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14 de enero de 2015  
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Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  Original: inglés  
 
  LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
RESPUESTAS DE TAILANDIA 
Procedimientos y recursos civiles y ad ministrativos (preguntas 1 a 14) 
1.  Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia. 
Las diferencias relativas a infracciones de los derechos de propiedad intelectual son competencia 
del Tribunal Central de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional (CIPIT) y el Tribunal Supremo (División de Propiedad Intelectual y Comercio Internacional). El CIPIT actúa como tribunal de primera instancia y el Tribunal Supremo entiende en apelación. 
2.  ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad 
intelectual? ¿Cómo pueden estar representa das esas personas? ¿Hay disposiciones que 
prescriban la comparecencia personal obligatoria  de los titulares de los derechos ante el 
tribunal? 
Con arreglo al artículo 55 del Código de Procedimiento Civil B.E. 2477 (1934), los titulares de los 
derechos o sus representantes autorizados mediante poder notarial están legitimados para hacer 
valer derechos de propiedad intelectual. La comparecencia personal de los titulares de los 
derechos ante el tribunal no es obligatoria si existe un poder notarial. 
3.  ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte cont raria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control? 
Para garantizar la oportunidad, la agilidad y la equidad de los procedimientos, y a reserva de la 
aprobación del Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente del Tribunal Central de la Propiedad 
Intelectual y del Comercio Internacional está facultado para dictar normas relativas a los 
procedimientos y examinar pruebas siempre que no se menoscabe el derecho de defensa de un acusado en un caso penal. El Tribunal podrá recabar la comparecencia de personas entendidas o 
expertos para estudiar sus opiniones. Cuando no existan disposiciones ni normas al respecto, se 
aplicarán, mutatis mutandis,  las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, el Código de 
Procedimiento Penal o la Ley para el establecimiento de un tribunal municipal (kwaeng) y su Código de Procedimiento Penal  (Ley para el establecimiento y el procedimiento del Tribunal de la 
Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional B.E. 2539 (1996) (artículos 26, 30 y 31)). 
4. ¿Qué medios se prevén para identifica r y proteger la información confidencial 
aportada como prueba? 
En los casos en que corresponda, o a los efectos de  proteger los derechos de propiedad intelectual 
o de prevenir los daños que puedan ocasionarse a las actividades comerciales internacionales de una parte, si lo solicita una parte o si el tribunal considera inadecuado divulgar en todo o en parte 
los hechos o las circunstancias de un asunto, el tribunal podrá dictar una orden conducente a: 
1) Prohibir que el público esté presente durante la totalidad o una parte de la audiencia, 
y celebrar la audiencia a puerta cerrada, o 
                                               
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  2) prohibir la publicación de tales hechos o circunstancias. 
Tanto si el tribunal dicta una orden de ese tipo como si no, la orden o la sentencia del tribunal que 
entienda en el asunto se leerá en sesión pública, y no se considerará ilegal la publicación total o parcial de la orden o la sentencia, o de un resumen imparcial y fidedigno de estas (regla 24 del 
Reglamento para casos relacionados con la propiedad intelectual y el comercio internacional 
B.E. 2540 (1997)). 
Lo anterior debe leerse junto con el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil B.E. 2477 
(1934), que establece que la audiencia se celebrará en presencia de las partes y será abierta al 
público, salvo en circunstancias especiales; en las que podría celebrarse a puerta cerrada. No se divulgará la totalidad o una parte de los hechos o las circunstancias de una causa cuando ello no sea apropiado. 
5.  Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, le gislativos o jurisprudenciales, sobre su 
utilización. 
Mandamientos judiciales 
Conforme al artículo 65 de la Ley de Derecho de Autor B.E. 2537 (1994) , si hay pruebas 
explícitas de que una persona está cometiendo o se dispone a cometer una acción infractora de 
derechos de autor o de derechos de artista intérp rete o ejecutante, el titular de esos derechos 
podrá solicitar al tribunal que dicte un mandamiento para que la persona ponga fin a esa acción o se abstenga de cometerla. 
Conforme al párrafo 1, el mandamiento judicial se entiende sin perjuicio del derecho del titular de 
los derechos de autor o de los derechos de artista intérprete o ejecutante a reclamar una 
indemnización para compensar el daño que haya sufrido al amparo del artículo 64. 
Conforme al artículo 116 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio B.E. 2534 (1991) , 
si hay pruebas claras de que alguien está cometiendo o se dispone a cometer una acción prevista 
en los artículos 108, 109 ó 110, el titular de la marca de fábrica o de comercio, la marca de servicio, la marca de certificación o la marca colectiva podrá solicitar al tribunal que ponga fin a 
esa acción o impida su comisión. 
Conforme al artículo 77 bis de la Ley de Patentes B.E. 2522 (1979) , si hay pruebas claras de 
que una persona está cometiendo o se dispone a cometer una acción infractora de los derechos del titular de una patente o pequeña patente establecidos en los artículos 36, 63 y 65 decies y 36, el 
titular de esos derechos podrá solicitar al tribunal que ordene a esa persona que ponga fin a esa 
infracción o se abstenga de cometerla. La orden del tribunal no impedirá al titular de la patente o la pequeña patente reclamar una indemnización por el daño que haya sufrido al amparo del 
artículo 77 ter. 
Conforme al artículo 8 de la Ley de Secretos Comerciales B.E. 2545 (2002) , si hay pruebas 
claras de que se ha cometido una infracción de los secretos comerciales, o de que dicha infracción 
es inminente, el propietario de los secretos comerciales afectado o que vaya a verse afectado de 
forma inminente tiene a su disposición las siguientes medidas: 
1)  Solicitar al tribunal un mandamiento provisional para impedir temporalmente la 
infracción de los secretos comerciales, y 
2)  emprender una acción ante el tribunal para que dicte un mandamiento permanente 
por el cual cese definitivamente la infracción de los secretos comerciales y reclamar al infractor una indemnización por el daño que haya sufrido. 
La solicitud descrita en el punto 1) podrá presen tarse antes de emprender las acciones previstas 
en el punto 2). 
Las disposiciones anteriores deben leerse junto con las reglas 12 y 13 del Reglamento para 
casos relacionados con la propie dad intelectual y el comercio internacional B.E. 2540 IP/N/6/THA/1 
 
