WT/REG347/2/Add.1  
 
20 de junio de 2014  
(14-3599)  Página: 1/4  
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales  Original: inglés/español  
 
  TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COSTA RICA Y SINGAPUR  
(MERCANCÍAS Y SERVICIOS) 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Addendum 
La siguiente comunicación, de fecha 19 de junio de 2014, se distribuye a petición de las 
delegaciones de Costa Rica y Singapur. 
 
 En el presente documento se reproducen las preguntas hechas a las Partes y las respuestas que éstas han dado.  
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 Preguntas de la delegación del Perú
1 
 Disposiciones reglamentarias sobre el comercio de mercancías 
Medidas antidumping y compensatorias 
 1.1.  Párrafo 3.36. De acuerdo al párrafo  2(c) del Artículo 7.10 (Transparencia y 
Seguridad Jurídica) del Capítulo de Defens a Comercial, una de las prácticas que las 
Partes acuerdan observar en los casos sobre  medidas antidumping y compensatorias es 
que, a solicitud de un exportador de la otra  Parte, la autoridad investigadora de una 
Parte pondrá a disposición los plazos, procedimientos y cualquier documentación 
necesaria para el ofrecimiento de un compromiso. 
Al respecto, en materia de compromisos tanto Singapur como Costa Rica han 
notificado sus leyes y reglamentos a la OMC (documentos G/ADP/N/1/SGP/2/Suppl.1, 
G/SCM/N/1/SGP/2/Suppl.1, G/ADP/N/1/CRI/3 y G/SCM/N/1/CRI/3). Podrían señalar 
Singapur y Costa Rica si: ¿adicionalmente a sus leyes y reglamentos notificados a la OMC 
han desarrollado en su legislación nacional  antidumping y de medidas compensatorias u 
otro marco legal plazos, procedimientos y docu mentación necesaria pa ra el ofrecimiento 
de compromisos? De ser afirmativa la resp uesta, ¿podrían señalar las disposiciones 
específicas de dicha legislación y, de encont rarse disponible, el enlace electrónico para 
acceder a la misma?  
 No hay otras leyes ni reglamentos aparte de los notificados por Costa Rica y Singapur en el 
marco de la OMC con respecto al ofrecimiento de compromisos.  
 
1.2.  Párrafo 3.36. En virtud del Artículo 7.12 (Consideración del Interés Público) del 
Capítulo de Defensa Comercial, las medida s antidumping o compensatorias podrán no 
ser aplicadas por una Parte cuando se pueda concluir claramente que no responde al 
interés público la aplicación de dichas medidas. El interés público tomará en 
consideración la situación de la rama de producción nacional, los importadores y sus 
asociaciones representativas, los usuarios representativos y las organizaciones de 
consumidores representativos, en el tanto hayan suministrado información relevante a 
las autoridades investigadoras. ¿Cuáles son los criterios que se tendrían en 
                                               
1 Las preguntas se presentaron a las Partes el 28 de mayo de 2014 (tres semanas y cinco días antes de 
la reunión). WT/REG347/2/Add.1 
 
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  consideración para determinar que la aplic ación de dichas medidas no responde al 
interés público, teniendo en cuenta que la evaluación, de acuerdo lo señalado en el 
citado Artículo 7.12, se hará en función a la situación de grupos de interés que tienen 
intereses divergentes y que se ven afectados o beneficiados de distinta manera por la 
aplicación de una medida antidumping o compensatoria? 
 La aplicación de la cláusula sobre el interés público contenida en el artículo 7.12 
(Consideración del Interés Público) es facultativa y se realizará en consonancia con las 
circunstancias de cada caso concreto. La inclusión de dicha cláusula responde precisamente al 
hecho de que la aplicación de una medida anti dumping o compensatoria puede afectar a otros 
intereses, además de los señalados por la rama de producción nacional que solicite la medida. Por consiguiente, aun en los casos en que se hayan cumplido todos los requisitos formales y 
sustantivos, podrá adoptarse la decisión de no aplicarla sobre la base del interés público. Para 
aplicar esta cláusula, se debe establecer un equilibrio entre los intereses en juego, a partir de la información facilitada por las partes interesadas en el curso de la investigación. 
 
