WT/REG305/2  
15 de septiembre  de 2016 
(16-4893) Página: 1/5 
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales  Original:  inglés/español  
 
  TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
Y CENTROAMÉRICA (COSTA RICA, EL SALVADOR,  
GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA)   
(MERCANCÍAS Y SERVICIOS)  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
 La siguiente comunicación, de fecha  7 de septiembre de  2016, se distribuy e a petición de las 
delegaciones de la República Dominicana y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua).  
 
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 En el presente documento se reproducen las preguntas dirigidas a las Partes y las 
respuestas que est as han presentado . 
 
Preguntas de la delegación de la Unión Europea  
 
Disposiciones reglamentarias sobre el comercio de mercancías  
Normas  
Medidas sanitarias y fitosanitarias  
 
1.1.  Párrafo  3.46: ¿Podrían aclarar las Partes cuáles son las perspectivas para la 
adopc ión del Reconocimiento Mutuo de Registros de Medicamentos en Costa Rica?  
 El procedimiento para el " Reconocimiento Mutuo de Registro Sanitario de Medicamentos 
para Uso Humano " que está en vigor en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua no  es aplicable a Costa  Rica ni a la República Dominicana.  
 
Disposiciones sobre el comercio de servicios y las inversiones  
Otras medidas relativas a las inversiones  
 
1.2.  ¿Podrían aclarar las Partes si las disposiciones del Tratado relativas a la protección 
de la s inversiones contienen alguna garantía sobre el derecho que tienen los Estados a 
reglamentar a favor de objetivos legítimos de interés  público?  
 Según lo dispuesto en el preámbulo del Tratado, las Partes mantienen su derecho a 
salvaguardar el bienestar pú blico.  
 
En el capítulo dedicado a las inversiones, las Partes acuerdan las normas para la protección 
de las inversiones y los inversores, entendiendo que esto no va en detrimento de las facultades de 
reglamentación a favor de los objetivos legítimos de ord en público . Dicho capítulo contiene varias 
disposiciones que reflejan este entendimiento entre ambas Partes.  
 
 En el artículo  9.01, la definición de "inversión" indica  que la protección de los bienes o los 
derechos estará garantizada siempre que las invers iones se lleven a cabo de conformidad con la 
legislación nacional de las Partes.  
 
 En el artículo  9.02, " Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones ", se excluye lo 
siguiente del alcance del capítulo sobre inversiones:  WT/REG305/2  
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  - las actividades económicas  reservadas por cada Parte de acuerdo a su legislación 
interna  vigente a la fecha de suscripción del Tratado;  
 
- las medidas que adopte  una Parte para restringir la participación de las inversiones de 
inversionistas  de otra Parte en su territorio, por razo nes de seguridad nacional u 
orden público,  protección del patrimonio cultural y ambiental , y conservación del 
medio ambiente ; y 
 
- las controversias  relacionadas con las  inversiones que hayan surgido  con anterioridad 
a la entrada en vigor del Tratado.  
 
 En lo referente a las transferencias, en el párrafo 1 del artículo  9.10 se establece que estas 
se realizarán libremente y sin demora, de acuerdo a  la legislación interna . El párrafo 3 del 
artículo  9.10 garantiza el derecho que asiste a las Partes, mediante l a aplicación equitativa y no 
discriminatoria de su legislación , a solicitar información y establecer requisitos relativos a reportes  
de transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios . Además, el párrafo 4 del 
artículo  9.10 prevé la posibilidad d e aplicar controles temporales a las transferencias en las que 
haya un serio desequilibrio , de acuerdo a estándares  internacionalmente  aceptados . 
 
 En el artículo  9.11, "Expropiación e indemnización", se reconoce el hecho  de que, en 
determinadas situacione s, los países necesit an realizar  expropiaciones con el fin de cumplir los 
objetivos legítimos de interés  público . Esto queda reflejado en el reconocimiento de que las 
medidas de expropiación debe rán ser compatibles con los compromisos asumidos por las Part es en 
virtud de ese capítulo, cuando dichas medidas se adopten por razones de " utilidad pública ". 
 
