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15 de enero  de 2018 
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Consejo de los Aspect os de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  Original:  inglés  
 
  LISTA DE CUESTIONES SOBRE OBSERVANCIA1 
RESPUESTAS DE MAURICIO  
Procedimientos y recursos civiles y administrativos  
 a) Procedimientos y recursos judiciales civiles  
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de 
los derec hos de propiedad intelectual . 
De conformidad con el artículo  53 de la Ley de Derecho de Autor de 2014 , el Tribunal Supremo  es 
competente para dictar medidas especiales en caso de vulneración del derecho de autor, sin 
perjuicio de otras medidas disponibles . La Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y 
Marcas de Fábrica o de Comercio  no otorga la competencia para conocer de los casos de infracción 
de derechos de propiedad intelectual a nin gún tribunal específico . Debido a  la naturaleza  de las 
medidas correctivas solicitadas  (normalmente, un mandamiento judicial ) y el importe de los daños 
y perjuicios (en general superior a 500.000 rupias mauricianas ), lo habitual es que el órgano que 
conoce de estos casos sea el Tribunal Supremo . No obstante, nada impi de a los tribunal es 
intermedio s conocer de las demanda s cuya cuantía no supere 500.000 rupias o a los tribunales de 
distrito  conocer de aquellas  cuya cuantía no supere 50.000 rupias. 
2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad  
intelectual ? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas ? ¿Hay disposiciones que 
prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?  
No existe ninguna disposición que prescriba la comparecencia personal obligatori a del titular del 
derecho ante el tribunal . El titular puede ser representado ante los tribunales por  un agente o un 
cesionario  que cuenten con el debido mandato . El titular del derecho, o su agente o cesionario 
provisto s del debido mandato, pueden ser rep resentados ante los tribunales por un abogado, sin 
necesidad de personarse en el proceso . 
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo  su 
control?  
De conformidad con el régimen de derechos de propiedad intelectual de Mauricio , las autoridades 
judiciales  no están facultadas para ordenar a una de las partes  en el proceso , a petición de la parte 
contraria,  que presente  pruebas que obren  en su poder . Los casos de infracción de los derechos de 
propiedad intelectual son tratados como asuntos civiles ordinarios y los tribunales siguen el 
precedente establecido, en el sentido de que " no es el deber ni la función del tribunal realizar 
ninguna inve stigación sobre el caso que debe juzgar que no verse sobre los asuntos en litigio 
específicos que las propias partes hayan planteado en sus alegaciones ".i 
Corresponde a las partes demostrar sus argumentos mediante la exhibición de las pruebas 
apropiadas an te el tribunal . 
                                                
1 Documento IP/C/5 . 
i Honorable Jagatsingh vs. Honorable Boodhoo (1981 MR 357).  IP/N/6/MUS/1  
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  No obstante, en los supuestos en que una de las partes demuestre que tiene derecho a las 
pruebas reclamadas que obran en poder de la parte contraria, podrá solicitar un mandamiento 
judicial obligatorio en el que se requiera a esa otra parte  que ponga a disposición las pruebas.  
4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial 
aportada como prueba?  
La legislación de Mauricio en materia de derechos de propiedad intelectual no define de manera 
exhaustiva el conce pto de "información confidencial ". No obstante, la parte perjudicada o que 
considere que la información aportada como prueba constituye  información confidencial puede 
formular objeciones ante el tribunal competente o solicitar al Tribunal Supremo que dicte  un 
mandamiento judicial para evitar su divulgació n. 
La consideración de una información como confidencial y la forma en que los tribunales deben 
proteger esa información depende de las circunstancias establecidas en las leyes pertinente s. El 
derecho consu etudinario  general reconoce el derecho de protección de la información confidencial , 
y el artículo  161A de la Ley de Tribunales prevé que las audiencias pueden desarrollarse in camera  
a fin de proteger la privacidad de las parte s; este derecho a la privaci dad se aplica no solo a las 
personas físicas, sino también a las jurídica s. Además, el Reglamento de Mediación del Tribunal 
Supremo establece la confidencialidad de  todas las notas y actas tomadas ante los magistrados de 
mediación o por estos en relación c on el procedimiento de mediación . 
