WT/AB/26  
 
3 de junio de 2016  
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ÓRGANO DE APELACIÓN 
  
INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE A 2015 
 
 
  
 
MARZO DE 2016 WT/AB/26 
 
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El Órgano de Apelación acogerá con agrado las observaciones 
y preguntas sobre este informe anual 
en la siguiente dirección: 
 
Secretaría del Órgano de Apelación 
Organización Mundial del Comercio 
rue de Lausanne 154 
1211 Ginebra, Suiza 
Correo electrónico: appellatebody.registry@wto.org  
<https://www.wto.org/spanish/tratop _s/dispu_s/appellate_body_s.htm > WT/AB/26 
 
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  ÍNDICE 
PRÓLOGO... .................................................................................................................... .. 6 
1  INTRODU CCIÓN ........................................................................................................... 8  
2  COMPOSICIÓN DEL ÓRGA NO DE APEL ACIÓN ............................................................. 11  
3  APELAC IONES ............................................................................................................ 12  
4  INFORMES DEL ÓRGANO  DE APELACIÓN .................................................................... 14 
4.1 Argentina - Medidas que afectan a la importación de mercancías  ............................... 16 
4.2 Estados Unidos - Determinadas prescripciones en materia de etiquetado 
indicativo del país de origen (EPO) - Recurso del Canadá y México al párrafo 5 del artículo 21 del ESD  ........................................................................... 28 
4.3 Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados camarones 
procedentes de Viet Nam  ..................................................................................... 44 
4.4 India - Medidas relativas a la importación de determinados productos 
agropecuarios  ..................................................................................................... 48 
4.5 Perú - Derecho adicional sobre las importaciones de determinados productos 
agropecuarios  ..................................................................................................... 65 
4.6 China - Medidas por las que se imponen derechos antidumping a los tubos sin 
soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes 
del Japón y China - Medidas por las que se imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes de la Unión Europea  ........................................................ 81 
4.7 Estados Unidos - Medidas relativas a la importación, comercialización y venta 
de atún y productos de atún - Recurso de México al párrafo 5 del artículo 21 del ESD  ............................................................................................................. 94 
5  PARTICIPANTES Y TERCEROS PARTICIPANTES EN APELACIONES ............................ 113
 
6  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA  EL EXAMEN EN APELACIÓN. ......................... 116  
7  ARBITRAJES DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 C) DEL ARTÍCULO 21 DEL 
ESD ........................................................................................................................... ... 121 
8  OTRAS ACTI VIDADE S ............................................................................................... 129  
Anexo 1 Resúmenes de las comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación ........ 132 
Anexo 2 Límites a la extensión de las comunicaciones escritas ........................................... 134 
Anexo 3 Discurso pronunciado ante el Órgano de Solución de Diferencias el 28 de  
 octubre de 2015 por Roberto Azevêdo,  Director General de la OM C ........................ 141 
Anexo 4 Miembros del Órgano de Ap elación 2015 - Datos biográfico s ................................. 146 
Anexo 5 Antiguos Miembros del Órgano  de Apelación y Presidentes .................................... 150 
Anexo 6 Apelaciones pres entadas: 1995- 2015 ................................................................ 152 
Anexo 7 Porcentaje de informes de grupos especiales objeto de apelación, por año de 
adopción: 1995- 2015 ..................................................................................................... 153 
Anexo 8 Acuerdos de la OMC abordados en  los informes del Órgano de Apelación 
distribuidos hasta el final de 2015 .................................................................................... 154 
Anexo 9 Participantes y terceros partic ipantes en apelacio nes: 1995-2 015 .......................... 155 WT/AB/26 
 
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  ABREVIATURAS DE LA OMC UTILIZADAS EN ESTE INFORME ANUAL 
Abreviatura Descripción 
ACE Acuerdo de colaboración económica 
ACP Grupo de África, el Caribe y el Pacífico 
Acuerdo Antidumping Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
Acuerdo MSF Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
Acuerdo OTC Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
Acuerdo SMC Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
Acuerdo sobre la OMC Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio 
Acuerdo sobre las MIC Acuerdo sobre Medidas en materia de Inversiones relacionadas con 
el Comercio 
Acuerdo sobre Licencias de 
Importación Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 
Importación 
Acuerdo sobre los ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio  
Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
ALC Acuerdo de libre comercio entre el Perú y Guatemala 
APICD Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de 
los Delfines (Pruebas documentales US-23a y MEX-11 presentadas 
al Grupo Especial inicial; y Prueba documental MEX-30 presentada 
al Grupo Especial) 
ATV Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 
BAsD Banco Asiático de Desarrollo 
CCI Cámara de Comercio Internacional 
CDI Comisión de Derecho Internacional 
CI Certificados de Importación 
CIETAC Comisión de Arbitraje Económico y de Comercio Internacional de 
China 
CPI Corte Penal Internacional 
DAA Declaración de Acción Administrativa 
decisión judicial en el caso Hogarth Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos, 
Earth Island Institute et al. v. William T. Hogarth , 494 F.3d 757 
(9th Cir. 2007) 
DJAI Declaración Jurada Anticipada de Importación 
DPCIA Ley de Información al Consumidor para la Protección de los Delfines 
de 1990, codificada en el USC, Título 16, artículo 1385 
ENM economía que no es de mercado 
EPO etiquetado indicativo del país de origen 
ESD Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que 
se rige la solución de diferencias 
GATT de 1994 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
ICC información comercial confidencial 
IDLO Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo WT/AB/26 
 
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  Abreviatura Descripción 
Ley de productos del reino 
animal Ley de importación de productos del reino animal, modificada 
medida sobre el atún 
modificada régimen de etiquetado dolphin safe  de los Estados Unidos para los 
productos de atún, que comprende: i)  la DPCIA; ii) el apartado H de 
la Parte 216 del Título 50 del CFR, modificado por la norma definitiva de 2013 (reglamento de aplicación); iii) la decisión judicial 
en el caso Hogarth; y iv) cualquier orientación de aplicación, 
directiva o anuncio de política o cualquier otro documento emitido en relación con los instrumentos mencionados en los incisos i) a iii), incluidas cualesquiera modificaciones o enmiendas relativas a esos 
instrumentos 
MOFCOM Ministerio de Comercio de la República Popular China 
NADP nivel adecuado de protección 
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
NMFS Servicio Nacional de Pesca Marítima 
norma definitiva de 2013 USDOC, Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA), 
Prescripciones documentales reforzadas para apoyar la utilización 
de la etiqueta dolphin safe  en los productos de atún, United States 
Federal Register , volumen 78, N° 131 (9 de julio de 2013), 
páginas 40997-41004 
Normas de Conducta Normas de Conducta para la aplicación del Entendimiento relativo a 
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 
diferencias, adoptadas por el OSD el 3 de diciembre de 1996, 
WT/DSB/RC/1 
OCTG productos tubulares para campos petrolíferos 
OIE Organización Mundial de Sanidad Animal 
OMC Organización Mundial del Comercio 
OSD Órgano de Solución de Diferencias 
PICD Programa Internacional para la Conservación de los Delfines 
Procedimientos de trabajo Procedimientos de trabajo para el examen en apelación, 
WT/AB/WP/6, 16 de agosto de 2010 
PTO Océano Pacífico Tropical Oriental 
SFP Sistema de Franja de Precios 
TPIY Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional 
para la ex-Yugoslavia 
TTF formulario para el seguimiento del atún 
Tubacex Tubos Inoxidables, S.A. 
URAA Ley de los Acuerdos  de la Ronda Uruguay 
USCIT Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos 
USDOC Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
USITC Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 
USTR Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones 
Comerciales Internacionales WT/AB/26 
 
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  PRÓLOGO 
En 2015 se celebró el 20º aniversario de la OMC y su sistema de solución de diferencias. 
En conferencias, seminarios, coloquios y talleres celebrados en todo el mundo tanto la OMC como su sistema de solución de diferencias recibieron elogios y críticas en igual medida. El sistema de 
solución de diferencias de la OMC ha estado muy ocupado en 2015. Nunca antes ha habido tantas 
diferencias activas en las etapas de celebración de consultas y grupos especiales. Asimismo, la carga de trabajo del Órgano de Apelación en 2015 fue una de las mayores de su historia. 
El Órgano de Apelación distribuyó once informes relativos a siete asuntos distintos. Estos informes 
se referían a asuntos relacionados con el Acuerdo OTC ( Estados Unidos - EPO (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá y México)  y Estados Unidos - Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21) ; el 
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación ( Argentina - Medidas 
relativas a la importación ); el Acuerdo sobre la Agricultura ( Perú - Productos agropecuarios ); el 
Acuerdo MSF ( India - Productos agropecuarios ); y el Acuerdo Antidumping ( Estados Unidos - 
Camarones II (Viet Nam)  y China - Tubos de altas prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas 
prestaciones (UE) . En todos los informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2015 también se 
abordaron cuestiones relacionadas con el GATT de 1994 y el ESD. Sobre la base del número de asuntos actualmente en la etapa de grupos especiales (28) y del promedio de la tasa de apelación 
(67%), se prevé que la carga de trabajo del Ór gano de Apelación aumente significativamente y 
siga siendo muy elevada en los próximos años. Es igualmente digno de mención que entre las 
diferencias que actualmente están ante un grupo especial se encuentran CE y determinados 
Estados miembros (párrafo 5 del artículo 21) , Estados Unidos - Grandes aeronaves civiles 
(2ª reclamación) (párrafo 5 del artículo 21)  y Australia - Empaquetado genérico , que es probable 
que den lugar a apelaciones muy prolongadas que harán recaer una pesada carga en los recursos limitados del Órgano de Apelación. 
Los Miembros de la OMC esperan, con razón, que el Órgano de Apelación produzca informes de la 
mayor calidad y en el menor tiempo posible. Si n embargo, existe evidentemente un equilibrio 
inevitable entre, por un lado, el tiempo necesario para entender en una apelación y decidir sobre 
ella y, por otro, la calidad del informe del Órgano de Apelación en una apelación determinada. Para 
seguir asegurando tanto la gran calidad de nuestros informes como la compleción de los procedimientos de apelación dentro de un plazo lo más breve posible, durante los últimos años hemos emprendido diversas iniciativas. En 2015, estos esfuerzos incluyeron la revisión de los 
procedimientos internos y la adopción, con carácter experimental, de la práctica de incorporar a 
los informes del Órgano de Apelación como anexos los resúmenes de los argumentos presentados por los participantes y los terceros participantes. La comunicación del Órgano de Apelación 
de 11 de marzo de 2015, sobre Resúmenes de las comunicaciones escritas en los procedimientos 
de apelación , se reproduce en el anexo 1 del presente informe anual. Se ha sugerido que adoptar 
límites a la extensión de las comunicaciones escritas también permitiría una mejor gestión de los 
procedimientos de apelación de la OMC y contribuiría a optimizar el uso de los recursos del Órgano 
de Apelación y de los participantes en procedimientos de examen en apelación. En consecuencia, el 23 de octubre de 2015 el Órgano de Apelación publicó una comunicación sobre Límites a la 
extensión de las comunicaciones escritas , que se reproduce en el anexo 2 al presente informe 
anual.  El objetivo de esta comunicación era iniciar una reflexión y un debate adicionales tanto 
entre los Miembros de la OMC como con ellos sobre las cuestiones que se pueden plantear en relación con el establecimiento de límites a la extensión de las comunicaciones escritas. Continúa 
la reflexión y el debate sobre estas cuestiones. Por último, a lo largo de 2015, el Órgano de 
Apelación también ha estado permanentemente en contacto con el Director General en relación 
con las necesidades de personal de la Secretaría del Órgano de Apelación. Hemos tomado nota de 
los esfuerzos realizados y los compromisos contraídos por el Director General a este respecto y los 
agradecemos. No obstante, de manera más general, los desafíos a los que se enfrenta el Órgano de Apelación, y el sistema de solución de diferencias en conjunto, son de carácter sistémico y estructural, y solo podrán resolverse con éxito con la plena participación y el apoyo de los 
Miembros de la OMC. 
En su reunión de 25 de noviembre de 2015, el OSD decidió renovar el mandato del Sr. Ujal Singh 
Bhatia y el Sr. Thomas Graham por un segundo período de cuatro años, que comenzó el 11 de 
diciembre de 2015. El OSD adoptó esta decisión sobre la base del resultado de las consultas 
celebradas por su Presidente, el Embajador Harald Neple. En el contexto de sus consultas, el Embajador Neple celebró una reunión con el Sr. Bhatia y el Sr. Graham a la que se invitó a todos WT/AB/26 
 
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  los Miembros de la OMC. Ni en el ESD ni en la Decisión de 1995 sobre el establecimiento del 
Órgano de Apelación se establece el procedimiento que debe seguir el OSD para adoptar la decisión de renovar el mandato de Miembros del Órgano de Apelación. Las modalidades de este procedimiento han sido objeto de debate entre los Miembros de la OMC en los últimos años. 
El procedimiento seguido para renovar el mandato del Sr. Bhatia y el Sr. Graham garantizó la 
transparencia del proceso de renovación y protegió la independencia y la imparcialidad de los Miembros del Órgano de Apelación que deseaban la renovación, así como la confidencialidad de las 
deliberaciones del Órgano de Apelación. Las modalidades del procedimiento seguido figuran en la 
página 11 del presente informe anual. 
En 2015 no solo se ha celebrado un aniversario y se han realizado muchas actividades de solución 
de diferencias. También ha sido un año de pérdidas y tristeza. Nos enteramos con gran pesar del 
fallecimiento de Florentino Feliciano y John Jackson. El juez Florentino Feliciano, que fue uno de los 
siete Miembros iniciales del Órgano de Apelación, falleció en Manila el 15 de diciembre de 2015 a los 87 años. Tras una destacada carrera jurídica en Filipinas, donde ejerció entre otros el cargo de 
Juez Suplente Superior del Tribunal Supremo de Fi lipinas, en 1995 el juez Feliciano fue nombrado 
miembro del entonces recientemente creado Órgano de Apelación. Conocido por muchos simplemente como "Toy", el juez Feliciano desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de la 
institución a lo largo de sus seis años de mandato en el Órgano de Apelación. El juez Feliciano es 
recordado por su capacidad para combinar una gran inteligencia y sabiduría con un elegante uso del idioma y por ser un jurista de principios extraordinariamente sólidos, riguroso y apasionado. El profesor John H. Jackson, profesor de derecho en  la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Michigan desde 1966 hasta 1998, y posteriormente profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Georgetown, falleció en Ann Arbor (Michigan) el 7 de noviembre de 2015 a los 83 años. John Jackson fue uno de los grandes arquitectos intelectuales del sistema multilateral 
de comercio y un firme defensor de un sistema de solución de diferencias de la OMC sólido. 
Consideraba que tal sistema era indispensable para hacer eficaces las normas de la OMC y aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. John Jackson fue un mentor y un 
amigo para muchos de nosotros. Esperamos que las vidas y el trabajo del juez Feliciano y el 
profesor Jackson sigan inspirando y guiando nuestros esfuerzos por continuar mejorando el sistema de solución de diferencias de la OMC. 
 
 
 
Peter Van den Bossche 
Presidente, Órgano de Apelación 
 WT/AB/26 
 
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  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
ÓRGANO DE APELACIÓN 
INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE A 2015 
1  INTRODUCCIÓN 
En el presente informe anual se resumen las actividades realizadas por el Órgano de Apelación y 
su Secretaría en el año 2015. 
La solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio (OMC) está regulada por el 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias 
(ESD), que figura en el Anexo 2 del Acuerdo de Ma rrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC). El párrafo 2 del artículo 3 del ESD enuncia los objetivos generales del sistema de solución de diferencias. Con arreglo a esa disposición, 
"el sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y 
previsibilidad al sistema multilateral de comercio". En esa disposición se establece también que el sistema de solución de diferencias "sirve para preservar los derechos y obligaciones de los 
Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de 
dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público". La administración del sistema de solución de diferencias está a cargo del 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD), integrado por todos los Miembros de la OMC. 
Todo Miembro de la OMC puede recurrir a las normas y procedimientos previstos en el ESD cuando 
"considere que cualesquiera ventajas resultantes pa ra él directa o indirectamente de los acuerdos 
abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por otro Miembro".
1 Los 
procedimientos del ESD son aplicables a las diferencias surgidas en el marco de cualquiera de los 
acuerdos abarcados que se enumeran en el Apéndi ce 1 del ESD, que incluyen el Acuerdo sobre la 
OMC y todos los Acuerdos multilaterales anexos a él, relativos al comercio de mercancías2, el 
comercio de servicios3 y la protección de los derechos de propiedad intelectual4, así como el propio 
ESD. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 1 del ESD, las normas y procedimientos especiales o adicionales enumerados en el Apéndice 2 del ESD prevalecen sobre los previstos en el ESD en la 
medida en que exista una incompatibilidad. La aplicación del ESD a las diferencias que se planteen 
en el marco de los acuerdos comerciales plurilaterales anexos al Acuerdo sobre la OMC
5 depende 
de que las partes en cada uno de esos acuerdos adopten una decisión en la que se establezcan las condiciones de la aplicación del ESD al acuerdo de que se trate.
6 
El procedimiento previsto en el ESD se lleva a cabo en etapas. En la primera etapa, los Miembros 
están obligados a celebrar consultas con miras a llegar a una solución mutuamente convenida de la cuestión en litigio.
7 Si en esas consultas no se alcanza una solución de mutuo acuerdo, la 
diferencia puede pasar a la etapa de carácter resolutivo, en la que el Miembro reclamante solicita 
al OSD el establecimiento de un grupo especial para que examine el asunto.8 Los integrantes de 
los grupos especiales son elegidos por acuerdo entre las partes, sobre la base de las candidaturas 
propuestas por la Secretaría.9 Sin embargo, si las partes no logran llegar a un acuerdo, cualquiera 
de ellas podrá solicitar al Director General de la OMC que establezca la composición del grupo especial.
10 Los grupos especiales estarán formados por personas muy competentes, funcionarios 
gubernamentales o no, que tengan competencia técnica en derecho mercantil internacional o 
política comercial internacional.11 En el desempeño de su función resolutoria, el grupo especial 
                                               
1 Párrafo 3 del artículo 3 del ESD. 
2 Anexo 1A al Acuerdo sobre la OMC. 
3 Anexo 1B al Acuerdo sobre la OMC. 
4 Anexo 1C al Acuerdo sobre la OMC. 
5 Anexo 4 al Acuerdo sobre la OMC. 
6 Apéndice 1 al ESD. 
7 Artículo 4 del ESD. 
8 Artículo 6 del ESD. 
9 Párrafo 6 del artículo 8 del ESD. 
10 Párrafo 7 del artículo 8 del ESD. 
11 Párrafo 1 del artículo 8 del ESD. WT/AB/26 
 
- 9 - 
 
  debe "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, que incluya una 
evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con estos, y formular otras conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados".
12 
El procedimiento del grupo especial incluye la presentación de comunicaciones escritas por las 
partes principales y también por los terceros que hayan notificado al OSD su interés en la diferencia. Normalmente los grupos especiales celebran dos reuniones con las partes, una de las 
cuales incluye también una sesión con los terceros. Los grupos especiales exponen sus 
constataciones fácticas y jurídicas en un informe provisional sobre el que las partes pueden formular observaciones. El informe definitivo se comunica en primer lugar a las partes y se distribuye después a todos los Miembros de la OMC en los tres idiomas oficiales de la Organización 
(español, francés e inglés), momento en el que también se publica en el sitio Web de la OMC. 
El artículo 17 del ESD establece un Órgano Permanente de Apelación. El Órgano de Apelación está 
integrado por siete Miembros, nombrados cada uno por un mandato de cuatro años, que puede 
renovarse una vez. Las fechas de expiración de los mandatos se escalonan para asegurar que no 
todos los Miembros inicien y concluyan sus respectivos mandatos al mismo tiempo. Los Miembros del Órgano de Apelación deben ser personas de prestigio reconocido, con competencia técnica 
acreditada en derecho, en comercio internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en 
general, y no deben estar vinculados a ningún go bierno. Además, los integrantes del Órgano de 
Apelación serán representativos en términos generales de la composición de la OMC. Los Miembros del Órgano de Apelación eligen un presidente para un mandato de un año, prorrogable por un 
período adicional de un año. El Presidente tiene a su cargo la dirección general de los asuntos del 
Órgano de Apelación. Una sección integrada por tres Miembros del Órgano de Apelación entiende en cada apelación. El proceso de selección de las secciones está destinado a garantizar los 
principios de selección aleatoria, imprevisibilidad de la selección y oportunidad de actuar de todos 
los Miembros con independencia de su origen naci onal. Con objeto de garantizar la uniformidad y 
coherencia en la adopción de decisiones, antes de finalizar los informes del Órgano de Apelación 
las secciones intercambian opiniones con los otros cuatro Miembros de dicho Órgano. El Órgano de 
Apelación recibe asistencia jurídica y administrativa  de su Secretaría. La conducta de los Miembros 
y de los funcionarios del Órgano de Apelación se rige por las Normas de Conducta para la aplicación del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución 
de diferencias
13 (Normas de Conducta). Dichas Normas su brayan que los Miembros del Órgano de 
Apelación serán independientes e imparciales y evitarán todo conflicto de intereses directo o indirecto, además de mantener la confidencialidad de los procedimientos en apelación.
14 
Cualquiera de las partes en una diferencia, con excepción de los Miembros de la OMC que hayan 
intervenido en calidad de terceros en la etapa del grupo especial, puede apelar ante el Órgano de Apelación el informe de un grupo especial. Estos terceros, no obstante, pueden participar en el 
procedimiento de apelación y presentar comunicaciones escritas y formular declaraciones orales. 
La apelación tiene únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por este. El examen en apelación se lleva a cabo con arreglo a los procedimientos establecidos en el ESD y los Procedimientos de 
trabajo para el examen en apelación
15 (Procedimientos de trabajo), elaborados por el Órgano de 
Apelación en consulta con el Presidente del OSD y con el Director General de la OMC y comunicados a los Miembros de la OMC. El procedimiento de apelación conlleva la presentación de 
comunicaciones escritas por los participantes y los terceros participantes, así como la celebración 
de una audiencia. El informe del Órgano de Apelación debe distribuirse en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha en que se haya iniciado la apelación, y se publica en el sitio Web de 
la OMC inmediatamente después de su distribución  a los Miembros. En su informe, el Órgano de 
Apelación puede confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. 
                                               
12 Artículo 11 del ESD. 
13 Las Normas de Conducta, adoptadas por el OSD el 3 de diciembre de 1996 (WT/DSB/RC/1), han sido 
incorporadas a los Procedimientos de trabajo para el  examen en apelación (WT/AB/WP/6) como anexo II. 
(Véanse los documentos WT/DSB/RC/2, WT/AB/WP/W/2.) 
14 Los antiguos Miembros del Órgano de Apelación y los funcionarios y pasantes de su Secretaría están 
sujetos a directrices aplicables después de la separación del servicio que facilitan el cumplimiento de las obligaciones de conducta pertinentes tras un período de servicio (WT/AB/22). 
15 Procedimientos de trabajo para el examen en  apelación, WT/AB/WP/6, 16 de agosto de 2010. WT/AB/26 
 
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  Los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación deben ser adoptados por los 
Miembros de la OMC obrando colectivamente por conducto del OSD. De conformidad con la regla del consenso en contrario, un informe se considera adoptado a menos que el OSD decida por consenso no adoptarlo.
16 Una vez adoptados, el informe del Órgano de Apelación y el informe del 
grupo especial (modificado por el Órgano de Apelación) son vinculantes para las partes. 
El párrafo 3 del artículo 21 del ESD dispone que, una vez que el OSD ha adoptado un informe de 
un grupo especial o del Órgano de Apelación que incluya una constatación de incompatibilidad de 
una medida del Miembro demandado con las obligaciones que le corresponden en el marco de 
la OMC, el Miembro demandado debe, en principio, cumplir inmediatamente. Sin embargo, cuando el cumplimiento inmediato "no sea factible", el Miembro demandado dispondrá de un "plazo prudencial" para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. El "plazo prudencial" puede 
ser determinado por el OSD, establecido por las partes de común acuerdo o fijado mediante 
arbitraje vinculante en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. En dicho arbitraje, una 
directriz para el árbitro ha de ser que el plazo pr udencial para la aplicación de las recomendaciones 
del grupo especial o del Órgano de Apelación no deberá exceder de 15 meses contados a partir de 
la fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no obstante, ser más corto o más largo según las circunstancias del caso. Los árbitros han indicado 
que el plazo prudencial será el plazo más breve po sible en el marco del ordenamiento jurídico del 
Miembro que ha de proceder a la aplicación. 
En caso de desacuerdo entre las partes "en cuanto a la existencia de medidas destinadas a 
cumplir ... o a la compatibilidad de dichas medi das con un acuerdo abarcado", la cuestión puede 
someterse al grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto, en virtud del 
procedimiento sobre el cumplimiento previsto en el párrafo 5 del artículo 21 del ESD. En el marco de ese procedimiento, el grupo especial emite un informe que puede ser objeto de apelación ante 
el Órgano de Apelación. Una vez adoptados por el OSD, los informes emitidos por el grupo especial 
y el Órgano de Apelación en el marco del procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 sobre el cumplimiento son vinculantes para las partes. 
Si el Miembro demandado no pone la medida declarada incompatible con las normas de la OMC en 
conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de los acuerdos abarcados dentro del plazo prudencial, el Miembro reclamante puede solicitar la celebración de negociaciones con el 
Miembro demandado con miras a llegar a un acuerdo sobre la compensación como alternativa 
temporal y voluntaria al pleno cumplimiento. La compensación está supeditada a la aceptación del 
Miembro reclamante y debe ser compatible con los Acuerdos de la OMC. Si no se conviene en una compensación satisfactoria, el Miembro reclamante  puede solicitar la autorización del OSD, de 
conformidad con el artículo 22 del ESD, para suspender la aplicación al Miembro demandado de 
concesiones u otras obligaciones resultantes de los Acuerdos de la OMC. El nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones autorizado por el OSD será equivalente al nivel de anulación o 
menoscabo resultante del incumplimiento de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
El Miembro demandado puede solicitar un arbitraje de conformidad con el párrafo 6 del artículo 22 del ESD si impugna el nivel de la suspensión propuesta o considera que no se han seguido los principios y procedimientos relativos a la suspensión de concesiones u otras obligaciones. 
En principio, la suspensión de concesiones u otras obligaciones debe referirse al mismo sector 
comercial o acuerdo que la medida declarada incompatible. Sin embargo, si ello resulta impracticable o es ineficaz para el Miembro reclamante y las circunstancias son suficientemente 
graves, el Miembro reclamante puede solicitar autorización para suspender concesiones con 
respecto a otros sectores o acuerdos. El arbitraje previsto en el párrafo 6 del artículo 22 estará a cargo del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto, si estuvieran disponibles 
sus miembros. La compensación y la suspensión de concesiones u otras obligaciones son medidas 
temporales; ninguna de ellas se ha de preferir a la aplicación plena de una recomendación de poner una medida en conformidad con los acuerdos abarcados.
17 
Las partes en una diferencia pueden solicitar, en cualquier etapa del procedimiento, los buenos 
oficios, la conciliación o la mediación como métodos alternativos de solución de diferencias.18 
Además, de conformidad con el artículo 25 del ES D, los Miembros de la OMC pueden recurrir al 
                                               
16 Párrafo 4 del artículo 16 y párrafo 14 del artículo 17 del ESD. 
17 Párrafo 1 del artículo 22 del ESD. 
18 Artículo 5 del ESD. WT/AB/26 
 
- 11 - 
 
  arbitraje como alternativa a los procedimientos habituales previstos en el ESD.19 El recurso al 
arbitraje, con inclusión del procedimiento por el que se regirá, está sujeto al acuerdo mutuo de las partes.
20 
2  COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
El Órgano de Apelación es un órgano permanente integrado por siete Miembros nombrados por 
el OSD para un mandato de cuatro años que puede renovarse solo una vez por otro período de cuatro años. 
El primer mandato de cuatro años de los Sres. Ujal Singh Bhatia y Thomas Graham expiró el 10 de 
diciembre de 2015. Tanto el Sr. Bhatia como el Sr . Graham expresaron su interés y voluntad para 
ser designados para un segundo mandato de cuatro  años. En una reunión celebrada el 22 de abril 
de 2015, el Presidente del OSD informó a los Miembros de la OMC de su intención de mantener 
consultas informales con las delegaciones sobre esta cuestión.
21 A la luz de esas consultas, en la 
reunión del OSD celebrada el 28 de octubre anunció su intención de celebrar una reunión el 12 de noviembre con los dos Miembros del Órgano de Apelación, e invitó a todas las delegaciones 
interesadas que desearan participar a que se pusier an en contacto con él directamente o a través 
de la Secretaría e indicaran los temas que deseaban plantear.
22 Un total de 28 delegaciones, entre 
ellas las de varios Estados miembros de la UE, participaron en la reunión con los Sres. Bhatia y 
Graham, celebrada el 12 de noviembre. Hubo una sesión separada para cada Miembro del Órgano 
de Apelación. 
Al principio de la reunión del 12 de noviembre, el Presidente del OSD estableció las normas básicas 
para la celebración ordenada de la reunión. A este respecto, el Presidente subrayó que la reunión 
no estaba destinada a reproducir o repetir las prolongadas entrevistas realizadas por las 
delegaciones en relación con los nombramientos iniciales. También informó a las delegaciones de que solo podrían formular preguntas a los Miembros del Órgano de Apelación los Embajadores o 
sus adjuntos, y de que cada delegación estaba autorizada a formular únicamente dos preguntas. 
Además, las delegaciones no podían hacer preguntas referidas a: i) cualesquiera cuestiones jurídicas planteadas en diferencias que estuvieran en ese momento en la fase de consultas, ante 
grupos especiales o ante el Órgano de Apelación;  ii) cualesquiera cuestiones jurídicas sobre las 
que se hubiera pronunciado el Órgano de Apelación durante el mandato del Miembro del Órgano de Apelación que solicitaba que se renovara su nombramiento; y iii) cualesquiera cuestiones jurídicas que el Órgano de Apelación no hubiera examinado aún. El Presidente recordó que los 
Miembros del Órgano de Apelación están sujetos a las Normas de Conducta para el ESD anexas a 
los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación, y que, de conformidad con las Normas II.1 y III.2, serán independientes e imparc iales, evitarán todo conflicto de intereses 
directo o indirecto y respetarán la confidencialidad . En este sentido, el Presidente subrayó que los 
Miembros del Órgano de Apelación podían en cualquier momento negarse a responder a cualquiera de las preguntas formuladas durante la reunión. 
Después de las observaciones introductorias del Presidente en la reunión informal del 12 de 
noviembre, cuatro delegaciones hicieron declaraciones relativas a la naturaleza de la reunión y expresaron su opinión sobre la cuestión de la re novación del nombramiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 17 del ESD. A continuación, algunas delegaciones formularon 
preguntas, que se refirieron a lo siguiente: i) el interés del Miembro del Órgano de Apelación en la 
renovación de su mandato y los conocimientos adquiridos como Miembro del Órgano de Apelación; ii) la cuestión del aumento de la carga de trabajo del Órgano de Apelación y cómo hacerle frente; 
iii) la cuestión de la colegialidad; y iv) lo que el propio Órgano de Apelación puede hacer para 
mejorar la eficiencia del proceso del Órgano. El Presidente señaló que los Miembros del Órgano de Apelación habían respondido a todas las preguntas que se les habían formulado. 
                                               
19 Solo se ha recurrido una vez al artículo 25 del ESD,  y no fue en sustitución de los procedimientos del 
grupo especial o del Órgano de Apelación, sino que el  objetivo de ese arbitraj e fue fijar una cuantía de 
compensación hasta el pleno cumplimiento por parte del Miembro demandado. (V éase el laudo arbitral, 
Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor (artículo 25) .) 
20 Los artículos 21 y 22 del ESD son aplicables mutatis mutandis  a las decisiones de los árbitros. 
21 Véase el documento WT/DSB/M/360. 
22 Véase el documento WT/DSB/M/369. WT/AB/26 
 
- 12 - 
 
  A raíz de los resultados del proceso de consultas del Presidente del OSD, con inclusión de la 
reunión celebrada el 12 de noviembre, el OSD decidió, en su reunión de 25 de noviembre de 2015, renovar el mandato del Sr. Ujal Singh Bhatia y del Sr. Thomas Graham por un segundo período de 
cuatro años, que comenzó el 11 de diciembre de 2015.
23 
En el cuadro 1 se indican la composición del Órgano de Apelación en 2015 y los respectivos 
mandatos de sus Miembros. 
Cuadro 1: Composición del Órgano de Apelación en 2015 
Nombre Nacionalidad Mandato 
Ujal Singh Bhatia India 2011-2015 
2015-2019 
Seung Wha Chang Corea 2012-2016 
Thomas R. Graham Estados Unidos 2011-2015 
2015-2019 
Ricardo Ramírez-Hernández México 2009-2013 
2013-2017 
Shree Baboo Chekitan Servansing Mauricio 2014-2018 
Peter Van den Bossche Bélgica 2009-2013 
2013-2017 
Yuejiao Zhang China 2008-2012 
2012-2016 
 
De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 5 de los Procedimientos de trabajo, los Miembros del 
Órgano de Apelación eligieron al Sr. Peter Van den Bossche para desempeñar el cargo de 
Presidente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.24 En noviembre de 2015, el Sr. Thomas 
Graham fue elegido para desempeñar el cargo de Presidente del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2016. 
En el anexo 4 se incluye información biográfica sobre los Miembros del Órgano de Apelación. 
El anexo 5 contiene una lista de los antiguos Miembros y Presidentes del Órgano de Apelación. 
El Órgano de Apelación recibe asistencia jurídica y administrativa de su Secretaría, de conformidad 
con el párrafo 7 del artículo 17 del ESD. Al 31 de diciembre de 2015, la Secretaría estaba 
integrada por un Director, diecisiete juristas, un ay udante administrativo y cuatro funcionarios de 
apoyo. El Sr. Werner Zdouc es Director de la Secretaría del Órgano de Apelación desde 2006. 
3  APELACIONES 
De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo, y con arreglo al 
párrafo 4 del artículo 16 del ESD, la apelación la inicia una parte en la diferencia mediante una 
notificación por escrito al OSD y la presentación de un anuncio de apelación ante la Secretaría del 
Órgano de Apelación. El párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo prevé la posibilidad de que cualquier parte en la diferencia distinta del apelante inicial se sume a la apelación, o apele sobre la base de otros supuestos errores, presentando un anuncio de otra 
apelación en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de la presentación del anuncio de 
apelación. 
En 2015 se apelaron ocho informes de grupos especiales sobre siete asuntos. Dos de las 
diferencias se referían a procedimientos sobre el cumplimiento, y las restantes se referían a 
procedimientos iniciales. En seis de las ocho diferencias se presentó "otra apelación" de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo. En el cuadro 2 
figura información adicional sobre las apelaciones presentadas en 2015. 
                                               
23 Véase el documento WT/DSB/M/370. 
24 Véase el documento WT/DSB/69. WT/AB/26 
 
- 13 - 
 
  Cuadro 2: Informes de grupos especiales apelados en 2015 
Informes de grupos 
especiales apelados Fecha de la 
apelación Apelantea Signatura Otro 
apelanteb Signatura 
Estados Unidos - Medidas 
antidumping sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam 6 de enero 
de 2015 Viet Nam WT/DS429/5 - - 
India - Medidas relativas a 
la importación de 
determinados productos 
agropecuarios  26 de enero 
de 2015 India WT/DS430/8 - - 
Perú - Derecho adicional 
sobre las importaciones de determinados productos agropecuarios 25 de marzo 
de 2015 Perú WT/DS457/7 Guatemala WT/DS457/8 
China - Medidas por las 
que se imponen derechos 
antidumping a los tubos 
sin soldadura (sin costura) 
de acero inoxidable para 
altas prestaciones 
procedentes del Japón 20 de mayo 
de 2015 Japón WT/DS454/7 China WT/DS454/8 
China - Medidas por las 
que se imponen derechos 
antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes de la Unión Europea 20 de mayo 
de 2015 China WT/DS460/7 Unión 
Europea WT/DS460/8 
Estados Unidos - Medidas 
relativas a la importación, 
comercialización y venta 
de atún y productos de 
atún - Recurso de México 
al párrafo 5 del artículo 21 
del ESD 5 de junio 
de 2015 Estados 
Unidos WT/DS381/24 México WT/DS381/25 
Comunidades Europeas - 
Medidas antidumping 
definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China - Recurso de China al párrafo 5 del artículo 21 del ESD 9 de septiembre 
de 2015 Unión 
Europea WT/DS397/21 China WT/DS397/22 
Argentina - Medidas 
relativas al comercio de 
mercancías y servicios 27 de octubre 
de 2015 Panamá WT/DS453/7 Argentina WT/DS453/8 
a De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo. 
b De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo. 
 
En el anexo 6 puede consultarse información adicional sobre el número de apelaciones presentadas cada año desde 1995. El gráfico 1 muestra el número de apelaciones presentadas 
cada año entre 1995 y 2015. WT/AB/26 
 
- 14 - 
 
  Gráfico 1: Número total de apelaciones (1995-2015) 
 
 
El promedio general de informes de grupos especiales que han sido objeto de apelación, 
desde 1995 hasta 2015, es del 67%. En el anexo 7 se indica el porcentaje de informes de grupos 
especiales que han sido objeto de apelación cada año. 
4  INFORMES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
En 2015 se distribuyeron once informes del Órgano de Apelación sobre siete asuntos cuyos 
detalles se resumen en el cuadro 3. Hasta el fina l de 2015 el Órgano de Apelación ha distribuido 
en total 138 informes. 
Cuadro 3: Informes del Órgano de Apelación distribuidos en 2015 
Asunto Signatura Fecha de 
distribución Fecha de adopción 
por el OSD 
Argentina - Medidas que afectan 
a la importación de mercancías* WT/DS438/AB/R 
WT/DS444/AB/R WT/DS445/AB/R  15 de enero de 2015 26 de enero de 2015 
Estados Unidos - Determinadas 
prescripciones en materia de 
etiquetado indicativo del país de 
origen (EPO) - Recurso del 
Canadá y México al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD* WT/DS384/AB/RW 
WT/DS386/AB/RW 18 de mayo de 2015 20 de mayo de 2015 
Estados Unidos - Medidas 
antidumping sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam WT/DS449/AB/R 7 de abril de 2015 22 de abril de 2015 
India - Medidas relativas a la 
importación de determinados 
productos agropecuarios WT/DS430/AB/R 4 de junio de 2015 19 de junio de 2015 
Perú - Derecho adicional sobre 
las importaciones de 
determinados productos agropecuarios WT/DS457/AB/R 20 de julio de 2015 31 de julio de 2015 WT/AB/26 
 
- 15 - 
 
  Asunto Signatura Fecha de 
distribución Fecha de adopción 
por el OSD 
China - Medidas por las que se 
imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura 
(sin costura) de acero inoxidable 
para altas prestaciones 
procedentes del Japón / de la 
Unión Europea WT/DS454/AB/R 
WT/DS460/AB/R 14 de octubre de 2015 28 de octubre de 2015 
Estados Unidos - Medidas 
relativas a la importación, 
comercialización y venta de atún 
y productos de atún - Recurso de 
México al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD WT/DS381/AB/RW 20 de noviembre 
de 2015 3 de diciembre 
de 2015 
* Los informes del Órgano de Apelac ión sobre diferencias con el mismo título se distribuyeron en un solo 
documento.  
 
En el cuadro 4 se indican los Acuerdos de la OMC abordados en los informes del Órgano de 
Apelación distribuidos en 2015. 
Cuadro 4: Acuerdos de la OMC abordados en  los informes del Órgano de Apelación 
distribuidos en 2015 
Asunto Signatura Acuerdos de la OMC abordados 
Argentina - Medidas que afectan a 
la importación de mercancías* WT/DS438/AB/R 
WT/DS444/AB/R 
WT/DS445/AB/R  Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de 
Importación 
ESD  
GATT de 1994 
Estados Unidos - Determinadas 
prescripciones en materia de 
etiquetado indicativo del país de 
origen (EPO) - Recurso del Canadá 
y México al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD* WT/DS384/AB/RW 
WT/DS386/AB/RW ESD 
GATT de 1994 
Acuerdo OTC 
Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam WT/DS429/AB/R Acuerdo Antidumping  
ESD 
GATT de 1994 
India - Medidas relativas a la 
importación de determinados 
productos agropecuarios WT/DS430/AB/R ESD 
GATT de 1994 
Acuerdo MSF 
Perú - Derecho adicional sobre las 
importaciones de determinados 
productos agropecuarios WT/DS457/AB/R Acuerdo sobre la Agricultura  
ESD 
GATT de 1994 
China - Medidas por las que se 
imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura (sin 
costura) de acero inoxidable para 
altas prestaciones procedentes del 
Japón / de la Unión Europea WT/DS454/AB/R 
WT/DS460/AB/R Acuerdo Antidumping  
ESD 
GATT de 1994 
Estados Unidos - Medidas relativas 
a la importación, comercialización 
y venta de atún y productos de 
atún - Recurso de México al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD WT/DS381/AB/RW ESD 
GATT de 1994 
Acuerdo OTC 
* Los informes del Órgano de Apelac ión sobre diferencias con el mismo título se distribuyeron en un solo 
documento. 
 WT/AB/26 
 
- 16 - 
 
  El gráfico 2 que figura a continuación muestra el número de veces que se han abordado los 
distintos acuerdos de la OMC en los 138 informes del Órgano de Apelación distribuidos desde 1996 hasta el final de 2015. 
Gráfico 2: Acuerdos de la OMC que han sido  abordados en las apelaciones (1996-2015) 
 
 
Las constataciones y conclusiones formuladas en los informes del Órgano de Apelación distribuidos 
en 2015 se resumen a continuación. 
4.1  Informes del Órgano de Apelación, Argentina - Medidas que afectan a la importación 
de mercancías , WT/DS438/AB/R, WT/DS444/AB/R y WT/DS445/AB/R 
Estas diferencias se referían a reclamaciones planteadas por la Unión Europea (DS438), los 
Estados Unidos (DS444) y el Japón (DS445) (los reclamantes) contra la imposición por la Argentina a los futuros importadores de cinco prescripciones relacionadas con el comercio (PRC) como condición para importar mercancías en la Argentina o para obtener determinadas ventajas 
(la medida PRC). Los reclamantes también impugnaron un procedimiento mediante el cual la 
Argentina exige a los futuros importadores que presenten una Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) antes de la importación, y prohíbe la importación o impone determinadas 
condiciones a la importación en función de la reacción de determinados organismos 
gubernamentales a esa declaración (el procedimiento DJAI). 
Según la definen los reclamantes, la medida PRC consiste en la imposición por la Argentina de una 
o más de las siguientes PRC: a) exportar mercancías por un valor igual o superior al valor de las 
importaciones; b) reducir las importaciones; c) incorporar más contenido nacional en las mercancías de producción nacional; d) hacer inversiones en la Argentina o aumentarlas; y e) abstenerse de repatriar los beneficios. Con respecto a esta medida, los reclamantes alegaron 
ante el Grupo Especial que la Argentina había actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del 
artículo X y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. La Unión Europea y el Japón también alegaron que la medida PRC es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 
Con respecto al procedimiento DJAI, los reclamantes alegaron ante el Grupo Especial que la 
Argentina actúa de manera incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 y con los párrafos 3, 4 a) y 6 del artículo 1, los párrafos 2, 3 y 5 f) 
del artículo 3 y los párrafos 1 a 4 del artículo 5 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación (Acuerdo sobre Licencias de Importación). La Unión Europea y el Japón también alegaron que el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. 
El Grupo Especial constató que el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del 
artículo XI del GATT de 1994 porque constituye una restricción a la importación de mercancías, pero aplicó el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones de los reclamantes en 
el marco de los párrafos 1 y 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y de los párrafos 3, 4 a) y 6 del 
ESD
GATT de 1994
SMC
Antidumping
Acuerdo sobre
la OMC
Agricultura
OTC
MSF
Salvaguardias
AGCS
MIC
ADPIC
ATV
Licencias de
importaciónWT/AB/26 
 
- 17 - 
 
  artículo 1, los párrafos 2, 3 y 5 f) del artículo 3 y los párrafos 1 a 4 del artículo 5 del Acuerdo sobre 
Licencias de Importación. Con respecto a las PRC, el Grupo Especial constató que la medida en litigio es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, porque constituye una restricción a la importación de mercancías. Tras hacer esta constatación, el Grupo Especial aplicó 
el principio de economía procesal con respecto  a la alegación de los reclamantes de que la 
medida PRC no se había publicado prontamente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial también constató que, con respecto a la 
prescripción de contenido nacional, la medida PRC es incompatible con el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994, porque otorga a los productos importados un trato menos favorable que el otorgado a los productos nacionales similares. El Grupo Especial constató además que la medida PRC es incompatible "en sí misma" con estas disposiciones. 
4.1.1  El mandato del Grupo Especial 
4.1.1.1  Apelación de la Argentina La Argentina apeló respecto de las constataciones del Grupo Especial según las cuales la medida 
PRC estaba comprendida en el mandato del Grupo Especial. La Argentina adujo que, puesto que 
los reclamantes no identificaron una medida PRC única o "global" en sus solicitudes de celebración de consultas, la identificación de una medida PRC única o "global" en sus solicitudes de 
establecimiento de un grupo especial amplió el alcance y cambió la esencia de la diferencia. 
El Órgano de Apelación comparó las solicitudes de celebración de consultas y de establecimiento 
de un grupo especial y, al igual que el Grupo Especial, observó un alto grado de similitud entre el texto y el contenido de los dos conjuntos de solicitudes. En primer lugar, con respecto a las PRC, 
en las solicitudes de celebración de consultas y en las solicitudes de establecimiento de un grupo 
especial se identifican los mismos cinco "compromisos" o "prescripciones" que la Argentina impone a los operadores económicos. En segundo lugar, en ambos conjuntos de solicitudes se califican 
esos cinco "compromisos" o "prescripciones" de "restrictivos del comercio". Mientras que en las 
solicitudes de celebración de consultas se emplea la expresión "compromisos restrictivos del comercio", cada una de las solicitudes de establecimiento de un grupo especial contiene un 
epígrafe aparte titulado "Prescripciones restrictivas  relacionadas con el comercio". En tercer lugar, 
en los dos conjuntos de solicitudes se indica que esos "compromisos" o "prescripciones" se imponen en virtud de las "políticas declaradas" o los "objetivos de política" de la Argentina de "sustitución de importaciones" y "eliminación de los déficits de la balanza comercial". Por último, 
en ambos conjuntos de solicitudes se identifica una relación entre los "compromisos" o 
"prescripciones", por un lado y los certificados de importación (CI) y las DJAI, por otro. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató qu e puede considerarse que el texto que identifica 
la medida PRC única en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial de los reclamantes 
se desarrolló a partir del texto de sus solicitudes de celebración de consultas.  
El Órgano de Apelación reconoció que entre los dos conjuntos de solicitudes también hay algunas 
diferencias. Por ejemplo, en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la 
UE se hace referencia a una "medida global", pero no en su solicitud de celebración de consultas. No obstante, el Órgano de Apelación consideró que estas diferencias, por sí solas, no significan que no pueda considerarse que el texto con el que se identifica la medida PRC única en las 
solicitudes de establecimiento de un grupo especial se desarrolle a partir del texto con el que se 
identifican los "compromisos" en las solicitudes de celebración de consultas. A este respecto, el Órgano de Apelación recordó que no es necesaria una "identidad precisa y exacta" entre la 
solicitud de celebración de consultas y la solicitud de establecimiento de un grupo especial, 
siempre que no haya una ampliación del alcance de la diferencia ni un cambio en su esencia. El Órgano de Apelación declaró que en una solicitud de establecimiento de un grupo especial se 
debe identificar la "medida concreta  en litigio" de manera que sea suficientemente precisa, como 
exige el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, y que no amplíe el alcance de la diferencia ni cambie la esencia de esta. En opinión del Órgano de Apelación, se puede considerar que el texto con el que se identifica la medida PRC única en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial se 
desarrolla a partir del texto con el que se identifican los "compromisos" en las solicitudes de 
celebración de consultas y es una versión más perfeccionada del mismo. El Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que la descripción de las PRC como una medida única 
o "global" es solo una "enunciación en distintos términos" de las mismas medidas que se 
identifican en las solicitudes de celebración de consultas. Por estas razones, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que las solicitudes de establecimiento de un WT/AB/26 
 
- 18 - 
 
  grupo especial reflejan una reformulación admisible de la medida en litigio que no amplió el 
alcance de la diferencia ni cambió su esencia. 
Además, el Órgano de Apelación constató que nada en el texto de las solicitudes mencionadas 
supra  indicaba que la impugnación planteada por los reclamantes estuviera limitada a casos 
específicos de aplicación de las PRC ni impidiera la identificación de una medida PRC única o 
"global" en las solicitudes de establecimient o de un grupo especial. Concretamente, en las 
solicitudes de celebración de consultas presentadas por los reclamantes se afirma que la Argentina 
"exige con frecuencia " a los importadores que asuman cinco "compromisos", que son las mismas 
cinco "prescripciones" identificadas en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial. En las solicitudes de celebración de consultas también se afirma que las medidas en ellas identificadas (o sea, el procedimiento DJAI, los CI y los "compromisos") están destinadas a 
promover y perseguir las "políticas declaradas" de la Argentina de "sustitución de importaciones" y 
"eliminación de los déficits de la balanza comercial". A continuación, en las solicitudes de celebración de consultas se dice que las "medidas jurídicas mediante las cuales la Argentina 
impone esas restricciones incluyen, sin limitarse a ellos , los instrumentos jurídicos que se 
enumeran en los anexos". El Órgano de Apelación constató que cabía razonablemente leer que, más que limitar las medidas en litigio identificadas en las solicitudes de establecimiento de un 
grupo especial a aquellas que se impugnan "en su aplicación", el texto precedente de las 
solicitudes de celebración de consultas establece una base a partir de la cual los reclamantes podrían legítimamente perfeccionar su descripción de la medida en cuestión como la medida PRC única o "global" en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la resolución del Grupo Especial de que la 
caracterización de las PRC como una medida única en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes no había ampliado el alcance de la diferencia ni 
cambiado su esencia. En consecuencia, la medi da PRC estaba comprendida en el mandato del 
Grupo Especial. 
4.1.1.2  La otra apelación de la Unión Europea 
La Unión Europea apeló respecto de la constatación del Grupo Especial de que los 23 casos 
concretos de aplicación de las PRC identificados en su solicitud de establecimiento de un grupo especial no constituyen medidas en litigio en esta diferencia. La Unión Europea adujo que el texto de su solicitud de establecimiento de un grupo especial demuestra que no solo estaba impugnando 
la existencia de una medida global, sino que también estaba impugnando por separado 29 casos 
en los que la Argentina impuso determinadas PRC que tienen las mismas características que las cinco prescripciones descritas como parte de la medida global. 
El Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error al resolver que la solicitud 
de establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea no era "suficientemente precisa" en su identificación de esos 23 casos concretos como medidas en litigio, porque un lector 
de la solicitud de establecimiento tendría que visitar las páginas Web en que puede consultarse 
información sobre esos casos y después deducir de ella cuáles son las medidas impugnadas. El Órgano de Apelación recordó que la determinación de si una solicitud de establecimiento de un grupo especial satisface los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD ha de basarse en un 
examen de la solicitud, según sus propios términos, en la forma que tenía en el momento en que 
se presentó. Sin embargo, la expresión "según sus propios términos" no debe interpretarse de manera tan estricta que impida automáticamente la remisión a fuentes que se identifican en el 
texto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, pero a cuyo contenido solo se tiene 
acceso fuera del documento de solicitud de establecimiento de un grupo especial propiamente dicho. En este caso, el Órgano de Apelación consta tó que en la solicitud de establecimiento de un 
grupo especial presentada por la Unión Europea se proporcionan referencias a los sitios Web en 
que pueden consultarse comunicados de prensa y artículos en los que se explican los 23 casos y 
que es admisible examinar el contenido de esos siti os Web para determinar si la medida en litigio 
se identifica de conformidad con los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 en la solicitud de 
establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que las 23 medidas descritas por la Unión Europea en la sección 4.2.4 de su primera comunicación escrita como "casos 
concretos" de aplicación de PRC no se identificaron con precisión en la solicitud de grupo especial 
de la Unión Europea como medidas en litigio y que esos 23 casos concretos no constituyen medidas en litigio en la presente diferencia. WT/AB/26 
 
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  El Órgano de Apelación examinó a continuación la cu estión de si en la solicitud de grupo especial 
de la Unión Europea los 23 casos concretos de aplicación de las PRC se identificaron como medidas en litigio examinando el contenido de cada uno de los comunicados de prensa y artículos de los sitios Web a los que se hace referencia en la solicitud de establecimiento de un grupo especial 
presentada por la Unión Europea. El Órgano de Apelación constató que de los comunicados de 
prensa y artículos periodísticos se pueden discernir los 23 casos concretos de aplicación de las PRC que son objeto de las alegaciones formuladas por la Unión Europea. En cada caso, el Órgano de 
Apelación constató que el contenido de cada uno de los comunicados de prensa y artículos 
periodísticos ofrecía la siguiente información: i) la participación del Gobierno argentino; ii) el operador económico, sector o rama de producción particular de que se trata; y iii) la o las PRC concretas supuestamente impuestas. Por consiguiente, las medidas concretas en litigio se podían 
discernir de los comunicados de prensa y artículos periodísticos. 
Pasando a la alegación de la Argentina de que en cualquier caso estas 23 medidas no estaban 
comprendidas en el mandato del Grupo Especial porque no se identificaron en la solicitud de 
celebración de consultas, el Órgano de Apelación recordó que en la solicitud de celebración de 
consultas presentada por la Unión Europea se enumeran cinco "compromisos" que la Argentina 
exige "con frecuencia" que asuman los importadores de mercancías. A su vez, los casos 
enumerados por la Unión Europea en el anexo III de su solicitud de establecimiento parecen ser 
casos concretos de aplicación de esos "compromisos". Por consiguiente, el texto de la solicitud de consultas presentada por la Unión Europea abarca los casos concretos de aplicación identificados en la solicitud de establecimiento de la Unión Europea. En consecuencia, la identificación de esas 
23 medidas en la solicitud de establecimiento de la Unión Europea no fue equivalente a una 
ampliación del alcance ni a un cambio en la esencia de la diferencia, sino que cabe considerarla más bien una aclaración o reformulación admisible de la reclamación después del proceso de 
consultas. Así pues, el Órgano de Apelación no vio fundamento alguno en los argumentos de la 
Argentina. 
Por lo tanto, a diferencia del Grupo Especial, el Órgano de Apelación consideró que en la solicitud 
de establecimiento de la Unión Europea se identificaban las medidas concretas en litigio en esta 
diferencia de manera compatible con los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que estos casos concretos "no se identificaron con precisión en la solicitud de grupo especial de la Unión 
Europea como medidas en litigio" y que "por consiguiente, esas 23 medidas no constituían 
'medidas en litigio' en la presente diferencia". Además, el Órgano de Apelación constató que estas 23 medidas estaban comprendidas en el mandato del Grupo Especial. 
La Unión Europea también hizo una apelación condicional, en la que solicitaba la compleción del 
análisis jurídico con respecto a la compatibilidad o incompatibilidad de los 23 casos concretos de aplicación de las PRC con el párrafo 1 del artículo XI y/o el párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994 en el caso de que el Órgano de Apelació n revocara o de otro modo declarara superfluas y 
sin efecto jurídico las constataciones del Grupo Especial: i) de que la medida PRC existe; y ii) de que la medida PRC es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Puesto que, como se explica má s adelante, las condiciones en que se basaba 
esta solicitud no se cumplían, el Órgano de Apelación se abstuvo de completar el análisis. 
4.1.2  La medida PRC 4.1.2.1  Identificación de la medida PRC única no escrita 
4.1.2.1.1  Las alegaciones conj untas contra la medida PRC 
La Argentina apeló respecto de la constatación del Grupo Especial de que los reclamantes habían 
acreditado que la medida PRC existe o actúa como una medida única y que por consiguiente, la 
medida PRC es incompatible con el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo XI del GATT 
de 1994. En particular, la Argentina alegó que el Grupo Especial no aplicó el criterio jurídico correcto al determinar la existencia de la supuesta  medida PRC en su evaluación de las alegaciones 
conjuntas formuladas por los tres reclamantes contra la medida PRC ("alegaciones conjuntas"). 
En opinión de la Argentina, era evidente que los reclamantes habían planteado, en efecto, 
alegaciones contra la medida PRC "en sí misma". Así pues, el Grupo Especial debería haber aplicado el criterio jurídico elaborado por el Órgano de Apelación en la diferencia Estados Unidos - WT/AB/26 
 
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  Reducción a cero (CE)  en lugar del que articuló el Grupo Especial que entendió en el asunto 
Estados Unidos - EPO  para determinar si se puede evaluar la compatibilidad con las normas de 
la OMC de varias medidas como una medida única, más que como medidas individuales. Por consiguiente, la Argentina solicitó al Órgano de Apelación que revocara las conclusiones del 
Grupo Especial según las cuales la medida PRC actúa como una medida única y es incompatible 
con el párrafo 1 del artículo XI y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 
El Órgano de Apelación consideró que, cuando se le encargue evaluar una impugnación contra una 
medida no escrita, un grupo especial no está obligado a aplicar siempre las pautas o criterios 
jurídicos formulados por el Órgano de Apelación para la evaluación de reclamaciones contra las medidas "en sí mismas". El Órgano de Apelación declaró que la distinción entre alegaciones sobre la medida "en sí misma" y "en su aplicación" no determina la definición de las medidas que pueden 
ser impugnadas en el marco de la solución de diferencias de la OMC y que la distinción entre las 
reglas o normas de aplicación general y prospectiva y los casos individuales de aplicación de dichas reglas o normas no define exhaustivamente los tipos de medida que son objeto del sistema 
de solución de diferencias de la OMC. 
El Órgano de Apelación recordó que las "medidas" que pueden ser objeto del sistema de solución 
de diferencias de la OMC incluyen todo acto u omisión atribuible a un Miembro de la OMC y que 
este concepto amplio de medidas no se limita únicamente a las reglas o normas de aplicación 
general y prospectiva y los casos individuales de aplicación de dichas reglas o normas. Por consiguiente, el Órgano de Apelación consideró que no cabe interpretar que el concepto de una medida que es una regla o norma de aplicación general o prospectiva, tal como se refleja en la 
constatación del Órgano de Apelación en la diferencia Estados Unidos - Reducción a cero (CE) , 
establece un criterio jurídico general que siempre debe satisfacerse para demostrar la existencia 
de una medida no escrita impugnada en el marc o de la solución de diferencias de la OMC. 
Más bien, según el Órgano de Apelación, los elementos constitutivos que se deben demostrar con 
pruebas y argumentos para probar la existencia de una medida impugnada estarán informados por la manera en que haya descrito o caracterizado el reclamante dicha medida. La medida concreta 
impugnada y la descripción o caracterización de esa medida hecha por el reclamante informan el 
tipo de pruebas que debe presentar el reclamante y los elementos que debe demostrar para establecer la existencia de la medida impugn ada. Un reclamante que trate de demostrar la 
existencia de una medida no escrita tendrá que demostrar invariablemente la atribución de esa 
medida a un Miembro y su contenido exacto. Sin embargo, en función de la medida concreta 
impugnada y de cómo la haya descrito o caracterizado el reclamante, puede ser necesario probar otros elementos. 
En estas diferencias, considerando que en las alegaciones conjuntas los reclamantes no 
impugnaron la medida PRC como una regla o norma de aplicación general y prospectiva, el Órgano de Apelación no estaba convencido de que estuviesen obligados a demostrar la existencia de la 
medida PRC sobre la base de los criterios formulados por el Órgano de Apelación en la diferencia 
Estados Unidos - Reducción a cero (CE)  y, en particular, a demostrar que esa medida es de 
aplicación general y prospectiva. Más bien, los reclamantes tenían que aportar pruebas y argumentos que demostrasen la existencia de la  medida impugnada, y específicamente de una 
medida que, como aducían, se aplicaba sistemát icamente y se seguiría aplicando en el futuro. 
El Órgano de Apelación concluyó que el Grup o Especial examinó correctamente los elementos 
constitutivos pertinentes de la medida objeto de las alegaciones conjuntas y determinó, sobre la 
base de las pruebas y argumentos presentados por los reclamantes, la existencia de una 
medida PRC compuesta por varias PRC individuales que actúan conjuntamente de manera interrelacionada como parte de una medida única con el fin de lograr los objetivos de sustitución 
de las importaciones y reducción del déficit comercial. El Grupo Especial también constató que la 
medida PRC es de aplicación sistémica, ya que se aplica a operadores económicos de una amplia gama de sectores diferentes, y que es de aplicación presente y continua, en el sentido de que se aplica actualmente y se seguirá aplicando en el futuro hasta que el Gobierno argentino modifique o 
retire la política subyacente. Por consiguiente, el Órgano de Apelación sostuvo que el Grupo 
Especial constató correctamente que los reclamantes habían demostrado la existencia de una medida PRC. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial respecto de 
las alegaciones conjuntas de que "la imposición por las autoridades argentinas a los operadores económicos de una o más de las cinco prescripciones identificadas por los reclamantes como WT/AB/26 
 
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  condición para importar u obtener determinados beneficios actúa como una medida única 
(la medida PRC) atribuible a la Argentina". En co nsecuencia, el Órgano de Apelación confirmó las 
constataciones del Grupo Especial de que la medida PRC es incompatible con el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. 
4.1.2.1.2  Artículo 11 del ESD - las alegacione s del Japón sobre la medida "en sí misma" 
La Argentina alegó que el Grupo Especial había actuado de manera incompatible con el deber que 
le impone el artículo 11 del ESD de hacer una evaluación objetiva del asunto al evaluar las 
alegaciones formuladas por el Japón contra la medida "en sí misma". La Argentina sostuvo que el 
Grupo Especial constató que el Japón había establecido la existencia de la supuesta medida PCR sin examinar debidamente si el Japón había ap ortado pruebas suficientes para demostrar el 
contenido exacto de la supuesta medida, o su aplicación general y prospectiva, ni la medida en 
que había hecho tal cosa. 
Antes de examinar la apelación de la Argentina al amparo del artículo 11 del ESD, el Órgano de 
Apelación hizo dos observaciones preliminares. En primer lugar, el Órgano de Apelación consideró 
que las constataciones del Grupo Especial respecto de la medida PRC "en sí misma" no constituyen 
en cuanto al fondo nada más que las constataciones que el Grupo Especial había formulado ya respecto de la medida PRC impugnada en virtud de las alegaciones conjuntas. El Órgano de 
Apelación llegó a esta conclusión después de señalar que las constataciones del Grupo Especial 
respecto de las alegaciones conjuntas y respecto de las alegaciones del Japón en relación con la medida "en sí misma" se hicieron con respecto a la misma medida PRC subyacente y se basaron prácticamente en las mismas pruebas y se apoyaron prácticamente en el mismo razonamiento. 
En segundo lugar, el Órgano de Apelación afirmó que la alegación formulada por la Argentina al 
amparo del artículo 11 del ESD no podía hacer caso omiso de que la Argentina tuvo al menos alguna responsabilidad en las dificultades probatorias a las que se enfrentó el Grupo Especial. 
A este respecto, el Órgano de Apelación recordó que, ante el Grupo Especial, la Argentina se había 
negado a aportar copias de los acuerdos entre el Gobierno argentino y los operadores económicos, que no negó que estuvieran en su poder. Estos acuerdos constituyen la principal prueba de las 
PRC impuestas por la Argentina. 
Con respecto a las constataciones del Grupo Especial relativas al contenido exacto de la 
medida PRC, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial había adoptado un enfoque unificado y holístico de su análisis de la medida PRC, es decir, que no podía leerse el análisis que 
hizo el Grupo Especial de las alegaciones del Japón sobre la medida "en sí misma" de manera 
aislada de las constataciones anteriores del Grup o Especial sobre la medida PRC. El Órgano de 
Apelación observó que el Grupo Especial había formulado constataciones sobre el contenido exacto 
de la misma medida PRC en la sección de los informes del Grupo Especial en la que se examinaban 
las alegaciones conjuntas de los reclamantes, sobre la base de considerables pruebas obrantes en el expediente aportadas por los reclamantes. Por consiguiente, al analizar las alegaciones del 
Japón con respecto a la medida "en sí misma", el Grupo Especial se basó claramente en sus 
constataciones anteriores sobre el contenido exacto de la medida PRC impugnada en virtud de las alegaciones conjuntas, tras haber dedicado ya una parte significativa de sus informes a examinar las pruebas del contenido de cada PRC individual y de la medida PRC. 
Con respecto a la constatación del Grupo Especial de que la medida PRC es de aplicación general, 
el Órgano de Apelación consideró que la Argentina disentía de la interpretación y aplicación por el Grupo Especial del concepto de aplicación "general", más que del trato dado por el Grupo Especial 
a las pruebas que muestran de qué forma se aplican las PRC o del razonamiento del Grupo 
Especial sobre la base de esas pruebas. A este respecto, el Órgano de Apelación no consideró que la alegación de la Argentina de que los reclamantes no demostraron que la medida PRC sea de 
aplicación "general" estuviera planteada adecuadamente al amparo del artículo 11 del ESD. 
Con respecto a la constatación del Grupo Especial de que la medida PRC es de aplicación 
prospectiva, el Órgano de Apelación consideró que, contrariamente a lo que afirma la Argentina, el Grupo Especial no se basó exclusivamente en un ún ico elemento probatorio para determinar que la 
medida PRC es de aplicación prospectiva. Antes bien, el Órgano de Apelación señaló que el Grupo 
Especial se refirió a sus anteriores constataciones de que la medida PRC refleja una "política deliberada", que consiste en medidas repetidas,  coordinadas y anunciadas públicamente por las 
autoridades al máximo nivel. El Órgano de Apelación también consideró que en función de las 
circunstancias de un caso determinado, un único elemento probatorio puede constituir prueba WT/AB/26 
 
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  suficiente de que una medida es de aplicación prospectiva y que por consiguiente, aun suponiendo 
que el Grupo Especial se basara en una sola Prueba documental para respaldar sus constataciones de que la medida PRC es de carácter prospectivo, ello no constituye en y de por sí una infracción del artículo 11 del ESD. 
Por último, el Órgano de Apelación subrayó que la Argentina no expuso con detalle alegaciones o 
ejemplos específicos de incoherencia o contradicciones en el razonamiento del Grupo Especial ni citó ninguna falta de imparcialidad en la evaluación de las pruebas. Además, la Argentina no había 
presentado pruebas contradictorias al Grupo Especial ni se ocupó de las pruebas presentadas por 
los reclamantes. Por estas razones, el Órgano de Apelación constató que la Argentina no había establecido que el razonamiento del Grupo Especial sobre la aplicación general y prospectiva de la medida PRC fuera incoherente, ni que ninguna deficiencia de esa índole equivaliera a la no 
realización de una evaluación objetiva. 
En resumen, el Órgano de Apelación no consideró que la Argentina hubiera establecido que el 
Grupo Especial no se aseguró de que sus constataciones estuvieran basadas en pruebas obrantes 
en el expediente y respaldadas por explicacio nes razonadas y adecuadas y por un razonamiento 
coherente. Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechazó la alegación de la Argentina de que el Grupo Especial había actuado de manera incompatible con el artículo 11 del ESD. 
Al llegar a esta conclusión, el Órgano de Apelación declaró que no quería que se considerara que 
apoyaba las constataciones adicionales del Grupo Especial sobre las alegaciones del Japón contra la medida PRC "en sí misma". El Órgano de Apelación explicó que consideraba que las constataciones del Grupo Especial respecto de la medida PRC "en sí misma" no constituían en 
cuanto al fondo nada más que las constataciones que el Grupo Especial había formulado ya 
respecto de la medida PRC impugnada en virtud de las alegaciones conjuntas. En particular, el 
Órgano de Apelación declaró que entendía que el Grupo Especial, al pretender constatar que la 
medida PRC es de "aplicación general", en realidad no había hecho otra cosa que constatar que la 
medida PRC es de "aplicación sistemática". De modo similar, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo Especial, al pretender constatar que la medida PRC es de "aplicación prospectiva", había 
constatado únicamente que la medida PRC seguiría aplicándose en el futuro. 
4.1.2.2  La aplicación por el Grupo Especial del principio de economía procesal en el 
marco del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 
El Japón apeló respecto de la aplicación por el Grupo Especial del principio de economía procesal 
con respecto a la alegación presentada por el Japón contra la medida PRC al amparo del párrafo 1 
del artículo X del GATT de 1994. Según el Japón, el Grupo Especial actuó de manera incompatible con los párrafos 4 y 7 del artículo 3, el párrafo 2 del artículo 7 y/o el artículo 11 del ESD al aplicar 
el principio de economía procesal a esta alegación, porque el "alcance y el contenido" del párrafo 1 
del artículo X son distintos del "alcance y el contenido" del párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, y el cumplimiento de una constatación en el marco de estas 
últimas disposiciones no daría lugar necesariamente al cumplimiento de una constatación en el 
marco del párrafo 1 del artículo X. El Japón solicitó que el Órgano de apelación revocara la decisión del Grupo Especial de aplicar el principio de economía procesal y que completara el análisis y constatara que la medida PRC es incompatible con las obligaciones que corresponden a la 
Argentina en virtud del párrafo 1 del artículo X. 
Antes de examinar la alegación del Japón, el Órgano de Apelación recordó que el principio de 
economía procesal permite que un grupo especial se abstenga de hacer múltiples constataciones 
de que una misma medida es incompatible  con diversas disposiciones cuando una única 
constatación de incompatibilidad, o un cierto número de ellas, bastaría para solucionar la diferencia. El Órgano de Apelación también recordó que llegar a una solución solamente parcial del 
asunto debatido sería una falsa economía procesal y que los grupos especiales tienen que abordar 
las alegaciones respecto de las que es necesaria una constatación para que el OSD pueda formular recomendaciones y resoluciones lo suficientemente precisas como para permitir el pronto cumplimiento por el Miembro de que se trate de esas recomendaciones y resoluciones con miras a 
asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de todos los Miembros. WT/AB/26 
 
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  Pasando a la alegación del Japón, el Órgano de Apelación consideró que el hecho de que dos 
disposiciones tengan un "alcance y contenido" diferente no implica, en sí y de por sí, que el grupo especial tenga que abordar todas y cada una de las alegaciones formuladas al amparo de esas disposiciones. Además, el Órgano de Apelación ob servó cierta ambigüedad en los argumentos del 
Japón sobre las obligaciones de cumplimiento, que puede entenderse que se refieren a la 
publicación de: i) cualquier medida de aplicación que pueda adoptar la Argentina para poner la medida PRC en conformidad con el párrafo 4 del artículo III y el párrafo 1 del artículo XI del GATT 
de 1994; o ii) la actual medida PRC incompatible con el GATT. 
El Órgano de Apelación discrepó del argumento del Japón en la medida en que pueda interpretarse 
que indica que es necesaria una constatación en el marco del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 para garantizar que la Argentina esté sujeta a una obligación de publicar rápidamente 
cualquier medida de aplicación que se pueda adoptar para poner la medida PRC en conformidad 
con el GATT de 1994. Esto se debe a que la obligación de publicar rápidamente las leyes de aplicación general nuevas o modificadas no se deriva de la aplicación de una constatación de 
incompatibilidad de la actual medida PRC con el párrafo 1 del artículo X. Antes bien, en el caso de 
las medidas de aplicación nuevas o modificadas que están comprendidas en el ámbito del párrafo 1 del artículo X, la obligación de publicación se  deriva del propio párrafo 1 del artículo X. 
El Órgano de Apelación también discrepó del argumento del Japón en la medida en que pueda 
interpretarse que se refiere a la publicación de la actual medida PRC incompatible con el GATT. El Órgano de Apelación señaló que, en la medida en que la Argentina tendrá que modificar o suprimir la medida PRC para cumplir las recomendaciones en el marco del párrafo 4 del artículo III 
y el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, la medida PRC -en su forma y contenido actuales- 
dejará de existir. En consecuencia, el Órgano de Apelación no entendía cómo la publicación de esta 
medida incompatible con las normas de la OMC contribuiría a hallar una solución positiva a la 
presente diferencia. Además, en referencia a la interpretación del Japón según la cual la 
publicación de la actual medida PRC es necesaria para verificar el cumplimiento de sus obligaciones por la Argentina, el Órgano de Apelación consideró que la explicación pormenorizada 
del contenido de la actual medida PRC en los informes del Grupo Especial ayudaría a evaluar las 
medidas de la Argentina destinadas a poner la medida PRC en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994. 
El Órgano de Apelación concluyó que el Japón no había demostrado que fuera necesaria una 
resolución al amparo del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 para lograr una solución 
positiva a esta diferencia, ni que la aplicación por el Grupo Especial del principio de economía procesal de que se trataba proporcionaría solo una resolución parcial del asunto. Por consiguiente, 
el Órgano de Apelación constató que el Japón no había establecido que el Grupo Especial hubiera 
incurrido en error al aplicar el principio de economía procesal a la alegación del Japón de que la medida PRC es incompatible con el párrafo 1 del artículo X. En consecuencia, el Órgano de 
Apelación también rechazó la solicitud del Japón de que el Órgano de Apelación completara el 
análisis. 
4.1.3  El procedimiento DJAI: el artículo V III y el párrafo 1 del artículo XI del GATT 
de 1994 
La Argentina planteó tres alegaciones de error en relación con el análisis que hizo el Grupo 
Especial de la cuestión de si el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994, a saber: i) que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación del 
párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994; ii) que el Grupo Especial incurrió en error en su 
evaluación del ámbito de aplicación del artículo VIII del GATT de 1994; y iii) que el Grupo Especial incurrió en error al concluir que, como la aprobación de las DJAI no es "automática", el 
procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI. La Argentina solicitó que el 
Órgano de Apelación modificara o revocara en consecuencia las constataciones del Grupo Especial. 
4.1.3.1  El párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 Antes de examinar las alegaciones de la Argentina, el Órgano de Apelación expuso su 
interpretación de determinadas cuestiones relativa s a la interpretación de distintos elementos del 
párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. El Órgano de Apelación recordó que el párrafo 1 del artículo XI impone una obligación general de eliminar las restricciones cuantitativas. Prohíbe a los WT/AB/26 
 
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  Miembros imponer o mantener prohibiciones o restricciones -aparte de los derechos de aduana, 
impuestos u otras cargas- a la importación, la exportación o a la venta para la exportación de un producto destinado a otro Miembro. No obstante, esta disposición no abarca simplemente cualquier  restricción o prohibición. Por el contrario, el párrafo 1 del artículo XI se refiere a 
prohibiciones o restricciones "a la importació n ... o a la exportación o a la venta para la 
exportación". Por lo tanto, a modo de ver del Órgano de Apelación, no toda condición o carga impuesta a la importación o exportación será incompatible con el artículo XI, sino únicamente las 
que sean limitativas, es decir, las que limiten la importación o exportación de productos. Además, 
no es necesario demostrar esta limitación cuantificando los efectos de la medida en litigio; esos efectos limitativos se pueden demostrar a través del diseño, la arquitectura y la estructura reveladora de la medida en litigio considerados en su contexto pertinente. 
El Órgano de Apelación también consideró que la expresión "sean aplicadas mediante" en el 
párrafo 1 del artículo XI indica que esta disposición abarca las medidas mediante las cuales se produce o se hace operativa una prohibición o restricción. El Órgano de Apelación observó 
asimismo que, a pesar de que la expresión "[u] ... otras medidas" en el párrafo 1 del artículo XI 
indica una cobertura amplia, el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo XI no es ilimitado. El propio párrafo 1 del artículo XI excluye expresam ente de su ámbito de aplicación "los derechos 
de aduana, impuestos u otras cargas". El párrafo 2 del artículo XI del GATT de 1994 también 
restringe el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo XI al estipular que las disposiciones del párrafo 1 del artículo XI no se aplicarán a las esferas enumeradas en el párrafo 2. El Órgano de Apelación reconoció además que determinadas disposiciones del GATT de 1994, como los 
artículos XII, XIV, XV, XVIII, XX y XXI permiten a los Miembros, en determinadas circunstancias 
previamente establecidas, ser dispensados de las obligaciones que les impone el artículo XI. En estas disposiciones se hace referencia expresa a la relación de cada disposición con las 
obligaciones contenidas en el párrafo 1 del artículo XI, o con las obligaciones establecidas en 
el GATT de 1994 en términos más generales. Otras disposiciones, que no se refieren expresamente a las obligaciones contenidas en el párrafo 1 del artículo XI o a las obligaciones 
establecidas en el GATT de 1994 en términos más generales también pueden contener elementos 
que sean pertinentes para su relación con el párrafo  1 del artículo XI y la interpretación de esta 
disposición. 
4.1.3.2  La interpretación por el Grupo Espe cial del párrafo 1 del artículo XI del GATT 
de 1994 
La Argentina alegó que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación del párrafo 1 del 
artículo XI del GATT de 1994 al no establecer y aplicar un "marco analítico adecuado" para 
distinguir entre el ámbito de aplicación y las disciplinas del artículo VIII del GATT de 1994, por una 
parte, y el ámbito de aplicación y las disciplinas del párrafo 1 del artículo XI, por otra. La Argentina alegó que el Grupo Especial no reconoció que una formalidad o prescripción de importación puede 
tener un efecto restrictivo del comercio en cierto grado, que es una consecuencia normal de la 
propia formalidad o prescripción y que no hace que estas sean incompatibles con el párrafo 1 del artículo XI. 
En primer lugar, la Argentina adujo que los ámbitos de aplicación del artículo VIII y del párrafo 1 
del artículo XI del GATT de 1994 se excluyen mutu amente. Teniendo en cuenta el argumento de la 
Argentina, el Órgano de Apelación consideró necesario examinar el artículo VIII del GATT de 1994. El Órgano de Apelación observó que el artículo VIII impone tres obligaciones claras a los Miembros 
en sus párrafos 1 a), 2 y 3. Por el contrario, los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo VIII del GATT 
de 1994 no parecen imponer obligaciones. Antes bien, el texto de estas dos últimas disposiciones es de carácter más exhortatorio. El Órgano de Apelación también señaló que el párrafo 4 del 
artículo VIII esboza el alcance del artículo VIII. El Órgano de Apelación aceptó que el texto del 
párrafo 1 c) del artículo VIII implica que los Miembros reconocen que las formalidades y requisitos de importación pueden tener, al menos en algún grado, efectos de restricción del comercio, y que el párrafo 1 c) del artículo VIII constituye un contexto para la interpretación del párrafo 1 del 
artículo XI y para lo que constituye una restricción de la importación en el sentido de esta última 
disposición. Sin embargo, el Órgano de Apelación concluyó que el texto del párrafo 1 c) del artículo VIII no es suficiente para establecer el tipo de exclusión o exención de lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo XI que aparentemente la Argentina consideraba aplicable a las formalidades 
y requisitos a que se hace referencia en el artículo VIII. Así pues, el Órgano de Apelación rechazó el primer argumento de la Argentina y coincidió con el Grupo Especial en que las formalidades o 
prescripciones a que se refiere el artículo VIII no están excluidas per se  del ámbito de aplicación WT/AB/26 
 
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  del párrafo 1 del artículo XI y en que su compatibilidad podría examinarse en el marco de ya sea el 
artículo VIII o el párrafo 1 del artículo XI, o en el marco de ambas disposiciones. El Órgano de Apelación también rechazó el argumento de la Argentina de que el artículo VIII y el párrafo 1 del artículo XI tienen ámbitos de aplicación mutuamente excluyentes. En lugar de ello, y al igual que 
el Grupo Especial, el Órgano de Apelación consideró que las obligaciones que contienen el 
artículo VIII y el párrafo 1 del artículo XI se aplican de manera armoniosa y acumulativa. 
El Órgano de Apelación pasó entonces al segundo argumento de la Argentina. La Argentina 
sostuvo que una interpretación armoniosa del artículo VIII y del párrafo 1 del artículo XI exigiría, 
como mínimo, algún medio para distinguir entre el  efecto restrictivo del comercio de la propia 
formalidad o prescripción y el efecto restrictivo del comercio de cualquier norma sustantiva de importación que la medida implemente. La Argentina planteó que, para constatar que una 
formalidad o prescripción de importación constituye una restricción en el sentido del párrafo 1 del 
artículo XI, por sí sola, es preciso demostrar: i) que la formalidad o prescripción limita la cantidad de las importaciones a un nivel material independiente del efecto restrictivo de cualquier norma 
sustantiva de importación que implemente; y ii) que este efecto restrictivo sobre el comercio 
independiente es mayor que el efecto que normalmente se asocia con una formalidad o una prescripción de esta naturaleza. Los reclamantes mantuvieron que el marco analítico propuesto por 
la Argentina no es aplicable a estas diferencias porque las alegaciones de los reclamantes no 
conciernen a formalidades o prescripciones de importación. Conciernen, antes bien, al sistema discrecional DJAI de autorización de las importaciones, el cual, por sus propios términos, no implementa una restricción separada compatible con las normas de la OMC. 
Para empezar, el Órgano de Apelación observó que la Argentina no había identificado un 
fundamento jurídico específico respecto del marco analítico que planteaba. El Órgano de Apelación también discrepaba del argumento de la Argentina de que el razonamiento del Grupo Especial 
implicaba que cualquier medida comprendida en el  ámbito de aplicación del artículo VIII del GATT 
de 1994 estaría per se  prohibida por el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. El Órgano de 
Apelación señaló que el Grupo Especial, al exponer su interpretación del párrafo 1 del artículo XI, 
opinó que no todas las condiciones impuestas a la importación son incompatibles con el artículo XI, 
sino solo las que tienen un efecto limitativo en las importaciones.  
A continuación el Órgano de Apelación examinó si, y en qué circunstancias, medidas que reúnen 
las condiciones de "formalidades" o "prescripcion es", en el sentido del artículo VIII del GATT 
de 1994, pueden constituir "restricciones" en el sentido del párrafo 1 del artículo XI del GATT 
de 1994. El Órgano de Apelación observó que las formalidades y prescripciones relacionadas con la importación que están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo VIII conllevan 
normalmente el uso de instrumentos documentales y procedimentales para reunir, procesar y 
verificar información relacionada con la importación de productos. Esas formalidades y prescripciones de importación conllevarán a menudo una cierta carga para la importación de 
productos. Al mismo tiempo, esas formalidades y prescripciones representan, al menos en cierta 
medida, un aspecto habitual del comercio internacional. El cumplimiento de esas formalidades y prescripciones permite que el comercio tenga lugar dentro del marco reglamentario específico de un Miembro. A juicio del Órgano de Apelación, no toda carga relacionada con una formalidad o 
prescripción de importación entrañará incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo XI, sino que 
solo lo serán las que tengan un efecto limitativo de la importación de productos. 
El Órgano de Apelación examinó entonces el marco analítico planteado por la Argentina. El primer 
paso del marco analítico propuesto por la Argentina requeriría una constatación concerniente a si 
una formalidad o prescripción de importación limita la importación de productos con independencia de cualquier restricción sustantiva que esa formalidad o prescripción implemente. Sin que ello 
signifique necesariamente aceptar lo indicado por la Argentina de que ese análisis es obligatorio 
como primera parte del enfoque de dos pasos, el Órgano de Apelación observó que en cualquier caso dicho análisis es compatible con la interpretación del párrafo 1 del artículo XI que expuso el Órgano de Apelación. Como se explica supra , el párrafo 1 del artículo XI abarca las medidas en 
virtud de las cuales se produce o se hace operativa una prohibición o restricción. Si una formalidad 
o prescripción de importación no limita por sí misma la importación de productos con independencia de los efectos limitativos de otra restricción, no puede decirse que esa formalidad o 
prescripción de importación produce el efecto limitativo y, en consecuencia, no constituirá una 
"restricción" comprendida en la prohibición establecida en el párrafo 1 del artículo XI. WT/AB/26 
 
