WORLD TRADE ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO WT/TPR/M/148/Add.2 
4 October 2005 
 (05-4413) 
Trade Policy Review Body 
15 and 17 June 2005 Original:  Spanish 
                 espagnol                  español 
  
TRADE POLICY REVIEW 
ECUADOR 
Minutes of Meeting
 
Addendum  
Chairperson:  H.E. Mr. Don Stephenson (Canada) 
 This document contains the replies provided by Ecuador.1 
__________________________________________________________________________________ 
 
Organe d'examen des politiques commerciales 
15 et 17 juin 2005  
EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES 
EQUATEUR 
Compte rendu de la réunion
 
Addendum  
Président:  S.E.  M. Don Stephenson (Canada) 
 Le présent document contient les résponses fournies par l'Equateur.1 
__________________________________________________________________________________  
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales 
15 y 17 de junio de 2005 
 
EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 
ECUADOR 
Acta de la reunión
 
Addendum  
Presidente:  Excmo. Sr. Don Stephenson (Canadá) 
 En el presente documento figuran las respuestas del Ecuador.1 
                                                      
1 In Spanish only./En espagnol seulement./En español solamente.  WT/TPR/M/148/Add.2
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ADUANAS Y ARANCELES 
Con relación al estado en el que se encuentra el plan de modernización y facilitación Aduanera 
del Ecuador sobre el cual han presentado vari as preguntas Argentina, Comunidades Europeas, 
Estados Unidos, se indica que:  
La Aduana ecuatoriana se encuentra desarro llando desde el año 2002 un plan de modernización 
aduanera el cual involucra una serie de program as y proyectos que tienden a facilitar las operaciones 
de comercio exterior y optimizar los controles, dentro del mismo se encuentra la automatización de 
los procedimientos aduaneros y la incorporación al sistema informativo aduanero de los Operadores 
de Comercio Exterior a través del Intercambio electró nico de datos y otras herramientas basadas en el 
uso del Internet, lo cual ha disminuido la discrecionalidad y transparentado el servicio. 
Así mismo se está trabajando en la incorporación en el sistema aduanero los criterios de gestión de 
riesgo, la planificación del despacho anticipado a través de la disminución de tramitología, la implementación de auditorias posteriores y mejora s en la aplicación de los procedimientos de 
valoración contenidos en el acuerdo del Valor del GATT.  
Respecto al interés de Argentina, Chile, Estados  Unidos y Unión Europea sobre conocer que esta 
haciendo la aduana para reducir la  cantidad de aforos físicos y por ende el número de días promedio 
para el despacho de mercancías, se ha remitido los siguientes comentarios: 
Si bien es cierto que el proceso de despacho de  mercancías es uno de los más largos de América 
Latina esto se debe a que la legislación aduanera ecuatoriana no permite facilitar los procedimientos 
aduaneros pues incorpora una serie de reglas fijas para la realización de los Aforos Físicos. 
Respecto del tema antes mencionado al momento se está elaborando un anteproyecto de reformas a la 
Ley Orgánica de Aduana en el que entre muchos  temas se establece que la determinación de los 
aforos físicos se las realizará de acuerdo a criterios  de riesgo, así mismo se incorporan el despacho 
anticipado y pago previo a la llegada  de las mercancías, la posibilidad  de que la aduana realice los 
controles de forma posterior al despacho, la aplicac ión del aforo automático, la posibilidad de que sea 
opcional el ingreso a un almacén temporal entre otras.   
Adicionalmente, la aduana ecuatoriana está elabora ndo procedimientos a fin de desminuir los aforos 
criterios de gestión de riesgo a trav és de técnicas de gestión fundament adas en análisis sistemáticos de 
los antecedentes y de la información recibida de los manifiestos, para esto se utiliza como base legal 
la Decisión 574 de la Comunidad Andina, de la misma manera se  están ejecutando proyectos de 
Gestión de Riesgo y Despacho Anticipado, auditori as posteriores al despacho de mercancías en los 
cuales se busca la reducción significativa de la cantida des de aforos físicos y por tanto de los tiempos 
de despacho. 
Entre otras acciones la aduana est á trabajando junto con el Puerto de Guayaquil que es el mas 
importante por el volumen de carga, en la unificación de procedimientos a través de un proyecto denominado “Marca de Garantía”  el cual es avalado por el Puerto de Valencia en España. 
Respecto a los temas relacionado con los procedimie ntos de Valoración Aduanera aplicados por el 
Ecuador, solicitados por Ja pón, Estados Unidos podemos indicar lo siguiente: 
Si bien es cierto la Aduana Ecuatoriana está u tilizando una base de valor para obtener un precio 
referencia el cual es obtenido de los certific ados de Inspección en Origen proporcionado por la 
empresas verificadoras autorizadas a operar en Ecuador, se han considerado las recomendaciones realizadas por las agencias de cooperación  que apoya n al Ecuador en materia aduanera, por lo tanto a 
la fecha se están implementando cambios que permitirán utilizar la Base de Valor solo para perfilar el WT/TPR/M/148/Add.2 
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riegos de valor y luego aplicar el estudio de valor respectivo para determinar el “Valor en Aduana” en 
base a datos objetivos y cuantificables.  
En cuanto a la notificación de Ecuador de la lista  de preguntas sobre valoración aduanera contenidas 
en el acuerdo del Valor de la OMC G/VAL/5, toda vez que nos encontramos realizando modificaciones a nuestros procedimientos para aplicar  de manera optima los criterios de valoración, 
se notificará dicha normativa y el correspondien te cuestionario a la OMC, al término de 
implementación de dichos nuevos  procedimientos, que se desarrollarán hasta fines del 2005. 
En atención a la entrada en vigor del Arancel Ex terno Común dentro del marco de la Comunidad 
Andina se puede comentar lo siguiente: 
La Decisión 535 ha entrado en vigencia a partir del 20 de mayo del 2005, conforme lo establece la 
Decisión 612 de la Comisión de la Comunidad Andi na.  En tal razón, les corresponde a los países 
miembros de la CAN proceder a incorporar estos nuevos arancelarios en sus aranceles nacionales, sin 
embargo, en la medida que los Países Andinos man tienen diferencias en como  poner en vigencia el 
Arancel Externo Común establecido con la Decisión  antes mencionada, se mantienen conversaciones 
con el fin de definir la forma de aplicar una política arancelaria andina.  
Atendiendo la pregunta de Argentina sobre la c uota redimible, se puede mencionar que mayor 
información sobre la aplicación de la denominada “c uota redimible” consta el párrafo 48 del Capítulo 
III del Informe de la Secretaría de la OMC del Examen de Política Comerciales del Ecuador.  La 
posición oficial del gobierno del Ecuador en esta mate ria ha sido expuesta en el párrafo 50 de ese 
mismo capítulo.   
Para el Gobierno del Ecuador son muy importantes  las actividades de promoción de exportaciones e 
inversiones que desarrolla la CORPEI, que es bene ficiaria de la cuota redimible.  Una mayor 
descripción de las actividades de esta Corporación c onstan en los párrafos 20 y 35 del Capítulo II y 
párrafos 146, 147 y 149 del Capítulo III del Informe de la Secretaría de la OMC del Examen de 
Políticas Comerciales del Ecuador.  Igualmente in formación adicional se puede encontrar en las 
páginas Web:  www.corpei.o rg;  www.ecuadorinvest.org. 
Se debe recalcar que la cuota redimible de la CORPEI es una contribución que se devuelve en dólares 
americanos en 10 años y que adicionalmente se  entrega servicios variados a los exportadores e 
importadores que lo soliciten. 
Con relación a la tasa de contribución al fondo de  desarrollo de la infancia, se especifica que de 
acuerdo a la legislación ecuatoriana, este es un impuesto establecido mediante una legislación aprobada por el Congreso Nacional. 
Estos fondos financian las actividades con fines soci ales del Instituto Nacional del Niño y la Familia 
(INNFA), cuya amplia gestión cuenta con el apoyo de  la Presidencia de la República.  Las actividades 
de esta entidad se pueden consultar en  el párrafo 51 del Capítulo III del Informe de la Secretaría y en 
la página www.innfa.org. 
En contestación a las preguntas plantadas por las Comunidades Europeas sobre facilitación aduanera 
en lo referente a la optimización del uso de l as empresas Verificadoras y la intervención de los 
Agentes Afianzados de Aduana en el Desp acho Aduanero podemos indicar lo siguiente: 
Respecto de las empresas de verificación en origen, no se ha evaluado la posibilidad de eliminar dicha 
función pues el proceso de verificación en origen cont ribuye al control de la subvaloración en aduana 
y disminución del fraude aduanero pe ro sí existen iniciativas para lim itar la inspección previa en casos 
específicos o aumentar el valor de FOB por sobr e los US$4000, aunque dichas iniciativas requerirían 
la modificaciones a la normativa legal por  parte del parlamento Ecuatoriano.  WT/TPR/M/148/Add.2
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Se han venido renovando las autorizaciones de oper ación de las empresas verificadoras por parte del 
país cada año el proceso de realizar un a nueva licitación para calificar y contratar empresas que presten este servicio por un período determinado. 
Atendiendo el interés de Chile y Estados Unidos de  conocer el fundamento de la aplicabilidad de un 
tratamiento impositivo distinto y más alto a los cigarrillos y demás bienes suntuarios importados con 
relación al cálculo de la base imponible de los bienes sujetos al pago del impuesto al consumo 
especial, que son producidos internamente en dicho pa ís (establecido en la Ley de Régimen Tributario 
Interno) se puede mencionar: 
El Cálculo de la base imponible del ICE en el cas o de los Cigarrillos de acuerdo a la normativa 
vigente se debe calcular en base al Precio ex-fabrica y márgenes de comercialización, suma que no 
podrá ser inferior al precio de venta al público f ijado por el fabricante menos el IVA y el ICE.  
En el caso de la producción nacional las autoridades están en la posibilidad de conocer dicho precio;  
mientras que para el caso de los productos im portados al no conocerse éste La Ley de Régimen 
Tributario Interno establece, que como base imponi ble se determinará al incrementar al valor ex-
aduanas un 25% por concepto de costos y margen pres untivo de comercialización, en el caso de que el 
producto importado superare ese margen de comerc ialización se deberá reliquidar por la diferencia 
causada.  En todos los casos se seleccionará el valor mayor entre el ex-aduana y el valor de 
comercialización. 
En contestación a la pregunta realizada por Cana dá referente a los porcentajes promedio de los 
aranceles MFN del Ecuador se indica que efectivamen te en el año 1990 el arancel promedio para 
terceros países era del 32.9% ya que en la medi da en que en ese año el Ecuador no era miembro del 
GATT no tenía obligaciones de aplicar aranceles NMF.  
Al momento de la presentación de estas respuestas prel iminares, el Ecuador no dispone de la lista de 
aranceles promedio de los productos agrícolas suje tos a Franjas de Precios incluidos en la lista 
CXXXIII del Ecuador ante la OMC. 
En respuesta a la pregunta de Japón sobre si las tarifas aplicadas a cierto s productos en los que se 
incorporan la cuota redimible y la contribución al Fondo de Desarrollo de la Infancia resulta más alta 
que los aranceles consolidados de la OMC para el Ecuador se manifiesta lo siguiente: 
En cuanto a las subpartidas en las cuales el aran cel aplicado excede al ar ancel consolidado, se 
comenta que en lo que respecta a la subpartida 3809. 93.00 la cual es una desagregación de la partida 
3809, el Ecuador tiene derecho a aplicar un aran cel consolidado del 10%.  En las subpartidas 
restantes, la delegación del Ecuador ha tomado nota de las observaciones de la Secretaría y de tener 
razón se harán las correcciones correspondientes. 
Respecto al valor aportado al CORPEI, ésta es una contribución redimible la cual no se considera 
como un impuesto adicional al arancel consolidado.  
En relación a la pregunta planteada por las Comuni dades Europeas sobre cómo Ecuador mantiene las 
tarifas establecidas en las Franjas de Precios y como se maneja dichos aranceles variables, se informa 
que el detalle sobre el funcionamiento de la franja de precios consta en la Decisión 371 de la CAN y 
dentro de la misma se prevé que los Países Miembros la aplicarán a todas las importaciones provenientes de terceros países, sin excepción, estableciéndose posteriormente que se respetarán los 
compromisos vigentes sobre acceso a los mercados as umidos en el marco de la Ronda de Uruguay del 
GATT  por lo cual dichos aranceles nunca exceder án los aranceles consolidados por los Países 
Andinos ante la OMC. WT/TPR/M/148/Add.2 
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En contestación a la pregunta planteada por Estados  Unidos sobre la devolución de los tributos 
pagados a la importación de los productos incorpor ados en los productos exportados a través del 
mecanismo conocido como el Draw back explicamos lo siguiente: 
Para la devolución del Drawback por parte del est ado a los exportadores Ecuatorianos, estos deben 
demostrar que efectivamente se pagaron los aranceles con las declaraciones de importación en 
productos que entran en los componentes de exportación;  y establecer la proporción de las 
exportaciones en relación a las ventas totales (exportación mas ventas locales) en base a las declaraciones de pago de IVA al SRI.  Este último concepto es el llamado, factor de proporcionalidad. 
Los aranceles pagados deben ser recuperados:  en su  totalidad si es que la producción exportable es el 
100% de la producción;  o, parcialmente si no se e xporta el 100% de la producción, de acuerdo al 
factor de proporcionalidad establecido anteriormente. 
El mecanismo establecido permite ir recobrando, durante un año, parcialm ente o totalmente los 
aranceles pagados, utilizando el 5%  del valor FOB de la exportación como el monto máximo de 
recuperación parcial por “reclamo” de devolución de aranceles. Si lu ego de haber transcurrido un año, 
no se ha logrado recuperar el 100%  de lo que les corresponde, u tilizando el mecanismo anterior, 
pueden pedir el saldo, en un solo pago, al final del año. 
En lo referente a las preguntas de Estados Uni dos sobre  los requisitos para calificarse como 
Maquiladoras en el Ecuador  se establece que: 
De acuerdo al Art. 3 del Reglamento a la Ley de Maquila Ecuatoriana los requisitos para calificarse 
como Maquiladora señalan que para emprender en  programas de maquila, deberán obtener la 
autorización del MICIP, para lo cual presentará n una solicitud con las siguientes especificaciones: 
a) Número de registro de la maquiladora; 
b) Descripción de los procesos u operaciones a ejecutarse; c) Descripción, cantidad, valor y partida arancelar ia de los bienes que se propone internar bajo 
 el Régimen de Admisión Temporal Especial previsto en la Ley N° 90, y que van a ser 
 utilizados en cada operación de maquila, c on su tiempo de permanencia y la debida 
 justificación; 
d) Descripción, cantidad y valor de los bienes de  origen nacional que se incorporarían al proceso 
 productivo; 
e) Especificación de las características de los bienes a ser producidos o servicios a prestarse con 
 la expresión de la cantidad para cada tipo; 
f) Señalamiento preciso y descripción del o de lo s lugares a los que se destinarán los bienes; 
g) Porcentajes estimados de mermas y desperdicios; 
h) Programación  de  la mano de obra a ser utilizada y el número mínimo de trabajadores; i) Distritos  aduaneros por los cuales se pretenden realizar las importaciones y reexportaciones; j) Plazo de duración del programa;  y, k) Los demás datos que solicite el MICIP.  WT/TPR/M/148/Add.2
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A la solicitud se acompañará una copia certificada de l contrato de maquilado que, en caso de haber 
sido suscrito en el exterior, deberá ser legaliza do conforme lo establecido en el artículo 194 del 
Código de Procedimiento Civil. 
Atendiendo la pregunta de la delegación colombiana sobre si todos los OCE´s están conectados en el 
sistema informático aduane ro podemos informar que:  
El Sistema Interactivo de Comercio Exterior SICE , es el sistema informático que utiliza la aduana 
Ecuatoriana, el mismo se basa en procesos de Inte rcambio electrónico de información entre la Aduana 
y los diferentes Operadores de Comercio Exterior sean estos del sector publico o privado.  Así mismo 
permite obtener información en línea y consultar a través de Internet la información de todos los 
tramites ante la aduana. 
Respecto a la constitución de las garantías aduaner as en diferentes casos podemos indicar lo siguiente: 
La constitución de una garantía a duanera no es sólo a través de póliza de seguro sino puede ser en 
efectivo, póliza de seguros y garantía hipotecaria, la misma es exigible en los casos de personas que quieren operar ante la aduana a través de alguna  de las modalidades de concesión de servicios 
aduaneros o autorizaciones para operar ante aduana como son los agentes de aduana, consolidadoras, 
depósitos aduaneros etc.  
Así mismo se hace indispensable la constitución de un a garantía aduanera para las mercancías que se 
someten a regímenes aduaneros con suspensión de pago de tributos, no es necesario para las importaciones que a consumo los montos de las mismas varían de acuerdo al objeto para el que se las 
constituye.  
En referencia a la pregunta de Colombia respect o de la participación de las empresas verificadoras y 
su contribución en la facilitación del comercio podemos indicar que: 
Las empresas Verificadoras no son un elemento de facilitación de comercio sino mas bien un 
elemento de control ya que el obje tivo de las mismas es evitar la s ubvaloración de mercancías a través 
de la verificación del valor de transacción y la relación entre exportador e importador confirmando los 
datos de la transacción en origen.  
PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA 
En atención a la pregunta de Chile sobre la evalu ación y estimación de los be neficios que aporta la 
Corporación de Promoción de Exportaciones e Invers iones (CORPEI) como entidad responsable de la 
promoción de inversiones del país, la de legación del Ecuador declara lo siguiente: 
La gestión de la CORPEI en lo referente a la  promoción de exportaciones y de inversiones es 
evaluada periódicamente por la Administración, luego por el Directorio y finalmente una vez al año 
por la Asamblea General, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de esta Corporación. 
Esa evaluación es una comparación entre las met as del Plan Operativo Anual y su ejecución 
presupuestaria. 
En vista de que en el informe de la secretaria se  hace referencia al Plan  Nacional de Promoción de 
Inversiones (PNPI), es importante destacar que la CORPEI, de conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) es uno de los múltiples actores que a nivel nacional 
aportan al cumplimiento de las me tas y objetivos del mencionado plan. WT/TPR/M/148/Add.2 
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El Plan Operativo Institucional aporta en un 100% al cumplimiento de las metas del PNPI, 
destacándose que además anualmente la institución  cuenta con un auditor interno que es Price 
Waterhouse Coopers, y un auditor externo es KPMG, que  garantizan la idoneidad de esta evaluación. 
En caso de desear más información, se sugiere contactar con la CORPEI o ingresar a las páginas web:  
www.ecuadorinvest.org y http://ecuador.investway.org 
Sobre la pregunta de Brasil relativa al uso de los recursos provenientes de la cuota redimible, se 
precisa que éste es una “contribución redimible”,  que no debe confundirse con los conceptos de 
cuotas que emplea la OMC, establecida para proveer a la CORPEI los recursos necesarios para que la institución cumpla con el mandato que le otorga la LEXI para la promoción de exportaciones, la 
promoción de inversiones No Petrolera, la promoc ión de la Imagen País y la promoción de la 
competitividad a nivel nacional. 
Con estos ingresos la institución cubre sus cost os de infraestructuras y recursos humanos;  y 
proveemos servicios de consultoría y ponemos recu rsos para co-financiar actividades y proyectos 
administrados por CORPEI con empresas y asociaci ones gremiales;  y, multiplicamos recursos 
poniendo como contraparte nuestros propios recurs os humanos y financieros para proyectos de 
cooperación con instituciones internacionales, ag encias multilaterales, embajadas y donantes en 
general. 
CORPEI provee servicios a todos los sectores no petr oleros, entre los cuales se destacan:  Banano, 
pesca, acuacultura, cacao, café, textiles, flores, made ra, automotriz, biocomercio, eco-turismo, mango, 
frutilla, brócoli, tagua, sombreros de  paja toquilla, artesanías, software, entre otros y trabajamos 
especialmente con las pequeñas y medianas empresas del sector exportador no tradicional.  
Todas estas actividades y servicios están plasmados en los Planes de Promoción de Exportaciones y 
de Inversiones 2001 – 2010, respectivamente. 
Continuando con las actividades de CORPEI, se atiende  la pregunta de Estados Unidos de América 
sobre el Programa EXPOECUADOR, indicando que en este programa se co-financian actividades 
para mejorar la competitividad de las PYM ES y fortalecer a los gremios de este sector. 
La asistencia técnica que presta EXPOECUADOR in cluye servicios de consultorías especializados 
que requieren los beneficiarios antes señalados, ya  sea en temas de capacitación, calidad, promoción o 
tecnología (valor agregado, desarrollo de nuevos productos, innovación de empaques, etc.).  
Más al detalle, el tipo de actividades que co-financia  el programa para mejorar la competitividad de 
PYMES exportadoras y potenciales exportadoras y gr emios de los sectores seleccionados con 
mercado meta que son la UE y CAN son: 
• Asesorar en la elaboración de Exportaudit y planes de exportación (Pymes);  elaboración de 
Diagnóstico, Plan Estratégico, y Plan de Acción (Gremios). 
• Tutorías a Pymes para la implementación de planes de exportación, y a Gremios para la 
implementación de Plan de Acción. 
• Diseños de material promoción. 
• Participación en ferias. 
• Asistencia para la implementación de Sistem as y certificaciones de calidad requeridos en la 
UE y CAN.  WT/TPR/M/148/Add.2
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• Capacitaciones a Gremios y Pymes y técnicos sobr e temas de:  Cómo exportar a la UE, CAN;  
Cultura de Calidad, cultura de Asociatividad.   
• Capacitación a Pymes, técnicos, docentes de Centros de Educación superior, en temática de 
negociaciones internacionales. 
• Creación de paquetes tecnológicos de formación. 
• Elaboración de estudios y análisis de impactos sectoriales, socioeconómicos, y en temáticas 
consideradas en los acuerdos de negociación tales como normas técnicas, medidas sanitarias, propiedad intelectual, entre otros temas determinados en el marco de las negociaciones de la 
OMC. 
• Diagnóstico y análisis de Inversi ón Extranjera Directa y comercio  de servicios enfocado en el 
mercado de la UE y CAN. 
• Diagnóstico y análisis de la problemática de las normas sanitarias y fitosanitarias, y normas 
técnicas enfocado en el mercado UE y CAN. 
• Formación y Capacitación en materia de comerc io e inversión, y talleres de dialogo UE - 
Ecuador (facilitadores, expositores). 
Una descripción más detallada del Programa EXPOECUADOR sobre el manejo financiero de este 
programa será presentada posteriormente por la Delegación del Ecuador, como parte de la 
información definitiva y detallada que debe proporcionarse dentro de este ejercicio de transparencia 
dentro de la OMC. 
Respecto a las preguntas formuladas por Colombia sobre inversión extranjera directa , es un hecho 
que los flujos de inversión en el Ecuador se han concentrado en los sectores más dinámicos y 
rentables de la economía como es el de “Minas y canteras”, en especial para la exploración y 
explotación de petróleo.  La inversión en sectores vi nculados a los servicios públicos (electricidad, 
gas, y agua) y otros como el transporte, almacenamiento y comunicaciones, ha sido menos significativa ya que en los últimos años no se han no se han producido iniciativas importantes hacia la 
modernización, ampliación o privatización de estas áreas, y debido a que persisten incertidumbres sobre la forma en que se concretarían dichas in versiones, esto es, mediante privatizaciones, 
concesiones, inversión directa, etc. 
Por el momento no se prevé la realización de procesos importantes de privatización en sectores 
sujetos al manejo de empresas estatales, la orie ntación actual se inclina a buscar socios extranjeros 
para la captación de nuevos recursos exte rnos a través de la concesión de servicios. 
El Estado mantiene una particip ación importante en la provisión y administración de servicios 
básicos, en especial los relativos a la generación, distribución y comercialización de electricidad, así 
como la telefonía fija.  La inversión de recursos  extranjeros en estos sectores se ha visto postergada 
debido a diversos factores de or den político, económico y administrativo.  Es interés del Gobierno 
ecuatoriano fomentar la captación de inversión extr anjera e incrementar la participación del sector 
privado en áreas vinculadas a los servicios básico s, no obstante, actualmente no existe una política 
definida al respecto. 
 
