JOB/GC/115, JOB/CTG/3  
JOB/SERV/247, JOB/IP/20  
JOB/DEV/41  
21 de diciembre  de 2016 
(16-6995) Página: 1/5 
Consejo General  
Consejo del Comercio de Mercancías  
Consejo del Comercio de Servicios  
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  
Comité de Comercio y Desarrollo  Original:  inglés  
 
  PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL COMERCIO EL ECTRÓNICO  
FIRMAS ELECTRÓNICAS  
Comunicación de la Argentina, el Brasil y el Paraguay  
La siguiente comunicación , de fecha 15 de diciembre de 2016, se distribuye a petición de las 
delegaciones de la Argentina, el Brasil y el Paraguay.  
 
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1.1.  La firma electrónica abarca  una amplia gama  de soluciones digitales encaminadas a 
garantizar la autenticidad, integridad y privacidad de las transacciones y comunicaciones internas 
y transfronterizas que se realizan en línea. En la firma electrónica  se emplea n datos electrónicos 
que permiten  comprobar  la identidad del remitente de un correo electrónico o del comprador  de un 
servicio en línea . En su forma básic a, la firma electrónica no  precisa de  la certificación de  una 
entidad oficial que actúe como tercero independiente.  
1.2.  En su versión más sofisticada , la firma electrónica, llamada firma electrónica avanzada o 
firma digital, se basa  en un archivo electrónico (un certificado digital avanzado) que constituye  una 
verdadera identidad digital  y permite la identificación segura e inequívoca del autor de un mensaje 
electrónico o de una transacción digital . El certificado digital debe ser expedido por un tercero 
fiable  -una autoridad  de certificación oficial o acreditada -, que asoc iará toda persona física o 
jurídica a un par de claves criptográficas . El certificado digital no solo permite identificar 
claramente a una persona en la Web, sino que también asegura la validez jurídica  de toda 
operación digital en que se emplee . Los certi ficados digitales se están convirtiendo en  una 
herramienta fundamental  para el comercio electrónico, los contratos electrónicos, las operaciones 
bancarias, y las iniciativas de gobierno  electrónic o, entre otros usos . Por ejemplo, cuando  un 
correo electróni co se envía con un certificado digital, se asegura  la identidad del remitente y la 
integridad del mensaje, y también  que su contenido no se ha alterado en  modo  alguno . 
1.3.  Ya se ha señalado que la cuestión de la firma electrónica y la autenticación es una cues tión 
pertinente  en el marco de los debates relativos al  Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico (documentos JOB/GC/97/Rev.3 y JOB/GC/98) . 
1.4.  Con el fin de seguir alimentando el debate , la Argentina, el Brasil y el Paraguay  desean dar a 
conocer a los  Miembros la Resolución GMC 37/06, que trata esta cuestión en el ámbito del 
MERCOSUR . Los copatrocinadores están convencidos de  que la firma electrónica será un elemento 
fundamental en todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico que se ex aminen en 
el futuro en la OMC.  
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  MERCOSUR (Resolución  GMC 37/06 ) 
Artículo  1 - Ámbito de aplicación  
La presente Resolución tiene por finalidad reconocer, en las condiciones previstas en la presente 
norma, la eficacia jurídica de los documentos electrónicos,  de la firma electrónica y de la firma 
electrónica avanzada en el ámbito del MERCOSUR, contribuyendo a su utilización.  
La presente normativa no regula otros aspectos relacionados con la celebración y validez de los 
actos jurídicos cuando existan requisitos  de forma establecidos en las legislaciones nacionales, ni 
afecta a las normas y límites contenidos en las legislaciones nacionales que rigen el uso de 
documentos.  
La presente normativa no habilita la libre circulación de servicios de certificación digital  en el 
ámbito del MERCOSUR . En lo atinente a la prestación de servicios de certificación digital, los 
Estados Partes observarán las disciplinas establecidas en el Protocolo de Montevideo sobre 
Comercio de Servicios del MERCOSUR y en sus Listas de compromis os específicos.  
Artículo 2 - Principios  
Los Estados Partes observarán los siguientes principios:  
1. Autonomía operativa y coordinación permanente entre las infraestructuras nacionales . 
2. Interoperabilidad basada en estándares internacionales . 
3. Intercamb io de información y documentación digital entre los Estados Partes en condiciones 
técnicas seguras, con validez legal y valor probatorio . 
4. Transparencia en la gestión de la certificación digital . 
5. Tratamiento neutro en las leyes nacionales con relación  a las diversas tecnologías utilizadas 
en las actividades previstas en la presente Resolución, de modo de permitir la adaptación al 
ritmo del desarrollo tecnológico inherente a esas actividades (neutralidad tecnológica) . 