- 26 - 
 
  El segundo paso del marco analítico propuesto por la Argentina requeriría una constatación 
concerniente a si cualquier "efecto restrictivo sobre el comercio independiente" de una formalidad o prescripción de importación es mayor que el efecto que normalmente se asociaría a una formalidad o una prescripción de esa naturaleza. La Argentina no identificó ningún fundamento 
textual para ese paso analítico que propone, y tampoco proporcionó un ejemplo de la manera en 
que esa prueba jurídica abstracta y general podría llevarse a cabo en la práctica. El Órgano de Apelación no estaba convencido de que ese elemento del marco analítico propuesto por la 
Argentina sea útil o necesario. Antes bien, como se explica supra , el Órgano de Apelación 
consideró que el análisis en el marco del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 debe simplemente hacerse caso por caso, teniendo en cuenta la formalidad o prescripción de que se trate y los elementos de hecho pertinentes del asunto. 
Por estas razones, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error en 
su interpretación del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 al no haber establecido y aplicado un "marco analítico adecuado" para distinguir entre el ámbito de aplicación y las disciplinas del 
artículo VIII del GATT de 1994, por una parte, y el ámbito de aplicación y las disciplinas del 
párrafo 1 del artículo XI, por otra. Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechazó la solicitud de la Argentina de que modificara el razonamiento del Grupo Especial. 
4.1.3.3  La evaluación por el Grupo Espe cial del alcance del artículo VIII del GATT 
de 1994 
La Argentina solicitó que el Órgano de Apelación modificara o revocara determinados aspectos de 
las constataciones del Grupo Especial que figuran en el párrafo 6.433 de sus informes, relativas a 
si puede considerarse que el procedimiento DJAI es una formalidad o prescripción de importación 
en el sentido del artículo VIII del GATT de 1994. A unque la Argentina aceptó que el Grupo Especial 
no formuló una constatación definitiva en cuanto a la aplicabilidad del artículo VIII al 
procedimiento DJAI, alegó que las declaraciones que figuran en el párrafo 6.433, en particular que 
una DJAI en estado "salida" es un requisito previo necesario para la importación, y que el procedimiento DJAI determina el derecho a importar, reflejan un error jurídico e influyeron en la 
interpretación que hizo el Grupo Especial del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 y en la 
aplicación del mismo al procedimiento DJAI. La Argentina adujo que esas declaraciones que figuran en el párrafo 6.433 "implican claramente" que el Grupo Especial consideró que cualquier procedimiento de importación que sea un requisito previo necesario para la importación de 
mercancías o por el que un Miembro determina el derecho a importar está excluido del ámbito de 
aplicación del artículo VIII. 
El Órgano de Apelación señaló que determinados aspectos de la argumentación de la Argentina 
parecían basarse en supuestos que no se corresponden con el enfoque adoptado por el Grupo 
Especial. En particular, aunque la Argentina adujo que el procedimiento DJAI consiste exclusivamente en formalidades aduaneras o de importación, no parecía que el Grupo Especial 
compartiera esta opinión. El Grupo Especial no expresó claramente una opinión sobre qué 
elementos del procedimiento DJAI corresponden a qué tipos de medidas, ni sobre si elementos individuales del procedimiento DJAI podían evaluarse por separado. Además, el Grupo Especial decidió proceder a examinar el procedimiento DJAI en el marco del párrafo 1 del artículo XI 
del GATT de 1994 "independientemente de si se considera que el procedimiento DJAI es una 
formalidad aduanera o de importación sujeta a las obligaciones incluidas en el artículo VIII"; se abstuvo de opinar sobre si el procedimiento DJAI es o no un procedimiento para el trámite de 
licencias de importación; y procedió a evaluar la compatibilidad de dicho procedimiento con el 
párrafo 1 del artículo XI "independientemente de la cuestión de si constituye una licencia de importación". A entender del Órgano de Apelación, el enfoque del Grupo Especial no contribuyó a 
la claridad de su razonamiento o a una comprensión clara de la relación entre distintas 
obligaciones establecidas en el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Licencias de Importación. Pese a ello, ninguna de las partes impugnó en apelación el enfoque del Grupo Especial. 
El Órgano de Apelación examinó a continuación las implicaciones que según la Argentina derivan 
del razonamiento del Grupo Especial que figura en el párrafo 6.433 de sus informes. El Órgano de 
Apelación observó que el párrafo 6.433 de los informes del Grupo Especial concierne únicamente al procedimiento DJAI, ya que el Grupo Especial no expuso, en ese párrafo, principios generales o 
pruebas jurídicas que hayan de aplicarse a las medidas relativas a la importación en general. 
Además, el Órgano de Apelación no vio en el párrafo 6.433 nada que indicara que los procedimientos de importación que son un requisito previo necesario para la importación de WT/AB/26 
 
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  mercancías estén excluidos del ámbito de aplicación del artículo VIII del GATT de 1994. Por último, 
el Órgano de Apelación observó que las dos últi mas frases del párrafo 6.433 pueden implicar que 
los procedimientos en virtud de los cuales un Miembro determina el derecho a importar no son meras formalidades en conexión con la importación en el sentido del artículo VIII. Sin embargo, 
incluso si esto fuera así, el Órgano de Apelación consideró que tal implicación no respalda la 
alegación de error de la Argentina, porque una declaración de que un procedimiento no es una mera formalidad no implica necesariamente que ese procedimiento no sea una formalidad. 
Además, no puede entenderse que el Grupo Especial haya implicado en el párrafo 6.433 de sus 
informes que el procedimiento DJAI no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo VIII porque, en los párrafos siguientes al párrafo 6.433, el Grupo Especial declaró expresamente que realizaría su análisis basándose en la suposición de que el procedimiento DJAI 
está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo VIII. 
Por estas razones, el Órgano de Apelación discrepó de la manera en que la Argentina interpretó las 
implicaciones del párrafo 6.433 de los informes del Grupo Especial y rechazó la solicitud de la 
Argentina de que modificara o revocara estas constataciones. 
4.1.3.4  Aplicación del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 La Argentina alegó que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que, debido a que la 
obtención de una DJAI en estado "salida" no es "automática", el procedimiento DJAI es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. La Argentina solicitó que se revocara este fundamento específico de la constatación del Grupo Especial, así como la constatación definitiva del Grupo Especial de que el procedimiento DJAI es incompatible con el 
párrafo 1 del artículo XI. La Argentina adujo que,  en el contexto del análisis global del Grupo 
Especial, parece que este llegó a la conclusión de que cualquier formalidad o prescripción de importación que sea una condición necesaria para importar mercancías y que no se satisfaga 
automáticamente constituye, necesariamente, una restricción cuantitativa prohibida en el sentido 
del párrafo 1 del artículo XI. La Argentina sostuv o que el contexto que ofrece el párrafo 2 del 
artículo 3 del Acuerdo sobre Licencias de Importación no ofrece respaldo para esa conclusión ya 
que, según la Argentina, ese párrafo distingue entre los posibles efectos de restricción del 
comercio de un procedimiento de licencias y los de la norma de importación subyacente que el procedimiento implementa. La Argentina también adujo que interpretar que el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994 prohíbe los procedimientos no automáticos para el trámite de 
licencias de importación per se  entrañaría un conflicto con el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo 
sobre Licencias de Importación. 
Aunque la Argentina parecía haber interpretado el término "automática" en el mismo sentido en 
que esa palabra se utiliza en relación con los procedimientos para el trámite de licencias de 
importación en el Acuerdo sobre Licencias de Importación, el Órgano de Apelación consideró que la constatación del Grupo Especial de que una DJAI en estado "salida" no se obtiene de forma 
"automática" no se refiere, y no tenía por objeto re ferirse, a la definición de "automaticidad" en el 
artículo 2 del Acuerdo sobre Licencias de Importación. El Órgano de Apelación recordó que el Grupo Especial se abstuvo de hacer constataciones relativas a las alegaciones formuladas por los reclamantes al amparo de las disposiciones del Acuerdo sobre Licencias de Importación, y que 
ninguna de las partes trató de separar y distinguir los distintos elementos que componen el 
procedimiento DJAI, incluidos cualesquiera de aquellos que pudieran estar relacionados con procedimientos para el trámite de licencias de importación. Aunque hay aspectos del 
procedimiento DJAI que pueden parecerse a un procedimiento para el trámite de licencias de 
importación, esas características del procedimiento DJAI no eran el objetivo de las alegaciones de los reclamantes al amparo del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. Antes bien, sus 
alegaciones se centraron principalmente en los elementos discrecionales que conllevaba el 
interponer y levantar observaciones. 
Además, el Órgano de Apelación observó que una de las definiciones en el diccionario del término 
"automático" es "que ocurre como consecuencia ne cesaria; ... que tiene efectos sin más diligencias 
en circunstancias establecidas", y que el razonamiento del Grupo Especial que lo llevó a declarar 
que la obtención de una DJAI en estado "salida" no es "automática" parece coherente con este sentido del término "automática". Por último, el Órgano de Apelación razonó que el sentido que el 
Grupo Especial quiso dar a la expresión "no automática" queda claro una vez que se examina el 
uso que hizo el Grupo Especial de estas palabras a la luz de los párrafos anteriores y subsiguientes de los informes del Grupo Especial. El Órgano de Apelación consideró que la referencia del Grupo WT/AB/26 
 
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  Especial a que la obtención de una DJAI en estado  "salida" no es "automát ica", en el párrafo 6.461 
de los informes del Grupo Especial, es una referencia tanto a la conexión directa entre el procedimiento DJAI y el derecho a importar como al control discrecional ejercido por los organismos argentinos al decidir cuándo y con sujeción a qué condiciones puede obtenerse el 
estado de "salida". 
Por estas razones, el Órgano de Apelación discrepó de la interpretación que hizo la Argentina de la 
utilización por el Grupo Especial del término "automática" en el párrafo 6.461 de sus informes, y 
constató que el Grupo Especial no incurrió en error al considerar que el hecho de que la obtención 
del estado de "salida" -y en consecuencia el derecho a importar- no sea "automática" con arreglo al procedimiento DJAI es un elemento que respalda su constatación de que dicho procedimiento constituye una restricción a la importación. Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechazó la 
solicitud de la Argentina de que revocara la constatación del Grupo Especial. 
Por todas las razones anteriores, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 
Especial de que el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT 
de 1994. 
4.2  Informes del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Determinadas prescripciones en 
materia de etiquetado indicativo  del país de origen (EPO) - Recurso del Canadá y México al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD , WT/DS384/AB/RW y WT/DS386/AB/RW 
Estas apelaciones se refieren a dos diferencias en las que el Canadá (DS384) y México (DS386) 
impugnaron la medida en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO) modificada (la "medida sobre el EPO modificada") adoptada por los Estados Unidos para cumplir las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto Estados Unidos - Determinadas 
prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO) . La medida sobre 
el EPO modificada requiere que determinados productos cárnicos vendidos al por menor en los 
Estados Unidos lleven etiquetas con información relativa a su país de origen. Esa carne debe llevar 
una etiqueta en la que se indiquen los países en que el ganado bovino y porcino del que procede la 
carne nació, fue criado y fue sacrificado. 
Ante el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21, el Canadá y México alegaron que la medida 
sobre el EPO modificada no aplicaba las recomendaciones y resoluciones del OSD, y que es incompatible con: i) el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, porque otorga al ganado importado del Canadá y México un trato menos 
favorable que el otorgado al ganado estadounidense; ii) el párrafo 2 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC, porque restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, 
teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alca nzarlo; y iii) el párrafo 1 b) del artículo XXIII 
del GATT de 1994, porque anula o menoscaba ventajas resultantes para el Canadá y México con 
respecto a las importaciones de ganado en los Estados Unidos. 
El Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constató que la medida sobre el EPO modificada es 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, porque entrañaba un mayor efecto 
perjudicial en el ganado importado que no se  derivaba exclusivamente de distinciones 
reglamentarias legítimas. En particular, el Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constató que el aumento de la segregación y los requisitos en materia de mantenimiento de registros prescritos 
por las medidas sobre el EPO modificadas aumentan  el incentivo para que los agentes privados 
opten por los animales nacionales con preferencia a los importados, y que esto aumenta el efecto 
perjudicial en las oportunidades de competencia del ganado importado, en comparación con el 
efecto perjudicial de la medida inicial sobre el EPO. El Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 
concluyó además que los reclamantes no habían establecido una presunción prima facie  de que la 
medida sobre el EPO modificada restrinja el comercio más de lo necesario en el sentido del 
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 constató 
asimismo que la medida sobre el EPO modificada es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, porque da al ganado canadiense y mexicano un trato menos favorable que el otorgado al ganado estadounidense. Esta constatación se basó en gran medida en su constatación 
de efecto perjudicial en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y la consideración de 
que cualquier medida que cause un efecto perjudicial en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 también causará un trato "menos favorable" en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994. El Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 aplicó el principio de economía procesal 
con respecto a las alegaciones no basadas en una infracción formuladas por los reclamantes al WT/AB/26 
 
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  amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GA TT de 1994. Señaló que el cumplimiento por los 
Estados Unidos de las constataciones del Grupo Especial del párrafo 5 del artículo 21 de infracción del párrafo 4 del artículo III obligaría a eliminar el efecto perjudicial en las oportunidades de competencia para el ganado canadiense y el mexicano y en consecuencia restablecería la igualdad 
efectiva entre los productos extranjeros y los na cionales y suprimiría el fundamento de la 
anulación o menoscabo al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII. 
Cada uno de los participantes impugnó en apelación determinados elementos del análisis y las 
constataciones del Grupo Especial en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 
4.2.1  El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC 4.2.1.1  Cuestiones apeladas por los Estados Unidos Los Estados Unidos apelaron la conclusión del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO 
modificada es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC porque su efecto 
perjudicial en el ganado importado no se deriva  exclusivamente de distinciones reglamentarias 
legítimas. Según los Estados Unidos, esta conclusión se basó en tres constataciones intermedias, a 
saber: i) que la medida sobre el EPO modificada entraña una carga de mantenimiento de registros 
mayor para los productores de ganado; ii) que las etiquetas B y C transmiten información potencialmente inexacta; y iii) que la medida sobre el EPO modificada sigue eximiendo a una gran 
proporción de los cortes de carne (músculo) de su ámbito de aplicación. 
4.2.1.1.1  La carga de mantenimiento de re gistros mayor que entraña la medida sobre 
el EPO modificada 
Los Estados Unidos alegaron que la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO 
modificada entraña una carga de mantenimiento de registros mayor no respaldaba su conclusión 
de que el efecto perjudicial de esa medida en el ganado importado no se deriva exclusivamente de 
distinciones reglamentarias legítimas. Esta alegación se basaba en dos motivos principales. 
En primer lugar, los Estados Unidos adujeron que el Grupo Especial incurrió en error al apoyarse 
en su constatación de que la medida sobre el EPO modificada entraña una carga de mantenimiento de registros mayor como una base independiente para concluir que el efecto perjudicial de esa 
medida no se deriva exclusivamente de distincion es reglamentarias legítimas. En segundo lugar, 
los Estados Unidos adujeron que la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO modificada entraña una carga de mantenimiento de registros mayor era errónea en tanto en cuanto se basaba en análisis incorrectos de la repercusión del etiquetado indicativo del lugar de 
producción y de la eliminación de la flexibilidad relativa al orden de los países en el mantenimiento 
de registros. 
El Órgano de Apelación comenzó su análisis examinando la alegación de los Estados Unidos de que 
el Grupo Especial incurrió en error en su evaluaci ón de la repercusión del etiquetado indicativo del 
lugar de producción y la supresión de la flexibilidad relativa al orden de los países en el mantenimiento de registros. En lo que respecta al análisis que hizo el Grupo Especial del 
etiquetado indicativo del lugar de producción, lo s Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial 
incurrió en error al basar ese análisis en transacciones hipotéticas incorrectas que suponen el comercio de animales vivos entre el Canadá y México. Para empezar, el Órgano de Apelación expuso consideraciones generales relativas a si, y en qué medida, un grupo especial puede 
basarse en situaciones hipotéticas que no reflejan pautas de comercio reales a los efectos de un 
análisis en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Órgano de Apelación consideró que, como el párrafo 1 del artículo 2 trata de las oportunidades de competencia de los productos 
importados similares, el análisis de un grupo especial conforme a esa disposición debe basarse en 
una evaluación del reglamento técnico en cu estión en hipótesis en que puedan surgir 
oportunidades de competencia, pese a que es posible que no reflejen actualmente pautas de 
comercio reales. En cualquier caso, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con la afirmación 
de los Estados Unidos de que la evaluación que hizo el Grupo Especial de la repercusión del etiquetado indicativo del lugar de producción se basó  en situaciones "hipotéticas incorrectas" que 
afectan al comercio de animales vivos entre el Canadá y México. A este respecto, el Órgano de 
Apelación señaló que el Grupo Especial había incluido en su análisis situaciones hipotéticas con 
arreglo a las cuales se envasarían juntos cortes de carne (músculo) procedentes de animales diferentes, algunos nacidos en México, otros nacidos en el Canadá y todos ellos sacrificados en los 
Estados Unidos. Señalando que esta hipótesis no involucra el comercio de animales vivos entre el WT/AB/26 
 
- 30 - 
 
  Canadá y México, el Órgano de Apelación observó que el Grupo Especial constató que, con arreglo 
a la medida inicial sobre el EPO, esos cortes de carne (músculo) se podían envasar con una sola etiqueta, mientras que, de conformidad con la medida sobre el EPO modificada, tendrían que llevar etiquetas distintas para reflejar los diferentes países de origen. El Órgano de Apelación opinó que 
los Estados Unidos no habían demostrado que esa hipótesis fuera inconcebible o constituyera una 
situación hipotética "incorrecta". En consecuencia, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial no incurrió en error en el marco del párrafo 1 del artículo 2 al haber evaluado la 
repercusión del etiquetado indicativo del lugar de producción en hipótesis que no son 
representativas de situaciones reales, o de las situaciones más habituales, en que los productos en cuestión son objeto de comercio entre las partes en estas diferencias. 
A continuación, el Órgano de Apelación examinó la alegación de los Estados Unidos de que el 
Grupo Especial incurrió en error al constatar que la supresión de la flexibilidad relativa al orden de 
los países aumenta la carga de mantenimiento de registros que entrañaba la medida inicial sobre el EPO. Con arreglo a la medida inicial sobre el EPO, la flexibilidad relativa al orden de los países 
permitía que los cortes de carne (músculo) de las categorías B y C sin mezclar llevaran etiquetas 
que, en la práctica, podían parecer idénticas, es decir, en ambas etiquetas B y C podía leerse la indicación "Producto del Canadá, de los Estados Unidos". En cambio, esos mismos cortes de carne 
(músculo) se etiquetan de modo diferente con arreglo a la medida sobre el EPO modificada, es 
decir, los cortes de carne (músculo) de la categoría B se etiquetan como "Nacidos en el Canadá, criados y sacrificados en los Estados Unidos", mientras que los cortes de carne (músculo) de la categoría C se etiquetan como "Nacidos y criados en el Canadá, sacrificados en los Estados 
Unidos". Sin embargo, los Estados Unidos adujeron que el hecho de que ahora haya dos etiquetas 
-donde antes había una- no significa que la carga de mantenimiento de registros haya aumentado en virtud de la medida sobre el EPO modificada, ya que, según los Estados Unidos, con arreglo a la 
medida inicial sobre el EPO "las diferentes categorías de cortes de carne (músculo) tenían ya 
registros diferentes".
25 
El Órgano de Apelación consideró que la afirmación de los Estados Unidos de que la supresión de 
la flexibilidad relativa al orden de los países "no altera la carga de mantenimiento de registros" que 
entrañaba la medida inicial sobre el EPO se basaba necesariamente en la tesis de que la medida inicial sobre el EPO exigía que se mantuvieran registros para justificar información específica sobre las etapas de producción relativa al ganado del que procedían los cortes de carne (músculo). 
Sin embargo, como explicó el Grupo Especial, la medida inicial sobre el EPO estipulaba que 
"la declaración de origen [para la categoría B, la categoría C y todos los cortes de carne (músculo) mezclados] puede  incluir información más específica relativa a las etapas de producción siempre 
que se mantengan registros para justificar las indicaciones ". Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación consideró que, como, de conformidad con la medida inicial sobre el EPO, el suministro de información específica sobre las etapas de producción se podía hacer voluntariamente  
solamente si "se mant[ienen] registros para justificar las indicaciones", las indicaciones de origen 
para los cortes de carne (músculo) no mezclados de las categorías B y C que lleven la misma etiqueta como consecuencia de la flexibilidad relativa al orden de los países -por ejemplo, 
                                               
25 En virtud de la medida inicial sobre el EPO, se  aplicaban prescripciones separadas a los cortes de 
carne (músculo) y a la carne picada. Había cuatro opcion es de etiquetado para los cortes de carne (músculo): 
i) la etiqueta A se aplicaba a la carne procedente de animales nacidos, criados y sacrificados en los Estados 
Unidos exclusivamente, sin ningún elemento importado, y únicamente permitía citar los Estados Unidos como país de origen; ii) la etiqueta B se aplicaba a la carn e procedente de animales criados y sacrificados en los 
Estados Unidos, pero nacidos fuera de los Estados Unidos , y citaba tanto el país extranjero como los Estados 
Unidos como países de origen; iii) la  etiqueta C se refería a la carne proc edente de animales importados en los 
Estados Unidos para su sacrificio inmediato, y prescribía  la enumeración de los países de origen extranjeros, 
con inclusión de los Estados Unidos, pero no que se cita ra a los Estados Unidos como  primer país de origen; 
iv) la etiqueta D se refería a la carne procedente de an imales no nacidos, criados o sacrificados en los Estados 
Unidos y en ella se citaba el país de origen extranjero. Una quinta etiqueta E se aplicaba a la carne picada, y se 
prescribía la identificación del origen de la carne qu e contenga o pueda razonablemente contener el producto 
cárnico. 
La medida sobre el EPO modificada requiere que en las etiquetas A, B y C para cortes de carne 
(músculo) de animales sacrificados en los Estados Unidos se indique el país en que tuvo lugar cada etapa de producción (nacimiento, cría y sacrificio) (etiquetado in dicativo del lugar de producción). En el caso de la 
etiqueta D, la medida sobre el EPO modificada mantiene la prescripción de indicar en la etiqueta el país de 
origen declarado a las autoridades aduaneras, y añade una opción voluntaria de facilitar información más 
específica sobre el lugar donde tuvieron lugar las etapas  de producción. Las prescripciones de la etiqueta E 
para la carne picada no han cambiado en comp aración con la medida inicial sobre el EPO. WT/AB/26 
 
- 31 - 
 
  "Producto del Canadá y de los Estados Unidos"- se podrían justificar mediante registros que 
demuestren que el ganado del que procedían esos  cortes de carne (músculo) nació fuera de los 
Estados Unidos, en el país que figura en la etiqueta. En cambio, el suministro de información sobre las etapas de producción para esos cortes de carne (músculo) es ahora obligatorio en virtud de la 
medida sobre el EPO modificada. Esto, a su ve z, entraña el correspondiente aumento de los 
registros mantenidos por los productores de ganado y de carne para justificar las indicaciones de origen realizadas en las etiquetas obligatorias para la venta al por menor en el caso de los cortes 
de carne (músculo) procedentes de ganado sacrificado en los Estados Unidos, incluidos los cortes 
de carne (músculo) sin mezclar de las categorías B y C. A la luz de estas consideraciones, el Órgano de Apelación no estaba convencido por la afirmación de los Estados Unidos de que la supresión de la flexibilidad relativa al orden de los países no ha alterado la carga de 
mantenimiento de registros que entrañaba la medida inicial sobre el EPO. En consecuencia, el 
Ó r g a n o  d e  A p e l a c i ó n  c o n s t a t ó  q u e  e l  G r u p o  E s p e c i a l  n o  i n c u r r i ó  e n  e r r o r  e n  s u  a n á l i s i s  d e  l a  repercusión de la eliminación de la flexibilidad relativa al orden de los países en el mantenimiento 
de registros. 
El Órgano de Apelación examinó seguidamente la alegación de los Estados Unidos de que el Grupo 
Especial incurrió en error al basarse en su constatación de que la medida sobre el EPO modificada 
entraña una carga de mantenimiento de registros mayor como una base independiente para 
concluir que el efecto perjudicial de esa medida en el ganado importado no se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. 
El Órgano de Apelación señaló que, al inicio de su análisis, el Grupo Especial había articulado 
expresamente un marco analítico para su evaluación en el marco del párrafo 1 del artículo 2, 
conforme al cual la carga de mantenimiento de  registros que entraña la medida sobre el EPO 
modificada serviría como elemento de comparación con el que comparar la información sobre el 
origen que finalmente se transmite a los consumidores en las etiquetas obligatorias de los cortes 
de carne (músculo). El Órgano de Apelación consid eró que este enfoque, como lo articuló el Grupo 
Especial, concuerda con el enfoque del Órgano de Apelación en el procedimiento inicial. Después 
de examinar la aplicación por el Grupo Especial de este marco analítico, el Órgano de Apelación 
consideró que la conclusión del Grupo Especial de que el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada no se deriva exclusivamente de di stinciones reglamentarias legítimas se basó en 
un análisis comparativo de tres factores determinantes fundamentales de la "incongruencia" 
informativa que el Órgano de Apelación había identificado en las diferencias iniciales en relación 
con la medida inicial sobre el EPO: i) las prescripciones en materia de información impuestas a los productores que intervienen en las fases iniciales del proceso productivo; ii) la naturaleza y 
exactitud de la información transmitida en las etiquetas; y iii) la parte de la información que está 
exenta de la obligación de ser comunicada a los consumidores. 
El Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con la afirmación de los Estados Unidos de que, para 
concluir que el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada no se deriva 
exclusivamente de distinciones reglamentarias legí timas, la información sobre el origen que debe 
recopilarse con arreglo a esa medida ha de guardar tal desproporción con la información facilitada a los consumidores en las etiquetas que la recopilación de la información no pueda explicarse por 
la necesidad de proporcionar a los consumidores información sobre el lugar de nacimiento, cría y 
sacrificio de los animales. En respuesta a la afirmación de los Estados Unidos de que el Grupo Especial no había hecho esa determinación, el Órgano de Apelación señaló varias constataciones 
separadas hechas por el Grupo Especial en el marco de su evaluación global de la cuestión de si el 
efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada en el ganado importado se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. 
En primer lugar, el Grupo Especial reconoció que la medida sobre el EPO modificada había 
aumentado la cantidad de información transmitida a los consumidores en las etiquetas obligatorias pero que, y esto es lo importante, para hacerlo había aumentado también la carga de mantenimiento de registros impuesta a los productores de las fases iniciales del proceso 
productivo. En segundo lugar, el Grupo Especial señaló que las etiquetas revisadas establecidas en 
la medida sobre el EPO modificada introducen la posibilidad de que la información sea inexacta con respecto al lugar donde fueron "criados" los animales. En tercer lugar, en relación con las 
exenciones del ámbito de aplicación de las prescripciones en materia de EPO, el Grupo Especial 
argumentó que, debido a la mayor carga en materia de mantenimiento de registros que impone la medida sobre el EPO modificada, "a lo largo de la cadena de producción los productores que 
intervienen en las fases iniciales tendrán que proceder a la identificación, el rastreo y la WT/AB/26 
 
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  transmisión de" incluso más "información sobre el origen de todos los animales de conformidad 
con las prescripciones en materia de mantenimie nto de registros ... aun cuando 'una proporción 
considerable' de la carne de bovino y porcino procedente de esos animales quede finalmente exenta de las prescripciones en materia de EPO y, por tanto, no lleve ninguna etiqueta indicativa 
del país de origen". A modo de ver del Órgano de Apelación, estas constataciones separadas 
respaldan la conclusión de que las prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación de la medida sobre el EPO modifi cada imponen una carga desproporcionada a los 
productores y empresas de transformación de gana do que no se puede explicar por la necesidad 
de proporcionar a los consumidores información sobre el lugar de nacimiento, cría y sacrificio de los animales. Sobre esa base, el Órgano de Apelac ión consideró que el efecto perjudicial sobre el 
ganado importado que resulta de estas mismas prescripciones en materia de mantenimiento de 
registros y verificación no se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. 
A la luz de estas consideraciones, el Órgano de Apelación concluyó que la constatación del Grupo 
Especial de que la medida sobre el EPO modificada entraña una carga de mantenimiento de 
registros mayor no sirvió como una "base independiente" para su conclusión de que el efecto 
perjudicial de esa medida no se deriva exclusivam ente de distinciones reglamentarias legítimas. 
Además, el Órgano de Apelación no consideró, como alegaron los Estados Unidos, que el Grupo 
Especial "no situó la cuestión del mantenimiento de registros en el análisis correcto, que entraña 
una comparación de las cargas de mantenimiento de registros y el suministro de información mediante las etiquetas". En consecuencia, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error en su examen de la carga de mantenimiento de registros mayor que entraña 
la medida sobre el EPO modificada en el marco de su análisis de si el efecto perjudicial de esa 
medida en el ganado importado se deriva exclusiv amente de distinciones reglamentarias legítimas. 
4.2.1.1.2  La exactitud de las etiquetas prescr itas por la medida sobre el EPO modificada 
En apelación, los Estados Unidos plantearon dos alegaciones de error en relación con la 
constatación del Grupo Especial de que las etiquetas B y C, prescriptas por la medida sobre el EPO modificada, transmiten información potencialmente inexacta sobre el origen. En primer lugar, los 
Estados Unidos sostuvieron que el Grupo Especial incurrió en error al basar esta constatación en 
"hipótesis incorrectas" sin tener en cuenta el comercio real de ganado entre las tres partes en estas diferencias. En segundo lugar, los Estados Un idos alegaron que el Grupo Especial incurrió en 
error al considerar que su constatación de que las etiquetas B y C son potencialmente inexactas 
respalda la conclusión de que el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada no se 
deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. 
En lo que respecta a la alegación de los Estados Unidos de que el Grupo Especial incurrió en error 
al basar su constatación de que las etiquetas B y C son potencialmente inexactas en 
"transacciones de ganado hipotéticas incorrectas", el Órgano de Apelación examinó en primer lugar el argumento de los Estados Unidos de que, al ser la alegación presentada al Grupo Especial 
una alegación de supuesta discriminación de facto  formulada al amparo del párrafo 1 del artículo 2 
del Acuerdo OTC, al Grupo Especial le estaba vedado examinar la exactitud de las etiquetas con arreglo a la medida sobre el EPO modificada en situaciones "hipotéticas que no reflejan" el comercio real de ganado entre las partes en estas diferencias. Al examinar este argumento, el 
Órgano de Apelación recordó su constatación anterior de que un análisis de un grupo especial 
conforme al párrafo 1 del artículo 2 debe basars e en una evaluación del reglamento técnico en 
cuestión en hipótesis en que puedan surgir oportunidades de competencia, pese a que es posible 
que no reflejen actualmente pautas de comercio reales. Por lo tanto, el Órgano de Apelación 
consideró que, al examinar alegaciones de discriminación de facto  en el marco del párrafo 1 del 
artículo 2, el análisis del grupo especial no se circunscribe a evaluar el efecto de la medida sobre la 
base de situaciones que sean representativas de las pautas actuales del comercio. 
Señalando que, en cualquier caso, los Estados Unidos habían aducido que el Grupo Especial basó 
su constatación de que las etiquetas B y C son potencialmente incorrectas en hipótesis incorrectas , 
el Órgano de Apelación observó que, en relación con la etiqueta B, las constataciones del Grupo 
Especial sobre la exactitud de esa etiqueta se basaron en pruebas no controvertidas sobre el lugar 
en que el ganado bovino de engorde fue efectivamente "criado" y sobre lo que debe en último término indicarse en la etiqueta B con arreglo a las prescripciones de la medida sobre el EPO 
modificada. En particular, el Grupo Especial habí a constatado que el ganado bovino de engorde 
importado en los Estados Unidos podía haber pasado hasta el 68% de su vida fuera de los Estados Unidos y, sin embargo, los productos cárnicos resu ltantes se podían etiquetar de tal modo que se WT/AB/26 
 
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  indicara que los animales de los que procedían los productos cárnicos fueron criados únicamente 
en los Estados Unidos. Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechazó la alegación de los Estados Unidos de que la constatación del Grupo Especial de que la etiqueta B potencialmente transmite información inexacta se basó en transacciones de ganado hipotéticas incorrectas. 
En lo que se refiere a la etiqueta C, el Órgano de Apelación señaló que, aunque el Grupo Especial 
constató que el diseño de las normas correspondientes a esa etiqueta puede permitir la omisión de países en los que efectivamente se ha producido la cría, el Grupo Especial había restringido esa 
constatación al reconocer que, "[e]n su aplicación actual al ganado objeto de comercio, no parece 
probable que la etiqueta C transmita información engañosa sobre el país en el que se han criado los animales importados para su sacrificio inmedi ato, dado que al parecer lo más habitual es que 
hayan nacido y se hayan criado en el país de exportación". Por lo tanto, el Órgano de Apelación 
consideró convincente la afirmación de México de que el Grupo Especial no se apoyó en situaciones 
hipotéticas improbables al determinar que existe la posibilidad de que, de conformidad con la 
medida sobre el EPO modificada, las etiquetas sean inexactas, sino que "tomó en consideración 
todas las situaciones hipotéticas posibles" y "descartó o prescindió de las que no tenían 
probabilidades de darse en la práctica". Por consiguiente, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con los Estados Unidos en que la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre 
el EPO modificada entraña la posibilidad de que las etiquetas sean inexactas estuviera basada en 
"hipótesis incorrectas". En consecuencia, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error en su evaluación de las etiquetas B y C prescritas por la medida sobre el EPO modificada. 
El Órgano de Apelación consideró a continuación la alegación de los Estados Unidos de que la 
constatación por el Grupo Especial de que las etiquetas B y C son potencialmente inexactas no respalda la conclusión de que el efecto perjudic ial de esa medida en el ganado importado no se 
deriva exclusivamente de distinciones reglamen tarias legítimas. A este respecto, los Estados 
Unidos adujeron que el Grupo Especial estaba obligado a evaluar la posible inexactitud de las etiquetas prescritas por la medida sobre el EPO modificada en relación con la carga de 
mantenimiento de registros que entraña esa medida determinando si existe una "incongruencia" 
entre, por un lado, la información sobre el origen que están obligados a recopilar los productores de ganado y, por otro, la información sobre el origen que se transmite en último término a los 
consumidores en las etiquetas obligatorias. Según los Estados Unidos, el Grupo Especial incurrió 
en error al no hacer esta determinación. 
Al examinar esta alegación de los Estados Unidos, el Órgano de Apelación recordó que había 
considerado anteriormente que la conclusión del Grupo Especial de que el efecto perjudicial de la 
medida sobre el EPO modificada no se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias 
legítimas se basó en un análisis comparativo de tres factores determinantes fundamentales de la "incongruencia" informativa que el Órgano de Apelación había identificado en las diferencias 
iniciales en relación con la medida inicial sobre el EPO. Además, había considerado que varios 
elementos del análisis del Grupo Especial, y constataciones separadas formuladas por el Grupo Especial en relación con esos tres factores determinantes, respaldan la conclusión de que las prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación de la medida sobre el EPO 
modificada imponen una carga desproporcionada a los productores y las empresas de 
transformación de ganado que no puede explic arse por la necesidad de proporcionar a los 
consumidores información sobre el origen. En consecuencia, no convenció al Órgano de Apelación 
la afirmación de los Estados Unidos de que el Grupo Especial no abordó la cuestión de si existe una 
"incongruencia" entre la información que debe ser recopilada por los productores y las empresas de transformación de ganado, por una parte, y la información que se transmite en última instancia 
a los consumidores en las etiquetas prescritas por la medida sobre el EPO modificada, por la otra. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error en su consideración de la posibilidad de inexactitud en las etiquetas en virtud de la medida sobre el EPO modificada, en el marco de su análisis de si el  efecto perjudicial de esa medida en el ganado 
importado se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. 
4.2.1.1.3  Las exenciones prescritas po r la medida sobre el EPO modificada 
En apelación, los Estados Unidos plantearon tres alegaciones de error principales en relación con la 
constatación del Grupo Especial de que las exenciones prescritas por la medida sobre el EPO 
modificada respaldan la conclusión de que el efecto perjudicial de esa medida en el ganado importado no se deriva exclusivamente de distinci ones reglamentarias legítimas. En primer lugar, WT/AB/26 
 
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  los Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que las exenciones 
son pertinentes para analizar si el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada se deriva exclusivamente de distinciones reglamenta rias legítimas. En segundo lugar, los Estados 
Unidos alegaron que, "aparte del hecho de que las exenciones no son pertinentes", el Grupo 
Especial incurrió en error al no tener en cuenta en su evaluación las siguientes consideraciones: 
i) que las exenciones se aplican por igual a la carne procedente de ganado importado y a la procedente de ganado nacional, por lo que son imparciales en su diseño y aplicación; ii) el 
"legítimo deseo de los Miembros de ajustar el ámbito de aplicación de sus reglamentos técnicos" 
para tener en cuenta consideraciones relativas al costo; y iii) que, dada la "mayor exactitud" de las etiquetas prescritas por la medida sobre el EPO modificada, la carga de mantenimiento de registros entrañada por esa medida ahora "se puede explicar por la necesidad de proporcionar a 
los consumidores información sobre el origen". En tercer lugar, los Estados Unidos alegaron que el 
Grupo Especial no evaluó el funcionamiento de las exenciones en el mercado estadounidense y, 
por consiguiente, que el Grupo Especial incurrió en error al concluir que esas exenciones respaldan 
la conclusión de que el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada no se deriva 
exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. 
En lo que respecta a la alegación de los Estados Unidos de que el Grupo Especial incurrió en error 
al constatar que las exenciones prescritas por la  medida sobre el EPO modificada son pertinentes 
para el análisis de la cuestión de si el efecto perjudicial de esa medida se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas, el Órgano de Apelación consideró si los elementos de un reglamento técnico que no han sido identificados como distinciones reglamentarias pertinentes que 
causan un efecto perjudicial a los productos importados "similares" pueden ser examinados para 
determinar si ese efecto perjudicial se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias 
legítimas. Al examinar esta cuestión, el Órgano de Apelación recordó que, si un grupo especial 
constata que un reglamento técnico tiene un efecto perjudicial de facto  en las oportunidades de 
competencia de productos importados similares, la indagación pasa a centrarse en la cuestión de si ese efecto perjudicial se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. El Órgano 
de Apelación explicó que esa indagación debe ce ntrarse en las distinciones reglamentarias que 
causan ese efecto perjudicial en los productos importados "similares" y que la legitimidad de esas distinciones reglamentarias, a efectos del párrafo 1 del artículo 2, depende de que estén diseñadas 
y se apliquen de manera imparcial. El Órgano de Apelación subrayó que, aunque la evaluación de 
la imparcialidad se centra en la distinción o las distinciones reglamentarias que causan un efecto 
perjudicial en productos importados, otros elementos del reglamento técnico son pertinentes para esa evaluación, en la medida en que sean probatorios con respecto a la cuestión de si ese efecto 
perjudicial se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. En efecto, como el 
Órgano de Apelación explicó en las diferencias iniciales, el grupo especial, al evaluar la imparcialidad a efectos del párrafo 1 del artículo 2, debe "examinar cuidadosamente las 
circunstancias concretas del caso, esto es, el diseño, la arquitectura, la estructura reveladora, el 
funcionamiento y la aplicación del reglamento técnico en litigio". Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no in currió en error al constatar que las exenciones 
prescritas por la medida sobre el EPO modificada so n pertinentes para el análisis de la cuestión de 
si el efecto perjudicial de esa medida en el ganado importado se deriva exclusivamente de 
distinciones reglamentarias legítimas. 
El Órgano de Apelación pasó entonces a abordar la alegación de los Estados Unidos de que, incluso 
si las exenciones son pertinentes para el análisis en el marco del párrafo 1 del artículo 2, el Grupo 
Especial incurrió en error al no tener en cuenta en  este análisis determinadas consideraciones. En 
primer lugar, el Órgano de Apelación examinó la alegación de los Estados Unidos de que el Grupo 
Especial no tuvo en cuenta que las exenciones se aplican por igual a la carne procedente de 
ganado importado y a la procedente de ganado nacional y, por consiguiente, son imparciales en su diseño y aplicación. A juicio del Órgano de Apelación, el Grupo Especial no estaba obligado a evaluar la imparcialidad de las exenciones prevista s en la medida sobre el EPO modificada porque 
esas exenciones no son distinciones reglamentari as pertinentes establecidas en esa medida. En 
cambio, las exenciones forman parte de la arqu itectura global de la medida sobre el EPO 
modificada que el Grupo Especial analizó para evaluar si las distinciones reglamentarias 
pertinentes en cuestión -es decir, las distinciones entre las tres etapas de producción, así como las 
etiquetas obligatorias que hay que aplicar a los cortes de carne (músculo) de bovino y porcino- están diseñadas y se aplican de manera imparcial. El Órgano de Apelación señaló que el Grupo 
Especial constató en último término que las exenciones, como parte integrante de "la estructura 
global" de la medida sobre el EPO modificada, eran  "de importancia fundamental" para su análisis 
global en el marco del párrafo 1 del artículo 2 porque entre el 57,7% y el 66,7% de la carne de WT/AB/26 
 
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  bovino consumida en los Estados Unidos, y entre el 83,5% y el 84,1% de los cortes de carne 
(músculo) de porcino, no transmitirán al consumidor información sobre el origen a pesar de la imposición a productores y empresas de transformación, en las fases iniciales del proceso productivo, de una carga en materia de mantenimiento de registros que tiene un efecto perjudicial 
para las oportunidades de competencia del ganado extranjero. El Órgano de Apelación consideró 
que, por esa razón, las exenciones prescritas por la medida sobre el EPO modificada tienen valor 
probatorio con respecto a la cuestión de si el efecto perjudicial de esa medida en el ganado 
importado se deriva exclusivamente de distinciones  reglamentarias legítimas. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error al no atribuir importancia al hecho de que las exenciones previstas en la me dida sobre el EPO modificada se aplican por igual 
a la carne procedente de ganado importado y a la procedente de ganado nacional. 
El Órgano de Apelación consideró a continuación la alegación de los Estados Unidos de que, al 
concluir que las exenciones previstas en la medida sobre el EPO modificada respaldan la conclusión de que el efecto perjudicial de esa medida en el ganado importado refleja una discriminación, el 
Grupo Especial incurrió en error al no tener en cuenta el "legítimo deseo de los Miembros de 
ajustar el alcance de sus reglamentos técnicos" para tener en cuenta consideraciones relativas al costo. El Órgano de Apelación recordó que, en Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor , había 
considerado que "[n]o hay nada en el párrafo 1 del artículo 2 que impida que un Miembro trate de 
minimizar los posibles costos derivados de reglamentos técnicos, siempre que el reglamento técnico en cuestión no discrimine, de manera abierta o encubierta, contra las importaciones". Por lo tanto, el Órgano de Apelación no vio error alguno en la constatación del Grupo Especial de 
que las consideraciones relativas al costo no constituyen una "justificación sobrevenida de las 
medidas discriminatorias". En particular, el Órgano de Apelación no consideró que los ahorros de costos de que disfrutan las entidades estadounidens es que están exentas de las prescripciones en 
materia de EPO atenúen la constatación del Grupo Especial de que, como resultado de las 
exenciones, una elevada proporción de los cortes de carne (músculo) de bovino y porcino consumidos en los Estados Unidos no transmitirá al consumidor información sobre el origen a 
pesar de la imposición en las fases iniciales del proceso productivo de una carga en materia de 
mantenimiento de registros que tiene un efecto perjudicial para las oportunidades de competencia del ganado importado. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error al considerar que las consideraciones sobre los costos que supuestamente 
justifican la existencia de las exenciones no constituyen una justificación sobrevenida de las 
medidas discriminatorias. 
Seguidamente, el Órgano de Apelación examinó la alegación de los Estados Unidos de que, al 
determinar que las exenciones constituyen una prueba de que el efecto perjudicial de la medida 
sobre el EPO modificada en el ganado importado no se deriva exclusivamente de distinciones 
reglamentarias legítimas, el Grupo Especial incurrió en error al no tener en cuenta que, dada la 
"mayor exactitud" de las etiquetas prescritas por la medida sobre el EPO modificada, la carga de 
mantenimiento de registros que conlleva esa medida puede explicarse ahora por la necesidad de proporcionar información sobre el origen a los consumidores. El Órgano de Apelación recordó que, en relación con una alegación distinta presentada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 1 
del artículo 2, había constatado que varias co nstataciones separadas formuladas por el Grupo 
Especial respaldan la conclusión de que las prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación de la medida sobre el EPO modificada imponen una carga desproporcionada 
a los productores y las empresas de transformación de ganado importado que no puede explicarse 
por la necesidad de proporcionar a los consumidores información sobre el origen. En consecuencia, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con los Estados Unidos en que el Grupo Especial no 
examinó si la naturaleza y el alcance de las exen ciones establecen una "incongruencia" entre, por 
un lado, la cantidad de información recopilada por los productores que intervienen en las fases iniciales del proceso productivo y, por otro lado, la cantidad de información transmitida a los consumidores que sea tan desproporcionada que respal de la conclusión de que el efecto perjudicial 
de la medida sobre el EPO modificada en el ganado importado refleja una discriminación, en 
infracción de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error al considerar que las exenciones prescritas por 
la medida sobre el EPO modificada respaldan la conclusión de que el efecto perjudicial de esa 
medida en el ganado importado no se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. WT/AB/26 
 
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  El Órgano de Apelación pasó entonces a examinar la última alegación de los Estados Unidos 
relativa a las exenciones de la medida sobre el EPO modificada. En apelación, los Estados Unidos alegaron que, al concluir que las exenciones previstas en la medida sobre el EPO modificada respaldan la conclusión de que el efecto perjudic ial de esa medida refleja una discriminación, el 
Grupo Especial incurrió en error al no evaluar el  funcionamiento de las exenciones en el mercado 
estadounidense. El Órgano de Apelación observó que, al considerar que las exenciones acreditan que el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada en el ganado importado no se 
deriva exclusivamente de distinciones reglamentari as legítimas, el Grupo Especial declaró que no 
tenía ante sí "pruebas" que pusieran en duda la constatación del Grupo Especial inicial de que "a menudo, en una determinada etapa de la cadena de producción no se conoce el destino final de un 
producto cárnico". Tomando nota de la afirmación que hicieron los Estados Unidos en apelación de 
que correspondía al Canadá y a México aportar pruebas suficientes para establecer si se conoce, y 
en qué medida, el destino final de un producto cárnico en una determinada etapa de la cadena de producción, el Órgano de Apelación consideró que, al no habérsele presentado pruebas que 
afectaran a las constataciones del Grupo Especial inicial sobre el funcionamiento de las exenciones 
en el mercado estadounidense, lo adecuado era que el Grupo Especial se basara en esas constataciones. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no 
incurrió en error al no evaluar el funcionamiento de las exenciones prescritas en la medida sobre 
el EPO modificada en el mercado estadounidense. 
4.2.1.2  Apelaciones del Canadá y México en  el marco del párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC 
Tras haber examinado las alegaciones planteadas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo OTC, el Órgano de Apelación pasó a examinar las alegaciones del Canadá y México al amparo de la misma disposición. Aunque el Canadá y México no apelaron la 
conclusión definitiva del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO modificada es incompatible 
con el párrafo 1 del artículo 2, sí discreparon de la evaluación que hizo el Grupo Especial de determinados elementos de la medida sobre el EPO modificada para llegar a la conclusión de que 
el efecto perjudicial de esa medida en el ganado importado no se deriva exclusivamente de 
distinciones reglamentarias legítimas. El Canadá alegó que el Grupo Especial no evaluó debidamente la pertinencia de las etiquetas D y E, así como la prohibición de la medida sobre el EPO modificada de un sistema de rastreo, para el análisis de si el efecto perjudicial de esa 
medida en el ganado importado se deriva exclusiv amente de distinciones reglamentarias legítimas. 
México formuló una alegación similar, pero limitó su apelación a la evaluación realizada por el Grupo Especial de la pertinencia de la etiqueta E a los efectos de su análisis en el marco del 
párrafo 1 del artículo 2. 
En lo que respecta a la etiqueta D, el Canadá adujo que el Grupo Especial no reconoció que las 
prescripciones relativas a esa etiqueta, junto con las deficiencias en materia de información que 
identificó el Grupo Especial con respecto a las etiquetas B y C, contribuyen a un régimen de 
etiquetado en el cual la única información fiable por ser siempre exacta es la que transmite la etiqueta A, es decir, información relativa a los animales nacidos, criados y sacrificados exclusivamente en los Estados Unidos. Según el Canadá, esta discrepancia muestra el carácter 
arbitrario e injustificable de la discriminación contra los animales canadienses. 
Al examinar la alegación del Canadá, el Órgano de Apelación consideró que la exactitud de las 
etiquetas de cortes de carne (músculo) prescritas por la medida sobre el EPO modificada es un 
factor pertinente en la medida en que demuestra que las prescripciones en materia de 
mantenimiento de registros y verificación de esa medida imponen una carga desproporcionada a los productores y empresas de transformación que intervienen en las fases iniciales del proceso 
productivo en comparación con la información que se transmite a los consumidores con arreglo a 
las prescripciones obligatorias en materia de etiquetado. A los efectos de examinar la alegación del Canadá en lo que se refiere a la etiqueta D, el Órgano de Apelación consideró útil yuxtaponer, por 
un lado, las prescripciones relativas a las etiquetas B y C y las exenciones del ámbito de aplicación 
de las prescripciones en materia de EPO con, por otro, las prescripciones relativas a la etiqueta D. 
A juicio del Órgano de Apelación, las deficiencias en materia de información de las etiquetas B y C, así como las exenciones del ámbito de aplicación de las prescripciones en materia de EPO, están 
estrechamente relacionadas con el origen del efecto perjudicial en el ganado importado en estas 
diferencias, a saber, las prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación relativas al ganado sacrificado en los Estados Unidos que crean un incentivo para que los 
productores estadounidenses faenen animales exclusivamente nacionales. En particular, la WT/AB/26 
 
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  información detallada que deben rastrear y transmitir los productores que intervienen en las fases 
iniciales del proceso productivo puede no ser transmitida a los consumidores como resultado de las deficiencias en materia de información de las etiquetas B y C con respecto a los países en que se criaron los animales sacrificados en los Estados Unidos, y de las exenciones del ámbito de 
aplicación de las prescripciones en materia de EPO. Por esta razón, el efecto perjudicial de la 
medida sobre el EPO modificada en el ganado importado causado por las mismas prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación previstas en la medida sobre el EPO 
modificada no se puede explicar por la necesidad de proporcionar información sobre el origen a los 
consumidores. 
El Órgano de Apelación señaló que, en cambio, el origen, a los fines de los cortes de carne 
(músculo) de la categoría D, se basa en las normas  de transformación sustancial y, en la práctica, 
depende del lugar donde haya sido sacrificado el ganado del que proceden esos cortes de carne 
(músculo). En consecuencia, el Órgano de Apelación consideró que las prescripciones relativas a la etiqueta D -en comparación con las prescripciones relativas a las etiquetas B y C, así como con las 
exenciones- no tienen un vínculo suficiente con el  origen del efecto perjudicial en los productos 
importados en litigio en las presentes diferencias, es decir, las prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación que se aplican al ganado sacrificado en los Estados 
Unidos y a los cortes de carne (músculo) que de él se derivan. Por lo tanto, el Órgano de Apelación 
no estaba convencido de que las prescripciones relativas a la etiqueta D demuestren si el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada en el ganado importado se deriva exclusivamente 
de distinciones reglamentarias legítimas. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el 
Grupo Especial no incurrió en error al constatar que las prescripciones relativas a la etiqueta D no 
son pruebas concluyentes de la existencia de una discriminación arbitraria o injustificable en infracción de lo dispuesto en el párra fo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 
El Órgano de Apelación abordó a continuación las alegaciones del Canadá y México de que el 
Grupo Especial cometió errores de derecho en su evaluación de la pertinencia de la etiqueta E para su análisis en el marco del párrafo 1 del artículo 2, así como la alegación separada formulada por 
el Canadá de que el Grupo Especial no tuvo en cuenta determinadas pruebas que el Canadá 
sometió a su consideración, con lo cual actuó de forma incompatible con el deber que le impone el artículo 11 del ESD. El Órgano de Apelación rech azó las alegaciones del Canadá y México respecto 
de las prescripciones relativas a la etiqueta E -aplicable a la carne picada- por motivos similares a 
los que lo llevaron a rechazar la alegación del Canadá respecto de las prescripciones relativas a la 
etiqueta D. En particular, el Órgano de Apelación no estaba convencido de que las prescripciones aplicables a la carne picada de la categoría E tengan una relación suficiente con las prescripciones 
en materia de mantenimiento de registros y verificación que causan un efecto perjudicial en el 
ganado importado "por lo que respecta a las etiquetas para los cortes de carne (músculo)", ni de que tengan una relación suficiente con las distinci ones reglamentarias pertinentes de que se trata, 
a saber, la distinción entre las tres etapas de producción, así como las etiquetas obligatorias que 
hay que aplicar a los cortes de carne (músculo) de bovino y porcino. El Órgano de Apelación observó a este respecto que el Grupo Especial inicial constató que la flexibilidad otorgada por el margen de 60 días para las "existencias permitidas" para el etiquetado de la carne picada de la 
categoría E estaba a disposición no solo de las empresas productoras de carne picada, "sino 
también de los participantes en el mercado en todas las etapas del suministro y la distribución de la carne [picada]". Por tanto, contrariamente a lo que el Canadá y México habían indicado en 
apelación, el Órgano de Apelación no estaba convencido de que la etiqueta E contribuya, como 
hacen las exenciones prescritas en la medida sobre el EPO modificada, a la falta de correspondencia entre, por un lado, las prescripciones en materia de mantenimiento de registros y 
verificación previstas en la medida sobre el EPO modificada y, por otro, la limitada información 
transmitida a los consumidores con arreglo a las prescripciones en materia de etiquetado para la venta al por menor de los cortes de carne (músculo). Por consiguiente, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que no estaba claro que el trato dispensado a la carne 
picada "t[uviese] una relación suficiente con las distinciones reglamentarias pertinentes como para 
justificar su incorporación a [la] amplia evaluación [del Grupo Especial]" del diseño y el funcionamiento de la medida sobre el EPO modificada. Por tanto, el Órgano de Apelación constató 
que el Grupo Especial no incurrió en error al constatar que las prescripciones relativas a la 
etiqueta E no demuestran la incompatibilidad de la medida sobre el EPO modificada con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. WT/AB/26 
 
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  Pasando a la alegación planteada por el Canadá al amparo del artículo 11 del ESD en relación con 
la evaluación que hizo el Grupo Especial de las prescripciones relativas a la etiqueta E, el Órgano de Apelación consideró que la alegación planteada por el Canadá al amparo del artículo 11 del ESD afectaba a cuestiones que ya había analizado al examinar las prescripciones relativas a la 
etiqueta E y, en particular, si demostraban la incompatibilidad de la medida sobre el EPO 
modificada con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Así pues, el Órgano de Apelación se abstuvo de examinar más a fondo la alegación planteada por el Canadá al amparo del artículo 11 
del ESD. 
Por último, el Órgano de Apelación examinó la alegación del Canadá de que el Grupo Especial 
incurrió en error al no evaluar la pertinencia de la prohibición de un sistema de rastreo en su análisis de si el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO modificada en el ganado importado se 
deriva exclusivamente de distinciones reglamentari as legítimas. El Canadá adujo que, al prohibir 
un sistema de rastreo que, en opinión del Canadá, no causaría un efecto perjudicial en el ganado importado, los Estados Unidos realizaron una elección expresa en favor de las prescripciones en 
materia de mantenimiento de registros previstas en la medida sobre el EPO modificada, es decir, 
la fuente del efecto perjudicial en el ganado importado en las presentes diferencias. A juicio del Canadá, esta elección expresa demuestra que el efecto perjudicial de la medida sobre el EPO 
modificada en el ganado importado no se deriva  exclusivamente de distinciones reglamentarias 
legítimas. Al abordar la alegación del Canadá, el Órgano de Apelación recordó que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC no prohíbe, por sí mismo, los reglamentos técnicos que causan un efecto perjudicial en productos importados similares. Por consiguiente, la indagación sobre si el 
efecto perjudicial se deriva exclusivamente de dist inciones reglamentarias legítimas no se resuelve 
comparando la medida en litigio y su efecto perjudicial conexo con una medida alternativa que, supuestamente, no causa un efecto perjudicial en los productos importados de que se trata. Así 
pues, el Órgano de Apelación consideró que la prohibición del rastreo que establece la medida 
sobre el EPO modificada no puede demostrar en últi ma instancia si el efecto perjudicial de dicha 
medida se deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. El Órgano de Apelación 
explicó a este respecto que la cuestión pertinente a los efectos del párrafo 1 del artículo 2 en estas 
diferencias es si el efecto perjudicial que causan en los productos importados las prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación previstas en la medida sobre el EPO modificada se deriva exclusivamente de distincion es reglamentarias legítimas. La cuestión no es, 
como señaló el Canadá, si dicho efecto perjudicia l puede evitarse utilizando un sistema de rastreo 
diseñado de manera que evite el efecto perjudic ial en los productos importados. Por consiguiente, 
el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error al considerar que la 
prohibición de un sistema de rastreo prevista en la medida sobre el EPO modificada no es 
pertinente para el análisis de si el efecto perj udicial de dicha medida en el ganado importado se 
deriva exclusivamente de distinciones reglamentarias legítimas. 
4.2.2  Párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC 
El Canadá y México solicitaron que el Órgano de Apelación revocara la constatación del Grupo 
Especial de que no acreditaron prima facie  que la medida sobre el EPO modificada sea 
incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC y completara el análisis jurídico 
respecto de sus medidas alternativas propuestas primera y segunda. A ese respecto, el Canadá y 
México alegaron que el Grupo Especial incurrió en una serie de errores de interpretación y aplicación, y no llevó a cabo, respecto de determinadas constataciones de hecho, una evaluación 
objetiva del asunto, tal como se exige en el artículo 11 del ESD. Asimismo, el Canadá y México 
solicitaron que el Órgano de Apelación constatara que el Grupo Especial incurrió en error en la carga de la prueba que aplicó respecto de las medidas alternativas propuestas tercera y cuarta de 
los reclamantes, pero no solicitaron que completara el análisis jurídico con respecto a esas 
medidas alternativas propuestas. 
Los Estados Unidos también presentaron una apelación condicional respecto del párrafo 2 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC, supeditada a que el Canadá o México apelaran contra las 
constataciones del Grupo Especial con arreglo a esa disposición. Por consiguiente, habida cuenta 
de las apelaciones del Canadá y de México en relación con el párrafo 2 del artículo 2, se activó la apelación condicional de los Estados Unidos y en consecuencia se pidió al Órgano de Apelación que 
examinara la solicitud de los Estados Unidos de revocar la interpretación hecha por el Grupo 
Especial de la frase "teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]" del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. WT/AB/26 
 
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  En primer lugar, el Órgano de Apelación examinó las alegaciones del Canadá y México con 
respecto a la secuencia y el orden del análisis adoptados por el Grupo Especial al evaluar si la medida sobre el EPO modificada "restringe el comercio más de lo necesario" en el marco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Órgano de Apelación consideró que esa evaluación 
implica, en último término, sopesar y confrontar mediante un proceso holístico  todos los factores 
pertinentes. Esos factores incluyen el grado de contribución que hace la medida al objetivo legítimo en cuestión; el grado de restricción del comercio de la medida; y la naturaleza de los 
riesgos en cuestión y la gravedad de las consecuencias que crearía no alcanzar el objetivo que 
persigue el Miembro a través de la medida. El Órgano de Apelación también recordó que en la mayoría de las ocasiones, debe realizarse una comparación entre la medida impugnada y posibles medidas alternativas. El Órgano de Apelación constató que el párrafo 2 del artículo 2 no prescribe 
expresamente, en términos estrictos, la secuencia y el orden del análisis que se lleve a cabo para 
determinar si el reglamento técnico en litigio "restringe el comercio más de lo necesario". 
No obstante, cierto grado de secuencia y orden en el análisis puede emanar lógicamente de la 
naturaleza del examen con arreglo al párrafo 2 del artículo 2. A ese respecto, el Órgano de 
Apelación recordó jurisprudencia relativa al artículo XX del GATT de 1994 según la cual un análisis exhaustivo de la "necesidad" de una medida es un proceso sujeto a una secuencia que debe 
lógicamente empezar por un primer paso y continuar con una serie de pasos adicionales hasta 
llegar a una conclusión final. No obstante, la particular manera de secuenciar los pasos del análisis en el marco del párrafo 2 del artículo 2 puede adaptarse a las alegaciones, medidas, hechos y argumentos específicos de que se trate en un determinado caso. Los grupos especiales cuentan 
con un cierto margen para adaptar la secuencia y el orden del análisis al evaluar los factores 
pertinentes y al llevar a cabo el proceso general de sopesar y confrontar con arreglo al párrafo 2 del artículo 2. Cuando se disponga de diferentes métodos para evaluar un factor pertinente sobre 
la base de los hechos y argumentos aportados por las partes, los grupos especiales deberán 
adoptar o desarrollar un método que sea idóneo para realizar una evaluación correcta del factor pertinente en las circunstancias de un caso concreto. Por consiguiente, un apelante que impugne 
la secuencia y el orden del análisis adoptado por un grupo especial debe demostrar por qué, al 
seguir determinada secuencia, el grupo especial cometió un error en las circunstancias específicas del asunto de que se trate. No es suficiente que un apelante se limite a alegar en abstracto que un grupo especial incurrió en error al apartarse de una secuencia y un orden de análisis 
determinados. 
Teniendo presentes esas consideraciones, el Órgano de Apelación se ocupó en primer lugar de la 
alegación de México según la cual, con arreglo a la secuencia y el orden del análisis del Grupo 
Especial, el componente de análisis "de la relación" de la prueba de la "necesidad" con arreglo al 
párrafo 2 del artículo 2 se limitó erróneamente a determinar si existen "circunstancias excepcionales". El Órgano de Apelación constató qu e, en un contexto en que tanto el Canadá como 
México propusieron medidas alternativas como parte de su intento de establecer una presunción 
prima facie  en el marco del párrafo 2 del artículo 2, y habida cuenta del carácter holístico del 
proceso de sopesar y confrontar con arreglo a esa disposición, el Grupo Especial no incurrió en error al llevar a cabo un análisis "comparativo" de las medidas alternativas propuestas. Pasando a 
los momentos o las etapas en los que han de sacarse conclusiones o proceder a sopesar y 
confrontar los diferentes factores, el Órgano de Apelación consideró que el Canadá y México no habían demostrado que, en las circunstancias particulares de este caso, la secuencia y el orden del 
análisis adoptados por el Grupo Especial excedieron del margen de que este disponía para adaptar 
su enfoque del proceso general de sopesar y confrontar con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 al caso sometido a su consideración. 
En segundo lugar, el Órgano de Apelación consideró la solicitud del Canadá y México de que 
revocara la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre el EPO modificada hace una contribución "considerable, pero necesariamente parcial", a su objetivo. El Canadá alegó que el 
Grupo Especial incurrió en error en el marco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC al omitir 
tener en cuenta las etiquetas D y E al averiguar el grado de contribución de la medida sobre 
el EPO modificada a su objetivo y, en consecuencia, también actuó de modo incompatible con el deber que le impone el artículo 11 del ESD. La alegación similar de México se limitó a una 
alegación de error respecto al hecho de que el Grupo Especial no tuviera en cuenta la etiqueta E 
en su análisis en el marco del párrafo 2 del artículo 2. El Órgano de Apelación constató que, en principio, un reglamento técnico debe ser examin ado en su totalidad para poder evaluar el grado 
en que contribuye a su objetivo. El Órgano de  Apelación consideró además que un reglamento WT/AB/26 
 
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  técnico impugnado debe considerarse en su totalidad incluso cuando  determinados elementos del 
reglamento técnico sean comunes al reglamento y a las medidas alternativas propuestas. 
Según el Órgano de Apelación, el motivo de ello es que la manera en que esos elementos comunes 
interactúan con otros elementos de un reglamento técnico impugnado u otros elementos de las 
alternativas propuestas, respectivamente, puede diferir. Así pues, incluso si esos elementos 
comunes se excluyen de la evaluación de la contribución tanto del reglamento técnico como  de las 
medidas alternativas propuestas, ello puede distorsionar el resultado de esa evaluación. En ese 
contexto, puesto que las etiquetas D y E formaban parte del reglamento técnico en litigio, es decir, 
la medida sobre el EPO modificada, y hacían una contribución al objetivo de esa medida, el Órgano de Apelación constató que esas etiquetas deberían haberse tenido en cuenta en la evaluación tanto del grado de contribución de la medida sobre el EPO modificada como de los grados de 
contribución alcanzados por las alternativas propuestas. Este enfoque habría asegurado la 
correspondencia conceptual entre los respectivos grados de contribución a efectos de una comparación y habría asegurado que todos los elementos pertinentes se tuvieran debidamente en 
cuenta al evaluar los grados globales de contribución respectivos. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error al excluir las etiquetas D y E cuando llegó a la conclusión de que la medida sobre el EPO modificada hace una contribución 
"considerable, pero necesariamente parcial" a su objetivo. 
En tercer lugar, el Órgano de Apelación consideró la solicitud de los Estados Unidos de que 
constatara que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación de la frase "teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]" en el párrafo 2 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC. Los Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial incurrió en error al contemplar, 
sobre la base de esta frase, la posibilidad de que se constate que las medidas alternativas propuestas primera o segunda que presentaron el Canadá y México harían una contribución al 
objetivo de la medida sobre el EPO modificada que es equivalente a la de esta, a pesar de que 
esas alternativas proporcionan a los consumidores menos información, o información menos exacta, sobre el origen. 
El Órgano de Apelación consideró que para evaluar si una medida propuesta alcanza un grado 
equivalente  de contribución al logro del objetivo legítimo pertinente es esencial que un grupo 
especial determine si el reglamento técnico en litigio restringe el comercio internacional más de lo necesario para alcanzar el grado de la contribución que hace al logro de un objetivo legítimo. Para 
el Órgano de Apelación, la necesidad de que haya equivalencia entre los respectivos grados de 
contribución del reglamento técnico impugnado y de  las medidas alternativas propuestas se ajusta 
al principio reflejado en el sexto considerando del preámbulo del Acuerdo OTC, que no debe 
impedirse a un Miembro que persiga un objetivo legítimo "a los niveles que considere apropiados". 
Sin embargo, el Órgano de Apelación no consideró que un reclamante deba demostrar que la medida alternativa que propone logra un grado de contribución idéntico  al del reglamento técnico 
impugnado para que se constate que ese grado es equivalente . Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error al contemplar que pudiera considerarse que una medida alternativa que proporciona menos información sobre el origen, o información sobre el origen menos específica o menos exacta, pero que abarca una gama 
significativamente más amplia de productos hace un grado de contribución "equivalente" al de la 
medida sobre el EPO modificada. 
En cuarto lugar, el Órgano de Apelación consideró las alegaciones del Canadá y México de que el 
Grupo Especial incurrió en error al no tener en cuenta determinados factores al evaluar "los 
riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]", a saber, "la importancia relativa " de los valores o 
intereses perseguidos por la medida sobre el EPO modificada, así como su diseño, su estructura y 
su arquitectura. Con respecto a la "importancia relativa" de los valores o intereses perseguidos, el 
Órgano de Apelación pasó en primer lugar al texto del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Órgano de Apelación consideró que los "riesgos" que hay que "ten[er] en cuenta" en el marco del párrafo 2 del artículo 2 son los que crearía el hecho de "no alcanzar[]" el "objetivo legítimo" del 
reglamento técnico en litigio. El Órgano de Apelación constató que el texto del párrafo 2 del 
artículo 2 no proporciona un fundamento textual para que se tenga en cuenta la importancia relativa del objetivo perseguido, es decir, la im portancia del objetivo perseguido en comparación 
con la importancia de otros objetivos. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el 
Grupo Especial no incurrió en error al no tener en cuenta la importancia relativa de los valores o intereses perseguidos por la medida al evaluar "los  riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]" 
en el marco del párrafo 2 del artículo 2. Sin em bargo, el Órgano de Apelación observó que la WT/AB/26 
 
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  importancia del objetivo para el Miembro que aplica el reglamento técnico en litigio  podría informar 
de algún modo el análisis en el marco del párrafo 2 del artículo 2, en la medida en que se refleje en el nivel que el Miembro considere apropiado para  perseguir el objetivo pertinente, o en el grado 
efectivo de contribución que hace el reglamento técnico a su objetivo. 
Con respecto al "diseño, la estructura y la arquitectura" de la medida sobre el EPO modificada, el 
Órgano de Apelación consideró que estos factores de un reglamento técnico impugnado pueden revelar elementos pertinentes para el análisis de los "riesgos que crearía no alcanzar[] 
[el objetivo]". Sin embargo, el Órgano de Apelación constató que el Canadá y México no habían 
fundamentado la conexión entre aspectos específicos del diseño, la arquitectura y la estructura de la medida sobre el EPO modificada, por un lado, y la naturaleza de los riesgos de no alcanzar su objetivo o la gravedad de las consecuencias de no alcanzarlo, por el otro. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error al no tener en cuenta el 
diseño, la estructura y la arquitectura de la medida sobre el EPO modificada al evaluar "los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]" en el ma rco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 
Por las mismas razones, el Órgano de Apelación co nstató que el Grupo Especial no dejó de "hacer 
una evaluación objetiva del asunto que se le había sometido" de conformidad con el artículo 11 del ESD al omitir esos factores de su evaluación. 
En quinto lugar, el Órgano de Apelación abordó  las alegaciones del Canadá y México de que el 
Grupo Especial incurrió en error al concluir que no podía determinar la gravedad de las consecuencias de no alcanzar el objetivo de la medida sobre el EPO modificada. Al considerar el enfoque del Grupo Especial, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo Especial había tratado 
su evaluación de la gravedad de las consecuencias de no alcanzar el objetivo fundamentalmente 
como un proceso cuantitativo . Además, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo Especial 
consideró que su incapacidad de cuantificar  la gravedad de las consecuencias de no alcanzar el 
objetivo de la medida sobre el EPO modificada significaba que no podía hacer una evaluación de 
"los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]" y, por consiguiente, que no podía tener en cuenta esos riesgos en el proceso general de sopesar y confrontar en el marco del párrafo 2 del 
artículo 2. A la luz del enfoque adoptado por el Grupo Especial a este respecto, el Órgano de 
Apelación recordó que la naturaleza de los riesgos y la gravedad de las consecuencias de no alcanzar el objetivo son simplemente componentes del análisis global de "los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]". El Órgano de Apelación consideró que los grupos especiales deben 
adoptar o desarrollar un método que sea adecuado para dar lugar a una evaluación correcta de los 
factores pertinentes en el marco del párrafo 2 del artículo 2 en las circunstancias de cada caso, y que el Grupo Especial actuó correctamente al tratar de evaluar con la mayor precisión posible la 
gravedad de las consecuencias de no alcanzar el objetivo de la medida sobre el EPO modificada 
dadas las circunstancias de este asunto. 
Sin embargo, el Órgano de Apelación también reconoció que podría ser difícil, en algunos 
contextos, determinar por separado la naturaleza de los riesgos, por un lado, y cuantificar la 
gravedad de las consecuencias que se derivarían de no alcanzar el objetivo, por otro. El Órgano de Apelación consideró que, en tales contextos, puede ser más apropiado realizar un análisis conjunto de la naturaleza de los riesgos y la gravedad de las consecuencias de no alcanzar el objetivo, en el 
que puedan evaluarse cualitativamente "los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]". 
El Órgano de Apelación también consideró que las dificultades o la inexactitud que se plantean al evaluar "los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]" -debido a la naturaleza de esos riesgos 
o la gravedad de las consecuencias que se deriven de no alcanzar ese objetivo- no deberían, en sí 
mismas y por sí mismas, dispensar a un grupo especial de su obligación de evaluar ese factor. La expresión "teniendo en cuenta" exige la consideración activa y significativa de "los riesgos que 
crearía no alcanzar[] [el objetivo]", aunque haya inexactitud en su naturaleza y magnitud, como 
parte del proceso de sopesar y confrontar con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Así pues, el Órgano de Apelación constató que un grupo especial debería seguir sopesando y confrontando mediante un proceso holístico todos los factores pertinentes, y llegar a una 
conclusión general en el marco del párrafo 2 del artículo 2. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error al concluir que no podía determinar la gravedad de las consecuencias de no alcanzar el objetivo de la medida sobre el EPO modificada. 
El Órgano de Apelación pasó entonces a las solicitudes del Canadá y México de que constatara que 
el Grupo Especial incurrió en error al concluir que no habían establecido una presunción prima 
facie de que las medidas alternativas propuestas primera y segunda harían una contribución de 
grado equivalente al objetivo de la medida sobre el EPO modificada. Tras examinar el WT/AB/26 
 
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  razonamiento del Grupo Especial, el Órgano de Apelación entendió que las constataciones 
definitivas del Grupo Especial a este respecto se habían basado en la conclusión del Grupo Especial de que los reclamantes no habían probado la manera o la razón por la que menos información sobre el origen, o una información sobre el origen menos exacta, compensada con una mayor 
cobertura de productos, daría lugar a un grado de contribución equivalente. El Órgano de 
Apelación consideró que esa conclusión del Grupo Especial se basaba, a su vez, en la consideración de que, sobre la base de las pruebas que se le habían presentado, el Grupo Especial no podía 
tener en cuenta "los riesgos que crearía no alcanzar[] [el objetivo]" y, por consiguiente, no podía 
evaluar si los respectivos grados de contribución de la medida sobre el EPO modificada y las medidas alternativas propuestas primera y segunda eran equivalentes. 
A este respecto, el Órgano de Apelación recordó su  constatación anterior de que el Grupo Especial 
incurrió en error al poner fin a su análisis cuando concluyó que no podía determinar 
cuantitativamente la gravedad de las consecuencias que se derivarían de no alcanzar el objetivo de la medida sobre el EPO modificada. Puesto que el Grupo Especial señaló que esa incapacidad 
era la razón por la que concluía que no podía determinar si las medidas alternativas propuestas 
primera y segunda hacen una contribución de grado equivalente al de la medida sobre el EPO modificada, el Órgano de Apelación consideró que ese error también comprometió esa conclusión 
del Grupo Especial, así como su posterior decisión de poner fin a su análisis de la cuestión de si la 
medida sobre el EPO modificada "restrin[ge] el comercio más de lo necesario" en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC sobre la base de esas medidas alternativas propuestas. Dado que ello condujo, a su vez, a la conclusión general del Grupo Especial de que el Canadá y 
México no habían establecido una presunción prima facie  de que la medida sobre el EPO 
modificada infringe el párrafo 2 del artículo 2, el Órgano de Apelación revocó la conclusión general del Grupo Especial a este respecto. Sin embargo, en ausencia de constataciones fácticas del Grupo 
Especial o de suficientes hechos no controvertidos en el expediente del Grupo Especial, el Órgano 
de Apelación no pudo completar el análisis jurídi co de las alegaciones formuladas por el Canadá y 
México al amparo del párrafo 2 del artículo 2 con respecto a las medidas alternativas propuestas 
primera y segunda. 
Por último, el Órgano de Apelación abordó la solicitud del Canadá y México de que revocara la 
constatación del Grupo Especial de que no habían identificado adecuadamente las medidas alternativas propuestas tercera y cuarta para establecer una presunción prima facie  de que existe 
una medida alternativa que está razonablemente disponible. El Órgano de Apelación recordó que, 
en términos generales, la naturaleza y el alcance de las pruebas requeridas para que un reclamante establezca la "disponibilidad razonable" de una medida alternativa propuesta como 
parte de una alegación fundada en el párrafo 2 del artículo 2 variará necesariamente para cada 
medida y para cada caso. No obstante lo anterior, el Órgano de Apelación también consideró que determinados elementos del párrafo 2 del artículo 2 son en general pertinentes para la cuestión de 
qué naturaleza y alcance de las pruebas se requieren para establecer la "disponibilidad razonable" 
de una medida alternativa propuesta. En particular, la "disponibilidad razonable" se refiere a medidas alternativas propuestas que funcionan como "herramienta conceptual" para ayudar a evaluar si un reglamento técnico restringe el comercio más de lo necesario. Esas medidas 
alternativas son de naturaleza hipotética en el contexto del análisis en el marco del párrafo 2 del 
artículo 2 porque todavía no existen en el Miembro en cuestión, o al menos no en la forma concreta que propone el reclamante. A juicio del Órgano de Apelación esas consideraciones 
deberían informar la naturaleza y el alcance de las pruebas exigidas para demostrar la 
"disponibilidad razonable" de medidas alternativas propuestas al establecer una presunción prima 
facie en el marco del párrafo 2 del artículo 2. El Órgano de Apelación también tuvo en cuenta la 
jurisprudencia pertinente relativa al artículo XX del GATT de 1994 y al artículo XIV del AGCS al 
evaluar la carga de la prueba adecuada con respecto a la "disponibilidad razonable" en el marco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Por ejemplo, el Órgano de Apelación señaló que puede constatarse que una medida alternativa no está "razonablemente al alcance" cuando es 
simplemente de naturaleza teórica, por ejemplo cuando el Miembro demandado no puede 
adoptarla, o cuando la medida impone una carga indebida a ese Miembro, tales como costos prohibitivos o dificultades técnicas importantes.  
Teniendo presentes esas consideraciones, el Órgano de Apelación observó que el Canadá y México 
afirmaron que las medidas alternativas propuestas tercera y cuarta se basaban, entre otras cosas, en medidas análogas aplicadas en los Estados Unidos y en otros Miembros. En ese contexto, el 
Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial debería haber examinado si estas pruebas 
presentadas por los reclamantes podían haber proporcionado una indicación suficiente de que los WT/AB/26 
 
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  costos de las alternativas propuestas no serían a priori  prohibitivos y de que las posibles 
dificultades técnicas asociadas a su aplicación no serían tan importantes que hicieran que las alternativas propuestas fueran simplemente de naturaleza teórica. A juicio del Órgano de Apelación, el Grupo Especial debería a continua ción haber examinado en qué medida los Estados 
Unidos habían aportado pruebas que demostraran que las medidas alternativas propuestas eran en 
efecto simplemente de naturaleza teórica o que conllevaban una carga indebida porque, por ejemplo, suponían costos prohibitivamente el evados o entrañaban dificultades técnicas 
importantes. Así pues, habida cuenta de que el Gr upo Especial no llevó a cabo esas indagaciones, 
el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había asignado debidamente la carga de la prueba aplicable en el marco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC al constatar que el Canadá y México no habían ofrecido una explicación suficiente de cómo se aplicarían en los 
Estados Unidos las medidas alternativas propuestas tercera y cuarta, ni de los costos asociados a 
dichas medidas alternativas. Sin embargo, el Órgano de Apelación no trató de completar el análisis jurídico con respecto a esas alternativas porque no se le había solicitado que lo hiciera. 
4.2.3  Párrafo 4 del artículo I II y artículo IX del GATT de 1994 
Los Estados Unidos apelaron contra la constatación del Grupo Especial de que la medida sobre 
el EPO modificada es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Los Estados 
Unidos adujeron que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que podía demostrarse que 
había un trato menos favorable sobre la base de la existencia de un efecto perjudicial sin examinar más a fondo el contexto proporcionado por el artículo IX. Según los Estados Unidos, los párrafos 2 y 4 del artículo IX son un contexto pertinente para la interpretación del párrafo 4 del artículo III, 
ya que reflejan un reconocimiento del hecho de que los reglamentos destinados a facilitar al 
consumidor información sobre el origen pueden ocasionar dificultades e inconvenientes a los Miembros exportadores y aumentar el costo de los productos importados. 
El Órgano de Apelación señaló que tanto el párrafo 2 del artículo IX, que propugna una reducción 
de las dificultades y los inconvenientes que las leyes y reglamentos relativos a las marcas de origen pueden ocasionar a los exportadores, como el párrafo 4 del artículo IX, que exige que sea 
posible ajustarse a esas leyes y reglamentos sin reducir substancialmente el valor de los 
productos, ni aumentar innecesariamente su costo, exigen una limitación  de los efectos de la 
utilización de las marcas de origen. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no entendió que las obligaciones consagradas en esas disposiciones indiquen una interpretación más flexible de la 
expresión "trato no menos favorable" que figura en el párrafo 4 del artículo III. Más bien, los 
párrafos 2 y 4 del artículo IX establecen obligaciones con respecto a las "prescripciones relativas a la fijación de marcas" que son diferentes de la obligación de trato nacional establecida en el 
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y se añaden a ella. 
El Órgano de Apelación también señaló que el argumento de los Estados Unidos se basaba en la 
tesis de que el análisis del trato menos favorable en el marco del párrafo 4 del artículo III debería 
incluir un examen de si el efecto perjudicial de una medida sobre las importaciones no está 
relacionado con el origen extranjero, y puede explicarse por otros factores que no reflejen discriminación. El Órgano de Apelación declaró que esta tesis fue expresamente rechazada en Estados Unidos - Cigarrillos de clavo de olor . Sobre esta base, el Órgano de Apelación concluyó 
que el Grupo Especial no incurrió en error al no atribuir pertinencia contextual al artículo IX 
del GATT de 1994 en su interpretación del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y al constatar que la medida sobre el EPO modificada es incompatible con el párrafo 4 del artículo III 
del GATT de 1994. 
4.2.4  Párrafo 4 del artículo I II y artículo XX del GATT de 1994 
Los Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial incurrió en error al rechazar la solicitud 
formulada por los Estados Unidos en la etapa intermedia de reexamen de examinar la posibilidad 
de invocar el artículo XX del GATT de 1994 como excepción al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 con respecto a la medida sobre el EPO modificada. Los Estados Unidos solicitaron que el Órgano de Apelación completara el análisis jurídico en el marco del artículo XX y constatara que se 
podía invocar una excepción al amparo del artículo XX con respecto a la medida sobre el EPO 
modificada. WT/AB/26 
 
