RESTRICTED  
 
GPA/ACC/MDA/18  
25 de junio de 2014  
(14-3652)  Página: 1/8  
Comité de Contratación Pública  Original: inglés  
 
  ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA AL 
ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
RESPUESTAS DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA A LAS PREGUNTAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS (GPA/ACC/MDA/16)  SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA (GPA/ACC/MDA/15) 
La siguiente comunicación, de fecha 24 de junio de 2014, se distribuye a petición de la delegación 
de la República de Moldova.  
_______________ 
 
 
El párrafo 2 del artículo 7 del proyecto de  ley dispone que "[e]n el caso de que el 
tratado internacional en el que la Repúblic a de Moldova sea parte establezca normas 
diferentes de las previstas en la presente  ley, se aplicarán las normas del tratado 
internacional". 
Sírvanse confirmar que, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 7, en caso de surgir 
alguna incompatibilidad entre el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la 
Organización Mundial del Comercio y el proyec to de ley en una contratación abarcada, se 
aplicaría el ACP. 
En el ámbito de la contratación pública, las únicas negociaciones que celebra actualmente la 
República de Moldova son las relativas al Acuerdo sobre Contratación Pública en la Organización 
Mundial del Comercio. En caso de que negocie otros acuerdos internacionales, éstos se negociarán 
de tal manera que no se infr inja ese Acuerdo de la OMC. 
En el párrafo 1 del artículo 1 del proyecto de ley se define "contrato de adquisición 
pública" como aquel que se celebra entre una o más empresas y una o más "autoridades 
contratantes para la adquisición de bienes, la ejecución de obras o la prestación de 
servicios a los efectos de la presente ley". El  término "autoridad contratante" se define 
en el párrafo 4 del artículo 1 como "las au toridades de la administración pública, las 
entidades jurídicas de derecho público, así co mo las asociaciones de esas autoridades o 
entidades". El término "contrat o de adquisición púbica" se utiliza en el artículo 2 del 
proyecto de ley para definir el ámbito de ap licación del proyecto, y se prevé, entre otras 
cosas, que la ley es aplicable a todos los contratos de adquisición pública que superen 
un umbral determinado y también, en el ca so de que la entidad jurídica no sea una 
autoridad contratante, cuando el contrato de  adquisición pública esté subvencionado en 
más de un 50% por las autoridades contratantes. 
En el ACP se establece el ámbito de su ap licación en función de la finalidad de la 
contratación. El párrafo 2 del artículo II del ACP dispone que "[a] los efectos del 
presente Acuerdo, por contratación abarcada  se entiende la contratación realizada a 
efectos gubernamentales". El proyecto de ley parece definir el ámbito de su aplicación 
sobre una base diferente; entr e otras cosas, en función de que una de las partes en el 
contrato sea una "autoridad contratante" o de que el contrato de adquisición pública 
esté subvencionado en más del 50% por las autoridades contratantes, y no de que la 
contratación se realice a efectos gubernamenta les. Esto plantea la cuestión de si el 
proyecto de ley abarca o no todas las co ntrataciones a efectos gubernamentales. GPA/ACC/MDA/18 
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  Sírvanse aclarar si el proyecto de ley abarca todas las contrataciones a efectos 
gubernamentales y, de no ser así, indiquen  qué otras leyes rigen las contrataciones a 
efectos gubernamentales. 
La Ley de Contratación Pública Nº 96-XVI, de 13 de abril de 2007, abarca todos los aspectos 
relativos a las necesidades de contratación pública, así como las del sector privado en los casos en 
que el Gobierno subvenciona más del 50% de la adquisición. 
