RESTRICTED  
  
GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
27 de marzo  de 2020 
(20-2477) Página: 1/35 
Comité de Contratación Pública  Original:  inglés  
 
  
ADHESIÓN DEL REINO UNIDO AL ACUERDO SOBRE   
CONTRATACIÓN PÚBLICA POR DERECHO PROPIO  
RESPUESTAS ACTUALIZADAS A LA LISTA RECAPITULATIVA DE PREGUNTAS PARA  
LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA ADHESIÓN AL  
ACUERDO REVISADO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
Revisión  
La siguiente comunicación del Reino Unido, de fecha 26 de marzo de 2020, se distribuye a petición 
de la delegación del Reino Unido.  
 
_______________  
 
 
1  MARCO LEGAL  
1.1.  ¿Existe una única ley general sobre contratación ? En ese caso, sírvanse 
especificar  cuál.  
El régimen jurídico que regula la contratación pública en el Reino Unido se establece en seis textos 
legislativos secundarios (conocidos en el Reino Unido como Reglamentos) . Estos Reglamentos se 
elaboraron de conformidad co n el párrafo 2 del artículo 2 de la Ley de las Comunidades Europeas 
de 1972 cuando el Reino Unido era todavía un Estado miembro de la UE e incorporaron al derecho 
del Reino Unido las siguientes Directivas sobre contratación pública de la Unión Europea ( UE): la 
Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, la Directiva  2014/25/UE relativa a la contratación 
de servicios públicos, la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión y 
las Directivas 89/665/CE y 92/13/CE sobre los pro cedimientos de recurso.  
En un referéndum celebrado en junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron a favor de la 
salida de la UE . El Reino Unido notificó a la UE, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la 
Unión Europea, su intención de a bandonar la UE . El 17 de octubre de 2019, el Reino Unido y la UE 
llegaron a un acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE1 ("el Acuerdo de Retirada") que 
entró en vigor el 1º de febrero de 2020. E l Acuerdo de Retirada prevé un período de transición  
durante el cual el corpus jurídico fundamental de la UE será aplicable al Reino Unido y en el 
Reino  Unido hasta el final del período de transición que concluirá el 31 de diciembre de 2020. 
En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, la legislación por la qu e se rige la contratación pública está 
integrada por el Reglamento de Contratación Pública de 2015, modificado2 (PCR de 2015 ); el 
Reglamento de Contratación de Servicios Públicos de 2016, modificado3 (UCR de 2016 ); y el 
 
1 Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2019/C 384 I/01).  
2 Modificado por el Reglamento de 2015 de la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 (modificaciones 
consiguientes); el Reglamento de Contratación Pública de 2016 (modificaciones, derogaciones y revocaciones); 
el Reglamento relativo a la Identificación Electrónica y los Servicios de Confianza para las Transaccion es 
Electrónicas de 2016; el Reglamento de 2017 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 
(Mercados  de Instrumentos Financieros); el Reglamento de 2018 de la Ley de Recaudación y Gestión de 
Impuestos (Gales) de 2016 (disposiciones consiguientes y complementarias); y el Reglamento de Contratación 
Pública (modificación , etc.) (Salida de la UE) de 2019 (que a su vez fue modificado por el Reglamento de 
Contratación Pública (modificación , etc.) (Salida de la UE) (Nº 2) de 2019 (no vigente todavía)).  
3 Modificado por el Reglamento relativo a la Identificación Electrónica y los Servicios de Confianza para 
las Transacciones Electrónicas de 2016 y el Reglamento de Contratación Pública (modificación , etc.) (Salida de GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  Reglamento relativo a los Contratos de Concesión de 2016 (CCR de 2016 ). Estos tres Reglamentos 
no se aplican en Escocia, excepción hecha de ciertas disposiciones del PCR de 2015 que modifican 
las leyes internas que regulan la contratación en los ámbitos de  la defensa y la seguridad . En Escocia, 
la normativa pertinente está compuesta por el Reglamento de Contratación Pública (Escocia) 
de 2015, modificado4 (PCSR de 2015 ); el Reglamento de Contratación de Servicios Públicos 
(Escocia) de 2016, modificado5 (UCSR  de 2016 ); y el Reglamento de Adjudicación de Contratos de 
Concesión (Escocia) de 2016, modificado6 (CCSR de 2016 ). En el anexo A figuran los enlaces a los 
seis Reglamentos.  
Estos Reglamentos fueron modificados por los Reglamentos elaborados en virtud de l as facultades 
previstas en la Ley (de Retirada) de la Unión Europea de 2018, a fin de subsanar las deficiencias de 
la legislación relativa a la contratación pública que se derivan de la retirada del Reino Unido de la  UE, 
para garantizar que la legislación siga funcionando eficazmente . Estos Reglamentos se han elaborado 
como contingencia para el caso de que el Reino Unido abandone la UE sin acuerdo, pero todavía no 
han entrado en vigor desde que se alcanzó el Acuerdo de Retirada (que incluye un período de 
transición) entre la UE y el Reino Unido . Se introducirán nuevas modificaciones en los Reglamentos 
antes de que finalice el período de transición en virtud de las facultades previstas en la Ley 
(de Retirada) de la Unión Europea de 2018, modificada por la Ley (del Acuerdo de Retirada) de la 
Unión Europea de 2020. E sto puede incluir la revocación o modificación de partes o de la totalidad 
de los Reglamentos de modificación ya elaborados pero aún no vigentes, así como las modificaciones 
para aplicar las disposiciones del Acuerdo de Retirada . Por ejemplo, el Acuerdo de Retirada prevé 
disposiciones transitorias para las contrataciones que se hayan iniciado antes de que finalice el 
período de transición . A tal efecto es necesario modificar la legislación interna del Reino Unido para 
reflejar estas disposiciones transitorias que, en general, suponen que se seguirá aplicando la 
legislación de la Unión Europea a las contrataciones públicas que estén en curso al final del período 
de transición.  
1.2.  ¿Qué otras leyes, reglamentos, decretos, resoluciones administrativas, decisiones, 
directrices de política u otros instrumentos rigen la contratación pública ? Sírvanse 
presentar un resumen de las esferas a que se refiere cada uno de estos instrumentos . 
Sírvanse también explicar las diferencias principales (en caso de que las haya) entre su 
aplicación al nivel central y subcentral del Gobierno y de otros tipos de entidades 
contratantes.  
Otras leyes - generales  
Otras leyes que rigen la contratación pública en el Reino Unido son las siguientes:  
1. la Ley de Servicios Públicos (Valor Social) de 2012, que obliga a las autoridades 
contratantes, antes de proceder a la contratación de servicios públicos sujetos al PCR 
de 2015, a examinar cómo podría esa contratación mejorar el bienestar económico, 
social y ambiental en la zona de que se trate, y cómo se podría llevar a cabo el proceso 
de contratación con miras a asegurar esa mejora;  
2. la Ley de Reforma de la Contratación Pública (Escocia) de 2014 y el Reglamento de 
Contratación Pública (Escocia) de 2016, que imponen a las autoridades contratantes 
dos deberes más respecto a los contratos sujetos al PCSR de 2015. E l deber de 
 
la UE) de 2019 (no vigente todavía) (que  a su vez fue modificado por el Reglamento de Contratación Pública 
(modificación , etc.) (Salida de la UE) (Nº 2) de 2019 (no vigente todavía)).  
4 Modificado por el Reglamento de Contratación Pública (Escocia) (modificación) de 2016; el Reglamento 
relativo a la Identificación Electrónica y los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas de 2016; 
el Reglamento del Tribunal de Primera Instancia para Escocia (Transferencia de Funciones de la Comisión de 
Vivienda de Alquiler Privado) de 2016; y el  Reglamento de Contratación Pública , etc. (Escocia) (modificación) 
(Salida de la UE) de 2019 (no vigente todavía) (que a su vez fue modificado por el Reglamento de Contratación 
Pública , etc. (Escocia) (modificación) (Salida de la UE) (Nº 2) de 2019 (no vig ente todavía)).  
5 Modificado por el Reglamento relativo a la Identificación Electrónica y los Servicios de Confianza para 
las Transacciones Electrónicas de 2016 y el Reglamento de Contratación Pública (modificación , etc.) (Salida de 
la UE) de 2019 (no vigente todavía) (que a su vez fue modificado por el Reglamento de Contratación Pública 
(modificación , etc.) (Salida de la UE) (Nº 2) de 2019 (no vigente todavía)).  
6 Modificado por el Reglamento de Adjudicación de Cont ratos de Concesión (Escocia) (modificación) 
de 2016 y el Reglamento relativo a la Identificación Electrónica y los Servicios de Confianza para las 
Transacciones Electrónicas y el Reglamento de Contratación Pública , etc. (Escocia) (modificación) (Salida de 
la UE) de 2019 (no vigente todavía) (que a su vez fue modificado por el Reglamento de Contratación 
Pública , etc. (Escocia) (modificación) (Salida de la UE) (Nº 2) de 2019 (no vigente todavía)).  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  contratación sostenible obliga a las autoridades contratantes, antes de proceder a la 
contrataci ón, a examinar cómo podría esa contratación mejorar el bienestar económico, 
social y ambiental de la zona ; facilitar la participación de las pymes, los organismos del 
tercer sector y las empresas beneficiarias de ayudas ; y promover la innovación . Este 
deber también les obliga a llevar a cabo la contratación con miras a asegurar la mejora 
identificada del bienestar económico social y ambiental de la zona . El deber de beneficio 
comunitario obliga a las autoridades contratantes, antes de proceder a una contrat ación 
por un valor igual o superior a 4 millones de libras esterlinas, a examinar la posibilidad 
de imponer requisitos en materia de beneficios comunitarios, a detallar (en caso de que 
lo haga) esos requisitos en la convocatoria de licitación y en el anunc io de adjudicación, 
o a exponer los motivos por los que no lo hace en la convocatoria de licitación;  
3. la Ley de Igualdad de 2010, que obliga a las autoridades públicas a cumplir con el deber 
de igualdad de trato del sector público en el ejercicio de sus funciones (lo que incluye 
la contratación pública) . El deber de igualdad de trato obliga al sector público a tener 
debidamente en cuenta la necesidad de eliminar la discriminación, el acoso, la  
victimización o cualquier otra conducta que esté prohibida por  la Ley o en el marco de 
la misma ; a promover la igualdad de oportunidades entre las personas que comparten 
una determinada característica protegida y las personas que no la comparten ; y a 
fomentar una buena relación entre las personas que comparten una de terminada 
característica protegida y las personas que no la comparten . El párrafo 2 del artículo  155 
de la Ley otorga al Secretario de Estado la facultad de imponer ciertos deberes en 
relación con la Ley, en especial respecto a las autoridades abarcadas po r la 
Directiva  2014/24 y en relación con las funciones reguladas por esa Directiva . Esta 
facultad se ha manifestado en el Reglamento de Modificación de la Ley de Igualdad 
de 2010 (Deberes Específicos) (Escocia), de 2012, que obliga a las autoridades 
enumeradas consideradas contratantes en el marco del PCSR de 2015 a tener en cuenta 
si dete rminados criterios y condiciones de adjudicación relacionados con la ejecución 
del contrato deben incluir consideraciones pertinentes a efectos de facilitar el 
cumplimiento del deber de igualdad de trato por las autoridades contratantes;  
4. la Ley de Peque ñas Empresas, Empresas y Empleo de 2015, que en su artículo 39 
autoriza al Ministro de la Oficina del Gabinete a aplicar reglamentos que impongan 
obligaciones a aquellas autoridades contratantes cuyas competencias en materia de 
contratación no se hayan tra nsferido en su totalidad o en su mayor parte a las 
administraciones de Escocia, Gales o Irlanda del Norte . No se han elaborado 
reglamentos de este tipo . El artículo 40 de la Ley también obliga a las citadas 
autoridades contratantes a cooperar con cualquier  investigación sobre sus prácticas de 
contratación que se lleve a cabo en nombre del Ministro de la Oficina del Gabinete ; y 
5. la Directiva relativa a la eficiencia energética (una Directiva de la UE que se mantiene 
en la legislación del Reino Unido en vir tud de la Ley (de Retirada) de la Unión Europea 
de 2018), que en su artículo  6 obliga a los departamentos del Gobierno central a adquirir 
productos, servicios y edificios de elevada eficiencia energética . Se trata de una 
obligación limitada que no es neces ario cumplir cuando no resulte rentable o no permita 
una competencia efectiva . La Directiva también obliga a alentar a otros organismos 
públicos, como los gobiernos locales y regionales, a seguir el ejemplo del Gobierno 
central.  
Otras leyes - aplicables a las autoridades locales  
Además, hay otras tres leyes que regulan la contratación pública de las autoridades locales en el 
Reino Unido:  
1. la Ley de Gobiernos Locales de 1972, que en su artículo 135 obliga a las autoridades 
locales a dictar sus propias inst rucciones permanentes (es decir, normas internas) en 
materia de contratación para el suministro de bienes o materiales o para la ejecución 
de obras, y les faculta a hacerlo en relación con todos los contratos;  
2. la Ley de Gobiernos Locales de 1988, que en  el párrafo 1 de su artículo 22 establece 
que las autoridades locales y otros organismos públicos de naturaleza local y 
especializada que mantienen una lista aprobada de personas autorizadas a ejecutar 
contratos públicos de suministros, servicios u obras ( o interesadas en ellos) no pueden GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  exigir el pago de una suma como condición para figurar (o continuar figurando) en la 
lista o para que se considere su posible inclusión en ella ; y 
3. el Reglamento de los Gobiernos Locales (Prescripciones en materia de Tra nsparencia) 
(Inglaterra) de 2015, que requiere que determinada información, incluida la relativa a 
los contratos públicos, se publique de una manera específica y en las ocasiones 
especificadas.  
Otras leyes - sectoriales  
En el Reino Unido existen varias otr as leyes que se aplican a la contratación pública en sectores 
específicos, a saber, la defensa, la seguridad nacional y los servicios de salud . Ninguno de estos 
sectores figura en la oferta relativa al ACP del Reino Unido, por lo que no se describen aquí.  
Solo hay una ley sectorial específica abarcada por la oferta relativa al ACP del Reino Unido . El 
artículo  89 de la Ley de Transporte de 1985 exige que se celebre una licitación cuando una autoridad 
responsable del gasto en servicios públicos de transporte de pasajeros otorgue a otra parte una 
subvención para que preste esos servicios . La autoridad debe sacar a concurso los servicios de la 
manera que estime apropiada para informar a los posibles interesados y a cualquier persona que 
notifique por escrito su interés, y debe determinar en su caso las ofertas que deben seleccionarse 
teniendo en cuenta especialmente una combinación de factores relativos a los costos, la eficiencia, 
la eficacia y la reducción o limitación de la congestión del tráfico, el ruido o l a contaminación 
atmosférica.  
Directrices de política  
El Gobierno británico ofrece directrices de ámbito nacional (incluidas directrices legales) sobre las 
mejores prácticas de contratación pública en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte en forma de Notas 
sobre políticas de contratación, que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.gov.uk/ . 
El Gobierno escocés también ofrece directrices de ámbito nacional en forma de Notas sobre política 
de contratación en Escocia, disponibles en el siguiente enlace: http://www.gov.scot . Las Notas sobre 
políticas de contrat ación y las Notas sobre política de contratación en Escocia no son jurídicamente 
vinculantes (a menos que se trate de directrices legales), y establecen a qué organismos del sector 
público se aplican en cada caso.  
El Gobierno de Escocia también ha publicad o directrices legales de conformidad con la Ley de 
Reforma de la Contratación Pública (Escocia) de 2014. E stas directrices, que las autoridades 
contratantes deben de tener en cuenta, pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.gov.scot . 
Resoluciones administrativas  
Las alegaciones de infracción de las leyes del Reino Unido en materia de contratación pública se 
presentan ante el Tribunal Superior de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte7 o ante los tribunales 
de primera instancia (Sheriff Court) o el Tribunal Superior (Court of Session) de Escocia .8 Las 
resoluciones de estos tribunales son jurídicamente vinculantes.  
1.3.  ¿En qué medida las disposiciones del Acuerdo son de aplicación directa o han de ser 
incorporadas a la legislación pertinente ? En caso de aplicación directa del Acuerdo con 
preferencia a disposiciones de la ley nacional en conflicto con él, sírvanse indicar el 
fundamento legal pertinente.  
Las disposiciones del ACP no son de aplicación dire cta en el Reino Unido, sino que se incorporaron a 
la legislación británica desde su entrada en vigor, el 1º de enero de 1996. L os seis Reglamentos 
principales descritos en la sección 1.1 supra  establecen expresamente que la obligación que tienen 
las autori dades y entidades contratantes de cumplir los reglamentos son deberes para con los 
operadores económicos de las Partes en el ACP en aquellas operaciones de contratación a las que 
 