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  Al comienzo de su análisis, el Órgano de Apelación observó que los Estados Unidos no habían 
invocado una defensa al amparo del artículo XX ni en sus comunicaciones escritas al Grupo Especial ni en sus declaraciones orales en las reuniones del Grupo Especial, y se habían referido por primera vez al artículo XX en la etapa interm edia de reexamen. Sin embargo, tampoco en ese 
momento identificaron un apartado concreto del artículo XX ni presentaron argumentos o pruebas 
para demostrar que la medida sobre el EPO modifi cada cumple las prescripciones del artículo XX. 
Con respecto a la alegación de que el Grupo Especi al incurrió en error en la forma en que abordó 
en la etapa intermedia de reexamen la posibili dad de invocar el artículo XX del GATT de 1994 
como excepción al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 con respecto a la medida sobre el EPO modificada, el Órgano de Apelación obse rvó que, de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 15 del ESD, en el "informe definitivo  del grupo especial figurará un examen de los 
argumentos esgrimidos en la etapa intermedia de reexamen". El Órgano de Apelación no vio error 
alguno en la manera en que el Grupo Especial abordó la solicitud formulada por los Estados Unidos en la etapa de reexamen intermedia relativa al artículo XX del GATT de 1994. 
En particular, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con tres consideraciones articuladas por el 
Grupo Especial. En primer lugar, el Grupo Especial constató que los Estados Unidos, en calidad de Miembro demandado, no habían invocado ante el Grupo Especial una defensa al amparo del 
artículo XX. En segundo lugar, la situación hipotética expuesta por los Estados Unidos en que una 
medida declarada compatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC fuera, a la vez, incompatible con el párrafo 4 del artículo III de l GATT de 1994, no se daba en las presentes 
diferencias porque el Grupo Especial había constatado que la medida sobre el EPO modificada era 
incompatible  tanto con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC como con el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994. En tercer lugar, ab ordar en la etapa intermedia de reexamen la 
posibilidad de invocar el artículo XX como excepción al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 
con respecto a la medida sobre el EPO modificada  habría exigido que se examinara una cuestión 
respecto de la cual ni los Estados Unidos ni los reclamantes habían aportado pruebas o argumentos específicos. Sobre esta base, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial 
no incurrió en error en la manera en que abordó la solicitud formulada por los Estados Unidos en la 
etapa de reexamen intermedio, relativa a la posibilidad de invocar el artículo XX del GATT de 1994 como excepción al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 con respecto a la medida sobre el EPO modificada. 
4.2.5  Párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994 
El Canadá y México plantearon sendas apelaciones condicionales al amparo del párrafo 1 b) del 
a r t í c u l o  X X I I I  d e l  G A T T  d e  1 9 9 4 .  E n  c a s o  d e  q u e  e l  Ó r g a n o  d e  A p e l a c i ó n  r e v o c a r a  l a s  
constataciones del Grupo Especial en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el 
párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, el Canadá y México solicitaron al Órgano de Apelación que constatara que el Grupo Especial había incurrid o en error al aplicar el principio de economía 
procesal con respecto a sus alegaciones al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII y que 
completara el análisis jurídico en el marco de esa disposición. Puesto que no se cumplió la condición en la que estaban basadas estas apelaciones, el Órgano de Apelación no hizo constataciones al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994. 
Los Estados Unidos también plantearon una apelación condicional al amparo del párrafo 1 b) del 
artículo XXIII del GATT de 1994. En caso de que se cumplieran las condiciones expuestas en las 
apelaciones del Canadá y México al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII, los Estados Unidos 
apelaron la conclusión del Grupo Especial de que las alegaciones formuladas por el Canadá y 
México al amparo del párrafo 1 b) del artículo XXIII estaban comprendidas en el mandato del Grupo Especial. Puesto que no se cumplió la condición en la que se basaban las apelaciones de los 
reclamantes, el Órgano de Apelación no hizo constataciones a este respecto. 
4.3  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas antidumping sobre 
determinados camarones procedentes de Viet Nam , WT/DS429/AB/R 
Esta diferencia se refería a las medidas antidumping impuestas por los Estados Unidos a las 
importaciones de determinados camarones procedentes de Viet Nam, así como determinadas leyes 
o prácticas estadounidenses relativas a la imposición de medidas antidumping y a la aplicación de recomendaciones y resoluciones desfavorables del OSD en casos sobre medidas comerciales WT/AB/26 
 
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  correctivas. La investigación en litigio se inició en enero de 2004, y dio como resultado una orden 
antidumping definitiva el 8 de diciembre de 2004, modificada el 1° de febrero de 2005. Viet Nam planteó ante el Grupo Especial alegaciones con respecto a las determinaciones definitivas en exámenes administrativos realizados en 2010, 2011 y 2012, publicadas por el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos (USDOC). Las alegaciones de Viet Nam se referían: i) al uso de la 
reducción a cero en el cálculo de los márgenes de dumping; ii) a la tasa que se asignó a determinados productores vietnamitas que no demostraron una independencia suficiente del 
control gubernamental y que por consiguiente el USDOC consideró que formaban parte de la 
denominada "entidad a escala de Viet Nam"; y iii) al hecho de que el USDOC no revocara la orden antidumping con respecto a determinados productores/exportadores vietnamitas. Viet Nam también formuló alegaciones con respecto a la determinación de la "probabilidad de dumping" 
hecha por el USDOC en el contexto del exam en por extinción que llevó a cabo en 2010. 
Las leyes o prácticas estadounidenses impugnadas por Viet Nam eran: i) el denominado método 
de "reducción a cero simple" del USDOC aplicado en los exámenes administrativos; ii) la práctica 
del USDOC con respecto a la "tasa correspondiente a la entidad a escala de la ENM" aplicada por 
el USDOC en los procedimientos antidumping relativos a importaciones procedentes de economías que no son de mercado (ENM) como Viet Nam; y iii) el artículo 129(c) (1) de la Ley de  los Acuerdos 
de la Ronda Uruguay (URAA), una disposición en la que se establecen determinados 
procedimientos para la aplicación de recomendac iones y resoluciones desfavorables del OSD en el 
contexto de las medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia. Más concretamente, el artículo 129(c)(1) aborda la cuestión de cuándo las determinaciones revisadas hechas conforme a 
ese mecanismo (determinaciones en virtud del artículo 129) entran en vigor. Dispone que las 
determinaciones en virtud del artículo 129 se aplican a las importaciones (entradas) de la mercancía en cuestión realizadas en o más tarde  de la fecha en que el Representante de los 
Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) ordena al USDOC que 
aplique una determinación del USDOC o de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) en virtud del artículo 129. 
Sobre la base de su análisis de las alegaciones de Viet Nam, el Grupo Especial constató que Viet 
Nam no había demostrado que el método de reducción a cero todavía existiera como regla o norma de aplicación general y prospectiva que puede ser impugnada "en sí misma". Sobre esta base, el Grupo Especial rechazó las alegaciones de incompatibilidad de la medida "en sí misma" 
formuladas por Viet Nam al amparo del párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el 
párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994. Sin embargo, el Grupo Especial constató que el USDOC había utilizado la reducción a cero para calcular los márgenes de dumping de los 
productores/exportadores vietnamitas examinad os individualmente en los tres exámenes 
administrativos en litigio, y que ello era incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994. 
Además, el Grupo Especial constató que Viet Nam había demostrado que, en los procedimientos 
antidumping que afectan a países ENM, el USDOC aplica la presunción refutable de que todos los 
productores/exportadores de un país ENM pertenecen a una única entidad de ámbito gubernamental, y asigna una tasa única a esa entidad así como, en consecuencia, a las empresas 
que se considera que pertenecen a ella. El Grupo Es pecial constató que esta práctica o política es 
"en sí misma" incompatible con la obligación de los Estados Unidos, en virtud del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, de determinar márgenes de dumping individuales para cada 
productor/exportador de que se tenga conocimiento, así como con la obligación contenida en el 
párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping de especificar derechos individuales para cada proveedor. El Grupo Especial también constató que la aplicación de esta práctica en los tres 
exámenes administrativos en cuestión era inco mpatible con el párrafo 2 del artículo 9. 
El Grupo Especial rechazó la alegación de Viet Nam de que existía una práctica del USDOC con 
respecto a la manera en que se calcula la tasa para la entidad a escala de la ENM. Sin embargo, el Grupo Especial constató que, aunque en cada uno de los tres exámenes administrativos en litigio 
la "entidad a escala de Viet Nam" y sus empresas constituyentes no se habían examinado 
individualmente, se les había asignado una tasa superior al tope aplicable de conformidad con el párrafo 4 del artículo 9. Por consiguiente, el Grupo Especial se pronunció a favor de la alegación de 
incompatibilidad formulada por Viet Nam al amparo del párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping. Sin embargo, el Grupo Especial dete rminó que Viet Nam no había establecido que la 
tasa aplicada a la "entidad a escala de Viet Nam" en esos exámenes administrativos fuera 
incompatible con el párrafo 8 del artículo 6 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping. WT/AB/26 
 
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  Además, dado que, en los procedimientos en litig io, el USDOC se había basado en márgenes de 
dumping calculados con la reducción a cero al examinar las solicitudes de revocación de determinadas empresas, el Grupo Especial constató que el trato dado por el USDOC a esas solicitudes era incompatible con el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping. 
La apelación de Viet Nam en esta diferencia se centró en el análisis que hizo el Grupo Especial de 
la alegación de Viet Nam de que el artículo 129(c)(1) de la URAA (artículo 129(c)(1)) es incompatible, "en sí mismo" con el artículo 1, los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del 
artículo 11 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. Ninguna de las partes apeló 
respecto de las demás constataciones del Grupo Especial. 
Ante el Grupo Especial, Viet Nam había aducido que, al limitar la aplicación de nuevas 
determinaciones compatibles con las normas de la OMC a entradas de la mercancía en cuestión 
efectuadas en la "fecha de aplicación" de la nueva determinación o más tarde, el artículo 129 
excluye que las autoridades estadounidenses apliq uen las recomendaciones y resoluciones del OSD 
por lo que respecta a cualesquiera entradas que hayan tenido lugar antes  de esa fecha y que 
permanecen "sin liquidar" (entradas sin liquidar anteriores). Sobre esa base, Viet Nam alegó que el 
artículo 129(c)(1) es "en sí mismo" incompatible con el artículo 1, los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del artículo 11 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. 
En su evaluación de las alegaciones de Viet Nam, el Grupo Especial tomó en consideración el texto 
del artículo 129(c)(1), la Declaración de Acción Administrativa que acompaña a la URAA, la aplicación del artículo 129(c)(1) por las autoridades estadounidenses hasta esa fecha y dos dictámenes del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USCIT) citados por 
Viet Nam. El Grupo Especial también tuvo en cuenta los argumentos y pruebas presentados por los 
Estados Unidos sobre medios alternativos a los que pueden recurrir los Estados Unidos y que aplicarían las recomendaciones y resoluciones del OSD. El Grupo Especial constató que Viet Nam 
no había establecido que el artículo 129(c)(1) excluya "la extensión de los beneficios de la 
aplicación" a las importaciones sin liquidar anteriores. El Grupo Especial llegó por tanto a la conclusión de que Viet Nam no había establecido que el artículo 129(c)(1) sea "en sí mismo" 
incompatible con el artículo 1, los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del artículo 11 y el 
párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. En apelación, Viet Nam alegó que, al llegar a esta conclusión, el Grupo Especial actuó de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden a tenor del artículo 11 del ESD por dos motivos. En primer lugar, Viet Nam adujo 
que el Grupo Especial incurrió en error al aplicar un marco analítico incorrecto en virtud del cual 
determinó que no examinaría la cuestión de si el artículo 129(c)(1) es "en sí mismo" incompatible con el artículo 1, los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del artículo 11 y el párrafo 1 del 
artículo 18 del Acuerdo Antidumping a menos que Viet Nam pudiera demostrar que el 
artículo 129(c)(1) excluye la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD con respecto a todas  las importaciones sin liquidar anteriores. Viet Nam criticó en particular el hecho 
de que supuestamente el Grupo Especial no tuvo en cuenta que existe un subgrupo de 
importaciones sin liquidar anteriores que "solamente se pueden abordar" mediante una determinación en virtud del artículo 129. En apelación, Viet Nam se refirió al subgrupo de importaciones sin liquidar anteriores que han sido objeto de una determinación definitiva en una 
investigación o en un examen como "importaciones de la categoría 1". En segundo lugar, Viet Nam 
afirmó que el Grupo Especial no hizo una evaluación holística para esclarecer el sentido del artículo 129(c)(1). 
4.3.1  El marco analítico aplicado por el Grupo Especial 
El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con Viet Nam en la medida en que adujo que el 
Grupo Especial había rechazado sus alegaciones basándose en que no había demostrado que el 
artículo 129(c)(1) excluye la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD con 
respecto a todas  las importaciones sin liquidar anteriores. En cambio, el Órgano de Apelación 
constató que el Grupo Especial había respondido al argumento que había esgrimido Viet Nam ante el Grupo Especial. Así pues, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo Especial había 
examinado la cuestión de si Viet Nam había establecido que el artículo 129(c)(1), en y por sí 
mismo, excluye la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD con respecto a las importaciones sin liquidar anteriores, en lugar de exigir a Viet Nam que demostrara que el 
artículo 129(c)(1) excluye la aplicación de la s recomendaciones y resoluciones del OSD en todas  
las circunstancias. WT/AB/26 
 
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  El Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con Viet Nam en que, para hacer una evaluación 
objetiva del asunto que se le había sometido, el Grupo Especial estaba obligado a examinar si Viet Nam había demostrado que el artículo 129(c)(1) actúa necesariamente , al menos en determinadas 
circunstancias, para excluir  la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
Sin embargo, el Órgano de Apelación señaló la constatación del Grupo Especial de que los Estados 
Unidos habían identificado casos en los que una modificación de la práctica del USDOC se hizo efectiva mediante una determinación en virtud del artículo 129, y una modificación de la norma en 
virtud del artículo 123, la cual fue aplicada en ulteriores exámenes administrativos con respecto a 
algunas importaciones sin liquidar anteriores, y que Viet Nam no había discutido la exactitud de los ejemplos citados por los Estados Unidos, sino que se limitaba a negar su pertinencia. El Órgano de Apelación también observó, como hizo el Grupo Especial, que el artículo 123(g)(1) establece un 
mecanismo para que las autoridades estadounidenses introduzcan modificaciones en los 
reglamentos o la práctica del USDOC (o de otros organismos) para hacerlos compatibles con las recomendaciones y resoluciones del OSD, y que, con arreglo a esa disposición, el reglamento o 
práctica en cuestión puede ser enmendado, rescindido o de otro modo modificado previo 
cumplimiento de una serie de trámites de procedimiento. A modo de ver del Órgano de Apelación, parecía que existía tensión entre, por una parte, la afirmación de Viet Nam de que el 
artículo 129(c)(1) excluye la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD con 
respecto a las importaciones sin liquidar anteriores y, por otra, su reconocimiento de que mecanismos alternativos que están a disposición de los Estados Unidos pueden dar lugar a una actuación compatible con las normas de la OMC. El Órgano de Apelación observó en particular que 
Viet Nam no cuestionó que los Estados Unidos pueden liquidar las importaciones de la mercancía 
en cuestión de forma compatible con sus obligaciones en el marco de la OMC y que lo han hecho en el pasado. A juicio del Órgano de Apelación, esto menoscababa el argumento de Viet Nam de 
que el artículo 129(c)(1), en sí mismo, excluye la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 
del OSD. 
Además, el Órgano de Apelación recordó la explicación de los Estados Unidos de que el 
artículo 129 es solamente una de un conjunto de herramientas mediante las cuales los Estados 
Unidos pueden aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. Por su parte, Viet Nam no discutió el hecho de que pueda haber otros medios de aplicación al alcance de los Estados Unidos sino que, como se ha señalado, Viet Nam adujo que esos otros medios no eran pertinentes a los 
efectos de examinar su alegación contra el artículo 129(c)(1). A este respecto, y a modo de 
ejemplo, los Estados Unidos aludieron a la negociación de un acuerdo en las diferencias relativas a la madera blanda con el Canadá en 2006, así como a la consiguiente liquidación de las 
"denominadas importaciones de la categoría 1 sin derechos" y a la revocación retroactiva de 
determinadas órdenes en litigio. Concretamente en relación con las importaciones de la categoría 1, los Estados Unidos también explicaron que podían liquidar esas importaciones 
mediante el mecanismo de devolución judicial y que, en ese contexto, el USDOC tiene la facultad 
de modificar los márgenes aplicables e incluso de revocar una orden antidumping o en materia de derechos compensatorios, y también dispone de facultades para solicitar que sus determinaciones sean voluntariamente objeto de devolución. Adem ás, los Estados Unidos habían subrayado en la 
audiencia que las importaciones de la categoría 1 que fueron objeto de procedimientos 
administrativos en la diferencia Estados Unidos - Camarones (Viet Nam)  fueron liquidadas de 
forma compatible con las normas de la OMC, y que Viet Nam no lo había discutido. 
4.3.2  La evaluación por el Grupo Espe cial del sentido del artículo 129(c)(1) 
El Órgano de Apelación comenzó recordando su jurisprudencia respecto de las obligaciones de un 
grupo especial al establecer el sentido del derecho interno. En particular, el Órgano de Apelación 
recordó su declaración en Estados Unidos - Medidas compensatorias y antidumping (China)  de 
que, al establecer el sentido del derecho interno, un grupo especial debe llevar a cabo una evaluación holística de todos los elementos pertin entes, que comience por el texto de la ley e 
incluya, entre otras cosas, las prácticas pertinentes de los organismos administradores. El Órgano 
de Apelación aclaró que un examen de esos elementos, incluidas las interpretaciones jurídicas 
realizadas por los tribunales nacionales o las autoridades administradoras nacionales, puede informar la pregunta de si una medida es compatible con las obligaciones que corresponden a un 
Miembro de la OMC en virtud de los acuerdos abarcados. A continuación, el Órgano de Apelación 
examinó el análisis del Grupo Especial para determinar si el Grupo Especial había llevado a cabo una evaluación holística al determinar el sentid o del artículo 129(c)(1). Sobre la base de su 
examen del análisis realizado por el Grupo Especial, el Órgano de Apelación constató que el Grupo 
Especial se había basado correctamente en los elementos pertinentes que le presentaron las WT/AB/26 
 
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  partes para informar su interpretación del sentido y efecto del artículo 129(c)(1). Esos elementos 
incluyeron: el texto del artículo 129(c)(1); el contexto legal más general de la disposición en litigio, en particular la Declaración de Acción Administrativa (DAA); la aplicación por el Gobierno estadounidense del artículo 129(c)(1) en los años transcurridos desde su adopción; los medios 
alternativos de aplicación presentados por los Estados Unidos; y dos dictámenes judiciales del 
Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USCIT) citados por Viet Nam. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con Viet Nam en que el Grupo 
Especial no había llevado a cabo una evaluación holística al esclarecer el sentido del 
artículo 129(c)(1). 
4.3.3  Conclusión En resumen, el Órgano de Apelación constató que Viet Nam no había establecido que el Grupo 
Especial actuara de manera incompatible con el artículo 11 del ESD y, en consecuencia, confirmó 
la constatación del Grupo Especial de que Viet Nam no había establecido que el artículo 129(c)(1) sea "en sí mismo" incompatible con el artículo 1, los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del 
artículo 11 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. Como consecuencia de sus 
constataciones, el Órgano de Apelación determinó que no tenía que examinar la solicitud de Viet Nam de que completara el análisis jurídico para determinar si el artículo 129(c)(1) es 
incompatible "en sí mismo" con el artículo 1, los párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del 
artículo 11 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. 
4.4  Informe del Órgano de Apelación, India - Medidas relativa s a la importación de 
determinados productos agropecuarios , WT/DS430/AB/R 
Esta diferencia se refería a una impugnación de los Estados Unidos relativa a medidas consistentes 
en prohibiciones que la India impone a la importación de diversos productos agropecuarios, principalmente productos de aves de corral, debido  a preocupaciones relacionadas con la influenza 
aviar. Denominada habitualmente "gripe de las aves ", la influenza aviar es una enfermedad vírica 
infecciosa de las aves, especialmente de las aves silvestres, que puede transmitirse en ocasiones a 
las aves de corral domésticas y puede causar enfermedades en otros animales y en los seres 
humanos. Los virus de la influenza aviar se clasifican como influenza aviar altamente patógena o 
influenza aviar levemente patógena. 
Al examinar si las medidas de la India relativas a la influenza aviar son MSF, el Grupo Especial 
consideró que las medidas de la India relativas a la influenza aviar están comprendidas en el 
ámbito de los instrumentos enumerados en la segunda frase del párrafo 1 del Anexo A del 
Acuerdo MSF, puesto que se mantienen mediante la Ley de importación de productos del reino animal, modificada (Ley de productos del reino animal) y la Orden Legislativa 1663(E) 
(S.O. 1663(E)), y las dos son instrumentos jurídicos que reúnen las condiciones para ser 
considerados "leyes", "decretos" o "reglamentos" en el sentido de la segunda frase del Anexo A. El Grupo Especial también consideró que ambos instrumentos reflejan objetivos comprendidos en 
las definiciones del párrafo 1 del Anexo A. El Grupo Especial constató además que las medidas de 
la India relativas a la influenza aviar satisfacen elementos específicos de los apartados a) a c) del párrafo 1 del Anexo A. El Grupo Especial consideró asimismo que una prohibición de la importación como la impuesta por las medidas de la India relativas a la influenza aviar afecta al comercio 
internacional y, por consiguiente, concluyó que las medidas de la India relativas a la influenza 
aviar son medidas sanitarias o fitosanitarias sujetas a las disciplinas del Acuerdo MSF. 
El Grupo Especial constató que las medidas de la India sobre la influenza aviar son incompatibles 
con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF porque no se "basan en" la norma internacional 
pertinente, el capítulo 10.4 del Código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), organización intergubernamental que establece normas sanitarias para el comercio 
internacional de animales y productos de origen animal. El Grupo Especial concluyó también que 
las medidas de la India relativas a la influenza aviar no "están en conformidad" con el Código Terrestre, en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo MSF, y que, por consiguiente, la India no puede beneficiarse de la presunción de compatibilidad de sus medidas relativas a la 
influenza aviar con las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo MSF y el GATT de 1994. 
Además, el Grupo Especial constató que la India no disponía de una evaluación del riesgo, como requiere el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo MSF, por lo que respecta a sus medidas relativas a 
la influenza aviar. Por consiguiente, el Grupo Especial concluyó que las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 5. WT/AB/26 
 
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  El Grupo Especial también constató que las medidas de la India son incompatibles con el párrafo 2 
del artículo 2 del Acuerdo MSF, porque no están basadas en principios científicos y se mantienen sin testimonios científicos suficientes. Además, el Grupo Especial constató que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son incompatibles con la primera frase del párrafo 3 del 
artículo 2, porque discriminan de manera arbitraria e injustificable entre la India y otros Miembros 
en los que prevalecen condiciones idénticas o simila res, y que las medidas de la India relativas a la 
influenza aviar se aplican de manera que constituyen una restricción encubierta del comercio 
internacional y son, en consecuencia, incompatib les con lo dispuesto en la segunda frase del 
párrafo 3 del artículo 2. 
El Grupo Especial constató que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son 
incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 y el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF, porque 
entrañan un grado de restricción del comercio mayor del requerido para lograr el nivel adecuado 
de protección (NADP) de la India. El Grupo Especial comparó las medidas de la India relativas a la influenza aviar con las medidas alternativas razonablemente al alcance propuestas por los Estados 
Unidos, compuestas por el Código Terrestre. El Grupo Especial concluyó que las medidas basadas 
en el Código Terrestre lograrían el NADP muy elevado o muy conservador de la India, y que esas medidas son significativamente menos restrictivas del comercio que las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar. 
El Grupo Especial también constató que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son 
incompatibles con la primera frase del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo MSF porque no reconocen los conceptos de zonas libres de enfermedades y zonas de escasa prevalencia de 
enfermedades y, por consiguiente, también con la segunda frase del párrafo 2 del artículo 6. Al 
haber constatado que las medidas de la India relativas a la influenza aviar no reconocen los conceptos de zonas libres de enfermedades y zonas de escasa prevalencia de enfermedades, el 
Grupo Especial constató además que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son 
incompatibles con el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo MSF porque no se adaptan a las características sanitarias o fitosanitarias de las zonas de origen de los productos. 
Por último, el Grupo Especial constató que la India actuó de manera incompatible con el párrafo 2 
del Anexo B del Acuerdo MSF porque no previó un plazo prudencial entre la publicación de la medida de la India y su entrada en vigor. Además, el Grupo Especial constató que la India actuó de manera incompatible con los apartados a), b) y d) del párrafo 5 del Anexo B del Acuerdo MSF. 
Tras haber constatado que la India actuó de manera incompatible con esas disposiciones del 
Anexo B, el Grupo Especial constató que la India también actuó de manera incompatible con el artículo 7 del Acuerdo MSF. 
A la luz de sus constataciones de que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son 
incompatibles con varias disposiciones del Acuerdo MSF, el Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal respecto de la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del 
artículo XI del GATT de 1994 de que la India también había infringido el artículo XI del GATT 
de 1994. 
4.4.1  Párrafo 2 del artículo 2 y párraf os 1 y 2 del artículo 5 del Acuerdo MSF 
La India apeló las constataciones del Grupo Especial de que las medidas de la India relativas a la 
influenza aviar son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 y los párrafos 1 y 2 del artículo 5 
del Acuerdo MSF. La India alegó que el Grupo Espe cial incurrió en error en su interpretación y 
aplicación del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF al constatar que las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar son incompatibles con esa disposición únicamente como consecuencia 
de su constatación de que son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 5. La India también alegó que el Grupo Especial no hizo una evaluación  objetiva del asunto, como exige el artículo 11 
del ESD, al: i) desestimar los argumentos y las pruebas presentados por la India para demostrar 
que sus medidas relativas a la influenza aviar son compatibles con el párrafo 2 del artículo 2 porque están basadas en principios científicos y testimonios científicos suficientes; ii) pronunciarse sobre una alegación más amplia que la planteada por los Estados Unidos en sus comunicaciones 
escritas; y iii) no tener en cuenta el argumento de la India de que, debido a que sus medidas 
relativas a la influenza aviar están basadas en principios científicos y no se mantienen sin testimonios científicos suficientes, y, en consecuencia, son compatibles con el párrafo 2 del 
artículo 2, la India no estaba obligada a realizar una evaluación del riesgo separada en el marco de 
los párrafos 1 y 2 del artículo 5. WT/AB/26 
 
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  4.4.1.1  La relación entre el párrafo 2 del ar tículo 2, por un lado, y los párrafos 1 y 2 del 
artículo 5, por otro 
El Órgano de Apelación comenzó considerando la relación existente entre el párrafo 2 del 
artículo 2, por un lado, y los párrafos 1 y 2 del artículo 5, por otro. Empezando por la estructura y 
lógica general del Acuerdo MSF, el Órgano de Apelación observó que el artículo 2 establece 
derechos y obligaciones básicos de los Miembros de la OMC y que varios párrafos del artículo 5 desarrollan muchas de las obligaciones básicas establecidas en el artículo 2. Recordando sus 
observaciones en diferencias anteriores, en las que destacaba la estrecha relación entre el 
párrafo 2 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 5, así como entre el párrafo 2 del artículo 2 y el párrafo 6 del artículo 5 y entre el párrafo 3 del artícu lo 2 y el párrafo 5 del artículo 5, el Órgano de 
Apelación consideró que la estructura y lógica del Acuerdo MSF, entendida a la luz de la relación 
entre las diversas disposiciones de los artículos 5 y 2, es tal que la forma preferida de dar 
cumplimiento a las obligaciones básicas previstas en el artículo 2 es a través de las vías particulares o las obligaciones específicas establecidas en el artículo 5. 
Pasando a las obligaciones sustantivas en el marco de las disposiciones en cuestión, el Órgano de 
Apelación recordó que la obligación dimanada del párrafo 2 del artículo 2 de que no se mantenga una MSF sin testimonios científicos suficientes exige que exista una relación racional u objetiva 
entre la MSF y los testimonios científicos. La determinación de si existe esa relación dependerá de 
las circunstancias específicas del caso, especialmente de las características de la medida objeto de litigio y de la calidad y cantidad de los testimonios científicos. En lo que respecta al párrafo 1 del artículo 5, el Órgano de Apelación recordó que el requisito de esa disposición de que una medida 
sanitaria o fitosanitaria "se base en" una evaluación del riesgo es un requisito sustantivo de que 
exista una relación racional entre la medida y la evaluación del riesgo. El Órgano de Apelación señaló que en el párrafo 2 del artículo 5 figura una lista de los factores que "se tendrán" en cuenta 
en una evaluación del riesgo, que empieza con "los testimonios científicos existentes", pero 
también incluye los procesos y métodos de producción; los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba; la prevalencia de enfermedades o plagas concretas; la existencia de zonas 
libres de plagas o enfermedades; las condiciones ecológicas y ambientales pertinentes; y los 
regímenes de cuarentena y otros. 
Al abordar la relación entre el párrafo 2 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 5, el Órgano de 
Apelación declaró que el párrafo 1 del artículo 5 puede considerarse una aplicación específica de 
las obligaciones básicas contenidas en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF. El Órgano de 
Apelación recordó sus observaciones de que estas dos disposiciones se deben leer constantemente juntas y que el párrafo 2 del artículo 2 inspira al párrafo 1 del artículo 5, ya que los elementos que 
definen la obligación básica establecida en el párrafo 2 del artículo 2 dan sentido al párrafo 1 del 
artículo 5. Si bien los párrafos 1 y 2 del artículo 5 pueden considerarse aplicaciones específicas de las obligaciones básicas contenidas en el párrafo 2 del artículo 2, el Órgano de Apelación aclaró 
que esto no implica que las obligaciones formuladas en los párrafos 1 y 2 del artículo 5 limiten el 
ámbito de aplicación de las obligaciones formuladas en el párrafo 2 del artículo 2, o viceversa. Al contrario, todas estas obligaciones se aplican conjuntamente, ya que ni el párrafo 2 del artículo 2, por un lado, ni los párrafos 1 y 2 del artículo 5, por otro, contienen texto alguno que 
denote una limitación similar del ámbito de su aplicación inter se . El Órgano de Apelación subrayó 
que, salvo en las circunstancias abarcadas por el párrafo 7 del artículo 5, las MSF de un Miembro de la OMC deben estar en conformidad con las obligaciones establecidas tanto en el párrafo 1 del 
artículo 5 como en el párrafo 2 del artículo 2. 
El Órgano de Apelación observó que la tarea qu e corresponde a un grupo especial con arreglo al 
párrafo 1 del artículo 5 está relacionada con las prescripciones del párrafo 2 del artículo 2, e 
inspirada por ellas, en particular porque esa tarea comprende un análisis detallado del fundamento 
científico que subyace a una evaluación del riesgo y,  en definitiva, la MSF en litigio. Así pues, las 
constataciones que formula un grupo especial con respecto a las alegaciones de que una MSF es incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 desempeñan una función importante en la 
evaluación por ese grupo especial de una alegación de que esa misma MSF es incompatible con el 
párrafo 2 del artículo 2 porque no está basada en principios científicos y se mantiene sin testimonios científicos suficientes. El Órgano de Apelación recordó que en diferencias anteriores ha 
afirmado sistemáticamente que cabe suponer que una MSF declarada incompatible con los 
párrafos 1 y 2 del artículo 5 es, de manera más general, incompatible con el párrafo 2 del artículo 2. No obstante, el Órgano de Apelación observó que los términos empleados en el 
párrafo 2 del artículo 2 y los párrafos 1 y 2 del artículo 5 no son idénticos y que, por lo tanto, es WT/AB/26 
 
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  posible que sus ámbitos de aplicación respectivos no tengan exactamente el mismo alcance. 
A juicio del Órgano de Apelación, esto indicaba que, aunque puede dar lugar a una presunción de 
incompatibilidad  con el párrafo 2 del artículo 2, es posible que una constatación de infracción de 
los párrafos 1 y 2 del artículo 5 no lleve invariablemente  a una constatación de incompatibilidad 
con el párrafo 2 del artículo 2, porque no se puede excluir que haya circunstancias en las que 
una MSF que infrinja los párrafos 1 y 2 del artículo 5 no sea incompatible con el párrafo 2 del artículo 2. Así pues, según el Órgano de Apelación, la presunción de que se infringe el párrafo 2 
del artículo 2 en casos de infracción de los párrafos 1 y 2 del artículo 5 no puede ser irrefutable. 
Sin embargo, el Órgano de Apelación subrayó que la  refutabilidad de la presunción no puede tener 
el efecto de diluir las prescripciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 5 o de menoscabar la estructura y lógica del Acuerdo MSF. En referencia a la definición de una MSF que figura en el 
párrafo 1 del Anexo A del Acuerdo MSF, el Órgano de Apelación señaló que una de las 
características clave de las MSF es que tienen por objeto proteger contra "riesgos" identificables. 
Como el párrafo 2 del artículo 2 establece prescr ipciones que deben satisfacer los Miembros que 
adopten MSF, y dado que la protección contra los riesgos para la vida y la salud de las personas y 
de los animales o para la preservación de los vegetales es una característica clave de las MSF, el Órgano de Apelación observó que la evaluación de la compatibilidad de una MSF con el párrafo 2 
del artículo 2 conllevaría, por definición, la consideración de los testimonios relativos a los riesgos 
específicos contra los que la MSF procura proteger y de a quién afecta el riesgo (por ejemplo, personas, animales, vegetales y/o el medio ambiente). El Órgano de Apelación abordó a continuación la calidad y cantidad de los testimonios científicos que es preciso tener en cuenta al 
determinar si hay una relación racional y objetiva entre una MSF y los testimonios científicos en el 
sentido del párrafo 2 del artículo 2. Dada la estrecha relación entre el párrafo 2 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 5, el Órgano de Apelación recordó que, al hacer el análisis detallado del 
fundamento científico en el marco del párrafo 1 del artículo 5, los testimonios presentados deben 
tener el rigor científico y metodológico necesario para que se consideren legítimamente información científica digna de crédito con arreglo a las normas de la comunidad científica de que 
se trate. 
Por estas razones, el Órgano de Apelació n opinó que, aun cuando la presunción de 
incompatibilidad con respecto al párrafo 2 del artículo 2 derivada de una infracción de los párrafos 1 y 2 del artículo 5 sea refutable, establecer que existe una relación racional u objetiva 
entre la MSF y los testimonios científicos a los efectos del párrafo 2 del artículo 2 sería, en la 
mayoría de los casos, difícil sin que un Miembr o demostrara que esa medida se basa en una 
evaluación de los riesgos, adecuada a las circunstancias. 
4.4.1.2  La interpretación y aplicación por el  Grupo Especial del párrafo 2 del artículo 2 
La India alegó que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación y aplicación del 
párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF porque, si bien el Grupo Especial identificó correctamente 
que se "presume" que una MSF que no cumple los párrafos 1 y 2 del artículo 5 es incompatible con 
el párrafo 2 del artículo 2, el Grupo Especial hizo caso omiso, incorrectamente, de que las obligaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 2 también pueden cumplirse independientemente sin recurrir al párrafo 1 del artículo 5. Señalando que en el presente asunto había basado su 
"defensa" en el párrafo 2 del artículo 2, la India sostuvo que, por lo tanto, el Grupo Especial 
debería haber comenzado su análisis por el párrafo 2 del artículo 2. 
Recordando su observación de que las MSF adoptadas por los Miembros deben cumplir todas las 
prescripciones del párrafo 2 del artículo 2 y lo s párrafos 1 y 2 del artículo 5, el Órgano de 
Apelación no estuvo de acuerdo con la postura de la India de que un Miembro de la OMC cuya MSF sea declarada compatible con el párrafo 2 del artículo 2 no tiene obligación alguna de realizar una 
evaluación del riesgo, como exigen los párrafos 1 y 2 del artículo 5. Dado que el cumplimiento por 
un Miembro de la OMC de las obligaciones básicas pr evistas en el párrafo 2 del artículo 2 no puede 
excluir la aplicación de los párrafos 1 y 2 del artículo 5, el Órgano de Apelación también estuvo en desacuerdo con la India en que el Grupo Especial estuviera obligado a comenzar su análisis por el 
párrafo 2 del artículo 2, antes de proceder a examinar las alegaciones formuladas por los Estados 
Unidos al amparo de los párrafos 1 y 2 del artículo 5. 
Pasando a la interpretación que hizo el Grupo Especial del párrafo 2 del artículo 2 y los párrafos 1 
y 2 del artículo 5, el Órgano de Apelación consideró que la interpretación del Grupo Especial, a 
saber, que cabe suponer de manera más general que las MSF declaradas incompatibles con los WT/AB/26 
 
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  párrafos 1 y 2 del artículo 5 no se basan en principios científicos y se mantienen sin testimonios 
científicos suficientes, en el sentido del párrafo 2 del artículo 2, es compatible con la naturaleza de las obligaciones previstas en estas disposiciones. Con respecto a la afirmación del Grupo Especial de que "[e]n la práctica, ... una infracción de  los párrafos 1 y 2 del artículo 5 entraña una 
infracción del párrafo 2 del artículo 2, una disposición de carácter más general", el Órgano de 
Apelación observó que si bien podría considerarse que el empleo del verbo "entrañar" por el Grupo Especial indica que el Grupo Especial opinaba que el párrafo 2 del artículo 2 se infringiría 
necesariamente siempre que una medida sea declarada incompatible con los párrafos 1 y 2 del 
artículo 5, el Grupo Especial matizó su declaración al emplear los términos "[e]n la práctica". Por lo tanto, el Órgano de Apelación no estaba convencido de que simplemente utilizando el verbo "entrañar" al interpretar la relación entre el párrafo 2 del artículo 2 y los párrafos 1 y 2 del 
artículo 5, el Grupo Especial equiparara la presunción de incompatibilidad con el párrafo 2 del 
artículo 2 con una infracción consiguiente. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en error en su interpretación del párrafo 2 del artículo 2 y los 
párrafos 1 y 2 del artículo 5 del Acuerdo MSF, en pa rticular, en su interpretación de la relación 
entre el párrafo 2 del artículo 2, por un lado, y los párrafos 1 y 2 del artículo 5, por otro. 
Por lo que respecta a la aplicación por el Grupo Especial del párrafo 2 del artículo 2 a las medidas 
de la India relativas a la influenza aviar, el Ór gano de Apelación observó que la India presentó 
ante el Grupo Especial argumentos y testimonios para demostrar que la prohibición de la importación que adoptó con respecto a las carnes frescas de aves de corral y huevos procedentes de países que hayan comunicado la presencia de influenza aviar levemente patógena de 
declaración obligatoria no se mantiene sin testimonios científicos suficientes, en el sentido del 
párrafo 2 del artículo 2. En referencia al análisis del Grupo Especial, el Órgano de Apelación observó que el Grupo Especial no hizo mención alguna de las pruebas y los argumentos 
presentados por la India en respaldo de su afirmación de que sus prohibiciones de las 
importaciones de carnes frescas de aves de corral y huevos procedentes de países que hayan comunicado la presencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria están 
basadas en principios científicos y no se mantienen sin testimonios científicos suficientes, en el 
sentido del párrafo 2 del artículo 2. Dado que el Gr upo Especial no tuvo en cuenta la posibilidad de 
refutar la presunción de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 antes de llegar a su conclusión definitiva en el marco de esa disposición por la sola razón de que ya había constatado 
que las medidas de la India relativas a la influenza aviar eran incompatibles con los párrafos 1 y 2 
del artículo 5, el Órgano de Apelación opinó que el Grupo Especial constató que esas medidas infringen el párrafo 2 del artículo 2 como consecuencia automática de su constatación de que esas 
medidas son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 5. El Órgano de Apelación también 
comparó el enfoque del Grupo Especial con su análisis de la presunción de incompatibilidad con respecto a la primera prescripción del párrafo 2 del artículo 2 derivada de una infracción del 
párrafo 6 del artículo 5. En esa parte de su info rme, el Grupo Especial examinó expresamente la 
posibilidad de refutar la presunción de infracción del párrafo 2 del artículo 2 derivada de su constatación de infracción del párrafo 6 del artícu lo 5, y señaló que la India no había presentado 
argumento alguno para refutar esa presunción. 
Por estas razones, el Órgano de Apelación constató que al no examinar la cuestión de si la 
presunción de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 que se derivaba de su constatación de que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son incompatibles con los párrafos 1 
y 2 del artículo 5 era refutada por los argumentos y las pruebas presentadas por la India, el Grupo 
Especial incurrió en error en su aplicación del párrafo 2 del artículo 2 a las medidas de la India relativas a la influenza aviar con respecto a las prohibiciones de la importación de carne fresca de 
aves de corral y huevos procedentes de países que han notificado la presencia de influenza aviar 
levemente patógena de declaración obligatoria. Por consiguiente, el Órgano de Apelación revocó, en parte, las constataciones del Grupo Especial de que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF porque no están 
basadas en principios científicos y se mantienen sin testimonios científicos suficientes, en la 
medida en que esas constataciones se refieren a las prohibiciones adoptadas por la India de importación de carne fresca de aves de corral y huevos procedentes de países que han notificado 
la presencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. WT/AB/26 
 
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  4.4.1.3  Artículo 11 del ESD 
La India también alegó que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con su deber de hacer 
una evaluación objetiva del asunto de conformidad con el artículo 11 del ESD por tres razones. 
En primer lugar, la India sostuvo que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto al desestimar los argumentos y las pruebas con los que la India trataba de demostrar que sus 
medidas relativas a la influenza aviar están basadas en principios científicos y no se mantienen sin 
testimonios científicos suficientes, como exige el párrafo 2 del artículo 2. Tras haber revocado la 
parte de la constatación definitiva del Grupo Especial en el marco del párrafo 2 del artículo 2 
relativa a las prohibiciones de importación de carnes frescas de aves de corral y huevos 
procedentes de países que han comunicado la pres encia de influenza aviar levemente patógena de 
declaración obligatoria, el Órgano de Apelación no consideró necesario pronunciarse sobre esta 
alegación de la India. 
En segundo lugar, la India afirmó que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto 
porque se pronunció sobre una alegación que los Estados Unidos no habían formulado, en la 
medida en que la constatación del Grupo Especial de incompatibilidad en el marco del párrafo 2 del artículo 2 abarcaba las prohibiciones de importación que las medidas de la India relativas a la 
influenza aviar imponen a 10 categorías de productos en caso de detectarse la influenza aviar 
altamente patógena de declaración obligatoria o la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. Según la India, los Estados Unidos solo formularon su alegación con 
respecto a las prohibiciones de importación impuestas a dos categorías de productos en caso de 
detectarse la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. El Órgano de Apelación no consideró que la argumentación presentada por los Estados Unidos estuviera limitada del modo que afirmaba la India. El Órgano de Apelación recordó que la constatación del Grupo 
Especial de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 se derivaba de sus constataciones de 
incompatibilidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 5, las cuales se referían a las 10 categorías de productos abarcadas por las medidas de la India relativas a la influenza aviar; y que las medidas 
de la India relativas a la influenza aviar imponen prohibiciones a la importación de los productos 
agropecuarios pertinentes procedentes de países que han comunicado la presencia de influenza aviar de declaración obligatoria, tanto altamente patógena como levemente patógena. Por 
consiguiente, el Órgano de Apelación no consideró que el Grupo Especial incurriera en error por el 
hecho de que el alcance de su constatación en el marco del párrafo 2 del artículo 2 se extendiera a las 10 categorías de productos enumeradas en las medidas de la India relativas a la influenza aviar, que son aplicables a la presencia tanto de influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria como de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. 
Por último, la India afirmó que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto 
cuando realizó su análisis en el marco de los párrafos 1 y 2 del artículo 5 porque no abordó el argumento de la India según el cual como sus medidas relativas a la influenza aviar están basadas 
en principios científicos y no se mantienen sin testimonios científicos, satisfacen las prescripciones 
del párrafo 2 del artículo 2 y por tanto la India no está obligada a realizar por separado una evaluación del riesgo de conformidad con el párrafo 1 del artículo 5 en el presente caso. El Órgano de Apelación consideró que la alegación presentada por la India al amparo del artículo 11 era una 
alegación de que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación y aplicación del párrafo 2 
del artículo 2 y los párrafos 1 y 2 del artículo 5, en lugar de una impugnación de la objetividad de la evaluación realizada por el Grupo Especial del asunto que se le había sometido. Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechazó esta alegación de la India. 
4.4.1.4  La solicitud de compleción del an álisis jurídico presentada por la India 
Tras haber revocado, en parte, la constatación del Grupo Especial en el marco del párrafo 2 del 
artículo 2, el Órgano de Apelación examinó la solicitud de la India de que completara el análisis jurídico y, sobre la base de las pruebas presentadas por la India, constatara que las medidas de la 
India relativas a la influenza aviar están basadas en principios científicos y se mantienen con 
testimonios científicos suficientes y, por lo tanto, son compatibles con el párrafo 2 del artículo 2. En ausencia de hechos no controvertidos en el expediente o de constataciones fácticas pertinentes del Grupo Especial, el Órgano de Apelación constató que no podía completar el análisis jurídico y 
evaluar la compatibilidad con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF de las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar con respecto a las prohibiciones de la importación de carne fresca de aves de corral y huevos procedentes de países que han notificado la presencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. WT/AB/26 
 
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  4.4.2  Artículo 3 del Acuerdo MSF 
La India apeló respecto de las constataciones del Grupo Especial de que las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF y de que la India no puede beneficiarse de la presunción de compatibilidad de sus medidas relativas a 
la influenza aviar con las demás disposiciones pertinentes del Acuerdo MSF y el GATT de 1994, 
prevista en el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo MSF. La India alegó que en las consultas a la OIE el Grupo Especial rebasó el ámbito admisible de las consultas establecido en el párrafo 2 del 
artículo 11 del Acuerdo MSF y el párrafo 2 del artículo 13 del ESD, y que el Grupo Especial actuó 
de manera incompatible con su deber de hacer una evaluación objetiva del asunto en el sentido del artículo 11 del ESD al: i) no llevar a cabo su propia evaluación del sentido del Código de la OIE, entre otras cosas al no llevarla a cabo de conformidad con las normas usuales de interpretación de 
los tratados; ii) prescindir de argumentos y pruebas aportados por la India en relación con el 
sentido del Código de la OIE; y iii) llegar a constataciones respecto del sentido del Código de la OIE que carecen de respaldo en las pruebas obrantes en el expediente. 
4.4.2.1  La cuestión de si el Grupo Especial  incurrió en error en el marco del párrafo 2 
del artículo 11 del Acuerdo MSF y el párrafo 2 del artículo 13 del ESD en sus consultas 
con la OIE 
La India alegó que el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo MSF limita el ámbito admisible de las 
consultas de un grupo especial con una organización internacional a cuestiones científicas y técnicas. Según la India, puesto que el Grupo Especial no consultó con la OIE únicamente con respecto a las pruebas presentadas por las partes, sino también en relación con la interpretación 
del Código de la OIE, el Grupo Especial rebasó el ámbito admisible de las preguntas permitidas en 
virtud del párrafo 2 del artículo 11 del Acuerd o MSF y el párrafo 2 del artículo 13 del ESD. 
El Órgano de Apelación observó que, como se había explicado en la jurisprudencia anterior del 
Órgano de Apelación, el artículo 13 confiere a los grupos especiales amplias facultades 
discrecionales en sus consultas con los expertos. El Órgano de Apelación observó además que, en el contexto de las MSF, el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo MSF establece normas especiales o 
adicionales. Aunque en el párrafo 2 del artículo 11 se indica que la razón por la que un grupo 
especial debe "pedir asesoramiento a expertos" es que "en la [diferencia] se planteen cuestiones de carácter científico o técnico", el Órgano de Apelación entendió que con este texto se hace referencia a los tipos de cuestiones comunes a las diferencias sobre MSF, y que no se da a 
entender una limitación del alcance o la naturaleza de las preguntas que estarían permitidas en 
tales diferencias. Por consiguiente, aunque el texto del párrafo 2 del artículo 11 indica que debe consultarse a expertos en las diferencias en las que se planteen cuestiones de carácter científico o 
técnico, no exige que el asesoramiento pedido se circunscriba a tales cuestiones. El Órgano de 
Apelación consideró que esto está en consonancia con el alcance y la naturaleza de las preguntas permitidas de conformidad con el artículo 13 del ESD. Sobre esa base, el Órgano de Apelación no 
consideró que en el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo MSF ni en el artículo 13 del ESD se 
impongan restricciones a las consultas de un grupo especial con expertos, incluidas cualesquiera organizaciones internacionales competentes. Antes bien, el Órgano de Apelación consideró que esas disposiciones se aplican de manera acumulativa y armoniosa en las diferencias sobre MSF, 
reforzando el carácter amplio de las facultades de determinación de los hechos de que dispone un 
grupo especial. Por lo tanto, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no actuó de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo MSF ni con el párrafo 2 del 
artículo 13 del ESD al consultar a la OIE con respecto al sentido del Código de la OIE. 
4.4.2.2  Artículo 11 del ESD La India también alegó que el Grupo Especial cometió errores incompatibles con su deber de hacer 
una evaluación objetiva del asunto en el sentido del artículo 11 del ESD. La India sostuvo que el 
Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto puesto que adoptó sin más la interpretación dada por la OIE. El Órgano de Apelación consideró que, aunque el Grupo Especial hizo referencia y atribuyó importancia a las respuestas de la OIE a sus preguntas, en cada caso 
indicó que sus conclusiones se basaban también en un examen de la redacción o el texto de las 
recomendaciones del Código de la OIE pertinentes. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que era evidente que las conclusiones del Grupo Especial se fundamentaron en la 
evaluación que hizo el propio Grupo Especial del sentido de las disposiciones pertinentes del 
Código de la OIE. Además, el Órgano de Apelación señaló que en el párrafo 3 b) del Anexo A del WT/AB/26 
 
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  Acuerdo MSF se dispone que las normas internacionales pertinentes a efectos de sanidad animal y 
zoonosis son las elaboradas bajo los auspicios de la OIE. Dado que el Capítulo 10.4 del Código de la OIE recoge la norma internacional pertinente en lo que concierne a la influenza aviar y, por lo tanto, constituye el punto de referencia con el que tenían que compararse las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar para determinar si están "basadas en" esa norma o "en conformidad 
con" ella, correspondía al Grupo Especial discernir el sentido del Código de la OIE para determinar si las medidas de la India relativas a la influenza aviar satisfacen lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 
del artículo 3 del Acuerdo MSF. El Órgano de Apelación explicó que, al llevar a cabo tal evaluación, 
un grupo especial puede guiarse por cualquier principio de interpretación pertinente, incluidas las normas usuales de interpretación del derecho internacional público pertinentes. Además, puede considerar útiles para discernir el sentido de la norma internacional fuentes adicionales. El Órgano 
de Apelación no consideró que pudiera censurarse al Grupo Especial, en relación con su propia 
evaluación del sentido del Código de la OIE, por haber hecho una consulta precisamente a la organización internacional bajo cuyos auspicios se elabora esa norma internacional y haber 
atribuido importancia a las opiniones de dicha orga nización. Por lo tanto, el Órgano de Apelación 
no consideró que el Grupo Especial delegara en la OIE su función resolutoria, de manera incompatible con los deberes que le impone el artículo 11 del ESD. 
La India adujo además que el Grupo Especial no hizo su evaluación del sentido del Código de 
la OIE con arreglo a las normas usuales de interpretación de los tratados. El Órgano de Apelación consideró que este aspecto de la alegación de la India consistía en afirmar que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al no abordar explícitamente la 
aplicabilidad de las normas usuales de interpretación de los tratados cuando evaluó el sentido de 
las disposiciones pertinentes del Código de la OI E. El Órgano de Apelación no consideró que la 
India hubiera demostrado por qué ni cómo el análisis del Grupo Especial se apartó de una 
aplicación correcta de las normas de interpretación en que la India se apoyaba, ni cómo, si 
hubieran sido aplicadas correctamente, esas normas habrían producido un resultado diferente en relación con el sentido del Código de la OIE. Recordando sus conclusiones de que el Grupo Especial 
rechazó expresamente la interpretación propuesta po r la India con respecto al Capítulo 10.4, y que 
el Grupo Especial realizó su propia evaluación y no incurrió en error al atribuir importancia a las opiniones de la OIE, el Órgano de Apelación no consideró que la India hubiera demostrado qué error de interpretación supuestamente cometió el Grupo Especial que dio lugar a una 
interpretación incorrecta del Capítulo 10.4 del Código de la OIE. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación rechazó la alegación de la India de que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con los deberes que le impone el artículo 11 del ESD al no llevar a cabo su propia evaluación del 
sentido del Código de la OIE, entre otras cosas al no llevarla a cabo de conformidad con las 
normas usuales de interpretación de los tratados. 
La India también sostuvo que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 
del ESD porque no abordó expresamente los argumentos de la India relativos a las incongruencias 
de las respuestas de la OIE sobre el sentido del Código de la OIE, y porque prescindió indebidamente de otros argumentos y pruebas presentados por la India con respecto a la práctica de otros países y a posiciones adoptadas anteriormente por los Estados Unidos con respecto a la 
influenza aviar. El Órgano de Apelación consideró que la India no había explicado por qué el hecho 
de que el Grupo Especial no abordara expresamente esos argumentos comprometió sustancialmente la objetividad del análisis del Grupo Especial. En lugar de ello, la India parecía 
estar argumentando de nuevo en apelación las posiciones que planteó ante el Grupo Especial, pero 
que este no aceptó. Por lo que respecta a la práctica de otros países, el Órgano de Apelación constató que la India no había explicado por qu é tomar en consideración expresamente los casos 
que había identificado ante el Grupo Especial era necesario para garantizar la objetividad de la 
evaluación realizada por este, y señaló que el hecho de que uno o varios países hayan adoptado una determinada medida no significa que esa me dida esté basada en la norma internacional 
pertinente o que esté en conformidad con dicha norma. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
concluyó que, aunque el Grupo Especial no abordara expresamente todos los argumentos y 
pruebas de la India a este respecto, ello no era tan importante que comprometiera la objetividad del análisis del Grupo Especial. 
Por último, el Órgano de Apelación abordó la alegac ión de la India de que el Grupo Especial no hizo 
una evaluación objetiva del asunto de conformidad con el artículo 11 del ESD, al llegar a constataciones con respecto al sentido del Código de la OIE que carecían de respaldo en las 
pruebas obrantes en el expediente. El Órgano de Apelación examinó tres casos citados por la India 
en que el Grupo Especial supuestamente no basó sus conclusiones en determinadas pruebas. WT/AB/26 
 
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  El Órgano de Apelación entendió que la India, al invocar esos tres casos, sostenía que la 
conclusión del Grupo Especial de que el Código de la OIE no prevé prohibiciones de la importación no está respaldada por pruebas obrantes en el expediente del Grupo Especial. Sin embargo, el Órgano de Apelación observó que el hecho de que determinados elementos de prueba puedan no 
respaldar, o puedan incluso contradecir, el razonamiento o las conclusiones del Grupo Especial no 
es suficiente para probar una alegación de que las constataciones del Grupo Especial carecían de base suficiente en los elementos fácticos obrant es en el expediente. Además, el apelante debe 
demostrar que el error o la omisión es tan importante que compromete la objetividad de la 
evaluación que ha hecho el grupo especial del asunto que se le ha sometido. El Órgano de Apelación no consideró que, simplemente señaland o esas pruebas, la India hubiera demostrado 
que el Grupo Especial no había hecho una evaluación objetiva del asunto de conformidad con el 
artículo 11 del ESD. Además, el Órgano de Apelación observó que las alegaciones de la India 
parecían depender de una lectura errónea de la conclusión del Grupo Especial.  
Tras haber rechazado cada una de las alegaciones de la India en relación con el artículo 11 
del ESD, el Órgano de Apelación constató que la India no había establecido que el Grupo Especial 
actuara de manera incompatible con su deber de  hacer una evaluación objetiva del asunto de 
conformidad con el artículo 11 del ESD en su evalua ción del sentido del Código de la OIE. Sobre la 
base de las razones anteriores, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo 
Especial de que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo MSF, y de que la India no tiene derecho a beneficiarse de la presunción de compatibilidad de sus medidas relativas a la influenza aviar con otras disposiciones 
pertinentes del Acuerdo MSF y el GATT de 1994 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 
del artículo 3 del Acuerdo MSF.  
4.4.3  Artículo 6 del Acuerdo MSF 
La India apeló respecto de las constataciones del Grupo Especial de que las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo MSF. La India alegó que el Grupo Especial: i) incurrió en error en su interpretación de la 
relación entre los párrafos 1 y 3 del artículo 6 del Acuerdo MSF; ii) incurrió en error en su 
aplicación del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo MSF a las medidas de la India relativas a la influenza aviar; y iii) no hizo una evaluación objetiva del asunto, como exige el artículo 11 del ESD. 
4.4.3.1  Interpretación general 
El Órgano de Apelación comenzó examinando el contenido y la estructura del artículo 6 en su 
conjunto y la relación entre sus tres párrafos. El Órgano de Apelación observó que el artículo 6 del 
Acuerdo MSF establece mediante sus tres párrafos una serie de obligaciones relativas a la 
adaptación de las MSF a las condiciones regionales. La primera frase del párrafo 1 del artículo 6 impone a los Miembros de la OMC la obligación concreta de asegurarse de que sus MSF se 
"adapten" a las "características sanitarias o fitosanitarias" de las zonas de origen y de destino del 
producto. Entre las condiciones regionales respecto de las cuales se prevé la adaptación, el título del artículo 6 alude a "las zonas libres de plagas o enfermedades y las zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades", que se abordan en los párrafos segundo y tercero de esta disposición. 
El Órgano de Apelación observó que la primera frase del párrafo 2 del artículo 6 establece que los 
Miembros reconocerán, "en particular", los conceptos de "zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades". En opinión del Órgano de Apelación, 
"las zonas libres de plagas o enfermedades" y "las zonas de escasa prevalencia de plagas o 
enfermedades" son un subconjunto de todas las características sanitarias o fitosanitarias de una zona que pueden exigir la adaptación de una MSF. A juicio del Órgano de Apelación, los párrafos 1 
y 2 del artículo 6 conjuntamente atribuyen importancia al contenido del párrafo 2 como una forma 
concreta mediante la cual un Miembro puede asegur arse de que sus MSF se "adapten", como exige 
el párrafo 1 del artículo 6. 
El Órgano de Apelación también indicó que el artículo 6 no especifica ninguna forma concreta en 
que un Miembro deba "asegurarse" de la adaptación de sus MSF en el sentido del párrafo 1 del 
artículo 6, o "reconocer" los conceptos enunciados en el párrafo 2 del artículo 6. Esto indica que los Miembros disfrutan de cierto margen de liber tad para determinar cómo hacerlo en su régimen 
sanitario y fitosanitario nacional. En consecuencia, la evaluación de si un Miembro ha cumplido o 
no las obligaciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 6 dependerá necesariamente de la naturaleza WT/AB/26 
 
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  de las alegaciones planteadas por el reclamante y de las circunstancias de cada caso. Al mismo 
tiempo, el Órgano de Apelación observó que el cumplimiento de las obligaciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 6 se verá facilitado en los casos en que los Miembros de la OMC establecen un régimen o estructura de reglamentación que tiene en cuenta la adaptación de las MSF de forma 
constante. 
Además, el Órgano de Apelación señaló que no es posible constatar que las MSF o los regímenes 
reglamentarios que prohíben expresamente la posi bilidad del reconocimiento de los conceptos de 
zonas libres de plagas o enfermedades y zonas de escasa prevalencia de plagas o enfermedades 
son compatibles con el párrafo 2 del artículo 6. Según el Órgano de Apelación, existe un vínculo estrecho entre, por una parte, el cumplimiento por un Miembro de la obligación de reconocer los conceptos establecidos en el párrafo 2 del artículo 6, y por otra, el cumplimiento de la obligación 
de asegurarse de que sus MSF se adapten a las características sanitarias y fitosanitarias 
pertinentes, en el sentido del párrafo 1 del artí culo 6. El Órgano de Apelación observó que el 
párrafo 3 del artículo 6 precisa lo que debe demostrar objetivamente el Miembro que pretende 
conseguir el reconocimiento de una zona concreta situada en su territorio como una zona libre de 
plagas o enfermedades o una zona de escasa prevalencia de plagas o enfermedades. 
4.4.3.2  La relación entre l os párrafos 1 y 3 del artículo 6 
La India adujo que el Grupo Especial incurrió en un error de derecho al interpretar la relación entre 
la primera frase del párrafo 1 del artículo 6 y la primera frase del párrafo 3 del artículo 6. A juicio de la India, la obligación que impone al Miembro importador el párrafo 1 del artículo 6 de adaptar sus MSF a las características sanitarias o fitosanitarias de la zona del Miembro exportador 
solamente surge después de que el Miembro exportador presenta una propuesta formal de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 6.  
El Órgano de Apelación comenzó expresando su preocupación respecto de algunas de las 
declaraciones del Grupo Especial que eran excesivamente amplias, como la declaración de que la 
primera frase del párrafo 1 del artículo 6 establece "una obligación autónoma" y de que "[n]o hay un texto condicional" que vincule esa obligación al párrafo 3 del artículo 6 o a un evento ajeno, 
como la solicitud de un Miembro exportador de que se reconozca una zona determinada como libre 
de enfermedades. El Órgano de Apelación estimó que estas declaraciones pueden considerarse problemáticas en la medida en que dan a entender que cada uno de los párrafos del artículo 6 debe interpretarse aisladamente. Por el contrario, hay importantes elementos comunes e 
interrelaciones entre los párrafos del artículo 6. Los tres párrafos del artículo 6 están relacionados 
entre sí, y abordan diferentes aspectos de la obligación de adaptar las MSF a las condiciones regionales. El Órgano de Apelación también tenía reservas respecto de la declaración del Grupo 
Especial de que "[n]o ve[ía] en qué modo una MSF puede 'adaptarse' a las características 
sanitarias o fitosanitarias de una zona cuando esa adaptación solo tiene lugar después  de que una 
medida se ha adoptado en atención a una solicitud específica de reconocimiento formulada por un 
Miembro exportador". A modo de ver del Órgano de Apelación, este razonamiento del Grupo 
Especial parece dar por supuesto que la "adaptación" de una MSF solamente puede tener lugar en un solo momento, y que ese debe ser el momento en que esa medida se adopta. Sin embargo, a juicio del Órgano de Apelación la obligación general de asegurar la "adaptación" de las MSF 
establecida en el párrafo 1 del artículo 6 abarca una obligación de adaptar debidamente en el 
momento en que se adopta la MSF y una obligación de adaptar debidamente siempre y cuando cambien las características sanitarias o fitosanitarias pertinentes de las zonas correspondientes del 
territorio del Miembro importador o exportador, o si se demuestra que justifican una adaptación de 
una MSF concreta. 
El Órgano de Apelación subrayó que, aunque no hay un texto condicional expreso  que vincule los 
párrafos 1 y 3 del artículo 6, el párrafo 1 del artículo 6 y el resto de este artículo se deben leer 
conjuntamente. El Órgano de Apelación reiteró que la evaluación de si un Miembro ha cumplido las obligaciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 6 dependerá necesariamente de la naturaleza de las alegaciones planteadas por el reclamante y de las circunstancias de cada caso. En algunos casos, 
es posible que sea necesario que el grupo especial examine si un Miembro ha determinado que 
una zona concreta está libre de enfermedades y ha adaptado en consecuencia sus MSF. Esto 
puede conllevar el examen de si el Miembro importador recibió una solicitud de un Miembro 
e x p o r t a d o r  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  z o n a  s i t u a d a  e n  s u  t e r r i t o r i o  c o m o  " l i b r e  d e  
enfermedades". En tales casos el Miembro export ador podrá establecer que el hecho de que el 
Miembro importador no haya reconocido los conceptos pertinentes, no haya hecho una WT/AB/26 
 
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  determinación con respecto a esa zona libre de enfermedades y no haya adaptado su MSF en 
consecuencia, es incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 únicamente si ese Miembro exportador puede establecer también que hizo los trám ites prescritos en el párrafo 3 del artículo 6. 
El Órgano de Apelación entendió que la relación del párrafo 3 del artículo 6 con el resto de este 
artículo significa que, en el contexto del procedim iento de solución de diferencias de la OMC, un 
Miembro exportador que afirme, por ejemplo, que un Miembro importador no ha hecho una 
determinación de que una zona concreta situada en el territorio de ese Miembro exportador está 
"libre de plagas o enfermedades" -y en definiti va no ha adaptado sus MSF a esa zona- tendrá 
dificultades para que prospere una alegación de que el Miembro importador ha actuado por eso de manera incompatible con los párrafos 1 o 2 del artículo 6, a menos que ese Miembro exportador demuestre que ha presentado las pruebas necesarias para demostrar objetivamente que esas 
zonas son zonas libres de plagas o enfermedades y no es probable que varíen, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6. 
Sin embargo, el Órgano de Apelación discrepó del argumento de la India de que solamente  es 
posible constatar que un Miembro que adopta o mantiene una MSF ha incumplido la obligación 
establecida en la primera frase del párrafo 1 del artículo 6 después de que un Miembro exportador haya hecho la demostración objetiva prevista en el párrafo 3 del artículo 6. Antes bien, el Órgano 
de Apelación subrayó que, incluso sin esa demost ración objetiva del Miembro exportador, todavía 
es posible constatar que un Miembro no se ha asegurado de que una MSF se adapte a las condiciones regionales en el sentido del párrafo 1 del artículo 6 en una situación en que, por ejemplo, el concepto de zonas libres de plagas y enfermedades sea pertinente, pero el régimen 
reglamentario de ese Miembro impide el reconocimiento de ese concepto. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que "las obligaciones establecidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 6 no se activan mediante una invocación del párrafo 3 del artículo 6, 
como aduce la India". 
A continuación el Órgano de Apelación observó que el párrafo del informe del Grupo Especial que 
la India impugna en apelación se hizo en respuesta al argumento de la India de que las 
obligaciones establecidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 6 están supeditadas a que un Miembro 
exportador haya hecho la demostración objetiva prevista en el párrafo 3 del artículo 6, y debe interpretarse a la luz de las alegaciones de los Estados Unidos, es decir, que las medidas de la India relativas a la influenza aviar impiden afirmativamente que la India cumpla las obligaciones 
generales de los párrafos 1 y 2 del artículo 6. Por consiguiente, aunque el Órgano de Apelación 
expresó ciertas reservas sobre determinadas declaraciones hechas por el Grupo Especial, no consideró que constituyeran un error que justifique una revocación cuando se interpretan en el 
contexto de la presente diferencia. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo 
Especial no incurrió en error al interpretar la relación entre los párrafos 1 y 3 del artículo 6 del Acuerdo MSF. 
4.4.3.3  La aplicación por el Grupo Especial del párrafo 2 del artículo 6 a las medidas de 
la India relativas a la influenza aviar 
La India también afirmó que el Grupo Especial incurrió en un error de derecho en su aplicación de 
la primera frase del párrafo 2 del artículo 6 de l Acuerdo MSF al basar su conclusión en la 
S.O. 1663(E) en lugar de en la Ley de productos del reino animal. La India sostuvo que, habida 
cuenta de que la legislación principal -los artículos 3 y 3A de la Ley de productos del reino animal- podía reconocer los conceptos enunciados en la primera frase del párrafo 2 del artículo 6, el Grupo 
Especial no debería haber basado su conclusión en la S.O. 1663(E), que es legislación delegada. 
Al evaluar esta alegación de error, el Órgano de Apelación empezó recordando que el Grupo 
Especial definió las medidas en litigio en la presente diferencia como "las medidas relativas a la 
influenza aviar adoptadas por la India, que son las medidas que 'prohíben la importación de 
diversos productos agropecuarios en la India procedentes de aquellos países en los que se haya detectado [influenza aviar de declaración obligato ria]'". El Órgano de Apelación recordó además 
que el Grupo Especial constató que la India mantiene sus medidas relativas a la influenza aviar 
mediante los siguientes instrumentos jurídicos, entre otros: i) la Ley de productos del reino 
animal; y ii) la S.O. 1663(E). El Órgano de Apelación señaló que la India no había impugnado en apelación la caracterización de las medidas en litigio por el Grupo Especial. Así pues, teniendo en 
cuenta la manera en que el Grupo Especial definió las medidas en litigio, el Grupo Especial no 
podía haber respondido debidamente a la pregunta de si las medidas de la India relativas a la influenza aviar "reconocen" los conceptos de zonas libres de influenza aviar o de escasa WT/AB/26 
 
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  prevalencia de influenza aviar tomando como referencia únicamente  la Ley de productos del reino 
animal. Por el contrario, para responder a esta pregunta el Grupo Especial tenía que analizar las medidas relativas a la influenza aviar en su conjunto, incluido  el contenido de la S.O. 1663(E). Por 
consiguiente, el Órgano de Apelación discrepó del ar gumento de la India de que, habida cuenta de 
que la legislación principal -los artículos 3 y 3A de la Ley de productos del reino animal- podía 
reconocer los conceptos enunciados en la primera frase del párrafo 2 del artículo 6, el Grupo Especial no debería haber basado su conclusión en la S.O. 1663(E), que es la legislación delegada. 
La India adujo además que el Grupo Especial no debería haberse basado en la legislación delegada 
porque, "de conformidad con el propio análisis del Grupo Especial", la India solamente está obligada a "reconocer" los conceptos en cuestión y por tanto no está obligada a "aplicar" esos conceptos en sus medidas internas. El Órgano de Apelación consideró que la India se limitaba a 
reformular dos de sus argumentos anteriores con los que el Órgano de Apelación ya se había 
mostrado en desacuerdo. El Órgano de Apelación también examinó determinados pasajes del informe del Grupo Especial y concluyó que la distinción entre la obligación de "reconocer" y la 
obligación de "aplicar" la crea la India y no es una distinción que esté recogida en las 
constataciones del Grupo Especial. El Grupo Especial no constató que existiera una incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 6 basándose en que la India no había "aplicado" el 
concepto de zonas libres de enfermedades. 
Por las razones anteriores, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en 
error en la aplicación del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo MSF al no basarse exclusivamente en los artículos 3 y 3A de la Ley de productos del reino animal al evaluar si la India reconoce los 
conceptos de zonas libres de enfermedades y zonas de escasa prevalencia de enfermedades por lo 
que respecta a la influenza aviar. 
4.4.3.4  Artículo 11 del ESD 
La India también alegó que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con su deber de hacer 
una evaluación objetiva del asunto de conformidad co n el artículo 11 del ESD. En primer lugar, la 
India adujo que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con esta disposición al haber 
basado su conclusión en la "falta de implementación" de los conceptos enumerados en el párrafo 2 
del artículo 6 y pronunciarse en consecuencia sobre una alegación que los Estados Unidos no habían planteado.  
El Órgano de Apelación comenzó señalando que la India no había "articula[do] claramente y 
justifica[do] con argumentos concretos" por qué el supuesto error influye en la objetividad de la 
evaluación del Grupo Especial. Además, el Órgano de Apelación consideró que la alegación de error de la India se basaba en la premisa de que la constatación del Grupo Especial de incompatibilidad 
con el párrafo 2 del artículo 6 se basó en que la India no "aplicó" los conceptos enunciados en esa 
disposición, afirmación que también hizo la India en su alegación de que el Grupo Especial incurrió en error al aplicar el párrafo 2 del artículo 6 a las medidas de la India relativas a la influenza aviar. 
Sin embargo, una alegación de que un grupo especial ha incumplido los deberes que le impone el 
artículo 11 del ESD debe sostenerse por sí misma y no ha de formularse simplemente como un argumento o alegación subsidiarios en apoyo de una alegación de que el grupo especial no aplicó correctamente una disposición de los acuerdos abarcados. Por estas razones, el Órgano de 
Apelación rechazó la primera alegación de error formulada por la India al amparo del artículo 11 
del ESD. 
En su segunda alegación al amparo del artículo 11 del ESD, la India adujo que el Grupo Especial 
actuó de manera incompatible con esta disposición al haber hecho caso omiso de pruebas 
decisivas presentadas por la India. La prueba que la India alegó que el Grupo Especial no tuvo en 
cuenta es una declaración que figura en la Prueba documental IND-121 que presentó al Grupo 
Especial, realizada por un funcionario indio a una funcionaria de los Estados Unidos en una carta 
de fecha 28 de enero de 2010. El Órgano de Apelación señaló que la India no había explicado por qué el hecho de que el Grupo Especial no anal izara expresamente el contenido de la Prueba 
documental IND-121 que se le presentó es tan importante que influye en la objetividad de la 
evaluación de los hechos realizada por el Grupo Especial. Además, el Órgano de Apelación subrayó 
que, aunque pudiera interpretarse que la declaración que figura en esa carta es un "reconocimiento" de los conceptos enunciados en el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo MSF -un 
punto que los Estados Unidos refutaron firmemente- resultaba difícil imaginar cómo esa 
declaración de un determinado funcionario del DAHD podría tener alguna repercusión en la WT/AB/26 
 
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  evaluación realizada por el Grupo Especial de un instrumento reglamentario (es decir, 
la S.O. 1663(E)) que fue publicado posteriormente  de conformidad con la Ley de productos del 
reino animal. Por estas razones, el Órgano de Apelación rechazó la segunda alegación de error formulada por la India al amparo del artículo 11 del ESD. 
Por las razones precedentes, el Órgano de Apelación constató que la India no había establecido 
que el Grupo Especial actuara de manera incompatible con su deber de hacer una evaluación objetiva del asunto de conformidad con el artículo  11 del ESD en su análisis de la compatibilidad 
de las medidas de la India relativas a la influenza aviar con el párrafo 2 del artículo 6. 
Tras haber constatado que la India no había demostrado que el Grupo Especial incurriera en error 
en su evaluación de las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del artículo 6 del Acuerdo MSF, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial de que las 
medidas de la India relativas a la influenza aviar son incompatibles con los párrafos 1 y 2 del 
artículo 6 del Acuerdo MSF. 
4.4.4  Párrafo 6 del artículo 5 y párra fo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF 
La India apeló respecto de las constataciones del Grupo Especial de que las medidas de la India 
relativas a la influenza aviar son incompatibles con el párrafo 6 del artículo 5 y el párrafo 2 del artículo 2. La India alegó que el Grupo Especial incurrió en error en su aplicación del párrafo 6 del 
artículo 5 a las medidas de la India relativas a la influenza aviar. Además, la India alegó que el 
Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto, como exige el artículo 11 del ESD. 
4.4.4.1  La cuestión de si los Estados Unid os habían identificado medidas alternativas 
que lograrían el nivel adecuado  de protección de la India 
La India adujo que, ante el Grupo Especial, los Estados Unidos no establecieron una presunción 
prima facie  para apoyar la alegación que habían formulado al amparo del párrafo 6 del artículo 5 
del Acuerdo MSF. Según la India, los Estados Unidos identificaron el nivel adecuado de protección 
de la India basándose en medidas de control internas  de la India, y no en las medidas en litigio. 
Por lo tanto, los Estados Unidos no satisficieron en última instancia la carga que les correspondía de presentar una medida alternativa que alcance el nivel adecuado de protección de la India. 
Antes de evaluar la alegación específica de error planteada por la India, el Órgano de Apelación 
describió cómo evolucionó la cuestión de la identificación del nivel adecuado de protección de la India durante las actuaciones del Grupo Especial. El Órgano de Apelación observó que ante el Grupo Especial los Estados Unidos habían aducido, sobre la base de las "medidas nacionales de 
vigilancia y control" de la India (en particular de su PAN de 2012) que el nivel adecuado de 
protección de la India es "bastante bajo". En respuesta, la India sostuvo que la alegación de los Estados Unidos carecía de fundamento porque los Estados Unidos habían identificado el nivel 
adecuado de protección equivocado al hacer referencia al PAN de 2012 y no a la S.O. 1663(E). 
El Grupo Especial realizó un examen de las comunicaciones escritas y orales de la India, y señaló que la India había aludido a la "prevención de la entrada de LPNAI y HPNAI" y a que "todo el país 
esté libre de NAI" como su nivel adecuado de pr otección. Puesto que no estaba convencido de que 
ninguno de ellos representara el nivel adecuado de protección de la India, el Grupo Especial procedió a examinar otras pruebas obrantes en el expediente, incluidas las medidas en litigio, a fin de determinar el nivel adecuado de protección de la India con mayor precisión. Tras hacerlo, el 
Grupo Especial concluyó que el nivel adecuado de protección de la India es " muy alto  o muy 
conservador ". El Órgano de Apelación destacó que la India no impugnó en apelación el nivel de 
protección específico identificado por el Grupo Especial como el nivel adecuado de protección de la 
India. 
A la luz de estas consideraciones, el Órgano de Apelación estimó que el Grupo Especial decidió 
correctamente no limitar su análisis en el marco del párrafo 6 del artículo 5 al argumento de los 
Estados Unidos relativo al nivel adecuado de protección de la India. Más bien, en consonancia con 
la interpretación de que un Miembro demandado está obligado a especificar el nivel de protección sanitaria y fitosanitaria que desea lograr, el Grupo Especial solicitó a la India que identificara su nivel adecuado de protección. El Órgano de Apelación destacó también que el Grupo Especial no se 
ciñó por completo, correctamente, a la caracterización que hizo la India de su propio nivel 
adecuado de protección, sino que, en cambio, decidió determinar ese nivel de protección sobre la WT/AB/26 
 
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  base de la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente. A juicio del Órgano de Apelación, 
esas consideraciones mostraban que el Grupo Especial adoptó un enfoque adecuado al pronunciarse sobre la alegación formulada al amparo del párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF. 
Por las razones anteriores, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no incurrió en 
error al constatar que los Estados Unidos habían identificado medidas alternativas que lograrían el 
nivel adecuado de protección de la India. 
4.4.4.2  La cuestión de si el Grupo Especial incurrió en error al no identificar las medidas 
alternativas propuestas con precisión 
La India adujo que, puesto que el Grupo Especial no identificó las medidas alternativas propuestas 
con precisión, incurrió en un error de derecho en el marco del párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF al concluir que las medidas alternativas lograrían el nivel adecuado de protección de 
la India. La India sostuvo que el Grupo Especial debería haber identificado las recomendaciones 
para productos específicos del Código de la OIE para el correspondiente producto en cuestión y la aplicabilidad de las mismas en caso de que se detecte la presencia de influenza aviar altamente 
patógena de declaración obligatoria o influenza aviar de declaración obligatoria.  
El Órgano de Apelación entendió que la India aducía que el Grupo Especial no especificó las 
recomendaciones para productos específicos del Código de la OIE que se aplican a cada categoría 
de productos cuya importación está prohibida en virtud de la S.O. 1663(E) en caso de que se 
detecte la presencia de influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria o de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. El Órgano de Apelación observó, con respecto a ese argumento, que las recomendaciones del Código de la OIE que los Estados 
Unidos identificaron como las medidas alternativas pertinentes fueron reproducidas por el Grupo 
Especial en un cuadro en su informe, en el que los Estados Unidos expusieron las ocho categorías de productos de la S.O. 1663(E) que tienen su correspondientes recomendaciones para productos 
específicos en el Capítulo 10.4 del Código de la OIE. Con respecto a cada categoría de productos, 
los Estados Unidos identificaron la recomendación o las recomendaciones específicas potencialmente aplicables, en función del producto específico y la situación particular respecto de 
la enfermedad. Así pues, el Órgano de Apelación consideró que las referencias a las 
recomendaciones para productos específicos que figuran en ese cuadro abarcan todas las recomendaciones aplicables del Capítulo 10.4 del Código de la OIE, con independencia de que las importaciones procedan de un país, una zona o un compartimento, y de que ese país, zona o 
compartimento esté o no libre de influenza aviar de declaración obligatoria y libre de influenza 
aviar altamente patógena de declaración obliga toria (lo que significa que la influenza aviar 
levemente patógena de declaración obligatoria puede estar presente), o de la situación sanitaria 
respecto de la influenza aviar de declaración obligatoria. En estas circunstancias, el Órgano de 
Apelación no vio fundamento para la alegación de la India de que el Grupo Especial no identificó las medidas alternativas propuestas con precisión, y en consecuencia constató que el Grupo 
Especial no omitió identificar las medidas alternativas con precisión. 
4.4.4.3  Artículo 11 del ESD La India también alegó que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con su deber de hacer 
una evaluación objetiva del asunto de conformidad co n el artículo 11 del ESD. En primer lugar, la 
India adujo que el Grupo Especial no analizó la defensa de la India en el marco del párrafo 6 del 
artículo 5 del Acuerdo MSF y por consiguiente no hizo una evaluación objetiva del asunto. 
El Órgano de Apelación consideró que la primera alegación formulada por la India al amparo del 
artículo 11 del ESD se basaba en su argumento de que los Estados Unidos no establecieron una 
presunción prima facie  en el marco del párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF porque trataron de 
identificar el nivel adecuado de protección de la India como "bastante bajo" sobre la base del PAN 
de 2012. A juicio del Órgano de Apelación, la alegación formulada por la India al amparo del 
artículo 11 del ESD no se podía distinguir de su alegación con respecto a la aplicación por el Grupo Especial del párrafo 6 del artículo 5 a las medidas de la India relativas a la influenza aviar, y no "se sostiene por sí misma". Por consiguiente, el Órgano de Apelación desestimó la alegación 
formulada por la India al amparo del artículo 11 del ESD. WT/AB/26 
 
