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 RESOLUCIÓN ARCSA-DE-2021 -005-JPFJ  
 
LA DIRECC IÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA – ARCSA, DOCTOR LEOPOLDO IZQUIETA 
PÉREZ  
 
CONSIDERANDO 
 
Que,  la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 32, establece que: “La 
salud es un derecho que  garantiza el Estado (…). El Estado garantizará este 
derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
acciones y servicios de promoción y atención integral de salud (…). ”; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuado r, en su artículo 361, dispone que: “El 
Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nac ional, 
será respon sable de formular la política nac ional de sa lud, y normará, regulará y 
controlará todas  las actividades  relacionadas  con la salud, así  como el 
funcionamiento de las entidades  del sector”; 
 
Que,   la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 363 señala: “ El Estado será 
responsable de: (…) 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de 
calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 
nacional y la u tilización de medicamentos genéricos que respondan a las 
necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 
intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales 
(…)”; 
 
Que, la Constitución de la Repúb lica del Ecuado r, en su artículo 424, indica q ue: “(…) 
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las no rmas y  los ac tos del poder público debe rán 
mantener co nformidad con l as dispos iciones cons titucionales; en caso  contrario 
carecerán de eficacia jurídica (…)”; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuado r, en su artículo 425, determina que 
el orden jerárquico de ap licación de las no rmas se rá el s iguiente: “(…) La 
Constitución; los tratados y con venios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las no rmas regionales y las ordenan zas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos 
y decisiones de los poderes públicos (…)”; 
 
Que,  Ecuador forma parte de la Organización Mundial de Comercio desde 1996 en 
base al Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el 
que se establece la Organización Mundial de Comercio – OMC, que se publicó 
en el Suplemento del Registro O ficial Nro. 853 del 02 de enero del 1996;  
 
Que, la Decisión 827 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dispone en el 
Artículo 16: “ Los Países Miembros podrán, en caso de emergencia, adoptar 
reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la confo rmidad sin 
atender el plazo al que se refiere el artículo 12 de la presente Decisión. En estos 
casos, el País Miembro que adopte la medida deberá notificar a la Secretaría  
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 General de la Comunidad Andina, a través del SIRT, dentro de tres (03) días 
hábiles siguientes a su publicación o vigencia, el que ocurra primero .”;  
 
Que, la Decisión 827 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dispone en el 
Artículo 19: “ Finalizada la emergencia o en un plazo que no exceda de doce (12) 
meses luego de la fecha de entra da en vigencia de una medida de emergencia, 
el País Miembro que la emitió deberá derogarla. Si éste requiere de un plazo 
adicional podrá, con la debida fundamentación, prorrogar la medida por una sola 
vez por un plazo que no excederá los seis (6) meses com o máximo. Antes de 
finalizado cualquiera de los plazos, y si es de interés del País Miembro, y la 
medida está justificada, deberá seguir los lineamientos para la adopción de un 
reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad según 
corres ponda, siguiendo lo establecido en el Capítulo VII de esta Decisión .”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 6 numeral 18, dispone que: “ Es 
responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: regular y realizar el control 
sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, 
comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, 
medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 
sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, segurida d y calidad (…)”;  
 
Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 129, indica  que: “El cumplimiento de las 
normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones,  
organismos y establecimientos públicos y privados  que realicen ac tividades  de 
producción, importación, exportación, almacen amiento, transp orte, distribución, 
comercialización y expendio de produc tos de uso y consu mo humano (…)”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 132, estable que:  “Las actividades de  
vigilancia y control sanitario incluyen las de control de ca lidad, inocuidad y 
seguridad de los productos procesados  de uso y consu mo humano, así  como la 
verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y san itarios en los 
establecimientos dedicados a la producc ión, a lmacena miento, distribución, 
comercialización, importación y exportación de los productos seña lados.”;  
 
Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 134, estable que: “La instalación, 
transformación, ampliación y traslado de plantas industriales, procesadoras de 
alimentos, establecimientos farmacéuticos, de producción de biológicos, de 
elaboración de productos naturales procesados de uso medicinal, de producción 
de homeopáticos, plaguicidas, productos dentales, empresas de cosméticos y 
productos higiénicos, están sujetos a la obtención, previa a su uso, del permiso 
otorgado por la autoridad sanitaria nacional.”  
 