Otras disposiciones 
Política de competencia 
 1.3.  Párrafo 5.16. En el marco del Artículo  9.1 (objetivo) del Capítulo de Política de 
Competencia, las Partes consideran como un a práctica anticompetitiva las "fusiones y 
adquisiciones o concentraciones económicas  anticompetitivas". Al respecto, ¿qué 
criterios utilizan las Partes para determinar  que una fusión, adquisición o concentración 
económica es anticompetitiva? ¿en qué aspe ctos esta práctica se diferencia de las 
listadas en los párrafos a) y b) del Artículo 9.1 antes citado? 
 En el caso de Costa Rica, en el artículo 10 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N° 7472, con sus reformas) se establece la prohibición o sanción de las prácticas monopolísticas que impidan o restrinjan la competencia, o el acceso de 
competidores al mercado, o que promuevan su salida de él. Concretamente, se abordan las 
prácticas monopolísticas absolutas (horizontales) y las prácticas monopolísticas relativas (verticales) en determinadas condiciones. Por otra parte, la reforma a la Ley Nº 9072, de 20 de septiembre de 2012, establece el análisis previo de las concentraciones que alcancen 
determinados umbrales de activos e ingresos y exige la notificación de esas concentraciones a la 
Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM)  antes de la fecha de la firma del acuerdo o 
en los cinco días siguientes a esa fecha. La COPROCOM analizará la concentración a fin de 
aprobarla o de establecer condiciones para su aprobación. Entre los criterios que se tendrán en 
cuenta cabe citar los siguientes:   
"Artículo 16°.-Concentraciones: 
 
(…) 
 
 En la investigación de las concentraciones, deben seguirse los criterios de medición de poder sustancial en el mercado relevante, establecidos en esta Ley, en relación con las prácticas 
monopolísticas relativas.  
 
1.- Serán aprobadas por la Comisión las concentraciones que no tengan como objeto o efecto:  
 
a. Adquirir o aumentar el poder sustancial de forma significativa y que esto conlleve una 
limitación o desplazamiento de la competencia.   
b. Facilitar la coordinación expresa o tácita entre competidores o producir resultados 
adversos para los consumidores.  
c. Disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia, respecto de bienes o 
servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.  
2.- Si se determina que la concentración tiene alguno de los objetos o efectos anteriores, la 
Comisión para aprobarla deberá valorar: 
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  a. Que la concentración sea necesaria para alcanzar economías de escala o desarrollar 
eficiencias, como las referidas en el artículo 12 de la presente ley, cuyos beneficios sean superiores a los efectos anticompetitivos.  
b. Que la concentración sea necesaria para evitar la salida del mercado de activos 
productivos de uno de los agentes económicos participantes en la concentración, como 
sería el caso de una situación financiera insostenible.  
c. Que los efectos anticompetitivos puedan ser contrarrestados por las condiciones 
impuestas por la Comisión.  
d. Se pretende cualquier otra circunstancia que a juicio de la Comisión proteja los 
intereses de los consumidores nacionales.  
(…)" 
 Por otra parte, en mayo de 2014 la COPROCOM adoptó la "Guía para el Análisis de las 
Concentraciones Económicas", en la que se explican los diferentes elementos que se deben considerar en el análisis de las concentraciones, como la definición del mercado relevante y, entre 
otros, los efectos anticompetitivos de los dist intos tipos de concentraciones (horizontales, 
verticales y de conglomerado). Se puede acceder a la Guía en el siguiente enlace:  
 http://www.coprocom.go.cr/ser vicios_tramites/requisitos /guia_analisis_concevf.pdf  
 
