WT/DS461/RW/Add.1  
 
5 de octubre de  2018 
(18-6109) Página: 1/73 
  Original: español  
 
  
COLOMBIA - MEDIDAS R ELATIVAS A LA IMPORT ACIÓN DE TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR  Y CALZADO  
RECURSO DE COLOMBIA AL PÁRRAFO 5 DEL ART ÍCULO  21 DEL ESD  
RECURSO DE PANAMÁ AL  PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO  21 DEL ESD  
INFORME DE LOS GRUPOS ESPECI ALES 
Addendum  
El presente addendum  contiene los anexos A a C del informe de  los Grupo s Especial es que figura en 
el documento  WT/DS461/R W. 
 
 
_______________  
 
 WT/DS461/RW/Add.1  
 
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  LISTA DE ANEXOS  
ANEXO A  
PROCEDIMIENTO DE TRA BAJO D E LOS GRUPOS ESPECIAL ES 
Contenido  Página  
Anexo  A-1 Procedimiento de T rabajo Armonizado de los Grupos Especiales   4 
ANEXO B  
ARGUMENTOS DE LAS PA RTES 
Contenido  Página  
Anexo  B-1 Resumen integrado de Colombia  10 
Anexo  B-2 Resumen integrado de Panamá  28 
ANEXO C  
ARGUMENTOS DE LOS TE RCEROS  
Contenido  Página  
Anexo  C-1 Resumen integrado del Ecuador  56 
Anexo  C-2 Resumen integrado de los Estados Unidos  58 
Anexo  C-3 Resumen integrado de Honduras  64 
Anexo C -4 Resumen integrado del Japón  65 
Anexo C -5 Resumen integrado de la Unión Europea  68 
 
 
 WT/DS461/RW/Add.1  
 
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  ANEXO A  
PROCEDIMIENTO DE TRA BAJO DE  LOS GRUPOS ESPECIAL ES 
Contenido  Página  
Anexo  A-1 Procedimiento de Trabajo Armonizado de los Grupos Especiales  4 
 
 WT/DS461/RW/Add.1  
 
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  ANEXO A -1 
Procedimiento de Trabajo Armonizado de los Grupos  Especiales1 
Adoptado el 15 de septiembre de 2017  
 
 
1.  En sus actuaciones , el Grupo  Especial  seguirá las disposiciones pertinentes del Entendimiento 
relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la  Solución de Diferencias (ESD). Se 
aplicará además el Procedimiento de Trabajo armonizado que se expone a continuación.  
General  
 
2.  Las deliberaciones del Grupo  Especial , y los documentos que se hayan sometido a su 
consideración, tendrán carácter confidencial . Ninguna de las disposiciones del ESD ni del presente 
Procedimiento de Trabajo impedirá a las partes en la diferencia (en adelante, "partes") hacer 
públicas sus posiciones. Los Miembros considerarán confidencial la información facilitada al 
Grupo  Especial  por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter. Cuando una parte 
presente una versión confidencial de sus comunicaciones escritas al Grupo  Especial , también 
facilitará, a petición de cualquier Miembro, un resumen no confidencial de la informac ión contenida 
en esas comunicaciones que pueda hacerse público.  
3.  El Grupo  Especial  se reunirá a puerta cerrada. Las partes y los Miembros que hayan notificado al 
Órgano de Solución de Diferencias su interés en la diferencia de conformidad con el artículo 10  del 
ESD (en adelante, "terceros") sólo estarán presentes en las reuniones cuando el Grupo  Especial  los 
invite a comparecer.  
4.  Cada parte y cada tercero tiene derecho a determinar la composición de su propia delegación en 
las reuniones con el Grupo  Especial.  Cada parte y cada tercero será responsable de todos los 
miembros de su propia delegación y se asegurará de que cada miembro de dicha delegación actúe 
de conformidad con el ESD y con el presente Procedimiento de Trabajo, en particular en lo que 
respecta a la confidencialidad de las actuaciones.  
5.  El Grupo Especial celebrará una reunión sustantiva conjunta y emitirá un único informe respecto 
de ambos procedimientos . 
Comunicaciones  
 
6.  Antes de la reunión sustantiva conjunta del Grupo  Especial con las partes, cada  parte presentará 
al Grupo Especial una primera comunicación escrita, y posteriormente una réplica presentada por 
escrito, en las que exponga los hechos del caso y sus argumentos, con arreglo al calendario adoptado 
por el Grupo  Especial.  
7.  En caso de que una parte solicite una resolución preliminar, lo hará tan pronto como le sea 
posible y, en cualquier caso, a más tardar en su primera comunicación escrita al Grupo  Especial. Si 
una de las partes en su calidad de reclamante solicita tal resolución del Grupo  Especial, la otra parte 
responderá  a la solicitud en su primera comunicación escrita  como demandado . Si la solicita una 
parte en su calidad de demandado , la otra parte presentará  su respuesta a la solicitud antes de la 
reunión sustantiva conjunta , en el plazo que señale  el Grupo  Especial . Se podrán admitir excepciones 
a esta regla si existe justificación suficiente.  
8.  Cada parte presentará al Grupo  Especial  todas las pruebas fácticas a más tardar en el curso de 
la reunión sustantiva  conjunta , salvo en lo qu e respecta a las pruebas necesarias para responder a 
preguntas o realizar  observaciones sobre las respuestas dadas por la otra parte . El Grupo  Especial  
podrá admitir  excepciones a esta regla si existe justificación suficiente. Cuando admita tal excepción, 
el Grupo  Especial  concederá a la otra parte un plazo para que formule observaciones, cuando 
                                                
1 A efectos de facilitar la comprensión  de este Procedimiento  de Trabajo , se utilizar á el término "Grupo 
Especial" en singular donde  proceda.  WT/DS461/RW/Add.1  
 
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  proceda, sobre cualquier nueva prueba fáctica presentada después de la reunión sustantiva  
conjunta.  
9.  En caso de que el idioma original de pruebas documentales someti das al Grupo  Especial no sea 
un idioma de trabajo de la OMC, la parte o el tercero que las aporte presentará al mismo tiempo 
una traducción al idioma de trabajo de la OMC de tales pruebas documentales . El Grupo  Especial  
podrá conceder prórrogas prudenciales para la traducción de tales pruebas documentales si existe 
justificación suficiente. Cualquier objeción en cuanto a la exactitud de una traducción deberá 
plantearse con prontitud y por escrito, a más tardar, en la pri mera comunicación presentada después 
de la presentación de la comunicación que contenga la traducción de que se trate. Las objeciones 
irán acompañadas de una explicación detallada de los motivos de la objeción y  de una traducción 
alternativa.  
10.  A fin de faci litar la labor del Grupo  Especial , se invita a las partes y los terceros a que redacten 
sus comunicaciones de conformidad con la Guía Editorial de la OMC para las comunicaciones 
presentadas a grupos especiales, que se adjunta como anexo 1 , en la medida en que les resulte 
práctico hacerlo . 
11.  Para facilitar el mantenimiento de  un expediente único para ambos procedimientos y dar la 
máxima claridad posible a las comunicaciones, las partes y los terceros numerarán 
consecutivamente sus pruebas documentales durante todo el curso de ambos procedimientos . Por 
ejemplo, las pruebas documentales presentadas por Colombia  podrían numerarse COL-1, COL-2, 
etc., sin distinguir entre procedimientos . Si la última prueba documental presentada en relación con 
la primera comunicaci ón como reclamante fue numera da COL-5, la primera prueba documental de 
su siguiente comunicación  sea como reclamante o  demandado se numeraría COL-6.  
Preguntas  
 
12.  En cualquier momento, el Grupo  Especial podrá formular preguntas a las partes y los terceros, 
ya sea oralmente durante la reunión sustantiva conjunta o por escrito.  
Reunión sustantiva conjunta  
 
13.  Cada parte facilitará al Grupo  Especial la lista de los miembros de su delegación antes de  la 
reunión y a más tardar a las 17 :00 del día hábil anterior.  
14.  La reunión sustantiva conjunta se desarrollará como sigue:  
a. El Grupo  Especial invitará en primer lugar a Colombia a formular una declaración inicial a 
fin de que presente sus argumentos en calidad de reclamante. A continuación, se invitará 
a Panamá, en calidad  de demandado, a que exponga su opinión al respecto. 
Posteriormente, el Grupo  Especial invitará a Panamá a formular una declaración inicial a 
fin de que presente sus argumentos en calidad de reclamante. A continuación, se invitará 
a Colombia, en calidad de  demandado, a que exponga su opinión al respecto.  Este orden 
podrá ser modificado por el Grupo Especial si lo considera necesario a la luz del desarrollo 
de las actuaciones.  
Antes de hacer uso de la palabra, cada parte facilitará al Grupo  Especial y a los demás 
participantes en la reunión una versión escrita provisional de su declaración. Cada parte 
pondrá a disposición del Grupo  Especial y de la otra parte la versión  definitiva de su 
declaraci ones iniciales y finales , de preferencia al final de la reunión y, en cualquier caso, 
no más tarde de las 17 :00 del primer día hábil posterior a la reunión.  
b. Una vez concluidas las declaraciones, el Grupo  Especial  dará a cada parte la oportunidad 
de formular preguntas a la otra parte o de hacer observaciones a través de l 
Grupo  Especial . Cada parte tendrá a continuación la oportunidad de responder estas 
preguntas oralmente.  Cada parte enviará por escrito  cualquier pregunta a la otra parte 
respecto de la que desee recibir una respuesta  escrita, en un plazo que determinará el 
Grupo  Especial . Se invitará a c ada parte a responder por escrito a las preguntas de la otra  
parte en el plazo que determine el Grupo  Especial . WT/DS461/RW/Add.1  
 
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  c. Seguidamente , el Grupo  Especial  podrá formular preguntas a las partes. Cada parte tendrá 
a continuación  la opo rtunidad de responder dichas preguntas oralmente.  El Grupo  Especial  
enviará por escrito, en el plazo que determine, cualquier pregunta a las  partes respecto 
de la que desee recibir una respuesta escrita. Se invitará a c ada parte a responder por 
escrito a esas preguntas en el plazo que determine el Grupo  Especial . 
d. Una vez finalizadas las preguntas, el Grupo  Especial  concederá a cada parte la  oportunidad 
de formular una breve declaración final , siguiendo el mismo orden de las declarac iones 
expuesto en la letra  (a.). 
Terceros  
 
15.  El Grupo  Especial  invitará a cada tercero a transmitir al Grupo  Especial  una comunicación escrita 
antes de la reunión su stantiva conjunta del Grupo  Especial  con las partes, de conformidad con el 
calendario adoptado por el Grupo  Especial. Aquellos Miembros que hayan reservado sus derechos 
como terceros en ambos procedimientos, tendrán la oportunidad de presentar conjuntament e sus 
observaciones en dicha comunicación.  
16.  Se invitará además a cada tercero a presentar oralmente sus opiniones durante una sesión de 
la reunión sustantiva conjunta destinada a este fin.  Cada tercero facilitará al Grupo  Especial  la lista 
de los miembros de su delegación antes de esa sesión y a más tardar a las 17 :00 del día hábil 
anterior.  
17.  La sesión destinada a los terceros se desarrollará como sigue:  
a. Por razones logísticas , todos los terceros podrán estar presentes durante la totalidad de 
esta sesión  aunque no hayan reservado sus derechos como terceros en ambos 
procedimientos bajo el artículo  21.5 del ESD . 
b. El Grupo  Especial  escuchará en primer lugar los argumentos de los terceros en orden 
alfabético. Los terceros presentes en la sesión destinada a los terceros y que tengan la 
intención de exponer sus opiniones oralmente en esa sesión facilitarán al Grupo  Especial , 
las partes  y los demás terceros versiones escritas provisionales de sus declaraciones antes 
de hacer uso de la palabra. Los terceros pondrán a disposición del Grupo  Especial , las 
partes y los demás terceros la versión definitiva de sus declaraciones, de preferencia al 
final de la sesión y, en cualquier caso, no más tarde de las 17 :00 del primer d ía hábil 
posterior a la sesión.  
c. Después  de que los terceros hayan formulado sus declaraciones, podrá darse a las  partes 
la oportunidad de formular, a través del Grupo  Especial , preguntas a los  terceros para 
aclarar cualquier cuestión planteada en las comunicaciones o  declaraciones de los terceros. 
Cada parte enviará por escrito, en el plazo que  determine el Grupo  Especial , cualquier 
pregunta a un tercero respecto de la que desee  recibir una respuesta escrita.  
d. Seguidamente , el Grupo  Especial  podrá formular preguntas a los terceros. Cada tercero 
tendrá a continuación  la oportunidad de responder dichas preguntas oralmente . El 
Grupo  Especial  enviará por escrito, en el plazo que determine, cualquier pregunta a los 
terceros respecto de la que desee recibir una respuesta escrita. Se invitará a cada tercero 
a responder por escrito a esas preguntas en el plazo que determine el Grupo  Especial.  
Parte expositiva  
 
18.  La exposición de los argumentos de las partes y terceros en la parte expositiva del informe 
único del Grupo  Especial  consistirá en resúmenes ejecutivos integrados proporcionados por las 
partes y los terceros, los cuales se incorporar án como anexos al informe. Estos resú menes ejecutivos 
no sustituirán en modo alguno las comunicaciones de las partes y los terceros en el examen del 
asunto por el Grupo  Especial . 
19.  Cada parte presentará  un único resumen ejecutivo  integrado  de los hechos y argumentos como 
fueron presentados  al Grupo Especial en sus comunicaciones escritas y declaraciones orales  respecto 
de ambos procedimientos , de conformidad con el calendario de trabajo adoptado por el WT/DS461/RW/Add.1  
 
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  Grupo  Especial. Este resumen podrá incluir también un resumen de las respuestas a preguntas. C ada 
resumen no excederá de treinta (30 ) páginas. El Grupo  Especial no resumirá en la parte expositiva 
ni anexará a su informe las respuestas de las partes a las preguntas.  
20.  Cada tercero presentará un resumen  ejecutivo integrado de sus argumentos como fueron 
presentados al Grupo  Especial  en su comunicación escrita y su declaración  respecto de ambos 
procedimientos, según proceda,  de conformidad con el calendario de trabajo adoptado por el 
Grupo  Especial . Este resumen podrá incluir también un resumen de las respuestas a preguntas, en 
su caso. El resumen ejecutivo integrado que deberá facilitar cada uno de los terceros  no excederá 
de seis (6) páginas.  
Reexamen  intermedio  
 
21.  Una vez transmitido el informe provisional, cada parte podrá pr esentar una solicitud escrita de 
que se reexaminen aspectos concretos del informe provisional y solicitar una nueva reunión con el 
Grupo  Especial , de conformidad con el calendario adoptado por el Grupo  Especial . La parte que desee 
hacer uso del derecho a s olicitar dicha reunión lo deberá hacer a más tardar en el momento en que 
se presente la solicitud escrita de reexamen.  
22.  En caso de que no se solicite una nueva reunión con el Grupo  Especial, cada parte podrá 
presentar observaciones escritas sobre la solicit ud escrita d e reexamen de la otra parte, de 
conformidad con el calendario adoptado por el Grupo  Especial . Tales  observaciones se limitarán a la 
solicitud escrita de reexamen presentada por la otra parte . 
23.  El informe provisional, al igual que el informe fina l previo a su circulación oficial, tendrá carácter 
estrictamente confidencial y no se divulgará.  
Entrega  de documentos  
 
24.  Se aplicarán los siguientes procedimientos respecto de  la entrega de documentos:  
a. Cada parte y cada tercero presentará todos los documentos al Grupo  Especial 
entregándolos al Registro de Solución de Diferencias (despacho N° 2047).  
b. Cada parte y cada tercero facilitará dos copias impresas de todos los documentos que 
presente al Grupo  Especial . El Registro de Solución de Diferencias pondrá un sello en los 
documentos con la fecha y hora de su presentación. La  versión  impresa constituirá la 
versión oficial a los efectos del expediente de la diferencia.  
c. Cada parte y cada tercero facilitará también  una copia electrónica de todos los  documentos 
que presente al Grupo  Especial  al mismo tiempo que las versiones  impresas . Las 
comunicaciones escritas de las partes y los terceros se presentarán siempre que sea 
posible en formato Microsoft Word. Cuando, deb ido a su tamaño, no sea posible enviar los 
documentos por correo electrónico, éstos deberán presentarse en llave USB, CD-ROM o 
DVD. En ese caso,  se proporcionarán cuatro  llaves USB, CD-ROMs o DVD s. Las  copias 
electrónica s deberán enviarse a las siguientes direcciones de correo electrónico:  
DSRegistry@wto.org , con copia a  ****.****@wto.org ,  
****.****@wto.org , ****.****@wto.org , ****.****@wto.org  y ****.****@wto.org . 
Si se facilita n llaves USB, CD-ROMs o DVD s, éstos se entregará n al Registro d e Solución 
de Diferencias.  
d. Cada parte facilitará directamente a la otra parte los documentos que presente al  
Grupo  Especial . Además, cada parte entregará a todos los terceros sus  comunicaciones 
escritas antes de la reunión sustantiva conjunta con el Grupo  Especial . Cada tercero 
proporcionará directamente a las partes y a todos los demás terceros los  documentos que 
presente al Grupo  Especial . Cada parte y  cada tercero, cuando presente documentos al 
Grupo  Especial , confirmará por escrito  que éstos han sido de bidamente notificados.  
e. Cada parte y cada tercero presentará sus documentos (copias impresas y, si procede, 
llaves USB, CD -ROMs y/o DVDs) al Registro de Solución de  Diferencias y proporcionará WT/DS461/RW/Add.1  
 
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  copias a la otra parte  (y a los terceros cuando proceda) a  más t ardar a las 17 :00 (hora de 
Ginebra) de l os plazos fijados por el Grupo  Especial . 
f. El Grupo  Especial  facilitará a las partes una versión electrónica de la parte expositiva , del 
informe provisional y del informe definitivo, así como de otros documentos, según  proceda. 
Cuando el Grupo  Especial  proporcione a las partes o a los terceros una  versión en papel y 
otra electrónica de un documento, la primera constituirá la versión  oficial a efectos del 
expediente de la diferencia.  
25.  El Grupo Especial se reserva el derec ho de modificar este procedimiento según sea necesario , 
previa consulta con las partes . 
 
 
 
 
 
 WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  ANEXO B  
ARGUMENTOS DE LAS PA RTES 
Contenido  Página  
Anexo  B-1 Resumen integrado de Colombia  10 
Anexo  B-2 Resumen integrado de Panamá  28 
 
 WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  ANEXO B -1 
RESUMEN INTEGRADO DE  COLOMBIA  
I. INTRODUCCIÓN  
1. Las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) en el 
procedimiento inicial se referían a un arancel compuesto que se constató que excedía de los 
aranceles consolidados de Colombia. Colombia derogó el arancel compuesto y sus nuevos aranceles 
no exceden de sus compromisos arancelarios. Por consiguiente, Colombia ha cumplido plenamente 
las recomendaciones y resoluciones del OSD.  
2. La diferencia inicial se refe ría a la imposición por Colombia de un arancel compuesto sobre las 
importaciones de determinadas prendas de vestir y calzado clasificados en los capítulos 61 a 64 del 
Arancel de Aduanas de Colombia.1 En el procedimiento inicial, el Grupo Especial inicial y  el Órgano 
de Apelación constataron que, en los casos identificados en el informe del Grupo Especial, el arancel 
compuesto excedía de los tipos arancelarios consolidados en la Lista de concesiones de Colombia y, 
por consiguiente, era incompatible con los p árrafos 1 a) y 1 b) del artículo II del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de  1994 (GATT de  1994).2 El 2 de noviembre de  2016, 
Colombia sustituyó el arancel compuesto establecido por el Decreto  Nº 456 por nuevos aranceles 
establecidos por  el Decreto Nº 1744.3 El Decreto Nº 1744 estableció un arancel ad valorem que no 
excede de los aranceles consolidados por Colombia en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Por consiguiente, Colombia ha puesto la medida declarada incompatible con el G ATT de  1994 en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en el marco de la OMC al suprimir la medida 
que el OSD declaró incompatible y al establecer un nuevo arancel con un tipo que no excede del tipo 
consolidado consignado en la Lista de conces iones de Colombia.  
3. La garantía aduanera y las formalidades aduaneras impugnadas por Panamá en este 
procedimiento sobre el cumplimiento no son "medidas destinadas a cumplir" las recomendaciones y 
resoluciones del OSD en el procedimiento inicial. Por lo t anto, estas medidas no están comprendidas 
en el ámbito del presente procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 y no son el objeto adecuado 
del examen del cumplimiento por el Grupo Especial. Incluso suponiendo a efectos de argumentación 
que las medidas imp ugnadas por Panamá estén debidamente comprendidas en la jurisdicción del 
Grupo Especial, Colombia sostiene que esas medidas no solo son compatibles con el párrafo 1 del 
artículo XI del GATT de  1994, sino que están expresamente admitidas en virtud los Acuer dos 
abarcados (el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y el 
Acuerdo Antidumping). Además, las alegaciones de Panamá de que la garantía aduanera y las 
formalidades aduaneras constituyen restricciones prohibidas en v irtud del párrafo 1 del artículo XI 
del GATT de  1994 se basan en alegaciones especulativas. Panamá no corrobora sus alegaciones con 
pruebas y en última instancia no demuestra las alegaciones de que la garantía aduanera y las 
formalidades aduaneras tienen u n efecto limitativo en las importaciones. Además, incluso 
suponiendo que la garantía aduanera y las formalidades aduaneras sean incompatibles con el párrafo 
1 del artículo XI del GATT de  1994, están justificadas al amparo de los apartados a) y d) del artíc ulo 
XX del GATT de  1994.  
II. ANTECEDENTES  DE HECHO  
4. La diferencia inicial se refería a la imposición por Colombia de un arancel compuesto sobre las 
importaciones de determinadas prendas de vestir y calzado clasificados en los capítulos 61 a 64 del 
Arance l de Aduanas de Colombia.4 El arancel compuesto establecido por el Decreto Nº 456 constaba 
de un gravamen ad valorem , expresado en términos porcentuales del valor en aduana de las 
mercancías, y de un gravamen específico expresado en unidades monetarias por  unidad de medida. 
                                                
1 Informe del Grupo Especial inicial, párrafo 2.1.  
2 Informe del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 6.3; e informe del Grupo Especial 
inicial, párrafos 8.2 -8.4. 
3 Decreto Nº 1744 (Prueba documental COL -1). 
4 Informe del Grupo Especial inicial, párrafo 2.1.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  El Grupo Especial inicial constató, y el Órgano de Apelación confirmó, que el arancel compuesto era 
incompatible con el párrafo 1 a) y la primera frase del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de  1994.5 
5. El 2 de noviembre de  2016, el Gobierno de Colombia publicó el D ecreto Nº 1744 de  2016, 
mediante el cual se derogó el arancel compuesto y se modificaron los aranceles aplicables a las 
importaciones de los productos clasificados en los capítulos 61, 62 y 63 y determinadas partidas del 
capítulo 64. El Decreto Nº 1744 fija un arancel NMF ad valorem del 40% para las importaciones de 
los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas de la República de 
Colombia cuando el precio de importación f.o.b. declarado sea infer ior o igual a diez  (10) dólares 
EE.UU. por kilogramo bruto. Este arancel es igual al arancel consolidado en la Lista de Colombia. En 
lo que respecta a las importaciones de los productos clasificados en las partidas arancelarias 6401, 
6402, 6403, 6404 y 640 5, se aplica un arancel NMF del 35% ad valorem cuando el precio de 
importación f.o.b. declarado sea inferior o igual a precios que varían entre seis (6) dólares EE.UU. y 
diez (10) dólares EE.UU. por par.6 A las importaciones de productos clasificados en la  
subpartida  6406.10.00.00 se les aplicará un arancel NMF del 35% ad valorem  cuando el precio f.o.b. 
declarado sea inferior o igual a cinco (5) dólares EE.UU. por kilogramo bruto. Estos aranceles son 
iguales al arancel consolidado en la Lista de Colombia. C uando el precio de importación de estos 
productos sea superior a los precios antes indicados, el arancel NMF es el previsto en el Decreto Nº 
4927 de  2011 (modificado por el Decreto Nº 2153 de  2016) o aquel que lo modifique. Las 
importaciones de los demás p roductos que estaban abarcados por los aranceles compuestos 
establecidos por el Decreto Nº 456 de  2014 están sujetas al arancel NMF ad valorem  establecido en 
el Decreto Nº 4927 de  2011 (modificado por el Decreto Nº 2153 de  2016) o aquel que lo modifique.7 
III. CARGA DE LA PRUEBA  
6. Es una "regla de prueba generalmente aceptada" que "la carga de la prueba incumbe a la 
parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa".8 
Para establecer una presunción prima  facie de inf racción de un Acuerdo de la OMC, la parte 
reclamante tiene que aportar pruebas y argumentos jurídicos suficientes que relacionen los 
supuestos hechos con una alegación jurídica.9 Como en el procedimiento inicial, incumbe a la parte 
reclamante demostrar en un procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 que la parte demandada no 
ha cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD. En consecuencia, incumbe a Panamá, 
como parte reclamante, la carga de demostrar que Colombia no ha cumplido las recomendaciones  
y resoluciones del OSD. Si Panamá no establece una presunción prima facie se deben desestimar 
sus alegaciones.  
7. En la diferencia Estados Unidos / Canadá - Mantenimiento de la suspensión , el Órgano de 
Apelación consideró que en un procedimiento del párra fo 5 del artículo  21 el demandado inicial tiene 
una carga de la prueba limitada. El demandado inicial tiene que " demostrar que su medida de 
aplicación ha subsanado  los defectos identificados en las recomendaciones y resoluciones 
del OSD".10 A tal efecto, ba sta que el demandado inicial presente "una descripción clara de su medida 
de aplicación y una explicación adecuada de la forma en que esa medida rectifica las 
incompatibilidades constatadas en el procedimiento inicial, a fin de que el grupo especial del pá rrafo 
5 del artículo 21 esté en condiciones de realizar una evaluación objetiva del asunto y, si no hay 
réplica, pronunciarse a favor del demandado inicial".11 De acuerdo con la orientación del Órgano de 
Apelación en Estados Unidos / Canadá - Mantenimiento de la suspensión , Colombia ha demostrado 
en el presente procedimiento que el Decreto Nº 1744 "ha subsanado los defectos identificados en 
                                                
5 Informe del Grupo Especial inicial, párrafos 8.2 y 8.4; e informe del Órgano de Apelación en el 
procedimiento inicial, párrafo 6.3.  
6 Decreto Nº 1744 (Prueba documental COL -1). 
7 Decreto Nº 1744 (Prueba d ocumental COL -1); Decreto Nº 4927 (Prueba documental COL -2); y 
Decreto Nº 2153 (Prueba documental COL -3). 
8 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camisas y blusas de lana , página 16. Véase 
también el informe del Grupo Especial, China - Automóvi les (Estados Unidos) , párrafo 7.6.  
9 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Juegos de azar , párrafo 140 (donde se cita el 
informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camisas y blusas , página 19). (las cursivas figuran en el 
original)  
10 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos / Canadá - Mantenimiento de la suspensión , 
párrafo  362. 
11 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos / Canadá - Mantenimiento de la suspensión , 
párrafo  362. WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 12 - 
 
  las recomendaciones y resoluciones del OSD" y, por consiguiente, los aranceles de Colombia 
correspondientes a los produ ctos pertinentes están en conformidad con su Lista de concesiones.  
IV. COLOMBIA HA PUESTO EN ARANCEL COMPUESTO EN CONFORMIDAD CON LAS 
OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN EL MARCO DE LA OMC  
8. El tipo consolidado de Colombia consignado en su Lista de conces iones para los productos 
clasificados en los capítulos 61 y 62 es el 40%. El Decreto Nº 1744 fija un arancel NMF ad valorem  
del 40% para las importaciones de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de 
Aduanas de Colombia cuando el p recio de importación f.o.b. declarado sea inferior o igual a diez 
(10) dólares EE.UU. por kilogramo bruto. El arancel ad valorem  es el único arancel que se impone 
en esos casos. En los casos en que el precio de importación de los productos clasificados en los 
capítulos 61 y  62 sea superior a diez (10) dólares EE.UU., el arancel NMF será el previsto en el 
Decreto Nº 4927 (modificado por el Decreto Nº 2153 de  2016) o aquel que lo modifique, que 
contiene el Arancel de Aduanas de Colombia. Asimismo, en el caso de las importaciones de productos 
clasificados en el capítulo 63, el arancel aplicable es el arancel NMF ad valorem  establecido en el 
Decreto Nº 4927. En ningún caso el tipo arancelario aplicado excede de los tipos arancelarios 
consolidados en la Lista de concesiones de Colombia. Los aranceles son compatibles con las 
obligaciones que le corresponden a Colombia en virtud del párrafo 1 b) del artículo II del GATT 
de 1994.  
9. El tipo consolidado de Colombia consignado en su Lista de concesiones para los produc tos 
clasificados en las partidas arancelarias 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405 es el 35%, a excepción de 
la subpartida 640520 que tiene un nivel consolidado del 40%. Para estas partidas arancelarias, el 
Decreto Nº 1744 fija un arancel NMF del 35% ad valorem  que se aplica cuando el precio de 
importación f.o.b. declarado sea inferior o igual a precios que varían entre seis (6) dólares EE.UU. y 
diez (10) dólares EE.UU. por par. El tipo consolidado de Colombia consignado en su Lista de 
concesiones para los product os clasificados en la subpartida 6406.10.00.00 es el 40%. Para las 
importaciones de los productos clasificados en esta subpartida el Decreto Nº 1744 fija un arancel 
NMF del 35% ad valorem  cuando el precio f.o.b. declarado sea inferior o igual a cinco (5) d ólares 
EE.UU. por kilogramo bruto. Los aranceles son compatibles con las obligaciones que corresponden 
a Colombia de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de  1994.  
10. En los casos en que el precio de importación de estos productos exced a de los precios antes 
mencionados, el arancel NMF será el previsto en el Decreto Nº 4927 (modificado por el Decreto 
Nº 2153) o aquel que lo modifique, y por tanto ninguno de los dos gravámenes mencionados 
excederá de los aranceles consolidados de Colombia . Asimismo, en el caso de los productos 
clasificados en las partidas del capítulo 64 no mencionadas supra , el arancel aplicable es el arancel 
NMF ad valorem  establecido en el Decreto Nº 4927 (modificado por el Decreto Nº 2153). Estos tipos 
arancelarios no exceden de los consignados en la Lista de concesiones de Colombia. Por 
consiguiente, los aranceles que aplica Colombia en el caso del capítulo 64 son compatibles con las 
obligaciones que le corresponden en virtud del párrafo  1 b) del artículo II del GATT d e 1994.  
11. La constatación del Grupo Especial inicial de que, en los casos que había identificado, el arancel 
compuesto también concedía un trato menos favorable que el previsto en la Lista de concesiones de 
Colombia, de manera incompatible con lo dispues to en el párrafo 1 a) del artículo  II del GATT 
de 1994, dependía totalmente de la constatación que formuló en el marco del párrafo  1 b) del 
artículo II.12 Como los aranceles fijados de conformidad con el Decreto Nº 1744 son compatibles con 
los niveles conso lidados en la Lista de concesiones de Colombia y ya no dan lugar a una infracción 
del párrafo 1 b) del artículo II, el Decreto Nº 1744 también pone a Colombia en conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 a) del artículo II del GATT de  1994.  
12. Por las razones anteriormente expuestas, Colombia solicita respetuosamente al Grupo Especial 
que constate que Colombia ha cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD en el 
procedimiento inicial.  
                                                
12 Informe del Grupo Especial inicial, párrafo 7.1 92. WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 13 - 
 
  V. MANDATO  
13. En primer lugar, en el procedimiento del párra fo 5 del artículo 21 iniciado por Colombia, 
Panamá impugna al amparo del párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 3 a) del artículo X del GATT 
de 1994 la garantía aduanera y el régimen especial de importación establecidos en el Decreto 
Nº 1745 de  2016. El ma ndato del Grupo Especial en el presente procedimiento del párrafo 5 del 
artículo 21 se limita a examinar "el asunto sometido al OSD por Colombia en el documento 
WT/DS461/17".13 El "asunto" en el presente procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 está 
constituido, a su vez, por las medidas y alegaciones expuestas en la solicitud de establecimiento de 
un grupo especial presentada por Colombia, es decir, en el documento WT/DS461/17.14 En lo que 
respecta a las medidas, en el documento WT/DS461/17 solamente se h ace referencia al Decreto Nº 
1744. En lo que se refiere a las alegaciones, en el documento WT/DS461/17 se mencionan solamente 
las alegaciones que fueron objeto de las recomendaciones y resoluciones del  OSD, es decir, la 
compatibilidad con los párrafos 1 a)  y 1 b) del artículo II del GATT de  1994. En consecuencia, el 
mandato del Grupo Especial encargado de este procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 iniciado 
por Colombia se limita a examinar la compatibilidad del Decreto Nº  1744 con los párrafos 1 a) y 1 
b) del artículo II del GATT de  1994. Así pues, la garantía aduanera y el régimen especial de 
importación establecidos en el Decreto Nº 1745 de  2016, así como las alegaciones de Panamá al 
amparo del párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 3 a) del artículo  X del GATT de  1994, están excluidas 
del mandato del Grupo Especial en el presente procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 iniciado 
por Colombia.  
14. En segundo lugar, el procedimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21 se refiere a un 
desacuerdo  en cuanto a la "existencia" o "compatibilidad [...] con un acuerdo abarcado" de medidas 
"destinadas a cumplir" las recomendaciones y resoluciones del OSD en el procedimiento inicial. Por 
lo tanto, el procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 no se refie re a cualquier medida, sino que 
está limitado a las medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones del  OSD.15 El 
alcance de las medidas "destinadas a cumplir" se debe determinar en función de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el  procedimiento inicial y de las medidas iniciales en 
litigio.16 En la diferencia CE - Ropa de cama (párrafo 5 del artículo 21 - India) , el Órgano de Apelación 
también estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que "[s]i una alegación impugna una medida 
que no es una 'medida destinada a cumplir', esa alegación no puede plantearse debidamente en un 
procedimiento en virtud del párrafo 5 del artículo 21".17 
15. La diferencia inicial se refería a la imposición por Colombia de un arancel compuesto sobre las 
importa ciones de determinadas prendas de vestir y calzado clasificados en los capítulos 61 a 64 del 
Arancel de Aduanas de Colombia.18 Las constataciones del Grupo Especial inicial y del Órgano de 
Apelación se referían a la compatibilidad de este arancel compuesto con la Lista de concesiones de 
Colombia. Las recomendaciones y resoluciones del OSD en el procedimiento inicial se referían 
exclusivamente al arancel compuesto sobre las importaciones de determinadas prendas de vestir y 
calzado clasificados en los capítulo s 61 a 64 del Arancel de Aduanas de Colombia. El arancel 
compuesto que fue declarado incompatible en el procedimiento inicial ha sido derogado y sustituido 
por un arancel ad valorem  que es compatible con los aranceles consolidados de Colombia 
consignados e n su Lista de concesiones.  
16. El Grupo Especial no puede examinar la garantía aduanera y el régimen especial de 
importación establecidos en el Decreto Nº 1745 en ambos procedimientos del párrafo 5 del 
artículo  21 porque no son medidas destinadas a cumplir  las recomendaciones y resoluciones 
del OSD. Panamá no intenta relacionar las medidas impugnadas con las recomendaciones y 
resoluciones del OSD y en general no establece una presunción prima facie de que el Decreto 
Nº 1745 sea una "medida destinada a cumpl ir" en el sentido del párrafo 5 del artículo 21 del ESD. 
Esta omisión debe llevar a la conclusión de que Panamá no ha establecido que las medidas 
                                                