Que,  la Ley Orgánica de Salud en su artículo 137 dispone: “Están sujetos a la 
obtención de notificación sanitaria previamente a su comercialización, los 
alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos, 
productos nutracéuticos, productos homeopáticos, plaguicidas para uso 
doméstico e industrial, y otros productos de uso y consumo humano definidos 
por la Autoridad Sanitaria Nacional, fabricados en el territorio nacional o en el 
exterior, para su importación, comercialización y expendio. Están sujetos a la 
obtención de registro sanitario  los medicamentos en general en la forma prevista 
en esta Ley, productos biológicos, productos naturales procesados de uso  
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 medicinal, productos dentales, dispositivos médicos y reactivos bioquímicos de 
diagnóstico, fabricados en el territorio nacional o en  el exterior, para su 
importación, comercialización, dispensación y expendio.” ; 
 
Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 138, d ispone que: “La Autoridad Sanitaria 
Nacional, a través de su en tidad co mpetente otorgará, susp enderá, cance lará o 
reinscribirá, la notificación sanitaria o el registro sanitario correspond iente,  previo 
el cumplimiento de los trámites requisitos  y  plazos seña lados en es ta Ley  y 
sus reglamentos, de acue rdo a las directrices y no rmas emitidas por la entidad 
competente de la autoridad sanitaria nacional, la cual fijará el pago de un  importe 
para la inscripción y reinscripción de dicha no tificación o registro sanitario. 
Cuando  se hubiere otorgado certificado de buenas  prácticas o  uno 
rigurosamente superior, no será exigible, notificación o registro sanitario, según 
correspond a, ni permiso de funcionamiento, (…) ”; 
 
Que,  la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 140, menciona que: “Queda prohibida la 
importación, comercialización y expendio de productos procesados para el uso y 
consumo  humano que no cumplan con la obtención previa de la notificación o 
registro sanitario, según corresponda, salvo las excepciones previstas en esta 
Ley.”;  
 
Que, la Ley Orgánica de Salud en su artículo 141, dispone  que: “La notificación o 
registro san itario correspond ientes y el certificado de buenas  prácticas o el 
rigurosamente superior, serán suspendidos o cance lados  por la autoridad 
sanitaria nacional a través de la entidad competente, en cua lquier tiempo si se 
comprobase que el  producto o su fabricante no cumplen con  los requisitos y 
cond iciones  establecidos en esta Ley y sus reglamentos, o cuando  el produc to 
pudiere provocar pe rjuicio a la salud, y  se aplicarán las demás sa nciones 
seña ladas  en esta Ley. Cuando  se trate de certificados de buenas  prácticas o 
rigurosamente supe riores, ade más, se d ispond rá la inmovilización de los b ienes  
y produc tos. En todos  los casos,  el titular de la notificación, registro san itario, 
certificado  de buenas  prácticas o las personas  naturales o jurídicas responsab les, 
debe rá resarcir plenamente cualquier daño  que se produjere a terceros, s in 
perjuicio de otras acciones  legales a las que hubiere lugar.”; 
 
Que,  la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 142, dispone que: “La entidad 
competente de la autoridad sanitaria nacional realizará periódicamente 
inspecciones a los establecimientos y controles posregistro de todos los 
productos sujetos a notificación o registro sanitario, a fin de verificar que se 
mantengan las condiciones que permitieron su otorgamiento, mediante toma de 
muestras para análisis de control de calidad e inocuidad, sea en los lugares de 
fabricación, almacenamiento, transporte, distribución o expendio. Si se detectare 
que algún establecimiento usa un número de notificación o registro no asignado 
para el producto , o distinto al que corresponda, la entidad competente de la 
autoridad sanitaria nacional suspenderá la comercialización de los productos, sin 
perjuicio de las sanciones de ley .”; 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290,  publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012,  se escinde el Instituto Nacional 
de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopo ldo Izquieta Pérez” y se crea el Instituto 
Nacional de Salud Pública e Investigaciones INSPI; y, la Agencia Nacional de  
4 
 Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, estableciendo la co mpetencia, 
atribuciones y responsab ilidades  del ARCSA ; 
 
Que,  mediante Decreto Ejecutivo Nro. 544 de fecha  14 de enero de 2015,  publicado 
en el Registro Oficial Nro. 428 de fecha  30 de enero de 2015,  se reformó el 
Decreto Ejecutivo Nro. 1290 de creación de la Agenc ia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria, publicado  en el Suplemento del Registro Oficial 
Nro. 788 de fecha  13 de septiembre de 2012, en el cual se establecen las 
nuevas atribuciones  y responsab ilidades de la ARCSA,  en cu ya Dispos ición 
Transitoria Séptima, expresa que: “(…) Una vez que  la Agencia dicte las normas 
que le corresponda  de con formidad con lo dispues to en este Decreto, quedarán 
derogadas  las actualmente vigentes, exped idas por el Ministerio de Salud Pública 
(…)”; 
 
