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15 de enero de 2015  
(15-0262)  Página: 1/15  
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  Original: inglés  
 
  LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA1 
RESPUESTA DE SRI LANKA 
Procedimientos y recursos ci viles y administrativos 
a)  Procedimientos y recursos judiciales civiles 
 
1.  Sírvanse indicar los tribunales que tien en competencia en casos de infracción de 
los derechos de prop iedad intelectual. 
 
El Tribunal Mercantil Superior establecido para la provincia occidental por el Tribunal Superior de 
las Provincias (Ley de Disposiciones Especiales Nº 10, de 1996), tiene competencia exclusiva en 
materia de litigios que afectan a los derechos de propiedad intelectual. 
 
Toda persona que se sienta perjudicada por una decisión del Tribunal Mercantil Superior podrá recurrir dicha decisión ante el Tribunal Suprem o, previa admisión a trámite por el mismo. 
 
2. a)  ¿Qué personas están legitimada s para hacer valer derechos de propiedad 
intelectual? 
 
Toda persona a quien se concedan derechos de propiedad intelectual reconocidos en el marco de la 
Ley de Propiedad Intelectual de Sri Lanka (Ley Nº  36 de 2003) está legitimada para hacer valer 
tales derechos si una persona o conjunto de personas amenaza con infringir o ha infringido sus 
derechos o realiza actos que hagan probable la infracción de un derecho reconocido en la Ley. 
 En el caso de la competencia desleal: 
 
Toda persona o empresa o asociación de productores o comerciantes perjudicada por cualquier acto o práctica que constituya competencia desleal podrá iniciar procedimientos judiciales para prohibir la continuación de tal acto o práctica y obtener indemnización por las pérdidas sufridas 
como consecuencia de tal acto o práctica. 
 En el caso de las indicaciones geográficas: 
 
Cualquier acto o práctica realizado o emprendido en el curso de las actividades industriales o comerciales que sea contrario a los usos comerciales honestos en relación con las indicaciones 
geográficas según lo estipulado en el artículo 160 de la Ley puede constituir un acto de 
competencia desleal y podrá entablarse una acción civil para solicitar un mandamiento judicial y cualquier otro recurso que se considere apropiado para impedir el uso de tales indicaciones geográficas. 
 
En el caso de la información no divulgada:  
Cualquier acto o práctica realizado o emprendido en el curso de las actividades industriales o 
comerciales que sea contrario a los usos comerciales honestos en relación con la información no divulgada según lo estipulado en el párrafo 6 del artículo 160 de la Ley puede constituir un acto de 
competencia desleal. Podrán iniciarse procedimientos civiles para prohibir la continuación de actos 
ilícitos relativos a la información no divulgada y obtener indemnización por las pérdidas sufridas. 
                                               
1 Documento IP/C/5. IP/N/6/LKA/1 
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  Sanciones penales: la divulgación ilegal de tal información constituye un delito y, en caso de 
condena, podrá ser objeto de una multa no superior a 500.000 rupias o de una pena de prisión, de la gravedad que corresponda, durante un período de hasta seis meses, o de ambas sanciones de 
multa y pena de prisión. 
 
Sin embargo, es importante señalar que, en el caso de los contratos de licencia relativos a un dibujo o modelo industrial, una patente o marca, o a cualquier otro asunto previsto en la Ley y 
salvo que exista alguna disposición en sentido contrario en dicho contrato, la persona que posee 
los derechos debe pedir al titular registrado que solicite un mandamiento judicial en el caso de una infracción o de una amenaza de infracción de sus derechos o de que se estén llevando a cabo 
actos en relación con tal infracción. Si el titular registrado no solicita un mandamiento judicial en el 
plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha petición, la persona que posee los derechos 
podrá solicitar un mandamiento judicial en su propio nombre, con notificación al titular registrado, quien podrá intervenir en los procedimientos. Sin embargo, el tribunal puede, si así lo solicita la 
persona que posee los derechos, antes del período mencionado, conceder un mandamiento judicial 
si esta demuestra que es necesario tomar acciones inmediatas para evitar daños considerables (artículo 171). 
 
 b)  ¿Cómo pueden estar representadas esas personas?  En un tribunal civil, pueden hacerse representar por su agente autorizado o por un abogado 
colegiado nombrado expresamente por el titula r del derecho en cuestión o por dicho agente 
autorizado para que actúe en nombre de la parte en cuestión.  
c)  ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecenci a personal obligatoria del 
titular del derecho ante el tribunal? 
 
La comparecencia personal no es obligatoria en los litigios civiles. El titular del derecho puede 
comparecer en los tribunales en persona o a trav és de su agente autorizado o abogado colegiado 
nombrado expresamente por el titular del derecho en cuestión o por dicho agente para que actúe 
en nombre de la parte en cuestión. 
 