El párrafo 5 del artículo 16 del proyecto de ley dispone que "la autoridad 
contratante está facultada para solicitar ac laraciones e información suplementaria a la 
documentación presentada" y "el licitador o candidato puede ser descalificado si no 
facilita la información adicional solicitada por la autoridad contratante en el plazo fijado 
por ésta ...". El párrafo 5 del artículo 16 di spone además que "la autoridad contratante 
está obligada a conceder un plazo razonable, en  función de la complejidad de la solicitud 
de aclaración". El párrafo 3 b) del artículo  VIII del ACP dispone que para determinar si 
un proveedor reúne las condicio nes de participación, la entidad contratante "basará su 
evaluación en las condiciones que la entida d contratante haya espe cificado previamente 
en los anuncios o en el pliego de condicio nes". Se plantea la cuestión de si las 
solicitudes de "información adicional" al  amparo del párrafo 5 del artículo 16 del 
proyecto de ley se realizarán de modo qu e se hayan "especificado previamente en los 
anuncios o en el pliego de condicio nes" como se prevé en el ACP. 
Sírvanse confirmar que las aclaraciones y la  información suplementaria que se ha de 
solicitar al amparo del párrafo 5 del ar tículo 16 del proyecto de ley quedan 
comprendidas en el alcance de las cond iciones especificadas previamente en los 
anuncios o en el pliego de condiciones, como se  prevé en el párrafo 3 b) del artículo VIII 
del ACP. 
De conformidad con el párrafo 5 del artículo 16 del proyecto de ley, la autoridad contratante no 
puede solicitar documentos adicionales, sino sólo aclaraciones de los documentos ya presentados por los operadores económicos, lo cual está en conformidad con la ley actual y con las 
disposiciones del ACP. La documentación tipo ap robada por el Gobierno incluye los documentos 
opcionales que hay que presentar en caso de que la autoridad contratante lo estime conveniente. 
La lista de todos los documentos opcionales se facilita de antemano en la convocatoria de licitación para que los operadores económicos tengan conocimiento de ellos. 
El párrafo 7 del artículo 16 del proyecto de ley dispone que "los órganos 
competentes y los órganos encargados de defend er las normas de derecho facilitarán ..., 
a petición de las autoridades contratantes, información sistemática o de cualquier otra 
índole sobre la situación jurídica, la part icipación o no participación del operador 
comercial en organizaciones o grupos delicti vos ...". El párrafo 4 d) del artículo VIII 
del ACP prevé que se podrá excluir a un proveed or de su participación por motivos tales 
como "sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves". Si bien el 
párrafo 7 del artículo 16 del proyecto de ley no dispone expresamente que se pueda 
excluir a un operador comercial sobre la ba se de la información facilitada por las 
autoridades judiciales, parece posible que ta l información, parte de la cual puede no 
revestir carácter de sentencia firme, pu eda utilizarse en detr imento del operador 
comercial al excluirlo del proceso de contratación. 
Sírvanse explicar cómo puede usarse la info rmación sobre actividades delictivas, que no 
reviste carácter de sentencia firme, en la evaluación del operador comercial. 
La Constitución de la República de Moldova recoge el principio de la presunción de inocencia, por lo 
que ningún operador económico podrá ser acusado de actividades delictivas sin que se haya 
emitido una decisión judicial definitiva. 
El párrafo 9 del artículo 16 del proyec to de ley dispone que "[l]a autoridad 
contratante está obligada a respetar el principi o de proporcionalidad al fijar los criterios 
de calificación y selección ...". No obstante, este principio no se define en ninguna 
disposición del proyecto de ley, y no queda claro el significado de esta frase ni qué 
relación guarda con las obligaciones previstas en el ACP. GPA/ACC/MDA/18 
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  Sírvanse explicar el significado de la ex presión "principio de proporcionalidad" y 
describir qué relación guarda el párrafo 9 de l artículo 16 con las obligaciones previstas 
en el ACP. 
El principio de proporcionalidad es un principio internacional según el cual las autoridades 
contratantes pueden exigir a los candidatos y licitadores que cumplan unos niveles mínimos de 
calificación en materia de capacidad. Debe haber correlación entre la amplitud de la información y los niveles mínimos de capacidad exigidos para un contrato específico y deben ser relativamente 
proporcionales al objetivo del contrato. Al mismo tiempo, este principio también se aplica en 
relación con el ACP, tal como se define en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministro y de servicios. 
