ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 
G/SG/N/1/PAN/2 
4 de agosto de 2006 
 (06-3765) 
Comité de Prácticas Antidumping Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias Comité de Salvaguardias Original:   español 
 
  
NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD 
CON EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 18 Y EL PÁRRAFO 6 DEL 
ARTÍCULO 32 DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES 
NOTIFICACIÓN DE LAS LEYES, REGLAMENTOS 
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN 
MATERIA DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 
 
PANAMÁ 
 
  Se ha recibido de la Misión Permanente de Pa namá la siguiente comunicación, de fecha 25 de 
julio de 2006.  
_______________ 
 
 
 La República de Panamá, de conformidad c on el párrafo 5 del artículo 18 del Acuerdo 
Antidumping (Acuerdo relativo a la Aplicación del Ar tículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994), con el párrafo 6 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias, y con el párrafo 6 del ar tículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias así como 
la decisión conexa adoptada por el Comité de Salvaguardias (G/SG/N/1), notifica sus leyes y 
reglamentos relativos a los procedimientos antidumpi ng, derechos compensatorios, y salvaguardias.   
 En tal sentido, se remite copia del Decreto Le y Nº 7 de 15 de febrero de 2006 "Que establece 
normas para la protección y defensa de la producción  nacional y dicta otras disposiciones", publicado 
en la Gaceta Oficial Nº 25,491 de 22 de febrero de 2006. 
  En virtud de los artículos 3, 24 y 61 de l mencionado Decreto Ley Nº 7, corresponde al 
Ministerio de Comercio e Industrias atender las solicitudes de inicio de investigaciones 
administrativas tendientes a la aplicación de medidas antidumping, compensatorias, y de salvaguardias. 
 G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  ANEXO 
 
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL 
DECRETO LEY Nº 7 
(de 15 de febrero de 2006) 
 
Que establece normas para la protección y defensa de la producción nacional 
y dicta otras disposiciones 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
en uso de sus facultades co nstitucionales y específicamente 
de la que le confieren los numerales 3 y 4 del ar tículo 1 de la Ley 1 de 3 de enero de 2006,  
oído el concepto favorable del Consejo de Gabinete, 
 
DECRETA: 
 
Título I 
 
Del Objeto, Ámbito de Aplicación y Competencia 
 
 
Artículo 1.  Objeto.   El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer los mecanismos y 
procedimientos de protección y defensa contra las prácticas de comercio desleal, así como el establecimiento de medidas de urgencia para cont rarrestar las importaciones de bienes en tal cantidad 
o condiciones que causan o amenazan causar daño gr ave o importante a los productores nacionales de 
productos similares o directamente competidores, o a una industria o rama de la producción nacional, 
y/o retrasa de manera importante la creación de una industria o rama de la producción nacional. 
 
Artículo 2.  Ámbito de Aplicación .  Quedan sujetas a las disposiciones del presente Decreto Ley, las 
personas naturales o jurídicas, asociaciones, coopera tivas y cualquiera otra agrupación que se dedique 
a la producción, comercialización, importación o exportación de productos, incluyendo entes de otros 
países, si sus actuaciones, actividades o gestiones generan o pueden generar afectación o consecuencias en la República de Panamá. 
 
Artículo 3.  Alcance y Competencia .  Las disposiciones de este Decr eto Ley son de orden público y 
de aplicación en toda la República de Panamá.  La  ejecución de estas disposiciones corresponde, para 
efectos administrativos, al Órgano Ejecutivo por conduc to del Ministerio de Comercio e Industrias, en 
adelante el Ministerio.  
Título II 
 
De las Prácticas de Comercio Desleal 
 
Capítulo I 
 
Definiciones 
 Artículo 4.  Definiciones.   Para los efectos del presente Título, se establecen las siguientes 
definiciones:  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  1. Contribución financiera.   Consiste en la práctica de  un gobierno que implique una 
transferencia directa de fondos (tales como don aciones, préstamos y aportaciones de capital), 
o posibles transferencias directas de fondos o de  pasivos (tales como garantías de préstamos), 
o la condonación o la no recaudación de ingresos públicos que en otro caso se percibirían 
(tales como incentivos o bonificaciones fiscales), o si un gobierno proporciona bienes o servicios, que no sean de infraestructura gene ral, o compre bienes, o cuando un gobierno 
realice pagos a un mecanismo de financiación,  o encomiende a una entidad privada una o 
varias de las funciones descritas. 
2. Criterios o condiciones objetivas.   Los que sean imparciales, que no favorezcan a 
determinadas empresas con respecto a otras y que sean de carácter económico y de aplicación horizontal. 
3. Daño.   Daño importante causado a una industria o rama de la producción nacional, una 
amenaza de daño importante a una industria o rama de la producción nacional, o un retraso 
importante en la creación de esta industria o rama de la producción nacional, salvo indicación 
en contrario. 
4. Daño importante.   Cualquier perjuicio, lesión o menoscabo patrimonial importante, o la 
privación de cualquier ganancia lícita y normal,  que sufra o pueda sufrir la industria o una 
rama de la producción nacional, como consecuencia de cualesquiera de las prácticas de comercio desleal. 
5. Derecho antidumping.   Derecho especial, independiente de los derechos aduaneros a la 
importación, que se establece con el fin de contrarrestar o impedir el dumping . 
6. Derecho compensatorio.  Derecho especial, independiente de  los derechos aduaneros a la 
importación, que se establece con el fin de c ontrarrestar cualquier subvención concedida, 
directa o indirectamente, a la fabricaci ón, producción o exportación de un producto 
extranjero. 
7. Determinadas empresas.  Una empresa, ente, organización, rama de producción o cualquier 
forma de asociación;  o un grupo de empresas, entes, organizaciones o ramas de producción.  
Esta definición alcanza a empresas, entes, orga nizaciones o cualquier forma de asociación, 
sean éstas privadas, públicas o mixtas. 
8. Dumping .  La introducción de productos de otro país al territorio nacional a un precio 
inferior a su valor normal.   
9. Dumping  condenable.  El que cause o amenace causar un daño importante a la industria o 
rama de la producción nacional existente, o el  que retrasa de manera importante la creación 
de una industria o rama de la producción nacional. 
10. Hechos de que se tenga conocimiento.   Hechos acreditados medi ante las pruebas y datos 
aportados en tiempo y forma por las partes interesadas o sus coadyuvantes, así como por la 
información obtenida por la autoridad investigadora.   
11. Margen de dumping
.  El diferencial de precio que resulta  de comparar equitativamente el 
valor normal del producto similar en el extran jero con el precio de exportación del producto 
destinado al mercado nacional,  de conformidad con lo establecido en el presente Título. G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  12. OMC.  Organización Mundial del Comercio. 
13. Parte interesada.  Los exportadores, los productores extranjeros, los importadores del 
producto objeto de la investigación administra tiva;  las asociaciones me rcantiles, gremiales o 
empresariales, en las que la mayoría de sus miembros sean productores, exportadores o 
importadores del producto objeto de la investig ación administrativa;  el gobierno del país 
exportador, y los productores o las asociacion es mercantiles, gremiales o empresariales del 
producto similar en el territorio naci onal, de que se tenga conocimiento. 
 Esta enumeración no impedirá que el Minister io de Comercio e Industrias incluya otras 
personas como partes interesadas dentro de la investigación administrativa, de que se tenga 
conocimiento. 
14. Prácticas de comercio desleal.  Las subvenciones y el dumping . 
15. Rama  o industria de la producción nacional.   El conjunto de todos los productores 
nacionales de productos similares, o aquello s cuya producción conjunta constituya una 
proporción importante de la producción nacional total de dichos produc tos destinados al 
consumo interno, siempre que no estén vincula dos a los exportadores o a los importadores, o 
sean ellos mismos importadores del producto objeto de investigación. 
 Cuando el Ministerio de Comercio e Industr ias determine que algún o algunos productores se 
encuentren vinculados a los exportadores o a los importadores, o sean ellos mismos importadores del producto objeto de la so licitud de investigación, este término podrá 
interpretarse en el sentido de referirse al rest o de los productores, sin cuantificar aquellos 
vinculados en los términos expresados. 
16. Producto o bien similar.   Aquel que coincide en todas sus características con el que se 
compara, o aunque no coincida en todas sus características con el producto o bien que se 
compara, presenta característi cas muy parecidas a las del producto considerado, tomando en 
cuenta elementos tales como su naturaleza, uso o función.   
17. Territorio nacional.  Territorio aduanero de la República de Panamá. 
18. Valor normal.  El precio comparable de un producto sim ilar destinado al consumo en el país 
exportador en el curso de operaciones normales.   
 
