IP/N/6/CHE/2  
12 de febrero de 2014  
(14-0842)  Página: 1/28  
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  Original: inglés  
 
  LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
RESPUESTAS ACTUALIZADAS DE SUIZA2 
Observaciones preliminares 
El presente documento es una versión actualizada de las respuestas de Suiza a la Lista de 
cuestiones sobre la observancia, que figuran en el documento IP/N/6/CHE/1, de 16 de octubre 
de 1997. Esta versión revisada de las respuestas refleja la situación de las leyes y reglamentos en vigor el 1º de enero de 2014 en Suiza. 
Durante los últimos 15 años, el Sistema de observancia de la propiedad intelectual de Suiza ha 
experimentado numerosas modificaciones. En el año 2000, entró en vigor una revisión exhaustiva 
de la Constitución Federal Suiza ("la Constitución"). Además, en 2007 hubo modificaciones de la Ley procesal federal que resultaron en la fusión de todos los comités administrativos federales de 
apelación y de arbitraje en un Tribunal Administrativo Federal. El Sistema suizo se caracteriza por 
el federalismo y, según los artículos 122 y 123 de la Constitución, la Confederación puede legislar en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI), derecho civil, derecho procesal civil, 
derecho penal y derecho procesal penal. Hasta 2011, el derecho procesal civil y penal eran 
competencias cantonales. El 1º de enero de  2011, entraron en vigor la Ley Federal de 
Procedimiento Civil y la Ley Federal de Procedimiento Penal, fundadas en las nuevas normas constitucionales. La organización judicial y la administración de justicia siguen siendo 
competencias cantonales. Por último, en 2012, el Tribunal Federal de Patentes empezó a funcionar 
como tribunal de primera instancia para litigios en materia de patentes. 
La Constitución establece el Tribunal Supremo Federal en virtud del artículo 188. Según las 
condiciones estipuladas en la legislación federal, las decisiones sobre asuntos de propiedad 
intelectual de las autoridades cantonales superiores, del Tribunal Federal de Patentes y, en algunos casos, del Tribunal Administrativo Federal, pued en recurrirse ante el Tribunal Supremo Federal. 
La observancia de los DPI se rige por la legislación federal. Algunos datos sobre las leyes y 
reglamentos pertinentes (fechas de entrada en vigor y modificación, referencia a las gacetas o recopilaciones oficiales en que se publicaron) se incluyen en la última notificación de las leyes y reglamentos revisados de Suiza en materia de  propiedad intelectual, que figura en el 
documento IP/N/1/CHE/5, de 30 de octubre de 2013. 
Para facilitar su consulta, las leyes y reglamentos federales de Suiza en materia de propiedad 
intelectual y de observancia de la propiedad intelectual citados con más frecuencia figuran en la 
siguiente lista no exhaustiva . Además de los textos legislativos, en el desarrollo del ordenamiento 
jurídico suizo también desempeñan un papel importante la jurisprudencia y la doctrina, en particular en lo que respecta a los principios generales de derecho. 
                                               
1 Documento IP/C/5. 
2 En el presente documento se actualizan las resp uestas distribuidas en el documento IP/N/6/CHE/1. IP/N/6/CHE/2 
- 2 - 
 1. Leyes y reglamentos especiales en materia de propiedad intelectual: 
- Ley Federal sobre derecho de autor y derechos conexos (RS 231.1, LDA); 
- Orden sobre derecho de autor y derechos conexos (RS 231.11, ODAu); - Ley Federal sobre la protección de las topografías de productos semiconductores 
(RS 231.2, LTo); 
- Orden sobre la protección de las topografías de productos semiconductores 
(RS 231.21, OTo); 
- Ley Federal sobre la protección de las marcas y las indicaciones de origen 
(RS 232.11, LPM); 
- Orden sobre la protección de las marcas (RS 232.111, OPM); - Ley Federal sobre los dibujos y modelos industriales (RS 232.12, LDes); 
- Orden sobre los dibujos y modelos industriales (RS 232.121, ODes); 
- Ley Federal sobre patentes de invención (RS 232.14, LBI); - Orden sobre patentes de invención (RS 232.141, OBI); 
- Ley Federal sobre la protección de las obtenciones vegetales (RS 232.16, LPOV); 
- Ley Federal contra la competencia desleal (RS 241, LCD); - Ley Federal sobre cárteles y demás restricciones a la competencia (RS 251, LCart). 
2. Leyes que contienen disposiciones específicas sobre la observancia y que son aplicables a la 
propiedad intelectual: 
- Código Suizo de Procedimiento Civil (RS 272, CPC); 
- Ley Federal de Procedimiento Civil federal (RS 273, PCF); 
- Código Suizo de Procedimiento Penal (RS 312.0, CPP); 
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo (RS 172.021, PA); - Orden sobre los gastos y las indemnizaciones en el procedimiento administrativo 
(RS 172.041.0); 
- Código Civil Suizo (RS 210, CC); - Código de Obligaciones Suizo (RS 220, CO); 
- Código Penal Suizo (RS 311.0, CP); 
- Ley Federal del Tribunal Supremo Federal (RS 173.110, LTF); - Ley Federal del Tribunal Administrativo Federal (RS 173.32, LTAF); - Ley Federal del Tribunal Federal de Patentes (RS 173.41, LTFB); 
- Ley Federal sobre la libre circulación de los abogados (RS 935.61, LLCA); 
- Ley Federal sobre agentes de patentes (RS 935.62, LCBr); - Orden sobre agentes de patentes (RS 935.621, OCBr); 
- Ley Federal sobre la responsabilidad de la Confederación, los miembros de sus 
autoridades y sus funcionarios (RS 170.32, LRCF); 
- Orden relativa a la ley de responsabilidad (RS 170.321, Orden de responsabilidad); 
- Orden relativa a la comunicación de las decisiones penales adoptadas por las 
autoridades cantonales (RS 312.3); 
- Orden sobre los emolumentos de la Administración de Aduanas (RS 631.035). 
3. Conviene destacar la importancia de la Constitución Federal (RS 101), en la que se 
fundamenta la adopción por los legisladores de las leyes enumeradas en los párrafos 1 y 2 supra , 
y sobre cuya base se han desarrollado por la jurisprudencia y la doctrina diversos principios generales de derecho, como los de legalidad, igua ldad ante la ley, buena fe y proporcionalidad. 
Cada cantón suizo cuenta asimismo con su propia constitución, que ha de guardar conformidad 
con el derecho federal (artículo 51 de la Constitución Federal). 
4. El principio por el que el derecho internacional público forma parte del derecho interno está 
codificado en el artículo 190 de la Constitución Federal, que estipula que todas las autoridades 
judiciales deberán aplicar tanto las leyes federales como el derecho internacional. 
5. Además de los textos mencionados en los párrafos 1, 2 y 3, y de los convenios 
internacionales en materia de propiedad intelectual, como el Acuerdo sobre los ADPIC, el Convenio 
de Berna o el Convenio de París, cabe destacar que Suiza también es parte en acuerdos 
internacionales de procedimiento judicial, como el Convenio de Lugano (Convenio de 30 de octubre de 2007 relativo a la competencia judicial y la ejecución de las decisiones civiles y comerciales, IP/N/6/CHE/2 
- 3 - 
 RS 0.275.12) y el Convenio de 4 de noviembre de 1950 relativo a la protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales (CEDH, RS 0.101). Este último constituye una base importante en lo referente a algunos principios ge nerales de derecho, como el derecho a ser oído. 
6. Por último, conviene señalar que Suiza y el Principado de Liechtenstein constituyen un único 
territorio aduanero en virtud del Tratado de la Unión Aduanera, de 29 de marzo de 1923 
(RS 0.631.112.514). En el marco de ese Tratado, los dos países firmaron el 22 de diciembre de 1978 el Tratado bilateral sobre patentes (RS 0.232.149.514), en virtud del cual se aplica en los 
dos países la Ley Federal suiza sobre patentes de invención (LBI). 
7. Habida cuenta de la complejidad de la materia y de la dificultad de dar cuenta cabal del 
ordenamiento jurídico suizo, Suiza se reserva el  derecho de revisar cuando proceda la presente 
comunicación.  
Procedimientos y recursos ci viles y administrativos 
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles 
Los recursos judiciales civiles están regulados por la legislación federal. El Código Suizo de 
Procedimiento Civil (CPC) rige los procedimientos en materia de causas civiles contenciosas ante 
las autoridades cantonales (apartado a del artícu lo 1 del CPC), en la medida en que las leyes 
especiales sobre propiedad intelectual no contengan disposiciones específicas. 
1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen  competencia en caso de infracción de los 
derechos de propiedad intelectual. 
1.1 El párrafo 1 del artículo 5 del CPC prevé explícitamente que cada cantón designe para todo 
su territorio un tribunal único, que entenderá en los procedimientos civiles relativos a los DPI, 
independientemente del valor en litigio. Lo mismo ocurre con la Ley Federal contra la competencia 
desleal (LCD), que contiene disposiciones sobre los secretos industriales o comerciales y sobre la incitación a la violación de esos secretos, cuando  la cuantía del litigio es superior a 30.000 francos 
suizos. Cada cantón designa el tribunal competente en su correspondiente ley cantonal de 
organización judicial. A título de ejemplo, en el cantón de Ginebra la jurisdicción única competente 
en materia de propiedad intelectual es el Tribunal de Justicia ("Cour de Justice"), y en el cantón de 
Zúrich y en el de Berna, el Tribunal de Comercio ("Handelsgericht"). Estos Tribunales con 
jurisdicción exclusiva son también la última instancia cantonal. 
La autoridad judicial competente en materia de patentes es el Tribunal Federal de Patentes. Tiene 
la facultad de decidir sobre la validez y la infracción de patentes, sobre la concesión de licencias, la 
adopción de medidas provisionales y la ejecución de esas decisiones (párrafo 1 del artículo 26 de 
la LTFB). El Tribunal Federal de Patentes también decide sobre otras apelaciones de carácter civil que guarden relación con patentes. Si, en una apelación civil ante un tribunal cantonal, la nulidad 
o la infracción de una patente deben resolverse antes de tomar una decisión sobre el caso, el 
tribunal cantonal fija un plazo dentro del cual se deberá entablar un procedimiento legal ante el Tribunal Federal de Patentes. El tribunal cantonal suspende el proceso hasta que el Tribunal 
Federal de Patentes comunique su decisión final (párrafo 3 del artículo 26 de la LTFB). El 
procedimiento ante el Tribunal Federal de Patentes se rige por el Código Suizo de Procedimiento Civil (véase el artículo 27 de la LTFB). 
1.2 Las decisiones de tribunales cantonales con jurisdicción exclusiva relativas a DPI pueden 
recurrirse ante el Tribunal Supremo Federal, cualquie ra que sea la cuantía del litigio (párrafo 1 del 
artículo 75 y apartado b del párrafo 2 del artículo 74 de la LTF). 
Las decisiones del Tribunal Federal de Patentes pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo 
Federal, cualquiera que sea la cuantía del litigio (párrafo 1 del artículo 75 y apartado e del 
párrafo 2 del artículo 74 de la LTF). 
Los fallos en firme de los tribunales cantonales en materia de competencia desleal contra los que 
no pueda presentarse un recurso ordinario con arreglo a la legislación cantonal podrán recurrirse 
ante el Tribunal Supremo Federal si, vistas las comunicaciones de las partes, el valor de los derechos en litigio ante la última instancia cantonal asciende al menos a 30.000 francos suizos IP/N/6/CHE/2 
- 4 - 
 (apartado b del párrafo 1 del artículo 74 de la LT F). Cuando se prevé una sola instancia cantonal, 
puede presentarse un recurso ante el Tribunal Supr emo Federal independientemente de la cuantía 
en litigio (apartado b del párrafo 2 del artículo 74 de la LTF). 
2. ¿Qué personas están legitimadas pa ra hacer valer derechos de propiedad 
intelectual? ¿Cómo pueden estar represen tadas esas personas? ¿Hay disposiciones 
que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante 
el tribunal? 
2.1 ¿Qué personas están legitimadas pa ra hacer valer derechos de propiedad 
intelectual? 
2.1.1 Facultad de entablar procedimientos para la ejecución de una obligación contractual: Todo titular de un DPI exclusivo o derechohabiente de una licencia exclusiva cuyo derecho sea 
violado o pueda serlo está facultado para entablar procedimientos ante los tribunales (párrafos 1 
y 3 del artículo 62 de la LDA; párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; párrafos 1 y 4 del artículo 55 de la LPM; párrafos 1 y 4 del artículo 35 de la LDes; artículos 72 y 75 de la LBI). Los titulares de una 
licencia no exclusiva pueden sumarse a una apelación presentada por el titular del DPI o el 
derechohabiente de la licencia exclusiva. 
En la LDA, por ejemplo, se precisa que, en el caso de varios coautores, cada uno de ellos está 
facultado para entablar procedimientos contra quien infrinja los derechos sobre la obra común, 
aunque sólo puede hacerlo en nombre de todos (párrafo 3 del artículo 7 de la LDA). En lo que se refiere a los programas informáticos, el empleador es la única persona facultada para recurrir a los tribunales a fin de impedir la utilización ilícita de un programa creado por un empleado en el 
ejercicio de su actividad al servicio del empleador y con arreglo a sus obligaciones contractuales 
(véase el artículo 17 de la LDA). 