5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su 
utilización : 
- mandamientos judiciales ; 
- órdenes de resarcimien to de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación 
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los 
abogados ; 
- destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos 
comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos 
utilizados para su producción ; 
- otras medidas . 
En los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, l as autoridades judiciales pueden 
dictar mandamientos o acordar el pago de daños y perjuicios . Por lo genera l, las costa s dependen 
del sentido de  la resolución , es decir, la parte contra la que se dicta el fallo debe abonar las costas 
en que haya incurrido la parte contraria  al presentar la demanda ante el tribunal co mpetente . Las 
autoridades judiciales pueden asimismo  ordenar el decomiso de las mercancías  infractoras y de los  
materiales o instrumentos utilizados en su producción  (párrafo 3 del artículo 52 de la Ley de 
Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Fábrica o de Comercio ). 
Las partes no está n obligadas a cumplir ninguna condición previa para solicitar la adopción de una 
medida correctiva ante la infracción de un derecho de protección intelectual, excepto si lo que se 
solicita es un mandamiento judicial ; en este caso, la parte solicitante debe demostrar, como se 
establec ió en el caso de American Cyanamid Co. vs. Ethicon Ltd . (1975 AC 396 ), que:  
a) el asunto que se juzga es grave ; 
b) la evaluación de los intereses es favorable al solicitante ; y 
c) la indemnización por daños y perjuicios no const ituiría una reparación  adecuada . 
6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y dis tribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución?  
Las leyes sobre derechos de propiedad intelectual de Mauricio  no prevén esta situación . IP/N/6/MUS/1  
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  7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una obligación . ¿En qué medida son 
responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" l es son aplicables?  
Las leyes sobre derechos de propiedad intelectual de Mauricio no contienen disposiciones 
específicas relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto 
indebidamente una obligación . No obstante, las costas dependen del sentido de la resolución, lo 
que implica que, si se desestima la demanda interpuesta contra la parte a la que se ha impuesto 
indebidamente una obligación, el tribunal impondrá por norma general al demandante las costas 
que habrían correspondido al  dema ndado, hasta un determinado límite . Además, en los supuestos 
especificados  (normalmente, cuando el demandante es una entidad extranjera ), el demandado  
puede solicitar al tribunal que dicte una orden en la que se exija al demandante el depósito de una 
fianza para responder por las costas antes de que se sustancie el procedimiento . Asimismo, los 
demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación pueden demandar a los 
demandantes y solicitar una indemnización de daños y perjuicios de conformida d con los principios 
comunes del derecho civil . 
Los funcionarios públicos no son responsables de los actos realizados de buena fe en el ejercicio de 
sus funciones . 
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimiento s y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo . 
No existen disposiciones específicas que regulen la duración y el costo de los procedimientos  en 
casos de infracción de derechos de propiedad intelectual . Un elevado número de los casos de 
infracción de derechos de propiedad intelectual juzgados por el Tribunal Supremo hasta la fecha se 
han sustanciado en unos meses , y en ellos la parte a la que se imputaba la infracción admitió su 
responsabilidad y se avino a indemnizar los daños al demandante y a destruir los artículos 
infractores . 
b) Procedimientos y remedios administrativos  
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con 
los procedimientos administrativos referentes a l fondo de un caso y con los remedios 
que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos . 
