G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14  
G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14  
 
   29 de julio de 2013  
(13-3998)  Página: 1/26  
Comité de Prácticas Antidumping 
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias  Original: inglés  
 
  NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD  
CON EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 18 Y EL PÁRRAFO 6 DEL  
ARTÍCULO 32 DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES  
ESTADOS UNIDOS  
Suplemento 
La siguiente comunicación, de fecha 19 de julio de 2013, se distribuye a petición de la delegación 
de los Estados Unidos.  
_______________ 
  
De conformidad con el párrafo 6 del artículo  32 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias y el párrafo 5 del artículo 18 del Acuerdo relativo a la Aplicación de Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, los Estados Unidos notifican por 
la presente lo siguiente: 
 Certificación de información fáctica presentada a la Administración de las Importaciones en el curso de procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios, 
78 Fed. Reg. 42678 (17 de julio de 2013) 
 La presente disposición modifica el reglamento que rige la certificación de la información fáctica 
presentada al Departamento de Comercio de los Estados Unidos por una persona o su 
representante en el curso de procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios. La reglamentación modificada tien e por objeto fortalecer los actuales requisitos 
en materia de certificación. Por ejemplo, revisa la certificación para identificar a qué documento 
ésta se aplica, identificar a qué etapa de un procedimiento en materia de derechos antidumping/compensatorios se aplica, identificar quién hace la certificación, e indicar la fecha en que ésta se hizo. Además, las modificaciones tienen por objeto asegurar que las partes y sus 
asesores jurídicos conozcan las posibles consecuencias de la falsedad en las certificaciones. 
 Esta disposición entrará en vigor el 16 de agosto de 2013 y se aplicará a todas las investigaciones 
iniciadas sobre la base de solicitudes presentadas el 16 de agosto de 2013 o con posterioridad a 
esa fecha, y a otras etapas de procedimientos en materia de derechos antidumping/compensatorios iniciados el 16 de agosto de 2013 o con posterioridad a esa fecha. 
 
 [Federal Register, Volumen 78, Número 137 (miércoles 17 de julio de 2013)]  [Normas y Reglamentos]  [Páginas 42678 a 42692] 
 En el sitio Web de la Imprenta del Gobierno [ www.gpo.gov ] 
 [FR Doc Nº: 2013-17045] 
 
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 DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
 
Administración de Comercio Internacional  G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  19 CFR, Parte 351 
 RIN 0625-AA66 [Referencia (Docket) Nº: 0612243022-3538-03] Certificación de información fáctica para la Administración de las Importaciones en el curso de 
procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios 
 ORGANISMO: Administración de las Importaciones, Administración de Comercio Internacional, 
Departamento de Comercio. 
 MEDIDA: Norma definitiva.  
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 RESUMEN: el Departamento de Comercio ("el Departamento") procede a modificar el reglamento 
que rige la certificación de información fáctica presentada al Departamento por una persona o su 
representante en el curso de procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios. El reglamento modificado tiene por objeto fortalecer los actuales requisitos en 
materia de certificación. Por ejemplo, revisa la certificación para identificar a qué documento ésta 
se aplica, identificar a qué etapa de un procedimiento en materia de derechos antidumping/compensatorios se aplica, identificar quién hace la certificación, e indicar la fecha en que ésta se hizo. Además, las modificaciones tienen por objeto asegurar que las partes y sus 
asesores jurídicos conozcan las posibles consecuencias de la falsedad en las certificaciones. 
 FECHAS: esta Norma definitiva entrará en vigor el 16 de agosto de 2013. Se aplicará a todas las 
investigaciones iniciadas sobre la base de solicitudes presentadas el 16 de agosto de 2013 o con 
posterioridad a esa fecha, y a otras etapas de procedimientos en materia de derechos antidumping/compensatorios iniciados el 16 de agosto de 2013 o con posterioridad a esa fecha. 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SÍRVANSE DIRIGIRSE A: Rebecca Cantu, abogada, Oficina del Asesor Jurídico Jefe de la Administración de las Importaciones, Oficina del Asesor Jurídico General, o Myrna Lobo, Analista del Comercio Internacional, despacho 6, Administración de las 
Importaciones, Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1401 Constitution Ave., NW., 
Washington, DC 20230, 202-482-4618 o 202-482-2371, respectivamente.  
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 Antecedentes 
 
El artículo 782(b) de la Ley Arancelaria de 1930, en su forma enmendada ("la Ley"), requiere que toda persona que aporte información fáctica al Departamento en el curso de un procedimiento en materia de derechos antidumping/compensatorios certifique la exactitud y exhaustividad de esa 
información. Véase 19 U.S.C. 1677m(b). El reglamen to del Departamento establece los requisitos 
específicos que ha de cumplir el contenido de esas certificaciones. Véase 19 CFR 351.303(g) (2003). El Departamento ha reconocido que los requisitos en materia de certificación y el texto de 
la certificación no abordan determinadas cuestiones importantes. Por ejemplo, el texto de la 
certificación no obliga al oficial certificador a especificar el documento o el procedimiento respecto del cual se presenta la certificación, y ni siquiera la fecha en que ésta se ha firmado. 
 
Por lo tanto, el 26 de enero de 2004, el Departamento publicó en el Registro Federal un aviso de indagación, recabando observaciones sobre si las vigentes prescripciones en materia de certificación eran suficientes para proteger la integridad de los procesos administrativos de la 
Administración de las Importaciones y, de no ser así, si deberían modificarse o reforzarse las 
vigentes declaraciones de certificación y, en caso necesario, de qué forma. Véase Certificación y presentación de declaraciones falsas a la Administración de las Importaciones en el curso de un 
procedimiento en materia de derechos antidumping o compensatorios, 69 FR 3562 (26 de enero 
de 2004) ("Aviso de indagación").  
Basándose en las observaciones recibidas en respuesta al Aviso de indagación, el Departamento 
publicó en el Registro Federal un Aviso de intención de modificar el reglamento que rige la certificación de la información fáctica presentada al Departamento. Véase Certificación de información fáctica presentada a la Administración de las Importaciones en el curso de 
procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios, Aviso de intención de G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  formular normas y petición de observaciones, 69 FR 56738 (22 de septiembre de 2004) ("Aviso de 
intención de formular normas"). En ese Aviso, el Departamento propuso la utilización de un modelo de texto unificado específico para las certificaciones, y recabó observaciones sobre la modificación propuesta. Hasta el 7 de diciembre de 2004, inclusive, el Departamento recibió 
16 comunicaciones en respuesta al Aviso de intención de formular normas. Las comunicaciones 
reflejaban una amplia variedad de opiniones. Algunos de los autores de las observaciones se 
oponían a las modificaciones, otros las apoyaban , y muchos hicieron recomendaciones generales 
para modificar los requisitos de certificación, así como observaciones sobre cambios específicos en 
el texto de las certificaciones.  El 10 de febrero de 2011, el Departamento publicó la Norma definitiva provisional por la que se 
aplican cambios en las certificaciones, tras abordar todas las observaciones arriba citadas y dar a 
las partes otra oportunidad de presentar observaciones. Véase Certificación de información fáctica presentada a la Administración de las Importaciones en el curso de procedimientos en materia de 
derechos antidumping y compensatorios: Norma definitiva provisional, 76 FR 7491 (10 de febrero 
de 2011) ("Norma provisional"). El Departamento decidió abordar todas las observaciones arriba citadas y aplicar los cambios mediante una norma de finitiva provisional porque habían transcurrido 
varios años desde la recepción de las últimas observaciones sobre los cambios en los requisitos de 
certificación propuestos, y para dar a las partes  una oportunidad más de formular observaciones 
sobre esta reglamentación.  
El Departamento dio a la partes la oportunidad de presentar observaciones y observaciones de 
réplica sobre la Norma provisional. Véase la Norma provisional, 76 FR, 7491. Como algunas partes tuvieron dificultades técnicas para presentar observaciones por medios electrónicos durante el 
plazo otorgado para la presentación de observaciones de réplica, el Departamento abrió de nuevo 
el plazo de presentación de observaciones públic as para la presentación de observaciones de 
réplica. Véase la Norma definitiva provisional sobre Certificación de información fáctica presentada 
a la Administración de las Importaciones en el curso de procedimientos en materia de derechos 
antidumping y compensatorios: Reapertura del plazo para la presentación de observaciones de réplica, 76 FR 39770 (7 de julio de 2011).  
El Departamento recibió en total 13 comunicaciones de observaciones afirmativas y de réplica 
sobre la Norma provisional. En algunas de ellas se hacía referencia a la conveniencia de requerir a los gobiernos extranjeros y sus funcionarios que presentaran las certificaciones requeridas por la 
Norma provisional. A fin de abordar y analizar plenamente esas observaciones y conocer las 
opiniones del público sobre este aspecto de la Norma provisional, el Departamento publicó un 
Complemento de la Norma provisional. En esta Norma definitiva provisional complementaria se 
recababan las observaciones del público, y al mismo tiempo se daba a los gobiernos extranjeros la 
opción de presentar las certificaciones en el modelo utilizado antes de la Norma provisional o en el previsto en la Norma provisional, hasta la fecha en que ésta se publicara como Norma definitiva. Véase Certificación de información fáctica presentada a la Administración de las Importaciones en 
el curso de procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios: Norma 
definitiva provisional complementaria, 76 FR  54697 (2 de septiembre de 2011) ("Norma 
complementaria"). En respuesta a la Norma complementaria el Departamento recibió cuatro 
comunicaciones. Todas las observaciones presentadas en respuesta a la Norma provisional y la 
Norma complementaria que se recibieron dentro de  los plazos establecidos pueden examinarse en 
la Dependencia Central de Registros de la Administración de las Importaciones (despacho 7046 del 
edificio Herbert C. Hoover) y el Portal Normativo Electrónico Federal, en la dirección 
www.Regulations.gov , número de registro Docket ITA-2010-0007. 
 
A continuación, el Departamento presenta un resumen, organizado por temas, de todas las 
observaciones sobre la Norma provisional y la Norma complementaria presentadas dentro de 
plazo, así como de las respuestas del Departam ento. Tras analizar y examinar cuidadosamente 
todas las observaciones, así como las preguntas y las cuestiones planteadas por las partes en los 
procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios desde la entrada en vigor 
de la Norma provisional, el Departamento proc ede a perfeccionar la Norma y el texto de la 
certificación como se indica y expone infra.  
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  Análisis de las observaciones 
 1. Fecha de la certificación  
El modelo de certificación establecido en la Norma provisional y la Norma complementaria obliga al 
certificador a identificar, por su título y su fecha,  la comunicación específica a la que concierne la 
certificación. Véase la Norma provisional, observación 4. 
 
El autor de una observación adujo que el Departamento debería enmendar el texto de la certificación para eliminar la fecha de la presentación específica, ya que con frecuencia las certificaciones tienen que firmarse antes de saber en qué fecha concreta tendrá lugar su 
presentación. 
 Respuesta: El Departamento sigue requiriendo que las certificaciones vayan fechadas; no 
obstante, introduce alguna modificación en cuanto a la fecha requerida en el texto de la 
certificación para abordar las cuestiones planteadas por el autor de la observación concernientes en las dificultades que plantea cumplimentarla.  El Departamento ofrece alguna flexibilidad 
permitiendo que las comunicaciones se identifiquen en la certificación ya sea por la fecha de 
presentación o por la fecha en que deben presentarse. Consideramos que establecer una fecha como elemento de identificación permite distingu ir entre las muchas comunicaciones presentadas 
por una parte que son de naturaleza similar, como las respuestas al cuestionario complementario. 
De manera análoga, requerir un fecha como elemento de identificación aclara que los documentos 
que se presentan por partes o en volúmenes separados, pero responden al mismo cuestionario, forman parte de la misma comunicación. Consideramos asimismo que eliminar la fecha de la 
comunicación del texto de la certificación socavaría nuestros esfuerzos para fortalecer el 
reglamento, porque permitiría presentar una certificación "en blanco" que simplemente podría copiarse y adjuntarse a cada respuesta al cuestionario complementario. La exigencia de una fecha 
garantiza que el firmante sea consciente de la comunicación específica que está certificando y de 
la que es responsable, al tiempo que establece un fuerte vínculo entre la certificación y su comunicación. Reconocemos, no obstante, que las comunicaciones pueden completarse antes de su fecha de presentación, y que como consecuencia de ello pueden obtenerse certificaciones antes 
de esa fecha, y que la fecha exacta en que la presentación tendrá lugar puede no conocerse en el 
momento en que la certificación se firma, o puede cambiar posteriormente por razones imprevistas. Por esta razón, el Departamento permit irá que la fecha de identificación sea o bien la 
fecha en que la comunicación debe presentars e o la fecha real en que se presenta. Por 
consiguiente, hemos modificado el texto de las certificaciones por empresas y gobiernos para que diga lo que se indica en el texto reglamentario de esta norma. 
 