Que, mediante la Resolución ARCSA -DE-032-2020 -MAFG de fecha 21 de diciembre 
de 2020, se expide la Normativa Técnica Sanitaria para la Certificación de 
productos de uso y consumo humano y sus establecimientos, durante la 
emergencia sanitaria provocada por el SARS -COV -2 causante de la COVID -19, 
misma que derogó la Resolución ARCSA -DE-009-2020 -LDCL y la Resolución 
ARCSA -DE-012-2020 -LDCL;  
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial 00002 -2021, suscrito por  el Ministerio de Salud 
Pública, publicado en Registro Oficial Cuarto Suplemento No. 409 el 12 de marzo 
de 2021, se establece en su artículo 1: " Disponer la emergencia en el Sistema 
Nacional de Salud, a fin que se mantengan las medidas necesarias para 
garantizar el derecho a la salud de la población, ante la crisis sanitaria existente 
provocada por el SARS -CoV-2 causante de la Covid -19, de acuerdo con lo 
dictaminado por la Corte Constitucional. "; 
 
Que, el Acuerdo Ministerial 00002 -2021, establece en su artí culo 15: “ El presente 
acuerdo tendrá una duración de noventa (90) días, pudiendo extenderse en caso 
de ser necesario. ”; 
 
Que,  la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emite en mayo 2020 el 
documento “Manejo de crisis durante epidemias; orientaciones  generales 
dirigidas a las autoridades reguladoras nacionales para coordinar la respuesta de 
forma eficiente.”, en el cual se concluye: “ 1. Las ARN deben actuar bajo la 
premisa de cooperación continua, tanto nacional como internacional, para 
responder a cu alquiera de los escenarios que plantean las situaciones de 
emergencia. 2. Ante nuevos escenarios se requiere considerar o implementar 
modalidades operativas de respuesta dentro de las ARN (flexibilidad regulatoria, 
revisión de marcos normativos de manera p eriódica, etc.). 3. Se deben prever y 
actualizar regularmente las medidas regulatorias de contingencia para uso en 
casos de crisis. 4. Considerando la dinámica con la que nueva evidencia científica 
es generada, se debe mantener un espíritu crítico y flexib le responsable para 
enfrentar adecuadamente las crisis. 5. Se sugiere el establecimiento rápido y 
oportuno de comités regulatorios de manejo de emergencias que puedan 
articularse con otras autoridades de salud .”; 
 
Que, mediante Informe Nro. ARCSA -INF-CGTC -2021 -017 de fecha 1 4 de diciembre 
de 2021 , la Coordinación General Técnica de Certificaciones de la ARCSA  
5 
 justifica la necesidad de extender la ampliación del plazo de la vigencia de la 
Resolución No. ARCSA -DE-032-2020 -MAFG para dar continui dad a los tiempos 
extendidos de las inspecciones, plazos contemplados bajo el criterio de la 
resolución mencionada ; 
 
Que, mediante Inform e Técnico Nro. ARCSA -INF-DTNS -2021 -019, de fecha 17  de 
diciembre  de 2021, la Dirección Técnica de Elaboración, Evaluación y Mejora 
Continua de Normativa, Protocolos y Procedimien tos justifica la necesidad de 
emitir la reforma de la Resolución ARCSA -DE-032-2020 -MAFG y extender su 
vigencia por un plazo de seis (6) meses adicionales, de conformidad con el Art. 
19 de l a Decisión Andina 827 ; 
 
Que,  mediante Informe  Jurídico Nro. ARCSA -INF-DAJ-2021 -020, de fecha 20 de 
diciembre  de 2021, la Dirección de Asesoría Jurídica, concluye como viable y 
conforme a Derecho, la “Reforma parcial a la Normativa Técnica Sanitaria para la  
certificación de productos de uso y consumo humano y sus establecimientos, 
durante la emergencia sanitaria provocada por el SARS -COV -2 causante de la 
COVID -19, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 354 de 21 de diciembre 
de 2020” , sin que se incurr a en las prohibiciones establecidas en el artículo 131 
del Código Orgánico Administrativo;  
 