3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un 
procedimiento, a petición de la parte cont raria, que aporte pruebas que estén bajo su 
control? 
 El tribunal está facultado para ordenar a la parte contraria que presente cualquier prueba que sea 
pertinente para sustanciar la alegación y que se encuentre bajo su control. Esta orden se puede 
dictar cuando dicha parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para 
sustentar la alegación y haya especificado que existen pruebas pertinentes para sustanciar dicha alegación que se encuentran bajo el control de la parte contraria. Sin embargo, la orden de 
presentar tales pruebas se dictará de manera que se garantice la protección de la información 
confidencial (epígrafe iii) del párrafo 3 del artículo 179).  
4.  ¿Qué medios se prevén para identifica r y proteger la información confidencial 
aportada como prueba?  
La orden de presentar tales pruebas se dictará de manera que se identifique la información 
confidencial y se garantice su protección. Así pu es, la orden se puede dictar cuando dicha parte 
i) haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga para sustentar la alegación y ii) haya especificado que existen pruebas pertinentes para sustanciar dicha alegación que se 
encuentran bajo el control de la parte contraria. 
 5.  Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades judiciales y los criterios, le gislativos o jurisprudenciales, sobre su 
utilización:  
a)  Mandamientos judiciales  
 Cuando una persona a quien se ha concedido un derecho reconocido en el marco de la Ley demuestra satisfactoriamente ante el tribunal que alguien amenaza con infringir o ha infringido sus 
derechos o realiza actos que hagan probable la infracción de un derecho reconocido en la Ley, el IP/N/6/LKA/1 
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  tribunal puede conceder un mandamiento judicial prohibiendo a esa persona que comience o 
continúe dicha infracción o que realice dichos actos.  Un mandamiento judicial puede ser provisio nal o permanente y puede figurar en los 
procedimientos de la infracción. Cuando el tribunal estime que el objeto de la concesión de un 
mandamiento judicial podría resultar invalidado en caso de demora, podrá, hasta la audiencia y la decisión en relación con la demanda del mandamiento judicial, imponer al demandado una 
obligación durante un período no superior a 14 días en primera instancia. El tribunal podrá ampliar 
dicha prohibición, por períodos sucesivos no superiores a 14 días cada vez, por motivos adecuados y suficientes, que se registrarán. Cualquier desobediencia de este mandato u orden judicial concedidos según lo expuesto conllevará la imposición al infractor de una sanción por desacato al 
tribunal. 
 b)  Órdenes de resarcimiento de daños y perjuici os, con inclusión de la reparación por los 
beneficios dejados de obtener y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados  
 En el mismo procedimiento de infracción, el tribunal está facultado para ordenar el resarcimiento 
de daños y perjuicios (párrafo 1 del artículo 170). El tribunal está facultado asimismo para ordenar 
al infractor que pague al titular del derecho el resarcimiento de los daños y perjuicios reales en cuantía suficiente para compensarle por las pérdidas que haya sufrido como consecuencia de dicha infracción, además de la reparación por concepto de beneficios que puedan haberse obtenido 
(párrafo 3 del artículo 170). 
 Ello no obstante, el titular del derecho tiene la opción de elegir en cualquier momento antes de la 
sentencia, en vez del resarcimiento de los daños y perjuicios realmente sufridos y probados, recibir 
una indemnización legal por la infracción implicada en la acción por una suma de no menos de 
50.000 rupias de Sri Lanka y no más de 1 millón de rupias de Sri Lanka, que el tribunal considere 
apropiada y justa (párrafo 10 del artículo 170). (Véase también el epígrafe b) del párrafo 2 del 
artículo 22 en lo que se refiere a los derechos de autor y derechos conexos.)  c)  Destrucción o retirada por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las 
mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción  
 El tribunal está facultado para ordenar que las mercancías infractoras sean retiradas de los 
circuitos comerciales o sean destruidas sin pago de indemnización alguna (epígrafe ii) del párrafo 3 
del artículo 170). (Véase también el epígrafe c) del párrafo 2 del artículo 22) en lo que se refiere a los derechos de autor y derechos conexos.) 
 
d)  Otros recursos  
 
a) El tribunal está facultado para ordenar otras medidas de compensación que considere 
justas y apropiadas, que pueden incluir: 
 
i)  Participación en beneficios derivados de la conducta infractora; 
 
ii)  El tribunal está facultado por la Ley para dictar las siguientes órdenes en relación con 
la infracción de derechos de propiedad intelectual: 
 
a)  ordenar la confiscación de copias de obras o grabaciones de sonido de las que 
se sospeche que se han fabricado, vendido, alquilado o importado sin la autorización del titular en los casos en que la fabricación, venta, alquiler o 
importación de copias estén sujetas a autorización, y de los instrumentos que 
pudieran utilizarse para la creación de copias de dichas mercancías infractoras (epígrafe ii) del párrafo 2 del artículo 22); 
 
b)  ordenar la destrucción o cualquier otra forma razonable de retirada de las 
copias resultantes de la infracción del derecho protegido en la Ley y su 
embalaje de los circuitos comerciales de mo do que se eviten perjuicios al titular 
del derecho, a menos que este solicite otra cosa (epígrafe c) del párrafo 2 del artículo 22); 
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  c)  ordenar, cuando exista peligro de que puedan utilizarse instrumentos para 
cometer o continuar cometiendo actos infractores, la destrucción o cualquier otra forma razonable de retirada de dichos instrumentos de los circuitos comerciales de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas 
infracciones, incluida la entrega al titu lar del derecho (epígrafe d) del párrafo 2 
del artículo 22). 
 
d)  donde exista peligro de que se puedan continuar cometiendo los actos 
infractores, el tribunal ordenará las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan dichos actos (epígrafe e) del párrafo 2 del artículo 22); 
 
e)  el pago de los gastos causados por la infracción, incluidas las costas judiciales. 
 
b)  La competencia desleal está definida en la Ley de Propiedad Intelectual de 2003 como 
sigue: "Cualquier acto o práctica realizado o emprendido en el curso de las actividades 
industriales o comerciales que sea contrario a los usos comerciales honestos constituirá un acto de competencia desleal" (párrafo 1 del artículo 160). En la Ley se reconocen en 
particular los siguientes actos que constituyen competencia desleal:
 
 
1. Causar confusión con respecto a una empresa de otra persona o sus actividades. 
2. Dañar el buen nombre o la reputación de otra persona. 
3. Inducir al público a error (cualquier acto o práctica que induzca a error o sea probable 
que induzca a error al público con respecto a una empresa de otra persona o sus 
actividades). 
4. Desacreditar una empresa de otra persona o sus actividades (cualquier alegación falsa 
o injustificable en el curso de las actividades industriales o comerciales que 
desacredite o sea probable que desacredite la empresa de otra persona). 
5. La divulgación a terceros o la adquisición o utilización por terceros de información 
secreta (todo acto o práctica en el curso de las actividades industriales o comerciales 
que dé lugar a la divulgación a terceros o la adquisición o utilización por terceros de 
información no divulgada sin el consentimiento de la persona bajo cuyo legítimo 
control esta se halle). La protección contra actos de competencia desleal puede 
ejecutarse mediante recursos civiles de conf ormidad con lo establecido en el párrafo 7 
del artículo 160 y las medidas de compensación incluyen los mandamientos judiciales 
y el resarcimiento de daños y perjuicios. 
 
c)  Recurso contra actos de imitación fraudulenta de Derecho Consuetudinario 
(Common Law ). Las normas sobre imitación fraudulenta, un ilícito reconocido en el 
Common Law,  suponen que "nadie tiene derecho alguno a representar sus bienes como los 
bienes de otra persona" (Reddaway vs. Banham [1896] AC 199, pág. 224). Los tres elementos de la imitación fraudulenta reconocidos en Reckitt & Coleman Products Ltd vs. 
Borden Inc., son: 1) la reputación o el buen nombre comercial unido a los bienes o 
servicios; 2) el engaño (la tergiversación de ese buen nombre comercial) y 3) los daños y perjuicios reales o la probabilidad razonable de que existan daños y perjuicios 
([1990] 1 All E.R. 873). 
 
