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24 de enero de 2018  
(18-0593) Página: 1/14 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio  Original: inglés  
 
  
LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCI A1 
RESPUESTAS DE FINLANDIA  
El presente documento contiene las respuestas actualizadas a la lista de cuestiones sobre la 
observancia, desde las últimas respuestas comunicadas por Finlandia el 6 de febrero de 2007 
(IP/N/6/FIN/1/Add.1).  
Observaciones introductorias  
En septiembre de 2013, el Tribunal de Mercado se convirtió en un tribunal especializado en 
derechos de propiedad intelectual (DPI) con c ompetencia exclusiva en todas las cuestiones civiles 
(contenciosas y no contenciosas) en materia de propiedad intelectual. También se ocupa de las 
medidas provisionales relacionadas con los DPI, así como de los recursos interpuestos contra 
nombres de domin io y decisiones de la Oficina de Patentes y Registro de Finlandia. Además de las 
cuestiones de DPI, el Tribunal de Mercado resuelve casos relacionados con el derecho de la 
competencia, la contratación pública y las prácticas comerciales desleales.  
Las reso luciones del Tribunal de Mercado se pueden recurrir ante:  
a) el Tribunal Supremo en asuntos civiles;  
b) el Tribunal Administrativo Supremo en asuntos relacionados con el registro de 
derechos de propiedad industrial.  
En ambos casos se requiere una autorizac ión de apelación previa.  
En Finlandia, los asuntos civiles y los asuntos penales en materia de DPI se resuelven en dos 
tribunales distintos. Los procedimientos penales relativos a los derechos de propiedad industrial 
son competencia exclusiva del Tribunal de Distrito de Helsinki, mientras que los relacionados con 
el derecho de autor se instruyen en los tribunales de distrito locales.  
Procedimientos y recursos civiles y administrativos  
 a) Procedimientos y recursos judiciales civiles  
1.  Sírvanse indicar los  tribunales que tienen competencia en casos de infracción de 
los derechos de propiedad intelectual.  
El Tribunal de Mercado es competente en los asuntos civiles de infracción de los derechos de 
propiedad intelectual y en los asuntos que corresponden a su co mpetencia en virtud de la Ley de 
Prácticas Comerciales Desleales, incluidos los casos sobre imitación servil y protección de la 
información no divulgada. Por regla general, el Tribunal de Mercado es competente cuando está 
compuesto por tres jueces cualific ados desde un punto de vista jurídico, pero existen 
determinadas excepciones a esta regla (véase el capítulo  1A de la Ley de Procedimientos ante el 
Tribunal de Mercado). Por ejemplo, en los casos sobre patentes, modelos de utilidad y circuitos 
integrados, generalmente el Tribunal es competente cuando está constituido por tres jueces con 
cualificaciones jurídicas y uno con cualificaciones técnicas (ingeniero del Tribunal de Mercado). 
                                                
1 Documento IP/C/5 . IP/N/6/FIN/2  
 
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  En determinadas circunstancias, también puede incluir miembros especializad os secundarios 
(véanse los artículos 9 y 10 de la Ley de Procedimientos ante el Tribunal de Mercado relativos a la 
designación de miembros especializados secundarios). Las resoluciones del Tribunal de Mercado se 
pueden recurrir ante el Tribunal Supremo si este último concede la correspondiente autorización de 
apelación. Son aplicables cuando procede las disposiciones en materia de apelaciones 
extraordinarias del capítulo 31 del Código de Procedimiento Judicial.  
2.  ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad 
intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que 
prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?  
Los proce dimientos fundados en que se ha otorgado un derecho a una persona que no es la 
habilitada para ello sólo pueden promoverse por la persona que afirma tener mejor derecho. En los 
demás casos, la declaración de nulidad puede promoverse por cualquier persona p erjudicada por el 
otorgamiento del derecho o, por razones de interés público, por el fiscal. El titular de un derecho, 
o cualquier persona que pueda explotar el derecho protegido en virtud de una licencia, 
puede  promover una acción declaratoria a fin de qu e se establezca que disfruta de protección 
contra terceros cuando exista incertidumbre al respecto. También es posible promover una acción 
declaratoria a fin de que se establezca si determinado registro impide al interesado realizar una 
actividad comercial . Igualmente pueden promoverse procedimientos por el solicitante de una 
licencia obligatoria, o para que se determinen nuevas condiciones de una licencia obligatoria. 
En los asuntos referentes a infracción de derechos de propiedad intelectual, el titular r egistrado y 
el licenciatario están legitimados para hacer valer esos derechos.  
Ante todo, conviene señalar que en Finlandia no existe ninguna obligación general de tener un 
representante legal en los procedimientos judiciales. En los asuntos civiles las partes pueden 
actuar ante el tribunal por sí mismas o representadas por un abogado o un asesor jurídico 
autorizado. El tribunal, sin embargo, puede disponer que una parte o su representante comparezca 
personalmente si lo estima necesario para la instrucció n del caso.  
3.  ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control?  
El capítulo 17 del Código de Procedimiento Judicial contiene dis posiciones generales sobre la 
obligación de las partes de presentar pruebas escritas a petición de la parte contraria. Además, 
en el año 2000 entró en vigor la Ley de Salvaguardia de las Pruebas en los Procesos Civiles 
relativos a los Derechos de Propiedad  Intelectual. El artículo 9 del capítulo 17 del Código de 
Procedimiento Judicial establece que toda persona que tenga en su poder un documento del que se 
suponga que tiene eficacia probatoria en el juicio está obligada a presentar esa prueba. 
La obligación , sin embargo, no se extiende a las personas sospechosas en asuntos penales ni a las 
personas vinculadas con ellas. En los asuntos penales se aplican las disposiciones en materia de 
confiscación y de registro domiciliario de la Ley de Medidas Coercitivas. De conformidad con el 
artículo 1 del capítulo 7 de dicha Ley, un producto puede ser confiscado si se presume que tiene 
eficacia probatoria en un asunto penal. Con arreglo al artículo 1 del capítulo 8 de la citada Ley, 
un domicilio puede ser registrado en d eterminadas circunstancias, por ejemplo, con objeto de 
encontrar un producto que ha de confiscarse.  
Cuando una parte está obligada a presentar un documento, el tribunal puede ordenarle que lo 
haga bajo pena de multa o puede ordenar que lo presente un embar gante. La obligación puede 
imponerse a solicitud de la parte contraria. También existen normas sobre un procedimiento por el 
cual cada parte está obligada a anunciar, a solicitud de la parte contraria, si está o no en posesión 
de determinado documento.  
4.  ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial 
aportada como prueba?  
El testigo o parte en un juicio puede negarse a prestar declaración si esta puede revelar un secreto 
mercantil o profesional, a menos que sea preciso divul gar la información por razones de suma 
importancia o cuando se trate de un delito grave (artículo 19 del capítulo 17 del Código de 
Procedimiento Judicial). Si se presenta al tribunal información confidencial relativa a las IP/N/6/FIN/2  
 
