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18 de febrero de 2013  
(13-0798)  Página: 1/7  
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  Original: español  
 
  EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN 
CUBA 
Addendum 
El presente documento reproduce el resumen introductorio de la legislación de Cuba en materia de 
propiedad intelectual y sus modificaciones que presentó la delegación de Cuba en la reunión del 
Consejo de los días 6 y 7 de noviembre de 20121 en relación con el examen de la legislación 
nacional de aplicación iniciado en la reunión del Consejo de los días 27 y 28 de noviembre de 2001. 
 
1   DECLARACIÓN INTRODUCTORIA 
1.   En noviembre de 2001 Cuba dio inicio al examen de las legislaciones de aplicación del Acuerdo 
sobre los ADPIC. En esta fecha se presentó el Decreto-Ley Nº 203 "De Marcas y otros Signos 
Distintivos" de 24 de diciembre de 1999 y su Re glamento, aprobado por la Resolución Nº 63/2000 
de 22 de mayo de 2000, así como las legislaciones que incorporan de forma supletoria las medidas 
sobre observancia y las respuestas a la Lista Recapitulativa de Cuestiones sobre esta materia. 
2.   Posteriormente, en el 2002, se presentó el Decreto-Ley Nº 228 "De las Indicaciones 
Geográficas" de 20 de febrero de 2002 y las respuestas a la Lista Recapitulativa de Preguntas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo. 
3.   Estas legislaciones son plenamente compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC. También en 
esa ocasión se enunciaron los 16 acuerdos internacionales de los que la República de Cuba es parte, que muestran su vocación y comprensión de la propiedad intelectual conducente a una 
adecuada inserción en el ordenamiento internacional, siempre que no se lesionen los objetivos de 
políticas públicas y los intereses del desarrollo socioeconómico. 
4.   Cuba tiene, además, una larga tradición de respeto, sin discriminaciones, a los derechos sobre 
propiedad intelectual que se confieren a instituciones y empresas de la comunidad internacional de 
naciones sobre la base de compromisos internacionales incorporados en su ordenamiento legal nacional. 
5.   Sin embargo, vencido el término establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, en enero de 2005, 
nuestro país no estaba en capacidad de continuar el examen de las legislaciones que son el motivo 
de la presentación de hoy, esto es, las leyes en materia de patentes, de dibujos y de modelos industriales, de variedades vegetales y de esquemas de trazado de circuitos integrados que, 
respectivamente, son el objeto de los Decretos-Leyes Nº 290, 291 y 292 de 20 de noviembre 
de 2011, que entraron en vigor en abril del presente año (2012). 
6.   Desde noviembre de 2001 se continuó el proceso de circulación y adecuación de estas 
legislaciones y se dictó la Resolución Nº 21/2002 de 28 de febrero de 2002 del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que puso  en vigor el Sistema Nacional de Propiedad 
Industrial, que constituye un importante instrumento para la organización del quehacer nacional en materia de propiedad industrial. 
                                               
1 El acta de la reunión se ha dist ribuido con la signatura IP/C/M/71. IP/Q/CUB/1/Add.1 • IP/Q2/CUB/1/Add.1 • IP/Q3/CUB/1/Add.1 • IP/Q4/CUB/1/Add.1 
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  7.   Este Sistema define los objetivos, los princi pios y los lineamientos rectores de obligada 
aplicación. De la lectura y análisis de esta instrucción, se puede apreciar el trabajo nacional desarrollado para que cada ministerio y entidad, partiendo del fomento de una cultura en la materia, cuente con una dirección, departamento o grupo que tenga a su cargo en su actuar 
cotidiano, entre otros objetivos, la atención y respeto a los derechos que se confieren en las 
distintas modalidades de la propiedad industrial a los nacionales y a los extranjeros en los procesos de gestión, desarrollo, protección legal, comercialización y transferencia a terceros de los 
resultados de la innovación tecnológica nacional, incluyendo los procesos de adquisición de 
tecnología foránea. 
8.   Antes de dar inicio a los comentarios sobre las legislaciones de patentes, dibujos y modelos 
industriales, variedades vegetales y esquemas de trazado de circuitos integrados, estimamos 
necesario reiterar determinadas reflexiones, algunas ya expuestas en ocasión del inicio del examen 
de la legislación de aplicación. 