13 WT/DS461/24.  
14 Informe del Grupo Especial, Australia - Cuero para automóviles (párrafo 5 del artículo 21 - Estados 
Unidos) , párrafo 6.4.  
15 Informe del Órgano de Apelación, Canadá - Aeronaves (párrafo 5 del artículo 21 - Brasil) , párrafo 36.  
16 Informe  del Órgano de Apelación, Estados Unidos  - Reducción a cero (CE) (párrafo 5 del artículo  21 
- CE), párrafo 201.  
17 Informe del Órgano de Apelación , CE - Ropa de cama (párrafo 5 del artículo 21 - India) , párrafo 78.  
18 Informe del Grupo Especial inicial, párr afo 2.1.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 14 - 
 
  impugnadas estén comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 5 del artículo 21.19 De hecho, 
Panamá admitió en el procedimiento del párrafo 3 c) del artículo 21 que medidas que no fueran la 
derogación o modificación del arancel compuesto no tendrían los vínculos necesarios con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD para constituir u na "medida destinada a cumplir".20 
17. La historia de la redacción del Decreto Nº 1744 confirma que es la única medida de Colombia 
destinada al cumplimiento. El acta de la reunión del Comité Triple A en que se examinó el proyecto 
de decreto demuestra con cl aridad que la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD 
fue precisamente el objetivo del Decreto Nº 1744 y que no se examinó ninguna otra medida 
destinada a cumplir.21 Cuando se examinó el proyecto de decreto Nº 1745 no se hizo ninguna 
refere ncia a las recomendaciones y resoluciones del OSD.22 
18. La utilización por Panamá de la prueba del "vínculo estrecho" que se elaboró en la diferencia 
Estados Unidos - Reducción a cero (CE)  es contradictoria. La premisa de la prueba del "vínculo 
estrecho" e s que la medida que se examina no es una medida destinada a cumplir. Sin embargo, 
Panamá ha caracterizado reiteradamente la garantía aduanera y el régimen especial de importación 
como "medidas destinadas a cumplir".23 Esto es intrínsecamente contradictorio.  Además, aunque 
fuera aplicable, Panamá no habría demostrado que la garantía aduanera y el régimen especial de 
importación están suficientemente relacionados con el Decreto Nº 1744 para estar comprendidos en 
el ámbito del presente procedimiento del párrafo  5 del artículo 21.  
19. Panamá alega en primer lugar que el Decreto Nº 1745 se promulgó después de la adopción 
de las recomendaciones y resoluciones del OSD.24 El simple hecho de que una medida se promulgara 
después de la adopción de las recomendaciones y resoluciones del OSD no hace que sea una "medida 
destinada a cumplir". Panamá se refiere a continuación a que el Decreto Nº 1745 fue adoptado el 
mismo día que el Decreto Nº 1744.25 La adopción de una ley o reglamento el mismo día que la 
medida destinada a cumplir no convierte al primero en otra medida destinada a cumplir.  
20. La naturaleza del Decreto Nº 1745 es significativamente distinta de la del Decreto Nº 17 44. 
El Decreto Nº 1745 es una medida aduanera, mientras que el Decreto Nº 1744 es una medida 
arancelaria. En efecto, el objeto del Decreto Nº 1744 es establecer aranceles de importación.26 
En cambio, el objeto del Decreto Nº 1745 es establecer un mecanismo para fortalecer el sistema de 
gestión del riesgo y control aduanero.27 Asimismo, el Decreto Nº 1744 fue adoptado de conformidad 
con el código arancelario de Colombia, es decir, el Decreto Nº 4927 y las modificaciones ulteriores.28 
En cambio, el Decreto Nº 17 45 se adoptó en virtud de la Ley Nº 1762 de  2015.29 El hecho de que 
las dos medidas se hayan promulgado en virtud de regímenes jurídicos diferentes es otra prueba de 
su naturaleza diferente. El hecho de que los Decretos Nos 1744 y  1745 fueran examinados por  el 
Comité Triple A no significa que sean de naturaleza similar. El Comité Triple A tiene jurisdicción 
sobre una amplia serie de instrumentos de política comercial.30 
21. La cobertura de productos de ambos decretos no es idéntica. El Decreto Nº 1744 se apli ca a 
todos los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del SA y en las partidas 64.01 -6405.31 
Mientras tanto, el Decreto Nº 1745 solo se aplica a las prendas de vestir y calzado clasificados en 
los capítulos 61, 62 y 64 que sean importados a precios  inferiores a determinados umbrales.  
                                                
19 El Órgano de Apelación ha señalado que recae en la parte reclamante "la carga de probar que sus 
alegaciones […] han sido debidamente sometidas al Grupo Especial". (Informe del Grupo Especial, Corea - 
Determinado papel (párrafo 5 del artículo 21 - Indonesia) , párrafo 6.4.  
20 Laudo del Árbitro, Colombia - Textiles (párrafo 3 c) del artículo 21) , párrafo 3.23 (donde se hace 
referencia a la comunicación de Panamá (traducción al inglés), párrafo 125).  
21 Prueba documental COL -4. 
22 Prueba documental COL -4. 
23 Véase, por ejemplo, la primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - 
Colombia), párrafo 32.  
24 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 42.  
25 Primera comunicación escrita de Panamá (pá rrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 43.  
26 Prueba documental PAN -1. 
27 Prueba documental PAN -2, artículo 1.  
28 Prueba documental PAN -1. 
29 Prueba documental PAN -2. 
30 Decreto Nº 3303 de  2006, artículo 1 (Prueba documental COL -6). 
31 Prueba documental PAN -1, artículos 1 y 2.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 15 - 
 
  22. Panamá también se equivoca al aducir que un objetivo común entre la medida impugnada en 
el procedimiento inicial y el Decreto Nº 1745 es una base adecuada para caracterizar el segundo 
como una medida destinada a cum plir. Los Miembros de la OMC adoptan numerosas medidas que 
persiguen un objetivo de política similar. El arancel compuesto se adoptó con el objetivo de luchar 
contra el lavado de activos. Colombia tiene un régimen amplio, completo y multidisciplinar para 
combatir el lavado de activos, del cual el arancel compuesto formaba parte. Sería un uso indebido 
del párrafo 5 del artículo 21 permitir que Panamá impugnara en un procedimiento sobre el 
cumplimiento cualquier medida adoptada por Colombia para combatir el l avado de activos desde la 
adopción de las recomendaciones y resoluciones del OSD en el procedimiento inicial.  
23. Panamá se refiere a los supuestos "efectos", aduciendo que el "grado de restricción del 
comercio que está siendo mitigado por el nuevo arancel  se ve socavado de nuevo por las diversas 
medidas contempladas en el Decreto Nº 1745".32 Panamá alega a continuación "costes bancarios" 
vinculados a la garantía aduanera y "obstáculos logísticos" resultantes del régimen especial de 
importación.33 Sin embargo , estas alegaciones son totalmente injustificadas. Panamá no presenta 
ninguna información sobre los "costes bancarios" de las garantías aduaneras ni de los denominados 
"obstáculos logísticos" del régimen especial de importación. Tampoco presenta ningún apo yo para 
su aseveración de que los "costos bancarios" o los "obstáculos logísticos" tienen efectos de 
restricción del comercio. Dado que las alegaciones de Panamá no se han corroborado, no constituyen 
un fundamento para que el Grupo Especial examine los "ef ectos" al evaluar la alegación de Panamá 
de que la garantía aduanera y el régimen especial de importación son medidas destinadas a cumplir.  
24. En resumen, Panamá no ha establecido que la garantía aduanera y el régimen especial de 
importación sean "medidas  destinadas a cumplir" en el sentido del párrafo 5 del artículo 21 del  ESD. 
Por consiguiente, por esta razón las alegaciones de Panamá contra la garantía aduanera y el régimen 
especial de importación no están comprendidas en el ámbito de los dos procedimie ntos del párrafo 
5 del artículo 21 y el Grupo Especial debe desestimarlas.  
25. Permitir que el Decreto Nº 1745, una medida que no fue objeto del procedimiento inicial, sea 
examinado en estos procedimientos del párrafo 5 del artículo 21 privaría a Colombia de los derechos 
que le confiere el ESD. En caso de que el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constatara que 
el Decreto Nº 1745 es incompatible con el GATT de  1994, se privaría injustamente a Colombia del 
derecho a un plazo prudencial para poner e l Decreto en conformidad. Además, se negaría a Colombia 
el derecho a negociar una compensación antes de quedar sometida a la suspensión de concesiones 
u otras obligaciones.  
26. Por último, las alegaciones de Panamá fundadas en el Acuerdo sobre Valoración e n Aduana y 
en el artículo VIII del GATT de  1994 están excluidas del mandato del Grupo Especial y no forman 
parte del "asunto" que se le ha sometido. En todo caso, las medidas de Colombia son compatibles 
con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana y el artícu lo VIII del GATT de  1994.  
VI. PANAMÁ NO HA DEMOSTRADO QUE LA GARANTÍA ADUANERA O LAS FORMALIDADES 
ADUANERAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO Nº 1745 SEAN INCOMPATIBLES CON EL 
PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO XI DEL GATT DE 1994  
A. Panamá no ha establecido que la garantía aduanera sea una "restricción" 
prohibida a tenor del párrafo 1 del artículo XI  
27. Las garantías aduaneras se utilizan normalmente para garantizar el pago de los derechos de 
aduana y están reconocidas expresamente como instrumentos admisibles por los Acuer dos de 
la OMC. El artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana autoriza a las autoridades aduaneras 
a exigir una garantía aduanera que cubra el pago definitivo de los derechos de aduana. La utilización 
de garantías aduaneras también está prevista esp ecíficamente en el nuevo Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio. Además, en la Nota al párrafo 1 del artículo VI del GATT de  1994 se prevé 
el uso de fianzas aduaneras en relación con los procedimientos en materia de derechos antidumping 
y compensatorios. En la Nota se reconoce expresamente que hay "otros muchos casos en la práctica 
aduanera" en los que un Miembro puede exigir una garantía razonable en forma de fianza o depósito 
en efectivo.  
                                                
32 Primera comunicación escrita de Panamá, párrafo 46.  
33 Primera comunicación escrita de Panamá, párrafo 47.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 16 - 
 
  28. Estas disposiciones proporcionan orientación contextual para l a interpretación del término 
"restricción" en el párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. Como las garantías aduaneras son 
medidas admisibles de conformidad con el GATT de  1994 y otros Acuerdos de la OMC, la exigencia 
de una garantía aduanera, y cualesq uiera cargas administrativas que conlleve, no pueden constituir 
en sí mismas "restricciones" prohibidas en el marco del párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. 
Además, en el artículo VIII del GATT de  1994 se reconoce que puede haber derechos ocasionado s 
por las formalidades  aduaneras. Por lo tanto, el hecho de que una garantía aduanera lleve consigo 
derechos o costos no puede dar lugar, sin más, a una "restricción" prohibida a tenor del párrafo 1 
del artículo XI del GATT de  1994.  
29. El párrafo 1 del artículo XI solamente abarca "las prohibiciones y restricciones que tienen un 
efecto limitativo en la cantidad o cuantía de un producto importado o exportado".34 Panamá no ha 
aportado ninguna prueba de que la garantía aduanera limite la cantidad o cuantía d el producto 
importado. La garantía aduanera no impone una limitación a la cantidad o cuantía de los productos 
abarcados por el requisito de garantía aduanera que pueden ser importados. De hecho, Panamá no 
ha identificado ningún contingente numérico ni otra  limitación cuantitativa a las importaciones de 
los productos sujetos al requisito de garantía aduanera.  
30. Panamá alega que la garantía aduanera hace que el proceso de importación para la mercancía 
en cuestión sea "excesivamente costoso".35 Sin embargo, n o aporta ninguna prueba del costo 
vinculado a la garantía aduanera. La garantía aduanera trata de garantizar el pago de los impuestos 
aduaneros y de las multas o sanciones impuestas por las autoridades aduaneras. Existe una relación 
entre la cuantía de la garantía aduanera y las obligaciones que trata de garantizar.  
31. Además , Panamá también afirma que existe una supuesta correlación entre las condiciones 
que afectan a un determinado importador y las que afectan a la importación de un producto.36 Este 
argum ento da a entender que el párrafo 1 del artículo XI exige que se mantengan condiciones iguales 
para todos los importadores colombianas (en especial los que no son solventes). Sin  embargo, 
Panamá no se refiere a las razones por las que las formalidades adua neras impuestas a los 
importadores que suponen un riesgo acaban afectando a la importación de estos productos. Además, 
el párrafo 1 del artículo XI se refiere a limitaciones a la importación de productos, no a limitaciones 
a la importación realizada por de terminados importadores. Las limitaciones a la importación por 
determinadas personas (o grupos de personas) solo serían pertinentes para el análisis del Grupo 
Especial en la medida en que las limitaciones a la capacidad de las personas para importar sean u na 
limitación o una condición limitativa sobre la importación, o tengan un "efecto limitativo" en la 
importación de los productos pertinentes.37 
32. Panamá afirma también que el "costo es variable porque dependerá de los criterios de 
expedición de cada enti dad financiera o compañía aseguradora participante, del perfil de riesgo del 
importador y de la magnitud de la operación cubierta".38 Sin embargo, aparte de algunas hipótesis 
desconectadas y estimaciones aleatorias, Panamá no presenta ninguna prueba de que el costo sea 
variable ni de los factores que afectan a los costos de la garantía aduanera. Sus afirmaciones son 
totalmente especulativas. Por el contrario, sobre la base de las pruebas presentadas por Colombia, 
es evidente que el valor de la garantía es mu y bajo en comparación con el valor global de la 
operación . 
Decreto  1745/2016  2218/2017  
Importador  IMPORTADOR 1  IMPORTADOR 2  IMPORTADOR 3  
Partida  6402 6401 6210 
Cantidad  19.130 18.349 2.240 
Origen  México  Ecuador  México  
Puerto de entrada  Buenaventura  Ipiales  Buenaventura  
Compañía de seguros  Confianza  Seguros del Estado  Bolívar  
Umbral ( $EE.UU.)  2,00 3,00 9,00 
Valor FOB ($EE.UU.)  31.972,40  35.852,97  14.830,40  
Precio declarado ($EE.UU.)  1,67 1,95 6,62 
Valor cubierto ( $EE.UU.)  76.520,00  110.094,00  10.659,20  
                                                
34 Informe del Órgano de Apelación, China - Materias primas , párrafo 320.  
35 Primera comunicación escrita d e Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 56.  
36 Véanse las respuestas de Panamá a las preguntas del Grupo Especial, página 30.  
37 Véase la comunicación de los Estados Unidos en calidad de tercero, párrafo 44.  
38 Primera comunicación escrita de  Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 37.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 17 - 
 
  Prima ($EE.UU.)  1.140,35  990,89  203,92  
Prima porcentual  3,57%  2,76%  1,4%  
Fuente:  COL-22, COL -18, COL -27. 
 
33. Además, hay una contradicción intrínseca en el argumento de Panamá. Si los costos son 
variables como Panamá alega, y si dependen de factores como el perfil de riesgo del importador y 
la magnitud de la operación cubierta, los costos estarían relacionados racionalmente con esos 
factores y no podrían ser excesivos. Después de todo las compañías aseguradoras y los bancos 
operan en condicio nes de mercado.  
34. Panamá afirma también que existe "incertidumbre" debido a la participación de un tercero.39 
Sin embargo, su argumento es totalmente especulativo. La única razón que da Panamá para la 
supuesta "incertidumbre" es que la obtención de la gar antía aduanera depende de una decisión la 
entidad bancaria o la compañía de seguros.40 Panamá no presenta ninguna prueba de que estas 
entidades bancarias o compañías de seguros impongan ninguna prescripción que cree incertidumbre. 
No hay  nada intrínseco en la participación de terceros que genere incertidumbre. Además, estos 
tipos de garantías "para el cumplimiento de obligaciones jurídicas" son muy habituales en el mercado 
financiero colombiano. Más de 24 compañías de seguros de Colombia emiten regularmente estas 
garantías y son muy habituales en las operaciones comerciales de los importadores legales.41 
35. Además, Panamá indica que la garantía aduanera se calcula sobre la base de niveles umbral 
y no de los valores declarados por los importadores.42 Panamá no menciona que las importaciones 
sujetas a la garantía aduanera son aquellas de las que se sospecha que tienen valores declarados 
artificialmente bajos. En esas circunstancias es totalmente adecuado utilizar el umbral para calcular 
el valor de la garantía ad uanera. De hecho, si el valor de la garantía aduanera se calculara sobre la 
base del valor declarado, los importadores podrían utilizar precios artificialmente bajos para seguir 
eludiendo el pago de todos los derechos y de las multas o sanciones aplicables . Panamá también se 
refiere a los importadores que ya tienen una garantía global.43 Panamá no indica que no todos los 
importadores del producto sujeto a la garantía aduanera tendrán una garantía global ya que solo 
está a disposición de los importadores y ex portadores que llevan a cabo gran número de 
operaciones. Además, en los casos en que las importaciones a precios artificialmente bajos 
constituyen una parte importante de las importaciones totales, la garantía global sería insuficiente, 
como ya ha demostra do Colombia.44 
36. Panamá alega que la garantía aduanera conlleva el pago de una prima o comisión financiera 
y la presentación de determinados documentos y aduce también que el resultado de la solicitud 
puede ser "favorable o desfavorable dependiendo de la apreciación del banco o del seguro".45 
Panamá se refiere después a la comisión que supuestamente cobran tres entidades financieras 
colombianas.46 Las tres entidades financieras colombianas a las que alude Panamá son de propiedad 
privada y por tanto los costo s y documentos a que se refiere son cargas y requisitos que determinan 
y recaudan operadores privados.47 Las comisiones que cobra cada banco por la garantía aduanera 
las determina libremente cada uno de ellos y se calculan basándose en el modelo de riesgo d e la 
entidad financiera y el perfil de riesgo del solicitante. Por lo tanto, los costos de la garantía aduanera 
no se derivan del Decreto Nº 1745 y el Gobierno colombiano no da instrucciones ni directrices 
administrativas a estos operadores financieros pri vados. Panamá alega igualmente que la garantía 
aduanera "supedita el ingreso de los productos a la voluntad de una entidad financiera en desmedro 
de previsibilidad en las condiciones de importación".48 Según la propia admisión de Panamá, los 
efectos restric tivos de que se lamenta se derivan del comportamiento de un operador privado y no 
del gobierno. Por estas razones, el costo y los posibles efectos restrictivos de la garantía aduanera 
no se pueden atribuir al Gobierno colombiano y, por consiguiente, no pue den proporcionar un 
                                                
39 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 55.  
40 Primera comunicación escrita Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 55.  
41 Prueba docume ntal COL -14. 
42 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 39.  
43 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 54.  
44 Respuestas de Colombia a las preguntas del Grupo Especial , página 19.  
45 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21  - Panamá), párrafo72.  
46 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 73.  
47 Prueba documental COL -9. 
48 Segunda comunicación escrita de P anamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), epígrafe III.6.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  fundamento para una alegación de que la garantía aduanera constituye una "restricción" en el 
sentido del párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994.  
37. Por último, la alegación de Panamá de que la garantía aduanera es una "restricción"  prohibida 
en virtud del párrafo 1 del artículo XI se basa íntegramente en afirmaciones no corroboradas. Por 
estas razones, Colombia solicita respetuosamente que el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 
21 constate que Panamá no ha establecido que la g arantía aduanera establecida en el Decreto Nº 
1745 sea incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. Colombia también recuerda 
que el Decreto Nº 1745 ya no está en vigor.  
B. Panamá no ha establecido que el régimen especial de importación sea 
incompatible con el párrafo 1 del artículo XI  
38. Panamá impugna el régimen especial de importación independientemente del requisito de 
garantía aduanera al amparo del párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. Sin embargo, el 
requisito de garantía ad uanera es un elemento del régimen especial de importación, como Panamá 
lo ha descrito. Por consiguiente, Panamá impugna indebidamente dos veces la misma medida. 
Puesto que el requisito de garantía aduanera es parte integrante del régimen especial de import ación 
descrito por Panamá, y puesto que Panamá no ha presentado una alegación independiente contra 
ese régimen con exclusión de la garantía aduanera, su alegación contra el régimen especial de 
importación también se debe desestimar.  
39. En todo caso, las f ormalidades aduaneras son un elemento necesario del comercio 
internacional. Aunque el párrafo 3 del artículo VIII del GATT de  1994 y el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio persiguen el objetivo de reducir las formalidades aduaneras, reconocen que esas 
formalidades están permitidas. De lo anterior se deduce que, como las formalidades aduaneras son 
medidas permitidas en virtud del GATT de  1994 y otros Acuerdos de la OMC, la imposición de una 
formalidad  aduanera, y cualquier carga administrativa que conlle ve, no pueden constituir en sí 
mismas "restricciones" prohibidas en virtud del párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. Además, 
el artículo VIII del GATT de  1994 reconoce que puede haber derechos relacionados con las 
formalidades aduaneras. Por lo tanto , el hecho de que una formalidad aduanera lleve consigo 
derechos o costos no puede dar lugar, sin más, a una "restricción" prohibida en el marco del párrafo 
1 del artículo XI del GATT de  1994.  
40. Panamá alega que el régimen especial hace que el proceso de  importación sea "excesivamente 
'costoso' u 'oneroso'".49 Sin embargo, las autoridades aduaneras tienen derecho a exigir que los 
importadores cumplan determinadas formalidades como parte del proceso de importación. El artículo 
VIII del GATT de  1994 reconoce  que esas formalidades pueden generar derechos o cargas, que no 
están prohibidos.  
41. Panamá se refiere en primer lugar a los derechos de traducción.50 Sin embargo, el idioma 
oficial de Panamá es el español51 y Panamá no explica la razón por la que sus expor tadores tratarían 
de traducir sus documentos de exportación. En todo caso, el Gobierno colombiano no cobra los 
derechos de traducción. Se trata de derechos que cobran partes privadas. El requisito de presentar 
los documentos traducidos es totalmente razona ble. Los Miembros de la OMC no están obligados a 
trabajar en un idioma que no sea el suyo.52 
42. Panamá también se queja de la "falta de disponibilidad de traductores oficiales de ciertos 
idiomas" en Colombia y afirma que esto restringe el comercio.53 La pre misa en que se basa el 
argumento de Panamá es que un Miembro solamente puede exigir traducciones oficiales si garantiza 
que haya un traductor oficial para todos los idiomas usados en el mundo. Lo irrazonable de esta 
tesis es evidente.54 No es posible espera r que los Miembros de la OMC garanticen que designarán 
un traductor oficial para cada idioma del mundo en cada uno de sus puertos antes de poder exigir 
                                                
49 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 59.  
50 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 60.  
51 Artículo  7 de la Constitución de Panamá (Prueba documental COL -7). 
52 Véanse, por ejemplo, el párrafo 8 del artículo 10 del Acuerdo OTC y el párrafo 1.2 del artículo 1 del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.  
53 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 125.  
54 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21  - Panamá), párrafos 124 -126 
y 131. WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  traducciones oficiales de documentos que tienen que presentarse al gobierno. En  cualquier caso, 
Panamá n o ha indicado que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha establecido un 
procedimiento para las situaciones en que no haya un traductor disponible.55 
43. Panamá también afirma que solo se exigen traducciones oficiales para el calzado y las pre ndas 
de vestir.56 Sin embargo, no da ninguna explicación de por qué la cobertura de productos da lugar 
a una "restricción" prohibida. El párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 no incluye el requisito de 
que todas las formalidades aduaneras se apliquen h orizontalmente a todos los productos. El hecho 
de que una medida se aplique a una o más categorías de productos no la convierte en una 
"restricción" prohibida.  
44. Panamá se refiere después a supuestos costos de certificación.57 La certificación de los 
documentos en relación con  la importación es una formalidad expresamente permitida en virtud del 
artículo VIII del GATT de  1994. Dado que los requisitos de certificación están permitidos y que los 
Miembros pueden cobrar derechos por sus servicios, no hay apoyo  alguno para el argumento de 
Panamá de que el requisito de certificación o sus costos constituyen restricciones prohibidas en 
virtud del párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. Colombia recuerda que durante las 
negociaciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio algunos Miembros de la OMC propusieron 
eliminar los requisitos de certificación.58 Esta propuesta finalmente no tuvo éxito. Si  esas medidas 
ya estuvieran prohibidas en virtud del párrafo 1 del artículo XI, no habría tenido ningún s entido que 
los Miembros propusieran su eliminación en el contexto de las negociaciones del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio.  
45. Panamá alega además que un certificado de existencia vale 30  dólares EE.UU.59 La tasa de  30 
dólares EE.UU. la cobra un organismo del Estado panameño y por tanto Panamá está intentando 
indebidamente atribuir a Colombia tasas que fija y recauda el propio Panamá. También se queja de 
la tasa que cobra el Ministerio de Relaciones Exteri ores de Panamá por la apostilla o legalización. 
Panamá intenta de nuevo indebidamente atribuir al Gobierno colombiano tasas que fija y recauda el 
Gobierno panameño. Las tasas determinadas y recaudadas por el Gobierno panameño no pueden 
dar lugar a una "res tricción" "impu[esta][o]manten[ida]" por Colombia en el marco del párrafo 1 del 
artículo  XI del GATT de  1994.  
46. Colombia observa que Panamá describe la certificación de la intención de vender en Colombia 
como "una carga  encubierta sobre el importador".60 El argumento de Panamá es un reconocimiento 
de que la certificación no es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. La razón 
es que el párrafo 1 del artículo XI solo se aplica a "restricciones" "aparte de los derechos de aduana, 
impue stos u otras cargas ".61 Las "cargas" están expresamente excluidas del ámbito de aplicación 
del párrafo 1 del artículo XI.  
47. Panamá se refiere después vagamente a los llamados "costes logísticos".62 A pesar de la 
denominación, estos "costes logísticos" pare ce que se refieren simplemente al esfuerzo que necesita 
el importador para ejecutar las formalidades. Como las formalidades están permitidas, el tiempo 
que pueda necesitar un importador para ejecutar las formalidades también tiene que estar permitido. 
En cualquier caso, Panamá no explica de qué modo los costos de las formalidades tienen un efecto 
limitativo en las importaciones. Simplemente pide al Grupo Especial que suponga a partir de la 
existencia de las formalidades, y de la mera existencia de un costo asociado a la formalidad, que 
hay efectos limitativos de tal modo que existe una restricción prohibida a tenor del párrafo 1 del 
artículo XI. Según la teoría de Panamá, todas las formalidades impuestas en relación con la 
importación constituirían una restr icción prohibida en virtud del párrafo 1 del artículo XI del GATT 
de 1994.  
48. En cuanto a la exigencia de indicar, cuando proceda, la relación económica entre el proveedor 
y el importador, cuestionando la necesidad de esa información y aduciendo que oblig a a contratar 
                                                
55 Prueba documental COL -10. 
56 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párraf o 132.  
57 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 60.  
58 TN/TF/W/22 (Estados Unidos y Uganda).  
59 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 135.  
60 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 142 . (sin 
subrayar en el original)  
61 Sin subrayar en el original.  
62 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 60.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  un abogado tributario o contador63, en general se reconoce que una relación entre el proveedor y el 
importador puede afectar a la fiabilidad del precio declarado.64 Además, en el párrafo 1 a) del artículo 
4 del Decreto Nº 1745 no se impone la o bligación de contratar a un abogado tributario o contador.  
49. Panamá se queja además del requisito de que el importador, su representante legal, o un 
agente esté presente durante la inspección de la mercancía por las autoridades aduaneras 
colombianas. Pan amá no ha impugnado el derecho de las autoridades aduaneras de Colombia a 
inspeccionar la mercancía. La presencia del importador, de su representante legal o de un agente 
tiene por objeto salvaguardar las debidas garantías procesales del importador. Tambié n es un 
elemento importante para asegurar que las entidades registradas como importadores no sean 
empresas instrumentales que se utilizan indebidamente para ocultar operaciones irregulares y eludir 
a las autoridades aduaneras. La utilización de empresas in strumentales en operaciones de lavado 
de activos basadas en el comercio es una práctica que ha sido identificada por las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley.65 Aunque Panamá alega que este requisito impone costos 
adicionales, no aporta ninguna pr ueba de dichos costos.66 Panamá no ha aportado ninguna prueba 
de cómo la simple presencia de una persona que actúa en favor de los intereses del importador 
durante una inspección aduanera tiene efectos limitativos en las cantidades de las importaciones, 
de tal manera que constituye una restricción prohibida en virtud del párrafo 1 del artículo XI del 
GATT de  1994.  
50. La alegación de Panamá de que las formalidades limitan la flexibilidad del importador tampoco 
es convincente.67 Lo cierto es que es el importad or el que decide la cantidad de los productos a 
importar y sigue  teniendo libertad para importar una cantidad tan grande como desee. El importador 
también mantiene el derecho a modificar la cantidad de las importaciones. Si la cantidad cambia 
después de qu e haya presentado la documentación, puede volver a presentarla. Panamá no aporta 
ninguna prueba de cómo la formalidad tiene efectos limitativos en la cantidad del producto, de modo 
que constituye una restricción a la importación prohibida en virtud del pár rafo 1 del artículo XI del 
GATT de  1994.  
51. Por último, Panamá alega que las formalidades aduaneras establecidas en el Decreto Nº  1745 
"desincentivan" las importaciones de la mercancía pertinente.68 Panamá respalda su posición 
haciendo la sorprendente decl aración de que los importadores pueden cumplir las formalidades o 
"alterar los valores declarados" de las mercancías que están importando.69 En la declaración de 
Panamá se reconoce el problema que la garantía aduanera y las formalidades aduaneras tratan de 
abordar: los importadores de prendas de vestir y calzado que declaran un valor en aduana que no 
representa el precio real pagado por las mercancías importadas. La sugerencia de que un importador 
simplemente "altere" el precio declarado demuestra un menospr ecio bastante decepcionante a la 
legislación aduanera del país importador. Declarar un valor en aduana ficticio, aunque sea superior, 
conlleva una declaración falsa en un documento oficial y sería un fraude aduanero. En todo caso, el 
razonamiento de Panamá  es erróneo. Si el importador altera el valor en aduana, eso no significa 
necesariamente que esté importando cantidades menores de la mercancía en cuestión.  
52. Por estas razones, Panamá no ha establecido su alegación de que el régimen especial es 
incompat ible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994. Por consiguiente, Colombia solicita 
respetuosamente que el Grupo Especial rechace la alegación de Panamá.  
VII. PANAMÁ  NO HA DEMOSTRADO QUE LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ADUANERA 
ESTABLECIDA EN EL DECRETO N º 1745 SEA INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 3 a) 
DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994  
A. Panamá  no ha establecido que el Decreto Nº 1745 esté comprendido en el 
ámbito de aplicació n del párrafo 3 a) del artículo X  
                                                
63 Segunda c omunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 142.  
64 Artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.  
65 Prueba documental COL -11 presentada en el procedimiento inicial.  
66 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del  artículo 21 - Colombia), párrafo 60.  
67 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 62.  
68 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 64.  
69 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 64.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 21 - 
 
  53. El Órgano de Apelación ha afirmado que el párrafo 3 a) del artículo X establece una distinción 
entre el instrumento jurídico que se aplica y el instrumento jurídico que regula la aplicación de ese 
instrumento.70 Una par te puede impugnar al amparo del párrafo 3 a) del artículo  X: 1) la manera en 
que los instrumentos jurídicos se aplican en un caso determinado; y  2) los instrumentos jurídicos 
que regulan esa aplicación.71 Como Panamá reconoce, cuando una parte impugna un in strumento 
jurídico que aplica otra medida, la última medida está excluida del ámbito del párrafo  3 a) del artículo 
X.72 
54. La alegación de Panamá al amparo del párrafo 3 a) del artículo X se dirige contra la garantía 
aduanera establecida en el Decreto Nº 1 745 (la "garantía especial" según los términos de Panamá).73 
Sin embargo, Panamá no explica, y mucho menos demuestra con pruebas, que el Decreto Nº 1745 
"apli[que]" otro instrumento jurídico. No presenta explicación ni prueba alguna de que el Decreto 
Nº 1745 de alguna manera "aplica[  ]" los requisitos establecidos en los Decretos Nos 2685 y 390. 
Que el Decreto Nº 1745 establezca una garantía aduanera y que los Decretos Nos 2685 y 390 puedan 
contemplar también garantías aduaneras es insuficiente para demostra r que el primero "aplica[  ]" 
los últimos en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X.  
55. Colombia alienta al Grupo Especial a que examine la descripción que hace Panamá de la 
aplicación de la garantía aduanera establecida en el Decreto Nº 1745.74 En esta  descripción no se 
caracteriza el Decreto Nº 1745 como un instrumento que "aplica[  ]" requisitos establecidos en otros 
instrumentos. De hecho, el propio Panamá considera que el requisito de garantía aduanera emana 
directamente del Decreto Nº 1745 y no menc iona que este Decreto aplique un requisito establecido 
en un instrumento jurídico distinto.75 
56. Por estas razones, Colombia solicita respetuosamente que el Grupo Especial constate que 
Panamá no ha establecido que el Decreto Nº 1745 esté comprendido en el ámbito de aplicación del 
párrafo 3 a) del artículo X.  
B. El Decreto  Nº 1745 es en todo caso compatible con el párrafo 3 a) del artículo  X 
57. Aunque el Decreto Nº 1745 estuviera comprendido en el ámbito de aplicación del párrafo  3 a) 
del artículo X, es compatible  con esta disposición.  
58. En primer lugar, la uniformidad de la aplicación requiere que los Miembros se aseguren de 
que sus leyes se apliquen de forma coherente, previsible y uniforme entre los distintos 
comerciantes.76 El Grupo Especial encargado del asunto Estados Unidos - Acero inoxidable (Corea) 
indicó que el requisito de aplicación uniforme de las leyes y reglamentos debe entenderse en el 
sentido de que significa uniformidad de trato respecto de personas en situacio nes similares y no 
exige resultados idénticos cuando los hechos pertinentes difieren.77 El párrafo 3 a) del artículo  X no 
debe interpretarse como una disposición general contra la discriminación y no debe entenderse que 
exige que se dé a todos los productos  un trato idéntico.78 El Grupo Especial encargado del asunto 
Argentina - Pieles y cueros desestimó el argumento de la parte reclamante de que era improcedente 
que la Argentina estableciera un conjunto especial de procedimientos para la aplicación de sus ley es 
de exportación en relación únicamente con un solo tipo de productos (pieles) mientras que otros 
productos recibían un trato diferente.79 
59. El mismo razonamiento es aplicable en el contexto del requisito de garantía aduanera. Este 
requisito se aplica a todas las prendas de vestir y calzado por debajo de determinados valores 
umbral. Todos los importadores de estos productos  pueden esperar el mismo trato, de la misma 
manera, a lo largo del tiempo y en distintos lugares y con respecto a otras personas. 
                                                
70 Informe del Órgano de Apelación, CE - Determinadas cuestiones aduaneras , párrafo 200.  
71 Informe del Órgano de Apelación, CE - Determinadas cuestiones aduaneras , párrafo 200.  
72 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 75.  
73 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 76.  
74 Véase la primera comunicación escrita de Panamá (párrafo  5 del artículo 21 - Colombia), 
párrafos  34-35. 
75 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 34.  
76 Informe del Grupo Especial, Argentina - Pieles y cueros , párrafo  11.83. Véanse también los informes 
de los Grupos  Especiales, China - Materias primas , párrafo 7.692; y Estados Unidos - EPO, párrafo 7.876.  
77 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Acero inoxidable (Corea) , párrafo 6.51.  
78 Informe del Grupo Especial, Argentina - Pieles y cueros , párrafo 11.84.  
79 Informe del Grupo Especial, Argentina - Pieles y cueros , párrafo 11.58 y 11.85.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 22 - 
 