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  (1997) . En una solicitud de orden judicial presentada con arreglo al artículo 65 de la Ley de 
Derecho de Autor B.E. 2537, el artículo 77 bis de la Ley de Patentes B.E. 2522, el artículo 116 de la 
Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio B.E.2534, o en virtud de otros instrumentos jurídicos sobre propiedad intelectual, se harán constar los hechos que demuestren la existencia de una 
presunción de infracción, así como motivos suficientes para que el tribunal considere adecuado 
dictar una orden de ese tipo. La solicitud debe incluir también una declaración que confirme los hechos, efectuada por una persona que haya sido testigo de la causa de la solicitud, que la 
justifique. Así, se accederá a la solicitud si: 
1) hay motivos razonables que justifican la solicitud y el momento en que se presenta, 
además de razones suficientes para acceder a ella, y 
2) la naturaleza del daño sufrido por el solicitante es tal que no se puede reparar con 
medidas pecuniarias ni con ninguna otra forma de indemnización, o el eventual demandado no 
está en condiciones de compensar el daño al so licitante, o podría resultar difícil ejecutar 
posteriormente la sentencia contra el eventual demandado. 
Durante el examen de la solicitud, el tribunal tendrá  en cuenta el equilibrio entre la magnitud del 
daño que podrían sufrir una y otra parte. 
Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto 
de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados 
En caso de infracción de derechos de autor o de  derechos de artista intérprete o ejecutante, el 
tribunal está facultado para ordenar al infractor que indemnice al titular de esos derechos por daños y perjuicios por el importe que el tribunal considere adecuado teniendo en cuenta la 
gravedad del daño, con inclusión de la pérdida de beneficios y los gastos necesarios que entrañaría 
la observancia de los derechos de autor o los derechos de artista intérprete o ejecutante para el titular de los mismos (artículo 64 de la Ley de Derecho de Autor B.E. 2537 (1994)). 
En los casos relacionados con marcas de fábrica o de comercio, el tribunal determinará el tipo y la 
magnitud de la indemnización atendiendo a las circunstancias y la gravedad del acto ilícito. La indemnización puede incluir la restitución de la propiedad de la que se privó indebidamente a la 
persona perjudicada o del valor de la misma, así como los daños y perjuicios ocasionados 
(artículo 438 del Código Civil y Mercantil B.E. 2468 (1925)). 
En caso de infracción de los derechos del titu lar de una patente o pequeña patente, el tribunal 
puede ordenar al infractor que resarza al titular de la patente o pequeña patente de los daños y 
perjuicios causados por el importe que el tribunal considere adecuado teniendo en cuenta la 
gravedad del daño, con inclusión de la pérdida de beneficios y los gastos necesarios que entrañaría la observancia de los derechos del titular de la patente o pequeña patente (artículos 36, 63, 
65decies y 77ter de la Ley de Patentes B.E. 2522 (1979)). 
En los casos sobre secretos comerciales, al determinar los daños y perjuicios, el tribunal puede 
hacer lo siguiente: 
1) Además de los daños y perjuicios correspondientes al daño realmente sufrido incluir 
en los daños y perjuicios otorgados al demandante el monto de los beneficios devengados por el infractor a causa de la infracción, o en relación con la misma. 
2) Ordenar que se concedan al propietario de los secretos comerciales daños y perjuicios 
por el importe que considere adecuado, en caso de que no pudiese cuantificar los daños y 
perjuicios con arreglo al punto 1). 
3) Ordenar al infractor que abone daños y perjuicios punitivos, además del importe 
concedido en virtud de los puntos 1) y 2), en caso de que haya pruebas claras de que la infracción 
de los secretos comerciales se cometió deliberada o dolosamente y provocó que los secretos comerciales dejasen de ser secretos. No obstante, los daños y perjuicios punitivos no superarán 
dos veces el importe de los daños y perjuicios con arreglo a los puntos 1) y 2) (artículos 8 2) y 13 
de la Ley de Secretos Comerciales B.E. 2545 (2002)). IP/N/6/THA/1 
 