El párrafo 2 e) del artículo 18 del proyec to de ley establece las circunstancias en 
las que la autoridad contratante puede excluir a un operador comercial de la 
contratación, entre otras, que un licitador se encuentre en la "lista de operadores 
comerciales prohibidos". En el artículo 25 del proyecto de le y se definen esta lista y el 
organismo encargado de confeccionarla. No obstante, ninguna disposición del proyecto 
de ley fija los criterios que deben cumplirse para incluir a un operador comercial en la 
lista. 
Sírvanse explicar cómo y sobre la base de qué criterios se puede incluir a un operador 
comercial en la "lista de op eradores comerciales prohibidos" y sírvanse confirmar que 
las decisiones que se adopten para excluir a un licitador se basarán en pruebas que lo 
justifiquen, como se prevé en el párrafo 4 del artículo VIII del ACP. Sírvanse 
proporcionar un ejemplar de los reglamentos aprobados por el Gobierno relativos a la 
"lista de operadores comerciales prohibidos". 
La inclusión de un operador económico en la lista de operadores comerciales prohibidos es 
obligatoria en caso de incumplimiento de contrato, cumplimiento insatisfactorio de las cláusulas contractuales, daños ocasionados a la autoridad contratante (costos adicionales) o interferencia 
negativa en su actividad. El procedimiento para la preparación, actualización y mantenimiento de 
la lista de operadores económicos prohibidos se establece en la Ley de Contratación Pública Nº 96-XVI, de 13 de abril de 2007, así como en el Reglamento sobre la preparación, actualización y mantenimiento de la lista de operadores económicos prohibidos, aprobado por Decisión del 
Gobierno Nº 45, de 24 de enero de 2008. Todo operador económico puede ser eliminado de la 
mencionada lista y admitido para su participación en un procedimiento de contratación pública cuando hayan transcurrido tres años desde su inclusión en la lista, haya sido disuelto, haya 
fallecido (cuando se trate de personas físicas) o se haya resuelto un recurso a su favor. Al mismo 
tiempo, hay que señalar que las razones en que se basa la inclusión de un operador económico en la mencionada lista están expresamente reglamentadas y que la situación de los diversos agentes 
económicos incluidos en la lista no se puede examinar caso por caso. 
El párrafo 1 del artículo 22 del proyecto de  ley dispone que, al evaluar las normas 
de garantía de calidad, la autoridad cont ratante "debe remitirse a las normas de 
garantía de calidad basadas en la serie de normas europeas pertinentes ...". El párrafo 2 
del artículo 22 del proyecto de ley disp one que la autoridad contratante tiene la 
obligación de "aceptar certificados equiva lentes expedidos por organismos establecidos 
en los demás países de la Unión Europea", así como "aceptar cualquier otra prueba 
aportada por el operador comercial pert inente ...". No obstante, en este caso, 
"el operador comercial tiene la obligación, so  pena de que su ofer ta sea rechazada, de 
solicitar a la autoridad contratante una confirma ción de la aceptación de los certificados 
[de calidad solicitados], antes de que transcurra  el plazo fijado para la presentación de 
ofertas". El párrafo 2 b) del artículo X del ACP prevé que las entidades contratantes, al 
definir las especificaciones técnicas, las "b asará en normas internacionales, cuando 
éstas existan o, de lo contrario, en re glamentos técnicos nacionales, en normas 
nacionales reconocidas o en códigos de cons trucción". La preferencia declarada en el 
proyecto de ley por las normas europeas pa rece indicar que pueden no aceptarse otros 
certificados basados en normas internacionale s o que se podría exigir un mayor esfuerzo 
a los operadores comerciales para obtener la  aprobación, de suerte que estos estarían  
en desventaja. GPA/ACC/MDA/18 
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  Sírvanse aclarar cómo se tratarán los cert ificados de garantía de calidad basados en 
normas internacionales que no sean europeas. 