La jurisprudencia elaborada en el marco del antiguo Decreto sobre Marcas de Fábrica o de 
Comercio de Sri Lanka demuestra que el delito de imitación fraudulenta está reconocido en 
el país. En el caso de Kapadiya contra Mohamed (20 NLR 314, pág. 317), Shaw J. declaró que aunque el recurso por imitación fraudulenta (passing off action)  no se contempla 
específicamente en el derecho escrito (Decreto sobre Marcas de Fábrica o de Comercio), 
nuestro ordenamiento jurídico permite interponer este tipo de recurso. Las disposiciones 
relativas a la competencia desleal no interfieren con el delito de imitación fraudulenta en el Common Law , y el recurso por imitación fraudulenta continúa considerándose en Sri Lanka 
un caso particular de recurso por competencia desleal. El delito de imitación fraudulenta se 
contempla en el marco de la competencia desleal y sus elementos están incorporados en la propia Ley de Sri Lanka. Sin embargo, la competencia desleal es mucho más amplia que la 
imitación fraudulenta y el recurso por imitación fraudulenta es solo un caso particular de 
recurso por competencia desleal. El delito de imitación fraudulenta se ha establecido actualmente como una nueva causa de acción independiente y es posible plantear en Sri Lanka ambas acciones con éxito. 
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  Los recursos previstos para la imitación fraudulenta son los mandamientos judiciales, el 
resarcimiento de los daños y perjuicios, o ambos, o bien, como alternativa, la participación en beneficios. Además, se podrá dictar una orden de entrega o de destrucción de los artículos a los cuales se haya aplicado el nombre o marca o una orden de obliteración de 
dichas marcas o nombres. 
 6. ¿En qué circunstancias están,  en su caso, las autoridades judiciales facultadas para 
ordenar al infractor que informe al titular de l derecho sobre la identidad de los terceros 
que hayan participado en la producción y dist ribución de los bienes o servicios respecto 
de los cuales se haya determinado que se trat a de bienes o servicios infractores, y sobre 
sus circuitos de distribución? 
 
El tribunal está facultado para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de las personas que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o 
servicios infractores y sobre sus circuitos de distribución. No obstante, la orden del tribunal deberá 
estar en proporción con la gravedad de la infracción (párrafo 4 del artículo 170).  
7. Sírvanse describir las di sposiciones relativas a la indemnización a los demandados 
a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funciona rios públicos en tal caso y qué "medidas 
correctivas" les son aplicables? 
 
Cuando las medidas provisionales tomadas en virtud del párrafo 6 del artículo 170 se modifiquen o se revoquen o si se determina posteriormente que no ha existido infracción de un derecho 
protegido, el tribunal está facultado, a petición del demandado al que se haya impuesto 
indebidamente una obligación, para ordenar al demandante que pague una indemnización adecuada por cualquier daño causado (párrafo 8 del artículo 170). 
 
Además, los funcionarios públicos están protegidos de cualquier demanda o enjuiciamiento en virtud del párrafo 11 del artículo 170 de la Ley cuando hayan actuado de buena fe y en cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la Ley. Este párrafo dispone lo siguiente: 
 
"No cabrá demanda ni enjuiciamiento contra ningún funcionario por ningún acto que haya sido realizado de buena fe y en cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley." 
 
8. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
 La duración de los procedimientos judiciales depende de la índole de la diferencia sobre derechos de propiedad intelectual. En muchos litigios relativos a infracciones, los procedimientos son 
sobreseídos tras haberse aceptado o denegado el mandamiento judicial provisional, debido a que 
las partes se retiran del caso o llegan a un acuerdo. La duración de dichos procedimientos puede ser de entre seis meses y un año. Si las partes insisten en litigar sobre cuestiones sustantivas, la 
duración de los procedimientos depende de la natu raleza de las cuestiones en litigio y del número 
de testigos llamados a declarar, así como del calendario del tribunal y del procedimiento de apelación si se presenta un recurso (en su caso) ante el Tribunal Supremo, previa admisión a 
trámite por el Tribunal Supremo. 
 No obstante, no se dispone de datos sobre el costo de los procedimientos, dado que los costos dependen de la índole de la diferencia sobre derechos de propiedad intelectual y de los honorarios 
de los abogados. Sin embargo, al término del litigio el pliego de costas se registra y puede 
recaudarse por vía ejecutiva como si se tratase de una orden del tribunal.  
 b)  Procedimientos y recursos administrativos 
 9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en la respuesta anterior en relación con los 
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los recursos que 
puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.  La Ley prevé otros recursos para compensar a las partes perjudicadas en casos de infracción de la 
propiedad intelectual mediante la presentación de reclamaciones administrativas ante el Director IP/N/6/LKA/1 
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  General de la Propiedad Intelectual. El Director General tiene funciones cuasijudiciales en primera 
instancia en la administración de la propiedad intelectual. El inicio de una diligencia ante el Director General es independiente y sin perjuicio de la interposición de una actuación ante la justicia ordinaria. 
 