 El artículo  9.12, "Formalidades especiales y requisitos de información", prevé la posibilidad 
de que las Partes adopten o mantengan medidas que prescriban f ormalidades especiales en 
relación con las inversiones abarcadas, como la constitución de inversiones de acuerdo con la 
legislación nacional, o que requieran facilitar información.  
 
 En el artículo 9.13 se estipula que cualquier medida adoptada por una de las Partes para 
reglamentar los objetivos de interés  público, tales como la seguridad y la salud, que se regulan en 
otros capítulos del Tratado, no debe rá ser incompatible con la protección otorgada a los 
inversionistas  o las inversiones de otras Partes.  
 
 Según el artículo  9.15, " Medidas relativas al medio ambiente ", las Partes pueden adoptar, 
mantener y poner en ejecución  medidas que sean compatibles con las disposiciones de ese 
capítulo y que consideren apropiadas para asegurar que las inversiones en su territorio observen  la 
legislación en materia de medio ambiente.  
 
 El artículo  9.16, "Promoción de inversiones e intercambio de información", establece que las 
Partes deberán fomentar las inversiones con sujeción a su política general en el campo de las 
inversiones extranjeras . 
 
 En el artículo  17.02, las Partes se reservan el derecho a adoptar medidas para proteger sus 
intereses esenciales en materia de seguridad nacional.  
 
1.3.  ¿Podrían aclarar las Partes si los inversionistas  pueden recurrir a la solución de 
diferencias entre los inversionistas  y el Estado antes de establecer su presencia 
comercial en el país anfitrión?  
 Según el preámbulo  de este Tratado, las Partes consideraron la necesidad de establecer un 
ordenamiento jurídico con reglas claras, transparen tes y de beneficio mutuo para la promoción y 
protección de las inversiones . 
 
 Según el artículo  9.20, " Solución de controversias entre una Parte y un inversionista de otra 
Parte", puede recurrirse al procedimiento de solución de controversias  entre los inv ersionistas y el 
Estado para las controversias  que surjan, en el ámbito del Tratado, entre una de las Partes y un 
inversionista  de la otra Parte que haya realizado inversiones en el territorio de la primera . 
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  1.4.  ¿Podrían aclarar las Partes de qué modo el Trat ado fomenta la inversión sostenible 
y el comportamiento responsable de las empresas?  
 En el preámbulo del Tratado, las Partes reconocen que es necesario promover el desarrollo 
económico de manera congruente con  la protección y conservación del medio ambien te, así como 
con el desarrollo sostenible.  
 
 De conformidad con el artículo  9.15, las Partes tienen derecho a regular a favor de los 
objetivos legítimos de interés  público, entre los que figuran las políticas orientadas a promover la 
inversión sostenible y  el comportamiento responsable de las empresas.  
 
 El Tratado estipula que cada Parte puede adoptar, mantener o introducir cualquier medida 
que sea compatible con ese capítulo y que considere apropiada para asegurar que las inversiones 
en su territorio observen la legislación de esa Parte en materia de medio ambiente.  
 
 Con respecto a la promoción de la inversión sostenible, las Partes podrán  adoptar medidas 
que no infrinjan el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio,  de conformidad con el artículo  9.07. El comportamiento responsable de las empresas es 
fundamental para la aplicación efectiva del Tratado , y las Partes deberán procurar aplicarlo 
conforme a lo dispuesto en sus constituciones (artículo  20.01).  
 
 Además, ni nguna disposición de este Tratado impedirá que una de las Partes adopte 
medidas que promuevan la inversión  sostenible y el comportamiento responsable de las empresas.  
 