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  actividades mercantiles o conocim ientos técnicos de otra parte, esta puede pedir que tal 
información se declare confidencial. De conformidad con la Ley de Procedimientos ante el Tribunal 
de Mercado, que remite a las disposiciones de la Ley de Publicidad de los Procedimientos Judiciales 
ante los Tribunales Ordinarios, el tribunal puede disponer en determinados casos que las 
audiencias se celebren a puerta cerrada. Si en tales audiencias se revela información a cuyo 
respecto se solicita al tribunal que la declare secreta, el tribunal puede d isponer que la información 
se mantenga con carácter secreto durante determinado período de tiempo (artículo 5 del 
capítulo  6 de la Ley de Procedimientos ante el Tribunal de Mercado, capítulos  3 y 4 de la Ley de 
Publicidad de los Procedimientos Judiciales a nte los Tribunales Ordinarios, y párrafo 20 del 
artículo  24 de la Ley de Transparencia de las Actividades de la Administración).  
La Ley de Transparencia de las Actividades de la Administración (capítulo 6) establece normas 
sobre el carácter secreto de los documentos y la prohibición del uso de información secreta en el 
caso de un experto a que se hace referencia en la Ley de Salvaguardia de las Pruebas en los 
Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual (artículo  6), o de un solicitant e 
que, debido a su posición como una de las partes, ha adquirido información que queda abarcada 
por la obligación de secreto.  
5.  Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, legislativos o  jurisprudenciales, sobre su 
utilización:  
- mandamientos judiciales;  
- órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la 
reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los 
honorarios de los abogados;  
- destrucción o apar tamiento por cualquier otro medio de los circuitos 
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos 
utilizados para su producción;  
- otras medidas.  
Mandamientos judiciales  
Conforme a las normas legales aplicables en materia de d erechos de propiedad intelectual, 
el tribunal puede dictar una orden que prohíbe a la persona que incurre en infracción de derechos 
de propiedad intelectual que continúe o repita la infracción. El mandamiento judicial puede ser 
objeto de una acción indepen diente.  
Resarcimiento de daños y perjuicios  
Toda persona que deliberadamente o por negligencia incurre en infracción de un derecho de 
propiedad industrial es responsable del pago de una indemnización razonable de los perjuicios 
causados por la infracción.  En caso de negligencia leve, la indemnización puede ajustarse en 
consecuencia. Cuando la infracción no es intencional ni se debe a negligencia, el infractor debe 
pagar una indemnización por la explotación de la invención si así se considera razonable y en  la 
medida en que lo sea.  
En los juicios sobre derecho de autor, el demandado no puede eximirse de la responsabilidad de 
indemnizar al titular del derecho por el uso realizado con infracción (responsabilidad estricta). 
En caso de conducta dolosa o negligen te, además de proporcionar una indemnización equitativa, 
el infractor debe resarcir todos los perjuicios incluso por cualquier otra pérdida, el eventual daño 
moral y cualquier otro perjuicio causado por la infracción.  
La Ley de Responsabilidad por Daños y Perjuicios contiene disposiciones generales sobre la 
indemnización por responsabilidad extracontractual. Los daños resarcibles comprenden cualquier 
clase de perjuicio material susceptible de evaluación, incluidos los gastos procesales. La cuantía de 
la ind emnización se basa en la evaluación del tribunal, en la que se tienen en cuenta a la vez el 
objetivo del resarcimiento material y también las circunstancias particulares. La jurisprudencia ha 
establecido reglas para la determinación de los perjuicios en to das las esferas de los derechos de IP/N/6/FIN/2  
 