a) Ante una solicitud presentada en la forma y manera prescritas por una persona perjudicada por la infracción o cualquier otro tipo de transg resión de cualquiera de sus derechos de autor o 
derechos conexos, el Director General tiene potestad para decidir, tras la investigación oportuna, 
sobre cualquier cuestión que pueda ser necesario u oportuno determinar en relación con dicha solicitud. La decisión del Director General será vinculante para las partes, sin perjuicio, no obstante, del derecho de la parte perjudicada por tal decisión de presentar un recurso ante el 
Tribunal Mercantil Superior (párrafo 3 del artículo 22). 
 Las palabras "Ante una solicitud presentada […] por una persona perjudicada por la infracción o 
cualquier otro tipo de transgresión de cualquiera  de sus derechos de autor […]" implican que el 
alcance de la materia abarca no solo la infracción de los derechos, sino también cualquier otro tipo de transgresión de los derechos, como la titularidad de los derechos, las relaciones contractuales, 
el pago y la cuantía de las regalías, impidiendo al demandado cometer o continuar cometiendo los 
actos de infracción. La persona perjudicada por la  decisión del Director General podrá presentar un 
recurso de apelación ante el Tribunal Mercantil Superior y salvo que este tribunal ordene la suspensión provisional de la ejecución de la decisión del Director General, la decisión seguirá en 
vigor hasta que el tribunal dictamine al respecto. 
 Recursos: El Director General, tras la investigación oportuna, podrá imponer los siguientes 
recursos administrativos en relación con dicha solicitud: 
 
i)  dictaminar que se han infringido los derechos de cualquiera de las partes e impedir a 
un demandado que cometa o continúe cometiendo los actos de infracción; 
 
ii)  dictaminar que se ha visto afectado cual quier otro derecho de un titular de derechos, 
como la titularidad de los derechos, las relaciones contractuales, el pago y la cuantía 
de las regalías, etc. y dictar las órdenes necesarias correspondientes. 
 
iii)  dictaminar que no se han infringido los derechos de los titulares; 
 
iv)  dictaminar que no se ha visto afectado ningún otro derecho de los titulares de 
derechos. 
 
Medidas provisionales 
 a)  Medidas judiciales 
 
10.  Sírvanse describir los tipos de medi das provisionales cuya adopción puede ser 
ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad. 
 
a)  Mandamientos judiciales provisionales. Cuando cualquier persona amenace con infringir o haya infringido los derechos de un titular de derechos o realiza actos que hagan probable la 
infracción de un derecho reconocido (párrafo 1 del artículo 170), el tribunal tiene la facultad, en 
virtud del párrafo 6 del artículo 170, de dictar la medida cautelar pertinente. Son también mandamientos judiciales provisionales las órdenes que conminan a la parte contraria a presentar pruebas que sustancien una reclamación, como materiales o instrumentos o documentos que 
obren en poder de la parte contraria y se utilicen en la creación de las mercancías infractoras o 
para su producción y/o distribución y los documentos correspondientes que obren en poder del demandado (epígrafe b) del párrafo 3) del artículo 170). 
 
Fundamento jurídico de los mandamientos judiciales. Su objeto es mantener el statu quo  de la 
situación hasta que pueda evaluarse la cuestión en litigio entre las partes. Los principios jurídicos 
que rigen la cuestión del dictado de un mandamiento judicial o su rechazo se establecieron en 
Sri Lanka en el caso de Felix Dias Bandaranaike contra State Film Corporation ([1981] 2 SLR 218). En dicho caso se determinó que, para decidir si procede o no conceder una medida cautelar, deben 
realizarse, de manera secuencial, las comprobaciones siguientes: IP/N/6/LKA/1 
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1.  Determinar si el demandante ha acreditado prima facie  de manera clara la infracción o 
infracción inminente de un derecho legal del que es titular; es decir, que existe una cuestión legítima que ha de juzgarse en relación con sus derechos legales y que es 
probable que gane el juicio; 
 
2.  Determinar a quién favorece el equilibrio de intereses, siendo el factor principal la 
desventaja no compensable o el perjuicio irreparable a cualquiera de las partes. En el 
caso Yakkaduwe Sri Pragnarama Thero vs. Ministro de Educación (71 NLR 506, 511), el juez presidente H.N.G. Fernando adoptó la siguiente explicación del significado de la expresión "equilibrio de intereses" que figura en Halsbury (3ª Ed. volumen 51, 
pág. 366):  
 
"Si existe alguna duda sobre el derecho del demandante o si su derecho no se 
discute pero se niega su infracción, el tribunal, para determinar si debe dictar 
un mandamiento judicial cautelar, tiene en cuenta el equilibrio de intereses de las partes y la naturaleza del perjuicio que sufriría, por una parte, el demandado 
si se concediese la medida cautelar y resultase, en última instancia, tener la 
razón y, por otra parte, el que podría sufrir el demandante si la medida cautelar fuera rechazada y resultase, en última instancia, tener la razón ... La carga de la prueba corresponde al demandante, que deberá demostrar que los perjuicios 
que sufrirá por el rechazo de la medida cautelar serían mayores que los 
perjuicios que sufriría el demandado si la medida se concediese." 
 
El criterio para la determinación del mayor perjuicio es si, independientemente de la 
existencia de daños, el demandante sufriría una pérdida o daño irreparables y si es poco probable que el demandado cumpla la sentencia definitiva si no se dicta un mandamiento 
judicial provisional. Se considera irreparable la pérdida o perjuicio que no pueda ser 
compensado adecuadamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios. Significa cualquier agravio o daño hecho a otro, ya sea a su persona, derechos, reputación o propiedad. Si los daños no se pueden medir con precisión, pueden constituir daños 
irreparables. 
 
3.  Dado que la medida cautelar es una compensación equitativa otorgada a discreción 
del tribunal, se debe considerar si la conducta y actuación de las partes justifican la 
concesión de tal medida (por ejemplo, se tendrán en cuenta el retraso y la eliminación de pruebas materiales). 
 
b)  Órdenes cautelares: párrafo 6) del artículo 170. La finalidad de las órdenes cautelares es conservar las pruebas mientras no se dicte la resolución relativa a la reclamación del demandante. Estas órdenes cautelares pueden incluir: 
 
i)  la orden de presentar toda prueba pertinente para sustanciar una reclamación del 
titular del derecho sujeta a información confidencial. Estas órdenes pueden incluir 
asimismo: 
 
a)  la descripción detallada, con o sin toma de muestras, de las mercancías 
infractoras; b) la descripción detallada de los materiales e instrumentos 
utilizados en la creación de las mercancías infractoras o en la producción y/o distribución de dichas mercancías y de los documentos correspondientes; c) órdenes relativas a la conservación de los activos que impidan su eliminación 
en espera de la resolución relativa a la reclamación de daños y perjuicios del 
demandante, si el demandado amenaza con eliminarlos o está a punto de destruirlos o deshacerse de ellos con intención de defraudar al demandante 
(véase el párrafo c) del artículo 54 de la Ley de la Judicatura que sustenta esta 
posición). 
 