• El diseño normativo de las nuevas legislaciones ha requerido de un proceso de análisis y 
maduración con las distintas autoridades nacionales que haga posible que el sistema para la 
concesión de derechos de propiedad intelectual, tanto a nacionales como a extranjeros, resulte en un medio creíble para el desarro llo, a pesar de los significativos problemas 
imputables al Acuerdo sobre los ADPIC para las economías subdesarrolladas, a pesar de sus 
evidentes flexibilidades, que está basado, en lo fundamental, en normas foráneas como 
referentes para el trasplante de realidades ajenas. 
 
• Los derechos de propiedad intelectual no constituyen para Cuba un fin, sino un medio para 
sus propias estrategias de desarrollo y sus políti cas públicas por lo que, a pesar del uso de 
las flexibilidades, constituye un reto en la elaboración de las legislaciones el lograr un 
equilibrio entre los derechos y obligaciones de los titulares de derechos respecto de los 
intereses públicos de la sociedad, los de desarrollo tecnológico nacional y los lucrativos privados. Estos principios han presidido el diseño de las legislaciones en examen, que son 
totalmente compatibles con las normas del Acuerdo sobre los ADPIC. 
 • Sin embargo, nunca será suficiente reiterar que las normas del Acuerdo sobre los ADPIC, 
aunque basadas en una supuesta no discriminación, no garantizan por sí mismas, en modo 
alguno, la equidad, al no tener en cuenta las importantes asimetrías en el nivel de desarrollo 
de los países que deben aplicar sus normas. 
 
• A esta realidad se suma la situación particular de Cuba, que es impensable dejar de 
mencionar en este examen. País que por más de 60 años ha soportado estoica y valientemente un bloqueo inexcusable por lo arbi trario, en forma de un entramado de leyes, 
regulaciones y disposiciones que conforman la política de bloqueo contra Cuba. A pesar de 
las retóricas y de las soflamas mediante las que se pretende justificar lo injustificable ante la opinión pública internacional, lo cierto es que Cuba continúa obstaculizada para el libre desarrollo de actividades comerciales con empresarios de terceras naciones interesadas en 
el comercio y en las inversiones con mi país. Estos son sistemáticamente amenazados, 
sancionados y/o incluidos en listas negras. Por supuesto, también es impracticable el comercio desde y hacia subsidiarias de empresas norteamericanas en terceros países. 
 
• Estas discriminatorias regulaciones de bloqueo de diferente índole, en un plazo 
relativamente reciente, se han extendido a la esfera de la propiedad intelectual con la ya 
conocida por todos los Miembros, Sección 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 
de los Estados Unidos. No estimo necesario repetir lo que ya, incansablemente, denuncia y reclama cada vez Cuba en el Órgano de Solución de Diferencias y en otros medios, pero es obligado precisar que este telón de fondo también se ha tenido en cuenta en la elaboración 
de las legislaciones, en particular, porque este Miembro de la OMC, obligado por igual a 
acatar las obligaciones de las que fue artífice  protagónico, mediante una burda maniobra sin 
precedentes, incumple su propia legislación para "resucitar" derechos abandonados, y por 
tanto inexistentes, sobre marcas, con el evidente objetivo de despojar a una empresa 
cubana de su marca Havana Club, registrada legítimamente conforme a derecho, y vigente durante años en ese territorio. Este desacato y esta maniobra constituyen una alerta que no 
puede ser ignorada por mi país. 
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  9.   Así pues, en este contexto, es forzosa otra reflexión: el uso de los derechos de propiedad 
intelectual resultantes de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con las regulaciones sobre bloqueo, se erigen en un medio más para impedir el acceso a medicamentos, alimentos y bienes vitales de diferente tipo para continuar el intento de asfixia y sometimiento, con franco 
desprecio, por ejemplo, por las muertes de niños, entre otros pacientes, que no han tenido acceso 
a medicamentos vitales, por sólo mencionar esta dolorosa realidad. 