 Por ejemplo, en Costa Rica, que goza de una buena reputación por sus políticas progresi stas 
en relación con la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos  y la 
inversión en salud pública y educación , se seguirán elaborando y aplicando políticas de esta índole.  
 
Política de competencia  
 
1.5.  Párrafo 5.38 : Con arreglo al artíc ulo 15.01, las Partes promoverán el desarrollo de 
políticas de competencia y garantizarán la aplicación de normas sobre libre competencia 
entre las Partes y dentro de sus territorios, a fin de evitar los efectos negativos de las 
prácticas comerciales antic ompetitivas en la zona de libre comercio.  
 Guatemala se encuentra aún en proceso de adoptar una ley nacional de 
competencia.  
 
a. ¿Podrían aclarar las Partes si el Comité de Comercio y Libre Competencia ha 
intervenido en el proceso de adopción de una ley nacio nal de competencia por 
parte de Guatemala?  
 La adopción de una ley de competencia en Guatemala es puramente un proceso nacional . 
Por ello, el Comité de Comercio y Libre Competencia, tal como se establece en virtud del 
artículo  15.02 del Tratado, no ha inte rvenido en el proceso de Guatemala . Sin embargo, hay en 
vigor acuerdos comerciales internacionales para Guatemala que han incentivado y acelerado el 
proceso hacia la adopción de una ley nacional de competencia . Por el momento, el poder ejecutivo 
de Guatema la ha presentado una propuesta de ley en el Congreso que se está evaluando 
actualmente.  
 
b. ¿Pueden explicar las Partes cómo está colaborando (y ha colaborado) el Comité 
de Comercio y Libre Competencia con Guatemala ? ¿Cuál es la función de 
Guatemala en ese Co mité?  
 A pesar de que el Comité de Comercio y Libre Competencia se creó en virtud del 
artículo  15.02 del Tratado, dicho Comité no ha tenido actividad en los últimos años.  
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  Preguntas de la delegación de México  
 
Medidas sanitarias y fitosanitarias  
 
1.6.  Párrafo 3 .45: El procedimiento de evaluación del riesgo utilizado por la Parte 
importadora para establecer una medida sanitaria o fitosanitaria no podrá exceder de un 
plazo máximo de tres meses . Las Partes designarán la autoridad de notificación 
competente ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y utilizarán los 
Centros de Información como canal para notificar a la otra Parte . Las Partes notificarán 
los proyectos de medidas sanitarias o fitosanitarias por los canales pertinentes . Cuando 
se trate de me didas de emergencia, notificarán la medida por escrito al Centro de 
Información al menos tres días antes de su entrada en vigor o, a más tardar, tres días 
después.  
 Respecto al primer enunciado, ¿cuál fue el mecanismo para establecer los tiempos 
para Análi sis de Riesgo ? En caso de no cumplir con ese plazo, ¿no existe alguna 
alternativa?  
 
 Las autoridades competentes hacen su mejor esfuerzo por realizar el análisis de riesgo en el 
plazo establecido en el TLC . En ese sentido, se procura una comunicación const ante entre las 
autoridades fitosanitarias de las Partes.  
 
Propiedad intelectual  
 
1.7.  Párrafo 5.40 : De acuerdo a lo mencionado en este párrafo , ¿qué trabajos se han 
llevado a cabo relacionados con la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y con el uso 
del siste ma de patentes?  
 Si bien la Decisión Nº 11/2003 del Consejo Conjunto de Administración del Tratado de Libre 
Comercio Centroamérica - República Dominicana encomendó al Comité de Propiedad Intelectual a 
estudiar y diseñar un plan de cooperación técnica en ma teria de patentes en conjunto con la 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Europea de Patentes, no se han 
realizado trabajos específicos relacionados con este tema . No obstante esto, de manera individual 
cada país Parte del Trat ado ha recibido cooperación por parte de la OMPI, con el propósito de 
fortalecer sus capacidades en materia de propiedad intelectual.  
 