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  En su segunda alegación, la India adujo que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con 
el artículo 11 del ESD porque se pronunció sobre una alegación que no habían presentado los Estados Unidos. Según la India, los Estados Unidos limitaron sus argumentos y pruebas en el marco del párrafo 6 del artículo 5 a los países que han notificado la influenza aviar levemente 
patógena de declaración obligatoria y no impugnaron  la aplicación de la S.O. 1663(E) a los países 
que han notificado la presencia de influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria. 
El Órgano de Apelación no consideró que la India hubiera justificado su afirmación de que la 
alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 6 del artículo 5 con respecto a 
las medidas de la India relativas a la influenza aviar se limitaba a la imposición de prohibiciones de la importación cuando se producen casos de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria, y de que el Grupo Especial incurrió en error en el marco del artículo 11 del ESD al 
constatar lo contrario. El Órgano de Apelación señaló que las recomendaciones para productos 
específicos del Código de la OIE a que recurrieron los Estados Unidos como medidas alternativas razonablemente disponibles incluían recomendaciones que se aplican no solo con respecto a la 
presencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria, sino también con 
respecto a países, con independencia de su situación sanitaria respecto de la influenza aviar de declaración obligatoria, y que se podrían aplicar a las importaciones procedentes de países que 
han notificado la presencia de influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria. Así 
pues, esas recomendaciones se ocupan de situaciones en que pueden estar presentes tanto la influenza aviar altamente patógena de declaración obligatoria como la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no consideró que los 
Estados Unidos limitaran su alegación de la manera que adujo la India. 
Por los motivos precedentes, el Órgano de Apelación constató que la India no había establecido 
que el Grupo Especial actuara de manera incompatible con su obligación de hacer una evaluación 
objetiva del asunto de conformidad con el artículo  11 del ESD en su análisis de la compatibilidad 
de las medidas de la India relativas a la influenza aviar con el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF. 
A la luz de su análisis de la apelación de la India, el Órgano de Apelación confirmó la constatación 
del Grupo Especial de que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son incompatibles con el párrafo 6 del artículo 5 del Acuerdo MSF porque entrañan un grado de restricción del comercio significativamente mayor que el requerido para lograr el nivel adecuado de protección de 
la India por lo que respecta a los productos abarcados por el Capítulo 10.4 del Código de la OIE. 
Tras haber confirmado la constatación del Grupo Especial en el marco del párrafo 6 del artículo 5, el Órgano de Apelación consideró innecesario abordar la solicitud de la India de que revocara la 
constatación del Grupo Especial de que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son, 
en consecuencia, incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF. 
4.4.5  Párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF 
La India formuló tres alegaciones en el marco del artículo 11 del ESD en las que impugnaba 
determinados aspectos de la evaluación que hizo el Grupo Especial de la alegación de los Estados Unidos fundada en la primera frase del párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF. La India solicitó que se revocara la constatación del Grupo Especial de que no hay pruebas suficientes en el 
expediente para apoyar una constatación de que la influenza aviar levemente patógena de 
declaración obligatoria es exótica en la India, así como su constatación de que la discriminación que la India mantiene, mediante sus medidas relativas a la influenza aviar, contra los productos 
extranjeros debido a la presencia de influenza av iar levemente patógena de declaración obligatoria 
es arbitraria e injustificable, en contradicción con lo dispuesto en la primera frase del párrafo 3 del artículo 2. Concretamente, la India afirmó que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con 
el artículo 11 del ESD en las consultas a expertos individuales acerca de la situación sanitaria de la 
India respecto de la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria realizadas como parte de su evaluación de la alegación de los Estados Unidos respecto de la segunda "forma" de supuesta discriminación, a saber, que la India impone prohibiciones a la importación de productos 
debido a la influenza aviar levemente patógena de  declaración obligatoria, cuando la propia India 
ni siquiera ha establecido un régimen de vigilancia interna que pudiera dar lugar a la detección de la presencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. WT/AB/26 
 
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  Antes de examinar las alegaciones de la India al  amparo del artículo 11 del ESD, el Órgano de 
Apelación señaló que el Grupo Especial, siguiendo el enfoque analítico adoptado por el Grupo Especial sobre el cumplimiento que se ocupó del asunto Australia - Salmón (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá) , analizó por separado los tres elementos de una infracción de la primera 
frase del párrafo 3 del artículo 2 en orden suce sivo, empezando por un examen de si las medidas 
de la India relativas a la influenza aviar discriminan contra los productos importados, antes de considerar si esa discriminación es arbitraria o injustificable, y terminando por un análisis de la 
cuestión de si prevalecen condiciones idénticas o similares en los territorios de los Estados Unidos 
y de la India. El Órgano de Apelación observó que los tres elementos identificados en la primera frase del párrafo 3 del artículo 2 se informan mutuamente, de modo que no se puede emprender 
un análisis de cada uno de ellos totalmente aislado del análisis de los otros dos elementos. Así 
pues, si bien un análisis secuencial de los distintos elementos puede ofrecer un marco útil en el 
cual examinar la conformidad de una medida concreta con la primera frase del párrafo 3 del a r t í c u l o  2 ,  e l  u s o  d e  e s e  m a r c o  n o  a l t e r a ,  a  j u i c i o  d e l  Ó r g a n o  d e  A p e l a c i ó n ,  e l  c o n t e n i d o  d e l  
examen requerido, ni afecta a la carga global de la prueba que recae en el reclamante en el marco 
de dicha disposición. El Órgano de Apelación también observó que el texto de la primera frase del párrafo 3 del artículo 2 no impone el orden de análisis concreto adoptado por el Grupo Especial y 
que, lógicamente, identificar las condiciones pert inentes y evaluar si son idénticas o similares, 
constituirá a menudo un buen punto de partida para el análisis en el marco de la primera frase del párrafo 3 del artículo 2. 
La India alegó en primer lugar que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el 
artículo 11 del ESD porque el "mandato" de las consultas del Grupo Especial con los expertos 
individuales fue más allá del ámbito del Código de la OIE. Concretamente, la India sostuvo que el artículo 1.6.1 del Capítulo 1.6 del código de la OIE reconoce cinco enfermedades y que, para 
obtener el reconocimiento oficial del estatus libre de enfermedad con respecto a ellas un país tiene 
que presentar pruebas documentales que la OIE ev alúa. Subrayando que este procedimiento no es 
aplicable en el caso de otras enfermedades que figuran en la lista de la OIE, incluida la influenza 
aviar, la India sostuvo que su afirmación de que está libre de influenza aviar levemente patógena 
de declaración obligatoria no podía haber sido debidamente sometida a ninguna evaluación técnica ni científica por la OIE ni por expertos indivi duales. Al pedir a los expertos individuales que 
examinaran las pruebas presentadas por la India pa ra respaldar su alegación de que está libre de 
influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria, la India alegó que el Grupo Especial 
interpretó y aplicó incorrectamente el Capítulo 1.6 del Código de la OIE. 
El Órgano de Apelación recordó que las funciones de los grupos especiales se establecen en el 
artículo 11 del ESD, que exige a cada grupo espe cial que haga una evaluación objetiva de los 
hechos, que incluya una evaluación de si las pr uebas obrantes en el expediente respaldan la 
afirmación de una parte. Observando que, en el contexto de este procedimiento de solución de 
diferencias, fue la India quien formuló la afirmación de que estaba libre de influenza aviar 
levemente patógena de declaración obligatoria, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial estaba obligado, con arreglo a los términos del artículo 11 del ESD, a evaluar si la afirmación de la India encontraba apoyo en las pruebas obrantes en el expediente. El Órgano de 
Apelación observó que el Capítulo 1.6 del Código de la OIE no prescribe deberes y obligaciones 
para los grupos especiales de la OMC, y no puede prevalecer sobre el texto del artículo 11 del ESD, que establece las funciones de los grupos especiales de la OMC y exige a cada grupo especial, 
entre otras cosas, que haga una evaluación objetiva de los hechos. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación no aceptó el argumento de la India de que, en virtud del Código de la OIE, el Grupo Especial estaba obligado a aceptar como definitiva la autoevaluación de la India en el sentido de 
que estaba libre de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria y rechazó la 
primera alegación formulada por la India al amparo del artículo 11 del ESD. 
La segunda alegación de error formulada por la Indi a al amparo del artículo 11 del ESD se refería a 
la asignación de la carga de la prueba por el Grupo Especial. Concretamente, la India alegó que: 
las preguntas que hizo el Grupo Especial a los expertos individuales desplazaron erróneamente a la 
India la carga de la prueba; el Grupo Especial incurrió en error al concluir que recaía en la India la carga de probar que la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria es exótica en 
el país; y el Grupo Especial incurrió en error po r no constatar que la India había asumido cualquier 
carga de la prueba que le incumbiera al establecer que no había comunicado nunca a la OIE un caso de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria en su territorio. En cuanto 
al primer fundamento de la India, el Órgano de Ap elación consideró que, dado el amplio arbitrio de 
que disfrutan los grupos especiales al consultar a expertos, el simple hecho de formular preguntas WT/AB/26 
 
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  a los expertos individuales no constituye en sí mi smo la asignación de la carga de la prueba por un 
grupo especial entre las partes en una diferencia. Además, observando que las preguntas formuladas por el Grupo Especial a los expertos individuales se referían a los argumentos y las pruebas presentadas tanto por la India como por los Estados Unidos, el Órgano de Apelación no 
estuvo de acuerdo en que las preguntas del Grupo Especial dieran lugar a que no se evaluaran en 
absoluto los argumentos y las pruebas de los Estados Unidos con respecto a esta cuestión. 
Con respecto al argumento de la India de que el Grupo Especial incurrió en error al concluir que 
recaía en la India la carga de probar que la influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria es exótica en el país, el Órgano de Apelación recordó que, con respecto a las alegaciones en el marco del Acuerdo MSF, la carga inicial corresponde a la parte reclamante, que debe acreditar prima facie  que la MSF del demandado es incompatible con una determinada 
disposición del Acuerdo MSF. Una vez que se ha establecido una presunción prima facie , 
corresponde a la parte demandada la carga de refutarla. En consecuencia, el Órgano de Apelación concordó con el Grupo Especial en que una parte demandada que afirma un hecho es la que está 
obligada a demostrarlo. En la presente diferencia, el Órgano de Apelación recordó que los Estados 
Unidos alegaron ante el Grupo Especial que las medidas de la India discriminan de manera arbitraria o injustificable contra los productos importados al prohibirlos en la India tras detecciones 
de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria en el país exportador, mientras 
que la India ni siquiera ha establecido requisitos de  vigilancia que pudieran permitir la detección de 
casos de influenza aviar levemente patógena de decl aración obligatoria en la población de aves de 
corral nacional de la India. El Órgano de Apelación también recordó la explicación de los Estados 
Unidos de que las medidas de la India relativas a la influenza aviar son discriminatorias no porque 
se hayan producido incidentes de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria en la India, sino porque la vigilancia de la influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria que la India ejerce es insuficiente, lo que da lugar a que no se impongan medidas de 
control del comercio de productos nacionales debido a la presencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria en el país, porque la enfermedad no se detectará. El Órgano 
de Apelación observó que la India, por otra part e, no presentó argumentos sobre si sus medidas 
relativas a la influenza aviar son o no discriminatorias per se , sino que en lugar de ello destacó que 
la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria es exótica en la India y que, en consecuencia, el riesgo asociado a la introducción de influenza aviar levemente patógena de 
declaración obligatoria significa que está plenamente justificado que la India prohíba las 
importaciones de aves de corral y productos de aves de corral procedentes de países en los que se ha declarado la presencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria. 
Sobre la base de las posiciones mantenidas por las partes ante el Grupo Especial, el Órgano de 
Apelación consideró que la afirmación fáctica de que la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria es exótica en la India era el elemento fundamental de la réplica de la India 
con respecto a los tres elementos de la primera frase del párrafo 3 del artículo 2, y no un elemento 
de la presunción prima facie  de los Estados Unidos con respecto a la segunda forma de 
discriminación. A este respecto, el Órgano de Apelación también hizo referencia a varias constataciones del Grupo Especial en el curso de su análisis global, a saber: que los riesgos de los 
que la India se está protegiendo (es decir, la influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria) constituyen condiciones que son similares en la India y en otros Miembros (entre ellos los Estados Unidos); que la India trata de manera distinta a los productos nacionales y los 
importados en cuanto al riesgo de influenza av iar levemente patógena de declaración obligatoria, 
en función de si ese riesgo tiene su origen en  la India o en otro Miembro; y que el régimen 
nacional de vigilancia de la India no es suficiente  para detectar de manera fiable la influenza aviar 
levemente patógena de declaración obligatoria. El Órgano de Apelación señaló que la India no 
apeló ninguna de esas constataciones, y que no cuestionó la afirmación del Grupo Especial de que, sin un sistema de vigilancia adecuado y capaz de detectar de manera fiable la influenza aviar 
levemente patógena de declaración obligatoria, es difícil establecer de manera concluyente la 
ausencia de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria en el territorio de la 
India. En referencia al análisis del Grupo Especial, junto con las constataciones no apeladas del Grupo Especial, el Órgano de Apelación no consideró que el Grupo Especial actuara de manera 
incompatible con el artículo 11 al concluir que los Estados Unidos habían asumido la carga de 
establecer su presunción prima facie . Observando que el pilar fáctico central de los esfuerzos de la 
India por refutar esa presunción era su afirmación  de que la influenza aviar levemente patógena 
de declaración obligatoria era exótica en su territorio, el Órgano de Apelación rechazó el 
argumento de la India de que el Grupo Especial ac tuó de manera incompatible con el artículo 11 WT/AB/26 
 
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  del ESD al constatar que recae sobre la India la carga de demostrar que la influenza aviar 
levemente patógena de declaración obligatoria es exótica en ese país. 
Con respecto a la tercera cuestión que plantea la India, es decir, si el hecho de que la India no 
hubiera comunicado nunca a la OIE un caso de influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria en su territorio era suficiente para que el Grupo Especial concluyera que la influenza 
aviar levemente patógena de declaración obligatoria es exótica en la India, el Órgano de Apelación consideró que se trataba de una reformulación del argumento de la India de que su propia 
afirmación de que estaba libre de influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria 
debería haber sido aceptada como un hecho aun cuando no hubiera en el expediente pruebas científicas que lo avalaran. Recordando su constatación de que el Grupo Especial no estaba obligado por el artículo 1.6.1 del Código de la OIE a aceptar como concluyente la supuesta 
"declaración sobre su propia situación" hecha por la India en el sentido de que estaba libre de 
influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria, el Órgano de Apelación rechazó el argumento de la India. 
La tercera alegación de la India al amparo del artículo 11 del ESD era que las preguntas 
formuladas por el Grupo Especial a los expertos in dividuales constituyeron una delegación indebida 
en ellos de la determinación fáctica de si la influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria es exótica en la India. El Órgano de Apelación observó que la apelación de la India se 
limitaba al alcance de las consultas celebradas por el Grupo Especial con los expertos individuales, es decir, a las preguntas formuladas a los expertos individuales, y no al uso por el Grupo Especial de las respuestas de los expertos, ni a su recurso a ellas. El Órgano de Apelación no vio de qué 
modo las preguntas del Grupo Especial, en sí mismas y por sí mismas, podían ser consideradas 
como una delegación por el Grupo Especial de su función de evaluador de los hechos a tenor del artículo 11 del ESD. Además, el Órgano de Apelación observó que la India no había explicado de 
qué modo el simple hecho de plantear las preguntas constituyó una falta de objetividad por parte 
del Grupo Especial. Por último, aunque la alegación de la India era que el Grupo Especial "delegó" indebidamente la determinación fáctica de si la influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria es exótica en la India, el Órgano de Apelación observó que, en definitiva, el Grupo 
Especial no efectuó una determinación sobre esta cuestión fáctica, sino que se limitó a resolver que la India no había presentado argumentos y pruebas para fundamentar la afirmación fáctica 
que había hecho. Por consiguiente, el Órgano de Apelación rechazó la alegación de la India. 
Tras haber rechazado cada una de las tres alegaciones de error planteadas por la India, el Órgano 
de Apelación constató que la India no había establecido que el Grupo Especial actuara de manera incompatible con su deber de hacer una evaluaci ón objetiva del asunto de conformidad con el 
artículo 11 del ESD en su evaluación y en sus constataciones con respecto a la alegación de los 
Estados Unidos relativa a la segunda "forma" de discriminación en el marco de la primera frase del párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo MSF y, más específicamente, en sus consultas a los expertos 
individuales relativas a la cuestión de si la influenza aviar levemente patógena de declaración 
obligatoria es exótica en la India o al exigir a la India que probara que la influenza aviar levemente patógena de declaración obligatoria es exótica en la India. En consecuencia, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial de que las medidas de la India relativas a 
la influenza aviar son incompatibles con la primera frase del párrafo 3 del artículo 2 del 
Acuerdo MSF porque discriminan de manera arbitraria o injustificable entre Miembros de la OMC en que prevalecen condiciones idénticas o similares. 
4.5  Informe del Órgano de Apelación, Perú - Derecho adicional sobre las importaciones de 
determinados productos agropecuarios , WT/DS457/AB/R 
Esta diferencia se refería a los derechos adicionales impuestos por el Perú sobre las importaciones 
de determinados productos agropecuarios (deter minados tipos de arroz, azúcar, maíz y leche 
importados), así como a la relación entre las normas de la OMC y el Tratado de libre comercio entre el Perú y Guatemala (TLC) y la cuestión de  si Guatemala obró de manera contraria a las 
obligaciones que le impone el ESD de actuar de buena fe cuando inició este procedimiento. 
Los derechos adicionales se determinan utilizando un mecanismo denominado Sistema de Franja 
de Precios (SFP). El SFP funciona sobre la base de la diferencia entre i) un precio piso y un precio 
techo y ii) un precio de referencia. Los precios piso y techo son, respectivamente, los promedios 
de los precios internacionales en un mercado internacional especificado durante un período anterior reciente de 60 meses. El precio de referencia es un promedio de las cotizaciones de los WT/AB/26 
 
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  precios internacionales en el mismo mercado internacional durante un período anterior reciente de 
dos semanas. Se aplica un derecho adicional sobre el valor de transacción de las importaciones cuando el precio de referencia es inferior al precio piso. El SFP prevé asimismo rebajas arancelarias cuando el precio de refere ncia es superior al precio techo.  
Ante el Grupo Especial, Guatemala alegó que el Perú mantiene: i) "gravámenes variables a la 
importación" y "precios mínimos de importación", o "medidas similares aplicadas en la frontera", prohibidos por la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura; y ii) "demás 
derechos o cargas" incompatibles con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. Además, 
Guatemala también alegó que el Perú había actuado de manera incompatible con los párrafos 1 y 3 a) del artículo X del GATT de 1994, respectivamente, al: i) no publicar determinados elementos esenciales de la medida; y ii) aplicar el SFP de una manera que no es razonable. 
Guatemala planteó alegaciones subsidiarias al amparo  de los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana para el caso de que el Grupo Especial considerara que los derechos adicionales resultantes del SPF eran derechos de aduana propiamente dichos.  
Por su parte, el Perú solicitó al Grupo Especial que constatara que Guatemala no inició la diferencia 
de buena fe de conformidad con los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD, porque Guatemala supuestamente aceptó el mantenimiento del SFP en el TLC suscrito entre el Perú y Guatemala 
el 6 de diciembre de 2011. El Perú afirmó además que los derechos adicionales resultantes 
del SFP: i) son "derechos de aduana propiamente dichos" en el sentido de la primera oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994; y ii) quedan fuera del alcance del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y de la segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II 
del GATT de 1994. El Perú sostuvo que había cumplido las obligaciones establecidas en los 
párrafos 1 y 3 a) del artículo X del GATT de 1994,  y que las alegaciones de Guatemala al amparo 
del Acuerdo sobre Valoración en Aduana debían se r rechazadas porque ese Acuerdo no es aplicable 
a los derechos específicos. Por último, para el caso de que el Grupo Especial constatara que la 
medida en litigio no es compatible con la OMC, el Perú sostuvo que ello generaría una incompatibilidad entre los acuerdos abarcados de la  OMC y el TLC y que, en tal supuesto, deberían 
prevalecer los términos del TLC. 
El Grupo Especial no encontró evidencia de que Guatemala hubiera entablado el procedimiento del 
Grupo Especial de una manera contraria a las obligaciones de buena fe contenidas en los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD. En lo que respecta a los aspectos sustantivos de la 
diferencia, el Grupo Especial constató que los derechos adicionales resultantes del SFP 
constituyen: i) "gravámenes variables a la importación", o al menos una "medida similar aplicada en la frontera", incompatibles con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura; y 
ii) "demás derechos o cargas" incompatibles con el  párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. 
Tras haber hecho estas constataciones, el Grupo Especial aplicó el principio de economía procesal con respecto a las alegaciones formuladas por Guatemala al amparo de los párrafos 1 y 3 a) del 
artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especi al tampoco consideró apropiado examinar las 
alegaciones subsidiarias formuladas por Guatemala en el marco del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, que estaban supeditadas a una constatación de que los derechos resultantes del SFP eran derechos de aduana propiamente dichos. Por último, con respecto a la "defensa" del Perú de que 
las partes habían modificado entre ellas, mediante el TLC de 2011, cualquier disposición de los 
acuerdos abarcados de la OMC que prohibiera el SFP, el Grupo Especial observó que el TLC en cuestión aún no había entrado en vigor y por consiguiente se abstuvo de pronunciarse sobre si las 
partes podían, mediante el TLC, modificar entre ellas los derechos y obligaciones que les 
corresponden en virtud de los acuerdos abarcados. 
4.5.1  Párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD 
4.5.1.1  Nuevos argumentos o alegaciones planteados en apelación 
Guatemala alegó que los argumentos formulados por el Perú en apelación según los cuales 
Guatemala actuó de manera incompatible con los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD constituían "nuevos argumentos" o "nuevas alegaciones". Guatemala afirmó que el Perú no estaba apelando 
respecto de una cuestión de derecho tratada en el  informe del Grupo Especial ni una interpretación 
jurídica formulada por este en el sentido del párrafo 6 del artículo 17 del ESD, y que estos nuevos argumentos o alegaciones estaban en consecuencia "fuera de lo que compete examinar al Órgano 
de Apelación". WT/AB/26 
 
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  Sobre la base de su examen del informe del Grupo Especial y de las comunicaciones presentadas 
por los participantes en la apelación, el Órgano de Apelación constató que los argumentos o alegaciones que Guatemala impugna como "nuevos" se referían de hecho a cuestiones jurídicas que no diferían de las que fueron sometidas al Grupo Especial y que este abordó en su informe. 
Se referían al alcance de las obligaciones de buena fe que corresponden a Guatemala en virtud 
del ESD, la importancia jurídica de los instrumentos internacionales que aún no habían entrado en vigor y la medida en que los Miembros pueden re nunciar a sus derechos a entablar procedimientos 
de solución de diferencias en el marco de la OMC. El Órgano de Apelación constató además que los 
argumentos del Perú sobre la buena fe en el marco de los párrafos 7 y 10 del artículo 3 no obligaban al Órgano de Apelación a solicitar, recibir y examinar nuevos datos; no afectaban desfavorablemente a los derechos de Guatemala al debido proceso; y por tanto se habían 
planteado debidamente en apelación. 
4.5.1.2  Buena fe El Perú apeló respecto de la conclusión del Grupo Especial de que no había "evidencia de que 
Guatemala h[ubiera] entablado el presente procedimiento de una manera contraria a la buena fe". 
El Perú adujo que Guatemala renunció expresamente  a presentar una reclamación respecto 
del SFP cuando acordó en el TLC que el Perú po día mantener el SFP. Subsidiariamente, Guatemala 
renunció a sus derechos tácitamente pero en forma que se deducía así necesariamente , puesto 
que la compatibilidad del SFP con la OMC había sido "objeto de discrepancia" entre el Perú y Guatemala, y en el TLC habían convenido en que el Perú podía mantener su SFP y en que el TLC 
prevalecería sobre los acuerdos de la OMC en caso de incompatibilidad. Así pues, Guatemala actuó 
de manera incompatible con sus obligaciones de buena fe que le imponen los párrafos 7 y 10 del 
artículo 3 del ESD cuando entabló este procedimiento. 
Guatemala respondió que el Grupo Especial tuvo razón al constatar que el TLC no contiene una 
exención, tácita ni en forma que se deduzca así necesariamente, del derecho de Guatemala a 
impugnar el SFP mediante la solución de diferenc ias. Guatemala sostuvo, entre otras cosas, que: 
i) el Grupo Especial se basó correctamente en el hecho de que el TLC no está en vigor, ya que los 
acuerdos que supuestamente contienen una exención deben estar en vigor para que esa exención 
tenga efecto; ii) determinar la debida interpretación del TLC iría más allá de la competencia del Grupo Especial; y iii) una exención con respecto a una diferencia determinada solo podía hacerse mediante una solución mutuamente convenida o me diante decisiones de los órganos competentes 
de la OMC. 
El Órgano de Apelación declaró que debía determinar si Guatemala actuó de manera contraria a la 
buena fe prevista en los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD debido a su supuesta renuncia al 
derecho a impugnar el SFP en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. 
En CE - Banano III (párrafo 5 del artículo 21 - Ecuador II / párrafo 5 del artículo 21 - Estados 
Unidos) , el Órgano de Apelación sostuvo que "el desistimiento de derechos otorgados por el ESD 
no puede presumirse a la ligera", y que "el texto de los Entendimientos [sobre el banano] debe 
poner de manifiesto con claridad que las partes tenían el propósito de renunciar a sus derechos". Así pues, "si un Miembro de la OMC no ha manifestado con claridad que no presentará una reclamación con respecto a una determinada medida, no se puede considerar que no haya actuado 
de buena fe si impugna esa medida". El Órgano de Apelación observó además que, aunque el 
párrafo 7 del artículo 3 del ESD reconoce que las partes pueden llegar a una solución mutuamente 
convenida, los Miembros no pueden renunciar a sus derechos y obligaciones en el marco del ESD 
más allá de la solución de diferencias específicas. 
En esta diferencia, el Órgano de Apelación no consideró que, a los efectos del ESD, el TLC, y en 
particular el párrafo 9 del Anexo 2.3 del mismo, constituya una solución mutuamente aceptable 
para ambas partes en el sentido del párrafo 7 del artículo 3 del ESD. Aparte del hecho de que el 
Perú y Guatemala negociaron el TLC antes de la iniciación de la presente diferencia, el ESD subraya que "una solución mutuamente aceptable para las partes en la diferencia" debe estar "en conformidad con los acuerdos abarcados". Sin embargo, como constató el Órgano de Apelación en 
otra parte de su informe, los derechos adicionales resultantes del SFP son incompatibles con el 
párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. Además, los participantes plantearon argumentos contradictorios sobre la forma de 
interpretar el párrafo 9 del Anexo 2.3 del TLC, que dispone que el "Perú podrá mantener su [SFP]", 
en el contexto de otras disposiciones pertinentes del TLC, de modo que parece existir ambigüedad acerca de si el propio TLC, independientemente de su situación jurídica al no estar aún en vigor, WT/AB/26 
 
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  permite que el Perú mantenga el SFP si se constata que es incompatible con las normas de 
la OMC. 
El Órgano de Apelación observó además que el Perú reconoce que "Guatemala no tiene vedado desde el punto de vista procedimental presentar ante la OMC una alegación contra el SFP ". 
Por otra parte, el artículo 15.3 del TLC dispone que "[e]n caso de cualquier controversia que surja 
bajo este tratado ... o el Acuerdo sobre la OMC , la Parte reclamante podrá elegir el foro para 
resolver la controversia". Por consiguiente, incluso desde la perspectiva del TLC, las partes en él 
tienen derecho a plantear alegaciones al amparo de los acuerdos abarcados de la OMC en el marco 
del sistema de solución de diferencias de la OMC.  
Sobre la base de esas razones, el Órgano de Apelación no consideró que exista una estipulación 
clara de una renuncia por parte de Guatemala a su derecho a recurrir al sistema de solución de 
diferencias de la OMC en relación con el ESD, o en el contexto de este. Por consiguiente, no podía 
considerarse que Guatemala había actuado contrari amente a las obligaciones de buena fe que le 
imponen los párrafos 7 y 10 del artículo 3 del ESD cuando inició este procedimiento para impugnar 
la compatibilidad del SFP con los acuerdos abarcados de la OMC. Por lo tanto, el Órgano de 
Apelación confirmó la constatación formulada por el Grupo Especial en los párrafos 7.96 y 8.1.a de su informe, de que "no [hay] evidencia de que Guatemala haya entablado el presente 
procedimiento de una manera contraria a la buena fe". 
4.5.2  Párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sob re la Agricultura - gravámenes variables a 
la importación 
El Perú planteó tres alegaciones de error principales en relación con la constatación del Grupo 
Especial de que los derechos adicionales result antes del SFP constituyen "gravámenes variables a 
la importación", a saber: i) que el Grupo Especial incurrió en error en su evaluación de la "variabilidad" de la medida en litigio; ii) que el Grupo Especial incurrió en error en su evaluación de 
las "características adicionales" de la medida en litigio; y iii) que el Grupo Especial actuó de 
manera incompatible con el artículo 11 del ESD cuando examinó la alegación de Guatemala al amparo del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
4.5.2.1  Interpretación del párrafo 2 del ar tículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 
Antes de examinar las alegaciones del Perú, el Órgano de Apelación expuso su interpretación de 
determinadas cuestiones relacionadas con la interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. El Órgano de Apelación recordó que el preámbulo del Acuerdo sobre la 
Agricultura establece que es necesario "prever reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y 
la protección a la agricultura ... como resultado de las cuales se corrijan y prevengan las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales". El Órgano de Apelación 
observó que es correcto considerar que el artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura es el vehículo 
jurídico para exigir la conversión en derechos de aduana propiamente dichos de ciertos obstáculos al acceso a los mercados que afectan a las importaciones de productos agropecuarios.  
El párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura prohíbe a los Miembros mantener, 
adoptar o restablecer "medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos". En la nota 1 figura una lista de medidas abarcadas por la obligación prevista en el párrafo 2 del artículo 4. El hech o de que una medida se traduzca en el pago de 
derechos que adopten la misma forma que los derechos de aduana propiamente dichos no 
significa, de por sí, que la medida quede fuera del ámbito de la nota 1. Por lo tanto, el Órgano de Apelación constató que, para determinar si una me dida figura entre las "medidas del tipo de las 
que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos" puede ser necesario 
examinar a fondo el diseño y la estructura de la medida en sí misma, así como su funcionamiento, a la luz del texto del párrafo 2 del artículo 4 y de la nota 1. 
En cuanto a la expresión "gravámenes variables a la importación", el Órgano de Apelación explicó 
que las medidas que constituyen "gravámenes variables a la importación" son "inherentemente" variables porque incorporan un plan o fórmula que causa y garantiza que los gravámenes se modifiquen de forma automática y continua. El Órgano de Apelación constató que este es un 
elemento necesario y fundamental de los "gravámenes variables a la importación" que distingue 
los "gravámenes variables a la importación" de los "derechos de aduana propiamente dichos". WT/AB/26 
 
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  Según el Órgano de Apelación, esto se debe a que los "derechos de aduana propiamente dichos" 
también pueden variar. El Órgano de Apelación señaló que esta variación, no obstante, se deriva de cambios discontinuos de los tipos aplicados, que se producen de manera independiente y sin relación con dicho plan o fórmula, y normalmente como consecuencia de un acto administrativo o 
legislativo específico. El Órgano de Apelación explicó que los "gravámenes variables a la 
importación" también pueden tener determinadas "características adicionales", que incluyen "la falta de transparencia y la falta de previsibilida d del nivel de los derechos que resultarán de la 
aplicación de estas medidas" en comparación con el nivel de transparencia y previsibilidad de los 
"derechos de aduana propiamente dichos". Esas características adicionales no son características 
independientes o absolutas que una medida tenga que reunir para ser considerada un "gravamen variable a la importación", sino que pueden servir para confirmar que una medida es 
"inherentemente variable". Por último, el Órgano de Apelación aclaró que los "gravámenes 
variables a la importación" pueden contribuir a distorsionar los precios de las importaciones impidiendo la transmisión de los precios internacionales al mercado interno. 
4.5.2.2  La evaluación que hizo el Grupo Es pecial de la "variabilidad" de la medida 
El Perú adujo que el Grupo Especial confundió la medida en litigio, es decir, los derechos 
adicionales resultantes del SFP, con el método empleado por el SFP para calcular los posibles 
derechos. Guatemala adujo que establecer una distinción entre los derechos adicionales y la 
metodología empleada para calcularlos sería algo incompatible con el mandato del Grupo Especial. El Órgano de Apelación observó que tanto los derechos adicionales como la metodología de cálculo del SFP estaban incluidos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por 
Guatemala y que, como los derechos adicionales son resultado del funcionamiento del SFP, la 
metodología de cálculo del SFP es un elemento esencial del sistema. El Órgano de Apelación también declaró que la "variabilidad inherente" de be evaluarse sobre la base de la configuración 
global de una medida y del grado en que los cambios son automáticos y continuos y se basan en 
un mecanismo o fórmula subyacente. Por consiguiente, el Órgano de Apelación observó que el Grupo Especial estaba efectivamente obligado a examinar la metodología de cálculo del SFP al 
determinar si los derechos adicionales result antes del SFP son "gravámenes variables a la 
importación". 
El Perú adujo también que los derechos adicionales en cuestión no varían con regularidad ninguna 
como resultado del cálculo del SFP. Según Guatemala, el hecho de que, en determinados períodos, 
el SFP no diera lugar a un derecho variable adicional no es pertinente al examen del SFP y de los 
derechos adicionales resultantes cuando se impusi eron derechos adicionales. Observando que el 
Perú aceptó que el funcionamiento de una fórmula para calcular los valores de los precios piso, 
techo y de referencia era automático e inherente en el SFP, el Órgano de Apelación declaró que los 
derechos que se calculen sobre la base de un sistema "inherentemente variable" serán ellos mismos "inherentemente variables". Además, el Órgano de Apelación observó que la constatación 
de "variabilidad" formulada por el Grupo Especial no se basó en la frecuencia de la modificación de 
los derechos, sino en el hecho de que el SFP contiene un plan o fórmula que causa y garantiza una modificación automática y continua de los derechos aplicables. El Grupo Especial también se ocupó expresamente de la frecuencia de la modificación , y afirmó que el hecho de que el resultado del 
cálculo del SFP pueda coincidir durante algunas quincenas no significa que el SFP, como 
mecanismo, no imponga la variabilidad de los derechos. Según el Órgano de Apelación, la 
frecuencia de cambios derivada de una medida puede ser pertinente para determinar si esta 
última es "variable", pero que para considerar qu e una medida es "variable" en el sentido de la 
nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura no es necesaria una frecuencia específica de cambio de los derechos resultantes.  
El Perú también objetó a la afirmación del Grupo Especial de que la variabilidad que el SFP impone 
no es comparable al hecho de que los "derechos de aduana propiamente dichos" puedan variar ocasionalmente. El Perú adujo que las modificaciones tanto de los derechos adicionales resultantes del SFP como de los "derechos de aduana propiamente dichos" no son constantes ni mecánicas. 
Guatemala respondió que las pruebas presentadas por el Perú mostraban que la variación de los 
derechos resultantes del SFP es significativamente mayor que la variación de los "derechos de aduana propiamente dichos". El Órgano de Apelación observó que el hecho de que un gravamen 
sea "variable" no basta para caracterizar una medida como "gravamen variable a la importación" 
porque un "derecho de aduana propiamente dicho" puede caber también en esta descripción. En cambio, los "gravámenes variables a la importación" son distintos de los "derechos de aduana 
propiamente dichos" debido a la presencia en la medida en litigio de un plan o fórmula subyacente WT/AB/26 
 
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  que causa que los gravámenes se modifiquen de forma automática y continua. Por lo tanto, el 
Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial hizo lo correcto al afirmar que la variabilidad que el SFP impone, y que resulta de reglas y fórmulas que son parte del sistema y se aplican de forma automática y continua, no es comparable a la variabilidad normal de los "derechos de 
aduana propiamente dichos". 
Además, el Perú mantuvo que el Grupo Especial "se basó excesivamente" en la "variabilidad 
inherente" al constatar que la medida es un "gravamen variable a la importación". Guatemala 
adujo que el Grupo Especial no se basó por comple to en la variabilidad inherente de la medida, y 
que, en todo caso, la variabilidad inherente es el criterio fundamental para la constatación de un 
"gravamen variable a la importación". El Órgano de Apelación consideró que el argumento del Perú no encontraba apoyo en el informe del Grupo Es pecial, puesto que el Grupo Especial examinó 
ciertas "características adicionales" de la medida en litigio para confirmar su constatación de 
"variabilidad inherente". Además, el Órgano de  Apelación observó que la constatación de 
"variabilidad" del Grupo Especial, basada en una fórmula subyacente que causa y garantiza que los 
gravámenes se modifiquen de forma automática y continua, es un elemento necesario y 
fundamental para una constatación de "gravámenes variables a la importación". Por lo tanto, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el argumento del Perú de que el Grupo Especial 
incurrió en error al "basarse excesivame nte" en este aspecto en su análisis. 
Por último, el Perú adujo que los criterios jurídicos aplicables a los "gravámenes variables a la 
importación" y a los "precios mínimos de importación" comparten características comunes, en particular, la utilización de un precio mínimo o precio umbral. Por consiguiente, la constatación del 
Grupo Especial, según la cual el precio piso del SFP no impide la entrada de importaciones a un 
precio inferior, le debería haber llevado a concluir que los derechos adicionales resultantes del SFP no son "gravámenes variables a la importación" ni  "medidas similares aplicadas en la frontera". 
Guatemala adujo que el criterio jurídico aplicable a los "gravámenes variables a la importación" no 
exige que haya un elemento de precio mínimo. El  Órgano de Apelación recordó que no se ha 
interpretado que la expresión "gravámenes variables a la importación" comprenda necesariamente 
un umbral de precio mínimo. Aunque una determinada medida puede contener elementos 
comunes tanto a los "gravámenes variables a la importación" como a los "precios mínimos de importación", no es preciso que un "gravamen variable a la importación" contenga necesariamente un determinado umbral mínimo  para que pueda ser caracterizado como "inherentemente variable". 
Sobre la base de lo que antecede, el Órgano de Apelación constató que el Perú no había 
establecido que el Grupo Especial incurriera en erro r en su evaluación de la "variabilidad" de la 
medida en litigio. 
4.5.2.3  La evaluación por el Grupo Especial de las "características adicionales" de la 
medida 
Con respecto a la evaluación que realizó el Grupo Especial de la falta de transparencia y 
previsibilidad de la medida en litigio, el Perú sost uvo en primer lugar que el Grupo Especial incurrió 
en error al confundir la capacidad de prever los derechos con la transparencia y la previsibilidad. 
Guatemala disintió y señaló que, si bien el tipo de los derechos de aduana propiamente dichos puede modificarse, esos tipos son fijos y por tanto previsibles hasta que se produce esa 
modificación. Teniendo en cuenta la estructura, el diseño y el funcionamiento del SFP, y en 
particular que los posibles derechos adicionales se vuelven a calcular quincenalmente, el Órgano de Apelación no vio error alguno en la explicación que dio el Grupo Especial de que el SFP carece 
de transparencia y previsibilidad sobre el nivel de los derechos adicionales cuando se compara con 
la transparencia y previsibilidad que otorgan los derechos de aduana propiamente dichos. 
El Perú mantuvo que el Grupo Especial constató incorrectamente que la medida carecía de 
transparencia y previsibilidad debido  a su supuesta "variabilidad inherente". Guatemala respondió 
que el Perú no puede diseñar cargas a la importación cuyo nivel dependa matemática y automáticamente de los precios internacionales. El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el argumento del Perú de que, en esta parte del análisis realizado por el Grupo Especial, este 
asoció la falta de transparencia y previsibilidad del SFP con la "variabilidad inherente" de la medida 
en litigio. WT/AB/26 
 
- 71 - 
 
  Con respecto a la evaluación que hizo el Grupo Especial de la cuestión de si la medida en litigio 
distorsiona la transmisión de los precios internacionales al mercado peruano, el Perú adujo que el Grupo Especial no aportó una base razonable para su constatación porque se basó únicamente en un análisis teórico. Guatemala respondió que no hay nada "teórico" en el análisis del Grupo 
Especial, y que a este sencillamente no le convencieron las pruebas presentadas por el Perú. 
El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el argumento del Perú, ya que el Grupo Especial examinó el objetivo declarado del SFP; su estructura y diseño, incluidos los efectos a corto y 
medio plazo; y pruebas de carácter estadístico relativas al azúcar y el maíz. El Órgano de 
Apelación señaló que un grupo especial no está obligado a centrar su examen principalmente en datos numéricos o estadísticos sobre los efectos de una medida en la práctica. Más bien, de existir, deben tenerse en cuenta las pruebas relativas a los efectos observables de la medida, además de 
la información sobre la estructura y diseño de esta. El peso y la significación que ha de atribuirse a 
esas pruebas dependerán de las circunstancias de cada caso.  
El Perú adujo además que el análisis del Grupo Especial parece contradecir su constatación de que 
la medida en litigio no es un "precio mínimo de importación". Guatemala consideró que una 
medida puede neutralizar la transmisión de los precios internacionales, con independencia de que también quepa considerarla un "precio mínimo de importación". El Órgano de Apelación consideró 
que incluso si el examen de si una medida es un "gravamen variable a la importación" o un "precio 
mínimo de importación" está relacionado, el que una medida esté comprendida en el ámbito de una u otra de las medidas enumeradas en la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura sigue siendo no obstante una cuestión independiente. Así pues, el Órgano de Apelación no vio incompatibilidad 
en el análisis realizado por el Grupo Especial a este respecto. 
El Perú sostuvo asimismo que el Grupo Especial pasó por alto el hecho de que el SFP no puede 
impedir la transmisión de los precios internacionales de todos los productos abarcados al mercado 
interno porque funciona únicamente sobre la base de cuatro "productos marcadores". Guatemala 
adujo que, también en el caso de los "productos vinculados", el SFP asegura que las fluctuaciones de los precios internacionales se distorsionan. El Órgano de Apelación consideró que, aun en el 
caso de que los precios de los "productos vinculados" y del "producto marcador" no guardaran 
relación, la argumentación del Perú no explicaba por qué un gravamen a la importación, que varía en función del precio internacional de otro producto agropecuario, no distorsionaría la transmisión de los precios internacionales de los "productos vinculados" al mercado del Perú, ni por qué los 
efectos de ese gravamen se podrían considerar sin embargo equivalentes a la incidencia de un 
"derecho de aduana propiamente dicho". 
Por último, el Perú sostuvo que, contrariamente al sistema de bandas de precios de Chile, el SFP 
da lugar a una correlación estrecha entre los precios internacionales y los internos. Guatemala 
respondió que las diferencias entre el SFP y el sistema de bandas de precios de Chile señaladas por el Perú son inexactas y carecen de pertinencia. El Grupo Especial examinó en detalle los 
elementos del SFP y concluyó que los efectos a corto y medio plazo del SFP distorsionan la 
transmisión de los precios internacionales al mercado interno, de manera distinta de como lo hacen los "derechos de aduana propiamente dichos". El Órgano de Apelación observó que aducir que el SFP causa una distorsión menor que la medida chilena no basta para demostrar que el SFP 
no distorsiona la transmisión de los precios internacionales al mercado interno del Perú. 
En general, el Órgano de Apelación observó que en la apelación del Perú se asignaba un papel 
importante a las evaluaciones de la falta de transparencia y previsibilidad y de la transmisión de 
los precios internacionales al mercado interno, en el contexto del análisis de si una medida es un 
"gravamen variable a la importación". Dado que las "características adicionales" no son características independientes o absolutas que una medida tenga que reunir para ser considerada 
un "gravamen variable a la importación", no se debería dar a su evaluación, en el análisis de un 
grupo especial, más importancia que a la determinación de si cabe caracterizar una medida como "inherentemente variable", que es un elemento necesario y fundamental para constatar que una medida es un "gravamen variable a la importación". 
A la luz de lo que antecede, el Órgano de Apelación constató que el Perú no había establecido que 
el Grupo Especial incurriera en error en su evaluación de las "características adicionales" de la medida en litigio en el contexto del análisis que realizó el Grupo Especial de la cuestión de si la 
medida constituye un "gravamen variable a la importación". WT/AB/26 
 
- 72 - 
 
  4.5.2.4  Artículo 11 del ESD 
El Perú alegó que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al no 
comparar debidamente la medida en litigio con los "derechos de aduana propiamente dichos" y los "gravámenes variables a la importación" cuando examinó la alegación formulada por Guatemala al 
amparo del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. El Perú sostuvo que el Grupo 
Especial no identificó las características pertinentes de un derecho de aduana propiamente dicho en varias ocasiones. Guatemala mantuvo que los argumentos del Perú se refieren al criterio 
jurídico aplicado por el Grupo Especial, más que a ninguna falta de objetividad en la evaluación de 
los hechos por el Grupo Especial. 
El Órgano de Apelación recordó que una alegación de que un grupo especial no ha hecho una 
"evaluación objetiva del asunto que se le ha[] sometido" es una alegación muy grave, y que un 
apelante no puede replantear efectivamente sus ar gumentos ante el grupo especial en forma de 
alegación basada en el artículo 11, sino que debe identificar errores específicos que son tan importantes que socavan la objetividad de la evaluación por el grupo especial del asunto sometido 
a su consideración. Una impugnación al amparo del artículo 11 del ESD debe sostenerse por sí 
misma y justificarse con argumentos concretos, en lugar de presentarse simplemente como un argumento subsidiario o una alegación en apoyo de otra alegación de que un grupo especial no ha 
interpretado o aplicado correctamente una dete rminada disposición de un acuerdo abarcado. 
El Órgano de Apelación recordó que, aunque un grupo especial puede proceder a hacer un análisis 
separado de si la medida es "[distinta de los] derechos de aduana propiamente dichos" para confirmar una constatación de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura, ese análisis no es indispensable para llegar a una conclusión sobre las categorías 
incluidas en la nota 1. A juicio del Órgano de Apelación, la impugnación formulada por el Perú no se refiere a la ponderación y valoración adecuadas de las pruebas por el Grupo Especial, ni a la 
objetividad de la evaluación realizada por el Grupo Especial del asunto que se le había sometido. 
Más bien, se refería al criterio jurídico aplicado por el Grupo Especial en el marco del párrafo 2 del artículo 4, y el Perú no había explicado en qué se basaba para solicitar un examen adicional  de la 
evaluación que hizo el Grupo Especial en el cont exto de una alegación presentada al amparo del 
artículo 11. 
Por los motivos precedentes, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no actuó de 
manera incompatible con el artículo 11 del ESD en su análisis en el marco del párrafo 2 del artículo 
4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
4.5.3  Párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 El Perú planteó dos alegaciones de error en relación con el análisis realizado por el Grupo Especial 
de si los derechos adicionales resultantes del SFP son incompatibles con el párrafo 1 b) del 
artículo II, a saber: i) que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los derechos adicionales no son "derechos de aduana propiamente dichos" a tenor del párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994; y ii) que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el 
artículo 11 del ESD al no examinar determinadas pruebas presentadas por el Perú en relación con 
la alegación formulada por Guatemala. 
4.5.3.1  La constatación del Grupo Especial de que la medida en litigio no es un "derecho 
de aduana propiamente dicho" a tenor del pá rrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 
El Perú alegó que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los derechos adicionales 
resultantes del SFP no son "derechos de aduana propiamente dichos" a tenor del párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994 sobre la base de su constatación anterior en el marco del párrafo 2 
del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Mientras que el Perú adujo que el Grupo Especial debería haber examinado por separado si la medida en litigio es un "derecho de aduana 
propiamente dicho" de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo II, Guatemala sostuvo que el 
Grupo Especial concluyó correctamente que la me dida no es un "derecho de aduana propiamente 
dicho" a tenor del párrafo 1 b) del artículo II, después de haber constatado que dicha medida está comprendida en el ámbito de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 
y, en consecuencia, se ha prescrito que se convie rta en "derechos de aduana propiamente dichos". WT/AB/26 
 
- 73 - 
 
  El Órgano de Apelación observó que el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y la 
primera oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 contienen obligaciones diferentes. El párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura dispone que "ningún Miembro mantendrá, adoptará ni restablecerá medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en 
derechos de aduana propiamente dichos". La primera oración del párrafo 1 b) del artículo II 
del GATT de 1994 dispone que determinados productos "no estarán sujetos ... a derechos de aduana propiamente dichos que excedan de los fijados" en la lista de concesiones pertinente. 
El Órgano de Apelación recordó que la estructura y la lógica de la nota 1 del Acuerdo sobre la 
Agricultura dejan claro que los gravámenes variables a la importación y los precios mínimos de importación no pueden ser derechos de aduana propiamente dichos. El Órgano de Apelación también recordó que, como convienen tanto el Perú como Guatemala, la expresión "derechos de 
aduana propiamente dichos" debe interpretarse del mismo modo en el párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura y en la primera oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. Teniendo en cuenta la constatación del Grupo Especial de que los derechos adicionales 
resultantes del SFP están comprendidos en la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura y que los 
"gravámenes variables a la importación" no pued en ser "derechos de aduana propiamente dichos" 
en el sentido del párrafo 2 del artículo 4, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial 
actuó correctamente al constatar que esos derechos adicionales tampoco son "derechos de aduana 
propiamente dichos" en el sentido de la primera oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. 
El Órgano de Apelación consideró que, contrariamente a lo que argumentaba el Perú, el enfoque y 
el razonamiento del Grupo Especial no indicaban que constatara una incompatibilidad con el 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 simplemente "por inferencia" a partir de una constatación de incompatibilidad con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
La segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II, leída conjuntamente con el Entendimiento 
relativo a la interpretación del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, prohíbe la aplicación de "demás derechos o cargas" que excedan de los consignados en la pertinente lista de 
concesiones del Miembro. De conformidad con la interpretación de que el párrafo 2 del artículo 4 
del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 contienen diferentes obligaciones jurídicas, el Grupo Especial examinó por separado ambas disposiciones en diferentes secciones de su informe y no se limitó a formular una constatación consiguiente de 
incompatibilidad con la segunda oración del párr afo 1 b) del artículo II basándose en su 
constatación anterior respecto del párrafo 2 del artículo 4. 
Sobre la base de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Perú no había establecido que 
el Grupo Especial incurriera en error al constatar que la medida en litigio no es un "derecho de 
aduana propiamente dicho" de conformidad con la primera oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. 
4.5.3.2  Artículo 11 del ESD 
El Perú alegó que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al no 
examinar pruebas pertinentes para la determinación de si el Perú consignó correctamente los derechos adicionales resultantes del SFP como "derechos de aduana propiamente dichos" en el 
sentido del artículo II del GATT de 1994. Guatemala adujo que, en la medida en que el Grupo 
Especial no considerara algunas pruebas, ello fue resultado de la aplicación por el Grupo Especial del criterio jurídico correcto y no de ninguna omisión de hacer una evaluación objetiva en el 
sentido del artículo 11 del ESD.  
El Grupo Especial consideró que: i) la expresió n "derechos de aduana propiamente dichos" debe 
tener el mismo significado en el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y en la 
primera oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994; y ii) la estructura y la lógica de 
la nota 1 dejan claro que los gravámenes variables a la importación y los precios mínimos de importación no pueden ser derechos de aduana  propiamente dichos. Por lo tanto, el Grupo 
Especial llegó a la conclusión de que el examen de las pruebas adicionales presentadas por el Perú 
no era necesario para su análisis de la cuestión de si la medida en litigio es un "derecho de aduana 
propiamente dicho". El Órgano de Apelación consid eró que en su alegación el Perú no impugnaba 
ninguna falta de objetividad en la evaluación de las pruebas realizada por el Grupo Especial, sino 
la corrección de su análisis jurídico. El Órgano de Apelación observó que el Perú presentó una 
alegación de error análoga concerniente al criterio jurídico que aplicó el Grupo Especial en su WT/AB/26 
 
- 74 - 
 
  análisis de la alegación formulada por Guatemala al amparo de la segunda oración del párrafo 1 b) 
del artículo II del GATT de 1994, una alegación que el Órgano de Apelación ya había rechazado. Por último, el Órgano de Apelación recordó que una  impugnación al amparo del artículo 11 del ESD 
no debe presentarse simplemente como un argumento o alegación subsidiarios en apoyo de otra 
alegación de que un grupo especial no ha interp retado o aplicado correctamente una determinada 
disposición. 
Sobre la base de lo que antecede, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no actuó 
de manera incompatible con el artículo 11 del ESD en su examen de la alegación formulada por 
Guatemala al amparo de la segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. 
4.5.4  Relación entre la OMC y las disposiciones del TLC 4.5.4.1  Nuevos argumentos planteados en apelación 
Guatemala sostuvo que los argumentos del Perú de que el Grupo Especial incurrió en error en su 
interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 porque no tuvo en cuenta los párrafos 3 a) y 3 c) del artículo 31 de la 
Convención de Viena, sea con respecto al TLC o a los artículos 20 y 45 de la CDI, no fueron 
planteados ante el Grupo Especial y en consecuencia no estaban debidamente comprendidos en el ámbito de la apelación, porque requerían el examen de nuevos hechos o cuestiones distintos de 
los abarcados en el informe del Grupo Especial. El  Órgano de Apelación rechazó la alegación de 
Guatemala de que los argumentos del Perú sobre la interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 de conformidad con los párrafos 3 a) y 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena no podían plantearse en 
apelación. El Órgano de Apelación consideró que estos argumentos se referían a cuestiones de 
derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y a interpretaciones jurídicas formuladas por este. 
El Órgano de Apelación tampoco estaba convencido de que la consideración de los argumentos del 
Perú en apelación le obligaría a examinar nuevos hechos. El Órgano de Apelación estimó que el examen de las disposiciones del TLC y los artículos 20 y 45 de la CDI para determinar la 
compatibilidad del SFP con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 no le obligaría a examinar nuevos hechos. 
El Órgano de Apelación concluyó que, en la medida en que los nuevos argumentos planteados por 
el Perú en apelación se referían a "cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo 
especial" o a "interpretaciones jurídicas formuladas por este" y que no le obligaban a examinar 
nuevos hechos, estaban debidamente planteados en apelación y no afectaban negativamente a las debidas garantías de procedimiento de Guatemala. 
4.5.4.2  La pertinencia del Tratado de libre  comercio entre Guatemala y el Perú y de 
determinadas disposiciones de la CDI con a rreglo al párrafo 3 del artículo 31 de la 
Convención de Viena 
El Órgano de Apelación constató que los argumentos del Perú de que el Grupo Especial incurrió en 
error en su interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 porque no tuvo en cuenta, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena, el TLC y los artículos 20 y 45 de la CDI iban 
más allá de la interpretación del párrafo 2 del artículo 4 y el párrafo 1 b) del artículo II con arreglo 
al párrafo 2 del artículo 3 del ESD y el artículo 31 de la Convención de Viena y equivalían a sostener que, mediante el TLC, el Perú y Guatemala modificaron efectivamente estas disposiciones 
de la OMC entre ellos. 
El Perú adujo en apelación que, al basarse en el  párrafo 9 del Anexo 2.3 del TLC (que dice que el 
Perú podrá mantener el SFP) y en los artículos 20 (consentimiento que excluye la ilicitud de un 
hecho) y 45 de la CDI (renuncia al derecho a invocar la responsabilidad), el Grupo Especial debería 
haber interpretado que la expresión "ningún Miembro mantendrá" del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura significa "podrá mantener" en la relación entre el Perú y Guatemala. El Órgano de Apelación recordó que, de conformida d con el artículo 31 de la Convención de Viena, 
los términos de un tratado deben interpretarse co nforme al sentido corriente que les corresponde WT/AB/26 
 
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  en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado y observó que, aunque el contexto 
es un elemento necesario de un análisis interpretativo a tenor del artículo 31, su función e importancia en una labor interpretativa dependen de la claridad del sentido textual llano de los términos del tratado. Si el sentido de los términos del tratado es difícil de discernir, la 
determinación del sentido corriente de conformida d con el artículo 31 puede exigir que haya que 
basarse más en el contexto y el objeto y fin del tratado y posiblemente en otros elementos considerados "[j]untamente con el contexto" y en los instrumentos mencionados en el artículo 32. 
Sin embargo, el Órgano de Apelación no consideró que se pueda utilizar el artículo 31 para 
formular interpretaciones basadas en acuerdos ulteriores o normas pertinentes de derecho internacional aplicables en las relaciones entre las partes invocados de conformidad con los párrafos 3 a) y 3 c) del artículo 31 que parecen subvertir la intención común de las partes en el 
tratado reflejada en el texto del párrafo 2 del artículo 4 y del párrafo 1 b) del artículo II. 
En particular, el Órgano de Apelación no consideró que, en una labor interpretativa de conformidad con el artículo 31, puedan utilizarse elementos considerados "[j]untamente con el contexto", como 
acuerdos ulteriores o normas de derecho internacional, para llegar a la conclusión de que los 
términos textuales "ningún Miembro mantendrá" del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura deben interpretarse como "podrá mantener" sobre la base de una disposición 
determinada que figura en el TLC (o en los artículos 20 o 45 de la CDI).  
El Órgano de Apelación también rechazó la idea de que, en virtud del artículo 31 de la Convención 
de Viena, es posible elaborar interpretaciones de un tratado multilateral que solo serían aplicables a algunas de las partes en ese tratado. El párrafo 1 del artículo 31 estipula que "[u]n tratado 
deberá interpretarse" de modo que el objeto de la labor interpretativa sea el tratado en su 
conjunto, no el tratado como puede aplicarse entre algunas de sus partes. El Órgano de Apelación explicó que, en el caso de tratados multilateral es como los acuerdos abarcados de la OMC, la 
"regla general de interpretación" del artículo 31 es tá destinada a establecer el sentido corriente de 
los términos del tratado que refleje la intención común de las partes en el tratado, y no simplemente las intenciones de algunas de las partes. Aunque una interpretación del tratado 
pueda aplicarse en la práctica a las partes en una diferencia, debe servir para establecer las 
intenciones comunes de las partes en el tratado que se interpreta. 
Pasando al párrafo 3 del artículo 31 de la Convenci ón de Viena, el Órgano de Apelación consideró 
que ni el TLC ni los artículos 20 y 45 de la CDI son "pertinentes" para la interpretación del 
párrafo 2 del artículo 4 y el párrafo 1 b) del artículo  II en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 
de la Convención de Viena, y que el TLC no es un acuerdo "acerca de la interpretación" de estas disposiciones de la OMC en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 31. En particular, el Órgano de 
Apelación recordó su jurisprudencia de que, para que sean "pertinente[s]" a efectos de 
interpretación, las normas de derecho internacional en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 tienen que referirse al mismo objeto que los términos del tratado que se interpretan. El Órgano de 
Apelación también recordó que en diferencias anteriores había sostenido que los acuerdos "acerca 
de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo 31 son "acuerdos que concretamente guardan relación con la interpretación de un tratado".  
El Órgano de Apelación observó que el párrafo 9 del Anexo 2.3 del TLC indicaba que el "Perú podrá 
mantener su Sistema de Franja de Precios". El artículo 20 de la CDI trataba de la cuestión de la validez del consentimiento de un Estado que excluye la ilicitud de un determinado hecho de otro 
Estado dentro de los límites de ese consentimiento. El apartado a) del artículo 45 de la CDI trata 
de la renuncia al derecho a invocar la responsabilidad de un Estado cuando el Estado lesionado ha renunciado válidamente a la reclamación. Por otra parte, las cuestiones interpretativas concretas 
que se plantean en el marco del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el 
párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 objeto de litigio en la presente diferencia no son si el Perú "podrá mantener" su SFP con respecto a los productos designados, o si Guatemala ha dado su consentimiento al mantenimiento del SFP o ha renunciado a su derecho a impugnarlo. Por el 
contrario, para determinar si el Perú podía mantener su SFP, el Grupo Especial tenía que 
interpretar el sentido de los términos del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y de su nota 1, y constatar si los derechos adicionales resultantes del SFP podían caracterizarse 
como "gravámenes variables a la importación", "precios mínimos de importación" o "medidas 
similares aplicadas en la frontera" y no como "derechos de aduana propiamente dichos" en el sentido de la nota 1. El párrafo 9 del Anexo 2.3 del TLC y los artículos 20 y 45 de la CDI no 
ofrecían orientación interpretativa "pertinente" a este respecto. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación no consideró que se pudiera considerar que el TLC y los artículos 20 y 45 de la CDI WT/AB/26 
 
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  fueran normas concernientes al mismo objeto que el párrafo 2 del artículo 4 y el párrafo 1 b) del 
artículo II, o que concretamente guardaran relación con la interpretación de esas disposiciones. Así pues, el Órgano de Apelación discrepó del Perú en que el TLC y los artículos 20 y 45 de la CDI son normas "pertinente[s]" de derecho internacional en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 31 y de 
que el TLC es un acuerdo ulterior "acerca de la interpretación" del párrafo 2 del artículo 4 y el 
párrafo 1 b) del artículo II en el sentido del párrafo  3 a) del artículo 31 de la Convención de Viena. 
Por último, aunque no se pronunció sobre el sentido del término "partes" en los párrafos 3 a) 
y 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena, el Órgano de Apelación expresó reservas acerca 
de si las disposiciones del TLC (en particular el párrafo 9 del Anexo 2.3), que cabría interpretar en el sentido de que permiten al Perú mantener el SFP en sus relaciones bilaterales con Guatemala, 
pueden utilizarse a tenor del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena para establecer la 
intención común  de los Miembros de la OMC en que se basan las disposiciones del párrafo 2 del 
artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. El Órgano de Apelación consideró que tal enfoque daría a entender que las disposiciones de la OMC 
se pueden interpretar de manera diferente, en f unción de los Miembros a los que se apliquen y de 
sus derechos y obligaciones en el marco de un TLC en el que sean partes. 
Tras haber concluido que los argumentos del Perú se referían a modificaciones  y no a 
interpretaciones  del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994, el Órgano de Apelación consideró asimismo que estas supuestas modificaciones no estarían sujetas al artículo 41 de la Convención de Viena relativo a las modificaciones inter se  de los tratados multilaterales, sino a las disposiciones de la OMC 
específicas que figuran en el artículo XXIV del GATT de 1994. 
El Órgano de Apelación observó en particular qu e los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones 
específicas que tratan de las enmiendas, exenciones o excepciones en el caso de los acuerdos 
comerciales regionales
26, que prevalecen sobre las disposiciones generales de la Convención de 
Viena, como el artículo 41. En el caso de los TLC, el Órgano de Apelación observó que el artículo XXIV del GATT de 1994 permite específicamente apartarse de determinadas normas de 
la OMC. El Órgano de Apelación declaró que las vías adecuadas para evaluar si una disposición de 
un TLC que se aparte de determinadas normas de  la OMC es no obstante compatible con los 
acuerdos abarcados son las disposiciones de la OMC que permiten el establecimiento de acuerdos comerciales regionales, específicamente: el artículo XXIV del GATT de 1994, o la Cláusula de 
Habilitación en lo que se refiere a los acuerdos entre países en desarrollo, respecto del comercio 
de mercancías; y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) respecto 
del comercio de servicios. 
Al abordar la cuestión de si una medida incompatible con las normas de la OMC en un TLC puede 
no obstante justificarse al amparo del artículo  XXIV del GATT de 1994, el Órgano de Apelación 
recordó su resolución en el asunto Turquía - Textiles . En esa diferencia, el Órgano de Apelación 
había sostenido que el artículo XXIV del GATT de 1994 puede proporcionar justificación en el caso 
de medidas que son incompatibles con algunas otras disposiciones del GATT de 1994 siempre que se satisfagan dos condiciones acumulativas: i) la parte que invoque la defensa debe demostrar que la medida en litigio se ha introducido con ocasión del establecimiento de una unión aduanera o TLC 
que cumple en su totalidad las prescripciones del artículo XXIV; y ii) esa parte debe demostrar que 
si no se le permitiera introducir la medida en litigio se impediría el establecimiento de esa unión aduanera o TLC. El Órgano de Apelación record ó también que al exponer las condiciones antes 
citadas para que una medida incompatible con el GATT de 1994 esté justificada como parte de una 
                                               
26 El artículo X del Acuerdo sobre la OMC establece procedimientos detallados para la "enmienda de las 
disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales". El artículo IX del Acuerdo sobre la OMC da a la Conferencia Ministerial y el Consejo General la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de la OMC y de eximir de obligaciones impuestas a los Miembros conforme a estos acuerdos. Es importante señalar que el artículo XXIV del GATT de 1994 y el artículo V del AGCS prevén excepcio nes respecto del comercio regional, que permiten a los Miembros de 
la OMC apartarse de derechos y oblig aciones concretos establecidos en los acuerdos abarcados de la OMC 
cuando constituyan uniones aduaneras, zonas de libre co mercio o acuerdos de libera lización del comercio de 
servicios. Los países en desarrollo qu e concierten acuerdos comerciales re gionales que abarquen el comercio 
de mercancías con otros países en desarrollo también pued en valerse de la excepción prevista en la Cláusula 
de Habilitación. No obstante, señalamos que ningún participan te ha invocado ni se ha basado en la Cláusula de 
Habilitación respecto del TLC en cuestión. WT/AB/26 
 
- 77 - 
 
  unión aduanera o TLC de conformidad con el pá rrafo 5 del artículo XXIV del GATT de 1994, se 
había basado también en el párrafo 4 de esta disposición, que dispone que el objeto de una unión aduanera o de un TLC es "facilitar el comercio" entre los miembros constitutivos y "no erigir obstáculos al [comercio]" con terceros países. El Órgano de Apelación observó además que las 
referencias que se hacen en el párrafo 4 a "facilitar el comercio" y a una "integración mayor" no 
son compatibles con una interpretación del artículo XXIV como una amplia defensa para medidas de los TLC que reducen los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos 
abarcados de la OMC. 
No obstante, el Órgano de Apelación no se pronunció sobre si el SFP es compatible con las 
prescripciones establecidas en el artículo XXIV, considerando que el Perú no había invocado el artículo XXIV del GATT de 1994 para justificar la incompatibilidad del SFP con el párrafo 2 del 
artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 y que 
un acuerdo que todavía no está en vigor, como el TLC, no puede beneficiarse de la defensa al amparo del artículo XXIV.
27 Además, el Órgano de Apelación observó que la cuestión de si el TLC 
efectivamente permitía al Perú mantener un SFP incompatible con las normas de la OMC no estaba 
clara ni libre de controversia. 
A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no cometió un error 
al no interpretar el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el párrafo 1 b) del 
artículo II del GATT de 1994 teniendo en cuenta las disposiciones del TLC y los artículos 20 y 45 de la CDI de conformidad con el párrafo 3 del artículo  31 de la Convención de Viena. El Órgano de 
Apelación también constató que el Grupo Especial no incurrió en error al abstenerse de formular 
constataciones acerca de si el TLC modificó los derechos y obligaciones de la OMC entre el Perú y 
Guatemala. 
4.5.5  La otra apelación de Guatemala: párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura - "precios mínimos de importación" 
Guatemala cuestionó la interpretación y aplicación realizadas por el Grupo Especial de las 
expresiones "precios mínimos de importación" y "medidas similares aplicadas en la frontera" de la 
nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. En el caso de que el Órgano de 
Apelación revocara las constataciones del Grupo Especial, Guatemala solicitó que el Órgano de Apelación completara el análisis jurídico y constatara que la medida del Perú es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
4.5.5.1  La interpretación y aplicación realiz adas por el Grupo Especial de la expresión 
"precios mínimos de importación" 
Guatemala alegó que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación de la expresión 
"precios mínimos de importación" de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura, al adoptar un criterio jurídico excesi vamente restringido, que exige que una medida de 
ese tipo imponga derechos basados en el valor de  transacción de las importaciones, y que impida 
que todas y cada una de las importaciones entren a un precio por debajo de un umbral 
especificado. El Perú sostuvo que el Grupo Especial no dijo que, en virtud de una medida de ese tipo, deba impedirse que todas y cada una de las importaciones entren en el mercado por debajo de un umbral especificado, ni dio a entender que una medida que se basa en precios de referencia, 
y no en valores de transacción, no pueda considerarse un sistema de "precios mínimos de 
importación". 
El Órgano de Apelación recordó que con la expresión "precio mínimo de importación" se hace en 
general referencia al precio mínimo al que pueden entrar en el mercado interno de un Miembro las 
importaciones de un producto determinado. Aunque el Órgano de Apelación ha señalado que los sistemas de "precios mínimos de importación" "generalmente funcionan" en relación con el 
verdadero valor de transacción de las importaciones y que un sistema "normal" de precios 
mínimos de importación entrañaría esa comparación, el Órgano de Apelación consideró que estas matizaciones indican que puede haber otros ejemplos de puntos de referencia para determinar 
                                               
27 La defensa del artículo XXIV se aplica también respecto de "un acuerdo provisional necesario para el 
establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio". Sin embargo, el Órgano de Apelación 
señaló que también ese "acuerdo provisional" tendría qu e estar en vigor para que la defensa fuera aplicable. WT/AB/26 
 
- 78 - 
 
  "[e]l precio mínimo al que pueden entrar en [un] mercado ... las importaciones". Esa evaluación 
habría que hacerla sobre la base de la configuración total de la medida. Por lo tanto, el Órgano de Apelación consideró que el examen por un grupo especial de la cuestión de si una medida es un "precio mínimo de importación" en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura debe 
basarse en pruebas, cuando existan, sobre el funcionamiento y la repercusión de la medida, así 
como en un análisis del diseño y la estructura de la medida. 
A diferencia de lo que sostuvo Guatemala, el Órgano de Apelación consideró que el Grupo Especial 
no interpretó que la expresión "precios mínimos de importación" signifique que una medida tiene 
que funcionar necesariamente en relación con los valores de transacción de las importaciones. El Órgano de Apelación tampoco consideró que el Grupo Especial hubiera interpretado la expresión "precios mínimos de importación" en el sentido de que supone que una medida exige que "todas y 
cada una de las importaciones" entren a un umbral determinado o por encima de ese umbral. Por 
el contrario, el Grupo Especial mencionó pruebas estadísticas aportadas por el Perú que indican que determinadas transacciones entraron en el mercado del Perú a un precio inferior al precio piso 
del SFP. El Grupo Especial también señaló que no  existía evidencia alguna de que los derechos 
adicionales resultantes del SFP impidan directamente la entrada de productos a precios por debajo de un determinado umbral, de una manera distinta a como lo harían los derechos de aduana 
propiamente dichos. 
Sobre la base de lo que antecede, el Órgano de Apelación constató que Guatemala no había 
establecido que el Grupo Especial incurriera en error en su interpretación de la expresión "precios mínimos de importación", que figura en la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura. 
Guatemala alegó que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la medida del Perú no es 
un "precio mínimo de importación" pese a la existencia de un umbral implícito o de facto . Según 
Guatemala, el SFP contiene un umbral implícito o de facto  que consiste en la suma del precio 
internacional más bajo del producto pertinente en la quincena anterior y el derecho adicional resultante del SFP. Guatemala sostuvo que puesto que básicamente ninguna importación puede 
entrar en el mercado peruano a un precio por debajo del umbral implícito, la medida en litigio 
reúne las condiciones para ser considerada un "precio mínimo de importación" y por tanto es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
El Perú sostuvo que el umbral implícito identificado por Guatemala se basa en un cálculo que no 
forma parte del SFP y que el Grupo Especial constató correctamente que no hay un umbral 
de facto ni implícito en el SFP. El Perú adujo que los operadores pueden realizar transacciones a 
cualquier precio y que si es improbable que los precios de transacción estén por debajo del precio 
internacional más bajo contemplado en el precio de referencia del SFP, ello se debe a la tendencia 
de los precios de importación a seguir los precios internacionales, y no es un resultado impuesto por el SFP. 
El Órgano de Apelación observó que, cuando existen, las pruebas estadísticas sobre la repercusión 
de la medida son pertinentes para el examen de un grupo especial. No obstante, puede haber otros elementos pertinentes para el examen por un grupo especial de si la medida es un "precio mínimo de importación" en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura. A los efectos 
de dicho examen, los grupos especiales deben analizar también el diseño, la estructura y el 
funcionamiento de la medida. En este caso, la constatación del Grupo Especial se basó en las pruebas estadísticas que presentó el Perú. El Grupo Especial declaró que, considerando la 
estructura y el diseño de la medida en litigio, así como las pruebas relacionadas con su 
funcionamiento, no hay evidencia de que la medida  asegure que las importaciones no entrarán por 
debajo de determinado umbral. Aparte de esta oración, el Grupo Especial no explicó más 
detenidamente cómo había analizado el diseño y la estructura de la medida en litigio. Por tanto, el 
Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial no analizó suficientemente los elementos pertinentes del diseño, la estructura y el funciona miento de la medida en litigio que podían haber 
respaldado la conclusión a que llegó. En particul ar, el Grupo Especial no examinó debidamente en 
qué medida es posible afirmar que el umbral impl ícito, tal como lo identificó Guatemala, forma 
parte del diseño y la estructura del SFP. Además, el Grupo Especial no determinó si el precio de referencia del SFP sirve como una aproximación apropiada de los valores de transacción de las 
importaciones que entran en el mercado peruano. WT/AB/26 
 
- 79 - 
 
  Sobre la base de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en 
error en su análisis de la cuestión de si la medida en litigio es un "precio mínimo de importación" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó la constatación formulada por el Grupo Especial 
en los párrafos 7.371 y 8.1.c de su informe de que los derechos adicionales resultantes del SFP no 
constituyen "precios mínimos de importación" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4. 
4.5.5.2  La interpretación y aplicación que hizo el Grupo Especial de la expresión 
"medidas similares aplicadas en la frontera" 
Guatemala alegó que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación de la expresión 
"medidas similares aplicadas en la frontera", que figura en la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, al confundir el criterio jurídico aplicable a los "precios mínimos de 
importación" con el criterio jurídico correspondiente a las medidas aplicadas en la frontera 
"similares" a los precios mínimos de importación. El Perú sostuvo que el Grupo Especial aplicó el criterio jurídico correcto al determinar que los derechos adicionales no son "similares" a "precios 
mínimos de importación". 
El Órgano de Apelación observó que la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura incluye una 
categoría de "medidas similares aplicadas en la  f r o n t e r a  q u e  n o  s e a n  d e r e c h o s  d e  a d u a n a  
propiamente dichos". Para que una medida esté comprendida en el ámbito de la nota 1 no es 
preciso que sea idéntica a una de las categorías prohibidas de medidas que se enumeran en esa 
disposición. Al contrario, para que una medida sea "una medida similar aplicada en la frontera" debe tener, en su configuración concreta, suficiente "semejanza o parecido" con al menos una de 
las categorías específicas de medidas enumeradas en la nota 1 o ser "del mismo carácter o tipo" 
que al menos una de ellas. Por lo tanto, según el Órgano de Apelación, una medida es "similar" a un sistema de "precios mínimos de importación" cuando comparte un número suficiente de 
características con un precio mínimo de importación y tiene un diseño, una estructura, un 
funcionamiento y unos efectos similares a los de un precio mínimo de importación, aunque no sea "idéntica" a él en todos sus aspectos. 
A juicio del Órgano de Apelación, el Grupo Especial no constató que, para que una medida pueda 
ser considerada una "medida similar aplicada en la frontera", en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura, tiene que compartir todas las características necesarias con los "precios mínimos de importación". Por el contrario, el Grupo Especial afirmó que una medida es 
"similar" a un "precio mínimo de importación" cuando comparte un número suficiente de 
características con un precio mínimo de importación y tiene un diseño, una estructura y unos efectos similares a los de un precio mínimo de importación, aunque no sea "idéntica" a él en todos 
sus aspectos. A este respecto, el Órgano de Apelación concluyó que la interpretación que dio el 
Grupo Especial a la expresión "medidas similares aplicadas en la frontera" es una representación acertada del sentido de esta expresión como la ha interpretado el Órgano de Apelación. 
Sobre la base de lo que antecede, el Órgano de Apelación constató que Guatemala no había 
establecido que el Grupo Especial incurriera en error en su interpretación de la expresión "medidas similares aplicadas en la frontera" que figura en la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
Guatemala alegó que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que la medida del Perú no es 
"similar" a un "precio mínimo de importación" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Guatemala adujo que la medida contiene dos mecanismos que 
impiden que las importaciones entren en el mercado peruano a precios inferiores a determinados 
umbrales, concretamente, el umbral explícito y el umbral implícito. Así pues, a juicio de Guatemala, la medida del Perú es al menos similar a un precio mínimo de importación. El Perú 
respondió que Guatemala no facilitó ejemplos de ninguna característica compartida que hiciera la 
medida peruana "similar" a un precio mínimo de importación. 
El Órgano de Apelación observó que, cuando existen, las pruebas estadísticas relativas a los 
efectos de la medida son pertinentes para el análisis realizado por un grupo especial. No obstante, 
puede haber otros elementos pertinentes para el examen por un grupo especial de si una medida 
es una medida aplicada en la frontera "similar" a un "precio mínimo de importación" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. A efectos de este examen, WT/AB/26 
 
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  un grupo especial debe analizar también el diseño, la estructura y el funcionamiento de la medida. 
Una medida es "similar" a un sistema de precios mínimos de importación cuando comparte un número suficiente de características con un precio mínimo de importación y tiene un diseño, una estructura, un funcionamiento y unos efectos similares a los de un precio mínimo de importación, 
aunque no sea "idéntica" a él en todos sus aspectos. La constatación del Grupo Especial se basó 
esencialmente en las pruebas estadísticas presenta das por el Perú. Por lo tanto, el Órgano de 
Apelación considero que, al no haber analizado suficientemente el diseño, la estructura y el 
funcionamiento de la medida en litigio, el Grupo Especial no llevó a cabo un análisis adecuado de si 
los derechos adicionales resultantes del SFP, aunque no sean idénticos a un sistema de "precios mínimos de importación", pueden sin embargo constituir una "medida similar aplicada en la frontera" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
El Grupo Especial no examinó suficientemente los umbrales explícito o implícito que identificó 
Guatemala. Tampoco determinó si el precio de referencia del SFP sirve como una aproximación adecuada de los valores de transacción de las importaciones que entran en el mercado peruano. 
Sobre la base de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en 
error en su análisis de si la medida en litigio es una medida aplicada en la frontera "similar" a un "precio mínimo de importación" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo 
sobre la Agricultura. En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó la constatación formulada 
por el Grupo Especial en los párrafos 7.370 y 8.1.c de su informe de que la medida en litigio no comparte suficientes características con los "precios mínimos de importación" como para ser considerada una medida aplicada en la frontera "similar" a un "precio mínimo de importación" en 
el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4. 
4.5.5.3  Compleción del análisis jurídico Guatemala solicitó que el Órgano de Apelación completara el análisis jurídico y constatara que la 
medida del Perú es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 
porque la medida es o bien un "precio mínimo de importación" o una medida "similar" a un precio mínimo de importación. Guatemala sostuvo que la medida impide que las importaciones entren en 
el mercado peruano a precios inferiores al umbral explícito del SFP, es decir, el precio piso o, 
subsidiariamente, el umbral de facto  o implícito, consistente en la suma del precio internacional 
pertinente más bajo y el derecho adicional resultante del SFP. Tras haber revocado las constataciones del Grupo Especial relativas a los "precios mínimos de importación" y las "medidas 
similares aplicadas en la frontera", el Órgano de Apelación consideró si podía completar el análisis 
jurídico. 
El Órgano de Apelación observó que, en diferencias anteriores, había completado el análisis 
jurídico con miras a facilitar la pronta y eficaz solución de la diferencia. No obstante, el Órgano de 
Apelación ha sostenido que solamente puede hacerlo si las constataciones fácticas del grupo especial y los hechos no controvertidos que constan en el expediente del grupo especial le ofrecen 
una base suficiente para su propio análisis. Entre las razones que han impedido al Órgano de 
Apelación completar el análisis jurídico figuran el hecho de que no se hayan estudiado a fondo las cuestiones sometidas al grupo especial y consideraciones relativas a las debidas garantías de procedimiento de las partes. 
El Órgano de Apelación recordó que había constatado que el Grupo Especial no examinó 
suficientemente los umbrales explícito o implícito que identificó Guatemala. El expediente del Grupo Especial tampoco contenía hechos no controvertidos sobre en qué grado, teniendo en 
cuenta el diseño, la estructura y el funcionamien to de la medida, cualquiera de esos umbrales 
sirve, aunque no sea en todos los casos, como un umbral de precio mínimo para las importaciones que entran en el mercado peruano, de manera que la medida pueda ser considerada al menos una 
"medida similar aplicada en la frontera" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del 
Acuerdo sobre la Agricultura. 
Además, el Órgano de Apelación consideró que el expediente del Grupo Especial no contenía 
hechos no controvertidos sobre la cuestión de si el precio de referencia del SFP sirve como una 
aproximación adecuada de los valores de transacción de las importaciones que entran en el 
mercado peruano. El Órgano de Apelación observó que los precios piso y de referencia, y en definitiva el derecho adicional resultante del SFP, se calculan únicamente para los cuatro 
"productos marcadores" en cuestión. El mismo derecho adicional aplicable a cada "producto 
marcador" se aplica después también a los respec tivos "productos vincul ados". El Órgano de WT/AB/26 
 