7 Véase la norma 91 del PCR de 2015, la norma 106 del UCR de 2 016 y la norma 52 del CCR de 2016.  
8 Véase la norma 88 del PCSR de 2015, la norma 101 del UCSR de 2016 y la norma 52 del CCSR 
de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  sea de aplicación el Acuerdo .9 Esto significa que, en los supuestos en que es  de aplicación el ACP, 
los operadores económicos de las Partes en el Acuerdo tienen derechos exigibles de conformidad 
con la legislación del Reino Unido.  
Cuando se convierta en Parte independiente del ACP, el Reino Unido deberá modificar sus 
Reglamentos a fin de poder aplicar el Acuerdo como Parte independiente . En la cláusula 1a del 
proyecto de Ley de Comercio, que se puede consultar en el sitio web del Parlamento del Reino Unido 
en el enlace https://services.parliament.uk/bills/2019 -21/trade.html , se autoriza a los Ministros de 
la Corona y a las administraciones descentralizadas a dictar reglamentos con el objetivo de aplica r 
el ACP . El proyecto de Ley también autoriza al Reino Unido a actualizar su legislación en función de 
los cambios introducidos en el ACP, como las Partes que se adhieran al Acuerdo o las Partes que lo 
denuncien, y a introducir en la legislación interna cu antas modificaciones sean necesarias para 
aplicar los cambios efectuados en la lista de entidades del Reino Unido o para responder a las 
modificaciones o rectificaciones de otras partes en su Apéndice I.  
2  ÁMBITO DE APLICACIÓN  
2.1.  Sírvanse resumir cómo se organi za el Gobierno en cada nivel en su país.  
Gobierno central  
El Primer Ministro dirige el Gobierno con el apoyo del Gabinete y los Ministros . Los representantes 
parlamentarios del Gobierno, elegidos mediante elecciones generales, adoptan colectivamente 
decisi ones en la Cámara de los Comunes a través de un sistema de votación . Las elecciones 
generales más recientes se celebraron el 12 de diciembre de 2019. 
La Ley Parlamentaria de Plazos Fijos de 2011 establece que las elecciones generales deben 
celebrarse cada cinco años . Al finalizar ese plazo, es necesario elegir una nueva Cámara de los  
Comunes.  
Sin embargo, hay dos actos que pueden desencadenar la celebración de elecciones en un plazo 
distinto:  
• la aprobación por mayoría simple de una moción de censura contra el Gobierno de 
Su Majestad, sin que en el transcurso de 14 días la Cámara emita un voto de confianza 
en cualquier otro nuevo gobierno que se haya formado ; y 
• la aprobación de una moción para la celebración de elecciones generales por dos tercios 
del total d e escaños de la Cámara de los Comunes, incluidos los vacantes (es decir, 
actualmente 434 de los 650 escaños).  
Las elecciones generales brindan a los ciudadanos del Reino Unido la oportunidad de elegir a su 
representante en el Parlamento, que es la persona que representará su zona (circunscripción) en la 
Cámara de los Comunes durante un máximo de cinco años . Las próximas elecciones se celebrarán 
en mayo de 2024. 
El Gabinete está compuesto por los miembros más importantes del Gobierno . A lo largo de la 
legislatura, los miembros del Gabinete (Secretarios de Estado de todos los departamentos y otros 
integrantes principales del Gobierno) se reúnen todas las semanas para debatir los asuntos más 
importantes para el Gobierno.  
El Primer Ministro elige a los Ministros  de entre los miembros de la Cámara de los Comunes y la 
Cámara de los Lores, que es la segunda cámara del Parlamento británico.  
El Reino Unido está dividido en 650 circunscripciones electorales, cada una de las cuales está 
representada por un parlamentario  en la Cámara de los Comunes.  
 
9 Véase la norma 90 1) del PCR de 2015, la norma 105 1) del UCR de 2016, la norma 51 1) del CCR 
de 2016, la norma 87 2) d el PCSR de 2015, la norma 100 1) del UCSR de 2016 y la norma 51 2) del CCSR 
de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  Las circunscripciones se distribuyen de la forma siguiente:  
• 533 circunscripciones en Inglaterra;  
• 59 en Escocia;  
• 40 en Gales ; y 
• 18 en Irlanda del Norte.  
En el Reino Unido existen diferentes tipos de entidades del Gobierno central . Las principales 
entidades son las siguientes:  
Departamentos ministeriales : departamentos del Gobierno a cuyo frente está un Ministro.  
Departamentos no ministeriales : departamentos del Gobierno por derecho propio, pero que no 
tienen un Ministro propio . Responden ante el Parlamento a través de sus Ministros responsables.  
Organismos públicos no pertenecientes a ningún departamento : organismos que tienen una función 
en los procesos del gobierno nacional, pero que no son departamentos gubern amentales ni forman 
parte de ellos, por lo que operan de manera más o menos independiente de los Ministros . Los 
organismos públicos no pertenecientes a ningún departamento tienen diferentes funciones, desde 
prestar asesoramiento a los Ministros a desempeña r funciones de naturaleza ejecutiva o 
reglamentaria, y trabajan dentro del marco estratégico establecido por los Ministros.  
Organismos ejecutivos : unidades claramente definidas de un departamento del Gobierno central . 
Aunque desde el punto de vista adminis trativo son entidades diferenciadas del departamento, 
carecen de personalidad jurídica propia y jurídicamente forman parte del departamento . Su labor se 
centra fundamentalmente en producir resultados específicos dentro de un marco de rendición de 
cuentas a  los Ministros.  
Empresas públicas/fondos de operaciones comerciales : las empresas públicas son entidades de 
mercado (es decir, entidades en que más del 50 % de los costos de producción están relacionados 
con la venta de mercancías y servicios a precios de m ercado) que están controladas por el Gobierno 
pero que disponen de una independencia considerable en su funcionamiento diario, por lo que están 
separadas de sus respectivos departamentos principales . Los fondos de operaciones comerciales se 
utilizan para a quellas actividades de un departamento que generan ingresos derivados del suministro 
de bienes y servicios . La mayoría de los fondos comerciales se consideran empresas públicas.  
Transferencia de competencias  
El Parlamento del Reino Unido ha transferido det erminadas competencias políticas y administrativas 
a las asambleas legislativas autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte . En septiembre de 1997 
se celebraron sendos referendos en Escocia y Gales en los que la mayoría de los votantes apoyaron 
la crea ción de un Parlamento escocés y de una Asamblea Nacional para Gales . En Irlanda del Norte, 
la transferencia de competencias fue un aspecto esencial del Acuerdo de Belfast (Acuerdo de Viernes 
Santo), que la mayoría de los votantes respaldó en un referéndum celebrado en mayo de 1998. E l 
Parlamento británico aprobó tres leyes de transferencia de competencias : la Ley de Escocia de 1998; 
la Ley de Irlanda del Norte de 1998; y  la Ley del Gobierno de Gales de 1998 (posteriormente 
sustituida por la Ley del Gobierno  de Gales de 2006). Estas Leyes establecieron tres  asambleas 
legislativas autónomas a las que se cedieron algunas de las competencias que anteriormente 
correspondían al Parlamento británico . Desde la promulgación de estas Leyes se han transferido 
otras com petencias ; la transferencia más reciente se instrumentó a través de la Ley de Escocia 
de 2016 y la Ley de Gales de 2017. 
El Parlamento del Reino Unido sigue siendo soberano y conserva la facultad de modificar las leyes 
de transferencia y de legislar sobre las materias objeto de las competencias transferidas . El Gobierno 
ha dejado en claro que, en principio, no legislará sobre esas materias sin autorización de las 
asambleas legislativas autónomas.  
Una de las principales diferencias entre el Pa rlamento y las asambleas legislativas autónomas es el 
procedimiento de elección de sus miembros . Los miembros del Parlamento son elegidos mediante 
un sistema mayoritario uninominal, mientras que en las elecciones para las asambleas legislativas 
autónomas s e mantiene un elemento de representación proporcional . Los miembros del Parlamento 
de Escocia y de la Asamblea Nacional de Gales son elegidos para representar una circunscripción GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  electoral mediante un sistema mayoritario uninominal, o una región mediante e l sistema del 
miembro adicional basado en el modelo d'Hondt de representación proporcional . Los miembros 
tienen idénticas funciones en estas dos asambleas legislativas autónomas, sea cual sea el 
procedimiento de elección utilizado . En cuanto a la Asamblea de Irlanda del Norte, todos sus 
miembros son elegidos mediante el sistema de representación proporcional de un solo voto 
transferible.  
Al igual que el Gobierno del Reino Unido, que se forma a partir de miembros de las dos Cámaras del 
Parlamento, las asambl eas legislativas autónomas eligen a los ministros de entre sus miembros para 
formar el poder ejecutivo (conocido como administración descentralizada), en la actualidad 
constituido de la siguiente manera:  
• el Gobierno escocés es un gobierno minoritario forma do por el Partido Nacional Escocés;  
• el Gobierno de Gales es un gobierno minoritario formado por el Partido Laborista ; y 
• el Ejecutivo de Irlanda del Norte está formado por un ejecutivo con competencias 
compartidas, tal como se establece en la Ley de Irlanda  del Norte de 1998. E l Comité 
Ejecutivo está formado por Ministros del Partido Unionista Democrático, el Sinn Féin y 
otros partidos.  
Los funcionarios de las administraciones descentralizadas no sirven a los mismos Ministros que el 
Gobierno de Su Majestad ; es decir, no trabajan para el Primer Ministro o los Secretarios de Estado 
que integran el Gabinete, sino para sus propios Ministros, que tienen sus propias prioridades y 
mandatos políticos.  
Dentro del Gobierno del Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están representados en el 
Gabinete por sus respectivos Secretarios de Estado territoriales, que se ocupan de asegurar el buen 
funcionamiento de los acuerdos de transferencia de competencias y actúan como ejes de la relación 
entre la administración de scentralizada y el Gobierno.  
Las responsabilidades de los Secretarios de Estado territoriales son las siguientes:  
• ocuparse de la legislación que afecta al territorio;  
• representar los intereses del territorio en el Gabinete y en los comités del Gabinete;  
• responder a los intereses manifestados por el Parlamento en relación con asuntos de 
ámbito territorial;  
• transferir la subvención global a la administración descentralizada;  
• facilitar la colaboración entre el Gobierno de Su Majestad y la administración 
descen tralizada ; y 
• promover los intereses del territorio.  
Cada administración territorial descentralizada cuenta con su propio departamento, que hace de 
enlace entre el Gobierno del Reino Unido y el territorio en cuestión.  
El Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino Unido y las administraciones 
descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se firmó por primera vez en 2001 y se 
actualizó por última vez en octubre de 2013. E n el Memorando se establecen los principios en que 
se basan las relac iones entre estas administraciones y se hace hincapié en los principios de buena 
comunicación, consulta y cooperación.  
Los concordatos suscritos entre el Gobierno y las administraciones descentralizadas reconocen el 
interés de estas últimas en los asuntos que atañen a las relaciones internacionales y a las relaciones 
con la UE, que siguen siendo responsabilidad del Gobierno del Reino Unido, y establecen los 
mecanismos de trabajo para abordarlos . Los Departamentos del Reino Unido y las administraciones 
desce ntralizadas han suscrito otros muchos concordatos.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  Gobiernos locales  
El nivel subcentral del Gobierno del Reino Unido está integrado por los gobiernos locales . En el 
Reino  Unido existen 343 autoridades locales en Inglaterra, 22 en Gales, 32 en Escocia y 11 en 
Irlanda del Norte.  
En Inglaterra existen cuatro estructuras de administración local . En primer lugar, los  
condados/distritos no metropolitanos, que funcionan mediante un sistema de dos niveles : los 
consejos de condado se ocupan de la gestió n de residuos, la enseñanza, las bibliotecas, los servicios 
sociales, el transporte, la planificación estratégica, la protección de los consumidores y los servicios 
de policía y extinción de incendios, y los consejos de distrito se encargan de la vivienda,  la recogida 
de desechos, la recaudación de los impuestos municipales, la planificación local, la  expedición de 
licencias, y los cementerios y crematorios . En segundo lugar, las autoridades unitarias, que 
funcionan mediante un sistema de nivel único y se e ncargan de todos los servicios públicos locales . 
En tercer lugar, existen varias zonas en el Reino Unido que se consideran condados metropolitanos ; 
la administración de estos condados corre a cargo de los consejos de distrito metropolitanos, que 
tienen las  mismas responsabilidades que los consejos de distrito . Por último, Londres está dividido 
en 33 autoridades locales, de las cuales 32 son municipios de Londres (regidos por sus respectivos 
consejos municipales de Londres) y la 33a es la Ciudad de Londres . Los consejos municipales de 
Londres son los encargados de prestar la mayoría de los servicios públicos locales.  
Tanto en Gales como en Escocia existe un sistema de administración local de nivel único que presta 
todos los servicios  públicos locales.  
En Irlanda del Norte hay consejos municipales, urbanos y de distrito elegidos que prestan servicios 
tales como la eliminación de desechos, la limpieza de las calles y la organización de actividades 
recreativas ; sin embargo, la mayoría de  los servicios son responsabilidad de otras organizaciones.  
2.2.  Sírvanse presentar una lista de todas las entidades del Gobierno central (ministerios, 
departamentos, organismos, etc.) que contraten bienes, servicios y servicios de 
construcción.  
Como se ha expl icado en la sección 2.1 supra , en el Reino Unido existen diferentes tipos de entidades 
del Gobierno central . La legislación británica en materia de contratación pública se aplica a las 
entidades del Gobierno central, pero las normas concretas dependen de l a naturaleza del organismo.  
En el Reino Unido, el PCR de 2015 y el PCSR de 2015 se aplican a las "autoridades contratantes", 
término que abarca a las autoridades estatales, regionales y locales, a los organismos de derecho 
público y a las asociaciones form adas por una o más de esas autoridades o uno o más de esos 
organismos . Esta definición incluye a las autoridades del Gobierno central, pero no a Su Majestad 
en su capacidad privada . Son "autoridades del Gobierno central" la Corona y todos los organismos 
que figuran en la lista 1 del PCR de 2015 (desempeñen o no sus funciones en nombre de la Corona) 
y, en Escocia, todos los organismos enumerados en la lista 1 del PCSR de 2015. C uando una 
autoridad enumerada en una de las dos listas es sustituida por otra aut oridad contratante, este 
órgano sucesor se considera incluido en la lista.  
Hay determinados tipos de entidades del Gobierno central que son "autoridades contratantes del 
Gobierno central", por formar parte de la Corona y/o por estar enumeradas en la legisl ación o haber 
sucedido a un organismo comprendido en una lista . Entre este tipo de entidades figuran, por 
ejemplo, los departamentos ministeriales, los departamentos no ministeriales, los organismos 
ejecutivos y los fondos de operaciones comerciales . Otros tipos de entidades del Gobierno central 
no son "autoridades contratantes del Gobierno central", pero siguen teniendo la consideración de 
"autoridades contratantes" . Es el caso, por ejemplo, de la mayoría de los organismos públicos no 
pertenecientes a ning ún departamento, ya que estos organismos no forman parte de la Corona 
debido a su independencia del Gobierno . Existen pocas diferencias entre las normas que se aplican 
a las "autoridades contratantes del Gobierno central" y las que se aplican a todas las d emás 
"autoridades contratantes", como se explica en la sección 2.5 infra. 
El Reino Unido se ha comprometido a notificar al Comité del ACP las rectificaciones propuestas de 
las listas de entidades recogidas en los Anexos 1 a 3 del Apéndice I en un plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor del ACP para el Reino Unido por derecho propio . Esta notificación reflejará la 
aplicación de la nota 1 del Anexo 1 de la oferta de acceso a los mercados del Reino Unido para tener 
en cuenta los casos en que las funcione s de una entidad enumerada en el Anexo 1 se han transferido GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 9 - 
  a otra entidad, por ejemplo, cuando las entidades del Gobierno central se han fusionado o han 
cambiado de nombre como resultado de las reestructuraciones administrativas.  
2.3.  ¿Qué entidades a nivel su bcentral del Gobierno (Estados, provincias, 
municipios,  etc.) contratan bienes y servicios?  
En el Reino Unido existe una amplia variedad de entidades que contratan bienes y servicios a nivel 
subcentral del Gobierno . Entre ellas cabe mencionar las siguiente s categorías:  
Categorías:  
1. autoridades unitarias;  
2. consejos de condado;  
3. consejos de distrito;  
4. consejos de distrito metropolitanos;  
5. municipios de Londres;  
6. Ciudad de Londres;  
7. escuelas subvencionadas ( community schools , foundation schools , trusts schools , 
voluntary aided schools , voluntary controlled schools ); 
8. universidades y colegios universitarios financiados principalmente por otras autoridades 
contratantes;  
9. consejos de investigación;  
10. servicios de lucha contra incendios  y de salvamento;  
11. fundaciones del Servicio Nacional de Salud (NHS) y otros organismos del NHS;  
12. autoridades de policía;  
13. cuerpos nacionales de policía especiales (es decir, la Policía de Transporte Británica, la  
Policía Nuclear Civil del Ministerio de Defensa y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional);  
14. autoridades encargadas de los desechos;  
15. autoridades encargadas de la gestión de parques;  
16. sociedades de desarrollo de ciudades nuevas;  
17. propietarios registrados de viviendas s ociales;  
18. asociaciones inmobiliarias registradas;  
19. proveedores privados registrados de viviendas sociales;  
20. determinados organismos de derecho público definidos en el PCR de 2015 y en 
el PCSR  de 2015 (por ejemplo, el Consejo de Diseño).  
En la ofer ta relativa al ACP algunas entidades se presentan como entidades subcentrales, a pesar 
de que se trata de entidades del Gobierno central (como se ha explicado en la sección 2.2 supra ). 
Esto se debe a que son entidades del Gobierno central pero no responden  a la definición de 
"autoridades contratantes del Gobierno central", de modo que en la legislación sobre contratación 
del Reino Unido y a los efectos del ACP se consideran entidades subcentrales . Este es un rasgo 
propio de la oferta actual del Reino Unido en el marco del ACP . Las actualizaciones de la lista de 
entidades indicativas de esta categoría se reflejarán en la notificación conforme al artículo XIX que 
el Reino Unido presentará al Comité en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del ACP 
para el Reino Unido por derecho propio.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 10 - 
  2.4.  ¿Qué empresas controladas por el Gobierno, o de su propiedad, están sometidas a 
las reglas sobre contratación pública ? ¿Qué otras entidades o categorías de entidades 
(entidades del Anexo 3) controladas por el Gobierno,  o de su propiedad, contratan ? 
Sírvanse especificarlas.  
En la lista de compromisos del Reino Unido se indican qué tipos de organismos están incluidos en la 
oferta del Reino Unido para el ACP . Las actualizaciones de la lista de entidades indicativas de esta  
categoría se reflejarán en la notificación conforme al artículo XIX que el Reino Unido presentará al 
Comité en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del ACP para el Reino Unido por derecho 
propio.  
2.5.  ¿Aplican las entidades contratantes indicadas e n las respuestas a las preguntas 5, 6 
y 7 en su proceso de contratación la ley general (en caso de que exista) u otra legislación 
establecida a nivel central o federal, o son autónomas del Gobierno central o federal en 
sus normas y prácticas de contratació n? En caso de que no estén sujetas a la ley general 
sobre contratación, sírvanse presentar una lista de esas entidades contratantes e indicar 
a qué leyes, reglamentos, etc., están sujetas . ¿Cómo se asegurará su Gobierno de que las 
entidades contratantes de  esa naturaleza a nivel inferior al nivel central o federal de 
gobierno aplican el Acuerdo?  
El PCR de 2015 y el PCSR de 2015 se aplican a la contratación pública de obras, servicios y 
suministros de las autoridades contratantes del Gobierno central y de ot ras autoridades 
contratantes . Están sujetas a esta normativa todas las entidades que figuran en los Anexos 1 y 2 de 
los proyectos de lista del Reino Unido . Existen tres diferencias en la forma en que esta normativa se 
aplica a las autoridades contratantes del Gobierno central y a otras autoridades contratantes:  
1. Los umbrales por encima de los cuales la contratación está completamente regulada 
son superiores para las entidades que no son autoridades del Gobierno central.  
2. En determinados procedimientos, las entidades que no son autoridades del Gobierno 
central pueden utilizar para convocar el concurso un anuncio de información previa (en  lugar 
de un anuncio de contratación).  
3. En determinados procedimientos, las entidades que no son autorida des del Gobierno 
central pueden establecer un plazo de recepción de ofertas mediante un acuerdo con todos 
los licitadores seleccionados, siempre que todos ellos dispongan del mismo tiempo para 
preparar y presentar sus ofertas.  
El UCR de 2016 y el UCSR de 2016 se aplican a las empresas de servicios públicos que operan en 
los sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales (conocidas como "entidades 
contratantes") . Están sujetas a esta normativa todas las entidades que figuran en el Anex o 3 del 
proyecto de listas del Reino Unido.  
El CCR de 2016 y el CCSR de 2016 se aplican a los contratos de concesión de obras o servicios de 
las autoridades contratantes y las entidades contratantes sujetas al PCR de 2015, el PCSR de  2015, 
el UCR de 2016 y el UCSR de 2016. E stán sujetas a esta normativa todas las entidades que figuran 
en los Anexos 1, 2 y 3 del proyecto de listas del Reino Unido.  
2.6.  ¿Existe alguna excepción general con respecto al ámbito de aplicación de las normas 
nacionales de contratación, por ejemplo por razones de seguridad o defensa nacional ? 
Sírvanse dar una respuesta detallada.  
Las excepciones generales con respecto al ámbito de aplicación de las normas británicas de 
contratación pública afectan a los siguientes tipos de contratos:  
1. Contratos públicos de obras, servicios y suministros y contratos de concesión para el 
suministro o explotación de redes de comunicaciones públicas o la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas.10 
 
