WT/REG342/3  
 
22 de julio de 2014  
(14-4239)  Página: 1/4  
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales  Original: español  
 
  TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y EL PERÚ 
(MERCANCÍAS Y SERVICIOS) 
Preguntas y Respuestas 
 
La siguiente comunicación, de fecha 21 de julio de 2014, se distribuye a petición de las 
delegaciones de Costa Rica y el Perú. 
En el presente documento se reproducen las preguntas complementarias hechas a las Partes 
después de la septuagésima tercera reunión del Co mité de Acuerdos Comerciales Regionales y las 
respuestas que éstas han dado.  
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 Preguntas de la dele gación de Mexico 
 
Remedios Comerciales 
 
1.1.  Párrafo 3.51: Observamos que en el ar tículo 8.1.2, se me nciona que una Parte 
puede aplicar una medida de salvaguardia b ilateral "… en la medida que sea necesario 
para prevenir o remediar un daño grave o amenaza de daño grave y facilitar el 
reajuste…".  
 Entendemos que ello significa que los posibles casos en que se puede imponer esa 
medida son: a) cuando sea necesaria para prevenir un daño grave; b) cuando sea 
necesaria para prevenir una amenaza de daño grave; c) para remedi ar un daño grave; o 
d) para remediar una amenaza de daño grave.  
  Al respecto, nos gustaría saber en qué podría consistir una situación en la que la 
medida sea necesaria para preven ir una amenaza de daño grave. 
 
Las condiciones para establecer una medida de salvaguardia bilateral se establecen en el 
párrafo 8.1.1. del Capítulo de Defensa Comercial del Tratado, donde se indica que se podrá 
adoptar una medida de salvaguardia bilateral “si como resultado de la reducción o eliminación de 
un arancel aduanero en virtud de este Tratado, una mercancía originaria de una de las Partes está siendo importada en el territorio de la otra Parte, en cantidades que han aumentado en tal monto 
en términos absolutos o en relación a la producción nacional y en condiciones tales que 
constituyan una causa sustancial de daño grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional que produzca una mercancía similar o directamente competidora”. 
 
El párrafo 8.1.2. indica que se deben cumplir las condiciones establecidas en el párrafo 
8.1.1. para la imposición de una medida de salvaguardia bilateral y establece además que esta debe ser necesaria para prevenir o remediar un daño grave o amenaza de daño grave y facilitar el 
reajuste. Lo que pretendería la medida de salvagua rdia es remediar el daño grave o prevenir que 
este ocurra al materializarse la amenaza de daño grave.   
La redacción no pretende ir más allá de la condición que establece el Artículo 5.1  del 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC y en ese sentido debe ser interpretada de manera similar, a la luz de los compromisos del TLC Perú-Costa Rica. 
 
1.2.  Párrafo 3.54: En cuanto al artículo 8.8.2, observamos que ahí se establece que "la 
Parte que imponga una medida de salvaguard ia global pueda excluir importaciones de WT/REG342/3 
 
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  una mercancía originaria de la otra Parte, si  tales importaciones no son causa sustancial 
de un daño grave o amenaza de daño grave" . Al respecto, nos gustaría saber en qué 
consistirían los criterios para determinar si  las importaciones son "causa sustancial" del 
daño o amenaza de daño y, en caso de que dichos criterios sean distintos de los que 
deben adoptarse conforme al Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, de qué forma 
podrían esos criterios ser compatibles con dicho Acuerdo. 
Las disposiciones relativas a las salvaguardias globales previstas en el TLC entre el Perú y 
Costa Rica se aplicarán de conformidad con el artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias, según la interpretación de la jurisprudencia del Órgano de Apelación. En caso de que se determine que las importaciones de la otra Parte no son causa sustancial de un daño grave o amenaza de daño grave, entendiendo “causa sustancial” como una causa que es importante y no 
menor que cualquier otra causa del daño o amen aza de daño grave, se podrá excluir de la 
aplicación de la medida a la otra Parte. Este análisis se deberá realizar caso por caso. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la jurispru dencia en cuanto al principio o requisito de 
“paralelismo”, la posibilidad de excluir importaciones regionales de la aplicación de medidas de 
salvaguardias, prevista en dicho acuerdo, también implicaría la exclusión de tales importaciones de la determinación del aumento de las importaciones y la existencia de daño grave (o amenaza de 
daño grave) .  
 