  WT/TPR/M/148/Add.2 
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LICENCIAS DE IMPORTACIÓN 
Con relación al Régimen de Licencias de Importación  que mantiene el Ecuador, que es de interés de 
Argentina
1, Estados Unidos de América2, Japón2, Unión Europea2 y Chile, se informa que el Ecuador 
ya notificó recientemente3 a la OMC esta normativa y próximamente remitirá debidamente lleno el 
correspondiente cuestionario. 
Las principales diferencias de la Resolución 18 3 del COMEXI con relación al anterior régimen4 de 
licencias de importación son las siguientes: 
• La utilización de la nomenclatura arancelaria NANDINA 507 de la Comunidad Andina; 
• Establecimiento de un plazo no menor a 10 días hábiles para la concesión de las licencias, 
conforme los numerales 1 y 2 del Artículo 2 del Acuerdo sobre Pro cedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación; 
• Posibilidad de realizar embarques parciales al  ampar de una misma licencia de importación; 
• Limitación del régimen de licencias a las importaciones declaradas a consumo, excepto los 
casos de desechos peligrosos, productos sujeto s a restricciones de sanidad agropecuaria y 
productos precursores de drogas; 
• Posibilidad de delegación interinstitucional para  el caso de los produc tos sujetos a licencias 
emitidas por más de una entidad; 
• Utilización obligatoria de un procedimiento el ectrónico de tramitación de licencias de 
importación que evita la discrecionalidad en el trámite de las solicitudes; 
• Aplicación del principio de silencio administrati vo positivo para los casos de falta de atención 
a la solicitud por parte de la autoridad competente y, 
• Establecimiento de un procedimiento para distribución de contingentes arancelarios 
compatible con el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 
Importación. 
Adicionalmente, debe indicarse que  la nómina de productos sujetos al régimen de licencias de 
importación fue reducida5 mediante Resolución No. 295 del COMEXI, conforme consta en el 
párrafo 68 del Capítulo III del informe de la Secret aria de la OMC, por lo que ahora se aplica este 
requisito a 1.159 productos, existiendo el compromiso  de irlos reduciendo progresivamente en el año 
2005 y 2006. 
Con relación a la importación de equipos agrícol as, equipos camineros usados o remanufacturados, 
que es de interés de Argentina, se informa que el COMEXI no ha expedido ninguna resolución para 
fijar cupos para la importación de equipos agríco las y equipos camineros y sus componentes usados y 
remanufacturados, por lo que se atienden sin ning ún tipo de restricción todas las solicitudes que 
presenten los importadores.    
                                                      
1 Pregunta 6. 
2 Pregunta 5. 
3 Junio 10 del 2005. 
4 Resolución 020 y otras del COMEXI. 
5 127 productos fueron eliminados del requisito de licencia.  WT/TPR/M/148/Add.2
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Adicionalmente se indica que mediante disposici ones contenidas en la Resolución 184 del COMEXI, 
también se permite la importación de  motores de aviación, motores marinos y otros motores, así como 
sus correspondientes partes y piezas, remanufacturados , sujetos a permisos de nacionalización que el 
MICIP y el COMEXI conceden a todos los importadores interesados.  
La información relativa a estos procedimientos está publicada en la página www.comexi.gov.ec. 
NORMAS TECNICAS 
Con relación a la aplicación y administración del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC), sobre el cual han presentado preguntas Estados Unidos de América6 y México7, se indica que 
en el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), como autoridad nacional 
competente, está realizando un inventario total de la normativa técnica, para luego proceder a una 
revisión de las normas obligatorias y reglamentos técnicos que están obsoletos.  
Una vez concluido este proceso se realizara la co rrespondiente notificación a la OMC de conformidad 
con el Artículo 15.2 de dicha normativa, que podría ser a principios del 2006. 
Así, a partir del 2006 el Ecuador aspira a tener so lamente  NTE INEN voluntarias.  Todas las normas 
obligatorias que hoy existen se volverán voluntarias o desaparecerán luego del proceso de revisión 
respectivo.  La conversión se efectuará mediante Ac uerdos Ministeriales del Ministerio de Comercio 
Exterior, Industrialización, P esca y Competitividad (MICIP).  
En atención al interés específico de Colombia sobre el Sistema de Gestión de Calidad ISO 90008, el 
Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN) ha  informado que la aceptación de la “Declaración 
del Fabricante” es en relación a una demostración de seriedad para aceptar los documentos de evaluación de la conformidad por parte de una “Auto-declaración”.  La aplicación de una norma 
ISO 9000 no se la asimila en relación a la conformidad del producto. 
En síntesis, se acepta la “auto-declaración” de conformidad del producto, con relación a un ente o 
reglamento técnico, a los fabricant es que tengan en sus empresas ISO 9000. 
Respecto de la consulta de Chile y México s obre los Acuerdos de R econocimiento Mutuo que 
Ecuador ha suscrito con Colombia, Perú y Ven ezuela, el INEN ha remitido los siguientes 
comentarios: 
• Estos Acuerdos de Reconocimie nto Mutuo (ARM) están  fundamentados en las Decisiones 
419 y 506 de la Comunidad Andina (CAN), a través de las que se establecen los requisitos que deben cumplir los organismos que evalúan la conformidad, dispone los procedimientos 
administrativos entre los entes de cada país andina, especificándose que su implementación no es costosa. 
• Actualmente son alrededor de 59 productos lo s que están sujetos a la demostración de 
conformidad, estando el Ecuador dispuesto a c onceder un tratamiento equivalente a un tercer 
País, pudiendo también cualquier País solicitar a la CAN el tratamiento de “País Asociado” de 
conformidad con el Capítulo XV III del Acuerdo de Cartagena. 
En referencia a la pregunta sobre la forma en que se determina el origen, considerando que los 
reglamentos de rotulado de los productos, se exig e identificar su origen de los mismos, el INEN 
                                                     