c)  El tribunal tiene la facultad de ordenar medidas de protección provisionales ex parte  cuando 
lo estime pertinente, en particular i) cuando parezca probable que cualquier retraso ocasionará un daño irreparable al titular del derecho o ii) cuando exista riesgo demostrable de la destrucción de pruebas (párrafo 6) del artículo 170). 
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  Fundamento jurídico de las órdenes cautelares. El objeto de las órdenes provisionales es preservar 
para el juicio, y mientras no se sustancie la demanda, las pruebas en posesión del demandado o posible demandado en el caso en que sea probable que cualquier retraso en la conservación de las pruebas ocasionará un daño irreparable al titula r del derecho o cuando exista riesgo demostrable 
de la destrucción de pruebas. 
 El solicitante deberá convencer al tribunal de que i) ha acreditado prima facie  con gran claridad 
que su reclamación sobre el fondo del asunto tendrá éxito; ii) el daño, real o potencial, de tal 
destrucción de pruebas es muy grave para el solicitante y el retraso en dictar una orden ocasionará probablemente un daño irreparable al titular del derecho; iii) el demandado está en posesión de material o de pruebas o documentos incriminatorios, y que es realmente posible o 
existe riesgo demostrable de que, si está advertido previamente, puede destruir esas pruebas 
antes de que pueda presentarse una instancia inter parte . 
 
11.  ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas sin haber 
oído a la otra parte?  
 
El tribunal tiene la facultad de adoptar medidas provisionales a petición de parte, cuando resulten 
pertinentes; en particular cuando sea probable que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando exista riesgo demostra ble de la destrucción de pruebas. La orden se 
toma sin dar traslado a la otra parte; es decir, sin informar ni escuchar al demandado, quien 
conocerá la orden cuando se le aplique. Así, cuando se dicte una orden cautelar ex parte , se 
informará a las partes afectadas y estas, tras recibir dicha notificación, tendrán derecho a que se escuche su posición respecto de la modificación o revocación de la orden cautelar. 
 
12.  Sírvanse describir el procedimiento princi pal para iniciar el proceso de adopción de 
medidas provisionales, ordenar su adop ción y mantenerlas en aplicación y, 
especialmente, los plazos pertinentes y las me didas de salvaguardia  para proteger los 
intereses legítimos del demandado.  a)  Mandamientos judiciales provisionales. Si una parte desea que se dicte un mandamiento 
judicial provisional, deberá presentar una petición  y declaración jurada, excepto cuando la súplica 
se incluya en la propia demanda, en cuyo caso el contenido de la demanda deberá sustentarse mediante una declaración jurada. En Sri Lanka no puede dictarse un mandamiento judicial sin 
notificación. Sin embargo, cuando a juicio del tribunal un retraso en el dictado de un mandamiento 
judicial anularía su objetivo, el tribunal podrá imponer al demandado una obligación dictando una 
orden con una vigencia no superior a 14 días en la primera instancia y el tribunal podrá, por 
motivo justificado y suficiente, extender la orden por períodos no superiores a 14 días cada vez. 
 La orden judicial o notificación de un mandamiento judicial se comunicará a las partes afectadas y la concesión o denegación de una medida cautelar podrá dictarse, tras una investigación suficiente 
y previa audiencia a las partes afectadas por dicha orden judicial o medida cautelar solicitada. La 
orden se basa en declaraciones juradas, documentos y comunicaciones escritas y no cabrá recurso directo, tan solo un permiso para recurrir previa autorización especial del Tribunal Supremo. 
 
El mismo tribunal podrá anular o suspender la ejecución de tal orden judicial si le consta que dicha orden se obtuvo mediante la eliminación o la tergiversación de pruebas materiales. Se prevé 
otorgar una indemnización cuando una parte obtiene una orden judicial o mandato basado en 
motivos insuficientes. La infracción de una orden judicial tiene el mismo efecto que el de un mandamiento judicial provisional: se considera desacato al tribunal y se castiga en consecuencia.  
b)  Órdenes cautelares. Si una parte solicita una orden cautelar, deberá presentar pruebas 
razonables disponibles en respaldo de sus reclamaciones, mediante petición y declaración jurada, adjuntando documentos que acrediten que: i) se ha infringido o está a punto de infringirse su 
derecho de propiedad intelectual y la parte contraria tiene el control de pruebas de interés a 
efectos de la presentación de la sustanciación de la demanda, incluidos los materiales e instrumentos utilizados en la creación de las mercancías infractoras o en la producción y/o 
distribución de dichas mercancías y de los documentos correspondientes que obren en poder del 
demandado ii) se ha infringido o está a punto de infringirse su derecho de propiedad intelectual y el demandado amenaza o está a punto de eliminar o desprenderse de activos de su propiedad acumulados o que acumulará derivados de las mercancías infractoras con intención de defraudar al IP/N/6/LKA/1 
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  demandante (véase el párrafo c) del artículo 54 de la Ley de la Judicatura que sustenta esta 
posición).  Tales órdenes pueden dictarse previa petición del demandante respaldada por una declaración 
jurada con documentos acreditativos a petición de parte y las partes afectadas por dicha orden 
tendrán derecho a ser notificadas y, tras la recepción de dicha notificación, tendrán derecho a que se escuchen sus argumentos acerca de la modificación o revocación de la orden cautelar (párrafo 7 
del artículo 170). 
 Con el fin de proteger los intereses legítimos del demandado, se incluyen en la Ley las disposiciones siguientes: i) el tribunal está facultado para ordenar al solicitante que deposite una 
garantía o fianza equivalente y también para evitar abusos relativos a tales órdenes cautelares 
(párrafo 9 del artículo 170), y ii) cuando las medidas provisionales adoptadas sean modificadas o revocadas o se compruebe posteriormente que no se ha infringido un derecho protegido, el 
tribunal está facultado para ordenar al demandan te, a petición del demandado al que se haya 
impuesto injustamente una obligación, que pague una indemnización adecuada por cualquier daño causado a la parte demandada (párrafo 8 del artículo 170). 
 
13. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. 
 
No hay disposiciones específicas que regulen la duración y costo de los procedimientos relativos a diferencias en materia de derechos de propiedad intelectual. La duración y el costo dependen de la 
naturaleza de la diferencia. 
 
b)  Medidas administrativas 
 
14.  Sírvanse facilitar los datos solicitados en  las preguntas anteriores en relación con 
las medidas provisionales administrativas.  
No hay medidas administrativas específicas. 
 Prescripciones especiales relacion adas con las medidas en frontera 
15. Sírvanse indicar respecto de qué mercan cías puede solicitarse la suspensión por 
las autoridades aduaneras de su despacho para  libre circulación, y especialmente si cabe 
también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen 
infracciones de los derechos de propiedad in telectual distintas de las que entrañan las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio  falsificadas o las mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor, en el sentid o del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de 
página al artículo 51). Sírvanse indicar, j untamente con los criter ios pertinentes, las 
importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, 
una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones de minimis ). ¿Es aplicable 
el procedimiento a las importaciones de merc ancías colocadas en el mercado de otro 
país por el titular del derecho o con su consen timiento y a las mercancías destinadas a la 
exportación?  
La importación y exportación de mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o 
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor o cualquier otra mercancía que infrinja las 
disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual de Sri Lanka está prohibida en virtud del 
artículo 101 modificado de la Orden de Aduanas (artículo 206 de la Ley de Propiedad Intelectual). 
 
El párrafo 1) del artículo 125A de la Orden de Aduanas establece que la importación de mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de 
autor o cualquier otra mercancía que infrinja las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual 
estará prohibida y dichas mercancías se incluirán entre las mercancías cuya importación está prohibida en virtud del artículo 43 de la Orden de Aduanas y se incluirán en la lista B de la Orden 
como mercancías prohibidas. 
 El párrafo 2) del artículo 125A de la Orden de Aduanas establece que la exportación de las mercancías mencionadas en el párrafo 1) estará prohibida y dichas mercancías se incluirán entre IP/N/6/LKA/1 
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  las mercancías cuya exportación está prohibida en virtud del artículo 44 de la Orden de Aduanas y 
se incluirán en la lista B de la Orden como mercancías prohibidas.  La expresión "mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que 
lesionan el derecho de autor o cualquier otra mercancía que infrinja las disposiciones de la Ley de 
Propiedad Intelectual" indica que la prohibición no se aplica solo a las "mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata" sino también a cualquier otra mercancía 
que infrinja derechos de propiedad intelectual tal como se definen en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
 Excepción relativa a la importación  
i)  Las disposiciones de los artículos 125A y 125B no se aplicarán a las pequeñas cantidades de 
mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas (importaciones de minimis ): párrafo 10) del artículo 125B. 
 
Se entiende por "equipaje personal" las cantidades de artículos y mercancías presentes en el equipaje de pasajeros que pueda determinar como permisibles ocasionalmente el Director General 
de Aduanas. Se entiende por "mercancías en pequeñas partidas" toda mercancía que se reciba 
como obsequio de buena fe y las muestras comerciales o de comercio recibidas por una empresa individual o registrada, según determine el Director General de Aduanas.  
16. Sírvanse describir los principales el ementos del procedimiento relativo a la 
suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, 
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los 
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas 
prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han 
aplicado los artículos 53 (fianza o garantía  equivalente), 56 (indemnización al 
importador y al propietario de las merc ancías) y 57 (derecho de inspección e 
información)?  Suspensión de mercancías por las autoridades aduaneras. 
 
En el artículo 125B de la Orden de Aduanas se establecen disposiciones relativas a la suspensión, en virtud de dicha Orden, de las mercancías importadas que infrinjan los derechos de propiedad 
intelectual. Se trata de las disposiciones siguientes: 
 1) Un titular de derecho que tenga motivos válidos para creer que se están importando 
mercancías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el 
derecho de autor o cualquier otra mercancía que infrinja los derechos del titular del derecho en virtud de la Ley, puede presentar una solicitud por escrito al Director General de Aduanas para que suspenda la libre circulación de esas mercancías. 
 
2) Un titular de derecho que presente una solicitud en virtud del párrafo 1) deberá aportar pruebas suficientes para persuadir al Director General de Aduanas de que ha acreditado 
prima facie  la infracción de los derechos del titular del derecho en virtud de la Ley y proporcionar 
una descripción de las mercancías suficientemente detallada para que pueda reconocerlas fácilmente cualquier funcionario de aduanas (véase el artículo 52). 
 
3) a) El Director General de Aduanas estará facultado para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar posibles abusos (véase el artículo 53). 
 