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  Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las 
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción 
En virtud del artículo 75 de la Ley de Derecho de Autor B.E. 2537 (1994) , todos los artículos 
fabricados o importados en el Reino que constituyan una infracción de derechos de autor o de 
derechos de artista intérprete o ejecutante, en el sentido de la Ley de Derecho de Autor, y que 
sigan en posesión del infractor pertenecerán al titular de los derechos de artista intérprete o ejecutante, y se decomisará la totalidad de los artículos utilizados para la comisión de la infracción. 
Según el artículo 115 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio B.E. 2534 (1991) , 
deben confiscarse todas las mercancías que se importen o posean con fines de distribución en infracción de la Ley, aunque no se ha ya condenado a nadie por esa infracción. 
Conforme al artículo 77 quater de la Ley de Patentes B.E. 2522 (1979) , deben confiscarse 
todas las mercancías que obren en poder del infractor e infrinjan los derechos del titular de una 
patente o pequeña patente. El tribunal puede ordenar la destrucción de las mercancías u otras medidas para evitar que sigan distribuyéndose. 
Con arreglo al artículo 8 2) y a los párrafos 3 y 4 de l artículo 11 de la Ley de Secretos 
Comerciales B.E. 2545 (2002) , en el marco de una acción encaminada a obtener un 
mandamiento judicial, el propietario de los secretos comerciales puede solicitar al tribunal que 
ordene la destrucción o la confiscación de los materiales, aparatos, herramientas u otros equipos 
utilizados en una infracción de secretos comerciale s. Los productos fabricados en la infracción de 
secretos comerciales y que sigan en posesión del infractor se transferirán al Estado o al propietario de los secretos comerciales, según disponga el tribunal. Si la posesión de esos productos fuese 
ilegal, el tribunal podría ordenar su destrucción. 
En virtud de los artículos 43 6), 44 y 45 de la Ley de Normas Agrícolas B.E. 2551 (2008) , 
con respecto a los productos agrícolas confiscados por el funcionario competente, el Comité de 
Normas Agrícolas puede hacer lo siguiente: 
1) si no se ha otorgado un certificado de norma voluntaria al productor, exportador o 
importador, pero este utiliza o apone indebidamente una marca de certificación de norma 
voluntaria, el Comité puede ordenar que se modifique o reacondicione el producto agrícola en 
cuestión para que sea conforme a la norma voluntaria, o que se destruya la marca de certificación o se retire del producto agrícola. Si la marca no se puede destruir o retirar del producto, el Comité 
puede ordenar la destrucción del producto; 
2) si no se ha otorgado un certificado de norma obligatoria al productor, exportador o 
importador para los productos agrícolas con arreglo al reglamento ministerial pertinente, el Comité puede ordenar la destrucción de los productos agrícolas, o, en caso de importación, el Comité 
puede ordenar su devolución o esperar a que el productor, exportador o importador solicite el 
certificado de norma obligatoria, según proceda. El productor, exportador o importador deberá 
correr con los gastos ocasionados por la modificación, reacondicionamiento, destrucción o 
devolución del producto o por la espera hasta la concesión del certificado de norma obligatoria, o 
por la destrucción o retiro de la marca de certificación de norma voluntaria. 
Si el propietario de los productos o artículos agrícolas confiscados no los reclama en un plazo de 
90 días, o el fiscal dicta orden definitiva de no pr esentación de una demanda, o el tribunal decide 
no incautarse de esos artículos; y el propietario no ha solicitado su devolución dentro de los 
90 días siguientes a la fecha de acuse de recibo de la orden definitiva de no presentación de una demanda, o de la fecha en que el tribunal dicte sentencia definitiva, o de la fecha en que se 
notifique que no se ha presentado demanda alguna, la propiedad de los artículos pasará al Estado 
y será administrada por las autoridades según convenga. 
Si los artículos confiscados son perecederos, o su posesión puede suponer algún riesgo de daño u 
ocasionar gastos superiores a su valor, las autoridades pueden organizar una subasta pública 
incluso antes de que se cierre la causa, y se retendrá el producto neto de la venta, tras deducir los gastos y otras cargas, en lugar de los artículos. IP/N/6/THA/1 
 
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  6.  ¿En qué circunstancias está n, en su caso, las autoridade s judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular de l derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trat a de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución? 
En interés de la justicia, el tribunal, a instancia de parte o de oficio, puede ordenar a las partes 
que proporcionen y presenten las pruebas en su po der, siempre que esas pruebas sean necesarias 
para esclarecer alguna cuestión importante del asunto (regla 39 del Reglamento para casos 
relacionados con la propiedad intelectual y el comercio internacional B.E. 2540 (1997)). 
7.  Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son 
responsables las autoridades y/o funciona rios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables? 
Si se concede un mandamiento precautorio, deben tenerse en cuenta los perjuicios que podría 
sufrir el eventual demandado. El tribunal puede ordenar al solicitante que aporte una fianza para 
cubrir esos perjuicios durante el plazo, por el importe y en las condiciones que el tribunal considere adecuados (regla 15 del Reglamento para casos relacionados con la propiedad 
intelectual y el comercio internacional B.E. 2540 (1997)). 
8.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
Con arreglo al artículo 27 de la Ley para el establecimiento y el procedimiento del Tribunal de la 
Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional B.E. 2539 (1996), el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional ha de celebrar la audiencia sin interrupciones hasta su 
conclusión, salvo en caso de necesidad ineludible. Una vez concluida la audiencia, el Tribunal 
dictará sentencia o una orden sin dilación. 
En los cuadros 1 y 2 anexos al Código de Procedimiento Civil B.E. 2477 (1934) figuran las costas 
judiciales y otras tasas del procedimiento civil. Las costas varían en función del tipo y el importe 
de la indemnización reclamada. En la práctica, los procedimientos no suelen durar más de un año. 
9.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las preguntas anteriores en relación con 
los procedimientos administrativos referentes  al fondo de un caso y con los remedios 
que puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos. 
En virtud del artículo 72 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio B.E. 2534 , el 
encargado del registro puede anular la inscripción de un acuerdo de licencia si lo solicitan 
conjuntamente el titular de la marca de fábrica o de comercio y el licenciatario y si se puede 
probar que el acuerdo ha expirado. 
Cualquier persona interesada o el encargado del registro podrá solicitar a la Junta de Marcas de 
Fábrica o de Comercio que anule la inscripción de un acuerdo de licencia de una marca de fábrica o 
de comercio si se demuestra lo siguiente: 
1) que el titular de la licencia ha usado la marca de fábrica o de comercio de forma tal 
que se ha inducido a confusión o error al público, o que ese uso es contrario al orden público, la 
moralidad o a la política general pública, o 
2) que el titular de la marca de fábrica o de comercio ya no puede ejercer un control 
efectivo sobre la calidad de los productos sujetos a licencia. 
La anulación de las licencias de marcas de fábrica o de comercio con arreglo a este artículo deberá 
respetar las normas y procedimientos establecidos en el reglamento ministerial correspondiente. IP/N/6/THA/1 
 