 
6 Pregunta 6. 
7 Pregunta 1. 
8 Tercera alternativa. WT/TPR/M/148/Add.2 
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confirma la existencia de esta nor ma, especificándose que el origen se verifica por la aduana en base a 
los correspondientes certificados al momento de la nacionalización. 
Sobre las normas técnicas aplicables para materiales de construcción y edificación, que son de interés 
de Chile, se indica que la ley de Defensa del Cons umidor ordena la verificación en el comercio 
interno o en la edificación.  El certificado es prev io a la importación para ciertos productos para la 
edificación como hierro (varillas de acero) y cemento entre otros.  Se informa además que para obras 
de edificación rige el Código Ec uatoriano de la Construcción. 
Adicionalmente, el INEN ha informado que el proceso de elaboración de normas NTE voluntarias 
cumple con el Código de Buenas Prácticas de Normalización (Anexo 3 del Acuerdo TBT) y las 
recomendaciones del Comité de Obstáculos Técnicos
9, temas que son de preocupación de México. 
Complementariamente, se ha implementado un Orga nismo de Acreditación y  un nuevo Punto de 
Contacto (Enquiring Point) y próximamente un nuevo centro de información de normas y reglamentos, ademas del funcionamiento del C onsejo Nacional del Sistema de Metrología, 
Normalización, Acreditación y Certificación (MNAC) para monitorear todo el sistema, en especial 
respecto de las Notificaciones, Trato Nacional y Tr ansparencia. Se ha previsto expedir una nueva 
“Ley de Calidad”, cuyo proyecto legislativo ya está listo. 
El Reglamento Técnico de Normalización me ncionado anteriormente y la NTE INEN 1000 son 
documentos que rigen a nivel nacional, por tanto l as autoridades seccionales se sujetan a ellos.   
Se aclara a solicitud de México que el criterio de “reconocido prestigio” que aplica el INEN abarca a 
los Países Miembros de la ISO y de las otras Organizaciones Internacionales de Normalización, aplicando las directrices del Comité de Obstáculos Técnicos y sin ningún tipo de trato discriminatorio 
respecto de alguna norma nacional u organismo internacional.
10 
El Programa de Elaboración de Normas y Reglamentos Técnicos se envía de manera trimestral, 
mediante boletines electrónicos a las partes interesad as y a los organismos internacionales pertinentes 
obviamente los receptores pueden dar su opinión o solicitar mas información.    
En la página web del INEN:  www.inen.gov.ec se presentan los procedimientos de evaluación de la 
conformidad para ciertos productos de importación y también el boletín electrónico sobre normas y 
reglamentos. 
Adicionalmente se indica que, en el caso de produc tos que deben cumplir con reglamentos técnicos 
obligatorios, la Ley de Defensa del Consumidor determina que organismos  deben llevar a cabo esa 
función, deben ser estatales.  Todavía no hay la po sibilidad de que laboratorios privados acreditados u 
otros organismos privados evalúen la conformi dad de productos que debe n cumplir una regulación 
obligatoria. 
Continúa indicándose que los procedimientos de eval uación de la conformidad de productos sujetos a 
control son los internacionalmente aceptados:  La c onformidad se puede demost rar con certificaciones 
de primera parte o de  tercera parte.  En al gunos casos la Autoridad mediante los órganos de 
inspección toman muestras y las someten a ensayos de laboratorio y un certificador emite su criterio 
de conformidad o no.  En caso de no cumplimiento, las autoridades jurisdiccionales  continúan con el 
proceso. 
                                                      
9 Revisión 8 del Documento G/TBT/1/Rev.823 de mayo de 2002. 
10 Unión Internacional de Telecomunicaciones,  Organización Mundial de la Salud, Codex 
Alimentarius, Comisión Elec trotécnica Internacional.  WT/TPR/M/148/Add.2
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El INEN también expresa que no ha existido ning una solicitud de algún país para reconocer una 
norma extranjera o procedimiento de evaluaci ón de la conformidad como equivalente.   
Con relación a la mención al reconocimiento mut uo del párrafo 100 del Info rme de la Secretaría, 
el INEN indica que los Acuer dos de Reconocimiento Mutuo cel ebrados con Colombia, Perú y 
Venezuela, cuya aplicación depende de los intere ses de cada parte, están fundamentados en las 
Decisiones 419 y 506 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
Finalmente se señala que los productos que, previo a  su importación al país, deben demostrar su 
conformidad, en el caso de Ecuador son aproximadamente 59 productos.  
Continuando con la explicación sobr e el párrafo 100, que menciona la  Red Andina de Normalización, 
donde se han adoptado 50 normas andinas que tiene un carácter voluntario, se señala que el proceso 
de normalización andino se realiza en base a la normativa subregional, que está expresada en varias 
Decisiones como la 419, así como mediante varias R esoluciones de la Secretaría General de la CAN, 
que están publicadas en la Página Web:  www.comunidadandina.org. 
Al ampliar lo mencionado en el pá rrafo 103 de la Secretaría, se señala que en la acreditación de los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad-OE C-, que incluyen Laboratorios, Certificación e 
Inspección, el Organismo de Acreditación Ecuatori ano utiliza la normativa ISO/IEC y los criterios y 
guías internacionales emitidos por el ILAC y el IAF, por tal motivo actualmente es reconocido como 
miembro Pleno del IAAC (Inter. Ameri can Accreditation Cooperation), para: 
• Laboratorios:  Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, 
 Certificación:  
• Sistemas de Gestión de la Calidad:  Guía INEN ISO /IEC 62 
• Sistemas de Gestión Medioambiental:  Guía ISO/IEC 66 
• Productos:  Guía INEN ISO/IEC 65 
• Personas:  Norma ISO/IEC 17024 
• Inspección:  Norma ISO/IEC 17020 
• El OAE opera un sistema de acreditación de acuerdo a la norma ISO/IEC 17011   
 
Se completa la información reque rida indicando que el OAE  tiene carácter oficial y que fue creado 
mediante Decreto Ejecutivo No. 401 en el año 200 0 y ratificado con el Decreto Ejecutivo No. 3497 
del MICIP. 
A través de este sistema se está certificando al Sect or de Laboratorios en las áreas de alimentos, 
ambientales–aguas, ambientales-emisiones gaseosas y calibración, así como en el Sector Certificador 
en el área de sistemas de gestión de la calidad. 
Al momento el OAE esta realizando los trámite para la llegar a firmas los Acuerdos de 
Reconocimiento, considerando que desde mayo  del 2005 fue aceptado como Miembro Pleno del 
IAAC. 
Los OEC interesados en la acreditación pueden acceder a la acreditación del OAE, para los fines 
pertinentes el INEN informa que al momento se  encuentran en proceso de acreditación para 
certificación de sistemas de la calidad cuatro (4) certificadoras internacionales. 
NORMAS DE ORIGEN 
Con relación a la consulta de Chile sobre los Requi sitos Específicos de Origen (REOs), se procede a 
informar en los siguientes términos: WT/TPR/M/148/Add.2 
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Los REOs establecidos dentro de la normativa co munitaria andina mediante Decisiones 416 y 417 de 
la Comisión de la CAN son establecidos mediante  Resolución de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina. 
La Secretaría General de la CAN puede acoger la solicitud de cualquiera de los cinco Países 
Miembros, para atender el nivel de desarrollo de determinada producción, o para incentivar 
innovaciones tecnológicas que propicien la competitividad de un sector, procurando que éstos no 
constituyan restricciones al comercio intrasubregional. 
Jurídicamente, los REOs que se aplican para el  comercio intrasubregional tienen el siguiente 
fundamento: 
a) En el artículo 101 del Acuerdo de Cartagen a, según el cual corresponderá a la Secretaría 
 General fijar requisitos específicos de origen para los productos que así lo requieran.  La 
 Secretaría también puede modificarlos a fin de adaptarlos al avance económico y tecnológico 
 de la Subregión. 
b) En el artículo 2 literal c) de la Decisión 416, según el cual, los REOs que se establezcan en el 
 marco del Acuerdo de Cartagena prevalecen sobre los criterios generales de origen.  
c) En la Decisión 417 que fija los criterios concre tos para establecer REOs, como son:  el de que 
 sean instrumentos dinámicos para el desarrollo de la Subregión;  y, el de propiciar  condiciones equitativas de comp etencia, evitando que se constitu yan en obstáculos para el 
 aprovechamiento de las ventajas de la integración subregional. 
En general, puede decirse que los casos en que se aplican REOs son más bien excepcionales.  El 
grueso del comercio intra-andino se rige por crite rios generales de origen.  Antaño esto no era así, 
pues desde la fundación del entonces Grupo Andino,  en 1969, se fijaron numerosos REOs, los 
mismos que fueron derogados a prin cipios de la década del 90. 
Con relación a los Requisitos Específicos de Origen que se aplican en el comercio entre los Países 
Andinos y el MERCOSUR, éstos se basan en el Régi men de Origen que consta en el Anexo IV del 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE 59), cu yo artículo 5 prevé la fijación de REOs para 
las mercancías en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios.  
Respecto de los REOs que se aplican en el comerc io con los demás países de la ALADI, éstos se 
fundamentan en la Resolución 252 del Comité de Re presentantes de la ALADI que contiene el texto 
consolidado y ordenado de la R esolución 78 del mismo organismo, que en su Art. 1º. establece la 
posibilidad de establecer REOs.  
Además, el Anexo 2 de la misma Resolución cont iene una lista de REOs  que fueron fijados con 
ocasión de la aprobación de esa Resolución. Cabe aclarar que los REOs de dicho Anexo tienen un 
grado de especificidad mucho menor a aquel de los REOs andinos, pues se limitan a determinar 
algunos materiales que deben ser originarios de los Países Participantes, sin establecer requisitos de 
producción, pago del Arancel Externo Común (AEC), etc. 
MEDIDAS SANITARIAS 
En atención a las consultas realizadas por la Uni ón Europea, Chile y Estados Unidos de América, 
relativas a la aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se informa que el 
Ecuador ratifica su voluntad de implementar el Acue rdo MSF de la OMC en todas sus disposiciones, 
especialmente en lo relacionado a la aplicación del principio de transparencia.   WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 15 
 
 
Al momento el Servicio Ecuatoriano de Sanida d Agropecuaria (SESA) ha efectuado las primeras 
notificaciones a la OMC, mediante los procedimientos  acordados en el Anexo B del Acuerdo MSF, el 
cual se ha iniciado con los siguientes temas: 
1. Status Quo, que contiene toda la reglament ación de varias leyes en materia agropecuaria, 
sanitaria y fitosanitaria; 
2. Norma nacional sobre embalajes de madera utilizada en el comercio internacional;  y 
3. Manual de procedimientos para la aplicación de la norma nacional sobre embalajes de 
madera utilizada en el co mercio internacional. 
De otra parte, se esta trabajando en conjunto con la Secretaría General de la CAN para establecer un 
“Sistema Nacional de Notificaciones”, que permita utilizar medios electrónico, que cumpla con las 
normas internacionales y sirva como herramienta para el intercambio de información entre los 
diferentes sectores involucrados.  
Dicho Programa también se propone la creación de un  sistema informático que permita recopilar y 
divulgar las leyes y reglamentos notificados por los países Miembros en materia de MSF  a la OMC, con miras a informar a los servicios técnicos nacionales, al sector privado y a las asociaciones de 
consumidores que intervienen en la elaboración de  las normas.  Así mismo, que el mencionado 
sistema permita tener una canal de dialogo entre los diferentes actores y sea una fuente de consulta en 
todo los temas relacionados a MSF. 
Para este propósito se han nominado consultores que están realizando un levantamiento de la 
normativa MSF, tanto en el ámbito andino como n acional, para así poder disponer del inventario de 
medidas aplicable a las importaciones por parte de l SESA y otras entidades en materia de sanidad 
agropecuaria, para compilarla y luego de analizar la en función de su compatibilidad con la OMC, 
proceder a su notificación y posterior publicación. 
Finalmente, hay que señalar que la ausenci a de notificaciones por parte del Ecuador no 
necesariamente implica que las medidas aplicadas a los productos importados no tengan una base 
científica de acuerdo a lo que establece el Acuerdo MSF o que puedan consider arse como una barrera 
oculta al comercio agropecuario. 
Dentro del proceso de reestructuración y modern ización del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
Agropecuaria (SESA) se tiene previsto agrupar y ar monizar la legislación vigente en materia sanitaria 
y fitosanitaria, incluyendo todos los procedimientos  que se utilizan para la elaboración de una norma 
o reglamento, a fin de cumplir con las di sposiciones del Acuerdo MSF de la OMC. 
Cabe destacar que la Decisión 515, adoptada por la Comisión de la Comunidad Andina el 8 de marzo 
del 2002, establece el marco jurídico andino para la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias de 
aplicación al comercio intrasubregional y con terceros  países de plantas, productos vegetales, artículos 
reglamentados, animales y sus productos, que es de aplicación obligatoria por parte del Ecuador,  
Esta norma, que sustituye a la Decisión 328, ad ecua la norma comunitaria a las nuevas prioridades 
del proceso de integración subregional y a las ex igencias sanitarias internacionales en materia 
agropecuaria, incorporando los principios estab lecidos en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC, 
Asimismo, incorpora al Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA) a los Servicios Nacionales 
de Sanidad Agropecuaria de los Países Miembros  para una mejor administración, ejecución y 
cumplimiento de las normas comunitarias; adecua los plazos y procedimientos para actualizar y 
mantener el Registro Subregional de Normas Sani tarias, e incorpora el concepto prioritario del WT/TPR/M/148/Add.2 
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acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la  OMC de permitir la protección a la salud humana 
y animal y preservar los vegetales. 
La Decisión 515 también incorpora, como instrume ntos de apoyo del SASA, a los procedimientos 
para que un País Miembro o parte de él se declare libre de una plaga o enfermedad y la creación de los 
Sistemas Andinos de Información y Vigilancia Ep idemiológica en Sanidad Animal y el Sistema 
Andino de Información y Vigilancia Fitosanita ria y los Programas de Acción Conjunta. 
Además, precisa el mecanismo de las consultas té cnicas con el Comité Técnico Andino de Sanidad 
Agropecuaria y los Organos Nacionales de Protección Fito y Zoosanitaria para conocer la experiencia 
y criterio técnico de sus expertos y contribuyan al perfeccionamiento de las propuestas de normas. 
Institucionalmente el SASA está conforma do, de acuerdo a la Decisión 515, por: 
• La Comisión de la Comunidad Andina;  
• La Secretaría General de  la Comunidad Andina;  
• El Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecu aria (COTASA) (carácter permanente);  y,  
• Los Servicios Oficiales de Sanidad Ag ropecuaria de los Países Miembros.  
Como Instrumentos de carácter regulatorio del Sistema están las normas comunitarias sanitarias y 
fitosanitarias; el Registro Subregional de normas n acionales sanitarias y fitosanitarias;  las normas de 
emergencia y los Permisos o Documentos Fito y Zoo sanitarios para Importación, los Certificados Fito 
y Zoosanitarios para Exportaci ón y para la reexportación. 
Como instrumentos de apoyo del Sistema se ha n desarrollado el Sistema Andino de Información y 
Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Animal y el Sistema Andino de Información y Vigilancia 
Fitosanitaria (SAIVECAN), así como los procedimient os para que un País Miem bro o parte de él se 
declare libre de una plaga o enfermedad y los Programas de Acción Conjunta de Sanidad Agropecuaria.  
Entre los logros de la Comunidad Andina en esta materia destacan, además de la adopción de las 
Decisiones 515
11 (Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria ) y 519 (Programa Subregional Andino de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa - Período 2002-2009) , la aprobación de dos Decisiones (436 y 483) 
que establecen los requisitos y procedimientos armoni zados para el registro y control de plaguicidas 
químicos de uso agrícola y las normas para el re gistro, control, comercialización y uso de productos 
veterinarios, que permitirán un uso y manejo correctos y, por lo tanto, prevenir y minimizar daños a la 
salud y el ambiente en las condiciones autorizadas,  y facilitar su comercio en la subregión.  
Es importante destacar, asimismo, la Resolución 630 que adopta el Manual Técnico Andino para el 
Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 
En armonización, destaca el establecimiento de requisitos comunes para facilitar el comercio 
intrasubregional y frente a terceros países de 31 pr oductos agrícolas (14 productos por medio de la 
Resolución 431 y 17 por la Resolución 451), cuya pa rticipación en las importaciones subregionales es 
significativa. 
En lo Zoosanitario, merece relievarse la aprob ación, por medio de las Resoluciones 347 y 449 y sus 
modificaciones, de los requisitos comunes para la totalidad de las especies domésticas de los 
animales, productos y subproductos pecuarios del rei no animal contenidos en la nomenclatura de la 
NANDINA vigente, a fin de facilitar su comercio  intrasubregional y frente a terceros países y 
proteger a la subregión de los posibles efect os negativos de las plagas y enfermedades. 
                                                      
