G/VAL/W/255  
19 de noviembre de 2014  
(14-6761)  Página: 1/2  
Comité de Valoración en Aduana  Original: francés  
 
  NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 
DEL ACUERDO SOBRE VALORACIÓN EN ADUANA 
Respuestas de Malí a las preguntas formuladas por el Canadá 
en relación con el documento G/VAL/N/1/MLI/1 
La siguiente comunicación, de fecha 23 de octubre de 2014, se distribuye a petición de la 
delegación de Malí. 
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  En respuesta a las preguntas planteadas a Malí por la delegación del Canadá ante la Organización 
Mundial del Comercio, tengo el honor de presentar la siguiente comunicación. 
En efecto, el 14 de enero de 2013, la República de Malí (Miembro de la OMC desde 2003) envió 
una notificación a la OMC de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 
Se adjuntaron asimismo ejemplares de los siguientes textos:  Reglamento Nº 05/1999/CM/UEMOA por el que se establece el valor en aduana en los países 
miembros de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO), así como de su 
anexo que contiene las correspondientes notas interpretativas; 
 Orden Nº 02-02589/MEF-SG de 31 de diciembr e de 2002 sobre las modalidades para la 
determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, así como de su anexo 
relativo a las notas interpretativas de los artículos 3 a 6, 8 a 11 y 13; 
 Orden Nº 09-1030/MEF-SG de 5 de mayo de 2009, que establece los valores de referencia 
que sirven de base para la liquidación de los derechos y cargas de aduana aplicables a 
determinados productos. 
Posteriormente, el Canadá planteó a Malí las siguientes preguntas: "En la Orden Nº 09-1030/MEF-SG, de 5 de mayo de 2009, se indica claramente que los precios de 
referencia son valores mínimos utilizados para establecer el valor en aduana de determinadas 
mercancías incluidas en el anexo. 
- ¿Sigue ese documento vigente, dado que lleva la fecha 5 de mayo de 2009? - ¿En qué medida considera Malí que este documento es compatible con sus obligaciones en 
virtud del Acuerdo?" 
Primeramente, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo, los países en 
desarrollo Miembros se benefician de un trato especial y diferenciado que les permite retrasar la 
aplicación de determinadas disposiciones del Acuerdo, como las relativas a la utilización de valores 
administrativos, por un período de cinco años. En virtud del citado trato, los países desarrollados Miembros partes en el Acuerdo están obligados a proporcionar asistencia técnica a los países en 
desarrollo Miembros que lo soliciten, que puede comprender, entre otras cosas, capacitación de G/VAL/W/255 
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  personal, asistencia para preparar las medidas de aplicación, acceso a las fuentes de información 
pertinentes y asesoramiento sobre la aplicación de las disposiciones del Acuerdo. 
Tras la adhesión de Malí al Acuerdo, fue preciso el apoyo de los asociados técnicos y financieros 
para reforzar las capacidades nacionales y así poder aplicar este nuevo Acuerdo y crear una base 
de datos conexa, entre otras actividades. 
En la práctica, la moratoria de cinco años ha resultado ser insuficiente. Malí es un país sin litoral, 
centrado en el sector agropecuario y con un tejido industrial incipiente, cuyos ingresos arancelarios 
representan más de un tercio de los ingresos fiscales. Asimismo, la base de datos aduaneros sigue 
en fase embrionaria. 
Ahora bien, el sector informal, que está bastante desarrollado, no está en condiciones de facilitar 
documentación justificante a efectos del despacho de aduana, y por ello el Servicio de aduanas ha 
recurrido a menudo a valores de referencia para asegurar los ingresos aduaneros. 
Ello explica que se decidiese prorrogar la aplicación de la Orden Nº 09-1030/MEF-SG, de 5 de 
mayo de 2009, por un período de seis meses. 
Al mismo tiempo, en 2012, Malí vivió momentos difíciles por la crisis política y de seguridad y la 
ocupación de dos tercios de su territorio por yihadistas (narcotraficantes), que vino seguida por la cancelación de la ayuda para el desarrollo. Las oficinas y las herramientas de trabajo de la 
Administración de Aduanas fueron saqueadas, lo que contribuyó a debilitar su capacidad operativa. 
El país acusó los efectos de una asfixia financiera. 
Para consolidar los ingresos arancelarios y hacer frente al gasto público, la Orden 
Nº 2013-0792/MEFB-SG, de 6 de marzo de 2013, se prorrogó por otro período de seis meses con 
objeto de proteger los ingresos aduaneros. Esta Orden ha caducado y sus disposiciones ya no 
están en vigor. 
Por otra parte, en el marco de la aplicación del Convenio de Kyoto revisado y habida cuenta de los 
acontecimientos internos antes mencionados, que amenazan la existencia misma del Estado 
maliense, la Organización Mundial de Aduanas concedió a Malí una moratoria de un año para la transposición de las disposiciones de dicho Convenio. 
La utilización de valores mínimos se debió en parte a las dificultades del Servicio de aduanas para 
controlar el valor de transacción, y a los acontecimientos de marzo de 2012. 
Sin embargo, la República de Malí garantiza que, a día de hoy, no hay ningún texto vigente sobre 
valores mínimos. 
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