10.   Habida cuenta de este contexto de fondo en que Cuba ha debido diseñar las legislaciones que 
hoy se presentan, a continuación, con un esfuerzo de síntesis, se describen sus bases y 
modificaciones fundamentales, que tienen como objetivo hacer converger intereses y derechos, públicos y privados, aparentemente irreconciliables, acatando el Acuerdo sobre los ADPIC. El Decreto-Ley de las Invenciones y de los Dibujos y Modelos Industriales regula los derechos de los 
titulares sobre estas modalidades en justa correspondencia con las disposiciones del Acuerdo sobre 
los ADPIC, tanto para las patentes de productos como para las de procedimiento y, en consecuencia, se elimina el Certificado de Autor como documento de protección para estas 
modalidades. 
11.   Se define el estado de la técnica en el que se incluyen los conocimientos de comunidades 
indígenas o locales que hayan sido puestos a disposición del público y se establece la protección de 
las invenciones como soluciones de naturaleza técnica, que satisfagan los requisitos de novedad, 
actividad inventiva y aplicabilidad industrial distinguiendo las categorías de objetos que no constituyen invención de los que no son patentables haciendo uso de las flexibilidades del Acuerdo y, en particular, de la diferenciación entre descubrimientos y soluciones técnicas derivadas de la 
actividad creadora. 
12.   Se dispone que sólo serán protegibles los mi croorganismos transformados por intervención 
humana directa en su composición genética con un material genético exógeno, que expresen una 
característica que normalmente no alcanza la especie en condiciones naturales. Se exceptúan el 
todo o las partes de plantas y animales. 
13.   Se exige el depósito del material biológico en una institución oficialmente, entendiéndose por 
tal las autoridades de depósito oficialmente re conocidas que hayan adquirido dicha categoría de 
conformidad con lo establecido en el Tratado de Budapest, del que la República de Cuba es miembro desde 1994. 
14.   Se exige copia de la previa y expresa autorización para el acceso al material biológico 
expedida por la autoridad competente en el caso de que el objeto de una solicitud de patente se 
base en un material biológico, incluyendo el genético y sus partes o derivados del que Cuba es país de origen o que esté presente en especies domesticadas o cultivadas en el país, se exige 
copia de la previa y expresa autorización para el acceso al material biológico expedida por la 
autoridad competente. 
15.   Se establece que, de no ser el caso, debe fundamentarse mediante una declaración que el 
material biológico no ha sido obtenido en el territorio de la República de Cuba, indicando el país de 
origen y fuente del material biológico y de los conocimientos tradicionales asociados, así como el consentimiento fundamentado previo si el solicitante dispone del mismo. 
16.   La Resolución Nº 111/96 referida a "Regulaciones sobre la Diversidad Biológica" del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de 14 de octubre de 1996 establece los requisitos antes 
mencionados. 
17.   Los dibujos y modelos industriales se definen en función de sus características estéticas u 
ornamentales y se establecen los dibujos y modelos excluidos de la protección, en particular los 
basados en consideraciones técnicas o funcionales. 
18.   La vigencia de los derechos que confieren las patentes, condicionados al pago de tasas 
anuales, se extienden a 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y para los 
dibujos y modelos industriales se extienden a 10 años a partir de igual fecha condicionados también al pago de anualidades. IP/Q/CUB/1/Add.1 • IP/Q2/CUB/1/Add.1 • IP/Q3/CUB/1/Add.1 • IP/Q4/CUB/1/Add.1 
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  19.   Se regulan los límites al ejercicio de los derechos. Se incluyen los límites y excepciones 
tradicionales y se adicionan los referidos al agotamiento internacional de los derechos y a los actos de experimentación con vistas a obtener el registro en las autoridades sanitarias. Las licencias obligatorias son ampliamente reguladas en el Decreto-Ley. Se conceden por motivos de interés 
público y para prevenir los abusos que resulten del ejercicio del derecho exclusivo. Se tipifican las 
situaciones constitutivas de abuso del ejercicio del derecho exclusivo. 
20.   En estas causales se tiene en cuenta que por explotación debe entenderse tanto la 
importación de productos como la producción en el país. 