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  En el artículo 77 de la Ley de Derecho de Autor B.E. 2537 (1994)  se faculta al Director 
General del Departamento de Propiedad Intelect ual para imponer multas por la comisión de 
infracciones de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69 y el párrafo 1 del artículo 70. 
Conforme al artículo 43 de la Ley de Protección de  las Indicaciones Geográficas B.E. 2546 
(2003) , las infracciones pueden repararse mediante multa impuesta por el Director General del 
Departamento de Propiedad Intelectual. 
Con arreglo a los artículos 46, 47, 47 bis, 49 y 50 de la Ley de Patentes B.E. 2522 (1979) , 
en cualquier momento, después de transcurridos tres  años desde la fecha de otorgamiento de una 
patente, o cuatro desde la fecha de la solicitud,  si este último plazo resulta mayor, cualquier 
persona puede solicitar una licencia al Director General del Departamento de Propiedad Intelectual si en el momento de presentar dicha solicitud aparentemente el titular de la patente ha dejado de 
ejercer sus derechos legítimos injustificadamente de la siguiente manera: 
1) el producto patentado no se produce o el procedimiento patentado no se aplica en el 
país, sin que existan razones legítimas para ello; o 
2) en el mercado interno no se vende ningún producto producido en virtud de la patente, 
o sí se vende pero a precios excesivamente elevados o no satisface la demanda del público, sin que existan razones legítimas para ello. 
Tanto si se trata de una solicitud en el marco del punto 1) como si se trata de una en el marco del 
punto 2), el solicitante de una licencia debe demostrar que ha intentado obtener la licencia del titular de la patente y que las condiciones y la remuneración propuestas han sido razonablemente suficientes dadas las circunstancias, pero que no ha podido alcanzar un acuerdo en un plazo 
prudencial. 
Igualmente, cuando la explotación de una reivindicación que figure en una patente pueda infringir 
una reivindicación que figure en la patente de otra persona, el titular de la patente que desee 
explotar su propia patente podrá solicitar al Director General una licencia respecto de la patente de 
la otra persona, de conformidad con los criterios que figuran en el artículo 47 de la Ley de Patentes. 
Asimismo, cuando la explotación de una reivindicación que figure en una patente respecto de la 
que se haya obtenido una licencia con arreglo a los puntos 1) y 2) pueda infringir una reivindicación que figure en la patente de otra pe rsona, el solicitante de la licencia podrá solicitar 
al Director General una licencia respecto de la patente de la otra persona de conformidad con los 
criterios que figuran en el artículo 47 bis. 
Cuando se presente una solicitud de licencia en las circunstancias citadas, el funcionario 
competente podrá pedir al solicitante, al titular de la patente o al licenciatario exclusivo que 
declaren ante él o que le entreguen algún do cumento o cualquier otro elemento. Una vez la 
solicitud haya sido examinada por el funcionario competente y el Director General haya tomado una decisión, se notificará la decisión al solicitante, al titular de la patente o al licenciatario 
exclusivo. La decisión es recurrible ante la Junta de ntro de los 60 días siguientes a la fecha en que 
se reciba la notificación. Cuando el Director General decida otorgar una licencia al solicitante, fijará la cuantía de la regalía, las condiciones de explotación de la patente y las restricciones aplicables a los derechos del titular de la patente y el licenciatario exclusivo según lo convenido el titular de la 
patente y el solicitante. Si las partes no han alcanzado un acuerdo en el plazo establecido por el 
Director General, este fijará la cuantía de la regalía, las condiciones y las restricciones que considere adecuadas con sujeción a los siguientes requisitos: 
1) el alcance y la duración de la licencia no se extenderán más allá de lo necesario, 
según las circunstancias; 
2) el titular de la patente tendrá derecho a otorgar otras licencias; 
3) el licenciatario no tendrá derecho a ceder la licencia a otras personas, salvo con 
aquella parte de la empresa o de su activo intangible que esté contemplada en la licencia; IP/N/6/THA/1 
 