El proyecto se enmendará en consecuencia para que los operadores tengan derecho a presentar 
certificados internacionales, además de los europeos. Sin embargo, en virtud de las disposiciones 
legislativas actuales, las autoridades contratantes están obligadas a aceptar los certificados de 
calidad internacionales que presenten los operadores económicos si éstos no poseen un certificado europeo y si pueden probar que la certificación fue efectuada por una organización internacional 
autorizada. 
El párrafo 1 del artículo 24 del proyecto de ley dispone que se garantizará a los 
operadores comerciales incluidos en la "lista  de operadores comerciales calificados" el 
acceso a los procedimientos de contratación  pública y el párrafo 3 del artículo 24 
establece el organismo encargado de confecci onar la lista. El párrafo 2 del artículo 24 
del proyecto de ley señala que la inscripció n en la lista no es obligatoria. Aparte del 
artículo 9 del proyecto de ley, relativo a la s atribuciones del Organismo de Contratación 
Pública, la lista no se menciona en ninguna otra disposición del proyecto de ley, como 
tampoco se explica qué función desempeñ ará la lista en los procedimientos de 
contratación pública. El párrafo 3 del artí culo IX del ACP dispone que ninguna Parte 
"adoptará o aplicará sistemas de registro o procedimientos de calificación que tengan el 
propósito o el efecto de crear obstáculos i nnecesarios a la participación de proveedores 
de otra Parte en sus contrataciones". 
Sírvanse explicar qué función desempeñar á la "lista de operadores comerciales 
calificados" en los procedimientos de contra tación pública y sírvanse aclarar cómo 
garantizará Moldova que la lista no genere "o bstáculos innecesarios a la participación de 
proveedores de otra Parte" en las contrataciones de Mo ldova. Sírvanse facilitar un 
ejemplar de los reglamentos aprobados por el Gobierno relativos a la "lista de 
operadores comerciales calificados". 
La lista de operadores económicos calificados se prepara de conformidad con el Reglamento sobre 
la preparación, la actualización y el mantenimiento de la lista de operadores económicos 
calificados aprobado por Decisión del Gobierno Nº 78, de 18 de febrero de 2008, que es una lista informativa para las autoridades contratantes. Con todo, los operadores incluidos en la mencionada lista de participantes en los procedimientos de contratación tienen que presentar 
todos los documentos de calificación exigidos en el pliego de condiciones. Se puede decir que la 
lista de operadores económicos calificados es una base de datos con fines solamente informativos. No obstante, la lista tiene por objeto ayudar a las autoridades contratantes a identificar a los 
licitadores potenciales que puedan participar en los distintos procedimientos de contratación. 
El artículo 28 del proyecto de ley se refiere a la "red acción y publicación de la 
invitación para presentar ofertas". El párra fo 2 del artículo 28 del proyecto de ley 
dispone que "[l]a invitación se publicará en el  idioma oficial del país y, en su caso, en 
uno de los idiomas internacionales". El pá rrafo 3 del artículo VII del ACP exige la 
publicación de un resumen del anuncio de la co ntratación prevista en uno de los idiomas 
oficiales de la OMC. 
Sírvanse aclarar en qué circunstancias se  publicará una invitación en un "idioma 
internacional" y qué idioma se utilizará, y sírvanse confirmar que se publicarán 
resúmenes de los anuncios de las contrata ciones previstas de las contrataciones 
abarcadas en uno de los idiomas oficiales de la OMC. 
La invitación para presentar ofertas debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea en uno 
de los idiomas oficiales de la Unión (inglés) en el caso de los contratos cuyo valor estimado sin IVA 
sea igual o superior a 2,3 millones de lei para la contratación pública de bienes y servicios 
y 90 millones de lei para la contratación de obras públicas. 