10 Véase la norma 8 del PCR de 2015, la norma 10 (11) del CCR de 2016, la norma 9 del PCSR de 2015 y 
la norma 13 del CCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 11 - 
  2. Contratos públicos de obras, servicios y suministros y contratos de concesión en los que 
la autoridad o empresa de servicio público contratante esté obligada a adjudicar el 
contrato de conformidad con las normas de la organización o institución internacional 
que los financia en su tot alidad.11 
3. Determinados contratos públicos de servicios y contratos de concesión relacionados 
con: 
i) la adquisición o alquiler de terrenos, edificios existentes u otros bienes inmuebles, 
o que afectan a los intereses o derechos conexos;  
ii) la adquisició n, desarrollo o producción o coproducción de programas destinados 
a servicios de comunicación audiovisual o radiofónica (adjudicados por 
proveedores de servicios de medios audiovisuales o radiofónicos) o la oferta de 
tiempo de emisión o programas (adjudica dos a proveedores de servicios de 
medios audiovisuales o radiofónicos);  
iii) servicios de arbitraje o conciliación;  
iv) la representación jurídica de un cliente en procedimientos de arbitraje o 
conciliación o en procedimientos judiciales ante un tribunal o  una autoridad 
pública, o el asesoramiento jurídico recibido para preparar esos procedimientos o 
cuando es muy probable que el asunto será objeto de los mismos;  
v) servicios de certificación y autentificación de documentos prestados por notarios;  
vi) servicios jurídicos prestados por tutores o fideicomisarios designados, u otros 
servicios jurídicos cuyos prestatarios sean personas nombradas por un tribunal o 
con arreglo a la ley para llevar a cabo diversas funciones bajo la supervisión de 
un tribunal;  
vii) otros servicios jurídicos relacionados con el ejercicio de la autoridad pública;  
viii) servicios financieros relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia 
de valores u otros instrumentos financieros, servicios de los bancos centrales u 
operaci ones llevadas a cabo por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad;  
ix) préstamos;  
x) contratos de trabajo;  
xi) servicios de defensa civil, de protección civil y de prevención de daños prestados 
por organizaciones o a sociaciones sin fines de lucro;  
xii) servicios de transporte público de pasajeros por ferrocarril o metro;  
xiii) servicios prestados en relación con campañas políticas contratados por un partido 
político en el contexto de una campaña electoral.12 
4. Contrat os públicos de servicios adjudicados por una autoridad contratante o empresa 
de servicio público a otra autoridad contratante o empresa de servicio público, y 
contratos de concesión adjudicados por una autoridad contratante o empresa de servicio 
público a otra autoridad contratante o empresa de servicio público sobre la base de un 
derecho exclusivo.13 
 
11 Véase la norma 9 del PCR de 2015, las no rmas 10 (5) y 10 (6) del CCR de 2016, la norma 20 del UCR 
de 2016, la norma 10 del PCSR de 2015, la norma 10 del CCSR de 2016 y la norma 19 del UCSR de 2016.  
12 Véase la norma 10 del PCR de 2015, la norma 10 (11) del CCR de 2016, la norma 21 del UCR 
de 2016, l a norma 11 del PCSR de 2015, la norma 12 del CCSR de 2016 y la norma 20 del UCSR de 2016.  
13 Véase la norma 11 del PCR de 2015, la norma 10 (1) del CCR de 2016, la norma 22 del UCR de 2016, 
la norma 12 del PCSR de 2015, la norma 9 del CCSR de 2016 y la norma  21 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 12 - 
  5. Contratos públicos de obras, servicios y suministros y contratos de concesión entre 
entidades del sector público que satisfacen determinados criterios de co ntrol y 
actividad.14 
6. Contratos públicos de servicios para actividades de investigación y desarrollo, salvo 
cuando los beneficios correspondan exclusivamente a la autoridad o empresa de servicio 
público contratante para su uso en la realización de sus act ividades y el servicio 
proporcionado sea completamente remunerado por la autoridad contratante.15 
7. Contratos de defensa y seguridad de naturaleza sensible adjudicados por las 
autoridades y entidades contratantes.16 
8. Contratos de concesión de servicios de  transporte aéreo basados en la concesión de una 
licencia de explotación o contratos de concesión de servicios públicos de transporte de 
pasajeros.17 
9. Contratos de concesión para la provisión o explotación de redes fijas que presten un 
servicio de producc ión, transporte o distribución de agua potable para la población ; 
contratos de concesión para el suministro de agua potable a esas redes ; contratos de 
concesión para proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje de tierras, 
siempre que el volumen de agua que se vaya a utilizar para el suministro de agua 
potable represente más del 20 % del volumen total de agua generada por esos proyectos 
o instalaciones de riego o drenaje ; y contratos de concesión para la eliminación o 
tratamiento de aguas r esiduales.18 
10. Contratos públicos de obras, servicios y suministros y contratos de concesión 
adjudicados por una empresa de servicios públicos o un grupo de empresas de servicios 
públicos a una empresa vinculada, o por una empresa vinculada a una empresa de 
servicios públicos o un grupo de empresas de servicios públicos.19 
11. Contratos públicos de obras, servicios y suministros adjudicados a empresas de 
servicios públicos que tengan por finalidad la reventa o alquiler a terceros, siempre que 
la empresa con tratante no disfrute de derechos especiales o exclusivos de venta o 
alquiler del objeto de esos contratos y haya otras entidades que puedan venderlo o 
alquilarlo libremente en las mismas condiciones que la empresa contratante.20 
12. Contratos públicos de ob ras, servicios o suministros adjudicados a empresas de 
servicios públicos que tengan fines distintos a la realización de actividades específicas, 
o para que esas actividades se lleven a cabo en un tercer país (es decir, un país distinto 
del Reino  Unido).21 
13. Contratos públicos que tengan por fin la adquisición de agua, adjudicados por empresas 
de servicios públicos que llevan a cabo actividades específicas relacionadas con el agua 
potable o por empresas de servicios públicos del sector de la energía que ll evan a cabo 
actividades específicas para el suministro de energía o de combustibles destinados a la 
producción de energía.22 
 
14 Véase la norma 12 del PCR de 2015, la norma 17 del CCR de 2016, la norma 28 del UCR de 2016, la 
norma 13 del PCSR de 2015, la norma 19 del CCSR de 2016 y la norma 27 del UCSR de 2016.  
15 Véase la norma 14 del PCR de 2015, la norma 32 del UCR de 2016, la norma 15 del PCSR de 2015 y 
la norma 31 del UCSR de 2016.  
16 Véase la norma 15 del PCR de 2015, las normas 10 (9) y 20 (10) del CCR de 2016, la norma 24 
del UCR de 2016, la norma 16 del PCSR de 2015, la norma 11 del CCSR de 2016 y  la norma 23 del UCSR 
de 2016.  
17 Véase la norma 10 (4) del CCR de 2016.  
18 Véase la norma 12 del CCR de 2016 y la norma 14 del CCSR de 2016.  
19 Véanse las normas 13 y 14 del CCR de 2016, las normas 29 y 30 del UCR de 2016, las normas 15 
y 16 del CCSR de 2016 y las normas 28 y 29 del UCSR de 2016.  
20 Véase la norma 18 del UCR de 2016 y la norma 17 del UCSR de 2016.  
21 Véase la norma 19 del UCR de 2016 y la norma 18 del UCSR de 2016.  
22 Véase la norma 23 del UCR de 2016 y la norma 22 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 13 - 
  2.7.  Sírvanse presentar las estadísticas disponibles sobre contratación realizada por las 
entidades gubernamentales de su país en los últ imos dos años, incluyendo, en la medida 
de lo posible, un desglose por entidades contratantes y por categorías de bienes y 
servicios.  
Los Public Expenditure Statistical Analyses  (PESA) [Análisis Estadísticos del Gasto Público] son 
estadísticas nacionales q ue publica anualmente el Tesoro del Reino Unido . Los PESA contienen 
información sobre gasto público basada en los dos marcos definidos por el Tesoro que se describen 
en el cuadro infra. 
Presupuestación  Gasto en servicios  
Este marco proporciona información  sobre los presupuestos 
de los departamentos del Gobierno central, que es la cifra 
que utiliza el Gobierno para planificar y controlar el gasto . 
Abarca el gasto propio de los distintos departamentos, así 
como las partidas destinadas a los gobiernos locales  y las 
empresas públicas.  Este marco se usa en los PESA para efectuar 
análisis estadísticos . Se basa en las definiciones 
de la Contabilidad Nacional y abarca el gasto de 
todo el sector público . Por lo tanto, su alcance es 
más amplio que el del marco presupuestario y 
también es más estable en el tiempo.  
 