Que, por medio de la Acción de Personal No AD -145 de fecha 27 de mayo de 2021, 
la Sra. Ministra de Salud Pública Dra. Ximena Patricia Garzón Villalba, en uso de 
sus facultades y atribuciones que le confiere la Ley y con base a los documentos 
habilitantes “Acta de Directorio”, nombra a la Mgs. Ana Karina Ramírez Gómez 
como Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria - ARCSA , Doctor Leopoldo Izquieta Pérez; responsabilidad 
que ejercerá con todos los deberes, derechos y obligaciones que el puesto exige, 
a partir del 28 de mayo de 2021;  
 
Que, por medio de la Resolución ARCSA -DE-2021 -022-AKRG, del 05 de noviembre  
de 2021, median te la cual se dispone designar como Director Ejecutivo  
Subrogante al Sr. Juan Pablo Flores y mediante la Acción de Personal DTM -087 
del 05 de noviembre de 2021 la Dra. Ximena Patricia Garzón Villalba en calidad  
de Ministra de Salud Pública. RESUELVE Y DETE RMINA: AUTORIZAR la  
Subrogación al Ing. Juan Pablo Flores Jaramillo al cargo de DIRECTOR  
EJECUTIVO de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia  
Sanitaria -ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, desde el lunes 08 de  
noviembre de 2021 hasta el retorno de la titular la Mgs. Ana Karina Ramírez 
Gómez.  
 
En ejercicio de las atribuciones contempladas en el Artículo 10 del Decreto Ejecutivo 
Nro. 1290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 788 de 13 de septiembre 
de 2012, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 544 de 14 de enero de 2015 
publicado en el Registro Oficial 428 de 30 del mismo mes y año, la Dirección Ejecutiva 
del ARCSA.  
 
 
 
 
  
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 RESUELVE:  
 
EXPED IR LA REFORMA PARCIAL A LA NORMATIVA  TÉCNICA SANITARIA PARA 
LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO  Y SUS 
ESTABLECIMIENTOS, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR 
EL SARS -COV -2 CAUSANTE DE LA COVID -19, PUBLICADA EN REGISTRO OFICIAL 
SUPLEMENTO No. 354 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020  
 
Art. 1. - Sustitúyase la DISPOSICIÓN GENERAL SEXTA, por la siguiente:  
 
“SEXTA. - En el caso que los requisitos técnicos y legales, que de conformidad con la 
normativa vigente requieren apostilla o consularización, no puedan ser presentados en 
el tiempo establecido en el artículo 9 de la presente normativa por declaración de 
continuidad de la emergencia sanitaria en el país donde se realiza la legalización de los 
documentos o en virtud que la autoridad competente que apostilla o consulariza los 
documentos no está brindando el servicio de legalización a raíz de la emergencia, el 
titular del certificado sanitario o del certificado de buenas prácticas podrá solicitar una 
extensión de ocho (8) meses plazo, adicionales al tiempo inicialmente otorgado, 
adjuntando el acto de poder público o documento equivalente emitido por la autoridad  
competente en el país de origen de los documentos en el cual se evidencia la 
continuidad de la emergencia sanitaria, o una carta justificativa o comunicado oficial 
emitidos por la autoridad competente de legalizar los documentos en el cual se detalla 
la suspensión del servicio de legalización. El comunicado oficial debe poder 
evidenciarse adicionalmente en la página web de la autoridad que lo emite.  
 
Para el caso de productos de uso y consumo humano, el procedimiento lo realizará 
mediante una solicitud de  modificación del certificado sanitario a través de la Ventanilla 
Única Ecuatoriana – VUE. En el detalle de la solicitud de modificación se debe indicar 
claramente que la solicitud ingresada es para solicitar una extensión al plazo 
inicialmente otorgado pa ra la entrega de la apostilla o consularización de los requisitos 
técnicos y legales descritos en la carta compromiso.  
 
Para el caso de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria, el procedimiento 
lo realizará a través del Sistema de Gestión  Documental – Quipux o a través del sistema 
que la ARCSA implemente para el efecto. En el asunto del oficio el titular del certificado 
en buenas prácticas debe indicar claramente que la solicitud ingresada es para solicitar 
una extensión al plazo inicialme nte otorgado para la entrega de la apostilla o 
consularización de los requisitos técnicos y legales descritos en la carta compromiso.”  
 