  Por consiguiente, Colombia solicita al Grupo Especial que constate que el requisito de garantía 
aduanera no da lugar a un trato no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X.  
60. En segundo lugar, s e ha considerado que aplicación imparcial signific a la aplicación o 
implementación de las leyes y reglamentos pertinentes de manera equitativa, no sesgada y sin 
prejuicios.80 Panamá no ha explicado por qué considera que la medida es parcial y, más 
concretamente, por qué el hecho de que el porcentaje establ ecido en el requisito de fianza sea fijo 
significa que el requisito no es imparcial. Por lo tanto, no ha demostrado cómo y por qué esas 
disposiciones dan lugar necesariamente a una aplicación imparcial. La medida se aplica por igual a 
todos los importadore s de las prendas de vestir y calzado abarcados y Panamá no ha explicado con 
qué entidad es parcial Colombia y qué intereses está favoreciendo al aplicar la medida. Por 
consiguiente, Panamá no ha satisfecho la carga de demostrar cómo y por qué esas disposic iones 
dan lugar necesariamente a una aplicación que no es imparcial y no ha establecido una presunción 
prima facie a este respecto.  
61. En tercer lugar, la aplicación razonable es la que es equitativa, apropiada a las circunstancias 
y está basada en la rac ionalidad.81 En diferencias anteriores se interpretó que el requisito de 
aplicación razonable exige el examen de las características del acto administrativo en cuestión a la 
luz de su objetivo, causa o fundamento.82 La alegación de Panamá de existencia de tr ato no 
razonable se limita al requisito de que se exige una garantía aduanera a los titulares de una garantía 
global.83 Sin embargo, como ya se ha explicado, cuando las importaciones a precios artificialmente 
bajos constituyen una parte importante de las im portaciones totales, la garantía global sería 
insuficiente. Por lo tanto, Panamá no ha demostrado que el Decreto Nº 1745 dé lugar a una 
aplicación no razonable.  
62. Por las razones anteriormente expuestas, Colombia solicita respetuosamente que el Grupo 
Especial desestime la alegación de Panamá de que la garantía aduanera es incompatible con el 
párrafo 3 a) del artículo X del GATT de  1994.  
VIII. AUNQUE LA GARANTÍA ADUANERA Y EL RÉGIMEN ESPECIAL DE IMPORTACIÓN 
FUERAN INCOMPATIBLES CON EL PÁRRAFO 3 a) DEL ARTÍ CULO X O EL PÁRRAFO 1 
DEL ARTÍCULO XI DEL GATT DE 1994, ESTÁN JUSTIFICADOS AL AMPARO DEL 
ARTÍCULO XX DEL GATT DE 1994  
A. La garantía aduanera y las formalidades aduaneras son medidas necesarias 
para proteger la moral pública  
1. La garantía aduanera y las formalidades aduaneras establecidas en el 
Decreto Nº 1745 son medidas adoptadas para proteger la moral pública  
63. El apartado  a) del artículo XX ofrece una justificación para las medidas que son necesarias 
para proteger la moral pública .84 La justificación  provisional al amparo del apartado a) del artículo  XX 
exige que el Miembro demuestre: i) que ha adoptado o aplicado la medida "para proteger la moral 
pública"; y ii) que la medida es "necesaria" para proteger la moral pública.85 
64. El Órgano de Apelación ha interpretado que la expresión "moral pública" denota normas de 
buena y mala conducta por parte de o en nombre de una comunidad o nación.86 El contenido de la 
moral pública puede variar de un Miembro a otro, en función de diversos factores, incluidos los 
valores sociales, culturales, éticos y religiosos que prevalezcan. Debe darse a los Miembros cierta 
libertad para definir y aplicar por lo que a ellos respecta el concepto de moral pública en sus 
respectivos territorios, conforme a sus propios sistemas y e scalas de valores.87 Los Miembros 
                                                
80 Informe del Grupo Especial, Tailandia - Cigarrillos (Filipinas) , párrafo 7.899.  
81 Informe del Grupo Especial, China - Materias primas , párrafo 7.696.  
82 Informe del Grupo Espec ial, Estados Unidos - EPO, párrafo 7.851.  
83 Primera comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Colombia), párrafo 88.  
84 Informe del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 6.20.  
85 Informe del Órgano de Apelación, CE - Productos derivados de las focas , párrafo 5.169 (donde se 
hace referencia al informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Juegos de azar , párrafo 6.455).  
86 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Juegos de azar , párrafo 299.  
87 Informe del Grupo Espec ial, China - Publicaciones y productos audiovisuales , párrafo 7.759.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 23 - 
 
  también tienen derecho de determinar el nivel de protección que consideren adecuado.88 El lavado 
de activos es una de las formas de la moral pública que se ha constatado que está comprendida en 
el ámbito de aplicación del ap artado a) del artículo XX.89 
65. El Órgano de Apelación ha constatado además que una medida está destinada a proteger la 
moral pública si no es incapaz de proteger la moral pública, de modo que existe una relación entre 
la medida y el objetivo de proteger l a moral pública.90 A fin de determinar la existencia de esa 
relación, un grupo especial tiene que examinar pruebas relativas al diseño de la medida, con 
inclusión de su contenido, estructura y funcionamiento previsto.91 
66. Un objetivo de política principal del Decreto Nº 1745 es combatir el lavado de activos. En el 
caso de Colombia, la lucha contra el lavado de activos es una cuestión de "moral pública", como 
reconocieron el Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el procedimiento inicial.92 Los objetivos 
de política del Decreto Nº 1745 se exponen en su preámbulo.93 En él se explica que las operaciones 
de comercio están siendo utilizadas por organizaciones criminales para lavar dinero, financiar 
terrorismo y generar competencia desleal. En el Decreto también  se explica que una de las 
modalidades utilizadas por las organizaciones criminales consiste en utilizar prácticas propias del 
fraude aduanero. Se indica también que los sectores del calzado y la confección se han visto 
afectados de manera significativa po r el lavado de activos y otras operaciones ilícitas y que, 
por consiguiente, se hace necesario implementar nuevos mecanismos que permitan controlar y 
contrarrestar este flagelo. El acta del Comité Triple A confirma que uno de los principales objetivos 
de política del Decreto Nº 1745 es combatir el lavado de activos.94 
67. En síntesis, el Decreto Nº 1745 es una medida adoptada para proteger la moral pública en el 
sentido del apartado a) del artículo XX del GATT de  1994.  
2. La garantía  aduanera y las formalidades aduaneras establecidas en el 
Decreto Nº 1745 son necesarias  
68. El examen de la "necesidad" conlleva, en cada caso, un proceso en el que "se sopesa[n] y se 
confronta[n]" los factores siguientes: i)  el grado en que la medida cuy a justificación se pretende 
contribuye a la realización del fin perseguido; ii) la importancia relativa de los intereses o valores 
sociales que la medida está destinada a proteger; y iii) el grado de restricción del comercio de la 
medida impugnada.95 Despué s de este análisis preliminar de la necesidad, el resultado debe 
confirmarse comparando la medida con sus posibles alternativas.96 No obstante, cada Miembro tiene 
derecho a determinar el nivel de protección que considere adecuado y la alternativa propuesta debe 
poder lograr este nivel de protección.97 
69. En primer lugar, en cuanto a la importancia de los intereses protegidos, el objetivo de combatir 
el lavado de activos obedece a intereses sociales que son vitales y de la máxima importancia.98 El 
lavado de ac tivos está vinculado al narcotráfico y la financiación de grupos criminales, de modo que 
las medidas también tratan de reducir la capacidad operativa de los narcotraficantes y los grupos 
criminales. La importancia de la lucha contra el lavado de activos co mo un objetivo de política pública 
de Colombia se refleja en pronunciamientos realizados por funcionarios de alto nivel.99 Asimismo, 
en otras diferencias se ha reconocido que las medidas que abordan preocupaciones relacionadas con 
                                                
88 Informe del Órgano de Apelación , CE - Productos derivados de las focas , párrafo 5.119.  
89 Informe del Grupo Especial inicial, párrafo 7.339.  
90 Informe del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 6.23.  
91 Informe del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 6.22.  
92 Informe del Grupo Especial inicial, párrafo 7.339; e informe del Órgano de Apelación en el 
procedimie nto inicial, párrafo 5.105.  
93 Prueba documental PAN -2. 
94 Prueba documental COL -4. 
95 Informe del Órgano de Apelación, India - Células solares , párrafo 5.59; e informe del Órgano de 
Apelación en el procedimiento inicial, párrafos 5.71 -5.73 y 5.77.  
96 Informe del Grupo Especial, CE - Productos derivados de las focas,  párrafo 7.630.  
97 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Juegos de azar , párrafo 6.465; e informe del Órgano de 
Apelación, CE - Productos derivados de las focas , párrafo 5.279.  
98 Informe del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 5.105.  
99 Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 (extractos) (Prueba 
documental COL -33 presentada en el procedimiento inicial); y Consejo Nacional de Polític a Económica y Social, 
Política Nacional Anti -Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo , 18 de diciembre de  2013 
(Prueba documental COL -19 presentada en el procedimiento inicial).  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 24 - 
 
  el lavado de activos y la delincuencia organizada protegen valores e intereses que pueden 
considerarse vitales y de la máxima importancia.100 
70. En segundo lugar, en lo que respecta a la contribución, las medidas pueden hacer una 
contribución importante a combatir el lavado de activ os porque reducen los incentivos para utilizar 
las importaciones de prendas de vestir y calzado a precios artificialmente bajos con el fin de lavar 
activos. La garantía aduanera asegura el pago de los derechos y las multas o sanciones por la 
importación de  las mercancías, desalienta la subfacturación y permite la percepción de las multas 
en esos casos.  
71. Las formalidades aduaneras proporcionan información que permite a las autoridades 
aduaneras realizar una evaluación del riesgo más informada, garantizan que existe una relación 
legítima entre el importador y el exportador y también que el proveedor declarado por el importador 
es realmente la entidad que le suministró los productos importados. El certificado de existencia y 
constitución expedido por la auto ridad nacional competente del país del exportador ayuda a 
confirmar que la empresa exportadora realmente existe y no es simplemente una sociedad 
instrumental. La información  de los distribuidores en Colombia permite a la DIAN evaluar si las 
actividades com erciales alegadas por el importador son reales y no ficticias y mantener un registro 
de las empresas instrumentales, personas, socios, supervisores fiscales y personas que participan 
en el sistema. La declaración firmada del representante legal del importa dor en la que se certifica la 
exactitud de la información comercial facilitada a la DIAN, que reconoce el derecho legalmente 
establecido de la DIAN a enviar información aduanera a otros organismos gubernamentales 
competentes, contribuye a identificar con p recisión a la persona responsable de la importación y 
puede ser utilizada como prueba de su participación en la operación. Algunos de estos documentos 
deben ser apostillados o legalizados y tener una traducción oficial al español. La  finalidad de los 
docum entos apostillados o legalizados es confirmar que efectivamente han sido expedidos por la 
autoridad competente del país exportador.  
72. Panamá aduce que existe un instrumento alternativo que también podría contribuir al logro 
de estos objetivos.101 Lógicamen te, la existencia de una medida alternativa que puede contribuir al 
logro de un determinado objetivo no significa en sí misma que la medida impugnada no pueda hacer 
una contribución importante al logro del mismo objetivo. Asimismo, la evaluación de la cont ribución 
con arreglo a la prueba de la necesidad que ha articulado el Órgano de Apelación evalúa la aptitud 
de la medida impugnada y no exige una comparación de su contribución con otra medida.102 Así 
pues, en este contexto concreto, que otra medida pueda co ntribuir al objetivo no excluye que la 
garantía aduanera y las formalidades aduaneras establecidas en el Decreto Nº  1745 contribuyan al 
logro del mismo objetivo.  
73. Colombia también recuerda que el Órgano de Apelación ha rechazado claramente la obligación  
de cuantificar la contribución de las medidas impugnadas, explicando que el análisis de la 
contribución "puede hacerse en términos cuantitativos o cualitativos".103 El Órgano de Apelación ha 
observado además que una medida puede estar justificada al amparo del artículo XX aunque su 
contribución "no sea inmediatamente perceptible".104 Por consiguiente, el intento de Panamá de 
exigir la cuantificación de la contribución de la medida al logro de los objetivos perseguidos está 
fuera de lugar.105 
74. En tercer lugar, las medidas no restringen el comercio en modo alguno. Ninguna de las 
medidas restringe la cantidad de importaciones y por lo tanto no restringen el comercio. Las medidas 
no imponen ningún límite cuantitativo a las importaciones y están adaptadas cuidadosamente para 
afectar a las importaciones que es probable que se utilicen para el lavado de activos. Además, la 
garantía aduanera es una obligación contingente. Por l o tanto, en la medida en que se constate que 
                                                
100 Véase el informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Juego s de azar . 
101 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafos 207, 208, 
227 y 251.  
102 Informe del Órgano de Apelación, Brasil - Neumáticos recauchutados , párrafo 156.  
103 Informe del Órgano de Apelación, Brasil - Neumático s recauchutados , párrafo 146.  
104 Informe del Órgano de Apelación, Brasil - Neumáticos recauchutados , párrafo 151.  
105 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 209 (donde 
se hace referencia al informe del Órgano de A pelación en el procedimiento inicial, párrafo 5.110).  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 25 - 
 
  tiene efectos restrictivos, dichos efectos serían significativamente menores que exigir el pago de los 
derechos de aduana.  
75. Las alegaciones de Panamá sobre el grado de restricción del comercio de la medida no  son 
convincentes. En el contexto de la garantía aduanera, simplemente enumera características de las 
medidas, pero no presenta ningún análisis de cómo cada una de esas características restringe el 
comercio.106 Además, Panamá no establece ningún vínculo entr e estas características y su conclusión 
de que la garantía aduanera es "altamente restrictiva del comercio".107 En el contexto de las 
formalidades aduaneras, la principal queja de Panamá es que la medida alienta a los importadores 
a cambiar de mercancías a p recios artificialmente bajos a mercancías a precios más altos.108 En 
lugar de demostrar que el régimen es "altamente restrictivo del comercio"109, en la propia afirmación 
de Panamá se reconoce que aunque el importador puede variar la composición de las prendas  de 
vestir y calzado que compra, puede importar y todavía importará mercancías en Colombia. Esta 
situación no se puede describir razonablemente como "altamente restrictiva del comercio".  
76. Como una medida alternativa menos restrictiva del comercio, Panam á se refiere a una 
garantía aduanera exigida después de que haya surgido una controversia de valor, que afirma que 
hace una contribución equivalente.110 Sin embargo, Panamá no ha demostrado que la garantía de 
"controversia de valor" haga una contribución equ ivalente a reducir la subvaloración y combatir el 
lavado de activos. La eficacia de la propuesta de Panamá está limitada por los recursos de la 
administración aduanera y la posibilidad de errores humanos. Estos factores crean el riesgo de que 
no se detecte n transacciones irregulares y que por tanto las importaciones subvaloradas que se 
utilizan para lavar activos entren sin que se deposite una garantía aduanera. Este riesgo no existe 
en el caso de la garantía aduanera del Decreto Nº  1745 porque se aplica a todas las transacciones 
de importación de los productos abarcados.  
77. Panamá también propone que se utilice la factura como una alternativa al certificado de ventas 
del proveedor.111 Esta alternativa tampoco hace una contribución equivalente porque no abord a el 
riesgo de que la información incluida en la factura pueda ser inexacta.112 La manipulación de la 
información facilitada en la factura es una de las prácticas que se usan en el lavado de activos 
basado en el comercio. El certificado de ventas del proveed or proporciona un medio para confirmar 
la información facilitada en la factura. Las otras medidas alternativas propuestas por Panamá tienen 
un elemento en común, que es que la información se facilitaría después del levante de la 
mercancía.113Así pues, Panamá  no cuestiona el valor de la propia información, sino el momento en 
que se presenta. Sin embargo, la presentación de esta información después del levante de la 
mercancía no resuelve el problema que representan las sociedades instrumentales, que son una 
técnica utilizada para el lavado de activos basado en el comercio.114 El empleo de sociedades 
instrumentales permite a los grupos criminales eludir los esfuerzos de las autoridades aduaneras 
para investigar y sancionar las transacciones sospechosas después de q ue la mercancía haya sido 
retirada de la aduana. En tales situaciones los grupos criminales utilizarán una sociedad instrumental 
diferente para las importaciones ulteriores. En  resumen, la alternativa que propone Panamá no hace 
una contribución equivalente  a los objetivos de política que persigue Colombia.  
78. Por todas estas razones, es evidente que tanto la garantía aduanera como el régimen especial 
de importación son necesarios para proteger la moral pública en el sentido del apartado a) del 
artículo XX.  
B. La garantía  aduanera y el régimen especial de importación son medidas 
necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos 
compatibles con el GATT  
79. El apartado d) del artículo XX proporciona una justificación para las medidas que son 
necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles 
                                                
106 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 213.  
107 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 214.  
108 Segunda comunica ción escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 -Panamá), párrafo 239.  
109 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo 239.  
110 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafos 215 -219. 
111 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafos 247 y 251.  
112 Prueba documental COL -11 presentada en el procedimiento inicial.  
113 Segunda comunicación escrita de Panamá (párrafo 5 del artículo 21 - Panamá), párrafo s 248 -251. 
114 Prueba documental COL -11 presentada en el procedimiento inicial.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 26 - 
 
  con las disposiciones del GATT de  1994. S e puede afirmar que una medida logra la observancia de 
leyes y reglamentos cuando su diseño pone de manifiesto qu e logra la observancia de normas, 
obligaciones o requisitos específicos de esas leyes y reglamentos, aunque no se pueda garantizar 
con absoluta certeza que la medida logre ese resultado.115 La prueba de la necesidad en el marco 
del apartado d) del artículo X X sigue líneas similares a la prueba de la necesidad en el marco del 
apartado a) del artículo XX.  
80. El Decreto Nº 1745 combate el lavado de activos y por lo tanto trata de lograr la observancia 
del artículo 323 del Código Penal de Colombia, que trata del  lavado de activos. En el procedimiento 
inicial el Órgano de Apelación reconoció la relación entre la subvaloración y el lavado de activos en 
Colombia.116 También recordó la constatación del Grupo Especial inicial de que " no existen motivos 
para considerar q ue el artículo 323 del Código Penal de Colombia es, en sí mismo, incompatible con 
las disp osiciones del GATT de  1994".117 
81. La garantía aduanera y el régimen especial de importación también son medidas para lograr 
la observancia de las leyes y los reglamentos aduaneros de Colombia, entre ellos los Decretos 
Nos 390 de  2016118 y 2685 de  1999.119 Como se indica en el artículo 1 del Decreto, su objetivo es 
fortalecer el sistema de gestión del riesgo y control aduanero de Colombia.120 Las leyes y los 
reglament os aduaneros de Colombia son compatibles con el GATT de  1994.121 
82. Colombia ha establecido que el Decreto Nº 1745 hace una contribución a la lucha contra el 
lavado de activos, que esa lucha afecta a intereses vitales y de la máxima importancia en 
Colombia122, y que la garantía y las formalidades aduaneras establecidas en virtud del Decreto 
Nº 1745 no tienen efectos de restricción del comercio. Dadas las circunstancias, se debe constatar 
que el Decreto Nº 1745 es una medida necesaria para lograr la observancia  del artículo 323 del 
Código Penal de Colombia. Además, al garantizar el pago de los derechos de aduana, impuestos y 
posibles sanciones, la garantía aduanera contribuye a garantizar las obligaciones aduaneras.123 Las 
formalidades aduaneras proporcionan infor mación a la autoridad aduanera que le permite detectar 
y controlar transacciones que no cumplen las leyes y los reglamentos aduaneros de Colombia.  
83. Panamá no ha presentado argumentos ni pruebas de réplica en el marco del apartado d) del 
artículo XX y, p or consiguiente, el Grupo Especial debería constatar que la garantía aduanera y las 
formalidades aduaneras del Decreto Nº 1745 están justificadas al amparo del apartado d) del artículo 
XX del GATT de  1994.  
C. La garantía aduanera y el régimen especial de i mportación son compatibles 
con la parte introductoria del artículo XX del GATT de  1994  
84. La parte introductoria del artículo XX exige que las medidas no se apliquen en forma que 
constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan 
las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional. No  obstante, que la 
discriminación sea arbitraria o injustifi cable depende de la causa o justificación de la discriminación, 
no de sus efectos.124 La existencia de una "restricción encubierta al comercio internacional" podría 
derivarse de situaciones en las que una restricción al comercio internacional debida a la apl icación 
de una medida justificada provisionalmente al amparo de un apartado específico del artículo XX daría 
lugar a un abuso o utilización ilícita de esa excepción.125 
                                                
115 Informe del Órgano de Apelación, Argentina - Servicios financieros , párrafo 6.203.  
116 Informe del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 5.145.  
117 Informe del Ó rgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 5.139 (donde se hace referencia 
al informe del Grupo Especial inicial, párrafo 7.512).  
118 Prueba documental PAN -4. 
119 Prueba documental PAN -3. 
120 Prueba documental PAN -2. 
121 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero al carbono, párrafo 157; véase también el 
informe del Grupo Especial, Colombia - Puertos de entrada , párrafos 7.531 y 7.532.  
122 Informe del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, párrafo 5.1 05. 
123 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE , 
párrafo 6.41.  
124 Informe del Órgano de Apelación, Brasil - Neumáticos recauchutados , párrafos 226 -228. 
125 Informe del Grupo Especial, Brasil - Neumáticos recauchutados , párrafo 7.320.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 27 - 
 
  85. La garantía aduanera y el régimen especial de importación cumplen lo dispuesto en la parte 
introductoria del artículo XX del GATT de  1994 porque no se aplican en forma que constituya un 
medio de discriminación arbitrario o injustificable o una restricción encubierta al comercio.  
86. La garantía aduanera y las formalidades aduaneras estable cidas en el Decreto Nº 1745 son 
aplicables a las importaciones de todos los orígenes. Además, la garantía aduanera y las 
formalidades aduaneras son instrumentos legítimos permitidos en virtud del GATT de  1994 y el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. A demás, no hay nada oculto o tácito sobre la garantía 
aduanera y las formalidades aduaneras. Ambos se establecen en un decreto que se publicó en el 
Diario Oficial de Colombia.126 Por consiguiente, la garantía aduanera y las formalidades aduaneras 
establecidas  en el Decreto Nº 1745 no son "restricciones encubiertas" a los efectos de la parte 
introductoria del artículo XX del GATT de  1994.  
87. En resumen, la garantía aduanera y las formalidades aduaneras establecidas en el Decreto Nº 
1745 son compatibles con la parte introductoria del artículo XX del GATT de  1994.  
IX. CONCLUSIÓN  
88. Colombia solicita que los Grupos Especiales del párrafo 5 del artículo 21 constaten que 
Colombia ha aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD de que ponga sus medidas en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de  1994.  
 
 
 
                                                
126 Pruebas documentales COL -12 y COL -13. WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 28 - 
 
  ANEXO B -2 
RESUMEN INTEGRADO DE  PANAMÁ  
I. INTRODUCCIÓN  
1. Ya ha pasado más de una década desde que Panamá le exige a Colombia que cumpla con sus 
obligaciones en el ámbito de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y desista 
de entorpecer los intercambios comerciales. Colombia, no sólo ha hecho caso omiso a estos pedidos; 
ha seguido explorando nuevas formas sutiles de obstaculizar el comercio internacional de las 
importaciones. Panamá considera que esto es inaceptable y solicita a los Grupos Especiales que 
constaten una vez más que Colombia trasg rede abiertamente sus obligaciones ante esta 
organización internacional, y que emitan recomendaciones y resoluciones sobre la incompatibilidad 
de la garantía específica y del régimen especial de importación, impuestos en virtud de los Decretos 
No. 1745 y 2218, con el derecho de la OMC.  
2. La foto de cumplimiento que Colombia nos presenta en esta diferencia es incompleta. Desde 
un punto de vista fáctico, Colombia se refiere a un cambio arancelario como la única medida de 
cumplimiento cuando es claro que exis ten otras medidas vinculadas al cumplimiento de Colombia, 
consistentes en un complejo sistema de controles aduaneros para restringir las importaciones por 
debajo de determinados umbrales. Desde un punto de las políticas que están en juego, Colombia 
aduce q ue este asunto concierne su intención de luchar contra la subfacturación y el lavado de 
activos. Sin embargo, no presenta ningún elemento de prueba de que las importaciones en cuestión 
hayan sido condenadas por autoridades judiciales o administrativas como  actos enmarcados en la 
subfacturación y el delito de lavado de activos. Lo que Colombia omite mencionar es que existen 
propósitos de protección industrial, promoción de la competitividad, protección del empleo y 
concertación política que subyacen al estab lecimiento y mantenimi ento de las medidas en litigio.  
3. El régimen regulatorio previsto explícitamente y de manera orgánica en la legislación 
colombiana es un régimen que representa un gran reto logístico, costes en términos de tiempo y 
dinero, un impacto  reputacional y en gestión del riesgo, acciones de control posterior y posibles 
investigaciones penales en temas de lavado de activo y fraude aduanero.1 
4. Panamá considera que el régimen especial de importación es incompatible con los 
artículos  VIII:3, X: 3(a) y XI:1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(GATT), y con los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana (AVA). Asimismo, 
Panamá considera que la garantía específica, prevista en dicho régimen, es in compatible con los 
artículos X:3(a) y XI:1 del GATT, y con el artículo 13 del AVA. Panamá observa que tanto estos 
reclamos como los cambios de instrumentos normativos, bajo los nuevos Decretos No. 1786 y 2218, 
están debidamente cubiertos por el mandato de estos Grupos Especiales en conjunto. Panamá 
considera que ninguna de estas medidas está justificada por los artículos XX(a) y XX(d) del GATT.  
II. LAS MEDIDAS CONT ENIDAS EN EL DECRETO  NO. 1745 Y NO. 2218  ASÍ COMO LOS 
RECLAMOS DE PANAMÁ E STÁN CUBIERTOS POR E L MANDATO DE LOS GRU POS 
ESPECIALES  
5. Colombia ha introducido cambios normativos que afectan la ya precaria situación competitiva 
de las importaciones de los sectores de confecciones y calzado, y ahora también se unen los sectores 
de textiles, fibras e hi lados ("las importaciones"). El 27 de diciembre de 2017, Colombia emitió el 
Decreto  No. 2218, sustituyendo al Decreto No. 1745 como fundamento normativo de la garantía 
específica y del régimen especial de importación.2  
6. Colombia intenta desentenderse de  sus obligaciones alegando que los reclamos de Panamá 
                                                
1 Agencia de Aduanas, Repremundo, "Arancel y medidas de importación confecciones y calzado – Dec. 
1744 y 1745, de 2016", 29 de noviembre de 2017, Prueba documental PAN -91. 
2 Panamá obser va que el Decreto No. 1744 también ha sido modificado recientemente por el Decreto 
No.  1786 de 2 de noviembre de 2017 "[p]or el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas" (Decreto 
No. 1786), Prueba documental PAN -45. WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 29 - 
 
  no están cubiertos bajo los términos de referencia de los Grupos Especiales.  Colombia argumenta 
que el mandato del Grupo Especial solicitado por Colombia se limita a las medidas y a las 
disposiciones c ontenidas en su solicitud de establecimiento de Grupo Especial.3 De ahí que, según 
Colombia, las medidas contenidas en el Decreto No. 1745 y los reclamos de Panamá bajo los 
artículos  XI:1, X:3(a), VIII:3 del GATT y los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del Acuer do sobre Valoración 
en Aduanas no están cubiertos bajo los términos de referencia de ese Grupo Especial.4 
7. Sin embargo, los argumentos de Colombia son poco convincentes. Panam á considera que no 
existe limitaci ón procesal que impida a los Grupos Especiale s pronunciarse sobre tod as las medidas 
en litigio y todos los reclamos presentados por Panam á. Tanto las medidas contenidas en el Decreto 
No. 1745  como los reclamos de Panam á bajo las disposiciones mencionadas  forman parte del 
mandato del Grupo Especial so licitado por Colombia y del Grupo Especial solicitado por Panam á, 
salvo el art ículo VIII del GATT, el cual solamente forma parte del mandato del Grupo Especial 
solicitado por Colombia.  
8. Como es sabido, los términos de referencia del Grupo Especial solic itado por Colombia figuran 
en su solicitud de establecimiento de grupo especial de cumplimiento, el documento WT/DS461/17. 
Este documento, que contiene el asunto  sometido al OSD por Colombia, incluye el arancel ad valorem  
del Decreto No. 1744, el artículo II del GATT, y también "las preocupaciones [de Panamá] relativas 
al cumplimiento de Colombia con las recomendaciones y resoluciones del OSD", en particular, el 
"[des]acuerdo [de Panamá] [] [de] que el Decreto 1744 [] es compatible con los acuerdos abarcado s 
y pone el arancel compuesto en conformidad con el GATT de 1994".5 Por lo tanto, estas tres 
cuestiones, incluyendo el desacuerdo de Panamá, forman parte del "asunto" que ha sido sometido 
al Grupo Especial solicitado por Colombia, y se encuentran bajo los términos de referencia de dicho 
Grupo Especial. El mandato previsto en el artículo 11 del ESD para que el Grupo Especial realice una 
"evaluación objetiva del asunto" implica que el Grupo Especial solicitado por Colombia deba, como 
mínimo, establecer en qué  consiste el desacuerdo de Panamá, y verificar si éste tiene fundamento.  
9. Panamá ha cumplido con hacer explícito dicho desacuerdo en sus respectivas comunicaciones 
y permitir que el Grupo Especial solicitado por Colombia descargue sus funciones. Como es  sabido, 
la postura de Panamá que generó este desacuerdo es que el arancel diferencial ad valorem del 
Decreto No. 1744 no es la única medida de cumplimiento, sino también las medidas contenidas en 
el Decreto No. 1745, y que estas medidas son incompatibles con el GATT y el Acuerdo sobre 
Valoración en Aduanas por muchas razones explicadas en sus comunicaciones como parte 
demandada y parte reclamante.  
10. Panamá recuerda asimismo que el mandato de un grupo especial de cumplimiento se 
determina en función de l os artículos 6.2 y 21.5 del ESD conjuntamente.6 Está firmemente 
establecido que los requisitos del artículo 6.2 del ESD deben interpretarse conforme al ámbito y a la 
función de los procedimientos de cumplimiento7, y que esta función es la de examinar plenamente  
la "compatibilidad con un acuerdo abarcado" de las "medidas destinadas a cumplir" las 
recomendaciones y resoluciones del OSD de modo tal que el cumplimiento sea efectivo y real.8  
11. De ah í que el Grupo Especial de cumplimiento solicitado por C olombia deba examinar las 
medidas de cumplimiento plenamente , es decir, tanto las medidas de cumplimiento declaradas, as í 
como aqu éllas medidas  no declaradas pero que cuentan con un vínculo especialmente estrecho en 
términos de fechas, naturale za y efectos  con la medida de cumplimiento declarada y las 
recomendaciones y resoluciones del OSD conforme a la jurisprudencia del vínculo estrecho del 
Órgano de Apelación.9 Panamá no encuentra impedimento lógico o legal por el que estos criterios 
jurisprudenciales no  deban ser aplicados en este caso.  
                                                
3 Réplica de Colombia como p arte reclamante, p árrs. 3 -14. 
4 Réplica de Colombia como parte reclamante, p árrs. 3 -14. 
5 Solicitud de establecimiento de Grupo Especial de cumplimiento de Colombia, p ág. 2 y nota de pie de 
página 7.  
6 Informe del grupo especial, Australia – Salmón (artícu lo 21.5 – Canadá) , párr. 7.10 refiriéndose al 
párr. 4 de la resolución preliminar con respecto a su mandato.  
7 Informe del Órgano de Apelaci ón, Estados Unidos - Reducci ón a cero (artículo 21.5 - Japón) , párr. 
125. 
8 Informe del Órgano de Apelación, Canadá – Aeronaves civiles (artículo 21.5 – Brazil) , párr. 41.  
9 Informes del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera blanda IV (artículo 21.5 - Canadá) , 
párr. 77; Estados Unidos – Reducción a cero (CE) (artículo 21.5 - CE), párr. 204.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 30 - 
 
  12. En sus comunicaciones previas, Panamá ha demostrado que la garantía específica y el régimen 
especial de importación son "medidas no declaradas" con un vínculo especialmente estrecho con el 
Decreto No. 1744, en término s de fechas, naturaleza y efectos, y con las recomendaciones y 
resoluciones del OSD.10 En vista de ello, todas estas medidas deben ser consideradas como medidas 
de cumplimiento que están debidamente cubiertas por el mandato del Grupo Especial solicitado po r 
Colombia. Nótese que los cambios normativos recientes adoptados por Colombia mediante el 
Decreto No. 2218 no afectan los términos de referencia del Grupo Especial solicitado por Colombia. 
El Decreto No. 2218 simplemente reemplaza el Decreto No. 1745 sin modificar la esencia de las 
medidas de cumplimiento, en cuanto a su naturaleza como controles aduaneros. Téngase presente 
que es impropio decir que el Decreto No. 2218 es una nueva "medida"; es simplemente un nuevo 
"acto normativo"11 que continúa la vigenc ia de medidas ya existentes.  
13. Ahora bien, al demostrar que la medida de cumplimiento de Colombia es más amplia que la 
medida declarada, es natural y esperable que surjan inquietudes de cumplimiento distintas a las 
mencionadas textualmente en la solicitu d de Grupo Especial de Colombia. Así, con respecto a todos 
aquéllos controles, requisitos y condiciones del régimen especial de importación, a Panamá le surgen 
sólidas inquietudes de cumplimiento bajo los artículos XI:1, X:3(a), y VIII:3 del GATT; y los ar tículos 
1, 2, 3, 5 y 7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduanas. No son inquietudes nuevas y el Grupo 
Especial de Colombia puede atestiguar de su existencia tan pronto como en la primera ocasión que 
tuvo Panamá para pronunciarse como parte demandada, es dec ir en su primera comunicación escrita 
como parte demandada, del 29 de noviembre de 2017.12  
14. Siendo así las cosas, es lógico, sin que exista impedimento legal a contrario en el ESD, que 
cuestiones de cumplimiento contra las medidas no declaradas se encu entren cubiertas bajo el 
mandato del Grupo Especial solicitado por Colombia. En otras palabras, y sin perjuicio de que estas 
cuestiones formen parte del "asunto" sometido en la propia solicitud de grupo especial de Colombia, 
cabe plantearse la pregunta ¿de  qué serviría aceptar que ciertas medidas no declaradas formen 
parte del mandato de un grupo especial para luego rechazar diversas cuestiones de cumplimiento 
que se deriven de esas mismas medidas?  
15. Más aún, Panamá considera que un enfoque así de artific ioso no serviría para que el Grupo 
Especial de cumplimiento solicitado por Colombia desahogue las obligaciones que le incumben en 
virtud del artículo  11 del ESD, ya que no podría evaluar el asunto de cumplimiento por parte de 
Colombia de manera plena .13 Una evaluación objetiva y completa de cumplimiento no se podría 
hacer si el Grupo Especial no pudiera evaluar el cumplimiento de las medidas no declaradas con 
disposiciones de la OMC distintas al artículo II del GATT. Esa evaluación estaría basada en un marc o 
incompleto e incluso sesgado o parcializado, ya que habría sido definido únicamente por una de las 
partes en la diferencia. Adicionalmente, un análisis de esta naturaleza iría en contra de proveer una 
"solución satisfactoria" a la diferencia según el art ículo 3.4 del ESD, y proveer una "pronta solución" 
y un "pronto cumplimiento" según los artículos 3.3 y 21.1 del ESD.14 
16. En conclusión, Panamá no tiene dudas de que las medidas del Decreto No. 1745 así como sus 
reclamos bajo los artículos XI:1, X:3(a), y VIII:3 del GATT; así como bajo los artículos 1, 2, 3, 5 y 
7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduanas están debidamente cubiertos bajo el mandato del Grupo 
Especial solicitado por Colombia.   
17. Panamá observa que, en todo caso, incluso si el Grupo Especi al solicitado por Colombia 
considerara que las medidas del Decreto No. 1745 no forman parte de su mandato, estas medidas 
están no obstante cubiertas bajo el mandato del Grupo Especial solicitado por Panamá.15 En su 
solicitud de establecimiento de grupo esp ecial, Panamá identificó a la garantía específica y al régimen 
especial de importación como "las medidas concretas en litigio".16 De forma similar, incluso si el 
Grupo Especial solicitado por Colombia considerara que los reclamos de Panamá bajo los artícul os 
X:3(a) y XI:1 del GATT; así como bajo los artículos 1, 2, 3, 5 y 7 del Acuerdo sobre Valoración en 
                                                