11 Ex – Decisión 328.  WT/TPR/M/148/Add.2
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Los requisitos zoosanitarios se vienen actualiz ando permanentemente conforme se presentan 
modificaciones en el estado sanitario de los animales y sus producto s, adoptándose nuevas 
Resoluciones como la Resolución 314, 315, 623, en tre otras.  Para facilitar estos trabajos se han 
elaborado fichas técnicas para las enfermedades de  los animales que son exóticas a la Subregión 
Andina y para las enfermedades de baja prevalen cia y endémicas de importa ncia económica para los 
Países de la Comunidad Andina. 
Respecto a los requisitos fitosanitarios, los Países Mi embros han priorizado por su importancia en el 
comercio intrasubregional a 10 productos agrícolas pa ra los cuales se están actualizando los requisitos 
fitosanitarios.  Para estos trabajos se toman en c onsideración las legislaciones nacionales de cada País 
Miembro, las normativas comunitarias y las normas y directrices internacionales, así como la 
actualización de los inventarios de plagas y las 519 fichas técnicas elaboradas. 
En el Registro Subregional Andino se encuen tran inscritas aproximadamente unas 700 normas 
nacionales, entre Decretos, Convenios, Resolu ciones Ministeriales y Acuerdos, debidamente 
clasificadas de acuerdo a su ámbito de aplicación.  Para que una norma pueda ser invocada a efectos 
del comercio entre los Países Miembros es condición necesaria que esté inscrita en el Registro 
Subregional. 
El Inventario Subregional de Plagas y Enfermedad es Existentes en la Subregión ha sido adoptado, 
para su aplicación a nivel subregional, por las R esoluciones 403 y 419 de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena.  Sus correspondientes anexos se vienen  modificando conforme se presentan cambios en 
los Países Miembros y se comunica de ellos a la Secretaría General de la CAN. 
En el Catálogo Básico de Plagas y Enfermedades  de los Animales están especificadas las plagas y 
enfermedades cuya existencia no ha sido comproba da en la Subregión y que ocasionan considerables 
daños a la producción agropecuaria y son de fácil diseminación, costoso control, difícil erradicación y 
alto riesgo para la Subregión.  
Están también señalados los agen tes causales, animales o especies vegetales afectados, productos y 
subproductos de origen agropecuario que pueden se r afectados y objetos a través de los cuales se 
pueden propagar las plagas y enfermedades.  Contie ne además la relación de los países afectados por 
estas plagas y enfermedades.  
Con base en el Catálogo se prohíbe la importación a la Subregión desde terceros países afectados de 
animales, vegetales y cualquier producto que sea capaz de propagar dichas plagas y enfermedades. 
En la elaboración de las Normas Andinas se toman en consideración las legislaciones nacionales de 
los países miembros y las normas sanitarias internaci onales de los organismos rectores del Acuerdo de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC:  La Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria de la FAO (CIPF), la Organización Mund ial de Sanidad Animal (OIE) y la Comisión del 
Codex Alimentarius FAO/OMS.  
Así, ya se han incorporado como Normas Andinas estándares y directrices internacionales 
desarrolladas por la CIPF y por la OIE y se han reali zado estudios de análisis de riesgos con base en 
las directrices del Código Zoosanitario Internacional de  la OIE, y las Normas Comunitarias adoptadas 
sobre este tema, entre otras acciones. 
AGRICULTURA 
Con relación a la administración de contingent es de importación que es de interés conocer por 
parte de Argentina y Estados Unidos de América, el Ecuador ratifica la permanente preocupación de 
las autoridades por encontrar un método eficiente de manejo y distribución para varios de los WT/TPR/M/148/Add.2 
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contingentes, vista su heterogeneidad y diversas estructuras de importadores, ha dado lugar a un 
proceso continuo de perfeccionamiento y modifi cación de las modalidades de administración. 
El mecanismo por el cual actualmente el Ecuador  asigna sus contingentes se encuentra establecido en 
el Acuerdo Interministerial  100 de del 31 de mayo del 2000, R.O.  No. 88), notificado en el ano 2000 a 
la OMC, mediante el cual se crea el Comité de Contingentes arancelarios integrado por los 
Subsecretarios de los Ministerios Agricultura (MAG ), Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 
Competitividad (MICIP) y de Economía y Finanzas (MEF), quienes tienen la obligación de asignar los contingentes de acuerdo al método mas adecuado –compatible con la OMC
- luego de un informe 
técnico que toma en cuenta algunos factores: 
1. Tamaño y naturaleza del Contingente   El Ecuador adquirió compromisos en 15 contingentes de 
diverso tamaño y naturaleza.  Esta situación determ ina que para cada producto emplee el método más 
adecuado, pero siempre debe cumplir con la c ondición expresamente indicada en el Acuerdo 100 de 
observar los principios de la OMC, de transparenci a, no discriminación y competencia leal, pero sobre 
todo el de lograr el mayor beneficio neto social. 
En los volúmenes mas grandes de contingente, esp ecialmente en trigo para consumo humano, el 
método que mas se ha utilizado ha sido el de asignación por importaciones históricas.  
2. Consenso privado en formulas de repartición   En el Ecuador existen organismos consultivos de 
carácter privado en las principales cadenas agro pr oductivas, denominados C onsejos Consultivos, que 
tienen la función de recomendar políticas sectoriales a los ministros, quienes muchas veces han encargado que se pongan de acuerdo en una form ula de repartición de  contingente que sea 
consensuada. En estos casos se procedido a asigna r el contingente de acuerdo a dichas proporciones 
preacordadas (Maiz, Sorgo, torta de Soya).  
3. Conforme vayan llegando las solicitudes
  En algunas ocasiones cuando se trata de contingentes 
muy pequeños (carne de pavo p.e.) el contingent e ha sido repartido conf orme han ido llegando las 
solicitudes de importación. 
Hay que mencionar que el régimen actual no perm ite un manejo discrecional de los contingentes, 
ya que debe ser analizado técnicamente por el “Comité de Contingentes Arancelarios” lo cual ha 
logrado:  
• Perfeccionar el mecanismo de administración, h aciéndolo más claro, eficiente y flexible para 
contingentes de naturaleza diversa. 
• Crear el Comité de Contingentes, organi smo encargado de la asignación, control y  
evaluación del cumplimiento, basado en las normas establecidas por la OMC. 
• El criterio utilizado para la distribución de licen cias de importación para contingentes grandes 
opera sobre la base de importaciones históricas que permite llegar a acuerdos de repartición 
proporcional del contingente. 
• El Comité puede evaluar otros criterios alte rnativos de asignación comúnmente aplicados y 
compatibles con la normativa de la OMC, en los casos que así lo ameriten. 
• Tales criterios son comunicados con la  debida anticipación a los importadores. 
Adicionalmente a las disposiciones mencionadas en el párrafo 18 del Capítulo IV del informe de la 
Secretaría de la OMC, donde se señalan los mecanis mos para fijar los contingentes arancelarios en 
base al Acuerdo Interministerial No. 100, se señ ala que está vigente la Resolución No. 183 del 
COMEXI que entró en vigencia en mayo de l 2003,  que dispone en su artí culo 16 los siguientes 
parámetros: 
a) Los intereses y preocupaciones de toda la cadena productiva; 
b) Los volúmenes históricamente importados;  WT/TPR/M/148/Add.2
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c) La posibilidad de que nue vos importadores puedan obten er licencias/cupos de 
importación;  y,  
d) Impedir que se concentren las licencias o cupos de importación en pocas manos y que los 
dueños de éstos, puedan tener un control s obre los precios y volúmenes del producto 
mencionado en el mercado nacional y por ende  generar distorsiones en el mercado.  
Complementariamente debe destacarse que según el in forme de la Secretaría de la OMC parecería que 
continúan vigentes los mecanismos y condiciones para  la absorción de la producción nacional están 
establecidos en el Acuerdo Interministerial No. 067  de 1978, debiéndose aclarar que el Art. 6 del 
Acuerdo Interministerial 100 antes mencionado “d eroga automáticamente cualquier otro Acuerdo 
Interministerial vigente, mediante el cual se ha ya administrado con anterioridad los Contigentes 
Arancelarios”, ratificándose que cualquier mecanismo  de administración de contingentes que aplique 
el Ecuador siempre será compatible con la OMC. 
Con relación a las consultas de Canadá y la Unión Europea relativas al respecto a los aranceles 
consolidados para los productos contemplados en el SAFP, se ratifica que esta normativa andina ha 
sido elaborado de forma que sea compatible con las disposiciones de la OMC, en especial respetar el 
párrafo 1 b) del Artículo II del GATT de 1994, que impide que por efectos de su funcionamiento, 
rebase los techos consolidados ante la OMC.  
Por este motivo existe una disposición expresa en su normativa12 que obliga a los países que lo 
aplican a respetar los compromisos adquiridos ante la OMC en materia de aranceles consolidados.   
El SAFP de acuerdo a la Decisión 371, únicamente  utiliza aranceles Ad-Valorem, tanto para el 
componente fijo como para el arancel correcti vo adicional que es susceptible de variar (como 
cualquier arancel), pero con una frecuencia absolu tamente constante (quincenal) y con la debida 
antelación y transparencia para que los importadores sepan el nivel de arancel total que deben cancelar.  
Con relación al caso de los aranceles NMF, cabe señalar que el SAFP se aplica por los Países 
Miembros de la CAN a todas las importaciones provenientes de terceros países sin carácter 
discriminatorio. 
De igual forma, ante una consulta específica de Ca nadá, se deja expresa constancia que el Ecuador no 
aplica aranceles estacionales, porque no los c onsolidó en sus listas de compromisos.  
El procedimiento que se aplica es abrir el periodo c ontingencial, para los productos que gozan de un 
arancel consolidado mas bajo, preferiblemente en épocas del año en que hay déficit de producción 
nacional, debido a la falta de infraestructura de  almacenamiento, para no perjudicar a pequeños 
productores de muy escasos recursos.  
También es importante anotar que tanto Colombia co mo Venezuela, países de la Comunidad Andina 
que aplican exactamente el mismo sistema, ya ha n pasado por dos exámenes de políticas comerciales. 
En relación a la mención que realiza Canadá sobr e una posible ausencia de notificaciones en materia 
de subsidios a la exportación para productos agrícolas,  se señala que el Equivalente de Subsidio al 
Productor (ESP) estimado por la Comunidad Andi na, está relacionado con la Medida Global de 
Ayuda (MGA) al Productor, y no con Subvenciones a las Exportaciones.  
                                                     
 
12 La Decisión 430 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo único faculta a los Países 
Miembros a limitar la magnitud de los incrementos arancelarios con el fin de que el arancel total resultante no exceda los niveles máximos negociados en el marco de la OMC. WT/TPR/M/148/Add.2 
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En su gran mayoría el componente positivo del ESP se explica por políticas de apoyo en frontera (aranceles) de carácter general que no implican desembolsos presupuestarios estatales, pero sobre 
todo por la eliminación de impuestos implícitos al  productor como el régimen de intervención en 
política cambiaria que se mantuvo hasta 1992.  
Por tanto el Ecuador no utiliza subsidios a las expor taciones, además de que no cuenta con recursos 
suficientes para ello, ya que el presupuesto fiscal para el sector agropecuario es en promedio de 
apenas el 3% del presupuesto total (alr ededor de 150 millones de dólares).   
En relación a la consulta de Es tados Unidos de América respecto del cumplimiento del compromiso 
de Ecuador para desmantelar el sistema de ajust es aranceclarios notificado al momento de su adhesión 
a la OMC, se ratifica que el Ecuador si cumplió su  compromiso de desmantelamiento gradual en siete 
años del arancel específico aplicado por el Sistem a “Nacional” de Bandas de Precios, conocido como 
MECANISMO DE AJUSTES ARANCELARIOS (MAAR) , tal como consta en el título del Anexo II 
del Protocolo de Adhesión del Ecuador a la OM C y donde se definen los términos concretos del 
compromiso sobre este instrumento.  
El MAAR , fue el primer sistema de bandas de precios  que adoptó el Ecuador en 1993, y que, al 
formar parte de la política comercial “nacional”, fue objeto de análisis y negociación, durante el 
proceso de adhesión de Ecuador a la OMC.  
El compromiso de Ecuador sobre el MAAR no es vi nculante al Sistema Andino de Franjas de Precios 
(SAFP), ya que este último sistema constituye parte de la política arancelaria armonizada a escala andina, y sobre el cual el Ecuador no tiene derec hos individuales, para modificarlo o comprometerlo 
en ningún foro internacional.  
No es posible aplicar al SAFP el “Cronograma de Desmonte del MAAR” del Ecuador definido en el 
Anexo II de su Protocolo, porque son sistemas diferentes, tanto en cobertura, como en metodología y 
elementos constitutivos.  
El MAAR era de aplicación exclusivamente nacional
 a diferencia del actual Mecanismo que es de 
aplicación regional, y que por lo tanto solo pue de ser modificado, incrementado, disminuido o 
eliminado mediante una decisión de con senso entre los países que lo aplican.  
La Cancillería del Ecuador, a través de la Repres entación Permanente del Ecuador ante la OMC, 
presentó oficialmente el estado de cumplimiento de los compromisos del país entre los que consta el 
cumplimiento del compromiso sobre el MAAR, estab lecido en el párrafo 48.  Estos Informes están 
contenidos en el documento WT/ACC/ECU/9 pres entado el 25 de febrero de 1998, y el documento 
WT/ACC/ECU/10 del 24 de enero del 2000. 
El Ecuador dio cumplimento anticipado a su compromiso sobre el Mecanismo de Ajustes 
Arancelarios, al haberlo desmantelado mediante el Decreto Presidencial No. 2485-A del 27 de enero 
de 1995, como se informó oportunamente para que este particular sea notificado a la Organización 
Mundial de Comercio.  
Finalmente, con relación a un posible caso de discrimen en la administración de licencias de 
importación aplicable a las manzanas, se señala que para este producto no ex iste ninguna instrumento 
o disposición con validez legal, que pueda ser utili zado para discriminar comercio con este país, 
aseveración que se puede comprobar con la revisión de los flujos de importaciones de Ecuador, que 
son normales e inclusive crecientes.  
Finalmente se indica que la descri pción sobre el funcionamiento del SAFP puede ser consultada en la 
página web:  http://www.sica.gov.ec/comext/ docs/12safp/121que_es_franja/documento1.htm.  WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 21 
 