En lo que respecta a las indicaciones geográficas, las asociaciones profesionales o económicas 
pueden entablar procedimientos para la confirma ción de un derecho o de una relación jurídica o 
para la ejecución de una obligación contractual, siempre que sus estatutos los autoricen a defender los intereses económicos de sus miembros (apartado a del párrafo 1 del artículo 56 de 
la LPM). También están facultadas para incoar procedimientos en materia de indicaciones de 
origen las organizaciones de ámbito nacional o regional dedicadas en virtud de sus estatutos a la protección de los consumidores (apartado b del párrafo 1 del artículo 56 de la LPM). Esas dos categorías de organizaciones están igualmente facultadas para entablar procedimientos de 
confirmación en relación con marcas de garantía o marcas colectivas (párrafo 2 del artículo 56 de 
la LPM). 
En materia de competencia desleal, cualquier persona cuyos intereses económicos sean violados o 
puedan serlo está facultada para entablar procedimientos ante los tribunales (apartados a y b del 
párrafo 1 del artículo 9 de la LCD). 
2.1.2 Facultad de entablar procedimientos para la confirmación de un derecho: 
Toda persona que tenga un interés legítimo en la confirmación de un derecho o de una relación 
jurídica puede entablar procedimientos para tal fin (artículo 61 de la LDA; párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; artículo 52 de la LPM; artículo 33 de la LDes; artículos 28 y 74 de la LBI; apartado c del párrafo 1 del artículo 9 de la LCD). 
2.1.3 Facultad de entablar procedimientos para la cesión de un derecho: 
Cuando haya presentado una solicitud de patente una persona que no tenga derecho a su 
titularidad, el derechohabiente puede solicitar la cesión de la solicitud de patente o, si ya se ha 
concedido la patente, la cesión de ésta a la persona autorizada (párrafo 1 del artículo 29 de 
la LBI). La misma disposición se aplica a las marcas (párrafo 1 del artículo 53 de la LPM) y a los dibujos y modelos industriales (artículo 34 de la LDes). IP/N/6/CHE/2 
- 5 - 
 2.2 ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? 
Cada parte tiene el derecho de representarse a sí misma o hacerse representar por un abogado 
debidamente facultado mediante un poder de representación. Las personas jurídicas y las sociedades anónimas o limitadas pueden hacerse representar por un abogado o por una persona 
encargada de la gestión de la empresa y autorizada a firmar en su nombre. 
La facultad de entablar procedimientos en representación profesional de otros (es decir, como 
abogado) se rige por las leyes cantonales específicas relativas a la abogacía. La disposición que 
exigía que el abogado estuviera colegiado en el cantón en el que se incoara el procedimiento se ha 
abandonado con la entrada en vigor de la Ley Federal sobre la libre circulación de los abogados (RS 935.61, LLCA), que les permite ejercer en cualquier cantón. 
La representación de las partes a título profesional está reservada únicamente a los abogados 
autorizados a ejercer la representación ante los tribunales suizos en virtud de la LLCA (artículo 68 
del CPC). En virtud de la Ley sobre agentes de patentes, de 20 de marzo de 2009, los agentes de patentes también están autorizados a ejercer como representantes profesionales ante el Tribunal 
Federal de Patentes (artículo 29 de la LTFB). 
La representación de las partes ante el Trib unal Supremo Federal en procedimientos civiles o 
penales está reservada a abogados autorizados a ejercer la representación ante los tribunales 
suizos (artículo 40 de la LTF). 
2.3 ¿Hay disposiciones que prescriban la co mparecencia personal obligatoria del titular 
del derecho ante el tribunal? 
Cuando lo estime necesario, el tribunal puede citar a una parte, o a todas, para que comparezcan 
en persona ante el tribunal (párrafo 4 del artículo 68 del CPC). En caso de incomparecencia de una 
parte, el tribunal prosigue el proceso en ausencia de la parte emplazada (artículo 147 del CPC). Si la parte ausente proporciona una explicación satisf actoria, el tribunal puede concederle un nuevo 
plazo para comparecer en persona (artículo 148 del CPC). 
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte co ntraria, que aporte pruebas que estén bajo 
su control? 
Como norma general, corresponde a cada parte, excepto en ciertas circunstancias, probar los 
hechos que aduce para poder ejercer sus derechos ante los tribunales (artículo 8 del CC). Sin embargo, durante el proceso judicial, las partes también están obligadas a aportar todos los 
elementos de prueba que estén bajo su control, a excepción de la correspondencia mantenida con 
sus abogados (véase el apartado b del párrafo 1 del artículo 160 del CPC). Si una parte alega que un elemento de prueba esencial se encuentra bajo el control de la parte contraria o de un tercero, 
el tribunal puede, a petición de la parte interesada, ordenar a la parte contraria o al tercero que 
presenten ese elemento de prueba. La parte contra ria puede impugnar la admisión de la prueba o 
el mandamiento que la obliga a presentarla, si la ley así lo permite (artículos 162 y siguientes 
del CPC), especialmente si presentar el documento obligara a una persona cercana a la parte 
contraria a responder civil o penalmente, o si, en virtud del artículo 321 del Código Penal (CP), presentar el documento obligara a la parte contraria a responder ante la ley por revelación de secretos (artículo 163 del CPC). 
Si una parte niega estar en posesión de un elemento de prueba, las autoridades judiciales pueden 
instarla a que indique dónde se encuentra ese el emento de prueba (por ejemplo, un documento). 
En tal caso, la parte tiene la obligación de comunicar la localización de la prueba en cuestión 
(véase el apartado a del párrafo 1 del artículo 160 del CPC), de lo contrario puede ser sancionada 
de acuerdo con el derecho penal (artículo 306 del CP). Toda parte en un proceso civil a la que las autoridades judiciales hayan exigido revelar una prueba y que haya sido informada de las 
consecuencias de realizar declaraciones falsas, podría afrontar una pena privativa de libertad de 
tres años como máximo y/o una pena pecuniaria en caso de incumplimiento (artículo 306 del CP). 
El tribunal elabora un dictamen en base a la libre evaluación de las pruebas aportadas 
(artículo 157 del CPC). Asimismo, podrá tomar en consideración la negativa injustificada a IP/N/6/CHE/2 
- 6 - 
 responder a una pregunta del juez o a aportar los elementos de prueba necesarios o indicar dónde 
se encuentran (véase el artículo 164 del CPC). El tribunal también tendrá en cuenta la actitud de 
una parte que haga desaparecer o inutilice intencionadamente un elemento de prueba. 
Las pruebas que no se puedan presentar ante el tribunal, por su propia naturaleza o porque con 
ello se lesionarían intereses legítimos, pueden consultarse in situ  (artículo 181 del CPC). 
Si un documento se encuentra bajo el control de un tercero, éste tiene la obligación de presentarlo 
(apartado b del párrafo 1 del artículo 160 del CPC), a menos que el documento trate de hechos 
sobre los que podría negarse a prestar declaración (véanse los artículos 165 y 166 del CPC). 
4. ¿Qué medios se prevén para identifica r y proteger la información confidencial 
aportada como prueba? 
Cuando las pruebas pongan en riesgo los intereses legítimos de una parte o de un tercero, 
especialmente si se trata de información confidencial, el tribunal puede tomar las medidas 
necesarias para proteger esos intereses (véase el artículo 156 del CPC). 
Los testigos pueden negarse a testificar sobre hechos cuya revelación los expondría a 
responsabilidades penales en virtud del artículo 321 del CP (véase el apartado b del párrafo 1 del 
artículo 166 del CPC). 
5. Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, le gislativos o jurisprudenciales, sobre su 
utilización:  
5.1 Mandamientos judiciales  
El titular de derechos sobre un bien inmaterial cuyo DPI sea objeto de infracción o pueda serlo 
puede solicitar a las autoridades judiciales un mandamiento para evitar que se produzca la 
infracción, si ésta es inminente, o para poner fin a la misma en caso de que esté ocurriendo (apartados a y b del párrafo 1 del artículo 62 de la LDA; párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; 
apartados a y b del párrafo 1 del artículo 55 de la LPM; apartados a y b del párrafo 1 del 
artículo 35 de la LDes; artículos 66 y 72 de la LBI; apartados a y b del párrafo 1 del artículo 9 de la LCD). 
En caso de infracción inminente, no es necesario demostrar la existencia de culpa o daño. La 
adopción de medidas para prevenir una infracci ón inminente presupone interés suficiente, que 
existe cuando el titular del DPI está directamente amenazado por el acto ilícito, es decir, cuando se da una grave amenaza de infracción del DPI. 
El objeto de un mandamiento de cesación de una infracción en curso debe definirse con precisión 
en las comunicaciones que acompañen a la demand a. El demandante debe hacer una descripción 
exhaustiva del comportamiento ilícito del dema ndado, de manera que no puedan plantearse 
dificultades al ejecutar el fallo. El mandamiento puede conllevar automáticamente la amenaza de 
las penas previstas en el artículo 343 del CPC (s anción penal en virtud del artículo 292 del CP; 
multa de hasta 5.000 francos suizos o de hasta 1.000 francos suizos por cada día de 
incumplimiento) para la parte demandada. 
5.2 Órdenes de resarcimiento de daños y perj uicios, con inclusión de la reparación por 
lucro cesante y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados 
5.2.1 Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios 
Quien, intencionalmente, por negligencia o por imprudencia, infrinja un DPI y cause daño a su 
titular, deberá resarcirlo, según se dispone en el CO (párrafo 2 del artículo 62 de la LDA; párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; párrafo 2 del artículo 55 de la LPM; párrafo 2 del artículo 35 de la LDes; 
párrafo 1 del artículo 73 de la LBI; párrafo 3 del ar tículo 9 de la LCD). El titular del derecho puede 
entonces optar entre diversos procedimientos de indemnización y restitución previstos en el CO: pago de daños y perjuicios ( damnum emergens et lucrum cessans ) (artículos 41 y siguientes 
del CO), devolución del enriquecimiento ilícito (artículo 62 del CO), reparación del daño moral IP/N/6/CHE/2 
- 7 - 
 (artículo 49 del CO) y devolución de la ganancia se gún los principios de la actividad gestionada en 
beneficio del gerente (artículo 423 del CO). 
Cuando no le resulte posible cifrar el daño sufrido o el beneficio ilícito del infractor, el titular del 
derecho puede pedir al juez que fije la indemnización a su libre criterio ( ex aequo et bono ), 
teniendo en cuenta las condiciones normales y las medidas adoptadas por la parte perjudicada 
(párrafo 2 del artículo 42 del CO). 
5.2.2 Gastos judiciales 
El tribunal dictamina de oficio sobre las costas  del proceso (artículo 104 del CPC). Las partes 
pueden presentar antes del fallo un estado detall ado de sus gastos (párrafo 2 del artículo 105 
del CPC). Por lo general, las costas se imponen a la parte perdedora (véase el párrafo 1 del artículo 106 del CPC). Cuando el fallo no es totalmente favorable a ninguna de las partes, las 
costas se asignan de conformidad con el resultado del proceso (véase el párrafo 2 del artículo 106 
del CPC). Los gastos innecesarios son sufragados por la parte que los haya ocasionado (véase el artículo 108 del CPC). 
A solicitud de las partes, el tribunal decide, al fallar sobre la propia demanda, si la parte perdedora 
ha de sufragar los gastos de la otra parte, y en qué medida ha de hacerlo. Por lo general, la parte perdedora ha de reembolsar todos los gastos indi spensables ocasionados por el litigio (véase el 
párrafo 2 del artículo 111 del CPC). La indemnización incluye los gastos de representación 
profesional y el reembolso de los gastos indi spensables (apartados a y b del párrafo 3 del 
artículo 95 del CPC). En casos justificados, si una parte no tiene representación profesional, el tribunal puede concederle una indemnización razonable por los esfuerzos personales realizados 
(apartado c del párrafo 3 de l artículo 95 del CPC). 
5.3 Destrucción o eliminación por cualquier ot ro medio de las mercancías infractoras y 
de los materiales o instrumentos utilizados para su producción 
En todas las modalidades de propiedad intelectual, el tribunal puede ordenar el decomiso, la 
destrucción o la inutilización de los objetos fabricados o utilizados ilícitamente, así como de los instrumentos, herramientas y otros medios destinados principalmente a su fabricación (véanse el 
párrafo 1 del artículo 63 de la LDA; el párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; el artículo 57 de la LPM; 
el artículo 36 de la LDes; el párrafo 1 del artículo 69 de la LBI). Se exceptúan las obras de construcción ya realizadas (párrafo 2 del artículo 63 de la LDA) y los semiconductores adquiridos de buena fe que contengan copias ilícitas de topografías (párrafo 2 del artículo 10 de la LTo). Es 
lícito volver a poner en circulación esos semiconductores, pero el productor tiene derecho a recibir 
una remuneración equitativa. En caso de litigio, el  tribunal determina si el derecho a remuneración 
está fundamentado y, en caso afirmativo, fija el monto de la remuneración (artículo 8 de la LTo). 