Art. 2. - Inclúyase en DISPOSICIONES GENERALES, después de la DISPOSICIÓN 
GENERAL SEXTA, la siguiente Disposición General:  
 
“SÉPTIMA. - El acto de poder público o documento equivalente emitido por la autoridad 
competente en el país de origen de los documentos, en el cual se evidencia la 
declaratoria de emergencia sanitaria o su continuidad, o la carta justificativa o 
comunicado o ficial emitidos por la autoridad competente de legalizar los documentos en 
el cual se detalla la suspensión del servicio de legalización, debe presentarse en español 
o inglés. En el caso que la documentación esté en un idioma diferente, la traducción 
debe ser realizada por un traductor titulado  y/o centros autorizados para el efecto  y 
mantendrá consistencia con el documento original. ” 
  
7 
 DISPOSICIÓN GENERAL  
 
ÚNICA .- Extiéndase por seis (6) meses adicionales la vigencia de la Resolución 
ARCSA -DE-032-2020 -MAFG  a través de la cual se emite la Normativa Técnica Sanitaria 
para la certificación de productos de uso y consumo humano y sus establecimientos, 
durante la emergencia sanitaria provocada por el SARS -COV -2 causante de la COVID -
19, publicada en Registro Oficia l Suplemento No. 354 de 21 de diciembre de 2020; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Decisión Andina 827 a través de la 
cual se expiden los Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de 
reglamentos técnicos y procedimientos  de evaluación de la conformidad en los Países 
Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario.  
 
DISPOSICI ÓN TRANSITORIA  
 
ÚNICA .- Los titulares del certificado sanitario o del certificado de buenas prácticas que 
hayan obtenido el respectivo certificado  de acuerdo a los lineamientos descritos en la 
Resoluci ón ARCSA -DE-009-2020 -LDCL,  la Re solución ARCSA -DE-012-2020 -LDCL o 
la Resolución ARCSA -DE-032-2020 -MAFG, y no hayan presentado a la ARCSA, hasta 
la entrada en vigencia de la presente normativa, los requisitos técnicos y legales 
debidamente apostillados o consularizados , tendrán hasta el 23 de mayo de 2022 para 
el ingreso de los documentos debidamente legalizados o para el ingreso de la solicitud 
de extensión del plazo por ocho (8) meses adicionales, por declaración de continuidad 
de la emergencia sanitaria en el país donde se realiza la  legalización de los documentos  
o en virtud que la autoridad competente que apostilla o consulariza los documentos no 
está brindando el se rvicio de legalización a raíz de la emergencia .  
 
En la solicitud de extensión del plazo el titular del certificado sanitario o del certificado 
de buenas prácticas debe adjuntar  el acto de poder público o documento equivalente 
emitido por la autoridad comp etente en el país de origen de los documentos , en el cual 
se evidencia la continuidad de la emergencia sanitaria , o una carta justificativa o 
comunicado oficial emitidos por la autoridad competente  de legalizar los documentos en 
el cual se detalla la suspe nsión del servicio de legalización. El comunicado oficial debe 
poder evidenciarse adicionalmente en la página web de la autoridad que lo emite . 
 
Para el caso de productos de uso y consumo humano, el procedimiento lo realizará 
mediante una solicitud de modificación del certificado sanitario a través de la Ventanilla 
Única Ecuatoriana – VUE. En el detalle de la solicitud de modificación se debe indic ar 
claramente que la solicitud ingresada es para adjuntar la documentación apostillada o 
consularizada o para solicitar una extensión al plazo otorgado para dicha  legalización . 
 
Para el caso de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria, el procedimiento 
lo realizará a través del Sistema de Gestión Documental – Quipux o a través del sistema 
que la ARCSA implemente para el efecto. En el asunto del oficio el titular del certificado 
en buenas prácticas debe indicar claramente que la solicitud in gresada es para adjuntar 
la documentación apostillada o consularizada o para solicitar una extensión al plazo 
otorgado para dicha legalización .  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 
Encárguese de la ejecución de la presente Resolución, a las Coordinaciones y 
Direcciones de  la Agencia Nacional de Control, Regulación y Vigilancia Sanitaria –  
8 
 ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, dentro del ámbito de sus competencias.  
 
La presente normativa técnica entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio 
de su publicació n en el Registro Oficial.  
 
Dado en la ciudad de Guayaquil, el 20 de diciembre  de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Juan Pablo Flores Jaramillo  
DIRECTOR EJECUTIVO  DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA – ARCSA, 
DOCTOR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ , SUBROGANTE