El párrafo 5 del artículo 34 del proyecto de ley dispone que "si la empresa no 
remite la solicitud de aclaraciones en el plazo fijado a tal efecto, de forma que la 
autoridad contratante no puede respetar los plazos establecidos en el párrafo 4, esta 
última puede optar por no responder". El pá rrafo 4 del artículo 34 del proyecto de ley GPA/ACC/MDA/18 
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  fija los plazos para responder a las solicitudes  de aclaraciones relativas al proceso de 
contratación pública, en  algunos casos de hasta seis (6) días antes de la fecha límite en 
la que deben presentarse las ofertas. El párra fo 10 c) del artículo X del ACP dispone que 
las entidades contratantes procederán con prontitud a "responder a toda solicitud 
razonable de información pertinente presen tada por cualquier proveedor interesado o 
que participe en la licitación, a condición de  que tal información no dé a ese proveedor 
una ventaja respecto de otros proveedores". 
Sírvanse explicar cómo se aplicará el párrafo  5 del artículo 34 del proyecto de ley. En 
particular, sírvanse confirmar que la auto ridad contratante procederá con prontitud a 
"responder a toda solicitud razonable de in formación pertinente" de los proveedores que 
requieran aclaraciones, como se prevé en el párrafo 10 c) del artículo X del ACP. 
El párrafo 2 del artículo 34 del proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Contratación 
Pública Nº 96-XVI de 13 de abril de 2007 estipula los mismos requisitos que el párrafo 10 c) del 
artículo X del Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, mientras que el párrafo 5 del 
artículo 34 del proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Contratación Pública estipula el 
mismo requisito, al advertir a los operadores que deben transmitir sus solicitudes de aclaración oportunamente para evitar las excepciones previstas en el párrafo 2 de ese artículo. 
El artículo 37 del proyecto de ley establece las "[n]orma s relativas a la descripción 
de los bienes, las obras y los servicios" o, para  usar el término del artículo X del ACP, las 
"especificaciones técnicas". El párrafo 3 del artículo 37 del proyecto de ley establece lo 
que deberá incluirse al "preparar las caract erísticas técnicas, los diseños, los dibujos 
técnicos, los proyectos y las descripciones sol icitadas por la autoridad contratante". Los 
apartados a) y b) del párrafo  3 del artículo 37, leídos co njuntamente, parecen indicar 
una preferencia por la "descripción física  de los bienes, las obras o los servicios 
solicitados" frente a "la calidad operativa de l os bienes y la eficiencia de las obras y los 
servicios". En particular, el apartado b) pare ce indicar que la "calidad operativa" debe 
"incluirse" sólo "en el caso de que la descri pción física sea imposible o prevalezcan los 
parámetros de eficiencia". El párrafo 2 a) de l artículo X del ACP dispone que, al definir 
las especificaciones técnicas, la entidad co ntratante "establecerá la especificación 
técnica en función de las propiedades de u so y empleo y de los requisitos funcionales, 
más bien que en función del diseño o de  las características descriptivas ...". 
Sírvanse aclarar si el párrafo 3 del artí culo 37 del proyecto de ley establece una 
preferencia por la "descripción física" frente a la "calidad operativa". Asimismo, sírvanse 
confirmar que el párrafo 3 del artículo 37 de l proyecto de ley permite a las autoridades 
contratantes establecer las especificaciones técnicas en función de las propiedades de 
uso y empleo y de los requisitos funcionales, más bien que en función del diseño o de las 
características descriptivas, como se prevé en  el párrafo 2 a) del artículo X del ACP. 
La descripción física se hace sobre la base de las características técnicas y de la calidad. Las 
autoridades contratantes pueden o bien hacer una descripción física sobre la base de las características técnicas y cualitativas o bien, cuando esto no sea posible, presentar las propiedades de uso y empleo sobre la base de los parámetros de eficiencia. 