En lo que se refiere a las marcas, se distingue entre el artículo en sí y el artículo provisto de la 
marca falsificada o ilícitamente utilizada. Se considera que la violación del derecho a la marca reside sólo en la marca (salvo en el caso de que sea la propia marca la que individualiza al 
artículo). La ley estipula que compete al tribunal decidir "si pueden modificarse la marca o la 
indicación de origen de manera que resulten irreconocibles o si es necesario inutilizar, destruir o utilizar de alguna forma especial los objetos en cuestión" (párrafo 2 del artículo 57 de la LPM). 
Aun en el caso de que se desestime la demanda, el tribunal puede ordenar la destrucción de los 
artículos fabricados en infracción de una patente y de los instrumentos, las herramientas y otros 
medios destinados principalmente a la infracción de una patente (párrafo 3 del artículo 69 de la LBI). 
5.4 Otros recursos 
Publicación del fallo 
A solicitud de la parte que ha obtenido la sentencia favorable, el tribunal puede ordenar la 
publicación del fallo a expensas de la parte contraria (artículo 66 de la LDA; párrafo 1 del 
artículo 10 de la LTo; artículo 60 de la LPM; artículo 39 de la LDes; párrafo 1 del artículo 70 de la LBI; párrafo 2 del artículo 9 de la LCD). IP/N/6/CHE/2 
- 8 - 
 6. ¿En qué circunstancias están facultadas la s autoridades judiciales para ordenar, si 
procede, al infractor que informe al titu lar del derecho sobre la identidad de los 
terceros que hayan participado en la prod ucción y distribución de los bienes o 
servicios respecto de los cuales se haya  determinado que se trata de bienes o 
servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución? 
La LPM, la LDA, la LDes y la LTo autorizan al titular del derecho cuyo derecho haya sido objeto de 
infracción o pueda serlo a que solicite al juez que obligue a la otra parte a indicar la procedencia y 
la cantidad de bienes ilícitamente reproducidos o ilícitamente dotados de un signo distintivo que se 
encuentran en su poder, así como el nombre de lo s destinatarios y el alcance de la distribución a 
clientes comerciales (apartado c del párrafo 1 del artículo 62 de la LDA; párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; apartado c del párrafo 1 del artículo 55 de la LPM; apartado c del párrafo 1 del 
artículo 35 de la LDes). La ley sobre patentes estipula que la negativa de una parte a declarar a la 
"autoridad competente" la procedencia, la cantidad, los destinatarios y el alcance de la distribución comercial de los productos fabricados ilícitamente que se encuentren en su poder puede dar lugar 
a acciones civiles o penales (véase el apartado b del artículo 66 de la LBI). 
7. Sírvanse describir las di sposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidame nte una obligación. ¿En qué medidas son 
responsables las autoridades y/o funciona rios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables? 
7.1 Como norma general, se ordenará a la parte perdedora el reembolso integral de los gastos 
de la parte contraria (véanse el párrafo 2 del artículo 105 y el artículo 106 del CPC). Quedarán 
comprendidos en esa cantidad el reembolso de los gastos indispensables, los gastos de 
representación profesional y, en casos justificados, una indemnización razonable por los esfuerzos personales realizados, cuando una parte no tenga representación profesional. 
Si, a solicitud del demandante, el tribunal ha impuesto indebidamente una obligación al 
demandado, este podrá, sobre la base de los ar tículos 41 y siguientes del CO, reclamar daños y 
perjuicios por la vía ordinaria, siempre y cuando la decisión mencionada le haya causado daño, la 
solicitud del demandante constituya un acto ilícito, y el demandante haya entablado el 
procedimiento intencionadamente, por negligencia o por imprudencia grave o haya causado el daño intencionadamente por actos contrarios a las normas de conducta aceptadas. El demandante que, por negligencia o imprudencia temeraria, haya hecho una apreciación errónea de una 
situación jurídica, puede ser condenado al reembolso integral de costas judiciales y otros gastos. 
Según la jurisprudencia uniforme del Tribunal Supremo Federal, sería contrario al orden jurídico otorgar además al demandado la posibilidad de reclamar daños y perjuicios al demandante 
(véase ATF 117 II 396, 3b). 
En caso de medidas provisionales injustificadas, la posibilidad de presentar una contrademanda 
por la vía ordinaria contra el demandante pa ra el resarcimiento de daños está prevista 
explícitamente en la Ley Federal de Procedimiento Civil. El párrafo 2 del artículo 264 del CPC 
estipula que el demandante es responsable de cualquier pérdida o daño provocado por una medida provisional injustificada. Sin embargo, si el demandante demuestra que ha solicitado la medida de buena fe, el tribunal puede reducir los daños o eximir completamente de responsabilidad al 
demandante. La fianza depositada debe ser devuelta una vez se haya determinado que no se 
incoará ninguna demanda por daños. En caso de incertidumbre, el tribunal puede fijar un plazo 
razonable para la incoación de un procedimiento por la parte contraria (párrafo 3 del artículo 264 
del CPC). 
7.2 La posibilidad de que se dicten decisiones y sentencias erróneas está en principio controlada 
por los procedimientos de recurso ordinarios. La autoridad y/o el funcionario público no es 
automáticamente responsable en esa situación. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
Federal, sólo hay acto ilícito generador de responsabilidad cuando se comete un error grave y manifiesto. En el caso de las autoridades y los funcionarios públicos, la noción de acto ilícito está vinculada a la de incumplimiento de las obligaciones dimanantes de su función oficial. Hay acto 
ilícito cuando el juez o el funcionario público comete una falta o un error que no cometería un 
magistrado que ejerciera sus funciones con el ce lo debido (ATF 112 II 231). Si al ordenar, a 
solicitud del demandante, que el demandado haga alguna cosa, o se abstenga de hacerla, ha 
actuado de buena fe, no puede entablarse un procedimiento por daños y perjuicios. IP/N/6/CHE/2 
- 9 - 
 La responsabilidad de los miembros del Tribunal Supremo Federal, del Instituto Federal de la 
Propiedad Intelectual y de otras autoridades federales independientes, del Tribunal Administrativo Federal, del Tribunal Federal de Patentes, de la administración federal y de otras autoridades federales independientes frente a terceros se rige por la Ley Federal sobre la responsabilidad de la 
Confederación, los miembros de sus autoridades y sus funcionarios (RS 170.32, LRCF; véase el 
párrafo 1 del artículo 1 de la LRCF). Según el párrafo 1 del artículo 3 de la LRCF, la Confederación responde del daño que puedan causar a terceros los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, y 
el perjudicado no puede emprender acciones lega les contra el funcionario de que se trate. 
Además, no puede revisarse la legalidad de las decisiones y fallos que tienen ya fuerza de cosa juzgada (véase el artículo 12 de la LRCF). 
Cada cantón cuenta con su propia legislación sobre la responsabilidad de los actos de derecho 
público, aunque en la práctica la mayor parte de los cantones aplica el mismo régimen de la 
Confederación: el cantón responde del daño causado injustificadamente a terceros por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
8.1 Duración de los procedimientos 
No hay datos sobre la duración de los procedimientos, que depende de numerosos factores que 
varían de un caso a otro (complejidad del asunto, número de escritos intercambiados, recursos ante el Tribunal Supremo Federal, etc.). 
8.2 Costo de los procedimientos 
El costo de los procedimientos comprende los gastos judiciales y otros gastos. Corresponde a los 
cantones fijar las tarifas de gastos  judiciales (artículo 96 del CPC). 
En el Tribunal Federal de Patentes, los emolumentos judiciales se fijan en función de la cuantía del 
litigio, del alcance y la dificultad del proceso, del proceder de las partes y de su situación financiera (párrafo 2 del artículo 31 de la LTFB). Los emolumentos judiciales oscilan de 1.000 a 
150.000 francos suizos (párrafo 3 del artículo 31 de la LTFB). 
En el Tribunal Supremo Federal, los emolumentos judiciales también se fijan en función de la 
cuantía del litigio, del alcance y la dificultad del proceso, del proceder de las partes y de su situación financiera (párrafo 2 del artículo 65 de la LTF). A título de ejemplo, los emolumentos 
judiciales de un recurso de reforma pueden oscilar, según la cuantía del litigio, de 200 a 
100.000 francos suizos (véase la Tarifa de emol umentos judiciales del Tribunal Supremo Federal, 
de 31 de marzo de 2006, RS 173.110.210.1). 
A nivel cantonal, el juez fija las indemnizaciones a las partes y los honorarios de los abogados 
dentro de los límites de las tarifas vigentes y teniendo plenamente en cuenta el tiempo perdido, la naturaleza del trabajo realizado y la cuantía o la importancia del asunto (artículo 95 del CPC). 
En los asuntos sometidos al Tribunal Federal de Patentes, una tarifa establecida por el tribunal fija 
el monto de las costas atribuidas a la parte contraria en función de la cuantía del litigio (artículo 4 del Reglamento sobre las costas procesales fijadas por el Tribunal Federal de Patentes, RS 173.413.2). La indemnización oscila entre 2.000 y 300.000 francos suizos (artículo 5 del 
Reglamento). 
En los asuntos sometidos al Tribunal Supremo Federal, una tarifa establecida por el tribunal fija el 
monto de las costas atribuidas a la parte contraria por los procedimientos entablados ante el 
tribunal y tiene en cuenta también los gastos de abogado (artículo 4 del Reglamento sobre los 
costos adjudicados a la parte contraria y la compensación por la representación del movimiento en los casos ante el Tribunal Supremo Federal, RS 173.110.210.3). Las costas comprenden la 
indemnización a la parte contraria y sus gastos de abogado. La indemnización a la parte contraria 
comprende el reembolso de sus gastos. Cuando las circunstancias del caso lo justifican, el tribunal puede atribuir asimismo una indemnización por la pérdida de tiempo o el lucro cesante IP/N/6/CHE/2 
- 10 - 
 ocasionados por el litigio (véase el procedimiento aplicado a nivel federal en el artículo 11 del 
Reglamento; véase asimismo la respuesta a la preg unta 5, en particular la respuesta 5.2.2). En un 
recurso de reforma, el monto de los honorarios oscila entre 600 y 4.000 francos suizos (para una cuantía de litigio inferior a 20.000 francos suizos), y 20.000 francos suizos más un 1% (para una 
cuantía de litigio superior a 5.000.000 de francos su izos) (véase el artículo 4 del Reglamento sobre 
los costos adjudicados a la parte contraria y la compensación por la representación del movimiento en los casos ante el Tribunal Supremo Federal). En casos excepcionales, cuando se requieren 
tareas extraordinarias (por la longitud y dificultad de los procedimientos de prueba o el alcance y 
la complejidad del caso), el Tribunal Supremo Federal puede fijar honorarios superiores a la tarifa normal (artículo 8 del Reglamento sobre los costos adjudicados a la parte contraria y la compensación por la representación del movimi ento en los casos ante el Tribunal Supremo 
Federal). 
Conviene señalar que la tarifa del Tribunal Supremo Federal no se aplica a las relaciones entre el 
abogado y su cliente, que se rigen por las disposiciones del Código de Obligaciones sobre la 
representación legal. Los honorarios de los abogados se calculan en principio por un baremo 
establecido por el colegio de abogados de cada cantón y que depende de diversos factores, como la cuantía del litigio. 
Se prevé la prestación de asistencia judicial a toda parte indigente, tanto a nivel federal 
(artículo 64 de la LTF; artículo 34 de la LTFB) como a nivel cantonal (artículos 117 a 123 del CPC). 
A la luz de lo expuesto, resulta difícil calcular con precisión el costo total de un procedimiento, 
pues son numerosos los factores que influyen en él: cuantía del litigio, duración del procedimiento, 
número y duración de las sesiones, gastos de peritaje, dietas de los testigos, etc. 
b) Procedimientos y recursos administrativos 
9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con 
los procedimientos administrativos refe rentes al fondo de un caso y con los 
recursos que puedan ordenarse a re sultas de esos procedimientos. 
En materia de propiedad intelectual sólo intervienen en los procedimientos administrativos las 
autoridades federales. Los artículos 7 a 43 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (PA) 
se aplican al procedimiento administrativo en primera instancia, es decir, ante el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual. El procedimiento de recurso ante el Tribunal Federal Administrativo se rige, en cambio, por los artículos 44 a 71 de la PA y por la Ley Federal del Tribunal Administrativo 
Federal (LTAF). Si se presenta un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo 
Federal, el procedimiento en esa instancia se rige por los artículos 82 a 112 de la LTF. 
Conviene destacar que en el ordenamiento suizo en materia de propiedad intelectual no se prevén 
procedimientos administrativos sobre el fondo de la cuestión ni medidas correctivas por 
infracciones de DPI como las previstas en el marco de los procedimientos judiciales . Sin embargo, 
por razones de transparencia , se describen las reglas aplicables a los procedimientos 
administrativos en general. Entre los procedimientos administrativos a los que puede recurrir el 
titular de un DPI para hacer valer su derecho, cabe citar los siguientes: 
- procedimiento de oposición contra un registro que estime lesivo de su DPI
3; 
- solicitud de intervención en la frontera. 
9.1 Sírvanse indicar qué autoridades admi nistrativas son competentes en casos de 
infracción de derechos de  propiedad intelectual. 
Procedimiento de oposición por conflicto con un derecho de propiedad intelectual anterior 
Es aplicable en relación con las marcas, las indicaciones geográficas y las patentes. 