Capítulo II 
 
Las Subvenciones 
 
Artículo 5.  Definición de subvención.  Se entiende por subvención, todo beneficio derivado de 
cualesquiera de las siguientes acciones: 
 
1. El otorgamiento, directo o indirecto, de cualquier contribución financiera, incentivo, 
asistencia, beneficio fiscal o ayuda, de un Estado o de cualquiera de sus instituciones, a la fabricación, producción, comercialización o exportación de una mercancía, incluyendo cualquier ayuda, asistencia, apoyo o beneficio que se otorgue al transporte;  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  2. La condonación, remisión o exención de cualquier ingreso público que en otro caso se 
percibiría; 
3. El otorgamiento de contribuci ón financiera, incentivo, beneficio fiscal, ayuda, asistencia, 
condonación o exención, en favor de insumos (bie nes y/o servicios), que luego son utilizados 
en la producción de un bien final; 
4. La provisión de bienes o servicios por un Esta do o por cualquiera de sus instituciones o 
dependencias, que no sean de infraestructura general; 
5. Cualesquiera de los beneficios consagrados entr e los numerales 1 y 4 anteriores, cuando éstos 
sean encomendados u ordenados  por un Estado o cualquie ra de sus instituciones o 
dependencias, a una o varias entidades priv adas, los cuales corresponden a prácticas 
normalmente seguidas o de competencia de un gobierno; 
6. El otorgamiento de contribución financie ra, de un Estado o de cualesquiera de sus 
instituciones o dependencias, en forma de pa gos a un mecanismo de financiamiento;   
7. Cualquier otra forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios que beneficie o afecte, 
directa o indirectamente, el producto exportado. 
Artículo 6.  Especificidad.  Una subvención se considerará específica cuando se produzca mediando 
alguna de las siguientes circunstancias:  1. El Estado o la autoridad otorgante, o la legisl ación en virtud de la cual actúe el Estado o 
autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la subvención a determinadas empresas, 
actividades o ramas de producción;   
2. El Estado o la autoridad otorgante, o la legi slación en virtud de la cual actúe, destina la 
subvención a productos exporta dos o a los productos que utilizan materia prima o insumos 
nacionales;   
3. La subvención se limite a determinadas empr esas, situadas en una región geográfica 
designada de la jurisdicción del Estado o autoridad otorgante.   
 Aun cuando una subvención pueda ser específi ca, pero no se encuentre tipificada en los 
términos arriba descritos, el Ministerio podrá de terminar que la subvención es específica en función 
de los siguientes elementos:  la utilización exclusiva de la subvención por un número limitado de empresas o por una rama de producción;  la utilizaci ón predominante de la subvención por empresas o 
ramas de producción determinadas;  la concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas de 
subvenciones a determinadas empresas;  o el hecho de que la forma en que la autoridad otorgante 
haya ejercido facultades discrecionales ponga de ma nifiesto que la subvención no es de disponibilidad 
general.  
 No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, no se considerará específica una 
subvención cuando los criterios o condiciones que rija n el derecho para obtener la subvención y/o su 
cuantía sean objetivos, imparciales y de apli cación horizontal, de forma que no favorezcan a una 
empresa o rama de la producción determinada, ni limite la subvención a una empresa o rama de 
producción determinada, y que el derecho para obten er la subvención y su cuantía sean automáticos. 
 G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  Artículo 7.  Determinación de subvenci ón sujeta a derechos compensatorios.  Una subvención 
estará sujeta a la imposición de derechos comp ensatorios, sólo cuando sea específica. La 
determinación de la existencia de  subvención, del daño, de su re lación causal y la recomendación del 
establecimiento de derechos compensatorios, se realizará por el Ministerio a través de una 
investigación, conforme al procedimiento admini strativo previsto en el presente Decreto Ley. 
  
Capítulo III 
 
El Dumping  
 
Artículo 8.  Determinación de Dumping  condenable.  La determinación de la existencia de un 
producto objeto de dumping , cuya introducción al territorio nacional causa un daño a la industria o 
rama de la producción nacional, y la reco mendación del establecimiento de derechos antidumping , se 
realizará por el Ministerio a través de una inv estigación, conforme al procedimiento administrativo 
contemplado en el presente Decreto Ley.   
 
Artículo 9.  Determinación del margen de dumping .  Para la determinación del margen de dumping , 
el Ministerio deberá determinar el  valor normal del producto similar en  el país exportador en el curso 
de operaciones comerciales normales, el precio de exportación, y hacer una comparación equitativa de 
los anteriores. 
 
Artículo 10.  Determinación del valor normal.  El valor normal se determin ará en base al precio del 
producto o bien similar destinado al consumo en el  país de exportación, en el curso de operaciones 
comerciales normales.  Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones 
comerciales normales en el mercado interno del pa ís exportador, o cuando, a causa de una situación 
especial del mercado o del bajo volumen de las ventas  en el mercado interno del país exportador, tales 
ventas no permitan una comparación adecuada, el valor normal se determinará atendiendo 
cualesquiera de las siguientes formas:    1. Mediante comparación con un precio comparable del producto similar, cuando éste se exporte 
a un tercer país apropiado, a condición  de que este precio sea representativo;   
2. Mediante el costo de producción del producto en el país de origen, más un suplemento 
razonable para cubrir los gastos administrativos, de venta y de carácter general, y la utilidad o 
beneficio. 
Artículo 11.  Determinación de precio de exportación.  El precio de exportación será el precio 
realmente pagado o por pagar por el bien o produc to, cuando sea vendido o destinado al territorio 
nacional.   De no existir precio de exportación, o si el Ministerio considera que el precio de exportación no es fiable por existir una asociación, o un arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstr uirse sobre la base del precio en que los productos 
importados se revenden por primer a vez a un importador independiente;  o si los productos no se 
revendiesen a un importador independiente, o no lo fu eran en el mismo estado en que se importaron, 
sobre una base razonable.  Artículo 12.  Comparación equitativa de precios.  Para los efectos de determinar el margen de 
dumping , la comparación equitativa que se realice entre el valor normal y el precio de exportación, se 
hará tomando en cuenta los siguien tes parámetros de comparación: 
  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  1. Sobre la base de ventas efect uadas en fechas lo más próximas posible, utilizando el mismo 
tipo de cambio vigente en dichas fechas; 
2. Sobre ventas efectuadas en el mismo nivel comercial, el cual será, en principio, el nivel 
ex fábrica; 
3. Tomando en consideración las diferencias que infl uyan en la comparabilidad de los precios;  
entre otras, las diferencias en las condiciones de  venta, las de tributación, las diferencias en 
los niveles comerciales, en las cantidades, en las características físicas y cualesquiera otras 
diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. 
 El Órgano Ejecutivo reglamentará la metodología estadística idónea que se utilizará para 
realizar las comparaciones equitativas de precios para la determinación de los márgenes de dumping . 
 
Capítulo IV 
 
El Daño 
 
Artículo 13.  Determinación de la existencia de daño.  La determinación de la existencia de daño, 
se basará, entre otros aspectos,  en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo de: 
 1. El volumen de las importaciones objeto de prácticas de comercio desleal, y su efecto en los 
precios de productos similares en el mercado interno.   
2. Los efectos de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 
Artículo 14.  Determinación de la existe ncia de amenaza de daño importante.  Para determinar la 
existencia de amenaza de daño importante a la indus tria o rama de la producción nacional, se tomará 
en cuenta, en otros, los siguientes factores:  el incremento de las importaciones objeto de dumping  al 
mercado interno;  la capacidad expor tadora del exportador objeto de la  investigación;  la probabilidad 
de disminuciones en los precios internos o la co ntención de su subida como consecuencia de los 
precios de esas importaciones, y las existencias o inve ntarios del producto objeto de la investigación.   
  Ninguno de los factores analizado por sí so lo bastará necesariamente para obtener una 
orientación decisiva, pero juntos han de llevar a la conclusión que, salvo que se adopten medidas de 
protección, sería inminente nuevas importaciones objeto de dumping  que producirán un daño 
importante.  Artículo 15.  Evaluación acumulativa de los efectos de importaciones de dos o más países.  Para 
medir el daño, podrán acumularse el volumen y los efectos de las importaciones de productos 
similares de dos o más países, si dichos producto s están bajo investigación y compiten entre ellos y 
con el producto nacional, siempre que el volumen de la importación de cada país no sea insignificante 
y el margen del dumping  o la cuantía de la subvención de cada país no sea de minimis . 
 Artículo 16.  Subvenciones y dumping de minimis .  Se considerará de minimis , la cuantía de la 
subvención cuando sea inferior al uno por ciento (1%) ad valorem . 
 
 Si el producto es importado desde un país  en desarrollo, Miembro de la Organización 
Mundial del Comercio, se tolerará una subvención cuya cuantía no sea superior al dos por ciento (2%) 
ad valorem , calculado sobre una base unitaria. 
 G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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   Igualmente, se considerará insignificante la importación de un pr oducto subvencionado 
originario de un país en desa rrollo, Miembro de la Organización Mundial del Comercio, cuando el 
volumen de las importaciones subvenc ionadas represente menos del cu atro por ciento (4%) de las 
importaciones totales del producto similar, salvo que las importaciones procedentes de países en 
desarrollo, Miembros de la OMC, cuya proporción individual de las importaciones totales represente 
menos del cuatro por ciento (4%), constituyan, en conjunto, más del nueve por ciento (9%) de las 
importaciones del producto similar.  
 El margen del dumping se considerará de minimis, cuando sea inferior al dos por ciento (2%), 
expresado como porcentaje del precio de exportación.   Normalmente, se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping , cuando se establezca que las procedentes de un determinado país, Mi embro de la OMC, 
representan menos del tres por ciento (3%) de las importaciones del producto similar, salvo que los 
países que individualmente representen menos del tres por ciento (3%) de las  importaciones de dichos productos, representen, en conjunto, más del siete por ciento (7%) de esas importaciones. 
 Artículo 17.  Determinación de dumping  y subvención de minimis .  Cuando se determine que la 
subvención o el dumping  es de minimis , o cuando se determine que la importación de productos 
subvencionados o sujetos a dumping es insignificante, de conformidad con los artículos 15 y 16 
precedentes, se dará por terminada la investigación sin que sea procedente interponer ninguna medida 
de protección. 
 