21.   Se regula la concesión de licencias obligatorias en situaciones excepcionales y en casos de 
uso público no comercial y se establece que en los casos de graves problemas de salud pública u otras circunstancias de extrema urgencia, tanto en la República de Cuba como en otro país, y ante 
una situación de capacidad nula o insuficiente en el sector farmacéutico, pueden concederse 
licencias obligatorias de importación o de exportación, de conformidad con los compromisos internacionales contraídos por la República de Cuba plasmados en la legislación complementaria, 
que aún no se ha dictado, y que hasta la fecha están basados en la Decisión referida al Acuerdo 
sobre los ADPIC y las licencias obligatorias. 
22.   Se incluyen otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre las licencias obligatorias 
que no se mencionan. 
23.   No se conceden licencias obligatorias por dibujos o modelos industriales. 
24.   Se incorpora el Recurso de Alzada en el proc edimiento de examen sustantivo, tanto para el 
procedimiento de patentes como para los dibujos y modelos industriales. Este Recurso puede 
interponerse tanto por el solicitante como por el que haya presentado oposición, lo que posibilita 
un nuevo análisis o una conciliación entre las partes, que una vez concluida dé lugar a una resolución final que puede ser recurrible en instancias judiciales. 
25.   Se incorporan en la legislación disposiciones sobre la actuación ante los tribunales y sobre las 
medidas ante infracción de derechos. El demandante puede solicitar ante el Tribunal que se ordenen medidas cautelares inmediatas. Las medidas cautelares también pueden solicitarse antes 
de establecer la demanda, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Se tipifican las 
medidas cautelares que pueden imponerse y otras disposiciones sobre las mismas y se regula la materia referida a las medidas definitivas de fondo. 
26.   En particular, se establece que cuando el objeto de la patente es un procedimiento para la 
obtención de un producto se presume que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico ha 
sido obtenido por el procedimiento patentado, siempre que el producto obtenido sea nuevo, correspondiendo al demandado probar lo que proceda y al Tribunal la obligación de adoptar las 
medidas necesarias para asegurar la protección de  la información confidencial que se aporte al 
proceso. 
27.   Se incorporan a la legislación las medidas para la observancia en frontera, correspondiendo a 
la Aduana General de la República la actuación de oficio o por orden del Tribunal Provincial Popular 
que corresponda. 
28.   Se dispone, además, que las acciones judiciales que regula el Decreto-Ley Nº 290 se rigen de 
forma supletoria por lo establecido en la legislación procesal vigente. 
29.   Se incorporan los modelos de utilidad como documento de protección sobre la base de los 
mismos requisitos de protección que para las patentes, pero sólo puede recurrirse a esta forma de protección en el caso de invenciones que consistan en una configuración, estructura, o constitución 
de un producto o de sus partes de la que resulte una mejora funcional en su utilización. La 
vigencia es de 10 años y el plazo de examen es menor. Se establece la solicitud para la conversión de la forma de protección. Tomando como referencia el 1º de enero de 2005, en las Disposiciones 
Transitorias se establecen los derechos y obligaciones de los solicitantes y de los titulares de 
derechos conferidos por Certificados de Autor de Invención y por Certificados de Autor de Modelo 
Industrial presentadas antes o posteriormente a esta fecha. IP/Q/CUB/1/Add.1 • IP/Q2/CUB/1/Add.1 • IP/Q3/CUB/1/Add.1 • IP/Q4/CUB/1/Add.1 
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  30.   Igualmente, tomando como referencia el 1º de enero de 2005, se establecen los derechos y 
obligaciones respecto de los solicitantes y de los titulares de Certificados de Patente de Invención y de Certificado de Modelo Industrial presentados antes y posteriormente a esta fecha. 
31.   Estas Disposiciones Transitorias tienen en cuenta los compromisos asumidos en virtud del 
artículo 70, apartados 2 y 7 respecto de la materia existente y de las solicitudes pendientes en la 
fecha de aplicación del Acuerdo, en particular en lo relativo al derecho a reivindicar una protección mayor siempre que no se incluya materia nueva. 