                                               
3 El procedimiento de oposición se rige por el artícu lo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Salvo en el caso 
de las marcas, el procedimiento de oposición puede iniciarse también por razones distintas del conflicto con un derecho anterior. IP/N/6/CHE/2 
- 11 - 
 El titular de una marca anterior puede entablar ante el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual 
procedimiento de oposición contra un nuevo registro en los tres meses siguientes a la publicación de éste (artículos 31 y siguientes de la LPM). 
Las decisiones del Instituto pueden recurrirse ante el Tribunal Administrativo Federal (artículo 44 
de la PA). En ese contexto, el Tribunal actúa como tribunal independiente y aplica la PA y la LTAF. 
Si la parte que entabla el procedimiento de oposición obtiene una sentencia favorable, se anula el registro de la marca. En el caso contrario, puede demandar ante los tribunales civiles a la parte 
que figure como titular de la marca o de la patente. Las decisiones del Tribunal Administrativo 
Federal sobre los procedimientos de oposición a marcas de fábrica o de comercio son firmes (artículo 73 de la LTF). 
También puede entablarse procedimiento de oposición contra las solicitudes de patentes en los 
nueve meses siguientes a la publicación del registro en el Instituto Federal de la Propiedad 
Intelectual (artículo 59 c de la LBI). Cualquier persona puede oponerse al registro basándose en 
causas absolutas de denegación (artículos 1 a, 1b y 2 de la LBI). Los recursos contra esas 
decisiones son examinados en primera instancia por el Tribunal Administrativo Federal (véase el 
párrafo 3 del artículo 59 c de la LBI) y en última instancia por el Tribunal Supremo Federal. 
En relación con las indicaciones geográficas de productos agropecuarios o productos agropecuarios 
elaborados, toda persona que demuestre tener un interés legítimo o los cantones pueden entablar 
procedimiento de oposición contra el registro de una indicación geográfica ante la Oficina Federal de Agricultura (véanse los artículos 10 y 11 de la Orden relativa a la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los productos agropecuarios y los 
productos agropecuarios elaborados, RS 910.12). Los recursos contra esas decisiones son 
examinados en primera instancia por el Tribunal Administrativo Federal (artículo 44 de la PA) y en última instancia por el Tribunal Supremo Federal. Una de las posibles razones por las que se 
entabla un procedimiento de oposición puede ser el conflicto con una marca o una denominación 
notoriamente conocidas y con buena reputación que sean total o parcialmente homónimas y que hayan sido utilizadas durante mucho tiempo. 
Medidas en frontera 
La aplicación de medidas en frontera compete a la Administración de Aduanas, que puede 
suspender de oficio el despacho a libre práctica de un envío sospechoso de oficio y alertar a las personas mencionadas en la sección 9.2.1 infra, o puede actuar a petición de dichas personas. La 
decisión de la Administración de Aduanas es in apelable. La introducción de un procedimiento de 
recurso contravendría el objetivo perseguido por la Administración de Aduanas, que es el de actuar 
de la forma más sencilla y rápida posible con el fin de dar tiempo al solicitante para obtener del 
tribunal civil la aplicación de medidas provisionales. De hecho, el recurso podría impedir a la 
Administración de Aduanas actuar con la debida celeridad. Conviene observar que si una persona 
solicita una medida en frontera, por norma general, las medidas provisionales deberán solicitarse a 
las autoridades judiciales civiles en los plazos es tipulados (véanse, por ejemplo, el párrafo 2 del 
artículo 77 de la LDA; el párrafo 2 del artículo 72 de la LPM). 
Véanse asimismo las respuestas a las preguntas 15 a 19. 9.2 ¿Qué personas están legitimadas pa ra hacer valer derechos de propiedad 
intelectual? ¿Cómo pueden estar representa das esas personas? ¿Hay disposiciones que 
prescriban la comparecencia pe rsonal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal? 
9.2.1 Personas legitimadas 
Procedimiento de oposición por conflicto con un derecho anterior 
En lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, sólo el titular de una marca anterior 
registrada o de una marca notoriamente conocida puede entablar un procedimiento de oposición 
contra el registro posterior de otra marca en los tres meses que siguen a la publicación de ésta 
(artículo 31 de la LPM). En el caso de las patentes, cualquier persona puede, en los nueve meses siguientes a la publicación del registro de una patente, entablar un procedimiento de oposición contra la concesión de la patente (artículo 59 c de la LBI). En cuanto a los recursos ante el Tribunal IP/N/6/CHE/2 
- 12 - 
 Administrativo Federal contra las decisiones relativas a las demandas de oposición, pueden 
interponerlos las personas interesadas como partes en el procedimiento que ha desembocado en la decisión recurrida o que queden excluidas del procedimiento por la decisión recurrida. 
Medidas en frontera 
Están habilitados para presentar una solicitud de intervención el titular de una marca de fábrica o 
de comercio, del derecho de autor o derecho conexo, del diseño o modelo industrial, del esquema de trazado (topografía) de un circuito integrado, el derechohabiente de una indicación geográfica, 
las sociedades de gestión de derechos de autor o derechos conexos, los licenciatarios con derecho 
a interponer un procedimiento civil o las asociaciones profesionales o económicas habilitadas para ello en el ámbito de las indicaciones geográficas (párrafo 1 del artículo 75 y párrafo 1 del artículo 76 de la LDA y artículo 12 de la LTo, que remite al párrafo 1 del artículo 75 de la LDA; al 
párrafo 1 del artículo 71 de la LPM; al artículo 47 de la LDes; al artículo 86 b de la LBI). 
Véanse asimismo las respuestas a las preguntas 15 a 19. 9.2.2 ¿Cómo pueden estas personas hacerse representar? 
En todas las fases del procedimiento administrativo, las partes pueden hacerse representar, a 
menos que tengan que actuar personalmente, o recabar asistencia, en la medida en que la urgencia de una investigación oficial no lo excluya. El que represente o asista a la parte en 
cuestión debe poseer todos sus derechos civiles (artículo 11 de la PA). 
En el procedimiento administrativo, tanto en primera como en última instancia, no hay obligación 
de hacerse representar por un abogado (véase el artículo 11 de la PA; véase asimismo el artículo 40 de la LTF). 
Sin embargo, existen disposiciones en virtud de las cuales las partes tienen que contar con un 
representante: toda parte en un procedimiento administrativo en materia de propiedad intelectual que no tenga residencia ni sede en Suiza deberá contar con un representante establecido en Suiza 
(artículo 42 de la LPM; artículo 5 de la OPM; artículo 18 de la LDes; artículo 5 de la ODes; 
artículo 13 de la LBI y artículo 8 de la OBI). Además, si más de 20 personas presentan solicitudes colectivas o individuales para defender los mismos  intereses, la autoridad puede exigir que elijan, 
para el procedimiento, a uno o varios representantes (artículo 11 a de la PA). 
9.2.3 ¿Existen disposiciones en las que se pr evea la comparecencia personal obligatoria 
del titular del derecho ante la autoridad administrativa? 
Las partes están obligadas a colaborar con el tribunal para constatar los hechos del caso en 
cuestión y, además, una ley federal les impone la obligación más amplia de informar o revelar 
información. La autoridad puede declarar inaceptabl es las solicitudes cuando las partes se nieguen 
a cooperar en la medida en que cabría esperar de ellas (artículo 13 de la PA). 
9.3 ¿Qué poder tienen las autoridades admini strativas para ordenar a una parte en un 
procedimiento administrativo, por solicitud  de la parte contraria, que presente 
elementos de prueba que están bajo su control? 
La PA no se pronuncia directa o exhaustivamente sobre esta cuestión. Por lo que se refiere al 
procedimiento de obtención de pruebas, en virtud del artículo 19 de la PA, se aplican por analogía las normas de la Ley Federal de Procedimiento Civil federal (PCF, RS 273), a saber, las relativas a la prueba y los medios de prueba, como los testigos, los documentos, la inspección ocular y los 
peritos. En los procedimientos legales, las partes están obligadas a aportar todas las pruebas que 
estén bajo su control (véase el párrafo 1 del artículo 50 de la PCF). Si una parte alega que un elemento de prueba esencial se encuentra bajo el control de la parte contraria o de un tercero, el 
tribunal puede, a petición de la parte interesada, ordenar a la parte contraria o al tercero que 
presenten ese elemento de prueba. 
Si una parte niega estar en posesión de un elemento de prueba, las autoridades judiciales pueden 
instarla, bajo las penas a que haya lugar, a qu e indique dónde se encuentra ese elemento de 
prueba (por ejemplo, un documento) (véase el párrafo 1 del artículo 50 de la PCF). IP/N/6/CHE/2 
- 13 - 
 Los documentos que no se puedan presentar ante el tribunal, por su propia naturaleza o porque 
con ello se lesionarían intereses legítimos, pueden consultarse in situ  (artículo 53 de la PCF). 
Si un documento se encuentra bajo el control de un tercero, éste tiene la obligación de 
presentarlo, a menos que el documento trate de hechos sobre los que podría negarse a testificar 
en virtud del artículo 42 de la PCF (véase  el párrafo 1 del artículo 51 de la PCF). 
Ante la negativa a colaborar, la autoridad puede imponer una multa (artículo 292 del CP) o la 
ejecución directa contra la persona obligada o contra sus bienes (artículo 41 de la PA). La 
autoridad de recurso puede imponer una sanción o una multa de hasta 3.000 francos suizos a las 
partes que infrinjan las normas u obstaculicen la buena marcha de un asunto, o a su representante (artículo 60 de la PA). Cabe señalar que la auto ridad no debe emplear medios de coerción más 
severos que los exigidos por las circunstancias (principio de proporcionalidad; artículo 42 de 
la PA). 
9.4 ¿Qué medios se utilizan para identifica r y proteger la información confidencial 
presentada como elemento de prueba? 
La parte o su representante tienen derecho a consultar los actos que sirven de medios de prueba 
en poder de la autoridad competente (párrafo 1 de l artículo 26 de la PA). La autoridad sólo puede 
denegar esa consulta en los siguientes casos: si intereses públicos importantes de la 
Confederación o de los cantones (en particular, la seguridad interna o externa de la 
Confederación) o intereses privados importantes (en particular los de la parte contraria) exigen que se guarde el secreto, o si lo exige el interés de una investigación oficial que todavía no se ha cerrado (párrafo 1 del artículo 27 de la PA). Sólo puede denegarse la consulta de aquellos 
documentos cuyo secreto está justificado (párrafo 2 del artículo 27 de la PA). Las disposiciones de 
la Ley Federal de Procedimiento Civil federal (PCF) se aplican por analogía a la protección de la información confidencial en la presentación de documentos en poder de terceros y en la prestación 
de declaración (artículo 19 de la PA, que remite al artículo 51 de la PCF). El juez puede ordenar 
que un documento que contenga información confidencial se sustraiga parcialmente o en su integridad al examen de la parte contraria o, si procede, de las dos partes (véase el artículo 38 de 
la PCF). Si esa medida sólo está justificada en el caso de algunos pasajes de un documento, el 
tribunal puede ordenar que éstos se sustraigan al examen mediante su ocultación por sellos o por otros medios (véase el párrafo 1 del artículo 51 de la PCF). Puede asimismo ordenar que el 
presidente o una delegación del tribunal tome conocimiento de la información confidencial en el 
domicilio de la parte en posesión del documento, con el fin de evitar que su divulgación lesione 
intereses legítimos. 
9.5 Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades administrativas y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su 
utilización: 
9.5.1 Mandamientos judiciales 
El titular de un DPI cuyo derecho sea objeto o corra el riesgo de ser objeto de una infracción debe 
pedir a las autoridades judiciales civiles que dicten un mandamiento judicial (véase la respuesta a la pregunta 5.1). El Instituto Federal de la Propiedad Intelectual no puede dictar dichos mandamientos. El Tribunal Administrativo Federal puede dictar mandamientos judiciales con el fin 
de mantener una situación existente o proteger intereses amenazados (artículo 56 de la PA). 
9.5.2 Órdenes de resarcimiento de daños y perjui cios, con inclusión de la reparación por lucro 
cesante y gastos, comprendidos los honorarios de los abogados 
Perjuicios 
El titular de un DPI cuyo derecho ha sido o puede ser objeto de una infracción debe pedir a las 
autoridades judiciales civiles que ordenen el pago de un resarcimiento por esos perjuicios (véase la 
respuesta a la pregunta 5.2.1). IP/N/6/CHE/2 
- 14 - 
 Gastos administrativos 
La autoridad competente dictamina también sobre los gastos de procedimiento y las costas 
(artículos 63 y 64 de la PA). Por ejemplo, el Instituto Federal de la Propiedad Intelectual decide, al dictaminar sobre un procedimiento de oposición, en qué medida los gastos de la parte que gana el 
pleito deben correr a cargo de la parte perdedora (artículo 34 de la LPM). 
Gastos de procedimiento: Por norma general, los gastos de procedimiento, que incluyen los 
gastos de fallo, los emolumentos de procuraduría y otros gastos, corren a cargo de la parte 
perdedora. Ninguno de los gastos de procedimiento correrá a cargo de las autoridades 
federales. Los gastos podrán ser impuestos a una parte que infrinja las normas de procedimiento (artículo 63 de la PA). 