La contratación se divide en dos categorías : contratación de bienes y servicios corrientes y 
contratación de bienes de capital.  
La contratación bruta de bienes y servicios corrientes  muestra el gasto en bienes y servicios, 
incluidos los gastos de alojamiento y administración de edificios, la contratación externa de servicios 
relacionados con las TIC, los gastos de mantenimiento y apoyo, los gastos de viaje y la remuneración 
de los servicios de consulto ría y auditoría . También incluye la compra de servicios médicos 
generalistas.  
La contratación bruta de bienes de capital  comprende la compra de activos fijos (como  terrenos, 
edificios o maquinaria) y se calcula en términos brutos, es decir, sin tener en cu enta su depreciación . 
Incluye la remuneración de los funcionarios públicos dedicados a la formación interna de capital . 
Esta remuneración se contabiliza como gasto de capital en lugar de como gasto en sueldos y salarios.  
Para información  más detallada,  véase  la publicación  completa:  https://www.gov.uk/government/c
ollections/public -expenditure -statistical -analyses -pesa. 
En los cuadros 1 y 2 se  muestra la contratación de bienes y servicios corrientes y la contratación de 
bienes de capital, sobre la base del marco presupuestario y desglosada por departamentos del 
Gobierno central.  
En los cuadros 3 y 4 se muestra la contratación de bienes y servic ios corrientes y la contratación de 
bienes de capital de todo el sector público (incluidos los gobiernos locales), sobre la base del marco 
de gasto y desglosada por funciones.  
Cuadro 1 : Contratación bruta de bienes y servicios corrientes en los 
presupuesto s, 2016 -2017 a 2017 -2018  
 Millones de £  
2016-2017 2017-2018 
Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  
Contratación bruta de bienes y servicios corrientes en los presupuestos    
Defensa  11.017  11.510  
Cuenta Única de los Servicios de Inteligencia  1.107  1.198  
Ministerio del Interior  2.508  2.607  
Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth  592 680 
Desarrollo internacional  1.170  1.117  
Servicio Nacional de Salud (NHS)  65.911  70.767  
Empleo y pensiones  2.063  1.857  
Enseñanza  4.716  5.262  
Estrategia comercial, energética e industrial  2.020  2.046  
Transporte  3.792  4.312  
Salida de la Unión Europea  11 23 GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 14 - 
   Millones de £  
2016-2017 2017-2018 
Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  
Cultura, Medios de Comunicación y Deporte  3.263  3.148  
Departamento de Comunidades y Gobiernos Locales (Comunidades)  318 124 
Departamento de Comunidades y Gobiernos Locales (Gobiernos Locales)  - - 
Escocia  8.071  10.158  
Gales  3.854  3.856  
Irlanda del Norte  4.154  4.204  
Justicia  4.873  5.031  
Departamento de Funcionarios de Justicia  292 323 
Medio ambiente, alimentación y asuntos rurales  895 915 
Real Oficina del Tesoro  201 221 
Real Oficina Fiscal y de Aduanas  1.365  1.238  
Oficina del Gabinete  286 395 
Comercio internacional  203 214 
Órganos pequeños e independientes  650 689 
Total de la contratación bruta de bienes y servicios corrientes en los 
presupuestos  123.332  131.895  
Fuente:  Cuadro 2.2, P ESA 2018, https://www.gov.uk/government/s tatistics/public -expenditure -statistical -
analyses -2018. 
Cuadro 2 : Contratación bruta de bienes de capital en los presupuestos, 2016 -2017 
a 2017 -2018  
 Millones de £  
2016-2017 2017-2018 
Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  
Contratación bruta de bienes de capital en los presupuestos    
Defensa  8.836  9.737  
Cuenta Única de los Servicios de Inteligencia  631 623 
Ministerio del Interior  347 437 
Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth  104 142 
Desarrollo internacional  64 252 
Servicio Nacional de Salud (NHS)  4.850  4.709  
Empleo y pensiones  181 341 
Enseñanza  2.630  2.106  
Actividades Comerciales, Innovación y Especialización  3.157  3.430  
Transporte  9.463  10.359  
Salida de la Unión Europea  - 1 
Cultura Digital, Medios de Comunicación y Deporte  591 331 
Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobiernos Locales (Vivienda y 
Comunidades)  231 395 
Escocia  591 1.213  
Gales  588 680 
Irlanda del Norte  1.052  980 
Justicia  436 445 
Departamento de Funcionarios de Justicia  13 10 
Medio ambiente, alimentación y asuntos rurales  244 267 
Real Oficina Fiscal y de Aduanas  3 8 
Real Oficina del Tesoro  328 308 
Oficina del Gabinete  49 123 
Comercio internacional  6 15 
Órganos pequeños e independientes  115 177 
Total de la contratación bruta de bienes de capital en los presupuestos  35.120  36.951  
Fuente:  Cuadro 2.3, P ESA 2018, https://www.gov.uk/government/statistics/public -expenditure -statistical -
analyses -2018. GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 15 - 
  Cuadro 3 : Gasto corriente bruto del sector público en servicios, por 
funciones,  2016 -2017 a 2017 -2018  
 Millones de £  
2016-2017 2017-2018 
Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  
Gasto corriente bruto del sector público en servicios    
1. Servicios públicos generales  11.583  11.722  
de los cuales : servicios públicos y comunes  8.594  8.692  
de los cuales : servicios internacionales  2.989  3.030  
2. Defensa  15.957  16.472  
3. Orden público y seguridad  12.867  13.221  
4. Asuntos económicos  12.144  12.334  
de los cuales : desarrollo empresarial y económico  2.265  2.101  
de los cuales : ciencia y tecnología  35 23 
de los cuales : políticas de empleo  1.269  1.095  
de los cuales : agricultura, ganadería, pesca y silvicultura  827 783 
de los cuales : transporte1) 7.748  8.331  
5. Protección del medio ambiente  7.623  7.758  
6. Vivienda y servicios comunitarios  2.645  2.552  
7. Salud 86.631  89.927  
8. Esparcimiento, cultura y religión  6.744  6.438  
9. Enseñanza  23.804  24.723  
10. Protección social  33.835  33.984  
Total del gasto corriente bruto del sector público en servicios  213.833  219.130  
Fuente:  Cuadro 5.5, P ESA 2018, https://www.gov.uk/government/statistics/public -expenditure -statistical -
analyses -2018. 
Cuadro 4 : Gasto de capital bruto del sector público en servicios, por  
funciones,  2016 -2017 a 2017 -2018  
 Millones de £  
2016-2017 2016-2017 
Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  Resultado de 
la ejecución 
presupuestaria  
Gasto de capital bruto del sector público en servicios    
1. Servicios públicos generales  3.462  3.802  
de los cuales : servicios públicos y comunes  3.321  3.459  
de los cuales : servicios internacionales  141 333 
2. Defensa  9.504  10.360  
3. Orden público y seguridad  1.790  2.237  
4. Asuntos económicos  20.262  21.564  
de los cuales : desarrollo empresarial y económico  1.308  1.637  
de los cuales : ciencia y tecnología  591 659 
de los cuales : políticas de empleo  62 112 
de los cuales : agricultura, ganadería, pesca y silvicultura  353 396 
de los cuales : transporte1) 17.948  18.760  
5. Protección del medio ambiente  3.053  3.290  
6. Vivienda y servicios comunitarios  7.326  8.371  
7. Salud 6.124  5.980  
8. Esparcimiento, cultura y religión  1.813  1.729  
9. Enseñanza  8.214  7.350  
10. Protección social  395 508 
Total del gasto de capital bruto del sector público en servicios  61.942  65.192  
Fuente:  Cuadro 5.6, P ESA 2018, https://www.gov.uk/government/statistics/public -expenditure -statistical -
analyses -2018. GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 16 - 
  3  NO DISCRIMINACIÓN  
3.1.  Sírvanse indicar las disposiciones específicas de s u legislación en las que se reflejen 
los compromisos en materia de no discriminación de los párrafos 1 y 2 del artículo IV del 
Acuerdo.  
Las autoridades y entidades contratantes deben conceder, en relación con las contrataciones 
abarcadas, a las obras, los servicios, los suministros y los operadores económicos de los Estados 
Partes en el ACP un trato no menos favorable que el concedido a las obras, los servicios, los 
suministros y los operadores económicos de la UE .23 Una vez finalizado el período de transici ón, esto 
se modificará en los textos legislativos descritos supra  en la respuesta a la pregunta 1.1 para 
prescribir que el trato no sea menos favorable que el concedido a las obras, los servicios, los 
suministros y los operadores económicos del Reino Unido . 
Por otro lado, en virtud de los principios generales aplicados a la contratación pública en el 
Reino  Unido, las autoridades y entidades contratantes deben tratar en pie de igualdad y sin 
discriminación a los operadores económicos y actuar de manera transparente y proporcionada.24 
3.2.  Sírvanse facilitar detalles sobre cualquier disposición de la legislación nacional que 
conceda a los bienes, servicios y proveedores nacionales un trato más favorable que el 
concedido a los bienes, servicios y proveedores ext ranjeros ; o que conceda a los bienes, 
servicios o proveedores de un determinado país un trato más favorable que a los de 
otro país.  
No hay ninguna disposición de ese tipo en la legislación británica aplicable a las contrataciones que 
abarca la oferta del R eino Unido para el ACP.  
3.3.  Sírvanse facilitar detalles de cualquier disposición de la legislación nacional que 
conceda a un proveedor establecido en el país un trato menos favorable que a otro 
proveedor establecido en él por razón de su condición de filial de  una empresa extranjera 
o por ser propiedad de ella ; o que discrimine a los proveedores establecidos en el país en 
función del país de producción del bien o servicio que ha de suministrarse o prestarse.  
La legislación del Reino Unido no distingue entre pro veedores nacionales y extranjeros . No discrimina 
a los proveedores en función del país en que estén establecidos ni por ser filiales de una empresa 
extranjera o pertenecer a una empresa extranjera ; tampoco discrimina en función del país de 
producción de los bienes o servicios que han de suministrarse o prestarse.  
3.4.  Sírvanse especificar en qué medida se concede, en su caso, un trato más favorable a 
algún sector de la economía, alguna región o alguna categoría específica de proveedores 
o bienes/ servicios.  
La legislación del Reino Unido exige que las especificaciones técnicas se enuncien en los pliegos de 
condiciones .25 También exige que garanticen el acceso en condiciones de igualdad de los operadores 
económicos al procedimiento de contratación y que no creen obstáculos injustificados a la apertura 
de la contratación pública a la competencia.26 
La legislación del Reino Unido establece que las especificaciones técnicas no deben mencionar una 
fabricación o una procedencia determinada, o un procedimien to concreto que sea característico de 
los productos o servicios de un operador económico específico, ni hacer referencia a una marca, a 
una patente o a un tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer 
o descartar ciertas e mpresas o ciertos productos .27 A este respecto, se hace una relativa salvedad, 
 
23 Véase la norma 25 del PCR de 2015, la norma 43 del UCR de 2016, la norma 26 del PCSR de 2015 y 
la norma 41 del UCSR de 2016.  
24 Véase la norma 18 (1) del PCR de 2015, la norma 8 (1) del CCR de 2016, la norma 36 (1) del UCR 
de 2016, la norma 19 (1) del PCSR de 2015, la n orma 28 (1) del CCSR de 2016 y la norma 34 (1) del UCSR 
de 2016.  
25 Véase la norma 42 (1) del PCR de 2015, la norma 60 (1) del UCR de 2016, la norma 43 (1) del PCSR 
de 2015 y la norma 58 (1) del UCSR de 2016.  
26 Véase la norma 42 (10) del PCR de 2015, la norma 60 (9) del UCR de 2016, la norma 43 (9) del PCSR 
de 2015 y la norma 58 (9) del UCSR de 2016.  
27 Véase la norma 42 (12) del PCR de 2015, la norma 60 (11) del UCR de 2016, la norma 43 (11) 
del PCSR de 2015 y la norma 58 (11) del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 17 - 
  únicamente en el caso de que se den circunstancias excepcionales que impidan establecer una 
descripción suficientemente precisa e inteligible del objeto del contrato . En tal caso , la referencia 
debe ir acompañada por las palabras "o equivalente".28 
3.5.  Sírvanse especificar las disposiciones, por ejemplo prescripciones en materia de 
contenido nacional, cesión de tecnología mediante licencia, inversiones, comercio de 
compensación u otras  similares, en la calificación o selección de los proveedores, bienes 
o servicios, o en la evaluación de las ofertas y la adjudicación de contratos, que, en su 
caso, requieran o permitan el uso de compensaciones o medidas de efectos similares.  
No hay en la  legislación del Reino Unido ninguna disposición de este tipo aplicable a las 
contrataciones abarcadas por la oferta del Reino Unido para el ACP.  
4  MEDIDAS PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERESES E IMPEDIR PRÁCTICAS 
CORRUPTAS  
4.1.  En los apartados b) y c) del párrafo  4 del artículo IV del Acuerdo se dispone que las 
entidades contratantes realizarán las contrataciones abarcadas de una manera 
transparente e imparcial que "evite conflictos de intereses" e "impida prácticas 
corruptas" . Sírvanse indicar las medidas adoptad as en el marco de su sistema de 
contratación para asegurar el cumplimiento de esas disposiciones, ya sea en el marco de 
su legislación sobre contratación o de otra legislación pertinente.  
El Reino Unido tiene una larga historia de leyes de lucha contra la corrupción . La Ley de Prevención 
del Soborno de 2010 sustituyó a la Ley de Prevención de Prácticas Corruptas en los Organismos 
Públicos de 1889, las Leyes de Prevención de la Corrupción de 1906 y 1916 y el delito común de 
soborno . La Ley de Prevención del Soborno de 2010 tipifica dos delitos generales de soborno : el 
activo (la concesión o promesa de una ventaja) y el pasivo (la petición u obtención de un soborno), 
con la intención de inducir o retribuir el desempeño indebido de una función.  
En Inglaterra y Gales, la Oficina de Delitos Monetarios (Serious Fraud Office) es el principal 
organismo encargado de investigar y procesar los casos de corrupción de empresas en el extranjero . 
La Fiscalía del Estado (Crown Prosecution Service) abre diligencias judiciales  en casos de soborno 
investigados por la policía, ya sea en el país o en el extranjero ; actuaciones que, en Escocia, lleva a 
cabo la institución comparable (Crown Office and Procurator Fiscal Service).  
En lo que respecta al sector público, el Código de la Función Pública establece que los funcionarios 
públicos no deben "aceptar obsequios o atenciones sociales ni recibir otras ventajas de cualquier 
persona que puedan razonablemente considerarse que pone en peligro su criterio o integridad 
personal" . El funda mento jurídico del Código de la Función Pública figura en la parte 1 de la Ley de 
Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010. A simismo, el Código Ministerial establece que ningún 
ministro debe aceptar obsequios, atenciones sociales o servicios de una persona que le impongan 
(o parezcan imponerle) una obligación.  
Los principios generales aplicados a la contratación pública mitigan significativamente el riesgo de 
prácticas corruptas en las contrataciones . La legislación británica sobre contratación exige  que las 
autoridades y entidades contratantes traten a los operadores económicos en pie de igualdad y sin 
discriminación y que actúen de manera transparente y proporcionada.29 
Además, el PCR de 2015, el UCR de 2016, el PCSR de 2015 y el UCSR de 2016 exigen a las 
autoridades y entidades contratantes que tomen medidas apropiadas para prevenir, identificar y 
remediar, de manera efectiva, los conflictos de intereses que surjan en el transcurso de los 
procedimientos de contratación con vistas a evitar la distorsi ón de la competencia y a garantizar que 
se trate en pie de igualdad a todos los operadores económicos .30 El CCR de 2016 y el CCSR de  2016 
exigen a las autoridades y entidades contratantes que tomen medidas apropiadas para combatir el 
 
28 Véase la norma 42 (13) del  PCR de 2015, la norma 60 (12) del UCR de 2016, la norma 43 (12) 
del PCSR de 2015 y la norma 58 (12) del UCSR de 2016.  
29 Véase la norma 18 (1) del PCR de 2015, la norma 8 (1) del CCR de 2016, la norma 36 (1) del UCR 
de 2016, la norma 19 (1) del PCSR de 2015, la n orma 28 (1) del CCSR de 2016 y la norma 34 (1) del UCSR 
de 2016.  
30 Véase la norma 24 del PCR de 2015, la norma 42 del UCR de 2016, la norma 25 del PCSR de 2015 y 
la norma 40 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 18 - 
  fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, identificar y remediar, de manera efectiva, los  
conflictos de intereses que surjan en el transcurso de los procedimientos de adjudicación de 
contratos de concesión con vistas a evitar la distorsión de la competencia y a garantiz ar la 
transparencia del procedimiento de adjudicación y la igualdad de trato a todos los candidatos y 
licitadores .31 En la práctica, si se da un conflicto de intereses en el marco de un proceso de 
contratación, la persona de que se trate de la autoridad con tratante o la empresa de servicios 
públicos deja su función de contratación y es remplazada por otra que no tenga un conflicto de 
interés.  
5  ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
5.1.  Sírvanse hacer una descripción general de sus procedimientos y métodos de 
contratación existentes, indicando los métodos de contratación que se utilizan 
principalmente y haciendo una breve descripción de cada uno de ellos . Sírvanse también 
indicar, con respecto a cada uno de los niveles de gobierno, en qué medida se  utiliza la 
calificación de los proveedores y las licitaciones públicas, selectivas y restringidas.  
Contratos públicos y contratos de servicios públicos relativos a obras, servicios y suministros  
Los procedimientos de adjudicación de contratos se establece n en el PCR de 2015, el UCR de  2016, 
el PCSR de 2015 y el UCSR de 2016. S on los siguientes:  
• procedimiento abierto;  
• procedimiento restringido;  
• procedimiento de diálogo competitivo;  
• procedimiento competitivo con negociación/procedimiento negociado;  
• procedimiento negociado sin publicación previa;  
• procedimiento de asociación para la innovación ; y 
• procedimiento flexible.32 
Las autoridades y entidades contratantes pueden usar el procedimiento abierto y el procedimiento  
restringido, según sus preferencias y sin necesidad de cumplir ningún requisito . El procedimiento 
abierto se lleva a cabo en una sola fase y cualquier operador económico interesado puede presentar 
una oferta en respuesta a una convocatoria de licitación e n la que se establezcan las necesidades 
de la autoridad o entidad contratante . La autoridad o entidad contratante puede incluir en el anuncio 
requisitos de calificación . El procedimiento restringido es un proceso en dos etapas y cualquier 
operador económic o puede responder a una convocatoria de licitación presentando una solicitud de 
participación . En la primera etapa, la convocatoria de licitación debe establecer las necesidades, los  
criterios de selección, el número mínimo de candidatos que se prevé invit ar a participar en el proceso 
de licitación y, de ser necesario, el número máximo de candidatos . La autoridad o entidad 
contratante lleva a cabo una calificación previa de los operadores económicos y selecciona 
únicamente a los candidatos calificados con a rreglo a los criterios de selección . En la segunda etapa, 
se invita a los candidatos calificados a presentar ofertas, que se evalúan conforme a los criterios de 
adjudicación fijados en el pliego de condiciones.  
El procedimiento de diálogo competitivo y el procedimiento negociado se pueden utilizar en el caso 
de los contratos de servicios públicos sin restricción . Ambos procedimientos se pueden utilizar 
también para contratos de obras, servicios o suministros cuando no sea posible atender las 
necesidades de la autoridad contratante sin adaptación, cuando incluyan el diseño o soluciones 
innovadoras, o cuando no pueda adjudicarse el contrato sin una negociación previa.  
El procedimiento de diálogo competitivo consta de tres etapas . La primera es idéntica a la pr imera 
etapa del procedimiento restringido . La autoridad o entidad contratante debe establecer, en una 
convocatoria de licitación, sus necesidades, los criterios de selección, el número mínimo de 
candidatos que prevé invitar a participar y, de ser necesario , el número máximo de candidatos . La 
segunda etapa es la fase de diálogo que se lleva a cabo con todos los candidatos seleccionados . El 
objetivo del diálogo es que la autoridad o entidad contratante identifique y defina los medios más 
adecuados para satisf acer sus necesidades . En el marco de este diálogo se puede hablar de todos 
los aspectos de la contratación con los candidatos . El diálogo puede desarrollarse en etapas sucesivas 
 