Artículo 18.  Nexo causal.  Habrá nexo causal entre las importaciones objeto de prácticas de 
comercio desleal y el daño a la industria o rama de la producción nacional, cuando el daño importante, 
lesión, perjuicio o menoscabo que esté sufriendo o pued a sufrir la industria o rama de la producción 
nacional del producto similar, sea cons ecuencia de dichas importaciones. 
 
Capítulo V 
 
Los Derechos Compensatorios o Antidumping  
 
Artículo 19.  Derechos compensatorios o antidumping .  Los derechos compensatorios o derechos 
antidumping  que se establezcan, no podrán exceder, en ningún caso, la subvención o el margen del 
dumping  cuya existencia se haya demostrado.   
 
 Dichos derechos únicamente permanecerán en  vigor durante el tiempo que sea necesario para 
contrarrestar la práctica de comercio desleal que  está causando el daño.  No obstante, todo derecho 
compensatorio o antidumping  definitivo será suprimido, a más tard ar, en un plazo de cinco (5) años, 
contado desde la fecha de su imposición, salvo que el  Ministerio, en un examen iniciado de oficio o a 
solicitud de parte legitimada, con anterioridad a esa fecha, determine que la supresión del derecho 
daría lugar a la continuación o a la  repetición de la  subvención o del dumping  y del daño, cuyo 
informe será remitido al Consejo de Gabine te para su consideración y decisión.   
 
Artículo 20.  Revisión.  El Ministerio podrá, a solicitud de una parte interesada o de oficio, siempre y 
cuando haya transcurrido un tiempo prudencial, revi sar o examinar la aplicación de un derecho 
compensatorio o antidumping  definitivo, por modificación de las circunstancias, hechos o valores 
utilizados en el marco de la investigación, con el  fin de determinar si estas medidas siguen siendo 
necesarias, o si se hace necesaria su modificación.  Los resultados de estos exámenes serán remitidos 
al Consejo de Gabinete para su consideración y decisión. 
  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  Artículo 21.  Revocación o modificación.  Si, como consecuencia de una revisión, el Ministerio 
determina que el derecho compensatorio o antidumping  ya no se justifica o el mismo debe ser 
modificado, emitirá y remitirá informe al Consejo de Gabinete, a fin de que éste considere la 
supresión inmediata de dicho derecho o la correspondiente modificación, según sea el caso. 
 
Artículo 22 .  Importaciones de terceros países.  Las disposiciones del presente Decreto Ley, son 
plenamente aplicables a los casos en que los producto s objeto de prácticas de comercio desleal no se 
importen directamente del país de origen, sino de un  tercer país, en cuyo caso se considerará que la 
transacción se ha realizado entre el país de origen y la República de Panamá. 
 Artículo 23.  Examen en relación con nuevos exportadores.  Cuando se encuentre vigente la 
imposición de un derecho compensatorio o antidumping  definitivo sobre determ inados productos, el 
exportador de mercancías cuyos productos no ha yan sido investigados o que no haya realizado 
exportaciones de mercancías durante el período de la investigación administrativa, podrá solicitar a la 
autoridad investigadora el inicio de un proced imiento administrativo pa ra nuevos exportadores, a 
efecto de que ésta se pronuncie y recomiende, s obre derechos compensatorios individuales o 
márgenes individuales de dumping , siempre que dicho exportador:   
 1. Haya efectuado operaciones de exportación al te rritorio nacional de la mercancía objeto de 
derechos compensatorios o antidumping , con posterioridad al período investigado en el 
procedimiento que dio lugar al derecho compensatorio o antidumping  de que se trate.  El 
exportador deberá demostrar, ante la autori dad investigadora, que el volumen de las 
exportaciones realizadas durante el período de revisión son representativas;  y 
2. Demuestre que no tiene vinculación alguna c on los productores o exportadores del país 
exportador a quienes se les haya determinado derechos compensatorios o antidumping  
específicos. 
Capítulo VI 
 
La Investigación Administrativa de las Prácticas de Comercio Desleal 
 
Sección Primera 
 
La Investigación Administrativa 
 
Artículo 24.  Iniciación de la investigación administrativa.  La investigación administrativa se 
iniciará a instancia de parte, y/o podrá hacerse de oficio, en circunstancias especiales, siempre y  
cuando el Ministerio tenga indicios suficientes de la existencia de importaciones objeto de prácticas 
de comercio desleal, del daño a una industria o ra ma de la producción nacional, y de la relación 
causal, que justifiquen la iniciación de la investigación administrativa. 
 
 La iniciación de una investigación administrativa sobre subvenciones o dumping  no será 
obstáculo para el despacho de Aduana, ni para el otorgamiento de visados para la importación, por 
cualquier otra entidad de la administración pública.  Artículo 25.  Impulso procesal.  La investigación administrativa se im pulsará de oficio en todos sus 
trámites, ajustándose, entre otros principios pro cesales, a los de celeridad, eficiencia, publicidad, 
imparcialidad y ausencia de formalismo. 
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G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  Artículo 26.  Legitimación.  Están legitimadas para solicitar el inicio de una investigación 
administrativa: 
 
1. La industria o rama de la producción nacional perjudicada, lesionada o afectada por las 
importaciones de productos objeto de prácticas de comercio desleal; 
2. Las asociaciones de productores que están siendo perjudicadas, lesionadas o afectadas por 
importaciones objeto de prácticas de comercio desleal; 
3. El Ministerio de Comercio e Industrias. 
Artículo 27.  Prueba de legitimación.  Se entiende que la solicitud de iniciar una investigación 
administrativa se considera hecha por la industria o rama de la producción nacional, o en nombre de 
ella, cuando esté apoyada por productores nacional es cuya producción conjunta represente más del 
cincuenta por ciento (50%) de la producción total del producto o bien similar, que manifieste su apoyo 
u oposición a la solicitud. 
 De igual forma, la investigación se iniciará  cuando los productores nacionales que apoyen 
expresamente la solicitud, representen el veinticinco por ciento (25%), o más, de la producción total 
del producto o bien similar producido por la industria o rama de la producción nacional. 
  El Ministerio determinará el cumplimiento de los parámetros señalados en los párrafos 
anteriores, mediante la utilización de técnicas estadísticas.  En caso de ramas de producción 
fragmentadas, que supongan un número excesivamente alto  de productores, se podrán utilizar técnicas 
de muestreo estadístico.  Para verificar el cumpli miento de este requisito, el Ministerio podrá solicitar 
la acreditación correspondiente de cada una de las personas que actúan en nombre de la industria o 
rama de la producción nacional. 
 
Artículo 28.  Solicitud de inicio de la invest igación administrativa a petición de parte.  La 
investigación administrativa a petición de parte, se iniciará mediante solicitud  formulada por un 
abogado idóneo, en la cual deberán manifestarse lo s argumentos y los motivos de hecho y de derecho, 
que la fundamentan.     Sin perjuicio de la información adicional que se requiera mediante Reglamento, la solicitud 
contendrá, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. Generales del solicitante; 
2. Descripción detallada del producto o bien importado, incluyendo la clasificación arancelaria, 
características y demás da tos que lo individualice; 
3. Descripción y datos de la industria o rama de la producción nacional a la que pertenece; 
4. Descripción detallada de l producto o bien similar de la industria o rama de la producción 
nacional y demás datos que lo individualice; 
5. Participación porcentual de los productos o bien es similares del solicitante para el mercado 
nacional, en relación con el total de la producción nacional de dicho producto; 
6. Nombre y domicilio de los importadores y de quie nes realizan la exportación, si se conocen;  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  7. Volumen y precios de las importaciones objet o de la práctica de comercio desleal; 
8. Margen de dumping  o subvenciones y demás hechos y datos que hagan presumible la 
existencia de la práctica de comercio desleal; 
9. País de origen y de procedencia de las importaciones;  y 
10. Análisis, factores, datos o documentos que reflej en el daño importante o la amenaza de daño 
importante o el retraso importante en la creaci ón de la correspondiente i ndustria o rama de la 
producción, como consecuencia de la práctica de comercio desleal objeto de la solicitud. 
 Aquella información o datos que el solicitante tenga que presentar junto con la solicitud, y 
que deba ser suministrada por instituciones públicas,  conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante el Ministerio, si el solicitante demuestra, con pruebas fehacientes, las gestiones realizadas para su obtención.     El Ministerio evitará toda publicidad sobre la  solicitud de inicio de una investigación, hasta 
tanto ésta se inicie oficialmente. 
 
Artículo 29.  Trámite.  Recibida la solicitud, el Ministerio procederá a examinar la información 
contenida en la solicitud, así como las demás in formaciones que sean de su conocimiento, a fin de 
determinar si existen o no, pruebas suficientes que  justifiquen la iniciación de una investigación 
administrativa.  El Ministerio determinará, mediante  resolución motivada, el inicio o no inicio de la 
investigación administrativa.   
  Si la solicitud no cumple con los requisitos que establece el presente Decreto Ley o su Reglamento, o si cumpliendo con ellos la informac ión presentada sea inexacta o no sea clara, o si se 
considera la necesidad de contar con información adicional, el Ministerio deberá dentro de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, requerir al 
solicitante su corrección o ampliación en un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir de la comunicación, a fin de que corrija la solicitud o aporte las pruebas pertinentes.  Transcurrido dicho término sin que el solicitante cumpla con el requeri miento, se procederá al rechazo y archivo de la 
solicitud a través de una resolución motivada.  Este  término podrá ser prorroga do prudencialmente por 
el Ministerio, a solicitud motivada de part e o cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
 De igual forma, el Ministerio podrá rechazar la solicitud cuando la información presentada sea falsa o inconducente, o cuando se trate de solicit udes temerarias, improcedentes o injustificadas. 
  Una vez se cuente con toda la información requerida por el Ministerio, éste tendrá un plazo de 
quince (15) días hábiles para evaluar el mérito de la solicitud y declarar, bajo resolución motivada, el 
inicio o rechazo de la investigación administrativa. 
 