2. Especificación de los procedimientos de ejecución y especificación de sanciones  En la Norma provisional, el Departamento no especificó los procedimientos de ejecución 
disponibles en caso de una posible infracción de 18 U.S.C. 1001, aunque algunos autores de 
observaciones le habían propuesto que lo hiciera. Esas propuestas incluían sugerencias como la de establecer y especificar los procedimientos para ponerse en contacto con la Oficina del Inspector 
General del Departamento y los organismos de ejecución de la ley; formular directrices que 
permitan al Departamento mantener registros qu e puedan utilizarse en cualquier investigación 
sobre conductas indebidas; elaborar disposiciones que regulen la investigación de la información 
fáctica que se ha constatado es falsa, inexacta o incompleta, similares a las establecidas para las 
infracciones de providencias precautorias administrativas. El Departamento concluyó en la Norma provisional que esos procedimientos no eran necesarios, porque las infracciones de las normas sobre certificación seguirían remitiéndose a las oficinas competentes, como la Oficina del Inspector 
General, que aplicarían sus procedimientos normales para tratar posibles infracciones 
de 18 U.S.C. 1001. Véase la Norma provisional, ob servación 6. El Departamento también declinó 
adoptar sanciones específicas, porque no tiene ni la autoridad ni los recursos suficientes para crear 
sanciones independientes por certificaciones falsas, y porque las sanciones serán determinadas por 
las oficinas a las que el Departamento remita las supuestas infracciones de las normas sobre certificación con arreglo a 18 U.S.C. 1001. Véase la Norma provisional, observación 7. Pese a ello, 
el Departamento se reservó el derecho a proteger su proceso administrativo mediante medidas 
adecuadas en el caso que se constate que una parte ha infringido 18 U.S.C. 1001, y se reservó asimismo el derecho a remitir cuestiones a los colegios de abogados cuando determine que las circunstancias justifican esa remisión. Ibid. 
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  El autor de una observación señaló que los cambios en el texto de las certificaciones no serán por 
sí mismos suficientes para disuadir a algunas partes y sus representantes de certificar comunicaciones fácticas que saben o deberían saber que son falsas. Por consiguiente, deberían adoptarse otras medidas para velar por que esas prescripciones se hagan realmente respetar, y 
para que cualquier conducta indebida se comunique a las autoridades públicas competentes. 
Además, el autor sugirió que las infracciones de las normas sobre certificación se remitieran al colegio de abogados competente, y afirmó que esas remisiones serían compatibles con la práctica 
actual del Departamento en virtud de 19 CFR 354.18, que dispone que el Departamento remitirá 
las infracciones de las providencias precautorias administrativas al tribunal deontológico u otro órgano disciplinario del colegio de abogados adecuado u otras asociaciones profesionales si el Departamento impone sanciones por infracción de providencias precautorias administrativas. El 
autor de la observación objeta a la decisión del Departamento de no incluir esa práctica en la 
Norma provisional porque daría lugar a gastos excesivos de los recursos del Departamento. Véase la Norma provisional, observación 7. Según el autor de la observación, el colegio de abogados 
pertinente utilizaría sus propios recursos para investigar las alegaciones de conducta indebida. 
Además, esas remisiones son compatibles con la indicación del Departamento, en la Norma provisional, de que remitiría las infracciones a otras oficinas mejor equipadas para tratar esas 
cuestiones e impediría que las infracciones de las prescripciones en materia de certificación 
quedaran impunes en el caso de que la Oficina del Inspector General del Departamento o los fiscales generales no estuvieran dispuestos a requerir su observancia. En ese sentido, el autor de la observación aduce que la certificación debería contener una declaración de que el representante 
es consciente de que cualquier conducta indebi da que conlleve certificaciones falsas puede 
remitirse al colegio de abogados. Por último, el mismo autor sugirió que el Departamento estudiara la posibilidad de prohibir que comparec iera ante el organismo cualquier representante 
que se hubiera constatado había infringido las prescripciones en materia de certificación, de 
conformidad con las disposiciones en materia de infracciones de providencias precautorias administrativas establecidas por el Departamento en virtud de 19 CFR 354.3(a)(1). El autor de 
otra observación se mostró de acuerdo con esas sugerencias e instó al Departamento a que 
describiera en líneas generales los procedimientos de ejecución.  Otros autores de observaciones afirman que en la Norma provisional no se detallan los 
procedimientos de ejecución que el Departamento tiene intención de aplicar en el caso de que 
identifique una conducta indebida, los factores que tendrá en cuenta, o los criterios que aplicará para determinar si una cuestión tiene que remitirse a la Oficina del Inspector General del 
Departamento o al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los autores de esas 
observaciones también afirman que no está claro si la Oficina del Inspector General del Departamento o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos requerirán que el signatario 
haga alguna indagación en particular antes de firmar una certificación. 
 El autor de otra observación envió un artículo que había publicado, en el que propone el establecimiento de prescripciones en materia de licencias para quienes actúen ante la 
Administración de las Importaciones y la Comisión de Comercio Internacional (ITC). La 
prescripción en materia de licencias propuesta otorgaría a los organismos competencia para vigilar y supervisar el comportamiento ético de quienes actúan ante ellos, tanto si son abogados como si 
no lo son. El artículo recomienda que se establezca una nueva estructura reglamentaria, en forma 
de un sistema de licencias desarrollado y administrado por el organismo, aplicable a quienes actúen ante él (abogados o no) para garantizar un comportamiento ético. Aduce asimismo que 
representar a clientes ante los organismos estadounidenses para asuntos comerciales equivale al 
ejercicio de la abogacía, y aborda la no aplicabilidad de la excepción para los organismos públicos a la práctica no autorizada del derecho. Por últi mo, el artículo presentado por el autor de esta 
observación recomienda que los organismos promulguen reglamentos adecuados, en forma de 
sistemas de licencias, que los integren en el ámbito de aplicación de la excepción para organismos 
públicos.  
El autor de una observación rechaza esa propuesta relativa a las licencias, afirmando que 
trasciende el ámbito de las nuevas prescripciones en materia de certificaciones e indicando que el Departamento ya ha rechazado el establecimiento de esos procedimientos de ejecución. 
 
Respuesta: Como se explica en la Norma provisional, las certificaciones modificadas sirven para aclarar y fortalecer obligaciones ya vigentes por lo que respecta a la presentación de información al Departamento. Las consecuencias de la presentación de certificaciones falsas también se 
abordaban en la Norma provisional, en la que se explicaba que esas infracciones se remitirían a las G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  autoridades competentes mejor equipadas para tratar esas cuestiones. Por consiguiente, no nos 
parece necesario establecer procedimientos de ejecución globales o detallar los factores que el Departamento tendrá en cuenta para determinar si una cuestión debe remitirse a la Oficina del Inspector General del Departamento o al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Además, 
el Departamento evaluará caso por caso las posibles declaraciones o informaciones falsas 
importantes, ya que las circunstancias pueden diferir de un caso a otro. Véase el Examen administrativo sobre determinados camarones de aguas cálidas congelados procedentes de la 
República Popular China: Resultados definitivos, Rescisión parcial del sexto examen administrativo 
en materia de derechos antidumping y Determinación de no revocar parcialmente, 77 FR 53856 (4 de septiembre de 2012), y memorándum sobre las cuestiones y la decisión de acompañamiento, observación 3 (donde se afirma que el Departamento estudiaría las 
circunstancias del caso y si procedía remitir la cuestión a la Oficina del Inspector General). 
Tampoco abordamos aquí los fundamentos en los que la Oficina del Inspector General del Departamento o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se basarían para tratar esas 
infracciones, ya que esas autoridades aplicarán sus propios procedimientos. 
 Por lo que respecta a remitir las cuestiones a los colegios de abogados, aunque en la Norma 
provisional se indicaba que no era práctica  general del Departamento involucrarse en 
procedimientos ante los colegios de abogados relativos a alegaciones de conducta indebida de un letrado, el Departamento se reservaba el derech o a remitir esas cuestiones a los colegios de 
abogados. Por consiguiente, examinaremos caso por caso si las alegaciones de conducta indebida 
de letrados deben remitirse si se determina que las circunstancias lo justifican. Además, desde la 
publicación de la Norma provisional, el Depart amento también ha publicado por separado una 
Norma definitiva para fortalecer su reglamentación de la rendición de cuentas por los 
representantes, abogados o no. Véase la Reglamentación por la que se fortalece la rendición de 
cuentas de los representantes, abogados o no, que comparecen ante el Departamento (78 FR 22773, 17 de abril de 2013) (Reglamentación relativa a la rendición de cuentas por 
abogados/representantes). Esa Norma definitiva  aplica una disposición de 19 CFR 351.313 que 
regula más concretamente la conducta indebida de los representantes, abogados o no, establece 
un criterio justificativo suficiente y aborda posibles sanciones, con inclusión de la reprensión, la suspensión o la inhabilitación del representante para actuar ante el organismo. Así pues, el 
Departamento tomará las medidas necesarias con arreglo a lo dispuesto en esa reglamentación. 
 En el contexto de la formulación de estas normas no hemos tenido en cuenta la propuesta de 
establecer un sistema de licencias administrado por el organismo, porque la finalidad de la 
modificación de 19 CFR 351.303(g) es aclarar y fortalecer obligaciones ya existentes. Además, el Departamento ha reconocido anteriormente que si bien algunos organismos (la ATF, por ejemplo) 
requieren que determinados actuantes que no son abogados se inscriban ante ellos, las medidas 
correctivas comerciales no representan a una rama de producción reglamentada que justifique esa instrucción. Véase la Reglamentación por la que se fortalece la rendición de cuentas de los abogados/representantes, 78 FR, 22777. Por consiguiente, hemos determinado que la elaboración 
de un nuevo sistema de licencias transciende el alcance de este proceso de formulación de 
normas.   
3. Obligación de conservar las certificaciones originales firmadas 
 El texto para la certificación que figura en la Norma provisional y en la propia certificación requiere 
que el firmante presente una copia de la certificación firmada junto con la comunicación pertinente 
al Departamento, y conserve el original durante un plazo de cinco años a contar desde la presentación de la comunicación. Véase la Norma provisional, observaciones 8 y 14.  
El autor de una observación afirmó que la obligación de conservar la certificación original durante 
un plazo de cinco años crea una carga innecesaria en materia de mantenimiento de registros, y no es práctica por lo que respecta a los abogados que no trabajan en una oficina de la empresa en 
Washington, DC. Dos autores de observaciones respaldaron el uso de una firma electrónica, que 
permitiría que una certificación firmada por medios electrónicos sirviera como certificación original. El uso de firmas electrónicas verificables mitigaría las preocupaciones relativas al mantenimiento 
de registros; facilitaría la transición del Departamento hacia la documentación electrónica; y 
garantizaría y preservaría la integridad de los documentos, reduciendo así la carga para las empresas y los bufetes. Además, con arreglo a la Ley sobre firmas electrónicas en el comercio global y nacional ("Ley ESign"), Ley Pública 106-229, 114 Stat. 464 (2000) (codificada en 
15 U.S.C. 7001 y siguientes), los registros electrónicos satisfacen las disposiciones o normas que G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  requieren la presentación de documentos "origina les". Así pues, el Departamento debería o bien 
permitir los registros firmados por medios electrónicos o aclarar que conforme a la Ley ESign los registros electrónicos satisfacen la prescripción en materia de mantenimiento de registros propuesta que figura en 19 CFR 351.303(g). Según los autores de esas observaciones, considerar 
que las certificaciones firmadas por medios electrónicos son certificaciones originales estaría en 
conformidad con la práctica actual y su evolución ante los tribunales y organismos federales.  
El autor de otra observación indicó que para tener en cuenta la posibilidad de que el litigio dure 
más allá del período de conservación de cinco años, en la Norma definitiva del Departamento debería aclararse que las certificaciones originales  tienen que conservarse cinco años o hasta la 
publicación de una decisión definitiva en todas las apelaciones concernientes al procedimiento, si 
esta es posterior. 
 El autor de otra observación respondió que el Depa rtamento debería explicar que esta prescripción 
no afecta a las facultades de una empresa para requerir a su abogado que conserve las 
certificaciones de la empresa, en el contexto de su representación de dicha empresa. Esto aclararía que no tiene por objeto restringir el alcance de las actividades de representación acordadas entre 
el abogado y su cliente. 
 Respuesta: Hemos tenido plenamente en cuenta la viabilidad de aceptar las firmas electrónicas, y por el momento no podemos hacerlo a efectos de certificación. Aunque el Departamento ya utiliza 
un sistema electrónico, el Sistema de archivado electrónico centralizado de los asuntos relativos a 
derechos antidumping y compensatorios de la Ad ministración de las Importaciones (IA ACCESS), 
para la presentación de comunicaciones a partir del 5 de agosto de 2011, ese sistema se está 
aplicando gradualmente, y no puede actualmente manejar firmas electrónicas a efectos de 
certificación. La única forma de firma electrónica actualmente compatible con IA ACCESS es el uso de la combinación única del nombre de usuario y la contraseña como firma del que presenta la 
certificación. Aunque los nombres de usuario y las contraseñas únicos asignados a cada usuario 
de IA ACCESS permiten a quienes presentan co municaciones firmarlas electrónicamente, éstos 
sólo pueden firmar electrónicamente los documentos en ellas contenidos que de otro modo llevarían su propia firma manuscrita. En otras palabras, la firma electrónica del representante no 
afectaría a la certificación por el empleado o funcionario de la empresa/Gobierno que se incluye en 
la comunicación, porque ese empleado o funcionario no estaría utilizando también su nombre de usuario y contraseña IA ACCESS únicos. 
 