10 Véase Primera comun icación escrita de Panamá como parte demandada, párrs. 15 -48; Réplica de 
Panamá como parte reclamante, párrs. 6 -57 y Réplica de Panamá como parte demandada, párrs. 37 -134. 
11 Réplica de Panam á como parte demandada, p árrs. 5, 7.  
12 Primera comunicación de Panamá como parte demandada, párr. 66(a).  
13 Informe del Órgano de Apelación, Canadá – Aeronaves civiles (artículo 21.5 – Brazil) , párr. 41.  
14 Informe del grupo especial, Australia – Salmón (artículo 21.5 – Canadá) , párr. 7.10 refiriéndose a 
párr. 27 de l a resolución preliminar con respecto a su mandato.  
15 WT/DS461/25 y WT/DS461/22.  
16 WT/DS461/22, p árrs. I.A. y I.D.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 31 - 
 
  Aduana  no forman parte del mandato del Grupo Especial solicitado por Colombia, éstos están 
cubiertos por el mandato del Grupo Especial solicitado por Pan amá.17 Por ende, no existe limitación 
procesal que impida a los Grupos Especiales pronunciarse sobre las medidas en litigio y los reclamos 
de Panamá.  
18. Dicho esto, Panam á observa  que el art ículo VIII del GATT no está identificado en su solicitud 
de Grup o Especial de cumplimiento. Al momento en que Panamá formuló ese pedido, los requisitos 
del Decreto No. 1745 tenían pocos meses de vigencia y sobre la base de la buena fe no le surgía a 
Panamá una inquietud aparente. Las dudas, no obstante, empezaron a sur gir con los  cambios 
normativos introducidos por Colombia. Ya en su primera comunicación como parte demandada, 
Panamá dejó constancia de su preocupación, de que la rigurosidad de determinadas formalidades 
representaba un problema de cumplimiento por pa rte de Colombia con el artículo  VIII:3 del GATT.  
19. Sin embargo, la preocupación se volvió crítica con la entr ada en vigencia del Decreto No.  2218 
del 27 de diciembre de 2017, por la consecuencia jurídica extrema introducida con esa 
reglamentación. Cómo se rec ordará, ni bien Panamá se enteró de esta acción normativa procedió a 
comunicarla a los Grupos Especiales, y apuntaló su reclamo bajo el artículo VIII:3 en la primera 
oportunidad en la que podía hacerlo: su réplica como parte demandada.18 Panamá no habría p odido 
actuar con mayor celeridad. En particular, Panamá no habría podido incluir este reclamo en su 
solicitud de establecimiento de grupo especial de cumplimiento, porque la consecuencia jurídica que 
sustenta este reclamo es un elemento novedoso del Decret o No. 2218 que no existía al momento 
de la solicitud. Incluso bajo estas circunstancias, Panamá ha comentado que teniendo en cuenta la 
importancia de este reclamo y del debido proceso, Panamá se ponía a disposición de los Grupos 
Especiales para abordar, si  fuere el caso, opciones adicionales que los Grupos Especiales estimen 
pertinente para garantizar la debida intervención de las partes sobre este asunto.19 
20. Panamá considera importante dejar constancia que, si bien la acción normativa de Colombia 
no ha cambiado la esencia de la medida, ha introducido características a ésta, las cuales han obligado 
a Panamá a reaccionar sobre la marcha para evitar que Colombia presente una imagen imprecisa 
sobre el cumplimiento. Panamá ha asumido esta situación (inesperad a) de buena fe y con actitud 
cooperativa, tratando de ajustar sus comunicaciones y argumentos a la situación normativa volátil 
y cambiante que se vive en Colombia para los hilados, textiles, confecciones y calzado. A Panamá le 
parecería desafortunado que a  pesar de que sus acciones son el reflejo de un objetivo cambiante 
(moving target), su reclamo sobre la violación del artículo  VIII:3 del GATT se vea afectado por una 
incertidumbre procesal sobre los límites precisos del mandato de un grupo especial de cum plimiento 
solicitado por el demandado inicial. De ser así, una medida a todas luces incompatible con la 
normativa de la OMC eludiría la autoridad y competencia de estos tribunales, sin más remedio para 
Panamá que el tener que traer un segundo recurso al ar tículo 21.5 del Entendimiento de Solución 
de Diferencias lo cual iría en contra del objetivo del sistema de  proveer "prontas soluciones".  
21. En conclusión, por las razones expuestas anteriormente, Panamá solicita que los Grupos 
Especiales rechacen la pret ensión de Colombia de que las medidas en litigio y los reclamos 
correspondientes de Panamá no forman parte del mandato de los Grupos Especiales.  
III. LA GARANTÍA ESP ECÍFICA Y EL RÉGIMEN  ESPECIAL SON "MEDID AS DE 
CUMPLIMIENTO"  
22. Para efectos de estos pro cedimientos, Colombia ha decidido convenientemente declarar sólo 
el arancel diferencial ad valorem del Decreto No. 1744 como la medida de cumplimiento y negar la 
relevancia de las medidas contenidas en el Decreto No. 1745, reflejadas actualmente en el Decr eto 
No. 2218. Sin embargo, este intento evidente de Colombia de eludir las disciplinas de cumplimiento 
bajo el artículo 21.5 del ESD colisiona con los hechos y con la jurisprudencia del Órgano de Apelación 
sobre el "vínculo estrecho".  
23. El análisis del vínculo estrecho ha sido utilizado por múltiples grupos especiales y el Órgano 
de Apelación en el pasado para determinar que una medida no declarada tiene un vínculo cercano 
con la medida declarada de cumplimiento, y por lo tanto, está debi damente cubierta por el mandato 
                                                
17 WT/DS461/22, párrs. II.A y II.D.  
18 Réplica de Panam á como parte demandada, p árrs. 9-10, 423 -433 
19 Réplica de Panam á como parte demandad a, párr. 12.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 32 - 
 
  del grupo especial de cumplimiento.20  
24. Así, Panamá considera que una "medida no declarada" debe ser considera una "medida de 
cumplimiento" cuando cuenta con un vínculo especialmente estrecho con la "medida declarada". 
Todos los terceros que presentaron respuestas a las preguntas de los Grupos Especiales coinciden 
en este punto.21 En la práctica, este vínculo se ha determinado en términos de fechas, naturaleza y 
efectos entre ambas medidas, así como entre esas medidas y la s recomendaciones y resoluciones 
del OSD.22  
25. En esta diferencia tal vínculo es evidente.23 En particular:  
•Colombia explicó durante los procedimientos del artículo 21.3(c) que su medida de 
cumplimiento consistiría en la aplicación conjunta de medidas arancelarias y 
medidas aduaneras, para lidiar con asuntos de lavado de activos; y que por ello 
recurriría a la p ublicación de "dos 'decretos que se apoyen mutuamente' como parte 
del proceso de aplicación";  
•Colombia ha argumentado que la garantía específica del Decreto No. 1745 es 
esencial para el cobro de los aranceles del Decreto No. 1744 en COL -4;  
•las medida s aduaneras del Decreto No. 1745 son consecuencia directa de las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. Colombia ha intentado subsanar la 
incompatibilidad con el artículo II del GATT a través del Decreto No. 1744, que 
impone un arancel diferencial puramen te ad valorem . Por otra parte, Colombia 
intenta abordar los mismos objetivos de política que dieron sustento a su intento 
de justificación del arancel compuesto al amparo de los artículos XX(a) y (d) del 
GATT a través del Decreto No. 1745, que impone medid as de "control" aduanero, 
semejantes en efecto al componente específico del arancel compuesto en cuanto a 
su falta de sensibilidad frente a variaciones de precios. Como en el caso del arancel 
compuesto, a través de estas medidas, Colombia limita el acceso de los productos 
importados al mercado local (esta vez de manera contraria al artículo XI:1 del 
GATT), e intenta justificar la incompatibilidad de estas medidas con los artículos 
XX(a) y (d) del GATT;  
•en términos de fechas , los Decretos No. 1744 y 1745 fueron adoptados el mismo 
día de forma simultánea tras la adopción de las recomendaciones del OSD;  
•en términos de naturaleza , las medidas del Decreto No. 1744 y 1745 son análogas 
al arancel compuesto del Decreto No. 456, en el sentido que cuentan con un  
componente sensible al precio, el arancel ad valorem  del Decreto No. 1744 y un 
componente específico que no es sensible al precio:  
                                                
20 Véase, inter alia , Australia – Salmón (artículo 21.5 – Canadá),  Estados Unidos – Reducción a cero 
(artículo 21.5 - CE), Estados Unidos – Algodón americano (Upland) . 
21 Respuesta de Ecuador a la pregunta No. 6 de los Grupos Especiales; Respuesta de los Estados Unidos 
a la pregunta No. 1 de los Grupos Especiales, párr. 3; Respuesta de Japón a la pregunta No. 1 de los Grupos 
Especiales; Respuesta de la Unión Europea a la pregunta No. 1 de los Grupos Especiales, párr. 1.  
22 Informes del Órg ano de Apelación, Estados Unidos – Madera blanda IV (artículo 21.5 - Canadá) , 
párr. 77; Estados Unidos – Reducción a cero (CE) (artículo 21.5 - CE), párr. 204.  
23 Véase e.g. Réplica de Panamá como parte reclamante, párrs. 6 -57; Réplica de Panamá como parte  
demandada, párrs. 37 -134. WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 33 - 
 
   
•Además, las medidas en cuestión se activan con respecto a ciertos umbrales 
establecidos por Colombia y cuentan con el mi smo objetivo de política pública del 
Decreto No.  456; además, estas medidas aplican a los mismos productos 
relevantes, y fueron emitidos por el mismo ente durante la misma sesión;  
•Más aún, el mismo día en que los Decretos No. 1744 y 1745 fueron adoptado s, la 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, se refirió a estos 
instrumentos de forma conjunta cuando afirmó que "las medidas que diseñamos 
[Decretos No. 1744 y No. 1745] nos permiten combatir eficazmente los fenómenos 
ilegales pero al mism o tiempo tuvimos buen cuidado de no afectar el comercio 
formal y cumplir plenamente con el mandato de la OMC"24;  
•Nótese que estas medidas han sido concebidas "para alcanzar de manera 
continuada el objetivo de política perseguido con las medidas prevista s en el Decreto 
456 de 2014  y sus modificaciones"25, y que "la adopción de las estrategias" 
contempladas en ambos decretos fueron adoptadas sobre la base de la 
                                                
24 Prueba documental PAN -46. 
25 Recital 8 del considerando del Decreto No. 1745 (subrayado añadido). Similarmente, el recital 3 del 
considerando del Decreto No. 1744 menciona que "teniendo en cuenta que el plazo de aplicación pre visto en el 
artículo 5° del decreto 456 de 2014 , prorrogado por los decretos 515 de 2016 y 1229 de 2016, expira el 1 de 
noviembre de 2016, se hace necesario dar aplicación a la excepción prevista en el parágrafo 2° del artículo 2° 
de la ley 1609 de 2013, p ara alcanzar de manera continuada el objetivo de política perseguido con esta 
medida". (subrayado añadido).  
WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 34 - 
 
  recomendación de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando en 
sesión extraor dinaria del 24 de agosto de 201626; y, 
•en términos de efectos , el Decreto No. 1745 continúa el efecto restrictivo del arancel 
compuesto restringiendo la importación de las mercancías relevantes.  
26. Por otra parte, Panamá considera que no sería proceden te que los Grupos Especiales 
determinen si Colombia ha cumplido las recomendaciones y resoluciones del OSD, omitiendo la 
existencia del Decreto No. 1745 y sus respectivas enmiendas.27 Si los Grupos Especiales obraran de 
esta manera, no estarían haciendo un a evaluación objetiva de los hechos como lo manda el artículo 
11 del ESD ya que ignorarían una parte esencial de los hechos relevantes de cumplimiento, 
incumpliendo su deber de examinar las medidas de cumplimiento "en su integridad."28 
27. En consecuencia,  Panamá considera que las medidas impugnadas están "estrechamente 
relacionadas" con la medida destinada a cumplir declarada como tal por Colombia, así como con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. En vista de lo anterior, Panamá reafirma que la gara ntía 
específica, así como el régimen especial de importació n, contenidos en el Decreto No.  1745, son 
"medidas destinadas a cumplir" en el sentido del artículo 21.5 del ESD.  
IV. LA GARANTÍA ESPE CÍFICA Y EL RÉGIMEN ESPECIAL DE IMPORTAC IÓN SON 
RESTRICCIONES EN EL SENTIDO DEL AR TÍCULO XI:1 DEL GATT  
A. LA GARANTÍA ESPECÍFIC A ES INCOMPATIBLE CO N EL ARTÍCULO XI:1  DEL GATT   
28. La garantía específica impuesta por el Decreto  No. 1745, y ahora vigente bajo el Decreto No. 
2218, es incompatible con el artículo  XI:1 de l GATT. Es un requisito indispensable para la 
importación de fibras, hilados, textiles, confecciones y calzado bajo los Decretos No. 1745, y ahora 
No. 2218. Esta exigencia ha limitado el acceso al mercado colombiano de estas importaciones29, ha 
menoscabado  y anulado las oportunidades competitivas de los productos importados y de los 
importadores30, ha afectado los planes de inversión de estos últimos, y ha generado incertidumbre 
y costes de transacción significativos.31 De inicio, Colombia alega que la gara ntía específica, junto 
con las otras medidas del Decreto No. 1745, tiene el propósito de reducir los incentivos para importar 
confecciones y calzado a precios "artificialmente bajos"32, lo cual es un reconocimiento explícito de 
que la garantía modifica las  condiciones de competencia de las importaciones para ejercer un efecto 
limitativo sobre éstas.  
29. La garantía específica impide el acceso de las importaciones al mercado colombiano. Antes 
del Decreto No. 1745, las condiciones regulatorias imperantes en C olombia, incluyendo lo previsto 
en los Decretos No. 258633, No. 492734, y No.  45635 permitían a los productos afectados el acceso a 
Colombia con el arancel como única barrera de acceso a dicho mercado.36 Ahora, adicionalmente al 
pago del arancel, se requie re que los importadores obtengan una garantía específica y la mantengan 
en vigor por un plazo de tres años.  
                                                
26 Recitales 6 de los preámbulos de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y 
PAN-43, respectivamente.  
27 Informe del grupo esp ecial, Estados Unidos – Grandes aeronaves civiles (2a reclam ación) 
(artículo  21.5 – UE), párr. 7.74.  
28 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Madera blanda IV (artículo 21.5 - Canadá) , 
párr. 67 refiriéndose al Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Camarones (artículo 21.5 - 
Malasia) , párrafo 87.  
29 Primera comunicación escrita de Panamá como parte reclamante, párr. 40; Primera comunicación 
escrita de Panamá como parte demandada, párr. 53; réplica de Panamá como parte reclamante, párr . 98. 
30 Primera comunicación escrita de Panamá como parte reclamante, párrs. 37 -39; Primera comunicación 
escrita de Panamá como parte demandada, párr. 54; réplica de Panamá como parte reclamante, párrs. 71 -95. 
31 Primera comunicación escrita de Panamá com o parte reclamante, párr. 40; Primera comunicación 
escrita de Panamá como parte demandada, párr. 55; réplica de Panamá como parte reclamante, párrs. 96 -
104. 
32 Réplica de Colombia como parte reclamante, párr. 119.  
33 Decreto No. 2685, Prueba documental PAN -3. 
34 Arancel de Aduanas de Colombia. Prueba documental PAN -1 (grupo especial inicial)  
35 Prueba documental PAN -3 (grupo especial inicial).  
36 El arancel y el impuesto sobre las ventas forma la categoría de "tributos aduaneros" bajo derecho 
colombiano. Ar tículo 1 del Decreto No. 2685, Prueba documental PAN -3 WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 35 - 
 
  30. La obtención de la garantía específica depende del cumplimiento con ciertos requisitos 
documentales; de la evaluación de la calidad crediticia del solicitante, incluyendo su historial de 
crédito, y el monto solicitado; y de la aprobación de un cupo de crédito bajo los criterios que las 
entidades impongan.37 No es un proceso de aprobación automática. Si un solicitante no califica a los 
ojos del ev aluador bancario, sea por las razones que fueren, no obtendrá la garantía específica, y 
por lo tanto no podrá importar los productos en cuestión. Por ende, la obtención de la garantía 
específica limita directamente la capacidad de los importadores de impor tar y de ese modo afecta el 
acceso de los productos importados al mercado colombiano.  
31. Panamá entiende que esta garantía se tiene que exigir en todos los casos ya que siempre 
habrá una controversia de valor sobre los productos importados. El Artículo 12 8(5) del Decreto 
No. 2685 define a la controversia de valor como "la duda que se suscita en la diligencia de inspección 
aduanera física o documental sobre el valor declarado de la mercancía importada, debido a que es 
considerado bajo, de acuerdo a los indi cadores del Sistema de Administración del Riesgo de la 
DIAN".38 Si el importador no proporciona la garantía específica del Decreto No. 2218, no procede el 
levante, y por lo tanto, no procede la importación. Por otra parte, el hecho de que por sus propios 
términos la garantía específica del Decreto No. 2218 busque estar amparada bajo el alcance del 
artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración en Aduanas, no le resta el carácter de restricción. Más bien, 
el recurso de Colombia a esta norma es un reconocimiento tá cito de que la garantía específica 
constituye una restricción que, de cumplirse las condiciones impuestas por el artículo 13 del Acuerdo 
sobre Valoración en Aduanas, estaría a criterio de Colombia, amparada por esta norma.  
32. La garantía específica anula las oportunidades de competir e importar de importadores que 
no califiquen para obtener una garantía bancaria o de seguro. No todos los sujetos que antes podían 
importar los productos afectados con el mero pago del arancel tendrán la misma capacidad de 
calificar como sujetos de crédito bancario o de compañía de seguro. Así, la garantía específica 
excluye ab initio a este perfil de importadores por factores ajenos a su capacidad de importación.  
33. Los hechos respaldan esta apreciación. En un contexto en el  que los bancos valoran altamente 
el bajo riesgo de un crédito, y en el que el Gobierno colombiano anuncia que las transacciones en 
cuestión son de alto riesgo de defraudación y lavado de activos, no es improbable que el nivel de 
rechazo de las solicitudes  de crédito sea alto, y que únicamente califiquen aquellos importadores 
que tengan un cupo o línea de crédito ya aprobada con el banco, o aquéllos nuevos que presenten 
un historial crediticio impecable, un desempeño de negocios muy sólido, y un flujo de ca ja 
proyectado promitente. No todos los importadores del segmento de bajo costo en Colombia, que 
usualmente importan estos productos, estarán en condiciones de satisfacer estas exigencias de 
valoración crediticia, ajenas a su mera capacidad de importar. El resto no gozará del derecho de 
importar los productos afectados por la garantía específica.  
34. La garantía específica menoscaba las oportunidades competitivas de las importaciones al 
implicar un coste significativo que las limita. El presupuesto de invers ión de los importadores en la 
compra de productos importados del segmento de bajo coste se ve menguado por el incremento de 
costes vinculados a la importación, causado por la introducción de la garantía específica. Estos costes 
han sido debidamente documen tados por Panamá. Como en el asunto de Brasil - Neumáticos 
recauchutados39, los costes de la garantía son de una magnitud tal que hacen prohibitivamente 
costoso el ingreso de los productos sujetos a los decretos. El coste relativo supera largamente la 
magn itud de los aranceles consolidados y aplicados por Colombia de 35% y 40% ad valorem . No 
cabe duda de que la imposición de un arancel, particularmente si es alto, puede desplegar un efecto 
muy limitativo en las importaciones.40 Por ello, si es razonable esp erar que un arancel demasiado 
alto tenga un efecto muy restrictivo (y hasta prohibitivo) en las importaciones, con mayor razón una 
medida que imponga sobre los importadores una carga económica mucho más onerosa que un 
arancel equivalente al consolidado ten drá mayores efectos limitativos en las importaciones.  
35. La garantía específica impone un coste sin fundamento porque no hay necesidad real de 
cobertura de contingencias aduaneras o tributarias. La garantía específica es un requisito vacío. Una 
                                                
37 Primera comunicación escrita de Panamá como parte reclamante, párrs. 37 y 40; Primera 
comunicación escrita de Panamá como parte demandada, párr. 55; réplica de Panamá como parte reclamante, 
párrs. 9 6-104. Véanse también PAN -16 y PAN -23. 
38 Artículo 128(5) del Decreto No. 2685, Prueba documental, PAN -3. (énfasis añadido).  
39 Informe del grupo especial, Brasil – Neumáticos recauchutados , párr. 7.372.  
40 Informe del Grupo Especial, Colombia – Textiles , párr. 7.441.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 36 - 
 
  evaluació n detenida del funcionamiento del régimen de importación según el derecho colombiano, 
permite apreciar que no existen obligaciones principales que den motivo legítimo a la exigencia de 
la garantía específica:  
•los tributos aduaneros, incluyendo el arance l, ya han sido pagados al momento de 
presentación de la declaración de importación, por lo tanto, estos no pueden ser el objeto 
de cobertura de la garantía específica41, y en todo caso si hubiera duda sobre el valor en 
aduanas de la mercancía, existe un me canismo de garantía bajo derecho colombiano que 
aborda esta situación, por lo que la garantía específica se vuelve redundante o innecesaria42; 
•las sanciones no pueden ser objeto de garantías a menos que se haya detectado una 
infracción que requiera la im posición de sanciones pecuniarias o multas de una infracción, 
tal y como lo exige el artículo 7(3)(4) del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, o que 
según el artículo 8 del Decreto No. 390 exista una obligación aduanera principal a asegurar.43  
36. La falta de sustento se hace aún más evidente con la exigencia de la garantía específica para 
el caso de los importadores que ya cuentan con una garantía global.   
37. Además, por su diseño, una garantía específica que cubra un monto pre -establecido y fijo pa ra 
cada importación, no puede guardar relación con obligaciones específicas de cada operación. El 
criterio de cobertura vinculado al 200% del umbral es arbitrario, se establece a priori , es ajeno a 
valores reales, y no tiene la capacidad de proveer una cob ertura igualmente válida para todas y cada 
una de las transacciones en juego. Es inverosímil que todas las transacciones afectadas por la 
garantía específica guarden las mismas características en cuanto al riesgo de incumplimiento de 
forma tal que la elecc ión de un único número como 200% para calificar el monto a garantizar tenga 
una relación estrecha con todas ellas.   
38. La garantía específica afecta la previsibilidad en los planes de inversión de los importadores 
ya que genera incertidumbre en diferente s niveles. Para los importadores que tienen una situación 
incierta frente al sistema financiero, el requisito de la garantía específica introduce un elemento de 
incertidumbre sobre sus planes de inversión porque no saben si calificarán o no como sujetos de  
crédito ante una institución financiera, y si finalmente podrán hacer importaciones. Por otra parte, 
los cambios normativos constantes e imprevistos de Colombia generan incertidumbre jurídica sobre 
qué productos se ven afectados por las medidas de Colombi a y cuáles son los requisitos específicos 
para la importación de los mismos. Estas incertidumbres afectan los planes de inversión de los 
importadores.   
39. En vista de lo anterior, parecería que los importadores tienen dos opciones: no importar; o 
cambiar  sus planes de inversión, e importar bienes de un segmento más alto del mercado. La 
segunda opción parece haber sido la opción tomada por los importadores de textiles y calzado tras 
la introducción del arancel compuesto como lo demuestra la respuesta de Co lombia en el sentido de 
que casi la totalidad de las importaciones han ingresado por encima de los umbrales. Panamá 
considera que la introducción de la garantía específica y sus costes concomitantes implican una 
recomposición de las importaciones hacia aqu éllas que estarían libres de este requisito, pero con 
costes más altos. Lo anterior significa que, la garantía específica constituye una condición limitativa 
para la importación de los productos relevantes a precios competitivos.  
40. En razón de lo anteri or, la exigencia de la garantía específica prevista en el artículo 7 de los 
Decretos No. 1745 y No. 2218 es incompatible con el artículo XI:1 del GATT.  
B. EL RÉGIMEN ESPECIAL D E IMPORTACIÓN ES INC OMPATIBLE CON EL ART ÍCULO XI:1  DEL GATT   
41. El régimen esp ecial de importación impuesto por el Decreto  No. 1745, y ahora vigente bajo el 
Decreto No. 2218, es incompatible con el artículo  XI:1 del GATT. Este régimen consiste en una 
amalgama de requisitos, reportes, consecuencias jurídicas, y en general desincentiv os que 
restringen las importaciones cuando son iguales o están por debajo de los umbrales de ambos 
decretos. El régimen especial de importación se presenta como un conjunto de "mecanismos para 
fortalecer el sistema de gestión del riesgo y el control aduane ro frente a posibles situaciones de 
                                                
41 Réplica de Panamá como parte reclamante, párr. 83.  
42 Réplica de Panamá como parte reclamante, párr. 84.  
43 Réplica de Panamá como parte reclamante, párrs. 86 -87. WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 37 - 
 
  fraude aduanero asociadas a las importaciones" de los productos cubiertos por cada uno de los 
decretos.44  Sin embargo, en la práctica, estos "mecanismos" tienen el efecto de disuadir a los 
importadores que compren produ ctos importados a precios competitivos, en flagrante violación del 
artículo XI:1 del GATT. Panamá le ha dado el apelativo de "régimen especial de importación". Sin 
embargo, en un entorno más cercano al nivel político e industrial, tanto el propio Gobierno como los 
productores colombianos se refieren a él como al "viacrucis aduanero".45 Esto es así porque a criterio 
de los entendidos en procesos aduaneros en Colombia, este régimen representa un gran reto 
logístico, costes en términos de tiempo y dinero, un i mpacto reputacional y en gestión del riesgo, 
acciones de control posterior y posibles investigaciones penales en temas de lavado de activo y 
fraude aduanero.46 En particular, este régimen opera de la siguiente manera.  
42. Antes  de la importación , con más de un mes de anticipación, los importadores deben producir 
un conjunto de certificaciones y documentos, para cuya elaboración se requiere la gestión o 
cooperación de terceros, como el proveedor extranjero, la autoridad que apostille o legalice 
documentos e n el extranjero, el traductor oficial en Colombia, el agente de aduanas en Colombia, e 
inclusive los distribuidores y demás comercializadores que comprarían los bienes luego de la 
importación. El cumplimiento con estos requisitos documentales viene acompañ ado de costes, 
plazos, trámites, legalizaciones, traducciones oficiales, y la buena disposición de los terceros 
implicados. Esta documentación debe remitirse a la DIAN con un mes de anticipación al arribo de la 
mercancía a Colombia.  
43. Ahora bien, adicion almente al control ex ante , hay un control durante  el proceso de 
importación , cuando la autodeclaración refleja un valor igual o menor a los umbrales, este valor será 
considerado "artificialmente bajo" por Colombia. Esto da motivo a la inspección en aduana  con la 
presencia de un Observador nombrado y contratado por el gremio industrial afectado, quien en 
cualquier momento puede generar alertas de "fraude" y presentar "conceptos técnicos" y 
"recomendaciones" al agente de la DIAN. Además, se requiere la prese ncia del mismo importador o 
de un representante legal para - según Colombia – asegurar el "debido proceso". Esta razón 
presentada por Colombia en alguna de sus comunicaciones ahora se entiende por el hecho de que 
Colombia contempla la presencia en esta dil igencia del asalariado de la competencia nacional.  
44. Además, la importación a un nivel de umbral o menor implica necesariamente un reporte 
interno sobre el importador en el sistema de riesgo de la DIAN, lo cual tiene un impacto reputacional 
para el impo rtador sobre futuras importaciones y exportaciones. Para efectos de retirar la mercancía, 
el importador deberá constituir una garantía específica ante un banco o compañía de seguro, y una 
vez que ésta sea otorgada, facilitarla a la DIAN. Como se sabe, la o btención de esta garantía 
específica requiere una aprobación interna del banco o aseguradora relevante, y su mantenimiento 
tiene un coste significativo.  
45. Finalmente, si todos los requisitos exigidos se cumplieran con religiosidad, se procedería al 
levan te de la mercancía. Sin embargo, si hubiera incumplimiento de los requisitos documentales o 
presenciales en el momento de la importación, no será factible ni el reenvío, ni la "corrección" de 
los errores, ni la o "legalización" de la mercancía, ni su resca te. Lo cual lleva a que, transcurrido el 
plazo legal establecido en el Estatuto Aduanero, la mercancía deba caer en disposición de la DIAN.  
46. Como si esto no fuera suficiente, después  de la importación , el importador tendrá que 
mantener la garantía espec ífica por un periodo de 3 años. También al parecer se mantiene su registro 
en el sistema de gestión de riesgo de Colombia. Adicionalmente, el importador será susceptible de 
inspección y verificación en cuanto a la información proporcionada antes de la impo rtación, incluida 
su cadena de distribución y comercialización, con la posibilidad de que sea objeto de investigaciones 
de carácter penal por parte de la Fiscalía o de la Unidad de Inteligencia Financiera.  
47. El "viacrucis aduanero" es en efecto un calvar io burocrático con el claro e inequívoco propósito 
de desalentar a las importaciones para beneficio de una rama de la producción nacional que tiene 
                                                
44 Artículo 1 del Decreto No. 1745, Prueba documental PAN -2; Artículo 1 del D ecreto No. 2218, Prueba 
documental PAN -43. 
45 Dinero, "El S.O.S de los empresarios para rescatar la industria de la confección", 18 de enero de 
2018, Prueba documental PAN -90; Revista Industria y Comercio, "Los Retos del Comercio Exterior propuestos 
para e l 2018", p. 36, Prueba documental PAN -86. 
46 Agencia de Aduanas, Repremundo, "Arancel y medidas de importación confecciones y calzado – Dec. 
1744 y 1745, de 2016", 29 de noviembre de 2017, Prueba documental PAN -91. WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 38 - 
 
  serios problemas de competitividad y productividad, y que clama vivamente en la escena política de 
Colombia por la intervención del Gobierno en la economía.47 Para algunos expertos colombianos, 
este no es el camino a seguir, señalándose que "el futuro del sector no radica en el establecimiento 
o refuerzo de medidas proteccionistas."48 
48. Para el gobierno de Col ombia, el régimen especial de importación ha sido particularmente 
exitoso. En el sector de calzado, la DIAN reporta reducciones sustanciales en las importaciones 
"ilegales" de calzado, consideradas como la competencia "desleal" del empresariado colombiano.  
Estas reducciones han sido en 2017, de 20 millones a 1 millón de pares. El Director de la DIAN 
señala que "los buenos resultados son gracias a las medidas como el decreto 1745, que impide la 
entrada al país de calzado a precios ostensiblemente bajos", aña diendo que:  
Debemos proteger al sector del calzado y marroquinería, que genera 
gran cantidad de empleo en el país. Hace un año era normal que el 
gremio afirmara que estaban entrando al país más de 20 millones de 
pares de calzado a precios ridículamente bajos, a menos de uno o 
dos dólares, y gracias a la medida adoptada ese número pasó a 
menos de 1 millón de pares. […]49 
49. No es de extrañar que el régimen especial de importación haya sido tan exitoso para restringir 
las importaciones. Es un régimen que ha sido concebido, diseñado y estructurado precisamente para 
reducir las condiciones de acceso y las oportunidades de competencia de las importaciones en el 
mercado colombiano. Las señales que se envían a los importadores tienen un efecto intimidatorio 
para aquéllos que decidan importar a precios iguales o por debajo de los umbrales de los Decretos 
No. 1745 y No. 2218. Así, el régimen especial de importación, por su diseño, estructura y 
arquitectura:  
•excluye de inicio a determinados importadores del proce so de importación (i.e. aquéllos que 
no califiquen como sujetos de crédito para un banco o una compañía de seguros en la 
obtención de la garantía específica, exigida por el artículo 7 de los Decretos No. 1745 y No. 
221850);  
•limita la capacidad de acción  de los importadores para cerrar transacciones cuándo  lo 
estimen pertinente -  es imposible adquirir mercancía importada con un plazo de entrega 
corto por la obligación concebida en el artículo 4(1) de entregar documentos, fijar puerto, 
cantidad y precio c on al menos un mes de anticipación al arribo de la mercancía51;  
•limita la capacidad de acción de los importadores para cerrar transacciones con quién  lo 
estimen pertinente - no parece ser posible que el importador se desvíe de la cadena de 
comercializac ión reportada a la DIAN como parte de los requisitos prescritos por el 
artículo  4(1)52; 
•limita la capacidad de acción de los importadores para realizar importaciones con la 
frecuencia y el ritmo que las condiciones de mercado requieren debido al tiempo q ue toman 
y las cargas que generan los trámites necesarios para recabar los documentos exigidos en 
el artículo 4(1)53; 
•impone requisitos documentales de satisfacción onerosa, sea en términos de costes directos 
(por ej. tasas por las traducciones oficiales  o las legalizaciones), costes indirectos vinculados 
a la obtención de esos documentos (por ej., evaluación de vinculación económica para la 
                                                