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  4) la licencia se otorgará principalmente para abastecer el mercado interno; 
5) la remuneración definida será adecuada a las circunstancias del caso. 
La decisión del Director General es recurrible ante la Junta dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha de su recepción. 
10.  Sírvanse describir los tipos de medi das provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad. 
Conforme al artículo 65 de la Ley de Derecho de Autor B.E. 2537 (1994) , si hay pruebas 
explícitas de que una persona está cometiendo o se dispone a cometer una acción infractora de derechos de autor o de derechos de artista intérp rete o ejecutante, el titular de esos derechos 
podrá solicitar al tribunal que dicte un mandamiento para que la persona ponga fin a esa acción o 
se abstenga de cometerla. El mandamiento judicial  se entiende sin perjuicio del derecho del titular 
de los derechos de autor o de los derechos de artista intérprete o ejecutante a reclamar una indemnización para compensar el daño que haya sufrido al amparo del artículo 64. 
Conforme al artículo 116 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio B.E. 2534 (1991) , 
si hay pruebas claras de que alguien está cometiendo o se dispone a cometer una acción prevista en los artículos 108, 109 ó 110 de esa Ley (es decir, la falsificación o imitación de una marca de 
fábrica o de comercio, marca de servicio, marca de certificación o marca colectiva; la importación, 
distribución o posesión para su distribución de productos que lleven una marca falsificada o imitada; el suministro de un servicio con una marca falsificada o imitada), el titular de la marca de fábrica o de comercio, la marca de servicio, la marca de certificación o la marca colectiva podrá 
solicitar al tribunal que ponga fin a esa acción  o impida su comisión. 
Conforme al artículo 77 bis de la Ley de Patentes B.E. 2522 (1979) , si hay pruebas claras de 
que una persona está cometiendo o se dispone a cometer una acción infractora de los derechos del 
titular de una patente o pequeña patente establecidos en los artículos 36, 63 y 65 decies de esa 
Ley, el titular de esos derechos podrá solicitar al tribunal que ordene a esa persona que ponga fin a esa infracción o se abstenga de cometerla. La orden del tribunal no impedirá al titular de la 
patente o la pequeña patente reclamar una indemnización por el daño que haya sufrido al amparo 
del artículo 77 ter. 
Conforme al artículo 8 de la Ley de Secretos Comerciales B.E. 2545 (2002) , si hay pruebas 
claras de que se ha cometido una infracción de los secretos comerciales, o de que dicha infracción 
es inminente, el propietario de los secretos comerciales afectado o que vaya a verse afectado de 
forma inminente tiene a su disposición las siguientes medidas: 
1) solicitar al tribunal un mandamiento provisional para impedir temporalmente la 
infracción de los secretos comerciales, y 
2) emprender una acción ante los tribunales para que dicten un mandamiento 
permanente por el cual cese definitivamente la infracción de los secretos comerciales y reclamar al 
infractor una indemnización por el daño que haya sufrido. 
La solicitud descrita en el punto 1) podrá presen tarse antes de emprender las acciones previstas 
en el punto 2). 
11.  ¿En qué circunstancias puede orde narse la adopción de esas medidas inaudita 
altera parte ? 
El Tribunal puede adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte en caso de extrema 
urgencia, de conformidad con las disposiciones de los artículos 266 y 267 del Código de 
Procedimiento Civil B.E. 2477 (1934). 
12.  Sírvanse describir el procedimiento princi pal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y IP/N/6/THA/1 
 
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  especialmente los plazos pertin entes y las medidas de salvaguardia para proteger los 
intereses legítimos del demandado. 
Las reglas 12 a 19 del Reglamento para casos relacionados con la propiedad intelectual y el 
comercio internacional B.E. 2540 (1997) establecen todo el procedimiento aplicable a las medidas 
provisionales como sigue: 
Regla 12 
En una solicitud de orden judicial presentada con arreglo al artículo 65 de la Ley de Derecho de 
Autor B.E. 2537, el artículo 77 bis de la Ley de Patentes B.E. 2522, el artículo 116 de la Ley de 
Marcas de Fábrica o de Comercio B.E. 2534, o en virtud de otros instrumentos jurídicos sobre propiedad intelectual, se deben hacer constar los hechos que demuestren la existencia de una presunción de infracción, así como motivos suficientes para que el tribunal considere adecuado 
dictar una orden de ese tipo. La solicitud debe incluir también una declaración que confirme los 
hechos, efectuada por una persona que haya sido testigo de la causa de la solicitud, que la justifique. 
Regla 13 
Al examinar la solicitud presentada en virtud de la regla 12, el tribunal accederá a la solicitud si: 
1) hay motivos razonables que justifican la solicitud y el momento en que se presenta, además de 
razones suficientes para acceder a ella y 2) la naturaleza del daño sufrido por el solicitante es tal 
que no se puede reparar con medidas pecuniarias ni con ninguna otra forma de indemnización, o el eventual demandado no está en condiciones de  compensar el daño al solicitante, o podría 
resultar difícil ejecutar posteriormente la sent encia contra el eventual demandado. Durante el 
examen de la solicitud, el tribunal tendrá en cuenta el equilibrio entre la magnitud del daño que 
podrían sufrir una y otra parte. Si el tribunal dicta una orden por la que se desestima la solicitud, esa orden será definitiva. 
Regla 14 
Si el tribunal accede a la solicitud en virtud de la regla 13, deberá notificarlo al eventual 
demandado sin demora. 
La orden prevista en el párrafo 1 será inmediatamente vinculante para el eventual demandado, 
aun cuando no se le haya notificado. 
Regla 15 
Si el tribunal accede a la solicitud en virtud de la regla 13, teniendo en cuenta los perjuicios que 
podría sufrir el eventual demandado el tribunal ordenará al solicitante que aporte una fianza para 
cubrir esos perjuicios durante el plazo, por el importe y en las condiciones que el tribunal considere adecuados. 
Regla 16 
Si el tribunal accede a la solicitud en virtud de la regla 13, el demandado podrá solicitar al tribunal 
que revoque o modifique las medidas provisionales de  protección. La orden judicial por la que se 
revoquen o modifiquen las medidas provisionales de protección será definitiva. Dentro de los 
30 días siguientes a la fecha en la que el tribunal dicte esa orden, se puede solicitar al tribunal que ordene al solicitante compensar los perjuicios. Si después de efectuar una indagación, el tribunal concluye que la orden por la se concedieron las medidas provisionales de protección que han sido 
revocadas o modificadas se dictó debido a una mala interpretación del tribunal, por culpa o 
negligencia del solicitante, según la cual había motivos para actuar contra el demandado o razones suficientes para conceder esas medidas provisionales, el tribunal podrá ordenar al solicitante que 
indemnice al demandado por el importe que el tribunal considere adecuado. Si el solicitante 
incumple esa orden, el tribunal podrá ejecutarla como si el solicitante fuera un deudor judicial. IP/N/6/THA/1 
 