En segundo lugar, hemos considerado si empleados o funcionarios de empresas o del Gobierno representados de otro modo por un representante, abogado o no, podrían presentar su 
certificación vía IA ACCESS separadamente de la comunicación que estarían certificando, pero 
hemos concluido que esa opción es inviable porque dificultaría el rastreo y la vinculación de las certificaciones con las comunicaciones, así como la recepción puntual de esas certificaciones. También hemos considerado la utilización de proveedores de servicios de terceros que legalicen 
firmas, lo que permitiría al representante y a su empresa/Gobierno cliente firmar electrónicamente 
sus respectivas certificaciones. Sin embargo, el Departamento, como todavía no aplica plenamente 
el sistema IA ACCESS, no puede por el momento determinar qué servicios de terceros que 
legalicen firmas serán compatibles con su sistema. 
 Por todas esas razones, el Departamento ha decidido que por el momento no puede aceptar firmas 
electrónicas a efectos de certificación por ninguna parte y que seguirá requiriendo una firma 
manuscrita en las certificaciones y que el certificador conserve las certificaciones originales firmadas. Evaluaremos la viabilidad de las firmas electrónicas a medida que vayamos aplicando nuevas fases del sistema IA ACCESS. El modelo adecuado y los procedimientos para la 
presentación de documentos electrónicos se definen en el Manual IA ACCESS sobre procedimientos 
de archivado electrónico (Manual IA ACCESS). En consecuencia, si las firmas electrónicas llegaran a ser una opción viable, el Departamento anunciaría esos cambios en el sitio Web de IA ACCESS 
http://iaaccess.trade.gov  y en el Manual IA ACCESS. Hasta que se anuncien cambios en el Manual 
IA ACCESS, el Departamento seguirá requiriendo la firma manuscrita en las certificaciones y que el 
certificador conserve las certificaciones originales firmadas. Véase también la observación 18 infra 
(donde se hace referencia más deta llada a las firmas electrónicas). 
 Por lo respecta a las prescripciones en materia de mantenimiento de registros, la Norma provisional requiere que la certificación original se conserve durante un plazo de cinco años a 
contar desde la fecha de presentación de una comunicación. No hemos modificado esa prescripción G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  para facilitar el procesamiento conforme a U.S.C. 1001 en el caso de que una parte haga una 
declaración falsa importante en el curso del procedimiento. Sin embargo, hemos desplazado los términos relativos a la conservación que figuraban en el texto de la certificación al texto del propio reglamento, a fin de hacer más explícitos los requisitos en materia de mantenimiento de registros 
y lograr que la ubicación de esta prescripción sea más coherente con la de otras prescripciones de 
procedimiento establecidas en esta Norma (es decir, en el texto del reglamento en lugar del texto de la certificación). Véase también la observación 12b infra. Además, no creemos necesario 
ampliar el requisito de mantenimiento de registros más allá de los cinco años o hasta la decisión 
definitiva en los casos litigiosos, porque los plazos de prescripción para los procesamientos en virtud de 18 U.S.C. 1001 son de cinco años, y el Gobierno de los Estados Unidos podría compilar y retener las certificaciones originales en el curso de cualquier litigio para el que las certificaciones 
originales fueran necesarias. 
 Las certificaciones originales tienen que conservarse para que puedan ser examinadas físicamente, 
si se solicita, en la verificación, y para que puedan obtenerse del certificador si, por ejemplo, el 
Departamento está estudiando si procede remitir una posible infracción relacionada con la certificación a la Oficina del Inspector General del Departamento o al Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos. Como ya se ha indicado, el Departamento seguirá estudiando la posibilidad de 
permitir las firmas electrónicas y, si en el futuro la aceptación de firmas electrónicas a efectos de certificación fuera viable, la conservación del documento firmado original podría resultar redundante, y el Departamento podría eliminar en  ese momento esta prescripción en materia de 
mantenimiento de registros. 
 En la Norma provisional el Departamento pidió qu e las empresas y los gobiernos, en lugar de los 
asesores jurídicos, conserven, sus propias certific aciones originales para evitar toda interferencia 
en las relaciones privilegiadas entre abogado y cliente. Véase la Norma provisional, observación 8. El Departamento ha reconsiderado la cuestión de quién debe conservar la certificación original, y 
ahora aclara que la prescripción en materia de mantenimiento de registros sólo requiere que una 
empresa o Gobierno, y su representante, conserven la certificación original durante un plazo de cinco años a contar desde la presentación de la comunicación. Esta prescripción no especifica dónde ni cómo debe conservarse la certificación original, ni prohíbe a una empresa o Gobierno 
autorizar a sus representantes a conservar las certificaciones originales en nombre de su cliente. 
Para aclarar esta prescripción hemos revisado el texto de la reglamentación, sustituyendo la palabra "retener" por "conservar". La empresa o el Gobierno, y sus representantes, pueden 
establecer sus propias políticas y prácticas para conservar la certificación original. Con 
independencia de la política o práctica escogida por la empresa o el Gobierno, la empresa o el Gobierno deberán poner el original a disposición del Departamento si éste lo solicita con ocasión 
de la verificación o, en cualquier otro momento, si lo solicitan el Departamento o cualquier otro 
organismo competente, como la Oficina del Inspector General del Departamento o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cabe señalar, no obstante, que el certificador es la persona en última instancia responsable de su propia certificación, y la que deberá presentar la 
certificación si el Departamento la solicita, con independencia de las disposiciones adoptadas para 
conservar la certificación original.  
4. Prescripciones de incluir en las certificaciones una lista de otras personas que hayan tenido 
una responsabilidad importante en la preparación de parte de la comunicación o de su totalidad  
En la Norma provisional, el Departamento no adoptó la propuesta de incluir en la certificación una 
lista de todas las personas que hayan tenido una responsabilidad importante en la preparación de parte de la comunicación o de su totalidad. Véase la Norma provisional, observación 10.  
El autor de una observación afirmó que incluir en la certificación la identificación de las personas 
que han tenido una responsabilidad importante en la compilación o la presentación de información fáctica o en la manipulación de los datos contribuiría a garantizar que en la comunicación no se 
omitieran datos importantes conocidos o que estuvieran razonablemente al alcance de la parte que 
hace la comunicación. Esto garantizará que las obligaciones de exactitud y exhaustividad se tomen en serio, y será útil para hacer comprobaciones durante cualquier verificación de la información. 
Además, no es probable que la mera enumeración de personas que hayan contribuido de manera 
significativa obre en menoscabo de la obligación que recae sobre la persona que efectivamente firma la certificación.  G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  Los autores de otras dos observaciones recomendaron al Departamento que eliminara 
ambigüedades requiriendo que todas las organiza ciones y personas que participaran en la 
preparación y comunicación de información fáctica presentaran su propia certificación, a fin de responsabilizar a esas organizaciones y personas. Esto incluiría, por ejemplo, a las empresas 
consultoras o de contabilidad externas que ayudaran a una empresa o a un Gobierno a preparar 
una comunicación. Esto impediría a las partes que presentan información inexacta o incompleta en sus comunicaciones alegar que las certificaciones en las que sólo figura el empleado o funcionario 
de la empresa/Gobierno no eran engañosas porque se habían obtenido de un tercero. El autor de 
las observaciones añadió que esto daría al proceso de certificación más trasparencia y aumentaría la probabilidad de que el comportamiento fuera ético y de que se actuara con la debida diligencia. El autor de la otra observación alega que esta prescripción no sería engorrosa y eliminaría la 
ambigüedad. 
 El autor de una de esas observaciones considera que el Departamento incurrió en error al no 
establecer en la Norma provisional la obligación de que la certificación contenga una lista de todas 
las personas que hayan tenido una "responsabilidad importante" en la preparación de parte de la comunicación o de su totalidad, y recomienda al Departamento que establezca esa obligación. 
Según el autor, el Departamento sobreestimó enormemente el número de personas que 
contribuyen de manera "importante" a una comunicación, ya que en la mayoría de los casos lo probable es que sólo dos o tres personas más contribuyan realmente de manera importante. El autor de la otra observación también sugiere que se requiera que un oficial encargado de la 
certificación identifique a cualesquiera partes ajenas que participaran en la presentación o 
comunicación de información fáctica. No promulgar esa prescripción impediría al Departamento responsabilizar a partes fraudulentas, mientras que requerir la identificación de todas las partes 
involucradas en la preparación de una comunicación garantizaría que éstas obraran con más 
cuidado y actuaran de manera más ética. Esa parte alega que si bien la expresión "responsabilidad importante" no está claramente definida, el valor de un proceso trasparente compensa con creces 
la vaguedad de la definición. 
 El autor de una observación conviene con el Departamento en que la obligación de identificar y enumerar a todas las personas que hayan tenido una responsabilidad importante en la compilación 
y presentación de la información que figura en una comunicación es excesivamente engorrosa e 
innecesaria. Aduce que debería responsabilizarse de la información contenida en la comunicación a un empleado de la empresa, y obligarse a esa persona, junto con los abogados responsables de 
presentar la información, a firmar la certificación. Aunque el Departamento tiene razón al requerir 
que se designe a una o más personas como responsables de la exactitud de cada comunicación, el autor de la observación aduce que debe incumbir a la empresa o el Gobierno determinar qué 
persona o personas han de asumir esa responsabilidad. 
 Respuesta: El Departamento presentó en la Norma provisional sus razones para no establecer la obligación de que en la certificación se enumere a todas las personas que hayan tenido una 
responsabilidad importante en la preparación de parte de la comunicación o de su totalidad. Véase 
la Norma provisional, observación 10. Entre las razones cabe mencionar la ambigüedad creada por lo que respecta a quién es el principal responsa ble de la exactitud y exhaustividad de toda la 
comunicación, la correspondiente obligación de definir lo que constituye "responsabilidad 
importante" y "parte … de una comunicación", por ejemplo un elemento de información o dos elementos de datos, y la carga administrativa adicional que esa prescripción crearía. Además, la 
mera enumeración de las personas que han contribuido de manera importante, sin que sus firmas 
figuren en la certificación, no sirve a los fines de la obligación de certificar, a saber, garantizar que la información fáctica que figura en la comunicación sea completa y exacta y que el Departamento pueda responsabilizar a la persona cuya firma aparec e en la certificación de la exhaustividad y de 
la exactitud de la información que figura en la comunicación. Además, es probable que la 
existencia de varias certificaciones de empresas/gobiernos o de una lista de todas las personas responsables de preparar la comunicación redujera la responsabilidad. Podría ser difícil 
responsabilizar a una o más personas en el caso de que en la comunicación se hubiese hecho una 
declaración falsa importante, porque esa persona o personas podrían aducir que cualquier inexactitud o falta de exhaustividad era atribuible a otra persona enumerada en la certificación o a 
otra persona que también había certificado. Véase también la Norma provisional, observación 9. 
 Además, el Departamento no está de acuerdo en que procede establecer una prescripción de que todas las organizaciones o empresas consultoras o de contabilidad externas que ayuden a una 
empresa o Gobierno a preparar una comunicación presenten una certificación. Las partes en el G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  procedimiento ante el Departamento son las partes responsables de la información comunicada al 
Departamento, de la que deben rendir cuentas.  5. Obligación de identificar en la certificación al asesor jurídico o representante que supervisó 
el asesoramiento, la preparación o el examen de la comunicación, o a otras personas que tuvieron 
una responsabilidad importante en el asesoramiento, la preparación o el examen de la comunicación 
 
En la Norma provisional, el Departamento decidió no requerir que los representantes identificaran 
en la certificación a las demás personas que tu vieron una responsabilidad importante en el 
asesoramiento, la preparación o el examen de la comunicación, en su totalidad o en parte. Véase 
la Norma provisional, observación 15. 
 El autor de una observación adujo que el Departamento debería requerir que todos los asesores 
jurídicos participantes en la preparación de información fáctica presentaran una certificación. Esto 
permitiría al Departamento saber exactamente quién había participado en la preparación de la comunicación, y actuar al respecto. Alternativamente, el Departamento debería requerir que en la 
certificación del asesor jurídico se identificara a todos los bufetes o a otros representantes que 
hubieran participado en la preparación de la comunicación. Esto permitiría tener en cuenta el uso frecuente de abogados extranjeros, además de es tadounidenses, en la preparación y comunicación 
de información, así como los casos en los que más de un abogado estadounidense participa en la 
preparación de las comunicaciones para las partes.  
 El autor de otra observación se mostró de acuerdo con ese criterio, se basa en que las complejas 
comunicaciones requeridas por el Departamento necesitan insumos de muchas fuentes. El autor 
observa que una posible alternativa a la prescripción del Departamento sería adoptar la práctica de la ITC de requerir una certificación única que también permita identificar a otras "personas de 
contacto" para distintas secciones de la comunicación.  
 Respuesta: Por las mismas razones expuestas en la observación 4 supra , el Departamento no ha 
aceptado la propuesta de obligar a los representantes a identificar en la certificación a las demás 
personas que hayan tenido una responsabilidad importante en el asesoramiento, la preparación o 
el examen de parte de la comunicación o de toda  ella. Para que una certificación sea eficaz tiene 
que haber un representante primario al que se pueda responsabilizar de la exactitud y 
exhaustividad de la comunicación global certificada. Es importante que el representante evalúe la 
exactitud y exhaustividad de la información en su conjunto. Además, si hubiera varios representantes que certificaran la misma comunicación, al Departamento le resultaría difícil 
responsabilizar de ésta a una persona en particular, porque esa persona podría tratar de atribuir 
cualquier inexactitud o falta de exhaustividad a otro encargado de la certificación. Por consiguiente, consideramos que cualesquiera ventajas derivadas de saber qué partes concretas de una comunicación fueron preparadas o supervisadas por un representante en particular se verían 
contrarrestadas por la pérdida de responsabilidad en cuanto a la comunicación en su conjunto que 
se produciría si el Departamento permitiera múltiples certificaciones en las circunstancias habituales. 
 