El párrafo 8 a) del artículo 37 del proy ecto de ley exige que las autoridades 
contratantes establezcan las especifica ciones técnicas "mediante referencia, 
normalmente en el siguiente orden de priorida d, a las normas nacionales o europeas, las 
homologaciones técnicas nacionales o euro peas, las normas internacionales u otras 
referencias técnicas elaboradas por or ganismos de normalización nacionales o 
europeos ...". El párrafo 2 b) del artículo  X del ACP dispone que las autoridades 
contratantes "basará[n] la[s] especificaci[one s] técnica[s] en norm as internacionales, 
cuando éstas existan o, de lo contrario, en reglamentos técnicos nacionales, en normas nacionales reconocidas o en códigos de construcción". 
Sírvanse explicar cómo se espera aplicar el párrafo 8 a) del artículo 37 del proyecto de 
ley y sírvanse confirmar que las autoridades contratantes definirán las especificaciones 
técnicas de conformidad con las obligaciones pr evistas en el párrafo 2 b) del artículo X 
del ACP. GPA/ACC/MDA/18 
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  Como ya se ha mencionado en el párrafo 7, el proyecto de ley se enmendará para que los 
operadores económicos puedan presentar certificados internacionales, además de los europeos. 
En relación con las licitaciones restring idas, el párrafo 3 del artículo 50 del 
proyecto de ley enumera la información que se debe incluir en el pliego del 
procedimiento de precalificación. El párrafo 4 a) del artículo IX del ACP dispone que, en 
el caso de licitaciones selectivas, la entidad contratante "incluirá en el anuncio de la 
contratación prevista, como mínimo , la información especificada en los apartados a), b), 
f), g), j), k) y l) del párrafo 2 del artículo VII, e invitará a los proveedores a presentar 
una solicitud de participación" (sin cursivas en el original). La lista del párrafo 3 del 
artículo 50 del proyecto de ley parece no in cluir toda la información enumerada en el 
párrafo 4 a) del artículo IX del ACP. 
Sírvanse confirmar que el pliego de precalific ación incluirá toda la información que exige 
el párrafo 4 a) del artículo IX del AC P en el caso de licitaciones selectivas. 
Toda la información relativa al pliego de preselección, prevista en el párrafo 4 a) del artículo IX del 
Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública, figura en el Anexo 3A del proyecto de ley por la 
que se modifica la Ley de Contratación Pública Nº 96-XVI de 13 de abril de 2007, titulado "Invitación a participar en contratos de adquisición pública". 
En relación con la segunda fase del proc edimiento de licitación restringida y de 
licitación basada en un diálogo competitivo,  en el párrafo 3 del artículo 51 y el 
párrafo 29 del artículo 52 del proyecto de ley se enumera la información que debe 
incluirse en la invitación para participar en  la segunda fase y en la invitación para 
presentar una oferta definitiva. Además de l párrafo 4 a) del artículo IX del ACP, 
abordado supra , el párrafo 4 b) del artículo IX  del ACP dispone que la entidad 
contratante "al inicio del plazo previsto para  la presentación de ofertas, a más tardar, 
facilitará como mínimo  la información indicada en los apartados c), d), e), h) e i) del 
párrafo 2 del artículo VII a los proveedores calif icados ..." (sin cursivas en el original). 
Las listas previstas en el párrafo 3 del artícu lo 51 y en el párrafo 29 del artículo 52 del 
proyecto de ley parecen no incluir toda la  información enumerada en los párrafos 4 a) 
y b) del artículo IX del ACP. 
Sírvanse confirmar que las invitaciones pa ra participar en la segunda fase y las 
invitaciones para presentar las ofertas definitivas incluirán toda la información que se 
prevé en el párrafo 4 del artículo IX del ACP. 
La información indicada en los apartados c), d) y e) del párrafo 2 del artículo VII del Acuerdo de 
la OMC sobre Contratación Pública figura en el pliego de condiciones, que está reglamentado por el 
Anexo 3A del proyecto de ley. Sin embargo, para cumplir las disposiciones de los apartados a) y b) 
del párrafo 4 del artículo IX, el proyecto se complementará con reglamentos adicionales. 