Costas: La autoridad competente puede asignar, de oficio o previa petición, a la parte que 
haya ganado entera o parcialmente el pleito una indemnización correspondiente a los gastos 
indispensables y relativamente elevados en que haya incurrido, en particular los honorarios de abogado (artículo 64 de la PA). 
Las normas relativas a los gastos y las indemnizaciones de los procedimientos administrativos 
figuran en la Orden sobre los gastos y las indemnizaciones en el procedimiento administrativo, de 10 de septiembre de 1969 (RS 172.041.0). 
9.5.3 Destrucción o eliminación por cualquier otro medio de las mercancías infractoras y de los 
materiales e instrumentos utilizados para su producción 
La destrucción o eliminación de tales mercancías sólo puede ser ordenada por las autoridades 
judiciales. Véase la respuesta a la pregunta 5.3. En determinadas circunstancias, la Administración 
de Aduanas puede destruir mercancías infractoras sin autorización judicial (véase la respuesta a la 
pregunta 19). 
9.5.4 Otros recursos 
Las autoridades administrativas no pueden ordenar la adopción de otras medidas correctivas como 
las descritas en la respuesta a la pregunta 5.4. 
9.6 ¿En qué circunstancias están las auto ridades administrativas facultadas, si 
procede, para ordenar al infractor que inform e al titular del derecho sobre la identidad 
de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o 
servicios respecto de los cuales se haya de terminado que se trata de bienes o servicios 
infractores, y sobre sus circuitos de distribución? 
Las autoridades administrativas no están facultadas para proceder en este caso. Sin embargo, las 
autoridades civiles y penales sí lo están y pueden ordenar al infractor que informe al tribunal sobre la identidad de terceros que hayan participado en la infracción. El titular del derecho puede 
aprovechar sus derechos procesales para acceder a dicha información. El infractor puede ser 
sancionado si se niega a cooperar sin razones válidas. 
9.7 Sírvanse describir las di sposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son 
responsables las autoridades y/o funciona rios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables? 
Véase la respuesta a la pregunta 7.2. 
En virtud de la Ley Federal sobre la responsabilidad de la Confederación, los miembros de sus 
autoridades y sus funcionarios (LRCF, RS 170.32), la Confederación responde por los daños injustificadamente ocasionados a un tercero por un funcionario en ejercicio de sus funciones, tanto 
si hubo negligencia en la actuación del funcionario como si no. El perjudicado no puede incoar 
procedimientos judiciales contra el funcionario culpable. Cuando un tercero reclama daños y perjuicios a la Confederación, ésta informa inmedi atamente de ello al funcionario, contra el que 
podría ejercer un derecho de recurso (artículo 3 de la LRCF). Cuando la Confederación repara el IP/N/6/CHE/2 
- 15 - 
 daño, puede entablar un procedimiento de recurso contra el funcionario que lo haya ocasionado 
intencionadamente o por negligencia grave, incl uso después de rescindidas las relaciones de 
servicio (artículo 7 de la LRCF). El funcionario responde directamente ante la Confederación por los daños ocasionados por violación intencionada o negligencia grave de los deberes del servicio 
(artículo 8 de la LRCF). Las disposiciones generales sobre la formación de las obligaciones 
resultantes de actos ilícitos (Código de Obligaciones) son aplicables a las reclamaciones de la Confederación contra sus funcionarios (párrafo 1 del artículo 9 de la LRCF). Las disposiciones 
relativas a los funcionarios se aplican fundamentalmente a los miembros del Tribunal Supremo 
Federal, el Tribunal Administrativo Federal, el Tribunal Federal de Patentes y el Tribunal Penal Federal, a los miembros de las autoridades federales independientes y de la administración federal, a los funcionarios y otros agentes de la Confederación y a todas las personas encargadas 
directamente por la Confederación de tareas rela cionadas con el derecho público (párrafo 1 del 
artículo 1, párrafo 1 del artículo 2 y artículos 3 a 10 de la LRCF). En virtud de la misma ley, también pueden incoarse procedimientos penales en caso de faltas y delitos cometidos por 
funcionarios en el ejercicio de sus funciones (artículos 13 y siguientes de la LRCF). También está 
prevista la responsabilidad disciplinaria (artículos 17 y 18 de la LRCF). Si un órgano o el empleado de una institución independiente de la administración civil ordinaria encargada por la 
Confederación de ejecutar tareas relacionadas con el derecho público ocasiona, sin justificación, en 
el ejercicio de esa actividad un daño a un tercero, la institución responde de ese daño ante el perjudicado y la Confederación responde del daño que la institución no pueda reparar. La Confederación puede, al igual que la institución correspondiente, incoar procedimientos contra el 
culpable (artículo 19 de la LRCF). 
9.8 Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo.  
Costo: Para conocer las tasas y el costo de los procedimientos ante el Instituto Federal de la 
Propiedad Intelectual, véase el Reglamento sobre las tasas percibidas por el Instituto Federal de la 
Propiedad Intelectual (RS 232.148). 
Para conocer las tasas, el costo y las indemnizaciones de los procedimientos administrativos, 
véase la Orden sobre los gastos y las indemnizaciones en el procedimiento administrativo (RS 172.041.0) que remite al Reglamento sobre los gastos, las costas y las indemnizaciones de los 
procedimientos ante el Tribunal Administrativo Federal (RS 173.320.2). 
Por lo que se refiere al costo de un procedimiento ante la Administración de Aduanas, véase la 
respuesta a la pregunta 17. 
Duración: El lapso de tiempo admisible para que una autoridad dicte un fallo no puede fijarse en 
abstracto. Depende de numerosos factores, incluida la complejidad del expediente y los intereses 
en juego. 
Es difícil establecer con precisión la duración media de un procedimiento de oposición, porque 
depende mucho de la complejidad del expediente, del número de escritos intercambiados, de las prórrogas, de las suspensiones del procedimiento y de la existencia de una o más partes contrarias. A título de ejemplo, en un caso sencillo (con un solo intercambio de escritos y sólo tres 
prórrogas del plazo de respuesta), la duración será de 8 a 12 meses. El Instituto Federal de la 
Propiedad Intelectual trata de garantizar la rapidez del procedimiento. 
El recurso ante el Tribunal Administrativo Federal contra una decisión de oposición puede durar, en 
promedio, de 8 a 10 meses. Cabe precisar que una parte puede presentar en todo momento a la 
autoridad de vigilancia un recurso por denegación de justicia o retraso injustificado contra la autoridad que, sin motivo, se niegue a dictaminar o tarde en dictar un fallo (artículo 46 a de la PA). IP/N/6/CHE/2 
- 16 - 
 Medidas provisionales 
a) Medidas judiciales 
10. Sírvanse describir los tipos de medida s provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa 
facultad. 
10.1 Procedimiento civil 
El Código Suizo de Procedimiento Civil (CPC) regula las competencias de las autoridades judiciales 
y las condiciones para ordenar medidas provisionales en el marco de procedimientos civiles 
(artículos 261 a 269 del CPC). 
La ley no enumera exhaustivamente las distintas medidas provisionales; el Tribunal puede y debe 
adaptarlas teniendo en cuenta las particularidades de cada caso (artículo 262 del CPC). En 
general, las medidas provisionales tienden fundamentalmente a preservar la situación de hecho o 
de derecho o a salvaguardar los intereses legítimos de las partes en el proceso hasta el fallo definitivo. En el ámbito de la propiedad intele ctual, cabe destacar las medidas provisionales 
siguientes (por ejemplo: artículo 65 de la LDA; artículo 59 de la LPM; artículo 38 de la LDes; 
párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; párrafo 1 del artículo 77 de la LBI; artículo 43 de la LPOV): 
- medidas destinadas a garantizar la conservación de los elementos de prueba 
pertinentes relativos al perjuicio alegado; 
- medidas encaminadas a investigar el origen de los productos confeccionados o 
puestos en circulación ilícitamente, o a obtener una descripción precisa de los presuntos procesos aplicados ilícitamente, de los presuntos productos falsificados o 
fabricados ilícitamente, así como de las instalaciones, herramientas, etc., utilizados en 
su fabricación; 
- medidas cautelares destinadas a mantener la situación de hecho existente; 
- medidas destinadas a asegurar provisionalmente el ejercicio de lo reclamado a modo 
de prevención o solución del problema. 
10.2 Procedimiento penal 
Existen dos tipos de medidas provisionales en el ámbito del procedimiento penal. Las primeras orientan a las autoridades judiciales y a la policía a adoptar medidas temporales 
tendentes a garantizar la conservación de indicios y pruebas. Sin embargo, el fiscal sólo puede aplicar estas medidas si (artículo 197 del CPP): 
- están permitidas por la ley; 
- hay indicios razonables que hacen sospechar de un acto criminal; - no existen medidas más moderadas que permitan alcanzar el mismo objetivo; 
- la gravedad del delito justifica la medida. 
En el ámbito de la propiedad intelectual, el fiscal puede proceder a la incautación de los objetos 
presuntamente falsificados, así como de los instrumentos y herramientas utilizados para la 
falsificación (véase el artículo 44 de la LDes; véanse asimismo el artículo 72 de la LDA; el 
artículo 68 de la LPM; el artículo 69 de la LBI). El fiscal puede ordenar la incautación de los objetos presuntamente falsificados o de los instrumentos y herramientas utilizados para la falsificación que pueden servir de prueba (artículo 263 del C PP). Según el Tribunal Supremo Federal, las 
autoridades judiciales pueden ordenar la adopción de medidas provisionales en todos los 
procedimientos penales relacionados con DPI en virtud del principio de " in majore minus ".
4 Cabe 
                                               
4 Según el principio de " in majore minus ", el juez puede decomisar los objetos confeccionados o 
utilizados de manera ilícita, así como los instrumentos, herramientas y otros medios destinados principalmente 
a su fabricación. Véase la respuesta 5.3. Asimismo, puede ordenar la incautación provisional de esos objetos. IP/N/6/CHE/2 
- 17 - 
 mencionar que se prevé una excepción para las obras arquitectónicas finalizadas, que no pueden 
ser decomisadas en virtud del artículo 72 de la LDA. 
El segundo tipo de medidas provisionales capacita a las autoridades judiciales y a la policía a 
recurrir a medidas coercitivas o de apremio para garantizar la presencia del sospechoso durante 
todo el procedimiento, y sobre todo la ejecución del fallo definitivo. Sin embargo, la prisión 
provisional y la detención preventiva sólo están permitidas si existe fundada sospecha de que el acusado haya cometido un delito grave o una falta y si existe un gran riesgo de que el acusado 
(artículo 221 del CPP): 
- eluda los procedimientos penales o la sanción prevista emprendiendo la fuga; - influya en personas o manipule pruebas con el fin de comprometer los esfuerzos por 
esclarecer la verdad; o 
- ponga en peligro la seguridad de otros al cometer delitos graves o faltas, teniendo en 
cuenta que ya ha cometido delitos similares. 
Cuando exista el riesgo de demora, la policía o los particulares pueden incautarse de objetos o 
bienes en nombre del fiscal o del tribunal (párrafo 3 del artículo 263 del CPP). 
11. ¿En qué circunstancias puede ordena rse la adopción de esas medidas inaudita 
altera parte ? 
11.1 Procedimiento civil 
En general, el juez da a la parte demandada la ocasión de ser oída; ese principio fundamental 
dimana del párrafo 2 del artículo 29 de la Constitución. Sin embargo, si la infracción es inminente, de forma que el plazo no permite oír a la parte contraria, el juez puede ordenar la adopción de 
medidas de urgencia mediante la simple presentación de la solicitud (artículo 265 del CPC). Para 
ello es necesario no sólo que se cumplan todas las condiciones para la adopción de medidas provisionales, sino que el solicitante aporte pruebas verosímiles de que la amenaza de infracción 
es tan inminente que no deja tiempo para oír a la parte contraria. La parte contraria debe ser 
informada inmediatamente después de la ejecución de las medidas provisionales. 
11.2 Procedimiento penal 
En un procedimiento penal, las medidas obligatorias deben ser ordenadas por escrito, y las 
personas directamente afectadas deben recibir una copia de la orden y de cualquier expediente relacionado con la ejecución de la orden contra  acuse de recibo (artículo 199 del CPP). Si la 
persona que está en posesión del objeto incautado no está presente en el momento de la 
incautación, debe ser informada inmediatamente después de la ejecución de la medida provisional 
(artículo 29 de la Constitución y artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH). 
12. Sírvanse describir el procedimiento princi pal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación, y 
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger 
los intereses legítimos del demandado. 
12.1 Procedimiento civil 
Los principales procedimientos para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, y 
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado, están regulados por el CPC y por las leyes federales de propiedad 
intelectual. La persona que solicita la adopción de medidas provisionales debe demostrar de forma 
fehaciente que se ha producido o que se prevé una infracción de un derecho del que es titular, y que la infracción amenaza con provocar al solicitante daños difíciles de reparar (artículo 261 
del CPC). Los motivos que permiten ordenar medidas provisionales pueden ser (véanse el 
artículo 65 de la LDA; el párrafo 1 del artículo 10 de la LTo; el artículo 59 de la LPM; el artículo 38 de la LDes; el artículo 77 de la LBI; el artículo 43 de la LPOV): IP/N/6/CHE/2 
- 18 - 
 - preservar las pruebas; 
- establecer el origen de los productos manufacturados que infringen un DPI; - preservar los hechos; - poner fin o prevenir provisionalmente la infracción. 