Artículo 30.  Comunicación al Gobi erno del país de los exportadores.  Entre el momento en que 
sea recibida la solicitud de parte para el inicio de la investigación administrativa y la emisión de la 
resolución que da inicio a dicha investigación, el Ministerio, mediante las vías ordinarias o 
diplomáticas, procederá a comunicar al Gobierno del país de los exportadores, cuyas mercancías sean 
objeto de la solicitud de investigación.   
 
Artículo 31.  Publicidad del inicio de investigación administrativa.  Iniciada la investigación 
administrativa, el Ministerio publicará un extracto de la solicitud, en la Gaceta Oficial o en  un diario 
de reconocida circulación nacional. G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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   Si la investigación es iniciada de oficio, el  Ministerio deberá publicar un extracto de la 
resolución de inicio de investigación, en la Gacet a Oficial o en un diario de reconocida circulación 
nacional.   
 
Artículo 32.  Comunicación a entidades gubernamentales.  Copia de la solicitud presentada o de la 
resolución que da inicio a la investigación administ rativa, será remitida al Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, cuando el producto o bien similar sea de su competencia, y al Ministerio de Economía 
y Finanzas, a fin de que dichas entidades remitan información, estadísticas y demás documentación 
relevante, que coadyuven a doc umentar el expediente.   
  El Ministerio, en cualquier tiempo, podrá remitir, a estas entidades o a cualquier otra 
dependencia estatal, cuestionarios y/o solicitudes de información específica, a fin de coadyuvar en el 
desarrollo de la investigación.  Estos cuestiona rios y/o solicitudes deberán ser contestados y/o 
absueltos, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. 
 Artículo 33.  Traslado.  De la resolución de inicio de investigación administrativa  se dará traslado 
para contestación a la parte o partes interesadas, por el término de treinta (30) días calendario, contado 
a partir del recibo del traslado, o desde los siete (7) días calendario siguientes a la fecha de envío al destinatario o transmitido al representante diplomá tico competente del país o países exportadores.   
 
 El traslado deberá contener copia de la resolución de inicio de investigación, así como de la solicitud presentada, cuando sea a petición de parte,  y anexos que no cont engan información de 
carácter confidencial o, en su caso, de los docum entos respectivos tratándose de investigaciones de 
oficio, así como un cuestionario con el detalle de lo s puntos a los que debe hacerse referencia en la 
contestación. 
  Copia de la documentación citada se remitirá a las autoridades del país exportador, mediante 
comunicación a la representación diplomática o cons ular acreditada en el país, o según dispongan los 
acuerdos internacionales de los que Panamá forme parte.   
 
Artículo 34.  Solicitud de prórroga.  A solicitud de parte interesada, se podrá conceder una  prórroga 
para el término de traslado a que se refiere el artículo anterior, siempre que la solicitud se realice sobre la base de justificaciones adecu adas y su otorgamiento sea factib le.  Esta prórroga no excederá 
de treinta (30) días calendario. 
 
 Si la parte interesada no contestara dentro del plazo conferido, se seguirá la investigación 
aplicando el principio de la mejor información disponible.  
Sección Segunda 
 
Las Pruebas 
 
Artículo 35.  Pruebas.  El Ministerio podrá requerir a las partes interesadas los elementos 
probatorios, información y datos que estime pertinent es, para lo cual se podrá valer de formularios.  
En el caso que una parte interesada niegue el acceso a la información requerida, o no la facilite en la 
forma o en el tiempo solicitado, o entorpezca significa tivamente la investigación, el Ministerio hará 
sus recomendaciones conforme a la mejor información disponible. 
  El Ministerio podrá requerir a los productores, distribuidores o comerciantes nacionales del producto o mercancía de que se trate, así como a los agentes aduanales, mandatarios, apoderados o  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  consignatarios de los importadores, o a cualquier otra persona que estime c onveniente, la información 
y datos que tengan a su disposición. 
 
 El Ministerio tomará las previsiones del caso para asegurar que las pruebas de la existencia 
del dumping  y del daño a la industria o rama de producci ón nacional, y el nexo causal, se examinen al 
entrar en conocimiento de la solic itud de investigación a petición de parte o de inicio de investigación 
de oficio, y posteriormente, en el curso de la investigación. 
 
Artículo 36 .  Práctica de pruebas.  El Ministerio ordenará y practicará las pruebas necesarias para 
determinar la realidad de los hec hos objeto de la investigación, de c onformidad con el ofrecimiento de 
las partes y las disposiciones del presente Decreto Ley, en un término no mayor de treinta (30) días calendario, contado a partir del vencimiento del plazo  de traslado.  Este término podrá ser prorrogado 
por el Ministerio, atendiendo las necesidades de cada caso. 
 
 Para mejor proveer, el Ministerio también podr á solicitar en cualquier momento, a todas las 
entidades de la administración pública, todo tipo de información o de criterios técnicos, las cuales 
quedan obligadas a suministrarlo en un término no mayor de treinta (30) días calendario. 
 
 Igualmente, podrá solicitar de oficio, a las part es interesadas y a costa de éstas, cuestionarios, 
peritajes, dictámenes o criterios técnicos, y realizar  todo tipo de diligencias administrativas  
conducentes a la verificación de los hechos alegados. 
Artículo 37 .  Pruebas en el extranjero.  El Ministerio podrá, con el fin de verificar la información 
recibida o de obtener más detalles, realizar inves tigaciones y evacuar las pruebas en el territorio del 
país exportador, siempre que se haya notificado a l as autoridades del país exportador, mediante las 
vías ordinarias o diplomáticas, y éstas no se hubieran opuesto.   
  Igualmente, las investigaciones y la evacuación de pruebas podrán realizarse en las instalaciones de la empresa exportadora, para lo cu al se requerirá, además, la anuencia de ésta.   
 Artículo 38.  Acceso a la información.  En los casos en que las autoridades del país exportador o las 
partes interesadas nieguen el acceso a la inform ación necesaria, no la faciliten dentro del plazo 
solicitado o entorpezcan sensiblemente la investigaci ón, podrán formularse conclusiones preliminares 
o definitivas, sobre la base de los hechos que se te nga conocimiento, incluidos los que figuren en la 
solicitud de inicio de la investigación administra tiva, que hayan sido presentados por la industria o 
rama de la producción nacional.   
 
Sección Tercera 
 
Los Compromisos y la Suspensión de la Investigación 
 
Artículo 39.  Conciliación.  En el curso de la investigación admi nistrativa, las partes interesadas, de 
común acuerdo, podrán solicitar al Ministerio la cel ebración de una audiencia conciliatoria.  En esta 
audiencia se podrán proponer fórmulas o compromisos de solución y suspensión de la investigación 
administrativa, las cuales, de resultar procedentes, serán aprobadas o aceptadas por el Ministerio.  No 
obstante, el Ministerio podrá continuar la investig ación administrativa hasta ponerla en etapa de emitir 
recomendación o suspenderla en la etapa o fase en que se encuentre. 
 
 El Ministerio queda facultado para revisar y verificar el cumplimiento de los acuerdos o compromisos de solución o suspensión de la investigación administrativa.  En caso de 
incumplimiento, el Ministerio podrá continuar con la investigación administrativa, partiendo desde la G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  fase o etapa en que se produjo la suspensión;  o en  el supuesto de que la investigación administrativa 
se encuentre en etapa de emitir recomendación, form ular resolución final para la consideración del 
Consejo de Gabinete. 
 
Artículo 40.  Publicidad.  Un extracto de la resolución del Ministerio de aprobar o aceptar un 
compromiso, que incluirá toda la información pert inente sobre las consideraciones, de hecho y de 
derecho, y las razones que han llevado a la acept ación del compromiso, deberá ser publicado en la 
Gaceta Oficial o en  un diario de reconocida circulación naci onal, tomando en cuenta lo prescrito en 
cuanto a confidencialidad. 
 
Sección Cuarta 
 
La Audiencia y la Resolución Final 
 Artículo 41.  Audiencia.  Terminada la práctica de pruebas y ant es de emitir una resolución final, el 
Ministerio citará a todas las partes interesadas a una audiencia, en la que les informará y las oirá, 
respecto de los hechos considerados, que sirvan de base para la decisión de  recomendar o no, medidas 
definitivas.  Concluida la audiencia, las partes go zarán de un término de tres (3) días hábiles para que 
presenten alegatos por escrito, en defensa de sus intereses.   
 
 De igual forma, podrán participar en esta audiencia representantes del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Artículo 42.  Resolución final.  Recibidos los alegatos, el Ministerio tendrá diez (10) días hábiles 
para emitir la resolución final motivada, recomendan do al Consejo de Gabinete la imposición o no, de 
derechos compensatorios o derechos antidumping  definitivos, sobre los productos que están siendo 
objeto de la investigación administrativa por  prácticas de comercio desleal.   
 
Artículo 43.  Remisión al Consejo de Gabinete.  Una vez emitida la resolución final de la 
investigación administrativa, el Ministerio remitirá al Consejo de Gabinete copia autenticada de la 
resolución, para su consideración y decisión.    
 