31 Véase la norma 35 del CCR de 2016.  
32 Véanse las normas 26 a 30 del PCR de 2015, las normas 44 a 48 del PCR de 2016, las normas 27 
a 31 del PCRSR de 2015 y las normas 42 a 46 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  a fin de reducir el número de soluciones que han de examinarse durante la fase  de diálogo, aplicando 
los criterios de adjudicación . En la tercera etapa, la autoridad o entidad contratante declara concluido 
el diálogo e invita a los candidatos restantes a presentar ofertas finales . Esta etapa es idéntica a la 
segunda etapa del proced imiento restringido.  
El procedimiento competitivo con negociación/procedimiento negociado también consta de tres 
etapas . La primera es idéntica a la primera etapa del procedimiento restringido . La autoridad o 
entidad contratante debe establecer, en una con vocatoria de licitación, sus necesidades, los criterios 
de selección, el número mínimo de candidatos que prevé invitar a participar y, de ser necesario, el 
número máximo de candidatos . En la segunda etapa, los candidatos calificados son invitados a 
present ar ofertas iniciales, que sientan las bases de las negociaciones posteriores . La autoridad o 
entidad contratante puede negociar las ofertas iniciales para mejorar su contenido, negociación que 
puede tener lugar en etapas sucesivas a fin de reducir el númer o de soluciones que han de 
examinarse, y puede también invitar a presentar ulteriores ofertas, que también pueden negociarse . 
Los requisitos mínimos y los criterios de adjudicación no pueden estar sujetos a negociación y todos 
los licitadores deben ser tra tados en pie de igualdad . En la tercera etapa, la autoridad o entidad 
contratante notifica la conclusión de la negociación a los licitadores restantes e invita a los licitadores 
a que presenten ofertas nuevas o revisadas . Esta etapa es idéntica a la segund a etapa del 
procedimiento restringido.  
El procedimiento negociado sin publicación previa se puede utilizar en circunstancias limitadas : 
cuando, en respuesta a un procedimiento abierto o un procedimiento restringido, no se haya 
presentado ninguna oferta o n inguna oferta adecuada, o no se haya presentado ninguna solicitud 
de participación o ninguna solicitud de participación adecuada ; cuando las obras, los suministros o 
los servicios solo puedan ser suministrados por un operador económico determinado, toda ve z que 
el objeto de la contratación es crear o adquirir una obra de arte o representación artística única, en 
razón de la ausencia de competencia por razones técnicas o con vistas a proteger derechos 
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectu al; o cuando, en la medida en que resulte 
estrictamente necesario, por razones de extrema urgencia debidas a acontecimientos que la 
autoridad o entidad contratante no pueda prever, no sea posible cumplir el plazo del procedimiento 
abierto, el procedimiento  restringido o el procedimiento competitivo con negociación . En el caso de 
los contratos públicos de suministro, también puede utilizarse el procedimiento : cuando los 
productos de que se trate sean fabricados exclusivamente con fines de investigación, 
experimentación, estudio o desarrollo ; en el caso de entregas adicionales efectuadas por el 
proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones, bien 
una ampliación de los suministros o de instalaciones existentes, cuan do un cambio de proveedor 
obligue a la autoridad o entidad contratante a adquirir suministros con características técnicas 
diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas ; cuando se trate d e suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias 
primas ; o en el caso de la compra de suministros o servicios en condiciones especialmente 
ventajosas, ya sea a un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales o al 
liquidador  de un proceso de insolvencia, un concordato judicial o un procedimiento de la misma 
naturaleza entablado en virtud de la legislación o reglamentación nacional . El procedimiento 
negociado sin previa publicación puede utilizarse para obras o servicios nuevos que consistan en la 
repetición de obras o servicios similares encargados al operador económico titular de un contrato 
inicial adjudicado por la misma autoridad o entidad contratante, siempre y cuando dichas obras o 
servicios se ajusten a u n proyecto de base, que haya sido objeto de un contrato inicial, y que en 
dicho proyecto se mencione el número de posibles obras o servicios adicionales y las condiciones en 
que serían adjudicadas.  
El procedimiento de asociación para la innovación ofrece u na alternativa a los demás procedimientos 
y puede ser utilizado cuando el producto o servicio necesario sea novedoso e innovador y permite a 
las autoridades contratantes y a los proveedores trabajar juntos por medio de un acuerdo de 
asociación destinado a desarrollar nuevos productos, obras o servicios, que todavía no se encuentren 
en el mercado . El procedimiento de asociación para la innovación puede desarrollarse en etapas 
sucesivas, la primera de las cuales es idéntica a la primera etapa del procedimient o restringido . La 
autoridad o entidad contratante debe establecer, en una convocatoria de licitación, el producto, el 
servicio o las obras de tipo innovador que necesita e indicar qué elementos del requisito definen los 
requisitos mínimos, así como los cri terios de selección aplicables . La segunda etapa es similar a la 
segunda etapa del procedimiento competitivo con negociación/procedimiento negociado, en la que 
la autoridad o entidad contratante puede negociar con los licitadores la oferta inicial y todas las 
ofertas posteriores con vistas a mejorar su contenido . La asociación para la innovación puede GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 20 - 
  establecerse con uno o varios asociados y debe estructurarse en fases sucesivas de acuerdo con la 
secuencia de etapas del proceso de investigación e innovació n. La asociación para la innovación debe 
establecer objetivos intermedios para los socios y, sobre la base de dichos objetivos, la autoridad o 
entidad contratante puede, al término de cada fase, dar por terminada la asociación para la 
innovación o, en el c aso de una asociación con varios asociados, reducir el número de asociados 
rescindiendo determinados contratos.  
El procedimiento flexible se aplica cuando una autoridad o entidad contratante prevé adjudicar un 
contrato público de servicios sociales y otros  servicios específicos por un valor que rebase el umbral 
de las 663.540 libras esterlinas . El servicio en cuestión debe ser anunciado en una convocatoria de 
licitación . La autoridad o entidad contratante puede determinar el procedimiento aplicable, pero es te 
debe ser suficiente para garantizar como mínimo el cumplimiento de los principios de transparencia 
e igualdad de trato de los operadores económicos . El procedimiento debe llevarse a cabo y el 
contrato resultante debe adjudicarse de acuerdo con la inform ación incluida en el anuncio sobre las 
condiciones de participación, los plazos para contactar a la autoridad o entidad contratante y el 
procedimiento de adjudicación aplicable . Puede haber excepciones cuando la falta de confirmación 
no suponga, dadas las circunstancias particulares del caso, una violación de los principios de 
transparencia e igualdad de trato de los operadores económicos, la autoridad o entidad contratante 
haya considerado debidamente el asunto y documentado esta conclusión y las razones q ue la 
sustentan y haya informado a los candidatos sobre los aspectos respecto de los cuales se propone 
proceder de manera no conforme a la información ofrecida en el anuncio.  
Al margen de estos procedimientos, hay otros métodos específicos para adjudicar c ontratos, que 
consisten en:  
1. Los concursos de proyectos sirven para que la autoridad o entidad contratante adquiera, 
principalmente en los campos de la planificación urbana, la ordenación territorial, la 
arquitectura y la ingeniería o el procesamiento de  datos, un plan o proyecto 
seleccionado por un jurado al término de un proceso competitivo, con o sin concesión 
de premios.  
2. Las subastas electrónicas se llevan a cabo tras una evaluación inicial de las ofertas y en 
el transcurso de la subasta los licita dores tienen la posibilidad de revisar a la baja los 
precios presentados y quedan clasificados por medios electrónicos.  
3. Los acuerdos marco son acuerdos escritos entre una o varias autoridades/entidades 
contratantes y uno o varios operadores económicos, con objeto de establecer las 
condiciones esenciales que regirán los contratos públicos que se adjudiquen a lo largo 
de un período determinado.  
4. Los sistemas de calificación son un método especial para la adjudicación de contratos 
de servicios públicos.  
Contratos de concesión  
El CCR de 2016 da libertad a las entidades contratantes para organizar el procedimiento de 
contratación, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los reglamentos .33 El CCSR 
de 2016 establece ciertas garantías de procedimiento , pero no exige ningún procedimiento en 
particular .34 Los requisitos del CCR de 2016 y las garantías de procedimiento del CCSR de 2016 son 
muy similares e incluyen lo siguiente:  
1. El contrato de concesión debe adjudicarse con arreglo a los criterios de adj udicación 
establecidos por la entidad contratante en el anuncio de concesión y velando por que : 
la oferta cumpla los requisitos mínimos ; el licitador cumpla las condiciones de 
participación ; y el licitador no haya sido excluido de la participación en el pr ocedimiento 
de adjudicación.  
 
33 Véase la norma 30 del CCR de 2016.  
34 Véase la norma 39 del CCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  2. La entidad contratante podrá limitar el número de licitadores hasta alcanzar un número 
apropiado, a condición de que proceda de manera transparente y de acuerdo con 
criterios objetivos . El número de candidatos o licitadores que participen debe garantizar 
una auténtica competencia.  
3. La entidad contratante debe comunicar a todos los participantes : la descripción de la 
organización del procedimiento prevista y un plazo indicativo ; así como toda 
modificación de ese procedimiento o plazo . La entidad contratante debe informar a 
todos los operadores económicos de cualquier modificación relacionada con los 
elementos mencionados en el anuncio de concesión.  
4. La entidad contratante debe garantizar que queden registradas d ebidamente las etapas 
del procedimiento, valiéndose de los medios que considere oportunos.  
5. La entidad contratante puede llevar a cabo negociaciones con candidatos y licitadores, 
pero el objeto del contrato de concesión, los criterios de adjudicación y l os requisitos 
mínimos no deben cambiar en el transcurso de una negociación.  
5.2.  Sírvanse indicar qué disposición de la legislación de su país exige la no discriminación 
en lo que respecta a la calificación y selección de los proveedores en el sentido del 
artículo IX del Acuerdo . Indiquen, por favor, cualquier excepción a este requisito .  
¿Qué disposiciones aseguran el acceso en condiciones no discriminatorias de nuevos 
proveedores a las listas de calificación existentes?  
Las autoridades y entidades contratantes deben tratar a los operadores económicos en pie de 
igualdad y sin discriminación, y proceder de manera transparente y proporcionada .35 Estas 
obligaciones se aplican a lo largo de todas las etapas de la contratación, incluida la etapa de 
calific ación y selección.  
En todos los procedimientos de contratación están permitidas la calificación y la selección, pero no 
puede excluirse a operadores económicos más que por motivos específicos, enumerados en las leyes 
británicas, o en razón del incumplimien to de determinados criterios de selección establecidos por la 
autoridad o entidad contratante, que deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del 
contrato.36 
Las leyes del Reino Unido incluyen una lista de criterios de exclusión obligatorios para  delitos de 
derecho penal y otros delitos particularmente graves y criterios de exclusión discrecional . Entre los 
criterios de exclusión discrecional figuran la infracción de leyes sociales, ambientales y laborales, la 
quiebra o la insolvencia, la falta gr ave de ética profesional, la distorsión de la competencia, los 
conflictos de intereses que no se puedan resolver de manera efectiva, las deficiencias significativas 
o persistentes en la ejecución de un contrato público anterior o casos de grave falseamient o o 
retención de información . La exclusión por motivos obligatorios se prolonga cinco años si guarda 
relación con una condena por un delito grave específico ; hasta que el operador económico cumpla 
sus obligaciones, incluido el pago de las multas o los inte reses devengados, si se trata del impago 
de impuestos ; o tres años si se trata de una infracción del Reglamento de 2010 (listas negras) de la 
Ley de Relaciones Laborales de 1999 (este último es motivo de exclusión obligatoria únicamente en 
Escocia) . El período máximo de exclusión por motivos discrecionales es de tres años . En ambos 
casos, los operadores económicos pueden aportar pruebas de las medidas que hayan adoptado para 
demostrar su fiabilidad, y si se considera que las pruebas son suficientes, no se l os podrá excluir.  
En virtud de las leyes del Reino Unido, los criterios de selección pueden referirse a la idoneidad para 
el ejercicio de una actividad profesional, la capacidad económica y financiera y/o las competencias 
técnicas y profesionales . No deben  establecerse más requisitos de participación que aquellos que 
resulten apropiados para garantizar que un operador económico cuenta con la capacidad jurídica y 
financiera, así como las competencias técnicas y profesionales para ejecutar el contrato que se vaya 
a adjudicar . Todos los requisitos deben estar vinculados y ser proporcionales al objeto del contrato . 
Los requisitos de participación deben ser enumerados, junto con los medios de prueba apropiados, 
en la convocatoria de la licitación o la invitación a participar.  
 
35 Véase la norma 18 del PCR de 2015, la norma 36 del  UCR de 2016, la norma 19 del PCRSR de 2015 y 
la norma 34 del UCSR de 2016.  
36 Véanse las normas 57 y 58 del PCR de 2015, la norma 76 del UCR de 2016, las normas 58 y 29 
del PCSR de 2015 y la norma 78 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 22 - 
  5.3.  En las situaciones en las que pueden utilizarse procedimientos de calificación y una 
licitación selectiva, ¿en qué medida permiten las entidades contratantes a los proveedores 
adquirir la condición de proveedores calificados durante el proces o de contratación ?  
¿En qué medida mantienen las entidades contratantes listas de uso múltiple de 
proveedores?  
En todos los procedimientos de contratación están permitidas la calificación y la selección.  
Las autoridades y entidades contratantes pueden recu rrir al procedimiento abierto y al procedimiento 
restringido sin ninguna restricción.  
Las entidades contratantes pueden utilizar sin restricciones el procedimiento de diálogo competitivo 
y el procedimiento negociado para los contratos de servicios públicos . Las autoridades contratantes 
pueden utilizar el procedimiento de diálogo competitivo y el procedimiento competitivo con 
negociación para los contratos públicos solo si se dan determinadas condiciones, expuestas en la 
sección 5.1 supra . 
El procedimiento n egociado sin publicación previa puede ser utilizado si concurren las circunstancias 
específicas descritas en la sección 5.1 supra . 
El procedimiento de asociación para la innovación se puede usar cuando el bien o servicio necesario 
es novedoso e innovador.  
El procedimiento flexible se aplica cuando una autoridad o entidad contratante pretende adjudicar 
un contrato público de servicios sociales y otros servicios específicos por un valor que supere el 
umbral de las 663.540 libras esterlinas.  
Los sistemas de ca lificación están permitidos para los contratos de servicios públicos en virtud 
del UCR de 2016 y del UCSR de 2016, que permiten a las entidades contratantes anunciar el sistema 
y seleccionar a los participantes entre los participantes registrados en el sis tema, pero permitiendo 
que los operadores económicos soliciten la calificación en cualquier momento.37 
Fuera del contexto de los sistemas de calificación, en el Reino Unido las listas de usos múltiples no 
se utilizan.  
5.4.  A la luz del párrafo 6 del artículo X del Acuerdo, sírvanse señalar si hay alguna medida 
en su sistema de contratación pública que permita a las entidades contratantes elaborar, 
adoptar o aplicar especificaciones técnicas para promover la conservación de re cursos 
nacionales o proteger el medio ambiente.  
En el caso de los contratos públicos o los contratos de servicios públicos, las características definidas 
por las especificaciones técnicas pueden incluir niveles de actuación medioambiental y climática .38 
Las especificaciones técnicas se pueden formular en función de las propiedades de uso y empleo y 
de los requisitos funcionales, siempre y cuando los parámetros sean suficientemente precisos para 
permitir a los licitadores determinar el objeto del contrato y a  las autoridades o entidades 
contratantes adjudicar el contrato . De otro modo, también se pueden formular las especificaciones 
técnicas por referencia a las normas nacionales que incorporan las normas europeas, las 
evaluaciones técnicas europeas, las espec ificaciones técnicas comunes, las normas internacionales, 
otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a las normas nacionales, a los documentos de idoneidad técnica nacionales o a las 
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y realización de obras y de 
puesta en funcionamiento de suministros . Toda referencia a normas nacionales debe ir seguida de 
las palabras "o equivalente" . Salvo que lo justifique el objeto de l contrato, y únicamente de manera 
excepcional, las especificaciones técnicas no deben mencionar una fabricación o una procedencia 
determinada, o un procedimiento concreto, que sea característico de los productos o servicios 
provistos por un operador econó mico determinado, o a una marca, a una patente o a un tipo, a un 
origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas 
o ciertos productos.  
 