El Tribunal de la Propiedad Industrial, establecido en el artículo  9 de la Ley de Patentes, Dibujos y 
Modelos Industriales y Marcas de Fábrica o de Comercio, puede invalidar una patent e, un dibujo o 
modelo industrial o una marca de fábrica o de comercio , a solicitud de la persona interesada que 
alegue la infracción de un derecho de propiedad intelectual . La persona interesada no tiene por 
qué ser el titular del der echo, sino que  puede ser un agente o un cesionario de  ese titular . El 
interesad o puede asimismo ser representado  por un abogado . Las partes pueden solicitar al 
Tribunal Supremo que dicte un mandamiento judicial para evitar que se revele información 
confide ncial ante el tribunal . El tribunal no está facultado para ordenar al infractor que informe al 
titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción  y 
distribución  de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de 
bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución . El tribunal tampoco está 
facultado para ordenar la indemnización a  los demandados a los que se haya impuesto 
indebidamente una obligación . Las personas que se consideren perjudicadas por una decisión del 
tribunal pueden recurrir dicha decisión ante el Tribunal Supremo . 
Medidas provisionales  
a) Medidas judiciales  
10. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por  las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa 
facultad . 
Como se ha indicado anteriormente , lo habitual es que el órgano que conoce de los casos de 
infracción de derechos de propiedad intelectual sea el Tribunal Supremo . En virtud de s u IP/N/6/MUS/1  
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  jurisdicción de equidad , el Tribunal Supremo  puede dictar un mandamiento judicial provisional 
para evitar que se produzca la infracción de un derecho de propiedad intelectual . 
11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas inaudit a 
altera parte ? 
Puede dictarse un mandamiento judicial provisional inaudita altera parte  cuando la parte que lo 
solicite demuestre con pruebas al tribunal , por medio de  una declaración jurada , que le ampara un 
derecho claro de protección y que sufriría un daño irreparable de no dictarse dicho mandamiento . 
De no ser así, el tribunal no dictará el mandamiento, y solicitará a la parte contraria que 
demuestre por qué no está justificado el mandamiento cautelar.  
12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y  
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los 
intereses legítimos del demandado . 
La solicitud de un mand amiento judicial provisional debe presentarse ante el Tribunal  Suprem o por 
medio de un  praecipe  y una declaración jurada . Si el juez considera que de  la declaración jurada 
del solicitante se deduce la posibilidad de que se cause  un daño irreparable  en caso  de no  dictarse 
un mandamiento provisional , puede proceder a dictar dicho mandamiento . El mandamiento judicial 
provisional es válido durante un período de tiempo determinado que el juez fijará en función de las 
circunstancias . En caso de que dicte el manda miento  provisional, el juez establecerá un plazo 
breve para que el demandado demuestre por qué no se justifica el mandamiento . El juez puede 
anular el mandamiento  judicial provisional si el demandado demuestra que existe una c ausa 
justificada para ello, o prorrogarlo si el solicitante lo justifica suficientemente . En caso de que se 
dicte, el mandamiento judicial seguirá en vigor a la espera de la resolu ción de l caso principal , que 
el solicitante deberá presentar  ante el Tribunal Supremo . 
13. ¿Cuáles son nor malmente la duración y el costo del procedimiento?  
No existen disposiciones relativas a la duración y el costo del procedimiento . 
b) Medidas administrativas  
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relación con 
las medida s provisionales administrativas . 
El régimen de derechos de propiedad intelectual de Mauricio  no prevé medidas provisionales 
administrativas . 
Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera  
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por 
las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de 
página al artículo 51) . Sírvanse indicar, juntame nte con los criterios pertinentes, las  
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, 
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ). ¿Es aplicable 
el procedimiento a las importaciones de merc ancías colocadas en el mercado de otro 
país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la 
exportación?  
El procedimiento se aplica a cualquier mercancía , sin restricciones, incluso a las importaciones 
paralelas realiz adas sin el consentimiento del titular de una marca de fábrica o de comercio . No se 
aplica a las mercancías en tránsito ni a las mercancías que entran en la Zona de Puerto Franco 
para su reexportación . El procedimiento se aplica asimismo a las importacione s de mercancías que 
se colocan en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las 
mercancías destinadas a la exportación . IP/N/6/MUS/1  
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  16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del des pacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, 
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los  
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas 
prescripciones relativas  a la duración de la suspensión (artículo 55) . ¿Cómo se han 
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al 
importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e 
información)?  