Artículo 44.  Imposición y aplicación de derechos compensatorios y derechos antidumping .  
El Consejo de Gabinete analizará la resolución pr oferida por el Ministerio  y decidirá sobre la 
imposición de derechos co mpensatorios o derechos antidumping  definitivos.  La resolución del 
Consejo de Gabinete que decida sobre la imposición y fije der echos compensatorios o derechos 
antidumping definitivos, deberá ser comunicada a las partes interesadas y publicada en la Gaceta 
Oficial, tomando en cuenta lo prescrito  en cuanto a confidencialidad.   
  Los derechos compensatorios o derechos antidumping  definitivos que establezca el Consejo 
de Gabinete, serán ejecutados por la Dirección Ge neral de Aduanas del Ministerio de Economía y 
Finanzas, al momento de la importación. 
 
Sección Quinta 
 
Las Medidas Provisionales 
 
Artículo 45.  Requisitos.  Durante el período de investigación, el Ministerio, mediante resolución 
motivada, podrá recomendar al Consejo de Gabinete que adopte medidas provisionales tendientes a evitar que importaciones objeto de prácticas de comerc io desleal causen daños inminentes, de difícil 
reparación, a la industria o ra ma de la producción nacional.  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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   En la resolución motivada se expondrán los argu mentos utilizados por el solicitante, cuando 
la solicitud sea iniciada a solicitud de parte;  las pr uebas que constan en el expediente y el concepto 
favorable a la imposición de  la medida provisional. 
 No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días calendario, 
contados desde la fecha de la resolución que da inicio a la investigación administrativa. 
 
Artículo 46.  Restricciones.  Las medidas provisionales consistirán  en la imposición de derechos 
compensatorios provisionales o antidumping provisionales.  No podrán adoptarse o imponerse ambos 
tipos de medidas provisionales, para solucionar una  misma situación resultante de una subvención y 
de dumping . 
 
Artículo 47.  Aplicación.  La aplicación de las medidas provisionales se realizará mediante la 
consignación de una garantía por parte del importador, conforme a lo s procedimientos que establezca 
la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 El monto de la garantía no podrá ex ceder de la subvención o margen del dumping  
provisionalmente calculado;  y la duración de las medidas provisionales no podrá exceder de cuatro (4) meses, en el caso de subvencion es;  y de seis (6) meses, en el caso de dumping . 
 
Artículo 48.  Fijación e imposición de derechos.  El Ministerio recomendará los derechos 
compensatorios o antidumping  provisionales, los cuales serán fijados por el Consejo de Gabinete y 
aplicados por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas.   
 
Artículo 49.  Diferencias de impo rtes de derechos compensatorios o antidumping  provisionales y 
definitivos.  Si en el marco de una investigación administrativa se establecen derechos 
compensatorios o antidumping  provisionales, y posteriormente se imponen derechos compensatorios 
o antidumping  definitivos se verificará la diferencia de im portes de los derechos entre cada uno, de tal 
suerte, que si el derecho compensatorio o antidum ping definitivo es superior al importe o derecho 
establecido a través de la medida provisional, no se exig irá la diferencia.  Sin embargo, si el derecho 
definitivo es inferior al importe o derecho establecido a través de la medida provisional, se ordenará la 
inmediata restitución del exceso, o liberar la  garantía por el monto correspondiente. 
 Artículo 50.  Aplicación retroactiva de derechos compensatorios o antidumping definitivos.  La 
imposición de un derecho compensatorio o antidumping  definitivo, podrá darse desde la fecha en que 
hubiere sido posible la aplicación de una medida provisional.   
 
 No obstante, podrá percibirse un derecho comp ensatorio o antidumping definitivo sobre los 
productos que se hayan declarado a consumo noventa (90) días, como máximo, antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación con el producto objeto de la 
investigación, el Ministerio determine:  
1. Que hay antecedentes de prácticas de comercio desleal causante de daño, o que el importador 
sabía o debía haber sabido que el exportador realizaba prácticas de comercio desleal y que 
éstas causarían daño, y 
2.
 Que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de pr ácticas de comercio 
desleal, efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que hacen probable que se 
socaven gravemente el efecto reparador del derecho compensatorio o antidumping definitivo 
que deba aplicarse, a condición de que se haya dado oportunidad a los importadores 
interesados de formular observaciones. G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  Artículo 51.  Publicidad.  La parte resolutiva de la medida pr ovisional adoptada, deberá publicarse 
en la Gaceta Oficial o en  un diario de reconocida circulación nacional. 
Título III 
 
De las Medidas de Salvaguardia 
 
Capítulo I 
 
Definiciones 
 
Artículo 52.  Definiciones.  Para los efectos del presente Título, los siguientes términos se entenderán 
así: 
 
1. Amenaza de daño grave.  Clara inminencia de un daño grave. 
2. Aumento de las importaciones.  Incremento de las importaciones en tal cantidad, en 
términos absolutos o en relación con una rama de la producción nacional, que causa o 
amenaza causar un daño grave a una rama de la producción nacional. 
3. Daño grave.  Menoscabo general significativo de la s ituación de una rama de la producción 
nacional. 
4. Rama de la producción nacional.  Conjunto de los productores de bienes similares o 
directamente competidores que operen dentro  del territorio nacional, o aquellos cuya 
producción conjunta de bienes similares o directamente competidores, constituyan una proporción importante de la producción  nacional total de esos productos. 
5. Medidas de salvaguardia.  Instrumentos de protección temporal que se aplican para prevenir 
o reparar el daño grave o la amenaza de daño grave a una rama de la producción nacional, 
causado por el aumento en las importaciones, a fin de facilitar su reajuste. 
6. OMC.  Organización Mundial del Comercio. 
7. Producto o bien directamente competidor.  Aquél que, no siendo similar con el que se 
compara, es esencialmente equivalente para fines comerciales, por estar dedicado al mismo uso y por ser intercambiable con éste. 
8. Producto o bien similar.  Aquel que coincide en todas sus características con el producto o 
bien que se compara, o aunque no coincida en todas sus características con el producto o bien 
que se compara, presenta características muy parecidas a las del producto considerado, 
tomando en consideración elementos tales co mo su naturaleza, uso o función.   
9. Territorio nacional.  Territorio aduanero de la República de Panamá. 
Capítulo II 
 
Las Medidas de Salvaguardia y el Daño Grave 
 
Artículo 53.  Determinación de la medida de salvaguardia .  El Ministerio, en la determinación de 
aplicación de una medida de salvagua rdia, deberá considerar si el daño grave o la amenaza de daño  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  grave obedece o guarda relación con el aumento de las importaciones de productos similares o 
directamente competidores.  
Artículo 54.  Determinación de la existencia  del daño grave o amenaza de daño grave.  Para 
determinar si el aumento de la s importaciones ha causado o amena za causar un daño grave a una rama 
de la producción nacional, el Ministerio, en el marco de la investigación administrativa, evaluará 
todos los factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación 
de la rama de producción nacional, en particul ar el ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones del producto de que se trate en térmi nos absolutos y relativos, la parte del mercado 
interno absorbida por las importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producción, 
la productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas y el empleo. 
 
Artículo 55.  Nexo causal .  En el marco de la investigación administrativa, el Ministerio deberá 
verificar la existencia de una relación de causalidad entre el aumento de las importaciones del 
producto objeto de la investigación administrativa y el daño grave o la amenaza de daño grave a la 
rama de producción nacional.   Cuando haya otros factores, distintos del aume nto de las importaciones, que al mismo tiempo 
causen o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional, este daño no se atribuirá 
al aumento de las importaciones sujetas a la investigación administrativa. 
 
Capítulo III 
 
La Aplicación de las Medidas de Salvaguardia 
 Artículo 56.  Aplicación.  Las medidas de salvaguardia se ap licarán al producto importado, 
independientemente del país del que procedan. 
 
Artículo 57.  Formas.  Las medidas de salvaguard ia pueden consistir en: 
 
1. Incrementos en la tarifa arancelaria; 
2. Imposición de contingentes arancelarios; 
3. Imposición de restricciones cuantitativas; 
4. Cualquier otra medida necesaria para prevenir o reparar el daño o la amenaza de daño grave y 
facilitar el reajuste de la rama de producción nacional. 
Artículo 58.  Duración.  Las medidas de salvaguardia tendrán  un máximo de cuatro (4) años, 
prorrogables por un término de seis (6) años, si se  determina que tal medida sigue siendo necesaria 
para prevenir o reparar el daño o la amenaza de daño grave y que hay pruebas de que la rama de 
producción está en proceso de reajuste.   
 
Artículo 59.  Liberación.  Cuando la medida de salvaguardia  tenga una duración superior a 
un (1) año, deberá liberarse progresivamente por perí odos o intervalos regulares durante el período de 
aplicación.  Si una medida de salvaguardia fuera pro rrogada, no podrá ser más restrictiva de lo que era 
al final del período inicial y deberá continuar liberándose progresivamente. 
 G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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   Si la duración de la medida de salvaguardia excede tres (3) años, el Ministerio examinará la 
situación a más tardar al promediar el período de apli cación de la misma y, si procede, recomendará al 
Consejo de Gabinete la revocación o aceleraci ón del ritmo de liberación de la medida. 
 