El Departamento reconoce que hay casos excepcionales en los que será necesario que más de un representante certifique una comunicación
1, como cuando se trata de comunicaciones presentadas 
conjuntamente por varios bufetes o representantes, en nombre de varias partes interesadas. En 
esos casos, el Departamento espera que los repr esentantes trabajen en colaboración para velar 
por la exactitud y exhaustividad de la comunicación en su totalidad, en lugar de presentar una certificación que sólo sea aplicable a una parte especificada de la comunicación.
2 Además, en los 
casos en que se ha designado a una parte interesada "principal" para que certifique en nombre de 
varias partes interesadas3, el Departamento también considerará que la certificación del 
representante de la parte interesada "principal" y el representante de la parte cuya información 
específica figura en la comunicación son suficientes a efectos de la certificación representativa. 
                                               
1 En casos excepcionales, la Norma provisional permitía que un número muy limitado de personas 
fueran responsables de la exactitu d y exhaustividad de la comunicación en su totalidad. Véase la Norma 
provisional, observación 15, nota 4. 
2 Ibid. 
3 Véase la observación 21 infra, que permite que una parte interesada "principal" certifique en nombre 
de varias partes interesadas cuando  la comunicación no contiene información fáctica que pertenezca a una 
parte interesada en particular. G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  6. Si las certificaciones del representante "continúan en vigor"  
 E n  l a  N o r m a  p r o v i s i o n a l ,  e l  D e p a r t a m e n t o  n o  a c e p t ó  l a  p r o p u e s t a  d e  r e q u e r i r  a l  f i r m a n t e  q u e  certifique que es consciente de que se considera que la certificación continúa en vigor, de manera 
que tiene que notificar por escrito al Departamen to si en algún momento, durante la etapa del 
procedimiento de que se trate, tiene conocimiento o motivos para tener conocimiento de alguna representación errónea u omisión fáctica importante en la comunicación o en cualquier información 
anteriormente certificada en la que la comunicación se basaba. Véase la Norma provisional, 
observación 16; véase también la Norma provisional, observación 12.  El autor de una observación afirmó que el Depa rtamento debería modificar su propuesta para 
requerir al representante de una parte que certifiq ue que es consciente de que se considera que la 
certificación continúa en vigor. También debe requerirse al firmante de la certificación que tome las medidas correctivas adecuadas si en cualquier momento, durante la etapa del procedimiento 
de que se trate, tiene conocimiento o motivos para tener conocimiento de alguna representación 
errónea u omisión fáctica importante en una comunicación anteriormente certificada. Aunque el Departamento ha indicado que de hecho la obligación de comunicar representaciones erróneas u 
omisiones fácticas importantes ya existe, este autor considera que la certificación misma debe 
contener términos en los que se advierta al asesor jurídico que debe respetar esa obligación.  Respuesta: La obligación de comunicar representaciones erróneas u omisiones fácticas 
importantes ya existe, como se explica en la Norma provisional. Véase la Norma provisional, 
observación 12. Esa prescripción está implícita en la prescripción en materia de certificación que figura en el artículo 782(b) de la Ley y en las prescripciones en materia de verificación que figuran 
en el artículo 782(i) de la Ley. 19 U.S.C. 1677m(b) y (i); véase también 19 CFR 351.307(b). El 
Departamento indicó además que esa obligación debía interpretarse en un sentido compatible con las responsabilidades profesionales del representante. Véase la Norma provisional, observación 16 
(donde se hace referencia a la regla 4.1 del Reglamento de conducta profesional del Distrito de 
Columbia, que prohíbe que los abogados formulen a sabiendas declaraciones falsas a un tercero cuando representan a un cliente; Reglamento de conducta profesional del Distrito de Columbia, 
regla 3.3, que prohíbe a los abogados presentar a un tribunal pruebas que saben son falsas); 
véase también el Reglamento sobre responsabilidad de los abogados/representantes a que se hace 
referencia supra en la observación 2. Así pues, no creemos necesario que la certificación misma 
incluya términos adicionales para recordar a los asesores jurídicos esa obligación. 
 
7. Obligación de realizar "una indagación razonable dadas las circunstancias"  
En la Norma provisional el Departamento no aceptó la propuesta de requerir a los representantes 
que hagan una indagación razonable, dadas las circunstancias, antes de certificar que la comunicación es exacta y completa. Véase la Norma provisional, observación 17.  
El autor de una observación adujo que el reglamento debería modificarse para requerir que los 
empleados de las empresas y los abogados hagan "una indagación razonable dadas las circunstancias". Por lo que respecta a los abogados que firman certificaciones, esto incluiría la 
debida diligencia requerida por las normas de responsabilidad profesional, como la regla 3.3 de las 
Normas tipo de conducta profesional de la Asociación Americana de Abogados. Es importante hacer hincapié en la obligación del abogado por lo que respecta a la certificación, de la misma 
manera que en la Norma provisional se recuerda a los signatarios la aplicabilidad de 18 U.S.C. 
1001. En la certificación debe informarse a los empleados de las empresas, que pueden no estar sujetos a normas de conducta profesional, acerca del criterio de indagación razonable, y de que suscribir una certificación indica que el empleado es responsable de presentar la información, 
supervisar su compilación y presentación o actuar con la debida diligencia al examinar la 
información presentada mediante un examen de los libros y registros de la empresa que va más allá de la información contenida en el documento comunicado. 
 
El autor de otra observación aduce que si el Departamento incluyera ese tipo de prescripción debería brindar orientación para aclarar las expectativas en cuanto a lo que se requiere para 
satisfacer el criterio de "indagación razonable" o "diligencia debida". El autor sugiere que se 
establezcan criterios mínimos. Cabe esperar que un abogado que firme una certificación haya examinado hojas de cálculo, una muestra de las fuentes originales de los datos incluidos en la respuesta a un cuestionario, y otras comunicaciones de la misma empresa en otros procedimientos 
a n t e  e l  D e p a r t a m e n t o ,  l a  I T C ,  o  e l  S e r v i c i o  d e  A d u a n a s  y  P r o t e c c i ó n  d e  F r o n t e r a s  d e  l o s  G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  Estados Unidos. De manera análoga, debe responsabilizarse a los empleados de las empresas, 
cuando certifican la exactitud de la información, de la lectura de la comunicación y de todas las pruebas y apéndices documentales que la justifican, y cabe esperar que dichos empleados tengan conocimiento de los registros subyacentes de los que se obtuvieron los datos. El autor de otra 
observación se muestra de acuerdo y sugiere que el Departamento esboce también los 
procedimientos de ejecución que tiene intenció n de aplicar en caso de que identifique una 
conducta indebida relacionada con las certificaciones. Poner esos procedimientos en conocimiento 
de las personas que firman las notificaciones disuadiría de presentar certificaciones falsas. 
 El autor de otra observación recomendó que el Departamento volviera a su propuesta original y requiriera a los representantes que hicieran una "indagación razonable dadas las circunstancias" 
antes de certificar la comunicación, y adujo que esa prescripción estaría en conformidad con las 
directrices deontológicas ya establecidas por las asociaciones de abogados para los asesores jurídicos. Añadir esos términos al reglamento no supondría una carga que no recaiga ya sobre los 
abogados. Según ese autor, incluso en los casos en que abogados o consultores extranjeros 
ayudan a preparar las comunicaciones, los abogados habilitados para ejercer en los Estados Unidos tienen la obligación ética de hacer indagaciones razonables, con un nivel significativo de 
investigación y con la debida diligencia, para impedir la representación errónea de los hechos por 
otras personas. Una indagación razonable y diligente debería, según ese autor, incluir el derecho a investigar y la obligación de proceder de algún modo con la debida diligencia para determinar la veracidad de los datos presentados por un cliente antes de certificar que son verdaderos. Esa 
indagación requeriría alguna investigación que fuera más allá de simplemente aceptar la palabra 
del cliente. Sin una indagación o investigación, un abogado simplemente certifica que un cliente ha comunicado un hecho, y que no había motivo para ponerlo en entredicho, lo que da lugar a 
certificaciones que adolecen de falta de credibilidad. El Departamento, según el autor, debe estar 
capacitado para distinguir entre una representación errónea afirmativa y la omisión negligente de la investigación, y debe esforzarse por evitar ambas cosas. En sus términos actuales, la Norma 
provisional sólo disuade de presentar representa ciones erróneas deliberadamente, creando así un 
incentivo para que los abogados actúen con negligencia. El autor aduce, además, que al no requerir una indagación razonable la certificación "concede ventajas" a los representantes que no son abogados y no están sujetos a normas jurídicas deontológicas. 
 
El autor de una observación respalda el rechazo por el Departamento de la propuesta de establecer la obligación de hacer una "indagación razonable dadas las circunstancias", afirma que 
la propuesta relativa a la indagación razonable puede causar dificultades, y cita la decisión del 
Departamento de rechazar la inclusión de propuestas similares en la Norma provisional. Véase la Norma provisional, observación 17. Ese autor había señalado anteriormente que hacer "una 
indagación razonable dadas las circunstancias" puede plantear dificultades debido a las barreras 
idiomáticas y los distintos entornos culturales y jurídicos que reducen la capacidad de los abogados estadounidenses para verificar datos que el empleado de la empresa declarante ya ha certificado son exactos y completos, y que la capacidad de los abogados para aportar recursos independientes 
a la representación del cliente depende de los recursos financieros de éste. 
 Respuesta: El Departamento no procede a modificar la certificación misma para requerir que los 
abogados y los empleados de las empresas hagan una "indagación razonable dadas las 
circunstancias". Como se explica en la Norma provisional, el criterio adecuado aplicable a los representantes en los procedimientos en materia de derechos antidumping/compensatorios por lo 
que respecta al proceso de certificación es el que ya existe está plasmado en la Ley. Según el 
artículo 782(b) de la Ley, toda persona que presente información fáctica al Departamento deberá certificar que "la información es exacta y completa según su más leal saber y entender". Este criterio conlleva necesariamente algún examen o indagación por parte del empleado que certifica. 
Por consiguiente, no es necesario incorporar esa prescripción expresamente al texto del 
reglamento. La intención es que el criterio aplicable a la certificación se interprete en conjunción con cualesquiera obligaciones éticas que un representante ya tendría que respetar en virtud de 
normas profesionales como las que regulan la conducta profesional. Véase la Norma provisional, 
observación 16.  
8. Obligación de que toda la información fáctica que se presente sea coherente con la facilitada 
a cualesquiera otros organismos del Gobierno estadounidense   Los autores de algunas observaciones sugieren que las certificaciones de las empresas incluyan 
términos que indiquen que las comunicaciones son coherentes con información presentada a otros G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  organismos del Gobierno estadounidense. Esto obligaría al asesor jurídico a examinar las cuentas y 
registros subyacentes de la empresa y a rendir cuentas por el examen de otras comunicaciones de la misma empresa en otros procedimientos ante el Departamento, la ITC, la CBP, u otros organismos gubernamentales. El autor de una observación añadió que el asesor jurídico debería 
estar dispuesto a examinar comunicaciones presentadas en otros procedimientos, o a otros 
organismos del Gobierno estadounidense, y a asegurarse de que las comunicaciones posteriores no sean incompatibles con documentos certificados anteriormente. 
 
Respuesta: No hemos aceptado la sugerencia de incluir en la certificación términos que indiquen que la información fáctica contenida en la comunicación es compatible con la información presentada a otros organismos del Gobierno estadounidense. La finalidad de las disposiciones del 
Departamento relativas a las certificaciones es velar por que la información presentada al 
Departamento sea "exacta y completa" según el leal saber y entender de quien hace la certificación, como requiere el artículo 782(b) de la Ley. Aunque se espera que la información sea 
compatible con las comunicaciones hechas a otros organismos, esas comunicaciones están 
reguladas por los reglamentos de esos organismos y trascienden la autoridad del Departamento. En términos generales, el Departamento no dispone de los recursos necesarios para compilar y 
comparar comunicaciones hechas a otros organismos gubernamentales a fin de identificar 
incompatibilidades, y no puede razonablemente solicitar a otros organismos que confirmen que la información que se les ha presentado y la comunicada al Departamento son compatibles. No obstante, si en un procedimiento se presentan pruebas concretas que indican que hay 
incompatibilidad entre la información facilitada al De partamento y la facilitada a otro organismo, el 
Departamento puede investigar esa incompatibilidad.  
9. Obligación de que las partes certifiquen información que no han preparado 
 El autor de una observación adujo que el Departamento debería aclarar que si bien la información 
presentada por una empresa o un Gobierno o relacionada con ella debe ser certificada por esa 
parte y su representante, las empresas y los gobiernos no están en condiciones de certificar la exactitud de la información presentada por otra pa rte. Esto es así porque las comunicaciones en 
las que se refuta o se comenta la información de dominio privado presentada por otra parte, como 
las respuestas a los cuestionarios, a menudo contienen información fáctica que en virtud de una 
providencia precautoria administrativa sólo el representante del comunicante puede examinar. Por 
consiguiente, no debe requerirse que una empresa o un Gobierno firmen una certificación de una 
comunicación concerniente a información que no han presentado y de la que no tienen 
conocimiento. Únicamente el representante que haya  preparado la información debe certificar su 
exactitud. 
 