El procedimiento se estab lece en los artículos  66A a 66E de la Ley de Aduanas que se reproducen 
infra. Por "Director  General " debe entenderse el  Director  General de la Administración Fiscal de 
Mauricio . 
Artículo 66A. Solicitud de suspensión del despacho de aduana de las mercancías  
1) Todo titular o usuario autorizado de una patente, de un dibujo o modelo industrial, de una 
marca colectiva, de una marca o de un derecho de autor podrá solicitar por escrito al Director 
General  que suspenda el despacho de las mercancías importadas o de  las mercancías que se están 
exportando alegando que su patente, su dibujo o modelo industrial, su marca colectiva, su marca 
o su derecho de autor está siendo objeto de una infracción o lo será probablemente . 
1A) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apar tado 1), si el Director  General tiene razones para 
creer que se ha infringido , o que existe el riesgo de que se infrinja, el derecho del titular o usuario 
autorizado de una  patent e, de un dibujo o modelo industrial, de una marca colectiva, de una 
marca o d e un derecho de autor , podrá, a iniciativa propia : 
i) suspender el despacho de las mercancías durante 21 días hábiles ; 
ia) retener cualesquiera mercancías vendidas en el mercado nacional ; 
ii) informar al mismo tiempo de la suspensión al titular o usuario a utorizado, 
electrónicamente o de otro modo, e invitar al titular o usuario autorizado , según 
corresponda, a presentar en el plazo de  21 días hábiles la so licitud prevista en el 
apartado 1). 
b) En caso de que no se presente una solicitud en el plazo de 21 días hábiles , el Director 
General levantará inmediatamente la suspensión y despachará las mercancías importadas o las 
mercancías que se están exportando , o liberará las mercancías retenidas descritas en el 
subapartado  ia). 
2) Toda solicitud presentada de co nformidad con el apartado  1) especificará un p lazo no 
superior a dos años durante el cual el Director General podrá suspender el despacho de aduana de 
esas mercancías . 
3) Toda solicitud presentada de conformidad con el apartado  1) irá acompañada de:  
a) pruebas que demuestren que el solicitante es el titular o usuario autorizado de la 
patente, el dibujo o modelo industrial, la marca colectiva, la marca o el derecho de 
autor ; 
b) una declaración de los motivos en que se basa la solicitud y, en particular, de las 
pruebas que justifiquen la presunción de que su derecho ha sido objeto de infracción o 
corre el riesgo de serlo ; y 
c) una descripción detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con 
facilidad por la Aduana, así como una indicación del  lugar en que se enc uentra n. 
4) El solicitante aportará una fianza suficiente para proteger al Director General contra 
cualquier pérdida o daño que pudiera derivarse de la suspensión del despacho de las mercancías y 
para cubrir cualquier gasto razonable en  que pudiera incurrirse a resultas de dicha suspensión . IP/N/6/MUS/1  
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  Artículo 66B. Decisión con respecto a la solicitud  
1) Al recibir una solicitud presentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66A, el 
Director General deberá, en un plazo de siete días cont ados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud:  
a) admitir o rechazar la solicitud ; y 
b) notificar su decisión por escrito al solicitante . 
2) El Director General rechazará la solicitud cuando el solicitante no cumpla lo dispuesto en el 
párrafo 4 ) del artículo 66A . 
3) Cuando se admita la solicitud, el Director General notificará por escrito la suspensión del 
despacho de aduana de las mercancías al solicitante, al importador, al exportador o a su agente . 
Artículo 66C. Duración de la suspensión  
1) Cuando, en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la 
suspensión al solicitante mediante aviso  prevista en el párrafo 3 ) del artículo 66B, el Director 
General no haya sido informado por escrito de que el solicitante ha ini ciado el procedimiento 
judicial, se procederá al despacho de las mercancías que cumplan  todas las demás condiciones 
requeridas para su importación o exportación . 