Como norma general, el tribunal da a la parte demandada la oportunidad de ser oída (artículo 29 
de la Constitución, artículos 53 y 253 del CPC). En caso de que se impongan medidas de urgencia (véase la respuesta a la pregunta 11), se debe informar a la parte contraria inmediatamente 
después de la ejecución de las medidas. 
Las medidas provisionales garantizan la protección provisional de los derechos del demandante 
mientras dura el procedimiento. Sin embargo, esas medidas pueden solicitarse antes de que se inicie el proceso. Llegado el caso, cuando el tribunal admite la solicitud, otorga al demandante un 
plazo para iniciar el proceso, informándole de que si no actúa en este plazo, las medidas 
provisionales se extinguirán (artículo 263 del CPC). Las medidas dejan automáticamente de ser efectivas cuando entra en vigor la decisión sobre el fondo. El tribunal puede ordenar la 
continuación de las medidas si éstas permiten aplicar la decisión o si la ley así lo prevé (párrafo 2 
del artículo 268 del CPC). El juez está facultado para modificar o revocar en cualquier momento las medidas provisionales cuya adopción ha ordenado, cuando hayan cambiado las circunstancias o 
cuando las medidas se muestren injustificadas (párrafo 1 del artículo 268 del CPC). 
El demandante es responsable de cualquier pérdida o daño ocasionado por medidas provisionales 
injustificadas. Sin embargo, si el demandante demuestra que ha solicitado la medida de buena fe, el tribunal puede reducir los daños o eximir completamente de responsabilidad al demandante 
(párrafo 2 del artículo 264 del CPC). El tribunal pu ede supeditar la medida provisional al pago de 
una fianza por el demandante si se considera que las medidas solicitadas pueden provocar pérdidas o daños a la parte contraria (párrafo 1 del artículo 264 del CPC). 
12.2 Procedimiento penal 
Corresponde a los órganos judiciales (el fiscal y el tribunal) ordenar la adopción de las medidas 
provisionales necesarias. 
También corresponde al fiscal levantar las medidas aplicadas tan pronto como las condiciones que 
las justificaban se hayan solucionado o se hayan abordado de manera satisfactoria (véanse el párrafo 1 del artículo 267 y el apartado a del párrafo 2 del artículo 212 del CPP). El destino de los objetos y valores incautados se fijará a más tardar en la sentencia definitiva (párrafos 3 a 6 del 
artículo 267 del CPP). 
Todas las medidas están sujetas al principio de la proporcionalidad (párrafo 2 del artículo 5 de la 
Constitución). Según ese principio, cuando sea po sible, el juez tiene que recurrir preferentemente 
a medidas menos drásticas, como el levantamiento de un inventario o la toma de fotografías 
(véanse asimismo el párrafo 2 del artículo 212 y el artículo 268 del CPP). 
Las medidas provisionales pueden ser objeto de revisión judicial a nivel cantonal (artículo 393 
del CPP). Sin embargo, durante el proceso de apel ación, las medidas provisionales siguen en vigor 
hasta que el tribunal de apelación dicte una decisión (véase el artículo 387 del CPP). 
Por lo que se refiere a la responsabilidad de los fiscales o los jueces en el caso de incautaciones 
injustificadas, véase la respuesta a la pregunta 7. 
13. ¿Cuáles son normalmente la duraci ón y el costo del procedimiento? 
No se dispone de datos sobre la duración y los costos habituales de los procedimientos relativos a 
la adopción de medidas judiciales provisionales en materia de DPI. 
En general, puede afirmarse que, dado el propio carácter de las medidas, la duración del 
procedimiento es corta. El procedimiento es sumario (" Summarverfahren ") (párrafo d del 
artículo 248 del CPC); el juez que instruye el proc eso es el único facultado para tomar decisiones y 
no se requieren determinadas condiciones que deben darse en un procedimiento ordinario 
(por ejemplo, no es necesario demostrar la inminencia del peligro sino sólo mostrar que es IP/N/6/CHE/2 
- 19 - 
 probable). La duración depende también del tipo de medidas provisionales que se soliciten y del 
plazo de urgencia. Por último, se deben aportar las pruebas en forma de documentos. Se aceptan 
otros formatos de pruebas únicamente en ciertos casos (artículo 254 del CPC). 
Los costos del procedimiento pueden variar según los cantones y dependen de la complejidad del 
caso concreto y de la cuantía en litigio. 
b) Medidas administrativas 
14. Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las preguntas anteriores en relación con 
las medidas provisionales administrativas. 
El Instituto Federal de la Propiedad Intelectual no puede ordenar la adopción de medidas 
provisionales. No puede, ni de oficio ni a instancia de parte, anular provisionalmente una inscripción en el registro, porque sería incompatible con el objetivo de los registros de DPI 
(fe pública de los títulos). La parte que des ee la aplicación de medidas provisionales debe 
solicitarlas a las autoridades judiciales. 
En principio, en el marco del procedimiento de oposición, el Tribunal Administrativo Federal puede, 
tras recibir el acta de recurso, ordenar la adopción  de medidas provisionales, de oficio o a instancia 
de parte, siempre que tales medidas sean necesarias para mantener provisionalmente una situación de hecho o de derecho (véase el artículo 56 de la PA). Sin embargo, esta posibilidad 
sigue siendo teórica en el ámbito de los DPI, en la medida en que la situación de hecho o de 
derecho no se modifica por decisión del Instituto si una de las partes ha presentado recurso contra dicha decisión (véase la respuesta a la pregunta 9.1). 
Una medida administrativa que se puede comparar a una medida provisional (sin haber oído a la 
otra parte) es la que puede adoptar la Administración de Aduanas cuando suspende el despacho a 
libre práctica de mercancías sospechosas de infringir un DPI (véanse las respuestas a las preguntas 15 y siguientes). 
Prescripciones especiales relacion adas con las medidas en frontera 
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercan cías puede solicitarse la suspensión por 
las autoridades aduaneras del despacho a libre práctica, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan 
las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías 
pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC 
(nota de pie de página al artículo 51) . Sírvanse indicar, juntamente con los 
criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento 
(mercancías de otro miembro de una unión  aduanera, mercancías en tránsito o 
importaciones insignificantes). ¿Es aplicab le el procedimiento a las importaciones 
de mercancías puestas en el mercado de ot ro país por el titular del derecho o con 
su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación? 
El titular del derecho puede presentar una solicitud a la Administración de Aduanas para suspender 
el despacho a libre práctica de mercancías si tiene motivos fundados para sospechar que se prepara la importación, la exportación o el tránsito  de mercancías que infringen un DPI 
comprendido en las disposiciones sobre medidas en frontera. 
Además de las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y de las mercancías 
pirata que lesionan el derecho de autor, el derecho suizo prevé también la adopción de medidas en frontera para las mercancías que infrinjan los derechos relativos a las indicaciones geográficas, a 
los dibujos y modelos industriales, a las patentes y a las topografías de los circuitos integrados. 
Esas medidas en frontera se regulan de manera específica en las disposiciones siguientes: 
- artículos 75 a 77 h de la LDA y artículos 18 a 21 de la ODAu; 
- artículo 12 (que remite a los artículos 75 a 77 h de la LDA) de la LTo y artículos 16 
a 19 de la OTo; IP/N/6/CHE/2 
- 20 - 
 - artículos 70 a 72 h de la LPM y artículos 54 a 57 de la OPM; 
- artículos 46 a 49 de la LDes y artículos 37 a 40 de la ODes; - artículos 86 a a 86k de la LBI y artículos 112-112 f de la OBI; 
- artículos 1 a 5 y anexo 1 (Tarifa) de la Orden sobre los emolumentos de la 
Administración de Aduanas. 
El procedimiento también se aplica a las mercancías depositadas en un almacén de la aduana 
suiza. En cuanto a los derechos de patente y las mercancías en tránsito, la Administración de 
Aduanas sólo actúa si el titular de un derecho puede demostrar que tiene derecho a prevenir la 
importación en el país de destino (párrafo 3 del artículo 8 de la LBI). 
El derecho suizo no prevé ninguna excepción para las importaciones insignificantes. La 
Administración de Aduanas también puede actuar cuando se trate de pequeñas cantidades y de 
mercancías infractoras destinadas a un uso privado. Sin embargo, si la Administración de Aduanas 
confisca mercancías destinadas a un uso privado, no se aplicará la responsabilidad penal. 
Estos procedimientos aduaneros no son aplicables a las importaciones de mercancías puestas en el 
mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento. 
16. Sírvanse describir los principales el ementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades 
aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes 
(artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y 
las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). 
¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 
56 (indemnización al importador y al prop ietario de las mercan cías) y 57 (derecho 
de inspección e información)? 
Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer una solicitud de suspensión del despacho 
de las mercancías, la Administración de Aduanas proporciona a los grupos interesados información 
sobre el procedimiento a seguir.
5 La solicitud debe contener determinadas indicaciones: datos 
relativos al titular del DPI, a su derechohabiente o a su representante, copia del certificado de 
registro, indicios que permitan sospechar que se van a importar, exportar, transportar en tránsito 
o depositar en un almacén de la aduana suiza productos falsificados, una descripción precisa de las mercancías y, de ser posible, indicaciones sobre los métodos de falsificación, las características de las mercancías falsificadas o imitadas, las empresas implicadas (transportista, importador, etc.) y 
los envíos que presuntamente contienen productos ilícitos. La solicitud debe contener asimismo 
una declaración del solicitante que confirme si desea o no que la Administración de Aduanas envíe muestras de la mercancía falsificada al titular del derecho, destruya la mercancía falsificada y 
-si afecta a derechos de dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica o de comercio- retenga 
la mercancía falsificada incluso aunque esté destinada a un uso privado. 
La Administración de Aduanas suspende el despacho a libre práctica de esas mercancías por un 
plazo de hasta 10 días laborables a partir de la fe cha de la solicitud, a fin de que el demandante 
pueda obtener la adopción de medidas provisionales. En casos debidamente justificados, la Administración de Aduanas puede retener esas mercancías durante otros 10 días laborables como máximo (párrafos 2 y 3 del artículo 77 de la LDA; artículo 12 de la LTo; párrafos 2 y 3 del 
artículo 72 de la LPM; párrafos 2 y 3 del artículo 48 de la LDes; párrafos 2 y 3 del artículo 86 c de 
la LBI). Cuando antes de que concluyan esos plazos se establece que el demandante no puede obtener medidas provisionales, las mercancías se despachan de inmediato (párrafo 3 del 
artículo 20 de la ODAu; párrafo 3 del artículo 18 de la OTo; párrafo 3 del artículo 56 de la OPM; 
párrafo 3 del artículo 39 de la ODes; párrafo 3 del artículo 112 b de la OBI). 
                                               
5 Para más información, véase la hoja informat iva sobre la prestación de asistencia de la 
Administración Federal de Aduanas en materia de  propiedad intelectual ac cesible en la página 
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04202/04284/04299/index.html?lang=en  (en inglés). IP/N/6/CHE/2 
- 21 - 
 Para proteger de posibles perjuicios al demandado o a terceros, la Administración de Aduanas 
puede exigir del demandante una declaración de responsabilidad o, en casos justificados, una fianza o una garantía equivalente adecuadas (artículo 77 h de la LDA; artículo 12 de la LTo; 
artículo 72 h de la LPM; artículo 49 de la LDes; artículo 86 k de la LBI). 
El demandante está facultado para examinar las mercancías durante la suspensión. La persona 
que tiene derecho a disponer de las mercancías (propietario, expedidor, etc.) puede participar 
también en dicho examen a fin de proteger el secreto comercial o industrial (artículo 77 b de 
la LDA; artículo 72 b d e  l a  L P M ;  a r t í c u l o  4 8 b de la LDes; artículo 86 e d e  l a  L B I ;  a r t í c ul o  1 2  d e  
la LTo). 
17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. ¿C uál es el período de validez de las decisiones de las 
autoridades competentes por las que se susp ende el despacho de las mercancías a 
libre práctica? 
Normalmente, examinar una solicitud de suspensi ón del despacho de mercancías toma de uno a 
dos meses. En principio, la solicitud tiene una validez de dos años si no se presenta por un plazo más breve. Por tramitar las solicitudes se cobra una tasa de entre 1.500 y 3.000 francos suizos. 
Las solicitudes pueden renovarse si se abona una tasa de entre 500 y 1.500 francos suizos 
(Orden sobre los emolumentos de la Administración de Aduanas, RS 631.035). 
Cuando se ha examinado la solicitud y comprobado su validez, la Administración de Aduanas 
puede retener las mercancías en cuestión por un pl azo de hasta 10 días laborables a partir de la 
fecha de la comunicación. En casos debidamente justificados, la Administración de Aduanas puede 
retener las mercancías durante otros 10 días laborables como máximo. La retención y la comunicación cuestan un mínimo de 50 francos suizos. 
Durante ese plazo, el solicitante debe obtener del juez civil la adopción de medidas provisionales, 
sin lo cual las mercancías se despacharán inmediatamente. 
18. ¿Están obligadas las autoridades competen tes a actuar por propia iniciativa y, en 
tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay di sposiciones especiales aplicables a la 
actuación de oficio? 