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  Apelación consideró que no había pruebas no controvertidas en el expediente del Grupo Especial 
sobre la relación entre los precios de los "productos marcadores" y los de los "productos vinculados". Además, el precio de referencia  se calcula tomando como base únicamente un 
determinado mercado internacional especificado. El Órgano de Apelación no vio en el expediente 
del Grupo Especial pruebas no controvertidas acer ca de en qué medida se puede afirmar que dicho 
mercado refleja adecuadamente los precios mund iales de un determinado "producto marcador". 
Además, el Órgano de Apelación constató que no  existían pruebas en el expediente del Grupo 
Especial sobre los efectos, en su caso, del desf ase temporal de una quincena entre los precios 
internacionales utilizados para calcular el precio de referencia y los valores de transacción de las importaciones que entran en el mercado peruano. Sin estos elementos de hecho, el Órgano de Apelación concluyó que no es posible examinar, so bre la base del expediente del Grupo Especial, 
si, y en qué medida, el precio de referencia sirve como una aproximación adecuada de los valores 
de transacción de las importaciones que entran en el mercado peruano. El Órgano de Apelación observó que esta consideración también es pertinente para examinar el umbral de facto  o implícito 
identificado por Guatemala. El Órgano de Apelación señaló que esto se debe a que uno de los dos 
elementos del umbral implícito es el derecho adicional resultante del SFP, que a su vez depende del precio de referencia. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación consideró que no era posible determinar si cualquiera de 
los umbrales identificados por Guatemala constituye un umbral de "precio mínimo de importación", que hace referencia en general al precio más bajo al que las importaciones de un determinado producto pueden entrar en el mercado peruano. Al no poder realizar ese examen, el Órgano de 
Apelación tampoco pudo determinar si la medida en litigio comparte un número suficiente de 
características con un "precio mínimo de importación" y tiene un diseño, una estructura, un funcionamiento y unos efectos similares a él que la hacen "similar" a un "precio mínimo de 
importación". 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Órgano de Apelac ión no pudo completar el análisis jurídico de la 
cuestión de si los derechos adicionales result antes del SFP constituyen "precios mínimos de 
importación" o "medidas similares aplicadas en la frontera" en el sentido de la nota 1 al párrafo 2 
del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. 
4.6  Informes del Órgano de Apelación, China - Medidas por las que se imponen derechos 
antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas 
prestaciones procedentes del Japón , WT/DS454/AB/R, y China - Medidas por las que se 
imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero 
inoxidable para altas prestaciones  procedentes de la Unión Europea , WT/DS460/AB/R 
Estas diferencias surgieron a partir de reclamaciones presentadas por el Japón y la Unión Europea 
acerca de varios aspectos de la investigación que llevó a las medidas de China por las que se imponen derechos antidumping a las importaciones de determinados tubos sin soldadura (sin 
costura) de acero inoxidable para altas prestaciones. La investigación en litigio se inició el 8 de 
septiembre de 2011 y dio como resultado una determinación definitiva del Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM) el 8 de noviembre de 2012. 
Ante el Grupo Especial, el Japón y la Unión Europea impugnaron varios aspectos de la 
investigación que llevó a la imposición de esos derechos, y alegaron que China actuó de manera 
contraria a sus obligaciones en el marco del Acuerdo Antidumping y el GATT en lo siguiente: i) su determinación de la existencia de daño; ii) el trato que dio a determinada información confidencial 
facilitada por los solicitantes; iii) el hecho de  que supuestamente no informó de determinados 
hechos esenciales; iv) su aplicación de medidas provisionales; y v) el hecho de que supuestamente facilitara información insuficiente en su aviso de determinación definitiva. Además, la Unión 
Europea solicitó al Grupo Especial que constatara que China actuó de manera incompatible con el 
Acuerdo Antidumping al llegar a su determinación de la existencia de dumping, en particular con respecto a la determinación por el MOFCOM de las cantidades por concepto de gastos de venta, administrativos y de carácter general para uno de los productores de la UE, Salzgitter 
Mannesmann Stainless Tubes GmbH (SMST). 
En sus informes, el Grupo Especial constató que la determinación de la existencia de daño 
formulada por el MOFCOM es incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping, entre otras cosas porque el MOFCOM no tuvo debidamente en cuenta las diferencias 
en las cantidades de productos nacionales e importados en su análisis de los efectos en los WT/AB/26 
 
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  precios, así como porque el MOFCOM se basó indebidamente en la participación en el mercado de 
las importaciones objeto de investigación al determinar la relación causal entre las importaciones objeto de investigación y el daño importante a la rama de producción nacional. Sin embargo, el Grupo Especial rechazó alegaciones formuladas por el Japón y la Unión Europea en el marco de 
estas disposiciones en la medida en que se basaban en los argumentos relativos a las 
constataciones de subvaloración de los precios formuladas por el MOFCOM y en el hecho de que el MOFCOM supuestamente no realizó un análisis segmentado de la repercusión de las 
importaciones de clases distintas del producto objeto de investigación en la rama de producción 
nacional. 
En lo que respecta al trato que dio China a determinada información facilitada por los solicitantes, 
el Grupo Especial constató que el MOFCOM permitió  que se mantuviera el carácter confidencial de 
dicha información sin evaluar objetivamente la "justificación suficiente" ni examinar en forma 
detenida la demostración por los solicitantes de una "justificación suficiente", contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. El Grupo Especial también 
constató que China actuó de manera incompatible con el párrafo 5.1 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping al no exigir a los solicitantes que suministraran resúmenes no confidenciales suficientemente detallados de la información tratada como confidencial, ni explicaciones de las 
razones por las que no era posible resumirla. 
El Grupo Especial rechazó la alegación del Japón de que la utilización por China de los hechos de 
que se tenía conocimiento para calcular el margen de dumping correspondiente a los exportadores/productores japoneses del producto objeto de investigación distintos de Sumitomo 
Metal Industries, Ltd. (SMI) y Kobe Special Tube Co., Ltd. (Kobe) es incompatible con el párrafo 8 
del artículo 6 y el párrafo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping. El Grupo Especial también rechazó la alegación de la Unión Europea de que China actuó de manera incompatible con el 
párrafo 8 del artículo 6 y los párrafos 3 y 6 del Anexo II del Acuerdo Antidumping al aplicar los 
hechos de que tenía conocimiento con respecto a determinada información que SMST, un exportador/productor del producto objeto de investigación basado en la Unión Europea, trató de 
rectificar en el momento de la verificación. 
El Grupo Especial constató que China actuó de manera incompatible con el párrafo 9 del artículo 6 
del Acuerdo Antidumping al no informar suficientemente de los hechos esenciales en relación con: i) los precios de importación, los precios internos y las comparaciones de precios que tuvo en 
cuenta el MOFCOM en su determinación de la existencia de daño; y ii) la metodología utilizada 
para calcular los márgenes de dumping corresp ondientes a SMST y Tubos Inoxidables, S.A. 
(Tubacex) (otro exportador/productor del producto objeto de investigación basado en la Unión 
Europea). Sin embargo, el Grupo Especial rechazó las alegaciones de los reclamantes de que China 
actuó de manera incompatible con el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping al no informar suficientemente de los hechos esenciales en relación con: i) los datos en que se basó la 
determinación de la existencia de dumping formulada por el MOFCOM; y ii) la determinación y el 
cálculo de los márgenes de dumping correspondientes a todos los productores/exportadores japoneses del producto objeto de investigación distintos de SMI y Kobe, y a todos los productores/exportadores de la Unión Europea distintos de SMST y Tubacex. 
El Grupo Especial también constató que China actuó de manera incompatible con los párrafos 2 
y 2.2 del artículo 12 del Acuerdo Antidumping al no hacer constar en su aviso de determinación definitiva o en un informe separado, con suficiente detalle, las razones por las que el MOFCOM 
consideró apropiado aplicar el margen de dumping más elevado calculado para los exportadores 
que cooperaron como tasa para todos los demás en el caso de las empresas japonesas distintas de SMI y Kobe y de las empresas de la Unión Europea distintas de SMST y Tubacex.  
En lo que respecta a las alegaciones de la Unión Europea relativas a la determinación de la 
existencia de dumping formulada por el MOFCOM, el Grupo Especial constató que China actuó de manera incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no determinar una cantidad de gastos administrativos, de venta y de carácter general para SMST sobre la base 
de datos reales relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de 
operaciones comerciales normales. El Grupo Especial también aceptó la alegación de la Unión Europea de que China actuó de manera incompatible con el párrafo 7 del artículo 6 y el párrafo 7 
del Anexo I del Acuerdo Antidumping al rechazar la solicitud de rectificación formulada por SMST 
únicamente sobre la base de que no se presentó con anterioridad a la verificación. WT/AB/26 
 
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  China, el Japón y la Unión Europea apelaron cada uno respecto de distintos aspectos del análisis y 
las constataciones del Grupo Especial. Tras haber ofrecido a los participantes y terceros participantes la oportunidad de formular observaciones, el Órgano de Apelación decidió acumular los procedimientos de apelación en estas diferencias, debido a la considerable coincidencia en el 
contenido de estas diferencias con respecto a las cuales las apelaciones se presentaron el mismo 
día. Se seleccionó una sola Sección del Órgano de Apelación para que entendiera en ambas apelaciones, y esta celebró una única audiencia. 
4.6.1  Datos relativos a las cantidades por co ncepto de gastos administrativos, de venta 
y de carácter general - Párrafos 2.1 y 2. 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
China apeló respecto de la evaluación que hizo el Grupo Especial, en el informe del Grupo Especial 
solicitado por la Unión Europea, de la determinación de la existencia de dumping que formuló 
el MOFCOM con respecto a SMST. El MOFCOM habí a calculado el margen de dumping para un tipo 
específico de tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones, denominado grado B en los informes del Grupo Especial, sobre la base de una comparación entre 
los precios de exportación a China de SMST y un "valor normal" reconstruido, es decir, la suma de: 
i) el costo de producción en el país de origen; y ii) las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. 
China alegó que el Grupo Especial incurrió en error al concluir que la solicitud de establecimiento 
de un grupo especial presentada por la Unión Europea, en lo relativo a los párrafos 2.1 y 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, hace "una br eve exposición de los fundamentos de derecho de 
la reclamación, que [es] suficiente para presentar el problema con claridad", como exige el 
párrafo 2 del artículo 6 del ESD. China también alegó que el Grupo Especial incurrió en error en su 
interpretación y aplicación del párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y actuó de manera incompatible con los deberes que le imponen el artículo 11 y el párrafo 7 del artículo 12 
del ESD, y el párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, al constatar que el MOFCOM no 
había determinado las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general correspondientes a SMST sobre la base de datos reales relacionados con la producción y 
ventas del producto similar, en el curso de operaciones comerciales normales. 
Con respecto al mandato del Grupo Especial, el Ór gano de Apelación recordó que la solicitud de 
establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea incluye referencias específicas a los párrafos 2, 2.1, 2.1.1 y 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, y una 
enumeración específica de los fundamentos de las alegaciones de la Unión Europea. El Órgano de 
Apelación consideró pertinente evaluar la naturaleza de las disposiciones invocadas por la Unión Europea en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, incluida la cuestión de si esas 
disposiciones contienen una única obligación o múltiples obligaciones distintas. 
En lo que respecta al párrafo 2.1 del artículo 2, el Órgano de Apelación consideró que esa 
disposición establece una única  obligación, en virtud de la cual una autoridad investigadora puede 
no tomar en cuenta las ventas del producto similar a precios inferiores a los costos únicamente si  
determina que en "esas" ventas a precios inferiores a los costos concurren las tres características específicas mencionadas supra . El Órgano de Apelación consideró además que el hecho de que la 
Unión Europea no incluyera en su solicitud de establecimiento declaraciones que presagiaran los 
argumentos que esgrimiría para fundamentar su alegación al amparo del párrafo 2.1 del artículo 2 
no significaba que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea no cumpliera el criterio establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la 
solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea cumple la prescripción prevista en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD de "ha[cer] una breve exposición de los 
fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con 
claridad" respecto de la alegación formulada por la Unión Europea al amparo del párrafo 2.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping.  
En cuanto al párrafo 2.2 del artículo 2, el Órgano de Apelación consideró que, leído en su conjunto, 
el párrafo 2.2 del artículo 2 impone la obligación única, establecida en la parte introductoria, de 
que las autoridades investigadoras determinen una cantidad por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por concepto de beneficios, sobre la 
base de datos reales que se refieran a la producción y ventas en el curso de operaciones 
comerciales normales. El Órgano de Apelación constató que el hecho de que la Unión Europea no WT/AB/26 
 
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  incluyese un fragmento más extenso del texto del párrafo 2.2 del artículo 2 no limitaba ni reducía 
el alcance de su alegación a "datos reales". Por consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Unión Europea cumple la prescripción prevista en el párrafo 2 del artículo 6 
del ESD de "ha[cer] una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que 
sea suficiente para presentar el problema con claridad" respecto de la alegación formulada por la Unión Europea al amparo del párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 
En lo que respecta a las alegaciones de China al amparo del artículo 11 y el párrafo 7 del 
artículo 12 del ESD, el Órgano de Apelación consideró que los argumentos de China se referían en realidad a la interpretación y aplicación adecuadas de la prescripción del párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping que obliga a determinar el valor normal reconstruido sobre la base de 
"datos reales relacionados con la producción y ventas en el curso de operaciones comerciales 
normales". Tras haber abordado los argumentos de China relativos a la interpretación y aplicación del párrafo 2.2 del artículo 2, el Órgano de Apelación no consideró que hubiera fundamento para 
constatar que el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva del asunto que se le había 
sometido, como exige el artículo 11 del ESD, o que el Grupo Especial no presentó las razones en que se basaban sus conclusiones, como dispone el párrafo 7 del artículo 12 del ESD. 
China impugnó además la constatación del Grupo Especial en el marco del párrafo 2.2 del 
artículo 2 por varios otros motivos. El Órgano de Apelación rechazó todos estos motivos y confirmó la constatación del Grupo Especial, que figura en el informe del Grupo Especial, China - Medidas 
por las que se imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero 
inoxidable para altas prestaciones procedentes de la Unión Europea , WT/DS460/R (informe del 
Grupo Especial solicitado por la Unión Europea), de que China actuó de manera incompatible con el párrafo 2.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no determinar una cantidad por concepto 
de gastos administrativos, de venta y de carácter general para SMST sobre la base de datos reales 
relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales. 
4.6.2  El supuesto incumplimiento por el MO FCOM de la obligación de tener en cuenta 
determinada información facilitada durante la visita de verificación 
China alegó que el Grupo Especial incurrió en error al constatar, en el informe del Grupo Especial 
solicitado por la Unión Europea, que China actuó de manera incompatible con el párrafo 7 del 
artículo 6 y el párrafo 7 del Anexo I del Acuerdo Antidumping al rechazar la solicitud de 
rectificación de información relativa a los gastos financieros de SMST formulada por SMST únicamente sobre la base de que dicha solicitud no se hizo antes de que comenzara la visita de 
verificación. China adujo que, al crear la obligac ión de actuar de conformidad con la finalidad 
principal de la visita de verificación, el Grupo Especial introdujo en el texto del párrafo 7 del artículo 6 y el párrafo 7 del Anexo I del Acuerdo Antidumping palabras que no están en esas 
disposiciones. 
El Órgano de Apelación recordó que el párrafo 7 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping concede a 
los Miembros el derecho a "realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros". Con respecto a la relación entre el párrafo 7 del artículo 6 y el Anexo I del Acuerdo Antidumping, el 
Órgano de Apelación observó que, mientras que el párrafo 7 del artículo 6 establece el marco 
básico para las verificaciones en el territorio de otro Miembro, el Anexo I, incluido su párrafo 7, 
establece parámetros adicionales para la realización de esas investigaciones. 
Pasando al contexto inmediato del párrafo 7 del artículo 6, el Órgano de Apelación observó que el 
párrafo 6 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping di spone que "las autoridades [investigadoras], en 
el curso de la investigación, se cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las 
partes interesadas en la que basen sus conclusiones". Sin embargo, el Órgano de Apelación señaló 
que esta prescripción no significa que las autoridades investigadoras estén obligadas a aceptar y utilizar toda la información que se les presente. Má s bien, tienen cierto grado de libertad al decidir 
si aceptan y utilizan la información presentada por una parte interesada durante las 
investigaciones in situ  o después de ellas. Sin embargo, esa libertad se ve limitada por la 
obligación de la autoridad investigadora, en virtud del párrafo 6 del artículo 6, de cerciorarse de que la información en la que se basen sus conclusiones sea exacta, y por los intereses legítimos de 
debido proceso de las partes en una investigación. El Órgano de Apelación añadió que, a lo largo 
de toda la investigación, incluidas las investigaciones in situ , una autoridad investigadora debe WT/AB/26 
 
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  equilibrar estos intereses de debido proceso con la necesidad de controlar y acelerar el proceso de 
investigación. 
En cuanto a los factores que influyen en la libertad de una autoridad investigadora para aceptar o 
rechazar la información presentada durante una investigación in situ , el Órgano de Apelación 
declaró que pueden incluir, por ejemplo, el momento de la presentación de nueva información; si 
la aceptación de nueva información causaría dificultades indebidas en la realización de la investigación; si la parte interesada ha presentado cantidades ingentes de información o 
simplemente trata de que se corrija un error aritmético o material; si la información de que se 
trata se refiere a hechos "esenciales" en el sentido del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping; y si la información presentada po r una parte interesada guarda relación con la 
información solicitada expresamente por la autoridad investigadora. 
Pasando a las circunstancias de la presente diferencia, el Órgano de Apelación recordó que 
el MOFCOM había pedido a SMST que preparara documentos en relación con el cuadro 6-5, y que SMST trató de corregir la información contenida en los cuadros 6-6 y 6-8, que se resumía en 
el cuadro 6-5 y que el Grupo Especial constató, por lo tanto, una "relación clara y directa" entre la 
información que SMST trataba de corregir y la información solicitada expresamente por el MOFCOM. El Órgano de Apelación señaló que China no había impugnado esta constatación, ni la 
constatación de que la solicitud de rectificación de SMST se refería a un elemento de información, 
a saber, los gastos financieros de la oficina principal de SMST. Además, China no había negado que el único motivo del rechazo de la solicitud de rectificación de SMST que dio el MOFCOM en la determinación definitiva fuera que "SMST no planteó esta cuestión antes de que comenzara la 
verificación". En estas circunstancias, y en ausencia de una explicación adicional del MOFCOM, el 
Órgano de Apelación no vio error alguno en la constatación del Grupo Especial de que no había habido ninguna razón válida para que el MOFCOM no aceptara la información corregida facilitada 
por SMST. El Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial en que, aunque el MOFCOM pidió 
expresamente a SMST que preparara determinada información para la investigación in situ , 
después se negó a tener en cuenta información corregida a pesar de que existía una "relación clara 
y directa" con la información que se había solicitado, y lo hizo basándose únicamente en que no se 
había presentado antes de la visita de verificación, sin ofrecer otras razones. 
Por estas razones, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial, que figura 
en el informe del Grupo Especial solicitado por la Unión Europea, de que China actuó de manera 
incompatible con el párrafo 7 del artículo 6 y el párrafo 7 del Anexo I del Acuerdo Antidumping al 
rechazar la solicitud de rectificación formulada por SMST únicamente sobre la base de que no se 
presentó con anterioridad a la verificación. 
4.6.3  Demostración de "justificación suficien te" en el marco del párrafo 5 del artículo 6 
del Acuerdo Antidumping 
China alegó que el Grupo Especial incurrió en error en su interpretación y aplicación del párrafo 5 
del artículo 6 del Acuerdo Antidumping al constatar que China actuó de manera incompatible con 
las obligaciones que le corresponden en virtud de esa disposición. En particular, China sostuvo que el Grupo Especial incurrió en error al interpretar que el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping impone a las autoridades investigadoras la obligación de explicar por qué consideran 
que se justifica el trato confidencial. 
El Órgano de Apelación recordó que siempre que se dé un trato confidencial a la información 
"se plantearán necesariamente preocupaciones relacionadas con la transparencia y las garantías 
del debido proceso, ya que tal trato entraña la denegación de información a las demás partes en 
una investigación". Observó además que la auto ridad investigadora "debe evaluar objetivamente 
la 'justificación suficiente' alegada para solicitar el trato confidencial y analizar la demostración 
para determinar si la parte que presenta la información ha justificado suficientemente su 
solicitud". El Órgano de Apelación añadió que un grupo especial encargado de examinar si una autoridad investigadora ha evaluado objetivamente la "justificación suficiente" alegada por una parte debe examinar esta cuestión sobre la base del informe publicado por la autoridad 
investigadora y de los documentos justificantes conexos, y teniendo en cuenta la naturaleza de la 
información de que se trate y las razones aportadas por la parte que presenta la información para solicitar el trato confidencial. El Órgano de Apelac ión observó que el tipo de pruebas y el grado de 
demostración que debe exigir la autoridad dependerán de la naturaleza de la información de que 
se trate y de la "justificación suficiente" concreta alegada. Sin embargo, el Órgano de Apelación WT/AB/26 
 
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  subrayó que, al examinar si la autoridad investigadora ha evaluado y determinado objetivamente 
que se ha demostrado que existe una "justificación suficiente" para el trato confidencial, no corresponde a un grupo especial realizar un examen de novo  del expediente de la investigación y 
determinar por sí mismo si la parte que presenta la información ha demostrado suficientemente la 
existencia de una "justificación suficiente". 
En cuanto al caso que nos ocupa, el Órgano de Apelación recordó que, al constatar que no había 
pruebas de que el MOFCOM hubiera evaluado objetivamente la "justificación suficiente" alegada 
para pedir el trato confidencial, el Grupo Especial insistió en que no estaba concluyendo que 
el MOFCOM podría no haber tratado como confidencial el texto completo de los informes que 
figuran en el apéndice V y en el apéndice de las pruebas complementarias presentadas por los solicitantes el 29 de marzo de 2012. Lo que constató el Grupo Especial fue que "no ha[bía] 
pruebas de que el MOFCOM h[ubiera] considerado alguna vez la cuestión de si se había 
demostrado una justificación suficiente para dispensar ese trato", y por tanto no había pruebas de una evaluación objetiva. El Órgano de Apelación no vio ningún error en la constatación del Grupo 
Especial de que, a falta de prueba alguna de que el MOFCOM evaluara objetivamente la 
"justificación suficiente" alegada, no tenía ningún fundamento para concluir que el MOFCOM realizó una evaluación objetiva y determinó objetivamente que los solicitantes habían demostrado una 
"justificación suficiente" para sus peticiones de trato confidencial. El Órgano de Apelación tampoco 
vio ningún error en la conclusión del Grupo Especi al de que no existía ningún fundamento para que 
constatara que "del hecho de que el MOFCOM en última instancia accedió a las peticiones de trato confidencial de los solicitantes se desprend[e] que el MOFCOM determinó debidamente que dichos 
solicitantes habían demostrado la existencia de una 'justificación suficiente' para dichas 
peticiones". 
China también alegó que el Grupo Especial aplicó una norma de examen errónea y no hizo un 
examen objetivo de los hechos que se le habían sometido, contrariamente a lo dispuesto en el 
artículo 11 del ESD y el párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, al: i) limitar erróneamente su examen a evaluar si el MOFC OM había explicado por qué consideró que se 
justificaba dispensar un trato confidencial al texto completo de los informes en cuestión; ii) aplicar 
un razonamiento internamente incoherente en su análisis de las alegaciones formuladas al amparo de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping; y iii) realizar la argumentación por los reclamantes en lo que respecta a sus alegaciones al amparo del párrafo 5 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping. 
En primer lugar, el Órgano de Apelación rechazó la alegación de China de que el Grupo Especial 
aplicó una norma de examen incorrecta porque no tuvo en cuenta la información obrante en el 
expediente. El Órgano de Apelación no consideró que el Grupo Especial hubiera cumplido la norma 
de examen aplicable si, a falta de prueba alguna de evaluación objetiva por el MOFCOM de la "justificación suficiente", hubiese iniciado un examen de novo  de las pruebas obrantes en el 
expediente de la investigación y determinado por sí mismo, o sobre la base de las preocupaciones 
subjetivas de los solicitantes, si la petición de trato confidencial estaba suficientemente justificada y que objetivamente existía una "justificación suficiente" para dicho trato. 
El Órgano de Apelación examinó a continuación la alegación de China de que, contrariamente a lo 
dispuesto en el artículo 11 del ESD, el Grupo Especial aplicó un razonamiento internamente 
incoherente en su análisis de las alegaciones formuladas por los reclamantes al amparo de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. China sostuvo que, a diferencia de lo que 
hizo en el caso del párrafo 5 del artículo 6, en el análisis que realizó en el marco del párrafo 5.1 
del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial no cuestionó la falta de explicaciones del MOFCOM y, en lugar de ello, centró su examen en los resúmenes no confidenciales 
suministrados por los solicitantes, así como en las exposiciones suministradas por los solicitantes 
de las razones por las que no era posible realizar un resumen. Tras haber examinado el texto de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, el Órgano de Apelación observó que, si bien el objeto del párrafo 5 y el párrafo 5.1 del artículo 6 es similar, la naturaleza de las 
obligaciones que se aplican en virtud de las dos disposiciones es diferente. El Órgano de Apelación 
no consideró que el enfoque adoptado por el Grupo Especial al abordar las alegaciones de los reclamantes al amparo de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping fuera 
"internamente incoherente". Más bien, en su enfoqu e, el Grupo Especial reflejó adecuadamente la 
distinta naturaleza de la obligación jurídica sustantiva de que se trata en cada caso. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con China en que, contrariamente 
a lo dispuesto en el artículo 11 del ESD, el Grupo Especial no hiciera un análisis objetivo del asunto WT/AB/26 
 
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  que se le había sometido al aplicar un razonamien to "internamente incoherente" en su examen de 
las alegaciones formuladas al amparo de los párrafos 5 y 5.1 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping. 
Por último, el Órgano de Apelación examinó la alegación de China de que el Grupo Especial actuó 
de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al constatar que China actuó de manera 
incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping fundándose en motivos no aducidos por los reclamantes en sus primeras comunicaciones escritas, contrariamente a lo 
dispuesto en el párrafo 7 del Procedimiento de trabajo conjunto de los Grupos Especiales. 
El Órgano de Apelación recordó que, en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial, los reclamantes habían aducido que China actuó de manera incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 porque el MOFCOM había tratado como confidencial información que facilitaron los 
solicitantes "sin justificación suficiente al respecto". El Órgano de Apelación consideró que esa 
frase fue suficiente para avisar a China de que en las presentes diferencias se abordaría la cuestión de si el MOFCOM había evaluado objetivamente la "justificación suficiente" aducida por los 
solicitantes. El Órgano de Apelación no consideró que el texto del párrafo 7 del Procedimiento de 
trabajo conjunto de los Grupos Especiales impidiera que los reclamantes desarrollaran las alegaciones identificadas en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial en respuesta a 
preguntas del Grupo Especial. Además, el Órgano de Apelación recordó que los grupos especiales 
tienen derecho a formular las preguntas que consideren pertinentes para el examen de las cuestiones que se les hayan sometido, y para "utilizar libremente argumentos presentados por cualquiera de las partes -o desarrollar su propio razonamiento jurídico-, para apoyar sus propias 
opiniones y conclusiones sobre el asunto sometido a su consideración". Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el argumento de China de que el Grupo Especial realizó la argumentación por los reclamantes y al hacerlo actuó de manera incompatible con el 
artículo 11 del ESD. 
Sobre la base de las razones anteriores, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del 
Grupo Especial, que figuran en ambos informes del Grupo Especial, de que China actuó de manera 
incompatible con el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping porque el MOFCOM permitió 
que se mantuviera la confidencialidad del texto completo de los cuatro informes en litigio sin evaluar objetivamente la demostración por los solicitantes de "justificación suficiente" para ese trato. 
4.6.4  Comunicación de los hechos esencial es - Párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping 
La Unión Europea apeló el rechazo por el Grupo Especial, en el informe del Grupo Especial 
solicitado por la Unión Europea, de la alegación de la Unión Europea de que China actuó de 
manera incompatible con el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping porque el MOFCOM no informó suficientemente de los hechos esenciales en relación con los datos en que se basó la 
determinación de la existencia de dumping formulada por el MOFCOM con respecto a SMST y 
Tubacex. La Unión Europea adujo que, contrariamente a lo que parece dar a entender el análisis del Grupo Especial, "[l]a simple posesión de la serie de datos de entre los que se han seleccionado los hechos es claramente insuficiente para que la parte interesada defienda sus intereses". 
El Órgano de Apelación observó que los hechos esenciales son, por lo tanto, "los destacados para 
la decisión de aplicar medidas definitivas y los destacados para un resultado contrario". Para aplicar una medida definitiva, la autoridad investigadora tiene que constatar la existencia de 
dumping, de daño para la rama de producción na cional y de una relación causal entre el dumping 
y el daño; esas constataciones están basadas, a su vez, en diversas constataciones y conclusiones intermedias a las que llega la autoridad investigadora. La cuestión de si un determinado hecho es 
esencial o "significativo en el proceso de llegar a una decisión" depende de la naturaleza y el 
alcance de las obligaciones sustantivas específicas, del contenido de las constataciones específicas necesarias para satisfacer las obligaciones sustantivas de que se trate, y de las circunstancias fácticas de cada caso, incluidos los argumentos y pruebas presentados por las partes interesadas. 
El Órgano de Apelación explicó que no veía cómo del simple hecho de que la autoridad 
investigadora pudiera estar haciendo referencia a datos que estaban en posesión de una parte interesada se deducía que hubiera informado de los hechos esenciales de forma coherente, a fin de 
permitir a la parte interesada comprender la base de cada una de las constataciones y 
conclusiones intermedias a las que había llegado la autoridad y la decisión de aplicar o no medidas definitivas, de forma que pudiera defender adecuadamente sus intereses. WT/AB/26 
 
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  Con respecto a la comunicación de los hechos esenciales en el contexto de la determinación de la 
existencia de dumping, el Órgano de Apelación declaró que se espera de la autoridad investigadora que informe, entre otras cosas, del mercado interno y las ventas de exportación que se están utilizando, de los ajustes introducidos en esos datos y de la metodología de cálculo aplicada por la 
autoridad investigadora para determinar el margen de dumping. El Órgano de Apelación señaló 
que, aunque el párrafo 9 del artículo 6 no prescribe una forma específica de comunicación de los hechos esenciales, sí exige que la autoridad inve stigadora informe de esos hechos de tal manera 
que las partes interesadas puedan comprender cl aramente cuáles son los datos que la autoridad 
investigadora ha utilizado y cómo se han utilizado esos datos para determinar el margen de dumping. 
En el presente caso, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo Especial había considerado que 
la determinación de si una autoridad investigadora ha cumplido las obligaciones que le impone el 
párrafo 9 del artículo 6 depende en gran medida de que los hechos esenciales examinados por la 
autoridad investigadora estuvieran en posesión de la parte interesada afectada por la 
determinación. El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con la tesis del Grupo Especial según 
la cual una descripción narrativa de los datos utilizados constituiría una información suficiente simplemente porque los hechos esenciales a los que la autoridad se refiere "están en posesión del 
declarante". El Órgano de Apelación no vio cómo del simple hecho de que la autoridad 
investigadora pueda estar haciendo referencia a datos que están en posesión de una parte interesada se deduce que haya informado de los hechos esenciales de forma coherente, a fin de permitir a una parte interesada comprender la base de la decisión de aplicar o no medidas 
definitivas y defender sus intereses. 
A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error en 
la interpretación del párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y se basó posteriormente en 
esa interpretación errónea en sus constataciones. Por lo tanto, el Órgano de Apelación revocó la 
constatación del Grupo Especial, que figura en el informe del Grupo Especial solicitado por la Unión Europea, en que se rechaza la alegación de la Unión Europea de que China actuó de manera 
incompatible con el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping porque el MOFCOM no 
informó suficientemente de los hechos esenciales en relación con los datos en que se basó la determinación de la existencia de dumping formulada por el MOFCOM con respecto a SMST y Tubacex. 
El Órgano de Apelación pasó a continuación a completar el análisis en el marco del párrafo 9 del 
artículo 6 del Acuerdo Antidumping. Tras haber examinado las comunicaciones preliminar y definitiva sobre la existencia de dumping del MOFCOM, el Órgano de Apelación consideró que 
el MOFCOM no informó de los hechos esenciales que sirvieron de base para sus determinaciones 
de la existencia de dumping de una manera que permitiese a las empresas afectadas comprender claramente cuáles eran los datos que el MOFCOM había utilizado, ni cómo se habían utilizado esos 
datos para determinar los márgenes de dumping correspondientes a SMST y Tubacex. Por 
consiguiente, el Órgano de Apelación constató que China actuó de manera incompatible con el párrafo 9 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping porque el MOFCOM no informó suficientemente de los datos que sirvieron de base para su determinación de la existencia de dumping con respecto 
a SMST y Tubacex. 
4.6.5  La determinación de la existenc ia de daño formulada por el MOFCOM 
Cada uno de los tres participantes apeló respecto de aspectos diferentes de las constataciones del 
Grupo Especial relativas a la determinación de la existencia de daño formulada por el MOFCOM. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación comenzó resumiendo las obligaciones pertinentes establecidas en los párrafos 1, 2, 4 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping en relación con la 
realización de investigaciones relativas a la existencia de daño. 
El Órgano de Apelación recordó que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping es una 
disposición de alcance general, que establece una obligación fundamental y sustantiva de los Miembros con respecto a la determinación de la existencia de daño e informa las obligaciones más 
detalladas establecidas en los párrafos siguientes. A continuación, en varios de los restantes 
párrafos del artículo 3 se detallan los elementos que deben ser examinados objetivamente sobre la base de pruebas positivas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3. El Órgano de Apelación 
reiteró su declaración en el asunto China - GOES  de que esos párrafos del artículo 3 prevén una 
progresión lógica en el examen que realiza la  autoridad investigadora, que desemboca en una WT/AB/26 
 
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  determinación definitiva de la cuestión de si las importaciones objeto de dumping están causando 
un daño importante a la rama de producción nacional. El Órgano de Apelación también subrayó que el artículo 3 no establece una metodología específica en la que deba basarse la autoridad investigadora al determinar la existencia de daño, y tampoco existe una plantilla o modelo 
prescritos a los que deba ajustarse la autoridad investigadora al formular su determinación de la 
existencia de daño, siempre que esa determinación satisfaga las disciplinas aplicables de conformidad con los distintos párrafos del artículo 3. 
4.6.5.1  Efectos sobre los prec ios - Párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping 
El Japón y la Unión Europea alegaron que el Grupo Especial incurrió en error al rechazar la 
alegación de que la determinación de la existencia de subvaloración de precios formulada por el MOFCOM respecto de las importaciones del grado C era incompatible con los párrafos 1 y 2 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque en ella no se tuvo en cuenta si las importaciones de 
productos del grado C objeto de dumping tenían algún efecto de subvaloración de precios en los productos del grado C nacionales, en el sentido de ejercer una presión a la baja sobre esos precios 
internos por venderse a precios inferiores. La Unión Europea también apeló respecto de la 
constatación del Grupo Especial por la que se rechazaba la alegación de la Unión Europea de que el MOFCOM había actuado de manera incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 al hacer 
extensiva su constatación de la existencia de subvaloración de precios respecto de las 
importaciones de tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones de los grados B y C al producto nacional similar en su conjunto, incluidos los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones del grado A. 
En lo que respecta a la alegación planteada en apelación por ambos reclamantes, el Órgano de 
Apelación consideró que de una interpretación correcta de la expresión "subvaloración de precios" se desprende que la indagación en el marco del párrafo 2 del artículo 3 exige una evaluación 
dinámica de la evolución de los precios y de las tendencias de la relación entre los precios de las 
importaciones objeto de dumping y los de los productos similares nacionales a lo largo de todo el período objeto de la investigación. El examen de esa evolución y esas tendencias incluye evaluar si 
los precios de importación y los precios internos varían en la misma dirección o en direcciones 
contrarias, y si hubo un aumento súbito y sustancial de los precios internos. El Órgano de Apelación observó que lo que constituye una subvaloración de precios significativa , es decir, una 
subvaloración que sea importante, notable o tenga consecuencias, dependerá necesariamente de 
las circunstancias de cada caso. Para evaluar si la subvaloración de precios observada es 
significativa, la autoridad investigadora puede, según el caso, apoyarse en todas las pruebas positivas relativas a la naturaleza del producto o los tipos de producto en cuestión, la duración y el 
alcance de la subvaloración de precios que ha estado teniendo lugar, y, si procede, las cuotas de 
mercado relativas de los tipos de producto con respecto a los cuales la autoridad ha formulado una constatación de subvaloración de precios. La autoridad investigadora debe, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 3, examinar objetivamente todas las pruebas positivas, y no puede prescindir 
de pruebas pertinentes de las que se desprenda que los precios de las importaciones objeto de dumping no han tenido un efecto sobre los precios internos, o han tenido solo un efecto limitado. 
A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error en 
su interpretación del párrafo 2 del artículo 3 cuando  constató que, al tener en cuenta si ha habido 
una significativa subvaloración de precios, la autoridad investigadora puede examinar sencillamente si las importaciones objeto de dumping se venden a precios inferiores a los de los 
productos nacionales comparables. La constatación del Grupo Especial por la que se rechazan las 
alegaciones de los reclamantes relativas al análisis del MOFCOM de si había una significativa subvaloración de precios de las importaciones de productos del grado C objeto de dumping estaba 
basada en la interpretación errónea que hizo el Grupo Especial del párrafo 2 del artículo 3. Por lo 
tanto, el Órgano de Apelación revocó las conclusiones del Grupo Especial, que figuran en los dos informes del Grupo Especial, relativas a la constatación del MOFCOM de la existencia de subvaloración de precios con respecto a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable 
para altas prestaciones del grado C. El Órgano de Apelación completó a continuación el análisis 
jurídico y constató que la evaluación que hizo el MOFCOM de la cuestión de si había habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones del grado C procedentes del Japón y de 
la Unión Europea, en comparación con los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable 
para altas prestaciones del grado C nacionales, es incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. WT/AB/26 
 
- 90 - 
 
  Con respecto a la apelación de la Unión Europea según la cual el Grupo Especial incurrió en error, 
en el informe del Grupo Especial solicitado por la Unión Europea, en su evaluación de la constatación que hizo el MOFCOM de la existencia de subvaloración de precios respecto del producto nacional en su conjunto, el Órgano de Apelación estuvo de acuerdo con el Grupo Especial 
en que la autoridad investigadora no está obligada, en virtud del párrafo 2 del artículo 3, a 
demostrar la existencia de subvaloración de precios respecto de cada uno de los tipos de producto objeto de investigación, o con respecto a toda la gama de productos que constituyen el producto 
nacional similar. Sin embargo, el Órgano de Apel ación constató que, en lo que atañe a su examen 
de si ha habido una significativa subvaloración de precios, la autoridad investigadora debe realizar 
una evaluación dinámica de la evolución de los precios y las tendencias en la relación entre los precios de las importaciones objeto de dumping y los del producto nacional similar a lo largo del 
período objeto de investigación, teniendo en cuenta todas las pruebas pertinentes, incluidas, 
cuando proceda, las participaciones relativas de cada tipo de producto en el mercado. Además, el examen de los efectos sobre los precios que rea lice la autoridad investigadora en el marco del 
párrafo 2 del artículo 3 debe proporcionar un fundam ento sólido para determinar posteriormente si 
las importaciones objeto de dumping causan daño a la rama de producción nacional en el sentido del párrafo 5 del artículo 3. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el 
Grupo Especial en que el MOFCOM no estuviera obligado a evaluar la subvaloración de precios en 
relación con la proporción de la producción nacional respecto de la cual se constató que no había subvaloración de precios. Por lo tanto, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial, que figura en el informe del Grupo Especial solicitado por la Unión Europea, y constató en 
cambio que la evaluación que hizo el MOFCOM de la cuestión de si había habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping, en comparación con los precios del producto nacional similar, es incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping. 
4.6.5.2  Análisis de la repercusión rea lizado por el MOFCOM - Párrafos 1 y 4 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping 
El Japón alegó que el Grupo Especial incurrió en error al constatar, en el asunto China - Medidas 
por las que se imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes del Japón , WT/DS454/R (informe del Grupo 
Especial solicitado por el Japón), que la alegación del Japón relativa al hecho de que el MOFCOM 
no examinó si las importaciones objeto de dump ing tenían fuerza explicativa con respecto al 
estado de la rama de producción nacional no estaba comprendida en el mandato del Grupo Especial. Además, el Japón y la Unión Europea alegar on que el Grupo Especial incurrió en error, en 
los dos informes del Grupo Especial, en su interpretación y aplicación de los párrafos 1 y 4 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping al desestimar sus alegaciones de que el MOFCOM estaba obligado a realizar un análisis segmentado de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre el estado de la rama de producción nacional, tras haber constatado que no había 
habido un aumento significativo del volumen de las importaciones objeto de dumping y tras haber constatado la existencia de efectos sobre los precios en relación con los grados B y C únicamente. 
Con respecto a la alegación del Japón relativa al mandato del Grupo Especial, el Órgano de 
Apelación constató que los argumentos  del Japón relativos a la "fuerza explicativa" no constituían 
una "alegación" distinta en el marco de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. En consecuencia, el Grupo Especial no tenía fundamentos para examinar, como lo hizo, la cuestión 
de si esa "alegación" estaba debidamente comprendida en su mandato. En consecuencia, el 
Órgano de Apelación declaró superfluas y carentes de efectos jurídicos las constataciones formuladas por el Grupo Especial en el informe del Grupo Especial solicitado por el Japón con 
respecto a esa "alegación". 
El Órgano de Apelación examinó a continuación la s alegaciones de los reclamantes de que el Grupo 
Especial incurrió en error, en los dos informes del Grupo Especial, en su interpretación y aplicación de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al desestimar sus alegaciones de que 
el MOFCOM estaba obligado a realizar un análisis segmentado de la repercusión de las 
importaciones objeto de dumping sobre el estado de la rama de producción nacional, tras haber constatado que no había habido un aumento significativo del volumen de las importaciones objeto 
de dumping y tras haber constatado la existencia de efectos sobre los precios en relación con los 
grados B y C únicamente. El Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que, como los resultados de la indagación previs ta en el párrafo 2 del artículo 3 son pertinentes 
para los análisis de la existencia de relación causal y de la no atribución efectuados por la WT/AB/26 
 
- 91 - 
 
  autoridad investigadora en virtud del párrafo 5 del artículo 3, no son pertinentes para el análisis de 
la repercusión previsto en el párrafo 4 del artículo 3. Además, el Órgano de Apelación recordó que el párrafo 4 del artículo 3 no exige simplemente un examen del estado de la rama de producción nacional, sino que prevé que una autoridad investigadora llegue a comprender la repercusión de 
las importaciones objeto de investigación basándose en ese examen. El Órgano de Apelación 
aclaró que, de manera análoga a la consideración en el marco del párrafo 2 del artículo 3, el examen en el marco del párrafo 4 del artículo 3 contribuye a la determinación global exigida por el 
párrafo 5 del artículo 3 y no la duplica. El Órgano de Apelación añadió que, por tanto, en función 
de las circunstancias específicas de cada caso, la autoridad investigadora podrá verse obligada a tener en cuenta, según proceda, las participaciones en el mercado relativas de los tipos del producto respecto de los cuales se haya formulado una constatación de existencia de 
subvaloración de los precios; y la duración y el alcance de la subvaloración de los precios, la 
bajada de los precios o la contención de su subida, cuya existencia haya constatado. 
En consecuencia, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error en su 
interpretación de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping en la medida en que 
constató que los resultados de las indagaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 3 no son pertinentes para el análisis de la repercusión previsto en el párrafo 4 del artículo 3. El Órgano de 
Apelación entendió que el Grupo Especial se basó en su interpretación errónea de los párrafos 1 
y 4 del artículo 3 al rechazar las alegaciones de los reclamantes de que China actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque el MOFCOM estaba obligado a realizar un análisis de la repercusión segmentado, pero no lo hizo. 
En consecuencia, el Órgano de Apelación revocó esas constataciones del Grupo Especial. Tras 
haber constatado que China actuó de manera incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, y teniendo en 
cuenta la constatación del Grupo Especial de que el análisis de la repercusión de las importaciones 
objeto de dumping sobre la rama de producción nacional que hizo el MOFCOM es incompatible con las obligaciones que corresponden a China en virtud de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 porque 
el MOFCOM no evaluó debidamente la magnitud de l margen de dumping, el Órgano de Apelación 
no consideró que se requiriera formular constataciones adicionales en el marco de los párrafos 1 y 4 del artículo 3 para resolver estas diferencias. 
4.6.5.3  Análisis de la existencia de relaci ón causal realizado por el MOFCOM - Párrafos 1 
y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping 
Cada uno de los tres participantes apeló respecto de aspectos diferentes de las constataciones del 
Grupo Especial relativas a la relación causal. Con respecto al informe del Grupo Especial solicitado 
por el Japón, China alegó que el Grupo Especial incurrió en error al concluir que en la solicitud de 
establecimiento de un grupo especial presentada por el Japón se hace, en lo relativo a la utilización por el MOFCOM de la participación en el mercado de las importaciones objeto de 
dumping para determinar la existencia de relación causal, una "breve exposición de los 
fundamentos de derecho de la reclamación, que [es] suficiente para presentar el problema con claridad", como exige el párrafo 2 del artículo  6 del ESD. Con respecto a ambos informes del 
Grupo Especial, China sostuvo que el Grupo Especial interpretó y aplicó incorrectamente el 
párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidump ing cuando constató que el MOFCOM utilizó 
indebidamente la participación en el mercado de las importaciones objeto de dumping al determinar que dichas importaciones, a través de la subvaloración de precios, causaron daño a la 
rama de producción nacional. China también afirmó que el Grupo Especial actuó de manera 
incompatible con el artículo 11 del ESD al pronunciarse sobre una alegación respecto de la cual los reclamantes no habían establecido una presunción prima facie . Por su parte, el Japón y la Unión 
Europea mantuvieron que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 
del ESD al constatar que los reclamantes no habían formulado alegaciones independientes al amparo del párrafo 5 del artículo 3, más allá de las alegaciones relativas a la utilización por el MOFCOM de la participación en el mercado de las importaciones objeto de dumping y al análisis 
de la no atribución que hizo el MOFCOM. 
Con respecto a la alegación de China relativa a la solicitud de establecimiento de un grupo especial 
presentada por el Japón, el Órgano de Apelación constató que el texto de la solicitud de 
establecimiento de un grupo especial presentada por el Japón, leído conjuntamente con la 
referencia a los párrafos 1 y 5 del artículo 3 de l Acuerdo Antidumping, era suficientemente claro 
para presentar, de forma compatible con el pá rrafo 2 del artículo 6 del ESD, un problema 
concerniente al análisis que realizó el MOFCOM de la cuestión de si, "por los efectos del dumping WT/AB/26 
 
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  que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño" a la 
rama de producción nacional, como exige el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no actuó de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD al abordar las alegaciones formuladas por el 
Japón al amparo del párrafo 5 del artículo 3 del Ac uerdo Antidumping en relación con la utilización 
por el MOFCOM de la participación en el mercado de las importaciones objeto de investigación en el informe del Grupo Especial solicitado por el Japón. 
Con respecto a los dos informes del Grupo Especial, China adujo que, al formular constataciones 
sobre "la utilización por el MOFCOM de la participación en el mercado de las importaciones objeto de investigación", el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD, cuando se pronunció sobre una alegación que no había sido planteada por los reclamantes y en 
relación con la cual los reclamantes no habían formulado argumentos. Subsidiariamente, China 
adujo que el Grupo Especial privó a China de sus derechos al debido proceso y "realizó la argumentación" por el Japón y la Unión Europea al pronunciarse sobre una alegación sobre la cual 
los reclamantes no habían establecido una presunción prima facie . El Órgano de Apelación 
consideró que los reclamantes presentaron suficientes pruebas y argumentos jurídicos para 
respaldar sus alegaciones al amparo del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Por 
consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no actuó de manera 
incompatible con el artículo 11 del ESD. 
China alegó además que el Grupo Especial incurrió en  error en su interpretación y aplicación de los 
párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping y actuó de manera incompatible con el 
artículo 11 del ESD al concluir que la utilización por el MOFCOM de la participación en el mercado 
de las importaciones objeto de dumping no era suficiente para establecer que esas importaciones tuvieron una repercusión relativamente grande en el precio de los productos nacionales similares, 
y que causaron daño a la rama de producción nacional a través de sus efectos sobre los precios. 
El Órgano de Apelación recordó que la tarea de un grupo especial de la OMC es examinar si la autoridad investigadora ha cumplido adecuadamente su función investigadora y ha explicado 
debidamente cómo respaldan las pruebas sus conclusiones. El Órgano de Apelación declaró que de 
la prescripción de que la autoridad investigadora dé una explicación "razonada y adecuada" de sus conclusiones se desprende que todas las razones en que se basa la decisión de la autoridad investigadora deben figurar en su informe sobre la determinación. Esto no quiere decir que el 
sentido de una determinación no pueda explicarse o reforzarse haciendo referencia a pruebas 
obrantes en el expediente. Sin embargo, en todos los casos, es la explicación facilitada en el 
informe de las autoridades investigadoras y en los documentos justificantes conexos lo que debe 
evaluarse para establecer si la determinación fue suficientemente explicada y argumentada. 
Por estas y otras razones, el Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial, en ambos informes del Grupo Especial, de que China actuó de manera incompatible con los 
párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque el MOFCOM se basó indebidamente 
en la participación en el mercado de las importaciones objeto de dumping y en sus análisis erróneos de la existencia de efectos sobre los precios y de la repercusión al determinar que existía una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño importante a la rama de 
producción nacional, y no formuló ninguna constatación sobre la existencia de efectos sobre los 
precios entre los distintos grados, que habría permitido mostrar que la subvaloración de los precios por las importaciones de los grados B y C afectaba al precio de los tubos sin soldadura 
(sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones del grado A nacionales. 
China adujo que las constataciones del Grupo Especial relativas al análisis de la no atribución 
realizado por el MOFCOM se basaban por completo en que supuestamente el MOFCOM no 
determinó debidamente si existía una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y 
el daño importante a la rama de producción nacional. China se remitió a su afirmación de que deberían revocarse las constataciones del Grupo Especial relativas a la determinación de la relación causal por el MOFCOM (incluso las formuladas con respecto a la constatación de existencia 
de correlación de precios que hizo el MOFCOM) y sostuvo que, en consecuencia, también debería 
revocarse la constatación del Grupo Especial de que el análisis de la no atribución que hizo el MOFCOM es incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. 
El Órgano de Apelación observó que las alegaciones planteadas por China en apelación en las que 
impugnaba el análisis de la no atribución realizado por el Grupo Especial eran puramente consiguientes en el sentido de que se basaban en los argumentos formulados por China en el 
contexto de la impugnación de la constatación del Grupo Especial relativa a la determinación de la WT/AB/26 
 
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  relación causal del MOFCOM, que el Órgano de Apelación ya había rechazado. Por consiguiente, el 
Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial, que figuran en ambos informes del Grupo Especial, de que China actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping porque el MOFCOM no se aseguró de que el daño causado por 
la disminución del consumo aparente y el aumento de la capacidad de producción nacional no se 
atribuyese a las importaciones objeto de dumping. 
Por último, el Japón y la Unión Europea sostuvieron que el Grupo Especial no hizo una evaluación 
objetiva del asunto que se le había sometido, como exige el artículo 11 del ESD, al no examinar 
las alegaciones formuladas por los reclamantes de infracciones independientes de los párrafos 1 y 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping que se derivan de los análisis de los efectos sobre los precios y la repercusión realizados por el MOFCOM. A la luz del texto de las solicitudes de 
establecimiento de un grupo especial presentadas por los reclamantes, el Órgano de Apelación 
entendió que los reclamantes habían pretendido impugnar el análisis de la relación causal realizado por el MOFCOM por varios motivos, entre otras cosas sobre la base de supuestas deficiencias en 
los análisis de los efectos sobre los precios y de la repercusión realizados por el MOFCOM. 
El Órgano de Apelación observó que los reclamante s presentaron, en apoyo de las alegaciones que 
formularon al amparo del párrafo 5 del artícu lo 3, muchos de los mismos argumentos que 
presentaron para respaldar las alegaciones que formularon al amparo de los párrafos 2 y 4 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping, pero no vio error alguno en la constatación del Grupo Especial de que los reclamantes no habían alegado ante el  Grupo Especial que los análisis de los efectos 
sobre los precios y de la repercusión realizados por el MOFCOM, tomados aisladamente, diesen 
lugar a infracciones independientes  del párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping. Por 
consiguiente, el Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial de que, más allá 
de las alegaciones relativas a la utilización por el MOFCOM de las participaciones en el mercado y 
al análisis de la no atribución que hizo el MOFCOM, los reclamantes no habían presentado ninguna 
alegación independiente al amparo del párrafo 5 del artículo 3 relativa a los análisis de los efectos sobre los precios y de la repercusión realizados por el MOFCOM. 
4.6.6  Procedimiento de trabajo adicional de l Grupo Especial relativo a la información 
comercial confidencial (ICC) 
Con respecto al informe del Grupo Especial solicitado por la Unión Europea, esta alegó que el 
Grupo Especial incurrió en error en su interpretación y aplicación del párrafo 7 del artículo 17 y el 
párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo 18 del ESD, cuando se 
pronunció sobre determinadas cuestiones preliminares planteadas por la Unión Europea en relación con el procedimiento de trabajo adicional adoptado por el Grupo Especial para proteger la 
información comercial confidencial (ICC). 
El Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial mezcló: i) las obligaciones relativas a la 
confidencialidad previstas en el Acuerdo Antidu mping, que establecen el marco para el trato 
confidencial de la información aplicable en el contexto de los procedimientos antidumping 
nacionales; y ii) las obligaciones relativas a la confidencialidad aplicables en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC. Además, el Grupo Especial mezcló: i) las prescripciones en materia de confidencialidad generalmente aplicables en los procedimientos de la OMC o en los 
procedimientos antidumping como se prevé en las disposiciones del ESD y del Acuerdo 
Antidumping mencionadas supra ; y ii) el nivel adicional de protección de la información comercial 
sensible previsto en los procedimientos especiales adoptados por un grupo especial a los efectos 
de una diferencia específica. El Órgano de Apelación declaró además que, contrariamente a lo que 
parece haber indicado el Grupo Especial, la cuestión de si la información tratada como confidencial de conformidad con el párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, y presentada por una 
parte a un grupo especial de la OMC de conformidad con las prescripciones en materia de 
confidencialidad generalmente aplicables en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, debe recibir un trato confidencial adicional como ICC ha de ser determinada en cada caso por un grupo especial. Corresponde al grupo especial pronunciarse sobre cualquier desacuerdo o 
diferencia que pueda surgir en el marco de esos procedimientos en lo que respecta a la 
designación o el trato de la información como información comercial confidencial. Además, cuando sea necesario, el grupo especial debe extraer las conclusiones apropiadas del hecho de que una 
parte no le haya facilitado la información solicitada. El Órgano de Apelación aclaró también que 
cualquier procedimiento adicional adoptado por un grupo especial para proteger la confidencialidad de la información comercial sensible no debe ir más allá de lo necesario para proteger contra un 
determinado riesgo de daño (real o potencial) que pudiera derivarse de la divulgación, y debe ser WT/AB/26 
 
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  compatible con las disposiciones pertinentes del ESD y de los demás acuerdos abarcados (incluido 
el Acuerdo Antidumping). 
Por estos motivos, el Órgano de Apelación declaró superfluos y carentes de efectos jurídicos las 
constataciones y el razonamiento jurídico formulados por el Grupo Especial respecto de su 
adopción de procedimientos ICC en el informe del Grupo Especial solicitado por la Unión Europea. 
El Órgano de Apelación no consideró necesario formular más constataciones sobre esta cuestión para resolver las presentes diferencias. 
4.7  Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas relativas a la importación, 
comercialización y venta de atún y productos de  atún - Recurso de México al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD , WT/DS381/AB/RW  
Este procedimiento en el marco del párrafo 5 del artículo 21 del ESD se deriva de determinadas 
impugnaciones planteadas por México contra el régimen de etiquetado de los Estados Unidos para 
los productos de atún " dolphin safe " y la aplicación por los Estados Unidos de las recomendaciones 
y resoluciones del OSD en el asunto Estados Unidos - Atún II (México) . 
La pesca comercial de atún puede tener efectos perjudiciales sobre los mamíferos marinos, entre 
ellos los delfines. En el Océano Pacífico Tropical Oriental (PTO) se produce una asociación habitual entre los atunes y los delfines, en el sentido de que los bancos de atún tienden a nadar por debajo 
de los delfines. Así pues, determinados buques que operan en esta zona del océano utilizan la 
técnica de pesca denominada "lances sobre" delfines, que supone la persecución y cercamiento de los delfines con redes de cerco para capturar el atún que nada debajo de ellos. La flota de pesca de atún de México está constituida principalmen te por grandes buques de cerco que operan en 
el PTO y utilizan el método de lances sobre delfines. Por el contrario, las flotas de pesca de atún de 
los Estados Unidos y de otros países pescan atún principalmente fuera del PTO empleando otros métodos de pesca. 
A fin de asegurar que los consumidores no sean inducidos a error acerca de si los productos de 
atún contienen atún capturado de forma que cause efectos perjudiciales a los delfines, y en consecuencia de proteger a los delfines, los Estados Unidos establecieron un régimen nacional de 
etiquetado " dolphin safe " de los productos de atún. La medida de los Estados Unidos (la medida 
sobre el atún inicial) constaba de: la Ley de Información al Consumidor sobre Protección de Delfines ("DPCIA"); el reglamento de aplicación de la DPCIA; y una decisión judicial de un tribunal de apelación federal de los Estados Unidos en el caso Earth Island Institute v. Hogarth  relativa a la 
aplicación de la DPCIA (la decisión judicial en el caso Hogarth). En el procedimiento inicial, el 
Órgano de Apelación constató, entre otras cosas, que el régimen de etiquetado dolphin safe  de los 
Estados Unidos otorgaba a los productos de atún mexicanos un trato menos favorable que a los 
productos similares de origen estadounidense y de otro origen, por lo que era incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Como consecuencia, el 9 de julio de 2013 los Estados 
Unidos adoptaron un instrumento jurídico titulado "Prescripciones documentales reforzadas para 
apoyar la utilización de la etiqueta dolphin safe  en los productos de atún" (norma definitiva 
de 2013), que introducía ciertas modificaciones al reglamento de aplicación de la DPCIA, pero no 
modificaba la DPCIA ni la decisión judicial en el caso Hogarth. México consideró que los Estados Unidos no habían puesto el régimen de etiquetado dolphin safe  en conformidad con los acuerdos 
abarcados y que su medida (la medida sobre el atún modificada) sigue siendo incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. 
La medida sobre el atún modificada establece varias condiciones para acceder a la etiqueta dolphin 
safe. En primer lugar, excluye de la etiqueta a todos los productos de atún derivados de atún 
capturado mediante lances sobre delfines. En segundo lugar, todos los demás productos de atún, 
es decir, aquellos que contengan atún capturado mediante otros métodos de pesca, pueden 
acceder a la etiqueta únicamente si en los lances de redes u otras artes en que se capturó el atún no se dio muerte ni se hirió gravemente a ningún delfín. A fin de verificar que se cumplen estas condiciones, la medida establece varias prescripciones de certificación y de seguimiento y 
verificación, que distinguen tres categorías de pe squerías: i) grandes buques de cerco en el PTO 
(la pesquería de grandes buques de cerco del PTO); ii) buques de cerco fuera del PTO (la pesquería de buques de cerco no situada en el PTO); y iii) las demás pesquerías, que incluyen 
buques que no sean de cerco en cualquier océano  y pequeños buques de cerco en el PTO (todas 
las demás pesquerías). Para obtener la etiqueta dolphin safe , todos los productos de atún deben ir WT/AB/26 
 
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  acompañados de una certificación de que en los lances en que se capturó el atún no se dio muerte 
ni se hirió gravemente a ningún delfín. Además, los productos de atún derivados de atún capturado por buques de cerco en las dos primeras categorías de pesquerías deben ir acompañados de una certificación de que en la expedición en que se capturó el atún no se 
efectuaron lances sobre delfines. En el caso de los productos de atún originarios de la pesquería de 
grandes buques de cerco del PTO, las certificaciones pertinentes deben ser facilitadas por el capitán del buque y por un observador aprobado por el Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfines (PICD). Para los productos de atún originarios de las demás 
pesquerías, las certificaciones pertinentes solo deben ser facilitadas por el capitán del buque. Sin embargo, determinadas disposiciones de la medida sobre el atún modificada (las disposiciones relativas a las determinaciones) autorizan al Admi nistrador Adjunto del Servicio Nacional de Pesca 
Marítima (NMFS) de los Estados Unidos a imponer la certificación por observadores en cualquiera 
de esas otras pesquerías si se determina que los riesgos para los delfines en esa pesquería son similares a los existentes en la pesquería de gran des buques de cerco del PTO. En el momento del 
procedimiento del párrafo 5 del artículo 21, el Administrador Adjunto del NMFS no había hecho 
ninguna determinación de ese tipo. Por último, el acceso a la etiqueta dolphin safe  requiere 
pruebas documentales de que el atún dolphin safe  se ha separado del atún no dolphin safe  desde 
el momento de la captura y durante toda la cadena de transformación. Esta prescripción se aplica 
a todas las categorías de pesquerías. Sin embargo, el atún capturado en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO está sujeto a prescripciones más detalladas, ya que el seguimiento y la verificación del atún capturado en esta pesquería deben efectuarse de conformidad con el Acuerdo 
sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD) en el que son parte 
los Estados Unidos y México. En particular, el APICD requiere que los productos de atún originarios de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO vayan acompañados de formularios para el 
seguimiento del atún (TTF), utilizados para registrar de manera separada los lances dolphin safe  y 
no dolphin safe  en una determinada expedición de pesca. 
De manera preliminar, el Grupo Especial no estuvo de acuerdo con los Estados Unidos en que 
únicamente la norma definitiva de 2013, adoptada en respuesta a las resoluciones y 
recomendaciones del OSD en el procedimiento inicial, estuviera en litigio en este procedimiento del párrafo 5 del artículo 21. El Grupo Especial constató en cambio que la medida debidamente en litigio ante él era la medida sobre el atún modificada en su totalidad , es decir, todos los 
instrumentos jurídicos que constituían la medida sobre el atún inicial, modificados por la norma 
definitiva de 2013. El Grupo Especial observó asim ismo que, incluso aunque la norma definitiva 
de 2013 dejara algunos elementos de la medida inicial sin modificar, podía haber alterado su 
importancia y significación jurídicas al modificar otros elementos del régimen de etiquetado 
dolphin safe  de los Estados Unidos. 
El Grupo Especial consideró que México había identificado tres distinciones reglamentarias 
establecidas por la medida sobre el atún modificada, cuyo diseño y aplicación dan lugar a un trato 
menos favorable en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, a saber: i) los "criterios de admisibilidad", es decir, la exclusió n de la etiqueta de los productos de atún derivados 
de atún capturado mediante lances sobre delfines, combinada con la admisión para esa etiqueta 
de los productos de atún derivados de atún capturado mediante otros métodos de pesca; ii) las 
"prescripciones en materia de certificación", a saber, las prescripciones relativas a la certificación por observadores en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO, unidas a la ausencia de 
esas prescripciones en las demás pesquerías; y iii) las "prescripciones en materia de seguimiento y 
verificación", es decir, las diferentes prescripciones en materia de mantenimiento de registros y verificación en el caso del atún capturado en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO y 
en el caso del atún capturado en las demás pesquerías. Así pues, el Grupo Especial procedió a 
realizar análisis separados y a formular constataciones separadas con respecto a cada uno de los tres elementos de la medida sobre el atún modificada. 
Con respecto a los criterios de admisibilidad, el Grupo Especial expresó la opinión de que en el 
procedimiento inicial el Órgano de Apelación había establecido definitivamente que los Estados 
Unidos pueden excluir del acceso a la etiqueta dolphin safe  el atún capturado mediante lances 
sobre delfines. En consecuencia, el Grupo Especial reafirmó la constatación del Órgano de 
Apelación de que, en la medida en que modifica n las condiciones de competencia en perjuicio de 
los productos de atún mexicanos, los criterios de admisibilidad no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2. En lo que respecta a las prescripciones en materia de certificación, el 
Grupo Especial constató que la presencia de observadores implica el gasto de recursos 
importantes. Por consiguiente sostuvo que las prescripciones en materia de certificación imponen WT/AB/26 
 
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  una carga mayor a los productos de atún originarios de la pesquería de grandes buques de cerco 
del PTO que a los productos similares originarios de las demás pesquerías. Puesto que México captura atún principalmente en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO, el Grupo Especial concluyó que las prescripciones en materia de certificación modifican las condiciones de 
competencia en perjuicio de los productos de atún mexicanos. El Grupo Especial también constató 
que certificar la condición dolphin safe  es una tarea muy compleja, y que los Estados Unidos no 
habían explicado suficientemente por qué suponían que los capitanes serían capaces de realizarla. 
El Grupo Especial concluyó que las prescripciones en materia de certificación no son imparciales y 
en consecuencia son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2.
28 El Grupo Especial constató 
además que las "disposiciones relativas a las determinaciones" también carecen de imparcialidad, ya que están diseñadas de tal modo que los productos de atún similares pueden estar sometidos a 
prescripciones diferentes incluso cuando los riesgos para los delfines en pesquerías distintas de la 
pesquería de grandes buques de cerco del PTO son los mismos que en esa pesquería. Por último, el Grupo Especial constató que las prescripciones en materia de seguimiento y verificación 
aplicables al atún capturado en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO son 
significativamente más onerosas que las aplicables al atún capturado en las demás pesquerías, por lo que se modifican las condiciones de competencia en perjuicio de los productos de atún 
mexicanos. A juicio del Grupo Especial, los Estados Unidos no habían explicado suficientemente 
qué relación guardan las distintas prescripciones en materia de seguimiento y verificación con los objetivos de política que trata de alcanzar la medida sobre el atún modificada. Por lo tanto, el Grupo Especial constató que las prescripciones en materia de seguimiento y verificación no son 
imparciales y son por consiguiente incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2. 
En su evaluación de la compatibilidad de la medi da sobre el atún modificada con el párrafo 1 del 
artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, el Grupo Especial consideró apropiado 
hacer referencia a sus constataciones en el contexto del análisis del efecto perjudicial en el marco 
del párrafo 1 del artículo 2. Así pues, constató que, al modificar las condiciones de competencia en perjuicio de los productos de atún mexicanos, los criterios de admisibilidad, las prescripciones en 
materia de certificación y las prescripciones en materia de seguimiento y verificación son 
incompatibles con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III. Con respecto a la defensa de los Estados Unidos al amparo del artículo XX, el Grupo Especial constató que los tres conjuntos de prescripciones se refieren a la conservación de recursos naturales agotables y por 
consiguiente están justificados provisionalmente al amparo del apartado g) del artículo XX 
del GATT de 1994. Aplicó el principio de economía procesal a la cuestión de si esas prescripciones son necesarias para proteger la salud o la vida de los animales en virtud del apartado b). Pasando 
a la cuestión de si los tres conjuntos de prescripciones se aplican de manera compatible con la 
parte introductoria del artículo XX, el Grupo Especial se basó en su razonamiento acerca de si esas prescripciones son imparciales en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Por 
consiguiente, el Grupo Especial sostuvo que los criterios de admisibilidad se aplican de manera 
compatible con la parte introductoria. Por otra parte, constató que las prescripciones en materia de certificación y las prescripciones en materia de seguimiento y verificación no se aplican de manera compatible con la parte introductoria y por consiguiente no están justificadas al amparo del 
artículo XX.
29 
4.7.1  Información comercial confidencial El Grupo Especial suprimió de su informe de terminado texto, que según describió contenía 
información comercial confidencial (ICC). En apelación, México también suprimió determinadas 
porciones de su comunicación del apelado. La Unión Europea, en calidad de tercero participante, afirmó que su capacidad para formular observacio nes sobre el informe del Grupo Especial se había 
visto menoscabada por las omisiones del Grupo Especial. El Órgano de Apelación no vio indicación 
alguna en el expediente del Grupo Especial que hiciera pensar que México o los Estados Unidos solicitaran la adopción de procedimientos especiales para proteger la ICC ni que el Grupo Especial 
                                               
28 Un integrante del Grupo Especial redactó una opin ión separada en la que se afirmaba que, incluso 
suponiendo que la certificación del capitán sea menos exacta que la certificación de observadores, los Estados Unidos pueden "adaptar" legítimamente su medida de manera que tolere un mayor margen de error en las 
pesquerías fuera del PTO, que presentan una tasa me nor de asociación entre atunes y delfines y en 
consecuencia un menor ri esgo para los delfines. 
29 Por las mismas razones expuestas en la nota 25 supra , un integrante del Grupo Especial redactó una 
opinión separada en la que se afirmaba que las prescr ipciones en materia de certificación se adaptan a los 
distintos riesgos para los delfines que surgen en las distintas pesquerías. WT/AB/26 
 
- 97 - 
 
  hubiera adoptado esos procedimientos especiales. El Grupo Especial tampoco indicó los criterios 
utilizados para identificar la información que se consideró constituía ICC. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no vio el fundamento jurídico en que se basó el Grupo Especial para suprimir 
de su informe partes de su razonamiento. El Órgano de Apelación observó que, al no haber sido 
solicitados por los participantes, los procedimientos para la protección adicional de la ICC no eran 
aplicables en el procedimiento de apelación. 
4.7.2   La medida sobre el atún modificada en su totalidad 
México alegó que el Grupo Especial incurrió en error al llegar a constataciones de incompatibilidad 
de manera restrictiva en lugar de concluir que la medida sobre el atún modificada, en su totalidad, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Concretamente, México consideró que el Grupo 
Especial incurrió en error al constatar que solo do s de los tres elementos de la medida sobre el 
atún modificada -las "prescripciones en materia de certificación" y las "prescripciones en materia de seguimiento y verificación", pero no los "criterios de admisibilidad"- son incompatibles con los 
acuerdos abarcados. Según México, es la medida sobre el atún modificada la que infringe las 
disposiciones de la OMC y no sus distintos elementos considerados aisladamente. 
El Órgano de Apelación observó que el Grupo Especial segmentó su análisis y abordó 
separadamente los tres elementos de la medida sobre el atún modificada en cada etapa de su 
análisis en el marco de las obligaciones sustantivas contenidas en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y del párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, así como las excepciones contenidas en el artículo XX del GATT. Además, el Grupo Especial formuló 
constataciones separadas  en relación con la conformidad de cada elemento  con la obligación 
jurídica aplicable. En ninguna parte de su informe el Grupo Especial llegó a una constatación de compatibilidad o incompatibilidad de la medida sobre el atún modificada en su totalidad  con una 
obligación sustantiva prevista en los acuerdos abarcados de la OMC. 
En referencia a sus decisiones en CE - Amianto  y CE - Productos derivados de las focas , el Órgano 
de Apelación subrayó que analizar una medida de manera segmentada puede plantear 
preocupaciones cuando las partes constitutivas de la medida están interrelacionadas y funcionan 
de forma integrada, en particular cuando la inclusión o exclusión de determinados elementos en la definición de la medida puede afectar a su caracterización jurídica o su análisis sustantivo. El Órgano de Apelación indicó que, como cuestión general, no es necesariamente inadecuado que 
un Grupo Especial, al analizar la conformidad de una medida con obligaciones previstas en los 
acuerdos abarcados de la OMC, proceda a evaluar los distintos elementos de la medida de manera secuencial. Sin embargo, en los casos en que los elementos de una medida están 
interrelacionados, y determinados elementos no pu eden entenderse debidamente sin referencia a 
otros elementos de la medida, ese enfoque segmen tado puede crear distinciones artificiales que 
constituyan un error de derecho. Además, en función de la naturaleza de la obligación jurídica de 
que se trate, ese enfoque segmentado puede plan tear preocupaciones cuando un grupo especial 
no realiza una evaluación global que resuma su razonamiento o sus conclusiones intermedias con respecto a los elementos relacionados de una medida en litigio de manera que se llegue a una constatación adecuada de compatibilidad o incompatibilidad respecto de esa medida. 
El Órgano de Apelación observó que diversas "conexiones" entre los distintos elementos de la 
medida sobre el atún modificada eran pertinentes a las distinciones reglamentarias examinadas por el Grupo Especial. En primer lugar, la medida establece un régimen de etiquetado consistente 
en diversos componentes que están destinados a cumplir los mismos objetivos de proporcionar 
información a los consumidores y contribuir a la protección de los delfines. Además, las dos condiciones sustantivas para el acceso a la etiqueta dolphin safe  -"no efectuar lances sobre 
delfines" y que "no haya delfines muertos ni gravemente heridos"- están definidas por las 
prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación -que están relacionadas entre sí- y se verifican mediante dichas prescripciones. Así pues, con respecto a todas las pesquerías abarcadas, el cumplimiento de estas condiciones sustantivas se demuestra mediante la 
presentación de determinadas certificaciones. Por último, las normas relativas al seguimiento del 
atún también se basan en las condiciones sustantivas y dependen, entre otras cosas, de las certificaciones que acompañan a los productos de atún. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
concluyó que las condiciones sustantivas para obtener acceso a la etiqueta dolphin safe  no pueden 
entenderse debidamente sin referencia a las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación que definen dichas condiciones y demuestran su cumplimiento. WT/AB/26 
 
- 98 - 
 
  El Órgano de Apelación expresó preocupación por la decisión del Grupo Especial de realizar su 
análisis de manera segmentada. Por ejemplo, en su  examen de los "criterios de admisibilidad", el 
Grupo Especial únicamente examinó la condición sustantiva de "no efectuar lances sobre delfines" excluyendo así la consideración de la otra  condición sustantiva para el acceso a la etiqueta dolphin 
safe, a saber, la condición de que "no haya delfines muertos ni gravemente heridos". De manera 
análoga, en su análisis de las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación, el Grupo Especial consideró que esas prescripciones solo son pertinentes en el caso 
del atún que reúne las condiciones para recibir la etiqueta dolphin safe , es decir, solo en el caso de 
atún no capturado mediante lances sobre delfines. Al actuar de ese modo, el Grupo Especial no 
evaluó la manera en que las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación estaban interrelacionadas unas con otras y con la otra condición sustantiva para el 
acceso a la etiqueta. El Órgano de Apelación observó que, si bien la medida sobre el atún 
modificada introdujo determinados cambios en la medida inicial, estos no alteraron la arquitectura general del régimen de etiquetado dolphin safe  de los Estados Unidos menoscabando de algún 
modo la existencia de interrelaciones entre su s elementos constitutivos, sino que más bien 
reforzaron la naturaleza de esas interrelaciones . El Grupo Especial, sin embargo, no adoptó un 
enfoque analítico respecto de la medida que fuera similar al utilizado por el Grupo Especial y el 
Órgano de Apelación en el procedimiento inicial, y, en su razonamiento, no examinó la forma en 
que las distintas constataciones que hizo respecto de los conjuntos de prescripciones separados se relacionaban entre sí, ni sobre qué base procedió a hacer constataciones separadas de compatibilidad e incompatibilidad a pesar de las interrelaciones existentes entre los diversos 
elementos de la medida. 
El Órgano de Apelación creyó que no se justificaba analizar en abstracto las consecuencias del 
enfoque segmentado del Grupo Especial. En camb io, el Órgano de Apelación reconoció que una 
valoración adecuada del grado en que son pertin entes las interrelaciones, y del grado en que el 
análisis segmentado influyó en el resultado del análisis jurídico, sería una función de las obligaciones jurídicas específicas objeto de examen, en este caso, las obligaciones previstas en el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y en el párrafo 1 del artículo I, el párrafo 4 del artículo III 
y el artículo XX del GATT de 1994. Por consiguiente, el Órgano de Apelación decidió analizar si el enfoque segmentado del Grupo Especial constituyó un error de derecho, o dio lugar a que se incurriera en un error de derecho, cuando exam inara las alegaciones específicas planteadas en 
apelación. 
4.7.3  Párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC El Órgano de Apelación comenzó recordando que la indagación sobre si un reglamento técnico 
concede a los productos importados un trato menos favorable que a los productos nacionales 
similares o a los productos similares importados de otros países consiste en un análisis en dos partes. La primera parte del análisis se centra en la cuestión de si el reglamento técnico en litigio 
modifica las condiciones de competencia en detrimento de esos productos importados frente a los 
productos similares de origen nacional y/o a los productos similares originarios de cualquier otro país. La segunda parte del análisis se centra en si el efecto perjudicial en las importaciones se deriva exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima. 
Con respecto a la carga de demostrar estos elementos, el Órgano de Apelación recordó que la 
carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. En el marco del párrafo 1 del artículo 2, esto significa que un 
reclamante debe demostrar que, en virtud del reglamento técnico en litigio, el trato que se da a 
los productos importados es menos favorable que el otorgado a productos nacionales similares o a productos similares originarios de cualquier otro país. Siempre que haya demostrado que existe un 
efecto perjudicial, un reclamante podrá, por tanto, establecer una presunción prima facie  de trato 
menos favorable por ejemplo presentando pruebas y argumentos que demuestren que la medida no es imparcial, lo que sugeriría que esa medida es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2. Sin embargo, si el demandado demuestra que el ef ecto perjudicial para los productos importados 
se deriva exclusivamente de una distinción regl amentaria legítima, de ello se deduce que la 
medida impugnada no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2. 
El Órgano de Apelación advirtió de que estas normas y principios no deben aplicarse de manera 
indebidamente formalista o mecánica, ni inhibir el análisis sustantivo que debe realizar un grupo 
especial. Al tratar de hacer valer una alegación de discriminación de facto , un reclamante puede 
decidir basarse en la totalidad o en algunas de las mismas distinciones reglamentarias y pruebas WT/AB/26 
 
- 99 - 
 
  de la forma en que las distinciones están diseñadas y funcionan en el mercado pertinente, tanto 
para establecer la existencia de un efecto perjudicial de facto  como para demostrar que las 
distinciones reglamentarias establecidas en el reglamento técnico entrañan una falta de imparcialidad. Aunque recae sobre la parte reclamante la carga de establecer una presunción 
prima facie , la parte demandada deberá aportar pruebas que respalden los argumentos que desee 
formular en respuesta, y cada parte debe respaldar las afirmaciones que haga. Puesto que ha promulgado el reglamento técnico que contiene la s distinciones reglamentarias que dan lugar al 
efecto perjudicial, el Miembro demandado estará en mejores condiciones para presentar los 
argumentos y las pruebas necesarios para explicar por qué, contrariamente a lo que afirma el reclamante, el reglamento técnico es imparcial y, por consiguiente, por qué el efecto perjudicial en 
las importaciones se deriva exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima. El Órgano de 
Apelación señaló que, como observó en el procedimiento inicial, aunque la carga de demostrar que 
las disposiciones de los Estados Unidos sobre el etiquetado dolphin safe  eran incompatibles con el 
párrafo 1 del artículo 2 recaía sobre México como reclamante, los Estados Unidos tenían que 
respaldar su afirmación de que su régimen "se adapta[ba]" en función de los riesgos para los 
delfines derivados de distintos métodos de pesca en distintas zonas de los océanos. 
4.7.3.1  Trato menos favorable - Efecto perj udicial en los productos de atún mexicanos 
En apelación, los Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial incurrió en error en su análisis y 
constataciones sobre la cuestión de si las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación previstas en la medida sobre el atún modificada modifican las condiciones de competencia en detrimento de los productos de atún mexicanos en el mercado 
estadounidense. Los Estados Unidos adujeron en pr imer lugar que, al basar sus constataciones en 
la diferencia entre los costos y cargas impuestos a los productos de atún originarios de dentro y de fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO, el Grupo Especial expuso 
indebidamente los argumentos por México. Esto se debe a que México no había presentado 
argumentos ni pruebas en relación con esos costos y cargas en sus comunicaciones escritas, sino que en cambio había afirmado que las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento 
y verificación diferentes llevarían a mayores inexactitudes en la etiqueta dolphin safe  en el caso de 
los productos de atún derivados de atún capturado fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO. En segundo lugar, según los Esta dos Unidos, el Grupo Especial no explicó cómo 
cualquier diferencia en los costos y cargas derivados de las prescripciones en materia de 
certificación y de seguimiento y verificación modifica las condiciones de competencia en perjuicio 
de los productos de atún mexicanos a la luz de las características pertinentes del mercado estadounidense. En tercer lugar, los Estados Unidos sostuvieron que el Grupo Especial no 
estableció debidamente la existencia de una relación auténtica entre las prescripciones en materia 
de certificación y de seguimiento y verificación, por un lado, y cualquier efecto perjudicial sobre las oportunidades de competencia para los productos de atún mexicanos, por otro. En opinión de los 
Estados Unidos, cualquier perjuicio para los productos de atún mexicanos es atribuible a las 
propias prácticas de pesca de México y a las obligaciones internacionales previstas en el APICD y no a la medida sobre el atún modificada. 
El Órgano de Apelación comenzó observando que, en el procedimiento inicial, tanto el Grupo 
Especial como el Órgano de Apelación habían examin ado el efecto perjudicial de la medida sobre el 
atún inicial centrándose en el efecto de esa medida en el acceso relativo a la etiqueta dolphin safe  
para los productos de atún mexicanos, estadounidenses y otros. En el procedimiento inicial, el 
Órgano de Apelación había concluido que la distinción reglamentaria entre los productos de atún 
derivados de atún capturado mediante lances sobre delfines y los productos de atún capturado por otros métodos de pesca tenía un efecto perjudicial en los productos de atún mexicanos, porque 
esta distinción excluía a la mayoría de los productos mexicanos del acceso a la etiqueta dolphin 
safe, mientras que permitía el acceso a la etiqueta a la mayoría de productos similares 
estadounidenses y de otros orígenes.  
El Órgano de Apelación observó que las constataciones hechas en el procedimiento inicial tuvieron 
en cuenta el funcionamiento de todas las condicio nes de etiquetado previstas en la medida sobre 
el atún inicial consideradas conjuntamente. El Órgano de Apelación consideró además que esas constataciones iniciales de efecto perjudicial constituían antecedentes pertinentes que informaban 
la evaluación del efecto perjudicial de la medida sobre el atún modificada. Sin embargo, el Órgano 
de Apelación observó que, en su análisis del efecto perjudicial, el Grupo Especial no tuvo en cuenta la interrelación entre las condiciones de etiquetado diferentes previstas en la medida sobre el atún 
modificada, sino que realizó análisis segmentados de  cada uno de los "criterios de admisibilidad", WT/AB/26 
 