 
CONTRATACION PUBLICA 
En relación a las preguntas formuladas por la Unión Europea13, Colombia y Brasil, se informa lo 
siguiente: 
El Ecuador busca incrementar la eficiencia en la contratación pública a través la implementación de 
mecanismos que garanticen un adecuado control y transparencia a las contrataciones públicas, en 
ambos campos se están promoviendo iniciativas:  1) A través de la expedici ón de una nueva Ley de 
Contratación Pública y 2) el fortalecimiento del sistema de contratación electrónica (CONTRATANET:  www.contratanet.gov.ec).  El Ec uador busca igualmente fortalecer y mejorar su 
sistema de estadísticas sobre contratación pública,  a fin de conocer en detalle qué, cuándo, quién, 
cómo y cuánto se ha gastado en adquisiciones públic as de bienes y servicios, esta información no solo 
es útil para efectos de un mejor control y superv isión del gasto, sino también para efectos de 
negociación en acuerdos sobre contratación pública. 
Actualmente, se está trabajando en una nueva Ley a fin de modernizar y agilizar los sistemas de 
contratación. Se destaca que esta nueva normativa rec ogerá los conceptos y principios establecidos en 
acuerdos internacionales que sirven como referencia para este tema, entre ellos el borrador del texto 
del Capítulo sobre Contratación Pública del Trata do de Libre Comercio a celebrarse con los EE UU, 
el cual entre otras cosas norma la publicación de las convocatorias, los planes anuales de contratación 
y los resultados de cada trámite en un punto único de difusión electrónica, aparte de un sistema de 
impugnaciones manejado por una entidad independi ente de la que realice el concurso. 
El Ecuador está ampliando la transparencia en la s compras gubernamentales a través del portal de 
CONTRATANET, que es el sistema oficial de información y contratación que posee actualmente el 
Ecuador.  Este proyecto fue diseñado y es ejecuta do por la Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción, entidad autónoma del Gobierno ecuatoria no vinculada a la lucha contra la corrupción.  
CONTRATANET está en operación desde junio de 2003, actualmente hay 250 entidades públicas 
publicando sus compras y contratos a través de este sistema.  Alrededor de 5.000 empresas privadas y 
contratistas se han suscrito para hacer uso del sistem a.  Se han registrado más de 350.000 visitas en la 
página web del CONTRATANET hasta la fecha. 
Actualmente el CONTRATANET funciona como me canismos de difusión de información de compras 
y contratos públicos, pero se espera que para el año 2007 funcionará plenamente como un mecanismo 
de transacciones electrónicas, con lo cual se conso lidará una mayor transparencia, agilidad y acceso a 
las contrataciones públicas en el Ecuador. 
Al momento, el Ecuador no dispone de un sist ema eficiente y completo de estadísticas sobre 
contratación pública.  Se cuenta con información de  aquellos contratos realizados por entidades del 
sector público que han merecido informe de la Contra loría General del Estado, esto es, aquellos cuyo 
monto supere, para el 2004, los 146.869 dólares (0 .00002% del Presupuesto anual del Estado).  El 
monto de este tipo de contratos correspondiente al  2004 fue de alrededor de 481 millones de dólares, 
registrados en 677 procesos de contratación.  No se  cuenta con estadísticas detalladas por tipos de 
bienes y servicios, ni si el contratista es una empresa nacional o extranjera.  Debe tenerse presente que 
la mayor parte de la contratación pública se rea liza por debajo del umbral de 146.869 dólares, 
contratos sobre los cuales no se dispone de estad ísticas detalladas.  Mayor información sobre este 
tema favor revisar los párrafos 186 y 190 de la sección III del Informe de la Secretaría.  
No hay criterio ni normativa para decidir si pueden participar oferentes extranjeros en una licitación 
pública, para esta decisión los Comités de Contrataciones de las entidades tienen una amplia libertad 
discrecional para convocar a oferentes nacionales o ex tranjeros.  En la legislación ecuatoriana no se 
                                                     
 
13 Pregunta 5. WT/TPR/M/148/Add.2 
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garantiza el “trato nacional”.  No obstante, en términos generales la legislación ecuatoriana no es 
discriminatoria y en la práctica los oferentes naci onales y extranjeros participan en igualdad de 
condiciones.  
El Ecuador a través del Art. 4 de la Decisión 439 de la Comunidad Andina (Marco General de 
Principios y Normas para la Liberalización de los Servicios en la Comunidad Andina) ha reconocido 
trato nacional para las adquisiciones de servicios de entidades públicas a empresas de los Países 
Miembros.  Se espera que en el futuro cercano lo s países andinos reglam enten este tratamiento a 
través de una Decisión específica sobre contratación pública. 
En cuanto a la participación de empresas extranjer as, se deben aclarar los siguientes dos conceptos:  
1) Se puede constituir una compañía  en Ecuador, la que puede ser con socios y capitales extranjeros.  
Esta compañía se considera una compañía ecuator iana con todos sus debere s y derechos, en otras 
palabras recibe el trato como empresa nacional,  2) Las sociedades extranjeras no establecidas o 
domiciliadas en el Ecuador deben te ner un representante legal para efecto de presentar una oferta de 
contratación pública y deberán domiciliarse en el pa ís antes de la celebr ación de todo contrato.  
POLITICAS DE COMPETENCIA 
En relación a las preguntas formuladas por la Unión Europea, Chile y Brasil
14, el Ecuador formula las 
siguientes respuestas: 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador, corresponde al Estado ecuatoriano garantizar  el desarrollo de las actividades económicas de 
los sectores público y privado, mediante un ordenami ento jurídico e institucional que las promuevan y 
fomenten.  Las actividades empresariales pública y pr ivada recibirán el mismo tratamiento legal.  
En igual forma el Artículo 244 establece que es responsabilidad del Estado ecuatoriano promover el 
desarrollo de actividades y mercados competitivos , impulsar la libre competencia y sancionar las 
prácticas monopólicas, así como otras que la impidan o distorsionen. 
Adicionalmente, varias leyes del Ecuador, entre ellas la Ley de Comercio Exterior e Inversiones y la 
Ley de Compañías, prohíbe cualquier práctica o dis posición que limite la libre competencia, prohíbe 
la formación de compañías que tiendan al monopolio de  la subsistencias o de algún ramo de cualquier 
industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad, respectivamente. 
El Gobierno de Ecuador a través del Ministerio  de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 
Competitividad (MICIP), ha preparado la Ley Or gánica de la Libre Comp etencia Económica que está 
lista para ser enviada al Congreso Nacional para su  estudio y promulgación;  toda vez que la misma 
constituye uno de los temas priorita rios de Agenda del Gobierno.   
Es importante destacar que el Proyecto de Ley Or gánica de la Libre Competencia Económica ha sido 
debidamente consensuado con el sector privado gr acias a la acción de promoción emprendida por el 
MICIP. 
El ámbito de aplicación  del Proyecto de Ley Orgánica de la Libre Competencia Económica, regula 
todos los actos documentales o no de los agent es económicos restrictivos de la competencia 
económica, monopolios, competencia desleal o cualquier otro dirigido a impedir, distorsionar o 
levantar barreras injustificadas al mercado que tengan efectos reales, directos, previsibles y significativos en el territorio nacional.  
                                                     
 
14 Pregunta 12.  WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 23 
 
 
Se deja a salvo lo dispuesto en las normas sobre competencia económica previstas en el Acuerdo de 
Cartagena y las decisiones que las desarrollen.  Las normas sobre competencia económica contenidas 
en los tratados internacionales cel ebrados y que celebre la República del Ecuador, tendrán el efecto 
que se prevea en dichos instrumentos. 
Esta Ley se aplica a todos los agentes económicos defi nidos en el Capítulo VIII, del Proyecto de Ley, 
esto es:  Toda persona natural o cualquier organi zación, agrupación, asociación de derecho o de 
hecho, nacional o extranjera, dotada o no de person ería jurídica, inclusive el patrimonio autónomo, 
sean instituciones del sector público o privado, la fuerza pública, tenga o no finalidad de lucro, que 
actúe habitualmente en la producción, el suministro, la provisión o comercialización de bienes y servicios en el mercado nacional. 
El Proyecto de Ley Orgánica de la Libre Competen cia Económica en el Ecuador tiene como objetivo 
el promover mercados competitivos y proteger el  proceso de competencia y libre concurrencia, 
mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente del mercado.  
Adicionalmente, el Proyecto de Ley tiene la fina lidad de proteger y fomentar la competencia 
económica a través del establecimiento  de normas dirigidas a evitar el levantamiento injustificado de 
barreras al mercado derivadas de normas legales o reglamentarias discriminatorias, así como a través de la prohibición y regulación de conductas que re alicen los agentes económicos restrictivas de la 
libre competencia o que conlleven competencia desleal. 
SERVICIOS FINANCIEROS 
En respuesta a las preguntas formuladas por Canadá
15 y Colombia sobre el establecimiento de 
servicios financieros en el Ecuador, se confirma que  actualmente está permitido el establecimiento de 
instituciones financieras privadas, conforme a la Ley General de In stituciones del Sistema Financiero 
Art. 3 y 18.  
Los requisitos mínimos no discriminatorios para la constitución de nuevas instituciones financieras se 
establecen en la Ley General de Instituciones del Si stema Financiero, especialmente en el Título II, 
Capítulo I, y en la Ley General de Seguros y su  reglamento.  Esta normativa está a disposición del 
público en general en la página web de la Supe rintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador:  
www.superban.gov.ec. 
Con relación al interés de Canadá16 y México17 respecto del establecimiento de oficinas de seguros, se 
expresa lo siguiente: 
La Ley General de Seguros no cont empla la posibilidad que una empr esa extranjera de seguros se 
establezca en el Ecuador a través de una oficina de representación, básicamente porque no se permite 
la venta de seguros extranjeros en el país, está prohibido por Ley.  
No existen restricciones legales al establecimiento de empresas de seguros nuevas, de capital nacional 
o extranjero.  Las empresas de seguro extranjeras pueden establecerse en el Ecuador a través de sucursales.  Art. 9,10 y 13 de la Ley General de Seguros. 
El término “fee” se refiere a sueldos y remuneracione s o pagos por servicios prestados.  La restricción 
que el 50% de los sueldos y honorarios “fee” de las compañías de seguro extranjeras corresponda a 
                                                     
 
15 Pregunta 15. 
16 Pregunta 16. 
17 Pregunta 20. WT/TPR/M/148/Add.2 
Page 24  
 
empleados de nacionalidad ecuatoriana no está vige nte en la nueva Ley General de Seguros, esa 
disposición  constaba en la Ley anterior.  
Con relación a la pregunta de Colombia sobre si lo s proveedores de servicios transfronterizos están 
sometidos a requisitos regulatorios y de registro, así  como al pago de impuest os, la Superintendencia 
de Bancos ha señalado que la nor mativa nacional en esta materia está actualmente en proceso de 
desarrollo. 
TELECOMUNICACIONES 
En relación a las preguntas de México y Canadá r especto del proceso de modernización del sector de 
telecomunicaciones, la delegación del Ecuador desea precisar que el compromiso del Ecuador con el 
FMI era el de trasladar la administración de  ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. y no de 
privatizarlas.  
El Ecuador ha iniciado un nuevo proceso para la selección internaci onal de un operador encargado 
de administrar temporalmente las empresas de telecomunicaciones Andinatel y Pacifictel, contando con el apoyo de la UIT como Organismo Es pecializado de las Naciones Unidas para las 
telecomunicaciones.  Se están definiendo los Térm inos de Referencia que permitan a la UIT convocar 
a un concurso internacional, de acuerdo con sus pr ocedimientos.  De acuerdo con la programación 
establecida, la UIT convocará al conc urso en agosto del 2005;  y, se estima que para diciembre de este 
año se suscribirá el contrato. 
Los recursos del FODETEL son administrados confor me con el  reglamento de su creación publicado 
en la página Web del CONATEL para  financiar, en parte, los proyectos de telecomunicaciones en las 
áreas rurales y urbano marginales que consten en el Plan de Servicio Universal y que son acordados 
en los documentos previos a los concursos públicos.  El Plan de Servicio Universal está publicado en 
la página Web del CONATEL, en su link “FODETEL”  (www.conatel.gov.ec).  El reglamento de 
proyecto del FODETEL se encuentra en la misma página web, link “base legal”.  
Se debe mencionar que el Merca do de las telecomunicaciones en Ecua dor, por disposición de la Ley 
de Transformación Económica del Ecuador, de marz o de 2000, se encuentra en régimen de libre 
competencia, lo que será  ratificado en las  pr óximas negociaciones del GATS.  Igualmente, se espera 
que en estas negociaciones se logre reflejar la situación actual del sector de las telecomunicaciones. 
En el Ecuador, conforme la Le y Especial de Telecomunicaciones, la Administración de las 
Telecomunicaciones, la ejerce el Consejo Naci onal de Telecomunicaciones, CONATEL, es por lo 
tanto este organismo el que dicta las políticas en este ámbito y su organismo ejecutor es la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.  Los cambios de le y los aprueba, en su orden, el Congreso Nacional 
y el Presidente de la República.  Cualquier in iciativa de cambio no implica compromiso alguno del 
Estado ecuatoriano. 
En relación a la pregunta de Japón, hay que resaltar que en los últimos cuatro años han ingresado al 
mercado de las telecomunicaciones del Ecuador cuatro nuevas empresas para prestar servicios de telefonía fija local:  Linkotel, ETAPA Telecom, Ecuador Telecom y Setel.  
Igualmente, han requerido la prest ación de servicios de telefonía pública tres empresas y otra ha 
solicitado la prestación del servicio de telefonía fija local. 
En atención a al consulta de la Unión Europea, se declara en forma expresa que toda la regulación 
referente a las telecomunicaciones de Ecuador se la puede encontrar en la página Web del 
CONATEL:  www.conatel.gov.ec en el link de “base legal”.  Esta regulación no se contrapone con la 
oferta sobre telecomunicaciones expuesta por Ecuador ante la OMC.  WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 25 
 