1A) Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 1), cuando la suspensión afecte a  mercancías  
refrigeradas el p lazo de despacho de las mismas será de  tres días hábile s. 
2) En los casos en que proceda y a petición del solicitante, el Director General podrá prorrogar 
el plazo a que se hace referencia en el apartado 1) por otro per íodo de tiempo no s uperior 
a 10 días hábiles . 
3) El Director General procederá al despacho inmediato de las mercancías cuando el titular 
registrado o el usuario autorizado a que se hace referencia en el artículo 66A le informe de que la 
marca colectiva, la marca o el derecho  de autor registrado en nombre del titular ha dejado de ser 
válido, siempre que se cumplan todas las demás condiciones para la importación o exportación.  
Artículo 66D. Inspección y toma de muestras  
Sin perjuicio de la protección de la información confidenc ial, el Director General podrá autorizar al 
titular una patente, de un dibujo o modelo industrial, de una marca colectiva, de un marca o de un 
derecho de autor, o al importador, al exportador o a su agente, a:  
a) inspeccionar las mercancías cuyo despacho h aya sido suspendido ; 
b) tomar muestras con miras a realizar exámenes, pruebas y análisis . 
Artículo 66E. Interpreta ción de la presente Parte 
En la presente Parte, se entiende por "titular " el titular registrado de una marca colectiva o de una 
marca conforme  a la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Fábrica o de 
Comercio de 2002 , o el titular de un derecho de autor conforme a la  Ley de Derecho de Autor , e 
incluye a aquellos titulares de una marca colectiva, una marca o un derecho de aut or registrados 
fuera de Mauricio ante una autoridad competente, siempre que lo autorice el  Director  General.  
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la dura ción real de los 
procedimientos y su costo . ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las 
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para 
libre circulación?  
No existen disposiciones relativas a la duración y el  costo del procedimiento, ni se ha llevado a 
cabo ningún estudio comprensivo sobre la duración real del procedimiento y su costo . IP/N/6/MUS/1  
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  No obstante , el Director General de la Administración Fiscal de Mauricio tiene un plazo de 7 días 
para responder a las solicit udes de suspensión del despacho de mercancías . Si el Director General 
admite la solicitud, este extremo debe notificarse por escrito al solicitante . En el supuesto de que, 
transcurridos 10 días desde esa notificación  (o de 3 días, si se trata de mercancías  refrigeradas) , 
el solicitante no haya informado por escrito al  Director  General de que ha  iniciado un 
procedimiento judicial  por infracción de los derechos de propiedad intelectual , el Director General 
tiene la  obligación  de liberar las mercancías . Except o en el caso de las mercancías refrigerada s, el 
Director  General puede, si el demandado demuestra que existe una causa justificada para ello, 
prorrogar  por otros 10 días hábiles el plazo para entablar un procedimiento judicial . De 
conformidad con el artícu lo 66A de la Ley de Aduanas , el Director  General puede suspender el 
despacho de las mercancías durante un período de hasta dos años. 
18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en 
tal caso, en qué circunstancias ? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación 
de oficio?  
El párrafo 1 A) del artículo 66A de la Ley de Aduanas  dispone que, si el Director General tiene 
razones para creer que se ha infringido, o que existe el riesgo de que se infrinja, el derecho del  
titular o usuario autorizado de una patente, de un dibujo o modelo industrial, de una marca 
colectiva, de una marca o de un derecho de autor, podrá, a iniciativa propia , suspender el 
despacho de las mercancía s durante  21 días hábiles . Al mismo tiempo, inf ormará de la suspensión 
al titular o usuario autorizado, electrónicamente o de otro modo , e invitará al titular o usuario 
autorizado, según corresponda, a presentar en el plazo de 3 días hábiles una solicitud de 
suspensión del despacho de las mercancías  [negrita añadida ]. 
En caso de no presentarse ninguna solicitud en un plazo de tres días hábiles , el Director General 
levantar á la suspensión inmediatamente y liberar las mercancía s. 