- 100 - 
 
  las "prescripciones en materia de certificación" y las "prescripciones en materia de seguimiento y 
verificación". Después de haber llevado a cabo esos tres análisis segmentados, el Grupo Especial no trató de sintetizarlos ni de examinar de forma más integral las consecuencias que podría tener el funcionamiento combinado de los diferentes conjuntos de prescripciones para su análisis del 
efecto perjudicial de la medida sobre el atún modificada. El Órgano de Apelación sostuvo que, al 
llevar a cabo análisis aislados del efecto perjudicial relacionado con los conjuntos separados de prescripciones previstos en esa medida, el Grupo Especial no determinó la forma en que las 
distintas condiciones de etiquetado actuaban conjuntamente y afectaban a las condiciones de 
competencia de los productos de atún mexicanos en el mercado estadounidense. 
Además, el Órgano de Apelación consideró que el análisis del Grupo Especial, realizado en el 
contexto de un procedimiento del párrafo 5 del artículo 21, también debería haber incluido el 
examen de la cuestión de si las diferentes condic iones de etiquetado previstas en la medida sobre 
el atún modificada funcionan de una forma que produce el mismo efecto perjudicial cuya existencia se constató en el procedimiento inicial, o que lo modifica. Por ejemplo, el Grupo Especial podría 
haber examinado en qué medida las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y 
verificación, introducidas por la norma definitiva de 2013 con respecto a los productos de atún que no son originarios de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO, tenían el efecto de reducir 
(o aumentar) el acceso a la etiqueta dolphin safe  para esos productos, reduciendo (o ampliando) 
así el efecto perjudicial de las diferencias reglamentarias en el trato dispensado a los productos mexicanos en comparación con  los productos similares estadounidenses o de otro origen, en lo 
relativo al acceso a la etiqueta dolphin safe . Sin embargo, el Órgano de apelación observó que el 
Grupo Especial no realizó tal examen, a pesar de los argumentos de las partes de que el efecto 
perjudicial de la medida sobre el atún modificada permanece sustancialmente igual en comparación con el de la medida sobre el atún inicial. 
Pasando a los aspectos específicos de los análisis separados que hizo el Grupo Especial del efecto 
perjudicial sobre la base de los costos y cargas asociados con las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación, el Órgano de Apelación señaló la declaración del 
Grupo Especial de que esas prescripciones solo son pertinentes en el caso del atún que reúne las 
condiciones para recibir la etiqueta dolphin safe , es decir, solamente el atún no capturado 
mediante lances sobre delfines. En consecuencia, el Órgano de Apelación entendió que el Grupo 
Especial había comparado los costos y cargas que entrañan las prescripciones en materia de 
certificación y de seguimiento y verificación diferentes, por una parte, para los productos de atún 
mexicanos derivados de atún capturado por medios distintos de los lances sobre delfines y, por otra, para los productos de atún estadounidenses o de otro origen derivados de atún capturado 
por medios distintos de los lances sobre delfines. Dicho de otro modo, aunque el Grupo Especial 
había constatado que todos  los productos de atún son "similares" a los efectos de esta diferencia, 
sus análisis del efecto perjudicial de las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento 
y verificación se centraron en un subconjunto  de los productos similares pertinentes, esto es, los 
productos de atún que pueden acceder a la etiqueta dolphin safe .  
El Órgano de Apelación se refirió a s u jurisprudencia anterior en la que se indica que, una vez 
identificados los productos "similares" pertinentes, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC 
exige al grupo especial que compare el trato dado por la medida en litigio al grupo de productos 
similares importados del Miembro reclamante, por una parte, con el otorgado al grupo de productos similares nacionales y/o al grupo de productos similares originario de todos los demás 
países, por la otra. El Órgano de Apelación expresó la opinión de que, al hacerlo, un grupo especial 
no debe limitar artificialmente su análisis únicamente a subconjuntos de los grupos pertinentes de productos similares de un modo que se arriesgue a sesgar la comparación apropiada a efectos de 
determinar la existencia de un efecto perjudicial. A la luz de lo anterior, el Órgano de Apelación 
consideró que el Grupo Especial estaba obligado a comparar el trato que la medida sobre el atún modificada otorga al grupo  de productos de atún mexicanos con el trato otorgado a los grupos  de 
productos similares originarios de los Estados Unidos y de otros países. 
El Órgano de Apelación añadió que, para llegar a sus conclusiones, el Grupo Especial no estaba 
obligado a constatar que las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación imponen costos y cargas adicionales a cada producto de atún mexicano en 
comparación con cada producto similar procedente de los Estados Unidos y de otros países. Sin 
embargo, señaló el reconocimiento por el Grupo Especial de que, de conformidad con la medida sobre el atún modificada, la mayor parte de los productos de atún mexicanos siguen estando 
excluidos del acceso a la etiqueta dolphin safe  porque se derivan de atún capturado mediante WT/AB/26 
 
- 101 - 
 
  lances sobre delfines. A juicio del Órgano de Apelación, esta constatación indica que muy pocos 
productos de atún mexicanos, de ser el caso, son admisibles para la etiqueta dolphin safe  y están 
por lo tanto sujetos a cualesquiera costos y cargas adicionales derivados de las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación. En opinión del Órgano de Apelación, el 
análisis que hizo el Grupo Especial del trato que esas prescripciones otorgan a esta categoría de 
productos de atún no tenía suficiente fuerza explicativa para respaldar una constatación de que las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación tienen un efecto 
perjudicial en el grupo  de productos de atún mexicanos. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
constató que el Grupo Especial sesgó artificialmente la comparación apropiada a fin de determinar el efecto perjudicial, en lugar de basar su análisis en una comparación plena de los grupos pertinentes de productos similares a la luz de los hechos y circunstancias específicos de esta 
diferencia. 
Sobre la base de lo anterior, el Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial incurrió en 
error en su análisis de si la medida sobre el atún modificada modifica las condiciones de 
competencia de los productos de atún mexicanos en el mercado estadounidense en el sentido del 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Tras haber hecho esa constatación, el Órgano de Apelación no consideró necesario pronunciarse sobre las alegaciones de error planteadas en 
apelación por los Estados Unidos en relación con el análisis que hizo el Grupo Especial del efecto 
perjudicial de las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación. 
4.7.3.2  Trato menos favorable - Se deri va exclusivamente de una distinción 
reglamentaria legítima 
Los Estados Unidos impugnaron la articulación que hizo el Grupo Especial de la prueba jurídica 
prevista en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC para determinar si el efecto perjudicial en los productos importados se deriva exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima. 
Asimismo, los Estados Unidos y México articularon, cada uno de ellos, determinadas alegaciones 
de error en el marco de esta segunda parte del análisis del trato menos favorable en relación con la aplicación por el Grupo Especial del derecho a los hechos. 
4.7.3.2.1  La prueba jurídica para determ inar si el efecto perjudicial se deriva 
exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima 
Los Estados Unidos adujeron que el Grupo Especial articuló un criterio jurídico incorrecto para 
determinar si el efecto perjudicial en los productos importados se deriva exclusivamente de una 
distinción reglamentaria legítima. En concreto, los Estados Unidos sostuvieron que el Grupo 
Especial señaló erróneamente que la pregunta que se plantea en la segunda parte del análisis del trato menos favorable en el marco del párrafo 1 del artículo 2 es si el trato perjudicial se explica 
por los objetivos que trata de alcanzar la medida en litigio o, por lo menos, puede conciliarse con 
esos objetivos. 
El Órgano de Apelación indicó que el contexto proporcionado por el párrafo 1 del Anexo 1, el 
párrafo 2 del artículo 2 y los considerandos segundo, quinto y sexto del preámbulo del 
Acuerdo OTC informa la interpretación de la segunda parte del análisis de "trato menos favorable" en el marco del párrafo 1 del artículo 2. En particular, el sexto considerando deja claro que los reglamentos técnicos pueden perseguir objetivos legítimos, pero no deben aplicarse en forma tal 
que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado. Puesto que este texto tiene 
paralelismos importantes con la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994, el Órgano de Apelación expresó la opinión de que la jurisprudencia en el marco de la parte introductoria del 
artículo XX es pertinente para entender el contenido de la segunda parte del criterio relativo al 
"trato menos favorable" en el marco del párrafo 1 del artículo 2. A pesar de estos importantes paralelismos, el Órgano de Apelación advirtió de que también hay importantes diferencias entre los 
análisis en el marco del párrafo 1 del artículo 2 y la parte introductoria del artículo XX del GATT 
de 1994, ya que los criterios jurídicos aplicables en virtud de las dos disposiciones son distintos. A juicio del Órgano de Apelación, el Grupo Especial reconoció debidamente estas similitudes y diferencias. 
En lo que respecta a la orientación concreta que el Grupo Especial dedujo de la jurisprudencia en 
el marco de la parte introductoria del artículo XX, el Órgano de Apelación recordó que uno de los factores más importantes en la evaluación de la discriminación arbitraria o injustificable es la WT/AB/26 
 
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  cuestión de si la discriminación puede conciliarse, o está racionalmente relacionada, con el objetivo 
de política respecto del cual la medida se haya justificado provisionalmente al amparo de uno de los apartados del artículo XX. Teniendo en cuenta, en particular, la referencia que figura en el sexto considerando del preámbulo del Acuerdo OTC a la "discriminación arbitraria o injustificada", 
el Órgano de Apelación no consideró que la adopción por el Grupo Especial de este criterio como 
parte de su análisis del "trato me nos favorable" fuera problemática. 
Al mismo tiempo, el Órgano de Apelación subrayó que, en función de la naturaleza de la medida 
en litigio y las circunstancias del caso de que se trate, podría haber factores adicionales -más allá 
de la cuestión de si la discriminación puede conciliarse con el objetivo de política- que también fueran pertinentes para el análisis de si la discriminación es arbitraria o injustificable. En este sentido, el Órgano de Apelación también indicó que un examen de si una medida se diseña o aplica 
de una manera que constituye un medio de discriminación arbitrario o injustificable no es el único  
medio de evaluar si una medida carece de imparcialidad. Por consiguiente, el Órgano de Apelación declaró que un grupo especial no incurre en error al evaluar si el efecto perjudicial puede 
conciliarse, o tiene una relación racional con la política que se trata de aplicar mediante la medida 
en litigio, siempre y cuando al hacerlo no impida tomar en consideración otros factores que puedan ser también pertinentes para el análisis. En el presente asunto, el Órgano de Apelación no 
consideró que la articulación  del criterio jurídico por el Grupo Especial impidiera tomarlos en 
consideración. 
Sobre la base del examen anterior, el Órgano de Apelación constató que los Estados Unidos no 
habían establecido que el Grupo Especial incurriera en error al reconocer la pertinencia del 
concepto de "discriminación arbitraria o injustificable" de la parte introductoria del artículo XX 
del GATT de 1994, ni al identificar un examen de si el trato perjudicial puede conciliarse, o tiene una relación racional, con los objetivos de la medida como un análisis útil a los efectos de la 
segunda parte del análisis del "trato no menos favorable" en el marco del párrafo 1 del artículo 2 
del Acuerdo OTC. 
4.7.3.2.2  La cuestión de si el  efecto perjudicial de la medi da sobre el atún modificada en 
los productos de atún mexicanos se deri va exclusivamente de una distinción 
reglamentaria legítima 
El Órgano de Apelación formuló algunas observaciones preliminares acerca del enfoque analítico 
adoptado por el Grupo Especial en su evaluación de  si el efecto perjudicial de la medida sobre el 
atún modificada en los productos de atún mexicanos se deriva exclusivamente de una distinción 
reglamentaria legítima. El Órgano de Apelación recordó que el Grupo Especial consideró separadamente la compatibilidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC de: i) los criterios 
de admisibilidad; ii) las prescripciones en materia de certificación; y iii) las prescripciones en 
materia de seguimiento y verificación. El Órgano de Apelación observó que la medida sobre el atún modificada está compuesta por varios elementos que actúan conjuntamente para tratar de 
alcanzar los objetivos perseguidos por la medida. El Órgano de Apelación reiteró que debe tomarse 
debido conocimiento de las recomendaciones y resoluciones formuladas por el OSD en el procedimiento inicial. También observó que, en sus comunicaciones al Grupo Especial, tanto los Estados Unidos como México expusieron argumentos relativos a los riesgos para los delfines 
derivados respectivamente de los diferentes métodos de pesca dentro y fuera del PTO. 
4.7.3.2.2.1  Los criterios de admisibilidad México afirmó que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que el Órgano de Apelación ya 
había "solucionado" en la diferencia inicial la cuestión de la "imparcialidad" respecto de la 
concesión de la admisibilidad para obtener la etiqueta dolphin safe  a los productos de atún que 
contienen atún capturado mediante métodos de pesca distintos de los lances sobre delfines. Según 
México, el Órgano de Apelación no hizo las constataciones de imparcialidad o compatibilidad con el 
párrafo 1 del artículo 2 que le atribuyó el Grupo Especial. 
El Órgano de Apelación observó que sus constataciones principales en el procedimiento inicial 
revelan que no hizo las constataciones que le atribuyó el Grupo Especial. En particular, el Órgano 
de Apelación señaló que el informe del Órgano de Apelación no contiene ninguna declaración de 
que los Estados Unidos "tienen derecho" a excluir el atún capturado mediante lances sobre delfines de tener en algún momento acceso a la etiqueta dolphin safe  y mucho menos de que los criterios WT/AB/26 
 
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  de admisibilidad son "imparciales" y, por consiguiente, no son incompatibles con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC. De hecho, en el procedimiento inicial se constató que la medida sobre el atún inicial carecía  de imparcialidad y, por esa razón, era incompatible  con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC. 
El Órgano de Apelación subrayó que la "imparcialidad" es un concepto relacional, que debe 
examinarse mediante un análisis comparativo. A juicio del Órgano de Apelación, la cuestión de si una distinción reglamentaria que conlleva la denegación del acceso a la etiqueta dolphin safe  con 
respecto a los lances sobre delfines es imparcial no solo depende de cómo se abordan los riesgos 
que lleva consigo este método de pesca, sino ta mbién de si los riesgos que llevan consigo otros 
métodos de pesca en otras pesquerías se abordan, de manera proporcionada a sus respectivos perfiles de riesgo, en las condiciones de etiquetado que se aplican respecto del atún capturado en 
esas otras pesquerías. El Órgano de Apelación indicó en consecuencia que, al constatar que la 
imparcialidad de la exclusión de los lances sobre delfines se había "solucionado" en el procedimiento inicial, el Grupo Especial impidió que se realizara un análisis relacional y 
comparativo adecuado de las distinciones reglamentarias y del trato dado a ambos grupos de 
productos (es decir, los que no pueden acceder a la etiqueta dolphin safe  y los que sí pueden 
acceder a ella). 
Por las razones anteriores, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en error 
al constatar que el Órgano de Apelación "solucionó" la cuestión de la imparcialidad de los criterios de admisibilidad en el procedimiento inicial. 
4.7.3.2.2.2  Las prescripciones en mate ria de certificación y de seguimiento y 
verificación diferentes 
Los Estados Unidos adujeron que el Grupo Especial aplicó un criterio jurídico incorrecto al no 
considerar si cada uno de los conjuntos diferentes de prescripciones en materia de certificación y 
de seguimiento y verificación "se adapta" en función de los riesgos para los delfines derivados de 
distintos métodos de pesca en distintas zonas de los océanos. A juicio de los Estados Unidos, la cuestión central para el Órgano de Apelación en el procedimiento inicial era si la distinción 
reglamentaria pertinente era imparcial en cuanto a la forma en que abordaba los riesgos para los 
delfines derivados de distintos métodos de pesca en distintas zonas del océano. Los Estados Unidos añadieron que el Grupo Especial incurrió en error al no tener en cuenta de manera análoga la orientación que proporcionó el Órgano de Apelación sobre la adaptación. 
El Órgano de Apelación comenzó recordando que, en el procedimiento inicial, su análisis de si el 
efecto perjudicial de la medida sobre el atún modificada se derivaba exclusivamente de una distinción reglamentaria legítima se centró en la cuestión de si la medida sobre el atún "se 
adaptaba", como afirmaban los Estados Unidos, en función de los riesgos para los delfines 
derivados de distintos métodos de pesca en distintas zonas de los océanos. Esta pregunta se respondió mediante un examen de las condiciones de acceso a la etiqueta dolphin safe  para los 
productos de atún derivados de atún capturado mediante lances sobre delfines en la pesquería de 
grandes buques de cerco del PTO, por un lado, y las aplicadas a los productos de atún derivados de atún capturado fuera de esa pesquería mediante métodos de pesca distintos de los lances sobre delfines, por otro. Por consiguiente, el Órgano de Apelación declaró que la indagación realizada por 
el Grupo Especial en el marco de este procedimiento del párrafo 5 del artículo 21 debería haber 
incluido una evaluación de si, con arreglo a la medida sobre el atún modificada, las diferencias en las condiciones en materia de etiquetado para los productos de atún originarios de la factoría de 
grandes buques de cerco del PTO, por un lado, y para los productos de atún originarios de las 
demás pesquerías, por otro, "se adaptan" en función de los riesgos para los delfines derivados de las operaciones de pesca de atún en las distintas pesquerías. A juicio del Órgano de Apelación, el 
Grupo Especial no realizó expresamente esa evaluación. 
Tras haber llegado a esta conclusión preliminar, el Órgano de Apelación pasó a examinar más 
específicamente la indagación que realizó el Grupo Especial. A juicio del Órgano de Apelación, la manera en que el Grupo Especial aplicó el criterio jurídico para cerciorarse de la imparcialidad de 
las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación presentaba algunas 
dificultades. La primera y la más importante de todas se debía al análisis segmentado que adoptó el Grupo Especial. Puesto que las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y 
verificación actúan conjuntamente con las condiciones sustantivas de la medida sobre el atún 
modificada para limitar el acceso a la etiqueta dolphin safe , únicamente cuando se consideran WT/AB/26 
 
- 104 - 
 
  conjuntamente las condiciones de acceso se puede entender el vínculo entre las distinciones 
reglamentarias constatadas en la medida y los objetivos de política de la medida. Por lo tanto, el Órgano de Apelación consideró que la decisión del Grupo Especial de adoptar un enfoque analítico segmentado le impidió aplicar debidamente el criterio jurídico que había articulado. 
El Órgano de Apelación pasó a continuación a considerar si, aunque no evaluaron expresamente la 
"adaptación" de la medida sobre el atún modificada, los análisis que hizo el Grupo Especial de la imparcialidad de los respectivos conjuntos de prescripciones en materia de certificación y de 
seguimiento y verificación de hecho tuvieron debidamente en cuenta los diferentes riesgos para los 
delfines asociados a la pesca de atún en las diferentes pesquerías. 
En su análisis de los criterios de admisibilidad, el Grupo Especial constató que hay una diferencia 
en la naturaleza de los riesgos que representa para  los delfines el método de pesca de lance sobre 
delfines, frente a otros métodos de pesca. El Órgano de Apelación observó que, al llegar a esta 
conclusión, el Grupo Especial parecía haberse centrado únicamente en su interpretación de que los daños no observados  diferían según se tratara de lances sobre delfines o de otros métodos de 
pesca. En consecuencia, el Grupo Especial no examino los riesgos relativos planteados por los 
distintos métodos de pesca en diferentes zonas de los océanos con respecto a la mortalidad o las heridas graves observadas  y, por lo tanto, no resolvió las cuestiones de los niveles globales de 
riesgo en las distintas pesquerías y cómo son los unos en comparación con los otros. 
El Órgano de Apelación observó que, al examinar las diferentes prescripciones en materia de 
certificación, el Grupo Especial se centró en una comparación de las diferentes tareas realizadas por los observadores en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO y por los capitanes en 
las demás pesquerías, así como sus respectivos conocimientos técnicos, formación e instrucción a 
efectos de expedir certificaciones. Por consiguiente, el análisis del Grupo Especial no abarcó una identificación clara de los riesgos respectivos derivados para los delfines dentro y fuera de la 
pesquería de grandes buques de cerco del PTO, ni una evaluación de si las diferentes 
prescripciones en materia de certificación abordaban esos riesgos relativos de manera imparcial. 
A continuación, el Órgano de Apelación observó que, al analizar la imparcialidad de las 
prescripciones en materia de seguimiento y verificación, el Grupo Especial desestimó el argumento 
de los Estados Unidos de que las diferencias en esas prescripciones se justifican o explican a la luz del mayor grado de riesgo para los delfines en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO. El Grupo Especial opinó que ningún grado mayor de riesgo explica por qué las prescripciones en 
materia de seguimiento y verificación, que por su naturaleza misma están relacionadas con el 
movimiento del pescado después del momento de la captura , son distintas según las pesquerías, 
en detrimento del atún y los productos de atún mexicanos. El Órgano de Apelación no estaba 
convencido de que consideraciones relacionadas con las semejanzas y las diferencias en los 
riesgos no puedan estar reflejadas en todas las etapas de la captura y el transporte y la transformación ulteriores del atún y no puedan ser pertinentes para ellas. A juicio del Órgano de 
Apelación, estaba claro que el Grupo Especial no trató de identificar esos riesgos con respecto al 
atún que reúne las condiciones capturado tanto de ntro como fuera de la pesquería de grandes 
buques de cerco del PTO en esa parte de su análisis. El Grupo Especial tampoco comparó las prescripciones en materia de seguimiento y verificación diferentes a la luz de esos riesgos y de los 
objetivos de la medida sobre el atún modificada relativos a la protección de los delfines y el 
suministro de información exacta al consumidor. 
En resumen, el Órgano de Apelación consideró que el análisis del Grupo Especial no incluyó un 
análisis de los riesgos relativos para los delfines en las distintas pesquerías, ni de si las 
distinciones que establece la medida sobre el  atún modificada en cuanto a las condiciones 
diferentes de acceso a la etiqueta dolphin safe  se explican a la luz de esos riesgos. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que, al evaluar la alegación de México de que 
las prescripciones en materia de certificación y las prescripciones en materia de seguimiento y verificación no son "imparciales", el Grupo Especial incurrió en error en su aplicación de la segunda parte de la prueba del "trato no menos favorable" establecida en el párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC. 
Los Estados Unidos plantearon dos impugnaciones contra las constataciones del Grupo Especial 
concernientes a las "disposiciones relativas a las determinaciones". En primer lugar, los Estados 
Unidos alegaron que, al constatar que las disposiciones relativas a las determinaciones carecen de 
imparcialidad, el Grupo Especial incurrió en error al realizar indebidamente la argumentación por WT/AB/26 
 
- 105 - 
 
  México. En segundo lugar, los Estados Unidos sostuvieron que el Grupo Especial incurrió en error 
al formular sus determinaciones sobre las disposiciones relativas a las determinaciones basándose solamente en su diseño, y no en su aplicación. 
El Órgano de Apelación comenzó indicando que, al igual que el Grupo Especial, consideraba que las 
disposiciones relativas a las determinaciones son parte integrante del sistema de certificación 
establecido por la medida sobre el atún modificada. Por lo tanto, son pertinentes para el análisis de si los Estados Unidos pusieron su régimen de etiquetado dolphin safe  en conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. A juicio del Órgano de Apelación, los Estados Unidos no 
podían haber desconocido las cuestiones jurídicas sobre la función de las disposiciones relativas a las determinaciones durante este procedimiento del párrafo 5 del artículo 21. En particular, los informes del Grupo Especial inicial y del Órgano de Apelación contienen varias referencias a esas 
disposiciones y a su contenido. En el presente procedimiento sobre el cumplimiento las 
disposiciones relativas a las determinaciones están comprendidas en el mandato del Grupo Especial puesto que México las identificó en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. 
El Órgano de Apelación observó además que, en su  primera comunicación escrita, México identificó 
las disposiciones relativas a las determinaciones en sus argumentos sobre la falta de imparcialidad de las prescripciones en materia de certificación y puso de relieve características fundamentales 
relativas al diseño de las disposiciones relativas a las determinaciones en respuestas a las 
preguntas del Grupo Especial y en sus observaciones sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial. Además, el Órgano de Apelación observó que los Estados Unidos tuvieron la posibilidad de refutar las alegaciones de México y de presentar sus propios argumentos 
sobre el diseño de esas disposiciones, pero decidieron no hacerlo y, en lugar de ello, se limitaron a 
sostener que México no había establecido una presunción prima facie  con respecto a las 
disposiciones relativas a las determinaciones. 
Sobre la base de su examen del expediente del Grupo Especial, teniendo como telón de fondo el 
procedimiento inicial, el Órgano de Apelación constató que los Estados Unidos no establecieron que el Grupo Especial realizara indebidamente la argumentación por México al constatar que, en virtud 
de las disposiciones relativas a las determinaciones, el efecto perjudicial de la medida sobre el 
atún modificada no se deriva exclusivamente  de una distinción reglamentaria legítima. 
En relación con la segunda alegación de los Estados Unidos, el Órgano de Apelación recordó su 
jurisprudencia anterior de que en la indagación pertinente en el marco de la segunda parte del 
párrafo 1 del artículo 2 se evalúa la legitimida d de las distinciones reglamentarias examinando 
cuidadosamente si están diseñadas y se aplican  de manera imparcial. Sin embargo, el Órgano de 
Apelación explicó que esto no excluye que, según cuáles sean las circunstancias pertinentes de un 
caso concreto, pueda ser adecuado que un grupo especial centre el examen de la medida en litigio 
en su diseño y no examine también su aplicación. 
Al criticar al Grupo Especial por no haber examinado cómo se aplican  las disposiciones relativas a 
las determinaciones, los Estados Unidos parecían no estar de acuerdo con el hecho de que el 
Grupo Especial nunca evaluó si las pruebas obrantes en el expediente  establecían que existe 
actualmente una asociación habitual e importante o mortalidad o heridas graves habituales e importantes en alguna pesquería distinta de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO. 
Sin embargo, a juicio del Órgano de Apelación, el Grupo Especial se centró más bien en el 
contenido, la estructura y el funcionamiento previsto de la medida en litigio a fin de definir el ámbito de aplicación de cada una de las de terminaciones pertinentes que puede hacer el 
Administrador del NMFS en virtud de la medida sobre el atún modificada y que, una vez hechas, 
dan lugar a una prescripción adicional de proporcionar certificación de observadores en el caso del atún capturado en la pesquería concreta de que se trate. 
Sobre esta base, el Órgano de Apelación constató que los Estados Unidos no habían establecido 
que el Grupo Especial incurriera en error en su evaluación de si las disposiciones relativas a las determinaciones son imparciales en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 
4.7.3.2.3  Artículo 11 del ESD 
México planteó varias alegaciones de que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el 
artículo 11 del ESD en su análisis de los criterios de admisibilidad y los dos participantes WT/AB/26 
 
- 106 - 
 
  plantearon alegaciones al amparo del artículo 11 respecto del análisis que hizo el Grupo Especial 
de las prescripciones en materia de certificación. 
Con respecto al análisis que hizo el Grupo Especial de los criterios de admisibilidad, México alegó, 
en primer lugar, que el Grupo Especial incurrió en error al "modificar" las constataciones fácticas 
del procedimiento inicial relativas a los lances sobre delfines. El Órgano de Apelación no estuvo de 
acuerdo con México en que las constataciones del Grupo Especial relativas a los daños no observados a los delfines como consecuencia de los lances sobre esos animales son de algún modo 
"más categóricas" que en el procedimiento inicial, ni en que el Grupo Especial infringió el 
artículo 11 del ESD al llegar a esas constataciones. México sostuvo que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que métodos de pesca distintos de los lances sobre delfines no tienen efectos perjudiciales no observables. El Órgano de Apelación observó que esta no era una descripción 
exacta de las constataciones hechas por el Grupo Especial. Por consiguiente, el Órgano de 
Apelación consideró que México no había justificado debidamente su alegación fundada en el artículo 11 del ESD, ni había establecido que el Grupo Especial constató que métodos de pesca 
distintos de los lances sobre delfines no tienen efectos perjudiciales no observables. En tercer 
lugar, México pidió al Órgano de Apelación que revocara la constatación del Grupo Especial de que el Órgano de Apelación formuló una constatación fáctica de que los lances sobre delfines con 
arreglo a las normas del APICD son más dañinos para los delfines que otros métodos de pesca. 
El Órgano de Apelación no estaba convencido de que el Grupo Especial hubiera hecho tal constatación, y consideró que los argumentos de México en apoyo de esta alegación de error no estaban suficientemente justificados para establecer una infracción del artículo 11 del ESD. 
Con respecto al análisis que hizo el Grupo Especial de las prescripciones en materia de 
certificación, los Estados Unidos sostuvieron que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD al llegar a una constatación que no está respaldada por las pruebas que 
constan en el expediente. A juicio de los Estados Unidos, no había pruebas en las que basar una 
constatación de que hay dos "lagunas" en las disposiciones relativas a las determinaciones. El Órgano de Apelación recordó que había examinado y desestimado este argumento en el 
contexto de la impugnación de los Estados Unidos contra la aplicación que hizo el Grupo Especial 
del párrafo 1 del artículo 2 a las disposiciones relativas a las determinaciones. Por consiguiente, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial no había actuado de manera incompatible con sus obligaciones en el marco del artículo 11. 
El Órgano de Apelación pasó a continuación a las alegaciones de México al amparo del artículo 11. 
En su primera alegación, México afirmó que el Grupo Especial incurrió en error al rechazar argumentos y pruebas de México de que los capitanes de buques de pesca tienen un interés 
económico en no informar de que se dio muerte o se hirió gravemente a delfines. El Órgano de 
Apelación subrayó que México no señaló ninguna prueba documental concreta que el Grupo 
Especial interpretara erróneamente o no tomara en consideración. Tampoco señaló errores 
específicos en relación con la objetividad del Gr upo Especial en la evaluación de las pruebas. 
En consecuencia, el Órgano de Apelación consideró que México no había establecido que el Grupo Especial actuara de manera incompatible con el  artículo 11 del ESD. La segunda alegación de 
México al amparo del artículo 11 del ESD era que el Grupo Especial no examinó las pruebas 
incluidas en la Prueba documental MEX-161, que a juicio de México indica que los delfines se 
asocian con el atún y se realizan deliberadamente lances sobre ellos en el Océano Índico. Aunque el Grupo Especial no examinó expresamente la  Prueba documental MEX-161 en la parte del 
informe que trata de las prescripciones en materia de certificación, el Órgano de Apelación subrayó 
que el contenido de esta prueba documental es plenamente compatible con las constataciones del 
Grupo Especial, en las que se reconocía la existencia de asociación entre el atún y los delfines en 
el Océano Índico. 
Por las razones anteriores, el Órgano de Apelación constató que ninguno de los participantes había 
establecido que el Grupo Especial actuara de manera incompatible con su deber de hacer una 
evaluación objetiva del asunto, de conf ormidad con el artículo 11 del ESD. 
4.7.3.2.4  Conclusiones generales en el  marco del párrafo 1 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC 
El Órgano de Apelación constató que, consid erados conjuntamente, los errores que había 
identificado en las dos partes del análisis que hizo el Grupo Especial del "trato no menos favorable" 
en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC constituían un error en la aplicación de WT/AB/26 
 
- 107 - 
 
  esa disposición a la medida sobre el atún modificada. En consecuencia, el Órgano de Apelación 
revocó las constataciones separadas del Grupo Especial, que figuran en el párrafo 8.2 de su informe, de que: 
a. los criterios de admisibilidad que figuran en la medida sobre el atún modificada no dan a 
los productos de atún mexicanos un trato menos favorable que el otorgado a los 
productos similares procedentes de los Estados Unidos y a los productos similares originarios de cualquier otro país y, por lo tanto, son compatibles con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC; 
b. las prescripciones en materia de certificación diferentes que figuran en la medida sobre 
el atún modificada dan a los productos de atún mexicanos un trato menos favorable que el otorgado a los productos similares procedentes de los Estados Unidos y a los 
productos similares originarios de cualquier otro país, infringiendo así lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC; y 
c. las prescripciones en materia de seguimiento y verificación diferentes que figuran en la 
medida sobre el atún modificada dan a los productos de atún mexicanos un trato menos 
favorable que el otorgado a los productos similares procedentes de los Estados Unidos y a los productos similares originarios de cualquier otro país, infringiendo así lo dispuesto 
en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 
4.7.3.3  Compleción del análisis jurídico El Órgano de Apelación pasó seguidamente a consid erar si podía completar el análisis jurídico y 
pronunciarse sobre la cuestión de si la medida sobre el atún modificada había puesto a los Estados 
Unidos en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD en el procedimiento 
inicial. 
El Órgano de Apelación comenzó examinando si las condiciones en materia de etiquetado previstas 
en la medida sobre el atún modificada, consideradas conjuntamente, modifican las condiciones de 
competencia en detrimento de los productos de atún mexicanos en el mercado estadounidense. El Órgano de Apelación subrayó que, como constató el Grupo Especial inicial y reconocieron ambos 
participantes en este procedimiento sobre el cumplimiento, el acceso a la etiqueta dolphin safe  
constituye una "ventaja" en el mercado estadounidense de productos de atún debido al "valor comercial significativo" de esa etiqueta. El Órgano de Apelación recordó además que en el procedimiento inicial el Órgano de Apelación se basó en las siguientes constataciones fácticas del 
Grupo Especial inicial: i) la rama de producción mexicana de atún enlatado está integrada de 
forma vertical y los mayores fabricantes de productos de atún y de productos enlatados son propietarios de sus propios buques que pescan en el PTO; ii) por lo menos dos tercios de la flota 
atunera de cerco mexicana pesca en el PTO efectuando lances sobre delfines y por consiguiente 
pescando atún que, según las disposiciones estadounidenses sobre el etiquetado " dolphin safe " un 
producto de atún que sea inocuo para los delfines no puede contener; iii) la flota estadounidense 
no efectúa lances sobre delfines en el PTO; y iv) en vista de las prácticas seguidas actualmente por 
las flotas atuneras de los Estados Unidos y México, la mayor parte del atún pescado por los buques mexicanos, por haber sido capturado en el PTO mediante lances sobre delfines, no podría, con arreglo a las disposiciones estadounidenses sobre el etiquetado dolphin safe , ser incluido en un 
producto inocuo para los delfines, mientras que la mayor parte del atún capturado por los buques 
estadounidenses tiene la posibilidad de ser etiquetado. El Grupo Especial no formuló ninguna constatación que fuera contraria a esas constataciones iniciales y, en la audiencia en este 
procedimiento de apelación, tanto México como los Estados Unidos confirmaron que la situación 
fáctica pertinente no había cambiado desde el procedimiento inicial. 
Puesto que la medida sobre el atún modificada mantiene la arquitectura y estructura generales de 
la medida sobre el atún inicial -en particular en lo que respecta a la distinción reglamentaria entre 
productos de atún derivados de atún capturado mediante lances sobre delfines y productos de atún derivados de atún capturado mediante otros métodos de pesca- y habida cuenta de que los participantes están de acuerdo en que la situación fáctica pertinente no ha cambiado con respecto 
al procedimiento inicial, el Órgano de Apelación constató que, al excluir a la mayoría de los 
productos de atún mexicanos del acceso a la etiqueta dolphin safe , al tiempo que concede acceso 
condicional a esa etiqueta a los productos similares procedentes de los Estados Unidos y otros WT/AB/26 
 
- 108 - 
 
  países, la medida sobre el atún modificada, de manera análoga a la medida inicial, modifica las 
condiciones de competencia en detrimento de los productos de atún mexicanos en el mercado estadounidense. 
Tras haber hecho esta constatación, el Órgano de Apelación pasó a examinar la cuestión de si el 
efecto perjudicial en los productos de atún mexicanos se deriva exclusivamente de una distinción 
reglamentaria legítima. En particular, el Órgano de Apelación indicó que, para evaluar si la medida 
sobre el atún modificada se adapta adecuadamente a los efectos perjudiciales relativos resultantes 
para los delfines fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO en comparación con los 
que existen dentro de esa pesquería, debía examinar si había constataciones fácticas pertinentes del Grupo Especial o pruebas no controvertidas obrantes en el expediente sobre los distintos 
perfiles de riesgo de estas distintas pesquerías. 
El Órgano de Apelación observó que el Grupo Especial dispuso de muchas pruebas sobre la 
naturaleza y el alcance de los riesgos relativos relacionados con diferentes prácticas de pesca en distintas zonas de los océanos. Sin embargo, el Órgano de Apelación no vio que el Grupo Especial 
en el presente procedimiento se dispusiera a examinar el alcance de la mortalidad o las heridas 
graves resultantes de métodos de pesca en diferentes zonas de los océanos de manera que él mismo pudiera evaluar debidamente los riesgos relativos o los niveles de daños globales para los 
delfines que se producen en esas pesquerías. Al no existir esa evaluación, el Grupo Especial limitó 
su capacidad de determinar si los aspectos discriminatorios de la medida sobre el atún modificada se pueden explicar como debidamente adecuados, o proporcionados, a las diferencias en esos riesgos teniendo en cuenta el objetivo de proteger  a los delfines de los efectos perjudiciales que se 
producen en las distintas pesquerías. Por razones similares, el análisis limitado del Grupo Especial 
respecto de los perfiles de riesgo limitaba a su vez la capacidad del Órgano de Apelación de completar el análisis jurídico a este respecto. 
Sin embargo, el Órgano de Apelación indicó que hay otras características de la medida sobre el 
atún modificada que no dependen de una evaluación de los riesgos relativos relacionados con diferentes métodos de pesca en distintas zonas de los océanos. El Órgano de Apelación se refirió 
en particular a las "disposiciones relativas a las determinaciones", con arreglo a las cuales el 
Administrador Adjunto del NMFS puede exigir una certificación expedida por un observador para pesquerías específicas si se hacen ciertas determinaciones. En particular, se exige certificación de un observador si el Administrador determina: i) dentro de la pesquería de buques de cerco no 
situada en el PTO, que existe una asociación entre el atún y los delfines habitual e importante, 
similar a la asociación entre el atún y los delfines en el PTO; o ii) dentro de "todas las demás pesquerías", que hay mortalidad o heridas graves habituales e importantes de delfines. El Órgano 
de Apelación observó que, en su diseño, las disposiciones relativas a las determinaciones se 
aplican a todas las pesquerías distintas de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO en las que el riesgo de daño para los delfines se aproxima al existente en dicha pesquería. Sin embargo, 
al igual que el Grupo Especial, el Órgano de Apelación observó que las disposiciones relativas a las 
determinaciones no abordan todas  las situaciones en las que puede haber mayores riesgos de 
daño para los delfines relacionados con determinados métodos de pesca en pesquerías distintas de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO.
30 Dicho de otro modo, las disposiciones relativas 
a la determinación no prevén que las condiciones sustantivas de acceso a la etiqueta dolphin safe  
sean reforzadas por medio de una certificación de un observador en todas  las circunstancias de 
riesgos de magnitud comparable. 
Debido a las constataciones anteriores relativas a las disposiciones relativas a las determinaciones, 
el Órgano de Apelación consideró que no se había demostrado que las diferencias en las 
                                               
30 Por ejemplo, en la disposición relativa a las dete rminaciones aplicable a la pesquería de buques de 
cerco no situada en el PTO no se prevé que se haga  una determinación de "mortalidad o heridas graves 
habituales e importantes". Por consiguiente, el Órgano de Apelación expresó preocupación en cuanto a que esa 
disposición relativa a las determinaciones no permitiera una regulación comparable de  una situación de riesgo 
cuando hay mortalidad o heridas graves  habituales e importantes respecto de prácticas distintas de los lances 
sobre delfines llevadas a cabo por buques de cerco dentro del PTO en comparación con fuera del PTO. El 
Órgano de Apelación también destacó preocupaciones con respecto a la disposición relativa a las determinaciones aplicable a "todas las demás pesquerías ". El Órgano de Apelación indicó que esperaría que 
cualquier determinación fuera de la pesquería de grandes buques de ce rco del PTO no solo entrañara las 
prescripciones en materia de certificación aumentadas, sino también prescripciones en materia de seguimiento 
y verificación que funcionen en conjun ción con la certificación y la refuer cen al abordar ese riesgo aumentado. WT/AB/26 
 
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  condiciones en materia de etiquetado dolphin safe  en el marco de la medida sobre el atún 
modificada estén adaptadas a los riesgos para los delfines resultantes de distintos métodos de pesca en distintas zonas de los océanos, ni que guarden proporción con ellos. Puesto que de lo anterior se seguía que el efecto perjudicial de la medida sobre el atún modificada no se deriva 
exclusivamente de una distinción reglamentaria le gítima, el Órgano de Apelación constató que la 
medida sobre el atún modificada es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 
4.7.4  Párrafo 1 del artículo I y párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 
Los Estados Unidos alegaron en apelación que,  por las mismas razones que las expuestas con 
respecto al análisis que hizo el Grupo Especial del efecto perjudicial en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, el Grupo Especial incurrió en error al constatar que las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación previstas en la medida sobre el atún 
modificada: i) otorgan una "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" a los productos de atún 
procedentes de otros Miembros que no es "concedido inmediata e incondicionalmente" a los productos similares procedentes de México, de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo I; 
y ii) conceden a los productos de atún mexicanos un "trato menos favorable" que el concedido a 
los productos similares nacionales, de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III. 
El Órgano de Apelación observó que, de manera similar a su análisis del efecto perjudicial en el 
marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, el Grupo Especial llevó a cabo tres análisis 
separados de la compatibilidad con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 respecto de cada uno de los "criterios de admisibilidad", las "prescripciones en materia de certificación" y las "prescripciones en materia de seguimiento y verificación". Con respecto a los 
criterios de admisibilidad, el Grupo Especial evaluó el grado en que la exclusión de los productos 
de atún derivados de atún capturado mediante lances sobre delfines afecta a las condiciones de competencia relativas de los productos de atún mexicanos, estadounidenses y otros en el mercado 
estadounidense. En lo que respecta a las prescripciones en materia de certificación y de 
seguimiento y verificación, el Grupo Especial centró su examen en los diferentes costos y cargas que esas prescripciones imponen a los productos de atún derivados de atún capturado dentro y 
fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO. Al realizar estos análisis, el Grupo 
Especial hizo referencia expresa a sus constataciones jurídicas y fácticas de efecto perjudicial en el contexto del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. 
El Órgano de Apelación declaró que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 1 del 
artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 difieren en sus formulaciones textuales y 
en los criterios jurídicos que encarnan. Sin embargo, estuvo de acuerdo con el Grupo Especial en que la indagación pertinente en el marco de todas estas disposiciones depende de la cuestión de si 
la medida en litigio modifica las condicione s de competencia en el mercado del Miembro 
demandado en detrimento de los productos importados procedentes del Miembro reclamante frente a los productos nacionales similares o los productos similares importados de cualquier otro 
país. Por consiguiente, el Órgano de Apelación consideró que el hecho de que el Grupo Especial se 
basara, en sus análisis en el marco del párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 en su razonamiento y en determinadas constataciones que había hecho al analizar el efecto perjudicial en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC no era, en sí 
mismo, inadecuado.  
Sin embargo, el Órgano de Apelación estimó qu e las preocupaciones que había identificado con 
respecto al análisis que hizo el Grupo Especial del efecto perjudicial en el marco del párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo OTC se aplicaban con igual fuer za al análisis que hizo el Grupo Especial en el 
marco del párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 de l artículo III del GATT de 1994. En primer lugar, 
al llevar a cabo un análisis segmentado de cada  uno de los tres conjuntos de prescripciones 
previstas en la medida sobre el atún modificada, el Grupo Especial no tuvo en cuenta las 
interrelaciones entre esas prescripciones y no realizó una evaluación holística de la forma en que esas diversas condiciones de etiquetado tienen un efecto perjudicial en las condiciones de competencia de los productos de atún mexicanos en el mercado estadounidense. Debido a que 
adoptó ese enfoque segmentado, el Grupo Especial  no evaluó significativamente en qué medida 
podría verse alterado el efecto perjudicial cuya existencia se constató en el procedimiento inicial por las nuevas prescripciones introducidas en la medida sobre el atún modificada. En segundo 
lugar, al analizar la compatibilidad con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 del artículo III de 
las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación, el Grupo Especial comparó el trato otorgado a subconjuntos de los grupos pertinentes de productos similares, en WT/AB/26 
 
- 110 - 
 
  lugar de comparar el trato dado al grupo de productos de atún mexicanos con el otorgado a los 
grupos de productos similares de los Estados Unidos u otro origen, sin identificar una base adecuada para hacerlo. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación concluyó  que el Grupo Especial incurrió en error en su 
análisis de la compatibilidad de la medida sobre el atún modificada con el párrafo 1 del artículo I y 
el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, y revocó las constataciones del Grupo Especial de que los criterios de admisibilidad, las prescripciones en materia de certificación diferentes y las 
prescripciones en materia de seguimiento y verificación diferentes son, unos y otras, incompatibles 
con el párrafo 1 del artículo I y el párrafo 4 de l artículo III del GATT de 1994. Tras haber hecho 
esto, el Órgano de Apelación no consideró necesario abordar las demás alegaciones de error planteadas por los Estados Unidos en apelación. 
4.7.5  La parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994 
México y los Estados Unidos apelaron cada uno determinados aspectos del análisis que hizo el 
Grupo Especial en el marco de la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994. 
Con respecto a la evaluación que hizo el Grupo Especial de si los criterios de admisibilidad 
entrañan discriminación entre países en que prev alecen las mismas condiciones, México apeló 
respecto de la constatación del Grupo Especial de que las condiciones que prevalecen en las 
pesquerías en que el atún se captura mediante lanc es sobre delfines y en las pesquerías en que no 
se utiliza ese método no son las mismas. A juicio de México, la constatación del Grupo Especial era errónea porque hay mortalidad y heridas observ ables y no observables en pesquerías de atún 
distintas de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO, y las condiciones pertinentes son 
por consiguiente las mismas. Por su parte, los Estados Unidos sostuvieron que el Grupo Especial 
incurrió en error al constatar que las condiciones que prevalecen dentro y fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO son las mismas a los efectos de las prescripciones en materia de 
certificación y de seguimiento y verificación. Según los Estados Unidos, la condición pertinente en 
esta diferencia es el daño relativo (tanto observado como no observado) que sufren los delfines en distintas pesquerías, y las constataciones formuladas en el procedimiento inicial confirmaban que 
esta condición no es la misma en la pesquería de grandes buques de cerco del PTO en 
comparación con las demás pesquerías. 
El Órgano de Apelación observó que, en su análisis de los criterios de admisibilidad en el marco de 
la parte introductoria del artículo XX, el Grupo Especial constató que la condición pertinente eran 
los daños a los delfines resultantes de los efectos no observables de los métodos de pesca. 
Concretamente, subrayando los daños que sufren los delfines como resultado de ser perseguidos y cercados con redes -incluso cuando ello no da lugar a muertes o heridas graves- el Grupo Especial 
expresó la opinión de que las condiciones que pr evalecen en las pesquerías en que el atún se 
captura mediante laces sobre delfines y en las pesquerías en que no se utiliza ese método no son las mismas. Por el contrario, en su análisis de las prescripciones en materia de certificación, el 
Grupo Especial consideró que la condición pertinente eran los daños a los delfines resultantes de la 
muerte o las heridas graves. El Grupo Especial opinó que, a los efectos de este elemento de la medida, las condiciones que prevalecen entre los Miembros son las mismas, porque se puede dar muerte o herir gravemente a los delfines mediante todos los métodos de pesca en todos los 
océanos y, por consiguiente, es necesaria una certificación exacta con independencia de la 
pesquería determinada en que se capture el atún. El Grupo Especial no formuló declaración alguna sobre las condiciones que prevalecen entre los país es en su análisis de las prescripciones en 
materia de seguimiento y verificación. 
El Órgano de Apelación recordó que la parte introductoria del artículo XX exige que la medida en 
litigio no se aplique en forma que constituya una discriminación arbitraria o injustificable entre los 
países en que prevalezcan las mismas condiciones. Por consiguiente, el Órgano de Apelación 
expresó preocupación por las constataciones del Grupo Especial de que distintos conjuntos de 
condiciones son pertinentes para diferentes aspectos de la medida sobre el atún modificada, y con la conclusión última del Grupo Especial de que las condiciones pertinentes no son las mismas para 
algunos aspectos, pero son las mismas para otros. A juicio del Órgano de Apelación, el enfoque del 
Grupo Especial era consecuencia de su análisis segmentado, que le llevó a aislar su consideración de elementos diferentes de la medida sin examinar la manera en que esos elementos están 
interrelacionados, y sin conciliar las distintas conclusiones que extrajo con respecto a esos 
elementos. El Órgano de Apelación no vio sobre qué base constató el Grupo Especial que las condiciones pertinentes en el caso de las prescripciones en materia de certificación o de WT/AB/26 
 
- 111 - 
 
  seguimiento y verificación serían diferentes de las pertinentes en el caso de los criterios de 
admisibilidad dado que el acceso a la etiqueta dolphin safe  está supeditado a la satisfacción de 
todas las condiciones de etiquetado contenidas en la medida sobre el atún modificada. 
Los participantes apelaron además respecto de de terminados aspectos del análisis que hizo del 
Grupo Especial de la cuestión de si la discriminación que entraña la medida sobre el atún 
modificada entre países en los que prevalecen las mismas condiciones es "arbitraria o injustificable". Con respecto al examen que hizo el Grupo Especial de los criterios de admisibilidad, 
México alegó que el Grupo Especial incurrió en error al no centrar su evaluación en los objetivos de 
la medida y no en el objetivo de política reflejado en el apartado g) del artículo XX del GATT de 1994. En opinión de México, el Grupo Especial basó indebidamente su análisis en el distinto tipo, naturaleza, calidad, magnitud o regularidad de los efectos perjudiciales resultantes de los 
distintos métodos de pesca. Según México, no hay base para la "adaptación" en función de 
diferentes niveles de mortalidad o heridas graves de delfines para lograr el objetivo de política previsto en el apartado g) del artículo XX. Por su  parte, los Estados Unidos alegaron que el Grupo 
Especial interpretó de forma errónea que el análisis de si la discriminación es "arbitraria o 
injustificable" consiste en una prueba basada en un único factor centrada en la conexión entre la discriminación y los objetivos de la medida en litigio, más que un análisis acumulativo de todos los 
factores que pudieran ser pertinentes para formular tal determinación. Además, según los Estados 
Unidos, el Grupo Especial erróneamente se basó por completo en su análisis en el marco del párrafo 1 del artículo 2. Por último, los Estados Unidos alegaron que el Grupo Especial incurrió en error al no tener en cuenta los diferentes riesgos para los delfines que se producen dentro y fuera 
de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO. 
El Órgano de Apelación declaró, sobre la base de la jurisprudencia anterior, que el análisis de si la 
discriminación es arbitraria o injustificable debe centrarse en la causa de la discriminación, o los 
fundamentos expuestos para explicar su existenc ia, y que uno de los factores más importantes 
para realizar ese análisis es la cuestión de si la discriminación puede conciliarse, o está racionalmente relacionada, con el objetivo de política que persigue la medida en litigio. 
Por consiguiente, el Órgano de Apelación no estuvo de acuerdo con los Estados Unidos en que el 
Grupo Especial había establecido una articulación excesivamente restringida del criterio jurídico pertinente. Tampoco coincidió con México en que el Grupo Especial incurriera en error al centrarse en la cuestión de si hay una relación racional con los objetivos de la medida sobre el atún 
modificada, y no en el objetivo recogido en el ap artado g) del artículo XX. El Órgano de Apelación 
subrayó que, en virtud de un examen de si cabe justificar provisionalmente una medida al amparo 
de uno de los apartados, ya se habrá sometido a prueba el objetivo de la medida frente a uno de 
los objetivos previstos en el artículo XX. Por último, el Órgano de Apelación consideró que era 
adecuado que el Grupo Especial se refiriera al criterio jurídico que articuló en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y se basara en él en el contexto de su razonamiento en el 
marco de la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994. El Órgano de Apelación hizo 
hincapié en que el Grupo Especial no se limitó a incorporar sus constataciones en el marco del párrafo 1 del artículo 2, sino que más bien se basó en un proceso analítico similar en el marco de las dos disposiciones, centrándose en la existencia de una discriminación arbitraria o injustificable, 
además de examinar otras dimensiones del análisis en el marco de la parte introductoria que no 
habían sido desarrolladas en el contexto de su an álisis en el marco del párrafo 1 del artículo 2. 
El Órgano de Apelación pasó a continuación a la aplicación que hizo el Grupo Especial del criterio 
jurídico en esta diferencia. El Órgano de Apelació n observó que, en su examen de los criterios de 
admisibilidad en el marco de la parte introductoria del artículo XX, el Grupo Especial se basó en lo que consideraba una cuestión solucionada por el Órgano de Apelación: que los Estados Unidos 
tienen derecho a excluir del acceso a la etiqueta dolphin safe  a los productos de atún que 
contienen atún capturado mediante lances sobre delfines al tiempo que no excluyen el atún capturado mediante otros métodos de pesca. El Órgano de Apelación recordó su constatación de que el Grupo Especial había malinterpretado las constataciones del Órgano de Apelación en el 
procedimiento inicial. Debido a esta malinterpretación, el Grupo Especial no llevó a cabo un 
análisis relacional y comparativo adecuado del trato dado al grupo de productos que no reúne las condiciones de acceso a la etiqueta dolphin safe , comparado al grupo de productos que sí las 
reúnen. Ello también impidió al Grupo Especial ocuparse de la cuestión central en este 
procedimiento sobre el cumplimiento, a saber, si los cambios introducidos por los Estados Unidos en la medida sobre el atún modificada ponen esta medida en conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del OSD. WT/AB/26 
 
- 112 - 
 
  Con respecto al análisis que hizo el Grupo Especial de las prescripciones en materia de certificación 
y de seguimiento y verificación, el Órgano de Ap elación sostuvo que aunque uno de los factores 
más importantes en la evaluación de la discriminación arbitraria o injustificable es la cuestión de si la discriminación puede conciliarse, o está racionalmente relacionada, con el objetivo de política de 
la medida en litigio, este factor no puede ser determinante de toda la indagación. Podría haber 
factores adicionales que también fueran pertinentes para la evaluación global, en función de la naturaleza de la medida en litigio y las circunstancias del caso de que se trate. Según el Órgano de 
Apelación, en las circunstancias de esta diferencia un factor adicional pertinente es la cuestión de 
si las prescripciones diferentes de la medida sobre el atún modificada pueden justificarse o explicarse en función de la probabilidad de que los delfines sufran efectos perjudiciales en el curso de operaciones de pesca de atún en las respectivas pesquerías. El Órgano de Apelación reiteró su 
opinión, resumida en el párrafo 4.42 supra , de que el Grupo Especial no consideró suficientemente 
los riesgos relativos de daño para los delfines en las distintas pesquerías, ni si las distintas condiciones de acceso a la etiqueta dolphin safe  en virtud de la medida sobre el atún modificada se 
explican a la luz de los perfiles de riesgos relativos. 
Sobre la base de lo anterior, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial incurrió en 
error en sus análisis de los criterios de admisibilidad, las prescripciones en materia de certificación 
y las prescripciones en materia de seguimiento y verificación en el marco de la parte introductoria 
del artículo XX. Por consiguiente, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que los criterios de admisibilidad se aplican de manera compatible con la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994, así como las constataciones separadas del Grupo Especial de que las 
prescripciones en materia de certificación y las prescripciones en materia de seguimiento y 
verificación se aplican, unas y otras, de manera incompatible con la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994. 
4.7.6  Compleción del análisis jurí dico en el marco del GATT de 1994 
Tras haber revocado las constataciones del Grupo Especial en el marco del párrafo 1 del artículo I, 
el párrafo 4 del artículo III y el artículo X del GATT de 1994, el Órgano de Apelación procedió a 
completar el análisis jurídico en el marco de esas disposiciones. 
Comenzando con la compatibilidad de la medida sobre el atún modificada con el párrafo 1 del 
artículo I y el párrafo 4 del artículo III, el Órgano de Apelación sostuvo que la cuestión pertinente es si la medida modifica las condiciones de competencia en el mercado estadounidense en 
detrimento de los productos de atún mexicanos frente a los productos de atún estadounidenses o 
los productos de atún importados procedentes de cualquier otro país. El Órgano de Apelación recordó la constatación del procedimiento inicial de que, de conformidad con la medida sobre el 
atún inicial, la mayor parte de los productos de atún mexicanos no podrían, con arreglo a las 
disposiciones estadounidenses sobre el etiquetado dolphin safe , ser incluidos en un producto 
inocuo para los delfines, mientras que la mayor parte de los productos de atún estadounidenses y 
de otros orígenes podrían ser incluidos. El Órgano de Apelación tomó nota también de la 
constatación fáctica del Grupo Especial de que la exclusión de la etiqueta dolphin safe  de 
productos de atún que contienen atún capturado mediante lances sobre delfines, que no ha cambiado respecto de la medida sobre el atún inicial, sigue teniendo por efecto denegar a la 
mayoría de los productos de atún mexicanos el acceso a la etiqueta. El Órgano de Apelación no 
observó ninguna constatación del Grupo Especial ni ninguna prueba no controvertida en el expediente que indicaran que las posiciones de los productos de atún procedentes de los Estados 
Unidos o de otros países respecto del acceso a la etiqueta dolphin safe  hubieran cambiado como 
resultado de las prescripciones en materia de certificación y de seguimiento y verificación introducidas por la norma definitiva de 2013. Observó además que los participantes coincidían en 
que la medida sobre el atún modificada modifica las condiciones de competencia en detrimento de 
los productos de atún mexicanos de una manera similar a la medida sobre el atún inicial. 
Sobre la base de lo anterior, el Órgano de Apelac ión constató que, al excluir a la mayor parte de 
los productos de atún mexicanos del acceso a la etiqueta dolphin safe , al tiempo que concede 
acceso condicional a dicha etiqueta a los productos estadounidenses y de otros países, la medida 
sobre el atún modificada: i) concede una "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" a los productos de atún procedentes de otros países que no es "concedido inmediata e incondicionalmente" a los 
productos similares procedentes de México, de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo I 
del GATT de 1994; y ii) concede a los productos de atún mexicanos un "trato menos favorable" WT/AB/26 
 
- 113 - 
 
  que el concedido a los productos nacionales similares, de manera incompatible con el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994. 
El Órgano de Apelación pasó a continuación a exam inar si la medida sobre el atún modificada se 
aplica de manera compatible con la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994. 
El Órgano de Apelación recordó que ninguno de los participantes había apelado respecto de la 
constatación del Grupo Especial de que las características de la medida sobre el atún modificada que dan lugar a infracciones de los artículos I y III "se relacionan" con el objetivo de conservar a 
los delfines y, por consiguiente, están provisionalmente justificadas al amparo del apartado g) del 
artículo XX. El Órgano de Apelación también recordó su opinión de que las condiciones pertinentes que prevalecen entre países son los riesgos de efec tos perjudiciales en los delfines resultantes de 
las prácticas de pesca de atún y que, en las circunstancias de esta diferencia, son las mismas a los 
efectos de un análisis en el marco de la parte introductoria del artículo XX del GATT de 1994. 
Pasando a examinar si la discriminación en virtud de la medida sobre el atún modificada es 
"arbitraria o injustificable", el Órgano de Apelación consideró pertinente la cuestión de si las 
diversas condiciones de acceso a la etiqueta dolphin safe  pueden justificarse o explicarse a la luz 
de las diferencias en los riesgos para los delfines dentro y fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO. El Órgano de Apelación opinó que se podía afirmar que las nuevas prescripciones 
en materia de certificación y de seguimiento y verificación introducidas por la norma definitiva 
de 2013 para los productos de atún derivados de atún capturado fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO van en la dirección de responder a la "adaptación" de las condiciones de etiquetado dolphin safe  a los distintos perfiles de riesgo derivados de distintos métodos de pesca 
en distintas zonas del océano que el Órgano de Apelación constató que no existía en la medida 
sobre el atún inicial. El Órgano de Apelación añadió que, para evaluar si la medida sobre el atún modificada da lugar a una discriminación arbitraria o injustificable debido a la forma en que aborda 
los efectos perjudiciales relativos en los delfines que se producen dentro y fuera de la pesquería de 
grandes buques de cerco del PTO, sería importante examinar las constataciones del Grupo Especial y las pruebas no controvertidas existentes en su expediente acerca de los distintos perfiles de 
riesgo en esas distintas pesquerías. Sin embargo, puesto que el Grupo Especial no había realizado 
una evaluación adecuada de los riesgos respectivos que afectan a los delfines dentro y fuera de la pesquería de grandes buques de cerco del PTO, el Órgano de Apelación no pudo completar el análisis jurídico y evaluar plenamente si todas la s distinciones reglamentarias establecidas en el 
marco de la medida sobre el atún modificada pueden explicarse y justificarse a la luz de las 
diferencias en los riesgos relativos asociados a los diferentes métodos de pesca del atún en diferentes zonas de los océanos.  
No obstante, el Órgano de Apelación pudo completar el análisis jurídico con respecto a 
determinadas características de la medida sobre el atún modificada que no están supeditadas a una evaluación de los riesgos relativos asociados a los distintos métodos de pesca en zonas 
distintas de los océanos. En particular, el Órgano de Apelación consideró que las disposiciones 
relativas a las determinaciones están diseñadas de una manera que impide a los Estados Unidos reforzar las condiciones sustantivas de acceso a la etiqueta dolphin safe  mediante la certificación 
de observadores en determinadas situaciones en que pueda haber mayores riesgos de daño a los 
delfines relacionados con pesquerías concretas fuera de la pesquería de grandes buques de cerco 
del PTO, y que esto puede también entrañar la aplicación de prescripciones en materia de seguimiento y verificación distintas de las aplicadas dentro de la pesquería de grandes buques de 
cerco del PTO. Por consiguiente, el Órgano de Apelación consideró que estos aspectos del diseño 
de la medida sobre el atún modificada son difícilm ente conciliables con el objetivo de proteger a 
los delfines del daño. 
Por todas estas razones, el Órgano de Apelación constató que no se había demostrado que la 
medida sobre el atún modificada se aplique en forma que no constituya una discriminación arbitraria o injustificable; y, por lo tanto, que la medida sobre el atún modificada no está justificada al amparo del artículo XX del GATT de 1994. 
5  PARTICIPANTES Y TERCEROS PARTICIPANTES EN APELACIONES 
En el cuadro 5 se enumeran los Miembros de la OMC que participaron en apelaciones en las que se 
distribuyó un informe del Órgano de Apelació n en 2015. Se distingue entre los Miembros que 
presentaron un anuncio de apelación de conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de 
trabajo (apelante) y los que presentaron un anuncio de otra apelación de conformidad con el WT/AB/26 
 
- 114 - 
 
  párrafo 1 de la Regla 23 (los denominados "otros apelantes)". El párrafo 1 de la Regla 23 dispone 
que "cualquier parte en la diferencia distinta del apelante original podrá sumarse a esa apelación o apelar sobre la base de otros supuestos errores en las cuestiones de derecho tratadas en el informe del grupo especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por este". De conformidad 
con los Procedimientos de trabajo, las partes que deseen apelar un informe de un grupo especial 
de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 deberán presentar un anuncio de otra apelación en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de presentación del anuncio de apelación. 
En el cuadro 5 también se identifica a los Miembros que participaron en las apelaciones como 
terceros participantes en virtud de los párrafos 1, 2 o 4 de la Regla 24 de los Procedimientos de trabajo. De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 24, cualquier Miembro de la OMC que haya participado en calidad de tercero en el procedimiento del grupo especial podrá presentar una 
comunicación escrita como tercero participante en un plazo de 21 días contados a partir de la 
fecha de presentación del anuncio de apelación. Con arreglo al párrafo 2 de la Regla 24, todo Miembro que haya participado en calidad de tercero en el procedimiento del grupo especial y no 
presente una comunicación escrita al Órgano de Apelación podrá, en un plazo de 21 días contados 
a partir de la fecha de presentación del anuncio de apelación, notificar su intención de comparecer en la audiencia e indicar si tiene intención de pronunciar una declaración oral en ella. El párrafo 4 
de la Regla 24 dispone que cualquier Miembro que haya participado en calidad de tercero en el 
procedimiento del grupo especial y no presente una comunicación escrita de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 24, ni haga una notificación  de conformidad con el párrafo 2 de la Regla 24, 
podrá notificar su intención de comparecer en la audiencia y podrá solicitar pronunciar una 
declaración. 
Cuadro 5: Participantes y terceros participante s en apelaciones con respecto a las cuales 
se distribuyó un informe del Órgano de Apelación en 2015 
Asunto Apelantea Otro 
apelanteb Apelado(s) c Terceros participantes 
Párrafo 1 de 
la Regla 24 Párrafo 2 de 
la Regla 24 Párrafo 4 de 
la Regla 24 
Argentina - 
Medidas que 
afectan a la importación de mercancías (DS438, DS444, DS445)  Argentina Japón 
Unión Europea
 Argentina 
Estados Unidos  
Japón 
Unión Europea  Australia 
Arabia Saudita  
Taipei Chino Canadá 
China 
Corea 
Ecuador 
Estados 
Unidos  
Guatemala 
India 
Israel 
Noruega 
Tailandia 
Turquía Suiza 
Estados Unidos - 
Determinadas 
prescripciones en 
materia de 
etiquetado 
indicativo del país 
de origen (EPO) - 
Recurso del 
Canadá y México al 
párrafo 5 del 
artículo 21  
(DS384, DS386) Estados Unidos Canadá 
México Canadá 
Estados Unidos  
México Australia 
Brasil 
China 
Colombia 
Japón 
Nueva 
Zelandia  
Unión Europea  Guatemala Corea 
India 
Estados Unidos - 
Medidas 
antidumping sobre determinados camarones procedentes de Viet Nam (DS429)  Viet Nam - Estados Unidos
 China 
Japón 
Unión Europea  Noruega Ecuador 
Tailandia WT/AB/26 
 
- 115 - 
 
  Asunto Apelantea Otro 
apelanteb Apelado(s) c Terceros participantes 
Párrafo 1 de 
la Regla 24 Párrafo 2 de 
la Regla 24 Párrafo 4 de 
la Regla 24 
India - Medidas 
relativas a la 
importación de 
determinados 
productos 
agropecuarios 
(DS430)  India - Estados Unidos  Argentina 
Australia 
Brasil 
Japón 
Unión Europea  Colombia 
Ecuador 
Guatemala China 
Viet Nam 
Perú - Derecho 
adicional sobre las 
importaciones de determinados productos agropecuarios (DS457)  Perú Guatemala Guatemala 
Perú Brasil 
Colombia 
Estados Unidos
 
Unión Europea  Argentina 
China 
El Salvador 
Honduras 
India Corea 
Ecuador 
China - Medidas 
por las que se 
imponen derechos 
antidumping a los 
tubos sin 
soldadura (sin 
costura) de acero 
inoxidable para 
altas prestaciones 
procedentes del 
Japón (DS454)  Japón China China 
Japón Estados Unidos  
Unión Europea  India 
Arabia Saudita  
Corea 
Rusia 
Turquía - 
China - Medidas 
por las que se 
imponen derechos antidumping a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes de la Unión Europea (DS460)  China Unión Europea
 China 
Unión Europea  Estados Unidos  
Japón India 
Arabia Saudita  
Corea 
Rusia 
Turquía - 
Estados Unidos - 
Medidas relativas a 
la importación, 
comercialización y 
venta de atún y 
productos de atún 
- Recurso de 
México al párrafo 5 
del artículo 21 
del ESD (DS381)  Estados Unidos México Estados Unidos  
México Canadá 
Japón 
Nueva Zelandia  
Unión Europea  Australia 
China 
Corea 
Guatemala 
Noruega Tailandia 
a De conformidad con la Regla 20 de los Procedimientos de trabajo. 
b De conformidad con el párrafo 1 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo. 
c De conformidad con la Regla 22 o el párrafo 3 de la Regla 23 de los Procedimientos de trabajo. 
 
En total, 27 Miembros de la OMC comparecieron al menos una vez como apelantes, otros 
apelantes, apelados o terceros participantes en ap elaciones con respecto a las cuales se distribuyó 
un informe del Órgano de Apelación en 2015. 
En el gráfico 3 se indica la relación entre los países desarrollados Miembros y los países en 
desarrollo Miembros por lo que respecta a sus co mparecencias como apelantes, otros apelantes, 
apelados y terceros participantes en apelaciones respecto de las cuales se distribuyó un informe del Órgano de Apelación desde 1996 hasta el final de 2015. WT/AB/26 
 
- 116 - 
 
  Gráfico 3: Participación de los Miembr os de la OMC en apelaciones, 1996-2015 
 
 
En el anexo 9 se presenta un resumen estadístico e información detallada sobre la participación de 
los Miembros de la OMC en calidad de apelantes, otros apelantes, apelados y terceros participantes 
en apelaciones respecto de las cuales se distribuyó un informe del Órgano de Apelación desde 1996 hasta el final de 2015. 
6  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA EL EXAMEN EN APELACIÓN 
6.1  Directrices con respecto a los resúmene s de las comunicaciones escritas en los 
procedimientos de apelación 
En marzo de 2015 el Órgano de Apelación publicó una comunicación relativa a los "Resúmenes de 
las comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación" y las "Directrices con respecto a los resúmenes de las comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación"
31 mediante la 
que el Órgano de Apelación informaba a los Miembros de la OMC de su intención de adoptar 
nuevas directrices en relación con dichos resúmenes. 
Aunque la práctica de pedir a los participantes en las apelaciones que presenten resúmenes de sus 
comunicaciones escritas y los plazos para la presentación de tales resúmenes permanecerán 
inalterados, el Órgano de Apelación introdujo dos aspectos nuevos en esta práctica. En primer 
lugar, ahora el Órgano de Apelación solicita, no solo a los participantes, sino también a cada uno de los terceros participantes que opte por presentar una comunicación escrita en una apelación, 
que presente al mismo tiempo un resumen de esa comunicación escrita. En segundo lugar, en vez 
de utilizar los resúmenes como ayuda para redactar su propia descripción de los argumentos de los participantes, el Órgano de Apelación incorpora ahora como anexos a cada uno de sus informes los resúmenes presentados por los participantes y los terceros participantes en los respectivos 
procedimientos de apelación. Este cambio permite a los Miembros asegurarse de que sus 
posiciones y peticiones se reflejen con exactitud, en los mismos términos en que se hayan formulado, en los informes del Órgano de Apelación. También permite al Órgano de Apelación 
hacer un uso óptimo de sus limitados recursos. El  Órgano de Apelación aplicó el nuevo enfoque 
con carácter experimental a partir de las apelaciones en Perú - Productos agropecuarios  y China - 
Tubos de altas prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas prestaciones (UE) . 
El objetivo de las "Directrices con respecto a los resúmenes de las comunicaciones escritas en los 
procedimientos de apelación" es permitir que los Miembros de la OMC resuman, en sus propios términos, sus posiciones y los argumentos que las respaldan y promover un cierto grado de armonización en la estructura y extensión de esos resúmenes. En particular, de conformidad con 
las directrices, cada participante que presente una comunicación del apelante, una comunicación 
en calidad de otro apelante o una comunicación del apelado, y cada tercero participante que presente una comunicación escrita, presentará un resumen de esa comunicación dentro del mismo 
plazo. En sus resúmenes, los participantes pueden  identificar cada alegación de error o respuesta 
                                               
31 Documento WT/AB/23, 11 de marzo de 2015. Apelantes Apelantes Otros a pelantes  Apelados  Terceros participantes 
Países desarrollados  Países  en desarrollo  Comparecencias ante el 
Órgano de Apelación WT/AB/26 
 
- 117 - 
 
  a una alegación de error, y cada solicitud de revocación, modificación o confirmación de 
constataciones y conclusiones específicas del grupo especial, así como resumir de manera concisa los principales argumentos en respaldo de tales alegaciones, respuestas y solicitudes presentados en la comunicación escrita pertinente. Los terceros participantes pueden identificar la o las 
cuestiones de derecho objeto de apelación respecto de las que quieren expresar su opinión, y 
resumir de manera concisa su posición u opinión con respecto a esa o esas cuestiones. La extensión máxima de cada resumen de una comunicación escrita será de 250 palabras, o 
el 10% del número total de palabras de la propia  comunicación escrita, si dicho porcentaje fuera 
superior a 250 palabras. Los resúmenes son incorporados como adiciones al informe del Órgano de Apelación y el contenido de esos resúmenes no es revisado ni editado por el Órgano de Apelación. Los resúmenes no sustituyen a las comunicaciones de los participantes y terceros participantes en 
el examen de la apelación por el Órgano de Apelación y, al examinar y resolver las cuestiones 
objeto de apelación, el Órgano de Apelación sigue utilizando y resumiendo los argumentos de los participantes y terceros participantes según proceda. 
Las comunicaciones del Órgano de Apelación sobre "Resúmenes de las comunicaciones escritas en 
los procedimientos de apelación" y "Directrices con respecto a los resúmenes de las comunicaciones escritas en los procedimient os de apelación" figuran en el anexo 1. 
6.2  Cuestiones de procedimiento planteadas en las apelaciones 
En 2015 no se introdujeron modificaciones en los Procedimientos de trabajo. La versión actual de 
estos figura en el documento WT/AB/WP/6, que se distribuyó a los Miembros de la OMC el 16 de agosto de 2010. Sin embargo, en la comunicación del Órgano de Apelación sobre "Resúmenes de 
las comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación" se indicó que el Órgano de 
Apelación considerará la utilidad de incorporar algunos de los aspectos de las "Directrices con respecto a los resúmenes de las comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación" en 
los Procedimientos de apelación, una vez que, tanto el Órgano de Apelación como los Miembros, 
tengan cierta experiencia en relación con las directrices que se han introducido con carácter experimental. 
En 2015 las cuestiones de procedimiento que se plantearon en los procedimientos de apelación 
fueron las siguientes: i) protección de la información comercial confidencial; ii) observación de la audiencia por el público; iii) acumulación de proc edimientos de apelación; iv) prórroga del plazo 
para la presentación de comunicaciones; v) modificaciones del plan de trabajo oficial; vi) escritos 
amicus curiae  no solicitados; vii) prórroga del plazo para la distribución de los informes; y viii) la 
corrección de errores materiales. A continuación, se analizan estas cuestiones de procedimiento. 
6.2.1  Trato de la información confidencial 
En China - Tubos de altas prestaciones (Japón)/China - Tubos de altas prestaciones (UE) , el 
Órgano de Apelación examinó la alegación de la Unión Europea en relación con el procedimiento de trabajo adicional adoptado por el Grupo Especial para proteger la ICC. El Órgano de Apelación 
constató que el Grupo Especial había mezclado: i) las obligaciones previstas en el Acuerdo 
Antidumping, que establecen el marco para el trat o confidencial de la información aplicable en el 
contexto de los procedimientos antidumping nacionales; y ii) las obligaciones relativas a la confidencialidad aplicables en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC. Además, el 
Grupo Especial mezcló: i) las prescripciones en materia de confidencialidad generalmente 
aplicables en los procedimientos de la OMC o en los procedimientos antidumping como se prevé en las disposiciones del ESD y del Acuerdo Antidumping mencionadas supra ; y ii) el nivel adicional de 
protección de la información comercial sensible previsto en los procedimientos especiales 
adoptados por un grupo especial a los efectos de una diferencia específica. El Órgano de Apelación afirmó que la cuestión de si la información tratada como confidencial de conformidad con el 
párrafo 5 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping, y presentada por una parte a un grupo especial 
de la OMC de conformidad con las prescripciones en materia de confidencialidad generalmente aplicables en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, debe recibir un trato confidencial adicional como ICC ha de ser determinada en cada caso por el grupo especial. 
Además, corresponde al grupo especial pronunciarse sobre cualquier desacuerdo o diferencia que 
pueda surgir en el marco de esos procedimientos en lo que respecta a la designación o el trato de la información como información comercial confidencial. El Órgano de Apelación añadió que, 
cuando sea necesario, el grupo especial debe extraer las conclusiones apropiadas del hecho de que 
una parte no le haya facilitado la información solicitada. El Órgano de Apelación también aclaró WT/AB/26 
 
- 118 - 
 
  que cualquier procedimiento adicional adoptado por un grupo especial para proteger la 
confidencialidad de la información comercial sensible no debe ir más allá de lo necesario para proteger contra un determinado riesgo de daño (real o potencial) que pudiera derivarse de la divulgación, y debe ser compatible con las disposiciones pertinentes del ESD y de los demás 
acuerdos abarcados (incluido el Acuerdo Antidumping). 
En Estados Unidos - Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 - México) , el Grupo Especial 
suprimió determinado texto de su informe, que según describió contenía ICC. En apelación, México 
también suprimió determinadas porciones de su comunicación del apelado, y la Unión Europea, en 
calidad de tercero participante, afirmó que su capacidad para formular observaciones sobre el informe del Grupo Especial se había visto menoscabada por las omisiones del Grupo Especial. El Órgano de Apelación no vio indicación alguna en el expediente del Grupo Especial que hiciera 
pensar que México o los Estados Unidos solicitaran la adopción de procedimientos especiales para 
proteger la ICC, ni que el Grupo Especial adoptara esos procedimientos especiales. El Grupo Especial tampoco había indicado los criterios utilizados para identificar la información que se 
consideró constituía ICC. Por consiguiente, el Órgano de Apelación no vio el fundamento jurídico 
en que se basó el Grupo Especial para suprimir de su informe partes de su razonamiento. El Órgano de Apelación observó también que, al no haber sido solicitados por los participantes, los 
procedimientos para la protección adicional de la ICC no eran aplicables en el procedimiento de 
apelación. 
6.2.2  Observación de la audiencia por el público La Sección del Órgano de Apelación que entendió en la apelación en el asunto Estados Unidos - 
EPO (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá y México)  recibió una comunicación conjunta del Canadá y 
los Estados Unidos en la que se le solicitaba que permitiera la observación por el público de la audiencia en que los participantes responderían a las preguntas formuladas y los terceros 
participantes que aceptaran la observación por el público formularían declaraciones. La solicitud se 
basaba en el entendimiento de que cualquier información designada como confidencial en los documentos presentados por cualquiera de las partes en las actuaciones del Grupo Especial se 
protegería debidamente en el curso de la audiencia. México no interpuso objeciones a que se 
permitiera la observación de la audiencia por el público, pero sostuvo que su posición en esas 
actuaciones se entendía sin perjuicio de sus opiniones sistémicas sobre la cuestión. Los terceros participantes no expresaron ninguna objeción a la solicitud. La Sección emitió una resolución de 
procedimiento por la que se permitió la observación de la audiencia por el público y se adoptaron 
procedimientos adicionales para la celebración de las audiencias.
32 La observación pública de la 
audiencia tuvo lugar mediante transmisión simultán ea por circuito cerrado de televisión en una 
sala separada. La transmisión se cerró durante las declaraciones hechas por los terceros 
participantes que habían indicado su deseo de mantener la confidencialidad de sus comunicaciones.  
6.2.3  Acumulación de pr ocedimientos de apelación 
En China - Tubos de altas prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas prestaciones (UE) , el 
Órgano de Apelación informó a los participantes y terceros participantes de su propósito de acumular los procedimientos de apelación en estas diferencias, y les dio la oportunidad de que 
formularan observaciones. Puesto que no recibió ninguna objeción, el Órgano de Apelación decidió, 
de conformidad con el párrafo 1 de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo, acumular las apelaciones de los informes del Grupo Especial sobre el asunto China - Tubos de altas prestaciones 
(Japón)/China - Tubos de altas prestaciones (UE) , debido a la considerable coincidencia en el 
contenido de estas diferencias con respecto a las cuales las apelaciones se presentaron el mismo día (WT/DS454/AB/R; WT/DS460/AB/R). Se seleccionó una sola Sección del Órgano de Apelación 
para que entendiera en ambas apelaciones, y esta celebró una única audiencia. 
6.2.4  Plazos para la presentación de comunicaciones escritas En India - Productos agropecuarios , la Sección recibió una carta de Australia en la que se 
solicitaba, al amparo de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo, una prórroga del plazo para 
                                               
32 La resolución de procedimie nto se adjuntó como anexo 6 a Estados Unidos - EPO (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá y México) , WT/DS384/AB/RW, WT/DS386/AB/RW. WT/AB/26 
 