37 Véase la norma 77 del UCR de 2016 y la norma 75 del UCSR de 2016.  
38 Véase la norma 42 del PCR de 2015, la norma 60 del UCR de 2016, la norma 43 del PCSR de 2015 y 
la norma 58 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 23 - 
  Si una autoridad o entidad contratante tiene intención de adquirir obras , suministros o servicios con 
características medioambientales específicas, puede exigir una etiqueta específica como medio de 
prueba de que se reúnen las características exigidas, siempre y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes39: 
1. Los requisitos de etiquetado deben referirse únicamente a criterios vinculados al objeto 
del contrato y ser adecuados para definir las características de las obras, los suministros 
o los servicios que constituyan el objeto del contrato.  
2. Los requisitos de et iquetado deben basarse en criterios objetivamente verificables y no 
discriminatorios.  
3. Las etiquetas deben establecerse en un procedimiento abierto y transparente en el que 
puedan participar todas las partes interesadas pertinentes, como organismos públi cos, 
consumidores, interlocutores sociales, fabricantes, distribuidores y organizaciones no 
gubernamentales.  
4. Las etiquetas deben ser accesibles a todas las partes interesadas.  
5. Los requisitos de etiquetado deben ser fijados por un tercero sobre el que  el operador 
económico no pueda ejercer una influencia decisiva.  
Si a un operador económico, por razones que no se le puedan imputar, le resulta manifiestamente 
imposible obtener la etiqueta específica exigida o una etiqueta equivalente dentro de los plazo s 
fijados, la autoridad o entidad contratante debe aceptar otros medios de prueba adecuados, como 
por ejemplo un expediente técnico del fabricante, a condición de que el operador económico 
interesado demuestre que las obras, los suministros o los servicios  que ha de realizar cumplen los 
requisitos de la etiqueta específica o los requisitos específicos indicados por la autoridad o entidad 
contratante.  
En el caso de los contratos de concesión, los requisitos técnicos y funcionales deben establecer las 
caracte rísticas exigidas de las obras o servicios que son objeto del contrato de concesión y pueden 
incluir niveles de actuación medioambiental y climática .40 A menos de que se justifique por el objeto 
del contrato de concesión, y únicamente de manera excepcional,  los requisitos técnicos y funcionales 
no deben referirse a productos de una fabricación o una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto que sea característico de los productos o servicios provistos por determinado 
operador económico, o a una marca, a una patente, a un tipo, a un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos . Las 
autoridades y entidades contratantes no deben rechazar una oferta alegando que las obras y los 
servicios no cumplen los requisitos técnicos y funcionales si el licitador demuestra en su oferta que 
se ajusta a ellos de manera equivalente.  
5.5.  ¿Cuáles son las condiciones y circunstancias en las que su legislación prevé la 
posibilidad de recursos a la lici tación restringida con arreglo al artículo XIII del Acuerdo ? 
¿Qué medidas existen para asegurar que este método no se utilice con miras a evitar que 
la competencia sea la máxima posible ; o de modo que constituya un medio de 
discriminación entre bienes/serv icios/proveedores extranjeros, o en favor de 
bienes/servicios/proveedores nacionales?  
Las leyes británicas permiten utilizar el método de la licitación restringida previsto en el artículo  XIII 
del ACP únicamente en determinadas circunstancias . Se permite u n procedimiento negociado sin 
publicación previa en las circunstancias expuestas en la sección 5.1 supra . Se aplica un 
procedimiento flexible cuando una autoridad o entidad contratante prevé adjudicar un contrato 
público de servicios sociales y otros servi cios específicos por un valor que supere el umbral de 
las 663.540 libras esterlinas . En la sección 5.1 supra  se explican las normas que restringen el uso 
de estos procedimientos y garantizan que no sean utilizados de manera que constituyan un medio 
de disc riminación.  
 
39 Véase la norma 43 del PCR de 2015, la norma 61 del UCR de 2016, la norma 44 del PCSR de 2015 y 
la norma 59 del UCSR de 2016.  
40 Véase la norma 36 del CCR de 2016 y la norma 38 del CCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 24 - 
  5.6.  El artículo XII del Acuerdo prevé la celebración de negociaciones bajo ciertas 
condiciones . ¿Se permite a las entidades contratantes celebrar negociaciones ? De ser así, 
¿a qué categorías y en qué condiciones?  
Las negociaciones están permitidas en el marco del procedimiento de diálogo competitivo, el 
procedimiento competitivo con negociación/procedimiento negociado y el procedimiento negociado 
sin publicación previa.  
En el marco del procedimiento competitivo con negociación establecido en virtud del PCR de 2015 y 
del PCSR de 2015, están permitidas las negociaciones sobre la oferta inicial y todas las ofertas 
posteriores, aunque no sobre la oferta final, con vistas a mejorar su contenido . No se pueden 
negociar los requisitos mínimos ni los criterio s de adjudicación . Durante las negociaciones, las 
autoridades y entidades contratantes deben garantizar que todos los licitadores reciban un trato 
equitativo .41 Con el procedimiento negociado previsto en el UCR de 2016 y el UCSR de 2016, 
cualquier operador económico puede solicitar su participación y solo pueden participar aquellos que 
sean invitados a hacerlo tras la evaluación de la información que hayan presentado.42 
Con el procedimiento de diálogo competitivo establecido en el PCR de 2015, el UCR  de 2016, el PCSR 
de 2016 y el UCSR de 2016, las autoridades y entidades contratantes pueden examinar todos los 
aspectos de la contratación durante el diálogo, deben garantizar la calidad del trato dispensado a 
todos los participantes y no deben divulgar i nformación de manera discriminatoria.43 
El procedimiento negociado sin publicación previa solo se puede utilizar en determinadas 
circunstancias, que se explican en la sección 5.1 supra . 
5.7.  El artículo XI del Acuerdo estipula los plazos mínimos de licitación y entrega . 
¿Cuáles  son las normas y prácticas relativas a los plazos de su legislación ? ¿Se recogen 
en esa legislación los diversos plazos mínimos, establecidos en el Acuerdo ? Si la respuesta 
es negativa, sírvanse dar información sobre cualquier plazo distin to establecido en su 
legislación nacional.  
En cada uno de los procedimientos se imponen plazos mínimos para la recepción de las solicitudes 
de participación y las ofertas . Los plazos se establecen en las disposiciones relativas a cada uno de 
los procedimie ntos (véase supra ). 
5.8.  Sírvanse describir brevemente los procedimientos de presentación, recepción y 
apertura de ofertas y de adjudicación de contratos, en particular los procedimientos y 
condiciones que garantizan la regularidad de la apertura y su compatibi lidad con las 
disposiciones sobre no discriminación del Acuerdo . ¿Cómo mantienen las entidades 
contratantes la información de los procedimientos relacionados con la recepción, apertura 
y evaluación de las ofertas?  
Las autoridades y entidades contratantes d eben dar a los operadores económicos un trato igualitario 
y no discriminatorio, y actuar de forma transparente y proporcionada .44 Estas obligaciones se aplican 
en todas las etapas de la contratación, incluidos los procedimientos de presentación, recepción y  
apertura de ofertas y de adjudicación de contratos.  
En el caso del procedimiento abierto, las autoridades y entidades contratantes deben incluir en la 
convocatoria de licitación el plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta ; la 
fecha, la hora y el lugar de la apertura de las ofertas ; y las personas autorizadas a asistir a dicha 
apertura.  
Las autoridades y entidades contratantes disponen de sus propias normas internas para la recepción 
y apertura de ofertas, que por lo general inc luyen los siguientes requisitos:  
1. En la oferta no debe figurar el nombre o la identidad del operador económico.  
 
41 Véase la norma 29 del PCR de 2015 y la norma 30 del PCRSR de 2015.  
42 Véase la norma 47 del UCR de 2016 y la norma 48 del UCSR de 2015.  
43 Véase la norma 30 del PCR de 2015, la norma 48 del UCR de 2016, la norma 31 del PCSR de 2015 y 
la norma 46 del UCSR de 2016.  
44 Véase la norma 18 del PCR de 2015, la norma 36 del UCR de 2016, la norma 19 del PCRSR de 2015 y 
la norma 34 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 25 - 
  2. Las ofertas deben registrarse al momento de su recepción y debe anotarse la fecha y 
hora correspondientes.  
3. Las ofertas no deben abrirse antes de que finalice el plazo para la recepción de ofertas.  
4. Las ofertas deben abrirse simultáneamente y distribuirse a los evaluadores al mismo 
tiempo.  
5.9.  Sírvanse identificar las disposiciones de su legislación que estipulan los parámetros 
para e l establecimiento de especificaciones técnicas por las entidades contratantes como 
parte de los criterios de evaluación.  
En la sección 5.4 supra  se describen las disposiciones de la legislación británica en las que se 
establecen los parámetros para el esta blecimiento de especificaciones técnicas.  
5.10.   Sírvanse identificar las medidas establecidas por su legislación nacional para 
asegurarse de que las adjudicaciones se realicen de conformidad con los criterios de 
evaluación y los requisitos esenciales especificad os en el pliego de condiciones.  
De acuerdo con las leyes del Reino Unido, la convocatoria de licitación debe establecer la naturaleza 
y la cantidad de las obras, los servicios o los suministros requeridos y los criterios por los que se 
regirá la adjudicación del contrato, incluidos aquellos que vayan a utilizarse para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, y su ponderación relativa, a menos que eso quede establecido en 
las especificaciones o, en el caso del procedimiento de diálogo com petitivo, en el documento 
descriptivo .45 De este modo se garantiza que el operador económico disponga de información 
completa sobre el procedimiento de adjudicación . Los criterios de adjudicación del contrato no 
pueden modificarse durante el procedimiento d e contratación.  
En virtud del PCR de 2015, el UCR de 2016, el PCSR de 2015 y el UCSR de 2016, las autoridades y 
entidades contratantes deben adjudicar los contratos a quienes presenten las ofertas 
económicamente más ventajosas desde el punto de vista de la  autoridad contratante o la empresa 
de servicio público . El PCSR de 2015 precisa que dicha evaluación no puede basarse únicamente en 
el precio o el costo, y el UCSR de 2016 especifica que no puede basarse únicamente en el precio o 
el costo cuando la empres a de servicio público sea una autoridad contratante o empresa pública . En 
otros casos, hay que determinar la oferta económicamente más ventajosa sobre la base del precio 
o costo, utilizando un planteamiento que atienda a la relación costo -eficacia . Este pu ede incluir la 
mejor relación calidad -precio, que se evaluará en función de criterios, como los aspectos cualitativos, 
medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato . Las autoridades contratantes deben 
especificar la ponderación relativa d e los criterios utilizados para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa, a menos que la evaluación se base únicamente en el precio.46 
El CCR de 2016 y el CCSR de 2016 requieren que la adjudicación de los contratos de concesión se 
rija por criterio s objetivos y que se evalúen las ofertas con vistas a identificar una ventaja económica 
general para la autoridad o entidad contratante . Los criterios de adjudicación deben guardar relación 
con el objeto del contrato y pueden incluir criterios medioambient ales o sociales o criterios 
relacionados con la innovación . Las autoridades y entidades contratantes deben enumerar los 
criterios de adjudicación en orden de importancia decreciente.47 
6  INFORMACIÓN  
6.1.  El artículo VI del Acuerdo prevé la publicación de todas las  leyes, reglamentos, 
decisiones judiciales y resoluciones administrativas de aplicación general y los 
procedimientos relativos a los contratos públicos . Sírvanse facilitar el nombre de las 
publicaciones pertinentes e indicar los medios de comunicación utilizados para este fin . 
Sírvanse también facilitar, si es posible, la dirección de la página de Internet en la que 
pueda ser consultada la legislación a la que hacen referencia las preguntas 1 y 2.  
 
45 Véase la norma 49 d el PCR de 2015, la norma 69 del UCR de 2016, la norma 31 del CCR de 2016, la 
norma 50 del PCSR de 2015, la norma 67 del UCSR de 2016 y la norma 33 del CCSR de 2016.  
46 Véanse las normas 67 y 68 del PCR de 2015, las normas 82 y 83 del UCR de 2016, las normas  67 
y 68 del PCSR de 2015 y las normas 80 y 81 del UCSR de 2016.  
47 Véase la norma 41 del CCR de 2016 y la norma 44 del CCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  Las leyes sobre contratación pública están publicadas en https://www.legislation.gov.uk . En el sitio 
web gov.uk  se ofrece orientación sobre las mejores prácticas en materia de contratación del sector 
público en Inglaterra, Gales  e Irlanda del Norte .48 El Gobierno de Escocia hace lo propio en su 
sitio web.49 
Las decisiones judiciales de los tribunales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte se publican 
en https://www.judiciary.gov.uk . Las decisiones judiciales de los tribunales escoceses se publican 
en https://www.scotcourts.gov.uk . 
6.2.  El párrafo 1 del artículo VII del Acuerdo prevé la publicación, para cada contratación 
abarcada que realice un a entidad contratante, de un anuncio de la contratación prevista . 
Sírvanse facilitar el nombre de las publicaciones pertinentes e indicar el medio de 
comunicación utilizado para este fin . Sírvanse también facilitar, si es posible, la dirección 
de la página  de Internet en la que se hagan públicos dichos anuncios.  
Las autoridades y entidades contratantes deben publicar anuncios de las contrataciones previstas, 
excepto en algunos pocos casos, por ejemplo cuando se utiliza el procedimiento negociado sin 
publica ción previa.50 
Actualmente, los anuncios deben enviarse a la Oficina de Publicaciones de la UE para su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea ( http://www.ted.europa.eu ).51 Al final del período de 
transi ción, el Reino Unido exigirá su publicación en el servicio de búsqueda de licitaciones del 
Reino  Unido, un portal web único habilitado por la Oficina del Gabinete o en nombre de esta en el 
siguiente enlace: www.find -tender.service.gov.uk . 
De conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Retirada, se seguirá exigiendo la publicación 
de anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea respecto de las contrataciones que se hayan 
iniciado antes del fina l del período de transición . Esta disposición se aplicará por medio de los 
reglamentos elaborados en virtud de las facultades previstas en la Ley (de Retirada) de la Unión 
Europea de 2018, modificada por la Ley (del Acuerdo de Retirada) de la Unión Europea de 2020. 
6.3.  Sírvanse especificar qué tipo de información exige su legislación que se incluya en 
los anuncios de la contratación prevista o en los pliegos de condiciones, e indicar las 
dispo siciones pertinentes de su legislación.  
Los anuncios de las contrataciones previstas y los pliegos de condiciones deben incluir un amplio 
abanico de informaciones sobre la autoridad o entidad contratante, el producto o servicio necesario 
y el procedimiento  de contratación.52 
Por lo general, en los anuncios de las contrataciones previstas debe figurar:  
1. El nombre y los datos de contacto de la autoridad o entidad contratante.  
2. Una dirección de correo electrónico o de Internet desde la cual se ofrezca un ac ceso 
irrestricto, pleno, directo y gratuito a los pliegos de condiciones.  
3. El tipo de autoridad o entidad contratante y sus principales actividades.  
4. Cuando proceda, una indicación de que la autoridad o entidad contratante es un órgano 
contratante central o de que se contempla alguna otra forma de contratación conjunta.  
5. Códigos que describan los servicios requeridos.  
 