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  propiedad intelectual. La demanda puede entablarse tanto en juicio civil como en los 
procedimientos penales.  
Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías 
infractoras y  de los materiales e instrumentos utilizados para su producción  
En los juicios por infracción de derechos de propiedad intelectual, el tribunal puede disponer a 
solicitud de la parte perjudicada que los materiales infractores (copias producidas, materiales  o 
artefactos para su fabricación, etc.) se destruyan o alteren o que esos bienes se entreguen a la 
parte perjudicada mediante una compensación que cubra los gastos de fabricación a menos que el 
adquirente del objeto infractor respectivo haya actuado de bu ena fe. Las demandas fundadas en 
una infracción pueden entablarse en juicio civil, así como en procedimientos penales.  
La Ley de Salvaguardia de las Pruebas en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de 
Propiedad Intelectual (artículo 2) establece qu e un tribunal competente podrá disponer la 
confiscación de material que se supone que tiene relevancia probatoria con el fin de salvaguardar 
la presentación de pruebas.  
Otras medidas  
Véase la respuesta a la pregunta 10 (medidas provisionales) más adelante.  
6.  ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servi cios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución?  
De conformidad con el apartado  a del artículo  7 de la Ley de Salvaguardia de las Pruebas en los 
Procesos Civiles relativo s a los Derechos de Propiedad Intelectual, en un procedimiento civil por 
infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de autor, el tribunal, a petición 
del demandante, puede ordenar que el demandado, cuando se determine que ha vulnerado  ese 
derecho en un marco comercial, proporcione la información necesaria sobre el origen de las 
mercancías y servicios y sobre la red de distribución. No se puede dictar dicha orden si causa un 
daño irrazonable al demandado en comparación con la importanci a del acceso a la información. 
La información sobre el origen de las mercancías y sobre la red de distribución comprende el 
nombre y dirección de los productores, fabricantes, distribuidores, proveedores, depositarios, 
mayoristas y minoristas, así como la cantidad de mercancías y servicios producidos, fabricados, 
suministrados, recibidos u ordenados y el precio percibido por ellos.  
En un caso civil, una parte puede ser oída a efectos probatorios. Esta dirá la verdad cuando preste 
declaración sobre las circ unstancias que haya invocado en el caso, cuando formule observaciones 
acerca de las circunstancias invocadas por la parte contraria, y cuando responda a las preguntas 
que le sean planteadas (artículo 26 del capítulo 17 del Código de Procedimiento Judicial) . 
En un caso penal, cualquier persona de la que se supone que posee información sobre el delito, 
puede ser obligada a comparecer en una instrucción de conformidad con el artículo 1 del capítulo  6 
de la Ley de Instrucción Penal. Con arreglo al artículo 2 del capítulo  6 de la citada Ley, si esa 
persona no comparece en una instrucción sin una justificación aceptable, podrá ser obligada a ello. 
Una persona sospechosa de haber cometido un delito también podrá ser arrestada o detenida 
conforme a las condiciones  establecidas en el capítulo 2 de la Ley de Medidas Coercitivas.  
7.  Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son 
responsables las autoridades  y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables?  
La Ley de Responsabilidad por Daños y Perjuicios contiene disposiciones generales sobre las 
obligaciones de indemnización de las autoridades (entidades administrativas y  empresas públicas). 
Las autoridades responden de los perjuicios causados por el ejercicio erróneo de sus facultades, 
por dolo o negligencia. En general, la responsabilidad puede extenderse total o parcialmente a los 
funcionarios sobre la base de la respon sabilidad indirecta, salvo en los casos de negligencia leve. 
Los actos administrativos realizados de buena fe no generan responsabilidad.  IP/N/6/FIN/2  
 
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  En el capítulo 10 del Código Penal se establecen normas sobre el decomiso. Las ganancias de 
origen delictivo son decom isadas por el Estado. El decomiso se ordena con respecto al infractor, 
un participante o una persona en cuya representación o en cuyo beneficio se haya cometido el 
delito cuando se haya beneficiado de él (artículo 2 del capítulo 10). En el capítulo se esta blecen 
asimismo normas sobre el decomiso prolongado de las ganancias de origen delictivo y el decomiso 
de algunos otros bienes. Si un objeto o bien no puede ser decomisado porque, por ejemplo, 
ha sido ocultado o no puede accederse a él, podrá ordenarse un decomiso total o parcial del valor 
del objeto o bien del infractor, del participante o de la persona en cuya representación o en cuyo 
beneficio se haya cometido el delito.  
8.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  
En la legislación finlandesa no existen disposiciones específicas que regulen la duración de los 
procedimientos. Los capítulos 4 y 6 de la Ley de Pro cedimientos ante el Tribunal de Mercado 
contienen las normas de procedimiento en materia de propiedad intelectual, que se aplican junto 
con las disposiciones generales sobre procedimientos civiles del Código de Procedimiento Judicial. 
En los asuntos civile s, las actuaciones judiciales se inician con una solicitud de citación. 
A continuación, se pide al demandado que responda por escrito a esa solicitud de citación. 
Las audiencias preliminares comienzan tras el procedimiento escrito y deben completarse sin 
demora, si es posible en una sola sesión. Las partes deben prepararse para la audiencia 
adecuadamente, de modo que no haya necesidad de aplazar los procedimientos debido a su 
negligencia. A veces, el asunto puede quedar resuelto en la etapa preliminar. En o tros casos, 
puede pasar a una audiencia principal. Esta, por regla general, prosigue sin interrupción hasta que 
el asunto queda concluido para la sentencia del tribunal.  La duración de los procedimientos 
depende del control del tribunal y, por tanto, varía  según los casos. En 2016, la duración media de 
los procedimientos ante el Tribunal de Mercado fue de unos 6,6 meses.  
No obstante, la Ley de Indemnización por Duración Excesiva de los Procedimientos Judiciales 
establece que una parte tiene derecho a ser in demnizada con fondos estatales en caso de que el 
procedimiento judicial tenga una duración excesiva. Con arreglo al artículo  3 de la citada Ley, 
un particular tiene derecho a percibir una indemnización razonable si se considera que la duración 
excesiva del  procedimiento judicial infringe el derecho de una parte a tener un juicio en un plazo 
prudencial. Para evaluar si la duración del procedimiento judicial ha sido excesiva se tienen en 
cuenta las siguientes circunstancias, además de la duración del procedim iento: a) la naturaleza y 
el alcance del asunto; b) las acciones de las partes, las autoridades y los tribunales durante el 
procedimiento judicial; y c) la importancia del asunto para la parte.  
La regla general en materia de costo de los procedimientos civ iles, conforme al artículo  1 del 
capítulo  21 del Código de Procedimiento Judicial, es que la parte perdedora será responsable de 
todos los gastos razonables ocasionados por las medidas que haya necesitado tomar la parte 
contraria, salvo que la Ley disponga  otra cosa. Con arreglo al artículo  8 del capítulo  21, 
esa compensación debe cubrir íntegramente las costas de preparación del juicio y de participación 
en el procedimiento, así como los honorarios de los abogados o asesores, en la medida en que 
puedan jus tificarse razonablemente para la protección del interés de la parte.  
En la legislación finlandesa existen disposiciones que regulan las tasas judiciales. Los demás costos 
judiciales pueden ser ocasionados por los honorarios del abogado que este haya acorda do con la 
parte.  
La Ley de Asistencia Jurídica establece las normas para determinar los gastos y los honorarios de 
los abogados en los casos en que la asistencia jurídica se concede a cargo del Estado a una 
persona que la necesita o que carece de medios pa ra sufragar los gastos (capítulo  3 de la Ley de 
Asistencia Jurídica).  IP/N/6/FIN/2  
 