El Director  General de la Administración Fiscal de Mauricio puede a iniciati va propia aplicar 
medidas provisionales, de conformidad con el párrafo 1A) del artículo 66A de la Ley de Aduanas . El 
artículo se reproduce in extenso  en la respuesta a la pregunta  16. 
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las 
autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación . 
Las autoridades competentes  (el Director General de la Administración Fiscal de Mauricio ) están 
facultadas para suspender el despacho de las mercancías durante un período de hasta dos años, 
así como  a retener aquellas mercancías vendidas en el mercado nacional respecto de las cuales 
tenga razones para creer que han infringido o sea probable que infrinjan derechos de propiedad 
intelectual . 
Procedimientos penales  
20. Sírvanse indicar los t ribunales que tienen competencia en casos de infracción 
penal de los derechos de propiedad intelectual . 
Los tribunales de distrito y los tribunales intermedios  tienen competencia en los casos de infracción 
penal de los derechos de propiedad intelectual . 
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones 
penales?  
Se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales con respecto a las infr acciones de los 
derechos establecidos en:  IP/N/6/MUS/1  
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  a) los artículos  21ii, 32iii y 40iv de la Ley de Patentes, Dibujos y Modelos Industriales y 
Marcas de Fábrica o de Comercio ; 
b) el artículo  56 de la Ley de Derecho de Autor de 2014.v 
                                                
ii Artículo 21. Derechos conferidos por una patente. 1) Toda explotación de una invención patentada en 
Mauricio p or una persona que no sea el titular de la patente requerirá el consentimiento de este. 2) A los 
efectos de la presente Ley, se entiende por "explotación"  - a) cuando la patente se otorgue con respecto a un 
producto  - i) la fabricación, importación, oferta  para la venta, venta y uso del producto; ii) el almacenamiento 
de dicho producto a los efectos de ofrecerlo para la venta, venderlo o usarlo; b) cuando la patente se otorgue 
con respecto a un procedimiento - i) el uso del procedimiento; ii) la realización  de los actos indicados en el 
apartado a) en relación con un producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. 3) El titular 
de la patente, además de cualesquiera otros derechos, recursos o acciones de que disponga, y a reserva de lo 
dispues to en el apartado 4) y en el artículo 22, tendrá el derecho de entablar procedimientos civiles por daños 
contra cualquier persona que infrinja la patente al realizar, sin su consentimiento, alguno de los actos 
enumerados en el apartado 2), o realice actos que hagan probable que esa infracción tenga lugar. 4) Los 
derechos conferidos por la patente no se extenderán a: a) los actos respecto de artículos que han sido puestos 
en el mercado de Mauricio o de cualquier otro país por el titular de la patente o con s u consentimiento, o por 
cualquier otra parte autorizada; b) los artículos que han sido puestos en el mercado de Mauricio o de cualquier 
otro país o que han sido importados a Mauricio; c) el uso de artículos en aeronaves, vehículos terrestres o 
buques de ot ros países que temporal o accidentalmente penetren en el espacio aéreo, el territorio o las aguas 
de Mauricio; o d) los actos realizados exclusivamente con fines de investigación o experimentales relacionados 
con una invención patentada; e) los actos reali zados por una persona que, de buena fe, haya explotado la 
invención o haya realizado preparativos efectivos y serios para dicha explotación en Mauricio antes del depósito 
de una solicitud de patente o, cuando se reivindique prioridad, antes de la fecha de prioridad de la solicitud por 
la que se haya concedido la patente. 5) El derecho de uso previo al que se hace referencia en el apartado  4) 
solo puede transferirse junto con la empresa o negocio, o con aquella parte de la empresa o negocio en que se 
han hec ho los preparativos para la utilización.  