- 119 - 
 
  la presentación de las comunicaciones de los terceros participantes. Australia solicitó que se 
prorrogara el plazo dos días, ya que los plazos para la presentación de las comunicaciones del 
apelado y los terceros participantes suponían que los terceros participantes solo dispondrían de un día hábil para incorporar los argumentos del apelado en sus propias comunicaciones escritas. 
La Sección dio a los participantes y otros terceros participantes la oportunidad de presentar 
observaciones y no recibió ninguna objeción a la so licitud de Australia. Tras observar que en su 
comunicación del apelante la India había presentado argumentos relativos a la interpretación que 
hizo el Grupo Especial de la evaluación del riesgo, las medidas de cuarentena y la posición de 
Australia en esta diferencia, el Órgano de Apelación decidió prorrogar el plazo tal como había solicitado Australia. 
En Estados Unidos - EPO (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá y México) , el Canadá, México y los 
Estados Unidos presentaron una solicitud conjunta al Órgano de Apelación para que modificara los 
plazos para la presentación de comunicaciones escritas. Los participantes sostuvieron conjuntamente que las "circunstancias excepcionales" presentes en estas diferencias significaban 
que el cumplimiento estricto de los plazos ordinari os para la presentación de comunicaciones daría 
por resultado una "falta manifiesta de equidad" en el sentido del párrafo 2 de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo. En particular, los participantes sostuvieron que el plazo previsto en la 
Regla 21 no concedería a los Estados Unidos, en su calidad de apelante, tiempo suficiente para 
presentar sus argumentos, y que esto impediría la elaboración de argumentos en ulteriores comunicaciones, impidiendo así la sustanciación ordenada de la apelación. En apoyo de su solicitud, los participantes mencionaron limitaciones de recursos debidas a la labor simultánea que 
se llevaba a cabo en otros procedimientos pendientes, así como las limitaciones impuestas por el 
período vacacional coincidente, el elevado número y la complejidad de las cuestiones en litigio en estas diferencias y la actual carga de trabajo del Órgano de Apelación. El Presidente de la Sección 
del Órgano de Apelación invitó a los terceros participantes a formular observaciones y la Sección 
suspendió los plazos para la presentación de cual quier anuncio de otra apelación, y de cualquier 
comunicación escrita, hasta que se emitiera una resolución acerca de la solicitud conjunta de los 
participantes. El Brasil, la Unión Europea, la India y el Japón consideraron que la modificación de 
los plazos para la presentación de las comunicaciones escritas estaba comprendida entre las facultades discrecionales del Órgano de Apelación, y ningún tercero participante expresó objeciones. Posteriormente la Sección emitió una resolución de procedimiento por la que prorrogó 
los plazos para la presentación de comunicaciones escritas en esta apelación.
33 
En el mismo procedimiento de apelación, la Sección recibió una carta de Australia por la que se 
solicitaba que se prorrogase nuevamente el plazo para la presentación de las comunicaciones de 
los terceros participantes. Australia señaló que, aunque el plazo entre la presentación de las 
comunicaciones de los apelados y la presentación de las comunicaciones de los terceros participantes era conforme a los plazos habituales previstos en los Procedimientos de trabajo, en 
este caso concreto el plazo de tres días incluía un fin de semana, por lo que los terceros 
participantes solo dispondrían de un día hábil para incorporar las reacciones a las comunicaciones de los apelados en sus comunicaciones en calidad de terceros participantes. Además, Australia explicó que las dificultades que tenía para preparar sus comunicaciones se veían agravadas por la 
disminución de los efectivos durante la temporada alta de las vacaciones de verano en Australia. 
La Sección no recibió ninguna objeción a una prórroga del plazo de los participantes ni de los demás terceros participantes. México sostuvo que no tenía ninguna objeción si el calendario de las 
etapas ulteriores del procedimiento de apelación no se veía afectado y si la prórroga era concedida 
a todos los terceros participantes. La Sección emitió posteriormente una resolución de procedimiento por la que prorrogó nuevamente el plazo para la presentación de comunicaciones de 
todos los terceros participantes.
34  
6.2.5  Solicitudes de modificación de la fecha de la audiencia En Argentina - Medidas relativas a la importación , antes de que el plan de trabajo para esa 
apelación se hubiera comunicado a los participantes y terceros participantes, el Japón solicitó al 
Órgano de Apelación que la audiencia no se prog ramara entre el 3 y el 5 de noviembre de 2014, 
                                               
33 La resolución de procedimie nto se adjuntó como anexo 4 a Estados Unidos - EPO (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá y México) , WT/DS384/AB/RW, WT/DS386/AB/RW. 
34 La resolución de procedimie nto se adjuntó como anexo 5 a Estados Unidos - EPO (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá y México) , WT/DS384/AB/RW, WT/DS386/AB/RW. WT/AB/26 
 
- 120 - 
 
  debido a un problema de calendario de un miembro fundamental de su equipo litigante durante 
ese período. El Órgano de Apelación invitó a los participantes y a los terceros participantes a que formularan observaciones sobre la solicitud del Japón. Aunque ninguno de los participantes se 
opuso a la solicitud del Japón, la Argentina y la  Unión Europea indicaron por separado sus propias 
limitaciones de calendario, y solicitaron que la audiencia no se celebrara durante los días 27 
a 31 de octubre y los días 11 y 12 de noviembre de 2014, respectivamente. Por su parte, los Estados Unidos expresaron su preferencia por que la audiencia se celebrara en un plazo de 45 días 
a partir de la fecha de presentación del anuncio de apelación, y señalaron que una audiencia 
programada después del 21 de noviembre de 2014 causaría un problema de calendario para su abogado principal. La Sección del Órgano de Apelación emitió una resolución de procedimiento en la que se denegaba la solicitud del Japón.
35 El Órgano de Apelación explicó que, en su proyecto de 
plan de trabajo, elaborado antes de recibir la soli citud del Japón, se había previsto que la audiencia 
se celebrara los días 3 y 4 de noviembre de 2014, y que esa programación se había coordinado con los planes de trabajo de los otros dos procedimientos que el Órgano de Apelación tenía ante sí, 
a saber, las apelaciones en Estados Unidos - Acero al carbono (India)  y Estados Unidos - Medidas 
compensatorias (China) . La Sección consideró que no estaba en condiciones de atender la solicitud 
del Japón, teniendo en cuenta la superposición en las fechas de los tres planes de trabajo y en la 
composición de las Secciones que entendían en estas tres apelaciones, que dejaba al Órgano de 
Apelación opciones muy limitadas para programar las audiencias y sus deliberaciones internas en esta apelación. 
En Estados Unidos - Camarones II (Viet Nam) , los Estados Unidos solicitaron que se cambiara la 
fecha de la audiencia porque tropezaban con algunas dificultades logísticas para conseguir un 
alojamiento razonable en un hotel en Ginebra durante la semana de la audiencia. Después de considerar la solicitud de los Estados Unidos y las observaciones recibidas de Viet Nam y China, la 
Sección informó a los participantes y terceros participantes de su decisión de que las 
circunstancias que habían expuesto los Estados Unidos no equivalían, en este caso concreto, a "circunstancias excepcionales" que darían por resu ltado "una falta manifiesta de equidad" en el 
sentido del párrafo 2 de la Regla 16 de los Procedimientos de trabajo. Por consiguiente, la Sección 
decidió no cambiar la fecha de la audiencia.
36  
En el asunto Estados Unidos - Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 - México) , México solicitó 
que la audiencia no se celebrara cuando estaba programada porque un miembro clave del equipo 
litigante de México no estaría disponible en esas fechas y asistir a la audiencia con un equipo 
jurídico reducido repercutiría en su capacidad de presentar adecuadamente sus argumentos ante el Órgano de Apelación. Ni los Estados Unidos ni ninguno de los terceros participantes pusieron 
objeciones con respecto a la solicitud de México , al menos con respecto a algunas de las fechas 
alternativas propuestas. La Sección emitió una resolución de procedimiento en la que constataba que México había identificado "circunstancias excepcionales", en el sentido del párrafo 2 de la 
Regla 16 de los Procedimientos de trabajo, que justificaban la modificación de las fechas de la 
audiencia.
37 Al llegar a su conclusión, la Sección tuvo en cuenta el derecho de México a defender 
adecuadamente sus argumentos, así como el elevado nivel de actividad experimentado en aquel momento en el sistema de solución de diferencias de la OMC, que podía menoscabar la capacidad 
de un Miembro para participar efectivamente en varios procedimientos paralelos. 
6.2.6  Escritos amicus curiae  no solicitados 
En Estados Unidos - Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 - México) , el Órgano de Apelación 
recibió un escrito amicus curiae  no solicitado de un Profesor de derecho. La Sección no consideró 
necesario basarse en el escrito amicus curiae  al emitir su decisión. 
                                               
35 La resolución de procedimie nto se adjuntó como anexo 4 a Argentina - Medidas relativas a la 
importación , WT/DS438/AB/R, WT/DS444/AB/R, WT/DS445/AB/R. 
36 La resolución de procedimie nto se adjuntó como anexo 2 a Estados Unidos - Camarones II 
(Viet Nam) , WT/DS429/AB/R. 
37 La resolución de procedimiento se adjuntó como anexo D a Estados Unidos - Atún II (México) 
(párrafo 5 del artículo 21 - México) , WT/DS381/AB/RW. WT/AB/26 
 
- 121 - 
 
  6.2.7  Prórroga del plazo para la  distribución de los informes 
El plazo de 90 días establecido en el párrafo 5 del artículo 17 del ESD para la distribución de los 
informes se sobrepasó en los asuntos Argentina - Medidas relativas a la importación , Estados 
Unidos - EPO (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá y México) , India - Productos agropecuarios , Perú 
- Productos agropecuarios , China - Tubos de altas prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas 
prestaciones (UE)  y Estados Unidos - Atún II (párrafo 5 del artículo 21 - México) . 
El Órgano de Apelación comunicó al Presidente del OSD las razones de la imposibilidad de 
distribuir un informe del Órgano de Apelación dentro del plazo de 90 días en cada una de las 
apelaciones en que no se cumplió ese plazo en 2015.38 Estas razones incluían, entre otras, la 
considerable carga de trabajo del Órgano de Apelación; el número y la complejidad de las cuestiones planteadas en apelación; las dificultades de programación que se derivaban de la 
superposición de las secciones que entendían en las apelaciones que simultáneamente estaban 
pendientes ante el Órgano de Apelación; la carga de trabajo que estas apelaciones concurrentes imponían a los servicios de traducción de la Secretaría de la OMC; las prórrogas de los plazos para 
la presentación de comunicaciones escritas concedidas a petición de los participantes y terceros 
participantes; la reprogramación de las audiencias; y la falta de personal en la Secretaría del Órgano de Apelación.  
6.2.8  Corrección de errores materiales 
En India - Productos agropecuarios , la India solicitó autorización, de conformidad con el párrafo 5 
de la Regla 18 de los Procedimientos de trabajo, para corregir un error material en su anuncio de apelación. La Sección del Órgano de Apelación dio a los Estados Unidos y a los terceros 
participantes la oportunidad de presentar por escrito observaciones sobre la solicitud de la India. 
Dado que no recibió objeciones a la solicitud de la India, la Sección autorizó a la India a corregir el error material en su anuncio de apelación.
39 
7  ARBITRAJES DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 C) DEL ARTÍCULO 21 DEL ESD 
Se ha designado a determinados Miembros del Órgano de Apelación para que actúen como árbitros 
de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD con el fin de determinar el "plazo 
prudencial" de que dispone un Miembro de la OMC para aplicar las recomendaciones y resoluciones 
adoptadas por el OSD en casos de solución de diferencias. En el ESD no se especifica quién actuará como árbitro. Las partes en el arbitraje e l i g e n  a l  á r b i t r o  p o r  c o n s e n s o  y ,  s i  n o  p u e d e n 
ponerse de acuerdo, lo designa el Director General de la OMC. En todos los procedimientos de 
arbitraje menos uno, todas las personas que han actuado como árbitros de conformidad con el 
párrafo 3 c) del artículo 21 han sido Miembros actuales o antiguos Miembros del Órgano de Apelación.
40 En los arbitrajes previstos en el párrafo 3 c) del artículo 21, los Miembros del Órgano 
de Apelación actúan a título individual. 
A continuación figura información adicional sobre los tres procedimientos de arbitraje llevados a 
cabo en 2015. 
                                               
38 Respecto de Argentina - Medidas relativas a la importación , véanse los documentos WT/DS438/17, 
WT/DS444/15 y WT/DS/445/16; Estados Unidos - EPO (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá y México) , véanse 
los documentos WT/DS384/31 y WT/DS386/30; India - Productos agropecuarios , véase el documento 
WT/DS430/9; Perú - Productos agropecuarios , véase el documento WT/DS457/9; China - Tubos de altas 
prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas prestaciones (UE) , véanse los documentos WT/DS454/9 y 
WT/DS460/9; Estados Unidos - Atún II (México) (párrafo 5 del artículo 21 - México) , véase el documento 
WT/DS381/26. 
39 El documento distribuido con la signatura WT/DS430/8 reflejaba la versión corregida del anuncio de 
apelación de la India. 
40 El Sr. Farbenbloom, árbitro en Estados Unidos - Medida s antidumping sobre determinados camarones 
procedentes de Viet Nam . El Sr. Farbenbloom había sido anteriormente presidente del Grupo Especial en la 
diferencia subyacente. WT/AB/26 
 
- 122 - 
 
  7.1  Estados Unidos - Medidas en materia de derechos compensatorios sobre 
determinados productos procedentes de China , WT/DS437/16  
El 16 de enero de 2015, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó los informes del Grupo 
Especial y del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Medidas en materia de derechos 
compensatorios sobre determinados productos procedentes de China . Esta diferencia se refería a 
la impugnación por China de derechos compensatorios impuestos por los Estados Unidos a varios productos procedentes de China a raíz de 17 investigaciones en materia de derechos 
compensatorios iniciadas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC) 
entre 2007 y 2012. 
Con respecto al apartado d) del artículo 14 y al párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC, el 
Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que el USDOC podía rechazar 
los precios privados como posibles puntos de referencia en las investigaciones en litigio basándose 
en que dichos precios estaban distorsionados. El Órgano de Apelación también revocó la constatación del Grupo Especial de que China no  había establecido que el USDOC hubiera actuado 
de manera incompatible con el apartado d) del artículo 14 o el párrafo 1 b) del artículo 1 al 
rechazar los precios internos privados en China como puntos de referencia con respecto al beneficio en las investigaciones en materia de derechos compensatorios sobre los OCTG, Paneles 
solares, Tubos de presión y Tubos. El Órgano de Apelación completó el análisis jurídico y constató 
que el USDOC había actuado de manera incompatible con las obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del apartado d) del artículo 14 y el párrafo 1 b) del artículo 1 en estas cuatro investigaciones en materia de derechos compensatorios. El Órgano de Apelación confirmó la 
constatación del Grupo Especial de que el USDOC no actuó de manera incompatible con las 
obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 1 del artículo 2 al analizar la especificidad exclusivamente en el marco del párrafo 1 c) del artículo 2. Sin embargo, el 
Órgano de Apelación modificó las interpretaciones que hizo el Grupo Especial del párrafo 1 c) del 
artículo 2, y en particular su interpretación de los conceptos de "programa de subvenciones" y 
"autoridad otorgante" que desarrolló en el contexto de su análisis de la especificidad de facto  de 
determinadas subvenciones en litigio. También revocó la constatación del Grupo Especial de que 
China no había establecido que el USDOC hubiera actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 al no haber identificado un "programa de subvenciones", así como la constatación del Grupo Especial de que China no  había establecido que el USDOC hubiera actuado 
de manera incompatible con el párrafo 1 c) del artículo 2 al no haber identificado una "autoridad 
otorgante". El Órgano de Apelación no pudo completar el análisis jurídico con respecto a las alegaciones formuladas por China al amparo del párrafo 1 del artículo 2. Por último, con respecto a 
la utilización por el USDOC de los "hechos de que se tenía conocimiento", el Órgano de Apelación 
revocó la constatación del Grupo Especial de que China no había establecido que el USDOC hubiera actuado de manera incompatible con el párrafo 7 del artículo 12 al no haber recurrido a los hechos 
de que se tenía conocimiento que constaban en el expediente al hacer sus determinaciones 
preliminar o definitiva, pero no pudo completar el análisis jurídico a este respecto.
41 
Mediante una carta dirigida al Presidente del OSD, de fecha 13 de febrero de 2015, los Estados 
Unidos indicaron su propósito de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta 
diferencia de una manera que respetara las obligaciones que les corresponden en el marco de 
la OMC y declararon que necesitarían un plazo prudencial para hacerlo. Las consultas celebradas entre las partes no dieron lugar a un acuerdo sobre el plazo prudencial para la aplicación. 
En consecuencia, China solicitó que dicho plazo se determinase mediante arbitraje de conformidad 
con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. Chin a y los Estados Unidos no pudieron ponerse de 
acuerdo para designar un árbitro. Por consiguiente, China solicitó al Director General de la OMC 
que designara un árbitro. El Director General designó como árbitro al Sr. Georges M. Abi-Saab 
el 17 de julio de 2015, tras haber celebrado consultas con las partes. 
Los Estados Unidos solicitaron un plazo prudencial para la aplicación en esta diferencia 
de 19 meses, afirmando que este es el plazo más breve dentro del cual el USDOC puede modificar 
las investigaciones en materia de derechos compensatorios en litigio a la luz de los requisitos de 
procedimiento previstos en la legislación estadounidense, la complejidad de las cuestiones abarcadas y la carga de trabajo del USDOC. Ch ina respondió que se debería conceder a los 
                                               
41 Véase un resumen detallado del info rme del Órgano de Apelación en la  diferencia subyacente en el 
informe anual del Órgano de Apelación correspondiente a 2014, WT/AB/24, página 73. WT/AB/26 
 
- 123 - 
 
  Estados Unidos un plazo de 10 meses para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en 
esta diferencia y afirmó que varios trámites del procedimiento de aplicación requieren menos tiempo que el que solicitaban los Estados Unidos. 
El Árbitro comenzó señalando que, en el caso de todas las investigaciones salvo dos, las partes 
estuvieron de acuerdo en que las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia se 
aplicarían mediante la modificación de las medidas incompatibles con las normas de la OMC a través de medidas administrativas correctivas, es decir, a través del procedimiento establecido en 
el artículo 129(b)(1) de la URAA. El Árbitro también observó que las partes estaban de acuerdo en 
que el proceso de aplicación para las investigaciones en litigio constaba de los siguientes pasos concretos: i) consultas y análisis previos; ii) solicitud de información a las partes interesadas y análisis de esa información; iii) verificación de la información recibida; iv) emisión de las 
determinaciones preliminares; v) recepción de los escritos de argumentación y de réplica; 
vi) emisión de las determinaciones definitivas; vi i) corrección de los errores administrativos; y 
viii) consultas con el Congreso de los Estados Unidos y aplicación. 
Sobre la base del texto del artículo 129(b), el Árbitro consideró que China no había establecido que 
el plazo de 180 días especificado en el artículo  129(b)(2) sea el plazo máximo en todos los casos 
para que el USDOC emita una redeterminación por la que se apliquen las recomendaciones y 
resoluciones del OSD. 
El Árbitro identificó determinadas consideraciones generales que pueden afectar al proceso de 
aplicación en esta diferencia. En primer lugar, el Árbitro observó que, teniendo en cuenta la declaración de los Estados Unidos en la audiencia, la aplicación de la constatación de 
incompatibilidad formulada por el Grupo Especial con respecto a la política articulada en la 
investigación Estanterías para la cocina "en sí misma" no debería considerarse al determinar el plazo prudencial para la aplicación. En segundo lugar, el Árbitro también consideró pertinente la 
complejidad de varias interpretaciones jurídicas y constataciones formuladas por el Grupo Especial 
y el Órgano de Apelación. El Árbitro recordó la constatación del Grupo Especial en cuanto a la forma en que puede establecerse que una entidad es un "organismo público" en el sentido del 
Acuerdo SMC y la constatación del Órgano de Apelación sobre cómo puede evaluarse si los precios 
de referencia propuestos están determinados por el mercado, de forma que puedan utilizarse para determinar si se otorga un beneficio. El Árbitro consideró que para aplicar esas constataciones el USDOC podría tener que realizar nuevos análisis y considerar factores adicionales en comparación 
con los procedimientos iniciales. 
Pasando a la discrepancia de las partes en cuanto al tiempo necesario para las consultas y análisis 
previos, es decir, la etapa inicial antes de adoptar ninguna medida formal de aplicación, el Árbitro 
consideró razonable esperar que, por lo que respecta a las cinco constataciones de 
incompatibilidad formuladas por el Grupo Especial que no fueron apeladas por los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses encargadas de la aplicación pudieran iniciar su labor preparatoria 
y las consultas cuando resultó evidente que las constataciones del Grupo Especial no serían objeto 
de apelación. Con respecto al tiempo necesario para solicitar información a las partes interesadas y analizar esa información, el Árbitro tomó nota de la postura de China de que únicamente proporcionaría información adicional en 6 de las 15 investigaciones en litigio, y que buena parte de 
esa información sería similar, como en las seis investigaciones relativas a la rama de producción 
del acero. Sin embargo, el Árbitro también observó que, aparte del Gobierno de china, otras partes 
interesadas también podrían proporcionar información, y que, aunque la información presentada 
por el Gobierno de china puede ser similar, el análisis de esa información puede ser distinto 
teniendo en cuenta la determinación necesaria en cada investigación. 
Con respecto a la discrepancia de las partes en cuanto al tiempo necesario para la verificación de 
la información recibida, el Árbitro observó que, independientemente de que la verificación fuera 
necesaria en cada investigación de conformidad con la legislación estadounidense, el párrafo 5 del artículo 12 del Acuerdo SMC dispone que las autoridades investigadoras " se cerciorarán  de la 
exactitud de la información presentada por los Miembros interesados o partes interesadas". 
El Árbitro observó además que el USDOC puede recibir información nueva de otras partes 
interesadas que puede requerir verificación. 
El Árbitro no consideró que la actual carga de trabajo del USDOC fuera pertinente para la 
determinación del plazo prudencial a la luz de las obligaciones fundamentales que han contraído 
los Miembros de la OMC. El Árbitro observó que dar prioridad a las investigaciones en litigio denota WT/AB/26 
 
- 124 - 
 
  el ejercicio de una flexibilidad que está a disposición del USDOC y que es de esperar que utilice. 
Por último, el Árbitro consideró el desacuerdo de las partes en cuanto a los medios para aplicar la constatación de incompatibilidad del Grupo Especial relativa a la iniciación de investigaciones sobre determinadas limitaciones de las exportaciones en dos investigaciones. China adujo que la única 
forma de aplicar esta constatación es la supresión de las determinaciones, mientras que los 
Estados Unidos consideraron que la aplicación podría lograrse mediante la modificación de las determinaciones. El Árbitro señaló que, incluso si la modificación de las determinaciones está 
comprendida entre las medidas de aplicación admisibles, en la fecha de la audiencia en este 
procedimiento el USDOC todavía no había tomado una decisión sobre si consideraba que la modificación de las determinaciones era posible. El Árbitro consideró que, si bien los Estados Unidos tienen cierto grado de libertad para elegir los medios de aplicar la constatación del Grupo 
Especial de que se trata, el proceso de aplicación con respecto a la constatación del Grupo Especial 
sobre las "limitaciones de las exportaciones" podría razonablemente haber avanzado más de lo que lo había hecho. Por consiguiente, el Árbitro opinó que el proceso de aplicación en estas 
investigaciones no debería ser motivo para pro rrogar el plazo prudencial para la aplicación. 
A la luz de lo anterior, el Árbitro determinó que el "plazo prudencial" para que los Estados Unidos 
aplicaran las recomendaciones y resoluciones del OS D en esta diferencia era de 14 meses y medio, 
que expiraría el 1° de abril de 2016. 
7.2  Estados Unidos - Medidas antidumping so bre determinados camarones procedentes 
de Viet Nam , WT/DS429/16 
El 22 de abril de 2015, el OSD adoptó los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación 
en el asunto Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados camarones procedentes 
de Viet Nam . Esta diferencia se refería a las medidas antidumping impuestas por los Estados 
Unidos a las importaciones de determinados camarones procedentes de Viet Nam, así como 
determinadas leyes o prácticas estadounidenses relativas a la imposición de medidas antidumping 
y a la aplicación de recomendaciones y resolu ciones desfavorables del OSD en casos sobre 
medidas comerciales correctivas. La investigación en litigio se inició en enero de 2004 y dio como 
resultado una orden antidumping definitiva el 8 de diciembre de 2004, modificada el 1° de febrero 
de 2005. 
El Grupo Especial constató que los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con: i) el 
párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 
como consecuencia de la aplicación por el USDOC del método de reducción a cero simple para 
calcular los márgenes de dumping de los declarantes obligados en los exámenes administrativos cuarto, quinto y sexto; ii) el párrafo 10 del artículo 6 y el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping, porque la práctica o política por la cual, en los procedimientos relativos a ENM, 
el USDOC presume que todos los productores/exportadores del país ENM pertenecen a una única entidad a escala de la ENM y asigna una tasa única a esos productores/exportadores (la "práctica 
relativa a la entidad a escala de la ENM") es incompatible "en sí misma" con estas disposiciones; 
iii) el párrafo 10 del artículo 6 y el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping como consecuencia de la aplicación por el USDOC, en los exámenes administrativos cuarto, quinto y sexto, de una presunción refutable de que todas las empresas de Viet Nam pertenecen a una única 
entidad a escala de Viet Nam y de la asignación de una tasa única a esa entidad; iv) el párrafo 4 
del artículo 9 del Acuerdo Antidumping como consecuencia de la aplicación a la entidad a escala de Viet Nam de una tasa de derechos superior al tope aplicable de conformidad con esa disposición en 
los exámenes administrativos cuarto, quinto y sexto; v) el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping como consecuencia del recurso por el USDOC a márgenes de dumping o tasas incompatibles con las normas de la OMC en su determinación de probabilidad de dumping en el 
primer examen por extinción; vi) el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping en los 
exámenes administrativos cuarto y quinto como consecuencia del trato que dieron a las solicitudes de revocación formuladas por determinados productores/exportadores vietnamitas que no estaban siendo examinados individualmente; y vii) el párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 
como consecuencia del recurso por el USDOC a márgenes de dumping incompatibles con las 
normas de la OMC en su determinación, en los exámenes administrativos cuarto y quinto, de no revocar la orden antidumping Camarones con resp ecto a determinados productores/exportadores 
vietnamitas. Además, el Grupo Especial constató que Viet Nam no había establecido que el 
artículo 129(c)(1) de la URAA excluya la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD con respecto a importaciones sin liquidar anteriores y, en consecuencia, que Viet Nam no había 
establecido que el artículo 129(c)(1) sea "en sí mismo" incompatible con el artículo 1, los WT/AB/26 
 
- 125 - 
 
  párrafos 2 y 3 del artículo 9, el párrafo 1 del artí culo 11 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo 
Antidumping. Viet Nam apeló esta constatación del Grupo Especial. En co ncreto, Viet Nam alegó 
que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD porque su interpretación y análisis del artículo 129(c)(1) de la URAA no se basaron en una evaluación 
objetiva de la disposición y de su contexto legal más general. El Órgano de Apelación rechazó la 
alegación de Viet Nam de que el Grupo Especial actuó de manera incompatible con el artículo 11 del ESD y confirmó la constatación pertinente del Grupo Especial. Los Estados Unidos no apelaron 
ninguna constatación del Grupo Especial. 
En la reunión del OSD celebrada el 20 de mayo de 2015, los Estados Unidos indicaron su propósito 
de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia de una manera que respete sus obligaciones en el marco de la OMC y declararon que necesitarían un plazo prudencial 
para hacerlo. Puesto que las partes no pudieron convenir en un "plazo prudencial" para la 
aplicación, Viet Nam sometió el asunto a arbitr aje de conformidad con el párrafo 3 c) del 
artículo 21. Mediante una carta conjunta de fecha 7 de octubre de 2015, Viet Nam y los Estados 
Unidos convinieron en que el Sr. Simon Farbenbloom fuera el árbitro en este asunto. 
El Sr. Farbenbloom había sido el Presidente del Grupo Especial en la diferencia subyacente. Aceptó el nombramiento el 8 de octubre de 2015. 
Los Estados Unidos solicitaron un plazo prudencial para la aplicación en esta diferencia "al menos 
de 21 meses", afirmando que este es el plazo más breve en que sería posible aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, habida cuenta de las prescripciones de procedimiento establecidas en la legislación estadounidense, la complejidad de las cuestiones de que se trata, y 
las actuales necesidades y limitaciones de recursos del USDOC. En cuanto a los medios de 
aplicación, los Estados Unidos sostuvieron que la forma más práctica de conformidad con la legislación estadounidense sería aplicar las constataciones del Grupo Especial en tres fases 
secuenciales, utilizando los procedimientos establecidos en los artículos 123(g) y 129(b) de 
la URAA. 
Viet Nam respondió que el plazo propuesto por los Estados Unidos era extraordinariamente largo, 
y que no había fundamento para otorgar un plazo superior a seis meses para la aplicación de las 
constataciones y recomendaciones del OSD. Aunque  Viet Nam en principio estuvo de acuerdo en 
que la aplicación de las constataciones del Grupo Especial sobre las medidas "en sí mismas" y "en su aplicación" tendría que hacerse consecutivamente, sostuvo que sería posible un mayor grado de 
coincidencia entre las diferentes etapas propuestas por los Estados Unidos. Además, Viet Nam 
sostuvo que las constataciones del Grupo Especial, en la medida en que se refieren a "importaciones sin liquidar anteriores", no se pueden aplicar con los medios de aplicación 
propuestos por los Estados Unidos. 
El Árbitro empezó señalando que, en conjunto, la secuencia de los trámites de aplicación que 
proponían los Estados Unidos parecía razonable en el contexto de su sistema jurídico. 
Concretamente, dado que toda modificación de la práctica relativa a la entidad a escala de la ENM 
debería incorporarse en la aplicación de las constataciones del Grupo Especial con respecto a las medidas "en su aplicación" en los exámenes administrativos cuarto, quinto y sexto, consideró lógico que la aplicación de la constatación del Grupo Especial con respecto a la práctica "en sí 
misma" tuviera que terminarse primero. Además, como los resultados de las determinaciones en 
virtud del artículo 129 sobre los exámenes administrativos se pueden tener en cuenta para formular una determinación en el marco de un examen por extinción, al Árbitro también le pareció 
lógico que la aplicación de la constatación relativa al primer examen por extinción se completara 
en la última etapa. 
El Árbitro examinó tres puntos de discrepancia entre las partes en relación con el proceso de 
aplicación en el marco del artículo 123(g) de la URAA. En primer lugar, tomó nota de la 
discrepancia de las partes en cuanto al tiempo necesario para la etapa preparatoria del procedimiento del artículo 123. El Árbitro recordó que árbitros que habían actuado en diferencias anteriores habían tenido en cuenta si el Miembro al que incumbía la aplicación había adoptado 
alguna medida desde la adopción de las recomendac iones y resoluciones del OSD. El Árbitro señaló 
además que en la presente diferencia los Estados Unidos no apelaron ninguna de las constataciones del Grupo Especial, y que habían transcurrido siete meses desde la adopción de los 
informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación. Por consiguiente, el Árbitro expresó la 
opinión de que sería razonable suponer que la labor preparatoria del procedimiento de aplicación previsto en el artículo 123(g) ya hubiera comenz ado. También tomó nota de la confirmación por WT/AB/26 
 
- 126 - 
 
  los Estados Unidos en la audiencia de que se habían mantenido consultas sobre la aplicación de la 
constatación del Grupo Especial con respecto a la medida "en sí misma" y que también se había iniciado otra labor preparatoria relativa a la aplicación. 
En segundo lugar, en cuanto al tiempo necesario para procesar las observaciones del público sobre 
la determinación preliminar, el Árbitro observó que cualquier modificación propuesta de la práctica 
relativa a la entidad a escala de la ENM, una vez publicada, podría suscitar en el público múltiples opiniones que el USDOC tendría que abordar en la determinación definitiva. Al mismo tiempo, 
subrayó la necesidad de un equilibrio adecuado entre, por una parte, la transparencia y el derecho 
de las partes interesadas al debido proceso y, por otra, la prontitud exigida en la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
En tercer lugar, con respecto al plazo total necesario para la compleción del proceso del 
artículo 123, el Árbitro señaló que, aunque no se prescriben plazos específicos para los trámites 
establecidos en el artículo 123(g), esos trámites son de carácter obligatorio y se deben cumplir. El Árbitro observó también que los Estados Unidos habían recurrido al artículo 123(g) en varias 
diferencias anteriores para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD y que, en algunas 
ocasiones, habían indicado que un plazo de siete a nueve meses sería suficiente para completar el procedimiento. 
A continuación, el Árbitro pasó a las etapas de aplicación propuestas y los plazos pertinentes en 
virtud del artículo 129(b) de la URAA. El Árbitr o comenzó tomando nota del acuerdo de las partes 
en que se necesitan los cinco trámites siguientes para aplicar las constataciones pertinentes del Grupo Especial: i) el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales 
Internacionales (USTR) consulta al USDOC y a los comités competentes del Congreso; ii) el USTR 
solicita al USDOC que adopte medidas de aplicación; iii) el USDOC emite determinaciones preliminares y da a las partes interesadas la posibilidad de formular observaciones; iv) el USTR 
consulta al USDOC y a los comités competentes del Congreso en lo que respecta a las 
determinaciones del USDOC; y v) el USTR ordena al USDOC que aplique las determinaciones, así como la publicación de un aviso en el Federal Register  de los Estados Unidos en el que el USDOC 
aplica oficialmente las determinaciones. Sin embargo, el Árbitro también tomó nota de que las 
opiniones de las partes divergían de manera significativa con respecto a lo siguiente: i) el tiempo que se necesita para algunos de esos trámites; ii) la necesidad de reunir información adicional; iii) el grado de coincidencia entre determinados trámites del procedimiento de aplicación; y iv) la 
pertinencia de la actual carga de trabajo del US DOC para la determinación del plazo prudencial. 
En primer lugar, el Árbitro rechazó el argumento de Viet Nam de que la labor sustantiva para el 
procedimiento del artículo 129 debe completarse en 180 días. Observó que el artículo 129(b)(2) 
exige que la determinación del USDOC para aplicar las constataciones del Grupo Especial sea 
formulada dentro del plazo de 180 días contados a partir de la solicitud del USTR al USDOC para que adopte medidas de aplicación. El Árbitro recordó que, además de ese plazo de 180 días, los 
artículos 129(b)(1), (3) y (4) enuncian otras medidas que afectan al USTR, al USDOC y al 
Congreso de los Estados Unidos que hay que completar tanto antes como después del trámite contemplado en el artículo 129(b)(2). 
En segundo lugar, el Árbitro recordó que la práctica relativa a la entidad a escala de la ENM se 
refiere al enfoque que adopta el USDOC al abordar la relación entre el gobierno de un 
Miembro ENM y los productores/exportadores de ese Miembro, y que la constatación del Grupo Especial relativa a esta práctica "en sí misma" debe aplicarse en primer lugar. A juicio del Árbitro, 
no cabe excluir que, tras una modificación de la pr áctica relativa a la entidad a escala de la ENM, 
el USDOC necesite reunir más información sobre los distintos productores/exportadores de Viet Nam en los exámenes administrativos. Al mismo tiempo, el Árbitro señaló que, una vez 
reunida la información adicional pertinente, la modificación del programa informático para volver a 
calcular los márgenes de dumping podría no requerir necesariamente mucho tiempo en sí misma. Por último, el Árbitro recordó que debe haber un equilibrio entre, por una parte, la transparencia y el derecho de las partes interesadas al debido proceso y, por otra, la prontitud exigida en la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. 
En tercer lugar, el Árbitro pasó a considerar los argumentos de las partes respecto del grado de 
coincidencia entre los distintos trámites del procedimiento del artículo 129. Con respecto al 
argumento de Viet Nam de que el USDOC podría acelerar el procedimiento emitiendo una 
determinación en virtud del artículo 129 separada sobre la solicitud de revocación de Minh Phu WT/AB/26 
 
- 127 - 
 
  mientras esté en curso el procedimiento del artículo 123, el Árbitro señaló que los Estados Unidos 
tienen cierto margen de discreción para decidir cómo organizar sus determinaciones en virtud del 
artículo 129 de acuerdo con su práctica habitual, aunque utilizando al mismo tiempo toda la flexibilidad de que dispone. A este respecto, el Árbitro observó que la labor del USDOC sobre la 
aplicación de las constataciones del Grupo Especial relativas a la utilización de la reducción a cero 
simple y a la solicitud de revocación de Min Phu se llevaría a cabo al mismo tiempo que el procedimiento del artículo 123. El Árbitro declaró además que no debería haber un desfase 
temporal importante entre el fin del procedimiento del artículo 129 sobre los exámenes 
administrativos y el comienzo del procedimiento del artículo 129 correspondiente al examen por extinción. 
Por último, el Árbitro pasó a examinar el argumento de los Estados Unidos de que la actual carga 
de trabajo del USDOC debería tenerse en cuenta como parte de las circunstancias concretas de 
esta diferencia. El Árbitro recordó que los Estados Unidos habían planteado el mismo argumento en el arbitraje en el asunto Estados Unidos - Medidas compensatorias (China) .
42 El árbitro 
encargado de esa diferencia constató que, teniendo en cuenta las obligaciones fundamentales que 
han contraído los Miembros de la OMC, y las flexibilidades disponibles en el sistema jurídico de los Estados Unidos, no se debía considerar que la actual carga de trabajo del USDOC fuera pertinente 
para la determinación del plazo prudencial para la aplicación. El Árbitro consideró que dar prioridad 
a las medidas de cumplimiento respecto de las re comendaciones y resoluciones del OSD objeto de 
litigio en el presente procedimiento constituiría un ejercicio de flexibilidad a disposición del USDOC que sería de esperar que utilizara. Por tanto el Árbitro no constató que la carga de trabajo que 
alegaban los Estados Unidos fuera pertinente para su determinación del plazo prudencial. 
A la luz de lo anterior, el Árbitro determinó que el "plazo prudencial" para que los Estados Unidos 
apliquen las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia fuera de 15 meses 
contados a partir de la adopción de los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación, y 
expirará el 22 de julio de 2016. 
7.3  Perú - Derecho adicional sobre las impo rtaciones de determinados productos 
agropecuarios , WT/DS457/15 
El 31 de julio de 2015, el OSD adoptó los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación 
en el asunto Perú - Derecho adicional sobre las importaciones de determinados productos 
agropecuarios . Esta diferencia se refería a los derechos adicionales impuestos por el Perú sobre las 
importaciones de determinados tipos de arroz, azúcar, maíz y leche. El Grupo Especial y el Órgano 
de Apelación constataron que los derechos adicionales resultantes del Sistema de Franja de Precios (SFP) son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y la 
segunda oración del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994.
43 
En la reunión del OSD celebrada el 31 de julio de 2015, el Perú comunicó al OSD su intención de 
aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia, e indicó que necesitaría un 
plazo prudencial para la aplicación. Puesto que las partes no pudieron convenir en un "plazo 
prudencial" para la aplicación, Guatemala sometió el asunto a arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. Mediante carta conjunta de fecha 9 de octubre de 2015, el Perú y Guatemala convinieron en pedir al Sr. Ricardo Ramírez-Hernández que actuara como 
árbitro para este asunto. El Sr. Ramírez-Hernández aceptó su nombramiento el 9 de octubre 
de 2015. 
El Perú solicitó un plazo prudencial para la aplicación en esta diferencia de al menos 19 meses, 
teniendo en cuenta: i) las etapas de procedimiento contempladas en la normativa interna del Perú; 
ii) el impacto previsto del fenómeno climático El Niño  en el proceso de aplicación emprendido por 
las autoridades peruanas; y iii) la complejidad del SFP y su función en la política arancelaria del 
Perú. En cuanto a los medios elegidos para la aplicación, el Perú indicó que aplicaría las 
recomendaciones y resoluciones del OSD mediante un "Decreto Supremo". Los Decretos Supremos 
                                               
42 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Medidas en materia de derechos compensatorios sobre 
determinados productos procedentes de  China - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 
del ESD,  WT/DS437/16, 9 de octubre de 2015. 
43 Véase un resumen detallado del info rme del Órgano de Apelación en esta diferencia en la página 66 
supra . WT/AB/26 
 
- 128 - 
 
  son normas de carácter general emitidas por el Presidente del Perú que reglamentan normas con 
rango de ley o regulan la actividad gubernamental a nivel nacional. Guatemala respondió que el plazo prudencial para la aplicación debería ser de cinco meses, y adujo que: i) este plazo sería lo 
suficientemente largo y razonable de acuerdo con el marco normativo del Perú; ii) el fenómeno 
climático El Niño  no es una consideración válida para prorrogar el plazo prudencial; y iii) el SFP no 
es una medida compleja y esencialmente integrada a la política arancelaria del Perú. Guatemala también señaló que no se opondría a un plazo prudencial de seis meses si el Árbitro considerara 
otros factores en la determinación de dicho plazo prudencial. 
El Árbitro abordó en primer lugar los plazos prudenciales propuestos por las partes mediante un 
examen de las seis etapas de procedimiento siguientes identificadas por el Perú como necesarias para promulgar el Decreto Supremo: i) el proceso de consultas con las partes interesadas 
pertinentes; ii) el diseño de la medida de aplicación; iii) la elaboración del proyecto de Decreto 
Supremo; iv) la aprobación del proyecto por la Co misión de Coordinación Viceministerial; v) la 
aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros; y vi) el refrendo del proyecto por el Ministerio 
de Agricultura y Riego, la firma del proyecto por el Ministro de Economía y Finanzas y la 
publicación y entrada en vigor del Decreto Supremo. 
En primer lugar, en relación con el proceso de consultas con las partes interesadas pertinentes, el 
Perú adujo que aunque las consultas no están previstas en la ley, se han vuelto una práctica 
común en el sistema jurídico del Perú a fin de mantener el diálogo con los sectores afectados por los cambios normativos. El Perú añade que las consultas tienen tres objetivos: i) informar a los sectores privados pertinentes de que el cambio normativo se deriva de una decisión de una 
organización internacional; ii) debatir con los sectores privados los medios de aplicación; y 
iii) establecer programas de ayuda para mejorar la competitividad y resistir la repercusión negativa de la aplicación en los sectores priv ados de que se trata. Guatemala adujo que las 
consultas no deberían tenerse en cuenta al determinar el plazo prudencial para la aplicación 
puesto que no son necesarias para la aplicación ni están previstas en la legislación peruana. Recordando arbitrajes anteriores en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, el Árbitro 
señaló que los ajustes estructurales para permitir que un sector privado se adapte a la supresión o 
la modificación de una medida incompatible, como programas de ayuda para los sectores afectados, no pueden ser pertinentes para la determinación del plazo prudencial para la aplicación. Por consiguiente, el Árbitro concluyó que la creación de programas de ayuda no era pertinente 
para su determinación y que, en cualquier caso, las consultas en cuestión podían mantenerse 
paralelamente a la aplicación. Subrayando que los programas de ayuda abarcados en la primera etapa son los mismos que los programas de ayuda incluidos en la segunda etapa, el Árbitro 
consideró que la primera etapa y parte de la segunda etapa no son pertinentes para la 
determinación del plazo prudencial para la aplicación. 
En segundo lugar, con respecto al diseño de la medida de aplicación, el Perú sostuvo que sus leyes 
establecen un plazo máximo de seis meses para  completar esta etapa. Guatemala adujo que, 
sobre la base de la claridad de la obligación del Perú de dejar de aplicar el derecho adicional resultante del SFP, esto podría completarse en tres meses. El Árbitro consideró que Guatemala no había proporcionado una explicación suficiente de la forma en que su cálculo daba como resultado 
tres meses. Por consiguiente, el Árbitro solo consideró el plazo requerido en la legislación peruana, 
es decir, seis meses. 
Por último, en relación con las etapas tres a seis, el Perú presentó plazos mínimos y máximos para 
completar las etapas tres a cinco, así como un solo plazo para completar la etapa seis. El Árbitro 
estuvo de acuerdo con Guatemala en que un Miembro debe hacer todos los esfuerzos posibles para aplicar, en el menor tiempo posible, las recomendaciones y resoluciones del OSD. El pronto 
cumplimiento, en opinión del Árbitro, es un "engranaje fundamental" para el debido 
funcionamiento de la solución de diferencias en la OMC. Sobre esta base, el Árbitro consideró que, de conformidad con los plazos ordinarios previstos en la legislación peruana, y teniendo en cuenta 
la obligación del Perú de poner en conformidad su medida de la manera más breve posible, el Perú 
podía elaborar y promulgar un Decreto Supremo en un plazo más corto que el que proponía. 
El Árbitro pasó a continuación a examinar si en este caso había "circunstancias del caso" que 
pudieran afectar a su determinación del plazo prudencial para la aplicación. 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 21 del ESD, el Árbitro prestó especial atención tanto a 
los intereses del Perú como Miembro en desarro llo al que incumbe la aplicación como a los WT/AB/26 
 
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  intereses de Guatemala como Miembro reclamante en  desarrollo. Sin embargo, el Árbitro concluyó 
que ni el Perú ni Guatemala habían demostrado que su condición de país en desarrollo Miembro tuviera que ser un factor a la hora de determinar el plazo prudencial. Por consiguiente, el Árbitro no consideró la condición de "país en desarrollo" del Perú y Guatemala en su determinación. 
Además, el Árbitro evaluó la pertinencia del fenómeno climático El Niño como "circunstancia del 
caso" en esta diferencia, como planteó el Perú. El Árbitro consideró que un desastre natural podría constituir una "circunstancia del caso" y, por tanto, un elemento a considerar en la determinación 
del plazo prudencial. El Árbitro también observó qu e la prevención de desastres naturales, como 
El Niño , así como la mitigación de sus efectos, pueden claramente afectar a la capacidad 
regulatoria o legislativa de un Miembro para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. No obstante, el Árbitro consideró que el Perú no había demostrado suficientemente la repercusión 
que El Niño  y las medidas adoptadas por el Perú para mi tigar sus efectos negativos tendrían en la 
capacidad regulatoria del Perú para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. Por consiguiente, el Árbitro concluyó que no podía evaluar cómo y en qué medida las actividades 
del Perú relacionadas con El Niño  afectaban al plazo prudencial para la aplicación. 
Por último, el Árbitro evaluó la función del SFP en la política económica y arancelaria del Perú 
como "circunstancia del caso". El Árbitro tomó nota de las conclusiones del Grupo Especial y del 
Órgano de Apelación de que el SFP tiene un impacto sobre los precios en el mercado peruano para 
los cuatro grupos de productos abarcados. El Árbitro también observó que el Perú ha reducido gradualmente el papel del SFP en relación con los productos abarcados por él. El Árbitro consideró que el Perú no había demostrado que el SFP cons tituya un elemento esencial de la política 
económica y arancelaria del Perú, ni tampoco cómo  este elemento afectaría o influiría en la 
capacidad regulatoria del Perú de forma que se justificara un plazo prudencial más largo para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. Por consiguiente, el Árbitro concluyó que las 
funciones y la importancia del SFP no deberían tenerse en cuenta como "circunstancia del caso" en 
su determinación del plazo prudencial. 
A la luz de lo anterior, el Árbitro determinó que el plazo prudencial para que el Perú aplicara las 
recomendaciones y resoluciones del OSD en esta diferencia era de 7 meses y 29 días, y expiraría 
el 29 de marzo de 2016. 
8  OTRAS ACTIVIDADES 8.1  Conferencias con motivo del vigésimo aniversario de la OMC 
El Órgano de Apelación inició en 2015 una serie de conferencias para conmemorar el vigésimo 
aniversario de la OMC y su mecanismo de solución de diferencias. Las conferencias fueron organizadas por instituciones académicas y se han centrado en cuestiones de actualidad relativas a 
la solución de diferencias y en la contribución del Órgano de Apelación a la solución de diferencias 
y otros aspectos de las normas de la OMC. Entre los participantes han figurado Miembros actuales y antiguos del Órgano de Apelación, altos representantes gubernamentales, funcionarios de 
la OMC, miembros de la comunidad académica, periodistas, estudiantes y representantes de la 
sociedad civil. Las cuatro primeras conferencias de la serie se celebraron en 2015. 
La primera conferencia se celebró en Florencia (Italia) el 15 de mayo de 2015. Fue organizada por 
el Instituto Universitario Europeo. El Sr. Peter Van den Bossche, Miembro del Órgano de Apelación 
y Profesor en la Universidad de Maastricht, form ó parte del comité directivo de la conferencia. 
La conferencia se centró en cuestiones relacionadas con la solución de diferencias comerciales internacionales y en la convergencia de la reglamentación en el sistema multilateral de comercio. 
El segundo conjunto de conferencias de la serie se celebró en Beijing, Shanghai y Shenzen 
(China), del 2 al 6 de julio de 2015. La conferencia de Beijing fue organizada por la Universidad de Tsinghua. Las conferencias de Shanghai y Shen zen fueron organizadas por la Universidad de 
Tsinghua en cooperación, respectivamente, con el Centro de la OMC de Shanghai y el Centro de 
l a  O M C  d e  S h e n z e n .  L a  S r a .  Y u e j i a o  Z h a n g ,  M i embro del Órgano de Apelación y Profesora de 
Derecho en la Universidad de Tsinghua y la Un iversidad de Shantou, formó parte del comité 
directivo de estas conferencias. Las conferencias abordaron varias cuestiones relacionadas con el 
sistema multilateral de comercio, entre ellas la evolución del sistema de solución de diferencias WT/AB/26 
 
- 130 - 
 
  del GATT/OMC, China y la OMC, los desafíos a lo s que se enfrenta el sistema de solución de 
diferencias y la reforma del ESD. 
La tercera conferencia se celebró en Seúl (Corea) el 28 de agosto de 2015. Fue organizada por la 
Universidad Nacional de Seúl. El Sr. Seung Wha Chang, Miembro del Órgano de Apelación y 
Profesor en la Universidad Nacional de Seúl, form ó parte del comité directivo de esta conferencia. 
La conferencia se centró en los nuevos desafíos para los mecanismos de solución de diferencias en el régimen de comercio mundial, las nuevas tendencias en la elaboración de normas en el contexto 
de los acuerdos comerciales regionales, y los conflictos de competencia entre los sistemas de 
solución de diferencias de la OMC y de los acuerdos de libre comercio. 
La cuarta conferencia se celebró en Cancún (México) del 2 al 4 de diciembre de 2015. 
El Sr. Ricardo Ramírez-Hernández, Miembro del Órgano de Apelación y Profesor en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), formó parte del comité directivo de esta conferencia. 
La conferencia abordó cuestiones relacionadas con el papel de América Latina en el sistema multilateral de comercio, la evolución de la práctica comercial internacional en la región y la 
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en América Latina. 
La próxima conferencia se celebrará en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos de América) en 
abril de 2016. Será organizada por la Universida d de Harvard. El Sr. Thomas Graham, Miembro del 
Órgano de Apelación, forma parte del comité directivo. También es posible que se celebre una 
conferencia en la India durante el segundo semestre de 2016. 
8.2  Programa de pasantías de la OMC La Secretaría del Órgano de Apelación participa en el programa de pasantías de la OMC, que 
permite a los estudiantes universitarios de posgrado adquirir experiencia práctica y un 
conocimiento más profundo del sistema multilateral de comercio mundial en general y de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC en particular. Los pasantes de la Secretaría 
del Órgano de Apelación adquieren experiencia directa de los aspectos procesales y sustantivos de 
la solución de diferencias en la OMC y, en particular, del procedimiento de apelación. El programa de pasantías está abierto a los nacionales de los Miembros de la OMC y de los países y territorios 
aduaneros que llevan a cabo negociaciones de adhesión. Las pasantías tienen generalmente una 
duración de tres meses. En 2015 la Secretaría del Órgano de Apelación acogió a pasantes procedentes de Bélgica, Bulgaria, Costa Rica, la India, Irlanda y el Japón. Desde 1998, en total 130 estudiantes de posgrado, de más de 50 nacionalidades, han concluido pasantías en la 
Secretaría del Órgano de Apelación. Puede obtenerse más información sobre el programa de 
pasantías de la OMC, incluidos los requisitos de admisión y las instrucciones para solicitarlas, en la siguiente dirección: 
<https://www.wto.org/spanish/th ewto_s/vacan_s/intern_s.htm > 
8.3  El Registro de Solución de Diferencias Digital de la OMC 
El Registro de Solución de Diferencias Digital de la OMC es una completa aplicación que se está 
desarrollando para administrar el conjunto del trabajo realizado en el proceso de solución de 
diferencias, así como para mantener información en formato digital sobre las diferencias. La aplicación comprende: i) un registro electrónico seguro para archivar y presentar en línea documentos de solución de diferencias; ii) un servicio central de almacenamiento electrónico para 
todos los expedientes de solución de diferencias; y iii) un servicio de búsqueda de información y 
estadísticas sobre solución de diferencias. 
El Registro digital permitirá presentar las comunicaciones de manera electrónica en las diferencias 
y crear un catálogo electrónico de todos los documentos presentados en un determinado asunto. 
El sistema contará con: i) un servicio para presentar electrónicamente de manera segura comunicaciones y otros documentos relacionados con las diferencias; ii) un canal para dar traslado 
a las partes de las comunicaciones y pruebas documentales de manera segura sin utilizar papel; y 
iii) un calendario global de los plazos, para ayudar a los Miembros y a la Secretaría a administrar el flujo de trabajo. WT/AB/26 
 
- 131 - 
 
  En cuanto servicio de almacenamiento, el Registro digital permitirá acceder a información sobre las 
diferencias de la OMC y, en particular, servirá de repertorio en línea de todos los expedientes de los grupos especiales y el Órgano de Apelación. Durante 2015, el Órgano de Apelación participó en el desarrollo final y la prueba de la aplicación del Registro digital, así como de una Guía exhaustiva 
del usuario, que se facilitará a los Miembros. En julio de 2015 comenzó una fase piloto en la que 
las partes y los integrantes de grupos especiales utilizan el Registro digital paralelamente al sistema existente de presentación de documentos en papel. Todos los grupos especiales 
establecidos desde esa fecha han participado en la fase piloto. Está previsto que la primera 
apelación que utilice el Registro digital en fase piloto se produzca en algún momento de 2016.  
En cuanto servicio de búsqueda, el Registro digi tal permitirá a los Miembros y al público buscar los 
expedientes digitales de datos accesibles al público de las diferencias sustanciadas en el pasado. 
Los usuarios tendrán acceso a más información y estadísticas que antes. Al ampliarse la 
información disponible, los Miembros de la OMC y la Secretaría, así como el público interesado, podrán generar estadísticas más completas e informativas sobre la actividad de solución de 
diferencias en la OMC. 
 WT/AB/26 
 
- 132 - 
 
 ANEXO 1 
RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN1 
COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
En los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación2 (Procedimientos de trabajo) se 
establecen las comunicaciones escritas que los Mi embros de la OMC que participan en apelaciones 
deben presentar en los procedimientos de apelación, así como los plazos y las modalidades para la 
presentación de esos documentos. Durante muchos años, el Órgano de Apelación ha solicitado a 
los participantes en los procedimientos de apelación que presenten resúmenes de sus comunicaciones escritas a más tardar en la misma fecha límite establecida para las propias comunicaciones escritas. Esos resúmenes tenían por objeto ayudar al Órgano de Apelación a 
resumir los argumentos de los participantes en su informe en cada procedimiento. El Órgano de 
Apelación desea informar a los Miembros de la OMC de su intención de adoptar nuevas directrices en relación con dichos resúmenes. 
El Órgano de Apelación se propone mantener la práctica de pedir a los participantes en las 
apelaciones que presenten resúmenes de sus comunicaciones escritas. Los plazos para la presentación de tales resúmenes también permanecerán inalterados, es decir, coincidirán con los 
establecidos para las propias comunicaciones escritas. No obstante, el Órgano de Apelación 
introduce dos aspectos nuevos en esa práctica. En primer lugar, solicitará, no solo a los participantes, sino también a cada uno de los terceros participantes que opte por presentar una comunicación escrita en una apelación, que presente al mismo tiempo un resumen de esa 
comunicación escrita. En segundo lugar, en vez de utilizar los resúmenes como ayuda para 
redactar su propia descripción de los argumentos de los participantes, el Órgano de Apelación incorporará como anexos a cada uno de sus informes los resúmenes presentados por los 
participantes y los terceros participantes
3 en los respectivos procedimientos de apelación. Los 
grupos especiales de solución de diferencias de la OMC aplican con éxito desde hace tiempo una práctica similar. Este cambio permitirá a los Miembros asegurarse de que sus posiciones y 
peticiones se reflejen con exactitud, en los mism os términos en que se hayan formulado, en los 
informes del Órgano de Apelación. También permitirá al Órgano de Apelación hacer un uso óptimo de sus limitados recursos, y reasignar a otras esferas de la labor de apelación recursos que antes se dedicaban a resumir los argumentos de los participantes y terceros participantes. 
El Órgano de Apelación se propone introducir este enfoque, con carácter experimental, a partir de 
la próxima apelación. Actualmente hay dos informes de Grupo Especial distribuidos, que pueden ser objeto de apelación. Se ha informado a las partes en esas dos diferencias ( Perú - Productos 
agropecuarios  (WT/DS457) y China - Tubos de altas prestaciones (Japón) / China - Tubos de altas 
prestaciones (UE)  (WT/DS454 / WT/DS460)) de la manera en que el Órgano de Apelación se 
propone proceder en relación con sus resúmenes en caso de apelación. El Órgano de Apelación 
desea, sin embargo, informar de esta novedad también al conjunto de los Miembros de la OMC. 
Por consiguiente, en lo que resta del presente documento se establecen determinadas directrices en relación con los resúmenes presentados en los procedimientos de apelación. 
                                               
1 Documento WT/AB/23, de 11 de marzo de 2015. 
2 Documento WT/AB/WP/6, de 16 de agosto de 2010. 
3 De conformidad con los Procedimientos de trabaj o, los terceros participantes pueden optar por 
presentar comunicaciones escritas al Órgano de Apelación, pero no están obligados a hacerlo. WT/AB/26 
 
- 133 - 
 
  El objetivo de estas directrices es permitir que los Miembros de la OMC resuman, en sus propios 
términos, sus posiciones y los argumentos que las respaldan y, al mismo tiempo, promover un cierto grado de armonización en la estructura y extensión de esos resúmenes. El Órgano de Apelación considerará la utilidad de incorporar algunos de los aspectos de estas directrices, o todos 
ellos, en los Procedimientos de trabajo una vez que, tanto el Órgano de Apelación como los 
Miembros, tengan cierta experiencia en relación con las directrices que ahora se introducen con carácter experimental. El Órgano de Apelación observa que, en cualquier caso, será necesario 
introducir modificaciones en los Procedimientos de trabajo en un futuro próximo, cuando se 
inaugure el Registro de Solución de Diferencias Di gital. El Órgano de Apelación entablará consultas 
sobre estos asuntos según sea necesario o procedente.
4 
                                               
4 Con respecto a las modificaciones de los Procedimient os de trabajo, en el párrafo 9 del artículo 17 del 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias se dispone 
que el Órgano de Apelación establecerá sus procedimie ntos de trabajo en consulta con el Presidente del 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y con el Direct or General, y en el párrafo 2 de la Regla 32 de los 
Procedimientos de trabajo se especifica que ese mismo pr ocedimiento es aplicable en caso de modificación de 
los procedimientos de trabajo. Además , el OSD ha adoptado procedimientos  para la celebración de consultas 
entre el Presidente del OSD y los Miembros de la OMC en relación con las modificaciones de los Procedimientos de trabajo. Esta Decisión figu ra en el documento WT/DSB/31. WT/AB/26 
 
- 134 - 
 
 ANEXO 2 
LÍMITES A LA EXTENSIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS 
COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO DE APELACIÓN1 
1  INTRODUCCIÓN 
1. Como se indica en la comunicación del Órgano de Apelación de 2013 relativa a su carga de 
trabajo, la magnitud y la complejidad de las apelaciones han aumentado notablemente a lo largo del tiempo.
2 Frente a la creciente carga de trabajo, y para seguir asegurando tanto la gran calidad 
de sus informes como la compleción de los procedimientos de apelación dentro de un plazo lo más 
breve posible, durante los últimos años el Órgano de Apelación ha emprendido diversas iniciativas, 
entre ellas la revisión de los procedimientos internos y la adopción, con carácter experimental, de la práctica de incorporar a sus informes como anexos los resúmenes de los argumentos 
presentados por los participantes y los terceros participantes.
3 
2. Varios Miembros de la OMC han señalado que el establecimiento de límites a la extensión de 
las comunicaciones escritas podría ayudar al Órgano de Apelación a gestionar su creciente carga 
de trabajo. Teniendo esto en cuenta, el Órgano de Apelación está considerando si, además de las 
iniciativas mencionadas, la adopción de esos límites podría también permitir una mejor gestión de los procedimientos de apelación de la OMC y contribuir a optimizar el uso de los recursos del 
Órgano de Apelación y de los usuarios del sistema de solución de diferencias. Con esta nota, el 
Órgano de Apelación desea iniciar una reflexión y un debate adicionales tanto entre los Miembros de la OMC como con ellos sobre las cuestiones que se pueden plantear en relación con el establecimiento de límites a la extensión de las comunicaciones escritas. 
3. Para empezar, en esta nota se examina la extensión que han tenido las comunicaciones 
escritas en los procedimientos de apelación de la OMC hasta la fecha. A continuación, se exponen las actuales directrices relativas a la extensión de las comunicaciones escritas en los 
procedimientos de solución de diferencias de la OMC, y se analizan brevemente las normas y 
directrices que aplican varios órganos resolutorios internacionales con respecto a la extensión de las comunicaciones escritas en los procedimientos sustanciados ante ellos. Por último, se formulan 
-únicamente a efectos de la reflexión y el debate- varias preguntas en relación con las cuestiones 
que plantea el establecimiento de límites a la extensión de las comunicaciones escritas en los procedimientos de apelación de la OMC. 
4. Se invita a los Miembros a formular observaciones en las que se aborden esas preguntas y a 
incluirlas en una sección específica del sitio Web de los Miembros de la OMC, en la dirección 
https://www.wto.org/abforum , así como a dar a conocer, si lo desean, su experiencia en relación 
con los límites a la extensión de las comunicaciones escritas presentadas en los procedimientos 
que se sustancian ante los órganos resolutorios nacionales y regionales y otros órganos 
resolutorios internacionales. 
2  LA EXTENSIÓN DE LAS COMUNICACIONES  ESCRITAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
APELACIÓN DE LA OMC 
5. En esta sección se ofrece un panorama general de la extensión (en número de palabras) de 
las comunicaciones escritas presentadas al Órgano de Apelación de la OMC. Sobre la base de un examen de las comunicaciones de los participantes en los procedimientos de apelación 
sustanciados entre 2009 y 2015, se expone información relativa a los parámetros siguientes: 
                                               
1 Documento JOB/AB/2, de 23 de octubre de 2015. 
2 Comunicación del Órgano de Apelación, Carga de trabajo del Órgano de Apelación, JOB/AB/1, 30 de 
mayo de 2013. 
3 Véase Comunicación del Órgano de Apelación, Resúmenes de las comunicaciones escritas en los 
procedimientos de apelación, WT/AB/23, 11 de marzo de 2015. WT/AB/26 
 
- 135 - 
 
   la evolución de la extensión de las comunicaciones escritas de los apelantes y los 
apelados; y 
 la relación entre la extensión del informe del grupo especial y la extensión de las 
comunicaciones escritas de los apelantes y los apelados en los procedimientos de 
apelación. 
6. Un examen de los procedimientos de apelación sustanciados entre enero de 2009 y octubre 
de 2015 demuestra que la extensión de las comunicaciones escritas de los apelantes y de los 
apelados medida en número de palabras registró un aumento significativo. Durante el período 
considerado el promedio de palabras por comunicación fue de 26.965 en los cinco primeros asuntos y de 34.982
4 en los cinco últimos, lo que representa un aumento de la extensión de las 
comunicaciones de los apelantes y de los apelados de casi un 30%. Los gráficos que figuran a 
continuación5 ilustran esta tendencia. En estos gráficos, un punto de datos puede representar 
múltiples comunicaciones de apelantes y otros apelantes o múltiples comunicaciones de apelados presentadas en el mismo procedimiento de apelación. 
Gráficos 1 a) y 1 b) - La evolución de la exte nsión de las comunicaciones escritas de los 
participantes 
 
020000400006000080000100000120000
0 5 10 15 20 25 30Number of wordsTotal number of words in
appellants' and otherappellants' submissions
Linear (Total number of
words in appellants' and
other appellants'submissions)AB-2010-1
(234108)AB-2014-1
AB-2014-2
(190251)The evolution of the length of appellants' and other appellants' submissions
Appeal 
                                               
4 Entre enero de 2009 y octubre de 2015, la extensión media (excluidos los dos valores más atípicos) de 
las comunicaciones de los apelantes y los otros apelantes fue de 30.425 palabras, y la de las comunicaciones de los apelados de 28.875 palabras. 
5 Cada apelación examinada por el Órgano de Apelación entre enero de 2009 y octubre de 2015 está 
representada en los gráficos por un pu nto de datos. Los dos puntos de dato s más elevados se han excluido al 
generar la línea de tendencia de los gráficos con el fin de tener en cuenta que existen determinados casos 
excepcionales (por su magnitud, complejidad, etc.) y de demostrar que determinadas tendencias existen aun 
cuando no se toman en consider ación esos casos excepcionales. La evolución  de la extensión de las comunicaciones de los apelantes y los otros apelantes 
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0Número de palabras 
AB-2010-1 
(234.108)  
AB-2014-1  
AB-2014-2  
(190.251)  
Número total de palabras en las 
comunicaciones de los apelantes 
y los otros a pelantes  
Correlación lineal (número 
total de palabras en las comunicaciones de los apelantes 
y los otros apelantes)  
Apelación  WT/AB/26 
 
- 136 - 
 
  
020000400006000080000100000120000140000
0 5 10 15 20 25 30Number of wordsTotal number of words in
appellees' submissions
Linear (Total number of wordsin appellees' submissions)AB-2011-3
(171174)The evolution of the length of appellees' submissions
AB-2010-1
(159345)
Appeal 
 
7. El gráfico siguiente muestra la línea de tendencia correspondiente a la ratio del número total 
de palabras contenidas en las comunicaciones de los participantes en cada apelación comparado 
con el número total de palabras del informe de grupo especial correspondiente. La línea de 
tendencia indica un aumento de la ratio del 0,7 a alrededor del 1,6. 
Gráfico 2 - La relación entre la extensión de los informes de grupos especiales y la 
extensión de las comunicaciones escrit as en los procedimientos de apelación 
0,00,40,81,21,62,02,4
0 5 10 15 20 25 30Ratio del número de palabras en las comunicaciones de 
los participantes y el núm ero de palabras en los 
informes de grupos especiales
ApelaciónLa relación entre la extensión de los informes de grupos especiales y la extención de las 
comunicaciones en los procedimientos de apelación
Ratio of word count in participants'
submissions to word count in panel
report
Lineal (Ratio of word count inparticipants' submissions to word
count in panel report)AB-2014-1
AB-2014-2
(2.49)AB-2015-7
(2.71)
 
 
 Número total de palabras en 
las comunicaciones de los 
apelados  Número de palabras Correlación lineal (número  
total de palabras en las 
comunicaciones de los 
apelados ) 
Apelación  La evolución de la extensión de las comunicaciones de los a pelados 
AB-2011-3 
(171.174)  
Ratio del número de palabras en las 
comunicaciones de los participantes y el 
número de palabras en el informe del 
grupo especial  
Correlación lineal (ratio del número de 
palabras en las comunicaciones de los 
participantes y el número de palabras en  
el informe del grupo especial) 140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
AB-2010-1 
(159.345)  
AB-2014-1  
AB-2014-2  
 (2,49)  
AB-2015-7 
   (2,71)  WT/AB/26 
 
- 137 - 
 
  3  ACTUALES DIRECTRICES SOBRE LA EXTENSIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS 
EN LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC 
8. En la actualidad no existen límites obligatorios a la extensión de las comunicaciones escritas 
en los procedimientos de apelación de la OMC. Los Procedimientos de trabajo para el examen en 
apelación no prevén límites a la extensión de esas comunicaciones, que tampoco se imponen en la 
práctica. Sin embargo, en la carta tipo por la que se comunica el plan de trabajo a los participantes y terceros participantes el Órgano de  Apelación les solicita que se aseguren de que 
sus comunicaciones escritas sean concisas. 
9. Además, el Órgano de Apelación ha adoptado, con carácter experimental, la práctica de 
incorporar a sus informes como anexos los resúmenes de los argumentos presentados por los participantes y los terceros participantes, en lugar de redactar su propia descripción de esos 
argumentos. Las directrices relativas a los resúmenes de las comunicaciones escritas en los 
procedimientos de apelación prevén que la extensión máxima de cada resumen será de 250 palabras, o el 10% del número total de palabras de la propia comunicación escrita, si dicho 
porcentaje fuera superior a 250 palabras.
6 
10. De manera análoga, tampoco existen límites a la extensión de las comunicaciones escritas 
en los procedimientos de grupos especiales de la OMC. Sin embargo, a menudo los grupos 
especiales establecen límites a la extensión de los resúmenes de las comunicaciones escritas de las 
partes. Los procedimientos de trabajo de los grupos especiales normalmente prevén que cada parte deberá presentar un resumen de los hechos y argumentos que exponga al grupo especial en sus comunicaciones escritas y declaraciones orales, y establecen un límite de 10 a 15 páginas para 
esos resúmenes. Estos límites pueden ajustarse atendiendo a la magnitud de un caso 
determinado. 
4  NORMAS Y DIRECTRICES SOBRE LA EXTENSIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS 
EN PROCEDIMIENTOS SUSTANCIADOS ANTE DETERMINADOS ÓRGANOS RESOLUTORIOS 
INTERNACIONALES 
11. En esta sección se pasa revista a las normas y directrices relativas a la extensión de las 
comunicaciones escritas aplicables en los procedimientos sustanciados ante determinados órganos 
resolutorios internacionales. Es evidente que las normas y directrices aplicadas por otros órganos resolutorios internacionales deben considerarse en el contexto de las características y particularidades de los distintos sistemas resolutorios, y que no podrían transponerse sin más al 
contexto particular del sistema de solución de diferencias de la OMC. No obstante, hay 
determinados elementos de esas normas o directri ces que pueden servir para informar o inspirar 
el debate sobre los límites a la extensión de las comunicaciones escritas en los procedimientos de 
apelación de la OMC. 
12. Algunos órganos resolutorios internacionales han adoptado normas que limitan la extensión 
de las comunicaciones escritas, pero otros no lo han hecho y, en lugar de ello, alientan a las partes 
a que sus alegatos sean lo más concisos posible. Por ejemplo, la directriz práctica III de la Corte 
Internacional de Justicia dispone que "[s]e insta enérgicamente a las partes a redactar sus alegatos escritos de la manera más concisa posible, compatible con la exposición completa de sus posiciones".
7 Análogamente, las Directrices sobre la preparación y presentación de causas ante el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar también indican que "[l]os alegatos deberían ser lo más 
breves posible".8 
13. Las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia 
(TPIY), si bien no restringieron inicialmente la extensión de las comunicaciones escritas, fueron 
modificadas de conformidad con las Directivas Prácticas impartidas por el Presidente del Tribunal que establecen limitaciones a la extensión de los escritos y las mociones escritas en el juicio y la 
                                               
6 Véase Comunicación del Órgano de Apelación, Resúmenes de las comunicaciones escritas en los 
procedimientos de apelación, WT/AB/23, 11 de marzo de 2015. 
7 Corte Internacional de Justicia, Direct rices prácticas, directriz práctica III. 
8 Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Directrices sobre la preparación y presentación de causas 
ante el Tribunal, artículo 2. WT/AB/26 
 
- 138 - 
 
  apelación.9 La Directiva Práctica pertinente más reciente, de fecha 16 de septiembre de 2005, 
establece que los escritos de la fase previa al juicio no deberán exceder de 15.000 palabras y que en el juicio los escritos no deberán exceder de 60.000 palabras.
10 La Directiva Práctica también 
dispone que ni el "escrito del apelante presentado en la apelación contra una sentencia definitiva 
de la Sala de Primera Instancia" ni el escrito con el que responda el apelado deberán exceder 
de 30.000 palabras11, y que las mociones, respuestas y contestaciones presentadas a una Sala no 
deberán exceder de 3.000 palabras.12 La Directiva prevé asimismo que "las partes deben solicitar 
a la Sala autorización para rebasar los límites de palabras y explicar las circunstancias 
excepcionales que hagan necesario presentar un documento que los supere".13 
14. El Reglamento de la Corte Penal Internacional (CPI) también establece límites a la extensión 
de los escritos y las mociones escritas en el juicio y la apelación. En particular, la norma 38 
estipula límites de páginas específicos para vari os tipos distintos de documentos presentados en 
todas las etapas del procedimiento.14 Además, concretamente con respecto a las apelaciones, las 
normas 58 y 59 prevén que ni el documento justificativo de una apelación ni el que se presente en 
respuesta deberán exceder de 100 páginas.15 En determinadas circunstancias, la Sala de 
Apelaciones podrá ordenar al apelante que presente una contestación, que no deberá superar las 50 páginas.
16 Además, el Reglamento de la CPI contiene una cláusula que prevé la posibilidad 
de ampliar el número máximo de páginas en casos excepcionales.17 
15. Por último, observamos que hay otros órganos resolutorios internacionales que no han 
adoptado límites respecto de la extensión de las comunicaciones escritas, entre ellos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal Permanente de Revisión y los Tribunales ad hoc  del 
Mercosur, y los paneles del TLCAN. 
5  PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE ADICIONALES 16. En esta sección se plantean algunas preguntas y consideraciones para iniciar una reflexión y 
un debate entre los Miembros de la OMC y con ellos. Si bien en ella se quieren tratar las preguntas 
y consideraciones más importantes que se pueden plantear en relación con el establecimiento de límites a la extensión de las comunicaciones escritas, no debe ser considerada una enumeración 
exhaustiva de las preguntas y consideraciones pertinentes. 
                                               
9 Las Reglas de Procedimiento del TPIY prevén que "[ s]e podrán formular propue stas de modificación de 
las reglas ... de conformidad con ... la Directiva Pr áctica impartida por el Presidente" (Naciones Unidas, 
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el te rritorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 (Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY)), Reglas de Procedimiento y Prueba , caso N° IT/32/Rev.50, 8 de 
julio de 2015, regla 6C)). 
10 TPIY, Directiva Práctica sobre la Extensión de los Escritos y las Mociones , caso N° IT/184 Rev.2, 16 de 
septiembre de 2005, sección C)3) y C)4). 
11 TPIY, Directiva Práctica sobre la Extensión de los Escritos y las Mociones , caso N° IT/184 Rev.2, 16 de 
septiembre de 2005, sección C)1)a) y b). 
12 TPIY, Directiva Práctica sobre la Extensión de los Escritos y las Mociones , caso N° IT/184 Rev.2, 16 de 
septiembre de 2005, sección C)5). 
13 TPIY, Directiva Práctica sobre la Extensión de los Escritos y las Mociones , caso N° IT/184 Rev.2, 16 de 
septiembre de 2005, sección C)7). El Presidente del Trib unal Penal Internacional para  Rwanda (TPIR) impartió 
una Directiva Práctica, de fecha 8 de diciembre de 2006, que reproduce las limitaciones respecto de la extensión adoptadas por el TPIY (Véase: Tribunal Penal Internacional para Rwanda, Directiva Práctica sobre la 
Extensión de los Escritos y las Mociones en Apelación , secciones B), C)1)a) y b), C)3) y C)5)). 
14 CPI, Reglamento de la Corte , Documentos oficiales de la Corte Penal Internacional ICC-BD/01-03-11, 
norma 38 1) y 2). 
15 CPI, Reglamento de la Corte , Documentos oficiales de la Corte Penal Internacional ICC-BD/01-03-11, 
normas 58 5) y 59 2). 
16 CPI, Reglamento de la Corte , Documentos oficiales de la Corte Penal Internacional ICC-BD/01-03-11, 
norma 60. 
17 Véase CPI, Reglamento de la Corte , Documentos oficiales de la Corte Penal Internacional 
ICC-BD/01-03-11, norma 37. WT/AB/26 
 
- 139 - 
 
  1. ¿Qué efectos tendría el establecimiento de límites a la extensión de las comunicaciones 
escritas en los procedimientos de apelación de la OMC? 
 
17. Quizá los Miembros deseen considerar si sería útil establecer límites a la extensión de las 
comunicaciones escritas. El establecimiento de límites a la extensión de las comunicaciones 
escritas, ¿ahorraría tiempo en la resolución de la s apelaciones? ¿Reduciría la carga de trabajo de 
los participantes, el Órgano de Apelación o ambos? ¿Permitiría una utilización óptima de los recursos del Órgano de Apelación
18 y los participantes? En particular, los Miembros podrían 
reflexionar sobre los efectos que tendrían esos límites, de tenerlos, en: i) el número de cuestiones 
respecto de las cuales los participantes pueden decidir apelar y el número de argumentos que plantean en sus comunicaciones escritas; ii) el ceñimiento de las comunicaciones a las principales cuestiones de la apelación; iii) la calidad y claridad de las comunicaciones escritas de los 
participantes; y iv) la capacidad de los participantes de exponer sus respectivas argumentaciones 
y ejercer su derecho a las debidas garantías procesales ante el Órgano de Apelación. Asimismo, quizá los Miembros tengan a bien analizar si el establecimiento de límites a la extensión de las 
comunicaciones escritas probablemente daría lugar a audiencias más prolongadas o más breves, y 
si esos límites podrían llevar al Órgano de Apelación a solicitar a los participantes documentación adicional por escrito en el curso del procedimiento.
19 Por último, acaso los Miembros deseen 
reflexionar también sobre la conveniencia de adoptar límites obligatorios a la extensión de las 
comunicaciones escritas para la solución de diferencias en el plano intergubernamental, o si sería preferible elaborar directrices de carácter exhortatorio relativas a la extensión de sus comunicaciones escritas. 
2. ¿Debería aplicarse el mismo límite a la extensión de todas las comunicaciones escritas en 
todas las apelaciones? En caso contrario, ¿qué criterios objetivos se deberían utilizar para 
determinar el límite aplicable? 
 
18. Quizá los Miembros deseen considerar si sería adecuado adoptar un límite general a la 
extensión de todas las comunicaciones escritas en todas las apelaciones y, en caso afirmativo, qué límite se debería adoptar. Si, por el contrario, los límites se fijaran caso por caso, tal vez los 
Miembros quieran examinar criterios objetivos con arreglo a los cuales se deberían determinar 
esos límites, como: i) la extensión del informe de grupo especial correspondiente; ii) el número de alegaciones distintas tratadas en el informe del grupo especial; o iii) el número de cuestiones planteadas en una apelación o una apelación cruzada. Además, quizá quieran considerar también 
en qué momento tendrían que ser informados los participantes del límite aplicable. Con respecto a 
la extensión relativa de las comunicaciones de los apelantes y las de los apelados, puede ser útil analizar si el límite que se aplicaría a las primeras se debería aplicar también a las segundas; o si 
el límite que se aplicaría a la comunicación del apelado debería fijarse en un porcentaje del límite 
que se aplicaría a la comunicación del apelante (o la comunicación presentada en calidad de otro apelante). Tal vez los Miembros también quieran considerar si, habida cuenta de lo limitado del 
plazo para presentar las comunicaciones de los apelados, bastaría con limitar únicamente la 
extensión de las comunicaciones de los apelantes y los otros apelantes.
20 Otra cuestión podría ser 
la forma de determinar los límites a la extensión en asuntos en que participen múltiples apelantes u otros apelantes, cada uno de ellos centrado en cuestiones diferentes. Por otra parte, quizá los 
Miembros tengan a bien examinar qué criterios objetivos se deberían utilizar para establecer 
límites a la extensión de las comunicaciones de los terceros participantes. 
                                               
18 A este respecto, observamos que el párrafo 12 de l artículo 17 del ESD dispone que "el Órgano de 
Apelación examinará cada una de las cu estiones planteadas " en apelación. 
19 Regla 28, relativa a las "Respuestas escritas", de los Procedimientos de trabajo para el examen en 
apelación. 
20 De conformidad con la Regla 22 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación, las 
comunicaciones de los apelados deben presentarse en un plazo de 18 días cont ados a partir de la fecha de la 
presentación del anuncio de apelación (o en un plazo de 13 días contados a partir de la fecha de la 
presentación de una comunica ción de otro apelante). WT/AB/26 
 
- 140 - 
 
  3. ¿Deberían las normas que establezcan límites a la extensión de las comunicaciones escritas 
prever la posibilidad de solicitar, en circunsta ncias excepcionales, una ampliación de dichos 
límites? 
 