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  b)  Procedimientos y remedios administrativos  
9.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con 
los procedimientos administrativos referentes al f ondo de un caso y con los remedios 
que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.  
Con excepción de algunas medidas provisionales limitadas, no existen procedimientos judiciales 
administrativos aplicables en lo que respecta a los recursos en esta m ateria. En cuanto a los 
procedimientos administrativos que pueden aplicar los órganos de ejecución, los medios se limitan 
a las medidas provisionales específicas que se examinarán más adelante.  
Medidas provisionales  
a)  Medidas judiciales  
10.  Sírvanse des cribir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa 
facultad.  
Con arreglo a las respectivas leyes sobre propiedad industrial, cuando cabe presumir la existencia 
de una infracción puede ordenarse la confiscación y el depósito de las mercancías infractoras para 
evitar que continúe la infracción.  
El capítulo 7 del Códi go de Procedimiento Judicial y la Ley de Salvaguardia de las Pruebas en los 
Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual contienen disposiciones 
generales sobre medidas judiciales cautelares en los asuntos civiles.  
Si el demandante pu ede demostrar la probabilidad de que haya contraído una deuda que podría 
pagarse conforme a lo prescrito en el Código de Aplicación, y que existe el riesgo de que la parte 
contraria oculte, destruya o traspase sus bienes o tome otra medida que ponga en pel igro el pago 
de la deuda, el tribunal podrá disponer el embargo de los bienes inmuebles o muebles de la parte 
contraria con sujeción a una cantidad que garantice la deuda.  
El tribunal también puede, con iguales requisitos, prohibir que la parte contraria r ealice 
determinada actividad, u ordenarle que realice determinado acto, autorizar al demandante para 
realizar ese acto, poner bienes de la parte contraria bajo la administración o el cuidado de un 
depositario o adoptar otras medidas necesarias para asegura r los derechos del demandante.  
Las disposiciones sobre la confiscación en los procedimientos penales figuran en los capítulos 6 y 7 
de la Ley de Medidas Coercitivas. Un objeto o una mercancía determinada, incluidos los materiales 
documentales, puede ser ob jeto de confiscación o incautación si existen motivos para suponer que 
puede servir como prueba o que el tribunal habrá de disponer después su decomiso. A petición del 
demandante, el tribunal también puede dictar una interdicción del uso de las mercancías 
denunciadas como infractoras. La prohibición permanece en vigor hasta la sentencia definitiva 
sobre el fondo, salvo que se decida otra cosa. Los mandamientos interlocutorios pueden dictarse 
asimismo en los asuntos relativos a la revelación de secretos come rciales.  
11.  ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudita 
altera parte ? 
Si así se solicita al Tribunal de Mercado en asuntos relacionados con los derechos de propiedad 
intelectual, se puede disponer la adopción de medidas cautelares en virtud del capítulo  7 del 
Código de Procedimiento Judicial. De conformidad con el artículo 5 del capítulo 7 del Código de 
Procedimiento Judicial y el artículo 4 de la Ley de Salvaguardia de las Pruebas en los Procesos 
Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual, no se dispondrán medidas cautelares sin 
reservar a la parte contraria la oportunidad de ser escuchada. No obstante, cuando la finalidad de 
las medidas cautelares puede verse de otro modo comprometida, el tribunal puede, a  petición del 
solicitante, dictar una disposición provisional sobre medidas cautelares sin reservar a la parte 
contraria dicha oportunidad. En ese caso, el mandamiento permanecerá en vigor hasta nueva 
orden.  IP/N/6/FIN/2  
 
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  En los asuntos penales, la confiscación puede se r dispuesta por la autoridad que tiene facultades 
para efectuar una detención, o por el tribunal durante los procedimientos. Si la persona en cuyos 
locales se confiscan los bienes no se encuentra presente, debe ser informada al respecto de 
inmediato (artíc ulo 9 del capítulo 7 de la Ley de Medidas Coercitivas).  
12.  Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, 
y especialmente los plazos pertinentes  y las medidas de salvaguardia para proteger los 
intereses legítimos del demandado.  
Si así se solicita, el tribunal podrá imponer medidas cautelares en asuntos civiles en virtud del 
capítulo 7 del Código de Procedimiento Judicial y los artículos 2 y 3 de l a Ley de Salvaguardia de 
las Pruebas en los Procesos Civiles relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual. No se 
dispondrán medidas cautelares sin reservar a la parte contraria la oportunidad de ser escuchada. 
No obstante, cuando la finalidad de las m edidas cautelares puede verse de otro modo 
comprometida, el tribunal puede, a petición del solicitante, dictar una disposición provisional sobre 
medidas cautelares sin reservar a la parte contraria dicha oportunidad. En ese caso, 
el mandamiento permanecerá  en vigor hasta nueva orden.  
Las acciones sobre la cuestión principal deben ejercerse en un plazo de un mes a partir de la 
disposición sobre las medidas cautelares. Cuando el tribunal adopta una resolución sobre la 
cuestión principal, determina, a un tiem po, el período de vigencia de las medidas cautelares. Si la 
acción es desestimada o declarada inadmisible, el tribunal puede disponer, al mismo tiempo, 
que las medidas cautelares permanezcan en vigor hasta que la decisión sea definitiva. En caso de 
desisti miento de la acción, las medidas cautelares son anuladas. Si un solicitante ha recurrido a 
medidas cautelares de forma innecesaria, debe resarcir los gastos ocasionados. Puede apelarse por 
separado contra un mandamiento judicial sobre medidas cautelares.  
Con respecto a la iniciación de los procedimientos penales, véase la respuesta a la pregunta 11. 
La confiscación puede cancelarse por la misma autoridad que la dispuso. La cancelación debe 
efectuarse tan pronto como deje de ser necesaria la confiscación, o transcurren cuatro meses sin 
que se formulen cargos por el delito que le dio motivo. El tribunal puede prorrogar este plazo a 
solicitud de la autoridad competente. A petición del interesado, el tribunal debe resolver acerca de 
la validez de la confiscación . Si la petición se formula antes de que el tribunal haya comenzado a 
ocuparse de la acusación, debe ser examinada en un plazo de una semana. El tribunal debe dar a 
las partes interesadas la oportunidad de ser escuchadas, pero la ausencia de una de las par tes no 
le impide adoptar una resolución. Las apelaciones contra la decisión referente a la confiscación, 
así como contra la decisión que prohíbe a una persona continuar o repetir la infracción de derechos 
de propiedad intelectual, pueden interponerse en fo rma separada. La apelación, sin embargo, no 
suspende la medida. En ciertos casos el apelante puede estar obligado a constituir garantía por los 
perjuicios y desventajas que pueda causar la medida.  
El capítulo 8 del Código de Aplicación contiene disposicion es sobre la aplicación de las medidas 
cautelares. La medida no puede ponerse en práctica, y debe suspenderse la ejecución, si la parte 
contraria otorga al oficial de justicia una garantía que ha sido aceptada por la parte que solicitó la 
medida, o que se c onsidera proporcionada a la necesidad de protección de los derechos de esa 
parte. Por regla general, no puede ponerse en práctica una medida cautelar a menos que el 
solicitante constituya una garantía por los perjuicios que la medida puede causar. Si así s e solicita, 
el tribunal puede eximir al solicitante de la obligación de proporcionar la garantía a que se hace 
referencia en el artículo 2 del capítulo 8 del Código de Aplicación si se considera que este carece 
de medios para hacerlo y se estima que su der echo está manifiestamente bien fundado.  
13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?  
La duración y el costo del procedimiento varían según los casos. Las medidas cautelares se 
dispondrán con prontitud. La cantidad definitiva para r esarcir los gastos ocasionados por la 
solicitud y la aplicación de las medidas cautelares se determina al abordar la cuestión principal.  IP/N/6/FIN/2  
 