48 Véase la parte B del Anexo.  
49 Véase la parte C del Anexo.  
50 Véanse las normas 48 y 49 del PCR de 2015, las normas 67 a 69  del UCR de 2016, la norma 31 
del CCR de 2016, las normas 49 y 50 del PCSR de 2015, la norma 89 del UCSR de 2016 y la norma 33 
del CCSR de 2016.  
51 Véase la norma 51 del PCR de 2015, la norma 71 del UCR de 2016, la norma 33 del CCR de 2016, la 
norma 52 del PCSR de 2015, la norma 69 del UCSR de 2016 y la norma 35 del CCSR de 2016.  
52 Véase la norma 49 del PCR de 2015, la norma 67 del UCR de 2016, la norma 31 del CCR de 2016, la 
norma 50 del PCSR de 2015, la norma 67 del UCSR de 2016 y la norma 33 del CCSR de 2 016. GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 27 - 
  6. Códigos que describan el lugar donde se prestarán los servicios, se realizarán las obras 
o se entregarán los suminis tros. 
7. La naturaleza y alcance de las obras ; la naturaleza y la cantidad o el valor de los 
suministros ; la naturaleza y el alcance de los servicios.  
8. Orden de magnitud total estimado del contrato o los contratos.  
9. Admisión o prohibición de variantes.  
10. Calendario para la entrega de los suministros o las obras o para la prestación de los 
servicios y, en la medida de lo posible, duración del contrato.  
11. Condiciones de participación.  
12. Tipo de procedimiento de adjudicación.  
13. Una indicación de si  se aplica un acuerdo marco, se aplica un sistema dinámico de 
adquisición o se utiliza una subasta electrónica.  
14. Cuando el contrato vaya a subdividirse en lotes, indicación de la posibilidad de presentar 
ofertas para uno de los lotes, para varios, o par a todos ellos y una indicación de si el 
número de lotes que podrá adjudicarse a cada licitador estará limitado.  
15. Cuando el contrato no esté subdividido en lotes, indicación de las razones para ello.  
16. En el caso de un procedimiento restringido, un pro cedimiento competitivo con 
negociación/procedimiento negociado, un procedimiento de diálogo competitivo o una 
asociación para la innovación, cuando se haga uso de la facultad de reducir el número 
de candidatos a los que se invitará a presentar ofertas, a n egociar o a participar en el 
diálogo : el número mínimo y, en su caso, el número máximo propuesto de candidatos 
y los criterios objetivos que se utilizarán para elegir a los candidatos en cuestión.  
17. En el caso de un procedimiento competitivo con negociac ión/procedimiento negociado, 
un diálogo competitivo o una asociación para la innovación, una indicación, si procede, 
que aclare si se prevé recurrir a un procedimiento por etapas con el fin de reducir 
progresivamente el número de ofertas que haya que negoc iar o de soluciones que deban 
examinarse.  
18. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.  
19. Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos.  
20. Plazo para la recepción de ofertas (proced imientos abiertos) o solicitudes de 
participación (procedimientos restringidos, procedimientos competitivos con 
negociación, procedimientos negociados, sistemas dinámicos de adquisición, diálogos 
competitivos y asociaciones para la innovación).  
21. Direcci ón a la que deberán transmitirse las ofertas o solicitudes de participación.  
22. Cuando se trate de procedimientos abiertos:  
i) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta;  
ii) fecha, hora y lugar de la apertura de las ofertas ; y 
iii) personas autorizadas a asistir a dicha apertura.  
23. Idioma o idiomas en los que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes de 
participación.  
24. Si procede, indicación de si:  
i) se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de 
participación;  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  ii) se utilizarán pedidos electrónicos;  
iii) se aceptará facturación electrónica ; y 
iv) se utilizará el pago electrónico.  
25. Nombre y dirección del órgano competente en los procedimientos de recurso y, en su 
caso, de mediació n. 
26. Fecha de envío del anuncio.  
27. Indicación de si el ACP es aplicable al contrato.  
28. Si procede, otras informaciones.  
Además, los pliegos de condiciones deben incluir:  
1. Una estimación del valor de la contratación.  
2. Las especificaciones técnicas . 
3. Los requisitos mínimos para las variantes.  
4. Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se vayan a aplicar para 
determinar qué lotes serán adjudicados, en caso de que la aplicación de los criterios de 
adjudicación pueda dar lugar a qu e a un solo licitador se le adjudique un número de 
lotes superior al máximo indicado.  
5. Los criterios de la adjudicación y su ponderación relativa.  
6. Las condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.  
7. En el caso de los pro cedimientos de diálogo competitivo:  
i) el objeto de la contratación;  
ii) qué elementos de la descripción definen los requisitos mínimos que deberán 
cumplir todos los licitadores ; y 
iii) los criterios de adjudicación del contrato.  
8. En el caso de las asociaciones para la innovación:  
i) la necesidad de un producto, un servicio u obra innovador que no es posible 
satisfacer mediante la adquisición de productos, servicios u obras que ya se 
encuentren en el mercado;  
ii) qué elementos de esta descripción def inen los requisitos mínimos que deben 
cumplir todos los licitadores ; y 
iii) las disposiciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual.  
6.4.  El párrafo 7 del artículo IX del Acuerdo prevé la publicación de listas de uso múltiple 
de proveedores por las  entidades contratantes que mantengan ese tipo de listas . Sírvanse 
facilitar el nombre de la publicación o publicaciones pertinentes e indicar los medios 
utilizados para este fin . Sírvanse también facilitar, si es posible, la dirección de la página 
de Inte rnet en que se publican dichas listas.  
Los sistemas de calificación para los contratos de servicios públicos se pueden anunciar enviando 
una convocatoria de licitación a la Oficina de Publicaciones de la UE para su publicación en el Diario 
Oficial de la Un ión Europea ( http://www.ted.europa.eu ).53 Al final del período de transición, el 
 
53 Véanse las normas 51 y 106 del PCR de 2015, la norma 71 del UCR de 2016, la norma 33 del CCR 
de 2016, la norma 52 del PCSR de 2015, la norma 69 del UCSR de 2016 y la norma 35 del CCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 29 - 
  Reino  Unido exigirá su publicación en el servicio de búsqueda de licitaciones del Reino Unido, un 
portal web único habilitado por la O ficina del Gabinete o en nombre de esta en el siguiente enlace: 
www.find -tender.service.gov.uk . 
De conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Retirada, se seguirá exigiendo la publicación 
de anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea respecto de las contrataciones que se hayan 
iniciado antes del final del período de transición . Esta disposición se aplicará por medio de los 
reglamentos elaborados en virtud de las facultade s previstas en la Ley (de Retirada) de la Unión 
Europea de 2018, modificada por la Ley (del Acuerdo de Retirada) de la Unión Europea de 2020. 
6.5.  El párrafo 2 del artículo XVI del Acuerdo prevé la publicación por las entidades 
contratantes de los detalles de l os anuncios de adjudicación de contratos . Sírvanse 
facilitar el nombre de la publicación o publicaciones pertinentes e indicar qué medios se 
utilizan para este fin . Sírvanse también facilitar, si es posible, la dirección de la página de 
Internet en que se publican dichos anuncios.  
Las autoridades y entidades contratantes deben publicar un anuncio de adjudicación de contrato en 
un plazo de 30 días a partir de la fecha de adjudicación del contrato.54 
Los anuncios de adjudicación de contrato deben enviarse a la  Oficina de Publicaciones de la UE para 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea ( http://www.ted.europa.eu ).55 Al final del 
período de transición, el Reino Unido exigirá su publicación en el servicio de búsqueda de licitaciones 
del Reino Unido, un portal web único habilitado por la Oficina del Gabinete o en nombre de esta en 
el siguiente enlace: www.find -tender.service.gov.uk . 
De conformidad con la s disposiciones del Acuerdo de Retirada, se seguirá exigiendo la publicación 
de anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea respecto de las contrataciones que se hayan 
iniciado antes del final del período de transición . Esta disposición se aplicará p or medio de los 
reglamentos elaborados en virtud de las facultades previstas en la Ley (de Retirada) de la Unión 
Europea de 2018, modificada por la Ley (del Acuerdo de Retirada) de la Unión Europea de 2020. 
6.6.  Sírvanse especificar los tipos de información que  deben figurar en los anuncios de 
adjudicación de contratos en su país e identificar las disposiciones pertinentes de su 
legislación.  
Los anuncios de las contrataciones previstas deben incluir un amplio abanico de informaciones sobre 
la autoridad o entidad  contratante, el producto o servicio requerido y el procedimiento de 
contratación, incluida la adjudicación.56 
Por lo general, en los anuncios de adjudicación de contratos debe figurar:  
1. El nombre y los datos de contacto de la autoridad o entidad contrata nte. 
2. Cuando proceda, una indicación de que la autoridad o entidad contratante es un órgano 
contratante central o de que se contempla alguna otra forma de contratación conjunta.  
3. Códigos que describan los servicios requeridos.  
4. Códigos que describan el lugar donde se prestarán los servicios, se realizarán las obras 
o se entregarán los suministros.  
5. La naturaleza y alcance de las obras ; la naturaleza y la cantidad o el valor de los 
suministros ; la naturaleza y el alcance de los servicios.  
6. El tipo de procedimiento de adjudicación y, en el caso del procedimiento negociado sin 
publicación previa, la justificación del uso del procedimiento.  
 
54 Véase la norma 50 del PCR de 2015, la norma 69 del UCR de 2016, la norma 32 del CCR de 2016, la 
norma 51 del PCSR de 2015, la norma 68 del UCSR de 2016 y la norma 34 del CCSR de 2016.  
55 Véase la norma 51 del PCR de 2015, la norma 71 del UCR de 2016, la norma 33 del CCR de 2016, la 
norma 52 del PCSR de 2015 , la norma 69 del UCSR de 2016 y la norma 35 del CCSR de 2016.  
56 Véase la norma 50 del PCR de 2015, la norma 69 del UCR de 2016, la norma 32 del CCR de 2016, la 
norma 51 del PCSR de 2015, la norma 68 del UCSR de 2016 y la norma 34 del CCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  7. Una indicación de si se aplica un acuerdo marco, se aplica un sistema dinámico de 
adquisición o se utiliz a una subasta electrónica.  
8. Los criterios utilizados para adjudicar el contrato o los contratos.  
9. La fecha de la conclusión del contrato o los contratos o del acuerdo marco o los acuerdos 
marco tras la decisión de adjudicarlo(s) o ponerle(s) fin.  
10. El número de ofertas recibidas por cada adjudicación.  
11. En relación con cada adjudicación, el nombre, la dirección, el número de teléfono, el 
número de fax, la dirección de correo electrónico y la dirección de Internet del licitador 
o los licitadores adju dicatarios.  
12. El valor de la oferta ganadora, o de las ofertas más alta y más baja tomadas en cuenta 
para la adjudicación del contrato.  
13. Si procede, valor y parte del contrato que puedan ser objeto de subcontratación a 
terceros.  
14. Nombre y dirección  del órgano responsable de los procedimientos de recurso y, si 
procede, de mediación.  
15. Fecha de envío del anuncio.  
16. Cualquier otra información pertinente.  
6.7.  Sírvanse especificar las disposiciones pertinentes de su legislación y/o sus 
procedimientos adm inistrativos que hacen posible, conforme a lo previsto por el párrafo  1 
del artículo XVI del Acuerdo, facilitar a los licitadores cuya oferta no haya sido elegida 
información acerca de las razones por las que no fue elegida una oferta.  
En virtud del PCR de 2015 y del PCSR de 2015, las autoridades contratantes deben expedir una 
notificación destinada a todos los operadores económicos que hayan participado en el proceso de 
contratación para comunicarles la decisión de adjudicar un contrato . Las excepciones a este requisito 
son: cuando está permitida la adjudicación del contrato sin publicación previa de una convocatoria 
de licitación ; cuando el único licitador es el adjudicatario del contrato y no hay candidatos ; o cuando 
la autoridad contratante adjudica un c ontrato con arreglo a un acuerdo marco o a un sistema 
dinámico de adquisición . La notificación debe incluir información detallada, incluidos los motivos de 
la decisión y las características y ventajas relativas de la oferta elegida, así como el puntaje obt enido 
por el operador económico al que va destinada y por el licitador adjudicatario .57 Puede omitirse 
información en la notificación si su difusión : puede constituir un obstáculo para hacer cumplir las 
leyes o ser contraria al interés público ; lesionar los  intereses comerciales legítimos de determinado 
operador económico, ya sea público o privado ; o ir en detrimento de la competencia leal entre 
operadores económicos.  
El UCR de 2016 y el UCSR de 2016 exigen a las entidades contratantes que informen a todos l os 
operadores económicos que hayan participado en el proceso de contratación sobre cualquier decisión 
relativa a la adjudicación de un contrato, incluidos los motivos de dicha decisión . Las entidades 
contratantes deben presentar información sobre los motiv os del rechazo de su solicitud de 
participación o licitación a todo operador económico no elegido que se lo solicite .58 Puede omitirse 
información en la notificación en las mismas circunstancias contempladas en el caso del PCR de 2015 
y del PCSR de 2015. 
El CCR de 2016 y el CCSR de 2016 exigen a las autoridades y entidades contratantes que expidan 
una notificación dirigida a todos los operadores económicos que hayan participado en el proceso de 
contratación sobre cualquier decisión relativa a la adjudicación  de un contrato, incluidos los motivos 
de dicha decisión . Las entidades contratantes deben informar a todo operador económico no elegido 
 
57 Véase  la norma 86 del PCR de 2015 y la norma 85 del PCSR de 2015.  
58 Véase la norma 75 del UCR de 2016 y la norma 73 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 31 - 
  que se lo solicite acerca de las características y ventajas relativas de la oferta elegida .59 Puede 
omitirse información  en la notificación bajo las mismas circunstancias contempladas en el caso 
del PCR de 2015 y del PCSR de 2015. 
6.8.  Sírvanse especificar los procedimientos que tendrá establecidos su Gobierno para 
asegurar que, conforme a lo previsto en el párrafo 1 del artículo XVII del Acuerdo, se 
facilite prontamente, a petición de otra Parte, la información necesaria para determinar 
si una contratación se realizó justa e imparcialmente y de conformidad con el Acuerdo, 
con inclusión de información sobre las característ icas y ventajas relativas de la oferta 
seleccionada.  
En la sección 6.7 supra  se describen los procedimientos establecidos para garantizar la pronta 
presentación de la información necesaria para determinar si una contratación se realizó justa e 
imparcialmen te y de conformidad con el ACP.  
El sistema jurídico del Reino Unido también dispone de mecanismos eficaces para facilitar la 
divulgación de información en el marco de los procedimientos civiles . Los procedimientos por 
infracción de las leyes de contratació n se presentan por vía civil.  
1. Todas las partes en los procedimientos civiles celebrados en Inglaterra y Gales deben 
divulgar información, con muy contadas excepciones . Cada parte tiene derecho a 
examinar los documentos dados a conocer o a procurarse cop ias de estos, también en 
este caso con pocas excepciones . Las partes deben llevar a cabo una búsqueda 
razonable de documentos, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el valor 
en disputa y el objetivo primordial de tratar los casos de manera justa. La obligación es 
buscar y divulgar documentos que obren o hayan obrado en poder de una parte . En los 
procedimientos de derecho público celebrados en Inglaterra y Gales, la autoridad 
pública cuyas medidas se hayan impugnado también tiene la obligació n de divulgar 
todos los materiales pertinentes de manera íntegra y justa y el reclamante tiene su 
propio deber de franqueza en relación con la divulgación de todos los hechos 
pertinentes.  
2. En Irlanda del Norte, la presentación de los documentos es automá tica al término de la 
sustanciación, con el deber permanente de presentar los documentos a medida que 
vayan saliendo a la luz . Es obligatorio presentar todos los documentos que puedan 
razonablemente conducir a una línea de investigación susceptible ya sea de favorecer 
los argumentos de una parte o de perjudicar los de su adversario.  
3. En Escocia, no existe un deber general de divulgación, a menos que se encuentre un 
documento contrario a las alegaciones invocadas . En tal caso, el letrado debe darlo a 
conocer al tribunal . Por otro lado, las partes que deseen recuperar determinados 
documentos de la otra parte o de un tercero en contra de su voluntad deben solicitar 
una orden del tribunal que sancione su solicitud de restitución . El tribunal la autorizará  
si la parte en cuestión demuestra que los documentos son pertinentes en el contexto 
de la reclamación y favorecen sus alegaciones.  
7  PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE REVISIÓN  
7.1.  Sírvanse facilitar información sobre los procedimientos internos de revisión 
existentes.  
Se puede recurrir a un procedimiento interno de revisión solicitándolo al Tribunal Superior de 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte60 o a los tribunales de primera instancia (Sheriff Court) o al 
Tribunal Superior (Court of Session) de Escocia.61 
Para que l os operadores económicos puedan evaluar la posibilidad de presentar una reclamación 
antes de la firma del contrato, se establece una moratoria de 10 días a partir de la fecha en que la 
autoridad contratante o la empresa de servicio público notifica por vía  electrónica a los licitadores 
 