32.   Finalmente, en esta legislación, habida cuenta  de los elementos introductorios expuestos, 
basados en hechos y reflexiones, se ha incorporado en la legislación una Disposición Final que establece la posibilidad de adopción de las medidas que se requieran por el Gobierno de la República de Cuba para la protección de su se guridad y en situaciones en que deba enfrentar 
medidas unilaterales, discriminatorias, arbitrarias e injustificadas tomadas por otro Estado en 
incumplimiento de la reciprocidad de trato convenida en los acuerdos internacionales que tienen como efecto que se anulen o menoscaben derechos de personas naturales o jurídicas cubanas en 
dicho Estado u otro. 
33.   Esta Disposición Final es aplicable por igual para la materia regulada en los Decretos-Leyes 
Nº 291 y 292 que, respectivamente, se refieren a variedades vegetales y esquemas de trazado de 
circuitos integrados. 
34.   El Reglamento de este Decreto-Ley aún no se ha concluido. Para su elaboración y aprobación 
por la instancia competente se ha otorgado un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley. Se encuentra en proceso de elaboración y debe estar vigente, una vez aprobado 
por la instancia gubernamental competente, a más tardar en julio de 2013. 
35.   El Decreto-Ley Nº 291 De la Protección de las Variedades Vegetales regula la protección de 
esta modalidad de creación. 
36.   Con anterioridad no existía una legislación que regulara la protección de las variedades 
vegetales que se protegieran en el marco de la legislación de invenciones derogada y sobre la base de sus requisitos. 
37.   La legislación incorpora disposiciones del sistema UPOV, algunas de las que, en lo 
fundamental, se corresponden con el Acta de 1978 aunque Cuba no es miembro de este organismo. Otras disposiciones del sistema no se avienen con los objetivos de desarrollo sostenible alimentario y de nutrición de la población y con requerimientos de políticas públicas y 
agropecuarias. 
38.   Se establece la protección de las variedades vegetales de todos los géneros y especies, 
incluidos los híbridos, pero se dispone que esta protección se instrumenta de forma paulatina 
respecto de los géneros y especies que taxativamente se determinen. Se establece la definición de 
variedad vegetal de conformidad con el sistema de la UPOV y se regula la protección mediante derechos de obtentor que se confieren a las personas naturales que crean una variedad vegetal y 
se excluyen de la protección las variedades vegetales descubiertas. 
39.   Se dispone que el derecho de obtentor tiene una vigencia de 15 años contados a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud y de 18 años para otros géneros (vides, los árboles forestales, los árboles frutales y los árboles ornamentales). 
40.   Se regulan los derechos de los titulares de Certificados de Obtentor todos ellos referidos al 
material de reproducción o de multiplicación vegetativa de la variedad en su calidad de tal. 
41.   Se imponen límites a los derechos del obtentor. Se incorpora el agotamiento internacional de 
los derechos de obtentor. 
42.   Se regulan las licencias obligatorias que pueden ser concedidas por interés público, o para el 
uso público no comercial, o en situaciones excepcionales, o para remediar actos o conductas que 
constituyan un abuso de los derechos por parte del titular, o de actos que causen o puedan causar 
perjuicios económicos injustificados a la economía nacional, sin perjuicio del derecho del titular a IP/Q/CUB/1/Add.1 • IP/Q2/CUB/1/Add.1 • IP/Q3/CUB/1/Add.1 • IP/Q4/CUB/1/Add.1 
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  recibir una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso y el valor 
económico de la autorización. 
43.   Se establece el derecho del agricultor los que pueden utilizar con fines de reproducción o de 
multiplicación para su propia explotación el producto de la cosecha obtenida por el cultivo de la 
variedad protegida. 
44.   Son exigibles y se definen de conformidad con el sistema UPOV, los requisitos de novedad, 
distintividad, homogeneidad y estabilidad, y una denominación para la variedad candidata a 
protección, así como los requisitos que ésta debe satisfacer. 
45.   Se regula el procedimiento de examen de la variedad candidata a protección en el que 
participan la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y el Ministerio de la Agricultura con funciones específicas para cada una; entre ellas, determinar la modalidad de examen, sobre la que 
se establecen varias opciones (por encargo a una institución especializada nacional o por encargo 
a una institución homóloga extranjera o sobre la base de los resultados del examen técnico realizado por una autoridad homóloga extranjera o sobre la base de los resultados de los ensayos 
comparativos de cultivos efectuados por el obtentor). 