El párrafo 1 del artículo 53 del proyecto de ley describe las circunstancias en las 
que las autoridades contratantes pueden ce lebrar negociaciones en los contratos de 
adquisiciones públicas. El apartado a) del pá rrafo 1 del artículo 53 identifica las ofertas 
incorrectas o inaceptables y describe algun os de los procedimientos que deben seguirse 
en tales casos, mientras que los apartados b) , c) y d) identifican otras circunstancias 
especiales. El artículo XII del ACP establec e los procedimientos para las negociaciones y 
las circunstancias limitadas en que éstos pued en seguirse. El párrafo 1 del artículo 53 
del proyecto de ley parece pe rmitir a las autoridades contratantes adjudicar contratos 
de adquisición pública mediante la celebr ación de negociaciones en circunstancias 
distintas de las previstas en el artículo XII del ACP. 
Sírvanse confirmar que las autoridades contratantes adjudicarán contratos de 
adquisición pública mediante la celebración de negociaciones sólo en las circunstancias 
y de conformidad con las prescripciones previstas en el artículo XII del ACP. 
El proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Contratación Pública Nº 96-XVI de 13 de abril 
de 2007 establece los fundamentos jurídicos sobre la base de los cuales se inicia el procedimiento 
de negociación previsto en el artículo XII del Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública. En GPA/ACC/MDA/18 
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  particular, esas disposiciones están abarcadas por el artículo 53 del proyecto de ley, en virtud del 
cual las autoridades contratantes, por un lado, han de  publicar la invitación en la que anuncian su 
intención de celebrar una negociación y, por otro, han de incluir los criterios y requisitos de evaluación en el pliego de condiciones que se entrega a los operadores cuando éstos han 
presentado su oferta. 
En el artículo 53 del proyecto de ley se  establecen los procedimientos para la 
celebración de negociaciones de los contratos de adquisición pública. En el párrafo 2 b) 
del artículo XII del ACP se dispone que las entidades contratantes "al término de las 
negociaciones, concederán a todos los part icipantes que no hayan sido eliminados un 
mismo plazo máximo para presentar oferta s nuevas o revisadas". El artículo 53 del 
proyecto de ley no parece incluir ninguna disposición que admita la presentación de 
ofertas nuevas o revisadas. 
Sírvanse confirmar que, al término de las ne gociaciones de la entidad contratante, se 
concederá a los proveedores participantes la  oportunidad de presentar ofertas nuevas o 
revisadas en un mismo plazo máximo, como se prevé en el párrafo 2 b) del artículo XII 
del ACP. 
El procedimiento de negociación previsto en el proyecto de ley consta de tres etapas. En la 
primera, se efectúa la preselección sobre la base de los documentos de calificación. En la segunda, 
se envía una invitación a los operadores económicos seleccionados en la que se les pide que presenten sus ofertas preliminares, que servirán de base para las negociaciones. En la tercera y última etapa, los operadores económicos presentan su oferta final en los dos días siguientes a la 
última reunión. Por tanto, todos los operadores económicos que participen en las negociaciones 
presentarán su oferta final en el plazo de dos días desde la negociación final, hecho que hay que incluir en el acta de esa negociación. El procedimiento detallado para las negociaciones está 
reglamentado por el Reglamento sobre la nego ciación en materia de contratación pública, 
utilizando el procedimiento negociado aprobado por Decisión del Gobierno Nº 794, de 8 de octubre de 2013. 
El párrafo 4 del artículo 54 del proyec to de ley prevé la celebración de 
negociaciones para contratos de obras y serv icios sin la publicación de un anuncio de 
participación, lo que aparenta ser un proces o de licitación restringida. El artículo XIII 
del ACP estipula que la licitación restring ida se puede convocar en determinadas 
circunstancias. 
Sírvanse identificar qué disposición del artí culo XIII del ACP se corresponde con cada 
una de las situaciones descritas en el párra fo 4 del artículo 54 del proyecto de ley. 