 Una concentración puede tener efectos en el mercado similares a los de las prácticas monopolísticas absolutas o relativas. Lo que se debe examinar en el contexto del análisis previo de 
las concentraciones son las posibles prácticas de un nuevo agente económico resultante de una 
fusión de diferentes agentes económicos (competidores o posibles competidores, agentes anteriormente independientes que operan en distintos niveles de la cadena de valor o incluso 
agentes que operan en diferentes mercados y que podrían estar estrechamente relacionados).  
  En el caso de Singapur, la Ley de la Competencia ("la Ley") constituye una legislación 
genérica para proteger a los consumidores y las empresas de las prácticas anticompetitivas de las 
entidades privadas. En ella se establecen también las diversas facultades y los distintos procesos relacionados con su administración y cumplimien to. La Comisión de Competencia de Singapur 
("CCS") está encargada de administrar la Ley y velar por su cumplimiento. La Ley de la 
Competencia prohíbe fundamentalmente lo siguient e: a) los acuerdos, decisiones y prácticas que 
impidan, restrinjan o distorsionen la competencia ("prohibición prevista en el artículo 34"); b) el 
abuso de posición dominante ("prohibición prevista en el artículo 47"); y las fusiones que reduzcan 
sustancialmente la competencia ("prohibición prevista en el artículo 54").  
  El artículo 54 de la Ley prohíbe las fusiones que han dado lugar, o cabe esperar den lugar, a 
una reducción sustancial de la competencia en cualquier mercado de bienes o servicios de 
Singapur. La CCS publicó sus "Directrices sobre la Evaluación Sustantiva de las Fusiones", en la que se establecen algunos factores y circunstancias que la Comisión puede considerar para determinar si una fusión ha infringido –o si una fusión prevista, de realizarse, infringirá– la 
prohibición prevista en el artículo 54. Concretamente, en las Directrices se explica el concepto de 
reducción sustancial de la competencia y se describe lo que constituyen fusiones y el enfoque adoptado para identificar hipótesis apropiadas, así como los elementos analíticos generales que 
considerará la CCS para determinar si una fusión ha dado lugar, o cabe esperar dé lugar, a una 
reducción sustancial de la competencia. Se puede acceder a las Directrices en el siguiente enlace:  
http://www.ccs.gov.sg/content/dam/ccs/PDFs/CCSGuidelines/substantiveassessmerger_Jul07FINAL.pdf  
 
1.4.  Párrafo 5.16. En virtud del Artículo 9.4 (Consultas) del Capítulo de Política de 
Competencia, para promover el entendimient o entre las Partes, o para abordar asuntos 
específicos que surjan bajo este Capítulo, una Parte iniciará consultas, a solicitud de la 
otra Parte. En la solicitud, la Parte indicar á, de ser relevante, en qué forma este asunto 
afecta el comercio o la inversión entre las Pa rtes. La Parte a quien se dirige la solicitud, 
deberá considerar el asunto en cuestión a la otra Parte, e informarle acerca del 
resultado de dicha consideración.  ¿Qué implica que la Parte a quien se dirige la solicitud WT/REG347/2/Add.1 
 
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  considere el asunto en cuestión, qué tipo de consideración es la que se realiza y qué 
elementos se incluirían en el inform e que se remite a la otra Parte? 
 En el Capítulo de Política de Competencia se entiende que la Parte que reciba la solicitud de 
celebración de consultas considerará los argumentos esgrimidos sobre la base de las disposiciones 
del Capítulo, concretamente de sus objetivos de promover la competencia justa y eliminar las 
prácticas anticompetitivas dentro del área de libre comercio. Las medidas de observancia destinadas a promover la competencia justa y eliminar las prácticas anticompetitivas se aplicarán 
de conformidad con las respectivas leyes de competencia nacionales de las Partes. La política de 
aplicación de las autoridades de las Partes deberá ser consistente con los principios de transparencia, cumplimiento de plazos, no discriminación e igualdad de trato entre las Partes.   
1.5.  Párrafo 5.16. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 9.4 (Consultas) del Capítulo 
de Política de Competencia, en una solicitud, la Parte indicará, en qué forma un asunto afecta el comercio o la inversión entre las Pa rtes. Podría indicar qué criterios consideran 
las Partes que se deben observar para determinar que una actividad sometida a 
consultas afecta el comercio o la inversión entre las Partes. 
 Dependerá del asunto que se plantee en la solicitud de celebración de consultas. 
Concretamente, la Parte solicitante tendrá que demostrar o justificar a la otra Parte cómo ha 
afectado el asunto al comercio o la inversión entre ambas.  
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