La Administración de Aduanas está habilitada para alertar de oficio  al titular del derecho sobre 
determinados envíos sospechosos de infringir DPI pertinentes (artículo 75 de la LDA; artículo 12 de 
la LTo; artículo 70 de la LPM; artículo 46 de la LDes; artículo 86 a de la LBI). Tras la notificación, el 
titular del DPI debe presentar una solicitud a la Administración de Aduanas (véase la respuesta a la pregunta 17) en el plazo de tres días. De  no hacerlo, se despacharán las mercancías. 
19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción pueden ordenar las autoridades 
competentes y los criterios que rigen su aplicación. 
Si el solicitante ha presentado una orden de destrucción, la Administración de Aduanas notificará a 
la persona que tiene derecho a disponer de la mercancía. La Administración de Aduanas está 
facultada para destruir la mercancía falsificada si la persona que tiene derecho a disponer de ella da su consentimiento o si no manifiesta oposición a su destrucción en un plazo de 10 días desde la recepción de la notificación de la Administración de Aduanas. Los procedimientos penales 
corresponden, en primera instancia, a las auto ridades cantonales (véanse el párrafo 1 del 
artículo 73 de la LDA; el artículo 69 de la LPM; el artículo 45 de la LDes; el párrafo 1 del artículo 85 de la LBI; el artículo 51 de la LPOV; el párrafo 1 del artículo 27 de la LCD. Véanse 
también las respuestas a las preguntas 20 y siguientes). 
20. Sírvanse indicar los tribunales que tien en competencia en casos de infracción 
penal de los derechos de propiedad intelectual. 
20.1 Los procedimientos penales están regulados por la legislación federal. El Código Suizo de 
Procedimiento Penal (CPP) prevé que las autoridades federales y cantonales de justicia penal asuman la acusación y el enjuiciamiento de los delitos previstos por el derecho federal (párrafo 1 IP/N/6/CHE/2 
- 22 - 
 del artículo 1 del CPP), siempre y cuando las leyes especiales de propiedad intelectual no 
contengan disposiciones particulares (véase el párrafo 2 del artículo 1 del CPP). Cada cantón designa a las autoridades encargadas de perseguir y juzgar los casos de infracción para la totalidad de su territorio (véase el artículo 14 del CPP). En caso de infracción del derecho federal, 
los fallos cantonales pueden ser recurridos por cuestión de derecho ante el Tribunal Supremo 
Federal (artículos 80 y 95 de la LTF). 
20.2 La autoridad competente para llevar a cabo el proceso y juzgar una infracción de los DPI es 
la autoridad del lugar en el que ha actuado el infrac tor. Si sólo está en Suiza el lugar en el que se 
ha producido el resultado de esa infracción, la au toridad competente es la de ese lugar (véase el 
párrafo 1 del artículo 31 del CPP). Por lo que se refiere a las patentes, la Ley permite al demandante elegir entre el lugar en que ha actuado el autor o el lugar en el que se ha producido el 
resultado (véase el párrafo 1 del artículo 84 de la LBI). Si el autor ha actuado o si el resultado se 
ha producido en varios lugares, la autoridad competente es la del lugar en que se ha abierto la primera instrucción (véase el párrafo 2 del artículo 31 del CPP). Si la infracción se ha cometido en 
el extranjero, o si no es posible determinar en qué lugar se ha cometido, la autoridad competente 
será la del lugar de residencia del autor de la infracción (véase el párrafo 1 del artículo 32 del CPP). Si el autor de la infracción no reside en Suiza, la competencia es de las autoridades del 
lugar de origen del autor; en caso de que carezca de lugar de origen, las autoridades competentes 
son las del lugar en el que haya sido localizado el autor de la infracción. 
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones 
penales? 
En la legislación suiza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales contra las 
infracciones de todos los DPI y no sólo contra la falsificación dolosa de marcas de fábrica o de 
comercio y la piratería lesiva del derecho de autor, como se dispone en el artículo 61 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. Se puede recurrir a los procedimientos y sanciones penales en los siguientes casos: 
- Con arreglo a los artículos 67 y siguientes y 70 de la LDA, serán punibles los 
siguientes delitos si se cometen intencionada e ilícitamente: utilizar una obra bajo una designación falsa o distinta de la elegida por el autor; divulgar una obra; modificar una obra; utilizar una obra para crear una obra derivada; confeccionar copias de una 
obra por cualquier procedimiento; ofrecer al  público, enajenar o, de cualquier otra 
forma, poner en circulación copias de una obra; recitar, representar o ejecutar una obra, directamente o por cualquier procedimiento, o hacerla ver u oír en un lugar 
distinto del lugar en el que se hubiera presentado; hacer accesible una obra de forma 
que otras personas puedan acceder a ella en cualquier momento y desde cualquier lugar; difundir una obra por radio, televisión o medios análogos, ya sea por 
radioenlace, por cable o por otros conductores, o retransmitirla por medios técnicos 
cuya explotación no dependa del organismo de radiodifusión original; hacer ver u oír una obra difundida, retransmitida o que se haya hecho accesible al público; negarse a declarar a las autoridades competentes el origen de las copias de obras 
confeccionadas o puestas en circulación de manera ilícita que estén en poder de la 
persona y negarse a dar el nombre de los destinatarios y el alcance de la distribución a clientes comerciales; alquilar programas informáticos; omitir mencionar, en los 
casos en los que la ley lo prescribe (artículos 25 y 28), la fuente utilizada y, siempre 
que éste se nombre en ella, el autor; hacer valer derechos de autor cuya gestión esté bajo supervisión federal (véase el artículo 40 de la LDA). 
- Con arreglo a los artículos 69 y siguientes de la LDA, serán punibles los siguientes 
delitos si se cometen intencionada e ilícitamente: difundir la interpretación de un artista por radio, televisión o medios análogos, ya sea por radioenlace, por cable o por otros conductores; confeccionar fonogramas o videogramas de una interpretación o 
grabarla en cualquier otro soporte; ofrecer al público, enajenar o, de cualquier otra 
forma, poner en circulación copias de una interpretación; retransmitir una interpretación por medios técnicos cuya explotación no dependa del organismo de 
radiodifusión original; hacer ver u oír una emisión o interpretación retransmitida, o 
una interpretación que se haya hecho accesible al público; utilizar una interpretación bajo un nombre falso o distinto del nombre del intérprete; reproducir interpretaciones, IP/N/6/CHE/2 
- 23 - 
 fonogramas o videogramas de forma que otras personas puedan acceder a ellos en 
cualquier momento y desde cualquier lugar; reproducir un fonograma o un videograma, u ofrecer al público, enajenar o, de cualquier otra forma, poner en circulación las copias reproducidas; retransmitir una emisión; confeccionar 
fonogramas o videogramas de una emisión o grabarla en cualquier otro soporte; 
reproducir una emisión registrada en un fonograma, un videograma u otro soporte, o poner en circulación tales copias; negarse a declarar a las autoridades competentes el 
origen y la cantidad del soporte en el que está registrada una interpretación protegida 
al amparo de los derechos conexos en virt ud de los artículos 33, 36 ó 37 de la LDA, 
confeccionada o puesta en circulación de manera ilícita y que se encuentre en su poder y negarse a dar el nombre de los destinatarios y el alcance de la distribución a 
clientes comerciales. 
- Con arreglo al artículo 69 a de la LDA, serán punibles los siguientes delitos si se 
cometen intencionada e ilícitamente: eludir una medida tecnológica efectiva según el 
párrafo 2 del artículo 39 a con el fin de hacer uso ilícito de obras u otros objetos 
protegidos; fabricar, importar, ofrecer, vender o distribuir de cualquier otra forma, alquilar, confiar o hacer publicidad para su utilización, o poseer con fines comerciales 
aparatos, productos o componentes, o prestar servicios que: 
1. sean objeto de una promoción de vent a, de una publicidad o de una actividad 
comercial dirigidas a eludir las medidas tecnológicas efectivas, 
2. tengan una finalidad o uso económicos limitados distintos de la elusión de 
medidas tecnológicas efectivas, o 
3. estén principalmente diseñados, fabricados, adaptados o proporcionados para 
posibilitar o facilitar la elusión de medidas tecnológicas efectivas; 
eliminar o modificar información digital para la explotación del derecho de autor y los 
derechos conexos según el párrafo 2 del artículo 39 c; reproducir, importar, ofrecer, 
vender o distribuir de cualquier otra forma, difundir o hacer perceptibles o accesibles 
obras u otros objetos protegidos de los que se ha eliminado o modificado la 
información digital para la explotación de los derechos según el párrafo 2 del artículo 39 c. 
- Con arreglo al artículo 11 de la LTo, serán punibles los siguientes delitos si se cometen 
intencionada e ilícitamente: copiar un esquema de trazado (topografía), por cualquier 
medio y bajo cualquier forma; ofrecer al público, enajenar, alquilar, prestar o de 
cualquier otra manera poner en circulación un esquema de trazado o importarlo para 
tales fines; negarse a declarar a las autoridades competentes el origen de los objetos 
producidos o puestos en circulación de manera ilícita y que se encuentren en poder del autor de la infracción. 
- Con arreglo a los artículos 61 y siguientes de la LPM, serán punibles los siguientes 
delitos si se cometen intencionadamente: infringir el derecho de otros a una marca de fábrica o de comercio usurpando, falsificando o imitando dicha marca o utilizando la marca usurpada, falsificada o imitada para ofrecer o poner en circulación productos, 
ofrecer o prestar servicios, hacer publicidad o importar, exportar o poner en tránsito 
productos o servicios; negarse a indicar el origen y la cantidad de los objetos a los que se ha aplicado una marca usurpada, falsificada o imitada y que se encuentren en 
poder del infractor y negarse a dar el nombre de los destinatarios y el alcance de la 
distribución a clientes comerciales; denominar ilícitamente productos o servicios utilizando la marca de un tercero para engañar a otros, haciéndoles creer que se trata 
de productos o servicios originales; ofrecer o poner en circulación como originales 
productos denominados ilícitamente con la marca de un tercero; ofrecer o suministrar como originales servicios denominados con la marca de un tercero; importar, exportar, poner en tránsito o almacenar productos a sabiendas de que se van a 
ofrecer o poner en circulación ilícitamente, con fines de engaño; utilizar una marca de 
garantía o una marca colectiva en contravención de las disposiciones del reglamento o IP/N/6/CHE/2 
- 24 - 
 negarse a indicar el origen de los objetos a los que se ha aplicado una marca 
usurpada, falsificada o imitada y que se encuentren en su poder. 
- Con arreglo a los artículos 64 y siguientes de la LPM, serán punibles los siguientes 
delitos si se cometen intencionadamente: utilizar una indicación geográfica o una 
denominación de origen inexacta; inducir a error utilizando un nombre, una dirección 
o una marca en relación con productos o servicios originarios de otro lugar; contravenir las prescripciones relativas a la marca de identificación del fabricante. 
- Con arreglo al artículo 172 de la Ley Federal de Agricultura (RS 910.1), será punible el 
siguiente delito: utilizar intencionada e ilícitamente una denominación de origen o una indicación geográfica protegida (es decir, registrada para productos agropecuarios y productos agropecuarios elaborados). 
- Con arreglo al artículo 41 de la LDes, serán punibles los siguientes delitos si se 
cometen intencionadamente: utilizar ilícitamente un dibujo o modelo registrado; colaborar en las infracciones mencionadas, o favorecer o facilitar la ejecución de esas 
infracciones; negarse a declarar a la autoridad competente el origen y la cantidad de 
los objetos falsificados que se encuentren en poder de la persona y negarse a dar el nombre de los destinatarios y el alcance de la distribución a clientes comerciales. 
- Con arreglo a los artículos 66 y 81 y siguientes de la LBI, serán punibles los siguientes 
delitos si se cometen intencionada e ilícitamente: utilizar una invención patentada (la copia se considera utilización); negarse a declarar a la autoridad competente el origen y la cantidad de los productos fabricados ilícitamente que se encuentren en 
poder de la persona y negarse a dar el nombre de los destinatarios y el alcance de la 
distribución a clientes comerciales; suprimir la marca de la patente que figure en un producto o en su embalaje sin el consentimiento del titular de la patente o del 
concesionario de una licencia; incitar a cometer uno de los actos mencionados, 
colaborar en ellos, o favorecer o facilitar su ejecución; revelar información errónea relativa a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de las comunidades 
indígenas según lo descrito en el artículo 49 a de la LBI; poner en venta o en 
circulación documentos comerciales, anuncios de cualquier tipo, productos o mercancías que incluyan una mención que induzca a creer, erróneamente, que los 
productos o mercancías están protegidos por la LBI. 
- Con arreglo a los artículos 48 y siguientes de la LPOV, serán punibles los siguientes 
delitos: intencionada e ilícitamente actuar en incumplimiento de las condiciones del artículo 5 de la LPOV; incluir en la publicidad, en los documentos comerciales o al 
comercializar los productos, indicaciones que pueden inducir a creer erróneamente 
que se trata de un producto protegido; omitir la denominación de la variedad al dedicarse a la venta del material de propagación de una variedad protegida; utilizar 
para otra variedad de la misma especie botánica o de una especie similar en la 
actividad profesional la denominación de una variedad protegida o una denominación que se preste a confusión con ella; contravenir de cualquier otra forma la LPOV o las disposiciones de aplicación relativas a esa Ley. 