 
En cuanto a restricciones en el número de licencias para telefonía móvil, conforme al “Contrato de Concesión del Servicio Móvil Avanzado” ot orgado a la compañía TELECOMUNICACIONES 
MÓVILES DEL ECUADOR “TELECSA S. A.”, el 3 de  abril de 2003, el CONATEL se abstendrá de 
autorizar nuevas operaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles que compitan con el otorgado en concesión a esta compañía  y que incrementen el número de participantes 
en el mercado de telefonía móvil ecuatoriano, ant es de tres años de la suscripción de este contrato. 
ENERGIA:  ELECTRICIDAD 
Con respecto a la pregunta formulada por la deleg ación de Japón en esta materia, se menciona lo 
siguiente: 
Los objetivos de la política nacional del sector que f ija la Ley de Régimen del Sector Eléctrico son, 
entre otros:  proporcionar un servicio eléctrico confiable que garantice el desarrollo económico y social;  promover la competitividad de los merca dos de producción de electricidad y las inversiones 
del sector privado para asegurar el suministro a largo plazo;  proteger los derechos de los 
consumidores y garantizar la aplicación de tarifas preferenciales para los sectores de escasos recursos 
económicos;  regular la operación técnica y económica de l sistema, y garantizar el libre acceso de los 
actores del servicio a las instalaciones de transmisión y distribución;  regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las tarifa s aplicadas sean justas tanto para el inversionista 
como para el consumidor.
18 
Con la promulgación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en octubre de 1996, se inició 
un importante proceso de modernización del marco jurídico del sector eléctrico.  Están en vigor 
15 reglamentos y 26 regulaciones. 
El eje principal de la reforma estructural que se inició con la adopción de  la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico es la separación de la industria  en tres segmentos:  generación, transmisión y 
distribución.  Hasta marzo de 1999, las activid ades de generación, transmisión y distribución 
estuvieron concentradas en el Instituto Ecuatori ano de Electrificación (INECEL), que además era 
el responsable de regular el sector.  A partir de esa fecha dejó de funcionar el INECEL y en su lugar 
se crearon seis compañías de generación y una de transmisión, cuyas acciones se transfirieron al Fondo de Solidaridad.  El Fondo de Solidaridad  es una entidad estatal autónoma creada en 1995 
para canalizar los recursos resultantes de las privatizaciones hacia programas de desarrollo.  
La participación accionaria del INECEL en las compañías de distribución también fue transferida al 
Fondo de Solidaridad. 
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico estipula que la transferencia de acciones en compañías del 
sector eléctrico de propiedad del Fondo de Solidar idad se lleve a cabo mediante procedimientos 
públicos competitivos.  El Fondo de Solidaridad debe poner a disposición del sector privado un 
porcentaje no mayor al 51 por ciento de las acciones con derecho a voto o suscripción de acciones con 
derecho a voto en el capital de dichas compañías.
19 
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico solamente permite la participación del sector privado en el 
sector eléctrico a través de concesiones o permisos otorgados por el Estado.  La construcción y operación de nuevos proyectos de generación contem plados en el Plan Maestro de Electrificación 
aprobado por el CONELEC requiere una concesión o un permiso.  Las concesiones se otorgan a 
través de procesos públicos en los que pueden par ticipar inversionistas nacionales o extranjeros.
20  
Los plazos de las concesiones se determinan "de acu erdo con el tiempo que los modelos matemáticos 
                                                      
18 Artículo 5, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
19 Artículo 28, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
20 Artículo 29, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. WT/TPR/M/148/Add.2 
Page 26  
 
determinen, en función de los intereses del Estado, de los i nversionistas y de los usuarios".
21  L o s  
permisos se requieren  para la construcción y operación de centr ales de generación de 50 MW o menos 
y no pueden ser negados excepto en el caso de incumplimiento de las leyes sobre protección del 
medio ambiente o incompatibilidad con las condicion es técnicas señaladas por el CONELEC para el 
desarrollo de los recursos energéticos del sector eléctrico.22 
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico contempla la existencia de una sola empresa de transmisión 
eléctrica.23 
De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, las compañías 
distribuidoras gozan de concesiones de exclusiv idad de suministro en sus respectivas áreas 
geográficas.  Las autoridades indicaron que todo el territorio ha sido concesionado. 
El marco jurídico del sector contiene varias disposiciones que buscan estimular la competencia.  En 
particular, la Ley de Régimen del Sector Eléctrico  prohíbe la colusión con el objeto de fijar los 
precios, las prácticas predatorias y la discriminaci ón en el acceso a las instalaciones de transmisión y 
distribución.  Asimismo, establece que ninguna compañía generadora puede controlar más de una 
cuarta parte de la potencia instalada.  La empr esa Hidropaute está exenta de este requisito, pero su 
participación no puede ser mayor al 33 por ciento de la potencia instalada.  La participación de 
Hidropaute en la potencia instalada asciende al 29 por ciento. 
Los precios a los consumidores finales están regu lados por el CONELEC.  Estos precios deben 
reflejar “los costos reales del servicio basados en parámetros internacionales de calidad y eficiencia”.
24  En 2003, el precio medio que cobraron las compañías distribuidoras a sus clientes 
ascendió a 0,0897 dólares de los EE.UU. por kWh.25  Aunque las tarifas eléctricas han ido 
aumentando en años recientes, "por motivos socioe conómicos", el precio de la electricidad aún no se 
sitúa al nivel requerido para una r ecuperación total de los costos.  Pa ra atender el problema del déficit 
tarifario y asegurar que las empresas distribuidoras re cuperen su equilibrio financiero, el Presidente de 
la República ha emitido decretos mediante los cuales  el Estado asume dicho déficit.  Desde noviembre 
de 2001 las tarifas efectivas cobradas al sector indus trial (alrededor de 0,0799 dólares de los EE.UU. 
por kw/h en 2003) corresponden al precio medio real de la energía.26 
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico establece un subsidio de los usuarios “residenciales de mayor 
consumo” a los usuarios “de bajo consumo” en cada zona geográfica.27 
Los precios que pagan los “grandes consumidores” en el marco de contratos por un plazo mínimo de 
un año no están regulados.  Sólo pueden pertenecer a la categoría de los grandes consumidores las 
empresas que satisfacen ciertos requisitos técnicos y de consumo.  En particular, la demanda media 
mensual debe superar los 650 kW dur ante los seis meses previos a la presentación de la solicitud y el 
consumo anual los 4.500 MWh.  La pa rticipación de los grandes consumidores pasó del 4,3 por ciento 
del total de electricidad consumida en 2002 al 7,2 por ciento en 2004.  Existe un mercado eléctrico 
mayorista donde se celebran los contratos a plazo entre generadores, grandes consumidores y distribuidores.
28  En este mercado también se pueden realizar transacciones ocasionales.  La 
administración del mercado eléctrico mayorista está en manos del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), entidad privada sin fines de lucro formada por las empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes consumidores. 
                                                     
 
21 Artículo 29, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
22 Artículo 30, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
23 Artículo 11, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
24 Artículo 53, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
25 Información en línea del CONELEC.  Disp onible en:  http://www.conelec.gov.ec. 
26 Ramos y Neira (2003), p. 43. 
27 Artículo 53, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
28 Artículo 45, Ley de Régimen del Sector Eléctrico.  WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 27 
 
 
Las disposiciones relativas a la importación y expor tación de energía eléctrica están contenidas en la 
Decisión 536 de la Comunidad Andina , que prohíbe la imposición de aranceles u otras restricciones a 
las importaciones o exportaciones de electricida d entre miembros de la Comunidad Andina.29  Las 
importaciones y exportaciones de electricidad debe n realizarse a través del mercado eléctrico 
mayorista.  La exportación requiere una autorizaci ón del CENACE.  Únicamente puede exportarse el 
excedente generado por encima de la demanda nacional.30   
El Ecuador y Colombia cuentan c on una interconexión eléctrica de una capacidad total efectiva de 
transferencia de 250 MW.  Está prevista la duplicaci ón de esta capacidad a partir de 2007.  Asimismo, 
en diciembre de 2004 se terminó la construcción de una interconexión con una capacidad de 100 MW 
entre el Ecuador y el Perú.  Las importaciones de plantas de generación con capacidad superior a 
100 kW requieren una licencia (capítulo III 1) vii)). 
No obstante la modernización del marco jurídico y las reformas estructurales implementadas, el 
Estado continúa dominando el sector eléctrico.  A través del Fondo de Solidaridad, el Estado es el 
único accionario de la empresa de transmisión y de cinco compañías generadoras, que representan 
poco más de tres cuartas partes del total de la en ergía generada bruta.  Asimismo, el Fondo de 
Solidaridad cuenta con participación accionaria en 19 de las 20 compañías de distribución.  Existen 
cinco compañías privadas, todas ellas dedicadas a la generación.  Su potencia instalada efectiva total 
asciende a 475 MW (alrededor del 13 por ciento del total). 
El aumento de la inversión privada en el sector es una cuestión apremiante.  El Plan Nacional de 
Electrificación estima que durante el período 2004-13 las necesidades de inversión de la industria 
ascenderán a casi 3.000 millones de dólares de los EE.UU.  Dadas las limitaciones fiscales que 
enfrenta el Estado, el grueso de este monto debe rá provenir de la inversión privada nacional y 
extranjera.  Sin embargo, los intentos en años pasa dos por trasladar al sector privado el 51 por ciento 
de las acciones del Estado en las empresas eléctricas distribuidoras no se concretizaron, en parte debido a la fuerte oposición de varios sectores de la  sociedad.  Recientemente, los problemas por los 
que ha atravesado el mercado eléctrico mayorista, ocasionados en gran medida por el bajo nivel de 
pago de las compañías distribuidoras a las generadoras , crean un entorno poco propicio para atraer la 
inversión en nuevas actividades de generación.
31 
En 2003, las pérdidas totales de las empresas di stribuidoras ascendieron al 23,5 por ciento de la 
electricidad disponible a nivel de distribución.32  Con el objeto de mejorar la gestión de las compañías 
de distribución, se inició un proceso para la cont ratación temporal de un ad ministrador independiente 
de 13 compañías de distribución que actualmente cuentan con la participación accionaria mayoritaria 
del Fondo de Solidaridad.  Sin embargo, el proceso  se declaró desierto en febrero de 2004 después 
de que la única compañía precalificada para presentar una oferta decidió retirarse del proceso.  A principios de 2005, estaban en estudio varias moda lidades para volver a poner en marcha el proceso 
para la contratación de un administrador temporal. 
SECTOR PETROLERO 
En atención al interés del Gobierno de Canadá sobre el sector petrolero, se ratifica que este sector es 
el más importante de la economía ya que representa el 12% del PIB en el Ecuador, motivo por el cual 
el Gobierno Nacional ha decidido reabrir el proceso  de licitación internacional para la operación de 
campos marginales, puesto que la inversión extranje ra facilitará su operación con tecnología de punta. 
                                                     
 
29 Decisión 536 de la Comunidad Andina, 19 de diciembre de 2002. 
30 Artículo 10, Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
31 CONELEC (2004). 
32 CONELEC (2004). WT/TPR/M/148/Add.2 
Page 28  
 
Además, se informa que existen áreas para expl oración y explotación petrolera de riesgo, como 
los campos ITT y del sur-oriente de Ecuador, que se licitarán a nivel internacional, para lo cual 
los gobiernos y empresas interesadas podrán cons ultar sobre estos temas en las páginas web 
del Ministerio de Energía:  www.mene rgía.com.ec y Minas y de PETROECUADOR:  
www.petroecuador.com.ec . 
Cabe señalar que de conformidad con la Ley Interpretativa al Artíc ulo 69-A de la Ley de Régimen 
Tributario Interno,”….. el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es aplicable a la actividad petrolera en lo referente a extracción, transporte y comercializac ión de petróleo crudo, 
puesto que el petróleo no se fabrica, sino que se lo extrae de los respectivos yacimientos.”  
Por lo tanto, las compañías que se dedican a la ex tracción, transporte y comercializaciòn de petróleo 
crudo no tienen derecho a la devolución del IVA.  Esta restricción no se basa en una calificación de la 
calidad de exportador sino al alcance de la norma legal.  De acuerdo a la Ley Interpretativa antes 
mencionada, el derecho a devol ución no nace, pues no se configura la premisa fundamental del 
Art. 69-A de la Ley de Régimen Tribut ario Interno que es la fabricación. 
En cuanto a las dudas que existen acerca de la no devolución del IVA en inversiones petroleras es 
importante recordar que de conformidad con el num eral 5 del artículo 130 de la Constitución Política 
de la República, en concordancia con el artículo 3 del Código Civil “Solo al legislador le corresponde 
explicar o interpretar la Ley de un modo gene ralmente obligatorio”; y que existe una Ley 
interpretativa al artículo 69-A de la Ley de Régimen Tributario Interno donde se detalla que: 
"... el reintegro del Impuesto al Valor Agregado, IVA, no es aplicable a la actividad petrolera en lo 
referente a la extracción, transporte y comercializac ión de petróleo crudo, pue sto que el petróleo no 
se fabrica, sino que se lo extrae de los respectivos yacimientos." 
Por lo tanto, las compañías que se dedican a la ex tracción, transporte y comercialización de petróleo 
crudo no tienen derecho a la devolución del IVA. 
Esta restricción no se basa en una calificación de la  calidad de exportador sino en el alcance de la 
norma legal.  De acuerdo a la Ley Interpre tativa, el derecho a devolución no nace pues no se 
configura la premisa fundamental del artículo 69-A de  la Ley de Régimen Tributario Interno que es la 
fabricación. 
Por ultimo cabe señalar que en lo referente a los litig ios legales, que se mantienen en este respecto, es 
imposible generar una lista de casos detallada y meno s aún presentar la estrategia que existe para su 
manejo por lo delicado del tema. 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
CANADA Con relación a la pregunta formulada por la delegación de Canadá
33, se debe mencionar que resaltar 
que Ecuador concede cualquier derecho de pr opiedad intelectual siempre que se cumplan 
determinadas condiciones.  En el caso de que hubi era un desarrollo tecnológico en base a recursos 
biológicos y genéticos o se funda mente en conocimientos tradicionales, será necesario el acceso 
legal a dicho material o el consentimiento de la comunidad indígena, afro americana o local, 
respectivamente.  
                                                      