46.   Corresponde al Ministerio de la Agricultura establecer para cada especie o grupos de especies 
las normas rectoras para la realización del examen técnico. 
47.   El Recurso de Alzada, tal y como se establece para el procedimiento de examen y concesión 
de las patentes y de los dibujos y modelos industriales se aplica por igual al procedimiento de examen y concesión de los derechos de obtentor. 
48.   Se introducen Disposiciones Transitorias habida cuenta de la existencia de solicitudes de 
Certificados de Autor pendientes de resolver para la protección de variedades vegetales de 
conformidad con la legislación sobre invenciones ya derogada. 
49.   Se introduce una Disposición Final en virtud de la cual en todo cuanto resulte aplicable, y no 
esté regulado en el Decreto-Ley para la protección de variedades vegetales, se aplican 
supletoriamente el Decreto-Ley Nº 290 De las Invenciones y los Dibujos y Modelos Industriales y las normas atinentes del Derecho Civil. 
50.   La Resolución Nº 1651/2012 de 17 de agosto de 2012 establece taxativamente los géneros y 
especies, incluidos los híbridos, a los que se aplica la protección. 
51.   El Decreto-Ley Nº 292 De Los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados regula la 
protección de esta modalidad de creación en la que se han incorporado las disposiciones del 
Acuerdo sobre los ADPIC y las incorporadas por referencia del Tratado sobre la Propiedad 
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. 
52.   La protección que se establece sobre la base de derechos exclusivos sólo es posible 
disfrutarla en la medida que se presenta una solicitud de registro. 
53.   Regula los requisitos que debe satisfacer un esquema de trazado para ser susceptible de 
protección: originalidad y no explotación comercial con antelación a la fecha de presentación de la 
solicitud de protección, incluyendo la excepción para el caso de un esquema de trazado que ha 
sido objeto de explotación comercial. 
54.   La vigencia del derecho se establece por 10 años contados a partir de la fecha más antigua 
entre la presentación de la solicitud y la de la primera explotación comercial del esquema de 
trazado, de forma separada o incorporado a un circuito integrado, condicionada esta vigencia al 
pago de tasas anuales. 
55.   Se regulan los derechos de los titulares y se establecen límites al ejercicio de los derechos 
exclusivos, entre ellos, el agotamiento internacional. IP/Q/CUB/1/Add.1 • IP/Q2/CUB/1/Add.1 • IP/Q3/CUB/1/Add.1 • IP/Q4/CUB/1/Add.1 
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  56.   Se establece que, en todo cuanto resulte ap licable y no esté regulado en este cuerpo 
normativo, se aplican supletoriamente las regulaciones del Decreto-Ley Nº 290 sobre invenciones y dibujos y modelos industriales y las normas atinentes del Derecho Civil.  
57.   Finalmente, no es ocioso precisar que de las 69 preguntas formuladas a Cuba, sin perjuicio 
de las 28 respondidas al inicio del examen de la legislación de aplicación, en esta ocasión se ha dado respuesta a 27 preguntas que estaban pendientes referidas a las materias abordadas y que 
fueron formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por el Japón, por 
Suiza, por Australia y por Canadá. 
58.   Sin embargo, 14 preguntas, algunas repetidas, aú n quedan sin respuesta y se refieren a las 
regulaciones sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, aún no aprobadas, y a las regulaciones 
sobre Prácticas Desleales en Materia Industrial y Comercial. Esta materia es objeto de un proyecto 
de Decreto-Ley que incluye las regulaciones acerca de la información no divulgada la cual esté en proceso de circulación y discusión por las autoridades nacionales competentes. Sin perjuicio de 
ello, en el examen de las marcas y otros signos distintivos, desde legislaciones anteriores se 
establecen como causales de prohibición de registro las que pueden o dan lugar a actos de competencia desleal. 
59.   Por último, Cuba agradece el interés demostrado por los Miembros por las preguntas 
formuladas y la disposición a responder en breve plazo las preguntas adicionales que tengan a bien formular sobre las legislaciones hoy presen tadas o sobre las presentadas con anterioridad. 
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