 En el caso de El Salvador, cabe destacar la cooperación que se ha recibido en materia de 
protección y registro de patent es. 
 
 Actualmente Costa Rica recibe cooperación de la OMPI para la implementación del sistema 
informático IPAS Patentes . Asimismo, la OMPI brindará la asistencia técnica necesaria para migrar 
a este nuevo sistema.  
 
 Guatemala no forma parte del proyecto IP AS, en virtud de contar con su propio sistema de 
gestión de patentes, pero cabe mencionar que se han realizado reformas a su legislación de 
propiedad industrial con el fin de cumplir con los nuevos compromisos que ha adquirido en este 
tema.  
 
 Por su parte,  el Gobierno de Nicaragua viene fomentando la protección y la observancia de 
los derechos de propiedad intelectual, asegurando las medidas y procedimientos destinados a 
respetar dichos derechos, lo cual contribuye a lograr los objetivos en materia de desar rollo y 
tecnología que favorezcan el bienestar social y económico del país . En materia de patentes se 
mejoró el marco jurídico, estableciendo disposiciones para la protección de las invenciones , los 
dibujos y modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y la prevención 
de actos que constituyan competencia desleal . Se han fortalecido las oficinas de patentes 
nacionales, y capacitación a los examinadores y técnicos nacionales para el aprovechamiento del 
sistema de patentes . En fecha 16  de junio del año  2013 se publicó en "La Gaceta, Diario Oficial" 
No. 111 el Acuerdo Ministerial MIFIC No.  015-2003, el cual en su página  2993 refiere la resolución 
del Consejo Conjunto de Administración del Tratado de Libre Comercio República Dominica na - 
Centroamérica, Decisión del Consejo Conjunto de Administración CCA/DEC No.  11/2003 : Estudio y 
diseño de un plan de cooperación técnica en materia de patentes.  
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   Honduras ha suscrito un convenio de cooperación con la OMPI ; además se ha instalado el 
Sistema IPAS en el registro de patentes y actualmente se está trabajando en implementar el 
sistema IPAS en el registro de marcas . La OMPI trabaja con la Dirección de Propiedad Intelectual 
de Honduras en un proyecto para el fortalecimiento de marcas con origen  colectivo, además presta 
asesoría técnica y jurídica.  
 
 Por último, cabe mencionar que las Oficinas de Propiedad Industrial de Centroamérica y 
República Dominicana, con el apoyo de la OMPI, la Oficina Europea de Patentes  (EPO) y la Oficina 
Española de Mar cas y Patentes (OEP), elaboraron un Manual de Examinadores de Patentes, cuyo 
objetivo es el establecer criterios que sirvan de guía a los examinadores de patentes para la 
realización del examen de fondo de las solicitudes de patentes . Este manual es revisa do 
periódicamente a fin de cumplir con las modificaciones o nuevas disposiciones en los países que lo 
conforman.  
 
Pregunta  de la delegación de Tailandia  
 
Política de competencia  
 
1.8.  Párrafo 5.38 : Se crea el Comité de Comercio y Libre Competencia, integrado po r dos 
miembros de cada una de las Partes . El Comité tendrá como función principal buscar los 
medios más apropiados para aplicar lo estipulado en el artículo  15.01, así como 
cualquier otra tarea que le sea asignada por el Consejo.  
Desde que se estableció el  Comité de Comercio y Libre Competencia, ¿ha 
examinado algún asunto relacionado con el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud de este capítulo ? En caso afirmativo, sírvanse describirlo.  
 
 El Comité de Comercio y Libre Competencia no ha exa minado ningún asunto relacionado con 
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del capítulo sobre política de 
competencia, ya que las Partes no han detectado que las prácticas anticompetitivas llevadas a 
cabo en sus respectivos mercados ha yan menoscabado los beneficios  comerciales  derivados del 
tratado de libre comercio.  
 
 
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