iii 32. Derechos conferidos por el registro. 1) La explotación de un dibujo o modelo industrial registrado 
en Mauricio por una persona que no sea el titular registrado requerirá el consentimiento de este. 2) A los 
efectos de la presente Ley, se entiende por "explotación" de un dibujo o modelo industrial registrado la 
fabricación, venta o importación de artículos que tengan o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o 
sustancialmente una copia, del dibujo o mode lo industrial registrado. 3) Los derechos conferidos por el dibujo o 
modelo industrial registrado no se extenderán a los actos respecto de artículos que han sido puestos en el 
mercado de Mauricio por el titular registrado o con su consentimiento. 4) El tit ular registrado de un dibujo o 
modelo industrial, además de cualesquiera otros derechos, recursos o acciones de que disponga, tendrá 
derecho a entablar procedimientos judiciales contra toda persona que infrinja el diseño industrial al realizar, sin  
su cons entimiento, cualesquiera de los actos reseñados en el apartado 2), o que realice actos que hagan 
probable que esa infracción tenga lugar.  
iv 40. Derechos conferidos por el registro. 1) Toda persona interesada, distinta del titular registrado, que  
tenga la i ntención de utilizar una marca registrada en relación con mercancías o servicios para los que se haya 
registrado, deberá obtener el consentimiento de su titular. 2) El titular registrado de una marca de fábrica o de 
comercio, además de cualesquiera otros d erechos, recursos o acciones de que disponga, tendrá derecho a 
entablar procedimientos judiciales contra toda persona que infrinja la marca al utilizarla, sin su consentimiento, 
como antes se ha dicho, o que realice actos que hagan probable que esa infracc ión tenga lugar. 3) El titular 
registrado puede, en caso de que la utilización de signos similares a la marca registrada, o en relación con 
bienes o servicios que sean similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, pudiera inducir al 
público a confusión, entablar procedimientos judiciales de conformidad con el apartado 2). 4) Lo dispuesto en 
el apartado 2) del artículo 36 se aplicará, mutatis mutandis , a toda acción interpuesta por el titular de una 
marca notoriamente conocida contra toda pers ona respecto del uso ilícito de la marca notoriamente conocida. 
5) Los derechos conferidos por la marca de fábrica o de comercio registrada no se extenderán a los actos 
respecto de artículos que han sido puestos en el mercado de Mauricio por el titular reg istrado o con su 
consentimiento.  
v 56. Delitos. 1) A menos que en la presente Ley se disponga otra cosa, comete delito toda persona que 
- a) sin la autorización expresa del autor o del titular del derecho de autor - i) publique, distribuya o 
reproduzca una  obra con fines comerciales; ii) interprete o ejecute ante el público una obra para obtener un 
beneficio o a cambio de una remuneración; iii) comunique al público una obra para obtener un beneficio o a 
cambio de una remuneración; iv) emita una obra para ob tener un beneficio o a cambio de una remuneración; 
v) realice una obra derivada para obtener un beneficio o a cambio de una remuneración; vi) importe para un 
fin que no sea exclusivamente para su propio uso privado y personal, venda, exponga u ofrezca para  la venta o 
arrendamiento cualquier copia de una obra que constituya una infracción del derecho de autor de su titular, o  
la constituiría si la copia de la obra hubiera sido realizada en Mauricio, o esté en posesión, en el curso de 
operaciones comerciales,  de dicha copia; b) sin la autorización expresa del titular de los derechos conexos, 
infrinja los derechos exclusivos de artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos 
de radiodifusión para obtener un beneficio o a cambio de una  remuneración; c) fabrique o importe para su 
venta o arrendamiento, o preste servicios como la venta, el arrendamiento o la distribución de cualquier 
dispositivo o medio que - i) haya sido específicamente concebido o adaptado para eludir cualquier disposit ivo o 
medio destinado a evitar o restringir la reproducción de una obra o a dañar la calidad cualquier copia de esta; IP/N/6/MUS/1  
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  22. ¿Cuáles son las autoridades púb licas competentes para la iniciación de 
procedimientos penales ? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y/o a raíz de 
reclamaciones?  