- Con arreglo al artículo 23 de la LCD, será punible el siguiente delito: incurrir 
intencionadamente en competencia desleal en el sentido del artículo 3 de la LCD (métodos de publicidad y técnicas de venta desleales y otras prácticas ilícitos), del 
artículo 4 de la LCD (incitación a incumplir o rescindir un contrato), del artículo 4 a de 
la LCD (sobornar a alguien o aceptar un soborno), del artículo 5 de la LCD (explotar la obra de otro) o del artículo 6 de la LCD (violación de secretos industriales o 
comerciales). 
- Con arreglo al artículo 162 del CP, será punible el siguiente delito: divulgar un secreto 
industrial o comercial que debe guardarse por obligación legal o contractual; lo mismo se aplica a la utilización de esa divulgación en beneficio propio o de un tercero. IP/N/6/CHE/2 
- 25 - 
 - Con arreglo al artículo 320 del CP, será punible el siguiente delito: divulgar un secreto 
que haya sido confiado a la persona en su calidad de miembro de una autoridad o de funcionario, o del que tuviera conocimiento por su cargo o empleo. ( N.B.: Esta regla 
general del Código Penal se refleja también en numerosas leyes y reglamentos 
relativos a la propiedad intelectual.) 
22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de 
procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa o a raíz 
de reclamaciones? 
22.1 La persecución y el enjuiciamiento de las infracciones penales de los DPI corresponden a las 
autoridades cantonales (véanse el párrafo 1 del artícu lo 73 de la LDA; el artículo 69 de la LPM; el 
artículo 45 de la LDes; el párrafo 1 del artículo 85 de la LBI; el artículo 51 de la LPOV; el párrafo 1 
del artículo 27 de la LCD). En todos los cantones son las autoridades de policía y los fiscales los 
que se encargan de iniciar los procedimientos penales. Los fiscales dirigen las investigaciones de la policía. 
22.2 En el ámbito del DPI, para iniciar procedimientos penales es necesaria, como norma general, 
la presentación de una demanda por parte del perjudicado (párrafo 1 del artículo 67, artículo 68, párrafo 1 del artículo 69 y párrafo 1 del artículo 69 a de la LDA; párrafo 1 del artículo 11 de la LTo; 
párrafos 1 y 2 del artículo 61, párrafos 1 y 3 del artículo 62, párrafos 1 y 2 del artículo 63 y 
párrafo 1 del artículo 64 de la LPM; párrafo 1 del artículo 41 de la LDes; párrafo 1 del artículo 81 de la LBI; artículo 48 de la LPOV; artículo 23 de la LCD). En cambio, si el autor de la infracción actúa por motivos relacionados con su profesión o a escala comercial, las autoridades públicas 
pueden iniciar el procedimiento de oficio (párrafo 2 del artículo 67, párrafo 2 del artículo 69, 
párrafo 2 del artículo 69 a y artículo 70 de la LDA; párrafo 2 del artículo 11 de la LTo; párrafo 3 del 
artículo 61, párrafo 2 del artículo 62, párrafo 4 del artículo 63, párrafo 2 del artículo 64 y 
artículo 65 de la LPM; párrafo 2 del artículo 41 de la LDes; párrafo 3 del artículo 81, artículo 81 a y 
artículo 82 de la LBI). 
23. ¿Hay particulares que estén legitimad os para entablar procedimientos penales y, 
de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo? 
En el ámbito del DPI, en la mayoría de los casos es necesaria la presentación de una demanda por 
parte del perjudicado para iniciar procedimientos penales (véase la respuesta 22.2). Por consiguiente, los particulares pueden entablar procedimientos penales. Toda persona que se 
considere perjudicada puede presentar una demanda. Si el perjudicado no puede ejercer sus 
derechos civiles, el derecho a presentar una demanda corresponderá a su representante legal. Si está bajo tutela, el derecho a presentar la demanda corresponderá a la autoridad tutelar. Si el 
perjudicado es mayor de 18 años y está en su sano juicio, tendrá derecho a presentar una 
demanda. Si fallece sin haber presentado demand a ni haber renunciado expresamente a hacerlo, 
su derecho pasará a sus parientes más próximos (véase el artículo 30 del CP). 
Cuando se procede de oficio contra una infracción, el perjudicado tiene la posibilidad de 
constituirse en parte civil. 
24. Sírvanse indicar, si es necesario po r categorías de derechos de propiedad 
intelectual y tipos de infracción, las sa nciones y otras medidas correctivas que 
pueden imponerse. 
En la legislación suiza se prevén las siguientes sanciones: pena privativa de libertad, 
pena pecuniaria y multa. La pena pecuniaria equivale a un cierto número de unidades de multa 
diaria hasta llegar a una determinada suma. El tribunal decide el número de multas diarias según 
el grado de culpabilidad del infractor, hasta un total máximo de 360 penas diarias. El tribunal decide la cuantía de la multa diaria según las circunstancias personales y económicas del infractor 
en el momento de la condena, hasta un máximo de 3.000 francos suizos (artículo 34 del CP). De 
esta forma, la pena pecuniaria máxima es de 1.080.000 francos suizos (360 (multas diarias) x 3.000 francos suizos). Si una ley especial  sobre los DPI no dispone otra cosa, la cuantía 
máxima de una multa es de 10.000 francos suizos (artículo 106 del CP). IP/N/6/CHE/2 
- 26 - 
 - Por infracciones de derechos de autor (artículo 67 de la LDA) y derechos conexos 
(artículo 69 de la LDA), así como por infracciones de las disposiciones de protección de los esquemas de trazado (topografías) (artículo 11 de la LTo), puede aplicarse una pena privativa de libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria. Si el autor 
de la infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se aplicará una pena 
privativa de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria. 
- Por omisión intencionada de la fuente utilizada, por cualquiera que esté obligado a 
m e n c i o n a r l a  e n  v i r t u d  d e  l a  L e y ,  o  d e l  a u t o r ,  e n  c a s o  d e  q u e  s e  n o m b r e  e n  d i c h a  
fuente (artículo 68 de la LDA), la sanción aplicable será una multa. 
- Por infracción intencionada de las medidas tecnológicas de protección o de la 
información digital para la explotación del derecho de autor (artículo 69 a de la LDA), 
la sanción aplicable será una multa. Si el autor de la infracción actúa por motivos 
relacionados con su profesión, se aplicará una pena privativa de libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria. 
- Por la ejecución ilícita de derechos que únicamente pueden ejecutarse si se cuenta 
con una autorización de las autoridades federales (artículo 70 de la LDA), la sanción aplicable será una multa. 
- Por infracción del derecho a una marca de fábrica o de comercio (artículo 61 de 
la LPM), por el uso fraudulento de una marca (artículo 62 de la LPM), así como por el uso indebido de una marca de garantía o de una marca colectiva (artículo 63 de la LPM), se podrá imponer una pena privativa de libertad de un año como máximo o 
una pena pecuniaria. Si el autor de la infracción actúa por motivos relacionados con su 
profesión, se impondrá una pena privativa de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria. 
- Por la importación, exportación, puesta en tránsito o depósito de productos ofrecidos 
o puestos en circulación ilícitamente con el fin de inducir a error a otros con la marca (párrafo 3 del artículo 62 de la LPM), la sanción aplicable será una multa de 
hasta 40.000 francos suizos. 
- El uso incorrecto de una indicación de origen (artículo 64 de la LPM) puede dar lugar a 
una pena privativa de libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria. Si el autor de la infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se impondrá 
una pena privativa de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria. 
- Por la utilización ilegal de una denominación de origen o de una indicación geográfica 
protegidas, se impondrá una pena privativa de libertad de un año como máximo o una 
pena pecuniaria (artículo 172 de la Ley Federal de Agricultura). Si el autor de la 
infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se impondrá una pena privativa de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria. 
- Por infracciones relacionadas con la marca de identificación del productor (artículo 65 
de la LPM), la sanción aplicable será una multa de 20.000 francos suizos como máximo. 
- Por infracción de las disposiciones relativas a la protección de los dibujos y modelos 
industriales (véase el artículo 41 de la LDes), se podrá imponer una pena privativa de 
libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria. Si el autor de la infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se impondrá una pena privativa de 
libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria. 
- Por infracción de las disposiciones relativas a la protección de los derechos de una 
invención patentada (véase el artículo 66 de la LBI), se podrá imponer una pena 
privativa de libertad de un año como máxi mo o una pena pecuniaria (párrafo 1 del 
artículo 81 de la LBI). Si el autor de la infracción actúa por motivos relacionados con su profesión, se impondrá una pena privativa de libertad de cinco años como máximo o una pena pecuniaria. IP/N/6/CHE/2 
- 27 - 
 - Por divulgar información errónea relativa a los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales (artículo 81 a de la LBI), la sanción aplicable será una multa de 
100.000 francos suizos como máximo. 
- El que ofrezca para la venta o ponga en circulación documentos comerciales, anuncios 
de cualquier tipo, productos o mercancías en los que figure una mención que induzca 
a creer erróneamente que los productos o mercancías están protegidos por la LBI será multado (párrafo 1 del artículo 82 de la LBI). 
- Por infracción de las disposiciones relativas a la protección de las obtenciones 
vegetales (artículo 48 de la LPOV), se impondrá una pena privativa de libertad de un año como máximo o una pena pecuniaria. Si el autor de la infracción actúa de manera negligente, la sanción aplicable será una multa (párrafo 2 del artículo 48 de la LPOV). 
- Por publicidad engañosa y otras infracciones de esa índole (artículo 49 de la LPOV), la 
sanción aplicable será una multa. 
- Por competencia desleal (artículo 23 de la LCD), se impondrá una pena privativa de 
libertad de tres años como máximo o una pena pecuniaria. 
El derecho suizo prevé también otras sanciones, entre las que destacan las siguientes: 
- El juez puede ordenar la incautación o el decomiso de los objetos e instrumentos que 
han servido o debían servir para cometer una infracción de un DPI o que son el 
producto de una infracción, así como las herramientas y otros medios destinados principalmente a la fabricación de esos productos (artículo 69 del CP; artículo 68 de la LPM; artículo 72 de la LDA; artículo 44 de la LDes; párrafo 1 del artículo 69 de 
la LBI; artículo 50 de la LPOV). El juez puede ordenar que los objetos o los productos 
decomisados se inutilicen o destruyan (párrafo 2 del artículo 69 del CP; párrafo 1 del artículo 69 de la LBI). Una vez realizadas, las obras arquitectónicas no pueden ser 
decomisadas (artículo 72 de la LDA). 
- Si, como consecuencia de un delito o una falta, una persona ha sufrido un daño que 
no está cubierto por ningún seguro, y si cabe prever que el autor del delito en 
cuestión no va a indemnizar a la parte perjudicada, el juez asigna al perjudicado, 
previa solicitud de éste, una cantidad máxima equivalente a la cuantía de los daños y perjuicios establecida judicialmente o con acuerdo del perjudicado: 
a) la cuantía de la pena pecuniaria o la multa pagada por la persona declarada 
culpable; 
b) los objetos y valores decomisados o el producto de su realización, previa 
deducción de los gastos; 
c) las demandas de indemnización; 
d) el monto de la fianza preventiva. 
- Si el interés público o el del perjudicado lo exige, el juez puede ordenar la publicación 
de la sentencia en uno o varios periódicos a expensas de la persona declarada 
culpable (véanse el párrafo 1 del artículo 68 del CP; el artículo 70 y el párrafo 2 del artículo 82 de la LBI). 
- Cuando el delito o falta se comete en el marco del ejercicio de una actividad 
profesional, industrial o comercial, y cuando, por motivo de esta infracción, su autor 
haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a seis meses o a una pena pecuniaria de más de 180 multas diarias, si el juez tiene motivos para temer que 
se produzcan nuevos abusos, podrá prohibir al condenado el ejercicio de la actividad 
profesional, industrial o comercial durante un período que oscilará entre seis meses y cinco años (párrafo 1 del artículo 67 del CP). IP/N/6/CHE/2 
- 28 - 
 25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración 
real del procedimiento y su costo. 
La aplicación del derecho penal relacionado con la propiedad intelectual es del dominio exclusivo 
de los cantones. 
Las autoridades judiciales penales están obligadas a iniciar los procedimientos penales 
inmediatamente y concluirlos sin demora injustificada (artículo 5 del CPP). Además, determinadas 
etapas del procedimiento deben concluirse en plazos concretos. Cabe citar también el principio de 
celeridad que dimana del artículo 29 de la Consti tución y del artículo 6 del CEDH, que contempla 
una forma particular de denegación de justicia y de violación del derecho a ser oído. Por último, según el artículo 97 del CP, las penas prescriben a los 30 años si la infracción es sancionable con 
una pena privativa de libertad a perpetuidad, a los 15 años si la infracción es sancionable con una 
pena privativa de libertad de más de 3 años y a los 7 años en todos los demás casos. Si la infracción es sancionable con una multa, la prescripción de la pena principal supone la prescripción 
de las penas accesorias. 
Si procede, el costo del procedimiento se rige por los artículos 416 y siguientes del CPP. Los gastos 
y costas corren normalmente a cargo de la parte perdedora. No se dispone de datos estadísticos 
sobre la duración real y el costo de los procedimientos. 
__________