 Igualmente, podrá ser liberada o suspendida una  medida de salvaguardia, cuando la rama de 
la producción nacional no cumpla con el plan para  sobreponer las circunstancias alegadas, o con el 
plan de reconversión en aquellos casos en que la re solución final establezca el cumplimiento de los 
referidos planes, excepto en los casos en que el incumplimiento de dichos planes no sea imputable a la 
rama de la producción nacional.   
 
Artículo 60.  Excepción.  No se aplicarán medidas de salvaguardia contra un producto originario de 
un país en desarrollo, Miembro de la Organización Mundial del Comercio, cuando las importaciones realizadas del producto considerado no excedan del tres por ciento (3%) del total de las 
importaciones, a condición de que los países en  desarrollo, Miembros de la OMC, con una 
participación en las importaciones menor del tres por ciento (3%), no representen, en conjunto, más del nueve por ciento (9%) del total de las importaciones del producto en cuestión. 
 
Capítulo IV 
 
La Investigación Administrativa de  las Medidas de Salvaguardia 
 
Sección Primera 
 
La Investigación Administrativa 
 
Artículo 61.  Iniciación de la investigación administrativa.  Se iniciará la investigación 
administrativa tendiente a aplicar medidas de salva guardia, a petición de parte o de oficio por el 
Ministerio de Comercio e Industrias.    Artículo 62.  Solicitud de inicio de la invest igación administrativa a petición de parte.  La 
investigación administrativa, cuando sea a petición de parte, deberá ser formulada mediante solicitud 
de abogado idóneo, en la cual se deberán manifestar   los argumentos que la fundamentan, por lo que 
deberá indicarse claramente los motivos o fundame ntos de hecho y de derecho, y se acompañará de 
prueba suficiente de la existenc ia de las importaciones que causen o amenacen causar un daño grave a 
una rama de la producción nacional, y del nexo causal. 
 
Artículo 63.  Impulso procesal.  La investigación administrativa se im pulsará de oficio en todos sus 
trámites, ajustándose, entre otros principios pro cesales, a los de celeridad, eficiencia, publicidad, 
imparcialidad y ausencia de formalismo. 
 
Artículo 64.  Legitimación.  Están legitimadas para solicitar el inicio de una investigación 
administrativa,  la  rama de la producción nacional perj udicada por las importaciones objeto de la 
investigación, siempre que la misma constituya una proporción importante de  la producción nacional 
del producto destinado al consumo nacional.  De igua l forma, están legitimados para solicitar el inicio 
de una investigación administrativa las cámaras, gremios o asociaciones que agrupen a la rama de la producción nacional perjudicada que constituyan una proporción importante de la producción 
nacional del producto destinado al consumo nacional. 
 
Artículo 65.  Requisitos de la solicitud.  Sin perjuicio de la información adicional que se requiera 
mediante Reglamento, la solicitud cont endrá, como mínimo, lo siguiente: 
  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  1. Generales del solicitante; 
2. Descripción detallada del producto o bien im portado objeto de la solicitud, clasificación 
arancelaria de éste y demás datos que lo individualicen; 
3. Descripción y datos de la rama de la  producción nacional a la que pertenece; 
4. Descripción detallada del producto o bien similar o directamente co mpetidor de la rama de la 
producción nacional y demás datos que lo individualicen; 
5. Nombre y domicilio de los importadores y de quie nes realizan la exportación, si se conocen; 
6. Participación porcentual del producto o bien sim ilar o directamente competidor del solicitante 
para el mercado nacional, en relación con el  total de la producción nacional de dicho 
producto; 
7. Volumen y precios de las importaciones objeto de investigación y su efecto en la rama de 
producción nacional afectada; 
8. País de origen y de procedencia de las importaciones;  y  
9. Análisis, factores, datos o documentos que re flejen el daño grave, o la amenaza de daño 
grave. 
 Aquella información o datos que el solicitante tenga que presentar junto con la solicitud, y 
que deba ser suministrada por instituciones públicas,  conforme a su competencia, podrá considerarse 
presentada ante el Ministerio, si el solicitante demuestra, con pruebas fehacientes, las gestiones realizadas para su obtención. 
 
Artículo 66.  Plan de ajuste.  En los casos en que el Ministerio  lo estime necesario, ya sea por 
investigación iniciada de oficio o por solicitud de parte, podrá requerir al solicitante la presentación de 
un plan de reconversión o un plan para sobreponer las circunstancias alegadas como causa del daño 
grave o amenaza de daño grave. 
 
 La correcta ejecución de estos planes será revisada y/o verificada periódicamente por el Ministerio, dentro del plazo de aplicación de la medida de salvaguardia.   En los casos que aplique, el incumplimiento de la aplicación de los mencionados planes por 
parte de la rama de la producción nacional af ectada, podrá conllevar, previa evaluación y 
recomendación del Ministerio, la inmediata liberalización o suspensión de la aplicación de una 
medida de salvaguardia, excepto en los casos en  que el incumplimiento de dichos planes no sea 
imputable a la rama de la producción nacional.   
 
Artículo 67.  Trámite.  Recibida la solicitud, el Ministerio procederá a examinar la información 
contenida en la misma, así como las demás info rmaciones que sean de su conocimiento, a fin de 
verificar si se justifica el inicio de una inves tigación administrativa.  El Ministerio determinará, 
mediante resolución motivada, el inicio o no de la investigación administrativa.   
 
 Si la solicitud no cumple con los requisitos que establece el presente Decreto Ley o su Reglamento, o si cumpliendo con ellos la informac ión presentada sea inexacta o no sea clara, o si se 
considera la necesidad de contar con informaci ón adicional, el Ministerio deberá dentro G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la  fecha de presentación de la solicitud, requerir al 
solicitante la corrección o ampliación en un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir de la 
comunicación, a fin de que corrija la solicitud o aporte las pruebas pertinentes.  Transcurrido dicho 
término sin que el solicitante cumpla con el requeri miento, se procederá al rechazo y archivo de la 
solicitud a través de una resolución motivada.  Este término podrá ser prorrogado por el Ministerio, a solicitud motivada de parte o cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
 De igual forma, el Ministerio podrá rechazar la solicitud cuando la información presentada 
sea falsa o inconducente, o cuando se trate de solicit udes temerarias, improcedentes o injustificadas. 
 Una vez se cuente con toda la información requerida por el Ministerio, éste tendrá un plazo de 
quince (15) días hábiles para evaluar el mérito de la solicitud y declarar, bajo resolución motivada, el 
inicio o rechazo de la investigación administrativa. 
 
Artículo 68.  Publicidad del inicio de investigación.  Una vez proferida la resolución que da inicio a 
la investigación administrativa, el Ministerio debe rá publicar un extracto de dicha resolución, en la 
Gaceta Oficial o en un diario de reconocida circulación nacional.  Artículo 69.  Aviso público y comuni cación a las partes interesadas.  Una vez emitida la 
resolución de inicio de investigación, el Ministerio  gozará de un término de diez (10) días hábiles para 
realizar el aviso público y la comunicación a las partes interesadas de que tengan conocimiento del 
inicio de una investigación administrativa.  El Ministerio otorgará, a las partes interesadas, un término de treinta (30) días calendario, contado a par tir del recibo de la comunicación, o desde los 
siete (7) días calendario siguientes a la fecha de enví o al destinatario, para que las partes interesadas 
presenten su contestación, observaciones, opini ones y/o documentación que a bien tengan.  
Igualmente, y de ser necesario, se dará copia de  la solicitud a las autoridades u organismos 
determinados en los acuerdos internacionales de los que Panamá forme parte.  El Ministerio, siempre 
que sea factible, podrá considerar solicitudes de prórr oga que realicen las partes interesadas, que se 
encuentren debidamente justificadas.   La comunicación deberá contener copia de la resolución de inicio de investigación, así como 
de la solicitud presentada, cuando sea a petición de parte, y anexos que no contengan información de 
carácter confidencial o, en su caso, de los docum entos respectivos tratándose de investigaciones de 
oficio, así como un cuestionario con el detalle de lo s puntos a los que debe hacerse referencia en la 
contestación.  
 De no contestarse dentro del plazo conferido, el Ministerio continuará la investigación 
administrativa aplicando el principio de la mejor información disponible. 
 
Artículo 70.  Comunicación a ot ras entidades gubernamentales.  Copia de la solicitud presentada 
o de la resolución que da inicio a la investigaci ón administrativa, se remitirá al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, cuando el producto o bien objeto de la investigación sea de su competencia, 
a la Contraloría General de la República y al Minist erio de Economía y Finanzas, a fin de que dichas 
entidades remitan información, estadísticas y docum entación relevante que coadyuven a documentar 
el expediente.     El Ministerio podrá remitir, a estas entidad es o a cualquier otra dependencia estatal, 
cuestionarios y/o solicitudes de información específica, en cualquier tiempo, a fin de coadyuvar en el 
desarrollo de la investigación.  Estos cuestiona rios y/o solicitudes deberán ser contestados y/o 
absueltos en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. 
  G/ADP/N/1/PAN/2 
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  Sección Segunda 
 
Las Pruebas 
 
Artículo 71.  Pruebas.  El Ministerio podrá requerir a las partes interesadas los elementos 
probatorios, información y datos que estime pertinent es, para lo cual se podrá valer de formularios.  
En el caso que una parte interesada niegue el acceso a la información requerida, o no la facilite en la 
forma o en el tiempo solicitado, o entorpezca signifi cativamente la investigación, el Ministerio 
recomendará conforme a la mejor información disponible. 
  El Ministerio podrá requerir a los productores, distribuidores o comerciantes nacionales del producto de que se trate, así como a los agentes a duanales, mandatarios, apode rados o consignatarios 
de los importadores, o a cualquier otra persona que estime conveniente, la información y datos que 
tengan a su disposición. 
 