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  Regla 17 
Si el tribunal accede a la solicitud en virtud de la regla 13 pero el solicitante no entabla ninguna 
acción en relación con la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se accedió a ella, o en el plazo establecido por el tribunal, la s medidas provisionales caducarán. En ese caso, el 
demandado dispondrá de 30 días desde la fecha en que las medidas se consideren caducadas para 
solicitar al tribunal una orden que obligue al solicitante a indemnizarle por los perjuicios con arreglo al importe que el tribunal considere adecuado. Si el solicitante incumple esa orden, el 
tribunal podrá ejecutar la orden como si el solicitante fuera un deudor. 
Regla 18 
Si el tribunal accede a la solicitud en virtud de la regla 13 y se entabla una acción en relación con 
la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se accedió a ella, o en el plazo 
establecido por el tribunal, las medidas provisionales otorgadas o modificadas de acuerdo con la 
regla 16 seguirán vigentes, a menos que el tribunal dicte una orden de revocación o modificación de las medidas a petición del demandad o. En ese caso, serán de aplicación, mutatis mutandis, los 
artículos 260, 261 y 263 del Código de Procedimiento Civil . 
Regla 19 
Las disposiciones relativas a los procedimientos a puerta cerrada y la prohibición de publicación, 
establecidas en la regla 24, y a la declaración de testigos por videoconferencia, establecidas en la 
regla 32, se aplicarán, mutatis mutandis, a los procedimientos contemplados en la regla 13 y las 
reglas 15 a 18.  
13.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
Con referencia a los artículos 266 y 267 del Código de Procedimiento Civil B.E. 2477 (1934) y al 
artículo 27 de la Ley para el establecimiento y el procedimiento del Tribunal de la Propiedad 
Intelectual y del Comercio Internacional B.E. 2539 (1996), el Tribunal de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional ha de celebrar la audiencia sin interrupciones hasta su conclusión, 
salvo en caso de necesidad ineludible. Una vez concluida la audiencia, el Tribunal dictará sentencia 
o una orden sin dilación. Los procedimientos exigen el pago de tasas de presentación de escritos y en algunos casos la aportación de fianzas o garantías (artículo 98 de la Ley de Aduanas B.E. 2469). 
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las preguntas anteriores en relación con 
las medidas provisionales administrativas. 
En el artículo 67 de la Ley de Derecho de Autor B.E. 2537 (1994) se faculta a los funcionarios 
autorizados conforme al Código Penal para: 
1) entrar en el edificio, oficina, fábrica o almacén de cualquier persona desde el 
amanecer hasta el atardecer o durante el horario laboral de ese lugar o entrar en un vehículo para 
registrar o examinar las mercancías cuando haya sospechas razonables de que se ha cometido una 
infracción en el marco de esta Ley, 
2) confiscar o decomisar documentos o materiales relacionados con la infracción, con 
miras a incoar un procedimiento, cuando haya sospechas razonables de que se ha cometido una 
infracción en el marco de esta Ley, 
3) ordenar a cualquier persona que testifique o presente libros de contabilidad, 
documentos u otras pruebas, cuando haya sospechas razonables de que ese testimonio, esos 
libros de contabilidad, esos documentos u otras pruebas serán útiles para determinar los hechos o 
como pruebas para demostrar la comisión de una infracción en el marco de esta Ley. 
Los solicitantes de medidas provisionales en el marco de un procedimiento administrativo no están 
obligados a pagar ninguna tasa. IP/N/6/THA/1 
 
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  Prescripciones especiales relacionadas con la s medidas en frontera (preguntas 15 a 19) 
15.  Sírvanse indicar respecto de qué merc ancías puede solicitarse la suspensión por 
las autoridades aduaneras de su despacho para  libre circulación, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio  falsificadas o las mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de 
página al artículo 51). Sírvanse indicar, j untamente con los criter ios pertinentes, las 
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, 
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ). ¿Es aplicable 
el procedimiento a las importaciones de merc ancías colocadas en el mercado de otro 
país por el titular del derecho o con su consen timiento y a las mercancías destinadas a la 
exportación? 
Con arreglo a las notificaciones y reglamentos del Ministerio de Comercio sobre la exportación e 
importación de mercancías en el Reino de Tailandia, los derechos de propiedad intelectual 
protegidos por las aduanas son el derecho de marcas de fábrica o de comercio y el derecho de autor. Por tanto, los titulares de derechos pueden solicitar a las autoridades aduaneras la 
suspensión de cualquier exportación e importación de mercancías que infrinja las marcas de 
fábrica o de comercio y los derechos de autor. Las medidas en frontera no se aplicarán a las mercancías transportadas o enviadas por un particular, en cantidades razonables, para uso propio. 
El control de aduanas y las medidas en frontera no se aplican aún al tránsito y el transbordo de 
mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual. 
16.  Sírvanse describir los principales el ementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, 
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los 
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas 
prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han 
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía  equivalente), 56 (indemnización al 
importador y al propietario de las merc ancías) y 57 (derecho de inspección e 
información)? 
Cualquier titular de un derecho que inicie procedimientos con el objeto de que las autoridades 
aduaneras suspendan el despacho para libre circulación de mercancías sospechosas de ser 
mercancías de marca de fábrica o de comercio fa lsificadas o mercancías pirata que lesionan el 
derecho de autor debe presentar pruebas e información suficientes que permitan sospechar la 
existencia de una infracción del derecho de propiedad intelectual del titular para que las 
autoridades aduaneras procedan a esa suspensión. El requisito de presentar información no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos. 
Las autoridades aduaneras también exigirán al titular del derecho que inicie procedimientos 
encaminados a suspender el despacho de mercancías sospechosas de ser mercancías de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, que aporte una garantía para proteger al demandado y a las autoridades competentes y evitar abusos. 
17.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. ¿C uál es el período de valide z de las decisiones de las 
autoridades competentes por las que se suspen de el despacho de las mercancías para 
libre circulación? 
No hay costos. El titular del derecho debe solicitar la suspensión del despacho de las mercancías 
dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de las autoridades aduaneras. La suspensión 
durará 10 días y podrá prorrogarse otros 10. 
18.  ¿Están obligadas las autoridades competen tes a actuar por propia iniciativa y, en 
tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposi ciones especiales aplicables a la actuación 
de oficio? IP/N/6/THA/1 
 