Las disposiciones del artículo XIII del Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública se 
corresponden con las disposiciones del proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Contratación Pública Nº 96-XVI de 13 de abril de 2007, de la siguiente manera: apartado a) 
del párrafo 1 del artículo XIII del Acuerdo → apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 del proyecto 
de ley; apartado b) del párrafo 1 del artículo XIII → apartado c) del párrafo 1 del artículo 54; 
apartado c) del párrafo 1 del artículo XIII → apartado b) del párrafo 2 del artículo 54; apartado d) 
del párrafo 1 del artículo XIII → apartado b) del párrafo 1 del artículo 54; apartado e) del 
párrafo 1 del artículo XIII → apartado c) del párrafo 2 del artículo 54; apartado f) del párrafo 1 del 
artículo XIII → apartado a) del párrafo 2 del artículo 54; apartado g) del párrafo 1 del artículo XIII 
→ apartado d) del párrafo 2 del artículo 54; apartado h) del párrafo 1 del artículo XIII → párrafo 3 
del artículo 54. 
En el artículo 61 del proyecto de ley se establecen las condiciones para la 
presentación de ofertas. El párrafo 6 del ar tículo 61 prevé que no se abrirán las ofertas 
recibidas después del vencimient o del plazo fijado para su presentación. El párrafo 2 del 
artículo XV del ACP prevé que "[l]a entidad contratante no penalizará a los proveedores 
cuyas ofertas se reciban despué s del vencimiento del plazo fijado para la recepción de 
ofertas, cuando el retraso sea exclusivamen te imputable a negligencia de la entidad". GPA/ACC/MDA/18 
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  Sírvanse confirmar que el artículo 61 del pr oyecto de ley permite la apertura de las 
ofertas recibidas fuera de plazo cuando el retraso sea imputable a la autoridad 
contratante. 
En la invitación a participar se indican expresamente  el lugar y la fecha para la presentación de las 
ofertas, por lo que queda prácticamente descartada la posibilidad de un error por parte de la 
autoridad contratante. Sin embargo, en los casos en que se dé esa circunstancia, la oferta presentada con demora no puede considerarse que ha sido recibida a tiempo y la falta de la 
autoridad contratante se considera un error de procedimiento; en consecuencia, el procedimiento 
se anula y se repite para que cada operador económico se beneficie del derecho a presentar su oferta en el marco del procedimiento. 
El párrafo 5 del artículo 66 del proyec to de ley prevé que una oferta puede 
rechazarse por ofrecer un precio anormalmente bajo si el licitador se beneficia de ayuda 
del Estado y "el licitador no puede probar ... que la ayuda del Estado ha sido legalmente 
concedida". El párrafo 6 del artículo XV del ACP dispone que, en el caso de recibir una 
oferta con un precio anormalmente bajo, la entidad contratante "podrá verificar con el 
proveedor que éste reúne las condiciones de participación y tiene capacidad para 
cumplir lo estipulado en el contrato". El  párrafo 6 del artículo XV del ACP no hace 
referencia a la concesión de ayuda por parte del Estado ni a la legalidad de esta ayuda. 
Sírvanse aclarar el significado de la expr esión "ayuda del Estado" mencionada en el 
párrafo 5 del artículo 66 del proyecto de ley. En el contexto del párrafo 5 del artículo 66, 
¿se limita la "ayuda del Estado" a la ayuda proporcionada por Moldova o sus organismos 
gubernamentales o incluiría dicha expresió n también la ayuda o las subvenciones 
concedidas por otros Miembros de la OMC a los proveedores en su propio territorio? 
¿En qué circunstancias se consideraría que la  "ayuda del Estado" no se ha "concedido 
legalmente" a los efectos del párrafo 5 del artículo 66? 
Las disposiciones del artículo 66 del proyecto de ley serán aplicables a todos los participantes en el 
procedimiento de contratación pública, incluidos los operadores económicos de los países 
Miembros de la OMC. La determinación de las circunstancias relativas a la concesión de ayuda 
ilegal del Estado será competencia del organismo facultado legalmente para ello. 
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