59 Véase la norma 40 del CCR de 2016 y la norma 43 del CCSR de 2016.  
60 Véase la norma 91 del PCR de 2015, la norma 106 del UCR d e 2016 y la norma 52 del CCR de 2016.  
61 Véase la norma 88 del PCSR de 2015, la norma 101 del UCSR de 2016 y la norma 52 del CCSR 
de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
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  su intención de adjudicar el contrato al licitador adjudicatario (12 días en el caso de que la 
notificación no haya sido enviada por vía electrónica) . Durante la moratoria, las autoridades y 
entidades contratantes no deben co ncluir el contrato.62 
Las reclamaciones deben ser presentadas en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en 
que el operador económico conoció o debió haber conocido que se daban las condiciones para 
entablar el procedimiento, si bien el tribunal p uede ampliar este plazo hasta tres meses cuando 
considere que hay buenas razones para ello .63 En el caso de las infracciones muy graves, cuando 
quepa aplicar el remedio de nulidad o "remedy of ineffectiveness" (véase infra), las reclamaciones 
deben presenta rse en un plazo de 30  días y, en cualquier caso, en los primeros seis meses 
posteriores a la fecha del contrato.64 
Antes de la conclusión de un contrato con el licitador adjudicatario, entre los posibles remedios figura 
la orden de anulación de una decisión  y la orden que exige a la autoridad contratante o a la empresa 
de servicio público que modifique un documento, que en ambos casos pueden sumarse a una 
demanda de indemnización por daños y perjuicios o constituir una alternativa a tal demanda .65 Una 
vez con cluido el contrato, ya no es posible recurrir al remedio de anulación de la decisión, pero en 
el caso de determinadas infracciones muy graves, puede adoptarse por orden del tribunal .66 En caso 
de que puedan reclamarse daños y perjuicios, estos se determinan  en función de los beneficios 
perdidos por el reclamante como consecuencia de la infracción y/o de los costos de la oferta 
presentada en vano . La cuantía de las compensaciones por daños y perjuicios depende en parte de 
si se considera que, de no haber mediado infracción, el contrato habría sido adjudicado al 
demandante, o que este se vio simplemente privado de la posibilidad de presentar una oferta en el 
marco de un procedimiento de licitación justo y transparente.  
Si se inician procedimientos y la auto ridad contratante o la empresa de servicios públicos es 
consciente de ello, el proceso de licitación queda automáticamente suspendido y no puede concluirse 
el contrato . La suspensión sigue vigente hasta que el tribunal dicte una orden provisional que le 
ponga fin o hasta que se determinen, suspendan o se desestimen de algún otro modo los 
procedimientos.67 
7.2.  ¿Existen disposiciones específicas que permitan el acceso de los proveedores 
extranjeros al procedimiento interno de revisión?  
La legislación interna estab lece expresamente que las obligaciones de las autoridades y entidades 
contratantes son deberes para con los operadores económicos de las Partes en el ACP en aquellas 
operaciones de contratación a las que sea de aplicación el Acuerdo .68 Así pues, en las cont rataciones 
reguladas por el ACP, los procedimientos internos de revisión están a disposición de los operadores 
económicos de las Partes en el ACP.  
7.3.  Si esa información no responde plenamente a los siguientes puntos, sírvanse facilitar 
la información adiciona l necesaria a tal efecto:  
a. El plazo para presentar la reclamación previsto en el Acuerdo "en ningún caso 
será inferior a 10 días" desde el momento en que se conocieran o debieran 
haberse razonablemente conocido los hechos que den lugar a la reclamación . 
¿Cuáles son los plazos establecidos en la legislación nacional?  
 
62 Véase la norma 87 del PCR de 2015, la norma 102 del UCR de 2016, la norma 48 del CCR de 2016, la 
norma 86 del PCSR d e 2015, la norma 99 del UCSR de 2016 y la norma 50 del CCSR de 2016.  
63 Véase la norma 92 del PCR de 2015, la norma 107 del UCR de 2016, la norma 53 del CCR de 2016, la 
norma 88 del PCSR de 2015, la norma 101 del UCSR de 2016 y la norma 52 del CCSR de 2016.  
64 Véase la norma 93 del PCR de 2015, la norma 108 del UCR de 2016, la norma 54 del CCR de 2016, la 
norma 88 del PCSR de 2015, la norma 101 del UCSR de 2016 y la norma 52 del CCSR de 2016.  
65 Véanse las normas 97 y 98 del PCR de 2015, las normas 112 y 113 d el UCR de 2016, las normas 58 
y 59 del CCR de 2016, la norma 90 del PCSR de 2016, la norma 103 del UCSR de 2016 y la norma 54 del CCSR 
de 2016.  
66 Véase la norma 101 del PCR de 2015, la norma 116 del UCR de 2016, la norma 62 del CCR de 2016, 
la norma 92 del  PCSR de 2015, la norma 104 del UCSR de 2016 y la norma 55 del CCSR de 2016.  
67 Véase la norma 95 del PCR de 2015, la norma 110 del UCR de 2016, la norma 56 del CCR de 2016, la 
norma 89 del PCSR de 2015, la norma 102 del UCSR de 2016 y la norma 53 del CCSR de 2016.  
68 Véase la norma 90 (1) del PCR de 2015, la norma 105 (1) del UCR de 2016, la norma 51 (1) del CCR 
de 2016, la norma 87 (2) del PCSR de 2015, la norma 100 (1) del UCSR de 2016 y la norma 51 (2) del CCSR 
de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 33 - 
  Como se ha explicado en la sección 7.1 supra , una reclamación debe ser presentada en 
un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en la que el operador económico toma 
conocimiento o debería haber tomado conocimiento de que se daban las condiciones 
para entablar el procedimiento, si bien el tribunal puede ampliar este plazo hasta 
tres meses cuando considere que hay buenas razones para ello .69 En el caso de las 
infracciones muy graves, cuando qu epa aplicar el remedio de nulidad o "remedy of 
ineffectiveness" (véase infra), las reclamaciones deben presentarse en un plazo 
de 30 días y, en cualquier caso, en los primeros seis meses posteriores a la fecha del 
contrato.70 
b. ¿Cuál es el órgano responsable del procedimiento interno de revisión ? ¿Es un 
"tribunal" o un "órgano de examen imparcial e independiente" ? En este último 
caso:  
i. ¿Cómo se selecciona a sus miembros?  
ii. ¿Están sus decisiones sujetas a revisión judicial?  
iii. De no ser así, ¿cómo se tienen en cuenta  las prescripciones del párrafo 6 
del artículo XVIII del Acuerdo?  
Como se ha explicado en la sección 7.1 supra , se puede recurrir a los 
procedimientos internos de revisión solicitándolos al Tribunal Superior de 
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte71 o a lo s tribunales de primera instancia 
(Sheriff Court) o al Tribunal Superior (Court of Session) de Escocia.72 
c. ¿Cuál es la legislación aplicable con referencia a la cual el órgano de revisión 
examinará las reclamaciones?  
Las contrataciones reguladas por el PCR de 2015, el UCR de 2016 y el CCR de 2016 se 
rigen por el derecho inglés . Las contrataciones reguladas por el PCSR de 2015, el UCSR 
de 2016 y el CCSR de 2016 se rigen por el derecho escocés.  
d. ¿Qué medidas provisionales rápidas están previstas para corregir las 
infracciones del Acuerdo y preservar las oportunidades comerciales?  
i. ¿Está incluida entre esas medidas la posibilidad de suspender el proceso 
de contratac ión? ¿En qué condiciones?  
Como se ha explicado en la sección 7.1 supra , cuando se inician procedimientos 
y la autoridad o entidad contratante es consciente de ello, el proceso de licitación 
queda automáticamente suspendido y no puede concluirse el contrato . La 
suspensión sigue vigente hasta que el tribunal dicte una orden provisional que le 
ponga fin o hasta que se determinen, suspendan o se desestimen de algún otro 
modo los procedimientos .73 Para decidir si levanta la suspensión, los tribunales 
intentan det erminar : si hay algún asunto grave que juzgar ; qué ventajas y 
desventajas reportaría a cada parte el hecho de dictar la orden ; y si hay algún 
factor especial.  
e. ¿Cómo corrige el procedimiento interno de revisión las infracciones del 
Acuerdo y/o de sus medida s de aplicación del Acuerdo ? ¿Qué tipos de 
compensación por los daños o perjuicios sufridos puede establecer el órgano 
de revisión?  
 
69 Véase la norma 92 del PCR de 2015, la n orma 107 del UCR de 2016, la norma 53 del CCR de 2016, la 
norma 88 del PCSR de 2015, la norma 101 del UCSR de 2016 y la norma 52 del CCSR de 2016.  
70 Véase la norma 93 del PCR de 2015, la norma 108 del UCR de 2016, la norma 54 del CCR de 2016, la 
norma 88 d el PCSR de 2015, la norma 101 del UCSR de 2016 y la norma 52 del CCSR de 2016.  
71 Véase la norma 91 del PCR de 2015, la norma 106 del UCR de 2016 y la norma 52 del CCR de 2016.  
72 Véase la norma 88 del PCSR de 2015, la norma 101 del UCSR de 2016 y la norma 52 del CCSR 
de 2016.  
73 Véase la norma 95 del PCR de 2015, la norma 110 del UCR de 2016, la norma 56 del CCR de 2016, la 
norma 89 del PCSR de 2015, la norma 102 del UCSR de 2016 y la norma 53 del CCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 34 - 
  Como se ha explicado en la sección 7.1 supra , antes de la conclusión de un contrato 
con el licitador adjudicatario, entre lo s posibles remedios figura la orden de anulación 
de una decisión y la orden que exige a la autoridad o entidad contratante que modifique 
un documento, que en ambos casos pueden sumarse a una demanda de indemnización 
por daños y perjuicios o constituir una alternativa a tal demanda .74 Una vez concluido 
el contrato, ya no es posible recurrir al remedio de anulación de la decisión, aunque en 
el caso de ciertas infracciones muy graves, puede ser adoptada por orden del tribunal .75 
En caso de que puedan reclamarse daños y perjuicios, estos se determinan en función 
de los beneficios perdidos por el reclamante como consecuencia de la infracción y/o de 
los costos de la oferta presentada en vano . La cuantía de las compensaciones por daños 
y perjuicios depende en parte d e si se considera que, de no haber mediado infracción, 
el contrato habría sido adjudicado al demandante, o que este se vio simplemente 
privado de la posibilidad de presentar una oferta en el marco de un procedimiento de 
licitación justo y transparente.  
f. Sírvanse facilitar la información disponible sobre los plazos de las distintas 
etapas del proceso interno de revisión, incluida la obtención de medidas 
provisionales y de una decisión definitiva.  
Los plazos para la presentación de reclamaciones se especifican  en la sección 7.1.a . 
supra . 
g. ¿Cuáles son habitualmente los costos de un procedimiento interno de revisión ? 
¿Está prevista la posibilidad de que tales procedimientos sean gratuitos?  
Las tasas y los gravámenes judiciales son publicados por el Ministerio de Justicia y se 
pueden  consultar  en línea:  http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetLeaflet.d
o?court_leaflets_id=264 . 
El principal costo asoci ado a una impugnación jurídica es probablemente el de la 
representación y el asesoramiento jurídicos . Aunque no es obligatorio, la representación 
jurídica redunda por lo general en interés del reclamante.  
8  OTROS ASUNTOS  
8.1.  ¿En qué medida se utiliza la tecnolog ía de la información en el proceso de 
contratación pública ? ¿Se publican los anuncios de la contratación prevista y/o los 
anuncios de adjudicación de contratos en formato electrónico ? Sírvanse facilitar la 
dirección de dichas publicaciones electrónicas.  
El PCR de 2015 y el PCSR de 2015 imponen a todas las autoridades y entidades contratantes, a 
partir del 18 de octubre de 2018, el uso obligatorio de medios electrónicos de comunicación e 
intercambio de información en todos los procedimientos de contratación . Estos requisitos han sido 
obligatorios para los organismos contratantes centrales desde el 18 de abril de 2017. H ay ciertos 
requisitos específicos para las comunicaciones electrónicas, como que las herramientas y los 
dispositivos utilizados para la comuni cación electrónica sean no discriminatorios, estén disponibles 
de forma general y sean interoperables con los productos de uso general, y no deben restringir el 
acceso al procedimiento de contratación.76 
Además de los medios electrónicos de comunicación, se  exige la disponibilidad electrónica gratuita 
y sin restricciones de los pliegos de condiciones, los sistemas dinámicos de adquisición deben 
funcionar como un proceso completamente electrónico, las subastas electrónicas están permitidas y 
pueden usarse cat álogos electrónicos.  
 
74 Véanse las normas 97 y 98 del PCR de 2015, las normas 112 y 113 del UCR de 2016, las normas 58 
y 59 del CCR de 2016, la norma 90 del PCSR de 2016, la norma 103 del UCSR de 2016 y la norma 54 del CCSR 
de 2016.  
75 Véase la norma 101 del PCR de 2015, la norma 116 del UCR de 2016, la norma 62 del CCR de 2016, 
la norma 92 del PCSR de 2015, la norma 104 del UCSR de 2016 y la norma 55 del CCSR de 2016.  
76 Véase la norma 22 del PCR de 2015, la norma 40 del UCR de 2016, la norma 23 del PCSR de 2015 y 
la norma 38 del UCSR de 2016.  GPA/ACC/GBR/2/Rev.1  
- 35 - 
  En cuanto a los contratos de concesión, la comunicación electrónica es obligatoria en Escocia, con 
determinadas excepciones .77 En el resto del Reino Unido, la comunicación electrónica está permitida 
(pero no es obligatoria).78 
8.2.  ¿Existe en  su país un servicio de información que responda a las preguntas de los 
proveedores, de otros Gobiernos y del público en general sobre las leyes, reglamentos y 
procedimientos y prácticas relativos a la contratación pública a nivel central y/o 
subcentral ? Sírvanse facilitar la dirección.  
Las actividades del Servicio de Comercio de la Corona se extienden al ámbito de las políticas, el 
asesoramiento y la compra directa ; también brinda servicios comerciales al sector público y ahorra 
dinero al contribuyente.  
El Servicio de Comercio de la Corona es un organismo ejecutivo, patrocinado por la Oficina del 
Consejo de Ministros . Cuenta con sendos servicios de asistencia para pr oveedores y para clientes:  
Servicio de asistencia para proveedores  
Correo electrónico: supplier@crowncommercial.gov.uk  
Enlace del formulario de contacto: Formulario de contacto  
Teléfono : 0345 010 3503  
De lunes a viernes, de 9 a 17 h  
Servicio de asistencia para clientes  
Correo electrónico: info@ crowncommercial.gov.uk  
Enlace del formulario de contacto: Formulario de contacto  
Teléfono : 0345 410 2222  
De lunes a viernes, de 9 a 17 h  
Anexo A  
Textos de la legislación nacional - Enlaces a  documentos  
Reglamento de Contratación Pública de 2015 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.pdf . 
Reglamento de Contratación de Servicios Públicos de 2016 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/27 4/pdfs/uksi_20160274_en.pdf . 
Reglamento relativo a los Contratos de Concesión de 2016 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/273/pdfs/uksi_20160273_en.pdf . 
Reglamento de  Contratación Pública (Escocia) de 2015 
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2015/446/pdfs/ssi_20150446_en.pdf . 
Reglamento de Contratación de Servicios Públicos (Escocia) de 2016 
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2016/49/pdfs/ssi_20160049_en.pdf . 
Reglamento de Adjudicación de Contratos de Concesión (Escocia) de 2016 
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2016/65/pdfs/ssi_20160065_en.pdf . 
__________  
 
77 Véase la norma 29 del CCR de 2016.  
78 Véase la norma 32 del CCSR de 2016.