
  2) que constate que la Ley de Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes, y la IGBA 
siguen infringiendo las obligaciones que corresponde n a los Estados Unidos frente a Antigua 
y Barbuda en virtud, entre otras cosas, del artículo XVI del AGCS y no cumplen las prescripciones del artículo XIV del AGCS;  y 
  3) que recomiende al OSD que solicite a los Estados Unidos que pongan la Ley de 
Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes, y la IGBA en conformidad con las obligaciones 
que les corresponden en virtud del AGCS. 
  Con arreglo al procedimiento convenido, los Estados Unidos han acordado aceptar el 
establecimiento de un grupo especial en la primera reunión en la que esta solicitud de establecimiento 
de un grupo especial figure en el orden del día. 
 
 
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