El autor de otra observación indicó además que los representantes de los peticionarios a menudo presentan información fáctica obtenida de investigaciones o fuentes de dominio público o compiladas por investigadores del mercado a fin de aclarar, refutar o corregir la información 
comercial de dominio privado presentada por la otra parte, que sólo se facilita a los representantes 
de la empresa en virtud de una providencia prec autoria administrativa. En esos casos, aduce el 
autor, no es útil ni adecuado que la empresa o el Gobierno certifiquen la exactitud de esa 
información obtenida del exterior, como se indica en la Norma provisional, porque sus empleados 
o funcionarios no desempeñan papel alguno en la preparación o la supervisión de la preparación de la comunicación de información fáctica que no es la suya. Actualmente, la Norma provisional 
requiere que los empleados de las empresas ce rtifiquen la exactitud de información que las 
normas del Departamento en materia de providencias precautorias administrativas les prohíben examinar. Por consiguiente, el au tor sugiere que la Norma provisio nal se modifique para aclarar 
que la prescripción en materia de certificación sólo es aplicable, por lo que respecta a los 
empleados de las empresas, a la información fáctica generada por la empresa o sus filiales. 
Cuando la información fáctica es compilada por el representante, la prescripción en materia de certificación debe aplicarse únicamente al representante, y no a la empresa o el Gobierno, que no 
desempeñan papel alguno en la compilación de esa información. 
 El autor de otra observación detalló además qu e sólo cuando una empresa ha presentado su 
propia información comercial de dominio privado debe existir la obligación de presentar una 
certificación. Esto está en conformidad con el criterio del Departamento en materia de providencias precautorias administrativas y su práctica normal en los casos en que los empleados de las empresas no tienen acceso a la información comercial de dominio privado de otra empresa. 
Además, el Departamento, aunque ya ha aclarado que el representante o el empleado de la G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  empresa no están obligados a presentar certificaciones cuando el asesor jurídico aporta al 
expediente información de otra parte, debe amplia r esa declaración. El autor también añade que lo 
mismo cabe decir por lo que respecta a la comunicación de materiales publicados, como publicaciones gubernamentales, otros datos estadísticos publicados, estados financieros auditados 
y otra información obtenida por Internet o en public aciones impresas que no sean ni de la parte ni 
del abogado.  
Respuesta: El reglamento, en 19 CFR 351.303(g), dispone actualmente que las personas deberán 
presentar con cada comunicación que contenga información fáctica la certificación prevista en el párrafo (g)(1). Además, si la persona tiene un asesor jurídico u otro representante, también deberá presentarse la certificación prevista en el párrafo (g)(2). En el curso de un procedimiento 
las partes presentan distintos tipos de información, como la propia información fáctica de la parte, 
información obtenida de terceros o de fuentes públicas, información sobre el valor sustitutivo, o información comercial de dominio privado de otra parte. Desde que se aplica la Norma provisional, 
muchas partes han planteado preguntas relativas a la información de terceros y/o la información 
obtenida públicamente, y sobre si la comunicación de esa información requiere o no certificación. Tras la aplicación de la Norma provisional, el Departamento también ha dictado una norma 
definitiva por la que se modifican 19 CFR 351.102(b)(21), donde se define la expresión 
"información fáctica", y 19 CFR 351.301, donde se establecen límites temporales para la presentación de información fáctica. Véase Definición de la información fáctica y plazos para la presentación de información fáctica, 78 FR 21246 (10 de abril de 2013) (Norma relativa a la 
información fáctica). Esa norma identifica cinco categorías de información fáctica y requiere que 
quien la presente especifique en el marco de qu é apartado de 19 CFR 351.102(b)(21) se presenta 
la información. Ibid. 78 FR, 21247. Así pues, una comunicación que contenga información fáctica, 
tal como ésta se define en la Norma relativa a la información fáctica, deberá ser certificada por la 
empresa/el Gobierno y su asesor jurídico o representante, si lo hubiera. El artículo 351.102(b)(21)(iii) del reglamento especi fica que la "información fáctica" incluye 
"la información de dominio público presentada para valorar factores en el marco del 
artículo 351.408(c) o para medir la adecuación de la remuneración en el marco del artículo 351.511(a)(2), o para refutar, aclarar o corregir la información de dominio público presentada por cualquier otra parte interesada …" Ibid., 78 FR, 21254. Destacamos que la 
información sobre valor sustitutivo está claramente comprendida en la definición de la información 
fáctica conforme a la Norma relativa a la información fáctica, y en consecuencia deberá certificarse. La obligación de que las empresas/el Gobierno presenten certificaciones incluso de las 
comunicaciones de información fáctica obtenida de fuentes públicas o compilada por un 
representante obedece a que la empresa/el Gobierno deben en última instancia responsabilizarse de la información que se ha presentado al Departamento en su nombre. Al hacerlo debe 
reconocerse que el firmante está certificando "según su más leal saber y entender", como se 
subraya en el texto de la certificación. Requerir la certificación por las empresas/el Gobierno de las comunicaciones que contienen información pública de terceros, o información compilada por un representante, también impide que las partes presenten información que saben contiene datos 
inexactos o que quien la certifica sabe que ha sido inutilizada por información revisada. 
 Por lo que respecta a las comunicaciones que contienen información comercial de dominio privado 
de otra parte y a la que la empresa/el Gobierno no tienen acceso en virtud de la reglamentación 
sobre providencias precautorias administrativas, reconocemos las dificultades que las partes tienen para presentar certificaciones. Para eliminar ambigüedad en cuanto a qué información certifica la 
parte en esas comunicaciones, el Departamento requerirá que las certificaciones de la 
empresa/Gobierno correspondientes a ellas se incluyan en la versión pública del documento. No requeriremos que las certificaciones de empresas/Gobierno se incluyan en los documentos con información comercial de dominio privado presentados en virtud de la regla del plazo de un día o 
en el documento que contiene la versión definitiva de dominio privado que afecta a información 
comercial de dominio privado de otra parte. Aunque la versión pública de esos documentos contendrá espacios en blanco o datos aproximados en lugar de la información de dominio privado, 
la empresa/Gobierno, al certificar "según su leal saber y entender", sólo está certificando la 
información pública que contienen, y comunicando al Departamento que es consciente de la comunicación presentada en su nombre. 
 
Además, el Departamento requerirá que las comunicaciones que contienen tanto la propia información de la empresa/el Gobierno como información comercial de dominio privado de un tercero se certifiquen. Sin embargo, como reconocemos que posiblemente una empresa sólo 
pueda certificar la información pública y la propia información comercial de dominio privado que ha G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  facilitado, hemos modificado el texto de la certificación para aclarar que las partes sólo certifican 
toda la información pública y la propia información comercial de dominio privado que facilitan al Departamento. Cuando una comunicación contiene tanto información propia de una empresa/Gobierno como información de dominio privado de un tercero, la certificación de la 
empresa/el Gobierno deberá incluirse en la versión pública del documento. La certificación de los 
empleados de la empresa/el Gobierno servirá para  certificar la exactitud y exhaustividad de su 
propia información comercial de dominio privado y la información pública contenida en la 
comunicación, porque el Departamento considera que el documento privado y la versión pública 
correspondiente constituyen una sola comunicación, véase infra, observación 15. Por consiguiente, 
hemos modificado el texto relativo a las certificaciones de las empresas y el Gobierno en 19 CFR 351.303(g)(1) en los términos que figuran en el texto reglamentario de esta norma. 
 
La certificación por el asesor jurídico o el representante deberá incluirse en todas las versiones del documento, es decir, la versión pública, la versión definitiva de dominio privado y la versión 
presentada en virtud de la regla del plazo de un día. El asesor jurídico/representante no necesita 
presentar una certificación con una nueva fecha en los casos en que una versión definitiva de dominio privado se presenta después de la comunicación de una versión sujeta a la regla del plazo 
de un día; la misma certificación puede incluirse en el documento que contiene la versión definitiva 
de dominio privado y la corre spondiente versión pública. 
 En la Norma provisional, el Departamento estableció una excepción limitada de la prescripción 
relativa a la certificación por el asesor jurídico/el Gobierno, indicando que "no obstante, si el 
abogado aporta al expediente información de otra parte, no se exige certificación". Contrariamente a lo aducido por algunos de los autores de observaciones, esa excepción limitada no afecta a toda 
la información de terceros, sino únicamente a los casos en los que el asesor jurídico o el 
representante trasladan información de terceros del expediente de una etapa de un procedimiento 
al expediente de otra etapa. Véase la Norma provisional, observación 16 y nota 3. Sin embargo, a 
fin de cumplir la prescripción, establecida en el artículo 782(b) de la Ley, de que toda la 
información fáctica sea certificada por la persona que facilita la información al Departamento, éste último para evitar confusiones y actuar en coherencia con la definición de la información fáctica establecida en la Norma del Departamento relativa a la información fáctica, ha eliminado esa 
excepción. Así pues, tienen que certificarse todas las comunicaciones que contienen información 
fáctica, incluidas las que contienen información que se traslada del expediente de una etapa de un procedimiento al expediente de otra etapa. 
 
10. Aplicabilidad de la norma relativa a la certificación a las comunicaciones de carácter procesal  
El autor de una observación aduce que no deben requerirse certificaciones por la empresa y el 
abogado de las solicitudes de prórrogas y otras cuestiones de carácter procesal similares, porque esas comunicaciones no son comunicaciones de información fáctica. Según ese autor, requerir la certificación por empresas y abogados de las comunicaciones de carácter procesal, como las 
solicitudes rutinarias para ampliar los plazos para presentar comunicaciones, no satisface los 
objetivos de la prescripción en materia de certificación. El Departamento debería rechazar expresamente esa prescripción. Cualquier informac ión fáctica a que se haga referencia en las 
solicitudes de prórroga no constituye una comunicación de información fáctica que afecte a la 
consideración por el Departamento de si existe dumping o subvención, y el Departamento no se apoya en esas comunicaciones al formular sus determinaciones definitivas o al hacer públicos los 
resultados de los exámenes administrativos. 
 Respuesta: Tras tener en cuenta las observacio nes, así como la carga que la finalización y 
presentación de certificaciones supone para las partes, y otros aspectos de esta cuestión, el 
Departamento ha decidido establecer una excepción limitada a la prescripción en materia de 
certificación a efectos de las comunicaciones de carácter procesal. Como ejemplos de comunicaciones de ese carácter cabe citar los siguientes: solicitudes de prórroga de los plazos 
para responder a los cuestionarios u otras comunicaciones, solicitudes de audiencia, peticiones de 
examen, cartas de comparecencia, correcciones de una comunicación anterior que ha sido certificada (ya que se considerará que éstas están abarcadas por la certificación incluida en la 
comunicación anterior a la que corresponden), peticiones de ampliación de 
determinaciones/resultados preliminares y definiti vos, solicitudes de verificación, solicitudes de 
concordancia con un procedimiento paralelo, y muchas presentaciones de providencias G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  precautorias administrativas.4 Como ejemplos de comunicaciones que no son de carácter procesal 
cabe citar los siguientes: respuestas a los cuestionarios, observaciones sobre deficiencias, información sobre valor sustitutivo, y otra información fáctica que figura en el expediente. En la medida en que una comunicación fáctica tenga también carácter procesal, por ejemplo, una 
respuesta a un cuestionario que también contiene una solicitud de ampliación de una 
determinación definitiva, se requiere la certificación.  
Aunque las comunicaciones de carácter procesal sí contienen información fáctica (por ejemplo, la 
razón por la que la empresa o el abogado/representante necesita una prórroga del plazo para presentar una respuesta a un cuestionario), convenimos en que esa información no es pertinente para nuestro análisis del dumping o la subvención , y que podría razonablemente considerarse que 
trasciende el ámbito de la información fáctica que necesariamente ha de certificarse. El 
Departamento también ha adoptado esta exención para reducir la carga administrativa resultante, tanto para las partes como para el Departamento, del proceso de certificación. Por ejemplo, en el 
preámbulo del reglamento sobre Procedimientos relativos a las providencias precautorias 
administrativas afirmamos que las prescripciones en materia de certificación se aplicarían a las cartas de comparecencia. Véase Procedimientos en materia de derechos antidumping y 
compensatorios: procedimientos para la comunicación de documentos; procedimientos en materia 
de providencias precautorias administrativas, 73 FR 3634, 3636-37 (22 de enero de 2008) ("Procedimientos en materia de providencias precautorias administrativas"). En esta Norma definitiva hemos determinado que las prescripciones en materia de certificación sólo se aplicarán a 
las comunicaciones de información fáctica. Dado que las cartas de comparecencia son 
principalmente de naturaleza procesal y no constituyen información fáctica tal como ésta se define en 19 CFR 351.102(b)(21) y en la Norma relativa a la información fáctica, las prescripciones en 
materia de certificación no se aplicarán a las cartas de comparecencia. Sin embargo, si el 
Departamento requiriera información fáctica adicional para justificar la condición jurídica de una parte interesada, podría requerirse una certificación. 
 
11. Preguntas más frecuentes  Dado que estas nuevas prescripciones en materia de certificación serán administradas por distintos 
funcionarios del Departamento en distintos casos, es probable que se planteen preguntas sobre la 
aplicación de dichas prescripciones en diversos contextos. El autor de una observación pidió que el Departamento, para garantizar la coherencia, creara en su sitio Web una página donde pudieran 
publicarse las preguntas más frecuentes y las respuestas. 
 Respuesta: El Departamento elaborará una lista de preguntas más frecuentes y respuestas, y la 
publicará en el sitio Web de la Administración de las Importaciones, 
http://ia.ita.doc.gov/tlei/index.html . 
 
12. Certificaciones por gobiernos 
 
La Norma provisional requería que todas las empres as y gobiernos extranjeros que participaran en 
procedimientos en materia de derechos antidumping/compensatorios presentaran certificaciones 
junto con las comunicaciones de la información fáctica. Véase la Norma provisional, 
observación 13. Dado que en algunas observaciones recibidas en respuesta a la Norma provisional se ponía en entredicho la conveniencia de requerir a gobiernos extranjeros y a sus funcionarios 
que presentaran certificaciones que incluyeran una referencia a sanciones penales con arreglo a la 
legislación estadounidense, el Departamento dictó en septiembre de 2011 la Norma complementaria. La Norma complementaria permitía a los gobiernos extranjeros presentar certificaciones utilizando o bien el modelo en uso antes de la fecha de entrada en vigor de la 
Norma provisional, que no contiene referencias a la legislación penal estadounidense, o bien el 
modelo previsto en la Norma provisional, hasta que las observaciones fueran analizadas y se publicara una norma definitiva. Además, en la Norma complementaria el Departamento también 
recababa observaciones del público sobre la conveniencia de requerir a los gobiernos extranjeros 
que presentaran las certificaciones previstas en la Norma provisional, observaciones que se resumen, con sus respuestas, inmediatamente a continuación. Véase la Norma complementaria. 
 