No obstante, el Perú y Costa Rica señalan que según el Órgano de Apelación en el asunto 
Estados Unidos - Salvaguardias sobre determinados productos de acero (párrafos 446-474), hay 
derecho a excluir de la aplicación de una medida de salvaguardia a las importaciones procedentes 
de una parte en un acuerdo regional, sin excluirlas de la determinación del aumento de las importaciones y la existencia de daño grave. Esto solo procede si las autoridades competentes 
establecen explícitamente, mediante una explicación razonada y adecuada, que las importaciones 
procedentes de fuentes distintas de la zona de libre comercio creada en virtud del TLC entre el Perú y Costa Rica satisfacen por sí solas las condiciones para la aplicación de una medida de 
salvaguardia, conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias y a la 
descripción que figura en el párrafo 2 del artículo 4 de dicho Acuerdo.  
1.3.  Párrafo 3.55: El artículo 8.10, inciso a)  del texto del Tratado señala que las Partes 
acuerdan establecer un mecanismo de  cooperación entre sus autoridades 
investigadoras, dentro de la cual se incluy e la posibilidad de intercambiar información 
no confidencial disponible sobre investigac iones en materia de defensa comercial que 
hayan realizado respecto de importaciones orig inarias o provenientes de terceros países 
distintos a las Partes.  
1.4.  Al respecto quisiéramos solicitar a las Partes nos proporcionen más información 
respecto a los siguientes puntos: 
a. ¿Pueden indicarnos el tipo de informació n no confidencial de terceras partes 
que consideran pueden intercambiar? 
 El carácter confidencial de la información presentada en un procedimiento se determina 
según la legislación nacional de cada Parte. En el caso de Costa Rica, esto incluye toda la 
información no confidencial que conste en el expediente administrativo del caso. En el caso del 
Perú, la información no confidencial que se puede in tercambiar es la que obra en el expediente del 
procedimiento respecto del cual se solicita tal información. 
 
b. Asumimos que se trata de informació n sobre investigaciones concluidas. 
¿Podrían confirmar lo anterior? 
 Efectivamente se trata de investigaciones concluidas. 
 
c. ¿Se informa a los terceros de la divulgación de su información? 
 La información que se estaría compartiendo es pública, por lo que no es necesario informar 
a terceros sobre la divulgación de esa información.  WT/REG342/3 
 
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  Política de Competencia 
 
1.5.  Párrafo 3.13: ¿Se tiene pr evista la participación de la  autoridad responsable de la 
aplicación de la política de competencia de cada uno de los países, en el Comité de 
Comercio de Mercancías? 
El Comité de Comercio de Mercancías establecido en el artículo 2.16 del Capítulo 2 “Acceso a 
Mercados y Mercancías” del “Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la 
República del Perú”, conforme a lo establecido en el párrafo 3 del mencionado artículo, no cuenta 
con funciones que le permitan abordar temas relacionados con el Capítulo 11 “Política de Competencia”. En ese sentido, no se tiene prevista la participación de la autoridad responsable de la aplicación de la política de competencia de la s Partes en el Comité de  Comercio de Mercancías. 
 
Para fomentar el entendimiento entre las Partes o para abordar asuntos específicos que 
surjan en virtud del referido Capítulo 11 “Política de Competencia”, las partes, de conformidad con 
el artículo 11.6 de dicho Capítulo, pueden en tablar consultas a solicitud de una de ellas. 
 
Asimismo, cabe señalar que las Partes, de considerarlo pertinente, también cuentan con la 
posibilidad de abordar cualquier tema concerniente a la aplicación del Tratado, incluyendo lo 
r e l a t i v o  a l  C a p í t u l o  1 1 ,  a n t e  l a  C o m i s i ó n  d e  L i bre Comercio establecida en el artículo 17.1 del 
Capítulo 17 “Administración del Tratado”, la cual se reunirá por lo menos una vez al año en sesión ordinaria, a menos que la misma decida algo distinto. 
 