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  Las autoridades competentes están autorizadas para iniciar medidas en frontera de oficio, sin 
requerir solicitud formal de un particular o del titular del derecho. Dichas medidas se aplicarán cuando existan razones para creer o sospechar que las mercancías que se están importando o exportando son falsificadas o pirata. 
19.  Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades competentes y los crit erios que regulen su aplicación. 
El artículo 25 de la Ley de Aduanas B.E. 2469 (1926) establece que todas las mercancías o 
artículos confiscados con arreglo a esa Ley se entregarán al funcionario competente de aduanas 
para su custodia. Si ese funcionario no estuviese a una distancia razonable, se entregarán en el 
Amphoe  (distrito) más cercano, donde se custodiarán en nombre de aduanas. Todas las 
mercancías confiscadas o decomisadas con arreglo a esa Ley o a otras leyes relacionadas con las 
aduanas serán apartadas de los circuitos de conformidad con las instrucciones del Director 
General. 
Si las mercancías confiscadas son perecederas o su posesión supone riesgo de daño, o los costos 
de esa posesión exceden de lo razonable, el Director General o la persona que él autorice podrá 
dar instrucciones al funcionario competente de que las subaste o las venda por otros medios adecuados antes de que pasen a ser propiedad del Estado, y se retendrá el producto de la venta, 
tras deducir los gastos y otras cargas, en lugar de las mercancías. 
Asimismo, el artículo 17 de Ley de Aduanas (Nº 9) B.E. 2482 (1939) establece el decomiso de 
toda mercancía respecto de la cual se haya cometido una infracción con arreglo al artículo 27 de la Ley de Aduanas B.E. 2469 y al artículo 16 de la Ley de Aduanas (Nº 9) B.E. 2482, se haya 
condenado o no a alguien por ello. 
Observaciones: El artículo 27 de la Ley de Aduanas B.E. 2469 (1926) estipula que: "Toda persona que importe o 
introduzca en el Reino mercancías restringidas o prohibidas, o por las cuales no se hayan abonado 
los impuestos correspondientes, o mercancías que hayan atravesado indebidamente las aduanas, o exporte o extraiga esas mercancías del Reino, o ayude de alguna forma a importar o exportar esas 
mercancías o las traslade, o contribuya a su traslado sin autorización desde un barco, muelle, 
almacén, lugar seguro o local de almacenamiento, o proporcione un local para guardar las mercancías, o las oculte, o encomiende a otras personas que lo hagan, o participe de alguna manera en el transporte, traslado o manipulación de las mercancías a fin de eludir o tratar de 
eludir el pago de los impuestos de aduana o de otros derechos, o a fin de eludir o tratar de eludir 
las disposiciones jurídicas y restricciones relacion adas con la importación, exportación, descarga, 
almacenamiento y entrega de mercancías con la intención de evadir el impuesto estatal de su 
Majestad el Rey que debe pagarse por las mercancías, o eluda las prohibiciones o restricciones 
aplicables a las mercancías, será sancionada, por cada infracción, con una multa que cuadruplicará el precio de las mercancías, incluidos los derechos, o con una pena de prisión de hasta diez años, o 
con ambas." 
Esas disposiciones deben leerse junto con el artículo 16 de la Ley de Aduanas (Nº 9) B.E. 2482 
(1939), que establece que se considerará infracción la realización de cualquier acción de las contempladas en los artículos 27 y 99 de la Ley de Aduanas B.E. 2469, exista o no dolo o 
negligencia. 
Procedimientos penales (preguntas 20 a 25) 20.  Sírvanse indicar los tribunales que ti enen competencia en casos de infracción 
penal de los derechos de propiedad intelectual. 
El Tribunal Central de la Propiedad Intelectual y del Comercio Internacional es el único tribunal 
competente en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual en Tailandia. 
21.  ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones 
penales? IP/N/6/THA/1 
 
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  A continuación se enumeran los tipos de infracciones de derechos de propiedad intelectual para los 
que se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales: 
21.1  Infracción de las marcas de fábrica o de comercio, con arreglo a la Ley de Marcas de 
Fábrica o de Comercio B.E. 2534 (1991). 
21.2  Infracción del derecho de autor, con a rreglo a la Ley de Derecho de Autor B.E. 2537 
(1994). 
21.3  Infracción de patentes, con arreglo a la Ley de Patentes B.E. 2522 (1979). 
21.4  Infracción de indicaciones geográficas, con arreglo a la Ley de Protección de las 
Indicaciones Geográficas B.E. 2546 (2003). 
21.5  Infracción de los esquemas de trazado de  los circuitos integrados, con arreglo a la Ley 
de Protección de los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados B.E. 2543 
(2000). 
21.6  Infracción de las obtenciones vegetales, con arreglo a la Ley de Protección de las 
Obtenciones Vegetales B.E. 2542 (1999). 
21.7  Infracción de los secretos comerciales, con arreglo a la Ley de Secretos Comerciales 
B.E. 2545 (2002). 
22.  ¿Cuáles son las autoridades públicas  competentes para la iniciación de 
procedimientos penales? ¿Están obligadas a in iciarlos por propia iniciativa y a raíz de 
reclamaciones? 
En general corresponde a los funcionarios encargados de la investigación iniciar los procedimientos 
penales. En el caso de los derechos de autor y los secretos comerciales (artículo 33 de la Ley de 
Secretos Comerciales B.E. 2545 (2002)), es preciso que haya una reclamación del titular de los 
derechos para que los funcionarios encargados de la investigación inicien un proceso penal, o la investigación se considerará ilegal. Sin embargo, los funcionarios encargados de la investigación 
pueden incoar por propia iniciativa los procedimientos en otros casos de infracción de derechos de 
propiedad intelectual, sin la participación de los titulares de los derechos. 
Con arreglo al artículo 28 del Código de Procedimiento Penal B.E. 2477 (1934), 1) el fiscal y 2) la 
víctima o persona perjudicada, con inclusión del titular de los derechos de propiedad intelectual, 
están facultados para incoar un procedimiento penal ante el tribunal. Se entiende por "persona perjudicada" toda persona que haya resultado perjudicada por la comisión de un delito, e incluye a cualquier persona facultada para actuar en nombre de la persona perjudicada. 
23. ¿Hay particulares que estén legitimad os para entablar procedimientos penales y, 
de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo? 
Sí. Con arreglo al artículo 28 del Código de Procedimiento Penal B.E. 2477 (1934), 1) el fiscal y 2) 
la víctima o persona perjudicada, con inclusión del titular de los derechos de propiedad intelectual, 
están facultados para incoar un procedimiento penal ante el tribunal. Se entiende por "persona perjudicada" toda persona que haya resultado perjudicada por la comisión de un delito, e incluye a 
cualquier persona facultada para actuar en nombre de la persona perjudicada. 
24.  Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad 
intelectual y tipos de infracción, las sancio nes y otras medidas correctivas que pueden 
imponerse: 
-  prisión; 
-  sanciones pecuniarias; IP/N/6/THA/1 
 