                                               
4 Véase la observación 22 infra (donde se hace referencia a la s presentaciones de providencias 
precautorias administrativas que son de carácter procesal). G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  12a. Referencia a la legislación penal estadounidense (18 U.S.C. 1001) 
 El autor de una observación afirmó que el Departamento debería evaluar de nuevo el texto que figura en la certificación y determinar si es adecuado requerir que los funcionarios de gobiernos 
extranjeros firmen una certificación en la que se dice que pueden ser responsabilizados 
personalmente y estar sujetos a sanciones penales. Adujo que ese texto de la certificación no es adecuado para los funcionarios de gobiernos extranjeros, y observó que al Departamento debería 
preocuparle que otros gobiernos pudieran impone r prescripciones similares a funcionarios del 
Gobierno estadounidense.  El autor de otra observación se ha opuesto firmemente a cualquier cambio en la aplicación a 
gobiernos extranjeros y funcionarios de gobiernos extranjeros de cualesquiera cambios de las 
prescripciones en materia de certificación del Departamento. Según ese autor, las prescripciones en materia de certificación establecidas desde hace tiempo por el Departamento son suficientes 
para solventar cualquier preocupación que el Departamento pudiera tener con respecto a la 
veracidad de la información que se le presenta. El autor añade que no hay justificación alguna 
para concluir que esas prescripciones en materia de certificación son insuficientes, porque el 
Departamento no ha demostrado la existencia de problemas recurrentes o significativos en las 
certificaciones que pudieran justificar los cambios de la Norma provisional propuesta por el Departamento, en especial por lo que respecta  a cualesquiera comunicaciones hechas por 
gobiernos extranjeros. El autor observa además que el proceso de verificación y las prescripciones 
en materia de certificación establecidas desde hace mucho tiempo por el Departamento deberían 
ser suficientes para garantizar que la información sea fiable, porque permiten al Departamento imponer, en respuesta a un comportamiento que pudiera ser indebido, una medida correctiva, en 
forma de inferencias adversas al utilizar los hech os de que se tiene conocimiento, que puede tener 
graves consecuencias para los declarantes en las investigaciones.  
Los autores de dos observaciones han aducido que el principio de que las naciones soberanas son 
independientes e iguales y no están sujetas a la jurisdicción de otras naciones soberanas ni a la imposición de sanciones penales o civiles por dichas naciones está firmemente establecido en el derecho internacional. Aducen, además, que el dere cho internacional reconoce que los funcionarios 
de gobiernos extranjeros que actúan en ejercici o de sus funciones oficiales al realizar actos 
atribuibles a esos gobiernos soberanos extranjeros son inmunes de jurisdicción o procesamiento por los actos que realicen como representantes de sus gobiernos. Según esos autores, esto es un 
principio indiscutido del derecho consuetudinario internacional y el derecho de gentes basado en 
aspectos básicos del concepto de soberanía aplicables en el common law, el derecho civil y otros 
sistemas judiciales, que se refleja en los principales acuerdos internacionales entre naciones 
soberanas, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales 
de los Estados y de sus bienes. También afirman que esos principios internacionales se reflejan en la legislación estadounidense en el marco de la Ley de inmunidades de los Estados extranjeros (codificada en parte en 28 U.S.C. 1602-1611), y en el derecho consuetudinario estadounidense, 
que reconoce que los funcionarios de gobiernos extranjeros gozan de inmunidad cuando actúan 
como representantes de sus gobiernos y sus actos son atribuibles al Estado extranjero, incluidos los casos en los que el funcionario de un Gobierno extranjero firma un documento en nombre de 
ese Gobierno. Así pues, los dos autores objetan a la propuesta del Departamento de incluir en las 
certificaciones por los gobiernos términos que aludan a posibles responsabilidades o sanciones penales adicionales o incluyan cualquier referencia a 18 U.S.C. 1001. 
 
El autor de una de esas observaciones afirmó que es inadecuado e inaceptable que el Departamento imponga a los gobiernos extranjeros tanto la obligación de certificar obligaciones como posibles responsabilidades, con respecto  a las cuales los gobiernos extranjeros y sus 
funcionarios gozan de inmunidad. Según el autor,  debe presumirse que los gobiernos presentan de 
buena fe información exacta, lo que hace totalmente innecesarias las disposiciones y garantías adicionales aplicadas a las certificaciones por los gobiernos. El autor añade que los acuerdos 
pertinentes de la OMC, concretamente el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC), ya regulan las consecuencias que se dan cuando las partes no atienden a las solicitudes de información presentadas por los países Miembros. El autor 
aduce que las nuevas prescripciones en materia de certificación del Departamento, tal como se 
aplican a los gobiernos, exceden de las facultades del Gobierno estadounidense, como signatario del Acuerdo SMC, para imponer consecuencias por el hecho de que un Gobierno no ha presentado información fáctica necesaria en un plazo prudencial. El autor observa que las verificaciones 
realizadas por el Departamento en ejercicio de las facultades que le otorgan los párrafos 5 y 6 del G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  artículo 12 del Acuerdo SMC son suficientes para velar por la fiabilidad de la información 
presentada por las partes interesadas. Afirma, además, que las facultades del Departamento para aplicar los hechos de que tiene conocimiento, en  virtud de lo dispuesto en el párrafo 7 del 
artículo 12 del Acuerdo SMC, son el instrumento adecuado para responder a cualesquiera 
deficiencias en la exactitud de cualquier información comunicada. 
 El autor de la observación aduce también que las prescripciones en materia de certificación 
adicionales propuestas por el Departamento transcienden las facultades otorgadas por el Congreso 
de los Estados Unidos en la disposición reglamentaria aplicable establecida por primera vez en el artículo 1331 de la Ley Omnibus de Comercio y de Competitividad de 1988, ahora artículo 782(b) de la Ley. El autor aduce que la intención del Departamento de ampliar la obligación de 
certificación infringe las prescripciones específicas de la legislación estadounidense y la clara 
intención del Congreso. Señala que sus propias prescripciones en materia de certificación han demostrado ser razonables, eficaces y plenamente compatibles con las obligaciones asumidas por 
los Miembros de la OMC en virtud del Acuerdo SMC y el derecho internacional aplicable, si bien 
considera que esas prescripciones son menos engorrosas que la propuesta para la Norma provisional o las prescripciones estadounidenses en materia de certificación vigentes desde hace 
tiempo. 
 El autor de otra observación objetó a esos argumentos, afirmando que los principios de inmunidad de los soberanos extranjeros no requieren ni justifican la renuncia a las certificaciones revisadas 
del Departamento para los funcionarios de gobierno s extranjeros, ya que la certificación revisada 
no obra en menoscabo de la inmunidad de los soberanos extranjeros. Por el contrario, el autor afirma que la certificación propuesta por el Departamento para los funcionarios de gobiernos 
extranjeros no amplía, sino que únicamente aclara, las obligaciones jurídicas ya vigentes en virtud 
de la Ley y los reglamentos del Departamento, al asegurar que se comunique expresamente y con detalle a las partes la importancia de la exactitud de la información fáctica presentada. El autor 
afirma que el texto de la certificación propuesto, que especifica que el certificador es consciente de 
las sanciones penales establecidas por la legislación estadounidense, no contempla si las infracciones se atribuirán o se harán cumplir, ni la manera en que ello se haría, y en consecuencia no modifica ninguno de los derechos o argumentos jurídicos que pudieran ser aplicables cuando un 
funcionario de un Gobierno extranjero firma la certificación. Por tanto, aduce el autor, la nueva 
certificación para funcionarios de gobiernos extranjeros no obra en menoscabo de la inmunidad soberana de dichos funcionarios. 
 
Ese autor también discrepa de la interpretación de determinadas disposiciones del Acuerdo SMC, concluyendo que los Estados Miembros de la OMC han cedido sus derechos soberanos por lo que 
respecta a la capacidad de otro Estado Miembro para reunir información "exacta" y "necesaria" en 
el sentido de los párrafos 7 y 5 del artículo 12 del Acuerdo SMC. El autor afirma que esas disposiciones del Acuerdo SMC dan a los Estados Miembros algún margen para asegurarse de la "exactitud" de la información presentada por funcionarios de gobiernos extranjeros. Concluye que 
la aplicación de una prescripción en materia de certificación a los funcionarios de gobiernos 
extranjeros representa un intento válido de garantizar la "exactitud" de la información, tal como requiere el párrafo 5 del artículo 12 del Acuerdo SMC. 
 
El mismo autor también considera que las observaciones hechas por otras partes por lo que respecta a la jurisdicción de los funcionarios de gobiernos extranjeros son incompletas. Aduce que 
la inmunidad de los soberanos extranjeros no es un concepto absoluto, y que, por ejemplo, cuando 
un Gobierno extranjero tiene que hacer frente a una alegación derivada de actividades (como las transacciones comerciales) de tipo particular, esa inmunidad puede no ser invocable. El mismo autor afirma también que la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades 
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, la cual, aunque todavía no ha entrado en vigor, 
codifica en lo fundamental el derecho internacional consuetudinario, también contempla varias excepciones a la norma general de inmunidad de los Estados extranjeros frente a la jurisdicción 
decisoria del Estado del foro. El autor también aduce que hay excepciones a la norma general de la 
Ley de inmunidades de los Estados extranjeros de que los Estados extranjeros gozarán de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales estadounidenses. 
 
El autor de otra observación aduce que el Departamento debería requerir que los gobiernos extranjeros y sus funcionarios certifiquen la exactitud de la información presentada al Departamento en la misma medida y de la misma manera que las requeridas para los empleados 
de las empresas. En una investigación en materia de derechos compensatorios, aduce el autor, los G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  gobiernos extranjeros que actúan como declarantes a menudo presentan información que no es de 
dominio público, pese a lo cual es necesaria para la investigación, y en el análisis del Departamento se atribuye a esa información el mismo peso que a la información fáctica proporcionada por las empresas. El autor aduce que aún en el caso de que en determinadas 
circunstancias el principio de inmunidad soberana fuera aplicable, ello no debería dispensar a los 
funcionarios de gobiernos extranjeros de certificar la exactitud de sus declaraciones al Departamento. El autor mantiene que el Departamento, al promulgar su norma definitiva, debería 
exigir a los funcionarios de gobiernos extranjeros la misma certificación que a los empleados de las 
empresas.  Respuesta: El Departamento no está de acuerdo en que las prescripciones previstas en la 
certificación por gobiernos, en su forma revisada en la Norma provisional, transciendan las 
facultades otorgadas por el artículo 782(b) de la Ley. Al requerir a los funcionarios gubernamentales que presenten certificaciones, el Departamento está cumpliendo el 
artículo 782(b) de la Ley, que dispone que todas las personas que presentan información en 
nombre de una parte interesada en un procedimiento en materia de derechos antidumping o compensatorios tienen que certificar que la información es exacta y completa según su leal saber y 
entender. Como hemos explicado en la Norma provisional, las modificaciones de las certificaciones 
son compatibles con las obligaciones establecidas en la Ley, sirven para identificar más concretamente el documento al que cada certificación se aplica, e incluyen una advertencia para aclarar las consecuencias ya previstas en la Ley, de hacer declaraciones falsas, incluidas 
certificaciones falsas. Además, las consecuencias de hacer declaraciones falsas al Gobierno 
estadounidense siempre han estado implícitas en la anterior prescripción en materia de certificaciones, y existen con independencia de si en las certificaciones del Departamento se cita o 
no expresamente 18 U.S.C. 1001. Véase la Norma provisional, 76 FR, 7493. 
 No obstante, a la luz de las preocupaciones expresadas por los autores de observaciones y 
después de consultar a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina 
del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento ha introducido cambios en su certificación revisada y creado una certificación específica para los gobiernos que no incluye 
referencias a la legislación penal estadounidense. El Departamento, sin embargo, seguirá 
requiriendo que los gobiernos extranjeros y sus funcionarios firmen una certificación en la que se identifique más concretamente el documento al que dicha certificación se aplica. Los cambios en la 
certificación tienen por objeto solventar preocupaciones sobre renuncias posibles o inadvertidas a 
la inmunidad soberana, contribuyendo al mismo tiempo al objetivo de fortalecer las certificaciones a fin de fomentar la presentación de comunicaciones exactas y completas. Señalamos que el 
cambio en la certificación para los gobiernos no tiene por objeto modificar ninguna de las posibles 
consecuencias o sanciones aplicables por hacer declaraciones falsas al Gobierno estadounidense que ya están previstas en la ley. Además, los cambios en la certificación para los gobiernos no tienen por finalidad modificar ninguna de las disposiciones o defensas jurídicas posiblemente 
aplicables (por ejemplo, la inmunidad de los so beranos extranjeros) cuando un funcionario de un 
Gobierno extranjero firma una certificación a efectos de los procedimientos del Departamento en materia de derechos antidumping o compensatorios. 
 
12b. Prescripciones en materia de mantenimiento de registros  
El autor de una observación considera que la prescripción de que los gobiernos extranjeros 
conserven las certificaciones originales es objetable y engorrosa a la luz de los principios de inmunidad de los soberanos extranjeros, y duda que esa prescripción pueda servir a fines legítimos. El autor de otra observación mantiene que la prescripción de que los gobiernos 
extranjeros conserven las certificaciones originales durante un plazo de cinco años no es 
problemática para los funcionarios de gobiernos extranjeros ni obra en menoscabo de la inmunidad soberana de los países extranjeros. 
 