b) Cuando, de conformidad con una solicitud presentada en virtud del párrafo 1), el 
Director General de Aduanas suspenda la libre ci rculación de las mercancías, informará sin demora 
de la suspensión al importador y al solicitante. 
 4) Si el Director General de Aduanas no recibe ninguna notificación acerca del inicio de un 
procedimiento con respecto a la liberación de cualesquiera mercancías suspendidas en virtud del 
párrafo 3) en un plazo no superior a 10 días hábiles después de que el solicitante haya sido informado de la suspensión conforme a lo dispuesto en el párrafo 3), ordenará la liberación de las mercancías, siempre que se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o 
exportación (véase el artículo 55). IP/N/6/LKA/1 
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  5) Cuando, conforme a una solicitud presentada en virtud del párrafo 1), el Director General de 
Aduanas haya suspendido la libre circulación de las mercancías y el plazo indicado en el párrafo 4) haya vencido sin que un tribunal haya dictado ninguna medida cautelar, y siempre que se hayan cumplido las demás condiciones para la importación, el propietario, el importador o el 
consignatario de esas mercancías tendrá de recho a que las mercancías sean liberadas. 
 6) No obstante lo dispuesto en las disposiciones anteriores de este artículo, cuando se aplique 
o se ratifique la suspensión de la liberación de  cualquier mercancía en virtud de una orden de un 
tribunal, se aplicarán las disposiciones del párrafo 4 del artículo 170 de la Ley de Propiedad Intelectual, Nº 36 de 2003.  
7) El tribunal estará facultado para ordenar al solicitante que pague al importador, al 
consignatario y al propietario de las mercancías, una compensación adecuada por cualquier perjuicio que les hubiera causado la retención infundada de las mercancías o la retención de las 
mercancías liberadas de conformidad con las disposiciones precedentes de este artículo (véase el 
artículo 56).  
8) Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, el tribunal estará facultado para 
ofrecer al titular del derecho una oportunidad suficiente para la inspección de las mercancías retenidas por las autoridades aduaneras con el fin de fundamentar las reclamaciones del titular del derecho. El tribunal estará además facultado para dar al importador una oportunidad equivalente 
de que se inspeccionen tales mercancías (véase el artículo 57). 
 9) Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y al demandado, 
el tribunal estará facultado para ordenar la destrucción o retirada de las mercancías que pudieran 
infringir los principios establecidos en el artículo 170 de la Ley de Propiedad Intelectual, N° 36 de 2003. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, el tribunal no 
permitirá, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en 
el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.  17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los 
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los 
procedimientos y su costo. ¿C uál es el período de valide z de las decisiones de las 
autoridades competentes para las que se susp ende el despacho de las mercancías para 
libre circulación? 
 S e  e s t á  t r a b a j a n d o  e n  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s, dado que no se cuenta actualmente con datos 
exactos. 
 18. ¿Están obligadas las autoridades competen tes a actuar por propia iniciativa y, en 
tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposi ciones especiales aplicables a la actuación 
de oficio? 
 Sí. Las autoridades de aduanas están facultadas para actuar por iniciativa propia (actuación de 
oficio). Las autoridades de aduanas suspenderán por iniciativa propia el despacho de importación o 
exportación de mercancías respecto de las cuales haya obtenido pruebas prima facie  de que se ha 
infringido o puede infringirse un derecho de propiedad intelectual. Los funcionarios de aduanas 
estarán exentos de responsabilidad solo cuando to men dichas medidas de buena fe (artículo 9 de 
la Gaceta Oficial Extraordinaria 1523 de fecha 15.11.2007).  Cuando las autoridades aduaneras hayan suspendido por iniciativa propia el despacho o la 
exportación de las mercancías, informarán inmediatamente al titular del derecho del lugar y la 
fecha de la suspensión del despacho de aduana. Las autoridades aduaneras podrán solicitar cualquier tipo de asistencia o cualquier información, incluidos los conocimientos técnicos e 
instalaciones del titular del derecho, sin ningún tipo de pago, con el fin de determinar si las 
mercancías suspendidas son falsificadas o piratas o infringen de otro modo un derecho de propiedad intelectual (véase el artículo 10 de la Gaceta citada). 
 
19. Sírvanse describir las medidas cuya  adopción puede ser ordenada por las 
autoridades competentes y los crit erios que regulen su aplicación. 
 
Retirada de las mercancías prohibidas por el Director General de Aduanas IP/N/6/LKA/1 
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  Tanto en el artículo 43 como en el 44 se establece que las mercancías prohibidas se decomisarán, 
y se destruirán y retirarán del modo que determin e el Director General de Aduanas. Sin perjuicio 
del derecho del demandado a reclamar ante una autoridad judicial, el Director General está facultado para ordenar la destrucción o retirada de las mercancías infractoras de conformidad con 
el párrafo 3) del artículo 125 de la Orden de Aduanas. 
 En el párrafo 3) del artículo 125 se establece que, sin perjuicio de cualquier disposición contraria 
en cualquier otra ley, dichas mercancías prohibidas que infringen la Ley de Propiedad Intelectual, 
se retirarán de los circuitos comerciales, o si tal retirada perjudicara los intereses del titular de algún derecho protegido por la Ley, se destruirán.  
Procedimientos penales 
20. Sírvanse indicar los tribunales que tien en competencia en casos de infracción 
penal de los derechos de propiedad intelectual. 
 
El tribunal competente es el  Tribunal de Magistrados. 
 
21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué 
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones 
penales?  
Los únicos delitos sancionables son los siguientes: 
 
Delito Sanción principal Otras sanciones 
 
Infracción de los derechos de autor (artículo 178). 
1) Toda persona que 
intencionadamente infrinja cualquiera de los derechos protegidos por las disposiciones 
relativas a los derechos de autor y 
derechos conexos podrá ser sancionada en caso de ser 
condenada.   
Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más 
de 6 meses, o ambas sanciones. 
En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de 
prisión, o ambas. 
  
 Tanto si el presunto 
infractor es condenado o
 
no, el juez podrá 
ordenar la destrucción de todas las copias de la 
obra y todos los 
instrumentos utilizados para la infracción, o 
todas las planchas en 
poder del presunto infractor, que considere 
que son copias 
infractoras, o planchas o instrumentos utilizados con el fin de hacer 
copias infractoras, o 
bien su entrega al titular del derecho, u otro 
destino que el juez 
estime conveniente.   
2) Cualquier persona que sepa o 
tenga motivos para creer que se han realizado copias que infringen los 
derechos protegidos en la Parte II 
de la Ley, que venda, que exponga para la venta, o que tenga en su 
posesión para la venta o alquiler o 
para cualquier otro fin será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada.  
  
Multa no superior a 500.000 SLRs 
o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones. 
En el caso de segunda condena o 
condenas subsiguientes, podrá duplicarse la multa o la pena de 
prisión, o ambas. 
 
 3) Cualquier persona que sepa o tenga motivos para creer que está en posesión o tiene acceso a un 
programa informático que infrinja 
los derechos de otra persona, y que haga uso, intencionadamente, de 
dicho programa con fines 
comerciales, será culpable de un delito y podrá ser sancionada en 
caso de ser condenada por un juez.   
Multa no superior a 500.000 SLRs o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones 
de multa y pena de prisión. 
 IP/N/6/LKA/1 
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  Delito Sanción principal Otras sanciones 
 
El intento de infracción de derechos de autor y derechos conexos 
(epígrafe g) del párrafo 2) del 
artículo 22). Cualquier persona que infrinja o 
intente infringir cualquiera de los 
derechos protegidos por los derechos de autor o derechos conexos será culpable de un delito y 
podrá ser sancionada en caso de ser 
condenada.   
Cualquiera de las sanciones indicadas más arriba.  
 