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  -  confiscación, decomiso y destrucción de  las mercancías infractoras y de los 
materiales y accesorios utilizados para su producción; 
-  otras medidas. 
Las sanciones que se imponen por cada infracción de los derechos de propiedad intelectual varían 
según los cargos que se imputen. La información que figura infra no es más que un ejemplo de las 
sanciones aplicables por cada tipo de infracción de los derechos de propiedad intelectual. 
Marcas de fábrica o de comercio 
Las infracciones primarias (como la fabricación de mercancías infractoras) y las infracciones 
secundarias (como la venta de mercancías infractoras) conllevan sanciones idénticas, es decir, sanción máxima de cuatro años de prisión, o multa de 400.000 baht, o ambas. En los casos de reincidentes que vuelvan a cometer una infracción de este tipo dentro de los cinco años siguientes 
a la fecha en que se haya cumplido la pena impuesta, se duplicará la pena. Una vez dictada la 
sentencia, se decomisarán y posteriormente se destruirán las mercancías infractoras (artículo 115). 
Derechos de autor 
Infracción primaria: sanción máxima de entre seis meses y cuatro años de prisión, o multa de 
entre 100.000 y 800.000 baht, o ambas (artículo 69). Infracción secundaria: sanción máxima de 
entre tres meses y dos años de prisión, o multa de entre 50.000 y 400.000 baht, o ambas 
(artículo 71). En caso de condena, los titulares de  los derechos obtendrán el derecho de propiedad 
sobre las mercancías infractoras y recibirán la mitad de la multa abonada por el demandado con arreglo a la sentencia. Se decomisarán los materiales usados en la infracción (artículo 75). Al igual 
que en los casos de infracción de marcas de fábrica o de comercio, se duplicará la pena a los 
reincidentes que vuelvan a cometer una infracción dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se haya cumplido la pena impuesta. 
Patentes 
Infracción primaria e infracción secundaria: sanción máxima de dos años de prisión, o multa de 
400.000 baht, o ambas (artículo 85). Con arreglo al artículo 33 del Código Penal, se decomisarán 
los equipos, herramientas y materiales utilizados o destinados a ser utilizados en una infracción de 
patente. 
Indicaciones geográficas 
Infracción primaria: la sanción máxima es una multa de 200.000 baht (artículo 39). La Ley de 
Protección de las Indicaciones Geográficas B.E. 2546 (2003) no prevé infracciones secundarias. 
Secretos comerciales 
La sanción máxima por infringir secretos comerciales es un año de prisión, o una multa de 
200.000 baht, o ambas (artículo 33). Cabe señalar que esta infracción puede ser objeto de una 
solución amistosa (artículo 37), es decir, que puede resolverse de mutuo acuerdo entre el titular del derecho y el infractor. 
Esquemas de trazado de los circuitos integrados 
Infracción primaria: la sanción máxima es una multa de entre 50.000 y 500.000 baht 
(artículos 22 1) y 48). Infracción secundaria: la sanción máxima es una multa de entre 20.000 y 200.000 baht (artículos 22 2) y 49). 
Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales 
Infracción primaria e infracción secundaria: sanción máxima de dos años de prisión, o multa 
de 400.000 baht, o ambas (artículo 33). IP/N/6/THA/1 
 
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  Si el tribunal impone una multa inferior a 80.000 baht y la persona multada no es una persona 
jurídica y no puede pagar la multa, esa persona podrá presentar una solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia para que dicte una orden por la que se le permita prestar determinadas horas de servicios a la comunidad en lugar de abonar la multa (artículo 30 1) del Código Penal). 
25.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y facilitar los datos de que disp ongan, en su caso, so bre la duración real 
del procedimiento y su costo. 
La duración de los procedimientos penales por infracción de los derechos de propiedad intelectual 
no está prescrita en la ley, ya que es una cuestión práctica. Sin embargo, en términos generales, transcurren aproximadamente entre cuatro y cinco meses hasta que el fiscal inicia un procedimiento ante los tribunales. Si el demandando se declara culpable, el tribunal dictará 
sentencia de inmediato. Sin embargo, si se declara inocente, el juicio suele durar entre seis meses 
y tres años, en función del calendario de ambas partes y de la complejidad del caso de que se trate. Los procedimientos relacionados con los derechos de propiedad intelectual no generan 
costas procesales. 
  
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