Respuesta: No hemos modificado nuestra posición consistente en requerir a los gobiernos extranjeros que conserven las certificaciones originales por un plazo de cinco años a contar desde 
la presentación del documento. Esa prescripción es compatible con la prescripción de que las 
empresas, los abogados o los representantes conserven las certificaciones originales durante un plazo de cinco años. Véase la observación 3 supra . Sin embargo, hemos desplazado esa 
disposición del texto de la certificación al texto del reglamento mismo para hacer expresas las 
prescripciones en materia de mantenimiento de registros y velar por que la ubicación de esa G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  prescripción sea más coherente con la de otras prescripciones de carácter procesal de esta norma. 
También hemos sustituido la palabra "retener" por "conservar" en el texto del reglamento, a fin de aclarar que los gobiernos extranjeros y sus represen tantes pueden establecer sus propias políticas 
y prácticas para conservar la certificación original, siempre que ésta esté fácilmente disponible si la 
solicitan el Departamento o cualquier otro organismo adecuado, como la Oficina del Inspector 
General del Departamento o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cabe señalar, no obstante, que en última instancia el Gobierno del funcionario gubernamental del país certificador 
es el responsable de su certificación oficial, y debe presentar las certificaciones si el Departamento 
lo solicita, con independencia de las medidas que haya establecido para conservar la certificación original.  
Además, en un intento por reducir la carga derivada del mantenimiento de registros, el 
Departamento ha estudiado la posibilidad de conservar copias electrónicas de las certificaciones en lugar de los documentos firmados originales. Sin embargo, mientras el Departamento no disponga 
de un sistema para aceptar firmas electrónicas, deberá conservarse el documento firmado original. 
El Departamento podría modificar el reglamento en  e l  f u t u r o  p a r a  e l i m i n a r  l a  p r e s c r i p c i ó n  e n  
materia de mantenimiento de registros si las firmas electrónicas llegaran a ser aceptables para uso 
en el sistema de archivado electrónico del Departamento. Véase la observación 3 supra . 
 Otras cuestiones  
Con posterioridad a la entrada en vigor de la Norma provisional, el público ha planteado una serie 
de preguntas y cuestiones administrativas relativas a varios aspectos de las certificaciones en el contexto de los procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios en curso. El 
Departamento presenta seguidamente aclaraciones y ofrece orientación sobre esas cuestiones: 
 13. Lo que constituye información fáctica 
 
La definición de la información fáctica figura en 19 CFR 351.102(b)(21). El Departamento ha modificado la definición de información fáctica en la Norma relativa a la información fáctica recientemente publicada. En el reglamento se identifican cinco categorías de información fáctica. 
Además, se requiere que toda persona que presente información fáctica especifique en el marco de 
qué apartado del artículo 351.102(b)(21) se presenta esa información. Véase ibid., 78 FR, 21247. 
Por tanto, las comunicaciones que se determina contienen información fáctica, tal como ésta se 
define en la Norma relativa a la información fáctica y en 19 CFR 351.102(b)(21), tienen que incluir 
las certificaciones requeridas.  
14. Información fáctica antigua y nueva 
 La Ley requiere que toda persona que presente información fáctica al Departamento certifique la exactitud y exhaustividad de esa información. La Ley no distingue entre información fáctica 
presentada anteriormente al Departamento (es decir, "antigua") o información fáctica presentada 
por primera vez (es decir, "nueva"). Véase el artículo 782(b) de la Ley. Además, para las partes, así como para el Departamento, evaluar el contenido de cada comunicación para determinar si 
ésta contiene información fáctica "antigua" o "nueva" supondría una carga adicional. El 
Departamento requerirá certificaciones de la información que se considere constituye "información fáctica" con arreglo a 19 CFR 351.102(b)(21), con independencia de que haya o no sido 
presentada anteriormente. 
 15. Lo que constituye una comunicación  
A efectos de certificación, por "comunicación" se entiende un documento y/o un conjunto de datos, 
en una sola parte o en varias partes, identificados por un solo título y fecha, que van acompañados de una certificación en la que se identifican ese documento o conjunto de datos. A efectos de 
certificación, el documento de dominio privado y su correspondiente versión pública constituyen 
una "comunicación" única. El Departamento considerará que las páginas faltantes, las omisiones no deliberadas o las erratas a que se haga referencia en un plazo prudencial desde la presentación 
de la comunicación original están abarcadas por la certificación o certificaciones de la 
comunicación original a la que esas páginas pertenecen, siempre que la parte identifique 
claramente la comunicación a la que esa información corresponde.  G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  16. Fecha de la firma que figura en la certificación 
 Algunas partes han preguntado si la fecha de la firma, es decir, la fecha en que la certificación se ha firmado, tiene que ser la misma que la fecha en  la que la comunicación se presenta o la fecha 
de la carta que acompaña a la comunicación. El Departamento aclara que la fecha de la firma tiene 
que ser la fecha real en que la persona firma la certificación, con independencia de la fecha de la presentación o la fecha en que la comunicación debe presentarse. El Departamento reconoce que 
probablemente las certificaciones por empresas/gobiernos se firmarán antes de la fecha de su 
presentación. Por consiguiente, no es necesario que la fecha de la firma corresponda a alguna otra fecha. Véase también la observación 1 supra . 
 
17. Lo que constituye una firma 
 Desde la aplicación de la Norma provisional se han planteado preguntas sobre lo que constituye 
una firma aceptable. El Departamento aclara que la firma debe figurar en tinta y manuscrita por el 
certificador. Los gobiernos o entidades que utilizan un sello, emblema o timbre pueden seguir haciéndolo. No obstante, esos elementos deben ser un complemento de la firma manuscrita del 
certificador, y en modo alguno pueden sustituirla. Asimismo, el certificador puede firmar 
empleando la grafía propia de su idioma, en el entendimiento, articulado en la propia certificación, de que comprende y acepta las obligaciones que en ella figuran.  
18. Firmas electrónicas 
 Por el momento, como se explica en la observación 3 supra, el Departamento no puede aceptar las 
firmas electrónicas. Una copia escaneada de una firma, con independencia de su formato, no 
constituye una firma a efectos de certificación, ya que permitiría manipular el proceso de certificación porque, por ejemplo, personas distintas del funcionario a cargo de la certificación 
podrían tener acceso al archivo de datos con la firma, y simplemente añadir ésta a la 
comunicación. Esto permitiría a los empleados de las empresas alegar que no son responsables de las declaraciones falsas u omisiones en una comunicación porque no firmaron la certificación ni autorizaron el uso de su firma escaneada. El Departamento seguirá evaluando la posibilidad de 
aceptar firmas electrónicas dentro de los parámetros de IA ACCESS. Si llegara a tener 
conocimiento de un proceso de firma electrónica que fuera compatible con IA ACCESS, y adoptara ese proceso, el Departamento anunciaría ese cambio en el sitio Web de IA ACCESS 
http://iaaccess.trade.gov  y en el Manual IA ACCESS. Mientras tanto, el certificador deberá 
imponer su firma manuscrita y conservar la certificación original durante un plazo de cinco años a 
contar desde la fecha de la presentación. La empresa/el Gobierno podrán facilitar una copia de la 
certificación al asesor jurídico/representante a efectos de la presentación de la comunicación al 
Departamento.  19. Quién puede certificar para una empresa 
 
Como se indica en el modelo de certificación, el certificador es una persona "empleada actualmente por" la empresa. A efectos de la prescripción en materia de certificación, el 
Departamento considera que "empleado por" sign ifica una persona que desempeña un trabajo en 
virtud de una relación empleador-empleado. Un "empleado" es una persona que está al servicio de otra de manera que el empleador tiene la facultad o el derecho de controlar al empleado y 
encomendarle el trabajo que ha de hacerse y cómo se hará, y el empleado recibe del empleador 
un pago u otra retribución por los servicios prestados. A ese respecto, hay que distinguir a un "empleado" de la parte que presenta información fáctica de un contratista o un agente de la parte independiente. El certificador o certificadores deben estar empleados por la parte que presenta la 
información fáctica en el momento en que tiene lugar esa presentación al Departamento, y 
deberán haber preparado o supervisado la preparación de la comunicación. El Departamento puede pedir al empleador pruebas de la relación laboral. Véase Hebei Foreign Trade and 
Advertising Corp. v. United States, 807 F. Supp. 2d 1317, 1321 (CIT 2011) (donde se citan los 
resultados definitivos de la redeterminación formulada como consecuencia del reenvio judicial (Departamento de Comercio, 26 de julio 2011) (Consol. Court No. 09-00524)) (donde se examina 
con más detalle la obligación de que un empleado certifique las comunicaciones). 
 En los casos en que la persona que preparó o supervisó de otro modo la preparación de una comunicación no pueda certificar debido a una circunstancia atenuante, el Departamento podrá 
permitir, caso por caso, que otro empleado de  la empresa, Gobierno o compañía asuma esa G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  responsabilidad. La empresa/Gobierno/compañía deberán explicar esas circunstancias en la carta 
que acompaña a la comunicación, indicando las razones por las que la persona que preparó o de otro modo supervisó la preparación de una comunicación no puede certificar esa comunicación específica. 
 
20. Exposiciones del caso y exposiciones de réplica  
No requeriremos certificación para las exposiciones del caso y las exposiciones de réplica, porque 
esos documentos están limitados, conforme a 19 CFR 351.309, a la presentación por escrito de argumentos basados en comunicaciones que contienen información fáctica que ya habrá ido acompañada de las certificaciones pertinentes. 
 
21. Autorización para que una parte interesada certifique en nombre de otras partes interesadas cuando el asesor jurídico/representante representa a varias partes interesadas en un 
procedimiento. 
 A veces, varias partes interesadas están representadas por un solo bufete/representante en un 
procedimiento. Algunos bufetes/representantes han expresado preocupación por la obligación de 
obtener certificaciones de cada una de las partes interesadas que representan cada vez que se presenta una comunicación, afirmando que ello obstaculiza el proceso de presentación, especialmente cuando se trata de presentaciones  sujetas a plazos estrictos. Reconociendo que 
obtener certificaciones de cada una de las partes interesadas que representa podría ser engorroso 
para el asesor jurídico/representante, el Departamento ha decidido autorizar a una parte interesada a certificar en nombre de todas las partes interesadas representadas por el mismo 
asesor jurídico/representante, siempre que todas las partes interesadas acepten por escrito ese 
arreglo. Si todas las partes lo aceptan, el asesor jurídico/representante designado deberá presentar una carta inicial en la que se identifique a la parte "principal" que certificará en nombre 
de todas las demás partes interesadas. Esa carta inicial deberá además contener certificaciones de 
cada una de las partes que serán representadas. Señalamos que no es preciso que una unión, asociación o coalición (es decir, las partes interesadas en el sentido de artículo 771(9) (D), (E), (F) o (G) de la Ley) proporcione con la carta inicial certificaciones adicionales de sus miembros 
constitutivos, porque la unión, asociación o coalición es en sí misma la parte interesada. Además, 
en ulteriores presentaciones hechas durante un procedimiento, el Departamento no aceptará una certificación únicamente de la parte "principal" si la comunicación contiene cualquier información 
que pertenezca a otra de las partes interesadas miembros. En esos casos, tanto la parte principal 
como la parte o partes cuya información figura en la comunicación deberán certificar la información incluyendo certificaciones en la versión pública del documento. Véase la observación 9 
supra  por lo que respecta a las comunicaciones que contienen información comercial de dominio 
privado de varias partes. De manera análoga, si una unión, asociación o coalición presenta una comunicación que contiene información perteneciente a alguno de sus miembros constitutivos o proporciona información desglosada en una comunicación, esos miembros constitutivos 
individuales deberán también certificar la comunicación incluyendo una certificación en la versión 
pública del documento.  
Cuando haya más de un representante/bufete en representación de varias partes, las 
certificaciones representativas deberán ser presentadas por el representante de la parte interesada "principal" y el representante de la parte cuya información específica figura en la comunicación. 
Véase la observación 5 supra  por lo que respecta a la multiplicidad de bufetes.  
 22. Solicitudes de providencias precautorias administrativas y otras comunicaciones relacionadas con dichas providencias 
 
Las solicitudes de providencias precautorias administrativas contienen una certificación en la propia solicitud, y en consecuencia no necesitan una confirmación adicional del representante 
conforme a 19 CFR 351.303(g). Otras comunicaciones conexas, como las certificaciones de 
destrucción, las peticiones de supresión de solicitantes autorizados de la lista de traslado de las providencias, la eliminación y transferencia de documentos y los cambios de dirección son de 
carácter más procesal, y por consiguiente tampoco requieren certificación. Véase la observación 10 
supra  (donde se explica que las comunicaciones de carácter procesal no requieren certificación). 
 G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  23. Gestión de las deficiencias en las certificaciones 
 Si el Departamento determina que una certificación contiene inexactitudes o deficiencias, normalmente dará a la parte dos días laborables  desde la fecha en que el Departamento lo 
notifique para corregir y presentar de nuevo la certificación. Este plazo debe ser compatible con los 
establecidos en otras disposiciones, como 19 CF R 351.304(d), para comunicaciones no conformes. 
 
24. Certificaciones del representante y designación como "asesor jurídico" o "representante" 
 Desde la aplicación de la Norma provisional se han planteado dudas sobre si un representante tiene que especificar, en su certificación, si actúa como "asesor jurídico" o como "representante" 
de la parte interesada. También se han planteado dudas acerca de si los abogados extranjeros 
pueden comparecer como abogados en los procedimientos del Departamento y utilizar la designación "asesor jurídico" en la certificación por el representante. 
 