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  b)  Procedimientos administrativos  
14.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relació n con 
las medidas provisionales administrativas.  
De conformidad con el artículo 13 del capítulo 8 del Código de Aplicación, en caso de que el 
propósito de las medidas cautelares indicadas en los artículos 1 a 3 del capítulo 7 del Código de 
Procedimiento Ju dicial pueda correr peligro de otro modo, tales medidas pueden otorgarse por el 
oficial de justicia si la parte solicitante tiene fundamentos legales para su solicitud y ésta no puede 
atenderse de inmediato por el tribunal. El plazo máximo de vigencia de t ales decisiones y medidas 
es de seis meses, a menos que el oficial de justicia las renueve por fundamentos especiales. En lo 
que respecta a las medidas provisionales de las autoridades administrativas adoptadas durante las 
investigaciones criminales, véans e las respuestas a las preguntas 11 y 12.  
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera  
15.  Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por 
las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulació n, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de 
página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, 
las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento ( mercancías de otro 
miembro de una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ). 
¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el 
mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y  a las 
mercancías destinadas a la exportación?  
Como Estado miembro de la Unión Europea, Finlandia aplica el Reglamento (UE) Nº  608/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras 
del respeto de los derechos de propiedad intelectual, que entró en vigor el 1º de enero de 2014. 
Este nuevo Reglamento deroga el Reglamento (CE) Nº  1383/2003 del Consejo y determina las 
normas de procedimiento que permiten a las autoridades aduaneras hacer respetar los derec hos 
de propiedad intelectual en relación con las mercancías sujetas a vigilancia aduanera o control 
aduanero, es decir, establece las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras en caso 
de que se sospeche que las mercancías infringen algún der echo de propiedad intelectual. Además, 
el nuevo Reglamento amplía la gama de infracciones de los derechos de propiedad intelectual 
abarcadas por el Reglamento (UE) Nº  1303/2013 anterior, que se aplicaba a mercancías 
falsificadas, mercancías piratas, patent es y certificados complementarios de protección, dibujos y 
modelos, derecho de autor y derechos conexos, marca de fábrica o de comercio, denominaciones 
de origen, protección de las obtenciones vegetales, indicaciones geográficas, y cualquier molde o 
matriz  diseñado o adaptado para la fabricación de mercancías que vulnera los derechos de 
propiedad intelectual. El nuevo Reglamento ahora abarca también:  
- los nombres comerciales en la medida en que se hallen protegidos en calidad de derechos 
exclusivos de propiedad intelectual en virtud de la normativa nacional;  
- las topografías de los productos semiconductores;  
- los modelos de utilidad;  
- los dispositivos concebidos, producidos o adaptados principalmente para permitir o facilitar 
la elusión de medidas tecnológicas.  
No obstante, el Reglamento  Nº 608/2013 no se aplica a las mercancías transportadas por los 
viajeros en sus equipajes personales siempre que estas se destinen exclusivamente a su uso 
personal y no haya indicios de que vayan a ser introducidas en el tráfico comercial. Asimismo, 
las vulneraciones resultantes a) del comercio paralelo ilícito (en relación con las mercancías 
originales que no han sido importadas a través de los canales de distribución del titular del 
derecho) y b) de las sobreproduc ciones no autorizadas por los titulares de derechos de propiedad IP/N/6/FIN/2  
 