Artículo 72.  Práctica de pruebas.  El Ministerio ordenará y pr acticará las pruebas que estime 
necesarias y pertinentes, para determinar la realidad  de los hechos objeto de la investigación, en un 
término de quince (15) días hábiles, contado a par tir de la fecha o plazo límite señalado para la 
contestación de la comunicación a las partes interesadas.  El Ministerio podrá prorrogar este plazo 
cuando las circunstancias del caso lo ameriten. 
  El Ministerio, para mejor proveer, podrá solicitar en cualquier momento todo tipo de información, así como informes y criterios técnicos , a las entidades de la administración pública, las 
cuales quedarán obligadas a suministrarlos en un término no mayor de treinta (30) días calendario.   
 
 Igualmente, el Ministerio podrá solicitar, a costa de la parte interesada, cuestionarios, 
peritajes, dictámenes o criterios técnicos, cua ndo lo estime conveniente, y ordenar todo tipo de 
diligencias conducentes a la verifi cación de los hechos alegados. 
 
Sección Tercera 
 
La Audiencia y la Resolución Final 
 
Artículo 73.  Audiencia.  Terminada la práctica de pruebas y antes de la resolución que pone fin a la 
investigación administrativa, el Ministerio citará a todas las partes interesadas a una audiencia, en la 
que les informará, y las oirá, respecto de los hec hos esenciales considerados, que sirvan de base para 
la decisión de aplicar o no, medidas de salvaguardia .  Concluida la audiencia, las partes gozarán de un 
término de tres (3) días hábiles, para que presente n alegatos en defensa de sus intereses y expongan 
sus opiniones.   De igual forma, podrán participar de esta audiencia representantes del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Artículo 74.  Resolución final.  Recibidos los alegatos, el Ministerio tendrá diez (10) días hábiles 
para emitir resolución motivada que pone fin a la  investigación administrativa, recomendando al 
Consejo de Gabinete, la aplicación o no de la medida  de salvaguardia sobre los productos objeto de la 
investigación administrativa.   
  En caso que corresponda, el Ministerio recomenda rá la aplicación de un plan de ajuste o de 
reconversión para la rama de la producción nacional afectada. 
 G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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   La resolución que se presente para consideraci ón del Consejo de Gabine te, deberá contener 
las observaciones, comentarios o posturas que fueran remitidos o presentados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Economía  y Finanzas, sobre la aplicación de la medida de 
salvaguardia dentro de la investigación admi nistrativa o caso específico.  De no presentarse 
comentarios por parte de estas entidades, se dejará constancia de dicha situación en la resolución. 
 
Artículo 75.  Remisión al Consejo de Gabinete.  Una vez emitida la resolución final de la 
investigación administrativa, el Ministerio remitirá al Consejo de Gabinete copia autenticada de la 
resolución, para su consideración y decisión.    
 Artículo 76.  Imposición de medidas de salvaguardia.  La resolución que pone fin a la 
investigación administrativa se  remitirá al Consej o de Gabinete, por interm edio del Ministro de 
Comercio e Industrias, para que, en cumplimiento  de la facultad señalada en el numeral 7 del 
artículo 200 de la Constitución Política de la Repúbli ca de Panamá, considere la imposición de las 
medidas de salvaguardia. 
 
Artículo 77.  Publicidad.  Un extracto  de la resolución del Consejo de  Gabinete, deberá publicarse en 
la Gaceta Oficial o en un diario de  reconocida circulación nacional.   
 
Sección Cuarta 
 
Las Medidas de Salvaguardia Provisionales 
 
Artículo 78.  Solicitud.  En el marco de las investigaciones administrativas iniciadas a petición de 
parte, se podrá solicitar, al Ministerio, el análisis  de la imposición de una  medida de salvaguardia 
provisional, mientras dure la investigación administrativa.   
  De igual forma, si la investigación es inicia da de oficio, el Ministerio podrá efectuar dicho 
análisis para el establecimiento de la medida provisional.   
 
Artículo 79.  Requisitos.  El Ministerio, mediante resolución motivada, recomendará al Consejo de 
Gabinete la adopción de medidas de salvaguardia provisionales, cuando se presenten circunstancias 
críticas en las que cualquier demora entrañaría  un perjuicio a la rama de producción nacional, 
difícilmente reparable, en virtud de una determinación  preliminar de la existencia de pruebas claras de 
que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave. 
 
 La resolución que recomienda al Consejo de Gabinete la aplicación de una medida 
provisional expondrá las consideraciones relevantes, l as pruebas de sustento y el período de vigencia 
o duración que se recomienda. 
 
Artículo 80.  Duración de la medida.  La duración de una medida de  salvaguardia provisional no 
excederá de doscientos (200) días calendario. 
 
Artículo 81.  Forma de la medida.  Las medidas de salvaguardia provisionales consistirán en 
incrementos arancelarios temporales.  
 Cuando el Ministerio, luego de cumplir c on el procedimiento legal establecido para 
determinar la aplicación o no de una medida de salva guardia definitiva, determine que el aumento de 
las importaciones no han causado o no han amenaza do causar un daño grave a una rama de la 
producción nacional, los incrementos arancelarios temporales, impuestos a través de medidas de 
salvaguardia provisionales, serán reembolsados a los importadores.  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  Artículo 82.  Aplicación.  Una vez emitida la resolución que recomiende la aplicación de una medida 
de salvaguardia provisional, será remitida por el Mi nisterio al Consejo de Gabinete, para que, en 
cumplimiento de la facu ltad señalada en el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución Política, o 
según disponga la ley, decida imponer o no tales medidas. 
 
Artículo 83.  Publicidad.  Un extracto de la medida provisiona l de salvaguardia adoptada por el 
Consejo de Gabinete, se publicará en la Gaceta Of icial o en un diario de reconocida circulación 
nacional.  
Título IV 
 
De la Investigación Administrativa 
 
Capítulo I 
 
Disposiciones Comunes 
 
Artículo 84.  Expediente administrativo.  En los procedimientos de investigaciones administrativas 
a que se refiere este Decreto Ley, el Ministerio integrará un expediente, conforme al cual expedirá las 
providencias administrativas que correspondan. 
  Salvo disposición en contrario, las actuaciones del Ministerio en el marco de las investigaciones administrativas se realizarán a través de providencias de mero trámite.   
 
Artículo 85.  Obligación de las entidades públicas de proporcionar información.  Las 
instituciones de las entidades públicas,  en particular la Dirección General de Aduanas, la Contraloría 
General de la República, el Ministerio de Ec onomía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y el Ministerio de Relaciones Exterior es, estarán obligados a suministrar al Ministerio, 
en un término no mayor de treinta (30) días calenda rio, la información que éste solicite con motivo de 
las investigaciones administrativas que realice.    
Artículo 86.  Acceso al expediente y confidencialidad.  El Ministerio otorgará a las partes 
interesadas acceso oportuno para examinar toda la  información que obre en el expediente, siempre 
que la misma no tenga carácter confidencial o reser vado.  La información considerada confidencial o 
reservada por el Ministerio,  no estará a dispos ición de ninguna de las partes interesadas.   
 
 Cuando una información sea considerada conf idencial o reservada, la parte a quien 
corresponda dicha información, deberá presentar un resumen, sin restricciones de acceso, el cual 
deberá ser lo suficientemente detallado para permitir una comprensión razonable del contenido 
sustancial de la información.  En circunstancias excepcionales, las partes podrán señalar que dicha 
información no puede ser resumida, exponiendo las razones que correspondan.  
 Las personas autorizadas para acceder a la info rmación considerada confidencial o reservada, 
no podrán utilizarla para benefici o personal y tendrán la obligaci ón de tomar todas las medidas 
necesarias para evitar cualquier forma de divulgación  de ella.  La contravención a este precepto será 
sancionada por las disposiciones de orden civil y penal que procedan. 
 
 Se exceptúan de lo anterior, las informacion es que le sean requeridas al Ministerio por 
autoridades del Ministerio Público o del Órgano Judicial, en la forma que dispongan las normas pertinentes.    G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
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  Artículo 87.  Principio de confidencialidad.  El servidor público o profesional al servicio del Estado 
que, por motivo de su cargo o por la prestación de sus servicios, tenga acceso a un expediente de 
investigación administrativa, deberá guardar la debida reserva y confidencialidad sobre su contenido.    
 
 La violación a este principio de confidenci alidad, será sancionada, según corresponda, con la 
destitución del cargo, en el caso de los servidores púb licos, o con la resolución del contrato, cuando se 
trate de profesionales al servicio del Estado, sin pe rjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que se 
amerite. 
 
Artículo 88.  Restricciones.  El servidor público o profesional al servicio del Estado que, por motivo 
de su cargo o por la prestación de sus servicios , tenga acceso a un expediente de investigación 
administrativa, no podrá laborar o prestar sus servicios a empresas que guarden relación directa o indirecta con dicha investigación, por lo menos durante un período de tres (3) años, contado desde el 
momento en que la investigación haya terminado.   
 Artículo 89 .  Notificaciones.  Las notificaciones a que se refiere este  Decreto Ley, se podrán realizar:  
de manera personal, a través de co rreo certificado, mediante edicto en puerta, mediante publicación en 
la Gaceta Oficial o en un diario de reconocida circulación nacional, o por cualquier otro medio 
directo, como el de mensajería especializada, o por medio electrónico.  Las notificaciones realizadas 
en alguna de las formas antes señal adas, surtirán sus efectos el día hábil siguiente de aquél en que 
fueren hechas.  El reglamento establecerá las formalidades y términos en que se realizarán las 
notificaciones. 
 