47 El País, "Textileros salieron este mar tes a protestar por la crisis del sector", 3 de octubre de  2017 
Prueba documental PAN -92; El País, "Anuncian medidas para proteger al sector textil", 18 de octubre de 2017, 
Prueba documental PAN -93; El Nuevo Siglo, Bogotá, "Aranceles: tela para proteger co nfecciones", Bogotá, 3 de 
octubre de 2017, Prueba documental PAN -87. 
48 Fenalco, "Incremento de aranceles podría agravar situación del sector de confecciones y calzado", 
Bogotá, 24 de agosto de 2017, Prueba documental PAN -95. 
49 Vanguardia, "Se redujo en más del 90% el ingreso de calzado subfacturado en Colombia", 31 de 
diciembre de 2017, Prueba documental PAN -50. 
50 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
51 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
52 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
53 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  "certificación de intención de venta"54, o estudio de conocimiento del cliente para la 
"manifestación del agente de  aduanas"55), o costes logísticos (artículo  4.156); 
•imputa una condición de riesgo a los importadores "que declaren mercancías … a un precio 
inferior o igual al umbral [ya que] deberán ser reportados a la Subdirección de Gestión de 
Análisis Operacional d e la [DIAN] para efectos de incorporar la información de estas 
operaciones al sistema de riesgo" (artículo 857); 
•exige la presencia del importador, de su representante legal o de su apoderado (distinto del 
agente de aduanas) en la inspección aduanera o e l aforo de las mercancías, con los costes 
implícitos que eso acarrea (artículo 4.258); 
•junto con el importador, permite la presencia de un observador en la importación, que es 
una persona natural designada y pagada por el gremio industrial local59, la cu al recibe de 
la DIAN información detallada de las importaciones60 para que, "gener[e] alertas a la 
autoridad aduanera"61, "observ[e] de cerca el desarrollo de la diligencia de inspección o de 
aforo de las mercancías"62, emit[a] "conceptos técnicos, los cuales versarán sobre la 
clasificación arancelaria, descripción, identificación, cantidad, peso, valor u otros aspectos 
de los productos objeto de observación"63, y "present[e] las recomendaciones, que crea[] 
pertinentes [] al inspector que practicó dicha diligencia. Estos informes [] serán entregados 
a los inspectores y éste a su vez a la jefatura de comercio exterior, los cuales servirán de 
soporte para la DIAN".64  
•impone una garantía específica para cubrir obligaciones aduaneras, incluyendo, sanciones , 
e intereses, cuya constitución y mantenimiento representa un coste (artículo 765); 
•siembra incertidumbre entre los importadores sobre la introducción de una limitación a los 
puertos de entrada, dado que el artículo 5 del Decreto No. 1745 obliga a la DI AN a 
establecer lugares habilitados de importación, mientras que el artículo 5 del Decreto  No. 
2218 le otorga la discreción ("podrá establecer") para establecer controles aduaneros de 
ingreso, contemplando expresamente la posibilidad de limitar el ingreso de las 
importaciones66; 
•si las mercancías no cumplen con los requisitos del artículo 4, no procede su reembarque 
(artículo 9 del Decreto No. 2118), ni su rescate67 o su legalización68 (artículo  10 del Decreto 
No. 2118), por lo que después del cumplimient o de un plazo en el que esté en "abandono 
                                                
54 Artículo 4(1)(a) de los Decretos No. 1745 y No. 2 218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  
55 Artículo 4(1)(d) de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  
56 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
57 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
58 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
59 DIAN, "Fijan funciones para Observadores de Operaciones de Importación", Prueb a documental PAN -
58 
60 Resolución Número 000017 (marzo 22), por la cual se reglamenta el artículo 6° del Decreto número 
1745 del 2 de noviembre de 2016, Prueba documental PAN -59. 
61 Artículo 6 de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  
62 Artículo 6 de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  
63 Prueba documental PAN -58. 
64 Prueba documental PAN -58. 
65 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
66 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
67 Según el artículo 229 del Decreto No. 390, "Las mercancías de procedencia extranjera, respecto de 
las cuales se hubiere incumplido alguna obliga ción aduanera, podrán ser rescatadas con declaración inicial, de 
corrección o de modificación, con o sin pago de valor de rescate. La declaración aduanera que ampare 
mercancías rescatadas no determina la propiedad o titularidad de las mismas, ni subsana lo s ilícitos que se 
hayan presentado en su adquisición." Prueba documental PAN -4. 
68 Según el artículo 229, numeral 2.3.2, tercer párrafo, "Cuando en otras normas se haga referencia a 
legalización o declaración de legalización, debe entenderse esta expresión  referida al rescate de las mercancías 
con una declaración aduanera, inicial, de corrección o de modificación, en la que se liquide un valor de 
rescate." Prueba documental PAN -4. WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  legal", la mercancía podrá ser dispuesta por la DIAN.69 
50. La propia Colombia ha reconocido que el propósito de estas medidas es el de reducir los 
incentivos para que no se hagan importaciones a precios iguales o por debajo de los umbrales70, es 
decir imponer condiciones limitativas para desestimular las importaciones. En consecuencia, el 
régimen especial de importación impone un sistema de precios mínimos de importación, el cual es 
incompatible con el artículo  XI:1 del GATT.  
V. EL INCUMPLIMIENTO  DE REQUISITOS DEL D ECRETO NO. 2218 RESU LTA EN UNA 
SANCIÓN INCOMPATIBLE  CON EL ARTÍCULO VII I:3 DEL GATT  
51. Panamá considera que el régimen especial de importación, en lo que resulta la operación 
conjunta de los artículos 4 , 9 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto No. 2218, es a todas luces 
incompatible con el artículo VIII:3 del GATT. Esta disposición es categórica y prohíbe la imposición 
de sanciones severas por infracciones leves. Se recordará que, si se incumplen lo s requisitos del 
Decreto No. 2218, en virtud del artículo 10, la mercancía será aprehendida, es decir, decomisada;71 
y en virtud del parágrafo de esa misma disposición tampoco podrá ser legalizada o rescatada .72 
Además, en caso de que el incumplimiento sea  con respecto a los requisitos documentales del 
artículo 4, el artículo 9 establece que el importador no podrá reembarcar su mercancía. En términos 
prácticos, un leve error en el marco del cumplimiento con los requisitos documentales del artículo 
4, por ej emplo, la presentación de una traducción simple, en vez de una traducción oficial, o la 
omisión de alguna información general que de otra forma estará contenida en otro documento, dará 
lugar necesariamente a que no se pueda importar la mercancía sin posibi lidad de legalización, 
rescate, o reembarque, por lo que tras cierto periodo establecido en los Decretos No. 2685 y 390 el 
(Estatuto Aduanero de Colombia), ésta quedará a disposición del Estado colombiano. 
Evidentemente, esta consecuencia derivada del prop io diseño, estructura y arquitectura del régimen 
especial de importación, en el contexto de los procedimientos aduaneros ordinarios de Colombia, 
resulta ser una sanción muy severa por una infracción relativamente leve en violación del artículo 
VIII:3 del G ATT.73 
VI. LA GARANTÍA ESPE CÍFICA Y EL RÉGIMEN ESPECIAL DE IMPORTAC IÓN DAN LUGAR 
A UNA APLICACIÓN QUE  NO ES NI UNIFORME, NI IMPARCIAL NI RAZONAB LE 
CONFORME A LO DISPUE STO EN EL ARTÍCULO X :3(A) DEL GATT  
52. Panamá también considera que el artículo 8 del Dec reto No. 390 no es aplicado conforme al 
artículo X:3(a) del GATT.74 Adicionalmente, Panamá impugna la aplicación del sistema de gestión de 
riesgo y control aduanero, tal y como está previsto en los artículos 493 y 486 del Decreto No. 390, 
mediante el régim en especial de importación bajo el artículo X:3(a) del GATT.   
A. LOS DECRETOS NO. 1745  Y NO. 2218  APLICAN LOS ARTÍCUL OS 8, 493  Y 486  DEL DECRETO 
NO. 390 
53. Panamá recuerda que el término "aplicar" en el sentido del artículo X:3(a)  se refiere a "dar 
efecto pr áctico" a un instrumento jurídico del tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X .75 El Decreto 
No. 390 es el Estatuto Aduanero de Colombia, y, por lo tanto, es un "reglamento de aplicación 
general" cubierto bajo el artículo X:1 del GATT. El artí culo 1 del Decreto No. 390 establece que esta 
norma "regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera y quienes 
intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancía." Así, el Estatuto Aduanero 
establece l as directrices bajo las cuales se regirá la interacción entre la "administración aduanera" y 
los interesados en la importación y exportación de mercancía en Colombia. La manera en que la 
administración aduanera (DIAN) lleve a cabo esta interacción es un as unto de aplicación o manejo 
                                                
69 Artículo 211 del Decreto No. 390, Prueba documental PAN -4. 
70 Réplica de C olombia como parte reclamante, párr. 73.  
71 Véase artículos 550, 561, 562 y 563 del Decreto No. 390, Prueba documental PAN -2. 
72 Artículo 229, así como su numeral 2.3.2, tercer p árrafo , Prueba documental PAN -4. 
73 Artículo 211 del Decreto No. 3 90, Prueba d ocumental PAN -4. Réplica de Panam á como parte 
demandada, p árrs. 269, 338, 383, 421 -433. 
74 Primera comunicación escrita de Panamá como parte demandada, párrs.76 -89. 
75 Informe del Órgano de Apelación, CE - Determinadas cuestiones aduaneras , párr. 224 e inf orme del 
grupo especial en Estados Unidos – EPO, párr. 7.821.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 41 - 
 
  del Estatuto Aduanero.  
54. Los Decretos no. 1745 y No. 2218 aplican el artículo 8 del Decreto No. 390.  En el marco de 
las "disposiciones generales" del Estatuto Aduanero, el artículo 8 del Decreto No.  390 establece el 
mecanismo llamado "garantía" como "una obligación accesoria a la obligación aduanera, mediante 
la cual se asegura el pago de los derechos e impuestos, las sanciones y los intereses que resulten 
del incumplimiento de una obligación aduanera prevista en el presente decreto."  
55. Esta misma norma no dispone la manera en que se "aplicará" la "garantía", sino que deposita 
esa función en la DIAN: "[ l]a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá el tipo de 
garantía que se debe constituir conforme a la obligación aduanera que corresponda" y que "se 
aplicaran las normas especiales vigentes que regulan cada una de ellas." Por ende, cualquier  acto 
que disponga del "tipo de garantía que se debe constituir conforme" a las obligaciones del caso es 
un acto de "aplicación" del Estatuto Aduanero.  
56. El artículo 9 del Decreto No. 390 confirma que la determinación de la garantía aplicable a 
casos con cretos es un acto de aplicación al ordenar que "[t]oda garantía … deberá tener como objeto 
asegurable el de garantizar el pago de los derechos e impuestos, sanciones, e intereses a que haya 
lugar, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagradas 
[en el Estatuto Aduanero de Colombia]"76.  
57. Ahora bien, estas decisiones que en circunstancias normales debieran ser objeto de una 
aplicación discrecional, caso por caso, por la DIAN son ahora tomadas a priori por los Decre tos 
No. 1745 y No. 2218. El artículo 7 de ambos decretos "da efecto práctico" al artículo 8 del Decreto 
No.390. Estas normas especiales precisan "el tipo de garantía que se debe constituir" en el marco 
de las importaciones cubiertas por estos decretos para  "garantizar el pago de los derechos e 
impuestos, sanciones, e intereses a que haya lugar, como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones y responsabilidades consagradas [en el Estatuto Aduanero de Colombia]".77 Por lo 
tanto, estas normas dan lug ar necesariamente a la aplicación de un tipo determinado de garantía 
(de las previstas en el Estatuto Aduanero) para un tipo de circunstancias concretas. En  consecuencia, 
el argumento de Colombia de que los artículos 7 de los Decretos No.  1745 y No. 2218 n o son medidas 
de "aplicación" cubiertas bajo el alcance del artículo X:3(a) es incorrecto.  
58. Los Decretos no. 1745 y No. 2218 aplican el sistema de gestión de riesgo de Colombia . Este 
sistema está definido en los artículos 493 y 486 del Decreto No. 390.  Como se ha comentado, el 
Decreto No. 390 es el Estatuto Aduanero de Colombia, y, por lo tanto, es un "reglamento de 
aplicación general" cubierto bajo el artículo X:1 del GATT. Por su parte, el artículo 1 de los Decretos 
No. 1745 y No. 2218, titulado "Obje to" establece que "[m]ediante este Decreto se establecen 
mecanismos para fortalecer el sistema de gestión del riesgo y el control aduanero frente a posibles 
situaciones de fraude aduanero asociadas a las importaciones" relevantes.78 En consecuencia, el 
mismo texto de los Decretos No. 1745 y No.  2218 esclarece que su objeto es "dar efecto práctico" 
al sistema de gestión de riesgo y el control aduanero cuando se trata de las importaciones cubiertas 
bajo los decretos correspondientes.79 
59. Si los Grupos Espec iales consideraran que los Decretos No. 1745 y No. 2218 no tienen la 
naturaleza de actos de "aplicación" del artículo 8 y de los artículos 493 y 486 del Decreto No. 390, 
la consecuencia sería que los Decretos No. 1745 y No. 2218 impondrían un requisito sus tantivo (i.e. 
la constitución de una garantía específica para las importaciones relevantes, así como otros 
requisitos del régimen especial de importación), y al mismo tiempo, los parámetros específicos para 
su aplicación. El hecho de que el requisito susta ntivo y los parámetros de su aplicación se encuentren 
en el mismo instrumento no debe afectar la aplicabilidad del artículo X:3(a) a los Decretos No. 1745 
y No. 2218. Distintas características de la garantía específica pueden dar lugar a inquietudes de 
distinta índole. De otra manera, los Miembros de la OMC podrían eludir fácilmente sus obligaciones 
                                                
76 Artículo 9 del Decreto No. 390, Prueba documental PAN -4. Véase también el artículo 8 del Decreto 
No. 2685, Prueba documental PAN -3. 
77 Artículos 3 y 10 del Decreto No. 1745; Artículos 3 y 11 del Decreto No. 2218, Prueba documental 
PAN-2 y PAN -43, respectivamente.  
78 Artículo 1 de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  
79 Artículo 3 de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  bajo el artículo X:3(a) al combinar las características sustantivas y los parámetros de aplicación en 
el mismo instrumento. Además, Panamá recuerda que la aplic ación de los artículos XI:1 y el artículo 
X:3(a) no es mutualmente excluyente.80  
B. LA GARANTÍA ESPECÍFI CA Y EL RÉGIMEN ESPE CIAL DE IMPORTACIÓN RESULTAN NECESARIAME NTE EN 
APLICACIÓN QUE NO ES NI UNIFORME , NI IMPARCIAL NI RAZ ONABLE CONFORME A LO  DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO X:3(A)  DEL GATT  
60. Las medidas de cumplimiento resultan necesariamente en aplicaci ón no uniforme  debido a 
que tratan de forma distinta a bienes en situaciones similares.81  
•Tanto la garant ía específica –que administra el art ículo 8 del Es tatuto Aduanero – así como 
el régimen especial de importación –que administra el sistema de gesti ón de riesgo –, aplican 
solamente a las importaciones cubiertas por los Decretos No. 1745 y No. 2218, pero no a la 
importaci ón de otros productos "situados en un a situación similar" frente al problema de la 
subfacturaci ón y el lavado de activos  según Colombia, como es el caso de las bebidas 
espirituosas y los cigarrillos.82 
•Tambi én, notamos que los umbrales de los Decretos No. 1745 y No. 2218 se fijan de forma 
arbitraria, con base en conversaciones que sostienen los funcionarios de gobierno con los 
gremios nacionales.83 La fijaci ón de los umbrales es muy importante, debido a que éstos 
determinan si el régimen especial de importación y la garantía específica aplic an o no a los 
bienes importados. Aunado a ello, Colombia determina los umbrales con base a la partida 
arancelar ía de cuatro dígitos a pesar de saber que dentro de cada partida existe una 
multiplicad de productos relevantes. Así, Colombia trata de la misma manera a productos 
tan disímiles como los trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones 
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y pantalones shorts, todos los 
cuales tienen como único elemento común el ingresar bajo la partida 6203.84  
•Adem ás, con respecto a la garant ía específica del Decreto No. 1745, Colombia determina la 
cobertura de esta garant ía con base en par ámetros  fijos: el valor del umbral relevante 
multiplicado por el 200%. Aplicar par ámetros  fijos, ignorando los valores reales de las 
mercanc ías por debajo de los umbrales resulta por definici ón en una administraci ón poco 
uniforme.85 
•Por otra parte, parecería que Colombia intenta eximirse de cualquier responsabilidad en la 
administración de los trámites para la obtención de la garantía específica delegando la 
tramitación de este proceso administrativo a terceros. Pa namá considera que la omisión de 
Colombia de establecer criterios generales para la observancia de los terceros con respecto 
a los requisitos para solicitud de una garantía específica, así como las consideraciones 
relevantes para su aprobación da lugar nec esariamente a una administración poco uniforme 
del proceso conducente a la obtención de la garantía específica.86    
61. Igualmente, Panamá considera que las medidas de cumplimiento resultan necesariamente en 
aplicación parcial puesto que son sesgadas y se  basan en prejuicios.87  
•En particular, en lo que respecta al régimen de importación especial, Panamá considera que 
las potestades otorgadas al "Observador en la importación" resultan en una aplicación poco 
equitativa y sesgada del sistema de gestión de riesgo de Colombia. El Observador en la 
importación es nada más y nada menos que el representante de los gremios de producción 
nacionales, es decir, los competidores directos de los bienes importados. Los gremios 
                                                
80 Informe del grupo especial, Argentina – Pieles y cueros , párr. 11.58. Véase también párrs. 11.35, 
11.101, 12.1 y 12.2.  
81 Informe del grupo especial, Estados Unidos – Acero  inoxidable , párr. 6.51.  
82 Réplica de Pana má como par te reclamante, párr. 279; Réplica de Panamá como p arte demandada, 
párr. 312.  
83 Prueba documental PAN -65. 
84 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árr. 351.  
85 Réplica de Pana má como parte reclamante, párrs. 275 -278; Réplica de Panamá como p arte 
demanda da, párrs. 314 -315. 
86 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 330 -331, 390 -391. 
87 Informes del grupo especial, China – Materias primas , párr. 7.694 (notas de pie de página omitidas).  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  nacionales seleccionan, aprueban y contrata n a un experto técnico al cual el Estado 
colombiano le otorga la potestad de generar alertas para que ciertos bienes sean 
inspeccionados, de estar presente durante la inspección aduanera, de generar conceptos 
técnicos, y de presentar recomendaciones al age nte de la DIAN a cargo de la inspección de 
los bienes. Posteriormente, la DIAN informa a la Comisión Mixta, que incluye a los gremios 
nacionales, sobre las actuaciones de los Observadores en la importación. Si el Observador 
en la importación fuese un emple ado público, existiría un claro conflicto de intereses. Es 
evidente que un asalariado del gremio emitirá conceptos y recomendaciones a favor del 
gremio y en detrimento de los bienes importados. Estos conceptos y recomendaciones 
forman parte de la "estructu ra de la formulación de decisiones" de la DIAN y coadyuvan las 
decisiones finales con respecto al levante de la mercancía.88  
•Por otra parte, parecería que el Observador en la importación no estaría sujeto a 
responsabilidad alguna si hiciera uso de infor mación confidencial de los importadores, 
incluyendo información relacionado con la cadena de distribución y comercialización de los 
importadores, recibida en el marco del proceso de importación. Así, Colombia parece permitir 
que el Observador en la importa ción le comparta a su jefe, el gremio de producción nacional, 
quién importa bienes importados, y quién los vende. La omisión de tutelar la información 
confidencial de los importadores resulta en la aplicación parcial del sistema de gestión de 
riesgo de Col ombia.89 
•En lo que respecta a la aplicación resultante de la garantía específica, Panamá considera que 
asumir que el valor de los tributos aduaneros y posibles sanciones será siempre equivalente 
al 200% del umbral multiplicado por la cantidad de mercancí a del embarque que corresponda 
es prejuicioso y poco equitativo.90 
62. De forma similar, Panam á considera que las medidas de cumplimiento no son aplicadas de 
manera razonable debido a que no son apropiadas a las circunstancias ni basadas en la 
racionalidad .91 
•En lo que respecta a la aplicaci ón del sistema de gesti ón de riesgo, Panam á nota que tanto 
el Decreto No. 1745 como el Decreto No. 2218 resultan en una aplicaci ón que no se basa en 
la racionalidad . Bajo el Decreto No. 1745, las mercancías que no cump lieran con los 
requisitos documentales del artículo 4 eran aprehendidas, y los importadores tenían que 
incurrir en el pago de sancione s si quer ían rescatar y legalizar su mercanc ía. Esto es rígido 
y poco razonable. Ahora bien, bajo el Decreto No. 2218, el importador no tiene la opción de 
legalizar la mercancía, o ni siquiera de reembarcarla al país del proveedor. Tras un periodo 
determinado según el Estatuto Aduanero, la mercancía cae en abandono legal, y pasa a 
manos de la DIAN. Este proceder escapa la razón, y constituye claramente administración 
no razonable.92 
•Por otra parte, el requisito de presentar ciertos documentos resulta en una aplicaci ón poco 
razonable del sistema de gesti ón de riesgo de Colombia. ¿Cómo puede ser apropiado a las 
circunstancias solicitar para cada embarque la traducci ón oficial apostillada o legalizada de 
la certificaci ón de la existencia en el exterior del proveedor  y que no puedan aceptarse copias 
de este certificado? Si bien el primer certificado podría cumplir con el propósito de confirmar 
la existencia de la empresa del proveedor, los certificados adicionales no cumplen ningún 
propósito, y por lo tanto, son poco apropiados a las circunstancias. Por otra parte, Panamá 
considera que la exigencia de presentar la "certificación de intención de venta"93 no es 
razonable. Según Colombia, esta exigencia cumple el propósito de "garantizar que el 
proveedor declarado por el importador sea realmente la entidad que le suministró los 
productos importados".94 Sin embargo, las facturas de venta ya cumplen con este propósito. 
                                                
88 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 355 -368. 
89 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 369 -370. 
90 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 318, 371.  
91 Informes del grupo especial, China – Materias primas , párr. 7.696.  
92 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 375 -387. 
93 Artículo 4(1)(a) de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  
94 Comunicación escrita de Colombia como parte demandada, párr. 120.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  Por lo tanto, requerir la "certificación de intención de venta"95 es poco apropiado a las 
circunstancias.96  
•En lo que respecta a la aplicaci ón resultante de la garant ía espec ífica, Panamá considera que 
exigir una garantía específica cuando se cuenta con una garantía global es poco razonable. 
En caso de que una garantía global no fuese suficiente para cubrir lo establecido en el 
Decreto No. 1745 o el Decreto No. 2218, la cobertura de la garantía específica debería ser 
equivalente al monto que no estaría cubie rto por la garantía global. Sin  embargo, Colombia 
exige la constitución de la garantía específica en to dos los casos sin tener en cuenta lo que 
ya cubre la garantía global.97 Además, la garantía del Decreto No. 2218 sigue exigiendo una 
cobertura que va más allá de lo necesario para asegurar las obligaciones principales, en 
algunos casos, cubriendo tres vece s el valor garantizado.98 
•Finalmente, al distanciarse de la legislación ordinaria colombiana, prohibiendo que el 
importador escoja qué garantía prestar para asegurar el pago de los derechos a que puedan 
estar sujetas en definitiva la mercancía, Colombia aplica este requisito de manera poco 
razonable. Parecería que encomendar la aprobación y otorgamiento de garantías a terceros 
tiene el efecto de crear un nivel adicional de burocracia administrativa que desincentiva la 
importación de las mercancías relevan tes.99  
63. En vista de lo anterior, Panamá alega que la garantía específica y el régimen especial de 
importación resultan necesariamente en aplicación que no es ni uniforme, ni imparcial ni razonable 
conforme a lo dispuesto en el artículo X:3(a) del GATT.  
VII. COLOMBIA NO HA DEMOSTRADO QUE L A GARANTÍA ESPECÍFIC A Y EL RÉGIMEN 
ESPECIAL ESTÁN JUSTI FICADAS BAJO EL ARTÍ CULO XX(A) Y (D) DEL  GATT  
64. A diferencia de lo que Colombia alega, Panamá considera que ni el régimen especial de 
importación ni la garantía específica están justificados por el artículo XX(a) y el artículo XX(d) del 
GATT. Sería ligero afirmar que las medidas en cuestión han sido con cebidas únicamente para 
proteger la moral pública y para asegurar el cumplimiento interno con el Código Penal de Colombia. 
Más allá de este punto, Panamá considera que Colombia no ha demostrado que estas medidas sean 
necesarias para alcanzar sus objetivos declarados de desincentivar las importaciones utilizadas para 
el lavado de activos. De hecho, Colombia ni siquiera ha identificado el nivel de protección que busca 
con las medidas, y  es importante identificar cuál es el nivel de protección de una medida pa ra 
siquiera considerar su necesidad.100  
65. La garantía específica no es necesaria para la protección de la  moral pública bajo el 
artículo  XX(a) . Colombia afirma que la garantía específica asegura el pago de los aranceles y de 
cualquier multa o penalización en la importación de los bienes puesto que desalienta la 
subfacturación al permitir el cobro de derechos de aduana y la recaudación de multas cuando los 
bienes se encuentran declarados por debajo de su valor real.101 Esta mera afirmación sin s ustento 
probatorio no puede calificar como prueba plena para efectos de demostrar "el grado de 
contribución" de la medida al objetivo del artículo XX(a). Aún si la afirmación tuviera algún valor 
probatorio, es evidente que a través de ella, Colombia tampoc o alcanza el nivel de demostración 
exigido por este mismo Grupo Especial (y avalado por el Órgano de Apelación) en el procedimiento 
inicial, de que Colombia debía precisar "la cantidad o proporción de mercancías importadas por 
debajo de los umbrales que re almente se utiliza con el propósito de lavar activos, así como el alcance 
en que [la medida] actúa como un desincentivo para el lavado de activos" a efectos de demostrar 
"con suficiente claridad el grado de contribución realizado por [la medida] al objetiv o combatir el 
lavado de activos."102  
                                                
95 Artículo 4(1)(a) de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PA N-43, 
respectivamente.  
96 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 373 -374. 
97 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 320 -324. 
98 Réplica de Panam á como parte demandada, párrs. 325 -328. 
99 Réplica de Panamá como p arte demandada, p árrs. 332 -333. 
100 Comunicación de Japón como tercero, párr. 6.  
101 Réplica de Colombia como parte reclamante, párr. 127.  
102 Informe del Órgano de Apelación, Colombia – Textiles , párr. 5.110.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 45 - 
 
  66. Por otra parte, una medida sólo puede contribuir  a lograr un objetivo si el objetivo aún no ha 
sido logrado, y la medida da un valor agregado a la consecución de dicho objetivo. Si no es así, la 
medida se convierte  en un mero requisito ornamental sin utilidad real, en otras palabras, un requisito 
vacío cuya necesidad real es nula. Colombia tampoco ha demostrado por qué es que no se podría 
dar un problema de lavado de activos con importaciones a precios por encima de  los umbrales. Es 
igualmente plausible el hecho de que pueda surgir un problema de lavado de activos a través de la 
sobrevaloración de importaciones. Es más, las medidas en cuestión tienen el efecto paradójico de 
desincentivar  importaciones bajo los umbral es, pero a la vez incentivar  importaciones por encima  
de los mismos. Téngase presente que en Colombia el lavado de activos también se lleva a cabo a 
través de la sobrevaloración de las importaciones.103 No existen controles análogos en pie para 
cerciorarse  de que las importaciones por encima de los umbrales no estén destinadas a estos fines. 
Por lo tanto, por sus efectos sobre las importaciones, y sin perjuicio de la demostración que le 
compete hacer a Colombia, la contribución que las medidas pudieran apor tar a la lucha contra el 
lavado de activos es ambivalente, sino acaso nula. Por lo tanto, Colombia ha fracasado en demostrar 
cuál es el grado de contribución que ejerce la garantía específica para alcanzar el objetivo de 
desincentivar las importaciones uti lizadas para el lavado de activos.  
67. Con respecto a la a la demostración del grado de restrictividad de la garantía específica sobre 
el comercio internacional, Colombia pretende demostrar que las medidas cuestionadas, incluyendo 
a la garantía específica,  no son de ninguna manera restrictivas del comercio.104 Colombia afirma que 
como las medidas no limitan la cantidad de importaciones, por lo tanto, tampoco limitan el 
comercio.105 Sin embargo, como bien se sabe, una medida que no limita las cantidades impo rtadas 
puede no obstante limitar el comercio de manera incompatible con el artículo XI:1 del GATT.106 
Colombia dice además que las medidas se calibran cuidadosamente para afectar las importaciones 
susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.107 No hay prueba alguna de esta calibración 
cuidadosa. Las medidas atacan a todas las importaciones a precios iguales o inferiores a los 
umbrales, con independencia de que puedan ser utilizadas o no para el lavado de activos. Colombia 
también argumenta que la garantía específica es un pasivo contingente o eventual ("contingent 
liability").108 Esta mera afirmación no demuestra nada. La ejecución de la garantía es eventual y en 
ese sentido es "contingente". Sin embargo, su coste mensual (así como todos los otr os costes 
asociados de constitución y papeleo), son "pasivos reales" y tangibles. Por lo tanto, la afirmación es 
fácticamente controvertida.  
68. Por su parte, el régimen especial de importación tampoco es necesario para la protección de 
la moral pública b ajo el artículo XX(a) . Colombia afirma que es necesario puesto que proporciona 
información que permite a las autoridades aduaneras emprender un análisis de riesgo más 
informado.109 Sin embargo, Colombia vuelve a basarse en explicaciones generales y vagas, sin 
referencia a pruebas para tratar de sustentar el "grado de contribución" de la medida al objetivo del 
artículo  XX(a). Ninguna de estas afirmaciones alcanza a satisfacer el estándar aplicable para 
Colombia."110 Además, Colombia aborda su obligación de d emostrar el grado de contribución como 
si esta medida consistiera únicamente en algunos de los requisitos documentales del artículo 4.1 de 
los Decretos No.  1745 y No. 2218. Colombia no presenta ninguna demostración sobre el grado de 
contribución de otros e lementos del régimen especial de importación como:  
•la exigencia de manifestación suscrita por el representante legal de la Agencia de Aduanas 
certificando que efectuó estudio de conocimiento del cliente;111 
•la exclusión de determinados importadores de l proceso de importación (i.e. aquéllos que no 
califiquen como sujetos de crédito para la obtención de la garantía específica112;  
•la limitación de la capacidad de acción de los importadores para cerrar transacciones cuándo  
                                                
103 Véase Prueba documental COL -10 en los procedimientos ante el Grupo Especial inicial, pág. 29.  
104 Réplica de Colombia como parte reclamante, párr. 127.  
105 Réplica de Colombia como parte reclamante, párr. 127.  
106 Informe del Órgano de Apelación, Argentin a – Medidas relativas a las importaciones , párrs.  5.286, 
5.288 y 6.3(c).  
107 Réplica de Colombia como parte reclamante, párr. 126.  
108 Primera comunicación escrita de Colombia como parte demandada, párr. 126.  
109 Réplica de Colombia como parte reclamante párrs. 121 -125. 
110 Informe del Órgano de Apelación, Colombia – Textiles , párr. 5.110.  
111 Artículo 4(1)(d) del Decreto No. 1745, Prueba documental PAN -2. 
112 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  lo estimen pertinente por la e xigencia de fijar puerto, cantidad y precio con al menos un mes 
de anticipación al arribo de la mercancía113;  
•la limitación de la capacidad de acción de los importadores para cerrar transacciones con 
quién  lo estimen pertinente por la cadena de comercialización que se debe reportar a la 
DIAN114; 
•la limitación de la capacidad de acción de los importadores para realizar importaciones con 
la frecuencia y el ritmo del mercado debido a la onerosidad y coste de  los trámites necesarios 
para cumplir con los requisitos documentales115; 
•la exigencia de la presencia del importador, de su representante legal o de su apoderado en 
la inspección aduanera o el aforo de las mercancías, con los costes implícitos que eso 
acarrea116; 
•la autorización de la presencia de un observador, designado y pagado por la industria local 
genere alertas a la autoridad aduanera y observe de cerca el desarrollo de la diligencia de 
inspección o de aforo de las mercancías;117  
•la incertidu mbre creada entre los importadores sobre la introducción de una limitación a los 
puertos de entrada de controles aduaneros de ingreso que limiten el ingreso de las 
importaciones118; 
•la expropiación de la mercancía si no cumple con los requisitos del artí culo 4.119 
69. Por lo tanto, Colombia ha fracasado en demostrar cuál es el grado de contribución que ejerce 
el régimen especial de importación para alcanzar el objetivo de desincentivar las importaciones 
utilizadas para el lavado de activos.  
70. Con respec to a la demostración del grado de restrictividad del régimen especial de importación 
sobre el comercio internacional, los argumentos de Colombia son los mismos con los que pretende 
demostrar el grado de restrictividad nulo de la garantía específica. Colomb ia menciona además que 
si bien se desincentiva la importación por debajo  de los umbrales, el importador puede seguir 
importando por encima  de los umbrales, y que por ello, esta medida no puede ser descrita como 
una medida altamente restrictiva.120 Lo que C olombia obvia es que el régimen especial de 
importación impugnado por Panamá concierne el tratamiento a las importaciones por debajo  de los 
umbrales no por encima . Por consiguiente, la referencia al tratamiento a las importaciones por 
encima  del umbral par a justificar el tratamiento por debajo  es inadecuada. Ahora bien, al afirmar 
que importar por debajo  de los umbrales no es factible, Colombia concede que la restrictividad es 
tan alta que obliga a los importadores a modificar sus planes de negocios e inver sión con miras a 
evitar la importación de mercancías por debajo  de los umbrales ya que esta "opción" lo sacaría del 
negocio. Como consecuencia de ello, los importadores se verán obligados a "reajustar" los términos 
de sus relaciones comerciales con los pro veedores habituales incurriendo en mayores costes de 
transacción. Por lo tanto, en los hechos, Colombia impone una prohibición de facto  a las 
importaciones por debajo  de los umbrales. Una prohibición a la importación es "por su propio diseño 
todo lo restri ctiva del comercio que puede ser".121   
71. En consecuencia, y siguiendo la línea de razonamiento del Órgano de Apelación en esta misma 
diferencia, Panamá considera que "[e]n vista de que no hay suficiente claridad sobre el grado de 
contribución de la medi da al objetivo de combatir el lavado de activos, y el grado de restricción del 
                                                
113 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
114 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
115 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
116 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
117 Artículo 6 de los Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, 
respectivamente.  
118 Decretos No. 1745 y No. 2218, Pruebas documentales PAN -2 y PAN -43, respectivamente.  
119 Artículo 211 del Decreto No. 390, Prueba documental PAN -4. 
120 Réplica de Colombia como parte demandada, párr. 144 refiriéndose a Réplica de Panamá como parte 
reclamante, párr. 239.  
121 Informe del grupo especial, Brasil - Neumátic os recauchutados , párr. 7.211 constatado por el 
Informe del Órgano de Apelación, Brasil - Neumáticos recauchutados , párr. 150.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  comercio de la medida"122, los Grupos Especiales deberían dar por terminado su evaluación de la 
defensa de Colombia bajo el artículo XX(a) a estas alturas.  
72. En todo caso, Pan amá observa que, en el análisis de la necesidad, tanto el grado de 
contribución como el grado de restrictividad de las medidas desempeñan una función clave en 
"sopesar y confrontar" los distintos intereses en juego. Por su parte, el objetivo de política se rá 
siempre importante.123 De ello se desprende que el aporte dado por la importancia del objetivo de 
política en el ejercicio de "sopesar y confrontar" es relativamente invariable, y que lo determinante 
es la interrelación entre el grado de contribución y el grado de restrictividad de las medidas. En este 
caso, Panamá considera que, si bien el objetivo de política alegado podría ser importante, la 
contribución de las medidas en litigio es ambivalente o en el mejor de los casos mínima, y aunado 
a ello, la re strictividad que revisten las medidas en litigio es muy alta y en algunos casos absoluta. 
Por lo tanto, Panamá considera que las medidas en litigio no son provisionalmente "necesarias" para 
lograr su objetivo declarado.  
73. Panamá sugiere medidas alternat ivas que son menos restrictivas al comercio y que Colombia 
no ha probado que no estén disponibles para lidiar con las preocupaciones que afronta:  
Elementos del régimen especial de 
importación para los cuales Colombia 
presentó defensas bajo el artículo XX(a ) Medidas alternativas menos restrictivas 
del comercio que cumplen con los 
objetivos alegados por Colombia y son 
razonablemente disponibles para 
Colombia  
Garantía específica  Garantía de controversia de valor  
Certificación de venta del proveedor 
(oficialmente traducida y apostillada o 
legalizada, según aplique)  Facturas de venta  
Lista de distribuidores  Lista de distribuidores post importación enviada 
mensualmente a la DIAN  
Certificación de valor, almacenam iento y 
distribución  Certificación post importación enviada 
mensualmente a la DIAN con respecto a cadena 
de distribución y comercialización  
Comunicación de bodegas de almacenamiento 
a que haya lugar tras otorgamiento del levante  
Certificación de existencia del proveedor 
(oficialmente traducida y apostillada o 
legalizada, según aplique)  Presentación anual de una certificación de 
existencia del proveedor en original seguido por 
la presentación de copias de esta certificación 
para embarques subsiguie ntes durante el año 
en cuestión  
 