6. Interpretación funcional de los términos y conceptos, a fin de asegurar que no sean negados 
efectos jurídicos a un proceso o tecnología utilizado por un Estado Parte, por el solo hecho 
de que se le atribuye una nomenclatura distinta a la prevista en la presente Resolución.  
Artículo  3 - Definiciones  
A efectos de la presente Resolución, se entenderá por:  
1) "Firma electrónica ": los datos en forma electrónica anexos a otros datos electrónicos o 
asociados de manera lógica con ellos, utilizados por el firmante como medio de 
identificación . 
2) "Firma electrónica avanzada ": la firma electrónica que cumple los requisitos siguientes:  
 a) requerir información de exclusivo conocimiento del firmante, permitiendo su 
identificación unívoca;  
 b) ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo s u exclusivo control;  
 c) ser susceptible de verificación por terceros;  
 d) estar vinculada a estos datos de tal modo que cualquier alteración subsiguiente en los 
mismos sea detectable ; y JOB/GC/115 • JOB/CTG/3 • JOB/SERV/247 • JOB/IP/20 • JOB/DEV/41  
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   e) haber sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma técnicamente seguro 
y confiable y estar basada en un certificado reconocido y válido al momento de la 
firma.  
3) "Firma digital ": utilizada indistintamente con "firma electrónica avanzada " a los efectos de 
la presente Resolución . 
4) "Firmante ": la persona f ísica o jurídica que utiliza legalmente un dispositivo para la creación 
de firma electrónica . 
5) "Documento electrónico ": representación digital de actos o hechos, con independencia del 
soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo . 
6) "Docu mento digital ": utilizad o indistintamente con "documento electrónico " a los efectos 
de la presente Resolución.  
7) "Certificado digital ": documento electrónico firmado digitalmente que vincula unos datos 
de verificación de firma con su titular y confirma su  identidad.  
8) "Certificado reconocido ": certificado digital emitido por un prestador de servicios 
acreditado que cumple con los requisitos establecidos por la legislación nacional.  
9) "Certificado avanzado ": utilizad o indistintamente con "certificado reco nocido " a los efectos 
de la presente Resolución . 
10) "Prestador de servicios de certificación ": persona física o jurídica, conforme a la 
legislación nacional, que expide certificados o presta otros servicios en relación con la firma 
electrónica.  
Artículo  4 - Efectos legales de los documentos electrónicos y de las firmas electrónicas  
Los Estados Partes reconocen que los documentos electrónicos satisfacen los requerimientos de 
escritura . En virtud de ello, en cualquiera de los Estados Partes los documentos el ectrónicos 
tendrán los mismos efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo excepciones contempladas 
en las legislaciones nacionales.  
Los Estados Partes reconocerán efectos jurídicos a la firma electrónica cuando la misma fuese 
admitida como válida por las Partes que la utilizan o fuese aceptada por la persona a quien fuese 
opuesto el documento a ella vinculado.  
Los Estados Partes asegurarán que no sean negados efectos probatorios a un documento 
electrónico por el solo hecho de que este no esté vincu lado a una firma electrónica avanzada, si 
por algún medio inequívoco se pudiese demostrar su autenticidad e integridad.  
Se respetará la libertad de las Partes para concertar de común acuerdo las condiciones en que 
aceptarán las firmas electrónicas, conform e a su legislación nacional.  
En caso de ser desconocida la firma electrónica por una de las Partes , corresponde a la otra Parte 
probar su validez.  
Artículo  5 - Firma electrónica avanzada : Reconocimiento mutuo 
Con el objetivo de alcanzar el reconocimiento m utuo de las firmas electrónicas avanzadas y de los 
certificados digitales, los Estados Partes podrán celebrar, entre sí, acuerdos de reconocimiento 
mutuo . A tales efectos, el GMC aprobará las Directrices para la celebración de dichos acuerdos . 
Dichas Direc trices reflejarán el estado de la materia al momento de su aprobación y podrán ser 
actualizadas a propuesta del SGT Nº 13, de manera de acompañar la evolución de las tecnologías 
a ellas relacionadas.  JOB/GC/115 • JOB/CTG/3 • JOB/SERV/247 • JOB/IP/20 • JOB/DEV/41  
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  A través de los acuerdos de reconocimiento mutuo se otor gará a las firmas electrónicas 
avanzadas, que cumplan con las condiciones dispuestas en ellos, el mismo valor jurídico y 
probatorio que el otorgado a las firmas manuscritas.  
Los Estados Partes reconocerán la autenticidad e integridad de un documento electr ónico firmado 
con una firma electrónica avanzada, admitiéndola como prueba documental en procesos judiciales, 
conforme lo que se disponga en los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.  
Los Estados Partes indicarán, en el ámbito del SGT Nº 13, cuáles serán los or ganismos 
competentes habilitados para suscribir Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.  