Infracción de dibujos y modelos 
industriales 
(artículo 179). Cualquier persona que 
intencionadamente infrinja los 
derechos de cualquier titular registrado, cesionario o licenciatario 
de un dibujo o modelo industrial 
será culpable de un delito y podrá ser sancionada en caso de ser condenada por un juez.   
Multa no superior a 500.000 SLRs 
o pena de cárcel durante no más 
de seis meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o 
condenas subsiguientes, podrá 
duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas. 
  
 
Infracción de patentes 
(artículo 181). Cualquier persona que intencionadamente infrinja los 
derechos de cualquier titular 
registrado, cesionario o licenciatario de una patente será culpable de un 
delito y podrá ser sancionada en 
caso de ser condenada en un juicio ante un juez a una multa no 
superior a 500.000 rupias o pena de 
cárcel durante no más de 6 meses, o ambas sanciones y en el caso de segunda condena o condenas 
subsiguientes, podrá duplicarse la 
multa o la pena de prisión, o ambas.   
Multa no superior a 500.000 SLRs 
o pena de cárcel durante no más de seis meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o 
condenas subsiguientes, podrá 
duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas. 
  
 
Infracción de marcas. 
(artículo 184) 
Cualquier persona que intencionadamente infrinja los 
derechos de cualquier titular 
registrado, cesionario o licenciatario de una marca será culpable de un 
delito y podrá ser sancionada en 
caso de ser condenada en un juicio ante un juez.   
Multa no superior a 500.000 SLRs 
o pena de cárcel durante no más 
de seis meses, o ambas sanciones. En el caso de segunda condena o 
condenas subsiguientes, podrá 
duplicarse la multa o la pena de prisión, o ambas sanciones de 
multa y pena de prisión. 
  IP/N/6/LKA/1 
- 14 - 
  Delito Sanción principal Otras sanciones 
 
Delitos cometidos por personas jurídicas 
(artículo 187). Cuando una persona 
jurídica haya cometido un delito definido en esta Ley, toda persona 
que en el momento de la comisión 
del delito ocupara el cargo de Director General, Gerente, Secretario u otro cargo similar de la 
entidad en cuestión se considerará 
culpable de tal delito, a menos que demuestre que el delito se cometió 
sin su consentimiento o connivencia 
y que ejerció la diligencia debida para evitar la comisión del delito. 
  
Multa no superior a 500.000 SLRs.  
 
Esquemas de trazado de los 
circuitos integrados (artículo 157). 
Toda persona que contravenga a 
sabiendas o intencionadamente las disposiciones del artículo 148 que reconoce los derechos exclusivos 
adscritos a un esquema será 
culpable de un delito.   
Multa no superior a 500.000 SLRs o 
pena de prisión, de la gravedad que corresponda, durante no más 
de seis meses, o ambas sanciones 
de multa y pena de prisión. En el caso de segunda condena o condenas subsiguientes, podrá 
duplicarse la multa o la pena de 
prisión, o ambas sanciones de multa y pena de prisión.  
Confiscación, decomiso 
o destrucción de dichos artículos o de cualquier 
material o accesorio que 
se haya utilizado para la comisión del delito.  
 22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de 
procedimientos penales? ¿Están obligadas a inic iarlos de oficio y/o a instancia de parte? 
 i)  Acusación por agentes de policía (demanda policial). En el epígrafe b) del párrafo 1) del 
artículo 136 del Código de Procedimiento Penal se faculta a los agentes de policía a iniciar el 
enjuiciamiento penal en un Tribunal de Magistrados.  
ii)  Acusación por un particular (demandas privadas). Todo titular de derechos mediante una 
demanda privada (epígrafe a) del párrafo 1) del artículo 136). El Código de Procedimiento Penal faculta a toda persona a presentar una demanda sobre un delito a un Tribunal de Magistrados.  
iii)  Incluso cualquier ciudadano puede presentar una demanda ante la Policía y la Policía puede 
iniciar el enjuiciamiento basándose en dicha demanda.  
23. ¿Están legitimados los part iculares para entablar procedimientos penales y, de ser 
así, quiénes están legitimados para hacerlo?  
Sí, el titular de los derechos o un agente debidamente designado por este (por ejemplo, un 
apoderado) puede actuar como demandante e interponer una demanda en los procedimientos penales.  
24. Sírvanse indicar, si es necesario po r categorías de derechos de propiedad 
intelectual y tipos de infracción, las sancio nes y otras medidas correctivas que pueden 
imponerse: 
 
 a) Infracción de un derecho de autor  b) Infracción de una patente 
 c)  Infracción de dibujos y modelos industriales 
 d)  Infracción de marcas de fábrica o de comercio  e)  Infracción de esquemas de trazado de los circuitos integrados  IP/N/6/LKA/1 
- 15 - 
  - prisión: véase supra . 
   - sanciones pecuniarias : véase supra . 
 
- confiscación, decomiso y destrucción de  las mercancías infractoras y de los 
materiales e instrumentos utilizados para su producción : 
 
i)  un juez puede dictar 
 
a)  una citación (epígrafe a) del párrafo 1) del artículo 197) 
 
b)  órdenes de registro para buscar mercancías falsificadas (epígrafe b) del 
párrafo 1) del artículo 197) 
 
ii)  Confiscación: con la orden mencionada, un agente de policía puede registrar y 
confiscar esas mercancías y llevarlos ante el juez (epígrafe c) del párrafo 2) del artículo 197) 
 
iii)  Decomiso de las mercancías utilizadas en el delito (párrafo 2) del artículo 197) 
 
iv)  Enajenación de las mercancías decomisadas y adjudicación de los ingresos 
obtenidos por dicha venta a la parte inocente en compensación por las pérdidas 
que pueda haber sufrido en el tratamiento de dicha propiedad (párrafo 3) del artículo 197). 
 
25.  Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del 
procedimiento y facilitar los datos de que disp ongan, en su caso, so bre la duración real 
del procedimiento y su costo. 
 Se está trabajando en la recopilación de datos de los juzgados.  
 
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