El Departamento abordó recientemente preguntas similares al promulgar 19 CFR 351.313. Véase el Reglamento sobre responsabilidad de los abogados/representantes, 78 FR, 22774, 22777. En su 
Norma definitiva, el Departamento explicó que "un abogado habilitado para ejercer conforme a las 
normas del colegio de abogados del tribunal supremo de cualquier Estado, posesión, territorio o Commonwealth de los Estados Unidos, o del Distrito de Columbia, que no esté suspendido o inhabilitado, podrá ejercer como abogado ante el Departamento". Ibid., 22774. El Departamento 
también señaló que "un abogado extranjero sin licencia en los Estados Unidos o en una posesión o 
territorio de los Estados Unidos no puede comparecer como abogado en los procedimientos del Departamento, y sólo puede comparecer como representante que no es abogado …". 
Ibid.,  22777. Por último, el artículo 351.313 del reglamento del Departamento dispone que 
" 'abogado' conforme al artículo 351.313 y 'asesor jurídico' conforme al artículo 351.303(g) significan lo mismo. 'Representante' conforme al  artículo 351.313 y al artículo 351.303(g) significa 
lo mismo". 
 De conformidad con el Reglamento sobre responsabilidad de los abogados/representantes y 19 CFR 351.313, el Departamento aclara que a efectos de certificación sólo se podrá utilizar la 
designación "asesor jurídico" si la persona de que se trate es miembro del colegio de abogados del 
tribunal supremo de cualquier Estado, posesión, territorio, o Commonwealth de los Estados Unidos, o del Distrito de Columbia. Los abogados extranjeros sin licencia en los Estados Unidos o 
en una posesión o territorio de los Estados Unidos deberán utilizar la designación "representante" 
a efectos de certificación.  
Por consiguiente, el Departamento ha modificado el texto concerniente a la certificación por 
representante en 19 CFR 351.303(g)(2), tal como figura en el texto reglamentario de esta norma, para que los representantes puedan escoger la designación adecuada.  
Clasificación 
 Orden Ejecutiva 12866 
 
Se ha determinado que esta norma definitiva carece de importancia a efectos de la Orden Ejecutiva 12866. 
 
Ley de flexibilidad de la reglamentación  De conformidad con la Ley de flexibilidad de la reglamentación, 5 U.S.C. 601 y siguientes, el 
asesor jurídico o jefe de reglamentación del Departamento de Comercio ha certificado al Asesor 
Jurídico Jefe de la Administración de Defensa de las Pequeñas Empresas que esta norma definitiva no tendría una repercusión importante en un número sustancial de pequeñas entidades. Los 
fundamentos fácticos de esa certificación se publicaron en la Norma provisional y no se repiten 
aquí. No se recibieron observaciones sobre la repercusión económica de esta norma. Como consecuencia de ello, la conclusión que figura en el memorándum de la Norma provisional relativo 
a la certificación permanece sin cambios, no se requiere un análisis definitivo de la flexibilidad de 
la reglamentación, y no se ha preparado tal análisis.  G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  Ley de reducción de la tramitación 
 Esta norma no contiene una compilación de información a efectos de la Ley de reducción de la tramitación de 1980, en su forma enmendada (44 U.S.C. 3501 y siguientes). 
 
Orden Ejecutiva 13132  
Se ha determinado que esta norma no tiene implicaciones de federalismo que justifiquen la 
preparación de una evaluación de federalismo.  Lista de asuntos tratados en 19 CFR parte 351 
 
Prácticas y procedimientos administrativos, derechos antidumping, comercio e industria, información comercial de carácter confidencial, derechos compensatorios, investigaciones, 
obligación de información y mantenimiento de archivos 
 Fecha: 8 de julio de 2013 
 
Paul Piquado, Secretario Adjunto de Administración de las Importaciones  
Por las razones arribas expuestas, la parte 351 de 19 CFR se modifica para que diga lo siguiente: 
 PARTE 351--DERECHOS ANTIDU MPING Y COMPENSATORIOS 
 
01. Se mantiene el fundamento jurídico del artículo 351 de 19 CFR, que dice así:  
Fundamento jurídico: 5 U.S.C. 301; 19 U.S.C. 1202 nota; 19 U.S.C. 1303 nota; 19 U.S.C. 1671 y 
siguientes; y 19 U.S.C. 3538.  02. El artículo 351.303(g) se revisa para que diga lo siguiente: 
 
Artículo 351.303 Presentación, identificación de documentos, modelo, traducción, traslado y certificación de documentos. 
 
* * * * *  
(g) Certificaciones. Toda comunicación que contenga información fáctica deberá incluir la 
siguiente certificación por la persona identificada en el párrafo (g)(1) del presente artículo y, además, si la persona tiene un asesor jurídico u otro representante, la certificación a que se hace referencia en el párrafo (g)(2) del presente artículo. La parte que certifica deberá conservar la 
certificación firmada original por un plazo de cinco años a contar desde la fecha de presentación de 
la comunicación a la que concierne la certificación. La certificación firmada original deberá estar disponible para inspección por los funcionarios del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos. La comunicación presentada al Departamento deberá incluir copias de las certificaciones. 
 1) Para la persona o personas oficialmente responsables de la presentación de la información 
fáctica: 
 i) CERTIFICACIÓN POR UNA EMPRESA*  
El infrascrito (NOMBRE Y TÍTULOS IMPRESOS), empleado actualmente  por (NOMBRE DE LA 
EMPRESA), certifica que preparó o supervisó de ot ro modo la preparación de la comunicación 
adjunta (INDICAR LA COMUNICACIÓN CONCRETA POR TÍTULO) a presentar (FECHA) o presentada 
(FECHA) en relación con (INSERTAR UNA DE LA S SIGUIENTES OPCIONES  (INVESTIGACIÓN EN 
MATERIA DE DERECHOS ANTIDUMPING O CO MPENSATORIOS) SOBRE EL (PRODUCTO) 
PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO) o (FECHAS DEL PERÍODO DE EXAMEN) 
(ADMINISTRATIVO O DE NUEV OS EXPORTADORES) DE CONFO RMIDAD CON LA ORDEN DE 
IMPOSICIÓN (DE DERECHOS ANTIDUMPING O COMPENSATORIOS) SOBRE (PRODUCTO) PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO) o (EL EXAMEN POR EXTINCIÓN O EL EXAMEN 
POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS O LA DECISI ÓN SOBRE EL ÁMBITO O LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA ELUSIÓN) DE LA ORDEN DE IMPOSICIÓN DE DERECHOS (ANTIDUMPING O G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  COMPENSATORIOS) SOBRE (PRODUCTO) PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO)). 
El infrascrito certifica que la información pública y cualquier información comercial de dominio privado de (NOMBRE DE LA EMPRESA DEL CERTIFICANTE) que figura en esta comunicación es exacta y completa según su más leal saber y entender. El infrascrito tiene conocimiento de que la 
información que figura en la presente comunicación puede estar sujeta a verificación o 
corroboración (según proceda) por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. También tiene conocimiento de que la legislación de los Estados Unidos (incluido, entre otros, 
18 U.S.C. 1001) impone sanciones penales a las personas que a sabiendas y deliberadamente 
formulan declaraciones falsas importantes al Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, tiene conocimiento de que aunque esta comunicación se a retirada del expediente del procedimiento en 
materia de derechos antidumping o compensatorios, el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos podrá preservarla, incluida toda comunicación con información comercial de dominio 
privado, a efectos de determinar su exactitud. El infrascrito certifica que depositará un ejemplar de 
esta certificación firmada en poder del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
 
Firma:-------------------------------------------------------------  
Fecha:------------------------------------------------------------------ 
 
 
* En el caso de certificaciones firmadas por varias  personas se deberá enumerar a todas ellas en la 
primera oración de la certificación, y todas deberán firmarla y datarla. Además, se deberán modificar los 
artículos, pronombres y adjetivos po sesivos como corresponda, por ejemplo, donde dice "el infrascrito" deberá 
decir "los infrascritos", y, si se hubiese utilizado la expresión "mi más leal saber y entender" deberá indicarse "nuestro más leal saber y entender".  
ii) CERTIFICACIÓN POR UN GOBIERNO** 
 
El infrascrito (NOMBRE Y TÍTULOS IMPRESOS), empleado actualmente  por el Gobierno de (PAÍS), 
certifica que preparó o supervisó de otro modo la preparación de la comunicación adjunta 
(INDICAR LA COMUNICACIÓN CONCRETA POR TÍTULO) a presentar (FECHA) o presentada 
(FECHA) en relación con (INSERTAR UNA DE LA S SIGUIENTES OPCIONES  (INVESTIGACIÓN EN 
MATERIA DE DERECHOS ANTIDUMPING O CO MPENSATORIOS) SOBRE EL (PRODUCTO) 
PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO) o (FECHAS DEL PERÍODO DE EXAMEN) 
(ADMINISTRATIVO O DE NUEV OS EXPORTADORES) DE CONFO RMIDAD CON LA ORDEN DE 
IMPOSICIÓN (DE DERECHOS ANTIDUMPING O COMPENSATORIOS) SOBRE (PRODUCTO) PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO) o (EL EXAMEN POR EXTINCIÓN O EL EXAMEN 
POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS O LA DECISI ÓN SOBRE EL ÁMBITO O LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA ELUSIÓN) DE LA ORDEN DE IMPOSICIÓN DE DERECHOS (ANTIDUMPING O COMPENSATORIOS) SOBRE (PRODUCTO) PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO)). El 
infrascrito certifica que la información pública y cualquier información comercial de dominio 
privado de (PAÍS) que figura en esta comunicación es exacta y completa según su más leal saber y entender. El infrascrito tiene conocimiento de que la información que figura en la presente 
comunicación puede estar sujeta a verificación o corroboración (según proceda) por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Asimismo, tiene conocimiento de que aunque esta comunicación sea retirada del expediente del procedimiento en materia de derechos antidumping o compensatorios, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos podrá 
preservarla, incluida toda comunicación con información comercial de dominio privado, a efectos 
de determinar su exactitud. El infrascrito certifica que depositará un ejemplar de esta certificación firmada en poder del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
 
Firma:-------------------------------------------------------------  
Fecha:------------------------------------------------------------------ 
 
 
** En el caso de certificaciones firmadas por varias  personas se deberá enumerar a todas ellas en la 
primera oración de la certificación, y todas deberán firmarla y datarla. Además, se deberán modificar los 
artículos, pronombres y adjetivos po sesivos como corresponda, por ejemplo, donde dice "el infrascrito" deberá 
decir "los infrascritos", y, si se hubiese utilizado la expresión "mi más leal saber y entender" deberá indicarse "nuestro más leal saber y entender".  G/ADP/N/1/USA/1/Suppl.14 • G/SCM/N/1/USA/1/Suppl.14 
 
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  2) Para el asesor jurídico u otro representante: 
 CERTIFICACIÓN POR UN REPRESENTANTE***  
El infrascrito (NOM BRE IMPRESO), del  (BUFETE u OTRA EMPRESA) , (INSERTAR UNA DE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES: ASESOR JURÍDICO o RE PRESENTANTE DE) (NOMBRE DE LA EMPRESA, 
GOBIERNO O PARTE), certifica que ha leído la comunicación adjunta de (INDICAR LA 
COMUNICACIÓN CONCRETA POR SU TÍTULO) a presentar (FECHA) o presentada (FECHA) en 
relación con (INSERTAR UNA DE LAS SIGUIENTES  OPCIONES (INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS ANTIDUMPING O COMPENSATORIOS) SOBR E EL (PRODUCTO) PROCEDENTE DE (PAÍS) 
(NÚMERO DEL ASUNTO) o (FECHAS DEL PERÍODO DE EXAMEN) (ADMINISTRATIVO O DE NUEVOS 
EXPORTADORES) DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE IMPOSICIÓN (DE DERECHOS 
ANTIDUMPING O COMPENSATORIOS) SOBRE (PRODUCTO) PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO) o (EL EXAMEN POR EXTINCIÓN O EL EX AMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS O LA 
DECISIÓN SOBRE EL ÁMBITO O LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ELUSIÓN) DE LA ORDEN DE 
IMPOSICIÓN DE DERECHOS (ANTIDUMPING  O COMPENSATORIOS) SOBRE (PRODUCTO) 
PROCEDENTE DE (PAÍS) (NÚMERO DEL ASUNTO)). El  infrascrito, en su condición de (INSERTAR 
UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: ASESOR JURÍDICO o ASESOR o ENCARGADO DE PREPARAR 
O EXAMINAR) la presente comunicación, certifica que la información pública que figura en esta comunicación es exacta y completa según su más leal saber y entender. El infrascrito tiene conocimiento de que la legislación de los Estados Unidos (incluido, entre otros, 18 U.S.C. 1001) 
impone sanciones penales a las personas que a sabiendas y deliberadamente formulan 
declaraciones falsas importantes al Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, tiene conocimiento de que aunque esta comunicación sea retirada del expediente del procedimiento en materia de 
derechos antidumping o compensatorios, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
podrá preservarla, incluida toda comunicación con información comercial de dominio privado, a efectos de determinar su exactitud. El infrascr ito certifica que depositará un ejemplar de esta 
certificación firmada en poder del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 
 Firma:-------------------------------------------------------------  
Fecha:------------------------------------------------------------------ 
 
 
*** En el caso de certificaciones firmadas por varios representantes se deberá enumerar a todos ellos y 
a sus empresas en la primera oración de la certificación,  y todos los representantes deberán firmarla y datarla. 
Además, se deberán modificar los artí culos, pronombres y adjetivos posesi vos como corresponda, por ejemplo, 
donde dice "el infrascrito" deberá decir "los infrascritos", y, si se hubiese utilizado la expresión "mi más leal 
saber y entender" deberá indicarse "nuestro más leal saber y entender". 
 
[FR Doc. 2013-17045 archivado el 16-7-13; 8.45 horas] CÓDIGO DEL PROYECTO DE LEY 3510-DS-P 
 
 
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