La Policía  (y en concreto, la Brigada de Lucha contra la Piratería ) está facultada para iniciar 
investigaciones  penales en relación con las reclamaciones que se hayan presentado ante ella o 
ante la  Oficina Mau riciana de Propiedad Industrial . Una vez recibido el informe de la Policía , el 
Fiscal Jefe  iniciará si procede  un procedimiento penal ante el tribunal compete nte. 
23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, 
de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?  
Las partes que se consideren perjudicadas pueden entablar un procedimiento penal ante un 
tribunal de distrito . Los procedimientos ante los tribunales intermedios no pueden iniciarse sin 
previa recomendación firmada por el Fis cal Jefe . 
24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad 
intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras m edidas correctivas que pueden 
imponerse : 
- prisión ; 
- sanciones pecuniarias ; 
- confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción ; 
- otras medidas . 
La infracción de una patente,  un dibujo o modelo industrial, o una marca de fábrica o de comercio, 
se sanciona con una pena de prisión por un período de tiempo no superior a cinco años, con una 
multa no superior a 250.000 rupias mauricianas o con ambas sanciones . 
La infracción de un d erecho de autor se sanciona : 
a) si el delito se comete por primera vez, con una pena de prisión por un período de 
tiempo no superior a dos años, con una multa no superior a 300.000 rupias 
mauricianas o con ambas sanciones ; 
b) en caso de reincidencia, con u na pena de prisión por un período de tiempo no superior 
a ocho años, con una multa no superior a 500.000 rupias mauricianas o con ambas 
sanciones . 
                                                                                                                                                  
o ii) pueda posibilitar o facilitar la recepción de un programa codificado, que sea emitido o comunicado al 
público de cualquier otro modo  por una persona que no esté facultada para recibir el programa; d) esté en 
posesión, en el curso de operaciones comerciales, de cualquier aparato, artículo o cosa, sabiendo que se 
utilizará para realizar copias infractoras de una obra o para los fines a q ue se hace ref erencia en el 
apartado  b); e) con dolo o culpa despoje de sus derechos al titular del derecho de autor o al autor para 
obtener un beneficio o a cambio de una remuneración. 2) A los efectos del apartado 1) a), cuando una obra se 
comunique al p úblico en el local de un ocupante mediante el funcionamiento de cualquier aparato que haya 
sido facilitado por dicho ocupante o con su consentimiento, el ocupante será considerado la persona que 
comunica al público la obra, sea o no él quien hace funcionar  el aparato. 3) a) Toda persona que cometa un 
delito - i) podrá ser condenada, la primera vez, a una multa no superior a 300.000 rupias mauricianas y a una 
pena de prisión por un período de tiempo no superior a dos años; ii) podrá ser condenada, en caso de  
reincidencia, a una multa no superior a 500.000 rupias mauricianas y a una pena de prisión por un período de 
tiempo no superior a ocho años. b) No obstante cualquier otra disposición normativa, los magistrados de los 
tribunales intermedios tendrán compete ncia exclusiva para juzgar en primera instancia a cualquier persona 
acusada de uno de los delitos previstos en la presente Ley. 4) El tribunal que condene a una persona por un 
delito, además de imponer cualquier otra sanción, podrá : a) ordenar el decomiso de cualquier aparato, artículo 
o cosa que sea el objeto del delito o que se haya utilizado en relación con la comisión del delito; b) ordenar la 
entrega de ese aparato, artículo o cosa a su legítimo poseedor.  IP/N/6/MUS/1  
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  En caso de infracción de un derecho de autor, el tribunal puede asimismo ordenar a la persona que 
haya sido c ondenada el decomiso de cualquier aparato, artículo o cosa que sea el objeto del delito 
o que se haya utilizado en relación con la comisión del delito . 
25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y facilita r los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real 
del procedimiento y su costo . 
No existen disposiciones relativas a la duración y el costo del procedimiento, ni se ha llevado a 
cabo ningún estudio comprensivo sobre la duración real del proc edimiento y su costo . 
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