Artículo 90.  Acceso al expediente.  El Ministerio otorgará acceso al expediente, a las partes 
interesadas y a las personas de derecho público o pr ivado que, conforme a lo s tratados o convenios 
internacionales de los que la República de Panamá sea parte, puedan tener acceso a la información.  
La información de carácter confidencial o reser vado que conste en el expediente, sólo estará 
disponible a los representantes legales de la parte que la suministre o a su s apoderados especiales, 
debidamente acreditados.  
 Las personas autorizadas para acceder a la información de carácter confidencial, no podrán 
utilizarla para beneficio personal y tendrán la ob ligación de tomar todas las medidas necesarias para 
evitar cualquier forma de divulgación.  La contrave nción a este precepto conllevará las sanciones de 
orden administrativo, civil y/o penal que procedan.   
 
Artículo 91.  Pruebas y diligencias probatorias.  Las partes interesadas podrán aducir toda clase de 
pruebas, excepto la confesión, o aquéllas que cont ravengan el orden público, la moral o las buenas 
costumbres.  
El Ministerio podrá acordar, durante el período de investigación, la práctica, repetición o 
ampliación de cualquier diligencia probatoria, si empre que se estime necesaria y sea conducente para 
el conocimiento de la verdad s obre los hechos investigados.   
 Artículo 92.  Verificación de información.  El Ministerio podrá  verificar la información presentada 
en el curso de una investigación, previa auto rización de la parte cuya información corresponda 
verificar.  Para ello, el Ministerio deberá com unicar por escrito la realización de visitas en el 
domicilio, establecimiento comercial o lugar donde repose la información correspondiente. 
  En el curso de la investigación administrativ a, el Ministerio podrá solicitar a las partes 
cualquier información, aclaración, ampliación o documentación que estime pertinente para el proceso. 
  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  Artículo 93.  Recursos.  Las resoluciones que se dicten en el marco de una investigación 
administrativa sólo admiten recurso de apelación,  que será concedido en el efecto devolutivo. 
 
 Transcurrido un período de quince (15) días hábiles desde la sustentación del recurso sin que 
el funcionario competente se haya pronunciado, el  recurso se considerará negado y agotada la vía 
gubernativa.  Artículo 94.  Elusión.  Se considera elusión de derechos compensatorios, antidumping  o medidas de 
salvaguardia, cualquiera de las siguientes conductas:   
 1. La introducción a territorio nacional de insumos, piezas o componentes con objeto de 
producir o realizar operaciones de montaje de la  mercancía sujeta a de rechos compensatorios, 
antidumping  o medidas de salvaguardia; 
2. La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a derechos compensatorios, 
antidumping  o medidas de salvaguardia con insumos, piezas o componentes integrados o 
ensamblados en un tercer país; 
3. La introducción a territorio nacional de mer cancías del mismo país de origen que la 
mercancía sujeta a derechos compensatorios, antidumping  o medidas de salvaguardia, con 
diferencias relativamente menores con respecto a éstas; 
4. La introducción a territorio nacional de mercan cías sujetas a derechos compensatorios o 
antidumping , importadas con un derecho compensatorio o antidumping  menor al que le 
corresponde;   
5. Cualquier otra conducta que tenga como resultado el incumplimiento del pago de los derechos 
compensatorios, antidumping  o medidas de salvaguardia. 
 Las mercancías que se importen en estas condi ciones pagarán los derechos compensatorios, 
antidumping  o se sujetarán a la medida de salvaguardia  correspondiente.  La elusión de derechos 
compensatorios, antidumping o medidas de salvaguardia, preliminares o definitivas, se determinará 
mediante un procedimiento iniciado de ofic io o a solicitud de parte interesada. 
 
Artículo 95.  Normas supletorias.  A falta de disposición expresa en este Decreto Ley en lo 
concerniente a los procedimientos administrativos  en materia de prácticas de comercio desleal y 
medidas de salvaguardia, se aplicarán supletoria mente las normas de procedimiento administrativo 
contenidas en la Ley 38 de 2000.   
 
Artículo 96.  Término para la aplicación.  Las medidas compensatorias o antidumping provisionales 
y definitivas, así como las medidas de salvaguardia , se aplicarán a partir del día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial, salvo disposición en contrario.   
 
Título V 
 
Disposiciones Finales 
 Artículo 97.  Convenios y acuerdos comerciales.  En el evento que un convenio, acuerdo o tratado 
internacional suscrito y ratificado por la República de Panamá, establezca disposiciones que varíen, 
modifiquen o amplíen las contenidas en el presente D ecreto Ley, el Ministerio deberá aplicarlas en 
concordancia con las demás dispos iciones del presente Decreto Ley. G/ADP/N/1/PAN/2 
G/SCM/N/1/PAN/2 G/SG/N/1/PAN/2 
Página 26 
  
  Artículo 98.  Se modifica el numeral 9 del artículo 103 de la Ley 29 de 1996,  así: 
 
"Artículo 103.  Funciones de la Comisión.  La Comisión tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
… 9.   Establecer los mecanismos de coordinación, para la 
protección al consumidor y para la prevención de las prácticas restrictivas de la competencia, así como las 
sanciones administrativas de su competencia; 
…" 
Artículo 99.  Se modifica el numeral 2 del artículo 141 de la Ley 29 de 1996,  así: 
 
"Artículo 141.  Competencia.  Se crean tres (3) juzgados de circuito 
del ramo civil, en el Primer Distrito Judicial de Panamá, que se 
denominarán los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo, del Primer Circuito Judicial de Pana má, y un juzgado de circuito, en 
Colón.  Adicionalmente, se crea un juzgado de circuito del ramo civil 
en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que se denominarán Juzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y 
Juzgado Segundo de Los Santos, r espectivamente, para conocer de 
estas causas en sus respectivos dist ritos judiciales.  Estos juzgados 
conocerán exclusiva y privativam ente de las causas siguientes: 
… 2.   Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación 
o interpretación de la presente Ley, en materia de monopolio 
y protección al consumidor; 
…" 
Artículo 100.  (Transitorio).  El Ministerio de Economía y Finanzas realizará las correspondientes 
transferencias de partidas presupuestarias que actua lmente utiliza la Comisión de Libre Competencia 
y Asuntos del Consumidor, en los temas cuya compet encia se transfiere al Ministerio de Comercio e 
Industrias, en atención al presente Decreto Ley.  De  igual forma, se trasladarán los servidores públicos 
que laboren dentro de estas entidades.   El Ministerio de Economía y Finanzas tomará  las previsiones necesarias para asignar las 
partidas presupuestarias que requerirá el Ministerio de Comercio e Industrias, para la implementación 
del presente Decreto Ley. 
 
Artículo 101.  (Transitorio).  Los procesos judiciales o investigaciones administrativas que se hayan 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Ley, serán declinados por las 
autoridades de conocimiento a favor del Ministerio  de Comercio e Industrias, pero se regirán en 
cuanto a las normas sustantivas por la  Ley coetánea a su iniciación.  No obstante lo anterior, aquellos 
procesos judiciales o administrativos que se encuentren  en etapa de decisión, serán decididos por la  G/ADP/N/1/PAN/2 
 G/SCM/N/1/PAN/2 
 G/SG/N/1/PAN/2 
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  misma autoridad que al momento de la entrada en vigor de este Decreto Ley tuviere conocimiento de 
los mismos para lo cual aplicará la Ley sustantiv a y procesal vigente al tiempo de su iniciación. 
 
Artículo 102.  El Órgano Ejecutivo, por conducto del Minist erio de Comercio e Industrias, expedirá 
las normas reglamentarias del presente Decreto Ley y adoptará las disposiciones que considere más adecuadas para su cumplimiento.  Artículo 103.  Este Decreto Ley deroga el Título III, Título  IV, el Capítulo III del Título VII, y el 
Capítulo III del Título VIII de la Ley 29 de 1996, modificada por la Ley 23 de 1997, y modifica los 
artículos  103 y 141 de la Ley 29 de 1996, así como cual quier otra disposición que le sea contraria. 
 Artículo 104.  Este Decreto Ley comenzará a regir desde su promulgación.   
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 Dado en la ciudad de Panamá, a los 15 días de l mes de febrero de dos mil seis (2006). 
 MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República 
 
HÉCTOR B.  ALEMÁN ESTÉVEZ  Ministro de Gobierno y Justicia,  SAMUEL LEWIS NAVARRO 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
 MIGUEL ÁNGEL CAÑIZALES Ministro de Educación,  
CARLOS VALLARINO R. 
Ministro de Obras Públicas,  CAMILO ALLEYNE Ministro de Salud,  
 REYNALDO RIVERA 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral,  
 
ALEJANDRO FERRER Ministro de Comercio e Industrias,  BALBINA HERRERA ARAÚZ 
Ministra de Vivienda,  
 GUILLERMO SALAZAR NICOLAU Ministro de Desarrollo Agropecuario,  
MARÍA ROQUEBERT LEÓN 
Ministra de Desarrollo Social,  RICAURTE VÁSQUEZ MORALES Ministro de Economía y Finanzas,  
UBALDINO REAL SOLÍS 
Ministro de la Presidencia y 
Secretario General del Consejo de Gabinete 
  
 
 
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