Derechos de propie dad intelectual 
 
1.6.  Párrafo 5.25: ¿Cuál es el procedimie nto para definir las marcas notoriamente 
conocidas en cada país? ¿Cómo se protegerán estas marcas? 
En el Perú, las marcas notoriamente conocidas se encuentran reguladas mediante la 
Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,  de la Comunidad Andina y por el 
Decreto Legislativo 1075. Estas normas fueron debidamente notificadas a la OMC mediante documentos con signatura IP/N/1/PER/I/3 (de fech a 7 de noviembre de 2000) y IP/N/1/PER/2 (de 
fecha 29 de julio de 2010), respectivamente. El título XIII de la Decisión 486 establece que un 
signo distintivo notoriamente conocido es aquel que es reconocido como tal en cualquier País 
Miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Asimismo, no se le puede negar la calidad de notorio 
a un signo por el solo hecho que éste no se encu entre registrado o en trámite de registro en un 
País Miembro de la Comunidad Andina o en el extr anjero.  La Decisión antes referida, establece el 
ámbito de protección de las marcas notorias, así como los criterios para analizar si una marca es 
notoria o no y los mecanismos para la observancia de las mismas.  
 
En Costa Rica, las marcas notoriamente conocidas se encuentran reguladas por la Ley de 
Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000) y su Reglamento 
(Decreto Ejecutivo 30233 del 20 de febrero de 2002); que pueden consultarse en el siguiente 
vínculo: http://www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx  
 
En los artículo 44 y 45 de la Ley No. 7978 se define el ámbito de protección, se establece 
una lista no taxativa de los criterios para definir si una marca es notoriamente conocida y se establece la posibilidad de emplear todos los medios probatorios para demostrar la notoriedad de 
la marca. El titular de una marca notoriamente conocida tiene derecho de evitar que terceros se 
aprovechen indebidamente de la notoriedad de su marca, o que causen la disminución de su fuerza distintiva o valor comercial o publicitario. Debido a lo anterior, no se le puede negar protección a una marca notoriamente conocida por el solo hecho de no estar registrada. 
 
1.7.  Párrafo 5.26: ¿Qué mecanismos se prev én para que la protección a mercancías o 
productos con denominación de origen no re strinja innecesariamente la competencia? 
En el Perú, el comercio de los productos protegidos con una denominación de origen al igual 
que cualquier otro derecho de propiedad industrial, también debe observar los principios relativos a la buena fe comercial y leal competencia que deben observar los agentes del mercado. En tal WT/REG342/3 
 
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  sentido, todos los actos de competencia desleal relacionados a propiedad industrial, incluyendo 
aquellos sobre mercancías o productos con denominación de origen que podrían restringir innecesariamente la competencia, se regulan en el  Perú mediante la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina. Ésta norma fue debidamente notificada a la OMC mediante documento con signatura 
IP/N/1/PER/I/3 (de fecha 7 de noviembre de 2000). El título XVI de la Decisión 486 establece que 
se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Asimismo, son actos de 
competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier 
acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el  establecimiento, los productos o la actividad 
industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el 
ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.  
 
En Costa Rica, el artículo 1 de la Ley N° 7978 indica que el objeto de esta ley es proteger, 
efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos 
distintivos (entre ellos las denominaciones de origen), así como los efectos reflejos de los actos de 
competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Resulta aplicable también lo establecid o en el Título VIII de la mencionada ley, en 
que se indica que las indicaciones geográficas no podrán ser utilizadas en forma tal que 
constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París. 
La mencionada ley se puede consultar en el siguiente vínculo: http://www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx  
 
En este mismo sentido, el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor (Ley N° 7472 del 19 de diciembre de 1994) prohíbe los actos de 
competencia desleal entre los agentes económicos. Esta ley puede consultarse en el siguiente 
vínculo: http://www.pgrweb.go.cr/scij/main.aspx  
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