Artículo  6 - Certificados digitales reconocidos  
Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecerán las condiciones bajo las cuales los 
certificados digitales expedidos en un E stado Parte de ese Acuerdo tendrán la misma validez 
jurídica en los demás Estados Partes que suscriban el Acuerdo.  
Dichas condiciones deberán contemplar, como mínimo, que los certificados digitales:  
a) sean emitidos por un prestador de servicios de certifi cación bajo el sistema nacional de 
acreditación y control previsto en el artículo 7;  
b) respondan a formatos estándares reconocidos internacionalmente, fijados por la autoridad 
de aplicación de cada Estado Parte;  
c) respondan a los criterios mínimos establ ecidos en las Directrices mencionadas en el 
artículo  5; y 
d) contengan como mínimo, los datos que permitan:  
 1. identificar indubitablemente a su titular y al prestador de servicios de certificación que 
lo emitió, indicando su período de vigencia y los dat os que permitan su identificación 
única;  
 2. ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación;  
 3. diferenciar claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el 
certificado digital;  
 4. contemplar la información ne cesaria para la verificación de la firma;  
 5. identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido.  
Artículo  7 - Prestación de servicios de certificación  
Los Estados Partes no sujetarán a acreditación previa la prestación de servicios de certi ficación, 
excepto en aquellos vinculados a una firma electrónica avanzada, de conformidad con los términos 
de la presente Resolución.  
Los Estados Partes asegurarán la creación de un sistema adecuado de acreditación y control de los 
prestadores de servicios  de certificación que emitan certificados reconocidos que permitan la 
verificación de firmas electrónicas avanzadas, establecidos en sus respectivos territorios.  
Los Estados Partes podrán supeditar el uso de la firma electrónica y la firma electrónica avan zada 
en el sector público a posibles prescripciones adicionales . Tales prescripciones serán objetivas, 
transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y solo podrán hacer referencia a las 
características específicas de la aplicación de que se trate . Estas prescripciones no deberán 
obstaculizar los servicios transfronterizos.  JOB/GC/115 • JOB/CTG/3 • JOB/SERV/247 • JOB/IP/20 • JOB/DEV/41  
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  Artículo  8 - Responsabilidades  
Los Estados Partes asegurarán como mínimo que un prestador de servicios de certificación 
acreditado en los términos del artículo 7, sea responsable p or los daños y perjuicios causados a 
cualquier persona física o jurídica que confíe razonablemente en el certificado digital por él 
emitido, en lo que respecta a:  
a) la inclusión de todos los campos y datos requeridos por las respectivas infraestructuras 
nacionales para el certificado reconocido y a la exactitud de los mismos, al momento de su 
emisión ; 
b) que al momento de emisión de un certificado reconocido por parte del prestador de servicios 
de certificación acreditado, la firma en él identificada obede ce a los datos de creación de 
firma correspondientes a los datos de verificación incluidos en el certificado reconocido del 
prestador, con el objeto de asegurar la cadena de confianza ; 
c) los errores u omisiones que presenten los certificados reconocidos q ue emitan, o por la 
inobservancia de los procedimientos de certificación establecidos a partir de los Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo ; 
d) el registro en tiempo y forma de la revocación de los certificados reconocidos que haya 
emitido, cuando así correspon diere.  
Corresponde al prestador de servicios de certificación acreditado demostrar que no actuó ni con 
culpa ni con dolo.  
Los Estados Partes asegurarán que el prestador de servicios de certificación acreditado en los 
términos del artículo 7, pueda indicar en un certificado reconocido de forma identificable por 
terceros, los límites de su utilización.  
El prestador de servicios de certificación acreditado en los términos del artículo 7, no será 
responsable por los perjuicios resultantes de la utilización de u n certificado reconocido por él 
emitido, que exceda el alcance definido en su política de certificación . Tampoco responderá por 
eventuales inexactitudes en el certificado reconocido que resulten de la información verificada 
facilitada por el titular, siemp re que el prestador de servicios de certificación acreditado pueda 
demostrar que ha cumplido todas las medidas previstas en sus políticas y procedimientos de 
certificación.  
Artículo  9 - Protección de datos personales  
Los Estados Partes deberán prever que u n prestador de servicios de certificación que emite 
certificados reconocidos destinados al público, solo pueda recolectar los datos personales 
directamente de la persona a quien esos datos se refieren, después de haber obtenido su 
consentimiento expreso y solo en la medida en que los mismos sean necesarios para la emisión y 
mantenimiento del certificado . Los datos no podrán ser obtenidos o utilizados para otro fin, sin el 
consentimiento expreso del titular de los datos.  
Los Estados Partes garantizarán la co nfidencialidad de los demás datos personales requeridos para 
la emisión del certificado reconocido y que no figuren en él, en los términos dispuestos por el 
presente artículo.  
 
 
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