33 Pregunta 1.  WT/TPR/M/148/Add.2
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La Decisión Andina 486 sobre Propiedad Industrial,  norma preeminente sobre la legislación nacional 
y de aplicación directa, en su Artículo 3, bajo el Título “Del Patrimonio Biológico y Genético y de los 
Conocimientos Tradicionales”, determina: 
“Los Países Miembros asegurarán que la protecci ón conferida a los elementos de la propiedad 
industrial se concederá salvaguardando y respetando su  patrimonio biológico y genético, así como 
los conocimientos tradicionales de sus comunidades.  En tal virtud, la concesión de patentes que 
versen sobre invenciones desarrolladas  a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos 
conocimientos estará supeditada a que ese mat erial haya sido adquirido de conformidad con el 
ordenamiento jurídico internacional, comunitario o nacional”. 
Adicionalmente, la Decisión 486 reconoce el der echo y facultad de las comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales, a decidir sobre sus conocimie ntos colectivos.  Consid eramos que el alcance 
de este reconocimiento tendrá que regularse por una ley especial. 
De igual manera, el Artículo 120 de la Ley de Propied ad Intelectual ecuatoriana supedita la concesión 
de patentes a la adquisición legal y legítima del patr imonio biológico y genético.   Esta disposición se 
complementa con lo establecido en el Artículo 376 de  la misma Ley, que aclara lo que se considera 
una adquisición legal. 
“A fin de garantizar la tutela de l patrimonio biológico y genético del país prevista en la Constitución 
y en esta Ley, se considera adquisición legal aquell a que cumpla los requisitos para el acceso a los 
recursos biológicos y genéticos señalados en la C onstitución y en esta Ley, las decisiones andinas y, 
los tratados y convenios internacionales sobre la materia”. 
La Decisión 486 incluso va más allá, no solo supe dita la concesión de patentes al respeto del 
patrimonio biológico y genético exigiendo para la co ncesión de patentes que versen sobre invenciones 
desarrolladas a partir de dicho patrimonio o dichos  conocimientos, que la ad quisición esté conforme 
con el ordenamiento jurídico internacional, comun itario o nacional, sino que obliga a los peticionarios 
de una solicitud para obtener una pa tente de invención, a acompañar a la solicitud de patente, “de ser 
el caso, la copia del contrato de acceso, cuando lo s productos o procedimientos desarrollados a partir 
de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cual quiera de los Países Miembros es 
país de origen;” (Art. 26 lit. h) Decisión 486). 
En cuanto a la pregunta de Canadá34, el artículo 195 i) de la Ley, determina que una indicación 
geográfica nacional o extranjera si puede proteger se como marca en la medida en que no produzca 
confusión o lleve a error al púb lico consumidor respecto al origen, procedencia, cualidades o 
características de los productos o servicios a los que se aplique. El mismo artículo es claro en ordenar 
que una indicación geográfica protegida no puede ser protegida como marca. 
El Capítulo IX sobre Indicaciones Geográficas  (Art. 237 y siguientes) y el Título XII “De las 
Indicaciones Geográficas” de la Ley, Capítulo I de las Denominaciones de Origen de la Decisión 486 
(Art. 201 y siguientes), guardan perfecta armonía con el Acuerdo ADPIC, artículos 22, 23 y 24. 
La legislación aplicable en el Ecuador, en primer lugar define lo que es una denominación de origen 
en armonía con el ADPIC. Luego se debe declarar su  protección de oficio o a petición de parte y una 
vez declarada la protección se puede autorizar el uso a quienes cumplan con los requisitos. 
Los requerimientos para la protección, registro y excepciones están detallados en los artículos 
mencionados. 
                                                      
34 Pregunta 2. WT/TPR/M/148/Add.2 
Page 30  
 
Con respecto a la información no divulgada
35 que esté incluida en los datos de prueba que se 
presentan a las autoridades sanitarias, farmacéuticas  o agroquímicas, se protegen según la Sección 7 
del Acuerdo ADPIC, Art. 39 “Protección de la Info rmación no Divulgada”.  Los datos referidos se 
protegen de conformidad con el Art. 39.3 de ADPIC , norma trasladada a la legislación ecuatoriana de 
forma idéntica y se la encuentra en el Art. 191 y 192. 
La protección de los datos de prueba u otra in formación no divulgada será indefinida mientras la 
información permanezca secreta.  Se los protegerá contra todo uso comercial desleal y contra toda 
divulgación, excepto cuando sea necesario proteger al público. 
Al referirnos a no proteger signos que afecten o violen derechos de terceros36 estamos en el plano de 
los impedimentos relativos de registro marcario.  Es decir, los impedimentos listados en el Art. 196 de 
la Ley de Propiedad Intelectual y Art. 136 de la  Decisión Andina 486.  Básicamente se refieren a 
signos idénticos o semejantes, registrados o solicitados anteriormente y que podrían producir 
confusión o error en el público consumidor co n respecto a los productos o servicios que se 
comercialicen.  Por ejemplo SUKO (registrada para bebidas) vs. ZUKO (solicitud posterior para el mismo producto). 
Los derechos de terceros normalmen te no van más allá de los der echos de propiedad intelectual, 
puede haber una marca anterior, un nombre comerc ial anterior, una marca notoria, un derecho de 
autor u otro derecho de propiedad industrial.  Sin em bargo, los derechos de te rceros pueden ir más allá 
cuando se trata del derecho a la personalidad cua ndo se pretendan registrar signos que afecten el 
prestigio de una persona o cuando se afecten inte reses de comunidades indígenas, afroamericanas o 
locales, como que el signo pretenda reproducir el no mbre de tales comunidades, las denominaciones, 
letras, caracteres u otros signos utilizados para di stinguir sus productos o servicios o que constituyan 
expresiones de su cultura o práctica, salvo que sea presentado por la propia comunidad o con su 
consentimiento. 
Sobre signos contrarios a la moral o al orden púb lico, el impedimento ya no es “relativo” frente a un 
tercero, sino que el impedimento de registro es “abso luto”, es decir, por el signo en sí mismo”.  Un 
ejemplo de un signo contrario a la moral podría ser  una expresión o palabra que insulte o denigre a un 
sector de la población, un diseño que reprodu zca por ejemplo partes del cuerpo humano que 
normalmente no están al descubierto. 
En lo relativo a los derechos de propiedad intelectual
37, en la práctica el Presidente del IEPI, mediante 
oficio, instruye a las aduanas para retener mercad ería que supuestamente violan algún derecho de 
propiedad intelectual.  
Los funcionarios de aduanas han recibido capacitación del IEPI para distinguir, en términos generales, 
mercadería pirata de mercadería  lícita, en particular, fonogramas, videogramas, signos distintivos en 
general, entre otros. 
Atendiendo a la pregunta formulada por la Unión Eur opea sobre el control de la piratería, se debe 
mencionar que en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual lleva a cabo hace varios meses 
una campaña antipiratería de difusión y promoción de  los derechos de propiedad intelectual.  Una 
campaña educativa que se ha extendido a todo el pa ís y se ha dirigido a sectores específicos de la 
población para generar concienc ia sobre el respeto a la propiedad intelectual. 
En Ecuador el delito de piratería es de acción pública,  sin embargo, los titulares, en particular autores 
y editores de libros no han proseguido accion es contra los delitos de reproducción ilícita.  
                                                      
35 Pregunta 3. 
36 Pregunta 4. 
37 Pregunta 5.  WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 31 
 
 
Se ha conformado además una aso ciación denominada “Alianza Antipiratería” que agrupa a diferentes 
titulares (software, fonogramas, videogramas, editores de  libros, etc.) que en coordinación con el IEPI 
llevan adelante diferentes program as contra usos no autorizados. 
En torno a la pregunta formulada por la delegaci ón de chilena, sobre el registro y procedimiento 
especial para las indicaciones geográficas, se mani fiesta que la legislación aplicable se fundamenta 
en el Capítulo IX sobre Indicaciones Geográficas (Art. 237 y siguientes) de la Ley de Propiedad 
Intelectual y el Título XII “De las Indicaciones Ge ográficas”, Capítulo I de las Denominaciones de 
Origen de la Decisión 486 (Art. 201 y siguientes).  El sistema de protección que se aplica debe en primer lugar “declarar su protección” de oficio o a petición de parte (Art. 202 Dec. 486).  Una vez 
declarada la protección se puede “autorizar el uso” a quienes cumplan con los requisitos, es decir, a 
las personas naturales o jurídicas que directam ente se dediquen a la extracción, producción o 
elaboración de los productos distinguidos por la de nominación de origen, a quienes realicen dicha 
actividad dentro de la zona geográfica delimi tada según la declaración de protección (Art. 207, 
Dec. 486).  
En relación a la pregunta sobre la homonimia pa ra indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, 
se menciona que las obligaciones del Acuerdo ADPI C sobre la protección adicional de indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas espirituosas, inclus o la utilización de vocablos deslocalizadores, son 
aplicables en el marco de la Legislación Andina (D ecisión 486) y en la Ley de Propiedad Intelectual 
Ecuatoriana. 
Con referencia a las invenciones desarrolladas a pa rtir de recursos genéticos, la legislación si 
contempla la obligación de informar el origen de dichos recursos.  La Decisión 486 no solo 
supedita la concesión de patentes al respeto del patrimonio biológico y gené tico exigiendo para la 
concesión de patentes que versen sobre invencion es desarrolladas a partir de dicho patrimonio o 
dichos conocimientos, que la adquisición esté conforme con el ordenamiento jurídico internacional, 
comunitario o nacional, sino que obliga a los pe ticionarios de una solicitud para obtener una 
patente de invención, a acompañar a la solicitud de patente, “de ser el caso, la copia del contrato de 
acceso, cuando los productos o proced imientos desarrollados a partir de  recursos genéticos o de sus 
productos derivados de los que cualquiera de los Paí ses Miembros es país de origen;” (Art. 26 lit. h) 
Decisión 486). 
Si no se acompaña a la solicitud de patente el contra to de acceso, el Artículo 75 de la Decisión 486 
faculta a la autoridad nacional competente para que  decrete, de oficio o a petición de parte y en 
cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando no se hubiese presentado la copia del 
contrato de acceso.  Debemos tomar en cuenta que la  figura de la nulidad absoluta es imprescriptible, 
motivo por el cual, en cualquier momento, cualqui er persona podrá solicitar dicha nulidad o informar 
a la autoridad nacional competente, para que de of icio, declare la nulidad de una patente que se 
encuentre inmersa en las circunstancias señaladas. 
Detalles sobre el acceso a los recursos genéticos ha n sido acordados por los países de la CAN a través 
de la Decisión 391 que regula precisamente el acceso a estos recursos. 
En lo referente a las preguntas formuladas por lo s Estados Unidos se debe mencionar que en el 
Ecuador en su calidad de país mi embro de la CAN, no se puede conced er patentes de métodos de usos 
de productos conocidos, lo que en el léxico a ndino se conoce como patentes de segundo uso.  El 
Tribunal Andino de Justicia, en la Sentencia de ntro del Proceso 34-AI-2001, determinó que el 
Artículo 16 de la Decisión 344 (Ahora 21 de la Decisi ón 486) no permite el patentamiento de usos 
distintos del originalmente patentado. 
El Acuerdo ADPIC (TRIPs) obliga a los países mi embros a conceder patentes exclusivamente a 
productos o procedimientos que cumplan con las condiciones objetivas de patentabilidad, no exige 
entonces, el patentamiento de usos distintos de pr oductos conocidos y ya protegidos o simplemente, WT/TPR/M/148/Add.2 
Page 32  
 
dicho de otra manera, TRIPS no obliga a los paí ses miembros a conceder patentes a segundos usos.  
No existe en TRIPs ninguna disposición esp ecífica en ese sentido.  No podemos extender 
arbitrariamente el entendimiento de las expresiones productos o procedimientos para incluir dentro de 
estas a los usos. 
En cuanto a la pregunta
38 sobre el establecimiento de juzgados especializados de propiedad 
intelectual, se manifiesta que se han realizado esfuerzos por parte del IEPI y el Consejo Nacional de la 
Judicatura para establecer dichos juzgados.  Si n embargo, no es una decisión únicamente del poder 
ejecutivo, es una decisión, sobretodo, del poder legislativo. 
Al momento se sigue insistiendo en su conformación,  a pesar de que los recursos entregados a la 
función legislativa no son suficientes para poder establecer estos juzgados especiales. 
La nueva directiva del IEPI, recientemente posesiona da, tiene entre sus prioridades continuar con el 
trabajo realizado para lograr el est ablecimiento de dichos juzgados. 
Las acciones de oficio39 que podría realizar el IEPI también son una responsabilidad compartida con 
la fuerza pública y los organismos jurisdiccionales competentes como la Fiscalía.  A pesar de lo 
dicho, el IEPI ha emprendido algunas acciones de ofic io contra la piratería, en particular fonográfica. 
Se ha logrado incautar una gran cantidad de fonogr amas piratas, etiquetas,  discos vírgenes, equipos 
reproductores de alta velocidad, etc.  Estos bienes están a cargo de la Fiscalía. 
Sería importante anotar también que los titulares de  derechos conexos, en pa rticular los productores 
de fonogramas, tampoco han ejercido acci ones periódicas en contra de este ilícito. 
Adicionalmente a lo dicho, el IEPI, autores y titu lares de derechos intel ectuales han conformado una 
organización para combatir los ilícito s en contra de estos derechos40, cuyo nombre es “Alianza 
Antipiratería”. 
Las campañas de difusión de la Ley y campañas educativas que realiza el IEPI, algunas bajo 
proyectos de cooperación con el Banco Interamerica no de Desarrollo, se realizan paralelamente a las 
acciones judiciales realizadas por el Instituto. 
Estas campañas han sido dirigidas a diferentes sectores de la población como periodistas, 
investigadores, pequeñas y medianas empresas (PYM ES), jueces y magistrados, fiscales, agentes de 
aduanas, entre otros. 
Es de suponer que la “Alianza Antipiratería” en  el segundo semestre del a ño iniciará nuevamente 
acciones para controlar estos ilícitos, en particular, la piratería fonográfica. 
DESARROLLO SUSTENTABLE  
Atendiendo las preguntas formuladas por la Comuni dad Europea respecto a este tema, debo indicar 
lo siguiente: 
El concepto de desarrollo sustentable es am plio, comprende políticas económicas, sociales y 
ambientales, que deben ser aborda das de una manera holística.  El Ecuador enfrenta retos en el 
camino hacia el desarrollo sustentabl e y, en ese sentido, se creó el Ministerio del Ambiente, como la 
                                                      
38 Pregunta 15. 
39 Pregunta 16. 
40 Pregunta 17.  WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 33 
 
 
entidad encargada de diseñar la política ambienta l e implementar la legislación y compromisos 
asumidos por el Ecuador en múltiples ac uerdos multilaterales ambientales.   
El Ecuador cuenta con una amplia legislación en materia ambiental, así como con estrategias y 
programas que buscan, entre otros objetivos, conserva r y utilizar en forma su stentable sus recursos 
naturales.  Entre los planes a largo plazo elaborados por el Ministerio del Ambiente cabe destacar la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010, que se fundamenta en el 
reconocimiento de que la biodiversidad constituye un recurso est ratégico para el Ecuador y que su 
conservación debería vincularse con la rentabilidad ec onómica, a fin de mejorar la calidad de vida de 
su población.  De igual manera, la  Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador 
promueve, desde la gestión ambiental, propuestas de  políticas y programas para el desarrollo integral 
del Ecuador.  
En este marco, se espera que el comercio sea una  herramienta que asegure la sostenibilidad de los 
recursos naturales y promueva, a la vez, estrategi as de desarrollo.  La adecuada valoración de los 
recursos derivados de la biodiversidad, y su protec ción son, entre otros, los retos que enfrenta el 
Ecuador en su camino hacia el desarrollo sustentable.  
Entre las varias acciones que ha encaminado el Ec uador acorde con los compromisos derivados del 
Convenio de Diversidad Biológica, adapte el ADPIC  en materia de patentes y se reconozca que para 
su otorgamiento es necesario el develamiento de la fuente, la autorización informada previa y el 
reparto de beneficios. 
El Ecuador considera que el proceso de negociaci ones sobre liberalización comercial en el marco de 
la OMC constituye una oportunidad para promover el desarrollo y, de esta manera, cumplir con los 
objetivos de la Ronda DOHA.  Al respecto, es nece sario y urgente reforzar los compromisos de los 
Miembros que aún mantienen distorsiones e impiden el  acceso a mercados, para que el libre comercio 
reporte beneficios que permitan destinar recursos ad icionales para la sustentabilidad ambiental.  De 
igual manera, es necesario establecer un sistema predecible y transparente de certificaciones ambientales que eviten la posibilidad de que se conviertan en obstáculos técnicos al comercio. 
Si bien el Ecuador registra avances en aspectos vi nculados con la normativa ambiental y en programas 
de evaluación de impacto ambiental previo a la  ejecución de importantes proyectos de desarrollo, 
registra, a la vez, importantes desafíos para la c onservación de sus recursos naturales y ecosistemas 
frágiles.  La sustentabilidad ambiental, por ello , pasa por mejorar las condiciones de liberalización 
comercial. 
ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE NEGOCIACIÓN 
Estrategia Comercial La Unión Europea
41 formula varias inquietudes sobre la estra tegia de política comercial del Ecuador.  
Al respecto cabe señalar que el modelo de desarro llo asumido por el Ecuador desde inicios de los 80s, 
se basa en una progresiva apertura y desregulación de su economía.  Bajo esta concepción se asume 
que las actividades ligadas al sector externo y, particularmente las de exportación de productos 
tradicionales y no tradicionales, son el eje del m odelo a través de una dinámica generación de divisas, 
empleo y valor agregado. 
El modelo exportador se complementa con la apertura  y consolidación del marco legal para atraer la 
inversión extranjera, así como actividades generadoras  de divisas entre ellas el desarrollo de servicios 
ligados al turismo. 
                                                      