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  intelectual (en  relación con las cantidades en exceso de mercancías que han sido fabricadas por 
una persona debidamente autorizada por el titular del derecho para fabricar una cierta cantidad  de 
mercancías) están excluidas del ámbito del Reglamento.  
16.  Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, 
particularmente en lo que respec ta a las autoridades competentes (artículo 51), 
los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas 
prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han 
aplicado los artículos 53 (fianza o g arantía equivalente), 56 (indemnización al 
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e 
información)?  
Solicitud de intervención de las autoridades aduaneras y autoridades aduaneras 
competentes  
El titular de un derecho puede solicitar la suspensión del despacho de las mercancías ante el 
Departamento de Observancia de la Administración de Aduanas de Finlandia. Las solicitudes 
deberán cumplimentarse utilizando el formulario mencionado en el artículo  6 del 
Reglamento  Nº 608/2013 y contendrán toda la información que en él se exige. Cualquier solicitud 
debe incluir, por ejemplo:  
- los datos personales del solicitante, por ejemplo una prueba de que el solicitante es 
titular del derecho correspondiente a las mercancías en cuestión;  
- los derechos de propiedad intelectual que deben protegerse;  
- la descripción de las mercancías y la información necesaria para que las autoridades 
aduaneras puedan reconocerlas fácilmente, por ejemplo los datos específicos y técnicos 
sobre las mercancías auténticas, incluidas señales identificativas como códigos de barras 
e imágenes, cuando proceda;  
- la solicitud de aplicación del procedimiento para pequeños envíos, siempre que el 
solicitante desee que se aplique.  
Cuando el departamento de aduanas competent e considere que dicha solicitud no incluye toda la 
información exigida, requerirá al solicitante para que aporte la información omitida en un plazo de 
diez días hábiles a contar desde la notificación de ese requerimiento.  
El departamento de aduanas notifi cará al solicitante su decisión de aceptar o denegar la solicitud 
en el plazo de 30 días hábiles a partir de su recepción. En caso de denegación, el departamento de 
aduanas competente expondrá los motivos de su decisión y facilitará información sobre las v ías de 
recurso. Cuando, con anterioridad a la presentación de la solicitud, las autoridades aduaneras 
hubieran notificado al solicitante la suspensión del levante o la retención de mercancías, 
el departamento de aduanas le notificará su decisión de aceptar  o denegar la solicitud en el plazo 
de dos días hábiles a partir de la recepción de dicha solicitud. En Finlandia, la decisión de iniciar un 
procedimiento de suspensión la adopta el Departamento de Observancia de la Administración de 
Aduanas.  
Procedimient os de suspensión  
El nuevo Reglamento (UE) Nº  608/2013 prevé los siguientes procedimientos:  
a) Procedimiento simplificado de destrucción  
El nuevo Reglamento dispone que el denominado procedimiento simplificado de destrucción 
tiene carácter obligatorio en relación con todas las vulneraciones de derechos de propiedad 
intelectual. El procedimiento simplificado se aplica cuando el titular del derecho ha confirmado 
la infracción y ha aceptado la destrucción de las mercancías en un plazo de diez (10) días 
hábile s a partir de la notificación de la suspensión, y: a) el declarante o el titular de las 
mercancías consiente su destrucción; o (b) incluso sin su consentimiento expreso, 
el declarante o el titular de las mercancías no se opone expresamente a ello dentro de l plazo 
establecido de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la suspensión (véase el 
artículo  23 del Reglamento ).  IP/N/6/FIN/2  
 
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  Debido al carácter obligatorio del procedimiento simplificado de destrucción, el titular del 
derecho ya no necesita que se di cte una sentencia en rebeldía para que se destruyan las 
mercancías en caso de que su titular o el declarante mantenga una actitud pasiva. Si, por el 
contrario, el declarante o el titular de las mercancías se opone a su destrucción, el titular del 
derecho p uede tratar de negociar con él o, en última instancia, emprender una acción judicial 
contra él ante el Tribunal de Mercado.  
b) Procedimiento relativo a pequeños envíos  
En relación con los pequeños envíos de mercancías falsificadas o piratas, el nuevo 
Regla mento  Nº 608/2013 introduce un procedimiento específico que permite destruir esas 
mercancías sin que el solicitante de la intervención aduanera tenga que manifestar su 
consentimiento expreso, lo que significa que las autoridades aduaneras no verifican con el 
titular del derecho que las mercancías en cuestión infringen su derecho de propiedad 
intelectual. En su lugar, se limitan a informar al declarante o al titular de las mercancías de su 
intención de destruirlas. Se pueden destruir pequeños envíos de merca ncías sin el 
consentimiento del declarante o el titular de las mercancías si este no ha informado a las 
autoridades aduaneras de su oposición a la destrucción en un plazo de diez (10) días hábiles a 
partir de la notificación de la suspensión. Para que se p ueda aplicar este procedimiento, 
es necesario que el titular de la decisión de suspensión haya pedido el uso de dicho 
procedimiento en la solicitud de suspensión (artículo  26). En el párrafo 19 del artículo 2 del 
Reglamento figura una definición de pequeño  envío.  
Derecho de inspección e información  
Las autoridades aduaneras darán al titular de la decisión y al declarante o al titular de las 
mercancías la oportunidad de efectuar una inspección de las mercancías cuyo levante haya sido 
suspendido o que hayan s ido objeto de retención (artículo  19). En virtud del párrafo 4 del 
artículo  17 y el párrafo 5 del artículo  18 del Reglamento, las autoridades aduaneras facilitarán al 
titular de la decisión, previa petición, los nombres y las direcciones del destinatario, del expedidor, 
del declarante o del titular de las mercancías, así como el régimen aduanero y el origen, 
procedencia y destino de las mercancías cuyo levante haya sido suspendido o que hayan sido 
objeto de retención.  
Prescripciones relativas a la duración de la suspensión  
Las autoridades aduaneras autorizarán el levante de las mercancías o pondrán fin a su retención 
inmediatamente después de la realización de todos los trámites aduaneros preceptivos, cuando en 
un plazo de diez (10) días hábiles no hayan rec ibido ningún escrito del titular de la decisión 
expresando su convicción de que se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y su 
consentimiento para la destrucción, salvo que se haya informado a dichas autoridades de que se 
ha iniciado un procedimi ento para determinar si se ha vulnerado algún derecho de propiedad 
intelectual. Excepto en los casos de mercancías perecederas y siempre que lo estimen adecuado, 
las autoridades aduaneras podrán ampliar el plazo diez días laborables, como máximo, previa 
petición debidamente justificada del titular de la decisión (párrafos 1 y 4 del artículo  23). 
Cuando las autoridades aduaneras hayan sido informadas de la iniciación de un procedimiento a fin 
de determinar si se ha vulnerado un derecho relacionado con un dis eño industrial, una patente, 
un modelo de utilidad, una topografía de un producto semiconductor o una obtención vegetal, 
el declarante o el titular de las mercancías podrá solicitar a dichas autoridades que procedan al 
levante de las mercancías o pongan fi n a su retención antes de que concluya aquel procedimiento. 
Las autoridades aduaneras únicamente procederán al levante de las mercancías o pondrán fin a su 
retención si el declarante o titular de las mercancías ha aportado garantía por un importe 
suficient e para proteger los intereses del titular de la decisión, la autoridad competente para 
determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual no ha autorizado medidas 
cautelares, y se han cumplido todos los trámites aduaneros (artículo  24, que c orresponde al 
párrafo 2 del artículo  53 del Acuerdo sobre los ADPIC).  
Fianza o garantía equivalente  
No se requieren del solicitante garantías ni pagos administrativos.   
Indemnización al importador y al propietario de las mercancías  
El propietario de las me rcancías puede instaurar demanda por los daños y perjuicios que le haya 
causado la retención infundada de las mercancías.  IP/N/6/FIN/2  
 