74. Colombia argumenta que la garantía de controversia de valor no puede ser una medida 
alternativa para la garantía específica del Decreto No. 1745 puesto que no contribuiría con la misma 
eficacia al objetivo de combatir la subfacturación y el lavado de activos por dos vicios: los recursos 
de la DIAN y la posibilidad de error humano. Según Colombia, si la garantía de controversia de valor 
se utilizara, puede que algunas transacciones irregulares no sean detectadas y que la s mercancías 
subfacturadas sean utilizadas para lavar activos.124  Sin embargo, es la misma Colombia la que 
                                                
122 Informe del Órgano de Apelación, Colombia – Textiles , párr. 5.115.  
123 Véase, e.g. Informe del Órgano de Apelación, CE – Amianto, párr. 175; informes de los grupos 
especiales, Canadá — Exportaciones de trigo e importaciones de grano , párr. 6.224; República Dominicana – 
Cigarrillos , párr. 7.215; Brasil – Neumáticos recauchutados, párr. 7.111.  
124 Réplica de Panamá como p arte demandada, párr. 125.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  presenta a la garantía del Decreto No. 2218, del 27 de diciembre de 2017, como una garantía que, 
a su criterio, se caracteriza por ser "ad hoc or ca se by case", es decir, que requeriría para su 
administración de los recursos humanos y del juicio de valor (y probabilidad de error) que le critica 
a la alternativa planteada por Panamá. Panamá mantiene sus reservas sobre la caracterización que 
Colombia le  atribuye a la garantía del Decreto No. 2218. Sin embargo, hace notar que son las propias 
acciones y argumentaciones de Colombia las que demuestran que la garantía específica del Decreto 
No. 1745 no es "necesaria" para cumplir los objetivos propuestos. Si esta medida fuera necesaria 
Colombia no habría pretendido aparentar una modificación de la garantía específica en el Decreto 
No. 2218.  
75. En consecuencia, a Panamá le parece que Colombia no ha demostrado que la garantía 
específica o el régimen especial d e importación sean necesarios para proteger la moral pública, y, 
por consiguiente, no están provisionalmente justificados bajo el artículo XX(a) del GATT.  
76. La garantía específica y el régimen especial de importación no son necesarios bajo el artículo 
XX(d) del GATT . Panamá nota que Colombia se basa íntegramente en los mismos argumentos que 
presentó bajo el artículo XX(a) para argumentar la necesidad de la garantía específica y del régimen 
especial de importación bajo el artículo XX(d) del GATT.125 Debido  a que Colombia no desarrolla 
ningún argumento adicional a aquéllos ya rebatidos por Panamá en el ámbito del artículo XX(a), 
Panamá considera que Colombia ha fracasado en demostrar que la garantía específica y el régimen 
especial de importación sean medi das necesarias bajo el artículo  XX(d) del GATT por las mismas 
razones, mutatis mutandis .  
77. Colombia no ha demostrado que la garantía específica y el régimen especial de importación 
cumplan con los requisitos del chapeau  del artículo XX. En su réplica como  parte reclamante, 
Colombia no presenta ningún  argumento que ilustre cómo es que la garantía específica y el régimen 
especial de importación sean aplicados de manera que no constituyan medios de discriminación 
arbitraria o injustificable entre países en qu e prevalezcan condiciones similares o restricciones 
encubiertas del comercio. Panamá ya ha comentado sobre este asunto en una comunicación 
previa.126 El Órgano de Apelación ha observado que la simple afirmación de que la medida en 
cuestión cumple con los r equisitos del chapeau  porque aplica a todos los productos no es suficiente 
para establecer una defensa prima facie  bajo el artículo XX del GATT.127 
78. Sin perjuicio de esto, Panam á consi dera que Colombia discrimina de manera arbitraria e 
injustificable  a las mercanc ías con precios cubiertos bajo ciertos umbrales. Colombia asume a priori  
que estas mercanc ías tienen "precios artificialmente bajos", y que, al tener precios bajos, son usadas 
para la subfacturaci ón y el lavado de activos .128 Sin embargo, Col ombia no presenta ninguna 
evidencia para sustentar esta presunci ón de ilicitud. Hasta el d ía de hoy, Colombia no ha presentado 
una sentencia penal, una ley, o un acto normativo que establezca que las importaciones por debajo 
de los  umbrales son ilegales. E s más, sin prueba alguna de que se haya cometido una infracci ón o 
un delito, Colombia reporta a los importadores de las mercancías relevantes como "sujetos de riesgo" 
al sistema de gesti ón de riesgo por el mero hecho de que importan mercanc ías con precios que no 
le gustan a Colombia y a la competencia – los productores nacionales.  
79. Además, al determinar la aplicaci ón de las medidas de los Decretos No. 1745 y 2218 con base 
en umbrales e ignorar las contingencias de cada transacci ón, Colombia otorga el mi smo trato a todas 
las transacciones cubiertas bajo el umbral. Así Colombia impone el requisito de constituir una 
garant ía espec ífica para asegurar el pago de sanciones a todas las transacciones cubiertas por los 
Decretos No. 1745 y 2218 independientemente de que se hayan detectado o no infracciones en la 
transacci ón relevante.129 La discriminaci ón tambi én existe cuando se trata de manera id éntica a 
situaciones distintas.130 Es arbitrariamente discriminatorio e injustificable que Colombia requiera la 
constit ución de una garant ía espec ífica para garantizar el pago de sanciones en situaciones en las 
                                                
125 Réplica de Colombia como parte reclamante, párrs. 133 -134. 
126 Réplica de Panamá como parte reclamante, párrs. 255 -261 
127 Informe del Órgano de Apelación, Tailandia – Cigarrillos (Filipinas) , párrs. 179 y 180.  
128 Réplica de  Panamá como parte demandada, párr.  
129 Comunicaci ón de tercero de la Uni ón Europea, p árrs. 51 -52. N ótese  adem ás que la garant ía referida 
en el artículo 7(3)(4) del Acuerdo sobre Fa cilitaci ón del Comercio  sólo aplica en caso en los que se  haya 
detectado un a infracción que requiera la imposición de sanciones, no para transacciones en abstracto . Véase 
Réplica de Panamá como parte reclamante, párrs. 86 -87. 
130 Comunicación de tercero de la Unión Europea, párrs. 51 -52 refiriéndose al Informe del Órgano de 
Apela ción, Canada - Exportaciones de trigo e importaciones de grano , párr. 87.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 49 - 
 
  cuales no se hayan detectado infracciones que den lugar a sanciones.  
80. De forma similar, Colombia tampoco explica en el marco del análisis de la discriminación 
arbitraria o injustificable por qué sólo aplica las medidas del Decreto No. 1745 a las confecciones, el 
calzado, los textiles, las fibras y los hilados, y no a otros productos situados en una situación 
similar131 como las bebidas alcohólicas y los cigarrill os.132 Más importante aún, según el "Informe de 
Estimación de la Distorsión en el Valor de las Distorsiones Colombianas 2016" (al que Colombia se 
refiere en la prueba documental COL -38), las importaciones subfacturadas de confecciones y calzado 
sólo repres entan un 6.1% de las mercancías subfacturadas. Además, las importaciones de textiles, 
fibras e hilados ni siquiera forman parte de los 10 tipos de mercancía más usados para la 
subfacturación. Por el contrario, según la misma DIAN, las mercancías importadas  más 
subfacturadas son los vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (capítulo 87 del 
Arancel de Aduanas de Colombia); los combustibles y aceites minerales y sus productos (capítulo 
27 del Arancel de Aduanas de Colombia); así como las c alderas, turbinas, motores de aviones y 
barcos, máquinas y partes (capítulo 84 del Arancel de Aduanas de Colombia), entre otros.133  
81. Además, Panam á no entiende c ómo es que Colombia exceptúa de la aplicación del Decreto 
No. 2218 a las mercancías "de pro piedad de sociedades extranjeras o personas sin residencia en el 
país, que hayan sido introducidas desde el exterior a Centros de Distribución Logística Internacional, 
para ser distribuidas en su totalidad al resto del mundo"134 y de "propiedad de personas  naturales o 
jurídicas con residencia en Colombia, reconocidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales como Operadores Económicos Autorizados o Usuarios de Confianza."135 Si se asume que 
las mercanc ías cubiertas por los Decretos No. 1745 y 2218 son subvaloradas, parecer ía que 
Colombia no tendr ía un problema cuando la subvaloraci ón condujera a precios que no compiten con 
los precios de la rama de producción nacional, o a una situación de lavado de activos fuera de 
Colombia, pero generara actividad  económica en Colombia, por ejemplo, en los Centros de 
Distribución Logística Internacional localizados en Colombia. Panamá no ve cómo la protección de la 
moral pública pueda admitir tal excepción. A Panamá le parece que esta excepción refuerza la teoría 
de que las medidas en litigio contienen requisitos discriminatorios, arbitrarios e injustificables más 
bien para responder a los llamados de una rama de producción doméstica en crisis.  
82. Por otra parte, Panamá nota que más allá de incluir una referencia al artículo X:3(a) en el 
título de su defensa bajo el artículo XX del GATT, Colombia no proporciona ningún argumento 
específico para justificar la incompatibilidad de la aplicación del artículo 8 del Decreto No. 390 bajo 
los apartados del artículo XX o el chapeau. Colombia no se refiere en lo absoluto a la "aplicación" o 
"administración" del Estatuto Aduanero mediante la garantía específica en su defensa bajo los 
apartados (a) y (d) del artículo XX del GATT. Colombia no explica cómo es que el uso del "200%"  
para la cobertura de la garantía específica contribuye a la protección de la moral pública bajo el 
artículo XX(a) o a la observancia de otras leyes y reglamentos que no sean inconsistentes con el 
GATT. Colombia tampoco explica cómo es que solicitar la con stitución de una garantía global cuando 
ya se cuenta con una garantía específica contribuye a la protección de la moral pública o a la 
observancia de otras leyes y reglamentos que no sean inconsistentes con el GATT. Además, Colombia 
no hace ninguna referen cia a la "aplicación" o "administración" del Estatuto Aduanero mediante la 
garantía específica bajo su defensa del chapeau. Desde luego, mencionar el artículo  X:3(a) en el 
titulo no es suficiente para justificar una medida bajo el artículo XX del GATT. En consecuencia, 
Colombia no ha presentada una defensa válida para justificar la aplicación no uniforme, imparcial o 
razonable del artículo 8 del Decreto No. 390.  
VIII.  EL RÉGIMEN ESP ECIAL DE IMPORTACIÓN  Y LA GARANTÍA ESPEC ÍFICA SON 
INCOMPATIBLES CON LO S ARTÍ CULOS 1, 2, 3, 5, 6,  7 Y 13 DEL AVA  
83. Tanto en su solicitud de establecimiento de grupo especial como en su primera comunicación 
como parte demandada, Panamá dejó entrever su preocupación de que por la onerosidad del 
régimen especial de importación, éste  fuera efectivamente un medio para eludir la aplicación caso 
                                                
131 Comunicaci ón de tercero de Jap ón, párr. 7.  
132 Réplica de Panamá como parte reclamante, párr. 279; Réplica de Panamá como parte demandada, 
párr. 312.  
133 DIAN, Informe de Estimación de la Distorsión en el Valor de las Distorsiones Colombianas 2016, 
Prueba Documental PAN -106, pág. 28.  
134 Artículo 4, parágrafo 3, del Decreto No. 2218 (Prueba documental PAN -43); artículo 2 del Decreto 
No. 436 (Prueba documen tal PAN -84). 
135 Artículo  2 del Decreto No. 436 (Prueba documental PAN -84). WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 50 - 
 
  por caso del valor de transacción y de los demás métodos de valoración permitidos, contrario a lo 
dispuesto por los  artículos 1, 2, 3, 5, 6, o resultando en la aplicación de los métodos prohibid os por 
los artículos 7(b), (f) y (g) del AVA. Por otra parte, en su solicitud de establecimiento de grupo 
especial Panamá también manifestó su postura de que la garantía específica era incompatible con el 
artículo 13 del AVA. Sin embargo, dado que la misma  Colombia, a través del tercer párrafo del 
artículo 7 del Decreto No. 1745, hacia la distinción entre la garantía específica impuesta por esta 
norma y la garantía exigida en su legislación "por controversia del valor", dejando implícitamente 
claro que la g arantía específica del Decreto no era una garantía por controversia del valor en aduana 
de la mercancía, Panamá dejó latente su reclamo sobre este punto sino el momento en que se 
expidió el Decreto No. 2218. Los términos del artículo 7 del Decreto No. 2218  no dejan 
ambigüedades de que la garantía específica es una garantía en razón de las dudas sobre el valor de 
la mercancía, razón por la que Panamá considera que esta garantía específica es incompatible con 
el artículo 13 del AVA.  
A. EL RÉGIMEN ESPECIAL D E IMPORTACIÓN ES INCO MPATIBLE CON LOS ART ÍCULOS 1, 2, 3, 5, 6, Y 7 DEL 
ACUERDO SOBRE VALORACIÓN EN ADUANA  
84. A criterio de Panamá, los umbrales establecidos por Colombia en los Decretos No. 1745 y 
2218 son valores a todas luces "arbitrarios o ficticios" cu ya metodología de establecimiento nunca 
ha sido materia de explicación por parte de Colombia, pero cuyo carácter técnico estaría en 
entredicho ya que no responden a una metodología objetiva, y constituyen el mínimo superior al 
cual recién se toman en cuent a las metodologías previstas en el AVA. Con estos umbrales, así como 
su postura de que los valores cubiertos por éstos reflejan "precios artificialmente bajos", Colombia 
parte de un presupuesto de duda, de que los valores de las importaciones en cuestión no son el 
precio "realmente pagado o por pagar" de las mercancías. El prejuicio de Colombia sobre la veracidad 
del valor de transacción no se desahoga ni con los controles previos a la importación, y los 
documentos remitidos para esos efectos, ni con la ins pección de la DIAN al momento y después de 
la importación. Colombia permite el levante de la mercancía solo si se asegura el pago de los 
derechos de aduana por un valor que no se deriva de la aplicación de ninguno de los métodos de 
valoración previstos en el AVA en Aduanas. Se da pues una valoración en aduanas para el 
establecimiento de una garantía por derechos de aduana que deberían pagarse, sin que esta 
valoración se ajuste al análisis caso por caso que exige dicho acuerdo, basado en las condiciones 
específicas de cada venta.136 
85. Los umbrales se establecen sobre una base fija, sin ajuste o posibilidad de ajuste en 
consideración de las características concretas de los productos en cuestión (por ej., productos de 
calidad de alta o baja gama), o de las ci rcunstancias concretas de las transacciones que estén en 
juego (por ej, venta de saldos, operaciones de promoción o penetración al mercado, incluso 
operaciones entre empresas vinculadas). Por lo tanto, se trata de un monto fijo e inflexible a las 
particula ridades de las diversas importaciones en cuestión, sin margen de discreción para que el 
oficial de aduanas valore las mercancías en el establecimiento de la cobertura sobre la base de los 
criterios de valoración previstos en el AVA.  
86. La consecuencia de  que un importador declare un valor igual o menor que estos umbrales es 
su sometimiento ineludible a las consecuencias prohibitivas para la importación de este régimen. 
Las opciones con las que cuenta un importador son limitadas. No es claro que los proced imientos 
aduaneros de Colombia vigentes permitan "corregir" o "ajustar" el valor declarado para superar el 
umbral. Por otra parte, la opción de reexportar la mercancía tampoco es una opción real. En 
consecuencia, las hipótesis posibles en la situación actu al son que, o bien los derechos de aduana 
se recaudan sobre la base de un valor superior a los umbrales, o bien las mercancías no se importan 
en el territorio aduanero colombiano.137 Por ello, en la práctica, los derechos de aduana no se 
deberían estar per cibiendo sobre la base de un valor inferior o igual a los umbrales. De hecho, la 
respuesta de Colombia a la pregunta sobre los niveles de importaciones por debajo o por encima de 
los umbrales muestra que los niveles por debajo son insignificantes con respe cto al total de 
importaciones. Esto equivale a decir que los umbrales funcionan como "precios mínimos" superior a 
los cuales sí es posible la valoración aduanera conforme al AVA, pero no así por debajo de ellos. 
Estos umbrales son incompatibles con el artí culo 7.2(f) del AVA.  
87. Por lo tanto, por su diseño, estructura y arquitectura, el régimen especial de importación está 
                                                
136 Informe del grupo especial, Colombia – Puertos de entrada , párr. 7.142.  
137 Informe del grupo especial, Colombia – Puertos de entrada , párr. 7.150.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 51 - 
 
  concebido de forma tal que penaliza la importación de productos cuyo "precio realmente pagado o 
por pagar" sea igual o inferior a los umbrales. También penaliza la importación de productos con un 
valor declarado resultante de la aplicación de cualquiera de los métodos previstos en los artículos 2, 
3, 5, 6 y 7 del AVA.  
88. Ahora bien, en el contexto de un mercado que se caracteriza por se r dinámico y de alta 
rotación, la opción de dejar de importar (incluso de manera temporal) no parece ser realista. 
Importar mercancía a precios más altos sería ciertamente una opción comercialmente viable (y de 
ahí el reclamo de Panamá de que el régimen es pecial de importación impone un sistema de precios 
mínimos incompatible con el artículo XI:1 del GATT). Por lo dicho por Colombia, Panamá no habría 
considerado que la opción de declarar un valor de importación por encima del umbral que no 
corresponda con e l precio realmente pagado o por pagar por la mercancía hubiera sido una opción 
jurídicamente viable para los importadores. Sin embargo, parecería que el sistema jurídico 
colombiano, artículo 128, numeral 5.1.3 del Decreto No. 2685 permite esta "sobrevalora ción" o de 
"corrección" de la declaración de importación con miras a evitar la aplicación del régimen especial 
de importación, Panamá tomaría esto como una indicación de que los importadores "pueden" de 
forma "libre y voluntaria" desconocer el "precio real mente pagado o por pagar" por su mercancía, y 
ajustarse al valor mínimo, arbitrario y ficticio que viene dado por los umbrales, en contravención de 
los artículos 1, (7(f) y 7(g) del AVA.  
89. Adicionalmente, la garantía específica se exige en consideración  de la percepción última de 
los derechos de aduana. Sin embargo, su determinación última no se realiza de la mano de las 
obligaciones sustantivas que rigen la determinación definitiva del valor en aduana en el AVA. La 
determinación de la cobertura de la ga rantía específica no guarda la más mínima consideración por 
las disposiciones de fondo que rigen la determinación del valor de las mercancías, en particular con 
la aplicación de los métodos de valoración establecidos en el AVA "caso por caso, de manera que  
reflejen las condiciones específicas de la venta del producto de que se trate."138 Esta consideración 
casuística es imposible de observar cuando se exige determinada cobertura a priori para la garantía 
específica, sobre una base fija establecida antes de cualquier importación (200% del precio del 
umbral por la cantidad importada, o del 200% de la diferencia entre el precio del umbral y  el valor 
declarado por la cantidad importada). Sin hacer esta evaluación, las autoridades aduaneras de 
Colombia no cuenta n con los elementos necesarios para llevar a cabo los métodos de valoración 
previstos en los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del AVA y establecer si procede o no la demora en la 
valoración, así como la determinación del ámbito apropiado de la garantía. Por ell o, el régimen 
especial de importación es incompatible con los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7(f) y (g) del AVA.  
B. LA GARANTÍA ESPECÍFIC A ES INCOMPATIBLE CO N EL ARTÍCULO 13 DEL ACUERDO SOBRE VALORACIÓN 
EN ADUANA  
90. Con la expedición del Decreto No. 2218 la ga rantía específica sería presuntamente una 
garantía sometida a las disciplinas del artículo 13 del AVA. Panamá considera que esta modificación 
de perspectiva no libra a la garantía específica de su incompatibilidad con el derecho de la OMC. El 
artículo 13 d el AVA exige que la determinación sobre la necesidad de demorar la determinación 
definitiva del valor en aduana se haga caso por caso. Sin embargo, en el caso del Decreto No. 1745 
es claro que la exigencia de la garantía específica y de su cobertura no se establece caso por caso. 
En el caso del Decreto No. 2218, como ya lo demostró Panamá, tampoco se da ese enfoque casuístico 
porque se trata de precios que Colombia caracteriza como "artificialmente" u "ostensiblemente 
bajos".  
91. Panamá también encuentra p roblemático el hecho de que el artículo 13 permite la exigencia 
de la garantía específica tan sólo si el importador tuviera el deseo de retirar la mercancía, a efectos 
de que la valoración en aduana no sea vista como un obstáculo a la importación. Sin emba rgo, por 
el texto del artículo 7, el Decreto No. 1745 establece la exigencia de la garantía específica sobre 
todas las importaciones, incluso aquéllas en las que el importador no tuviera la intención de retirar 
la mercancía y estuviera dispuesto a dejar la  mercancía en aduanas para que ésta concluya la 
determinación definitiva ya comenzada. Esta exigencia también se daría en todos los casos bajo el 
Decreto No. 2218.  
92. Panamá también observa que la cobertura de la garantía específica no corresponde al req uisito 
del artículo 13 del AVA de que la garantía cubra el "pago de los derechos de aduana a que puedan 
                                                
138 Informe del grupo especial, Colombia – Puertos de entrada , párr. 7.142.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 52 - 
 
  estar sujetas en definitiva las mercancías".  Esta disposición es clara y no prevé la posibilidad de 
exigir una garantía más allá de lo relativo al pago  de los derechos de aduana. Así, el artículo 13 no 
autoriza la exigencia de una garantía para, por ejemplo, cubrir sanciones inexistentes. 
Consistentemente, el artículo 7(3)(4) del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio permite que una 
garantía aduanera s e imponga "[e]n los casos en que se haya detectado  una infracción" (énfasis 
añadido). Por lo tanto, la garantía prevista en los artículos 7 del Decreto No.  1745 y del Decreto 
No. 2218 excede en su cobertura los alcances del artículo 13 del AVA.  
93. Adicio nalmente, en tanto que obligación accesoria, la garantía específica debe responder a 
cubrir el pago de los derechos de aduana "a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías." 
Por lo tanto, su cobertura debiera estar en sintonía con la cobertura d e la obligación principal. En 
este sentido, el uso del umbral como referente no responde a características específicas de la 
importación y a los métodos de valoración permitidos por el AVA. Por lo tanto no es un referente 
válido para el establecimiento de la cobertura de la garantía. Panamá no considera que los Miembros 
hayan dado "carta abierta" para que las autoridades nacionales establezcan montos de cobertura 
sin disciplina alguna. Si así lo fuera, las disciplinas del AVA podrían ser eludidas fácilmente  mediante 
la exigencia de garantías cuya cobertura no tenga relación alguna con la obligación principal a 
garantizar. De hecho, haciendo eco a lo mencionado por los Estados Unidos, en su comunicación 
como tercero139, Panamá observa que el artículo 7.3 del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio 
aclara que el monto de cobertura de una garantía en aduanas no "será superior a la cuantía que el 
Miembro requiera para asegurar el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que 
finalmente deban pagars e por las mercancías cubiertas por la garantía." Panamá considera que el 
estándar de "los derechos de aduana a que puedan estar sujetas … las mercancías" en el artículo 13 
del AVA, debe ser leído conjuntamente con el estándar de "la cuantía que el Miembro requiera para 
asegurar el pago de los derechos de aduana" en el artículo 7.3 del Acuerdo sobre Facilitación de 
Comercio. Esta lectura armónica de estas disposiciones exige la aplicación caso por caso de los 
métodos de valoración previstos en el AVA, en vez  de criterios pre -establecidos como los previstos 
en los Decretos No. 1745 y 2218.  
94. Por otra parte, Panamá también observa que la exigencia de una garantía específica para la 
cobertura de posibles penalidades no está cubierta por el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración 
en Aduanas. Por lo tanto, es improcedente invocar esta disposición  como justificación para la 
exigencia de la garantía específica sobre el pago de sanciones, tal y como lo hace Colombia en el 
Decreto No. 2218. Adicionalmente, se debe tener presente que el artículo 7.3.4 del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio permite  que una garantía en aduanas cubra sanciones y multas sólo si se 
ha detectado previamente la existencia de una infracción que requiera la imposición de esas 
sanciones y multas.  
95. En vista de lo anterior, Panamá considera que la garantía específica de los  artículos 7 del 
Decreto No. 1745 y del Decreto No. 2218 es incompatible con el artículo 13 del AVA.  
IX. LA INCOMPATIBILI DAD DE LA GARANTÍA E SPECÍFICA Y DEL RÉGI MEN ESPECIAL 
DE IMPORTACIÓN CON E L AVA NO SE JUSTIFIC AN BAJO EL ARTÍCULO XX DEL GATT  
96. El art ículo XX del GATT no es aplicable para justificar las violaciones de la garantía específica 
en lo que respecta al artículo 13 del AVA y del régimen especial de importación en lo que respecta 
a los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del mismo acuerdo. Para que el artículo XX pueda justificar una 
violación del AVA debería entenderse que el artículo VII contiene las mismas obligaciones que 
contiene el AVA. Esto no es así. El artículo VII es ambivalente, y establece únicamente normas 
exhortatorias en cuanto a la prima cía del valor de transacción ("should be") o de algunos criterios 
prohibidos ("should not be based on") (artículo VII:2(a)), sin establecer tampoco la secuencia de 
métodos, ni el enfoque caso por caso, previsto en el AVA. Si bien el artículo VII del GATT p uede 
considerarse como la base a partir de la cual los Miembros fueron concibiendo mayores disciplinas 
en valoración en aduanas, esa norma no contiene las "obligaciones positivas" que sí están contenidas 
en los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del AVA. Más aún,  el artículo VII no prevé la posibilidad de exigir 
una garantía cuando un importador desee retirar la mercancía de aduanas a la espera de la 
determinación del valor en aduana correspondiente . El artículo XX del GATT limita textualmente en 
su preámbulo la a plicabilidad de las excepciones del GATT a las disposiciones previstas en ese 
acuerdo. No permite que se lea por extensión la cobertura de estas excepciones a otros acuerdos 
de la OMC, máxime si las obligaciones que son objeto de litigio en una disputa no son "exigibles" en 
                                                
139 Comunicación de tercero de los Estados Unidos de América, párr. 46.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 53 - 
 
  virtud de disposiciones del GATT.  
97. Por otra parte, no hay disposición en el AVA que haga referencia al artículo XX del GATT. Ni 
siquiera el artículo 17 del AVA establece la "excepcionalidad" que busca Colombia. Esta disposición 
sólo reconoce que las autoridades aduaneras tendrán el derecho de satisfacerse a sí mismas sobre 
la veracidad y certeza de la información presentada para la valoración en aduana, sin que esto quiera 
significar el desconocimiento de la exigibilidad de los método s de valoración previstos en el AVA. 
Para esos efectos, la autoridad correspondiente podría hacer uso de los procedimientos previstos en 
la "Decisión Relativa a los Casos en que las Administraciones de Aduanas Tengan Motivos para Dudar 
de la Veracidad o Ex actitud del Valor Declarado". Sin embargo, estos procedimientos distan mucho 
de parecerse al contenido en el artículo 7 de los Decretos No. 1745 y No. 2218. Por lo tanto, una 
defensa de Colombia incluso bajo el artículo 17 del AVA no tendría sustento algun o. 
98. Nótese que cuando otro acuerdo de la OMC es aplicable en el marco del AVA, esa aplicación 
está prevista expresamente. Así por ejemplo, el artículo 19.1 del AVA prevé que el Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias aplicará a las consultas y la so lución de diferencias bajo el AVA. Este 
no es el caso del artículo XX del GATT o de otra norma de excepción contenida en dicho acuerdo.  
99. Aún si el artículo XX fuera aplicable a las violaciones del AVA, Panamá considera que no habría 
justificación para d ichas violaciones sobre esta base jurídicas por las razones aducidas en lo que 
respecta a la invocación del artículo XX sobre la incompatibilidad de las medidas en cuestión con el 
GATT en todas las comunicaciones de Panamá, escritas u orales, tanto en cali dad de parte 
reclamante como en calidad de parte demandada, incluyendo las respuestas a las preguntas y las 
observaciones de Panamá a las respuestas de Colombia.  Panamá entiende que consecuentemente 
con su postura en lo que respecta a los reclamos de viol ación del GATT, Colombia invoca los artículos 
XX(a) y XX(d) del GATT como defensa.  
100. La garantía específica, en lo que concierne a la violación del artículo 13 del AVA, no es una 
medida necesaria para luchar contra el lavado de activos derivado de un p roblema de subfacturación. 
Como Colombia lo explica en sus respuestas a las preguntas de los Grupos Especiales, la incidencia 
de investigaciones sobre controversias de valor en el total de importaciones es mínima (6,1% de 
importaciones bajo el umbral), de importaciones susceptibles de subfacturación es incluso 
insignificante (entre 2,5% y 3% de las importaciones en general), y ni siquiera existe evidencia en 
el presente de que una posible subfacturación sea llevada a cabo con el fin de lavar activos. Por lo  
tanto, una medida de esta índole, que tiene un alto efecto de restricción del comercio como la 
garantía específica, con supresión casi absoluto del comercio sometido a los umbrales (respuesta de 
Colombia a la pregunta 6(b)) no puede de ninguna manera ser considerada como una medida 
"necesaria" para lidiar con este problema. Es una medida prohibitiva que más bien genera la 
posibilidad de sobrevaloración de la mercancía (para evitar caer bajo los umbrales) y al final de 
cuentas el lavado de activo. Una medid a alternativa para lidiar con este problema es una garantía 
que se aplique caso por caso y tenga una cobertura variable según las circunstancias de cada 
transacción.  
101. En todo caso, Panamá observa que no existe motivo para excluir de la aplicación de l a garantía 
específica a las mercancías que ingresan a los Centros de Distribución Logística Internacional ya que 
las mismas preocupaciones vinculadas a la subfacturación y al lavado de activos pueden ocurrir en 
estas instancias. Por lo tanto, la medida en cuestión daría lugar necesariamente, en su aplicación, a 
un trato discriminatorio entre situaciones donde las mismas condiciones (de riesgo de lavado de 
activos por subfacturación) prevalecen.  
102. Panamá tampoco considera que el régimen especial de import ación, en lo que concierne a la 
violación de los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del AVA, sea una medida necesaria para luchar contra el 
lavado de activos derivado de un problema de subfacturación. Por las mismas razones que con 
respecto a la garantía, la inci dencia de investigaciones sobre controversias de valor es mínima (6,1% 
de importaciones bajo el umbral) y de subfacturación es insignificante (entre 2,5% y 3% de las 
importaciones en general), sin que siquiera exista evidencia de una posible subfacturación  
conducente al lavado de activos. Ante estas circunstancias, una medida con un efecto altamente 
restrictivo al comercio (o incluso prohibitivo en lo que respecta a determinadas importaciones) no 
puede ser considerada como una medida "necesaria" para lidiar  con este problema. Panamá 
considera que controles aleatorios o algunas de las medidas señaladas en sus comunicaciones 
previas (réplica de Panamá como parte reclamante, párrs. 201 -261; réplica de Panamá como parte 
demandada, párrs. 392 -420) son medidas alt ernativas menos restrictivas al comercio que estarían WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 54 - 
 
  a disposición de Colombia.  
103. En todo caso, Panamá observa que no existe motivo para excluir de la aplicación del régimen 
especial de importación a las mercancías que ingresan a los Centros de Distri bución Logística 
Internacional ya que las mismas preocupaciones vinculadas a la subfacturación y al lavado de activos 
pueden ocurrir en estas instancias.  
X. CONCLUSIÓN  
104. Por todo lo anterior, Panamá solicita a los Grupos Especiales al amparo del artícul o 21.5 del 
ESD que constaten que:  
i) Ante la objeción de Colombia, la garantía específica y el régimen especial de importación, 
así como todos los reclamos de Panamá están cubiertos bajo el mandato de los Grupos 
Especiales;  
ii) La garantía específica y el régimen especial de importación son "medidas destinadas a 
cumplir" de Colombia en el sentido del artículo 21.5 del ESD;  
iii) La exigencia de la garantía específica es incompatible con el artículo XI:1 del GATT, y no 
cumple con los requisitos del artículo 1 3 del AVA;  
iv) El régimen especial de importación es incompatible con el artículo XI:1 del GATT y con los 
artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7(f) y (g) del AVA ;  
v) La exigencia de la garantía específica da lugar necesariament e a una aplicación del artículo  8 
del Decreto No. 390 que no es ni uniforme, ni imparcial, ni razonable, contrario a lo dispuesto 
por el artículo X:3(a) del GATT;  
vi) El régimen especial de importación da lugar necesariamente a una aplicación de los artículos 
493 y 486 del Decreto No. 390 que no es ni uniforme, ni imparcial, ni razonable, contrario a 
lo dispuesto por el artículo X:3(a) del GATT;  
vii) Colombia no ha demostrado que las exigencias de la garantía específica y del régimen 
especial de importación, así como la administración a que den  lugar, estén justificadas bajo 
los artículos  XX(a) y (d) del GATT;  
viii) El régimen especial de importación resulta en la aplicación de sanciones severas para 
penalizar infracciones leves, como el incumplimiento de determinados requisitos del Decreto 
No. 2218, de manera incompatible con el artículo VIII:3 del GATT;  
105. En consecuencia, Panamá solicita a los Grupos Especiales que constaten que Colombia no ha 
puesto sus medidas de cumplimiento en conformidad con sus obligaciones bajo el GATT y que, de 
conformidad con el artículo 19 del ESD, hagan las recomendaciones pertinentes.  
 