41 Pregunta 6. WT/TPR/M/148/Add.2 
Page 34  
 
El éxito en la aplicación de modelos de desarro llo basados en el sector externo no se fundamenta 
solamente en el nivel de compromiso y apertura  que pueda promover un país  como el Ecuador, sino 
que depende fundamentalmente del nivel de aper tura y acceso a mercado que pueda alcanzar el 
sistema internacional en su conjunto, para lo cu al es esencial el compromiso de los países 
desarrollados a fin de impulsar un sistema multilateral abierto, transparente y con acceso real para los 
productos de interés de los países en desarrollo.  
El modelo de apertura comercial que viene d esarrollando el Ecuador le obliga a modernizar sus 
estructuras institucionales y productivas, lo que supone una gran dosis de apoyo por parte de 
gobiernos y organismos donantes internacionales.  Es  por ello que paralelamente a los compromisos 
comerciales que viene asumiendo el Ecuador, el pa ís desarrolla una agenda de competitividad y 
reformas estructurales que le posibilite insertarse gr adual y eficazmente en una economía cada vez 
más globalizada.   
El Ecuador concuerda con la visi ón de la Unión Europea en que la liberalización multilateral es la 
manera más certera para promover los intereses de  los países pequeños y medianos, siempre y cuando 
ello venga aparejado con compromisos reales de los países desarrollados en desmantelar prácticas 
proteccionistas e incentivos internos que desestimulen  una participación más importante de los países 
en desarrollo en la economía internacional.  
El Ecuador cuyas exportaciones se centran en materias primas, productos agrícolas y agroindustriales, 
aspira que los resultados de las negociaciones de D oha contribuirán de manera  efectiva a consolidar 
su estrategia de desarrollo e inserción internacional en el mediano y largo plazo. 
Ecuador considera que el enfoque de apertura y liberalización comercial a nivel multilateral es 
concurrente y complementa la búsqueda de mayor es compromisos y acuerdos a nivel bilateral.  
Actualmente la coyuntura política y comercial ha de terminado que el Ecuador  busque la negociación 
de compromisos a nivel regional y bilateral, entr e ellos la reciente suscripción de un Acuerdo de 
Complementación Económica con el MERCOSUR y la  negociación en marcha de un Tratado de 
Libre Comercio con nuestro mayor socio comerc ial los Estados Unidos de América.  Un 
emprendimiento similar esperamos concretar con la Unión Europea, en conjunto con nuestros socios 
andinos.  
Notificaciones ante la OMC 
El Ecuador está realizando un ejercicio de releva miento de sus notificaci ones pendientes y en esa 
dirección durante las últimas semanas ha cumplido con algunos de estos compromisos, entre ellos el 
de notificar los procedimientos aplicables al trám ite de licencias de importación.  En el corto y 
mediano plazo se realizarán esfuerzos para concluir con esta tarea. 
Integración Bilateral y Regional frente a los Acuerdos Multilateral de la OMC 
En respuesta a la pregunta Japón sobre negociación co mercial y la visión que el Ecuador tiene sobre 
los acuerdos regionales con respecto a los comp romisos multilaterales asumidos en la OMC, 
primeramente hay que recordar que el Ecuador es miembro fundador de la Comunidad Andina desde 
el año de 1969 y que su adhesión a la OMC se conc retó apenas el año de 1996.  En tal sentido su 
estrategia comercial, durante un buen período de tiempo, se concentró en fortalecer las relaciones comerciales con sus socios andinos y con los países miembros de la ALALC, organización de 
integración que más tarde fuera sustituida por la ALADI  a través del Tratado de Montevideo de 1980. 
Luego de su adhesión a la OMC, el Ecuador ha  privilegiado su participación en esta organización 
multilateral y por ello ha intervenido activ amente en las negociaciones multilaterales y 
particularmente en la Ronda Doha, sin que por  ello haya dejado de buscar alternativas de 
relacionamiento comercial sea en forma conjunta con sus socios andinos o individualmente.   WT/TPR/M/148/Add.2
 Page 35 
 
 
Asimismo, el Ecuador ha hecho uso del mecanismo de  solución de diferencias de la OMC en defensa 
de los principios que guían la organización.   
Profundización de la Integración Andina 
La Comisión de la Comunidad Andina, integrada por  los Ministros de Comercio Exterior, aprobó en 
el mes de marzo de 2005 un programa de trabajo pa ra la profundización de la integración comercial 
andina. Ese programa de trabajo establece el comp romiso de agilizar los procesos de pasos de 
frontera, de adoptar una norma sobre transporte en  frontera y modificar la Decisión 399.  Se espera 
aprobar las nuevas reformas durante la reunión de julio próximo del Consejo Presidencial Andino en 
Perú.  
Con respecto a la pregunta formulada por Brasil42, se debe mencionar que, luego de varios 
intercambios de listas entre los países de la Co munidad Andina y el denom inado Triángulo del Norte 
de Centroamérica integrado por Guatemala, El Sa lvador y Honduras, que buscaba la negociación de 
un acuerdo de complementación económica entre ambas partes, dichas negociaciones fueron suspendidas por motivos de agenda.  Pese a ello , los cancilleres de la Comunidad Andina y del 
Mercado Común Centroamericano se reunieron en sep tiembre del año pasado en Nueva York con el 
fin de impulsar el relacionamiento común que se inicia ría a partir de la negociación de un Acuerdo de 
Diálogo Político y de Cooperación que a continuación buscaría negociar una acuerdo comercial.  Las 
Secretarías de ambos esquemas de integración se encuentran intercambiando información que 
posibilite el inicio de estas negociaciones. 
En cuanto al proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones, el Ecuador se encuentra totalmente 
comprometido con este proyecto de integración y, en tal sentido, el próximo mes de agosto será sede 
de una reunión de cancilleres sudamericanos.  Se  espera que los Acuerdos de Complementación 
económica vigentes en Sudamérica constituyan la b ase para la profundización de la integración 
comercial en la región. 
Asistencia Técnica 
La cooperación y asistencia técnica para el fortal ecimiento de las capacidades comerciales es un 
elemento clave para consolidar los mecanismos de ap ertura y reforma estructural del sector externo en 
un modelo orientado a la exportación.  El Ecuador  ha impulsado permanentemente en el seno de la 
OMC y de los acuerdos regionales y bilaterales que ha  negociado, el fortalecimiento de programas de 
capacitación y apoyo en áreas específicas del comercio. 
Algunas de las áreas en las cuales el Ecuador aspira a incrementar la cooperación de países y 
organizaciones donantes son: 
− Facilitación del comercio, en especial de los procedimientos aduaneros. 
− Procedimientos y técnicas de negociación comercial. 
− Manejo y gestión de medidas que afectan al co mercio exterior (permisos, licencias, medidas 
antidumping, medidas de salvaguardia, etc.) 
− Fortalecimiento de entidades vinculadas a nor mativa en materia de medidas sanitarias y 
fitosanitarias y normas técnicas. 
− Notificaciones de medidas de política comercial. 
− Fortalecimiento de los sistemas de contrat ación pública a través de medios electrónicos. 
− Desarrollo de capacidad exportadora para pequeñas y medianas empresas. 
− Identificación de oportunidades comerciales de  exportación de servicios y desarrollo de 
capacidades de registro e información est adística en el área de servicios. 
− Desarrollo e identificación de prioridades en  el área de inversiones, incluyendo 
fortalecimiento de sistemas estadísticos. 
                                                     
 
42 Pregunta 7. WT/TPR/M/148/Add.2 
Page 36  
 
SERVICIOS EN GENERAL 
Con relación a las preguntas formuladas por México
43 referente a servicios, se señala que: 
El Ecuador tiene previsto hacer modificaciones a los compromisos horizontales para la presentación 
de su oferta revisada, considerando la solicitud de México, se debe recalcar que el Ecuador está 
concluyendo una investigación del sect or Servicios, cuyo objetivo es proporcionar elementos de juicio 
que permitan definir sus posiciones de negociación.  Este será uno de los factores a considerar por el 
país en la precisión de su oferta.  Otro factor ser á las peticiones que el Ecuador ha recibido de otros 
Miembros de la OMC, entre ellas, la de México. 
Sobre las medidas que México desearía conocer y que están contempladas en los instrumentos 
relacionados a los servicios audiovisuales citados, de seamos informar que el Convenio de Integración 
Cinematográfica Iberoamericana y el Acuerdo Lati noamericano de Coproducción Cinematográfica, al 
referirse a la cinematografía, si se incluyen en el campo de los servicios audiovisuales. 
Con relación a la pregunta formulada por Japón refere nte al contenido de las decisiones de la CAN 
N° 439 y N°510, en los siguientes links Ustedes podrán encontrar los textos completos solicitados: 
• Decisión N°439:  http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d439.HTM. 
• Decisión N°510 y anexo:  http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D510.HTM. 
Con relación a la pregunta de Colombia sobre la ex istencia de algún tipo de beneficio tributario a 
la exportación de servicios la respuesta es que no es el caso.  En lo relacionado con la consulta 
planteada por las Comunidades Europeas sobre el inte rcambio de servicios en lo referente al manejo 
Postal y Courier se puede indicar que en el Ecuador  pueden operar en el tráfico postal internacional y 
correo expreso las empresas privadas de correos rápi dos o courier para lo cual deben cumplir con una 
serie de requisitos previos a su operaci ón, dentro de los cuales se encuentran: 
• Obtener el registro y autorización como empresa de correo rápido o Courier ante el Ministerio 
de Obras Publicas y Comunicaciones. 
• Solicitar el registro como Operador de Comercio  Exterior modalidad C ourier ante la Aduana 
para lo cual debe presentar una Garantía Adua nera por US $ 30.000, y cumplir con requisitos 
de infraestructura para prestar dicho servicio. 
SERVICIOS MARÍTIMOS 
Con respecto a las preguntas formuladas por la dele gación de Japón sobre los motivos por los cuales 
el Ecuador no ha adquirido compromisos específicos en servicios marítimos en el AGCS se menciona 
lo siguiente:  
En la Ronda Uruguay no se pudieron establecer compromisos específicos sobre transporte marítimo y 
se resolvió establecer un Grupo de Negociación sobre servicio de transporte marítimo (GNSTM) que se reunió varias veces luego de Marrakech en 1994, é poca en la que el Ecuador no era Miembro de la 
OMC, por lo cual no estableció compromisos s obre este tema.  En junio de 1996, pocos meses 
después de su ingreso a la OMC, se suspendieron la s reuniones hasta el año 2000, en que se resolvió 
lanzar una nueva ronda de negociaciones en las que el  Ecuador participa y dentro de la cual evaluará 
la posibilidad de asumir compromisos en la materia. 
                                                     
 
43 Pregunta 16.  WT/TPR/M/148/Add.2
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Asimismo con respecto a la consulta acerca de normativa en transporte marítimo, las regulaciones 
principales están contenidas en ocho le yes y regulaciones relevantes del Ecuador. 
Todos los textos sobre las leyes y regulaciones se encuentran en la dirección electrónica 
www.ecuadorexporta.org/trafmari.htm. 
Las Leyes son las siguientes: 
1. Ley General de Puertos. Decreto Supremo No. 289,  R.O./67, de 15 de abril de 1976.  Regula 
las actividades de las personas naturales y jurí dicas de todo lo relacionado con las actividades 
portuarias, 
2. Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial.  Decreto Supremo No. 98, R.O./406, de 1 de 
febrero de 1972.  Ejerce la orientación, ad ministración y fiscalización de las actividades 
relacionadas al transporte de agua, 
3. Ley de Facilitación. Exportación y Transporte Acuático.  Ley No. 147, R.O./901, de 25 de 
mayo de 1992.  Estableció un sistema de ventan illa única de exportaciones.  Eliminó patentes 
de exportaciones para todo tipo de producto y eliminó los impuestos a la exportación de 
mercancías, excepto hidrocarburos. 
4. Ley de Fomento a la Marina Mercante. R.O. /824, de 3 de mayo de 1979.  Establece 
beneficios a las personas naturales o jurídicas que se dedican al transporte marítimo fluvial, 
construcción y reparación de naves, 
5. Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Tr ansporte Acuático, Construcción Naval y 
Actividades Conexas.  R.O./204, de 5 de noviembre de 2003. Impulsa la modernización, reactivación y desarrollo del transporte acuátic o, construcción naval y actividades conexas. 
6. Código de Policía Marítima. Regula la actividad acuática y le da a la Autoridad Marítima las 
facultades de Policía Marítima y de control de  personal, de las naves y la navegación.  
Dispone que la Autoridad Marítima realice las funciones de los Estados rectores del Puerto, 
del pabellón y ribereño. 
Los reglamentos que amplían las disposiciones qu e dictan las diferentes leyes y que son parte 
complementaria son: 
1. Reglamento de la Actividad Marítima.  Esta  relacionado directamente con el Código de 
Policía Marítima. R.O. 420, de 19 de abril de 1990. 
2. Reglamento General a la Actividad Portuaria.  Decreto Ejecutivo No. 467, R.O./97, de 13 de 
junio de 2000.  Esta Ley autoriza la participación de la empresa privada en la prestación de actividades operativas en los puertos.  Esta relaci onada con la Ley Genera l de Puertos y con la 
Ley de Modernización del Estado. 
3. Reglamento a los Servicios Portuarios. Regula el cumplimiento, obligaciones y 
procedimientos operacionales que deben obser var las personas naturales o jurídicas que 
ejercen actividades relacionadas con buques que  recalan o utilizan sus canales de acceso. 
La interrelación entre dichas Leyes se la hace por  medio de la Dirección General de la Marina 
Mercante y del Litoral, que es el órgano técnico,  administrativo, subordinado a la Comandancia 
General de la Marina, encargado de la ejecución de las políticas marítimas fluviales y portuarias que 
emanan del Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de la Marina Mercante y puertos, de 
conformidad con el Código de Po licía Marítima y las convencion es internacionales de las que el 
Ecuador forma parte. 
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