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  17.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan  sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las 
autoridades competentes por las que se suspende el despacho de las mercancías para 
libre circulación?  
Duración del procedimiento  
La tramitació n de las solicitudes se atiende normalmente en el Departamento de Observancia de la 
Administración de Aduanas de Finlandia en un día hábil. Salvo en pocos casos excepcionales, los 
asuntos se someten al tribunal dentro de los diez (10) días hábiles. Al pror rogar el plazo, 
el Departamento de Observancia de la Administración de Aduanas de Finlandia ha examinado 
cuidadosamente los fundamentos de la solicitud. Las prórrogas otorgadas han sido de 
diez (10) días hábiles.  
Validez de las decisiones relativas a la s olicitud de suspensión  
Al aceptar una solicitud de intervención, el departamento de aduanas competente determinará 
específicamente el plazo de intervención de las autoridades aduaneras. Ese plazo no deberá 
exceder de un año (artículo  11 del Reglamento  Nº 608/2013).  
Costos derivados del control aduanero  
En virtud del nuevo Reglamento  Nº 608/2013, el titular del derecho soporta todos los costos 
derivados del control aduanero, como los ocasionados por la destrucción, eliminación o 
almacenamiento de las mercancías infractoras. No obstante, posteriormente el titular del derecho 
puede reclamar daños y perjuicios al infractor para cubrir esos costos de control aduanero (véase 
el artículo 29).  
18.  ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por pro pia iniciativa y, en 
tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación 
de oficio?  
Las autoridades aduaneras competentes pueden actuar de oficio cuando identifiquen mercancías 
sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual que no esté amparado por una 
decisión de aceptación de una solicitud. En ese caso, podrán suspender su levante o proceder a su 
retención, salvo en el caso de mercancías perecederas. (artículo  18).  
En virtud del párrafo  3 del artículo  18 del Reglamento de la UE, las autoridades aduaneras 
notificarán al declarante o al titular de las mercancías la suspensión  del levante de estas o su 
retención, en el plazo de un (1) día laborable a partir de la suspensión o retención. En caso de que 
el titular del derecho presente una solicitud de suspensión después de que las autoridades 
aduaneras hayan notificado la suspens ión de oficio, esa solicitud deberá remitirse al departamento 
de aduanas competente en el plazo de cuatro días laborables a partir de la notificación de la 
suspensión del levante de las mercancías o su retención (párrafo  3 del artículo  5). 
19.  Sírvanse de scribir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.  
Las decisiones de las autoridades aduaneras pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal 
Administrativo de Helsinki. El plazo  de apelación en un asunto relativo a la percepción, 
el reembolso o la remisión de un derecho es de tres años a partir de la recepción de la notificación 
de la deuda aduanera, y siempre es de al menos 60 días a partir de la fecha en que se recibió la 
notificación de la decisión sobre la reclamación de ajuste. En los demás asuntos, los recursos 
deben interponerse en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se notificó la decisión al 
apelante. Las resoluciones del Tribunal Administrativo de Helsinki se  pueden recurrir ante el 
Tribunal Administrativo Supremo si este último concede la correspondiente autorización de 
apelación.  
Procedimientos penales  
20.  Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción 
penal de los derechos de  propiedad intelectual.  IP/N/6/FIN/2  
 