 WT/DS461/ RW/Add.1  
 
- 55 - 
 
  ANEXO C  
ARGUMENTOS DE LOS TE RCEROS  
Contenido  Página  
Anexo  C-1 Resumen integrado  del Ecuador  56 
Anexo  C-2 Resumen integrado  de los Estados Unidos  58 
Anexo  C-3 Resumen integrado  de Honduras  64 
Anexo C -4 Resumen integrado del Japón  65 
Anexo C -5 Resumen integrado de la Unión Europea  68 
 
 WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  ANEXO C -1 
RESUMEN INTEGRADO DEL ECUADOR* 
Ecuador presenta a través de la presente declaración su opinión sobre el "Procedimiento de 
cumplimiento de conformidad con el artículo 21.5 del Entendimiento relativo a las normas 
y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias" . 
Tomando en consideración que el actual procedimiento versa sobre la determinación q ue le 
corresponde realizar al Grupo Especial original, respecto a las medidas adoptadas por Colombia 
destinadas al cumplimiento de las recomendaciones efectuada por el Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) sobre la diferencia Colombia – Medidas relativas  a la importación de textiles, 
prendas de vestir y calzado (Colombia – Textiles ), el Ecuador considera necesario realizar ciertas 
puntualizaciones jurídicas con respecto a la obligación que tienen todos los Miembros de acatar las 
disposiciones de los Acuer dos Abarcados, de manera general, y, en particular, las recomendaciones 
de las que pudiere ser objeto un Miembro dentro de un procedimiento de solución de diferencias.  
El Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias 
(ESD) establece que "para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los 
Miembros es esencial el pronto cumplimiento de las recomendaciones o resoluciones del OSD ". El 
factor tiempo en el sistema de solución de dife rencias de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), al igual que en cualquier otra Organización, es de fundamental importancia, puesto que la 
justicia aplicada con lentitud, no puede ser considerada y denominarse como tal.  
De ahí que, con el objetivo d e lograr  una resolución "pronta" y "eficaz" de las diferencias, el 
procedimiento establecido en el artículo 21.5 tiene un carácter expedito, puesto que el informe del 
grupo especial debe distribuirse en un plazo de 90 días, en contraposición a los nueve m eses de los 
que dispone un Grupo Especial inicial.1 
Como lo ha resaltado el Órgano de Apelación, el artículo  21.5 "fomenta el pronto cumplimiento de 
las recomendaciones y resoluciones del OSD y la compatibilidad de las 'medidas destinadas a 
cumplir' con lo s Acuerdos Abarcados haciendo innecesario que el reclamante inicie un nuevo 
procedimiento y aprovechando con eficiencia el Grupo Especial inicial y la experiencia de sus 
integrantes."2  
El ESD señala que el cumplimiento debe ser inmediato, pero además reco noce que no siempre es 
factible cumplir inmediatamente todas las resoluciones y recomendaciones. En consecuencia, los 
Miembros cuentan con lo que se denomina "plazo prudencial " para poner la medida cuestionada en 
concordancia con las disposiciones del o los Acuerdos Abarcados vulnerados.  
En ese sentido, el OSD es el encargado de vigilar la aplicación de las recomendaciones y 
resoluciones; sin embargo el criterio de cumplimiento  puede resultar subjetivo y, por ello, el ESD 
contempla un procedimiento mediante el cual, el Grupo Especial que entendió inicialmente el asunto 
podrá intervenir para determinar si se han tomado las medidas necesarias para lograr el 
cumplimiento de las rec omendaciones y resoluciones del OSD y, en caso afirmativo, si tales medidas 
son compatibles con las disposiciones de los Acuerdos Abarcados de la OMC.  
Para este procedimiento en particular, parecería que el punto controvertido está en  determinar 
cuáles s on las medidas adoptadas por Colombia destinadas al "cumplimiento " de las 
recomendaciones del OSD y que deben ser evaluadas por el Grupo Especial, puesto que Panamá 
alega que como medida destinada a cumplir también el Grupo Especial debería considerar aque lla 
que consta en el Decreto 1745, que se expidió paralelamente con el Decreto 1744, y que este último 
si está identificado por Colombia como la única medida destinada a cumplir con las determinaciones 
del Grupo Especial.  
Al respecto, el Ecuador considera  de importancia que el Grupo Especial tome en cuenta en su análisis 
la totalidad del alcance de la letra y espíritu de la norma del ESD, que está recogido en el criterio 
                                                
* El Ecuador solicitó que su declaración oral fuera considerada su resumen. La declaración original se 
formuló e n español.  
1 Artículos 3.3 y 21.1 del ESD.  
2 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Algodón americano (Upland) (artículo 21.5 - 
Brazil) , párr. 212 refiriéndose al Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Exámenes por extinción 
respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos (artículo 21.5 – Argentina) , párr. 151.  WT/DS461/ RW/Add.1  
 
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  del Órgano de Apelación expresado en su Informe3, en el sentido de que los procedimien tos de 
cumplimiento no pueden ser conducidos de forma que se permita a un Miembro "cumplir por medio 
de una medida y, al mismo tiempo, negar el cumplimiento por medio de otra ".  
Con el objetivo de evitar la sustracción de cumplimiento efectivo de las deter minaciones hechas por 
un Grupo Especial, la designación de determinadas medidas por parte del Miembro demandado como 
"medidas destinadas a cumplir" con las recomendaciones y resoluciones del OSD, no es 
determinante del mandato de los grupos especiales de c umplimiento.4 El mandato de un grupo 
especial de cumplimiento puede abarcar tanto las medidas que el Miembro demandado designe que 
están "destinadas a cumplir", como aquéllas que el Miembro demandado no considere que tengan 
dicho fin, pero que el Grupo Esp ecial, luego de un cuidadoso análisis legal, considere que son 
relevantes para aclarar todas las variables existentes que le permitan determinar sin duda alguna el 
cumplimiento o no de las determinaciones adoptadas por el OSD.   
Conclusión.  
Ecuador estima que el objetivo esencial de la activación de un procedimiento de solución de 
diferencias en el marco del ESD, es lograr la cabal verificación del cumplimiento de las 
determinaciones adoptadas por el OSD, respecto de las medidas adoptadas por el Miembro 
reclamado y perdedor para el cumplimiento de las disposiciones de los Acuerdos Abarcados.  Es en 
ese sentido que van dirigidas las resoluciones y recomendaciones que adopta el OSD, previo a las 
determinaciones efectuadas tanto por el Grupo Especial que conoci ó del caso, como del Órgano de 
Apelación, cuando sea aplicable.  
Así, el Miembro al cual fueron dirigidas esas recomendaciones dispone de un "plazo prudencial " para 
la adopción de medidas destinadas a su cumplimiento, por tal razón el Ecuador considera que  dichas 
medidas de cumplimiento deben ir dirigidas hacia un solo objetivo, que consiste en el pleno 
acatamiento de las obligaciones que emanan de los Acuerdos Abarcados de la OMC.  
 
                                                
3 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a cero (CE) (artículo 21.5 - CE), 
párr. 250 citando al Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos  – Madera blanda IV (artículo 21.5 - 
Canadá) , párr. 71.  
4 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Reducción a cero (CE) (artículo 21.5 - CE), 
párr. 204. WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  ANEXO C -2 
RESUMEN INTEGRADO DE LOS ESTADOS UNIDOS  
COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN CALIDAD DE  TERCERO  
I. Mandato de los Grupos Especiales en los presentes procedimientos  
1. El párrafo 1 del artículo 7 y el párrafo 2 del artículo 6 del ESD reflejan el mandato uniforme 
de los grupos y el párrafo 5 del artículo 21 se centra de manera más específica en la existencia de 
un desacuerdo en cuanto a una medida destinada a cumplir. De conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 7, cuando el OSD establece un grupo especial, puede darle el mandato uniforme, que 
consiste en "[e] xaminar … el asunto sometido al OSD" por el reclamante en su solicitud de 
establecimiento de un grupo especial y "formular conclusiones que ayuden a l OSD a hacer las 
recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dicho acuerdo (dichos acuerdos)". A tenor 
del párrafo 2 del artículo 6, el "asunto" está constituido por "las medidas concretas en litigio" y "una 
breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación". Por tanto, la tarea de cualquier 
grupo especial, incluidos los establecidos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD, 
consiste en examinar el "asunto" sometido al OSD en la solicitud de establecimiento de un gr upo 
especial presentada por el Miembro reclamante, y dicho "asunto" está constituido por las "medidas 
concretas en litigio" y "los fundamentos de derecho de la reclamación".  
2. En lo que respecta a los "fundamentos de derecho de la reclamación", esta expre sión se refiere 
a las alegaciones en litigio en el procedimiento. En los casos en que una sola disposición de un 
acuerdo abarcado incluya varias obligaciones, "u na solicitud de establecimiento de un grupo especial 
debe especificar cuál de las obligaciones contenidas en la disposición se está impugnando". Las 
alegaciones se deben "exponer con claridad en la solicitud de establecimiento de un grupo especial" 
y cuando en una solicitud de establecimiento no se especifica suficientemente una alegación, dicha 
alegación no formará parte del mandato del grupo especial.  
3. En cuanto a las "medidas concretas en litigio", el párrafo 2 del artículo 6 y el párrafo 1 del 
artículo 7 del ESD establecen que el momento pertinente para identificar estas medidas en cualquier 
procedimiento de un grupo especial es cuando el "asunto [se] somet[e] al OSD". Por tanto, cuando 
el OSD establece el grupo especial y fija su mandato, las medidas objeto del examen por el grupo 
especial son las comprendidas en el "asunto sometido al OSD" cua ndo se estableció el grupo 
especial. En consecuencia, los grupos especiales y el Órgano de Apelación han reconocido que la 
regla general enunciada en el párrafo 2 del artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 7 es que " las medidas 
incluidas en el mandato de u n grupo especial deben ser [aquellas] que estén vigentes en el momento 
de establecimiento del grupo especial" y que el examen del grupo especial debe "centra[rse] en [los] 
instrumentos jurídicos tal como existían … en el momento del establecimiento del Gru po Especial".  
4. En el párrafo 5 del artículo 21 del ESD se define más a fondo el mandato de los grupos 
especiales establecidos de conformidad con esa disposición. En él se dispone que el mandato de un 
grupo especial establecido en virtud del párrafo 5 del  artículo 21 se limita a evaluar la "existencia" 
o "compatibilidad con un acuerdo abarcado" de "medidas destinadas a cumplir". La expresión 
"medidas destinadas a cumplir" se refiere a aquellas "medidas adoptadas o que deberían ser 
adoptadas por un Miembro para cumplir las recomendaciones y resoluciones del OSD". Así pues, un 
procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 se extiende a las "medidas orientadas al cumplimiento, 
o que tienen por finalidad lograrlo" y a medidas que deberían haber sido adoptadas a t al efecto. La 
identificación de la medida destinada a cumplir conlleva examinar "los antecedentes fácticos y 
jurídicos en virtud de los cuales se han adoptado esas medidas pertinentes". Las recomendaciones 
y resoluciones del OSD en el procedimiento inicial  son el punto de partida para identificar las 
"medidas destinadas a cumplir".  
5. Por consiguiente, a diferencia del procedimiento del grupo especial inicial, en la solicitud de 
establecimiento de un grupo especial presentada por un Miembro reclamante se pu eden enumerar 
algunas medidas que, por definición, no están comprendidas en el mandato de un grupo especial 
del párrafo 5 del artículo 21 o se pueden omitir algunas medidas que sin embargo están 
comprendidas en ese mandato. Por ejemplo, el Miembro al que i ncumbe la aplicación puede declarar WT/DS461/ RW/Add.1  
 
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  que un determinado instrumento jurídico es la "medida destinada cumplir" a los efectos del 
procedimiento del párrafo 5 del artículo 21. Esta declaración es "pertinente" para el análisis por un 
grupo especial del párrafo 5 del artículo 21 de la "medida destinada a cumplir", pero no es 
"concluyente". Instrumentos jurídicos distintos de la "medida destinada a cumplir" declarada como 
tal pueden de hecho formar parte de dicha medida debido a su relación con la medida declarada  
incompatible con las normas de la OMC o a su efecto en cumplimiento por el Miembro.  
6. En la presente diferencia, con respecto al alcance de las medidas destinadas a cumplir , 
Colombia indica que el Decreto Nº 1745 no forma parte de la "medida destinada a cumplir" porque 
las medidas expuestas en el mismo son de "naturaleza" distinta de la medida inicial porque esta era 
una medida arancelaria y las medidas del Decreto Nº 1745 no lo son. Como reclamante, Colombia 
aduce también que en su solicitud de estableci miento de un grupo especial solo se menciona el 
Decreto Nº 1744 y por lo tanto es la única medida comprendida en el mandato de ese Grupo Especial.  
7. Los Estados Unidos no consideran que una medida destinada a cumplir esté limitada 
necesariamente al tipo o  clase de medida que en el procedimiento inicial fue declarada incompatible 
con las normas de la OMC. Antes bien, la evaluación de si una nueva medida tiene una relación 
suficientemente estrecha con la medida objeto de  las recomendaciones del OSD (o  con la  medida 
destinada a cumplir declarada como tal) es una indagación específica que puede exigir examinar 
"las fechas, la naturaleza y los efectos" de distintas medidas. Este análisis no depende de si una 
nueva medida es el mismo tipo de medida que la declara da incompatible con las normas de la OMC. 
Si fuera así, los Miembros podrían eludir una recomendación del OSD simplemente modificando el 
carácter de la medida. Por lo tanto, varios factores pueden ser pertinentes para evaluar la relación 
entre el Decreto N º 1745 y la medida incompatible con la OMC objeto de la recomendación del OSD.  
8. En cuanto al otro argumento de Colombia, los Estados Unidos no entienden que el análisis de 
la "medida destinada a cumplir" difiera según cuál sea la parte que ha iniciado un  procedimiento del 
párrafo 5 del artículo 21. Como se indica supra , una característica del procedimiento del párrafo 5 
del artículo 21 que es distinta del procedimiento inicial es que, en lo que respecta a las medidas 
comprendidas en el mandato del grupo e special, el párrafo 5 del artículo 21 establece normas 
específicas que pueden reemplazar la descripción de la medida impugnada que figura en la solicitud 
de establecimiento del grupo especial. Por lo tanto, el Miembro reclamante no puede incluir en un 
procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 una medida que no sea una "medida destinada a cumplir" 
haciendo referencia a esa medida en su solicitud de establecimiento. A la inversa, un Miembro no 
puede impedir a un grupo especial del párrafo 5 del artículo 21 que evalúe el efecto en su alegación 
de una "medida destinada a cumplir" que la otra parte presenta durante ese procedimiento 
simplemente omitiendo esa medida de su solicitud de establecimiento de un grupo especial.  
9. En lo que concierne al Decreto Nº 221 8 de 2017, como se explica supra , en el párrafo 2 del 
artículo 6 y el párrafo 1 del artículo 7 del ESD se establece la regla general de que "las medidas 
incluidas en el mandato de un grupo especial", y por tanto aquellas respecto a las cuales el grupo 
especial formula constataciones, "deben estar … vigentes en el momento de establecimiento del 
grupo especial". El párrafo 5 del artículo 21 del ESD no modifica esta norma. Los Grupos Especiales 
se establecieron con el mandato uniforme. Por tanto, son las "medi das destinadas a cumplir", tal 
como estaban vigentes en las fechas de establecimiento de los Grupos Especiales -el 6 de marzo y 
el 19 de julio, respectivamente - las que están debidamente comprendidas en sus mandatos. No se 
discute que el Decreto Nº 2218 se  promulgó mucho después de que se establecieran los Grupos 
Especiales. Por lo tanto, no forma parte del "asunto" sometido al OSD. Como tal, no está 
comprendido en el mandato de los Grupos Especiales y estos no deben formular constataciones con 
respecto al mismo.  
10. De hecho, los presentes procedimientos demuestran que, además de ser compatible con el 
texto del ESD, la definición del "asunto" comprendido en el mandato de un grupo especial sobre la 
base de las medidas que existían en el momento del estableci miento de un grupo especial es la 
conclusión correcta. En primer lugar, examinar las "medidas destinadas a cumplir" como un blanco 
móvil da lugar a falta de equidad procesal y a lagunas en la argumentación que pueden producir 
constataciones incoherentes. C olombia no ha tenido una verdadera oportunidad de responder a los 
argumentos y pruebas de Panamá sobre el Decreto Nº 2218. Además, Panamá no ha presentado 
argumentos ni pruebas de que ese Decreto forme parte de las "medidas destinadas a cumplir", 
limitándo se a presumir que está comprendido en el mandato de los Grupos Especiales. En segundo 
lugar, definir el "asunto" comprendido en el mandato de un grupo especial basándose en las medidas 
que existían en el momento de su establecimiento beneficia a todas las partes, y al sistema de WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  solución de diferencias de la OMC, al equilibrar los intereses de los reclamantes y demandados. Los 
reclamantes no pueden obtener constataciones sobre medidas sustantivamente nuevas introducidas 
después del establecimiento de un gru po especial. Por otra parte, los demandados no pueden evitar 
constataciones modificando o revocando medidas después de la fecha de establecimiento del grupo 
especial. Como ha reconocido el Órgano de Apelación, no beneficia al sistema de solución de 
diferen cias de la OMC exigir o permitir que las partes adapten sus argumentos durante el 
procedimiento de solución de diferencias para abordar una medida litigiosa como si fuera un blanco 
móvil.  
11. Con respecto a las alegaciones comprendidas en el mandato de los  Grupos Especiales , como 
se explica más arriba, el mandato de los grupos especiales consiste en general en examinar el 
"asunto sometido al OSD" por el Miembro reclamante. Las alegaciones comprendidas en este 
mandato son las que se exponen en la solicitud d e establecimiento de un grupo especial. Los dos 
Grupos Especiales encargados de los presentes procedimientos fueron establecidos con el mandato 
uniforme. Por lo tanto, el mandato del Grupo Especial establecido en el procedimiento iniciado por 
Colombia se e xtiende al "asunto planteado por Colombia en el documento WT/DS461/17". Las 
disposiciones mencionadas en este documento son los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo  II 
y los apartados a) y d) del artículo XX del GATT de  1994, y las únicas obligacio nes descritas se 
refieren a la imposición de derechos de aduana que no exceden  de los tipos consolidados de 
Colombia. Por consiguiente, estas son las alegaciones comprendidas en el mandato del Grupo 
Especial establecido en respuesta a la solicitud de Colom bia. 
12. El argumento de que el mandato de un grupo especial del párrafo 5 del artículo 21 se 
extiende a toda incompatibilidad con cualquier acuerdo abarcado, con independencia de las 
alegaciones identificadas en la solicitud de establecimiento, no tiene n ingún respaldo en el texto del 
ESD y Panamá no señala ninguno. Además, como se analiza más arriba, el párrafo 1 del artículo 7 
y el párrafo 2 del artículo 6 refutan ese argumento. El informe del Órgano de Apelación sobre el 
asunto CE - Ropa de cama , que Panamá indica que respalda este argumento, no lo hace. En esa 
diferencia el Órgano de Apelación declaró que el "demandante en un procedimiento en virtud del 
párrafo 5 del artículo 21 puede perfectamente plantear nuevos  argumentos, alegaciones y 
circunstancias fácticas que sean distintos de los planteados en el procedimiento inicial", debido a 
diferencias entre la medida inicial y la medida destinada a cumplir. Sin embargo, no hubo ninguna 
sugerencia de que el demandante pudiera plantear alegaciones no  planteadas en la solicitud de 
establecimiento en virtud de la cual se estableció el grupo especial sobre el cumplimiento. 
Análogamente, el Órgano de Apelación no dio a entender que un demandado en un procedimiento 
del párrafo 5 del artículo 21 pudiera pla ntear alegaciones no abarcadas por la solicitud de 
establecimiento del grupo especial.  
13. El argumento de que los dos Grupos Especiales deben tener el mismo mandato porque los 
dos examinan la cuestión del cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD en el 
procedimiento inicial tampoco tiene apoyo alguno en el ESD. Incluso conforme  al criterio que adoptó 
el Órgano de Apelación en la diferencia CE - Mantenimiento de la suspensión , el mandato de los 
grupos especiales del párrafo 5 del artículo 21 sigue estando vinculado a la solicitud de 
establecimiento en virtud de la cual fueron est ablecidos, aunque haya dos de esos grupos especiales 
en una diferencia y sus calendarios estén armonizados. Los calendarios de los dos Grupos Especiales 
en estos procedimientos se han armonizado y se ha adoptado un conjunto combinado de 
procedimientos de t rabajo. Sin embargo, los procedimientos siguen siendo distintos en lo que 
respecta a las solicitudes de establecimiento y las comunicaciones de las partes. Así pues, los 
mandatos de los dos Grupos Especiales no son idénticos simplemente porque el OSD somet ió dos 
asuntos a los Grupos Especiales de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21. Y de hecho no son 
idénticos, ya que la solicitud de establecimiento presentada por Colombia no abarca todas las 
alegaciones planteadas posteriormente por Panamá.  
14. En cuanto al argumento de Panamá de que todas las alegaciones que ha planteado como 
reclamante están abarcadas por el mandato del Grupo Especial establecido de conformidad con su 
propia solicitud de establecimiento, los Estados Unidos quieren hacer dos obser vaciones. Primera, el 
mandato del Grupo Especial solicitado por Panamá se rige por la solicitud de establecimiento que 
presentó ese país. Por lo tanto, el hecho de que en la solicitud de establecimiento de Panamá no se 
haga referencia al párrafo 3 del artí culo VIII del GATT de 1994 indica que las alegaciones al amparo 
de esa disposición no están incluidas en el mandato del Grupo Especial. Además, en el caso de las 
disposiciones enumeradas en la solicitud de establecimiento presentada por Panamá, el Grupo 
Especial todavía tendrá que examinar si las referencias cumplen la norma del párrafo 2 del artículo WT/DS461/ RW/Add.1  
 
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  6 del ESD. Segunda, las comunicaciones de Panamá como reclamante no forman parte del 
expediente en el procedimiento iniciado por Colombia simplemente porque l os procedimientos se 
sustancien en la misma diferencia. Por consiguiente, el argumento de Panamá de que todas  las 
disposiciones y argumentos que ha planteado como demandado están comprendidos en el mandato 
del Grupo Especial establecido en virtud de la sol icitud de establecimiento presentada por Panamá 
debe probarse, por ejemplo, mediante referencia a los procedimientos de trabajo de los Grupos 
Especiales o a las comunicaciones de Panamá como reclamante. Sin embargo, como reclamante, 
Panamá no parece haber presentado argumentos relativos a las alegaciones fundadas en el párrafo 
3 del artículo VIII del GATT de  1994 y en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 13 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana que planteó en su segunda comunicación como demandado.  
II. Interpr etación del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994  
15. En el contexto del párrafo 1 del artículo XI, el sentido corriente del término "restricción" es 
"una limitación de la acción, una condición o reglamentación limitativa". El Grupo Especial que 
exami nó el asunto India - Restricciones cuantitativas  constató por tanto que "[e] l término 
'restricción' tiene … un amplio alcance, como se comprueba por su sentido corriente". El Grupo 
Especial encargado del asunto India - Automóviles  llegó a la misma conclusi ón, constatando que 
"cualquier forma de limitación impuesta a la importación o que guarde relación con ella constituye 
una restricción a la importación en el sentido del párrafo 1 del artículo XI". El Órgano de Apelación 
respaldó este enfoque en las difere ncias China - Materias primas  y Argentina - Medidas relativas a 
la importación , y constató que el término "restricción" se refiere a "algo que restringe a alguien o 
algo, una limitación de la acción, una condición o reglamentación limitativa" y por lo tant o "se refiere 
en términos generales a algo que tiene un efecto limitativo".  
16. Una constatación de que una medida constituye una restricción en el sentido del párrafo 1 
del artículo XI no exige que se demuestre que las corrientes comerciales se han visto afectadas. 
El párrafo 1 del artículo XI prohíbe las restricciones "a la importación" o "a la exportación" de 
cualquier producto, no las restricciones al nivel de las importaciones o exportaciones. Los términos 
utilizados alcanzan al proceso de importar o e xportar. De manera similar, el Órgano de Apelación 
concluyó recientemente en el asunto Argentina - Medidas relativas a la importación que el "efecto 
limitativo" de una restricción en el marco del párrafo 1 del artículo XI " no es necesario demostrar[lo] 
… cuantificando los efectos de la medida en litigio; esos efectos limitativos se pueden demostrar a 
través del diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de la medida en litigio considerados en 
su contexto pertinente".  
17. Por otra parte, no es cierto  que toda medida que haga más difícil la importación sea 
incompatible con el párrafo 1 del artículo XI. Como reconoció el Órgano de Apelación en la diferencia 
Argentina - Medidas relativas a la importación , "no toda condición o carga impuesta a la importac ión 
o exportación será incompatible con el artículo XI, sino únicamente las que sean limitativas, es decir, 
las que limiten la importación o exportación de productos". En numerosas disposiciones de los 
acuerdos abarcados se reconoce que puede haber formali dades y derechos relacionados con la 
importación, que inevitablemente impondrán alguna carga a la importación. Interpretar que el 
párrafo 1 del artículo XI prohíbe todas esas cargas estaría en contradicción con el principio de que 
el Acuerdo sobre la OMC c onstituye un todo único y, por lo tanto, las disposiciones de los distintos 
acuerdos abarcados se deben interpretar de manera armoniosa.  
18. Por consiguiente, la pregunta fundamental para determinar si Panamá ha demostrado que 
la garantía aduanera  es incom patible con el párrafo 1 del artículo XI es si ha demostrado que la 
medida impone una limitación o condición limitativa a la importación, o tiene un "efecto limitativo" 
en la importación de productos en Colombia. Los Grupos Especiales deben rechazar los ar gumentos 
que den a entender que cualesquiera "condiciones" impuestas a la importación -con inclusión de 
todos los derechos y formalidades de importación - son necesariamente incompatibles con el párrafo 
1 del artículo XI. La demostración de que una medida e s una "condición" a la importación que impone 
alguna carga o costo a los importadores no basta para establecer una alegación fundada en el párrafo 
1 del artículo XI. Por otra parte, Panamá tiene razón en que no hace falta que demuestre los efectos 
de una m edida en las corrientes comerciales para probar que es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI.  
19. Asimismo, como el párrafo 1 del artículo XI se refiere a la importación de "producto[s] … de 
otra parte contratante", la indagación clave se refiere a l efecto de la medida en los productos  de los 
Miembros, no en los importadores  de Colombia. Varios argumentos de Panamá parecen basarse en WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  la idea de que el párrafo 1 del artículo XI obliga a Colombia a mantener condiciones iguales para 
todos los importado res colombianos (en especial para los que no son solventes). Esto es incorrecto. 
El texto del párrafo 1 del artículo XI se refiere a limitaciones a la importación de productos , no a 
limitaciones a la importación realizada por determinados importadores. Las  limitaciones a la 
importación efectuada por determinadas personas serían pertinentes para el análisis de los Grupos 
Especiales únicamente en la medida en que las limitaciones a la capacidad de las personas para 
importar sean una limitación o condición lim itativa a la importación, o tengan un "efecto limitativo" 
en la importación, de los productos pertinentes.  
20. Con respecto al argumento de que las garantías aduaneras son "instrumentos admisibles", 
y por tanto no incompatibles con el párrafo 1 del artícul o XI, los Estados Unidos están de acuerdo 
en que la existencia de una garantía aduanera no basta para establecer una alegación al amparo del 
párrafo 1 del artículo XI. Los acuerdos de la OMC son un todo único y se deben interpretar de manera 
armoniosa. Si todas las garantías aduaneras fueran incompatibles con el párrafo 1 del artículo XI se 
dejarían sin sentido disposiciones de los acuerdos abarcados. Además, como las garantías aduaneras 
suponen intrínsecamente algunas cargas o costos para los importadores,  la existencia de alguna 
carga o costo impuesto por una garantía aduanera no basta para establecer que la garantía es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo XI. Las disposiciones de otros acuerdos abarcados sobre 
las garantías aduaneras y los derechos y formalidades de importación ofrecen un contexto útil para 
analizar si una garantía aduanera llega a ser una "restricción" en el sentido del párrafo 1 del artículo 
XI. Como mínimo, una garantía aduanera que sea compatible con esas disposiciones 
presumible mente no sería incompatible con el párrafo 1 del artículo XI.  
21. Panamá aduce también que el régimen especial de importación  es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo XI. Al examinar los argumentos de Panamá, los Grupos Especiales deben 
evaluar cuáles  de ellos tienen valor probatorio con respecto a la cuestión de si el régimen especial 
de importación impone una limitación o condición limitativa "a la importación" o tiene un "efecto 
limitativo" en la importación. Para que una alegación fundada en el pár rafo 1 del artículo XI tenga 
éxito el Miembro tiene que demostrar que la medida restringe la importación de los productos 
pertinentes. No basta la existencia de costos o dificultades para determinados importadores. Por 
otra parte, la intervención de algún elemento de actuación privada no libera al Miembro de 
responsabilidad por los efectos de una medida. Si Panamá demuestra que el régimen especial de 
importación se traduce necesariamente en costos y cargas que son una limitación o condición 
limitativa a la importación o tienen un "efecto limitativo" en la importación de los productos 
abarcados, el hecho de que operadores del sector privado intervengan para imponer o aplicar estos 
costos y cargas no significa que la restricción no se derive de la medida impug nada.  
RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTA S FORMULADAS POR LOS  GRUPOS ESPECIALES A LOS 
TERCEROS  
Preguntas 1, 2 y 7  
1. El párrafo 5 del artículo 21 del ESD establece que la pregunta al evaluar si una medida está 
comprendida en el mandato de un gr upo especial del párrafo 5 del artículo 21 es si forma parte, o 
menoscaba la existencia, de la "medida destinada a cumplir". El análisis del "vínculo estrecho" 
realizado en la diferencia Estados Unidos - Reducción a cero  no indica que medidas que no sean u na 
"medida destinada a cumplir" puedan estar comprendidas en el mandato de un grupo especial sobre 
el cumplimiento. Antes bien, en el informe se explica que medidas que no sean la "medida destinada 
a cumplir" declarada  pueden ser en realidad medidas destin adas a cumplir y estar comprendidas en 
el mandato del grupo especial. En el informe se indica que la tarea de un grupo especial consiste en 
determinar si "medidas que ostensiblemente no están 'destinadas a cumplir'" tienen "vínculos 
suficientemente estrechos" con la medida destinada a cumplir declarada como tal y con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD "para que [el grupo especial] caracterice esas otras 
medidas como medidas 'dest inadas a cumplir' y, en consecuencia", comprendidas en su mandato. 
El Órgano de Apelación adoptó el mismo criterio en la diferencia Estados Unidos - Madera blanda IV . 
Por tanto, el análisis del "vínculo estrecho" puede ayudar a un grupo especial del párraf o 5 del 
artículo 21 en el análisis de si una medida distinta de la "medida destinada a cumplir" declarada 
como tal está comprendida en su mandato.  WT/DS461/ RW/Add.1  
 
- 63 - 
 
  Pregunta 12  
2. Uno de los principios fundamentales del artículo XX es que refleja el derecho del Miembro 
dema ndado "a lograr el nivel de protección que desee con respecto al objetivo perseguido". 
Por tanto, para que una medida sea "necesaria" a tenor del apartado a) del artículo XX, no hace 
falta que logre plenamente  su objetivo de moral pública. De manera simila r, un Miembro no está 
obligado a abordar todos los aspectos de un objetivo de manera conjunta y por igual debido a que 
decide abordar un aspecto. El Órgano de Apelación examinó esta cuestión explícitamente en su 
informe sobre la diferencia CE - Productos d erivados de las focas . Así pues, a diferencia de la idea 
del Japón, para cumplir la norma del apartado a) del artículo XX, Colombia no tiene que explicar por 
qué las medidas en litigio se refieren solamente a los textiles y prendas de vestir, ni demostrar que 
el alcance de las medidas es "necesario" para combatir el lavado de activos.  
Pregunta 13  
3. La primera parte del análisis de la parte introductoria del artículo XX entraña evaluar si una 
medida "da lugar a una discriminación" entre países en los que la s "condiciones" son esencialmente 
"las mismas". En los argumentos del Japón y la UE se hace caso omiso de esta parte y por tanto se 
expone erróneamente la norma jurídica de la parte introductoria.  
4. El Japón omite en su argumento este elemento del análisi s de la parte introductoria porque 
se centra en la "prueba de adaptación" que se aplicó en la diferencia Estados Unidos - Atún II . 
Sin embargo, la "prueba de adaptación" no se planteó como un enfoque de aplicación general a la 
parte introductoria. Antes bi en, el Órgano de Apelación constató que, basándose en los argumentos 
de las partes y los hechos de la diferencia, era una forma adecuada de evaluar si la medida de los 
Estados Unidos relativa al atún cumplía los requisitos de la parte introductoria. Además , el análisis 
de la "adaptación" se aplicó después  de que la parte reclamante demostrara que la medida de los 
Estados Unidos relativa al atún discriminaba entre países en los que las condiciones eran 
esencialmente las mismas. Por lo tanto, aunque la prueba  de "adaptación" fuera un enfoque de 
aplicación general al criterio de "discriminación arbitraria o injustificable", no desplazaría la primera 
parte del análisis de la parte introductoria.  
5. El argumento de la UE de que la medida de Colombia puede tratar dos categorías de productos 
"de manera similar" aunque representen "situaciones diferentes" y que esto puede constituir 
"discriminación" adolece de un fallo similar. La parte introductoria se refiere a "discriminación entre 
los países en que prevalezcan la s mismas condiciones", no simplemente a discriminar entre 
"situaciones diferentes". La hipótesis de la UE de productos a precios realmente bajos y productos 
subvalorados no tiene ninguna relación con el origen nacional de los dos supuestos tipos de 
product os y por tanto no indica que la medida discrimine "entre los países en los que prevalezcan 
las mismas condiciones". Los Estados Unidos proponen respetuosamente que los Grupos Especiales 
basen sus análisis de las defensas invocadas por Colombia en el texto de la parte introductoria y en 
los argumentos pertinentes de las partes.  
 
 WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 64 - 
 
  ANEXO C -3 
RESUMEN INTEGRADO DE HONDURAS  
1. Honduras desea expresar su opinión sobre un aspecto de esta diferencia el cual tiene un 
carácter sistémico: la posibilidad de que bajo el fundamento de protección de la moral pública o 
persecución de delitos de derecho interno un Miembro imponga medidas qu e afecten el comercio 
internacional.  
2. Honduras reconoce que dicha posibilidad forma parte del espacio de política pública de cada 
gobierno para la consecución de sus asuntos internos. Sin embargo, considera que los grupos 
especiales de la OMC deben evalu ar este tipo de argumentos con extrema cautela. La calificación de 
una operación de comercio internacional como una amenaza a la moral pública o al orden penal 
interno de un Estado no es asunto que debería tomarse a la ligera, ya que para el gobierno que l o 
alega debería ser un asunto de la más alta prioridad. Sin embargo, por ese mismo carácter 
privilegiado, dicha calificación no debería basarse únicamente en meras afirmaciones o explicaciones 
generales.  
3. A juicio de Honduras, a pesar de la deferencia qu e los grupos especiales y el Órgano de 
Apelación puedan dispensar a los gobiernos en la calificación de sus asuntos internos, por el hecho 
de que están en juego compromisos asumidos con otros Miembros de esta Organización, estos 
órganos deben basar su eval uación en las pruebas aportadas por las partes y no s ólo en afirmaciones 
dadas, o en meras explicaciones, así estas puedan parecer plausibles pero no estén respaldadas en 
sustento documental. Sin pruebas basadas en hechos reales y no meras hipótesis, los g rupos 
especiales deberían ser renuentes a aceptar sin escrutinio calificaciones de que una conducta 
empresarial es contraria a la moral pública o al orden jurídico interno del gobierno que pretenda 
restringir las importaciones.  
4. Honduras considera que es te estándar de evaluación es también de aplicación al asunto de la 
contribución de la medida a los fines propuestos y al del grado de restricción que ejerce la medida 
sobre el comercio internacional. Los grupos especiales deben considerar detenidamente la 
explicación y pruebas que sustenten estos argumentos. Particular atención debe prestarse a lo que 
Honduras denomina los "efectos colaterales" de la medida. Se debe evaluar si los efectos secundarios 
causados en el comercio internacional por la medida no da rían motivo de otra forma al surgimiento 
del mismo problema que supuestamente se pretende evitar con la medida. Si esto sucede así, la 
contribución de la medida debería ser puesta en entredicho.  
5. En el presente caso, a Honduras le surgen serias dudas de que la restricción a las 
importaciones por debajo de determinados precios no genere el incentivo opuesto para que los 
comerciantes manipulen sus precios hacia arriba de los precios de referencia, lo cual se constituiría 
también en una situación de fraude a duanero, y también le surgen dudas de que esta situación no 
se pueda prestar para la comisión de un delito de blanqueo de capitales, lo cual se pretende evitar 
con las medidas impugnadas. Honduras espera que el Grupo Especial examine esta situación con 
sumo detenimiento.  
6. Honduras considera que el artículo XX del GATT ya establece un amplio espacio de política 
pública para que los Miembros persigan las políticas internas que estimen necesarias. Los grupos 
especiales, y ciertamente el Órg ano de Apelación, deberían ser sumamente cautelosos en no aplicar 
estas reglas de manera tal que se flexibilicen aún más los criterios ya existentes.WT/DS461/ RW/Add.1  
 
- 65 - 
 
  ANEXO C -4 
RESUMEN INTEGRADO DEL JAPÓN  
I. PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD  
A. Medidas destinadas a cumplir de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 del ESD 
1. Los grupos especiales sobre el cumplimiento examinan la existencia o la compatibilidad con 
las normas de la OMC de "medidas destinadas a cumplir" de conformidad con el párrafo 5 del artículo 
21 del ESD. Tanto las medidas que los Miembros declaran como medidas que han sido o deberían 
ser adoptadas para lograr el cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD, como 
las medidas que están estrechamente relacionad as con esas medidas y las recomendaciones y 
resoluciones del OSD, constituyen esas "medidas destinadas a cumplir" a tenor del párrafo 5 del 
artículo 21. Aunque el Japón no se pronuncia de manera específica sobre los hechos de la presente 
diferencia, consid era que si las medidas en litigio (es decir, la garantía aduanera y el régimen 
especial de importación) constituyen "medidas destinadas a cumplir" y están especificadas en la 
solicitud de establecimiento del grupo especial, están comprendidas en el ámbito del Grupo Especial 
sobre el cumplimiento.  
2. A este respecto, el Japón opina que cuando un Miembro que fue el demandado en el 
procedimiento inicial ha iniciado un procedimiento sobre el cumplimiento con respecto a sus medidas 
a las que se refiere como "med idas destinadas a cumplir" en su solicitud de establecimiento de un 
grupo especial, el otro Miembro, que fue el reclamante en el procedimiento inicial, podrá iniciar otro 
procedimiento sobre el cumplimiento con respecto a otras medidas incluidas en su soli citud de 
establecimiento de un grupo especial, si tales medidas constituyen realmente "medidas destinadas 
a cumplir".  
3. En el procedimiento del grupo especial sobre el cumplimiento iniciado por el Miembro 
demandado inicial, el Miembro reclamante inicial p uede referirse a medidas distintas de las 
mencionadas por el Miembro demandado inicial para impedir que el grupo especial concluya que se 
han aplicado plenamente las recomendaciones y resoluciones iniciales. Sin embargo, en un 
procedimiento así iniciado po r el Miembro demandado inicial el grupo especial no debe formular 
constataciones sobre la compatibilidad con las normas de la OMC de las medidas que sean distintas 
de las indicadas por el Miembro demandado inicial, porque no están especificadas como medida s en 
la solicitud de establecimiento del grupo especial.  
B. La prueba del vínculo estrecho  
4. El Órgano de Apelación ha establecido una serie de criterios que deben analizar los grupos 
especiales sobre el cumplimiento al determinar si una medida destinada a cumplir no declarada tiene 
vínculos suficientemente estrechos con las medidas declaradas "destinadas a cumplir" las 
recomendaciones y resoluciones del OSD para estar comprendidas en el ámbito de un procedimiento 
sobre el cumplimiento ("prueba del vínculo  estrecho").1 La determinación obliga al grupo especial a 
"analizar los vínculos, en lo que concierne a la naturaleza , los efectos  y las fechas , entre esas 
medidas [no declaradas], las medidas 'destinadas a cumplir' declaradas como tales y las 
recomendacio nes y resoluciones del OSD" .2 
5. A este respecto, el Japón considera que en la diferencia Estados Unidos - Grandes aeronaves 
civiles (2ª reclamación) (párrafo 5 del artículo 21 - CE), el Grupo Especial sobre el cumplimiento 
aplicó la prueba del vínculo est recho al examinar la "naturaleza" y los "efectos", pero no las "fechas", 
mientras que en otras partes de su análisis el Grupo Especial examinó la "naturaleza", pero no los 
"efectos" ni las "fechas".3 El Japón considera que esa aplicación incoherente de la prueba del vínculo 
                                                
1 Véase, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Reducción a cero ( CE) 
(párrafo 5 del artículo 21 - CE), párrafo 207.  
2 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Reducción a cero (CE) (párrafo 5 del artículo 21 - 
CE), párrafo 229.  
3 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Grandes aeronaves civiles (2ª reclama ción) (párrafo 5 
del artículo 21 - CE), párrafos 7.76 -7.79 y 7.162 -7.168.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 66 - 
 
  estrecho por los grupos especiales sobre el cumplimiento puede dar lugar a determinaciones 
arbitrarias sobre el ámbito adecuado de dichos grupos especiales. El Japón solicita que el Grupo 
Especial aplique de manera global la prueba del v ínculo estrecho "tras ponderar y sopesar 
cuidadosamente todos los factores del vínculo estrecho -naturaleza, efectos y fechas -".4 
6. El Japón observa que la aplicación de la prueba del vínculo estrecho de manera global en 
cuanto a la "naturaleza", los "efe ctos" y las "fechas" puede conllevar el examen de factores 
pertinentes a los tres elementos indicados. Estima que al examinar la "naturaleza" y los "efectos" 
de las medidas es posible que el Grupo Especial quiera analizar el objetivo de política de las med idas. 
El Grupo Especial puede beneficiarse de alguna explicación por el Miembro que ha de proceder a la 
aplicación de los objetivos de las medidas que adopta, pero si tiene que hacer la prueba del vínculo 
estrecho, no debe basarse en las simples afirmacion es de las partes ni debe dar un peso 
desproporcionado a los objetivos declarados de las medidas en litigio.  
II. ARTÍCULO XI DEL GATT DE 1994  
7. El texto del párrafo 1 del artículo XI del GATT de  1994 es muy amplio y general en su alcance 
ya que no contiene ninguna limitación en lo que se refiere a las "prohibiciones o restricciones" a la 
importación de productos. El Japón es consciente de que el Órgano de Apelación declaró en la 
diferencia Argenti na - Medidas relativas a la importación  que " solo las [medidas] que tienen un 
efecto limitativo en las importaciones [de productos]"5 se puede constatar que son incompatibles 
con el párrafo 1 del artículo XI. El Japón señala también que el artículo no prec isa ningún umbral 
para ese "efecto limitativo". Aunque el párrafo 1 del artículo XI se refiere a "prohibiciones [o] 
restricciones a la importación de un producto", las limitaciones a la importación realizada por una 
determinada persona están comprendidas e n el ám bito de aplicación del artículo  XI en la medida en 
que produzcan algún efecto limitativo.  
8. A juicio del Japón, la garantía aduanera constituye una limitación a la "importación" de 
productos y, por su naturaleza, tiene un "efecto limitativo" que estaría comprendido en las medidas 
prohibidas en virtud del párrafo 1 del artículo XI. Sin embargo, las medidas prohibidas en virtud del 
párrafo 1 del artículo XI se pueden justificar de conformidad con el artículo XX del GATT de  1994 en 
la medida en que s irvan a objetivos de política pública legítimos y se cumplan otros requisitos 
específicos establecidos en la disposición. La imposición de una garantía aduanera a las 
importaciones se puede justificar al amparo del apartado d) del artículo XX en la medida en que sea 
"necesaria[  ] para lograr la observancia de [determinadas] […] leyes y […] reglamentos [compatibles 
con las normas de la OMC]".  
III. APARTADO A) DEL ARTÍCULO XX DEL GATT DE 1994  
9. Lo que es objeto de litigio es si la garantía aduanera y el régi men especial de importación 
establecidos en el Decreto Nº 1745 son "necesarios" para lograr el objetivo de combatir el lavado 
de activos, que en principio está comprendido en la finalidad de la moral pública. Aunque el Japón 
es consciente de que el Órgano de Apelación ha declarado que " los Miembros tienen derecho a 
determinar el nivel de protección que consideren adecuado"6, opina que el Miembro que pretende 
justificar una medida al amparo del apartado a) del artículo XX del GATT de  1994 debe identificar el  
nivel de protección que persigue mediante la medida. El Órgano de Apelación ha señalado que al 
evaluar si una medida puede estar justificada en virtud del artículo XX, el proceso analítico entraña 
un examen de si la medida se ha adoptado o aplicado para l ograr su objetivo y si es necesaria para 
lograr ese objetivo.7 Solo cuando el Miembro demandado identifique el objetivo de política 
perseguido por la medida podrá el Grupo Especial determinar si la medida es "necesaria" para lograr 
la medida realizando un "análisis integral […] de la relación entre la medida y la protección de la 
moral pública".8 El Japón considera que para que una medida esté justificada provisionalmente al 
                                                
4 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Reducción a cero (CE) (párrafo 5 del artículo 21 - 
CE), párrafo 262.  
5 Informes del Órgano de Apelación, Argentina -Medidas relati vas a la importación , párrafo 5.241.  
6 Informe del Órgano de Apelación, CE - Productos derivados de las focas , párrafo 5.200; véase  el 
informe del Órgano de Apelación, Brasil - Neumáticos recauchutados , párrafo 140.  
7 Véase el informe del Órgano de Apelaci ón, CE - Productos derivados de las focas , párrafo 5.169.  
8 Informe del Órgano de Apelación, Colombia - Textiles , párrafo 5.70.  WT/DS461/ RW/Add.1  
 
- 67 - 
 
  amparo del apartado a) del artículo XX del GATT de  1994, debe estar diseñada para a lcanzar el 
objetivo de política que persigue la medida.  
10. El Japón señala a este respecto que, aunque el objetivo de política pertinente es combatir el 
lavado de activos, no tiene claro por qué razón la medida está limitada a determinados textiles, 
prend as de vestir y calzado, en lugar de ser de aplicación más general a todos o la mayoría de las 
importaciones o sectores. Por tanto, el Japón considera que sería importante que el Grupo Especial 
tuviera en cuenta la falta de una explicación razonable de por qué la limitada cobertura de productos 
de la medida es "necesaria" o está destinada a combatir el lavado de activos.  
11. Por último, el Japón añade que el Grupo Especial, al determinar si la medida se ajusta a lo 
dispuesto en la parte introductoria del art ículo XX, debe evaluar minuciosamente la falta de 
explicación de los motivos por los que la medida se limita a determinados productos. El Órgano de 
Apelación ha confirmado que la prueba de adaptación se puede apli car en el contexto del artículo  XX 
del GATT . En la diferencia Estados Unidos - Atún,  el Órgano de Apelación se basó en una "prueba de 
adaptación" y examinó si cualesquiera diferencias de trato previstas en la medida en litigio podían 
estar justificadas por referencia al objetivo de política persegu ido porque esas diferencias reflejaban 
las existentes en los riesgos o se adaptaban a ellos.9 
12. Aunque el Japón no adopta una posición específica sobre los hechos de la presente diferencia, 
considera que el Grupo Especial debería analizar detenidamente s i la garantía aduanera y las 
formalidades aduaneras establecidas en el Decreto Nº 1745 tienen en cuenta diferentes riesgos que 
pueden surgir, en función de cada transacción. Si resulta que una medida aplica un solo umbral de 
precios de transacción, y por t anto no se adapta a las diferencias en los riesgos del lavado de activos 
derivados de diferentes transacciones, es posible que esa medida constituya una discriminación 
arbitraria o injustificable. Sin embargo, por la misma razón, si una medida no es aplica ble de manera 
uniforme a diferentes grupos de productos o países, aunque los riesgos no difieran, esto también 
podría ser contrario a los requisitos de la parte introductoria. En esta situación el Miembro 
demandado tiene que poder explicar la justificación  para adoptar una medida única y uniforme o, 
en cambio, una medida que diferencia de manera discriminatoria.  
13. En esta diferencia Colombia tendría que explicar por qué una medida que fija un umbral de 
precios uniforme, que por su diseño y estructura pued e incluir transacciones que no están en 
absoluto relacionadas con el lavado de activos, está relacionada racionalmente con el objetivo 
declarado de la medida de combatir el lavado de activos. También debería explicar por qué es 
razonable regular las import aciones de bajo valor de esta categoría limitada de productos y no de 
otras mercancías que se pueden usar con la misma o más facilidad para el lavado de activos. El  Japón 
opina que, a falta de este tipo de explicación racional, un grupo especial tendría no rmalmente que 
constatar que la medida da lugar a una discriminación arbitraria o injustificable de conformidad con 
la parte introductoria del artículo XX del GATT de  1994 y, por consiguiente, no  podría estar 
justificada .  
 
                                                
9 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Atún II (México) , párrafos 7.153, 7.155, 7.239 
y 7.347.  WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 68 - 
 
  ANEXO C -5 
RESU MEN INTEGRADO DE LA UNIÓN EUROPEA  
I. INTRODUCCIÓN  
1. La Unión Europea (la UE) ejerce su derecho a participar como tercero en este asunto debido 
a su interés sistémico en la interpretación y aplicación correctas y coherentes de las disposiciones 
de los acuerdos abarcados objeto de litigio en la presente diferencia, en particular el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (el GATT de  1994), el Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (el ESD), y el Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana.  
2. Aunque la UE no adopta una posición definitiva sobre todos los hechos de este asunto, expone 
sus opiniones sobre determinados argumentos y alegaciones de carácter jurídico que han presentado 
las partes en la diferencia.  
II. EL MANDATO DE LOS GRU POS ESPECIALES  
A. La cuestión de si el Decreto Nº 1745 está comprendido en el ámbito de los presentes 
procedimientos sobre el cumplimiento  
3. La UE considera que pueden ser objeto de un procedimiento sobre el cump limiento tanto las 
medidas destinadas a cumplir declaradas como las no declaradas. El mandato de un grupo especial 
del párrafo 5 del artículo 21 del ESD no se limita necesariamente a un examen de la medida que el 
Miembro al que incumbe la aplicación ha dec larado que está destinada a cumplir, sino que puede 
incluir un análisis de otras medidas que tengan una relación estrecha con las recomendaciones y 
resoluciones del OSD y con la medida destinada al cumplimiento declarada.  
4. En la diferencia CE - Banano II I (párrafo 5 del artículo 21 - Estados Unidos) , el Órgano de 
Apelación consideró que primero hay que analizar si la medida en litigio es en sí misma una medida 
destinada a cumplir y solo si ese análisis no puede dar una respuesta clara es aplicable el anál isis 
realizado en el asunto Estados Unidos - Madera blanda IV (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá) . Dicho 
de otro modo, si se constata que la medida en litigio constituye en sí misma una medida destinada 
a cumplir, para que la medida en litigio quede inclu ida en el ámbito del procedimiento del párrafo 5 
del artículo 21 no será necesario establecer la existencia de una "relación especialmente estrecha" 
de la medida en litigio con la medida destinada a cumplir declarada como tal.  
5. La UE recuerda que no solo  las medidas declaradas, sino también las no declaradas, pueden 
ser analizadas por un grupo especial en un procedimiento del párrafo 5 del artículo 21. El mandato 
de un grupo especial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 no se limita necesariame nte a 
un examen de la medida que el Miembro al que incumbe la aplicación haya declarado que está 
destinada al cumplimiento, sino que puede incluir un examen de otras medidas que tengan una 
relación estrecha con la medida destinada a cumplir declarada como tal y con las recomendaciones 
y resoluciones del OSD.  
6. Las medidas no declaradas no se pueden excluir a priori  del ámbito del procedimiento sobre 
el cumplimiento, pues en caso contrario el reclamante tendría que entablar nuevos procedimientos 
para impugn ar cualquier medida respecto a la cual el demandado siga negando el cumplimiento.  
7. En consecuencia, resulta pertinente examinar determinados aspectos relevantes, como las 
fechas, la naturaleza y los efectos de las diversas medidas a fin de concluir si ti enen una relación 
suficientemente estrecha con las recomendaciones y resoluciones del OSD y con las medidas 
destinadas a cumplir declaradas. La UE está de acuerdo con el Japón a este respecto.  
8. En lo que concierne a las fechas, la UE observa que ambos decretos, el Decreto Nº 1744 y el 
Decreto Nº 1745, fueron adoptados el 2 de noviembre de  2016, antes de que expirara el plazo 
prudencial el 22 de enero de  2017. Mientras que el primer Decreto modificó determinados derechos 
de aduana y los puso en conformid ad con las recomendaciones y resoluciones del OSD, el Decreto WT/DS461/ RW/Add.1  
 
- 69 - 
 
  Nº 1745 estableció medidas destinadas a la prevención y el control del fraude aduanero en las 
importaciones de prendas de vestir y calzado.  
9. La UE señala también que la propia Colombia explicó  el vínculo entre los dos futuros decretos 
en el procedimiento de arbitraje para la determinación del plazo prudencial. La UE estima que las 
declaraciones que hacen las partes en los arbitrajes previstos en el párrafo 3 c) del artículo  21 del 
ESD son perti nentes y pueden ofrecer orientación a los grupos especiales. No obstante, considera 
que esas declaraciones no son concluyentes.  
10. A fin de determinar si existe un vínculo estrecho, por ejemplo, entre una medida destinada a 
cumplir no declarada y las reco mendaciones y resoluciones del OSD, es necesario examinar el 
'diseño' de la medida, con inclusión de su contenido, estructura y funcionamiento previsto. Los 
grupos especiales tienen que tener en cuenta factores objetivos al realizar esa evaluación, para qu e 
puedan analizar la naturaleza, las fechas y los efectos de las medidas en litigio.  
11. La UE también considera que las constataciones de hecho formuladas por el árbitro en el 
procedimiento del párrafo 3 c) del artículo 21 son pertinentes, pero no concluy entes. La finalidad del 
procedimiento del párrafo 3 c) del artículo 21 es determinar un plazo prudencial para el 
cumplimiento, mientras que la finalidad del procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 es determinar 
si la parte respectiva ha cumplido las re comendaciones y resoluciones del OSD.  
12. La naturaleza de la medida inicial y de la nueva medida parece ser similar. El nuevo 
mecanismo de Colombia es análogo al arancel compuesto anterior y se activa cuando los precios de 
las importaciones de prendas de vestir y calzado están por debajo de determinados umbrales que 
prescribe la propia Colombia, como sucedía con el arancel compuesto. Cuando se produce esta 
situación, se aplica un arancel ad valorem superior (dentro de los límites consolidados - Decreto Nº 
1744), junto con varias prescripciones específicas (Decreto Nº 1745). En el caso de las importaciones 
efectuadas por debajo del umbral existe de hecho la presunción de que son de naturaleza ilícita. Así 
pues, el efecto de este único conjunto de medidas par ece ser el mismo que el del arancel compuesto, 
es decir, combina un elemento sensible al precio (un derecho ad valorem ) con un elemento que no 
es sensible al precio (garantías aduaneras y prescripciones de documentación).  
13. Además, los objetivos de la me dida anterior y de la nueva son iguales. La nueva medida 
también tiene como justificación la lucha contra el lavado de activos. De hecho, con respecto al 
requisito de garantía aduanera y el régimen especial de importació n establecidos en el Decreto 
Nº 1745, Colombia plantea defensas similares al amparo de las excepciones generales establecidas 
en los apartados a) y d) del artículo XX a las que planteó en el procedimiento inicial en relación con 
el arancel compuesto del Decreto Nº 456.  
14. En cuanto a los ef ectos de la medida inicial y del Decreto Nº 1745, la UE observa que la medida 
en litigio en el procedimiento inicial abarcaba las importaciones de prendas de vestir y calzado 
clasificados en los capítulos 61, 62 y 64 del Arancel de Aduanas colombiano. Al m ismo tiempo, el 
nuevo Decreto introduce controles aduaneros especiales para la importación de prendas de vestir y 
calzado clasificados en los mismos capítulos 61, 62 y 64 del Arancel de Aduanas de Colombia. 
Además, las mercancías inicialmente sujetas al De creto Nº 456 eran las que tenían precios 
artificialmente bajos, mientras que las importaciones sujetas a los requisitos de garantías aduaneras 
del Decreto Nº 1745 "son aquellas de las que se sospecha que tienen valores declarados 
artificialmente bajos". Lo s efectos de la medida inicial y de la nueva medida parecen ser la limitación 
de las importaciones de los productos afectados.  
15. Por último, las medidas contenidas en los Decretos Nos 1744 y 1745 son la respuesta de 
Colombia a las recomendaciones y resol ución del Grupo Especial inicial y del Órgano de Apelación 
con respecto al arancel compuesto establecido en el Decreto Nº 456. Si el arancel compuesto no 
hubiera sido declarado incompatible con el artículo II del GATT de  1994 y no justificado al amparo 
del artículo XX del GATT, no habría habido ningún motivo para sustituir el Decreto Nº 456 por nuevas 
medidas. P or consiguiente, los Decretos Nos 1744 y 1745 fueron adoptados como consecuencia de 
las recomendaciones y resoluciones formuladas en el procedimient o inicial.  
16. Por consiguiente, la UE considera que los Grupos Especiales deben seguir la orientación 
pertinente anterior del Órgano de Apelación y determinar si las medidas en litigio son medidas WT/DS461/R W/Add.1  
 
- 70 - 
 
  destinadas a cumplir o tienen una relación especialmente e strecha con esas medidas, teniendo en 
cuenta la configuración fáctica del presente asunto.  
B. La cuestión de si el Decreto Nº 2218 está comprendido en el ámbito de los presentes 
procedimientos sobre el cumplimiento  
17. La UE recuerda que, en la diferencia Estados Unidos/Canadá - Mantenimiento de la 
suspensión,  el Órgano de Apelación aludió a posibles nuevas infracciones no incluidas en la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial del párrafo 5 del artículo 21 presentada por el Miembro al 
que incumbe  la aplicación. La UE considera que en una configuración especial como la que existe en 
los presentes procedimientos, cuando el demandado inicial plantea primero un procedimiento sobre 
el cumplimiento y después lo hace el reclamante inicial, el asunto some tido a los Grupos Especiales 
es el que se describe en las dos solicitudes de establecimiento. Se puede comparar con la existencia 
de una solicitud de establecimiento de un grupo especial que consta de dos partes.  
18.  En cuanto a la cuestión de si una medi da adoptada después de la solicitud de establecimiento 
de un grupo especial está comprendida en su mandato, la UE considera que se debe evaluar según 
las circunstancias de cada caso. Las solicitudes de celebración de consultas tienen que ser 
compatibles co n lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 4 del ESD y las solicitudes de establecimiento 
de un grupo especial tienen que ser compatibles con lo dispuesto en el párrafo  2 del artículo 6 del 
ESD. Un grupo especial puede examinar en un procedimiento sobre e l cumplimiento medidas 
destinadas a cumplir declaradas como tales y medidas no declaradas que satisfagan la prueba del 
vínculo estrecho (naturaleza, fechas y efectos). Sin embargo, todas esas medidas deben estar 
comprendidas en el mandato del grupo especia l. Si un reclamante inicial considera que una solicitud 
de establecimiento de un grupo especial sobre el cumplimiento presentada por un demandado inicial 
es incompleta, debe presentar su propia solicitud de establecimiento si desea incluir otras medidas 
en el ámbito del procedimiento sobre el cumplimiento.  
19. Las medidas que empiezan a existir durante el procedimiento de un grupo especial sobre el 
cumplimiento solo pueden estar comprendidas en su mandato si están abarcadas por términos 
específicos incluido s en una solicitud de establecimiento de un grupo especial que sea compatible 
con lo dispuesto en el artículo 6 del ESD, o si cualquiera de las partes presenta una solicitud de 
establecimiento modificada.  
20. La UE observa que en la página 7 de la solicitu d de establecimiento de un grupo especial 
presentada por Panamá existe una cláusula "general" en la que se hace referencia a " posibles 
modificaciones, ampliaciones o complementaciones de ser el caso". Sin embargo, incluso existiendo 
esa cláusula general, l a nueva medida tiene que seguir siendo "la misma en esencia" que la antigua 
medida para quedar válidamente incluida. Por consiguiente, la UE propone a los Grupos Especiales 
que evalúen si el Decreto Nº 2218, por el que se deroga el Decreto Nº 1745 y que co ntiene en gran 
medida disposiciones idénticas (aunque con algunas diferencias importantes), puede ser considerado 
una modificación, ampliación o adición que no cambia la esencia de la medida.  
21. Además, a lo largo de su solicitud de establecimiento de un grupo especial Panamá describe 
la garantía para el otorgamiento del levante de las mercancías y determinados requisitos de 
documentación y certificación que son similares en cierta medida tanto en el Decreto Nº 1745 como 
posteriormente en el Decreto Nº 221 8. 
22. Teniendo en cuenta lo anterior, los Grupos Especiales tendrán que determinar si Colombia, 
así como los terceros, fueron informados suficientemente de las alegaciones de Panamá en la 
presente diferencia también en lo que respecta al contenido del Dec reto Nº 2218, a la luz de los 
términos de la solicitud de establecimiento del grupo especial presentada por Panamá.  
23. Por último, en caso de que los Grupos Especiales consideren que el Decreto Nº 2218 está 
comprendido en su mandato, se deben respetar las  debidas garantías procesales. Parece que 
Panamá presentó el Decreto Nº 2218 a la atención de los Grupos Especiales en la primera 
oportunidad procesal. La UE acoge con satisfacción la posibilidad de hacer observaciones sobre estos 
aspectos.  WT/DS461/ RW/Add.1  
 
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  24. Dicho lo an terior, la UE comparte las preocupaciones de los demás terceros sobre un "blanco 
móvil" y considera que se debe hacer una evaluación individual teniendo en cuenta la orientación 
pertinente existente del Órgano de Apelación.  
III. ARTÍCULO XI DEL GATT  DE 1994 
25. La UE está de acuerdo en que el párrafo 1 del artículo XI se refiere a restricciones a la 
importación de productos. Distintas disposiciones del GATT contienen referencias expresas a los 
productos. Por ejemplo, en el GATT de  1994 las disposiciones de no discriminación (NMF, trato 
nacional) se refieren a "productos similares ". Sin embargo, en el AGCS, por ejemplo, se hace 
referencia expresa a servicios similares y proveedores de servicios similares, mientras que el GATT 
de 1994 no contiene referencias s emejantes a productos similares y productores similares.  
26. En informes de grupos especiales anteriores se aclaró el sentido del término "restricciones" 
en el párrafo 1 del artículo XI. Esos grupos especiales aplicaron un criterio jurídico que tiene en 
cuenta las consecuencias en la situación de competencia de un importador. Las medidas que se 
constató que infringían el párrafo 1 del artículo XI incluían las que creaban incertidumbres y 
afectaban a los planes de inversión, restringían el acceso de las impo rtaciones al mercado o hacían 
la importación prohibitivamente costosa. Se trata de una interpretación bastante amplia, que tiene 
en cuenta distintas circunstancias que pueden actuar como condiciones limitativas sobre las 
importaciones que desalientan la im portación.  
27. Grupos especiales anteriores basaron constantemente sus constataciones en el diseño y la 
estructura de la medida y en sus posibilidades de afectar negativamente a la importación, en 
contraposición a un análisis independiente de los efectos r eales de la medida en las corrientes 
comerciales.  
28. La UE entiende que en este caso Colombia exige la constitución de una garantía aduanera que 
cubra el 200 % del precio umbral y la cantidad de las mercancías respectivas, con una validez de 
tres años.  
29. Algunas disposiciones de otros acuerdos de la OMC son pertinentes para determinar si las 
garantías aduaneras y los derechos y formalidades de importación  son compatibles con el párrafo  1 
del artículo XI  del GATT de 1994 . Las garantías aduaneras y las formalidades aduaneras son en 
general instrumentos legítimos admitidos en virtud del GATT de  1994, el Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). Si se aplican de conformidad con esas 
disposiciones, las garantías aduaneras son medidas que facilitan el comercio y no restricciones al 
mismo.  
30. Sin embargo, si las garantías aduaneras y las formalidades aduaneras se aplican de manera 
incompatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre Valoración en Aduana  y el AFC, eso 
puede ser una señal clara de que equivalen a restricciones en  el sentido del artículo XI del  GATT de 
1994.  
31. En efecto, las garantías aduaneras están permitidas en vir tud de distintos acuerdos de la  OMC, 
en particular el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana y el párrafo 3 del artículo 7 del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.  
32. La UE señala que el artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana se refiere a aquellas 
situaciones en las que en el curso de la determin ación del valor en aduana de las mercancías 
importadas resulta necesario demorar la determinación definitiva de ese valor. En esas 
circunstancias, el importador de las mercancías puede no obstante retirarlas de la Aduana si presta 
una garantía suficiente e n forma de fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago de 
los derechos de aduana a que puedan estar sujetas en definitiva las mercancías.  
33. Por consiguiente, el requisito de constituir una garantía aduanera sobre todas las 
importaciones de los productos en cuestión (mientras el precio de importación sea inferior a 
determinado umbral establecido por Colombia) significaría que es necesario demorar la 
determinación definitiva del valor en aduana en todos esos casos. Establece una presunción de 
ilegalidad sobre todas esas importaciones, mientras que cada importación debería ser tratada WT/DS461/R W/Add.1  
 
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  normalmente de acuerdo con las circunstancias particulares pertinentes, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.  
34. La UE observa asimismo que el párrafo 3 del artículo 7 del AFC diferencia entre garantías 
relacionadas con el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que finalmente deban 
pagarse por las mercancías, y las garantías relacionadas con la  detección de una infracción que 
requiera la imposición de sanciones o multas pecuniarias. Mientras que el primer tipo de garantías 
puede imponerse en todos los casos, con el fin de facilitar el levante de las mercancías antes de la 
determinación definitiv a de los derechos de aduana, impuestos tasas y cargas, el segundo tipo de 
garantías está relacionado con la detección de una infracción.  
35. Teniendo en cuenta lo anterior, una lectura acumulativa del artículo 13 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana y el  párrafo 3 del artículo 7 del AFC indica que la función de esas disposiciones 
es facilitar el comercio y no desalentar la importación. Sin embargo, la UE puede imaginar 
situaciones en las que las garantías, ya sea en forma de garantías aduaneras o de otra forma, 
puedan más bien desalentar la importación en lugar de facilitar el comercio. Tomemos por ejemplo 
el caso de una garantía prohibitivamente elevada, que no tenga ninguna relación con el valor en 
aduana de esas mercancías, que se derive de la aplicació n de los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana. Esos casos pueden equivaler perfectamente a obstáculos a la importación, 
que influyen en la situación de competencia de los importadores.  
36. De manera similar a nuestra interpretación de la relación entre el artículo XI del GATT de  1994 
y otras disposiciones pertinentes en lo que respecta al req uisito de garantía aduanera, la  UE 
considera que otras disposiciones del GATT de  1994 pueden ofrecer un contexto útil para entender 
si los derechos y formalidades de aduana equivalen a restricciones en el sentido del artículo XI.  
37. De hecho, en el artículo VIII del GATT de  1994 se menciona que t odos los derechos y cargas 
se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constitu ir una protección 
indirecta de los productos nacionales. De ello puede inferirse que los derechos y cargas que se 
ajusten a lo dispuesto en el artículo VIII no son incompatibles con el artículo XI.  
38. De modo similar, en el párrafo 2 del artículo 6 del AF C se dispone que los derechos y cargas 
aplicables a la tramitación aduanera se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados para 
la operación de importación o exportación específica de que se trate o en conexión con ella. Esos 
derechos y cargas  no deben ser incompatibles con el artículo XI.  
IV. ARTÍCULO  XX DEL GATT  DE 1994  
39. De modo semejante a lo que hizo en el procedimiento inicial, Colombia intenta justificar las 
posibles infracciones del GATT al amparo de los apartados a) y d) del artículo  XX del GATT de  1994.  
40. La UE no cuestiona que la lucha contra el lavado de activos (vinculado al narcotráfico y otras 
actividades delictivas) es una de las políticas destinadas a proteger la moral pública en Colombia. 
Teniendo en cuenta el informe del Ó rgano de Apelación en el procedimiento inicial, también parece 
que el Decreto Nº 1745 no es "incapaz" de abordar el supuesto objetivo de proteger la moral pública. 
En consecuencia, los Grupos Especiales tendrían que examinar atentamente el segundo elemento , 
es decir, si la medida en litigio es "necesaria" para la protección de la moral pública.  
41. La UE observa que la crítica inicial del Órgano de Apelación con respecto a la contribución de 
la medida inicial al objetivo de combatir el lavado de activos tam bién parece ser pertinente en el 
contexto de las medidas destinadas a cumplir. Así pues, Colombia posiblemente tenga que aclarar 
más el grado de contribución de la medida en litigio al objetivo de combatir el lavado de activos.  
42. Como se explicó en el pr ocedimiento inicial, en lo que concierne a las posibles medidas 
alternativas que pueden ser compatibles con las normas de la OMC o menos restrictivas del 
comercio, aunque haciendo una contribución equivalente al logro del objetivo perseguido, un posible 
ejemplo de una medida compatible con las normas de la OMC es centrarse más directamente en la 
subfacturación aplicando el valor en aduana correcto a las importaciones que tengan precios 
artificialmente bajos. De ese modo se puede frustrar la operación de lav ado de activos sin restringir 
al mismo tiempo las importaciones que puedan hacerse a un nivel de precios bajo debido a un motivo 
distinto.  WT/DS461/ RW/Add.1  
 
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  43. La medida de Colombia se aplica a todas las importaciones pertinentes de textiles, prendas 
de vestir y calzado pr ocedentes de todos los países si el precio es inferior a determinado umbral 
establecido por las autoridades colombianas. Sin embargo, la UE tiene dudas sobre la idoneidad de 
exigir garantías para determinadas importaciones basándose exclusivamente en sus b ajos valores 
en aduana declarados. La UE podría imaginar que puede haber situaciones en las que haya un precio 
de importación realmente bajo para algunos productos que no esté relacionado con actividades de 
lavado de activos de los grupos criminales.  
44. Las medidas en litigio pueden equivaler a una restricción encubierta al comercio internacional 
en el sentido de la parte introductoria del artículo XX. El párrafo 3 del artículo 7 del  AFC se refiere a 
la exigencia de una garantía vinculada a la imposición d e sanciones y multas solamente en los casos 
en que se haya detectado una infracción, y no en todos los casos, sobre la base de una presunción 
general de ilegalidad.  
45. La UE recuerda asimismo que los Miembros también disponen de cierta autonomía normativa . 
En la diferencia UE - Productos derivados de las focas , al analizar el apartado a) del artículo XX del 
GATT, el Canadá indicó que la UE tiene que reconocer el mismo nivel de riesgo para el bienestar de 
los animales en la caza de focas que el que reconoce  en sus mataderos y la caza de fauna terrestre. 
Por tanto, el Canadá parecía aducir que el Miembro demandado tiene que regular de manera 
semejante preocupaciones similares de moral pública para satisfacer el requisito de "proteger" la 
moral pública en el m arco del apartado a) del artículo XX. El Órgano de Apelación no estuvo de 
acuerdo.  
V. CONCLUSIONES  
46. La UE confía en que su contribución en el presente asunto ayude a los Grupos Especiales a 
evaluar objetivamente el asunto que se les ha sometido y a form ular las interpretaciones jurídicas 
respectivas de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados.  
 
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