19. Quizá los Miembros deseen considerar en qué circunstancias excepcionales se podrían 
conceder ampliaciones de los límites a la extensión de las comunicaciones escritas. Quizá quieran 
reflexionar además sobre el momento y la forma en que se deberían presentar esas solicitudes de ampliación de los límites, y con qué criterio s deberían determinarse tales ampliaciones. 
Con respecto a la comunicación del apelante, se plantea la cuestión de cuándo se debería 
presentar esa solicitud y cuándo se debería emitir una decisión. Con respecto a la comunicación del apelado, podría plantearse la cuestión de si cabría conceder una ampliación del límite a la extensión de la comunicación escrita en caso de que el apelante no hubiera solicitado la ampliación 
o de que se le hubiera denegado. WT/AB/26 
 
- 141 - 
 
 ANEXO 3 
DISCURSO PRONUNCIADO ANTE EL ÓRGA NO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
EL 28 DE OCTUBRE DE 2015 POR ROBERTO AZEVÊDO, 
DIRECTOR GENERAL DE LA OMC 
INTRODUCCIÓN  
Buenas tardes a todos. Me complace tener la oportunidad de dirigirme nuevamente al Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD). 
Hace poco más de un año, en este mismo foro, les hablé de los retos que tenía ante sí el sistema 
de solución de diferencias de la OMC y de lo que estábamos haciendo para darles respuesta. No 
hay duda de que hemos hecho algunos avances en este último año. Pero, como ustedes saben, la situación sigue siendo muy difícil. En la reunión de agosto del OSD numerosas delegaciones se refirieron a los retos a los que nos enfrentamos actualmente, y algunos de ustedes también me 
han expresado sus preocupaciones al respecto. Y créanme que comprendo perfectamente todas 
esas preocupaciones. Nuestro sistema de solución de diferencias es sumamente eficiente y sigue siendo más ágil que otros sistemas jurisdiccionales internacionales que hay en el mundo. Pese a 
ello, caben mejoras. 
Por tanto, hoy quiero hablarles de los retos a los que nos enfrentamos y de lo que podemos hacer 
para superarlos.  
LOGROS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DESDE EL AÑO PASADO  
En primer lugar, voy a explicar lo que se ha hecho desde la última vez que me dirigí a ustedes, en 
septiembre pasado. 
Seguimos trabajando con sujeción al principio de crecimiento nominal nulo y a los límites 
existentes en cuanto a la plantilla y los gastos de personal. He continuado reasignando los recursos disponibles a las divisiones jurídicas, ateniéndome siempre a las restricciones que ustedes 
han impuesto. En concreto, prometí asignar temporalmente dos o tres funcionarios de divisiones 
no encargadas de la solución de diferencias a diferencias que estaban en curso o que se plantearían en breve plazo para que actuaran como juristas principales. Esto se ha hecho. 
También dije que había asignado 15 puestos de jurista adicionales a las tres divisiones de solución 
de diferencias y que las vacantes correspondientes se anunciarían poco después de mi declaración. 
Ya se han realizado varias contrataciones. Sin embargo, tengo que decirles que no ha sido fácil 
encontrar a profesionales de nivel superior, que son los que más necesitamos. 
Como saben, la solución de diferencias es un ámbito de práctica especializado. Resulta difícil 
encontrar a personas con los conocimientos y la experiencia necesarios para dirigir equipos que 
presten apoyo a los grupos especiales de solución de diferencias de la OMC. Además, hemos perdido oportunidades porque no siempre somos competitivos. Recibimos algunos currículum vítae 
muy interesantes de candidatos que rechazaron nue stras ofertas porque prefirieron trabajar para 
otros empleadores. A pesar de esos contratiempos, he continuado incrementando los recursos dedicados a la solución de diferencias reasignando varios puestos de otras divisiones. 
Como dije en la reunión del 23 de octubre del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos, se ha asignado un total de 19 puestos de jurista, de los grados 7 a 10, que se han distribuido de la siguiente forma: 
 cinco puestos para la Secretaría del Órgano de Apelación 
 siete para la División de Normas, y 
 siete para la División de Asuntos Jurídicos. WT/AB/26 
 
- 142 - 
 
  Además, se han creado ocho puestos en las tres divisiones para auxiliares jurídicos, secretarios y 
un editor. Desde que asumí mis funciones en septiembre de 2013, el número de puestos 
profesionales asignado a las tres divisiones jurídicas en su conjunto casi se ha duplicado, pasando de 30 a 57. 
Asimismo, hemos reestructurado la División de Servicios Lingüísticos, Documentación y Gestión de 
la Información con el fin de poder hacer frente a la carga adicional de trabajo de los servicios de 
traducción. Hemos considerado que es más adecuado que este tipo de trabajo especializado se 
realice dentro de la Organización. A medida que la demanda siga aumentando tendremos que pensar en contratar a personal en esta esfera para que, con el tiempo, se vayan adquiriendo las 
competencias requeridas. 
PRÓXIMAS ETAPAS 
De cara al futuro, seguiré haciendo cuanto pueda por asignar los recursos disponibles a las 
Divisiones encargadas de la soluci ón de diferencias. Como dije el año pasado, tengo la intención de 
generar un exceso de capacidad en el ámbito de la solución de diferencias. Si en un año o dos 
decayera la actividad en este ámbito, aprovecharíamos esos recursos en otras tareas de la 
Secretaría, y podrían volver a trabajar en solución de diferencias en caso necesario. Ahora bien, parece sumamente improbable que el gran aumento del volumen de trabajo en esta esfera se 
produzca solo de forma temporal.  
El año 2015 está siendo uno de los períodos de mayor actividad de los que se tiene constancia, 
con un promedio de 30 grupos especiales en activo cada mes. Actualmente hay en el sistema 
19 grupos especiales, de los cuales 12 se ocupan de diferencias relativas a medidas comerciales correctivas y siete de diferencias en todos los demás ámbitos, así como tres apelaciones y dos arbitrajes en curso. Además, se está estableciendo la composición de 11 grupos especiales. 
Y, desde que hablé ante el OSD el pasado mes de septiembre, hemos recibido 17 nuevas 
solicitudes de celebración de consultas (11 en el ámbito de Normas y seis en el de Asuntos Jurídicos). 
En los últimos años, la inmensa mayoría de las diferencias se han planteado en la esfera de las 
medidas comerciales correctivas. Entre ellas dos de las diferencias de mayor magnitud planteadas 
en el marco de este sistema (a saber, las diferencias relativas a las aeronaves). Dos sólidos 
equipos de la División de Normas se ocupan de estas diferencias desde hace más de tres años, lo que pone bajo presión a los recursos de esa Divi sión. Y sabemos por experiencia que al Órgano de 
Apelación le resultará difícil ocuparse de diferencias de tanta envergadura, en caso de que lleguen 
a esa instancia, además de examinar las apelaciones que también tenga pendientes en ese 
momento. 
En lo que respecta a la prestación de asistencia a los grupos especiales, actualmente el trabajo se 
organiza de manera que, en principio, el personal  de la División de Normas se ocupa de todas las 
diferencias relativas a medidas comerciales correctivas (antidumping, subvenciones y 
salvaguardias), mientras que el de la División de Asuntos Jurídicos se ocupa de las diferencias que 
se plantean en los demás ámbitos. Esta División ha colaborado ocupándose de algunos asuntos de la División de Normas en el mismo orden en que se plantearon cuando disponía de personal con 
los conocimientos especializados necesarios. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para hacer 
frente al reciente aumento del número de asuntos en Normas. Por consiguiente, estamos 
contratando a personal y mejorando los conocimientos especializados en la esfera de las medidas comerciales correctivas. Debemos asegurarnos de que los equipos encargados de la solución de 
diferencias sigan contando con la asistencia de personal especializado y experimentado que 
necesiten en el futuro, entre otras cosas en relación con las diferencias sobre medidas comerciales correctivas, cuyo número es cada vez mayor. 
Gracias a las medidas adoptadas recientemente en materia de reasignación de recursos y 
contratación de personal, probablemente podamos reducir en varios meses los períodos de espera 
para los asuntos de Normas pendientes de ser examinados. Mi objetivo es que, en abril del 
próximo año, se estén sustanciando todos los asuntos que actualmente están en lista de espera. Ahora bien, la viabilidad de este objetivo depende de varios factores, y no hay que descartar la WT/AB/26 
 
- 143 - 
 
  posibilidad de que de aquí al mes de abril haya una nueva lista de asuntos en espera si entre tanto 
se establecen muchos grupos especiales nuevos. 
Inevitablemente, las presiones serán cada vez mayores. La contratación y formación de nuevos 
miembros del personal lleva tiempo, y se seguirán planteando nuevas diferencias. Deberíamos 
reconocer que la reasignación de recursos y la contratación de personal por sí solas no bastarán para resolver los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Efectivamente, hemos llegado 
al límite de lo que se puede hacer con la reasignación de recursos. Tal como dije en mi 
intervención ante el Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, tal vez los Miembros deseen reflexionar sobre cómo abordaremos esta cuestión en el futuro, y deberían 
considerar con detenimiento cuántos recursos desean asignar a las actividades de solución de 
diferencias. 
El panorama de la solución de diferencias en  la OMC ha cambiado por completo a causa del 
aumento de la magnitud y la complejidad de las diferencias en los 20 últimos años. En el 
documento sobre la actividad actual en el ámbito de la solución de diferencias, elaborado por la Secretaría y distribuido como documento de sala, se da información más detallada al respecto. Por 
lo tanto, estamos estudiando distintos medios que nos permitan responder a la demanda de 
manera más flexible, a medida que vaya surgiend o, y sus opiniones serán fundamentales en este 
proceso. 
Una de nuestras ideas es ser más flexibles en la asignación de personal de nivel subalterno 
(grado 7) a los grupos especiales. Por ejemplo, se podría crear un único grupo de juristas subalternos que prestarían asistencia a todos los grupos especiales encargados de la solución de 
diferencias, ya se tratara de diferencias relativas a medidas comerciales correctivas o de 
diferencias planteadas en otros ámbitos. Estos miembros de nivel subalterno que integrarían los equipos de solución de diferencias podrían seleccionarse de entre el grupo general, en lugar de 
limitarse al personal de la división jurídica co mpetente, que en ese momento tal vez no disponga 
de personal de esa categoría. Permítanme aclarar este punto. Ello no significa que estemos proponiendo fusionar la División de Normas y la División de Asuntos Jurídicos, ni necesariamente 
que los juristas de categoría superior tengan que formar parte del grupo general. Por el momento 
no entra en nuestros planes. Nuestros juristas de categoría superior (grados 9 y 10) seguirán asumiendo la dirección de los equipos encargados de la solución de diferencias en sus respectivos ámbitos de competencia. Es decir, aquellos juristas con conocimientos especializados en la esfera 
de las medidas comerciales correctivas dirigirán los equipos encargados de las diferencias que se 
planteen en relación con esas medidas, y los demás dirigirán las diferencias en el resto de los ámbitos, con el fin de preservar la eficiencia y la coherencia. Desplazaríamos los recursos de nivel 
subalterno entre la División de Normas y la Divisi ón de Asuntos Jurídicos en función de la demanda 
con respecto a un determinado tema y, al mismo tiempo, se preservarían los conocimientos especializados requeridos para cada diferencia. 
Llegado este punto, cabe preguntarse cómo resolverá esta medida el problema del déficit de 
conocimientos especializados en las categorías superiores. La respuesta es que no lo resolverá 
inmediatamente, pero nos permitirá con el tiempo reunir conocimientos especializados en los 
niveles intermedios, de los que carecemos ahora mismo. La idea es aumentar la capacidad de los juristas superiores. Actualmente, cada jurista supe rior solo se ocupa de un asunto a la vez, y suele 
llevar a cabo la mayor parte de los trabajos de re dacción, además de examinar y revisar el trabajo 
de los juristas subalternos. Nuestro objetivo es que un número cada vez mayor de juristas 
subalternos se ocupen de la mayor parte de los trabajos de redacción. Si mejoramos el apoyo y la asistencia, 10 juristas superiores podrían ocuparse de hasta 20 asuntos en el futuro, en lugar de 
tan solo 10 como hasta ahora. Para lograrlo, es evidente que necesitamos recursos adecuados en 
todos los niveles, es decir, tanto a nivel superior como subalterno. Y, como he dicho antes, seguimos trabajando para contar con recursos en estos niveles. Así pues, esta idea podría 
complementar las medidas que he adoptado por medio de la reasignación de recursos. Podemos 
seguir pensando en otras ideas, y les agradecería que me transmitieran las suyas. 
He pedido al Director General Adjunto Brauner que dialogue con las delegaciones para recabar 
opiniones sobre cómo lograr que el sistema funcione aún mejor, teniendo en cuenta las 
restricciones presupuestarias y las limitaciones de personal impuestas por los Miembros. Los animo asimismo a que sigan participando activamente en el proceso de examen del ESD, una de las vías WT/AB/26 
 
- 144 - 
 
  a través de las cuales los Miembros pueden contribuir a aumentar la eficiencia y la eficacia del 
sistema de solución de diferencias. 
NO DISCRIMINACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Por último, quiero referirme a las cuestiones de la no discriminación y la transparencia. Ya lo he 
dicho antes, pero permítanme que lo repita: no ha habido ni habrá favoritismo. Una vez 
establecida la composición de los grupos especiales se les asignan expertos de la División de 
Normas o de la División de Asuntos Jurídicos, en función del asunto de que se trate, y esos grupos especiales se ponen en marcha según un orden basado en la fecha de su composición. Si no se 
dispone de personal, los grupos especiales quedan inscritos en una lista de espera, ya sea en una 
de asuntos relativos a medidas comerciales correctivas o de asuntos no relacionados con esas medidas, también por orden cronológico determinad o por la fecha de su composición, y se les 
asigna personal tan pronto como haya disponibles funcionarios con el nivel adecuado de 
antigüedad y experiencia en la división pertinen te. Ningún grupo especial puede pasar por delante 
de otro inscrito en la lista de espera correspondiente. No hay excepciones. 
En relación con la transparencia, muchos de ustedes han señalado la necesidad de una mayor 
transparencia con respecto a la situación de la lista de espera y a los "tiempos de espera" aproximados para que los grupos especiales puedan ponerse en marcha. Soy consciente de que 
ustedes necesitan poder planificar la labor relacionada con los grupos especiales que deberán 
realizar así como informar adecuadamente a los colectivos interesados de sus respectivos países. A menudo resulta difícil para la Secretaría prever el momento en que en las diferencias se superará la fase de consultas y se solicitará al OSD que establezca un grupo especial, o el tiempo 
que llevará la composición de este. 
La planificación del volumen de trabajo también es una tarea complicada en la fase de apelación. 
Es difícil prever con exactitud el momento en que estarán listos los informes de los grupos 
especiales para ser distribuidos a los Miembros, si esos informes van a ser objeto de apelación y cuándo lo serán. He estado pensando qué podemos hacer para aclarar más la cuestión de la lista 
de espera y los retrasos previstos a pesar de las limitaciones existentes. También he hablado de 
ello con el Embajador Neple. Vamos a hacer lo siguiente. 
La Secretaría publicará en el sitio Web de la OMC dos listas con los grupos especiales cuya 
composición ya se haya establecido, una correspondiente a los casos sobre medidas comerciales correctivas y otra a los casos no relativos a esas medidas, en las que los grupos estarán ordenados por fecha de composición. Actualmente, solo hay una lista de espera, para asuntos relativos a 
medidas comerciales correctivas. Pero esto puede cambiar en función de los grupos especiales que 
se compongan en el futuro, y podrá haber ocasio nes en que existan dos listas de espera. También 
publicaremos una lista de los grupos especiales que se hayan establecido pero cuya composición 
no esté aún determinada. Asimismo, publicaremos información pertinente sobre las apelaciones. 
En realidad esta información ya está disponible en el sitio Web, pero vamos a presentarla de una manera más organizada y fácil de consultar. 
Además, en la reunión mensual del OSD, el Embajador Neple, y sus sucesores en la Presidencia de 
ese Órgano, informarán acerca del número de diferencias que se encuentran en la fase de composición del grupo especial y de la capacidad de la Secretaría para responder a la demanda 
prevista en el período siguiente. Se proporcionará información similar con respecto a la carga de 
trabajo del Órgano de Apelación. Esta información debería permitirles planificar mejor sus actividades de solución de diferencias e informar con mayor precisión a los colectivos interesados 
de sus respectivos países. 
CONCLUSIÓN 
En conclusión, creo que, a pesar de los retos actuales, no debemos olvidar lo que ya tenemos en el 
sistema de solución de diferencias de la OMC que, sin lugar a dudas, es uno de los sistemas 
jurisdiccionales internacionales más activos del mundo, si no el más activo de todos, y aun así 
actúa con mayor celeridad que ningún otro. Por tanto, está claro que hemos de trabajar juntos para mantener y mejorar el sistema, y para que siga funcionando bien. WT/AB/26 
 
- 145 - 
 
  En mi intervención de hoy me he limitado a señalar lo que yo puedo hacer para abordar los retos a 
los que nos enfrentamos en materia de solución de diferencias. He evitado deliberadamente centrarme en lo que ustedes pueden hacer para mejorar el sistema. Evidentemente, lo que yo puedo hacer es solo parte de toda la labor que cabe realizar. Como podrán ver en el documento 
que se adjunta a mi declaración, relativo a las actividades en el ámbito de la solución de 
diferencias, estamos inmersos en un nuevo mund o de diferencias. Ustedes pueden hacer mucho 
más de lo que pueda hacer yo para que el sistema funcione con mayor rapidez y eficiencia. 
Les agradezco las opiniones que ya han expuesto con respecto a esta cuestión, y estoy muy 
interesado en conocer sus ideas. Como ya he dicho, el Director General Adjunto Brauner trabajará con ustedes para recabar sus opiniones e ideas. 
Les animo también a formular observaciones acerca del documento distribuido recientemente por 
el Órgano de Apelación acerca de los límites a la extensión de las comunicaciones. El Órgano de Apelación ha creado una sección específica para tal fin en el sitio Web de los Miembros de la OMC. 
También pueden mantener consultas con el Embajador Neple para encontrar soluciones. Antes de 
abrir el turno de palabra, me gustaría añadir una última cosa. 
No puedo concluir mi intervención sin antes felicitar a los juristas y a las demás personas de 
la OMC que trabajan denodadamente para hacer que la solución de diferencias sea motivo de orgullo para toda la Organización. Quiero expresarles mi agradecimiento por su dedicación. 
Concluyo así mi declaración. Muchas gracias por su atención. WT/AB/26 
 
- 146 - 
 
 ANEXO 4 
MIEMBROS DEL ÓRGANO DE APELACIÓN  
(1° DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2015) 
DATOS BIOGRÁFICOS 
Ujal Singh Bhatia  (India) (Mandato: 2011-2019) 
Ujal Singh Bhatia nació en la India el 15 de abril de 1950. Fue Embajador y Representante 
Permanente de la India ante la OMC entre 2004  y 2010, y representó a la India en varias 
diferencias. También formó parte de grupos especiales de solución de diferencias de la OMC 
en 2007 y 2008. 
Además, el Sr. Bhatia ocupó el puesto de Secretario Adjunto del Ministerio de Comercio de la 
India. Asimismo, trabajó durante 20 años en el Estado de Orissa en diversos ámbitos y desempeñó 
funciones relacionadas con la gestión del desarrollo y la formulación de políticas en la 
administración estatal. El Sr. Bhatia cuenta con más de 30 años de experiencia jurídica y en órganos jurisdiccionales durante los cuales se ha ocupado de cuestiones jurídicas y de 
jurisprudencia nacionales y extranjeras, de la negociación de acuerdos comerciales y de cuestiones 
de política a nivel bilateral, regional y multilateral, así como de la aplicación de políticas comerciales y de desarrollo en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios. 
El Sr. Bhatia ha impartido en muchas ocasiones conferencias sobre cuestiones de comercio 
internacional y ha publicado numerosos trabajos y artículos en publicaciones indias y extranjeras sobre una amplia gama de temas comerciales y económicos. Obtuvo una Maestría (M.A.) en economía por la Universidad de Manchester y por la Universidad de Delhi, así como una 
Licenciatura (B.A.) (con mención honorífica) en economía, también por la Universidad de Delhi. 
Seung Wha Chang  (Corea) (Mandato: 2012-2016) 
Nacido en Corea el 1° de marzo de 1963, en la actualidad Seung Wha Chang es Profesor de 
Derecho de la Universidad Nacional de Seúl, donde enseña derecho comercial internacional y 
arbitraje internacional. 
Ha participado en varios grupos especiales de solución de diferencias de la OMC, en particular en 
Estados Unidos - EVE , Canadá - Créditos y garantías para las aeronaves  y CE - Marcas de fábrica o 
de comercio e indicaciones geográficas . Asimismo, ha sido Presidente o integrante de numerosos 
tribunales arbitrales encargados de asuntos comerciales. Hasta su incorporación al Órgano de Apelación en 2012, era miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje por la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI). 
El Profesor Chang comenzó su carrera universitaria en 1995 en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Seúl. Ha enseñado derecho comercial internacional, en particular solución 
de diferencias en el marco de la OMC, en más de 10 facultades de derecho extranjeras, incluidas 
las Facultades de Derecho de Harvard, Yale, Standford y Duke, y las de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Georgetown. En 2007 la Facultad de Derecho de Harvard le otorgó el 
título de Profesor Visitante de la Cátedra No mura de Sistemas Financieros Internacionales 
(Nomura Visiting Professor of International Financial Systems ). 
Además, en el pasado el Profesor Chang fue juez del Tribunal de distrito de Seúl y se ocupó de 
muchos casos relacionados con el comercio internacional. Asimismo, ejerció como abogado 
extranjero en un prestigioso estudio de abogados de Washington D.C. encargándose de cuestiones 
de comercio internacional, en particular las medidas comerciales correctivas y las diferencias relacionadas con la OMC. 
El Profesor Chang ha publicado muchas obras y artículos de derecho comercial internacional en 
revistas reconocidas internacionalmente. Además, es miembro del Consejo Consultivo del Journal WT/AB/26 
 
- 147 - 
 
  of International Economic Law  (Oxford University Press) y del Journal of International Dispute 
Settlement  (Oxford University Press). 
El Profesor Chang tiene una Licenciatura en derecho (LL.B.) y una Maestría (LL.M.) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl, así como una Maestría en derecho (LL.M.) y un 
Doctorado en derecho comercial internacional (S.J.D.) de la Facultad de Derecho de Harvard. 
Thomas R. Graham  (Estados Unidos) (Mandato: 2011-2019) 
Tom es el antiguo director del departamento de comercio internacional de King & Spalding, y fue el 
fundador del departamento de comercio internacional de Skadden, Arps. Fue uno de los primeros 
abogados estadounidenses que representó a demandados en asuntos relacionados con medidas comerciales correctivas en varios países del mundo y fue uno de los pioneros en la incorporación de economistas, contables y otros profesionales no juristas a los departamentos de comercio 
internacional de bufetes privados.  
Antes de pasar al sector privado, Tom fue Asesor General Adjunto de la Oficina del Representante 
de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales. Anteriormente en su 
carrera, fue funcionario de asuntos jurídicos en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; fue 
Profesor visitante de derecho y ha trabajado pa ra Ford Motor Company en Caracas (Venezuela). 
Tom fue el presidente fundador del Comité de Derecho Económico Internacional de la Sociedad 
Estadounidense de Derecho Internacional y presidente del Subcomité de Exportaciones de la 
Asociación de Abogados de los Estados Unidos. Ha sido Profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, profesor adjunto en el Georgetown Law Center y 
en el Washington College of Law de la American  University. Ha publicado libros sobre política 
comercial internacional y sobre comercio internacional y medio ambiente y es autor de numerosos 
artículos y monografías sobre derecho y política comercial internacional en calidad de profesor 
invitado de la Brookings Institution y como asociado superior en Carnegie Endowment for 
International Peace. También es coautor, junto con su hija, de Getting Open: The Unknown Story 
of Bill Garrett and the Integration of College Basketball  (Simon & Schuster, Atria Books, 2006; 
Indiana University, rústica, 2008). 
Tom recibió su licenciatura en la Universidad de  Indiana y su diploma en derecho (J.D.) de la 
Facultad de Derecho de Harvard. 
Ricardo Ramírez-Hernández  (México) (Mandato: 2009-2017) 
Ricardo Ramírez-Hernández, nacido en México el 17 de octubre de 1968, es titular de la Cátedra 
de Derecho Comercial Internacional de la Univ ersidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(ciudad de México). Fue Jefe del Departamento de Comercio Internacional para América Latina de un bufete internacional en ciudad de México. Su práctica profesional se centró en cuestiones 
relacionadas con el TLCAN y el comercio en América Latina, incluida la resolución de diferencias 
comerciales internacionales. 
Antes de trabajar en un bufete, el Sr. Ramírez-Hernández fue durante más de 10 años Director 
General Adjunto de Consultoría Jurídica de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de 
Economía de México y, en el desempeño de su f unción, prestó asesoramiento sobre cuestiones de 
política comercial y de competencia relacionadas con 11 acuerdos de libre comercio firmados por México, así como con respecto a acuerdos multilaterales, incluidos los relacionados con la OMC, el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). 
El Sr. Ramírez-Hernández también ha representado a México en complejos litigios sobre comercio 
internacional y procedimientos de arbitraje sobre inversiones, y ha ejercido como abogado 
principal del Gobierno de México en varias difere ncias ante la OMC. Asimismo, ha sido integrante 
de varios paneles del TLCAN. 
El Sr. Ramírez-Hernández posee una Maestría en derecho (LL.M.) en Derecho Comercial 
Internacional del Washington College of Law de la American University y es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. WT/AB/26 
 
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  Shree Baboo Chekitan Servansing  (Mauricio) (Mandato: 2014-2018) 
Nacido en Mauricio el 22 de abril de 1955, Shree Baboo Chekitan Servansing ha tenido una larga y 
destacada trayectoria profesional en la administración pública de su país. De 2004 a 2012, el Sr. Servansing fue Embajador y Representante Permanente de Mauricio ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, incluida la OMC. Durante su 
mandato como Representante Permanente, se desempeñó en varios comités de la OMC y presidió el Comité de Comercio y Medio Ambiente y el Comité de Comercio y Desarrollo. También presidió 
el Programa de Trabajo sobre las Pequeñas Econ omías, las sesiones específicas sobre la Ayuda 
para el Comercio y el Grupo Africano, y fue Coordinador del Grupo de Países de África, el Caribe y el Pacífico. 
Previamente, el Sr. Servansing había ocupado diversos cargos en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Mauricio en Mauricio, la India y Bélgica. Durante su mandato en la Embajada de 
Mauricio en Bélgica, participó activamente en las negociaciones entre el Grupo ACP y la UE que dieron lugar al Acuerdo de Cotonou y, posteriormente, en las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Económica. El Sr. Servansing también prestó servicios como representante personal del 
Primer Ministro de Mauricio en el Comité Directivo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). En ese cargo, participó en la formulación estratégica del principal marco de desarrollo de 
África. 
Tras retirarse de la administración pública, el Sr. Servansing dirigió el Programa ACP - UE sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio en Bruselas entre 2012 y 2014. En este puesto, era responsable de facilitar la creación de capacidad en los países  ACP con el fin de aumentar la competitividad de 
sus exportaciones y mejorar las infraestructuras de control de la calidad para poder cumplir los 
reglamentos técnicos. 
El Sr. Servansing cuenta con 30 años de experiencia en política comercial y negociaciones 
comerciales, así como en el sistema multilateral de comercio. Con frecuencia ha dado charlas 
sobre cuestiones comerciales internacionales y ha publicado numerosos trabajos y artículos en publicaciones de Mauricio y extranjeras sobre diversos temas relacionados con el comercio. 
El Sr. Servansing tiene una maestría de la Universidad de Sussex, un título de posgrado en 
relaciones exteriores y comercio de la Universidad Nacional de Australia y una licenciatura (matrícula de honor) de la Universidad de Mauricio. 
Peter Van den Bossche  (Bélgica) (Mandato: 2009-2017) 
Peter Van den Bossche, nacido en Bélgica el 31 de marzo de 1959, es Profesor de Derecho 
Económico Internacional de la Universidad de Maastricht (Países Bajos). El Sr. Van den Bossche también es Profesor visitante en el Colegio de Europa en Brujas (desde 2010); el programa IELPO 
de la Universidad de Barcelona (desde 2008); y el programa MILE del Instituto de Comercio 
Mundial en Berna (desde 2002). Es miembro del Consejo Editorial del Journal of International 
Economic Law, el Journal of World Investment and Trade y la Revista Latinoamericana de Derecho 
Comercial International . También es miembro de la Junta Consultiva del Programa de 
Cátedras OMC.
 
El Sr. Van den Bossche posee un doctorado en derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia, una Maestría en Derecho (LL.M.) por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Michigan y una Licenciatura en derecho magna cum laude  por la Universidad de Amberes. 
Desde 1990 a 1992, se desempeñó como letrado del abogado general W. van Gerven en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Luxemburgo). Desde 1997 hasta 2001, el 
Sr. Van den Bossche fue consejero y posteriormente Director interino de la Secretaría del Órgano 
de Apelación de la OMC. En 2001 volvió al ámbito universitario y desde 2002 hasta 2009 actuó frecuentemente como asesor para organizaciones internacionales y países en desarrollo sobre 
cuestiones de derecho económico internacional.  También formó parte del cuerpo docente de la 
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) (desde 2002 hasta 2009); la Facultad Chino-Europea de Derecho de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China en Beijing (China) (desde 2008 hasta 2014); del Centro de Formación sobre Política Comercial en África (trapca) de Arusha 
(Tanzanía) (en 2008 y 2013);  de la Universidad de Comercio Exterior en Hanói y Ciudad Ho Chi WT/AB/26 
 
- 149 - 
 
  Minh (Viet Nam) (en 2009 y 2011); de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) (en 2013); 
y de la Facultad de Derecho de la Universidad Koç en Estambul (Turquía) (en 2013).  
El Sr. Van den Bossche ha publicado numerosas obras sobre derecho económico internacional. Es autor del libro The Law and Policy of the World Trade Organization , cuya tercera edición 
(en coautoría con Werner Zdouc) fue publicada por Cambridge University Press en 2013.
 
Yuejiao Zhang  (China) (Mandato: 2008-2016) 
Yuejiao Zhang es Profesora de Derecho Económico Internacional en las Universidades de Tsinghua 
y Shantou de China. Es árbitro de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y de la Comisión de 
Arbitraje Económico y de Comercio Internacional de China (CIETAC). Fue Vicepresidenta de la Sociedad de Derecho Económico Internacional de China y también es miembro de la Junta Consultiva de la Organización Internacio nal para el Derecho del Desarrollo (IDLO). 
Desde 2005 hasta 2007, la Profesora Zhang fue Directora del Consejo de Administración del Banco 
de Desarrollo de África Occidental. Entre 1998 y 2004 ocupó varios altos cargos en el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), entre ellos, los de Asesora General Adjunta, copresidente del 
Comité de Apelación y Directora General. También fue directora del grupo de expertos sobre 
comercio internacional del BAsD y del punto de contacto de este ante la OMC. Con anterioridad ocupó diversos cargos en el Gobierno y el sector académico de China, incluido el de Directora 
General de Derecho y Tratados en el Ministerio  de Comercio Exterior y Cooperación Económica 
(1984-1997). Participó en la elaboración de la primera Ley sobre empresas conjuntas, los Principios generales del derecho civil, la Ley de contratos y la Ley de comercio exterior de China. Desde 1987 hasta 1996 fue una de las negociadoras principales de China en materia de propiedad 
intelectual y participó en la elaboración de las leyes chinas sobre patentes, marcas de fábrica o de 
comercio y derecho de autor. Asimismo, fue asesora jurídica principal de China durante el proceso de reanudación de la participación de ese país en el GATT. Entre 1982 y 1985, fue asesora jurídica 
en el Banco Mundial. Fue miembro del Consejo de Gobierno del Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) desde 1987 hasta 1999 y miembro del Consejo de Administración de la IDLO desde 1988 hasta 1999. La Profesora Zhang fue miembro de los comités 
de redacción de UNIDROIT y la UNCITRAL sobre varias convenciones sobre economía y comercio 
internacional, como los Principios generales de los contratos comerciales y la convención sobre arrendamiento financiero internacional. 
La Profesora Zhang es autora de varios libros y artículos sobre derecho económico internacional y 
solución de diferencias internacionales. Posee una Licenciatura (B.A.) por el Instituto de Educación 
Superior de China, una Licenciatura (B.A.) por la Universidad de Rennes (Francia) y una Maestría en derecho (LL.M.) por la Universidad de George town. La Profesora Zhang también ha impartido 
conferencias en universidades de Francia, así como de Hong Kong y Macao (China). 
* * * 
DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
Werner Zdouc 
 Werner Zdouc, Director de la Secretaría del Órga no de Apelación de la OM C desde 2006, se graduó 
en derecho por la Universidad de Graz (Austria).  Posteriormente obtuvo una Maestría en derecho 
(LL.M.) por la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y un Doctorado por la 
Universidad de St. Gallen (Suiza). El Dr. Zdouc se incorporó a la División de Asuntos Jurídicos de la OMC en 1995, en donde asesoró a muchos grupos especiales de solución de diferencias y realizó 
misiones de cooperación técnica en numerosos países en desarrollo. En 2001 pasó a formar parte 
de la Secretaría del Órgano de Apelación como asesor jurídico. En 2008 y 2009 presidió el Comité Consultivo Mixto del Director General. Ha sido conferenciante y Profesor visitante de derecho 
mercantil internacional en la Universidad de Economía de Viena y en las Universidades de 
St. Gallen, Zurich, Barcelona, Seúl, Shanghai y en  el Instituto Universitario de Ginebra. De 1987 
a 1989 trabajó en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ayuda para el desarrollo en Austria y América Latina. El Dr. Zdouc es autor de diversas publicaciones sobre 
derecho económico internacional y es miembro del Comité de Derecho Comercial de la Asociación 
de Derecho Internacional. WT/AB/26 
 
- 150 - 
 
 ANEXO 5 
I. ANTIGUOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
Nombre Nacionalidad Mandato(s) 
Said El-Naggar Egipto 1995-2000 
Mitsuo Matsushita Japón 1995-2000 
Christopher Beeby Nueva Zelandia 1995-1999 
1999-2000 
Claus-Dieter Ehlermann Alemania 1995-1997 
1997-2001 
Florentino Feliciano Filipinas 1995-1997 
1997-2001 
Julio Lacarte-Muró Uruguay 1995-1997 
1997-2001 
James Bacchus Estados Unidos 1995-1999 
1999-2003 
John Lockhart Australia 2001-2005 
2005-2006 
Yasuhei Taniguchi Japón 2000-2003 
2003-2007 
Merit E. Janow Estados Unidos 2003-2007 
Arumugamangalam Venkatachalam Ganesan India 2000-2004 
2004-2008 
Georges Michel Abi-Saab Egipto 2000-2004 
2004-2008 
Luiz Olavo Baptista Brasil 2001-2005 
2005-2009 
Giorgio Sacerdoti Italia 2001-2005 
2005-2009 
Jennifer Hillman Estados Unidos 2007-2011 
Lilia Bautista Filipinas 2007-2011 
Shotaro Oshima Japón 2008-2012 
David Unterhalter Sudáfrica 2006-2009 
2009-2013 
 WT/AB/26 
 
- 151 - 
 
  II. ANTIGUOS PRESIDENTES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN 
Nombre Nacionalidad Mandato(s) como Presidente 
Julio Lacarte-Muró Uruguay 7 de febrero de 1996 - 
6 de febrero de 1997 
7 de febrero de 1997 - 
6 de febrero de 1998 
Christopher Beeby Nueva Zelandia 7 de febrero de 1998 - 
6 de febrero de 1999 
Said El-Naggar Egipto 7 de febrero de 1999 - 
6 de febrero de 2000 
Florentino Feliciano Filipinas 7 de febrero de 2000 - 
6 de febrero de 2001 
Claus-Dieter Ehlermann Alem ania 7 de febrero de 2001 - 
10 de diciembre de 2001 
James Bacchus Estados Unidos 15 de diciembre de 2001 - 
14 de diciembre de 2002 
15 de diciembre de 2002 - 
10 de diciembre de 2003 
Georges Abi-Saab Egipto 13 de diciembre de 2003 - 
12 de diciembre de 2004 
Yasuhei Taniguchi Japón 17 de diciembre de 2004 - 
16 de diciembre de 2005 
Arumugamangalam Venkatachalam Ganesan India 17 de diciembre de 2005 - 
16 de diciembre de 2006 
Giorgio Sacerdoti Italia 17 de diciembre de 2006 - 
16 de diciembre de 2007 
Luiz Olavo Baptista Brasil  17 de diciembre de 2007 - 
16 de diciembre de 2008 
David Unterhalter Sudáfrica 18 de diciembre de 2008 - 
11 de diciembre de 2009 
12 de diciembre de 2009 - 
16 de diciembre de 2010 
Lilia Bautista Filipinas 17 de diciembre de 2010 - 
14 de junio de 2011 
Jennifer Hillman Estados Unidos 15 de junio de 2011 - 
10 de diciembre de 2011 
Yuejiao Zhang China 11 de diciembre de 2011 - 
31 de mayo de 2012 
1° de junio de 2012 -  
31 de diciembre de 2012 
Ricardo Ramírez-
Hernández México 1° de enero de 2013 - 
31 de diciembre de 2013 
1° de enero de 2014 - 
31 de diciembre de 2014 
Peter Van den Bossche Bélgica 1° de enero de 2015 - 
31 de diciembre de 2015 
 WT/AB/26 
 
- 152 - 
 
 ANEXO 6 
APELACIONES PRESENTADAS: 1995-2015 
Año Anuncios de 
apelación 
presentados Anuncios de 
apelación en 
procedimientos 
iniciales Anuncios de apelación en 
procedimientos del párrafo 5 
del artículo 21 
1995 0 0 0 
1996 4 4 0 
1997 6a 6 0 
1998 8 8 0 
1999 9b 9 0 
2000 13c 11 2 
2001 9d 5 4 
2002 7e 6 1 
2003 6f 5 1 
2004 5 5 0 
2005 13 11 2 
2006 5 3 2 
2007 4 2 2 
2008 1g 8 3 
2009 3 1 2 
2010 3 3 0 
2011 6 6 0 
2012 4 4 0 
2013 1 1 0 
2014 9 8 1 
2015 8h 6 2 
Total 134 112 22 
a Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: CE - Hormonas (Canadá)  y CE - Hormonas (Estados Unidos) . Se 
distribuyó un único informe del Órgano de Ap elación en relación con estas apelaciones. 
b Este número excluye un anuncio de apelación que fue retirado por los Estados Unidos, que 
posteriormente presentaron ot ro en relación con el mismo informe del Grupo Especial: Estados Unidos - EVE . 
c Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: Estados Unidos - Ley de 1916 (CE)  y Estados Unidos - Ley 
de 1916 (Japón) . Se distribuyó un único informe del Órgano de Apelación en relación con estas apelaciones. 
d Este número excluye un anuncio de apelación que fue retirado por los Estados Unidos, que 
posteriormente presentaron ot ro en relación con el mismo informe del Grupo Especial: Estados Unidos - Tubos . 
e Este número incluye un anuncio de apelación que fue retirado posteriormente: India - Automóviles ; y 
excluye un anuncio de apelación que fue retirado por las Comunidades Europeas, que posteriormente 
presentaron otro en relación con el mismo informe del Grupo Especial: CE - Sardinas . 
f Este número excluye un anuncio de apelación que fue retirado por lo s Estados Unidos, que 
posteriormente presentaron otro en relación  con el mismo informe del Grupo Especial: Estados Unidos - 
Madera blanda IV . 
g Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: Estados Unidos - Camarones (Tailandia)  y Estados Unidos - 
Directiva sobre fianzas aduaneras . 
h Este número incluye dos anuncios de apelación que se presentaron al mismo tiempo en asuntos 
conexos y se han contabilizado por separado: China - Medidas por las que se imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxid able para altas prestaciones procedentes del Japón y China 
- Medidas por las que se imponen derechos antidumpin g a los tubos sin soldadura (sin costura) de acero 
inoxidable para altas prestaciones procedentes de la Unión Europea.  WT/AB/26 
 
- 153 - 
 
 ANEXO 7 
PORCENTAJE DE INFORMES DE GRUPOS ESPECIALES OBJETO DE APELACIÓN, 
POR AÑO DE ADOPCIÓN: 1995-2015  a 
 Todos los informes de 
grupos especiales Informes de grupos 
especiales distintos de los del  
párrafo 5 del artículo 21b Informes de grupos 
especiales del párrafo 5 
del artículo 21 
Año de 
adopción Informes 
de grupos 
especiales  
adoptadosc Informes 
de grupos 
especiales  
apeladosd Porcentaje 
de informes  
apeladose Informes 
de grupos 
especiales 
adoptados  Informes 
de grupos 
especiales 
apelados Porcentaje 
de informes 
apelados Informes  
de grupos
especiale s
adoptado sInformes 
de grupos 
especiales  
apelados Porcentaje  
de 
informes 
apelados  
1996 2 2 100% 2 2 100% 0 0 - 
1997 5 5 100% 5 5 100% 0 0 - 
1998 12 9 75% 12 9 75% 0 0 - 
1999 10 7 70% 9 7 78% 1 0 0% 
2000 19 11 58% 15 9 60% 4 2 50% 
2001 17 12 71% 13 9 69% 4 3 75% 
2002 12 6 50% 11 5 45% 1 1 100% 
2003 10 7 70% 8 5 63% 2 2 100% 
2004 8 6 75% 8 6 75% 0 0 - 
2005 20 12 60% 17 11 65% 3 1 33% 
2006 7 6 86% 4 3 75% 3 3 100% 
2007 10 5 50% 6 3 50% 4 2 50% 
2008 11 9 82% 8 6 75% 3 3 100% 
2009 8 6 75% 6 4 67% 2 2 100% 
2010 5 2 40% 5 2 40% 0 0 - 
2011 8 5 63% 8 5 63% 0 0 - 
2012 18 11 61% 18 11 61% 0 0 - 
2013 4 2 50% 4 2 50% 0 0 - 
2014 15 13 87% 13 11 85% 2 2 100% 
2015 13 8 62% 11 6 55% 2 2 100% 
Total 214 144 67% 183 121 66% 31 23 74% 
a En 1995 no se adoptaron informes de grupos especiales. 
b De conformidad con el párrafo 5 del artículo 21 de l ESD, se podrá establecer  un grupo especial para 
entender de un "desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones [del OSD] o a la compatibilidad de dich as medidas con un acuerdo abarcado" después de la 
adopción de un informe anterior de un gr upo especial o del Ór gano de Apelación. 
c Los informes del Grupo Especial que se ocupó de los asuntos CE - Banano III (Ecuador) ,  
CE - Banano III (Guatemala y Honduras) , CE - Banano III (México)  y CE - Banano III (Estados Unidos)  se 
contabilizan como un solo informe. Los informes de los grupos especiales que se ocuparon de los asuntos Estados Unidos - Salvaguardia sobre el acero , CE - Subvenciones a la exportación de azúcar  y CE - Trozos de 
pollo también se contabilizan como un solo in forme en cada una de esas diferencias. 
d Los informes de grupos especiales  se contabilizan como informes que han sido objeto de apelación 
cuando han sido adoptados según han sido confirmado s, modificados o revocados por un informe del Órgano 
de Apelación. El número de inform es de grupos especiales puede ser distinto del número de informes del 
Órgano de Apelación porque algunos informes del Órgano de Apelación ex aminan más de un informe de grupo 
especial. 
e Los porcentajes se han redondeado  al número entero más próximo. 
  
   WT/AB/26  
 
- 154 - ANEXO 8 
ACUERDOS DE LA OMC ABORDADOS EN LOS INFORMES DEL ÓRGANO DE APELACIÓN DISTRIBUIDOS HASTA EL FINAL DE 2015a 
Año de 
distribución ESD Acuerdo 
sobre 
la OMC GATT de 
1994 Agricultura MSF ATV OTC MIC Antidumping Licencias de 
importación SMC Salvaguardias AGCS ADPIC 
1996 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1997 4 1 5 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 
1998 7 1 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
1999 7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 
2000 8 1 7 2 0 0 0 0 2 0 5 2 1 1 
2001 7 1 3 1 0 1 1 0 4 0 1 2 0 0 
2002 8 2 4 3 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 
2003 4 2 3 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 
2004 2 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
2005 9 0 5 2 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 
2006 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 
2007 5 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
2008 8 1 9 1 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 
2009 3 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 
2010 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011 7 1 6 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
2012 9 0 7 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 
2013 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 
2014 6 4 7 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 
2015 7 0 7 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 
Total 107 15 91 14 7 3 10 2 32 3 33 7 5 3 
a En 1995 no se presentó ninguna apelación. 
 WT/AB/26 
 
- 155 - 
 
 ANEXO 9 
PARTICIPANTES Y TERCEROS PARTICIPANTES EN APELACIONES: 1995-2015 
A finales de 2015 la OMC tenía 162 Miembros, de los cuales 74 habían participado en apelaciones 
en que se distribuyeron informes del Órgano de Apelación entre 1996 y 2015.68 
En la sección 5 de este informe anual se explican las reglas conforme a las cuales los Miembros 
participan en las apelaciones como apelantes, ot ros apelantes, apelados y terceros participantes.  
I. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
Miembro de 
la OMC Apelante Otro apelante  Apelado Tercero 
participante Total 
Antigua & 
Barbuda 0 1 1 0 2 
Arabia Saudita, 
Reino de la 0 0 0 13 13 
Argentina 3 3 6 20 32 
Australia 2 2 6 43 53 
Bahrein, Reino 
de 0 0 0 1 1 
Barbados 0 0 0 1 1 
Belice 0 0 0 4 4 
Benin 0 0 0 1 1 
Bolivia, Estado 
Plurinacional de 0 0 0 1 1 
Brasil 5 7 12 34 58 
Camerún 0 0 0 3 3 
Canadá 14 10 23 30 77 
Chad 0 0 0 2 2 
Chile 3 0 2 12 17 
China 15 4 10 45 74 
Colombia 0 0 0 22 22 
Corea 3 4 6 34 47 
Costa Rica 1 0 0 3 4 
Côte d'Ivoire 0 0 0 4 4 
Cuba 0 0 0 4 4 
Dominica 0 0 0 4 4 
Ecuador 0 2 2 16 20 
Egipto 0 0 0 2 2 
El Salvador 0 0 0 5 5 
                                               
68 No se presentaron apelaciones ni se distribuyero n informes del Órgano de Apelación en 1995, año en 
que se estableció el Órgano de Apelación. WT/AB/26 
 
- 156 - 
 
  Miembro de 
la OMC Apelante Otro apelante  Apelado Tercero 
participante Total 
Estados Unidos 36 24 80 38 178 
Federación de 
Rusia 0 0 0 8 8 
Fiji 0 0 0 1 1 
Filipinas 3 0 3 1 7 
Ghana 0 0 0 2 2 
Granada 0 0 0 1 1 
Guatemala 1 2 2 11 16 
Guyana 0 0 0 1 1 
Honduras 0 2 2 4 8 
Hong Kong, 
China 0 0 0 8 8 
India 8 2 8 43 61 
Indonesia 0 1 1 4 6 
Islandia 0 0 0 2 2 
Israel 0 0 0 2 2 
Jamaica 0 0 0 5 5 
Japón 7 6 15 63 91 
Kazajstán 0 0 0 0 0 
Kenya 0 0 0 1 1 
Kuwait, Estado 
de 0 0 0 1 1 
Madagascar 0 0 0 1 1 
Malasia 1 0 1 0 2 
Malawi 0 0 0 1 1 
Mauricio 0 0 0 2 2 
México 5 6 9 35 55 
Namibia 0 0 0 1 1 
Nicaragua 0 0 0 4 4 
Nigeria 0 0 0 1 1 
Noruega 2 1 3 28 34 
Nueva Zelandia 0 3 6 14 23 
Omán 0 0 0 3 3 
Pakistán 0 0 2 3 5 
Panamá 0 0 0 3 3 
Paraguay 0 0 0 5 5 
Perú 1 1 1 7 10 
Polonia 0 0 1 0 1 
República 
Bolivariana de 
Venezuela 0 0 1 6 7 WT/AB/26 
 
- 157 - 
 
  Miembro de 
la OMC Apelante Otro apelante  Apelado Tercero 
participante Total 
República 
Dominicana 1 0 1 4 6 
Saint Kitts y 
Nevis 0 0 0 1 1 
San Vicente y 
las Granadinas 0 0 0 3 3 
Santa Lucía 0 0 0 4 4 
Senegal 0 0 0 1 1 
Seychelles 0 0 0 0 0 
Suiza 0 1 1 1 3 
Suriname 0 0 0 3 3 
Swazilandia 0 0 0 1 1 
Tailandia 3 2 5 22 32 
Taipei Chino 0 0 0 39 39 
Tanzanía 0 0 0 1 1 
Trinidad 
y Tabago 0 0 0 1 1 
Turquía 1 0 0 16 17 
Unión Europea 21 20 46 67 154 
Viet Nam 1 0 0 7 8 
Total 137 104 256 785 1.282 
 
 
 
  
 
II. INFORMACIÓN DETALLADA POR AÑO DE DISTRIBUCIÓN 
1996 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s) 
Estados Unidos - Gasolina 
WT/DS2/AB/R  Estados Unidos  - - - Brasil 
Venezuela Comunidades 
Europeas 
Noruega 
Japón - Bebidas alcohólicas II 
WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R 
WT/DS11/AB/R Japón Estados Unidos  Canadá 
Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Japón - - - 
 WT/AB/26 
 
- 158 - 
 
  1997 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Ropa interior 
WT/DS24/AB/R Costa Rica - - - Estados Unidos India 
Brasil - Coco desecado 
WT/DS22/AB/R  Filipinas Brasil Brasil 
Filipinas Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Estados Unidos - Camisas y 
blusas de lana  
WT/DS33/AB/R y Corr.1  India - - - Estados Unidos - - - 
Canadá - Publicaciones 
WT/DS31/AB/R  Canadá Estados Unidos  Canadá 
Estados Unidos - - - 
CE - Banano III 
WT/DS27/AB/R  Comunidades 
Europeas Ecuador 
Estados Unidos  
Guatemala 
Honduras 
México Ecuador 
Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos  
Guatemala 
Honduras 
México Belice 
Camerún 
Colombia 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Dominica 
Ghana 
Granada 
Jamaica 
Japón 
Nicaragua 
República 
Dominicana 
San Vicente y las 
Granadinas 
Santa Lucía 
Senegal 
Suriname 
Venezuela 
India - Patentes 
(Estados Unidos) 
WT/DS50/AB/R  India - - - Estados Unidos Comunidades 
Europeas WT/AB/26 
 
- 159 - 
 
  1998 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
CE - Hormonas 
WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R  Comunidades 
Europeas Canadá 
Estados Unidos  Canadá 
Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Australia 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Argentina - Textiles y prendas de 
vestir 
WT/DS56/AB/R y Corr.1  Argentina - - - Estados Unidos Comunidades 
Europeas 
CE - Equipo informático 
WT/DS62/AB/R,  
WT/DS67/AB/R WT/DS68/AB/R  Comunidades 
Europeas - - - Estados Unidos Japón 
CE - Productos avícolas 
WT/DS69/AB/R  Brasil Comunidades 
Europeas Brasil 
Comunidades 
Europeas Estados Unidos 
Tailandia 
Estados Unidos - Camarones 
WT/DS58/AB/R  Estados Unidos  - - - India 
Malasia 
Pakistán 
Tailandia Australia 
Ecuador 
Comunidades 
Europeas 
Hong Kong, 
China 
México 
Nigeria 
Australia - Salmón 
WT/DS18/AB/R  Australia Canadá Australia 
Canadá Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
India 
Noruega 
Guatemala - Cemento I 
WT/DS60/AB/R  Guatemala - - - México Estados Unidos 
 WT/AB/26 
 
- 160 - 
 
  1999  
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s) 
Corea - Bebidas alcohólicas 
WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R  Corea - - - Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos México 
Japón - Productos agrícolas II 
WT/DS76/AB/R  Japón Estados Unidos  Japón 
Estados Unidos Brasil 
Comunidades 
Europeas 
Brasil - Aeronaves 
WT/DS46/AB/R  Brasil Canadá Brasil 
Canadá Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Canadá - Aeronaves 
WT/DS70/AB/R  Canadá Brasil Brasil 
Canadá Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
India - Restricciones 
cuantitativas  
WT/DS90/AB/R  India - - - Estados Unidos - - - 
Canadá - Productos lácteos 
WT/DS103/AB/R, 
WT/DS113/AB/R  Canadá - - - Estados Unidos 
Nueva Zelandia - - - 
Turquía - Textiles  
WT/DS34/AB/  Turquía - - - India Filipinas 
Hong Kong, China  
Japón 
Chile - Bebidas alcohólicas 
WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R  Chile - - - Comunidades 
Europeas Estados Unidos 
México 
Argentina - Calzado (CE) 
WT/DS121/AB/R  Argentina Comunidades 
Europeas Argentina 
Comunidades 
Europeas Estados Unidos 
Indonesia 
Corea - Productos lácteos 
WT/DS98/AB/R y Corr.1  Corea Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas 
Corea Estados Unidos 
 WT/AB/26 
 
- 161 - 
 
  2000  
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s) 
Estados Unidos - EVE 
WT/DS108/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Canadá 
Japón 
Estados Unidos - Plomo y 
bismuto II 
WT/DS138/AB/R  Estados Unidos  - - - Comunidades 
Europeas Brasil 
México 
Canadá - Automóviles 
WT/DS139/AB/R  Canadá Comunidades 
Europeas 
Japón Canadá 
Comunidades 
Europeas 
Japón Corea 
Estados Unidos 
Brasil - Aeronaves (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá) 
WT/DS46/AB/RW  Brasil - - - Canadá Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Canadá - Aeronaves (párrafo 5 
del artículo 21 - Brasil) 
WT/DS70/AB/RW  Brasil - - - Canadá Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Estados Unidos - Ley de 1916 
WT/DS136/AB/R, 
WT/DS162/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas 
Japón Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Japón Comunidades 
Europeasa 
India 
Japónb 
México 
Canadá - Período de protección 
mediante patente 
WT/DS170/AB/R  Canadá - - - Estados Unidos - - - 
Corea - Diversas medidas que 
afectan a la carne vacuna 
WT/DS161/AB/R, 
WT/DS169/AB/R  Corea - - - Australia 
Estados Unidos Canadá 
Nueva Zelandia 
Estados Unidos - Determinados 
productos procedentes de las CE  
WT/DS165/AB/R Comunidades 
Europeas Estados Unidos  Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Dominica 
Ecuador 
India 
Jamaica 
Japón 
Santa Lucía 
Estados Unidos - Gluten de trigo 
WT/DS166/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Australia 
Canadá 
Nueva Zelandia 
a En la reclamación presentada por el Japón. 
b En la reclamación presentada por las Comunidades Europeas. WT/AB/26 
 
- 162 - 
 
  2001 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
CE - Ropa de cama 
WT/DS141/AB/R  Comunidades 
Europeas India Comunidades 
Europeas 
India Egipto 
Estados Unidos 
Japón 
CE - Amianto 
WT/DS135/AB/R  Canadá Comunidades 
Europeas Canadá 
Comunidades 
Europeas Brasil 
Estados Unidos 
Tailandia - Vigas doble T 
WT/DS122/AB/R  Tailandia - - - Polonia Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Japón 
Estados Unidos - Cordero 
WT/DS177/AB/R, 
WT/DS178/AB/R  Estados Unidos  Australia 
Nueva Zelandia  Australia 
Estados Unidos 
Nueva Zelandia Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos - Acero laminado 
en caliente 
WT/DS184/AB/R  Estados Unidos  Japón Estados Unidos 
Japón Brasil 
Canadá 
Chile 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
Estados Unidos - Hilados de 
algodón 
WT/DS192/AB/R  Estados Unidos  - - - Pakistán Comunidades 
Europeas 
India 
Estados Unidos - Camarones 
(párrafo 5 del artículo 21 - 
Malasia) 
WT/DS58/AB/RW  Malasia - - - Estados Unidos Australia 
Comunidades 
Europeas 
Hong Kong, 
China 
India 
Japón 
México 
Tailandia 
México - Jarabe de maíz 
(párrafo 5 del artículo 21 - 
Estados Unidos) 
WT/DS132/AB/RW  México - - - Estados Unidos Comunidades 
Europeas 
Canadá - Productos lácteos 
(párrafo 5 del artículo 21 - Nueva 
Zelandia y los Estados Unidos) 
WT/DS103/AB/RW, 
WT/DS113/AB/RW  Canadá - - - Estados Unidos 
Nueva Zelandia Comunidades 
Europeas 
 WT/AB/26 
 
- 163 - 
 
  2002  
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Artículo 211 de 
la Ley de Asignaciones  
WT/DS176/AB/R  Comunidades 
Europeas Estados Unidos  Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos - - - 
Estados Unidos - EVE (párrafo 5 
del artículo 21 - CE) 
WT/DS108/AB/RW  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Australia 
Canadá 
India 
Japón 
Estados Unidos - Tubos 
WT/DS202/AB/R  Estados Unidos  Corea Corea 
Estados 
Unidos Australia 
Canadá 
Comunidades 
Europeas 
Japón 
México 
India - Automóvilesc 
WT/DS146/AB/R, 
WT/DS175/AB/R India - - - Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Corea 
Chile - Sistema de bandas de 
precios 
WT/DS207/AB/R Chile - - - Argentina Australia 
Brasil 
Colombia 
Comunidades 
Europeas 
Ecuador 
Estados Unidos 
Paraguay 
Venezuela 
CE - Sardinas 
WT/DS231/AB/R  Comunidades 
Europeas - - - Perú Canadá 
Chile 
Ecuador 
Estados Unidos 
Venezuela 
Estados Unidos - Acero al 
carbono 
WT/DS213/AB/R  Estados Unidos  Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Japón 
Noruega 
Estados Unidos - Medidas 
compensatorias sobre 
determinados productos de las CE 
WT/DS212/AB/R  Estados Unidos  - - - Comunidades 
Europeas Brasil 
India 
México 
Canadá - Productos lácteos 
(párrafo 5 del artículo 21 - Nueva Zelandia y los Estados Unidos II) 
WT/DS103/AB/RW2, 
WT/DS113/AB/RW2  Canadá - - - Estados Unidos 
Nueva Zelandia Argentina 
Australia 
Comunidades 
Europeas 
c La India desistió de su apelación la víspera del día en que estaba prevista la celebración de la 
audiencia. 
 WT/AB/26 
 
- 164 - 
 
 2003 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Ley de 
compensación (Enmienda Byrd) 
WT/DS217/AB/R, 
WT/DS234/AB/R Estados Unidos  - - - Australia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
India 
Indonesia 
Japón 
México 
Tailandia Argentina 
Costa Rica 
Hong Kong, 
China 
Israel 
Noruega 
CE - Ropa de cama (párrafo 5 del 
artículo 21 - India) 
WT/DS141/AB/RW India - - - Comunidades 
Europeas Corea 
Estados Unidos 
Japón 
CE - Accesorios de tubería WT/DS219/AB/R Brasil - - - Comunidades 
Europeas Chile 
Estados Unidos 
Japón 
México 
Estados Unidos - Salvaguardias 
sobre el acero 
WT/DS248/AB/R, 
WT/DS249/AB/R,  
WT/DS251/AB/R, 
WT/DS252/AB/R,  
WT/DS253/AB/R, 
WT/DS254/AB/R,  
WT/DS258/AB/R, 
WT/DS259/AB/R  Estados Unidos  Brasil 
China 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia  
Suiza Brasil 
China 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
Estados Unidos 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Suiza Canadá 
Cuba 
México 
Tailandia 
Taipei Chino 
Turquía 
Venezuela 
Japón - Manzanas WT/DS245/AB/R Japón Estados Unidos
 Estados Unidos 
Japón Australia 
Brasil 
Comunidades 
Europeas 
Nueva Zelandia 
Taipei Chino 
Estados Unidos - Examen por 
extinción relativo al acero 
resistente a la corrosión 
WT/DS244/AB/R Japón - - - Estados Unidos Brasil 
Chile 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
India 
Noruega 
 WT/AB/26 
 
- 165 - 
 
  2004 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Madera 
blanda IV 
WT/DS257/AB/R  Estados Unidos  Canadá Canadá 
Estados Unidos Comunidades 
Europeas 
India 
Japón 
CE - Preferencias  arancelarias 
WT/DS246/AB/R  Comunidades 
Europeas - - - India Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 
Guatemala 
Honduras 
Mauricio 
Nicaragua 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Venezuela 
Estados Unidos - Madera 
blanda V 
WT/DS264/AB/R  Estados Unidos  Canadá Canadá 
Estados Unidos Comunidades 
Europeas 
India 
Japón 
Canadá - Exportaciones de trigo 
e importaciones de grano 
WT/DS276/AB/R  Estados Unidos  Canadá Canadá 
Estados Unidos Australia 
China 
Comunidades 
Europeas 
México 
Taipei Chino 
Estados Unidos - Exámenes por 
extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos 
WT/DS268/AB/R  Estados Unidos
 Argentina Argentina 
Estados Unidos Comunidades 
Europeas 
Corea 
Japón 
México 
Taipei Chino 
 WT/AB/26 
 
- 166 - 
 
  2005 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Algodón 
americano ( upland ) 
WT/DS267/AB/R  Estados Unidos  Brasil Brasil 
Estados Unidos Argentina 
Australia 
Benin 
Canadá 
Chad 
China 
Comunidades 
Europeas 
India 
Nueva Zelandia 
Pakistán 
Paraguay 
Taipei Chino 
Venezuela 
Estados Unidos - Juegos de azar 
WT/DS285/AB/R y Corr.1  Estados Unidos  Antigua y 
Barbuda Antigua y 
Barbuda 
Estados Unidos Canadá 
Comunidades 
Europeas 
Japón 
México 
Taipei Chino 
CE - Subvenciones a la 
exportación de azúcar 
WT/DS265/AB/R, 
WT/DS266/AB/R, 
WT/DS283/AB/R  Comunidades 
Europeas Australia 
Brasil 
Tailandia Australia 
Brasil 
Comunidades 
Europeas 
Tailandia Barbados 
Belice 
Canadá 
China 
Colombia 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Estados Unidos 
Fiji 
Guyana 
India 
Jamaica 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Mauricio 
Nueva Zelandia 
Paraguay 
Saint Kitts y 
Nevis 
Swazilandia 
Tanzanía 
Trinidad y 
Tabago 
 WT/AB/26 
 
- 167 - 
 
  2005 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
República Dominicana - 
Importación y venta de 
cigarrillos 
WT/DS302/AB/R  República 
Dominicana Honduras Honduras 
República 
Dominicana China 
Comunidades 
Europeas 
El Salvador 
Estados Unidos 
Guatemala 
Estados Unidos - Investigación 
en materia de derechos 
compensatorios sobre los DRAM 
WT/DS296/AB/R  Estados Unidos  Corea Corea 
Estados Unidos China 
Comunidades 
Europeas 
Japón 
Taipei Chino 
CE - Trozos de pollo 
WT/DS269/AB/R, 
WT/DS286/AB/R y Corr.1  Comunidades 
Europeas Brasil 
Tailandia Brasil 
Comunidades 
Europeas 
Tailandia China 
Estados Unidos 
México - Medidas antidumping 
sobre el arroz 
WT/DS295/AB/R  México - - - Estados Unidos China 
Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos - Medidas 
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
WT/DS282/AB/R  México Estados Unidos
 Estados Unidos 
México Argentina 
Canadá 
China 
Comunidades 
Europeas 
Japón 
Taipei Chino 
Estados Unidos - Madera 
blanda IV (párrafo 5 del 
artículo 21 - Canadá) 
WT/DS257/AB/RW  Estados Unidos  Canadá Canadá 
Estados Unidos China 
Comunidades 
Europeas 
 WT/AB/26 
 
- 168 - 
 
  2006 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - EVE (párrafo 5 
del artículo 21 - CE II) 
WT/DS108/AB/RW2 Estados Unidos  Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Australia 
Brasil 
China 
México - Impuestos sobre los 
refrescos 
WT/DS308/AB/R México - - - Estados Unidos Canadá 
China 
Comunidades 
Europeas 
Guatemala 
Japón 
Estados Unidos - Madera 
blanda VI (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá) 
WT/DS277/AB/RW y Corr.1 Canadá - - - Estados Unidos China 
Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos - Reducción a 
cero (CE) 
WT/DS294/AB/R y Corr.1 Comunidades 
Europeas Estados Unidos  Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Argentina 
Brasil 
China 
Corea 
Hong Kong, 
China 
India 
Japón 
México 
Noruega 
Taipei Chino 
Estados Unidos - Madera blanda V (párrafo 5 del artículo 21 - Canadá) 
WT/DS264/AB/RW Canadá - - - Estados Unidos China 
Comunidades 
Europeas 
India 
Japón 
Nueva Zelandia 
Tailandia 
CE - Determinadas cuestiones 
aduaneras 
WT/DS315/AB/R Estados Unidos  Comunidades 
Europeas Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Argentina 
Australia 
Brasil 
China 
Corea 
Hong Kong, 
China 
India 
Japón 
Taipei Chino 
 WT/AB/26 
 
- 169 - 
 
  2007 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Reducción a 
cero (Japón) 
WT/DS322/AB/R Japón Estados Unidos  Estados Unidos 
Japón Argentina 
China 
Comunidades 
Europeasd 
Corea 
Hong Kong, 
China 
India 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Tailandia 
Estados Unidos - Exámenes por 
extinción respecto de los 
artículos tubulares para campos 
petrolíferos (párrafo 5 del 
artículo 21 - Argentina) 
WT/DS268/AB/RW Estados Unidos  Argentina Argentina 
Estados Unidos China 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
Japón 
México 
Chile - Sistema de bandas de 
precios (párrafo 5 del artículo 21 - Argentina)  
WT/DS207/AB/RW  Chile Argentina Argentina 
Chile Australia 
Brasil 
Canadá 
China 
Colombia 
Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Perú 
Tailandia 
Japón - DRAM (Corea) 
WT/DS336/AB/R y Corr.1 Japón Corea Corea 
Japón Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos 
Brasil - Neumáticos 
recauchutados 
WT/DS332/AB/R Comunidades 
Europeas - - - Brasil Argentina 
Australia 
China 
Corea 
Cuba 
Estados Unidos 
Guatemala 
Japón 
México 
Paraguay 
Tailandia 
Taipei Chino 
 d En virtud del Tratado de Lisboa, a partir del 1° de  diciembre de 2009, la "Unión Europea" sustituyó y 
sucedió a las "Comunidades Europeas". En el caso de la s diferencias que se plantearon antes de la entrada en 
vigor del Tratado, los informes de solución de diferencia s de la OMC se refieren a las "Comunidades Europeas". WT/AB/26 
 
- 170 - 
 
  2008 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Acero 
inoxidable (México) 
WT/DS344/AB/R México - - - Estados Unidos Chile 
China 
Comunidades 
Europeas 
Japón  
Tailandia 
Estados Unidos - Algodón 
americano ( upland ) (párrafo 5 
del artículo 21 - Brasil) 
WT/DS267/AB/RW  Estados Unidos  Brasil Brasil 
Estados Unidos Argentina 
Australia 
Canadá 
Chad 
China 
Comunidades 
Europeas 
India 
Japón 
Nueva Zelandia 
Tailandia 
Estados Unidos - Camarones 
(Tailandia) 
WT/DS343/AB/R  Tailandia Estados Unidos  Estados Unidos 
Tailandia Brasil 
Chile 
China 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
India 
Japón 
México 
Viet Nam 
Estados Unidos - Directiva sobre 
fianzas aduaneras 
WT/DS345/AB/R  India Estados Unidos  Estados Unidos 
India Brasil 
China 
Comunidades 
Europeas 
Japón 
Tailandia 
 WT/AB/26 
 
- 171 - 
 
  2008 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Mantenimiento 
de la suspensión 
WT/DS320/AB/R Comunidades 
Europeas Estados Unidos  Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Australia 
Brasil 
China 
India 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Taipei Chino 
Canadá - Mantenimiento de la 
suspensión 
WT/DS321/AB/R Comunidades 
Europeas Canadá Canadá 
Comunidades 
Europeas Australia 
Brasil 
China 
India 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Taipei Chino 
India - Derechos de importación 
adicionales 
WT/DS360/AB/R Estados Unidos  India Estados Unidos 
India Australia 
Chile 
Comunidades 
Europeas 
Japón 
Viet Nam 
CE - Banano III (párrafo 5 del 
artículo 21 - Ecuador II) 
WT/DS27/AB/RW2/ECU  
y Corr.1 Comunidades 
Europeas Ecuador Comunidades 
Europeas 
Ecuador Belice 
Brasil 
Camerún 
Colombia 
Côte d'Ivoire 
Dominica 
Estados Unidos 
Ghana 
Jamaica 
Japón 
Nicaragua 
Panamá 
República 
Dominicana 
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucía 
Suriname WT/AB/26 
 
- 172 - 
 
  2008 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
CE - Banano III (párrafo 5 del 
artículo 21 - Estados Unidos) 
WT/DS27/AB/RW/USA  
y Corr.1 Comunidades 
Europeas - - - Estados Unidos Belice 
Brasil 
Camerún 
Colombia 
Côte d'Ivoire 
Dominica 
Ecuador 
Jamaica 
Japón 
México 
Nicaragua 
Panamá 
República 
Dominicana 
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucía 
Suriname 
China - Partes de automóviles 
(CE) 
WT/DS339/AB/R China - - - Comunidades 
Europeas Argentina 
Australia 
Brasil 
Japón 
México 
Tailandia 
Taipei Chino 
China - partes de automóviles 
(Estados Unidos) 
WT/DS340/AB/R China - - - Estados Unidos Argentina 
Australia 
Brasil 
Japón 
México 
Tailandia 
Taipei Chino 
China - Partes de automóviles 
(Canadá) 
WT/DS342/AB/R China - - - Canadá Argentina 
Australia 
Brasil 
Japón 
México 
Tailandia 
Taipei Chino 
 WT/AB/26 
 
- 173 - 
 
  2009 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Continuación 
de la reducción a cero 
WT/DS350/AB/R  Comunidades 
Europeas Estados Unidos  Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Brasil 
China 
Corea 
Egipto 
India 
Japón 
México 
Noruega 
Tailandia 
Taipei Chino 
Estados Unidos - Reducción a 
cero (CE) (párrafo 5 del 
artículo 21 - CE) 
WT/DS294/AB/RW y Corr.1 Comunidades 
Europeas Estados Unidos  Comunidades 
Europeas 
Estados Unidos Corea 
India 
Japón 
México 
Noruega 
Tailandia 
Taipei Chino 
Estados Unidos - Reducción a 
cero (Japón) (párrafo 5 del artículo 21 - Japón) 
WT/DS322/AB/RW Estados Unidos
 - - - Japón China 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
Hong Kong, 
China 
México 
Noruega 
Tailandia 
Taipei Chino 
China - Publicaciones y 
productos audiovisuales 
WT/DS363/AB/R China Estados Unidos  China 
Estados Unidos Australia 
Comunidades 
Europeas 
Corea 
Japón 
Taipei Chino 
 WT/AB/26 
 
- 174 - 
 
  2010 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Australia - Manzanas 
WT/DS367/AB/R Australia Nueva Zelandia  Australia 
Nueva Zelandia Chile 
Estados Unidos 
Japón 
Pakistán 
Taipei Chino 
Unión Europea 
 
  
2011 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Derechos 
antidumping y compensatorios (China) 
WT/DS379/AB/R China - - -  Estados Unidos Arabia Saudita 
Argentina 
Australia 
Bahrein 
Brasil 
Canadá 
India 
Japón 
Kuwait 
México 
Noruega 
Taipei Chino 
Turquía 
Unión Europea 
CE y determinados Estados 
miembros - Grandes aeronaves 
civiles 
WT/DS316/AB/R Unión Europea Estados Unidos  Estados Unidos 
Unión Europea Australia 
Brasil 
Canadá 
China 
Corea 
Japón 
Tailandia - Cigarrillos (Filipinas) WT/DS371/AB/R Tailandia - - -  Filipinas Australia 
China 
Estados Unidos 
India 
Taipei Chino 
Unión Europea 
 WT/AB/26 
 
- 175 - 
 
  2011 (Cont.)  
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
CE - Elementos de fijación 
(China) 
WT/DS397/AB/R Unión Europea China China 
Unión Europea Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Estados Unidos 
India 
Japón 
Noruega 
Tailandia 
Taipei Chino 
Turquía 
Estados Unidos - Neumáticos 
(China) 
WT/DS399/AB/R China - - -  Estados Unidos Japón 
Taipei Chino 
Turquía 
Unión Europea 
Viet Nam 
Filipinas - Aguardientes 
(Unión Europea)  
WT/DS396/AB/R Filipinas Unión Europea Filipinas 
Unión Europea Australia 
China 
India 
México 
Tailandia 
Taipei Chino 
Filipinas - Aguardientes 
(Estados Unidos)  
WT/DS403/AB/R  Filipinas - - - Estados Unidos Australia 
China 
Colombia 
India 
México 
Tailandia 
Taipei Chino 
 WT/AB/26 
 
- 176 - 
 
  2012 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
China - Materias primas 
(Estados Unidos) 
WT/DS394/AB/R  China Estados Unidos  China 
Estados Unidos Arabia Saudita 
Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Corea 
Ecuador 
India 
Japón 
Noruega 
Taipei Chino 
Turquía 
China - Materias primas 
(Unión Europea) 
WT/DS395/AB/R China Unión Europea China 
Unión Europea Arabia Saudita 
Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Corea 
Ecuador 
India 
Japón 
Noruega 
Taipei Chino 
Turquía 
China - Materias primas (México) 
WT/DS398/AB/R China México China 
México Arabia Saudita 
Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Corea 
Ecuador 
India 
Japón 
Noruega 
Taipei Chino 
Turquía 
 
 WT/AB/26 
 
- 177 - 
 
  2012 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Grandes 
aeronaves civiles 
(2ª reclamación) 
WT/DS353/AB/R Unión Europea Estados Unidos  Estados Unidos 
Unión Europea Australia 
Brasil 
Canadá 
China 
Corea 
Japón 
Estados Unidos - Cigarrillos de 
clavo de olor 
WT/DS406/AB/R Estados Unidos  - - -  Indonesia Brasil 
Colombia 
Guatemala 
México 
Noruega 
República 
Dominicana 
Turquía 
Unión Europea 
Estados Unidos - Atún II 
(México) 
WT/DS381/AB/R Estados Unidos  México Estados Unidos 
México Argentina  
Australia 
Brasil 
Canadá 
China 
Corea 
Ecuador 
Guatemala 
Japón 
Nueva Zelandia 
Tailandia 
Taipei Chino 
Turquía 
Venezuela 
Estados Unidos - EPO (Canadá) 
WT/DS384/AB/R Estados Unidos  Canadá Canadá 
Estados Unidos Argentina  
Australia 
Brasil 
China 
Colombia 
Corea 
Guatemala 
India 
Japón 
Nueva Zelandia 
Perú 
Taipei Chino 
Unión Europea 
 WT/AB/26 
 
- 178 - 
 
  2012 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - EPO (México) 
WT/DS386/AB/R Estados Unidos  México Estados Unidos 
México Argentina 
Australia 
Brasil 
China 
Colombia 
Corea 
Guatemala 
India 
Japón 
Nueva Zelandia 
Perú 
Taipei Chino 
Unión Europea 
China - GOES 
WT/DS414/AB/R China - - - Estados Unidos Arabia Saudita 
Argentina  
Corea 
Honduras 
India 
Japón 
Unión Europea 
Viet Nam 
 WT/AB/26 
 
- 179 - 
 
  2013 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Canadá - Determinadas medidas 
que afectan al sector de 
generación de energía renovable 
WT/DS412/AB/R Canadá Japón Japón 
Canadá  Arabia Saudita 
Australia 
Brasil 
China 
Corea 
El Salvador 
Estados Unidos 
Honduras 
India 
México 
Noruega 
Taipei Chino 
Unión Europea 
Canadá - Medidas relativas al 
programa de tarifas reguladas 
WT/DS426/AB/R Canadá Unión Europea Unión Europea 
Canadá Arabia Saudita 
Australia 
Brasil 
China 
Corea 
El Salvador 
Estados Unidos 
India 
Japón 
México 
Noruega 
Taipei Chino 
Turquía 
 WT/AB/26 
 
- 180 - 
 
  2014 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Comunidades Europeas - 
Medidas que prohíben la 
importación y comercialización de productos derivados de las focas 
WT/DS400/AB/R Canadá 
Noruega Unión Europea Canadá 
Noruega 
Unión Europea  Argentina 
China 
Colombia 
Ecuador 
Estados Unidos 
Islandia 
Japón 
México 
Rusia 
Comunidades Europeas - 
Medidas que prohíben la 
importación y comercialización 
de productos derivados de 
las focas 
WT/DS401/AB/R Canadá 
Noruega Unión Europea Canadá 
Noruega 
Unión Europea Argentina 
China 
Colombia 
Ecuador 
Estados Unidos 
Islandia 
Japón 
México 
Namibia 
Rusia 
Estados Unidos - Medidas 
compensatorias y antidumping 
sobre determinados productos 
procedentes de China 
WT/DS449/AB/R y Corr.1 China Estados Unidos  Estados Unidos 
China Australia 
Canadá 
India 
Japón 
Rusia 
Turquía 
Unión Europea 
Viet Nam 
China - Medidas relacionadas 
con la exportación de tierras 
raras, volframio (tungsteno) 
y molibdeno 
WT/DS431/AB/R  Estados Unidos  China Estados Unidos 
China Arabia Saudita 
Argentina 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Corea 
India 
Indonesia 
Japón 
Noruega 
Omán 
Perú 
Rusia 
Taipei Chino 
Turquía 
Unión Europea 
Viet Nam 
 WT/AB/26 
 
- 181 - 
 
  2014 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
China - Medidas relacionadas 
con la exportación de tierras 
raras, volframio (tungsteno) y molibdeno 
WT/DS432/AB/R  China  Unión Europea Arabia Saudita 
Argentina 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Corea 
Estados Unidos 
India 
Indonesia 
Japón 
Noruega 
Omán 
Perú 
Rusia 
Taipei Chino  
Turquía 
Viet Nam 
China - Medidas relacionadas 
con la exportación de tierras 
raras, volframio (tungsteno) 
y molibdeno 
WT/DS433/AB/R  China  Japón Argentina 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Corea 
India 
Indonesia 
Noruega 
Omán 
Perú 
Rusia 
Taipei Chino 
Estados Unidos - Medidas 
compensatorias sobre determinados productos planos de acero al carbono laminado en caliente procedentes de la India 
WT/DS436/AB/R India Estados Unidos
 Estados Unidos 
India Arabia Saudita 
Australia 
Canadá 
China 
Turquía 
Unión Europea 
 WT/AB/26 
 
- 182 - 
 
  2014 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Medidas en 
materia de derechos 
compensatorios sobre 
determinados productos 
procedentes de China 
WT/DS437/AB/R  China Estados Unidos  Estados Unidos 
China Arabia Saudita 
Australia 
Brasil 
Canadá 
Corea 
India 
Japón 
Noruega 
Rusia 
Turquía 
Unión Europea 
Viet Nam 
 WT/AB/26 
 
- 183 - 
 
  2015  
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Argentina - Medidas que afectan 
a la importación de mercancías 
WT/DS438/AB/R Argentina Unión Europea Argentina 
Unión Europea Arabia Saudita 
Australia 
Canadá 
China 
Corea 
Ecuador 
Estados Unidos 
Guatemala 
India 
Israel 
Noruega 
Suiza 
Tailandia 
Taipei Chino 
Turquía 
Argentina - Medidas que afectan 
a la importación de mercancías 
WT/DS444/AB/R  Argentina  Estados Unidos Arabia Saudita 
Australia 
Canadá 
China 
Corea 
Ecuador 
Guatemala 
India 
Israel 
Noruega 
Suiza 
Tailandia 
Taipei Chino 
Turquía 
Argentina - Medidas que afectan 
a la importación de mercancías 
WT/DS445/AB/R  Argentina Japón Argentina 
Japón Arabia Saudita 
Australia 
Canadá 
China 
Corea 
Ecuador 
Estados Unidos 
Guatemala 
India 
Israel 
Noruega 
Suiza 
Tailandia 
Taipei Chino 
Turquía 
 
 
 WT/AB/26 
 
- 184 - 
 
  2015 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
Estados Unidos - Determinadas 
prescripciones en materia de 
etiquetado indicativo del país de 
origen (EPO) - Recurso del 
Canadá y México al párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD 
WT/DS384/AB/RW Estados Unidos  Canadá Canadá 
Estados Unidos Australia 
Brasil 
China 
Colombia 
Corea 
Guatemala 
India 
Japón 
Nueva Zelandia 
Unión Europea 
Estados Unidos - Determinadas 
prescripciones en materia de 
etiquetado indicativo del país de 
origen (EPO) - Recurso del Canadá y México al párrafo 5 del artículo 21 del ESD 
WT/DS386/AB/RW  Estados Unidos
 México Estados Unidos 
México Australia 
Brasil 
China 
Colombia 
Corea 
Guatemala 
India 
Japón 
Nueva Zelandia 
Unión Europea 
Estados Unidos - Medidas 
antidumping sobre determinados 
camarones procedentes de 
Viet Nam  
WT/DS429/AB/R Viet Nam  Estados Unidos China 
Ecuador 
Japón 
Noruega 
Tailandia 
Unión Europea 
India - Medidas relativas a la 
importación de determinados productos agropecuarios  
WT/DS430/AB/R India  Estados Unidos Argentina 
Brasil 
China 
Colombia 
Ecuador 
Guatemala 
Japón 
Unión Europea 
Perú - Derecho adicional sobre las 
importaciones de determinados 
productos agropecuarios  
WT/DS457/AB/R Perú Guatemala Guatemala 
Perú Argentina 
Brasil 
China 
Colombia 
Corea 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 
Honduras 
India 
Unión Europea 
 WT/AB/26 
 
- 185 - 
 
  2015 (Cont.) 
Asunto Apelante Otro(s) 
apelante(s) Apelado(s) Tercero(s) 
participante(s)  
China - Medidas por las que se 
imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura (sin costura) de acero inoxidable para altas prestaciones procedentes del Japón  
WT/DS454/AB/R y Add.1  Japón China China 
Japón Arabia Saudita 
Corea 
Estados Unidos 
India 
Rusia 
Turquía 
China - Medidas por las que se 
imponen derechos antidumping a 
los tubos sin soldadura 
(sin costura) de acero inoxidable 
para altas prestaciones 
procedentes de la Unión Europea  
WT/DS460/AB/R y Add.1 China Unión Europea China 
Unión Europea Arabia Saudita 
Corea 
Estados Unidos 
India 
Rusia 
Turquía 
Estados Unidos - Medidas relativas 
a la importación, comercialización y venta de atún y productos de atún - Recurso de México al párrafo 5 del artículo 21 del ESD  
WT/DS381/AB/RW Estados Unidos  México Estados Unidos 
México Australia 
Canadá 
China 
Corea 
Guatemala 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Tailandia 
Unión Europea 
 
 
__________