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  a) Propiedad industrial  
El Tribunal de Distrito de Helsinki tiene competencia exclusiva en asuntos penales relacionados con 
los derechos de propiedad industrial. Los ingenieros y los miembros especializados secundarios del 
Tribunal  de Mercado pueden ayudar al Tribunal de Distrito de Helsinki en materia penal, a petición 
de este último. El Tribunal de Distrito de Helsinki también tiene competencia para conocer de 
reclamaciones civiles por daños y perjuicios derivados del delito si es as reclamaciones se 
presentan durante los procedimientos penales El régimen de las apelaciones es el ordinario y 
comprende dos instancias superiores, el Tribunal de Apelaciones de Helsinki y el Tribunal 
Supremo, aunque para este último se requiere una auto rización de apelación como condición 
previa.  
b)  Derecho de autor y derechos conexos  
En materia penal, el tribunal de primera instancia es el tribunal de distrito del lugar donde se 
cometió el delito ( forum delicti ) o del domicilio habitual de la persona a cusada ( forum domicilii ). 
No obstante, en caso de varios delitos conexos o cuando una persona esté acusada de diversos 
delitos, es posible someter todos esos asuntos conexos a un único tribunal ( forum connexitatis ). 
En consecuencia, la competencia se rige por las disposiciones generales de la Ley de 
Procedimiento Penal (capítulo  4: Competencia en materia penal). Una reclamación civil 
(indemnización por daños y perjuicios) derivada del delito contra el que se ha presentado una 
acusación puede ser instruida e n relación con esa acusación. Los tribunales de distrito locales 
pueden solicitar la asistencia de los miembros especializados del Tribunal de Mercado. 
Sus decisiones se pueden recurrir ante el tribunal de apelaciones competente y, en última 
instancia, ant e el Tribunal Supremo. En este último caso se requiere una autorización de 
apelación.  
c) Prácticas comerciales desleales  
Con arreglo al artículo  11 de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales, los casos de infracción de 
las normas de la competencia relati vos a las prácticas comerciales o al uso abusivo de un modelo 
técnico o de orientaciones técnicas previstos en la citada Ley son competencia del Tribunal de 
Distrito de Helsinki.  
21.  ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y  de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones 
penales?  
Se siguen procedimientos penales y se aplican sanciones conforme a las vías ordinarias de 
apelación respecto de la infracción intencional de todos los derechos de propiedad intelectual 
incluidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. En ciertos asuntos relativos a l derecho de autor, puede 
constituir infracción incluso la negligencia grave (delito de derecho de autor), pasible de sanción 
con arreglo a la Ley de Derecho de Autor (artículo 56 hasta el apartado f).  
22.  ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de 
procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y/o a raíz de 
reclamaciones?  
En Finlandia, la policía y las aduanas son los investigadores responsables de iniciar procedimientos 
penales. Las infracciones de  los derechos de propiedad industrial y del derecho de autor se 
denominan delitos a petición de parte, lo cual significa que la "víctima o parte lesionada" debe 
denunciar el delito antes de que puedan iniciarse los procedimientos. En casos excepcionales, 
los procedimientos pueden iniciarse sin que el titular del derecho/reclamante haya denunciado el 
delito. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del capítulo 1 de la Ley de Procedimiento Penal, 
el reclamante tiene la posibilidad de interponer una denuncia  con respecto a un delito sólo en caso 
de que el fiscal decida no iniciar una acción o que el investigador o el fiscal decidan no efectuar la 
investigación o que una investigación en curso será suspendida o concluida.  
En los casos de delitos previstos en l os capítulos 49 y 30 del Código Penal, el fiscal puede iniciar 
procedimientos penales si la parte lesionada denuncia un delito de propiedad intelectual, y puede 
hacerlo por su propia iniciativa por razones importantes de interés p úblico (artículo 6 del 
capítulo 49 y artículo 12 del capítulo 30 del Código Penal).  IP/N/6/FIN/2  
 
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  En los casos de delitos contra derechos de propiedad intelectual definidos en las respectivas leyes 
de fondo, el fiscal no presentará cargos por delitos contra un derecho de propiedad intelectual, 
a menos que la parte lesionada lo denuncie con objeto de presentar cargos o que sea necesario 
por razones sumamente importantes de interés público (disposiciones: véase la respuesta a la 
pregunta 21, así como el artículo 11 de la Ley de Prácticas Comerciale s Desleales). La Ley de 
Derecho de Autor establece algunas excepciones de menor importancia a la regla general de la 
acción a petición de parte, al regular las violaciones de los derechos morales del autor y la 
salvaguardia del interés público en ciertos c asos especiales, así como la infracción de una medida 
tecnológica (artículo 62 de la Ley de Derecho de Autor).  
23.  ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, 
de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?  
De conformidad con el artículo 14 del capítulo 1 de la Ley de Procedimiento Penal, el reclamante o 
la parte lesionada tiene la posibilidad de presentar cargos con respecto a un delito sólo en caso de 
que el fiscal decida no iniciar una acción o que el investi gador o el fiscal decidan no efectuar la 
investigación o que una investigación en curso será suspendida o concluida.  
El fiscal está obligado a promover el enjuiciamiento a menos que ello resulte inconducente por 
insuficiencia de pruebas. Si el fiscal ha pr omovido una acción, la parte lesionada tiene derecho a 
incorporarse en el proceso penal.  
Conforme al artículo 6 del capítulo 49 del Código Penal, el fiscal puede iniciar procedimientos 
penales si la parte lesionada denuncia un delito de propiedad intelectu al, y puede hacerlo por su 
propia iniciativa por razones importantes de interés público.  
24.  Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad 
intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden 
imponerse:  
-  prisión;  
-  sanciones pecuniarias;  
-  confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción;  
-  otras medidas.  
Prisión y sanciones pecuniarias  
Los delitos contra la propiedad intelectual que figuran en los capítulos 49 y 30 del Código Penal 
pueden sancionarse con multas o penas de prisión de un máximo de dos años. En los delitos 
contra la propiedad intelectual fundados en las disposiciones de las respectivas leyes de fondo, 
así como en las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales acerca de la divulgación 
de secretos comerciales, pueden aplicarse sanciones de multa (disposiciones: véase la respuesta a 
la pregunta 21).  
Confiscación, decomiso y destrucci ón de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios 
utilizados para su producción  
Puede ordenarse que las mercancías infractoras sean confiscadas, destruidas, alteradas, 
entregadas al titular del derecho a cambio de determinado valor o puesta s en depósito. También 
puede disponerse la confiscación provisional por la duración de los procedimientos (véanse las 
respuestas a las preguntas 5 y 10). En los asuntos penales, la confiscación se rige por las 
disposiciones del capítulo 7 de la Ley de Medi das Coercitivas).  
25.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real 
del procedimiento y su costo.  
La duración y el costo del procedimien to varían según los casos. En los asuntos penales iniciados 
por el fiscal no se aplican tasas judiciales del tribunal de primera instancia. Según las estadísticas IP/N/6/FIN/2  
 
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  de 2013, el 50% de los asuntos penales vistos en los tribunales de distrito fueron concluidos  en 
menos de dos meses. El procedimiento sólo dura más de seis meses en el 13% de los casos. 
La duración media de los procedimientos penales en los tribunales de distrito finlandeses fue de 
3,5 meses.  
Las disposiciones de la Ley de Indemnización por Durac ión Excesiva de los Procedimientos 
Judiciales también se aplican a los asuntos penales, que se instruyen ante los tribunales 
ordinarios.  
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